I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones
correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).
Propuestas de veto
621/000156
(Congreso de los Diputados, Serie A,
Num.159, Núm.exp. 121/000159)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

Palacio del Senado, 21 de agosto de 2015.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

Motiva, en primer lugar esta propuesta de veto, la vulneración tanto por el propio Proyecto de Ley, como por la tramitación que se ha dado al mismo, de cuestiones de carácter formal que guardan
relación, a la vez, con la técnica presupuestaria y con el valor político de los Presupuestos Generales del Estado como expresión de las prioridades de la acción política del Gobierno sometida al control de las Cámaras y al conocimiento y crítica de
la sociedad democrática.

Es cierto que la propia denominación de los PGE manifiesta literalmente que los mismos conforman unas previsiones de ingresos y gastos y que la propia normativa presupuestaria establece los mecanismos correctores a
aplicar cuando, por las razones que fuere, aquellas devienen inalcanzables. Pero supone romper las reglas del juego y constituye manifiesto «fraude de ley» consignar conscientemente unas previsiones de gasto muy por debajo de lo que se sabe va a
ser el gasto real. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno desde el primer Presupuesto de esta legislatura en relación al Ministerio de Defensa, de tal forma que, incluyendo el importe de este crédito, ha gastado en Programas Especiales de
Armamento 4.389,76 millones más lo previsto inicialmente en los PGE aprobados, lo que equivale al 76 % de lo presupuestado para el Ministerio de Defensa en 2015.

Esta realidad de desfase presupuestario no responde a que exista dificultad para
establecer una previsión acertada de gasto, sino a que el ejecutivo es consciente del rechazo social al gasto en materia militar, sobremanera en una coyuntura en la que se han impuesto tremendos sacrificios, consecuencia de ajustes y recortes, a la
mayoría de la población.

Pero es que, además, la posibilidad de hacer un seguimiento, por parte de los ciudadanos y sus representantes en as Cámaras, del importe de los recursos dedicados a la adquisición de armamento aún ha de salvar un
obstáculo más: el doble mecanismo de financiación de los Programas Especiales de Armamentos, primero, en la fase de investigación, con cargo a créditos del ámbito de la I+D+I gestionados por el Ministro de Industria, Energía y Turismo; y al final,
a partir de la recepción y puesta en servicio, con los pagos realizados con las consignaciones del Ministerio de Defensa.

Ello hace que en este momento resulte imprescindible, de un lado auditar el estado de los créditos concedidos por
Industria a las empresas responsables del desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de armas para determinar el monto de aquellos, su finalidad y la fecha de devolución y cantidades devueltas. Y auditar también los propios PEAs desde la
perspectiva de evaluar la idoneidad y utilidad para la operatividad de las tropas de cada uno de los sistemas y equipos que lo integran, su coste total y el detalle del estado de financiación en que se encuentran, los calendarios de entrega…,
entre otras cuestiones, desde la perspectiva de poder afrontar una estrategia de revisión de los contratos, reprogramación de las inversiones y, en los casos en que resulte conveniente anular adquisiciones.

Es obvio que realizar una adecuada
valoración de la utilidad de los indicados equipos y sistemas exige que previamente se concrete el modelo de defensa de nuestro país y sus necesidades.

En resumen, motiva la presentación de esta propuesta de veto profundas discrepancias tanto
con el obscurantismo que el Gobierno proyecto sobre los gastos en Defensa en general como con la idoneidad y necesidad de una parte sustancial de los Programas Especiales de Armamentos.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador
Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe
de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

Palacio del Senado, 24 de agosto de 2015.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta
(GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

En la segunda mitad de la década
de los noventa se decidió adquirir 19 nuevos sistemas de armamento, los llamados PEA (Programas Especiales de Armamentos): avión de combate Eurofighter, avión de transporte A400M, carro de combate Leopardo, el vehículo blindado Pizarro entre otros.
El coste total era de 29.000 millones de euros, cantidad inasumible por el Ministerio de Defensa.

La adquisición de los PEA desequilibra las cuentas del Ministerio de Defensa en aproximadamente 2.000 M de euros durante 15 años (burbuja
armamentística) para 2015 es de 6,84 M de euros cuando el implemento de crédito que se propone es de 856.440.673,35 euros.

Y supone una falta de coherencia estratégica de varios de los sistemas adquiridos. Más propio de la guerra fría.
Carro combate Leopard 66 t impide ser transportado por el avión de transporte A400M no carga más de 40 toneladas. Para qué queremos 4 submarinos S-80, el primero que han acabado se sumerge pero no flota.

Este Proyecto de Ley es una suerte de
trágala, unas medidas que deberían haberse debatido en los Presupuestos Generales del Estado pero que en los últimos cuatro años han venido aprobándose vía Real Decreto-ley. El Gobierno empezó a aplicar este modus operandi en 2012 aduciendo que era
necesario renegociar la deuda y que eso impedía concretar su inclusión correctamente en el ámbito presupuestario. Sin embargo, después de ese año, a pesar de conocer perfectamente la cantidad correspondiente que tocaba en cada ejercicio y que ya no
había excusa para no consignarlo en el presupuesto, el Gobierno ha ido aprobando real decreto tras real decreto realizando un ejercicio de dudosa constitucionalidad. En todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado aprobados en esta
legislatura, el Gobierno no ha contemplado, en su previsión inicial, los recursos destinados a la financiación de estos programas del Ministerio de Defensa a pesar de lo establecido en la ley general presupuestaria y en las leyes de estabilidad
presupuestaria en relación a la obligación de que los proyectos de ley de presupuestos generales incorporen todos aquellos gastos que sea previsible contemplar.

Todo este conjunto de mecanismos extrapresupuestarios no son más que una solución
temporal para aislar a la ciudadanía del control sobre una cuestión problemática como es el gasto militar. Una solución que se remonta a 1997, cuando el entonces Gobierno del Partido Popular puso en marcha los Programas Especiales de Armamento, que
se basaban en contratar la fabricación y adquisición de diversos sistemas de armas a través de la construcción de un mecanismo de ingeniería consistente en que el Ministerio de Industria concedía créditos a interés cero a las industrias para
desarrollar dichos proyectos y luego estos devolverían los créditos con lo que el Ministerio de Defensa les pagara. Con ello se conseguían tres objetivos: en primer lugar, aparentar que el Ministerio de Defensa no incrementaba su presupuesto; en
segundo que el presupuesto de la I+D en España aumentara y en tercer lugar atender las demandas de la industria militar de recibir apoyos por parte del gobierno de turno en su investigación de nuevos prototipos de armas.

En toda la
legislatura se han dedicado más de 4.000 millones de euros a comprar armas, misiles o tanques a través de este mecanismo. Este gasto contrasta con los millones de parados que todavía tenemos en este país, con la pobreza que no deja de crecer. Es
inevitable preguntarse por qué este tipo de gasto tiene prioridad frente a otro tipo de necesidades básicas como la salud, la educación o el trabajo. Asimismo, es importante tener en cuenta que estos créditos se están financiando con deuda pública,
algo que deja en evidencia el supuesto mantra anti deuda que ha servido para exigir recortes sociales y laborales a la ciudadanía, así como a las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en su inversión social.

Por último, no se conoce
cuál es la situación en la que se encuentra la devolución de los créditos que, vía ministerio de Industria, se destinan año a año a la industria armamentística para producir lo que luego les compramos, como es el caso, a cargo de la deuda pública
con decretazos veraniegos. Es imprescindible conocer, estudiar, auditar y analizar en toda su dimensión los programas especiales de armamento y el gasto que realiza el Estado en esta materia así como el estado del retorno de los créditos a la
Hacienda Pública y su incidencia en las políticas de I+D+i.

Por otro lado, el Gobierno con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular ha impuesto la tramitación de 36 proyectos de ley en un periodo de 2 meses lo que hace imposible un trabajo
parlamentario riguroso.

El abuso de los procedimientos de urgencia y el acortamiento de los plazos impiden una tramitación que permita garantizar una legislación de calidad.

Así mismo esta irresponsable vorágine legislativa no permite
a los grupos parlamentarios de la oposición ejercer sus funciones legislativas en buenas condiciones.

Por otra parte, con estos ritmos se imposibilita, a la ciudadanía y a los sectores sociales que se verán afectados por las leyes, hacer el
seguimiento oportuno de las leyes que aprueban las Cortes Generales con lo que se menoscaba la transparencia, posibilidad de seguimiento y participación ciudadana.

Por todos estos motivos presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley
por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a
la realización de otras actuaciones del Departamento.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto
al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas
Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

Palacio del Senado, 24 de agosto de 2015.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el
presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento se añade a la retahíla de créditos extraordinarios que año tras
año presentan el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda para su convalidación, fuera de la vía presupuestaria ordinaria.

En todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado aprobados en esta legislatura, el Gobierno no ha
ocultado, en su previsión inicial, los recursos destinados a la financiación de estos programas, a pesar de lo establecido en la ley general presupuestaria y en las leyes de estabilidad presupuestaria relativos a la obligación de que los proyectos
de presupuestos presentados por el Gobierno incorporen todas aquellos gastos que sea previsible contemplar.

A pesar de esta anomalía y de la magnitud de las partidas presupuestarias que cada año se destinan a inversiones en los Programas
Especiales de Armamento, anualmente el Gobierno aprueba por Real Decreto-Ley, sendos créditos extraordinarios para cubrir este vacío legal. Esta facilidad y ordinariedad que el Gobierno aplica a la financiación de los programas de armamento del
Ministerio de Defensa, lo niega sistemáticamente a las políticas sociales destinadas a combatir la pobreza infantil, a mejorar la financiación de la sanidad, de la educación o de las políticas de dependencia gestionadas por las Comunidades Autónomas
y sometidas por el Gobierno del Estado a una estricta austeridad presupuestaria en aras de dar cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria.

Con el fin de corregir este desequilibrio sistemático, este grupo parlamentario presentó
en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo, con el fin de mostrar cómo estos mismos recursos que, por razones desconocidas el Gobierno oculta a la población en el debate presupuestario, podrían tener destinos alternativos
diferentes. Estos destinos alternativos se concretan en las enmiendas al articulado en los ámbitos de:

• el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para atender Programas de servicios sociales destinados a
combatir la pobreza Infantil, por un importe de 250 M €, así como a transferencias a las Comunidades Autónomas destinadas al fondo de cohesión sanitaria, por un importe de 150 M €.

• el presupuesto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, para financiar el nivel convenido con las Comunidades Autónomas en Dependencia, por un importe de 282 M € euros.

• el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para ser
destinado al programa de impulso del primer ciclo de educación infantil a través del fomento de guarderías municipales, por un importe de 50 M €. Y para destinar a incrementar las Becas y Ayudas a Estudiantes, que tan escasa mejora tiene en
los presupuestos 2016, por un importe de 120 M €.

Manteniéndose el destino de los recursos previstos para ser destinados, por parte del Ministerio de Defensa, a atender necesidades derivadas del brote de ébola.

La
Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito
por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

Palacio del Senado, 24 de agosto de 2015.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré,
ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Exposición de motivos

Esquerra Republicana de Catalunya rechaza este decreto que pretende el incremento
de 850 millones de gasto, así mismo también considera inmoral la presentación de este proyecto de ley. Es totalmente ilícito y reprochable que se financien créditos extraordinarios a cuenta de la deuda pública para pagar armamento en un momento de
crisis, en el que para reducir la deuda, en parte generada por el propio gasto militar y armamentístico, se exija a la ciudadanía recortes sociales y laborales, así como también a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.

Este
préstamo demuestra que el Ejecutivo preparó unos Presupuestos en materia de Defensa ficticios, presentando unos números muy por debajo del gasto real. Así, mientras se anuncia que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentará un 3,5 %, en
realidad éste crecerá el próximo año no menos de un 30 %, pues se amaga el gasto de las partidas en inversiones en compra de armas y el de las intervenciones militares en el exterior.

Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto
de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de
Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

La Senadora María Isabel Mora Grande, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).

Palacio del Senado, 24 de agosto de 2015.—María
Isabel Mora Grande.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De doña María Isabel Mora Grande (GPMX)

La Senadora María Isabel Mora Grande, PODEMOS (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula
la siguiente propuesta de veto.

El Gobierno presenta al Parlamento, por tercer año consecutivo, una propuesta de gasto extraordinario para el Ministerio de Defensa. Es extraordinario en varios sentidos: por no estar previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio anterior, pero también por el volumen de gasto que representa, por el procedimiento a través del que se pretende tramitar el Proyecto de Ley, por los plazos elegidos y, por último, por la prioridad
de gasto que establece.

Los 856.440.673,35 euros que el Ministerio de Defensa solicita a través de este Proyecto de Ley, se unen a los créditos de los dos ejercicios anteriores sumando una cuantía de más de 3.500 millones de euros recibidos
por el departamento fuera del presupuesto ordinario en los tres últimos ejercicios. En las tres ocasiones a través del mismo procedimiento: la solicitud de créditos extraordinarios en el mes de agosto.

En primer lugar, la propuesta de veto
se sustancia en la irregularidad formal que representa este procedimiento. El Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria se creó con la finalidad de atender a necesidades que pudieran surgir a lo largo de un ejercicio presupuestario y que no
estuvieran contempladas en las previsiones de gasto del Presupuesto inicial aprobado por las Cortes Generales. Estas necesidades, según reza en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera —heredero del artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria—, han de ser de «carácter no discrecional y no
previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio». Como es evidente, el Proyecto de Ley del Gobierno no cumple con las condiciones que la legislación contempla para este tipo de procedimiento.

En segundo lugar, cuando el procedimiento se consolida año tras año, lo que comienza a atisbarse es la posibilidad de que el Gobierno esté aplicando una trampa contable para evitar el posible impacto mediático del peso del gasto armamentístico en
los Presupuestos Generales del Estado. El trámite extraordinario extrae volúmenes grandes de gasto de los capítulos asignados a Defensa y permite presentar al Gobierno presupuestos más orientados al gasto social cada ejercicio para después
consolidar la condición estructural del gasto extraordinario del Ministerio de Defensa aprobando este tipo de créditos cada verano. Es tarea del Gobierno presentar y defender sus prioridades de gasto con honestidad y veracidad a la ciudadanía.
Este tipo de argucias contables representan un déficit de transparencia y alertan ante una actitud políticamente cobarde: la de quien no es capaz de defender su proyecto político con claridad.

En tercer lugar, Podemos no puede compartir la
interpretación que el Gobierno hace de las posibilidades que el Fondo de Contingencia establece. No se trata de un mecanismo económico para que el Gobierno utilice a voluntad, de forma discrecional, sino de una herramienta a utilizar en situaciones
de emergencia. Resulta chocante que el Gobierno no haya encontrado, desde su toma de posesión, nada más urgente que financiar con el Fondo de Contingencia que fragatas F-10, misiles Iris-T, buques BAM u obuses Rema 155/52. Este país atraviesa una
situación de emergencia social que haría mucho más urgente una actuación, vía trámite presupuestario ordinario o extraordinario, en otras materias antes que la multiplicación del gasto militar en tiempos de paz.

Por ello, se presenta esta
propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a
Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento y se solicita su devolución al Gobierno.