CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 318

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles,

8 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Preguntas:


Del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Medidas para detener la emigración de españoles de la provincia de Soria, especialmente de jóvenes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/017760). (Número de expediente 181/000899) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Saldo migratorio en la provincia de Soria desde el año 2000 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/017761). (Número de expediente 181/000900) ... (Página2)


De la diputada doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Políticas previstas para que en España no se produzca la desigualdad entre nuestros jóvenes por razón de origen. (Número de expediente 181/000569) ... (Página6)


- Conocimiento que tiene el Gobierno de la situación jurídica, educativa, social y económica de los hijos de los inmigrantes llegados a España en las dos últimas décadas (segundas generaciones). (Número de expediente 181/000570) ... href='#(Página6)'>(Página6)


Proposiciones no de ley:


- Sobre la creación de un fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000886) ...
(Página9)

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- Relativa al problema socio-económico de los marineros gallegos y españoles que trabajaron en buques noruegos antes de 1994. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000523) ... href='#(Página12)'>(Página12)


- Relativa al Plan integral de empleo en Andalucía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000978) ... (Página15)


- Sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
(Número de expediente 161/001474) ... (Página19)


- Sobre medidas para permitir sin límite de edad cobrar toda la prestación por desempleo en un pago único a los parados que quieran convertirse en trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
(Número de expediente 161/001553) ... (Página23)


- Por la que se insta al Gobierno a evaluar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001568)
... (Página25)


Se abre la sesión a las seis y diez minutos de la tarde.


PREGUNTAS:


DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- MEDIDAS PARA DETENER LA EMIGRACIÓN DE ESPAÑOLES DE LA PROVINCIA DE SORIA, ESPECIALMENTE DE JÓVENES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/017760). (Número de expediente 181/000899).


- SALDO MIGRATORIO EN LA PROVINCIA DE SORIA DESDE EL AÑO 2000 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/017761). (Número de expediente 184/000900).


El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la secretaria general de de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral, a la que, en primer lugar, quiero agradecer su disponibilidad ante esta Comisión que, por diversas causas, ajenas a
nuestra voluntad, ha sido sucesivamente trasladada en el tiempo y hoy postergada en cuanto a la hora inicialmente prevista, que eran las cuatro y media, celebrándose a las seis.


Quiero trasladar a la Comisión algo que me voy a tomar en serio, porque es lo que se me pide que haga y, además, me parece razonable que así sea. Varios portavoces me han pedido que, habida cuenta de que ya son más de las seis de la tarde,
de que hay cuatro preguntas y seis proposiciones no de ley, acortemos los plazos habituales de siete minutos para el proponente, cinco minutos para el enmendante y tres minutos para fijación de posiciones y quitemos un minutillo a cada uno. Vamos a
intentar acabar a las ocho y media, que es, repito, lo que me han pedido los portavoces; vamos a hacer lo posible, pero en sus manos está. Intentaré ser estricto y les ruego que utilicen su consabida capacidad de síntesis para expresar
suficientemente sus posiciones políticas.


Los puntos 1 y 2 del orden del día son preguntas que de escritas se han transformado en orales y que se refieren, la primera de ellas, a medidas para detener la emigración de españoles de la provincia de Soria, especialmente de jóvenes, y la
segunda al saldo migratorio en la provincia de Soria desde el año 2000. Para cada pregunta disponen de un tiempo máximo -y cuando es máximo es máximo- de cinco minutos, que se pueden repartir de la forma que estimen oportuno. Si el diputado que
formula las preguntas lo considera conveniente, puede acumular ambas.


Tiene la palabra el señor Lavilla.

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El señor LAVILLA MARTÍNEZ: No tengo ningún problema en acumular las dos preguntas, dado que ambas cuestiones tienen mucho que ver. La primera se refiere a los compromisos electorales y a la sangría migratoria, es decir, a la despoblación
en Soria, especialmente de jóvenes, así como a las medidas para generar empleo. La segunda tiene que ver con los lugares de destino de los jóvenes y lo que se va a hacer para intentar evitar que se marchen. Es verdad que la formulación de la
pregunta viene en el orden del día, pero es un poco más amplia.


Usted se refirió al espíritu aventurero de los jóvenes que se marchaban, y en provincias especialmente sensibles, que han perdido prácticamente un 40 % de su población desde el año 1900 hasta la actualidad, esas palabras chocan bastante.
Tenemos un problema de despoblación y por ello el Gobierno socialista puso en marcha el Plan de actuación específico para Soria, aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de mayo de 2005, siendo prácticamente la única etapa en la que la población
global en la provincia de Soria ha crecido ligeramente. ¿Qué ha pasado después? Que había un programa electoral cuyos cuatro primeros puntos eran: Súmate al cambio. Lo primero, la creación de empleo; oportunidades -se prometían oportunidades
para los 5.400 sorianos que están en el paro-. El cambio para que las familias y las pymes accedieran al crédito -cosa que no se ha conseguido-, para que los 24.000 pensionistas tuvieran sus pensiones íntegras, sin recortes -tampoco se ha
conseguido- Ahora llegamos al cuarto punto, que tiene relación con la pregunta. Decía el Partido Popular: El cambio es que los jóvenes terminen sus estudios y encuentren un puesto de trabajo en lugar de un puesto en la cola del paro. Cuando se
lanza a los sorianos este programa electoral, el paro en Soria era de 5.400 personas y ahora es de 7.900, junto con el saldo migratorio, que ahora es positivo, es decir, hay más sorianos que se marchan que personas que entran en la provincia de
Soria. Es verdad que las cantidades son pequeñas porque la población que ha quedado allí también lo es, está en torno a 95.000 personas. Evidentemente, como esto está causando un fuerte malestar en la provincia de Soria, mi obligación como
diputado por esa circunscripción es exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos electorales. A mí no me vale ningún tipo de herencia, porque podríamos hablar de dónde se gastaron en la etapa de Aznar -tengo los datos concretos-, con el amparo
del Senado, los fondos que venían de Europa para territorios desfavorecidos. Lo que hay que hacer es cumplir el programa para que esos jóvenes encuentren empleo y dejen de ser emigrantes.


Nos gustaría saber, como figura en la pregunta, qué se va a hacer para generar empleo en la provincia de Soria y evitar que estos jóvenes tengan que marcharse, dado que estamos en una situación de mínimos. Tengo un informe del año 2005,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se dice que en la provincia de Soria hay comarcas enteras, como la de Gómara o la de Tierras Altas, en las que la edad media de la mujer es de cincuenta y nueve años. Estamos ante un
problema demográfico tremendo y hay que abordarlo de una manera específica. Ahora nos encontramos con todo lo contrario y por eso le pregunto al Gobierno, y a usted como su representante, qué se va a hacer para revertir esa situación. También le
he solicitado los datos estadísticos, pero me daré por contestado si, además de explicarme las medidas, me los envía por escrito.


El señor PRESIDENTE: Para responderle, tiene la palabra la secretaria general de Inmigración, doña Marina del Corral.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Con carácter previo, debo comenzar señalando que entiendo que el análisis de la evolución de la población de Soria, así como las causas que la motivaron desde
inicios del siglo pasado, no son competencia de la Secretaría General y, por tanto, no voy a entrar en ello. Sin perjuicio de esto, me gustaría matizar que desde el año 1999, el primero analizado en las series de población del Instituto Nacional de
Estadística, hasta el año 2012, incluido, la población total de la provincia de Soria se ha incrementado ligeramente, pasando de 91.593 a 94.522 personas.


En cualquier caso sí puedo afirmar -y voy a entrar en las medidas- que el Gobierno es consciente de la difícil situación por la que está atravesando la sociedad española, como resultado de la crisis económica que padece el país, y está
realizando un gran esfuerzo para mejorar las bases en las que se sustenta el sistema productivo y conseguir a partir de ello relanzar la actividad y favorecer la creación de empleo. Este esfuerzo se ha manifestado en la puesta en práctica de una
intensa agenda de reformas en diferentes ámbitos, que supondrán una modernización de las estructuras económicas y productivas del país, a fin de situarlo de nuevo en una dinámica de crecimiento sostenido que permita mantener en el futuro un elevado
nivel de empleo y de protección social para el conjunto de la población. En dicho esfuerzo se integra, por supuesto, la actuación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; en concreto,

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en las áreas de actuación de este ministerio que tienen especial relación con el objeto de la pregunta parlamentaria, es decir con la emigración y con el empleo, está la Secretaría General de Inmigración y Emigración y la Secretaría de
Estado de Empleo.


En cuanto a los datos del saldo migratorio, que era el contenido de su segunda pregunta, como estamos todos con prisa y usted sugiere que se los envíe, le diré que estoy dispuesta a dejárselos aquí. Simplemente le diré que no se ha
producido, ni mucho menos, una emigración masiva hacia el exterior, al menos según los datos que obran en los registros oficiales, que son los que nosotros tenemos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lavilla.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: La sangría poblacional, incluso desde que el Partido Popular gobierna, puede ser una casualidad. Ha dicho usted, y lo ha dicho bien, que hay un ligero crecimiento, pero es hasta el año 2011; perdimos en el año
2012 y volveremos a perder en el año 2013; eso no es casualidad. Concretamente, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, del año 2011 al 2012 se marcharon de Soria 814 personas. Si tenemos una población totalmente envejecida,
con comarcas en las que la edad media de la mujer son cincuenta y nueve años y la densidad de población está por debajo de dos habitantes por kilómetro cuadrado, estamos ante un drama que hay que contemplar específicamente y al que no podemos ser
ajenos. ¿Qué está haciendo el Gobierno para corregir esta desigualdad que tenemos? Soy muy sensible a todas las desigualdades que existen en todos los territorios de España, pero el problema de la despoblación lo sufren principalmente las
provincias de Soria, Teruel y Zamora, aunque Soria se lleva la palma. Perdemos población. ¿Qué hace el Gobierno? Desde el año 1900 hasta la actualidad hemos pasado de 155.277 personas a 91.437. Repito, hemos perdido población. Tenemos más
desempleo, 7.900 parados, y personas que se marchan de la provincia de Soria, sobre todo jóvenes, que son el futuro de una tierra.


¿Qué se nos prometió? Tengo aquí dos portadas, de las que usted se acordará, en las que se ve al presidente del Gobierno. El titular de la primera es: Cuando gobierne se acabará el paro -lo dijo él, no yo-. El de la segunda es:
Arreglaremos la economía en dos años. ¿Qué hace el Gobierno por Soria, aparte de parar todas las inversiones? En esta materia, que es la suya, aunque la pregunta es más global, ha ubicado la respuesta en esta Comisión, que me parece estupendo,
pero la pregunta es al Gobierno. Es verdad que los datos están globalizados, pero exijo que sean provinciales, porque si el Estado da fondos tiene que saber dónde van. Por tanto, la primera petición que le hago es que me informe exactamente de
cuánto dinero ha llegado a Soria. Los datos de fondos que se han dedicado a políticas activas de empleo y formación demuestran que hemos pasado de 176 millones de euros en el año 2011 a 76 millones, y no será porque no hay más paro o más
necesidades. Esa es una primera consecuencia de la acción del Gobierno. Las ayudas de reindustrialización que conseguimos los sorianos, con la sensibilidad del Gobierno, fue abrir una línea para crear empleo. Ayer salió la convocatoria
específica. Antes, los empresarios no pagaban intereses y tenían cinco años de carencia y diez años para devolver solo el capital principal, sin avales. ¿Qué se ha hecho ahora? Cambiar las reglas del juego. Se va a pedir un 5 %, se van a pedir
avales y se recorta el tiempo de devolución del dinero. ¿Qué consecuencias tiene esto? La generación de más paro y la emigración en un territorio extremadamente sensible. Lo que le pido es que traslade este problema a sus compañeros de Gobierno.
Cuando termine la pregunta, a través del presidente de la Comisión le puedo entregar el informe del Instituto Nacional de Estadística para que lo estudien, porque hay que realizar actuaciones específicas en la provincia de Soria, puesto que son
específicos los problemas que están sufriendo sus habitantes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra nuevamente la secretaria general de Inmigración, doña Marina del Corral.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Sin perjuicio de que le deje los datos estadísticos sobre el flujo de inmigración o el incremento de personas originarias de Soria, que se han inscrito en el
extranjero, quiero hacer una referencia concreta para que se observe que el saldo migratorio con el extranjero acumulado en el periodo 2002-2011, que es por el que usted se ha interesado, de ciudadanos españoles en la provincia de Soria, es de menos
47 personas. Concretamente, en el total del periodo salieron de la provincia de Soria hacia el extranjero un total de 316 españoles, mientras que la cifra de los que entraron desde el extranjero fue de 269. El año que registra un mayor saldo a
favor del retorno de nacionales a la provincia de Soria fue 2009, con 24 retornos más que

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salidas. El año que registra mayor saldo a favor de las salidas desde la provincia de Soria fue 2011, con 51 salidas más que retornos. En cuanto al saldo migratorio de personas extranjeras, porque antes me he referido exclusivamente a
españoles, que modifican su residencia desde el exterior hacia Soria y viceversa, en el mismo periodo 2002-2011 es de más 7.758. Concretamente, en el total del periodo salieron de la provincia de Soria hacia el extranjero un total de 1.798
personas, mientras que la cifra de los que entraron desde el exterior fue de 9.556. El saldo migratorio total, españoles más extranjeros, de la provincia de Soria entre los años 2002 y 2011 es de más 7.011 personas. Salieron de Soria hacia el
extranjero un total de 2.144 personas y entraron 9.825. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística y están recogidos en las estadísticas de variaciones residenciales exteriores, que efectivamente solo están disponibles hasta el año 2011.


En cuanto al año 2012, tenemos que mirar los datos del PERE, que es el padrón de los españoles residentes en el exterior. Según el PERE -la última cifra es de 1 enero de 2013, por lo que comprende el año 2012- de 1 de enero de 2009 a 1 de
enero de 2013 se ha producido un incremento de 2.163 españoles residentes en el exterior cuya provincia de inscripción es Soria, pasando de 3.974 personas a 6.137. Sin embargo, el mayor incremento de los españoles en el exterior cuya provincia de
inscripción es Soria se produce en el segmento de los nacidos fuera de España, 2.129 frente a los 34 que nacieron en España. Eso representa un 98,42 % de las personas que se han trasladado al exterior desde Soria.


Hay un hecho que me gustaría comentar, y es que el PERE, la estadística de variaciones residenciales exteriores, y el CERA, que es el censo electoral, son datos de registro que si bien son obligatorios hay que decir que son indiciarios, pero
es lo más cercano a la realidad que tenemos. Para el que está residiendo en el exterior es obligatorio inscribirse en ellos, lo que no quiere decir que todo el mundo lo haga. Estos son los datos que tenemos, con los que podemos contar. No tenemos
un contador de personas que entren y salgan del país. Si queremos ser rigurosos en el cómputo de las personas que están saliendo del país para emigrar, creo que procede observar lo que en términos internacionales se considera un migrante
internacional. Según está definido por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es aquella persona que haya cambiado alguna vez su país de residencia habitual por un periodo igual o superior a doce meses. Se incluye en esta definición al
profesional trasladado por su empresa al exterior, incluso si tuviera carácter temporal, con independencia del carácter de empleado o desempleado que tenga el profesional en el momento del desplazamiento, siempre que se encuentre en el segmento de
población activa. Como hace alusión a cuántas personas cualificadas han salido de Soria, interesa conocer cuál es la acepción internacional de profesional cualificado. Es considerado como tal el que haya adquirido un conocimiento que le habilite
para trabajar en la generación, el avance, la difusión y la aplicación del conocimiento científico y técnico a través de la formación académica o de la experiencia ganada en el trabajo. El debate sobre los movimientos actuales de ciudadanos
españoles hacia el exterior debe partir, por tanto, de tener en cuenta que, de acuerdo con definiciones consensuadas a nivel internacional, solo es emigrante cualificada la persona que cumple esas características que acabo de señalar. Establecido
lo anterior, la primera medida a acometer por quien tiene la responsabilidad, que es esta secretaría, de adoptar decisiones y emprender acciones en cualquier ámbito de la actuación pública, es conocer con la mayor profundidad posible la realidad
sobre la que debe actuar, comenzando por su cuantificación. Pues bien, hemos detectado, como he dicho, que los datos oficiales que tenemos, que corresponden a esos registros, tienen sus carencias, y ya he mencionado cuáles; además, no tenemos un
registro de entradas y salidas del país. A esto hay que añadir que hasta la última información del PERE, publicada por el Instituto Nacional de Estadística en enero de este año, la explotación estadística realizada de los datos del padrón de
españoles residentes en el exterior no reflejaba la circunstancia de si las nuevas inscripciones en el exterior eran relativas a ciudadanos españoles nacidos en el extranjero o nacidos en España. Como le he dicho antes, la diferencia ha sido grande
cuando hablamos solo de la provincia de Soria.


El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general, se le está acabando el tiempo.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Ello tiene especial importancia en el contexto en el que se ha detectado que muchas de las nuevas inscripciones en el PERE son de ciudadanos españoles que han
accedido a la nacionalidad acogiéndose a lo previsto en la memoria histórica y otros que llegaron a España como inmigrantes extranjeros y han accedido posteriormente a la nacionalidad española y retornan a su país de origen. Quiero hacer una última
alusión

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a las medidas que está llevando a cabo el Gobierno. No se le escapa que, en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la actuación más señalada que se ha llevado a cabo ha sido la reforma laboral aprobada en el año 2012.


El señor PRESIDENTE: Lo siento, pero se le ha acabado el tiempo sobradamente, señora secretaria general. (El señor Lavilla Martínez pide la palabra).


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor presidente, pido la palabra por una cuestión de orden. La pregunta se refería a los compromisos electorales que he leído y quiero trasladar que si no me lo puede contestar la secretaria general, por no ser
de su competencia, pido que se me complete a través de la vía oportuna, para no alargar la Comisión, pero que se conteste a lo que se le ha preguntado.


El señor PRESIDENTE: Sabe que está en su derecho de formular las preguntas que le parezcan pertinentes. Conoce perfectamente los procedimientos reglamentarios al respecto y la posibilidad de formular una pregunta escrita que, si no se
responde en plazo, se transforma en oral. Es libre de preguntar y el Gobierno de dar la respuesta que considere idónea y, a partir de ahí, puede repreguntar o plantear lo que le parezca oportuno.


DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- POLÍTICAS PREVISTAS PARA QUE EN ESPAÑA NO SE PRODUZCA LA DESIGUALDAD ENTRE NUESTROS JÓVENES POR RAZÓN DE ORIGEN. (Número de expediente 181/000569).


- CONOCIMIENTO QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA, EDUCATIVA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES LLEGADOS A ESPAÑA EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS (SEGUNDAS GENERACIONES) (Número de expediente 181/000570).


El señor PRESIDENTE: Sin más dilación -que ya la tenemos-, pasamos al punto 3 del orden del día, que es una pregunta formulada por la diputada doña Esperança Esteve, sobre políticas previstas para que en España no se produzca la desigualdad
entre nuestros jóvenes por razón de origen. Tiene también en el punto 4 del orden del día otra pregunta que tal vez se pueda acumular.


La señora ESTEVE ORTEGA: La podemos acumular.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco sinceramente, porque vamos con demora. Punto 4, sobre el conocimiento que tiene el Gobierno de la situación jurídica, educativa, social y económica de los hijos de los inmigrantes llegados a España en
las dos últimas décadas. Tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Bienvenida, señora secretaria general. Mi grupo y yo personalmente como diputada tenemos una preocupación desde hace algún tiempo por cómo se produce el asentamiento y la integración de los hijos de padres
inmigrantes. La mayoría han nacido aquí. La etiqueta de inmigrante -es un tema sobre el que deberíamos pensar algún día- no les corresponde, porque ellos no han hecho ningún movimiento migratorio. Hoy vemos -y mucho más en esta situación de
crisis- que las desigualdades en relación con la población cuyos padres son de origen español son importantes y se ven reflejadas en los datos que manejamos. Por ejemplo, si el paro en la población juvenil está alrededor del 53 %, el paro en la
población juvenil de padres de origen inmigrante estaría 12 puntos por debajo. En unos estudios recientes de la Universidad de Princeton y de Comillas vemos cómo, analizadas las motivaciones de estos jóvenes en relación con sus expectativas y su
futuro, se nota una gran desmotivación, porque no ven expectativas de futuro ni igualdad en las oportunidades para poderse desarrollar. Esto nos preocupa por dos cuestiones: primero, la individual, la situación que vive cada persona y, segundo,
por el impacto que esto tiene en la comunidad, en el territorio y en la sociedad. Hemos vivido con mucha preocupación -y me consta que usted también- los recortes de la partida destinada a integración, que era un instrumento de proximidad que
permitía a los ayuntamientos y comunidades, juntamente con el ministerio, hacer todo un seguimiento de qué pasaba en los territorios con experiencias realmente interesantes. Más allá de esto, nos falta un conocimiento más exhaustivo para ajustar
las políticas adecuadas, porque nos tememos que pueda pasar lo que nadie desea, que tengamos los estallidos de la banlieues de París, los problemas que hay en las banlieues de Bruselas o toda una serie de conflictividad

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social que no es buena para nadie, que fragmenta la comunidad y la convivencia y es una mala inversión de cara al futuro. Desde un punto de vista colectivo e individual pueden ser unos jóvenes desfragmentados y desagregados. Si analizamos
datos -con esto acabaría, para dejarle tiempo para su respuesta-, por ejemplo, se observa que se dan una serie de situaciones con los hijos de personas latinoamericanas, sobre todo aquellas que están en situación de monoparentalidad, que son
aquellos que menos se reconocen en el país de acogida. Nos falta conocimiento para abordarlo realmente y preparar unas políticas que sean más adecuadas. En un contexto de recortes y de crisis, esto se agudiza mucho más. ¿Qué políticas tienen
previstas para que esto no se agudice ni empeore más?


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la secretaria general de inmigración.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Preguntaba sobre las políticas, a raíz de ese conocimiento, de las que dispone el Gobierno para afrontar el análisis de la situación educativa, social y económica
de los hijos de los emigrantes llegados a España en las dos últimas décadas. La verdad es que dos últimas décadas es un espectro muy amplio, no voy a entrar en detalles. No hablamos solo de los hijos de emigrantes que se han reagrupado -es uno de
los colectivos-, también están los que han nacido aquí, los que han venido con sus padres en situación irregular y todos han seguido unas vivencias parecidas. Sabemos que en el colectivo de los inmigrantes, en líneas generales, a nivel educativo,
igual que desde un punto de vista de estatuto jurídico, el menor sigue la situación jurídica del padre, y en todo lo demás me remito a la Ley de Extranjería. Es una preocupación del Estado ver cuál es la situación de esos inmigrantes. En el Plan
nacional de empleo de 2012 se reconocía que la figura del inmigrante era de una especial vulnerabilidad y se invitaba a todas las administraciones a que adoptaran medidas dirigidas a contemplarlo como uno de los colectivos en mayor riesgo de
exclusión. A nivel de inserción social, que es la parte que me compete más, la empleabilidad es un elemento fundamental. Desde ese punto de vista, desde la Secretaría General de Inmigración, y en concreto desde la Subdirección General de
Integración, se han promovido programas de integración orientados a fomentar la empleabilidad de las personas inmigrantes, como muy bien sabe. No entro en detalles, pero cuando quiera tenemos todo un listado de programas en ese sentido. Además,
tenemos todas las políticas activas de empleo que pone en marcha la Secretaría de Estado de Empleo. Aunque no sean de mi competencia, me gusta mucho mencionar estas políticas y recurrir a ellas, porque son totalmente transversales, van dirigidas a
toda la población y, desde ese punto de vista, es el mejor elemento de integración con el que podamos contar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Secretaria general, le quiero formular varias cuestiones. Una es una pregunta, que va acompañada de un ruego. Hemos de saber varias cosas: ¿Quiénes son? ¿Qué desean? ¿Qué posibilidades tienen en este contexto?
¿Qué marco familiar condicionante tienen nuestros jóvenes? Hay que analizarlo desde el punto de vista de Gobierno, no tanto de forma sociológica, sino como una herramienta política para poder operar. Nos falta un marco para trabajar a fondo y que
tenga un carácter mucho más preventivo, más allá de la situación en la que estamos ahora. Esto es un ruego, e intentaré formularlo, como bien sugería el señor presidente, en forma de proposición no de ley o para tener un diálogo más amplio en una
futura comparecencia. Esto es fundamental. Deberíamos tener un observatorio de seguimiento, porque, si no, la propia sociedad y las propias circunstancias generan una desigualdad que en los poderes públicos, a pesar de que se hagan esfuerzos, no
acaban de tener un impacto.


La segunda cuestión es la situación. La semana pasada me reuní, tanto en Andalucía como en Cataluña, con diferentes asociaciones y les preocupaba la irregularidad sobrevenida, no de los padres que tenían trabajo y que han quedado en una
situación de desprotección y de irregularidad sobrevenida, sino que esto está llevando a muchos niños a esa irregularidad después del periodo escolar. Habría que saber cómo queda este vacío legal, esta situación en la que están estos adolescentes
obligados por las circunstancias a embarcarse en su propio grupo, en un grupo diferenciador. Esto es un caldo de cultivo tremendo.


Otra cuestión. Me preocupa especialmente, señora secretaria, el apoyo escolar. Todo lo que no va a la raíz, todo lo que tiene que ver con el tiempo libre del niño, aquello que le hace ciudadano, aquello que le ayuda a comprender y hacer su
propio duelo, sobre todo porque viene del marco de referencia de su familia, ayuda a la socialización. Por un lado, le pido, señora secretaria, que nos aproximemos mucho más

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al objeto y al sujeto, y esto podría hacerlo, porque no es muy costoso, desde un punto de vista del conocimiento. Si reunimos unas cuantas familias y les hacemos una historia de vida durante un tiempo, nos va a permitir saberlo como un
instrumento de acción política. Este sería un aspecto. Por otro lado, les ruego, en un tono mucho más contundente, que no dejemos escapar esta ocasión, porque lo que hoy no se haga va a provocar una situación de conflictividad que la vamos a pagar
como sociedad todos juntos a corto plazo. Se lo digo con todo el cariño y el respeto, pero también con toda la contundencia y convicción de la que soy capaz.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria general.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): El fenómeno de las segundas generaciones es bastante complejo. Resulta difícil de abordar precisamente porque en la mayoría de las fuentes estadísticas
disponibles no se recoge información sobre la nacionalidad de los padres y mucho menos de los abuelos. (La señora Esteve Ortega: Es verdad). A esto hay que añadir que los estudios y encuestas de los que se dispone para analizar la realidad de un
subgrupo de población cualquiera no suelen realizarse con una elevada periodicidad, generalmente cada diez o quince años o sin periodicidad fija, principalmente debido a su elevado coste, a pesar de lo que dice, y a que trata de medir
comportamientos y tendencias sociales que varían poco a corto plazo. A título de ejemplo, la Red europea de información sobre educación realizó un estudio comparado sobre la atención escolar al alumnado inmigrante en Europa en el año 2003, estudio
que solo se ha revisado parcialmente en el año 2008. En la línea marcada por este estudio, el propio Ministerio de Educación promueve el CIDE en el 2005, que es la atención del alumnado inmigrante en el sistema educativo español -luego volveré a
este extremo-, porque se ha interesado sobre qué se está haciendo en el sistema educativo. Le podría citar varios ejemplos, pero es costoso, es difícil, y no hay una estadística. Tiene mucho de social, no solo son números, estamos hablando de
personas. Se preocupaba igualmente por la situación de los menores que podían quedar en situación irregular porque los padres llegaran a quedar en situación irregular sobrevenida. La educación es un derecho reconocido como tal en múltiples
tratados internacionales, nuestra propia Constitución así lo reconoce, y la propia Ley de Extranjería, en su artículo 9 -al que me remito-, que lo conoce muy bien, por lo que no voy a especificar su contenido. Al niño no le sucederá nada salvo que
llegue a la edad de dieciocho años. En el plazo de tiempo de las dos décadas es tan amplio que todo el que ha permanecido en nuestro país, y así lo ha deseado, seguro que ha adquirido la nacionalidad española. No olvidemos que el nacido aquí en
España, al cabo de un año de residencia, puede adquirir, siempre que así lo desee, la nacionalidad española. La situación jurídica es muy variada, pero en cuanto al menor -insisto- nada tiene que ver el sistema educativo. La educación está
asegurada y no está vinculada en ningún momento al estatus jurídico o a la situación administrativa del niño o de sus progenitores.


Antes he dicho que volvería a comentarle sobre el CIDE, el estudio de la atención del alumnado inmigrante en el sistema educativo español, promovido por el Ministerio de Educación en el año 2005, que tenía como objetivo analizar las medidas
que se estaban en práctica en España en el conjunto de las administraciones educativas para dar respuesta a las necesidades del alumnado extranjero, obtener una visión global sobre la escolarización de los alumnos inmigrantes y recoger los trabajos
de investigación realizados en España. Me gustaría hacer referencia a un trabajo de investigación en concreto que se llama Medidas de atención educativa al alumnado inmigrante en el sistema educativo español: una respuesta consolidada. Las
autoras son: Montserrat Grañeras Pastrana y Patricia Díaz-Caneja. Han hecho un trabajo de investigación basado en gran medida en este CIDE en el que se pone de manifiesto que, a pesar de la diversidad detectada en el marco normativo español,
porque no olvidemos que son competencias transferidas a las comunidades autónomas, se encuentran coincidencias en el tipo de medidas y estrategias dirigidas a dar respuesta a las necesidades del alumnado inmigrante. Voy a citar solo algunas:
programas de acogida, enseñanza de la lengua, enseñanza de la lengua y cultura de origen, programas educativos individualizados dirigidos al alumno extranjero para que alcance el nivel curricular ordinario, centros de recursos específicos, mediación
cultural, servicio de traducción e interpretación, organización escolar incluyendo una atención especial a la distribución equilibrada, flexibilidad en la escolarización, tutor de acogida, etcétera. Señora Esteve, la Administración es muy
consciente de que la educación contribuye enormemente a la empleabilidad de la persona y, por consiguiente, impulsamos esta consolidación de medidas encaminadas a la verdadera integración del inmigrante para que no lo abandone tempranamente. Ha
citado un estudio de la OEI, la verdad es que vamos un poco acelerados y

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no se puede expresar todo lo que quisiéramos, pero en ese estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos se dice que hay un abandono temprano superior en la población inmigrante, en este caso latinoamericana, 10 puntos por encima de
la española y un poquito por debajo de la del resto de inmigrantes, probablemente por la barrera idiomática. La Administración es muy consciente de ello y en general todas las administraciones lo son e impulsan estas medidas de acogida y de
integración del alumnado. No quiero decir que no sean objeto de problemas, de discriminación o que se sientan diferentes y distintos. No he tenido ocasión de hablarle de nuestro Oberaxe, cuando quiera se lo exponemos. El observatorio que tenemos
en la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el racismo y la xenofobia ha tomado muchas medidas para asegurar la igualdad de los jóvenes, que cuando quiera comparto con usted.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general.


Interrumpimos la sesión por diez segundos para despedirla y le agradecemos su presencia y su disposición a comparecer en esta Comisión. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA EL EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PARA EMPRENDEDORES Y PARA EL AUTOEMPLEO DE JÓVENES DESEMPLEADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000886).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión para abordar ahora las proposiciones no de ley. Figura en el punto 5 del orden del día la relativa al problema socioeconómico de los marineros gallegos y españoles que trabajaron en buques
noruegos antes de 1994. La autoría es del Grupo Parlamentario Mixto, del BNG. La portavoz, doña Uxue Barkos, me ha llamado diciéndome que tenía un impedimento para acudir. Si ustedes no tienen ningún inconveniente lo dejamos para el último punto
del orden del día. Iniciamos el punto 6, sobre la creación de un fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados, cuya autoría es del Grupo Socialista que además tiene
formulada una autoenmienda sobre la misma, para cuya defensa tiene la palabra don Jesús Caldera. Tal como me han pedido, aunque el tiempo habitual es de siete minutos, le ruego que si puede lo haga en seis. Si quitamos cada uno un minuto
acabaremos bastante antes y en la medida de lo posible se lo agradeceremos.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Esta es una iniciativa para intentar conseguir que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Es un debate esencial, esta mañana lo hemos visto en el Pleno -por lo que tiene mucho sentido la
iniciativa-, donde el señor presidente del Gobierno ha indicado que las cosas estaban mejorando. ¡Ojalá fuera así! Hay un dato que indica que difícilmente se puede producir una mejora en la economía real del país mientras el crédito a las pequeñas
y medianas empresas, que generan el 70 % del empleo en España, está cayendo. Señorías, tienen que saber que en el primer trimestre del año 2013 el crédito disponible para las Pymes ha caído nada más y nada menos que un 15 %. Es algo verdaderamente
asombroso. No solo está cayendo, sino que además se está encareciendo. Esto genera un problema gravísimo a la economía real, a las familias españolas -ahora estamos hablando de empresas, pero el crédito también llega en menor medida a las
familias- y supone una fragmentación dentro del espacio comunitario. Aquí hay un problema muy serio y esperemos que los responsables comunitarios de mayor peso y que toman decisiones se den cuenta de ello. Tengo aquí un editorial de una revista
económica, que no es proclive al progresismo, The Economist. Les recomiendo su lectura, porque esta semana demuestra que el vínculo entre las políticas de marcar la ratio de interés del coste del dinero y los procedimientos de préstamo, es decir,
su llegada a la economía real, se ha roto. Se ha roto, no existe ese mecanismo hoy y nos proporciona los datos. Miren los años 2005, 2006 y 2007, entonces los tipos de interés a corto plazo se trasladaban mecánicamente al conjunto de los
prestatarios, de quienes solicitaban los préstamos, con un coste razonable. Cuando los tipos de interés estaban en el 2 %, el coste medio de financiación de las Pymes en toda Europa, sin que hubiera fragmentación, era del 4 %. Cuando subieron al 4
%, entre el año 2005 y 2007, el coste medio subió al 6 %. Ahora que estamos en el 0,5 % , se produce una fragmentación brutal en los países del sur de Europa: España, Italia, Portugal, Grecia y a Francia le ocurrirá, porque el coste de acceso a su
financiación ordinaria supera el 6 % . En Alemania, Finlandia,

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Austria, Holanda o Bélgica no supera el 1,5 %. Está roto el mecanismo. Hay que buscar alguna forma para corregir este gravísimo problema. Gran Bretaña, con un Gobierno conservador, lo ha intentado con un sistema denominado funding for
lending scheme, que es un sistema de financiación finalista a las Pymes mediante el cual se produce una garantía colateral de los créditos que conceden las entidades financieras, todas, no solo los bancos, también las cooperativas financieras, que
lo descuentan en el banco central y tienen colaterales de mayor calidad para impulsar y desarrollar la financiación. Este es un buen sistema, como otros que se han discutido esta mañana, por ejemplo, directamente, desde el Banco Central Europeo,
utilizando estos criterios. Esta es nuestra grave preocupación. Es un gravísimo problema. No va a haber recuperación económica y los deseos del presidente del Gobierno no van a ser ciertos si no aumenta el crédito, porque está cayendo, si no
aumentan las vías de financiación, si no llegan a nuestras empresas y familias, es imposible que se produzca una recuperación. Con toda lealtad institucional, deseamos que eso ocurra, que lleguen a las empresas. ¿Cuántas empresas están cerrando
por falta de circulante, no por falta de actividad económica? Muchas. Tengo aquí los últimos datos. Del año 2011 al 2012 el número de Pymes -que, repito, generan el 70 % del empleo en España- que han recurrido a financiación externa ha caído a la
mitad exactamente, por lo que tienen menos capacidad de recurrir a financiación externa, les es más cara, tienen más dificultades según declaran ellos mismos en sus propios estudios de opinión y la situación se está convirtiendo de dramática -que ya
lo era- a trágica, porque si continúa esta sequía del crédito no sé que va a ocurrir con la economía española. Nos anima una política de estímulo a esa economía real, de verdad, productiva, que nunca se debió abandonar a favor de la economía
especulativa -que es una de las causas de esta crisis-, a esa economía representada por el mejor capital que tiene este país que son sus empresas y sus trabajadores, pero que no tienen acceso a la financiación. No solo no tienen acceso, sino que se
está reduciendo, continúa cayendo. Únicamente el 4 % en el año 2012 declaran que consiguieron financiación sin problemas. Realmente es muy serio. Nuestra propuesta es muy sencilla: exploremos todos los campos, todas las posibilidades, y también
la creación -por qué no, no vemos un problema de naturaleza legal o de encaje jurídico dentro del marco de los tratados ni tampoco de orden político- de un fondo que puede venir acompañado de las otras medidas que he indicado para la financiación de
empresas, fomento del autoempleo, iniciativa emprendedora e internacionalización de nuestras empresas. Es vital movilizar crédito para impulsar la reactivación de la economía y conseguir que se traslade ese tipo de interés a corto plazo tan bajo
que tiene el Banco Central Europeo, 0,5 %, a la economía real, a unos tipos razonables, al 1,5, el 2 o el 2,5 % y que se doten con 20.000 millones de euros, que pensamos pueden proceder -repito, entre otras medidas alternativas que pudiera haber- de
la línea de crédito del MEDE,...


El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Caldera, que vaya concluyendo.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ...que se concedió a España por importe de 100.000 millones, porque solo han sido utilizados 40.000 y están pendientes de utilización 60.000 millones.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley del Grupo Socialista nos plantea uno de los grandes temas que hoy aqueja a la economía española que es la falta de crédito. Escuchando el discurso triunfalista del Gobierno pareciera que
esto estuviese resuelto, pero los datos del Banco de España nos indican lo contrario: que a día de hoy está cayendo con más fuerza que en ningún momento desde el inicio de la crisis, con lo que el objetivo último del rescate bancario no se ha
logrado. Esto ha creado un auténtico círculo vicioso. No hay crédito, esto dificulta la inversión, provoca recesión, más créditos morosos, peor situación de la banca y vuelta a empezar. Es un círculo vicioso que hay que romper en algún eslabón de
esa cadena. Hay diferentes alternativas y nuestro grupo ha propuesto algunas en el Pleno y en Comisión. La banca nacionalizada puede tener un papel de financiación a Pymes, como señalaba el señor Caldera, aunque no esté en nuestras manos
únicamente, y el Banco Central Europeo podría tener un papel similar al Banco de Inglaterra en el Reino Unido. El problema nos preocupa y es necesario darle solución. Tenemos una objeción importante a la proposición no de ley que se nos plantea, y
es que se basa, en nuestra opinión, en una quimera. La Unión Europea nos ha concedido 100.000 millones, que están en alguna caja esperando a que los utilicemos, de los cuales podemos destinar 20.000 a estos fines. En opinión de mi grupo y de la
propia Comisión no es así, 100.000 era un máximo que se nos podría haber

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concedido, pero se nos concedieron 40.000 con unos usos muy definidos y concretos. Por tanto, construir todo este fondo y esta teoría sobre esa base tan quimérica nos parece engañarnos a nosotros mismos y engañar a los ciudadanos. Por eso
no podemos apoyar esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anchuelo. Ha estado dentro de los dos minutos que me pedían para intervenir los grupos.


Tiene la palabra el señor Coscubiela, por La Izquierda Plural.


El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar su apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, porque a pesar de que tiene algunas dificultades, estamos hablando de una proposición no de ley y no de un texto articulado y
entre todos podremos trabajarla. Lo vamos a hacer por muchas razones. Hoy el presidente del Gobierno ha insistido mucho en que el crédito está fluyendo y que además es más barato; el único problema es que las empresas no lo han notado. Por no
notarlo, ni siquiera lo ha notado el Instituto Nacional de Estadística, porque en el mismo momento en el que el presidente del Gobierno estaba vertiendo esas palabras, aparecían los datos estadísticos de los procedimientos concursales de este primer
trimestre, que mostraban que desgraciadamente en el primer trimestre de 2013 han entrado en concurso de acreedores el 23 % más de empresas que en 2012 y que una parte muy importante, por no decir el 98 % de ellas, son empresas de menos de 50
trabajadores. Esta es sin duda la primera crisis de las que conozco -las conozco desde el año 1970- en la que están cerrando empresas no por falta de producto y de mercado, sino por falta de financiación. Hay que intentar de todas todas resolver
este problema. Que las empresas no se han enterado lo pone de manifiesto un ejemplo que ha tenido mucho impacto en Cataluña en estas últimas semanas. Tenemos una empresa innovadora, Edse Inventia, en Rubí, que ha diseñado un modelo de bicicleta
eléctrica, que ha ganado un concurso público para hacer bicing para el Gobierno de Dinamarca, que le encarga 11.000 bicicletas, y que no lo puede hacer porque no tiene financiación para ello, por lo que ha tenido que trasladar la producción directa
de esas bicicletas a la propia Dinamarca. Este no es un ejemplo aislado, desgraciadamente es muy frecuente y justifica por sí solo la necesidad de abordar estas materias.


Tenemos muchas dudas sobre todo en el punto tercero. Supongo que en el momento en que se redactó no se era consciente de esto, pero quiero recordar que la famosa cláusula de los ERE de Telefónica, esa de la que tanto alardeó el presidente
del Gobierno, se la acaba de pulir hace dos días, porque después de no haber cobrado aún ni un duro de los ERE de Telefónica, resulta que ha cambiado las reglas del juego y muy probablemente no los va a cobrar nunca, con lo cual creo que hay un
problema. Insisto, lo importante es el fondo del tema y no tanto el detalle, al tratarse de una proposición no de ley, porque si se aprobara podríamos mejorarla entre todos en su articulación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista nos trae su propuesta original, anterior a su autoenmienda, entre las varias propuestas que está haciendo en materia de desempleo juvenil. En esta propuesta
contempla la creación de un fondo económico dotado presupuestariamente y que contaría además con aportaciones de grandes empresas a las que se autorice un ERE y la capacidad de captar financiación en los mercados interno e internacional. No podemos
más que compartir el fondo de la iniciativa. Deben tomarse medidas urgentes en materia de creación de empleo, más aún para favorecer la entrada de los jóvenes en el mercado laboral. Esto no se está haciendo, los números así lo dicen. La reducción
del déficit público como única política económica no es suficiente para reactivar la economía y la creación de empleo. En este contexto, es difícilmente entendible la reducción de los recursos económicos destinados a políticas activas en los
últimos años. Si no damos armas a las comunidades autónomas competentes en la materia para acompañar a los desempleados jóvenes en la formación o en la búsqueda de trabajo difícilmente podremos crear empleo para este sector. Hace pocas semanas el
Gobierno aprobó un paquete de medidas exclusivamente dirigidas al empleo de los jóvenes, pero a nuestro entender son insuficientes, especialmente para aquellos jóvenes que ni estudian ni se forman, más aún cuando la Unión Europea nos reclama -y
dispone para ello un presupuesto de 6.000 millones de euros- que en un máximo de cuatro meses, tras acabar los estudios y quedarse en el paro, los jóvenes de hasta veinticinco años deben recibir ofertas de trabajo, de formación, de aprendizaje o de
prácticas de calidad. Esto se llama

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garantía juvenil. Con las medidas adoptadas, si se reducen las políticas activas y no se aprueba un plan de choque para el empleo -que recuerdo, es un mandato de esta Cámara aprobado por el Pleno a iniciativa de mi grupo parlamentario-, ni
siquiera se asegura la garantía salarial.


¿Cómo queremos poner las bases para la creación de empleo? No como lo está haciendo el Gobierno. La autoenmienda presentada por el grupo parlamentario proponente de la iniciativa nos propone hacerlo a través de la utilización del crédito
del MEDE. Es una fórmula. Esta mañana hemos estado hablando de este tema, de la necesidad de que el líquido llegue al sector productivo. Nuestro grupo parlamentario hablaba, por ejemplo, de poner en marcha la ley de emprendedores, hablaba de la
ejecución real de las medidas ICO...


El señor PRESIDENTE: Señor Picó, le ruego que vaya concluyendo.


El señor PICÓ I AZANZA: Parece que Europa nos dice que el MEDE no puede utilizarse para esto. De todas formas, en materia de desempleo juvenil hay que hacer algo, no hoy ni mañana, sino ayer o anteayer. Por tanto, como medida, le daremos
nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, para concluir el punto, tiene la palabra doña Ana Belén Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Podemos estar de acuerdo con la filosofía de esta proposición no de ley, pero no con la forma. Sin lugar a dudas hoy se nos presenta aquí, señor Caldera, una ocurrencia de fin de semana. Menos mal que hoy hay
Comisión, si no a la próxima semana sería el debate de la enmienda a la autoenmienda de la ocurrencia del fin de semana. Si sus señorías observan el texto de la iniciativa original, verán que no tiene nada que ver con el texto de la autoenmienda
que nos presenta hoy. Ya no se habla de empleo joven, ya no se habla de captar financiación en los mercados nacionales y extranjeros y, por supuesto, ya no se habla de crear con 1.000 millones un fondo para empleo joven, porque el Gobierno ya ha
creado la estrategia de empleo joven, con 3.485 millones de euros. Esto me recuerda, señor Caldera, a los hermanos Marx: Y también dos huevos duros. Es decir, cada uno pide más. Señor Caldera, he escuchado su intervención y en ningún momento ha
defendido la estrategia del señor Rubalcaba. En ningún momento ha defendido usted que estos 20.000 millones procedan del MEDE, y no lo ha defendido porque posiblemente no esté de acuerdo en esa ingenuidad que conllevaba un rescate de España.
Seguramente usted no estará de acuerdo en que las condiciones que tienen en este momento Irlanda, Grecia y Portugal las tenga también España, por eso no se ha atrevido a defender en esta Comisión el texto que a lo largo de este fin de semana le han
escrito para que lo defendiera hoy, que nada tiene que ver con el texto original.


Efectivamente, hay 6.200.000 dramas en España, 6 millones de personas que están esperando una respuesta, y la creación de empleo es inseparable de la corrección de los graves desequilibrios económicos que hemos heredado, señor Caldera. Le
recuerdo a usted de ministro y a mí de diputada en la oposición y le digo que los hemos heredado y que usted estaba ahí. Señor Caldera, se han puesto mecanismos, pero no se pueden dar vaivenes cada fin de semana ni tener ocurrencias diversas. Se
ha hecho una reforma laboral; se ha elaborado una estrategia de emprendimiento y empleo joven, con un presupuesto de 3.485 millones de euros, cuando ustedes en su primera enmienda pedían 1.000 millones de euros; se ha aprobado un real decreto que
contempla 45.000 millones de euros en financiación ICO, que ustedes tampoco mencionan, y hoy mismo el presidente ha anunciado una ley de emprendimiento.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Claro que no es suficiente. Hay que hacer mucho más, pero concretando y proponiendo, porque hoy usted nos ha dado mucha filosofía pero ningún mecanismo, señor Caldera. Yo esperaba más de usted, créame, esperaba
que me diera alguna solución para crear empleo y no me ha dado ninguna.


- RELATIVA AL PROBLEMA SOCIO-ECONÓMICO DE LOS MARINEROS GALLEGOS Y ESPAÑOLES QUE TRABAJARON EN BUQUES NORUEGOS ANTES DE 1994. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000523).

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El señor PRESIDENTE: Salvo que haya alguna objeción, habida cuenta de que está presente la portavoz del Grupo Mixto, retomamos el punto quinto del orden del día, relativo al problema socioeconómico de los marineros gallegos y españoles que
trabajaron en buques noruegos antes de 1994. Doña Olaia Fernández dispone de seis minutos.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a la Mesa y a todos los diputados de esta Comisión que hayan tenido la deferencia de esperar a tratar este punto por no estar en el momento de hacerlo debido a un mal cálculo en
relación con la duración de las preguntas anteriores. Muchas gracias, señor presidente.


No es la primera vez que defendemos esta iniciativa en el Congreso de los Diputados; en la legislatura pasada hicimos algo parecido. Está relacionada con la lamentable situación de un número importantísimo de trabajadores del Estado
español, aproximadamente 500 gallegos, que trabajaban de marineros en embarcaciones sobre todo mercantes de bandera noruega. Durante ese tiempo de trabajo, en los años anteriores a 1994, fundamentalmente en los sesenta y setenta, pagaron sus
responsabilidades fiscales conforme a lo que establecía la legislación tributaria de Noruega. El hecho es que el Estado noruego, al estar estos trabajadores ubicados en las embarcaciones y no en tierra, no los considera ciudadanos de pleno derecho
en relación con las pensiones y todos aquellos derechos de la Seguridad Social que los ciudadanos noruegos pagan con sus impuestos. A estos trabajadores, por estar en embarcaciones que estaban en alta mar, no se les reconocen estos derechos.
Estamos hablando, como dije inicialmente, de ciudadanos del Estado español, que una vez que llegan a la edad de jubilación se encuentran con que no se les contemplan los años cotizados realmente, porque pagaban debidamente los tributos
correspondientes en Noruega, y con que la cuantía de las pensiones que perciben en el Estado español, porque tienen cotizados otros años aquí, en el sistema de la Seguridad Social, no les permiten vivir con un mínimo de dignidad. Pero el problema
no es ese, el problema es que durante muchos años pagaron religiosamente la correspondiente tributación y no se les reconoce.


Sabemos que el Gobierno español ha hecho algunas gestiones con el Gobierno de Noruega, gracias al esfuerzo de estos trabajadores, que se asociaron en una organización que definen como Long Hope -que supongo que quiere decir larga espera, por
el tiempo que llevan esperando- y que se han dirigido a las autoridades del Estado español, a las de Noruega, a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea y al Defensor del Pueblo de Noruega. Hace dos años la Comisión de Peticiones de la Unión
Europea trasladó al Gobierno de Noruega una solicitud para que llegase a un convenio con el Estado español para el reconocimiento de los derechos que reclama este colectivo, de manera que pudieran percibir la correspondiente y adecuada pensión. A
día de hoy este colectivo sigue esperando a que esa demanda de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea sea atendida por Noruega y por tanto sigue reclamando un derecho que considera que tiene y que cualquier Gobierno debería reconocer.
Señorías, teniendo en cuenta que los cálculos de este colectivo en relación con lo que han pagado en coronas al Estado noruego superan los 35 millones, hay argumentos de sobra para que la Administración española pueda alcanzar algún acuerdo o firmar
algún convenio que establezca los criterios que permitan a este colectivo cobrar las pensiones adecuadas. Por eso volvemos a insistir una vez más en esta iniciativa.


Para posibilitar un acuerdo, hemos presentado una autoenmienda, porque la proposición no de ley fue planteada hace más de un año, en enero de 2012. Dado que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda y me parece ver también buena
voluntad en el Grupo Popular para alcanzar un acuerdo, estamos en disposición de procurar una transacción que permita por lo menos trasladar a este colectivo de trabajadores del mar que el Congreso de los Diputados entiende su problemática, que el
Gobierno tiene disposición a actuar y que efectivamente lo va a hacer para que un problema arrastrado tantísimos años pueda tener finalmente una solución feliz, que sería en este caso el cobro de las pensiones que reclama.


El señor PRESIDENTE: Como bien señalaba, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Paloma Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: En aras de la brevedad, simplemente quiero resaltar que estamos de acuerdo tanto con la exposición que acaba de hacer la proponente como con las propias propuestas. Nuestra enmienda es de modificación, para
precisar un poco el texto, para hacer una definición más precisa de las necesidades y reclamaciones de estos trabajadores y, sobre todo, para que quede clara en la propuesta la especificación de la retroactividad en el reconocimiento de los derechos
de las prestaciones.

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Nosotros también nos hemos hecho eco del problema de estos trabajadores que han estado embarcados en buques de Noruega. Hemos presentado varias baterías de preguntas, no solamente aquí, sino también en el Parlamento de Galicia y en el
Parlamento Europeo.


Simplemente quiero destacar dos cosas. La primera es la arbitrariedad del no reconocimiento de este derecho. El argumento de Noruega es que no eran residentes en el país cuando estaban enrolados en barcos de empresas que utilizaban bandera
noruega. En el derecho marítimo internacional eso se reconoce como el propio país, por lo que se les debería reconocer esa residencia. Por otra parte, en el tema de las prestaciones, quiero hacer una mención especial a las viudas de estos
marineros. Como sabemos, las mujeres del mar llevan una vida bastante dura, bastante en soledad; tienen que hacerse cargo casi en solitario de la familia y muchas de ellas, sobre todo mujeres de Galicia -porque este es un problema que afecta de
forma sustancial a un grupo de trabajadores de Galicia-, han pasado muchas dificultades inmerecidamente. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles por nuestra parte para buscar una solución al problema de estos trabajadores, de sus familias y de
sus supervivientes y hacerlo además con efectos retroactivos, tal como ellos están solicitando.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su claridad y brevedad, que espero que inspire al resto.


¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa). Tiene la palabra el señor Anchuelo, por dos minutos.


El señor ANCHUELO CREGO: Parece claro que la responsabilidad principal en este problema es del Gobierno noruego, que con un pretexto bastante rebuscado señala que estos trabajadores no estaban en su territorio aunque estaban en buques de su
nacionalidad. Nos parece adecuado que se realicen gestiones ante ese Gobierno para que corrija la situación y que se pida también la mediación de la Unión Europea, recordando, eso sí, que Noruega no es miembro de la Unión, pero que la Unión Europea
puede tener un papel importante en esa mediación.


No quiero terminar sin señalar un matiz. La proposición no de ley se refiere continuamente a gallegos y españoles como cosas separadas. No queremos hacer de ello un caballo de batalla, porque en un primer momento parece un matiz
lingüístico y tal vez una forma de expresarse más o menos precisa, pero nos preocupa más que el texto resolutivo se refiera únicamente a la situación de los marineros gallegos. Por eso, para que nuestro grupo la considere plenamente aceptable,
habría que modificarla en el sentido que indica el Grupo Socialista, es decir, que se hable de españoles, especialmente gallegos. Como parece que eso es lo que se va a hacer, nosotros apoyaremos la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Supongo que en la transaccional que se va a realizar habrá cabida a la pretensión que formula.


Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero manifestar nuestro apoyo pleno a la propuesta. Nos parecen razonables la autoenmienda presentada por el propio Grupo Mixto y la enmienda del Grupo Socialista. Nos parecen razonables porque lo contrario,
no dar una solución a este tema, además de una injusticia sería romper con el criterio de contributividad que tanto utilizamos para abordar las situaciones de Seguridad Social.


Dicho esto, permítanme que les recuerde una cuestión. En esta Comisión nuestro grupo presentó una propuesta ante una situación relativamente parecida, pero en la que la discriminación la comete el Gobierno español en relación con los
marroquíes que trabajan en la Ciudad Autónoma de Melilla como trabajadores de la construcción, ya que se les está sometiendo a un régimen tan injusto como practicarles una deducción del 25 % en su salario como aportación de IRPF y que luego no
tengan ni la posibilidad de resarcirse de eso ni prestaciones de Seguridad Social. Lo digo, porque está bien que lo reivindiquemos para los españoles, sean gallegos o no, pero no estaría de más que no cometiéramos las mismas injusticias que han
cometido con nosotros, en este caso el Estado noruego.


El señor PRESIDENTE: Sin duda tendrá oportunidad de argüir dialécticamente lo que acaba de exponer.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: En principio no tenemos más remedio que compartir la preocupación por estos trabajadores que han manifestado todos los grupos. Como bien se ha dicho, hasta el año 1994 los

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trabajadores españoles -matizo-, en su mayoría gallegos -comparto con el portavoz de UPyD que para nosotros no existe esa diferenciación, pero es verdad que en su mayoría, aunque no todos, son gallegos-, que estaban en los buques noruegos y
se encontraban en una situación de desprotección. Aquellos ciudadanos se consideraban extranjeros no residentes en Noruega, fueron empleados en barcos noruegos antes de esa fecha, 1994, y durante ese periodo no estaban cubiertos por el seguro
nacional de pensiones noruego. Estos marineros españoles estaban cubiertos solamente en lo que se refería a accidentes laborales, enfermedades profesionales o muerte, contemplados en el régimen del seguro nacional, y estaban empleados a bordo de
buques noruegos registrados en el registro noruego de buques. Los periodos de seguro bajo aquel sistema no podían dar derecho a pensiones de vejez, pero los trabajadores podían suscribir una fórmula voluntaria de convenio especial con la Seguridad
Social española y cotizar en España con la consiguiente cobertura a efectos de la pensión de jubilación. Esta situación cambió enormemente a raíz de la firma del Acuerdo de 1994, sobre cuya base los reglamentos de la Comunidad Económica Europea
eran aplicables a las relaciones de Seguridad Social entre España y Noruega. A partir de ese momento, las personas que ejercen su actividad a bordo de un buque que enarbola el pabellón de un Estado miembro de la comunidad, como en este caso es el
noruego, estarían sometidos a la legislación de ese Estado, por lo que deben quedar incluidos dentro de su sistema de Seguridad Social. Desde la entrada en vigor de ese acuerdo, la comunicación entre ambos países se lleva a cabo a través de los
correspondientes formularios de enlace. Con todo esto, teniendo constancia de que el Gobierno español está preocupado por este asunto, de que está trabajando en este terreno a través de los mecanismos de los que dispone y de sus relaciones
internacionales y en el intento de conseguir, como propone la señora Fernández, un acuerdo bilateral entre ambos Estados que solucione finalmente esta cuestión que tanto tiempo lleva dando vueltas sin tener el arreglo que debería haber tenido hace
ya mucho tiempo, conviene destacar que el problema suscitado...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


La señora NAVARRO CRUZ: Conviene destacar que el problema suscitado no afecta exclusivamente a trabajadores de nacionalidad española, por lo que la problemática, como todo el mundo acaba de decir, corresponde a las instituciones noruegas y
no a las españolas. Sin embargo, el Gobierno español está trabajando en ese sentido y ha tenido ya varias reuniones y acercamientos con el Gobierno noruego, por lo que propongo una enmienda in voce, que podríamos arreglar como transaccional, en la
que pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a seguir trabajando en buscar las soluciones al problema socioeconómico de los marineros españoles, en su mayoría gallegos, que trabajaron en buques de nacionalidad noruega antes de
1994.


El señor PRESIDENTE: Salvo que la proponente acepte expresamente la enmienda in voce formulada, operen en busca de una transaccional y, si obtienen un resultado favorable, votaremos el texto que se acuerde.


- RELATIVA AL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000978).


El señor PRESIDENTE: Abordamos el punto séptimo del orden del día: Proposición relativa al Plan integral de empleo en Andalucía. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista. La diputada María José Rodríguez dispone de seis minutos para
su defensa. No se han presentado enmiendas, luego después pasaremos a la fijación de posición de los grupos.


La señora RODRÍGUEZ RAMIREZ: Señorías, si los datos de noviembre de 2012, fecha de presentación de esta PNL, avalaban por sí solos la petición que se planteaba, los que conocemos hoy no hacen sino reafirmar la necesidad de que el Gobierno
apruebe una dotación específica para que Andalucía cuente con un plan de empleo propio. En España se han visto destruidos 1.173.000 empleos desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, una cifra que supera el total de los empleos destruidos en
los dos últimos años, en 2010 y en 2011, que fueron 842.000. Es un dato elocuente por sí solo, pero al que se podrían añadir otras muchas consideraciones, como que esto se produce aún cuando la reforma laboral del Gobierno ha permitido reducir la
remuneración de los asalariados de este país en más de 27.500 millones, cuando aumentó en 4.500 en los dos años anteriores. En Andalucía hemos pasado de ver cómo se destruían 197 empleos al día a ver cómo ese terrible registro diario crecía más del
doble y alcanzaba los 500. La verdad

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es que haber alcanzado la cifra histórica de 6,2 millones de personas en paro y una tasa de desempleo superior al 27 %, la mayor en democracia, es un balance lo suficientemente grave como para motivar entre otras medidas un plan de empleo
para el conjunto del país, como le pedimos desde el Grupo Socialista. Es perentoria la necesidad de que dejen el dogmatismo de la austeridad y corrijan su actitud, como le señalan instituciones como la propia Comisión Europea, que, ante los
alarmantes datos de paro, entiende necesario que el Gobierno reaccione para atender esta realidad. El Partido Popular utiliza una lógica inversa, que bien podría calificarse de perversa a la luz de los efectos que produce, porque cuando más paro
hay, cuando más empleos se destruyen es cuando más se reducen las partidas destinadas a fomentar el empleo. No es que se destine menos dinero, es que se destina la mitad que en el año 2011. Así se entiende un poco mejor el balance en términos de
desempleo. Es un razonamiento inverso que les lleva también a endurecer las condiciones de acceso a prestaciones, que además se reducen en cuantía y en duración. Hay que preguntarse a qué lógica responde que en este contexto no se dé prioridad a
mejorar la inserción, el autoempleo, la recualificación de los trabajadores, el empleo de colectivos desfavorecidos o la orientación a través de servicios públicos bien dotados y no de agencias privadas de colocación. No recurran al más con menos,
porque quienes hacen más con menos, con cada vez menos, son las familias de este país, por su empecinamiento en profundizar en una política no solo antisocial sino que carece de justificación económica. Y lo peor es que este modo de proceder
tampoco se sostiene en previsiones halagüeñas en materia de evolución del empleo. Ustedes mismos plantean un final de legislatura con más paro del que teníamos a final de 2011 y no se atisba con un mínimo de rigor una previsión mínimamente creíble
en un escenario cercano. ¿Qué ofrece el Gobierno? Nada, porque en lugar de ofrecer se atreve a pedir, a pedir paciencia, el último bálsamo ante un Gobierno desbordado, pero que corre a cuenta del sufrimiento de mucha gente.


A esta política inexplicable de carácter general hay que sumar un tratamiento, como no, claramente discriminatorio en el caso de Andalucía. Desgraciadamente no es una novedad ni se circunscribe solo a la política de empleo. El Partido
Popular es reincidente y hay ejemplos claros en la memoria más lejana y más reciente de lo que hace el Partido Popular cuando ocupa La Moncloa. La distribución territorial que ha hecho el Gobierno ha sido desequilibrada, injusta y perjudicial para
Andalucía; una nueva afrenta no al Gobierno de los andaluces sino a los andaluces mismos. No se trata solo de que una persona sin empleo en Andalucía contara en 2011 con un esfuerzo en políticas activas por valor de 705 euros y que ahora solo
cuente con 268, sino que, teniendo esa cantidad, tiene 24 euros menos que cualquier persona desempleada del resto del país. Al Grupo Socialista le gustaría saber la razón de ese desfase, a qué responde esa desigualdad. El Grupo Popular negará que
el reparto de la conferencia sectorial haya sido injusto, pero que ha sido así lo corrobora el hecho de que no solo protestó Andalucía, sino que también lo hicieron Canarias y Extremadura; tanto es así que el Gobierno se vio obligado a compensarles
aprobando, vía disposición adicional en presupuestos, sendas dotaciones específicas para planes de empleo propios para ambas comunidades. Andalucía no contó con la misma suerte. No tuvo plan ni explicaciones. El Gobierno andaluz reclamó tres
cuestiones: un incremento general en las políticas activas, criterios justos de reparto y que se elevara la partida del Fondo Social Europeo por la cual Andalucía dispondría de más fondos. ¿Cuál fue la respuesta de la ministra? Ninguna. Vía BOE
comprobamos que se elevó la partida en la que el Gobierno no tiene capacidad de decisión, pero a costa de mantener la misma cuantía total que inicialmente tenía asignada, es decir, a costa de bajar los fondos procedentes del Estado, que ni siquiera
alcanzan para Andalucía el 9 %. Es decir, de resultas de esta maniobra, lo que corresponde a la Comunidad andaluza, que representa más del 17 % de la población, es el 8,8 % de los fondos estatales. Y ahora nos dirán que esto es lo justo. No solo
no se actúa para corregir un desequilibrio ni se buscan fórmulas para rectificarlo, sino que se rebusca la manera de mantenerlo o incrementarlo, es decir, que discriminan con la agravante del ensañamiento. En 2013 ese esquema se reproduce y el
agravio se consolida. En total, 800 millones de euros menos para Andalucía entre el recorte general y el particular obsequio que dedican a una comunidad que no sucumbe a sus políticas ni se resigna, que ha tenido un incremento del paro inferior a
diez comunidades autónomas en el último año, aún incorporando más población activa a su mercado de trabajo, o que, según los datos de este lunes, es responsable de un 40 % de la disminución del paro registrado en el conjunto del país, aunque por
segundo año consecutivo vea cómo se aprueban planes de empleo para otras comunidades que se les niegan a los andaluces, pese a ser una reclamación compartida por el Gobierno y los agentes sociales y económicos. Ni siquiera pueden alegar tasas de
desempleo muy dispares. ¿Acaso no merece Andalucía recibir el apoyo del Gobierno de España? Señorías, ¿cuál es el hecho diferencial de Andalucía? ¿Cuál es el motivo de otro desprecio?

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Tiene que ser muy difícil darle a esto una explicación convincente y mantener la negativa a un plan de empleo para Andalucía. Lo era en noviembre de 2012 y debe serlo más aún ahora que vemos que todo va a peor. No hay explicación
confesable, aunque quizá las palabras de una portavoz del PP en el Parlamento andaluz, en un debate similar a este, ayuden al resto de los grupos a entenderlo. Señorías del Grupo Popular, ¿saben cómo empezó su compañera? Leo el 'Diario de
Sesiones' de 13 de junio de 2012. Buenas tardes. He de decir que si Javier Arenas fuera hoy presidente de la Junta de Andalucía este debate no se estaría produciendo. (Aplausos).


Señorías, Andalucía pide...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, porque su tiempo se ha agotado.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Andalucía pide, merece y exige el mismo trato que otros territorios, el mismo rasero. Andalucía no pretende ser más que nadie, pero el Grupo Socialista tampoco va a consentir que haya quien se crea que es
menos. Reclamamos derechos no desechos. Por eso presentamos esta iniciativa, para que se actúe de la misma forma, para aliviar no las cifras sino la situación real de muchos andaluces, jóvenes o parados de larga duración, como a duras penas y con
un margen cada vez más escaso hace el Gobierno de la Junta de Andalucía con planes propios, priorizando, en un contexto como este, la ineludible tarea de favorecer el crecimiento y el empleo.


Concluyo, señor Presidente. Ahora veremos a algún portavoz del Partido Popular darse golpes de pecho y dolerse del desempleo de una comunidad, pero no vale jactarse del paro en Andalucía y negarle el pan y la sal desde Madrid, cuando tienen
la oportunidad y, sobre todo, el deber ineludible e inaplazable de combatir el paro. Ojalá dedicaran la mitad del esfuerzo que dedican a justificar lo injustificable...


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, concluya, por favor.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: ...y a disfrazar una realidad que les delata -concluyo, señor presidente-, a tratar a Andalucía como merece y como merecen los andaluces, les gobierne quien les gobierne, que no es una petición tan extraña,
aunque lo que resulta incalificable es que además de no hacer nada para frenar el paro en Andalucía ustedes hagan lo inconfesable para contribuir justo a lo contrario.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones.


Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Las medias matemáticas son un concepto que tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que nos da una visión global de la situación en España: hay un 27 % de paro; el inconveniente es que detrás de esas medias
a menudo hay situaciones muy desiguales, y el caso andaluz es un claro ejemplo. Allí el paro es escalofriante, el 37 % de la población activa, es decir, 1.473.000 parados en esa comunidad autónoma. Compartimos la preocupación por esa situación,
evidentemente, como estoy seguro de que harán los demás grupos, y también las críticas que se formulan en la exposición de motivos a cómo se está afrontando el problema del paro en nuestro país, con una reforma laboral que, en nuestra opinión, lo
que ha provocado en el corto plazo ha sido una mayor destrucción de empleo por cada punto de pérdida de PIB, como muestran las estadísticas, y con unos recortes presupuestarios en áreas muy sensibles, como en las políticas activas, cuando estos
desempleados necesitan formación, en prestaciones, en subsidios o con el endurecimiento del plan Prepara.


Nos preocupa mucho la situación andaluza, pero también la del conjunto de España y la de muchas otras comunidades que tienen un paro claramente superior a la media: Canarias tiene un 34,27 %; Castilla-La Mancha un 31,55 %; Extremadura, un
35,56 %; Murcia un 30,37 %; Ceuta un 38 %; Melilla un 31 %. Cito estas cifras porque no compartimos el enfoque de que haya que hacer un plan para cada comunidad. Creemos que es un problema generalizado, que estamos en el Parlamento nacional y
que serían precisas actuaciones más generales. Eso es lo que no compartimos de esta iniciativa del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar apoyo a la proposición no de ley del Grupo Socialista, entre otras cosas por la dramática situación, que ya se ha citado aquí, de paro en Andalucía, un 37 % y un desempleo juvenil que
supera el 66 %. Sin duda, las razones son complejas y, además, no

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son solo de Andalucía. Hoy le recordaba al presidente del Gobierno que la combinación de ajuste duro de la economía, reforma laboral y desaparición de las políticas activas de empleo y de formación, sin duda contribuyen a esa tormenta
perfecta que provoca este desastre. Es ahí donde resulta más incomprensible que durante los presupuestos de 2012 y 2013 se hayan desmantelado programas enteros como el de fomento de la inserción y la estabilidad laboral, rebajándolos en porcentajes
cercanos a los 2.000 millones de euros en relación con los años anteriores.


Es verdad que esta es una problemática del conjunto de las comunidades autónomas, que en muchos casos las ha obligado a despedir a la inmensa mayoría de los 1.500 orientadores y de los 1.500 promotores de empleo. Pero que sea una
problemática general no impide a mi grupo dar su apoyo a una propuesta de plan de empleo para Andalucía, porque si la problemática es general, y los recursos y las políticas también, las características del empleo, del tejido productivo de cada
comunidad autónoma son muy distintas y, por tanto, la posibilidad y la necesidad de gestionarlo desde la proximidad son imprescindibles.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre de Convergència i Unió, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo no va a entrar en la cuestión principal de la iniciativa del Grupo Socialista. No tenemos conocimiento suficiente para poder fijar una posición con la seriedad que la cuestión exige. Ahora bien, en
relación con aquello que hemos puesto de manifiesto durante toda esta legislatura, que es la política presupuestaria del Gobierno en relación con las políticas activas de empleo y los recortes que se han aplicado, he de volver a reiterar que dicha
política está siendo un error terrible. Esta misma semana o la pasada, diputados de esta Comisión tuvimos un encuentro con diputados de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo que visitaban España para conocer la implementación de la
denominada garantía juvenil, y se puso de manifiesto que el desarrollo de políticas de reciclaje profesional, de acompañamiento a las personas desempleadas, de orientación laboral, de formación de desempleados, de formación de personas activas, son
fundamentales en todos los países de nuestro entorno; que las políticas activas de empleo son imprescindibles para la salida de la crisis. Tan solo por esta razón apoyaremos la iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Como todos ustedes saben, el Gobierno del Partido Popular tiene como prioridad absoluta en este momento crecer y crear empleo, porque la actual crisis económica y de empleo está afectando a todos los territorios
de la geografía española en general, pero muy especialmente a Andalucía, con 1.400.000 desempleados, el 36,87 % de la población, que es una tasa que triplica la europea y que supera en 10 puntos la media nacional. Todo ello, señorías, tras treinta
años de Gobierno socialista. El modelo socialista andaluz tristemente ha batido el récord en paro, en destrucción de empleo, en destrucción de puestos de autónomos y en índice de pobreza y de familias en exclusión. Ante esta situación, el Gobierno
del Partido Popular tiene a Andalucía como una prioridad. Todo el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo con Andalucía, especialmente materia de empleo.


Señorías, en el año 2012 Andalucía recibió 319 millones de euros para el desarrollo de políticas activas de empleo, el mismo porcentaje de recursos que se le había asignado en la conferencia sectorial en el año 2011, es decir, el 22,6 %, y
el mismo que percibía con los Gobiernos socialistas. A esto hay que añadir las cantidades percibidas para el programa de fomento de empleo agrario y para el Plan Prepara, que también es política de empleo, y en contra de cuya prórroga, por cierto,
votaron ustedes. Además, nos dicen en su proposición no de ley que la prórroga del plan es una absoluta decepción y un clarísimo castigo a los desempleados. Señora Rodríguez, del Plan Prepara se benefician más en Andalucía que en ninguna otra
comunidad autónoma. Andalucía es la que más dinero recibe en este plan; prácticamente el 25 % de los fondos destinados al Plan Prepara van a esa comunidad. Además, como ustedes saben, este año el Gobierno ha aprobado la rebaja de 35 a 20 de las
jornadas necesarias para que los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía puedan acceder al subsidio agrario y a la renta agraria con el fin de paliar los efectos que la sequía pudo ocasionar, especialmente en el sector olivarero. Señorías,
Andalucía es la comunidad autónoma que más ha recibido del Gobierno central en los últimos años para políticas de empleo. Déjenme recordarles que entre los años 2007 y 2011 Andalucía recibió 3.700 millones de euros para políticas activas de empleo
y 2.000 millones de euros del Fondo para el mundo rural de Andalucía. ¿Saben ustedes cuánto subió el paro en estos años? Un 90 %. No me digan que es solo un problema de

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recursos públicos. Está claro que ustedes, el mismo Gobierno en Andalucía durante treinta años, no han gestionado de manera acertada las políticas activas de empleo. Y si no, explíquenme por qué, por ejemplo, en 2011 la Consejería de
Empleo de Andalucía dejó sin ejecutar más de la mitad de lo presupuestado. Les reitero que algo tendrá que ver la gestión del Partido Socialista. Les ha faltado eficiencia y eficacia en la gestión de sus recursos. Señorías, ustedes son la
comunidad autónoma que más dinero ha recibido del Gobierno central en los últimos años para políticas activas de empleo; ustedes son la comunidad autónoma que ha dejado sin ejecutar durante varios ejercicios gran parte del dinero destinado a
políticas activas de empleo; ustedes son la comunidad autónoma que tras treinta años de Gobierno socialista tiene la tasa de desempleo más alta de toda España y muy superior a la europea. ¿Qué ha pasado en su comunidad con todo el dinero que
tendría que haber sido destinado a políticas activas de empleo?


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar su proposición no de ley, porque, como les he dicho, el principal objetivo del Gobierno ha sido, es y será seguir trabajando para conseguir crecer y crear empleo, porque el Gobierno de
Mariano Rajoy no gobierna de espaldas a la ciudadanía, como ustedes dicen, gobierna de cara a la realidad y con un compromiso firme con Andalucía y con toda España.


- SOBRE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 189 DE LA OIT Y LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 201 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS O TRABAJADORES DOMÉSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUIPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA
PLURAL. (Número de expediente 161/001474).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al octavo punto del orden del día, proposición no de ley sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores
domésticos, presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.


Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de seis minutos, el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Sin duda no es responsabilidad de nadie, pero no sé si se dan las mejores condiciones para discutir una cosa de tanta trascendencia. Ya sé que todas las proposiciones no de ley la tienen, especialmente para
quien las presenta, pero no se les escapará que lo que estamos planteando en estos momentos afecta a un volumen muy importante de personas, fundamentalmente mujeres, de nuestro país. Traigo a esta Comisión la propuesta de que se solicite al
Gobierno la ratificación del Convenio 189 de la OIT y de la Recomendación 201. Estamos hablando de la dimensión del trabajo doméstico, que sin duda es importantísima. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo constata que en
este sector hay 52,6 millones de personas, mayoritariamente mujeres, el 83 %, a nivel mundial, y que el 30 % de ellas están excluidas de la legislación laboral nacional, incluso que el 45 % no tienen derecho ni siquiera a periodos de descanso
semanal o a vacaciones anuales remuneradas, y que más de la tercera parte son trabajadoras domésticas que no tienen derecho a la protección por la maternidad. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Creemos que estamos ante uno de los
temas más trascendentes en los que la OIT ha demostrado su utilidad planteando lo que es su obligación, que es abrir vías para el reconocimiento de derechos a las personas más desprotegidas.


¿De qué trata el convenio? Se trata, aunque seguro que ustedes ya lo conocen, de que trabajadores, mayoritariamente trabajadoras domésticas, que a menudo soportan salarios muy bajos, horas extras excesivas, días de descanso semanal no
garantizados, y que en ocasiones se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad, como abusos físicos, mentales, sexuales e incluso a limitaciones de libertad en sus movimientos, puedan estar protegidas ante este tipo de abusos. Sin duda se trata de
dar una protección mínima a esas personas ante la explotación que en muchas ocasiones sufren en algunos países, que en ciertos casos puede atribuirse a lagunas existentes en su legislación laboral y de empleo pero que, en muchos otros casos,
responden también a un trato discriminatorio por razón de sexo, de raza, de clase social -de eso que algunos piensan que no existe- o de casta. ¿Qué garantiza el convenio que les estoy pidiendo ratificar? Fundamentalmente que los trabajadores,
mayoritariamente trabajadoras domésticas, más del 80 %, deben tener en el trabajo los mismos derechos fundamentales que el resto de trabajadores y trabajadoras y que estos deben incluir horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos
veinticuatro horas consecutivas, un límite en el pago de las especies para que no se les haga fraude por esa vía, información clara sobre los términos y condiciones del empleo y respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
incluyendo, por supuesto, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

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Incomprensiblemente, después de la aprobación de este convenio y de la recomendación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno español, del Partido Popular, en el Consejo de Ministros del 14 de diciembre del año
2012, decide la no ratificación del Convenio 189 sobre trabajo doméstico. Digo que lo hace de manera incomprensible, porque hasta ahora no hemos sido capaces de escuchar ni una sola explicación creíble y justificable para tomar esa decisión. Por
supuesto, esperamos que hoy el Grupo Popular dé su voto favorable a nuestra propuesta y que, en caso contrario, dé alguna explicación que no sea simplemente fugir d'estudi de lo que les estamos planteando. Quiero dejar bien claro, además, que puede
llover sobre mojado, porque a estas alturas ya sabemos que algunas de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, concretamente el Real Decreto-ley 29/2012, sobre mejora de la gestión y protección del sistema especial de
empleados del hogar, está provocando niveles significativos de desprotección.


Les daré algunos datos de la dimensión del Convenio 189 en su realidad española para que se pueda comprender, aunque sé que ustedes ya lo saben. Estamos hablando de que en estos momentos la encuesta de población activa sitúa que
aproximadamente podemos tener en España 677.800 personas trabajando en este sector, de las cuales más del 90 %, es decir, 607.000, son mujeres. Si se utilizan los datos del Boletín de estadísticas laborales, vemos que en estos momentos tenemos
424.000 personas afiliadas al régimen especial, dentro del régimen general, de empleadas del hogar, de las cuales un porcentaje muy importante, 228.000, son extranjeras, lo que representa el 54 %. Insisto en el concepto de discriminación por razón
de origen. Quiero recordar que la Comisión Europea presentó el día 21 de marzo de 2013 una propuesta de decisión del Consejo que insta, al mismo tiempo que autoriza, a los Estados miembros a la ratificación y recuerda la importancia que tendría la
misma, porque contribuiría, sin duda, a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea contra la trata de seres humanos. Estas son palabras mayores. Tampoco hay que olvidar que todos los sindicatos, pero especialmente los más representativos,
Comisiones Obreras y UGT, han requerido de nuevo al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios para que se adopte la decisión de ratificar este Convenio 189 de la OIT. No nos gustaría que en algún momento España apareciera en el ranquin de los
países que están por detrás en esa apuesta por dignificar las condiciones de trabajo de estas personas, mayoritariamente mujeres. Sin duda es un convenio que solo ha empezado abrirse paso, pero sería bueno que por una vez España se pusiera al
frente de una tarea como esta. Quiero recordar que entre los pocos países que lo han firmado está Italia, y estaría bien que, como siempre que interesa el Gobierno utiliza ejemplos de cómo copiar de otros buenas prácticas, en este caso nos fijemos
en la realidad italiana.


En resumen, creemos que es una buena causa que esta Comisión apruebe instar al Gobierno español a la ratificación del Convenio 189 y de la Recomendación 201 de la OIT. Esperamos que se pueda acordar y que si no se dé alguna razón de peso
para no hacerlo.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista.


Para su defensa, por un tiempo de cuatro minutos, tiene la palabra la señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo de La Izquierda Plural nos da la oportunidad de abordar nuevamente un tema muy importante para muchos trabajadores y trabajadoras del sector doméstico. Digo nuevamente, porque la Comisión de
Igualdad debatió una iniciativa similar el 10 de octubre de 2012 para intentar que España ratificase este tratado. Estamos hablando de un número muy importante de trabajadores y trabajadoras. El autor de la propuesta ha dado algunas cifras, pero
no quiero dejar de señalar que, según la EPA, son más de 650.000 las personas que se dedican a esta actividad, que de ellas, el 90 % son mujeres y el 54 % son extranjeras.


Quiero recordar que a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, había en España 294.000 personas afiliadas al régimen especial de Seguridad Social y que
en noviembre de 2012 eran 411.500. Este considerable incremento de afiliación fue posible con este nuevo sistema de integración en el régimen especial. Esta reforma significó una conquista para los trabajadores y trabajadoras, así como para la
consolidación del sistema de Seguridad Social y la extensión de sus prestaciones. En este caso es una buena herencia recibida por este Gobierno y desperdiciada, a su vez, por él mismo, porque inexplicablemente el Gobierno lo modifica en el Real
Decreto-ley 29/2012, lo que significa otro retroceso -uno más- que se ha tratado de explicar con argumentos que no se sostienen, pero que sí ponen de manifiesto la verdadera razón de esta vuelta atrás, que no es otra que una razón ideológica.

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Mientras esto ocurre en la España de 2013, los países de nuestro entorno comienzan a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. España, que con la regulación anterior de 2012 hubiera
podido ratificar el convenio sin problema alguno, puesto que nuestras normas mejoraban sus disposiciones sustancialmente, con esa modificación ha emprendido un camino atrás que la aleja de las posibilidades de ratificarlo, a pesar de que
recientemente, como se recoge en la enmienda presentada por el Grupo Socialista, la Comisión Europea ya ha elevado al Consejo de la Unión Europea la correspondiente autorización para que los Estados miembros ratifiquen el convenio de la OIT en
interés de la Unión y de conformidad con los artículos 218 y 153 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Como subraya la Comisión Europea en su propuesta, se trata de cumplir el compromiso en torno a la consecución de una agenda que
asegure el trabajo decente en el ámbito interno de la Unión Europea y de sus Estados miembros y que a su vez sirva como expresión de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en la mejora de los estándares laborales en el mundo, referidos a
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, de la preservación necesaria de la protección del trabajo infantil, de la maternidad, corrección de los horarios, condiciones de trabajo, y todo lo demás.


Claro y diáfano. Desde las instituciones europeas y desde la OIT nos instan a estar en consonancia con determinadas regulaciones laborales de protección de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito doméstico, cuestión que España apoyó
firmemente en su negociación y contempló en la regulación posterior, pero gracias a la intervención de este Gobierno, de la mayoría absoluta del PP, se somete a revisión y se paraliza la ratificación de dicho convenio. Se dan pasos atrás, porque
hablamos de colectivos de trabajadores que este Gobierno no reconoce como tales, no sabemos si es porque son mujeres o porque el convenio se refiere a la protección de personas en su mayoría inmigrantes o porque los quieren seguir considerando
sirvientes sin derechos. Esa es la realidad. En todo caso, se trata de razones ideológicas que a nosotros nos producen un profundo rechazo, una sensación de retroceso en el reconocimiento de la igualdad y la desigualdad de las relaciones
laborales. Esta es la verdad.


El Grupo Socialista está de acuerdo con la iniciativa y por eso hemos presentado una enmienda que creemos que completa la intención del ponente, así como el alcance de la obligación que corresponde a este Gobierno en el marco de los
compromisos internacionales y en coherencia con el derecho interno de la UE. Pensamos que sería importante que se aprobara por unanimidad, porque esto también tiene que ver con el prestigio de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: En el reciente debate del Real Decreto-ley 29/2012 tuve ocasión de poner de manifiesto el interés de mi grupo por el colectivo de los empleados de hogar, tan numeroso y desprotegido como han señalado los
intervinientes anteriores, por aflorar este trabajo doméstico y por mejorar su protección social. Dicho esto, seré breve en la justificación de nuestra postura ante esta proposición no de ley. Simplemente no entendemos que un país como el nuestro
pueda mantenerse al margen de la ratificación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, apoyaremos esta proposición no de ley, y si, como parece ser, el grupo mayoritario se opone, escucharemos con interés los motivos
o justificaciones que aleguen para ello, porque, al menos a primera vista, resultan muy difíciles de entender.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sería razonable que España, que ha vivido en los últimos dos o tres años un proceso de normalización de la situación de protección social y laboral de las empleadas de hogar, se sumase esta iniciativa de la
Organización Internacional del Trabajo. Es razonable, porque el contenido normativo de este convenio que obligaría a España prácticamente lo cumplimos con toda normalidad, quizá con excepción de la compleja cuestión que sería el derecho a la
negociación colectiva. El resto de obligaciones que establece el convenio, como no puede ser de otra manera, forman parte ya de la legislación existente en el Estado español. Los convenios de la OIT suelen tener más impacto, más importancia en
países en vías de desarrollo, con economías emergentes, donde los niveles de protección social están muy lejos de los estándares existentes en nuestras sociedades, y donde la OIT juega un papel de mínimos garantizados, que en los de la Unión
Europea, incluso en los de la OCDE. Que España

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no se añada, cumpliendo, insisto, buena parte de los estándares de ese convenio, debilita esa acción internacional para garantizar el trabajo decente en muchísimos de los países donde eso no se produce.


No entendemos la posición del Gobierno y, por ello, vamos a apoyar el texto que se va a someter a votación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente, estamos ante un debate importante, y yo quiero agradecer al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que inste al Gobierno a ratificar este convenio de la Organización Internacional del Trabajo,
así como la recomendación. Nuestro grupo parlamentario en estos momentos mantiene una posición concreta sobre este convenio y quiero decirles que, indiscutiblemente, tenemos la sensibilidad, señora Monteserín, de saber que afecta a miles de mujeres
pertenecientes al servicio doméstico en España, porque mayoritariamente son mujeres las que se emplean en esta actividad económica.


Una vez dicho esto, es importante que analicemos el convenio, porque es verdad que la mayor parte de su articulado recoge específicamente todo aquello que nuestra legislación establece, ya que, indiscutiblemente, como siempre, estamos a la
vanguardia de la protección social y de los derechos de los trabajadores. Pero también es verdad que hay que valorar ese convenio, puesto que en él hay una serie de artículos que ponen en entredicho la legislación española. Por ello, a pesar del
poco tiempo que tengo, señor presidente, quiero hacer un breve comentario, porque los artículos 2, 7, 13 y 14 no se adaptan a la normativa española, aunque voy a fijarme solamente en el 13 y en el 14 -al final de mi intervención, mi grupo presentará
una enmienda in voce que espero que acepte el grupo proponente para que se apruebe el estudio de este convenio-. El artículo 13 del convenio no se adapta a la legislación española, ya que define que como trabajador doméstico tiene derecho a un
entorno de trabajo seguro y saludable, algo con lo que desde luego estamos absolutamente de acuerdo, y establece la obligación del Estado miembro de adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En este punto cabe
decir que la legislación española sobre esta materia obliga a quien emplea a la trabajadora o al trabajador doméstico a que su trabajo se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual el Gobierno español deberá adoptar
medidas eficaces, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y la normativa española, para que en ningún momento haya un incumplimiento grave de estas obligaciones por parte del empleador.


El convenio recoge la importancia...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que haga un esfuerzo de síntesis.


La señora QUINTANILLA BARBA: ...de la prevención de los riesgos laborales, y en su artículo 14 reconoce, como bien sabe, la obligación de garantizar a los trabajadores domésticos una protección de Seguridad Social no menos favorable que la
protección por desempleo al trabajo doméstico que está excluida de la contingencia, lo que imposibilita al Gobierno la ratificación del convenio. Señoría, sabe que España ha ratificado 133 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y
que, además, de los países de nuestro entorno comunitario solamente Italia ha ratificado este convenio. Ha sido ratificado por Mauricio, Uruguay, Filipinas y Colombia, pero en ningún caso por ningún país de nuestro entorno comunitario. Como
tenemos el sentido claro de proteger a las personas que trabajan en el servicio doméstico, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, quiero, señor presidente, en esta pequeña intervención, en la que me hubiera gustado debatir el resto del
articulado, sobre todo de aquello que pone en entredicho la legislación laboral Española con respecto a estos trabajadores, hacer una propuesta.


El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, ha consumido su tiempo, de manera que concluya lo más brevemente posible.


La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señor Presidente. Les planteo esta enmienda in voce: El Congreso de los Diputados debe instar al Gobierno a que, en un plazo razonable, estudie la posibilidad de evaluar el Convenio número 189 de la
OIT y la Recomendación 201, sobre el trabajo decente para los trabajadores o trabajadoras domésticos y, en su caso, adapte la legislación española en el sentido que proponen los citados textos internacionales. Se la entrego para que lleguemos a un
acuerdo y se pueda votar por unanimidad.

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El señor PRESIDENTE: Si hay una transacción, ya nos la harán llegar a la Mesa o si el proponente quiere aceptarla. Por cierto, no sé la posición en relación con la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero antes de
votar el señor Coscubiela nos dirá si llega a un acuerdo o si acepta alguna de las enmiendas.


- SOBRE MEDIDAS PARA PERMITIR SIN LÍMITE DE EDAD COBRAR TODA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN UN PAGO ÚNICO A LOS PARADOS QUE QUIERAN CONVERTIRSE EN TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA.
(Número de expediente 161/001553).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9, que es una proposición no de ley sobre medidas para permitir, sin límite de edad, cobrar toda la prestación por desempleo en un pago único a los parados que quieran convertirse en trabajadores
autónomos, de la cual es autor, con una autoenmienda, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: El propio título explica lo esencial de la proposición no de ley. Pedimos que cualquier parado que quiera darse de alta como autónomo pueda cobrar el 100 % de la prestación que tenga pendiente en un pago único para
con esa cantidad poder poner en marcha su actividad. Nos parecía una medida útil y justa cuando la propusimos, pero lo sucedido en la última semana la hace todavía más necesaria. Los datos de la última EPA nos hablan de un país con 6.200.000
parados y 1.900.000 familias con todos los miembros en paro. Las previsiones del Gobierno, a peor, no indican una mejora de la situación hasta el final de la legislatura. La Comisión Europea pide a los países miembros de la Unión que hagan lo que
sea necesario para luchar contra el desempleo. Una de las cosas necesarias que se puede hacer es fomentar el autoempleo, el emprendimiento. Soy consciente de que el portavoz del Grupo Popular que intervenga en su turno me dirá que esa posibilidad
existe y que se han hecho mejoras. Efectivamente, esta posibilidad existe en nuestro país y se han hecho mejoras, por el actual Gobierno y por anteriores Gobiernos socialistas, pero siguen existiendo algunas limitaciones que quiero señalar y que
son las que proponemos corregir. Voy a ahorrar a sus señorías un estudio detallado de la evolución de esta cuestión, porque viene muy detallado en la propia proposición no de ley, con reales decretos y con leyes, por lo que voy a explicarlo más
superficialmente. Las sucesivas ampliaciones de los últimos años han venido beneficiando a los trabajadores. En el año 2002 se permitió capitalizar un 20 % de la prestación pendiente, en el año 2005 se amplió a un 40 % y en el año 2008 a un 60 %.
Todo esto se hacía con independencia de la edad o el género del trabajador, para cualquier trabajador parado que quisiese ser autónomo y tuviese derecho a la prestación. En el año 2011 se deja el límite general en el 60 % y se hace un tratamiento
diferenciado para los jóvenes, para los hombres menores de 30 años y para las mujeres menores de 35, a los que se les permite capitalizar hasta el 80% de la prestación. Queda el límite general en el 60 % y a los jóvenes se les permite el 80 %. En
la reciente reforma laboral del año 2012 se sigue manteniendo el límite general del 60 % y a los jóvenes se les permite el 100 %. Planteamos una propuesta muy sencilla: terminar con esa discriminación de edad, que se permita capitalizar el 100 %
de manera generalizada a los hombres mayores de 30 y a las mujeres mayores de 35 años, que hoy solo tienen derecho a capitalizar el 60 %. Las razones son variadas y bastante evidentes. Esta desigualdad de trato es difícil de entender. Tan difícil
de entender es que en los requisitos exigidos para recibir el pago único no hay ninguno que tenga que ver con la edad ni el género. Además, la distinción solo surgió en el año 2011, antes no había esa diferencia de trato a los diferentes
trabajadores parados. Por otro lado, ya se permite en otros escenarios capitalizar el 100 % de la prestación, por ejemplo, si el parado se hace socio de una cooperativa o de una sociedad laboral, si, más recientemente, en el Real Decreto 4/2013, el
parado menor de 30 años aporta capital a una entidad mercantil o si se quiere dar de alta como autónomo pero tiene una discapacidad superior al 33 %. El colectivo que sufre una desigualdad de trato es limitado, pero difícilmente entenderá esa
situación. Parece la culminación natural de este proceso, que he explicado, terminar con esta restricción que todavía existe. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio para poder escuchar al diputado interviniente.


El señor ANCHUELO CREGO: El principal argumento en contra puede ser el coste presupuestario, pero creemos que es asumible, porque estos parados ya pueden capitalizar el 60 % de la prestación. Solo estamos pidiendo pasar del 60 al 100 %,
porque muchos de ellos terminarán agotando la prestación en una situación de paro a largo plazo como la que hoy sufre nuestro país. Al final acabarán cobrando aunque

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sea a trocitos en vez de en un pago único y porque en este pago se deduce el importe equivalente al interés legal del dinero. Aunque hay un adelanto del pago, ese adelanto se ve compensado con el tipo de interés del dinero. El coste
presupuestario es pequeño y asumible y creemos que es un mensaje de apoyo y de esperanza a estos parados que quieren salir de su situación mediante el autoempleo. Un mensaje de apoyo y de esperanza que, por cierto, no han oído esta mañana en la
intervención del presidente del Gobierno, por lo que esta proposición no de ley sería no un rayo, pero sí una pequeña chispa de esperanza en ese panorama tan negro.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, ¿quiere intervenir? (Pausa).


El señor COSCUBIELA CONESA: Esto del sistema bipartidista tienen sus cosas, le presionan a uno hasta cuando es su propia propuesta. Todo sea por el bien del acuerdo. Primero, quiero pedir disculpas al señor Anchuelo, porque estábamos
sometidos a una dura negociación, pero como me la había leído y lógicamente estoy de acuerdo con la propuesta, para no generar ningún tipo de dudas, vamos a dar nuestro voto favorable. Cuando se discutió en esos términos ya expresamos la decisión.
Déjeme de todas las maneras que insista en una idea. Pensamos que el problema del empleo en estos momentos no depende de convertir a los trabajadores que pierden su trabajo en autoexplotadores de sí mismos, que es el concepto que desgraciadamente
se da cuando se trata del emprendimiento, pero como sé que esa no es la idea del grupo proponente, vamos a dar nuestro apoyo. Siempre puede haber la posibilidad de que voluntariamente quien quiera pueda acceder a poner en marcha un proyecto vital
económico a través de ese mecanismo de capitalización de su prestación de empleo. Vuelvo a insistir, para que no caigamos todos en la trampa mental de creer que la fórmula para resolver el problema de este país es convertir a los parados en
autoexplotadores de sí mismos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La iniciativa que plantea el señor Anchuelo es un debate clásico. No recuerdo las ocasiones en que las que lo hemos debatido. Pasamos de una regulación de esta materia en la que se garantizaba un 100 % de la
posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo a una serie de medidas que se empezaron a tomar para ir reduciendo esa posibilidad, que ha ido mejorando a lo largo de los años y con tendencia a volver a aquello regulado en su inicio. En esa
regulación que pretendía evitar el 100 % de la capitalización existía un argumento a veces un punto paternalista, del tipo de que aquellas personas que habían capitalizado el 100 % su prestación social y cuya actividad terminaba fracasando se
quedaban sin protección social o incluso debían hacer frente a las cotizaciones sociales que se derivaban de su nueva condición de trabajadores autónomos. Parte de ese recurso que no se capitalizaba servía para financiar esas cuotas a la Seguridad
Social. El momento en el que estamos viviendo, en esta crisis donde cualquier medida que estimule la puesta en marcha de actividad económica merece el apoyo del Gobierno, y superando quizás ese cierto paternalismo respecto a la decisión que tomen
las personas desempleadas sobre los riesgos que asumen capitalizando el 100 % de su prestación por desempleo, no estaría mal hacer caso a aquello que nos propone el señor Anchuelo e ir a ese modelo que en su tiempo permitió que muchas personas
desempleadas pusiesen en marcha sus propios negocios. El momento exige medidas más valientes de las que hasta ahora hemos adoptado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Vamos a apoyar esta proposición no de ley de UPyD, porque nos parece muy razonable la petición que se hace. Coincido con el señor Campuzano en que esto ha sido un proceso en el que desde el año 1985 del 100 % se
baja al 20 % y escalonadamente va llegando hasta la petición actual del señor Anchuelo de que sea el 100 % para todos. Es oportuno hacerlo, lo avalan los datos de la EPA, como decía el señor Anchuelo, sobre la qué manera en que ha repercutido la
capitalización de la prestación por desempleo en la creación de autoempleo. Coincido con el portavoz de Izquierda Unida en que esto no sustituye a la generación de empleo, sino que es una puerta que se abre a la esperanza de muchos parados, de ese
millón de parados o más que han surgido en el plazo de un año, que tienen la posibilidad de coger su propia prestación por desempleo, capitalizarla, y llevar a cabo aquellas iniciativas que sean necesarias para hacer frente a sus necesidades. El
hecho de que en un momento determinado se haya planteado para jóvenes de 30 o 35 años, en función de que sea hombre o mujer, venía dado porque en aquellos momentos había una demanda social muy fuerte respecto a que se dieran oportunidades

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a los jóvenes para que accedieran a este tipo de financiación para iniciar actividades de autoempleo y que lo hicieran con unas mejores condiciones que el resto de los trabajadores. Si se ven los datos tampoco es que haya sido muy
importante esa generación de autoempleo, porque en estos meses que llevamos del año 2013 nos encontramos con que un 0,21 % de autónomos han acudido a obtener este tipo de capitalización. Está regulado para los hombres de menos de 30 y para las
mujeres de menos de 35 años y nos parece oportuno ampliarlo hasta los 65 años, hasta todas las edades, porque hay mucha gente que está en el paro, que va a ir al paro desgraciadamente en los próximos meses y que va a tener una puerta abierta para
que pueda dar una salida a sus inquietudes, a sus esperanzas y a sus expectativas. Por ello, nos parece muy acertada la propuesta de UPyD.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para concluir este punto, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, celebro que el señor Anchuelo no haya hecho referencia a su enmienda, porque era bastante extraña ya que se autoenmienda en la exposición de motivos que en realidad no forma parte del cuerpo que
vamos a votar, por lo que no tendría sentido enmendar algo que no va a votarse. La exposición de motivos que consta en la PNL original tiene bastantes inexactitudes que han sido corregidas a través de la enmienda, pero nosotros nos circunscribimos
a lo que ustedes no han enmendado, que es el texto que proponían. A que en el plazo de dos meses se hicieran unas modificaciones normativas para permitir la capitalización del 100 %. Por supuesto, es una petición loable, como muchas que se puedan
hacer, pero hay que estudiarla en un contexto de realismo. En primer lugar, el señor Anchuelo ha reconocido, así como el representante de Convergència i Unió, que ha habido una serie de modificaciones. Empezamos en el 10 %, hemos ido al 20 % y
hemos acabado en el 60 % y en el 80% para algunas circunstancias y también en el 100 % cuando se va hacer una aportación a la economía social. Se han ido aumentando esas posibilidades. Nos hemos parado en la diferencia. En el Real Decreto 4/2013
-que por cierto estamos en plazo de enmienda esta mañana- ya se contempla la modificación a la que se ha referido el señor Anchuelo del 100 % de la prestación para una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución, con
lo que estamos ampliándolo. Nos quedaría ese margen. Quiero hacer reflexionar a todas sus señorías sobre una cuestión importante. La cuantía de la capitalización de las prestaciones, en los niveles en los que se está permitiendo el 60 % para las
personas mayores de 35 años en el caso las mujeres y de 30 para los varones, supone prácticamente la misma que la de los jóvenes que capitalizan su 100 %, porque la prestación es superior y además tienen más años. Al efecto de constituir un
proyecto empresarial autónomo, el valor viene siendo exactamente igual en la mayoría de los casos y es casi superior la cuantía de las personas que pueden capitalizar el 60 % -insisto- por el tiempo que llevan en la prestación y por esa propia
cuantía. Desde el punto de vista de aportación a un proyecto es similar y además existe la posibilidad de capitalizar hasta el 100 % en forma de subvención periódica para sufragar el coste de cotizaciones a la Seguridad Social de los proyectos de
las personas mayores de esa edad, de los que capitalizan el 60 %, para que lo puedan utilizar en sus cotizaciones a la Seguridad Social, lo que les ayudaría a mantener ese autoempleo. La prestación, insisto, es prácticamente similar al 100 % de los
jóvenes que la capitalizan.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señora portavoz.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente. El señor Anchuelo ya lo ha previsto, supone un incremento importante, que está cuantificado, que no tengo tiempo de expresarlo, pero que nos llevaría a unas cifras en este
momento nada deseables y que no iban a mejorar de una manera sustancial las posibilidades de autoempleo de todas estas personas. Votaremos en contra de la propuesta que ha presentado UPyD.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001568).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto, número 10, del orden del día, proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència y Unió, por la que se insta al Gobierno

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a evaluar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El grado de cumplimiento del acuerdo de reserva en favor de trabajadores con discapacidad, que figura en la Lismi desde 1983, es una cuestión en la que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unión viene
trabajando desde hace años. Fundamentalmente a través preguntas escritas planteadas a diversas administraciones, hemos querido saber si el Gobierno conocía el grado de cumplimiento de la cuota de reserva. En todas esas respuestas parlamentarias el
Gobierno afirmaba que no tenía datos para poder conocer el grado de cumplimiento de la misma. No dejaba de ser sorprendente que una medida legislativa tan significativa como la cuota de reserva contemplada en la Lismi, el principal instrumento de
discriminación positiva para facilitar el empleo de las personas con discapacidad, en ningún momento pudiésemos contrastar si estaba avanzando hacia los objetivos que pretendía cubrir. Fruto de ese apagón informativo que nos trasladaba el Gobierno,
en 2009 Convergència i Unió incorporó, en uno de los muchos reales decretos que afectaron a cuestiones de empleo en aquella legislatura, una disposición que contemplaba la necesidad de un informe anual del Gobierno a la Cámara para contar cuál era
el grado de cumplimiento de la Lismi. Nos parecía que era un acicate para que el Gobierno tomase las medidas administrativas que permitiesen conocer ese grado de cumplimiento de la Lismi y poder evaluar si la cuota de reserva estaba funcionando.
Incluso podríamos haber analizado, por ejemplo, el grado de desarrollo de las medidas alternativas que se introdujeron a finales de los años noventa y que tuvieron un éxito importante, pero también recibieron críticas. Nos parece razonable que las
discusiones legislativas sobre políticas públicas respondan también a la realidad de las cifras, que permitan saber si las políticas que implementamos tienen los resultados que afirmamos querer buscar. Ese mandato se introduce en 2009 y hasta la
fecha, hasta mayo de 2013, el Gobierno no ha presentado ningún informe sobre el grado de cumplimiento de la cuota de reserva.


No estamos hablando en este caso de una proposición no de ley de las muchas que aprobamos en nuestras comisiones y que tiene una consecuencia práctica más bien pequeña, sino de un mandato legal establecido en la ley y que las
administraciones -esta y la anterior- no han cumplido. Hoy seguimos sin conocer cuál ha sido el grado de cumplimiento de la Lismi, sin conocer cuál es el impacto de las medidas alternativas. Lo hacemos cuando estamos a punto de propiciar, por
mandatos legislativos, una modificación de las leyes en materia de empleo y en personas con discapacidad, comprometida en la pasada legislatura, exigida por los sectores sociales que trabajan en esta materia y en la que vamos a abordar ese debate
legislativo sin saber cuál ha sido el grado de desarrollo de la medida emblemática de la Lismi de 1983. Espero -soy un hombre que siempre tiene fe en estas cuestiones- que seamos capaces de ponernos de acuerdo con el grupo de la mayoría en aquello
que discrepamos. La discrepancia con la portavoz del Grupo Popular, con la que hemos intentado cerrar una transacción, es que me pide que no ponga fecha límite para elaborar ese informe. Solicito a los diputados del Grupo Popular que recapaciten
sobre la propuesta de transacción, en respuesta a su enmienda, que es que se entregue en todo caso antes de que finalice 2013. Me parece razonable dar al Gobierno un plazo de mayo a diciembre para que pueda elaborar un informe que desde 2009 ningún
Gobierno ha hecho. El Grupo Popular en su enmienda dice: Presentaremos este informe antes de que se apruebe ese proyecto de ley. Añadamos a eso: y, en cualquier caso, antes de finales de 2013. Porque, si por las razones que sean, que quizá no
están en la voluntad del Gobierno, antes de este año no se pone ese proyecto de ley en marcha, no solo no habremos cubierto otra vez, otro año más, con la obligación legal que establece la Lismi sino que tendríamos menos información para proceder a
nuestra acción legislativa cuando tengamos ese proyecto de ley. No entiendo cómo no podemos comprometernos hoy para que antes de final de año el Gobierno informe a la Cámara sobre el grado de cumplimiento de la Lismi. Era una obligación
establecida desde el 2009 por la que el Gobierno tenía que informar a la Cámara. Si no podemos aceptar esta contraoferta, voy a mantener mi texto en su literalidad, esperando el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Como muy bien ha señalado, existe una enmienda cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra doña Concepción Bravo.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice el diputado del grupo proponente. Por supuesto, para todos los grupos que estamos en este momento en la Cámara sería muy interesante conocer esa cuota de reserva a
favor de trabajadores con discapacidad. En el 2009 aparece ese artículo 9 -que compromete al Gobierno al que le toque en ese momento gobernar-, que establece

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que: el Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados ese informe anual sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla a favor de los trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores,
regulado en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos y de las medidas alternativas previstas. Nuestra propuesta al grupo parlamentario de Convergència i Unió era instar al Gobierno en esa misma demanda que ustedes
hacen, pero no ponerle plazos. Por una razón muy sencilla. Como no se ha hecho nunca este informe, con mucho criterio dicen los técnicos que no saben cuánto tiempo va a llevar elaborarlo. Usted es muy consciente de que no es un informe fácil de
realizar. Hay que analizar muchas variables; hay que hablar con muchas empresas y poner plazos. Es acotar mucho. Nuestra enmienda pedía presentarlo previamente al proyecto de ley. Como Grupo Parlamentario Popular nos podemos comprometer a que
ese proyecto se va a presentar en esta Cámara, porque a todos -creo que además ahí podemos llegar a un acuerdo- nos interesa apoyar todas las políticas que vayan en favor del empleo de los discapacitados. Si el empleo, que es algo sobre lo que
estamos hablando aquí a lo largo de toda la tarde, atraviesa malos momentos, los atraviesa todavía peores para este colectivo. Aquí todos estamos por la labor de trabajar en esta línea de apoyo a ese empleo, que como bien se ha hablado y como bien
se sabe, para esos colectivos con discapacidad todavía es más complicado. Por eso, si se pudiera a última hora, nosotros lo apoyaríamos, pero insisto no con plazos, sino en la línea -y los siento- de nuestra enmienda, es decir, que el Gobierno
presente este informe antes de la presentación del proyecto de ley. Personalmente desde el Grupo Parlamentario Popular trabajaremos para que esto se traiga, para que ese informe se realice, porque también pensamos que cuanta más información
tengamos, cuanto mejor conozcamos cómo está funcionando esa cuota de reserva, qué empresas la están cumpliendo y cuáles no, mejor. Esa es la línea de trabajo del Gobierno del Partido Popular: conocer en profundidad todo lo que las empresas estén
realizando, sobre todo en este apartado tan importante -insisto- de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. El tema de los plazos dificultaría el trabajo de las personas que lo tienen que elaborar. Esa es la única pega.
Lo que intentamos es que salga adelante ese trabajo, no frenarlo. Insisto, ruego al Grupo de Convergència i Unió, que estaríamos de acuerdo con todo, excepto en poner plazos.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa). Tiene la palabra por UPyD, el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: En opinión de mi grupo las leyes están para cumplirlas, todas las leyes y en su integridad. El artículo 9 de la Ley 27/2009 mandata al Gobierno a presentar este informe anual, no entendemos que no lo haya hecho y
menos que siendo requerido expresamente para ello no lo haga. Si el informe es anual, parece estar en el espíritu del legislador que se presente regularmente cada año. Un informe anual sin plazos es una contradicción un tanto extraña. Como muy
bien ha señalado el señor Campuzano, si esto debería hacerse todos los años, más útil resulta en el momento actual cuando la disposición final decimosexta de la Ley 3/2012 pide que se traiga a la Cámara pronto un proyecto de ley de promoción de la
inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta información sería muy útil para poder diseñar correctamente ese proyecto de ley. Nuestro grupo apoyará sin reservas esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, ¿quiere intervenir? (Pausa). Tiene la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: Intervengo muy brevemente para dar nuestro apoyo a la propuesta presentada por Convergència i Unió, no solo por su carácter razonable, sino por el tiempo que lleva este tema pendiente de desarrollo. Nos parece
bastante sensato que cualquier enmienda transaccional vaya acompañada de la fijación de un plazo, de lo contrario sería un brindis al sol, sin ningún tipo de virtualidad, no solo jurídica, sino política.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Vamos a apoyar la PNL que nos trae Convergència i Unió, porque no podía ser de otra manera. Nos parece fundamental que antes de dar cumplimiento al mandato previsto en la disposición final decimosexta de la Ley
3/2012, de 6 de julio, de Reforma Laboral, que señala que el Gobierno ha de remitir a las Cortes un proyecto de ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor -plazo, por
cierto, que ya ha sido rebasado-, se proceda a hacer una evaluación del grado de cumplimiento de la cuota de reserva de la

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plantilla a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores regulada en la Lismi y también en la normativa de la función pública, a la cual también es aplicable la reserva en vez del 2 % del 5 % y posteriormente
del 7 %.


Por otro lado, con ese informe se daría cumplimiento a la exigencia de informe anual al respecto establecida por el artículo 9 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la
protección de las personas desempleadas. Curiosamente, la encuesta del INE sobre el empleo de personas con discapacidad, según dice la propia encuesta, no permite saber el porcentaje de empresas de más de 50 trabajadores que cumple con la cuota de
reserva establecida legalmente. Es más, un reciente informe de Cermi, que utiliza datos bastante lejanos, del año 2008, considera que están ocupadas unas 244.000 personas con discapacidad: 56.000 en centros especiales de empleo y 188.000 en
empresas y administraciones públicas. Según sus cálculos, se deberían tener contratados, aplicando estos porcentajes de reserva, 266.864 trabajadores, sumando Función pública y empresa privada. Como solamente hay 188.000, todavía queda bastante
margen, por lo que piden reforzar las medidas que incidan en el cumplimiento de la obligación legal de la contratación directa así como reforzar las fuentes estadísticas para que proporcionen más información al respecto. Consideramos que es
absolutamente fundamental contar con datos reales y actualizados y para ello es muy importante que el Gobierno, antes de traer la ley a su debate, traiga un informe que permita conocer el grado de cumplimiento de estas obligaciones legales. Por
tanto, votaremos afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: De la intervención del señor Campuzano, deduzco que no acepta la enmienda formulada.


El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular me han solicitado un mínimo receso para que puedan estar presentes todos los diputados, porque algunos han tenido que acudir a otra Comisión. En el momento en que reanudemos
la sesión, votaremos el punto número 5, la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, con la transaccional aportada, de la que daremos lectura para su constancia en el 'Diario de Sesiones'. Asimismo, votaremos el punto octavo, la
iniciativa de La Izquierda Plural, con la transaccional a la que también daremos lectura. Las enmiendas al resto de las proposiciones han sido rechazadas por los autores de las iniciativas, por lo que las votaremos en sus propios términos.


Interrumpimos la sesión por un par de minutos, hasta que los portavoces de cada grupo me comuniquen que todos sus miembros están presentes. (Pausa).


Vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, sometemos a votación el punto quinto del orden del día, la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, con la enmienda transaccional. Ruego a la señora letrada que proceda a su lectura.


La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar las gestiones que se están realizando ante el Gobierno de Noruega a fin de garantizar que se reconozcan los años trabajados por marineros españoles, en su
mayoría gallegos, en barcos de bandera noruega y a buscar soluciones al problema socioeconómico de estos y sus familias.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Sometemos a votación el punto sexto del orden del día, la iniciativa socialista, que es objeto de una autoenmienda de la parte dispositiva.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación el punto número 7 del orden del día.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el punto octavo del orden del día, la iniciativa de La Izquierda Plural, que a su vez es objeto de una enmienda transaccional a cuya lectura va a proceder la letrada, si es tan amable.


La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, que en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la Recomendación

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número 201 de la OIT, y dos, que en consecuencia adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Punto noveno del orden del día: Proposición de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la proposición no de ley que figura como décima en el orden del día.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.