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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 07/04/2022
cve: DSCD-14-PL-178
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 178
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 171
celebrada el jueves,
7 de abril de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 220, de 28 de marzo de 2022. (Número de expediente 260/000004) ... (Página6)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para
su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. («BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2022). (Número de expediente 130/000077) ... (Página28)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Enmiendas al Convenio para el establecimiento de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, hechas en Roma el 20 de mayo de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 192, de 3 de diciembre de 2021. (Número de expediente
110/000082) ... (Página44)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración Interpretativa, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número
195, de 17 de diciembre de 2021. (Número de expediente 110/000083) ... (Página44)
- Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea formular. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 200, de 14 de enero de 2022. (Número de
expediente 110/000084) ... (Página44)
- Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Abu Dhabi el 7 de febrero de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 204, de 4 de
febrero de 2022. (Número de expediente 110/000085) ... (Página44)
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 12 de abril de 2018. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 205, de 4 de febrero de 2022. (Número de expediente 110/000086) ...
(Página44)
- Canje de Notas por el que se modifica el acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6 de abril y 12 de julio de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 206, de 4 de
febrero de 2022. (Número de expediente 110/000087) ... (Página44)
- Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, hecho en Ginebra el 14 de junio de 2007. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 210, de 25 de febrero de 2022. (Número de expediente 110/000088) ...
- Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA), hecha en París el 27 de junio de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 211, de 25 de febrero de 2022. (Número de expediente
110/000089) ... (Página44)
- Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 214, de 4 de marzo de 2022. (Número de expediente 110/000091) ...
- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 23 de septiembre de 2021. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 215, de 4 de marzo de 2022.
(Número de expediente 110/000092) ... (Página44)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página45)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página46)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021 ... (Página6)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021 ... (Página6)
El señor defensor de pueblo (Gabilondo Pujol) expone a la Cámara un resumen del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano, y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común; y los señores Utrilla Cano, del Grupo Parlamentario VOX; Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez Escobar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página28)
Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su
desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector ... (Página28)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; y Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora García Puig, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Ramírez del Río, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Cruz-Guzmán García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Lamuà Estañol, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página44)
Enmiendas al Convenio para el establecimiento de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, hechas en Roma el 20 de mayo de 2014 ... (Página44)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración Interpretativa, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2021 ... (Página44)
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea formular ... (Página44)
Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Abu Dhabi el 7 de febrero de 2021 ... (Página44)
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 12 de abril de 2018 ... (Página44)
Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6 de abril y 12 de julio de 2021 ... (Página44)
Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, hecho en Ginebra el 14 de junio de 2007 ... (Página44)
Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA), hecha en París el 27 de junio de 2021 ... (Página44)
Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021 ... (Página44)
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 23 de septiembre de 2021 ... (Página44)
La Presidencia informa de que no hay intervención de los grupos parlamentarios, por lo que los dictámenes se someterán directamente a votación.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página45)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el
conflicto del Sáhara Occidental, se aprueba por 161 más 7 votos telemáticos, 168; 115 en contra más 3 votos telemáticos, 118; y 58 abstenciones más 3 votos telemáticos, 61.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas sobre el acogimiento familiar, se aprueba por 254 más 10 votos telemáticos, 264; 51 en contra más 2 votos telemáticos, 53; y 29
abstenciones más 1 voto telemático, 30.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página45)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a
adoptar el Gobierno para evitar el adoctrinamiento ideológico y la rebaja de la exigencia académica a la luz de los nuevos currículos de primaria, secundaria y bachillerato, se rechaza por 138 votos a favor más 5 votos telemáticos, 143; 187 en
contra más 7 votos telemáticos, 194; y 9 abstenciones más 1 voto telemático, 10.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la deficiente gestión de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A., se rechaza por 146 votos a favor más 6
votos telemáticos, 152; 185 en contra más 7 votos telemáticos, 192; y 3 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página46)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector, se aprueba por 331 votos a favor más 13 votos telemáticos, 344; 1 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 155 votos a favor más 6 votos telemáticos, 161; 164 en contra más 6 votos telemáticos, 170; y 15 abstenciones más 1 voto telemático,
16.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página46)
Enmiendas al Convenio para el establecimiento de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, hechas en Roma el 20 de mayo de 2014 ... (Página47)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración Interpretativa, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2021 ... (Página46)
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea formular ... (Página47)
Acuerdo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Abu Dhabi el 7 de febrero de 2021 ... (Página47)
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 12 de abril de 2018 ... (Página48)
Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6 de abril y 12 de julio de 2021 ... (Página47)
Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, hecho en Ginebra el 14 de junio de 2007 ... (Página47)
Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA), hecha en París el 27 de junio de 2021 ... (Página47)
Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021 ... (Página47)
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos sobre protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 23 de septiembre de 2021 ... (Página48)
Sometidos a votación separada por puntos y en algunos casos conjunta los puntos de referencia, son aprobados todos.
El señor Elorza González pide la palabra en base al artículo 89.3.
La Presidencia le indica que no procede dicha intervención.
Se levanta la sesión a la una y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021:
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021. (Número de expediente 260/000004).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Comenzamos con el punto del orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento, las deliberaciones
comenzarán una vez que el defensor del pueblo haya terminado la presentación de su informe. Para la exposición de un resumen del informe tiene la palabra el Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Señora presidenta, señorías, el informe que hoy les presento tras su debate en la Comisión mixta da cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada por la institución del Defensor del
Pueblo en el año 2021, en cumplimiento de lo requerido por la Constitución y la ley orgánica que la regula.
Como bien saben sus señorías, tomé posesión el día 18 de noviembre de 2021, aquí mismo, en el Congreso de los Diputados. La voluntad de realizar este informe en la fecha más próxima posible a la finalización del periodo de tiempo al que se
refiere, una vez las Cámaras han retomado el periodo ordinario de sesiones, obedece al interés de dar continuidad al carácter institucional de las labores realizadas bajo la responsabilidad como defensor de don Francisco Fernández Marugán, tareas y
actuaciones que alcanzan prácticamente la casi totalidad de ese periodo y que hemos de reconocer y agradecer.
Se corresponden con el año 2021 los 29 401 expedientes tramitados y las 32 974 personas atendidas telefónicamente, así como las investigaciones de oficio, solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo, y las
resoluciones formuladas a las diferentes administraciones. De las 2231 resoluciones emitidas por la institución, se aceptaron 513, se rechazaron 185 y todavía no hemos recibido respuesta a 784. El resto se encuentran en estudio o pendientes de
recibir más información.
Obviamente, no todas nuestras actuaciones acaban en una resolución, en ocasiones basta simplemente con mostrar interés y preguntar sobre el asunto para que se afronte o aborde. En otras, cuando no admitimos una queja por no ser nuestra
competencia o por no encontrar nada reprochable a la Administración, tratamos de orientar al ciudadano sobre dónde acudir o qué pasos seguir. Dado que nuestras actuaciones no son vinculantes ni somos tribunales de justicia, nuestra misión es
argumentar y tratar de ofrecer buenas razones para convencer y persuadir a las administraciones. Resulta para ello decisiva la escucha a los ciudadanos, quienes en ocasiones acuden a esta institución con cierto desaliento o frustración, o con
alguna desorientación porque sienten que no son suficientemente atendidos. En gran medida, el informe constituye una radiografía de la realidad social de España, que muestra no solo el estado de la Administración, sino también del conjunto de la
sociedad.
El presente informe da respuesta a varias cuestiones. Por un lado, al cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas el Defensor del Pueblo. Por otro, es un ejercicio de comunicación a la ciudadanía de lo realizado durante el
periodo del año que contempla, formulado ante las Cortes Generales, que son la representación de la voluntad popular democráticamente expresada en las urnas. Además, es también una toma de posición que responde a la defensa de los derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos humanos. Por tanto, no es una mera memoria recopilatoria de unas actuaciones ni se trata de un informe burocrático al margen de la realidad, de la situación y de la
coyuntura en la que nos encontramos.
Como saben sus señorías, el Defensor del Pueblo es en España la institución nacional de derechos humanos, así reconocida formalmente por Naciones Unidas, y buena prueba de su actividad en este sentido es su vinculación a las reacciones
internacionales de condena de la invasión rusa de Ucrania y a las medidas cautelares declaradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y, a su vez, a las declaraciones de federaciones del Ombudsman, de las que forma parte
el Defensor del Pueblo de España, condenando la agresión por constituir una violación de la legalidad internacional. Hoy, nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de
millones de personas afectadas y a trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que precisan. Como hace casi cuarenta años ya dijo el primer Defensor del Pueblo, don Joaquín Ruiz-Giménez, al comienzo del primer informe anual a las Cortes
Generales, el de 1983, se trata de someterlo a la superior reflexión de los grupos parlamentarios y de hacerlo, como señalan sus palabras, con tanto respeto como agradecimiento y confianza de quienes integramos la institución del Defensor del
Pueblo.
Lo acaecido durante el año 2021 puede decirse que ha venido marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19, iniciado en 2020, y sus gravísimas repercusiones sociales y económicas de alcance mundial. La incidencia de la pandemia en
todos los ámbitos de la sociedad ha sido extraordinaria, produciendo no pocas veces una modificación, una traslación o incluso una cierta paralización de otros muchos proyectos, medidas o protocolos puestos en marcha y no solo por su repercusión en
la salud pública. Ello ha afectado de un modo significativo a la percepción respecto del funcionamiento de la Administración pública que tiene la sociedad española. El desplazarse los intereses y las necesidades a ámbitos múltiples y bien
concretos, ha podido incidir en un debilitamiento y pérdida de calidad de múltiples servicios. La pandemia ha sido la gran razón y, en algunos casos, un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente.
Señorías, tras estas consideraciones generales, procederé ahora a exponerles resumidamente aquellos aspectos del informe anual de 2021 que en mi opinión resultan más significativos. Singularmente, resalta el campo de la sanidad por lo que
se refiere al número de quejas recibidas en esta materia, 2245, el 8,2 % del total entre individuales y colectivas. En ellas se ha puesto en evidencia el cuestionamiento por parte de diversos colectivos ciudadanos de determinadas políticas y
medidas administrativas de salud pública. Algunos ejemplos de lo señalado hacen referencia a la reducción de la asistencia sanitaria presencial en los centros de salud, al aumento de las listas de espera, a la restricción en el acompañamiento a los
ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, a las dificultades en la instauración del certificado COVID de la Unión Europea y al elevado precio de las PCR. En este contexto, el defensor envió un conjunto de recomendaciones
al Ministerio de Sanidad; una parte de ellas fue admitida. Así, se asumió la recomendación del Defensor del Pueblo para que se reconociese como enfermedad profesional la COVID-19 en el grupo de trabajadores del sector sanitario en lugar de
tratarlo como accidente laboral. La institución también inició actuaciones con las comunidades autónomas para conocer el alcance de la saturación en los centros hospitalarios y de atención primaria por la acumulación de tareas asistenciales y de
vigilancia epidemiológica que debían asumir, por ser este un indicador idóneo
para hacer seguimiento de la calidad del servicio prestado. El Defensor del Pueblo también mostró su interés por el impacto de la pandemia en la salud mental. Al respecto, merece subrayarse la aprobación por el consejo interterritorial el
pasado 2 de diciembre de la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026 del Sistema Nacional de Salud a fin de promover planes de acción que de forma eficaz atiendan a las necesidades menos cubiertas por las administraciones en esta materia. En todo
caso, debe destacarse muy positivamente la masiva campaña de vacunación contra la COVID-19, que ha obtenido grandes resultados en la lucha y contención del virus.
Hoy es el Día Mundial de la Salud, y en el Día Mundial de la Salud en este presente año 2022, y con la confianza en la superación de la pandemia, es el momento de comprobar con las distintas administraciones hasta qué punto se están
adoptando planes y medidas concretas y efectivas que permitan un verdadero proceso de impulso y mejora de la atención sanitaria en todos sus niveles, incidiendo en aquellos aspectos y servicios cuya debilidad se ha hecho más evidente en esta crisis.
En 2021, se han producido verdaderas situaciones de emergencia social, con el consiguiente incremento de la demanda de recursos asistenciales, lo que ha conllevado un denodado esfuerzo de gestión no siempre con los resultados deseados. Los
reiterados escritos ante el Defensor del Pueblo por las situaciones de mayor desamparo, lamentablemente asentadas en algunos sectores, a lo que han de añadirse las penurias sobrevenidas, hacen imprescindible una valoración de las quejas desde una
perspectiva de vulnerabilidad, de pobreza o de riesgo de pobreza en todos los sentidos de esta palabra. En este campo de actuación, cabe destacar tres cuestiones. En primer lugar, la atención residencial de personas mayores dependientes o con
discapacidad. La dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores a pesar de la respuesta de los profesionales ratifica la urgente necesidad de que se replantee, y en todo caso se revise, el modelo residencial: la necesidad de un
incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales, la coordinación sociosanitaria eficaz y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas son algo reiteradamente subrayado por el Defensor del Pueblo.
En última instancia, ello supone a su vez replantear a fondo la política de los cuidados mediante un refuerzo de las garantías que asegure siempre unos cuidados respetuosos y dignos. El consejo territorial estatal ha iniciado ya los trabajos para
revisar aspectos fundamentales del funcionamiento de los centros residenciales. En todo caso, la institución hará un seguimiento en el presente año 2022 de los acuerdos que se materialicen en las nuevas disposiciones normativas que, esperemos,
adopten las diferentes administraciones para comprobar si con ellas se están garantizando los derechos básicos de los usuarios, ampliamente reclamados ante este Defensor. La pandemia también ha incidido en los retrasos en la tramitación de las
solicitudes de valoración de las personas con discapacidad, y en 2021 fueron numerosas las quejas por demoras en expedientes gestionados ante el Principado de Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cantabria
y Castilla-La Mancha.
En segundo lugar, el ingreso mínimo vital. La crisis pandémica ha implicado una verdadera emergencia social para muchas personas, incrementando la demanda de asistencia en las diferentes redes de recursos sociales que organizan y gestionan
las distintas administraciones. En este contexto, el ingreso mínimo vital aprobado a finales de 2020 está llamado a ser un importante elemento redistributivo y de cohesión social. El Defensor del Pueblo ha intervenido ante la complejidad de su
regulación, unida a un déficit estructural de recursos humanos que afecta a la Seguridad Social, para su tramitación. Aunque se han hecho múltiples esfuerzos para solventar los problemas de gestión, se han producido retrasos en la tramitación o
resolución de los expedientes, gran parte de ellos relacionados con el proceso de acreditación de requisitos económicos o familiares. En muchos casos, familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo han permanecido meses sin
percibir prestación alguna. De todas formas, la institución aprecia que se hayan incluido por la Administración varias de sus sugerencias para ampliar el ámbito de posibles beneficiarios. El Defensor del Pueblo considera que es preciso armonizar
las rentas mínimas de las comunidades autónomas con el ingreso mínimo vital para cumplir una labor de complemento o de mejora, logrando garantizar una adaptación de ambas prestaciones a fin de que los hogares más vulnerables no se vean
desprotegidos.
En tercer lugar, Seguridad Social y desempleo. Lamentablemente, en esta materia no se ha dado solución al problema de acceso presencial o telefónico a las oficinas gestoras a pesar de las medidas adoptadas. Esto ha generado una gran
insatisfacción entre los ciudadanos, que han presentado numerosas quejas, una preocupación que, lejos de remitir, se incrementa. Sin dejar de constatar las ventajas que ofrece una ágil tramitación electrónica de los expedientes, es necesario que
las administraciones públicas garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los trámites administrativos promoviendo soluciones
operativas, particularmente para las personas de edad avanzada o con menos medios o conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías.
En educación, en 2021 un número significativo de las quejas que se han recibido en la institución hacen referencia a los problemas más evidenciados por la pandemia. Las familias se han planteado dudas por los protocolos COVID, los sistemas
de ventilación en los colegios, el absentismo escolar de menores vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos. Desde la institución se han realizado actuaciones con las administraciones educativas para evitar
que la crisis sanitaria tuviese un impacto negativo en la educación. Asimismo, un año más han continuado las quejas por las dificultades en los procesos de admisión en determinados centros, la falta de recursos para atender al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, las barreras de accesibilidad, las demoras en las obras de construcción y mantenimiento en algunos centros docentes, así como las dificultades para acceder a ayudas y becas. En este sentido, y ya al
comienzo del presente año 2022, se ha publicado una resolución de la Secretaría de Estado de Educación que reconoce la singularidad de la escolarización en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en línea con lo recomendado reiteradamente por el
Defensor del Pueblo en 2021, aceptando otros documentos como medio de prueba para acreditar la residencia más allá del empadronamiento. Con esta resolución, el derecho a la escolarización de estos niños y niñas residentes en Ceuta y Melilla queda
garantizado como factor clave del derecho a la educación. Resulta esencial también ampliar la oferta educativa de primer ciclo de educación infantil, decisiva para detectar las necesidades de educación específica y favorecer la igualdad de
oportunidades, sin olvidar su impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Y otra cuestión importante está relacionada con la formación profesional. La institución considera que la formación profesional es clave para reducir el
abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes al ofrecer opciones más variadas tanto de formación como de empleo. El defensor lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su preocupación por las dificultades para acceder a
estos estudios por falta de plazas. Por último, en el ámbito universitario, los problemas para la convalidación y homologación de títulos han vuelto a protagonizar quejas junto con las diferencias de criterio en materia de calificación y
evaluación, y cuestiones relativas también a becas y ayudas. Un cierto colapso en la tramitación de los expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios ha sido también objeto de abundantes quejas, más de
quinientas en 2021. Es, por tanto, necesario que el Ministerio de Universidades aborde una profunda modificación normativa, especialmente en cuanto al procedimiento de tramitación de los expedientes, a fin de simplificarlo y agilizarlo, tal y como
venimos solicitando.
Se ha optado por denominar un capítulo de este informe Violencia contra las mujeres, al ser la expresión utilizada por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y por el Convenio de Estambul.
Se refiere a todos aquellos actos de violencia cometidos contra las mujeres por el hecho de serlo e incluye aquellos que constituyen violencia de género conforme a la legislación española. Esa violencia constituye un delito contrario a derechos
fundamentales tan básicos como la vida, la integridad física y moral, la libertad y, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres. Basta recordar que en 2021 han sido asesinadas 43 mujeres y 7 niños y además 30 menores se han quedado huérfanos
de madre. En este informe insistimos en que esta no es una mera cuestión legal que se rinde mecánica y burocráticamente; es una llamada a la reflexión sobre problemas reales, conflictos reales de personas reales, cuyos derechos fundamentales no
son garantizados o no lo son plenamente por los poderes públicos. Durante 2021 se han incrementado las quejas de víctimas de violencia de género relacionadas con procesos de guarda, custodia y regímenes de visita. Ante este incremento de quejas,
el defensor considera que son imprescindibles intervenciones específicas para salvaguardar sus derechos. Además, abogamos por mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas -por ejemplo, también en los puntos de encuentro
familiar- y facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración social.
La dificultad de acceso a la vivienda es otro de los asuntos que han suscitado un importante número de quejas. Estas han hecho referencia sobre todo a la adjudicación de vivienda pública protegida y a las ayudas al alquiler del plan estatal
de vivienda. El parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandas que reúnen los requisitos. Las listas de espera para acceder a una vivienda se prolongan en el tiempo y ofrecen pocas alternativas. Por otra
parte, los procedimientos de adjudicación de viviendas han de ser más ágiles y transparentes. La convocatoria de ayudas económicas destinadas al pago de alquiler vinculadas al plan estatal de vivienda se resuelve con meses de retraso respecto al
plazo establecido. No hay una cuantía suficiente asignada y los requisitos no siempre son
fáciles de cumplir. En relación con los desahucios de familias vulnerables, el Defensor del Pueblo comprueba que han intervenido los servicios sociales municipales y los organismos autonómicos en materia de vivienda para buscar soluciones
habitacionales a las familias afectadas en los casos que han sido objeto de queja ante esta institución. Señorías, al hablar de derecho a la vivienda no podemos olvidar la existencia de asentamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
Debe ser prioritario para las administraciones públicas programar medidas específicas en la línea de la erradicación del chabolismo y la infravivienda, buscando fórmulas de realojo con rapidez, pero el abordaje ha de ser integral y, en tanto se
logra una nueva oportunidad, han de dotarse soluciones provisionales que permitan cubrir necesidades básicas, como el suministro eléctrico y el agua potable.
Refiriéndonos a las entidades reguladoras con respecto a la actividad económica, en 2021 se recibieron numerosas quejas que evidencian la insuficiencia de los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras, como el Banco de España o
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En la institución, hemos seguido con interés el proceso normativo para la creación de un nuevo organismo, la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, con el que se espera lograr una
mejora de la tramitación y resolución de las reclamaciones de los ciudadanos. En relación con el suministro eléctrico, el pasado año siguieron recibiéndose muchas quejas, particularmente en cuanto a los problemas en el suministro, la facturación,
la arbitrariedad con los consumos estimados o el reconocimiento de la condición de beneficiario del bono social eléctrico y del bono social térmico. Asimismo, la opacidad del modelo de factura eléctrica que reciben millones de usuarios acogidos al
precio voluntario para el pequeño consumidor motivó una actuación de la institución que aún continúa en trámite. También fueron frecuentes las quejas por cortes en el suministro eléctrico que afectan especialmente a colectivos vulnerables, como
personas de avanzada edad, enfermos o menores.
En otro orden de cosas, cabe destacar el expediente de oficio abierto ante el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Tributaria para conocer las medidas previstas para evitar que los errores que acumuló el SEPE con los abonos a
trabajadores en ERTE supusieran una penalización fiscal para estos ciudadanos en la campaña de renta 2020. Asimismo, se precisa plantear la necesidad de afrontar los problemas que el impacto de las nuevas tecnologías tiene sobre colectivos con
dificultades para acceder a ellas, por razones diversas, a veces económicas, a veces estructurales e incluso sociológicas.
Señorías, el empleo público arrastra desde 2010 la falta de reposición de efectivos. El envejecimiento de plantillas y su proximidad a la edad de jubilación, unido al retraso en las convocatorias tanto de selección como de provisión de
plazas, contribuye a una importante falta de cobertura de vacantes. La situación se ha visto especialmente señalada en el sector sanitario, donde ha sido una evidencia la infradotación de personal, fundamentalmente en los servicios de urgencias
hospitalarios y en la atención primaria.
Otra cuestión que el Defensor del Pueblo viene manifestando es su preocupación por las elevadas tasas de temporalidad de los empleados públicos. Esta institución reiteró la necesidad de abordar la situación de quienes, como consecuencia de
ese marco normativo insuficiente y de la inadecuada planificación de los recursos humanos, venían padeciendo desde hace años las consecuencias de la temporalidad. La crisis sanitaria ha empeorado esta situación. Se han recibido, por ejemplo,
quejas por retrasos en la convocatoria de procesos, así como por la escasez de recursos humanos, lo que afecta de modo determinante a la atención personal para el acceso a servicios públicos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2021 supuso un punto de inflexión al incrementar notablemente las tasas de reposición en el empleo público en un 110 % en sectores prioritarios y en un cien por cien en los restantes. A corregir esta temporalidad se dirigió igualmente la
aprobación por el Gobierno del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la aplicación y desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público. La dispersión tecnológica aplicada por las distintas administraciones y la dificultad que el uso de las nuevas tecnologías supone aquí también para ciertos perfiles, en especial para las personas
de mayor edad, han generado asimismo quejas.
El incremento de fenómenos meteorológicos extremos a causa del cambio climático y la creciente exigencia respecto a la calidad del medio ambiente formaron parte del debate público y de muchas de las quejas recibidas. La transición a un
nuevo modelo energético basado en fuentes de energías renovables es una prioridad que plantea el impacto de los parques fotovoltaicos y eólicos en la biodiversidad y el paisaje, y está generando una preocupación creciente en los ciudadanos de las
zonas afectadas. La minimización de este impacto ha de asegurarse a través de las evaluaciones ambientales de cada proyecto en las que la Administración estatal y autonómica ha de exigir a los promotores el cumplimiento riguroso
de la legislación. El cambio climático hace más compleja la gestión adecuada del agua al agravar la sequía estructural en España. El Defensor del Pueblo insistió ante los organismos de las cuencas hidrográficas y las administraciones
autonómicas para que no se otorguen concesiones por encima de lo sostenible, se sancionen los aprovechamientos ilegales y se controle de manera efectiva la depuración de vertidos. Esto es esencial, por ejemplo, para la preservación de Doñana o de
ecosistemas litorales vulnerables como el Delta del Ebro o el Mar Menor.
La contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales o del tráfico ha protagonizado también actuaciones destacadas. La reducción de la contaminación atmosférica de las ciudades mediante la transformación de la movilidad es
asimismo esencial en la lucha contra el cambio climático; es otra transición que no puede esperar. Las administraciones locales tienen medidas de restricción del tráfico privado y tienen competencias al respecto y han de impulsarlas con decisión:
tienen competencias en peatonalización y fomento de los medios de transporte públicos y alternativos.
Otra actuación destacada fue la relativa a las autorizaciones excepcionales de plaguicidas con sustancias activas prohibidas por la Unión Europea.
Por último, la pasividad o insuficiente acción en el ejercicio de las potestades locales en ciertos ayuntamientos en el control del ruido, el urbanismo y la dotación de los servicios públicos locales mínimos y obligatorios, también fue
objeto de numerosas quejas. Las situaciones que exponen los ciudadanos en este capítulo no representan, quizá a juicio de algunos, problemas ambientales a gran escala, pero inciden de modo directo en el medio ambiente urbano, en la convivencia, en
la salud, en el derecho al descanso y a la intimidad. Por ello, el defensor requirió a las corporaciones locales eficacia y celeridad frente a estos problemas.
Los servicios públicos que atienden a los movimientos migratorios han de realizar, creemos, un esfuerzo en relación con los sistemas de acogida humanitaria. En 2021, la institución prestó especial atención a la situación de Canarias, donde
llegaron 22 316 personas migrantes, y se realizaron visitas a instalaciones de recepción, de detención y de acogida. La recepción y la protección de personas que llegan a nuestras fronteras merecen también especial consideración. En el mes de mayo
entraron en Ceuta más de mil menores. En agosto se produjeron devoluciones en frontera de algunos de estos niños que, a juicio del Defensor del Pueblo, no respetaban el procedimiento previsto en la legislación y hubieron de ser suspendidas por el
Ministerio del Interior, algo posteriormente ratificado por los tribunales. Mantenemos aún abiertas actuaciones sobre estas circunstancias. También en 2021 se confirmaron casos susceptibles de protección internacional, de asilo, de refugio, con
dificultad para acceder a los procedimientos legalmente previstos.
La acogida e identificación de menores no acompañados en situación de desprotección fue objeto de actuación por parte del defensor. Así, se dirigieron cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que fueron
aceptadas e incluidas en el borrador de la estrategia integral para la atención a niñas y niños y adolescentes migrantes no acompañados. Y en la reforma del reglamento de extranjería, aprobada en 2021, se recogieron algunas de las recomendaciones
realizadas desde la institución para facilitar el tránsito de los niños a la vida adulta. Se han recibido quejas, además, de personas extranjeras residentes en España por las demoras en la obtención de citas para realizar trámites administrativos u
obtener la documentación que les permita disfrutar de sus derechos.
El Defensor del Pueblo ha hecho, asimismo, recomendaciones relativas a las personas LGTBI, que han sido tenidas en cuenta, para que la documentación administrativa sea adecuada a la diversidad sexual y afectiva de las mismas, o las
recomendaciones para lograr la adopción de medidas y protocolos formativos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a fin de atender debidamente a las víctimas de agresiones LGTBIfóbicas.
Con respecto a la obtención de la nacionalidad española, es importante el número de quejas que se reciben en el Defensor del Pueblo sobre los registros civiles, 1638 en el año 2021, que son la punta del iceberg de un problema estructural
grave. Se estima en 300 000 el número de personas pendientes de algún tipo de decisión, sobre todo de la obtención de la nacionalidad por residencia y, en particular, por personas cuya lengua materna es el español. Se han adoptado medidas
importantes pero insuficientes en los dos últimos años.
Por otra parte, tras los sucesos ocurridos en Linares, Jaén, en los que se produjeron cargas policiales y varias personas resultaron heridas, la institución volvió a recomendar la elaboración de una normativa complementaria a la existente
sobre la utilización de material antidisturbios.
El defensor valora muy positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en junio de 2021, que incorporó recomendaciones de la institución para mejorar la protección
de los menores víctimas de violencia machista. La nueva norma incluye la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato por violencia de género, modifica además el Código Civil para
restringir el régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género o su suspensión durante la sustanciación del proceso y, además, refuerza el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y tenidos en
cuenta en los procedimientos sobre guardia y custodia que les afecten, así como en los procesos judiciales penales en los que sean víctimas, cuando tengan la suficiente madurez. Otra modificación importante, recogida en la citada norma y
recomendada por el Defensor del Pueblo fue la abolición del uso de contenciones mecánicas en los centros de internamiento para menores infractores, los CIMI.
En relación con la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, en 2021 la institución se reunió en la oficina de España del Parlamento Europeo con miembros de la Comisión de Peticiones a fin de recabar información sobre los
crímenes no resueltos de ETA. En opinión de la institución, las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas. La justicia, juzgar, la verdad a conocer. El derecho penal y el sistema judicial han de facilitar los enjuiciamientos y los
poderes públicos ofrecer a las familias la información disponible y seguir trabajando para aclarar todos los crímenes no resueltos.
El compromiso político de reformar la ley orgánica de seguridad ciudadana obliga a mencionar la importancia capital de esta ley para el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad en un Estado democrático. El defensor reitera lo que
viene sosteniendo en este asunto. Es necesaria la reforma de esta ley. En tanto no se reforme, debe interpretarse en el sentido más favorable a la libertad de los ciudadanos. La reforma debe incluir la garantía del más amplio ejercicio de los
derechos de reunión y manifestación y que los registros corporales externos en la calle deben practicarse reforzando las garantías administrativas y judiciales. La comunidad internacional acogió en el año 2020, con motivo del examen periódico
universal de España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algunas observaciones del Defensor del Pueblo para la reforma de esta ley.
El Defensor del Pueblo supervisa las prisiones por la vulnerabilidad intrínseca de toda persona privada de libertad y por el derecho que tienen a dirigirse a esta institución. Se han recibido en este ámbito 833 quejas en 2021. Alguno de
los asuntos objeto de preocupación al respecto son la prevención del suicidio, los sistemas de videovigilancia, la aplicación de medios coercitivos y la elaboración de parte de lesiones, la correcta identificación de los funcionarios, las
comunicaciones de los presos, la situación de las mujeres, el cumplimiento de las condenas en primer grado, los traslados y conducciones, las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual y la situación de los funcionarios con la
sanidad penitenciaria. En 2021, en relación con la actividad de la unidad Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el MNP, se realizaron 72 visitas a lugares de privación de libertad y
7 actuaciones no presenciales y se formularon 899 resoluciones, 255 recomendaciones, 618 sugerencias y 26 recordatorios de deberes legales para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. En todo caso, cabe resaltar algo
más patente, algo que se ha hecho más patente aún con ocasión de la pandemia: la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003 determina la necesidad de la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de las
comunidades autónomas y el incumplimiento, en gran medida, a este respecto. Además, se ha continuado trabajando en el Proyecto Cárceles y Género iniciado en 2018 en el marco en el que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
realiza visitas a lugares de privación de libertad, atendiendo específicamente a la situación de las mujeres. De todo ello daré cuenta en el informe específico sobre el MNP que habrá de presentarse en la Comisión mixta.
La cooperación internacional, las reuniones internacionales y las visitas y los encuentros desarrollados en 2021 son atendidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos. El defensor, además, desarrolla relaciones de colaboración con
las instituciones homólogas de otros países y facilita, de forma independiente, el seguimiento periódico sobre la situación en España de derechos humanos. Por ejemplo, la institución ha colaborado con el equipo del relator especial sobre la pobreza
extrema y así lo hemos seguido haciendo en 2021, presentando informes y proporcionando los que nos requieren estas instancias internacionales, como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa. A pesar de las restricciones de la pandemia, la
institución ha estado muy activa y presente en los encuentros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, ha venido realizando esos encuentros, ha participado en sus pronunciamientos, así como en otras redes como el Instituto Internacional
del Ombudsman y la Asociación del Ombudsman del
Mediterráneo. Hemos de recordar muy especialmente la situación de algunas instituciones homólogas que, a pesar de enfrentar situaciones extremas, no han dejado de trabajar para proteger los derechos humanos en sus respectivos países. Me
refiero concretamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán, la señora Shaharzad Akbar, y a la señora Liudmila Denisova, comisionada para los Derechos Humanos en Ucrania.
Señoras y señores, señorías, el informe anual 2021 no clausura los problemas y quejas planteados por la ciudadanía, no los zanja. Muchos de los asuntos siguen vivos y, por coherencia y continuidad institucional, hay que proseguir atendiendo
su evolución, señalando su evolución y activando los procedimientos oportunos y trabajar en la búsqueda de la resolución de los problemas. Nos detenemos brevemente en algunos de estos asuntos que llamamos abiertos pero que, en realidad, señalan la
continuidad institucional y que merecen singular atención.
A la institución se han dirigido personas que muestran su disconformidad con los proyectos educativos implantados en algunos centros docentes sostenidos con fondos públicos en las comunidades autónomas Valenciana, de Cataluña y de Illes
Balears, solicitando que la lengua castellana sea utilizada de forma proporcional y equitativa en todas las etapas de enseñanza obligatoria. Sin voluntad de extrapolar previamente cualquier acción ni de poner en cuestión una política educativa
concreta por casos específicos, esta institución procedió a solicitar información a la Conselleria dEducació de la Generalitat de Catalunya, a fin de poder contrastar el alcance de algunas situaciones y en qué medida hay o no casos similares. A
tal fin se inició a finales de 2021 una actuación de oficio para conocer cómo se estaba protegiendo a un menor en Canet de Mar, Barcelona, y a su familia ante la presión a la que reconocía sentirse sometido tras haber reclamado clases en castellano.
Se nos dio respuesta señalando: desde el Departamento de Educación no tienen constancia de ninguna acción o situación en el entorno educativo que haya alterado la convivencia en la comunidad educativa del centro. (Rumores). La actuación permanece
abierta a la espera de que, tras la sentencia firme que obliga a impartir un mínimo del 25 % en castellano en las aulas catalanas dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considere las objeciones y alegaciones que se hayan podido
hacer y tome una decisión, en su caso, y señale qué acciones ha de emprender para que se ejecute.
Otra de las cuestiones es la situación de la Cañada Real, asunto de gran relevancia para la institución, que sigue abierto y, desafortunadamente, sin resolverse. Ya son más de quinientos días sin luz, lo que es muy preocupante. Personas
mayores, enfermos crónicos y niños de la Cañada Real han pasado su segundo invierno sin suministro eléctrico en sus hogares. Estas circunstancias impiden una vida adecuada y, en algunos casos, llegan a poner en riesgo la salud de quienes ya viven
allí. Mi antecesor en el cargo, Francisco Fernández Marugán, ya realizó el año pasado recomendaciones para que puedan celebrarse contratos de suministro individuales para las personas que residen en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y
para restablecer con urgencia el suministro eléctrico. Desde mi llegada a la institución me he reunido con afectados y con el comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana y le ha instado a concretar las medidas
para resolver la falta de suministro eléctrico. El asunto continúa abierto.
También hemos iniciado una actuación de oficio para recabar información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación a los alumnos que viven en la Cañada Real Galiana, quienes se encuentran en desventaja, ya que no pueden, por
ejemplo, recargar sus dispositivos ni estudiar sin luz natural. Llevan demasiados meses en esta situación crítica e insostenible. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señaló, el pasado mes de noviembre,
que financiará un tercio de los realojos de las familias vulnerables en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana de Madrid. Las otras administraciones implicadas -Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Rivas y Ayuntamiento de Madrid- se
encargarían del resto. La cuestión que nos preocupa es cómo afrontar, mientras tanto, esta verdadera emergencia humanitaria.
En 2021, el defensor actuó también de oficio interesándose por situaciones referidas a circunstancias de explotación o abusos sexuales sufridos por menores tutelados acogidos en centros de protección. Así, se mantiene abierta la que tiene
que ver con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de Baleares y otra con la consejería competente de la Comunidad de Madrid. En ambos casos, la institución está interesada, entre otros aspectos, en que se desarrollen y se apliquen de forma
eficaz en los centros de protección de menores los protocolos de prevención y detección temprana que contempla la nueva ley de protección integral de la infancia frente a la violencia, de junio de 2021. Además, recibimos la queja sobre menores
tutelados en la Comunidad Valenciana. Este caso está siendo investigado por el Síndic de Greuges de esa
comunidad autónoma; y el defensor, por tanto, no puede iniciar actuaciones porque la relación entre el defensor y los defensores autonómicos se basa en principios de cooperación y coordinación y no en principios de jerarquía. Además, la
razón para la espera es que el caso se encuentra judicializado.
La invasión de Ucrania por Rusia, el 24 de febrero, ha generado la salida del país de más de cuatro millones de personas. Muchas de ellas han llegado a España, y esto requiere un singular esfuerzo para acogerlos y ofrecerles la posibilidad
de que emprendan aquí una vida nueva, digna y segura. Es muy importante llamar a la ciudadanía a una solidaridad responsable. La acogida ha de ser organizada, y organizada también institucionalmente; es preciso conjugar la legítima aspiración de
particulares y colectivos de brindar acogida ante la catástrofe humanitaria con una distribución racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos. Se requieren actuaciones de supervisión. La buena voluntad es imprescindible. Sin ella,
estamos perdidos, pero solo con ella también. Una vez más, se precisan instituciones, mediaciones y procedimientos. Y cabe subrayar que casi el 40 % de las personas desplazadas de Ucrania a España en este contexto son menores de edad. Debemos
recordar que esta emergencia podría postergar la resolución de protección de otras personas que llevan esperando tiempo la resolución de su caso.
Unas palabras finales, que no necesariamente serán muy breves (risas), pero no serán muy largas. Es obvio que vivimos una época convulsa, en la que se enlazan sucesivas crisis, como la comentada, que nos plantean a todas las sociedades
retos continuos. A la crisis económica, iniciada en 2008, siguió la irrupción de la pandemia en febrero de 2020, que introdujo una emergencia sanitaria con numerosas víctimas mortales, secuelas sanitarias y devastadoras consecuencias económicas,
laborales, sociales o incluso afectivas. Y cuando parecía que empezábamos a domeñarla, la invasión de Ucrania ha vuelto a alterar los cimientos del orden internacional con repercusión en todos los países.
Ante esta pandemia, conceptos claves como justicia, libertad y seguridad, junto a principios como la convivencia democrática y un orden económico y social justo, que configuran el ideario colectivo que compartimos como miembros de una
comunidad política amparada en nuestra ley fundamental, sufren un embate que debemos afrontar. Los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que se consagran como valores superiores del ordenamiento jurídico en el artículo 1 de
nuestra Constitución, no pueden ignorarse ni eludirse para resolver las controversias que se suscitan de forma reiterada y continua en nuestra sociedad. Estos valores y principios son los que fundamentan nuestro Estado social y democrático de
derecho que nos dimos en 1978, pero en el texto constitucional se recogen otros, entre los que cabe destacar: la dignidad humana, el espíritu de apertura y de tolerancia, el respeto a la libertad de los demás, la diversidad ideológica y cultural,
la solidaridad, la justicia social y la cohesión territorial, que delimitan el ámbito de actuación de todos los poderes del Estado y las conductas de la ciudadanía, que son la base del orden político y de la paz social. A su vez, estos principios y
valores sirven de guía para la actividad que desarrolla una institución como el Defensor del Pueblo, a la que nuestra Constitución atribuye la defensa de los derechos fundamentales comprendidos en la misma. Para las personas que se dirigen con sus
quejas al defensor es muy importante saber que no están solas, que hay caminos y que, además, esta institución escucha, atiende y traslada a los poderes públicos para que se adopten las medidas oportunas para su solución.
El informe anual procura ser un fiel reflejo de cuanto ha conocido esta institución y de las resoluciones que hemos dictado, y siempre, en la medida en que ha sido posible y procedente, no solo buscamos soluciones individuales, sino que
intentamos extraer consecuencias de carácter general que puedan ser de aplicación para la ciudadanía en su conjunto. Como corresponde a nuestra labor de Defensor del Pueblo, hemos formulado a las administraciones públicas advertencias,
recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas; es el artículo 30, como saben, de la Ley del Defensor del Pueblo.
En definitiva, los informes anuales suponen un instrumento privilegiado que permite conocer cuáles son los protocolos que los ciudadanos plantean y cuáles las carencias en la actuación de nuestros poderes públicos que estiman que deben ser
prioritariamente atendidas. Pero el trabajo que realizamos desde el Defensor del Pueblo es muchas veces solo un paso. Queremos ser clave en una tarea más amplia, pues esta institución no está llamada a zanjar directamente los problemas que se le
plantean, pero sí aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias a cuantos han contribuido a lo que este informe es y significa, y muy en concreto, insisto, a don Francisco Fernández Marugán.
Muchas gracias por su consideración. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, defensor del pueblo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, se iniciará el debate de este punto del orden del día. Como saben, el defensor del pueblo no puede permanecer en el hemiciclo y seguirá el debate desde la tribuna. Vamos a darle un par de minutos para que llegue y pueda,
así, escuchar a todas sus señorías desde el primer interviniente al último.
Gracias. (Pausa).
Defensor, señorías, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta.
Excelentísimo señor, siento decirle que estamos decepcionados con las ausencias sobre temas como la desigualdad de derechos que provoca la brecha socioterritorial y los efectos de la despoblación, y sorprendidos por el tratamiento de algunas
cuestiones como el despliegue de renovables en su informe anual de 2021.
En primer lugar, sobre los problemas de los desequilibrios territoriales y la despoblación, cuestiones sobre las que venimos solicitando una atención específica dado que provocan una desigualdad en el ejercicio de derechos entre los
ciudadanos como consecuencia de su lugar de residencia y de la brecha territorial, la acción del Estado, como sabe, no es igual ni produce los mismos derechos ni oportunidades para los habitantes de las grandes ciudades y de las áreas metropolitanas
que los servicios, condiciones de derechos y oportunidades que brinda para los residentes en las áreas despobladas. Su informe no trata este tema ni tiene epígrafe específico para agrupar de manera transversal las quejas que le han llegado bajo
este denominador común.
En segundo lugar, por una cuestión de especial gravedad que está afectando al territorio de las áreas despobladas y a las condiciones de vida de muchísimas personas que residen ahí, está el despliegue de energías renovables que, además, se
está llevando a cabo en España con la duda fundada sobre cumplimiento del requisito normativo de una verdadera evaluación ambiental estratégica, como indica la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. Este era uno de los argumentos que la asociación de apoyo a Teruel Existe denunció ante el justicia de Aragón, junto a la flagrante ilegalidad de la tramitación de los proyectos de parques de
renovables que no respetaban la normativa aragonesa de ordenación del territorio ni las directivas europeas sobre medioambiente, mientras se aplicaban prácticas como el fraccionamiento de proyectos para sortear las evaluaciones ambientales más
exigentes que realiza el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se dividían así en proyectos cuya dimensión nunca llegaba de manera artificial a los 49 megavatios. Sobre esta misma cuestión se presentó queja ante el Defensor del
Pueblo el 28 de junio de 2021 y se ha recibido la respuesta el 7 de febrero de 2022. La respuesta indica que las administraciones públicas estatal y autonómica están tramitando aún los procedimientos de evaluación, lo que significa que no se ha
adoptado una decisión definitiva sobre su implantación. Nos parece una manera burda de lavarse las manos.
El estudio de evaluación ambiental del PNIEC, de 20 de enero de 2020, no puede calificarse como un documento de evaluación ambiental estratégica sobre el desarrollo y despliegue de renovables porque, en primer lugar, su objeto es mucho más
general que el aludido plan de renovables y, en segundo lugar, porque todas las consideraciones sobre los impactos de energías renovables son genéricas sin una referencia a la implantación concreta en el territorio. Este estudio dedica catorce
páginas a la evaluación del despliegue de energía eólica, pero la mayor parte de las mismas se centran en valorar los efectos positivos de la contribución de este tipo de energía a la lucha contra el cambio climático -lo que sin duda es cierto-,
pero solamente varias fichas de una página de extensión sintetizan los impactos más severos sobre la biodiversidad, los espacios protegidos y los paisajes con recomendaciones que no se cumplen en los planes. De la misma manera, tampoco se han
arbitrado medidas que obliguen o garanticen el cumplimiento de esas recomendaciones genéricas en cada uno de los proyectos concretos. Por tanto, la evaluación ambiental estratégica del PNIEC no es la que corresponde haber realizado al despliegue de
renovables y, sin duda, esta observación la debería haber formulado el Defensor del Pueblo ante las numerosas quejas recibidas, entre ellas, la del movimiento ciudadano Teruel Existe.
En otra cuestión, y volviendo a la anterior, en la comparecencia de septiembre de 2021 del anterior defensor del pueblo recordábamos que en las conclusiones del informe monográfico de 2018 sobre la
demografía se decía: «En definitiva, las administraciones públicas deben asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas con escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una
serie de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes concentraciones urbanas». De nuevo hoy rogamos encarecidamente que en el siguiente informe anual el defensor del pueblo se explique esta brecha de
desigualdades en derechos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. Con mi agradecimiento al defensor del pueblo por la presentación de su informe anual, quiero desear al señor Gabilondo y a los miembros de todo su equipo, que tomaron posesión el pasado mes de
noviembre, los mayores aciertos para que la institución continúe perpetuándose como una de las más valoradas de nuestro sistema democrático -en unos momentos críticos de la historia que afectan de lleno a toda la sociedad, pero con mayor virulencia
sobre los más vulnerables- y reaccionando ante los problemas, que no serán pocos y que le trasladarán a usted como último recurso. Le animo en tan difícil tarea y en su afán de dar continuidad a la labor de sus predecesores.
Señorías, respecto al contenido del informe anual en lo relativo a Asturias, mi comunidad de procedencia, constato un año más que desde la acertada eliminación en 2013 de la duplicidad que suponía la existencia del denominado Procurador
General no solo no se han derivado más quejas hacia el Defensor del Pueblo, sino que, paradójicamente, se sigue presentando menos. De las habidas en 2021, persiste el problema derivado de la exasperante parsimonia con la que se tramitan las
valoraciones de discapacidad, lo cual impide el acceso a derechos y prestaciones para una población en la que las necesidades elementales de nuestras personas mayores deberían tener una atención prioritaria de las administraciones.
Tenemos un colosal desafío con el galopante envejecimiento de nuestra población, uno de los más acusados de toda la Unión Europea. Un problema demográfico agudizado por la falta de nacimientos y, también, por el éxodo juvenil como secuela
de la falta de oportunidades laborales. Señorías, el envejecimiento -que no es un problema solo de Asturias y que, asimismo, impacta en otros territorios- continúa dejando en evidencia clamorosas carencias sanitarias y asistenciales. En este
sentido, aprovechando esta intervención, ruego a la institución del Defensor del Pueblo que sea mucho más persistente en su papel de impulsor ante las administraciones de la mejor atención a nuestros mayores. Es más, le solicito que se anticipe al
incipiente desastre derivado de la carencia de personal sanitario que ya incide en la atención primaria, cada vez menos personalizada por la falta de profesionales y que también tocará a la atención hospitalaria, como de hecho ya lo hemos visto en
los periodos más críticos de la pandemia. Es preocupante, además, la escasez de profesionales para la atención cualificada de personas mayores en establecimientos residenciales. El señor Gabilondo se refirió antes en su intervención a este
importante problema de la infradotación de personal.
Finalmente, y con ello concluyo, quisiera reconocer de la institución una de sus capacidades más importantes como es la elaboración de estudios monográficos sobre materias específicas que, por su detalle, siempre resultan de gran interés
público y político para conocer las lagunas de nuestra sociedad y promover soluciones. Estamos, salvo repuntes inesperados, en el epílogo de la pandemia del COVID-19, un período de más de dos años en los que el Gobierno, incluso incumpliendo la
Constitución, ha mentido de principio a fin. Los españoles del presente y del futuro se merecen un informe específico sobre la actuación de las administraciones ante esta catástrofe de la que se han maquillado vergonzosamente hasta el número de
españoles fallecidos. Un estudio de tal magnitud y de semejante relevancia solo puede elaborarlo desde su imparcialidad y desde su capacidad para recabar datos oficiales el Defensor del Pueblo. Permítame que se lo sugiera.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Gabilondo jauna, egun on. Buenos días, señor defensor del pueblo. Bienvenido a esta que era su casa y ahora también sigue siéndola. Espero y le deseo la mejor de las suertes en la función que ha empezado usted. (El señor vicepresidente,
Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El anterior defensor del pueblo -con el que mantenía una especial relación, porque yo fui presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en su momento- decía en sus intervenciones que empezó como un marxista amable
y acabó siendo un socialdemócrata de libro. La verdad es que es inevitable -además, entiendo que así sea y quiero que así sea- que el puesto de defensor del pueblo no sea solamente el de un mensajero entre el que recibe una queja y la transmite,
sin duda alguna la personalidad de quien ostenta ese cargo tiene algo que ver, y debe tener algo que ver a la hora de transmitirlo. Por tanto, es innegable que usted ha ofrecido su perfil de humanista, con raíces cristianas y posición política
socialdemócrata, sin duda alguna, pero con ese académico humanista que siempre seguirá siendo.
En su intervención es imposible citar todo lo que puede ocurrir, y nosotros en siete minutos, que ya son seis, tampoco podemos resumir aquellas cuestiones que más nos interesan de todo lo que usted ha reflejado y de lo que no ha reflejado.
Pero, desgraciadamente, ha pasado un año y aquellas quejas o aquellas cuestiones que a mi grupo le interesaban o que le preocupaban -además de, por supuesto, todas-, pero sobre las que hicimos hincapié, siguen estando vivas, y eso es algo que nos
preocupa.
Hay una cuestión que usted no ha citado, pero que su informe recoge y que todos los años aparece, que es el tema de la situación de los centros penitenciarios. El informe recoge la preocupación acerca del aumento exponencial de los casos y
considera imprescindible la creación de dinámicas y estrategias que traten de paliar esta situación -se refiere a los suicidios en los centros penitenciarios-. Asimismo, dice que igualmente, y pese a que la Administración afirma seguir en la
búsqueda de herramientas de detección de simulación de conductas autolesivas, aún no se han plasmado en el ámbito penitenciario español. Consideramos que es una situación importante, porque el tema de las cárceles sabemos todos que ha evolucionado,
que de por sí es un tema muy delicado y muy preocupante.
Nosotros hacíamos hincapié en eso, y también señalábamos la situación de las mujeres en las cárceles. Hemos tenido varias iniciativas en esta cuestión. Además, aprovecho esta tribuna para decir que hubo un compromiso de este Gobierno para
traer un informe de la situación de las mujeres en los centros penitenciarios ante la Comisión de Igualdad. Sin embargo, ha pasado más de un año y todavía estamos esperando. Respecto a la situación de las mujeres en las cárceles -lo dice usted en
su informe, incluso- persiste un evidente trato desigual que habitualmente ha recaído, y aún hoy recae, sobre las mujeres, teniendo como causa principal el desconocimiento de las necesidades e inquietudes que ellas presentan de forma específica. Es
lo que nosotros decíamos, porque en los centros penitenciarios se trata de forma desigual a los hombres y a las mujeres, y es algo que todavía no se ha solucionado.
Respecto al tema de la violencia de género -usted lo ha citado y nos parece que es un tema importante a la hora de señalarlo-, en su informe dice cosas que, como miembro de la Comisión de Igualdad también, me preocupan, porque cuando hicimos
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y lo estuvimos tratando, precisamente, hacíamos hincapié en aquello que ustedes dicen aquí. Dicen: «... tampoco se han implementado los compromisos de coordinación de la actuación de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, servicios sanitarios y Administración de Justicia, ni la mejora en la evaluación del riesgo, en la determinación del grado de protección necesaria en cada caso, o en la fijación de medidas». Asimismo, dice que las quejas y las
denuncias principalmente están referidas a dilaciones injustificadas a la hora de dictar sentencia, o interpretación restrictiva de la ley o de los derechos reconocidos a las víctimas que dificultan o hacen muy difícil el acceso a las medidas de
protección. Esto me parece que es muy grave, porque si aparece en el informe del Defensor del Pueblo esta cuestión, es que algo estamos haciendo mal a la hora de la implantación de toda la estrategia de violencia de género y de las medidas del
pacto de Estado, precisamente. Por tanto, es otro elemento a tener en cuenta, que consideramos muy importante. No voy a incidir en exceso en aquellas cuestiones que nos parecen preocupantes, porque, al fin y al cabo, el Defensor del Pueblo lo que
hace es recoger, pero el mensaje va dirigido a las instituciones públicas, a las administraciones que son competentes en materia de los temas de pobreza, de las consecuencias del COVID, etcétera, en las que no voy a profundizar.
Hay otra cuestión, que es el tema de los derechos lingüísticos. Aquí algunos se rasgan mucho las vestiduras con las horas de clase y de no sé qué cosas, que están ya totalmente decididas por las autoridades educativas, pero algunos siguen
con el raca raca. Pero, ¿y los derechos lingüísticos de los
ciudadanos que, por ejemplo, vamos a renovar el carné de conducir o a renovar el carné de identidad y no hay ningún funcionario del Estado que nos pueda atender en nuestro idioma oficial, en nuestra tierra, por ejemplo? ¿Ante eso, no hay
ninguna queja? ¿Acaso los ciudadanos vascoparlantes no tenemos derechos lingüísticos para poder hablar en nuestro idioma ante un funcionario del Estado español, del cual también es lengua cooficial? ¿O es que eso no es nunca irrumpir en los
derechos lingüísticos de los ciudadanos? ¿Eso no pasa, verdad? Solo pasa cuando es a la inversa. Pues muy bien, estas son las cuestiones, entre otras, que nosotros teníamos que plantear, que desgraciadamente todos los años suelen ser las mismas.
Creo que alguien debería tomar cuenta de esto.
Señor Gabilondo, siga usted trabajando con ímpetu en esta cuestión, que sé que es complicada, pero le deseo lo mejor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor defensor del pueblo, gracias por su intervención. Señor Gabilondo, aprovecho para darle la bienvenida a esta Cámara. Permítame que, antes de entrar a valorar en profundidad el informe que hoy nos ocupa, tenga que hacer
referencia a una cuestión de la que ya hablé el año pasado en este mismo entorno de intervención, y me parece lamentable tener que volver a hacer referencia a ella porque nos encontramos en la misma situación, y no es otra que la independencia de la
figura del Defensor del Pueblo. Hace un año, en esta misma tribuna, hacíamos referencia a que el Alto Comisionado de las Cortes Generales, cuya función es defender los derechos y libertades públicas que tenemos en nuestra Constitución, es un órgano
de alta relevancia constitucional y que, lamentablemente, ha sido preso de la politización del Partido Popular y del Partido Socialista, y usted, señor Gabilondo, a quien admiro profesionalmente, ha sido nombrado como defensor del pueblo siguiendo
el reparto de sillones al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo. Próximamente, seguiremos con otro reparto de sillones en el Consejo General del Poder Judicial.
En Ciudadanos siempre hemos apostado y defendido la necesidad de dar credibilidad y garantizar la independencia de nuestras instituciones, elemento clave para mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Por ello, ya en el anterior
debate anunciamos la presentación de una proposición de ley para garantizar de una vez la independencia de la defensoría del pueblo y protegerla de los chanchullos del bipartidismo, y esperamos que, antes de que termine esta legislatura, la podamos
debatir en esta Cámara y que además tanto el Partido Popular como el Partido Socialista reconduzcan y rectifiquen sus posiciones.
Por otro lado, permítame recordarle -además usted ha hecho alguna referencia a ello- que Ciudadanos presentó una consulta a su defensoría sobre la situación o la inacción del Gobierno ante la situación de acoso al menor en Canet de Mar. Y
lo que acabamos de escuchar, según las informaciones que nos ha proporcionado, nos parece totalmente insuficiente. Desde Ciudadanos creemos que se debe hacer una investigación bastante eficaz, profunda, que garantice realmente que aquel niño y
aquellas familias que en Cataluña quieren desarrollar la lengua castellana en su escolarización no vivan situaciones de desigualdad ni de acoso únicamente por dar cumplimiento al 25 % establecido del catalán en las escuelas de Cataluña. Creo que en
este tema hay que ser exigentes y rigurosos con el cumplimiento y la defensa de la igualdad de todas las personas en Cataluña.
Por otro lado, en relación con su informe, les felicito por la amplia diversidad de temas que trata. Creo que nos ha expuesto una parte del trabajo, y si se ahonda en el informe se ve muchísimo más. Hay que destacar cómo de nuevo vemos que
insta a las administraciones y a los organismos públicos porque se continúa con procedimientos de recuperación de la posesión de los inmuebles contra familias vulnerables que no disponen de alternativa habitacional. Esta instancia que usted hace a
las administraciones en el ámbito de la vivienda ya la incluía en su anterior informe, y vemos que esta situación no ha sido corregida. Propone garantizar a la unidad familiar que ha sido desahuciada la asignación de un alojamiento temporal hasta
tanto no dispongan de una vivienda alternativa. Con eso estamos totalmente de acuerdo desde Ciudadanos y consideramos que debe corregirse este tipo de infracción. A pesar de que el Gobierno de España no tiene competencias en materia de vivienda,
creemos que el Ejecutivo puede acordar con las comunidades autónomas establecer una reserva de los inmuebles destinados a este fin en las viviendas del Sareb que sean cedidas a las autonomías.
También debo agradecerle en materia de vivienda que usted haya puesto encima de la mesa una cuestión relacionada con la infravivienda y el chabolismo, lo cual le agradezco. Porque parece que solo se habla de infravivienda y de chabolismo
cuando sale a la luz un hecho lamentable como la situación de Cañada Real, que a todos parece que nos lleva de alguna manera a hacer alguna labor de incidencia, pero es que en España hay poblados chabolistas e infravivienda en todas nuestras
ciudades. Por eso desde Ciudadanos lo que también vamos a esperar es que esta recomendación que acaba de decir hoy el propio defensor del pueblo se la anoten tanto Podemos como el Partido Socialista para trabajarla de una manera rigurosa en la
próxima ley de vivienda.
Por otro lado, destaca que en el año 2021 ha habido un incremento de la llegada de menores a Canarias, junto a la crisis ocurrida en Ceuta en el mes de mayo. Por ello creemos que es importante también mejorar los mecanismos de colaboración
y solidaridad entre las comunidades autónomas para no sobrecargar a aquellas regiones que por distintos motivos acogen a un mayor número de menores. Desde Ciudadanos somos conscientes de que es un tema complejo, que tiene distintas aristas, aristas
económicas, sociales y educativas. Por eso somos conocedores además de que hay un debate intenso de si tenemos que hablar de los menores inscritos o los menores atendidos en cada una de las comunidades autónomas, pero por lo que apostamos es por
que haya realmente un sistema solidario entre todos los españoles para una atención distribuida y equilibrada entre todas las comunidades autónomas.
Por otro lado, otra de las cuestiones que también nos preocupa y que aparece en su informe es que hace relación a la incoación de los expedientes de expulsión tras interponer una denuncia penal o acudir a la comisaría de policía Pues, mire,
totalmente de acuerdo también con esta cuestión. De hecho, estamos ahora en el trámite de ponencia de la ley de igualdad de trato y no discriminación, y lo que me parece lamentable es que el Partido Socialista haya eliminado una de las propuestas
de Ciudadanos que justamente hacía referencia en nuestra enmienda a que aquellas personas que van a denunciar una situación discriminatoria no se les pueda interponer o incoar un expediente de expulsión. Me parece muy progresista y muy coherente
con la defensa de los derechos humanos, también de aquellas personas que son víctimas de discriminación, y lo que lamento es que el Partido Socialista haya quitado esa enmienda de nuestra propuesta.
Por otro lado, también hay bastantes quejas al alto comisionado sobre padres, madres y tutores, cuyos hijos necesitan de apoyos singularizados y adaptados a las necesidades educativas. Nuevamente estamos de acuerdo con ello y esperamos que
se tengan en cuenta aquellas propuestas que hemos hecho para trabajar con los niños en situación de autismo.
Finalmente, usted hace referencia en su informe a situaciones de desigualdad, de fracaso escolar, de segregación escolar, de las que me canso de hablar en esta tribuna, no hago otra cosa que mencionar la segregación escolar que existe en
nuestro país y el alto índice de fracaso escolar que afecta al alumnado gitano. Por lo tanto, espero que nuestro Ministerio de Educación, además de hablar y de anunciar, se ponga en marcha para realmente solucionar una de las cuestiones que el
propio Defensor del Pueblo dice en su informe
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: y que consideramos sustancial para abordar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Por cuestión de tiempo me centraré solo en algunos de los asuntos abordados, muchos de los cuales el BNG también ha traído a esta Cámara a través de diversas iniciativas, pero que el Gobierno sigue sin solucionar. Son especialmente
numerosas las quejas sobre el acceso a suministros básicos -energía, agua-, así como los problemas de facturación o la tramitación de los bonos sociales. Y eso que el informe se refiere a 2021, ya veremos, por desgracia, que se superarán con creces
en el próximo año.
Otro asunto destacado es el de la exclusión financiera, sobre todo el referido a la apertura de cuentas básicas -derecho que los bancos siguen negando en muchos casos- y a las comisiones bancarias
abusivas. El Gobierno, a nuestro juicio, tiene que intervenir ya y regular esta relación, tiene que establecer obligaciones a los bancos para operar o prestar directamente estos servicios por medio de una banca pública.
Muy presentes también las quejas sobre transporte ferroviario, especialmente sobre el deterioro del servicio de cercanías. Tengo que aclarar que en Galiza no hay quejas porque directamente no existe, pero sí nos afectan la reducción de
servicios ferroviarios y la política tarifaria, que también debe ser corregida.
Es igualmente destacable el número de denuncias en relación con la instalación de proyectos eólicos, y en Galiza es un problema grave. La Administración debería establecer previamente zonas hábiles o idóneas para el desarrollo de proyectos
eólicos, limitando la incidencia en áreas pobladas, zonas agrícolas y el impacto ambiental o patrimonial, en lugar de dejar barra libre a las empresas. Sin embargo, a nuestro entender, una de las partes más críticas del informe es sobre el
mantenimiento de la ley mordaza -aún no derogada por este Gobierno-, ya que el propio defensor reclama su reforma, haciendo hincapié en su aplicación durante el estado de alarma, además de muchos otros expedientes en relación con abusos, malos
tratos o negligencias policiales.
Por último -finalizo-, quiero constatar una ausencia preocupante, más allá de dos casos concretos. En todo el informe no existen recomendaciones a la Administración del Estado para corregir la constante y sistemática vulneración de los
derechos lingüísticos de los ciudadanos que empleamos legítimamente nuestra propia lengua, como el galego
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: para dar cumplimiento a la Carta Europea de las Lenguas.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Bon dia, señorías.
Buenos días, señor defensor del pueblo, señor Gabilondo, bienvenido a esta que es su casa. Le deseo toda la suerte en esta nueva etapa; ya lleva trabajando varios meses, pero, aprovechando su primera intervención en este Pleno, quería
desearle toda la suerte.
Es difícil valorar este informe en solo cinco minutos. Por eso he seleccionado tres cuestiones que para nosotros son importantes; algunas de ellas son nuevas y otras no lo son, pero creemos que es importante ponerlas encima de la mesa.
Empiezo por la que seguramente es la joya de la corona de su informe, que es el segundo estado de alarma, que, por motivos evidentes y como usted mismo recoge en su informe, implicaba una limitación y una restricción nuevamente de derechos
fundamentales, de la libertad de circulación y de reunión en lugares públicos y privados. Pues bien, dedican ustedes una parte importante de su informe a evaluar estas cuestiones. Sin embargo, en realidad el informe se dedica a elaborar un pequeño
resumen de cosas que ya conocíamos y, al consultar las iniciativas aprobadas en esta Cámara, uno se lo puede construir. Señor defensor, hemos echado de menos una valoración de su parte sobre cuáles han sido estas vulneraciones y cuáles han sido las
libertades y los derechos que han sido restringidos, así como si ha habido o no ha habido un abuso por esas partes.
Le dejo un calendario vinculado al uso y a las restricciones relacionadas con el uso de la mascarilla, que para nosotros son importantes y que creemos que deberían estar incorporadas en su informe. Le leo el calendario que le hemos
elaborado por si cree conveniente incorporarlo en el informe del año que viene. Fíjese, señor defensor, el 4 de mayo de 2022 se hace obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. Se actualiza el 21 de mayo de 2020 con el uso de la
mascarilla también en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados. El 26 de junio, un año y un mes más tarde, se decide que el fin de las mascarillas en el exterior es ya una cosa asumible. El 23 de diciembre de 2021 se vuelve
a poner la mascarilla obligatoria en exteriores y, en este caso, señor defensor -y aquí le dejo una cosa por si quiere tirar de un hilo-, el Gobierno decide que es oportuno vincular esa decisión a un incremento de las pensiones para conseguir una
mayoría parlamentaria que no tiene. El 10 de febrero de 2022, tan solo dos meses después de la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, el Gobierno levanta el uso de la mascarilla en el exterior con una situación igual o peor que la anterior
a los dos meses, cuando el Gobierno
puso como obligatoria la mascarilla en el exterior. Y para terminar, como es sabido por todos, señor defensor, en abril de 2022 el Gobierno decide que ya es hora de levantar el uso de las mascarillas también en interiores. Le cito este
calendario porque creo que no se puede justificar el uso de la mascarilla por razones sanitarias o de contagio puesto que no hay una concordancia entre la obligatoriedad y la retirada de la mascarilla en interior y exteriores con la situación
epidemiológica del momento.
Cierro esta carpeta y abordo los otros dos temas que para nosotros son importantes. El primero es uno histórico, y tiene que ver con el voto por correo. Ustedes dedican un espacio a la falta de agilidad e incluso a la vulneración de
derechos de aquellos ciudadanos, sobre todo en Cataluña, que históricamente quieren ejercer su derecho a voto por esta vía y que no pueden hacerlo. Ustedes recomiendan en su informe iniciar unos trámites para que eso sea recurrido por la vía
prevista, pero también dejan entrever que hay casos que no están resueltos, y yo creo que esto es importante por la vulneración de derechos de los ciudadanos que representa.
Por último, quiero referirme al capítulo de la educación. La cuestión de los derechos lingüísticos ya ha salido en esta Cámara. Dedican más de una página a un caso muy muy concreto que poco tiene que ver con la reivindicación de los
derechos lingüísticos. En última instancia le quería hacer una reflexión, y es que en el capítulo que dedican ustedes a valorar la falta de plazas en la formación profesional, hacen referencia a los centros públicos. En esta Cámara ha tenido lugar
el debate sobre si debemos referirnos a esos centros como centros públicos o como centros sostenidos con fondos públicos, puesto que las realidades y la complejidad del sistema educativo en Cataluña, pero también en otros lugares del territorio, nos
obliga a afinar un poco más el lenguaje, porque en realidad en lo que deberíamos centrarnos es en que exista esa oferta de plazas públicas y no si en los centros en los que se ofrecen esas plazas son públicos o son sostenidos con fondos públicos.
Termino agradeciéndole su trabajo y poniéndonos a su disposición por si necesita cualquier cosa.
Muchas gracias, señor defensor. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president.
Buenos días, señor defensor del pueblo, señor Gabilondo, y muchas gracias a usted y a todas las personas que componen su equipo, pues hacen posible el trabajo del alto comisionado de las Cortes Generales del Estado español. Son
profesionales que hacen posible la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de toda la ciudadanía mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas del Estado.
Los derechos fundamentales son los más estrictamente relacionados con la dignidad humana, son el pilar básico de todo ordenamiento jurídico de cualquier Estado democrático y de derecho, son los derechos más básicos e inalienables que posee
la ciudadanía. ¿Por qué hago hincapié en la palabra ciudadanía? Porque en España hay más de medio millón de personas a quienes el Estado no considera ciudadanía. Son las personas sin papeles. Porque en España las personas migrantes, las gitanas,
es decir, toda la población sociológicamente minorizada, es lo último de lo último de lo último y de lo último, y esto queda muy reflejado, señor Defensor del Pueblo, en su informe de cada año, obviamente.
El punto 4 de su informe es el que menos se cumple, seguro que también lo sabe usted. Doy muchos ejemplos con sus resoluciones, las resoluciones del Defensor del Pueblo que usted remitió el año pasado a todas las administraciones del
Estado, pero que no fueron realizadas, o no les han contestado, o fueron aceptadas, pero solo parcialmente, o fueron aceptadas, pero no han sido realizadas aún. Doy ejemplo de algunas de ellas. Sus recomendaciones al Ministerio del Interior sobre
el acceso a la mayoría de edad de los menores tutelados, la tarjeta de identidad de extranjero de esos menores, la determinación de edad de esos menores. Sus recomendaciones a los organismos nacionales y al Ministerio de Derechos Sociales, por
ejemplo, sobre las políticas de protección a menores extranjeros no acompañados. También sus recomendaciones al Ministerio del Interior sobre el operativo de deportación en los vuelos Frontex, los vuelos de la vergüenza, para garantizar la
asistencia médica COVID y para la creación de un expediente operativo básico que incluya los protocolos y archivos de toda la documentación del operativo de la expulsión y toda la información de cada persona extranjera que es expulsada. En otras
palabras, las personas migrantes son seres humanos, no son objetos. También sus recomendaciones al Ministerio del Interior sobre los CIE y la Oficina Central de Detenidos Extranjeros, para que las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado informen de la expulsión de las personas extranjeras y para que haya intérprete, atención sanitaria y salubridad. En otras palabras, pedía usted básicamente que cumplieran la legislación internacional y también la
legislación española. Asimismo, sus recomendaciones al Ministerio del Interior para incorporar en la recogida de datos y elaboración de estadísticas las variantes de minoría gitana, diversidad funcional, diversidad sexual, para diseñar programas
más efectivos para la ciudadanía. También todas sus resoluciones tras visitar los centros e instalaciones de personas migrantes en las islas Canarias para algo tan básico como que se respetara la dignidad y la integridad física de las personas
migrantes. Sus recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda a las víctimas de violencia de género, a las personas desahuciadas, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. Y sus recomendaciones sobre el
eterno tapón en las citas para los solicitantes de asilo y sobre la deportación ilegal, repito, ilegal de menores migrantes a Marruecos. Por cierto, el Ministerio del Interior aún no le ha contestado sobre la ley mordaza, sobre respetar el derecho
a la integridad física y moral de las personas migrantes, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad se identifiquen siempre. Hay muchas, centenares que no están
contestadas, que no están realizadas o que están aceptadas, pero que no están realizadas.
Resalto una queja muy recurrente. Usted acaba de volver a remitir una resolución a la Dirección General de Policía y a la Dirección General de Política Exterior y Tesorería de la Seguridad Social para que garantice los derechos de los
solicitantes de asilo pendientes de recurso. Esquerra Republicana ha estado muy al tanto de este tema, pero no hemos tenido éxito. Esperamos que el Defensor del Pueblo tenga éxito en este sentido. También le tengo que decir, señor defensor del
pueblo, que en lo relativo a la Administración de Justicia seguimos un año más sin ninguna referencia a la existencia de las quejas sobre el uso -mejor dicho, el escasísimo uso- del catalán en las resoluciones de dicha Administración. Es importante
actuar en este sentido. Y no obviamos la triste y evidente inoperancia en lo que se refiere a la nefasta homologación de títulos universitarios de extranjeros. La frase de su página 239 es demoledora. Abro comillas: «La absoluta falta de
información por parte del ministerio sobre las previsiones de resolución de sus expedientes en numerosos casos supera los tres años de demora». Señor defensor del pueblo, no es suficiente decir que tiene conocimiento de la preparación de un nuevo
decreto de homologación. No es suficiente. Escuche, por favor, al Movimiento de Psicólogos Migrantes, a Odontos Homologantes y a todos los demás afectados.
Muchas gracias por su trabajo y por el de su equipo. Tengo constancia de que son juristas espectaculares. Seguro que el próximo año contará en su informe la barbaridad de la expulsión del denunciante de corrupción Mohammed ben Halima a
Argelia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente, señorías.
Bienvenido, señor Gabilondo, a esta Cámara y muchas gracias por su intervención. Antes de nada, quisiera mostrar el reconocimiento de mi grupo parlamentario a los trabajadores y trabajadoras de la institución del Defensor del Pueblo, así
como nuestra gratitud al señor Fernández Marugán, ex defensor del pueblo. Y al señor Gabilondo queremos darle nuestra enhorabuena por su nombramiento y desearle la mayor de las suertes, que será también la suerte de nuestro pueblo.
Este informe, más que como un análisis de lo ocurrido en el año 2021, debería servirnos a todas como una guía y como el termómetro de nuestra sociedad para saber por dónde tienen que ir las políticas públicas para paliar las heridas abiertas
tras la pandemia. Se dice poco -creo que hay que decirlo muchísimo más-, pero sin la presencia activa del Estado la situación de nuestro pueblo sería hoy dramática. Los ERTE, las ayudas a las empresas, a los autónomos, a las pymes, a los
trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país han permitido su sostenimiento y el de todos los sectores productivos en el momento más difícil, prácticamente, de nuestra historia y de nuestras últimas décadas.
Como señala este informe, deberíamos prestar especial atención a la salud mental como una cuestión central que necesita ser abordada desde distintos ámbitos: sanitario, laboral y económico. El informe hace también especial mención a
nuestros jóvenes, a los jóvenes menores de treinta años, que no han conocido en su vida adulta otro período que no sea el de una crisis. Es un sector de la población que está sumergido
en la incertidumbre vital continua y que no ha conocido un periodo de estabilidad desde la crisis de 2008, prácticamente, hasta ahora.
Queremos poner el acento en aquellas familias sustentadas por mujeres que están solas al cuidado de sus hijos. Cuando comenzaron la pandemia y esta crisis, muchas tuvieron que dejar de trabajar para dedicarse a su cuidado, por lo que
dejaron de percibir ingresos. Tenemos que estar muy pendientes de estas familias.
También nos preocupan muchísimo, leyendo las quejas que ha habido en el año 2021, las residencias de mayores. La situación que hemos vivido, la que se vivió en los centros durante los días más duros de la pandemia, ha sido absolutamente
lamentable, especialmente -lo tengo que decir- en la Comunidad de Madrid, como ya sabemos, y nos plantea de urgencia hacer una revisión del modelo residencial, que está ahora mismo pensado para el lucro: multinacionales que tienen su materia prima
en las relaciones con el poder político, que les regala esas privatizaciones o explotaciones de residencias de ancianos en las que el objetivo es ganar muchísimo dinero en muy corto espacio de tiempo. No seremos un país decente -lo he dicho varias
veces aquí- mientras permitamos que las residencias de mayores sean almacenes de personas. La reflexión que les invito a hacer es que si el modelo de Estados Unidos con respecto a la sanidad no nos gusta, ¿por qué lo toleramos para las residencias
de mayores? Es una reflexión que tendríamos que hacer y todas las políticas públicas deberían encaminarse a ello.
Un año más la brecha digital en el acceso a los servicios financieros, a las administraciones públicas y a otros servicios aparece en el informe del Defensor del Pueblo. Seamos claros y claras de una vez. El avance de la tecnología no es
la causa de que haya personas mayores o dependientes que no tienen acceso a servicios bancarios; la causa es la concentración impúdica de las ganancias del sector financiero, para quien es más rentable dejar sin servicio a cincuenta mayores que
viven en un pueblo que tener una oficina que preste el servicio a sus clientes. Tenemos que afrontar con determinación la desaparición del Estado de la España vaciada, porque cuando un pueblo se queda sin servicios bancarios, sin centros de salud,
sin una oficina de correos, sin una parada de tren, quien está desapareciendo es el Estado, que es justamente el depositario y el garante de los derechos de las personas que son abandonadas. La reflexión que deberíamos hacer en este sentido es si
el Estado no debería tomarse muy en serio la creación de una banca pública y de una empresa pública de energía que permitan a nuestro país ser soberano y llegar donde se niegan a llegar los sectores estratégicos privados y privatizados.
También compartimos la recomendación del Defensor del Pueblo relativa a que las personas saharauis formen parte de los beneficiarios del plazo reducido de dos años para la adquisición de la nacionalidad por residencia.
Otra cuestión que nos preocupa muchísimo -también se abordaba en el informe del año pasado- es la de los centros penitenciarios. Lo dije el año pasado en esta misma Cámara, pero lo recuerdo de nuevo: el único derecho del que están privadas
las personas presas es la libertad, y el alto número de muertes violentas, mayoritariamente por suicidio, que se da en las prisiones españolas es un motivo de preocupación para mi grupo parlamentario y también debería serlo para todos los diputados
y diputadas de esta Cámara. Según denuncia este informe, el Ministerio del Interior aún sigue sin dar respuestas aceptables a la elaboración de una instrucción y un protocolo que ya habíamos pedido en este sentido.
Sobre la ley de seguridad ciudadana, desde mi grupo queremos recordar al Ministerio de Interior que esa derogación de la ley conocida como la ley mordaza forma parte del acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y es
una ley que vulnera los derechos fundamentales de los españoles y españolas y que fue pensada por el Partido Popular justamente para reprimir con violencia las protestas ciudadanas en contra de las políticas de empobrecimiento del Gobierno que nos
trajo Mariano Rajoy.
Sobre memoria democrática -y voy terminando-, compartimos las quejas de los ciudadanos que han recurrido al Defensor del Pueblo para denunciar que en sus municipios o en sus ayuntamientos, en los que están ubicadas fosas comunes, se niegan a
colaborar con las familias para buscar a sus seres queridos. Esperemos que pronto se apruebe la ley.
Y voy a terminar acordándome de las cuarenta y tres mujeres asesinadas por violencia de género que, aunque es la cifra más baja de mujeres asesinadas desde el registro oficial de 2003
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora VELARDE GÓMEZ: , tenemos que decir -y termino- que sigue siendo la principal vulneración de derechos humanos que sufrimos en nuestro país. También fueron asesinados siete menores por violencia vicaria y es la punta del iceberg
de un problema social que la ultraderecha niega y
que el nuevo líder del Partido Popular, el señor Feijóo, se atreve a llamar violencia doméstica o intrafamiliar. Ni una menos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Utrilla Cano. (Aplausos).
El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, señor defensor del pueblo, a la sede de la soberanía nacional.
Señor Gabilondo, usted sabe bien que el Defensor del Pueblo debe velar por los derechos de los ciudadanos y no sacar la cara por el Gobierno, que ya suficientes defensores tiene entre los medios de comunicación subvencionados. (Aplausos).
Su predecesor lo tuvo claro, eligió el lado oscuro y se erigió como defensor gubernamental. Esperamos de usted que no siga ese camino, aunque he de reconocerle que los primeros pasos que ha dado no son muy halagüeños. Mire, su institución no
muestra ninguna empatía por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su predecesor se negó a actuar de oficio cuando la Generalidad, de forma miserable y rastrera, negó la vacunación a guardias civiles y policías en Cataluña, poniendo en
riesgo sus vidas, algo absolutamente indignante. Recoge su informe la preocupación ante el aumento exponencial de los suicidios en los internos de los centros penitenciarios, que se ha incrementado en un 20 %. ¿Sabe usted, señor Gabilondo, cuánto
ha subido ese porcentaje en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Yo se lo diré: un 54 %. En 2021 cada once días se quitó la vida un agente en nuestra nación. Mire, no hay ni una sola mención en su informe a esto. A usted le pareció
también desproporcionada la respuesta de los agentes que custodiaban la frontera sur en Melilla. Pudimos constatar de primera mano sobre el terreno, hablando con ellos cara a cara, que sufrieron una situación dantesca, que tuvieron que luchar como
gladiadores, cuerpo a cuerpo, con una inferioridad de treinta a uno, contra una turba armada con palos, cadenas, piedras y ganchos afilados, sin medios materiales, ni pelotas de goma ni cañones de agua ni gases lacrimógenos. (Aplausos). ¿Sabe
usted cuál fue el resultado? Cincuenta de ellos tuvieron que hospitalizarse con graves heridas y todavía tuvieron que soportar de usted que cuestionara su profesionalidad. Mire, esa fue la primera puñalada; la segunda la hizo desde aquí el
ministro Marlaska, negando todo esto, diciendo que tenían suficientes medios materiales y humanos para cubrir esa avalancha. Es más, dijo que todo era mentira y una invención de la ultraderecha. Mire, VOX manda un mensaje claro a nuestros agentes:
Estamos orgullosos de vosotros, os felicitamos por vuestra valentía y profesionalidad y muy pronto tendréis el reconocimiento que merecéis. (Aplausos).
Usted también menciona en el informe el tema energético y las energías renovables y nos muestra su preocupación por los efectos del cambio climático y por la necesidad de llevar a cabo sin demora -lo ha vuelto a repetir aquí, desde esta
tribuna- la transición energética a fuentes renovables. Señor defensor, ¿no se entera usted de lo que está pasando aquí fuera? Las familias españolas no llegan a final de mes por las políticas energéticas que ha impuesto la nueva religión
climática y lo que hay que hacer sin demora es tomar medidas urgentes para paliar todo esto. Mire, somos los primeros en defender la conservación de la naturaleza, pero la transición que usted reclama no puede hacerse al ritmo frenético que dictan
los ecolojetas sino a la cadencia que permita a los españoles trabajar, calentarse, comer, en definitiva, vivir con dignidad, y esto ahora mismo resulta imposible en España.
Respecto al niño de Canet de Mar, al que han hecho alusión otros portavoces, se lo dijimos en la Comisión: su respuesta fue lenta y tibia. Mire, estas son frases suyas de aquellos días: Es prematuro actuar de oficio; hay que esperar a
ver cómo reacciona la Generalidad. Señor Gabilondo, en esos momentos la Generalidad ya había respondido, ya había mandado una misiva a todos los centros educativos diciendo que incumplieran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué más
necesitaba usted? Señor Gabilondo, sea valiente porque en su puesto no se admite ni la tibieza ni las medias tintas.
Quería hacer alusión también al tema de las víctimas de ETA. Nos dice su informe que sus derechos no están completamente satisfechos. Señor Gabilondo, lo que están son humillados por los homenajes a etarras que permite este Gobierno
sistemáticamente y los más de 379 asesinatos que quedan sin resolver (aplausos), más del 40 % de los crímenes de la banda. La izquierda de este país se empecina en blanquear a Bildu, en decirnos que ETA se ha acabado, que ya no mata, que pasemos
página. No, señorías, VOX no se va a cruzar de brazos y va a luchar incansablemente hasta que pronto se puedan juzgar a todos asesinos y se pudran en la cárcel. (Aplausos).
Respecto al voto rogado, lamentablemente, la reforma de la Ley Electoral que se hizo hace unos diez años fue un despropósito mayúsculo y ha supuesto una verdadera limitación del derecho al sufragio de
los españoles emigrados. Señorías, hay que garantizar el voto de los españoles residentes en el extranjero. Les voy a dar un dato, en las últimas elecciones en Castilla y León, de los 150 000 residentes en el exterior apenas el 2,8 %
solicitó el voto CERA, y de ellos tan solo emitieron su voto realmente un 1,87 %. Esto solo tiene un nombre, señorías: no hay democracia para los casi 3 millones de españoles que viven fuera de nuestras fronteras. (Aplausos).
Haré también hincapié en el tema de los decretos de alarma. Según su informe, se recibieron diversas solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma. Señor Gabilondo, diversas solicitudes no;
hasta 617 ciudadanos de forma individual hicieron esta petición, un récord histórico que tuvo como respuesta de su institución un carpetazo directo. (Aplausos). En definitiva, el Defensor del Pueblo salió en defensa del Gobierno en lugar de los
españoles y solo cuando VOX interpuso recurso ante el alto tribunal y nos dieron la razón, los ciudadanos vieron satisfechas sus quejas.
Mire, usted destaca también el informe que hay administraciones que no le contestan. Según su informe ni el Ministerio de Hacienda ni el de Justicia ni el de Universidades responden a sus requerimientos. Este Gobierno no se digna a
contestarle, pero en su obsesión por el dispendio no tuvo recato en subir su presupuesto un 25 % en los últimos dos años. Sí señor, no me diga que no, porque estos datos están sacados de su informe directamente. Lo puede comprobar cualquiera
entrando en la evolución anual del presupuesto del Defensor del Pueblo: exactamente un 25,7 % en los últimos dos años. Sin embargo, a pesar de esto, se ha retrasado la respuesta al ciudadano de 25 a 30 días. Señor Gabilondo, si con más recursos
usted da peor servicio, solo hay dos cuestiones: o una mala gestión o un despilfarro del dinero público o las dos cosas juntas. (Aplausos).
Por último, simplemente, a la señora Jiménez-Becerril, a la señora Bárcena y a usted mismo quiero desearles lo mejor en su desempeño. Si lo hacen con independencia y acierto
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor UTRILLA CANO: tendrán -termino ya, presidente- nuestra aprobación y, si no, nuestro rechazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor defensor del pueblo y adjuntas que le acompañan, buenos días.
Bienvenido, señor Gabilondo, en su primera comparecencia ante el Pleno del Congreso después de su nombramiento reciente como Alto Comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos comprendidos en el título I de la Constitución.
Tomó posesión recientemente, como he dicho, y, por tanto, este informe ha sido elaborado por el equipo del defensor anterior, don Francisco Fernández Marugán, a quien también saludo y agradezco su trabajo. Es un informe que traslada al Parlamento
una fotografía de la sociedad en el año 2021 a través de las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestras administraciones, de los poderes públicos en general, un año marcado ya no tanto por las consecuencias sanitarias de la
pandemia, pero sí por las muy graves consecuencias económicas y sociales de la misma, que se han traducido, indiscutiblemente, en un debilitamiento de los servicios públicos.
Nosotros hemos leído este informe -583 páginas-, que aborda muchísimos temas, y este diputado sufre por tener solo seis minutos para poder desarrollarlos, porque todos los temas realmente nos interesan. La Administración de Justicia, a la
que no se han referido hoy de una manera importante los anteriores portavoces, genera el mayor número de quejas. Es importante reconocer que, pese a las mejoras que se han producido en nuestros medios materiales y humanos, todavía sigue habiendo
dilaciones injustificadas y congestiones en determinados órganos a la hora de juzgar y también a la hora de ejecutar lo juzgado. Los problemas del Registro Civil han sido puestos de manifiesto. Ha entrado en vigor una ley, sin embargo no hay
suficientes medios materiales y humanos. Es una auténtica pena que haya trescientos mil expedientes pendientes de decisión. Este es un tema que nos debe preocupar. El derecho a obtener esta documentación es importante.
Centros penitenciarios. Es un clásico de los informes del defensor, pero no por clásico menos importante. Hoy se nos ponen de relieve dos cuestiones que quiero mencionar. Me preocupa, como a tantos parlamentarios,
los suicidios en prisiones. Fueron cincuenta y uno, un número importante. Usted nos ha planteado aquí alternativas para tratar de evitarlos, como supervisar las inadaptaciones regimentales en profundidad y dar pautas para evitar que estas
tristes conductas se den. También quiero hablar de los funcionarios de prisiones, como también lo hace usted en su informe. Hay que reconocer el gran mérito que tienen debido a su trabajo y su dedicación. Creemos que hay que reforzar su condición
de agentes de la autoridad, atender sus necesidades retributivas y de plantilla, además de su formación y seguridad personal, porque si ellos no están bien atendidos no se podrá prestar adecuadamente el servicio.
En materia de ciudadanía y seguridad pública, su informe es prolijo. Sin duda, yo también quiero referirme a la actuación del defensor en materia de defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. El derecho a la verdad y el
derecho a la justicia no están completamente satisfechos, y así se dice en el informe. Me agrada mucho que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en visita de noviembre de 2021, se haya reunido con ustedes y que a raíz de la misma se
haya decidido que hay que seguir actuando en una doble vertiente, que comparto, la de conocer y la de juzgar; la de juzgar le corresponde, obviamente, a la Administración de Justicia. También en ese mismo informe y en este tema se alude a la
necesidad de no tolerar las humillaciones que suponen los actos de homenaje a terroristas que, al salir de prisiones por haber cumplido su pena, son homenajeados en actos que no solo van en contra de la moral, sino que además están contraviniendo la
Ley 21/2011. (Aplausos).
La violencia contra las mujeres. Jamás la violencia contra las mujeres debe dejar de estar en un informe del defensor, porque, desgraciadamente, la realidad nos la presenta con crudeza año tras año. Da igual que haya habido menos muertes
por este tema en el año 2021 que en el año 2020, porque han sido cuarenta y tres mujeres, pero también siete menores y treinta los niños que han quedado huérfanos. Qué tristeza, señorías. Por eso, el llamamiento es a no ceder ante ese miedo que
todavía tienen tantas mujeres a denunciar. No denuncian hechos porque se sienten atemorizadas por sus agresores o porque piensan que les va a pasar algo a sus hijos, lo cual debe hacernos reflexionar y seguir trabajando desde los poderes públicos.
Políticas sociales. Es otro de los tantísimos temas de interés que se abordan en este informe. Voy a referirme, al igual que una compañera que ha intervenido antes, al tema de las residencias de mayores, porque ahí está lo mejor de nuestra
sociedad, junto con los niños, aquellos a los que les debemos más. La pandemia nos puso de manifiesto las carencias del sistema. Afortunadamente, muchas de las recomendaciones que plantea el defensor han sido incorporadas por las administraciones
públicas, muchas de ellas administraciones autonómicas, como la de mi comunidad, Galicia, en la que se ha definido un nuevo modelo de atención a los mayores en residencias, con una vertiente más sociosanitaria, con reformas estructurales para
dimensionar el tamaño y con profesionalización de los medios y de los recursos. Tenemos que seguir muy pendientes de este importante tema.
Comunicaciones y transportes. Son muchos los temas de interés en esta materia. Yo quiero citar dos. En primer lugar, los transportes y las comunicaciones ferroviarias, especialmente en las líneas convencionales que dan servicio a la
España rural, a la España del interior. No se han repuesto servicios públicos que habían sido suspendidos por la pandemia y creemos que ya es momento de reponerlos y de dar servicio. Hay muchas quejas en este sentido, como las hay también en
relación con el servicio público de Correos por la falta de prestación en el medio rural. Nos recuerda el defensor a este respecto que el servicio postal universal ha de regirse por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena
fe y adaptación a las necesidades de los usuarios, y procede actuar en consecuencia.
Podría hablar del sector económico-financiero, de la exclusión financiera, de la problemática que hay con la brecha digital a la que usted se refirió en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, y saludo también a su presidente, el señor
Tirado.
Quiero manifestar muy claramente que nuestro grupo parlamentario desea que su mandato tenga mucho éxito, que se gane la auctoritas, es decir, el respeto social y político, esa confianza necesaria para que funcione bien la institución.
Sabemos que lo va a hacer desde la independencia, pero no desde la indiferencia, y eso también lo celebramos. Creemos que usted puede ser un agente eficaz para que los problemas que los conozcamos y que va a ayudar a resolverlos.
Termino, presidente, citando al presidente Volodímir Zelenski, que aquí nos emocionaba el pasado martes cuando nos decía: lo que está en juego en Ucrania no es solo su destino, sino los valores que le unen con Europa, como la democracia o
los derechos fundamentales. Señor defensor, usted es junto con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea un agente importante
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor DELGADO ARCE: en la defensa de esos derechos fundamentales, que no son solo los de los españoles, también del conjunto de la humanidad y de ese querido pueblo de Ucrania.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, quiero agradecer al defensor del pueblo, el señor Gabilondo, su intervención clara y detallada sobre el informe del ejercicio 2021. Asimismo, también quiero dar las gracias al anterior Defensor del Pueblo, el señor
Fernández Marugán.
Señorías, el pasado martes escuchamos la intervención en esta Cámara del presidente de Ucrania exponer la gravedad de la guerra en su país, donde se están segando las vidas de niños y niñas inocentes, destrozando familias y robándoles su
felicidad. Sin duda, esta guerra está afectando a nuestro país y a las actuaciones que tienen que ver con la atención de la emergencia social. Solo venceremos desde la unidad. Europa se unió frente la pandemia y ahora se ha unido frente a la
guerra. ¿Dónde están ustedes, señorías del Partido Popular y señorías de VOX? Ustedes nunca han estado ni están al lado de la ciudadanía, y les voy a poner algunos ejemplos: no al divorcio; no al matrimonio entre personas del mismo sexo; no al
ingreso mínimo vital; no a la igualdad; no a la eutanasia; no a la reforma laboral; no a la cadena alimentaria. ¿Sigo enumerando lo que se preocupan ustedes por la sociedad? (Aplausos).
Señorías, el años 2021 ha sido, como ustedes saben, muy difícil, porque la pandemia nos ha machacado tanto a nivel económico como sanitario. El señor Gabilondo nos ha remarcado en el informe las necesidades y quejas de la ciudadanía en
sanidad, en vivienda, en educación, en empleo, en política social, en migración, etcétera, todas ellas relacionadas directamente con la pandemia. Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó medidas extraordinarias para momentos extraordinarios.
Las fuerzas políticas representadas en esta Cámara apoyaron la labor del Gobierno, exceptuando al Partido Popular y a VOX y las medidas han mejorado, sin duda, la vida de la gente. En sanidad, la vacunación ha salvado millones de vidas -señorías
del Partido Popular, quiero recordarles que ustedes votaron no a la compra de vacunas-. También se adoptaron medidas como el Plan de Acción de Atención Primaria, que se cargaron ustedes, y el Plan de Acción de Salud mental, tan imprescindible y
necesario en estos momentos.
En empleo, la reforma laboral, que ha sido un acuerdo histórico entre la patronal, sindicatos y Gobierno; la subida del salario mínimo interprofesional; la protección frente a la pandemia con los ERTE y el escudo social. En educación, la
LOMLOE, la ley del sistema universitario, el aumento de becas y la ley orgánica de la Formación Profesional. En lo social, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, el nuevo dictamen del Pacto de
Estado frente a la Violencia de Género y la creación de centros de atención integral veinticuatro horas de víctimas de violencia sexual, la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, el Plan de Choque 20212023 en Dependencia, con 600
millones de euros, la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, el ingreso mínimo vital, que ahora, lógicamente, aumenta, un nuevo complemento de pensiones vinculado a la maternidad y a la paternidad o el aumento de la cuantía del bono
social térmico. En cuanto a las libertades, el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, el Anteproyecto para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de Personas LGTBI y el Proyecto de Ley de
Memoria Democrática.
En vivienda, protección de los deudores hipotecarios, suspensión de todos los procedimientos de desahucio y lanzamiento de los hogares más vulnerables, ayuda directa de 900 euros en alquiler, plan de vivienda asequible hasta cien mil
viviendas, y seguimos trabajando en la nueva ley de vivienda para consolidar el quinto pilar del Estado del bienestar, ayudando a los más jóvenes, que han visto limitada su capacidad para poderse emancipar. En transición ecológica se aprueba la Ley
del Cambio Climático y Transición Energética, tan necesaria en estos momentos. En cuanto a La Palma, quiero decirles que se adoptaron las medidas necesarias desde el minuto uno para la reconstrucción de la isla, así como todas las necesidades de
los palmeros y palmeras. En cuanto a migraciones, voy a destacar el éxito reconocido internacionalmente de la evacuación de refugiados afganos. Señorías, para que los flujos migratorios sean regulares, seguros y ordenados la solución es una
estrategia preventiva ante una reactiva, en línea con lo dispuesto en el Pacto Mundial para la Migración y el nuevo pacto europeo de migración y asilo, que
actualmente se debate en el seno de la Unión Europea. Asimismo, se aprueba la reforma del Reglamento de Extranjería, que facilita el tránsito de los menores a la edad adulta de forma adecuada y mejorando el régimen jurídico de estos. Por
último, hay que resaltar las distintas medidas para mejorar la calidad y atención en los procedimientos de protección internacional, priorizando las solicitudes de Canarias, Ceuta, Melilla y Afganistán.
Señor defensor del pueblo, señorías, en esto ha estado trabajando el Gobierno durante el ejercicio 2021, ejecutando soluciones por y para nuestros conciudadanos. Las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a excepción del Partido
Popular y de VOX, ha apoyado toda esta batería de medidas que acabo de enumerar, y el Grupo Socialista les da las gracias por su altura de miras. Las señorías del Partido Popular y de VOX desconocen realmente que estamos en guerra. Ustedes no
saben que están faltando al respeto a la ciudadanía y, en especial, a sus votantes, que se están beneficiando de estas medidas. Deberían preguntarles si las medidas les parecen beneficiosas o no y explicarles por qué ustedes no han apoyado ninguna
de ellas. Por tanto, sean coherentes y dejen de criminalizar un día sí y otro también al Gobierno y a varios partidos de esta Cámara, que, en muchas de las ocasiones, están demostrando tener más conciencia de Estado que ustedes. Señorías de VOX,
¿saben por qué legislamos así desde la izquierda? Porque creemos en la justicia social y en la igualdad de oportunidades, logradas desde la libertad, esa palabra que ustedes pervierten, sí, a conciencia, para manipular de forma populista a la
ciudadanía.
Señores del Partido Popular, espero que se dejen ustedes de devaneos internos
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: y pasen a la acción -acabo, presidente-, trabajando por y para España y haciendo la labor que les corresponde como oposición. Si les parece, pueden empezar apoyando las medidas para paliar los efectos de la
guerra.
Señor Gabilondo, una vez más, muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá escuchando sus recomendaciones y trabajando para mejorar la vida de la gente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/2022, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE ADAPTA EL RÉGIMEN DE LA RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE LAS PERSONAS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ASÍ COMO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y AUXILIARES NECESARIAS PARA
SU DESARROLLO, Y SE MEJORAN LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR. (Número de expediente 130/000077).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter
especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días, señorías.
Traemos hoy ante todas y todos ustedes para su defensa en esta Cámara el Real Decreto Ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades
artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran, además, las condiciones laborales del sector. Me gustaría agradecer el trabajo de todos los ministerios implicados en la comisión
interministerial constituida el pasado otoño, como saben, así como la labor parlamentaria, especialmente la labor de la subcomisión del estatuto del artista. Quiero leer los nombres de los integrantes de esta subcomisión, presidida en su momento
por la señora Marta Rivera de la Cruz en el Congreso de los Diputados, porque suyos son los trabajos y los acuerdos que hoy nos han traído hasta aquí: Joseba Andoni Agirretxea, Félix Álvarez, Joan Baldoví, Carles Campuzano,
Emilio del Río, Guillermo Díaz, José Juan Díaz, Francesc Xabier Eritja, Miguel Anxo Fernández Bello, María José GarcíaPelayo, Miguel Lorenzo, Eduardo Maura, Sergi Miquel, Rosana Pastor, Pere Pons, Jordi Roca, Pilar Rojo, María del Mar
Rominguera, José Andrés Torres e Ignacio Astarloa como letrado de las Cortes asistente a esta Comisión. Muchas gracias a todos y a todas. También quiero agradecer a las asociaciones y (Rumores.-Pausa).
También quiero agradecer a las asociaciones y colectivos del tejido cultural su contribución en la elaboración de esta norma, que es necesaria, señorías, y transformará la relación laboral especial de las personas dedicadas a las actividades
artísticas y a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo.
El artista ocupa el lugar de las preguntas, no tanto de las respuestas. Las artistas y los artistas son muchas veces las primeras en llegar y despejan el horizonte de la libertad y la hacen posible. Es por ello que una sociedad sin
creadores, sin expresión artística y sin productos culturales es una sociedad silenciada y sin pulso cívico.
Los duros días de la pandemia nos revelaron la vulnerabilidad extrema de este sector y nos condujeron a la aprobación, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de medidas extraordinarias de protección social, en concreto el Real
Decreto Ley 17/2020, que flexibilizó el acceso a la protección pública por desempleo y estableció prestaciones extraordinarias para este colectivo. La regulación vigente de las condiciones laborales del sector proviene, como saben, de un real
decreto del año 1985, que ha quedado completamente obsoleto, ya que no contempla ni los nuevos canales ni prácticas ni formas de producción artística; era imprescindible su renovación. Esta transformación ha requerido la modificación del propio
artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores para actualizar la delegación reglamentaria en él prevista. Cumplimos, además, con un mandato unánime del Congreso, que nos urgía a ampliar la protección social de las creadoras y creadores, así como del
personal técnico y auxiliar del sector artístico, y con los compromisos adquiridos ante Europa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este real decreto-ley que hoy sometemos a su consideración incorpora las garantías en el uso de la contratación temporal que ha establecido el Real Decreto Ley 32/2021, de reforma laboral, contemplando a su vez las peculiaridades,
necesidades e intermitencias que son propias de las actividades artísticas. La estabilidad que propugnamos para todas las personas trabajadoras también debe operar aquí, compatibilizando la intermitencia inherente al sector con la garantía de los
derechos laborales. El texto garantiza, así, una igualdad de trato que tiene que ver con la aplicabilidad de la normativa laboral común en toda su extensión, limitando las peculiaridades del sector a lo estrictamente imprescindible.
A continuación, paso a detallar de forma concreta las principales aportaciones de este real decreto ley, que tiene un carácter extensivo y estructural y que dota de estabilidad al colectivo. En primer lugar, la principal novedad que
presenta la norma en materia laboral es la modernización y ampliación del ámbito objetivo, pues proporcionamos una nueva definición de la actividad cultural objeto de la relación laboral especial para adecuarla a las nuevas realidades culturales, a
los nuevos formatos y canales de difusión. Las formas y manifestaciones culturales actuales exigen cambios legislativos y, por eso, dejamos atrás el desfasado concepto «artistas en espectáculos públicos» y adoptamos ya en el propio título del real
decreto el de «actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales». Se logra también así la incorporación de nuevas formas de generación y difusión cultural, como el streaming, la difusión online, a través de
plataformas, podcast, etcétera.
En segundo lugar, la inclusión y visibilidad del personal técnico y auxiliar. Las personas trabajadoras artistas son aquellas que posibilitan la actividad artística, incluyendo las actividades técnicas o auxiliares necesarias. El colectivo
técnico es imprescindible para el desarrollo de la actividad artística. Es un colectivo de personas muy extenso, con excelentes niveles de cualificación, en el que existen expectativas de carreras profesionales y en el que muchas personas han
invertido y siguen invirtiendo en formación y actualización de conocimiento y nuevas técnicas. Procede reconocer la importancia y la relevancia del trabajo desempeñado por sus profesionales, configurando un marco de relaciones laborales y de
Seguridad Social que se adapte a esta nueva realidad. Con ello, fortalecemos el carácter laboral del colectivo, pues, como hemos dicho, la intermitencia de su oficio no implica que se trate de personas trabajadoras por cuenta propia. La normativa
laboral debe adaptarse a las características de la actividad artística, garantizando también en este ámbito los derechos y la estabilidad en el empleo y evitando la práctica de los falsos autónomos. Procedemos también a una adecuación de la
normativa de Seguridad Social a este colectivo, porque su dinámica irregular de trabajo requiere ajustes como los acometidos en los fijos discontinuos o las personas trabajadoras eventuales agrarias, por poner casos semejantes.
En tercer lugar, el reforzamiento de la causalidad de la contratación temporal en el sector artístico. El Real Decreto 32/2021 estableció una importante limitación de las formas de contratación temporal a efectos de controlar la hipertrofia
y mal uso que se había producido en nuestro país. Estableció pocas limitaciones y excepciones, dado que la estabilidad en el empleo debe ser un objetivo general en todos los sectores de actividad. Es evidente, sin embargo, que el sector artístico
es el que más adecuadamente venía utilizando los antiguos contratos de obra, que, como saben, ahora han desaparecido. Procedía, por tanto, inmediatamente después de la corrección normativa operada por el Real Decreto Ley 32/2021, establecer las
matizaciones correspondientes, y el sector artístico requería estas matizaciones respecto a la contratación temporal. Por ello, se establece un régimen específico de contratación temporal que permite la contratación por tiempo determinado y que
debe acomodarse a la duración del proyecto y de la obra artística.
Es importante destacar que esta contratación temporal que se habilita tiene las siguientes condiciones y limitaciones. En primer lugar, se configura con similares límites formales a los establecidos para la contratación en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, se establece con claridad que la causa de la contratación debe constar por escrito, que ha de estar motivada en el contrato de trabajo con total claridad y con total precisión, así como que la duración
del contrato debe conectar con la causa exacta del mismo. Esto va a ser objeto de riguroso control, como saben. En segundo lugar, la contratación temporal solo procederá cuando no se trate de una actividad estable, por tanto, estructural, en cuyo
caso, procederá la contratación por tiempo indefinido, que es la forma preferente y prioritaria de la contratación. En tercer lugar -y aquí está una de las consecuencias-, adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras respecto de las
cuales se hubiera incumplido lo establecido en la presente norma sobre las situaciones de la contratación temporal. En cuarto lugar, modificamos todo lo que tiene que ver con las razones de la extinción y la indemnización por despido y lo que
hacemos es homologar las indemnizaciones por despido también al sector cultural. Como saben, tenían una norma propia y sus indemnizaciones eran menores. En quinto lugar, se intensifica también -es un aspecto muy importante- la protección en caso
de extinción del contrato temporal de larga duración. Se establece una protección más intensa en el caso de extinción de un contrato temporal de más de dieciocho meses, siguiendo la lógica del Real Decreto-ley 32/2021, en cuyo caso se va a
establecer el derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio. Recuerden que tenían una indemnización mucho menor. Además, esta previsión se adecúa a las características del sector y otorga una mejor y más adecuada
protección a las personas trabajadoras. En sexto lugar, se establecen reglas específicas en las normativas que tienen que ver con el preaviso en caso de extinción laboral. Se configuran así plazos específicos de preaviso, también adecuándolos a la
normativa ordinaria, y mecanismos específicos, como he dicho, de carácter indemnizatorio, en sustitución del régimen que teníamos antes. Se trata de una previsión imprescindible en un sector que, como saben, goza de una altísima movilidad. En
séptimo lugar, se establecen normas específicas de cotización para las personas trabajadoras artistas con un nivel bajo de ingresos en esta actividad, fijándolo en los 3000 euros anuales. Recuerden que la subcomisión del artista ponía mucho énfasis
en esta razón, igual que la posibilidad de que los creadores pudieran compatibilizar la publicación o la creación artística con la percepción de las prestaciones de jubilación. Se tiene en cuenta la particular situación de las personas trabajadoras
artistas con bajos ingresos, que, como saben, son actividades con un alto porcentaje de personas, además en régimen de pluriactividad, de pluriempleo, o muchas veces desarrolladas a tiempo parcial. A efectos de potenciar la progresiva estabilidad
de estas personas en el sector artístico para que no abandonen el sector y se vayan consolidando, procede una participación en el ámbito de la Seguridad Social y su formulación en el ámbito también -como hemos dicho- de las cotizaciones a la
Seguridad Social. Por ello, se establece la inaplicación al colectivo de artistas de la penalización a la cotización de los contratos temporales de duración inferior a treinta días, que, como saben, fue establecida para los contratos en el Real
Decreto Ley 32/2021.
En último lugar, se actualiza el cuadro de cotizaciones a la Seguridad Social del colectivo de artistas para incluir las actividades técnicas y auxiliares que ahora tienen también la condición de artistas y pueden beneficiarse del sistema de
cotización establecido para este colectivo. Como pueden comprobar, todos ellos son asuntos centrales que era necesario abordar con carácter perentorio, pero aún, como saben también, queda mucha tarea pendiente. La normativa del sector requiere de
una reformulación en otros aspectos. Por ello, en la disposición adicional quinta el Gobierno se compromete a aprobar en el plazo de doce meses una nueva y completa regulación de la relación de carácter especial de las personas artistas, técnicas o
auxiliares, y sustituir completamente el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto. Necesitamos
darle una mirada completa a este real decreto. También, como saben, la comisión interministerial será complementada con otras normas de carácter tributario y de otras especialidades.
En todo caso, la utilización de la figura del real decreto ley para la adopción de estas medidas, como han sido perentorias, cumple adecuadamente con las exigencias previstas en el artículo 86 del texto constitucional. Las limitaciones y
restricciones que la pandemia impuso al sector, ya de por sí muy afectado por la precariedad y la temporalidad, han acentuado la vulnerabilidad y han incidido de forma muy importante en el descenso del empleo cultural. Concurre por ello, como exige
el Tribunal Constitucional, una motivación razonada y explícita de la necesidad de estas medidas, pues la citada merma en el sector cultural exige una rápida respuesta y la urgencia vinculada, además, a la entrada en vigor de la reforma laboral y a
la necesaria adaptación de la actividad artística a los modelos actualmente vigentes en materia de contratación.
Termino ya, señorías. El espíritu de este real decreto ley para el que hoy solicito su convalidación entronca con una tradición y un modelo culturalista con raigambre en la tradición ilustrada y progresista española; un modelo que ha
situado siempre la expresión cultural, la creación artística y la educación en el centro de sus programas de reforma. Ha transcurrido un siglo desde la Edad de Plata -en los años veinte y treinta del siglo pasado-, cien años de la Institución Libre
de Enseñanza, de las misiones pedagógicas y de aquella Generación del 27 que encumbró el acceso a la cultura como un instrumento de dignificación individual, pero también colectiva, y como un enorme factor de igualación social.
Hoy permanece el entusiasmo de entonces y la idéntica convicción de proteger la profesión artística y creativa, que es también la principal embajada de nuestra cultura, motor de riqueza y de desarrollo material y humano. Sé que hay
personas, en esta Cámara y fuera de ella, que solo conciben la cultura como un epíteto vinculado a la guerra, la guerra cultural, pero hoy aquí hablamos otro idioma, el idioma común de la cultura que permite comprendernos y ser mejores. Porque
cultura y creación artística son sinónimos exactos de tolerancia, de libertad y de rechazo al odio, porque la cultura debe ser una razón de Estado y el salvoconducto a un mundo más igualitario, más bello y más justo. «No hay arte sin
transformación», dijo el cineasta francés Bresson. Este real decreto es, en ese sentido, el inicio de una ansiada y reclamada transformación del sector que se ha inaugurado de forma primaria, a través de esta reforma estructural de las relaciones
laborales de las personas artistas y de los técnicos y auxiliares. Es una norma que asume las nuevas formas de organización e hibridación de prácticas, espacios culturales y modelos de gobernanza de nuestros días; una norma que recicla y actualiza
a nuestro tiempo su objeto de protección.
Los circuitos artísticos -lo sabemos bien- afrontan las mismas desigualdades y condiciones precarias que han lastrado durante años las relaciones laborales en nuestro país. Tenemos ahora en nuestra mano un instrumento, la reforma laboral,
que ya ha comenzado a revertir esta situación con cifras récord de contratación indefinida este pasado mes de marzo, y en los días que llevamos de abril las cifras son extraordinarias. Contamos, además, con esta nueva regulación del Estatuto del
Artista al que, como les he dicho, en el plazo de un año otorgaremos el pleno desarrollo entre todos los departamentos ministeriales implicados. Les pido por ello su apoyo a un real decreto ley que garantiza los derechos laborales de un sector que
está en el corazón de la actividad artística, que garantiza la salud de nuestro ecosistema cultural y que propicia ese encuentro con la ciudadanía, contemplado como derecho en el artículo 44 de nuestro texto constitucional. Votemos afirmativamente
este texto y garanticemos que en este país todas y todos aquellos que posibilitan la cultura y la creación artística lo hagan con total reconocimiento, protección social y condiciones laborales dignas.
Como he empezado, vuelvo a dar las gracias a las personas que formaron parte de la Subcomisión en su momento. Gracias a ellas y a ellos, este trabajo hoy es posible. Una vez más, nuestro país demuestra que en cuestiones que son
importantes, somos capaces de ponernos de acuerdo. Hoy cumplimos con el primer mandato que tenía la Subcomisión del artista y, sobre todo, con el mandato que teníamos de cambiar la razón, el contenido material en términos objetivos y subjetivos, de
una relación laboral que estaba pensada para el año 1985 y que, a día de hoy, ha sido mudada radicalmente. Gracias a los diputados y diputadas que lo hicieron posible. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
Socialista.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Este real decreto ley que usted acaba de defender nos permite hablar de colectivos profesionales artísticos que también precisaban de medidas y mejoras de
sus condiciones laborales. Ya adelanto que votaré favorablemente su convalidación, si bien considero que hay un margen de mejora que debería ser objeto de atención y de propuesta por las Cortes Generales mediante su tramitación como proyecto de
ley.
La adaptación del régimen de la relación laboral de carácter especial de quienes se dedican a las actividades artísticas, incluidos técnicos y auxiliares, es un permanente caballo de batalla que hay que acompasar a los tiempos. De hecho,
estamos ante un remedio legislativo de urgencia que tendrá que ser objeto de regulación, tal y como se indica en la disposición adicional quinta, que establece un plazo máximo de doce meses para ello. Señorías, a esta situación paliativa por la vía
del real decreto ley hemos llegado porque en las celebérrimas andanzas de la reforma laboral, aprobada hace un mes, de las que, pese a su capital importancia socioeconómica, el Gobierno excluyó la capacidad tanto del Congreso como del Senado, es
decir, de las Cortes Generales, para su elaboración, se dejó en la inseguridad jurídica a los artistas, eliminando una de las figuras contractuales que más utilizan, la del contrato por obra y servicio. Se fulminaba de esta forma la temporalidad,
siendo por todos conocido que la contratación indefinida en el mundillo artístico es una rareza. Como remate, se mantuvo la antigua regulación, que tiene casi cuatro décadas de vigencia, y que determina la relación laboral especial de los artistas
en espectáculos públicos. Resulta correcta la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1435/1985 en su doble vertiente: por una parte, incluir tanto a los artistas como al colectivo de técnicos y auxiliares, y por otra parte,
incorporar las nuevas tecnologías y las plataformas digitales.
También se habilita la contratación temporal artística a la última reforma laboral con la creación del contrato temporal artístico, en las condiciones y limitaciones que usted, señora ministra, acaba de detallar. Asimismo, resulta
pertinente el aumento de la cuantía de la indemnización tras el fin del contrato; por supuesto, las medidas en materia de Seguridad Social avanzan en la protección de estos trabajadores y, por lo tanto, tienen que ser bienvenidas.
En todo caso, cabe reconocer que la reforma laboral incidió en la ya de por sí farragosa tramoya burocrático-administrativa que, por otra parte, arrastra mucho tiempo de espera para actualizar las cuestiones que preocupan a todo el sector y
que quedaron patentes en el gran trabajo parlamentario realizado en 2018 con la aprobación del denominado Estatuto del Artista, cuyo desarrollo -quiero recalcarlo- se ha enredado peligrosamente en las arenas movedizas de una comisión
interministerial de la que forman parte siete ministerios, nada más y nada menos, y continúa pasando el tiempo sin que se perciban singulares avances para su cumplimiento, comprometido para septiembre del pasado año 2021, es decir, que ya acumula
otros seis meses de retraso, y vamos camino de los cuatro años desde aquella aprobación tan festejada. En pos del idioma común de la cultura y de la razón de Estado, a la que usted apelaba, el Gobierno debería afrontar con decisión el Estatuto del
Artista, que se concibió con un gran consenso político.
Señora Díaz, como señalé al principio, votaré a favor de la convalidación de este real decreto ley, pero, repito, continúa habiendo asignaturas importantes pendientes en relación con las actividades artísticas, probablemente no en el marco
de su competencia, sino de su colega ministerial, el señor Iceta, y, singularmente, hay que avanzar en la actualización y mejora de las condiciones de este sector.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Buenos días. Egun on, ministra.
Hace dos meses que se aprobó la reforma laboral, una reforma que -viene a cuento recordarlo en este momento- dejó pendientes cuestiones graves que todavía deben abordarse y que deben solucionarse. Pero hoy no estamos aquí para hablar de
esto. Hablamos de un real decreto ley con medidas para un sector determinado; un real decreto ley cuyo origen también está en el olvido, en el olvido de un sector que continuamente queda relegado y queda postergado, porque la reforma laboral vino
a eliminar el contrato temporal por obra y servicio como uno de los contratos de duración determinada admitidos por la legislación, y este cambio normativo, beneficioso, en líneas generales, para acabar con la temporalidad, fue un cambio que dejó en
la cuneta a un sector específico al que la nueva normativa colocaba en una
situación insostenible. Se trata del sector artístico, caracterizado laboralmente por la intermitencia -como se ha dicho aquí-, este concepto traído del ordenamiento francés -y ojalá, ojalá, se copiaran más cuestiones del modelo francés en
el terreno artístico-. Este concepto de la intermitencia es la característica estructural de este sector: la pluralidad de empleos, la existencia de diferentes fases de ideación de proyectos, de preparación y de ejecución, que son fases
determinantes y, además, que definen al sector. Por lo tanto, es una naturaleza inherente a la propia actividad, que la diferencia enormemente de otras actividades laborales, y, en este sentido, la eliminación del contrato de obra y servicio, que
se utiliza prácticamente en el cien por cien de los casos para contrataciones artísticas, era uno de los déficits que teníamos ahora mismo y que había que arreglar tras la reforma laboral. También el recargo en las contrataciones para menos de
treinta días era un segundo factor importante que se había quedado en el cajón del olvido. Se hicieron algunas excepciones, como las que afectaban a las trabajadoras y trabajadores del hogar, pero al sector artístico no se le tuvo en cuenta en ese
momento; un sector donde la mayoría de las contrataciones son inferiores a treinta días, por su propia naturaleza, así que un recargo de la Seguridad Social en este campo no solo carece de sentido, sino que, a todas luces, es contraproducente.
Este real decreto ley viene a solucionar estas dos cuestiones tan relevantes y, además, crea una nueva figura, positiva, que es la del contrato laboral artístico de duración determinada, una nueva fórmula de relación laboral en la que -como
se ha dicho- se incluye también a los técnicos y a los auxiliares. También esto es positivo, porque había que modificar ese viejo concepto del artista en espectáculo público. Este real decreto ya no define únicamente a quien actúa encima de un
escenario, sino que incluye esas actividades que están detrás y en torno a los escenarios, incorporando así al personal técnico y al auxiliar, es decir, a quien crea la obra, a quien diseña el escenario, a quien lo ilumina, a quien escribe la música
y a quien la interpreta, a quien escribe un cuento y a quien lo ilustra, a quien recita un poema, a quien baila, a quien representa una obra A todo ese gran ejército, visible e invisible, que sostiene y gestiona el resultado final, a todas esas
personas que son indispensables para disfrutar de una ópera, de una obra de teatro o de un concierto, porque sin todas ellas no sería posible y ni tan siquiera sería imaginable. Tomar en cuenta todo este mundo oculto de técnicos y auxiliares era
necesario, y por esto también este real decreto ley es positivo, aunque el texto, es cierto, tiene un punto débil que en algún momento debería clarificarse para evitar interpretaciones difusas sobre qué medidas afectan a los artistas y qué medidas
afectan a los técnicos, porque determinadas condiciones que se establecen tienen sentido de aplicación en los técnicos y no, sin embargo, en los artistas, y esto convendría aclararlo. Supongo que se puede hacer y es factible hacerlo.
En este mismo sentido, se ha incluido también la cotización superreducida para los autónomos y los artistas con bajos ingresos, aunque, en el fondo, lo que establece el texto no deja de ser más que un anuncio, porque no se fijan ni siquiera
los requisitos, y lo remite a un desarrollo posterior que, es cierto, es un desarrollo que debe hacerse -así se dice en el texto- y se establece, además, la fórmula, pero hay que remarcar que debe hacerse sin olvidar que el trabajo artístico es
intermitente y que las soluciones se deben arbitrar conforme a esa característica. Por ello, consideramos que, de la misma forma que el artista tiene una especificidad en el Régimen de la Seguridad Social, debería tenerla también en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
En resumen, además de estas medidas, hay otras de las que ya ha hablado la ministra, todas positivas en nuestra opinión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Votaremos a favor de este real decreto ley porque, además de todo esto,
es un paso necesario para corregir deficiencias imperiosas y urgentes; es un paso, un comienzo para empezar a resolver los problemas que atenazan al sector artístico, porque hay que seguir avanzando en medidas para asegurar que este sector pueda
vivir en condiciones dignas. Hay que avanzar en el desarrollo del Estatuto del Artista teniendo siempre en cuenta que hablamos de cultura y teniendo presente algo que muchas veces se descuida desde la Administración. Aquí se ha hablado de que la
cultura debe ser una razón de Estado. Yo iría a algo muchísimo más básico y quizá más prosaico, si se quiere; a algo tan básico como que la cultura -y, dentro de la cultura, las artes escénicas son un baluarte fundamental- debe concebirse como un
servicio público también en las inversiones que se realizan. Y en ese apartado, también el sector artístico -creadores, intérpretes y técnicos- sufren el olvido constante. Si concebimos la cultura como un bien esencial debemos considerarla también
como un servicio público y, en consecuencia, debe ser contemplada como tal. Espero que tampoco esto caiga en el olvido.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora ministra, nos presenta hoy para su convalidación el Real Decreto Ley 5/2022, por el que se adapta el régimen laboral de carácter especial para trabajadores del sector de la cultura con carácter general y
en el que se promueven diferentes medidas agrupadas, por decirlo de alguna, manera, en dos bloques -usted lo ha expresado en siete puntos diferentes-. En este decreto ley, en lo que es en el ordenamiento laboral, para mí la medida más importante es
la integración del personal técnico auxiliar en el ámbito subjetivo de este entorno del Estatuto del Artista, y también quisiera señalar el contrato de duración determinada ad hoc, que da garantías y seguridades al entorno.
También hay una cuestión relativa al reconocimiento de que, fuera de las actividades artísticas de naturaleza temporal que legitiman el recurso al mencionado contrato de duración determinada, la contratación debe ser indefinida, lo cual
también señala el carácter o modalidad temporal de aquellos contratos que luego va a caracterizar, cuando en un segundo bloque nos va a señalar determinadas medidas en materia de Seguridad Social relativas, por una parte, a permitir que la
cotización para los artistas, en su calidad de autónomos, con ingresos inferiores a 3000 euros anuales, tenga un tratamiento específico, algo que -como ha explicado la señora Aizpurua- se va a señalar en la disposición adicional segunda, si no me
equivoco. Y, por otra parte, está la cuestión relativa a que este supuesto está excluido de efectuar la cotización adicional que está contemplada para los contratos inferiores a treinta días.
No voy a extenderme más en el contenido del propio real decreto ley, sino en la valoración de una parte. Con ello ponemos en marcha de una vez la implementación de aquellas medidas ad hoc recomendadas por la Subcomisión para la Elaboración
del Estatuto del Artista y, por lo tanto, hacemos frente a una obligación derivada de la atención, primero, a la cultura en palabras mayores y, segundo, a esos artistas y técnicos auxiliares que también están implicados en su producción, a los que
hasta ahora no se había tratado, no se había atendido de forma debida desde el punto de vista laboral.
Quiero señalarle también, señora ministra, que quizás he advertido una pequeña deficiencia en la disposición final tercera, que contempla la reserva reglamentaria para el real decreto al que hace referencia, en cuyo artículo 11 atribuye
-vuelve a atribuir porque creo que el defecto es en origen- el conocimiento de las cuestiones derivadas de esta materia a la jurisdicción social, lo cual es lógico, pero lo hace en una norma de carácter reglamentario y entiendo que esa reserva se ha
de hacer en una norma de carácter legal.
Dicho esto, quería extenderme sobre otras cuestiones que están ligadas. Ayer mismo, de casualidad, fui dando una vuelta y terminé en Lavapiés -lo cual suelo hacer bastantes veces- tomando una cerveza en una tasca de las que me gustan a mí.
Me encontré con Álvaro, que es uno de los camareros que trabaja allí, que tiene el defecto de ser -como dice él- músico callejero. Estuve hablando con él y le dije: Álvaro, mañana pasa esto, en el Congreso vamos a aprobar este real decreto ley. Y
me dijo: ¿Ah, sí? Estuvimos hablando largo y tendido. Primero, me llamó la atención su sorpresa, no conocía nada de esto, no sabía de la existencia de esta promoción de su calidad de artista al contrato laboral y a la posibilidad de ser atendido
por los servicios públicos de una manera homologada al resto de trabajadores. Segundo, me hacía mención a que él trabaja pero a veces le hacen algún contrato, a veces se va a otros sitios y luego se dedica a hacer bolos. Cuando digo bolos quiero
decir que va de una ciudad a otra y va tocando por la calle. Es decir, esa disposición final segunda o adicional segunda -no me acuerdo ahora- que va a tener que desarrollarse como norma reglamentaria, va a tener una importancia fundamental para un
colectivo determinado que representa el 90 % de los artistas musicales que existen en este país -aparte de otros que puedan existir también, como mimos u otro tipo de actividad escénica-, a los que vamos a tener que recoger allí donde hasta ahora no
tienen ellos posibilidad ni conocimiento de ser comprendidos.
Luego, me hacía referencia a una tercera cuestión que me llamó la atención porque es que ni siquiera la Subcomisión del Estatuto del Artista lo recogió como tal. Me decía: ¿Sabe lo que pasa? Que cuando estoy por ahí trabajando, muchas
veces cuando estoy tocando me dicen que tengo que retirarme, y a veces hay un malentendido y me decomisan, me incautan los aparatos musicales. Y me decía: Lo que yo tengo a mi alrededor cuando estoy tocando son los ahorros de toda mi vida, es todo
mi patrimonio y, si me lo quitan, me producen otro efecto, privarme de mi herramienta de trabajo. Y, señorías, ¿qué pasa cuando a alguien se le priva de su herramienta de trabajo? Pues eso, que no puede trabajar y, por lo tanto, está condenado a
otra situación. La cuestión es que es cierto que las ordenanzas municipales pueden -yo
también las he reglamentado en algún caso- contemplar ese tipo de sanción, pero creo que habría que contemplar alguna posibilidad de que las herramientas de trabajo -que son los instrumentos musicales para muchas de estas personas- se vean
de alguna manera salvaguardadas a esos efectos, porque ellos tienen que seguir trabajando, ya sea en la calle o en algún otro sitio.
En definitiva, señora ministra, con sus defectos y sus virtudes, por lo menos tiene el arrojo de llevar adelante -subsanando un defecto de la reforma laboral- la implementación de una medida que es necesaria para un colectivo determinado, el
estatuto de artistas, pero también de técnicos y auxiliares dependientes de ellos o que colaboran con ellos. Por lo tanto, entendemos que es una medida acertada, creemos que su desarrollo va a ser importante y, desde luego, va a contar con nuestro
apoyo.
Señora ministra, gracias. Votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Hace dos legislaturas -que en tiempo no es mucho, puesto que la anterior a esta fue bien corta- se aprobó en esta Cámara el Estatuto del Artista, llegamos a un acuerdo importantísimo para el sector de la cultura. Hoy se puede afirmar que el
consenso alcanzado entonces sería imposible. La polarización interesada para el crecimiento electoral de algunas formaciones y para la creación de una némesis que apuntale, harían imposible la repetición de un acuerdo como el que hoy estamos
desarrollando aquí. Es más, hace imposible el mero hecho de plantearlo. No obstante, el gran acuerdo que cambiará las condiciones de vida del sector de la cultura en España afortunadamente está lacrado y se va cumpliendo, y debe ser motivo de
orgullo de quienes lo acordamos y de los grupos parlamentarios que vamos a cumplir con nuestra palabra dada en aquel momento al estatuto: cumpliremos hoy apoyando el real decreto que nos traen hoy aquí. Esto es una reflexión: si el precio de que
le vaya bien a unos partidos es que no se pueda llegar a acuerdos como el que hoy estamos desarrollando aquí porque viene del pasado y beneficia a cientos de miles de españoles, nos debería hacer reflexionar; si el precio del éxito electoral de
algunos es un frenazo a acuerdos por el bien común, esto nos debería hacer pensar. No obstante, sé que me anticipo a un tiempo que vendrá, un tiempo en que los españoles exigirán acuerdos a sus políticos -como este Estatuto del Artista-, cansados
de histriones impostados y de héroes de cartón pluma.
Yo tuve el honor de ser parte del grupo de distintos que llegó a este acuerdo, y quiero agradecer a la ministra la mención a todos los componentes de esa Subcomisión, a muchos de los cuales personalmente yo echo mucho de menos, y le
sorprendería saber incluso de qué partidos son miembros. El Estatuto del Artista dejó encargadas decenas de modificaciones legislativas, algunas de las cuales están en este real decreto ley. Por lo tanto, como este real decreto ley cumple y
Ciudadanos fue parte muy activa de aquel estatuto, votaremos, como he dicho, a favor de su convalidación. Los cambios que para el sector de la cultura conlleva este real decreto son importantes. Quiero hacer hincapié especialmente en los técnicos
y auxiliares, que participaron de forma muy activa en el desarrollo del estatuto y que están sometidos a las mismas vicisitudes que los artistas en el sentido estricto de la palabra, pero no eran tenidos en cuenta muchas veces. Es más, cualquiera
que haya trabajado en este mundo sabe que uno puede ser un gran actor de teatro, pero como no esté bien iluminado ya puede olvidarse de salir a escena, o que uno puede haber escrito un guion excepcional, pero como no se escuche va listo. Pues bien,
este es el papel de los técnicos, que son artistas de su trabajo y que hacen lucir las obras que los creadores han dispuesto.
También se adapta en este real decreto ley el entorno web y las nuevas fórmulas de difusión; la legislación tenía que contemplarlas, y aquí se hace de forma acertada. Son muchísimos los artistas que difunden sus obras por streaming o que
las emiten por medios digitales y las almacenan para ser disfrutadas ya de manera temporal o bajo demanda en medios digitales. Llevamos ya años, por ejemplo, con el mundo del podcast, que también tendría cabida en esta legislación y no se había
adaptado a este formato. Se evitan los abusos de la contratación temporal y fraudulenta. Se incentiva el fijo discontinuo, lo que permite planificar a una persona su vida, que sabrá qué meses del año va a trabajar en tal cosa y podrá planificarse
para tener un trabajo similar con otro fijo discontinuo en tal otra. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Se exige de manera acertada la correspondencia entre la naturaleza temporal del trabajo -en este sector perfectamente identificable, además- y el contrato temporal que se suscriba. Y, muy importante -y lo han dicho portavoces antes que yo-,
se adapta a lo que es temporal per se, por su propia naturaleza: la obra o servicio -en cultura es casi literal- que se presta. No obstante, se fomenta -esto es bueno- el contrato indefinido en aquellos casos en que el trabajo a realizar tenga
esta naturaleza. También es importante la cotización reducida para aquellos que tienen ingresos inferiores a 3000 euros, algo justo y que facilita la vida de quien ingresa poco por estos conceptos, y damos pasos para que los artistas y los
creadores puedan llegar a vivir -es muy difícil, no todos pueden- de su creación y de su trabajo.
Este real decreto ley ayuda a la recuperación de un sector que ha sufrido mucho en la pandemia y que ya da muestras serias de recuperación -las cifras están ahí también-. España tenía ganas de reencontrarse con el mundo de su cultura. Y,
señora ministra, este real decreto también cumple con demandas históricas del sector. Lo que sí pido al Gobierno es que no se duerma y que siga, que hay mucho pendiente: en materia fiscal, en materia laboral quedan algunas cuestiones, en materia
incluso sociedades, en materia de dar seguridad jurídica, en materia de protección del trabajo de los artistas de los que son amigos de lo ajeno, en esto también hay que avanzar.
Se ha hecho un buen trabajo en esta ocasión. Yo estoy un poco harto de rajar de todo y cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Yo quiero en este caso reconocer el buen trabajo del Ministerio de Trabajo y el buen trabajo del
Ministerio de Cultura. Gracias, Yolanda Díaz; gracias, Miquel Iceta por traer la parte que le corresponde, y gracias por el reconocimiento al trabajo de la Comisión. Y, permítanme que personifique además, gracias a Marc Lamuà por hacer las cosas
fáciles cuando tratamos estos asuntos y por reconducir un guion de Garth Ennis y convertirlo en un guion de Neil Gaiman cuando todo tiene que ir más bonito, más fluido y más elegante.
Votaremos a favor y nos abstendremos en la tramitación como proyecto de ley porque encontramos beneficios y contratiempos por igual, lo que nos hace difícil decantarnos por una vía u otra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Aunque consideramos positivas las medidas contenidas en este real decreto, no podemos dejar pasar la oportunidad de plantear algunas reflexiones.
En primer lugar, en relación con el procedimiento de urgencia. Tal y como se recoge en la exposición de motivos, en septiembre de 2018 el Congreso aprobó el informe de la subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, hace ya
cuatro años. Este informe demandaba al Gobierno que aprobase medidas de urgencia sobre la creación artística con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores y de las personas que realizan actividades técnicas auxiliares, pero
se ha esperado hasta ahora, cuando se ha visto forzado a hacerlo por la reciente reforma de la normativa laboral, dado que la mayor parte de la contratación en el sector es temporal y no se dispone de un tipo contractual adecuado, además del recargo
de cotización por contrataciones inferiores a treinta días. Por lo tanto, parece una corrección necesaria para evitar males mayores derivados del Real Decreto Ley 32/2021, que también está afectando a otros sectores, no solo al cultural.
La segunda reflexión se refiere a este prometido Estatuto del Artista. Nos preguntamos si esa promesa se limita a esta actualización del Real Decreto 1435/1985, pues a nuestro entender debería ser mucho más ambicioso e incluir otros
aspectos.
Por último, surge también la pregunta sobre las previsiones respecto al sistema de cotización de los artistas autónomos. Se hacen ya unas previsiones que dicen que avanza en esa futura forma de cotización según rendimientos, pero tampoco la
conocemos todavía.
En todo caso, vamos a votar a favor. Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Tuve el honor de formar parte de aquella Comisión del artista que han recordado la ministra y el diputado Guillermo Díaz, y estoy de acuerdo con él en que aquello fue un pequeño milagro, lo que debería ser todos los
días este Parlamento: fuimos capaces de ponernos todos de acuerdo y fuimos capaces de votar todos lo mismo, incluso aquí. Hoy me parece que sería absolutamente imposible que se pudiera llegar a aquel acuerdo unánime.
Votaré este decreto por varias razones, pero fundamentalmente por dos. Creo que más que oportuno, es un decreto absolutamente necesario, y lo votaremos a favor porque entendemos que es un buen decreto y -esto me parece también muy
importante- por la manera de negociarlo. Es muy importante que los decretos que se quieran aprobar cuenten primero con los diputados que luego vamos a conformar esa mayoría. Agradezco esa manera de gestionar el ministerio porque creo que es la
manera en que se deberían gestionar todos los ministerios: confiar también en los diputados, que podemos aportar, que podemos dar ideas y mejorar. Por último, era absolutamente necesario que se hiciera esto para mejorar la contratación laboral de
los artistas, pero también -no lo olvidemos nunca- de los que hacen posible muchas veces esa creación artística: los técnicos y los auxiliares. Esta creación de un nuevo contrato laboral y la redefinición del espectáculo público me parecen muy
positivos y, por tanto, Compromís apoyará con gusto la tramitación de este decreto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, queda lejos ese septiembre de 2018, cuando esta Cámara aprobó por unanimidad las medidas urgentes -decíamos urgentes en 2018- con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de
los creadores. Ha pasado una pandemia, han pasado prácticamente cuatro años y la urgencia se ha hecho todavía más urgente. Ha pasado tanto tiempo que de los nombres que citaba usted al inicio de su intervención que formaban parte de esa
Subcomisión creo que solo quedamos los señores Eritja, Baldoví, Díaz, Agirretxea y yo mismo. Es día también para recordar a personas como el señor Torres Mora, Eduardo Maura o Marta Rivera, que tuvieron un papel importantísimo en la búsqueda del
consenso y en la redacción final del informe de la Subcomisión.
El ministro Guirao, poco después de ser nombrado en el año 2019, abrió la puerta a compatibilizar pensiones con derechos de autor y con esta incorporaba otras medidas que no llegaban a una tercera parte de los treinta y cinco puntos que
tenía previstos el estatuto y que creíamos todos que eran absolutamente necesarios. Hoy, su ministerio, con el acuerdo de todos los ministerios afectados -la singularidad del estatuto era que, a pesar de estar trabajado y pensado desde una visión
cultural, implicaba a todos los ministerios y a todas las áreas laborales y económicas de la Cámara-, nos trae este real decreto, que vemos y celebramos con buenos ojos y que ya le avanzo que vamos a votar a favor. Cuestiones como la modernización
del marco laboral acorde a las nuevas realidades, la protección de los artistas con ingresos inferiores a 3000 euros, la mejora de las condiciones laborales del personal técnico auxiliar -ya era clave en ese momento y ahora lo es todavía más- y la
flexibilización de la forma del contrato adaptándolo a las singularidades del sector nos parecen medidas que llegan en un momento más que oportuno. Como he dicho, las celebramos y las vamos a apoyar con toda nuestra fuerza y nuestra voluntad.
Nos queda, ministra, todavía mucho trabajo por hacer. Nos queda una parte del estatuto por desarrollar y otras medidas que esta Cámara tiene el deber de defender para mejorar las condiciones no solo laborales, sino también económicas del
sector cultural del país. Cuestiones como la ley de mecenazgo, que se encuentra encallada en esta Cámara, son claves, son importantísimas para mejorar e inyectar más recursos al ecosistema cultural del país, que sufre las consecuencias de la
pandemia y que suma a su precariedad de base esta situación de emergencia que ha sacudido todo el sistema económico, social y laboral de nuestro país.
Termino como he empezado, señorías, agradeciendo a todos esa voluntad de acuerdo del año 2018, voluntad de acuerdo que todavía se respira hoy aquí y que yo creo que es casi casi homologable a un espíritu navideño, que nos lleva a todos a una
situación de concordia. Eso es bueno, es sano y esta Cámara también se lo merece. Le agradezco, vicepresidenta, todo su trabajo y su empeño, así como su tono y su voluntad de diálogo a la hora de trabajar en estas cuestiones, que son importantes y
es de
agradecer. Junto a nuestro voto favorable, vamos a votar en contra de la tramitación como proyecto de ley de este texto.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bon dia, diputades i diputats.
Debatimos un real decreto ley por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial para las personas dedicadas a las actividades artísticas, técnicas y auxiliares necesaria para su desarrollo. En realidad, lo que se
hace en este real decreto ley es intentar corregir aquello en lo que la reforma de la reforma laboral afectó a varios agentes del sector cultural en lo que se refiere a la contratación. Esta iniciativa nos parece necesaria; el sector la esperaba
y, por tanto, nuestro voto va a ser favorable. Creemos que es importante que se apruebe la figura del contrato laboral artístico y sobre todo la exención de recargo de la Seguridad Social a los contratos de menos de treinta días, pero también
queremos decir que nos faltan elementos. Echamos de menos información importante sobre la medida que hace referencia al tramo de cotización para los artistas autónomos con rendimientos bajos. En concreto, falta especificar la cuota, cómo se
calculan los rendimientos, y sería deseable que el límite fueran 4000 euros al año en vez de los 3000 euros al año anunciados.
También quiero decir que, por desgracia, estamos avanzando muy poco en la consecución del Estatuto del Artista. Esta iniciativa que hoy convalidamos no deja de ser un parche -necesario, pero un parche- en ese largo camino para dotar al
sector cultural en su conjunto de un cuerpo legislativo que lo proteja y lo empodere para ser un sector potente y puntero. Van pasando los meses, se va consumiendo la legislatura y se avanza muy poco, y este debate ya empieza a ser como el Día de
la Marmota: se repite cada seis meses y decimos lo mismo, damos los mismos argumentos. Pero avanzamos muy poco y la verdad es que nos preocupa. Tenemos un sector cultural -otros portavoces lo han explicado muy bien- con problemas estructurales,
con muchas dificultades para sobrevivir, con muchos autónomos y pymes con dificultades reales para llegar a fin de mes y poder vivir de la cultura y que la sociedad en su conjunto se beneficie de ello. Durante los primeros meses de la pandemia
debatimos largamente sobre las consecuencias que tendría sobre el sector. Hay un gran consenso entre las fuerzas políticas de este hemiciclo sobre que es necesario tomar medidas de profundidad para relanzar el sector. Sabemos qué medidas son y hay
interlocución con un sector que quiere que se tomen; hay una interministerial que lo está trabajando, pero, pese a todo, las medidas no acaban de llegar. Esperemos que esta sea la legislatura en la que el Estatuto del Artista sea aprobado -al
menos en su gran parte- porque si no el sector no nos lo va a perdonar. Como oposición que somos, nos toca exigir al Gobierno que tome estas medidas y a la vez extender la mano para ayudar al sector cultural y al Gobierno en todo lo que sea
necesario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, vicepresidenta segona i ministra.
A ver si nos enteramos, la cultura no es la guarnición del filete sino la expresión de nuestra identidad y los creadores no somos arcángeles que viven del aire sino trabajadores. No pedimos privilegios, sino poder vivir de nuestro arte.
Reclamo mi derecho a hablar de dinero. He citado ya antes en esta casa y en esta tribuna estas palabras de la escritora Marta Sanz, que resuenan muchas veces en mi cabeza cuando pienso en políticas culturales, y no me canso de repetirlas, y mucho
menos en un día como hoy, en el que vamos a aprobar estas primeras medidas del Estatuto del Artista. Porque ha habido siempre una especie de pudor a la hora de hablar de creación y de dinero. Se ha situado al artista y al trabajador y la
trabajadora cultural en una especie de plano místico -abunda ese mito del artista bohemio que pasa hambre a cambio de inspiración-, y en esta romantización nos olvidamos de que las cosas no son así, que en la mayoría de los casos las personas que se
han podido dedicar a la cultura eran personas que venían de clases acomodadas y que en el camino hemos perdido muchísimas voces, que han sido acalladas por
esta precariedad, y mucho más -hay que decirlo- en el caso de las mujeres, donde a la dificultad de vivir de la cultura se le han sumado las dificultades propias de ser mujer en nuestra sociedad. (Rumores).
Hoy quiero traer a esta Cámara a la poeta Sylvia Plath. Se ha hablado mucho de su muerte, de su suicidio; a veces incluso demasiado, se ha hablado más de cómo murió que de su propia obra. Pero me parece que es un buen ejemplo para mostrar
ese silenciamiento de las condiciones materiales que rodean el arte. De su muerte se culpa al desamor, a la locura y casi no se habla de las circunstancias económicas que la rodearon, de que tenía que criar a dos hijos en soledad, sin tiempo
prácticamente para escribir que era su única fuente de sustento material; de su preocupación constante por el dinero y por cómo mantener a sus hijos; del frío que padecía en la casa vieja en la que vivía y las enfermedades que ese frío le
provocaba, y de cómo todo eso pudo influir en su bienestar emocional y en su obra. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, voy a pedirles, por favor, de nuevo silencio.
La señora GARCÍA PUIG: Gracias, presidenta.
Se prefiere el mito de la poeta suicida, la loca y opacamos esa realidad material en la que viven las mujeres creadoras. Ella misma dejó escrito en su diario que para ella hacerse mayor fue darse cuenta de que podía haber sido una verdadera
artista si hubiera nacido en una familia de intelectuales acomodados. Pues de todo esto va este real decreto que por fin llega al Congreso, va de nuestro derecho a hablar de dinero y reclama que nadie merece la precariedad, tampoco a cambio de
arte. Pero es que, además, con este tipo de medidas nos jugamos mucho más, nos jugamos el propio derecho a la cultura. ¿Queremos que -como decía Plath- solo se puedan dedicar a la cultura aquellos y aquellas que provienen de clases acomodadas o
queremos, en cambio, una cultura diversa, que provenga de todos los estratos y orígenes, donde las mujeres puedan tener voz propia? ¿Queremos una cultura de unos pocos para unos pocos o una cultura para todos y todas? La gente común tenemos
derecho a la cultura, a tomar partido en su creación y a su disfrute. Porque la cultura, como decía Marta Sanz, no es la guarnición, es un derecho fundamental. Y para eso necesitamos políticas valientes que atiendan a estas condiciones materiales,
como las que nos traen hoy aquí.
Y toca también agradecer, como ya ha hecho la vicepresidenta, a todas esas personas que formaron parte de la Subcomisión del Estatuto del Artista. Me quiero detener un momento en nuestro compañero Eduardo Maura, que fue portavoz de la
Comisión de Cultura de nuestro grupo parlamentario y uno de los impulsores de la Subcomisión. Hay que agradecer también al Gobierno, y muy en especial a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su lucha constante contra la precariedad
y la defensa de la cultura como una razón de Estado. (Aplausos). Y, por supuesto, hay que agradecer, y mucho, a todos los colectivos de profesionales de la cultura. La cultura es un sector en el que cuesta muchísimo movilizarse y reclamar
derechos y estos colectivos han estado ahí haciendo propuestas y luchando constantemente por sus derechos.
Mis palabras quieren ser de agradecimiento, pero también quiero seguir reclamando. Este real decreto es un principio, un muy buen principio, pero en lo que queda de legislatura hay medidas pendientes, medidas urgentes. Por ejemplo,
respecto al tema del género y las políticas culturales feministas, no me cansaré de repetirlo. Yo misma, que me dedico a la edición, he sido testigo de la segregación vertical en el sector del libro, de lo que cuesta romper los techos de cristal.
(Rumores). Hay que trabajar también -esto es importante- respecto a las personas en el régimen de autónomos del sector cultural, que muchas veces se desconoce que viven situaciones de auténtica precariedad. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de
compartir mi vida con un pintor y veo la desproporción entre la cuota que tiene que pagar de régimen de autónomos y los ingresos escasos, y sobre todo intermitentes, que recibe por su arte, y hay muchísima gente en esta situación. Pero quería
acabar señalando una realidad todavía más oculta, más silenciada, gente para la que incluso la precariedad del sector cultural está vetada. Pienso, por ejemplo, en mujeres migrantes o en los refugiados y las refugiadas -que están tan presentes en
estos días- y que no tienen ni la oportunidad de intentar romper esos techos de cristal, que no tienen ni la oportunidad de darse de alta en el régimen de autónomos porque el elitismo del sector cultural es un verdadero muro para ellas. (Continúan
los rumores). Pensemos en esas personas también cuando diseñemos nuestras políticas culturales porque, recordemos, ellas serían las primeras víctimas de la barbarie de un mundo sin cultura crítica y diversa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. (Aplausos).
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Con la venia, señora presidenta.
La reforma laboral que este Gobierno nos presentó como inocentada el pasado 28 de diciembre tuvo como consecuencia el final de muchas de las formas de contratación frecuentes en el mundo de la cultura y de los espectáculos, tanto para los
propios artistas como para los técnicos que trabajan con ellos. Los contratos de obras y servicios y los fijos discontinuos se vieron limitados o directamente prohibidos. No nos estamos refiriendo a un sector que esté pasando por un buen momento;
se vieron muy afectados por los cierres decretados por este Gobierno durante los estados de alarma ilegales, se les prohibió trabajar y no recibieron más que unas ayudas muy insuficientes y, desde luego, tardías. Las propuestas contra el Gobierno
fueron muy generalizadas; el propio ministro entonces, Rodríguez Uribes, tuvo que reconocer que les había faltado conexión, que les había faltado empatía con el sector cultural. Las manifestaciones de diversos colectivos como Alerta Roja fueron
una muestra del evidente hartazgo del sector con este Gobierno. Cuando se debatió la reforma laboral, la señora ministra, Yolanda Díaz -aquí presente-, declaró que más de ocho millones de contratos anuales por obra y servicio que se hacían en
España debían transformarse en contratos de trabajo indefinidos. Como todas las personas sensatas que escucharon aquello, me resultó obvio cuál era la alternativa: no hacerlos. (Aplausos). Por eso han dejado ustedes en la estacada a tantísimos
españoles. Si una empresa pequeña no tiene seguridad de que pueda rentabilizar un trabajo con mayores costes laborales, no lo va a hacer, no va a contratar a nadie para hacerlo, y eso es lo que está sucediendo en el castigado sector de la cultura y
es lo que ha originado el real decreto que usted nos ha traído hoy aquí.
Cuando ha resultado evidente que todo lo que dijimos desde VOX en el debate es cierto y que el hundimiento de la actividad en el mundo artístico ha sido totalmente innegable, este Gobierno ha planteado un real decreto que, según el propio
texto que hoy nos someten a consideración, no es más que una solución de emergencia y todas las soluciones que realmente van en el Estatuto del Artista -que aquí se ha mencionado en tantas ocasiones- tendrán lugar de aquí a un año. Lo dice el
propio texto. Debo decir que en esto coincide usted con las organizaciones del sector. Se trata de un texto de mínimos que es posible que reduzca la catástrofe que la reforma laboral iba a causar en este sector, pero no es nada semejante a todo lo
que se había prometido en el Estatuto del Artista, que tendrá que seguir esperando el sueño de los justos, como de manera muy educada le han dicho ya algunas de las personas que han pasado por el estrado. Este Gobierno lleva ya demasiado tiempo
para seguir escudándose en excusas. Es imprescindible que arreglen el problema de temporalidad, porque es que no lo han arreglado ni siquiera en el propio ministerio. Me estoy refiriendo al Ministerio de Cultura. Pensaba que iba a venir también
su compañero, el señor Iceta, que ha vuelto a demostrar lo que le importa este Congreso y lo que le importa el sector de la cultura. (Aplausos).
Hoy vamos a debatir un parche para el sector. En los próximos meses se irá produciendo el hundimiento de otros sectores y habrá medidas similares. Ustedes lo achacarán a Putin, a Franco, al virus o a lo que sea, pero la realidad es que la
reforma laboral ha sido una catástrofe y lo único que va a suceder es que va a seguir sumando sectores a estos problemas que nos han presentado. Ese grupo de peligrosos ultraderechistas, los rectores de universidad, han denunciado la situación de
paralización a la que se están viendo abocados los proyectos de investigación, y ustedes respondieron ayer con la publicación del Real Decreto 8/2022. Es otra excepción que tienen que hacer porque, lógicamente, o empiezan a hacer muchas excepciones
a su catastrófica reforma laboral o se van a seguir produciendo hundimientos de sectores. (Aplausos).
Evidentemente, la excepción que consagramos hoy va a ser solicitada por muchos más sectores: los trabajadores del campo, los trabajadores de los cáterin, a los que se hizo mención ayer, que trabajan en la hostelería en Andalucía, que
trabajan por ejemplo en las casetas de feria, y que estaban en una situación lamentable. Todas estas personas tienen por nuestra parte el mismo respeto y el mismo derecho a tener una seguridad jurídica y unos contratos laborales que realmente se
correspondan a sus situaciones, y eso es algo que no está preocupando a este Gobierno. (Aplausos).
El sectarismo que este Gobierno ha empleado en otras ocasiones contra los trabajadores del sector taurino al privarles de las ayudas del Real Decreto 17/2020 -por cierto, debido principalmente a usted-, al excluir también a los espectáculos
taurinos del bono cultural, se observa también en el texto que hoy
debatimos. Como ya sucedió con el decreto de ayudas al sector cultural, asociaciones como la Fundación Toro de Lidia o asociaciones profesionales se han quejado de la nueva agresión de este Gobierno al sector de la tauromaquia.
Ya que están ustedes ahora mismo desarrollando las condiciones laborales del sector cultural, ¿sería mucho pedir que pusieran un poco de orden en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música? Llevamos mucho tiempo con huelgas en
ese instituto, con directores, actores y técnicos reclamando el pago de sus contratos. Así ha sucedido con Carolina África, con Irene Serrano, con Israel Elejalde y algunos han renunciado a participar en las producciones del Inaem como, por
ejemplo, el actor Ramón Barea; y estoy aludiendo solo a los que han protestado en público. Deberían ustedes saber gestionar el propio Inaem antes de ponerse a darle lecciones a todo el sector. (Aplausos).
La situación grave y de urgente necesidad a la que pretende hacer frente este real decreto es la provocada por los delirios ideológicos, la estulticia y la falta de sensatez de este Gobierno, y para ello los españoles pueden contar con VOX,
porque solo queda VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cruz-Guzmán García.
La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: Traje de luces, dehesa de encinas y plaza, plaza de toros, señora Díaz, plazas de toros que son nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia. Desde la de Campofrío en Huelva hasta la de Chinchón en
Madrid o la de Salamanca, una de las últimas en ser consideradas como BIC. No se avergüence de ellas, no las mande al exilio legislativo, no se avergüence de Lorca, de Picasso o de Chaves Nogales, porque son marca España y en ellas se da el segundo
espectáculo de masas de nuestro país. (Aplausos).
Lo peor de este capricho es que es un nuevo ataque a los trabajadores de la tauromaquia. Ya los expulsó del decreto de prestación extraordinaria por el COVID, una postura que produjo un sonrojante informe del Defensor del Pueblo, una firme
posición por parte de mi grupo y, lo que es peor, unas demoledoras sentencias de nuestros jueces que la obligaron a rectificar su personalísima y arbitraria medida contra estos trabajadores que estuvieron dos años sin poder trabajar, señora Díaz.
(Aplausos). Qué cansino, qué tiempo perdido, qué dinero despilfarrado el de todos los españoles que tengamos oposición y sociedad que acudir continuamente a los tribunales cuando este Gobierno se salta los límites legislativos: la ley de vivienda,
sus medidas laborales, el bono cultural y ahora la patronal con las gasolineras. ¿Pero es que no aprenden de sus errores? Señora Díaz, cuando un español llega al puesto que usted ocupa tiene que gobernar para todos los españoles, también para
estos trabajadores a los que tengo en alta estima. No puede dejarles en el limbo normativo y no puede robarles su nombre. Sí, robarles su nombre porque son artes escénicas, claro que lo son, tienen un escenario único, un vestuario artesanal y una
coreografía que suena al son de la música más nuestra, pero deben seguir llamándose profesionales de la tauromaquia. A ellos les debo momentos únicos y España les debe una afición compartida con Iberoamérica, Portugal, Francia o Asia. Señora Díaz,
Iceta es el ministro de la tauromaquia y usted la de sus trabajadores, le guste o no le guste.
Mire, en la bancada de la derecha hay muchos compañeros que somos aficionados a los toros, alguno ha detenido el tiempo con una media verónica, pero hay otros muchos que no lo son. Todos lo respetan, todos respetan a los aficionados
taurinos (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: A la cultura y a la ley que nos protege. Eso mismo le pedimos al Gobierno: respeto y libertad, señora Díaz. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno trae este real decreto ley como un gran avance del Estatuto del Artista: ruedas de prensa, focos, reuniones sectoriales y un mailing masivo para que nadie se quede atrás. En eso son los mejores, pero no, no es un gran
avance. Esta propuesta solo recoge dos medidas de las 75; 28 de ellas del ámbito laboral. En concreto, incluir a los técnicos y auxiliares en el contrato por cuenta ajena para los artistas. Misma intermitencia han de tener las mismas condiciones
y se amplía el hecho cultural en el ámbito digital y virtual. ¿Pero qué pasa con el resto de las medidas? ¿La prestación extraordinaria se va
a quedar? La contratación a menores, los falsos autónomos, la actividad sindical, ¿qué pasa con todas ellas? Juntar estar dos medidas concretas esboza una idea, una propuesta: reducir la cuota de los trabajadores por cuenta propia para
los artistas, pero no sabemos ni cuánto ni cómo ni dónde. Eso sí, para los que tengan un rendimiento inferior a 3000 euros al año, 250 euros al mes, señora Díaz. Y usted, que es del Grupo de Unidas Podemos, el diálogo social ni siquiera lo ha
consensuado con los sindicatos, ni con ATA, ni con UPTA ni con UATAE. No nos engañe, señora Díaz.
En realidad, este debate no es más que una desesperada rectificación de su reforma laboral a la ley que ha permitido salvar miles de puestos de trabajo gracias a los ERTE, mecanismo que puso en marcha nuestra ministra Fátima Báñez; a la ley
que ha permitido crear medio millón de puestos de trabajo al año. (Aplausos). Esta propuesta no es más que un nuevo parche en la lancha a la que se ha subido su grupo ante el titánico naufragio de este Gobierno. ¡Y es que ya tienen más parches
que lancha! Tan solo eso, un parche a la chapuza de la microrreforma precipitada que tenía que aprobarse sí o sí antes de las campanadas de Sol, en búsqueda del titular de Año Nuevo. Se trata de una microrreforma que está causando una
macroinseguridad en el sector rural, en el sector de la construcción, en el sector de la hostelería -ahí tiene a los caseteros, sí, a los caseteros andaluces esperando una solución- y también en los 710 000 trabajadores del sector de la cultura.
¿Pero es que no pensaron en todos ellos cuando hicieron su reforma laboral? ¿Pero es que no se dieron cuenta del caos que iban a producir? Nuestra portavoz, Cuca Gamarra, ya se lo advirtió y no quisieron escucharla. No, no es que hayan perdido el
pulso a la calle, señora Díaz, es que nunca se lo tomaron porque es imposible estar tan distante de las necesidades de los trabajadores, de los españoles.
Miren, olviden esa inagotable manía de enfrentarnos; de enfrentar empresas contra trabajadores. No se entiende una empresa sin trabajadores ni un trabajador sin empresa y ambos viven estupefactos la situación que están pasando, que no
arreglará su prohibición de despedir ni el maquillaje que quieren hacer con el cambio de nombres en los contratos de trabajo. Este es el verdadero motivo del debate de hoy: arreglar su improvisación articulando un nuevo tipo de contrato y
eliminando la multa por eventualidad si sobrepasamos los treinta días, que es lo normal en el sector cultural.
No, mi grupo no está contento. No estamos contentos con el tiempo que han tardado en traer dos medidas a este hemiciclo. Cuatro años. Este Gobierno se comprometió aquí, delante de todos, a tenerlo tramitado en su totalidad en septiembre,
pero de 2021. Estamos aquí para no paralizar la actividad cultural y como partido de Gobierno que somos, que fuimos y que volveremos a ser, leal y responsable, votaremos sí a este real decreto ley. No se equivoquen, no validamos ni su
contrarreforma ni su gestión en la cartera de empleo, solo evitamos con nuestro voto hundir a un sector que necesita, urgentemente, clarificar su situación para poder seguir trabajando, un sector que no tiene culpa de su incompetencia. (Rumores).
Y hablo más alto para que me escuche, señora Díaz. (Aplausos). Por eso les pido a los artistas, a los músicos, a los actores y bailarines, a los toreros y banderilleros que no se conformen, que exijan la agilidad necesaria para completar las
medidas que quedan pendientes del Estatuto del Artista. Y al resto de los grupos les pido lo mismo (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio. (Rumores.-La señora Olona Choclán: ¡Que silencio! ¡Que escuche la ministra, hombre! ¡Dígaselo a la ministra!). Quiero silencio, por favor. (Rumores). Continúe, señora Cruz-Guzmán.
La señora CRUZGUZMÁN GARCÍA: Decía que les pedía al resto de los grupos el mismo inconformismo y, en especial, a los grupos del Gobierno, a los que continuamente recriminan a mi grupo que somos poco constructivos, a pesar de las miles y
miles de enmiendas y de propuestas que nos ningunean. Le pido al Gobierno que no sea un Gobierno destructivo y que lo demuestre aprobando este real decreto ley y tramitándolo urgentemente como proyecto de ley, que nos permitan trabajar al resto de
los grupos porque haremos una ley más rápida y, sobre todo, mejor; la ley que se merece el sector cultural con la que nos comprometimos todos los diputados de esta Cámara en el 2018.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora CruzGuzmán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidenta, señorías.
Mire, señor Espinosa de los Monteros, que le veía haciendo eso tan mono del triangulito. ¿Sabe cuál es el triangulito de VOX? Populismo, desfachatez e iliberalismo. Con eso mancillan cada semana esta tribuna y nuestra democracia.
(Aplausos). Y les decimos y les diremos siempre: Basta. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pronuncia palabras que no se perciben). Luego se lo repito y atiende.
Veo muy preocupados y exigentes a las señorías del PP con la cultura. Me alegro, aunque su exigencia para con la cultura acaba en esta tribuna y en exigir a los demás, no a ustedes mismos, porque su exigencia en cultura es dejarla en manos
de VOX en Castilla y León. ¿Van a vender a la ultraderecha ahí donde se sometan a su pacto la cultura? (El señor Espinosa de los Monteros y de Simón pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Porque estoy seguro de que es algo que debe
saber la cultura en España.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: A cualquier persona que ame nuestra cultura ese pacto nos ha dejado tremendamente preocupados. (Varios señores diputados: ¡Oooh!) ¿O su exigencia con la cultura es el mal uso que están haciendo en la Comunidad de
Madrid en su estéril confrontación con Barcelona por las inversiones museísticas? ¿Es la cultura para ustedes una pieza más del nacionalismo de Ayuso reversionando a VOX? ¿Esa será la moda en el PP a partir de ahora? ¿O serán ustedes un partido
que use la cultura para unir y fortalecer nuestra democracia? (Rumores). En resumen, ¿van a ser ustedes una pieza clave para el porvenir de la cultura en nuestro país, como lo fueron codo a codo con todos los grupos parlamentarios en el Estatuto
del Artista, o seguirán de rodillas ante la ultraderecha en la guerra cultural que quieren abrir entre españoles en toda España? Eso lo tienen que responder aquí y hoy ustedes ya. (Aplausos). Poco podíamos saber lo que nos esperaba políticamente
en septiembre de 2018, cuando se aprobó el informe de la Subcomisión del Estatuto del Artista en esta Cámara. Sabíamos que sería un camino complejo, puesto que había muchos y distintos escollos que salvar. Seguimos, creo que todos, con la misma
determinación y quienes más -y hoy lo vuelven a demostrar- el Gobierno de España.
Recuerdo el debate que tuvimos el pasado junio en esta misma Cámara, porque lo he repasado estos días, el tono oportunista ese día de algunos, que contrastaba con lo duro de los tiempos en los que nos ha tocado a todos ejercer la política y
en los que les ha tocado vivir a nuestro sector cultural. Cuando una portavoz preguntó que para cuándo tendríamos la mesa interministerial, llevándola jocosamente a más allá de mitad de siglo, desconocía que en ese momento los trabajos previos
estaban en marcha y que estaba a punto de constituirse la mesa interministerial, que a lo largo del último trimestre de 2021 hubo hasta tres reuniones de alto nivel, más de veinticinco reuniones tuvieron los cuatro grupos de trabajo impulsados por
la Mesa con todos los sectores culturales para trasladar, de la manera más exacta, las necesidades del sector, adecuándolas a lo expresado en la subcomisión. Porque sí, creo que todos entendemos que el documento de la subcomisión es faro y guía.
Pero no nos engañemos tampoco, los trabajos del Estatuto del Artista están vivos, se tienen que adecuar a todo aquello que vaya sobreviniendo a nuestros sectores culturales.
El Ministerio de Cultura es consciente de la trascendencia de estos trabajos legislativos, de lo difícil que ha sido avanzar; y me consta que lo son también ustedes, señorías, y lo son también nuestros sectores culturales. Sin los trabajos
de la mesa interministerial impulsada por el ministerio hoy no estaríamos aquí; sin el compromiso en ella que han tenido los ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Seguridad Social, Hacienda y Función Pública, Educación y Formación
Profesional, Presidencia y Universidades no estaríamos aquí; un compromiso que se materializa en que, a estas alturas, ya casi están acordadas dos terceras partes de las medidas incluidas en el informe de la subcomisión. Sí, el primero de estos
acuerdos, que no es menor, señorías; a lo mejor, podríamos haber ido más rápido, pero, sin duda, lo que tenemos que hacer es lo mejor que necesite nuestra cultura. Damos trámite así a una demanda del sector, tanto de trabajadores como de
empresarios. Reconocemos la especificidad del sector cultural y adaptamos la normativa laboral a sus circunstancias. En definitiva, este real decreto-ley, señorías, pone una nueva piedra en la gran construcción que deberá acabar siendo el Estatuto
del Artista.
No quería dejar de agradecer -como han hecho otros compañeros y como ha hecho la ministra- a todas las señorías que lo hicieron posible en su día; agradecer su tenacidad ante algunas de las peores circunstancias parlamentarias. Al señor
Díaz, al señor Miquel, al señor Eritja, al señor Baldoví, al señor Agirretxea, señorías que todavía están en este hemiciclo; a los que ya no están aquí pero siguen trabajando por la cultura, la señora Ribera, el señor Maura, el señor Del Río. Y me
permitirán un recuerdo afectuoso
y especial al que fuera para los diputados socialistas maestro de parlamentarismo y maestro en cómo entender la cultura, don José Andrés Torres Mora. (Aplausos).
Termino. Le agradezco, ministra, que haya traído y presentado hoy aquí esta primera iniciativa; porque, como dice el ministro Iceta, la cultura no pide, la cultura ofrece. (Un señor diputado: Por eso no viene). Por todo lo que nos
ofrece, nosotros sí le debemos, señorías, le debemos esfuerzo, le debemos unidad, le debemos defensa acérrima de la cultura desde esta Cámara. Hoy les pido, por lo tanto, su voto afirmativo a este real decreto ley, a este esfuerzo que es de todos y
colectivo para con la cultura, porque, a pesar de algunas dudas y de algunos funestos augurios, el Estatuto del Artista se desarrolla; eppur si muove, señorías.
Buenos días. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lamuà. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ENMIENDAS AL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO, HECHAS EN ROMA EL 20 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000082).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES Y SU DECLARACIÓN INTERPRETATIVA, HECHO EN MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000083).
- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CARTA SOCIAL EUROPEA EN EL QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA DE RECLAMACIONES COLECTIVAS, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000084).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN ABU DHABI EL 7 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000085).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente 110/000086).
- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, HECHO EN MADRID EL 6 DE ABRIL Y 12 DE JULIO DE 2021. (Número de expediente 110/000087).
- CONVENIO SOBRE EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO, HECHO EN GINEBRA EL 14 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000088).
- CONVENCIÓN RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA (IALA), HECHO EN PARÍS EL 27 DE JUNIO DE 2021. (Número de expediente 110/000089).
- ACUERDO RELATIVO A LOS CONTROLES DE EXPORTACIÓN EN EL ÁMBITO DE DEFENSA, HECHO EN PARÍS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000091).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000092).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000082 a 110/000089, 110/000091, y 110/000092.
No habrá intervención de los grupos parlamentarios. Los dictámenes se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para hoy. Votaremos en cinco minutos.
Muchas gracias. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, REPUBLICANO Y EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de
expediente 162/000995).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños, vamos a dar comienzo a las votaciones. Las iniciamos con las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Euskal Herría Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara
Occidental. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 161 más 7 votos telemáticos, 168; en contra, 115 más 3 votos telemáticos, 118; abstenciones, 58 más 3 votos telemáticos, 61.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Esquerra Republicana
y Euskal Herria Bildu, puestos en pie).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A MEDIDAS SOBRE EL ACOGIMIENTO FAMILIAR. (Número de expediente 162/000987).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas sobre el acogimiento familiar. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 254 más 10 votos telemáticos, 264; en contra, 51 más 2 votos telemáticos, 53; abstenciones, 29 más 1 voto telemático, 30.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO Y LA REBAJA DE LA EXIGENCIA ACADÉMICA A LA LUZ DE LOS NUEVOS CURRÍCULOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO. (Número
de expediente 173/000139).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar el adoctrinamiento ideológico y
la rebaja de la exigencia académica a la luz de los nuevos currículos de primaria, secundaria y bachillerato. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario
VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 138 más 5 votos telemáticos, 143; en contra, 187 más 7 votos telemáticos, 194; abstenciones, 9 más 1 voto telemático, 10.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (Número de expediente 173/000140).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la deficiente gestión de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 146 más 6 votos telemáticos, 152; en contra, 185 más 7 votos telemáticos, 192; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 5/2022, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE ADAPTA EL RÉGIMEN DE LA RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE LAS PERSONAS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ASÍ COMO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y AUXILIARES NECESARIAS PARA
SU DESARROLLO, Y SE MEJORAN LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR. (Número de expediente 130/000077).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades
artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 331 más 13 votos telemáticos, 344; en contra, 1; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 13 votos telemáticos, 347; a favor, 155 más 6 votos telemáticos, 161; en contra, 164 más 6 votos telemáticos, 170; abstenciones, 15 más 1 voto telemático, 16.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES Y SU DECLARACIÓN INTERPRETATIVA, HECHO EN MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000083).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones y su Declaración
Interpretativa, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2021. Punto 31 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 13 votos telemáticos, 346; a favor, 275 más 10 telemáticos, 285; en contra, 21 más 1 voto telemático, 22; abstenciones, 37 más 2 votos telemáticos, 39.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CARTA SOCIAL EUROPEA EN EL QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA DE RECLAMACIONES COLECTIVAS, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000084).
La señora PRESIDENTA: Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea formular. Punto 32 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 13 votos telemáticos, 345; a favor, 328 más 13 votos telemáticos, 341; en contra, 4.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, HECHO EN MADRID EL 6 DE ABRIL Y 12 DE JULIO DE 2021. (Número de expediente 110/000087).
La señora PRESIDENTA: Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6 de abril y 12 de julio de 2021. Punto 35 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 13 votos telemáticos, 342; a favor, 306 más 12 votos telemáticos, 318; abstenciones, 23 más 1 voto telemático, 24.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- CONVENIO SOBRE EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO, HECHO EN GINEBRA EL 14 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000088).
- CONVENCIÓN RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA (IALA), HECHA EN PARÍS EL 27 DE JUNIO DE 2021. (Número de expediente 110/000089).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Puntos 36 y 37 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 13 votos telemáticos, 343; a favor, 330 más 13 votos telemáticos, 343.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
- ACUERDO RELATIVO A LOS CONTROLES DE EXPORTACIÓN EN EL ÁMBITO DE DEFENSA, HECHO EN PARÍS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000091).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021. Punto 38 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más 13 votos telemáticos, 344; a favor, 307 más 12 votos telemáticos, 319; en contra, 5; abstenciones, 19 más 1 voto telemático, 20.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- ENMIENDAS AL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO, HECHAS EN ROMA EL 20 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000082).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN ABU DHABI EL 7 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000085).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente 110/000086).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 110/000092).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta del resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Puntos 30, 33, 34 y 39 del orden del día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 13 votos telemáticos, 342; a favor, 304 más 12 votos telemáticos, 316; abstenciones, 25 más 1 voto telemático, 26.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes. (El señor Elorza González pide la palabra).
Señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Quería explicar el voto acogiéndome al artículo 89, apartado 3, de este Reglamento porque se ha producido...
La señora PRESIDENTA: Señor Elorza, no le voy a dar la palabra. La previsión del artículo 89 es que la explicación de voto es de los grupos parlamentarios y, por tanto, creo que no procede esta intervención.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.