CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 403

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles,

19 de mayo de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Campo Moreno), a petición propia, para informar sobre el Plan de Justicia 2030. (Número de expediente 214/000111) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.


Señorías, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Justicia conforme al orden del día que han recibido todos ustedes con la convocatoria. Tal como ha sido acordado por la Mesa de la Comisión, la comparecencia del señor ministro se
desarrollará en el siguiente formato: en primer lugar, tomará la palabra el ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, y a continuación lo harán en un único turno, por un tiempo máximo de diez minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios
de menor a mayor. Tras este turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, el señor ministro contestará a los mismos y con su intervención se dará por concluida la sesión de esta Comisión. Sin más demora, doy la bienvenida,
en nombre de los miembros de la Comisión de Justicia, al señor ministro. Tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, muy buenas tardes a todos y a todas. Como saben, comparezco a petición propia en cumplimiento de un compromiso que adquirí con ustedes, creo que fue el 17 de febrero del año pasado. Es la cuarta vez que acudo desde que tomé
posesión. Lo han hecho además el secretario de Estado y el subsecretario en no pocas ocasiones. Creo en la transparencia y en el cumplimiento escrupuloso de los compromisos y reconozco y celebro que ustedes también. Las políticas públicas de
justicia se han convertido en un pequeño oasis, en un oasis de consenso en medio de tanta polarización. Señorías, esto es lo que nos pide la ciudadanía. Según la encuesta encargada por el Consejo General del Poder Judicial, por Metroscopia, y
publicada el pasado viernes, el 68 % de la sociedad española percibe a nuestra Administración de Justicia como la institución que representa la salvaguarda y garantía última de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Es decir, es percibida
como una institución que, por añadidura a su cotidiana función jurisdiccional, resulta claramente determinante para la pervivencia misma de nuestra democracia, en suma, de nuestra convivencia, ajustados a un Estado de derecho.


Señorías, hemos logrado algunas cosas, si me lo permiten, muchas cosas. Nuestro objetivo es que, en un momento de transformación como el que vivimos, la justicia avance de forma institucional, como un proyecto común y compartido. Lo
repito, como un proyecto común y compartido. Así lo estamos haciendo con las comunidades autónomas, con las instituciones y también con los operadores jurídicos. Asimismo lo estamos haciendo con otros ministerios, porque tenemos recursos y
proyectos que desbordan el quehacer habitual de Justicia y que están influyendo en la lucha contra el despoblamiento, en la transición ecológica y en que nadie se quede atrás. Creo que el proyecto de país que estamos haciendo necesita más hormigas
que cigarras. En apenas año y medio esta Comisión ha dado a luz importantes reformas. Me referiré únicamente a aquellas que se alcanzaron con amplios consensos: la del Código Penal para despenalizar las esterilizaciones, la ley de adaptación
procesal y concursal a la pandemia y la importante modificación de la Ley del Registro Civil para posibilitar su entrada en vigor. Además, mañana esta Cámara aprobará, espero, de forma definitiva la ley de capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, un importantísimo texto legislativo pergeñado en muy buena medida en esta Comisión, lo que no me cansaré de agradecer a cada uno de los miembros de ella. También quiero agradecer el trabajo de sus señorías en el proyecto de ley
orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, del que el Ministerio de Justicia, como saben, es coproponente.


Señorías, me complace mucho que la mayoría de estas normas hayan recibido un amplísimo apoyo en esta Comisión. Me consta que además se han mejorado notablemente los textos de las iniciativas originales. Al César lo que es del César,
señorías. Muy buen trabajo, gracias. Su actitud colaboradora y el clima proclive al acuerdo, que es seña de identidad de esta Comisión, creo que han producido muy buenos ejemplos del valor de la política. Permítanme también poner en valor las
grandes dotes para el diálogo y el consenso de su presidenta. Gracias, Isaura.


Pero apenas vamos a tener tiempo para recobrar el aliento. Hay que seguir haciendo acopio de fuerzas y de capacidad de diálogo para lo que se avecina: acceso de abogados y procuradores, reforma civil para la mejor protección de los
animales y sobre todo la importantísima ley de fiscalía europea. Como saben, hoy vence el plazo de enmiendas y les emplazo encarecidamente a trabajar para que en junio pueda aprobarse. Es imprescindible que cuanto antes España tenga plenamente
operativo ese instrumento crucial para la integración europea y la defensa de los intereses económicos de la Unión. En breve plazo la ley de eficiencia procesal pasará a segunda vuelta del Consejo de Ministros y espero que con prontitud

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contemos con los informes preceptivos de la ley de eficiencia organizativa, sobre las que luego me detendré.


¡Cuántas cosas, señorías, cuántas cosas han cambiado en apenas cinco meses! La última vez que comparecí ante ustedes no había comenzado la vacunación en España y ahora estamos en un momento que no puedo más que calificar de optimista y
positivo, lo saben. Contamos ya con más de 26 millones de vacunas recibidas, 22 millones repartidas, más de 15 millones de ciudadanos con al menos una dosis y más de 7 millones de españoles y españolas con las dos dosis puestas. Con la vacunación
y la llegada de los fondos la recuperación se vislumbra. Creo que la tenemos al alcance de la mano, y en ese contexto creo que estamos también más cerca de transformar nuestra Administración de Justicia. Hoy podemos mirar al futuro con más ilusión
y con más esperanza, y buena prueba de esta ilusión y esperanza es el gran consenso que se alcanza en esta Comisión. Con esa mirada proyectada al futuro, aunque muy pegada al presente y sin más dilación, procedo a dar comienzo al objeto de mi
comparecencia.


Sus señorías, que ya me van conociendo, saben que tengo mucho respeto a esta Cámara. Por eso he decidido que la presentación pública de Justicia 2030 se realice aquí, en esta Comisión, en la casa de los españoles y españolas, a quienes
representamos y espero que siempre sirvamos. (Apoya su intervención en un powerpoint). Sé que desde prácticamente el inicio de la legislatura les vengo hablando de este plan, pero es que Justicia 2030 es lo que hacemos en Justicia, lo que hacemos
entre todos, es una acción omnicomprensiva del día a día de nuestro quehacer. Les planteé en su momento que Justicia 2030 era una caja vacía, una caja que teníamos que llenar mediante el consenso institucional. La caja se va llenando, señorías.
Hemos recibido cientos de aportaciones de muy diversas fuentes y de muy diversos sectores. Además, la hemos readaptado al contexto COVID y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con todas las aportaciones y todas las adaptaciones,
este plan que venimos implementando desde febrero de 2020 está bastante más definido. Hoy Justicia 2030 es un proyecto compartido de país, una hoja de ruta para la transformación del modelo de justicia en España, para impulsar algo tan simple pero
tan amplio como es el Estado de derecho y el acceso a la justicia como palancas de transformación. Además, mi objetivo es que sean asumidas por todos los grupos de esta Cámara. Nos merecemos un gran acuerdo de Estado sobre las políticas públicas
de justicia para los próximos diez años.


Desde hace muchos años llevo escuchando las mismas frases hechas sobre la urgente reforma de la justicia, el mito de Sísifo lo refleja muy bien. Me permito parafrasearlo: no te afanes en un ideal, agota el ámbito de lo posible, porque el
esfuerzo inútil no solo es poco productivo, es que agota nuestras fuerzas y nuestra ilusión del cambio. Este es el momento de la transformación. No podemos desaprovecharlo. La emergencia climática y la digitalización son dos situaciones
estructurales que obligan a cambiar los paradigmas económicos y sociales. A estos dos cambios hay que sumar dos ideas más. La pandemia es un factor de profundización y aceleración de los procesos. Ha servido para identificar con más claridad los
problemas y también las posibilidades. Por su parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a aportar 140 000 millones de euros en cinco años para acelerar la transformación de nuestro país. Las estructuras que iban a tardar
quince años en desarrollarse lo podrán hacer en apenas cinco. Es aquí donde entra el factor último, la desigualdad. La sociedad y la economía van a ser más verdes y más digitales, pero no necesariamente menos desiguales. Esto dependerá de cómo se
conforme el nuevo modelo. Esa es ya nuestra obsesión en el Ministerio de Justicia.


Desde ese análisis les planteamos y queremos compartir tres objetivos, que ya conocen: en primer lugar, una justicia más accesible; en segundo lugar, una justicia más eficiente, y en tercer lugar, una justicia más sostenible. Sí,
señorías, eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad. No hemos querido abarcarlo todo, solo aquellos puntos que nos parecen que tienen más peso en la transformación. Es una dinámica sistémica, mejorar aquello que luego va a tener un efecto mayor,
un efecto multiplicador; son las agujas de acupuntura que desde puntos muy concretos y consensuados son capaces de mejorar todo el sistema. Estamos hablando de algo simple: evolución, no busquen revolución.


Los tres objetivos se concretan en nueve grandes programas, en total, veintisiete proyectos y cuarenta y siete subproyectos, todos ellos con un impacto real, seguimiento y memorias económicas. Ese esquema detallado de trabajo se concreta en
el documento que les distribuyó la presidenta de esta Comisión ayer tarde y que publicaremos en la web del ministerio y en la web de Justicia 2030 al finalizar esta misma comparecencia.


Señorías, la caja se está llenando y queremos que se conozca para que sea una hoja de ruta compartida, más aún si cabe. No quiero detenerme en exceso en el desarrollo del plan, puesto que lo tienen a su disposición en los materiales que les
hemos hecho llegar, pero sí considero necesario repasar

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los principales programas, su razón de ser y lo que ya hemos hecho para que tomen cuerpo. En primer lugar, quiero referirme al primer objeto que es hacer accesible la Justicia, es decir, conectar con la sociedad y con la ciudadanía. Es el
objetivo orientado a mejorar el acceso de la ciudadanía al servicio público de justicia, poder ejercer los derechos requiere de procedimientos sencillos, claros, comprensibles y accesibles que den respuestas a las necesidades de todos los grupos
sociales y territorios, con especial cuidado a aquellos que consideramos más vulnerables.


De este objetivo se desprenden en un segundo nivel tres programas. En primer lugar, accesibilidad a la justicia. Aquí hacemos especial hincapié en el sistema de justicia gratuita, baluarte de la universalización de la tutela judicial
efectiva. En este ámbito destaco la ley del derecho de defensa. Estamos trabajando en una norma coherente e integral que recoja en un mismo texto legal todos los aspectos que contemplan este derecho y que afectan al desempeño profesional de los
operadores jurídicos, a la tramitación de los procedimientos y al acceso de los ciudadanos a nuestra justicia. Además, este año disponemos de 44 millones de euros, más los que destine cada comunidad autónoma para garantizar que todo el mundo pueda
acceder a una defensa de calidad, y también mejoramos las condiciones de las personas encargadas de prestar el servicio público de justicia gratuita: los abogados y procuradores, abogados en turno de oficio. En este sentido hemos aprobado hace
pocas semanas un nuevo reglamento que, entre otras mejoras, establece el pago mensual. Además, por primera vez reconocemos algo muy puntual pero de mucha importancia dentro del sistema de justicia gratuita, son aquellos honorarios dejados de
percibir por servicios ya prestados de abogados del turno de oficio donde no se reconoce el beneficio por estar incompleto el expediente. Era una demanda legítima y era una demanda razonable de los abogados inscritos en los turnos de oficio, un
colectivo para el que solo tengo palabras de elogio.


También dentro del objetivo de lograr una justicia más accesible, queremos dedicar esfuerzos a la claridad y accesibilidad del lenguaje jurídico. Me han oído muchas veces hablar de la importancia que concedo a esta cuestión, así que no les
insisto, pero les traslado que ya hemos empezado. Hemos firmado un convenio interinstitucional con la Real Academia de la Lengua, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las universidades y otras instituciones
jurídicas con algo muy concreto: desarrollar proyectos que impulsen la comprensibilidad del lenguaje que utiliza la justicia. En suma, es trabajar el derecho a comprender.


En segundo lugar, para hacer accesible la justicia también tenemos que contar con los profesionales. Esto implica rediseñar el marco profesional de los diferentes colectivos, contando con todos, con las 252 000 personas que forman y
conforman el servicio público de justicia, porque no puede haber un servicio público de justicia sin personal suficiente. En la oferta pública de empleo de 2020 se ha aprobado la creación de 1452 plazas de nuevo personal funcionario al servicio de
nuestra justicia para los sistemas generales de acceso libre y de promoción interna. De este modo se cubre el cien por cien de la tasa de reposición de las bajas producidas en 2019. Por otro lado, al final de este año se habrán convocado 540
nuevas plazas para jueces y fiscales en apenas un año: 300 pertenecen a los presupuestos prorrogados de 2018 y las otras 240 a los nuevos Presupuestos Generales del Estado del presente año. En cuanto a unidades judiciales, hemos creado en 2020 un
total de treinta y tres y en 2021 vamos a crear sesenta nuevas plazas en el contexto de los planes de choque.


Desde el ministerio también hemos impulsado los diálogos institucionales, un foro que nos permite hablar de justicia con todos sus protagonistas en los distintos territorios; nos encontramos con todos ellos en la casa de los abogados y las
abogadas porque son el nexo más importante entre la justicia y la ciudadanía. Estos diálogos me están permitiendo conocer y escuchar de primera mano las necesidades y prioridades del sector. En este ámbito, también estamos reorientando el trabajo
del Centro de Estudios Jurídicos del ministerio para fortalecer una formación y una especialización que responda a los nuevos retos de las profesiones jurídicas: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses y otros. El
pasado viernes se aprobaron los planes formativos para el segundo semestre de 2021 del curso académico y está elaborándose un plan estratégico 2021-2024.


Quiero destacar, dentro de todas las actuaciones programadas hoy en marcha, las medidas de promoción de igualdad entre hombres y mujeres y de conciliación laboral y familiar. Es cierto que aún queda mucho camino por recorrer y por avanzar
en un sector en el que, si bien crece la presencia de mujeres, se mantienen injustificables techos de cristal. En cualquier caso, vamos dando pasos importantes en defensa de la igualdad. Asimismo, el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa
y el nuevo Estatuto de la Abogacía contemplan importantes medidas en este ámbito. De manera destacada contempla como inhábiles los días del 24 al 31 de diciembre.

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Verán que no solo traigo propuestas, programas u objetivos; doy cuenta de cosas concretas, medidas específicas ya ejecutadas y tangibles, que benefician de manera directa a miles de profesionales y que repercuten de manera directa en la
ciudadanía. Estaré atento a sus consideraciones y críticas -como tiene que ser-, pero como ven, a pesar del espacio y de los recursos que ha ocupado la lucha contra la pandemia, hemos sido capaces de avanzar entre todos en muy distintas áreas.


En tercer lugar, dentro del ámbito de la accesibilidad, hemos querido dedicar un tercer eje a la atención a nuevas realidades sociales, especialmente colectivos vulnerables, personas con discapacidad, personas migrantes, menores, víctimas de
violencia de género, víctimas del delito y personas mayores. Estamos reforzando las unidades de valoración forense integral, con un nuevo protocolo para Biogen aprobado ya y con cinco nuevas unidades, pasando de las veinticuatro unidades de
valoración forense a las veintinueve actuales. También dotamos de más recursos a las oficinas de atención a las víctimas del delito, con treinta y cinco nuevas plazas para los equipos profesionales y en 2020 la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos dedicó más de 600 000 euros a programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad. El mes pasado firmamos un convenio con la fundación Mutualidad de la Abogacía para impulsar el acceso a la justicia en zonas
despobladas y paliar la brecha digital. También me gustaría mencionar la cesión por parte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla de una parcela de más de 6000 metros cuadrados en Dos Hermanas para la construcción del nuevo Instituto de
Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla.


Son solo algunos ejemplos de nuestros movimientos más recientes, avances que se tocan y se notan porque las personas más vulnerables necesitan grandes cambios estructurales, pero también necesitan mejoras diarias que les faciliten su vida.
Entre ellos, permítanme mencionar a los menores. En la nueva Ley de protección de la infancia desde Justicia hemos impulsado la reforma del artículo 59 de la Ley de responsabilidad penal de los menores, en el que se establecen las medidas de
vigilancia y seguridad de los centros en los que se interna a los infractores. De esta forma se prohibirá la práctica conocida como sujeción mecánica. Cada vez que se apliquen medidas de contención en centros de menores, estas deberán ser
comunicadas de una manera inmediata al juzgado de menores y al ministerio fiscal.


Desde luego, en el capítulo de las transformaciones estructurales convendrán conmigo que son las personas con discapacidad las protagonistas en este momento. La ley que mañana se aprueba -espero que con un gran apoyo de la Cámara-
constituye un auténtico cambio de paradigma. Es el fin de la incapacitación y de la visión paternalista de la capacidad jurídica, es el inicio de un tiempo de autonomía y autotutela de los propios intereses y deseos de las personas con
discapacidad. El debate será mañana y no quiero adelantarlo, pero permítanme que les dé una vez más las gracias en nombre del Gobierno, y creo que de toda la ciudadanía, por el esfuerzo que esta Comisión ha realizado en la tramitación de esta ley.
Dedicándose a la política sé que no es habitual que reciban ninguna seña de agradecimiento, pero esta ley lo merece, créanme. Solo citaré algunos ejemplos, así que, por favor, que nadie se sienta preterido. No puedo dejar de citar a Miguel Ángel
González Caballero, Mikel Legarda y a María Jesús Moro, porque han dedicado muchas horas y muchos esfuerzos a esculpir esta norma. El buen trabajo merece mejor reconocimiento. (Aplausos).


A continuación paso a detallarles el segundo gran objetivo: mejorar la eficiencia del servicio público de Justicia. Es el objetivo orientado a la mejora interna del servicio. Saben que la eficiencia es clave, por eso entiendo que es el
eje sobre el que hay que construir el nuevo modelo de justicia. El documento que hemos elaborado dedica buena parte de su introducción a justificar esa decisión estratégica. Creo que el diagnóstico es certero, compartido y apunta en la dirección
correcta. Esta primera fase se centra en tres grandes leyes que se corresponden con tres grandes programas, que llamo la tríada de la eficiencia: la organizativa, la procesal y la digital. Estas son tres leyes que son la placa base de la
transformación. Les actualizo la situación de cada una de ellas.


En primer lugar, ley de eficiencia organizativa. Me gustaría centrarme en la ley de eficiencia organizativa, que hemos elevado al Consejo de Ministros hace escasamente un mes. Se centra en la reorganización de la base de la pirámide
jurisdiccional. El modelo se construye sobre tres pilares básicos: los tribunales de instancia, las oficinas judiciales y las oficinas de Justicia en el municipio. Señorías, pasamos de tener 3500 tribunales, más de 3500 puertas de acceso, a tener
431, una por cada partido judicial. Mejoramos la accesibilidad de la ciudadanía, que ya tiene una puerta única a la que acudir. Se sustituye la estructura unipersonal de los juzgados por una organización colegiada. Esos nuevos tribunales de
instancia se estructurarán, a su vez, en secciones especializadas. Seguimos en este punto la línea marcada por países de nuestro entorno. Esta organización judicial no afecta al ejercicio de la jurisdicción

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ni altera la actual distribución competencial, pero facilitará la unificación de criterios. Se incrementa la seguridad jurídica y, por tanto, la previsibilidad de las resoluciones judiciales al establecer exigencias de criterios
interpretativos comunes entre los miembros del tribunal a la hora de valorar asuntos sustancialmente iguales. Como ya adelanté, además, esta reestructuración profundizará en los mecanismos democráticos de participación de la carrera judicial. Los
presidentes de los tribunales de instancia tendrán un papel más relevante que los actuales decanos y contarán con una fórmula más democrática para su elección. Si quieren, en el turno de preguntas, les puedo dar más detalles e información sobre
esta estructura de los tribunales de instancia.


Con respecto a la Oficina Judicial, tras más de quince años de no desarrollo, o por lo menos de hacerlo a unos ritmos absolutamente descorazonadores, flexibilizamos y adecuamos el modelo, acabando con una estructura rígida y muy dependiente
de la adecuación de espacios. Hoy el desarrollo y la implantación tecnológica reducen esa dependencia. Por ejemplo, el trabajo deslocalizado es una realidad ampliamente extendida que podemos y debemos aprovechar.


Presten atención, señorías, la gran novedad de esta reforma es la Oficina de Justicia en el municipio; la evolución de los juzgados de paz con el objetivo de llevar más y mejores servicios a todos los rincones del país, sobre todo, a ese
tercio de la población que vive en áreas rurales, aunque no solo, ya que también se podrán implementar en áreas urbanas. Allá donde no haya cabecera de partido judicial ni tribunal de instancia, por tanto, habrá una Oficina de Justicia municipal
que dependerá de ellos. Es, en definitiva, la reconversión de los juzgados de paz, su potenciación. Es un plan sencillo pero muy ambicioso y tendremos ocasión de detallarlo en muy pocas semanas, pero puedo ya decirles que es una de las grandes
apuestas del Gobierno y de este ministerio para mejorar el acceso a los servicios de justicia y de otros ámbitos de la Administración en todos los pueblos de España. Son 7700 oficinas de Justicia atendidas por personal de la Administración de
Justicia, con 3050 personas que, de forma presencial, van a resolver los problemas de la ciudadanía, en especial, de las personas mayores, del mundo rural, de eso que llamamos la España vaciada. En algunos lugares será de forma permanente, en otros
con periodicidad semanal, pero en cada pueblo habrá una persona detrás de un ordenador para ayudar a tramitar, declarar o gestionar. La justicia a mano, me permitiría decir que al alcance de la mano.


En segundo lugar, el segundo eje del objetivo de eficiencia es la ley de eficiencia procesal, cuyo eje es la adaptación procesal de los medios adecuados de solución de controversia. Reconozco que ya llevamos un cierto retraso sobre el
calendario previsto. Lo digo con humildad y con reconocimiento. El proceso de informe y audiencia pública ha sido más extenso de lo que pensamos y hemos tardado en evaluar y discriminar todas esas buenas aportaciones, pero ya hemos enviado el
texto definitivamente al Consejo de Estado para el último trámite antes de pasar a esta Cámara. Espero que llegue muy poco tiempo.


En tercer lugar, la tercera pieza de la eficiencia es la eficiencia digital, la ley de la eficiencia digital. Se trata de generar un marco normativo para la digitalización de la Justicia y permitir el desarrollo de las herramientas que
conecten con la eficiencia organizativa y procesal, la justicia que usa algoritmos y las matemáticas. Este proyecto está ya en consulta pública y los equipos del ministerio avanzan a buen ritmo en su definición. Les diré que, en líneas generales,
el proyecto continuará el planteamiento que ya pactamos entre todos en la Ley 3/2020, abriendo la Justicia al funcionamiento telemático y la digitalización. Nuestro sector avanza, tenemos en marcha casi un centenar de proyectos tecnológicos de alto
valor añadido y ya contamos con resultados altamente esperanzadores. Lo más visible y simbólico quizás sean las actuaciones procesales telemáticas. Ha sido consecuencia necesaria de la pandemia, pero va a suponer un nuevo estándar de
funcionamiento. Hoy los usuarios tienen a su disposición más y mejores herramientas de comunicación que permitan la celebración de reuniones virtuales, evitando desplazamientos innecesarios. Desde el inicio de la pandemia se han creado 6560 salas
de videoconferencia móvil para facilitar más de 310 000 horas de videoconferencia. Sí, señorías, han oído bien, 310 000 horas de videoconferencia. Hemos dotado a esta nueva realidad de un soporte normativo, seguridad y tecnología, de tal modo que
hasta el momento se han realizado más de 300 000 comparecencia virtuales; un ahorro de tiempo y de recursos extraordinario que produce agilización de los procedimientos.


Pero no solo son las actuaciones telemáticas las que han venido para quedarse. Estamos implantando en Justicia tecnologías que ya existían, disponibles a bajo coste y con gran capacidad de eficiencia. Algunas espero que ya les suenen:
cita previa automatizada, textualización, trabajo deslocalizado, comunicaciones telemáticas. Recordarán, señorías, que eran promesas hace escasamente unos meses. Pues bien, la cita previa está implantada ya en más de 110 sedes judiciales con unas
90 000 citas ya

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facilitadas. Actualmente todas las sedes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, salvo Zamora y León, cuentan con tecnología que permite la generación automática del texto a partir del vídeo, la textualización. Desde mayo de 2020 se han
textualizado más de 23 000 vistas y declaraciones, incorporándose con todas las garantías al expediente judicial. Esta tecnología ya se está implantando con apoyo del ministerio en Madrid y en Asturias. Otro ejemplo, en apenas un mes hemos
aplicado con éxito un robot de inteligencia artificial al Registro de antecedentes penales y hemos logrado cancelar de manera automática más de 150 000 inscripciones; cancelación de penales de oficio, sin necesidad de que el ciudadano lo solicite,
en tiempo y coste récord.


En tercer lugar, terminaré con un breve repaso del último de los objetivos de Justicia 2030: contribuir al proyecto de país, a la transición económica, social y ambiental. Sí, la Justicia puede y debe contribuir a la recuperación
económica. Miren, señorías, en materia concursal se procederá a acometer la trasposición de la Directiva 2019/1023 que, como saben, incorpora importantes novedades en materia de insolvencia, reestructuración y segunda oportunidad y que, en
consecuencia, va a suponer una profunda reforma de nuestro sistema de derecho concursal. Destaco principalmente medidas para evitar, mediante un sistema de intervención temprana, la liquidación de la empresa y la incorporación de una nueva
regulación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, lo que se conoce como segunda oportunidad, que permita superar las deficiencias que, en la práctica, la han convertido en una institución poco aplicada. Por otra parte, tendemos a
hablar de la sostenibilidad como un concepto medioambiental, pero, créanme, es mucho más. La emergencia climática nos obliga a cambiar la mirada, también sobre nuestra economía y sobre nuestra sociedad. La sostenibilidad también es económica y
social. Sostenible es el teletrabajo. Aprovecho para dar las gracias a todas las comunidades autónomas por su trabajo y la unanimidad en su apoyo al acuerdo del teletrabajo, adoptado en la última conferencia sectorial y a los sindicatos,
Comisiones Obreras y STAJ, por llegar a acuerdos en el mismo objetivo.


De este objetivo se desprenden en un segundo nivel tres programas. El primero se refiere a los servicios a la ciudadanía, que conecta el acceso individual al servicio público de Justicia con el de otras administraciones y asegura la calidad
del servicio: tablón edictal, carpeta de acceso y un largo etcétera. En este ámbito permítanme que destaque el proyecto de modernización del Registro Civil único. El nuevo modelo supone el establecimiento del registro individual, donde se
inscribirán todos los hechos y actos que afecten a las personas a lo largo de su vida. Deja de ser un registro de hechos para ser un registro de personas e incluye la interoperabilidad y la reducción de cargas administrativas para la ciudadanía.
El segundo son las sociedades sostenibles, que persigue asegurar la aportación global del servicio público de Justicia a la construcción del Estado de derecho y la Unión Europea, y al proyecto de país con sedes sostenibles. Por último, un eje
dedicado a la coordinación y cohesión institucional y territorial.


Señorías, voy terminando. La cogobernanza está marcando el trabajo diario y atraviesa de arriba abajo Justicia 2030. Justicia 2030 es el plan de transformación aplicado a la Justicia y pensamos que es un auténtico proyecto país. Nuestras
actuaciones se incardinan dentro de los componentes 11 y 13 del Plan de recuperación, con proyectos asociados tanto a la transformación de la Administración pública como a la digitalización. Contamos con 410 millones de euros hasta 2023, además de
60 millones más para el proyecto de sedes sostenibles. De los 48,44 millones que tenemos este año hemos distribuido ya 20,7 millones a las comunidades autónomas con competencias transferidas, con un sistema de distribución de fondos aprobados en el
Consejo de Ministros y por unanimidad en la última conferencia sectorial. Estos fondos se destinarán a inmediación digital, atención ciudadana, cita previa, trabajo deslocalizado y ciberseguridad.


Por otro lado, nos han concedido 20 millones más, que están destinados a la modernización de las infraestructuras, compra de portátiles para las comunidades autónomas, territorio ministerio, Centro de Estudios Jurídicos y Mutualidad General
Judicial, así como a otros proyectos de la Dirección General de Transformación Digital del servicio público de justicia. Para la transformación organizativa y digital se contará en 2022 con casi 210 millones de euros y en 2023, con 152. Por otro
lado, estamos hablando con la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y con el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para ajustar las líneas de financiación de la rehabilitación sostenible que se van a
aplicar en las sedes judiciales. En las próximas dos semanas vamos a firmar los acuerdos para los primeros 60 millones de euros y estamos trabajando para duplicar esa cantidad.


Señorías, este no es el proyecto político de un ministro o de un ministerio es, como les decía, un proyecto país, a futuro, una hoja de ruta que va más allá de colores políticos. Porque este proyecto no podemos hacerlo solos. Si queremos
que la cogobernanza sea algo más que el concepto político de

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moda, tenemos que ver un poco más allá. La respuesta solo puede ser conjunta. No les presento el futuro, señorías, les muestro el presente. Justicia 2030 es el plan de transformación de la Administración de Justicia; la caja se está
llenando.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Vamos a iniciar el turno de intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, le corresponde la intervención al Grupo Parlamentario Vasco; lo hará su portavoz, el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. ¿De cuánto tiempo dispongo?


La señora PRESIDENTA: Diez minutos en un único turno, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias también, ministro, por la exposición general que nos ha hecho de los contenidos del Plan Justicia 2030. Es un plan muy extenso, la verdad. Lo que he podido hojear esta mañana y un poquito ayer por la tarde son una catarata
de reformas. Creo que eran necesarias porque, si son ciertos los datos que se exponen al principio de los documentos, hay un paradoja, y es que al parecer los jueces en España en los últimos veinte años se han incrementado en un 50 %, el
equipamiento en tecnologías de la información del sistema público de justicia en España está a la cabeza de Europa, el gasto por habitante en dichas tecnologías está por encima de la media europea, el personal auxiliar respecto al número de jueces
es casi el doble de la media europea, y todos estos, digamos, incrementalismos, si fueran ciertos, que no lo dudo, han dado un resultado sorprendente: una caída en el 5 % de la productividad, computada en los últimos veinte años. Evidentemente, ya
solo por estos datos, algo hay que hacer. Me acuerdo de que cuando usted no era ministro hacía mucho hincapié en que el problema de la justicia no era un problema de incrementalismo, sino una cuestión de organización. En este Plan Justicia 2030
que nos presenta no solo hay organización, en realidad hay muchas más cosas, y también hay dinero. Hay un cierto incremento, para qué negarlo.


No voy a hacer grandes preguntas, me voy a limitar a desear que esto vaya adelante, pues, evidentemente, hay una opinión negativa en la ciudadanía de este servicio público de justicia, aunque ciertamente el contacto de la ciudadanía con la
justicia es pequeño. Hay una opinión pública mayoritaria, pero las personas que han tenido contacto con la justicia son muchísimas menos de las que tienen opinión. Luego, también hay una percepción no necesariamente basada en pruebas de cargo, o
sea, percibidas directamente por cada uno de nosotros cuando opinamos.


Dentro de los tres ejes, y por hacer algún comentario, sí le quería preguntar alguna cosa concreta, además de desearle que todo esto vaya a buen puerto, y eso que decían los romanos: Verba volant, scripta manent. Vamos a ver lo que nos va
llegando y vamos a irlo gestionando. Hoy han sido palabras, que están muy bien, ha sido una presentación, y nuestro grupo y yo personalmente deseamos lo mejor para el servicio público, que será lo mejor para todos. En relación con la protección
del denunciante, que es la Directiva 2019/1937 y nos vence este año ya, quiero hacerle una pregunta concreta. Esta directiva está para establecer unos estándares mínimos de protección a los denunciantes de incumplimientos de la normativa europea,
tiene un cierto paralelismo con la Fiscalía europea, delitos financieros contra la Unión, incumplimiento de la normativa de la Unión o fraude contra la Unión, y mi pregunta es: ¿se va a aprovechar la trasposición de esta directiva para hacer,
digamos, un procedimiento equivalente en relación con las vulneraciones del derecho interno, para los denunciantes de corrupción, que estamos diciendo? Porque si no parece que en realidad vamos a tener, como en el cuento de Borges, un jardín con
senderos que se bifurcan, y parece que no sería, desde mi punto de vista, muy razonable. Lo que he podido leer en esta exposición general de la memoria es que solo se hace referencia a la directiva. Me gustaría preguntarle si están encartando
también el resto de la normativa cuando no afecta al derecho de la Unión. Aquí, desde la XII Legislatura, usted se acordará, ministro, porque estaba en la Comisión de Justicia, lo estamos hablando, son temas que se quedaron allí, los hablamos...


En cuanto a los grandes cambios normativos, eficiencia organizativa, procesal y digital, es una auténtica revolución: implantar la instancia, que yo creo que es necesaria; la especialización y la colegiación, que son los ejes; las
oficinas judiciales, que llevamos veinte años y solo se ha implantado un 10 % de la nueva NOJ, en parte se dice que no estaba adecuado a la digitalización, a los espacios, en fin, a un modelo que era otro modelo, que es este. Y las oficinas
municipales de Justicia, al desaparecer

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todas las funciones de los juzgados de Paz, las registrales, el resto ya quedaron..., solo estaban, digamos, de comunicadores. Pero es una auténtica revolución. La instancia, que es una meta a la que aspiramos todos, con una Oficina
Judicial rehecha, con los principios de especialización y colegiación, es revolucionario.


Dentro de la eficiencia procesal está, por fin, la famosa mediación y arbitraje, lo que ahora se llaman los MASC, los medios adecuados de resolución de controversias, que es una asignatura pendiente. Y en el otro extremo tenemos la
ejecución de las resoluciones judiciales, que lleva en crisis multitud de años. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es otro toro que está aquí también encartado.


Está luego la eficiencia digital; por resumirlo, los sistemas de gestión procesal, una cuestión que ya usted, ministro, nos comentó casi en la primera comparecencia que era un punto de preocupación y de crisis porque, efectivamente, los
sistemas de gestión procesal en un mundo digitalizado tienen que ser compatibles: los datos tiene que fluir, y los expedientes, y las personas. Pero, claro, es volver a rediseñar un nuevo sistema, tanto en las aplicaciones generales como, luego,
en toda la periferia.


Usted está hablando también de la inteligencia artificial; metemos ahí otro tema de debate, que es el de los famosos algoritmos, y la pregunta es: ¿los algoritmos van a ser transparentes? Es un gran debate el de los algoritmos; la
inteligencia artificial cruzada con el aprendizaje mecánico a través de algoritmos. ¿Ciertas ayudas a la toma de decisiones van a ser transparentes? Es decir, en la medida en que puedan afectar a ciudadanos o a servicios, ¿se va a saber cuáles han
sido los elementos de esa toma de decisión? Este es el problema de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático de los sistemas, por eso se llaman las cajas negras de la inteligencia artificial, porque no se saben los criterios de la
toma de decisiones. El problema de estos procesos digitalizados, más allá de la gestión, es que son aquellos que ayudan en la toma de decisiones y que la decisión la toma la máquina, y los humanos luego no tenemos capacidad de contradecir al
sistema porque tenemos que probar que se ha equivocado y eso es casi imposible. Causa muchos menos problemas en la gestión plegarse a unas propuestas que te hacen de solución de un problema que cuestionarlo, porque tienes que motivarlo y eso es muy
complicado, muy complicado.


Nada más. Desearle suerte. En la Comisión, al menos por lo que a nosotros compete, seguiremos trabajando de la mejor manera posible. Creo que es una Comisión relativamente tranquila, no hay grandes tensiones y yo creo que hay una voluntad
general de sacar los temas adelante, con diferencias, como en todos los sitios, pero creo que el balance neto es positivo, al menos por ahora, y espero que siga siéndolo, porque la tarea es mucha y, desde luego, aquí hay un proyecto muy ambicioso.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, le corresponde el turno a su portavoz, el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señor ministro. Muchas gracias por comparecer hoy aquí. (Pausa). Aquí estoy, en la esquina, en su extrema izquierda. (Risas).


No tenía pensado realizarle ninguna pregunta, pero, teniendo en cuenta el proyecto que nos han presentado -por cierto, está bien que el resumen lo hayan realizado en todos los idiomas cooficiales del Estado-, una de las preguntas es: en ese
Plan de Justicia 2030, cómo se van encuadrar las lenguas cooficiales, que, como usted bien sabrá, no siempre están bien representadas en la justicia en España. Por tanto, me gustaría saber si tiene algún plan respecto al aprendizaje, de forma que
se refleje cuál es la realidad de cada sociedad en los términos de la justicia.


Lo decía el señor Legarda, la percepción de la sociedad en todo lo que tiene que ver con la justifica, según baremos europeos, no es la mejor. Supongo que ustedes habrán realizado estudios y se habrán interesado por cuáles son las razones
por las que, en gran parte, la sociedad no percibe con cercanía o con una opinión muy positiva la justicia española. Me gustaría saber si usted nos puede adelantar cuáles cree que son esas razones y qué medidas van a tomar para mejorar esto.


Una de las noticias que leemos con bastante asiduidad en estos últimos días es que, al final, parece que no hay quorum para llegar a un acuerdo sobre la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría saber,
señor ministro, teniendo en cuenta que este puede ser uno de los motivos por los cuales gran parte de la sociedad cree que la justicia está politizada de alguna manera, si hay alguna novedad; a ver si usted hoy aquí, en la Comisión, nos puede
adelantar algo y, sobre todo, si

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tiene el Gobierno prevista alguna medida para el caso -esperemos que no- de que no vaya a haber una renovación del consejo.


Dicho esto, señor ministro, me gustaría preguntarle, ya de paso, en relación con el proyecto de ley de modificación del Código Penal o en relación incluso con la ley de sedición, por la que tanto le han preguntado de manera inquisitorial en
algunas ocasiones, si nos puede adelantar algo durante esta tarde.


Y, sin más, continuaremos viendo cuáles son los cambios; siempre que vayan a mejor será una buena noticia para que todas las instituciones vayan avanzando al igual que lo hace la sociedad. Yo escuchaba lo de los algoritmos y reconozco que
me perdía un poco; si nos puede avanzar en qué consistirá eso y cómo trabajarán, se lo agradecería.


Le agradezco su presencia hoy aquí, señor ministro. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.


A continuación, corresponde el turno al Grupo Parlamentario Ciudadanos y tomará la palabra su portavoz, el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Buenas tardes.


Gracias por la comparecencia, señor ministro; le honra pedir comparecer y someterse a este debate.


Yo, primero, me uno a la felicitación por el consenso en esta Comisión, que también el señor Legarda ha puesto de manifiesto. Es una Comisión pacífica, en la que llegamos a acuerdos, efectivamente, y coincido con usted en que una parte
importante de este mérito lo tiene la presidenta de esta Comisión, que instaura paz en los debates y lleva la Comisión muy bien.


De todas formas, frente a su optimismo mientras nos ha citado una serie de normas en las que hemos conseguido este acuerdo, lamento mucho no haberlo conseguido respecto a la reforma del artículo 315.3 del Código Penal; el Grupo Popular y
nosotros teníamos una posición contraria a esa reforma, pero el Grupo Vasco tenía una enmienda transaccional, yo creo que bastante razonable, no del todo deseable, y nos hemos encontrado con una oposición tajante por parte del Grupo Socialista. Es
decir, que está bien lo del consenso, seguiremos adelante con este consenso, seguiremos con esta voluntad, pero también hay que mirar para adentro un poco, a ver por qué a veces no llegamos a acuerdos.


Me va a permitir que, como tantas otras veces, le diga que sus palabras pecan de un optimismo grandilocuente muy ajeno a la realidad de los juzgados, que también el señor Legarda le ha puesto de manifiesto y que le ponemos de manifiesto
todos cuantos -a pesar de ser diputados en esta Cámara- seguimos en contacto con la realidad de la justicia de verdad, con esa realidad de la justicia de la toga que nuestros amigos o nuestras parejas sufren a diario cuando acuden a un juzgado. Si
esas personas estuvieran aquí -y yo me siento ahora portavoz de muchas de esas personas-, lógicamente dirían, con toda razón, de que está hablando el señor ministro de Justicia, ¿de qué está hablando?, ¿está hablando de la justicia que padecemos
-porque no se puede utilizar otro verbo- hoy?


Usted dice que estaba hablando del presente, lo ha dicho al final de su intervención. Si usted me dice que esto es el futuro, con mejor o peor buena fe me lo podré creer, pero, desde luego, del presente usted no ha hablado. No ha hablado
del presente; el presente lo ha pintado usted de una manera fenomenal y esto no es así, esto no es así en ninguno de los órganos judiciales, y conozco a gente no solamente aquí en Madrid, con las transferencias transferidas a la comunidad autónoma,
sino también en territorio Estado, por toda España, que desde luego no pintan este dibujo amable y muy optimista que hace usted de la justicia.


Se queja usted de que durante toda su dilatada experiencia -eso no se lo va a negar nadie; yo también la tengo- ha escuchado sobre la reforma de la justicia muchas frases hechas. Hombre, yo a usted en su exposición le he escuchado una
cuantas frases hechas, qué quiere que le diga; quizá las palabras son diferentes según hable un ministro del Partido Popular o del Partido Socialista, pero más de lo mismo durante los últimos cuarenta años en los que han gobernado el Partido
Popular y el Partido Socialista, ¡más de lo mismo! Bueno, ahora hablamos de sostenibilidad en lugar de hablar de otros conceptos, porque también hay que adecuar un poco el lenguaje a nuestra propia ideología y hay que vender etiquetas de marketing,
etcétera, pero muy alejado de la realidad. Sinceramente, a mí me parece que el ministerio -con buena voluntad, no se la niego- vive bastante al margen de la realidad de la justicia.


A mí me gustaría ir punto por punto. Se ríe usted; sabe que se lo digo con respeto y con cariño, pero con la misma contundencia a que me obliga mi posición en esta Comisión. Mire, usted organiza las reformas en torno a tres etiquetas, a
tres palabras, a tres frases hechas -perdóneme que le diga-, a tres

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palabras hechas. La primera es la accesibilidad. Dice usted que en materia de turno de oficio ha conseguido una cosa de justicia. Enhorabuena, pero es que era una cosa absolutamente palmaria que aquellas actuaciones que realizaba un
abogado, aunque posteriormente no se concediera el derecho a la justicia gratuita, había que pagárselas. Menos mal; menos mal que después de tantas protestas de tantos abogados dice usted que lo ha conseguido. Pero es que el turno de oficio
necesita un baremo igual en toda España y que no exista competencia entre las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, porque no es justo que por la misma actuación en Asturias, en Cataluña o en Madrid se cobre diferente.
Cuesta el mismo trabajo y no sé bien por qué el abnegado abogado del turno de oficio, que presta un servicio público esencial, tiene que cobrar diferente por esa actuación.


Dice usted que se congratula de haber cubierto el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos de la oferta de empleo público. ¡De una plantilla que ya era escasa! O sea, ¿qué noticia nos está dando usted? Nos está dando la noticia
de que la plantilla sigue igual. Pero antes de llegar usted al ministerio, antes de que tuviéramos el COVID-19, antes de que estuviéramos en el momento en el que estamos, ya funcionaba mal la justicia. Por favor, venga un día aquí y díganos que se
va a ampliar la plantilla, díganos que va a haber más jueces, díganos que va a haber más fiscales, no que va a haber los mismos, que es lo que en definitiva nos ha venido a decir.


En materia de conciliación de la vida personal y familiar me da la sensación de que está hablando solo del personal del ministerio, ¿pero contempla también el caso de abogados, abogadas, procuradores y procuradoras? Porque ese es el quid de
la cuestión. Me parece a mí que ese es un mundo que tiene usted bastante olvidado -desde mi grupo lo hemos planteado y tenemos además una norma registrada en el registro de esta casa para las causas de suspensión en supuestos de enfermedades de
hijos, etcétera- y bastante dejado de la mano de Dios. Dice usted que va a crear o establecer los días inhábiles en los supuestos de los periodos vacacionales de Navidades. ¡Cómo me hubiera gustado, de verdad, que no hubiera declarado aquellos
veinte días de agosto hábiles, que nos han fastidiado las vacaciones a los que tenemos la desgracia de tener un matrimonio con una abogada! Claro, a buenas horas mangas verdes, declarar ahora inhábiles las vacaciones. Se lo agradezco, de verdad.
Viviré más tranquilo en mi casa y con mi familia, pero haberlo pensado también para esos veinte días del mes de agosto.


La eficiencia y la organización. A usted le encanta este tema de la organización. Mire, este proyecto de reorganización de planta judicial ya viene de la época del Partido Popular, ya lo vimos con una reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que se planteó en aquel momento, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿usted cree de verdad que con esta reorganización de la justicia se van a resolver antes los pleitos? ¿Se van a emitir más sentencias por cada juez si los jueces son los
mismos? ¿Se van a suspender menos juicios porque van a funcionar mejor las notificaciones al organizar de otra manera los juzgados y tribunales? Dice usted que va a aumentar las competencias de los juzgados de Paz. Me parece bien, ¿pero va a
cambiar el sistema de elección de los jueces de Paz, que pueden ser cubiertos los juzgados por legos en Derecho en un sistema de elección que no es el de oposición? Claro, ojo con lo que sometemos después a las competencias de los juzgados de Paz.


Se preocupa usted por la despoblación. Todos los que estamos aquí nos preocupamos por la despoblación. ¿Va a establecer complementos retributivos para que la gente entienda que hay determinados destinos que, aunque estén alejados, son
económicamente rentables? Porque siempre nos encontramos con lo mismo los profesionales de la justicia: un caso gordo, un caso mediático, un caso de prensa en un juzgado de un partido judicial alejado cubierto por un juez que acaba de aprobar la
oposición, que en cuanto tiene la posibilidad de irse de ahí sale corriendo y viene otro juez, también de la última oposición, que tiene que empollarse cincuenta y cuatro tomos de causa y la cosa no avanza. Complementos retributivos para que la
gente, por lo menos, tenga el acicate, el estímulo de poder quedarse en sitios que no son atractivos en el sentido de que están separados de las grandes capitales.


Videoconferencias. Por favor, no saque pecho porque cada juzgado hace lo que quiere. Siéntese usted un día, aunque sea que no le vea la cámara, hágale la trampa al algún juzgado, y verá cómo funcionan de verdad en la práctica las
videoconferencias. Mire, no está ni siquiera resuelto el caso de que la cámara esté enfocando a un testigo o un perito y el abogado de la parte no esté diciéndole al testigo lo que tiene que decir. Para que vea un problema cualquiera de los que
pasan todos los días a través de la videoconferencia.


Sostenibilidad. Desde luego, me tendrá a su lado si de verdad quiere mejorar los mecanismos de segunda oportunidad. Es algo en lo que mi grupo parlamentario está muy preocupado y donde hay que ser valiente a la hora de hacer esa
regulación, no solamente con la trasposición de la directiva. Pero, mire,

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¿qué va a pasar cuando venza la suspensión de la obligación de declararse en concurso por parte de los empresarios y se taponen -porque no va a haber otro remedio- los juzgados de lo Mercantil, y lo mismo los juzgados de lo Social cuando los
ERTE se conviertan en despidos?


Registro Civil. Díganos cómo van los trabajos para la herramienta informática. Sostenibilidad económica; necesitamos rapidez para que las empresas no tengan el dinero que está en los pleitos provisionado en cuentas y lo puedan -termino
ya, presidenta- mover y reinvertir. Le ha dicho ya el señor Legarda algo muy importante para nosotros también: lucha contra la corrupción y trasposición de la directiva de los anunciantes y de los alertadores. Y eficiencia digital; le ruego lo
mismo. Por favor, métase un día en LexNET y vea cómo funciona, vea cómo se para, vea cómo no tiene capacidad para remitir los documentos y vea cómo el juzgado le pide al día siguiente copias en papel. ¡Vaya sostenibilidad tenemos cuando el juzgado
nos pide después copias en papel!


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


Por el Grupo Parlamentario Plural, le corresponde el turno de intervención a su portavoz, el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Como representante de Junts, un partido que tiene a su líder -el president Carles Puigdemont- en el exilio y a su secretario general -Jordi Sánchez- y a los compañeros Jordi Turull y Josep
Rull en prisión por una sentencia radicalmente injusta, no deja de ser una experiencia como mínimo rara hablar sobre los planes de la justicia española, así en general, para los próximos diez años. No vamos a negar que estamos de acuerdo con la
idea central del Plan Justicia 2030, que nos ha sido remitido tarde -el lunes por la noche- y que si no hemos entendido mal consiste en pasar de un poder judicial anclado en el siglo XIX a un servicio público de justicia orientado precisamente a
eso, al servicio de los ciudadanos, que revalorice a los profesionales de la Administración de Justicia, racionalice y dé eficiencia a los recursos existentes, y provea los que faltan. Como bien señala el plan, la Comisión Europea por la Eficiencia
de la Justicia de 2018 puso de relieve que el gasto en justicia en España está por encima de la media europea -79 contra 64-, mientras que el colapso en la justicia es el día a día en todas las sedes judiciales y la satisfacción ciudadana en
justicia queda a la cola de Europa. Según los datos del CIS, el 80 % de la ciudadanía está disconforme con el funcionamiento de la justicia y un 64 % de españoles manifiesta tener poca o ninguna confianza en la justicia. En cuanto a la ratio de
jueces -de la que ahora se está hablando- por 100 000 habitantes, Alemania y Portugal tienen una media de 25 y 20 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que el Estado español apenas llega a los 11 y Cataluña no llega ni a los 10. ¿Cómo casa
esto con que España sea un país con un gasto en justicia por habitante superior a la media europea? Algo pasa ahí, y no es culpa de los 5500 jueces y magistrados, que hacen una labor encomiable, paradójicamente con una gran carestía de medios.
Esto solo indica una organización desastrosa y una falta de transparencia y de criterios de gobernanza.


Señor Campo, compartimos buena parte de su diagnóstico y también, aunque sean meras declaraciones de intenciones, nos parecen acertadas las líneas generales del plan estratégico que ha dibujado en su intervención: la focalización en los
derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, la accesibilidad, la digitalización, la atención a las nuevas realidades sociales y la reorganización para conseguir un servicio público eficiente. Tenemos una oportunidad histórica para
modernizar la justicia y terminar con la burocracia procesal, pero ya puedo avanzarle que para nosotros, para los miles de represaliados por el Estado español y para una parte mayoritaria del pueblo de Cataluña, su Plan Justicia 2030, aunque lleve
el sello de 'España puede', nos genera poco entusiasmo. En general, lo que hemos constatado hasta la saciedad es que en materia de justicia España puede poco, por no decir que no puede.


Ante la amplitud del tema, voy a exponer dos líneas de análisis de su propuesta. La primera tiene que ver con el objetivo número uno, el acceso al ejercicio de derechos y libertades. Se propone mejorar el acceso de la ciudadanía al
servicio público de la justicia y poder ejercer los derechos mediante procedimientos sencillos, claros y compresibles, que den respuesta a los grupos sociales y territorios. En su comparecencia de febrero del año pasado, respecto del incumplimiento
de la Carta de derechos de la ciudadanía ante la Justicia, usted dijo, literalmente: Me llevan los demonios cada vez que pienso en todo lo que no cumplimos de esta carta. ¡Cómo es posible -dijo usted- que hayamos dejado pasar tanto tiempo!
Comparto este sentimiento, empatizo con la vergüenza que usted siente, pero, señor

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Campo, la Carta de derechos de la ciudadanía ante la Justicia es del año 2012. Me gustaría que usted también empatizara con un incumplimiento de otra carta aún más antigua, un incumplimiento aún más flagrante, me refiero a la Carta Europea
de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que fue ratificada por España en 2001, hace veinte años, y que, por tanto, es derecho interno a todos los efectos. Usted sabe bien que en cinco ocasiones el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha
requerido a España para que en los territorios donde se hablan lenguas cooficiales -catalán, vasco, gallego, valenciano- los juicios puedan pasar a realizarse en la lengua cooficial cuando una de las partes así lo solicite. Los datos del uso del
catalán en la Administración de Justicia son demoledores: ahora mismo solo el 7,7 % de las sentencias en Cataluña se dictan en catalán. Hemos pasado en diez años del 17,7 % al 7,7 %, y seguimos empeorando.


Vemos que el programa 1, accesibilidad a la justicia, se desarrolla con el proyecto lenguaje accesible, que incluye un subproyecto de normalización lingüística, donde ustedes reducen el problema a incorporar las lenguas oficiales a la
gestión procesal y a los procesos de digitalización. No es eso, señor Campo, este planteamiento no es el del Comité de Ministros del Consejo de Europa y nos parece ofensivo que reduzca este tema a una simple cuestión de gestión. Para cumplir con
las resoluciones del Consejo de Europa no es suficiente que se puedan usar las lenguas cooficiales con la ayuda de un traductor, se debe garantizar el derecho a que los juicios se sigan en la lengua cooficial cuando así lo solicite la justicia. En
definitiva, la única solución, la única vía, la única forma con la que España puede cumplir las resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa no es otra que reformar el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sustituir el
régimen de traductores por un régimen que conlleve la necesaria competencia lingüística del personal judicial destinado a un territorio con lengua cooficial, de forma que, cuando un justiciable pretenda ejercer su derecho a que el juicio tenga lugar
en su lengua, no deba someterse a procesos de aportación de mecanismos técnicos o traductores, sino que de forma automática el juicio pase a realizarse en su lengua.


La segunda línea de análisis tiene que ver con lo que no se dice en el Plan Justicia 2030, pero que está ahí, es el elefante en la habitación: la politización de la justicia o la judicialización de la política, que viene a ser lo mismo.
Este es el gran problema de la justicia en España, pero ni en el documento ni en su alocución se hace referencia alguna a la pervivencia de la cultura jurídica franquista, autoritaria, antidemocrática en la justicia española. Señor Campo, somos
conscientes de que no podemos generalizar, entre los miles de miembros de la judicatura española, la grandísima mayoría comparte una idea de justicia alineada con los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, pero es incuestionable también
que el mundo de la justicia pasó como si tal cosa del franquismo a la democracia, como si la transición política o la entrada en vigor de la Constitución de 1978 fueran notas a pie de página en la historia del Estado español y no un cambio radical
en la concepción jurídica del mundo. Sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la semana pasada, según la cual, Millán-Astray y la División Azul deben mantenerse en el callejero madrileño porque no tienen nada que ver con el
golpe de 1936, hablan por sí solas. Definitivamente, se echa en falta la desnazificación de la justicia que se hizo en Alemania en su momento.


Esta cultura jurídica autoritaria, impermeable a los cambios políticos, ha mutado en un singular nacional constitucionalismo que se quita la máscara cada vez que entra en juego la unidad de España o la Jefatura del Estado impuesta por el
régimen franquista: la monarquía. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial dejó claro en 2017 -en octubre, para ser más precisos- que el basamento del Estado de derecho español no reside en la dignidad de la persona o en
los derechos inviolables que le son inherentes y que son fundamento del orden político y de la paz social, artículo 10 de la Constitución española, sino que reside en el principio de unidad de España, en el artículo 2. Hasta que no se acabe con
esta obsesión de las cúpulas judiciales -incluyo ahí al Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Fiscalía-, hasta que no se alineen con los valores democráticos, no vamos a conseguir una justicia entendida como servicio público a la
ciudadanía. Téngalo claro, señor ministro, los adversarios en esta batalla no somos solo los independentistas catalanes, sino también ustedes, la izquierda, porque las represiones son contra todo el que se atreva a desafiar el statu quo. No vamos
a negar el poder de esta alta magistratura escorada a la derecha, lo hemos visto recientemente con el bloqueo de la reforma del sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, ayudados por el desconocimiento que tiene Europa del
tipo de personal que copa la alta magistratura española, un consejo que, por cierto, ya lleva dos años en funciones y que, no nos engañemos, lo estará hasta que la derecha pueda renovarlo a su gusto, como siempre, como toca ¡vaya!

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En cualquier caso, la judicialización del conflicto político en Cataluña ha corrido paralela a una grave politización de la justicia, son dos vasos intercomunicantes; es lo que decíamos antes: con la cuestión territorial y con la monarquía
se quitan la máscara. En definitiva, aún estamos en el marco jurídico de las reformas legislativas del año 2015, el último año de mayoría absoluta del presidente Rajoy, cuando el ministro Catalá decidió imponer una serie de reformas legislativas de
hondo calado. Todo este oscuro fondo de armario se puso en marcha con el referéndum de octubre de 2017.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado, señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Diez segundos, señora presidenta.


En definitiva, nos encontramos en este escenario de grave degradación de la imagen de la justicia española. Ante este escenario y también ante la inactividad del Partido Socialista, por ejemplo, en la eliminación del delito de sedición, le
animamos a que sea valiente, le deseamos suerte, le exhortamos a que sea valiente en esta reforma de la justicia. En esta dirección los acompañaremos para desatascar el conflicto político, para poner coto a la derecha judicial y parajudicial, y
para avanzar hasta una justicia más eficiente y transparente.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias señor Pagès.


Por el Grupo Republicano, le corresponde el turno de intervención a su portavoz, la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta.


Buenas tardes, señor ministro, gracias por comparecer esta tarde aquí. Mi planteamiento sobre esta comparecencia y sobre la Agenda 2030 va a ser muy distinto de lo expuesto hasta ahora. Quisiera hacer una pequeña puntualización. Como
usted ya sabrá, la Agenda 2030 y sus diecisiete objetivos están relacionados entre sí con un elemento aglutinador, que es el valor de la justicia, y la agenda no podrá tener éxito si no partimos de sociedades con un sistema de Administración de
Justicia imparcial, eficaz y sin discriminaciones que garanticen el acceso de todas, incluidas las más vulnerables, a la justicia. La justicia es un valor primordial -así lo entendemos- que marca la temperatura de la calidad democrática de un país
En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 hace referencia a la justicia como la paz, justicia e instituciones sólidas, y su objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización. Creemos que los abogados y las abogadas son una pieza esencial de la función pública que
realizan y también la pieza esencial del engranaje de la justicia.


Dicho esto, debemos garantizar una sociedad libre, donde todos los derechos humanos sean reconocidos y protegidos, además de proteger también su libre ejercicio, por lo que se deben tomar todas las medidas necesarias al respecto. España ha
aceptado 252 de las 275 recomendaciones de Naciones Unidas. Como sabrá, son recomendaciones vinculadas a un objetivo de la Agenda 2030 y a un derecho humano. No haré mención a todas ellas, porque son muchísimas, pero sí quiero poner de relieve las
que consideramos más relevantes. Por ejemplo, garantizar la libertad de expresión y opinión mediante la revisión del Código Penal para garantizar que esos delitos se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente; o también asegurar que
la implementación de los artículos 36.6 y 37.4 de la Ley de Seguridad Pública, así como la implementación del Real Decreto-ley 14/2019 no contrarresten el derecho a la protesta civil.


También, en relación con las diecisiete recomendaciones europeas contra el racismo y la intolerancia que le hicieron a España para reformar el Código Penal, en concreto las discriminaciones por razones de lengua, ciudadanía o identidad de
género y la persecución de los delitos de odio, quiero preguntarle qué medidas está adoptando. ¿Está trabajando el Gobierno en una legislación general y completa antidiscriminación? ¿Tiene pensado investigar todas las denuncias por razón de
discriminación lingüística de ciudadanos catalanes contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Otra cuestión: en relación con las recomendaciones del reportero de Naciones Unidas sobre minorías nacionales, que criticó el trato de las
instituciones españoles hacia las minorías nacionales, entre las cuales también se incluyen catalanes y vascos, le pregunto si está tomando el ministerio alguna medida. O, por ejemplo, estas recomendaciones de Naciones Unidas también

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hablan de la desconexión que hay entre el estatus de cooficialidad del catalán y la legislación o la obstaculización de las lenguas en los servicios públicos. El grupo de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y
Minoritarias, que depende del Comité de Ministros del Consejo de Europa, ha hecho otro informe en el que sale otra vez este tema. Dicho informe, que además es muy reciente, dice que es imposible dirigirse a la Administración en lengua propia.
Entonces, según su Plan de Justicia 2030, tiene como prioridad el acceso a la justicia mediante un lenguaje accesible, igual que usted ha comentado en su exposición, ¿cómo piensa el ministerio hacer posible dicho derecho de la ciudadanía con el
respeto a las lenguas cooficiales y minoritarias atendiendo a estas recomendaciones europeas?


Respecto a los temas de política migratoria, que sabemos que no es propio de su ministerio, pero hay algunos aspectos que están relacionados, queríamos preguntarle si se van a poner fin a todas las formas de expulsión colectiva y devolución
de solicitantes de asilo y migrantes, o por ejemplo sobre la no aplicación de la decisión del working group de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, que el año pasado ya estaban emplazados a resolver en un plazo de seis meses, le pregunto
si han tomado alguna medida al respecto, y si no han tomado ninguna, por qué motivos.


También quería comentarle un tema más concreto que está relacionado y no es menos importante, que es la cuestión de la jura de nacionalidad. En su Plan de Justicia 2030 habla de un nuevo modelo del Registro Civil, ¿qué piensa hacer con este
trámite burocrático que tiene a miles de personas en una situación de bloqueo? Sabe que la ley regula un plazo muy breve para llevar a cabo dicha jura, ¿piensa usted poner solución y fin a este bloqueo?


En relación con la libertad de expresión, Naciones Unidas hace muchas recomendaciones, muchísimas, y no voy a tener tiempo de exponerlas esta tarde, le voy a comentar solo algunas. Por ejemplo, recomiendan a España la despenalización de la
difamación, de acuerdo con los estándares internaciones de necesidad y proporcionalidad en materia de restricciones a la libertad de expresión, ¿va a proponer usted la reforma legislativa para que eso sea posible? También el relator de Naciones
Unidas sobre prevención del terrorismo denunció, como ya sabe, el peligro de utilizar los delitos de terrorismo o de orden público como la sedición y la rebelión, ¿usted qué piensa a hacer desde su ministerio en relación con este tema?


En relación con los delitos de odio, sabe que una de las recomendaciones es modificar la legislación relativa a esos delitos, así como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias en general, y en estos últimos a
petición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿piensa usted llevar a cabo esta reforma? En relación con lo anterior, ¿piensa también usted derogar la Ley de Amnistía de 1977? ¿Qué opinión tiene sobre la inadmisión de la Ley de
Amnistía que presentamos diversos grupos parlamentarios ante esta Cámara? ¿Es consciente de que la única solución posible para nuestras compañeras y compañeros que están en prisión o en el exilio injustamente como también para los miles de
represaliados pasa por esa amnistía?


También en temas de memoria democrática Naciones Unidas nos hace unas recomendaciones. Sabemos que no son competencia directa de su ministerio, pero algunas sí están relacionadas, como por ejemplo garantizar el derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación de las víctimas asegurando la implementación de la Ley de memoria histórica, así como la garantía de no repetición para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura e investigar los crímenes. ¿Piensa usted
hacer gestiones con su vicepresidenta primera para tramitar lo antes posible esta Ley de memoria histórica?


Voy acabando, presidenta. Un tema que también queríamos poner de relieve es la opinión contraria de la Comisión de Venecia respecto de la reforma del Tribunal Constitucional, aquella que le otorgó en su día competencias ejecutivas. Sabe
que la Comisión de Venecia dijo que era un modelo único en el mundo y que no era recomendable. ¿Cuándo piensa España tomar medidas para revertir esta situación? ¿Piensa su ministerio acabar con las reformas que se han hecho del Tribunal
Constitucional incluso con aquellas a las que dio apoyo su partido?


Señor ministro, solo espero que tenga a bien responder todas o algunas de las preguntas, que sé que son muchas, puesto que nuestra voluntad siempre ha sido proteger, garantizar y defender los derechos humanos, los derechos de la ciudadanía y
que dicha protección también sea mediante un sistema judicial imparcial e independiente.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, intervendrá su portavoz, la señora Velarde Gómez.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señor ministro, por la comparecencia de hoy, porque esta comparecencia, además a petición propia, supone un acto de transparencia, tal y como se prevé expresamente en este Plan de Justicia 2030 y un mecanismo también de rendición de
cuentas de la evaluación de este plan. Entendemos también, por ejemplo, que la página web, accesible y actualizada de manera permanente junto a ese informe anual van a servir también a esos efectos, como vía de interacción con los distintos agentes
implicados y con la ciudadanía, pero también para facilitar el ejercicio de la función de control que le es propia a esta Cámara.


No podemos estar más de acuerdo con que la justicia no es solo un entramado de estructuras organizativas, tribunales y recursos a través del cual se dirimen los conflictos de los ciudadanos, lo que conocemos como Administración de Justicia,
sino que la justicia es por encima de todo un servicio público, y añadimos que tiene que ser también sobre todo un mecanismo que asegure, junto con las políticas progresistas, la justicia material garantizando, como se ve en todo este plan, la
accesibilidad a la justicia, que es tan importante. Creo que la aspiración de cualquier jurista -es una profesión que compartimos muchos y muchas en esta sala- debe ser la de obtener justicia material sin renunciar a la seguridad jurídica.


De todas estas modificaciones, especialmente nos alegran también las cuestiones respecto al turno de oficio. Es verdad que hay que poner en valor el trabajo de compañeros y compañeras, de profesionales, pues hacen una inmensa labor y no
siempre han estado bien tratados por la justicia y por las administraciones, y también el trabajo de abogados y abogadas con las dificultades que nos constan que día a día esta profesión les supone para poder llevar su vida y conciliar.


Por otra parte, nos alegramos de que se aumente el número de jueces en España, por la cuestión de la que hablamos, la seguridad jurídica. Nos alegramos más de que se aumente el número de juezas, y así lo tenemos que decir. Nos gustaría que
estas mujeres puedan acceder con las mismas posibilidades y en condiciones de igualdad con los hombres a las plazas de la más alta magistratura. Para ello no solo es necesario un plan de justicia, sino también políticas feministas en defensa de esa
igualdad y de la conciliación para todos y todas las profesionales. Creo que es una idea que seguramente compartiremos, pero no por ello podemos dejar de señalarla aquí en este foro.


Lo mismo ocurre también cuando pensamos en la accesibilidad, la eficiencia, la cohesión social y la sostenibilidad. En el seno de esta Comisión tenemos la responsabilidad de tramitar no solo la ley del derecho de defensa o la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, sino también esas leyes que marquen los caminos a los jueces y las jueces, que, por ejemplo, tengan que parar un desahucio hasta que no exista un informe de servicios sociales en el supuesto de personas que tengan una
situación de vulnerabilidad social; también por una cuestión de cohesión social, de buen funcionamiento de la Administración de Justicia, porque es importante que la justicia con mayúsculas sea también la justicia laboral, la de las pensiones, la
territorial, la social, la fiscal, que sea un verdadero servicio público, como he dicho antes. En este sentido es importante que este plan, como le ha llamado el ministro, de transformación 2030 incluya, como lo hace, el seguimiento de dictámenes
en materia de derechos humanos y sea un vehículo más para la efectividad de los derechos humanos en la justicia española.


En el acuerdo de Gobierno nos referíamos a la justicia eficaz con medidas como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando ese plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la
corrupción, que además fue ya aprobada, o la modificación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, que además nos ha ocupado en la
sesión de proposiciones no de ley en la última Comisión de la semana pasada.


Es evidente que tenemos que garantizar el acceso a la justicia, la reparación de los derechos de las víctimas, fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal. En
relación con esto, compartimos también con usted, señor ministro, la idea de esa cogobernanza, que ha sonado varias veces en esta sala, que lo ha llamado también proyecto común y compartido. En el ámbito de la justicia es fundamental esa
cogobernanza con las comunidades autónomas, con otros ministerios, administraciones o instituciones, pero también entendemos que debe ser con asociaciones de profesionales, sindicatos o miembros de la sociedad civil organizada. Entendemos una

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cogobernanza abierta a la ciudadanía, que tiene que participar en la elaboración de políticas públicas, tener un papel activo en la gestión de los servicios públicos para que sean de calidad. En definitiva, los desafíos que ponen en el
centro las necesidades de la ciudadanía y que aparecen reflejados como objetivos en este Plan de Justicia 2030 son aquellos que necesitan de la colaboración de todos y de todas. Señor ministro, nos encontrará siempre con la predisposición para
trabajar en esta mejora del plan.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tomará la palabra su portavoz, el señor Ortega Smith.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro. Gracias por comparecer ante la Comisión de Justicia, porque es la Comisión de Justicia, no es la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cualquiera que le esté escuchando con un poco de atención
se dará cuenta de que de lo que usted nos está hablando es de cosas ajenas a lo que es la propia justicia. Hay una afirmación en el extenso documento que nos han trasladado que dice literalmente: la justicia funciona. Punto. Por tanto, los que
sean ingenuos o tengan confianza en este Gobierno deben estar tranquilos. La justicia funciona. Entonces casi diría que esta Comisión no hace falta porque, como funciona la justicia... ¿Pero sabe lo que pasa? Que allí fuera hay millones de
justiciables y de profesionales que tal vez opinen de manera diferente, y a los que no somos ingenuos nos provoca una gran preocupación. Una de dos, o desconocen el señor ministro y su ministerio la realidad de la justicia en España o intentan
falsificarla con muchos colorines, muchos gráficos y muchos dibujos.


Dice que la justicia funciona, pero, a continuación, debe ser que impulsado por un mínimo de decoro, tiene que reconocer tres cuestiones. Lo dice su documento, no lo digo yo. Dice que los medios son insuficientes, que faltan jueces, que
faltan medios informáticos y que falta personal auxiliar. Luego ya hay algo que no funciona. No hay medios. A continuación, dice que hay un problema claramente de organización. Nos pone un ejemplo. En los últimos veinte años ha aumentado un 50
% el número de jueces y no parece que hayan mejorado las ratios de resolución de asuntos. Mal vamos. Y tercero, añade, en cierta contradicción con lo de antes, que no es un problema de suficiencia de recursos, es un problema de organización y
gobernanza. ¿En qué quedamos? ¿Hay medios suficientes? ¿No los hay? ¿Están bien o mal gestionados?


Señor ministro, el Plan de Justicia que nos ha presentado, esto que parece una Agenda 2030 con toga, es humo, eslogan, propaganda, palabras huecas. Usted lo ha definido perfectamente. No sería yo capaz de poner una definición mejor. Es
una caja vacía de contenido real. Yo diría que casi es una caja mágica, porque estamos esperando que de esa caja vacía surja algo que sea válido para los justiciables. He resumido dos veces la lista, pero créame que no me resisto a repetirla.
Este plan está lleno de cogobernanza, de ecosistema, de consenso y resiliencia, de sostenibilidad de la justicia y de proyecto de país, de cohesión, de palanca de justicia, de justicia independiente, de propuesta global, de justicia verde, de
justicia digital, de justicia a mano, de dinámica sistémica, de aguja de acupuntura, de derecho a comprender... Solo falta decir derecho a decidir, y algunos aquí igual hasta van y se lo creen. Fíjese, señor ministro, esto está a años luz de la
realidad. Cualquiera que entre en un juzgado, y hay algunos que durante muchas décadas hemos estado pisando juzgados, se va tropezando con los expedientes, va viendo en los bancos a justiciables desesperados porque se resuelva su asunto, ve a
magistrados a punto de tirar la toga porque no puede ser que se les esté exigiendo ese nivel, esa carga de trabajo tan abrumadora, fiscales que van corriendo por los pasillos para intentar llegar de un juicio a otro, sistemas telemáticos o
informáticos con los que no hay manera de conectar, que se traban, que se cortan. Lograr una simple copia de unas actuaciones es un mundo. Es una burocracia, es una lentitud, es una esclerosis de justicia...


Y ya no le digo nada cuando entramos en asuntos que tienen consecuencias políticas. Ahí ya el problema no es la burocracia, la falta de medios o la desesperación de los justiciables, ahí es la mano sórdida de la política moviendo jueces y
magistrados, vocales en el Consejo General, poniendo y quitando fiscales, informando y desinformando según les interesa. Estamos ante la decadencia más absoluta de uno de los poderes del Estado, el que debería ser la garantía, la salvaguarda frente
a los demás poderes, frente a los abusos del poder, pero no hay una voluntad política salvo para quienes hemos decidido venir a la política a cambiar de verdad el sistema político, pero un sistema político en el que los derechos de los justiciables
estén salvaguardados, con unas instituciones que de verdad funcionen.

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Le hubiera bastado ahorrarse tanta literatura hueca y haber puesto una sola página que diga: nuestro objetivo es lograr una justicia independiente, profesional y eficaz. Fíjese qué palabras tan sencillas. Las entiende cualquier español de
andar por casa. Una justicia independiente, y todo el mundo entiende que no haya injerencias políticas ni económicas ni de ningún tipo. Una justicia profesional, donde los que accedan no lo hagan, como pretenden algunos, por la cuota feminista.
¿Qué es esto? ¿Usted es magistrada del Tribunal Supremo porque es mujer? No, será porque es usted la persona más preparada para entrar en esa plaza, en esa alta magistratura. Una justicia eficaz, una justicia que resuelva los asuntos, no como
este Tribunal Constitucional, que está resolviendo los asuntos cuando ya no hay estado de alarma, o algunos asuntos que lleva sin resolver desde hace diez años. Y no le digo nada de salas del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Se
eternizan los asuntos. Y una justicia que llega tarde no es justicia, es cubrir el expediente. Y no le digo nada ya si entramos en la parte triste y lamentable de esos miles de españoles que no han tenido justicia porque asesinó la ETA a algún ser
querido y todavía no han tenido ni el derecho a ver sentados a los culpables en el banquillo, porque se eternizan los asuntos, porque no hay justicia cuando no hay eficacia.


Esto que usted nos presenta hoy aquí no es nuevo, por mucho que lo vistan de colores y de gráficos. Ya tuvimos que soportar el Pacto por la Justicia entre ustedes, Partido Socialista, y el Partido Popular en el año 2001, hace veinte años.
No ha servido de nada, absolutamente de nada. He tenido a bien releer aquellos pactos. Aquellos hablaban menos de resiliencia, porque no estaba de moda, y menos de cogobernanza, pero la realidad del resultado es exactamente la misma de la
situación en que nos encontramos ahora: juzgados atascados, justicia lenta, intentos permanentes de politización. Probablemente si no cambiase el Gobierno, o siguiese siendo un Gobierno de la misma progresía que el que ocupa ahora La Moncloa -da
igual las siglas-, que les haya comprado el mismo discurso, dentro de otros veinte años se seguiría hablando en estas salas exactamente de lo mismo, aunque lo llamarán de otra manera, no sé cómo en aquel momento.


La realidad, señor ministro -la realidad, no esta fantasía de cara a la galería-, es que la justicia española es una de las justicias más caras para el contribuyente, donde más recursos públicos se gastan y donde el ratio de resolución de
asuntos es el más bajo de todos los países de nuestro entorno en la Unión Europea. Segundo, es la peor valorada de todas, principalmente por el pésimo funcionamiento de la justicia. Todo el que ha tenido la desgracia de tener que resolver un
asunto en la justicia sabrá de lo que estoy hablando: lentitud e ineficacia. Y la desconfianza cada vez mayor de la sociedad en esos intentos permanentes que ahora han sido incrementados por su Gobierno. Ya tuvimos oportunidad de hablar de este
asunto con el nombramiento de la fiscal general del Estado, antigua ex ministra de Justicia del Gobierno. Con los movimientos entre ustedes y otros partidos para seguir colocando a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial, y si no
intentando que sus funciones, cuando están en función, no sean las de nombrar a unos y otros, porque no se nombra a los que a ustedes les gustaría. Ahora el intento de asalto de la instrucción de los procedimientos penales, con una Fiscalía que no
es independiente.


Ahora quieren que también la instrucción sea dependiente del Gobierno de turno, me da igual el que sea. Y no le digo nada con el tema de los indultos, lo que nos espera, y me pongo a temblar con las presiones de sus socios de gobierno. Esa
es la realidad de la justicia; lo demás humo, colores y palabrería.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith-Molina.


Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el turno a su portavoz, el señor Jerez Juan.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Quiero agradecerle en primer lugar que haya decidido comparecer, a petición propia esta vez, en esta Comisión para contarnos lo que usted quiere que
nosotros sepamos, pero nos gustaría que ese mismo entusiasmo que tiene usted por comparecer a voluntad propia en esta Comisión lo tuviera también en relación con todas aquellas peticiones formuladas por mi grupo parlamentario, que no han sido
atendidas y que se cuentan por decenas. Recuerde que el Congreso está para controlar al Ejecutivo y usted está para presentarse cuando sea requerido. Yo creo que se ha acostumbrado usted a venir aquí cuando le apetece y no cuando se le pide, y yo
creo que esto tiene que cambiar. Y creo que además -y lo digo con todo el respeto- las dos cosas son absolutamente compatibles: que usted venga cuando quiera y que venga cuando se le pide. Por lo tanto, y dicho esto, entenderá que con
independencia de que nos pronunciemos en torno a la cuestión relacionada con el Plan de Justicia 2030 vayamos a invocar hoy todo aquello que

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deberíamos saber, que no nos ha contado todavía y que a buen seguro usted estará encantado de explicar, porque además estoy convencido de que será así.


En relación con el Plan de Justicia 2030, quiero decirle lo que le decíamos la última vez que compareció usted por este motivo: que la música nos suena bien. Eso fue lo que interpretamos de su última comparecencia e interpretamos de esta
segunda comparecencia. Es cierto que es un plan extremadamente ambicioso, pero a la vez es verdad que es un plan extremadamente precoz y en un estado absolutamente embrionario todavía. Usted nos presenta un esqueleto, pero hay que rellenarlo de
músculo. Por lo tanto, el tiempo dirá si está usted en lo cierto, si está usted en el camino de lo cierto o, evidentemente, nos estamos desviando de las necesidades que en este momento necesita la justicia. Creo que es una oportunidad inaplazable
la que tenemos para adaptar la justicia a las necesidades del administrado, y creo que usted, como titular de la cartera, no debe desaprovechar ni un minuto en avanzar en esa oportunidad. El reto de la digitalización, al que llegamos tarde, tiene
que ser abordado; la accesibilidad también tiene que ser abordada cuanto antes, y potenciar lo que se ha dicho durante muchísimo tiempo -todavía no hemos llegado a eso-, que es la resolución alternativa de conflictos con un sistema muchísimo más
amplio, que además favorezca no solo la resolución del conflicto en sí, sino que también favorezca la agilización de la resolución de conflictos en sí mismos. Esperaremos a que los anteproyectos lleguen a esta Cámara, que es lo que nos importa;
esos proyectos de agilización, de organización y también ese anteproyecto de eficacia digital que pretende implantar también la Administración de Justicia y que tan necesario es.


Para acabar quiero decirle que le agradezco esas palabras que hacen referencia al consenso, y en concreto le agradezco que usted nombre a miembros de mi grupo parlamentario que han sido también partícipes de ese consenso, como ha podido ser
el que se ha protagonizado en la ley para reformar la capacidad de las personas con discapacidad, y que doña María Jesús Moro ha abordado con muchísima eficacia. Pero sí que es cierto que está muy bien que celebremos los consensos, y nosotros
estamos para los consensos y se ha demostrado que es así, pero los consensos tienen dos direcciones. Es decir, un consenso no es solo cuando la oposición acepta lo que le propone el Gobierno; los consensos también son cuando el Gobierno acepta
medidas que le propone la oposición. ¿Y qué está pasando aquí? Que normalmente es la oposición siempre la que acepta el consenso del Gobierno, pero no es el Gobierno siempre, o casi nunca, o nunca, el que acepta los consensos de la oposición. Le
pondré dos casos: el plan B jurídico que le plantea el Grupo Parlamentario Popular y la reforma de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Está muy bien llegar a consensos, pero el consenso tiene dos direcciones, es una cuestión
bidireccional.


Dicho esto, me gustaría plantearle una serie de cuestiones rápidamente. En primer lugar, una a la que ha hecho referencia precisamente también la portavoz de Grupo Republicano, y que tiene directa relación con la independencia del Poder
Judicial. Usted sabe que hace poco se ha presentado, a través de una denuncia, la voluntad de 2500 jueces de este país de defender en Europa la justicia española, porque entienden que está perdiendo en independencia. Esto ha sucedido hace poco.
Entienden que la independencia del Poder Judicial en España está totalmente amenazada en relación con las propuestas que precisamente está haciendo el Gobierno. Estamos hablando de 2500 profesionales, pero esos 2500 profesionales representan a tres
asociaciones de jueces y magistrados y esas 2500 personas representan además el 50 % -que no es baladí- de jueces y magistrados en este país. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en este sentido? Ha manifestado una honda preocupación por la pérdida de
independencia del Poder Judicial en nuestro país, y también manifiesta que nuestro país no está haciendo caso -y aquí es donde ahondaba también la representante republicana- a la adaptación de las recomendaciones que la Unión Europea está haciendo
en relación con una serie de cuestiones necesarias para reforzar la independencia y para reforzar nuestro sistema judicial. Por lo tanto, yo le reitero la misma pregunta que le ha reiterado la portavoz de Grupo Republicano: ¿está dispuesto usted,
cuándo, de qué manera y cómo a hacer caso a esas recomendaciones que desde Europa nos está haciendo la Comisión de Justicia o la Unión Europea? Creo que es una cuestión altamente importante y espero que usted nos dé cumplida cuenta de esto.


En segundo lugar, hace diez días que abandonamos el estado de alarma, señor ministro, y creo que es altamente reconocido en muchos ámbitos que no haber tenido un plan para reaccionar a ese vacío jurídico que se ha generado ha protagonizado
un verdadero calvario, especialmente para las comunidades autónomas. El Gobierno tuvo tiempo, muchísimo tiempo, para promover cambios legislativos que avanzaran en una situación de desorden jurídico como el que se ha creado, y tuvo la

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mano tendida de mi grupo parlamentario, del Partido Popular; una mano tendida que lleva tendida desde hace un año y que viene insistiendo en la necesidad de abordar reformas para una gestión eficaz. Dijeron que lo iban a hacer, prometieron
que lo iban a hacer; les creímos, les dimos nuestra confianza y nos volvieron a defraudar como siempre y nos volvieron a defraudar más que nunca. El Gobierno lleva un año como el que oye llover. Se han desentendido ustedes de todo, han ligado la
suerte de todos a las decisiones de los tribunales superiores de justicia y a las decisiones del Tribunal Supremo sin ofrecer alternativa jurídica que diera respuesta a la nueva situación, lo que supone -para mi grupo y a mi modo de entender- una
importante irresponsabilidad. Decía usted que lo razonable es que si hay disparidad de criterios sea el Alto Tribunal el que marque la pauta común. Esto ha dicho usted en un artículo de opinión. Y dice además: ¿quién iba a hacerlo si no? Esto
es tanto como decir que ordenen el caos los jueces y magistrados, que para eso están; solo faltaría, hasta ahí podíamos llegar. Esa es la interpretación que yo saco de sus palabras, pero, claro, acto seguido usted se mete en un lío cuando dice:
por supuesto, si de las resoluciones de los jueces se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiará y se propondrá a las Cortes. ¿En qué quedamos? ¿Quedamos en lo primero, quedamos en lo segundo o quedamos en las dos
cosas a la vez y, además, revueltas? Puede imaginarse que las reacciones de los jueces no se han hecho esperar. Dicen desde el Tribunal Supremo que ese tribunal es un tribunal de casación y no un juzgado de guardia. Razón tienen. Le acusan a
usted de improvisación, de falta de diálogo y de quitarse los asuntos de encima; cuestiones en las que no tenemos más remedio que coincidir innegablemente. Por lo tanto, nosotros seguimos planteando ese plan jurídico, esas medidas para, entre
otras, reformar la Ley de Salud Pública, que el propio Consejo de Estado ya dice que es insuficiente para abordar una situación pandémica, como la que estamos viviendo en este momento. Yo le pido que recapaciten, que se pongan en la piel de
comunidades autónomas, de jueces, de magistrados, de la ciudadanía y que asuman su responsabilidad. Yo creo que no merece la pena insistir en el error porque, efectivamente, hay demasiado en juego.


En tercer lugar, nos preocupa el tema relacionado con los indultos del procés. Es verdad que aquí comparece el subsecretario cada seis meses para dar cumplida cuenta del informe sobre indultos, y constantemente le preguntamos por cómo ve la
resolución de la situación en relación con los indultos del procés, y lo único que se limita es a explicar las obviedades que se desprenden del informe. Usted está aquí y posiblemente nos pueda dar más luz. La sensación que se tiene es que el
Gobierno está decidido a indultar a los presos del procés. Parece que hay quien se dedica a abonar ese terreno para que, cuando suceda, el Gobierno esté preparado. Básicamente le quería preguntar si ha valorado el Ministerio de Justicia -y voy
acabando, señora presidenta- las consecuencias que tendría para el Estado de derecho la decisión de indultar a aquellos que han atentado contra los derechos más elementales que recoge nuestra Constitución.


Acabo, señora presidenta, con una reflexión que creo que es importante y de la que a usted todavía no le he escuchado hablar. Seguro que cuando le diga esto usted me dirá que los grupos parlamentarios son soberanos para presentar
iniciativas en las Cortes y que las Cortes son soberanas para aprobarlas. Seguro que me dirá que la aprobación de leyes responde al juego democrático de mayorías, pero lo que no puede ser, señor ministro, es que usted pierda el control sobre las
modificaciones legislativas del Código Penal que se sustancian en esta Cámara, como ha sucedido con el preámbulo a la supresión del artículo 315 del Código Penal. Se le ha ido de las manos una reforma legislativa que retrata lo peor del sanchismo o
que retrata al sanchismo en sí mismo; una reforma que pone al sanchismo frente al espejo. En el preámbulo se recoge un ajuste de cuentas, se recoge la ira, se recoge la revancha, se recoge el sectarismo y la percepción de que el BOE lo tienen
ustedes en propiedad, y eso no es así. Estoy seguro de que usted no está de acuerdo con esto y que está totalmente en desacuerdo con lo que ha sucedido en esta Cámara. No sé de dónde ha salido, si ha salido de Moncloa, si ha salido de Ferraz o si
ha salido de San Bernardo. Por lo tanto, me gustaría, por favor, que usted se pronunciara sobre esto, lejos ya de que nos repita las obviedades que ha dicho sobre que las Cámaras son soberanas. Claro que sí, pero creo que errores de este tipo,
procedan del Grupo Parlamentario Socialista o procedan del Gobierno, son absolutamente repugnantes y absolutamente indecentes, y que un BOE no los soporta. Lo que sí los soporta es un debate parlamentario. Eso sí que los soporta y es donde se
hubiesen tenido que sustanciar todas esas diferencias que tenemos entre ustedes y nosotros en relación con los modelos de política que queremos implantar en este país.


Muchísimas gracias, señora presidenta.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.


Corresponde la última de las intervenciones por parte de los grupos parlamentarios al portavoz del Grupo Socialista, el señor Aranda Vargas.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor ministro, por su cuarta comparecencia más dos del secretario de Estado más cuatro del subsecretario. Creo que es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ya quisieran otros ministros de Justicia populares que
no han pasado muchas veces por esta casa. Felicidades por este plan, por cómo se ha hecho y por cómo se quiere llevar a cabo, que creo que eso es también una parte importante. Ministro, casi una sola ley de las que se plantean aquí justificaría
esta legislatura, y usted presenta muchas.


Quisiera empezar con dos fechas antes de hoy. La primera, febrero de 2020, época preCOVID, cuando usted anunció el Plan de Justicia 2030. En marzo, cuando se declaró la pandemia mundial por la OMS y cuando se inició el estado de alarma,
efectivamente tuvo que cambiar el paso, y todo el ministerio y el Gobierno se pusieron a trabajar con un triple objetivo, que era, evidentemente, derrotar al virus, proteger a la ciudadanía y poner las bases de la recuperación. Por eso creo que a
aquellos agoreros y repartidores de mal fario se les indigesta ver cómo el Gobierno permanece unido, trabaja eficazmente y pone las bases del futuro. Y la segunda fecha es un poco más cercana, en diciembre de 2020, una semana antes de la primera
vacuna -y ya van más de 20 millones-, cuando vino usted a esta Cámara y nos explicó también las líneas de este plan.


Hoy ha acudido usted aquí a petición propia y estamos ya en otra etapa de la pandemia, en una etapa donde por suerte la vacunación, gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, de las comunidades autónomas y sobre todo del personal
sanitario, está permitiendo que salgamos poco a poco de esta pesadilla. España está ante el reto de dar el salto económico que Europa pronostica, y ser la economía que más crece de la zona euro. Yo no quiero pensar mal, me obligo a veces a
quitarme de la cabeza que haya quien prefiera un escenario peor para sacar rédito político. No quiero ser mal pensado; señorías del PP -ese partido del 'ahora me ves, ahora no me ves'-, déjenme que se lo diga casi con pesar, a veces es como un
partido de Estado por la mañana, blanqueador de la ultraderecha por la tarde y por la noche no sabemos qué son. A veces no deja de sorprenderme y le he de decir que a veces hago un esfuerzo por entender algunas motivaciones y decisiones que parecen
llevarse a cabo más por impulso o por un berrinche político que por otra cosa, aunque de esto ya hablaremos un poquito más adelante en mi intervención.


Señor ministro, usted presenta aquí el Plan de Justicia 2030. Recordemos que se tuvo que adaptar corriendo para hacer frente al COVID. Es un plan que no ha parado; hemos visto en esta Cámara cómo ha seguido su recorrido, como tampoco ha
parado el Gobierno, que ha sido un Gobierno proactivo para parar esta pandemia. Es un plan llamado a ser la auténtica renovación de la justicia, donde todos estamos llamados a arrimar el hombro. Yo a veces escucho a algún portavoz que dice algo
así como que es abogado, pero que le obligan a ser diputado, que no quiere estar aquí, que lo suyo es otra cosa, que él es abogado. Miren, señorías, señoras y señores legisladores, las revoluciones, los avances, los cambios se hacen legislando, se
hacen en el BOE, se hacen dotando de recursos, y esto es lo que se está llevando a cabo. Por eso les interpelo a ejercer su papel de legisladores, que para eso estamos todos aquí.


Recuerdo esa comparecencia del secretario de Estado donde hubo algunas críticas sobre los 28 millones de euros que tenía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Yo les decía: prefiero un Gobierno que planifique primero y
ejecute con suficiencia presupuestaria después que uno que dilapide. Y este ministerio -se lo dije en su día- también tiene otra eficiencia, que es la eficiencia presupuestaria.


La pandemia ha hecho que la justicia sea ejemplo de cogobernanza y, si no, pregunten a sus consejeros y consejeras de Justicia, de Sanidad de las comunidades donde gobiernan. Por eso este reto está a la altura de los grandes cambios
legislativos de la historia. Estamos todos llamados a hacer historia, a encauzar problemas históricos de la justicia. Por cierto, sí, una justicia donde algunos están más cómodos cuando mantienen calles a Millán Astray o a la franquista División
Azul; nosotros no. Por cierto, señor Ortega, señor portavoz de VOX, le molesta la cogobernanza, le molesta el consenso, le molesta el diálogo, la cohesión, la sostenibilidad, ¿algo más? ¿Le molestan los mecanismos de la democracia? (Rumores).
Señora presidenta, oigo que dice que le molesto yo. No sé si esto se puede permitir dentro del decoro de la Cámara. (Rumores).

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La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que no entren ustedes en un diálogo ni del interviniente ni de los replicantes.


El señor ARANDA VARGAS: Si la justicia dependiera de su aportación, estaríamos en la ley del talión o en la Edad Media.


Señorías, les dije en su momento -y se lo repito- que estamos ante una bifurcación importante, y que este año sería importante para la justicia. Por eso yo sí celebro acuerdos como el del Registro Civil; sí, lo celebro, porque creo que es
nuestra obligación, pero lamento profundamente el bloqueo injustificado de renovación del Consejo General del Poder Judicial y lamento también una enmienda que nadie entiende a la Ley de la Fiscalía Europea, que se verá mañana, y que parece que será
ese enésimo plato chino que ustedes van moviendo con las manos. A ver si dejan de acumular platos chinos, que algún día se les van a caer todos y haremos un gran estropicio. Espero que ese tema también pueda ser resuelto en breve.


Señorías, somos miembros de la Comisión más prolífica de este Congreso, con importantes reformas y legislación, y con una cola en turno de espera importante, y este plan, esta guía 2030 ayudará a dar ese salto cualitativo que queremos, ¿para
qué? Para que haya más justicia, porque, como dijimos en su día, más justicia es más ciudadanía, más justicia es más democracia. Hemos hablado y hemos pactado cien nuevos juzgados, el Registro Civil, vendrá la ley de eficiencia organizativa, ha
habido nuevos derechos de igualdad hombre-mujer y de protección a víctimas de violencia de género, vamos a hablar de la ley de acceso a la abogacía y a la procuraduría, y esperemos también que de la reforma de acceso y becas a la carrera judicial,
la nueva Lecrim, con la instrucción por fin a la Fiscalía, o la nueva Ley de Derechos de los Animales. Ministro, usted hizo en 2020 una diagnosis y ahora, pasada esta fase de la pandemia, nos presenta una hoja de ruta, y yo le quiero decir que
usted, en un acto de justicia, nos trae más justicia.


Existen también reformas que no quiero dejar de lado, que son reformas más en detalle, más de piel, más de sensibilidad, que tienen que ver también con el sistema, porque, señor Bal, todos tenemos conocimiento del sistema, de lo que pasa en
los juzgados. Todos tenemos gente que nos lo puede decir, y además pisamos la calle. El Grupo Socialista se reunió hace unos días con la Asociación de Mujeres Juezas, que nos reivindicó que repensemos, de cara a los niños, en las visitas en
violencia de género en las salas de los juzgados, cómo hacer un replanteamiento sobre este tema tan importante. A veces, eso también es el Plan de Justicia 2030.


Señorías, acabo con unas cuestiones. A las puertas de la anhelada reforma pendiente desde hace años, yo apelo una vez más a su conciencia legislativa y a su vínculo ciudadano, porque todos tenemos conciencia, decía, de estos problemas.
Este proyecto, ministro, señorías, da respuesta de manera firme y sin pausa a estas reformas, por eso mi grupo quisiera pedir su colaboración, no para hoy, que no se vota nada, sino para lo que nos queda de legislatura, que aventuro que será más
larga de lo que algunos piensan.


Para acabar con una nota positiva, porque no todo van a ser los improperios del portavoz de VOX, quisiera sumarme, como casi siempre, a los comentarios de algunos portavoces sobre el desarrollo de esta Comisión, y agradecer, personalmente, a
quienes lo hacen posible, sus señorías, portavoces de los grupos, que desde el respeto, y sobre todo pese a las diferencias políticas, mantienen un tono cordial y respetuoso, que es lo que hace que la ciudadanía también confíe en nosotros.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.


Señorías, el tiempo en nuestras vidas, también en la vida parlamentaria, es un recurso limitado. Son muchas las cuestiones planteadas, y ahora es su tiempo, señor ministro, para tratar de contestarlas. Tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Muchas gracias, señora presidenta. Agradecimiento que hago extensivo a todos y cada uno de los portavoces que han tomado la palabra. No quiere decir que comparta lo que todos han dicho, pero
sé que tampoco lo esperan. Sí quiero que quede subrayado ese agradecimiento, a lo mejor peco de optimismo injustificado, pero veo espíritu constructivo y, como siempre digo, prefiero los hechos a las palabras. Y esa ha sido la filosofía con la que
he concurrido, a petición propia, una vez más, y volveré a hacerlo de manera inmediata y siempre que se me llame, porque creo que es un proyecto compartido. En ese sentido, quiero responderles, aunque es verdad que han hecho muchas preguntas, y
efectivamente en el ámbito de su libertad y competencia cada uno ha

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preguntado aquello que más le inquieta, que más le preocupa, aunque no tenga absolutamente que ver, o muy poco que ver, o difícilmente que ver con los elementos que yo he introducido. Y espero que nadie sienta que no contesto a su pregunta,
sino que algunas a lo mejor puedo pasar por encima o porque no las he captado bien.


Empiezo por el señor Legarda. Tengo que decirle, una vez más, señor Legarda, que su espíritu constructivo se traduce claramente en sus hechos y en sus manifestaciones. Lo que no quiere decir que no meta bisturí, y eso le honra, y sabe que
es el sustrato, precisamente, de por qué le tengo un enorme respecto. Efectivamente, los datos a los que hacía referencia ponen de manifiesto algo que hemos compartido, y con más miembros de esta sala, sobre la situación de la justicia, y que en
efecto hacen falta más cosas, esas posturas 'incrementalistas' -que me parece que ha sido la expresión que ha utilizado y que yo mismo he utilizado en no pocas ocasiones-, pero que realmente hace falta otra manera de conjugarlas. Nos hacen falta
más jueces, más funcionarios, más, más, más, más presupuesto, pero también una nueva forma de conjugarlo. Porque la realidad es tozuda, y por eso invocaba en esos primeros momentos que cómo es posible que con un 50 % de plantilla judicial
duplicada, sin embargo la proporción de resoluciones sea menor. Pues la complejidad del sistema es la clave y la falta de un sistema ágil que permita que ese enorme esfuerzo que realiza el Poder Judicial se traduzca en la efectividad de la tutela
judicial que nos reclaman los ciudadanos. Esa es la clave y eso es lo que nos aglutina a todos, la mejora de un servicio público al que no hay alternativa, y que los ciudadanos nos dicen, además, en un 68 % o en un 78 %, discúlpenme la
incertidumbre, que quieren y que entienden que el Poder Judicial es la gran salvaguarda de los derechos fundamentales, y que, por tanto, tiene que haber una apuesta por ello. Por tanto, tenemos que apostar por algo que hemos compartido entre todos,
que es la redefinición de un modelo de justicia, o la definición, me da igual, que permita dotar de esa efectividad. Y sí, sé que a algunos les molesta, pero creo que una de las palabras clave es -porque es lo que le falta a nuestra tutela
judicial- la efectividad y, por tanto, la eficiencia adquiere un valor superlativo.


No es un reparto futurible lo que estamos haciendo, y por eso he intentado explicar grandes proyectos, que la Comisión conoce mejor por razones de su competencia, es decir, el diseño prelegislativo y ya en este caso legislativo puramente,
pero después hay realidades, y por eso he dado datos, he dicho los juzgados que se han creado, las plazas que se han ofertado, el reparto de millones, que es una realidad, está en el Boletín Oficial del Estado. Los últimos días se llevó a Consejo
de Ministros y, posteriormente, a la conferencia sectorial, donde por unanimidad, unanimidad, señorías, unanimidad, se han aceptado esos repartos que, además, establecen las bases para llegar a los 410 millones en los dos próximos presupuestos, que
es donde están los 410 strictu sensu para justicia más los 60 de los que he hablado, los 20, etcétera. No quiero cansarles con eso. Por tanto, hay una clara opción de lo que tantas veces hemos dicho: no se puede poner el cartel de cerrado por
obras, porque tenemos que seguir impartiendo justicia día a día y, en este caso, el papel de las administraciones prestacionales es prestar todo aquello para que el Poder Judicial pueda cumplir con su cometido exclusivo y excluyente de administrar
justicia. Y eso lo hacemos de la mano de los profesionales, y para mí es tremendamente importante, y no me cansaré de decirlo, hasta ahora con una enorme conjunción de esfuerzos; es en la conferencia sectorial donde todos los acuerdos se han
adoptado por unanimidad. Sinceramente, creo que en los tiempos que corren hay que sentirse, aunque sea un segundo, para luego seguir trabajando, orgullosos de lo que hemos logrado entre todos: la unanimidad, entre todos, y cada uno cediendo en
mucho, porque si no, no hay posibilidad de consenso para lograr realidades. Y estoy hablando de montones de cosas que tienen en la cabeza ustedes.


En relación con la trasposición de la directiva de protección del denunciante, evidentemente tenemos que trabajar, y estamos haciéndolo. Uno, tenemos hasta fin de año para la trasposición de la directiva; estamos en ello. No es fácil,
pero estamos en ello, y vamos a estar en plazo, y, por supuesto, tendremos que establecer para el ordenamiento interno un mecanismo que también proteja a los denunciantes y, sobre todo, en esos casos que exponía perfectamente el portavoz, que es en
el ámbito de la corrupción, porque es ahí donde efectivamente se establece el tema.


Los cambios normativos del tribunal de instancia -ya lo dije en mi primera intervención que me encantaría y ahora lo voy a hacer, espero no cansarles demasiado- no son solo un nomen iuris diferente. No es un cambio de nombre, el tribunal de
instancia tiene muchas potencialidades. Creo que, sin resquebrajar en lo más mínimo el derecho al juez natural predeterminado por la ley, establecemos unas pautas -por lo menos a mí me preocupa y sé que a casi todos ustedes también- para la mejor
seguridad jurídica, que también tiene acogimiento constitucional en el artículo 9.3, manteniendo -insisto- ese

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derecho supremo y constitucionalmente constitucional que tiene el juez de interpretar la ley conforme a su leal saber y entender. ¿Pero en qué se traduce esto? He dicho que los tribunales de Instancia se organizan en secciones, esas
secciones van a tratar de todos esos ámbitos que tienen en la cabeza: Primera Instancia, Menores, Familia, Social, Mercantil. Por tanto -y a lo que voy-, son áreas especializadas, son áreas que trabajan una materia concreta. Que nadie se pierda
en el concepto de especialidad. No, no, estamos hablando de una materia y, por tanto, de que esos jueces puedan resolver litigios iguales con criterios semejantes, y eso se llama previsibilidad de las resoluciones judiciales. El artículo 264 -les
hablo de memoria, pero creo que no me equivoco- establece un sistema que conjuga esos dos principios: seguridad jurídica con que el juez es el intérprete de la ley y, sin más, acatamiento de sus criterios de interpretación. ¿Qué es lo que
refundimos? La sección monta criterios, establece criterios. El juez puede acogerse a esos criterios o no, porque esa es su libertad para interpretar y aplicar la ley, pero tendrá que decir en su sentencia y en su resolución: sé que el criterio
de mi sección es este y me aparto por esto. Con lo cual, por un lado, evitamos la inseguridad jurídica -eso que todos hemos oído alguna vez-, pero, por otro lado, consagramos y consolidamos el principio al que el juez tiene derecho y, además,
evitamos la petrificación de la jurisprudencia. Creo que la unificación de criterios va a ganar en un ámbito tan concreto como es el partido judicial, que puede tener muchas dimensiones, porque un partido judicial puede ser de un pueblo pequeño,
pero también puede ser de una gran capital; en cualquier caso, la necesidad de fijar esos criterios es importante. Pues eso está en la ley. Por tanto, creo que vamos a hacer mucho.


Sobre los MASC, comparto -y lo hemos hablado en muchas ocasiones, señor Legarda- el gran papel y cómo tenemos que ir haciendo cultura. ¿Qué hemos creado esta vez? ¿Qué impulso damos? Bueno, pues que hay un elemento de potenciación: el
requisito de procedibilidad y establecer todos esos beneficios que pueden hacer más golosa y apetecible una institución que, además, provoca algo que para mí es fundamental: la cohesión social. La resolución de un litigio no necesariamente provoca
cohesión social, la paz sí, la incertidumbre jurídica también, pero no la cohesión social; con este mecanismo podemos llegar a ese plus. Insisto, aquí no hay nada revolucionario, pero creo que podemos contribuir.


En cuanto a la Lecrim, está en estos términos; evidentemente está aprobada por el Consejo de Ministros, está en fase de información y espero que pueda llegar a esta Cámara relativamente pronto. Saben las líneas directrices y no quiero
perder ni un segundo más.


Por lo que se refiere a los sistemas de gestión procesal, precisamente en estos términos de unanimidad y de conjunción de esfuerzos que estamos haciendo con las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia, tenemos
todo este juego de la gestión procesal interoperable como punto del orden del día de la inminente conferencia sectorial, y esperemos que esto pueda ser una realidad a muy corto plazo, porque, efectivamente, tenemos que tomar esa decisión.


En cuanto a la inteligencia artificial, la opción por la que hemos optado ha sido una aplicación, lo acabo de decir, que no puede nunca sustituir el papel del juez como máximo intérprete de la legislación, pero no quiere decir que no podamos
ayudar con mecanismos de inteligencia artificial. Hay muchísimas cosas, además de la inteligencia artificial, que van a contribuir a la conformación de los criterios de los jueces; por ejemplo, esa a la que acabo de hacer referencia, conocer
cuáles son no solo los criterios de interpretación del Tribunal Supremo en su conocimiento de la doctrina, la jurisprudencia pura y dura de conformidad con el título preliminar del Código Civil, sino cuestiones que facilitan y dan previsibilidad y
seguridad jurídica a la actuación y, en este sentido, hay muchos más mecanismos. La agilidad va, por ejemplo, con la Oficina del Dato, con el juego de todo a lo que me he referido anteriormente.


Señor Iñarritu García, de Bildu, entro directamente en materia. En cuanto a lenguas cooficiales, efectivamente es un tema complicado pero que sé que usted va a compartir conmigo. No le gustara la solución que puede haber ahora mismo, pero
lo que es cierto es que siempre hay dos partes. La Ley Orgánica del Poder Judicial -no sé si es el artículo 230 o el 231- ya establece que cada uno pueda expresarse en el lenguaje que considere, siempre que hablemos de lenguas cooficiales, que es
de lo que hablamos. ¿Qué ocurre? Que hay una cuestión y es que hay una contraparte, y si la otra parte no lo entiende se puede provocar indefensión. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde establece el filo. ¿Cómo podemos potenciar para que,
efectivamente, sea una decisión del ciudadano que comparece ante la Administración de Justicia expresarse en la lengua cooficial que considere pertinente? Ese es el camino -no puede haber otro- que hay que potenciar y en eso estamos. En eso
estamos; por ejemplo, con la evolución de lo que le he hablado: la textualización. La textualización es en un primer momento la materialización en soporte de lo que se ha grabado; por tanto, la voz. El siguiente paso es que en las lenguas
cooficiales se pueda optar claramente. Yo me he expresado en el lenguaje que quiero y cada uno

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elegirá el documento en la lengua cooficial que considere. Estamos en ello. Le he explicado que estamos ya en unas realidades de sitios concretos, de ámbitos comunitarios concretos, pero tenemos que seguir avanzando. Esa es la línea.
Mientras tanto, más: por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos establece la potenciación para todos los que pasan por allí -estoy hablando de fiscales, de LAJ, de médicos forenses, funcionarios-, donde pueda establecerse no sin saber a dónde va
a ir sino simplemente por el deseo de conocer lenguas cooficiales del territorio del Estado, y estamos en ello; necesitamos tiempo, señorías, aportaciones, esfuerzo.


Por lo que se refiere al Consejo del Poder Judicial, evidentemente tenemos un bloqueo. Eso es una realidad y quizá yo no soy ni el destinatario de su pregunta porque no tengo respuesta; lo que sí tengo es una cosa muy clara: el Estado de
derecho no admite alternativas, el Estado de derecho hay que cumplirlo, gusten unas normas o no; las que no me gusten las cumpliré con menos ganas, pero tengo que cumplirlas, porque eso es lo que nos hace ser un Estado de derecho: la obligación y
el acatamiento de las leyes que ha aprobado esta Cámara con el Senado. Eso es irrefutable y, por tanto, no valen chantajes al Estado de derecho; no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, y eso lo repito una y otra vez. Espero que muy
pronto tengamos solución a este problema, pero, mientras tanto, no voy a dejar de impulsar todas las políticas que sean necesarias para que el ciudadano tenga mayor efectividad en su tutela judicial que reclama a los tribunales. Me reservo una
parte de esto porque como lo han planteado bastantes portavoces, por no cansarles, después lo concentraré.


En relación con las materias de reformas del Código Penal, lo he dicho en esta Cámara en no pocas ocasiones, las vamos a tocar, ¡claro que tenemos que tocarlas!, porque el derecho penal, como todos los derechos, es algo vivo y tiene que
adaptarse y adecuarse a la sociedad a la que sirve, y cuando constatamos que existen los textos normativos, códigos penales de nuestro entorno -estoy hablando del Código Penal italiano, del Código Penal francés, del Código Penal portugués y del
Código Penal alemán, que no son malas referencias-, algo tenemos que analizar. Tenemos que homogenizar el derecho europeo, lo que pasa es que tampoco me cansaré de decir que cualquier reforma de un texto tan importante como es el Código Penal,
donde se establecen conductas que afectan a los ciudadanos y se anudan unas consecuencias jurídicas muy fuertes, es necesario que sean fruto de la meditación y el cálculo, y estamos intentando presentar un paquete -tampoco podemos traer propuestas
de modificación del Código Penal cada cuarto de hora, creo que lo entienden todos-;por tanto, vendrá en el momento en que esté terminado y así pueda llevarlo a Consejo de Ministros, y cuando se enriquezca con los informes llegará a esta Cámara.
Ojalá sea pronto.


Señor Bal, tengo que reconocer que después de empezar a hablar se ha ido suavizando, cosa que siempre es de agradecer. Sabe que, además, mis palabras van precedidas de algo que no podemos ocultar: un respeto y un cariño importante, pero
reconozco que somos poco más que estados de ánimo y usted ha traducido cierto pesimismo. Y, como no quiero decirle nada que pueda molestarle, me refiero a Pessoa cuando decía que ese pesimismo es 'tomar cada cosa como algo trágico -y eso es lo que
usted ha hecho- y esa actitud es, cuando menos, una exageración y una incomodidad'. Fin de la cita. Señoría, usted sabe que estas no son palabras huecas, lo sabe muy bien, y sé que lo comparte. Sé, además, el enorme esfuerzo que está haciendo
usted y su grupo. Pregúntele a su compañera, Sara Giménez, que se ha dejado las pestañas, ¿se las ha dejado por humo? No la insulte, ¡no la insulte, señor Bal!, que se ha dejado las pestañas, que se ha dejado muchas horas de trabajo y no creo que
lo haga por humo ni por engordar el ego de este ministro; lo ha hecho porque cree en un proyecto, porque es importante y porque lo que se hace en esta Comisión es insustituible. Sé que lo hace en ese juego terminológico y dialéctico que nos gusta,
pero no le estoy presentando el futuro, estamos hablando de presente y he hablado de realidades, una detrás de otra. ¿Qué estamos empezando? ¡Claro! ¿Cuántas veces hemos hablado en conversaciones privadas o en público de que no voy a presentar
nunca y no voy a impulsar nunca una revolución? Quiero hacer una evolución, quiero que entre todos hagamos un proyecto. Me acuerdo en la primera comparecencia cuando usted dijo: 2030, ¡pues no se lo fía lejos! Y yo le dije: No, porque quiero que
con independencia del que esté aquí y del que hable en nombre de un Gobierno, lo haga con la misma pasión que tengo yo para modificar este diseño de la justicia, y por eso tiene que ser una cuestión a largo plazo. Por tanto, de verdad, no hay
frases hechas, hay realidades.


En cuanto al turno de oficio, claro, claro que tenemos que seguir trabajando, y claro que hemos hecho cositas. Fíjese con qué humildad lo digo, cositas, pero creo que son importantes. Hemos aprobado un Estatuto de la Abogacía, que era una
cuestión que venía siendo reclamada desde hace veinte años. Es una realidad, es una realidad donde se establecen muchas cuestiones que importan a la abogacía.

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Estamos trabajando en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, donde un equipo enorme está trabajando para dar cobertura a algo tremendamente esencial, porque la abogacía hace algo irremplazable que es ese vínculo entre el ciudadano y la
Administración de Justicia. Por tanto, fíjese si me preocupa.


Por lo que se refiere a los días inhábiles, señor Bal, ¿todavía vamos a seguir hablando de esto? Aquello fue una coyuntura y como cosas coyunturales tuvimos que adaptar entre todos, entre casi todos, una realidad. Efectivamente, sabíamos
que iba a provocar disgustos y lamento que a usted le fastidiara algunos días de verano, lo lamento profundamente, pero creo que el ciudadano nos reclamaba ese sacrificio. Y les traje los datos de por qué creo que acertamos con una medida dura, que
tuvo que soportar un sector de la abogacía, claro que sí. Ahora que vienen otros momentos respondemos con cosas diferentes y por eso en este primer momento hacemos no un guiño, porque es una realidad. No es determinante, no va a cambiar la
realidad, pero bueno, puede hacer más fácil la vida y tener unos días de vacaciones en Navidad a los que todos tenemos derecho. Por tanto, todo esto es una realidad.


En cuanto a las oficinas de justicia en el municipio, de verdad, le invito a que lo lea. Es tremendamente transformador, es una realidad de acercar la justicia al ciudadano, a esos puntos del territorio nacional, y tanto que les gusta a
ustedes lo de estrategia país, estoy convencido de que se les va a llenar la boca hablando de ella y participando creativamente para mejorarlo, porque además va a tener dotación y vamos a tener funcionarios de justicia al frente, unos con carácter
permanente y otros periódicos, porque estoy hablando de pueblos que a lo mejor tienen 150, 200 habitantes, mientras que habrá otros con 40 000. Por tanto, tendremos que dar respuestas diferentes a lo que son situaciones diferentes. Pero, desde
luego, lo que no le admito, señor Bal -y lo hago en términos dialécticos pero con contundencia- es que no estemos haciendo cosas. El 1 de septiembre se puso en marcha, con 51 millones de euros, los planes de choque para atender a la jurisdicción
más desatendida o más perjudicada por el atasco tradicional más los meses de parálisis que tuvo durante los meses duros de la pandemia. Son 51 millones para planes de choque donde jueces de lo Mercantil, Contencioso y Social pueden atender -con
unas retribuciones que le puedo asegurar que no están nada mal, más todos los equipos que apoyen- para desatascar eso. Se han creado los llamados juzgados COVID, los puntos de creación de órganos... Señoría, estamos haciendo lo que podemos. Ojalá
tuviera un conejo en la chistera u ojalá tuviera una varita mágica como Harry Potter, pero no los tengo, de manera que solo puedo contar con mi esfuerzo y con el de ustedes, y en eso es en lo que no les voy a fallar.


Señor Pagès, le digo lo mismo que en el tema de la lengua y lo doy por reproducido, no quiero cansarles porque estoy abusando de su tiempo. Los datos son importantes. Claro que nos falta organización, pero no lo digo yo, lo dice todo el
mundo, todo el mundo que se acerca a la justicia dice que hace falta más de todo pero, además, organizado de otra manera. Por tanto, eso está ahí. En términos de justicia, mejora y diseño del modelo me va a encontrar en absoluta colaboración
-fíjese lo que le digo, absoluta-, pero no me va a encontrar en absoluto si está hablándome de represaliados o de que España no es un Estado de derecho. Lo siento, pero creo que contamos con una democracia plena, y no lo digo yo, no lo dice este
Gobierno, lo dicen las instituciones internacionales que sitúan a España muy bien, con un cumplimiento muy amplio de lo que es el Estado de derecho. Por tanto, somos una democracia plena. ¿Que tenemos déficit en el cumplimiento de la Carta de los
Derechos del Ciudadano o las lenguas? Claro que sí, pero eso es la democracia, que es la permanencia del esfuerzo colectivo en pro de las bases constitucionales que nos dimos en el año 1978 y que tenemos que seguir potenciando.


Rechazo de la misma manera esos conceptos de politización de la justicia o de judicialización de la política. Mire -y con esto se lo adelanto también a otros portavoces-, insisto en que no lo dice este Gobierno, no lo dice este ministro
-que podía decir muchas cosas, soy juez desde hace treinta y tantos años, con lo cual algo puedo decir, y lo podrá compartir o no-, son los jueces los que en un 99 % dicen que son independientes, ¡son independientes!, ¡son independientes! Lo dicen
ellos. Por tanto, lo serán. Después, les he hecho referencia también a lo que dicen los ciudadanos sobre la justicia, el estudio hecho por Metroscopia que ha salido el viernes pasado, financiado y organizado por el Consejo General del Poder
Judicial. Señorías, ni politización de la justicia ni judicialización de la política, lo que tenemos que hacer todos los que tenemos responsabilidades es respetarla más.


Señora Telechea, algunas cosas que acabo de decirle mutatis mutandis. Sabe que siempre me va a encontrar y que siempre le he reconocido su esfuerzo en estas materias. En la primera parte de su intervención ha hecho un elenco de
resoluciones de Naciones Unidas, de recomendaciones de Naciones Unidas. Claro que estamos siguiéndolas todas ellas, unas con más intensidad o con más prioridades, pero todas. En el tema de cooficialidad de las lenguas me remito ya a lo que he
dicho por tercera vez.

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En el tema de nacionalidades, sí, ahí tenemos un problema, lo he dicho en sede parlamentaria y está recogido. He dicho que tenemos un proyecto que está en marcha y que se está resolviendo. Hasta ahora mismo podemos hablar de que se han
resuelto muchos de los miles de expedientes de nacionalidad que tenemos y que estamos en ello. En unos primeros meses he presentado los datos y me comprometo a presentar en esta Comisión -no quiero cansarles- el enorme esfuerzo que se está
haciendo, cuántos miles de expedientes se han agilizado en relación con lo que teníamos anteriormente.


Sabe que estamos trabajando también, y se ha comprometido el Gobierno, para modificar el Código Penal en materias de libertad de expresión. ¡Cuidado!, contamos con una importante libertad de expresión. Nuestros tribunales cada día y
nuestro Tribunal Constitucional -como máximo intérprete de este derecho fundamental- nos lo dicen y siguen las pautas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esas son las pautas en las que nos tenemos que mover, pero efectivamente podemos, en lo
que al Código Penal se refiere, establecer algunos ajustes. Espero que cuando lleguen ustedes los apoyen, porque vamos a intentar reducir ese ámbito para potenciar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Terminaré con algo que no me
canso de decir, todos los derechos fundamentales, todos -y por tanto también la libertad de expresión, que es eje nuclear de la base democrática-, tienen límites. No lo dice nuestro Tribunal Supremo, no lo dice nuestro Tribunal Constitucional -que
lo dicen, y no pocas veces-, sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los tribunales internacionales. Por tanto, no hagamos demagogia con eso. ¿Que podemos pulir nuestro sistema? Hagámoslo. Contribuyamos lealmente a una mejora que
perfile esa situación pero, desde luego, no creo que podamos decir que no tenemos libertad de expresión.


Señora Velarde Gómez, muchas gracias por sus aportaciones. Efectivamente, y me honro de decirlo, su colaboración ha sido importantísima para saber qué políticas tenemos que hacer para algo que es una realidad, y es que el papel de la mujer
sea mejor reconocido, no tanto en la entrada, ya que hoy, tanto en la carrera judicial como en la fiscal, es una realidad y va afectando y copando las altas magistraturas de nuestro Poder Judicial, pero efectivamente nos queda un largo camino por
recorrer, y en eso estamos. En cada ley que introducimos esto es tenido en cuenta. Lo hicimos -y esta Cámara lo sabe- en diciembre de 2018, en la Ley Orgánica del Poder Judicial; lo tenemos en cuenta en cada una de las leyes que estamos
impulsando, porque tenemos que hacer políticas que permitan que normativamente se refleje lo que en la sociedad ya hay. Por tanto, creo que es una cuestión claramente abordable. En ese sentido es en el que estamos.


Señor Ortega, desde luego sus palabras son siempre peculiares y, tengo que decirlo, se apartan -creo que lo hacen deliberadamente- de la sintonía de esta Cámara, de esta Comisión, porque además sus palabras son descalificantes, están siempre
cargadas de tensión, cuando no de banalización. Mire, a mí no me hacen daño sus palabras, que si el Plan Justicia 2030, Agenda 2030 con toga. No me hacen daño, porque creo que el ciudadano verá mejor los hechos en los que se traduce esa Agenda
2030 con toga que sus palabras de literatura hueca, porque está viendo que tiene una cita previa y antes tenía que molestarse en ir tres veces al juzgado. Y usted, como profesional de la justicia, y lo he dicho en alguna ocasión, fino jurista,
debería tener muy claro que se están haciendo cosas. ¿Que no son al ritmo que a usted le gusta? Lo siento mucho, aporte mejor que destrozar, aporte, porque seguro que tiene mucho que aportar, pero, desde luego, no están en eso. Ya se lo decía
esta mañana en la interpelación a la que tuve el gusto de comparecer, que ustedes están en la banalización de la política y ahí no me van a encontrar nunca, lo siento. Y siempre van a tener mi mano tendida, pese a las descalificaciones permanentes
a las que nos someten a cualquier interlocutor, sea del grupo que sea, porque ustedes van por libre; me parece muy bien. Insisto, van a tener mi mano tendida, pero lo que no puedo es dejar de decírselo con la misma libertad que usted me lo dice.
¿De verdad piensa el reproche que ha hecho sobre los cientos de asesinatos de ETA? ¿De verdad piensa que esta democracia puede aguantar eso que está diciendo? Se han llevado a la justicia a todos los que se han encontrado, se han hecho todos los
esfuerzos y las víctimas están siendo atendidas de la mejor manera que podemos, y estamos potenciando permanentemente eso.


Sinceramente, la justicia no está mal valorada; léase esos documentos que acaba de sacar el Consejo General del Poder Judicial. Y no dude de la carrera fiscal. La Fiscalía está perfectamente preparada, tiene unos criterios de actuación
independientes y sometidos al principio de legalidad. Sí, ya sé que a usted no le gusta, pero usted, que es profesional de la justicia, sabe que tengo razón ¿Que haya cosas que no le gustan? Pues, lo siento mucho, eso nos pasa a todos en la vida,
pero desde luego lo que no voy a consentir es que sus palabras queden sin respuesta por este ministro cuando se refiere de esa manera tan descalificante al ministerio fiscal. Contamos con unos profesionales tremendamente formados, con

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una calidad y una excelencia en sus actuaciones, que son los que promueven la acción de la justicia. Eso nos debería llenar de orgullo, pero no, prefiere hacer daño, socavar la imagen de la carrera fiscal, cuando, realmente, actúan
diariamente salvaguardando la legalidad y promoviendo la acción de la justicia y, por eso, tienen ese rol constitucional de promover la acción de la justicia, valga la redundancia, y por eso Europa, para defender los intereses de la Unión, los pone
al frente de la investigación criminal y, por eso, atendiendo a esos parámetros internacionales europeos y nacionales de la mejor doctrina, hemos optado por una investigación dirigida por el ministerio fiscal. Y decimos que hay que reforzar el
Estatuto del Ministerio Fiscal, sí, para la apariencia de funcionamiento y para que podamos proteger más a cada fiscal individualmente considerado cuando discrepe. Porque estará conmigo en que es lógico que el ministerio fiscal promueva la acción
de la justicia con criterios de unidad, que es uno de los principios básicos por los que actúa el ministerio fiscal: la unidad de acción y dependencia jerárquica. Pero puede haber -y precisamente por esos amparos de interpretación de la
legalidad-discrepancia; pues tenemos que potenciarlo. Como sabe muy bien, la disposición final segunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en el plazo de un año, aprobada la Ley de Enjuiciamiento Criminal -le digo que tiene seis
años de vacatio, es decir, cinco años todavía hasta que esté en vigor-, se reformará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero ojalá podamos lograr el consenso para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal mucho antes y nos
pongamos ya a ello, porque estoy convencido de que eso fortalecerá un cuerpo absolutamente integrado en el Poder Judicial, como muy bien sabe, altamente cualificado, lo que redundará en que su imagen impida palabras como las suyas.


Señor Jerez, gracias por sus palabras. Reconozco que tener hoy a su portavoz al lado le ha hecho escurrir el bulto algunas veces, pero no se lo voy a tomar en cuenta. Créame si le digo que me quedo con su mucho esfuerzo. Le he agradecido
a su grupo no hoy, siempre, y lo sabe muy bien, el esfuerzo que están haciendo. He mencionado a la señora Moro porque era de justicia hacerlo, porque se ha dejado la piel, como los que he citado y todos los demás, pero ella, por su cualificación
profesional, lo ha hecho. Y no me diga que es un texto que no es de ida y vuelta, porque mire todas las enmiendas y todas las aportaciones al mismo de la señora Moro y de todos los demás; eso es el consenso, lo otro se llama de otra manera. Y
creo que, cuando ustedes apoyan una ley, no es porque crean en mi consenso y no en el suyo, sino que creerán en que todos somos capaces de ponernos de acuerdo transigiendo, porque esa es la clave. La señora Moro, que he citado ya tantas veces,
sabe, porque me lo ha oído decir en muchas ocasiones, que el consenso no es un fin, pero es una forma de trabajar que nos ayuda a ver la luz final. En eso es en lo que estamos y en lo que va a encontrar siempre a este ministro. Precisamente, por
eso vine en mi comparecencia del 17 de febrero del año pasado -un mes y cuatro días después de ser nombrado ministro- para decirles: llenemos esta caja entre todos, llenémosla de músculo, y lo estamos haciendo. No sé hasta dónde llegaremos, ojalá
que al final, y ojalá que en 2030 todos, estemos cada uno donde estemos, se siga potenciando ese documento que salió del esfuerzo colectivo. Porque eso es el único que nos va a agradecer nuestra ciudadanía, no que yo cambie una ley, que usted la
revoque y que otra vez se ponga, no, ese juego puede valer para ciertas cosas, pero, para lo que yo estoy intentando, no. Por eso, lo que le agradezco, y se lo agradezco de verdad, es su enorme esfuerzo por que estemos ahí. Por eso, tampoco me voy
a callar, lo siento. Les pido que hagan una reconsideración de su posición ante la Fiscalía Europea. Es un texto que viene impuesto por Europa, donde el considerando 11 nos dice que es la Fiscalía la que tiene que llevar la investigación. Estamos
hablando de la defensa de los intereses económicos de la Unión y, por tanto, de todos nosotros, de todos los países que conformamos este club que se llama Europa. Por eso, les pido que lo reconsideren. Empieza el 1 de junio, tenemos ya a los
fiscales designados, tenemos que operar y hace falta la ley, por eso les pido un esfuerzo para que podamos encontrar -seguro que lo encontraremos, si están dispuestos, si tienen la mano tendida, y eso vale para todos- el juego que nos permita tener
una ley con un procedimiento ágil que pueda ayudar a esta situación.


El Poder Judicial no tiene crisis, no está en crisis su independencia; lo dicen -y ya lo he dicho por dos veces- el 99,9 % de los jueces. Me habla de la carta de tres asociaciones. La leí con dolor, no se lo voy a ocultar, la leí con
pena. También le digo una cosa, aunque sé que no me va a generar muchos amigos, pero no son 2500 jueces los que mandaron la carta, fueron tres asociaciones judiciales. (Rumores). Quede eso dicho, ya está, porque lo que sí sé es que el 99,9 % de
los jueces han dicho que son independientes y, por tanto, que no tienen intromisión de nadie. Y a eso es a lo que me comprometí con la señora Jourová, vicepresidenta de la Comisión, cuando hablé con ella sobre este particular. Le dije: ¿aquí hay
un atisbo de duda? Perfecto. Es irreal porque el presidente del Gobierno, no yo, ya dijo que esa

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ley estaba en el congelador, pero yo le dije que iba a solicitar a los grupos -a los que les agradezco enormemente su predisposición y actuación rápida- que fuera incluso retirada. Y la señora Jourová, vicepresidenta de la Comisión, dijo
unas palabras de pleno reconocimiento, que ahí están, y no tengo nada más que decir. Lo que sí les pido es que, en la medida de sus posibilidades, hagan ver a sus responsables que es necesaria la renovación de las instituciones del Estado, del
órgano constitucional del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de todos los que están en la mente de todos, es necesario que se produzca su renovación. No cabe el chantaje de mientras no se cambie una ley no lo
aceptaré, porque eso no es cumplir el Estado de derecho, eso no es ser constitucionalista, y sé que lo son. Por tanto, les pido una reconsideración de eso que aparece diluido en prensa, pero que no me creo, lo siento, porque sé que van a estar y
espero que lo hagamos cuanto antes.


Tampoco hay vacío en el estado de alarma, ya lo he dicho claramente esta mañana y lo he intentado explicar. Tengo todas las declaraciones de su líder -no quiero entrar en ese tipo cosas, no me gusta lo de: y tú más-, que, por poner un
ejemplo, en mayo de 2020 dijo que el estado de alarma era absolutamente innecesario; ahora es absolutamente necesario. De verdad, no quiero entrar en esas cuestiones. Otra cosa que no me cansaré de decir es que no podemos transmutar tan
rápidamente y sin fundamentarlo, porque perdemos credibilidad. Cuando ahora dicen que hay caos porque es el Tribunal Supremo el que tiene que unificar los criterios -que, por otra parte, es su papel constitucional, dicho sea de soslayo, como:
páseme la mantequilla-, es el Tribunal Supremo el que unifica los criterios, el que da seguridad jurídica, el que da pie y cumplimiento constitucional, vertido en el título preliminar del Código Civil, desde la reforma de 1973. Mire, señor Jerez,
fue al señor Aznar, siendo presidente del Gobierno, al que le pareció oportuno que fueran los jueces los que valoraran estas medidas que dictaban las comunidades autónomas. Eso ha seguido en vigor hasta septiembre de este año, cuando dijimos que
era mejor, que daba mayor seguridad que fueron las salas de lo Contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia los que hicieron esa valoración, pero, como aún podíamos darle una vuelta más, hemos introducido ahora está casación,
que les puedo asegurar que lo único que hace es eso: más Tribunal Supremo, más Constitución y unificación de criterios, que creo que nunca es malo. A ustedes se les llena la boca, y a mí también, hablando de España, de unificación de criterios, de
igualdad y de jurisdicción, así que creo que solo podemos sentirnos más tranquilos por que sea el Tribunal Supremo el que vaya a valorar la ponderación de la restricción de un derecho fundamental. A mí, cuando hay un derecho fundamental -a lo mejor
es una deformación profesional-, me encanta que estemos los jueces.


Indultos. No voy a rehuir ninguna pregunta -aunque intento que no se me olvide ninguna, seguro que me he dejado alguna en el tintero-. Señorías, no ha llegado todavía el expediente del Tribunal Supremo. Cuando llegue, vendré a decirlo.
Creo -¡creo!- que no pueden quejarse, porque he anunciado en esta Cámara, porque me creo el papel del Poder Legislativo, que van a ponerse en marcha los indultos. He venido con transparencia. No ha llegado. Cuando llegue, vendré a explicarlo; no
tendré ningún problema en venir a explicarlo. Pásese a positivo, negativo o mediopensionista, porque lo único que nos garantiza la realidad es que podamos fundamentar y explicar las decisiones que tomamos, que a unos les parecerán bien y a otros
mal. Pero no puedo anunciarles lo que no conozco. Por lo tanto, no puedo pedirles más que tiempo.


Voy a ser muy rápido, porque no quiero cansarles -ya queda poco-, pero no quiero dejar de hablar de la modificación del Código Penal, en su artículo 315. Señorías, esa exposición de motivos no me gusta. Lo digo claramente. No me gusta.
Pero también les digo que tampoco me gustaba la argumentación que utilizaban ustedes con descrédito al presidente Zapatero en su enmienda a la totalidad. Es el lenguaje; a lo mejor es triste, pero es el lenguaje parlamentario. Mírelo, señor
Jerez, mírelo. ¿Qué ocurre? Que después no se enmendó. Por tanto, van las cosas consolidándose y terminan en el Boletín Oficial del Estado. Procuremos hacer un esfuerzo entre todos para que no vuelva a ocurrir.


Señor Aranda, muchísimas gracias por su aportación, por su esfuerzo, por ser sensible a las realidades del ministerio y potenciar ese vehículo entre todos, aunque tengo que agradecérselo al Grupo Socialista, como he hecho antes con Unidas
Podemos, porque son los grupos que sustenta al Gobierno y, por tanto, hacen un mayor esfuerzo y tienen un mayor desgaste, pero es lo que toca. En ese sentido sé que no vamos a ver arrugado su esfuerzo ni el de los distintos miembros de la Comisión.
No me cansaré de agradecerles la siempre su enorme capacidad, algunas veces con dificultades, porque, efectivamente, las cosas son como son y hay veces que hay que tragar un poco de saliva. No me cansaré de decirles gracias, gracias y gracias.

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Con esto termino, señorías. Muchísimas gracias a todos. Espero que entre todos podamos contribuir a esto que les he dicho. Tenemos claro qué hay que hacer, con quién hay que hacerlo y cómo hacerlo. Justicia 2030 tiene un rumbo que hemos
sido capaces de orientar conjuntamente. Es precisamente este esfuerzo colectivo el que nos permite pensar más allá de una legislatura, pensar a diez años, que es lo que nuestra sociedad y la Administración de Justicia reclaman y necesitan. Estamos
haciendo la política que interesa a la ciudadanía, la que forja acuerdos amplios para resolver problemas reales y mejorar la justicia. Permítanme que cierre con una frase que siempre me impactó de Albert Camus: Todo compromiso con el futuro
consiste en darlo todo en el presente.


Tenemos los recursos, la hoja de ruta y la capacidad de llegar a acuerdos. Señorías, cuento con todos y cada uno de ustedes.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Finaliza su extensa comparecencia en esta Comisión de Justicia, donde siempre es bien recibido y donde le esperamos pronto.


Señorías, concedan a esta Presidencia un minuto para agradecer el trabajo del letrado y su apoyo constante y para dar las gracias a las señoras y los señores portavoces, a todos ustedes, y a todas las señorías que forman esta Comisión de
Justicia por la facilidad con la que me permiten hacer el trabajo y el buen desarrollo de esta sesión un día más. Quiero recordarles que mañana, a la finalización del Pleno, celebraremos Mesa y portavoces.


Buena tarde y muchas gracias.


Eran las siete horas y treinta y cinco minutos de la tarde.