CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 34

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA

Sesión núm. 4

celebrada el jueves,

26 de noviembre de 2020

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán):


- Para que explique las diferentes quejas recibidas por parte de los ciudadanos con motivo de las medidas adoptadas por el Gobierno de España por la crisis del COVID-19, así como de las directrices que la institución que dirige ha realizado
o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000054 y número de expediente del Senado 713/000018) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para que dé cuenta del número y temática de las peticiones y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con el funcionamiento de la Administración con anterioridad a y durante la emergencia de salud pública provocada por la
enfermedad COVID-19; de los trabajos y actuaciones llevados a cabo al respecto por la institución que dirige con anterioridad a y durante la emergencia de salud pública; y de las previsiones y estrategias del Defensor del Pueblo respecto del
futuro de la institución y de la naturaleza de las quejas de los ciudadanos a la vista de la crisis económica y social que se avecina. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000069 y número
de expediente del Senado 713/000023) ... (Página2)


- Para explicar las situaciones y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos por la crisis del COVID-19, así como las directrices que la institución que dirige ha realizado o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria.
A petición del Senado-Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 222/000003 y número de expediente del Senado 713/000065) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.


En primer lugar, doy la bienvenida al Defensor del Pueblo a esta su casa, a esta Comisión. Antes de nada quería hacer unas advertencias, que son aquellas en las que nos hemos puesto de acuerdo en la propia Mesa. El debate lo vamos a
sustanciar acumulando las tres comparecencias, tal y como quedamos. Daremos dos turnos; un turno de siete minutos al principio, después de escuchar al Defensor del Pueblo, y luego tendrán un turno de réplica de tres minutos, si quieren utilizarlo.
El Defensor del Pueblo, lógicamente, después de su primer turno, contestará a sus señorías. Tendremos una réplica de tres minutos y posteriormente otra vez al Defensor del Pueblo tendrá la palabra, por si quiere hacer algunas apreciaciones o
algunas puntualizaciones.


También quiero rogarles que intentemos mantener el silencio para poder tener toda la atención en el orador. Creo que hoy lo que vamos a debatir es algo muy importante, en tanto y en cuanto afecta a todos los españoles y al resto del mundo.
Y en primer lugar, me van a permitir, muy brevemente, en treinta segundos, manifestar el recuerdo y el sentimiento de agradecimiento; el recuerdo para todas aquellas víctimas que nos han dejado en España. Estamos hablando de una tragedia
grandísima. No nos podemos acostumbrar -y lo digo en nombre de todos, estoy convencido- a que se produzcan 300, 400 o 500 fallecimientos diarios, y a que eso sea una realidad. No, eso es un drama. Yo, el otro día, hablaba con unos amigos y
decíamos: imaginaros que nuestra ciudad, mi ciudad, Toledo, desapareciera completamente. Ese es un drama por el que estamos pasando. Después de mostrar la solidaridad, el respeto y el recuerdo a todos los que han fallecido por la COVID y, por
supuesto, con sus familiares, también un agradecimiento. Agradecimiento, fundamentalmente -que lo podíamos alargar a todos- desde esta Comisión al colectivo sanitario: a médicos, enfermeros, al resto del personal sanitario, que nos cuidan y que
cuidan nuestras vidas. Y un ruego: que seamos todos solidarios, una generación con otra, cumplamos las normas y seamos responsables, porque es un problema, es una pandemia que nos afecta a todos, y tenemos que ser todos los que trabajemos para
resolverla de una manera solidaria, comprometida y responsable.


Pasamos al contenido del orden del día. La primera comparecencia es para que explique las diferentes quejas recibidas por parte de los ciudadanos con motivo de las medidas adoptadas por el Gobierno de España por la crisis de la COVID-19,
así como de las directrices de la institución que dirige ha realizado o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria. Esta comparecencia la ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular. Hay otra, a solicitud del Grupo Parlamentario VOX, que
consiste en que se dé cuenta del número y temática de las peticiones y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con el funcionamiento de la Administración, con anterioridad y durante la emergencia de salud pública provocada por la COVID-19;
de los trabajos y actuaciones llevados a cabo al respecto por la institución que dirige, con anterioridad y durante la emergencia de salud pública, y de las previsiones y estrategias del Defensor del Pueblo respecto del futuro de la institución y de
la naturaleza de las quejas de los ciudadanos a la vista de la crisis económica y social que se avecina. Y, por último, la solicitada por Ciudadanos, para explicar las situaciones y dificultades que ha recibido por parte de los ciudadanos por la
crisis del COVID-19, así como las directrices que la institución que dirige ha realizado o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria. Quiero decirles a todos ustedes que las vamos a sustanciar, como decía al principio, de forma conjunta.


Y sin más dilación, le voy a pasar la palabra al Defensor del Pueblo para que realice su informe respecto de estas tres iniciativas.


Suya es la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias.


Señorías, tal como me han solicitado, procederé a informarles de las quejas recibidas sobre las actuaciones desarrolladas por el Defensor del Pueblo en relación con la pandemia del coronavirus. Pero quisiera hacer un señalamiento. Lo
primero que tengo que decirles es que nosotros hemos trabajado en una situación inusitadamente difícil, en un país triste, asediado y desigual. Eso lo primero, en el frontis.


Antes de entrar en el detalle de las quejas, de las recomendaciones y de las cosas que hemos visto, tengo que decirles que en la casa se ha hecho un esfuerzo enorme porque, cuando se desencadena el proceso de la pandemia, nos cogió
trabajando en cerrar los informes del año 2019, el informe general y el informe del mecanismo, que también hacemos en esa época. Nosotros lo solemos llevar bastante en paralelo. Esos dos informes ya se han visto y, de alguna forma, nos hemos
tenido que dedicar a otra tarea; una tarea en la que habíamos hecho algún experimento, estoy hablando del teletrabajo, en actividades

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muy cortas, muy poco desarrolladas. En ese momento se cerró la casa y fueron muchos los que trabajaron desde sus domicilios particulares, y algunos íbamos y veníamos desde la oficina a la casa y desde la casa a la oficina. Yo creo que
además, a la hora de señalar algunas consideraciones, tengo que decir que los servicios informáticos del Defensor del Pueblo hicieron un método de trabajo que nos permitió desempeñar al cien por cien nuestras funciones, y hay quien dice que fueron
capaces de darnos más potencia para trabajar mejor.


Creo que fuimos capaces de mantener abiertas algunas ventanas. Y, desde luego, la primera ventana que quisimos mantener abierta fue la de la conexión con los ciudadanos, para que ellos pudieran traernos las cosas que les generaban alguna
preocupación. Pero también hicimos algo más, y no era sencillo, como era establecer un mecanismo ágil de relaciones con el conjunto de las administraciones. Cuando digo conjunto de administraciones me refiero a central, autonómica, territorial,
con el fin de que, primero, conocieran lo que los ciudadanos le decían al Defensor del Pueblo, y luego si tenían que decirnos algo, que nos lo dijeran. Yo creo que nosotros conseguimos un buen funcionamiento. La casa ha dado la sensación, la
oficina del Defensor del Pueblo ha dado la sensación, que es real, de que estaba abierta y de que se presentaban un número importante de incidencias, de reclamaciones, de quejas que a nosotros nos eran útiles, y -lo más importante de todo- que les
fueran útiles a los ciudadanos. Yo, en este sentido, primero, siento orgullo y, en segundo lugar, agradecimiento a los funcionarios del Defensor del Pueblo. Lo digo sinceramente: orgullo y agradecimiento. Se han desdoblado, han demostrado cariño
a la institución, y han querido que se supiera que, en un momento de dificultad, allí podían echar una manita, por decirlo de alguna manera, a alguna persona que tuviera alguna queja.


¿Cuántas quejas hay a la altura del lunes? Porque hoy es jueves y nosotros cerramos el lunes. A la altura del lunes hay unas 26 000 quejas, que no son pocas, pero que son las que son. Cuando digo quejas, quiero decir quejas individuales,
quejas colectivas, actuaciones de oficio. Hemos hecho bastantes actuaciones de oficio y recursos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, son 26 000 más o menos. Discriminar cuáles son de régimen común y cuáles son de la COVID es muy complicado,
porque hay varios filtros, y nosotros ahí haremos un esfuerzo, como lo están haciendo otras administraciones, para que esa discriminación se vea claramente en el informe global.


¿Resoluciones que hemos formulado? 1200 y, para comparar en términos homogéneos, si es que el año 2019 y el año 2020 tienen algún elemento de homogeneidad, diré que el incremento de expedientes o de quejas, como lo quieran ustedes llamar,
es del 28,8 %, que refleja bastante bien lo que hemos hecho. Nosotros -y lo vamos a ir viendo- tenemos un método de trabajo que empieza con la queja. Es decir, los quejosos son los protagonistas del proceso del defensor que, en la captación de
información, van seguidos de las noticias que nosotros recibimos del resto de las administraciones, como consecuencia de expedientes de oficio o como consecuencia de manifestaciones de estas administraciones.


Si tuviera que decir algo en esta primera introducción, lo que sí diría es que las materias son muy variadas. Y si yo tuviera que contar, aunque fuera solamente la mitad de las quejas que se han formulado individuales, colectivas,
necesitaría horas y horas. Yo he hecho una selección, y hablo de los temas que las áreas de la casa entienden que son importantes, y voy a hablar de esos temas importantes, pero mi intervención, que es una intervención oral, que tiene que tener un
tiempo discreto, no entra en todas las cuestiones que debería entrar si quisiéramos ir a un sumatorio universal.


El informe se presentará, supongo, más o menos por las mismas fechas que el año pasado. Yo he dicho que la COVID nos cogió cerrando el informe del año y el informe del mecanismo, en marzo. En marzo del 2020 estábamos cerrando el año 2019.
Desde luego, cuando cerramos aquello, cuando empezamos a trabajar en el tocho, en el libro gordo de Petete, por decirlo con una expresión que aquí se empleó en otro tiempo, seguro que con mucha abundancia, no pensábamos que iba a suceder, pero
sucedió.


¿De qué voy a hablarles en primer lugar? Yo les voy a hablar en primer lugar de las peticiones que hemos recibido a lo largo de estos meses, solicitando que presentáramos un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos que declararon
el estado de alarma el día 14 de marzo y el día 25 de octubre. Esa fue la primera petición, el primer decreto del estado de alarma. Echó a andar, con sus subsiguientes prórrogas, con la aprobación en el Consejo de Ministros, su publicación en el
BOE y la ratificación en el Congreso. Contra dicho decreto y sus prórrogas, que fueron seis, recibimos 618 solicitudes de recurso de inconstitucional. Las razones de esas solicitudes fueron dos, fundamentalmente. Hay quien consideraba que el
estado de alarma se había quedado corto y que se tenía que haber ido a un estado de excepción,

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y hay otros que creían que era demasiado duro porque había eliminado, aunque fuera temporalmente, un conjunto de derechos.


Aparte de este tipo de demandas, de recursos de inconstitucionalidad, existió y existe un grupo parlamentario que decidió ir directamente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional el día 6 de mayo admitió a trámite esa
petición y, por supuesto, en su momento y en su circunstancia dictará la sentencia.


Dicho esto, nosotros tenemos que señalar que a nosotros nos parece plenamente conforme con la Constitución el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, y así lo dijimos. Nosotros hicimos una resolución en la cual denegábamos las
peticiones que esas 618 personas o instituciones nos habían formulado, y nosotros dijimos que a nosotros nos parecía que la decisión del Gobierno era una decisión correcta y, por lo tanto, el Gobierno podía declarar el estado de alarma frente a las
epidemias graves para proteger a la ciudadanía, en la forma y en el contenido del decreto del 14 de marzo. También dijimos que el Congreso de los Diputados puede prorrogar dicho estado de alarma, como así hizo. Por lo tanto, a nosotros nos parece
que el real decreto que declara el estado de alarma hace una razonable ponderación de los derechos fundamentales en el contexto de la amenaza global que en este momento estamos sufriendo. Quisiera que se entendiera bien, pero también lo voy a decir
un poco claro. Nosotros creemos que para salvar vidas y para proteger la salud, sin duda que no todo se justifica, pero también decimos que es posible asumir un poco de limitación en el ejercicio del derecho en algunas circunstancias. Y esta es
una de las circunstancias que nosotros creemos que debe ocurrir o que lo permite.


Hay un segundo punto. El estado de alarma del mes de marzo tiene una finalización, que es el 21 de junio del año 2020. Por lo tanto, hay un periodo que va desde el 21 de junio al 24 octubre donde trabajamos sin estado de alarma y, por lo
tanto, alguien dice: no, es que es imprescindible trabajar con un estado de alarma. Pues no, señor, ¿por qué va a ser imprescindible? Aquí hay una experiencia que es la experiencia del periodo de interregno, donde se pueden adoptar medidas
enérgicas que ayuden a la salud pública sin que el estado de alarma esté en funcionamiento. Yo creo que si pensamos un poco en qué normas se adoptaron, hay que decir que son normas importantes las que se adoptaron en ese periodo, en el periodo
intermedio, que es donde se establece cómo deben usarse las mascarillas, cuáles son los mecanismos de cierre de algún tipo de negocio, cómo se mantiene la distancia interpersonal, y un largo etcétera que está en la mente de todos.


Tercer periodo, estado de alarma del día 25 de octubre del año 2020. Esta declaración que se hace en todo el territorio nacional tiene una razón, y es que todavía seguíamos con una situación epidémica muy grave y que, a la vista de esta
situación, el requisito constitucional y legal para establecer una nueva declaración del estado alarma se cumplía. Por lo tanto, lo presentó el Gobierno, lo trajo al Congreso de los Diputados, y tuvo un apoyo relativamente importante. La verdad es
que tenía que haber buscado cuántos diputados votaron a favor, pero yo creo que fueron un número destacado. Esa votación se produjo el día 29 de octubre de este año todavía. Hay novedades en torno a la duración de esas prórrogas, en torno a los
controles parlamentarios, en torno a la determinación de la autoridad competente delegada. En este momento, a ese segundo decreto de estado de alarma se han presentado ocho escritos solicitando la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Yo creo que el defensor tendrá que decir algo al final del mes de enero, porque es cuando se cumplen los tres meses.


Por tanto, un primer problema es el de la constitucionalidad o no constitucionalidad del cuerpo doctrinal que ha venido funcionando durante el año 2020, y luego un conjunto de quejas que salieron mucho a la opinión pública en las primeras
semanas, en los meses de marzo, abril y mayo, aunque luego yo he dejado de verlas en los medios. Estas quejas entraban en el mundo de la limitación a la circulación impuesta por la declaración del estado de alarma, y abordaban distintas cuestiones.
Por ejemplo, una cuestión es la salida de menores a pasear. Una segunda cuestión es el acoso a los particulares, el acoso de particulares a otros particulares, el acoso de particulares a personas que salían con discapacitados, fundamentalmente
intelectuales, cuando salían a dar paseos terapéuticos. Ahí ha habido, en algunas zonas de España, un lenguaje relativamente duro, porque creían que los que salían acompañando a esas personas discapacitadas lo hacían por voluntad propia, no por
algún tipo de prescripción facultativa.


Hay un conjunto de ciudadanos por los que el defensor tiene siempre mucha simpatía, que son los celíacos. Los celíacos querían y necesitaban ir a adquirir productos para el tratamiento de su enfermedad, pero tenían que hacerlo en tiendas
especializadas, y podían encontrarse con que en esos desplazamientos estaban alejados de su casa y asumiendo un riesgo que es el de ser multados.

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Y el cuarto núcleo de quejas se produce como consecuencia de actitudes sancionadoras incorrectas de algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se han producido. Nosotros nos dirigimos al ministerio pidiéndole
explicaciones de cómo se produce la actuación administrativa en estas cuatro cuestiones. Por lo tanto, se nos explicó, se nos dijo que se aclararían esas circunstancias delante de los quejosos, y confiamos en que haya sido así. Yo no sé si en este
momento eran muchas o pocas las atenciones en este tipo de circunstancias, porque la verdad es que -¿por qué no decirlo?- a esto nos estamos acostumbrando. No deberíamos hacerlo, pero nos estamos acostumbrando. Primer tema.


Segundo tema, el desencadenante... (Un señor diputado: No le escuchamos, señor defensor). Sí, yo lo sé, pero es que yo tengo poquita voz. Bueno, procuraré tener más voz, pero, créame, en el único sitio donde yo tenía voz era cuando hacía
mítines, que los podía hacer y no los hacía mal, pero aquí no es cuestión de hacer un mitin. Yo tengo poca voz y voy a intentar elevar el tono y, por supuesto, lo que menos quiero yo es que ustedes no me oigan. Pero vamos a ver. El desencadenante
de este proceso es una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria que está provocando una enorme convulsión en la sociedad y en la economía, en España y fuera de España. La pandemia, en nuestro caso, en el mundo sanitario ha afectado al
Sistema Nacional de Salud, que está articulado, como bien saben ustedes, por un conjunto de servicios en las distintas comunidades autónomas. Y el Sistema Nacional de Salud ha tenido que hacer frente a una tensión importante, que ha superado, pero
no sin dificultades. Decía el presidente, y lo decía bien -y yo creo que estaremos todos de acuerdo-, que el personal sanitario, en todas sus facetas, ha desarrollado un esfuerzo importante, y desde luego tiene la consideración de las instituciones
y de las personas. Por lo tanto, voy a seguir un método que, de alguna manera, lo puedo reiterar en cada elemento que he elegido. En primer lugar, me gustaría poder hablar un poquito sobre el panorama que existía en el Servicio Nacional de Salud
en el momento en que llega la pandemia. Las disfunciones del Sistema Nacional de Salud las voy a citar muy rápidamente. Había una fragilidad de los servicios de urgencia hospitalaria, había una debilidad de la atención primaria, había un problema
crónico de listas de espera, y había una insuficiencia de atención pública a la salud mental. ¿Estos temas eran conocidos? Eran conocidos para los que nos dedicamos un poco a estas circunstancias. En los informes del año 2018 y 2019 el defensor
llamaba la atención en torno a un problema que se estaba produciendo en este servicio público y en otros servicios públicos, y es que la crisis económica había reducido el volumen de recursos, y como consecuencia de que se había reducido el volumen
de recursos las administraciones públicas tuvieron que responder a esa situación de alguna manera, y mire, en el conjunto de las administraciones públicas cada vez que hay un proceso de ajuste, que los hay, ocurre siempre lo mismo. Se producen
reducciones de plantillas y reducciones de salarios; a veces lo uno y a veces lo otro, y a veces las dos cosas; se producen y se empeoran las condiciones laborales, y los contratos son cada vez menos estables y, por supuesto, las inversiones se
reducen, se atrasan o se posponen definitivamente. Sobre todo las víctimas de este tipo de decisiones de ajuste suelen ser los hospitales más antiguos. Por lo tanto, esta era la situación.


Y, ¿cuál fue el contenido de las quejas? El contenido de las quejas es muy diverso y de muy diferente entidad. En el inicio de la pandemia, al principio, expresaban un fenómeno que se ha visto aquí, en el mundo sanitario, pero que se ha
visto en otros ámbitos de las administraciones públicas. Expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y por la de los suyos. Expresaban también una queja sobre la saturación existente en los centros hospitalarios, y también por la
suspensión ordinaria de la atención primaria. Nosotros tenemos un sistema del cual hablaré bien, pero de alguna forma es un sistema que no había estado sometido a una tensión como la que creó la COVID-19. Había carencias de camas, de personal
entrenado, de respiradores y, desde luego, una falta de material de protección para el personal sanitario que, ante esta situación, ponía en riesgo su salud y su trabajo. Ese es un poco el contenido de las quejas. Más adelante el levantamiento del
estado de alarma trajo a colación otras quejas sobre el cierre de los consultorios locales, el retraso en las citas para consultas y operaciones, el acompañamiento de familiares en los centros hospitalarios y los protocolos de realización de pruebas
diagnósticas. Ese es el ámbito de las quejas. ¿Y qué hizo el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo lo que hizo -en algunos casos hasta puedo decir cuándo- fue dirigirse a las administraciones sanitarias, ¿Y quiénes son las administraciones
sanitarias? El Ministerio de Sanidad y el conjunto de comunidades autónomas. A ellos nos dirigimos, a los unos y a los otros, la primera vez el 20 de marzo a través de un comunicado público. Tengo aquí el papel. Aquel comunicado público a veces
suena como a un bando de otro tiempo y en él llamábamos la atención y recordábamos a las administraciones que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial. En segundo lugar, llamábamos a todos los ciudadanos

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a un ejercicio de responsabilidad para tener, en la medida de lo posible, un control de la propagación de la enfermedad. Pedíamos a las administraciones sanitarias que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos
del sistema sanitario y del sistema social. Y, por último, resaltábamos que el suministro de material era imprescindible para los trabajadores sanitarios, para el personal asistencial y para los enfermos. Ese fue un poco un discurso global, pero
también hicimos actuaciones concretas, unas con el Ministerio de Sanidad y otras con el resto de las administraciones públicas. Durante el estado de alarma establecimos una comunicación ágil con el Ministerio de Sanidad para informarle de las
inquietudes que a nosotros nos hacían llegar los ciudadanos. Eso se hizo el día 20 de marzo y el día 25 hicimos algo más, que fue manifestar al Ministerio de Sanidad nuestra preocupación por algún tema del que íbamos teniendo conocimiento, como es
el de la priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Hablaré más sobre esta cuestión, pero nosotros le dijimos al Ministerio de Sanidad: ojo, que a nosotros esto nos preocupa.


Respecto a las actuaciones con las otras administraciones sanitarias, las comunidades autónomas, nosotros lo que queríamos hacer era una especie de cala, saber cuál era la respuesta que en el territorio se venía dando a los problemas de
difusión de la pandemia, y nos dirigimos a ellas el día 2 de abril. Alguna vez uno tiene que presumir de las cosas que hace; si el real decreto-ley es del día 14 y el discurso global del día 20, el día 2 de abril, unas semanas después de haber
sido tocados a rebato, de una manera o de otra casi todos, solicitamos de cada comunidad autónoma que nos dieran a conocer una serie de datos que para nosotros eran relevantes y permitían saber el grado de sensibilidad que ante esta cuestión tenían
las comunidades autónomas. Les preguntamos si las UCI que tenían eran suficientes o no, si la provisión de equipos de protección individual para el personal sanitario estaba resuelta. En aquellos momentos había una polémica mediática sobre los
problemas de adquisición de este tipo de equipamientos porque no se encontraban en España y había que ir a lugares distintos a adquirirlos. También les preguntamos sobre la realización de pruebas diagnósticas. Y al esquema sanitario le
preguntamos: ¿ustedes se han preocupado de los problemas de las residencias? Simplemente decirles: oigan, díganos si ustedes se han preocupado del problema de las residencias porque las residencias tienen vida propia, pero sí tienen vida propia
habrá que saber si es absolutamente autónoma o hay algún tipo de conexión entre el esquema de protección residencial y el esquema de funcionamiento de la sanidad. El día 29 de mayo, ya estamos en mayo, en el inicio ya de la desescalada, hicimos una
nueva averiguación con las comunidades autónomas para saber cómo iban las cosas. Lo hicimos, primero, porque esto se desencadena el día 14 de marzo y estábamos a 29 de mayo, o sea, que había pasado un tiempo para que uno pueda sacar el periscopio y
saber lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, por qué no decirlo, el día 29 de mayo es la víspera del 1 de junio y ya estamos prácticamente en el verano. Entonces, ¿qué tienen previsto ustedes hacer en el verano?


Hemos visto cuál era el panorama inicial, hemos analizado las quejas, hemos establecido una serie de conexiones con la Administración central, en este caso con el Ministerio de Sanidad, y con las administraciones autonómicas. ¿Y no digo
nada respecto de lo que yo tendría que informar en Comisión? Porque una de las cosas que hacemos en el Defensor del Pueblo cuando elaboramos nuestros informes es preguntarnos siempre qué hemos visto. Yo no voy allí a preguntar; no, aquí se va a
donde se va y se pregunta por lo que se pregunta con una finalidad que es poder señalar lo que se ha visto y poder decir qué es lo que hay que hacer a partir de ese momento. Si hay algo que se ha universalizado y ha establecido un criterio de
unidad en el mundo es este tipo de contagios. Todos nos hemos enfrentado al mismo problema, todos, y el problema no es otro que el coronavirus y sus efectos. Esta es una pandemia donde todos los sistemas de salud del mundo se han visto
desbordados. En algún caso, en el nuestro, durante los meses de enero y febrero se subestimó la potencia del virus y los riesgos que entrañaba. Por lo tanto, las carencias del Sistema Nacional de Salud están ahí, en las quejas y en las actuaciones
de oficio que lleva a cabo el Defensor del Pueblo, pero el Sistema Nacional de Salud también tiene fortalezas. La primera fortaleza tiene un enorme valor y es el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios. Eso lo tienen algunos países
y otros no. Segunda fortaleza, el Sistema Nacional de Salud es una organización muy experimentada donde miles de profesionales están bien formados y diría algo más; se ha producido una enorme generosidad personal. Por lo tanto, yo me apunto al
universalismo porque creo que todos más o menos coincidimos en este tipo de planteamientos. ¿Qué otra cuestión creo que tiene por delante el Sistema Nacional de Salud? Pues tiene un problema de recursos y, sobre todo, de eficacia. La sanidad en
España ya no requiere ni edificios ni otras infraestructuras espectaculares, eso es prescindible; requiere una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y del material que

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emplea. El Sistema Nacional de Salud es seguramente la mayor organización de España y, desde luego, una de las más valoradas por los ciudadanos. El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad. Si es así, ¿responde el
Sistema Nacional de Salud a esa tipología? Por tanto, uno tiene que decir que los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento. Eso es lo que hemos visto.


¿Qué recomendaríamos nosotros en esta cuestión? Primero, una cosa que es una osadía por parte del Defensor del Pueblo, pero yo creo que sería bueno que hubiera una agencia estatal de salud pública para dilucidar los problemas que se
plantean en las emergencias. En segundo lugar -o el que sea, no tengo numeradas las recomendaciones-, creo que no puede demorarse el esfuerzo en los centros de atención primaria con profesionales, médicos y técnicas organizativas. Creo que hay una
catalogación universal y esto pasa por una atención primaria mejor organizada. Eso no quiere decir que haya que establecer una relación dialéctica entre atención primaria y atención hospitalaria, porque la atención hospitalaria tiene otros
problemas, en este momento un problema de listas de espera ordinarias que se han visto relegadas a un segundo plano, y eso habrá que resolverlo en algún momento.


Otro problema es el de la precariedad y la temporalidad en el trabajo de las personas empleadas en el Sistema Nacional de Salud. Ahora nos hemos enterado de que existe un mecanismo interterritorial que se reúne periódicamente. Eso me
parece bien porque la salud no conoce fronteras ni límites territoriales, pero si ha venido funcionando a lo largo de muchos años, ha sido un funcionamiento relativamente quedo y silencioso. Creo que en este momento es bueno que se conozca lo que
piensan, lo que dicen y lo que acuerdan. Y no he hablado hasta ahora de vacunas, ya llegarán, cuanto antes lleguen mejor, pero mientras no haya tratamiento ni vacunas, la inacción no es una opción. Creo que en determinadas circunstancias será
necesario adoptar medidas restrictivas de la vida social. Ya hay experiencias normativas en este Estado y en esta situación.


Este ha sido el primer tema, el desencadenante, y ahora voy a hablar de un fenómeno donde me siento un poquito más cómodo, que es el tema, por decirlo de alguna manera, de las medidas económicas y laborales. Hay importantes economistas que
sostienen que el mundo está experimentando algo parecido a una invasión extraterrestre. Hay un economista conservador pero inteligente que se llama Rogoff. Él ha dicho: oiga, mire, esto se parece bastante al hecho de que haya caído algo sobre la
tierra y haya generado un conjunto de problemas. Para él y para los que piensan como él, la economía vive una encrucijada que durará bastante, su duración va a depender de cómo se resuelva el desafío sanitario. Este y otros economistas dicen que
esta pandemia que estamos sobrellevando es la más grave que se ha producido en el último siglo, de ella no ha escapado nadie y, además, ha sido capaz de paralizarlo casi todo, si no todo. Yo creo que en este tema hay que ser categóricos y, en la
medida en que yo pueda hacer uso de la palabra y dirigirme a ustedes, fíjense, yo creo que el virus afecta a todos, a todos los países, a todos los Gobiernos y, aunque afecte a todos, no nos afecta por igual. Es un fenómeno que se ha producido y la
desigualdad ha crecido allí donde el virus ha hecho acto de presencia. Por lo tanto, si uno sigue esa secuencia también llega a una conclusión, y es que el panorama económico se ha ensombrecido y está plagado de incertidumbre. Hablaré de lo uno y
de lo otro, pero antes quisiera decir algo que me parece bastante cargado de razón y está generalizado: en esta serie de crisis lo que se ha notado es el protagonismo del Estado en el sentido político-administrativo amplio. En el caso español hay
un hecho relativamente singular, y es que el sector público ha tenido un protagonismo enorme. No espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo sé que este es un elemento de controversia, pero sí tengo que decir que de no haberse actuado con
la rapidez con la que se ha actuado, nosotros hubiéramos visto cómo crece de una manera importante la desigualdad y la pobreza y se hubiera abierto una brecha -que es una palabra que ahora se utiliza mucho y que está bien traída- que divide este
tipo de sociedades entre los que tienen protección y quienes se quedan a la intemperie. El dibujo está ahí, en muchos hogares, en esta sociedad y en otras sociedades. En muchos hogares se ha perdido un empleo que no van a poder recuperar
fácilmente quienes lo detentaban, y esas dificultades que les surgen seguramente les impide pagar las deudas que han venido contrayendo. En algunos casos esto sale en las quejas como sale en las políticas que se hacen para evitar este tipo de
situación. Numerosos negocios cerrarán sus puertas y quizás no las vuelvan a abrir. Nos lo dicen todos los días. Estas situaciones las están padeciendo y soportando el sector turístico, los restaurantes y los bares, los comercios más grandes o
más pequeños, los trabajadores autónomos y un larguísimo etcétera.


Por lo tanto, si antes hablaba del panorama en el mundo sanitario, ahora tengo que hablar del panorama en el mundo económico. Y ahí una recuperación de la economía no será posible hasta que el COVID no esté bajo control. Y desde luego,
esta desigualdad no va hacia abajo sino hacia arriba.

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Quienes ya hemos vivido algunas crisis parecidas a esta nos hacemos una pregunta: ¿hemos aprendido algo de lo que nos pasó en la crisis del año 2008? ¿Hemos aprendido algo? Al menos yo hago esta reflexión delante de ustedes antes de
hablar de otras cosas, creo que la dureza de lo que estamos viviendo debería llevarnos a preguntarnos si hemos aprendido algo. Yo tengo la sensación de que lo primero que llama la atención en este momento en España y fuera de España, en la Unión
Europea y en otras zonas del mundo, es la modificación del orden de prioridades; primero están las personas, luego las empresas y después están las otras cosas. Hace diez años lo primero era el rescate del sistema financiero y luego hacia atrás,
por lo tanto, creo que esto es una lección. ¿Podría encontrar economistas, políticos, sociólogos españoles que nos lo dijeran? Sí, los hay, pero yo he recurrido a una función institucional y a la señora Von der Leyen que es una autoridad en el
seno de la Unión Europea. Y la señora Von der Leyen dice que se ha producido un giro copernicano y que ese giro copernicano en la política económica es producto de lo que hemos aprendido de las crisis anteriores y sostiene que una retirada
prematura del apoyo fiscal tiene consecuencias negativas para la economía y, por lo tanto, cree que ponerle plazo es un error. Traigo esta autoridad porque creo que interpreta bien el conjunto de decisiones que hoy se están tomando en la Unión
Europea.


Luego hablaré de España porque tengo que decir que los golpes que nos ha dado la pandemia han desarbolado piezas esenciales de nuestro sistema económico y de nuestro sistema social. Ha dejado al descubierto el paro y, desde luego, la mala
calidad del empleo y también los bajos salarios que en muchas ocasiones se esconden debajo del auge económico en una sociedad como esta. Y no le quiero decir nada de la pobreza en determinados barrios de las zonas urbanas de la sociedad española.
¿Por qué digo todo esto? Por una razón muy sencilla, porque si uno coge el BOE a partir del 17 de marzo hasta acá, aquí se han aprobado una treintena larga de decretos leyes ¿Para qué? Para ayudar a las familias y estimular la economía privada,
las dos cosas, y eso ha tenido un impacto en la economía privada y pública, ha tenido un impacto en los hogares y ha tenido un impacto en las cuentas públicas del que realmente se habla menos de lo que se hablaba in illo tempore. Aquí hay algún
compañero que fue diputado hace unos años y en aquel momento era absolutamente determinante. Hoy es preocupante pero se lleva de otra manera.


España es uno de los países más castigados por la crisis, por lo que superarla nos va a obligar a definir una estrategia global que, de alguna manera, deberíamos poner en marcha porque, sinceramente, creo que si no se tiene una estrategia
global que utilice todas estas cuestiones, las cosas serán difíciles. Yo quisiera dar un paso más en mi condición de poder institucional, no tengo otra aspiración más que esa. Creo que la gravedad de la situación hace necesario una respuesta a
todos los niveles; de no ser capaces de proporcionar esa respuesta, gobernar España, gobernar este país resultará más difícil que encontrar la salida de la crisis. Por lo tanto, buscar esa salida de la crisis dará lugar a una tarea más compleja si
no hay un cierto acuerdo básico en nuestra sociedad. Para evitar que uno caiga por el precipicio o por el desfiladero sería bueno disponer de un acuerdo político y de un acuerdo económico y social lo más consensuado posible. De no alcanzarse
ambos, es previsible que exista un aumento de la contestación social y de la crispación política. Por lo tanto, en una situación difícil como esta, un diagnóstico compartido y unas propuestas concretas y concertadas entre los agentes políticos y
las fuerzas sociales serán un exponente de nuestra capacidad para someter el conflicto a la razón. Luego ya discutan ustedes, que son los que están en la política, quién es el culpable. Yo digo las cosas que creo con respeto a todos, yo tengo otra
función.


Y ahora, levantado ese frontis, quisiera decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque aquí se han hecho treinta y tantos decretos leyes, la producción normativa es abundante y, por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Hay una enorme preocupación por el
castigo o el impacto que el empleo viene experimentando. Es verdad, se han reducido las cotizaciones de afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social, se han establecido unas nuevas fórmulas como son los expedientes de regulación de empleo y
de alguna manera se ha buscado un apoyo a la actividad de los autónomos. No es frecuente que uno diga aquí -pero yo lo hago- a quién se dirige todo este abanico de actuaciones; a los frágiles. Hay una serie de personas que corren el riesgo de
quedar fuera de los esquemas tradicionales de ayuda pública y, por lo tanto, habría que buscar algún procedimiento para que esas personas no queden fuera. Se han puesto en marcha un tipo de políticas que no son nuevas, pero que de alguna forma son
importantes. Son políticas keynesianas que han estado orientadas a proporcionar liquidez a los empresarios y salarios a los trabajadores. Se quiso evitar aquí y fuera de aquí un impacto negativo en las familias perjudicadas por la paralización de
la actividad económica. Hay muchos problemas, muchas dificultades, uno tiene muchos interrogantes, pero si las familias hubieran tenido que hacer frente a su situación solas, como consecuencia de la paralización

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de la actividad económica, hubiera sido grave. Ahí aparecen una ristra de instituciones que crea el Gobierno, que es el que está en el centro; supongo que los Gobiernos de las comunidades autónomas también tendrán, no me cabe la menor
duda, este tipo de instituciones parecidas según la capacidad política y la orientación que tenga cada una de ellas. Insisto, se apoyaron formas de protección social a las familias pero no fueron las únicas; se apoyaron también formas muy notorias
de apoyo a las empresas y a los autónomos para evitar su cierre. No quiero decir el nombre de ese tipo de cuerpos empresariales, pero están ahí. Si uno lee el periódico, a lo mejor resulta que se encuentra con que la semana que viene hay una
manifestación de esa preocupación que tienen los empresarios y las fuerzas políticas en general, que encontrarán algún tipo de solución. Por lo tanto, hay que proteger el tejido productivo y ahí están las moratorias, los aplazamientos, los avales,
la ampliación de las actuaciones del ICO, las transferencias al Sepes, y una cosa que digo con gusto: aquí, en esta casa, si no estoy equivocado, se apoyó y se aprobó unánimemente la creación del ingreso mínimo vital -unánimemente- como una
prestación contributiva de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Eso no fue decisión de un Gobierno, fue una decisión unánime de las Cortes Generales o, al menos, del Congreso de los Diputados. Me parece
bastante bien. Todas estas medidas han servido para aguantar el impacto y para ser capaces de transitar lo menos conflictivamente posible por esta realidad institucional, pero tiene un coste importante en el erario público. Primer tema.


Este es el frontis, y ahora voy a tratar de acercarme a algunas cuestiones que ustedes me dicen que haga y que yo he tratado de hacer; me puedo equivocar, pero he tratado de hacer. Nosotros hemos hecho un conjunto de recomendaciones en las
prestaciones y en los subsidios que emanan de los cambios normativos que se han producido en la Seguridad Social. Casi todo lo que he dicho hasta ahora es en términos de agente de las administraciones públicas, los capítulos habituales de la
hacienda del Estado. Lo que voy a decir a partir de ahora ya no se financia con impuestos, ni con deuda, se financia con cotizaciones sociales. Hay un hecho que quisiera manifestar. Antes dije que ha habido quejas de gente que tenía temor. En
esta parte de la relación laboral nos llegaron, desde el estado de alarma, más de 1700 quejas, en las que el quejoso ponía de relieve que la angustia le estaba afectando. ¿Por qué? Por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos producto de
su relación profesional. Sinceramente, las quejas no decían que el funcionamiento de las administraciones fuera acertado o equivocado, no decían eso; lo que decían, lo que nos expresaban y los que ponían de relieve era un cierto desconcierto.
¿Por qué? Porque además de no gustarles algunas medidas, tenían dudas sobre si ese era el recorrido. Y eso es un hecho. Sobre ese hecho no he querido traer algunas recomendaciones que formula Tedros en la Organización Mundial de la Salud, pero
este tipo de interrogantes sobre cómo es la situación y cómo puede evolucionar la tiene mucha gente. Lo único que hay que saber es si hacemos las cosas para evitar que se sustancien esas críticas o no las hacemos. Pero ese es un tema que les
corresponde a ustedes más que a mí.


Cuando uno ve el desconcierto del que he hablado, lo primero que se pregunta es: ¿Y qué hace el Defensor del Pueblo para evitar esta situación? Pues nosotros en muchos casos hemos ofrecido a los ciudadanos una respuesta rápida, con
información práctica y clara para facilitarles el acceso a las nuevas prestaciones. La gente pregunta cosas, la gente no tiene por qué saber derecho administrativo y tiene dudas, y pregunta sobre esas dudas.


Hay una segunda fase que es, superado el desconcierto, vamos a ver qué hay debajo de una determinada actuación administrativa y si algún problema concreto puede resolverse porque, tal como está la redacción, no está claro. En ese sentido,
como en tantas cosas que se hacen en las administraciones públicas, hay quejas por dificultades en la petición, por dificultades en la tramitación, por retrasos en el reconocimiento, esas también las hay. Ese es un segundo bloque de quejas, pero
hay un tercer tipo de quejas que se plantean entre quienes quedan fuera del sistema y compruebas que es verdad. Entonces, hay que formular una serie amplia de propuestas a las administraciones para salir de ese ámbito, de ese atolladero. Nosotros
tenemos que decirles dos cosas: primero, que las administraciones nos han atendido bien y, segundo, que nos hemos dirigido a los organismos públicos encargados de la gestión de este tipo de prestaciones y subsidios, que son el Sepes y el INSS, y a
ese conjunto de organismos les hemos planteado una serie de problemas. Hay unas recomendaciones al Sepes para que incremente sus plantillas, para que aumente sus medios informáticos y técnicos, para que refuerce la atención presencial que, en
principio, a nosotros nos dicen que las aceptan y, por tanto, nos sentimos relativamente satisfechos. En el tema de los ERTE hay un fenómeno relativamente curioso y novedoso porque, según se nos ha hecho saber, en la gestión de los ERTE se tiene
que solicitar la prestación de una manera

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colectiva y no de una manera individual. Dada esta singularidad administrativa, hasta que se adquirió dominio de este fenómeno se cometieron muchos errores iniciales. Nosotros nos dirigimos a la Administración concernida para decirle que
aceptara un conjunto de recomendaciones y que corrigiera y mejorara los modelos de solicitud colectiva, los sistemas de recogida documental y los procedimientos de subsanación de errores. Parece ser que van a trabajar en esa dirección y se reciben
menos quejas con ese contenido.


Hay un tema que he dicho que es una novedad y una novedad importante, que es el del ingreso mínimo vital. Pero una cosa es el tema legal del ingreso mínimo vital y otra cosa son las gestiones que el INSS tiene que hacer para que el ingreso
mínimo vital funcione. Nosotros hemos solicitado al INSS que hiciera mejoras en los procedimientos de gestión y, además de esa mejora en los procedimientos de gestión, le hemos sugerido que buscara el apoyo de los servicios municipales para que
ellos también hagan un esfuerzo en la captación de una información correcta, completa y accesible a las personas y a las familias más vulnerables para que unos y otros pudieran obtener la ayuda.


He dudado plantear este tema, pero creo que es necesario hacerlo. Ahora tenemos una prestación universal pagada por la Seguridad Social y muchas pequeñas prestaciones en el mundo territorial. Creo que en algún momento y en algunas
circunstancias uno debería tratar de homogeneizar los procedimientos de protección social. Pero en estas cosas hay que tener mucho cuidado porque pueden decir que el Defensor... Yo no digo que se suprima, lo único que digo es que veamos si podemos
y cómo podemos compatibilizar uno y otro.


Por lo tanto, hasta aquí lo relativo al mundo laboral y a algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. Hemos aprobado como sociedad, a través de nuestras instituciones, una batería nueva de ayudas y de prestaciones que requieren una
gestión y una tramitación más ágil que la que se venía produciendo hasta ahora. En la Administración española, en general, sucede un fenómeno, y es que la Administración española en los años de ajuste reduce de una manera muy importante el número
de sus efectivos y al salir de esta nueva crisis quiere que el aparato administrativo funcione con intensidad y con eficacia. El único problema es que la capacidad en este momento es menor que la que existió en el año 2008. La tecnología ayuda,
pero hay que ser capaz de que las cosas funcionen. No sé si entrar en ese debate. Si me lo hubieran encargado ustedes, sí. Lo digo porque me parece bien decirlo, pero no porque responda a su demanda. Creo, sinceramente, que la carga de trabajo
de los organismos oficiales competentes en la gestión de estas ayudas exige dotarles de recursos y de medios. Nosotros se lo hemos dicho. El único problema es que a veces pueden y a veces no pueden. Me atrevería a decir que las cosas han ido
mejorando a lo largo de los últimos meses, que no es lo mismo el aldabonazo del mes de abril y de mayo que el de ahora. Yo quisiera que fuera verdad lo que me dicen, y es que las cosas han mejorado.


Por último, voy a hacer una manifestación porque mi conciencia me dice que lo haga. Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en protección social a los trabajadores, al conjunto de asalariados
y autónomos en este momento de crisis. Insisto, eso forma parte de la controversia. El Defensor del Pueblo en este tipo de cosas no es neutral. Se lo pueden afear o no afear, pero no es neutral. Creo que las cosas no han ido, de alguna manera, a
peor. Ahora, hay algunas cuestiones que sí quisiera poner de relieve, y es que en este mundo aparecen incertidumbres y nosotros vivimos esta incertidumbre. Hemos visto cómo cae el PIB en el segundo trimestre, cómo sube en el tercero y Dios sabe
qué ocurrirá en el cuarto, si va a seguir subiendo o si vamos a ir hacia un mundo declinante. Y eso se debe fundamentalmente a un hecho -lo diré una vez, dos veces y las veces que haya que decirlo-, y es que los rebrotes han ocasionado importantes
repercusiones en las decisiones de gasto y de inversión de los hogares y de las empresas. Por lo tanto, cuando creíamos que nos levantábamos, que ya salíamos del atolladero y que teníamos controlado el número de contagios, hemos visto que no, que
no tenemos controlado el número de contagios. Por tanto, al control del virus hay que dedicarle todos los esfuerzos y todas las atenciones posibles.


Hay una institución conocida que tiene distintas valoraciones para unos economistas y para otros economistas, para unos políticos y para otros políticos. Esa institución es el FMI. El FMI el 13 de noviembre del año 2020 -o sea, anteayer-,
señala, con el lenguaje que utilizan estas organizaciones y que en el mundo de las organizaciones del Defensor del Pueblo también se utiliza, que se han adoptado buenas prácticas destinadas a hacer frente a la pandemia y a sus devastadoras
consecuencias. Y dice algo más, dice que hay que perseverar en esas buenas prácticas e ir más lejos. Yo me voy a agarrar conscientemente a este hecho. Yo creo, honestamente, que en este momento hay que gastar más para frenar el desastre, pero las
autorizaciones de gasto, que yo las puedo pedir, las aprueban ustedes. Sean conscientes de que

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el riesgo de declinar no solamente puede tener consecuencias en el cuarto trimestre del año 2020, sino en años posteriores. Por tanto, creo que he cumplido los compromisos que ustedes me encargaron. Y si no los he cumplido, pues lo siento,
pero no es sencillo trabajar en este tipo de cosas.


Ahora quisiera hablar de las residencias de mayores, que es una cuestión que, de alguna manera, ha llamado la atención. La institución ha recibido quejas de muchos familiares de personas mayores que se encontraban en centros residenciales y
también de trabajadores de los mismos. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en este mundo de las residencias de mayores. En el año 2017 abrimos un conjunto de actuaciones y las abrimos con todas las comunidades autónomas porque, a fin de
cuentas, el Gobierno del Estado no tiene gestión, son las comunidades autónomas. Es un país enormemente descentralizado, es de los más descentralizados del mundo. Entonces, una parte importante de las tareas de atención a los ciudadanos las
realizan las comunidades autónomas. Nosotros empezamos a trabajar en el 2017, continuamos en el 2018 y en el 2019 presentamos una separata. En el informe del 2019 hay una separata donde se dice qué problemas tienen, qué problemas se plantean en
las residencias. En esa separata establecemos cuatro o cinco ítems que nos parecían importantes. Decíamos: creemos que hay que abordar reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias. Hay que
aumentar la dotación de personal y su formación. Hay que reforzar y mejorar la asistencia sanitaria y hay que incrementar la capacidad inspectora. Sinceramente, es la posición del Defensor, como se ha dicho la posición del Defensor en otros
ámbitos de la acción de las administraciones públicas. Ahora bien, seamos sinceros, todo esto, que está bien, se produce antes de febrero del año 2020. Por lo tanto, esta es una manifestación de carencias. Luego, cuando llega el año 2020, las
cosas son un tanto diferentes. ¿Por qué digo que son un tanto diferentes? Porque, de alguna manera, el stock de problemas es un poquito más amplio, pero los voy a seguir señalando porque creo que es un tema relativamente importante.


Las residencias en España tienen un grave problema de organización, lo tenían antes de marzo y lo tienen todavía después de marzo. Las residencias de mayores en España adolecen de insuficiencia de medios, de carencia de asistencia
sanitaria, de falta de información y de transparencia, y de problemas de derivación a otro centro. Por lo tanto, en el mundo de las residencias, cuando llega la COVID se produce un destacado desbordamiento de la situación. ¿Y qué hacemos nosotros?
Nosotros, en el comunicado general que hicimos el día 20 de marzo, que estaba destinado fundamentalmente a los problemas de atención hospitalaria, adicionamos una serie de problemas relacionados con las residencias. Dijimos que es preciso
incrementar la dotación de recursos del sistema residencial público y privado; que hay que aumentar el suministro de material para protección del personal asistencial y de los residentes; que hay que permitir, en la medida de lo posible, el
acompañamiento de familiares en determinadas circunstancias regladas, en las residencias de mayores -sobre este tema hablaré al final de este capítulo-; que hay que habilitar estructuras medicalizadas, y que hay que impulsar la realización de
prácticas a los residentes y al personal. Esta es un poco una visión, digamos, un enfoque global de lo que había que hacer en las residencias en paralelo con lo que habíamos dicho que había que hacer en los hospitales.


Aparte de este comunicado general, nosotros quisimos manifestar algunas cuestiones días después, el día 25. Nosotros dijimos y seguiremos diciendo que es necesario dotar de equipos de protección y de pruebas diagnósticas al personal. Se lo
dijimos al ministerio porque nos lo decían los ciudadanos y nosotros se lo trasladábamos. Pero hay algo más. Nosotros hicimos una actuación de oficio al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Política Social de las comunidades autónomas,
solicitando información sobre el refuerzo de la atención sanitaria en los centros residenciales, los protocolos seguidos para la liberación de residentes, las dificultades para encontrar o no elementos de separación de espacios para los residentes
en las residencias, medidas de protección y seguridad para los trabajadores -esto es muy importante- y sistemas de información rápida y transparente de visitas de familiares. Les preguntamos a las comunidades autónomas cómo tenían resuelto el
problema de las salidas de las residencias y un tema profundamente delicado: qué medidas habían adoptado para que los familiares pudieran llevarse las pertenencias de los fallecidos en esta triste situación. Esos fueron los planteamientos que
nosotros les hicimos a las comunidades autónomas para que nos dieran esa información. Y nosotros hicimos algo más, que es un poco lo que venimos haciendo a lo largo de las últimas actuaciones, les recomendamos a las comunidades autónomas -nosotros
recomendamos, no hacemos otra cosa-, en esa situación dramática, difícil, en la que los fallecidos eran muy numerosos, que, a la vista de lo que estábamos conociendo el 24 de abril, en su ámbito competencial con residencias hicieran algunas cosas
que a nosotros nos parecían que eran una buena práctica: reforzar la asistencia sanitaria de los enfermos, cubrir

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inmediatamente las bajas laborales que se fueran produciendo para facilitar y para mejorar el cuidado de los residentes, garantizar información a las familias a través de una persona designada por ellas con la cual pudieran relacionarse los
órganos de dirección de las residencias para cuestiones como el traslado de un centro a otro centro, la atención dentro del propio centro en el que también se produce o en qué razones y en qué circunstancia hay un traslado del residente a un centro
hospitalario.


Hay un hecho que planteamos a las comunidades autónomas por si encontraban una fórmula que fuera razonable, y es que los residentes no contagiados pudieran volver, aunque fuera temporalmente, con sus familias sin pérdida de plaza. Esto es
un tema que seguramente depende de cada caso y de cada circunstancia. Luego, hay un tema muy difícil, y es que en ciertos estados clínicos, sobre todo cuando van entrando en la fase terminal, debería facilitarse la despedida por parte al menos de
un grupo, aunque fuera muy reducido, de familiares. Llama mucha gente diciendo: No hemos podido despedirnos. Y escucharlo es duro, francamente duro. Nos han dicho que lo van a pensar. ¿Qué hemos visto? Porque, claro, nosotros, lo digo
sinceramente, hacemos el recorrido, pero ¿qué hemos visto? Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en las residencias españolas y hay que conocer los datos que hay en ellas. Yo tengo la sensación de que no todas las residencias españolas tienen
un nivel de formación y de información y, por lo tanto, habría que hacer algún protocolo en ese sentido. No soy una persona desconocedora de estas cuestiones. Es verdad que la mortalidad en residencias es un fenómeno que se produce en muchos
lugares del mundo: en España, en Italia, en Reino Unido, en Canadá y en Estados Unidos. Las residencias de mayores son espacios de concurrencia en los que esas personas frágiles a las cuales antes aludía, están juntas durante muchas horas al cabo
del día, por lo que resultan un buen caldo de cultivo para la propagación del virus. Esto es un dato del problema. Hay que saber que esto existe y hay que saber algo más, y es que los residentes presentan pluripatologías y, en algún caso,
deterioro cognitivo. Por lo tanto, hay que tener una atención importante hacia ellos y, desde luego, esa atención importante hacia ellos corre a cargo de los cuidadores, que deben adoptar una actitud relativamente vigilante y constante. Estamos
ante un entorno muy expuesto y susceptible de propagación de una enfermedad infecciosa como es el COVID, y eso es un dato del problema. Y ese dato del problema tenemos, tienen que ser capaces de tenerlo en cuenta quienes están al frente de los
niveles políticos y también de la gestión de las residencias. ¿Cuándo empezaron a plantearse estas cuestiones? Yo diría que se produce una vez que ya el estado de alarma se había decretado y es en ese momento cuando las autoridades empiezan a
sospechar que las cosas no iban bien. Entonces es cuando aparecen los primeros protocolos. Ahora bien, los primeros protocolos no consiguen -seamos sinceros- atajar el brote porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba en el centro de los
centros. El virus ha ido por delante de la acción administrativa, y ese es un tema del cual tenemos que tener conciencia.


Hay un fenómeno que se produce menos, pero se produce -bueno, no tan menos-, que es el problema de la derivación a los hospitales. Nosotros creemos -lo hemos dicho a los hospitales, a las residencias- que nadie, por razón de edad o por
razón de discapacidad o por el grado de dependencia, puede ni debe ser excluido de la atención clínica, nadie. Hacer lo contrario no es ético ni legal, y eso se lo hemos hecho saber a las personas que están trabajando en estos ámbitos. En ese
sentido, el Defensor del Pueblo viene insistiendo en que hay que ir a una nueva organización de este tipo de instalaciones. Creemos que hay una necesidad de abordar plenamente un cambio cualitativo en el modelo residencial geriátrico existente en
España. A las comunidades autónomas se lo hemos dicho, tienen que tener un sistema de control de las residencias, un sistema de control de los estados de alerta temprana y un sistema de contingencia. Si antes decía que en términos de eficacia ya
no era necesario tener grandes instalaciones, lo mismo tengo que decir aquí. Nosotros creemos que la generación de entornos más pequeños y domésticos permite una mayor calidad de vida, un respeto a la autonomía de las personas y una vivencia en
dignidad superior a la que producen determinadas residencias muy enormes. La capacidad inspectora es algo que hay que realizar y que hay que incrementar. A veces uno se sorprende cuando hablan de la capacidad inspectora, y no voy a poner ejemplos,
no quiero ponerlos, pero cuando uno dice: 'Bueno, pero es que no ha habido inspectores, lo siento', pues la revisión de las ratios obligatorias de personal de atención directa mejorará, sin lugar a duda, la calidad de estos centros.


Por último -lo he dicho y lo voy a volver a decir-, la imposición de una prohibición absoluta de salidas de residentes fuera del ámbito del centro debe estudiarse. ¿Por qué? Porque, primero, en términos absolutos, supone una afectación
intensa de su libertad de movimiento. Eso hay que verlo, porque una prohibición absoluta puede resultar desproporcionada. No digo yo que haya que ser total y absolutamente riguroso o no digo que haya que despreocuparse de esta cuestión,
simplemente digo que este es un tema

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que debe estudiarse con atención. Lo mismo puede decirse sobre la restricción total de las visitas y de los familiares. Los familiares también nos lo cuentan: 'No hemos podido ir, no nos han dejado ir, se ha muerto sin que lo veamos'. Es
una situación difícil y bastante espantosa. Por lo tanto, este es un tema complejo, un tema difícil donde uno tiene que prestar atención porque caben distintas posibilidades. Sinceramente, es un tema en el que las personas que tienen que trabajar
en estos ámbitos encuentran muchos problemas y todos tenemos que hacer el esfuerzo de ser comprensivos con todos.


Voy a hablar de educación, que es un tema que no deja de tener sus problemas y, aunque no tiene la intensidad que tienen los temas anteriores, tiene algunas cosas que no se ponen muy de relieve y que yo creo que de alguna manera son
importantes. A lo largo del año 2020 hemos vivido dos periodos: un primer periodo que va desde marzo, que es cuando se desencadena este tipo de fenómenos, hasta junio, que es cuando se tienen las vacaciones. Este es un periodo donde
progresivamente se suspende la actividad educativa presencial. Luego se abre un segundo periodo -en el que estamos-, en el mes de septiembre, cuando comienza el curso, que llega hasta hoy. Aquí ha habido un momento en el cual ha habido que
improvisar un sistema educativo alternativo de enseñanza a distancia, y sobre eso no teníamos precedentes y era relativamente difícil resolver esta cuestión. Una vez más, los ciudadanos se han dirigido al defensor planteando sus dudas sobre las
actuaciones de las administraciones educativas y trasladándole sus preocupaciones, que nosotros, a su vez, las trasladamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para los que procedemos de entornos más bien rurales, este periodo que
dura hasta la vacación del verano plantea muchísimos problemas en relación con lo que llamamos la brecha digital. ¿Por qué? Porque no siempre es posible que las familias adquieran los dispositivos electrónicos necesarios para la recepción adecuada
de las tareas educativas por parte de estos alumnos. Son las administraciones públicas las que tienen que pagar esos elementos electrónicos, ya que la enseñanza en España es obligatoria y gratuita.


Otro problema que ha surgido -y que surgió antes de finalizar el curso anterior- es la pluralidad de criterios que adoptaron las distintas administraciones de las comunidades autónomas para los exámenes de final de curso. Creo que no hubo
el acuerdo suficiente. Si se produjera una situación parecida en algún otro momento, las autoridades deberían esforzarse en lograr que las cosas mejoraran. El comienzo del curso escolar 2020-2021 tenía un problema importante, que es el de la
presencialidad en las aulas en condiciones de seguridad. Nosotros ante este problema pedimos información sobre las posibilidades del comienzo del curso a las comunidades autónomas, para que ellas lo trasladaran a los centros educativos. Nos
interesaba saber la preparación de las instalaciones escolares, la distribución de los alumnos en los centros y en las aulas, las dotaciones de personal docente. En agosto, les sugerimos a las administraciones educativas que establecieran un mínimo
común de medidas para garantizar un curso seguro y homogéneo en todo el territorio. Les dijimos: piensen ustedes en la posibilidad de encontrar un conjunto de medidas seguras y homogéneas en todo el territorio. Esto fue una actuación, digamos,
activa. Luego nos encontramos con otro tipo de problemas. Muchas familias nos expresaron, sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre, dudas y preocupaciones sobre el riesgo de contagio que se podía producir en los centros educativos.
Hubo muchos ciudadanos que nos manifestaron que sus hijos no regresarían a las aulas mientras que persistiera la pandemia, literalmente. A estos progenitores nosotros les informamos sobre el criterio que la Fiscalía tenía en materia de absentismo
escolar. Podían tener consecuencias legales por el incumplimiento de sus deberes hacia sus hijos. Es un tema delicado. Pensamos que en el contexto actual no deberían criminalizarse las conductas de esos progenitores, pero sí llamar la atención
sobre la necesidad de que sus hijos recibieran la adecuada formación presencial y que eso se debería producir en un marco de seguridad y de higiene que proporcionara tranquilidad a los padres. Este tipo de situación es una situación muy dinámica.
Está ahí y, desde luego, no todos los centros, no todos los lugares, no todas las familias opinan lo mismo, pero de alguna manera la comunidad escolar y la comunidad educativa deberían establecer un diálogo sobre esa cuestión. Todos hablamos
satisfactoriamente de lo bien que lo han hecho los sanitarios. Yo tengo que decir que en los meses de agosto, septiembre y octubre, creía que la apertura del curso escolar iba a estar plagada de incidentes, y tengo que reconocer que el personal que
se ha dedicado a tratar de organizar la apertura de los centros escolares se merece también una consideración pública y, desde luego, nosotros se lo hacemos llegar. Esto ha sido tan tremendo y tan generalizado que ha habido un servicio público que
lo ha soportado, pero ha habido otros servicios públicos que también han hecho un esfuerzo y el personal de esos servicios públicos merece nuestro respeto, al menos el mío. Quiero que se sepa porque nadie ha salido a aplaudirles a las puertas de
los colegios, y van todas las mañanas. Yo creo que cursos como estos, donde se plantea

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el distanciamiento escolar, van a requerir que a lo largo de los próximos años se lleve a cabo una operación de refuerzo relativamente importante. Me parece que eso debería abordarse y me consta que la comunidad educativa, ya sea el
ministerio, ya sean las consejerías, están pensando en eso. Termino con dos cuestiones que a mí me parecen relevantes. Yo dije aquí, cuando presenté el informe del 2018 y del 2019, que la opinión del defensor era la de que debería buscarse un
acuerdo en materia educativa, lo sigo creyendo, y que ese acuerdo debería conducirnos hacia una educación inclusiva y solidaria, garantizando así la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Esto lo vengo diciendo desde que soy Defensor del
Pueblo en funciones y lo sigo diciendo ahora. Ahora, tengo que decir que no ha sido posible, y van ocho, van ocho. Hay cosas que una sociedad como esta se tiene que plantear y tiene que encontrar algún tipo de solución a este problema. En segundo
lugar, creo que hay que hacer un esfuerzo de todo tipo para superar la brecha digital, porque la dualización de la sociedad española, si no se resuelve este problema, es importante.


En cuanto a vivienda, voy a hablar solamente de dos cuestiones. En lo referente a arrendamientos urbanos, creo que las quejas que se han presentado aludían a la compleja, farragosa y difícil comprensión de la nueva normativa de
arrendamientos urbanos dictada a lo largo del presente año. Como en casos anteriores, nuestro trabajo consistió en recomendar a las administraciones una difusión más simple y concisa de los cambios introducidos, ya que si se hacía una modificación
de esta naturaleza se comprendería mejor por los ciudadanos y para nosotros eso es bueno. Entrando ya en aspectos concretos, se han dirigido a nosotros un conjunto de ciudadanos que manifestaban su preocupación por el vencimiento de sus contratos
durante el estado de alarma. Se les informó de que la nueva normativa establecía una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de viviendas habituales a la cual podían acogerse. También recibimos quejas que solicitaban la
suspensión temporal del abono de las rentas de sus viviendas, ya que eran personas en difícil situación económica o eran estudiantes en unas universidades alejadas de la localidad donde tenían su residencia familiar. También informamos a estas
personas de las posibilidades que proporcionaba el nuevo programa de ayudas para los alquileres de vivienda habitual. Nosotros tenemos que decir -no sé otros defensores del Pueblo en otros territorios- que recibimos pocas quejas en materia de
arrendamientos urbanos en circunstancias normales y ahora también, no sé por qué. Por último, también en esta materia de arrendamientos urbanos, se recibieron dos solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto
del 31 de marzo que aprobó medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y en el ámbito económico. Ambas fueron presentadas por personas calificadas por la legislación como grandes tenedores de viviendas. Nosotros estudiamos este tipo de
solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y dijimos: Mire usted, si no se trata de que sean calificadas de esta o de otra manera, es que el planteamiento que solicitaban no incorporaban motivos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no les
dimos la razón.


Me quedan Hacienda, Economía, Transportes y luego algunas cosas más. En cuanto a Hacienda, ha tenido un problema, y es que el cumplimiento de los plazos de las obligaciones fiscales en plena pandemia no era del todo posible. Nosotros
solicitamos de oficio al Ministerio de Hacienda ampliar el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales de IVA y de IRPF para empresas, pymes y para autónomos correspondientes al primer trimestre del 2020. Esto nos lo aceptaron en parte.
También solicitamos, esta vez de oficio, sin éxito, la ampliación del plazo de las declaraciones del IRPF y de patrimonio. Asimismo, solicitamos, esta vez a la Secretaría de Estado de Hacienda, la aplicación de un tipo de IVA cero o de un tipo de
IVA superreducido a las mascarillas y al gel hidroalcohólico. Seamos sinceros, no acogieron con simpatía ninguna de estas peticiones. Ahora bien, como bien saben ustedes, el 17 de noviembre el Consejo de Ministro aprobó esta rebaja. Estas cosas
pasan. No pasa nada tampoco.


Hay otro tema que también ha dado origen a quejas, que es el del bono social. El bono social tenía una prohibición muy estricta. Se decía de una manera muy categórica que los cortes de suministro de energía eléctrica, de gas natural y de
agua en todos los domicilios no se podían realizar hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre ha pasado, por lo tanto se ha producido un cambio y ese cambio se mantiene para los consumidores vulnerables severos, para los hogares vulnerables
donde vivan menores discapacitados o donde vivan electrodependientes. Por lo tanto, el bono social se adecúa un poco más a lo que venía siendo antes del fenómeno del coronavirus. Se ha ampliado la extensión a trabajadores afectados por medidas
reguladoras de empleo y a autónomos que hayan cesado en su actividad o con ingresos que se hubieran reducido en un 75 %. Por lo tanto, ahí hay, quizás, la retirada de unos mecanismos de apoyo y el establecimiento de otros mecanismos de apoyo.

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En cuanto a ITV, nosotros le hicimos una recomendación al Ministerio de Industria, para ser exactos, sobre la bondad en que incurría si se cambiaba el sistema de ITV porque creíamos que era gravoso e injusto. El Supremo suspendió
posteriormente este sistema y argumentó, dicho expresamente, que lo hacía con los criterios que había expuesto en su momento el Defensor del Pueblo.


Por lo que se refiere a la venta ambulante, se han dirigido al defensor y han señalado que viven una situación precaria y que, de alguna manera, padecen una discriminación con respecto al comercio estable, y que esa discriminación se debe a
criterios que adoptan las autoridades locales. Este es un tema que nosotros lo tenemos abierto y que estamos pendientes de lo que tengan que decirnos las autoridades de Comercio.


En cuanto a transportes, hemos tenido quejas por la resistencia de las compañías aéreas a devolver el importe de los billetes que no se utilizaba por las limitaciones de confinamiento. Hemos hablado con el Ministerio de Comercio y creemos
que en lo que dicen los consumidores tienen razón, pero nosotros vamos hasta donde podemos ir y esperamos que, de alguna manera, este asunto se resuelva.


Respecto a migraciones, hay un hecho que hay que admitir. Los efectos sanitarios y económicos de la pandemia no discriminan. Los migrantes se enfrentan a los mismos problemas de salud que el resto de la población. Si me apuran, diría que
tienen algunos más porque son más vulnerables. Por lo tanto, el coronavirus no se porta mejor con unos que con otros, sino que se porta igual de mal con todos. Esto es un problema importante. Aquí, nosotros teníamos abiertos, no exento de
polémicas, una serie de centros, los CIE. En la primera etapa de la crisis los CIE se cerraron, primero, porque hubo quejas que decían que no se podía cumplir la función para la cual estaban establecidos y que no se podía expulsar a los países de
origen a estas personas. Por lo tanto, durante algún tiempo los CIE estuvieron vacíos. Ahora, últimamente, el Ministerio del Interior ha vuelto a reabrirlos, menos el de Algeciras, que creo que continúa. Es un viejo no sé si castillo o palacio
con una aluminosis importante y planteaba otro tipo de problemas que me parece muy bien que lo arreglen. O sea, que no tenemos nada que decir, pero los demás sí están abiertos. Nosotros seguimos siendo celosos en este asunto. De hecho, hace unos
días un equipo del Defensor del Pueblo estuvo en Aluche. Se han vuelto a recibir quejas de los mismos grupos de ciudadanos que se quejaban de que estuvieran abiertos anteriormente. En cuanto al CETI de Melilla, se recibieron bastantes quejas por
una razón muy sencilla, por sus condiciones de hacinamiento, por lo cual, nosotros recomendamos el traslado urgente de los colectivos a otros lugares. Hay problemas de hacinamiento en el CETI de Melilla, en la plaza de toros también y en un sitio
que tiene un nombre curioso, el Quinto Pino. En Melilla -me lo han oído decir- hay algún problema, dada su situación de plaza con frontera y con llegada en algún momento de refugiados extranjeros.


Por lo que se refiere a los menores no acompañados, hubo MENA que corrieron el riesgo de ser puestos en libertad, en situación de calle, en el momento en que cumplieron los 18 años, estando dentro del periodo de establecimiento del COVID-19.
Nosotros formulamos a las administraciones competentes que revirtieran esta situación, cosa que hicieron y que nos pareció muy bien que se hiciera así.


Ahora el otro problema que se plantea es, una vez que ya están fuera, que son jóvenes tutelados y solicitantes de asilo, ¿qué hacemos con estas personas? Y creo que formulamos al Gobierno algunas peticiones en este sentido y los jóvenes
extranjeros entre 18 y 20 años recibirán una autorización de residencia, fueron autorizados a que demandaran la autorización de residencia y fueran autorizados para trabajar.


Las llegadas de irregulares a España. Hay quejas, las ha habido durante bastante tiempo, en torno a las condiciones de acogida y a la falta de recursos adecuados para la ubicación de estas personas. El mayor problema ha surgido, como bien
saben ustedes, en Canarias, donde se ha generado una situación de emergencia humanitaria. Los pasados días, dos grupos de técnicos de esta institución han visitado centros de acogida distribuidos por el por el archipiélago canario y, en breve,
obtendremos una información de las conclusiones de estas visitas y de otras que se puedan realizar. Se la haremos llegar. Este es un tema importante que ha focalizado mucho la atención de la política española, mucho más en el archipiélago de
Canarias, y nosotros queremos dar nuestra opinión sobre esa cuestión.


El último grupo de quejas es de ciudadanos españoles o de extranjeros residentes legales en España que se encontraban fuera de España en el momento en que se decreta el estado de alarma y que, como consecuencia de ello, empiezan a tener
dificultades para regresar. Según las causas que nos dicen, en algunas puede que tengan razón y que en otras no la tengan. Se quejaban del comportamiento de las estructuras consulares, pero también se quejaban de la inexistencia de plazas en los
aviones o del excesivo precio de las mismas. Esta situación la ha ido resolviendo el Ministerio de Asuntos Exteriores,

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sinceramente, y se ha conseguido repatriar a un buen número de personas en 53 vuelos. Nosotros hemos ayudado un poquito, pero creo que ya no se producen aquellas situaciones, como la de unas amigas que estaban en un viaje, en Bangkok, y que
no sabían cómo volver a España. Pudieron volver porque se hicieron los esfuerzos requeridos para ello.


Termino. Les agradezco una vez más que me hayan escuchado con atención porque esto es más largo que un día sin pan, pero, bueno, termino.


Yo creo que la situación que estamos atravesando es una situación que merece una reflexión. Creo que en este momento la prioridad absoluta es detener la propagación de la enfermedad y salvar la vida del mayor número de personas. Nada
debería entorpecer este objetivo porque la pandemia nos está imponiendo graves sacrificios personales y colectivos. Por ello es crucial que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado y las máximas responsabilidades por
parte de los ciudadanos estén siempre en funcionamiento. En algún momento habrá que hacer un balance de la gestión de la pandemia donde se pongan al descubierto los fenómenos que se han producido en la totalidad de la estructura de esta sociedad,
pero para eso habrá que esperar a que se termine este fenómeno, porque el fenómeno está ahí y con cierta capacidad de resistencia.


Por último, les comunico que en breve facilitaremos a esta Comisión un documento completo en el que se detallen, no las cuestiones que yo he elegido, sino el conjunto de actuaciones que, como acabo de señalarles resumidamente, es necesario
que ustedes conozcan. Nosotros lo enviaremos a la máxima velocidad posible, pero hay que tenerlo terminado. En este momento estamos en fase de confección.


Por lo demás, muchas gracias. Esto ha durado mucho, pero estoy a su disposición para lo que ustedes quieran.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Defensor.


A continuación, vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. En representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Garmendia.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Buenos días. Muchas gracias, señor Fernández Marugán, por comparecer hoy en esta sala.


Ha hecho usted una exposición muy exhaustiva de todas las quejas que se han recibido durante la pandemia, pero hay un colectivo muy vulnerable que nos preocupa mucho, que son las mujeres maltratadas. Se dice que parece que han disminuido
las quejas. Eso es lo que yo quería saber. ¿Cuántas quejas ha habido? Se han disminuido las denuncias de las mujeres. Quisiéramos saber si tiene usted datos sobre las quejas.


Otro colectivo que nos preocupa mucho son las mujeres en prisión y, en general, todas las personas en prisión. Queremos saber que, si el Defensor del Pueblo ha tenido una relación más estrecha todavía, si cabe, con Instituciones
Penitenciarias para dotar a este colectivo de mujeres presas y, en general, de todas las personas presas de unas condiciones más adecuadas para poder soportar esta pandemia, tanto desde el punto de vista de la sanidad como desde el punto de vista de
la relación con sus familiares. No podré, probablemente, escuchar la contestación porque me tengo que ir a otra sesión, pero lo seguiré en el Diario de Sesiones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Sergi Miquel. ¿No está? (Pausa).


Pasamos, a continuación, a la senadora del Grupo Ciudadanos, la señora Carlota Santiago. Tiene la palabra.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidente.


Buenos días, Defensor. Bienvenido de nuevo a las Cortes de España, que es la casa de todos los españoles.


También me quiero sumar al recuerdo de todos los que ya no están con nosotros por el COVID-19 y al agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, como bien ha hecho la Presidencia de esta Comisión.


Quiero agradecer, en nombre de mi grupo parlamentario, Ciudadanos, y en el mío propio, la labor que hace, señor Defensor, en la defensa de los intereses de todos los españoles. Su figura, desde luego, no

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es una más en la cadena de representación democrática; digamos que es como el mensajero que nos trae, más allá de las intuiciones políticas o la ciencia estadística, las inquietudes de los ciudadanos, los problemas derivados de la gestión
de las instituciones, y las desigualdades que ensanchan las brechas y que cavan trincheras entre los compatriotas. En definitiva, toma la temperatura y la atención a ese muchas veces gran desconocido que es el pueblo español. Le pone rostro,
además, a la discriminación, ojos, al sufrimiento y nombre y apellidos, a problemas donde muchas veces el poder político solo cuenta votos.


Como consecuencia de lo anterior, la radiografía que usted nos presenta nos muestra bien, a las claras, cuáles son las mejoras necesarias en nuestro sistema de bienestar social porque, para encontrar el camino de las soluciones, hay que
mirar de frente a los problemas, nunca volver la vista hacia otro lado y esconder las tensiones y los conflictos, digamos, bajo la alfombra. Por tanto, Defensor, en Ciudadanos nos preocupa y nos ocupa el material del que están hechos sus informes,
en cuanto que reflejan la vida y los problemas de las personas. Sabe que puede contar con nosotros desde la lealtad, la utilidad y la responsabilidad para amplificar el eco de sus denuncias y ayudar a hacer la vida más fácil a tantos españoles.


El motivo de la comparecencia es la actividad desarrollada por su institución en relación con el COVID-19 y son muchos temas los que ha tocado. En mi intervención me voy a centrar solamente en algunos. En primer lugar, me gustaría
preguntarle por la situación de nuestros sanitarios, a los que ha hecho también referencia. Recordará que ya lo hicimos al desembocar en la llamada nueva normalidad y que nos preocupa sobremanera en plena segunda ola. Esta es una cuestión
importante, habida cuenta de que durante la primera ola España fue el país con más sanitarios contagiados. Son ellos quienes hacen de escudo contra la COVID-19 mientras salvan vidas. ¿Diría usted, según su valoración, que, con respecto a la
primera ola de la pandemia, se han corregido las situaciones de desamparo o inequidad de nuestros profesionales de la salud? En este sentido, nos gustaría saber, no solamente cuántas reclamaciones, a las que también nos ha hecho referencia, se han
presentado por parte de los sanitarios sino con cuánta frecuencia se están presentando, porque eso también nos hace ver una radiografía de si se están solucionando los temas o no. Es decir, la frecuencia de las reclamaciones sobre esta cuestión..


En relación también con la negativa del Gobierno a dar el nombre de los expertos que supuestamente están asesorando en la gestión de la pandemia, así como exigiendo la constitución de un verdadero comité de expertos que lleve a cabo una
auditoría independiente, neutral, objetiva y rigurosa de la misma; desde luego, sin ánimo de revanchismo, sino solamente con el objetivo, como bien he dicho antes, de identificar los errores para poder subsanarlos.


Nos ha hablado, lo hemos visto, lo hemos comprobado, de la falta de equipos de protección para todo el sistema sanitario, falta de PCR y de test de detección y seguimiento de casos. De todo esto deberíamos haber aprendido de la primera ola
y en esta segunda deberíamos tener ya un control más exhaustivo de esta pandemia.


Otra cuestión que tener en cuenta es la tardanza eterna que se ha tenido en nuestro país para exigir una PCR negativa a aquellos visitantes que acuden desde el extranjero. Esta situación ha generado mucha frustración, también inseguridad en
la calle, Defensor. ¿Se ha visto también reflejada en su actividad diaria?


Algo similar sucede también con la cerrazón del Gobierno a la hora de permitir a los profesionales farmacéuticos que puedan realizar test rápidos en la farmacia, lo cual no solo descongestionaría enormemente las consultas médicas sino que
supondría un grandísimo avance en materia de acceso a la protección para las personas que viven en el mundo rural, en nuestra España vaciada. ¿Ha tenido incidencias o demandas sociales de este tipo?


También, Defensor, nos ha comentado una de las fortalezas de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es el acceso universal y gratuito de todos los españoles, y nos ha recomendado incluso una Agencia Estatal de Salud Pública. Al respecto, me
gustaría pulsar, de cara también al futuro, el reflejo que tiene entre la ciudadanía la tarjeta sanitaria única que mi grupo parlamentario, con mucho esfuerzo y tras muchos años, ha conseguido impulsar en los Presupuestos Generales del Estado. Es
esta una medida de las que hacen país, que fomenta la unión, la solidaridad, la igualdad entre los españoles y que, sin duda, va a tener una excelente acogida, esperemos.


Para terminar con el ámbito sanitario y tocando también el económico, nos gustaría conocer algunas de las quejas y reclamaciones de la ciudadanía ante la negativa inicial del Gobierno a bajar el IVA de las mascarillas al 4 %, como pedíamos
desde Ciudadanos y que finalmente ha tenido que admitir, si bien, lo

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ha aplicado solamente a las mascarillas de tipo quirúrgico, algo que tampoco habrá sentado demasiado bien al conjunto de los españoles.


En cuanto a la economía y al protagonismo del Estado, que nos comentaba, han sido aprobados más de treinta decretos leyes para impulsar la economía y proteger a los colectivos más vulnerables, pero la cuestión no son los decretos, la
cuestión es la gestión, señor Defensor. Nos preocupa sobremanera el hecho de que no parecen agilizarse las tramitaciones del ingreso mínimo vital, entre otras cosas, porque se redacta el decreto, pero no se contempla el periodo de transitoriedad
hacia las comunidades autónomas.


Muchas veces, cuando ha llegado este decreto a las comunidades autónomas, a todas, nos hemos encontrado con que el principio de subsidiariedad no era complementario al ingreso mínimo vital. Con lo cual, evidentemente, hay que legislar, pero
también hay que contemplar, sobre todo porque lo hemos visto en tiempos pasados con nuestras prestaciones, como, por ejemplo, recuerdo la RAI, lo viví en primera persona, además. Aquello que se aprobó en aquel momento podía haber servido para
subsanar todo este caos que hemos vivido. Más allá, desde luego, del miedo a la pérdida de ingresos que presentan muchas familias, yo le pregunto, señor Defensor, si hay un compromiso real por parte de las administraciones para la resolución total
de los expedientes. Mire, defensor, el decreto que regula este ingreso, lo vuelvo a decir, no ha contemplado ese periodo de transitoriedad y yo le ruego que mejor lo traslade al Gobierno para facilitarlo.


Algo parecido también podríamos preguntarle con respecto a los retrasos o impagos de los ERTE, aunque ya nos ha apuntado sobre la singularidad de la norma que ha sido corregida, pero no hemos visto un cambio de tendencia, por decirlo de
alguna manera.


He de preguntarle también por las prestaciones por desempleo, las extraordinarias o con respecto a la negativa cerril por parte del Gobierno a aprobar una baja laboral con prestación para aquellos padres con hijos que se encuentran en
cuarentena y no tienen una PCR positiva. Esto es algo por lo que estamos peleando porque, indudablemente, los efectos más negativos van a recaer directamente sobre las mujeres.


Nos ha hecho también referencia a aquellos tres sectores que se están viendo afectados de manera más negativa, como son de profesionales de turismo y de hostelería. Pese a que estamos negociando para que se incluya un plan de salvación de
la hostelería o una bajada generalizada del IVA del turismo al 4 %, la realidad es que se están encontrando desamparados en el peor momento posible. ¿Le está llegando a usted esto también, señor Defensor? ¿Están trasladando al Gobierno esta
situación, digamos, al límite y de destrucción masiva de empleo? Lamentablemente, esta inacción con respecto a los sectores productivos, a aquellos que crean riqueza y empleo en nuestro país, contrasta con la subida de sueldo que se aplicó el
Gobierno en plena pandemia, el 0,9 %. Es la misma subida del sueldo que a los sanitarios. ¿Ha notado, señor Defensor, la indignación por este hecho?


No quisiera terminar sin referirme a la vuelta al cole, a la que usted también ha hecho referencia, a la situación de total improvisación que ha tenido el Gobierno de la nación y a cómo ha repercutido, evidentemente, en todas las familias y
concretamente en el absentismo escolar. ¿La información que recogieron y la recomendación de desarrollar un conjunto de medidas homogéneas en todo el Estado, señor Defensor, en qué ha quedado? Si podría profundizar un poco más.


Por otro lado, me gustaría referirme al estado de ebullición en el que se encuentra la sociedad española con respecto a la Ley Celaá, la cual atenta directamente contra la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos donde prefieran,
ya sea la escuela concertada, en la pública o en la educación especial, por no hablar de la eliminación del español como lengua vehicular de la educación o de la tramitación, a toda prisa, sin garantías democráticas. Supongo que le habrán hecho
llegar miles de reclamaciones. Cuéntenos, si puede, un poco más sobre qué impacto ha tenido la Ley Celaá en educación y qué piensa hacer el Defensor del Pueblo al respecto.


Por último, me referiré a la venta ambulante, a la que también ha hecho referencia. ¿Cuáles han sido las recomendaciones que ha hecho llegar a las entidades locales y qué plazos tienen para dar una respuesta?


Señor Defensor, le agradezco toda la exposición que ha hecho. Estaré muy atenta en su segunda intervención para ver qué respuestas me puede dar a lo que le he trasladado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra -no sé quién está como portavoz-. Perdón. Estaba sustituida y lo teníamos aquí.

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La señora VALLUGERA BALAÑÀ: ¿Perdón?


El señor PRESIDENTE: Pilar Valluguera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, Pilar Vallugera. ¿Tenía a María Dantas? Es que ella es la portavoz.


El señor PRESIDENTE: Sí. Lo tenía aquí anotado. Disculpe. Tiene la palabra.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: De todos modos, estaba esperando a ver si venía ella para poder intervenir porque la verdad es que es la persona que habitualmente se relaciona con usted y con una buena relación. (El señor vicepresidente,
Sancho Íñiguez, ocupa la Presidencia).


Lo que hice fue mirarme el orden del día y me pareció que se trataba de que usted detallara las consultas que se habían recibido en nombre y en calidad y, a mi humilde parecer, no lo ha hecho. Desde esta perspectiva, tienen ustedes colgado
un informe, de 17 de abril de 2020, que la verdad es que está muy bien. Está en su página web y la verdad es que me ha parecido bastante más interesante la lectura de este informe que su exposición durante dos horas. Usted ha sido diputado durante
siete legislaturas y sabe perfectamente cómo mantener la atención y la calidad auditiva de su público. Ha habido grandes partes de su discurso que, la verdad, me las he perdido porque no las he entendido. Ya se lo he comentado varias veces. Ya sé
que usted tiene la voz que tiene.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Primero, lo que usted dice es legítimo y yo no tengo nada que decir.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Pero es que, fíjese, no he entendido lo que me acaba de decir. He entendido 'legítimo'. Es todo lo que he entendido.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Esto es un problema.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Es un problema mío seguramente. Usted tiene poca voz y yo poco oído. Es una mezcla fatal.


En cualquier caso, lo que le estaba intentando decir es que con este informe y conjuntamente con alguna cosa más que tienen colgada ustedes en la web, la panorámica a mí me ha quedado más clara. La última parte de su discurso ha sido muy
interesante, de verdad, pero, en cuanto a la primera, que ha tenido que ver con la sanidad y demás, yo pertenezco a la Comisión de Sanidad y ha sido más parecido al discurso del ministro que a las quejas que ustedes han recibido, sin detallar qué
cantidades eran, de qué territorios provenían, cuáles eran exactamente, qué acciones en todo caso, que eso ya no lo esperaba, han hecho para proteger a la gente.


Dicho esto, varias cosas ya más concretas. Mire, lo ha dicho alguna compañera, las mujeres víctimas de violencia, junto con las mujeres víctimas de trata para fines de explotación sexual. Nos preocupa muchísimo si usted ha recibido quejas.


Ha hablado de las quejas de contratos de arrendamientos urbanos y demás, pero no se ha referido ni a un desahucio. ¿No le ha llegado ninguna queja por desahucio?


En cuanto a temas vinculados con el régimen sancionador, aparejado al estado de alarma, a través de la Ley mordaza, ¿no ha llegado ninguna queja, yo no lo he oído, a lo mejor es mi problema, sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a través de la Ley Mordaza, que se ha vinculado como régimen sancionador al estado de alarma? Lo digo porque ha habido sentencias de tribunales diciendo que eso era incorrecto y han anulado multas, no una, sino varias. La
pregunta es: ¿Le ha llegado alguna queja referida a esto? Si ha sido así, ¿se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para que controlen la actuación de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?


Se ha dicho, pero debo repetirlo porque se fundamenta, desde mi perspectiva, en un tema de discriminación, que es precisamente el origen del Defensor del Pueblo. Perdón. ¿Tengo la luz roja o es que no la han cambiado? Me refiero al
tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (Sancho Íñiguez): No se ha cambiado.

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La señora VALLUGUERA BALAÑÀ: Lo que decía, el tema del cuidado de los niños y la baja laboral, que antes han comentado, para cuando hay un niño con contagio, pero que no tiene PCR positiva. Esto deriva directamente en jornadas reducidas de
trabajo de mujer, que es el Plan Me Cuida, el cual no prevé más que lleva aparejada la reducción de las retribuciones y va a tener una traslación en el ámbito de las pensiones y en los ámbitos a posteriores. Como eso se basa, yo creo, en una
discriminación del acceso de las mujeres al mercado de trabajo, porque tiene que ver con empleos peor remunerados y, por tanto, que aportan menos al montante de la familia, son ellas las que dejan el empleo y se van a casa. Luego vamos a tener
muchos problemas a nivel de pensiones de viudedad y pensiones de trabajo.


Otra pregunta. Los ERTE. ¿No ha recibido ninguna queja respecto a la actividad del SEPE? Me gustaría contabilizarlas. ¿Cuántas quejas referidas a la inactividad o a la mala actividad del SEPE se han presentado durante este periodo?


Para terminar, tres apuntes en los que mi compañera tiene mucho interés; el primero es el tema de la escolarización de los menores en Melilla.


Sabemos perfectamente que usted está muy encima de este tema. Querríamos saber cómo está. Ha hablado tangencialmente del tema de los CIE, del hacinamiento, de derechos que no se cumplen con ellos y del impacto que la COVID ha tenido en las
personas migrantes, que es mucho mayor porque ya son, de entrada, más vulnerables, porque no tienen ni red, aquí, de familia ni otros elementos.


Me dicen que, por favor, le comente también el tema de las mujeres inmigrantes que trabajan en uno o varios domicilios particulares porque, durante el estado de alarma, como no tienen contrato de trabajo, difícilmente han podido justificar
que estuvieran en la calle o que se hayan saltado el toque de queda y se exponen a una multa. Este es un colectivo triplemente 'vulnerabilizado': por mujeres, por migrantes y por trabajadoras del hogar.


En el ámbito de temporeros agrícolas, también me apuntan que le pida ver cómo se ha mantenido el control y la vigilancia del cumplimiento de sus derechos laborales.


Finalmente, si usted conoce, que entendemos que sí, y qué apreciación hace sobre el informe emitido, Crisis sanitaria COVID-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma, que se redactó en el marco de una iniciativa global de recogida
de datos desagregados y de la necesidad de visibilizar el impacto de las medidas de confinamiento sobre las minorías étnico-raciales. Parece ser que es impulsado por la sociedad civil, pero también por solicitud de la Oficina del Alto Comisariado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Termino dándole las gracias por el extensísimo informe y pidiéndole que, cuando tengan el informe por escrito, evidentemente lo tendremos accesible en la web o nos lo enviarán y esperaré a su comparecencia posterior para entrar en temas más
concretos, que yo creo que en este momento no ha acometido, respecto a la resolución de las quejas que se le han planteado, como sí se hace en el informe que está colgado en la web.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galia en Común, tiene la palabra la señora Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.


Gracias, Defensor del pueblo, por su intervención. Muchas de las preocupaciones que usted ha venido planteando aquí las hemos detectado desde nuestro grupo durante todos estos meses en las reuniones que hemos venido teniendo con colectivos
y con la sociedad civil. Es verdad que se han hecho aquí algunas preguntas sobre las que también a mí me faltan esos datos y que luego se las plantearé, aunque sea repetitiva.


Es cierto que, como parte del Gobierno -escuchando la intervención de Ciudadanos, me da la impresión de que la de Vox y la del PP irán en el sentido, en el sentido de que han sido los tres grupos que han pedido la comparecencia sin esperar a
que termine la segunda ola y se pueda hacer un diagnóstico global de qué ha pasado, en qué se ha mejorado y en qué seguimos fallando- hemos cometido errores y algunas de las normativas han sido farragosas de comprender, también para la ciudadanía,
lo tendremos en cuenta. Tendrían que haber sido más accesibles. Ha sido complicado con algunos temas burocráticos, que al final ha sido también lo que entorpece más el trabajo que ya habíamos hecho previamente. Por lo tanto, trabajaremos, como
hemos hecho hasta hoy, sin descanso, para buscar esa solución.

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He recogido también todos los pormenores, más o menos, de la intervención para poder estudiarlos en mi grupo y hay algunas de las reflexiones o de las cosas que he podido ir apuntando que desmontan muchas de las consignas y de bulos que se
han ido sucediendo también en estos nueve meses, durante la pandemia. Nos sorprende que la representante de Ciudadanos pregunte sobre quejas que ha tenido su grupo político durante este tiempo y no tenemos constancia de las quejas de los ciudadanos
sino del propio grupo. Entonces, creemos que vienen a hacer partidismo y que efectivamente no vienen en realidad a preocuparse por lo que estamos aquí, que son los ciudadanos y las ciudadanas. Su propio nombre lo indica, Defensor del Pueblo,
defender al pueblo.


Ha hablado de la denegación de los recursos de inconstitucionalidad con respecto al decreto de alarma y su prórroga. Había 618 peticiones y han sido denegadas. La razón por la que se toma esa decisión es porque dice usted que hay una
razonable ponderación de los derechos fundamentales en el contexto de la amenaza global. Se trata de salvar vidas y de proteger la salud y eso conlleva una cierta limitación de derechos. Me alegro de que lo diga porque hemos tenido que ver cómo
durante todo el estado alarma los partidos que hoy han solicitado su comparecencia se han dedicado a pedir libertad y a decir que esto era un Estado totalitario. Me alegro de que se hable ahora mismo de razonable ponderación y de que la decisión
del Gobierno era correcta.


Por otra parte, ha hablado del Sistema Nacional de Salud, cosa que también nos preocupa mucho. Hay algo que venimos diciendo hace mucho tiempo y me alegro de que hoy lo diga el Defensor del Pueblo y no este grupo; y es que los problemas de
nuestro Sistema Nacional de Salud son previos, anteriores a esta crisis, vienen de otra crisis. Es importante también que lo sepamos. Hay quejas en sanidad, por supuesto; hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, por supuesto, pero hay
una fragilidad, como se ha dicho, en el servicio de urgencias, en atención primaria y un problema crónico en muchos de los servicios. Por lo tanto, en esta crisis lo que tenemos que hacer -lo hemos recogido- es reforzar y apostar por la sanidad
pública.


Se ha referido también a las quejas en la sanidad con respecto a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Me alegro de que por fin se hable de las competencias de las comunidades autónomas. Se viene aquí a hacer una
reclamación al Gobierno y, sin embargo, no se están teniendo en cuenta todas esas quejas hacia las comunidades autónomas que han tenido competencias durante todo este tiempo en materia de sanidad o, por ejemplo, como ha dicho antes, en residencias
de mayores. También he recogido la cuestión de las reformas normativas. Nos parece importante el protagonismo del Estado del que habla. ¿Hemos aprendido algo de la otra crisis? Nos hacemos la misma pregunta. Nosotras sí, porque hemos
priorizado, como se ha dicho aquí, a las personas, la salud y la economía. Es verdad que los tres partidos que han pedido hoy su comparecencia, de manera partidista y para intentar sacar un rédito político de los problemas que ha habido por el
COVID, han intentado mucho tiempo poner la economía por encima de la salud. (El señor Delgado Arce: ¡Es increíble!). Y con respecto al ingreso mínimo vital, se aprobó, sí, y al final por unanimidad, no sin que antes se le haya llamado 'paguita'
durante un montón de tiempo por parte de las personas a las que luego les dio vergüenza no aprobarlo.


Por lo tanto, señor Defensor del Pueblo, queremos agradecerle que esté usted aquí. Esperamos también que podamos tener más información dentro de un tiempo y que se pueda hacer un análisis más global de estas tres fases que se han ido
sucediendo y de la segunda ola de confinamiento. Nuestro grupo no va a dejar de decir que se le ha convocado por PP, Ciudadanos y VOX, que vienen aquí esta mañana a interesarse por el COVID y por las preguntas o las quejas que se hayan podido
dirigir al Defensor del Pueblo, pero después votan que no a casi todos los decretos que han intentado proteger a la ciudadanía. Ustedes también deberán asumir su responsabilidad porque han pedido durante mucho tiempo que las competencias las
tuviesen las comunidades autónomas, que no se volviese a prorrogar el estado de alarma y, desde junio, están gobernando las comunidades autónomas, así que tienen que responsabilizarse de su trabajo en los Gobiernos que ustedes dirigen. Me gustaría
saber si han pedido también que comparezca el defensor de la Asamblea de Madrid o de mi comunidad autónoma, Andalucía, y cuáles son las quejas en nuestras comunidades autónomas. Creo que no lo han hecho, es muy raro que lo hagan aquí, en el
Gobierno, y no donde ustedes gobiernan.


Voy a terminar, no seré yo, desde luego, quien venga aquí a hacer partidismo con la gestión de la pandemia. Creo, sinceramente, que cada Administración lo está haciendo lo mejor que sabe o que puede porque nos enfrentamos a una pandemia
mundial desconocida y sin precedentes. No creo que ninguno de los que estamos aquí queramos que le vaya mal a nuestro pueblo, pero, desde luego, sí que es verdad que ustedes, los que hoy piden la comparecencia, no han preguntado por las quejas de
los cierres de

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plantas enteras, por ejemplo en Andalucía, o por haber suspendido la tramitación de la renta autonómica de inserción durante los peores meses de la pandemia. No han hecho nada porque, insisto, no han venido aquí a defender a los ciudadanos
sino a hacerle oposición al Gobierno en un momento tan complicado utilizando una figura constitucional como es el Defensor del Pueblo. Aquí se ha pedido unidad o, por lo menos, brindar acuerdos económicos, políticos y sociales para poder salir de
esta crisis. Yo también lo pido y pido responsabilidad a los partidos que han solicitado esta comparecencia, PP, Ciudadanos y VOX, para que trabajen por el bien de todos y todas las ciudadanas.


Para terminar, lo único que quería preguntarle -ya se ha preguntado antes- es si ha habido quejas durante el confinamiento por violencia contra las mujeres, que han sufrido, además, una doble tortura, vivir con su maltratador y no poder
salir. Me gustaría que, si hay, las incorporara a ese informe. En cuanto a los desahucios y los cortes de suministros, quisiera saber si ha tenido quejas sobre ello y, también, sobre la situación de los inmigrantes y temporeros y temporeras, que
han tenido una situación muy complicada durante el confinamiento.


Sin más, gracias por su intervención y espero su respuesta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


El Grupo Parlamentario VOX nos ha solicitado dividir la intervención entre sus dos portavoces y compartir el tiempo que tienen previsto. En primer lugar, tiene la palabra -y automáticamente, cuando finalice, le daremos la palabra a su
compañero- el portavoz del Grupo VOX, el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias por su comparecencia y por su presentación, señor Fernández Marugán. Como cuestión previa, contestaré a la portavoz de Unidas Podemos, que dice que hemos pedido la comparecencia aquí para hacer oposición al Gobierno. Un
pequeño detalle, es que nos pagan por ello, por hacer oposición al Gobierno ahora mismo.


Sin más, empiezo nuestra intervención. Esta comparecencia, señor Defensor del Pueblo, para nosotros llega tarde porque varios grupos de esta Comisión la solicitaron hace ya muchos meses. Sabemos y somos conscientes de que es la Mesa la que
fija estas comparecencias, pero también le recordamos que usted puede comparecer a iniciativa propia. Por la gravedad de esta crisis, por el inmenso sufrimiento que está provocando a los españoles, no nos imaginamos una situación en la que resulte
más pertinente ni más necesaria su presencia aquí para explicar la gestión realizada con todas las quejas, pero no a toro pasado sino en su debido momento.


En su presentación ha mostrado usted mucho interés por el tema económico, pero entendemos que este Gobierno está en otra dimensión, en una realidad paralela muy lejana y ajena al sufrimiento del pueblo español. ¿Cómo es posible que en los
Presupuestos Generales del Estado se destine una subida tan importante a su organismo, el Defensor del Pueblo, con la que está cayendo, con la ruina que asola a toda España y con la desesperación de millones de españoles? De verdad, entendemos que
no se han enterado de lo que está pasando ahí fuera. A este Gobierno se le llena la boca con eslóganes de escudo social y de no dejar a nadie atrás, pero la realidad es que debería focalizar todos sus esfuerzos y todos los recursos disponibles en
proteger a los más débiles, a los mayores, a los sanitarios, a los que generan puestos de trabajo, como los autónomos o los pequeños empresarios. En concreto, la partida se ha incrementado prácticamente en tres millones de euros, un 18 %, que nos
parece absolutamente inaudito. Nos gustaría que valorase este incremento en los presupuestos y que nos respondiera a una simple pregunta: ¿qué beneficio real obtiene el ciudadano con esta partida?


En el Congreso de los Diputados, el miércoles, 10 de junio, el señor Pedro Sánchez afirmaba que la unión de ciudadanía e instituciones había permitido vencer al COVID-19. Un mes después, en la campaña gallega, afirmó: Hemos doblegado la
curva y hemos controlado al virus; hoy tenemos bajo control la pandemia. Al día siguiente, el 5 de julio, repitió algo parecido en Bilbao: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hemos de reconocer que usted fue algo más cauto y dijo
que habíamos resistido, pero que todavía no habíamos vencido. Le hacemos una sugerencia y es, simplemente, que como alto comisionado haga una advertencia o una sugerencia, lo que usted considere, a la Presidencia del Gobierno para evitar estos
mensajes triunfalistas de un Gobierno irresponsable, al que solo le importa la propaganda y el titular exitoso, porque estos errores cuestan vidas. Y luego no entendemos por qué España ha sido tan castigada después de un confinamiento tan sumamente
severo y que, en la segunda oleada, estemos en la situación en la que estamos; pues es evidente, porque hemos tenido una desastrosa desescalada, fruto de anteponer la propaganda triunfal de este Gobierno a la seguridad y a la salud de los
españoles.

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Por último, nos sorprende muchísimo, de verdad, que no haya destacado dos cuestiones; la primera, la gestión gubernamental en toda esta pandemia, me refiero a la de todos los Gobiernos, no solo del central; nos sorprende que no tenga nada
que decir. Y segunda, dentro de esta gestión la disparidad terrible de cifras de fallecidos entre las que da el Gobierno y las reales. Nos parece sorprendente, de verdad, que esto no ocurra.


Sin más, con la venia del presidente, cedo la palabra a mi compañero.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra don Pablo Calvo para continuar el tiempo que le queda al Grupo Parlamentario VOX.


El señor CALVO LISTE: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor Marugán. Nos ha expuesto la actividad de la defensoría en la pandemia. Yo me referiré a lo que pidió y no le han estimado y después a lo que debió hacer y no se hizo. En agosto pidió que se abordara una reunión conjunta
de las administraciones en materia de inmigración ilegal, dada la ausencia de coordinación eficaz. No se hizo y, por el contrario, se ha producido un efecto llamada con la llegada de más de 34 000 inmigrantes ilegales sin control a nuestras costas.
Se quejó de la dispersión de competencias y normativas. Este Estado autonómico es un despropósito que queda nuevamente en evidencia ante una situación crítica como es la pandemia. El Gobierno sigue sin querer aplicar la Ley de Seguridad Nacional,
el bloqueo naval en plena ola de pateras, como ha pedido el Grupo Parlamentario VOX, o la existencia de controles en puertos y aeropuertos, que se acuerda tras ocho meses y de forma aleatoria. Confinamiento a los españoles sí, pero control de
fronteras no.


En julio, como usted ha indicado, ya pidió la rebaja del IVA del 21 % al cero, en concreto, para las mascarillas y el gel, pero no le han hecho caso hasta noviembre. Además, a día de hoy, el Gobierno es incapaz de facilitar los datos de los
fallecidos en las residencias. Dicen que hay un borrador de informe que estima que en torno a 20 268 personas mayores han fallecido en las residencias en la primera ola. ¿Por qué no se dan datos oficiales? Usted hizo en abril unas recomendaciones
a las comunidades autónomas; tampoco le hicieron mucho caso. ¿Por qué no se recomendó en el mismo sentido al Gobierno? Hay que recordar que el día 19 de marzo el señor Iglesias se atribuyó la competencia sobre las residencias de ancianos, con el
resultado nefasto conocido por todos. ¿Se dirigió en su día al Gobierno para que le informara del número de fallecidos en residencias? ¿Recuerdan cuando, de un día para otro, desaparecieron más de 2000 fallecidos sobre la base de una nueva forma
de contar o, más bien, de ocultar? Creemos que esto merece una indagación por parte del Defensor del Pueblo. Solo conocemos como cifras exactas las de las sanciones a los españoles. En los primeros veinte días, 2845 detenciones y 330 135
sanciones.


Tampoco le hicieron mucho caso cuando solicitó que se permitiera a los niños dar paseos al aire libre. No fue hasta el 21 de abril cuando lo anunció el señor Iglesias desdiciendo lo manifestado horas antes por el ministro, señor Illa. Ante
el aumento del uso de Internet, ¿qué recomendaciones efectuó la defensoría para evitar ciberataques o casos de chantaje a menores como el conocido grooming? La Fundación ANAR denunciaba el repunte de violencia sobre los niños y el alarmante aumento
de intentos de suicidio entre los adolescentes, pasando del 2 al 9 % en unas pocas semanas. Otro estudio revela que del año 2019 al 2020 hay un exceso del 23 % en el número de niños fallecidos de cero a cuatro años. El confinamiento obligó a
suspender las clases presenciales y a iniciar la modalidad telemática. Según el INE, uno de cada cinco hogares carece de ordenador. Las consecuencias del confinamiento han sido nefastas para la educación, agravadas con la práctica del
ciberbullying. Todas ellas consecuencias derivadas del confinamiento.


Y es aquí donde pasamos a lo que se debía haber hecho y no se hizo por parte del Defensor del Pueblo: la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la declaración del estado de alarma. ¿Se respetó la Constitución y los
derechos fundamentales de los españoles? Se dice que las medidas adoptadas no suspendieron derechos fundamentales, sino que solo limitaron el ejercicio de alguno de ellos. ¿Cómo se puede limitar sin suspender? Es un puro eufemismo, es una
degradación democrática. Como saben, ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo VOX, sin que, hasta la fecha, se haya resuelto. Hemos vuelto a interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad y otro de
amparo ante el estado de alarma de Sánchez y su prórroga por seis meses.


A primeros de abril de 2020, según indican ustedes, ya tenían más de mil quejas de ciudadanos relacionadas con el COVID-19. ¿Ha interpuesto el Defensor del Pueblo algún recurso derivado de la

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situación generada por la crisis del COVID-19 o su gestión? Ya sabemos la respuesta y las razones no nos convencen, señor defensor, y a muchos españoles tampoco.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos, a continuación, a la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el senador don José Ignacio Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor presidente.


Estimado defensor, señorías, en primer lugar, quiero agradecer que esté hoy compareciendo sobre esta materia y lamentar que hayan pasado tantos meses. El Grupo Popular ya se lo solicitó el 26 de mayo y ya no es que hayan pasado cinco meses
y sean solamente 150 días, sino que en estos cinco meses más de 1 556 000 personas se han contagiado con la enfermedad. Desgraciadamente, como estamos repitiendo todos, más de 43 000 vidas -oficiales- se han quebrado. En estos tres días nada más y
nada menos que casi mil fallecidos por el coronavirus. Y usted se ha referido en su intervención a las condiciones en que muchas de estas personas fallecen, sin poder despedirse de sus seres queridos.


El presidente decía que es como si hubiese desaparecido Toledo; podríamos decir otra ciudad, Ibiza. Los españoles necesitamos y necesitan de su protección, la del Defensor del Pueblo, de su dedicación y de su amparo. Mi grupo tiene que
lamentar, de verdad, que no haya tomado más interés en comparecer a iniciativa propia o que haya permitido que Podemos y el Partido Socialista hayan bloqueado la Mesa. Además, también lamentamos que, a pesar de la amplitud de su intervención, en la
página web no se incluyan todos los datos que se deberían mostrar. Ha dicho que los días 20 y 25 de marzo, usted se dirigió a distintos ministerios. Aparece en la página el día 3 de abril, pero no nos dice qué respuesta ha habido por parte de los
ministerios de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. No sabemos cómo se han tramitado y cuáles han sido las respuestas que se han dado a las más de mil quejas
recibidas hasta ese momento relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19. En el Grupo Popular nos alegramos, de verdad, de que, después de todas las veces que lo hemos solicitado, se pueda debatir sobre la pandemia del COVID y las quejas
ciudadanas respecto a este punto. Los datos estadísticos en su portal de transparencia reflejan que, a día 23 de noviembre, ha sido 25 303 quejas -usted dice que son casi 26 000-; 242 actuaciones de oficio y 808 solicitudes de interposición de
recurso ante el Tribunal Constitucional, de las que 733 son agrupadas por lo que la cifra podría ser muchísimo mayor. Son 72 las que se realizaron en el año 2019. Se han presentado alrededor de 7000 quejas más respecto al año 2019 y nos queda
todavía un mes hasta final de año. Señor defensor, en la página web de la defensoría, en el apartado '¿Cómo te podemos ayudar?', se indica que las administraciones aceptan más del 82 % de las resoluciones que ustedes emiten. Nos gustaría conocer
el número de resoluciones que han sido aceptadas de las quejas recibidas en torno al COVID-19, aunque usted ha dicho al principio de su intervención que es difícil separar las quejas, pero sería interesante poder discernir la diferencia entre unas y
otras por su origen.


Entrando en lo mollar de la cuestión, ya que a través de los datos no podemos esclarecer mucho, usted tiene que investigar, de verdad, porque es su obligación -se lo han dicho los distintos grupos- sobre la realidad del número de fallecidos.
Nos preocupa muchísimo. Algunas fuentes fiables indican que rozamos los 60 000, pero su institución tiene que trabajar en ello y ayudarnos. Faltan aproximadamente 20 000 personas sobre los datos reconocidos por el Gobierno del PSOE y de Podemos.
Son 20 000 fallecidos más, 20 000 sueños rotos, 20 000 familias más destrozadas frente a la realidad oficial del Gobierno. Le pedimos encarecidamente que colabore en esta investigación para conocer la terrible y verdadera dimensión de este
problema.


Repasando la actuación del Gobierno de la nación -aunque le pese a la portavoz de Podemos y, por cierto, no hay defensor en Madrid, hay nueve defensores autonómicos- en la historia reciente de la pandemia del COVID-19, esta ha pasado por
varias fases. Queremos saber, porque es también su obligación, cómo han sido las iniciativas que ha tomado la defensoría respecto a investigar las distintas fases del Gobierno, de este y de todos. Al principio, el Gobierno de Pedro Sánchez negó la
existencia de la pandemia, marca de la casa; Rodríguez Zapatero negó la existencia de la crisis económica. Usted ha dicho textualmente que en enero y febrero se subestimó la potencia del virus. Lo ha dicho usted textualmente dos veces, y el
Gobierno lo negó. Fíjese, al Gobierno le faltó previsión ante lo que estaba ocurriendo en distintos países del mundo, cuando los datos ya han demostrado que el Gobierno era conocedor, mucho antes del mes de marzo, de la posibilidad de que este
virus se propagase en España.

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¿Recuerda usted que la comunidad china en España le remitió un escrito en el que pedía que se tomasen medidas, un escrito de advertencia para que se endurecieran las medidas preventivas? Se lo mandó a usted y se lo mandó también al ministro
de Sanidad. Lo hizo cuando aún no había ningún fallecido en España. Este escrito lo recibió la defensoría a principios de marzo y usted ha dicho, a los tres cuartos de hora de su intervención, que el Defensor del Pueblo cree que el Gobierno ha
actuado con prontitud; yo creo que no. El Gobierno no ha actuado con prontitud y esta advertencia de la comunidad china lo deja bien claro. También filtraciones de reuniones secretas y no tan secretas nos indican que el Gobierno ya tenía
información pero que no actuó.


En segundo lugar, el Gobierno y sus rectificaciones. El Gobierno de España aprobaba normas y las rectificaba al poco tiempo, no porque el sentido del virus cambiara sino porque la verdad es que las cosas en el Gobierno de Pedro Sánchez eran
muy cambiantes. No había planificación, no se contaba con un comité de expertos, porque si existiera un comité de expertos, este no debería ser secreto. ¿Se ha investigado, señor Defensor del Pueblo, sobre ese comité de expertos? Por último,
contradicción constante y engaño a la población. Sí, señorías, engaño a la población. Los españoles no conocen aún, como he dicho y han comentado otros grupos, la cifra real de fallecidos por el COVID-19. Han manipulado datos para no mostrar su
incapacidad de gestión en el día a día y también en la gestión de la pandemia.


Señorías, ya afirmó mi compañero, el senador Antonio Román, hace unos días, que la pandemia había sido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias una historia de imprevisión, de rectificación y contradicción constante.


El pasado mes de julio se decía que, desgraciadamente, somos el país del mundo con más sanitarios infectados. Somos el país del mundo con más muertos por número de habitantes y, por ello, seguimos insistiendo en que debe investigarse sobre
la realidad de lo acontecido. Durante parte de esta crisis, ha habido un mando único y, por tanto, las decisiones han correspondido al Gobierno central. Habrá que investigar a todos, incluido el vicepresidente, Pablo Iglesias, que, por mucho que
le pese a su portavoz, debería estar teniendo pánico porque ha sido el responsable de la falta de equipos de protección y atención a las residencias de mayores. Agradezco el informe que ha hecho el Defensor del Pueblo, pero entiendo que tenía que
haberse hecho una visita presencial a esas residencias de mayores, no telemática ni telefónica.


Después, señor defensor, ¿dónde han quedado las recomendaciones a las diferentes administraciones? Es importante saberlo. Ha dicho usted que, desde hace tiempo, se viene examinando la atención que se presta en los centros de residencias de
mayores de todo el territorio nacional alertando de las carencias de medios y de personal en muchos de ellos. Otra de las peticiones del Grupo Popular, señor defensor, ¿se han visitado hospitales y centros de salud? Tenemos que valorar si
realmente el Gobierno de España y otras administraciones, con algunas de sus decisiones o no decisiones, han puesto en riesgo la salud de los ciudadanos. Además, señor presidente, señorías, si alguna Administración es entorpecedora tenemos que
saberlo. Tenemos que saber si alguna Administración no está cumpliendo con su obligación. Esperaremos a ese informe que pronto tendremos del año 2020 y, si nos puede responder ahora, mejor todavía.


Todos sabemos qué tipo de consecuencias va a tener esta situación. La consecuencia la ha dicho usted y después será demasiado tarde. El informe de Oxfam Intermón ya nos dice que la pobreza en España podría aumentar en 1,1 millones de
personas, aún más si sigue afectando al ritmo que va la pandemia del coronavirus. Habría que ver también si se ha investigado por qué a tantas personas les está faltando esa ayuda del ingreso mínimo vital. ¿Por qué se está entorpeciendo? Creo,
señorías, que esta situación se le ha ido de las manos al Gobierno. Hemos tenido un confinamiento duro. Tenemos que estar de acuerdo en que debemos actuar con el máximo consenso posible. Usted ha hecho referencia a la necesidad de buscar un
acuerdo en materia educativa. Creo que hay que buscarlo no solo en materia educativa, sino también, con mucho diálogo, en las distintas materias económicas porque esto, desgraciadamente, nos afecta a todos. Cuanto más se equivoque quien toma
decisiones, al final más nos va a perjudicar. Señor defensor, siga usted luchando, siga trabajando y siga exigiendo a todas las administraciones sin ningún tipo de cuartel.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Mariano Sánchez Escobar.

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El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, señor presidente.


Señor Defensor del Pueblo, señorías, buenos días a todos y todas. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido a familiares por esta pandemia. En
segundo lugar, quiero felicitar y dar las gracias al Defensor del Pueblo y a todo su equipo por el extenso y detallado informe que hoy nos ha expuesto en su comparecencia.


Señorías del Partido Popular, VOX y Ciudadanos, tenían ustedes mucha prisa en que esta lógica comparecencia tuviera lugar con la única intención de atacar al Gobierno, de demonizarlo para confundir a la ciudadanía e intentar engañarla. Digo
intentar porque, sinceramente, creo que cada vez les creen menos personas. Hablo de las prisas porque difícilmente, señorías de VOX, se pueden dar datos de cosas que no han sucedido todavía. Lamentablemente, la pandemia sigue y el ejercicio aún no
ha terminado, pero yo les paso a detallar qué ha hecho, que está haciendo y qué va a seguir haciendo el Gobierno ante esta crisis. Desde que llegó este Gobierno, lo que está haciendo es trabajar sin descanso, preocupándose por su país día y noche
ante esta catástrofe sanitaria y económica. Mientras, ustedes a lo suyo, a intentar derrocar a este Gobierno, que lo único que pretende y necesita es que lo hagamos entre todas y todos. Este Gobierno comenzó dotando a las comunidades autónomas con
un Fondo COVID no reembolsable de 16 000 millones de euros, que ha permitido, por ejemplo, mejorar la financiación de la sanidad y la educación pública de todas y cada una de las comunidades autónomas. A esta cantidad se suman los 8000 millones de
euros de la actualización de entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los 3200 millones de euros de los fondos Feder vinculados al gasto sanitario, además de los 14 000 millones de euros más de liquidez para las comunidades autónomas.
También la suspensión de las reglas fiscales para que los ayuntamientos y comunidades combatieran la emergencia sanitaria, económica y social. Por cierto, el Partido Popular y VOX no votaron a favor. Además, se han dado subvenciones para las
explotaciones ganaderas, la agilización de créditos industriales, ayudas a la agricultura, al turismo, a la automoción y al transporte por un importe de 11 500 millones de euros; líneas de avales ICO que han movilizado 103 000 millones de euros en
un tiempo récord, en cuestión de meses, beneficiando en un 98 % a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos, 830 000 operaciones. Ahora, además, se amplía la línea de avales ICO hasta junio del 2021. Posteriormente, una batería de
medidas como el subsidio extraordinario para personas del sistema especial de empleadas y empleados del hogar; y ayudas al empleo agrario favoreciendo la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario con medidas extraordinarias y
flexibilizando el empleo tanto social como laboralmente, tan necesario para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria.


En educación, en marzo se decidió continuar el curso adaptando las fechas y las pruebas de acceso a la universidad y a la formación profesional.


Desde entonces ha habido veintidós encuentros territoriales con las comunidades autónomas, con todas; siete conferencias sectoriales de Educación, dos de ellas con el ministro de Sanidad, acordando medidas, que es lo que hay que hacer, para
la finalización del pasado curso y la preparación del próximo. En junio, propuestas y acuerdos con las comunidades autónomas de medidas educativas para la organización del curso escolar 2020-2021, así como la guía de medidas de prevención e
higiene, elaborándola conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, más que nada por los protocolos autonómicos. Movilización de 3000 millones de euros a fondo perdido a las comunidades autónomas para reforzar los sistemas educativos, para reducir
las ratios de alumno por profesor y para garantizar la presencialidad de nuestros hijos e hijas y la igualdad de oportunidades en su educación. Ha habido un aumento del 22 % en becas, con un incremento de 386 millones para el curso venidero, siendo
el más importante de los últimos diez años, así como la distribución a las consejerías de Educación de 23 000 tarjetas de acceso a Internet, 2400 tablets y mil smartphones precisamente para esos estudiantes que no tienen acceso a esas tecnologías.
Se han aprobado un total de treinta y tres disposiciones, entre regulaciones y desarrollos normativos.


En cuanto al inicio del curso escolar que algunos comentaban, en la conferencia sectorial del 11 de junio se adoptaron prácticamente por unanimidad, con la excepción de Madrid y del País Vasco, los acuerdos educativos presentados por el
Gobierno, que sentaban las bases comunes de la organización del curso escolar 2020-2021 para todo el país. El 27 de agosto, en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se actualizaron las
medidas de prevención, ajustándolas a la situación en aquel momento de la pandemia; fueron debatidas y aprobadas. El acuerdo contó con veintitrés medidas y cinco recomendaciones que fueron aprobadas por todas, repito, las comunidades autónomas,
menos el País Vasco, que se abstuvo. Los ministerios de Educación y Sanidad,

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con la participación de las comunidades autónomas, elaboraron una propuesta de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos, durante el curso 202-2021. El Gobierno trabajó en la preparación del curso
escolar 2020-2021 desde mayo, en coordinación siempre con los ministerios de Educación y Formación Profesional y Sanidad, y con todas las comunidades autónomas. Sinceramente, creo que no es dudoso el esfuerzo y el trabajo que ha hecho y está
haciendo este Gobierno, señorías.


Además, se tomaron medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, como la garantía de suministros básicos a consumidores vulnerables, luz, agua y gas; la adaptación al horario y a la reducción de jornada, por aquello de
la conciliación familiar, que no sé si ustedes saben lo que es; la moratoria de la deuda hipotecaria en casos de afectados con pérdida de empleo; medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género;
prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados; 600 millones a prestaciones básicas de las comunidades autónomas y entidades locales para los más vulnerables; programas de ayuda en los alquileres de vivienda habitual;
prestación extraordinaria a autónomos por cese de actividad, una inyección de 670,9 millones; exoneración de las cuentas de la Seguridad Social de forma temporal; además del ingreso mínimo vital, a partir de junio, que ahora tiene mayor
importancia, dado como está la situación. Es una renta básica -se lo explico por si no saben lo que es- que actúa como última red de protección social para atender a las personas que queden desamparadas. Hay 730 000 hogares sin ingresos. El
ingreso mínimo vital sirve para proporcionar a las familias sin ingresos una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas. Termina con la pobreza infantil extrema con una prestación por hijos a cargo. Combate el incremento de la
desigualdad. Lucha contra el incremento de la pobreza y compensa el descenso abrupto de la protección por desempleo y la pobreza laboral. El presupuesto del 2021 contempla más de 3000 millones de euros para el despliegue completo del ingreso
mínimo vital.


Hay que señalar que en tiempos de crisis, el Partido Popular lo solucionaba con ERE. Este Gobierno lo soluciona con ERTE. Los ERTE han permitido sostener casi 3 400 000 empleos en el peor momento de esta pandemia. Han aliviado a más de
medio millón de empresas de nuestro país. Cerca de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras autónomos se han beneficiado de la prestación por cese de actividad. Medidas, por cierto, que VOX nunca aprobó en el Parlamento. VOX únicamente ha
apoyado, ha votado a favor de dos de todos los reales decretos, que han sido aproximadamente treinta. Eso es lo que a ustedes les importan la patria y los españoles. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que se preocupan por las personas? De verdad,
no tiene sentido.


Sanidad. El Gobierno puso casi 82 000 sanitarios al servicio de las consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas durante la pandemia. El 29 de septiembre se aprobó un real decreto para el refuerzo de las plantillas del Sistema
Nacional de Salud. En la Comisión de Reconstrucción se llegó a un consenso entre todos los grupos parlamentarios para fortalecer la estructura del Servicio de Salud Pública, a excepción de VOX, que abandonó la sala. Hay que mejorar la atención
primaria impulsando la enfermería comunitaria. Hay que establecer una nueva política de recursos humanos que mejore las condiciones de trabajo y de contratación de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Es fundamental, para los colectivos de
mayor riesgo el refuerzo de la atención y la coordinación de los sistemas sociales y sanitarios para mejorar la calidad conjunta de ambos sistemas. Hay que asegurar una financiación sanitaria suficiente y equitativa, ya que las políticas del
Partido Popular en la anterior crisis económica lo que hicieron fue dejar al Sistema Nacional de Salud en la UCI.


Por todo ello, son tan importantes los presupuestos generales, señorías. Por favor, piénsenlo bien, que nos estamos jugando muchísimo. No nos estamos jugando el poder de un partido político en concreto; lo que nos estamos jugando es la
salud de las personas y que las personas puedan seguir hacia adelante. Por poner un ejemplo, 1088 millones de euros para el marco estratégico de atención primaria y comunitaria. El Ministerio de Sanidad registra un incremento de casi 3500 millones
de euros, cifra que apuesta claramente por la sanidad pública y por nuestro Sistema Nacional de Salud.


Los recursos van dirigidos a la mejora de la atención primaria, -ya voy acabando, presidente- a las tecnologías sanitarias, a garantizar la vacuna del COVID-19 cuando esté disponible y a acabar con los copagos sanitarios.


Señorías de la derecha, ¿cómo pueden ustedes negar lo evidente? Todo lo que he reflejado en mi intervención son datos constatables; los pueden ver donde quieran. Lo demás es decir lo que ustedes venden, sencillamente es faltar a la
verdad. España tiene un Gobierno que está trabajando incansablemente para la recuperación de nuestro país, pero con los valores de la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad, sin dejar a nadie atrás.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Me ha solicitado el Defensor dos minutos de receso para poder organizar su respuesta a las distintas intervenciones. Vamos a suspender esos dos minutos y, a continuación, reanudamos la sesión. (Pausa).


Señorías, vamos a reiniciar la sesión de la Comisión y para ello, le damos la palabra al Defensor del Pueblo para que pueda responder a todos y a cada uno de ustedes. Tiene la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Gracias.


Voy a empezar tratando de mantener un orden, porque las cuestiones que se han planteado son amplias y diversas, y algunas de ellas interesantes. Una de las cosas que me produce una cierta curiosidad es el afán de traer la vida de la Cámara
a esta pequeña Comisión. Deberíamos tratar todos de establecer un criterio que fuera relativamente entendible; es decir, las preguntas tienen que responder a una situación.


Yo he tenido en algún momento la sensación de que algunos de ustedes creen que yo soy Wikimedia y que puedo responder a todo de la manera más diversa. Yo puedo responder a algunas cosas que tienen que ver con dos restricciones importantes.
Primero, lo que ustedes me han pedido, porque tengo que decir que casi ninguna de las cosas que me han pedido han sido objeto de atención. Ustedes ignoran las cosas que trae aquí el Defensor y le plantean lo que a ustedes le resulta pertinente para
su vida política y su vida parlamentaria. Y eso es una disfunción, pero uno sabe que esto ocurre y punto.


Segundo, hay cuestiones que vendrán en el informe que estamos elaborando. Como les he dicho al principio, yo he seleccionado. ¿Con qué criterio he seleccionado? Con el criterio de dar una visión lo más completa posible, lo más ajustada
posible a la demanda que ustedes me habían formulado. También admití un hecho, y es que podrían haber acertado; yo asumo la responsabilidad de no haber acertado. Ahora tengo la posibilidad de presentar un informe lo más completo posible y confío
en esta experiencia de anticipar el informe del 2020 a su propia Nochebuena; aunque no lo habíamos hecho nunca, nos esforzaremos. No tiene ningún problema. Estaremos de acuerdo; algunas de las cosas que digo les gustarán, otras quizá no les
gusten, pero eso forma parte de la controversia política. El Defensor no controla la acción del Gobierno. Eso se lo he dicho muchas veces. A mí no me digan ustedes que yo tengo que ir a buscar los aciertos y los errores del Gobierno. No, señor.
Yo tengo que ver en qué medida el conjunto de las administraciones públicas, en su actuación, respetan un conjunto de derechos, fundamentalmente los derechos humanos. Ahora, ¿que a usted le gusta o le deja de gustar lo que hace el Gobierno? Para
eso están ustedes. El control del Gobierno lo tiene que hacer el Parlamento. En general -y dicho con entendimiento y con cortesía-, no pueden esperar ustedes a que yo haga el control del Gobierno. Eso no tiene sentido y, además, no lo voy a
hacer: primero, no figuraba en el mandato; segundo, lo vengo diciendo a lo largo de las últimas intervenciones; tercero, yo tengo que buscar otras cosas que funcionen o no funcionen. Les guste o no les guste, es otro tema. Lo dije en primer
lugar: aquí hay controversia. ¿Que va a haber controversia? ¡Claro que hay controversia! Por ejemplo, en el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado un partido político y que yo he manifestado la posición del Defensor del Pueblo en
relación con seiscientas peticiones, que es un número respetable. Mire usted, eso lo va a resolver el Tribunal Constitucional en algún momento y lo que valdrá es el criterio del Tribunal Constitucional. ¿Que hay otro segundo recurso para el
decreto del 2025? Mire usted, si son ocho, si son nueve, si son diez, yo emitiré el informe, si estoy, y si no, mi sucesor, finalizando el mes de enero, y no hay mucho más que decir.


Si traen a esta Comisión las virtudes y los defectos de la acción parlamentaria, esta Comisión funcionará como funcione, pero pierde la posibilidad de ser relativamente rigurosa. Primer tema.


Segundo, no hay tanta gente que se queje al Defensor del Pueblo en materia de malos tratos y violencia. Ahora, en el informe que vamos a emitir habrá un apartado sobre el asunto de las mujeres que están en las cárceles. Lo dije en el
Senado y no han variado las circunstancias. Por lo tanto, voy a tratar de buscar algunas zonas que a mí me parece que son significativas. Este documento que hay aquí tiene cien páginas y no se debería despachar tan fácilmente un informe de cien
páginas que entra en múltiples aspectos del funcionamiento de los servicios públicos españoles. Yo pertenezco a otra cultura parlamentaria y hay que poner en valor determinadas cosas. Por ejemplo, se me ha preguntado por la ley Celaá. La ley
Celaá -si yo no estoy equivocado- está en el Senado, y si yo tuviera algo que decir, tendría que esperar a que saliera en el BOE, ¿no? ¿Yo tengo que decir algo de la ley Celaá cuando está en tramitación? Entonces, sean ustedes un poco rigurosos y
sepan dónde está su zona de recriminación y de crítica, y dónde estoy yo. A mí no me duele. Yo he estado

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en esta casa veintitantos años y he visto de todo, pero tampoco crean que veo cosas mucho mejores ahora que antes.


Vamos a hablar de las cifras de fallecimientos. Mire, yo me he dirigido al INE y al Ministerio de Sanidad -y lo digo sinceramente- y les he dicho que iba a venir aquí y que iba a informarles sobre las cosas que ellos me digan, y, en
realidad, lo voy a hacer ahora. Agradezco que se me dé esa oportunidad, porque es siempre de agradecer. En primer lugar, este es un asunto que no deja de tener su gracia, en el sentido de que el tema de los fallecimientos, de las muertes, nunca ha
sido noticia en España y ahora lo es. Por lo tanto, tiene algún sentido que nosotros nos preocupemos de este tema y le pidamos a la Administración, en este caso, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Sanidad, la información que tenga que
darnos sobre esta cuestión. Primer tema.


Segundo, cada cual puede elegir los temas que entienda que le convienen o que no le convienen. Por ejemplo, Tedros Adhanom, que es un personaje que vemos de vez en cuando -si no me equivoco, es un etíope que vemos en televisión y que habla
en nombre de la Organización Mundial de la Salud-, ha dicho una cosa: no utilicen ustedes el COVID para ganar puntos políticos. Eso es como jugar con fuego, porque no favorece, porque equivale a politizar este virus. El Defensor del Pueblo, en
este caso en la persona de Fernández Marugán, no va a entrar nunca en la arena política. Yo hablo aquí desde una posición institucional y quiero que se me respete esa función institucional, y ustedes hablan desde una posición política y yo les
tengo que respetar esa función política. Por lo tanto, los planos de nuestros argumentos deberían tener la suficiente holgura como para que sepamos respetarnos los unos y los otros.


Esto se dice en torno al tema del INE. El procedimiento del INE es sencillo. El INE es el órgano que establece cifras oficiales sobre el total de defunciones y también, en su momento, la desagregación de esas muertes como consecuencia de
un análisis que va haciendo a lo largo del tiempo. Los datos demográficos relacionados con las muertes es una de las estadísticas más antiguas del INE. Es una estadística del año 2019, que se apoya en la recuperación de una serie de información
que en illo tempore apenas se precisaba y que ahora se precisa. Este es un procedimiento de recuperación de la información correcto, sólido, prolijo, pero lento, bastante lento, y eso tiene la tiranía del instante que decía Rocard, que se
manifiesta de muchas maneras, pero en este tema se manifiesta perentoriamente. Este proceso de generar datos se inicia con una certificación emitida por un médico que se inscribe en el Registro Civil correspondiente y después esa certificación va a
la Delegación Provincial del INE, que es donde se asignan las causas de muerte. Todo este proceso lleva meses y no puede seguir llevando meses. Por lo tanto, habrá que hacer algo para resolverlo. Por ejemplo, siguiendo el procedimiento habitual
de determinación de las causas de muerte, hasta diciembre del 2021 no se conocerían los datos de 2020. Insisto, eso no va a funcionar y, entonces, se tendrá que resolver de otra manera. A mí me consta -y yo no tengo más información que la voy a
decirle ahora- que en el ministerio se está intentando encontrar algún procedimiento para acelerar esa información.


Aquí el problema está en ver qué se incluye a la hora de determinar las causas de muerte. Las causas de muerte de la sociedad española en el año 2020 y en el año 2019, ¿son por la enfermedad del COVID o también hay infartos de miocardio?
¿Todos los infartos de miocardio se derivan de personas que han tenido algo que ver con el COVID? Y quien dice infartos de miocardio, también puede decir accidentes de tráfico. O sea, no podemos deducir que todo aquel que muere en el periodo entre
marzo y octubre ha fallecido debido al COVID. El INE sí tiene hecho y publicado un estudio, y lo ha manifestado. Calcula que alrededor de 61 000 personas han fallecido -esto son estimaciones, no datos fehacientes- en el año 2020. Hay dos maneras
de llegar a esa cifra. Es decir, la curva de Gauss usted la puede subir y medir lo que se ha producido comparando ejercicio a ejercicio, pero también puede ir por la media de una serie de cuatro o cinco años. Entre la campana de Gauss y la media
hay alguna diferencia y los datos que me ha dado a mí el ministerio es que, por la vía de la media, en el periodo 2015-2019 el exceso de muertes es poco más de 60 000. El INE se mueve entre la cifra de 60 000 y la de 61 000. Bueno, más o menos muy
parecidas, entre otras cosas, porque maneja los mismos muertos. Seamos sinceros. ¿En que se apoya lo uno y lo otro? El INE está trabajando con las comunidades autónomas para tener procesados todos los datos referidos al año 2020 con cierta
velocidad, y ya cuando tenga todo el procedimiento hará pública esa magnitud. Yo creo lo va a hacer público relativamente bien, pero hay un problema del que debemos tener conciencia. Yo no sé si por ventura o desventura, pero esto es un Estado
descentralizado, y aquí, cuando uno dice que la responsabilidad de las residencias es la que es y que es responsabilidad del Gobierno central, no tienes más que ir a algún pueblo de Andalucía o a algún pueblo de Extremadura. Las residencias no
dependen del Gobierno central, dependen de las comunidades autónomas y, para bien o

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para mal, estas están descentralizadas. Lo mismo sucede con los datos de estadísticas. En este momento, las comunidades autónomas están buscando un nivel de información que permita tener una cifra con cierta rapidez. Al margen de lo que
dice el INE -que tiene esa manera de trabajar, que es un organismo riguroso, que procura no equivocarse, aunque a veces se equivoque-, el Ministerio de Sanidad publica diariamente una cifra donde se contabiliza, con los procedimientos que ya tiene,
los fallecidos con diagnóstico de COVID fallezcan donde fallezcan, sea en un hospital, en una residencia de mayores o en su domicilio. O sea, que hay uno que trabaja con un mundo muy amplio y universal y hay otro que trabaja con un mundo muy
concreto.


Usted ha dicho y no me importa repetirlo, que publique los datos el lunes.


Yo creo que tengo el dato del lunes: el lunes pasado el MoMo -que es como se llama el organismo del Ministerio de Sanidad-, a fecha 24 de noviembre, establecía que el total de fallecidos por COVID en España ascendía a la cifra de 43 668,
que, más o menos, es la cifra que usted ha manejado esta mañana aquí y que, lamentablemente, será mayor dentro de unos días. Por lo tanto, hay 43 000 fallecidos de COVID y 61 000 por todas las causas de muerte. Eso es lo que sabemos. Yo es lo que
le puedo decir, pero también le digo una cosa: anímese y pregúntelo, si hay algo que puede hacer un diputado es preguntar. No me busque a mí, busque usted lo que tenga que buscar de las autoridades pertinentes, que no tiene mayor problema.


Hay una persona que ha hablado despectivamente de los enfermos de las residencias. Yo no he querido introducir ese dato por una razón muy sencilla, porque no es un dato oficial. El Defensor del Pueblo tiene que ser muy riguroso y debe
estar muy seguro de las cosas que dice. Es decir, yo he tenido la sensación de aquello que le decía de la Wikimedia, que me pasaban aquí, por contraste, el programa concreto que tiene en este momento un partido político para que yo dijera aquí sí,
aquí no, y para poder decir que el defensor ha dicho. Mire, el defensor no ha dicho, el defensor se cuida de las cosas que dice y no ha dicho determinadas cosas. Insisto, yo no voy a entrar con ustedes en la brega política. Ustedes tienen derecho
a pelearse con quién se tengan que pelear, pero yo no me voy a pelear con ustedes en estas cosas. ¿Qué dice una información que ha aparecido en un periódico? Que ese departamento está trabajando con un conjunto de técnicos y también con
representantes de las comunidades autónomas y que va a hacer pública una cifra, y me parece bien -además, más o menos, el diputado o el senador que me ha interpelado lo ha dicho-, lo hará público. Fíjese en el alineamiento: 40 000 por el método
del MoMo, 60 000 por el método del INE, 20 000 por el método que están llevando a cabo en la población del número de fallecimientos en las residencias. Bueno, un alineamiento relativamente razonable, puede que sea verdad. Son todos datos altos.
Pero fíjese, yo me he callado algunas cosas por adscripciones territoriales. No me lo oirán nunca, nunca, y hay casos en los que uno dice: ¿Aquí quién ha hecho esto? ¿Dónde está este fallo? Mire usted, yo estoy de paso, pero los que vengan
detrás harán bien en no entrar en ese tipo de planteamientos. Lo del médico etíope que da consejos sobre cómo tiene que manejarse la información, a mí me parece un tema correcto.


Les he dicho que mi función no es controlar políticamente al Gobierno. Ustedes están para controlar políticamente al Gobierno, yo no. Por otro lado, ¿de alguna manera tendría que haber hecho esta labor de control el Defensor del Pueblo y
haber visitado determinado tipo de centros? Hombre, créame, nosotros entendemos que, de alguna manera, hay algunas experiencias por el mundo que dicen quién tiene que ir a determinadas cosas y quién tiene que dejar de ir a determinadas cosas. Yo
creo que el Banco de España, que tiene una experiencia de funcionamiento, cuando tiene problemas con las entidades financieras y cuando tiene ese tipo de problemas con las agencias de las entidades financieras, no va a ver la agencia de un
determinado banco en Tomelloso. Es decir, a Tomelloso van los responsables de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esa historia de salir, de alguna forma, diciendo determinadas cuestiones, a mí parece que se debe recoger.
Nosotros seguimos los acontecimientos, les pedimos a las comunidades autónomas que vayan, las comunidades autónomas van y nosotros estamos, relativamente, satisfechos de cómo funciona este sistema. ¿Qué ocurre? Que aquí se ha producido un
acontecimiento de una enorme magnitud y que, seguramente, todos, en algún momento, tendremos que hablar de cómo se hace el control a determinados niveles y potenciar la tarea de las comunidades autónomas en el control de la actividad de los centros
residenciales. ¿Hasta ahora qué es lo que tenemos? Tenemos mucha gente hablando, pero, sinceramente, yo diagnostico con mi gente -con lo que me responden las comunidades- el fenómeno y, no voy a presumir, pero también pudiera hacerlo, la separata
del año 2019, publicada en el 2020, está bien. Nadie dice mucho más de lo que hemos dicho nosotros. La parte del año 2020 que estaba poco desarrollada está ahí. Yo creía que habíamos satisfecho una parte de su curiosidad.

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Paso a otro tema. Alguien ha hablado del tema de los equipos técnicos. Alguien ha dicho: 'Oiga, mire, aquí hay un comité de expertos'. Yo me dirigí al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el consejo nos dijo que no se había creado,
formalmente, un consejo o un comité de expertos como estructura administrativa. La directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad les había informado de que no existía ningún comité de expertos encargado de la
evaluación de las situaciones sanitarias de las comunidades autónomas, y nosotros se lo trasladamos al PP. Es decir, a ustedes les trasladamos la información, tienen el conocimiento y ¿me lo traen a mí? Si ya se lo hemos dado y se lo hemos dicho,
más o menos en el mes de julio. Hay más carencias y más problemas por los que preocuparse en esta sociedad. Por lo tanto, sinceramente, no creo que debamos ir mucho más allá de lo que hemos dicho.


Por mi parte, en este primer round no tendría mucho más que decir, pero si en el segundo turno ustedes tienen cosas que preguntar, yo estoy muy a gusto en esta casa y no me voy ni crispado ni preocupado. Seguiremos peleando por las
residencias. Créanme, sobre las residencias hay mucha información, pero hay poco papel que diga qué es lo que hay que hacer, hay poco papel. En el tema de las residencias habrá que hacer algo importante y tendrá que pasar, seguramente, una parte
por aquí y otra parte por las comunidades autónomas, pero tiene que ser algo más que la información puntual y generosa de algún medio de comunicación. Es que también es nuestro problema. Por mi parte, si somos capaces de situar la segunda parte de
esta intervención en un esquema más sosegado, seguramente le sacaremos todos más rentabilidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo.


En segundo turno de réplica y de forma lo más breve posible -aunque dije al principio una limitación de tiempo, rogaría la mayor brevedad-, vamos a dar la palabra a la senadora doña Carlota Santiago, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidente.


Quiero dar las gracias al señor Defensor del Pueblo e incidir en que esta comparecencia no es de derechas ni de izquierdas, es una comparecencia en la que estamos aquí todos para hacer nuestra función, nuestra labor y saber cuáles son las
quejas y las peticiones que le han llegado al Defensor del Pueblo en esta labor parlamentaria, lejos, por supuesto, de todos los discursos populistas. Por tanto, vuelvo a reiterar, señor defensor, nuestro apoyo unánime de responsabilidad hacia su
institución y hacia su persona.


Muchísimas gracias.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.


Me van a permitir que, después de lo que hemos escuchado aquí, pueda hacer por lo menos una valoración. Creo que las derechas han venido a convocar al Defensor del Pueblo y venían a por lana y han salido trasquilados. O sea, les han dicho,
directamente, que no es una institución para detraer aquí la vida parlamentaria, que no se usa el COVID también para ganar puntos políticos. La institución no puede ser un teatro donde se represente una función cínica. La realidad es que ustedes
se están quejando de cosas, cuando, a la hora de la verdad, la mayor parte de las veces han votado que no a los ERTE, que no a la ayuda a los autónomos, que no a proteger a los trabajadores y trabajadoras, que no a la ayuda de las empleadas del
hogar, que no a los fondo COVID por valor de 16 000 millones de euros, que ha permitido a las comunidades autónomas, por cierto, hacer frente a los gastos sanitarios, sociales y educativos derivados de la pandemia, y vienen aquí a utilizar esta
mañana una institución, como el Defensor del Pueblo, para su intereses partidistas. Solo buscan la confrontación en medio de una pandemia. Una cosa les voy a decir y no quiero alargarme mucho, pero, señores de la derecha, la historia se encargará
de su manera mezquina y ruin de actuar durante la crisis sanitaria y no saldrán absueltos, señorías, quedarán como que pusieron piedras en las ruedas, mientras que nuestro país perdía cientos de vidas humanas y la gente tenía problemas muy serios
para salir adelante. Hay una cosa que tengo que repetir: vienen aquí a tratar de culpar al Gobierno de coalición de haber dejado desamparados a los ciudadanos, repiten

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eslóganes que son falsos para intentar, a la fuerza, que se conviertan en titulares y que esos titulares se conviertan en verdad; difama, difama, que algo queda. En este sentido, tengo que decir que ha hablado usted del vicepresidente
Pablo Iglesias y repiten, una vez más, faltando a la verdad, que las competencias las tenía el señor Pablo Iglesias. No, las tenían las comunidades autónomas, como, una vez más, se ha dicho aquí. Lo único que ha hecho el vicepresidente junto con
el presidente y el Gobierno es hacer un escudo social, que ustedes han boicoteado durante la peor crisis y pandemia en nuestra democracia o en cien años. Por lo tanto, para terminar, el escudo social que ha lanzado el Gobierno para que nadie se
quede atrás puede ser mejorable. Sí, aquí hemos recogido todas las intervenciones, las cuestiones y las quejas a las que se ha referido el Defensor del Pueblo, pero menos mal que ustedes no gobiernan -así lo tengo que decir-, porque la situación
social en nuestro país hoy sería absolutamente insoportable, y me pongo hasta triste, porque estaremos mal, pero menos mal que estamos, menos mal que estamos.


Ustedes, señores de VOX, no han presentado ni una sola enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, ni siquiera han asistido a las comisiones. Prefieren hacer vídeos en vez de trabajar de manera propositiva, en vez de hacer acuerdos.
A ustedes las personas no les importan. Si tanto les interesan los ciudadanos, que por eso se supone que vienen aquí, señores del PP, de Ciudadanos y de VOX, pidan en los parlamentos también que se hagan y se tramiten las cosas que están dejando de
hacer. Pidan que se retome la tramitación de la renta autonómica de inserción. Si les interesan tanto los ciudadanos, voten a favor de presupuestos que incluyen 3000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, que, efectivamente, va con
retraso, pero voten ustedes a favor para que se pueda hacer mejor. También, que se suban las pensiones. Voten para que se destinen 1800 euros para pagarles la cuota de autónomos a los pequeños empresarios que peor lo están pasando en esta pandemia
y que se les suban también los impuestos a los grandes patrimonios para poder usar estos ingresos en mejorar la vida de los ciudadanos más vulnerables, que es de lo que estamos tratando aquí, de intentar protegerlos a través de la mejora de los
servicios públicos. Acabo. Si tanto les interesan los ciudadanos y sus problemas, señores del PP y señores de VOX, después de llevar ocho meses siendo los líderes del no y votando a todo que no, pidan ustedes perdón al pueblo español por haber
ejercido la peor oposición posible en el peor momento de nuestra historia.


Gracias, señor Defensor del Pueblo, por su intervención y le esperamos para el informe anual de 2021.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Utrilla.


El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.


Nuevamente contestaré a la portavoz de Unidas Podemos, que nos acusa de no trabajar y no presentar enmiendas. Sí, hemos presentado una enmienda a la totalidad y es un derecho democrático decidir si luego se presentan enmiendas parciales.
Por cierto, trabajamos mucho más que ustedes, presentamos cientos y miles de iniciativas más que ustedes. Así que, mire, si de algo no se nos puede acusar a nosotros es de no trabajar; trabajamos mucho más que su grupo parlamentario, se lo
aseguro. Y no es una opinión mía, vaya a las cifras que están recogiendo en el Parlamento y se dará cuenta de la diferencia que hay entre su grupo parlamentario y el nuestro.


Me dirijo ya a usted, señor Defensor del Pueblo. Nosotros no le pedimos nada extraño ni que haga valoraciones políticas, le pedimos que haga su trabajo, que está recogido aquí claramente. Esto es de su página web: Supervisa la actuación
de las administraciones públicas en muchas materias, entre ellas Sanidad. Eso es lo que le pedimos, que supervise, que investigue. Luego le pondré un ejemplo concreto de esto mismo. Ahora quiero hacer una reflexión a todas las señorías que
estamos aquí reunidas hoy: tenemos un problema, un problema importante. Es que no conocemos, desde luego, lo que es la palabra autocrítica. Usted lo ha dicho en su intervención previa, que el virus ha castigado a todos los países y ha castigado a
todo el mundo por igual, no distingue; totalmente de acuerdo, pero ¿qué cifras tiene España? Estamos en el pódium de las peores cifras sanitarias del mundo, del mundo estoy diciendo. Estamos en las peores cifras económicas de la Unión Europea,
con una caída del PIB superior a la de todos los países europeos. Señores, ¿de verdad, creemos que no tiene ninguna responsabilidad este Gobierno ni debemos hacer ninguna autocrítica de lo que ha ocurrido en España? Mire, usted, señor Defensor del
Pueblo, ha hecho una interesantísima reflexión: ¿Hemos aprendido algo en este tiempo? Muy interesante, sí, señor. Para aprender hay que mirar primero dentro, mirar y analizar lo que hemos hecho dentro. ¿De verdad creemos que no tenemos nada que
criticar ni nada sobre lo que reflexionar de lo que ha ocurrido en

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España y que estamos en lo más alto de lo peor del mundo simplemente por otras cuestiones y que no ha tenido nada que ver la gestión que hemos llevado a cabo? Desde luego, si queremos aprender algo y sacar conclusiones para el futuro -y
esto sí que es una reflexión que debemos hacer todas las señorías de esta Cámara o en esta Comisión-, hay que mirar dentro, analizar lo que hemos hecho, reflexionar y hay que mirar fuera, ver lo que han hecho bien los de fuera, aprender de lo que
han hecho e intentar imitarlo. Esto es fundamental. Desde luego, no veo ni una pizca de autocrítica en este Gobierno desde que han empezado. Incluso alguno de los portavoces se permite el lujo de decir que es la oposición la que tiene la culpa de
todo esto y de poner palos en las ruedas. Señores, la responsabilidad de un Gobierno es la que es y ustedes tienen mayoría en la Cámara parlamentaria para tomar todas las decisiones y sacar adelante todos los decretos-leyes.


No me ha contestado antes -y quiero que lo anote y lo comente, por favor-, al tema del crecimiento de la partida del Defensor del Pueblo en los Presupuestos Generales del Estado. Y le voy a poner un ejemplo claro de lo que le pedimos que
investigue. Mire, el 1 de junio el Grupo Parlamentario VOX de la Asamblea de Madrid y en voz de su portavoz, Rocío Monasterio, le presentó un escrito para que el presidente investigara y supervisara lo que ha ocurrido en las residencia de ancianos.
Le voy a ser muy franco, señor Defensor del Pueblo: usted se ha puesto de perfil en esto, porque se le pedía exactamente que esclareciera, que investigara lo ocurrido, que aconsejara depurar responsabilidades y que acabara en un informe público lo
que ha ocurrido, porque es gravísimo y, por supuesto, está entre sus competencias hacer este tipo de cosas. Usted contestó con algo muy parecido al informe que se presentó en abril, que es un informe podemos decir que hasta bueno, fíjese, de las
residencias de ancianos, pero es que todo ha cambiado desde entonces, es que nos ha castigado la pandemia. Lo que se le pedía desde la Comunidad de Madrid es que hiciera un profundo análisis de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos para
que haya habido tantísima mortandad, para que tantos miles de ancianos hayan fallecido totalmente desamparados.


Muchas gracias por todo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En nombre y representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador José Ignacio Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.


No debería perder tiempo en desviar la atención de lo que hoy nos trae aquí, que es hablar del trabajo y de las obligaciones que tiene el defensor, las propuestas que hacen en la oposición, las iniciativas que le proponemos, pero voy a
perder medio minuto en decirle a la portavoz del Grupo de Podemos que antes me callé en su primera intervención, pero, mire, Andalucía no cierra camas, y hay que investigar absolutamente a todas las administraciones -es obligación del defensor-, a
todas, desde la Administración del Estado a las autonómicas y las locales. Pero usted ha dicho que Andalucía cierra camas y Andalucía está haciendo la mayor de las inversiones sanitarias en la historia de la democracia ahora mismo. Habrá que
investigar, claro, la gestión de todos. Pero usted ha dicho otra cosa ahora, ha dicho que es mezquino y ruin; quien no se preocupa, quien no cuida, quien fracasa, ese es el que es mezquino y ruin, no la oposición. La oposición tiene que
controlar, tiene que proponer, tiene que actuar, pero mire, no se puede ir de vacaciones un presidente del Gobierno con todos sus amigos sin haber dominado este tema. Eso es una irresponsabilidad, y por mucho que a usted le duela, su jefe, el
vicepresidente don Pablo Iglesias, no está gestionando bien sus obligaciones precisamente en las personas más desfavorecidas. Lo dejo ahí.


Mire, señor Defensor del Pueblo, me gusta que haya traído documentos. Preveía que le íbamos a hablar sobre el tema de los fallecidos por el coronavirus, porque hablar del número de fallecidos no es politizar. Eso no es politizar. Me lo
tendrá usted que respetar. Hablar del número de fallecidos es querer saber la verdad, es investigar, es decirles a los familiares, es decirle a la sociedad qué es lo que ha pasado. Conocer la realidad de las residencias es obligación del defensor
o de su equipo, no telefónicamente ni por escrito, tiene que personarse. Conocer la realidad de los hospitales, de los centros sanitarios, es obligación del defensor también, no solo las cárceles, los CIE, las residencias de los MENA. No, no, y
los hospitales, las residencias y los centros de salud. Eso es fundamental. De verdad, no hay controversia, no hay disparidad. Nosotros entendemos cuál es nuestra obligación. Nuestra obligación es que usted cumpla, de la mejor forma posible, con
su obligación, con su función, que es defender los intereses de los españoles, que es hacer que las administraciones funcionen. Por eso, se lo decimos con

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cariño, se lo decimos con respeto, pero le exigimos. Si usted no tuviese capacidad y no tuviese utilidad, no le pediríamos ni invertiríamos tiempo en decirle: Mire usted, hay que trabajar más aún y mejor, y hay que luchar por mejorar
nuestra sociedad, especialmente en momentos tan difíciles como este cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay pobreza, cuando hay situación de paro. Ahora es cuando usted, especialmente entre las administraciones, tiene que funcionar más y mejor que
nunca. Ahora es cuando España y los españoles necesitan al defensor y a la Defensoría en plena capacidad de producir, ahora. Eso no es tensionar, no es politizar, es ser sensatos, es ser reales, es actuar como tenemos que actuar: con grandeza,
señor Defensor del Pueblo, con grandeza, y no vea usted maldad ni interés político en ninguna de las intervenciones -estoy seguro- de todos los portavoces, sino todo lo contrario: querer sacar el mejor jugo que podamos de usted, de su capacidad y
de la fuerza y la potencia que tiene la defensoría, es decir, que las administraciones funcionen bien, sin engaños, sin errores y con claridad.


Gracias por su esfuerzo. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para finalizar las intervenciones de los grupos, en último lugar, tiene la palabra el diputado del Grupo Socialista, don Mariano Sánchez.


El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Voy simplemente a hablar de la gestión criticada en algunos temas por parte de la derecha hoy aquí.


Lo primero que deberían ver ustedes es dónde estábamos en el momento más agudo de la crisis, que fue a principios de mayo, donde conseguimos -esto es algo que no tiene precedente en ningún caso en las crisis anteriores- proteger a más de 6
millones de trabajadores que significan el 30 % de la población ocupada: 3 400 000 trabajadores aproximadamente en ERTE, un millón y medio de trabajadores con una prestación extraordinaria, trabajadores autónomos, 950 000 trabajadores que estaban
protegidos por prestaciones extraordinarias de desempleo y, además, 250 000 trabajadores con la baja laboral COVID en ese momento. Todo esto suma más de 6 millones de trabajadores. Esta pandemia ha sacado a la luz la penosa situación en el Sistema
Nacional de Salud y en los distintos ministerios provocada por los recortes continuos de los Gobiernos del Partido Popular. Este es el punto de partida, señorías.


Mire, si la Seguridad Social resuelve unos 725 000 expedientes de pensiones al año, hay que poner en valor la dimensión que supone un millón de expedientes del ingreso mínimo vital, así como el de los ERTE, teniendo en cuenta que son
expedientes, objetivamente, mucho más complejos que el de la pensión, porque hay que mirar muchas más cosas a la hora de resolverlos. Son muchos los criterios que hay que mirar. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital ha supuesto un reto para
la Seguridad Social debido al volumen de solicitudes recibidas y al descenso del 20 % que ha experimentado el personal en los últimos veinte años. A pesar de ello, hay que resaltar la capacidad de trabajo por parte de los funcionarios del
ministerio para gestionar tantas y distintas prestaciones y pensiones. El primer día, 120 000 solicitudes; en la primera semana de su puesta en marcha, 300 000 solicitudes, y 500 000 en el primer mes, llegando casi al millón en el mes de octubre.
Unos 150 000 expedientes están pendientes de entrega de alguna documentación y 180 000 han sido denegados por incumplir el criterio de vulnerabilidad, es decir, superar el umbral de renta o patrimonio estipulado. El primer mes y medio se han
recibido tantos expedientes de ingreso mínimo vital como solicitudes de pensiones se tramitan en un año. Hasta el mes de octubre, se tramitaron 470 000. Aproximadamente 136 000 hogares han recibido la prestación en la nómina, lo que significa que
el ingreso mínimo vital llegará a más de 500 000 personas a los poco más de tres meses de su puesta en marcha; ustedes recordarán cuando se puso en marcha. Estos son casi la mitad de los expedientes recibidos, 965 000. Se han tomado decisiones
para asegurar que todo el mundo cobre el ingreso mínimo vital. Se ha pasado de 320 000 expedientes tramitados en septiembre a cerca de 470 000 en octubre, con una previsión de 540 000 en noviembre. En enero se realizará una evaluación del acceso
al ingreso mínimo vital para valorar si es necesario hacer modificaciones normativas. Por cierto, señorías del Partido Popular, ¿ustedes saben cuánto tarda, por ejemplo, Galicia hoy en procesar la Risga gallega veinticinco años después? Se lo digo
yo, señorías: 145 días. ¿Saben cuánto tarda la Junta de Andalucía en tramitar un expediente de ayuda social? ¿Lo saben? Se lo digo yo: cuatro meses después de la solicitud, solicitan un certificado de estudios para completar el expediente. Así
que, señorías del Partido Popular, ¿cómo se atreven a dar lecciones a nadie?


Señorías, según el informe presentado -tengo aquí los datos que le he dicho antes, por si los quiere ver luego-, queda patente, aunque es mejorable cuando se trata de algo tan desconocido para todo el

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mundo -es una autocrítica, señorías de VOX, repito, una autocrítica-, que este Gobierno está realizando un trabajo magnífico en todos los sectores, a pesar de tener enfrente al peor partido de la oposición en la historia de España, animado y
jaleado por la peor ultraderecha, que nos recuerda a tiempos pasados. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, seguimos tendiendo la mano. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso por y para la ciudadanía, anteponiendo, por supuesto, salvar
vidas al desgaste político. Lo prioritario en este momento, señorías, son las personas, no las siglas políticas.


Muchas gracias, señor defensor. Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para finalizar, le damos la palabra de nuevo al defensor del Pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Está bien que me haga una pregunta como esa de qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Yo me la respondo, y me la respondo en el texto. Mire usted, si
queremos que esta sociedad encuentre una salida a la tensión política habitual -el conflicto es característico de las sociedades avanzadas-, si queremos encontrar una salida al conflicto, hay que adoptar una actitud, y esa actitud pasa por el
entendimiento político y por el pacto social. Si no hay entendimiento político y no hay un pacto social, lo vamos a pasar regular tirando a mal. Lo he dicho y lo sigo diciendo: hay que buscar un entendimiento, porque es la única forma de someter
el conflicto a la razón. Dicho esto literalmente, en estos términos, lo que me pregunto es: ¿ustedes creen que lo habitual que uno ve en esta Cámara y en este momento es la búsqueda de un sometimiento del conflicto a la razón? Yo ya no estoy en
la política, pero es manifiestamente mejorable, ¿eh?, manifiestamente mejorable. Por tanto, ustedes sabrán. Se lo digo sinceramente.


Vamos a ver, Landaluce, usted dice que hay que averiguar el número de muertos y maneja los datos del MoMo y los datos del ministerio, pero, sinceramente, usted se escurre, en el sentido lábil de la palabra, y deja insinuaciones en este tema.
Si llevamos el asunto a los términos reales, aquí no puede haber insinuaciones. Aquí tiene que estar claro -y yo creo que lo va a estar- lo que se debe imputar -a 31 de diciembre, que es cuando se dan este tipo de datos- entre el conjunto de
personas que fallecen en esta sociedad y el conjunto de personas que fallecen por el COVID. Esto último tiene algunas dificultades, porque hay gente que cuesta trabajo adivinar la causa. ¿Lo están intentando en este momento? Yo creo que lo están
intentando, pero son ellos los que tiene que decirlo. Yo vengo aquí porque ustedes me traen, pero si alguien tiene en este momento un procedimiento o un método, será él el que lo diga. Yo creo que tienen algo. También es verdad que yo no puedo
ser un oportunista que se dedique a insinuar o un ventajista que obtenga una información de un órgano de la Administración y lo traiga aquí y lo cuente. Yo no puedo hacer eso y no lo hago. Soy optimista. Ahora, lo que sí digo sinceramente es que
he puesto una jerarquía de datos: un dato del INE, un dato del MoMo y un dato de una secretaría de Estado del Ministerio de Igualdad. Son cifras como para que uno se las piense. Sacar los muertos a relucir, sinceramente, conmigo no cuenten, ya se
lo digo. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con sosiego, y a mí me consta que la gente del INE es seria y que tiene un procedimiento que a lo mejor da resultado. Es posible que en estos momentos haya dos provincias españolas donde haya unos
funcionarios tratando de probar que lo que quieren aplicar con un poquito de amplitud da un resultado que nos resuelva ese problema, porque no me gustaría que la próxima campaña electoral fuera una campaña en la que blandiéramos los muertos unos y
otros. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todas sus señorías y, por supuesto, al Defensor del Pueblo.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.