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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 208, de 14/09/2017
cve: BOCG-12-D-208
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de septiembre de 2017
Núm. 208
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas ... (Página16)
161/002111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada definitiva de la estatua ecuestre de Franco de la ciudad de Ferrol ...
161/002205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a impulsar la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista ...
161/002217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de anular el Consejo de Guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político
nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia ... (Página20)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002058 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, de Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Socialista, sobre el levantamiento del bloqueo político, económico y comercial
contra Cuba ... (Página23)
161/002066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la anulación del Concordato de 1953 ... (Página24)
161/002090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la inmediata liberación de la Directora de Amnistía Internacional en Turquía, de los defensores y defensoras de los derechos humanos
detenidos y el respeto a los Derechos Humanos en ese país ... (Página25)
161/002092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones del personal laboral contratado de la Administración General del Estado y de los centros
del Instituto Cervantes en países de la Unión Europea en lo que respecta a su afiliación a la Seguridad Social ... (Página26)
161/002095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre libertad de prensa en México ... (Página27)
161/002123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre medidas para garantizar la no interferencia en la acción exterior de la Generalitat de Cataluña ... (Página28)
161/002203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento del genocidio yazidí ... (Página30)
161/002208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la dramática situación que sigue vigente en la República Bolivariana de Venezuela ... (Página31)
Comisión de Justicia
161/002050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la penalización de la banalización, apología o enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo y el
nacionalcatolicismo ... (Página33)
161/002051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a estudiar y realizar las modificaciones normativas oportunas que favorezcan la agilización en la ejecución de las
sentencias ... (Página34)
161/002062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la competencia de los juzgados en materia de cláusulas suelo ... (Página35)
161/002065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la titularidad de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica ...
161/002089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a
servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial ... (Página38)
161/002104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia ... (Página40)
161/002117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a agilizar las devoluciones de los importes indebidamente cobrados en concepto de cláusulas suelo hipotecarias, a través de la mediación y el arbitraje
... (Página42)
161/002133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar un estudio sobre el impacto en los menores de la custodia compartida impuesta ... (Página43)
161/002197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria ... (Página45)
161/002201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar y garantizar el uso del catalán en la Administración de Justicia en Cataluña ... (Página46)
Comisión de Interior
161/002087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la suspensión del uso de las armas tipo Táser ... (Página47)
161/002136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de reposición de funcionarios y dotación adecuada de medios materiales en Instituciones Penitenciarias de la provincia de Sevilla ...
161/002137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la falta de efectivos para agilizar el control de pasaportes en los aeropuertos de Baleares ... (Página51)
161/002143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan de rehabilitación integral del complejo policial de Zapadores en Valencia ... (Página52)
161/002157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI ... (Página53)
161/002223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes de reforzamiento del talud existente en el acuartelamiento de las Heras en la Ciudad
Autónoma de Ceuta ... (Página55)
161/002241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha y plan de acción del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos ... (Página55)
Comisión de Defensa
161/002075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre modificación de los límites mínimos de la estatura exigida en el Cuadro Médico de Exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, regulado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE 220, de 13 de septiembre) ... (Página58)
161/002101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de las obras de urbanización de la 'Ciudad del Aire' en San Javier (Murcia) ... (Página59)
161/002134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las maniobras militares en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar ...
161/002142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al inicio de conversaciones con el Ayuntamiento de Toro para la reversión de los terrenos del campamento militar de Monte la
Reina ... (Página62)
161/002155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inversión económica del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) 2 de Segovia ... (Página62)
161/002173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desguace de los restos del buque Casón en Fisterra (A Coruña) ... (Página63)
161/002187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación del Ministerio de Defensa en la protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español ...
161/002188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover mejoras en la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas ...
161/002202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la subasta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería
(Diego Porcelos) ... (Página68)
161/002204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso a países donde se violan los Derechos Humanos y cometen
o facilitan una violación grave del Derecho Internacional ... (Página69)
161/002210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aceptación por parte del Ministerio de Defensa de la modificación del convenio suscrito sobre los aprovechamientos que mantiene el Ministerio de
Defensa en el antiguo Parque de Artillería de la ciudad de Burgos ... (Página72)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al mantenimiento de la personalidad jurídica del Banco Pastor y la protección de los accionistas del Banco
Pastor y el Banco Popular, así como la prohibición de operaciones en descubierto que eviten el forzamiento de la caída de empresas en bolsa, y la creación de un Banco Público con base en la entidad Bankia ... (Página74)
161/002109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso del sector agroalimentario ... (Página77)
161/002122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética ... (Página78)
161/002149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de una estrategia de internacionalización para las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del comercio
electrónico ... (Página81)
161/002212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de medidas destinadas a la mejora del transporte público y la movilidad en la conurbación de Barcelona, al objeto de mejorar la calidad del aire
... (Página82)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Plan de Reestructuración y Saneamiento de la Deuda de las Administraciones Locales ...
161/002074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el suministro inmediato de información en las empresas ... (Página85)
161/002088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación de la movilidad dentro de la Administración General del Estado ...
161/002118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y entregas de bienes
vinculadas a la investigación científica llevada a cabo por universidades públicas y organismos públicos de investigación ... (Página89)
161/002199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de la tasa de reposición de personal en todas las Administraciones Públicas del país ...
(Página90)
161/002213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la implementación de distintas medidas fiscales para la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas ... (Página92)
161/002220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reducción de los índices de rendimiento neto de la estimación objetiva por módulos (EOM) en la
actividad agrícola de uva de mesa para la comarca del Medio Vinalopó (Alicante) ... (Página94)
Comisión de Presupuestos
161/002130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información facilitada por la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y la mejora de la dotación de recursos a la misma ...
Comisión de Fomento
161/002053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al incremento del servicio y frecuencia ferroviaria de la línea Huelva-Sevilla ...
161/002068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la parada de tren en la estación de Montoro ... (Página98)
161/002071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la 'Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2. Variante El
Molar' ... (Página100)
161/002079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a sacar la vía férrea de Alcolea (Córdoba) ... (Página102)
161/002082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al desdoblamiento de la N-332 a su paso por Torrevieja (Alicante) ... (Página103)
161/002085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a mejorar la accesibilidad en las estaciones por las que circula la línea C5 de Cercanías del municipio de Fuenlabrada ...
161/002086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la culminación de las obras de parcelación del Polígono Industrial de Oretania en Ciudad Real ... (Página105)
161/002094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la línea Madrid-Ávila-Segovia ... (Página106)
161/002098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la continuidad del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de distintas rutas interregionales que pasan por la
provincia de Cuenca ... (Página107)
161/002112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Proyecto anunciado en la red AVE de bypass de Almodóvar del Río ... (Página108)
161/002113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga, y a la recuperación del servicio
ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León, Extremadura y Andalucía, además de contribuir a la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero mitigando el cambio climático ...
161/002140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una Comisión técnica independiente que investigue el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 ...
161/002141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de un carril bici (bidegorri) en la BI 711 entre Bilbao y Getxo ...
161/002158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de servicios de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda en todas las
Comunidades Autónomas ... (Página113)
161/002164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el establecimiento de mecanismos de información y comunicación en los procesos inherentes a la rehabilitación de viviendas ...
161/002165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las obras de la autovía del Reguerón en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ...
161/002175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la construcción de una pasarela sobre la carretera BU-11, kilómetro 1,300 ...
161/002177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para proteger el
Patrimonio Histórico-Arqueológico en las tareas de mantenimiento y conservación de la Red de Carreteras ... (Página118)
161/002191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso turístico, residencial o científico del edificio del Faro de Portmán (Murcia) ... (Página118)
161/002192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de la finalización de la obra de vivienda inacabada ... (Página120)
161/002193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias entre Palencia y Santander ... (Página121)
161/002195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a eliminar puntos negros de atropellos de linces en carreteras ... (Página123)
161/002196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obras de conexión entre la ronda del litoral y la autopista A-16 (Variante C-245) ... (Página124)
161/002216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a que la Comisión de Investigación de los Accidentes Ferroviarios (CIAF) realice una nueva investigación
independiente y objetiva sobre el accidente del tren Alvia ocurrido el 24/07/2013 ... (Página125)
161/002219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conexión ferroviaria entre Sevilla y Antequera ... (Página127)
161/002221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el trazado de la autovía A-57 a su paso por el municipio de Barro (Pontevedra) ... (Página128)
161/002228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para solicitar la reordenación del tráfico en la N-631 a la altura de Tábara (Zamora) ... (Página129)
161/002229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración de Bien de Interés Cultural a favor del Faro de Cabo de Palos y su puesta en valor ... (Página130)
161/002231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exigencia al Gobierno para el desdoblamiento de la A-31 Madrid-Alicante entre La Roda y Chinchilla de Montearagón (Albacete) ...
161/002234 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Socialista, relativa a la creación de un Centro Nacional de Interpretación de las Reservas Marinas en el Faro de
Cabo de Palos ... (Página132)
Comisión de Educación y Deporte
161/002052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el Expediente Digital del Alumno (EDA) ... (Página134)
161/002057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la sustitución, remodelación y habilitación de barracones ... (Página135)
161/002060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la erradicación de los modelos heterocisnormativos del sistema educativo y garantizar la diversidad
afectivo-sexual y de identidad de género ... (Página136)
161/002072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora de la educación de los niños y niñas migrantes ... (Página137)
161/002107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las
enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana, así como la suspensión de su eficacia ... (Página139)
161/002120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar una oferta educativa plural ... (Página140)
161/002146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al actual sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario por la ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación) ... (Página141)
161/002181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las profesiones tituladas de ingeniero e ingeniero técnico en informática ... (Página147)
161/002207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre detección y atención a alumnos afectados por dislexia ... (Página148)
161/002209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conciliación de los estudios universitarios con otras actividades ... (Página149)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la igualdad efectiva en el ámbito laboral de las personas trans ... (Página150)
161/002070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas extraordinarias por efecto de la sequía para los trabajadores y trabajadoras
asalariados del campo, incluyendo la eliminación del requisito de las peonadas para percibir el subsidio y la renta agraria como consecuencia de la sequía ... (Página152)
161/002096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para la aplicación de los coeficientes reductores de edad de jubilación para el colectivo de bomberos que prestan servicios en
empresas privadas, en los parques comarcales de bomberos de Galicia ... (Página154)
161/002116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a reconocer las enfermedades profesionales en el sector del taxi y a posibilitar la jubilación anticipada para sus profesionales
... (Página156)
161/002121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre introducción en el ámbito del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Ocupación (SISPE) del Código Nacional de Ocupaciones (CNO) correspondiendo
al Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (595410051101) ... (Página158)
161/002156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las
plataformas digitales ... (Página159)
161/002168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el diálogo social e impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para revertir la situación de creciente
siniestralidad laboral ... (Página161)
161/002171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Agrícola Espino y Baena Franco ...
161/002176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reducción de la jornada laboral y el control de la duración efectiva del tiempo de trabajo ...
161/002226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración como tiempo efectivo de trabajo del descanso de quince minutos durante la jornada laboral
... (Página168)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la tramitación de la planificación para el Sistema Gasista para el horizonte 2017-2020 ...
161/002073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico
a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable ... (Página171)
161/002093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso de la eficiencia energética y actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda ...
161/002105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mediación en el conflicto sobre las retribuciones en las energías renovables ... (Página176)
161/002119 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre cierre de la central nuclear de Cofrentes ... (Página177)
161/002145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de una regulación básica sobre arrendamiento vacacional ... (Página179)
161/002148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento del ecoturismo ... (Página180)
161/002167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los consumidores sobre su consumo energético ...
161/002180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el uso del embalse de La Colada ... (Página182)
161/002184 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Vasco (EAJ-PNV), sobre el Real Decreto MI-IP 04 ... (Página184)
161/002190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información en tiempo real a los consumidores sobre su consumo energético
... (Página187)
161/002198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar, a través de la empresa pública, el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda
ancha ... (Página188)
161/002232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a poner en marcha planes efectivos para que las Administraciones Públicas puedan ofrecer conexión wifi gratuita en sus espacios públicos ...
161/002240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el establecimiento de un calendario de subastas para la asignación de producción eléctrica a través del régimen retributivo específico ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a la pesca voracera del Estrecho de Gibraltar ... (Página194)
161/002078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inundaciones producidas en San Asensio (La Rioja) ... (Página195)
161/002083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños producidos por el reciente incendio ocurrido en Moguer, Huelva ... (Página195)
161/002084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ubicación del Laboratorio Comunitario de Control Bacteriológico de los Bivalvos ... (Página197)
161/002097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a buscar el mejor equilibrio entre pesca y sostenibilidad ... (Página197)
161/002099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al control del furtivismo en la pesca ... (Página199)
161/002108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre protección del mar Mediterráneo ... (Página200)
161/002114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incrementar los recursos humanos y materiales que investigan las microalgas tóxicas causantes de ciguatera ...
161/002115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adjudicación de un buque oceanográfico con base en Vigo ... (Página202)
161/002124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a eliminar 'la venta a resultas' ... (Página203)
161/002125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a facilitar el almacenamiento colectivo del aceite de oliva ... (Página204)
161/002126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector agroganadero andaluz afectado por la falta de agua ... (Página206)
161/002127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Ley de Trasvase 15 Hm3 y las obras necesarias para el trasvase desde la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras hasta la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir ... (Página207)
161/002129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que proceda de forma urgente a acometer las actuaciones necesarias para el arreglo y
mejora del acceso a la N-IV a través de las carreteras SE-428 y SE-9020, en la provincia de Sevilla ... (Página208)
161/002138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la pesquería de la sardina en el Golfo de Cádiz ... (Página209)
161/002144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que la Unión Europea busque alternativas negociadoras para evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos de trabajo en nuestro país como
consecuencia del Brexit ... (Página210)
161/002151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo al reconocimiento del interés estratégico del proyecto 'Murcia Río' ... (Página211)
161/002172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre actuaciones para la regeneración ambiental del acuífero del río Aguas (Almería) ...
161/002174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al nuevo acuerdo pesquero entre España y la República de Portugal ... (Página213)
161/002178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para compensar y reparar los daños producidos como consecuencia de las heladas en la comarca Comunidad de Calatayud ...
161/002179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños producidos por la sequía y las fuertes tormentas de pedrisco caídas en la provincia de Teruel ... (Página215)
161/002182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación del entorno del Parque Natural de la Albufera de Valencia en el que se ubica el hotel Sidi
Saler ... (Página216)
161/002186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas en el sector agro-ganadero para combatir la despoblación rural en España ... (Página217)
161/002194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas ante los daños causados por las tormentas de lluvia y granizo en la provincia de Teruel ... (Página219)
161/002211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar el coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad del aire y favorecer la transición energética ... (Página220)
161/002215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona ... (Página223)
161/002218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estudio y adopción de medidas de conservación del gorrión común ... (Página224)
161/002227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaborar un Plan Nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático ... (Página226)
161/002230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al tipo de IVA aplicable al pescado ante la caída del consumo en España ... (Página227)
161/002233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a destinar mayores medios y recursos a la protección de la nacra ... (Página229)
161/002235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la sequía en la cuenca hidrográfica del Ebro ... (Página230)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las familias con personas con electrodependencia por razón de salud ... (Página231)
161/002102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente ... (Página232)
161/002103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación del Área de Capacitación Específica de Neonatología ... (Página233)
161/002147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer la lucha contra los malos tratos a las personas mayores como objetivo prioritario ...
161/002154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud ... (Página235)
161/002159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la 'vivienda colaborativa' (co-housing) entre las personas mayores ... (Página235)
161/002163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios ... (Página236)
161/002169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Diálogo Social e impulsar Políticas Públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para revertir la situación de creciente
siniestralidad laboral ... (Página237)
161/002206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Medicina Personalizada de Precisión en el Sistema Nacional de Salud ... (Página239)
161/002222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la apariencia de las cajas de medicamentos ... (Página241)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la promoción de obligaciones de diligencia debida vinculantes para las cadenas de suministro del sector de
la confección que garanticen los Derechos Humanos y la sostenibilidad ... (Página242)
161/002153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover medidas para luchar contra la violencia de género en el V Plan Director de la Cooperación Española ...
Comisión de Cultura
161/002063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conmemoración y difusión de la figura de Enrique Labarta Pose (1863-1925), en el 92 aniversario de su fallecimiento ...
161/002064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conmemoración y difusión de la figura de Eduardo María González-Pondal y Abente (1935-1917), literariamente Eduardo Pondal, en el 100 aniversario de
su fallecimiento ... (Página247)
161/002081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la declaración del 'Año Emilio Herrera Linares' ... (Página248)
161/002091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua
propia ... (Página250)
161/002139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el horario del Archivo Histórico Nacional ... (Página252)
161/002150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla ... (Página252)
161/002161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de la Fiesta de la Tomatina en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO ...
161/002200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fomento, promoción y consolidación de la prolongación Jacobea-Camino de Santiago de Fisterra y Muxía, a lo largo de las comarcas por las que se
extiende en la Costa da Morte ... (Página254)
161/002225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al complejo Monteagudo-Cabezo de Torres (Murcia) ... (Página256)
161/002236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la enseñanza del Español para extranjeros ... (Página257)
Comisión de Igualdad
161/002061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho de asilo de las personas perseguidas por razón de orientación sexual, identidad de género o
expresión de género ... (Página258)
161/002189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación ...
161/002238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas de trabajo flexible ... (Página261)
161/002239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las oposiciones ... (Página262)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al apoyo del Gobierno a cubrir las lagunas de la propuesta de Reglamento de reparto de esfuerzos y del
Reglamento sobre el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura ... (Página263)
161/002185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la proliferación de la mosca negra ... (Página265)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo ... (Página267)
161/002183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a implementar la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista en revisión del niño sano a los 18-24
meses ... (Página268)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la carretera N-640 en el tramo entre los municipios de A Estrada y Cuntis en materia de Seguridad Vial ... (Página269)
161/002214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora del código de circulación para la mejora de la calidad del aire, de las conurbaciones urbanas ... (Página269)
161/002237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la política de cooperación en materia de seguridad vial ... (Página271)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación e inspección de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil ...
161/002132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realizar un estudio sobre el impacto en los menores de la custodia compartida impuesta ... (Página272)
161/002152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover medidas de prevención de lesiones no intencionales en la población infantil ... (Página274)
161/002162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesaria armonización de la Atención Infantil Temprana ... (Página275)
161/002166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de edad ... (Página276)
161/002170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de los derechos de los niños extranjeros no acompañados (menores extranjeros no acompañados)
... (Página276)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000450 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre causas del incumplimiento del Convenio Bilateral por parte de la Administración norteamericana en lo establecido en el Anexo número 8,
relación entre las plantillas de civiles españoles y norteamericanos, en las Bases de Rota y Morón ... (Página278)
Comisión de Fomento
181/000448 Pregunta formulada por la Diputada doña Tania Sánchez Melero (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno acerca de si la construcción de la Variante A-1, de la que recientemente se ha iniciado la exposición pública del estudio
informativo y del estudio de impacto ambiental, resolverá los problemas de movilidad de la zona norte de la Comunidad de Madrid ... (Página279)
181/000451 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx), sobre compromisos del Gobierno con el Ayuntamiento de Montcada i Reixac para iniciar las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Portbou a su
paso por el municipio de Montcada i Reixac ... (Página279)
181/000452 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx), sobre calendario para la ejecución de las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac ...
(Página279)
181/000458 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de desarrollar actuaciones para mejorar y modernizar el trazado de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña ...
181/000459 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la adecuación de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña a un tren de proximidad, con una infraestructura que no deje a la comarca
de Ferrolterra fuera del Eje Atlántico ... (Página280)
181/000460 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre disposición del Gobierno de considerar y suspender su decisión tomada a favor de la alternativa CO-3, en el trazado de la autovía A-57 que
discurre por el municipio de Barro, y abrir una vía de comunicación y mesa de diálogo con el Ayuntamiento y la ciudadanía de Barro antes de iniciar unas obras que supondrán un alto impacto negativo en este municipio, razón por la cual el
Ayuntamiento de Barro en sus alegaciones se decantó a favor de la alternativa C-5, alternativa de la que se desconocen las razones y argumentaciones técnicas que penalizan su elección con respecto a la seleccionada ...
181/000461 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre existencia de un Plan de seguridad concertado con el Gobierno de Canarias para actuar en caso de emergencia en la Zona Económica Exclusiva
española en el Atlántico que circunda al Archipiélago canario ... (Página281)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000453 Pregunta formulada por los Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), sobre fecha prevista para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos
colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara) ... (Página281)
181/000454 Pregunta formulada por los Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), sobre alternativas para sustituir al trasvase Tajo-Segura ... (Página281)
181/000455 Pregunta formulada por los Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), sobre fecha prevista para la tramitación y puesta en marcha definitiva del Plan de Fomento de uso público y Adecuación
Medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca) ... (Página282)
181/000456 Pregunta formulada por los Diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), sobre cumplimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo en relación con el Informe de la Comisión de Peticiones que
hizo visita de inspección a España para valorar el incumplimiento de la Directiva marco sobre el agua y, especialmente, con la recomendación sobre el uso de las desalinizadoras para reducir la presión sobre el Tajo ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas, para su
debate en Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Tribunal de Cuentas (TCU) es un órgano constitucional, recogido en el artículo 136 de la Constitución como 'supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión del Estado', lo que evidencia su relevancia dentro de nuestro ordenamiento
jurídico.
La calidad de una democracia depende de un adecuado control del poder público, obligado a rendir cuentas, y puede medirse por la confianza y transparencia de sus instituciones. El Tribunal de Cuentas ocupa una posición clave, ya que ejerce
el control externo de los ingresos y gastos de todo el sector público, estatal, autonómico, local, fundacional, de las empresas públicas, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, partidos políticos y de las subvenciones. Por
ello la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas 'dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas'.
La Institución se encuentra regulada por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, además de por diversas leyes específicas, como la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, entre otras.
Coincidiendo con el 40 aniversario de nuestra y Constitución y los 35 años de la LO 2/1982 es preciso una revisión en profundidad y modernización del Tribunal de Cuentas a fin de desarrollar su auténtico potencial.
El Tribunal de Cuentas garantiza inamovilidad a 12 Consejeros elegidos por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años renovables, y que tradicionalmente se han repartido entre los partidos políticos
mayoritarios.
A la politización del Pleno del Tribunal de Cuentas debe sumarse un excesivo recurso a la cobertura de puestos de mayor nivel en el Tribunal por el procedimiento de libre designación en lugar de por oposición de capacidad y méritos y que los
borradores o Anteproyectos de informes técnicos pueden ser rectificados o rechazados por los Consejeros, que son los que en última instancia decidirán lo que figura o no en el Informe.
Todo esto hace que el Tribunal de Cuentas sea muy permeable a la presión de los partidos políticos, particularmente del PP y PSOE. Además como tampoco hay transparencia respecto al procedimiento de elaboración de los informes, dado que los
borradores o anteproyectos de informes no son públicos y las deliberaciones del Pleno secretas, los informes de fiscalización ha terminado siendo documentos poco
legibles, directos y prácticos a efectos de facilitar el control democrático de la gestión pública. Esto choca con la aspiración de nuestra Sociedad de mayor transparencia en la administración pública y una mayor eficacia contra la
corrupción.
La reforma que planteamos desde Cs recoge algunas de las sugerencias planteadas por letrados y sindicatos del propio Tribunal, por la Fundación Hay Derecho o en el informe inter pares (peer review) elaborado por parte del Tribunal de Cuentas
Portugués y Tribunal de Cuentas Europeo, que han analizado y reflexionado sobre las debilidades de nuestro TCU.
Por último, recientes sentencias del Tribunal Supremo, han fallado sobre casos de claro nepotismo y una inadecuada gestión del personal del TCU. El abusivo recurso al procedimiento de libre designación ha comprometido la independencia de la
fiscalización e impedido una auténtica fiscalización a la gestión pública.
En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar, de inmediato, el procedimiento dirigido a la reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para reforzar la
independencia y la eficiencia del Tribunal en el desempeño de sus funciones constitucionales, así como para establecer las garantías necesarias y adecuadas para evitar los casos de desviación de poder, arbitrariedad y nepotismo que se están
produciendo en el Tribunal como se recoge en las numerosas Sentencias del Tribunal Supremo.
2. En el marco de la reforma propuesta, se deberían introducir los siguientes cambios:
- Se revisará el procedimiento de elección del Presidente del Tribunal de Cuentas y de los consejeros, para reforzar su independencia y garantizando que sean nombrados entre profesionales de reconocida competencia técnica relevante para el
desempeño de las funciones del Tribunal.
- Se arbitrará un mecanismo de selección de los consejeros mediante 1) una convocatoria pública; 2) un examen de los méritos de los candidatos por una comisión independiente; y 3) una comparecencia de los seleccionados ante la comisión
correspondiente del Congreso y del Senado.
- Los consejeros serán elegidos por un periodo limitado y no renovable.
- Garantías de inamovilidad a los Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas (Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas y Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas).
- Prohibición, salvo casos muy excepcionales, de la provisión de plazas mediante la libre designación. Igualmente, se prohibirá, salvo casos muy excepcionales, el personal interino y en comisión de servicios.
- Se aumentará la transparencia en el procedimiento de redacción de informes, dando publicidad a los anteproyectos y a las actas del Pleno del Tribunal de Cuentas.
- Se revisara el formato y contenido de los informes de fiscalización del Tribunal, así como su presentación ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para garantizar que la información sea transmitida de forma
directa, transparente, clara y comprensible facilitando el control democrático de la gestión del Estado.
- Se potenciará y garantizará la 'fiscalización de gestión' de la Administración, estableciendo un apartado específico para ello en los informes de fiscalización y detallando los indicadores utilizados para medir el cumplimiento de los
principios de economía y eficacia.
- Se reformará la organización y el funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento para que cumpla, de manera adecuada, la función constitucional que le corresponde ante la evidencia de su falta de resultados en 60 años de historia.
- La Sección de enjuiciamiento tendrá como función añadida la instrucción de los expedientes relativos a las infracciones cometidas por los altos cargos en materia de gestión económico-presupuestaria establecidas en el artículo 28 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya sanción corresponderá al Pleno del Tribunal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Saúl Ramírez Freire y Vicente Ten Oliver, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su portavoz, Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en Comisión, relativa a la retirada definitiva de la estatua ecuestre de Franco de la ciudad de Ferrol.
Exposición de motivos
La estatua ecuestre de Francisco Franco, fundida en Bazán en 1967, fue retirada en el año 2010 del patio de Herrerías del Arsenal Militar de Ferrol y trasladada a un almacén militar próximo a la escuela naval Antonio do Escaño de Caranza, en
cumplimento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Aquí permanece en la actualidad, con un cierre de chapas metálicas que sustituye a las lonas que lo intentaban ocultar en un principio, pero que no evitan que la estatua esté bien visible para las trabajadoras y los trabajadores de los
astilleros, la personas que visitan el Centro Cultural de la Armada o las y los militares.
Esta estatua, hecha en bronce y con un peso de 7 toneladas, se fundió en los astilleros navales de la antigua Bazán (hoy Navantia) y fue costeada por suscripción popular, tras una colecta organizada por el Casino de Ferrol en la década de
los años 60. Y consideramos que, en cumplimiento de la denominada Ley de Memoria Histórica, debería retirarse definitivamente de la ciudad de Ferrol.
Mantener expuesta esta estatua es seguir dañando la memoria de aquellas personas que defendieron el régimen constitucional tras la sublevación militar del mes de julio de 1936, por lo que proponemos que con el bronce de esta estatua se erija
un nuevo monumento en homenaje a las víctimas de la represión franquista, con el fin de intentar dignificar su memoria y para quitar la mancha de origen de la democracia que ahora vivimos, pues de no hacerlo, continuaremos viviendo en un régimen que
tiene su origen en la injusticia, en la ignorancia de nuestro pasado, en la ausencia de derechos para las víctimas y en la impunidad total de los represores.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ordenar la fundición de la estatua ecuestre de Franco en las instalaciones de Navantia para crear con ese bronce un monolito homenaje a las víctimas de la represión del franquismo y a todas aquellas personas defensoras del orden
constitucional tras la sublevación militar de julio de 1936.
2. Desarrollar políticas efectivas que puedan conducir a la reparación moral y material de los daños causados por la dictadura franquista, con medidas tales como:
a) La adopción de políticas que garanticen el acceso de historiadoras e historiadores, así como de los particulares, a la documentación generada por la represión franquista. Entre estas actuaciones estaría incluida la digitalización y
comunicación social de los fondos archivísticos que ayuden a la averiguación de información sobre el paradero de personas desaparecidas, el funcionamiento de los tribunales militares y de la violencia paralegal, las actuaciones represivas de guardia
civil, policía y Falange Española, la situación de cárceles, campos de prisioneros, batallones disciplinarios y campos de trabajo, así como la documentación de los tribunales de responsabilidades políticas, las incautaciones y expolios.
b) La devolución a las víctimas, a sus familiares y a las organizaciones ilegalizadas de documentos, efectos personales y todo tipo de propiedades, conservadas por el Estado en archivos militares o civiles, museos u otras dependencias.
c) La promoción de homenajes públicos a las personas que padecieron la represión franquista, así como la adecuada conservación y señalización de los llamados lugares de memoria, evitando la
banalización de los espacios públicos marcados por la violación de los derechos humanos en los años del franquismo.
d) Dar los pasos necesarios para la promulgación de una Ley de las Víctimas del Franquismo, en la línea abierta por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Una normativa
que debería caminar hacia la equiparación de las víctimas del franquismo a las víctimas del terrorismo en relación a los derechos que a estas se les reconocen, pues si hemos considerado que es justo y necesario que el Estado repare y proteja a las
víctimas causadas por un tercero (las organizaciones terroristas), no cabe en ningún razonamiento lógico que el Estado se haya desentendido de los derechos de las víctimas causadas por el propio estado durante los 40 años de dictadura franquista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata Europeu Català don Jordi Xuclà i Costa y don Sergi Miquel i Valentí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su debate ante la Comisión Constitucional, una Proposición no de Ley por la que se impulsa la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista.
Antecedentes
El 27 de agosto de 1938 el Gobierno de Burgos aprobaba dos Decretos por los que se encargaba al Banco de España las operaciones de canje de billetes puestos en circulación con anterioridad al 18 de julio de 1936 que existían en los
territorios 'liberados' y se constituía el 'Tribunal de canje extraordinario de billetes', encargado de fallar las solicitudes de canje en determinados casos.
El mismo día, otro Decreto prohibía la tenencia de papel moneda puesto en curso por la República, comprendiendo tanto los billetes del Banco de España puestos en circulación después del 18 de julio de 1936, los certificados de plata, los
llamados 'talones especiales', como el papel moneda del Tesoro. Los ciudadanos estaban obligados a depositar en el Banco de España, oficinas de banca privada, autoridades militares, funcionarios de aduanas o ayuntamientos dicha moneda, con la
amenaza de ser detenidos y juzgados por contrabando.
El Decreto especificaba que la aprehensión se debía realizar tanto a los prisioneros y cadáveres del enemigo, los evadidos a través del frente, las personas procedentes de la zona republicana, los habitantes de las regiones 'liberadas', así
como las autoridades civiles y militares. La entrega debía hacerse contra expedición del correspondiente resguardo. Dichos resguardos constituían documentos acreditativos del cumplimiento de la obligación preceptuada, debiendo constar la autoridad
o establecimiento preceptor, el nombre y domicilio del interesado, la cantidad nominal entregada, la clase del papel moneda y la fecha y firma del receptor.
Los bancos privados, ayuntamientos, autoridades militares y funcionarios de aduanas debían entregar los fondos recaudados en la sucursal más próxima del Banco de España, mediante relaciones duplicadas en las que constaran los nombres de los
dadores y la cantidad aportada por cada uno de ellos. El Decreto, asimismo, convenía que una de estas relaciones debía ser devuelta a la entidad entregante.
El destino de estas incautaciones eran el llamado 'Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo', constituido en el Banco de España. Como pone de manifiesto José Ángel Sánchez Asiaín, en su discurso publicado por el Boletín de la
Real Academia de la Historia (Tomo CXC - Cuaderno II, mayo-agosto 1993), dicho Fondo era gestionado por un Comité que tenía por objetivos, entre otros, 'deprimir el curso de los billetes rojos en el mercado exterior' y 'atender el costo de servicios
informativos y humanitarios en la zona aún no liberada'. El mismo autor, manifiesta haber encontrado un libro mayor en el Banco de España con las anotaciones del Fondo, la mayor parte de ellos de pequeños importes, alcanzando, hasta finales de
octubre de 1951, la suma de 73,8 millones de pesetas. Pero esta cifra pone
de manifiesto que no todas las cantidades incautadas se integraron en dicho Fondo, ya que en abril de 1939 los billetes puestos en circulación por la República y recogidos por el Banco de España alcanzaban los 7.707 millones de pesetas.
En relación a los afectados, y a pesar de las reiteradas reclamaciones realizadas ante el Banco de España en los últimos años, la mayoría de ellos no han visto satisfecho su derecho a ser restituidos por la incautación y se desconoce el
número total de afectados. Otros, además, han perdido los recibos o, en ciertos lugares, se entregaban sistemas sustitutivos del recibo, como ocurrió en Mallorca, donde se entregaban pequeñas cruces de madera.
En la anterior legislatura, la tramitación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, ofrecía esperanzas a muchos de los afectados para reconocer el derecho a la compensación, finalmente no pudo ser así, a pesar de que diversos grupos parlamentarios así lo defendieron.
No cabe duda, como reclaman los perjudicados, de la necesidad de reconocer y reparar la injusticia que sufrieron muchas personas que fueron obligadas a librar sus capitales en moneda republicana sin que, casi setenta años después, hayan sido
compensados por ello.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites necesarios para realizar un censo correspondiente a las incautaciones del gobierno franquista de papel moneda puesto en curso por la República, tomando en consideración los recibos emitidos existentes en la
actualidad, así como las relaciones al efecto realizadas en su momento y existentes en los archivos del Banco de España o cualquier otra institución u archivo.
2. Restituir a los perjudicados o, en su caso, a sus herederos, los importes de las incautaciones de papel moneda puesto en curso por la República llevadas a cabo durante la dictadura, actualizando las sumas en razón del tiempo transcurrido
desde la efectiva incautación.
3. Prever la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del importe económico de las restituciones que procedan por las incautaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa y Sergi Miquel i Valentí, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión Constitucional, relativa a la necesidad de anular el Consejo de Guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los
impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Exposición de motivos
El 17 de agosto de 1936 fue ejecutado por las fuerzas golpistas y fascistas D. Alexandre Bóveda Iglesias, secretario de organización -anteriormente secretario general- del Partido Galeguista (PG), economista y responsable de la Delegación
Provincial de la Hacienda Pública en Pontevedra, así como uno de los nombres más relevantes en la historia política de Galicia. Se van a cumplir 81 años de su asesinato sin que a estas alturas de la historia democrática del Estado español se haya
reparado institucionalmente su memoria ni se haya anulado el Consejo de Guerra sumarísimo al que fue sometido. Al igual que sucede con otras miles de víctimas de la feroz maquinaria represora de la dictadura franquista.
La Fundación que lleva el nombre del destacado político, cuyo papel fue fundamental en la elaboración de un Estatuto de Autonomía para Galicia durante la República, tiene entre sus cometidos que se anule y se deje sin efecto la sentencia que
condenó a la pena de muerte a Alexandre Bóveda Iglesias. Su ejecución, como la de otras miles de personas, fue realizada por un Tribunal ilegítimo de militares golpistas contra el Gobierno legítimamente constituido, por democrática elección en
febrero de 1936.
De hecho, en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff se 'saludan las disposiciones de la Ley 52/2007 que reconocen y declaran el
carácter 'radicalmente injusto' y la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia (..)'. Pero tal y como enfatiza en el propio Informe, 'persisten las reclamaciones de víctimas y sus familiares
exigiendo la reparación efectiva y declarándose la nulidad de las sentencias'.
El Informe del alto comisionado de la ONU, Pablo de Greiff, de 2014 para crímenes, víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición, insta al Gobierno a rehabilitar de forma pública y política a políticos históricos como D. Alexandre
Bóveda, Luís Companys, Manuel Carrasco i Formiguera, pero pide que 'se beneficien a todas la víctimas sin distinción'.
En una carta de respuesta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en 2015 a la Fundación Alexandre Bóveda, reconocía que 'habiendo acreditado que Bóveda sufrió persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones políticas e
ideológicas, siendo condenado por Consejo de Guerra sumarísimo celebrado en Pontevedra el 13 de agosto de 1936 a la pena de muerte por un delito de traición, siendo fusilado el 17 de agosto de 1936 (...). Visto que D. Alexandre Bóveda tiene derecho
a obtener la reparación moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la cual la Democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (...). Expide en su favor
la presente Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la citada Ley'.
Efectivamente, la Ley de la Memoria Histórica, ley 52/2007, de 26 de diciembre, recoge en su artículo 4: 'Declaración de reparación y reconocimiento personal'. Aun así, las víctimas de la represión franquista y sus descendientes o
familiares tienen que verse en la tesitura de solicitarlo al Ejecutivo cuando debería ser el Gobierno quien se ocupase de emitir dichas declaraciones, para algo cuenta con cuantiosos archivos donde figuran todos los fusilados o asesinados por la
dictadura.
Sin embargo, también contempla en su artículo 3: 'Declaración de ilegitimidad', la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, pero nada se ha hecho al respecto. Nada ha avanzado el
Gobierno en cumplimiento del artículo 3 de la Ley de la Memoria Histórica. En verdad, el Gobierno del PP no se ha destacado en ningún momento por reconocer a las víctimas de la dictadura.
En este caso en concreto, 81 años después del fusilamiento de D. Alexandre Bóveda Iglesias, no se ha anulado todavía el Consejo de Guerra sumarísimo que condenó a la pena de muerte por razones políticas a dicho funcionario del Estado español
y significado político gallego, como bien se puede leer en la sentencia. Sus familiares tienen que vivir aún con la desazón y la angustia de ver cómo pasa el tiempo sin que se corrija una situación anómala y antidemocrática en un Estado democrático
y de derecho. De este modo, el pueblo gallego ve como la figura de un símbolo central en la lucha por la democracia, sigue sin ser institucionalmente reparada.
D. Alexandre Bóveda Iglesias asumió la defensa de la identidad nacional de Galicia desde muy joven. Bóveda escribió en el periódico agrarista 'La Zarpa', publicación de Basilio Álvarez, sacerdote, periodista y político, impulsor de Acción
Gallega a inicios del s. XX y Diputado en la República por el Partido Radical. Destacó incluso en su vida profesional, sacando el primer puesto en unas oposiciones al cuerpo de contables de la Hacienda Pública del Estado. En Pontevedra tendría el
puesto de Jefe de Contabilidad. Con tan solo 23 años participaría de las tertulias políticas organizadas por el también histórico Daniel Rodríguez Castelao y Antón Lousada Diéguez en el Café Méndez Núñez, lugar de pensamiento y debate político
sobre la Regeneración política del Estado español, al final de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, y el autonomismo gallego. Miembro del Seminario de Estudos Galegos desde mediados de la década de los 20 del pasado siglo, adscrito al área de
Economía y Ciencias Sociales. Siendo ponente del 'Anteproyecto de Autonomía de Galicia' que el SEG editaría en mayo de 1931, recién proclamada la II República. Documento en el que firmaría el estudio económico sobre el que se articulaba,
analizando la realidad gallega en este ámbito.
D. Alexandre Bóveda Iglesias fue promotor y cofundador del Partido Galeguista (PG) en diciembre de 1931 en Pontevedra. El ideario del PG de Castelao y Bóveda tenía como objetivo la defensa de la Autonomía de Galicia y de la personalidad
nacional de Galicia, que contaría con dos de sus cofundadores como Diputados en las Cortes Constituyentes, a saber, Daniel Rodríguez Castelao y Ramón Otero Pedrayo. El Partido Galeguista (PG) tuvo una importante implantación y su principal empeño
fue la redacción de un Estatuto de Autonomía para Galicia, que beneficiase a la mayoría social gallega. Bóveda participó activamente en 1932 en su redacción y elaboración final, como ponente de la Asamblea de Ayuntamientos de Galicia (diciembre,
1932). En el año 1933 fue elegido miembro del Comité Central de la Autonomía, que presidía Bibiano Fernández-Osorio Tafall, siendo secretario de organización del Partido Galeguista (PG).
Mientras Bóveda era miembro de aquel Comité Central de la Autonomía, Enrique Rajoy Leloup (tío abuelo de Mariano Rajoy) amigo íntimo de Bóveda, era el secretario del dicho comité. El 20 de octubre de 1934 se publicó una orden ministerial
imponiéndole a D. Alexandre Bóveda Iglesias un destino administrativo forzoso en la delegación de Hacienda de Cádiz (al igual que sucedería con Castelao, que sería desterrado a Badajoz desde Galicia). Se enmarcaba esta realidad en el nuevo
gobierno, de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), paralizó el proceso autonomista de Galicia, suspendiéndose, entre otros recortes de derechos y libertades públicas, la publicación de A Nosa Terra.
D. Alexandre Bóveda Iglesias retornaría en el mes de octubre del año 1935 a Galicia al obtener una plaza en la delegación de Hacienda de Vigo.
En las elecciones de febrero de 1936 al Parlamento español, el Partido Galeguista (PG) concurrió en la candidatura del Frente Popular (en la que decidió integrarse, en Asamblea General de finales del año 1935). Obtuvo en el marco de dicha
candidatura tres escaños en las Cortes. Castelao fue elegido Diputado por Pontevedra, Antón Vilar Ponte y Ramón Suárez Picallo por la circunscripción de Pontevedra, mientras que Bóveda no logró el acta por un puñado de votos (no sin polémica, dado
que parece que hubo irregularidades contra la candidatura del Frente Popular... y a favor de José Calvo Sotelo).
El 18 de julio de 1936 parte del ejército español, con apoyatura civil y religiosa, iniciarían un golpe de Estado. D. Alexandre Bóveda Iglesias, junto al gobernador civil de Pontevedra y otras autoridades, mantendría la legalidad
republicana. El 20 de julio de 1936 las fuerzas golpistas detuvieron a Alexandre Bóveda en Pontevedra. En agosto se le sometió a un juicio sumarísimo, fue acusado de traidor a la patria española, de separatista y de haberse integrado en el Frente
Popular. En el juicio coincidió con el Diputado socialista D. Amando Guiance, que fue condenado a cadena perpetua, al conmutarse la pena capital. Sin embargo, Bóveda no corrió la misma suerte, el 13 de agosto fue condenado a muerte.
En el juicio, manifestó su deseo de ser enterrado bajo la bandera gallega con estas palabras:
'Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría, aunque me concediesen siglos de vida. La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de
muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella.
Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo hasta me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado, si el tribunal juzga que debo serio.'
Su amigo, Xosé Sesto, tras su asesinato, logró colocar la bandera gallega bajo su chaqueta antes de ser enterrado cumpliendo así uno de sus deseos.
En la madrugada del 17 de agosto de 1936 fue fusilado en el monte pontevedrés de A Caeira (Polo), cuando contaba con 33 años. Su esposa, Amalia Álvarez, y sus hijos no pudieron despedirse de él.
Cuando no se hace justicia a víctimas de la represión golpista, rehabilitando institucionalmente su memoria y anulando sentencias de muerte absolutamente ilegítimas e ilegales, dictadas por tribunales conformados por golpistas, difícilmente
se puede profundizar en el concepto democrático. Es un paso imprescindible que el Estado español no ha dado. La Ley de la Memoria Histórica aunque imperfecta supuso un progreso legislativo pero de nada vale si se incumple.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Anular el Consejo de Guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia, que fue ejecutado por las fuerzas golpistas el 17 de
agosto de 1936.
- Declarar la ilegitimidad de las condenas y las sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia en la Dictadura franquista, anulando todos los Consejos de Guerra y sentencias condenatorias a muerte de todas las víctimas
de la Dictadura.
- Realizar actos y reconocimientos públicos desde el Gobierno del Estado para conmemorar, homenajear y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la Dictadura franquista, y en colaboración con las CC.AA., llevar a cabo actos que
recuerden a alcaldes, representantes públicos, figuras políticas, cargos institucionales, y otras personas que fueron ejecutadas ilegítimamente por las fuerzas golpistas por sus ideas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los años 60 Estados Unidos impuso un bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba, que tras 50 años de vigencia se ha convertido en el más largo en la historia de la humanidad. Durante esos años se fue reforzando con la
aplicación de nuevos mecanismos políticos, legales y administrativos que además de generar miles de millones de pérdidas a Cuba, limitar la libre exportación e importación de productos, ha perjudicado a la población en ámbitos básicos como la salud,
la educación o las comunicaciones. Pudiendo sostener que este sistema unilateral de sanciones implica una violación de los Derechos Humanos.
El bloqueo ha sido rechazado hasta en 25 ocasiones por las Naciones Unidas. Más concretamente, en octubre de 2016 se aprobaba la última de las resoluciones de la Asamblea General en este sentido (la 70/5), bajo el título 'Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'. En esta última ocasión 191 estados volvieron a votar a favor de la resolución, por primera vez ninguno votó en contra y únicamente se
registraron dos abstenciones: las de Estados Unidos e Israel.
Esta es una expresión contundente de que todos los gobiernos y pueblos del mundo solicitan que se levante el bloqueo a este país, impuesto por EE.UU. desde el 7 de febrero de 1962.
También diferentes parlamentos en el Estado español se han pronunciado en este sentido, con la unanimidad de todos los partidos. Han sido aprobadas declaraciones institucionales en la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Galicia, el
Parlamento de Canarias, el Parlamento Vasco y el de Andalucía por el fin del bloqueo contra Cuba y a favor de unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la soberanía, la libertad y la cooperación entre ambos países.
Hay así esperanza en el camino de conseguir un mundo libre de guerras, en el que la paz, la fraternidad, la solidaridad y la libertad rijan la relación entre los pueblos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mostrar su apoyo al levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero que el Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene
sobre Cuba y a manifestarse a favor de unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la soberanía nacional, la libertad y la cooperación entre ambos países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Oskar Matute García de Jalón, Enric Bataller i Ruiz y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Joan Baldoví i Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Miguel Ángel Elías Fernández Bello, Sonia Farré Fidalgo y Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores relativa a la anulación del Concordato de 1953.
Exposición de motivos
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Jean Villot, firmaron, el día 3 de enero de 1979, en Roma, los Acuerdos entre
España y la Santa Sede, que reemplazaban al Concordato de 1953, establecido con el régimen de Franco.
La firma en esa fecha fue la escenificación pública de una negociación iniciada en 1976 y concretada en secreto, mientras se discutía y aprobaba la Carta Magna, pues cuesta creer que, en el plazo que transcurre entre la publicación y entrada
en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, y el día 3 de enero de 1979, en que se firman los Acuerdos, el cardenal Villot y Marcelino Oreja pudieran negociar cuatro acuerdos (Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales,
Asistencia Religiosa y Asuntos Económicos) y varios anexos, con más de un centenar de puntillosas disposiciones que recogen de manera pormenorizada las aspiraciones eclesiásticas.
De aquel insólito compromiso surgió un equilibrio precario entre la Iglesia y el Estado. En el futuro, la Iglesia perdería privilegios políticos que tuvo en la dictadura, pero conservaría otros, como reservarse el magisterio moral, no
directamente institucional, pues el Estado ya no era confesional, pero no por ello menos efectivo sobre ciudadanos y gobiernos, financiarse en buena parte con fondos públicos, obtener apoyo estatal para conservar el patrimonio histórico y artístico,
retener a los ciudadanos bautizados en un privado censo administrativo, dada la dificultad de darse de baja en él (apostatar), realizar actividades doctrinales, comerciales y sociales (enseñanza en todos los grados, beneficencia, edición, catequesis
y radiodifusión), prestar servicios por cuenta del Estado (en cuarteles, cárceles, hospitales) y disfrutar de un régimen de exención de impuestos, propio de un paraíso fiscal.
Sin embargo, la realidad constitucional del Estado afirma su estado aconfesional, o de neutralidad religiosa del Estado, por lo que es razonable que no haya privilegios que favorezcan a una determinada confesión religiosa en el espacio
público, sobre todo cuando estos privilegios suponen una carga onerosa para las administraciones públicas de un Estado, o lo que es lo mismo, para el conjunto de la ciudadanía con independencia de nuestras convicciones éticas o religiosas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a anular los Acuerdos entre España y la Santa Sede firmados en 1979, que reemplazaban al Concordato de 1953, establecido con el régimen de Franco, con el objetivo de acabar con los actuales
privilegios fiscales y educativos que mantiene la Iglesia Católica en todo el Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
inmediata liberación de la Directora de Amnistía Internacional en Turquía, de los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos y el respeto a los Derechos Humanos en ese país, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El intento frustrado de Golpe de Estado en Turquía del 15 y 16 de julio de 2016, fue protagonizado por algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía con la intención de derrocar al Presidente Recep Tayip Erdogan.
Pese a que los sublevados lograron inicialmente controlar lugares estratégicos, durante las horas siguientes el masivo rechazo de la ciudadanía, que salió a protestar en las principales ciudades, así como de los partidos políticos y la
comunidad internacional, hicieron que el golpe fracasase.
Sin embargo, pese al fracaso del golpe, Erdogan puso en marcha una purga militar que también se ha propagado a otras esferas de la Administración Pública del Estado como los jueces, funcionarios y maestros. Llegando también a la
conculcación de derechos humanos como fue la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos, anunciada por el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, a finales de julio de 2016.
Esta situación ha conducido a un escenario de negación sistémica de derechos fundamentales de la ciudadanía que ha provocado el rechazo de múltiples asociaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional. Precisamente por ser esta
última una organización activa en la denuncia de la vulneración de derechos en Turquía ha sido víctima de la arbitrariedad judicial turca al producirse justo hace un mes, la detención del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç
acusado por presunta relación con el movimiento Fethullah Gülen y ayer 6 de julio, la detención de Idil Eser, Directora de Amnistía Internacional en Turquía.
Eser fue detenida durante la realización de un taller de Seguridad Digital y Gestión de la Información celebrado en Büyükada, Estambul, junto con dos formadores del taller, el director del hotel y siete defensores y defensoras de los
derechos humanos: ilknur Üstün de la Coalición de Mujeres; Günal Kursun, abogado de la Asociación de la Agenda de Derechos Humanos; Nalan Erkem, abogada de la Asamblea de Ciudadanos; Nejat Tastan, miembro de la Asociación de Vigilancia por la
Igualdad de Derechos; Özlem Dalkiran de la Asamblea de Ciudadanos; Seyhmuz Özbekli, abogado; y Veli Acu miembro de la Asociación de la Agenda de Derechos Humanos.
La detención de la Directora de Amnistía Internacional en Turquía, y de los activistas en derechos humanos mientras se encontraban celebrando un taller, supone un peldaño más en la escala represiva y de continua vulneración de derechos
humanos en Turquía, orquestada por el Presidente Erdogan y bendecida, por activa o pasiva, por la comunidad internacional.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena la detención de la Directora de Amnistía Internacional en Turquía y la de los activistas en derechos humanos, hecho que supone una grave violación de los Derechos Humanos en este país e insta al Gobierno
español a:
1. Exigir a Turquía la inmediata liberación de la Directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, del Presidente de Amnistía internacional, Taner Kiliç así como del resto de defensores y defensoras de los Derechos Humanos
detenidos.
2. Reclamar al Gobierno de Turquía el respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho.
3. Defender activamente en la Unión Europea y en las instancias internacionales oportunas la adopción de las pertinentes medidas de presión a Turquía para que se respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en el país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/002092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a las condiciones del personal laboral contratado de la AGE y de los centros del Instituto Cervantes en países de la UE en lo que respecta a su afiliación a la Seguridad Social.
Exposición de motivos
En mayo de 2010 entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los
sistemas de seguridad social.
En septiembre de 2010 el Instituto Cervantes procedió a dar de alta en la seguridad social del país de destino a cuantos profesores y profesoras accedieron por concurso de traslados o por convocatoria pública a un puesto en algún centro del
Instituto en países de la UE, sin informar previamente a las personas contratadas.
Sin embargo, a los directores y directoras y al personal desplazado de movilidad forzosa (administradores, jefes de estudios, jefes de biblioteca y jefes de actividades culturales) todos ellos, contratados laborales, el Instituto Cervantes
los mantuvo en el sistema de seguridad social española al incorporarse a centros de la UE con posterioridad a la entrada en vigor del referido Reglamento (CE) n.º 987/2009, de modo que mantuvieron su afiliación a la seguridad social española,
disfrutando de un trato de favor en relación al resto del personal de nacionalidad española que ya cotizan en el país de destino, lo que ha creado un grave conflicto entre trabajadores y trabajadoras.
Y es que habría que tener en cuenta que no todos los países de la UE tienen una protección social igual, que tampoco son similares las cuantías de la retención en nómina, y que, además, hay países en los que cotizar a la seguridad social
implica ser contribuyente a la hacienda de dicho país. Muchos son pues los perjuicios que se derivan para los trabajadores y trabajadoras: más cotización a la seguridad social que implica merma en sus retribuciones finales, peor o nula cobertura
sanitaria, menores prestaciones por jubilación y desempleo y colisión entre los derechos reconocidos en la legislación laboral española del contrato del trabajador y las prestaciones que reconoce el sistema de seguridad social local.
Desde 2010, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras viene insistiendo en que el Instituto Cervantes recurra a aquellos artículos del Reglamento que le permitan tratar a todo su personal del mismo modo que lo está haciendo con los
directores y el personal desplazado de movilidad forzosa, o bien que llegue a un acuerdo con la Administración para que sus trabajadores y trabajadoras con contratación
laboral, tengan en cuanto al régimen de la seguridad social el trato que el artículo 11.3.b Reglamento CE 883/2004, de 29 de abril de 2004, otorga a las funcionarias y funcionarios públicos teniendo en cuenta que tanto el personal contratado
del Instituto Cervantes como el personal laboral en el exterior del resto de la Administración son empleados públicos y no pueden ser discriminados en un tema de tanta relevancia como es el del derecho a una asistencia sanitaria digna y a unas
prestaciones sociales en la línea de las del Estado Español al que presta sus servicio cuya nacionalidad comparte.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A encontrar una solución a este problema y promover medidas para que todos los trabajadores y las trabajadoras españolas al servicio de la Administración Española en países de la UE tengan una seguridad social digna y, cuando menos, en las
mismas condiciones que la que tienen en España.
- A continuar las negociaciones para conseguir equiparar las condiciones del personal laboral de nacionalidad española de los centros del Instituto Cervantes, a las de sus directores y personal predirectivo (administradores, jefes de
estudios, jefes de biblioteca y jefes de actividades culturales), en relación a la cotización en el sistema de la Seguridad Social español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea.
161/002095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre libertad de prensa en México, para su debate en la Comisión
de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa realizado por Reporteros Sin Fronteras, incluyendo a 180 países, México se encuentra en el puesto número 147, lo cual pone manifiesto la necesidad de mejorar, regenerar y acometer las reformas
necesarias en este ámbito para combatir la censura existente en la libertad de expresión en el país.
México se encuentra entre los países con peores condiciones para ejercer el periodismo en América Latina. El derecho a la libertad de expresión, a la libre información, a la expresión de las ideas y contenidos en los medios de comunicación
sin estar coaccionados, a que nadie coarte ni censure a los profesionales de la comunicación en la manifestación y expresión de sus ideas, constituyen una de las bases fundamentales de cualquier democracia y es un deber de todos los países, el
compromiso de luchar por preservar este derecho combatiendo a quienes quieren censurarlo.
Si bien en la situación ideal, la libertad de expresión debería estar garantizada por el Estado, como acontece en la mayoría de estados democráticos, el caso de México, junto con el de otros países de América Latina adolece de
irregularidades que deben ser subsanadas.
En los últimos tiempos, la situación de la libertad de prensa en México ha empeorado, estando cada vez más amenazada. El Índice Mundial de la Libertad de Prensa, llevado a cabo por Reporteros Sin Fronteras pone de manifiesto que los estados
de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son los estados donde los periodistas deben enfrentarse a los temas más escabrosos, relacionados con la corrupción política, la delincuencia y el crimen organizado.
En este escenario, se han generado situaciones de miedo, lo cual hace que los profesionales de la información vivan en una amenaza constante, creándose situaciones de pánico en la profesional al haberse desencadenado una oleada de amenazas,
agresiones, intentos de asesinato e incluso asesinatos culminados a periodistas inocentes.
Por todo ello, los medios nacionales del país se han unido para reivindicar esta situación, exigiendo la protección de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, denunciando la impunidad y la corrupción, especialmente del crimen
organizado que está atacando a los profesionales de la información por la mera realización de su labor investigadora y periodística, y así mismo reclamando que sea el Estado el que tome las medidas necesarias para su protección, para evitar que se
sigan cometiendo crímenes contra los periodistas mejicanos, y así mismo por el bien de la sociedad en su conjunto.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un elenco de medidas a nivel internacional para evitar las situaciones que están aconteciendo en países de América Latina, especialmente en México, con la finalidad de proteger un
derecho primordial aceptado por la mayoría de estados democráticos como es la libertad de expresión y asimismo la libertad de prensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar
la no interferencia en la acción exterior de la Generalitat de Catalunya, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Parlament de Catalunya aprobó el 4 de diciembre de 2014 la Ley 16/2014 de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. La norma cuenta con un gran respaldo social y parlamentario expresado por parte de la mayoría de grupos
parlamentarios de la Cámara. Tal y como se establece en el preámbulo de dicha ley, la Generalitat ha avanzado, desde siempre, con la voluntad de proyectar Catalunya como un país de prestigio, de excelencia y de calidad; un motor al sur de Europa,
con capacidad para interactuar con el resto de territorios de Europa y del resto del mundo. Esta ley debe permitir fortalecer las relaciones con la Unión Europea y continuar avanzando hacia una acción exterior eficaz y coherente, coordinada con el
conjunto de actores que actúan en el escenario internacional, y también posicionar los intereses de Catalunya en el mundo y reforzar las relaciones con otros gobiernos, organismos multilaterales y redes de cooperación en la Unión Europea.
Actualmente, toda la agenda de crecimiento futuro pasa necesariamente por la potenciación de la actividad exterior de la economía. El sector exterior de Catalunya, mediante las exportaciones, el turismo y la inversión exterior, permite
hacer de motor de la actividad productiva en general y, cuando conviene, compensar las posibles contradicciones que sufre la economía catalana. En este sentido, esta ley debe potenciar esta presencia internacional de la economía catalana, con la
cual el Gobierno está comprometido y obligado.
El Estatuto de autonomía aprobado en 2006 ha permitido dar cobertura de ley orgánica a la acción exterior llevada a cabo por las administraciones públicas catalanas. Y Catalunya, igual que otros entes territoriales de los estados de nuestro
entorno, ha incrementado progresivamente sus actuaciones en el exterior y en el ámbito de la Unión Europea, con el sostenimiento claro de la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional, que ha permitido actuaciones autonómicas de relevancia
exterior, al entender que el despliegue de determinadas competencias autonómicas requiere de este tipo de actuaciones, como se fundamente en la sentencia 80/2013.
Como declaró la sentencia del Tribunal Constitucional 165/1994, no puede identificarse la materia relaciones internacionales con cualquier tipo de actividad con alcance o proyección exteriores. Así se desprende de la misma literalidad de la
Constitución española, como también de la interpretación ya
efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al declarar que la dimensión exterior de un asunto no puede servir para realizar una interpretación expansiva del artículo 149.1.3 de la Constitución que subsuma en la competencia
estatal cualquier medida dotada de cierta incidencia exterior.
El proceso de globalización política y económica ha propiciado una fuerte evolución en relación con los actores en juego en el ámbito de las relaciones internacionales. No solo se ha incrementado la presencia de actores y entidades no
estatales del mundo económico con cierto poder en foros internacionales, sino que ha crecido también el papel de los entes no estatales y de las representaciones de la sociedad civil en contextos de fuerte proyección internacional, se ha difuminado
en cierta medida el concepto de soberanía y se han modificado implícitamente las reglas de las relaciones internacionales. En la misma línea, los cambios constantes en el contexto de las relaciones internacionales han hecho de la diplomacia pública
un instrumento cada vez más reconocido en la acción exterior de los países por su dimensión cultural y económica, que debe también ponerse de relieve por la importante tradición que tiene en Catalunya. Es preciso reconocer a la sociedad civil con
dimensión internacional como un aliado clave en el desarrollo de la acción exterior de Catalunya.
De acuerdo con los preceptos del capítulo II del título V del Estatuto de autonomía de Catalunya, la Generalitat participa en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afectan a las competencias e intereses de Catalunya, a través de
la participación en las instituciones y los organismos europeos y en la formación de las posiciones del Estado.
Por otra parte, el derecho de la Unión Europea está plenamente integrado en el ordenamiento jurídico catalán. Desde la aprobación del Estatuto de autonomía, se ha producido una importante evolución normativa en el ámbito europeo, en
concreto con las últimas modificaciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Es preciso, por ello, que la Generalitat siga garantizando la correcta transposición y aplicación de la normativa europea.
Pese a todo ello, el Gobierno español ha continuado con su ofensiva, cada vez más evidente y descarada, contra leyes que provienen del Parlament de Catalunya y recurrió la Ley del Parlament de Catalunya 16/2014, de 4 de diciembre, de acción
exterior y de relaciones con la Unión Europea. Resultado de ello, el Tribunal Constitucional falló en Sentencia número 228/2016, de 22 de diciembre, estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y declarar que los apartados
i), j), k) y I) del artículo 2; el inciso 'el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos', contenido en el apartado e) del artículo 3; el artículo 26.1.e); la expresión 'Diplomacia pública de Catalunya' que rubrica el Capítulo I del
Título IV; y el artículo 38 de dicha Ley son inconstitucionales y nulos.
En concreto, los artículos anulados por el Tribunal Constitucional son los relativos al reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos, a las relaciones del Gobierno de la Generalitat con gobiernos de otros territorios y a la regulación
de la diplomacia catalana. De esta forma, el Tribunal Constitucional monopoliza para el Estado central las competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 149.1.3.ª de la Constitución) obviando el amplio margen existente para las
Comunidades Autónomas reconocido en los artículos 184 a 200 del Estatuto e Autonomía de Catalunya y en la anterior jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional.
Esta sentencia es una muestra más de la interferencia continua por parte del Estado español en la acción exterior de la Generalitat. Son manifiestamente conocidos en el último año los intentos por silenciar la realidad catalana en el
exterior, tanto desde las embajadas españolas como por parte de los eurodiputados españoles. La última muestra ha sido el intento de boicot del Partido Popular español a la conferencia 'El Referéndum Catalán' que llevaron a cabo en el Parlamento
Europeo el 24 de enero el President de la Generalitat, Caries Puigdemont, el Vicepresident, Oriol Junqueras y el Conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva. Pero también se han conocido presiones de los
embajadores españoles para evitar debates intelectuales en Universidades internacionales, como en el caso de la Universidad de Lisboa en 2014 o en una universidad belga el pasado octubre.
La sentencia impide a Catalunya reconocer el derecho a decidir de los pueblos confundiendo, una vez más, el derecho a decidir con el derecho a la autodeterminación y, con ello, concentrando la competencia para dicho reconocimiento en el
Estado. La sentencia llega después de que Catalunya ya haya reconocido, por ejemplo, el derecho a decidir del pueblo aranés sin que el precepto legal llegara a ser recurrido al aceptar el Gobierno de España una interpretación razonable de dicho
reconocimiento. Prohibir ahora el reconocimiento del derecho a decidir de un determinado pueblo por parte de la Generalitat conlleva, por sí mismo, una limitación a la libertad de expresión y de pensamiento expresada a través de las instituciones
catalanas. Las alianzas entre pueblos son la base de la internalización de los sujetos que reclaman ser reconocidos como iguales, y la sentencia remarca, una vez más, la inferioridad de las naciones sin Estado.
Además, la sentencia impide la relación del Gobierno de Catalunya con las oficinas consulares presentes en Catalunya, negando por tanto la posibilidad de establecer relaciones con otros gobiernos extranjeros. Este hecho, contradictorio con
la posibilidad de establecer acción exterior, pretende aislar al Gobierno catalán de la comunidad internacional, al no poder, en consecuencia, dar a conocer la realidad catalana al resto de países, teniendo el Estado el monopolio de las relaciones
internacionales de las comunidades autónomas. Este hecho permite al Estado hacer de filtro de la realidad autonómica, como está ocurriendo actualmente. Así, la sentencia deduce que este precepto comportaría el condicionamiento o menoscabo para la
política exterior del Estado español en caso de que Catalunya entablase relaciones bilaterales con los otros estados, y demuestra, por tanto, el miedo ante la posibilidad de que Catalunya pueda explicarse. En los votos particulares de la sentencia,
se critica, precisamente, la confusión entre 'relaciones consulares' con 'relaciones institucionales con las oficinas consulares', que en este caso persigue un objetivo evidente.
Esta misma lectura se puede hacer de la anulación de la diplomacia catalana, que encuentra el problema en la relación bilateral que pueda establecer Catalunya con otros estados. La sentencia no presta atención al tipo de diplomacia
propuesta (que no pretende erigir un cuerpo diplomático) y muestra el miedo de perder el monopolio del discurso. El carácter meramente nominalista del argumento ha sido expuesto en uno de los votos particulares de la sentencia.
El recurso interpuesto por el Gobierno español, la inmediata suspensión de distintos preceptos de la Ley, y su posterior declaración de inconstitucionalidad en base a una interpretación restrictiva de las competencias de la Generalitat de
Catalunya en materia de acción exterior muestran, una vez más, la intención de aislar el proceso independentista, y con ello la realidad catalana, del exterior.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- No interferir en la acción exterior de la Generalitat de Catalunya realizada en ejercicio de sus competencias y en cumplimiento del mandato democrático expresado en las urnas el 27 de septiembre de 2015, y a garantizar la libertad de
expresión y pensamiento de los catalanes en el extranjero, mostrada a través de esa acción exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/002203
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català don Jordi Xuclà i Costa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión
de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley para el reconocimiento del genocidio yazidí.
Antecedentes
Desde que los combatientes del grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI) atacaron la región noroccidental iraquí de Sinyar, en agosto de 2014, el pueblo yazidí ha sido objeto de ataques deliberados y sistemáticos.
Los yazidíes son una religión minoritaria que se remonta al año 2000 a.C. y que tiene sus orígenes en el Zoroastrismo. Es un grupo etnorreligioso, de cultura y habla kurda. Se ha considerado que desde la época otomana han sido víctimas de
persecución porqué los consideran adoradores del diablo al venerar al ángel caído que otros credos llaman el diablo. Mayoritariamente están en el norte de Irak, también se encuentran en algunas zonas de Irán, Turquía y Siria. El Estado Islámico
declaró un califato a finales de
julio de 2014 en el que expulsó a religiones minoritarias de la zona por considerarlos infieles. Esto ha provocado que los yazidíes se refugien en las montañas de Sinyar, una región en el noroeste de Irak, cerca de la frontera con Siria que
se ha convertido en su lugar sagrado. Esta minoría es una de las principales víctimas del ISIS cuando el 3 de agosto de 2014 el ejército islamista avanzó sobre esta región y atacó la ciudad de Sinjar. Fue una matanza, persiguieron a los que
intentaron huir y dejaron sin agua, comida y medicinas a la población bajo unas condiciones meteorológicas de 50 grados de temperatura.
Desde entonces, miles de mujeres y niñas han sido secuestradas y sometidas a esclavitud sexual, violadas repetidamente, golpeadas o sometidas a otras torturas y malos tratos. A muchas las han obligado a presenciar el asesinato de sus
familiares varones y las han separado por la fuerza de sus hijos mayores de siete años. A los hombres los matan o los obligan a convertirse al Islam, no tienen otras opciones. A los niños se los llevaban para adoctrinarlos y darles adiestramiento
militar, mientras que a las niñas las vendían como esclavas sexuales con tan solo nueve años.
No hay familia que no esté afectada por ese horror o esté buscando a un familiar. En el caso concreto de las mujeres, algunas lograron escapar, otras fueron compradas por sus familias a través de intermediarios y hubo casos en que se
suicidaron. Pocas son las mujeres que son liberadas durante operaciones militares según los testimonios.
El pasado 16 de junio de 2016, la ONU denunció a ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yazidí. La Comisión Internacional Independiente nombrada por la ONU llegó a la conclusión en el informe 'Llegaron para destruir: Los crímenes
del ISIS contra los Yazidíes' que hubo atrocidades y lo recogen con evidencias que demuestran que los terroristas cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según palabras del Presidente de la Comisión, Paulo Pinheiro, 'El genocidio se
encuentra en marcha. Desde el día del ataque a Sinjar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma permanente eliminar a los Yazidíes a través del asesinato, la esclavitud, la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes'.
En 2016, la ONU calculó que 3.200 mujeres y niños yazidíes estaban cautivos del Estado Islámico, al menos 5.000 hombres y niños fueron asesinados y más de 7.000 mujeres y niñas secuestradas. En las conclusiones del informe, la ONU,
recomienda a la comunidad internacional el reconocimiento del genocidio a la población yazidí.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer el genocidio ocurrido a la población yazidí por parte del Estado Islámico, ISIS.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la dramática situación que
sigue vigente en la República Bolivariana de Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela continúa estando lejos de vislumbrar el restablecimiento de la estabilidad y la democracia, el respeto de la Ley y del Estado de Derecho. Al contrario, cada vez son más
profundas las violaciones del orden democrático constitucional y de los derechos humanos, que afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos. El país continúa atravesando una grave crisis que afecta a todas las dimensiones del mismo.
La crisis política afecta cada vez a más instituciones, y el bloqueo institucional tiene sus efectos en la economía y la sociedad. El gobierno continúa recurriendo a todos los medios disponibles para mantener y justificar su régimen,
utilizando instituciones como el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral,
ampliando los poderes del ejecutivo más allá de su legitimidad y obstaculizando la labor democrática de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y de la Asamblea Nacional. Medidas como la tomada en 2016 por el Tribunal Supremo, privando a la MUD
de su mayoría de dos tercios, o las sentencias dictadas por el mismo tribunal por desacato de la Asamblea Nacional, declarando inconstitucional toda la legislación aprobada por la misma y asumiendo las competencias legislativas de la Asamblea
Nacional, se suman al impedimento del desarrollo de elecciones libres y justas, y de la celebración de un referéndum revocatorio y de la convocatoria de un proceso constituyente que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Todas
estas son algunas de las maniobras puestas en marcha bajo el control del gobierno, sin tener en cuenta sus devastadores efectos sobre la ciudadanía.
La falta de libertad también es creciente, y se refleja en el elevado número de personas encarceladas por motivos políticos, que son ya más de 400, en la brutal represión de fuerzas de seguridad y grupos armados informales a los protestantes
pacíficos, causando múltiples muertes y heridos, y en las amenazas a las que se ven sometidos los defensores de la libertad, como el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, inhabilitado políticamente durante 15 años.
La crisis económica ha conseguido hacer que un país que posee el 20 % de las reservas petroleras del mundo, viva en condiciones extremas, poniendo en peligro las condiciones básicas de desarrollo de la población. La crisis social y
humanitaria se refleja en la hambruna y el descontento social en el país. La escasez de recursos, alimentos básicos y medicamentos es crónica.
Son muy relevantes los esfuerzos que ha realizado la comunidad internacional desde los inicios de la crisis. Concretamente, gran parte de los países de la región han mantenido una posición firme en la defensa de los principios y valores
democráticos; desde el año 2014, varios han sido los intentos de movilización, desde los cancilleres de Unasur, el Consejo Permanente de la OEA, los países del Mercosur, los expresidentes de Unasur, hasta el propio Vaticano y el Departamento de
Estado de EEUU sin que se haya podido evitar que Venezuela alcance el nivel de desestabilización que vive en estos momentos. En La Asamblea General de la OEA, celebrada en Cancún del 19 al 21 de junio, quedó patente que hay una mayoría de Estados,
20 sobre 34, que comparten una grave preocupación por la situación en Venezuela. También desde Naciones Unidas, la Unión Europea y España han sido múltiples los actos en defensa de la solución de la crisis venezolana, y la restitución de los
valores democráticos y constitucionales del país. El pasado 27 de abril el Parlamento Europeo aprobaba una resolución sobre este asunto, la quinta desde 2014. La Alta Representante de la UE realizó el 26 de julio una Declaración en nombre de la
Unión Europea sobre la situación en Venezuela previa a la elección de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017, en la que se instó a adoptar medidas que refuercen la confianza mutua con carácter urgente antes de esa fecha, de manera que se
respete la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela. Además, a raíz de la labor de impulso de España, el Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de mayo aprobó unas nuevas Conclusiones sobre Venezuela en las que la Unión Europea instó a
todos los agentes políticos y a las instituciones de Venezuela a que trabajen de forma constructiva en pro de una solución a la crisis del país, respetando plenamente el Estado de Derecho, los derechos humanos, las instituciones democráticas y la
separación de poderes.
España ha demostrado siempre estar del lado de la defensa de los valores democráticos, especialmente en países como Venezuela, a los que le unen profundos vínculos históricos culturales y económicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
- Expresar una vez más su apoyo al pueblo venezolano y mostrar su profunda preocupación por la continuada violación del orden constitucional, de los derechos humanos y el deterioro de la situación económica, política y social que vive el
país.
Insta al Gobierno a:
- Seguir liderando la defensa de la democracia y de los derechos humanos de los venezolanos y continuar pidiendo la plena liberación de todos los presos políticos en el país, tanto a nivel bilateral como a través de instituciones
internacionales, como viene haciendo a través de la Unión Europea.
- Continuar exigiendo un amplio acuerdo nacional, que ponga fin al bloqueo institucional y permita articular medidas que logren acabar con la crisis económica y humanitaria.
- Seguir defendiendo que se respete el orden constitucional, la separación de poderes en el país, los calendarios electorales, se detenga la convocatoria antidemocrática de la asamblea constituyente y que se articulen los mecanismos
humanitarios para paliar la crisis de desabastecimiento de alimentos y medicinas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
penalización de la banalización, apología o enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo y el nacionalcatolicismo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Durante los últimos años se están produciendo desde todos los ámbitos diversos eventos de apología y enaltecimiento del nazismo, el fascismo, franquismo y el nacionalcatolicismo. Así, se han podido ver publicadas en diversos medios y redes
sociales fotografías de dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) exhibiendo banderas franquistas o realizando saludos fascistas sin ningún tipo de reproche por parte de la dirección del PP; la exdelegada del Gobierno en
Catalunya participó en un acto de homenaje a la División Azul, organizado en un Cuartel de la Guardia Civil, y entregó un diploma a la Hermandad de Combatientes de la División Azul, que iban vestidos para la ocasión con el traje falangista, la
delegación de la Generalitat en Madrid fue víctima de un ataque por parte de grupos de ultraderecha mientras se celebraba el Día; entre tantos otros ejemplos.
El renacimiento de las ideas que han ido conformando el corpus ideológico del franquismo, el nazismo y el fascismo latente en toda Europa. En España la situación es especialmente grave y se ha tendido a banalizar el significado histórico
del franquismo, el fascismo y el nazismo. Mientras otros países castigan la banalización, la apología y el enaltecimiento del nazismo, el Código Penal español no prevé la tipificación de estas conductas. Entendemos que los actos de apología,
enaltecimiento y banalización de la dictadura franquista, del fascismo y del nazismo son absolutamente intolerables e injustificables y que son necesarias medidas para detenerlos. Es por ello que se pretende la tipificación en el Código Penal de
forma clara y precisa de todo este tipo de actos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Impulsar las iniciativas legislativas oportunas para incorporar el siguiente artículo en la sección la del capítulo IV del Título XXI de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
'1. Los que desarrollen conductas de banalización, apología o enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo y el nacionalcatolicismo serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce
meses.
2. Se entenderá que incurren en dichas conductas los que desarrollen cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto, uso de simbología, símbolo propio o apologético.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquema Republicana.
161/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a estudiar y
realizar las modificaciones normativas oportunas que favorezcan la agilización en la ejecución de las sentencias, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Establece el artículo 117.3 de la Constitución que la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan. En términos similares se expresa el artículo 2.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial.
La actividad de los órganos judiciales no se limita a la fase declarativa del procedimiento, dictando la correspondiente sentencia, sino que se extiende también a la ejecución de dichas resoluciones, dando plena eficacia a la totalidad de
sus pronunciamientos.
La ejecución de sentencias civiles supone la culminación del proceso judicial y la definitiva satisfacción del acreedor, quien después de un proceso, en muchas ocasiones largo y tortuoso, ve finalmente cumplidas sus expectativas. Si el
condenado no procede al cumplimiento voluntario de las Sentencias, lo cual ocurre por diversos motivos en multitud de ocasiones, debe instarse la ejecución forzosa, pues de lo contrario se convierten en 'papel mojado' y el ciudadano ve que su
derecho no llega a tener virtualidad, y no se satisfacen sus expectativas.
En España, según los datos del CGPJ al terminar 2016, existían 1.021.084 sentencias pendientes de ejecutar. Detrás de cada una de ellas hay una persona que tiene un derecho reconocido en sentencia que no llega a satisfacerse.
La LEC ha supuesto un avance frente al disperso y complejo procedimiento de la LEC de 1882, no solamente en el procedimiento plenario, sino también en la ejecución. Pero sin duda alguna, el avance más importante se produjo con la reforma
operada por la ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, con la que se pretende, tal y como establece la exposición de motivos, entre otros objetivos relativos a la
propia oficina judicial, el de regular la distribución de competencias entre jueces y tribunales por un lado, y secretarios judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) por otro, dando así soporte legal a una situación que de facto
se venía produciendo en la generalidad de los órganos judiciales.
En el caso de los procedimientos civiles, los trámites de la ejecución son lentos pues el Juzgado tiene que librar oficios, hacer averiguaciones patrimoniales, investigar e iniciar un procedimiento de embargo de los bienes encontrados; un
camino largo y complicado que dificulta el cumplimiento de las resoluciones.
El Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, en su intervención en la Jornada celebrada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el pasado mes de noviembre, recordó que el gran punto negro de la Justicia
en España es la ejecución. Es en la ejecución donde se producen los mayores retrasos, especialmente en el orden jurisdiccional civil.
Por todo lo expuesto, es necesario emprender reformas en la LEC, para conseguir, por una parte, desatascar nuestros juzgados de ejecuciones pendientes y, por otro, agilizar el proceso de ejecución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y realizar las modificaciones normativas oportunas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, dirigidas a dar solución al atasco existente en los Juzgados con sentencias firmes pendientes de
ejecutar, y a adoptar las medidas concretas necesarias para agilizar el proceso de ejecución de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la competencia de los juzgados en materia de cláusulas suelo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Socialista no comparte el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del Consejo General del Poder Judicial, en el que se puso en marcha el Plan de Urgencia para la especialización de un Juzgado de primera instancia en cada
provincia que, de manera exclusiva y no excluyente, conozca sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias. Se trata de una decisión injusta y antisocial, que favorece a la banca en perjuicio de la ciudadanía. Además de ser una medida
perjudicial para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que impide repartir el trabajo de una forma adecuada entre los distintos Partidos Judiciales de cada provincia española.
Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán
resolver sus conflictos en un tiempo razonable.
Los habitantes de cada partido judicial, tendrán de forma obligatoria que desplazarse a la capital de la provincia, con el consecuente alejamiento del justiciable respecto al órgano judicial, por no citar el correlativo incremento de costes
económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras.
A mayor abundamiento, el Plan de Urgencia, no solo excepciona las normas procesales en materia de competencia territorial del ciudadano, al que obliga a renunciar al fuero predeterminado, sino que en absoluto garantizan una mayor eficacia ni
rapidez en la tramitación de los procedimientos.
La medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni de presupuesto por parte del Estado y de las comunidades autónomas con las competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados
designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.
El Pleno celebrado el pasado 19 de mayo del Consejo General de la abogacía, que representa a 83 Colegios de Abogados de España, expresó su rechazo institucional a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, de creación de estos
Juzgados provinciales especializados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados rechaza el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial para la creación de Juzgados especializados provinciales para conocer de los litigios sobre cláusulas suelo, y apoya explícitamente al
acuerdo del Consejo General de la Abogacía del pasado 19 de mayo, que exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran
convenientes, con su correspondiente dotación presupuestaria. Asimismo, insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia, relativa a la titularidad de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica.
Exposición de motivos
La Constitución española de 1978, en su artículo 10.2 insta a los poderes públicos a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la 'Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948'. Dicha Declaración Universal establece, en
su artículo 18, que 'toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión...'.
Por otra parte, el referido artículo 18 de la 'Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948' ha sido prolijamente interpretado por la 'Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la
religión o las convicciones', proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.
La mencionada interpretación insiste a lo largo de todo su articulado en el derecho indivisible a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones de libre elección, poniendo, pues, de relevancia la
estricta consideración de igualdad entre las convicciones de carácter religioso y las convicciones de carácter no religioso, e instando a la eliminación de toda forma de discriminación fundada en la religión o en las convicciones.
Sin embargo, de este derecho fundamental a 'la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones de libre elección', así como del principio del art. 16.3: 'Ninguna confesión tendrá carácter estatal' no se ha
desarrollado legislativamente adecuado en España, desde la Constitución de 1978, que garantice su ejercicio, como eje que vertebra los derechos humanos y la democracia, otorgando a los ciudadanos y ciudadanas la consideración de hombres y mujeres
libres e iguales, aptos para participar desde estos supuestos en la vida política y social y al Estado y sus instituciones neutrales ante la cuestión religiosa o de cualquier otra naturaleza ideológica. Es decir, sobre el cumplimiento del principio
de separación Estado-Religiones.
Por el contrario, el derecho indivisible a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones de libre elección fue fragmentado y sesgado por la ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, ya citada, ignorando las
creencias y convicciones no religiosas, reconocidas en un plano de igualdad con las religiosas en la Declaración Universal de 1948.
Lo poco que se ha legislado sobre el artículo 16 de la Constitución se ha hecho de forma errónea y contraria, en todo caso, a principios básicos constitucionales, por lo que se vulnera la neutralidad del Estado en cuestiones simbólicas, en
cuanto a la enseñanza, la financiación y fiscalidad, incumpliéndose, por ello, en muchos aspectos la Constitución. Por ejemplo, cuando se hace la jura o promesa de ministros y ministras ante una biblia y un crucifijo, al igual que lo hacen otros
representantes públicos; cuando se asiste en representación de toda la ciudadanía a actos litúrgicos o se condecoran imágenes, estatuas o pinturas religiosas o se les concede a estas rango perpetuo de alcaldesa o alcalde; cuando se realizan
funerales de Estado religiosos, cuando lo que correspondería en todos los casos es que fueran de naturaleza civil; cuando el ejército y las fuerzas armadas participan oficialmente en actos religiosos y liturgias varias... etc.
Todo ello constituye una subordinación del poder civil a entidades religiosas. Incumpliendo, gravemente, el mandato constitucional de que 'Ninguna confesión tiene carácter estatal'.
Asimismo, el segundo apartado del artículo 16.3 y el 27.3 de la Constitución, ha sido utilizado como coartada para el adoctrinamiento católico (y también, aunque en menor medida, de otras religiones) en el Sistema Educativo. Por una doble
vía: 1. La doctrina religiosa confesional forma parte del currículo oficial (aunque parte del alumnado y sus familias lo soliciten de forma voluntaria). Y 2. El Estado financia enseñanza ideológica y dogmática, a través de los conciertos
educativos. En ambos casos no solamente el Estado deja de ser neutral ante la cuestión dogmático religiosa, sino que se vulnera muy gravemente la libertad de conciencia de los escolares que por la edad no tienen capacidad de decidir.
Por último, la financiación y las exenciones fiscales que se concede a las organizaciones y entidades religiosas, supone un trato privilegiado que contraviene tanto el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), como el de igualdad y
progresividad del sistema tributario, por el que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica' (art. 31 CE).
Una parte importante de todo ello es consecuencia de los cuatro Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979 (y de un Concordato de 1953, en parte todavía vigente) que, al establecer unas relaciones privilegiadas con la confesión
católica ejerce tres graves efectos sobre el poder civil: 1) establece un derecho eclesiástico que se impone sobre las leyes civiles españolas; 2) carga con obligaciones y costes exorbitantes al erario público; y 3) acaba confiriendo naturaleza
de servicio público a la actividad religiosa, por más que el Tribunal Constitucional realice afirmaciones grandilocuentes en sentido contrario.
Todo ello sin minusvalorar la existencia de los Acuerdos de cooperación firmados con la Federación Evangélica, la Federación Israelita y la Comisión Islámica en 1992 que, aunque en menor medida, también provee de recursos públicos y
diversidad de privilegios a dichas entidades religiosas.
Los Acuerdos concordatarios del Estado con la Santa Sede se negociaron en el proceso de una 'transición política', mientras se debatía la Constitución de 1978. Un contexto que, en este caso, dejó establecida una situación de privilegios
para la Iglesia católica. Consolidando así un Estado cuasi nacional católico, herencia de la dictadura, aunque ello contraviniera la propia Constitución y adulterando varios de sus principios, como anteriormente expresamos.
Con ello no solo se cometió el grave error político de deslegitimación del poder civil y de la democracia, que debería asentarse en la condición de ciudadanía y no en las creencias religiosas, sino que también ha supuesto una contradicción
con el creciente proceso secularizados que ha tenido lugar en la sociedad española en los últimos decenios, mayormente entre la juventud y con ello a las demandas ciudadanas de mayor igualdad de trato, mayor protección de la libertad de conciencia y
una nítida neutralidad del Estado respecto a las creencias religiosas.
La igualdad ante la Ley que proclama la Constitución debe prevalecer en la cuestión de la neutralidad del Estado ante la cuestión religiosa, aunque, además sea una evidencia que la sociedad española y de las diferentes nacionalidades se ha
secularizado enormemente y se manifiesta tolerante y plural. Por ello merece y requiere, si cabe ahora más que nunca, un Estado laico en sus disposiciones, en sus actuaciones, en sus manifestaciones.
Un Estado en el que los poderes públicos no interfieran en la conciencia de las personas, pero en el que las religiones no traten de imponer su visión de la convivencia pública a ciudadanas y ciudadanos.
Es una sociedad que disfruta de libertad para vivir sus convicciones y creencias y que no combate las creencias religiosas y de otra naturaleza, sino que la respeta, que la sitúa, exclusivamente, en la conciencia de las personas y no obliga
a nadie a actuar conforme a los preceptos de ninguna confesión religiosa.
Los Acuerdos concordatarios entre España y la Santa Sede de 1979 establecen un régimen de relaciones privilegiadas y de compromisos excepcionales del Estado con la Iglesia católica que, en la práctica, además de suponer una inaceptable
cesión de soberanía por parte del Estado, se extienden más allá del ámbito propio de actuación de ésta, con la consiguiente intrusión en la vida y las convicciones de los no creyentes y los de otras religiones y que, incluso, recogen compromisos que
la realidad secular ya ha superado.
Los valores superiores del ordenamiento constitucional son la libertad, la justicia social, la igualdad y e! pluralismo político. Nada se dice, en la Constitución, acerca de promocionar ni una religión en exclusiva o un pluralismo religioso
y, consecuentemente, ni una ni otro, debe figurar entre los objetivos de un Estado que se proclama no confesional y que reconoce los principios antedichos.
Ha llegado el momento de poner fin al sistema de relaciones privilegiadas con la Iglesia católica y, también, con las confesiones denominadas, por el propio Estado, como de 'notorio arraigo', ya que esta circunstancia se ha convertido en una
rémora para el cumplimiento de los propios principios del Estado de Derecho, de la libertad de conciencia, de la igualdad ante la ley y de la justicia social, que la propia Constitución establece para todos y todas por igual.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en el plazo máximo de tres meses, una Iniciativa Legislativa para la denuncia de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979 y su derogación, así como del Concordato de 1953.
2. Que retire las dos casillas del epígrafe: 'Asignación Tributaria a favor de la Iglesia católica y la de actividades de interés social' en la Declaración de la Renta.
3. Que, con carácter inmediato, se apruebe un Protocolo Civil de obligado cumplimiento en todos los niveles (central, autonómico y local) que se garantice la no confesionalidad del Estado en los actos oficiales organizados por la
Administración y por los representantes públicos, fuerzas armadas y de orden público. En donde se contemple que los juramentos y promesas de cargos se realizarán ante las leyes civiles, exclusivamente. Que todos los funerales de Estado tendrán la
consideración de civiles y estarán exentos, por tanto, de cualquier connotación religiosa. Que los representantes públicos, en el ejercicio de su cargo, se abstendrán de actuar, en cuanto tales, en cualesquiera actos de naturaleza religiosa. Así
mismo se suprimirán cualesquiera honores civiles u homenajes públicos (condecoraciones, votos o nombramientos civiles) a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos. Asimismo, tampoco se vinculará a los poderes públicos (personas o
entidades) con ritos o imágenes de carácter religioso. Quedando sin efecto los honores o nombramientos que se hayan realizado hasta ahora.
4. Que se anulen todas las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica desde 1946, retrotrayéndose a su anterior situación registral hasta que se justifique su titularidad, por haberse hecho como consecuencia de una norma
ilegítima, no democrática, ni constitucional, que atribuía a la Iglesia católica el carácter de entidad pública y a los Obispos diocesanos la condición de fedatarios públicos.
5. Que se deroguen los artículos 522 a 525 del Código Penal, que tipifican los sentimientos religiosos.
6. Que se modifique el artículo 143 del Código Penal, de manera que, en el ejercicio de la autonomía moral individual y de la dignidad de las personas, no quepa ningún delito o limitación ante una decisión voluntaria de poner fin a la
propia vida de forma digna.
7. Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del Sistema Educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. Y, también, con el fin
de atender la responsabilidad exclusiva que las Administraciones Públicas tienen a la hora de asegurar una educación pública de calidad en condiciones de igualdad, mediante una Red pública de Enseñanza que llegue a toda la ciudadanía y, en
consecuencia, destinar a ella los recursos públicos suficientes, retirando progresivamente el desvío de fondos públicos hacia redes escolares privadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Justicia por la que se insta al Gobierno a
la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, para que se transfiera
el alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial.
Exposición de motivos
I
El principio de separación de poderes implica una separación de la gestión de la información. Sin embargo, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos denominada LexNET, se
halla gestionada por el Ministerio de Justicia y, en su caso, por las Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias delegadas, de manera que los respectivos Gobiernos se interponen en el cauce de comunicación entre el interesado y el
órgano judicial. Por lo tanto, el diseño de esta arquitectura vulnera gravemente la separación de poderes que debe regir un Estado democrático, así como los derechos fundamentales de los intervinientes en los procesos judiciales y atenta contra la
independencia del Poder judicial que debería ser indiscutida en un Estado del siglo XXI.
Y ello en unos momentos en que el descontento tanto en la sociedad como de los operadores jurídicos con las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial es patente.
Tal y como está organizado el sistema actualmente, el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. De esta manera, tiene una información
estructurada sobre los órganos judiciales, los litigantes, los profesionales intervinientes en los procesos, el objeto del litigio y los plazos en los que se tramita el mismo. Y toda esta información la tiene en tiempo real.
II
Por tanto, mediante la implantación del sistema Lexnet, es ahora el Poder Ejecutivo, ya sea el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades autónomas con competencias en esta materia, quien aloja una información que debería
salvaguardar en exclusiva el Poder Judicial. De esta manera, las garantías que reunía el 'formato papel', que impedía al Ejecutivo el acceso directo al conocimiento de qué procedimientos concretos y en qué circunstancias se tramitaban en cada
órgano del poder judicial, viene superada con la implantación del sistema Lexnet, que abre la puerta al Ejecutivo a una relación pormenorizada de qué procedimientos se tramitan ante cada órgano judicial y, además, de los datos personales tanto de
las personas profesionales como de las partes procesales y las intervinientes en cada uno de los litigios. Dicho carácter indiscriminado de alojamiento y acceso por el Ejecutivo a absolutamente toda la información de todos los litigios que se
celebran en todas las jurisdicciones ha de tener unos límites claros y restrictivos:
Por una parte, las normas vertebrales del Estado, diseñadas en la parte orgánica de la Constitución, con especial atención a la independencia de los órganos judiciales el alojamiento y acceso indiscriminado del Ejecutivo a la información
procesada por el Poder Judicial, ha de establecer una línea precisa que impida al Ejecutivo utilizar el nuevo sistema tecnológico para ejercer una actuación fiscalizadora no reconocida ni constitucionalmente ni en las normas orgánicas.
Por otra parte, la protección de los derechos fundamentales de las personas deben intervenir también en el alojamiento y acceso a la información que aloja el Ejecutivo, debiéndose prestar especial cuidado al tratamiento de los datos
relativos a la intimidad personal de las personas intervinientes procesales, a la tutela judicial efectiva, a las garantías de independencia de la actuación de la Abogacía y la Procura y al ejercicio del derecho de defensa, así como al tratamiento
de los datos de cualesquiera otros intervinientes en los procedimientos en su condición de peritos o testigos.
Junto a todo ello, el hecho que toda la información esté almacenada en servidores de una entidad privada (Telefónica de España), pone aún más en riesgo dicha la privacidad de los justiciables y la independencia judicial y la de los abogados.
III
En consecuencia, debe evitarse que a través de los nuevos canales de la tecnología, se dote indirectamente al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado, y es lo que está ocurriendo, desde el mismo día de inicio de los
procedimientos, con el sistema Lexnet, por el cual el Gobierno dispone de absolutamente todos los datos que un Juez maneja en el trabajo de su juzgado. Ello constituye un atentado contra la independencia judicial del artículo 117 de la
Constitución, así como el
artículo 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre privacidad de las partes, e incluso roza la legalidad del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la
información de un procedimiento al regular los derechos a un proceso equitativo, sin que en ningún caso se permita el acceso indiscriminado de tales datos al Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea regula en su artículo 8 el tratamiento de datos personales y en su apartado 2 exige que los datos sean tratados para fines concretos, con exclusión a la gestión indiscriminada y global de los mismos.
También serían aplicables a Lexnet las resoluciones judiciales de los Tribunales internacionales que han analizado los casos en los que se ha producido un alojamiento de los datos personales sin respetar los debidos limites del artículo 8.2
de la Carta. Así, las sentencias del TJUE de fecha 8 de abril de 2014, en el caso Digital Rights Ireland, donde se declaró nula la Directiva 2006/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos
generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y la de fecha 6 de octubre de 2015, en el caso Maximillian Schrems contra Facebook, donde el TJUE
declaró nula la decisión 2000/520 de la Comisión sobre puerto seguro en la transmisión de datos.
IV
Es cierto que, de acuerdo con el artículo 15.2 del Real Decreto 1065/2015, se permite la administración del sistema a través de otras plataformas como la del Consejo General de la Abogacía Española, previa aprobación técnica por parte del
Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta posibilidad ha resultado imperativa, como en el caso de Lexnet Abogacía (cuya plataforma fue suspendida definitivamente el 31 de marzo del año 2016), y en ningún caso ni impide ni limita el uso masivo de
datos en causas judiciales que por parte del Ministerio de Justicia se está realizando, lo cual motiva el sentido de la presente Moción.
Y tampoco puede servir de excusa que el sistema Lexnet no sólo está pensado para las oficinas judiciales, cuando afecta a la división de poderes, que es un pilar básico de un Estado democrático de Derecho.
En definitiva es imprescindible un modelo de separación de poderes de la era digital en el cual toda la información y tratamiento de la misma se albergue y gestione en plataformas exclusivamente dependientes del Poder Judicial y en ningún
caso del Poder Ejecutivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de la Plataforma Lexnet a servidores exclusivamente dependientes del
Poder Judicial, sin ningún tipo de injerencia por parte del Poder Ejecutivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
En la X legislatura se realizaron dos reformas en materia de nacionalidad, pero no se abordó una reforma integral que adecue nuestra legislación a la realidad porque ninguna de las anteriores abordó las cuestiones pendientes que afectan al
diseño legal y que sin duda necesitan adecuarse a la realidad actual.
En materia de nacionalidad por residencia, dentro de la reforma de la Ley de Registro Civil, es decir, sin informes previos, ni diálogo con ninguna otra fuerza política o representantes sociales, se aprobó una trascendente reforma de la
concesión de la nacionalidad por residencia que afecta a los casi cinco millones de extranjeros que residen hoy legalmente en España.
La legislación de nacionalidad adolece en esos aspectos de evidentes anacronismos y de situaciones de discriminación por razón de origen. A algunas nacionalidades les cuesta dos años de residencia y a otras nacionalidades diez. Por
ejemplo, los cientos de miles de estudiantes extranjeros, hijos de inmigrantes -los que a veces llaman inmigrantes de segunda generación, pero que muchas veces se sienten españoles sin carné-, tienen que hacer los mismos exámenes que el resto, como
si no hubieran aprobado ya suficientes exámenes en español.
La reforma impulsada por el Gobierno del partido popular impuso un examen general de español (castellano) y de conocimiento de la constitución para probar la integración de los aspirantes a adquirir la nacionalidad. La existencia de un
examen obligatorio implica que inmigrantes integrados y perfectamente capaces de comunicarse pueden, sin embargo, suspender ese examen de integración e impedir la adquisición de la nacionalidad si no logran estar al nivel exigido. Además esa misma
Ley impuso el pago indiscriminado de unas tasas que antes no se exigían y que tampoco guardan relación con la capacidad económica de los solicitantes.
Aparte de los aspectos relacionados con la nacionalidad derivativa, en los aspectos de concesión de la nacionalidad originaria, también se necesita abordar una revisión profunda. La Ley de memoria histórica consiguió solucionar numerosos
casos de descendientes de españoles residentes en el extranjero, pero otros, en la aplicación práctica de dicha reforma, se comprobaron con su aplicación práctica que quedaban sin resolver. El Grupo socialista también quiso completar y corregir
esas circunstancias, y el anterior Gobierno del partido popular se negó.
Los supuestos a resolver tienen que ver con personas que optaron por la nacionalidad cuyos hijos mayores de 18 años en el momento en que su padre o madre haya sido considerado español no pudieron obtener la nacionalidad española, también con
los descendientes de madre española que nacieron antes de 1978 y que no pudieron adquirir la nacionalidad de origen, con los exiliados que se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española y adoptar la nacionalidad del país de acogida para
poder trabajar o residir en él, o con quienes pierden de forma automática a los 18 años la nacionalidad. Todo ello, relacionado con los supuestos de concesión y mantenimiento de la nacionalidad de origen, también debe ser adecuadamente revisado en
aras a encontrar soluciones justas y equilibradas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Proyecto de Ley de Nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las fuerzas políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de los españoles y de las españolas en el exterior. Basándose en los supuestos concretos de
acceso a la nacionalidad recogidos por los Acuerdos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, se dará respuesta a las situaciones de los descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad por motivo de género
o edad tras la última modificación en esta materia.
2. Abordar en dicha reforma, la actualización de los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos exigidos actualmente para la mayoría de nacionalidades, la revisión
de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso.
3. Adquirir el compromiso para que, antes de que finalice la legislatura, el plazo medio de tramitación de los expedientes de concesión de la nacionalidad española no superen los tres meses desde su solicitud, y para ello, acometer el
necesario refuerzo estructural de los medios del Ministerio de Justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Lourdes Ciuró i Buldó y Carles Campuzano i Canadés Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su
debate ante la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley para agilizar las devoluciones de los importes indebidamente cobrados en concepto de cláusulas suelo hipotecarias, a través de la mediación y el arbitraje.
Exposición de motivos
El Tribunal Supremo en sentencia de mayo del 2013 [STS 241/2013] declaró nulas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo variable. A partir de aquel momento todas las entidades bancarias dejaron de aplicar estas cláusulas a
sus clientes, pasando a aplicar simplemente el tipo de interés de referencia más el diferencial, pero sin efectos retroactivos.
Posteriormente, y en contra del criterio del Supremo, el 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia de la UE [ECLI:EU:C:2016:980] falló que las entidades de crédito debían devolver a los consumidores afectados las cantidades cobradas
a tenor de les cláusulas suelo con anterioridad a la sentencia del Supremo. Ante esto el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2017 de 20 de enero, que daba a las entidades de crédito un plazo total de 4 meses para ofrecer a todos sus afectados un
acuerdo para llevar a cabo la devolución de los importes indebidamente cobrados. A tenor de este mecanismo ad hoc las entidades de crédito han ofrecido a sus clientes propuestas de devolución que en numerosos casos éstos últimos han considerado
insuficientes.
El Real Decreto-ley 1/2017 prevé la creación de una comisión de seguimiento dependiente del Ministerio de Economía, que efectivamente se pone en funcionamiento con el Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo; pero no prevé ningún mecanismo de
verificación de los cálculos para las devoluciones propuestas por las entidades, ni vías de mediación o arbitraje en caso de no llegar a un acuerdo con el consumidor.
Transcurrido el plazo de 4 meses y ante el indiscutible fracaso del objeto del Real Decreto-ley, demostrado a través de los miles de demandas presentadas, el Consejo General del Poder Judicial ha establecido 54 tribunales especiales
(exclusivos pero no excluyentes, uno por provincia excepto en los distintos archipiélagos), para tratar de dar salida a la multitud de reclamaciones por vía judicial.
La decisión de aplicar un criterio meramente burocrático y no demográfico, creando apéndices de juzgados ya existentes con jueces en prácticas al frente, en vez de crear nuevos juzgados con jueces titulares, ha llevado a los jueces decanos a
la disyuntiva de destinar más recursos físicos y humanos para resolver las demandas derivadas de cláusulas suelo, colapsando aún más el conjunto de juzgados y tribunales; o bien 'aislar' los casos de cláusulas suelo, aunque se eternicen, para no
alargar más el tiempo de espera en el conjunto de la justicia.
Hay que tener en cuenta que, con las sentencias citadas del Supremo y del Tribunal de la Unión Europea, las demandas de devolución de las cláusulas suelo interpuestas por los consumidores contra sus bancos no deberían revestir especial
complejidad. En la mayoría de los casos se trata simplemente de establecer el cálculo y el método de la devolución. Pero el gran número de pleitos (en Barcelona en una semana entraron más peticiones que las que absorbe de normal cualquier juzgado
en todo un año) asegura de entrada la lentitud de los procesos. Da la impresión que el Gobierno optó por un Real Decreto light que, una vez más, no resuelve los problemas, sino que opta por dejar en manos de la justicia la resolución de la mayoría
de los expedientes. Una alternativa para el Gobierno hubiese sido hacer política, buscar consensos entre bancos y consumidores para interpretar las sentencias a través de la mediación y el arbitraje para evitar la judicialización de miles de casos.
Todo lo expuesto pone de nuevo de manifiesto la indefensión del consumidor frente a unas entidades bancarias que a menudo priorizan alargar al máximo los litigios para difuminar el impacto de las devoluciones en sus balances. Ante esta
situación los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan una Proposición no de Ley para la modificación del RDL 1/2017, a los efectos de establecer vías de mediación o arbitraje para solucionar los litigios derivados de la anulación de
cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, con el fin de simplificar y agilizar la devolución de lo que corresponda a los consumidores y de no colapsar más la justicia.
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 1/2017, en un plazo no superior a tres meses, para establecer una obligatoriedad transitoria de los bancos y otras entidades de crédito a someterse a
mediación o arbitraje previo en los casos de reclamaciones respecto a la devolución de cláusulas suelo. Las modificaciones del Real Decreto 1/2017 deberán contemplar:
a) El establecimiento de un sistema de arbitraje obligatorio en el ámbito del sistema arbitral de consumo para las entidades bancarias y voluntario para los consumidores que estén afectados en todos los supuestos de reclamación por cláusulas
abusivas a los efectos de determinar su existencia en los contratos de préstamo hipotecario, así como determinar el cómputo al que asciende la devolución.
b) En aquellos casos en los que ya se haya dictado sentencia declarativa de la existencia de cláusulas suelo, sin necesidad de acudir a formular una demanda de ejecución, el referido órgano arbitral será quien determine las cantidades objeto
de devolución.
c) En en el caso de existir organismos independientes establecidos por las CCAA, dichas actuaciones de mediación y arbitraje serán dirigida por estas.
d) La norma deberá garantizar que el plazo máximo de resolución de estos litigios, no exceda de los tres meses desde su inicio.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar con el Consejo General del Poder Judicial y con las CCAA con competencias en la materia, para incrementar la dotación de mayores medios humanos y materiales a los
juzgados ya existentes, cuya actividad ahora se ha visto incrementada a causa de los litigios vinculados a las reclamaciones por cláusulas suelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
realizar un estudio sobre el impacto en los menores de la custodia compartida impuesta, para su debate en la Comisión de Justicia.
Motivación
En la actualidad, en nuestro país, existe un debate sociológico y político sobre la custodia compartida de los hijos/as. Y, en concreto, sobre si legalmente ésta debe imponerse como preferente y la guarda individual como excepcional; o
bien si esta última custodia ha de considerarse como general y preferente y la compartida como excepcional; o bien si se debe atribuir al juez la facultad de establecer el sistema de custodia que mejor proteja el interés superior del menor.
El estudio 'Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones de separación y divorcio en España', impulsado por el Instituto de la Mujer en mayo de 2012, establece que el debate no está en la dicotomía entre la custodia
compartida y la custodia exclusiva, en la elección entre dos modelos de custodia, sino en diferentes posiciones combinadas, atendiendo a las circunstancias familiares que pueden cambiar a lo largo de la vida de las personas, atendiendo siempre al
interés superior del menor.
También es objeto de debate político y sociológico si es conveniente para los intereses del menor que el juez pueda imponer judicialmente la custodia compartida cuando solo lo solicite uno solo de los progenitores, cuando no lo efectúe
ninguno de ellos, o contra su expresa voluntad.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que en España existe una evolución favorable hacia el régimen de custodia compartida.
Como antecedentes de esta evolución hacia el sistema compartido de custodia, han de mencionarse los modelos de derecho comparado de los países de la UE a favor de la instauración del mismo; las regulaciones al respecto de las cinco
Comunidades Autónomas con derecho civil propio, estableciéndose con carácter preferente en Aragón y País Vasco; y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha ido ampliando la posibilidad de la custodia compartida en el régimen del derecho común,
al establecer que de la redacción del artículo 92 no se deduce que esta guarda y custodia sea una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos
tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea; es decir, siempre que no se lesionen los derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, libertad,
educación e intimidad del menor.
Como consecuencia de la progresiva implantación del régimen de custodia compartida en las regulaciones autonómicas y estatales, se ha producido un aumento en su aplicación. Y así, desde el año 2010, ha habido un incremento de quince puntos
porcentuales del modelo de la custodia compartida. En 2011, alcanzaba la cifra de un 10,5 %; un 12,3 %, en 2012; un 14,6 %, en 2013; un 17,9 %, en 2014; un 21,2 %, en 2015 y, un 24,7 %, en 2016.
Los anteriores cifras provienen de estudios sobre las sentencias recaídas en los procesos de separación, divorcio o de modificación de medidas y no especifican si se trata de custodia compartida consensuada y/o impuesta judicialmente a
petición de uno de los progenitores.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que, a pesar del mencionado incremento de las custodias compartidas, lo cierto es que en los juzgados de familia no se realiza un seguimiento sobre el impacto en los menores de la custodia
compartida impuesta por los jueces y tribunales. Tampoco existe una investigación ni estudio objetivo alguno sobre si ese modelo de custodia es conveniente para asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, la estabilidad emocional y la formación
integral del menor; en definitiva, si es conveniente para salvaguardar el interés superior del menor.
Es por ello que, en función de ese beneficio del menor, se hace preciso un objetivo estudio e investigación sobre el efecto real de la custodia compartida en los hijos e hijas; máxime si se tiene en cuenta que el sistema compartido impuesto
es complicado, pues precisa de la existencia de una relación de mutuo respeto entre progenitores, de una actitud razonable y eficiente de los mismos y de unas habilidades para el diálogo, que son difíciles de encontrar en unos padres en conflicto
que, además, han pasado por los filtros de la mediación para intentar consensuar la custodia compartida.
Asimismo, ha de señalarse que la necesidad del mencionado estudio deviene también de que en el derecho común no existe la obligación de que la petición del régimen compartido impuesto vaya acompañado por un plan contradictorio, no solo sobre
la permanencia o no de los hijos en un domicilio estable -ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas-, sino también sobre aspectos referidos a la toma de decisiones respecto a la educación, salud, cuidados, relación y
comunicación con el otro progenitor y relaciones con hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas.
El conocimiento objetivo que resulte del mencionado estudio va a permitir extraer conclusiones para legislar de forma preventiva, evitando así hacer experimentos con los niños y niñas.
El estudio que se pretende va a permitir también tener un conocimiento objetivo sobre la conveniencia para el interés del niño y la niña de la regulación de la custodia compartida como opción preferente entre las diferentes formas de guarda
y custodia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, realice un estudio sobre el impacto en los
menores de la aplicación de la custodia compartida impuesta por los
jueces y tribunales de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y legislaciones de Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Ángeles Álvarez Álvarez, Carlota Merchán Mesón y Sonia Ferrer Tesoro, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria actual no abarca a todos los centros penitenciarios ni a toda la población carcelaria, depende de los colegios profesionales y de las Comunidades Autónomas. Según el Gobierno, los Centros que
no disponen de este servicio es porque el Colegio de Abogados no ha manifestado su interés en prestarlo.
Este modelo crea desigualdad y desprotección, además de no garantizar el cobro de los honorarios a los abogados que prestan el servicio que suelen percibir honorarios a año vencido y en caso de haber subvención, además de ser unas cantidades
extremadamente bajas teniendo en cuenta el alto grado de especialización, el tiempo dedicado y la peligrosidad.
El Ministerio del Interior siempre ha manifestado su interés en propiciar este servicio en todos los Centros Penitenciarios, habiéndose hecho constar en múltiples ocasiones, entre otras, en el X Congreso de Zaragoza organizado por los
Colegios de Abogados sobre este servicio. El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria se realiza en todos los casos sin coste para la Administración Penitenciaria, pues ningún convenio contempla compromiso de gasto alguno en este
concepto.
Los recursos materiales y humanos que afectan a los Colegios de Abogados deben ser explicados por los mismos ya que la Administración Penitenciaria no los gestiona, si bien este servicio es asumido de manera ordinaria por la Dirección de
cada Establecimiento, que es la competente para organizar a los funcionarios que se relacionan con los abogados, fundamentalmente por medio de los departamentos de comunicaciones.
Este servicio debe prestarse con total independencia de los centros penitenciarios y de la administración de justicia y que todos los presos tengan acceso a sus asesores por un abogado en los diversos problemas que se presentan en la
ejecución de las sentencias, en el cumplimiento del régimen interno y en diversos problemas que se presentan, en la mayor parte derivados de la privación de libertad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un servicio de orientación jurídica penitenciaria cubierto por el sistema de justicia gratuita, con una regulación reglamentaria unificada para todo el territorio nacional,
siendo organizado el servicio por los distintos colegios de abogados en los que radiquen los centros penitenciarios, como se hace con el resto de servicios de orientación jurídica, con la diferencia del lugar donde se realizan las asistencias que es
la prisión. Recibiendo los colegios profesionales una asignación económica por asistencia en prisión o por cada letrado de guardia. Además en el servicio de orientación jurídica penitenciaria se tramitaría la justicia gratuita a los internos que
tengan tal beneficio, además del asesoramiento antes indicado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Lourdes Ciuró Buldó y Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su
debate ante la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley para impulsar y garantizar el uso del catalán en la Administración de Justicia en Catalunya.
Exposición de motivos
Este año 2017 se cumplen 40 años del retorno de España a la democracia, asimismo se cumplen 39 y 38 años, respectivamente, de la aprobación de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Catalunya de 1979. Se cumplen también 11
años de la entrada en vigor del actual Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Durante este largo período las instituciones y los ciudadanos catalanes han conseguido devolver a la lengua catalana su estatus como lengua pública y social de prestigio; siendo como es lengua propia de Catalunya y materna de gran parte de
sus habitantes. La recuperación en el uso de nuestra lengua se ha producido en muchas ocasiones sin la colaboración que cabría esperar de las instituciones centrales del Estado. Teniendo en cuenta la consideración constitucional de todas las
lenguas españolas como patrimonio cultural común a preservar y proteger. Prueba de ello es la imposibilidad jurídica de presentar la presente proposición no de ley en catalán.
Pero no es el reproche el objeto de esta proposición. Sino el constatar y buscar soluciones al hecho de que la administración de justicia es una de las grandes áreas de servicio público al ciudadano que presenta una menor sensibilidad en el
derecho de los ciudadanos de Catalunya a expresarse y ser atendido en sus relaciones con la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Y no es así por falta de demanda o voluntad de la ciudadanía. Sino por imperativo legal. Puesto
que, vulnerando la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias -en vigor y ratificada por España-, y sin adaptar el Poder Judicial a aquello dispuesto por el vigente Estatut del 2006; las leyes que regulan el sistema judicial español,
empezando por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), siguen considerando la lengua catalana un mérito y no un requisito en Catalunya. Y no garantizan, a la vez que desincentivan, el uso de nuestra lengua propia en la justicia. Un ámbito, la
justicia, que precisamente debe su existencia a la voluntad de defender al ciudadano de los abusos de terceros o del propio Estado. Y en el que, por lo tanto, es menester asegurar la máxima proximidad comunicativa con las partes.
No se trata aquí de cuestionar el modelo estatal de justicia. Sino de avanzar en la plena garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, como derecho fundamental teóricamente garantizado por el Estado español, pero que en la
práctica choca en muchas ocasiones con la literalidad de las leyes que regulan su operatoria. Consecuencia de ello son, por ejemplo, el número de sentencias emitidas en catalán en Catalunya: sólo un 8,4 % en 2015, según el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. En cambio, según el Instituto de Estadística de Catalunya un 95 % de los ciudadanos que viven en Catalunya entiende el catalán, el 78 % saben leerlo y el 73 % saben hablarlo. Si en la escuela el aprendizaje de
catalán y castellano es un factor de cohesión, para que todos los ciudadanos conozcamos ambas lenguas, en la justicia el ínfimo porcentaje de uso del catalán es un claro indicador de discriminación para quienes lo utilizamos.
Lo cierto es que la aplastante mayoría de sentencias en castellano es consecuencia de un funcionamiento orgánico de la administración de justicia que pone trabas a la utilización del catalán. Una de ellas es el desconocimiento del catalán
por parte de jueces y funcionarios de justicia, a causa de que la lengua catalana y su conocimiento no son legalmente requisitos para trabajar en la administración de justicia en Catalunya. Y que, en este caso, es el ciudadano quien se ve obligado
a adaptarse a la administración y no al revés en dos aspectos tan fundamentales de su persona como son su lengua y su derecho a la justicia. Todos los catalanes tenemos el derecho de usar y el deber de conocer el catalán. Y esto concierne también,
o debería, a jueces, magistrados y demás funcionarios de justicia que contribuyen a su administración en Catalunya. Al igual que es preciso mejorar los procedimientos de traducción cuando los expedientes deben ser debatidos en ámbitos no
circunscritos a Catalunya. Nos parece triste e incluso embarazoso que transcurridos 40 años de democracia el legislador y el judicial
estatales no hayan podido encontrar el tiempo y la voluntad para garantizar a los ciudadanos que nos expresamos en una lengua oficial distinta del castellano el correcto acceso a la justicia al que constitucionalmente tenemos derecho.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:
1. Elaborar, conjuntamente con la Generalitat, un plan integral de reformas y acciones destinadas a corregir el ínfimo porcentaje de utilización del catalán en la justicia, al objeto de garantizar el uso adecuado y en pie de igualdad, de la
lengua catalana respecto a la castellana en la administración de justicia, planteamiento que deberá hacerse también en relación a las demás lenguas cooficiales en el Estado.
2. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas, en materia de derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia, para incluir el conocimiento del derecho y la lengua propia como requisito de los
jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios de juzgados y tribunales, y también el conocimiento de la lengua propia por los miembros de los jurados de acuerdo con el Estatuto de Catalunya, dando así cumplimiento a la Carta Europea
de Lenguas Regionales o Minoritarias en este ámbito.
3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar, con los medios adecuados y respetando, en todo caso, las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia, que cualquier persona que debe declarar en un procedimiento judicial se
beneficie sin demora de una interpretación o traducción fidedigna y de calidad garantizada, con la finalidad de salvaguardar la equidad del proceso, el derecho de defensa y velar por la seguridad jurídica del justiciable.
4. Adoptar las medidas legales y prácticas necesarias para garantizar que el personal judicial destinado en las Comunidades Autónomas afectadas por la aplicación del artículo 9 de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias posea
un conocimiento de trabajo de la lengua regional o minoritaria de que se trate.
5. Adoptar las medidas legales y prácticas necesarias para asegurar el derecho a la opción lingüística que debe ser ejercido expresamente al inicio de cualquier procedimiento judicial iniciado en una comunidad autónoma con lengua propia y
para asegurarlo, también, en los órganos judiciales que conozcan los recursos interpuestos en dichos procedimientos judiciales o en los tribunales cuyo ámbito jurisdiccional sea todo el Estado. El derecho a la opción lingüística incluye la elección
de la lengua de tramitación del procedimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/002087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
suspensión del uso de las armas tipo Táser, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Aunque el uso de armas tipo Táser no se ha generalizado, sí que ha ido en aumento; en todo el Estado hay unas 1.000 distribuidas; en policías locales de unos 200 municipios, principalmente Canarias, Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana
y Catalunya.
Algunas policías locales y autonómicas han adquirido este tipo de armas en los últimos años, incorporándolas como dotación de sus agentes o con el fin de probarlas. La Policía Nacional, la Guardia Civil, y la mayor parte de las policías
autonómicas y locales no disponen de defensas eléctricas como dotación. En el caso de la Policía Nacional, sólo los GEO (Grupo Especial de Operaciones) dispondrían de varios ejemplares. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra ha
adquirido estas armas para su evaluación. En Canarias, sin embargo, las defensas eléctricas forman parte del material básico de las policías locales. La normativa de la Comunitat Valenciana las considera dotación opcional. Y otras Comunidades
Autónomas tienen una normativa ambigua que abre las puertas a la utilización de estas armas como parte de la dotación de las policías locales.
España tiene una posición incoherente sobre las armas tipo Táser. Mientras el Ministerio del Interior asegura que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil mantienen la decisión de no adquirir defensas eléctricas para la
dotación de sus unidades, en base a los riesgos que se pueden generar, este mismo criterio no vale para algunos cuerpos de policía autonómica y local.
El Ministerio del Interior, aparenta no tener conocimiento sobre estas armas, lo que significa también carecer de información sobre las condiciones de habilitación, en concreto, en qué casos y con qué garantías se utilizan o si los agentes
autorizados reciben la formación adecuada, en la que incluya los contenidos de derechos humanos.
Algunas Comunidades Autónomas dicen desconocer o no tener constancia de la utilización de estas armas en sus Comunidades, insistiendo en que se trata de una competencia local. La escasa regulación que existe en este tema contrasta con las
estrictas normas en otros ámbitos de las Policías Locales como lo relativo a uniformes o distintivos.
Amnistía internacional recoge en su informe del año 2007 la muerte de 269 personas en Estados Unidos entre junio de 2001 y junio de 2007, y de 15 personas en Canadá entre mediados de 2003 y junio de 2007, después de haber recibido descargas.
En 2012, Amnistía Internacional informó de que al menos 500 personas, desde 2001, habían muerto en Estados Unidos tras recibir ese tipo de descargas. Amnistía Internacional, recurre a su último informe anual para cifrar en 43 las personas que
murieron en Estados Unidos durante 2015 tras recibir descargas de armas Táser a manos de la Policía.
Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que las armas Táser se están desplegando de forma generalizada en el Estado antes de que se conozcan los resultados de pruebas rigurosas, independientes y exhaustivas sobre posibles riesgos
para la salud. Aunque las investigaciones existentes han concluido que el riesgo de efectos negativos de las armas Táser en adultos sanos es generalmente bajo, los estudios han indicado también la necesidad de una mayor penetración de los efectos
de estos aparatos en personas de riesgo debido a su salud precaria, al consumo de drogas o a otros factores. Amnistía Internacional ha afirmado que hacen falta más investigaciones sobre los efectos de las descargas eléctricas en personas en estado
de agitación o bajo la influencia de drogas, con enfermedades cardiacas, sometidas a otros dispositivos restrictivos o expuestas a descargas prolongadas o múltiples. En al menos 20 informes de autopsia analizados por la organización de derechos
humanos, los pesquisidores citaban el arma Táser como factor causal o concurrente de los fallecimientos, en ocasiones combinado con otros factores.
En países como Alemania estas armas están prohibidas desde 2008, aunque desde 2010 las pueden usar algunos cuerpos especiales de la policía. Están clasificadas como armas de fuego. Tampoco son legales en Italia. Es un arma, que como otras
armas puede ser letal, como demuestran los informes, no es arma inocua, causa muertes.
La muerte de una persona bajo custodia en agosto de 2005 en una de las dependencias de la Guardia Civil en Roquetas de Mar tras ser reducido con medidas reglamentarias y no reglamentarias, entre las que se incluyen descargas provocadas con
una defensa eléctrica, es un claro ejemplo del abuso de estas armas además de poner de manifiesto la tenencia ilícita de las mismas. Sobre este último aspecto, también es preocupante que se puedan estar vendiendo ilegalmente en España defensas
eléctricas de diferente voltaje tanto a particulares como a miembros de las Fuerzas de Seguridad sin la necesaria habilitación.
Aunque los médicos forenses atribuyeron por lo general la causa de la muerte a otros factores, como la intoxicación por drogas, Amnistía Internacional ha afirmado que hacen falta más investigaciones sobre los efectos de las descargas
eléctricas en personas en estado de agitación o bajo la influencia de drogas,
con enfermedades cardiacas, sometidas a otros dispositivos restrictivos o expuestas a descargas prolongadas o múltiples. En al menos 20 informes de autopsia analizados por Al, los pesquisidores citaban el arma Táser como factor causal o
concurrente de los fallecimientos, en ocasiones combinado con otros factores.
AI sí ha documentado, al menos 500 personas fallecidas en Estados Unidos desde 2001 a 2012 tras recibir descargas de armas Táser durante su detención o mientras estaban en prisión. En 2015 AI documenta 43 personas que murieron en Estados
Unidos tras recibir descargas.
En Europa, en 2015 un tribunal británico falló a favor de una víctima de estos dispositivos. Según recoge The Guardian, en Inglaterra ha habido 11 muertes relacionadas con el uso de las pistolas eléctricas en la última década. La muerte
del exfutbolista Dalian Atkinson tras ser neutralizado con una pistola eléctrica por la Policía en Reino Unido, fallecía de un ataque cardíaco, fue en agosto del pasado año (2016).
España. En 2005 una persona moría bajo custodia en las dependencias de la Guardia Civil, en Roquetas, después de ser 'reducida' con una porra eléctrica. En Cataluña, del verano de 2015 a marzo de 2016, la táser se utilizó ocho veces, en
todas ellas -menos en una ocasión- las personas reducidas con este dispositivo o bien eran enfermos mentales o bien individuos que estaban bajo los efectos de las drogas
Los protocolos sobre la utilización de estas armas son mínimos o insuficientes, suelen obviar que no se debiera usar con colectivos vulnerables, como personas de edad avanzada o discapacitados. Tampoco se deben utilizar, como recogen la
recomendación del Comité para la Prevención de la Tortura, contra personas que padecen algún brote psicótico o estén bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Estos datos ponen de manifiesto las dudas existentes sobre los efectos médicos de
las pistolas tipo Táser y otros dispositivos paralizantes de electrochoque, así como la tendencia a utilizar de manera abusiva este tipo de armas.
Los casos documentados por Amnistía Internacional sobre el uso de las armas Táser en países como Estados Unidos o Canadá demuestran que estas armas no se emplean como último recurso y de manera proporcionada, sino que se utilizan de forma
habitual como opción de fuerza contra personas que no representan una amenaza para sí mismas o para terceros. Todavía se presta a disputa si es susceptible de ser considerado una amenaza. No se ha realizado ningún estudio que evalúe las
condiciones patológicas de cada individuo sospechoso ni se puede medir el nivel de peligro de una situación concreta, pues responde al criterio personal de los agentes implicados en cada momento.
Las pistolas paralizantes de electrochoque Táser tienen la capacidad de infligir dolor severo mediante la descarga de 50.000 voltios al cuerpo con solo apretar un botón y sin dejar marcas relevantes, lo que las convierte en un instrumento
muy peligroso susceptible de ser utilizado para torturar y maltratar. Este tipo de armas arrastra un inquietante historial de abusos contra los derechos humanos allí donde su uso se ha extendido, como Estados Unidos o Canadá. Por ello, solicitamos
la suspensión de su empleo a la espera de una Investigación a cargo de expertos independientes sobre los efectos en la salud de las personas que provoca su utilización.
En el marco de las obligaciones de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Gobierno debe adoptar en todo el territorio las medidas necesarias para regular el uso de las armas tipo Táser, una responsabilidad
que también deben asumir los gobiernos autonómicos en su ámbito de actuación.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender el uso y los planes de adquisición de este tipo de armas por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que impulse esta suspensión en las policías autonómicas y
locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de reposición de funcionarios y dotación adecuada de medios materiales en Instituciones Penitenciarias de la provincia de Sevilla, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Socialista viene reivindicando reiteradamente la reposición de funcionarios y trabajadores en varias Instituciones y Organismos de la Administración del Estado por desarrollar servicios fundamentales para la sociedad.
Por fin el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo, que ha cerrado con los sindicatos una oferta de empleo público que supondrá la convocatoria de cerca de 15.000 plazas. Unas 10.600 de ellas responderían a la oferta de empleo ordinaria, más unas
4.000 plazas de una convocatoria extraordinaria. Instituciones Penitenciarias es uno de los sectores con un alarmante envejecimiento de la plantilla.
Si bien el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017 (BOE de 8 de julio) contempla en su Anexo I la oferta de:
- 701 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
- 17 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
- 30 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (28 plazas del Cupo General y 2 plazas de reserva para personas con discapacidad general).
- 26 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.
- 41 plazas del Cuerpo Especial de instituciones Penitenciarias (promoción interna).
- 20 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (promoción interna),
vemos que el déficit es tan grande que no dará la respuesta necesaria, para llegar en un horizonte próximo a reponer los efectivos que están saliendo, ni por supuesto a revertir la situación. A ello además, debe unirse que la oferta de
empleo, hasta que es realidad, es decir de trabajadores en sus puestos en las Instituciones Penitenciarias y que puede suponer tiempos de hasta un año o más.
Actualmente, prestan servicio en las cárceles de toda España alrededor de 23.000 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral, destinándose más de 15.000 a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad
interior de los centros penitenciarios. Según datos del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de la próxima década.
También tenemos que tener en cuenta que el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60 años, siendo 1.130 personas las que han superado los 60 años y por tanto es muy posible que ejerzan su derecho a retirarse
más pronto que tarde. Sólo 140 funcionarios tienen menos de 30 años.
En este sentido, los sindicatos representativos han venido advirtiendo al Gobierno del problema de carencia de efectivos y a la vez, manteniendo encuentros con los Grupo Parlamentarios a fin de trasladarles desde su conocimiento directo la
situación en que se encuentran los trabajadores de la Institución y los problemas que afrontan cada día en sus destinos.
De estos problemas, el primero de ellos tiene que ver con el incremento de las agresiones en las prisiones, un fenómeno que se manifestó de forma clara en dicho mes y que se agudizó por las carencias de medios materiales adecuados, así como
por el insuficiente número de trabajadores en las cárceles.
También denuncian que, entre otras carencias, a día de hoy, los chalecos anticorte con los que cuentan en las cárceles españolas no reúnen las condiciones necesarias para su uso, por estar deteriorados. Una
circunstancia que hace más vulnerables a los funcionarios ante cualquier agresión o ataque de los presos, haciendo que muchos acaben en el hospital.
Y a ello se añade que los funcionarios, en muchas ocasiones, no pueden contar con la ayuda de sus compañeros ya que la falta de personal, provocada por la pérdida de más de 2.000 efectivos en los últimos años, lo que hace que ninguno pueda
dejar su propia vigilancia, ya que eso podría provocar movimientos inesperados en el resto de presos.
Una de las revueltas más violentas que se recuerdan en las cárceles españolas, fue la que se produjo esta primavera en los primeros días de mayo, teniendo como consecuencia que 17 funcionarios de prisiones fueron agredidos acabando cinco de
ellos en el hospital. Los incidentes más graves se produjeron en el Centro Penitenciario Sevilla I, el 7 de mayo. Cuatro trabajadores fueron agredidos, uno de ellos tuvo que ser trasladado a urgencias del hospital. También dos presos resultaron
heridos, uno de ellos con varias cuchilladas en el abdomen, provocadas por otro preso. Afortunadamente la intervención de !os funcionarios evitó males mayores.
Hace solo dos días, el pasado 7 de julio, ha vuelto a saltar la alarma por el lamentable suceso en el que un interno lesionó de gravedad a tres funcionarios del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en el término sevillano de Morón de la
Frontera.
Como consecuencia de ello tres funcionarios tuvieron que ser atendidos de urgencia por los servicios médicos del establecimiento, teniendo que requerir atención hospitalaria dos de ellos, al presentar, respectivamente, policontusiones
maxilofaciales y cervicales en un caso, y, fisura en la mano que ha precisado escayolamiento para su inmovilización, en el otro caso. Ambos deben permanecer en situación de baja laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan de actuación urgente con una estrategia definida y los plazos que permita que:
1. Antes de 2020 estén completas las plantillas de funcionarios y trabajadores de Instituciones Penitenciarias de la provincia de Sevilla y por tanto cubiertas todas las plazas que se han ido quedando vacantes en los últimos años.
2. Dicha estrategia tenga también en cuenta las previsibles jubilaciones que se darán próximamente debido a la edad de los actuales funcionarios y trabajadores, para que se hagan las previsibles dotaciones de personal con el fin de evitar
riesgos para los trabajadores y deterioro de la institución.
3. Permita renovar y modernizar los medios materiales con los que reglamentariamente debe estar dotado para su trabajo el personal de estas instituciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de ley sobre la falta de efectivos para agilizar el control de pasaportes en los aeropuertos de Baleares, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Ante la situación de colapso en diversos aeropuertos españoles -y muy especialmente en los aeropuertos de gran afluencia turística como los de Baleares- en las zonas de llegada y salida en las que se realiza el control de pasaportes, las
compañías aéreas han solicitado que el Gobierno de España tome medidas urgentes para dar solución a esta problemática que se ha disparado en temporada alta.
Una problemática que se ha exacerbado en lo que se refiere a la entrada y salida del Espacio Schengen además de los controles antiterroristas que se han puesto en marcha desde el pasado mes de abril en la Unión Europea.
Una situación que se enmarca en el proceso de negociación del Brexit, que debe cerrarse en los dos próximos años, y que ya tiene un claro impacto sobre los ciudadanos y ciudadanas europeas.
Esta situación, que se ha acentuado en los meses de temporada alta, ya ha sido una constante desde el inicio de los controles, por lo que AENA y el Ministerio del Interior ya se comprometieron con un plan de choque en aeropuertos como el de
Barcelona. Un plan de choque que suponía un incremento de medios policiales para evitar las largas colas que se han producido en estos meses.
En Baleares, la situación en la actualidad es preocupante, puesto que se han producido largas colas en el mes de julio en los controles de pasaportes, tanto de entrada como de salidas.
Esta situación ha provocado que diversas aerolíneas hayan expresado en los últimos días la necesidad de tomar medidas urgentes ante la situación que se ha producido en aeropuertos que tienen decenas de miles de visitantes a diario, y muy
especialmente ciudadanos británicos.
Esta situación, que ha provocado incluso la pérdida de vuelos a muchos ciudadanos que acababan de pasar sus vacaciones en las islas, erosiona la imagen del turismo en Baleares, debilita al mismo tiempo la marca España, además de provocar
importantes perjuicios a los ciudadanos afectados y graves problemas a las compañías aéreas.
Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Solicitamos, que el Ministerio del Interior y AENA pongan en marcha un plan de choque en los aeropuertos de Baleares para paliar la falta de efectivos y que así se agilice el control de pasaportes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Pere Joan Pons Sampietro y Sofía Hernanz Costa, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa al Plan de rehabilitación integral del complejo policial de Zapadores en Valencia, para su debate en Comisión de interior.
Exposición de motivos
En la última etapa del Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, se puso en marcha la primera fase de las obras de rehabilitación del Complejo policial de Zapadores, que contaba con un Presupuesto de 5,5 millones de
euros.
La primera fase consistía en unas medidas principales que afectaban al edificio técnico para las instalaciones generales del complejo, el edificio singular en forma de H, el elemento más representativo
del recinto y que está protegido patrimonialmente, la urbanización del entorno -incluyendo la reubicación de la cafetería y los aseos-, y un plan especial de residuos de la obra.
El conjunto de actuaciones para esta fase estaba previsto en 18 meses y fecha de finalización en 2013.
Con ocasión de una visita realizada por esta Diputada a la Comisaria de Zapadores y al conjunto de las instalaciones del complejo policial, se ha podido observar la paralización de las obras de rehabilitación.
Si bien se ha cumplido alguna fase del plan inicial, y se han realizado obras de mejora menores por razones de urgencia y seguridad, el conjunto del complejo adolece de una rehabilitación integral, presentando algunos de los edificios un
aspecto y unas condiciones inadecuadas, desde todos los puntos de vista, para un centro de Policía Nacional, en pleno siglo XXI en la ciudad de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana.
La visita al complejo de Zapadores ofrece la imagen congelada en el tiempo de un antiguo cuartel militar, a medio destruir o a medio rehabilitar, sin saber en qué fase se encuentra exactamente.
Posiblemente, con todo, las instalaciones correspondientes al ClE de Zapadores sean la obra más rehabilitada recientemente y mejor dotada de todo el complejo policial.
Ante la preocupación por el actual estado de abandono de las obras de rehabilitación del Complejo policial de Zapadores, el Grupo Parlamentario Socialista ya planteó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 2017 por importe de
dos millones de euros, que permitiera adelantar fases del proyecto de rehabilitación en este ejercicio.
Dado que el Partido Popular ha rechazado la enmienda presentada por el PSOE para la dotación de una partida para esta rehabilitación de Zapadores con cargo a los PGE 2017 y ante la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de las
condiciones de supervivencia de este complejo policial dependiente del Ministerio de Interior y las difíciles condiciones de trabajo que supone para los Policías Nacionales allí destinados, así como la inadecuada prestación de servicios de seguridad
en Valencia, la tercera ciudad con más población de España y capital de la Comunidad Valenciana.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un Plan de rehabilitación integral del complejo policial de Zapadores en Valencia, en el que se incluya una visión actualizada del conjunto de la instalación policial, el estado de
situación de las actuaciones pendientes, el presupuesto necesario para su ejecución y su distribución plurianual y un plazo cerrado de finalización de las obras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2017.-Ana María Botella Gómez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En este momento, el 70 % de las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) están en una situación de saturación y con una lista de espera de dos meses. Y la oferta de empleo público del Gobierno no va a solucionar este
colapso, porque sólo se van a incorporar 300 trabajadores
para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes que acumula el personal funcionario no policial de la Dirección General de la Policía (DGP).
A esto hay que añadir que de las 300 plazas, 150 pertenecen a la oferta pública de 2016, por lo que el Plan extraordinario que el Gobierno anunció este mismo mes sólo va a aportar otras 150. Estos números son claramente insuficientes y no
van a solucionar el problema.
Siete de cada 10 oficinas están al borde de la saturación, y a punto de superar los 62 días de espera, que es la anterioridad máxima con la que se puede solicitar una cita. De hecho, algunas de ellas superan incluso ese límite, por lo que
no es posible reservar una hora.
Esta situación se observa en oficinas de grandes ciudades de Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía, pero además se está trasladando a otros puntos que durante la mayor parte del año cuenta con una población reducida pero que ahora, en los
meses de verano, se dispara.
Lo que está ocurriendo es que el colapso se está extendiendo a las oficinas de poblaciones costeras, a las que se desplazan muchos veraneantes.
A ello se une que, al ser el DNI un documento cíclico que se renueva cada 5 o 10 años, es posible realizar una estimación de cuál es el número de documentos que se van a tener que expedir en cada ejercicio.
Según los cálculos de Interior, en el presente año se iba a registrar un aumento de unos 600.000 documentos nuevos, cifra que ya se ha superado en el primer semestre. Para el siguiente la previsión es de 1,2 millones, número que ahora mismo
parece muy complicada de absorber.
En un intento por atajar esta congestión, Interior, que ya reconoció el pasado año que eran necesarias al menos 400 nuevas plazas, trató de llevar a cabo una bajada de parámetros de 15 minutos a 12 por documento. El problema es que se hizo
con la implantación de unos equipos que no son capaces de soportar este recorte de tiempo.
Entre 2016 y 2017 se procedió a la instalación de nuevos ordenadores en las oficinas de expedición, pero estos equipos trabajan en línea con impresoras y biométricos de toma de huellas que son de 2005. La consecuencia es que causan
constantes errores que interrumpen la grabación de los soportes y dan continuos fallos de conexión. Fruto de ello, se hace necesario anular y reimprimir tarjetas que suponen no solo una pérdida de tiempo para el personal y la ciudadanía, sino un
despilfarro que se estima en 15.000 euros diarios.
Tampoco se han producido avances significativos en la pasarela de pago y la implantación de los dispositivos TPV para el pago de la tasa del DNI.
Hubo sindicatos que ya denunciaron que los sistemas informáticos de la Policía no estaban adaptados para este cambio, y la situación parece no haber evolucionado significativamente desde entonces.
Los últimos datos aportados por la División de Documentación señalan que, a través de la pasarela de pago se han abonado de 2.081 DNI y 1.314 pasaportes en lo que va de año, cuando la cifra de documentos expedidos al día es de 30.000.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI, que en este momento ronda el 70 %.
2. Cubrir de forma inmediata las más de 1.200 vacantes que acumula el personal funcionario no policial de la Dirección General de la Policía.
3. Destinar mayores recursos económicos para modernizar y actualizar el material informático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y David Serrada Pariente, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley instando
a la adopción de medidas urgentes de reforzamiento del talud existente en el acuartelamiento de las Heras en la Ciudad Autónoma de Ceuta, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los vecinos residentes en la calle Alcalá del Valle (Alto de las Heras), en la Ciudad Autónoma de Ceuta, están padeciendo una grave situación de aislamiento e incluso riesgo como consecuencia de las grietas aparecidas en un talud ubicado en
un terreno propiedad del Ministerio de Interior correspondiente al Acuartelamiento de las Heras.
Esta situación ya fue detectada hace varios años cuando en octubre de 2015 la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma solicitó al Ministerio de Interior actuaciones encaminadas a resolver los problemas de seguridad del talud.
Posteriormente, en septiembre de 2016, la citada Consejería dictó decreto requiriendo la ejecución de obras de aseguramiento de dicho talud de acuerdo a la valoración realizada por los servicios técnicos de la Consejería de Fomento. Presentadas
alegaciones al citado Decreto por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, el Gobierno de Ceuta reiteró de nuevo en diciembre de 2016 la orden de ejecución de las obras de seguridad, dando un plazo de tres meses para la finalización de las
obras. Entre tanto, la Consejería de Fomento, decretó por motivos de seguridad el cierre a la circulación del vial de acceso a la zona señalada. Ello acarrea un grave aislamiento de los vecinos, que han quedado, así, sin acceso a servicios básicos
y de emergencia. Estos vecinos han exigido una solución urgente a los problemas de acceso habilitando un vial que permita a vehículos y otros elementos de emergencia (ambulancias, bomberos) poder acceder a sus casas mediante la habilitación de un
vial alternativo provisional.
En un nuevo Informe técnico más reciente (615/17) de 26 de junio de la Consejería de Fomento se resalta que no se conoce nada respecto de la situación del estudio patológico de carácter geológico que la DG de la Guardia Civil dice haber
contratado ni sobre el inicio de la contratación de las obras requeridas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma en la búsqueda de soluciones inmediatas para asegurar el acceso en vehículo a las viviendas de la zona afectada por el riesgo de desprendimiento del talud.
2. Apremiar al Ministerio del Interior para que acometa las obras de reforzamiento del talud existente en el Acuartelamiento Alto de las Heras con carácter inmediato, facilitando información puntual y veraz sobre los avances de los
expedientes de contratación y ejecución de obras, tanto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta como a los vecinos afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Jesús María Fernández Díaz y David Serrada Pariente, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la puesta en marcha y plan de acción del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El protocolo integral de búsqueda de personas desaparecidas actualmente en vigor en España data del año 2009, a partir de la Instrucción 1/2009 de la Secretaria de Estado, sobre Actuación Policial ante la Desaparición de Menores de Edad y
otras Desapariciones de Alto Riesgo. Esta Instrucción de la SES aprobada en el ecuador de la X legislatura del presidente Zapatero, marcó un antes y un después en el tratamiento de la problemática de los desaparecidos y supuso un destacable avance
y modernización de procedimientos y medios utilizados hasta la fecha.
Hay que recordar que en 2009 se puso en marcha:
- La primera Base de Datos nacional sobre desaparecidos, una nueva Base de Datos de Personas Desaparecidas y Cadáveres sin Identificar que permite a todos los cuerpos policiales -Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas-,
registrar y compartir desde el primer momento toda la información de cualquier denuncia por desaparición en España. Un fichero compatible con las bases de datos internacionales sobre desapariciones disponibles en Europol o Interpol.
- El teléfono de urgencia único europeo 116000, de atención social, gestionado por una organización no gubernamental, con un protocolo estricto para trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier llamada que requiera tratamiento
policial.
- La creación de un Sistema de Alerta por Desaparición de Alto Riesgo (SADAR), que permite a los responsables de la investigación la emisión de alertas o avisos de colaboración a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.
El nuevo protocolo establecía además la posibilidad de crear una 'célula de seguimiento' responsable de la investigación e introducía la posibilidad de designar a un portavoz oficial ante los medios de comunicación y un enlace policial para
centralizar el contacto con la familia de la persona desaparecida. Un protocolo conjunto para responder a una demanda ciudadana y a la gran inquietud social que generan los casos de desapariciones, agilizando el trabajo de investigación y la
'cultura de colaboración' entre todas las Fuerzas de Seguridad del Estado que, hasta ese momento, trabajaban de forma autónoma y con criterios dispares sobre los casos de desaparecidos.
Transcurridos más de ocho años desde la puesta en marcha de la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado sobre Actuación Policial ante la Desaparición de Menores de Edad y otras Desapariciones de Alto Riesgo, solo consta una instrucción
adicional por parte del Gobierno de España, que es la Instrucción n.º 14/2014 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se regula el procedimiento para la activación y funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana por Desaparición de
Menores (Alerta-Menor Desaparecido).
Así, desde las Cortes Generales, conscientes de la necesidad de impulsar la acción del Gobierno en este ámbito, en 2013 se constituyó en el Senado una Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin
causa aparente. La Comisión fue creada mediante acuerdo del Pleno del Senado en sesión celebrada el 6 de febrero de 2013, con un plazo para la emisión de su informe de tres meses. Posteriormente, mediante acuerdo del Pleno del Senado de 25 de
septiembre de 2013, se acordó la prórroga de sus trabajos por tres meses adicionales. La Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente, aprobó su Informe final de conclusiones en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2013.
Sus conclusiones y recomendaciones, fruto de numerosas y valiosas comparecencias de destacados especialistas, representantes de afectados y de colectivos relacionados con esta problemática, no han sido atendidas ni implementadas en este
tiempo por el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Buena prueba de ello es que ha sido en el inicio de la XII Legislatura, cuando el actual Ministro del Interior anunció en su primera comparecencia en el Congreso, como una 'propuesta
destacada' (...) 'la creación de un centro nacional de desaparecidos. Este centro, entre otros muchos objetivos, sería el responsable del control y gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados, así
como debería incrementar también las relaciones entre las distintas administraciones, las ONG, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los familiares de los desaparecidos. Además, el centro facilitará el establecimiento de una estrategia
nacional para apoyar a las personas desaparecidas,
a sus familias y a los amigos; formará y entrenará a los servicios implicados en la búsqueda de personas para mejorar su actuación; recogerá estadísticas nacionales para identificar tendencias y patrones, y contribuirá a los esfuerzos
internacionales para responder a los asuntos globales relacionados con la desaparición de personas'.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció el día 30 de enero de 2017 que el nuevo Centro Nacional de Desaparecidos, que prevé crear el Ministerio del Interior, estará listo antes de que acabe el primer semestre del
año para coordinar todas las fuerzas de seguridad públicas y privadas.
Según explicó el Secretario de Estado en una conferencia de prensa, el Centro 'será un gran observatorio para recabar información y realizar un análisis estratégico, además de calificarlo como un centro pionero en Europa, que elaborará y
difundirá información periódica a través de una página web para orientar la colaboración ciudadana. Los medios de comunicación también recogieron de la comunicación del Secretario de Estado que un equipo de expertos formado por profesionales
multidisciplinares en materia de seguridad, salvamento y rescate, así como psicólogos, criminólogos, psiquiatras y forenses apoyarán el trabajo del centro.
Hasta el mes de marzo de 2017 no se ha tenido información de ninguna actuación por parte del Ministerio del Interior hasta que, con motivo del Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente que se celebra el 9 de marzo, el
Ministro Zoido presentó en la sede del Ministerio el día 7 de marzo el Informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España 2017 elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, y las líneas generales del nuevo Centro
Nacional de Desaparecidos 'que estará en marcha en los próximos meses'.
El Ministro del Interior invitó a la presentación a los representantes de las asociaciones 'SOS Desaparecidos', 'InterSOS', 'CISD Global' y 'Fundación ANAR', así como a los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra,
Ertzaintza y Policía Foral de Navarra.
Lo primero debe de tener el Centro Nacional de desaparecidos es visibilidad. Sería una ironía que 'desapareciera' en la compleja organización del Ministerio del Interior. Tiene que tener personal, tiene que tener presupuesto, tiene que
tener un responsable ejecutivo a tiempo completo y tiene que tener una capacidad de interlocución internacional, con medios adecuados.
Actualmente, el Centro Nacional de Desaparecidos está ausente de los Presupuestos Generales del Estado.
Y llama la atención que medio año después de su presentación y a pesar de haberse aprobado recientemente los PGE 2017, no hay ninguna mención expresa del Ministerio a este nuevo Centro Nacional de Desaparecidos.
Vista pues la inconcreción del Ministerio del Interior en la fijación de una fecha de puesta en marcha del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos en España y las expectativas creadas a los colectivos sociales y familias afectadas, para una
mejora y actualización de los servicios públicos en el ámbito de esta problemática.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el Congreso de los Diputados el Plan de acción del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos, con especificación de sus líneas de trabajo, previsión de medios materiales y humanos y proyecto de presupuesto en la actual
Legislatura, con una cronología detallada de sus principales hitos de actuación.
2. Incluir en el próximo proyecto de PGE 2018 las partidas necesarias para la puesta en marcha y desarrollo del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2017.-Ana María Botella Gómez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre la
modificación de los límites mínimos de la estatura exigida en el Cuadro Médico de Exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación, regulado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE 220, de 13 de
septiembre), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Convocado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 127, de fecha lunes 29 de mayo de 2017, la Resolución 452/38121/2017, de 23 de mayo, de la Subsecretaría, los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, se advierte lo siguiente:
- Que, en la Normativa reguladora de la Convocatoria, se contempla la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de septiembre), por la que se aprueba el Cuadro Médico de Exclusiones exigible para el ingreso en los
centros docentes militares de formación.
- Que, el citado Cuadro Médico de Exclusiones, en su apartado 'talla en bipedestación', exige para ambos sexos, la talla mínima de 160 cm si se quiere acceder a la Escala de Oficiales, y la de 155 cm para el acceso a la Escala de Marinería y
Tropa.
- Que, los últimos estudios estadísticos realizados sobre la estatura por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Sigma 2, en el año 2014, ha dado como estatura media de la mujer española las comprendidas entre 163,5 cm y 161,2 cm, y del
hombre los 174 cm y 176 cm respectivamente. En dicho estudio se concluye que los hombres españoles están cada vez más cerca de los europeos; uno de cada cinco varones mide más de 179 cm y solo un 3,3 % tiene una estatura inferior a 160 cm;
mientras que entre las mujeres casi un 30 % no alcanza los 160 cm.
- Que, aplicando criterios estadísticos, se considera que un individuo es de estatura normal si se encuentra en un rango de ±2 desviaciones estándar (DE) respecto del promedio, y de estatura baja si es inferior al promedio por más de 2 DE.
Por tanto, la estatura de 155 cm entra dentro del rango de la normalidad.
- Que, si se exige la misma talla (160 cm) para ambos sexos, y aplicamos las fórmulas estadísticas con las DE antes mencionadas, da como resultado que no pueden acceder a la oposición entre el 45 % al 30 %, de las mujeres, y tan solo el 2 %
o 3 % de los hombres, lo cual se debe considerar totalmente discriminatorio hacia la mujer.
- Que, por la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo (BOE número 124, de 24 de mayo), por la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, se
establecen diferencias en las pruebas físicas, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre los Cuerpos y Escalas.
- Que, en los países avanzados de nuestro entorno, tanto para las Fuerzas Armadas como para los Cuerpos Policiales, se pide una talla distinta para cada sexo, diferenciándola además según la ocupación. Además, no se pide la misma talla para
'cuerpos de choque' que, para cuerpos científicos, asesores, o administrativos.
- Que, el artículo decimosexto de la Convocatoria de plazas para este año se dice que el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, sobre la igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El órgano de selección velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de
ambos sexos que participen en la convocatoria. Sin embargo, al establecer la misma talla (160 cm) para ambos sexos, esta igualdad de oportunidades se incumple, al discriminar estadísticamente al 45 % de las mujeres, y tan solo al 2 % de los
hombres.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Que, se estudie y si procede se modifique el Cuadro Médico de Exclusiones, regulado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE número 220, de 13 de septiembre), en el sentido de exigirle al personal femenino que quiere acceder a la
Escala de Oficiales la estatura de 155 cm, para no bloquear la entrada al 45 % de las mujeres españolas, para no generar discriminación respecto de los hombres, y para igualarla con la estatura que se solicita actualmente para el acceso a la Escala
de Marinería y Tropa, a fin de conseguir con ello que ese Cuadro Médico sea lo suficientemente amplio para permitir el acceso a personas aptas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de las obras de
urbanización de la 'Ciudad del Aire' en San Javier (Murcia), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Base de la Aeronáutica Naval de San Javier, situada en la localidad de Santiago de la Ribera, junto al Mar Menor, en la región de Murcia, comenzó a funcionar en el primer tercio del año 1932, si bien los trabajos de construcción
continuaron ampliando sus instalaciones en años sucesivos. La implantación de la primera Base Aeronáutica Naval en los terrenos aledaños al pequeño núcleo urbano de Santiago de la Ribera, atrajo a esta pequeña localidad nuevas familias, vinculadas
a las recientes instalaciones militares, lo que permitió incrementar en los años 40 su censo municipal.
En el año 1943 se instaló en la Base Aérea de San Javier la Academia General del Aire, destinada a formar oficiales del Ejército del Aire. Este hecho supuso un nuevo impulso a la llegada de nuevos vecinos, vinculados ahora a la reciente
Academia General del Aire.
Pronto se generó el lógico problema del alojamiento de estas personas que venían, en su gran mayoría, para quedarse por larga estancia. Así pues, durante el año 1944, tras la adquisición de nuevos terrenos en un paraje cercano a las
instalaciones militares y a orillas del Mar Menor, dieron comienzo las obras de urbanización y de edificación de una serie de viviendas destinadas a resolver el problema que se había generado. Es el nacimiento de la Colonia 'Julio Ruiz de Alda', de
viviendas para los militares destinados a la Base Aérea de San Javier. Con el paso del tiempo, esta Colonia de viviendas fue popularmente rebautizada con el atractivo y cariñoso apelativo de 'Ciudad del Aire'.
Desde los primeros años de su creación y hasta mediados de los años sesenta del siglo pasado, la 'Ciudad del Aire' y su población no pararon de crecer, pasando de alrededor de 900 habitantes a finales de los años cuarenta, a los 2.500
habitantes entre los años sesenta y ochenta, en los que la colonia residencial alcanzó sus índices de mayor ocupación.
Todas las viviendas fueron construidas y gestionadas por el antiguo Patronato de Viviendas de las Fuerzas Armadas, que posteriormente pasó a denominarse Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas, INVIFAS, y tras su fusión con el GIED
(Gestión de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa), pasó a constituir el Instituto de Viviendas, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (INVIED).
Desde finales de los años ochenta y hasta nuestros días, la ocupación de la Ciudad del Aire ha ido paulatinamente descendiendo, con el consiguiente perjuicio en cuanto a su conservación y mantenimiento se refiere, que afectó no solo a las
viviendas propiamente dichas, sino también a los servicios urbanos que
asistían a la colonia. De las aproximadamente 2.500 personas que habitaban la colonia a mediados de los años ochenta, se ha pasado a los 688 actualmente censados a fecha de 20 de abril de 2017.
A partir de la aprobación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, y de la modificación de su artículo 10, relativo a la resolución de contratos de las viviendas
militares, por el artículo 62 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las viviendas militares podrían ser enajenadas siguiendo las condiciones y el procedimiento establecido en la citada Ley
26/1999, excepto aquellas que se declararan como no enajenables por razones de seguridad, por estar localizadas dentro de las bases, acuartelamientos, edificios o instalaciones militares y que por su ubicación supusieran un riesgo para sus
ocupantes, así como aquellas otras situadas en zonas específicas en las que resultara necesario disponer de viviendas para el personal destinado en las mismas.
El proceso de enajenación de las viviendas militares, amparado por la Ley 26/1999, fue acometido por el entonces INVIFAS de forma gradual en todas las zonas del territorio nacional. Una de estas zonas es la Ciudad del Aire en San Javier
(Murcia). No obstante, para poder llegar a culminar este proceso en el ámbito de la Ciudad del Aire (aún pendiente de finalizar), ha sido preciso seguir un exhaustivo y pormenorizado procedimiento y acometer una serie de actuaciones urbanísticas
entre el INVIFAS (hoy INVIED) y el propio Ayuntamiento de San Javier, con el objetivo fundamental de poder poner en el tráfico jurídico todos los inmuebles de la Ciudad del Aire declarados enajenables, así como el de rehabilitar y regenerar el
tejido urbano que las envuelve, dotándolo de la totalidad de los servicios urbanísticos necesarios de acuerdo con los estándares legalmente exigibles por las normas sectoriales vigentes en la actualidad, ya que la antigüedad y el estado de
conservación de una gran mayoría de los actuales servicios urbanos existentes aconsejan su actualización y renovación, aun cuando esto último supone la necesaria completa sustitución de algunas de las infraestructuras existentes, muy anticuadas y en
un mal estado de conservación y uso.
Todo lo manifestado anteriormente quedó reflejado en el Convenio suscrito entre el INVIFAS (hoy INVIED) y el Ayuntamiento de San Javier en fecha 3 de agosto de 2010, publicado en el BORM n.° 246, de 23 de octubre de 2010.
En cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el citado Convenio se han ido redactando, tramitando y aprobando con carácter definitivo los correspondientes instrumentos de planeamiento y gestión urbanística necesarios para alcanzar los
objetivos propuestos.
Las obras de urbanización contempladas en este proyecto son las que modernizarán los servicios urbanos de este bello enclave junto al Mar Menor, y revertirá el progresivo deterioro que ha venido sufriendo la Ciudad del Aire en las últimas
décadas e impulsará, sin duda alguna, la regeneración urbana de este ámbito dejándolo plenamente integrado en la malla urbana de Santiago de la Ribera.
Todo el proceso expresado en los puntos anteriores, iniciado tras la vigencia de la Ley 26/1999 de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas, y en el caso concreto del ámbito de la Ciudad del Aire impulsado por
la firma del Convenio Urbanístico y de Colaboración entre el INVIED y el Ayuntamiento de San Javier, está ya en sus últimas fases de desarrollo y es próxima su conclusión.
Pero, para su total cumplimiento, es necesario que las obras proyectadas de ejecución de la urbanización se lleven a cabo lo más pronto posible, por lo que se hace preciso que tras la obtención de la licencia de obras se inicien de forma
inmediata las referidas obras de urbanización para que dentro de su plazo de ejecución de 24 meses queden plenamente finalizadas y se alcance la pretendida regeneración urbana de este enclave tradicional frente al Mar Menor.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en el ámbito de sus competencias, los trámites necesarios para el impulso definitivo de las obras de urbanización de la Ciudad del Aire en San Javier (Murcia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a las maniobras militares en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.
Exposición de motivos
La Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar se encuentra en la isla de Tenerife, en el archipiélago canario. Se trata de un Espacio Natural Protegido de Canarias constituido así tras la aprobación de la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, y cuyo Plan Director se aprobó el 12 de enero de 2005. Además, el espacio tiene otras figuras de protección corno el de Lugar de Importancia Comunitaria.
Sin embargo, desde hace varios años vecinos y apicultores de la zona vienen trasladando a las instituciones que en ese espacio se producen maniobras militares con helicópteros, aun cuando el Plan Director en su artículo 24, de usos y
actividades prohibidas, contempla la imposibilidad de realizar todo tipo de maniobras militares o sobrevolar la zona a una altura inferior de 300 metros.
El Ministerio de Defensa ha negado por carta a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que los helicópteros sobrevuelen la Reserva Natural, afirmando que las realiza en la prolongación de la misma, y que estos no afectan a los
colmenares.
Estas maniobras en la Reserva Natural han sido documentadas con fotografías en numerosas ocasiones por los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, en las que se puede observar a los helicópteros militares a baja altura y en los
alrededores de las zonas ocupadas por las colmenas. Estas prácticas incumplen la normativa del Plan Director de la Reserva Natural, e incluso han sido denunciadas a la Guardia Civil por parte de apicultores de la zona.
Y es que precisamente son los apicultores de la zona uno de los colectivos más afectados ya que, aunque realizan una actividad permitida, los vientos provocados por los helicópteros producen destrozos en las colmenas, disminución de la
producción apícola, daños en los materiales y la muerte y despoblamiento de las abejas. Por si fuera poco, las abejas en cuestión forman parte de una especie autóctona en el archipiélago, la abeja negra canaria. Los efectos de estas maniobras para
los apicultores de la zona han sido cuantificados a través de informes periciales a petición propia, con pérdidas por valorar de hasta 40.000 en un año por afectado, cifra que incluso puede variar dependiendo de cada instalación apícola.
Se observa así un conflicto que afecta a Defensa y en el que está en juego el respeto de zonas naturales protegidas, y con consecuencias socioeconómicas para la población de ese espacio. Esto obliga a tomar medidas que concilien la
necesidad de realizar maniobras por parte de nuestras Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que no se ocasionan trastornos para la ciudadanía ni se pone en riesgo zonas con un estatus especial.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En aras de preservar un Espacio Natural Protegido de Canarias, cesar las maniobras militares y los vuelos a menos de 300 metros en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.
2. En caso de que vuelva a registrarse una maniobra en esa Reserva Natural, investigar por parte del Ministerio de Defensa los motivos que explican el riesgo al que se expone un espacio protegido, así como los efectos medioambientales y
socioeconómicos que conllevan.
3. Indemnizar a los apicultores afectados por las pérdidas ocasionadas a raíz de las maniobras irregulares ya realizadas en la Reserva Natural del Malpaís.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Carmen Valido Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley instando al Gobierno al inicio de conversaciones con el ayuntamiento de Toro, para la reversión de los terrenos del campamento militar de Monte la Reina, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El monte conocido como Monte la Reina recibe su nombre debido a que, en el año 1293, la Reina María de Molina, esposa de Sancho IV, donó el lugar que era conocido como el Monte de Noviellas, a la ciudad de Toro, los pastos, y al Monasterio
de las Huelgas Reales de Valladolid, el suelo y el vuelo.
En el siglo XV, el Ayuntamiento de Toro compra al Monasterio de las Huelgas el suelo y el vuelo, permaneciendo la propiedad a nombre del Ayuntamiento hasta el siglo XIX, cuando en 1855, a consecuencia de la desamortización de Madoz, el lugar
es adquirido por el Marqués de Villapalierna. Esta propiedad es una de las partes que conforman el Campo de tiro.
La otra parte, en la que se asienta el campamento de Monte la Reina, perteneció al Marqués de Valparaíso, y antes estaba allí el despoblado medieval de Busianos, que incluía los lugares de Valparaíso y Santa Susana. Una vez acabado el
marquesado, la propiedad pasa a la Fundación Valparaíso, para pasar posteriormente a la Fundación San José de la Universidad Laboral de Zamora, y después al Ministerio de Defensa.
Se trata por tanto, de un bien de propios de la ciudad que fue expropiado y que con posterioridad pasó a manos del Ministerio de Defensa, quien, en el siglo XX, instaló en el lugar el Campamento y Campo de Tiro para maniobras militares.
Actualmente, el abandono de las instalaciones es total, ya que el Ministerio de Defensa ha dejado de utilizarlo, y no han prosperado sucesivos intentos de recuperación de la propiedad por la ciudad de Toro, para realizar un proyecto integral
de carácter medio-ambiental y lúdico.
Hasta hace poco, el lugar figuraba en la web de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa del Ministerio, como venta prevista en la categoría de fincas rústicas, pero actualmente ha desaparecido de ese apéndice, sin que, al
parecer, la Delegación de Defensa haya facilitado al Ayuntamiento cualquier tipo de información al respecto.
Por todo ello, dado que el Ayuntamiento de Toro ha iniciado los trámites para recuperar la propiedad del lugar y de las instalaciones para el desarrollo de un proyecto integral de carácter medio-ambiental y lúdico, que beneficie a Toro, a su
comarca y, por extensión, a toda la provincia de Zamora, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que el Ministerio de Defensa inicie conversaciones con el Ayuntamiento de Toro con el objeto de estudiar y acordar la fórmula jurídica adecuada, según la normativa vigente, para que la
ciudad de Toro recupere los terrenos e instalaciones del Campamento y Campo de Tiro de Monte la Reina, o que garantice su uso y disfrute por la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la inversión económica del PCMASA 2 de Segovia para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Ejército de Tierra cuenta con dos Parques y Centros de Mantenimiento de Sistemas Acorazados, uno de ellos situado en Madrid y otro situado en Segovia, ambos utilizados para la transformación y reparación de vehículos militares.
El PCMASA 2 sito en Segovia, tiene más de 200 años de antigüedad, si bien goza de unas amplias instalaciones perfectamente dotadas, aún sin que se haya llevado a cabo un mantenimiento exhaustivo de las mismas.
La carencia más importante que sufre el centro es la falta de personal, que está haciendo que dichas instalaciones se encuentren infrautilizadas.
Desde el año 2000 no se ha producido una renovación del personal, pasando de 215 trabajadores en el citado año a 200 trabajadores en la actualidad, 93 de los cuales son personal civil y los restantes corresponden a personal militar.
En el año 2016 se llevó a cabo una Oferta de Empleo Público, la cual contemplaba un total de 550 plazas, 60 de las cuales irían destinadas a la colocación de personal en ambos PCMASA. La problemática surge dado que todas esas plazas fueron
cubiertas en el PCMASA de Madrid, dejando al PCMASA de Segovia sin ninguna nueva incorporación, lo cual podría llevar aparejado el cierre de la misma en un breve lapso temporal.
El PCMASA 2 de Segovia es considerado centro de referencia y el más productivo de España debido a la alta calidad de las reparaciones que se acometen en el mismo y la alta cualificación de su personal, lo cual aumenta más si cabe la
importancia de su permanencia.
La falta de personal que está sufriendo el centro podría suponer el cierre del mismo en un escaso lapso temporal, lo cual supondría un enorme problema para nuestro ejército de tierra dado el específico y costoso mantenimiento que estos
vehículos conllevan.
Por ello, creemos en la importancia de realizar una inversión para dotar a este centro de personal especializado, para que el mismo siga desarrollando la gran labor que han venido desarrollando hasta el momento.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo un plan de evaluación sobre la inversión económica necesaria para dotar al PCMASA 2 de Segovia de nuevo personal que ayude y auxilie al personal existente hasta el momento con la finalidad de evitar la infrautilización de las
infraestructuras del centro que se viene produciendo en la actualidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada y Portavoz Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en la Comisión de Defensa, relativa al desguace de los restos del buque Casón en Fisterra (A Coruña).
Exposición de motivos
El próximo 5 de diciembre de 2017 se cumplirán 30 años de una de las mayores catástrofes marítimas vividas en la costa gallega. El 5 de diciembre de 1987 embarrancaba frente a Fisterra el buque Casón, con bandera panameña, y que segó la
vida a 23 de sus 31 marineros.
El Casón transportaba una carga de 1.100 toneladas, consistentes en 5.000 bidones, sacos y contenedores de productos químicos inflamables, tóxicos y corrosivos. El misterio sigue siendo si el manifiesto de carga del Casón ocultaba material
tóxico como radio o uranio.
El vertido y posterior incendio de la carga del navío en la tarde del 10 de diciembre, al entrar en contacto el agua de mar con la carga de sodio, provocó una gran alarma social, aumentada por la falta de información de las autoridades, ya
que los materiales podían explotar al contacto con el agua provocando una nube tóxica. El Gobierno anunció entonces la evacuación de los 15.000 habitantes de los ayuntamientos de Fisterra, Cee, Corcubión y Muxía, un aviso que provocó verdaderos
momentos de angustia entre la población, la gente abandonaba sus casas con lo puesto, dejando atrás sus vidas, con un desconocimiento total de lo que realmente allí estaba sucediendo. Fue esta una evacuación caótica, que se anuló días después de
que el Gobierno enviara 300 autobuses para el traslado de los vecinos de la zona.
Transcurridos casi 30 años de este grave accidente la historia del Casón forma ya parte de la historia reciente de Fisterra y de A Costa da Morte, y la zona del naufragio sigue siendo punto de visita obligada para turistas y visitantes,
incluso submarinistas, ya que en la actualidad una empresa de buceo organiza viajes submarinos hasta los restos del Casón.
A pesar de la importancia turística y social que tienen los restos hundidos del buque Casón para el ayuntamiento de Fisterra y para toda A Costa da Morte, la Armada ha decidido adjudicar el desguace del Casón.
Sin embargo, tanto las asociación de vecinos de Fisterra Costa da Morte, como la Corporación del Ayuntamiento de Fisterra, como la mayoría de las vecinas y vecinos, se oponen al desguace de los restos del buque panameño Casón, por los daños
que esto podría ocasionar al medio marino y a la pesca. Así, señalan que, después de 30 años de hundimiento, ya que se ha consolidado un biotopo -refugio de muchas especies y alimento de otras-, por lo que no tiene sentido destruirlo con el único
fin de aprovechar los restos metálicos, ya que el daño que se hará al medio natural y pesquero es mucho mayor que el valor de estos restos. Además, estos restos ya no suponen peligro alguno para la navegación por el lugar y la profundidad en los
que se encuentran. Tanto la ciudadanía como las instituciones de A Costa da Morte solicitan que se preserven estos restos para que, en un futuro, puedan ser declarados patrimonio cultural sumergido.
A pesar de esta unánime petición la Armada no reconoce al Concello de Fisterra ni a la asociación de vecinos como parte interesada en el asunto del desguace del Casón y tampoco entiende, de acuerdo a los preceptos de la Unesco, que el pecio
se pueda considerar patrimonio cultural sumergido, por lo que el proceso para recuperar la chatarra del buque hundido en la zona de O Rostro, ganado en concurso público por la empresa Desguaces Lema, S. L., seguirá adelante.
El informe jurídico, firmado por José Manuel Armada Vadillo, enviado al Ayuntamiento de Fisterra argumenta legalmente la negativa a acceder a las peticiones municipales y vecinales. El informe especifica que el artículo 374.1 de la Ley
14/2014 de la Navegación Marítima determina que la propiedad de cualquier buque naufragado o hundido en las aguas marítimas interiores y en el mar territorial españoles le corresponde al Estado una vez transcurridos tres años del naufragio. Además,
en su artículo 380 se detalla que 'cuando la propiedad de los buques corresponda al Estado y no le conviniere la extracción o aprovechamiento directo, la Armada podrá concederla mediante concurso con arreglo a la legislación de patrimonio de las
Administraciones Públicas'.
A pesar de estas consideraciones legales, consideramos que existe un sentir mayoritario de que el pecio forma parte de la historia reciente de Fisterra y de A Costa da Morte y de la gente que lo vivió y lo sufrió, y hay argumentos
ambientales y turísticos para dejarlo donde está.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar al Ayuntamiento de Fisterra y a la Asociación de Vecinos de Fisterra Costa da Morte como partes interesadas en el asunto del desguace del Casón.
2. Paralizar las obras de desguace del buque Casón, hundido frente a la costa de Fisterra en 1987, debido a los daños que esto podría ocasionar al medio marino y a la pesca.
3. Preservar los restos del buque Casón en su ubicación actual para que puedan ser declarados patrimonio cultural sumergido según los preceptos establecidos por la Unesco.
4. Vigilar la zona del hundimiento del buque Casón para que no se sigan extrayendo piezas del barco.
5. Fomentar y colaborar en el desarrollo de actividades turísticas y visitas guiadas a la zona del encallamiento y hundimiento del buque Casón, la zona punta de Castelo en el ayuntamiento de Fisterra (A Coruña)
6. Crear un Museo de los Naufragios en A Costa da Morte en que se le incorporen los restos del Casón junto a muchos otros barcos que yacen en el fondo de la Costa da Morte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la participación del
Ministerio de Defensa en la protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El artículo 46 de la Constitución Española establece: 'Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad... La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 4 indica que: A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión
que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia
de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes
a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.' Esta Ley deja claro que la omisión de acción es una
forma de expoliación y que es obligación de los poderes públicos proteger el Patrimonio Histórico Español.
El Patrimonio Cultural Subacuático o Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS), conforme a lo establecido en la Convención de la UNESCO de 2001, se define como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico
o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales corno:
- Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;
- los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
- los objetos de carácter prehistórico'.
Consecuentemente, dispone de un gran valor cultural, ya que en estos fondos subacuáticos reposan multitud de huellas de asentamientos humanos, ruinas, navíos, tesoros y cavernas, que convierten a este patrimonio en testigo fundamental en la
historia de los pueblos.
En España la magnitud de este patrimonio cultural subacuático y la evolución de los desafíos a los que se enfrentaba su protección, demandó la unificación de esfuerzos por parte de todas las administraciones e instituciones implicadas. Esto
dio lugar a la elaboración, por parte del Ministerio de Cultura, del Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PNPPAS), aprobado el 30 de noviembre de 2007.
Fruto de la necesidad de coordinación, se firmó en Cartagena, el 9 de julio de 2009, el Acuerdo Interdepartamental entre los Ministerios de Defensa y Cultura sobre Colaboración y Coordinación en el Ámbito de la Protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático. En su parte expositiva se fundamenta el papel esencial del Ministerio de Defensa, y en particular de la Armada, en el desarrollo del PNPPAS, sobre la base de la responsabilidad de vigilancia de los espacios marítimos que
le atribuye la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional; la importancia de los Archivos Históricos de la Armada; la circunstancia de que los pecios de los buques de Estado, allá donde se encuentren, son exclusivamente de
titularidad estatal, así como, finalmente, la disposición por parte de la Armada de medios adecuados y experiencia acreditada para colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan. De ahí, que en su clausulado se estableciera que el
Ministerio de Defensa, a través de la Armada, deberá aportar los medios materiales y humanos que en cada caso se determinen y pondrá a disposición de la parte interesada los fondos documentales y archivísticos de que dispone'.
Las Adendas posteriores al acuerdo interdepartamental, de 30 de abril de 2010 y de octubre de 2010 respectivamente, reconocen las competencias de las Comunidades Autónomas para el otorgamiento de autorizaciones de prospecciones
arqueológicas, implicando obligatoriamente su participación en el desarrollo del Plan.
Asimismo, se encuentra en proceso de regulación orgánica una nueva Adenda que pretende fijar un objetivo adicional al citado acuerdo interdepartamental, que prevea la puesta a disposición de la Armada de las cartas arqueológicas subacuáticas
del litoral español, elaboradas por las Comunidades Autónomas, para garantizar una actuación coordinada en búsqueda de la necesaria eficiencia.
La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, ha impulsado la actuación coordinada de todos los organismos de la Administración con competencias en esta materia, reflejando el papel fundamental del Ministerio de Defensa en general
y la Armada en particular, en lo que se refiere a la tutela de los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, cuya exploración, rastreo, localización y extracción requerirá siempre de la autorización de la propia Armada, a la
que se atribuyen competencias plenas para su protección, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural (artículo 382.2)'.
El Patrimonio Cultural Subacuático situado en las aguas bajo soberanía o jurisdicción españolas forma parte integrante del Patrimonio Histórico Español como bien de dominio público. Del mismo modo conforman el Patrimonio Histórico Español
los buques y aeronaves de Estado hundidos en aguas internacionales o aguas bajo jurisdicción de terceros Estados, con independencia del tiempo transcurrido desde su naufragio. Es mandato constitucional la obligación de proteger y realzar dicho
patrimonio por parte de los poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con el fin de asegurar la localización y protección debidas al Patrimonio Arqueológico Subacuático español, tal como se ha venido realizando en el marco del Acuerdo del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Defensa, a:
1. Realizar las gestiones oportunas para, de acuerdo con las Comunidades Autónomas implicadas, relanzar la cooperación interinstitucional, y, en su caso, coordinar el empleo de los medios técnicos, humanos y documentales del Ministerio de
Defensa.
2. Regular y potenciar el intercambio de información interinstitucional en lo concerniente al PAS en aras a alcanzar una mayor eficacia en su protección, articulando un mecanismo eficaz para que las cartas arqueológicas subacuáticas del
litoral español elaboradas por las Comunidades Autónomas puedan ser consultadas por los departamentos ministeriales implicados, especialmente el Ministerio de Defensa y la Armada.
3. Aumentar la presencia del Ministerio de Defensa y, en particular, de la Armada, en los grupos interdepartamentales de coordinación, en el desarrollo de la Política Integral de Protección del Patrimonio Subacuático que atesora nuestras
costas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover
mejoras en la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La profesión de militar exige unos sacrificios inherentes a su condición: horarios intempestivos, periodos fuera de casa, cambios de residencia, disponibilidad continua, situaciones de riesgo. Estos sacrificios son asumidos por los
miembros de las Fuerzas Armadas, no obstante, la aceptación de la condición especial que implica ser militar no es óbice para que se les facilite el desarrollo de su labor en lo posible y acorde con los esfuerzos realizados para el resto del
personal de las Administraciones Públicas.
En la X Legislatura, el Gobierno mantuvo unas políticas de actuación, que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado, enfocadas en la consolidación de la protección social, apoyo del entorno familiar de los militares, y apoyo a las
familias de fallecidos y heridos en acto de servicio.
En el desarrollo de estas 'líneas guía', se avanzó en cuanto al traslado de facilidades ya disfrutadas por otros miembros de las Administraciones Públicas, como la red de centros de educación infantil de primer ciclo y flexibilidad horaria o
reducción de jornada por cuidado de los hijos, se han buscado soluciones a problemas generados por los traslados, como los problemas originados en los estudios de los hijos al tener que cambiar programas, a veces a medio curso, e incluso iniciar
estudios en comunidades autónomas con idioma co-oficial. En cuanto al tercer aspecto, se ha mostrado un especial interés avanzar en las opciones disponibles para no apartar a aquellos cuyas heridas en otros tiempos implicaban su desvinculación con
las Fuerzas Armadas y ha seguido respaldando la Unidad de Apoyo a Heridos y Familiares de Fallecidos y Heridos en acto se servicio.
Lamentablemente, la terrible situación de crisis económica que ha afectado a España desde 2008 y la necesidad de volver a situar a España al nivel económico necesario y merecido, impidió dedicar los recursos deseados para poder conseguir los
niveles de mejora ambicionados, o avanzar en la corrección de otras condiciones, también importantes en la vida del día a día del militar.
Algunas de estas situaciones fueron señaladas por el Observatorio de la Vida Militar en sus diferentes informes: aquellas asociadas a la mejora en la asistencia en caso de traslado forzoso, a mejoras en la vida familiar y conciliación o en
las instalaciones militares donde los miembros de las Fuerzas Armadas realizan su vida.
Si bien, formalmente y gracias a la política del Gobierno del Partido Popular, la situación de crisis se ha visto superada a nivel contable de 2014 y cada día más indicadores se sitúan a valores previos a 2008. Es necesario continuar
adoptando medidas que permitan mejorar las condiciones de vida cotidiana de nuestros militares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, como una de las líneas prioritarias del Ministerio de Defensa, con el desarrollo de mejoras de la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, con énfasis
especial en:
- La defensa de la conciliación y la maternidad.
- La protección social.
- El apoyo al entorno familiar del militar.
- La atención a las familias de fallecidos y heridos en acto de servicio.
Todo ello como forma de compatibilizar la vida personal con la carrera militar y como muestra de la dignidad que merece el desarrollo profesional, dentro de las exigencias particulares que requiere la labor y características de las Fuerzas
Armadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en La Comisión de Defensa, relativa a la subasta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería (Diego Porcelos).
Exposición de motivos
El barrio de Gamonal se desarrolló como alojamiento para la mano de obra que trabajaba en los polígonos industriales de la ciudad de Burgos y con el paso de los años se ha convertido en una gran zona residencial, con un urbanismo exacerbado,
que aglutina a más del 40 % de la población burgalesa. Constituye uno de los ejemplos del peor urbanismo desarrollista de los años setenta y ochenta, con altas densidades edificatorias y una absoluta carencia de equipamientos y dotaciones. A esta
cuestión se le suma el hecho de que el barrio se ha visto históricamente 'estrangulado' por las múltiples instalaciones militares que lo rodeaban. Hecho que ha imposibilitado una adecuada conexión de Gamonal con el resto de la ciudad y también con
otras partes del propio barrio.
Especial relevancia tiene en esta situación el Parque de Artillería (Diego Porcelos), una dotación militar que separa de forma abrupta el barrio de Gamonal del resto de la ciudad de Burgos, y que junto a la instalación Deportiva Militar,
propiedad también del Ministerio de Defensa y de uso restringido para la mayoría de las burgalesas y burgaleses, conforman una barrera física y social perfectamente tangible.
Las parcelas que ubican el parque en cuestión, denominadas 'Goteras y Marisantos', fueron obtenidas por el 'Ramo de Guerra' en 1948 mediante la compra de las mismas a Manuel Saiz y otros en representación de la 'Sociedad de los Catorce', por
un importe de 300.000 pesetas. El Ayuntamiento de Gamonal en ese momento, alertado por la noticia de que el administrador de la 'Sociedad de los Catorce', Manuel Saiz y otros detentadores usufructuarios, habían vendido bienes comunales del censo de
los catorce, decide acudir a los tribunales. La venta fue declarada nula y ordenada la cancelación de sus inscripciones en el Registro de la Propiedad por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Burgos en 1951. Confirmada por otra de la
Audiencia Provincial de Burgos, de 21 diciembre de 1954 y por Sentencia de casación del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 1961. Los sucesivos pronunciamientos judiciales confirman el carácter de bienes comunales que poseen las parcelas y por tanto
que no podían ser objeto de venta por los vecinos usufructuarios, denominados 'Sociedad de los Catorce'.
Estas parcelas son las mismas que conforman la mayor parte de las propiedades que a día de hoy pretende subastar el Ministerio de Defensa por valor de 14 millones de euros, pese a haber sentencia firme del Tribunal Supremo que invalida la
venta y por tanto la propiedad de estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa. No obstante, ni Defensa ni el Ayuntamiento de Burgos han hecho nada hasta la fecha para dar cumplimiento a dichas sentencias. Prueba de ello es que en el año
2006 ambas administraciones firman un convenio en el que acuerdan que esta zona pase a tener uso residencial. Para ello es necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la cual se compromete el Ayuntamiento de Burgos, y
que ejecuta en el año 2007. De esta forma, el Ministerio de Defensa, una vez aprobado el PGOU de 2014, pasa a disponer de 48.265 metros cuadrados para uso predominantemente residencial de vivienda colectiva, compatible con otros usos residenciales,
productivos y de equipamiento privado, con un número máximo de viviendas entre 241 y 337.
Nos encontramos pues ante una operación ilegal y especulativa ajena a los intereses de los y las vecinas del barrio de Gamonal e impulsada por las administraciones públicas, que lejos de cumplir con el cometido
de toda administración en un estado social, democrático y de derecho; satisfacer el interés general, optan por lucrase aprovechando una política urbanística irresponsable y generadora de burbujas, centrada en conseguir el máximo beneficio
económico para unos pocos a costa del bien común y de la mayoría social. Lo que a juicio de nuestro grupo es de todo punto inaceptable, más aun teniendo en cuenta la relación que Burgos ha tenido siempre con el 'Ramo de la Guerra', hoy en día
Ministerio de Defensa.
Por cuestiones geográficas, logísticas y, muy especialmente históricas, el Ayuntamiento de Burgos siempre ha sido muy receptivo y generoso para con las necesidades del 'Ramo de la Guerra' y ha fomentado, facilitado y acogido sus
instalaciones incluso en ocasiones, con sacrificios de su propia hacienda y patrimonio. Un censo realizado a inicios de los años 90 de las instalaciones militares en la ciudad de Burgos cifraba las mismas en más de 1.613.800 metros cuadrados, la
mayor parte de los cuales fueron cedidos por el Ayuntamiento de Burgos o por el Ayuntamiento del antiguo pueblo de Gamonal, hoy absorbido por el primero. En poco de más de veinte años,
Defensa ha ingresado 83,2 millones de euros por la venta o traspaso de solares e inmuebles previa recalificación de los mismos y permitiendo un aprovechamiento urbanístico antes inexistente, como en los casos de la Barriada militar, Sanidad
militar, Cuartel de Automoción 'Dos de Mayo', chalets de Aviación y Hospital Militar. Aún hoy dentro del mapa de la capital mantiene una decena de propiedades, cuyo valor catastral supera los 40 millones de euros como resultado del Convenio de
2006.
Tal disposición de la ciudad de Burgos para con el 'Ramo de la Guerra' ha dado como resultado una fuerte presencia de infraestructuras y unidades militares en diversas zonas que devinieron en una sensible presencia física en la ciudad.
Esto, en su momento, supuso un importante motor económico para la capital burgalesa, sin embargo, a partir de 1978 comienza un proceso de amortización de terrenos y traslado de efectivos fuera de la ciudad, como, por ejemplo, a la Base Militar 'Cid
Campeador' de nueva creación y fuera de Burgos. Otros ejemplos son: Capitanía General, Gobierno Militar, Regimiento de Infantería San Marcial, Regimiento de Caballería España, Compañía y Grupo de Operaciones Especiales, y en lo más reciente, la
Agrupación Logística Divisionaria y el Grupo Logístico de Apoyo Directo N.º 61. Esta pérdida de presencia militar en la capital burgalesa supone un descenso importante de la actividad económica en la ciudad que no se ve compensado de ninguna
manera. Es más el Ministerio de Defensa lejos de responder a la generosidad de Burgos con la misma moneda, contribuye al deterioro de la economía de los y las burgalesas con operaciones especulativas que no contribuyen a un mejoramiento de la
calidad de vida de la ciudadanía y encarecen el ya de por sí caro mercado inmobiliario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Revisar el convenio firmado en el año 2006 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Burgos para evitar la especulación urbanística e implementar políticas públicas de ordenación urbana que atienda el interés general.
- Ceder los terrenos del Parque de Artillería (Diego Porcelos) al Ayuntamiento de Burgos sin coste adicional.
- Impulsar una negociación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Burgos para que el Ministerio de Defensa contribuya económicamente con las actuaciones necesarias que el consistorio debe acometer en los terrenos del Parque de
Artillería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2017.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada del Partit Demòcrata Europeu Català, Miriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en
la Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley sobre las
exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso a países donde se violan los derechos humanos y cometen o facilitan una violación grave del derecho internacional.
Exposición de motivos
El 2 de abril de 2013 los países representados en las Naciones Unidas (ONU) aprobaron prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que
van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. El tratado obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde
puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados acordaron que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a
cabo.
En este contexto, el último informe 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2016' pone de manifiesto los siguientes hechos:
- El Estado español bate récord de exportaciones en material de defensa por un valor de 4.051,8 millones de euros, un 8,9 % más respeto el año 2015.
- Las exportaciones realizadas (4.051,8 millones de euros) supusieron un 73,0 % de lo autorizado (5.550,0 millones de euros).
- Por categorías de productos, las consideradas 'Aeronaves' suponen el 78,5 % del total, concretamente por un valor de 3.182,1 millones de euros.
- El Estado español vendió material militar fuera de la UE y Egipto (219 millones de euros), junto a Omán (208,3 millones de euros), Arabia Saudí (116,2 millones de euros) y Malasia (167,6 millones de euros) fueron los países donde más
vendió material militar.
- Los principales mercados europeos son el Reino Unido (1.346,7 millones de euros, un 33,2 % del total), Alemania (771,7 millones de euros, un 19,0 % del total), Francia (183,4 millones de euros, un 4,6 % del total) e Italia (138,3 millones
de euros, un 3,4 % del total).
- Este tipo de comercio se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de defensa.
Para poner un ejemplo, entre los países donde el Estado español vendió material militar está Arabia Saudí, un país gobernado a través de una monarquía absoluta, con graves acusaciones de violación de los Derechos Humanos y al que además, en
los dos últimos años, se considera que está apoyando a uno de los bandos de la guerra civil en Yemen, concretamente el bando del Gobierno, habiendo bombardeado a la población civil con la coalición regional que dirige.
Según el Informe, a Arabia Saudí se le exporta lo siguiente: 116,2 millones de euros en repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de
un programa de cooperación, granadas de mortero, munición de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral. Todas las licencias relativas a munición fueron
acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país.
La campaña 'Armas bajo control' de las ONG Greenpeace, Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón denuncia el riesgo a que las exportaciones puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional en el
informe 'El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional'. Por ese motivo, dichas ONG han presentado unas recomendaciones, y en una de ellas piden al Gobierno español 'No autorizar transferencias de armas cuando
exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario'. También alertan del riesgo de que Arabia
Saudí e Irak usen dicho material para violar los derechos humanos en Yemen o por la posibilidad que acaben en manos de Estado Islámico respectivamente.
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de la ONU, ratificado por el Estado español el 2 de abril de 2014, regula el comercio internacional de armas convencionales. En los artículos 6 y 7 clarifica los supuestos de prohibición y deja a
los estados miembros la exportación y evaluación siempre y cuando no esté prohibida o no se utilizara en los supuestos que describen.
'Artículo 6. Prohibiciones.
1. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de las
obligaciones que le incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de armas.
2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de sus
obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que es parte, especialmente los relativos a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.
3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el 6 artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento
de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como
tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.
Artículo 7. Exportación y evaluación de las exportaciones.
1. Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada Estado parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de elementos
comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, y de conformidad con su sistema nacional de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes, incluida la información proporcionada por el Estado
importador de conformidad con el artículo 8, párrafo 1, el potencial de que las armas convencionales o los elementos:
a) Contribuyesen o menoscabasen la paz y la seguridad;
b) Podrían utilizarse para:
i) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario;
ií) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos;
iii) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que sea parte el Estado exportador; o
iv) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador.'
La legislación española que regula el control del comercio exterior del material de defensa está bien consolidada y cohesionada. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble
uso contempla por primera vez el comercio exterior de material de defensa y de doble uso. En el preámbulo de dicha Ley se dice: 'España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones son coherentes con los compromisos vigentes de conformidad con
el Derecho Internacional y de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza'. Y el artículo 8 lo concreta:
'Artículo 8. Denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones.
1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o
regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de
represíón interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la
existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de
los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las
mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.'
Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata (PDeCAT) presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y en particular al Ministerio de Defensa a:
1. Asegurar que las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso sea coherente con la legislación estatal y el Derecho internacional.
2. Denegar las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso a países donde se violan los Derechos Humanos, cometen o facilitan una violación grave del derecho internacional y a aquellos
que estén implicados directamente en conflictos armados.
3. Presentar un informe, antes de finalizar en año, ante la Comisión de Defensa sobre el riesgo de exportar material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso a los países donde se ha exportado dicho material y
se sospecha que se violan los Derechos Humanos, cometen o facilitan una violación grave del derecho internacional o bien aquellos que estén implicados directamente en conflictos armados actuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Míriam Nogueras i Camero, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
aceptación por parte del Ministerio de Defensa de la modificación del convenio suscrito sobre los aprovechamientos que mantiene el Ministerio de Defensa en el antiguo Parque de Artillería de la ciudad de Burgos, para su debate en la Comisión de
Defensa.
Exposición de motivos
El 14 de septiembre de 2006 el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio sobre diversas propiedades de este ministerio en la ciudad de Burgos: los terrenos ubicados en la trasera del Acuartelamiento 'Capitán
Mayoral', las instalaciones ubicadas en la calle La Puebla y el Parque de Artillería y su paralela con la calle Santa Bárbara.
Respecto al Parque de Artillería, con una superficie de 50.345,64 m2, ambas administraciones manifestaron su interés en que parte del suelo destinado a viviendas, calificado como vivienda libre, fueran destinados a la construcción de
viviendas protegidas, planteando para ello una modificación del anterior PGOU de Burgos.
El propio convenio recogía los parámetros urbanísticos resultantes de la modificación que, una vez aprobado el nuevo PGOU en 2014, deja definitivamente la superficie total del ámbito en 48.265 m2, proporcionando un uso predominante
residencial de vivienda colectiva, compatible con otros usos residenciales, productivos y de equipamiento privado, con un número máximo de viviendas entre 241 y 337, de las cuales el 50 % estarían protegidas.
En mayo de 2013 el Ministerio de Defensa decide sacar a subasta pública los casi 50.000 m2 del antiguo Parque de Artillería, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
Con esta subasta pública se da marcha atrás a los planes iniciales de encargar la promoción de las viviendas a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Fomento. La firma del convenio entre los
Ministerios de Fomento y de Defensa se daba por hecha en 2011, cuando incluso se fijó en 3 millones de euros el precio que Fomento iba a pagar a Defensa por el suelo, con la excusa de que Ley de Patrimonio no permite transferencias gratuitas de
bienes entre organismos, aunque sean de la misma administración.
Diferentes asociaciones, colectivos y vecinos vienen denunciando desde 2005 que la construcción de viviendas en la parcela que se libera en el Parque de Artillería no es conveniente, porque supondría un incremento de la densidad residencial
de una zona muy poblada y también porque se perdería la oportunidad de proporcionar espacios libres y dotaciones públicas a un barrio como Gamonal, que sufría y sufre grandes carencias.
Desde el PSOE apostamos por esta propuesta a favor del interés general de la ciudad de Burgos, para que el aprovechamiento residencial previsto se trasladara a otras zonas residenciales de nueva urbanización, respetando el equilibrio y
adecuándose los aprovechamientos a las nuevas valoraciones del suelo que se entregue en sustitución del existente.
Una propuesta que posibilite a través de un concurso de ideas, la creación de un nuevo parque urbano de casi 50.000 m2 en el centro geográfico de la ciudad, en una de las zonas con mayor densidad de población y saturadas de viviendas. Un
'pequeño Retiro' en el corazón de Burgos.
Además, el pleno del Ayuntamiento de Burgos, con fecha 14 de octubre de 2016 y a propuesta del Grupo Municipal Socialista, acuerda llevar a cabo un estudio previo de los aprovechamientos urbanísticos que, siendo suficientemente atractivos,
puedan ofrecerse al Ministerio de Defensa en otros sectores de la ciudad como paso previo a la revisión del Convenio. Este estudio de parcelas en suelo urbano con edificabilidad residencial y terciario compatible para proponer al Ministerio de
Defensa un convenio destinado a compensar el aprovechamiento urbanístico asignado en el PGOU al Parque de Artillería con cargo a parcelas de titularidad municipal ya ha concluido y se ha informado del mismo a INVIED. En total, se ofrece al
Ministerio 15 parcelas y más de 48.000 m2 de uso residencial.
La propia corporación solicita que el Ministerio acceda a la revisión del convenio de 2006 y una vez prospere la negociación con el propio Ministerio, propone modificar el PGOU vigente calificando como sistema general de espacios libres
públicos y equipamiento de contingencia los terrenos del antiguo Parque de Artillería, reconociendo al Ministerio de Defensa el aprovechamiento urbanístico al que tiene derecho en otros sectores urbanizables en lo que existen propiedades públicas
municipales suficientes para cumplir con este compromiso.
Hay que recordar que el 14 de septiembre de 2017 es la fecha tope para la presentación de ofertas para la subasta de los terrenos del Parque de Artillería prevista por INVIED para el 27 del mismo mes.
Esta propuesta ya no es solo del PSOE, sino que lo es de toda la ciudad de Burgos. Sus propios vecinos estudian movilizaciones para reclamar que el Ministerio acepte una propuesta más que generosa.
La ciudad de Burgos le ha dado todo al Ministerio de Defensa durante décadas, siendo el momento de que el Ministerio demuestre su correspondencia aceptando un planteamiento más que justo que le hace la ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar al Ministerio de Defensa para que acceda a la revisión del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Burgos en 2006, por el que se concede al Ministerio un aprovechamiento en el antiguo Parque de Artillería de 48.265 m2 de uso
residencial.
2. Instar al Ministerio de Defensa a considerar positivamente el planteamiento que le hace el Ayuntamiento de Burgos para que desarrolle los aprovechamientos que tiene reconocidos en las parcelas que les ofrece la ciudad y no en el antiguo
Parque de Artillería y de ese modo, ambas instituciones convienen una permuta para que el aprovechamiento urbanístico que tiene reconocido en el Parque de Artillería de Burgos pueda materializarse en las parcelas de titularidad municipal que les
ofrece el
Ayuntamiento de la capital burgalesa, sin perjuicio de la posibilidad de sustituir alguna de las referidas parcelas por otras que permitan concluir satisfactoriamente para la ciudad y para el Ministerio ese nuevo convenio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al mantenimiento de la personalidad jurídica del Banco Pastor y la protección de los accionistas del Banco Pastor y el Banco Popular,
así como la prohibición de operaciones en descubierto que eviten el forzamiento de la caída de empresas en bolsa, y la creación de un Banco Público con base en la entidad Bankia.
Exposición de motivos
La reciente intervención y venta, en tramitación urgente, del Banco Popular y su filial, el Banco Pastor, por parte de las autoridades españolas y europeas, puede suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo, así como el
desmantelamiento de una red de oficinas bancarias que ofrece servicios en determinados ámbitos territoriales que pueden quedar en situación de 'exclusión financiera'. Esta deriva puede ser especialmente sangrante en el caso de Galicia, donde el
Banco Pastor mantiene 202 sucursales que se extienden por las diferentes comarcas de perfil más rural, y cuya clausura supondría dejar sin cobertura de servicios a un buen porcentaje de la población gallega, lo que sumaría un nuevo factor al
despoblamiento y el envejecimiento poblacional que sufren estas áreas y la propia región.
La mitad de las oficinas del Banco Pastor, alrededor de 111, se localizan en municipios donde hay también otras del Banco Santander, por lo cual es más que posible que se proceda al cierre de numerosas sucursales. La red de oficinas del
Banco Pastor cubre asimismo determinadas áreas de perfil rural, con municipios pequeños, donde el Banco Santander ha dejado de prestar servicios debido a su política comercial, con lo cual también es previsible que se proceda al cierre de estas.
Con todo ello, la cobertura de servicios bancarios va a experimentar un retroceso, más patente en áreas de municipios de pequeño tamaño donde los servicios ya son exiguos, con la consiguiente marginalización de parte de la población
localizada en estas zonas.
Y, por ende, el cierre de oficinas conllevará el despido de buena parte de los 1.430 empleados del Banco Pastor en Galicia, así como de los alrededor de 10.000 empleados que mantiene el Banco Popular en otras regiones.
El Banco Pastor, con sus 241 años de historia, ha tenido un papel clave en el desarrollo de Galicia, su tejido industrial y económico, así como en su cohesión social y territorial. Su fusión con el Banco Popular en el año 2011 por mandato
del Banco de España no tuvo graves efectos en relación al empleo y la red de servicios. El Banco Pastor mantuvo su marca y su estructura territorial, lo que permitió a pequeños ahorradores e inversores gallegos mantener su actividad económica de
manera estable. Hay que recordar que el Banco Pastor era en el momento de su intervención la segunda entidad por número de clientes, cuotas de depósitos, créditos y número de empleados en Galicia, solo por detrás de Abanca (antigua
NovaCaixaGalicia, fruto de la fusión de las antiguas cajas Caixa Galicia y Caixanova). Esto es, una cartera de 680.000 clientes gallegos, que generan un negocio de más de 20.000 millones de euros.
En este marco, el cierre de oficinas por parte de su nuevo propietario, el Banco de Santander, tendría efectos muy negativos en relación a la pérdida de puestos de trabajo y la cobertura de servicios esenciales para buena parte de la
población gallega. Se estima, así, que el mantenimiento de la
personalidad jurídica propia del Banco Pastor, de su estructura de implantación territorial y de su plantilla son una causa de interés general que debe ser atendida desde las administraciones públicas de manera adecuada y urgente.
Otro aspecto relevante en el proceso de intervención, resolución y venta que ha sufrido el Banco Pastor y el Popular es el relacionado con las pérdidas provocadas a los miles de pequeños inversores en estas entidades.
El procedimiento de resolución dispuesto por las autoridades españolas y europeas incluía la reducción del capital social de la entidad, que ascendía en el momento de su intervención a 2.098 millones de euros, hasta un valor de cero euros.
Es decir, los alrededor de 300.000 accionistas del banco han perdido íntegramente el valor de su inversión. El Banco Popular estaba valorado en bolsa, aún tras sus enormes pérdidas, en unos 1.300 millones de euros, que se han volatilizado con su
venta por un euro al Banco Santander.
Por parte de las autoridades se ha declarado que la prioridad era salvar a los depositantes y ahorradores, pero no se ha hecho nada para salvar a los miles de pequeños inversores de la entidad. La quiebra del Banco Pastor y el Popular han
sido posibles por una ineficiente actuación de las entidades reguladoras y supervisoras. La laxitud en la regulación del sector financiero y bancario, así como la carencia de herramientas y mecanismos apropiados de supervisión y control,
permitieron el desarrollo y consolidación de prácticas perversas por parte de las entidades financieras, centradas en la maximización de beneficios en el corto plazo sin atender a otras consideraciones de orden económico ni social.
En este marco, las actuaciones de los consejos de administración y equipos directivos de muchas de estas entidades han estado motivadas por intereses particulares, ajenos incluso a los de los accionistas (propietarios legales) de estas
compañías, sobre todo en lo que respecta a los pequeños inversores, parte de los cuales eran los propios trabajadores de la entidad.
Todo ello ha derivado en situaciones de extrema vulnerabilidad no solo de las propias entidades, sino del sistema financiero en su conjunto, con las consecuentes repercusiones que ello ha generado sobre el resto de sectores de actividad y en
la economía española y mundial de manera general.
Hay que recordar que el Banco Popular realizó, en 2016, una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, a la que la CNMV dio su consentimiento. Las actuaciones de supervisión realizadas por la CNMV, el Banco de España y el
Banco Central Europeo, incluyendo los 'test de estrés' a los que se ha sometido al sistema bancario español, informaban de la buena salud de esta entidad, lo que ha supuesto a la larga un fraude para los miles de inversores que confiaron en estas
valoraciones.
Uno de los aspectos que parece haber sido determinante en la caída y resolución de estas entidades, y que también se relaciona con la carencia de reglamentaciones y mecanismos de control y supervisión suficientemente garantistas, ha sido el
efecto negativo de las operaciones al descubierto (u operaciones en corto) realizadas, en su mayor parte, por fondos de inversión y grandes inversores privados, que apostaron grandes sumas a la caída en bolsa de los valores de estas entidades.
La presión a la baja forzada por estas operaciones hizo que las acciones del Banco Popular se desplomaran en bolsa en pocos días, perdiendo más de la mitad de su valor en las últimas 5 sesiones previas a su intervención y resolución. Se
calcula que en ese momento las operaciones especulativas alcanzaban aproximadamente a un 12 % de las acciones de la entidad.
Pocos días después de la intervención del Banco Popular, el lunes 12 de junio, la CNMV prohibía de forma inmediata y por plazo de un mes las ventas en corto y operaciones similares relacionadas con las acciones de otra entidad bancaria,
Liberbank, que se había sumido en las últimas fechas en un proceso asimilable al del Banco Popular. El objeto declarado de la imposición de esta medida coyuntural es evitar la quiebra de la entidad por motivos meramente especulativos. Una medida
semejante se puso en marcha en el ejercicio 2012, en plena crisis financiera, con objeto de garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
La implementación de medidas similares por parte de la CNMV en el caso del proceso del Banco Popular y el Banco Pastor habría servido, muy probablemente, para evitar el rápido colapso de estas entidades, y con ello habría evitado, o en todo
caso limitado, las pérdidas ocasionadas a los más de 300.000 accionistas de estas entidades.
Podemos decir, pues, que tanto la CNMV como el Banco de España y el Banco Central Europeo, organismos reguladores y supervisores del sistema financiero, son corresponsables de las pérdidas económicas de miles de pequeños inversores gallegos
y del resto de España que confiaron en la buena
salud del Banco Pastor y el Popular. Y como tales deben hacerse corresponsables de la reparación de los daños a los miles de pequeños inversores afectados en este proceso.
Por último cabe precisar otro efecto pernicioso de la actuación desarrollada por las autoridades financieras. La absorción realizada del Banco Pastor y el Popular por el Banco Santander sitúa a esta última entidad como líder del mercado
español, con un 18 % de la cuota de mercado.
Así, el 72 % del mercado pasa a estar en manos de solo cinco entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), lo que da continuidad al proceso de concentración bancaria ejecutado desde 2008, cuando estas entidades abarcaban
solamente el 42 % del negocio. Esta situación es mucho más grave que en el resto de Europa, donde, salvo en el caso de Holanda, se mantienen niveles de concentración muy inferiores al 50 %.
Esto supone la conformación de un cada vez más nítido oligopolio empresarial, un duopolio en el caso de Galicia, donde unas pocas entidades bancarias privadas con vocación transnacional se hacen con todo el negocio financiero, lo que tiene
importantes connotaciones. Primero, en lo relativo a la configuración de un mercado financiero cada vez más alejado de la libre competencia, con grandes entidades capaces de imponer sus condiciones a mercados crecientemente dependientes. Además de
los efectos directos sobre los precios y la calidad de los servicios, pueden preverse consecuencias directas sobre la competitividad de las empresas no financieras, o bien sobre la independencia de las instituciones públicas, clientes todos de estas
entidades bancarias.
En segundo lugar, la emergencia de un sistema financiero con entidades cada vez más grandes eleva de manera exponencial los riesgos de un colapso del propio sistema, con bancos 'demasiado grandes para caer', cuyo salvamento en caso de nuevos
procesos de crisis sería ineludible para las instituciones públicas para evitar crisis económicas de gran envergadura, pero cuyo coste supondría de por sí una carga difícil de soportar para las arcas públicas.
Y en tercer lugar, la desaparición paulatina de entidades financieras de menor tamaño, más ligadas al territorio y tradicional sostén de la economía de familias y pymes, supone una pérdida de factores de apoyo al desarrollo endógeno, la
soberanía económica y la cohesión social y territorial.
Dada esta situación, la absorción por parte de estas grandes entidades de otras más pequeñas que aún sobreviven, como Unicaja, Kutxabank, Liberbank o Ibercaja, podría tener efectos muy perniciosos. Algo que sería aún más grave en el caso de
que finalmente se ejecuten los planes del gobierno de proceder a la privatización de Bankia, dado su enorme tamaño tras el proceso de reestructuración ya realizado.
En este sentido, y ante el peligro de inestabilidad sistémica de una banca privada cada vez más grande y cada vez más alejada de las necesidades de la población y el tejido empresarial, solo cabe convertir Bankia en un banco público, apegado
al territorio, con un modelo de funcionamiento ético y responsable, democrático y transparente, bajo control social, que sirva a los intereses generales ofreciendo servicios financieros a aquellos sectores de la población y la economía que lo
requieren y situándose como pilar financiero de la economía española.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para que el Banco Pastor siga manteniendo personalidad jurídica propia, con C.I.F. propio, conservando su estructura de implantación territorial y su plantilla de empleados.
2. Adoptar las medidas necesarias para compensar a los pequeños inversores del Banco Pastor y el Banco Popular por las pérdidas sufridas en su proceso de quiebra, intervención y resolución.
3. Adoptar las medidas oportunas para la implementación de un mecanismo que permita limitar de manera permanente las ventas en corto en los mercados de valores, así corno la realización de cualesquiera operaciones de creación de
instrumentos financieros o vinculadas a instrumentos financieros con efectos de conferir una ventaja financiera basada en la disminución del valor de cualquier título financiero.
4. Adoptar las medidas convenientes para evitar la privatización de Bankia e iniciar un proceso de configuración de un Banco Público a partir de esta entidad, con una estructura de gestión y control
democráticos y con participación social, regida por una política de servicio público a la comunidad, y con un modelo de funcionamiento bajo criterios de ética y transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al impulso del sector agroalimentario.
Exposición de motivos
El pasado mes de junio la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso debatió y aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la calificación como sector estratégico del sector agroalimentario.
Dicha propuesta no incluía ningún tipo de encomienda relativa al diseño y ejecución de planes o programas de actuación pública para el desarrollo y mejora de este sector, ni a la implementación de medidas específicas que permitieran avanzar en este
mismo sentido.
De igual manera, se detectan carencias importantes en lo relacionado con la definición de otros sectores estratégicos de la economía española, que no cuentan, en buena parte, con los correspondientes planes estratégicos que permitirían
avanzar en su impulso, por lo que la mera calificación de estos como 'sectores estratégicos' pierde todo su sentido.
En relación al sector agroalimentario, y más concretamente a la industria agroalimentaria, las debilidades y necesidades de la actividad son amplias y diversas, igual que las oportunidades que muestra. En este sentido, se hace necesario un
apoyo decidido por parte de las administraciones públicas que pueda incidir en el desarrollo de todo su potencial, tanto en lo relativo a su papel como pilar en la creación de actividad económica y empleo como en lo tocante a su condición como
factor de sostenibilidad en lo social, lo territorial y lo ambiental.
Aspectos tales como el desarrollo del tejido industrial para la valorización de las producciones agropecuarias locales, la modernización de las instalaciones, el avance en la inversión y la transferencia de la l+D+i, la minoración en los
consumos y residuos, la capacitación de las plantillas, el aumento en la calidad y salubridad del producto y su diversificación, el desarrollo de redes de colaboración y tejido cooperativo a lo ancho y largo de la cadena productiva, las mejoras en
los sistemas de financiación y seguros, el control de los precios, o la mejora de las condiciones laborales, son, entre otras, líneas necesarias de avance para el sector en los que el papel de las instituciones resulta fundamental.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas oportunas para elaborar, en el plazo de seis meses, y por medio de la colaboración de los diferentes agentes socioeconómicos territoriales y sectoriales, una propuesta de definición de los sectores estratégicos de
nuestra economía.
2. Adoptar las medidas oportunas para desarrollar, en el plazo de un año y por medio de la colaboración de los diferentes agentes socioeconómicos territoriales y sectoriales, una propuesta de planificación de políticas económicas para el
impulso de los diferentes sectores estratégicos del país.
3. Diseñar e implementar, en colaboración con agentes del sector, consumidores y representantes de toda la cadena productiva, un plan integral de actuaciones en materia de apoyo al sector agroalimentario
español, que cuente con una aportación financiera suficiente y adecuada en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
4. Diseñar e implementar, en colaboración con agentes del sector, consumidores y representantes de toda la cadena productiva, una revisión de la normativa vigente en el sector, con especial énfasis en el control de los precios y la calidad
de los productos, estableciéndose en los casos necesarios la regulación que corresponda para impedir las ventas por debajo de costes, así como cualquier tipo de práctica por medio de la cual las grandes empresas intermediarias y comercializadoras
presionen a la baja en los precios de los productos que supongan una situación insostenible para los productores.
5. Adoptar las medidas oportunas que permitan avanzar en fórmulas de financiación pública y privada bajo criterios de transparencia, equidad, flexibilidad y adecuación que sirvan al impulso y consolidación del sector agroalimentario
español.
6. Adoptar las medidas necesarias para promover la mejora en las condiciones de seguridad y calidad alimentaria, primando los mecanismos de apoyo y asistencia por parte de entes públicos y entidades sin ánimo de lucro frente a otros
sistemas que impliquen un aumento de los costes a las empresas del sector.
7. Desarrollar, en colaboración con representantes sindicales del sector, una revisión de la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras, así como las consiguientes actuaciones para la mejora de las condiciones laborales.
8. Adoptar las medidas adecuadas para el desarrollo de políticas públicas que sirvan a la promoción efectiva del asociacionismo y el cooperativismo de pequeños y medianos productores y pymes.
9. Establecer las políticas adecuadas, con aportación de fondos públicos suficientes, para el desarrollo de la industria agroalimentaria, que permita la valorización de las producciones en aquellos territorios donde se realicen las propias
producciones primarias.
10. Adoptar las medidas necesarias que permitan un impulso efectivo a la modernización y redimensionamiento de las pymes dedicadas a la industria agroalimentaria.
11. Apoyar de manera decidida la I+D+i en el sector agroalimentario por medio de un aumento sustancial de los fondos transferidos para ello, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, a los centros públicos y universidades, con
especial énfasis en el desarrollo de servicios, proyectos y acciones de transferencia del conocimiento y las tecnologías a pymes del sector.
12. Adoptar las medidas necesarias para el impulso de la modernización tecnológica y la digitalización en los procesos de transformación de la industria agroalimentaria, con el objetivo, entre otros, de aumentar su eficiencia energética y
reducir su consumo de recursos naturales como el agua.
13. Establecer las medidas oportunas que permitan un impulso a la internacionalización de producciones agroalimentarias españolas.
14. Adoptar las medidas oportunas para el incremento de los recursos humanos y materiales dedicados al asesoramiento, orientación, asistencia y apoyo técnico especializados a las pymes del sector.
15. Emprender, con la colaboración de los diferentes agentes relacionados, las medidas necesarias para la adaptación, desarrollo y mejora de los sistemas públicos de educación y formación en materia agroalimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré y el Diputado Joan Capdevila i Esteve al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia
en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
El Parlament de Catalunya aprobó el 29 de julio de 2015 la Ley del Parlament de Catalunya 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta Ley se dictó como a raíz de la
Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), l'Alianga Contra la Pobresa Energética y el observatorio DESC, presentada con el aval de más de 140.000 firmas, y aprobada con la unanimidad de todos los
grupos parlamentarios.
Corno explica su preámbulo, Catalunya es, entre las comunidades autónomas del Estado español, una de las más afectadas por la crisis económica. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, más de 200.000 hogares tienen a todos sus
miembros en paro, y 95.000 de estos hogares no perciben ingreso alguno. Esta situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Y el sobreendeudamiento hipotecario es, de hecho, una de las problemáticas más agudas.
Catalunya se ha convertido en una de las comunidades autónomas con mayor número de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2013 se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de
ejecuciones hipotecarias. En muchos casos, estos procedimientos conllevan no solamente la pérdida de la vivienda habitual, sino también la adquisición de una deuda exorbitante con las entidades financieras. A la problemática de las ejecuciones
hipotecarias se añaden las dificultades para afrontar el pago del alquiler: según datos judiciales, un 67 % a los 16.008 desahucios que se produjeron en 2013 en Catalunya estuvieron relacionados con el impago del alquiler.
Al mismo tiempo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética, entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua. Los precios de acceso a estos suministros se han
vuelto inasequibles para la población. Desde 2008, la luz ha subido un 60 % y el agua un promedio del 66 %. El Síndic de Greuges, en el Informe sobre la pobreza energética en Catalunya, de octubre de 2013, documenta los impactos sociales,
sanitarios y medioambientales de la pobreza energética, y denuncia el sobreesfuerzo que implica la acumulación de deudas vinculadas al pago de facturas del hogar. El mismo informe recuerda que, según la Encuesta de condiciones de vida
correspondiente a 2011, en Catalunya hay 193.000 hogares -un 6,9 % del total- que no pueden asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Según datos de la Asociación Española de Ciencias Ambientales, solamente en el Área Metropolitana de Barcelona se ha pasado de 27.359 expedientes de suspensión del suministro de agua en 2011 a 72.039 en 2012. Las dificultades para afrontar
el pago de la vivienda y la pobreza energética conllevan, incluso, la pérdida de vidas humanas. Además, el informe 'Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecária en el dret a la salut i els drets deis infants' evidenciaba
las consecuencias en la salud y en la infancia.
El empeoramiento de esta situación de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por entidades financieras y empresas de suministros. Las cinco entidades
financieras más grandes del Estado español -Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell- cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Cabe recordar, asimismo, que desde el inicio de la crisis las administraciones públicas
han transferido cerca de 165.000 millones de euros a las entidades financieras. El informe 'Emergencia habitacional en el Estado español', del Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ponía de manifiesto que algunas de
las entidades que más desahucian son precisamente las que han concentrado la mayor parte de ayudas públicas. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha cifrado en 80.000 los pisos nuevos sin estrenar que quedan vacíos en Catalunya.
Este diagnóstico puede extenderse también a las empresas de suministro energético. Durante los tres primeros trimestres de 2013, el oligopolio eléctrico que opera en el Estado español (Endesa, Gas Natural Fenosa, lberdrola, EON España y
EDP) obtuvo un beneficio de 7.638 millones de euros, el doble que el de las eléctricas europeas. La principal empresa distribuidora de luz en Catalunya, Endesa, declaró un beneficio de 1.879 de millones de euros en el año 2013.
En congruencia con la Declaración universal de los derechos humanos, el artículo 11 del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Según la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al PIDESC, el contenido del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua
potable y a energía para la cocina, la calefacción y la luz, y el derecho al agua y al saneamiento son reconocidos por la Observación general número 15, mientras que la Observación general número 7 incorpora como contenido del derecho a la vivienda
la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.
Estos derechos específicos generan diferentes tipos de obligaciones para las administraciones públicas. En este sentido, la Observación general número 3 afirma que deben realizar todos los esfuerzos, hasta el máximo de recursos disponibles,
para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, y que deben asegurarlos no solamente ante la Administración, sino también ante los abusos que puedan cometer particulares.
Muchos de estos derechos y de estas obligaciones están amparados también por la Constitución española y por el Estatut d'Autonomia de Catalunya.
La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47), impone también a los poderes públicos el deber de garantizar que el
derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artículo 33) y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128). Esta obligación es especialmente relevante en el caso de las entidades financieras y
empresas que prestan servicios económicos de interés general, sobre todo si han sido beneficiarias de ayudas y subvenciones de carácter público.
Asimismo, el artículo 5 del Estatut d'Autonomia de Catalunya dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotación y maltratos, como las que, 'de facto', conllevan la falta de una vivienda digna, el
sobreendeudamiento o la imposibilidad de acceso a suministros básicos de agua, luz y gas. El artículo 30, de hecho, determina que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios de interés general. Por otra
parte, y en los mismos términos que el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 42.3 del Estatut d'Autonomia de Catalunya obliga a los poderes públicos a velar por la dignidad, la seguridad y la protección
integral de las personas, especialmente de las más vulnerables. En este sentido, el artículo 148.1.3 de la Constitución otorga a las comunidades autónomas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda, y efectivamente el artículo 137
del Estatut d'Autonomía de Catalunya atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en dicha materia, como asimismo le atribuye, mediante el artículo 123, la competencia exclusiva en materia de consumo.
Pese a todo lo anterior, el Gobierno español, en su ofensiva total contra la soberanía parlamentaria catalana y contra los derechos más básicos, puso en riesgo a los ciudadanos beneficiados por esta Ley interponiendo un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido el 24 de mayo de 2016. La suspensión inmediata de la Ley, que fue mantenida por el propio Tribunal mediante Auto de 20 de septiembre de 2016, han dejado a todos esos ciudadanos
en unas condiciones indignas totalmente evitables.
Teniendo en cuenta que desde entonces el Gobierno no ha querido actuar para resolver la situación de emergencia social que se vive en toda España y en Catalunya en relación con la vivienda y la pobreza energética, es imperativo retirar el
recurso de inconstitucionalidad y permitir que se pueda desarrollar y aplicar la Ley 24/2015.
Todo ello, sumándole además, la manifiesta constitucionalidad de la Ley, toda vez que fue dictada respetando las competencias del Parlamento de Catalunya y, también, en ejercicio del derecho a la participación política de más de 140.000
ciudadanos que presentaron dicha ILP. No debe repetirse el error que se cometió con la anulación por parte del Tribunal Constitucional en su sentencia 62/2016, de 17 de marzo, del Decreto Ley 6/2013, de 23 de diciembre, del Govern de la Generalitat
de Catalunya que pretendía actuar contra la pobreza energética.
En consecuencia de todo lo anterior, es necesario, asimismo, dar el mismo trato a la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, aprobada como
respuesta a la impugnación de la Ley 24/2015 'para ayudar a las personas más desfavorecidas', como establece su propio preámbulo. Esta Ley aún no ha sido recurrida, pero el Gobierno ya ha anunciado su intención de hacerlo al Govern de la
Generalitat. Es necesario que el Gobierno se abstenga de llevar a cabo, de nuevo, el mismo error, y debe no interponer ese recurso y
centrarse en dar cobertura en todo el territorio a las situaciones de emergencia social que, desgraciadamente, vive la ciudadanía.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y a abstenerse de interponer
un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlament de Catalunya 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2017.-Joan Capdevila i Esteve y Ester Capella i Farré, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/002149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de una estrategia
de internacionalización para las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del comercio electrónico, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
Las microempresas y las pequeñas empresas constituyen el 99 % de nuestro tejido empresarial y además suponen el 77 % de los empleos de este país.
Por otra parte, se extienden territorialmente a todos aquellos lugares donde las grandes y medianas empresas no llegan, ya que estas desean situarse cerca de las ciudades, en centros logísticos o en emplazamientos industriales que aporten
todo tipo de servicios.
Los datos nos dicen que el tamaño de las empresas sí importa. Cuanto más grandes, más empleo generan proporcionalmente, mayor capacidad inversora en I+D+i, y más apertura a mercados exteriores.
Por otro lado, se ha producido estos años, el verdadero cambio del sector productivo de este país: la Internacionalización de la empresa española. Pero queda una segunda parte, el impulso definitivo a la I+D+i en todo el sector
empresarial. Ambos cambios en el modelo productivo aseguraran empresas viables para las próximas décadas.
Pero los datos nos dicen que las pequeñas empresas no han conseguido sumarse a este cambio, ni en internacionalización ni en innovación -se encuentran rezagadas- por lo que proponemos una estrategia para intentar conseguir que las
microempresas y las pequeñas empresas consigan ambos objetivos.
Varias son las razones de esta rémora: en primer lugar, el coste de la apertura a mercados exteriores, los problemas de financiación para proyectos de innovación y la incertidumbre por la demanda futura.
Y queremos proponer que se haga en un proyecto conjunto de innovación e internacionalización a través del comercio electrónico. Los expertos declaran que la solución al pequeño tamaño de nuestras empresas es favorecer un ecosistema
flexible, diverso y equilibrado que pueda hacer frente a los desafíos de la digitalización y la velocidad que los cambios arrastran. Sin olvidar los atributos de la capacidad emprendedora: pasión, determinación, asunción de riesgos y capacidad de
resistir y perseverar, además de la rapidez de la gestión de los cambios.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que a través de la Secretaría de Estado de Comercio coordina las políticas de fomento de la internacionalización de la empresa española, está elaborando una Estrategia de
Internacionalización a medio plazo, en el seno del Grupo de Trabajo
Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española. Esta estrategia es el vehículo adecuado para abordar el proyecto conjunto de internacionalización, entre otros aspectos, a través del comercio electrónico y el
fomento de la innovación, mediante acciones conjuntas de los distintos ministerios con competencias en estas materias.
El comercio electrónico puede aportar todo eso, además de permitir su instalación y desarrollo en cualquier zona del país, incluso en zonas despobladas y rurales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en la futura Estrategia de Internacionalización de la economía española acciones de apoyo a la internacionalización de las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del
comercio electrónico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Ferran Bel i Accensi y de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su
debate ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, una Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas destinadas a la mejora del transporte público y la movilidad en la conurbación de Barcelona, al objeto de mejorar la calidad del
aire.
Exposición de motivos
Resulta urgente reducir la contaminación atmosférica de la conurbación de Barcelona y mejorar la calidad del aire. A estos efectos, el pasado 6 de marzo de 2017, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Área Metropolitana
de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y los ayuntamientos de 40 municipios de la conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político que tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.
Tal y como ha publicado la Agéncia de Salut Pública de Catalunya en un informe reciente:
'Los principales contaminantes son las partículas en suspensión (PM), el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2).
Estos contaminantes, dependiendo de su concentración en el aire y los factores de riesgo de exposición de las personas, pueden tener efectos perjudiciales para la salud a corto y/o a largo plazo. Así, se ha comprobado que la contaminación
del aire incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer de pulmón en la población. Además, el año 2013 la Agencia internacional de Investigación sobre el Cáncer concluyó que la contaminación del aire exterior es
carcinógena para los humanos.
Los grupos de personas más vulnerables a estos efectos son las personas con enfermedades cardíacas o del aparato respiratorio, Los bebés, los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas.'
En febrero de este año, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno para la adopción de medidas, en el plazo de dos meses, con el objetivo de cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las comarcas del Vallés
Oriental, Valles Occidental y el Baix Llobregat, así como en Madrid.
A su vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el exceso de la partícula contaminante PM10.
La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva en materia de la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas clases de contaminación, sin embargo, un número muy importante de medidas a tomar para mejorar la calidad del
aire son de competencia estatal.
A tal efecto, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, envió el pasado 9 de mayo sendas cartas a los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido y de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del Gobierno en distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras ministeriales para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.
Entre las distintas medidas a adoptar destacan algunas de ellas que afectan a infraestructuras de titularidad estatal situadas en Catalunya y, especialmente en toda la conurbación de Barcelona, que pueden incidir sobre una movilidad y un
transporte de mercancías menos contaminante; así como sobre una mejora del transporte público, como alternativa a un transporte privado, siempre más contaminante.
Se trata de mejorar la financiación del transporte público; de ejecutar las inversiones paralizadas desde hace años para la mejora de la infraestructura de Rodalies y Regionals; de ejecutar las inversiones del Corredor Mediterráneo ya
consensuadas en la Mesa Estratégica del Corredor Mediterráneo para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
Otro aspecto importante es la habilitación de carriles bus en la B-23 así como la aplicación de descuentos VAO y ECO en los peajes de competencia estatal de acceso a la conurbación de Barcelona para los vehículos con menores emisiones.
Transcurridos más de dos meses desde el envío de esas propuestas sin que, hasta el momento, hayan recibido respuesta, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar las medidas destinadas a primar la movilidad con bajas emisiones en las infraestructuras de transporte de la conurbación de Barcelona, dependientes de la Administración General del
Estado, así como a ejecutar inversiones básicas y fundamentales para la mejora del transporte público y para reducir las emisiones del transporte por carretera con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la conurbación de Barcelona. Entre
estas medidas insta al Gobierno a:
a) Aplicar descuentos VAO y ECO, en función de la etiqueta ambientar de la DGT, en los peajes de vías de competencia estatal de acceso a la conurbación de Barcelona, para los vehículos con menores emisiones.
b) Incrementar la financiación presupuestaria correspondiente a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) de 108 M en 2017 a 148 M a partir de 2018, en consonancia con la magnitud de los servicios integrados que gestiona
la ATM y que en la actualidad el Estado no financia.
c) Habilitar carriles Bus en la B-23 (enlace de !a AP7 a la altura de Molins de Rei hasta la Diagonal de Barcelona) o traspasar esta infraestructura a la Generalitat de Catalunya, con la financiación para la construcción de este carril y las
correspondientes partidas de mantenimiento.
d) Ejecutar -sin dilación- los planes de mejora de la infraestructura de Cercanías y Regionales, lo cual deberá revertir en una mejora de estos servicios ferroviarios en cuanto a frecuencias, velocidad comercial, información y calidad del
mismo.
e) Licitar y ejecutar con urgencia aquellas inversiones ferroviarias consensuadas en la Mesa Estratégica del Corredor Mediterráneo y en particular aquellas destinadas a impulsar el transporte ferroviario de mercancías, con el fin de
propiciar el traspaso modal del transporte de mercancías por carretera hacia el modo ferroviario. Entre estas, urge adjudicar y ejecutar el tramo entre Martorell y Vilaseca, los accesos al Port de Barcelona, la construcción de apartaderos de 750
metros y la ejecución y conexión de nuevas terminales intermodales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al Plan de Reestructuración y Saneamiento de la Deuda de las Administraciones Locales, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las entidades locales son la institución más cercana a la ciudadanía y la responsable de proveer buena parte de los servicios públicos esenciales. Las Comunidades Autónomas y el Estado deben ser garantes de la autonomía municipal y la
suficiencia financiera de los municipios, para hacer efectivo el artículo 142 de la Constitución, asegurando que las haciendas locales dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley les atribuye a través, no solo
de tributos propios sino de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Para la salvaguarda de esta autonomía local, estas administraciones supramunicipales, en particular el Estado, debe tener como base los valores de la
Carta Europea de la Autonomía Local, con pleno valor en el ordenamiento jurídico interno, que precisa la preferencia de las administraciones locales en las prestaciones de servicios de cercanía a la ciudadanía. Deben por tanto contemplar como
objetivo, la garantía de estabilidad en la prestación de servicios públicos de calidad y accesibles a toda la ciudadanía en su entorno más próximo, para lo que es urgente establecer mecanismos de descentralización y suficiencia financiera de los
municipios.
Una necesidad que se reafirma al realizar la comparación de la incapacidad financiera y de provisión de servicios públicos de la Administración Local española, con el panorama que presentan las administraciones locales europeas. Mientras
según Eurostat en el promedio de la zona euro, las administraciones locales gestionan alrededor del 11-12 % del gasto público total, en nuestro país, tan solo gestionan poco más del 6 % del gasto público del conjunto del estado español.
Las dificultades financieras que viven las Corporaciones Locales, tienen causa en un insuficiente desarrollo de los mandatos constitucionales, que reclaman la participación de las Administraciones Locales en los tributos estatales y
autonómicos, y necesitan un nuevo marco estable y predecible de Financiación Local vinculado con el debate sobre las competencias locales. Situación a la que se suman niveles de ingresos por tributos propios que son insuficientes para atender el
gasto vinculado a servicios esenciales en el marco de sus competencias.
Por todo ello, gran parte de los ayuntamientos españoles se enfrentan a situaciones financieras muy complicadas. Y ello a pesar de que en un contexto de crisis de sobreendeudamiento que asola a todas las Administraciones Públicas, los
Ayuntamientos son responsables de una parte muy minoritaria (Menor al 5 %) del total del endeudamiento público. Sin embargo, aunque la deuda municipal tiene un peso relativo menor para el conjunto de las Administraciones Públicas, muchos
Ayuntamientos tiene situaciones financieras muy graves, con consecuencias muy lesivas sobre el desarrollo de sus competencias y la atención a sus deberes y responsabilidades frente a la ciudadanía.
Las medidas que hasta el momento se han puesto en marcha para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos más endeudados no solo no han solucionado el problema sino que lo han empeorado. La prueba más evidente es que, a pesar de
que como resultado del ajuste sobre los presupuestos municipales la administración local es la única que registra superávit en vez de déficit, los ayuntamientos en peor situación financiera no consiguen reducir su nivel de endeudamiento.
Atendiendo a lo expuesto, es preciso desplegar de manera urgente un nuevo Plan de Reestructuración y Saneamiento de la Deuda para los municipios que se encuentran en estas circunstancias puesto que los planes actuales que están en vigor han
demostrado ser ineficaces, se ha producido una evidente dejación de responsabilidad frente a la ciudadanía en la que incurren estos ayuntamientos a causa de la asfixia financiera, la cual se ha convertido en insostenible y en un verdadero peligro
para los derechos sociales de la ciudadanía, que no pueden ver satisfechos sus derechos más básicos como la salud, los servicios sociales, el transporte o la cultura, por citar algunos ejemplos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar un Plan de Reestructuración y Saneamiento de la Deuda Municipal con el objetivo de reducir el nivel de endeudamiento de los municipios cuya situación de emergencia financiera y social esté afectando de forma grave a la prestación de
servicios básicos a los ciudadanos. Dicho Plan:
- Deberá priorizar a los municipios cuyo nivel de endeudamiento supere, en todo caso, el 250 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior al que entre en vigor el Plan.
- Tendrá en cuenta en cuanto a su metodología, diseño y desarrollo las características financieras, económicas y sociales de cada municipio.
- Asumirá como prioritarias las obligaciones de los ayuntamientos en materia de financiación de servicios básicos.
- Incluirá, entre otras medidas, la apertura de un proceso de reestructuración de la deuda municipal en la que se reprogramen las condiciones de pago de las obligaciones financieras pendientes.
- Asumirá los créditos procedentes de anteriores planes y fondos de rescate financiero, procediendo a su unificación.
- Su aplicación se llevará a cabo sin costes financieros o, en su caso, costes financieros viables según las condiciones de cada municipio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Ester Capella i Farré y Joan Capdevila i Esteve al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Suministro Inmediato de Información en las empresas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La aprobación del Real Decreto 596/2016 1, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, comporta, como una de las principales novedades, la
implantación de un nuevo sistema de Ilevanza de libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT (SII), lo que supone el suministro electrónico de los registros de facturación en un período breve de tiempo, acercando el momento del
registro o contabilización de las facturas al de realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas. El sistema persigue la doble finalidad de facilitar la lucha contra el fraude fiscal y constituir una herramienta de
asistencia al contribuyente.
El vigente sistema de gestión del IVA lleva funcionando, con las necesarias adaptaciones, desde hace más de 30 años. Sin embargo, la situación tecnológica actual permite la implementación de un nuevo sistema de Suministro Inmediato de
Información (SII) del IVA en este momento, mejorando de esta forma el control tributario y la asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones.
1 Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 'BOE' núm. 294, de 6 de diciembre de 2016, páginas 85173 a
85187 (15 páginas).
El SII supone una mejora sustancial en la relación de comunicación entre la Administración y el contribuyente, puesto que va a permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea, como una herramienta tanto de asistencia al
contribuyente, como de mejora y eficiencia en el control tributario.
El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica (mediante
servicios web basados en el intercambio de mensajes XML o, en su caso, mediante la utilización de un formulario web), con cuya información se irán configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. Pero no se trata de
remitir las facturas concretas de los contribuyentes.
En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.
El colectivo incluido obligatoriamente en el SII está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual:
- Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de ).
- Grupos de IVA.
- Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).
Este colectivo cuenta actualmente con sistemas desarrollados de software que se encuentran en disposición de adaptar para dar cumplimiento al envío de los registros de facturación en un plazo de cuatro días (excluidos sábados, domingos y
festivos nacionales).
Para el segundo semestre del 2017 está previsto que los contribuyentes tengan un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días (excluidos sábados, domingos y festivos estatales).
De forma adicional cualquier otro sujeto pasivo que así lo quisiera puede optar por su aplicación. Esta opción implicará que su obligación de autoliquidación será mensual y que además deberá permanecer en el sistema al menos durante el año
natural para el que se ejercita la opción. La opción por la aplicación del SII deberá realizarse durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. La opción para el ejercicio 2017 deberá realizarse
durante el mes de junio de este año.
Se trata de un nuevo sistema que incidirá sobre unos 63.000 contribuyentes que representan aproximadamente el 80 por 100 del total de la facturación empresarial del país.
La puesta en marcha del SII a partir del 1 de julio se produce después de muchos meses, sino años, en que la AEAT ha estado preparando sus sistemas informáticos y sus procedimientos para poder ponerlo en marcha, mientras que las empresas han
tenido escasamente dos meses y medio, si tenemos en cuenta que la orden ministerial que concretó los aspectos más significativos de su gestión informática no se publicaron hasta esta fecha. Incluso en fecha 15 de junio todavía se están publicando
notas y modificaciones sobre su ejecución 2.
Para comprender la magnitud de la problemática generada debe tenerse en cuenta que la implantación de dicho sistema supone una alteración substancial de procedimientos de gestión y procedimientos internos que, en muchas empresas, no es
posible implantar en tan poco tiempo de forma segura y garantizada. También debe tenerse en cuenta el esfuerzo económico que supone para las empresas en formación del personal y adaptación de programas informáticos que no aportan otro valor a la
productividad de las empresas que el cumplimiento normativo.
Es evidente, pues, que tras mucho tiempo de preparativos y de pruebas por parte de la administración, la AEAT está exigiendo a las empresas que adapten en 3 meses lo que le ha supuesto diversos años de preparación, con un grado de
desconocimiento total sobre lo que va a suponer para las empresas, a nivel organizativo, poder cumplir con todos sus requerimientos.
Si bien es cierto que los responsables de la AEAT han afirmado que no se van a interponer sanciones, legalmente no está así previsto y se debe dar seguridad jurídica a las empresas y no obligar a los funcionarios a 'prevaricar' por actuar de
forma distinta a lo que prevé la normativa.
2 NT del Departamento de Informática Tributaria Subdirección General Aplicaciones. Versión 1.0. Suministro inmediato de Información Entorno de Producción y Entorno de Pruebas. 15/06/2017.
En la práctica, otra problemática previsible está ligada a la intervención de diversas personas dentro de una organización que deben poder utilizar en algún momento la firma digital de la empresa sin que se hayan establecido los límites
adecuados para preservar la integridad digital de la empresa.
Diversas asociaciones representativas de las pymes, como la Cecot, son realmente conscientes que la digitalización de los sistemas de control por parte de la Administración tributaria va en la línea de los avances tecnológicos y que son
mecanismos de lucha contra el fraude fiscal y contra el intrusismo que aportarán, cuando se consoliden, aspectos positivos para el económico.
Y por ello, requieren medidas para facilitar una introducción pacífica y progresiva del SII para que las empresas puedan llegar a valorar positivamente el sistema, y no lo perciban de forma contraria, asumiéndolo como una imposición más por
parte de la AEAT, que no sería lo idóneo para nadie.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer una moratoria de 6 meses para la aplicación del SII, considerando que, a todos los efectos, el semestre que va de julio a diciembre de 2017 sea un periodo de prueba del sistema SII -Suministro Inmediato de Información- para
las empresas.
2. En virtud del punto anterior, llevar a cabo los cambios normativos necesarios a los efectos de garantizar legalmente la no imposición de sanciones durante los próximos seis meses a las empresas que presenten la información en base al SII
por los errores técnicos que se puedan producir.
3. Con carácter excepcional, alargar el plazo de presentación de los registros a 30 días, en lugar de los ocho previstos, a los efectos de garantizar una adecuada adaptación de los procesos internos de las empresas al nuevo sistema de
información.
4. Establecer mecanismos para facilitar la firma digital en los casos de intervención de diversas personas en una misma empresa, estableciendo límites adecuados para preservar la integridad digital de la empresa.
5. Considerar las inversiones que las empresas tienen que realizar en relación a la puesta en marcha del SII (tanto de formación como tecnológica) como Innovación Tecnológica, a efectos de las deducciones previstas en el Impuesto sobre
Sociedades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2017.- Ester Capella i Farré y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/002088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la recuperación de la movilidad dentro de la Administración General del Estado, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge los principios y modalidades de la carrera profesional de los
funcionarios de carrera.
En su apartado 1, establece que los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional, siendo esta un conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.
En lo que se refiere al personal laboral, el artículo 19 del EBEP establece:
'1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.'
El 2 de julio de 2010, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de medidas 'de austeridad y eficiencia en materia de empleo público' que condiciona los movimientos de efectivos y, en general, la movilidad del personal público. A cambio,
este acuerdo abre la espita al uso y abuso de la figura del nombramiento en comisión de servicios.
La movilidad en el seno de la función pública y el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas está orientada a optimizar el potencial de los recursos humanos del sector público, siendo a su vez expresión del derecho a
promoción profesional estatutariamente recogidos en el EBEP como veíamos al inicio; los empleados y empleadas públicas tienen así la posibilidad de desarrollarse cambiando tanto de puesto de trabajo como de función y, muy a menudo, de localidad y
entorno.
Asimismo, la movilidad entre las distintas Administraciones Públicas es un factor de ruptura de la rutina profesional y de incentivo para sus trabajadores, suponiendo una herramienta muy adecuada a mejorar el funcionamiento y la calidad de
los servicios prestados a la ciudadanía, a la vez que se da cauce a legítimas aspiraciones de las empleadas y empleados públicos.
No obstante, desde 2010, los procesos de movilidad se han visto bloqueados, dificultados o dilatados en extremo. Al producirse una merma en el número de personal funcionario debido la drástica reducción de la tasa de reposición, se ha
reducido también de manera drástica el número de concursos de méritos, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, reduciéndose así los márgenes de movilidad.
La carencia de personal provoca que los informes preceptivos previos a la autorización de traslados de movilidad sean casi siempre negativos ante el temor de los superiores jerárquicos de quedarse definitivamente sin personal para
suministrar el servicio.
En paralelo, el abuso de la figura del traslado en Comisión de Servicios ha sometido el margen de movilidad de los funcionarios a la confianza que tenga cada empleado o empleada con el poder político de turno y, por consiguiente, generado
una sensación insoportable de arbitrariedad entre quienes conforman el colectivo del personal público. La generalización de los nombramientos en comisión de servicio, supone una ausencia de procedimientos con garantías, sin concurso de mérito y
capacidad, sin publicidad, favoreciendo de forma arbitraria y desigual la promoción dentro de la Administración Pública.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Convocar concursos anuales en todos los Departamentos, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado en donde se oferten todos los puestos de trabajo cubiertos mediante el sistema de comisión de servicios o de
adscripción provisional, así como todas las vacantes ''puras'' y también resueltas.
Segundo. Potenciar la movilidad interadministrativa entre Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales mediante concursos de traslados.
Tercero. Homogeneizar los baremos para la puntuación de los méritos específicos con la finalidad de evitar los concursos ''a la carta'', y que sean conocidos mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto. Limitación estricta de la utilización de la comisión de servicio de manera discrecional y dependiendo de los informes pertinentes, para los casos sobrevenidos de cobertura por imperiosa necesidad.
Quinto. Reorganizar la Administración General del Estado de manera que se efectúe una reordenación de los Recursos Humanos y se facilite la movilidad con carácter voluntario entre los distintos Departamentos, Organismos y Agencias.
Sexto. Incrementar la oferta formativa a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para favorecer la movilidad del personal a través de los concursos de traslado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y entregas de bienes vinculadas a la investigación científica llevada a cabo por
Universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación.
Exposición de motivos
La legislación actual sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) recoge una compleja normativa según la cual tanto la enseñanza, como las prestaciones de servicios y entregas de bienes relacionadas con ella se encuentran exentas de
tributación, mientras que la investigación y las prestaciones de servicios y entregas de bienes relacionadas con ella no lo están, aunque el importe soportado del impuesto es deducible. En organismos que tienen una doble actividad docente e
investigadora esto genera problemas para determinar qué bienes y servicios se emplean exclusivamente para la docencia y cuáles se emplean para la investigación.
De acuerdo al redactado del artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001 las Universidades para el cumplimiento de sus fines y sus actos deben disfrutar de exención tributaria. Estos fines comprenden la generación de conocimiento, por medio de la
investigación científica, y la transmisión de estos conocimientos, por medio de la docencia. Tal y como contempla la Ley 37/1992 la docencia y la investigación han de ser considerados como sectores diferenciados porque, a) tienen asignados grupos
diferentes en la CNAE; y b) porque el porcentaje de deducción difiere en más de 50 puntos (educación 0 %; investigación 100 %). La tributación por el IVA se encuentra exenta en las prestaciones de servicios y entregas de bienes relacionadas con
las actividades docentes (de acuerdo al artículo 20.9 de la Ley 37/1992), no así las prestaciones y entregas vinculadas a la investigación científica cuyo valor es deducible a posteriori previo pago.
La tributación y posterior deducción del IVA aplicado a las prestaciones de servicios y entregas de bienes relacionadas con unas actividades pero no con otras se complica en los casos de adquisición de bienes y servicios que son utilizados
tanto para la docencia, como para la investigación; ya que ha de calcularse una prorrata general de utilización para cada una de las actividades. El uso para docencia o investigación puede ser justificable, pero hay muchos casos en los que existe
una dificultad para determinar su adscripción y en qué porcentaje para cada una de las dos actividades. Esto genera requerimientos administrativos y subsanaciones contables por parte de los grupos de investigación, la administración universitaria,
de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y las oficinas tributarias correspondientes con un gasto innecesario en tiempo, personal y recursos.
La complejidad de los trámites burocráticos es un lastre añadido a la gestión de proyectos que se ve aumentada por los recortes consolidados desde 2011 que han afectado especialmente a las plantillas y recursos de gestión de dichos centros.
Esta situación se agrava en el caso de adquisición de bienes y servicios para investigación a cargo de proyectos de investigación, ya sean estos nacionales o europeos.
La homogeneización de la exención del IVA para las prestaciones de servicios y entregas de bienes tanto relacionadas con la enseñanza, como con la investigación simplificaría el complicado trámite burocrático al que deben hacer frente
universidades y OPI; eliminando las imprecisiones, errores y acciones de mala praxis contable que se pueden derivar de estos métodos. Igualmente evitaría situaciones complejas desde el punto de vista contable a las PYMES y otros intermediarios de
la adquisición de bienes y la prestación de servicios a los grupos de investigación, ya que no tendrían que repercutir un IVA que luego acaba siendo deducido en su totalidad por las entidades que lo soportan. Los grupos de investigación, por su
parte podrían obtener productos y servicios a unos precios competitivamente similares al de nuestros vecinos en la Unión Europea.
Son varios los impactos positivos que tendría esta medida a medio y largo plazo para nuestro sistema de I+D+i:
- La liberación de recursos, tiempo y energía para la labor investigadora, por la simplificación en la gestión de la parte administrativa y financiera de los proyectos de investigación.
- La prevención frente a la malversación de fondos públicos, ya que permitiría un seguimiento más transparente de los fondos dedicados a docencia e investigación por parte de las autoridades responsables dentro y fuera de la universidad y
los OPI.
- El ahorro en los fondos públicos y una optimización de los recursos sin impacto negativo en las cuentas públicas. Ya sea por exención de cobro (educación) o por deducción de su importe (investigación), el Estado no obtiene actualmente una
recaudación neta positiva de las prestaciones de servicios y entregas de bienes relacionadas con las actividades de estos centros. Dicho de otro modo, esta medida no supondría una merma en la recaudación impositiva. Más bien al contrario, el
balance actual es negativo para el Estado ya que supone un gasto de recursos para una recaudación de IVA que es deducible.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las necesarias modificaciones normativas en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de que se homologue el tratamiento de investigación y docencia en
términos de no-sujeción y exención fiscal para las instituciones públicas que realizan actividades de docencia e investigación, en los siguientes términos:
1. Inclusión de los Organismos Públicos de Investigación en el punto c) del listado del apartado 8 del artículo 7 de la Ley 37/1992 de administraciones públicas cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios no se encuentran sujetas
al impuesto.
2. Inclusión de un párrafo nuevo en el punto 9 del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992 donde se extienda la exención del impuesto en operaciones interiores a la entrega de bienes y prestaciones de servicios vinculadas con
actividades científicas e investigadoras realizadas por grupos de investigación en universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Nayua Miriam Alba Goveli y María Rosa Martínez Rodríguez, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la eliminación de la tasa de reposición de personal en todas las administraciones públicas del país, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Desde 1995, cada año, los sucesivos Gobiernos del Estado español acostumbran a aprobar la denominada 'tasa de reposición'. Se trata de un porcentaje fijado para cada ejercicio presupuestario, que establece la cantidad de nuevos efectivos
que se puede integrar en las administraciones públicas en función de las bajas producidas durante el ejercicio anterior. Este instrumento, cuya aprobación, a menudo, se incluye en el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a modo
de polizón para pasar desapercibido, ha sido abiertamente concebido para limitar la incorporación de nuevo personal en las administraciones públicas.
Concretamente, desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada para el año 2014, se viene publicando en las sucesivas leyes de presupuestos la siguiente definición: 'Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje
máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario precedente dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos
o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el
referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de
servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra
situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa'.
Con carácter general, de 1997 a 2002, la tasa de reposición de empleados públicos se fijó en el 25 %. A partir del año 2003 y hasta el año 2008 se subió al 100 %. En el año 2009 volvió a retraerse hasta el 30 %. En 2010, la tasa de
reposición fue del 15 %. Y ya a partir del año 2011 hasta 2014 la tasa de reposición fue del 10 %. Eso sí, solo para aquellos colectivos y sectores de actividad de la administración marcados como prioritarios por el Gobierno. Es decir, que los
demás sectores se veían sometidos a tasas de reposición inferiores. En 2015, al igual que en los años anteriores, la norma general ha consistido en no permitir la reposición de la inmensa mayoría de efectivos, pero para los sectores identificados
como prioritarios se elevaba la tasa de reposición del 10 % al 50 %. A lo largo del ejercicio 2016, con carácter general, la tasa de reposición se fijó hasta un máximo del 50 %, incrementándose hasta el 100 % en determinados ámbitos muy acotados.
Para 2017, el Gobierno ha mantenido la misma regla, aumentando apenas la lista de ámbitos que pueden acogerse a una tasa de reposición del 100 % o superior: los sectores prioritarios suplementarios son la atención al ciudadano en los servicios
públicos, la prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Sin embargo, un mes más tarde, ha anunciado una oferta extraordinaria de empleo público justificando la incorporación de un total de 4.282 plazas adicionales. De ellas, 3.832 plazas son de turno libre, de las cuales 2.026 reforzarán la tasa
de reposición prevista en el artículo 19.Uno.2.E), P) y S) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Esto último, representa una excepción acordada a la Administración General del Estado, sin tener en
cuenta que las demás administraciones públicas pueden tener las mismas necesidades.
De manera notablemente terca, desde que los diferentes ejecutivos decidieran cabalgar a lomos de la desbocada obsesión de la reducción del déficit público del Estado, la tasa de reposición se ha estado utilizando como medida de recorte y
contención del gasto público y adelgazamiento de la administración pública, con el consiguiente negativo impacto en la prestación de los servicios. Según el informe de la OCDE Government at a glance, publicado en 2015, España dispone de un
porcentaje de empleo público sobre la cifra de empleo total muy inferior a la media de los miembros de este club. Es decir, que mientras en países como Dinamarca o Noruega la ratio es del 35 % y del 34 % respectivamente, o en países como Gran
Bretaña y Francia del 24 % y del 20 % respectivamente, en España es del 16,5 %, siendo la media de la OCDE del 22 %. Si prefiriésemos remitirnos a una ratio en proporción a la población de cada país, la Organización Internacional del Trabajo arroja
cifras que dejan a España igualmente a la cola. España dispondría en la actualidad de algo más de quince habitantes por empleado público, mientras que un Estado como Dinamarca tiene un empleado público para 5,7 habitantes, Suecia uno para cada 7,1
ciudadanos o Finlandia uno por cada 8 habitantes.
Como resultado inmediato de la aplicación de la tasa de reposición, de enero de 2010 a julio de 2016 se han perdido 227.685 empleados públicos en la Administración Pública Estatal, de las Comunidades Autónomas y Local.
De resultas de esta drástica reducción, se han desencadenado las peores previsiones para el conjunto de los trabajadores del sector público y, por encima de todo, para la ciudadanía en general. La edad media de las plantillas públicas se ha
elevado de manera improcedente, con lo que existe un peligro grave para la renovación y el equilibrio generacional tanto como para el anclaje en la sociedad. En la Administración General del Estado, no en vano, durante los últimos siete años, por
cada 10 empleados públicos que han dejado de serlo, solo se ha incorporado uno nuevo, y el 63 % de la plantilla supera los 50 años de edad. Como caso paradigmático, en la Dirección General de Tráfico, de los apenas 3.500 empleados, solo 7 tienen
menos de 30 años.
Como consecuencia evidente, la degradación de los servicios públicos en los últimos siete años, a pesar de los encomiables esfuerzos entregados por los empleados públicos, ha sido lacerante. Por el camino, la sociedad española ha tenido que
asistir a la pérdida de servicios públicos. Los derechos de los españoles se están viendo comprometidos y, cada vez más, sencillamente conculcados.
Lo que ha sucedido a lo largo de estos años a la sombra de la tasa de reposición es una descapitalización en materia de recursos humanos sangrante en los centros de atención al ciudadano, los de gestión de la
Seguridad Social o las oficinas de seguridad aérea y marítima, por solo citar unos pocos. Especialmente dolorosa es la situación de ámbitos cuyo valor reside en la constancia, la planificación y la inversión a largo plazo incompatible con
el oportunismo de los recortes. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el Instituto de Salud Carlos III o en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas la falta de plantilla y la precarización de sus condiciones son insufribles.
El pasado 17 de enero de 2017, se celebró la Conferencia de Presidentes Autonómicos donde la mayor parte de las autonomías volvieron a reclamar al Gobierno flexibilizar los límites impuestos a la convocatoria de ofertas de empleo público.
Durante la misma, se firmó el Acuerdo sobre Políticas de Empleo en el que se hace referencia a la tasa de reposición, que reza lo siguiente: 'en este sentido, se adoptarán las decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para
sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración Pública, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y con pleno respeto a los límites y
reglas de gasto establecidos'.
Por todo ello, y una vez que el propio Gobierno ha reconocido mediante el mencionado Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, la imposibilidad de dar cumplimiento a la tasa de reposición que la Ley de presupuestos para el 2017 autoriza para
la Administración General del Estado, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Único. Incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 la posibilidad de superar la tasa de reposición para todas las Administraciones Públicas definiendo los supuestos concretos que permitan la excepción de la
aplicación de la tasa de reposición muy especialmente en las administraciones locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Ferran Bel i Accensi y de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su
debate ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, una Proposición no de Ley sobre la implementación de distintas medidas fiscales para la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas.
Exposición de motivos
Resulta urgente reducir la contaminación atmosférica de las conurbaciones urbanas con el fin de mejorar la calidad del aire.
En febrero de este año, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno para la adopción de medidas, en el plazo de dos meses, con el objetivo de cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las comarcas del Vallès
Oriental, Vallès Occidental y el Baix Llobregat, así como en Madrid.
A su vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el exceso de la partícula contaminante PM10.
A estos efectos, el pasado 6 de marzo de 2017, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y los ayuntamientos de 40 municipios de la conurbación de Barcelona
manifestaron su apoyo a un acuerdo político que tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.
Tal y como ha publicado la Agència de Salut Pública de Catalunya en un informe reciente:
'Los principales contaminantes son las partículas en suspensión (PM), el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2).
Estos contaminantes, dependiendo de su concentración en el aire y los factores de riesgo de exposición de las personas, pueden tener efectos perjudiciales para la salud a corto y/o a largo plazo. Así, se ha comprobado que la contaminación
del aire incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer de pulmón en la población. Además, el año 2013 la Agencia internacional de Investigación sobre el Cáncer concluyó que la contaminación del aire exterior es
carcinógena para los humanos.
Los grupos de personas más vulnerables a estos efectos son las personas con enfermedades cardíacas o del aparato respiratorio, Los bebés, los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas.'
En Catalunya es la Generalitat quien tiene la competencia exclusiva en materia de la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas clases de contaminación, sin embargo un número muy importante de medidas a tomar para mejorar la
calidad del aire son de competencia estatal.
Entre estas, las referidas a la modificación de la normativa fiscal y presupuestaria a los efectos de estimular la renovación de la flota de vehículos mediante la adquisición de aquellos que sean menos contaminantes.
A tal efecto, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, envió el pasado 9 de mayo sendas cartas a los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido y de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del Gobierno en distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras ministeriales para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.
Entre las distintas medidas propuestas destacan las que afectan a la minoración de diversos impuestos para favorecer la compra de vehículos menos contaminantes. Con el mismo objetivo, se propone la renovación del parque de vehículos más
contaminantes a través de subvenciones que tengan en cuenta también criterios sociales.
Transcurridos dos meses desde el envío de esas propuestas sin que, hasta el momento, hayan recibido respuesta, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas fiscales destinadas a favorecer la adquisición de vehículos menos contaminantes a los efectos de mejorar la calidad del aire, especialmente en las conurbaciones urbanas.
Entre estas:
a) Impulsar la modificación del impuesto de matriculación de los vehículos para incentivar la compra de vehículos menos contaminantes.
b) Impulsar la revisión del impuesto especial sobre carburantes para vehículos tipo turismo, con el objetivo de no continuar favoreciendo la compra de vehículos diesel.
c) Articular la convocatoria de ayudas económicas para la renovación del parque de vehículos más contaminantes y su sustitución por vehículos de bajas emisiones, teniendo en cuenta también criterios sociales.
d) Incrementar las ayudas destinadas a la adquisición del vehículo eléctrico y a la construcción de más y mejores infraestructuras para favorecer su implantación.
e) Impulsar la modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con el fin de permitir a la Autoridad Portuaria de cada uno de los puertos la posibilidad de aplicar bonificaciones de hasta el 40 %, en vez del actual 5 %,
de las tasas de actividad y utilización con el fin de incentivar mejores prácticas medioambientales y de reducción de la contaminación. Este incentivo resultará particularmente relevante para los puertos de Barcelona y de Tarragona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción de los índices de rendimiento neto de
la estimación objetiva por módulos (EOM) en la actividad agrícola de uva de mesa para la comarca del Medio Vinalopó (Alicante), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La agricultura en la provincia de Alicante es uno de los sectores productivos más importantes de la Comunitat Valenciana tanto por el volumen de empleo que ocupa como por su capacidad exportadora. Sin embargo, desde hace dos décadas la
rentabilidad de las explotaciones se viene reduciendo por diversas circunstancias. Una situación que sufre de manera particular, campaña tras campaña, el cultivo de uva de mesa, que requiere un elevado grado de mano de obra intensiva y muy
especializada que repercute con cierta intensidad en los costes de producción. Además, la sequía y el consiguiente aumento del precio del agua, el coste de la energía, ciertas trabas burocráticas, la propia competencia intra y extracomunitaria, así
como las reiteradas inclemencias meteorológicas, suponen dificultades añadidas al sector.
El abandono de la actividad agrícola que todo ello puede provocar tiene importantes consecuencias. Por un lado, los problemas socio-económicos que acarrean la pérdida de población en los núcleos rurales y la concentración de población en el
litoral y grandes ciudades. Por otro lado, el impacto medioambiental que supone la ausencia de actividad humana en los núcleos rurales y del interior, entendiendo al agricultor como agente medio ambiental de primer orden.
Los agricultores están sujetos al sistema de estimación objetiva en materia tributaria, sistema que establece módulos generales para cada tipo de producción y que es revisable de manera circunstancial por causas sobrevenidas, tales como
inclemencias meteorológicas que afecten a la producción y a su calidad y comercialización.
En el sistema de estimación objetiva por módulos (EOM), la producción de uva de mesa se encuentra dentro de la actividad agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa, actividades accesorias realizadas por agricultores,
ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves. Todas estas actividades tienen un índice de rendimiento neto de 0,42 para 2016, según se recoge en el anexo I de la Orden HAP/2430/2015, de 12 de
noviembre, que desarrolló la EOM para 2016. No obstante, la disposición adicional segunda de dicha Orden estableció, en particular, que el índice de rendimiento neto aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF en 2016 para la uva de
mesa, en sustitución del señalado en el anexo I, sería de 0,32.
Pero además, la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, reduce para 2016 los índices de rendimiento neto aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por incendios, inundaciones u
otras circunstancias excepcionales que afectan a un sector o zona determinada. Así, el índice de rendimiento neto de la actividad agrícola de uva de mesa en los términos municipales de Agost, Aspe, Elda, Fondó de le Neus, Hondón de los Frailes,
Monforte del Cid y Mónovar se rebaja al 0,22, mientras que en los términos municipales de Novelda, Petrer y La Romana se rebaja al 0,16. Se trata, en todos los casos, de términos municipales situados en la comarca del Medio Vinalopó en la provincia
de Alicante.
No tiene mucho sentido que en la comarca del Medio Vinalopó existan diferencias a la hora de reducir el módulo del tributo de la actividad de uva de mesa, porque todos los municipios productores se han visto afectados por la sequía y los
golpes de sol.
Además, es preciso actualizar los índices generales de los módulos en el IRPF de las producciones de uva de mesa para ajustarlos a la realidad del sector. Un sector que requiere para la producción un elevado número de horas de trabajo,
mucha especialización en las tareas agrícolas y que es muy vulnerable a las circunstancias meteorológicas.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rebajar hasta el 0,16 el índice de rendimiento neto de la actividad agrícola de uva de mesa en todos los términos municipales de la comarca del Medio Vinalopó (Alicante), para compensar las pérdidas causadas en el sector por los efectos
de la sequía.
2. Revisar y actualizar con carácter estructural los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas de uva de mesa para adecuarlos a la realidad del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Presupuestos
161/002130
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la información facilitada por la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y la mejora de la dotación de recursos a la misma.
Acuerdo:
Admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Presupuestos, excepto el punto tres, en lo que se refiere a la revisión y ampliación del Convenio de
colaboración mencionado, al no ser una Proposición no de Ley el instrumento idóneo para instar a las Mesas de las Cámaras a la adopción de un acuerdo en su ámbito de competencias, así como el punto cuatro, dado que no cabría instar al Gobierno a su
realización, en la medida en que se refiere a cuestiones que pertenecen al ámbito competencial de las Cortes Generales, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en el artículo 72 de la Constitución. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la información facilitada
por la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y mejora de la dotación de recursos a la misma, para su debate en Comisión de Presupuestos.
Exposición de motivos
En el apartado tres del artículo cuarto, Información y documentación, de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, se especifica que 'Para el cumplimiento de los fines de la
Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales se establecerán los mecanismos e instrumentos de colaboración necesarios con la Administración General del Estado, con el objeto de disponer de fa información suficiente para abordar las funciones
encomendadas. La Oficina Presupuestaría de las Cortes Generales dispondrá de acceso a las bases de información contable y presupuestaria de la Administración General del Estado, incluido el Sector Público Empresarial y las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social de forma directa o mediante petición a los responsables directos de su tratamiento'.
En la actualidad la conexión en línea no abarca la información sobre ejecución presupuestaria de los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos, que integran todos ellos la Administración General del Estado. Tampoco está
incluida la ejecución del Sector Público Empresarial,
El cuatro de diciembre de dos mil catorce, se firmó un convenio entre la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Presidencia, por el cual, se menciona dicho articulo de la Ley de la
creación de la oficina, si bien luego se limita a obligar a ofrecer la información relativa a las bases de datos de contenido presupuestario gestionadas por la Seguridad Social y por la Administración General del Estado, que también en la práctica,
se cumple de manera parcial. Y el Sector Público Empresarial no es mencionado en el mismo.
Por todo lo expuesto, para el pleno y efectivo cumplimiento del artículo cuarto, apartado 3, de la Ley 37/2010, se requiere que la OPCG estuviera conectada en línea además de con fa IGAE y con la Seguridad Social con la ejecución de los
Organismos Autónomos, otros organismos y agencias estatales, así como con el Sector Público Empresarial.
Para un mejor control y transparencia de los recursos públicos la información debiera trasladarse con periodicidad mensual e identificando qué parte de los programas ejecuta cada órgano gestor.
Y para dar cumplimiento efectivo a los requerimientos expuestos, sería necesario incrementar los recursos humanos y económicos destinados a esta Oficina presupuestaria, así como la imprescindible mejora de la aplicación informática.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluso mediante la adición de un nuevo artículo en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para la consecución de los
siguientes objetivos:
Uno. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información mensual sobre ejecución de las inversiones reales de los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos, así como del Sector
Público Empresarial, especificando e identificando las partidas, territorios afectados, importe y programación plurianual, en su caso.
Dos. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información mensual sobre ejecución de los Programas Presupuestarios, contenidos en el anexo I de los Presupuestos Generales del Estado, identificando
órgano gestor e importe, para facilitar el seguimiento y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos previamente establecidos en los programas. Especialmente, importante, para aquellos Programas Presupuestarios cuya gestión
está compartida entre distintos Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, Agencias y/u otros Organismos.
Tres. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y Comisiones parlamentarias. Y en aplicación [...] del Convenio de colaboración firmado entre la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y la
Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Presidencia, firmado el cuatro de diciembre de dos mil catorce, toda esta información estará disponible en línea a través de la aplicación informática de la Oficina Presupuestaria, incluida en la intranet
del Congreso de los Diputados y en la del Senado.
Cuatro. [....]'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/002053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al incremento del servicio y frecuencia ferroviaria de la línea Huelva-Sevilla.
Exposición de motivos
Desde el año 1727, se produce una importante expansión de la explotación minera de la Faja Pirítica de Huelva promovida por el capital extranjero, principalmente inglés, que se instalaron en la Cuenca Minera Onubense hasta que el
aprovechamiento de nuestros recursos naturales fue rentable para sus intereses. Esta situación, junto al incipiente desarrollo industrial, hace que se comiencen a construir gran cantidad de líneas ferroviarias de vía estrecha, principalmente con
capital privado, para el transporte de mercancías conectando los principales centros mineros con el puerto de Huelva y con el Puerto de Sevilla así como con el río Guadiana. Transcurridos los años, se va ampliando el servicio al transporte básico
de personas.
En 1914, tal como expone el dictamen 4-2014 del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva denominado 'Análisis de las infraestructuras ferroviarias de la Provincia de Huelva', se alcanzó la longitud máxima de vías férreas con un
total de 668 km de vías, de las que 250 km eran de ancho ibérico y el resto, de vía estrecha. La importancia fue tal, que el trazado ferroviario de la Provincia de Huelva alcanzaba en 1980 el 5,3 % del trazado total del territorio español y un 21,1
% del trazado de vía estrecha.
Desde los años 50, comenzó el desmantelamiento del ferrocarril minero por el cierre de las explotaciones. En 1987, se cierra el Ferrocarril Gibraleón-Ayamonte y actualmente, solo se mantienen las líneas Huelva-Zafra, Huelva-Sevilla así como
el trazado interno del Puerto de Huelva, lo que supone una reducción del trazado hasta el actual de 209 km en la provincia.
La línea férrea Huelva-Sevilla es una línea de vía ancha cuya longitud del trazado es de 110 km. Según los datos de los que dispone el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, así como la Diputación de Huelva, el origen de la
línea data de 1859. El proyecto fue declarado de utilidad pública en 1867 por la Diputación de Huelva inaugurándose el 15 de marzo de 1880.
El trazado de la línea es regular exceptuando el tramo entre Carrión y Sanlúcar la Mayor, en el que por cuestiones orográficas, en el momento de construcción de la línea, se realizó un rodeo haciendo que un trazado de algo más de 12 km se
convierta en uno de 25 km, con el incremento correspondiente del tiempo del trayecto.
A día de hoy, junto al aumento del tiempo del trayecto hay que sumarle la falta de servicios, con un total de 4 servicios diarios excepto los sábados en el tramo Huelva-Sevilla y los domingos en el tramo Sevilla-Huelva, con solo tres
circulaciones. Esto deja a la provincia en una situación de semi-aislamiento ferroviario con la capital andaluza y con el resto de la Comunidad Autónoma, con el correspondiente perjuicio para la movilidad de la población, el turismo y la economía
en general.
Pese a esta situación, sumada a la dejación gubernamental durante todos estos años, la Unión Europea aceptó la inclusión del corredor ferroviario Huelva-Sevilla en la Red Básica de Transporte Transeuropeo. Esto puede suponer un incremento
del tráfico de mercancías y viajeros.
Por todo ello, queda justificada la necesidad de aumentar la frecuencia y, por tanto, los servicios de la línea-Huelva Sevilla. Sería suficiente con aportar un tren eléctrico serie 490 que permita aumentar el servicio y la frecuencia. De
esta manera podría establecerse hasta nueve circulaciones diarias para cada sentido de la línea, con una frecuencia de dos horas y con ello, podría ampliarse el horario de inicio a las 6:00 horas y de finalización a las 22:00 horas.
Además, para hacer más competitiva la línea Huelva-Sevilla, podría reducirse el coste del billete (actualmente es superior a los 12 euros), bajándolo a 9 euros, equiparándose al coste del viaje en coche. De esta manera se potencia la
utilización del ferrocarril frente al coche, lo cual además de ser más ecológico y seguro, descolapsaría la autovía A49.
Esto sería posible con un coste bajísimo, pues no sería necesaria realizar ninguna inversión en bienes materiales, ya que actualmente en la propia página web de Renfe Alquiler, existen trenes de motor eléctrico serie 490 disponibles en
'Renfe Alquiler de Material Ferroviario Sociedad Mercantil Estatal, S.A.'.
Es imprescindible, a su vez, aumentar la velocidad de viaje del trayecto en ambos sentidos. Actualmente el trayecto en tren es de una duración de 90 minutos de media frente al autobús, y el coche con trayectos de 75 y 60 minutos
respectivamente. La reducción del tiempo del trayecto y el aumento de la velocidad es una demanda histórica onubense, pero que está tardando más de lo que debiera en llegar y no parece que su resolución vaya a ser posible en un corto periodo de
tiempo debido a la falta de voluntad política de los gobiernos estatales para apostar por las infraestructuras de transporte y comunicaciones en Huelva. Más cuando según el Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, acumula un déficit en
infraestructuras que este organismo cifra en más de 1.000 millones de euros desde la década pasada.
Es imprescindible, mientras el aumento de la velocidad llega, que al menos aumenten los servicios y la frecuencia de una infraestructura que está en funcionamiento para que exista mejoría en la economía y en la calidad de vida de las y los
onubenses desde estos mismos instantes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar de un vehículo tipo automotor eléctrico serie 490 para la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, disponible por parte de 'Renfe Alquiler de Material Ferroviario Sociedad Mercantil Estatal, S.A.', con la finalidad de aumentar el servicio
y la frecuencia en ambos sentidos con hasta nueve circulaciones diarias por trayecto. El servicio tendría una frecuencia mínima de dos horas ampliando la oferta horaria desde las 6:00 horas hasta a las 22:00 horas.
2. Todas las acciones necesarias para actualizar el precio del billete a 9 euros por trayecto, con el objetivo de potenciar la utilización de la línea ferroviaria Sevilla-Huelva.
3. Acompañar el punto 1 anterior del personal necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Isabel Franco Carmona, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación a la parada de tren en la estación de Montoro, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las líneas ferroviarias españolas no transportan todo su potencial en viajeros y mercancías, y en algunos casos, se reducen algunas líneas y frecuencias. Múltiples estudios y expertos en este medio de locomoción creen que hay múltiples
razones para utilizar y potenciar más el uso del tren. Esta Proposición no de Ley persigue la potenciación de este uso en el municipio de Montoro y en la comarca del Alto Guadalquivir.
El informe TREN2020, realizado por CCOO, Greenpeace y WWF, y que es un estudio diagnóstico sobre la red ferroviaria española y un banco de propuestas para potenciar la oferta y la demanda del ferrocarril como un elemento clave para mejorar
la situación ambiental y social del transporte, en su apartado sobre la propuestas de mejora se incluye la línea Córdoba-Jaén y propone la reapertura de la estación de Montoro.
En relación a la demanda de este medio de transporte para esta Comarca, podemos dividirla en 3 grandes grupos: la de movilidad de la población de la zona, la de acercamiento de los servicios públicos de Montoro y la de uso turístico. Vamos
a analizar cada uno de ellos:
Movilidad de la población: Montoro está situado en la centralidad de la comarca del Alto Guadalquivir, por lo que la zona de influencia para esta movilidad de población, podemos definirla como la suma de la población de los municipios de
Adamuz, Bujalance, Cardeña, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro y Pedro Abad. Esta población suma un total de 34.500 habitantes, que mejorarían en diferentes tipos de movilidad, como es la necesaria por motivos laborales, fa motivada por
estudios (hay que destacar que el ferrocarril hace parada en el Campus de Rabanales) o los desplazamientos de carácter personal. Una población con necesidades tanto de salida a sus lugares de destino, como de regreso a sus poblaciones.
Acercamiento de servicios: En Montoro están instalados una gran cantidad de servicios públicos debido a su carácter central en la comarca. Ejemplos de ellos son, 2 Juzgados de Primera Instancia, Mancomunidad de Municipios del Alto
Guadalquivir, Hacienda Local, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, Centro Comarcal de Servicios Sociales, Oficina Comarcal Agraria, Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación de Córdoba, Servicio Andaluz de
Empleo, Servicio de Empleo Público Estatal, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía, 2 Institutos de Enseñanza Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos), Centro de Iniciativas Empresariales, Centro
Comarcal de Salud, Registro de la Propiedad, Conservatorio Elemental de Música, Escuela Oficial de Idiomas, Residencia de Ancianos, etc.
Estos servicios requieren, tanto para los profesionales que trabajan en ellos o los usan, como para los usuarios en general, de una cierta capacidad de transporte. Podemos calcular de forma aproximada, un número cercano a las 1000 personas
diarias que intervienen en estos servicios.
Uso turístico: Montoro y la comarca del Alto Guadalquivir poseen distintos recursos turísticos como son los de naturaleza (Parque Natural de Cardeña-Montoro, Monumento Natural Meandro Rio Guadalquivir), y los de Patrimonio (Conjunto
Histórico Artístico de Montoro, zonas monumentales de los diferentes municipios). Posee además una serie de infraestructuras turísticas como son hoteles, alojamientos rurales, empresas de turismo activo, etc. Y por último también existen
instalaciones de ocio y deportes, como Piscina Municipal Cubierta, Teatro, Plaza de Toros, Instalaciones Deportivas, etc.
Gracias a ello, la zona dispone de un gran potencial turístico, que se vería muy reforzado si existiera una oferta adecuada de transporte de recepción. Tanto para el turismo regional mediante el transporte de Media Distancia (línea
Cádiz-Jaén y sus intercomunicadores con el resto de capitales andaluzas) como el nacional a través de las distintas líneas de Larga Distancia).
En resumen, la mejora en movilidad con la existencia de ferrocarril sería de gran relevancia para el municipio y su zona de influencia.
Oferta actual:
La oferta actual de transporte público en el municipio de Montoro, y que por ende afecta a su zona de influencia, es solo de transporte por carretera a través de la empresa de autobuses Ramírez, S.L.
La frecuencia de viajes diarios es de 9 en dirección Córdoba y de 9 de regreso desde Córdoba. Frecuencia que se reduce a 3 en cada sentido los sábados y solo 2 en cada sentido los domingos.
Como es lógico, la capacidad por viaje es de aproximadamente 50 plazas (capacidad del autocar), y repartido para todo el trayecto desde Andújar hacia Córdoba.
Por tanto, y resumiendo, la única posibilidad de transporte público en Montoro es en dirección a Córdoba (la ruta Montoro-Andújar es marginal y no tiene demanda real), solo por carretera y con poca capacidad.
Como curiosidad, este déficit de transporte público en un municipio cercano a la Capital ha tenido probablemente como efecto el incremento del parque automovilístico del municipio, uno de los más altos de la provincia (más de 6.000 vehículos
para una población de 9.834 habitantes) y que en un pueblo histórico como Montoro ocasiona múltiples problemas de tráfico.
Posibilidades que ofrece la disponibilidad de Ferrocarril:
La posibilidad de línea de ferrocarril y estación en Montoro (existente desde principios del siglo XX, en la línea Manzanares-Córdoba, explotada por la empresa MZA), permite incrementar fácilmente (apenas es necesaria inversión) la capacidad
de movilidad en el municipio,
Por un lado, existe la línea de Media Distancia Regional Cádiz-Jaén, con una frecuencia de 4 viajes diarios en cada sentido todos los días de la semana. Esta línea permite la conexión de Montoro no solo con la capital Córdoba (como hacia el
servicio de autobuses), sino también con Sevilla y Cádiz (y estaciones intermedias) en sentido Oeste y con Jaén (y estaciones intermedias) en sentido Este.
Además, esta línea permite completar toda la geografía andaluza, con lo nodos de Sevilla (conexión con Huelva), Córdoba (conexión con Málaga y Granada por Bobadilla) y Jaén (conexión con Granada y Almería).
En cuanto al transporte de Largo Recorrido, permitirá, con transbordo en Córdoba, el enlace con la mayor parte de la geografía española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en uso, lo antes posible, la estación de Montoro, y que se establezca una frecuencia de trenes, suficiente para cubrir las necesidades de los habitantes de la comarca e impulsar su
desarrollo económico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2017.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú, Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa a la 'Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2. Variante El Molar'.
Exposición de motivos
Desde el año 2004, se han venido buscando, tanto por parte del Ministerio de Fomento como por parte de los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid, soluciones a los problemas de movilidad que afectan a la zona norte de la Comunidad de
Madrid y a una de sus consecuencias: el alto índice de retenciones de tráfico que se producen en la Autovía A-1, tanto en sentido entrada como salida desde la ciudad de Madrid.
En estos más de diez años de discusiones se han pasado por todas las opciones posibles, y todos los conflictos institucionales y políticos imaginables:
Desde la primera opción que defendiera el gobierno autonómico de una autovía de peaje de trazado paralelo a la A-1 y que conectara con el tramo norte de la M-50, atravesando para ello el paraje natural de los Montes del Pardo.
Hasta la alternativa de entonces Ministerio de Fomento de conexión, con vía de peaje, de la M12 con la A-1, hasta su cruce con la M50, dejando en proyecto aparte la culminación de la M50, y planificando la misma con un trazado que evitara la
zona natural.
Sin olvidar la promesa electoral de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes durante la campaña regional de 2015, de una nueva vía paralela a la A-1 de uso libre de pago.
En este ir y venir de propuestas, proyectos y promesas electorales, se han cruzado un intento del gobierno regional de ejecutar la obra con sus propios medios, un recurso de inconstitucionalidad que
terminó dando la razón a Fomento en su exclusiva competencia sobre esta infraestructura, así como numerosas reacciones de los municipios afectados y movimientos sociales interesados.
Tras una década de dimes y diretes, el pasado 19 de mayo, se publica en el BOE el anuncio relativo a la apertura del procedimiento de información pública del Estudio Informativo de Impacto Ambiental 'Variante de la Autovía A-1. Tramo:
Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2 Variante el Molar'. Este anuncio se ha producido como consecuencia de que el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Fomento firmara la encomienda de gestión, en la que se definía un proyecto de 24
km de longitud y una inversión prevista de 220 millones de euros, sin embargo, el anuncio ahora publicado define una longitud de 23,2 km y un presupuesto de licitación de 288,707 M.
Los primeros datos que se van conociendo por esta exposición pública no satisfacen las necesidades y demandas del conjunto de municipios, ciudadanía y colectivos sociales que, durante años, se han interesado por este proyecto, y han tenido
la voluntad de aportar alternativas más económicas, eficaces y sostenibles para abordar los problemas de movilidad de la zona norte de la región madrileña. Parece, además, que el proyecto presenta dificultades técnicas y de gestión que podrían
conducir a una inversión desproporcionada, incapaz de solucionar los problemas de movilidad de la zona y con un elevado coste medio ambiental para la misma.
Es innegable que la zona norte de la Comunidad de Madrid tiene un problema de movilidad, pero esto no solo se manifiesta en forma de atascos de entrada y salida de la ciudad de Madrid. El corredor comprendido entre la M-607, la A-1 y la
M-103 no dispone de dos elementos básicos para la movilidad colectiva, como son una buena red de Cercanías, y plataformas exclusivas para el tránsito de autobuses. Sin duda, esta es la causa originaria de que el uso privado en esta vía se produzca
de manera tan masiva.
Esta insuficiente red de infraestructuras y servicios públicos tiene más graves consecuencias que en otras zonas de la región por el impacto que en la movilidad tienen los grandes desarrollos empresariales que se han establecido en la zona,
como son los centros laborales de BBVA, Caser Seguros y Telefónica, que movilizan a miles de trabajadores hacia esta zona de forma diaria. Así mismo, estos problemas de movilidad se hacen evidentes ante la dependencia que muchos municipios tienen
de servicios básicos centralizados en los municipios más grandes.
Por otro lado, las características de esta vía y su hipotético trazado paralelo a la A-1 afectaría a una zona de especial conservación de la Red Natura de las Cuentas del Río Jarama y Henares, así como a los ríos Jarama y Guadalix,
fragmentándolos y asilando a las especies animales que los habitan, lo que supondría, como mínimo una afectación de hábitats catalogados en la Directiva 92/43/CEE.
Teniendo en cuenta el volumen de inversión previsto para esta obra, el potencial impacto medioambiental negativo, y el enorme volumen de movimientos de transporte individual que se producen en la zona, parecería razonable que la inversión
del Ministerio de Fomento en la misma estuviera planificada; en primer lugar, en colaboración con el conjunto de Ayuntamientos afectados por la misma; en segundo lugar, escuchado a la multitud de entidades sociales que en estos diez años han
mostrado diversas propuestas y protestas en relación con esta infraestructura y la movilidad y protección del hábitat de esta zona; y, sobre todo, en una visión de conjunto que no solo desarrolle una nueva carretera en Madrid, sino que planifique
observando el conjunto de la región, priorizando en inversiones en la red de Cercanías y el diseño de vías de uso exclusivo para el transporte colectivo. Es decir, en modelos que tiendan a la reducción del uso privado frente al colectivo.
Al tenor de los Presupuestos Generales del Estado, y de la publicación de este procedimiento de información pública para la construcción de la Variante A-1, parecería que el Ministerio de Fomento, una vez más, renuncia a una planificación
global, eficaz, sostenible y eficiente económicamente de las infraestructuras en los territorios, haciendo oídos sordos a los Ayuntamientos y los movimientos sociales que más saben de las necesidades reales de los territorios.
En los presupuestos de este año, el mayor esfuerzo inversor territorializado en Madrid que realiza el Gobierno, se dirige a la construcción de esta carretera; aparcando, un año más, la ampliación de la línea C4 en los dos tramos que tenía
previsto su propio Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015, que ya contemplaba la conexión de Alcobendas y San Sebastián con Guadalix y Algete, y de Colmenar Viejo con Soto del Real, lo que sin duda reduciría
considerablemente el uso del vehículo privado. Así mismo, prevé una inversión mínima en la construcción de plataformas de transporte exclusivo de autobuses que no parece suficiente para un bus vao, realmente eficaz.
Por último, de un primer conocimiento del proyecto presentado, se desprende que el mismo depende de la expropiación, o fórmula similar, de la M12 para eliminar el peaje que hoy abonan los ciudadanos que la transitan, medida que no viene
detallada en cuanto a los costes extras del propio proyecto podrían suponer, ni de las condiciones de gestión de una vía que a día de hoy compete a la Comunidad de Madrid y forma parte de las radiales quebradas y ya cubiertas en sus costes por el
erario público.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Paralizar el procedimiento administrativo iniciado para la construcción de la variante A-1, con el fin de planificar un modelo integral de movilidad para la zona norte de Madrid eficaz, sostenible y eficiente, utilizando la partida
presupuestaria destinada a esta intervención y las que fueran necesarias, no solo a las carreteras sino a:
Desarrollar las prolongaciones de Cercanías Recogidas en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de Madrid 2009-20015, esto es: la línea C4 de Colmenar Viejo a Soto del Real, y la Línea C4 de San Sebastián de los
Reyes/Alcobendas a Guadalix y Algete.
Desarrollo de los Estudios Específicos de Viabilidad para recuperar la vía ferroviaria Madrid-Burgos, para uso en servicio de Cercanías entre los municipios de Madrid y Bustarviejo.
Desarrollar los Estudios Específicos de Viabilidad para la habilitación de infraestructuras ya construidas como son la M-110 y la M-12 como alternativas para el transporte colectivo de pasajeros de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Ampliar la inversión prevista para las actuaciones de mejora de la accesibilidad del transporte público en la actual A-1.
- Abrir una mesa de diálogo y trabajo compartido con las instituciones municipales y autonómicas implicadas y afectadas en este proyecto, para la mejor definición de la solución integral de la movilidad en la zona norte de la Comunidad de
Madrid.
- Abrir una mesa de diálogo y trabajo compartido con las entidades sociales implicadas y afectadas en este proyecto, para la mejor definición de la solución integral de la movilidad en la zona norte de la Comunidad de Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Tania Sánchez Melero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para sacar la vía férrea de Alcolea (Córdoba), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según la información aportada por el Gobierno no se contempla una variante o el soterramiento de la vía férrea a su paso por la barriada de Alcolea (Córdoba) para eliminar el paso a nivel que existe en este núcleo de población. El Consejo
de Distrito de Alcolea Los Ángeles y la Plataforma 'Fuera Vías de Alcolea' han mostrado su oposición a un proyecto que no contemple el traslado definitivo del trazado ferroviario fuera de Alcolea. Esta Plataforma se constituyó en el año 2008 con
los objetivos, entre otros, de evitar la ejecución de cualquier proyecto de supresión del paso a nivel que suponga el soterramiento o elevación de la calle carretera Madrid de Alcolea, así como conseguir la eliminación del trazado ferroviario actual
en este enclave y también colaborar con las diferentes administraciones públicas en todo lo relacionado con la consecución de la finalidad con la que fue impulsada. La Federación de vecinos
Al-Zahara y el Consejo del Movimiento Ciudadano también han pedido la eliminación de las vías. En los últimos años las distintas Corporaciones Locales que han gobernado el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado por unanimidad en Pleno,
mociones para la eliminación de las vías a su paso por esta barriada, mociones del año 2009, 2011, 2013 y la última en enero de este mismo año 2017 en la que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó la creación de una Comisión, Ayuntamiento,
Consejo de Distrito y Plataforma Fuera Vías de Alcolea para hacer un seguimiento efectivo y activar acciones para llevar a cabo los acuerdos para suprimir las vías en Alcolea.
A final de enero ADIF sacó a concurso la redacción de los proyectos para la eliminación de ocho pasos a nivel en Andalucía de forma progresiva hasta el 2024, entre ellos el de Alcolea. El importe de licitación es de 626.680 euros y de doce
meses el plazo de ejecución. La supresión ya había salido a concurso en el 2008, pero quedó paralizada. El Gobierno ha informado que el paso a nivel cuenta con las características técnicas del criterio previsto dentro del Plan 2017-2024, por lo
que se ha incluido en el expediente para la redacción de los proyectos constructivos de supresión de 74 pasos a nivel actualmente en proceso de contratación. Según el Gobierno, como en todos los procesos que realiza ADIF para la supresión de pasos
a nivel, se ha de contar con la aprobación de la solución de supresión por parte del titular de la vía (camino, carretera o calle), en este caso la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba y del conocimiento de los vecinos de la zona afectada.
Pero a su vez el Gobierno informa que la solución de supresión que deberán contemplar los proyectos irá encaminada a una actuación puntual, consistente en pasos inferiores o superiores o pasos peatonales a distinto nivel, en el punto del paso a
nivel o en las proximidades o caminos de enlace, no contemplándose una variante o soterramiento de la vía férrea.
Hay que abordar de una vez por todas la problemática que genera el paso de las vías por la barriada de Alcolea, dadas las singulares características de este núcleo de población encajonado entre las vías y el rio Guadalquivir, la peligrosidad
de las mercancías que la atraviesan, los ruidos y molestias que soportan sus habitantes y el riesgo de accidentes en el paso a nivel y todo el trazado ferroviario que queda dentro de esta barriada. Todos los grupos del Ayuntamiento de Córdoba, los
representantes vecinales y la plataforma creada coinciden en apoyar la solución de una variante que saque las vías del tren de este núcleo de población. Esta variante se podría ver enmarcada en la definición del trazado del corredor central
ferroviario para mercancías o cualquier otra obra de esas características. Esta propuesta implica descartar la solución planteada en la actualidad por el Gobierno y optar por otra que quizá se dilate más en el tiempo, pero que será definitiva y más
beneficiosa para Alcolea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una actuación para la eliminación de la peligrosidad y molestias para la población que supone el paso de las vías por la barriada de Alcolea (Córdoba) mediante una variante de
la línea ferroviaria que evite su paso por este núcleo de población, dejando cualquier otra actuación que tenga prevista hasta ahora para eliminar solamente el paso a nivel, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias en este trazado
ferroviario mientras se realiza el traslado de las vías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley desdoblamiento de la N-332 a
su paso por Torrevieja, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El tramo de la N-332 a su paso por la ciudad de Torrevieja soporta diariamente el paso de 40.000 vehículos al día, siendo esta intensidad diaria mayor que la autovía A-7 a su paso por Orihuela. Este tramo, además,
concentra un gran número de accidentes mortales anualmente cosa que convierte este punto en uno de los puntos con mayor siniestralidad del mapa de carreteras del Estado.
A todo esto, hay que sumar que se trata de una arteria vital para la ciudad de Torrevieja, con un potencial turístico capital. Es por ello que las retenciones que sufre en los meses de verano alcanza casi los 6 Km suponen una pérdida de
atractivo para una ciudad clave del territorio de la provincia de Alicante.
Por otro lado, dadas las competencias entre administraciones, la N-332 corresponde al Ministerio de Fomento. Así pues, es este Ministerio el responsable último de la adecuación de este tramo de la N-332. De hecho, no existe ningún convenio
que obligue a otra administración a la realización de ningún estudio preceptivo.
Es por ello, que la situación de colapso que se vive en la N-332 a su paso por Torrevieja debiera resolverse con la decidida actuación del Ministerio de Fomento.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Insta al Ministerio de Fomento a realizar las obras necesarias para la adecuación de este tramo de la N-332. Fijando como prioridades máximas la seguridad y la viabilidad.
2. Insta al Ministerio de Fomento al desdoblamiento de la N-332.
3. Insta al Ministerio de Fomento a asumir las responsabilidades de sus funciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno a mejorar la accesibilidad en las estaciones por las que circula la línea C5 de Cercanías del municipio de Fuenlabrada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado 8 de junio el Pleno Municipal de la localidad madrileña de Fuenlabrada aprobaba por unanimidad la moción presentada de manera conjunta por todos los grupos políticos con representación en el Pleno solicitando a ADIF y RENFE la
puesta en marcha de las medidas necesarias para solventar los problemas de accesibilidad de las estaciones de Cercanías de la localidad, especialmente en el apeadero de La Serna.
Las asociaciones de vecinos del municipio y de manera muy especial la asociación de padres y madres de la Escuela Infantil El Lago y la Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada (ASPANDI) vienen denunciado desde hace años las
deficiencias en materia de accesibilidad de las estaciones, sobre todo en el caso de La Serna donde se instalaron montacargas en lugar de ascensores que imposibilitan la independencia y autonomía de las personas con movilidad reducida a la hora de
acceder a los andenes al tener que avisar al personal de la estación con la antelación suficiente y tener que esperar ser acompañadas por el personal disponible en ese momento.
La alternativa que tienen las personas con movilidad reducida o diversidad funcional para utilizar de manera autónoma el servicio de Cercanías es desplazarse a la estación de Getafe Metrosur.
La moción aprobada en el Pleno Municipal exige a ADIF y RENFE la instalación de ascensores que sustituyan a los montacargas, así como medidas que faciliten el acceso a los vagones mediante rampas o bien mediante la incorporación de vagones
accesibles a la altura de los andenes de manera que las
personas con diversidad funcional puedan utilizar el servicio de Cercanías de manera autónoma y en igualdad de oportunidades al resto de ciudadanos y ciudadanas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a mejorar la accesibilidad en las estaciones de Cercanías por las que circula la línea C5 mediante:
1. La sustitución de los montacargas del apeadero La Serna del municipio de Fuenlabrada por ascensores.
2. La instalación de rampas para el acceso a los vagones de tren.
3. La incorporación a los trenes de vagones accesibles para todos los vecinos y vecinas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2017.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la culminación de las obras de parcelación del Polígono Industrial de Oretania, en Ciudad Real, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El proyecto del Polígono Industrial Oretania en Ciudad Real se localiza en los terrenos colindantes con la estación del AVE, en el margen derecho de la Carretera de Cardón, distante 1,2 km aproximadamente del centro urbano y a unos 300 m en
relación con Universidades y Centros de investigación.
El primer convenio para desarrollar el Polígono Industrial Oretania en Ciudad Real data de 2002, con la firma del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y SEPES, Entidad pública Empresarial de Suelo, para el desarrollo
de una actuación industrial en Ciudad Real, constituyendo, en el momento de la firma del citado convenio, una de las más ambiciosas apuestas de SERES en toda España.
Durante los años posteriores se realizaron los trámites administrativos necesarios para ejecutar la citada actuación: en el año 2005 se presentó en el Ayuntamiento de Ciudad Real la Alternativa Técnica del Programa de Actuación
Urbanizadora; en febrero de 2009 se aprobó el Plan Parcial de Mejora; en julio de 2011 el Proyecto de Urbanización y actualmente se encuentra culminado el Proyecto de expropiación iniciado en el año 2009. Por lo tanto, solo queda pendiente en
este momento la parcelación del polígono para culminar el proyecto iniciado en 2002.
Ciudad Real cuenta con una de las mejores situaciones geográficas para el desarrollo del tejido industrial, no solo por su ubicación territorial, sino también por sus excelentes comunicaciones con otras provincias y Comunidades Autónomas a
través de distintas vías. Sin embargo existe un impedimento para facilitar la implantación de nuevas empresas en este municipio, debido a la falta de suelo industrial que posibilite su asentamiento, algo fundamental para el desarrollo y
planificación de estrategias en materia de empleo.
La puesta en marcha definitiva del Polígono Industrial de Oretania en ciudad Real supondría un importante incremento del suelo industrial en Ciudad Real y un importante polo de atracción de empresas para su instalación en la superficie
industrial ofertada en el municipio que contribuiría, de forma significativa, a la generación de empleo y riqueza en la capital ciudadrealeña que en la actualidad cuenta con 6.793 desempleados, una tasa del 21,14 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar las obras de parcelación del Polígono Industrial de Oretania en Ciudad Real, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Entidad
Pública Empresarial de Suelo (SEPES), con el objeto de que esté plenamente operativo a lo largo del año 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2017.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea Madrid-Ávila-Segovia, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Abulenses y segovianos vienen reclamando que Renfe ponga fin a la política de abandono y discriminación existente sobre dos de las líneas convencionales que posee, en concreto las líneas Madrid Ávila y Segovia, reclamando que se igualen las
condiciones de estas dos líneas férreas con la de la línea Madrid-Guadalajara.
La citada línea férrea Madrid-Guadalajara, se encuentra integrada en la línea C2 red de Cercanías de Madrid así como en la zona tarifaria del Abono C2 del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
A lo anterior, se añade que esta línea dispone de un número mucho mayor de servicios, entre los cuales cuenta con servicios semidirectos del tipo CIVIS en aquellas horas de mayor afluencia de viajeros, lo que permite que la duración del
trayecto sea mucho menor, al no realizar apenas paradas dentro de la Comunidad de Madrid.
La citada situación ha dado lugar a que segovianos y abulenses, soliciten que la línea férrea Madrid-Ávila se incluya dentro de la línea C3 de Cercanías de Madrid, cuyo recorrido finaliza en El Escorial, y así mismo que la línea férrea
Madrid-Segovia se integre dentro de la línea C8, que actualmente concluye en Cercedilla.
Además reclaman que ambas líneas sean incluidas en el Abono C2 del Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid, para permitir que los segovianos y abulenses que viajen hasta Madrid no tengan que adquirir otro abono, pudiendo
utilizar el mismo Abono C2 para desplazarse por la ciudad, como ya está sucediendo en Guadalajara.
Finalmente, demandan el incremento en los servicios CIVIS en aquellas horas de mayor afluencia de viajeros, para evitar largos viajes, y hacer que los trayectos se realicen en el menor tiempo posible, para hacer de este transporte, un medio
útil para sus usuarios.
Todo ello con la finalidad de que los usuarios de estas líneas férreas puedan gozar de un servido de transporte útil, eficaz y cómodo para todos los viajeros.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Igualar las condiciones de las líneas férreas Madrid-Ávila y Madrid-Segovia con las de otras líneas férreas como la de Madrid-Guadalajara con la finalidad de evitar la discriminación entre pasajeros,
estudiando las medidas necesarias para promover la integración de la línea Madrid-Ávila se integre en la línea C3 de Cercanías y la línea Madrid-Ávila se integre en la línea C8.
2. Fomentar la equidad entre líneas férreas y usuarios de las mismas incluyendo a ambas líneas Madrid-Ávila y Madrid-Segovia en el Abono C2 del Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid.
3. Incrementar los servicios CIVIS en aquellas horas de mayor afluencia de viajeros, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a sus usuarios evitando que los viajes se alarguen de forma innecesaria en el tiempo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a garantizar la continuidad del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de distintas rutas interregionales que pasan por la provincia de Cuenca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En España, el transporte público interurbano de viajeros por carretera de competencia estatal, es un elemento clave que garantiza una movilidad sostenible de todos los grupos de población en todo el Estado. Ofrece unos elevados niveles de
calidad y seguridad, consiguiendo un menor impacto ambiental y energético que otros modos concurrentes, constituyendo una fuente de generación de actividad económica y de empleo de primer orden a nivel nacional.
El transporte público interurbano en autobús juega un importante papel en la movilidad de personas. Es económico, sostenible, seguro, capilar y socialmente rentable, definiéndose como el modo de transporte más seguro y ofreciendo las
tarifas más reducidas en comparación con otros transportes alternativos, brindando un alto nivel de calidad. El nivel de eficiencia del autobús, desde el punto de vista medioambiental, económico y social, es altamente destacable. Socialmente, en
cuanto a su contribución a la cohesión socio-territorial, el transporte público interurbano de viajeros en autobús, por su flexibilidad y menores requisitos de inversión en infraestructuras, juega un papel esencial en la vertebración territorial del
Estado favoreciendo la cohesión entre comunidades autónomas, resultando especialmente relevante para aquellos sectores de la sociedad menos favorecidos.
Los 86 los contratos de gestión de servicio de transporte público de viajeros por carretera de titularidad estatal, dejará de prestarse en los próximos días, distintas líneas que afectan a muchísimos municipios de la provincia de Cuenca:
Mota del Cuervo, Santa María de los Llanos, El Pedernoso, Belmonte, Villaescusa de Haro, Carrascosa de Haro, Rada de Haro, Villalgordo del Marquesado, La Almarcha, Villar de la Encina, Los Hinojosos, la Alberca de Záncara, San Clemente, Vara de Rey,
Pozoamargo, Casas de Guijarro, Villagarcía del Llano (y su pedanía Casas del Olmo), Castillejo de lniesta, Graja de lniesta, Minglanilla, Rubielos Bajos, Cañete, Mira, Boniches, Campillos Paravientos, Fuentelespino de Moya, Henarejos, Garaballa,
Aliaguilla, etc.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, con carácter urgente, cuantas actuaciones sean necesarias con el objeto de continuar prestando el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de distintas rutas
interregionales que pasan por la provincia de Cuenca, prolongando la
moratoria existente o llegando a realizar incluso, una adjudicación directa por emergencia, para evitar el perjuicio que supondría suspender estas líneas y suprimir las paradas, que en muchos casos, es la única posibilidad que tienen muchos
conquenses que utilizan estas líneas, estudiantes que se desplazan a las Universidades de Albacete, Cuenca y Valencia, y también personas que necesitan ser atendidos en los hospitales de Cuenca, Albacete y Requena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre Proyecto en la red AVE de bypass de Almodóvar del Río, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El bypass para la conexión de las líneas AVE de Sevilla y Málaga a la altura del municipio cordobés de Almodóvar del Río que está en fase informativa y que acortará el tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga en torno a 20 minutos, también
reducirá en su día sustancialmente el tiempo de acceso a Granada en AVE, está suscitando mucha polémica en Andalucía por distintas razones.
Según las informaciones suministradas por el Gobierno, la solución adoptada tiene un presupuesto de 32 millones de euros y no se ha adoptado esta solución por ser la más económica, sino por ser la que menos afección a la línea existente
tiene, la de menor impacto ambiental y territorial y la más ventajosa.
La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno la implantación del mismo modelo de bypass que ha ejecutado en el resto de España y con las mismas prestaciones y beneficios para la conexión de las líneas de AVE entre Sevilla y Málaga. Ha
denunciado el agravio a Andalucía con este importante proyecto y ha señalado que 'no se le puede negar a Andalucía el mismo tratamiento para un proyecto vital en las comunicaciones ferroviarias entre las dos grandes ciudades de la comunidad'. Por
la Junta de Andalucía se defiende una solución más ambiciosa, efectiva, funcional y segura que respaldan también las asociaciones de empresarios, representantes de la sociedad civil andaluza. La alternativa que se contempla es la de una variante
con doble ancho de vía, una geometría más generosa del trazado de las curvas con un radio más de 1,2 km y no los 500 metros previstos por el actual proyecto, así como la construcción también de viaductos o saltos del camero que eviten la
interferencia entre circulaciones y otorguen mayor fluidez al tráfico ferroviario, confiriéndole así a esta conexión una mayor funcionalidad, seguridad y eficiencia'. Esta mejora en la solución solo representa un incremento de la inversión en 20
millones de euros adicionales para garantizar así un esquema de bypass equiparable, técnicamente, a los que están operativos en el conjunto del territorio nacional.
Por otra parte el Ayuntamiento de Córdoba y otros ámbitos de la sociedad civil, de esta provincia y del resto de las provincias afectadas, han mostrado su rechazo a este proyecto de bypass por los perjuicios que pudiera traer un inadecuado
diseño del mismo. También el Ayuntamiento de Córdoba ha considerado prioritario para la mejora del transporte por ferrocarril en esta ciudad y en la provincia de Córdoba la puesta en marcha de un tren de cercanías que comunique en Córdoba a
distintos distritos de la ciudad y a los municipios del Valle del Guadalquivir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que antes de continuar con el Proyecto anunciado en la red AVE de bypass de Almodóvar del Río, intente llegar a un consenso en el marco de una mesa de
trabajo donde estén presentes tanto los representantes del Gobierno como representantes de Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos y Diputaciones de Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2017.-Carmen Rocío Cuello Pérez, Salvador Antonio de la Encina Ortega, José Juan Díaz Trillo, Sonia Ferrer Tesoro, Miguel Ángel Heredia Díaz, Antonio Hurtado Zurera, Antonio Pradas
Torres, Elvira Ramón Utrabo, María Jesús Serrano Jiménez y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de! Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, para la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga, recuperación del servicio ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León,
Extremadura y Andalucía, además de contribuir a la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero mitigando el cambio climático.
Exposición de motivos
En 2023 la Comisión Europea definirá la nueva Red Básica Ferroviario Transeuropea que se pondrá en servicio en 2030, donde debe contemplarse la línea Astorga-Monfragüe. Estás decisiones se tomarán basándose en las normas de obligado
cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea constituidas por el Reglamento (UE) 1315/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo
de la Red Transeuropea de Transporte, y el Reglamento (UE) 1316/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo 'Conectar Europa'.
Las leyes citadas y el Cuarto Paquete Ferroviario de la UE señalan que la planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte ferroviario deben contribuir a la consecución de importantes objetivos de !a
Unión Europea definidos, en particular, en la Estrategia Europa 2020 y en el Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión Europea, como el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Documentos que tienen, asimismo, los
objetivos específicos de permitir el transporte sin fisuras, seguro y sostenible, de personas y de mercancías, asegurando la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea.
Dicha Red Básica Ferroviaria Transeuropea, señala la normativa, debe desarrollarse mediante la rehabilitación y la actualización de las infraestructuras ya existentes, más la creación de nuevas infraestructuras de transporte siempre que sean
necesarias para completarla. A su vez, dicha red debe constituir la columna vertebral del desenvolvimiento de una red de transporte multimodal sostenible, contribuyendo al objetivo indicado en el Libro Blanco de reducir en un 60 % las emisiones de
gases con efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2050, respecto a los niveles de 1990, con la finalidad de reducir los riesgos del cambio climático. Por ello levantar las vías en la línea del Oeste y desafectar un tramo vital de
ferrocarril como señalan algunas pretensiones, viene a reflejar una política de transporte opuesta al interés general y a los objetivos de la UE. La red básica que se pondrá en marcha en 2030 es el primer paso para alcanzar la red global
ferroviaria prevista para el año 2050.
En este sentido de optimización del ferrocarril se ha pronunciado el Parlamento Andaluz conectando los puertos de Algeciras y Hueva con los corredores Mediterráneo y Atlántico, ya que Algeciras es el mayor puerto español en tráfico marítimo
y el de Huelva está situado en el más destacado polo químico del sur de Europa. La línea del Oeste conectaría ambos corredores además de abrir la importante relación del los puertos citados con Avilés, Gijón, Coruña y Vigo.
De otro lado, iniciativas sociales en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía abogan por la reapertura de la Vía de la Plata como justa reivindicación social de relacionar pueblos y comarcas que ven en el tren una base
extraordinaria para el desarrollo de la actividad productiva, mejora de las condiciones de vida y mantenimiento de la población rural, ante la situación de áreas deprimidas que presentan en estos momentos.
Las infraestructuras ferroviarias de casi todo el oeste peninsular adolecen de falta de inversiones para su mejora y mantenimiento, con ausencia de vías dobles electrificadas (como es el caso específico de Extremadura), sin que las
administraciones públicas tomen iniciativas importantes excepto tímidas actuaciones en las áreas metropolitanas de Algeciras, Sevilla, Salamanca o León.
Con la supresión de los servicios ferroviarios entre Astorga y Palazuelo (hoy Monfragüe), junto a Plasencia, primero los de las personas, en 1984, y luego los de las mercancías, en 1996, los indicadores de despoblamiento del medio rural,
emigración continuada de la juventud, pobreza, falta de iniciativas productivas, vinculación general al transporte de mercancías en camión, etc., no han hecho más que persistir y ahondarse. De esta forma la fractura social y económica con otras
comarcas y regiones del entorno no para de crecer en sentido contrario a otros ámbitos territoriales de nuestro Estado.
Así pues, recuperar el itinerario perdido del Tren del Oeste, mediante servicios públicos ferroviarios, viene siendo tradicionalmente -y más aun desde 2007 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en nuestra sociedad- una
demanda continuada con diverso tipo de manifestaciones sociales. Así ha ido sucediendo en diversos momentos en el propio Congreso del Parlamento Español (pregunta de 27 de mayo de 2009 del Señor Llamazares y, recientemente, pregunta del 8 de junio
de 2017 del Señor Mariano Santos); en el Parlamento de Extremadura (Iniciativa parlamentaria Impulso n.º 104 en Pleno 30/VIII de marzo de 2013); y en la el Parlamento de Castilla y León (PNL 592 de 22 de octubre de 2008 y PNL 1.137 de 24 de
febrero de 2010). Respuestas a estas dos últimas PNL han sido solicitadas el 8 de junio de 2017 y en su texto se decía que '... En la actualidad el tramo ferroviario no ha visto ninguna modificación derivada de la falta de compromiso del Gobierno
General del Estado. Las últimas reivindicaciones sociales, que siguen exigiendo su reactivación, hacen necesario volver a insistir sobre el tema para exigir una infraestructura vital para el desarrollo del futuro de la Comunidad'. Tan cierto y
evidente para todas las provincias de Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Sevilla y Huelva.
Si bien la iniciativa del Gobierno de España de septiembre de 1984, para suprimir miles de kilómetros de ferrocarril calificado de deficitario', ha resultado más que negativa (hecho evidente con el paso del tiempo), las deficientes partidas
presupuestarias para el tren normal no mejoran sino empeoran esta situación, en el caso de los trenes de cercanías, de los trenes regionales, de los trenes de mercancías y de las Obligaciones de Servicio Público en el Transporte Ferroviario.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Incluir la línea ferroviaria entre Astorga y Plasencia, ahora cerrada al tráfico ferroviario, en la Red Básica Ferroviaria Transeuropea sobre la traza existente -que ya tiene el impacto ambiental asumido-, con las modificaciones
técnicas y de itinerario necesarias a los tiempos actuales y a las necesidades de transporte de mercancías, y evitando, en todo coso, más levantamientos de vías que buscan la desafectación del itinerario.
2. Tener en cuenta dicha línea -y su extensión hacia Sevilla y Huelva con conexión con el Puerto de Algeciras- en las normas del Cuarto Paquete Ferroviario de la U.E.
3. Añadir esta línea a las que constituyen el Corredor Atlántico, dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario.
4. Realizar los estudios ferroviarios y proyectos técnicos necesarios para que en un año puedan licitarse, entre los respectivos tramos comarcales correspondientes, las obras de adecuación de la plataforma ferroviaria, así como la
instalación y el material fijo de rodadura de ancho variable y sistemas necesarios de señalización, comunicaciones, y seguridad.
5. Rehabilitar las estaciones y zonas de atención a las personas en las edificaciones actuales disponibles o la ejecución de los obras nuevas necesarias.
6. Promocionar las futuras conexiones comerciales, turísticas y de viajeros que den viabilidad económica a este corredor occidental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2017.-Eva García Sempere, Félix Alonso Cantorné, Yolanda Díaz Pérez, Ana Marcello Santos, Amparo Botejara Sanz y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
creación de una Comisión técnica independiente que investigue el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Se van a cumplir cuatro años desde que ocurrió el grave accidente de un tren Alvia en Angrois (Santiago), un 24 de julio de 2013. En el tiempo transcurrido se han producido importantes novedades que tendrían que obligar a considerar la
reapertura urgente de las investigaciones sobre todas las posibles causas del accidente ferroviario que causó 80 muertos y 152 personas heridas. El objetivo final no puede ser otro que el de conocer toda la verdad y dar justicia y reparación a las
víctimas como corresponde a un Estado de Derecho.
El 26 de mayo de 2016, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un Auto estimando los recursos de apelación presentados por las víctimas del accidente, acordando la reapertura del caso y ordenando su retorno a la fase de diligencias previas
de investigación. En el Auto, en concreto, la Sala acuerda la ratificación y aclaración de dos informes periciales y que se lleven a cabo otras diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que procedan.
Por otra parte, la Agencia Ferroviaria Europea, en un documento publicado en julio de 2016, ha afirmado que el accidente 'no ha sido investigado de forma independiente' tal y como establece la Directiva de Seguridad Ferroviaria, cuestionando
la actuación del organismo español que llevó a cabo los trabajos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así mismo, abre la puerta a reiniciar la investigación señalando, en tal sentido, que 'teniendo en cuenta la
relevancia del accidente, esta agencia considera que debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados'.
La evaluación de Bruselas estima que la investigación se ha centrado en el error humano del conductor y ha obviado 'cuestiones esenciales sobre el origen del accidente'. El texto incide en que se ha puesto el foco en el descarrilamiento
olvidando entrar en más detalles sobre la posterior colisión y el fuego que siguieron al impacto, y estima que no aporta suficiente luz sobre qué vagón fue el primero en salir de la vía, lo que podría aportar información valiosa sobre el episodio.
La propia Agencia Ferroviaria Europea ha ofrecido a España que sus expertos tomen parte en las nuevas indagaciones que pudieran reabrirse sobre el caso.
El informe contradice el mensaje que desde el Gobierno se hizo llegar a las víctimas, en el que aseguraba la independencia de la comisión encargada de la investigación. 'La composición del equipo del CIAF no permite asegurar los requisitos
de independencia que recoge la directiva sobre seguridad ferroviaria', concluye Bruselas. Miembros de ADIF y RENFE, parte interesada, se implicaron en las pesquisas, lo que contraviene las normas europeas sobre independencia.
Por su parte, la Plataforma de Víctimas del accidente ya venía denunciando que la investigación 'no fue independiente, ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e
INECO'. Es decir, los responsables que, en su opinión, 'desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos'. Los portavoces de la plataforma han afirmado que 'la Directiva 2004/49 de seguridad ferroviaria obliga a realizar una
evaluación de riesgos y aplicar medidas de control cuando haya cambios en las condiciones de funcionamiento o cuando un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura. En el caso de este accidente, la valoración y control de riesgos se
tendría que haber llevado a cabo cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad ERTMS en el punto más peligroso del trazado. Tampoco se hizo cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito del riesgo
existente en la curva, en diciembre de 2011'.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras recibir la visita de portavoces de las víctimas del accidente el pasado 24 de enero, acordó dirigirse a la Comisión Europea para que pida a España una nueva investigación independiente
sobre el accidente de Angrois.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a gestionar la reapertura de una Comisión de investigación, atendiendo los diferentes pronunciamientos y circunstancias sobrevenidas; esto es, de una nueva investigación técnica oficial
auspiciada por la UE, con representación de la Agencia Ferroviaria Europea y con garantías plenas de independencia, sobre todas las causas del accidente del tren Alvia, ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago) y en el que murieron 80
personas y 152 resultaron heridas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la realización de un carril bici (bidegorri) en la BI-711 entre Bilbao y Getxo.
Exposición de motivos
El bidegorri Bilbao-Getxo, es conocido popularmente como 'bidegorri de la Carretera de la Ría' puesto que se ubica en la antigua carretera de la ría. Dado la existencia de la autopista tiene un tráfico de automóviles reducido y es usado por
gran número de ciclistas y peatones. Es un anhelo histórico entre la población además de una clara necesidad estructural del Bilbao Metropolitano en clave de movilidad sostenible. Dado que la Autoridad Portuaria se muestra favorable a ceder la
titularidad de los terrenos a los municipios afectados: Bilbo, Erandio, Leioa y Getxo este proyecto vuelve a estar en discusión. Tan solo el ayuntamiento de Erandio muestra objeciones puesto que adquirir la titularidad podría comprometer al
ayuntamiento en los costes de mantenimiento de los 3,5 km de carretera que pasan por su término municipal.
Después de una interpelación al respecto del Portavoz suplente del Partido Popular en Bizkaia, Jesús Isasi Ortiz, las juntas generales de Bizkaia aprobaron la siguiente moción a instancias del PP con fecha de 21 de junio.
'Una vez sustanciada la interpelación relativa a la realización del Bidegorri en la BI-711 entre Bilbao y Getxo, se deduce que la competencia para llevar a feliz término esta operación es el Ministerio de Fomento. La Autoridad Portuaria es
competente sobre la propiedad de gran parte de la carretera. La Diputación Foral de Bizkaia, quiere cumplir y hacer cumplir las iniciativas encaminadas a favorecer el uso de la bicicleta en nuestro territorio y a poner los medios para que esto se
lleve a cabo. Por todo ello, el Grupo Juntero Popular Vizcaíno presenta para su debate y aprobación la siguiente Moción.
Las Juntas Generales instan a la Autoridad Portuaria a liderar la colaboración interinstitucional con los Ayuntamientos implicados y el Ministerio de Fomento para la construcción del Bidegorri en la BI-711'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Fomento junto con la Autoridad Portuaria lideren la colaboración interinstitucional con los Ayuntamientos implicados para hacer realidad un bidegorri (carril bici) en la BI-711.
2. Dotar al proyecto de dicho bidegorri en la BI-711 de la financiación necesaria para su realización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la
creación de servicios de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda en todas las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puso en funcionamiento en el año 2013 el Servicio de Mediación y Orientación Hipotecaria y de la Vivienda, que ha atendido desde su puesta en funcionamiento a más de 800 afectados y sus familias,
que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda habitual por impago del préstamo hipotecario que gravaba la misma, o también en supuestos de impago de renta en concepto de alquiler de la vivienda habitual.
En el año 2015 se aprobó la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, que regula en su Título V la colaboración entre Administraciones Públicas y con otras entidades relacionadas con el sector de la vivienda para la
protección del deudor hipotecario, así como la intermediación social en el alquiler de viviendas y la Bolsa social de Viviendas. Por su parte, en el Título VI se regula expresamente el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la
Vivienda.
De esta forma, se ha conseguido disponer, en el ámbito de esta comunidad autónoma, de un conjunto de medidas, elevadas a rango legal al recogerse en la citada Norma, que constituyen en sí mismas un Plan integral de atención y protección de
los deudores hipotecarios y de sus familias.
Así, el Servicio, dependiente de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, facilita ayuda a personas que se encuentran en situación de impago de créditos de carácter hipotecario con las entidades financieras, al objeto de evitar, en la
medida de lo posible, procedimientos de lanzamiento del domicilio de las personas afectadas.
Concretamente, el Servicio inicia los cauces para que la comunicación con el ciudadano, cliente del banco, pueda llegar a buen término en las negociaciones con la entidad sobre la deuda hipotecaria contraída o bien le deriva previamente para
asesoramiento jurídico-económico gratuito al colegio profesional correspondiente.
Tras la puesta en marcha del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, se han formalizado diversos convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las siguientes corporaciones de dicha
Comunidad Autónoma: la Federación de Municipios; los ilustres Colegios de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; los Ilustres Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla; el ilustre Colegio de Economistas; el Ilustre Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; así como con Cáritas y otras entidades del tercer sector, todos ellos para la participación efectiva de las mismas en el Servicio de cara a articular medidas prácticas, reales y efectivas de actuación inmediata
contra el grave problema de los desahucios.
En este sentido, es de resaltar, por su carácter pionero y hasta la fecha único en nuestro país, que en fecha 21 de mayo de 2015 se firmó igualmente un Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tres
entidades financieras, Banco Mare Nostrum, Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural, para la participación de las mismas en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, con el fin de establecer las bases de colaboración de cara a
prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual de sus clientes como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.
La firma de los anteriores convenios ha permitido establecer un protocolo de colaboración entre todos los agentes implicados en beneficio directo de los ciudadanos inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria y para llegar a
soluciones consensuadas con los mismos, fijando así un modelo de trabajo ágil, efectivo y respetuoso con la legalidad que podría generalizarse en su aplicación para toda España. A este respecto, debe reseñarse que este sistema ha permitido que más
del 70 % de los casos planteados ante el Servicio se hayan resuelto satisfactoriamente, especialmente acudiendo a las vías de refinanciación de préstamos y del alquiler social.
Por último, y en lo que hace a la participación del Ministerio de Justicia, debe resaltarse que el 2 de octubre de 2013 se firmó un Protocolo General entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, a través del Servicio Común Procesal General, para la detección de supuestos de vulnerabilidad durante el procedimiento de ejecución hipotecaria.
El objeto de este Protocolo fue establecer las bases de colaboración entre los organismos firmantes, a fin de facilitar que, durante el proceso judicial de ejecución hipotecaria, los funcionarios de auxilio judicial y gestión procesal que se
encargan de practicar los actos de comunicación procesales, puedan identificar a personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre por el que se
establecen medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
En la actualidad, y con la finalidad de seguir avanzando en esta linea, se está promoviendo un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, cuyo objeto será el de
establecer compromisos y protocolos de actuación y comunicación entre la Administración de Justicia y el ejecutivo de la Comunidad Autónoma para los supuestos en que, con motivo de cualquier actuación judicial en el curso de un proceso que pueda
concluir con el lanzamiento de los ocupantes -por cualquier título- de una vivienda habitual, se constate una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, sea en los términos del 'umbral de exclusión' del Real Decreto Ley 6/2012, en los
de la 'especial vulnerabilidad' de la Ley 1/2013, o en cualesquiera otros que la evidencien.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Justicia y en coordinación con los Gobiernos de todas las Comunidades Autónomas, impulse los trámites para promover:
1. La creación de Servicios de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda en toda España.
2. La suscripción de los convenios de colaboración necesarios, con todos los agentes intervinientes en los mismos, para evitar los procesos de desahucios de la vivienda habitual de personas en situación de especial vulnerabilidad.
3. En todos los casos, con escrupuloso respeto de las respectivos ámbitos competenciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de
mecanismos de información y comunicación en todos los procesos inherentes a la rehabilitación de viviendas, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La relevancia del sector de la construcción, y específicamente de la vivienda, para las mejoras en materia de eficiencia energética, ha sido destacada en varias comunicaciones de la Comisión Europea, ya que representa cerca del 40 % del
consumo final de la UE, siendo la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE) el principal instrumento jurídico que aborda este tema en el contexto de los objetivos fijados para la Agenda 2020.
El cumplimiento de objetivos para la rehabilitación y la eficiencia energética de las edificaciones, han sido desarrollados por los sucesivos Gobiernos de España, a través de diversos planes y programas basados en el establecimiento de
ayudas para el fomento de la rehabilitación.
Los objetivos principales del Ministerio de Fomento durante la X legislatura han sido:
- Facilitar el acceso a la vivienda a las personas más necesitadas.
- Mejorar nuestro parque de viviendas y entornos urbanos, a la vez que se fomenta la creación de empleo y se impulsa el crecimiento de nuestra economía.
Con estos objetivos, se puso en marcha:
- La ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
- Un nuevo Plan Estatal de Vivienda de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas.
Este plan se ha prorrogado y se está en fase de redacción de un nuevo plan que recogerá nuevos objetivos de acuerdo a la realidad social y económica y su relación con la vivienda.
Si bien, el segmento de la rehabilitación y reforma de viviendas ha sido el que ha registrado menores descensos dentro del conjunto de la actividad de la construcción y constituyó uno de los sectores que representan mayor potencial para
reactivar la actividad, los fundamentos de la rehabilitación ligada a principios de eficiencia energética, no están aún implantados de manera efectiva en nuestra cultura de la vivienda.
Durante los años de crisis, la rehabilitación ha mantenido su estabilidad a costa del descenso de la obra de nueva planta y se ha visto un notable incremento de solicitudes de visados. Según datos del CEE se ha pasado del 13,5% en 2010 al
46,6% en 2015.
Existe un gran desconocimiento por parte de la población, en general sobre las ventajas que reporta el incluir sistemas energéticamente eficientes en los mecanismos de rehabilitación, de hecho, los índices de rehabilitación energética en
España están muy por debajo de las comparativas con Europa Occidental.
La política estatal se ha basado hasta ahora en planes de vivienda cuyos objetivos principales se han basado en la rehabilitación, que si bien, estos planes se conforman a través de ejes estratégicos ligados a ayudas económicas, entendemos
que hay que buscar una mayor implicación para que estas políticas sean realmente efectivas, y sobre todo vincularlas a todos los sectores de la población, estableciendo ayudas para los sectores de mayor vulnerabilidad, pero también mecanismos de
acceso hacia el principal objetivo que es el mantenimiento de nuestro parque residencial en las mejores condiciones de habitabilidad y cumpliendo siempre los objetivos que marcan las directivas europeas sobre eficiencia energética.
Entendemos que hay que seguir construyendo una estrategia, basada en la madurez de la población hacia comportamientos ciudadanos cuyos objetivos principales sean la rehabilitación con eficiencia energética.
No solo son necesarias ayudas para incentivar el sector, ineludibles en momentos de crisis, sino que ha llegado el momento de, en paralelo, crear las condiciones para producir un despliegue en profundidad de la rehabilitación edificatoria,
mejorando además la política energética, mediante, entre otras cuestiones, una iniciativa para acelerar la renovación de los edificios de manera general.
El esfuerzo del Gobierno se ha centrado en los últimos años en la introducción de estas políticas a través de ayudas a los sectores más vulnerables, aunque siempre las ayudas públicas pueden llegar a todos de forma general, entendemos que es
preciso establecer una estrategia en colaboración con las CCAA, que son quienes, de acuerdo a sus competencias, gestionan los planes de vivienda.
Esta estrategia ha de estar basada en campañas de difusión y toma de conciencia.
Los objetivos generales serían:
- Fomentar la cultura de la rehabilitación destinada a eficiencia energética.
- Concienciar de que no debe tratarse de soluciones de elevados costes sino ir a soluciones sostenibles que han de empezar a formar parte de nuestra cultura.
- Fomentar el establecimiento de estrategias autonómicas de la rehabilitación donde se establezcan con rigor los objetivos a cumplir en materia de eficiencia energética tanto en actuaciones públicas como privadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera fundamental en aras de fomentar la cultura de la rehabilitación edilicia vinculada a actuaciones de mejora de la eficiencia energética, el establecimiento de mecanismos de difusión de procesos
vinculados a la rehabilitación de viviendas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar las
obras de la autovía del Reguerón en la Comunidad Autónoma, de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía del Reguerón es una infraestructura fundamental para las comunicaciones por el Sur y el Este del área metropolitana de la ciudad de Murcia, séptima capital de España en número de habitantes, pues conecta el corredor Este
proveniente de Alicante (A-7) con el corredor Sur procedente de Cartagena (A-30), además de unir también dichas vías con la RM-1, constituyéndose de facto en la gran circunvalación Sur-Este de la ciudad. Su ejecución y puesta en servicio será una
alternativa al elevado tránsito existente de medio y largo recorrido y permitirá aliviar el denso tráfico que se sufre tanto en la carretera regional RM-300 como en la Costera Sur.
La longitud total de la autovía del Reguerón será de 11 kilómetros y actualmente está en ejecución la primera fase, de 7 kilómetros, que se desarrolla entre la avenida de Beniaján y la autovía RM-1, dando así continuidad a esta autovía
autonómica que une el sureste de la ciudad de Murcia con San Javier, con independencia de que siga siendo fundamental la planificación y ejecución del resto de las obras pendientes de dicha infraestructura viaria hasta su conexión con la A-30, en el
tramo conocido como 'Autovía del Bancal'.
Las obras, tras haber sido paralizadas en 2011, se retomaron en marzo 2015 y contaron con un presupuesto de licitación de 169,3 millones de euros, previéndose un plazo de ejecución de 5 años, si bien, de existir disponibilidad presupuestaria
suficiente, los tiempos podrían reducirse de forma considerable, con los consiguientes beneficios de todo tipo que ello traería consigo para la sociedad y el desarrollo económico de toda la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Fomento, continúe avanzando en las obras de la Autovía del Reguerón al objeto de la puesta en servicio de dicha infraestructura a la mayor
brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, para la construcción de una pasarela sobre la carretera BU-11, kilómetro 1,300.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento desmanteló, sin que se conozca previo aviso a los y las vecinas y/o al Ayuntamiento de Burgos, la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 1,300 de la autovía de acceso sur a Burgos, BU-11, en el barrio del Crucero
el pasado 7 de noviembre de 2016.
Debido a la inacción del Ministerio de Fomento en los trabajos de mantenimiento, la pasarela se encontraba en mal estado debido a la oxidación de sus planchas metálicas como consecuencia de las inclemencias del tiempo sufridas desde su
instalación y la actuación de sales fundentes empleadas contra la presencia de hielo y nieve.
En la misma fecha de la retirada, el Ministerio de Fomento anunciaba que estaba trabajando en la redacción de un proyecto de construcción para una nueva pasarela peatonal en ese punto. Llama la atención, por la falta de previsión, el hecho
de que Fomento no tuviera preparada para su instalación una pasarela alternativa a la que iba a retirar. Más aun teniendo en cuenta que la pasarela retirada cumplía un objetivo fundamental para dos barrios alejados del centro de la ciudad y
separados por la circunvalación BU-11. A día de hoy, 19 de julio de 2017, y a pesar de las reiteradas protestas vecinales nada se sabe de la construcción de la nueva pasarela.
Con el desmantelamiento de la citada infraestructura en la zona sur de la ciudad de Burgos, los barrios de los aledaños de Cortes y El Crucero han quedado separados, divididos por la infraestructura viaria que, además, soporta un importante
tráfico de vehículos pesados, de media carga y turismos. Desgraciadamente esta situación no es nueva para los y las vecinas que desde siempre se han visto afectados por las negligentes políticas de infraestructuras implementadas por los sucesivos
gobiernos de España.
Hasta 2009 tuvieron las vías del tren dividiendo el barrio en dos con el consiguiente riesgo para las personas y ahora es la BU-11 la que separa los barrios del resto de la ciudad. Hablamos de barrios populares en los que residen muchas
personas de avanzada edad y con movilidad reducida que se ven aislados e impedidos para el normal desarrollo de sus vidas cotidianas. A día de hoy los cientos de vecinos afectados han de caminar más de dos kilómetros para cruzar la BU-11, esta
injustificada e inexplicable situación dificulta mucho el acceso de estas personas a servicios públicos básicos como la atención sanitaria y/o el acceso a los colegios en el caso de los menores.
Desde el Ministerio de Fomento se aseguraba que en enero de este año 2017 encargaría a la empresa proyectista IDEAM la redacción del proyecto de la nueva pasarela. El mismo Ayuntamiento de Burgos, cooperó en encajar la pasarela y su
proyecto en el ancho de la BU-11 ya que se han de cumplir los estándares y medidas para que la rampa sea accesible para personas con movilidad reducida.
El proyecto, que cuenta con 820.000 euros de financiación se encuentra atascado en la fase de redacción. El documento inicial fue remitido a la Dirección General de Carreteras que devolvió el documento para indicaciones.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dar prioridad a esta actuación y agilizar al máximo la construcción de la pasarela sobre la carretera BU-11, cumpliendo con todos los requisitos y estándares en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa la incorporación en el Reglamento General de Carreteras informes y protocolos para proteger el patrimonio histórico-arqueológico en las tareas de mantenimiento y conservación de la red de
carreteras.
Exposición de motivos
España cuenta con una amplia red de carreteras que forman parte del patrimonio común y recursos del Estado. Esta amplia red de carreteras, necesita de continuas actuaciones de mantenimiento y conservación para que gocen de buen estado y
sean útiles y duraderas. El desarrollo de la amplia red de carreteras coexiste con el Patrimonio natural y cultural, donde es especialmente sensible el arqueológico por no ser distinguido a simple vista en la mayoría de los casos, ya que se
localiza en el subsuelo.
Este patrimonio histórico y arqueológico debe de tratarse como uno de los elementos culturales, sociales, ambientales y económicos más valiosos. Su protección, mantenimiento y recuperación deben de considerarse una responsabilidad política
de primer orden y de su correcta gestión dependerá el legado que transmitamos a las generaciones futuras.
En las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras se debe de tener conocimiento en todo momento de los yacimientos arqueológicos y demás elementos patrimoniales y naturales, independientemente de la figura de protección
que tengan asignada, que coexisten en la zona de actuación de dichas labores. Disponer de un catálogo bien documentado ayudaría a los responsables del mantenimiento y conservación de carreteras a prevenir y evitar que actuaciones para el cuidado de
nuestras carreteras deterioren o pongan en peligro elementos del patrimonio cultural o natural, que es herencia de toda la ciudadanía.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas a:
1. Garantizar que el Ministerio de Fomento realiza un cruce de información con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que los datos de los elementos culturales protegidos sean accesibles desde las demarcaciones de carreteras.
2. Incorporar en el Reglamento General de Carreteras un protocolo que obligue a las actuaciones de mantenimiento y conservación de carreteras a contar con un informe previo de conocimiento sobre los elementos patrimoniales
históricos-arqueológicos existentes en la zona de actuación, así como, en el caso de que éstos existan, diseñar un plan específico de prevención de cara a evitar deterioros o destrozos derivados de las labores de mantenimiento y conservación, tal y
como refleja la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso turístico, residencial o
científico del edificio del Faro de Portmán (Murcia), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Faro de Portmán está situado en La Unión (Murcia), a 50 metros sobre el nivel del mar, en el promontorio que origina la Punta de la Chapa al este de la ensenada de Portmán; consta de un edificio blanco de planta rectangular y una torre
cilíndrica blanca de 8 metros con un foco de luz que alcanza las 13 millas náuticas (24 km).
La Real Orden de 28 de junio 1860 contempló la construcción de un faro de quinto orden en Portmán y la Real Orden de 8 de julio de 1862 constituyó una comisión para estudiar su diseño y dar servicio al concurrido fondeadero de la zona.
Finalmente, se levantó sobre las ruinas de la Torre de San Gil y se inauguró el 31 de enero de 1865, el mismo día que el Faro de Cabo de Palos. A partir de entonces, sufrió diversas reformas para modernizar su fuente de luz: eléctrica en 1960 y
automática en 1977. Actualmente, solo la torre y la linterna conservan su diseño original.
Su situación, como puerto natural cercano a las minas de Cartagena y La Unión, lo convirtió en un lugar estratégico en época romana y fue uno de los tres puertos del Mediterráneo español donde los barcos romanos recalaban para transportar
minerales como plata, plomo y cobre.
En el siglo XIX tuvo lugar un enorme auge de la minería que atrajo a numerosos inmigrantes. La reanudación de la minería a cielo abierto en 1945 y la constitución del Lavadero Roberto en 1957 provocaron el vertido de miles de toneladas de
estériles a la Bahía de Portmán. En 1992 se cesó la actividad minera en su totalidad dejando tras de sí un enorme impacto medioambiental.
Con los avances de las nuevas tecnologías en la navegación marítima, en muchos de los faros se ha perdido la utilización que sus instalaciones anexas prestaban históricamente como residencia de los técnicos de señales marítimas encargados de
su operación y mantenimiento, sin perder por ello su función como ayuda a la navegación. En este escenario se abre una oportunidad de abrir estas instalaciones a nuevos usos que, de forma compatible con el servicio de señalización marítima,
permitan dar un aprovechamiento de las mismas, contribuyendo de esta manera a su conservación y mantenimiento, y dándoles, en definitiva, un uso productivo abierto de la sociedad.
El avance del turismo está generando nuevos proyectos en otros países como Noruega, Sudáfrica, Irlanda, Escocia o Inglaterra, en donde se están convirtiendo numerosos faros en hoteles.
En España, Puertos del Estado ha lanzado el proyecto 'Faros de España' con el objetivo de abrir los faros a nuevos usos, entre los que se pueden citar el establecimiento de hoteles, centros de interpretación, museos o platós para
filmaciones, apoyándose el desarrollo de estos proyectos bien en la iniciativa privada como financiador y explotador de las instalaciones afectadas, bien a través de otras Administraciones u Organismos Públicos, si el uso que se pretende dar en este
último caso es abierto y está en su ámbito competencial.
En la actualidad, Portmán es una población que, a pesar del gran desastre ecológico sufrido en su bahía, busca nuevos horizontes y para ello el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autorizó en 2015 un proyecto para la
regeneración total de la zona valorado en 32,1 millones de euros.
Ni que decir tiene que esta localidad es visitada por numerosos turistas aficionados al submarinismo atraídos por la belleza natural del lugar. Resulta un lugar idóneo para reconvertir el faro en un alojamiento hotelero que permita fomentar
una actividad turística de calidad, sirva de reclamo a nivel nacional e internacional y dé un impulso definitivo a su recuperación medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en valor el Faro de Portmán (Murcia), con el objetivo de conseguir, apoyándose en la iniciativa privada, la implantación de usos turístico/residencial y/o científico, convirtiendo a la
citada instalación en un elemento de referencia en estos campos dentro del litoral mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento para la finalización
de la obra de vivienda inacabada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La crisis económica en nuestro país, y principalmente la crisis del sector de la construcción, dejó en nuestras ciudades una amplia bolsa de viviendas, cuyos promotores se vieron, por circunstancias económicas sobrevenidas, en la obligación
de paralizar la construcción, dejando un paquete de edificación inacabada, cuya función en la actualidad no es otra que la mera ocupación de un suelo.
Estas edificaciones en construcción inacabadas ocupan, un alto porcentaje de los suelos de desarrollo de nuestros municipios a todas las escalas, y se contraponen con los demandantes de vivienda que existen en nuestro país, más de 330.000
mil según datos de la oficina del Defensor del Pueblo.
Consideramos que la política de vivienda estatal se debe implicar en este desfase, además bajo la premisa de contención del territorio y la tendencia que se desarrolla a nivel nacional de impulso a la rehabilitación y la sostenibilidad de
los tejidos urbanos.
El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015 de 30 de octubre) en su artículo 1:
b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano mediante el impulso y fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración de y renovación de los tejidos urbanos existentes,
cuando sean necesarios para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Se apuesta por la Rehabilitación pero no se garantiza la actuación a través de un paquete de viviendas inacabadas.
El actual plan de vivienda contempla las ayudas a la rehabilitación de edificios y a la recuperación de barrios degradados, pero no contempla aquellos territorios que no han podido llegar a consolidarse al paralizarse estos procesos
urbanísticos ofreciendo una mala imagen ambiental y formal, incluso generando ambientes con problemas de seguridad y donde se propicia la 'okupación' ilegal ante la falta de conservación de los promotores iniciales.
Una parte importante de las políticas de vivienda en nuestro país se articula a través de ayudas económicas por parte del sector público, que persiguen, por un lado:
- Incentivar determinados comportamientos.
- Ayudar a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Ahora mismo en España nuestro mercado tiene esas dos carencias, por el contrario del resto del territorio europeo. Hay un escaso desarrollo del alquiler, aproximadamente un 20 % frente al resto de países de la UE, y débil presencia de la
rehabilitación que se ha visto mermada en los años de crisis frente a las estadísticas europeas.
La utilización de estas viviendas de manera inmediata se agrava al carecer de suministros de las instalaciones mínimas y no poder concederse al tratarse de edificaciones inacabadas, e igualmente debido a la precariedad de sus condiciones de
urbanización exterior.
Por otro lado, no hay que perder de vista que la construcción era la segunda actividad generadora de empleo en sus diferentes modalidades y su capacidad para generar puestos de trabajo directos e indirectos.
La recuperación de la actividad pasa por una reconversión de la misma hacia formas de actuación más sostenible, a medio plazo, menos sustentadas en la construcción de nueva ciudad y más orientadas a la regeneración de la ciudad consolidada.
Se trataría de fomentar la cooperación público privada para resolver un problema social importante y como fórmula que permita distribuir de forma más eficiente el costo de integración de estas edificaciones.
El resultado de poner en marcha los acuerdos que se proponen implicaría:
- Poner en funcionamiento parque de viviendas inacabado.
- Garantizar la eficiencia energética de las situaciones, con la introducción de pautas de sostenibilidad y calidad, mejora de la habitabilidad de las mismas, así como sus condiciones de accesibilidad universal.
- Fomentar la colaboración público-privada como garantía de la disminución de costes y aprovechamiento de la vida útil de las edificaciones.
- Solucionar parte de problema de demandantes de vivienda, alquiler y vivienda de emergencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar a la oferta pública residencial, las bolsas de viviendas inacabadas existentes en todo el territorio español, creando un programa específico, dentro del próximo Plan de Vivienda
que garantice la finalización de estas obras con las máximas garantías de eficiencia energética.
Dicho programa tendrá como objetivos:
- Las ayudas a la finalización de las obras sobre la base de la cesión temporal al parque de vivienda pública.
- La garantía del cumplimiento de las condiciones máximas de eficiencia energética.
- La cooperación público-privada como base de la dinamización del sector de la construcción y la creación de empleo.
- Reducción de listas de espera de demandantes de vivienda y creación de bolsa de vivienda específica de emergencia social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de las
infraestructuras ferroviarias entre Palencia y Santander, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
A finales de 2011, la línea de alta velocidad entre Palencia y Santander se encontraba bloqueada.
En el año 2010 se licitaron y adjudicaron las obras de plataforma de los subtramos Palencia-Amusco, Amusco-Marcilla de Campos y Marcilla-Villaprovedo, pero como consecuencia del reajuste presupuestario dichas obras fueron rescindidas en el
año 2011 y desde entonces no volvieron a licitarse.
En cuanto a los estudios informativos entre Alar de Rey y Santander, que incluía el tramo Reinosa-Guarnizo, y Villaprovedo-Reinosa, nunca se llegó a obtener Declaración de Impacto Ambiental ni se llegaron a aprobar.
Por tanto, con objeto de disponer cuanto antes de un mejor servicio ferroviario, la prioridad en la Legislatura 2012-2015 ha sido la de actuar, en primer lugar, en la línea existente entre Palencia y Santander ahorrando tiempos de viaje.
Para ello, en este periodo se presupuestaron 124,2 millones de euros para modernizar toda la línea y se han finalizado fas siguientes actuaciones:
- Renovación de catenaria entre Palencia y Santander.
- Renovación de las subestaciones de Monzán y Frómista.
- Renovación de vía entre Palencia y Mataporquera.
- Obras en trincheras.
- Rehabilitación del túnel de Hijando y terraplenes.
- Actuaciones en instalaciones.
Gracias a las inversiones ejecutadas se ha conseguido aumentar fa velocidad hasta 160 km/h y consecuentemente disminuir los tiempos de viaje. Así, se ha reducido en 25 minutos el viaje desde Madrid a Santander y el trayecto
Palencia-Aguilar-Reinosa-Torrelavega-Santander se realiza en 2 horas y 27 minutos, ya que se mantienen paradas en Reinosa, Aguilar de Campoo y Torrelavega.
Además continúan en ejecución otras actuaciones por importe superior a 38,6 millones de euros que mejorarán la seguridad y la fiabilidad en la línea.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha decidido continuar trabajando para el desarrollo de una línea de alta velocidad entre Palencia y Santander que ofrezca un tiempo de viaje entre Madrid y Santander de unas tres horas de viaje con
paradas intermedias limitadas, con unos costes de inversión lo más ajustados posibles. Por este motivo, se han mantenido reuniones entre el Ministerio de Fomento y la Universidad de Cantabria, con objeto de analizar la alternativa que ésta ha
presentado para el desarrollo de esta actuación. En la actualidad, se está realizando el Estudio Informativo del proyecto de la LAV Palencia-Aguilar de Campoo que supone un primer paso para la llegada de la alta velocidad a Cantabria, y permitirá
una mejora progresiva de los servicios hasta alcanzar el objetivo final.
Tras el análisis de la propuesta, el Ministerio de Fomento ha definido las actuaciones que se van a acometer en este trazado. La valoración de todas las actuaciones es de 940 millones de euros para Palencia-Aguilar de Campoo (según los
Presupuestos Generales del Estado para 2017 con 4 millones de euros para este año) y de 145 millones de euros para la duplicación de vía entre Torrelavega y Santander, con consignación en los Presupuestos de 15 millones de euros para 2017, aunque
desde el Ministerio se estima necesaria una definición pormenorizada en fase de proyecto tanto de los costes como de los tiempos de viaje. La propuesta plantea crear un itinerario de vía doble de Alta Velocidad (velocidad máxima de 350 km/h) hasta
Aguilar de Campoo.
Las principales actuaciones contempladas serían las siguientes:
- Una gran variante de trazado entre Palencia y Aguilar de Campoo.
- La duplicación de vía en el tramo Torrelavega-Santander.
- La supresión de los pasos a nivel entre Palencia y Mataporquera y entre Torrelavega y Santander.
Y en 2015 ya se dieron pasos muy importantes que reflejan el compromiso con esta nueva infraestructura, comenzando entre Palencia y Alar del Rey y entre Torrelavega y Santander, siendo la situación actual la siguiente:
- Entre Palencia y Aguilar de Campoo se está elaborando el Estudio Informativo de la LAV para la conexión de Alta Velocidad que está en fase de información pública.
- Entre Torrelavega y Santander se está trabajando en el proyecto básico de duplicación de la línea C1 de Cercanías. Los trabajos de renovación se desarrollarán a lo largo de 30 kilómetros de vía electrificada de la línea convencional
Palencia-Santander. En este tramo se ubican seis estaciones y ocho apeaderos. Las actuaciones previstas incluyen tanto obras de estructura, o superestructura, como instalaciones complementarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar desarrollando las mejoras de las infraestructuras ferroviarias puestas en marcha entre Palencia y Santander, que aumentarán la fiabilidad y seguridad de los servicios
prestados. Asimismo, deberá continuarse el desarrollo de las actuaciones que ya se encuentran en marcha para acometer la nueva línea de alta velocidad entre estas dos localidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a eliminar puntos negros de atropellos de linces en carreteras, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El presente año 2017, está siendo un año nefasto para los atropellos de linces ibéricos. En lo que va de curso, han muerto 12 ejemplares arrollados en las carreteras. Tantos como en todo 2016.
El último fue en Castilla-La Mancha este fin de semana. Solo unos días antes, un cachorro de hembra pereció en Extremadura. Dos días antes había caído otro en Jaén. Cada atropello es un revés al esfuerzo, humano y económico, en el empeño
de sacar al lince de la UVI.
Impedir que el lince ibérico se extinguiera ha supuesto más de 70 millones de euros de fondos públicos en los últimos 15 años.
Los atropellos constituyen la primera causa de muerte no natural de linces ibéricos. Desde hace cinco cursos, al menos una docena de ejemplares ha muerto cada año aplastada sobre el asfalto.
A veces, como en 2015, la cifra fue casi el doble. En muchas ocasiones los lugares de siniestros son los mismos. No suponen accidentes aleatorios, sino que se repiten en unos cuantos puntos negros ya conocidos. En Andújar (Jaén) han caído
11 felinos.
La Junta de Andalucía está trabajando para evitar estos atropellos, de hecho el 24 de julio anunciaba 400.000 euros para el vallado y pasos de fauna en la A-301, en La Carolina (Jaén), para evitar atropellos de linces ibéricos y para mejorar
el hábitat natural de uno de los felinos más amenazados del planeta.
Esta actuación se va a realizar entre el punto kilométrico 2 y el 16, el tráfico asciende a 1.795 vehículos diarios. Para garantizar su supervivencia, la actuación prevé el vallado de 10 kilómetros de vía, que eviten que los animales crucen
la carretera, y la recuperación de 29 obras de drenaje transversal, que funcionará como paso de fauna evitando que atraviesen por la calzada. También se instalará una nueva señalización para alertar sobre la presencia de linces y para que la
velocidad se reduzca a 60 kilómetros hora.
Esta actuación de la Junta de Andalucía se licitó el pasado 6 de julio y las obras empezarán a finales de año. Esta actuación se incluye en el programa lberlince, tercer proyecto LIFE aprobado por la Comisión Europea para la conservación y
recuperación del lince ibérico.
Dentro del programa Iberlince, desde finales del verano de 2014 la Junta de Andalucía viene realizado diversas actuaciones en carreteras autonómicas en zonas de presencia del lince ibérico (Doñana y Sierra Morena).
Y además está prevista otra actuación en Doñana por parte de la Junta de Andalucía para el último trimestre de este año por valor de 1,2 millones de euros.
Sin embargo, no hay el mismo interés por parte del Gobierno, y la mejor muestra son las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente en 2015, que fueron una barbaridad, cuando aseguró que 'hay más muertes de linces porque la población ha
aumentado'.
Pero también hace dos años, el Ministerio de Fomento entró en el proyecto Iberlince, para abordar esta cuestión en toda la red vial. Se anunció que se invertiría un millón de euros al año durante cinco años. Pero aunque los proyectos están
redactados, todavía no se han ejecutado.
Durante el incendio que afectó a Doñana hace unas semanas, uno de los principales focos de atención fue el centro de recuperación de linces El Acebuche. Se evacuaron varios ejemplares y se dejó abierta la instalación para que el resto
pudiera huir. El retorno y recuperación de los felinos a las instalaciones fue celebrado como un éxito. La llegada del último lince extraviado tuvo titulares de prensa nacional.
Pero el goteo se produce de manera sostenida en las carreteras. Un año son 12 los muertos, otro 22, este va camino de 36, según la proyección realizada por VVWF. En una población mundial de 400 felinos.
Una población que crece a base de un gran esfuerzo técnico y presupuestario. La especie pasó de estado crítico a en peligro en 2015 según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza aunque algunos ecólogos considera que la
amenaza para el felino todavía es acuciante.
En este marco, el Ministerio de Fomento debería llevar las actuaciones necesarias y la inversión comprometida de forma inmediata para evitar nuevos atropellos, que pongan en entredicho los esfuerzos que a través del proyecto lberlince se
están llevando a cabo, para recuperar estas especie en la Península.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a comenzar en el plazo máximo de 6 meses las actuaciones necesarias para eliminar los puntos negros de atropellos de linces en carreteras e invertir los 5 millones de euros comprometidos por el
Ministerio de Fomento para tal fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a las obras de conexión entre la ronda del litoral y la autopista A-16 (Variante C-245), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado 26 de mayo, los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts y Torrelles de Llobregat, y el área de Infraestructuras Urbanas y Mobilidad de la Diputación de Barcelona ser reunieron con el
Sr. Jorge Urrecho en la sede del Ministerio de Fomento, en Madrid.
El objetivo de la reunión era resolver la difícil coyuntura generada desde hace casi dos años con la empresa Isolux-Corsán, responsable de las obras de conexión entre la ronda del Litoral y la autopista A-16 (variante C-245), la cual había
tenido durante este tiempo problemas presupuestarios y administrativos, para finalmente entrar en preconcurso de acreedores.
Asimismo, alcaldes y alcaldesas pretendían promover las medidas necesarias para reducir el impacto negativo en la movilidad cotidiana de la ciudadanía del entorno. El bloqueo de este acceso genera constantes atascos y problemas de
circulación en una ciudad, Sant Boi, que lleva ya años sufriendo una situación de extrema dificultad en los accesos y salidas de su núcleo urbano.
Fue entonces cuando el Sr. Jorge Urrecho asumió un doble compromiso.
Por una parte, si antes del día 30 de junio Isolux-Corsán no había cedido el contrato a otra empresa, el Ministerio de Fomento rescindiría el contrato con esa empresa, iniciaría una nueva licitación y, de forma inmediata, reabriría el vial
de acceso a Sant Boi des de la C-245 que permanece cerrado como consecuencia de la paralización de las obras.
Por otra, antes del 30 de junio el Ministerio de Fomento y la Diputación redactarían un convenio para realizar de manera conjunta y simultánea el proyecto de desdoblamiento del ramal de conexión entre la carretera BV-2002 y la autovía A-2 y
el proyecto de ampliación y mejora de la rotonda de Sant Vicenç dels
Horts que conecta con esas dos infraestructuras y con la B-23. Ambas actuaciones estaban previstas para hacerse realidad una vez ejecutadas las obras de la variante y constituirían sin duda una solución óptima para la movilidad de los
municipios de la zona.
Llegado el día 30 de junio se hizo saber a los ayuntamientos que la cesión del contrato por parte de Isolux-Corsán a otra empresa no iba a ser posible, y el Ministerio de Fomento ha tardado más de dos semanas en dar una respuesta
insatisfactoria a alcaldes y alcaldesas, quienes han reclamado que se cumplan los compromisos adquiridos en relación a este escenario, y satisfaga las demandas de la ciudadanía de esas poblaciones, que continúan acumulando frustración y molestias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Fomento recupere la situación inicial de los accesos a Sant Boj sin más demora antes del inicio del próximo curso escolar, mediante la reapertura del vial de acceso al núcleo urbano desde la carretera C-245, poniendo
el punto final a una intolerable situación de provisionalidad que dura demasiado tiempo.
2. Que el Ministerio de Fomento firme de manera inmediata un convenio con la Diputación de Barcelona para realizar de forma conjunta y simultánea el proyecto de desdoblamiento del ramal de conexión entre la BV-2002 y la A-2 y el proyecto de
ampliación y mejora de la rotonda de Sant Vicenç dels Horts que conecta con la BV-2002, la A-2 y la B-23.
3. Que el Ministerio de Fomento entregue a los municipios un programa de actuación y un calendario sobre el nuevo proceso de licitación de las obras de la variante de la C-245 que han de conectar la autopista C-32 con el cinturón del
Litoral, una infraestructura que ya fue diseñada con motivo de los JJ.OO. de Barcelona y que ha padecido durante décadas innumerables retrasos, incidencias y paralizaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2017.-José Zaragoza Alonso, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que la CIAF (Comisión de Investigación de los Accidentes Ferroviarios) realice una nueva investigación independiente y objetiva sobre el accidente del tren Alvia
ocurrido el 24 de julio de 2013.
Exposición de motivos
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia de la serie 730, que realizaba la conexión entre Madrid y Ferrol con 218 personas descarriló en la fatídica curva de Angrois a unos tres kilómetros de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela.
Un siniestro que causó la muerte de 81 personas y un elevado número de heridos, muchos todavía con graves secuelas.
Desde el primer momento, el Ministerio de Fomento y la oficialidad gubernamental sostuvieron como única causa responsable de este accidente el error humano: el maquinista y la excesiva velocidad. Un esquema que se repitió en el proceso
judicial, aunque ante la evolución de los hechos y ante las evidencias en relación a las deficiencias en seguridad ferroviaria, apuntadas por la Comisión Europea, el auto judicial volvió a reabrirse, llamando a declarar al entonces responsable de
Seguridad de la línea Ourense-Santiago en el momento del accidente.
La única investigación o análisis realizado a lo largo de estos años fue la de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, órgano adscrito a Fomento, muy cuestionado por su falta de independencia. De hecho, su Informe
presentado en junio de 2014 responsabilizaba únicamente al maquinista y al fallo humano de la catástrofe ferroviaria. Una posición semejante a la del Gobierno, muy criticada en su momento y que actualmente también la Comisión Europea pone en
cuestión.
Cuatro años después del trágico accidente del Alvia, nadie discute ya que se produjeron fallos en materia de seguridad ferroviaria. Igual que existe unanimidad en relación a la falta de independencia del Informe efectuado por la CIAF.
De hecho, en 2016 la Agencia Ferroviaria Europea daba a conocer su Informe sobre el accidente del Alvia, encargado por la Comisión Europea, donde señalaba que la investigación efectuada por la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios) en el estado español carecía de criterios de independencia y obvió el análisis de elementos clave. En dicho documento, la Agencia Ferroviaria Europea describe lo que consideró debilidades en la investigación de la CIAF. Apuntaba a la
ausencia de análisis sobre la línea, la seguridad y sobre los motivos de las decisiones adoptadas. En relación a las críticas sobre la independencia de la investigación realizada, indicaba que tanto Renfe como Adif formaron parte del equipo de
investigación, lo cual genera un 'conflicto de intereses'. Por tanto, concluía que 'la composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación'. La Agencia Ferroviaria Europea reprochó a la CIAF que solo
investigase la causa directa del accidente, el denominado 'error humano', ignorando las 'causas fundamentales y subyacentes', así como 'elementos clave' relacionados con la línea y con el tren que pudieron tener influencia, en clara alusión a los
cambios operacionales sobre el sistema de seguridad. Recomendó que se abriese una nueva investigación que garantizase la independencia. La Eurocámara escuchó a las víctimas e instó a la Comisión Europea a impulsar una investigación independiente.
También la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió al estado español y a la Comisión Europea que se abriese una investigación independiente.
En el pasado mes de marzo, este grupo parlamentario (UP-ECP-EM) presento un veto para mostrar su disconformidad con la propuesta de candidato a presidir la CIAF que realizaba el Ministerio de Fomento. Estuvimos completamente solos en dicha
posición que argumentamos en base a dos consideraciones. En primer lugar, afirmábamos que la CIAF debería ser un órgano completamente independiente y por tanto, su composición debería ser igualmente independiente de cualquier adscripción al
Ministerio de Fomento. Premisa que no se cumple. De hecho, la ley vigente, Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, capítulo IV indica: 'La investigación de accidentes e incidentes ferroviarios, deja claro en su artículo 72.1 que
'la Comisión de Investigación de accidentes ferroviarios es un órgano colegiado especializado, adscrito al Ministerio de Fomento, que tiene la competencia para realizar la investigación técnica de los accidentes ferroviarios'.'
Una muestra clara de su falta de independencia. Otra muestra de su falta de independencia es su composición. La ley deja claro en su artículo 73.1 que los nombramientos de sus miembros no sigue una fórmula objetiva puesto que serán
nombrados por el Ministerio de Fomento: 'El Presidente y los vocales serán nombrados por el Ministerio de Fomento (..)'. En definitiva, se trata de un sistema que no garantiza objetividad ni la independencia.
La metodología es que Fomento elige a las personas y las propone a la Comisión de Fomento del Congreso. Es decir, todo parte de Fomento.
Nuestro Grupo, como hemos dicho con anterioridad, se opuso a la designación del nuevo Presidente de la CIAF por los motivos expuestos y por haber formado parte de la CIAF como vocal en el periodo de elaboración del cuestionado Informe sobre
el accidente del Alvia. A dicho Presidente le demandamos que se llevase a cabo una nueva investigación sobre el siniestro ferroviario en el sentido apuntado por la UE, respetando los criterios de objetividad e independencia. Sin embargo, se opuso
a pesar de todo lo expuesto.
Otra cuestión que está sobre la mesa es el incumplimiento de la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria. Tanto Adif como Renfe estaban obligados a realizar una evaluación integral de riesgos, a identificarlos y a controlarlos, según la
siguiente normativa comunitaria: Directiva de Seguridad Ferroviaria 2004/49/CE y el Reglamento 352/2009, de establecer un método común de seguridad. Por tanto, ni Adif ni Renfe cumplieron la normativa de seguridad ferroviaria.
Es de dominio público que de haber estado operativo el sistema de seguridad ERTMS, el accidente se podría haber evitado.
Desde el Grupo de UP-ECP-EM creemos que existen elementos de peso para que se proceda.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Adoptar las medidas oportunas y llevar a cabo las gestiones pertinentes ante la CIAF, órgano adscrito al Ministerio de Fomento, para que se realice una nueva investigación bajo los criterios de independencia y objetividad, sobre el
accidente del Alvia, dando cumplimiento así a las recomendaciones efectuadas por la Agencia Ferroviaria Europea, a la petición de la Eurocámara y de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
- Modificar el sistema de nombramiento de los miembros de la CIAF a fin de garantizar su independencia, sin la intervención del Ministerio de Fomento, y acordando una fórmula más participativa y democrática para dichas designaciones.
- Desligar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento de modo que adopte un perfil completamente independiente, sin adscripción alguna a órganos del Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa la conexión ferroviaria entre Sevilla y Antequera.
Exposición de motivos
En 2004, la Junta de Andalucía asumió e inició la construcción del tramo ferroviario entre Sevilla y Antequera. La ventaja principal de esta infraestructura radicaba en que en su versión de altas prestaciones se uniría Sevilla y Málaga en
un tiempo entre 70 y 85 minutos, un margen competitivo frente al recorrido por carretera, muy próximo a los 115 minutos del recorrido actual. En el año 2009, la Junta de Andalucía y ADIF firmaron un protocolo de intenciones para la gestión
integrada del conjunto de la infraestructura, donde el Estado reconoce que la inversión se acomete como parte del eje ferroviario transversal y dónde la implantación y desarrollo de los servicios ferroviarios que discurran por dicho trazado sería
gestionado por ADIF.
Con el argumento de la no disponibilidad presupuestaria, en 2013 la Junta de Andalucía, con grandes desembolsos ya realizados y algunos tramos finalizados -la explanación entre Antequera y Marchena-, suspendió la ejecución y terminación de
dicha infraestructura.
A pesar del reconocimiento del Gobierno a este tramo final natural del Corredor Mediterráneo, el plan actual del Ministerio de Fomento es la construcción de una nueva infraestructura, el by-pass de Almodóvar del Río, que con un coste de
entre 30 y 60 millones de euros -dependiendo del trazado- supondrá efectivamente un ahorro en tiempo de hasta 20 minutos en el trayecto entre Sevilla y Málaga, pero que está lejos de encontrarse entre los objetivos que requiere la cohesión y
conectividad de la zona. Es una mirada cortoplacista y electoralista que remite a una conectividad de 'sala vip' entre algunas capitales andaluzas mientras se desconecta y quiebra la cohesión del territorio.
Abandonar el eje transversal ferroviario de Andalucía sustituyéndolo por un zigzag a la altura de Córdoba supondrá 1) reducir los trayectos que paran en la capital cordobesa, 2) dejar de lado la conexión de las agrociudades de Osuna,
Marchena, Arahal y Utrera, desconectándolas definitivamente del ferrocarril en el medio plazo, 3) ensancha las distancias oriente-occidente en Andalucía, forzando una conexión ajena a la lógica geográfica en el centro de la comunidad y 4) el tramo
de entre Sevilla y Antequera está incluido en el corredor mediterráneo europeo, por lo que podría contar con la financiación de la Unión Europea para su construcción hasta el año 2020.
Es preciso retomar por tanto el proyecto del eje transversal de Andalucía, reconvirtiendo el proyecto buscando maximizar la movilidad cotidiana intrarregional de los andaluces, frente a la conexión business del diseño original. Se trata de
apostar por las altas prestaciones y la Velocidad Alta (250 km/h), eficiente en términos económicos y sociales frente a un irracional trazado LAV que no se corresponde con las demandas de la ciudadanía.
La reconversión pasaría por mejorar el trazado actual de la línea en su tramo próximo a Sevilla, conectándolo con las obras ya terminadas a la altura de Marchena, maximizando la conexión de los municipios de la zona, en un formato
convencional de altas prestaciones.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir responsabilidades presupuestarias sobre el eje transversal ferroviario de Andalucía.
2. Estudiar la reconversión del tramo de Alta Velocidad entre Sevilla y Antequera en un tramo de altas prestaciones y Velocidad Alta que permita la movilidad sostenible y eficiente entre núcleos de población intermedios y no solo entre las
capitales andaluzas.
3. Retirar el proyecto del by-pass de Almodóvar del Río y reorientar los recursos hacia las obras aquí referidas.
4. Reactivar los recursos de financiación procedentes de la Unión Europea para la finalización de este tramo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
trazado de la autovía A-57 a su paso por el municipio de Barro (Pontevedra), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado día 7 de julio de 2017 se publicaba en el 'Boletín Oficial del Estado' la Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Prolongación de la autovía A-57 en el tramo Pilarteiros-Barro y conexión con la AP-9 en Curro (Galicia).
parte 1
parte 2