CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2023 XV LEGISLATURA Núm. 31

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO LUCAS AYALA

Sesión núm. 2

celebrada el jueves,

21 de diciembre de 2023

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Primera. (Número de expediente 041/000015) ... (Página2)


Ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las siguientes solicitudes de comparecencia del señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García), a efectos del artículo 44 del Reglamento:


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000027) ... (Página2)


- Para exponer sus líneas de actuación al frente del departamento en la XV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000058) ... (Página2)


Celebración, en su caso, de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página2)


Comparecencia del señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente
214/000006) ... (Página2)


Comparecencia del señor fiscal general del Estado (García Ortiz):


- Remisión del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del informe del Consejo General del Poder Judicial acerca de la propuesta de nombramiento de don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y se comunica
al Congreso de los Diputados dicha propuesta a fin de que la Cámara

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pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000004) ... (Página36)


Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA. (Número de expediente 041/000015).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Justicia. Tal como viene recogido como primer punto del orden del día, se va a proceder a la elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión, que ha quedado vacante. De conformidad
con lo contemplado en los artículos 41, 37 y 87 del Reglamento, cada miembro de la Comisión consignará un solo nombre en la papeleta de voto, resultando proclamado el diputado o diputada que haya obtenido un mayor número de votos.


La señora letrada llamará nominalmente a los miembros de la Comisión para que depositen su papeleta en la urna. Ruego, señorías, que indiquen las sustituciones al señor letrado. Gracias.


Por la señora letrada se procede a la lectura de la lista de las señoras y los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos quienes van depositando su papeleta en la urna.


Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo


El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido: doña Verónica Martínez Barbero, 19 votos; don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, 3 votos; votos en blanco, 14. En consecuencia, queda proclamada vicepresidenta primera de la
Comisión de Justicia la señora Verónica Martínez Barbero. Enhorabuena. (Aplausos). Damos la bienvenida a su señoría y la invitamos a que ocupe su lugar en la Mesa. (Así lo hace la nueva miembro de la Mesa).


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (BOLAÑOS GARCÍA), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000027).


- PARA EXPONER SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN AL FRENTE DEL DEPARTAMENTO EN LA XV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 213/000058).


El señor PRESIDENTE: Señorías, siguiendo con el orden del día, como segundo punto, procedemos a la ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las solicitudes de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes a efectos del artículo 44 del Reglamento. Les propongo en este punto, señorías, la ratificación de las diferentes solicitudes por asentimiento. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Quedan ratificadas por asentimiento.


CELEBRACIÓN, EN SU CASO, DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (BOLAÑOS GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente
214/000006).


El señor PRESIDENTE: Los puntos tercero y cuarto, relativos a las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión, así como la comparecencia del ministro de la Presidencia Justicia,

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Relaciones con las Cortes a petición propia, para informar todas ellas sobre las líneas generales de la política de su departamento, se sustanciarán acumuladamente.


Les recuerdo a sus señorías, antes de dar comienzo a la comparecencia, que la sesión se iniciará con la intervención del compareciente; a continuación, intervendrán los diferentes representantes de los grupos parlamentarios de menor a
mayor, comenzando por el Grupo Mixto, por un tiempo de diez minutos; y cerrará la sesión nuevamente el compareciente. Vamos a hacer una pequeña pausa para que entre el ministro y darle la bienvenida. (Pausa).


Damos, señorías, la bienvenida al ministro a la Comisión en nombre de todos los diputados y las diputadas que la conformamos.


Sin más dilación, damos la palabra al señor ministro. Señor Bolaños, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero pedirles disculpas por la voz que tengo hoy en esta Comisión. No puedo decirles más que tengo una afección de garganta y estoy bastante afónico, como pueden comprobar; no obstante, estoy en plena forma para llevar a
cabo esta comparecencia, para hacer mi intervención inicial y para escuchar sus intervenciones y responderlas. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí también este día 21 y a esta hora; especialmente, a los medios de comunicación que nos
están siguiendo, porque ayer tenían la cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y les agradezco su esfuerzo por estar hoy siguiendo esta comparecencia.


Estoy muy honrado de comparecer por primera vez en esta Comisión, la Comisión de Justicia, para explicar las líneas generales de actuación que llevaré a cabo en el ministerio del que soy titular. Con esta comparecencia abro también la serie
de comparecencias que haremos todos los ministros y todas las ministras del Gobierno. Por tanto, es un segundo motivo de satisfacción el hecho de iniciar yo, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estas
comparecencias.


Les anuncio de primeras que también voy a comparecer en la Comisión Constitucional y que lo haré lo antes posible -en enero, en febrero o en cuanto sea posible por agendas, tanto de la propia Comisión como de la mía, y también por la
organización de todas las comparecencias de los distintos ministros- para dar cuenta de las líneas de actuación de la parte de Presidencia y Relaciones con las Cortes de mi ministerio. Hoy me centraré específicamente, como van a poder ustedes
comprobar pronto, en los asuntos que tienen que ver con Justicia.


Inicio también mi intervención agradeciendo a los diputados y a las diputadas que están aquí su presencia para llevar a cabo esta comparecencia; algunos de ellos son veteranos, tanto en esta Comisión como en el Congreso, y otros son más
nuevos, y les deseo a todos que hagan una buena labor a lo largo de esta legislatura y de estos cuatro años que tenemos por delante. No hay duda de que el Parlamento es el centro de la vida política y reivindico su papel. No hay duda de que el
Parlamento está muy vivo, de que el Congreso de los Diputados está muy vivo y, por tanto, de que nuestra democracia está muy viva, porque hay unos debates que son apasionados y racionales, aunque en ocasiones lo son algo menos. En todo caso, hay
absoluta libertad para expresarse y el Parlamento hace su función de control al Gobierno y su función legislativa; no hay absolutamente ninguna duda. Creo que hace mejor nuestra democracia el hecho de que tengamos un parlamentarismo tan dinámico
como el español. Nosotros, desde luego, estamos abiertos a comparecer tantas veces como sean necesarias en el Congreso y también en el Senado, porque también compareceré en el Senado en su momento. También estamos abiertos al diálogo en unas
Cortes Generales que son el resultado de la soberanía popular, de lo que votó el pueblo español el 23 de julio. Son unas Cortes Generales fraccionadas, con muchos grupos parlamentarios, donde necesariamente tenemos que llegar a acuerdos para poder
sacar adelante leyes y normas. Esa es nuestra responsabilidad; es su responsabilidad y la mía, porque yo también soy diputado por Madrid.


Si les parece empezamos. Hoy hace justo treinta días que prometí mi cargo ante su majestad el rey y soy absolutamente consciente del significado y de la trascendencia de la labor del ministerio que se me ha encomendado. Asumo la
responsabilidad, como la asumí cuando fui nombrado ministro por primera vez, con una enorme vocación de servicio y con unos principios de actuación que presidieron mi etapa anterior como ministro y que también van a presidir esta nueva etapa. Mi
primer principio de actuación es diálogo. Diálogo con todos y con quien quiera. Siempre he cogido el teléfono y siempre me he reunido con quien ha querido verme, con quien ha querido acordar y con quien ha querido hablar conmigo.

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Mi segundo principio de actuación es la Constitución. El marco de actuación es la Constitución y podemos movernos dentro de ese campo de juego que es nuestro marco constitucional. No parto de cero -también quiero dejarlo claro-, porque
recojo el testigo de mi predecesora, la ministra Pilar Llop, a la que quiero agradecer su dedicación y su esfuerzo al frente del Ministerio de Justicia. Vamos a desplegar medidas y acciones políticas e iniciativas legislativas que ya se venían
trabajando en la etapa anterior en el Ministerio de Justicia. Por tanto, daré continuidad a esas leyes y a esas medidas que forman parte básicamente de las líneas estratégicas del plan Justicia 2030. Creo que esta va a ser una de las labores
fundamentales del ministerio, porque lo necesita la justicia como servicio público. Desde luego, en eso me voy a empeñar con impulso reformista para intentar dejar una justicia mucho mejor de la que nos encontramos.


El martes de esta semana se dio un paso esencial en esa línea con ese real decreto ley, que ya está publicado en el BOE, que era un compromiso con la Comisión Europea y que ha servido para que solicitemos ya un desembolso a la Comisión
Europea de 10 000 millones de euros. Sin embargo, no solo era un compromiso con la Comisión, sino que sobre todo era un compromiso con el servicio público de la justicia. El paso que se dio el martes para la digitalización, para la transformación
digital, para la modernización y para la agilidad de nuestro servicio público de justicia me atrevo a decir que es un paso de gigante, absolutamente de gigante. Lo que hemos hecho con la norma es que la documentación de todos los pasos, las vistas
y los distintos trámites que se producen en los procesos judiciales ahora se pueda hacer llegar de manera telemática y no sobre papel, lo que va a ahorrar miles de días a todos los profesionales que actúan en la justicia, tanto a abogados, jueces y
procura como a letrados de la Administración de Justicia. Todos, todos, van a poder tener una justicia que, desde luego, será mucho más ágil y mucho más digital.


Les hablo de los compromisos que adquiero también ante todos ustedes para la gestión en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El primer compromiso es la ampliación de los derechos y libertades en nuestro
país y la mejora continua de las instituciones. La justicia -lo saben todos ustedes- es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y, junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político, es uno de los valores que
inspiran nuestra Constitución. Además de ser un valor fundamental de nuestra Constitución, también es un servicio público; y mi compromiso para que sea un servicio público es el real decreto ley del pasado martes, aunque continuaremos trabajando y
caminando en esa senda, porque es un compromiso para la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, que tantas veces a lo largo de décadas en nuestra democracia no ha sido una materia prioritaria para distintos gobiernos. Les digo
que la justicia es un servicio público prioritario para este Gobierno, y a eso me quiero comprometer. Todo ello, por supuesto, lo haremos con respeto escrupuloso al Estado de derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley y a la
Constitución, sin ninguna duda.


Quiero continuar la comparecencia con un pequeño balance de estos primeros treinta días en el ministerio, no porque venga a rendir cuentas o a hacer un informe de gestión, sino porque creo que los treinta primeros días también pueden ser una
muestra de lo que voy a hacer durante los cuatro años que dure la legislatura. Hemos reorganizado la estructura del ministerio con nuevos nombramientos: el nombramiento de un nuevo secretario de Estado y de una nueva secretaria general de
Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia. El secretario de Estado es magistrado de carrera y la secretaria general es fiscal de carrera; creo que es una apuesta evidente por los profesionales de la justicia. Tienen ambos una
formación indudable, un conocimiento técnico, una experiencia y un prestigio que dan garantías a la sociedad de que harán un buen trabajo. Sobre todo, también son dos personas que ya estaban trabajando en el ministerio, por lo que conocen las
materias que allí se estaban tratando; por tanto, estoy convencido de que harán una magnífica labor al frente de sus responsabilidades.


Además, en aras del diálogo y la cooperación que quiero mantener y que pretendo que caracterice mi mandato como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, he mantenido ya diversas reuniones y encuentros con distintas
autoridades. En todas ellas he encontrado gran predisposición para trabajar conjuntamente para mejorar la justicia, que está en una situación difícil; luego entraré más en detalle y seguro que en réplicas y en el segundo turno profundizaremos más
en esta materia. Les tengo que decir que la justicia necesita que haya grandes acuerdos, necesita que trabajemos todos de manera colaborativa, porque tiene algunas dificultades y algunos problemas que espero que resolvamos cuanto antes. Entre
estas reuniones, destaco la primera que tuve con el presidente del Consejo General Poder Judicial, presidente por suplencia, porque, como saben ustedes, la renovación del Consejo General del

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Poder Judicial lleva bloqueada cinco años, cinco años. Lleva bloqueada lo que dura un mandato y, de no producirse la renovación durante esta legislatura, ese Consejo General del Poder Judicial que se aprobó, se acordó y se pactó durante una
mayoría absoluta, tendría catorce años de vida. Comprenderán ustedes que no solo es absolutamente inconstitucional y contrario a la ley, sino que es una anormalidad institucional muy evidente y, por tanto, mi primera reunión quise que fuera con el
Consejo General del Poder Judicial. Fue una toma de contacto en una reunión muy cordial y creo que fructífera, establecimos puentes de entendimiento porque tenemos objetivos comunes. Me manifestó y le manifesté la necesidad de que renováramos el
Consejo lo antes posible -que el Grupo Socialista está abierto hacerlo y así lo ha demostrado durante estos años- porque el problema reputacional, el problema de prestigio del Consejo General del Poder Judicial es algo evidente que ellos conocen y
que nosotros también conocemos. Se hará para recuperar la normalidad institucional que tanto necesita la justicia para poder abordar el resto de los retos que tiene por delante.


Esta tarde me reuniré con el presidente del Tribunal Supremo. Como saben ustedes, desde la dimisión del anterior presidente, el señor Lesmes, ahora ejerce tales funciones el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín Castán. Ya hemos
tenido encuentros informales en distintos lugares, también he hablado con él por teléfono y por tanto no será una reunión para conocernos porque ya nos conocemos, y estoy convencido de que también será fructífera y encontraré su colaboración y su
cooperación para abordar las cuestiones que afectan a la justicia.


Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores del servicio público de la justicia: con la judicatura, con la Fiscalía, con los letrados de la Administración de Justicia, con la procura, con la Abogacía, con
registradores, notarios, funcionariado, asociaciones, colegios, sindicatos profesionales..., con todos, y de hecho esas reuniones siempre las abordaré con vocación de escucha, para conocer qué es lo que les preocupa y qué se puede hacer desde el
ministerio para mejorar su labor dentro del servicio público de la justicia. En este mes, en estos treinta días he estado con la Abogacía General del Estado en jornadas que organizó en el contexto de la Presidencia europea; también he estado en la
Asociación Española de Protección de Datos, en el Consejo General de la Abogacía Española y -en un acto especialmente emotivo- entregando los diplomas y los despachos a la última promoción de fiscales que han obtenido su plaza, una promoción de cien
personas donde -hablo de memoria- setenta y una eran mujeres y veintinueve, hombres, y la práctica totalidad de ellos provenía de universidades públicas. Pude compartir la emoción del momento con ellos, con ellas y con sus familias, una promoción
de fiscales que arranca en su andadura profesional con toda la ilusión. También es importante que haya un porcentaje elevadísimo de mujeres que, por supuesto, se han ganado la plaza con su talento, con su esfuerzo y con su trabajo. Por tanto, como
ven, he abarcado distintos foros, distintos cuerpos, distintos órganos para verme con todos los operadores de la justicia.


A nivel internacional estuve en Bruselas en una reunión formal de ministros de Justicia que tuve el honor de presidir como ministro del país que ostenta la Presidencia del Consejo, y también tuve dos reuniones, una con el comisario de
Justicia Didier Reynders y otra con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, y creo que conocen muy bien la realidad española, reciben mucha información de la realidad española y creo que conocen bien lo que pasa, lo tienen muy claro y saben
perfectamente qué les preocupa y qué no les preocupa. No es solo un balance lo que acabo de hacer, sino que, como ven, es una manera de enfocar este mandato que tengo por delante.


Paso a explicarles ya las principales líneas de actuación del ministerio, porque, como no queremos hacer una comparecencia muy extensa, les contaré cuáles son las prioridades del ministerio. La primera de ellas es la justicia gratuita y el
derecho a la defensa, garantizar la tutela judicial efectiva para todas las personas, para todos los ciudadanos. Recordarán ustedes que en julio de 2022 modificamos el reglamento de la asistencia jurídica gratuita para aumentar las exigencias de
los abogados de oficio y evitar situaciones de indefensión de personas vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos. En este mandato vamos a seguir trabajando para mejorar el servicio
público de la justicia gratuita, y también les anuncio que vamos a impulsar desde el ministerio una nueva ley de asistencia jurídica gratuita; la vigente es del año 1996 y, por tanto, creo que conviene que hagamos una ley que se ajuste a las
necesidades actuales de nuestra sociedad. Veintisiete años son muchos y creo que se puede abordar una nueva ley para cuya aprobación cuento con todos ustedes. También vamos a retomar otro anteproyecto de ley orgánica de derecho a la defensa -que
también en su momento pasó por el Consejo de Ministros en primera vuelta-, que prevé el desarrollo integral del artículo 24 de la

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Constitución, el libre acceso a los tribunales y el reconocimiento del derecho a la asistencia letrada gratuita en personas en situación de vulnerabilidad.


En tercer lugar, en esta misma línea seguiremos impulsando el acceso pleno a la justicia de los colectivos que tienen más dificultades, que nos permita hablar de una justicia de los cuidados. Para ello, trataremos de facilitar el acceso a
la justicia de personas con discapacidad a través de un convenio con CERMI y Plena Inclusión para el establecimiento de un servicio de apoyo en sus relaciones con la Administración de Justicia, a través de una figura que se denominará facilitador.
También tendremos especial cuidado con la intervención de menores -niños, niñas y adolescentes- en la justicia, creando salas adaptadas en aquellos contextos en los que puedan sufrir una victimización secundaria, y mejorando legislativamente los
procedimientos para la determinación de la edad en menores, algo que también hemos detectado que puede ser problemático. En esa justicia de los cuidados que estamos definiendo, también trataremos de las personas mayores y víctimas de ciertos
delitos, culminando la implantación de distintas iniciativas que mejoran los servicios de seguimiento, de asistencia y también de atención psicológica. Parte de esto está incluido en el real decreto ley que aprobamos el martes pasado y cuya
convalidación vendrá pronto al Congreso de los Diputados.


Las personas mayores tienen un régimen específico que tiene su regulación en el decreto ley del martes pasado, así como las personas con discapacidad; también trataremos de las víctimas de trata y de explotación. Vamos a impulsar en esta
legislatura una ley integral que aborde de manera global este fenómeno que daña gravemente los pilares de una sociedad democrática como es la nuestra, y que, evidentemente, afecta en mayor medida a mujeres y a niñas. Haremos esta ley de trata
colaborando con el Ministerio de Igualdad, ya que los trabajos también estaban muy avanzados en la legislatura anterior.


El segundo punto del que quiero hablar dentro de las líneas estratégicas del ministerio es la nueva organización de la Administración de Justicia, que es la segunda prioridad, uno de los grandes pilares del plan Justicia 2030 para la
transformación del servicio público de la justicia, y que yo pretendo impulsar y profundizar. Queremos hacer un servicio público más cercano, más ágil, más rápido, más digital, que se corresponda con la sociedad del siglo XXI. Recordarán que en la
pasada legislatura remitimos a Cortes Generales dos proyectos de ley y una ley orgánica, dos proyectos de ley de eficiencia digital y procesal, y una ley orgánica de eficiencia organizativa. Los tres decayeron como consecuencia del final de la
legislatura, pero les tengo que decir que la ley de eficiencia digital está prácticamente volcada en el real decreto ley del martes pasado. También hemos incorporado parte de la ley de eficiencia procesal y hemos hecho algunas modificaciones
importantes para incorporar a nuestro derecho no solo directivas y legislación comunitaria sino también sentencias comunitarias y jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.


Se implanta en el decreto ley que aprobamos el martes pasado la carpeta justicia, que permite que cualquier ciudadano o cualquier profesional pueda, con un solo clic, conocer todos los procedimientos judiciales en los que es parte.
Imagínense lo que esto supondrá, lo que facilitará el trabajo, la información y la transparencia de cara a la ciudadanía y a los profesionales. También vamos a mejorar el expediente judicial electrónico para tener acceso a cualquier causa, a
cualquier procedimiento del que una persona pueda tener interés. Con ese real decreto ley cumplimos algunos compromisos no solo de cara a la Comisión Europea, sino que cumplimos además un compromiso de agilizar los procedimientos judiciales, que
teníamos adquirido como Gobierno y que yo adquirí personalmente en mi toma de posesión.


Les hablo también de mecanismos que se están llevando a cabo ya en el Ministerio de Justicia y en los que vamos a seguir profundizando, como es la robotización de procesos, de tal manera que, por ejemplo, en los trámites para obtener la
nacionalidad la robotización ha supuesto un ahorro de en torno a 300 000 horas de trabajo de los funcionarios que trabajan en ese lugar.


En cuanto a la eficiencia organizativa, que ha de regularse por una ley orgánica y por eso no podía ir al real decreto ley -además no era un compromiso con la Comisión Europea-, adquiero el compromiso de impulsar esa ley tan esencial para el
funcionamiento correcto de nuestra Administración de Justicia. Se va a reorganizar la Administración de Justicia: se van a implementar los tribunales de instancia, tan requeridos y tan demandados por la judicatura; también las oficinas de
justicia en todos los municipios; la Oficina Judicial, tanto en el territorio del Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia -que saben ustedes que son cinco y las dos
ciudades autónomas-, como también en comunidades autónomas que sí tienen transferidas las competencias. También vamos a apostar una vez más -no es la primera que se ha hecho a lo largo de la historia de nuestra democracia-, vamos a seguir
intentando generalizar medios para la solución de

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controversias en vía no jurisdiccional, que es una manera de evitar la litigiosidad, que en ocasiones se puede evitar con un buen acuerdo.


Por tanto, en la línea que tenemos marcada de que nuestra Administración de Justicia sea eficiente, de calidad, cercana, flexible, integradora, digital y ágil, en esta comparecencia inicial de mi mandato como ministro de Justicia, ya puedo
incluso rendir cuentas de cosas que hemos hecho gracias al decreto ley del martes pasado. Y esa senda ya les digo que la vamos a seguir transitando y vamos a seguir trabajando en ello.


Tercera prioridad del ministerio, cuestiones de personal, siempre tan importantes para que todos los profesionales -judicatura, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en general- estén adecuadamente retribuidos y
también estén, por supuesto, motivados. Vamos a retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, así como del resto de demandas que han sido abordadas en
mesas de trabajo. Ya lo hicimos -lo conocerán ustedes- al final de la legislatura anterior, lo hicimos con los letrados de Administración de Justicia, con jueces y fiscales, y ayer mismo el secretario de Estado se reunió con representantes
sindicales para dialogar sobre el papel de los cuerpos de la Administración de Justicia en el nuevo modelo organizativo que queremos implantar, que deriva del plan de Justicia 2030. Las reuniones, no solo por nuestra parte sino que creo que también
por parte de los sindicatos, fueron fructíferas y provechosas. Hay una disposición al acuerdo de todas las partes y vamos a empezar a trabajar en distintas materias, en la salarial, por supuesto, que es importante, pero también en otras materias
para intentar conseguir que los cuerpos generales y especiales de la Administración tengan un acuerdo que sea razonable y adecuado a sus reivindicaciones y a la justicia que pretendemos con ellos.


Quiero destacar en este ámbito de personal -de personal futuro, si me permiten- que, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, vamos a continuar con el programa de becas para la preparación de oposiciones de las profesiones
públicas de la justicia. Es una iniciativa que puso en marcha este Gobierno, que estamos satisfechos con ella, para que el acceso a las profesiones de la justicia no esté condicionado por la renta de la familia del opositor. Cuando uno decide
presentarse a unas oposiciones para el servicio público ha de poder permitírselo; su familia sabe que durante un tiempo no ingresará y además viven en una incertidumbre absoluta por no saber si logrará aprobar la oposición. En este sentido el
Estado ha de establecer las becas para que todas las familias, todos los opositores que quieran presentarse a una oposición en el ámbito de Administración de Justicia tengan las mismas oportunidades y puedan presentarse, si lo desean, con razonables
expectativas de éxito. Es decir, que nadie deje de ser juez, fiscal, magistrada o abogada del Estado porque no puede permitírselo. Esa es una prioridad muy clara de este Gobierno y de este ministro. Por eso vamos a fortalecer y vamos a potenciar
el actual sistema de becas, vamos a hacer que sea un sistema cien por cien digital para acceder a una iniciativa novedosa, muy reciente, del año 2022, que está contribuyendo a eliminar cualquier brecha socioeconómica de ingreso en las carreras y
cuerpos de la Administración de Justicia. La dotación se ha incrementado cada año desde el año 2022. Mi intención es incrementarla sustancialmente para el año 2024. También les informo de que en el año 2023 se han concedido 793 becas de un
importe de 6600 euros anuales, y para conocer de qué estamos hablando comparativamente, frente a estas 793 becas, en la primera convocatoria se concedieron 245 becas, es decir, prácticamente se han multiplicado por tres. El importe, efectivamente
-por las caras de algunas caras de sus señorías lo veo-, el importe de 6600 euros anuales es un importe exiguo y, por tanto, ese habrá que actualizarlo y aumentarlo.


La cuarta línea estratégica de mi acción en el ministerio es el ámbito exterior, la dimensión internacional del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Saben que hay reuniones conjuntas, el famoso JAI Europeo, donde
están los ministros de Justicia y los de Interior, y creo que el balance de la Presidencia española en el Consejo de la Unión en materia de justicia ha sido claramente positivo. Hemos reforzado el espacio de libertad, seguridad y justicia desde una
triple perspectiva: de orientación al ciudadano, de transformación verde y digital de la Administración de Justicia, y de valores democráticos y del Estado de derecho. Hemos sacado adelante las negociaciones con el Parlamento Europeo para cinco
expedientes legislativos, que se conocen como trílogos en la jerga comunitaria. Estos cinco expedientes son: la directiva de protección del medio ambiente desde la perspectiva penal; la Directiva de demandas estrategias contra la participación
pública para defender a periodistas y a activistas en su actuación; la Directiva de recuperación y decomiso de activos; la Directiva de sanciones penales por incumplimiento de las medidas restrictivas de la Unión Europea, sobre todo esta tiene
relación con facilitar la ejecución de las sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania, y, por último, la Directiva de responsabilidad civil por

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productos defectuosos. Hemos conseguido un acuerdo a tres: Comisión-Consejo-Parlamento Europeo sobre estas cinco directivas, con la idea de que se impulsen y de que salgan aprobadas durante esta legislatura europea a la que, como saben, le
quedan unos meses. Si no, serán seguro inmediatamente aprobadas en la siguiente legislatura.


Continuamos con la negociación en otras materias esenciales para los ciudadanos europeos, materias como son la protección de víctimas, la lucha contra la corrupción, la protección de adultos, la protección de datos, entre otras materias.
También quiero poner en marcha en esta dimensión internacional el acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre el reglamento de inteligencia artificial, una materia que, estaremos de acuerdo todos -estoy seguro-, es absolutamente
imprescindible que regulemos porque es verdad que es una grandísima oportunidad para el avance de nuestras sociedades, pero también que conlleva unos riesgos graves y, por tanto, creo que esta propuesta histórica de un acuerdo a nivel europeo para
regular la inteligencia artificial garantizará el respeto y la seguridad en el ejercicio de los derechos fundamentales.


También en esta nueva etapa pretendemos que el ministerio participe de manera activa no solo a nivel europeo, sino que también queremos posicionarnos en las relaciones con América Latina, cuyas relaciones de cercanía conocen todos ustedes.
Pretendemos liderar las iniciativas en el ámbito de América Latina, así como fortalecer las relaciones con terceros países en el ámbito judicial. Ya lo estamos haciendo con países que no pertenecen a Iberoamérica ni tampoco a la Unión Europea, como
son Estados Unidos, el Reino Unido o Marruecos.


Estas son las prioridades del ministerio y me comprometo a impulsarlas todas ellas con la mayor celeridad posible. Creo que los primeros treinta días han sido un ejemplo de ello. Hemos trabajado mucho y a gran velocidad para sacar adelante
los proyectos que tenemos comprometidos. Creo que para que la Administración de Justicia sea digna de tal nombre tiene que funcionar con agilidad y tiene que ser un servicio público, que los ciudadanos perciban que lo es; un servicio que -no lo
olvidemos- es el que garantiza el ejercicio de los derechos, porque es esa última instancia a la que acuden los ciudadanos y las empresas cuando consideran que se ha vulnerado un derecho o que no se está haciendo justicia en su vida. Por tanto, que
nosotros, desde el ministerio, seamos capaces de crear las mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo con medios adecuados es imprescindible. Mi intención -ya se lo decía antes- es trabajar con todos los operadores jurídicos, y ya lo
estamos haciendo, ya lo estoy haciendo personalmente, con diálogo y tratando de buscar complicidades y colaboración. El Estado de derecho por supuesto necesita que respetemos las resoluciones judiciales, que respetemos la labor y el trabajo de los
jueces y magistrados, y ellos pueden contar conmigo. No es la primera ni la segunda ni la tercera, seguramente ni la quinta vez que lo digo, jueces, magistrados y fiscales de nuestro país pueden contar con el apoyo del ministro de Justicia para que
puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa, o lo intente, alguna injerencia o alguna descalificación me tendrá enfrente.


Quiero pasar, por último, al asunto que seguro que tendrá más interés mediático y que desde luego es esencial para un funcionamiento normal no ya de la Administración de Justicia, sino del Estado de derecho, que es la renovación del Consejo
General del Poder Judicial. El bloqueo de la renovación del Consejo General Poder Judicial está provocando una crisis institucional en el ámbito de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Se trata de una triple anormalidad:
es una anormalidad constitucional que no se esté cumpliendo la Constitución y que no se haya renovado ya el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años de bloqueo; es una anormalidad en Europa, y el comisario de Justicia y la
vicepresidenta de la Comisión Europea nos recuerdan que es la prioridad absoluta, porque el motivo de preocupación que tiene la Comisión Europea es que el Consejo General del Poder Judicial no se haya renovado por el bloqueo al que está siendo
sometido, y también es una anormalidad que está teniendo efectos ya en el funcionamiento normal y ordinario del servicio de justicia. Este bloqueo en la renovación del Consejo supone que hoy el número de plazas vacantes en los órganos superiores de
la judicatura española roza ya las noventa; solo en el Tribunal Supremo hay veintitrés vacantes sin cubrir, es decir, hay un tercio de la plantilla del Tribunal Supremo sin cubrir. Por cada año que no se renueva el Consejo, el Tribunal Supremo
acumula en torno a mil asuntos de retraso, y el coste medio anual que suponen los refuerzos que desde el Ministerio de Justicia se están poniendo a disposición, por ejemplo, del Supremo, en materia de letrados para evitar el colapso de la justicia
ronda ya los 10 millones de euros anuales, a los que hay que añadir otros 2,5 del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Es decir, no renovar el Consejo -renovar no es una opción, es una obligación- supone una anormalidad institucional, supone que
no se cumpla la Constitución, supone que no se cumpla la ley, supone que

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generemos preocupación en la Comisión Europea y supone que la Administración de Justicia tenga un servicio irregular, porque está habiendo problemas en el funcionamiento normal ordinario de la Administración de Justicia. Y, por tanto, esto
-que seguro que tendremos oportunidad de tratarlo más en detalle en el turno de réplica- es una obligación de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí, especialmente de los dos grupos parlamentarios que suman la mayoría reforzada que
necesitamos para renovar el Consejo, y básicamente del grupo que ha evitado que lleguemos a este acuerdo en los últimos cinco años. Por tanto, señorías, devolvamos la normalidad al Consejo, es una obligación, ninguna de las treinta excusas que se
han puesto hasta la fecha tiene ningún sentido, ninguna de ellas. Por tanto, creo que es un acuerdo que es posible, y no solo lo creo, es que llegamos al acuerdo hace un año y está escrito.


En el año 2013, que fue la última vez que se renovó, el Partido Socialista estaba en la oposición y había una mayoría absoluta del Partido Popular y en aquel momento las portadas de los periódicos hablaban de casos muy graves de corrupción
que afectaban, incluso con nombres y apellidos -o, mejor dicho, con iniciales-, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Partido Socialista fue capaz de diferenciar sus obligaciones constitucionales y renovar el Consejo General Poder
Judicial, y por supuesto hacer crítica de aquellos casos de corrupción que afectaban al Partido Popular en aquel momento. Fíjense si hubiéramos tenido la posibilidad de tener una buena excusa para no renovar el Consejo, y no lo hicimos; cumplimos
la Constitución, cumplimos la ley e hicimos oposición en los temas que considerábamos que debíamos hacerlo. Por tanto, ofrezco al Partido Popular diálogo, espero que de la reunión de mañana, tan deseada por el presidente del Gobierno y por el líder
de la oposición, salga un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Espero que trabajemos en cualquier formato, de manera bilateral conmigo o en esa comisión de trabajo que hemos ofrecido también al principal partido de la
oposición, para que nos sentemos a tratar diversas materias, no solo relacionadas con el Consejo sino también con otros temas. Creo que nuestra nación, nuestro país, necesita pactos, necesita acuerdos y que serían muy positivos y por tanto estoy
absolutamente abierto a dialogar con ustedes, señorías del Partido Popular, para que renovemos el Consejo y para que tratemos todas las cuestiones que sean de interés en materia de justicia. Les ofrezco -fíjense lo que les ofrezco- que cumplamos el
llamamiento que nos hace la Comisión Europea de renovar el Consejo General del Poder Judicial y les ofrezco que cumplamos juntos la Constitución. Creo que no les estoy pidiendo demasiado.


Termino ya, señorías, mi intervención inicial. Espero que el impulso reformista que les he contado de manera sucinta en esta intervención y mi predisposición al diálogo y al consenso tenga resultado, que tenga frutos y que acaben en el BOE,
logrando grandes acuerdos con ustedes. Todas las leyes que les he dicho que pretendo impulsar -la ley de derecho a la defensa, la nueva ley de asistencia jurídica gratuita, la ley de eficiencia organizativa u otras leyes que también pretendo
impulsar, como la ley de enjuiciamiento criminal- creo que podrían ser aprobadas por el Congreso y por el Senado con grandes mayorías, porque son leyes para facilitar el funcionamiento normal de la justicia y para hacerlo más ágil, para modernizar
una Administración de Justicia que creo que lo necesita. Por tanto, cuento con todos ustedes -lo digo de manera absolutamente sincera- para que dialoguemos de manera discreta, si es necesario, y de manera pública, cuando ustedes quieran, porque
creo que tenemos por delante una legislatura en la que la justicia efectivamente tiene mucho foco, y creo que ese foco que tenemos encima debemos aprovecharlo además de para discutir en los temas en los que no nos pongamos de acuerdo, también para
hacer que la justicia avance y que sea una labor compartida del Gobierno y de ustedes, del Congreso de los Diputados y del Senado. Creo la sociedad española lo desea, que desea que dialoguemos de manera sensata, moderada y razonable; la política
debe parecerse a la sociedad porque, si no, corremos el riesgo de la sociedad se parezca a la peor política. Y con esto termino, señor presidente.


Muchas gracias a todos por escucharme. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministro.


A continuación, pasamos al turno de intervenciones de las señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. (La señora Moro Almaraz pide la palabra).


Sí, señoría.


La señora MORO ALMARAZ: Presidente, por una cuestión de orden. Se nos ha informado de que alguno de los grupos va a intervenir en catalán y de que la Presidencia ha permitido que intervenga en catalán. No nos preocupa el catalán, en
absoluto -lo respetamos profundamente-, lo que nos preocupa

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es que cuando se reformó el Reglamento de la Cámara ya dijimos que había que facilitar los instrumentos adecuados. La presidenta del Congreso no ha tomado las medidas adecuadas para que en Comisión se haga el debate correspondiente.
Debatimos y para debatir hay que entenderse. Facilitar-como se ha dicho que se va a hacer- un texto escrito, que evidentemente ha sido escrito antes de la intervención del ministro, rompe absolutamente las reglas básicas de la democracia y del
debate. Por lo tanto, mi grupo quiere expresar su absoluto rechazo a esta medida mientras no se den las condiciones, tanto en la Comisión como en el Pleno, para que el debate sea no un diálogo de sordos, sino efectivamente un cambio de impresiones.
Le ruego que lo tenga en cuenta, señor presidente.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En primer lugar, les quiero pedir disculpas al resto de sus señorías. Como bien ha dicho en su intervención, la portavoz de Grupo Parlamentario Popular se ha adelantado porque conoce información que entendía -o así lo creía- que era
privilegio de esta Mesa, e iba a hacer constar en el momento oportuno, antes de la intervención. Conociendo esta información que, como he dicho, no debería conocer, la portavoz se ha adelantado. No obstante, no tengo ningún problema en
comunicarles, como iba a hacer antes del turno del portavoz de Junts, la decisión que ha tomado esta Presidencia. El portavoz del Grupo Junts per Catalunya ha manifestado a esta Presidencia su voluntad de hacer su intervención en catalán. Dado que
no se han implementado aún los medios de traducción e interpretación en Comisión, se va a distribuir a todos los miembros de la Comisión la intervención en castellano. Hay que dejar constancia, señorías, de que será la que conste en el Diario de
Sesiones.


Señorías, es un derecho. Todos en esta Cámara aprobamos que los diputados y las diputadas tendrán el derecho de usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna
comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el correspondiente estatuto de autonomía. Por tanto, esta Presidencia entiende que este derecho prevalece y no se puede vulnerar. Insisto y reitero a todas sus señorías que se va a repartir
la correspondiente intervención en castellano, que será la que conste en el Diario de Sesiones.


Gracias. (Aplausos.-El señor Flores Juberías pide la palabra).


Sí, señoría.


El señor FLORES JUBERÍAS: Señoría, el derecho que yo encuentro recogido en el articulado de la Constitución es el del artículo 23, el derecho al ejercicio del cargo público representativo. En este caso, yo me encuentro en esta Comisión,
como diputado del Congreso que soy, en representación de una circunscripción electoral, y el hecho de no poder entender el debate que se va a llevar a cabo en esta Comisión me priva de mi derecho constitucional -repito, el del artículo 23- al
ejercicio del cargo público representativo y, por ende, disminuye la representatividad de los ciudadanos que me han elegido. Dicho derecho no se suple con la entrega de un texto en otro idioma, entre otras cosas, porque seguramente no habrá un
protocolo notarial que acredite la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita. Adicionalmente, es absolutamente anómalo que en el Diario de Sesiones figure algo que no se ha dicho en una de las sesiones. El representante de
Junts va a intervenir de manera oral. Esa es su intervención y esa sería la que tendría que figurar en el Diario de Sesiones.


Aquí tenemos una doble vulneración. En primer lugar, una vulneración de un acuerdo adoptado en esta Cámara -con nuestro voto en contra, por descontado-, que es el de uso de las lenguas autonómicas en los debates en Pleno y en Comisión, para
cuyo cumplimiento la Mesa de la Cámara no ha puesto los medios técnicos imprescindibles. Y, en segundo lugar, otra muchísimo más grave, que es la vulneración del derecho al cargo público de quienes no entienden o no desean entender el catalán. Por
cierto, ninguno de los dos es mi caso. (La señora Vallugera Balañà pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señoría.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias.


Buenos días, diputados. No esperaba que se suscitase esta cuestión de orden previa. En el caso de Esquerra, teníamos previsto dejar claro que entendíamos que todavía no se habían articulado los medios suficientes y, por tanto, dábamos un
periodo para la implementación de estos medios técnicos e íbamos a hacer la intervención en castellano. Pero, visto cómo ha reaccionado la oposición, con aquella capacidad que tienen de hacerlo todo fácil, la vamos a hacer en catalán y, además, no
la llevo escrita. Lo lamento y,

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si me quieren expulsar, me expulsan. Además, teniendo en cuenta que no es el caso de algunos diputados que deduzco que lo entienden, que lo pueden entender, que lo quieren entender o que lo respetan, ver si existe coincidencia entre lo que
diga el Diario de Sesiones y lo que hayamos explicado aquí de viva voz es muy fácil de cotejar. Hay una cosa que está clara: no nos vamos a entender si no queremos. Es evidente que no quieren y, por tanto, aunque he dejado muy claro que iba a
hacer la intervención en castellano, su actitud me impide hacerlo. (Protestas). A partir de aquí, comunico que haré mi intervención en catalán. (Protestas.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señorías, vuelvo a reiterarles que la intervención escrita es la que va a constar en el Diario de Sesiones. (Protestas). Señorías, estoy en el uso de la palabra. Esta es la decisión que esta Presidencia entiende más garantista de acuerdo
con la situación. (Protestas). Señorías, les reitero que estoy en el uso de la palabra. Por tanto, en el caso de su señoría (dirigiéndose a la señora Vallugera Balañà), le pido que entregue al resto de los grupos parlamentarios una copia de su
intervención escrita; tiene tiempo para hacerlo. Por tanto, la decisión que toma esta Mesa es que la intervención traducida y escrita en castellano será la intervención que conste en el Diario de Sesiones.


Gracias.


La señora MORO ALMARAZ: Presidente, solicitamos que conste el informe de la letrada.


El señor PRESIDENTE: No tiene el uso de la palabra. Gracias.


La señora MORO ALMARAZ: Solicitamos informe jurídico de la letrada, por favor.


El señor PRESIDENTE: No tiene el uso de la palabra, señoría.


Señorías, continuamos con la sesión. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. (Pausa).


No habiendo nadie del Grupo Mixto, a continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Buenos días a todas sus señorías. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por la explicación de las líneas generales de actuación de su departamento para esta XV Legislatura. En estas primeras intervenciones de presentación
de líneas generales de actuación de los responsables de cada departamento ministerial suelo agradecerles su intervención, desearles suerte y diferir para momentos posteriores cuestiones puntuales, pero ya que usted nos ha presentado alguna cuestión
y, sobre todo, al calor del decreto ley que se aprobó ayer y que ya está en el boletín, sí me gustaría plantear algunas cuestiones de una manera muy breve.


Respecto a Justicia 2030, donde se englobaban en la legislatura pasada los tres proyectos de eficiencia -el organizativo, el procesal y el digital-, que usted sigue ahora desarrollando, el Gobierno nos ha presentado ya dos por decreto ley,
el digital y el de eficiencia procesal. Usted nos ha explicado que esto ha sido por una urgencia -así lo he entendido yo o lo he querido entender- de la condicionalidad de los fondos europeos. Hay uno de ellos, el organizativo, que desarrollamos
bastante. En la legislatura pasada finalizaron el periodo de enmiendas y los debates en Ponencia y estaba listo, prácticamente, para Comisión. Sin embargo, en el digital ni siquiera se llegó a finalizar el periodo de enmiendas porque se disolvió
la legislatura. Yo le quiero preguntar respecto a estos dos proyectos, que actualmente están en el decreto ley aprobado antes de ayer, el martes, si usted considera que sería razonable tramitarlos como proyectos, a fin de que los trámites de
enmiendas pudieran articularse porque, aunque se hicieron la legislatura pasada, esta es una legislatura políticamente distinta.


Respecto al tercer proyecto, el de eficiencia organizativa, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, usted nos ha dicho que su intención era impulsar esta ley de la manera más rápida. Y yo le pregunto: ¿cómo van a impulsar esta ley,
como proyecto, como proposición, a través del grupo parlamentario, o como decreto ley? Desde nuestro punto de vista, en este caso, como decreto ley no sería razonable. Entonces le pregunto cuál es su intención de presentación. En este caso
-cierto que en otra legislatura-, los grupos parlamentarios también tuvimos ocasión de presentar las enmiendas, se acabó prácticamente el debate en Ponencia y se nos quedó en Comisión.


Con relación a las otras cuestiones que nos ha planteado, los otros ejes de actuación de su departamento, es muy importante el expediente digital de los expedientes judiciales. Además, nos ha

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citado cinco o seis proyectos: de asistencia jurídica gratuita, defensa, discapacidad, etcétera. Pero hay uno que no nos ha citado, que estaba través de una enmienda en la ley orgánica, y es el de secreto profesional, la ley orgánica de
defensa del secreto profesional de las profesiones vinculadas al derecho de información. En este proyecto de ley orgánica, que se introdujo como enmienda, con una polémica importante por introducir por enmienda en una ley orgánica otra ley
orgánica, le pregunto cuál sería su intención como departamento, presentarla separadamente o presentarla como vino, empotrada en la ley de eficiencia organizativa.


Respecto a la mediación, que también entiendo que era uno de los ejes de actuación de su departamento para esta legislatura, la mediación ha tenido y tiene un impulso jurídico, así como un desarrollo en dos órdenes jurisdiccionales -civil y
mercantil-, pero hay dos ámbitos en los que no tiene desarrollo, que son el contencioso y el penal. Le pregunto si es intención de su departamento dar un paso al frente, dar un paso en esta dirección e incorporar la mediación a los ámbitos
jurisdiccionales contencioso y penal.


Respecto a las cuestiones de personal, compartimos que hubo conflictividad en la anterior legislatura, primero, en profesiones judiciales, jueces y magistrados, luego secretarios, después, como un dominó, pasó a los cuerpos -usted sabe que
le va a volver a arrastrar la cadena-, pero creemos que es una necesidad que lo aborde.


En cuanto al último punto, renovación del Consejo, ya lo hemos debatido en las últimas legislaturas y esta Cámara conoce cuál es la postura de nuestro grupo parlamentario, pero sí quería preguntarle sobre una cuestión concreta. Obviamente,
compartimos que lo primero es la renovación y queda pendiente, en su caso, la oportunidad de abordar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este aspecto. Respecto a esta cuestión, quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto a la
propuesta del presidente del actual presidente del Consejo, en cuanto a que los nombramientos del Consejo se realizaran -aparte de los del Tribunal Supremo, que también tienen un procedimiento singular- como lo hacen los jueces decanos en cada
tribunal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


Gracias.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on, jaun andreok. Egun on, mahaiburu jauna.


Buenos días, señorías. Bienvenido, señor ministro. En primer lugar, le felicito por su nombramiento y, cómo no, le deseo suerte en el desempeño de sus funciones. Es una costumbre de esta Cámara comenzar así con las comparecencias de los
ministros que comparecen para explicar los ejes de la de la legislatura.


Señor ministro, es cierto que, en el ámbito de la justicia, le ha tocado bregar con una coyuntura compleja, tensionada. Usted ha mencionado cuál es la situación en la que ha desembocado por el bloqueo, por la falta de renovación del Consejo
durante estos años cinco años ya. Mañana hay una reunión en esta misma Cámara entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, y en la agenda parece ser que estará de nuevo la posible renovación del Consejo. Ahora bien, creo que será
más fácil que mañana nos toque el gordo de la lotería a que haya acuerdo. Hay un proverbio árabe que se suele repetir mucho: En esta vida, si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña, cuando te engañan varias, la culpa es tuya. Hemos
visto ya que todos los intentos de buena voluntad por parte del Gobierno han fracasado. A no ser que mañana ese espíritu navideño inspire al Partido Popular, parece que pasado mañana estaremos igual. Ante ese escenario, es cierto que varias
formaciones políticas, entre ellas la mía -hay una formación que lo ha presentado y registrado en este momento- nos planteamos qué hay que hacer si sigue el bloqueo, porque esto de estar esperando a la renovación está muy bien, pero habrá que hacer
algo. Ante esa situación de okupas en el Consejo, que no se quieren ir, que no quieren dimitir, ¿considera usted que una posible vía para desatascar la situación sería modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial por vía de un artículo único y
cesar a todos aquellos vocales que tienen su mandato caducado desde hace años? Hay otros Estados en la Unión Europea que ya tienen una normativa similar. ¿Qué opina usted que se podría hacer ante esa posible situación que se va a dar tras la
reunión de mañana?


Señor ministro, le agradezco las informaciones que nos ha dado sobre los ejes y las medidas que tiene pensado tomar. A algunas de ellas me referiré de manera telegráfica, pero hay una de ellas que sí me gustaría plantearle. El señor Manuel
Olmedo, que hoy en día es secretario de Estado de Justicia,

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decía el año pasado que el Consejo General del Poder Judicial había hecho dejación de funciones, ya que no había convocado desde 2013 trescientas plazas de magistrados por el cuarto turno. Teniendo en cuenta que también hay ese bloqueo a la
hora de dar el acceso a esas plazas, me gustaría saber si se podría establecer algún sistema de mayor transparencia, que fuera accesible a la ciudadanía, para conocer ese desfase existente y poder así también por nuestra parte realizar una mejor
labor de control. Visto este incumplimiento, me gustaría saber si prevén ustedes algún cambio legislativo. Es cierto que hay un debate continuo a lo largo de estos años sobre hacer una reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, ya que el
sistema por oposición memorística es correcto, pero se deja una parte en lo que es la capacitación, ya sea vía experiencia en la práctica de la abogacía, como hay en otros sistemas europeos. Me gustaría saber si plantean ustedes alguna reforma al
respecto.


Un asunto que no ha tratado y sobre el que me gustaría preguntarle, ya que la legislatura anterior estuvo encima de la mesa, es sobre la modernización de la LECRIM, que incluye, por cierto, la instrucción al Ministerio Fiscal. ¿Cuentan
ustedes con ponerla en la agenda?


Igualmente, sobre la justicia gratuita -que veo positiva-, en estas últimas fechas hay una huelga de abogados y abogadas del turno de oficio, que se encuentran en muchos casos en una situación precaria, con unos ingresos que no llegan al
mínimo, que están en el límite de la dignidad. Teniendo en cuenta que se ha mejorado la situación económica de magistrados, magistradas y abogados de la Administración de Justicia, me gustaría saber si hay alguna previsión para mejorar la
tarificación de todos aquellos abogados y abogadas que están en el turno de oficio, dando ese servicio a la ciudadanía que necesita acceso a la justicia gratuita.


Señor Bolaños, no es un asunto nuevo, ya que esto se repite, como el Día de la Marmota, cada vez que viene un nuevo ministro o ministra de Justicia, y es el problema que existe tanto en la Comunidad autónoma vasca como en la Comunidad Foral
de Navarra, respecto a la euskaldunización de la justicia. Ayer mismo un diario de Euskadi decía que únicamente 17 de los 248 magistrados de Euskadi son capaces de celebrar un juicio en euskera y, como usted puede ver, esto no llegan ni a un 10 %.
Cuarenta y cuatro años después de tener una lengua cooficial en la Comunidad autónoma vasca los deberes no están hechos. Todos los ministros y ministras que han pasado por aquí han tenido buenas intenciones y buenas palabras, pero el hecho es que
pasan las legislaturas y la situación sigue siendo bastante parecida. Me gustaría saber si va a haber un compromiso y van a tomar medidas más serias para lograr una euskaldunización de los magistrados y del personal de la Administración de
Justicia.


Asimismo, viendo lo que está cayendo en el ámbito internacional y que España es firmante de las enmiendas del Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión, me gustaría saber por qué no se ha tipificado aún en el Código Penal, si hay alguna
intención de implementarlo, y también saber qué pasa con ese proyecto aparcado de reforma de la Ley relativa a la Justicia Universal. A ver si nos puede dar unas pinceladas al respecto.


Señor ministro, usted también ha señalado la directiva para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos, y me ha venido a la cabeza un caso de libro, el caso de un periodista vasco que lleva prácticamente dos años en una
prisión de la Unión Europea, en unas condiciones muy duras, unas condiciones que no tendría ni Jack el Destripador. Está en prisión preventiva, acusado de un delito de espionaje, y está en unas condiciones que son impropias y con la inseguridad
jurídica de no saber qué le deparará. Esto le ocurre en el ámbito de la Unión Europea a un periodista, Pablo González, que estaba trabajando en Polonia cubriendo la llegada de refugiados ucranianos tras la agresión de Rusia a Ucrania. Algo hay que
hacer, porque las directivas están muy bien, pero cuando tenemos casos de libro algo habría que hacer.


Acabo, señor ministro, como empezaba, deseándole buen tino y buena suerte en esta legislatura. Y como creo que no voy a intervenir, si lo hubiera, en un turno de réplica, al resto de sus señorías quiero desearles también unas felices
fiestas y una feliz Navidad. En este tiempo de asueto y de tranquilidad que tendremos en los próximos días y como ahora es una costumbre hacer regalos y leer, les recomiendo un libro que he tenido la oportunidad de leer estos días, que se llama
Patriotas con toga, de la editorial La Catarata, un repaso sobre la situación jurídica que hay en el Estado que nos podría inspirar a todos y a todas. Sin más, acabo agradeciéndole al señor presidente su tiempo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.


Antes de conceder la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de Junts, me gustaría reiterar a todas sus señorías que la copia que van a recibir por escrito es la que va a constar en el Diario de

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Sesiones. Es la decisión más garantista que ha tomado la Presidencia para no vulnerar ningún derecho de ningún diputado y diputada.


Gracias.


El señor FLORES JUBERÍAS: Una cuestión de orden, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señoría.


El señor FLORES JUBERÍAS: Esa disposición vulnera el Reglamento de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Le insisto, no ha lugar.


Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.


El señor FLORES JUBERÍAS: Vulnera el reglamento de la Cámara, tiene que figurar en los dos idiomas.


El señor PRESIDENTE: Señor Cervera.


El señor CERVERA PINART: (Realiza su intervención en catalán).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.


Señora Vallugera, antes de concederle la palabra, le recuerdo que debe entregar copia escrita de su intervención en castellano al resto de sus señorías o, en su defecto, siguiendo los precedentes parlamentarios de esta Cámara, proceder usted
misma a la autotraducción.


Gracias.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Ha adivinado usted mis intenciones. (Risas).


Le he dicho al inicio que pensaba hacerlo en castellano -bueno, en español-, porque entiendo que las licitaciones que deben hacerse para poder resolver técnicamente el tema del idioma en todas las salas de comisiones me permitían ser
suficientemente flexible, atendiendo a que en el Pleno ya podemos hacer nuestras intervenciones en catalán. También les digo que yo soy de una parte de mi partido -muy pequeñita, muy pequeñita- que piensa que en catalán no tenemos que hacer nada
aquí, porque, al final, yo me iría al Parlamento inglés y hablaría en inglés, me iría al Parlamento francés y hablaría en francés, así que me voy al español y hablo en español, porque ya saben ustedes que no me siento concernida por esta
legitimidad. Además, tampoco para mí es un gran problema, seguramente porque vengo de familia castellanoparlante. ¡Qué cosas tiene la vida!


Visto esto, me iré autotraduciendo, porque hay cosas que me parece fundamental poder preguntar al ministro y porque me parece lamentable también esta técnica parlamentaria de llevar las intervenciones hechas cuando vas a escuchar a alguien
que igual te sorprende, que igual te da una información que no tienes, al que igual quieres preguntar y repreguntar. Por tanto, soy muy poco partidaria de las intervenciones preparadas, porque yo no sabía qué iba a decir usted, señor ministro.


En primer lugar, bienvenido, mucha suerte, que no le pase nada; mis mejores deseos para el año que viene y para toda la legislatura, si es que es más larga que un año -que espero que sí-; si no, le iré repitiendo cada año las
felicitaciones y los buenos deseos.


En segundo lugar (continúa su intervención en catalán), hay un problema importante en la Administración de Justicia, y hablo en este caso de una Administración con algunas competencias transferidas. En la aplicación del real decreto
vinculado a la estabilización de los interinos, en Cataluña, aunque tenemos competencias en materia de personal y en materia de inmuebles y demás, no tenemos la competencia para organizar esas estabilizaciones. (Continúa su intervención en
catalán). Esto ha hecho, primero, que no podamos controlar como Gobierno y como ciudadanos que las plazas que debían salir hayan efectivamente salido a concurso de méritos. Y, segundo, nos encontramos con la curiosa situación de que el catalán no
es un mérito. (Continúa su intervención en catalán). Esta es una anormalidad, porque hay que tener en cuenta que tenemos un serio problema con el catalán en el acceso a la justicia. Creo que son un 7 % las resoluciones judiciales que se escriben
en catalán y un porcentaje un poco más alto los juicios que efectivamente se sustancian en catalán. (Continúa su intervención en catalán). Con esa importante indefensión para los ciudadanos que quieren ir a la justicia en su propio idioma en su
país, no es comprensible que no sea un mérito conocer el catalán, al menos para esta estabilización.

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Por otra parte, usted ya sabe que para nosotros no debe ser un mérito, sino que el conocimiento de la lengua propia del país debe ser un requisito de acceso a las plazas en Cataluña. Porque yo les planteo una cosa: si yo les dijera que en
algún país del mundo conocer la lengua que se habla allí no es necesario para ejercer la función jurisdiccional, no se lo iban a creer, hasta dirían que se conculcan los derechos humanos de las personas. Pues es el día a día en Cataluña y creo que
debemos resolverlo. También debo decirles que me he sentido mucho como en casa, porque sepan ustedes, que están tan preocupados por la prevalencia del catalán en Cataluña, que esto es como ir a un bar. Yo pido un cafe amb llet y me pueden traer
cualquier cosa menos un café con leche; pido un cafe amb gel -lo traduzco, café con leche y café con hielo- y es imposible que te entiendan, y te acaban diciendo aquello de 'estamos en España'. Pues me he sentido exactamente igual. Lástima que mi
función hoy no es tomarme un café con leche, sino poner encima de la mesa lo mal que está la Administración de Justicia en todo el Estado, pero especialmente en Cataluña, porque es una de las comunidades que tienen más litigiosidad; cosa razonable
porque tiene que ver con la actividad económica y con la actividad social.


Dicho esto, en cuanto al real decreto, comparto lo ya establecido.


Les voy a dejar de traducir a partir de ahora, porque, si no, solo voy a poder decir la mitad, pero se lo pasaré.


Estoy completamente de acuerdo en que la no homogeneidad de los temas y hasta de los sectores de la realidad y de la legislación tratados en los reales decretos nos pone muchos problemas a la hora de su convalidación, porque no has de tener
necesariamente la misma posición respecto a mecenazgo que respecto a Función pública o respecto a los decretos de digitalización. Por tanto, ustedes como Gobierno se complican la vida, porque sería mucho más fácil ir aprobando sector por sector.
De todos modos, nos lo leeremos con la atención necesaria. Es cierto que ha habido negociaciones al respecto, tanto en lo referente a digitalización como a eficiencia y, por tanto, no ha de haber más problema si se ha recogido todo lo que creíamos
que era necesario.


Otra cuestión que para nosotros es fundamental resolver en esta legislatura es el tema de las mutualidades. Sabe usted lo que está pasando con la mutualidad de los abogados y procuradores. En Cataluña afecta a una gran parte de la
profesión y, por tanto, tenemos que resolverlo y creo que está en vías de solución y que todos los partidos, al menos la mayoría que ha dado apoyo a la investidura, estamos concernidos y de acuerdo en que esto debe resolverse. Soy consciente de que
en su ministerio no se incluye prisiones, que está en Interior cuando en Cataluña está dentro del departamento de Justicia. Por cierto, entendemos que está mucho mejor incardinado en Justicia que en Interior, pero ya hablaremos en Interior lo
referente a los funcionarios de prisiones; vamos a resolver el tema de las prejubilaciones.


¿Qué más nos importa? Respecto a la ley de trata -le agradecería, presidente, que me avisara cuando quede un minuto, porque no lo veo-, este es un tema que también tratamos con el antiguo ministerio y con el Ministerio de Igualdad, y para
nosotros es una legislación urgente, porque en eso sí que no tenemos competencias. Aunque creemos que con los instrumentos que ya existen tanto en la legislación penal como en la procesal y en la internacional se puede hacer frente a ese tipo de
delitos, sí que daríamos apoyo a una ley que persiguiera las mafias y las redes de trata de personas. Lo que les rogamos es que, por favor, no se equivoquen, que sea de trata para cualquier fin -de explotación sexual, de explotación laboral y de
cualquier tipo de explotación- de las personas que sean traídas. Ahí nos van a encontrar, y ahí también pensamos que en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen un papel a jugar. Es decir, no piensen ustedes que por ser
independentistas no tenemos los pies en la realidad; en esta ciudad empieza a haber ciertos problemas de convivencia que también van a tener que tratarse por ahí. Digo en esta ciudad porque ayer mismo lo que se vio en la calle fue bastante
espectacular.


Termino con dos elementos. Primero, me piden que le pregunte cuándo vamos a cumplir lo previsto en el artículo, creo que es el 546 o el 564, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita para la comparecencia en el Congreso de los
vocales del Poder Judicial. Sería muy interesante poder traer a este Congreso, más allá de al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a los vocales. Esto que no se nos ha dejado hacer nunca está previsto en la ley y, por tanto, no ha de
haber ningún problema ni de convocatoria ni de asistencia. Como decía, lo que tiene en realidad la Administración de Justicia es un problema de infrafinanciación espectacular, y aquí deben hacer una apuesta por esto que se supone que es uno de los
pilares del Estado. Realmente ahora estoy hablando de la judicatura en su papel de resolver los problemas cotidianos, no estoy hablando de las altas instancias; estoy hablando de los juicios que se acumulan por concursos, por pequeños robos, por
faltas más graves o por delitos; están fijando

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determinadas comparecencias con dos años y medio de dilación. Por tanto, difícilmente puede cumplir el papel de restaurador de la ley, de la legalidad quebrada. Nos parece correcto este enfoque de la justicia de los cuidados, pero no
quisiéramos que detrás de esta denominación la derecha pueda hacer una nueva ofensiva ridiculizadora de lo que significa. Debemos explicar muy bien lo que estamos intentando hacer.


Para terminar, la LECRIM, que debía modificarse, al menos esto es lo que nos dijeron en la legislatura anterior. En un momento parecía que la ley del derecho a la defensa iba a sustituirla, pero, por los primeros redactados de esta ley del
derecho a la defensa, es muy general y por descontado no es una modificación de la LECRIM, de forma y manera que quisiera saber cómo se va a resolver esto.


Para terminar, evidentemente, no he introducido ningún tema de calado político vinculado a la amnistía o al funcionamiento de los poderes más altos de la judicatura de este Estado. Entiendo que ya se hará en Pleno; que el trabajo con el
ministerio debe ser también para que se perciba realmente en el día a día de nuestros conciudadanos, y que esta debe ser una comisión de trabajo. Por tanto, ya nos gritaremos en el Pleno, ya nos insultaremos en el Pleno; a ver si conseguimos tener
algún espacio de trabajo entre nosotros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallugera.


Es el turno del señor Santiago, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Cuando quiera.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Empiezo felicitando al señor ministro, deseándole mucha suerte y mostrándole toda la predisposición de nuestro grupo parlamentario para colaborar en la importante tarea que tiene, porque además parto de que tenemos importantes coincidencias,
como la consecución de la efectiva independencia y despolitización de la justicia; conseguir un Consejo General del Poder Judicial ajustado al ordenamiento constitucional, y la transformación de la Administración de Justicia para el buen
funcionamiento y cumplimiento de su tarea sin retrasos, sin dilaciones. Nos parece que la prioridad, precisamente, tiene que ser esa garantía de la tutela judicial efectiva, el acceso a la defensa de los ciudadanos, especialmente de los que tienen
menos recursos. Creo que podemos encontrar un consenso de todos los grupos para acabar con el colapso de muchos juzgados, los que garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, derechos de consumidores, juzgados de familia o
asuntos civiles ordinarios.


Es importante y nos alegra que haya hecho mención a lo que se nos quedó en la anterior legislatura sin aprobar: las tres leyes de eficiencia, muy importantes que, si no recuerdo mal, decayeron en ponencia: la ley orgánica de eficiencia
organizativa, la de eficiencia procesal y la de eficiencia digital. Tenían un alto grado de consenso y tenemos que sacarlas adelante obviamente, garantizando el funcionamiento de la nueva oficina judicial, teniendo especial cuidado para que no se
abandonen los territorios ni se aleje de la justicia a la ciudadanía -especialmente, de las zonas menos pobladas-, tomando medidas contra la brecha digital ante, obviamente, lo que ya va a ser una Administración de Justicia celebrada con vistas
virtuales y, en general, que tampoco lleguemos a una obligación de transigir en materias civiles y mercantiles si eso no lleva una equiparación también en materia contencioso-administrativa. En todo caso, creemos que hace falta para ese denominado
plan de justicia no solamente la creación de esos tribunales de instancia, sino medios alternativos para la resolución de conflictos -como la mediación, que es un instrumento que este grupo ve muy necesario- y, sobre todo, recursos; vamos a avanzar
en los recursos económicos, porque si no, no será posible.


Nos alegramos de que vaya a retomarse la ley orgánica del derecho a la defensa. Esto también es fundamental -la reclaman además los profesionales de la abogacía- para tener un sistema garantista que proteja derechos. No se olvide de la Ley
Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, que es una histórica demanda del colectivo de periodistas para cumplir el mandato del artículo 20 de la Constitución. Tenía también un gran consenso, pero no sabemos por qué en el
último momento VOX y el Partido Popular volvieron a poner dificultades para su aprobación en la anterior legislatura.


Nos preocupa también avanzar en el ejercicio de la jurisdicción universal, recuperando su capacidad de actuación, como España ha tenido tantos años, en defensa de los derechos humanos. Y ya aprovecho y le pido que España se sume a la
denuncia iniciada contra Israel por crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional o, en su caso, que se interponga otra ante la gravedad de los crímenes que se están cometiendo, con la facultad que tiene nuestro país como miembro del
Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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También hay que atender los problemas de las pensiones de los mutualistas de la abogacía y de la procura. Ya saben que el origen de este problema es una cuestión histórica ligada a la fundación y adscripción obligatoria a estas mutualidades
desde los años cuarenta. La opacidad del sistema en las últimas décadas, que ha ido mutando, al final ha provocado que miles de profesionales se encuentren hoy con pensiones indignas, por debajo incluso de las pensiones no contributivas, lo que en
muchos casos les hace imposible poder acceder a una jubilación digna. También nos alegramos de que haya mencionado la necesidad de reformar el turno de oficio, el derecho a la justicia gratuita. Es imprescindible mejorar este servicio: debe tener
calidad, deben actualizarse las cuantías que se abonan a los profesionales y se les tienen que reconocer la debida protección dentro del sistema de Seguridad Social, al menos cuando están garantizando las guardias.


Entramos, quizá, en uno de los grandes problemas de la justicia de nuestro país que tanta alarma está causando justificadamente en Europa: la imposibilidad de renovar el Consejo del Poder Judicial, este secuestro. Ya hemos entrado en un
tercer mandato de cinco años. Yo el otro día dije que iban a estar en el cargo tantos años como Franco en la Jefatura de Estado. Quizás exageré un poco, pero a este paso desde luego sí que vamos a llegar a esos quince años que estuvo Augusto
Pinochet al frente de la Junta Militar chilena. Esto es un auténtico escándalo para la democracia y le proponemos que, en primer lugar, avancemos para unas modificaciones legales que reformen automáticamente el mandato de los vocales, para que
cesen cuando llegue su vencimiento. También es bueno avanzar en un cambio del sistema de elección, para evitar que ninguna fuerza política pueda bloquear cuando le interesa. Es una práctica habitual del Partido Popular, es el que siempre bloquea;
es la tercera vez en democracia que bloquean, nunca tanto como ahora, por supuesto. Ese sistema, además, no es necesariamente renunciar a mayorías cualificadas; hay otros sistemas que permiten una modificación legal para impedir bloqueos en la
renovación. También hemos de avanzar en la reforma de las funciones y competencias del Consejo para que queden limitadas exclusivamente a las cuatro materias que se recogen en nuestra Constitución, de forma que si persiste el bloqueo no quede
bloqueada la Administración de Justicia. Es decir, nuestro modelo no es un modelo habitual en otros países de nuestro entorno, donde muchas competencias que ahora mismo tiene el Consejo están en manos del Ministerio de Justicia. Pero lo que sí que
le pedimos es que haga lo posible en esas reuniones que va a tener con el Partido Popular para que estos renuncien a esa permanente injerencia en el Poder Judicial, que renuncien a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás o que renuncien
a considerar el Poder Judicial como una extensión de su partido, como decía al señor Enrique López abiertamente.


La verdad es que nos sorprende esa intervención, sobre todo en política, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que están empotrados en el Estado. Hoy mismo sorprendidos con la capacidad adivinatoria del presidente del
Consejo, que ha declarado lo que va a pasar con el uso que se le va a dar a los documentos que podrían descalificarse en una comisión de investigación en el Congreso. La verdad, una capacidad premonitoria sorprendente. Que estos vocales están
operando ya como un partido político judicial sin presentarse a las elecciones es bastante evidente, pero ya han pasado a organizar una revuelta contra las instituciones del Estado; una revuelta de las instituciones judiciales utilizando para ello
el Poder Judicial. La imparcialidad judicial es una obligación, no es una opción -así lo reconoce y lo establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, pero hemos entrado en
pronunciamientos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el pasado día 13; un pronunciamiento en referencia a un acuerdo entre partidos políticos que no tiene ningún alcance normativo.


Se pronuncia el Tribunal Supremo sobre unas futuras conclusiones de unas futuras comisiones de investigación que en ese momento no estaban ni aprobadas. Igualmente, hemos asistido a declaraciones, a pronunciamientos del Consejo General del
Poder Judicial -se dice que institucionales, pero no son institucionales si no se aprueban con la debida unanimidad, son declaraciones de una minoría- que también se pronuncian sobre leyes inexistentes, sin tener competencias para ello, y se
pronuncian sobre las posibilidades de que los partidos políticos realicen pactos para la investidura del presidente del Gobierno. Pero, además, dieron el pistoletazo de salida para a lo que hemos asistido, a lo nunca visto: jueces -aquí tenemos,
por ejemplo, la resolución del juez decano de Sevilla (muestra un documento)- convocando manifestaciones contra acuerdos entre partidos políticos. Esto fue seguido por otras convocatorias similares de presidentes de audiencias provinciales de
Almería, Huelva, Cádiz, Jaén, Salamanca; fiscales en activo, sumándose a las convocatorias de manifestación, que están expresamente prohibidas por el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sorprendentemente, ante estas

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actitudes ese Consejo en dejación absoluta de sus competencias no ha iniciado ni un procedimiento ni siquiera informativo, no ya disciplinario; la impunidad es total y absoluta. Creo que esta deriva ha de finalizar.


Ya acabo. Nadie en este país está por encima de comparecer ante comisiones parlamentarias. Otra cosa es que una vez que se haya comparecido haya obligación o no de declarar según los contenidos sobre los que se pregunte o se interrogue al
compareciente. Pero está bien repasarse el artículo 76 de la Constitución española, que veo que no hace ninguna excepción respecto al cargo o funciones de ninguna persona para tener que cumplir los requerimientos que se le hagan, no desde un
funcionario o una autoridad sino desde un poder del Estado, el Poder Legislativo, porque es el Congreso de los Diputados quien cita. Acabo recordando las previsiones del artículo 502 del Código Penal a quienes no acuden a las comisiones de
investigación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiago.


Es el turno para su señoría, el señor Ortega Smith-Molina. Cuando quiera.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en esta primera comparecencia de la Comisión de Justicia deberíamos dedicarnos a hablar solo de los males endémicos de la justicia, esos que vienen persiguiendo a los justiciables y a los profesionales de la justicia desde
hace décadas, por la misma inacción o falta de voluntad política tanto de los gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular. Y no es cuestión de hablar de más dinero, como algunos repiten machaconamente; en los presupuestos de Justicia
se ha gastado mucho, pero se ha gastado mal. Por ejemplo, 88 euros por habitante de media en comparación con la media de 60 euros del resto de los países de la Unión Europea. Los problemas siguen siendo los mismos: hace falta mayor número de
plazas de jueces y magistrados, con una media en España de 12 jueces o magistrados por cada 100 000 habitantes en comparación con esa media de 22 jueces o magistrados por cada 100 000 en el resto de los países de Europa; hacen falta más letrados de
la Administración de Justicia; hacen falta más fiscales, más peritos, más agentes; hace falta una formación permanente -sí-; hacen falta infraestructuras, más tecnología, menor burocracia. Una justicia que, en definitiva, es lenta, con unas
leyes procesales que no son eficaces y un desprecio, entre otros, como ya se ha mencionado, al turno de oficio. Sobre todo, lo que necesita la justicia es respeto; respeto a su independencia, no injerencia de los partidos políticos y un
nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución, en que la mayoría provengan de la justicia mediante un voto directo personal secreto, igual y no por dedicación o decisión de los partidos políticos,
así como el nombramiento de las altas magistraturas del Estado mediante procedimientos que sean de absoluta imparcialidad.


Pero, señor ministro, usted comparece aquí como el máximo exponente de lo que es un cambio de régimen mediante lo que, sin duda, ha sido un golpe de Estado desde las instituciones. Usted acapara en su persona los tres poderes del Estado:
el Poder Ejecutivo, como ministro de la Presidencia; el Poder Legislativo, como ministro de Relaciones con las Cortes, y el Poder Judicial, como ministro de Justicia. Por tanto, podríamos decir que usted en este caso ha profanado la división de
poderes. Usted comparece aquí, señor ministro, como fedatario o notario público, pero ¿de qué? Pues de la consecuencia de los pactos de la infamia de Waterloo, con esa ley de amnistía, con esas promesas a los golpistas que no son otra cosa, señor
ministro -para que no le quepa ninguna duda-, que el mayor ataque que ha habido al Estado de derecho -artículo 1.1 de nuestra Constitución-; a la igualdad de los españoles -artículo 14 de la Constitución-; a la independencia judicial -artículo 117
de la Constitución-; a la soberanía nacional -artículo 1.2- y a la jerarquía normativa -artículo 9.3-. Por tanto, todos los elementos de un auténtico golpe de Estado al Estado de derecho y a la Constitución.


Usted se ha atrevido a decir aquí que va a luchar para que no haya injerencias en la justicia por parte de la política y que va a respetar las resoluciones judiciales. ¡Vaya sarcasmo! ¡Vaya hipocresía con lo que ustedes han hecho para poder
estar en el Gobierno y ser usted ministro! Usted y su Gobierno representan el mayor acto de corrupción política que ha habido nunca en la historia desde que se aprobó la Constitución, porque por siete votos que les faltaban para llegar al Gobierno
han indultado a los condenados por el 1 de octubre, que fue el golpe de Estado en Cataluña; han acordado una amnistía para delincuentes abiertamente reincidentes; una condonación de deuda a comunidad autónoma desleal; un referéndum, como han
prometido, para los separatistas y, lo que es peor -por si hubiera algo peor-, siguen anunciando más medidas, como, por ejemplo, despenalizar la apología al terrorismo, despenalizar

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los ultrajes a los símbolos nacionales o despenalizar las injurias a la Corona. Ustedes -usted- representan la legitimación de la impunidad, de la arbitrariedad; la legitimación de quienes dan golpes de Estado, de quienes son violentos, y
por contra criminaliza a todos aquellos que creemos en el Estado de derecho, en la igualdad entre los españoles y en la ley; a los jueces, a los fiscales, a los policías, en definitiva, a la inmensa mayoría de los españoles que no queremos que se
desprecien nuestras libertades, que se pisotee nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestro Estado de derecho.


Ustedes han provocado esto con sus socios, estos de Junts, estos de juntos por el golpe en esa guerra judicial, amenazando a jueces -no se ría, que es muy serio; ni sonría-, señalando desde la tribuna del Congreso a jueces, a guardias
civiles, a policías, en una auténtica caza de brujas contra todo aquel que se atreve a levantar con dignidad la bandera del Estado de derecho y la justicia. Listas negras, es lo que pronto veremos, de jueces desafectos al régimen, al régimen que
ustedes representan. Porque, señor ministro, ha sido usted quien se ha reunido en Barcelona. ¿Con quién? Con un golpista condenado por la Sala segunda del Tribunal Supremo, al que tuve el honor de ver sentado en el banquillo de los acusados, y
que ustedes indultaron; con ese ha negociado el Gobierno. Y también se ha ido a Bruselas a querer convencer al comisario de Justicia y a la vicepresidenta de la Comisión de Transparencia, y luego salió mintiendo en la prensa y diciendo que en
Europa les preocupa cero lo que estamos haciendo con la Ley de Amnistía; dos horas después fueron absolutamente desmentidas sus palabras, precisamente por el comisario de Justicia, diciendo que claro que les preocupa, que tienen muchas dudas y que
les están haciendo todo tipo de preguntas porque no entienden eso de amnistiar a los golpistas para llegar al Gobierno. Una amnistía que fue rechazada en estas Cortes cuando fueron constituyentes en 1978, porque se entendió que no podía haber
indultos generalizados, que era una auténtica excepción en un período de transición política; que fue rechazada por los ministros socialistas dos meses antes de las elecciones y por el propio Sánchez diciendo que la pretensión de los separatistas
golpistas era absolutamente inconstitucional; que ha sido rechazada por todas las asociaciones de jueces, de fiscales, de diplomáticos, de inspectores de Hacienda; por declaraciones del propio Consejo General del Poder Judicial y por el propio
presidente del Tribunal Supremo. Además, ustedes para esta Ley de Amnistía previamente se han asegurado el control del Tribunal Constitucional. ¿Poniendo allí a quién? Poniendo allí al que ha redactado el borrador de esta ley, al señor
Conde-Pumpido, y poniendo allí al que fue su ministro de Justicia tres días antes, el señor Campos. Usted sabe que esto es así y que ha sido premeditado durante meses para que al final no tuvieran ningún contrapoder, ninguna barrera.


En conclusión, señor ministro, ustedes representan -Sánchez y usted, como ministro- la autocracia más evidente desde el poder. Ya tienen controlado el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Agencia EFE, la radiotelevisión, el Tribunal
de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Congreso de los Diputados y ahora también han intentado controlar el Consejo de Estado. Lo que pasa es que le ha salido mal, por mucho que usted lo criticara, en ese respeto
que dice que tiene usted a las instituciones, cuando el Tribunal Supremo le anuló el nombramiento de la presidenta por no ser idónea y no reconocerle ese prestigio como jurista. Solo le falta controlar -y ya se le ha notado mucho- el Consejo
General del Poder Judicial, ese que se vienen repartiéndose desde hace décadas, tanto monta, monta tanto, los gobiernos del Partido Popular y los gobiernos del PSOE.


Señor ministro, en conclusión, le digo que ustedes son un verdadero peligro para la democracia, para la justicia y para la libertad. ¿Y sabe por qué? Porque, si han sido capaces de negociar, como Gobierno de España, prometiéndoles a los
culpables que pasarán a ser inocentes, están ustedes muy cerca de la línea en la que decidirán que los inocentes pasarán a ser culpables, y ese es el principio de las dictaduras, cuando se comienza a ilegalizar a todos los partidos que no les siguen
el juego, cuando se empieza a encerrar a todos aquellos que ustedes calificarán como disidentes porque no aceptan su régimen y, en definitiva, cuando se comienza a favorecer a los enemigos y a perjudicar a los adversarios.


No voy a terminar deseándole un buen mandato, no se lo merecen ni ustedes ni los españoles. Le deseo que, cuanto antes, logremos que salgan ustedes de la Moncloa, usted de sus tres ministerios y que luego tengan un juicio justo ante los
tribunales y ante la historia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortega.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


Gracias.

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La señora MORO ALMARAZ: Buenos días, señor ministro. Gracias por su primera comparecencia en esta Comisión.


Debo pedirle disculpas por comenzar reiterando y dejando constancia en el Diario de Sesiones de nuestro rechazo a la decisión que se ha tomado en esta Comisión que conculca el artículo 23 de la Constitución de participación política y va en
contra de los acuerdos de la Junta de Portavoces de esta semana y del compromiso de la presidenta de que en las comisiones, mientras no hubiera los medios tecnológicos adecuados, nos comunicaríamos en la lengua oficial del Estado.


Ahora ya entro en materia. Hace pocos meses todos los profesionales del sector nos pedían que esta fuera la legislatura de la justicia. Creo que ellos pensaban en un protagonismo distinto para la justicia al que afrontamos en este momento,
pero de eso iré hablando en mi intervención. Decía usted hace un año, señor ministro, en un Pleno en esta fecha, el 21 de diciembre, que la tramitación parlamentaria de estas Cortes Generales, porque aquí reside la soberanía nacional, es sagrada.
Señor ministro, lo ha olvidado pronto. Debo empezar -y lo siento- recriminándole que su tarjeta de presentación de ministro de los tres poderes sea el real decreto ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado ayer y que es la muestra
inequívoca de que para usted el Parlamento no es más que aquel lugar al que viene a lanzarnos mítines y diatribas al Partido Popular. Si ya habían batido el récord de los reales decretos leyes desde que el presidente Sánchez entró en el Gobierno en
2018, ahora pretenden superarse a sí mismos y entrar en el Guinness. Su interpretación de la excepcionalidad y de la urgente necesidad es increíble, pero, sobre todo, es la tarjeta de presentación de quien no quiere dialogar ni negociar, a pesar de
lo que ha expresado en su intervención. Suponíamos que había pactado esta decisión de imponer una normativa inconexa y enorme en materias que estaban en la Cámara y que, como usted bien ha dicho, decayeron por el adelanto electoral, pero, de lo que
hemos oído, parece que ese pacto no ha sido suficiente. Desde luego, no se ha hablado con los sindicatos, no se ha hablado con las comunidades autónomas, al menos no con las del Partido Popular. Usted, ministro, sabe que aúna competencias, muchas
competencias: las de elaborar el plan normativo, evaluarlo, velar por la calidad de las normas y otras muchas. Por tanto, tendría más fácil que no se cometieran en esta legislatura las barbaridades legislativas que padecimos en la pasada. Sin
embargo, estamos más preocupados que nunca, porque no le vemos con propósito de la enmienda. El real decreto ley no es un propósito de enmienda y, además, ahora depende de las instrucciones de un prófugo de la justicia y de un mediador en el
extranjero. Pero usted comparece hoy en la Comisión de Justicia por sus competencias y, a diferencia de lo que usted ha dicho, en este departamento sucede a una ministra que consiguió poner de acuerdo a todos los profesionales de la Administración
de Justicia en contra de sus políticas; ya tiene mérito. Una ministra y un equipo al que usted ha ratificado en parte, a pesar de ser partícipes del desaguisado, a pesar de que sin orden ni concierto cerraron acuerdos, sin planificación ni
criterios de eficacia y eficiencia, ni visión de conjunto, enfrentando a todos los sectores. Se multiplicaron las huelgas y, sin recuperarnos del colapso provocado, aún seguimos con la espada de Damocles de una suspensión. Tras publicarse este
real decreto que usted ha calificado de hito muy importante para la justicia, ayer, como también nos ha dicho, se reunieron bilateralmente -mira que le gustan las reuniones bilaterales-, por separado, con los representantes sindicales para que sigan
teniendo paciencia. No sabemos exactamente el cambio de cromos, lo que sabemos es que a ellos les piden paciencia y para la ley de amnistía el trámite de urgencia. Le preguntamos: ¿se va a ocupar usted de las necesidades de la justicia?


Señor ministro, a la vista de los antecedentes, tiene mucha tarea por hacer, pero con la fusión de ministerios -y no porque hayan querido ahorrar en ministros- ustedes han dado una muy mala señal de lo que les importa la justicia. Aunque
eso sí, este no es el mayor de los males que acechan a la justicia con usted en la dirección del ministerio, porque los ataques a jueces y fiscales proferidos por aquellos que apoyan al Gobierno, la defensa de quienes han delinquido como si fueran
héroes perseguidos por sus ideas y la ausencia de defensa de los servidores públicos ante los ataques y amenazas proferidos también en esta sede parlamentaria, hace que esta ya sea la legislatura de la amenaza a la justicia, porque el Gobierno, con
sus acciones, omisiones, silencios y tolerancias está poniendo en grave riesgo este pilar esencial del Estado de derecho. No me diga que soy apocalíptica, seguro que sus asesores han hecho un gran resumen de lo que piensan y escriben insignes
juristas y exgobernantes socialistas. Mal podemos descender, señor ministro -y bien que lo siento-, a preocuparnos por debatir hoy sobre reformas estructurales de la organización, de las tecnologías o de los procedimientos, porque es la esencia lo
que peligra en estos momentos. El hecho de que el artífice del mayor ataque a la independencia del Poder Judicial, a la igualdad entre españoles y al Estado de derecho haya sido nombrado ministro de Justicia

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hace que temamos lo peor, y no lo dice el Partido Popular -que, desde luego- o lo dicen los jueces, los fiscales y más de cien entidades y organizaciones de juristas que así lo denuncian alto y claro. También sé lo que va a decirme, lo ha
dicho en la intervención otra vez, pero no, señor ministro, no sirve que usted haga declaraciones conciliadoras de cara a la galería diciendo que siempre va a defender a los jueces cuando asiste, una y otra vez y sin mover un músculo, a las
diatribas contra la cúpula judicial de la socia de Gobierno, la señora Nogueras, y no le piden a la presidenta del Congreso que cumpla con su función institucional y defienda a los poderes e instituciones del Estado y a sus integrantes, o cuando
usted mismo ha votado en contra de garantizar que cesen los ataques. El señalamiento nominal de jueces y fiscales de la cúpula judicial y la defensa del lawfare que se produce en España, aceptar con una sonrisa o una pasividad cómplice que se les
cite como golpistas o fachas con toga por los suyos -es inolvidable la intervención del señor Sicilia sobre los magistrados del Tribunal Constitucional o las intervenciones recientes del ministro don Óscar Puente o las del propio presidente Sánchez
en la gira de entrevistas- o la firma de un inefable documento de pacto con Junts, así como el apoyo a las comisiones de investigación parlamentarias, que no se producirían si usted no quisiera y en las que se perseguirá a jueces y fiscales y a
miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hablan por sí solas de que ninguno de ellos encuentra por el momento su amparo y protección.


Deberíamos debatir sobre el malestar de los jueces por la imposición de juicios telemáticos obligatorios; sobre la bondad de optar por medidas que alejan al juez del ciudadano; del modelo de teletrabajo; de que las comunidades autónomas
no pueden seguir con la política de 'yo invito y tú pagas'; de la no actualización de los baremos del turno de oficio; del nuevo plan normativo que han incumplido con Europa; de la distribución y ejecución de los fondos europeos; de la
mutualidad de abogados y procuradores, como recogía nuestra medida 25 en el programa. Es necesario que lo hagamos y lo haremos, porque nos preocupa y mucho, pero no nos van a distraer de lo esencial en este momento: los ataques despiadados a la
justicia del Estado de derecho en beneficio de unos pocos y en detrimento de la seguridad jurídica, de la igualdad y de la dignidad de los españoles tienen que cesar. Primero, si me permiten la imagen, hay que garantizar la estabilidad de las
constantes vitales de la justicia y del Estado de derecho, y luego rehabilitar al enfermo y ofrecerle instrumentos para su mejor desarrollo vital. En definitiva, mal podrá convencernos de que es sincero en sus declaraciones de respeto a los jueces
y fiscales cuando es artífice y promotor de una ley de amnistía, según usted, de impecable factura jurídica y de sólida constitucionalidad, pero que es un maquillaje de citas tergiversadas y de jurisprudencia de derecho comparado en su exposición de
motivos y es el ataque más grave en democracia al Poder Judicial en España, y todo bajo su batuta entusiasmada. A ello le sumamos un fiscal general del Estado en funciones, que viene a continuación, que se ha resistido a dar amparo a los fiscales
hasta ayer, que lo ha hecho con la boca pequeña, y que tiene como méritos en su currículum haber actuado con nombramientos anulados por el Tribunal Supremo, incluso por desviación de poder, como ha pasado recientemente. Sin embargo, parece que un
miembro de su equipo e incluso usted ayer en la sesión de control -yo creo que el subconsciente le traicionó- vino a decir en una de sus respuestas que han aprobado criterios técnicos en la Fiscalía. Es seguro, como dice el adagio, que usted es
aquel de que enciende una vela a Dios y otra al diablo para no correr riesgos con sus socios.


Quedan algunas cosas. Desde luego, usted no podía dejar de citar el mantra favorito del bloqueo y del incumplimiento sobre el Consejo General del Poder Judicial, ni hay bloqueo ni hay incumplimiento. (Risas y rumores.-El señor Santiago
Romero: Vale). No, usted y yo sabemos que hay otra cosa, y lo hablaremos perfectamente, estarán nuestros presidentes para hablarlo con la tranquilidad y el sosiego que exige mañana. Cuando yo invito a alguien a casa procuro no insultarle
permanentemente en las semanas anteriores. Ustedes a Bildu, a ERC y a Junts les tratan con guante blanco y yo quiero que a mi presidente le traten con guante blanco. Aunque luego, si me permite el presidente, podré decirle alguna cuestión cuando
usted conteste, quiero decirle esto, porque creo que usted tiene la formación para hacerlo: rectifique con urgencia, señor Bolaños, sea contundente en la defensa de la justicia, diga la verdad al comisario europeo, diga la verdad a la Comisión de
Venecia, diga la verdad a los españoles, retire la ley de amnistía, renuncien a las comisiones de investigación, haga un ejemplar borrón y cuenta nueva y pongámonos a trabajar de verdad por una justicia ágil, cercana, moderna y blindada en su
independencia. En nombre del Grupo Popular, yo recojo su mano si usted hace lo que acabo de señalarle.


Muchas gracias. (Una señora diputada: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.


A continuación, y para concluir el trámite del turno de intervención general, tiene la palabra el señor Aranda.

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El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bon día, buenos días. Bienvenido a su casa, a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y muchas gracias por su intervención de esta mañana, por su
paciencia, sobre todo escuchando algunas intervenciones, y por su compromiso con el Estado de derecho, con el parlamentarismo y con la separación de poderes. Su llegada al ministerio, y más aún después de oír su intervención, supone la renovación y
la extensión del compromiso del Gobierno y del Partido Socialista por la política de Estado, esa política que echamos tan de menos en un Partido Popular arrastrado al lodo político por la ultraderecha. (El señor Del Valle Rodríguez: Ya basta). Y
la verdad es que, si esto es un golpe de Estado, como la ultraderecha dice y la derecha consiente con su silencio, se me hace algo raro. Ahora resulta que el normal funcionamiento de las instituciones es para VOX un golpe de Estado. (El señor
Ortega Smith-Molina: Anormal). Están tan poco acostumbrados a las reglas de la democracia que, o no las aceptan, o no las entienden, o se les hacen bola, como dirían en mi pueblo. Así que, señor ministro, muchas gracias por su extensa,
documentada y seria intervención, en la que ha desarrollado los objetivos de su mandato como ministro de Justicia del Gobierno de España. Yo mismo decía hace unos meses que estamos ante un ministerio de los llamados de Estado, no tanto por el
sentido que cada uno entendamos del Estado, que también, sino por la capacidad que se nos supone a todos para sobreponernos a las diferencias ideológicas y trazar de manera conjunta y consensuada cuantas más reformas legislativas mejor. Este
ministerio de Estado, este pilar fundamental del Estado de derecho y este servicio público, que es la justicia, merece más intervenciones como la suya y menos demagogia como la escuchada en esta sesión, porque de lo que estamos hablando es de cómo
se articulan las soluciones justas y necesarias para dar respuesta a las demandas de un mejor servicio de justicia y de una mejor Administración de Justicia y que todo ello finalice con una justicia moderna, adaptada a los nuevos tiempos y justa en
su sentido más amplio, pensando efectivamente en todos los actores de la justicia, pero sobre todo pensando en la ciudadanía, esa que a veces observa la justicia desde la indiferencia o el desconocimiento.


Por cierto, no ha tardado usted ni un mes en presentar al Consejo de Ministros un ambicioso decreto ley en el que se recogen los principales acuerdos a los que llegamos en la ponencia procesal e introduce las mejoras necesarias para
digitalizar la justicia, con lo cual felicidades ministro y también a su equipo por este gran y diligente trabajo. Así que, dentro de estos márgenes, mi grupo entiende que las líneas básicas de su plan de mandato responden una por una a las
preguntas e interrogantes que penden sobre la justicia. Todo lo demás, todo el ruido que algunos interesados quieren introducir es eso, ruido, ruido destinado a favorecer los intereses partidistas de un partido, a favorecer los intereses de un
poder político que se resiste a dejar de serlo. Miren, señorías, el Partido Popular -lo he dicho más de una vez en sede parlamentaria- entiende el poder desde su sentido más puramente patrimonial, es decir, es suyo, un recurso a su alcance del que
les cuesta deshacerse y que pretenden recuperar por todos los medios cuando lo pierden, a toda costa, y tenemos ejemplos a decenas, pero quizás uno de los más destacados es la actitud del PP con el consejo desde que están en la oposición. Y yo, con
todo el afecto que le tengo, señora Moro, le diría que hay cosas que no se discuten, la ley de la gravedad no se discute, las cosas caen; pues el bloqueo del PP tampoco se discute. (Aplausos). Llevamos hoy 1 838 días con el Consejo General Poder
Judicial bloqueado, con lo cual son más de cinco años en los que el PP ha demostrado, sin rubor alguno, un nulo interés en desbloquear una de las situaciones básicas de nuestra justicia. Es decir, lleva ya más tiempo con mandato caducado que con
mandato legal. Es una anomalía se mire por donde se mire. Cinco años de excusas, de dilaciones, de trampas, de mentiras y de cortinas de humo para no hacer frente a una las principales funciones que tiene todo partido de Estado cuando está en la
oposición, que es la propia lealtad al Estado y a sus instituciones. El Partido Popular, el PP, ya sea de M. Rajoy -por cierto, para que conste en el Diario de Sesiones, me refiero a Mariano Rajoy; cuando digo M. Rajoy, me refiero a Mariano
Rajoy-, de Pablo Casado, de Cuca Gamarra o ahora de Núñez Feijóo, es un partido insumiso para con sus obligaciones institucionales, y lo es pese a las peticiones reiteradas del comisario de Justicia de la Comisión que les ha conminado a pactar el
consejo sin dilación, sin perjuicio de un posterior debate sobre la manera de su elección. Es que, señorías, es muy sencillo, quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer algo encuentra una excusa, y ustedes, señores del PP, no
quieren reformar el consejo. Ustedes no quieren cumplir la Constitución, ustedes son insumisos constitucionales. Señorías, desde tiempo inmemorial se conocen las siete constantes universales. Son siete, ¿no? Son la longitud, el tiempo, la
temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, el peso y la masa: siete. Pues bien, hoy en día podemos afirmar que el PP añadido una octava constante

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universal que no es otra que la constante insumisión institucional y el abandono de sus obligaciones parlamentarias. (Aplausos). Ustedes son más de la descalificación que de aceptar la hermética parlamentaria. Ustedes son más de la España
monolítica que de la España plural y diversa que tiene más de una lengua; por cierto, en mi caso el catalán. Ustedes son los del no a todo y, es más, son también los de decir y hacer lo contrario de lo que se proponga solo por el hecho de
desgastar a quien lo esté proponiendo. También se lo dije alguna vez, entiéndame, son ustedes los de la cobardía política. Son cobardes políticamente, porque son incapaces de desligarse de la ultraderecha patria para vergüenza del resto de la
derecha tradicional europea que tiene, entre sus principios fundamentales, el renegar de la ultraderecha. Ustedes han ligado su futuro a esta alianza que repele a sus socios europeos, y aquí pagamos las consecuencias.


Miren, señorías, en el mandato anterior esta Comisión hizo un trabajo legislativo ingente e inmenso, pero nos quedaron leyes importantes en el tintero. Las leyes de eficiencia son un ejemplo muy bueno. Por ello, agradezco al señor ministro
su disposición a retomar los retos que estas tres leyes planteaban: el reto procesal, el organizativo y el digital. Es una excelente noticia que veamos el impulso del Gobierno para seguir organizando la justicia y hacerlo desde la cogobernanza.
Por eso, agradecemos el impulso, por ejemplo, a implantar la Oficina de Justicia, los tribunales de instancia o iniciativas en materia de formación y acceso a la carrera judicial y, cómo no, señor ministro, también a seguir instalando las políticas
de igualdad en su ministerio, porque, como dije hace más de un año, cuando hay más del 50 % de mujeres juezas por promoción -más de la mitad de la promoción son juezas-, apenas hay un 10 % en las cúpulas judiciales, y eso no es un problema de
capacidad, no es un tema de capacidad.


Señor ministro, mi grupo, como no puede ser de otra manera, apoya de manera entusiasta y decidida su hoja de ruta. Su política es el mejor antídoto contra el populismo conservador y somos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos,
como también lo somos de la oposición feroz que estamos presenciando. Quedaron lejos los tiempos en los que uno esperaba que pasaran cien días de cortesía parlamentaria, cuando apenas dejan cien segundos sin proferir un insulto, una descalificación
o intentan construir una teoría trasnochada, casposa y espuria que alimente al electorado más ultra de su bancada. Por cierto, hay que agradecer a la democracia la reducción parlamentaria de VOX. Sin duda, es un alivio, aunque no suficiente. Así
que, ante esta jauría desatada, las voces de la cordura, de la razón y del trabajo son más necesarias que nunca. Ante el insulto, una propuesta; ante la descalificación, un avance y, ante el desplante, más educación. (El señor Ortega
Smith-Molina: Golpe sobre el Estado). Por cierto, que oigo por aquí una voz de fondo, la gente se preguntará por qué la intervención del portavoz de la ultraderecha es la única que se oye perfectamente, pues es la única en la que él no murmura por
lo bajini, es la única en la que él no se autointerrumpe. (Aplausos). Es por eso por lo que se oye mejor que el resto.


Señorías, estamos en una Comisión que tiene retos por delante y tengan por seguro que este grupo parlamentario va a afrontar todos y cada uno de ellos desde tres convencimientos: primero, que no hay mejor política que la que se hace desde
el respeto, la convivencia y el progreso; segundo, que no hay mejor futuro colectivo que aquel del que nos dotamos entre todos, y, tercero, que siempre estaremos del lado correcto para la resolución de los conflictos. No, no nos sentimos solos,
nos sentimos acompañados por la inmensa mayoría de aquellos que quieren y desean que la política no sirva solo para la pelea, sino que sirva para avanzar, para conquistar derechos y para construir un futuro mejor y en armonía. Así que ya les avanzo
a aquellos profetas del apocalipsis que se les va a hacer otra vez muy larga esta legislatura. Señoría, como veo que algún portavoz es nuevo, repito una cosa que ya he dicho aquí. Por mucho que les escueza, por mucho que gesticulen y que pataleen,
por mucho que nos acosen o vandalicen nuestras sedes, tenemos dos noticias que darles: primera, no nos van a quebrar, pierdan toda esperanza y asúmanlo, y, segunda, no hay alternativa democrática al normal devenir de la acción parlamentaria en los
términos que se ha venido ejerciendo en los últimos cuarenta y cinco años, es decir, Gobierno legítimo y partidos que le dan soporte, partidos de oposición y, un tercer elemento, señorías, sentido de Estado para llevar a cabo aquellas decisiones y
aquellos acuerdos que nos mandata nuestra Constitución y que requieran altura de miras y generosidad. De eso trata la democracia. Señorías, la altura política no se mide tanto por lo que uno es capaz de hacer desde el Gobierno, sino de cómo uno
dignifica la tarea de la oposición.


Por eso -voy acabando, señoría-, este grupo está deseando, señores del PP, debatir con ustedes. Estamos deseando confrontar modelos y deseando que ustedes dejen la palabrería gruesa y faltona. Hablemos de la justicia, del acceso, de la
beca, de los ascensos, del turno de oficio, de la justicia gratuita, de los niveles de eficiencia o de lo que ustedes quieran, pero hablemos. Señorías del PP, cuando antes

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abandonen su alianza con VOX, cuando antes asuman que están en la oposición, antes podrán hacer un papel útil para la ciudadanía y para la justicia. Nosotros estamos preparados y no será este grupo, representante aquí de un partido, el
PSOE, con más de ciento cuarenta años de historia y compromiso con la democracia, quien no esté listo para debatir con ustedes, el grupo conservador, de cómo debería ser el Poder Judicial en su conjunto. Por tanto, señor ministro, cuente con este
grupo para apoyar su agenda y sus objetivos, cuente con este grupo para ejercer con responsabilidad las tareas encomendadas, cuente con este grupo para seguir buscando complicidades y tejiendo mayorías para llegar a acuerdos, y cuente con este
grupo, el Grupo Socialista, para ayudarle a hacer de la justicia un lugar mejor y más justo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.


A continuación, de nuevo, tiene la palabra el señor ministro para contestar a aquellas cuestiones que le han planteado las señoras y los señores portavoces de los grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señorías.


Gracias a todos por sus intervenciones. Veo que tienen ustedes un 'buen ambiente' en esta Comisión de Justicia en la que, además de trabajar, también se divierten y, por tanto, me alegra mucho que esta Comisión de Justicia, en la cual tengo
el honor de comparecer, sea un lugar 'agradable' para venir.


Estoy perdiendo la voz, como pueden comprobar ustedes, pero creo que voy a conservarla para dar respuesta a todas sus intervenciones. Voy a intentar que sean muy detalladas, casi punto por punto a lo que han ido planteando todos ustedes.
Iba a empezar por el primer interviniente, que era el diputado del PNV, Mikel Legarda, pero justo nos acaba de informar de que se va a votar a otra Comisión, de modo que esperaré a que esté presente para dar respuesta a su intervención. Por tanto,
señor Iñarritu, empiezo por usted, que sí está presente. Le agradezco sus buenos deseos y la suerte que me desea. Habla usted de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, veo que no con mucha esperanza sobre la reunión que mañana
celebrará el presidente del Gobierno con el líder de la oposición, y le tengo que decir algo. Decía usted, será más fácil que nos toque el gordo, pues mire, al Estado de derecho y a la democracia española le tocaría mañana el gordo si el Partido
Popular se aviene a renovar el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Eso espero mañana del Partido Popular. Yo no dudo de que es un partido constitucionalista, si bien sí dudo y denuncio -y lo hago con mucha claridad- que no cumple la
Constitución en lo que toca a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, digo una cosa y digo la otra, con igual claridad las dos. Ustedes debieran ser un partido de centro derecha y en esa materia son ustedes extremistas,
porque no están cumpliendo la Constitución. Están ustedes haciendo algo que no se corresponde con un partido que ha gobernado España, que seguramente la gobernará dentro de algunos años, cuando los ciudadanos quieran, y, por tanto, es absolutamente
inaceptable la posición que tienen ustedes en la renovación del consejo.


Me pregunta usted por algunas cuestiones que es verdad que tienen que ver mucho con el funcionamiento de la justicia, pero que no son competencias del ministerio, son competencias del Consejo General del Poder Judicial, como las
convocatorias de los magistrados por el cuarto turno, etcétera. Entonces le tengo que decir que, desde luego, la parte que toca al ministerio va a ser de apoyo y de colaboración con el consejo para que se aprueben y se convoquen cuanto antes esas
plazas, pero no solo esas, sino todas las que tengan que ver con el reforzamiento de las plantillas de jueces y de magistrados que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Tenga usted la certeza de que en lo que toque al Ministerio de
Justicia estaremos impulsando la convocatoria de estas plazas de magistrados del cuarto turno y también de cualquier otra.


Me preguntaba también por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley que tenemos es del siglo XIX, aunque evidentemente ha tenido modificaciones posteriores, pero creo que es bastante claro que es una ley cuya renovación tenemos que abordar
y que tenemos que aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero despacito, con buena letra y con consenso. No creo que sea una ley que tengamos que aprobar en el Congreso por
una mayoría absoluta legítima, aunque podría hacerlo. Me parece que modificar las cuestiones adjetivas del procedimiento criminal y del procedimiento penal en una nueva ley debería contar con el consenso de todos ustedes. Por tanto, mi disposición
es para que hablemos y para que todos los grupos parlamentarios seamos capaces de pactar una norma que dure no el siglo y medio que ha durado la vigente, pero al

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menos que sí tenga algunas décadas de vigencia. Me parece verdaderamente importante que tengamos una nueva ley de enjuiciamiento criminal, y no solo por la instrucción de los fiscales del procedimiento penal. Por cierto, en eso somos una
excepción, casi en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, las instrucciones se llevan a cabo por la Fiscalía. Pero ese cambio tan sustancial de nuestro procedimiento penal conlleva no solo cambiar una ley, sino
que conlleva reforzar mucho la plantilla de la Fiscalía y también modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ya estamos trabajando para reforzar la Fiscalía, saben que, tanto para la promoción de 2023 como la de 2024, tenemos cien plazas
adicionales para las carreras fiscal y judicial. En 2023, de esas cien plazas, setenta van a ir a fiscales y, por tanto, ya estamos reforzando la carrera. Pero si finalmente se aprobara esta nueva ley de enjuiciamiento criminal y España se
incorporara al consenso europeo en la línea de que los procedimientos penales los instruyen los fiscales y luego los jueces se dedican a dar garantías de la protección de los derechos -de los fundamentales y de cualquier otro derecho-, habría que
hacerlo con un consenso amplísimo, con una técnica legislativa que ha de ser muy rigurosa y muy exquisita y por supuesto reforzando el número de fiscales que estén en la carrera para que puedan asumir esta nueva función.


Coincido con usted en que la actual tarificación de los letrados que están adscritos a la asistencia jurídica gratuita hay que mirarla. Por parte de mi predecesora y del equipo del Ministerio de Justicia previo a mi llegada, ya se habían
hecho algunas gestiones en esa línea que no se materializaron. Mi idea es materializarlo, llevarlo a cabo y ajustar, adaptar y adecuar las tarifas de los letrados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita.


Me hablaba también del caso de Pablo González, encarcelado en Polonia, y le tengo que decir algo que ya sabe, porque usted -si no usted, su grupo, aunque creo que ha sido usted- ha formulado preguntas en el Congreso y el ministro de Asuntos
Exteriores le ha respondido: la asistencia consular que corresponde a todos los españoles fuera de nuestras fronteras la está teniendo, estamos pendientes del caso, pero es cierto que las acusaciones que pesan sobre él son unas acusaciones que son
conocidas también por todos los aquí presentes, porque es un caso notorio y un caso muy conocido. Por tanto, todos los servicios que puede recibir un ciudadano español fuera de nuestro país los está recibiendo a través del consulado, en este caso
en Polonia.


Por último, me hablaba usted de la utilización de las lenguas -en concreto, del euskera, al que usted se refería- en la Administración de Justicia en Euskadi, en el País Vasco, y le tengo que decir que yo ahí no soy sospechoso, que tampoco
lo son mi Gobierno ni mi grupo parlamentario y que nuestra apuesta y nuestro apoyo a la utilización de las lenguas cooficiales en todos los rincones de nuestro país es muy claro, también en el ámbito de la justicia, porque nuestro principio es que
tan español es el castellano como el euskera, el catalán o el gallego. Por ello, el Gobierno de España tiene la obligación de defender todas las lenguas cooficiales, porque son una riqueza evidente de nuestro de nuestro país.


Me refiero ahora a la intervención del diputado Cervera, de Junts per Catalunya, y quiero decirle algo con mucha claridad, porque hacía usted una referencia al principio de su intervención al trabajo de los jueces y magistrados. Hago una
referencia que he hecho en numerosísimas ocasiones en las últimas semanas, pero, pese a ello, aquí hay grupos parlamentarios que me dicen todavía que no hago. Bueno, pues seguiremos clamando en el desierto, pero le digo con toda claridad, señoría,
diputado de Junts per Catalunya, que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad, con independencia y con arreglo a la ley y, desde luego, yo los voy a defender para que así continúe siendo. Se lo digo con toda claridad a
usted, que es diputado de Junts, y lo digo con toda claridad delante de los partidos que representan a la oposición -el Partido VOX y el Partido Popular-, porque ellos me dicen que no digo esto. Pues lo acabo de decir en su presencia. No sé si
ustedes van a continuar diciendo que no estoy defendiendo la labor, la independencia y la imparcialidad de la judicatura española; capaces son, pero, en fin, estando a dos metros y escuchándome en directo, espero que eso no me lo digan. (La señora
Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Me dirán otras cosas, pero, por favor, no me digan ustedes que no digo lo que evidentemente estoy diciendo. Con mucha claridad se lo digo.


Hace usted una referencia también, señor Cervera, al real decreto ley que aprobamos el martes pasado en el Consejo de Ministros, que lo llama usted un real decreto ley macedonia, si no lo he entendido mal. Es verdad que el real decreto ley
trata tareas muy distantes, contiene cuatro libros: el primero de justicia, que es el más voluminoso -yo creo que más de las dos terceras partes del decreto ley-; otro libro de Función pública; otro libro de municipios, y un último libro de
mecenazgo. Pero todos esos elementos tienen un hilo conductor y es que todo son hitos que nos hemos comprometido a cumplir como

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Reino de España ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de este año, es decir, en el plazo de diez días, y ese hilo conductor es lo que hace que se cumpla de manera clara la doctrina del Constitucional para que ese real decreto
ley cumpla los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad. Eso ha supuesto que, en el día de ayer, el Gobierno de España solicitara a la Comisión Europea el desembolso de 10 000 millones de euros de fondos europeos. En respuesta a su
pregunta, y además porque es un compromiso con su grupo parlamentario, vamos a hacer una tramitación parlamentaria de ese real decreto ley. (La señora Vallugera Balañà hace gestos para indicar que no oye bien al señor ministro).


¿No se me oye bien? Perdón, es la voz, que la tengo muy cogida.


Quería decir que vamos a hacer la tramitación parlamentaria de ese real decreto ley. La vamos a hacer, por supuesto, para que sus señorías tengan oportunidad de aportar a una norma que reconozco que es amplia, pero amplios son también los
compromisos que tenemos con la Comisión Europea. Estoy seguro de que todos ustedes quieren que España reciba 10 000 millones de euros de fondos europeos, estoy seguro también de que sus señorías del Partido Popular quieren que España reciba 10 000
millones de euros de fondos europeos. (La señora Perea i Conillas: El Partido Popular, no). Estoy seguro de que todos los aquí presentes y toda la Cámara quieren que el Reino de España cumpla sus compromisos con la Comisión Europea, y también
estoy de que convencido de que cuando ustedes vayan a los textos comprobarán que fueron muy trabajados en la legislatura anterior, que no son textos que hayan salido de la nada; algunos son textos, se ha dicho en algunas intervenciones, ya fueron
consensuados en Ponencia e incluso en Comisión, están muy avanzados, muy trabajados. Esos son los textos que hemos incorporado a ese real decreto ley. Estoy seguro de que ustedes, aunque alguna mejora seguro que querrían incorporar, no podrán
estar en contra de lo que se regula en ese decreto ley. Por eso espero que ese decreto sea convalidado con una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados, porque no se puede entender la negativa a ese real decreto ley. Entendiendo lo que
usted dice, señor Cervera, que dice que es un real decreto ley con materias diferentes. Evidentemente que es así, pero -le repito- con un hilo conductor, porque son compromisos con la Comisión Europea que teníamos que cumplir antes del 31 de
diciembre, es decir, no había otra opción. Y también le digo que no es voluntad de Gobierno la utilización de reales decretos leyes cuando no esté justificada. Me llama mucho la atención una de las críticas que se nos hace habitualmente al
Gobierno -y aprovecho esta ocasión para dar nuestra argumentación- porque hemos aprobado muchos reales decretos leyes. Pues, es que hemos tenido que gestionar una pandemia. (El señor Conde Bajén: Como la de ayer, ayer había pandemia también).
Hemos tenido que gestionar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Hemos tenido... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoría.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Acabo de dar los argumentos de por qué hemos aprobado el real decreto ley del martes. Me gustaría que al menos se me escuchara, no pido que se
compartan los argumentos que doy, pero al menos cuando digo algo espero que se tenga en consideración. No pido más, pero veo que en ocasiones es difícil.


El decreto ley del martes deriva de unos compromisos europeos, deriva de la solicitud del desembolso de 10 000 millones de euros y además también les digo que es un hito histórico el que hemos hecho en la Administración de Justicia, un hito
histórico. Sí, sí, lo digo con todas las letras: histórico es el avance que hemos hecho al agilizar tanto en la tramitación procesal de pleitos como también en la digitalización y modernización del sistema de justicia. Por eso les digo que es un
real decreto ley que estoy seguro de que, en su inmensa mayoría, contará con su apoyo, y lo vamos a tramitar parlamentariamente para que ustedes puedan hacer incorporaciones para mejorar el texto, que serán bienvenidas.


Les estaba hablando sobre esa acusación tan frecuente de que hemos aprobado muchos reales decretos leyes. Si uno piensa cómo hemos gobernado en la última legislatura y los retos a los que hemos tenido que enfrentarnos -primero, la pandemia;
luego, las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también, el volcán en la isla de La Palma-, ¿cómo quieren ustedes que gestionemos una pandemia o las consecuencias económicas y sociales de una guerra? (Rumores.-Un señor diputado: Un
poco de respeto, ¿no?). ¿De verdad que quieren que lo hagamos con una tramitación parlamentaria y que transcurran unos meses? ¿Y en ese ínterin? ¡Pero si sacábamos los decretos leyes y ustedes, la derecha y la ultraderecha, nos decían que
habíamos tardado, cuando sacábamos reales decretos leyes

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por urgente necesidad y los aprobábamos en el Gobierno! Es decir, esa crítica que nos hacen ustedes sinceramente no tiene mucha base. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, les recuerdo que no están en el uso de la palabra, les pido respeto al compareciente.


Gracias.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señor presidente.


Voy a responder a la diputada Vallugera. No tenemos una visión directa. (La señora Vallugera Balañá se cambia de sitio). Ahora ya la tenemos. Le agradezco los deseos que manifestaba sobre mi mandato como ministro de Presidencia, Justicia
y Relaciones con las Cortes. Al igual que ha hecho el diputado Iñarritu, usted me hablaba en su caso del uso del catalán en la Administración de Justicia catalana, y, efectivamente, es una competencia que está transferida en Cataluña.


Le respondía antes al diputado de Junts de algunas cuestiones referidas en su intervención que tenían que ver con conversaciones que hemos tenido con Junts, y ahora le reitero un compromiso que tenemos con Esquerra Republicana de Catalunya,
que es el de la tramitación de la que hemos llamado la ley de lenguas o la ley de garantías del uso de las lenguas cooficiales. Esa ley -que tenemos el compromiso de impulsar y que la impulsaremos conjuntamente- podrá dar solución a algunas de las
cuestiones que usted plantea. Pero también le digo que en este momento no es un requisito hablar catalán, pero sí es un mérito, como pasa en todas las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial. Las personas que se presentan a las
oposiciones, a la judicatura, a la carrera fiscal, pueden hacer un examen de idioma. Es verdad que pueden hacerlo una vez que han aprobado la oposición, pero ese examen de idioma a las personas que conozcan la lengua cooficial les supone subir nota
y, por tanto, tener acceso a mejores destinos o mejores posiciones en el escalafón. Por tanto, es una fórmula también para reforzar lo que es un mérito, con la posibilidad de que luego los opositores que ya hayan superado el proceso puedan tener
una posición mejor en determinados destinos que tienen que ver con la utilización de esa lengua cooficial, porque a lo que aspiramos desde el Gobierno -desde luego a lo que aspiro yo- es a que la utilización de las lenguas cooficiales en nuestro
país sea de una normalidad absoluta y que, como es lógico, en Cataluña se utilice el castellano y el catalán y que en Euskadi se utilice el euskera con toda normalidad, aspiramos a que las administraciones apoyen algo tan básico como es esto.


Usted hacía alguna referencia al real decreto ley con los distintos temas. Creo que lo que he respondido anteriormente ya puede dar respuesta a sus comentarios.


Me hablaba del problema de la mutualidad de los abogados. Fíjese si conozco el tema que soy afectado directo porque yo soy abogado -fui abogado, porque ahora tengo otro oficio- y, por tanto, soy mutualista de la abogacía, y conozco
perfectamente el asunto; y también le digo que tiene una solución compleja. No voy a plantear aquí soluciones mágicas, eso lo dejo a otros grupos, que siempre tienen una solución mágica y una solución sencilla para problemas muy complejos. Pero
sí puedo decir que es un tema que se está encarando, se está hablando al respecto con el Ministerio de Seguridad Social y vamos a ver si conseguimos una solución para un problema que efectivamente afecta a miles, a decenas de miles de abogados y de
abogadas en nuestro país, y no solo de abogados y abogadas.


Con la ley de trata tiene nuestro compromiso, la vamos a impulsar, vamos a ir de la mano del Ministerio de Igualdad. Es una ley que garantiza derechos fundamentales y que intenta acabar con una lacra inaceptable para una democracia, que
afecta sobre todo a mujeres porque el mayor número de casos de trata con fines de explotación sexual implica a mujeres. Una democracia como la nuestra, la democracia española, no puede aceptar este tipo de casos y, por tanto, desde el Poder
Legislativo y desde el Poder Ejecutivo estoy convencido de que también ahí encontraremos un gran consenso para poder afrontar este problema.


Me habla -y ha sido también usted la primera, pero luego ha habido otros comparecientes- de la infrafinanciación de la justicia, de los retrasos. Comparto que la justicia se ha de financiar, reconozco -aunque no sea una cuestión que se me
pueda imputar a mí porque llevo treinta días en el cargo- que es verdad que la justicia no ha sido prioritaria para gobiernos anteriores, gobiernos de distinto signo político. Creo que no ha sido prioritaria, siempre ha habido otras cuestiones
políticas más prioritarias y el hecho de que no sea prioritaria tiene un reflejo directo en los presupuestos. Las prioridades son la literatura, pero las matemáticas son los presupuestos. Creo que vamos a ser capaces de revertirlo, vamos a lograr
que tenga una financiación adecuada; los fondos europeos están teniendo un impacto muy

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positivo y muy transformador en la Administración de Justicia. Los 10 000 millones de euros que hemos solicitado al hilo de la aprobación de este real decreto ley también van a ir en ese sentido y, por tanto, yo estoy seguro de que con la
aprobación del real decreto ley, las leyes de eficiencia digital, la parte de la ley de eficiencia procesal y los fondos europeos -ese real decreto ley lo engloba todo- vamos a ser capaces de que sea más ágil y de que la inversión y la financiación
de la justicia, que tiene que ser adecuada, sea más quirúrgica y podamos ir a financiar cuestiones donde se necesita. Y, por tanto, con esta ley se solucionarán otras cuestiones y serán más fáciles de gestionar.


Plantea usted alguna una duda sobre lo que yo he llamado la justicia de los cuidados y la posibilidad de que los grupos políticos de la derecha y la ultraderecha puedan ridiculizarla. (La señora Moro Almaraz: La derecha, no). Pues mire,
me dice la portavoz del Grupo Popular que no y me alegro enormemente de que eso sea así y, por tanto, estoy seguro de que tampoco el Grupo VOX lo hará, porque la justicia de los cuidados es acompañar y proteger a menores, a personas con
discapacidad, a personas de edad avanzada y a víctimas. No encuentro ningún motivo para que nadie pueda ridiculizar lo que llamamos la justicia de los cuidados, y también -quizá es un deseo de buena voluntad que expreso en esta Comisión- no
quisiera que eso ocurriera, porque realmente no diría mucho de los valores de la persona que intentara ridiculizar una expresión con la que lo que intentamos es -como tantas veces en la vida- resumir en unas pocas palabras algo que es mucho más
amplio. La justicia con mayúsculas es la que defiende y protege derechos y también la que protege a las personas con mayores vulnerabilidades, como son las que he mencionado.


Por último, me hablaba de la LECRIM y de si va a estar la ley de defensa. La ley de defensa es una ley independiente de la LECRIM, y así la vamos a tramitar.


Respondo ahora a la intervención del señor Legarda, el portavoz del PNV, que ya se ha reincorporado después de votar. Seguro que ha votado correctamente, así se lo deseo y estoy seguro de que ha sido así. Le agradezco la suerte que me
desea y estoy seguro de que contaremos con el PNV también en esta travesía y en esta legislatura.


Hablaba de nuevo del real decreto ley. No ha estado usted en las intervenciones precedentes en respuesta a otras intervenciones que se han producido. Explicaba por qué hemos aprobado un real decreto ley: porque eran compromisos con la
Comisión Europea, porque antes del 31 de diciembre tenían que estar en vigor y porque además eso desatascaba el desembolso de 10 000 millones de euros y, además, conseguimos una normativa que va a lograr que nuestra justicia sea más ágil, más
moderna, más digital y, por tanto, más del siglo XXI.


También le he aclarado a algún portavoz parlamentario -y se lo aclaro a usted también, que me lo preguntaba- que vamos a hacer tramitación parlamentaria del real decreto ley para que ustedes aporten cualquier mejora. Es un real decreto ley
que debiera contar con un consenso muy amplio en la Cámara. Es verdad que es muy amplio, no creo que nadie pueda cuestionar los avances en materia de Función pública, los avances con municipios o en materia de justicia o incluso en el mecenazgo,
que tan solicitado estaba por el sector cultural. En el decreto ley va casi en su totalidad la ley de eficiencia digital, va una parte de la ley de eficiencia procesal -la parte que estaba comprometida con Europa-, pero no va la ley de eficiencia
organizativa por varias razones: primero, porque es una ley orgánica y, segundo, porque no estaba comprometida con la Comisión. Por tanto, eso será un proyecto de ley del Gobierno, no una proposición de ley de los grupos. También está muy
avanzada, ya fue informada. Saben ustedes que hay algunas leyes, como ha pasado con la ley de representación paritaria de hombres y mujeres -que será de aplicación tanto en la Administración como en empresas-, que se aprobó en Consejo de Ministros
en primera vuelta, pasó por los informes preceptivos, se aprobó en segunda vuelta, vino a tramitación parlamentaria y ahí la legislatura se agotó y, por tanto, decayó. En este caso prácticamente no se ha cambiado el texto, es casi idéntico, y, por
tanto, no es necesario pedir informes preceptivos otra vez, se aprueba en Consejo de Ministros en única vuelta y, como se aprueba en única vuelta, por eso ya tienen ustedes aquí la ley para la tramitación parlamentaria.


Con la ley de eficiencia organizativa, mi idea inicial es que pase lo mismo, que cojamos los trabajos que ya estaban tan avanzados y en ese contexto lo aprobemos en única vuelta en el Consejo de Ministros. Pero sí le digo que si, como
consecuencia de la inclusión de algunas enmiendas o algunas aportaciones que hayan hecho los grupos, hubiera variaciones sustanciales de la ley, entonces tendrá que ir a dos vueltas en Consejo de Ministros y tendrá que pasar de nuevo por informes
preceptivos, porque no podemos hurtar los informes preceptivos sobre ningún aspecto de la ley. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer.

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Me preguntaba también por la ley orgánica del secreto profesional, vinculado a los profesionales de la información. Aquí hay un elemento novedoso, nosotros siempre hemos sido partidarios de hacerlo con consenso; había un consenso muy
amplio de los profesionales de la información y por eso lo incluimos como enmienda. Es verdad que hubo ciertas resistencias en la tramitación parlamentaria por parte del Partido Popular y VOX, que yo deseo que se superen, y no habría ningún
problema en hacer una ley orgánica específicamente para esto, si bien ahora la novedad es la Directiva anti-SLAPP que se acaba de pactar en Bruselas, que es una de las que hacía mención en mi primera intervención. Esta directiva de protección de
periodistas que hacen su labor, de activistas, de personas que hacen un activismo político puede tener influencia en esta ley orgánica y, por tanto, podría servir para trasponerla en todo o en parte. Esa es la novedad que puedo contarle y, a partir
de ahí, lo estudiaremos por los servicios técnicos, tomaremos una decisión y ustedes la conocerán.


Me preguntaba también sobre la mediación. En la ley de eficiencia organizativa va a ir la mediación civil, no a la contencioso-administrativa ni a la penal; a la civil. Me resulta interesante que abramos la puerta de la mediación en el
ámbito contencioso administrativo y en el ámbito penal, pero creo que hay que estudiarlo y ver cómo funciona en el ámbito civil y a partir de ahí recoger frutos y conocer la experiencia, saber si ha funcionado con eficacia o si realmente tiene algún
tipo de laguna. Entonces podremos plantearnos si caben algunos procedimientos de mediación en lo penal o en lo contencioso administrativo, con la dificultad previa de que no es derecho privado; estamos hablando de intereses, de administraciones
públicas, del derecho penal, en ocasiones de delitos perseguibles de oficio. En fin, veo interesante y sugerente la petición que usted hace, pero tenemos que estudiarlo y ver hasta dónde llega.


En cuanto a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que planteaba usted, y a si nosotros estamos abiertos a la propuesta que ha hecho el presidente del Consejo en funciones por suplencia -el señor Guilarte-, puedo decirle que
yo he pactado con el Partido Popular tres veces la renovación del Consejo General del Poder Judicial y tres veces se han echado atrás en el último momento. Sigo abierto a cualquier propuesta que pueda servir para desbloquear la renovación del
Consejo. Estoy diciendo desbloquear porque doy por hecho que hay un bloqueo, sinceramente, pero ahora hablaremos, en la respuesta que le dé a su intervención. Pero ya le digo, me parece la excusa definitiva para el Partido Popular decir que no hay
bloqueo, que todo está bien en el Consejo del Poder Judicial, es la excusa definitiva, la han encontrado ustedes. Estamos dispuestos a estudiar la propuesta del presidente en funciones del Consejo, porque cualquier fórmula que sirva para
desbloquear la renovación del Consejo y para que se devuelvan la normalidad institucional y el prestigio al Consejo del Poder Judicial, cualquier fórmula -insisto- será estudiada por este ministro y por este Gobierno.


Termino con esto de responder a los temas por los que me ha preguntado, creo que estoy yendo prácticamente punto por punto con todos ustedes.


Ahora paso a responder al señor Santiago, del Grupo Parlamentario SUMAR. Coincidimos en las prioridades: el acceso a la justicia, la defensa de los derechos fundamentales, la renovación del Consejo, la justicia gratuita, el plan Justicia
2030, la tramitación de leyes conjuntamente. Es lógico porque somos dos fuerzas políticas que estamos gobernando en coalición, por tanto, sin ser ni mucho menos idénticas, sí tenemos intereses y prioridades que son compartidos. Por eso creo que
vamos a trabajar de manera intensa, como hicimos en la anterior legislatura.


Le preocupaba a usted la ley orgánica del secreto profesional de los periodistas. Creo que he respondido en mi respuesta a otro diputado. Y hablaba largo y tendido -con algunas afirmaciones que usted ha hecho que comparto plenamente y
otras, menos- sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la ley orgánica, y le voy a decir públicamente lo que he tenido oportunidad de decirle en alguna ocasión en privado: nosotros, el Gobierno de España, el Grupo Parlamentario
Socialista y desde luego yo como ministro no vamos a rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así se lo trasladé al comisario de Justicia de la Unión y también se lo trasladé a la vicepresidenta de la
Unión. Por este asunto me preguntaron ambos, yo se lo aclaré y agradecieron mucho que el Gobierno de España no tenga entre sus planes rebajar las mayorías para que se pueda renovar con mayoría absoluta. Creo que es una garantía para la
independencia judicial y para el Poder Judicial que haya una mayoría reforzada, aunque evidentemente tiene la contraindicación de que, mientras el Partido Popular se mantiene en lo que ellos denominan un no bloqueo de la renovación del Consejo,
llevamos más de cinco años con el Consejo bloqueado. Pero le voy a contar mi plan, mi plan es dialogar, es llegar a un acuerdo, mi plan es que el Partido Popular cumpla la Constitución y cumpla la ley y renovemos el Consejo. Y mañana hay una gran
oportunidad en la reunión del presidente del Gobierno con

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el señor Feijóo, desde luego una oportunidad que no se puede rechazar. Recuerdo manifestaciones incluso del señor Feijóo y de su nuevo equipo directivo, cuando llegaron a la Presidencia del Partido Popular en abril de 2022, diciendo que
renovarían el Consejo, que no tardarían mucho, que era una anormalidad que no se hubiera renovado antes, etcétera. Era otro señor Feijóo -me temo- y era otro Partido Popular, que todavía no había sido atrapado por elementos más extremistas, pero yo
espero que se vuelva a aquellos deseos primigenios del señor Feijóo y del Partido Popular de renovar el Consejo cuanto antes, porque sinceramente un incumplimiento como este les debería avergonzar. Al Partido Popular le debería avergonzar llevar
más de cinco años bloqueando la renovación del Consejo General Poder Judicial.


Por tanto, señor Santiago, claro que me preocupa el desprestigio del Consejo General del Poder Judicial. Se lo digo con toda claridad, es un desprestigio básicamente causado por unos vocales que han dejado ya de intentar de ser siquiera
unas personas imparciales y un órgano de Gobierno de un poder del Estado, y son unos vocales -en particular ocho- que lo que están haciendo es claramente oposición al Gobierno, de tal manera que ni ellos se molestan en intentar que parezca que son
el órgano de Gobierno del Poder Judicial, sino que claramente están haciendo oposición, y ese desprestigio que ellos mismos se están autoinfligiendo, también se lo están infligiendo al órgano de Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial. Es
uno de los problemas que afrontamos en esta legislatura y yo espero que, con la renovación, se recupere por completo el prestigio del Consejo General del Poder Judicial. Porque es verdad que estos vocales, parte de la mayoría conservadora del
Consejo, con demasiada frecuencia se extralimitan en las funciones que tiene el Consejo, emiten comunicados e informes que nadie les ha pedido y que el Consejo no tiene ninguna competencia para emitir, pero en ocasiones hacen dejación de otras
funciones que sí les competen y a las que sí les obliga la ley. Por tanto, ese desprestigio que están causando estos vocales conservadores en el Consejo General Poder Judicial, espero que se supere cuanto antes, en cuanto se renueve el Consejo
General del Poder Judicial.


Ahora, termino con mis dos intervenciones favoritas, la de VOX y la del Partido Popular. Siempre le dan ustedes color a estas intervenciones y, efectivamente, si de eso se trata, lo han conseguido. Luego hablaremos de cosas en las que no
coincidimos y que no compartimos, señor Ortega Smith, pero también ha habido asuntos en los que coincidimos usted y yo. (El señor Ortega Smith-Molina: ¡Qué horror!). Veo por su cara que le sorprende; a mí también me sorprende. No se preocupe,
es bueno que coincidamos, tenemos muchas cosas en común. Estoy convencido de que cuando le diga que coincido con usted en que la justicia necesita más financiación, más funcionarios, más tecnología y más turno de oficio... (El señor Ortega
Smith-Molina: He dicho lo contrario). ¿Ha dicho lo contrario? Pues entonces, adiós a la preocupación. Bien, estamos en desacuerdo, pues ya todos tranquilos; el señor Ortega Smith y yo estamos en desacuerdo. Pensé que usted quería más
financiación para la justicia, pero no, quiere ahogar a la justicia. (El señor Ortega Smith-Molina: ¡Cómo manipula!). Pensé que usted quería más funcionarios para la justicia. No, quiere que tenga menos funcionarios. Pensé que quería más
tecnología. No, usted quiere legajos y los juzgados llenos de papeles hasta arriba. Bien, pues fenomenal, eso es VOX, eso es la ultraderecha, que es volver al siglo XIX. Todo en orden, señor Ortega Smith, todo en orden. También estamos de
acuerdo -espero que en esto sí- en el respeto a la independencia judicial. (El señor Ortega Smith-Molina: Respetamos). ¿Ve cómo tenemos cosas en común y cosas en las que estamos de acuerdo? Usted y yo respetamos la independencia judicial, y
estoy seguro... (El señor Ortega Smith-Molina pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Señor Ortega, por favor, guarde silencio. Si el resto de los diputados lo hace, usted creo que también puede conseguirlo. (El señor Ortega Smith-Molina pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Santiago Romero:
¡Maleducado!).


Señor Ortega, no está en el uso de la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): A mí me gustan los debates vivos, quizá no los rostros amenazantes hacia otros diputados de otros grupos. (El señor Ortega Smith-Molina pronuncia
palabras que no se perciben).


Si me lo permite, por eso de que tengo el turno de palabra, continuaré con ella, pero como usted vea, porque hoy no es mi mejor día para seguir hablando. Me alegro mucho de coincidir con usted en el respeto a la independencia judicial y,
por tanto, cuento con usted cuando alguien trate de hacer alguna injerencia en el Poder Judicial, porque hay gente que tiene la mano muy larga y lo intenta. Cuento con

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usted para defender la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces y magistrados en nuestro país. Cuento con usted y cuento con ustedes.


Habla usted de lo que dice la Constitución sobre la forma de elegir los vocales de extracción judicial del Consejo del Poder Judicial, los doce vocales. Dice usted una cosa, que es así, y es que, de los veinte vocales, doce han de ser
jueces, pero el resto se lo inventa. (El señor Ortega Smith-Molina hace gestos negativos). La Constitución no dice ni mucho menos lo que usted dice. De hecho, fíjese, llevamos desde el año 1985 con ese modelo, un modelo que ha formado parte de
pactos de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Les voy a recordar algo que viene al hilo de este tema. El modelo actual para renovar el Consejo General del Poder Judicial y para la elección de los vocales del Consejo deriva de
un pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista del año 2001, en el que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta y el Partido Socialista era oposición. Ahí se pactó el modelo de elección de los vocales del Consejo. Ese
modelo se reformó en el año 2013, también con un pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista; también gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta. Esa ley, que se pactó entre el PP y el PSOE, siendo el Partido Popular
Gobierno y teniendo mayoría absoluta en la Cámara, es la ley que ustedes no cumplen porque no les gusta. Imagínese que esto lo hace un ciudadano. (El señor Conde Bajén: Los de CiU). Imagínese que un ciudadano o ciudadana de nuestro país dice:
no, yo esa ley no la voy a cumplir porque no me gusta, cuando se reforme la cumpliré. Imagínese que lo hiciera un ciudadano ante cualquier Administración. Pues eso es lo que hace el Partido Popular, incumplir una ley abiertamente diciendo que no
le gusta y que la quiere reformar, una ley que pactó el Partido Popular con el Partido Socialista en 2001 y en 2013. Imagínese la gravedad de la actuación del Partido Popular. Por cierto, el señor Conde, que interviene también sin tener el uso de
la palabra -como usted puede ver, presidente, a mí el debate vivo me encanta- tuvo una intervención en esta Comisión defendiendo ese modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, expresamente lo dijo en esta Comisión,
siendo diputado del Partido Popular. (Aplausos). Esa ley, que defendía con tanto ardor en aquel momento el señor Conde, hoy ustedes la incumplen abiertamente diciendo que no les gusta. Ya, ya lo veo por sus caras. Si es normal que se avergüencen
de lo que están haciendo: no renovar el Consejo, no cumplir la ley, no cumplir la Constitución. Es normal que estén ustedes enrojecidos ante esta actuación. (La señora Moro Almaraz: Es el calor). Es normal y, por tanto, comprendo sus rostros de
absoluta vergüenza. (Rumores).


Vuelvo con usted, señor Ortega Smith. Me dice usted que yo tengo los tres poderes. Me da un poco de pudor preguntarle: ¿usted cree que yo dicto sentencias? ¿Usted cree que yo apruebo leyes? Es una evidencia tal que le ruego que no diga
demasiados disparates (el señor Ortega Smith-Molina: Es peor), porque decir esto es decir algo absolutamente alejado de la realidad. El ministro de Justicia, como es lógico y como ha sido siempre, como el de Presidencia, como el de Relaciones con
las Cortes, ministerio que tengo el honor de dirigir, es el Poder Ejecutivo, mantiene las relaciones del Poder Ejecutivo tanto con el Parlamento, con las Cortes Generales, como con el Poder Judicial y, obviamente, como ministro de Justicia lo que
hace es cumplir las competencias que tiene atribuidas, que la mayor parte de ellas son del Consejo General del Poder Judicial, y que es verdad que tiene unas competencias muy superiores a las que tienen órganos análogos en otros países de nuestro
entorno europeo.


También, señor Ortega Smith -y es la parte favorita de su intervención-, me habla usted del golpe de Estado y de la dictadura en la que estamos. Señor Ortega Smith. ¿usted cree que, si esto fuera una dictadura, un diputado de VOX le diría
a un ministro del Gobierno de España las cosas que me ha dicho usted a mí? (Aplausos). ¿Usted lo cree? ¡Pero cómo dicen esas cosas! (El señor Ortega Smith-Molina: Todo llegará). Ah, ¿todo llegará? O sea, que usted es futurólogo. Muy bien,
señor Ortega Smith, pues le ruego que, cuando ese futuro se produzca, haga usted las declaraciones que correspondan, pero nos está usted acusando de un golpe de Estado y de una dictadura, ustedes, los de VOX y la ultraderecha, que dicen que somos el
peor Gobierno de los últimos ochenta años. Por tanto, le pregunto: ¿los gobiernos previos al año 1975, desde el año 1939 al año 1975, eran mejores gobiernos que el nuestro? (El señor Ortega Smith-Molina: Los de la República, sí).


El señor PRESIDENTE: Señor Ortega, no está en el uso de la palabra. Es la última vez que le pido que guarde silencio. (El señor Ortega Smith-Molina: Pues que no me pregunte. ¿Qué quiere? ¿Que no le responda a un ministro?).


Puede continuar, señor ministro. (El señor Ortega Smith-Molina: Entonces, ¿le respondo o no?).


Señor Ortega, no está en el uso de la palabra, no se lo vuelvo a repetir.


Gracias.

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El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Señor Ortega Smith, su intervención -como son todas las de su partido, por tanto, usted no es una excepción- es una mezcla de falsedades, de
ficciones, de exageraciones, de mentiras, de pronósticos de futuro, etcétera. Le tengo que decir, señor Ortega Smith, que su discurso ha sido simple y llanamente grotesco.


Usted ha hecho referencia a mi reunión con el comisario europeo. Como es costumbre en su casa, en la casa de VOX, se inventa lo que dijo el comisario europeo, se inventa lo que dije yo y se inventa todo. Todo lo que ha dicho sobre mi
reunión con el comisario europeo -fíjese, no dejo nada fuera- es falso, todo, de principio a fin, todo. Le digo que hicimos una comparecencia de prensa juntos el comisario Reynders y yo, donde dijimos que la Comisión Europea y el Gobierno de España
teníamos posiciones comunes, posiciones alineadas. ¿Y saben lo que dijo? Que la preocupación de la Comisión Europea es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que eso les preocupa y que se ha de abordar de manera urgente. Por
tanto, le ruego que revise esa rueda de prensa, que la escuche y que no cuenten mentiras, que cuenten lo que allí se dijo por el comisario y por mí mismo.


A partir de ahí, su intervención ha entrado en una espiral disparatada de descalificaciones a algunos jueces que no le gustan a usted. Yo voy a defender la profesionalidad y el rigor de los jueces. Voy a defender a los jueces que han sido
mencionados en esta Cámara y voy a defender la profesionalidad y la integridad del señor Marchena, del señor Llarena y de la señora Espejel, y también del señor Conde-Pumpido y del señor Campo. (Aplausos). Voy a defender la integridad de todos los
jueces y magistrados de nuestro país, estén en el orden jurisdiccional o estén en el Constitucional, no como hace usted. Porque usted claramente está descalificando a jueces que no le gustan, y yo defiendo a todos los jueces para que hagan su
función. Por tanto, lo que usted pone en boca de otros, lo practica, y le ruego que se abstenga de descalificar a jueces y magistrados de nuestro país. Se lo ruego, y es lo mismo que pido a cualquier otro grupo.


Por último, en ese camino delirante que ha sido su intervención, ha acabado diciendo que, como estamos en una dictadura, lo próximo será ilegalizar partidos. Y esto me lo dice usted, que es el representante de VOX, que en su programa
electoral dicen que quieren ilegalizar partidos políticos en España, porque no coinciden con sus ideas. (Aplausos). Decía antes que su discurso ha sido grotesco. Ha sido grotesco, pero también ha sido muchas otras cosas, porque ha sido
bochornoso. Si algo tiene acreditado el Partido Socialista, es ser un partido profundamente democrático, que llega a acuerdos con formaciones políticas muy diferentes. En la legislatura anterior hemos llegado a acuerdos con todos los grupos
políticos de la Cámara en distintas materias, excepto con ustedes, con la ultraderecha. Pero es que el Partido Socialista, con los herederos de la Dictadura (el señor Ortega Smith-Molina: De la ETA), hizo la Transición, hizo la Ley de Amnistía del
año 1977 y construyó la Constitución, con los mismos que durante cuarenta años estuvieron oprimiendo a personas solo por el terrible delito de ser de izquierdas o ser socialistas, y también con esa gente tan distinta llegamos a un acuerdo para que
España fuera una democracia. Por tanto, no utilice la falacia en su discurso para acusarnos de cosas que usted sabe que no van a ocurrir. No sé por qué a usted y a su grupo les llama tanto la atención intentar aterrorizar al pueblo español.
Llevan ustedes cuarenta y cinco años diciendo que España se rompe, que la Constitución está en riesgo, que la separación de poderes está en entredicho. Oiga, que no les cree nadie, señor Ortega Smith, que no les cree nadie, que España es una
democracia plena. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el Gobierno de Pedro Sánchez, que inició su trabajo en el año 2018, el día que dejemos de ser Gobierno va a dejar una España mejor, una España con mejor convivencia, con más derechos y con más
avances, una España más moderna, una España más europea, una España más feminista, una España más solidaria, más justa, más libre; una España que a ustedes no les gustará, pero que será una mejor España.


Para terminar, la frase final de su intervención ha sido como lo arreglan ustedes todo, que es amenazando al Gobierno con encarcelarnos. Pues lo siento mucho, pero no lo van a conseguir. Lo siento mucho. Ya sé que a usted le gustaría
encarcelarnos. (El señor Ortega Smith-Molina hace gestos afirmativos). ¿Lo ve? Con su cabeza asiente. Al señor Ortega Smith y a VOX les gustaría encarcelar al Gobierno de España. Muy democrático; el señor que nos acusa de intentar implantar
una dictadura. Es así de patético lo que usted dice, es que es todo muy bochornoso, muy lamentable, muy grotesco, es que no tengo otras palabras para referirme a su intervención. Pues, mire, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando
nuestra democracia, vamos a seguir mejorando nuestro país. Seguro que cometeremos errores, pero ya le digo que trabajaremos por una España más libre, más justa y más solidaria. (El señor Ortega Smith-Molina: No se lo cree ni él).

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Por último, me refiero a su intervención, señora Moro, portavoz del Partido Popular. Inicia su intervención refiriéndose al real decreto ley que aprobamos el martes pasado en Consejo de Ministros, y que vendrá a convalidación, entiendo que
ya en el mes de enero. Usted es crítica con algunas de las cuestiones del real decreto ley, aunque estoy seguro de que usted quiere que el Gobierno de España y el reino de España cumplan con sus compromisos con la Comisión Europea. Estoy seguro de
que usted quiere que el Gobierno de España, el Tesoro público reciba 10 000 millones de euros de desembolso de fondos europeos; estoy seguro. Y estoy seguro de que, si ustedes tuvieran alguna duda sobre algún artículo o alguna crítica general o
particular sobre el real decreto ley, me lo hubiera dicho en su intervención, cosa que no ha hecho. Por eso, yo le pregunto: ¿tienen ustedes algún cuestionamiento sobre algún artículo? Y fíjese en que es bastante voluminoso el real decreto ley.
¿Están ustedes en contra de algún artículo, en contra de alguna parte del real decreto ley? Porque, si fuera así, le animo a que en tramitación parlamentaria lo trabajemos conjuntamente. Los animo a que convalidamos el real decreto ley, también
con el voto favorable del Partido Popular, porque no tendría sentido que votaran en contra, porque ¿votarían en contra de qué? ¿De que recibamos fondos europeos, de que cumplamos con Europa, de que agilicemos la justicia? No tendría ningún
sentido. Por eso, le pido que, si tienen alguna cuestión -y entiendo que es un decreto ley voluminoso-, la trabajemos con el resto de los grupos parlamentarios para intentar mejorar el texto. Pero también le digo que es una ley -lo he dicho ya en
alguna ocasión anterior- que viene muy trabajada, incluso se han incorporado enmiendas que en Ponencia o en Comisión ya se habían trabajado en esta Cámara. Por tanto, digamos que también este real decreto ley se ha acogido a la voluntad del Poder
Legislativo.


Me ha hablado usted de los tres poderes, con lo cual podría decirle lo mismo que al señor Ortega Smith. ¿Usted cree que yo dicto sentencias? ¿Usted cree que yo apruebo leyes? Es evidente que no, por tanto, es una crítica bastante
ridícula. Por cierto, hay muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular que tienen consejeros de Presidencia y Justicia. Imagino que eso estará bien y que en mi ministerio estará mal; imagino.


Ha vertido usted críticas sobre el equipo del ministerio. Yo voy a defender al equipo del ministerio, y no solo lo defiendo con palabras, que también, sino lo defiendo con hechos, porque el nuevo secretario de Estado y la nueva secretaria
general son personas que venían ya prestando servicios en el ministerio, que conocen bien la casa y que han trabajado con mucha profesionalidad, mucho rigor y conocen bien los problemas a los que se enfrenta el Ministerio de Justicia. Pero también
voy a defender a los funcionarios. En Justicia se ha hecho muy buen trabajo en los últimos años, se han abordado distintos conflictos con diferentes profesionales de la Administración de Justicia y se han ido solucionando. Sí, hay algunos que
tenemos abiertos y, por eso, ayer mismo el secretario de Estado se reunió con los sindicatos, y de ahí se van a articular foros de diálogo, mesas de trabajo, reuniones bilaterales y multilaterales para ir avanzando en cuestiones que, efectivamente,
todavía se pueden mejorar. Ayer se iniciaron las reuniones. El secretario de Estado cuenta con todo mi respaldo para llevar a cabo este diálogo, y también vamos a resolver ese conflicto que afecta a los cuerpos generales y especiales de la
Administración General del Estado.


Me pregunta usted de manera muy directa: ¿se va a ocupar usted de la justicia? Pues, mire, no solo me voy a ocupar, es que ya me estoy ocupando de la justicia. Desde luego, en el último mes estoy dedicando el mayor tiempo de mi vida
profesional a la justicia y lo voy a seguir haciendo así, porque la justicia tiene algunos problemas, algunos de responsabilidad exclusivamente suya, del Partido Popular, pero tiene otros, y voy a empeñarme en resolver esos problemas y dejar la
Administración de Justicia, el servicio público de la justicia en mejor situación de la que me lo he encontrado.


Me acusa usted de que no defiendo a los jueces y magistrados de este país. Después de las manifestaciones que he vuelto a hacer hoy aquí en esta Comisión, espero que desde el Partido Popular no lo hagan ustedes más. No sé si tengo mucha
esperanza de que no lo hagan, porque con ustedes, en ocasiones, la verdad va por un lado y ustedes van por otro, pero creo que las manifestaciones que hago en defensa de la integridad, de la imparcialidad y de la independencia de los jueces y
magistrados de este país son tan claras que el que ustedes digan lo contrario resulta un poquito chocante.


Se queja usted de las declaraciones que han hecho otros representantes políticos en relación con los jueces y magistrados, y se queja usted con razón, pero es que también ha habido declaraciones muy graves por parte del Partido Popular, con
nombres y apellidos, acusando de delitos muy graves. En concreto, un senador del Partido Popular habló, con nombres y apellidos, de un juez al que atacó. Posteriormente, pasada una semana, el senador Monago se disculpó. Pero le voy a decir una
cosa, durante esa semana en la que no se disculpó el senador Monago, el silencio del Partido Popular en las

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acusaciones al juez de Prada fue un silencio atronador, atronador. Yo tengo la conciencia tranquila porque defiendo a todos los jueces, tengan la sensibilidad que tengan. Defiendo a todos los jueces y magistrados, y su imparcialidad y su
independencia. Pero ustedes, cuando se ataca a determinados jueces, no lo hacen de la misma manera. Por eso, voy a defender al Poder Judicial, también del Partido Popular, de sus descalificaciones y de sus intentos de injerencia, que nos
conocemos, que los conocemos. (La señora Moro Almaraz: No). Los conocemos mucho, los conocemos bien y, por eso, voy a defender a la magistratura y a la judicatura española de todo eso.


También habla usted de las comisiones de investigación que se han aprobado por este Parlamento, comisiones de investigación que estaremos de acuerdo en que son muy frecuentes en este Parlamento y que muchas se han producido sobre cuestiones
que estaban judicializadas. Siempre recuerdo la Comisión del 11-M, sobre el atentado más grave que ha sufrido España, que también tuvo una comisión de investigación. ¿Y por qué? Porque tiene ámbitos diferentes. Ustedes, el Partido Popular, que
alegan mucho la Constitución, igual conviene que se la lean en algún momento, porque el artículo 76 de la Constitución define claramente las competencias de una comisión de investigación parlamentaria: que no se pueden revisar resoluciones
judiciales y que no vincula a los tribunales. Y también está regulado en el Reglamento de la Cámara. Pues así van a ser esas comisiones de investigación, con sujeción estricta a lo que dice la Constitución, el Reglamento de la Cámara y la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Sinceramente, ustedes ahí hacen una crítica que no se corresponde con la realidad.


Abordo ahora mi parte preferida de su intervención, cuando usted ha afirmado que no hay bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. A uno que escucha tantas cosas, pocas ya le sorprenden, pero le tengo que decir que usted me ha
sorprendido, señora Moro. Me ha sorprendido porque que el Partido Popular, que es el bloqueador de la renovación del Consejo del Poder Judicial, diga que no hay bloqueo es la excusa definitiva. Ya tienen ustedes la excusa definitiva para no
desbloquearlo en la vida porque, si ustedes entienden que no hay bloqueo, entonces no hay problema. Todo bien en el Consejo General Poder Judicial, lleva cinco años en funciones; todo bien. Estoy seguro de que no ha sido su afirmación más
correcta y de que usted misma en este momento diría otra cosa, que no lo expresaría en esos términos. Simplemente, llamo de nuevo al Partido Popular a que cumpla una ley que pactamos con ustedes, a que cumpla una ley que se aprobó siendo mayoría
absoluta el Partido Popular, a que cumpla la Constitución y a que renueve el Consejo. Hasta que ustedes no renueven el Consejo, no tienen ninguna credibilidad para ser un partido de Gobierno. Tienen un pecado original que les impide poder hablar
de la Constitución, porque ustedes no la cumplen, y eso es gravísimo en un partido de Gobierno; es gravísimo. Ustedes han gobernado muchos años en España; seguro que en algún momento tienen el apoyo de los ciudadanos para volver a gobernar, pero
es que ustedes no cumplen la Constitución, y eso es gravísimo. Y para no renovarlo -y las tengo contadas, no es un número al azar-, ustedes han puesto treinta excusas hasta hoy. Hoy han puesto la trigésimo primera excusa, que no hay bloqueo; la
definitiva, esa les vale de manera vitalicia. (La señora Moro Almaraz: No). Si tiene interés en ello, le puedo mandar las treinta excusas del Partido Popular para renovar el Consejo. Son vergonzantes, son ridículas, hay de todo y, con el paso
del tiempo, como es lógico, han perdido toda eficacia.


Me acusa usted de poner una vela a Dios y otra al diablo, pero es que los agnósticos no podemos poner velas ni a Dios ni al diablo, y en eso tenemos alguna ventaja los que nos consideramos agnósticos. Y habla usted de la ley de amnistía,
pero omite por completo lo que dice la amnistía y, en concreto, omite usted la exposición de motivos de la ley de amnistía. Claro, ya veo que no les gusta la exposición de motivos. ¿Por qué no les gusta? ¿Porque es un canto a la Constitución y al
Estado de derecho en España? ¿Por eso no les gusta? (Protestas). La exposición de motivos dice cosas muy interesantes. Hubo muchas opiniones sobre la amnistía cuando no se conocía la proposición de ley de amnistía. Son unas opiniones que se
formularon sobre un folio en blanco, porque no se conocía la proposición de ley. Los vocales conservadores del Consejo, por ejemplo, emitieron un informe sobre una proposición de ley que no se conocía. Imagínese qué informe pudieron emitir, pues
lo emitieron extralimitándose en sus funciones, una vez más. En esa proposición de ley, una vez que se conoció su exposición de motivos y su articulado, lo que ha ocurrido es que todas esas opiniones que se manifestaron con anterioridad han
envejecido muy mal. ¿Por qué? Porque la exposición de motivos explica, por ejemplo, que en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, se han aprobado cincuenta y dos amnistías. ¿Me pueden ustedes explicar por qué en España no se puede utilizar una
herramienta tan útil, tan constitucional para superar conflictos? (El señor Ortega Smith-Molina: No para llegar al Gobierno). Ustedes no tienen respuesta a por qué en Alemania, en Bélgica o en Holanda se pueden aprobar amnistías, cuando algunas
tienen una expresa mención en

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la Constitución y en otras constituciones no se menciona, como es el caso de la española. En Alemania y Holanda también ha habido amnistías, amnistías, por cierto, que han amnistiado delitos mucho más graves que los que se están amnistiando
con esta ley y, sobre todo, porque es una ley que lo que va a hacer es, por fin, abrir una nueva etapa en Cataluña de convivencia, de concordia, que hará que superemos un conflicto de una vez por todas. Por eso, los grandes beneficiarios de la ley
de amnistía no van a ser las casi cuatrocientas personas que se ven afectadas, sino la sociedad catalana y la sociedad española en su conjunto. Y eso es una política de Estado, una política para mejorar la convivencia en nuestro país. Por eso, lo
estamos abordando.


También ha hecho usted alguna referencia muy de pasada a algo que están intentando hacer ustedes, el Partido Popular, que es llevar la oposición a Europa. Les voy a decir algo. Esto de intentar llevar a Europa la oposición a la ley de
amnistía no es que les esté saliendo mal, es que les está saliendo rematadamente mal. En el debate que hubo en el Parlamento Europeo intervinieron quince eurodiputados, de los cuales una docena eran españoles. ¿Sabe cuántos eurodiputados había en
el Parlamento Europeo? Menos de una décima parte. El día anterior en el Parlamento Europeo hubo un debate sobre cuál es el mejor envase para el queso camembert, si tiene que ser plástico o maderita. En ese debate en el Parlamento Europeo hubo más
eurodiputados presentes que en su intento de europeizar la oposición a la ley de amnistía. Por eso, les digo que no es que les esté saliendo mal, es que les está saliendo rematadamente mal, porque la preocupación de la Comisión Europea es que se
renueve el Consejo. Y saben perfectamente quién es el único responsable de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial: el Partido Popular. Con esto doy por concluida la respuesta a la intervención del Partido Popular.


Al diputado Aranda, del Grupo Parlamentario Socialista, grupo parlamentario al que yo pertenezco, le agradezco mucho su intervención y su buena disposición. Le agradezco que reconozca nuestro trabajo y que estamos haciendo políticas de
Estado. Le reconozco que no es que no me hayan dado cien días, es que la derecha y la ultraderecha no me han dado ni cien segundos para hacerme oposición, y eso es una realidad. Y le reconozco que el diálogo, el respeto, la colaboración, la
política útil es algo que caracteriza al Grupo Parlamentario Socialista y que caracteriza a este Gobierno.


Con esto termino con las intervenciones, no sin antes desearles a todos ustedes, tanto a los que me hayan escuchado aquí en la sala como a los que están fuera, muy felices fiestas. Disfruten de estos días. Espero que cuando vengamos en
enero veamos con claridad lo que hoy no vemos, y veamos con claridad que hay un Gobierno que tiene cuatro años por delante, que hay una legislatura en la que los españoles nos piden que nos entendamos. Desde luego, ahí les tiendo la mano a todos
ustedes para que lo hagamos en esta legislatura.


Gracias. (Aplausos.- El señor Conde Bajén pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Invocando el artículo 71, porque he sido aludido por el señor ministro, reclamo la posibilidad de contestar a la alusión.


El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señoría.


El señor CONDE BAJÉN: Sí ha lugar, señor presidente. Tiene usted que aplicar el Reglamento, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señoría.


El señor CONDE BAJÉN: He sido aludido por el señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Señoría, no tiene la palabra. Conozco perfectamente mis obligaciones, señoría, y no ha lugar.


Muchas gracias, señor ministro. Una vez concluidas las intervenciones y agradeciendo nuevamente su comparecencia, damos por terminado este punto del orden del día. (El señor Del Valle Rodríguez: Queríamos pedir la palabra para solicitar
una réplica).


Señorías, he dejado claro al inicio de la comparecencia cuál era el procedimiento a seguir, la réplica no está contemplada. Además, atendiendo al transcurso de la comparecencia y, sobre todo, atendiendo a los precedentes parlamentarios de
esta Comisión, no ha lugar a lo solicitado.

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Muchas gracias. (Protestas.-La señora Moro Almaraz: Señor presidente, esto no es lo que usted nos trasladó por escrito y no es lo que nos trasladó la Mesa).


Eso es lo que pone aquí, señora Moro. He dejado clara mi postura, he explicado al inicio de mi intervención el procedimiento a seguir. (Protestas).


Señorías, guarden silencio. (Rumores.-El señor Del Valle Rodríguez: A esto es a lo que nos referíamos. No a la retahíla...).


Señorías, guarden silencio. No me obliguen a llamarles al orden. (El señor Conde Bajén: ¡Qué vergüenza!-El señor Ortega Smith-Molina, muestra un documento: Aquí lo dice).


Damos por concluido este punto del orden del día. Procedemos a realizar un receso para despedir al ministro y dar la bienvenida al nuevo compareciente.


Muchas gracias, señorías. (Pausa).


COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (GARCÍA ORTIZ):


- REMISIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ACERCA DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON ÁLVARO GARCÍA ORTIZ COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y SE COMUNICA
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DICHA PROPUESTA A FIN DE QUE LA CÁMARA PUEDA DISPONER SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 276/000004).


El señor PRESIDENTE: Como sus señorías saben, el siguiente punto, y último, del orden del día de la sesión consiste en la comparecencia de don Álvaro García Ortiz, a los efectos previstos en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. De conformidad con dicho artículo, el Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, comunicará la propuesta de nombramiento de fiscal general del Estado al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda
disponer de la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara -en este caso, la Comisión de Justicia-, en los términos que prevea su Reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del
candidato propuesto. Para dar cumplimiento, por tanto, al procedimiento previsto, la sesión se iniciará con la intervención del compareciente. A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios, de menor a mayor,
comenzando por el Grupo Mixto, por tiempo máximo de diez minutos, cerrando la sesión el compareciente, a quien aprovecho para dar la bienvenida a esta Comisión y cedo la palabra.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.


Es para mí un honor, y lo es de verdad, comparecer de nuevo ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para someter a su valoración, conforme dispone el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los méritos e
idoneidad de quien ha sido propuesto por el Gobierno para renovar su mandato como fiscal general del Estado. Me persono ante ustedes casi un año y medio después de mi anterior comparecencia, el 28 de julio de 2022, toda vez que el artículo 31.2 de
dicho estatuto permite la renovación del mandato del fiscal general cuando hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. La reforma de nuestro estatuto, operado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, introdujo la presente
comparecencia ante el Congreso de los Diputados a fin de someter al escrutinio ciudadano el proyecto del candidato a fiscal general del Estado, sus méritos y su idoneidad para el cargo. Celebro la oportunidad de esta nueva comparecencia ante un
Congreso renovado en su composición, tras la celebración de las elecciones generales del 23 de julio.


Ahorraré a sus señorías las manifestaciones entonces formuladas y que obran en el Diario de Sesiones acerca del fundamento y la naturaleza de una institución capital como es el Ministerio Fiscal; una institución capital para la justicia y
en la que he venido sirviendo desde mi ingreso hace ya más de veinticinco años. Pero, señoras y señores diputados, sí que me detendré en los principios rectores que definen y vertebran al Ministerio Fiscal: los principios de imparcialidad y de
legalidad. Estos principios y no otros son las señas de identidad del ministerio público; legalidad e imparcialidad son y deben seguir siendo los pilares de una fiscalía democrática y respetuosa con el Estado de derecho, tal y como la configuró el
legislador constituyente. La Constitución de 1978 apostó por atribuir al Poder Ejecutivo el

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nombramiento del fiscal general del Estado. Este nombramiento gubernamental en el que, como saben, también intervienen los otros poderes del Estado, no empaña su imparcialidad, su recto desempeño bajo el único mandato de la legalidad, más
aún desde la reforma de nuestro estatuto en el año 2007, que limita las causas de cese del fiscal general, otorgando -otorgándome- mayores cotas de independencia. El fiscal general es, por tanto, el único cargo en cuyo proceso de designación
intervienen los tres poderes del Estado y que culmina con su nombramiento por su majestad el rey. Se puede decir que en este nombramiento participa el Estado en su conjunto.


Pero, es más, la sociedad española debe conocer -y es también labor de los fiscales hacer pedagogía de nuestra institución- que la designación gubernamental del fiscal general del Estado es el sistema usual en la mayor parte de los países
que integran la Unión Europea. El nombramiento por el Gobierno de quien ostenta la dirección del ministerio público se justifica en la voluntad de la carta magna de que a través de esta institución se materialice o se desarrolle, bajo la estricta
sujeción a la ley, la política criminal que nuestra norma suprema encomienda al Gobierno de la nación, en cuanto a parte inescindible de la política interior. Este es el modelo de fiscalía por el que apostaron las Cortes Generales hace ya cuarenta
y cinco años, y que continúa vigente en la actualidad.


Señorías, hago hincapié en los principios de imparcialidad y de legalidad, de sometimiento al ordenamiento jurídico, a la ley y al derecho, objetividad, equidad y ecuanimidad. Estas son nuestras reglas de juego, los principios informadores
de la actuación de cualquier fiscal y, por supuesto, de este fiscal general del Estado que hoy se persona ante ustedes como candidato a ser renovado en el cargo. Señoras y señores diputados, inicio esta alocución parlamentaria con voluntad de
sincera transparencia y franqueza. No comparece aquí ante la sede de la soberanía popular un contrincante político; más al contrario, el fiscal general ostenta la jefatura superior de un órgano integrado en el Poder Judicial que, por imperativo
constitucional y legal, se rige por el principio de imparcialidad. Por ello, reivindico ante ustedes, como representantes que son de la sociedad española, la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado. Reivindico la
defensa de una institución integrada por 2690 fiscales, que diariamente prestan un servicio público en aras a promover la acción de la justicia y procurar la satisfacción del interés social; una institución, un órgano de relevancia constitucional
que actúa y debe actuar -insisto- de forma imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley.


Señorías, en esta sede parlamentaria quiero expresar solemnemente que el fiscal general del Estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales, velador y valedor de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios
de nuestro ordenamiento jurídico, desde una posición de absoluta imparcialidad. Estas palabras que pronuncio no son novedosas. En una carta dirigida el 16 de noviembre a todos los integrantes de la Fiscalía española, defendí explícita y
públicamente la autonomía de los fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas, y lo he reiterado en diferentes ocasiones, siempre en actos propios del Ministerio Fiscal, el
último de ellos ayer mismo con ocasión de la celebración del último Pleno del Consejo Fiscal.


Señoras y señores diputados, las instituciones públicas y quienes temporalmente las dirigimos tenemos un deber inexcusable de imparcialidad en el ejercicio de nuestra función. Es una obligación constitucional y legal, pero también es una
obligación ética y moral; solo así las instituciones democráticas, y desde luego el Ministerio Fiscal, pueden ser baluarte de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía. Es tarea de todos, señorías, ahuyentar la desconfianza de las
ciudadanas y los ciudadanos en sus propias instituciones; unas instituciones públicas, legítimas y siempre neutrales, nunca partidistas. Puedo decirlo más alto, pero no más claro. Respetaré el principio de separación de poderes, consustancial al
Estado de derecho; respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado. No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de
la ciudadanía en los servidores públicos, la de todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad sino también la apariencia de imparcialidad.


No pretendo ser un comentarista de la actividad política o judicial, me mantendré siempre y así mantendré a la institución en el espacio de lo jurídico. Si el fiscal general del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo
para la contienda mediática y no para el resto del desempeño de su función constitucional porque, señorías, nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales. Un comentario u opinión realizado al margen de
los mecanismos estatutarios que tiene la estructura de la Fiscalía supone asumir un modelo en el que la mera voluntad del fiscal general se impone a la arquitectura de toda una institución con relevancia constitucional. En

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definitiva, convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Señorías, ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que marca nuestra
Constitución. No es tampoco, por lo tanto, mi modelo de Ministerio Fiscal.


Por ello, señoras y señores diputados, mi propuesta es la de una Fiscalía rotundamente supeditada a los principios de imparcialidad y legalidad, pero también a los principios instrumentales de unidad de actuación y dependencia jerárquica que
prevé nuestra Constitución. En ocasiones la jerarquía interna del ministerio público ha provocado reticencias a la hora de valorar nuestra actuación, incluso ha sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ellas. Como señalé en mi
anterior comparecencia, ello supone realmente desconocer el funcionamiento interno de la institución, sus mecanismos en la toma de decisiones, en la formación de criterio y especialmente su sistema de garantías y contrapesos. La dependencia
jerárquica -nota característica de la práctica unanimidad de los ministerios públicos de los países de nuestro entorno- está al servicio de la unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Ambos principios responden a la necesidad de proporcionar
seguridad jurídica a los justiciables y garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado. Este es el fundamento de nuestra institución. La jerarquía no es un fin en sí mismo sino un instrumento
para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios. Ahora bien, la toma de decisiones en el seno de nuestra institución viene conformada -pueden creerme- no por la decisión imperativa del fiscal general o de los
fiscales jefes, no por la decisión imperativa de voluntades individuales sino por el trabajo en equipo, por la suma del trabajo, esfuerzo y voluntades colectivas, que es sin duda uno de los mejores distintivos del Ministerio Fiscal.


Señorías, como decía anteriormente, tras la celebración de las elecciones generales el pasado 23 de julio la composición del Congreso y esta Comisión de Justicia se ha visto modificada respecto a mi anterior comparecencia. Por ello resulta
obligada, al objeto de que puedan valorar mis méritos e idoneidad, una sucinta exposición sobre mi bagaje profesional. Soy fiscal vocacional. Mi primer destino fue la Fiscalía de Menorca y posteriormente me trasladé a la Fiscalía de Santiago de
Compostela, donde desarrollé buena parte de mi carrera profesional especializado en medio ambiente. Ejercí como fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio, incendios forestales en toda Galicia y de toda Galicia. Mi
experiencia profesional es amplia y variada, en procedimientos de extraordinaria exigencia y complejidad como el enjuiciamiento de la catástrofe del Prestige, pero también en otros muchos, en apariencia menos importantes pero trascendentes para la
vida de las personas a quienes afectaba. Conozco bien el proceso, sus complejidades y su realidad en toda su extensión, territorial y funcional. Esa es la grandeza de una institución que permite estar cerca de los problemas de la ciudadanía y a la
vez asumir los retos más importantes y la excelencia jurídica. He participado en decenas de cursos, conferencias, jornadas nacionales e internacionales sobre delitos ambientales, urbanísticos, ordenación del territorio y de otras materias, a lo que
se unen otras tantas publicaciones. He sido profesor en cursos de formación de fiscales, de policías, en másteres, posgrados universitarios o alumnos de grado de Derecho, y he sido condecorado por los cuerpos policiales, premiado por la
Administración autonómica y por la sociedad civil.


Hasta mi nombramiento como fiscal de Sala jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado mi trayectoria ha estado fuertemente vinculada a las fiscalías territoriales, a la diversidad territorial, lingüística y social de este
país. Ello me permite conocer de primera mano los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos las y los 2 690 fiscales de este país, quienes desarrollan su trabajo al servicio de la sociedad española, muchas veces supliendo con su voluntad y con
entrega las limitaciones y medios de los que estructuralmente adolece la Fiscalía y la justicia en España. Durante cuatro años, entre 2013 y 2017, asumí la Presidencia de la Unión Progresista de Fiscales. Este período me proporcionó una amplia
visión de la carrera fiscal y de la justicia en general, una experiencia sumamente enriquecedora que me permitió acercarme al sector justicia desde otros prismas, más allá del despacho del papel y la celebración de juicios y vistas. Entre 2013 y
2019 fui miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, MEDEL, organización que ostenta el estatuto de órgano consultivo del Consejo de Europa. Desde allí pude comprobar que jueces y
fiscales de toda Europa compartimos inquietudes y conocí de cerca, a través de colegas de otros países, los peligros que acechan a las democracias cuando la justicia se quiere utilizar como arma de confrontación política. El 4 de abril de 2018 tomé
posesión como vocal electivo del Consejo Fiscal por la lista de la Unión Progresista de Fiscales; tuve el honor de ser entonces el candidato más votado al ser elegido por casi novecientos fiscales. Durante dos años desempeñé el cargo en este
órgano consultivo y de asesoramiento al fiscal general del Estado. Les aseguro que es una experiencia inigualable para cualquier fiscal, pues permite

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conocer a multitud de compañeros y compañeras y ser su voz ante la cúspide de la institución. En marzo de 2020 fui nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica, unidad que constituye el gabinete jurídico de la Fiscalía General del Estado y
está integrada por extraordinarios profesionales que, entre otras muchas tareas, elaboran los informes que son el germen de la doctrina de la Fiscalía, colaboran y enriquecen el trabajo diario de los diversos órganos fiscales y gestionan la
formación de la carrera fiscal.


De mi etapa como fiscal jefe de la Secretaría Técnica debo destacar varios acontecimientos. Como les decía, tomé posesión el 5 de marzo de 2020, nueve días antes de la declaración del Estado de alarma como consecuencia de la pandemia, la
COVID-19. Comencé una andadura en la Secretaría Técnica en un momento muy complejo para toda la sociedad española y también para nuestra institución, pues la Fiscalía debía estar a la altura de la gravedad de la situación y del enorme sacrificio
que tuvieron que asumir nuestros conciudadanos. De esa época extraigo, como ya expuse aquí, dos lecciones fundamentales. La primera, el valor de la coordinación interinstitucional. Nada de lo que se logró hubiera sido posible sin la permanente
colaboración entre el Ministerio de Justicia, el entonces Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas, los colegios profesionales, el resto de los operadores jurídicos y, en general, todos los organismos implicados en materia de
justicia y, en el seno del Ministerio Fiscal, también la imprescindible participación de las distintas unidades, los fiscales de Sala, los fiscales especialistas y las jefaturas autonómicas, provinciales y de áreas. Porque la Fiscalía, como he
dicho antes, solo puede considerarse como una colectividad, solo en clave de equipo alcanzamos nuestras más altas cotas de eficiencia. La segunda lección es la importancia de las nuevas tecnologías. Su diferente grado de implantación reflejó que
aquellas en las que no existía el expediente digital fueron las que más dificultades encontraron a la hora de desarrollar su trabajo.


De esta etapa también debo destacar que, en 2021, bajo mi coordinación, se elaboró un borrador de informe al anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado por el Gobierno de España. Fue un trabajo ingente, serio, riguroso y que
contó con el consenso de la carrera y del Consejo Fiscal, que lo aprobó por unanimidad. Con dicho informe se trasladó una crítica institucional desde una visión totalmente constructiva. Se trataba de aportar mejoras y de colaborar para que el
anteproyecto respondiera a la realidad de la justicia penal y de la Fiscalía y a las exigencias de un proceso penal ágil y eficaz. Este informe se aprobó en el mes de julio de 2021 y aún estamos a la espera del informe del Consejo General del Poder
Judicial. En la Secretaría Técnica coordiné igualmente la emisión de veintisiete borradores de informes sobre anteproyectos legislativos y reglamentarios remitidos por el Gobierno para su posterior aprobación por el Consejo Fiscal. Durante esos
dos años se elaboraron, bajo mi dirección y coordinación, diversos instrumentos normativos vinculantes para la carrera fiscal. Es el caso de la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas
cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles o la Circular 1/2021, de 8 de abril, sobre plazos de investigación criminal del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Instrucción 1/2022, de 19 de
enero, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos.


Finalmente, el 5 de septiembre de 2022 tuve el inmenso honor de tomar posesión como fiscal General del Estado. En este año y escasos meses que llevo desempeñando el cargo de fiscal general he tratado de implementar alguno de los compromisos
adquiridos ante esta Comisión de Justicia en mi anterior comparecencia. Así las cosas, como me comprometí ante los integrantes de la Comisión en la XIV Legislatura, el 20 de diciembre del año pasado aprobé la Circular 2/2022, sobre la actividad
extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal. Esta circular, que sustituye a una anterior, la Circular 4/2013, contiene una regulación detallada, homogénea y garantista de la actividad investigadora de la Fiscalía.
Con ella se trata además de unificar criterios de actuación para todos los fiscales, demostrar a la ciudadanía española que el Ministerio Fiscal, como institución, y los y las fiscales estamos plenamente preparados para asumir la dirección de la
investigación penal, tal y como sucede en la mayoría de nuestros países vecinos. El Ministerio Fiscal, por su propia naturaleza, presenta características y tiene herramientas que lo convierten en un actor óptimo para esta misión. De hecho, el
sistema acusatorio es el que fluye con más naturalidad de la Constitución, porque reserva a los jueces la función de juzgar y ejecutar lo juzgado y al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción pública. Por un lado, la Fiscalía combina la sujeción
imparcial a la legislación vigente y la unidad de actuación en la interpretación de la ley. La unidad de criterio que persigue la intervención del Ministerio Fiscal resulta, sin duda, el único vehículo realmente idóneo para garantizar la igualdad
de los ciudadanos ante la ley, esencia de cualquier Estado democrático de derecho, pues otorga mayor certeza y seguridad jurídica. Por otro lado, nuestro mayor grado de especialización en

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las materias más complejas y nuestra estructura organizativa a nivel territorial nos faculta para alcanzar los más altos niveles de éxito y de eficacia.


Además de esta circular sobre investigación extraprocesal en materia penal, el día 12 de diciembre de 2022, aprobé la Circular 1/2022, sobre la reforma del delito de hurto y el 29 de marzo de 2023 publiqué la Circular 1/2023, sobre criterios
de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual operada por la Ley Orgánica 10/2022. Con anterioridad a la aprobación de esta última circular, en fecha 21 de noviembre de 2022, dicté un decreto dirigido a
todos los integrantes del Ministerio Fiscal para garantizar el principio de unidad de actuación, la seguridad jurídica y la igualdad de aplicación de la ley tras la entrada en vigor de la conocida ley del solo sí es sí. Este decreto fue aprobado
con el acuerdo y las aportaciones realizadas por la teniente fiscal del Supremo, los cuatro fiscales de Sala jefes de lo Penal del Tribunal Supremo y el fiscal de Sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Su publicación vino
motivada por la diversidad de criterios adoptados por las distintas audiencias provinciales en la revisión de las sentencias firmes tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022. Les recuerdo que hasta el mes de enero de 2023 no hubo
pronunciamiento expreso por el Tribunal Supremo. Este decreto que, como he dicho, contó con el consenso de las más altas autoridades del Ministerio Fiscal en materia penal y constitucional asumió una interpretación jurídica plausible, que contaba
con los precedentes similares y que resultaba acorde con el espíritu de los convenios internacionales suscritos por España, particularmente con el Convenio de Estambul, y ponía el acento en las víctimas de las agresiones sexuales. Había dos
interpretaciones posibles y, sin duda, la Fiscalía optó, como considero que siempre debe de hacerlo, por aquella que a nuestro juicio protegía, amparaba y respetaba mejor a las víctimas. Una vez sentado criterio por el Tribunal Supremo, a su
doctrina nos aquietamos. Esta es la grandeza de nuestra institución y del Estado de derecho. Porque, señorías, el sometimiento pleno a la ley no es incompatible con una interpretación progresista o avanzada del derecho. Ese también es mi modelo
de fiscalía, una fiscalía que persiga el avance y el progreso de la jurisprudencia. Una fiscalía que no se aferre siempre a la doctrina vigente de los tribunales, sino que impulse su evolución con la mirada puesta en las víctimas, en las personas
vulnerables, en los derechos humanos, en el derecho internacional y en la satisfacción del interés social. Porque la Fiscalía es y debe ser motor de cambio en lo social y en lo jurídico. No quiero una fiscalía conservadora que se limite a
reproducir lo ya sentenciado. Quiero una fiscalía dinámica y proactiva que evolucione con los nuevos tiempos a la vez que evoluciona nuestra sociedad. No quiero una fiscalía contemplativa o acomodada a lo que otros resuelvan o propongan, sino una
fiscalía siempre en defensa y en favor del interés social y de las personas y de los colectivos para cuyo amparo se construye nuestro Estado social y democrático de derecho.


Durante estos dieciséis meses que llevo asumiendo la jefatura del ministerio público se produjo otra importante novedad legislativa, la promulgación de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre. Su entrada en vigor supuso la modificación
de la regulación de los delitos de malversación en el Código Penal, lo que hizo precisa una respuesta inmediata de la Fiscalía General del Estado. Por ello, un mes después de su publicación, el 25 de enero de 2023, aprobé un decreto para unificar
criterios en el seno de nuestra institución, eso sí, asumidos posteriormente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.


En línea con mi compromiso de dotar al Ministerio Fiscal de mayor transparencia, desde mi toma de posesión como fiscal general del Estado se han realizado convocatorias públicas entre todos los miembros de la carrera fiscal para participar
en programas y en proyectos internacionales. El procedimiento para la difusión, gestión de convocatorias y selección de fiscales ha sido y es una de las iniciativas que he puesto en marcha en el año 2023 al objeto de reforzar el principio de
transparencia e igualdad de acceso a toda la carrera fiscal. Durante este año se han registrado 81 convocatorias, solicitando fiscales como expertos para otros tantos proyectos de cooperación y desarrollo. También se han ofertado 19 para la
designación de puntos de contacto de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Se han promovido con transparencia cuatro convocatorias públicas de comisión de servicio interno con relevación de funciones, una fórmula para dinamizar y
procurar la movilidad de la carrera, lo que con la resolución de tres concursos ordinarios ha significado que aproximadamente el 20 % de los fiscales hayan podido optar o consolidar su destino. La formación de la carrera fiscal constituye una
verdadera prioridad para mí. La capacitación, preparación y actualización del conocimiento de los y las fiscales contribuye a la prestación de un mejor servicio público y redunda en beneficio de los justiciables. Desde septiembre de 2022 se han
ofertado a la carrera fiscal cerca de noventa cursos y jornadas de formación o especialización. El protagonismo que ha asumido la Fiscalía General del Estado desde la promulgación del Real Decreto 312/2019, por el que se aprueba el Estatuto del
Centro de Estudios Jurídicos, ha permitido que, como demandaba el GRECO,

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se haya potenciado la autonomía funcional de la Fiscalía, que ahora elabora los planes estratégicos para la formación inicial y continuada. Desde finales de 2021 las unidades especialidades de la Fiscalía General del Estado asumen, con la
imprescindible colaboración de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo, la gestión de las jornadas de fiscales especialistas. Esta asunción de competencias, que anteriormente recaían en el Ministerio de Justicia, a través precisamente del
Centro de Estudios Jurídicos, contribuyen a potenciar la autonomía de la Fiscalía, al tiempo que la descentralización territorial en la celebración de estas jornadas fortalece la imagen del Ministerio Fiscal en toda España. Avanzar en la gestión
supone conquistar cuotas de autonomía organizativa y emprender el camino hacia un principio de autonomía presupuestaria, que está entre los objetivos de este proyecto que ahora expongo a sus señorías.


La proyección internacional de la Fiscalía española ha sido también una de mis prioridades. Buena prueba de ello ha sido mi participación en las dos reuniones del Foro Consultivo de Fiscales Generales de la Unión Europea, celebradas en La
Haya en los meses de octubre de los años 2022 y 2023, que además tuve el honor de presidir junto con la representación de Suecia. El 4 de noviembre de 2022 participé en Rabat en el acto de presentación y lanzamiento del proyecto de la Comisión
Europea de apoyo a la presidencia del Ministerio Público de Marruecos y que desarrolla la Fiscalía durante estos dos años con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho en aquel país. Del 3 al 5 de marzo de 2023 asistí a la conferencia United
for Justice, organizada por la Fiscalía de Ucrania, con el objetivo de explorar posibilidades para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra ocurridos en este país desde la invasión rusa. En la conferencia, celebrada en la ciudad ucraniana de
Leópolis, participaron, entre otros, el comisario de Justicia Europea, la Presidencia del Parlamento Europeo, el fiscal general de Estados Unidos y el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional.


Señorías, les he desgranado brevemente algunas cuestiones de mi currículum profesional y de mis actividades en esta etapa como fiscal general, pues a esta Cámara, y no a otros órganos, es a quien corresponde, por imperativo legal, valorar
los méritos e idoneidad del fiscal general del Estado. Hago esta alusión, porque debo referirme, siquiera brevemente, al reciente informe emitido por ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ocho vocales que en la actualidad conforman
la mayoría de un órgano diezmado cuyo mandato ha caducado hace más de cinco años. Esa menguada mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado como si se tratara de un órgano
jerárquicamente superior. Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional. Nuestra autonomía se predica tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Fíjense,
señorías, seis de los ocho vocales que ahora sostienen que el Consejo General del Poder Judicial debe valorar la idoneidad y oportunidad de mi nombramiento justamente dijeron lo contrario el día 17 de noviembre de 2016 a cuenta de la audiencia para
el nombramiento de don José Manuel Maza como fiscal general del Estado, seis de los ocho vocales. Pues bien, atendiendo a un interesado y novedoso criterio de oportunidad, esos ocho vocales argumentan su razonamiento contrario a mi renovación en
cuatro puntos que quiero aclarar brevemente con ustedes.


El primer argumento no es otro que una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que se hacen una serie de afirmaciones sobre mi proceder acerca de las que no he podido pronunciarme. No he sido parte ni como demandado
ni como interesado ni he sido oído en el procedimiento. Unos severos términos que aprecian circunstancias subjetivas en las que mi parecer no ha sido escuchado y sobre cuyas conclusiones no puedo ejercer ningún recurso, pues, como he dicho, aunque
del contenido de la sentencia se pudiera interpretar otra cosa, el demandado en dicho proceso no era el fiscal general del Estado. El nombramiento propuesto y revocado en esa sentencia lo fue atendiendo a los más estrictos principios de mérito y
capacidad. Mantengo -y lo mantengo sin ambages- la siguiente reflexión: Solo la atribución de la primera categoría al fiscal general del Estado saliente le asegura una absoluta independencia de criterio en su mandato. Esta fue la razón que llevó
a mis predecesores a proponer para su ascenso a la primera categoría a los fiscales generales don Juan Ortiz Úrculo y doña María José Segarra Crespo, los únicos precedentes que tenemos en la carrera. Debo manifestar además que el Consejo General
del Poder Judicial se pronunció, como lo hizo, sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos ochos vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues
acudieron a fuentes que todavía son desconocidas para mí. Con un mínimo de rigurosidad se hubiera desmontado fácilmente otro de aquellos argumentos: la demora en la ejecución de una sentencia firme. El fiscal general no puede nombrar ni cesar a
un fiscal ni siquiera en cumplimiento de una sentencia firme. El real decreto de cese es competencia exclusiva del Gobierno de España. No puede demorarse quien no puede hacerlo. Además, el consejo, en un plano

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completamente extrajurídico, ha pretendido extender su competencia al indicar cómo debe ejecutarse un fallo judicial, inmiscuyéndose así en procedimientos en curso. Una clara injerencia en la labor de los magistrados en tres recursos
contencioso-administrativos que ahora hay pendientes planteados respecto del nombramiento del actual fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.


El segundo argumento utilizado por estos ocho vocales interinos es una deficiente transparencia que me imputan en los nombramientos discrecionales. Este es un procedimiento reglado y con intervención del Consejo Fiscal, en el que no se
puede hablar de más transparencia que la que marca el propio procedimiento, que sin duda desconocen, porque erróneamente le conceden competencias decisorias cuando lo son de informe o asesoramiento y no de previa propuesta a la que efectúa el fiscal
general al Gobierno. Una mera lectura del estatuto orgánico aclara cualquier duda o cualquier interpretación al respecto. Tampoco atinan los vocales con los datos utilizados al juzgar al fiscal general del Estado sin ser un tribunal. Durante esta
etapa se han realizado 44 nombramientos discrecionales, no 33, como afirman en su informe, y solo 10 de los fiscales propuestos forman parte de la Unión Progresista de Fiscales, según ha confirmado esta organización. Porque, señorías -deben
saberlo-, ni siquiera yo como fiscal general del Estado puedo conocer la identidad de la afiliación a las tres asociaciones legalmente constituidas. No existe un registro público de asociados ni existe la obligación de significarse. Por eso, no
puedo dejar de sorprenderme que esos ocho vocales del consejo conozcan la adscripción asociativa de los fiscales. Eso sí, también yerran en los datos que utilizaron en su informe sobre los nombramientos de fiscales asociados a la asociación
mayoritaria de la carrera fiscal curiosamente, en este caso, por defecto.


El tercer argumento utilizado por el Consejo General del Poder Judicial es, a su juicio, una deficiente dirección para el correcto funcionamiento de la Fiscalía. Como lo oyen, señorías, la mayoría del órgano de gobierno de los jueces se
atreve con esta insólita afirmación alegando que la circular de la Fiscalía General del Estado dictada con motivo de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí fue considerada improcedente por el Tribunal Supremo. Sencillamente es inaceptable
una injerencia de esta naturaleza, un exceso y una clara extralimitación de competencias de esos ocho vocales a la labor de la Fiscalía, un inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales. Señoras y señores diputados, como les puse de
manifiesto anteriormente, la Fiscalía española, bajo mi jefatura, abonará siempre aquella interpretación jurídica que mejor proteja y ampare a las víctimas.


No puedo dejar de referirme al último punto del citado informe del Consejo General del Poder Judicial, en él se afirma literalmente: 'En los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera
imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial'. Un comentario, desde luego, impropio de juristas de reconocido prestigio. Flaco favor hace este caducado consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal. Como he
reiterado en numerosas ocasiones en los dos últimos meses, defenderé a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones incluido, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el
proceso independentista de Cataluña. De igual modo, velaré por la independencia de los juzgados y tribunales ejerciendo, a través del proceso, en su caso, las acciones oportunas y utilizando todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a
nuestro alcance como defensores de la legalidad. Señoras y señores diputados, tengan por sentado que este fiscal general amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas. Pero tengan claro también que
nunca adoptaré posiciones partidistas ni actuaré conforme a criterios políticos. Insisto que este fiscal general mantendrá siempre una posición objetiva y neutral y no emitiré ninguna declaración política partidista de ningún partido. No me
corresponde a mí juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego y el campo de lo jurídico tiene otras.


Quiero centrarme ahora en los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal durante los próximos cuatro años, retos que estoy dispuesto a emprender con el mayor de los empeños. En primer lugar -y esta ha sido una aspiración de cuántos
candidatos a fiscal general del Estado han comparecido en una Comisión de Justicia-, no puedo dejar de referirme una vez más a la necesidad de transformar nuestro modelo procesal penal, ese que tiene que atribuir a la Fiscalía la dirección de la
investigación criminal. Nos encontramos, señoras y señores diputados, ante una asignatura pendiente para la modernización judicial del país. España sigue anclada en un modelo que deviene obsoleto ante la compleja criminalidad del siglo XXI; una
criminalidad transnacional, organizada, sofisticada y que navega a toda velocidad a través de la red y que, en definitiva, desborda la estructura de un engranaje territorial insuficiente para atajar los fenómenos delincuenciales más actuales. Por
ello, vuelvo a reivindicar ante esta Cámara, ante ustedes, una reforma estructural de nuestro sistema de justicia penal para dotarlo de una mayor especialización,

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agilidad y eficacia y sin merma alguna, por supuesto, de las garantías procesales. Señorías, resulta necesario abordar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una reforma que confiera a la institución mayores cotas de
autonomía. Esta reclamación también es común a cuantas personas han comparecido aquí como candidatas a fiscal general del Estado. La aspiración de una mayor autonomía se extiende a todos los niveles: organizativo, normativo, formativo y, por
supuesto, financiero y presupuestario. No obstante, hasta que vea la luz esa reforma estatutaria integral, impulsaré mejoras parciales en nuestro estatuto para ir conquistando mayores parcelas de autonomía, modernización y transparencia.


Hay otras dos cuestiones relevantes que serán un empeño para este fiscal general del Estado si mi mandato es renovado. La primera, la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Nuestra institución y también los juzgados y
tribunales deben ir acomodando sus plantillas tanto al déficit estructural de personal y a las cargas del trabajo como al envejecimiento de la carrera, que requiere adoptar progresivamente medidas para paliar la insuficiencia de efectivos.
Insuficiencia que, por cierto, se acentuará en unos pocos años. La segunda es la modernización del Ministerio Fiscal con la definitiva implantación de las nuevas tecnologías, cada vez menos nuevas. Aun reconociendo los esfuerzos realizados por el
Ministerio de Justicia y por las comunidades autónomas, el sistema todavía es insatisfactorio y susceptible de múltiples mejoras, en especial en lo que se refiere a la concepción unitaria del Ministerio Fiscal con identidad propia implantada en todo
el territorio nacional. En el ámbito de la producción doctrinal de la Fiscalía General del Estado impulsaré una batería de circulares e instrucciones para unificar criterios, promover la persecución de determinados fenómenos criminales e
incrementar la autonomía de las y los fiscales, en definitiva, para modernizar la institución. En esta labor de producción normativa la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado tiene avanzadas una serie de circulares para que todos los
fiscales cuenten con herramientas que faciliten su función, en concreto en el esclarecimiento de los delitos contra la Administración pública.


Les anticipo que es intención de la Fiscalía General, que actualmente dirijo y cuyo mandato pretendo revalidar, incidir en el combate contra aquella corrupción que no genera tantos titulares de prensa, por ser menos deslumbrante que las
grandes operaciones contra el fraude y la corrupción, pero que de manera sistémica lacera el principio de igualdad. Por ello, en los próximos meses, publicaré un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación
administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas para los funcionarios. Asimismo, aprobaré varias instrucciones que implicarán reforzar el sistema de controles y contrapesos de la
institución y mejorar el régimen de toma de decisiones, garantizando a su vez la autonomía personal e individual de las y los fiscales. Estas instrucciones abordarán el sistema de discrepancias en el seno de la Fiscalía, las avocaciones y las
sustituciones en la llevanza de los procedimientos, la dación de cuentas a los superiores jerárquicos y la labor de visado por las jefaturas y los delegados de las especialidades. Igualmente, abordaré una nueva regulación de la formación de la
carrera fiscal a fin de mejorar y modernizar una materia tan importante para el desempeño de nuestra labor. Una nueva instrucción sobre comunicación para que podamos contar también con las mejores herramientas para cumplir nuestra función de
informar a la opinión pública, que es lo que nos encomienda la ley, así como la ya anunciada circular para la protección y tutela de víctimas en el proceso penal. A ello se unirá la regulación, vía instrucción también, derivada de la creación por
el legislador de dos nuevas unidades: la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática y la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación. La formación de la carrera fiscal, como digo, continuará siendo una prioridad para la
Fiscalía General, pues se halla íntimamente vinculada con la excelencia en el cumplimiento de nuestra función y con las legítimas expectativas de desarrollo profesional de los fiscales. Mi propósito es seguir recorriendo el camino iniciado de
alcanzar una autonomía plena en materia formativa, sin dejar de explorar nuevas posibilidades de formación, con unos ejes estratégicos basados en la especialización, la modernización, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la formación en
igualdad y derechos humanos, incluyendo la capacitación internacional y el desarrollo de habilidades en idiomas extranjeros. En materia de igualdad, seguiré avanzando por el único camino posible, el de la paridad. Es un hito que en la carrera
fiscal el 48 % de los puestos directivos los ocupen ellas. Se ha recorrido un importante camino, pero no hemos llegado al final del recorrido. Seguiremos por esta senda, la senda de la igualdad real y efectiva.


Nuestro ordenamiento jurídico atribuye al Ministerio Fiscal la defensa integral de los derechos de la ciudadanía. Las sucesivas reformas legislativas han ido otorgando a la Fiscalía una presencia cada vez mayor en todos los procedimientos
en los que se ven comprometidos los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero además somos promotores del interés público y social tutelado por la ley, es

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decir, aquel que representa el progreso de nuestra sociedad, encarnado en los principios y valores constitucionales en garantía de la convivencia democrática y de la cohesión social. Tan importante es la especialización para el Ministerio
Fiscal que durante estos meses ha sido un empeño para quien les habla unificar las dos sedes de la Fiscalía General del Estado. Espero y deseo que esa posibilidad se materialice definitivamente, porque será un logro para la Fiscalía española. Uno
de los principales focos de atención de la Fiscalía General ha sido y será la lucha contra la violencia de género, máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres, que aún hoy sigue golpeando con extraordinaria dureza nuestra convivencia.
Con el proyecto que hoy presento ante ustedes asumo el férreo y público compromiso de continuar priorizando e impulsando una actuación integral y proactiva del Ministerio Fiscal en este ámbito. Una actuación centrada en nuestra función protectora
en todos los estadios procesales de las víctimas, a las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que también sufren la violencia o conviven con ella, garantizando asimismo que la reacción del Estado de derecho se despliegue con toda su eficacia y
contundencia frente a los agresores. Permítanme, señorías, que tenga ahora un recuerdo para las 55 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023 y para las 1237 asesinadas desde 2003 y también para los dos menores asesinados este año, que son 50
desde el año 2013. España es pionera en la lucha contra la violencia de género y la unidad especializada de violencia sobre la mujer es un ejemplo, no solo en Europa sino a nivel mundial. Sin embargo, estas cifras de feminicidios no dejan lugar
para la autocomplacencia. Son cifras terribles, insoportables, inasumibles y que este final de año nos ha ocurrido lo mismo que en 2022 y nos ha impactado con particular virulencia. Nuestro compromiso es seguir trabajando en todas las esferas de
nuestra competencia hasta la total erradicación de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, incluida la violencia vicaria, su expresión más cruel. Me comprometo también a seguir fomentando la aplicación del enfoque de género, cuyo
carácter normativo vinculante ya se recoge en la Circular 1/2023 de la Fiscalía y es un eje estratégico de nuestros planes de formación; a impulsar las relaciones de colaboración con todos los organismos e instituciones competentes, y a escuchar
siempre a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones de víctimas. También me propongo cooperar en la prevención, la formación y la concienciación social, herramientas esenciales sin las que no podemos tener
éxito.


Como bien saben, mi trayectoria profesional ha estado indisolublemente unida a la protección del medio ambiente. La realidad plausible del cambio climático y la emergencia ambiental nos han de llevar como sociedad a una profunda reflexión
sobre el cuidado y la protección de nuestro entorno, el que vamos a legar a las generaciones futuras. Este compromiso vital y profesional pretendo trasladarlo también a la Fiscalía General del Estado. Cerrar los ojos ante la realidad no es el
camino para resolver los retos del futuro; el negacionismo es el primer obstáculo del progreso, también materia en de justicia. La defensa y la garantía de los derechos fundamentales de las personas constituye una de las más genuinas funciones del
Ministerio Fiscal, con especial incidencia en aquellos colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, como es el de las personas con discapacidad y el de los mayores. Nuestro empeño está en avanzar a una sociedad cada vez más inclusiva, en
eliminar todos aquellos obstáculos que impidan la plena integración y el disfrute en igualdad de los derechos que todos y todas tenemos, siempre desde el marco de nuestras competencias tuitivas y desde la colaboración proactiva con el resto de
instituciones y entidades del tercer sector de acción social.


Siguiendo en el ámbito de los colectivos vulnerables, es también mi intención continuar fortaleciendo la especialidad de menores, no solo desde el marco puramente punitivo, sino muy especialmente desde la óptica de la protección. Quiero
recordar que la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, atribuyó hace más de veinte años la dirección de la investigación penal al fiscal en dicha jurisdicción, y es un ejemplo de agilidad y eficacia, al tiempo
que garantiza los derechos procesales de unos justiciables necesitados de especial protección, como son los menores de edad.


La Fiscalía tiene un papel cada vez más relevante en el marco de la cooperación jurídica internacional. La aparición de una delincuencia más sofisticada y compleja, las nuevas formas de criminalidad organizada y sus implicaciones
transfronterizas o el avance de las nuevas tecnologías enfrentan a la justicia a constantes retos para ofrecer una respuesta integral, eficiente y coordinada. Estos fenómenos criminales globalizados demandan una respuesta supranacional y un
incremento de los mecanismos de cooperación internacional. Por ello continuaré promoviendo la participación de la Fiscalía española en las instituciones y organismos internacionales. Asimismo, trabajaré para que la autonomía del Ministerio Fiscal
se vea reforzada a través de su consideración como autoridad central, en la línea de los países de nuestro entorno, lo que sin duda aportará además mayor agilidad a las tramitaciones.

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En materia de tráfico de drogas, criminalidad organizada, anticorrupción, trata de seres humanos, seguridad y salud de los trabajadores, en cualquier dinámica delictiva con especial cuidado de menores, redes, criminalidad informática,
seguridad vial y vigilancia penitenciaria seguiré trabajando por la mayor y más eficiente implicación de la Fiscalía. Las modificaciones introducidas en nuestro estatuto por la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación,
y por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, han dado carta de naturaleza a dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía española: la de odio y discriminación, y la de derechos humanos y memoria democrática. El Estado de derecho debe ofrecer
una respuesta integral a las conductas intolerantes que ponen en riesgo nuestra pacífica convivencia democrática y, al tiempo, poner a disposición de las víctimas los recursos y la protección de las que son acreedoras. La memoria democrática no es
sino una expresión más de los derechos humanos. Cuando acabamos de celebrar el 45.º aniversario de la Constitución española de 1978, nuestro país tiene aún una deuda histórica con los hombres y mujeres que contribuyeron de manera decisiva a la
instauración y el mantenimiento de nuestra democracia, unas víctimas cuyo dolor ha estado durante décadas injustamente silenciado. Es el momento de que desde la Fiscalía, al igual que desde otros espacios institucionales, se les dé el
reconocimiento, la dignidad y la reparación que merecen.


Como ven, la materia es ingente, habría mucho que hablar sobre el impulso de métodos alternativos en la resolución de conflictos, la mediación, la justicia restaurativa y la defensa de los consumidores. Son muchos los proyectos que hemos
emprendido, pero también es mucho el trabajo que tenemos por delante, pero todo ello, señorías, no sería posible sin el reconocimiento de la labor y el trabajo que todos y cada uno de los 2690 fiscales de nuestro país realizan al servicio de la
ciudadanía.


Finalizo, señoras y señores diputados, agradeciendo a quien ha confiado en mí para tan alto honor y me comprometo ante ustedes, representantes de la soberanía popular, a que responderé con dedicación y el mayor de los compromisos para
mejorar el servicio público de la justicia en nuestro país, para que la Fiscalía se rija con total autonomía y con profesionalidad, sometida plenamente a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad; en definitiva, para que nuestros
conciudadanos confíen en una institución tan relevante para el Estado de derecho como es el Ministerio Fiscal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.


A continuación, pasamos al turno de intervenciones de las señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, que lo harán por orden de menor a mayor. No encontrándose presente en este momento ningún miembro del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Legarda, por parte del Grupo Parlamentario Vasco. Cuando quiera.


El señor LEGARDA URIARTE: Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias, candidato a fiscal general.


En esta primera intervención simplemente quiero darle las gracias por su intervención y manifestar que los retos que nos expone para el desempeño de su función en los próximos años participamos de ellos en buena medida. Hay algún aspecto
del que ya tendremos ocasión de hablar a lo largo de la legislatura.


Y ya finalmente -que es el objeto principal de esta comparecencia- quiero manifestarle que consideramos favorablemente su propuesta para el nombramiento a la Fiscalía General del Estado por reunir suficientes méritos e idoneidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


A continuación, tiene la palabra el señor Iñarritu García, en representación del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenas tardes, señor presidente.


Bienvenido, señor candidato a fiscal general del Estado. Recientemente -hace apenas dieciséis meses- tuvimos la ocasión de recibirle en esta misma Cámara, donde dio probada muestra de su experiencia, de su currículum, por lo cual es de
obligada su presencia, que venga a esta Cámara, pero, conocemos ya cuál es su currículum y no teníamos dudas, como ya dijimos en esa ocasión, de cuál era su perfil de idoneidad.

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He escuchado con atención y creo que estaba algo dolido por el informe del Consejo, pero no se lo tome a mal, señor García. Teniendo en cuenta cuál es la situación -cómo era ese latinajo, rebus sic stantibus-, estando las cosas como están,
¿qué se podía esperar? Yo hacía una reflexión -no a usted, sino al Partido Socialista y a los partidos del Gobierno- hace dieciséis meses, es hora ya de acabar con esa anomalía, porque la buena fe está bien de cara a esperar un acuerdo con el
Partido Popular para la renovación del Consejo, pero mientras no se tomen medidas -y antes hacía una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial vía un artículo único-, seguirán ocurriendo cosas como esta, que hasta que esos señores
sean cesados, seguirán haciendo su batalla política desde una institución. Es hora ya de cesarlos y, si se aburren, que se vayan a Ferraz a manifestar o que pidan a los partidos de la derecha y la extrema derecha que les sumen en sus listas
electorales para hacer política en las instituciones políticas legislativas.


Dicho esto, señor fiscal general del Estado, hoy candidato de nuevo a fiscal general del Estado, simplemente le quería plantear tres cuestiones. En su anterior comparecencia hablamos de la tragedia de Melilla, que había ocurrido en la
frontera de España con Marruecos. Ahora le escuchaba hablar de ese proyecto de colaboración con la Fiscalía de Marruecos, y yo recuerdo que en aquel entonces le decía que tenía la impresión de que a la investigación de los hechos de la tragedia de
Melilla se le iba a dar carpetazo, y lamentablemente fue así. En aquella ocasión yo creo que había indicios, había imágenes, había testimonios y hubo posteriormente investigaciones de medios de comunicación que fueron más lejos, muchísimo más lejos
de lo que la Fiscalía en España en ese momento pudo investigar. Creo que hay que darle una pensada a asuntos como esa tragedia, la más grave que ha ocurrido en una frontera española, para que no queden sin investigar. En este momento si leemos la
memoria de la Fiscalía de 2022 en un asunto que también tiene que ver con las migraciones esta memoria deja en evidencia que la inmensa mayoría de las personas que son internadas en centros de internamiento de extranjeros -los conocidos como CIE-
finalmente no son expulsados del territorio español, por lo que al final se ve que sufren una privación de libertad innecesaria. Por eso me gustaría saber si ustedes prevén adoptar medidas desde la Fiscalía para evitar este tipo de internamientos
innecesarios y que se vea disminuido su número en lo sucesivo. Ya sabe que nosotros pedimos la eliminación de estos centros, pero el Gobierno no lo estima así y, mientras esto dure, le insto a tomar alguna medida para evitar esas privaciones de
libertad innecesarias.


En relación a otro asunto de interés, como es el de memoria democrática y derechos humanos, hemos conocido por diversos medios de comunicación que la recién estrenada especialidad de la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos y
Memoria, en sus pocos meses de vida, ha apoyado por primera vez en la historia una querella por torturas durante el periodo dictatorial, es decir, durante el franquismo. Hay que celebrar este cambio de criterio desde la Fiscalía, pero me gustaría
saber cuáles son los siguientes pasos previstos por la Fiscalía para consolidar estas importantes funciones encomendadas en el artículo 28 de la ley a esta unidad especializada de la Fiscalía General del Estado.


Y antes de acabar -también se lo decía al señor ministro de Justicia y se lo dije a usted en julio del pasado año, cuando compareció en esta Cámara-, quería saber qué problema está habiendo a la hora de euskaldunizar la Fiscalía, como el
resto de la Administración de Justicia. Esta misma semana se publicaba una noticia que decía que de los fiscales que están acreditados en la Comunidad Autónoma vasca únicamente el 8 % de ellos tienen capacidad de trabajar en la otra lengua oficial
de la Comunidad Autónoma vasca. Como usted ve, hay alguna carencia. También es cierto que la inmensa mayoría de fiscales generales del Estado, cuando se les expone cada legislatura este asunto, dicen que van a hacer un esfuerzo, que hay un
compromiso, que van a seguir velando por que se respete esa cooficialidad de las lenguas por parte de la Fiscalía, pero luego vemos cómo a efectos prácticos varía nada o casi nada. Por eso me gustaría saber si van a tomar ustedes alguna medida en
esta materia.


Sin más, acabo deseándole suerte y felices fiestas y feliz Navidad, como toca en este momento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, el señor Cervera. Cuando quiera.


El señor CERVERA PINART: (Comienza su intervención en catalán).


La señora MORO ALMARAZ: No se corresponde, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Señor Cervera, no se corresponde su intervención con la copia escrita que ha trasladado a sus señorías. Por tanto, ajústese al criterio que hemos adoptado.


El señor CERVERA PINART: (Continúa y termina su intervención en catalán).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.


Les comunico a todas sus señorías que la copia que ha trasladado a sus señorías será la que conste realmente en el Diario de Sesiones, puesto que no se ha ajustado de forma estricta su intervención oral con su intervención escrita.


Gracias.


A continuación, tiene la palabra la señora Vallugera. Cuando quiera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: (Comienza su intervención en catalán).


Bienvenido y, por nuestra parte, como han ido concretando algunos de los compañeros, en cuanto a su idoneidad de entrada no habría problemas.


Yo haré un poco de Digui Oiga, aunque sigo diciendo que a estas alturas esto del Diario de Sesiones, teniendo en cuenta que las sesiones son grabadas, es un poco absurdo; es decir, colgamos las intervenciones y ya está y se ha dicho lo que
se ha dicho, independientemente de que esté en un papel y de que se haya dado antes o no. En cualquier caso, ya lo he dicho antes, soy poco partidaria de los papeles, porque entonces no hay manera de escuchar lo que se nos viene a decir e
intervenir sobre ello.


Yo tenía varias cosas que comentar. (Continúa su intervención en catalán). Decía que la primera es una felicitación. La instrucción que hizo la Fiscalía sobre la interpretación de la ley del sí es sí coincidía completamente con la
interpretación que desde nuestro grupo hicimos, y en aquel momento creo que fue un acto de valentía emitir esa instrucción. Por ello, se lo agradezco, y se lo agradezco porque a veces piensas que está todo tan politizado que nunca técnicamente van
a explicarse las razones de por qué aquella ley tenía su real fundamento. (Aplausos). Hasta me sorprendió, y debo decirle que me pareció una gran instrucción y es una lástima que la cosa terminara como terminó.


Iba a preguntarle también por las manifestaciones de Ferraz. Dado que su cometido es seguir la neutralidad y la objetividad, pero también de intentar combatir las ilegalidades producidas, yo creo que en Ferraz se observó una realidad que
merece su intervención y, por tanto, la pregunta es: ¿van a intervenir ante lo que se vio en Ferraz? Porque creo que en algunos aspectos puede ser considerado por esa nueva unidad de la Fiscalía casi como un crimen de odio. Se lo pregunto porque
yo vengo de un país (pronuncia palabras en catalán) donde el dicho habitual es: Tranquila, que la Fiscalía te lo afina. Cierto es que no corresponde a este periodo, pero cierto es también que, ante esta realidad, con otro Ministerio del Interior,
con otro ministro de Justicia, con otro Gobierno, te haces reticente a las certezas de la Fiscalía. Por tanto, la pregunta es, teniendo en cuenta que en una manifestación donde dos personas se subieron a un coche acabaron la noche en la prisión, en
una manifestación donde se portan armas, donde se branden palos, donde hay también daños a mobiliario urbano, ¿van ustedes a interponer algún tipo de acción o vamos a tener que llegar a la conclusión -que, por cierto, es previa- de que el trato no
es igual ante la ley y que eso es una falacia escrita en la Constitución española? En mi opinión, como muchas de las cosas que están ahí escritas.


Tercer tema. He leído en la prensa que respecto al caso Tsunami la Fiscalía tiene un posicionamiento muy razonable. Quería preguntarle cómo está este proceso en estos momentos y, ya de paso -y comparando cómo se tratan unas cosas y cómo se
tratan otras-, voy a poner encima de la mesa para contento de mis compañeros diputados el recuerdo de lo que ya han comentado: la inviolabilidad de los Diputados en el ejercicio de su función. El Poder Judicial no es un poder inmune a las
críticas, no es un poder establecido por nuestro Dios mismísimo revelado, ni todos ellos han sido imbuidos con una capacidad sacrosanta de no equivocarse; el Poder Judicial es uno más de los poderes del Estado y -y lo comentábamos el otro día- debe
ser controlado especialmente en relación con la libertad de expresión, la libertad de religión y el intento de despenalización de conductas como las injurias a la Corona y a las altas entidades del Estado. Se supone que tiene sus propios elementos
de control, pero cuando estos fallan, cuando no funcionan o entran en quiebra es evidente que los que hemos sido escogidos por los ciudadanos y los propios ciudadanos tenemos todo el derecho a manifestar nuestra opinión sobre el acierto o no acierto
-ya sea ideológico y político o técnico- de las personas que están en el Poder Judicial. Por tanto, respecto del amparo dado a los fiscales que fueron citados por mi compañera diputada -aunque no pertenece a mi grupo- Miriam Nogueras, no sé hasta
qué punto debían ser objeto del

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amparo. Era simplemente una crítica porque lo que se decía era que había existido lawfare, y eso es una realidad, y lo contemplamos en muchas de las comisiones de investigación que se han producido en esta casa. Por tanto, tampoco entiendo
por qué se rasgan las vestiduras de esta manera -esto sucede en muchos gobiernos-, es un tema simplemente de que el propio sistema se autorregule. El lawfare existe y hay elementos para sacarlo del sistema, para penalizar a quien lo ha realizado y
para recuperar y proveer de reparación a los que lo han sufrido. Eso es lo que se debe hacer. Pero negar la existencia de intereses espurios políticos en determinadas resoluciones, sean de fiscales o de jueces, a mí me parece que es cerrar los
ojos a la realidad.


Por tanto, bienvenido. Espero que tengamos tiempo durante esta temporada que vamos a coincidir -yo desde el Parlamento y espero que usted desde la jefatura de la Fiscalía- para ir hablando. En todo caso le deseo unas felices Navidades,
porque entiendo que no va a haber réplica. A ver si queda claro esta vez: no va a haber réplica y este es el último turno. Felices Navidades.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el señor Santiago. Cuando quiera.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor fiscal general. En primer lugar, gracias por su extensa, detallada y rigurosa exposición. Felicitaciones por su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado, donde creo que toda la sociedad civil ha percibido
un importante impulso a la defensa de los derechos humanos. Eso no significa que no quede trabajo por hacer, el trabajo en esta materia es ingente y venimos de una situación de innumerables retrasos y situaciones de impunidad que han de ser
corregidas, incluso por mandato del derecho internacional.


En todo caso, enhorabuena por la propuesta de nombramiento para un nuevo mandato. Nuestro grupo parlamentario no tiene ninguna duda de su profesionalidad acreditada, su compromiso con el servicio público, su idoneidad y los méritos a lo
largo de toda una vida profesional al servicio del interés común, esto es, en la Fiscalía General del Estado. Una institución con un gran potencial de servicio público que defiende ese interés público tutelado por la ley, y estos conceptos de
interés público, de interés social deben desarrollarse con una debida orientación del modelo de Fiscalía, con más medios materiales y con personal suficiente. Quiero agradecerle la atención que la Fiscalía ha prestado siempre a las inquietudes que
en algún momento se han trasladado desde este Congreso de los Diputados y nuestro apoyo a que se potencie más la institución de la Fiscalía General del Estado.


En primer lugar, vamos a proponerle la creación de una unidad de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, partiendo de la actual unidad de seguridad y salud en el trabajo, pero superándola. Una unidad que promueva ante
los tribunales el interés social de los sectores de trabajadores, de las víctimas del trabajo indigno, de las víctimas de accidentes de trabajo, ante todas las jurisdicciones: la civil, por supuesto la social, pero también la
contencioso-administrativa y la penal, y ampliando las competencias de la Fiscalía General del Estado, si ello fuera necesario.


También le vamos a pedir que se refuerce la intervención del Ministerio Fiscal en la defensa de los derechos de los consumidores respecto a grandes corporaciones y entidades monopolísticas, y que se promueva de una forma más contundente y
eficaz la defensa y garantía de los derechos de la infancia ante los juzgados de menores o de familia, para que casos como la flagrante negación de derechos que supone la situación de la infancia en la Cañada Real de Madrid cesen definitivamente o,
en todo caso, se asuman responsabilidades por parte de quienes tienen obligación de que cese esta vulneración de derechos y no lo llevan adelante.


Y, por supuesto, le pedimos mayor celo a la hora de promover ante los tribunales los derechos a recursos habitacionales en los casos de procedimientos de desahucio y en todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Creemos que
para fortalecer la justicia como servicio público hay que fortalecer los mecanismos de democratización y participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia, muy especialmente el jurado y las acciones populares. Por eso, también le
pedimos que, de forma radical, apoyen el acceso de la ciudadanía a la justicia gratuita, a través del turno de oficio y de un nuevo modelo -también nos parece fundamental- del proceso penal, que sabemos que han impulsado ustedes. Le pedimos que el
proceso penal sea instruido por el Ministerio Fiscal, como prevé ese anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que debe impulsarse, y ojalá lo adaptemos pronto a nuestro entorno y nos dotemos de un proceso mucho más garantista.

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En especial le queremos pedir un impulso de los contenidos de la Ley de Memoria Democrática, donde, como bien sabe, llevamos un gran atraso en materia de combate a la impunidad. España, desgraciadamente, es un país con un récord de
permisividad de la impunidad que nos ha situado muchas veces en el objetivo de advertencias por parte de las Naciones Unidas y de organismos especializados en esta materia.


Es muy importante la creación de esa Fiscalía especial de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que debe impulsar el reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia penal, a abrir la investigación judicial por violaciones de los
derechos humanos que estén en la impunidad, en especial lo que tiene que ver con los crímenes de la dictadura franquista, que requiere especial urgencia porque la muerte extingue la responsabilidad penal, como todos sabemos, y llegará un momento en
el que ya poca justicia se pueda hacer. Es importante impulsar diligencias previas ya incoadas para investigar casos de torturas, crímenes, en general, de orden internacional cometidos en España por agentes del Estado o por pistoleros de extrema
derecha en connivencia con esos aparatos del Estado, como hemos tenido ahora mismo la lamentable ocasión de comprobar con las declaraciones del criminal, del autor confeso del crimen de Arturo Ruiz, que desde Argentina ha dado una rueda de prensa y
ha reconocido que él cometió ese crimen en connivencia y colaboración con agentes del Estado, que fuese sacado de España por agentes del Estado. Ese es un crimen que está en la absoluta impunidad, tanto respecto a la autoridad como respecto a esa
colaboración, que parece que ha sido necesaria. Instamos a que desde la Fiscalía se amplíen todas estas investigaciones, se dé satisfacción a las víctimas y, especialmente, que se aplique el artículo 2.3 de la Ley de Memoria Democrática, por el
que, como sabemos, prescribe cualquier tipo de amnistía o prescripción, que nunca pueden alcanzar a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, tortura o genocidio.


Nos preocupa también la persecución del activismo ambiental. Hoy nos hemos encontrado una nueva y, desde nuestro punto de vista, desproporcionada operación policial, con quince detenidos, respecto a la organización Futuro Vegetal. No
sabemos si ha intervenido la Fiscalía General en esta operación. Si ello hubiera sido así, nos gustaría saber cómo ha intervenido y, en todo caso, como garantía del derecho, y siempre respetando el principio de mínima intervención del derecho penal
y con garantía también del derecho social a la protesta, pedimos que la Fiscalía proteja el activismo medioambiental de cualquier tipo de atropello por parte de las autoridades públicas.


Nos preocupan los ataques que ha sufrido usted y que ha sufrido de forma reiterada la actual fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Es una nueva injerencia de los vocales conservadores del Consejo General del Poder
Judicial, con un mandato más que agotado, esos vocales que están empotrados en el Consejo General del Poder Judicial cual lapas, porque no hay forma de sacarlos ni de que dimitan. Además, en este caso, mantienen una actitud de ataque, una actuación
política atravesada por la incoherencia de quienes actúan contra sus propios actos, lo cual no deja de ser sorprendente y carece de cualquier sustento jurídico. No es más que una nueva acción politizada, sin competencia alguna, de injerencia por
parte de estos vocales en otros poderes del Estado.


Quiero acabar formulándole una serie de preguntas concretas. La primera es sobre los esfuerzos para combatir la violencia de género desde la Fiscalía General del Estado, ya que ustedes que tienen una posición privilegiada para analizar y
hacer diagnósticos de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, desgraciadamente. ¿Cómo cree el fiscal general del Estado que están afectando en la sociedad los discursos negacionistas de la violencia de género? Otra pregunta es sobre
la siniestralidad laboral. La Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo de la Fiscalía, en la memoria del año pasado, insistía en la necesidad de lograr juzgados especializados en la materia. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando en esta
materia desde esta unidad especializada para prevenir, perseguir y disminuir los tiempos de enjuiciamiento de estos delitos? También ha manifestado usted que pretende aprobar una batería de circulares para unificar criterios en el seno de la
Fiscalía en relación con los delitos contra la Administración pública. Desde este punto de vista, ¿qué iniciativas va a adoptar la Fiscalía General del Estado para atacar la corrupción, para atacar el fraude en la contratación administrativa en la
Administración autonómica y municipal? Finalmente, respecto al impulso de esa nueva ley de enjuiciamiento criminal tan necesaria, ¿está preparada la Fiscalía española para asumir la dirección de la investigación criminal en lugar de los jueces de
instrucción? ¿Existen suficientes contrapesos en el seno de la Fiscalía General para permitir que el Ministerio Fiscal pueda desarrollar una investigación imparcial?


Concluyo. Esperamos que España siga contando con usted desempeñándose como fiscal general del Estado. Sin duda, será un motivo de prestigio para nuestra justicia, pero, por supuesto, queremos pedirle

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un esfuerzo para corregir las muchas deficiencias que todavía nos quedan en materia de falta de garantía de todos los derechos humanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el señor del Valle. Cuando quiera.


El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Con su venia.


Señor García, buenas tardes ya. Como usted ha advertido en su intervención, el fiscal general del Estado es el único cargo en cuyo proceso de designación intervienen los tres poderes del Estado y culmina con el nombramiento de su majestad
el rey. Como se ha apuntado ya, uno de esos poderes del Estado, el Judicial, ha considerado que usted, señor García Ortiz, no resulta persona idónea para el nombramiento como fiscal general del Estado. Le guste o no al señor candidato esa
composición que tiene en la actualidad el Consejo General del Poder Judicial, se trata de un órgano constitucional que merece respeto y consideración. Si bien el informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo, pero no vinculante, es
lamentable que el Gobierno de España mantenga la propuesta de su nombramiento, cuando es evidente que hay serias dudas fundadas sobre que vaya a desempeñar el cargo de una forma imparcial, neutral e independiente, y de que vaya a favorecer la
independencia de los fiscales respecto del Poder Ejecutivo; como para que la Fiscalía asuma labores de instrucción, como se pretende, y hoy ha señalado el ministro de Justicia. Ante esta Comisión, el 28 de julio de 2022, usted manifestó -y cito
literalmente del Diario de Sesiones: A mí me ha avalado el Consejo General del Poder Judicial, que no le quepa duda a nadie, a nadie. No se pueden poner las cosas al revés para que parezca lo contrario. Pues bien, ahora no dispone de dicho aval y
tiene la misma composición el consejo de 2022 que el del día de hoy. Por tanto, en aquel momento usted presumía y decía que no se podía poner en duda. Hoy, cuando el viento favorable no le es favorable, lo ha puesto usted en duda, ha criticado a
uno de los poderes del Estado en sede parlamentaria y, desde luego, desde mi grupo esto se lo criticamos, no nos parece lo más adecuado.


El informe del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de noviembre de 2023, tras analizar el contenido de lo que ha de ser su informe, que no es otro que determinar si objetivamente el candidato propuesto se considera idóneo y fundamentar
su alcance conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no abarca solo los requisitos de legalidad, como a usted le gustaría, sino también puras razones de oportunidad, se procede a examinar las decisiones adoptadas por usted durante su
mandato como fiscal general del Estado en el año previo a su actual renovación. Y las concretas razones que han llevado al consejo a entender que no es oportuna su designación son las siguientes: en primer lugar, razones de deficiente legalidad en
la gestión administrativa de la Fiscalía, y menciona la sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, la 1499/2023, de 21 de noviembre, en la que se estima el recurso interpuesto contra el real decreto de nombramiento de un fiscal de Sala del
Tribunal Supremo, con ascenso a dicha categoría, a quien había ostentado la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cuando fue designado fiscal de Sala el candidato propuesto ahora para renovar como fiscal general del Estado. Y se declara
literalmente en la sentencia lo siguiente: Hay buenas razones para afirmar que entre el actual fiscal general del Estado y la señora Delgado García existía ya con anterioridad una estrecha relación de confianza y que aquel tenía motivos de
reconocimiento hacia esta. Había sido el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con la señora Delgado García y, precisamente, por esa vía ella le había facilitado la promoción a la categoría de fiscal de Sala. No hay que
olvidar, además, que el mencionado cargo de jefe de Secretaría Técnica supone ser el principal colaborador del fiscal general del Estado, hasta el punto de que legalmente cesa cuando este termina su mandato o le retira su confianza. Todo esto
corrobora la verosimilitud de que la intención del fiscal general del Estado era, efectivamente, la que él mismo manifestó en la sesión del Consejo Fiscal. La convocatoria para cubrir, entre otras, la plaza aquí examinada, fue acordada por el
Ministerio de Justicia, a iniciativa de la propia señora Delgado García, cuando aún no había presentado su dimisión como fiscal general del Estado, lo que no le impidió pocas semanas más tarde, cuando ya no ocupaba esa alta posición, presentar su
solicitud como aspirante a esa misma plaza. Y usted hoy ha criticado esta sentencia del Tribunal Supremo, ha criticado la decisión del Consejo General del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, y ha criticado al Tribunal Supremo, ha
criticado esta sentencia, y dice que no se le ha dado voz. Es que no hay por qué dársela. Se examina objetivamente cómo fue el nombramiento y la sentencia es clarísima. Y no

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parece que, quien hace utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general del Estado, pueda considerarse idóneo para su nombramiento.


En segundo lugar, el Consejo General dice que hay razones de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales. Claro, usted dice que se equivocan, que las cifras no son correctas. Lo que han entendido es que en poco más de un
año usted ha procedido a la designación de 33 nombramientos discrecionales, de ellos, 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresista de Fiscales, de la que usted era presidente, la cual cuenta con 200 asociados de los 2700
totales de carrera. Es decir, del 7,4 % de los totales de carrera se han nombrado un 66,6 % de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en categorías superiores. Usted dice que no eran 33, que eran
muchos menos; los que sean. Y dice usted: no tienen por qué conocerlo. Bueno, usted tampoco, pero lo conoce porque ha sido presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Pues igual bailan las cifras, pero nos parece una auténtica barbaridad
que, si realmente esta asociación tiene 200 asociados de 2700, haya un porcentaje elevadísimo de nombramientos discrecionales y más de la mitad promocionando en categoría superior: 5 lo han sido de la Asociación de Fiscales, la cual cuenta con 630
asociados -es decir, del 23 % de la carrera se han nombrado el 15 % de los cargos discrecionales-, y 4 a los no asociados, que son el mayor porcentaje de los de carrera, 970, lo que supone haber designado solo el 12 % a los que representan el 40 %.
Debe resaltarse que en esos nombramientos existen informes previos del Consejo Fiscal que no consta que el fiscal general del Estado haya seguido.


En tercer lugar, razones de deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía. La famosa Circular 1/2023, de 29 de marzo, a la que usted ha hecho referencia con anterioridad, en la que se ordena a los fiscales una
interpretación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de tan convulsa vigencia como de fuerte polémica social y jurídica, la conocida como la ley del solo sí es sí. Con dicha circular usted pretendía unificar el
criterio mayoritario que, en relación con la aplicación de la mencionada ley, en concreto, en el régimen transitorio, venía manteniéndose por los fiscales, y que, según trascendió, era lo contrario a lo sostenido por parte del Gobierno en ese
momento. Pues bien, el criterio impuesto en dicha circular, contrario al que se sostenía por la mayoría de las fiscalías, fue considerado improcedente por la jurisprudencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo. Incluso dicha ley orgánica debió
ser reformada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, y no precisamente en el sentido que se ordenaba en dicha circular.


En cuarto lugar, razones de falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones. En los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que podría
imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial. Esto, literalmente, lo ha mencionado usted y ha parado ahí para criticarlo, pero es que el informe continúa: '... ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que
han intervenido en los procesos referidos al eufemísticamente denominado conflicto catalán, y no solo por representantes de la pretendida opinión pública, sino sobre todo por instituciones y cargos públicos, sacando del ámbito jurídico lo que nunca
debió salir, etcétera'. Y continúa: 'Ante esta situación, y siendo el fiscal general del Estado el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del candidato ha sido no ya la más absoluta inactividad, sino
que en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves
acusaciones a la actuación de la Fiscalía'. Y el consejo concluye su informe diciendo: 'No parece que, a la vista de tal desempeño del cargo en lo expuesto, pueda concluirse que el candidato pueda considerarse idóneo. Y por todas las razones
expuestas se considera que el excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz no resulta persona idónea para el nombramiento como fiscal general del Estado'.


Concluyo ya. Es usted un fiscal al servicio del proyecto del señor Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros; de hecho, se le ha visto en actos del Partido Socialista. La valoración de nuestro grupo es que carece usted de
cualquier requisito de imparcialidad, neutralidad e independencia, por lo que, a nuestro parecer, carece de la idoneidad para ser nombrado fiscal general del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el señor Martínez. Cuando quiera.

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El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Bienvenido, señor García Ortiz. En nombre de mi grupo y en el mío propio quería darle la bienvenida a esta Cámara. Basta una simple lectura de los diarios de sesiones en los que ha comparecido la persona designada
por el Gobierno para el puesto de fiscal general del Estado para comprobar cómo a lo largo de nuestra historia reciente ha transcurrido el trámite previsto. Voy a obviar el marco normativo, porque es conocido por todos lo que establecen el artículo
124.4 de la Constitución y el artículo 29 del estatuto, pero es importante que esté usted aquí ya que la Constitución no recogía esta comparecencia y no fue hasta la reforma del año 2007, como usted ha dicho, elaborada por un Gobierno socialista, en
la que se dio voz al Parlamento en su nombramiento mediante esta comparecencia. Y quiero llamar la atención, acerca de la función de esta comparecencia, sobre lo que decía la señora Moro en la comparecencia de 23 de noviembre del año 2016. Decía
-abro comillas-: 'Nuestro trabajo hoy, aunque parezca otro a raíz de algunas intervenciones, no nos convierte en un tribunal evaluador ni en seleccionadores ni en jefes de recursos humanos ni en responsables de ningún casting. Como representantes
de la soberanía nacional, se nos demanda nuestra valoración sobre los méritos e idoneidad de la persona propuesta por el Gobierno, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para el cargo'. Y seguía diciendo la señora Moro, con
respecto al señor Maza Martín: 'Usted, y otros que le precedieron, no es que reúnan los requisitos mínimos, es que reúnen los requisitos exigidos en la normativa vigente. Ese calificativo de mínimos no procede aplicarse a los requisitos. En
derecho, o se cumplen o no se cumplen los requisitos, y usted cumple los requisitos'. Cito a la señora Moro porque el Partido Popular nos tiene acostumbrados a la ley del embudo: solo considera válidos los procedimientos cuando se trata de elegir
al fiscal general y gobierna el Partido Popular. Cuando no lo hace, el respeto a las leyes brilla por su ausencia. Ustedes, señores del PP, se creen que los únicos fiscales jefe legítimos son los que nombran ustedes, porque se creen que el poder
es suyo. El sentido de esta comparecencia se centra en evaluar la propuesta única, pero sin condicional en ningún caso, porque la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico establece que el único que puede efectuar la designación es el Gobierno y
el único que puede efectuar el nombramiento es el jefe del Estado. Respecto a los méritos, es obvio que usted los atesora. En cuanto a la idoneidad, después de su intensa evaluación del proyecto que pretende llevar a cabo, es obvio que el Grupo
Socialista -ya se lo anticipamos- entiende que el candidato que, en este caso, ha elegido el Gobierno reúne el mérito y la idoneidad para ser propuesto como tal.


Es la segunda vez que usted se somete a este trámite y verá en manos del PP, y ya lo ha visto en manos de VOX, que no han rebajado su tono, sino que cuanto más tiempo están alejados del poder, más se intensifica el despliegue de
descalificaciones y postulados que nada tienen que ver con el juego democrático. Es evidente que la derecha, cuando no gobierna en España, tiene la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política y que la descalificación
genérica de las instituciones por el Partido Popular no deja de crecer, con el riesgo que esto puede provocar. Por ello, se hace cada vez más necesario defender la confianza en las instituciones, incluido el Ministerio Fiscal.


Hay emprendida una campaña contra el compareciente, pero esta campaña tiene un componente político y sería acreedor de la misma cualquier otra persona que fuera candidato a fiscal general del Estado. No van solo contra usted, están yendo
contra el Gobierno para intentar desgastarlo, como es obvio, y por eso digo, con todos los respetos, que da igual quien hubiera propuesto el Gobierno, porque la respuesta mediática de las fuerzas conservadoras y sus argumentos hubieran ido en la
misma dirección. Se trata de generar el caos, abrir grietas peligrosas, que apuestan por el cuanto peor, mejor, y la atomización prejuiciosa de valoraciones que nada tienen que ver con lo que hoy aquí nos ocupa y que tanto empobrecen, repito, la
vida política y el juego democrático, máxime después del resultado de las últimas elecciones. Se olvidan la derecha y la ultraderecha de que nuestros ciudadanos tienen otras prioridades y, por eso, dijeron no a un Gobierno del PP y VOX. Y mientras
algunos llenan las calles de odio, frentismos y banderas inconstitucionales, el Grupo Socialista seguirá utilizando el BOE para subir las pensiones, para seguir mejorando el salario mínimo interprofesional, para seguir ampliando las becas, para
seguir poniendo en marcha políticas de empleo para jóvenes, para seguir creando juzgados de violencia contra la mujer. En definitiva, pese a que ustedes voten no, nosotros seguiremos realizando políticas para mejorar la vida de las personas. El
BOE seguirá siendo la huella en la que la historia pueda comprobar el carácter transformador de las políticas desarrolladas por diferentes gobiernos progresistas de nuestra aún joven y ejemplar democracia.


Los intervinientes contrarios a su nombramiento, como ya hicieron en su comparecencia de 28 de junio del año 2022, hacen suyos los argumentos, en este caso, del acuerdo del pleno del Consejo General

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del Poder Judicial en aquel día, pues hacían alusión al voto particular. Los vocales que consideran que usted no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado -excepto uno que se ha unido- son los mismos que ya estuvieron en ese
mismo trámite en 2022 y decidieron que usted no era idóneo porque su imagen de imparcialidad estaba comprometida por haber participado en un curso o algo similar. Si a ellos se les aplicara el mismo rigor, quizá habría muchas sorpresas. Es más, si
a todos los operadores judiciales hubiera que declararlos no idóneos para ejercer el cargo, porque un órgano superior revocara una decisión aplicando un criterio distinto al defendido, en este país no habría ni abogados ni jueces ni fiscales. Y
claro que no es la misma composición, solo hace falta ver los números para saber cuántos había antes y cuántos hay ahora. Basta una simple lectura o consulta a cualquier base de datos, para encontrar alguna que otra resolución que anula
nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial por carecer del respaldo legal y resultar discriminatoria, o por motivación insuficiente o defectuosa.


Sobre varias de las cuestiones que los vocales plantean, sin perjuicio de que ya ha sido aclarado por el Ministerio Fiscal, en cuanto a los nombramientos, parece importarles mucho la asociación a la que pertenecen los fiscales, y cuestionan
que los nombramientos sean perfectamente legales y legítimos por pertenecer a aquella o a esta asociación. Dicen que lo que debe primar es el mérito y la capacidad, además de otros requisitos reglados. Yo me pregunto: si quien recibe el
nombramiento no es del agrado por pertenecer a una asociación determinada, aunque reúna los requisitos, ¿se convierte por ello en no idóneo para el cargo? Debemos recordar que los nombramientos pueden ser recurridos, como lo han sido en varias
ocasiones donde la sala sentenciadora los ha revocado, con evidentes cambios en la doctrina en cuanto a nombramientos y legitimaciones para recurrir. Sin embargo, no deben ser tanto los nombramientos revocados cuando estos mismos vocales del
Consejo General del Poder Judicial omiten los porcentajes de puestos recurridos y cuántos recursos han sido admitidos.


El tercer reproche se centra en la Circular 1/2023. Se obvia que interviene la junta de fiscales de sala, y queda claro que el contenido de la circular no es una mera elaboración del fiscal general del Estado, sino que participa en su
elaboración la cúpula de la carrera fiscal.


En cuanto a la falta de defensa de la carrera fiscal, entendemos que ya ha dado cumplimentación el compareciente y, en todo caso, cualquier posicionamiento del Ministerio Público exige conocer la norma tras su publicación en el BOE. Ahora
bien, resulta de todo punto increíble que no lo consideren como idóneo quienes tienen sus nombramientos caducados y se mantienen en un cargo gracias al PP. Otra vez la ley del embudo. De las seis veces que se ha renovado el Consejo General del
Poder Judicial desde 1980, en tres ocasiones se ha retrasado su renovación por desacuerdo entre el PP y el PSOE, casualmente siempre estando el PP en la oposición: en 1996, ocho meses; en 2008, un año y diez meses y, en la actualidad, más de cinco
años.


A lo largo de su historia el PSOE ha demostrado su firme compromiso con la defensa de la democracia, la justicia y la legalidad en España, y la postura respetuosa, aunque a veces crítica, en la elección de las personas que han ocupado el
cargo de fiscal general del Estado. En un momento en el que las tensiones políticas pueden amenazar la integridad de nuestras instituciones, es imperativo que todas las fuerzas políticas trabajen juntas para garantizar la estabilidad y el
funcionamiento adecuado de nuestro sistema judicial. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos recordar que nuestras decisiones y acciones en el ámbito judicial y político tienen un impacto directo en la vida de nuestros ciudadanos y en la
calidad de nuestra democracia. La independencia del Poder Judicial y la integridad de nuestras instituciones son la base de una sociedad justa y equitativa. En esta encrucijada de nuestra historia, recordemos que son los ciudadanos españoles
quienes otorgan el significado y la relevancia a cada nombramiento. Cada paso que damos en la construcción de nuestra democracia, como el color y el aroma de las flores que preceden la fruta de los campos de mi tierra natal, Cieza, así es nuestra
vocación de servicio, arraigada en nuestras raíces, pero siempre dispuesta a esparcir los frutos de la justicia y la igualdad por toda España.


Hemos de recordar, señores del Partido Popular y señores de VOX, que fue precisamente José Luis Rodríguez Zapatero el que más hizo por la autonomía e independencia a la Fiscalía, cuando en 2007 eliminó la posibilidad del cese unilateral por
el Gobierno. Ustedes, señores del Partido Popular, que hablan de independencia, obvian que el presidente dimitido del Consejo General del Poder Judicial ocupó durante 8 años el cargo bajo las órdenes del ministro Popular. ¿O se olvidan ustedes de
cuando un diputado del PP decía que su partido se sentía perseguido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y, sin embargo, sí visitaba por las noches la sede o las dependencias del fiscal general del Estado? (Muestra una fotografía). En
todo caso, no está el PP para hablar de la independencia judicial o fiscal, como no lo están para hablar de corrupción ni de cloacas del Estado. Que se lo pregunten al señor Jorge Fernández Díaz,

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porque el propio Partido Popular ya ha solicitado que se le cite para que se siente en el banquillo; este señor, Jorge Fernández Díaz, que ya se manifestaba como afinador de la Fiscalía.


Por último, tengan claro que el Partido Socialista y el Gobierno -como tuve la ocasión de comentar el otro día con una jueza de Primera Instancia de mi región, que me expresaba su preocupación- defenderán siempre -y lo ha hecho esta mañana
aquí el ministro- a los jueces, a los magistrados y a los fiscales, porque defender el Estado de derecho y el buen nombre de la justicia es lo importante que hay que hacer en este momento. Y, sobre todo, señores del Partido Popular, no traten a la
justicia a martillazos, como hacen con los discos duros. (Rumores).


Para terminar, por el bien de la justicia, invito al PP al acuerdo. Y apropiándome de unas palabras del compareciente en otro foro, les invito también a la reflexión. No somos dueños de la justicia, sino sus servidores, y este país es tan
grande que incluso sigue creciendo, a pesar de sus perjuicios.


Muchas gracias y feliz Navidad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, y para concluir este turno general de palabra, tiene la palabra el señor De Rosa.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.


Señor fiscal general del Estado en funciones, señor García Ortiz, flaco favor le está haciendo el Grupo Socialista, porque no ha encontrado ningún motivo para defender su idoneidad más que atacar al Partido Popular. (Risas). Por tanto, el
mismo Grupo Socialista reconoce que usted no tiene mérito ni ningún tipo de idoneidad, porque no ha puesto de manifiesto lo que usted va a hacer o lo que considere que va a hacer. Y le recuerdo, señor portavoz, que los vocales del Consejo General
del Poder Judicial fueron elegidos también con su voto. (Rumores). Estos vocales, que ahora son la encarnación del Maligno, han sido vocales elegidos por este Parlamento, por este Congreso y por el Senado, con el voto del Partido Socialista.
Haberlo pensado en su momento, porque, no sé, ¿a qué viene ahora rasgarse las vestiduras hablando de declaraciones que se están haciendo? Señor García Ortiz, el Partido Socialista y otros grupos no han encontrado en usted ninguna idoneidad, por eso
el Grupo Popular consideraba que usted no iba a aceptar la designación que le había propuesto el Gobierno. No solamente porque según el Grupo Socialista usted no tiene ningún mérito ni ninguna capacidad sino también porque el propio Tribunal
Supremo, como han comentado y comentaremos, le ha dicho que usted incurre en desviación de poder; incluso el Consejo General del Poder Judicial dice que usted no es idóneo.


Señor García Ortiz, creo que atacar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial como su carta de presentación en esta Comisión no es lo más adecuado y conveniente para alguien que pretende ser fiscal general del Estado y
cumplir lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es defender el principio de legalidad. No creo que sea la mejor carta de presentación venir aquí a sangrar por esa herida y en una comisión del Congreso realizar o devolverle
-lo que usted considera- el ataque al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Creía que usted tenía mayor altura de miras y parece que no. Realmente a usted le corresponde, según lo establecido en el estatuto orgánico, proteger
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley -usted sabe que eso lo establece el estatuto orgánico-, así como velar por la independencia de los tribunales.


Usted ha escuchado aquí como se ha atacado al Tribunal Supremo, como se ha atacado a los tribunales, como se ha atacado a los jueces, como se ha atacado a los fiscales. Espero que usted tenga un poco de gallardía y defienda aquí a los
fiscales y a los miembros del Poder Judicial, porque así lo establece el artículo 124 de la Constitución y el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Usted ha de velar por la independencia del Poder Judicial, ha de velar por el
principio de legalidad, y lo que hemos escuchado aquí no se corresponde a la función que usted pretende o quiere realizar aceptando -en el caso de que lo acepte, que yo creo que después de esta comparecencia no lo aceptará- ser nombrado fiscal
general del Estado.


El Tribunal Supremo ha declarado que usted ha actuado en desviación de poder. Usted sabe que el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, por lo que usted, atendiendo a lo que dice el Tribunal Supremo
o el Consejo General del Poder Judicial, no puede aceptar este cargo, porque constitucionalmente el artículo 9.3 dice que a aquel que actúa con arbitrariedad en sus actuaciones -y así yo entiendo que es el desvío de poder- no le puede corresponder
un cargo público. El Consejo General de Poder Judicial ha emitido un informe. Usted cuando fue nombrado la vez anterior alabó el criterio de la mayoría; ahora lo que usted tiene que hacer es alabar el criterio de la mayoría. En fin, no sé,
porque ¿o según viene la crítica o según le interesa o le viene bien le parece que la mayoría acierta y la

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minoría no, o al revés? Eso, para aquel que tiene que defender el principio de legalidad, no me parece lo más adecuado como carta de presentación.


Señor García Ortiz, las sentencias se tienen que acatar. Aquí están diciendo que si los jueces... Los jueces se pronuncian con sentencias y eso es de primero de democracia y de primero de Estado de Derecho; las sentencias se acatan y se
cumplen. ¿De acuerdo? Yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo. Hemos escuchado intervenciones bastante pintorescas de algún miembro de esta Comisión hablando de las sentencias; las sentencias se cumplen, todos han de cumplirlas. Las
críticas a las funciones orgánicas del Consejo General Judicial no son admisibles, es un órgano constitucional. ¿Por qué tenemos que estar aquí, y usted tolerando, que se esté atacando -porque usted ha contribuido a ello- el papel del Consejo
General del Poder Judicial? Usted hoy mismo ha entrado en conflicto institucional con el órgano de Gobierno del Poder Judicial. ¿A usted le parece que esa es la carta de presentación para reclamar, o por lo menos solicitar, la idoneidad en esta
Comisión?


Respete las instituciones, respete lo que dispone el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice que el Consejo del Poder Judicial emitirá un informe. No dice que emitirá el informe que quiera el señor García Ortiz;
emitirá un informe, el que considere conveniente en su derecho y en su capacidad, y eso usted lo tiene que respetar. También que será oída esta Cámara, y aquí estamos en esta Comisión, cumpliendo el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. Por tanto, todo lo demás es contribuir al conflicto. Y eso que decía el representante del Grupo Socialista es absolutamente aplicable a lo que está realizando el Grupo Socialista, atacando las instituciones del Estado, atacando las
decisiones del Tribunal Supremo y consintiendo que otros lo hagan. Por tanto, eso es lo que usted tiene que defender, es hacer totalmente lo contrario de lo que se le ha instado desde el Grupo Socialista.


¿Sabe usted lo que supone para un jurista que se diga que se ha actuado en desvío de poder? Es gravísimo, y usted tiene que reflexionar porque es gravísimo para alguien que quiere alegar la defensa de lo dispuesto en el artículo 1 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Por qué se le ha dicho lo de desvío de poder? Porque usted ha insistido en nombrar a Dolores Delgado en el cargo que no le correspondía, según el propio Tribunal Supremo, ascender a la que era su no sé si
mentora, amiga -no sé, yo en eso no entro, porque cada uno tiene sus amistades-, no cumpliendo los requisitos de legalidad y eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Sabe usted que el Tribunal Supremo dice que no debería haber tenido ese cargo
con el cual ella ostenta el cargo de fiscal de sala que actualmente aún ostenta en la Fiscalía de Memoria Democrática. Si se le priva en una sentencia del ascenso ¿por qué la mantiene usted? ¿Está usted contribuyendo a que haya más desviación de
poder? Porque usted la está manteniendo. Si el origen es nulo -¿sabe usted lo que es la teoría del fruto del árbol envenenado?- todas las consecuencias, como el nombramiento actual, deben ser también anuladas. Y usted la mantiene.


Por tanto, señor García Ortiz, sea y parezca imparcial; sea y parezca objetivo y libre de cualquier influencia de naturaleza política. Sus nombramientos no se ajustan a estos parámetros, ya lo ha dicho el propio Tribunal Supremo. Yo ya no
entro en si son más o menos de una asociación, porque -para los que procedemos de la carrera y usted de la carrera fiscal- el mérito y capacidad es independiente de que se pertenezca o no a una asociación, lo lleva la condición personal, pero sí que
le tengo que decir que en los nombramientos que el Tribunal Supremo le dice que es desvío de poder usted tenía que haber intervenido automática e inmediatamente, porque si no parecerá que hay nepotismo en su actuación. Si mantiene nombramientos que
han sido declarados ab initio contrarios a Derecho, podemos pensar que usted está actuando con nepotismo, favoreciendo a determinadas personas con las que pueden tener cualquier tipo de relación.


Me ha sorprendido que usted haya utilizado el término conservador progresista. ¿En la justicia también? ¿En la Fiscalía también? ¿Aquí vamos a decir que las decisiones conservadoras son peyorativas y las progresistas son las adecuadas?
¿Usted también va a contribuir a esa denominación? ¿Usted viene aquí con la medalla de que va a hacer la Fiscalía progresista? ¿Qué es el progresismo? ¿Me lo puede usted definir? ¿Qué es el progresismo? El progresismo es la aplicación de la
ley; el progresismo, lo revolucionario, es aplicar la ley porque ahora estamos viendo que lo sumamente reaccionario es actuar en contra de la ley. Eso sí que es reaccionario, acudir contra los principios del Estado de Derecho. Eso es
reaccionario. Por tanto, no le he entendido cuando dice que va a dar esa impronta progresista. Reflexione, recapacite, rectifique; no asuma este cargo, de verdad, porque está usted poniendo a la Fiscalía en un punto absolutamente límite en el
conflicto que usted ya está llevando personalmente contra el Poder Judicial.

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Ha hablado de que va a hacer una circular sobre los delitos de corrupción, pero es que ha habido una reforma del delito de malversación que la Unión Europea ha dicho que lo está mirando y que el propio fiscal anticorrupción dijo que era
bastante peligrosa. Usted ha dicho que no quiere pronunciarse sobre la ley de amnistía -yo le respeto-, pero la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la corrupción, que son dos pilares básicos de la Fiscalía desde mi punto de vista y desde
el del Grupo Popular, se ponen en peligro en esa ley porque se van a anular investigaciones a corruptos y a aquellos que están siendo investigados por haber cometido actos presuntamente terroristas. Por lo tanto, reflexione también sobre cuál va a
ser su papel.


Hay que reconocer, por tanto, que a diferencia de lo que ha dicho otra portavoz, su circular sobre la ley del sí es sí fue absolutamente nefasta y contraria a las víctimas. Y se lo dije. De hecho, es tan contraria a las víctimas que aquí
se ha reformado la ley atendiendo el criterio del Tribunal Supremo, con el voto de los señores socialistas que aplaudían tanto la intervención de Esquerra Republicana de Cataluña. Han modificado la ley para proteger a las víctimas. Por tanto, su
circular que decía que esa ley era adecuada no era así y aquí se ha rectificado. Así que los aplausos que daban no los entiendo bien porque ellos mismos, el Grupo Socialista, tuvo que modificar la ley para proteger a las víctimas. (Rumores).
Claro, y con el apoyo del Partido Popular, a los que tuvieron que recurrir aquí y no a sus socios, con los que ahora se llevan ustedes de una forma tan amorosa, con espíritu navideño. (Un señor diputado: El tiempo, el tiempo).


Para terminar...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor DE ROSA TORNER: Agradezco al presidente que haya tenido la atención.


Para terminar, ayer en el Consejo Fiscal usted fue arrastrándose, arrastrado a ese Consejo, para defender a los fiscales del procés. Usted lo ha puesto de manifiesto. ¿Pero qué va a hacer usted cuando sean llamados a alguna comisión de
investigación? Hoy el Consejo General del Poder Judicial, ese tan denostado, ha dicho que va a defender a los jueces y magistrados que sean atacados y que intenten traer a estas comisiones de investigación. ¿Usted lo va a hacer también? Por
último, y ya para acabar, señor fiscal, usted tuvo el prestigio, es verdad, en su actuación en el Prestige y se lo tengo que reconocer, pero yo creo que ha perdido su prestigio para ser fiscal general del Estado, por ese ataque que usted ha
efectuado en esta Comisión y también por lo dicho por el Consejo General del Poder Judicial y por el Tribunal Supremo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el compareciente, señor García, para contestar a las preguntas que le han formulado los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los comparecientes. Agradezco sus palabras, sus críticas, sus intervenciones. Por la hora que es, también agradezco su presencia porque
sé que llevan una mañana muy dura.


Aunque sea un poco injusto dar protagonismo a lo que más disgusta, voy a empezar por el final, por las palabras del señor De Rosa. Sí me sorprende un poco el trato, el tono acerado, el tono, con esa capacidad de hacer de la institución de
la Fiscalía General del Estado y de la figura del fiscal general del Estado una figura atacable en todos los sentidos. Yo creo que debemos recuperar de alguna manera la mesura y recuperar las instituciones. No se olvide, señor De Rosa, que también
el fiscal general del Estado es una institución, de la misma manera que lo es el Consejo General del Poder Judicial. Todos convenimos en que no pasa nada por hacer una crítica si la crítica es fundada, si no incurrimos en el insulto, si no
incurrimos en la descalificación, si damos datos. A lo mejor no han escuchado bien mi comparecencia, pero creo que he dado todos los datos y he desglosado por qué el informe del Consejo no debería haberse producido. Y la conclusión es bastante
sencilla. ¿De dónde han salido esos datos si la mayor parte de las cosas que se dicen no son ciertas, sencillamente no son ciertas? ¿Cómo no me voy a defender? ¿Cómo no lo voy a decir públicamente? ¿O es que el fiscal general del Estado cuando
se habla de él tiene que estar callado, aun en sede parlamentaria, cuando me dan esta oportunidad? Yo creo que, entre todas las figuras, entre todas las autoridades públicas que hay en este país para las que, por supuesto, la crítica es una
expresión del Estado de Derecho, también la capacidad de réplica,

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la capacidad de decir lo que te gusta y lo que no te gusta pertenece a la libertad de expresión del fiscal general del Estado.


De mí se han dicho muchas cosas, señor De Rosa -no quiero personalizar en usted, discúlpeme-; de mí se han dicho muchas cosas y algunas muy fuertes, aquí en sede parlamentaria y fuera de la sede parlamentaria. Me remonto a lo que ocurrió
hace casi dieciséis meses, cuando se me llamó colaboracionista de ETA, nada menos -colaboracionista de ETA- y no hubo nadie que saltara en sus tribunas a defender al fiscal general del Estado. (Aplausos). Las instituciones hay que defenderlas y
hay que defenderlas siempre. Quienes formamos parte de las instituciones tenemos el derecho y el deber de contestar, y también ustedes -sobre todo ustedes- tienen el derecho y el deber de criticarnos. Yo me someto a esa crítica, como creo que
todos nos debemos someter, siempre que la crítica no exceda de determinados parámetros. Creo que mi razonamiento es exactamente el contrario al suyo.


Creo que cuando un órgano del Estado, cuando un poder del Estado, cuando una institución excede sus competencias -y creo que el Consejo General del Poder Judicial, como ya dije en otra ocasión, no es nuevo lo que estoy diciendo, ha cometido
un exceso competencial- debe darse la oportunidad de contestar. Cuando cada uno de los miembros de ese Consejo -y alguno lo hizo en prensa, directamente- se ha metido con el fiscal general del Estado a mí no se me ocurre salir a contestar; pero
cuando es un órgano constitucional, que entiendo ha excedido sus competencias, yo también, como representante de un órgano de relevancia constitucional y en sede parlamentaria además, tengo la capacidad de contestar lo que creo que es un exceso.
Creo que es un exceso, y lo digo con total naturalidad. Igual a usted le parece que yo no soy idóneo, me parece bien que lo diga, pero también, señor De Rosa, dígalo con rigor.


Desviación de poder y arbitrariedad son dos conceptos jurídicos distintos y usted lo sabe también, y hay que manejarlo de esa manera diferente. Me está reprochando que mantenga en el cargo a una fiscal de sala. Pero -y usted es jurista y
conoce cómo son los procedimientos-, ¿cómo no voy a mantenerla si el fiscal general ni nombra ni cesa?, ¿si nombra y cesa al Gobierno de la nación? ¿Cómo puede ser que quiera extender usted el pronunciamiento de una sentencia que declara la
nulidad de un nombramiento si la sentencia todavía no es firme ni es ejecutiva? Yo creo que si hablamos de términos jurídicos tenemos que hablar de términos jurídicos, pero no sembrar sospechas o sombras de duda sobre los demás.


Pero sí recojo el guante en alguna de las afirmaciones que ha hecho y que quiero contestar, porque creo que es interesante no solo contestarlas sino quizá hacer un poco de didáctica también sobre lo que es el ejercicio de la función del
fiscal general del Estado y lo que a mí juicio es el ejercicio del poder. Creo que también coincido con algunas de sus señorías en entender que la inviolabilidad de los parlamentarios es una conquista del derecho moderno para preservar,
precisamente, lo más importante que tiene una democracia; que la expresión parlamentaria sea absolutamente libre y que los excesos se corrigen a través de las expresiones políticas que la propias Cámaras tienen establecidas. Por tanto, esa
inviolabilidad, guste más o guste menos lo que se diga -y en algunas ocasiones gustará más o gustará menos-, tiene sus propias formas de corrección. Yo entiendo que este es el juego institucional, estas son las instituciones que nos hemos dado. Lo
que no podemos es asistir a las instituciones cuando nos favorecen y salirnos de ellas cuando nos perjudican. Y creo, sinceramente que ese es el papel del fiscal general del Estado.


No creo que el fiscal general del Estado deba ser un opinador y lo he dicho en la conferencia, pero entiéndame, señor De Rosa, entiéndanme todos los parlamentarios, yo no soy un contrincante político de nadie, yo no soy un rival político de
nadie. Yo soy una figura institucional, el fiscal general del Estado, y le voy a defender a usted, señor De Rosa, cuando sea atacado como voy a defender a cualquiera de los representantes de los grupos parlamentarios que están aquí cuando sean
atacados, independientemente de cualquier otra consideración; sea del PP, de VOX, de Junts, de Esquerra, de SUMAR, del Partido Socialista. Y al revés, ustedes podrán acudir a la justicia y podrán acudir a la Fiscalía como paradójicamente ocurre,
pese a lo que se dice del fiscal general del Estado, cuando hay una acción que es susceptible de ser llevada a los tribunales. Por supuesto que esas instituciones que llevamos cuarenta y cinco años custodiando son muy importantes.


Empiezo por el final, por la alusión que hace usted a la amnistía y al posicionamiento del fiscal general respecto de la amnistía. Creo que también exige cierta didáctica. ¿Por qué el fiscal general no se ha manifestado respecto a la
amnistía? En primer lugar, cuando surge esta demanda de manifestaciones, porque no había ni siquiera un texto legal, a mí ya se me empieza a exigir un pronunciamiento sobre la amnistía, y no había ni siquiera un texto sobre la mesa. Era un
posicionamiento puramente ideológico; ya le digo, yo no soy un opinador, ni quiero serlo, ni quiero ser una persona que contribuya a exacerbar el

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debate político. Yo me considero jurista y creo que la Fiscalía debe huir de los espacios políticos -con toda la grandeza que tiene la política, no lo estoy criticando-, para refugiarse en los espacios jurídicos y hablar -¿dónde y cómo?-
en los tribunales.


La Fiscalía es importante porque ejercita acciones ante los tribunales; ante muchos, no solo es penal, también es civil, también es contencioso, también es social, también ante el Tribunal Constitucional. No lo olvidemos, porque es
importante cuando vamos a hablar de una ley que todavía no ha nacido, pero aun habiendo nacido está en proposición de ley. Esa ley va a ser llevada a todos y cada uno de los tribunales españoles donde hay hechos susceptibles de ser amnistiados y
después puede llevarse a otros espacios jurídicos donde también interviene la Fiscalía. ¿No les parece, señorías, a todos ustedes, una temeridad que una frase, un comentario de contenido puramente personal o ideológico del fiscal general del Estado
pudiera llevar a pensar que eso condiciona toda la labor de la Fiscalía? Porque los criterios de la Fiscalía no se forman, como a veces parece ser, a través de una orden del fiscal general del Estado que como soldados los fiscales de este país
cumplen. Poco conocen a la carrera fiscal; poco la conocen, desde luego y poco conocen al Consejo Fiscal. Si a los fiscales de este país se les diera una orden ilegal o ilegítima saltarían, porque la mejor forma de control de la acción del fiscal
general del Estado es la transparencia y que vivimos en un Estado democrático en el que predomina la libertad de expresión.


Como han podido ustedes comprobar, los fiscales no están callados, hablan en los medios de comunicación, hablan en los periódicos, escriben artículos y se manifiestan. Por eso quiero decir que no es la voluntad del fiscal general del Estado
sobre la amnistía, en una expresión, en un debate, en un momento o en un comentario la que debe condicionar lo que haga la Fiscalía. No, es el estudio riguroso, es el conocimiento de la norma y es en ver cómo se va a aplicar la norma en cada uno de
los procedimientos. Así se construye la voluntad de la Fiscalía, con los mecanismos que tenemos. No somos un ejército, somos un colectivo de excelentes juristas que aportamos a nuestro colectivo lo mejor de nosotros mismos para construir una
voluntad jurídica. Eso es la Fiscalía española. No la maltratemos pensando que está en manos de cualquier persona que esté al frente de la Fiscalía General del Estado, no es así. Creo que debo -y en este caso sí, como haré después- defender a
todos mis compañeros y a todas mis compañeras, no los minimicen ustedes porque son muy importantes. Por eso quiero decir que no parece muy apropiado ir a la opinión; a mí llévenme a lo jurídico y que sea el Tribunal Supremo el que me corrija. Me
parece perfecto, es quien me tiene que corregir, pero en lo político voy a intentar que me encuentren pocas veces, porque eso solo contribuye a la polémica -y la polémica no nos sienta bien a los juristas- y a que las decisiones del fiscal general
sean contrarrestadas en el campo político.


Usted ha dicho que por qué no me posiciono en favor de los fiscales o que he llegado tarde. Creo que lo he hecho cinco veces antes de ayer en el Consejo Fiscal. Si tiene la paciencia de verlo, lo he hecho en foros de fiscales siempre, en
lugares y actos organizados por la Fiscalía. ¿Que se me exige más? Cada uno tiene la forma de decir las cosas que tiene, pero el apoyo a los fiscales, a todos los fiscales de este país -a todos-, porque soy la cabeza de la Fiscalía española, la
van a tener siempre en su fiscal general -siempre-, que no lo dude de nadie. Lo he dicho así, como se lo estoy diciendo a usted en los diferentes foros. ¿Que tengo que decir o no que sean los fiscales los que lleven los asuntos relacionados con el
proceso independentista de Cataluña, no solo en el Tribunal Supremo, sino en muchos juzgados y tribunales de España? Pues lo digo, con total naturalidad, como lo diré también en los ataques que reciben en otros espacios y en otros lugares, porque
la Fiscalía -y es así- toma partido muchas veces entre tesis jurídicas contrapuestas y es sometido a ese riguroso control no solo de las partes sino también de la opinión pública. Y aquí se ha expresado de una manera yo creo que libre e incluso
diría que elegante. Como no hay acuerdo, por ejemplo, en cuál ha sido la solución de la Fiscalía para el salto a la valla de Melilla, con la gran tragedia que allí se produjo. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nos vamos a lo
jurídico, no nos vamos a otros espacios.


¿Cuál es la labor del fiscal general en estos casos? Usted me recuerda -y yo creo que tampoco hace tanta falta- el 124 de la Constitución, el 2 del estatuto, pero a mí me gusta mucho el artículo 14.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Me gusta mucho por una razón muy sencilla, porque enclava al fiscal general del Estado, a la Fiscalía, al Ministerio Fiscal, en el lugar que le corresponde. Después de decir que los jueces y magistrados que se vean inquietados o perturbados en el
ejercicio de su función acudirán al Consejo General del Poder Judicial, que es quien debe ampararlos, dice lo siguiente de la Fiscalía. Se lo voy a leer para que quede muy clara la diferencia que hay entre acudir a un foro político o público o
ejercer tu función como te reservan las leyes. 'El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverán las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.' Y con acciones, los que somos juristas,

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sabemos que se está refiriendo a acciones ante los tribunales. Si eso lo casamos con la inviolabilidad de los diputados y de los senadores comprenderán que no entienda muy bien qué se me pide cuando se dice que actúe, cómo, cuándo y de qué
manera si lo que estamos preservando son los derechos parlamentarios a la libre expresión, gusten más o gusten menos, disgusten más o disgusten menos.


Yo creo que España -y lo aclaro por si alguien tiene alguna duda-, este país, vive en un Estado de derecho pleno, no hay ninguna duda de que vivimos en un lugar donde se respetan las garantías, los derechos y las libertades; no hay ninguna
sombra de duda sobre que este Estado de Derecho cumple los más altos estándares y ranking que puede tener sobre nosotros Europa o cualquier observador imparcial. Tenemos un sistema democrático de derecho que funciona, que tiene distorsiones,
naturalmente, como todo sistema; tiene distorsiones, muchas, pocas o regulares. Ponemos el acento en alguna y, evidentemente, encontramos o podemos seguir algunos hilos que nos disgustan, pero eso pertenece al campo de la opinión y al campo de lo
público. Pero en el campo de lo jurídico tenga usted -y todos- la seguridad de que solo hay una manera de exigir responsabilidad a los jueces y a los fiscales en este país y está definida en la ley, en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en nuestro estatuto. La responsabilidad de los jueces y de los fiscales se refiere a sus servicios de inspección: servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial; servicio de inspección de la Fiscalía General del Estado,
luego revisable en vía contenciosa, y la responsabilidad civil o penal que tengan los jueces y magistrados o los fiscales de este país, verificada por los tribunales. No hay responsabilidad política de los jueces, de los fiscales y de los
magistrados en España, no existe ese concepto. No existe y no está contemplado en ninguna norma porque no podemos entender la separación de poderes de otra manera más que entendiendo que cada uno hace su función constitucional, y está muy claro.


Por lo tanto, y dicho esto, en cuanto a las comisiones de investigación, no tienen como función -y ustedes conocen las comisiones de investigación mucho mejor que yo, porque las viven; yo las leo o soy citado en alguna comisión
parlamentaria- revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales ni, por supuesto, la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en dichos procedimientos. El ordenamiento jurídico sencillamente lo prohíbe, así es como se defiende
el Estado de Derecho. Defenderé siempre el ordenamiento jurídico, no lo dude nadie, y este impide la citación de jueces y fiscales a una comisión parlamentaria que persiga estos fines. Creo que son axiomas del Estado de Derecho y de nuestra
separación de poderes.


Dicho esto -y respondiendo con rapidez para no cansarles, porque entiendo la hora que es-, me parece bastante relevante que la argumentación del Consejo General del Poder Judicial haya sido el mantra de la no posible idoneidad del fiscal
general del Estado, porque creo que con cuatro frases la he desmontado suficientemente en mi exposición inicial. Hay algunas personas que parecen no haberlas escuchado y se han limitado a seguir lo que tenían escrito, pero cuantas más frases
escuchaba de ese comentario del consejo, más me cargaba de razón sobre la necesidad de dar una respuesta, como ven ustedes, tranquila, serena y perfectamente legítima de lo que se ha dicho sobre mí; repito, sin ser escuchado, sin unas alegaciones,
sin un expediente previo y diciendo sencillamente falsedades -hay que decirlo así- sobre los datos que se ponen sobre la mesa. Porque eso es contrastable, no son cuatro cifras, son cifras que se han dado que no corresponden con la realidad, porque
son realidades que no se han producido.


En cuanto a lo jurídico, creo que también hay que ser serios. No es lo mismo la ley que una circular que interpreta una ley, y usted lo sabe, señor De Rosa, lo sabe perfectamente. Una circular da interpretaciones a la ley, porque, como
usted bien sabe, la ley se puede interpretar de muchas maneras. A mí no me duele ninguna prenda en reconocer que quiero que la ley avance, porque la ley se puede interpretar de muchas formas, de muchas, no existirían los jueces si se interpretara
de una sola. Por eso, hay interpretaciones conforme a los derechos humanos, más cercanas a las víctimas, más cercanas a los vulnerables y hay interpretaciones más cercanas a la letra de la ley en el sentido de hacer lo que venimos haciendo desde
hace doscientos años sin tener en cuenta la evolución de la sociedad en la que estamos. Yo quiero que la interpretación de las leyes por la Fiscalía se sume a esa sociedad española que avanza, que es plural, que es diversa, que es apasionadamente
diferente y que pelea todos los días porque tiene ideas políticas y territoriales distintas. Considero que la Fiscalía debe sumarse a eso y debe hacerlo para parecerse a la realidad social de este país. Eso debe ser así, sin que eso suponga un
quebranto de la ley, que nadie entienda que estoy diciendo que haya que transgredir la ley. La interpretación constitucional de la ley y de los derechos humanos de la ley puede hacerse de muy diversas maneras, si no, como digo, no

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existirían ni los tribunales ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional ni nada parecido.


Dando contestación -y discúlpenme quienes han intervenido en primer lugar- a lo que han venido manifestando, les agradezco el tono. También se lo agradezco a VOX y al Partido Popular; no es solo un agradecimiento a otras personas, porque
nos conocemos desde hace tiempo y también sabemos el trámite parlamentario en el que estamos. Al señor Legarda quiero agradecerle su intervención. Al señor Iñarritu voy a contestarle en lo posible a alguna de sus alocuciones. Respecto a la valla
de Melilla, efectivamente el hecho nos consternó a todos. Creo que la investigación de la Fiscalía fue una investigación seria. Lo ha dicho usted muy bien y quizá también hay que hacer un poco de didáctica sobre esto. Cada órgano y cada
institución tiene sus propias competencias y llega hasta sus propias competencias, y eso es lo que hizo la Fiscalía. Hay competencias de naturaleza territorial competencial a las que no llega la Fiscalía. La Fiscalía puso a disposición de todas
las asociaciones denunciantes y de toda la colectividad su investigación con dos aspectos interesantes: por un lado, una investigación de los hechos y, por otro lado, una prospección sobre qué podía estar fallando en esa aproximación a los hechos,
que era una aproximación genérica desde el punto de vista de la Fiscalía de Extranjería. Fuimos muy honestos, es más, la investigación de la Fiscalía no se ha sometido al criterio de los tribunales y podía haberse llevado a un juzgado o un
tribunal, porque no nos satisface, porque efectivamente nos hemos quedado cortos, pero eso no ha ocurrido. Si se hubiera producido, estaríamos en sede judicial discutiéndolo quizá de otra manera. Fue un trabajo honesto y enseñó una realidad. Hay
otras realidades que a veces -y nos pasa mucho en justicia- visualizan los medios de comunicación y parecen otra cosa o a lo mejor son otra cosa desde otro punto de vista. También debemos garantizar a los ciudadanos que el mejor lugar donde se
verifica qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido siempre supone un proceso, porque la igualdad de parte y los derechos, tanto de las personas que son investigadas o acusadas como de las víctimas, están en la misma posición. A veces determinados
reportajes o determinadas visualizaciones de lo que ha ocurrido son seductoras, pero no tienen las garantías que tiene el proceso. Esto también tiene que quedar muy claro.


Respecto a la cantidad de personas que son internadas en los centros de internamiento y después son expulsadas, la cifra que da el señor Iñarritu es una cifra preocupante, desde luego, y creo que la Fiscalía debe echar una mirada sobre qué
es lo que está pasando. Saben ustedes que los fiscales intervenimos en el momento de la autorización para el internamiento para ser expulsados. Le puedo pasar una copia de los estándares que pedimos los fiscales y qué entendemos nosotros que debe
ser suficiente o necesario para un internamiento. Cada vez han sido más rígidos y vamos poniendo el listón más alto, porque la privación de libertad de una persona es siempre una tragedia personal y yo entiendo que también social. Los estándares
para solicitar esos internamientos para expulsión son muy altos. Si no se llegan a producir esas expulsiones, efectivamente hay algo que hay que comprobar. Le doy absolutamente toda la razón y la cifra que ha dicho es preocupante. Me comprometo a
echar una mirada sobre esa segunda parte en la que los fiscales no tenemos una intervención directa, aunque sí la tenemos en la autorización inicial a los jueces para hacerlo.


En cuanto a memoria democrática -y aprovecho también para contestar a quienes han hecho alguna alusión-, efectivamente la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Democrática es un mandato del legislador. Como bien
se ha dicho aquí y como creo haber dicho también en mi intervención pasada, se trata de reconocer y de restablecer determinados valores democráticos o esa justicia que no se había realizado con determinadas víctimas. A quienes han hecho alusión a
ellas les puedo decir que estamos explorando los caminos que la ley nos concede. A nadie se le escapa que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que marca mucho lo que hacen o no los tribunales. Hay un mandato de la propia ley y hay
diferentes posibilidades jurídicas para que el descubrimiento de la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas se puedan poner de manifiesto, y vamos a explorarlas todas. Si por parte de los tribunales se entiende que las diligencias de
investigación o que las diligencias previas no son el camino, o si los tribunales entienden, en una interpretación que puede ser legítima por su parte, que esas querellas o esas investigaciones deben realizarse en sede judicial, nosotros estamos
potenciando que puede haber otra interpretación y usaremos las otras vías que nos concede la ley. El Ministerio Fiscal también puede tener sus propias vías para precisamente restablecer la verdad y la memoria de las víctimas, así que las usaremos.
No le quepa duda de que nosotros vamos a cumplir la Ley de Memoria Democrática en este sentido.

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Respecto al uso de las lenguas que ha que ha mencionado del 8 %, sí que nos llamó la atención también en la Fiscalía General cuando recibimos ese dato. Desconocemos la fuente referida a la Fiscalía, porque hemos indagado a ver de dónde
venía. Pensamos que esa fuente pueden ser los fiscales que se han apuntado a los cursos de euskera y que puede no responder a la realidad de cuántos realmente lo usan o lo conocen, porque es una es una fuente que hubiera exigido una consulta o una
encuesta a los fiscales que, desde luego, no se ha realizado. Por eso, hemos preguntado directamente allí por la fuente y la desconocemos. En todo caso, se ha firmado recientemente con el Gobierno vasco un convenio precisamente para el
conocimiento de la lengua y del Derecho Civil Foral del País Vasco y desde el Centro de Estudios Jurídicos se está capacitando a los fiscales también para el conocimiento del resto de las lenguas cooficiales en España. Le comunico una novedad del
año 2022, tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como el reglamento aprobado en el año 2022 establecen como criterio preferente o determinante, en función de las plazas, el conocimiento de idiomas propios de las comunidades autónomas. Eso
quiere decir que la voluntad del legislador, como ya lo fue en su modificación de 2007 y en la aprobación del reglamento, es que se potencie ese uso de las lenguas. Este camino está por desarrollar, porque todavía no tiene desarrollo reglamentario,
ya que tiene un plazo de vigencia de tres años. Estamos en el primer año por lo que entrará en vigor dentro de dos años y, sin duda, se potenciará el uso de las lenguas cooficiales, como ya ocurre en la justicia y en muchos lugares. Creo que con
la locución general también he contestado al señor Cervera.


Respecto a Tsunami Democrático, me van a permitir que el fiscal general del Estado no haga ninguna apreciación sobre los asuntos judicializados, porque creo que hay que respetarlos. Esto también viene un poco a colación y a hacer didáctica,
que no viene mal, cuando el fiscal general del Estado se pronuncia sobre algún tema. No es lo mismo que se pronuncie cualquier operador político que la cabeza de una institución de la que dependen 2690 personas y además tiene cierto imperium -por
qué no decirlo así- en el mundo de la justicia. Si el fiscal general da una opinión, cómo no se van a sentir aludidos los fiscales que llevan el caso concernido o el juez de instrucción o de primera instancia que, en su caso, por ejemplo, lleve un
delito contra el honor, unas injurias o calumnias o cualquier otra actuación que pueda tener que ver con ese campo de actuación. Por eso, esa reserva del fiscal general muchas veces en manifestarse públicamente. En realidad, es un colchón o es una
seguridad para que se ejerza mejor el Estado de derecho. El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa, que emite unas resoluciones llamadas opinión, es muy cuidadoso a este respecto sobre por qué los fiscales generales no deben
influir en exceso con sus opiniones dentro de un marco jurídico, porque tienen peso. Por eso, la comunicación por parte de la Fiscalía también es tan complicada, porque si el fiscal general sale anticipadamente a decir que algo ha ocurrido y a
hacer una calificación jurídica sobre algo que ha ocurrido, eso puede condicionar no solo la actuación de los fiscales, sino también la actuación de los tribunales. Por eso -y siento intentar explicarlo de esta manera-, mi idea de Fiscalía General
y de fiscal general es volver a lo jurídico, porque ese es nuestro terreno. No somos opinadores, no soy opinador, soy un jurista, por eso estoy aquí, porque se me considera jurista de reconocido prestigio o con competencia y porque debe valorarse
mi idoneidad para el cargo.


Continúo contestando con cierta velocidad a alguna de las cosas que se me han dicho. Señor Santiago, la unidad de defensa de los trabajadores es un proyecto que está en nuestra memoria. Hay potencialidad en la Fiscalía de Seguridad y Salud
en el Trabajo y vamos a intentar desarrollarlo. Necesitamos su complicidad, necesitamos la complicidad del legislador, porque por nosotros mismos podemos reorganizarnos, pero tampoco tenemos mucha más capacidad. Desde luego que el campo de los
consumidores para nosotros es fundamental, es importantísimo. Creo que hemos hecho cosas muy interesantes en el campo del consumo, aunque no las citaré todas, como las acciones colectivas de consumo, ese espacio en el que cualquier ciudadano -y,
especialmente, las personas vulnerables y las personas mayores- llega a sufrir ciertos acosos por determinadas compañías o prácticas comerciales. Merecen que la Fiscalía esté con ellos a través de las acciones colectivas. Se merecen que se
mantenga la legitimación del Ministerio Fiscal -y no lo digo por decir-, porque es importante para mucha gente que no tiene la capacidad de acudir a los a los tribunales.


Respecto al activismo ambiental, bien sabe usted que será fácil encontrarme ahí. Como muy bien dice, no hay que criminalizar de ninguna manera el activismo ambiental, estoy completamente de acuerdo. Desconozco el dato que usted me daba,
pero entendiendo que hay una acción judicializada puesto que, si es como me dice que ha habido entradas y registros, hay una intervención judicial y

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seguramente una intervención del fiscal, por lo que permítame que muestre mi prudencia antes de manifestarme en ningún sentido.


Le agradezco la solidaridad con los ataques a Dolores Delgado y a mí mismo. A veces parece que defendemos a unos y no a otros, o a otros y no a unos, en función de la conveniencia; eso lo siento en mis propias carnes. No entiendo por qué
se pueden decir determinadas cosas del fiscal General, porque si eso lo dijéramos de magistrados de la Sala Segunda o de fiscales del Tribunal Supremo, como es lógico, todo el mundo en la opinión pública reaccionaría. Sin embargo, hay como una
especie de bula con el fiscal general. Mi teoría es que el encaje constitucional del fiscal general del Estado no se comprende en este país, porque no se ha hecho didáctica, si me permiten; ni la han hecho los grupos parlamentarios ni la han hecho
ustedes ni la han hecho los políticos ni la hemos hecho nosotros mismos, pero es perfectamente constitucional y asimilable al resto de los países de nuestro entorno. Igual les sorprendería saber que en Francia no hay un fiscal general, porque la
Dirección General de Justicia es la que dirige la carrera fiscal, o cómo se elige el fiscal general en Alemania e incluso cómo es el Consejo General del Poder Judicial en otros países, pero creo que ese es un jardín en el que no debo entrar.


Respecto a la corrupción, quizás es una de las cuestiones que más he remarcado en esta pequeña exposición, aunque a ustedes les haya podido parecer pesado y lo entiendo. La corrupción es una prioridad absoluta de la Fiscalía española, antes
lo comentábamos afuera. Hay dos fiscalías especiales, la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Unidad de Violencia sobre la Mujer, que son, digámoslo así, nuestras perlas exportables. Medio mundo -y no exagero, medio mundo- viene a ver cómo
funciona la Fiscalía Anticorrupción española. Recibimos visitas, semana sí, semana no, de responsables de todas las fiscalías de Europa, de Latinoamérica y de Asia para ver cómo funciona la Fiscalía española Anticorrupción, y en cuanto a la Unidad
de Violencia sobre la Mujer exactamente igual. En ninguno de los dos casos estamos satisfechos, porque hay que seguir trabajando. En el caso de anticorrupción, como les he dicho, fuera de estas grandes operaciones que lleva la Fiscalía
Anticorrupción, existe una corrupción larvada, hay una corrupción sistémica. Hay fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social que impiden el funcionamiento regular de un sistema democrático, porque impiden que los recursos públicos se tengan y se
puedan aplicar con eficiencia, tanto en su ejecución como en su adquisición, y tenemos que acabar con ello porque nos perjudica a todos. No perjudica a Hacienda, sino que nos perjudica a todos nosotros, y en eso estamos también. Hemos firmado con
diversos operadores lo que se vienen a denominar las oficinas antifraude. Hay un convenio con cuatro oficinas antifraude. Es un convenio muy importante para la Fiscalía española en el que desarrollamos precisamente líneas de colaboración, porque
el fraude se detiene o se ataca desde el inicio, estableciendo los mejores y los mayores sistemas de control previos a llegar a la acción de la justicia penal, que evidentemente siempre llega tarde. Ojalá no desaparezcan estas oficinas antifraude,
que tan buen servicio y colaboración están prestando a la Fiscalía española, lo que valoramos de una manera tan importante. Por eso firmamos este mismo año un convenio con ellas. Nos alegramos de su existencia y pensamos que deben ser un
instrumento a imitar y nunca un instrumento a emitir.


Retomando el tema de la seguridad de los trabajadores, ¿qué más podemos hacer? Hemos firmado también un convenio en atención a las víctimas en noviembre de 2023, hace poco, con casi todos los operadores jurídicos precisamente para intentar
acelerar los procedimientos y, sobre todo, para anticipar las indemnizaciones a las víctimas; ese es nuestro propósito. Hasta que no cambiemos el proceso penal en España me parece a mí que va a ser bastante difícil que lo podamos hacer.


Con esto, si no me equivoco, voy terminando, aunque sí me gustaría hacer dos pequeñas alusiones. Quiero incidir en que el cambio de modelo procesal penal es necesario para este país, sea quien sea quien gobierne, sea quien sea quien esté al
frente de la Fiscalía General del Estado, y en sus manos está. El Ministerio Fiscal debe cambiar, de alguna manera, con estas nuevas atribuciones que le da la ley. No tenemos ningún miedo a someternos a más controles, a más contrapesos o a más
transparencia en la toma de decisiones, en absoluto. Si eso hace que ganemos confianza de la opinión pública y eso fuera necesario para el cambio del proceso penal, estamos dispuestos. Mientras tanto, no estaría mal hacer algunos ajustes que son
necesarios para el mejor funcionamiento de la institución, puesto que hace tiempo que nuestro estatuto no se cambia y la sociedad ha evolucionado bastante, por lo que hay muchos desajustes. Le solicitamos un poco de colaboración, porque son
reformas fuera de un espectro puramente ideológico o político en cualquier sentido, son reformas técnicas que necesitamos. Como les digo, ningún fiscal de este país negará que está abierto a cualquier cambio que mejore la idea que tienen los
ciudadanos de los fiscales.

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Espero modestamente -y se lo digo con franqueza- contribuir, primero, a un cierto sosiego institucional. Todos nos debemos respetar, aunque todos tengamos derecho a criticarnos en el tono en el que lo estoy haciendo, a ponernos en cuestión
y a fortalecer las instituciones democráticas. Fuera de la ley y fuera de las instituciones les aseguro que no hay nada, está el vacío absoluto. O nos pegamos como una lapa a lo que tenemos, a lo que nos ha servido durante los últimos cuarenta y
cinco años, a todos y cada uno de los sistemas de control y resolución de conflictos que esta democracia española ha sido capaz de darnos unos a otros o no hay otra alternativa. El respeto a las instituciones, incluso al fiscal general, es la base
de la convivencia de los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.


Con esta intervención se da por terminado el trámite de comparecencia previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en los términos que resultan de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios
en la sesión. Así se comunicará a la presidenta del Congreso para su traslado al Gobierno.


Señor García, le deseo mucho éxito y acierto y mucha suerte.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (García Ortiz): Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.