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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 106, de 24/05/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 106
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 6
celebrada el jueves,
24 de mayo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). (Número de expediente 121/000004) ... (Página5)
Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). (Número de expediente 121/000004) ... (Página6)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la sesión de esta Comisión.
Voy a hacer una consideración previa antes de abordar el orden del día. Los diversos portavoces de los grupos parlamentarios me han manifestado que en este momento se les ha suministrado un amplio paquete de enmiendas transaccionales, que
prácticamente afecta a todos los grupos, y que necesitan un tiempo adicional para poder estudiarlas. A la vista de esto y de la duración previsible de las votaciones que luego se producirán en esta Comisión, estimo oportuno que suspendamos la
sesión hasta las diez y media para que en este periodo puedan profundizar en las enmiendas más importantes. Tengan en consideración que esta Comisión no va a tener una sola intervención por grupo, como en los últimos años, sino que va a tener dos,
lo cual también dará pie a lo largo de este trámite para pulir algunos criterios en relación con las transaccionales presentadas. Por tanto, si les parece oportuno, actuaremos de esta forma y suspendemos la sesión hasta las diez y media.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la Comisión. (La señora Gutiérrez del Castillo pide la palabra). Sí, dígame.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, el Grupo Socialista necesitaría un aplazamiento de la Comisión, hasta mañana, para poder analizar en profundidad todas las enmiendas transaccionales que se nos han presentado en el día de
hoy a un texto tan importante como la reforma laboral. Por tanto solicitamos de la Presidencia el aplazamiento de esta Comisión veinticuatro horas.
El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, no tengo inconveniente, si le parece oportuno, retrasarla una hora más, pero quiero recordar que ha habido reformas tan importantes como esta en la legislatura pasada en las que, incluso finalizado el
debate, se han planteado enmiendas transaccionales, lo cual obviamente debe ser mucho más difícil de comprender por los grupos parlamentarios que el caso que hoy nos ocupa. Además creo que del paquete de enmiendas transaccionales que se ha puesto
encima de la mesa no todas afectan a todos los grupos, con lo cual cada grupo parlamentario tiene un mejor control del tema, porque la transaccional se dirige a dar respuesta a una enmienda particular suya. Como digo además en esta Comisión, habida
cuenta de la reforma laboral de que se trata, hemos establecido un doble turno, que va a durar más de lo que han durado en las Comisiones a las que he hecho referencia, y eso posibilita también que se tenga un conocimiento cabalmente suficiente, al
menos de las transaccionales que afectan directamente al interés del grupo al que se le ofertan. Si les facilita a ustedes que la sesión empiece a las doce, así lo haremos, pero en otro caso -insisto- aquí la práctica ha sido -y además por el grupo
parlamentario al que pertenece la portavoz que ahora nos habla- traer textos, incluso cerrado el debate, y con escaso conocimiento parlamentario y científico, aunque en todo caso suficiente, cuando los han votado y los han apoyado los demás.
La Comisión está fijada para hoy. El calendario está muy comprimido en razón de que en junio debe venir este texto del Senado, y como usted sabe también hay unos plazos que a todos obligan, así como una necesidad de publicación en el diario
oficial, y por lo tanto el día elegido es hoy. Creo que la Cámara debería agradecer que se oferten transaccionales y no se aplique de una forma automática el texto del real decreto, pero esta es una opinión.
Solicita la palabra el señor Olabarría. Perdón, la ha pedido primero la señora Barkos, y como el señor Olabarría es un caballero seguro que le cede el turno.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esa invocación, señor presidente, le cedo la palabra a la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Intervengo desde el Grupo Mixto para coincidir con lo expresado por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que este cuaderno de transaccionales dirigidas -como no puede ser de otra
manera- a cada uno de los proponentes, y por lo tanto dirigidas a los diferentes grupos que componen esta Comisión, no deja de ser un todo que el conjunto de los portavoces y miembros de esta Comisión quisiéramos tener oportunidad de conocer, en la
medida en que entendemos que cambia, y de manera sustancial -por lo que hemos tenido oportunidad de ver en un primer vistazo-, en algunos aspectos la propuesta que se nos hizo en su día en forma de real decreto.
Por lo tanto y habida cuenta de que este proceso se va a sustanciar en esta Comisión, y que será esta Comisión la responsable de enviar al Senado el documento, solicitaríamos la suspensión, tal y como ha hecho el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que no pide la suspensión, sino el aplazamiento. (Asentimiento). Si precisan una hora o una hora y media más por mi parte no va a haber ningún problema. Simplemente acabaremos más tarde hoy.
El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Usted ha citado un precedente manifiestamente aberrante. Por lo tanto, por esa misma razón y sabiendo de la compostura y sabiduría del presidente, que todos nos honramos en que presida nuestras deliberaciones,
estimamos que ese precedente aberrante no debe ser el que dictamine o fundamente su decisión en el día de hoy. Esto se hizo mal, señor presidente, no vamos a continuar haciendo las cosas mal. El aplazamiento tiene fundamento reglamentario, pero
sobre todo tiene fundamento material.
Lo que se ha presentado es un texto alternativo -como ya ha sido dicho por otros portavoces-, muy voluminoso, en donde nos encontramos con una miscelánea de enmiendas que hacen referencia a unas transaccionales que se ofertan a un grupo,
otras que se ofertan a dos grupos, otras que se ofertan a tres, y otras que se ofertan a todos los grupos de la Cámara. Además son transacciones en las que nos encontramos desde algunas ausentes de literatura, que sirva porque hay que hacer el
estudio por referencia a otros artículos o a otras enmiendas, y otras sin embargo tienen una dimensión de más de siete folios, señor presidente. En esta Comisión ya estamos acostumbrados a la práctica del uso alternativo del derecho y a intentar
absorber y metabolizar las cuestiones que se plantean con cierta ligereza y rapidez. Pero intelectualmente yo le tengo que reconocer con toda honestidad, señor presidente -demérito mío seguramente-, que no soy capaz de digerir, intelectualmente
repito, lo que aquí se nos propone, que no tiene el carácter de transacciones hechas a un grupo y negociadas o negociables con él, sino que tiene la característica de desfigurar y modificar la estructura troncal del texto cuyo debate se va a iniciar
con competencia legislativa plena. Por lo tanto hay motivos más que suficientes, desde una perspectiva reglamentaria, desde una perspectiva de buen funcionamiento, de decoro institucional -si me permite la expresión, sin pretender ser demasiado
solemne, señor presidente-, en relación con una ley que pretende nada menos que configurar las relaciones productivas de este país, para un aplazamiento que permita estudiar las transacciones; un aplazamiento que tendría que ser como mínimo hasta
mañana.
El señor PRESIDENTE: El señor Coscubiela tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Sinceramente, y con todos los respetos institucionales, las dos razones que nos da usted para no aceptar la propuesta del aplazamiento de esta Comisión -si he entendido bien-, en primer lugar la urgencia, y en
segundo lugar la tradición, creo que no pueden ser tenidas en cuenta; al menos así lo creo.
En primer lugar, la urgencia no existe; tenemos un real decreto-ley que está vigente desde el 12 de febrero, por tanto hay todo menos un vacío legislativo. Este proyecto de ley se podía haber tramitado perfectamente sin trámite de
urgencia, porque ya está en vigor el real decreto-ley aprobado por la Cámara. Y en segundo lugar, como ha dicho el señor Olabarría, las malas costumbres están para ser cambiadas. No me sirven tampoco por otra razón, que sé que va a ser discutida
sobre todo por los que son veteranos en la práctica parlamentaria. Mi grupo tiene serias dudas de que el procedimiento que se está empleando, utilizando un mix entre la función de la Comisión cuando actúa como tal y la función de la Comisión cuando
actúa con competencias legislativas plenas, en esa fórmula transaccional que prácticamente supone un texto alternativo, pueda tener soporte legal. Soy consciente -y así me lo han hecho saber los veteranos de la Cámara- de que es costumbre en esta
Cámara hacerlo así, y en algunas otras ocasiones así ha sido, pero permítanme que les diga que creo sinceramente que en el trámite en el que el Congreso ha delegado en la Comisión las competencias legislativas plenas no se puede estar a lo que
interesa, a lo que establece el artículo 114 para cuando la Comisión actúa como Comisión, y a lo que interesa, a lo que establece el artículo 117 del Reglamento, que son las funciones del Pleno y por tanto la posibilidad o no de admitir
transaccionales. Tengo serias dudas de que en este procedimiento las transacciones puedan aceptarse en los términos masivos en los que se está planteando. Otra cosa es que esta Comisión hubiera tenido diferentes reuniones, por ejemplo que se
suspendiera y se pudiera plantear.
Por último, déjeme decir una cosa que puede parecer baladí. La figura de la delegación del Pleno en la Comisión se la inventó Mussolini, en el régimen corporativo de los años treinta. De ahí pasó al régimen franquista español, y
desgraciadamente fue asumida por la legislación democrática. Eso ya no se puede evitar; lo que deberíamos evitar es que se perfeccionara Mussolini en cuanto al deterioro de la práctica parlamentaria. En ese sentido me atrevo a sugerir que la
suspensión de veinticuatro horas sería una mejor práctica porque podría soslayar algunas de las dudas que en estos momentos hay sobre la utilización de este procedimiento.
El señor PRESIDENTE: Yo le he de manifestar, en lo que se refiere a mi competencia, que no tengo duda jurídica ninguna con relación a las transacciones. Y en segundo término, usted sabe que ha habido dos debates parlamentarios en el Pleno
y que el proceso se rige por las normas de la Comisión, aun cuando tenga competencia legislativa plena derivada justamente de la voluntad soberana del Pleno. Por lo tanto, en eso yo no voy a discutir, pero sí le digo que no tengo dudas -tengo
certeza- de que técnica y materialmente existe la posibilidad de transaccionar y que la delegación del Pleno se hizo en el Reglamento con el espíritu de descargar de tareas al Pleno. Por eso, esta propia Comisión tiene una representación
proporcionada a las fuerzas políticas para que no haya un desequilibrio a la hora de reflejar los votos de quienes componen de hecho la Cámara. Dicho esto, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo comparte el criterio de la Presidencia de la Comisión y por tanto apoyamos la decisión que está tomando el señor Azpiroz y el conjunto de la Mesa. Los grupos están legitimados para ejercer en
cualquier momento su función de oposición y pretender desgastar al Gobierno o a los grupos que apoyan determinado proyecto de ley en la correspondiente discusión. Sobre eso, creo que no hay ninguna discusión. Ahora bien, dicho esto es cierto
también que no se pueden exagerar los argumentos. Las enmiendas transaccionales son importantes -el primero que las va a poner en valor voy a ser yo-, pero estas no suponen ni un texto alternativo ni una reconstrucción de las partes centrales de
ese real decreto-ley. Es más, mi grupo va a mantener enmiendas vivas en aquellos aspectos en los que discrepa del contenido del real decreto-ley. Las enmiendas son importantes, pero no suponen un cambio que pueda sorprender a los miembros de esta
Comisión.
Creo que el argumento de urgencia que utiliza el presidente es relevante, porque es cierto que no existe vacío legal, pero lo que también es cierto es que no podemos mantener en el actual contexto la incertidumbre de que en una legislación
tan fundamental en el funcionamiento de nuestra economía los operadores del mercado no sepan a qué atenerse, a la espera de los cambios que se puedan producir en la tramitación parlamentaria. Por tanto, cuanto más pronto cerremos este trámite,
mejor. Por alguna razón los reales decretos-leyes se tramitan por el trámite de urgencia, precisamente para evitar esa incertidumbre que se genera entre los ciudadanos, entre los empresarios, entre los propios trabajadores.
¿Es práctica habitual que las transacciones se conozcan antes de las votaciones durante la sesión de la Comisión? Sí, en todas las Comisiones y en todos los trámites legislativos por parte de todas las mayorías. Quizá la única valoración
que cambia es si se está en el acuerdo o se está fuera del acuerdo. Cuando se está en el acuerdo somos capaces de llevar la transacción minutos antes de la votación con textos que nadie conoce. En la pasada legislatura, por ejemplo, aprobamos la
modificación del régimen de empleadas del hogar en una transacción que presentó el Grupo Socialista entregada a todos los grupos esa misma mañana, pero con un conocimiento del contenido de esa transacción perfectamente descriptible, fruto del
acuerdo del Gobierno con los agentes sociales el día anterior. La cuestión está fundamentalmente en si hay acuerdo político o no hay acuerdo político, no en que estemos violando las normas del procedimiento. Insisto en que entiendo la legítima
discrepancia de quienes no están en el acuerdo, pero no por eso se están violando las prácticas democráticas de este Parlamento durante todos estos años.
Finalmente, ojalá tuviésemos más capacidad de trabajo en la ponencia, pero en esta casa hace demasiados años que las ponencias, gobierne quien gobierne, tienen la utilidad que tienen. Señorías, proyectar hoy sombras de duda sobre el
procedimiento no me parece serio, y por tanto con mucha tranquilidad apoyamos la decisión que está tomando el señor Azpiroz. (El señor Anchuelo Crego y la señora España Reina piden la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano, por su intervención y por su apoyo. Ha solicitado la palabra el señor Anchuelo, que la tiene, y a continuación la representante del Partido Popular. Adelante.
El señor ANCHUELO CREGO: Quería sumarme a la reflexión de los grupos anteriores, exceptuando a CiU, en el sentido de condenar la mala práctica que no se da solo en esta Comisión, sino en otras e incluso en el Pleno de entregar una
documentación compleja cuando hay poco tiempo para analizarla. Como soy diputado por primera vez, la verdad es que es una práctica que me viene sorprendiendo, porque se trata de textos legislativos muy importantes que afectan a millones de
personas, y eso da lugar después a erratas o a votaciones en las que no se sabe muy bien lo que se está votando. En este caso particular me parece incluso menos justificado, porque otras veces trabajamos con un plazo de tiempo más ajustado, pero en
este caso ha habido un periodo de tiempo bastante amplio para prever este tipo de enmiendas transaccionales. En este sentido me sumo a la reflexión de los grupos anteriores, por supuesto dejando al buen juicio del presidente qué tipo de respuesta
hay que dar a esta situación.
El señor PRESIDENTE: La señora España tiene la palabra.
La señora ESPAÑA REINA: Me gustaría aclarar que en los días previos a la celebración de esta sesión desde el Grupo Parlamentario Popular hemos tenido reuniones con los diversos grupos políticos para negociar las transaccionales que
afectaban a cada uno de ellos, y se les ha entregado por escrito en esos días previos el texto de esas transaccionales, que afectaban como digo a las enmiendas presentadas por cada uno de ellos. Es cierto que en la mañana de hoy han tenido
conocimiento de las transaccionales que afectan al resto de los grupos, pero todas estas enmiendas vienen a mejorar y a enriquecer de alguna forma el texto, y debe ser motivo de alegría que se haya hecho ese esfuerzo de negociación, ese esfuerzo de
diálogo, y ese esfuerzo de consenso. No existe texto alternativo, y ya se ha dicho aquí que en la reforma laboral del año 2010 -reforma del Gobierno socialista- se presentaron enmiendas incluso después de celebrados los debates. Por tanto yo creo
que es correcto lo que ha dicho el presidente en cuanto a la urgencia de que se celebre la sesión -también CiU-, por lo que apoyamos su decisión.
El señor PRESIDENTE: Pues bien, oídos todos los portavoces, me gustaría hacer simplemente un comentario, que es el siguiente. A mí me parece contradictorio
decir que ya está en vigor el real decreto-ley y a la vez que se proponen modificaciones sustanciales vía enmienda. Si eso es así, lo correcto es que cuanto antes -y, como decía el señor Campuzano, más en la situación actual en la que
vivimos- se promueva la seguridad jurídica, la certidumbre y la confianza, y cuanto antes, puesto que ya tiene varias dificultades en el calendario posponer esta Comisión, se lleve adelante. Yo soy presidente, pero esto es un acuerdo de Mesa. Creo
que es muy valioso y positivo considerar que hay que mejorar el parlamentarismo, yo me apunto a ello el primero, en todos sus términos, que son muchos y amplios, pero la Mesa convocó para hoy. Como antes solicitaron, se les ha dado un tiempo para
poder ver las enmiendas propias y ajenas que el Grupo Parlamentario Popular les ha formulado con carácter transaccional, y en última instancia creo que lo que puede haber es acuerdo o desacuerdo en función de las perspectivas políticas de cada grupo
parlamentario, y nada más, con lo cual vamos a continuar con la Comisión. Como digo, no se apele a que este es un mal precedente, porque no lo es, es mejor que otros muchos, y con una claridad y una transparencia que se ha otorgado al entregar
todas las enmiendas transaccionales a todos los grupos, más allá de las que específicamente les podían afectar y directamente interesar en primer grado. Por tanto, lamentando no poder asumir la petición que me formulan, iniciamos ya a fondo la
Comisión.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Una de las funciones esenciales de un parlamento es conectar con las preocupaciones sociales. Es por ello que desde el primer momento me solidarizo con quienes anoche en vigilia y hoy de modo cívico,
pacífico y constitucional expresan su protesta por esta reforma laboral, porque son conscientes de que los indicadores individuales y colectivos de bienestar en España se van a ver afectados en sentido negativo, y creo que son conscientes de que
esta reforma no va a tener un impacto positivo en nuestro modelo económico. Al contrario, va a tener un impacto negativo. Creo que todos ellos celebrarían que esta Comisión pudiera incorporar la propuesta de pacto sobre el empleo que figura en una
de las enmiendas del Grupo Socialista, dada la complejidad y gravedad de la situación. Sería indispensable unir a fuerzas políticas, organizaciones patronales y sindicales, y Gobierno alrededor de un gran objetivo nacional, como sería ver cómo
podemos salir de esta situación sin aumentar las desigualdades, y con instrumentos que mejoren nuestro modelo productivo.
No es así, señor presidente. Esta reforma laboral no lo hace. Es inadecuada, ni siquiera va a conseguir los objetivos que promueve el Gobierno, y además es inoportuna. ¿Por qué? Porque ha habido un consenso amplio en que las economías en
situación de recesión precisan medidas anticíclicas para impulsar lo contrario de lo que ocurre. La economía cae. Pongamos instrumentos para favorecer su recuperación, y esta reforma laboral es lo más procíclico que he visto en mi vida. Tres días
después de la publicación del decreto-ley una prestigiosa revista liberal conservadora, The Economist, calificaba esta reforma laboral como una reforma para la devaluación interna en España, basada en una rebaja generalizada de los salarios. Ese
era su análisis. Era correcto, pero esto es bastante injusto, además de que nadie nos garantiza que una bajada de los salarios vaya a mejorar la competitividad de la economía española. ¿Y si va a recomponer la cuenta de resultados de las empresas
porque no hay acuerdo en la utilización de este esfuerzo? Esto es muy delicado. Por tanto, deberíamos tenerlo presente.
Las devaluaciones se deben hacer equitativamente. No es así con esta reforma laboral, y no es así con el principal instrumento que diseña el contrato para el emprendimiento, el contrato a los emprendedores. Es un contrato que supone una
mala utilización de los recursos y una mala señal de incentivos económicos para el conjunto de la sociedad española. Se movilizan importantes recursos públicos, la contratación de un nuevo trabajador puede movilizar hasta 12.000, 14.000 o 15.000
euros de ayuda o subvención sin nada a cambio. Es decir, la empresa que lo recibe puede estar destruyendo empleo con una mano en una parte de su plantilla y obteniendo importantísimos recursos públicos, muy costosos para todos, por contratar a un
trabajador sin que haya una ilación o una garantía de estabilidad de ese trabajador con la empresa. Esta es una mala señal, un mal incentivo económico, esto no resuelve la situación. Lo que necesitan las empresas es crédito. Sería por tanto mucho
más positiva la vía que propone el Grupo Socialista: fomentemos el crédito, favorezcamos el crédito, hagamos que haya un compromiso profundo de las empresas con los proyectos que a su vez generen empleo, y utilicemos los recursos por esta vía.
Creo que sería infinitamente más positivo.
Tampoco ayuda al cambio de modelo productivo, no hay ni una sola señal en favor de un nuevo modelo productivo, de utilización de recursos diferenciados, de utilización de estímulos diferentes para un cambio de modelo productivo. Y no ayuda
a crear empleo ni a mejorar la productividad de la economía española. Les pondré solo un ejemplo: lo que ocurre con el contrato de formación y aprendizaje. Deberían pensar en ello las
señoras y señores del Grupo Popular, porque si ustedes quieren estimular un mejor rendimiento, una mejor productividad por ocupado, ¿por qué en el contrato de formación y aprendizaje se elimina la pasarela formativa que permite la obtención
del título de ESO y que supone un profundo compromiso para la persona que quiere obtenerlo? Es una mala señal, una señal negativa, en términos de utilización de los incentivos que se necesitan para mejorar nuestra economía. Y se pierde la
oportunidad de introducir nuevas mejoras en políticas activas de empleo, no hay ninguna. Por supuesto, se produce un retroceso en los principios de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Piensen ustedes que la fuerza dominante en el
anterior periodo de crecimiento económico excepcional 1994-2007, con 8,5 millones de empleos creados en España, fue la incorporación de la mujer al empleo; incluso aunque el sector de la construcción está masculinizado, hubo más mujeres que se
incorporaron al empleo que hombres. Por tanto, esta es una fuerza esencial, tenemos que contemplarlo así, y esta norma paraliza esa situación.
Por último, no valora -y con esto acabo, señorías-, no hace una discriminación positiva, un análisis positivo de los diferente segmentos de paro en España, por ejemplo, los jóvenes; no se establece un análisis adecuado de las
diferenciaciones de la situación, no es homogénea la situación de los jóvenes en paro: los hay que tienen titulación universitaria, otros no tienen o carecen de cualquier tipo de formación. Por tanto, deberíamos establecer líneas, como hacen las
enmiendas del Grupo Socialista, que traten diferencialmente los problemas diversos a los que se enfrenta la juventud española. Ocupemos, por tanto, los recursos en modo positivo y no en modo negativo. Macroeconómicamente esta reforma va a suponer
una caída adicional del PIB, una caída de los salarios -ya se está comprobando-, una caída de la recaudación de los ingresos del Estado y un aumento del gasto en estabilizadores: desempleo. Por tanto, no es un buen instrumento desde el punto de
vista económico, especialmente para nuestros jóvenes.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000004).
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra a doña Patricia Hernández me advierte con razón el letrado que, en un despiste de este presidente, no hemos ratificado la ponencia designada para informar el proyecto de ley de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, tal como figura en el primer punto del orden del día. Por tanto, queda ratificada.
Una vez ratificada la ponencia, seguimos con el debate del proyecto de ley de medidas urgentes de la reforma laboral. Quiero hacer alguna anotación, aunque ya la conocen. Va a haber un doble turno que pueden ustedes dividirse como les
parezca. El Grupo Parlamentario Mixto ha planteado a esta Presidencia dos peticiones: la primera es que tres de sus miembros intervengan. En otras comisiones esto no es así, lo digo para que lo sepan también los miembros de esta Comisión, sin
embargo, en atención a la característica de grupo plural y amplio que es el Grupo Mixto, a que estamos en un Parlamento y que algún precedente existe en la materia, he accedido -porque me parece que es lo correcto- a que puedan intervenir las tres
formaciones políticas del Grupo Mixto hoy presentes en esta Comisión y que, a su vez, han solicitado acumular sus dos intervenciones en la primera, cuando concluya la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, a lo cual también he accedido.
Ruego que las enmiendas transaccionales que se vayan produciendo se vayan haciendo llegar a la Mesa a la mayor brevedad por escrito para que tengamos constancia fehaciente de las mismas y no haya problemas a la hora del redactado final de la
ley. Ruego también que nos hagan llegar a la mayor brevedad las peticiones de separación de voto que puedan requerir los grupos parlamentarios. En función del grado de peticiones de separación también será más extensiva la duración de las
votaciones. Lo digo porque a lo mejor a alguno al final se le acumula el tiempo y dice que dura demasiado la Comisión. Eso estará en función del ejercicio que hagan ustedes en esta materia. He de decir, porque también alguien lo ha solicitado,
que desde luego las votaciones no se producirán antes de la una y media. Cuando concluya el debate suspenderemos la Comisión para hacer la ordenación más razonable de las votaciones, para evitar errores y para hacerlo de la forma más rápida y
diligente.
Dicho esto, tiene la palabra doña Patricia Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Mi compañero ya esbozó la situación en la que se encuentran los jóvenes actualmente, con una tasa de desempleo muy alta, pero además con una realidad diferente. Los jóvenes que se han formado, que han sacado
carreras -algunos, varias- que tienen sus másteres y que, sin embargo, no encuentran una salida en el mercado laboral. Por otra parte, aquellos jóvenes que salieron del sistema educativo llamados por una situación de empleo bien remunerado y fácil
aunque precario, ahora se encuentran sin formación y en situación de desempleo.
Cuando a Rajoy le preguntaron en una televisión, cuando era el jefe de la oposición, qué haría para luchar contra el desempleo juvenil, se quedó sin palabras y dijo aquello de: No entiendo mi letra. Cuando ha actuado como presidente, los
que nos hemos quedado fríos y casi sin palabras durante algunos minutos hemos sido nosotros, con una reforma que maltrata a los jóvenes y agrava la precariedad laboral a la que están expuestos. Muchísimos
jóvenes abandonaron el sistema educativo empujados por un espejismo, el de la burbuja inmobiliaria, que pensaron que era para siempre, y no lo pensaron solo los jóvenes, sino muchísimas personas más. Para darles respuesta, en la anterior
legislatura se creó el contrato de formación y aprendizaje. En esta reforma convierten una excusa en un medio para justificar el encadenamiento de contratos precarios y no para mejorar la cualificación y la empleabilidad del joven. Ustedes -por
cierto, como siempre- abusan del eslabón más débil, profundizando en su vulnerabilidad. Con el encadenamiento de contratos de formación y aprendizaje convierten la formación que dicen perseguir en algo secundario. Vuelvo a poner el mismo ejemplo
que puse en la Comisión cuando presentamos un plan de empleo juvenil que ustedes votaron en contra. Un joven puede empezar en una cadena de supermercados con tres años de cajero, tres años de reponedor, tres años de repartidor y tres años en la
pescadería. Cambiamos, vamos a un hotel: tres años de botones, tres años en la limpieza, tres años como ayudante de cocina, tres años en mantenimiento y tres años como camarero. ¿Les parece razonable esta situación? Quiero que me contesten a
esto como si fuera su hijo y su hija, no los hijos y las hijas de otros. ¿Les parece razonable que después de catorce años de antigüedad en una empresa un trabajador cobre el salario mínimo interprofesional? ¿Les parece razonable el currículum
formativo que pueda acreditar: tres años en un sitio, tres años en otro y tres años en otro? Y, además de esto, con esas condiciones que ustedes ponen, ¿que no tengan por qué tener el certificado en ESO? Quiero que piensen en los jóvenes y no en
maquillar las cifras de temporalidad, por ejemplo, como con el contrato de emprendedores, un contrato que se supone que quería acabar con la dualidad y a lo único que nos lleva es a un contrato sin protección, sin indemnización por despido. ¿Se
está pensando en los jóvenes que tienen contratos temporales o en maquillar las cifras? Desde luego, se va a acabar con los contratos temporales, porque el contrato tiene una indemnización de doce días y una media muy por debajo de los 365 días de
despido libre que permite el nuevo contrato. Los jóvenes salen perdiendo, incluso cambiándole el nombre y que en lugar de contrato temporal se llame indefinido. Quiero que se pongan en la situación de que fueran sus propios hijos y que den
respuesta a todos aquellos jóvenes que les miraron a ustedes porque pensaron que iban a generar empleo de calidad porque así se lo dijeron. Sin más, le paso la palabra a mi compañera. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Le quedan tres segundos. Seremos generosos. Le iba a advertir que, si iba a intervenir su compañera, le estaba comiendo con su intervención el tiempo que tiene ahora para hacerlo.
La señora LUCIO CARRASCO: Una vez analizado el impacto de esta reforma en el modelo económico y lo que supone el impacto de la reforma en el empleo juvenil, me centraré más en los instrumentos que facilitan el acceso y el mantenimiento del
empleo así como su impacto en las medidas de conciliación y, de forma transversal, en el empleo femenino.
Ustedes proponen un modelo de intervención que debilita sobremanera el papel de los servicios públicos de empleo. Hacen un totum revolutum entre empresas de trabajo temporal y agencias de colocación que aboca a los trabajadores y
trabajadoras a una inseguridad jurídica absoluta y que además no garantiza el principio de igualdad. Crean un nuevo modelo de contrato que, como ya ha explicado la diputada socialista que me ha precedido en el uso de la palabra, no solo no termina
con la dualidad en el mercado de trabajo sino que nos lleva a una generalización del contrato temporal. Pero, además de precarizar en el empleo mediante este nuevo contrato, también lo hace con otros modelos contractuales como puede ser el contrato
a tiempo parcial, en el que permiten la realización de horas extraordinarias, desvirtuando el sentido del propio contrato. Tienen ustedes la oportunidad de mejorarlo aceptando una de nuestras enmiendas que además mejora la acción protectora de los
trabajadores sujetos a estos modelos contractuales, que fundamentalmente, miren por dónde, son mujeres.
Nos han impuesto una reforma que además debilita el modelo de formación profesional para el empleo, tanto para la mejora de la empleabilidad como del desarrollo profesional. Señorías, si el mercado de trabajo necesita algo en este país no
es una reforma laboral demoledora para los derechos de trabajadores y trabajadoras, y a las pruebas me remito. Ya han visto el impacto que ha tenido en los mercados el que España haya modificado su legislación laboral: ninguno o, en todo caso, a
peor. El mercado de trabajo lo que necesita son empresas más competitivas, con trabajadores y trabajadoras cada día mejor formados y con capacidad de adaptación a los cambios, y esto, señorías, es lo que la reforma no promueve porque, entre otras
cosas, debilita el papel de los sindicatos y de la patronal y la priorización de las acciones formativas. Así, están ustedes minusvalorando el papel que la formación tiene en el cambio de modelo productivo, así como el papel que la paz social tiene
para la atracción de inversiones.
En una reciente investigación realizada por Ernst & Young a 812 decisores internacionales les preguntaban cuáles eran los factores más importantes que una compañía tenía en cuenta para decidir dónde se ubicaban o establecían sus operaciones,
y el factor coste laboral se encontraba en el séptimo puesto y le precedían otros factores importantes para nosotros y en nuestro modelo de reforma laboral como son el factor de preparación y formación de trabajadores así como la paz social.
Por último, señoría, no quería dejar pasar el factor de igualdad en el empleo en esta reforma. Ataca directamente el derecho de conciliación que tanto mujeres como varones tenemos. Se trata de una de las cuestiones más controvertidas, dado
que es harto complicado que poniendo trabas a las posibilidades de compaginar la
vida laboral y familiar podamos salir fortalecidos de la crisis. Volveremos a modelos de desequilibrio entre trabajo productivo y reproductivo, retrocediendo en algunos pasos que se han dado pero que son muy fáciles de revertir. La
conciliación permite la mayor incorporación de las mujeres al empleo, permite equilibrar los tiempos de trabajo con la atención y disfrute de la familia, y esto, señoras y señores diputados, es la mejor política de protección a la familia y al
embarazo; no hay otra. Miren ustedes, en los países más avanzados social y económicamente -porque esto para nosotros va unido, aunque ustedes no lo quieran ver-, como los países del norte de Europa, las mayores tasas de empleo femenino se
corresponden con el mayor número de hijos por mujer.
Señorías, las consecuencias de esta reforma laboral son muchas y graves. A lo que ya han dicho los diputados que me han precedido, añadimos las dificultades que tendrá para el ya difícil acceso y mantenimiento de las mujeres en su puesto de
trabajo. Si además aderezamos la reforma que hoy debatimos con otras notables medidas que está adoptando este Gobierno, como la desaparición del programa de cero a tres años, nos encontramos ante un escenario de graves problemas de reposición
demográfica. Ya sabemos de hecho hoy que los recortes que se están haciendo afectarán a más del 25% del empleo femenino.
Señorías, esta reforma vacía el sentido profundo de la palabra trabajo. Han decidido hacer una reforma sin diálogo y destruyendo las bases del equilibrio entre empresarios y trabajadores. Relegará a los jóvenes a un eterno contrato de
formación e impedirá que muchas mujeres tengan acceso y mantenimiento del empleo. Están ustedes a tiempo de rectificar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación va a intervenir el Grupo Parlamentario Mixto. Como acumulan el tiempo, le haré un gesto hacia los seis minutos para su organización horaria. Tiene la palabra doña Uxue Barkos en primer lugar.
La señora BARKOS BERRUEZO: Doy por defendidas el grueso de las enmiendas del Grupo Mixto a esta propuesta y, por lo tanto, les doy pase a su votación en el momento oportuno.
Quiero empezar por hablar del procedimiento que se ha seguido para la aprobación del texto que se va a llevar a cabo hoy -aprobación en la que desde ya avanzo que Geroa Bai no va a participar-, procedimiento que nos parece que explica bien y
hace una lectura más que expresiva sobre el contenido mismo. Empezó -quiero recordarlo- como un real decreto tramitado como proyecto de ley que se limita a la Comisión, y hoy, poco antes de dar comienzo la Comisión, el partido del Gobierno, el
Grupo Parlamentario Popular, nos ofrece un texto voluminoso de veintiséis enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo dicho aquí por otros portavoces, a nuestro entender sí cambia sustancial y radicalmente en algunos aspectos el texto
propuesto en su momento. Se trae, como digo, un texto voluminoso de transacciones que en su conjunto ninguno de los grupos de la oposición hemos tenido oportunidad de conocer, o no al menos el grueso de los grupos de la oposición, y con una
circunstancia reglamentaria que, como digo, no abunda en lo que a nuestro entender hubiera sido razonable en la tramitación de un proyecto de ley de la envergadura de este. Se ve en Comisión con este paquete de enmiendas transaccionales, pero los
grupos de la oposición no podremos vetar ninguna de ellas, no podremos participar de alguna manera en la redacción de este texto por cuanto que estamos en Comisión y se nos hurta esta posibilidad. Se ha recordado aquí a lo largo de esta mañana
aquella reforma laboral; yo diría que aquella, como esta, dan palos de ciego en torno a la necesidad que tenemos de reformar nuestro mercado laboral, pero aquella, como esta -y se ha recordado también-, termina obligando a los grupos parlamentarios
a votarla a ciegas; aquella y esta dan palos de ciego, aquella se votó a ciegas y esta también. De alguna manera se está votando en muchos de sus elementos a ciegas.
Se ha hablado también de la urgencia, se ha invocado la urgencia que es necesaria en este procedimiento para evitar incertidumbres. Pues bien, quiero recordar que la aritmética parlamentaria de esta X Legislatura disipa cualquier
incertidumbre que en mercados o que fuera de esta Cámara pudiera haber. Lo que se ha hurtado finalmente es la posibilidad de debate con un mínimo conocimiento de causa de los grupos parlamentarios que vamos a votar en contra.
Con respecto al contenido de lo que ayer y hoy nos proponen, que no es exactamente lo mismo, me voy a detener en dos de las propuestas transaccionales que hoy nos han traído. Fíjense si cambia de manera importante: en la transaccional
número 3 -a la enmienda de CIU, entiendo-, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo. La propuesta inicial era del 5%. Yo creo francamente que estamos hablando de un cambio sustancial. Por
no hablar de la transaccional número 4, una transaccional de seis folios, un documento lo suficientemente importante como para que nos hubiéramos detenido a hablar sobre él incluso una sesión de trabajo, presidente, estamos hablando de una
transaccional que lógicamente imputa al despido colectivo la posibilidad de la existencia de pérdidas actuales o previstas. Yo creo francamente que cuestiones como esta hubieran merecido, como digo, un mínimo de atención, un mínimo de tiempo y no
estar votando a ciegas, que es lo que vamos a hacer hoy. Mantiene, sin embargo, el texto que nos traen hoy el recurso de apelar al fraude -y quiero terminar con esto- para cercenar derechos. Por poner un ejemplo, me estoy refiriendo al hecho de
que las bajas por enfermedad terminan siendo un recurso para el despido de los trabajadores. Hubiera sido más que razonable que las transaccionales hubieran tenido efecto, y efecto sustancial, sobre cuestiones como esta a la que me estoy refiriendo
y no ahondar,
como finalmente ha ocurrido, en algunas de las propuestas que el Partido Popular nos traía.
En definitiva, la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular hacía más que razonable que se hubiera aceptado en su momento la avocación a Pleno y haber permitido que el grueso de los grupos de esta Cámara hubiéramos hablado en torno a
esta reforma laboral. Esa misma mayoría hace más que razonable que nos hubiéramos tomado el tiempo necesario para poder analizar las nuevas aportaciones, por llamarlas de alguna manera, que se han hecho al procedimiento. La incertidumbre queda
completamente disipada por mor de esa mayoría parlamentaria y, repito, es una pena que una reforma legislativa de esta dimensión, de este calado, de estas características se quiera pasar por una votación a ciegas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Al margen de la legitimidad del funcionamiento de la Comisión y de que llevemos a cabo la misma, el Bloque Nacionalista Galego quiere manifestar su posición crítica con el hecho de que hoy estemos resolviendo
esta cuestión a través de muchas transacciones que se nos presentan y que hemos conocido esta mañana. Y lo digo porque nuestro grupo también fue muy crítico con la tramitación de la reforma anterior en el año 2010, a pesar de que esta contó con dos
reuniones de ponencia de muy larga duración. Por tanto, entendemos que una legislación del calibre que hoy estamos reformando requeriría mayor rigor y más reflexión, como acaba de comentar nuestra portavoz Uxue Barkos. Sobre todo, señorías,
después de que esta reforma laboral se esté aplicando desde que el real decreto fue aprobado y que nos trae como resultado un incremento desorbitado del paro en relación incluso con lo que estaba sucediendo con anterioridad, es decir, tenemos más
paro del que teníamos y sobre todo hemos entrado en una recesión económica mayor de la que teníamos y, lo que es más grave, que las previsiones de futuro que tenemos actualmente son que se va a incrementar el paro en más de un 4% y la recesión
económica va a aumentar en 0,5 puntos. Por tanto, ya tenemos un resultado total y absolutamente negativo de la reforma laboral desde la aplicación del real decreto y necesitaríamos, como digo, una reflexión profunda de esta normativa para no seguir
ahondando en los errores.
Señorías, nuestro grupo se va a posicionar en contra de la ley y de las transacciones que hoy planteamos porque hemos visto, con el poco tiempo que hemos tenido, que algunas no solamente no mejoran el texto sino que incluso lo empeoran, y se
acaba de dar un ejemplo. No vamos a aceptar las transacciones que se le han ofrecido a nuestro grupo y vamos a mantener absolutamente todas las enmiendas, porque entendemos que esta reforma es un cambio radical y es la implantación de un verdadero
sistema de excepción en las relaciones laborales. Se reducen los derechos de los trabajadores y se avanza en una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso, ahonda en la precariedad de las personas jóvenes al
permitir el encadenamiento de contratos de formación que pueden hacer que nuestros jóvenes sean los permanentes aprendices, se crea un contrato indefinido específico denominado de apoyo a los emprendedores que realmente es una aplicación del despido
libre y gratuito durante el primer año de trabajo, desampara, señorías, a las personas trabajadoras en el caso de los despidos colectivos al eliminar el control de la Administración laboral, extiende las posibilidades de abaratar los despidos al
aplicar los supuestos para poder extinguir contratos laborales a causa de razones objetivas, entre las que no solamente se contemplan las empresas que puedan tener pérdidas actuales sino pérdidas previsibles, y permite la aplicación de medidas de
flexibilización interna de manera unilateral por parte de las empresas. Señorías, si hablamos de la negociación colectiva, esta deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales. La prioridad aplicativa
concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y, por lo tanto, también a la desvinculación de las empresas del convenio, así lo indican. Se produce con todo ello una ruptura radical del sistema de negociación colectiva sectorial y
territorial. En suma, la garantía constitucional de la fuerza vinculante al convenio colectivo queda completamente desarbolada.
El artículo 18 introduce una regulación del despido que obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantilla. Señorías, la nueva regulación del despido no tiene más finalidad
que reducir los costes del mismo de manera ilegal e improcedente, desde nuestro punto de vista, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación.
Por lo tanto, señorías, hemos hecho una serie de enmiendas a todos estos artículos que implementan las políticas que acabo de comentar. Entendemos que debemos reconducir esta política que el Partido Popular nos está imponiendo. Como dije
inicialmente, lo único que está provocando es más paro y más recesión económica porque, entre otras cosas, lo que consagra esta reforma laboral es la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, de los asalariados en general.
Esto evidentemente va a redundar negativamente en las posibilidades de mejorar nuestra economía, porque una de las causas que en este momento están haciendo imposible que la economía se recupere es la falta de consumo interno. El hecho de que los
mercados no hayan respondido favorablemente a este tipo de reformas, sino todo lo contrario, es porque no les garantizan que la economía del Estado español vaya a mejorar y a tener crecimiento; sobre todo, señorías, porque hoy aprobaremos una
reforma laboral y ayer aprobamos unos presupuestos que inciden totalmente en lo mismo. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego mantiene todas sus enmiendas y va a votar en contra del dictamen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Desde Amaiur pensamos que la reforma laboral que ha entrado en esta Comisión va a salir todavía peor de lo que ha entrado. Si ya mostrábamos nuestra oposición al texto inicial, vamos a seguir manteniendo una
oposición todavía más sólida y más fuerte al texto que va a salir de esta Comisión. Esta oposición se basa en las razones que hemos explicado repetidamente. Hay modificaciones estructurales en la reforma laboral que no responden a la realidad de
la crisis económica del Estado español. Como no responden a la realidad de esta crisis, van a empeorarla en vez de darle solución. Es una reforma laboral que, en vez de ir al elemento fundamental que debería ser fomentar la economía productiva,
sigue navegando por el ámbito de la especulación. La especulación inmobiliaria y financiera han caracterizado la economía especulativa del Estado español y ahora se va a impulsar la especulación también en el mercado laboral. Eso nos parece grave
porque esa especulación significa un recorte de los derechos de los trabajadores, significa dificultar todavía más la vida dentro de la propia empresa y la consecución del objetivo principal, que debe ser la generación de riqueza para crear empleo
y, sobre todo, derechos para los trabajadores.
Esta reforma laboral influye en dos aspectos que nos parecen muy negativos. Va a fomentar la movilidad dentro de las empresas dificultando la cohesión laboral, que es un elemento importante para la productividad, para el buen funcionamiento
de la empresa y para cohesionar a los trabajadores en sus propias relaciones laborales. Pensamos que este es un elemento negativo. Y otro elemento negativo es que difumina la negociación colectiva, la hace ineficiente y superflua. Eso nos parece
muy grave porque, además de recortar los derechos de los trabajadores -que suelen ser la parte más débil a la hora de plantearse las relaciones laborales dentro de la empresa-, también dificulta la cohesión dentro de la propia empresa. En
definitiva, pone en dificultades a la empresa y a todo el entramado productivo y, por tanto, dificulta la salida de la crisis.
En tercer lugar, también consideramos negativa esta reforma porque atenta contra algo que para nosotros es fundamental: la soberanía que reclamamos para nuestro país a la hora de defender y poner en práctica un marco vasco de relaciones
laborales y de protección social; y lo dificulta doblemente. Decíamos que esta reforma laboral es negativa para el conjunto del Estado español, pero es especialmente negativa para la realidad de Euskal Herria. En el contexto socioeconómico vasco
podemos decir que no responde a las específicas características de nuestro país, Euskal Herria. Hay que señalar que si la crisis tiene unas características específicas en el Estado español, son diferentes las que hay en el caso de Euskal Herria.
Nosotros contamos con diferentes características estructurales de nuestra economía. Tenemos un potente y diversificado tejido productivo industrial, el endeudamiento público y privado no es preocupante -como es el caso del resto del Estado y al
mismo tiempo contamos con un sistema financiero propio de cajas y cooperativas de crédito que es potente y sólido. Esas características de nuestra realidad socioeconómica chocan con este planteamiento de una reforma laboral en la que se ha apostado
más por la reducción de los costes laborales y por la reducción de los derechos de los trabajadores que por la mejora de la productividad que genere riqueza, que genere empleo y que genere derechos para los ciudadanos y ciudadanas, especialmente
para los trabajadores. Por eso mismo pensamos que la estrategia anticrisis tiene que ser diferente y que esta reforma laboral nos reafirma en la necesidad de tener los instrumentos propios de gobierno de cualquier Estado en manos de la sociedad
vasca, en manos de Euskal Herria, precisamente para evitar que se impongan medidas traumáticas de ajuste social, como hace esta reforma laboral, para evitar que se debilite el equipamiento humano, formativo y tecnológico de la sociedad, que es un
elemento fundamental para salir de la crisis, y es precisamente también fundamental tener esos elementos de gobierno propio, como cualquier Estado, para evitar estas medidas de desestructuración social que nos parecen muy graves, insisto, nos
parecen graves para el Estado español, pero son especialmente graves para el caso de la economía de Euskal Herria, que tiene unas características diferentes.
Con esto acabo, señor presidente. Esta reforma laboral no va a contribuir ni a la salida de la crisis de la economía del Estado español ni a la generación de empleo ni a la cohesión social, que son especialmente necesarias, y al mismo
tiempo ahonda las diferencias dentro del seno de la sociedad, reduce los derechos de los trabajadores y, en el caso de Euskal Herria -como decía antes-, es especialmente dañina. Por eso reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por tener
la soberanía propia que nos permita dar respuestas eficaces a la salida de la crisis y sobre todo a la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas, especialmente los trabajadores. (La señora Fernández Davila pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero pedir disculpas al señor presidente y al señor Larreina por pasarme el turno, pero pensaba que íbamos de menor a mayor como viene siendo habitual en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: A mí me pasaron el orden en este sentido, pero han podido hablar todos y no pasa nada.
A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad, señor presidente, sin intentar forzar un turno de alusiones ni
debatir con usted, me ha sorprendido una de sus reflexiones preambulares relativa a las cuestiones de orden que hemos planteado algunos grupos. Ha hecho una invocación respecto a la necesidad de que se conozca con gran celeridad por los
agentes sociales el contenido de las transacciones, dado que se está debatiendo el proyecto de ley con competencia legislativa plena, tanta celeridad, señor presidente, que parece ser que no hace falta que ni los diputados las conozcamos. Lo que es
importante es que las conozcan directamente los agentes sociales y los mercados. Podríamos prescindir hasta de celebrar la Comisión, señor presidente. La coartada de la crisis, de la celeridad y de la urgente necesidad -discutible en este caso-
nos lleva a estos extremos, pero como somos buenos amigos y no quiero polemizar con usted, señor presidente, vamos a comentar lo que para nuestro grupo es relevante en este debate.
En primer lugar, es un mal día para el Estado del bienestar, señor presidente, en su dimensión más ontológica, más amplia, Estado del bienestar que estamos en esta legislatura desguazando, esto sí, con una gran celeridad -ahí hay que
reconocer que la celeridad es meritoria de mejor causa-. Cada real decreto-ley es un hachazo, es una degradación del Estado del bienestar, ocurriendo, como símil, como con la desestructuración de los barcos ya obsoletos en los astilleros, a los que
se les va privando de partes de su composición o de su configuración, y al final no quedan más que -es una imagen triste que usted y yo conocemos por nuestra circunscripción de pertenencia- las vigas, que no tienen ningún valor de mercado,
proyectando una imagen lacerante para las estructuras económicas pero muy romántica para los pintores, que las suelen glosar en sus lienzos y en sus óleos.
Al margen de esta circunstancia, del Estado del bienestar en materia laboral queda poco. No sé si con las transacciones queda algo más, porque uno apenas las ha podido leer, pero queda poco. En el Estado del bienestar se está produciendo
con relación a esta reforma laboral lo que se suele llamar la profecía autocumplida, señor presidente. Es una reforma laboral planteada por el Grupo Popular -no sabemos si con algún socio o no en este momento- para crear empleo en principio, para
evitar la destrucción de empleo en una situación de recesión económica. Pues los resultados no la avalan, señor presidente. Los resultados no solo no la avalan, sino que el propio presidente del Gobierno, cuando se presentó el real decreto-ley, ya
comentó que las previsiones eran que se destruirían no menos de 630.000 o 633.000 puestos de trabajo. Aquí sí nos encontramos con una profecía autocumplida. La verdad es que tuvo una visión particularmente lúcida el presidente del Gobierno: ya en
tres meses de vigencia de la reforma laboral se han destruido 400.000 puestos de trabajo. Desde esta perspectiva, es una profecía autocumplida también y glosada por algunos editoriales de algunos medios de comunicación tan importantes como el
Financial Times, que usted conoce, cuando indica que en relación con esta reforma laboral lo que se va a invocar por parte del partido gobernante y del grupo parlamentario que lo apoya es que estas reformas se tienen que acometer por mor de la
herencia recibida -herencia recibida mala, evidentemente, hay que reconocerlo-, herencia recibida que les va a legitimar para acometer reformas de esta naturaleza, desestructuradoras de los principios troncales del Estado del bienestar, hasta dos
momentos: o bien, si se produce un cambio del ciclo, durante la legislatura, o hasta el final de la legislatura -sic-. Aquí acababa el editorial del Financial Times.
En este sentido, la única persona que ha defendido las bondades en materia de creación de empleo de la reforma laboral, que parecía ser su fin justificante, ha sido el atrabiliario gobernador del Banco de España, que recurriendo, como suele
ser habitual en su persona, a facultades paranormales, incluso antes de estar vigente la norma ya comentó que se iba a destruir empleo, pero que se iba a evitar la destrucción de un millón de puestos de trabajo. ¿Por qué lo pudo decir? ¿En qué se
basó? ¿En qué reflexiones empíricas o experimentales se basó el gobernador del Banco de España? No sabemos en cuáles, como tampoco sabemos en cuáles se basa en todas las demás reflexiones que hace en toda suerte o en todo tipo de materias, salvo
las atinentes a su propia responsabilidad.
Dicho esto, señor presidente, alguien del Grupo Popular o quien considere que esta reforma es adecuada me debería explicar, en materia de creación o de generación de empleo, cuál es su bondad y su relevancia, cuándo empieza a crear empleo,
si es que en algún momento va a crearlo. Ya tenemos estudios de la Funcas y del servicio de estudios del Banco de España que comentan que en una situación de recesión, que va a continuar durante el año 2013, se va a seguir destruyendo empleo y
vamos a llegar a la cifra -más que simbólica, dramática, señor presidente- de 6 millones de desempleados. Y esto no lo va a evitar nadie y no lo va a evitar esta reforma laboral. Miren, si se descuidan, esta reforma laboral está incentivando,
intensificando el ritmo de destrucción de empleo. Luego pido una reflexión serena a quien tiene la oportunidad de modificar los contenidos esenciales de la misma, porque no basta con una reflexión atinente a la capacidad destructiva, erosionadora
del empleo de esta reforma laboral. Es que estamos de alguna forma erosionando un sector del ordenamiento jurídico, del cual usted y yo somos particularmente tributarios, es un sector muy querido y muy directo para nosotros, el sector laboral del
ordenamiento jurídico.
No tengo que explicar cómo nació el derecho del trabajo, que queda profundamente erosionado con el contenido de esta reforma laboral -y no sé si con las transacciones, pero me imagino que también, a tenor de lo poco que hemos podido ver-.
El derecho del trabajo nació en la primera Revolución Industrial, cuando las relaciones productivas se configuraban a través de contratos civiles y mercantiles, fundamentalmente de arrendamiento de servicios, ejecución de obra o contratos
mercantiles como el de sociedad. Las situaciones de injusticia provocaron el afloramiento de dos movimientos, el sindical y el cooperativo, a través de Los Pioneros de Rochdale, que mediante la confrontación con los empresarios lograron la
creación de un contrato nuevo, el contrato de trabajo, que se basaba en dos presupuestos axiológicos u ontológicos, la dignidad del trabajador laboralmente dependiente y la retribución como forma de vida del trabajador, cosa que no existía hasta ese
momento.
Pero como se pudo comprobar, señor presidente -y lo que le estoy explicando para usted es sobradamente conocido porque también es profesor de Derecho del Trabajo-, que tampoco el contrato de trabajo servía para remover la desigualdad troncal
que existe entre quienes signan un contrato de trabajo -porque el trabajador no está en una situación de igualdad con el empresario cuando concierta con él un contrato de trabajo, está en una situación de doble subordinación: la subordinación
salarial, a través del principio llamado ajenidad, y la subordinación jerárquica a través del poder de dirección de la empresa, del propio empresario-, se tuvo que crear un ordenamiento jurídico nuevo, cuya característica fundamental era la tuición,
la protección de los derechos de los trabajadores, gravada por fórmulas exclusivamente contractuales. Hacía falta un derecho protector de lo que los contratos de trabajo no protegían suficientemente en relación con los derechos del trabajo. Por
eso se creó un derecho con unas características muy concretas, un derecho bilateral, un derecho basado en la negociación colectiva -se disuelve y se erosiona profundamente el carácter vinculante de los convenios colectivos de esta reforma laboral-,
un derecho basado en la posibilidad de la transacción y en la posibilidad de la articulación de las relaciones de producción de las dos partes de las relaciones productivas, del trabajador por una parte y del empresario por la otra.
Con esto estamos acabando en este momento en todos los ámbitos. Estamos acabando en el ámbito de la entrada en el mercado de trabajo. Estamos acabando en el ámbito de la continuación en el mercado de trabajo y estamos acabando también,
mediante los procedimientos de descausalización de todas estas materias que aquí se consignan, en los mecanismos de salida del mercado de trabajo. ¿Por qué le digo que estamos descausalizando la entrada, señor presidente? Se lo digo por dos
razones. Aquí se incorporan dos fórmulas contractuales terriblemente peligrosas. Se incrementan o sobredimensionan los contratos formativos. Los contratos formativos, donde se puede trabajar setenta y cinco u ochenta y cinco horas del total de la
jornada laboral y se pueden realizar tareas ordinarias de la empresa, van a ser la fórmula contractual ordinaria para los pocos trabajadores que puedan integrarse, ya no en el mercado de trabajo -estamos hablando de contratos formativos
formalmente-, sino en las relaciones productivas para 'formarse'. Usted sabe, señor presidente, que esto es un aval al fraude sistemático. Los contratos formativos están configurados para trabajar, con menos retribución, pero para trabajar,
desvinculando además estos contratos de los requerimientos del derecho laboral, cosa que además enfatiza una de las transacciones que rápidamente me ha sido dado leer.
Por otra parte, ese contrato nuevo que es el contrato de los emprendedores en mi opinión resulta -y voy acabando señor presidente, le pido la máxima flexibilidad que pueda- manifiestamente inconstitucional en lo atinente a la regulación o
configuración del periodo de prueba. Un contrato como el de los emprendedores, que consigna un periodo de prueba de un año, es un contrato para que sea resuelto en el día trescientos sesenta y cuatro de su vigencia. Es un contrato solo para
cumplir esta función, con menos derechos y menos retribución, y además desvinculando o desfigurando la jurisprudencia constitucional en relación con el periodo de prueba, porque la jurisprudencia constitucional establece que el periodo de prueba es
aquel necesario para identificar la aptitud objetiva y subjetiva del trabajador al puesto de trabajo. Pero el periodo de prueba no se puede transfigurar en una medida de fomento del empleo y no puede durar por lo tanto un año. En un año ya se ha
podido comprobar sobradamente cuáles son las aptitudes de adaptación subjetivas y objetivas del trabajador al puesto de trabajo.
Pero es que se descausaliza todo. Se descausaliza la estructura de la negociación colectiva mediante la posibilidad o la potenciación desmesurada de los convenios colectivos de empresa, convenios colectivos siempre in peius. ¿Por qué?
Porque son para que las empresas puedan resistir, como se preconiza en la exposición de motivos del proyecto de ley, los embates de la crisis económica. Luego va a ser una traslación de la negociación colectiva a la empresa, in peius, en detrimento
de los derechos consagrados por convenios de ámbito territorial superior. Nosotros preconizamos una estructura de la negociación colectiva de ámbito autonómico que posibilite un marco autónomo de relaciones laborales y que se superponga a
estructuras de negociación colectiva o a ámbitos de los convenios colectivos de ámbito superior al autonómico, de ámbito provincial o ámbito autonómico, mediante la estructura que ya consensuamos -y además lo hice con usted, señor presidente- en la
reforma del año 1994 y que ha funcionado bien y que podríamos implementar, porque el ajuste al territorio y a las características -como el señor Larreina ha comentado- específicas de la economía en cada territorio en los convenios colectivos, en la
negociación colectiva laboral, es fundamental desde una perspectiva de resistencia contra la crisis económica. Se descausaliza la modificación de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuándo se pueden modificar las condiciones de trabajo?
Cuando quiera el empresario. Aquí se rompe la bilateralidad y conmutatividad que han caracterizado siempre el derecho del trabajo.
Se potencia tanto el poder empresarial contra el poder los trabajadores y sus representantes que prácticamente,
cuando quiera y como quiera, mediante causas deletéreas, se pueden modificar las condiciones de trabajo, entre otras la retributiva, la salarial, señor presidente. Esto no es el derecho del trabajo ni del año 1980, ni de la Constitución, ni
de la Transición política española, ni de los pactos de La Moncloa, ni de las 52 reformas que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores del año 1980 -y usted, señor presidente, conoce perfectamente las 52 como yo-. Siento tener que dirigirme a
usted, primero porque entiende lo que le estoy diciendo y luego porque sé que en el fondo está de acuerdo, aunque pertenezca al Partido Popular. Nadie es perfecto. Todo se andará. (Risas).
Por último, se descausaliza también la salida del mercado de trabajo. ¿Cómo se descausaliza? Del todo. Aquí ya se establece que se puede descausalizar no solamente mediante reformas, ya muy liberales, del Partido Socialista -que algunos
tampoco saquen demasiado pecho en estas materias-, como la de 2010, por causa de pérdidas previstas o existentes realmente, y yo tuve cierta participación -de lo cual nunca me arrepentiré lo suficiente- en la redacción de aquel precepto. Sin
perjuicio de esto, ahora añadimos lo de las pérdidas y disminución de ingresos. ¿Pero cómo pérdidas y disminución de ingresos, si una empresa en la que se reduzcan sus ventas o ingresos puede ser la empresa que ocupe una posición hegemónica en el
mercado, puede ser la empresa que más rentabilidad -acabo con esto, señor presidente, de verdad-, más rendimientos económicos obtenga, a pesar de esta transacción formalizada con el Grupo de Convergència i Unió, vinculando los tres trimestres de
pérdidas o disminución de ventas e ingresos a los tres trimestres del año anterior, como si esto asegurara algo o proveyera al precepto o a la descausalización de mayor seguridad jurídica? No, no nos engañemos. Esto no sirve absolutamente para
nada. Y como se descausaliza todo, se desregula el mercado de trabajo, estamos -y estas son mis últimas palabras, señor presidente- desnaturalizando la propia existencia del derecho laboral tal y como ha sido entendido y es entendido en los países
de nuestro contexto.
Esto no lo puede vender el presidente del Gobierno español a los mercados para tranquilizarlos, primero porque esta reforma está destruyendo empleo de forma espectacular y segundo porque no se parece en nada a los ordenamientos
jurídico-laborales de los países de nuestro contexto. Es diametralmente contraria al derecho laboral alemán, al derecho laboral francés, al derecho laboral austriaco, al derecho laboral holandés. Luego si esto es para tranquilizar a los mercados o
para sacar pecho ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el G-8, el G-20 o donde sea, señor presidente, mal andamos. Y con este mal andamos desafortunadamente acabo mi intervención, no porque no tenga más cosas que decir,
ninguna de las cuales sería buena en todo caso, sino porque no me va a conceder el señor presidente más tiempo para hablar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, creo que la vara de medir ha sido generosa en el tiempo, más aún cuando debo recordarle que tiene otro turno y podrá seguir exponiendo lo que le parezca oportuno.
A continuación tiene la palabra el portavoz de UPyD, don Álvaro Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La postura de mi grupo difiere de la de otros grupos de la Cámara. Por un lado, no compartimos con otros partidos de la oposición que la situación previa fuese maravillosa. Hay resistencias a la reforma desde
posturas que dan a entender que todo funcionaba muy bien en nuestro mercado de trabajo y creemos que las cifras indican claramente que había que reformarlo: una tasa de paro del 24%, un desempleo juvenil del 50% y una tasa de temporalidad muy alta.
Unión Progreso y Democracia es partidario de reformar el mercado de trabajo. La diferencia con el Partido Popular viene de que habríamos hecho una reforma radicalmente distinta de la que aquí se plantea, en dos aspectos fundamentales. Por un lado,
creemos que esta reforma, aunque se diga lo contrario, va en la línea de las reformas anteriores, va en la línea de precarizar más el mercado de trabajo. Van a seguir existiendo los contratos temporales que ya existían y se añaden nuevas figuras
precarias como contratos de formación hasta los treinta años, que van a funcionar como una forma de mano de obra barata, o falsos contratos indefinidos, que van a tener un año como periodo de pruebas. Pensamos que al final el resultado será una
precarización del empleo y que esto tiene los efectos negativos ya conocidos. Será un empleo de baja calidad que se destruye con facilidad, que tiene poca formación, que no aumenta la productividad de los trabajadores y que no mejora nuestra
competitividad, sin hablar de otros problemas como los accidentes laborales, que van unidos a la precariedad, o la imposibilidad de planificar la vida del trabajador en términos de natalidad, vivienda o emancipación. Por eso hay todo un bloque de
enmiendas de Unión Progreso y Democracia que intentan corregir esta situación proponiendo el contrato único indefinido, algo que hemos planteado en otras ocasiones y a lo que se nos dice que es inconcreto. Aquí hemos hecho un esfuerzo de concreción
y creemos que la propuesta es perfectamente aplicable a la realidad española. No se va a aprobar por supuesto, pero queda como un modelo que esperamos que se pueda poner en marcha algún día.
Las otras objeciones tienen que ver con el desequilibrio que se produce en la relación entre empresarios y trabajadores, tal vez anteriormente demasiado sesgada hacia los sindicatos, porque el empresario no podía tomar decisiones muy
importantes de la empresa, pero que ahora se sesga radicalmente en sentido contrario en contra del trabajador, de forma que el empresario va a poder cambiar condiciones esenciales del trabajador -el salario, el horario, el puesto de trabajo, la
localización geográfica- sin grandes requisitos. Por eso hay todo otro bloque de enmiendas de Unión Progreso y
Democracia que intenta reequilibrar esta situación, que intenta que estas decisiones extremas se puedan tomar solo en casos muy especiales y cuantificables, no con la facilidad que se permite en la reforma laboral que nos propone el Partido
Popular.
Hechas estas reflexiones generales paso a detallar más en concreto alguna de nuestras enmiendas. En primer lugar antes me he referido a las que tienen que ver con el desarrollo del contrato único indefinido como forma de luchar contra la
precariedad. La idea general del contrato único indefinido es ya conocida. Todos los contratos serían indefinidos con una indemnización por despido creciente, lo cual mejoraría la situación del 93% de los nuevos empleados que siempre tienen
contratos temporales. Se simplificaría el menú de contratación -ahora hay una gran variedad de contratos que se incrementa con esta reforma-, habría un ahorro en las bonificaciones de la contratación indefinida, porque si todos son indefinidos no
hay que bonificarlos, y daría estabilidad a la relación laboral. Estas ideas, insisto, ya son conocidas. Lo novedoso en esta propuesta es que se adapta a la realidad laboral española, que se concreta de una forma que consideramos, insisto,
perfectamente aplicable. Por ejemplo, se ha criticado al contrato único indefinido diciendo que era inconstitucional, porque no se distinguía si el despido era procedente o improcedente. En nuestras enmiendas se hace. Simplemente hay una tabla de
indemnizaciones diferentes según el despido sea procedente o improcedente. En el caso del despido procedente, la indemnización por despido comenzaría con doce días por año trabajado en el primer año y se iría incrementando dos días adicionales por
año hasta llegar a veinticuatro. En el caso del despido improcedente, esas indemnizaciones por despido serían más altas. También se ha criticado el contrato único en el sentido de que no se adapta a situaciones concretas, como las de los jóvenes
que necesitan formación o los que necesitan prácticas. Hemos dado respuesta a esa crítica introduciendo, en el marco del contrato indefinido, la posibilidad de un periodo de formación o un periodo de prácticas perfectamente delimitado.
También hay una modalidad de contrato único indefinido a tiempo parcial, dando respuesta a otra realidad laboral por supuesto. Se regula el trabajo a distancia y se contempla la posibilidad de las actividades temporales justificadas como
las de obra o servicio, dentro también del marco del contrato único indefinido, en que estas actividades se extinguirían por causa objetiva y de manera procedente al terminar la actividad. Sabemos que no va a haber eco en otros grupos a esta
propuesta, pero tiene mucho respaldo académico, nacional e internacional, y creemos que con estas modificaciones la crítica fácil que se hace de que no es aplicable a la realidad española queda desmontada.
Aunque nuestra propuesta es el contrato único indefinido, como prevemos que no se va a aceptar, hay otro grupo de enmiendas dirigido a dificultar la temporalidad en el marco de la reforma que nos plantea el Partido Popular. Si de verdad se
quiere ir a una menor temporalidad, una forma de hacerlo sería dificultar que se sigan utilizando los contratos temporales que hoy día se encadenan con tanta facilidad y se usan a menudo de manera fraudulenta. Por eso presentamos toda una serie de
enmiendas para dificultar la temporalidad, insisto, no en el marco nuestro del contrato único indefinido, sino en el marco de la propuesta del Partido Popular. Son medidas por ejemplo como incrementar las cotizaciones por desempleo a estos
contratos temporales. Dado que estos contratos dan lugar a una mayor rotación del trabajo, a mayores periodos de desempleo y a mayor cobro de prestaciones, tiene sentido dificultar la contratación temporal penalizándola incrementando las
cotizaciones por desempleo que estos contratos llevan aparejadas.
También proponemos que los contratos de formación no puedan prolongarse hasta los treinta años, independientemente de cuál sea la situación del mercado laboral, no como se plantea en el proyecto de ley, donde si la tasa de desempleo supera
el 15% la formación puede durar hasta los treinta años. Creemos que es una forma de camuflar como formación un contrato de mano de obra barata que no debería usarse así. La formación a esas edades no parece el marco adecuado para la relación entre
el trabajador y la empresa.
Hay otras medidas para combatir los falsos contratos temporales, tan habituales por desgracia en la realidad laboral española actual, por ejemplo, que las actas de inspección de trabajo se ejecuten de manera rápida o que tengan carácter
ejecutivo, de forma que se combata con más facilidad y se acelere la persecución de los falsos contratos temporales, que tan habitualmente se utilizan hoy en la realidad laboral española. Hay una enmienda para combatir la situación de los falsos
autónomos, tantos trabajadores que figuran como autónomos cuando en realidad son trabajadores por cuenta ajena. Por eso, si la colaboración estable con una empresa dura más de seis meses dentro de un año, proponemos que se consideren trabajadores
por cuenta ajena. El sentido de este bloque de enmiendas, insisto, es dificultar la temporalidad, acabar con la precariedad.
Hay otro conjunto de enmiendas que buscan reequilibrar la relación entre trabajadores y empresarios, terminar con la postura casi decimonónica que hay en la reforma laboral del Partido Popular, en que el empresario ordena y manda, cambia la
situación del trabajador, en términos de salario, de horario o de puestos de trabajo con unos requisitos muy poco exigentes. Este bloque de enmiendas, como decía al principio de mi intervención, busca que estas medidas extremas se puedan adoptar
solo en situaciones muy específicas y que se puedan cuantificar, que no las pueda adoptar el empresario unilateralmente y con causas muy poco concretas, como simplemente la mejora de la competitividad o por motivos organizativos. Lo que proponemos
es que haya causas justificadas y cuantificables, que las medidas sean proporcionadas, que tengan un carácter temporal, como máximo tres años, y no definitivo, y algo muy importante,
que afecten también a los directivos. Si la empresa va mal y hay que tomar medidas extremas con los trabajadores, también deben afectar a los directivos en forma de menores bonus o menor remuneración.
Dejo mi segunda intervención para desarrollar este tipo de enmiendas con más detalle.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anchuelo, porque se ha ajustado perfectamente al tiempo que tenía.
A continuación, por La Izquierda Plural, tiene la palabra don Joan Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Dice la sabiduría popular que el tiempo pone a cada cual y a las cosas en su sitio. La verdad es que en el caso de la ley que estamos en estos momentos discutiendo el tiempo ya ha empezado a tener sus efectos.
Hoy, solo tres meses después de la aprobación del decreto-ley, ya sabemos -y así lo reconocen incluso desde el propio Gobierno- que lo que está asfixiando el empleo en nuestro país no es una supuesta rigidez de nuestro mercado de trabajo, sino un
sistema financiero carcomido, que desgraciadamente está destruyendo puestos de trabajo sin que se haga nada para evitarlo. Hoy ya sabemos que los tres primeros meses de aplicación de esta reforma laboral, lejos de facilitar el empleo, lo que ha
hecho ha sido facilitar el despido, y los datos del primer trimestre son demoledores y anuncian lo que nos puede pasar cuando la reforma adopte ya todas sus potencialidades destructivas.
Hoy, gracias al programa nacional de reformas del Gobierno, sabemos ya cuáles son las verdaderas intenciones de esta contrarreforma laboral. Hasta ahora nos teníamos que creer la exposición de motivos de la ley, que parece jugar a ese
cuento infantil de: vamos a contar mentiras, tralará. Pero afortunadamente alguien le ha dado el suero de la verdad al redactor del plan nacional de reformas y, leyendo, uno se da cuenta de cuál es exactamente la voluntad del Gobierno, por
supuesto nada de crear empleo y sí, como se dice literalmente en las páginas 153 y siguientes, otorgar capacidad al empresario para que en el marco de la empresa pueda disponer con libertad de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por
supuesto, como se dice también en otro apartado del plan nacional de reformas, provocar una reducción significativa de los salarios a partir de un debilitamiento de la negociación colectiva. Afortunadamente, ya sabemos exactamente cuál es el
objetivo del Gobierno con esta contrarreforma laboral, pero a pesar de ello continúan el Gobierno y el Partido Popular utilizando los eufemismos para intentar esconder los verdaderos objetivos.
Es curioso, la verdad, supongo que hay más, pero al menos me ha parecido detectar los siguientes. Se habla de facilitar la empleabilidad cuando lo que se está proponiendo es la privatización de los servicios de empleo e incluso ceder
competencias públicas a las empresas de trabajo temporal. Se habla de reducir los periodos de estancia en desempleo de los parados, cuando lo que se pretende es obligarles a trabajar con microempleos con máxima precariedad y se anuncia que se va a
encargar a las empresas de trabajo temporal esa función. Se habla de flexibilidad, cuando lo que es evidente es que lo que se establece es una desregulación profunda de las relaciones laborales, en beneficio de un poder unilateral del empresario.
Quiero llamar la atención de lo que supone la enmienda transaccional número 3 que se nos ha presentado. Si el proyecto de ley ya era duro planteando la posibilidad de que la empresa pudiera disponer unilateralmente del 5% de la jornada, que esa
transaccional lo aumente al 10%, es decir, 180 horas... (Pausa). Estaba hablando de la enmienda transaccional número 3. ¿Se dan cuenta ustedes, señores del Grupo Popular y cómplices necesarios, Convergència i Unió, de lo que supone que el
empresario disponga de 180 horas discrecionales al margen de la negociación colectiva en las condiciones de trabajo? Eso no solo supone disponer de las condiciones de trabajo de las personas, supone disponer de su propia vida, 180 horas.
Se habla de promover el empleo precisamente en los capítulos en que se más se facilita y abarata el despido. Se habla de reducir la dualidad entre trabajadores, cuando lo que se está pretendiendo es que esa desaparición de la dualidad
consista en igualarlos hacia abajo en condiciones de trabajo y, lo que es peor, incorporar más segmentación aun entre los parados, porque las bonificaciones van orientadas fundamentalmente a los parados que tienen algún tipo de prestación y, en
cambio, van a hundir en el pozo a aquellos que no la tienen. Se habla de modernizar la negociación, y no sé el concepto de moderno que pueden tener el Partido Popular y el Gobierno, pero la verdad, en una sociedad moderna, lo más contrario a la
modernidad es dejar que en el ámbito de las relaciones laborales las decisiones sean unilaterales del empresario, incluso contra lo establecido en convenio colectivo, incluso en contra de lo establecido en el contrato de trabajo. Se dice, con un
desparpajo importante, que la reforma acaba con el despido exprés, olvidando que lo instauró el señor Aznar, pero sobre todo no diciendo que el despido exprés se sustituye por el despido superexprés y low cost, es decir, igual de rápido pero más
barato. La verdad sea dicha, creo que esta reforma va a pasar a la historia como uno de los elementos más graves, no solo para los trabajadores sino incluso para el futuro de nuestro tejido económico. Dicho eso, como una de las máximas que ha
tenido el Gobierno para defender su planteamiento ha sido intentar descalificar a todo el mundo que se opusiera a esa reforma diciendo que no tenía alternativas y que nos gustaba lo que está establecido en estos momentos, voy a intentar plantear
algunas de nuestras enmiendas, las más significativas, empezando por las de intermediación laboral.
Frente a un Gobierno que pretende jibarizar el presupuesto del empleo, de hecho ya lo ha conseguido en el debate de presupuestos de esta semana, se aprueba que sean las ETT las que hagan las funciones de intermediación,
y la verdad es que hay que agradecerle al redactor del plan nacional de reformas porque nunca las intenciones habían sido tan claras. Dice literalmente: Los servicios públicos de empleo no se han mostrado eficientes en la gestión de la
intermediación laboral y la colocación de los trabajadores, en cambio, las empresas de trabajo temporal se han revelado un potente agente dinamizador del mercado de trabajo. La verdad es que más clarito imposible. En vez de mejorar el Servicio
Público de Empleo, privatizar y dárselo a las empresas de trabajo temporal, que son unos angelitos en la gestión de la colocación. Frente a quienes plantean ese tema, nosotros planteamos claramente prohibir las empresas de trabajo temporal en sus
funciones de intermediación en los servicios de colocación, pero sobre todo impedirles que hagan algo que el plan nacional de reformas ya intuye, ya apunta, que es encargarles la función de control del fraude. Lean ustedes bien: en el desarrollo
reglamentario es posible que nos encontremos con que se encargue a las empresas de trabajo temporal la función de depuración de las personas que están demasiado tiempo en desempleo porque les gusta estar, como también se pretende hacerlo con las
mutuas en relación con la incapacidad temporal. En definitiva, el uso de los déficits del Servicio Público de Empleo para una clara privatización de esas funciones.
En materia de contratación laboral, lo ha dicho el amigo Emilio Olabarría. Si alguna cosa caracteriza el derecho del trabajo es la causalidad en la contratación, y esta reforma se carga la causalidad en la contratación o lo poco que había
en ese sentido. Tiene un impacto durísimo en relación con las mujeres, vuelvo a llamar la atención de las mujeres del Partido Popular y Convergència i Unió en ese sentido, especialmente en el contrato a tiempo parcial; se condena a las mujeres a
microempleos con minisalarios y se permite una total disponibilidad de los empresarios de sus vidas, porque en el momento que se permiten las horas extraordinarias además de las complementarias, se puede establecer la posibilidad de que por ejemplo
las mujeres de la limpieza -con las cuales se utiliza mucho el contrato a tiempo parcial- no tengan vida personal frente al empresario que va a utilizar ese mecanismo como un mecanismo para disponer no solo del tiempo de trabajo sino también de la
vida de las mujeres. Se condena a los jóvenes sin formación a ser mano de obra barata toda su vida, con la posibilidad del encadenamiento sin límites, hasta los treinta y tres años, pudiendo rotar -como ya ha dicho una diputada previamente- de una
formación en otra ininterrumpidamente. Ante eso, La Izquierda Plural, el grupo al que represento, plantea eliminar el falso contrato para emprendedores, que es un contrato falsamente indefinido, es indefinidamente temporal y precario; un contrato
que afecta al 99% de las empresas de este país -las que tienen menos de 50 trabajadores-; un contrato que se plantea que llegue hasta cuando bajemos del límite de los quince años; un contrato además que limita la tutela judicial, porque durante
ese año se va a poder rescindir el contrato sin poder acudir a los tribunales, a pesar de que no haya causa para ello; un contrato que sitúa en total y absoluta precariedad a esas personas.
Termino, en esta primera intervención, refiriéndome a la regulación del despido. Esta es una reforma laboral que culmina el proceso empezado en el año 2002 por el famoso despido exprés, que además desgraciadamente fue también continuado por
la reforma de 2010, que ampliaba la modalidad exprés a los despidos objetivos y que hace que hoy el despido haya dejado de ser en nuestra legislación un despido causal para ser un desistimiento unilateral en manos del empresario, que además la
reforma pretende que no pueda ser ni tan siquiera juzgado cuando se trate de un despido colectivo por parte de los jueces. Es la primera ley del mundo donde veo que en su exposición de motivos el Ejecutivo, en funciones de Legislativo, se permite
el lujo de llamar la atención a los jueces porque están cumpliendo su función de controlar la proporcionalidad de las medidas de las empresas en los casos del despido colectivo.
Es un despido que aproxima el coste del despido. Lamento decirle al representante de UPyD que no insista en el contrato único. Lo que pretende el contrato único ya está conseguido, que es armonizar a la baja las condiciones de trabajo.
Desgraciadamente, las indemnizaciones ya se han acercado tanto que hoy, con esta reforma, es imposible distinguir en nuestro ordenamiento jurídico exactamente cuál es la indemnización que se paga por incumplir una sentencia de despido improcedente y
cuál es la que se paga sencillamente por causas objetivas. Es así, es decir, se está incentivando el mal uso de la función empresarial desde esta perspectiva.
Por eso nosotros proponemos -y con esto termino- en el apartado despidos, en primer lugar, restituir la causalidad en la contratación, es decir, que el despido vuelva a tener causa. En segundo lugar, recuperar la figura de la nulidad, por
cierto una figura que está prácticamente en todas las legislaciones europeas; lo digo para los europeístas del Partido Popular, que solo citan Europa cuando les interesa. Recuperar la nulidad es la única manera posible de que no se pueda despedir
fácil y barato y sin ningún tipo de consecuencia. Igualar los salarios de trámite. ¿Alguien me puede explicar qué razonamiento tiene que solo se deban pagar salarios de trámite cuando sea el empresario el que opte por la readmisión y, en cambio,
no se tengan que pagar salarios de trámite cuando es el empresario el que opta por la indemnización? ¿Eso es incentivar el empleo? No, eso es incentivar el despido. Se castiga a aquellos empresarios que mantienen el empleo y se beneficia a
aquellos empresarios que desgraciadamente destruyen empleo. Creo sinceramente que hay alternativas.
Termino, señor presidente. Sin duda no es responsabilidad de la Comisión de Empleo y seguro que no es la primera vez que se hace, pero para mí ha sido una novedad y no agradable. Hasta ahora era un agente el que tenía que aplicar como
abogado, como sindicalista, como profesor lo que ustedes aprobaban, pero ver cómo
se aprueban de esta manera leyes que tienen un impacto tan importante en la vida de nuestro país, sin ser responsabilidad seguro de ustedes, sin ser responsabilidad de esta Comisión en primera instancia, debería de ser objeto de una cierta
reflexión. Si la gente supiera con qué nivel de profundidad se discuten leyes que van a afectar a su vida, estaría perfectamente justificado que nos dijeran aquello de: lo llaman democracia y no lo es.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En primer lugar, quiero poner en valor el hecho no habitual de que en este trámite legislativo los grupos parlamentarios contemos con dos turnos de intervención. Habitualmente, debates complejos y difíciles de
la misma dimensión del que estamos abordando esta mañana los resolvemos con una intervención por grupo de diez minutos. El presidente de la Comisión tuvo a bien plantear en la reunión de Mesa y portavoces esta posibilidad y, en términos de un mejor
debate democrático y de un mayor control por parte de la opinión pública de la discusión legislativa, creo que esta es una medida que nos garantiza esa calidad. Ojalá en otros proyecto de ley lo pudiésemos hacer. Por ello insisto ponerlo en valor.
Quiero también poner en valor que hemos alcanzado acuerdos con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno en materias importantes que mejoran sustancialmente el texto que el Gobierno aprobó en su día. En ningún caso este conjunto de enmiendas
pueden ser interpretadas en clave regresiva de los derechos de las personas trabajadoras. Sobre ello voy a profundizar en esta primera parte de mi intervención.
En la medida en que otros portavoces han hecho consideraciones de carácter más general sobre la reforma, quiero insistir en las ideas que Convergència i Unió viene manteniendo desde el primer momento sobre esta materia. Mi grupo comparte
globalmente la orientación de la reforma, porque parte de un diagnóstico sobre los problemas de nuestro mercado de trabajo que es compartido desde hace mucho tiempo por todo el mundo que observa las relaciones laborales en España y, vistas las
reformas laborales que se han producido cuando las mayorías que han gobernado en España han sido distintas a la actual mayoría, las orientaciones partían de ese mismo diagnóstico. Me refiero a la reforma laboral de 1994 y a las reformas laborales
de los años 2006, 2010 y 2011. Porque lo que sí sabemos es que el marco que viene funcionando en España desde 1980, consagrado en el Estatuto de los Trabajadores, ha sido incapaz, incluso en los mejores momentos del funcionamiento de la economía
española, de situarnos en las medias de tasas de actividad, de tasas de desempleo de los países de nuestro entorno. En la fase más alta del ciclo económico, nuestro desempleo se continúa moviendo en el 8% y habitualmente hemos estado en medias
entre el 16 y el 17%. Por tanto, hay problemas en la regulación del derecho del trabajo, pero no exclusivamente. ¡Claro que no! Ojalá el problema del desempleo lo resolviésemos por la vía de la modificación de la ley, pero sabemos que tenemos
problemas. Desde 1994, insisto, las reformas que hemos impulsado han ido en la misma dirección. Una dirección que es compartida por los planteamientos que promueve la Unión Europea. Todos los países de nuestro entorno, incluidos los países más
avanzados que son los países escandinavos, han introducido reformas de este tenor. Por ejemplo, para ir a un extremo conceptualmente muy contundente, en Dinamarca no existe indemnización por despido. Es cierto que en esos países se ha asumido con
más mucha fuerza y eficacia que como lo hemos asumido en España que la protección al trabajador ocupado no está tanto en hacer difícil que se le despida por la vía de los costes del despido, sino en la capacidad de volver a encontrarle trabajo.
Eso, acompañado de mercados de trabajo y economías muy abiertas, muy flexibles, muy capaces de generar empleo y políticas públicas muy solventes para acompañar a los desempleados. Ahí, señorías, el punto de discrepancia que mi grupo mantiene con el
Gobierno es la configuración de los Presupuestos Generales del Estado, que reducen en más de 1.500 millones de euros esas políticas y que debilita esa pata de la seguridad que cualquier reforma que introduzca la flexibilidad debería tener.
Si me permiten decirlo, los grupos que se oponen a esta reforma creo que están instalados en un paradigma antiguo y poco eficaz. La protección al trabajador empleado no va a tener que ver con la dificultad del despido de ese trabajador.
Eso quizás pudo funcionar en épocas en que el mercado español era el mercado donde competíamos, en épocas en las que no existía el mercado único de la Unión Europea y en tiempos de la no globalización, pero hoy el reto que tenemos los europeos,
incluidos por tanto los ciudadanos del Estado español, es cómo somos capaces de mantener nuestro modelo social -economía de mercado, Estado del bienestar, libertades, derechos fundamentales, respeto al entorno- con países que compiten con nosotros
sin esas mismas condiciones. No se trata de que nosotros evolucionemos hacia esos modelos ni mucho menos, pero sí de que introduzcamos las modificaciones y las reformas que nos permiten mantener ese modelo. Este es el debate de Europa donde el
centro-izquierda que lo ha entendido bien, en los países escandinavos, en Alemania, en Holanda, ha optado por reformas como las que estamos propiciando en los últimos tiempos. Quienes están instalados en la idea inexistente de las épocas previas a
la globalización, de la época de la autarquía, quizá puedan defender modelos obsoletos de protección de los trabajadores y del empleo, pero hoy esos modelos no nos sirven para garantizar la creación del empleo ni para mantener el empleo.
Es cierto, señorías, que la creación del empleo no va a ir directamente vinculada a la reforma laboral. Ahí mantenemos otro elemento de discusión con el Gobierno,
que es que esta reforma laboral debe ir acompañada de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo -el Pleno aprobó una moción en este sentido y espero que el Gobierno avance en esa dirección-, porque esta reforma para lo que
va a servir si funciona adecuadamente será para mejorar la posición competitiva de las empresas, para evitar que nuestro mercado de trabajo cuando afronte una situación de crisis opte por la destrucción de empleo en lugar de optar por el
mantenimiento del empleo vía reducción de sueldos y vía reducción de horario, como el modelo que ha funcionado exitosamente en Alemania por citar algún ejemplo. Por tanto sus efectos -que esperemos que se produzcan- van a tener que ver con la
salida de la crisis y con dar mayor fortaleza al funcionamiento de nuestras relaciones laborales ante próximos contextos adversos, con que nuestro sistema tenga un mejor funcionamiento. Y vamos a ver qué sucede con la aplicación de la norma en los
próximos meses y en los próximos años.
Dicho esto, señorías, paso a relatar los acuerdos de las transacciones que el Grupo Popular a primera hora de la mañana ha trasladado a los grupos, buena parte de ellas con Convergència i Unió. En primer lugar, las transacciones resuelven
de manera satisfactoria los problemas competenciales que Convergència i Unió había observado en este real decreto-ley y que en el caso de Cataluña además el Consejo de Garantías Estatutarias había advertido de que existía riesgo de invasión
competencial. En concreto transaccionamos las enmiendas 436, 437, 439 y 440, que salvaguardan las competencias de los servicios públicos autonómicos. También transaccionamos la enmienda 453 y evitamos cualquier referencia a una orden ministerial
que, desde nuestro punto de vista, no respondía al reparto de competencias en materia de formación para el empleo y suprimimos esa disposición final. Y finalmente transaccionamos la enmienda 459, que garantiza que las comunidades autónomas tengan
mayor libertad para gestionar los recursos de las políticas activas de empleo. En este sentido damos a nuestro entender plena solución a los problemas que en Cataluña se plantearon en relación con este real decreto-ley.
Se han transaccionado igualmente las enmiendas 378, 389 y 391 que permiten otorgar un papel más activo a la autoridad laboral en todo lo que tiene que ver con la gestión de los antiguos expedientes de regulación de empleo. En este sentido,
la autoridad laboral podrá realizar, a petición de las partes, las actuaciones de mediación que correspondan a efectos de buscar soluciones a los problemas y al mismo tiempo dar asistencia a petición propia a cualquiera de las partes durante esas
discusiones. Abre también la posibilidad de que los trabajadores sean los que insten a la extinción colectiva de los contratos, en el caso de que crean que esa solución es mejor para sus intereses, atribuyendo a la autoridad laboral la decisión
correspondiente. Se contempla que la autoridad laboral verifique el cumplimiento del plan de recolocación, pudiendo requerir a la empresa que lo cumpla. Nos parece importante porque hemos de reforzar los planes de recolocación, hacerlos creíbles
para los trabajadores. Se contempla la posibilidad de la nulidad de la decisión extintiva cuando no haya existido periodo de consultas; nos parece relevante en la aplicación práctica de la normativa y, además, nos consta que los gobiernos
autonómicos están discutiendo con el Servicio Público de Empleo Estatal y con el ministerio aspectos vinculados al expediente de regulación en el correspondiente reglamento que van a reforzar esas garantías desde la perspectiva del interés general
de que la desaparición de la autorización administrativa en estas cuestiones no implique una desprotección y una desregulación excesiva que genere problemas.
Con la enmienda 392, que es coincidente con una enmienda del Grupo Popular, resolvemos de manera adecuada los problemas vinculados al absentismo. Vamos a evitar abusos que se podrían haber derivado de una mala interpretación de esa
normativa y garantizamos que las bajas por tratamiento de enfermedad grave y cáncer no se vean afectadas por el despido por absentismo.
Con las enmiendas 368 y 372 damos más posibilidades a los autónomos en materia de participación en la formación para el empleo y recogemos muy singularmente una vieja demanda de los autónomos que nos habían planteado y que no se había podido
resolver, como es una bonificación del 50% de la cuota para ese autónomo que contrate a un familiar, como su cónyuge o sus hijos. Clarificamos también la causa económica del despido objetivo de una manera muy racional. Situamos esa referencia de
los tres trimestres anteriores, ingresos ordinarios. Creo que así acotamos mejor esa causa económica.
Con las enmiendas 366 y 367 reforzamos el principio del derecho a la formación del trabajador, que es uno de los cambios importantes que introduce esta reforma. Acotamos que esa formación debe estar vinculada a la actividad de la empresa y
al mismo tiempo entendemos que aquella formación que la empresa está obligada a dar no está incorporada en esa formación, que es una formación a más a más precisamente para reforzar la empleabilidad del trabajador.
Reforzamos con las enmiendas 377 y 380 los aspectos de la vida familiar y la igualdad con las mujeres trabajadoras. El descuelgue del convenio colectivo no va a poder afectar a las cláusulas de no discriminación establecidas en el convenio
de ámbito superior o a la existencia de planes de igualdad en los convenios de ámbito superior y establecemos un mandato de promoción de la jornada continuada y del horario flexible, importante a efectos de conciliación.
Introducimos una transacción en la enmienda 375, significativa para el sector del turismo, como es la bonificación de las cuotas empresariales a los trabajadores fijos discontinuos que se empleen en los meses de marzo y noviembre,
fundamental para crear empleo en uno de los sectores básicos para la salida de la crisis como es el
sector de la hostelería. Ampliamos efectivamente el 10% la posibilidad de distribución irregular de la jornada, pero he recordar al señor Coscubiela que eso ya fue pactado por lo agentes sociales -Comisiones, UGT y CEOE- a principios de
este año. Introducimos una mejora que ese acuerdo no contemplaba como es el preaviso, que no existía hasta el momento. Hemos alcanzado también con el Grupo Popular un acuerdo importante respecto a los trabajadores del hogar, mandatando al Gobierno
a que presente un informe para ver qué resultados han tenido estas modificaciones que se introdujeron el año pasado. Se asume el compromiso de un proyecto de ley de actualización de la Lismi, un nuevo proyecto de ley de actualización de la Ley de
Empresas de Inserción; el compromiso de evaluación de la reforma laboral, el compromiso de evaluación de las políticas públicas. Finalmente, quiero destacar una enmienda muy significativa en relación con el contrato de emprendedores. Hemos
transaccionado un texto que establece que ese contrato, que es muy peculiar, esté vigente mientras nuestra tasa de desempleo esté en el 15%, y con eso evitamos cualquier riesgo, señorías, de inconstitucionalidad o de no encaje de este contrato en el
Convenio 158 de la OIT.
Quiero hoy agradecer el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular y el propio Gobierno para poder alcanzar este conjunto de transacciones que, insisto, mejoran sustancialmente el contenido del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para concluir esta primera ronda de intervenciones, tiene la palabra la ponente del Grupo Parlamentario Popular, doña Carolina España.
La señora ESPAÑA REINA: Estamos aquí para analizar las distintas enmiendas que han sido presentadas por los grupos, que sin duda van a mejorar el texto de las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Quiero resaltar que se
tramita como proyecto de ley porque es intención y propósito del Gobierno que esta reforma salga enriquecida y con el mayor consenso político porque ello redundará en una mejor reforma para todos los ciudadanos. A pesar de los comentarios antes de
comenzar la sesión, quiero agradecer el trabajo que han realizado todos los grupos políticos a la hora de presentar y desarrollar enmiendas y la disponibilidad que han manifestado para llegar a acuerdos; con algunos hemos llegado a acuerdos
importantes, con otros no ha sido posible. Quiero resaltar que han sido veintisiete las enmiendas transaccionales que se han planteado aquí con prácticamente todos los grupos políticos, tanto con el Grupo Parlamentario Socialista, CiU, Vasco, BNG y
UPyD; después las aceptarán o no las aceptarán. Hay doce enmiendas de los distintos grupos políticos -Izquierda Unida, UPyD, Foro Asturias, UPN y Socialista- que se aceptan de forma literal tal y como están. Estamos hablando de transaccionales
que afectan a casi setenta enmiendas. Como bien ha dicho el portavoz de CiU, quiero resaltar el esfuerzo y el espíritu de consenso que ha impregnado la tramitación de este texto por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, España tiene ya 5,6 millones de españoles que están sufriendo la lacra del desempleo. Son 5,6 millones de dramas personales y familiares y, por tanto, estamos convencidos de que existen 5,6 millones de razones para aprobar esta
reforma laboral. Como se ha dicho aquí, tenemos un 24% de paro, la tasa más alta de paro de toda la Unión Europea, y casi un 50% de desempleo juvenil. Por ello me sorprende escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que parece
que ellos acaban de llegar. Quiero recordar que hace escasos meses ellos estaban gobernando y esos 5,6 millones de desempleados certifican el fracaso de las políticas puestas en marcha por el Gobierno socialista.
España necesita empleos estables, que se aumente la competitividad y asegurar el crecimiento económico para poder mantener el Estado del bienestar. Les puedo decir que esta es una reforma laboral que está centrada única y exclusivamente en
el interés general para frenar la destrucción de empleo. No me digan ustedes que es una reforma del despido. No, será la reforma del empleo; despidos ya se produjeron en las anteriores etapas de Gobiernos socialistas en las que más de 3 millones
personas sufrieron el despido. Hablaba también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de maltrato a los jóvenes. Si hemos llegado a una tasa de casi el 50% de desempleo juvenil habrá sido por el maltrato causado por las políticas que han
aplicado los Gobiernos socialistas; le recuerdo el 30% de fracaso escolar. El Partido Popular no maltrata a los jóvenes, todo lo contrario. Ahí están las oportunidades que se dan con los contratos de formación y con los contratos de
emprendedores. Con respecto a los contratos temporales, quiero recordarle al Grupo Parlamentario Socialista que hemos limitado los encadenamientos de contratos temporales que precisamente suspendió la última reforma socialista.
Hablaba la señora Fernández Davila, del BNG, de resultados negativos. Nada más lejos de la realidad. Más de 20.000 contratos de emprendedores que se han puesto en marcha y más de 100 descuelgues de convenios para llegar a acuerdos entre
las partes porque lo que quieren es mantener los puestos de trabajo.
Decía el señor Olabarría que es un mal día para el Estado del bienestar, que se está desguazando. El desguace se produjo en la anterior legislatura; ahora estamos intentando recomponerlo. Le recuerdo muy rápidamente los 25.000 millones de
déficit oculto, los 40.000 millones de facturas en los cajones de Fomento, las 24.000 millones de déficit en el sector eléctrico y los 16.000 millones de euros de facturas impagadas en el servicio sanitario.
Repito que nuestra prioridad absoluta es el empleo, los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Por tanto, esta reforma apuesta por la formación, apuesta por la conciliación -como luego veremos, a pesar de la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, apuesta por el empleo
estable, por la flexibilidad interna para que se pueda llegar a acuerdos y mantener los puestos de trabajo, y también por la flexibilidad externa. ¿Por qué no? Claro que sí, porque hay que adaptarse a los países del entorno. Se limita -no
lo ha dicho nadie o lo ha dicho alguien, pero muy solapadamente- la indemnización de directivos de banca en el caso de que exista sanción y también se limita la indemnización a los directivos de las empresas públicas. Decía alguien que los informes
predecían resultados negativos de esta reforma. Nada más lejos de la realidad. Ha tenido una acogida internacional muy importante tanto por la OCDE como por el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea. Ahí está el informe del BBVA, que
dice que España es el país que más ha avanzado dentro de la Unión Europea en competitividad y productividad y que pronto esta reforma laboral creará empleo.
Voy a tratar de poner en valor las distintas transaccionales que hemos planteado a los distintos grupos. Muchas de ellas se repetirán con Convergència i Unió, pero trataré de pasar por ellas bastante rápido.
Hay una transaccional importante para el contrato de emprendedores, que se podrá realizar hasta que la tasa de desempleo alcance el 15%. Asimismo, planteamos una transaccional a La Izquierda Plural -que luego la admitirá o no- con la idea
de que quede recogido que no se aplicará el límite de edad para los contratos de formación para las personas que tengan discapacidad y para los colectivos en situación de exclusión social, precisamente para facilitar su inserción en el mercado
laboral. También nos comprometemos a elaborar la ley integral sobre la discapacidad a través de una transaccional con La Izquierda Plural, PNV, CiU y PSOE.
Respecto a la distribución irregular de la jornada -que también se ha comentado aquí-, hablaba la señora Barkos del 10%. Ya le ha dicho el portavoz de CiU que estaba acordado entre CEOE y sindicatos, pero yo también quiero señalar el
preaviso de cinco días, porque no se lo he escuchado decir a la portavoz del Grupo Mixto. Hay un preaviso ahora de cinco días a través de esta transaccional, que antes no existía. En cuanto a la conciliación, tema en el que tanto ha insistido el
Grupo Socialista, llevamos transaccionales para promover la jornada continuada, el horario flexible, etcétera, precisamente para compatibilizar la conciliación. En los despidos colectivos hemos tratado de aclarar que cuando hablamos de ingresos nos
referimos a ingresos ordinarios, que se deben comparar con el mismo trimestre del año anterior. Se posibilita también sustituir los periodos de consulta por procedimientos reglados de mediación y arbitraje. Transaccionamos con CiU para que la
autoridad laboral durante el periodo de consultas también pueda realizar actuaciones de mediación, así como funciones de asistencia a petición de las partes o por iniciativa propia, cuestión que consideramos muy importante. Transaccionamos para
comprometernos a estudiar la modificación del régimen jurídico de las mutuas. En cuanto a las 20 horas del permiso de formación, transaccionamos con CiU y UPyD para que se pueda acumular hasta un periodo de cinco años y que pueda computarse la
formación que realiza la propia empresa, a excepción de aquella que sea obligatoria.
También incluimos las necesidades específicas de los autónomos y de las empresas de economía social para diseñar los subsistemas de formación profesional para el empleo. Establecemos algo muy importante -ya lo ha dicho el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra, el portavoz de CiU-, las bonificaciones para los familiares de los autónomos. Quiero resaltar que es una bonificación del 50% para el cónyuge, pareja de hecho y familiares de los autónomos que se incorporen como
nuevas altas y que, lógicamente, colaboren con ellos. Es una apuesta decidida por los autónomos. También hay bonificaciones para los contratos fijos discontinuos en el sector de la hostelería, con una bonificación de hasta el 50%. En cuanto al
descuelgue salarial, hay una transaccional -por eso no entendía la intervención del Grupo Socialista con respecto a la conciliación y los planes de igualdad- dirigida a que una vez que se produzca el descuelgue, en ningún caso se dejará de aplicar
el plan de igualdad. A su vez transaccionamos para dar una mayor seguridad jurídica en el caso de los despidos colectivos, de tal forma que la decisión empresarial podrá impugnarse si la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando los derechos
fundamentales o las libertades públicas y, al mismo tiempo con CiU, que la sentencia declarará nula la decisión extintiva si no se ha realizado el periodo de consulta, no se ha entregado documentación o no se ha respetado el procedimiento, todo ello
para dar mayor seguridad jurídica al procedimiento. También nos comprometemos a través de las transaccionales a hacer un proyecto de ley del régimen de las empresas de inserción. El Gobierno presentará un informe para analizar el impacto que ha
tenido la reforma laboral y se hará una evaluación continuada de las políticas activas.
Respecto a las empresas de trabajo temporal, para que puedan actuar como agencias de colocación -aquí entro ya en las transaccionales y en las distintas enmiendas que aceptamos al Grupo Socialista-, prescindimos de la declaración
responsable, que la teníamos en una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y volvemos a la situación inicial de que necesitan autorización las ETT para que puedan operar como agencias de colocación. En esa línea, plantemos una transaccional a la
enmienda 475 del Grupo Socialista. Y respecto a las enmiendas 476, 478, 479 y 480, que hacen referencia todas a las ETT, su regulación, su autorización y el registro, en principio también lo planteamos en una transaccional, pero la verdad es que es
copia literal del texto que ellos proponen. También con el Grupo Socialista planteamos una transaccional para reconocer el derecho preferente a la movilidad geográfica al trabajador con discapacidad y, lógicamente, le añadimos nosotros las víctimas
del terrorismo, que ya lo teníamos en una enmienda del Grupo Popular. Planteamos
transaccionar con el PSOE la racionalización de horarios para que tres meses después del informe de la subcomisión se adopten medidas para promover la racionalización de horarios y la conciliación. En la transaccional con UPyD para la
aportación al Tesoro de las grandes empresas por despido a mayores de cincuenta años también se baja de 500 a 100 el número de trabajadores. También nos comprometemos en el proyecto de ley para actualizar la Lismi, como bien ha dicho el portavoz de
CiU.
Hay unas enmiendas que aceptamos de forma literal y que es importante resaltar. La 174, de La Izquierda Plural, que contempla infracción grave en el caso de que se actúe como intermediación sin la correspondiente autorización; la 337, de
UPyD, me parece fundamental, porque el límite de los contratos de alta dirección del sector público estatal de alguna forma se extiende también a las comunidades autónomas y a las entidades públicas. Aceptamos también de forma literal la enmienda
número 6 de Foro Asturias en cuanto a la ultraactividad, que se rebaja el plazo a un año; creo que es importante porque se permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Aceptamos cinco enmiendas de UPN de forma literal, y yo señalaría
fundamentalmente la del contrato de emprendedores, donde el requisito de larga duración para que puedan acceder a las bonificaciones los desempleados mayores de cuarenta y cinco años se elimina, es decir, no necesita estar inscrito doce meses en los
dieciocho meses anteriores.
Para terminar, señor presidente, quisiera resaltar algunas enmiendas que también trae el Grupo Parlamentario Popular a la Comisión. El sentido del absentismo, que también se ha dicho aquí, se mejora considerablemente en el texto. Decía
anteriormente: Faltas de asistencias que alcancen el 20% en dos meses consecutivos. Se añade: Siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles. También se añade que no se computarán
las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o de enfermedad grave.
En cuanto a las enmiendas 624 y 628, sobre jurisdicción de competencias, hay un error técnico; donde pone apartado 7 y 8 debe figurar solo el apartado 7. Por supuesto, hay que resaltar las enmiendas que se incorporaron a ponencia
conjuntamente con UPyD para extender también las bonificaciones a las personas víctimas del terrorismo.
Con todo esto termino, señor presidente. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Grupo Popular para mejorar el texto, para alcanzar el mayor acuerdo político, porque en este grupo estamos convencidos y creemos en el diálogo, en la
negociación y en el consenso. Todos los grupos políticos tenemos que sentirnos corresponsables de la difícil situación económica que vivimos, de la situación de desempleo que vive este país, y por respeto a esos 5,6 millones de personas que están
en situación de desempleo les pido un esfuerzo para que entre todos podamos demostrar a los ciudadanos que con esta y con todas las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Popular podemos y vamos a volver a la senda de
crecimiento económico y de generación de empleo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a comenzar con el segundo turno de intervenciones por el mismo orden anterior. En la medida de lo posible, ajústense al tiempo. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario
Socialista, don José Enrique Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Trataré de ajustarme al tiempo.
Intervengo para mantener las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en relación con las medidas destinadas a promover la flexibilidad interna. Unas medidas que hasta esta mañana no habían sido objeto de aceptación de ninguna de las
enmiendas. En los textos que hemos conocido aparecen algunos cambios en relación con la ordenación de jornada, ultraactividad y algún pequeño tema adicional; medidas que, a nuestro juicio, no ofrecen soluciones adecuadas a los problemas que tratan
de afrontar porque, por un lado, los interlocutores sociales habían alcanzado, en relación con algunas de ellas, pactos que este proyecto desconoce y, por otra parte, la actuación normativa del Gobierno ha roto, a nuestro juicio, el equilibrio en
las relaciones laborales.
Siento, como he oído al señor Olabarría en este diálogo universal entre laboralistas, tener que repetir algunos de los argumentos que él ha utilizado, pero no sobra. Este equilibrio en las relaciones laborales se basaba, hasta ahora, en
tres elementos. En primer lugar, la consagración de una posición jurídica igual de las partes en un contrato tan complejo y delicado como el de trabajo. En segundo lugar, el reconocimiento paulatino del papel del sindicato como instrumento de
reequilibrio de fuerzas entre las partes. Y en tercer lugar, la admisión del convenio colectivo como auténtica norma pactada a la que se encomienda la regulación ordinaria y efectiva de las condiciones de trabajo a través de los acuerdos libremente
alcanzados entre los representantes de empresarios y trabajadores. Los tres salen profundamente tocados de esta reforma.
La nueva regulación que se ofrece para movilidad geográfica y funcional para la disponibilidad de la jornada y, sobre todo, para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, esto es, en los artículos 39, 40, 41 y 32 del
estatuto, multiplica los poderes decisorios del empresario y debilita hasta el extremo la fuerza normativa del convenio colectivo. Dicho en trazo grueso, si no hay acuerdo entre empresario y trabajador o entre empresario y trabajadores, aquel puede
modificar unilateralmente esas condiciones esenciales de trabajo.
Si no hay empresa no hay empleo, no hay trabajo, no es un descubrimiento que hagamos hoy todos nosotros. Por eso, desde su primera redacción en 1980 el Estatuto de los Trabajadores atendió a garantizar la viabilidad de
la empresa, aceptando la adaptación a sus necesidades coyunturales de algunas condiciones de trabajo acordadas con anterioridad. Pero lo hizo siempre, hasta ahora, con una determinada perspectiva y con un límite, la perspectiva del pacto.
Así, por cierto, lo han hecho con frecuencia en esto treinta años empresarios y trabajadores para, a la vez, salvar la empresa y mantener el empleo. Esto es lo que ahora quiebra, reduciendo a paja el mandato milenario, hoy recogido en nuestro
Código Civil, que dispone que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
Circunstancias extremas como las actuales, las que estamos viviendo, no pueden servir para soluciones tan desequilibradas, especialmente si consideramos que el margen que se le da al empresario sirve no solo para atender necesidades, que por
decirlo gráficamente se imponen a la empresa en la actual coyuntura, sino también para dificultades en la misma derivadas de una gestión errada o incluso temeraria. ¿Cómo explicaremos esto en estos días a los ciudadanos? ¿Cómo hacerlo a los
trabajadores de esas empresas? El límite que tradicionalmente recogía el estatuto era el de la intangibilidad de los salarios. Los salarios quedaban excluidos en la relación de condiciones que podían modificarse de acuerdo con el artículo 41 del
estatuto. Ahora figura entre ellas y esto solo puede significar que el objetivo claro de esta norma es el de abaratar los costes salariales. La regulación, por otra parte, de las cláusulas de descuelgue avanza para apuntalar la solución de la
modificación de condiciones. Lo que encuentre dificultades o no se consiga por una vía, siempre dispondrá de la otra para lograrse. Si esto es serio lo es más aún el golpe que la negociación colectiva en su conjunto recibe en este proyecto. A
nuestro juicio, erosiona gravemente el derecho a la negociación y la fuerza vinculante de los convenios que garantiza el artículo 37.1 de la Constitución. Son demasiados contenidos obligatorios, demasiados límites a la libertad de pactos, a la
determinación de ámbitos de aplicación, a la fijación libre de la duración de los convenios. Por cierto, por vía transaccional hay un nuevo ajuste en relación con la ultraactividad al reducir de dos a un año el periodo en que forzosamente se pierde
la vigencia de las cláusulas de los convenios colectivos. Son cambios que los llamados a negociar los convenios no han recibido bien y ha habido aquí una cierta unanimidad. Son cambios que deteriorarán las condiciones de trabajo. El dato griego
es lamentablemente elocuente. Tras modificaciones parecidas, los salarios han bajado un 20% en menos de dos años.
El tercer elemento eran los sindicatos. Me basta con decir que las soluciones del artículo 41 y de los artículos 82 y siguientes del estatuto parecen perseguir el objetivo de sacarlos de la empresa y de romper con su capacidad de ordenar la
estructura de la negociación. Si así ocurre finalmente, habremos alcanzado una victoria pírrica porque tendrá como coste la falta de interlocución y el incremento del conflicto. Por todo ello y porque no creemos razonable que la única respuesta
que le reste al trabajador que ve alteradas profundamente sus condiciones de trabajo sea ejercer su derecho a extinguir su contrato o forzar un despido cada vez más barato, mantendremos, como he anunciado, las enmiendas al capítulo III del proyecto.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra doña María Concepción Gutiérrez.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: El objetivo esencial de la reforma laboral es facilitar y abaratar el despido. Y facilitar un despido más rápido y más barato en época de recesión económica es favorecer la destrucción de empleo, el falso
equilibrio de la empresa a través del ajuste de plantilla. Hoy es mucho más fácil destruir empleo en España. En primer lugar, porque esta reforma laboral abarata el despido; el coste del despido improcedente es hoy un 43% más barato que antes de
la reforma. En segundo lugar, porque según la propia memoria del proyecto del Gobierno el objetivo declarado de esta reforma es reconducir la mayor parte de despidos colectivos y despidos objetivos con tan solo 20 días de indemnización por año de
servicio. Para ello, esta reforma laboral da una nueva regulación a las causas económicas objetivas, de tal forma que una reducción de ingresos -que no de beneficios- o ventas en tres trimestres justifica sin más el despido. Señorías, yo me
pregunto: ¿Qué empresa no tiene en estos momentos reducción de ingresos o ventas en una situación de recesión como la que vivimos? Situación que perdurará en España por muchos trimestres, según todas las previsiones, incluidas las del Gobierno.
¿Son los trabajadores culpables de esta situación? En tercer lugar, han suprimido la autorización administrativa en el despido colectivo. Como dice la memoria que acompaña a la reforma es preciso que desaparezca la autorización administrativa y
con ella la negociación con los representantes de los trabajadores. Queda solo una mera consulta para que finalmente el despido dependa únicamente de la decisión del empresario.
Por otra parte, la reforma crea una nueva tipología de contrato cuya característica es que durante el primer año el trabajador no tiene ningún tipo de protección frente al despido. Por fin, el despido sin causa; despido sin causa que choca
frontalmente con el artículo 35 de la Constitución. Además, en el sector público, incluyendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos, el personal fijo que ha sacado su plaza por oposición queda sometido al expediente de regulación de empleo,
cuyo único final por imperativo legal de la reforma es la extinción del contrato de trabajo. Señorías, este es el ajuste presupuestario a través del empleo. Aquí no vale flexibilidad interna, la suspensión del contrato o la reducción de jornada
para los empleados públicos, solo despido, despido y más despido.
El despido también se facilita a partir de ahora porque escapa a cualquier control sindical y administrativo, y lo
que es más grave, al control jurisdiccional. El despido escapa al control judicial, vulnerando el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela efectiva. ¿Cómo es posible que en la exposición de motivos de la ley se diga que hasta
este momento los jueces de la jurisdicción social realizaban juicios de oportunidad sobre las decisiones empresariales? ¿Cómo es posible esta mención tan despectiva en relación con el papel de los jueces de lo social?
Señorías, lo que hacían los jueces hasta ahora era valorar si, una vez acreditada la causa del despido alegada por el empresario, la misma era proporcional a una consecuencia de tan enorme gravedad como la extinción de la relación laboral.
Ahora la bajada de ingresos o ventas en cualquier porcentaje y por cualquier causa habilita para el despido de forma automática. Han desparecido los elementos de valoración, no es necesaria la proporcionalidad de la medida y se degrada la actuación
jurisdiccional, a la que simplemente le queda la constatación de la caída de ventas o ingresos. Esto es lo que aprecia el Gobierno la función de hacer justicia. Además, la reforma suprime los salarios de tramitación; el objetivo ahora es nada
menos -según los propios documentos del Gobierno- que disuadir a los trabajadores de que acudan a los tribunales en defensa de sus derechos. Por ello, la supresión de los salarios de tramitación vuelve a suscitar serias dudas sobre la
constitucionalidad de la reforma.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado una reforma laboral que es inútil, injusta e ineficaz. Inútil para crear empleo; injusta porque hace recaer todo el peso del ajuste sobre los trabajadores, a los que culpabiliza de
todo; e ineficaz porque ahonda en la crisis económica en vez de ayudar a salir de ella. No es una reforma, es un solo mecanismo de destrucción de empleo, que en lugar de cortar la sangría del paro está provocando una gran hemorragia. Cada día nos
encontramos con previsiones más negativas sobre el empleo, incluso del propio Gobierno. En el programa de estabilidad estima que en toda la legislatura no se va a crear empleo neto y que la tasa de paro al final será superior a la de 2011. ¿Dónde
están entonces las urgencias de esta reforma que justificaran un real decreto-ley? ¿Dónde están las urgencias que no han permitido aplazar hoy veinticuatro horas este debate para que todos los grupos puedan conocer todas las transaccionales que se
nos plantean?
Nos dijeron que esta reforma traería la confianza de los mercados, pero lo cierto es que la prima de riesgo no ha hecho más que subir desde la aprobación de la misma. No parece que haya servido para traer más confianza; en opinión de mi
grupo, ha sido justo lo contrario, esta reforma laboral atemoriza a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Nos ha hecho ver un futuro más negro, contribuye a la grave situación de contracción de la demanda y está ahondando aún más la recesión
económica y la desconfianza. Esta reforma laboral ha provocado tal desconfianza y tanto rechazo en el conjunto de la población que ha dado lugar a movilizaciones y ha confirmado la anunciada por el señor Rajoy huelga general. ¿De verdad creen
ustedes que era necesaria una reforma laboral tan agresiva con el conjunto de los trabajadores?
En el debate parlamentario no se ha modificado ninguno de los aspectos esenciales de esta reforma injusta e inútil. El Grupo Socialista ha planteado 126 enmiendas al texto con el objetivo de restituir derechos, reestablecer equilibrios y
recuperar los pilares básicos de nuestro modelo de relaciones laborales haciendo de la empresa un proyecto común sin ningún resultado. Nada de lo relevante ha sido modificado; nada se ha mejorado en el trámite parlamentario. Incluso algunos
aspectos han sufrido una vuelta de tuerca, como es el caso de la jornada y de la negociación colectiva.
En estas condiciones, la posición de mi grupo es de rechazo total a este proyecto de ley. Estamos con la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que consideran esta reforma un atropello.
El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, tendrá que ir concluyendo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Voy terminando.
Estamos con la petición que hoy nos hacen los sindicatos. Por ello, les anuncio que nuestro grupo va a votar en contra, con una voluntad inequívoca para modificar en el futuro esta reforma laboral.
Muchísimas gracias, señor presidente, por su amabilidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, entre otros problemas y déficits que adornan esta reforma está la ausencia de una negociación bien estructurada anteriormente con los demás grupos parlamentarios. Por eso me sorprenden enormemente las
invocaciones a las negociaciones que pretendidamente han sido realizadas, hechas por la portavoz del Grupo Popular, porque yo escuché a la ministra que estaba en disposición de negociar hasta la extenuación (sic) -palabras de la ministra-. No debe
tener mucha resistencia física la ministra porque no hemos estado ni una sola vez con ella (Risas), se cansó en seguida, la extenuación llegó de forma inmediata. En segundo lugar, con la portavoz del Grupo Popular que ha intervenido, haciendo esa
glosa de la interlocución, he podido estar una vez por un tiempo de dos minutos, en los que tuve el gusto y el placer de conocerla (La señora España Reina: Muchas gracias), porque ni siquiera la conocía antes, y me entregaron dos documentos donde
se presentaban dos transacciones relativas a enmiendas de mi grupo parlamentario. Si esto puede computarse como una negociación
hacia la exhaustividad, yo casi prefiero que se relajen un poco a partir de ahora a la hora de negociar y negocien menos si cabe todavía. Parece ser que es la soledad, tan invocada por Pereda y por numerosos autores, lo que puede
caracterizar la actividad legislativa de este Gobierno.
Por referirme a la portavoz del Grupo Popular, mi buena amiga la señora Villalobos, que aquí está glosando mis intervenciones con brillantez, como ella suele hacerlo siempre, le diré que esta reforma debe configurar o consolidar un principio
de respeto, una fórmula de respeto a los 5.400.000 desempleados existentes en la actualidad. Este es el sentido teleológico finalista, si he entendido bien a la portavoz del Partido Popular. Yo no sé hasta qué punto deberían pensar ustedes que la
mejor forma de respetar a los 5.400.000 desempleados que hay en la actualidad es no llegar a los 6 millones de desempleados, que es a lo que estamos fatal e inevitablemente abocados, entre otras cosas por esta reforma, se diga lo que se diga.
En un sistema de recesión -no hay que ser un economista particularmente avezado ni pertenecer a ninguna escuela en concreto- la descausalización, la desregulación y las facilidades para despedir o para resolver las relaciones contractuales
laborales generan una situación de mayor desempleo. Esto lo sabe todo el mundo de cualquier escuela, me atrevería a decir que hasta los representantes más ínclitos de la escuela de Chicago abonarían una tesis de esta naturaleza.
Antes hemos hecho una invocación de naturaleza más filosófica en la primera intervención, más política, más esencialista quizá, a cómo se está de alguna forma desestructurando el Estado del bienestar casi pieza a pieza, real decreto-ley a
real decreto-ley, viernes a viernes. De ello se jacta el señor Rajoy. Yo no sé si esta es una cosa de la que uno puede jactarse, sobre todo si se ubica, junto a estas reformas estructurales, utilizando permanentemente la fórmula del real
decreto-ley y desestructurando los requerimientos del artículo 86 de la Constitución, los resultados de estas reformas. Yo no sé si el señor Rajoy en este momento va a ver legitimada su reforma, se diga lo que se diga -que no sería más que retórica
pura-, si acompaña a los resultados de esta reforma los efectos que en materia de destrucción de empleo la reforma ha provocado ya: 400.000 desempleados nuevos desde que la reforma está vigente. Esta es la bondad de la reforma. ¿Por qué es esta
la bondad de la reforma? Yo no voy a practicar retóricas huecas, voy a hacer, en el poco tiempo que me queda, una especie de inventario concreto y sucinto de aquellos aspectos que constituyen verdaderas regresiones en nuestras relaciones
productivas tal como estaban configuradas por el derecho del trabajo previgente ya, porque hay uno hasta esta reforma y hay otro que es el anterior, el del Estatuto de los Trabajadores del año 1980, fruto de los Pactos de la Moncloa y fruto de los
requerimientos de la Constitución española, y cincuenta y dos reformas posteriores, la mayoría de ellas pactadas -no las últimas del Partido Socialista, no la de 2010, que también es regresiva-. Esto es una involución, esta reforma supone una
modificación cualitativa de los fundamentos axiológicos del derecho laboral en la cual no podemos dejar de reparar ni de denunciar.
Empezamos por los mecanismos de entrada en el mercado de trabajo, la generalización de los contratos formativos, que van a ser la forma habitual y casi única, me atrevo a decir, si se posibilita que pueda trabajar el 85% de la jornada un
joven, formándose pretendidamente, en labores ordinarias de la empresa. Va a ser muy difícil que un trabajador concierte un contrato laboral ordinario cuando con un contrato formativo con menos retribución y menos derechos este trabajador
-entrecomillando la expresión; no se sabe si es trabajador, alumno, alumno trabajador- puede resolver todos los problemas atinentes a las necesidades, puede resolver en un 85% de la jornada las necesidades ordinarias de su puesto de trabajo. Pero
ya para este contrato de los emprendedores, cuyo perfil fraudulento está en la propia naturaleza de las cosas, está en la propia naturaleza de su contenido normativo, en el día 364 se van a resolver estas relaciones contractuales, en periodo de
prueba y sin indemnización alguna. Esto ya no es un abaratamiento del despido, señor presidente, esto es convertir el despido en manifiestamente gratuito. Este contrato de los emprendedores vulnera la jurisprudencia constitucional con relación a
la configuración del periodo de prueba -como antes hemos explicado-, que es aquel necesario para identificar las aptitudes subjetivas y objetivas de un trabajador a la hora de acceder a un puesto de trabajo en concreto. No hace falta un año para
conocer si un trabajador es apto para acceder a un puesto de trabajo en concreto o no lo es, objetiva y subjetivamente.
Por otra parte, señor presidente, amén de los problemas de descausalización en todos los ámbitos que hemos citado, en el ámbito de descausalización de las fórmulas contractuales, a partir de la descausalización del mantenimiento del
trabajador o del tiempo que está en el seno de la empresa mediante una descausalización que hace referencia a la modificación de las condiciones de trabajo, libres para el empresario, mediante un fortalecimiento desmesurado de las potestades de
disposición del empresario y también de las posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos hacia los requerimientos de un convenio de empresa, que va a ser un convenio in peius, que va a ser un convenio degradante de las condiciones de
trabajo previstas en los convenios de ámbito superior, señor presidente, hay que indicar que existe un problema de tutela judicial efectiva. Por fin se ha dicho, este es uno de los problemas de constitucionalidad grave de esta reforma laboral,
señor presidente: la desautorización o el desapoderamiento a la autoridad laboral a la hora de establecer, mediante resolución administrativa, una modificación de condiciones de trabajo, para la cual se establecen nada menos que siete posibilidades
de acometerla: causas técnicas, organizativas, de fuerza mayor, de adaptación a los requerimientos de la competencia, hasta siete, que es como decir
que cuando al empresario le dé la gana; es lo mismo, son concepto sinónimos, hasta siete posibilidades de modificar las condiciones de trabajo.
¿Qué efecto provoca esto sin la intervención de la autoridad laboral? Provoca que la posibilidad de acceso a la jurisdicción social va a ser puramente retórica, puramente artificial, porque ningún juez de lo social va a tener tiempo ni
posibilidades ni conocimientos técnicos para evaluar si estas razones invocadas por el empresario para modificar, para suspender, para rescindir la relación contractual con el trabajador, si estas causas técnicas, organizativas, de fuerza mayor, de
adaptación al puesto de trabajo concurren o no. Si no es posible esto por parte de un juez de lo social, ¿qué ocurre? Se procede a una traslación, a un desplazamiento de la carga de la prueba, y es el trabajador despedido, el trabajador que ha
sufrido una modificación unilateral de condiciones de trabajo, el trabajador cuyo contrato de trabajo ha sido suspendido el que paradójicamente tiene que probar ante el magistrado, ante el juez de lo social que no concurren aquellas causas invocadas
por el empresario para modificar, para suspender o para extinguir la relación contractual. ¿Cómo puede hacer el trabajador esto? ¿Cómo puede un trabajador probar que no concurren razones técnicas, organizativas, económicas, de producción, de
adaptación a los nuevos requerimientos del puesto de trabajo? ¿Cómo puede probarlo materialmente?
Estamos ante un problema de ausencia de tutela judicial efectiva, señor presidente. No hay posibilidad de que un trabajador pueda hacer esto si no hay una intervención administrativa donde un inspector de trabajo o la autoridad laboral
dicte una resolución acreditativa de que todas estas causas que sumadas o adicionadas unas a otras suponen una absoluta discrecionalidad del empresario para modificar condiciones, para suspender contratos o extinguir contratos, no hay ninguna
posibilidad sin esta intervención administrativa, sin esta resolución. Nosotros pedimos en nuestras enmiendas algo muy modesto: una resolución no vinculante de la Inspección de Trabajo. Solo para que el juez pueda analizar si concurren estas
siete causas: adaptación a las condiciones de trabajo, técnicas, organizativas, de fuerza mayor, etcétera. Bastaría con esto, pero no, lo que vamos a hacer es optar por una ausencia o por privar al trabajador de una tutela judicial efectiva, con
los problemas de inconstitucionalidad que eso puede provocar. Y esto ocurre en todo, ocurre en el ámbito de la modificación de condiciones, en el ámbito de la suspensión, en el ámbito de las relaciones contractuales.
Ya acabo, de verdad, señor presidente. Las invocaciones del señor Campuzano al respeto de los títulos competenciales de las comunidades autónomas son pura retórica. No se respetan las competencias autonómicas en materia de políticas
activas; no se respetan las competencias autonómicas ni las forales relativas a los requerimientos del Concierto Económico en lo atinente a las bonificaciones fiscales que se prevén para la celebración o concertación de determinados contratos; no
se respetan las competencias de las comunidades autónomas en cuanto a la estructura de la negociación territorial, de la negociación colectiva laboral. Me sorprende muchísimo -de verdad que acabo, señor presidente- que el señor Campuzano, haya
dicho lo que haya dicho la Comisión de Garantías Estatutarias, de la Comunidad catalana, esté satisfecho desde la perspectiva del respeto a los títulos competenciales autonómicos de este proyecto de ley. Y, como no se respetan, enfáticamente de
nuevo -y esto es lo que me faltaba por decir en mi intervención anterior-, vamos a decir que sigue sin gustarnos nada este proyecto de ley que, como decía Unamuno: ustedes podrán ganar con sus votos en este caso, y con algunos más posiblemente,
pero convencer no van a convencer. ¿Sabe cuál era la reforma laboral -me dirijo a la portavoz del Partido Popular-? La concertada por los interlocutores sociales el 22 de enero, donde por primera vez se incorporaba una política de moderación
salarial, algo sin precedentes...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ha superado con creces su tiempo. Le ruego concluya ya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esa era la reforma laboral auténtica, pero lo demás no es para ir sacando pecho en las instituciones internacionales donde el señor Rajoy tenga que vender la bondad de nuestras reformas, salvo que lo haga diciendo
la verdad: que vaya con la reforma en una mano y en la otra mano que vaya con los datos de los efectos perversos dimanantes de este reforma. Veremos a ver si esto provoca confianza en los mercados.
El señor PRESIDENTE: A continuación por UPyD tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: En mi primera intervención explicaba que a nuestro juicio esta reforma precariza el empleo, y proponía las alternativas de UPyD: un contrato único indefinido o propuestas para dificultar la temporalidad en el marco
actual. Decía también en esta primera intervención que el segundo aspecto que nos preocupa de la reforma es que desequilibra las relaciones entre empresarios y trabajadores, que a partir de ahora el empresario va a poder tomar medidas muy radicales
que afectan al trabajador -cambiando su salario, cambiando su puesto o cambiando su localización geográfica- con requisitos mínimos. Por eso hay un bloque de enmiendas de UPyD que lo que pretende es reequilibrar esta situación, que estas medidas
tan drásticas, tan extremas, solo se puedan tomar en casos muy tasados y muy específicos, y como antes apuntaba que estas medidas también afecten a quienes toman las decisiones, porque hemos visto demasiadas veces en este país que se despide a
centenares, a miles de trabajadores y a los pocos días los directivos que han tomado esa decisión suben sus propios salarios o sus propios bonus.
Si la empresa va mal, si se toman decisiones drásticas tendrán que afectar a unos y a otros.
En este sentido una de nuestras enmiendas propone que, para suspender contratos o reducir jornadas la empresa tenga que tener pérdidas actuales, no actuales o previstas. Como economista sé perfectamente que las previsiones dependen de los
supuestos de partida, y pérdidas previstas es un concepto muy etéreo. Queremos que las pérdidas sean actuales no previstas, y que si hay una caída de ingresos tenga un umbral mínimo, que sea una caída de ingresos superior al 10% durante tres
trimestres, no cualquier caída de ingresos, no una caída del 0,1%. Para inaplicar las condiciones del convenio proponemos de nuevo que haya pérdidas actuales no previstas, y en este caso -dado que la medida es más drástica- una caída de ingresos
incluso mayor, del 15% durante tres trimestres. Y para aplicar despidos colectivos, una caída de ingresos del 15% durante cuatro trimestres, junto con la prioridad de reingreso de los trabajadores despedidos durante un año. Insisto en que unido a
esto habría una afectación a los bonus de los directivos que toman estas decisiones.
Otras medidas de reequilibrio tienen que ver con el absentismo injustificado. La reforma pone bajo sospecha cualquier ausencia en el trabajo de menos de veinte días. Nosotros lo reducimos al umbral de las ausencias de menos de cuatro días
y exigimos mayor reiteración. En el caso de los despidos en entes públicos creemos que tiene que tener prioridad en el mantenimiento del puesto de trabajo aquel trabajador público que ha accedido por un procedimiento competitivo, frente a los
designados a dedo. Por otro lado hay otras enmiendas que aumentan los plazos de preaviso al trabajador, exigen un periodo mínimo de consultas, y en general incrementan las garantías de los trabajadores, que creemos que han quedado muy reducidas en
la reforma.
Otro conjunto de propuestas de UPyD tiene que ver con la mejora de la protección de los parados. En Europa está de moda el concepto de flexiseguridad. Mayor flexibilidad va unida a mayor seguridad. Aquí el Partido Popular se ha quedado
con la parte flexi, con la flexibilidad, pero ha olvidado el otro componente, la seguridad. Al contrario, hemos visto en los presupuestos, cómo se reduce el gasto de formación de los parados, las políticas activas en 1.500 millones, cómo se reduce
el gasto en prestaciones por desempleo, y cómo cada vez más cientos de miles de trabajadores quedan sin ningún tipo de cobertura. Por eso proponemos aumentar la protección de los parados para evitar un grave problema social, extendiendo la renta
activa de inserción a los menores de cuarenta y cinco años. Es un programa parecido al de 420 euros durante seis meses, pero que es permanente y da una cobertura más amplia durante once meses. Proponemos que las rentas mínimas de inserción en
manos autonómicas y el último escalón de protección sean más parecidas entre las comunidades autónomas, y no haya tantas diferencias en los criterios de acceso o en la duración. Proponemos un programa de garantía juvenil, de forma que los parados
juveniles tengan garantía de participar en algún programa de activación en un plazo máximo. Proponemos mejoras en el Sistema Nacional de Empleo para coordinar las políticas activas y las pasivas, y combatir la segmentación territorial del Sistema
Nacional de Empleo, creando bases de datos comunes. Proponemos combatir con más energía el fraude laboral. La flexibilidad debe ir unida a la seguridad. Insisto en que aquí la reforma se queda con la mitad que le apetece y olvida la parte de
seguridad. En este contexto de atención y mejora de la situación de los parados sería importante crear el perfil del parado, de forma que las agencias de colocación privadas no se centren en los parados con menos problemas y dejen al margen a los
que tienen más dificultades de empleabilidad.
Paso a referirme a aquellas de nuestras propuestas que pueden salir adelante con el apoyo del grupo mayoritario. Agradezco al partido mayoritario el apoyo a estas propuestas. Es cierto que en una reforma de tanto calado son propuestas que
no cambian el sentido sustancial de la reforma, y por tanto no van a cambiar el sentido de nuestro voto en contra de ella, pero creemos que tienen interés, y agradecemos al Partido Popular que las apoye. Tres de estas propuestas las presentamos
conjuntamente con el Partido Popular, y se refieren a las víctimas del terrorismo para mejorar su empleabilidad. Otra enmienda que se corresponde con la transaccional número 24 tiene que ver con las prejubilaciones. Su objetivo es dificultar el
abuso de este tipo de prácticas. En nuestro país se eleva la edad mínima de jubilación y al lado de estos trabajadores que tienen que trabajar más años hay otros que a los cincuenta y tantos años se jubilan, suponiendo además un coste importante
para las arcas públicas. Proponemos que las empresas que tienen beneficios y recurren a este tipo de prácticas tengan que compensar al Tesoro público. Lo extendemos no a las de más de 500 trabajadores, como antes, sino a las de más de 100
trabajadores. Se amplía el perímetro de actuación de esta medida. También permite que los trabajadores que quieran seguir voluntariamente trabajando, más allá de la edad legal, puedan hacerlo y que no se pueda impedir en los convenios que lo
hagan. Otra enmienda, la transaccional número 6, se refiere a la formación de los trabajadores. Lo que pretende es mejorar esas veinte horas de formación, de forma que no se incluya en ellas la formación obligatoria que tiene que dar la empresa
por obligación legal, por ejemplo, en prácticas de seguridad o de prevención de accidentes; que sean horas añadidas a esas horas obligatorias. Otra propuesta a la que antes se refería la portavoz del Partido Popular, y que compartimos con ella que
es muy importante, se refiere a extender a los entes públicos autonómicos y locales los límites en los contratos de alta dirección que ya hay en los entes públicos estatales. Creemos que es una propuesta importante y agradecemos al Partido Popular
que la haya apoyado.
Este es el sentido general de nuestras enmiendas. Hemos intentado, por un lado, ofrecer un modelo alternativo que dé estabilidad al empleo: el contrato único indefinido, intentando aplicarlo a la realidad laboral española, y combatir la
opinión de que es una idea utópica e inaplicable; hemos intentado combatir la temporalidad en el marco laboral actual; hemos intentando aumentar la protección de los trabajadores, exigiendo mayores requisitos para tomar decisiones que les afecten
en términos de reducción salarial o de cambio de puesto de trabajo, y hemos intentado que la flexibilidad mayor vaya unida a una mayor seguridad, aumentando la protección de los parados, un tema realmente preocupante en nuestro país. Nuestras
enmiendas importantes no han sido aceptadas, por tanto estamos en contra de la reforma que propone el Gobierno, pero agradecemos haber tenido la posibilidad de influir en aspectos concretos que tienen su importancia, como la protección de las
víctimas del terrorismo, mejorando su empleabilidad; el cambio en la regulación de las prejubilaciones para que no se abuse de esta figura, y haya personas que dejan de trabajar a los cincuenta años suponiendo un coste para el Tesoro público
mientras a otros se les amplía la vida laboral; aumentando la flexibilidad para prolongar voluntariamente la vida laboral y que no se pueda impedir en los convenios; mejorando la formación para que no incluya en las veinte horas la formación
obligatoria, y extendiendo a los entes autonómicos y locales los límites en los contratos de alta dirección, que hasta ahora solo se referían a los entes estatales.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el representante de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: En esta segunda intervención permítanme que me refiera, en primer lugar, a alguno de los comentarios que se han hecho en la primera tanda, y especialmente al portavoz de Convergència i Unió, que hace tiempo que
vengo detectando que se ha convertido en el mejor representante y portavoz de la concepción y de la estrategia de esta reforma laboral. Algunas veces, para saber exactamente qué es lo que se pretende y cuáles son sus objetivos, además del programa
nacional de reformas, uno tiene que escuchar al portavoz de Convergència i Unió, que además tiene mucha experiencia parlamentaria y eso lo conoce. He escuchado muchas veces durante la tramitación cómo desde el Partido Popular se utilizaba
torticeramente el acuerdo de enero de 2012, firmado por las organizaciones sindicales y empresariales. Es curioso, se ningunea el acuerdo y luego se pretende decir que ese acuerdo es el que infunde el contenido de la reforma, cuando es exactamente
todo lo contrario. Y hoy el señor Campuzano ha hecho exactamente lo mismo, y me sabe mal porque le tengo en gran consideración y él lo sabe. Intentar comparar lo que han pactado con el Partido Popular, que es el uso unilateral del 10% de la
jornada por parte del empresario, con lo acordado con los sindicatos en un acuerdo obligacional que se tenía que trasladar a la negociación colectiva, y que esa distribución irregular solo es posible si hay acuerdo en el marco de la empresa, es una
comparación exagerada, creo que instrumental, y si me permiten -lo he dicho antes- bastante, bastante torticera. Sobre todo cuando además, fíjense ustedes bien, a las personas a las cuales se les aplica esa distribución irregular de ciento ochenta
horas luego se les va a dar el placebo de decirles -en eso tan bonito de la transaccional- que todo ello va orientado a garantizar la compatibilidad con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores -música celestial,
después del recorte de los derechos de los trabajadores-.
Lo mismo podría decir en relación con las competencias autonómicas; qué puedo decir que no haya dicho ya el Partido Nacionalista Vasco. No es verdad que en las enmiendas transaccionales que se nos plantean se garanticen las competencias de
las comunidades autónomas. De entrada desaparece la que hoy es la principal función de la autoridad laboral autonómica, que es la posibilidad de autorizar o no expedientes de regulación de empleo. Claro que para algunos desde Cataluña, cuando el
conflicto competencial es con España, arde París, pero cuando el conflicto competencial es con los mercados, ya les parece bien que la autoridad laboral catalana pierda sus competencias si es en beneficio de los mercados. La verdad es que me duelen
profundamente esas cosas como catalán, además de como ciudadano.
Voy a intentar situar los dos elementos que desde mi punto de vista tienen en esta segunda parte nuestras enmiendas en relación con lo que hace referencia al binomio flexibilidad interna y flexibilidad externa. No es cierto que esta reforma
apueste por la flexibilidad interna para evitar la flexibilidad externa. Es verdad que se abre mucho; no la flexibilidad, la desregulación; pero en la medida en que se abren aún más los mecanismos de despido y se abaratan, el río va a continuar
bajando por esos mecanismos de despido, con el agravante de que además se va a hacer después de haber aplicado políticas de desregulación laboral. Vuelvo a sacar a colación cuál es el verdadero objetivo de esta reforma, ayudándome del redactor de
Plan nacional de reformas, que para hacer de oposición he descubierto que es como una joya. El objetivo es reducir salarios, lo dice bien claramente; fíjense ustedes, en relación con la negociación colectiva y con el debilitamiento del convenio
sectorial, la joya de la página 163 es espectacular: La posibilidad de que por estas vías pierdan capacidad de influencia los convenios de ámbito superior conllevará un cambio de percepción de los negociadores de estos convenios, interiorizando la
necesidad de adaptarse a las necesidades de la empresa. Más claro imposible. Es decir, o negocias bajadas de salarios o te las impongo cargándome el convenio sectorial y obligando a una desregulación de las condiciones de trabajo. Doy las gracias
al redactor del Plan nacional de reformas porque
también me evita situar más argumentaciones en ese sentido. Nuestras reformas van fundamentalmente orientadas a aprovechar lo mejor que ha tenido el marco de relaciones laborales durante este año, que es el acuerdo de negociación colectiva
entre sindicatos y empresarios, que es la gran asignatura pendiente, y sobre todo la gran oportunidad perdida por este Gobierno, no en el apartado de rentas, sino sobre todo en el apartado de la modificación de lo que hace referencia a la
flexibilidad interna. Se daba en ese acuerdo la posibilidad de encontrar un equilibrio con relación a cómo la flexibilidad no es unilateralidad, con relación a cómo se pueden establecer mecanismos de adaptación cuando la situación de las empresas
sea dificultosa, sin entrar en la decisión unilateral del empresario, que se carga la fuerza vinculante de los convenios, como se ha dicho aquí; y por último, se instituye un laudo arbitral obligatorio, respecto del cual estoy profundamente
convencido de que va a terminar siendo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Más pronto o más tarde va a llegar esa declaración.
Quiero insistir en una idea. El objetivo del Gobierno, se ha dicho ya, es muy claro: hacer bajar los salarios como un mecanismo de devaluación interna, y para ello se trata de cargarse la negociación colectiva y de expulsar a los
sindicatos de las relaciones laborales. Eso se ve clarísimamente en el apartado de negociación colectiva. Se ha desaprovechado, insisto, la oportunidad que daba el acuerdo sindical-empresarial en ese sentido. Por eso nuestras enmiendas van
clarísimamente orientadas a aprovechar ese acuerdo y a situar de nuevo un mayor equilibrio en la empresa, entre las necesidades de la empresa a la flexibilidad y el derecho de los trabajadores y sus representantes a cogobernar esa flexibilidad.
Cuando la flexibilidad no es pactada y no tiene rostro humano, no es flexibilidad, es pura desregulación, y eso es lo que desgraciadamente pasa con esta reforma. Por eso recuperamos en nuestras enmiendas la necesidad de que la flexibilidad interna
sea pactada, recuperando sobre todo que los convenios colectivos y su contenido normativo no puedan ser sustituidos, como se hace con la reforma que está a punto de aprobarse, estrictamente por una decisión unilateral. Estamos planteando sin duda
en nuestras enmiendas la posibilidad de que en determinadas circunstancias se produzca la inaplicación temporal del salario, porque pensamos que eso es así útil y así se ha hecho en muchas ocasiones, pero insisto en que siempre desde la perspectiva
de la negociación, no de la imposición, y sobre todo buscando, como proponemos nosotros, mecanismos de mediación y arbitraje voluntario. El arbitraje o es voluntario o, si es obligatorio, va contra la propia concepción del arbitraje, y
desgraciadamente se impone un arbitraje de la Comisión Nacional de Convenios, que es un órgano gobernado con una primacía importante del ámbito de la Administración pública.
Nosotros también estamos de acuerdo en que hay que evitar la fosilización de la negociación colectiva. Desgraciadamente hay mucha fosilización en algunos ámbitos, pero para evitar la fosilización de la negociación colectiva lo que no se
puede hacer de ninguna de las maneras es provocar el vacío en la negociación colectiva. Lo que sí me temo es que el Grupo Parlamentario Popular está a punto de aceptar una enmienda presentada por Foro que plantea la ultraactividad de los convenios
de dos años a uno, y eso ya lo decía el Plan nacional de reformas, es decir, que el debate en esta Cámara no sirve de nada, porque antes de que lo discutamos el Plan nacional de reformas dice literalmente, en el artículo 164, que el convenio
expirado solo se aplicará durante un máximo de un año, cuando el proyecto de ley del Gobierno dice que dos. La prueba evidente de que no estamos discutiendo el texto en esta Cámara, sino que se está discutiendo y legislando extraparlamentariamente,
la tenemos en este caso. ¿Saben ustedes lo que significa que al cabo de un año de vigencia del convenio expire su contenido? Que se va a aplicar la normativa básica y el salario mínimo, con todo lo que significa eso. ¿Qué significa eso? Lo que
dice el Plan nacional de reformas, que se va a poner la pistola en el pecho de los negociadores sindicales para que acepten condiciones peores, si no quieren aceptar el vacío de la negociación colectiva. Es decir, o negocias lo que yo quiero o te
lo impongo vía modificaciones legislativas. Por eso nuestras enmiendas van orientadas a restituir ese equilibrio.
Lo mismo ocurre en relación con la articulación de la negociación colectiva. ¿De dónde sacan el Partido Popular y el Gobierno que en estos momentos no es posible hacer convenios de empresas? Hay multitud de convenios de empresas. Lo que
no es posible es que los convenios de empresa regulen in peius -es decir, a peor- la negociación colectiva sectorial. No es posible por una razón que ya conocían los ciudadanos desde principios del siglo XX, y que es una de las grandes conquistas
de la civilización: que en las pequeñas y medianas empresas con menos de cincuenta trabajadores -en España el 99%- los convenios de empresa no existen. Son contratos de adhesión, son trágalas. No es posible negociar si no existe un equilibrio de
fuerzas, y por eso los trabajadores inventaron la negociación colectiva sectorial, que ustedes cien años después se van a intentar cargar por la vía de la primacía del convenio de empresa. ¿Pero saben ustedes qué va a pasar? En estos momentos
están empezando a aparecer voces en el ámbito empresarial diciendo que eso va a ser un drama para los empresarios serios, porque ese proceso de convenio colectivo de empresa incentivado solo va a beneficiar al empresario cutre, a aquel que va a
escoger a sus representantes sindicales a dedo, que les va a hacer negociar un convenio de empresa contra el convenio sectorial, y va a provocar dumping empresarial dentro de su ámbito. Eso lo saben los empresarios serios. Por eso hemos dicho en
muchas ocasiones que desgraciadamente esta reforma laboral no es buena para los trabajadores ni para los empresarios serios ni por supuesto para el país.
Termino con otra cuestión. Fíjense bien en lo que les digo. Me gustaría equivocarme, pero esta reforma tiene más efectos colaterales de los que el propio Gobierno del Partido Popular se cree. Va a provocar más inseguridad jurídica de la
que dicen crear. En el despido colectivo del artículo 51 -y lo digo con todo el respeto que me merecen institucionalmente, pero también con un análisis técnico- se ha hecho una chapuza. ¿Ustedes creen de verdad que es posible analizar si es o no
causa de despido colectivo la comparación de tres trimestres de un año con los tres trimestres anteriores? ¿Y si en el trimestre intermedio no se produce una bajada? ¿Entonces no hay causa para el despido colectivo? ¿Y si la bajada es
sencillamente de muy poca cantidad? ¿Entonces sí hay causa? Y todo para intentar evitar el control de los jueces. Lo siento, señores del Grupo Parlamentario Popular, pero creo que a todo el mundo le consta que los jueces, sea cual sea su
concepción del derecho, han dicho claramente que ustedes no les van a negar su obligación constitucional de usar sus capacidades -que las tienen- para analizar causalidad, racionabilidad y proporcionalidad de esas medidas. Ustedes están queriendo
facilitar los despidos a las empresas, pero les van a provocar una inseguridad brutal, porque al cabo de un año algunas de ellas aún estarán sometidas a control judicial. Claro que para eso ya se han encargado ustedes de intentar evitar el acceso a
los tribunales. El mecanismo que se han inventado para permitir que las propias empresas puedan impugnar la decisión que ellos han adoptado de rescisión es kafkiano. Es decir, yo adopto el despido, lo comunico a los trabajadores, y después además
puedo hacer una demanda contra los propios trabajadores para impedir que puedan ir a los tribunales individualmente. No solo estamos deteriorando las relaciones laborales, sino la propia concepción del Estado de derecho, que incluye la tutela
judicial efectiva, que es todavía más grave que cargarse las relaciones laborales.
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, debe ir concluyendo, por favor.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Es cargarse el propio sentido del Estado de derecho, que incluye como aspecto básico la tutela judicial efectiva. Mucho me temo que los efectos colaterales de esta reforma van a ser graves y van a perdurar. Solo nos cabe una posibilidad:
que se den cuenta ustedes antes de que sea tarde. Si no se dan cuenta ustedes, me temo que se lo va a decir el Tribunal Constitucional, y hasta es posible que se lo diga el Comité de Libertad Sindical de la OIT, al cual han tenido que acudir -lo
que les debería dar un poco de rubor- las organizaciones sindicales considerando -como yo también considero- que esta reforma atenta no solo contra la negociación colectiva, sino contra la libertad sindical. Para este viaje, que va a perjudicar
tanto a la economía de este país, no hacían falta tantos esfuerzos de edulcoración de su reforma. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He de empezar diciendo que creo que algunos portavoces no han leído el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, porque si lo hubiesen leído sabrían que, de las seis consideraciones que efectúa el
consejo, la cuarta, la quinta y la sexta son las que afectan a la invasión competencial, que son las que resuelven precisamente las enmiendas transaccionales de Convergència i Unió en su plena literalidad. En concreto, el Consejo de Garantías
Estatutarias no considera que sea invasión competencial la desaparición de la utilización administrativa por parte de la autoridad laboral en los expedientes de regulación. El consejo establece que es una opción del legislador, pero que en ningún
caso afecta a las competencias ejecutivas en materia de empleo de la Generalitat. Otra cosa es si coincidimos o no con la opción del legislador. Convergència i Unió coincide con el planteamiento del real decreto, con las salvedades que hemos
introducido para reforzar el papel de la autoridad laboral, pero no hay invasión competencial, y me remito al Consejo de Garantías Estatutarias. Es más, aunque en algunas cuestiones el Consejo de Garantías Estatutarias considera que no existe
invasión competencial, las enmiendas de Convergència i Unió mejoran la redacción de lo propuesto por el Gobierno, especialmente en la libertad de administración de los recursos de las políticas de empleo. Por tanto, insisto, léanse el dictamen del
consejo de garantías -está también publicado en castellano- y así entenderán que la posición de Convergència i Unió es inequívoca desde este punto de vista.
Dicho esto, mantenemos una serie de enmiendas vivas donde sí mantenemos concepciones distintas a las que tiene el Gobierno, pero también a opciones legislativas que se tomaron en la pasada legislatura y que volvemos a enmendar. Las
intentamos enmendar en la reforma de la negociación colectiva que aprobó el Partido Socialista, entonces no tuvimos ocasión de hacerlo y hemos aprovechado el trámite parlamentario para intentar corregir esas cuestiones.
En primer lugar, mantenemos enmiendas para establecer que los convenios de empresa no tengan primacía con respecto a los convenios del sector, enmiendas 381 y 382. Ahí, mi grupo no comparte la opción del Gobierno de primar el convenio de
empresa. Estamos de acuerdo con las precauciones que algunas organizaciones empresariales nos han trasladado en el ámbito de la iniciativa social, del sector de la limpieza o de la seguridad privada de que esa primacía del convenio de empresa
frente al convenio del sector podría provocar dumping social. No compartimos una teoría económica que defiende la primacía del convenio de empresa en términos de la mejora de la posición competitiva de la empresa. En un tejido
empresarial compuesto por pequeñas y medianas empresas los convenios de sector articulan adecuadamente la posición competitiva de las empresas.
Reclamamos a través de la enmienda 383, que espero que el señor Olabarría apoye, recuperar el redactado del Estatuto de los Trabajadores del año 1994 que permite la articulación de la negociación colectiva de ámbito autonómico y que el
Partido Socialista modificó en el Real Decreto-ley de reforma de la negociación colectiva que se aprobó en la pasada legislatura, debilitando la posibilidad de la negociación colectiva en el ámbito autonómico. En esta materia la visión del Partido
Socialita y del Partido Popular es coincidente.
Presentamos también la enmienda 387, con la que pretendemos cambiar también otra modificación introducida en la reforma de la negociación colectiva de la pasada legislatura que debilita la capacidad de representación de las pequeñas empresas
en la negociación colectiva. La reforma que introdujo el Partido Socialista entonces refuerza la posición en la representación empresarial de las grandes compañías en detrimento de las pequeñas y medianas compañías. Aquí reclamamos volver a la
antigua redacción.
Finalmente, mantenemos una discrepancia -que expresamos fundamentalmente a través de la enmienda 384- en el aspecto quizá más débil desde el punto de vista constitucional que va a tener esta reforma, cual es la atribución a la Comisión
Nacional de Convenios Colectivos o, en el caso de Cataluña, al Consejo de Relaciones Laborales, una especie de consideración de árbitro obligatorio de última instancia. Ahí nuestras enmiendas defienden, por un lado, que sea condición mínima del
convenio colectivo la existencia de mecanismos de resolución de conflictos frente a este supuesto, condición mínima exigible, por tanto, para que cualquier convenio se pudiese registrar, que figurase un mecanismo específicamente de resolución de
conflictos vía arbitraje ante este tipo de supuestos; o, en cualquier caso, la remisión a los organismos compuestos por los representantes de trabajadores y empresarios para que resolviesen ese tipo de conflictos, como alternativa a esa remisión a
la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, donde precisamente, ahí sí, el Consejo de Garantías Estatutarias advierte de los riesgos que existen. Hemos mantenido intensas conversaciones con el Grupo Popular y con el Gobierno en esta materia y no
ha podido haber acuerdo. De ahí que mantengamos nuestra enmienda 384.
Observamos que en el contrato de formación y aprendizaje se han introducido mejoras, fruto de algunas transacciones con UPyD y con el Grupo Socialista, creo recordar. Lo que es cierto es que mi grupo tiene la sensación -ojalá nos
equivoquemos- de que el contrato de formación y aprendizaje, por mucho que lo pretendamos mejorar, continúa siendo en la práctica un contrato orientado a facilitar la incorporación al mercado de trabajo de jóvenes con niveles escasos de formación.
Si queremos desarrollar la formación dual, la formación en alternancia -creo que hoy mismo hay una conferencia sectorial o una reunión entre el Gobierno y los responsables autonómicos en esta materia-, necesitamos un contrato específicamente de
formación profesional dual, muy pensado para ese joven que está estudiando en un centro de formación profesional, y que parte de esa formación incluya la recepción de actividades en una empresa. Ahí mantenemos la enmienda 361, que insta al Gobierno
a ese contrato de formación profesional dual.
Vamos a mantener también viva la enmienda 469, donde pretendemos mejorar la protección social de los contratos a tiempo parcial y de los contratos fijos discontinuos. Mi grupo comparte los cambios que se han introducido en el contrato a
tiempo parcial en el sentido de hacerlos más atractivos por parte de aquellas empresas que optan por esta modalidad contractual, pero si eso no va acompañado de una mejora de la protección social que se deriva de ese contrato, especialmente en
materia de la futura pensión que cobre ese trabajador, desequilibramos las características del mismo. Mantenemos -insisto- esa enmienda 469.
Planteamos dos enmiendas que ya son clásicas de Convergència i Unió en la pasada legislatura, donde no tuvimos éxito, y tampoco lo tenemos en esta legislatura, las 399 y 419. Por un lado, plantemos que quienes deben de ejercer el control de
las prestaciones por desempleo deben ser las comunidades autónomas. Esa desvinculación de políticas activas en manos de las comunidades autónomas y políticas pasivas en manos del Estado desvincula esas dos realidades. En el traspaso de
competencias que se produjo en el año 1997, el control de las prestaciones pasivas por la vía del régimen de sanciones fue atribuido a las comunidades autónomas y en el año 1999, en la Ley de Empleo, eso lo recuperó el Estado. Desde entonces, hemos
mantenido un contencioso abierto con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular y no hemos sido capaces de resolverlo. Además, planteamos que la renta activa de inserción sea gestionada por las comunidades autónomas; esa renta activa que fue
incorporada por el ministro Zaplana en nuestro ordenamiento no tiene demasiado sentido que sea gestionada por los servicios del antiguo INEM. Ahí también mantenemos discrepancia. Mantenemos también discrepancia en la necesidad de proceder a
territorializar los recursos de la formación continua. Se ha avanzado en estos años, pero no de manera suficiente. Mantenemos un paquete de enmiendas vinculadas a los cambios que se producen en materia de conciliación. Preferimos la legislación
que teníamos en esta materia, especialmente en cuanto a deducciones por reincorporación al mercado de trabajo de las mujeres que han tenido un hijo. Espero que seamos capaces en el Senado de dar a eso alguna vuelta.
Finalmente, mantenemos un par de enmiendas que desde un punto de vista conceptual a mi grupo le parecen interesantes. En concreto, en la enmienda 424 planteamos la necesidad de proceder al estudio de la posibilidad de establecer en España
un sistema de bonus malos
en nuestro sistema de cotización para la protección del desempleo. Hoy, en la práctica, las empresas que despiden pocos trabajadores están financiando la protección que generan, que provocan, las empresas que despiden a muchos trabajadores.
En algunos países de nuestro entorno se ha avanzado en esta línea de hacer pagar más cotización social a quien despide y hacer pagar menos cotización social a quien menos despide. Creo que hay alguna enmienda del Grupo Socialista en esa dirección.
Planteamos la posibilidad de que se estudie si eso se puede implementar en nuestro caso.
Al mismo tiempo, en la enmienda 426 mandatamos un estudio en la línea de aquello que proponía Jacques Delors en su tiempo de rebajar los costes sociales de los empleos vinculados a sectores muy intensos en la utilización de trabajadores,
donde a menudo el factor del coste social encarece ese tipo de servicio. Sabiendo que es complejo, hoy planteamos un estudio. Ojalá en el trámite del Senado -aprovechando que me acompaña el senador Pere Maluquer, que va a ser el portavoz de
Convergència i Unió en el Senado- seamos capaces de mandatar esos estudios que, insisto, abren vías de trabajo para los próximos meses.
Señorías, a pesar de mantener este conjunto de enmiendas vivas en las que expresamos discrepancias con el Grupo Popular, vamos a votar favorablemente este dictamen porque entendemos que aquellas preocupaciones principales que ha tenido
Convergència i Unió en ese paquete de transacciones quedan resueltas. Y quedan resueltas muy singularmente esas invasiones competenciales que dictaminó en su día el Consejo de Garantía Estatutaria. Por tanto, desde la perspectiva catalana nos
vamos a ahorrar que el Parlament de Catalunya presente recurso ante este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra doña Carolina España.
La señor ESPAÑA REINA: Voy a tratar de ir contestando algunas cuestiones que se han planteado en este segundo turno. Se hablaba de la autorización administrativa. Es verdad que ya solo queda en Grecia, pero no creo que sea un buen
ejemplo. Es cierto que se elimina, pero el expediente se tiene que tramitar igual, se tiene que justificar -como no podía ser de otra manera- por la empresa, lo tiene que conocer la comisión paritaria, lo tiene que informar la Inspección de Trabajo
y, como es lógico, siempre queda la tutela judicial. Además, hemos mejorado considerablemente con las enmiendas de forma que durante el periodo de consultas la autoridad laboral -como ya he dicho anteriormente- pueda actuar de mediación y en
funciones de asistencia. Pero también le recuerdo al Grupo Socialista que en el año 2003 fue su grupo el que trajo una proposición para acabar, precisamente, con las autorizaciones administrativas en los ERE. Cuando se habla de los ERE me gustaría
aclarar -porque no lo he escuchado prácticamente de ningún grupo- que la empresa que haga un ERE con más de 50 trabajadores tiene la obligación de hacer unos planes especiales de recolocación.
He escuchado también en esta segunda intervención hablar de recortes, de bajada de salarios a los trabajadores. Quiero decir aquí una cosa, señores de Grupo Socialista, el único partido que en este país ha bajado el sueldo a los empleados
públicos ha sido el Partido Socialista. Con el decretazo de Zapatero del año 2010 bajaron un 5% y actualmente -y se lo digo también al señor Coscubiela, porque ha insistido también en la rebaja de los salarios de los trabajadores- Izquierda Unida
está cogobernando en Andalucía con el Partido Socialista y Griñán ya ha anunciado, como primera medida después de ganar las elecciones, la bajada de los salarios a los empleados públicos entre un 5% y un 15%. (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
Será mejor eso que despedir a la gente.-Rumores). Por lo tanto, vamos a poner cada cosa en su sitio.
Hablan ustedes de la reforma que facilita el despido. Nada de eso. Ya le he dicho antes que más de tres millones de puestos de trabajo se destruyeron con el Gobierno socialista. Además, ocurre una cosa que no creo que sea casualidad.
Cuando gobernó el Partido Popular del año 1996 al año 2004 se crearon cinco millones de empleos. De cada diez nuevos empleos que se creaban en Europa, ocho eran españoles. Curiosamente, cuando han gobernado ustedes, de cada diez nuevos parados de
la Unión Europea, por desgracia, ocho eran españoles. Esa es la triste herencia que hemos recibido del Partido Socialista. (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías. Les ruego un poquito de silencio para que podamos escuchar al interviniente.
La señora ESPAÑA REINA: Hablaba usted de la urgencia, señora del Partido Socialista. Si más de 5 millones de desempleados no requiere urgencia en la aprobación de esta reforma, dígame usted a mí qué es lo que requiere urgencia. Hay una
diferencia muy clara, ustedes no aceptaron ni una sola de las setenta y una enmiendas que presentó mi grupo cuando se tramitó la reforma laboral por el Partido Socialista en 2010. La diferencia es que nosotros ahora tenemos más apoyo, tenemos más
consenso, hemos negociado más, hemos aceptado más enmiendas y por tanto hay una mejor reforma para todos los españoles.
Hablaba usted también de los salarios de tramitación. No desaparecen, se desligan -dígalo claro- de la indemnización y se vinculan y se mantienen para la readmisión.
Con respecto a la inconstitucionalidad del texto, de la que le he escuchado hablar varias veces, creo que aquí nadie es miembro del Tribunal Constitucional, aunque parece que les gustaría. En fin, no voy a continuar por esa senda.
También han hablado de los derechos de los trabajadores. En la época de los Gobiernos socialistas el 70%
de los despidos que se han producido han sido precisamente despidos improcedentes, sin causa justificada, y ustedes mirando para otro lado. Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha eliminado el despido exprés, para que los despidos
sean precisamente con causa, para defender a los trabajadores. Hablaba usted también -se les llena la boca defendiendo a los trabajadores, pero luego cada vez que pueden, como ya hemos visto, les bajan el sueldo- del abaratamiento del despido.
Estamos hablando del despido procedente, de treinta y tres días de indemnización y veinticuatro mensualidades. Pero, señorías, esto no es nuevo; ustedes casi lo generalizaron en la reforma socialista del año 2010. Les recuerdo que ampliaron el
contingente del contrato fijo de treinta y tres días, les recuerdo que quitaron limitaciones a la entrada porque precisamente querían incentivar este tipo de contrato para que el empresario utilizara este contrato de indemnización de treinta y tres
días. En ese momento, cuando se debatió la reforma, a la pregunta de por qué el contrato de treinta y tres días, decía el portavoz que era un contrato que estaba más ajustado, que tiene proyección de futuro, que da más elementos de flexibilidad y
más garantías jurídicas a los trabajadores, que no les dejan en estos momentos sin ningún tipo de indefensión. Por tanto, ¿cómo pueden decir ustedes que nosotros abaratamos el despido, cuando es lo que hicieron ustedes en el año 2010? Antes parece
que les gustaba y ahora no porque lo traemos nosotros en la reforma. Además, señorías, digan la verdad, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores hasta ese momento.
Hacía alusión también a la prima de riesgo. Que un Gobierno diga a los socios de la Unión Europea que en el año 2011 España va a acabar con déficit del 6%, que la Unión Europea se lo crea y luego resulte que hay un déficit oculto de más de
25.000 millones de euros, creo que supondrá que nos cueste bastante recuperar esa confianza que ustedes han tirado fácilmente por la borda. (Rumores.)
Señor Olabarría, a usted no le parecerán bien las negociaciones que se han producido, a lo mejor son cortas. No lo mida usted por el tiempo -aunque no esté presente en la sala, le voy a contestar de todas formas-, mídalo por el resultado.
Creo que es satisfactorio que se produzcan veintisiete enmiendas transaccionales, que afecten a más de setenta enmiendas que de alguna forma se aprueban. No es el número de enmiendas, tampoco hay que verlo así, sino el enriquecimiento del texto que
se ha producido. Ha citado usted a Unamuno, pero voy a intentar convencerle hasta el final. El señor Olabarría hablaba también del acuerdo de 25 de enero. Nada de ningunear el acuerdo de los agentes sociales, para nada, en absoluto, puesto en
valor por este grupo parlamentario y además recogido en el texto de la reforma.
Con respecto a las palabras que ha pronunciado sobre la ministra, yo sí quiero decirle que no tiene derecho a decir lo que ha dicho sobre la ministra de Empleo; principalmente porque no se corresponde con la realidad. El tiempo pone a cada
uno en su sitio y usted sabe -aunque no me esté escuchando, luego lo leerá- que lo que usted ha dicho no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
Con respecto a la negociación colectiva, lo que queremos es que el despido sea el último recurso al que tengan que acudir las empresas, que se puedan poner de acuerdo en los horarios, que se puedan poner de acuerdo en la jornada, en la
moderación de salarios; todo, para evitar los despidos, pero no de forma unilateral, no lo digan así porque no es verdad. Se da primacía al acuerdo entre las partes, se exige que sea en forma motivada por la empresa. Si no hay acuerdo, la
Comisión consultiva nacional de convenios colectivos, donde saben ustedes que están los empresarios, están los trabajadores y la Administración para que en veinticinco días se pueda alcanzar un final posible con consenso. Por tanto, señorías,
flexibilidad, sí, pero respetando la negociación colectiva, una negociación colectiva moderna. ¿Cómo nos vamos a cargar nosotros la negociación? Confiamos profundamente; lo que pasa es que a lo mejor son ustedes los que no confían. Es decir, hay
350.000 representantes sindicales en las empresas españolas elegidos democráticamente para defender los intereses de los trabajadores. Vamos a dejarlos que negocien en libertad con los empresarios, vamos a confiar en la buena voluntad de ambas
partes y en su capacidad de negociación. Nosotros lo tenemos claro y confiamos. Hablan ustedes también del despido procedente. A partir de ahora, ya lo he dicho, los despidos serán con causa y precisamente lo que estamos intentando es aclarar las
causas para evitar los problemas judiciales.
En el tema de la conciliación y de la mujer, no entiendo sus intervenciones, sobre todo las del Grupo Socialista. Esta es una reforma que da muchas más oportunidades a las mujeres para encontrar un empleo. Ustedes hablan de conciliación,
pero para conciliar es necesario estar trabajando. Ustedes, por desgracia, cuando gobernaron mandaron al desempleo a muchas mujeres que no tuvieron esa opción de conciliar; directamente tenían que estar en casa sin posibilidad de encontrar un
puesto de trabajo. Ahí está el contrato estable a tiempo parcial o ahí está el teletrabajo, precisamente para compatibilizar.
La realidad, señoría, y ya voy terminando, es que tenemos más de 5 millones de personas en una situación de desempleo y es necesario que un Gobierno responsable adopte medidas para volver a la senda de crecimiento económico y de generación
de empleo. Esta es una reforma que introduce un modelo de relaciones laborales moderno y competitivo para el siglo XXI, que fomenta la contratación estable, como ya he dicho anteriormente, la flexibilidad interna, reduce la temporalidad, mejora la
formación y fomenta la contratación de aquellos colectivos que tienen más dificultades para promover inserción en el mercado laboral. Ahí están las transaccionales, ahí está el espíritu de consenso de este grupo que ha impregnado la tramitación de
la ley, y sé que se trata de un momento muy difícil. Hemos sumado esfuerzos para conseguir el mejor texto, para intentar
consenso político en esta tramitación, pero quiero decirles a sus señorías que todos los que estamos aquí sentados tenemos una responsabilidad. Todos hemos sido elegidos democráticamente por los ciudadanos para defender los intereses y
solucionar sus problemas, por tanto, todos tenemos alguna corresponsabilidad y espero y confío en que por el bien de España, por el bien de estas personas que se encuentran en situación de desempleo, terminen apoyando esa reforma. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Suspendemos por un plazo de quince minutos a efectos de ordenar las votaciones. En quince minutos reanudamos la sesión. (Pausa).
Me indica el letrado que, a la vista de la complejidad y de las numerosas peticiones de votación separada, hacer el cuadro para que luego no haya errores ni equívocos de nadie todavía le va a llevar alrededor de media hora. Lo lamento, pero
se lo digo por si ustedes quieren salir y no estar en este momento en la sala. Es humano y llega hasta donde llega. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, para complicar más el cuadro, quería pedir votación separada de las transacciones ofertadas por el Grupo Popular números 2 y 5.
El señor PRESIDENTE: Me dicen que ya está hecho.
Lo siento mucho, pero todavía van a ser necesarios veinticinco o treinta minutos más. (Pausa).
Señorías, me informan los letrados de la Comisión que van a precisar una media hora adicional, por si alguien quiere hacer uso de este tiempo. (Pausa).
Gracias por la paciencia de los señores comisionados. Vamos a empezar las votaciones que, como han podido comprobar, han llevado amplio trabajo de los letrados porque hay muchas. Les ruego paciencia si en alguna de ellas me equivoco,
porque están recién planteadas, y a su vez pido que estén ágiles a la hora de pronunciar su voto al respecto de cada una de las enmiendas que sometamos a votación. En primer lugar votaremos las enmiendas, en segundo lugar los textos transaccionales
y finalmente haremos una tercera votación referida al dictamen de esta Comisión sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Comenzaremos por tanto con las enmiendas del señor Salvador Armendáriz y sometemos a votación en primer lugar las números 602 y 611.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 1; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas 606 y 608.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 604.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 607.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 610 y 612.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 603.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 605.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 609.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del señor Armendáriz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas de doña Uxue Barkos. En primer lugar, la enmienda 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 106 y 114.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 103, 105, 108, 109, 113 y 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 102, 110, 112, 117, 118, 119 y 121.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las números 104, 115 y 120.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la 107.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas vivas de la señora Barkos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del diputado señor Álvarez Sostres. En primer lugar, la número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 2 a 9, con la excepción de la número 6 que se ha votado antes: es decir, 2 a 9 salvo la 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas vivas del señor Álvarez Sostres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la señora Oramas. En primer lugar, la 79 y la 80.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 82, 83 y 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 87.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 81.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 85.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 88.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas vivas de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas pertenecientes a la señora Fernández Davila. En primer lugar, la número 216 y la 218. ¿El Grupo Socialista que vota? (Rumores.-El señor Coscubiela Conesa: Somos rápidos pero no veloces.- La señora López i
Chamosa: Ante la duda, no.-Risas). Hay diversas manos. Yo no tengo ningún inconveniente en que si es heterogéneo el voto del Grupo Socialista, a quien vote una cosa se le atribuya. Estoy preguntando justamente para subsanar que están votando de
forma diferente, si no, no lo preguntaría.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 200, 202, 206, 207, 210, 211, 212 y 214.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 224.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 197, 213, 217, 219, 220, 223, 226, 227 y 228.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 203.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 221, 222 y 230.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 198.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 199, 201, 204 y 205.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 208.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 209.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 215.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 225.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos el resto de enmiendas vivas de la señora Fernández.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del señor Tardà. Comenzamos por la número 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 56. (Pausa).
No, apúntaselos y ya está. Los computas y ya está. Si quieren votar eso, que lo voten. Aquí es cada uno muy libre de votar lo que le parezca oportuno. (La señora López i Chamosa: Aquí sí, pero luego en casa...-Risas). Sin duda la
señora López i Chamosa habla por experiencia propia. (Risas).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 26; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 16, 18, 55, 69 y 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 17, 49 y 74.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 40.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 26 y 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 29, la número 34 y la número 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las números 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 52, 59, 64, 66, 67, 68 y 70.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las números 47, 57, 60 y 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 24, 25, 30, 35, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 61, y 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 37 y 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas del señor Tardà.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), comenzando por las enmiendas 235, 243, 265, 276, 284, 285, 286, 297 y 300.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a las enmiendas 287 y 288.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 291, 292 y 294.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 256, 257, 275 y 281.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas 244, 245, 253, 258 y 282.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 238, 239, 246, 247, 248, 249, 261, 271, 272 y 273.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas 231, 234, 237, 266, 277, 279, 295 y 299.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 233, 236, 250, 251, 252, 254, 262, 268, 269, 270, 280 y 293.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 255, 264, 267 y 296.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 263.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 241, 242, 259, 260 y 274.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 38.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 283.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda 289.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 25; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 232.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 290.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Volamos la enmienda 298.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 278.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos el resto de enmiendas vivas del señor Olabarría.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas de UPyD. En primer lugar, la número 337.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 311, 313, 347 y 350.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 316, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 340, 341, 342, 343, 345, 349 y 355.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 312, 320, 336, 346, 348 y 353.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 314, 315, 323, 330, 352 y 354.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 357 y 358.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 307, 324 y 335.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la 351.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 301, 317, 318, 319 y 338. Ruego que cuando voten bajen la mano porque ha habido alguna confusión en torno al cómputo en alguna votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 339.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas 333 y 334.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 351.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos por fin el resto de las enmiendas vivas de Unión Progreso y Democracia. (La señora Gutiérrez del Castillo pide la palabra).
Sí, señora Gutiérrez.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Habíamos pedido votación separada de la 314, al artículo 13, para modificación del artículo 47.4 del Estatuto de los Trabajadores, y de la 315, al artículo 14, apartado uno, de modificación del artículo
82.3 in fine del Estatuto de los Trabajadores. También habíamos pedido votación separada de la 323, al artículo 18, apartado tres, de modificación del artículo 51.12 nuevo del Estatuto de los Trabajadores, y de la 352, a la disposición final nueva,
apartado 1.
El señor PRESIDENTE: Se ha votado en quinto lugar de las enmiendas que hemos hecho por bloques de UPyD las números 314, 315, 323, 330, 352 y 354 y han sido rechazadas. Es decir, se han acogido las enmiendas que usted quería en votación
separada, lo que pasa es que han sido votadas y rechazadas.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: No, no han sido votadas. No nos consta a nosotros.
El señor PRESIDENTE: Sí se han votado. Lo que se ha solicitado ya está votado y ahora nos resta votar las enmiendas vivas de UPyD, que es lo que vamos a proceder a hacer ahora mismo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas de La Izquierda Plural, comenzando por la número 174.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores). Les ruego silencio porque, créanme, no es fácil con tanta enmienda equivocarse y además tienen que tomar nota a efectos del acta y conviene que no haya errores en ese sentido.
Pasamos a votar las enmiendas 125, 128, 131, 135, 137, 139, 143, 147, 148, 149, 151, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 170, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 191, 192, 193 y 195.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El siguiente bloque es el de las enmiendas 126, 127, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 152, 154, 155, 168, 169, 173, 184, 185, 186, 190 y 194.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 151 y 153.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 162, 163, 164, 175, 176 y 183.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De la enmienda número 123 se van a votar de forma separada en este primer momento los apartados 4, 5 y 6, que se admiten como propuesta de transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 123 en lo relativo a los apartados 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La señora ESPAÑA REINA: Señor presidente, un segundo. Parece que hemos votado la 123.2.a) el segundo párrafo.
El señor PRESIDENTE: Se han rechazado las dos.
La señora ESPAÑA REINA: Pero es que en esa nosotros tenemos una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Pero la transaccional está viva. No hace falta que esté viva también la enmienda sobre la que trae causa. No tiene problema. La transaccional sigue vigente y la someteremos a votación al final. Son transacciones
diferentes y no precisan ni que se retire ni que esté viva ni que haya sido rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar la 359.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 371 y 430.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 25; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las números 381, 445, 427, 431, 447 y 460.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 370, 382, 387, 419, 446, 454 y 456.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las números 450, 451, 453 y 458.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 360, 361, 376, 386, 426 y 444.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la 448.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas 379, 383, 384, 399, 452, 455 y 457.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente votamos el resto de enmiendas vivas de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer término, las números 560, 561, 563, 564, 580, 595, 493, 502 y 507.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la 559.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas 475, 476, 477. 478, 479, 480, 481, 482 y 484.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 521, 524, 558, 559, 593 y 594.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494 a 501, 503 a 506, 508 a 520, 522, 523, 525 a 557, 562, 565 a 579, 581 a 592 y 596 a 601.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a continuación a debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y les tengo que hacer notar que la 624 y la 628 se votan suprimiendo la errónea referencia al artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores. Empezamos
la votación con las enmiendas números 644 y 653.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 628 en los términos antes expuestos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 1; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 649.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 1; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 625.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas 646, 647, 649, 651 y 652.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Perdón, señor presidente, la 649 se había votado ya.
El señor PRESIDENTE: Como está aprobada no se incluye, efectivamente. Gracias por la observación.
Quedan la 646, 647, 651 y 652 que son las que efectivamente ahora sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar -y recuerdo que cada persona significa un voto en esta Comisión- las enmiendas números 624 en los términos que expuse al principio de este bloque, la 625 y...
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: La 625 está votada.
El señor PRESIDENTE: Perdón de nuevo, pero yo no he tenido oportunidad de repasarlas. Le agradezco la aclaración. Votamos solamente la 624 y la 639.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: La 627 es la única que queda. Las otras están transaccionadas, y la 650 retirada.
El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a votar el resto de las no transaccionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos al segundo bloque, que consiste en votar las enmiendas transaccionales. Votamos, en primer lugar, la transaccional número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la enmienda transaccional número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación las transaccionales números 18, 19, 20 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Finalmente sometemos a votación el resto de las enmiendas transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Finalmente vamos a proceder a la votación del informe de la ponencia, que con las modificaciones resultantes del debate producido en el día de hoy, sumadas a las correcciones técnicas que conocen sus señorías, constituirá el dictamen de esta
Comisión, la cual, como bien saben, está actuando con competencia legislativa plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la reforma laboral, y les agradezco la paciencia dentro de esta compleja votación. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.