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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 27-6, de 23/10/2012
cve: BOCG-10-A-27-6 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


23 de octubre de 2012


Núm. 27-6



ENMIENDAS DE TOTALIDAD


121/000027 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


ENMIENDA NÚM. 1


FIRMANTE:


Uxue Barkos Berruezo


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Geroa Bai, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2012.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada. Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, remitido por el Gobierno del Partido Popular a la Cámara Baja, no es sino una continuación de las políticas de contención del déficit por la mera vía del recorte de la inversión y
el gasto público. Esta es la senda en la que el Gobierno viene insistiendo pese a que cada vez son más numerosas las voces autorizadas que alertan de la necesidad de inversión y gasto público para la reactivación de la economía.


En este sentido sorprende la falta de audacia política que este proyecto de Presupuestos expresa frente a lo que la urgencia de la situación requiere: Sorprende el empeño de acometer de manera insistente la contención del déficit
exclusivamente por la vía de la contención del gasto; la ausencia absoluta de intención para explorar nuevas vías frente a lo que se ha consolidado como un sonoro fracaso en el intento de reactivación de la economía en general y del mercado de
trabajo en particular. Pero, además, tampoco en lo que a la contención del déficit respecta ni balance ni previsiones auguran unos mejores datos.


A la espera de conocer el balance del nada alentador año que finaliza, nos tenemos que referir a las cifras de 2011 para ilustrar el fracaso de las políticas de austeridad que consagran un año más estas cuentas. Como señalamos, el pasado
año, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,7 % como elemento para equilibrar los severos recortes presupuestarios que se impusieron en este ejercicio, el



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déficit se redujo escasamente en 9 décimas. Para el año en curso, y con el primer proyecto de Presupuestos del Partido Popular en el marco de esta crisis, el objetivo principal se marcó en la reducción del déficit en más de 3 puntos
porcentuales con una previsión de caída del PIB de 1,7 puntos... Objetivo incumplido sin necesidad de apurar el final del ejercicio.


Y es con estos antecedentes con los que el Gobierno del Partido Popular nos propone tropezar en la misma piedra.


La misma piedra, que en las cuentas para 2013 tiene una cuantificación del 4,5 % en el objetivo de reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas. Así, el proyecto establece una reducción del 3,8 por ciento de
reducción del déficit de la Administración del Estado y la Seguridad Social y reserva para las Comunidades Autonomías una exigencia de reducción del déficit del 0,7 por ciento.


Las herramientas para alcanzar este ambicioso objetivo -que supera en más de un punto porcentual el incumplido objetivo para 2012- vuelven a centrarse en la contención del capítulo de gastos e inversiones. Más austeridad por toda propuesta,
que, sin embargo, ha de verse reforzada en el capítulo de los ingresos para hacerse creíble.


Y es aquí donde el proyecto de PGE para 2013 vuelve a caer en errores pasados: El texto del Gobierno cuantifica en un 4 % la previsión de incremento del capítulo de ingresos como consecuencia de las modificaciones tributarias planteadas, en
una modalidad que en ninguna de las propuestas presupuestarias anteriores ha dado resultado.


Así que, con la previsión de ingresos como elemento poco estimulante en el análisis del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, vuelve a recaer en la austeridad las posibilidades mínimas de que estas cuentas puedan
cumplirse.


Y, ¿dónde se produce el grueso de la contención del gasto? En la que a nuestro entender resulta la materia más sensible en época de grave crisis económica como la que vivimos en estos momentos: La reducción del gasto en materia social.


Basta mirar al que hace poco menos de un año fue el discurso de investidura del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para comprender que el texto que ahora enmendamos a la totalidad no es sino un incumplimiento flagrante de lo
comprometido no ya en el programa electoral del partido que sustenta al Gobierno sino en los compromisos personalmente adquiridos por el entonces candidato. Pensiones, sanidad, educación y dependencia eran, por este orden, elementos intocables en
el baile del recorte de los gastos.


El capítulo de la dependencia fue el primero en ser sacrificado: El proyecto de presupuestos para 2012, presentado en el mes de abril, llega al recorte del derecho por la vía de su financiación.


Los capítulos de sanidad y educación han visto cancelados los compromisos del Gobierno por la vía de decretos extemporáneos que en poco o en nada reconcilian la acción de la política con las necesidades más urgentes de una sociedad acuciada
por la extensión dramáticamente rápida de ratios de pobreza.


Finalmente, el proyecto que por la presente sometemos a enmienda a la totalidad asoma el peor de los gestos en lo que respecta al último de los compromisos que se mantenía al margen de esta política de cortes insaciables: Las pensiones.
Cierto que el proyecto prevé su revalorización, pero no menos cierto que lo hace por debajo del IPC y que, por lo tanto, el presidente Rajoy falla, con este proyecto, a su compromiso.


Y nos quedan, por supuesto, las otras grandes cifras: El proyecto de Presupuestos del Gobierno del PP para 2013 prevé un recorte de más del 22 % en Sanidad; el recorte en el capítulo de Defensa se limita al 6 por ciento.


Cifra que resulta exponencialmente dolorosa, ese 6 %, por ser todavía menor que el recorte que el proyecto impone incluso a las prestaciones por desempleo. En un ejercicio, 2013, en el que las previsiones hablan de un incremento del
desempleo hasta alcanzar los 6 millones de personas, resulta inadmisible el recorte en un 6,3 % de las prestaciones por desempleo.


Un recorte superior -en 3 décimas, pero superior- al recorte planteado para Defensa...


Resulta igualmente inaceptable que este recorte del 6,3 % para atender las prestaciones por desempleo coincide con un incremento del 9,2 % del gasto no financiero del Estado, atribuible básicamente al aumento de los intereses de la deuda.


Pero este empeño en acometer la contención del déficit casi de manera exclusiva por la vía de los recortes tiene también capítulo reseñable en lo concerniente a las Comunidades Autónomas.



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Más allá de que la exigencia de rebajar en el 0,7 por ciento el déficit de las comunidades no se corresponde con las responsabilidades transferidas en materia de gasto social, entendemos que además se produce un uso abusivo de la
circunstancia económica para acometer un proceso recentralizador en materia política que se basa en la criminalización injustificada de las comunidades autónomas como las principales causantes de la crisis.


Pero junto con este rechazo en términos generales, cabe destacar de manera específica el caso navarro, por cuanto que entendemos este proyecto de presupuestos castiga de manera especial a la Comunidad Foral de Navarra, hace especial dejación
de las responsabilidades del Gobierno del Estado para con los ciudadanos de esta Comunidad y falta a los compromisos que en materia de inversiones tiene el Ejecutivo Central pactados con las correspondientes instituciones navarras.


En este sentido resulta inaceptable que en los dos últimos presupuestos -ambos proyectos del Partido Popular- la partida para Navarra se haya visto reducida en un 80 %. En concreto, y en las cuentas que ahora se analizan, la penalización de
las inversiones para Navarra es del 64 %.


Analizando detenidamente la propuesta del Partido Popular para 2013 no deja de sorprender que de los 24 millones previstos para la Comunidad Foral más de 17 se destinen a infraestructuras como la alta velocidad, el recrecimiento de Yesa o la
segunda fase del Canal de Navarra. Inversiones todas ellas cuestionables en el montante y porcentaje que en este tiempo y forma se nos imponen.


Porque no tienen razón de ser estas cantidades frente a los escasos 20.000 euros que estas mismas cuentas prevén invertir en un área estratégicamente esencial como es la de Industria, Energía y Turismo. O menos se comprende lo exiguo de
dicha inversión en Industria si se compara con la prevista para la sección de Interior, que multiplica -hasta los 500.000 euros- la partida presupuestaria en Navarra.


Son apuestas como esta las que, junto con las consideraciones hechas en el ámbito general, nos llevan a presentar en nombre de Geroa Bai esta enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, solicitando su
devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 2


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, de devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Los Presupuestos para el año 2013, como los actualmente en vigor aprobados hace algunos meses, se insertan en el marco de una profunda crisis económica y un contexto europeo cuyas instituciones (Unión Europea, Consejo Europeo, Econfin, Banco
Central Europeo, etc.) restringen enormemente el margen de maniobra presupuestario con exigencias extremas de recortes, austeridad del gasto y reformas neoliberales en materia de empleo, finanzas, políticas sociales y lo que haga falta.


Por otra parte, los que se denominan mercados se están aprovechando de la debilidad de la economía española y la están poniendo en un grave riesgo.


Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la Unión Europea y los mercados, que, en opinión del Grupo Vasco, no auguran sino mayor crisis y unas perspectivas más negativas sobre las posibilidades de salir de la misma.


Los datos de la economía española son realmente preocupantes.


Según el propio Gobierno, el Producto Interior Bruto caerá un 1,5 % este año y un 0,5 el próximo, con lo que continuará la destrucción de empleo, situando la tasa de paro próxima al 25 % (superando



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ampliamente el 50 % en el caso de los jóvenes). El número de parados se acercará a los seis millones de personas. Este es el dato más relevante para medir la profundidad de la crisis.


Además, en 2012, el objetivo de déficit público del 6,3 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas será ampliamente superado, y 'el compromiso' ante la UE y los mercados de reducirlo el próximo año hasta el 4,5 %, con lo que
implica de aumento de impuestos y reducción de gastos públicos (incluidas la reducción de las pensiones y las prestaciones por desempleo), intensificará la crisis económica, que será mucho más profunda que la que estima el Gobierno.


A ello hay que sumarle los problemas de fondo de la economía española no resueltos que es imprescindible solventar para tener alguna posibilidad de que la recuperación económica pueda iniciarse. Como, por ejemplo, el endeudamiento de
empresas y familias; la reforma pendiente, inacabada y mal gestionada del sector financiero; las consecuencias de la reforma laboral, etc. Sin olvidar la permanente improvisación del Gobierno (semana tras semana mediante Real Decreto-ley adoptan
medidas de subida de impuestos, recortes de gasto, véase Educación y Sanidad, y amnistías fiscales, entre otras) cuyo rumbo es difícil adivinar.


El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal acordados con la Unión Europea, son implacables y exigen que se recorte el déficit público hasta alcanzar en 2013 el 4,5 % del PIB.


Y a este solo criterio, al del ajuste, responden unos Presupuestos que nos sugieren algunas reflexiones.


La primera es que una política de extrema austeridad va a agravar la crisis (nadie sensato se cree la teoría de la derecha europea de que de la austeridad se deriva la credibilidad, y de esta el crecimiento económico y el empleo). Menos
gasto y más impuestos deprimen la demanda, generan más paro y menor crecimiento, lo que puede introducirnos en un círculo vicioso muy negativo.


La segunda es que, además, incluso con los enormes sacrificios que contempla el Proyecto de Presupuestos para el año que viene, no va a ser posible reducir el déficit público en la cuantía cifrada. La experiencia reciente así lo apunta.


La tercera es la falta de credibilidad y rigor técnico de las propias previsiones de ingresos y gastos y las dudas sobre el cumplimiento en materia de déficit público, tal y como reconocidas instituciones y economistas de prestigio están
poniendo de manifiesto.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, por lo tanto, no van a permitir que la economía mejore a corto plazo sino todo lo contrario. Pero tampoco incorporan medidas para mejorar la competitividad y la productividad a medio y largo
plazo.


La inversión pública (inversiones reales y transferencias de capital) se reduce cerca de un 20 % (ya lo había hecho en un 30 % en el actual ejercicio), y la I+D+i lo hace en un porcentaje similar, lo que condicionará el crecimiento y el
empleo futuros. Los recortes en las políticas activas y en Educación apuntan en la misma dirección.


Cabe concluir, por lo tanto, que los Presupuestos de 2013 no son adecuados para enfrentarse a la crisis económica, ya que no la mejoran sino que la empeoran.


Otra reflexión relevante para el Grupo Vasco en el Congreso se deriva del análisis del impacto de estos Presupuestos en Euskadi.


La inversiones reales en Euskadi se limitan prácticamente a un único Proyecto, el de la Y ferroviaria vasca, gestionado por el ADIF.


Pues bien, la dotación para 2013 asciende a 190 millones de euros, un 40 % inferior a lo presupuestado para 2012, y un 60 % inferior a lo que en el Presupuestos de 2012 se estimaba como anualidad para 2013.


Ello significa que un proyecto clave para el desarrollo de Euskadi se demora sine die con las negativas consecuencias que de ello se derivan.


Además, el Gobierno incumple el compromiso firmado con el Gobierno Vasco en relación al Proyecto de Espalación que se está construyendo en Euskadi, sin ninguna explicación, y sin que aparezca crédito presupuestario alguno.


Por no hacer referencia a multitud de subvenciones a la I+D+i y al mundo de la Cultura que, o bien desaparecen o experimentan reducciones injustificables.


Estos motivos explican sobradamente la presentación de la enmienda a la totalidad a estos Presupuestos para el año 2013 por parte del Grupo Vasco.



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ENMIENDA NÚM. 3


FIRMANTE:


Joan Baldoví Roda (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


El Estado español se encuentra en una situación de insolvencia técnica en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda sin crear un escenario de inseguridad jurídica para sus empleados, los pensionistas o los actuales
cotizantes de la Seguridad Social. También para trabajadores y empresarios. Se oculte o no, se está negociando el conocido como rescate y el memorándum que lo acompañará. Este proyecto de Presupuestos, por tanto, no representa la realidad de la
gravedad de la situación ni son un punto de inflexión para frenar el expolio continuado de los recursos públicos para sanear los balances de quienes han quebrado nuestra economía.


Estamos, en estos momentos, a la espera de un rescate para hacer frente a la crisis-estafa que se ha gestado en los últimos años con el beneplácito de una clase política que en muchos casos ha sido colaboradora necesaria. Una crisis-estafa
que cada día tiene más explicaciones para los ciudadanos y que debería acabar como pasto de los tribunales de justicia, como ya ocurre con los responsables de algunas entidades financieras.


Durante los primeros años de esta crisis-estafa se nos hablaba de contexto internacional, de recesión global,... pero una vez reconocida esta situación, como mínimo desde mayo de 2010 con el primer recorte duro a cargo del gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, la política de austeridad, el austericidio, nos ha llevado a un desastre social del que tardaremos años en salir. Un austericidio dirigido por la troika formada por el FMI, la UE y el BCE y aceptado por el gobierno
socialista y ahora parece que incluso de manera entusiasta por el actual del Partido Popular.


Esta política está destruyendo empleo, perjudica a los jubilados, lleva a la ruina especialmente a las empresas pequeñas y al futuro de los jóvenes que para encontrar trabajo deben salir de nuestras fronteras. La política de austeridad ha
impuesto recortes en las prestaciones, la desregulación plena de las relaciones laborales y ha llegado a colapsar los servicios públicos que garantizan, por ejemplo, el acceso universal y gratuito de calidad a la educación y la salud.


La solución pasa por negar el pago de esta deuda hasta que se delimiten las responsabilidades, que, en muchos casos, serán judiciales, de quienes han arruinado las cajas o quienes desde la administración han ordenado obras públicas o gastos
sin ningún fundamento económico razonable.


Desde nuestra posición consideramos que es precisamente esta concepción política, la del austericidio y el pago obligatorio de la deuda, la que impide que nuestra economía entre de nuevo en una trayectoria de crecimiento. Austericidio,
porque esta política crea una espiral de recesión y aumento de la deuda que nos conduce al desastre. Y se debería de explicar a los ciudadanos europeos que esta política de austeridad que nos imponen sus dirigentes paraliza nuestra economía y que
cada día tienen más peligro para perder su dinero, que los recortes no van a servir para recuperar sus ahorros y que nos sumen en una profunda depresión social y económica. Que sepan que los fondos del rescate no servirán para financiar nuestra
educación o sanidad, que irán a tapar el desastre de la banca, a resolver la crisis-estafa.


En definitiva:


1. Rechazamos este proyecto de Presupuestos para 2013 porque contribuyen a seguir con la crisis-estafa que ha generado más de cinco millones de parados y ha acabado con los anhelos de miles de personas y familias, algunos de ellos viviendo
en el umbral de la pobreza.



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Amparándose en el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Española se recurre a un endeudamiento que consideramos como ilegítimo y en beneficio de terceros privados con cargo a la ciudadanía y los servicios que debe prestar el
Estado a cambio de los impuestos que recauda. Además, en el contexto actual de crisis de la deuda, esta obligación dificulta el acceso al crédito del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, hace aumentar los tipos de
interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los recortes de derechos sociales de la población en general que no admitimos.


Y esto es así porque como se expresa en el texto de exposición de motivos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 estas cuentas 'fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27
de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera'. Nos indican también en estas primeras explicaciones de las cuentas que nos proponen que 'se trata de
los primeros Presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la
Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la
normativa europea'.


Traducido a un lenguaje coloquial, se nos pone en verso jurídico que quien toma las decisiones es el FMI, el BCE y la UE y que hemos perdido la soberanía política. Por estos motivos entendemos que esta retórica legal introductoria,
necesaria o no, viene a recordarnos un concepto que nuestra sociedad tiene presente cada día en sus vidas desde que el Partido Socialista Obrero Español pactó con el Partido Popular en este parlamento la reforma del artículo 135 de la CE, que en
resumen afirma que el pago de la deuda será prioritario antes que cualquier otro gasto. Es decir, que los bancos y prestamistas europeos cobrarán con total seguridad desde las arcas públicas mientras la mayoría social vivirá con incertidumbre sobre
su futuro durante muchos años. Algunos economistas prestigiosos dicen que serán más de veinticinco años de padecimiento social sin que a ciencia cierta se sepa si este esfuerzo vale para alcanzar el objetivo de reducir la deuda al nivel que se ha
decidido desde la UE.


2. Confirman estas cuentas una estafa social y política para pagar con cargo al dinero público una parte muy importante de las pérdidas generadas por el sector privado o la financiación de obras públicas inútiles. Se concreta el concepto
de 'austericidio'.


Aunque probablemente esta mención al cuerpo legal sea redundante, puesto que es coherente que el gobierno cumpla con las leyes cuando formula su proyecto de cuentas públicas, cabe suponer que políticamente se fija un marco conceptual a la
ciudadanía, lo que nosotros llamamos austericidio: la persecución de un objetivo de estabilidad o déficit que justifica una estafa social enmascarada por la crisis financiera de la banca que ha lastrado a la administración pública.


Nos recuerda amargamente que cada euro que se ingresará durante 2013 irá prioritariamente a pagar a la amortización de la deuda y sus intereses -sean los que sean, a pesar de las previsiones, porque no existe control sobre la prima de
riesgo- en perjuicio de nuestros futuro y el de nuestra descendencia, de los sueldos de los empleados públicos y privados, de las pensiones, de las prestaciones para quien tiene derecho a la solidaridad que se practica con un justo reparto de lo
recaudado con los impuestos y para laminar el gasto social dedicado a la educación de los niños o la salud de los que padecen alguna enfermedad. Así de cierto es el panorama.


Por tanto, el principal objetivo de estos presupuestos y de los que vengan, mientras no volvamos a ser libres para decidir nuestro futuro y no estemos sometidos a la voluntad de aquellos a los que hemos cedido nuestra soberanía política y no
saben hacia dónde caminan, es el pago de la deuda. Una deuda de la que deberían responder los que realmente han vivido por encima de sus posibilidades, que no es la mayoría social, unos pocos que no asumen responsabilidades, que en muchos casos
pasarán por los tribunales, como dirigentes de bancos y cajas. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad a pesar que se solicita en esta cámara y desde la sociedad, que quiere saber qué ha pasado para
que estemos viviendo esta situación tan dramática. Que la única auditoría es la instrucción de sumarios judiciales que resultan vergonzantes.



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3. Desde el año 2008 se ha generado con las cuentas del Estado una deuda 'ilegítima' que en este proyecto de Presupuestos para 2013 se confirma y acrecienta.


La deuda 'ilegítima', considerada exclusivamente como aquella generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros, ascendía en principal e intereses a fecha 31 de diciembre de 2010, según cálculos solventes, a más de
ciento veinte mil millones de euros (120.842), aproximadamente un 12 % del PIB. El origen de esta conducta, según la cual el Estado pide prestado para luego a su vez prestar a terceros, son las prácticas de inyección de fondos a la banca privada,
cantidades que, con criterios realistas, ni son ni serán devueltas y que no han generado apenas ingresos de ningún tipo ni fomentado que fluya el crédito para particulares o empresas. Dentro de los ciento veinte mil millones de euros de deuda
ilegítima se podrían identificar unos cuarenta y cinco mil millones de euros (hasta 2010), directamente empleados en el saneamiento del sector bancario.


La carga financiera de esa 'deuda ilegítima' supone el pago de más de cinco mil millones de euros al año, un 0,5 % del PIB. Si el principal de la deuda ilegítima va en aumento y los tipos de interés suben, el pago de intereses de esta deuda
ilegítima podrían llegar al 1 % del PIB y representarían (siempre que se recorte el déficit público) la cuarta parte de ese déficit.


Lo más grave, a nuestro entender, es que con esta propuesta de cuentas se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año
2013 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2013 en más de 48.020.759,50 miles de euros. Aunque puede ser sobrepasarlo, de acuerdo a toda una serie de consideraciones, que situarían como simbólica esta previsión. Para consuelo de los
ciudadanos se establecen unos mecanismos de control a base de facilitar información trimestral que hasta la fecha se han demostrado como inútiles, pasando a ser meros notarios o certificadores de las cifras los interventores públicos, sin que haya
control real ni se cumplan los objetivos previstos. Esos objetivos que cuando se viaja a las cumbres económicas se explica que se revisarán, que quiere decir que se han incumplido y que todo el esfuerzo de los recortes ha sido inútil.


Se nos propone que los organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la Deuda del Estado o asumida por este, remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad información
trimestral sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para el ejercicio. El Gobierno comunicará trimestralmente a las
Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el Estado y los organismos autónomos. Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número de cuentas
abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la evolución de los saldos. Pero esta no es la auditoría o control que nosotros reclamamos, pues se ha demostrado a todas luces insuficiente,
como mínimo, en los últimos seis años.


Como afirman acertadamente algunos autores, la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios
Generales, Seguridad, Sanidad, Prestaciones Sociales, Infraestructuras...) y no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso 'ilegítimo' de la deuda, en la actual 'crisis de deuda', dificulta el acceso al crédito del Estado, hace
aumentar los tipos de interés, aumenta vía gastos financieros el déficit público y facilita la justificación de los recortes.


Se considera 'deuda ilegítima' aquella deuda pública emitida por la Administración Central del Estado cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. Se considera
'prestada a terceros' sean estos pertenecientes al sector público o privado tanto si la operación es de participación en fondos propios de terceros (adquisición de acciones o participaciones de terceros), como si se trata de participación en los
fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés...).


La ilegitimidad de esta deuda generada para ser de nuevo prestada se basa en:


- Si el Estado obtiene un beneficio prestando a un tipo más alto que el que tiene que pagar para captar lo recursos, en la ilegitimidad que ello supone, especialmente cuando el receptor de estos préstamos es un país afectado por la crisis
económica que debe ser rescatado.


- Si el Estado no obtiene beneficio porque presta a un tipo inferior o sin interés, como sucede con préstamos al sector privado o a empresas públicas, la deuda es ilegítima porque carga los intereses de su



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endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desvían recursos hacia otros aspectos más necesarios (Sanidad, Educación...) y justifican las políticas de recortes por déficit excesivo.


- Si el Estado, obtenga o no beneficios del primer tipo (presta a mayor tipo del que recibe el dinero), no espera razonablemente recuperar el dinero prestado, como sucede con el sector bancario, la deuda es ilegítima porque no está cubriendo
un préstamo sino una verdadera transferencia o 'regalo' hacia un sector económico.


- Si, finalmente, el Estado realiza estas operaciones con la finalidad de inyectar fondos (normalmente mediante la participación en los fondos propios de otras entidades) en empresas públicas, la deuda a través de la que se captan estos
recursos es también ilegítima porque lo que deben hacer esos entes es acudir directamente al mercado de capitales para obtener financiación y no ampararse en el 'paraguas' del Estado, donde seguramente obtendrán mayores cantidades a un tipo menor, a
costa de degradar la calificación de la deuda del propio Estado.


Y cabe, en este contexto, recordar, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, durante el ejercicio presupuestario de 2013 los
recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no superarán el importe de 120.000.000 de miles de euros. Es decir, se entregarán para sanear cajas y bancos este importe, más que posiblemente, hasta su límite.


El salvamento de la banca ha supuesto más de 215.000 millones de euros para las arcas públicas, a lo que habrá que sumar los 100.000 millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual
el Estado es el último garante. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar desde la ciudadanía contra nuestra calidad de vida actual y futura y a costa de los derechos sociales adquiridos durante décadas.


Por poner otro ejemplo, en el estado de gastos del Presupuesto de 2011 se destinaron, en el Ministerio de Fomento, 250 millones de euros a préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las
expropiaciones, dinero que ha habido que pedir prestado anteriormente.


También, bajo el nombre de 'actualización de balances', se intenta una nueva amnistía fiscal para recaudar 300 millones de euros el próximo año. Es animar al empresario incumplidor que aproveche la oportunidad que el Gobierno le brinda para
ponerse al día con Hacienda. Este objetivo, esperar al defraudador y rebajar la regularización vuelve a ser poco creíble, si observamos como durante este ejercicio, el Gobierno ha aprobado otra amnistía fiscal para que los ciudadanos afloraran
bienes ocultos, con un gravamen del 10 %, lo que permitiría recaudar unos 2.500 millones de euros, aunque hasta este momento apenas ha llegado a las arcas tributarias un 2 % de lo estimado.


4. Estas cuentas conducen a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a un callejón sin salida y reducen su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía
política de estas instituciones.


Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la
Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Pues bien, nosotros humildemente consideramos que la sostenibilidad financiera y la estabilidad se consigue cuando los acontecimientos económicos no desbordan a diario, semana a semana, a un
gobierno que viaja sin rumbo, sin dirección política, sin certidumbre y que no se plantea negar la mayor: que no se puede soportar ni el pago de esta deuda ni a los tipos de interés que reclaman nuestros acreedores.


En esta línea, que denominamos austericidio, se afirma que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal, de acuerdo con las orientaciones y
recomendaciones establecidas por la Unión Europea. Para ello, el Estado tendrá un déficit del 3,8 por ciento; las comunidades autónomas del 0,7 por ciento; mientras que las corporaciones locales y la Seguridad Social deberán cerrar el próximo año
con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 66 por ciento del PIB en 2013. El límite de gasto no financiero del Estado se fija en 126.792.000 miles de euros.


Con estos objetivos, que son de imposible cumplimiento, se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las comunidades autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a
los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia y a la calamidad. No podrán nuestros ayuntamientos ni arreglar las calzadas de sus calles,



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ni acometer obras de mantenimiento porque el dinero se destinará a prestarlo a la banca y a las cajas que vivieron e invirtieron por encima de sus posibilidades, que jugaron su dinero y el de sus impositores, algunos engañados como los
compradores de subordinadas, participativas y preferentes, y que ahora se rescatan.


El 70 % del déficit acumulado los tres últimos años (2008-2011) y el 76 % de la deuda pública al final del año 2011 son responsabilidad de la Administración central. Las autonomías son responsables del 28 % del déficit y el 19 % de la deuda
pública, considerando que su gasto ya representa el 35 % del total de las administraciones públicas. Quien culpa a las autonomías de la deuda pública está mintiendo de forma interesada. El Estado es el culpable de la mayoría de la deuda, a pesar
de no tener que asumir la sanidad y la enseñanza, que son los servicios públicos que más gasto necesitan.


Porque los gestores de esta crisis-estafa buscan ahora responsables en las administraciones autonómicas y locales para minarlas, para recentralizar la decisión sobre el gasto y ser más poderosos para servir mejor a quien sirven.


Conocemos bien el caso valenciano y lo explica todo. Aproximadamente, el 80 % de los ingresos de la Generalitat Valenciana provienen del sistema de financiación autonómica, que incluye todas las comunidades autónomas a excepción del País
Vasco y Navarra. Desde la implantación del Estado de las autonomías, todos los modelos de financiación autonómica nos han penalizado y hemos recibido menos recursos por habitante que la media, a pesar de tener que prestar los mismos servicios.
Esto ha generado una deuda financiera importante, cifrada en más de 8.500 millones de euros. Cada año millones de euros salen de los bolsillos de los ciudadanos y empresas valencianas hacia Madrid para no volver nunca más en forma de inversiones o
de fondos porque la Generalitat y los ayuntamientos pagan los servicios que prestan al ciudadano.


La asfixia financiera de nuestras instituciones frena nuestra economía y capacidad productiva. El Estado español, que es quien nos ahoga, ahora nos ofrece un rescate a cambio de desmantelar los servicios públicos. El conocido como Fondo de
Liquidez Autonómica. La deficiente financiación afecta también la salud de nuestras empresas, que ven como hay carencia de infraestructuras y de políticas de estímulo que frenan su desarrollo. La asfixia financiera también nos impide impulsar
políticas de empleo efectivas y nos aleja del final de la crisis. Si el sistema actual no cambia, la Generalitat Valenciana está condenada a la quiebra.


5. Estas cuentas no sirven para rescatar a las personas ante la grave situación creada por una crisis injusta.


Como ejemplo situaremos a un colectivo especialmente perjudicado: son las personas que contrataron hipotecas para acceder a una vivienda durante los años del boom inmobiliario. Se reúnen en entidades como la PAH (Plataforma de Afectados
por las Hipotecas) y concluyen que estos presupuestos no les tienen en consideración mientras se continúa prestando dinero a cajas y bancos para su rescate.


Se consideran víctimas de la estafa hipotecaria, implementada por los especuladores financieros, entre los que han participado, además del sector financiero español, los bancos alemanes y el BCE. Explican como los bancos españoles, en
acuerdo con los inversores internacionales y en su afán por incrementar sus ganancias, concedieron créditos de alto riesgo a familias con inestabilidad laboral y de ingresos, eludieron los controles de riesgo del Banco de España, que este Banco no
ejerció, como se dice reiteradamente en las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos -por ejemplo, las Cortes Valencianas por los directivos de la CAM- su función de vigilar y permitió que este tipo de actividad se
desarrollará sin control.


Nos cuentan, y es más que cierto, que los bancos y cajas contrataron tasadoras que inflaron los precios de las viviendas, para incrementar el crédito por operación y a la vez dar la impresión de inversión solvente, que mediante este
mecanismo también engañaron a las familias hipotecadas porque nos hicieron creer que la vivienda que compraban tenía un valor superior al que en realidad representaba.


Confirman que las entidades de crédito recurrieron a la titulización de estas hipotecas trasladando el riesgo de impago a los inversionistas y obtuvieron cientos de miles de millones de euros que se reinvirtieron en la especulación inflando
la burbuja inmobiliaria. Los bancos alemanes, con conocimiento previo del mercado hipotecario español, intervinieron en algunos casos como directores o aseguradores o colocadores de los bonos de la titulización hipotecaria, bonos que fueron
adquiridos por fondos de pensiones o inversores internacionales. Así las cosas, el Banco Central Europeo recibió, como colateral, los bonos de la titulización hipotecaria proveniente de la burbuja inmobiliaria española y estos fondos también se
reinvirtieron en la misma burbuja.



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Hoy, con la caída de la economía y el desempleo, los bancos y cajas están ejecutando las hipotecas, están echando de las viviendas a miles de familias o personas y la deuda que queda es impagable. Los bancos y cajas nos quitan las viviendas
para tratar de pagar intereses y amortizar la deuda de los compradores de bonos, condenando a la exclusión social a cientos de miles de familias. Los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional y la condena a deudas
perpetuas constituyen una flagrante violación de los derechos humanos, perpetrada por las entidades financieras, con la colaboración de los tribunales del Reino de España y de la Unión Europea, conforme a las Observaciones Generales del comité DESC,
que desarrolla el Pacto internacional de Derechos Económicos y Sociales. En los juzgados del Reino de España, a instancia de la entidades financieras, se realizan ejecuciones hipotecarias masivas (centenares de miles) en las que los deudores se
encuentran en la más absoluta indefensión (más del 70 % carecen de defensa letrada), en un procedimiento como el de ejecuciones hipotecarias en el que se producen graves restricciones de los derechos fundamentales, entre los que se destaca la
utilización de la fuerza pública para entrar en los domicilios particulares y la utilización de la fuerza para el desahucio de las familias hipotecadas.


Para la redacción de esta enmienda a la totalidad hemos recurrido a documentos y datos que la ciudadanía ha confeccionado ante la negativa del Gobierno de analizar y auditar cómo se ha generado la deuda pública, el dinero destinado a sanear
las cuentas de resultados de empresas privadas como los bancos y algunas cajas y la legitimidad de estas operaciones. Nuestra intención es que se incorporen a los diarios oficiales para que se tenga constancia en los archivos de la opinión de una
parte de la sociedad que se siente maltratada.


Por estos motivos solicitamos la retirada de este proyecto de Presupuestos Generales y su formulación desde un nuevo planteamiento. Entendemos que se debería de haber producido una moratoria sobre el pago de la deuda pública, al menos, por
dos motivos. El primero es dilucidar en los tribunales su legitimidad ante la gravedad de hechos que el propio FROB imputa a directivos de entidades financieras; y el segundo negociar con sus tenedores un tipo de interés y un plazo de amortización
sostenible para nuestra sociedad que no ha de pagar aquello que no debe porque no ha sido la beneficiaria de estos créditos.


Por todo ello rechazamos estos presupuestos en su nombre y queremos dejar testimonio de ello con esta enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 4


FIRMANTE:


Pedro Quevedo Iturbe Ana María Oramas González-Moro (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados Pedro Quevedo Iturbe y Ana María Oramas González-Moro, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe y Ana María Oramas González-Moro, Diputados.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a pesar de la evidencia, persiste en la concepción errónea que sustentó los de 2012. Y ello cuando los efectos profundamente negativos de las políticas basadas en recortes del
gasto público, el incremento de los ingresos vía imposición indirecta y el mayor esfuerzo para los asalariados han demostrado ser una respuesta absolutamente ineficaz para estimular la economía y generar empleo.



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Hoy es una evidencia que esta concepción, esta austeridad mal entendida, está generando incremento del desempleo, incremento de las personas bajo el umbral de la pobreza, aumento de las desigualdades sociales y un enorme deterioro de los
servicios públicos esenciales mediante el durísimo e indiscriminado ajuste a la financiación de las CC.AA. responsables, precisamente, del mantenimiento de estos servicios.


Y todo ello cuando estos Presupuestos Generales del Estado están sustentados en un escenario macroeconómico absolutamente cuestionable. La .previsión de un retroceso de la economía de un 0,5 % del PIB es un dato refutado por múltiples
estudios y organismos internacionales que, como mínimo, prevén una cifra del -1,3 %. Este hecho, en sí mismo, invalida cualquier previsión rigurosa de cumplimiento de los objetivos del 4,8 % de déficit para el año 2013, al igual que ocurrirá con
los de 2012.


En igual medida no son aceptables las previsiones de ingresos y la fijación de gastos dada la retracción de la actividad económica y del consumo, así como el incremento del gasto ,consecuencia del grave deterioro laboral y social de un
porcentaje cada vez mayor de la población y de la concesión de préstamos multimillonarios a los Bancos (11000 M Euros) que computarán como déficit y los 38.590 M destinados a afrontar los elevadísimos intereses de la deuda.


Añade mayor preocupación el hecho cierto del incremento de la inflación, que es la consecuencia natural de las políticas equivocadas de este Gobierno, en relación con el incremento de la imposición indirecta o la introducción del copago.
Estos errores situarán la inflación en torno al 3 % y profundizarán las dificultades de las personas que ya sufren un deterioro grave de sus condiciones de vida.


Desde la perspectiva canaria, CC-NC ya nos vimos obligados a cuestionar los presupuestos para 2012 por ser injustos y maltratar los intereses del archipiélago en mayor medida, si cabe, que a las demás CC.AA. En los que ahora discutimos se
agrava esa tendencia, lo que resulta especialmente claro si asociamos ambos presupuestos, que arrojan un trato escandaloso a una comunidad con indicadores laborales, sociales y económicos que nos obligan a denunciar y no aceptar el maltrato que se
ejerce sobre los intereses generales de esta tierra.


Desde CC-NC insistimos en que es preciso considerar el hecho de que Canarias ya sufre las consecuencias de una financiación económica injusta (en torno a 800 M inferior a la media de las comunidades de régimen común ). A lo que debemos
añadir un dato de la mayor gravedad y es que cuando sufrimos la mayor tasa de paro del Estado que está evolucionando a una cifra histórica del 35 %, la respuesta de estos PGE es dar un golpe inaceptable al Plan Integral de Empleo de Canarias que se
minora de 42 a 10 M Euros. A los que habría que añadir los otros 40 millones de euros dedicados al PIE de infraestructura educativa, que desaparecieron en los presupuestos de 2012 y que en 2013 tampoco aparece partida alguna.


También expresa con claridad el maltrato a esta tierra la disminución en la subvención a la desalación de agua, una cuestión vital y estratégica para el archipiélago que ha sido reducida a 0 . En el caso de que se tratase de minimizar este
hecho es preciso señalar que, en el año 2009, esta cifra ascendía a 16,9 M y que es evidente que las necesidades se han incrementado desde entonces.


Unos PGE que se sustentan en una austeridad que solo el Gobierno de España y quien lo ordena, que es el núcleo duro de la UE, consideran que puede producir crecimiento, a pesar del evidente retroceso que estas políticas suponen y del enorme
sufrimiento que causa a la mayoría de la población.


Unos PGE que, al igual que los de 2012, se ven afectados por elecciones autonómicas y por previsiones no creíbles. Motivos por los que no descartamos que, también en esta ocasión, serán revisados a la baja para evitar que la realidad afecte
en mayor medida los intereses electorales del partido que sustenta al Gobierno del Estado.


Los nacionalistas canarios de CC-NC no podemos asistir a este maltrato contrastable a los intereses de nuestra tierra.


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 mantiene el supuesto objetivo, ya declarado en los Presupuestos de 2012, de garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la
estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello, según se afirma, para el logro de un crecimiento sostenible y la creación de empleo.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, son aprobados por el Gobierno en un contexto económico estatal caracterizado por la persistencia de una permanente contracción del crecimiento (se estima, de forma poco rigurosa, un
decrecimiento del 0,5 % del PIB para el ejercicio), una muy elevada



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tasa de paro, gran inestabilidad y desconfianza en los mercados internacionales, con el objetivo de corregir el déficit excesivo y cumplir con el objetivo de estabilidad del 4,5 % déficit del PIB para el conjunto de las administraciones
públicas (3,8 % para la Administración Central).


Estos presupuestos pretenden avanzar en el esfuerzo de consolidación fiscal, tal y como ha reiterado el Gobierno, esfuerzo que se instrumenta, tanto desde la perspectiva del gasto al sufrir este un nuevo ajuste respecto al ya iniciado en el
ejercicio anterior, como desde los ingresos mediante la adopción de nuevas medidas de carácter tributario con el objetivo de aumentar la recaudación.


En particular es de señalar, y desde el punto de vista del gasto, que mientras las operaciones corrientes son objeto de una reducción del 5,4 %, las operaciones de capital continúan siendo castigadas con una reducción del 21,8 %, de la que
el 17,6 % afecta a la inversión pública de los distintos Ministerios y el 25,4 % a las inversiones que realizan otras Administraciones y entidades públicas, entre ellas las comunidades autónomas.


En opinión del Grupo Parlamentario de CC-NC, estos nuevos presupuestos para 2013, al igual que los de 2012, no cumplen con el objetivo de alcanzar una senda de crecimiento económico sostenible, para paliar el principal problema de España que
es el desempleo, mediante la adopción de medidas que permitan incrementar la competitividad de la economía. En contra de ese propósito, los fuertes ajustes practicados en 2012 ya están ahogando la economía española, estos unidos a los previstos en
2013 impedirán una vez más el crecimiento económico en 2013 y, en consecuencia, contribuirán nuevamente a aumentar el desempleo.


En este sentido se ha manifestado también el FMI, al pronosticar una prolongación de la recesión de la economía española durante el año 2013, estimando un decrecimiento del 1,3 % frente al 0,5 % previsto en los presupuestos.


El reconocimiento constitucional del hecho insular es un principio político de la organización territorial del Estado y se manifiesta en una realización efectiva del principio de solidaridad junto al 'establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo'. Y, más en concreto, el Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario recoge una inequívoca singularidad que, en el ámbito comunitario, se completa en la llamada ultraperiferia de la Unión Europea como expresión
de las situaciones de desventaja estructurales y permanentes de los territorios ubicados en la lejanía, respecto a la dinámica económica y social del continente.


Por ello, un criterio imprescindible en el diseño histórico de la evolución económica de Canarias es evitar, ante todo, una indeseable deriva hacia la no convergencia con el territorio español y con las regiones europeas.


Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde la renta per cápita disminuye permanentemente, ampliando así el diferencial que la separa del resto de España. Este retroceso es debido a las caídas sucesivas del PIB en 2009 y 2010,
más intensas que en el resto del Estado, acompañadas de un continuo aumento de la población hasta conducir la convergencia económica de Canarias con España hasta el 85,6 % de la media española en 2010, cuando en 1999 la de Canarias suponía 97,6 %
(últimas cifras INE). Adicionalmente Canarias está por debajo del 90 % de la media europea.


La tasa de paro se eleva por encima del 33 % de la población activa, la segunda más alta de España lo que muestra la mayor gravedad de la situación en Canarias respecto al resto de España, el triple de la registrada en 2007 que fue de un 11
%.


Los datos comentados evidencian las tensiones que sufre la economía canaria, que quedó inmersa en un proceso de desaceleración que se anticipó a la crisis de la economía española.


En estos Presupuestos no se incorporan las medidas y los instrumentos necesarios para reconducir el modelo económico canario con elementos de extrema debilidad y dependencia. La presión que sobre el gasto público genera el crecimiento
poblacional ha sido constante en la última década y los crecimientos de la población desde la aprobación del modelo de financiación desde 1999 no se han reflejado, y el actual lo empeora colocando a Canarias como la peor financiada.


El impacto de la crisis no es homogéneo entre los diferentes territorios del Estado. El Presupuesto debe suponer para Canarias una política fiscal cuya orientación debe contribuir a reforzar la eficiencia, la competitividad y el potencial
de crecimiento de la economía del Archipiélago en el contexto de la española; es decir, con atención focalizada en los ciclos particulares de las diferentes economías autonómicas que la componen.


El Proyecto presentado viene a suponer por segundo año consecutivo un claro freno al injusto modelo de financiación autonómica, al desarrollo de los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto de



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Autonomía y del Régimen Económico y fiscal de Canarias y del propio Gobierno del Estado, que aprobó la Estrategia Integral para impulsar el desarrollo de las Islas Canarias el 9 de octubre de 2009, que se viene incumpliendo sistemáticamente,
ya que Canarias recibe en estas cuentas una reducción de 746.513,77 miles de euros menos que en el del ejercicio 2010, es decir, el 100 % de reducción en solo tres años.


Los nacionalistas canarios venimos insistiendo en el necesario reequilibrio del modelo económico canario (con más de tres cuartas partes en el sector servicios y menos de un 7 por ciento de su PIB en el sector industrial); y en la necesaria
contribución del Gobierno de España a la mejora del empleo y su cohesión social en una Comunidad Autónoma cuya tasa de paro supera a la media estatal en nueve puntos y que, sobre políticas activas, recibe en estas cuentas una reducción de 32
millones respecto al año 2012.


Desde nuestra perspectiva, los Presupuestos del Estado castigan a Canarias, la discriminan con respecto a otras comunidades y no cumplen con los derechos que le otorga su régimen económico fiscal ni con los compromisos suscritos con la
Administración del Estado mediante Convenios, y no es falacia como se verá por lo expuesto seguidamente:


- A las reducciones de las operaciones de capital practicadas ya en 2012, en las que Canarias tuvo un ajuste del 45,7 %, casi 7 décimas más de las sufridas por el Estado, Los presupuestos para 2013 continúan aumentando estos ajustes, lo que
incide, entre otras, en las inversiones en carreteras, aguas, aeropuertos, puertos, etc., que impedirá que se culminen los proyectos que en la actualidad están en ejecución y sobre los que, para agravar aún más la situación, ya recaen obligaciones
jurídico-económicas contraídas con las empresas ejecutoras de los mismos en virtud de convenios preestablecidos, en debida forma, con la Administración del Estado.


En particular sobre el Convenio de carreteras. El recorte en el proyecto que nos ocupa supone un 73,83 %, después de un 67 % en 2012. El compromiso para 2013 contemplado en el Convenio de carreteras ascendía a 207 millones de euros. Hoy
queda en 54,19 millones.


La consecuencia inmediata se sitúa en el posible incumplimiento de los compromisos con los contratistas y la consiguiente paralización de las obras con lo que, indefectiblemente, el escenario laboral afectado puede alcanzar los 16.000
desempleados.


En el área de transportes, la subvención al transporte de mercancías disminuye en más de 2 millones de euros con una inmediata incidencia en la cesta de la compra de las familias en un territorio ya inflacionario de por sí. Junto a ello, y
no menos importante, la relación económica y comercial de Canarias con Península y Europa quedará perjudicada. Se trata de materia REF.


La inversión media regionalizada per cápita del Estado en el ejercicio 2013 asciende a 233 euros, en Canarias la inversión del Estado es de 170 euros. Además de que la inversión per cápita en Canarias no alcanza la media estatal, el
diferencial de inversión supone, en 2013, 134.702 miles de euros de pérdida de inversión en un momento como el actual, lo que discrimina aún más a esta región.


La ley reguladora del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la Ley Fiscal de 1991 establece expresamente un régimen especial de inversión del Estado en Canarias que forma parte integrante de la acción estructural de carácter económico que
el Estado se obliga a desarrollar en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial dentro de nuestro Estado, todo ello de acuerdo con las previsiones de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía.


El Régimen Económico y Fiscal de Canarias dispone textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que
compensen del hecho insular, extremo este claramente incumplido en este Proyecto de Presupuesto.


- La ausencia y la minoración de medidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado al amparo del Régimen Económico y Fiscal canario. En particular, la correspondiente a las actuaciones de inversión infraestructuras turísticas
previstas al amparo de la Ley 19/1994, pero también las nuevas reducciones de las partidas destinadas a subvencionar el tráfico aéreo y las destinadas a subvencionar el tráfico aéreo y marítimo de mercancías.


La bonificación por residencia muestra un descenso desde los 191,6 millones a los 180,8 del proyecto con un mensaje de un muy posible encarecimiento de los desplazamientos de los canarios, y no solo por lo que antecede sino porque añade una
potestad al Ministerio para limitar la cuantía de las ayudas. Se trata de materia REF.



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Todo esto unido al incremento de determinadas tasas aéreas cercenan el desarrollo del turismo de las islas, cuando es el único sector de la economía que presenta crecimiento si bien necesita una potente rehabilitación.


- Los presupuestos de 2013 suprimen la subvención a la desalinización del agua, lo que a juicio de CC-NC supone un nuevo atentado a la normativa que compensa la lejanía y el hecho insular.


La medida, principalmente, significa un palmario desconocimiento de la realidad de Canarias. El efecto inmediato de esta medida puede ser el de una subida a las familias del 50 % en el recibo de un servicio básico que bien pudiera
convertirse en un auténtico bien de lujo. La Asociación de Empresas de Gestión Urbana del Agua en Canarias alerta de un 'relevante incremento de precios'.


En los presupuestos para 2012 esta subvención ya sufrió un recorte de 4,5 millones. El coste tasado de la subvención por desalación de aguas está cifrado, sin embargo, en 17 millones de euros. En términos concretos, la reducción ha sido
paulatina en los últimos cuatro ejercicios hasta desaparecer en 2013: de 17 millones en 2009 a cero euros en 2013. Justamente en una materia esencial para el archipiélago.


El mandato del Título II de la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias queda, así, muy afectado: su artículo 11.2 establece una compensación 'que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada'.


- Reducción de los créditos destinados a la realización de políticas activas de empleo, en particular del denominado PIEC en la actualidad financiado con 42 millones de euros y que sufre una drástica minoración al dotarse en 10 millones en
2013. No se justifica este importante ajuste, ya que el PIEC constituye el principal programa de Canarias de lucha contra el desempleo, sobre todo cuando el mismo programa presupuestario dota por primera vez en la partida de capítulo 2 'Estudios y
Trabajos Técnicos', 5 millones de euros, cuyo destino no resulta posible dilucidar.


- Tampoco se corrigen otras graves situaciones:


Ya hemos señalado los evidentes perjuicios para Canarias del actual Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía establecido en la Ley 21/2009. No se ha operado el objetivo
previsto por la propia Ley para tratar equitativamente al conjunto de las CC.AA. De hecho, en la liquidación de 2010 Canarias ha recibido 814 Meuros menos que la media de las CC.AA. del Estado, un auténtico maltrato que cuestiona, entre otros, el
futuro de los servicios públicos esenciales en el archipiélago.


Por otra parte es de señalar la insistencia de la Administración en no aplicar plenamente el precepto de la LOFCA que recoge la retribución del concepto 'Región Ultraperiférica' plasmado en la Constitución y del artículo 299.2 del Tratado de
la Unión, al considerar la necesidad de aplicar determinadas políticas diferenciadas destinadas a paliar las desventajas de su situación ultraperiférica y que la citada Ley articula mediante la fijación de un porcentaje adicional de financiación,
cuya cuantía es el resultante de aplicar el 4,02 % a la dotación anual de los fondos de compensación interterritorial.


Finalmente, para Canarias la 'compensación' por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias al Estado como consecuencia de la supresión del IGTE en virtud de la implantación del REF ya ofreció serias dudas de constitucionalidad y un grave
incidente de lealtad institucional del Estado, quien, acumulando deudas históricas con Canarias por diversos incumplimientos financieros, exige compensaciones a la deteriorada economía de la región.


Adicionalmente, el actual Gobierno Central opta por mantener la citada compensación; consideramos, tal y como hemos puesto de manifiesto de manera reiterada, que esta compensación no tiene fundamento alguno y carece de cobertura legal una
vez modificado el modelo de financiación a partir de 2002, por lo que no procede detraer cantidad alguna.


Esta enmienda se justificaría solamente con este nuevo capítulo del trato discriminatorio que el Estado viene practicando a la tensionada economía de Canarias, y persigue restituir el Fondo de Suficiencia canario que ha de calcularse sin
minoración alguna en concepto de 'compensación' al Estado.


Por todo ello, CC-NC presenta una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a los efectos de que sea devuelto al Gobierno.



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ENMIENDA NÚM. 5


FIRMANTE:


Onintza Enbeita Maguregi


Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi


Rafael Larreina Valdelarrama


Maite Ariztegui Larrañaga


Sabino Cuadra Lasarte


Iker Urbina Fernández


Jon Iñarritu García


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Onintza Enbeita Maguregi, don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, don Rafael Larreina Valderrama, doña Maite Ariztegui Larrañaga, don Sabino Cuadra Lasarte, don Iker Urbina Fernández y don
Jon Iñarritu García, Diputados y Diputadas de Amaiur, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, solicitando, en
consecuencia, su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-Onintza Enbeita Maguregi, Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Rafael Larreina Valderrama, Maite Ariztegui Larrañaga, Sabino Cuadra Lasarte, Iker Urbina Fernández y Jon Iñarritu
García, Diputados.


Justificación de la enmienda de totalidad


Con carácter general, el Proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno para el próximo año 2013 que se está tramitando en ésta Cámara, no da solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e
institucional, sino que, con carácter general, va a profundizar y agravar todos estos problemas.


Con completa seguridad puede afirmarse que el citado Proyecto, de salir adelante, va a generar más recesión y desempleo, a la par que consolidará un modelo socioeconómico cada vez más neoliberal que asienta sus ingresos sobre la base de la
población asalariada, mientras protege a los capitales, rentas y beneficios que siguen eludiendo la contribución fiscal.


Junto a este planteamiento de apoyo a la economía especulativa y financiera, el Proyecto de Presupuestos refleja una falta de compromiso real con la economía productiva y social, el bienestar social de la población, el respeto al medio
ambiente y el reconocimiento de la economía de los cuidados, en especial en todo lo relacionado con el trabajo reproductivo realizado de forma casi exclusiva por las mujeres.


Se trata de un Proyecto de Presupuestos que sigue recortando de forma general y grave el gasto social y debilitando los servicios públicos, a la par que prioriza por encima de todo ello la amortización de una deuda en gran medida ilegítima.
Junto a ello, estos Presupuestos no tienen como prioridad directa la creación de empleo -mucho menos aún, de empleo de calidad- e imposibilita la puesta en marcha de otro modelo económico y social alternativo que posibilite el desarrollo social
sostenible de la economía.


Por último, el Proyecto hace oídos sordos al clamor creciente que desde Catalunya, Euskal Herria, etc., reclama la superación del modelo de Estado-nación de la frustrante Transición y exige avanzar en el proceso de normalización política y
de resolución del conflicto político existente entre Euskal Herria y el Estado, así como abrir las puertas a que las aspiraciones de soberanía de estas naciones puedan ser materializadas por medio de decisiones libre y democráticamente adoptadas por
las mismos.


La negación de ese derecho a decidir, por parte del Estado español, a Euskal Herria tiene también un alto precio reflejado en el presupuesto de 2013, tal cual se evidencia en las cantidades presupuestadas para el cupo, tanto de la CAV como
de Nafarroa. Marco negador de nuestros derechos y cupo que asfixia nuestra economía y nos obstaculiza como pueblo el avanzar hacia a la soberanía económica, así como hacia un nuevo modelo económico y social alternativo.



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Las previsiones sobre las que se asientan los presupuestos no guardan relación con la realidad y esconden nuevos recortes y ataques a los derechos sociales.


Al igual que sucedió con los Presupuestos del año en curso, 2012, las previsiones sobre las que se fundamenta el Proyecto de Presupuestos de 2013 pecan de optimistas.


Según el Gobierno, el futuro inmediato puede definirse como de 'recesión suave' que supondrá un descenso del 0,5 % del PIB para 2013. Sin embargo, contradiciendo frontalmente estas previsiones, el FMI acaba de afirmar hace tan solo unos
días que el Estado español, junto con Grecia, serán las economías que, a nivel mundial, tendrán una peor evolución durante 2013. Así, frente a ese 0,5 % previsto por el Gobierno, el FMI prevé una caída del PIB del 1,3 %, es decir, un 260 % superior
al que sustenta el Proyecto.


En el mismo sentido, el propio Servicio de Estudios del Banco de España ha calificado también estas previsiones de optimistas y afirmado que la contracción económica durante 2013 será de entre el 1 % y el 1,5 %.


Es evidente, así, que el objetivo del Gobierno de dejar el déficit público en un 4,5 % a final de 2013, es completamente inalcanzable, tal como es señalado por el FMI, quien calcula que este no bajará del 6,7 % del PIB. En esta misma
medida, el objetivo de llegar a un 3 % de déficit no se alcanzaría hasta 2017, tres años después de lo previsto por el Gobierno.


Tales previsiones, corroboradas por los informes realizados desde otras instancias privadas y públicas, echan por los suelos los pilares sobre los cuales se asientan estos Presupuestos. En esta medida, caso de aprobarse los mismos en sus
propios términos, no tendrán viabilidad alguna y tendrán que ser sometidos posteriormente a todo tipo de ajustes y cambios -algo parecido a lo acontecido con los de 2012-, dejando así a la sociedad sin otras referencias presupuestarias que la
cambiante voluntad y arbitrariedad del Gobierno.


Es, por ello, que no nos cabe duda de que quien ostenta la responsabilidad de elaborar estos Presupuestos sabe perfectamente que sus previsiones no se van a cumplir. Sin embargo, unas previsiones más 'realistas' supondrían afirmar unas
cifras socialmente más hirientes desde el primer día, con lo cual el ocultamiento de la realidad no tiene otro objetivo que el de proceder a mayores recortes sociales en diferentes momentos.


Por todo ello, este exagerado 'optimismo' a la hora de sentar las previsiones sobre las cuales se fundamentan estos Presupuestos es razón más que suficiente para acordar la devolución de este Proyecto a fin de que el mismo sea reelaborado
atendiendo a la situación económica y social realmente existente y no a las conveniencias políticas, electorales y mediáticas que pueda tener este Gobierno.


Los presupuestos de 2013: Las finanzas por encima de las personas.


El 22,7 % del presupuesto dedicado al pago de intereses de deuda.


Desde un punto de vista humano y social resulta insultante comprobar cómo, un año más, los intereses de las finanzas y los bancos son puestos por delante de los de las personas, incrementándose el pago de la deuda pública en un 33,7 % los
gastos financieros, mientras que el conjunto de gastos ministeriales (en los Ministerios sociales los recortes son aún mucho mayores), el recorte promedio es de un 8,9 %.


Por primera vez en la historia -exceptuada la partida correspondiente al pago de las pensiones-, el coste de la deuda pública se convierte en 2013 en la mayor partida de los Presupuestos del Estado (38.615 millones de euros), superando así a
otras como los gastos de personal de todo el funcionariado público (27.672 millones de euros) o el conjunto de los gastos de fomento del empleo y prestaciones por desempleo (30.765 millones).


Supeditación y ocultismo en la elaboración de los presupuestos.


Todo ello es consecuencia de la supeditación de la política económica y social del Estado a los imperativos de la 'troika' y la conversión del Gobierno del PP en un mero transmisor de las decisiones de esta. Ni que decir tiene, en esta
medida, que los Presupuestos han carecido del más mínimo nivel de participación sindical, social y público y que, por el contrario, han sido elaborados bajo estrictos criterios de secretismo y ocultismo. Son los lobbies financieros y grandes
corporaciones económicas las que determinan las grandes prioridades de estos presupuestos.


Gracias a esa política, se está dando un proceso continuado de conversión de la deuda privada acumulada por la Banca española durante los años dorados de la especulación cementera y el pelotazo



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urbanístico (créditos asumidos con la gran Banca internacional, sobre todo alemana y de otros países de Europa), en deuda pública asumida por este y el anterior Gobierno, cuyo pago se hace recaer sobre los presupuestos públicos y, sobre
todo, con cargo a fuertes recortes las partidas sociales de los mismos: educación, sanidad, prestaciones, inversiones públicas...


Deuda odiosa, ilegítima e inmoral.


Por el contrario, las medidas a adoptar debieran de pasar por la realización, en primer lugar, de una auditoría precisa de la deuda existente a fin de determinar cuánta parte de la misma corresponde a operaciones puramente especulativas
realizadas al amparo del boom inmobiliario, a la realización de grandes e inútiles infraestructuras (radiales, aeropuertos, TAV,...) o a la generada en estos últimos tres años en que los bancos han estado comprando dinero al BCE a un tipo de interés
bajo -1 %- para después comprar al Estado deuda pública (bonos, obligaciones,..) a unos intereses bastante más altos -del 4 % al 7 %- en operaciones puramente especulativas.


Es preciso, por ello, oponerse firmemente al pago de esta deuda odiosa, ilegítima e inmoral. Y solamente después, una vez aligerado sustancialmente el importe de la deuda y tras situar las necesidades y derechos de las personas por encima
del pago del resto de la deuda, acomodar los posibles pagos de la misma a las prioridades derivadas de lo anterior.


Priorizar las necesidades sociales.


El análisis de estos Presupuestos pone de manifiesto el fortísimo recorte a dar al conjunto de gastos ministeriales, que alcanza el 8,9 %. Claro está, este porcentaje es el promedio del conjunto de Ministerios, pero si se analiza uno a uno
los mismos puede verse que, al igual que sucedió en 2012, son los Ministerios sociales (Sanidad, Educación, Empleo,..) los que sufren los recortes más grandes, mientras que los ligados al aparato del Estado (Presidencia, Defensa, Interior,...) son
los mejor tratados.


Es insultante que, mientras que el pago de la deuda y los gastos financieros se incrementa en un 33,7 %, el Ministerio de Sanidad, una vez excluidas las partidas referidas a aportaciones pendientes de realizar a la Seguridad Social y el
dinero ya comprometido por años anteriores, ve reducido su presupuesto real de gasto en un 28,6 %. Otro tanto sucede con el de Educación, Cultura y Deporte que lo hace en un 17,2 %, lo cual supone que en Educación, sumando los recortes actuales a
los de 2012, se alcance un total de recorte de un 31 % en tan solo dos años.


Algo parecido ocurre con el Ministerio de Empleo y Seguridad social en el que, excluidas también las aportaciones pendientes a realizar y las obligaciones de pago procedentes de ejercicios anteriores, contiene un recorte real, neto, de un
8,3 %. Más escandaloso es aún contemplar como, a pesar de dibujarse un futuro de recesión e incremento del paro, las prestaciones y subsidios de desempleo experimentan un retroceso del 6,3 % y las políticas de fomento de empleo son sometidas a un
brutal recorte del 34,6 % del total presupuestado para 2012.


El hundimiento del mercado laboral ha arrastrado consigo a las cuentas de la Seguridad Social, habiéndose tenido este año que romper la hucha del Fondo de Reserva para pagar ya las pensiones de 2012. Junto a ello, el próximo mes de
noviembre deberán revalorizarse las pensiones conforme al incremento del IPC que ya ha desbordado con mucho las previsiones hechas por el Gobierno en los Presupuestos de 2012. Ante esto, sin embargo, las respuestas del Gobierno no solo no han dado
una respuesta satisfactoria a esa obligación legal de regularizar las pensiones, sino que anuncian una nueva reforma del régimen de jubilaciones que, a la vista de la filosofía de recortes sociales contenida en estos Presupuestos, es más que
probable que afecten también de una forma muy negativa a las pensiones.


Los recortes son también muy importantes en otros Ministerios: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (25,4 %); Industria, Energía y Turismo (21,3 %); Fomento (17,2 %)...


Por el contrario, los que se sitúan por debajo del promedio de recorte ministerial del 8,9 % son el Ministerio de Interior (6,0 %), Justicia (4,2 %), Presidencia (4,3 %), Defensa (6,0 %)... A destacar, en cualquier caso, cómo, en el caso de
Defensa, si bien en los Presupuestos de 2012 fue también uno de los Ministerios menos recortados, al final resultó ser el único que tuvo un incremento real en sus partidas debido a un crédito extraordinario aprobado para el mismo el pasado mes de
septiembre. Por último, señalar también cómo, en el caso del Ministerio de Presidencia, el recorte recae sobre las espaldas del funcionariado, quien ve nuevamente congelados sus sueldos y plantillas, con el deterioro de servicios públicos que
conlleva esto último.



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Estos Presupuestos impulsan así el desmantelamiento del sector público en favor de la privatización de servicios esenciales (Educación, Sanidad, Atenciones Sociales,..), lo cual conduce a un claro debilitamiento de los niveles de bienestar
social alcanzado y al desamparo de una parte cada vez más grande de la sociedad: más de diez millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza, cinco millones y medio de personas desempleadas, dos millones de personas que carecen de
ingreso salarial o social alguno,...


Es evidente, por ello, que hace falta dar un cambio radical en la política de gastos y situar las prioridades en una dirección completamente opuesta a la afirmada por este Proyecto. Se trata, así, de recortar y suprimir en buena medida los
gastos y presupuestos militares, policiales y de la Casa Real, congelar y anular los presupuestos de inútiles infraestructuras (TAV, autovías,...) y situar las necesidades de la población empobrecida y en paro por encima de todas estos gastos.


Incrementar los ingresos fiscales cargando el mayor peso de estos sobre los grandes ingresos y rentas.


La crisis fiscal que padece el Estado español es, por encima de todo, una crisis de ingresos. En la economía española, durante la crisis, la presión fiscal ha descendido un 6 % del PIB, cayendo del 41 % al 35 %. Por el contrario, en otros
países europeos la presión fiscal se ha mantenido.


En el Proyecto de Presupuestos para 2013, si bien el aumento total de la recaudación por los distintos tributos (IRPF, Sociedades, IVA, Especiales, tasas) se prevé que crecerá en un 3,7 %, es preciso destacar que ese incremento se sustenta,
en última instancia, en la subida brutal del IVA realizada el pasado julio. De esta manera, al tratarse este de un impuesto indirecto no basado en las rentas, beneficios, ni propiedades, sino en el consumo de quien lo realiza, hace que sean las
clases menos pudientes las que tengan que pagar, en proporción, una mayor parte de su importe.


Por el contrario, el Proyecto de Presupuestos debiera de contemplar, junto a la anulación del último incremento general del IVA, una subida general de los ingresos tributarios resultante de aumentar sustancialmente la progresividad de los
impuestos directos (IRPF, Sociedades,..), haciendo recaer el peso de estos aumentos sobre los tramos más altos de los mismos. En esta misma medida debiera aprobarse un fuerte impuesto sobre las grandes fortunas y suprimir la figura de las SICAV,
así como duplicar los medios materiales, humanos y presupuestarios precisos para hacer frente al fraude fiscal que, como es sabido, se practica sobre todo por parte de las grandes empresas y rentas.


La reciente propuesta de la Diputación de Gipuzkoa de establecer un Impuesto sobre las Grandes Fortunas (se calcula que con ello van a incrementarse los ingresos en un 30 % con respecto del Impuesto sobre Patrimonio) pone en evidencia las
posibilidades y, a la vez, la falta de voluntad política para llevar a cabo un reforma fiscal progresiva que genere recursos suficientes y posibiliten un sector y servicios públicos suficientes.


Hacer frente a la crisis institucional.


Pareja a la crisis económica y social, la crisis institucional que venía larvándose en los últimos años, especialmente en Euskal Herria, ha terminado estallando tras la realidad puesta de manifiesto por la Diada de Catalunya. Se ha
evidenciado que aquella Transición fraudulenta y la Constitución de ella derivada, no han sido capaces de dar una respuesta democrática y respetuosa para con la voluntad de la ciudadanía, a la realidad de las distintas naciones sin estado que hoy se
encuentran dentro del actual Estado español.


Treinta y cinco años después de aquello, el problema nacional irresuelto está de nuevo presente en todos los debates públicos hoy presentes tanto en el propio Estado español como a nivel internacional. Sin embargo, el proyecto de
Presupuestos para 2013, lejos de atender, siquiera de forma mínimamente satisfactoria, a las ansias de soberanía evidenciadas, apuesta por avanzar en una dirección completamente contraria.


Comenzando por aquella modificación constitucional adoptada el pasado año con celeridad, secretismo y falta total de debate, que subordinó el conjunto de presupuestos públicos a las exigencias de contención del déficit público y pago de la
deuda, pasando por las distintas medidas adoptadas en el ámbito financiero, laboral, social, fiscal..., la política del Gobierno ha impuesto una recentralización de competencias de todo tipo. Se ha reforzado así el carácter centralista de este
Estado en una dirección completamente contraria a la exigida hoy en día por las naciones sin estado.



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Soberanía económica, fiscal, financiera y social para Euskal Herria.


En esta misma medida, y en lo que hace referencia a Euskal Herria, el Gobierno del PP está imponiendo todo un conjunto de medidas y recortes amparándose en unos marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación electoral en
el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca -CAV- y Foral de Navarra) es ostentosamente minoritaria (23 %) y que su política económica y social está siendo rechazada hoy en día por porcentajes cercanos al 90 % de la población (encuesta
INE, septiembre) e, incluso, por sus propios Parlamentos autonómicos y Juntas Generales.


El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos de 2013 recogen las cantidades de 551,08 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 920 millones en el cupo de la CAV. Estas
enormes cantidades van a parar, entre otros destinos, a correr con los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Y en la medida que sube la deuda
a pagar a los bancos, sube también el pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en
Euskal Herria.


Constatamos, igualmente, que el presente proyecto de cuentas públicas para 2013 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de
cara a la resolución del conflicto político.


Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación
alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y
prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.


Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar
decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,... Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los
recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima.


Por todo ello, en base a la ineficacia frente a la crisis económica, a su papel de impulsores de la crisis social, a su contribución en la profundización de la crisis institucional y en que sus fundamentos no responden a la realidad
política, social y económica de Euskal Herría, los diputados y diputadas de Amaiur presentan esta enmienda a la totalidad y piden la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2013.


ENMIENDA NÚM. 6


FIRMANTE:


M.ª Olaia Fernández Davila


Rosana Pérez Fernández


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG), y doña Rosana Pérez Fernández, Diputada por A Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente enmienda a la totalidad, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-M.ª OIaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



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El Gobierno reconoce que con el proyecto Presupuestos Generales del Estado para 2013 que presenta no se saldrá de la crisis, traerán más recesión y más paro, ya que estiman que el PIB descenderá en el 2013 un 0,5 % y el empleo un 0,2 %. En
todo caso, se trata de una previsión optimista si tenemos en cuenta que el FMI estima un descenso del PIB del 1,3 %, Standard & Poor's estima un descenso del 1,4 % y la CEOE de un 1,6 %. Esta es una de las grandes trampas de este proyecto de
Presupuestos, las previsiones macroeconómicas son irreales, pero permiten al Gobierno completar los recortes pasadas las contiendas electorales. Es necesario recordar cómo apenas un mes después de la aprobación de los presupuestos para 2012, el
Gobierno del PP los modificó recortando fuertemente en sanidad y educación. Por otra parte, se trata de un proyecto en el cual no se contemplan las exigencias que implicará el eminente rescate al Estado español, por lo cual el BNG cree que se
tratan de unos presupuestos que quedarán convertidos en papel mojado.


Los presupuestos persiguen un único objetivo, que es intentar cumplir con el déficit impuesto por la UE, de un 4,5 % sobre el PIB para 2013, a costa de recortes en las políticas sociales, los estímulos a la economía y la reorientación del
sistema productivo, lo que supone anteponer el objetivo de consolidación fiscal a los de recuperación económica, creación de empleo y cohesión social. Sin embargo, toda vez que las previsiones de crecimiento del Gobierno son bastante más optimistas
que las de otros organismos, y habida cuenta también que se está verificando que las políticas de ajuste y austeridad provocan un círculo vicioso que conduce a más recesión, podemos afirmar que no se cumplirá este objetivo, lo que provocará más
recortes durante el 2013 con el fin de corregir la desviación que se producirá con respecto al objetivo fijado.


Son unos presupuestos a medida de la banca, pensados para contentar a Bruselas y a los mercados, pero nefastos para las mayorías sociales, el bienestar, el crecimiento y la recuperación económica. El proyecto incide en medidas injustas para
la mayoría de la sociedad, asume la agudización de la crisis económica y camufla la reducción de inversiones en Galicia a través de un artificio presupuestario.


A continuación desenvolvemos más detalladamente estos y otros argumentos, que justifican la presentación de esta enmienda de devolución.


A. Las CCAA son las más perjudicadas en el ajuste presupuestario.


Tendrán que afrontar una reducción del 50 % de su déficit, del 1,5 % al 0,7 %, con respeto al presente año, mientras que la Administración Central del Estado solo la afronta del 15 %, puesto que pasa del 4,5 % al 3,7 %. Así, el diseño de
los presupuestos supone el ahogo financiero de las CCAA y, consecuentemente, un grave deterioro de los servicios básicos que prestan, como enseñanza y sanidad, que, sumados a los propios recortes sociales contemplados en el mismo, implican un ataque
frontal al Estado del Bienestar.


B. Los intereses de la deuda lastran todo el presupuesto.


Los intereses de la deuda crecen un 34 % para 2013 con respeto al presente año, casi 10.000 millones de euros más, pasando así a 38.590 millones de euros. Esta desorbitada cantidad tiene su causa, por una parte, en el modelo de construcción
europea que avala el gobierno, con un Banco Central que no es prestamista de última estancia para los estados, lo que les obliga a financiarse y a exponerse a los ataques especulativos de los mercados, y que tiene como consecuencia unos pagos de
intereses desmesurados. Por otra parte, el rescate al sector financiero se está traduciendo en un fuerte incremento de la deuda, de la misma manera que las ayudas no devueltas están teniendo un enorme impacto tanto en la deuda como en el déficit
público, consecuencia de una nefasta reestructuración del sector financiero que antepone los intereses de la propia banca al de las personas.


C. Son contrarios a las necesidades de las mayorías sociales.


El proyecto de presupuestos es claramente regresivo en lo relativo a las políticas sociales, puesto que la dotación de la mayoría de programas sociales ven reducida considerablemente su cuantía.


Si examinamos la evolución del presupuesto por ministerios, nos encontramos con que los que concentran la mayor parte de la inversión social, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sufre un recorte del 17,2 %, superior al
promedio de los recortes en los Ministerios, o el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que, descontadas las aportaciones pendientes a la Seguridad Social o partidas comprometidas de años anteriores, sufre una reducción del gasto del 22 %, muy
superior a la de ministerios



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de nula vocación social, como es el caso de Interior (-6,3 %), Defensa (-6 %) o Justicia (-4,2 %) o de partidas como la destinada a la Casa Real, que se reduce en un 4 %. Incluso el Ministerio de Presidencia ve incrementada su dotación en
un 0,6 %.


Por otra parte, el sueldo de los funcionarios se ve congelado por tercer año consecutivo, a lo que hay que sumar a la supresión de la paga extra de Navidad. Cabe recordar que en los Presupuestos para 2012 no se contemplaba la supresión de
esta paga, por lo que, a tenor de los hechos, aún podrán aplicarse nuevos recortes a los funcionarios.


Por último, se contempla un incremento de un 1 % en las pensiones, sin embargo, no se revalorizan, por lo cual el efecto neto es la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Además se echa mano, por primera vez, del Fondo de Reserva de
las pensiones, de hecho se sustrae la máxima cantidad legal permitida, 3.060 millones de euros.


D. Impiden la dinamización de la economía, la reorientación del modelo productivo y, en consecuencia, la generación de empleo.


El proyecto de Presupuestos Generales del Estado debería hacer un especial esfuerzo para dotar adecuadamente las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como son las
infraestructuras, la dotación relativa a la I+D+i o la educación. Sin embargo, la orientación es justo la contraria. Son precisamente estas áreas las que experimentan un mayor descenso en su asignación presupuestaria, claramente por encima de la
media. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sufre un recorte del 25,4 % con respeto al 2012, y el de Industria, un 21,3 %, lo que implicará un drástico descenso de la inversión productiva. Partidas como la dedicada a
políticas activas de empleo ven reducida su cuantía en un 34,6 %.


E. La inversión territorializada en Galicia desciende significativamente, a pesar de disimularse mediante un artificio presupuestario.


Para el BNG, como fuerza nacionalista y gallega, tiene una especial relevancia la inversión territorializada en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de infraestructuras y que padece
un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales.


En este proyecto se intenta compensar la reducción presupuestaria real de las inversiones en Galicia mediante un artificio presupuestario en la alta velocidad, con una dotación económica anormalmente elevada, no detallada y no ejecutable en
la práctica.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013.


ENMIENDA NÚM. 7


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a iniciativa de su portavoz, la Diputada doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda
a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.



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Exposición de motivos


Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 reflejan las consecuencias del rescate generalizado de las Cajas de Ahorro y las Comunidades Autónomas a costa de todos los ciudadanos. En ellos, la deuda pública aumenta 16 puntos del PIB
(unos 160.000 millones de euros), previéndose que finalice 2013 representando el 90 % del PIB (900.000 millones de euros), el valor más alto desde hace un siglo.


Respecto al rescate generalizado de las cajas de ahorro, se consignan en los Presupuestos 30.000 millones de la deuda pública generada por el rescate europeo, cuya factura final ascenderá a los 40.000 millones como mínimo. También se
reservan 65.000 millones de euros para el otorgamiento de avales a las emisiones que realice la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.


Esto se suma a los apoyos públicos del pasado: del FROB, del Fondo de Adquisición de Activos Financieros o los avales del Estado a las emisiones de deuda bancaria. Básicamente, se ha transformado un problema de deuda entre las Cajas y las
entidades internacionales que les habían prestado, en un problema de deuda pública entre el Estado y los socios europeos. Ese problema se generó por una gestión politizada, sin criterios profesionales, y por eso no ha afectado apenas a los bancos,
sino a las Cajas que controlaban las Comunidades Autónomas mediante representantes de los partidos políticos.


En cuanto al rescate generalizado de las Comunidades Autónomas, los mecanismos 'extraordinarios' de apoyo han proliferado hasta convertirse en lo ordinario. Lo que no deja de ser lógico, pues los problemas que se presentan como coyunturales
y de liquidez son en realidad estructurales. Se deben a que, al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, se crearon unas estructuras públicas que no se han reducido apenas tras el estallido de ésta. Estructuras que, por otro lado, no es
posible rediseñar sin reformar el modelo de Estado, incluyendo la Constitución. Sin embargo, se ha optado por tratar los síntomas (facturas impagadas, imposibilidad de emitir en los mercados) y no las causas. Con ese fin, se han dado anticipos de
tesorería de los recursos del sistema de financiación, se creó una línea ICO-vencimientos, se ha ampliado el período de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, se ha creado el Fondo de pago a proveedores (hasta 35.000 millones) y
recientemente el Fondo de Liquidez Autonómico (con 18.000 millones). Todo ello sin el control ni la condicionalidad exigibles.


Esto ha obligado a solicitar un primer rescate europeo, y un segundo parece inminente, ante la imposibilidad del Estado de hacer frente a la carga de los rescates de Cajas y Comunidades. Pero no se olvide que el rescate es en forma de
deuda, aunque sea con condiciones de financiación mejores que las del mercado. Como reflejo de ese endeudamiento público, la partida del gasto que sí aumenta es la del pago de intereses de la deuda pública. Asciende ya a 38.589 millones, con un
incremento anual de 9.742 millones (el 33 %).


No sólo el Estado rescata con los recursos de todos los ciudadanos de manera generalizada a Cajas y Comunidades. Además, asume en solitario la mayor parte de los ajustes necesarios para hacer frente a la reducción del déficit y al pago de
esa deuda. Ello pese a que carece de la magnitud necesaria para equilibrar en solitario el conjunto de las cuentas públicas. Por el contrario, ha quedado reducido a un carácter residual que cada vez se acentúa más. La mayor parte de su gasto está
previamente comprometido. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y sus destinatarios últimos (106.350 millones en pensiones, 26.993,7 millones en prestaciones y subsidios
de desempleo, 52.458 millones en transferencias a otras administraciones y 38.660 millones en pagos de intereses de la deuda pública). Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda a los ministerios para realizar sus políticas
discrecionales equivale aproximadamente a tan sólo un 4 % del PIB (una cantidad similar al presupuesto de la Generalitat de Cataluña).


Al centrar los recortes en ese gasto estatal, se afecta a partidas muy sensibles para el crecimiento económico y la cohesión social.


Las partidas de gasto más directamente relacionadas con el estímulo de la actividad productiva, la mejora de la competitividad y el cambio de modelo productivo se reducen. La inversión en nuevas infraestructuras cae un 13,5 %, lo que se
añade al desplome del 36 % en 2012. El gasto total en I+D queda en 5.932,63 millones de euros, con lo que la reducción acumulada en los últimos cinco años es del 47,6 %. Con ella, los recursos públicos destinados a I+D se sitúan por debajo de los
existentes en



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el año 2006. El gasto en educación disminuye un 14,4 % que se añade al 21 % de los Presupuestos anteriores. El gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cae un 21,3 %, que se suma al 31,9 % de 2012. Se reduce un 24,5 % (29,5 %
en 2012) el gasto en promoción del turismo y un 24,5 % el presupuesto del ICEX, cuando se quiere convertir a las exportaciones en motor de la recuperación.


Tampoco van a servir estos Presupuestos para paliar los efectos sociales de la crisis a la que nos condenan. El gasto en cohesión social también se reduce, pese a las fuertes tensiones que los recortes anteriores ya han provocado en nuestro
país. De nuevo, los ejemplos son numerosos. Cae el gasto en protección a los parados un 6,3 %, que se acumula al 5,5 % de 2012. Las políticas activas de formación a los parados se reducen un 34,6 %, pese a lo criticado que fue el recorte del 21,3
% de 2012. Reducir un 40 % las transferencias para servicios sociales de las entidades locales, un gasto más necesario que nunca, tampoco parece una política social adecuada en las circunstancias actuales.


Otra decisión relevante de gasto consiste en congelar un año más el salario de los funcionarios, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo. Su salario se redujo un 5 % de media en 2010, para después congelarse tanto en 2011 como en
2012. El efecto acumulado de estas decisiones es una pérdida de poder adquisitivo de entre el 25 % y el 30 %.


Lo peor es que estos sacrificios ni siquiera servirán para lograr el único objetivo que persiguen: cumplir el objetivo de déficit público para tranquilizar a nuestros acreedores internacionales. De hecho, los países que han aplicado
recientemente estas políticas, como Grecia o Portugal, han caído en un círculo vicioso de recesión, déficit público, recortes y más recesión que no les ha permitido cumplir sus objetivos de déficit. Este es el panorama al que, para UPyD, se
enfrenta también España como consecuencia de las medidas del gobierno. Las previsiones de crecimiento del PIB en 2013 del FMI, que sitúan a España en el puesto 184 de 185 países, apuntan claramente en esa dirección. La misma institución estima que
el déficit público será del 7 % en 2012 (sin contar las desviaciones adicionales provocadas por las ayudas a la banca), del 5,7 % en 2013 y sólo llegaría al 3 % en 2017.


La alternativa propuesta por UPyD vuelve a ser rechazada: un recorte selectivo, permanente, estructural, que respete el gasto productivo y social del Estado, lo que sólo será posible mediante una reforma profunda de las estructuras
administrativas y los entes públicos que se generaron (sobre todo en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) al considerar permanentes los ingresos tributarios provocados por la burbuja inmobiliaria; una reforma fiscal en profundidad y la
intensificación de la lucha contra el fraude fiscal sin amnistías.


Se opta, una vez más, por lo contrario. El Estado, sujeto a traumáticos recortes, encuentra sin embargo recursos adicionales para las Comunidades Autónomas. Esto lo hace sin que ellas hayan ajustado sus presupuestos en las partidas
superfluas, ni reducido entes, ni duplicidades. En el año 2011 todavía incrementaron su plantilla en 9.600 personas.


No es posible continuar desmantelando el Estado para alimentar un caos autonómico insostenible. Es imprescindible disponer de un modelo final de país que guíe las decisiones.


La filosofía presupuestaria conocida como 'Presupuesto base cero' debería aplicarse en todos los niveles de la administración, pero especialmente en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En ella, no se dan por sentados como punto de
partida los gastos del ejercicio anterior, sino que se parte de un gasto cero y cualquier adición debe de ser justificada por sus propios méritos.


En las condiciones actuales, la única forma que tiene el gobierno de aparentar que las cuentas cuadran es basándolas en unas previsiones macroeconómicas demasiado optimistas, lo que le permite sobreestimar los ingresos tributarios y las
cotizaciones a la Seguridad Social, a la vez que infravalorar los gastos por desempleo.


De nuevo el gobierno encara la aprobación de los Presupuestos como un mero trámite, consciente de que tras las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, cuando se solicite el segundo rescate europeo, tendrán que ser retocadas en
aspectos fundamentales, como las pensiones y los impuestos. Por eso, tampoco son unos Presupuestos que ayuden a recuperar la credibilidad perdida.


En las secciones siguientes, se analizan más detalladamente las diferentes partidas presupuestarias desde la óptica arriba expuesta.


Estos presupuestos reflejan el carácter cada vez más residual del Estado


Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión, y por tanto una capacidad de actuación, enorme.



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En 2013, el gasto consolidado previsto es de 305.532,51 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente una tercera parte del PIB español. Esta primera impresión es totalmente engañosa, aunque a los partidos políticos que han permitido
que se llegue a la situación actual no les interese deshacer la ilusión. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, que ha ido perdiendo la capacidad de articular políticas comunes.


Ha de tenerse en cuenta que la inmensa mayor parte de ese gasto está previamente comprometido, por lo que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de
intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, 106.350 millones se gastan en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 26.993,7 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo a los
parados, 52.458 millones en transferencias a otras administraciones y 38.660 millones en los pagos de intereses de la deuda pública.


Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda a los ministerios para realizar sus políticas equivale aproximadamente a tan sólo un 4 % del PIB, cifra que incluye 33.290 de gastos de personal. Esta es la magnitud del 'Estado
residual', que ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones que han realizado durante décadas los grandes partidos a unas reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban para mantenerse en el poder.


Así, nos encontramos con partidas esenciales, como la del Ministerio de Educación, sobre las que se mantiene el ritual de analizar anualmente si suben o bajan, cuando su cuantía total es ridícula (1.944,73 millones, el 5 % de un gasto
educativo que controlan las Comunidades Autónomas en el 95 % restante).


Una de las pocas partidas activas de cierta influencia que quedan, el gasto en infraestructuras (5.966 millones), está parcialmente preasignada en los nuevos Estatutos con criterios no homogéneos (el PIB, la población o la superficie, según
convenga a cada Comunidad) que los convertirá en incumplibles si se completa el proceso, pues los porcentajes sumarán más de 100. UPyD considera acertada la decisión del Gobierno de no respetar esa preasignación en estos Presupuestos, de acuerdo
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no por criterios territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más acertada o se ha visto
condicionada por consideraciones electorales.


Otra partida estratégica clave, la de I+D+i (5.562 millones de investigación pública civil y 363,38 millones de militar) sufre también cada vez más acusadamente las presiones territoriales.


El resto de partidas activas con un volumen de gasto mínimamente significativo se van quedando concentradas en las funciones más tradicionales: defensa (5.786 millones), seguridad ciudadana (7.903,48 millones) y representación exterior
(1.492 millones) que, sin embargo, también disponen en el caso de las dos últimas de dotaciones adicionales de las comunidades autónomas, con una duplicación de funciones muy poco eficiente.


La distribución de competencias por niveles de gobierno siguiendo el principio de subsidiaridad no debe implicar en absoluto el desmantelamiento de la Administración Central, dejándola incapacitada para articular políticas comunes y
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan.


Los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico carente de credibilidad


El cuadro macroeconómico que sirve de base a los Presupuestos peca de un optimismo totalmente injustificado. Por desgracia, esto se ha ido convirtiendo en una tradición presupuestaria española desde el inicio de la crisis. En estos
presupuestos el gobierno del Partido Popular la sigue con un entusiasmo que no desmerece del de los anteriores gobiernos socialistas del Sr. Zapatero. Con ello, se logra cuadrar las cuentas sobre el papel, se cumple con el trámite presupuestario,
pero no se ayuda a que la economía española recupere la credibilidad perdida.


Las previsiones de los organismos internacionales (como el FMI) o de los analistas privados (recopiladas en el Panel de Previsiones de FUNCAS) son claramente peores. La caída del PIB que prevén en 2013 casi triplica la del gobierno. Será
del 1,3 % según el FMI, pudiendo caer hasta un 3,2 % en el escenario más adverso. El propio Gobernador del Banco de España así lo reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso.


La cuestión no es baladí, porque si el PIB fuese aún menor de lo esperado se verían afectadas partidas presupuestarias fundamentales. Implicaría menores ingresos tributarios, menores cotizaciones



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sociales y mayores gastos por desempleo. Esto dificultaría aún más el cumplimiento del ya poco creíble objetivo de déficit público en un ejercicio en que es fundamental y ha sido el único argumento ofrecido como justificación de unos
recortes antisociales, que además perjudican el crecimiento.


En efecto, la caída del PIB no es ajena a los Presupuestos, sino que estos la refuerzan mediante fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto productivo en infraestructuras en mitad de una recesión. Por eso sorprende el argumento
gubernamental de que los Presupuestos ayudarán a que la realidad supere las expectativas de crecimiento de los organismos internacionales, cuando sus efectos son claramente recesivos.


De hecho, los países que han aplicado recientemente estas políticas, como Grecia o nuestro vecino Portugal, han caído en un círculo vicioso de recesión, déficit público, recortes y más recesión que ni siquiera les ha permitido cumplir los
objetivos de déficit. Este es el panorama al que, para UPyD, se enfrenta también España como consecuencia de las medidas del gobierno. Las previsiones del FMI, que sitúan a España en el puesto 184 de 185 países, sólo superada por Grecia, apuntan
claramente en esa dirección. Es más, resulta muy dudoso, como también señaló el Gobernador del Banco de España, que se cumpla el objetivo de déficit del 6,3 % en 2012; el FMI lo sitúa en el 7 %. Esto plantearía un problema adicional a los
presupuestos: se habrían construido a partir de unos niveles iniciales de gastos e ingresos que no se corresponderían con la realidad.


El entorno macroeconómico contemplado es el de otro año más de recesión, con una economía lastrada por una caída de la demanda interna (-2,9 %), que se compensa parcialmente por la aportación positiva de 2,3 puntos del sector exterior, lo
que dejaría la caída del PIB en el 0,5 %.


Pese a esta negra previsión, sigue habiendo importantes elementos que resultan cuestionables por su excesivo optimismo. Tienen que ver sobre todo con la formación bruta de capital, el consumo privado y el comportamiento del sector exterior.
Es de destacar el hecho de que el gobierno mantenga la misma previsión que cuando presentó el techo de gasto para 2013, pues desde entonces el deterioro de la economía española y las turbulencias financieras en torno a la deuda pública española se
han agravado.


Se pronostica una caída de la formación bruta de capital de sólo el 2,1 %. Hay tres componentes de esa inversión. Uno es la inversión pública. Con una caída del gasto en infraestructuras del 22 %, este componente se contraerá fuertemente
en 2013. El segundo es la inversión residencial; con el stock de viviendas construidas sin vender, la restricción del crédito y el endurecimiento de la fiscalidad, no cabe esperar un comportamiento muy boyante en 2013. El tercero es la inversión
privada en bienes de equipo. Las empresas siguen endeudadas, el crédito se contrae y las previsiones de evolución de la demanda son negativas. Todo confluye para que el comportamiento de esta variable sea malo. En estas condiciones, la caída
prevista se antoja muy moderada.


El consumo de las familias es una variable clave, al tratarse del componente de mayor tamaño de la demanda nacional. El escenario de los PGE prevé que en el 2013 caiga un 1,4 %. Existen numerosas razones para cuestionar tal previsión. Los
hogares han reducido ligeramente su nivel de endeudamiento desde el inicio de la crisis, pero sigue siendo todavía muy alto. La elevada tasa de paro también deprimirá el consumo, tanto de los que han perdido su empleo como del resto, que percibe un
mayor riesgo de perderlo. La reforma laboral, al facilitar el despido de trabajadores indefinidos y personal laboral de la administración, agudizará este efecto. Cada vez serán más los desempleados sin ningún tipo de cobertura. Las congelaciones
salariales de los empleados públicos y las reducciones salariales en numerosas empresas del sector privado, supondrán otro freno al consumo. En la misma línea operan las fortísimas subidas de impuestos ya aprobadas, y el temor a las que puedan
aprobarse en el futuro inmediato. El efecto riqueza negativo provocado por la bajada del precio de la vivienda, el principal activo de la mayoría de las familias, supondrá otro freno. Por si todo lo anterior fuera poco, otra causa fundamental
lastra el consumo. Parte de él se financia mediante créditos, y resulta difícil obtenerlos en un entorno de crisis financiera como el actual (en el que el crédito a los hogares se contrae, según los datos del Banco de España). La reforma
financiera del gobierno acentuará la restricción del crédito a corto plazo, al exigir mayores recursos propios a las entidades financieras.


Nótese que, tanto en el caso del consumo como en el de la inversión, el mal comportamiento no es independiente de las políticas del gobierno, sino que está en gran medida provocado directamente por ellas.


El otro pilar que atenúa el pesimismo de las previsiones oficiales es el favorable comportamiento del sector exterior. El crecimiento del 6 % que se prevé para las exportaciones de bienes y servicios no



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es realista. Dos terceras partes de nuestras exportaciones se dirigen al resto de la Unión Europea, que atraviesa una desaceleración (aunque sea más suave que la española). Países vecinos, con los que los intercambios comerciales son
particularmente intensos, como Portugal e Italia, están entre los que peor situación atraviesan. El FMI ha señalado recientemente los riesgos de desaceleración en Estados Unidos e incluso en los países emergentes.


No se entiende que, ni siquiera con la previsión de leve caída del PIB del gobierno, se pronostique una caída mínima del empleo, de sólo el 0,2 %. Menos aún que se prevea una disminución de la tasa de paro, aunque es cierto que el
desistimiento de muchos trabajadores puede llevarles a abandonar la búsqueda de empleo y, en consecuencia, la población activa. Baste recordar que en 2011 el PIB creció en términos reales un 0,4 % y se perdió un 1,9 % del empleo.


Por último, el gobierno presume de no necesitar financiación externa al desaparecer el déficit por cuenta corriente (con la ayuda del hundimiento de las importaciones provocado por la recesión). Es una afirmación llamativa cuando en el
primer semestre de 2012 salieron de España 220.000 millones de euros, ha habido que recurrir a un primer rescate europeo que probablemente no sea el último y la dependencia de las entidades financieras españolas respecto al BCE asciende a 429.000
millones de euros.


Se recortan gastos del estado esenciales para el crecimiento y la cohesión social


Por el lado del gasto, estos Presupuestos van a agudizar la crisis. En ellos, las partidas de gasto más directamente relacionadas con el estímulo de la actividad productiva, la mejora de la competitividad y el cambio de modelo productivo se
reducen. Los ejemplos de esta política contraproducente son múltiples.


El gasto en el Ministerio de Fomento, el ministerio más relacionado con la inversión, se reduce un 11 %, que se suma al 34 % de los Presupuestos de 2012. La inversión en nuevas infraestructuras cae un 13,5 %, lo que se añade al desplome del
36 % en 2012.


El gasto en I+D consolida la caída del 25,5 % en los Presupuestos anteriores. En éstos, el gasto en I+D militar (que a menudo tiene aplicaciones industriales civiles) cae un 52 %. El gasto en I+D civil aparenta mantenerse, pero en realidad
se disminuyen las subvenciones y se sustituyen por préstamos (partida que habitualmente se queda después sin ejecutar en un 50 %). El gasto total en I+D queda en 5.932,63 millones de euros, con lo que la reducción acumulada en los últimos cinco
años es del 47,6 %. Con ella, los recursos públicos destinados a I+D se sitúan por debajo de los existentes en el año 2006. Está claro que no es ésta una política prioritaria para el gobierno, pese a ser imprescindible para la mejora de la
competitividad, el cambio de modelo productivo y el crecimiento a largo plazo. Con el agravante de que los equipos científicos son fáciles de desmantelar (con la salida al extranjero de personas muy cualificadas) y difíciles de recomponer.


El gasto en educación disminuye un 14,4 %, que se añade al 21 % de los Presupuestos anteriores. Hay recortes en las becas y ayudas a estudiantes del 3,8 %, que se suman al 11,6 % anterior. El programa Erasmus se reduce un 60 % y cae un 75
% desde 2011.


El gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cae un 21,3 %, que se suma al 31,9 % de 2012. Se reduce un 24,5 % (29,5 % en 2012) el gasto en promoción del turismo y un 24,5 % el presupuesto del ICEX. Esto cuando se quiere
convertir a la exportación en motor de la recuperación.


El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio de modelo (hacia uno más innovador, con unos trabajadores más formados...) deja de financiarse.


Tampoco van a servir estos Presupuestos para paliar los efectos sociales de la crisis a la que nos condenan. El gasto en cohesión social también se reduce, pese a las fuertes tensiones que los recortes anteriores ya han provocado. De
nuevo, los ejemplos son numerosos.


Cae el gasto en protección a los parados un 6,3 % que se acumula al 5,5 % de 2012, pero no obviamente por un menor paro, sino porque los parados existentes van agotando el periodo en el que tienen cobertura y porque se endurecen cada vez más
las condiciones de acceso a los subsidios. Es éste uno de los recortes que más claramente delata las verdaderas prioridades del gobierno actual. Por si lo anterior fuera poco, las políticas activas de formación a los parados se reducen un 34,6 %,
pese a lo criticado que fue el recorte del 21,3 % de 2012, y a que el propio Memorando de Entendimiento con la Unión Europea pide que se refuerce la formación a los parados.


Reducir un 40 % las transferencias para servicios sociales de las entidades locales, un gasto más necesario que nunca, tampoco parece una política social adecuada en las circunstancias actuales.


Otra decisión relevante de gasto consiste en congelar un año más el salario de los funcionarios, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo. Su salario se redujo un 5 % de media en 2010, para



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después congelarse tanto en 2011 como en 2012. El efecto acumulado de estas decisiones es una pérdida de poder adquisitivo de entre el 25 % y el 30 %.


En realidad, el único sentido de los Presupuestos presentados es contentar a corto plazo a los acreedores internacionales, con los que estamos endeudados por el rescate universal de las Cajas de Ahorro y las Comunidades Autónomas a cuenta
del contribuyente. Para ello, se procede a un recorte antisocial del gasto que perjudicará también la recuperación económica.


Como reflejo de ese endeudamiento público, la partida del gasto que sí aumenta es la del pago de intereses de la deuda. Asciende ya a 38.589 millones, con un incremento anual de 9.742 millones (el 33 %). Ésta es una de las causas de que,
aunque el presupuesto parezca austero cuando se mira el gasto de los Ministerios (-8,9 %), en realidad el gasto total aumente: el gasto total consolidado sube un 5,5 %, los gastos no financieros un 2,2 % y los corrientes un 3,1 %. Sin olvidar que
buena parte de los recortes de gastos y subidas de ingresos no tienen carácter permanente.


Las previsiones de ingresos son demasiado optimistas, exigiendo cada vez más a los que cumplen mientras se amnistía a los defraudadores


El rechazo de UPyD al proyecto de Presupuestos encuentra también motivos en el apartado de ingresos tributarios.


De nuevo, como en el lado del gasto, las subidas de impuestos que se proponen lo que harán es dificultar a corto plazo la recuperación económica, al disminuir la renta disponible de los agentes privados y, en consecuencia, la demanda.


El supuesto cumplimiento del objetivo de déficit que ofrecen estos presupuestos es una pura apariencia, basada en unas estimaciones de ingresos sin sustento en la realidad. En el debate de los Presupuestos de 2012, UPyD ya advirtió de que
las previsiones no se cumplirían, como sucedió pese a los desmentidos del gobierno. Ahora, el gobierno vuelve a presentar unas previsiones de ingresos irrealizables, que además ocultan medidas tributarias futuras.


Los ingresos previstos para 2013 son el resultado de dos fuerzas que actúan en sentido contrario. Por un lado, la recesión económica tendrá un efecto negativo sobre la recaudación de las diferentes figuras impositivas. Este impacto se
agudizará debido a que la contracción se centrará en la demanda interna (que genera muchos más ingresos impositivos que las exportaciones). Por otro lado, actuará el efecto positivo sobre la recaudación de las erráticas medidas fiscales adoptadas
por el gobierno. Aunque subir impuestos en medio de una recesión la agudizará, y las subidas contradicen las irresponsables promesas electorales del Gobierno. El total de ingresos impositivos se prevé que aumente un 3,7 %, incremento a todas luces
cuestionable. Para lograr este resultado, se está infravalorando el efecto de la recesión sobre lo recaudado.


Esta sobrevaloración de los ingresos como forma artificial de cuadrar las cuentas tendrá efectos perniciosos sobre el comportamiento de las Comunidades Autónomas. Éstas reciben entregas a cuenta en función de los ingresos estimados. Si
éstos se sobrevaloran, se desincentiva el recorte del gasto autonómico. Cuando tengan que devolver los ingresos recibidos en exceso, dentro de dos años, puede haber problemas adicionales.


Respecto al IRPF, no parecen rigurosas unas previsiones de recaudación basadas, según se indica, en una previsión de incremento del conjunto de las rentas salariales. Se prevé que los ingresos de IRPF suban un 2,2 %. El gobierno parece
desconocer el efecto que la crisis y su propia política están teniendo en las rentas salariales: congelación de los sueldos públicos, destrucción de empleo, reducciones salariales y creciente precarización del trabajo.


Del mismo modo, es muy difícil cumplir un objetivo de ingresos por IVA, basado en la premisa de un crecimiento nominal en el consumo de los hogares. Nuevamente, el gobierno parece desconocer el impacto de la crisis, y de sus propias
políticas impositivas y laborales, en la renta disponible de los ciudadanos.


Tampoco se entiende una previsión de recaudación del Impuesto sobre Sociedades fundamentada en una expectativa de crecimiento de los beneficios. ¿En qué se basa tal apreciación? No en la propia política del gobierno, que no ha logrado
revitalizar el crédito pese a los recursos comprometidos, que ha incrementado los costes de la energía, que no ha reducido las cotizaciones sociales como prometió, que ha incrementado enormemente un IVA difícil de trasladar al precio final y que ha
reducido la inversión pública a niveles prácticamente de reposición.



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Aún más grave es que, después de un año de actuación, el gobierno carezca de una estrategia fiscal coherente. Sus medidas de incremento de la recaudación fiscal se han basado en el sencillo expediente de incrementar los tipos impositivos de
las dos figuras con más potencia recaudatoria del sistema, IVA e IRPF, para hacer pagar aún más a los buenos pagadores, con el complemento de medidas de choque en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades para anticipar en el tiempo (más que de
incrementar) la recaudación.


Ese camino, recorrido a golpes un tanto improvisados en medio de confusión y desmentidos, no tiene más margen. Los tipos impositivos del IRPF y del IVA, ya por encima de la media europea, no se pueden subir más, y los trucos para anticipar
la recaudación de Sociedades no dan más de sí.


La caída prevista en los ingresos del Impuesto sobre Sociedades, pese a la optimista previsión de crecimiento de los beneficios, es un ejemplo de las limitaciones de esa política fiscal cortoplacista. El carácter meramente puntual de las
medidas aprobadas en 2012 provocan en la recaudación de 2013 una reducción, que apenas se puede aliviar con nuevas medidas que no dejan de limitarse a anticipar de nuevo ingresos futuros, como ocurre con la reducción de amortizaciones o la
regularización de balances.


De ese modo, se acude a medidas de ingreso coyunturales, e incluso a menudo se hace gala de su carácter temporal. Sin embargo, esa misma temporalidad pone en evidencia que las soluciones adoptadas no reducen el déficit estructural.


El gobierno debería acometer de una vez la tarea de realizar una profunda reforma fiscal, que elimine las inequidades del sistema actual y proporcione un aumento de recaudación a cargo de quienes hoy pagan menos de lo que debieran.


Por ejemplo, reformando la tributación del capital, incluyendo los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones, hoy muy desiguales según la Comunidad Autónoma del contribuyente. Algo que contradice nuestro apoyo como país a la
armonización fiscal europea. En este sentido, la medida de gravar las plusvalías generadas en menos de un año al tipo marginal del IRPF, siendo positiva, es sólo una pieza de algo que debiera ser mucho más amplio.


En definitiva, este presupuesto de ingresos, después de un año de continuos vaivenes, pone de manifiesto la falta de convicción para acometer una reforma fiscal que permita generar sobre bases equitativas y sostenibles un volumen de recursos
similar (difícilmente igual) al que se obtenía gracias a la burbuja inmobiliaria. Se trata de una cuestión trascendental, porque la incapacidad para ofrecer una política fiscal coherente a largo plazo dificulta enormemente recuperar la credibilidad
internacional perdida.


Tanto los giros no explicados en la política tributaria como la forma de ejecutarlos, improvisada y llena de rectificaciones, generan incertidumbre, desconfianza, incluso inseguridad jurídica, justo lo contrario de lo que necesita la
economía española. El temor a futuras subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de la deuda pública acumulada, genera incertidumbres adicionales.


Parte de la desconfianza proviene del hecho de que el partido gobernante ganó las elecciones prometiendo bajar los impuestos. El incumplimiento del programa electoral ha sido continuo. Uno más de ellos que incorporan estos Presupuestos:
el mantener el Impuesto del Patrimonio que tanto criticó al gobierno anterior. Ni los premios de la Lotería, la última esperanza para muchos ciudadanos, se libran de las subidas de impuestos de este gobierno.


No puede dejarse al margen del análisis del lado de los ingresos presupuestarios la amnistía fiscal, aunque haya tenido lugar en 2012. A los ciudadanos cumplidores se les exigen tipos marginales nórdicos, superiores al 50 %, en el IRPF,
mientras que a los defraudadores se les ha pedido un 10 %, libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo. Las amnistías fiscales violentan principios éticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria y
no tienen unos efectos recaudatorios netos claros.


La lucha decidida contra el fraude fiscal no cesa de anunciarse, pero está en abierta contradicción con la reducción de los recursos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en un 7,7 %, que se suma al 4,8 % de los anteriores
Presupuestos.


Teniendo en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25 % del PIB español, esto constituye un claro error. Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. Por otro lado, ¿cómo exigir más a los que ya cumplen
sin intentar que los que evaden asuman su parte de la carga?



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La Seguridad Social aparenta momentáneamente que actualizará las pensiones utilizando el fondo de reserva


Los Presupuestos de 2013 contemplan un aumento de las pensiones del 1 %. Esto implica, de momento, una pérdida de poder adquisitivo considerable. Como consecuencia de las medidas del gobierno (fuerte subida del IVA, electricidad, tasas
universitarias, medicamentos) en septiembre el IPC subía un 3,5 %.


En teoría, la revalorización tendrá lugar a final del año, como obliga la vigente norma sobre actualización de pensiones. Sin embargo, la ambigüedad calculada de las declaraciones del gobierno deja pocas dudas de que, una vez celebradas las
elecciones en Galicia y País Vasco, tal revalorización no sucederá.


La disminución de las pensiones probablemente se articule adelantando la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una fórmula que revisará los principales parámetros de jubilación: edad y periodo de cómputo. La reforma de la
jubilación aprobada en 2011 fijó su definición para 2027 y su puesta en marcha para 2032.


Es decir, que sucederá con esa promesa de revalorizar las pensiones según el IPC como con tantas otras, incluyendo la de reducir un punto las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social en 2013 y otro punto adicional en 2014,
anunciada por el propio Presidente del gobierno hace pocos meses como ligada a la subida del IVA y que no figura en los Presupuestos.


En estos Presupuestos, el Gobierno ha aprobado disponer por primera vez de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta el máximo que permite la Ley, en concreto 3.063 millones de euros. Esta cantidad representa más del 4
% de los aproximadamente 69.000 millones de que dispone en total el Fondo, y que equivale a menos de un año de pago de las pensiones. Se une a los 4.500 millones del Fondo de Prevención de la gestión de las mutuas, de que se dispuso el pasado mes
de julio.


Pagar las pensiones en un sistema de reparto recurriendo al Fondo de Reserva significa reconocer abiertamente que las cotizaciones no cubren las prestaciones que se tienen que pagar. Esto indica que los efectos del deterioro económico y del
incremento del paro están siendo demoledores para el sistema, al que no sólo es un riesgo demográfico el que lo amenaza.


Las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social son otros componentes de los Presupuestos que no parecen ajustarse a la realidad. Estamos nuevamente ante estimaciones ciertamente optimistas.


Las previsiones en materia de Seguridad Social incluidas en estos Presupuestos obvian los datos reales con los que se van a cerrar las partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2012, que diferirán de manera preocupante respecto a lo
presupuestado para ese ejercicio. Sin embargo, el punto de partida de los cálculos para 2013 se basa en los erróneos datos presupuestados para 2012, no corregidos.


Cabe destacar el apartado de cotizaciones sociales, que desciende sólo un 0,4 %. Es muy posible que se reduzca bastante más, pues esa ligera caída se basa en la estimación de que las cotizaciones de empresas y ocupados crezcan un 1,6 %.
Esto no sucederá si el empleo cae más del 0,2 % que prevé el gobierno, algo altamente probable.


Respecto a los gastos, se prevé que crezcan un 5 %. Este importe tampoco resulta creíble, pues se parte de una cifra en 2012 que terminará siendo claramente superada.


Un aspecto positivo que incorporan estos Presupuestos en el ámbito de la Seguridad Social es el avance en la separación de fuentes. El Estado asume con ese fin la parte del gasto de la Seguridad Social que no debe financiarse con las
cotizaciones (como las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos) mediante una aportación de 15.554 millones de euros.


Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales reciben todavía más recursos:


Uno de los rasgos más llamativos (y significativos) de estos Presupuestos es que, en un contexto de fuertes recortes en los gastos esenciales de un Estado que se ha visto obligado a pedir un primer rescate a la Unión Europea, se sigan
aumentando los recursos puestos a disposición de las Administraciones Territoriales.


Las transferencias a las entidades locales se incrementan un 5,4 % y las transferencias a las Comunidades Autónomas disminuyen un 12 %; en conjunto, las transferencias a las Administraciones Territoriales caen un 5,8 %. Pero, junto a esto,
ha de tenerse en cuenta la variedad y magnitud de mecanismos de apoyo extraordinarios que el Estado ha proporcionado a las Administraciones Territoriales,



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pese a sus propios apuros: anticipos de los recursos del sistema de financiación, línea ICO, ampliación del período de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, creación del Fondo de pago a proveedores (hasta 35.000
millones) y del Fondo de Liquidez Autonómico (dotado con 18.000 millones). Todo ello sin el control ni la condicionalidad suficientes, y sin que ninguna Comunidad haya llegado a ser intervenida.


Por otro lado, el optimismo injustificado en los ingresos del Estado se traduce en unas mayores entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, lo que posteriormente puede generar elevadas liquidaciones negativas para éstas, como ya ocurrió
en 2008 y 2009 (con los problemas de devolución subsiguientes).


El Estado, sujeto a traumáticos recortes, encuentra sin embargo recursos adicionales para las Comunidades Autónomas. Esto lo hace sin que ellas hayan ajustado sus presupuestos en las partidas superfluas, ni reducido entes, ni duplicidades.
Al contrario, en el año 2011 todavía siguieron incrementando su plantilla en 9.600 personas.


Por otro lado, se eliminan en estos Presupuestos (por segundo ejercicio consecutivo) las inversiones necesarias para cumplir con algunas discutibles cláusulas de los nuevos Estatutos de determinadas Comunidades, lo cual a juicio de UPyD es
un elemento claramente positivo y respeta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Estas cláusulas favorecen un trato discriminatorio a las Comunidades que han reformado sus Estatutos, fijando en ellos (con criterios diferentes en cada caso, el que más convenía a cada una) el porcentaje de inversión estatal que debían
recibir, frente a las que no lo han hecho. Así, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, y Castilla y León se encontraban en una situación distinta del resto. Si todos los Estatutos se reforman, nada garantiza que los porcentajes así fijados no
superen el 100 %.


Las infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no por criterios territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más acertada o ha respondido en parte a consideraciones electorales.


Hay otra decisión presupuestaria relevante en el ámbito territorial que resulta criticable. El Fondo de Compensación Interterritorial es un importante instrumento de equidad, al permitir la financiación de infraestructuras en las
Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. En estos Presupuestos se opta por reducirlo de nuevo, dejándolo en la cifra a todas luces insuficiente de 571 millones de euros (con un recorte del
14,9 %, que se añade al 37,5 % de 2012). Este importante mecanismo constitucional de reequilibrio queda así vaciado de contenido.


La deuda y el déficit tienen problemas de sostenibilidad


En cuanto a la evolución de la deuda pública, se encontraba en el 68 % del PIB cuando el PP llegó al gobierno y los Presupuestos prevén que termine 2013 en el 90,5 % (es decir, unos 220.000 millones de euros de aumento). Esta cifra de deuda
es la mayor desde hace un siglo. No hay una variable que refleje mejor el descontrol de las cuentas públicas desde el inicio de la crisis. En 2008 el nivel de endeudamiento público equivalía a un 39,7 % del PIB. Si las previsiones del gobierno se
cumplen, en 2013 habrá aumentado 50 puntos del PIB, más que duplicándose.


Sólo en estos Presupuestos se incrementa en 16 puntos del PIB. Cada punto del PIB equivale a unos 10.000 millones de euros. Este enorme incremento se debe a dos causas interrelacionadas con raíces institucionales: el rescate generalizado
de las Cajas de Ahorro y de las Comunidades Autónomas.


Respecto al rescate generalizado de las Cajas de Ahorro, se consignan 30.000 millones de la deuda pública generada por el rescate europeo, cuya factura ascenderá a 40.000 millones como mínimo. Esto se suma a los apoyos públicos del pasado:
del FROB (que ya ha admitido pérdidas de 11.000 millones entre 2010 y 2011), del Fondo de Adquisición de Activos Financieros o los avales del Estado a las emisiones de deuda bancaria. En estos mismos Presupuestos para 2013 se reservan 65.000
millones de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones que realice la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Los déficits de 2011 y 2012 han tenido que
revisarse al alza en 16.660 millones por ayudas a las entidades financieras que lo más probable es que se pierdan. Básicamente, se ha transformado un problema de deuda entre las Cajas y las entidades internacionales que les habían prestado, en un
problema de deuda pública entre el Estado y los socios europeos. Ese problema se generó por una gestión politizada, sin criterios profesionales, y por eso no ha afectado



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apenas a los bancos, sino a las Cajas que controlaban las Comunidades Autónomas mediante representantes de los partidos políticos.


En cuanto al rescate generalizado de las Comunidades Autónomas, los mecanismos 'extraordinarios' de apoyo han proliferado hasta convertirse en lo ordinario. Lo que no deja de ser lógico, pues los problemas que se presentan como coyunturales
y de liquidez son en realidad estructurales. Se deben a que, al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, se crearon unas estructuras públicas que no se han reducido apenas tras el estallido de ésta. Estructuras que, por otro lado, no es
posible rediseñar sin reformar el modelo de Estado, incluyendo la Constitución. Sin embargo, se ha optado por tratar los síntomas (facturas impagadas, imposibilidad de emitir en los mercados) y no las causas. Con ese fin, se han dado anticipos de
tesorería de los recursos del sistema de financiación, se creó una línea ICO-vencimientos, se ha ampliado el período de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, se ha creado el Fondo de pago a proveedores (hasta 35.000 millones) y
el Fondo de Liquidez Autonómico (dotado con 18.000 millones). Todo ello sin el control ni la condicionalidad exigibles, y sin que ninguna Comunidad haya llegado a ser intervenida. De ahí que se debiliten aún más los incentivos a reducir el gasto
autonómico, pues en último término la restricción presupuestaria se puede mover a costa del Estado, y éste se compromete a no dejar caer a nadie. Eso por no hablar de la falta de lealtad institucional, que lleva a algunas Comunidades a amenazar
incluso con la secesión, a la vez que exige cambios de las reglas del juego a su favor en forma de Pacto Fiscal.


La carga de intereses que esto supone implica ya un gasto de 38.615 millones de euros, creciendo en 9.700 millones (un 33,7 %) respecto a los Presupuestos de 2012. Esto la convierte en la segunda partida en importancia tras las pensiones,
con lo que las cuentas públicas españolas quedarán lastradas durante años. En estas condiciones tendrán que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico. Añádase que el nivel de deuda pública supera claramente el 60 % que se establece como
referencia en la Unión Europea, nivel al que resultará muy complicado volver si a todo lo anterior se suman unas perspectivas de crecimiento poco halagüeñas.


Las emisiones brutas del Tesoro durante 2013 tendrán que ser de 207.173 millones de euros, para cubrir las nuevas necesidades de financiación más los vencimientos de deuda pasada. Una enorme cantidad de recursos, equivalente al 20 % del PIB
español, que será muy complicado captar (como indica el progresivo acortamiento de plazos al que se logra emitir).


La reducción del déficit del conjunto de las Administraciones públicas al 6,3 % del PIB en 2012 y al 4,5 % en 2013, en medio de una recesión, resulta una tarea suicida. El cumplimiento dependería de la recuperación del crecimiento, así como
de que Comunidades y Ayuntamientos respetasen los límites previstos. Ninguna de esas dos condiciones parece que vaya a cumplirse. Los propios Presupuestos imposibilitan la primera. La segunda está relacionada con la existencia de un componente
estructural en el déficit público, ligado al mal diseño del Estado autonómico, que debería ser corregido ante la imposibilidad de recuperar los niveles de ingresos de la burbuja inmobiliaria. El equilibrio presupuestario previsto para la Seguridad
Social peca también de un optimismo injustificado.


Una institución tan prestigiosa como el FMI acaba de publicar sus previsiones sobre la senda de consolidación fiscal española. Ante el horizonte de estancamiento al que parece enfrentarse la economía española, que no recuperaría hasta 2018
el nivel de actividad previo a la crisis, estima que el déficit será del 7 % en 2012 (sin contar las desviaciones provocadas por las ayudas a la banca), del 5,7 % en 2013 y sólo llegaría al 3 % ¡en 2017!


Por todas las razones expuestas, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), mediante esta enmienda a la totalidad rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y pide su devolución al Gobierno.



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ENMIENDA NÚM. 8


FIRMANTE:


Alfred Bosch i Pascual


Joan Tardà i Coma


Teresa Jordà i Roura


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual y don Joan Tardà i Coma, y de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-Joan Tardà i Coma y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Exposición de motivos


Los Presupuestos del Estado, una invitación a acelerar el proceso de independencia de los Països Catalans


El presente Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se enmarcan coherentemente en el proceso centralista neoliberal de reformas estructurales iniciado por el actual Gobierno español de desmantelamiento del Estado
autonómico y del Estado del Bienestar.


Por un lado, con la excusa de los objetivos del déficit, han reducido la financiación de las Comunidades Autónomas (que ya era insuficiente en el caso de los Països Catalans en años anteriores), mientras que el Gobierno sigue sin hacer un
recorte acorde con sus posibilidades y mantiene en su ámbito competencial gastos superfluos y/o recortables (desde gasto militar a embajadas, pasando por el Instituto Cervantes), gastos duplicados al ser competencias transferidas a las Comunidades
Autónomas (Cultura, Sanidad, Deporte...), reducción de la inversión productiva y en infraestructuras en el principal polo económico del Estado -los Països Catalans- para salir de la crisis y un drástico recorte de las políticas sociales que va a
hipotecar seriamente el presupuesto y la autonomía de las CC.AA. y las Corporaciones Locales.


Son además unos presupuestos que no cumplen con los Estatutos catalán, valenciano y balear y que aumentan el déficit histórico y la infrainversión en estos territorios.


En resumidas cuentas, unos PGE que confirman las razones que han motivado la voluntad mayoritaria expresada públicamente por el pueblo de Catalunya el pasado 11 de septiembre de independizarse de España y iniciar un proceso irreversible
dirigido al ejercicio unilateral y democrático del derecho a la autodeterminación.


Por consiguiente, y en la medida que deseamos que el proceso comporte los mínimos costes para ambas partes -muy especialmente para los territorios que conforman los Països Catalans- estimamos necesario que los PGE tomen en consideración la
variación de flujos fiscales interterritoriales derivados de un próximo escenario de secesión.


Unas previsiones macroeconómicas irreales recientemente desmentidas por el FMI


El Estado ha presentado los Presupuestos del Estado que no son realistas con el objetivo de situar el déficit de las administraciones públicas en el 4,5 % del PIB a finales del próximo año frente al 6,3 % que se prevé cerrar este ejercicio.
Como tampoco parece real la previsión de una contracción del PIB español de un - 0,5 % el 2013 frente al 1,2 de caída de 2012, y frente a las previsiones de otros analistas de instituciones internacionales como el FMI, que sitúan las previsiones de
contracción del PIB en 2013 en un - 1,3 %.


A la Administración Central le corresponderá reducir su déficit hasta el 3,8 %, mientras se obliga a las comunidades autónomas a fijar un déficit del 0,7 % del PIB, y en cero en el caso de las corporaciones locales y la Seguridad Social. Lo
que supone un ajuste de 14.270 M€, equivalentes al 1,34 % del PIB.


Las únicas partidas que crecen son las destinadas al pago de las pensiones, alrededor de un 4,9 % (que incluyen Ia subida del 1 % en las prestaciones y la compensación por la desviación del IPC), las



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destinadas al pago de la deuda (aumenta un 33,8 % hasta los 38.590 M€), las becas y las prestaciones por desempleo.


Y es que estamos convencidos que estos PGE sintetizan la percepción mayoritaria de los catalanes respecto al Estado español, que especificamos a continuación: Un estado inviable, nada fiable y arbitrariamente discriminatorio en el ejercicio
de sus facultades.


Un Estado inviable


La deuda pasará del 75,9 del PIB a finales de 2012 al 80 % de finales de 2013. Según el Presupuesto el ajuste se centra en el gasto (58 %) y el aumento de los ingresos (42 %). De hecho prevé reducir los gastos en 2013 un 7,3 %, excluida la
aportación a la Seguridad Social, el pago de intereses y el sistema de financiación de las administraciones territoriales, mientras que los ingresos subirán un 4 %.


El coste de los intereses de la deuda aumentará en 9.742 millones, un 33,8 % más que en 2012. Esta fuerte subida se come el ahorro previsto en los ministerios: una previsión de ahorro desproporcionada de 3.883 millones, un descenso del 8,9
%. La subida de los gastos financieros supone, además, que el Gobierno español pagará más por intereses que por prestaciones por desempleo o casi lo mismo que todos los ministerios (39.722 millones).


Los PGE son una renovada apuesta por una austeridad que se está demostrando a todas luces contraproducente: no únicamente porque repercute los ajustes de la crisis sobre los colectivos más vulnerables -en términos homogéneos las política
sociales para este año sufren un recorte del 14,4 %-, sino porque no prevén ninguna política ni estímulo creíble de modificación del actual modelo de desarrollo español.


Un Estado poco fiable


Los presupuestos del Estado vuelven a incumplir el Estatut y destinan a Catalunya 7 puntos menos de lo que corresponde. Por tercer año consecutivo la Generalitat no recibirá el dinero de las inversiones pendientes que determina la
disposición adicional tercera del Estatut. El 2013 tendría que cobrar 719 millones correspondientes al 2010. A esto debería sumarse los impagos de la liquidación de los ejercicios del 2008 (759 M€) y del 2009 (211 M€). A pesar de todo, en los
presupuestos del Estado no hay ningún rastro de estas cifras.


Los presupuestos del Estado tampoco incorporan el dinero pendiente en materia de inversiones en Catalunya. Según el Estatut, entre el 2006 y el 2013 el grueso de las inversiones del Estado en Catalunya en infraestructuras tiene que ser
equivalente al peso del PIB catalán sobre el del conjunto de España. Actualmente, la proporción es del 18,6 % del total. Cuando no se cumple este acuerdo presupuestario, la disposición establece que el Estado debe compensar a la Generalitat con la
diferencia de la inversión pendiente. El Estado, por tanto, no cumple con las leyes vigentes.


Un Estado discriminatorio


El Gobierno español, con estos PGE, perpetúa la política de discriminación territorial que ha desarrollado durante las tres últimas décadas. A modo de ejemplo, podríamos mencionar Ia evolución y distribución territorial de las siguientes
partidas:


a) Inversión territorializada:


En términos absolutos, Catalunya es la cuarta autonomía que recibirá más inversiones el 2013, con 1.262 M€, detrás de Andalucía, Castilla-León y Galicia, por ejemplo, en el acceso ferroviario al Port de Barcelona y el tramo del Corredor
Mediterrani en Tarragona.


Pero una vez más, los territorios de los Països Catalans se sitúan a la cola de la inversión per cápita en las inversiones del Estado. En estos presupuestos Catalunya se sitúa en 13.ª posición (173,16 €/hab), el País Valencià en la 16.ª
(130,59 €/hab) y las Illes Balears en 18.ª (71,74 €/hab).


En total, la media de inversión per cápita en el conjunto de los Països Catalans se sitúa en 148,93 €/hab, mientras que la media del Estado se sitúa en 230,55 €/hab.



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b) Infraestructuras:


También se genera un agravio en inversiones. El Estado destinará 1.260 M€, correspondientes al 11,9 % del total de la inversión regionalizada, o sea, por debajo del 18,6 % del PIB catalán y español. Se trata de una caída del 10,4 %
respecto de las cuentas del 2012. En los últimos presupuestos la inversión supuso el 11,1 % del total y el recorte respecto del 2011 fue brutal, del 44,9 %.


A pesar que el presupuesto incluye 60 M para los accesos ferroviarios al Port de Barcelona (el mismo Port deberá invertir 50 M para llevar adelante la obra), quedan olvidados los accesos ferroviarios varios. Esta situación llevará al
colapso, puesto que actualmente más del 80 % de las mercancías llegan en camión.


El Gobierno sigue priorizando la alta velocidad y obviando las mejoras en Cercanías. La inversión prevista de Cercanías es de 10 millones para proyectos y 4 más para estaciones, y no se prevé ninguna línea ni desdoblamiento. No hay ni un
euro en el tramo Montcada-Vic cuando, por ejemplo, se invertirán 44 M€ en la cuatriplicación de vías en el tramo Torrejón de Velasco-Atocha en la red de Cercanías de Madrid.


Los presupuestos incluyen una partida para el enlace con la alta velocidad del aeropuerto de Barajas y, en cambio, no se prevé ninguna inversión para el nuevo acceso ferroviario a la T-1 del Prat (solo 4,4 millones para el 2014).


Los PGE también incumplen -por tercer año consecutivo- la asignación a la Generalitat para financiar el coste del servicio de Cercanías y Regionales, y que dejará en una situación complicada la firma del contrato de servicios.


La inversión total en el eje mediterráneo es de 749 M -al lado de los 1.079 M del corredor noroeste- y, de estos, 260 son para actuaciones en Catalunya, a los cuales se debe sumar una parte de los 270 M que está previsto invertir en el
tercer hilo entre Castellbisbal y Alacant. La inversión acordada en Catalunya, pero, no incluye el desdoblamiento del tramo de la línea convencional Vandellós-Tarragona, que está previsto en el proyecto de presupuestos desde hace 5 años y la alta
velocidad hasta Ia frontera (155 M el 2013). Además, la partida del Corredor Mediterrani contabiliza 155 M destinados en el enlace Bobadilla-Granada, que forma parte del Corredor radial Madrid-Granada. Es lamentable que no se prevea tener acabado
el tercer hilo entre el Port de Tarragona y Castellbisbal, fundamental para las mercancías, hasta el 2016.


No se prevé ninguna mejora en los puntos críticos de la N-II, donde solo se traslada la inversión prevista para este año al tramo Sils-Caldes y unos simbólicos 3 M para el de Maçanet-Sils. Tampoco hay cambios para las variantes de Vallirana
y la Aldea.


Cabe señalar que, de las inversiones que el Estado previó para el 2011, sólo se cumplieron el 45 %, mientras que en Madrid la ejecución presupuestaria ha sido del 111 %.


c) Salud:


Los presupuestos del Estado suponen una reducción de entre 30 y 50 % a la partida que el Estado transfiere a las CC.AA. para programas de investigación médica y de salud pública.


A parte de reducir a la mitad, el 10 % del fondo para investigación será en forma de crédito y no de subvención, por lo cual será necesario devolverlo.


d) Dependencia:


La partida destinada a la dependencia sufre otro severo recorte a la partida destinada a las CC.AA. que el Estado financia para cada dependiente. La partida pierde 200 M y se queda en 1.087.


e) Cultura:


La partida de cultura ha tenido un recorte del 26 % respecto al año 2012, pero entre los damnificados hay quienes están por encima de la media. Es el caso de las instituciones culturales catalanas afectadas por los recortes ministeriales
que van del 25 al 50 %, a las que se debería sumar la desaparición de la partida destinada a Barcelona por los grandes equipamientos que suponen un gasto de capitalidad. Concretamente, la partida de equipamientos de Barcelona pasa de 21,34 M a 11,3
M, un recorte del 47 %.



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También afecta notablemente a otros equipamientos cultural como el MNAC, con un recorte de 3,19 M a 2, un 37 % menos, el Macba, que pasa de 1,6 a 1, o el Teatre Lliure, que sufre un descenso del 25 %, de 790.000 a 592.000.


Los presupuestos para el 2013 se ceban como nunca con las grandes instituciones culturales catalanas, que se quedan con unas aportaciones irrisorias, que como en el caso del Gran Teatre del Liceu el recorte supera el 50 %. En concreto son
4,5 M€ que dejará de recibir el Liceu del Ministerio de Cultura.


Un Estado que debe prepararse para la independencia de Catalunya


En la medida que estos presupuestos ratifican las motivaciones que llevan ya a la gran mayoría de catalanes a ser favorables a iniciar un proceso de secesión del Estado español, sus efectos respecto a las cuentas públicas españolas deberían
ser tomadas en consideración.


Como ya ha sido reconocido por el mismo Ministerio de Economía y Hacienda en las balanzas fiscales calculadas en 2008, como consecuencia del actual régimen común de financiación autonómica y la distribución territorial de los PGE, el
desequilibrio fiscal entre los diferentes territorios es extremo. Catalunya es en términos relativos (8,7 % del PIB), conjuntamente con les Illes Balears (14,2 % del PIB) y el País Valencià (6,32 % del PIB), quien genera un mayor superávit fiscal
en las administraciones centrales del Estado español.


Asumiendo que este déficit se ha mantenido constante en términos relativos en los siguientes ejercicios, como así lo confirman los cálculos elaborados por la Generalitat de Cataluña, consideramos necesario y recomendable que los PGE para el
siguiente ejercicio incluyan un fondo de contingencia equivalente a la pérdida de un flujo fiscal positivo proveniente de Cataluña -estimado en unos 16.000 millones de euros- como consecuencia de su culminación de su proceso de independencia.
Consideramos que sería una buena manera de incrementar la credibilidad de estos presupuestos y de evitar un incremento adicional e insostenible del déficit fiscal de los territorios que actualmente ya están más penalizados, según las estimaciones
del propio Ministerio.


ENMIENDA NÚM. 9


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.


La economía española lleva ya tres trimestres consecutivos con datos negativos del Producto Interior Bruto (PIB), reflejando de esa forma la recesión económica que atraviesa. Sin embargo, el Gobierno no sólo no está utilizando todos los
mecanismos que tiene disponibles para salir de esta situación sino que por el contrario no cesa en su empeño por presentar medidas que en última instancia sólo consiguen agravar la crisis. El Gobierno está creando las condiciones para sumir a la
economía en una Gran Depresión.


En las actuales condiciones de crisis económica, el principal objetivo del Gobierno debe ser combatir el desempleo así como garantizar que las necesidades básicas de los trabajadores estén satisfechas, pero desgraciadamente estos
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 caminan en la dirección contraria. Envueltos en la retórica de la creación de empleo, pero empedrados de austeridad y recortes, los presupuestos vuelven a ahondar en los errores económicos y sociales
de los ya aprobados para 2012.



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En un contexto económico de recesión prolongada como el actual, en el que la iniciativa privada se demuestra incapaz de crear empleo como consecuencia de la falta de financiación de las empresas, de la caída del consumo de las familias fruto
del impacto de las políticas de ajuste en la capacidad adquisitiva de las personas y de la reducción de la inversión pública, la salida de la crisis y sobre todo la creación de empleo dependen en buena medida del papel que juegue el sector público
que, hoy más que nunca, debe ser un papel incentivador de la economía y el empleo.


El camino de la austeridad, que reduce la capacidad del Estado para incidir en la creación de empleo, es por lo tanto un rumbo suicida. Por si fuera poco, la falta de voluntad política para luchar eficazmente contra el fraude fiscal,
combatiendo no sólo los agujeros internos de la economía sino también aquellos otros que posibilitan el entramado institucional de la actual Unión Europea, se suma al carácter altamente regresivo de las reformas fiscales implantadas por el Gobierno.
Un pack de medidas que cuadran en el marco de una estrategia económica y socialmente suicida y que de ningún modo podrá funcionar.


Una encuesta reciente del Banco Central Europeo planteaba que para el 30 % de las empresas españolas el principal problema era la falta de demanda, mientras que para el 22 % lo era el acceso a la financiación. A pesar de que dicha encuesta
reflejaba que únicamente el 13 % de las empresas consideraba que los costes laborales eran el problema prioritario, el Gobierno ha convertido la flexibilización del mercado laboral en uno de sus pilares fundamentales. Con ello no sólo niega la
realidad de la economía española sino que consigue dinamitar las relaciones laborales y todo lo que ello conlleva en relación a derechos fundamentales conquistados. El Gobierno echa más gasolina a las calles en un momento de lógica y necesaria
protesta social.


La economía española ha disfrutado de un modelo de crecimiento económico insostenible, promovido por los diferentes gobiernos españoles y basado en el endeudamiento de carácter privado y en una importante desigualdad entre rentas.


Ahora que dicho modelo está agotado correspondería buscar uno alternativo que priorice la creación de empleo y los servicios públicos, como propone el grupo La Izquierda Plural, pero el Gobierno español ha preferido obedecer felizmente el
mandato de la llamada troika. Mandato que condena a los países de la periferia europea a un modelo productivo y de crecimiento que requiere para operar un modelo de sociedad en el que lo que primará serán los bajos salarios, el desmantelamiento de
los servicios públicos y la desaparición de los contrapesos legales al capital financiero y productivo.


El Gobierno español y la troika están dinamitando el modelo social español y en su huida hacia delante están destruyendo las bases democráticas sobre las que se sostiene cualquier sociedad desarrollada. Estos presupuestos no hacen sino
apuntalar esa estrategia de subordinación hacia el poder económico, empujando la economía hacia la Gran Depresión y condenando a los trabajadores a la precariedad, el hambre y la miseria.


Hoy más de 600.000 familias carecen de cualquier tipo de ingreso, la tasa de paro alcanza el 24,6 % de la población activa y se producen una media de 517 desahucios al día según el Consejo General del Poder Judicial. A juzgar por estos
presupuestos de 2013 no parece que estos datos sean los que más preocupan al Gobierno, que por el contrario está dedicando muchos más recursos a sanear un sistema financiero prácticamente quebrado.


Con los llamados rescates bancarios, el Gobierno está socializando las deudas y las pérdidas de un sistema que ha sido funcional al desarrollo económico promovido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Lo que en su día
fueron ganancias a repartir entre accionistas privados y las redes de la oligarquía, vinculada a la construcción y a las entidades financieras, ahora se convierten a golpe de decreto en las pérdidas que han de suscribir todos los trabajadores. Una
estafa legal que tiene como fin mantener el poder económico de los responsables de la crisis.


Esta estrategia antisocial del Gobierno se plasma en estos presupuestos en los que se puede comprobar cómo el peso del pago de intereses de la deuda pública sobrepasa por mucho el pago a las prestaciones sociales o incluso al pago de los
empleados públicos. El Gobierno consigue de esta forma convertir los restos de lo que fue el casino de los ricos en la palanca más eficaz para desmantelar los servicios públicos y las conquistas sociales de tantas generaciones de trabajadores. Una
política de clase social contra la que nuestro grupo parlamentario se situará radicalmente en contra.


Los PGE 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la troika de acuerdo con el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales se encuentran en el Plan
Presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 y que desarrolla la



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reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por el Partido Socialista y el Partido Popular, que establece un techo de gasto rígido y la prioridad del pago de la deuda sobre los gastos sociales.


Estamos ante unos presupuestos que atentan contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país.


Son unos presupuestos que reinciden en el fracaso político. Las políticas de recortes y ajustes (reformas y consolidación fiscal en la neolengua del Gobierno) iniciadas por el Gobierno del PSOE a partir de mayo de 2010 y continuadas por el
Gobierno del PP han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española han descendido y se agudiza la recesión. El desempleo sigue aumentando y la prima de riesgo no desciende significativamente.


Unos presupuestos irreales, que alimentan la recesión y generan más paro y pobreza


En el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE se estima que el PIB en 2013 sólo se reducirá un - 0,5 % en términos reales. Esta previsión ha sido cuestionada por todo tipo de organismos nacionales e internacionales, que aumentan
sustancialmente en sus previsiones esa tasa negativa. El Gobierno, sin embargo, justifica su optimismo en la evolución de las exportaciones de bienes y en el turismo. En concreto, fija en el 6 % el aumento de las exportaciones y en el - 1,5 % la
disminución de las importaciones.


Pero las previsiones económicas internacionales no avalan ese cálculo, ya que nuestros principales clientes se encuentran en una situación de atonía o estancamiento y la evolución del PIB en los países emergentes (China, Rusia, Brasil e
India) también se muestra estancada o en descenso.


Por otro lado, el peso de las importaciones de petróleo en nuestra balanza comercial es muy alto y su precio imprevisible y, en nuestro principal rubro de exportación industrial, los automóviles dependen muy estrechamente de piezas y
componentes que se importan. Por tanto, en este caso, a mayor exportación mayor importación.


Por todo ello es necesario cuestionar esta vía como mecanismo de recuperación económica. Tanto es así que los propios presupuestos reducen muy notablemente los fondos dedicados a impulsar el turismo y el comercio exterior (el presupuesto
del Instituto de Turismo se rebaja en un 15,2 % y el del ICEX en un 24,5 %).


Los PGE 2013 atribuyen las medidas contra el paro a la mera aplicación de las reformas laboral y financiera. En cuanto a la segunda, no hay ninguna vinculación positiva con la creación de empleo. En todo caso, esta será negativa por el
ajuste en puestos de trabajo que representará la remodelación de las sucursales financieras. Por otra parte, no aparece ninguna vinculación entre la dotación de crédito a familias y empresas por parte de las entidades que no requieren capital
público para su saneamiento y las que sí lo requieren. Por tanto, no hay ningún dato solvente que justifique que una vez iniciado el proceso de saneamiento volverá el crédito que pueda sostener el crecimiento de la actividad económica.


En cuanto a la reforma laboral, tras siete meses de aplicación, los datos oficiales explican rotundamente que ni se crea empleo -muy al contrario, se destruye- ni aumentan los contratos indefinidos.


El Gobierno estima una destrucción de empleo del 0,2 % para 2013 y una ligera disminución de la tasa de desempleo. Estimaciones alejadas de todas las previsiones de organismos nacionales e internacionales. La OCDE sitúa el desempleo en el
25,3 % de la población activa y la Comisión Europea en el 25,1 %, frente al 24,3 % previsto por el Gobierno.


Los parados de larga de duración (más de 1 año en desempleo) son ya el 52,3 % del total, 4,5 puntos más que un año antes, y las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento. El paro juvenil entre los menores de 25 años es ya del
53,5 %.


Las consecuencias de estos presupuestos son que aumentará la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora también a la infancia.


Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán todavía más nuestra tasa de paro al recortar la inversión pública, sacrificar estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renunciar a una política fiscal que,
empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.



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Unos presupuestos al servicio de un cambio de modelo menos sostenible en lo económico y en lo ambiental


Las inversiones reales del Estado descienden el 15 % y el gasto corriente en bienes y servicios lo hace un 5,8 %. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor, con la
consiguiente repercusión sobre la actividad económica y el empleo.


A pesar de que en la política de infraestructuras se haya producido un recorte del 14,8 % respecto al año 2012, la apuesta sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de cercanías y de media distancia.


Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en desempleo.


El desmantelamiento de las empresas públicas del transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la explotación del servicio acarreará la pérdida de miles de puestos de trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la
prestación del mismo, amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad.


El transporte y las infraestructuras deben ser, y así lo defenderemos de manera firme y decidida desde la Izquierda Plural, un servicio público de gestión directa que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de vida, la
igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.


El gasto total en investigación se reduce en un 6,2 % frente a los PGE 2012 aprobados. La tijera es más drástica en los capítulos de gasto real, que caen un 11,7 %. El descenso desde 2009 alcanza casi el 40 %, una caída que ningún sistema
puede afrontar sin romperse. Y es que se rompen muchas cosas. Para maquillar los resultados se vuelve a acudir al capítulo de operaciones financieras que supone un 62 % del total y que cada vez se ejecuta peor, ya que la mayor parte del
presupuesto queda sin gastar.


Como ejemplo palmario, el gasto total en I+D+i respecto al PIB ha disminuido desde el 0,92 % en 2009 hasta el 0,56 % en 2013, nada menos que un 40 %, situación que nos devuelve a 10 años atrás.


De la misma forma, en un contexto de continuo encarecimiento de los costes energéticos, el Gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando prácticamente sin recursos los programas de gasto que permiten
controlar este sector estratégico para la economía. Los recursos para desarrollo energético disminuyen un 95 % y se marginan las políticas de ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad.


El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de Industria, muy por detrás de las políticas dirigidas a la energía nuclear o de las inversiones en apoyo al sector del carbón. En paralelo, se desploman las
transferencias del programa de desarrollo a las comarcas del carbón, que se reducen un 62,5 %, y se elimina la dotación presupuestaria para la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Comarcas Mineras del Carbón.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente verá reducido su presupuesto en un 25,4 %. Esta disminución supone el desmantelamiento de numerosas políticas que han conformado el sistema agroalimentario durante los últimos
años. Una de las partidas más afectadas es la de seguros agrarios de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que supondrá que el Gobierno tendrá menos capacidad de reacción y planificación ante cualquier situación de urgencia. Los
agricultores y ganaderos estarán más expuestos a las inclemencias del tiempo y a las crisis sanitarias, riesgo que se verá acentuado por la irresponsable reducción del 30 % de la partida para el control y erradicación de las enfermedades animales.


También se deja en una situación de insostenibilidad la renovación generacional del campo, ya que el programa para la incorporación de jóvenes sufre una disminución del 34 %, que tendrá un efecto multiplicador al estar cofinanciada al 50 %
entre la UE, el Gobierno y las comunidades autónomas. Si la aportación del Estado y de la Administración autonómica se reduce, ello impide que pueda llegar a los jóvenes agricultores el total de las ayudas presupuestadas por Bruselas para el
periodo 2007-2013.


La reducción en las partidas ambientales del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una de las más desiguales, evidenciando que los PGE 2013 no sólo están al servicio de la austeridad sino que también
están al servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.


Las actuaciones en agricultura, pesca y alimentación se recortan en un 9,38 %. Las tres partidas que más disminuyen en el período 2012-2013 suponen toda una declaración de intenciones: en primer lugar, la mutilación casi definitiva del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que disminuye un 31 %, que se debe sumar al 85,6 % de los anteriores presupuestos, siendo el programa que registra mayor descenso dentro del Ministerio. En segundo lugar, las actuaciones para la prevención
de la contaminación y el cambio climático que no llegarán ni tan sólo a los 50 millones de euros. Y en tercer lugar, el programa de protección



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y mejora del medio ambiente, que cayó un 37 % en 2012 y lo hace un 23 % más en 2013, afectando especialmente a las transferencias a comunidades autónomas para las políticas de gestión de residuos.


Unos presupuestos que profundizan en el malestar social y que liquidan el sistema público de cooperación internacional para el desarrollo


Pese a que el Gobierno plantea que más del 63 % del gasto no financiero de los presupuestos es gasto social, la realidad es otra bien distinta si no se excluyen para llegar a ese porcentaje los intereses de Ia deuda pública, que superan los
38.000 millones de euros. El único gasto social que aumenta es el de las pensiones, pero lo hace por la evolución natural del número de pensionistas.


Todavía no sabemos si se garantizará la revalorización de las pensiones del año 2012 en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. Los PGE no contemplan que se abone en un pago único el diferencial
del IPC correspondiente a los 12 meses del año 2012. Y tampoco incorpora este diferencial entre el IPC previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al incremento de las pensiones del año 2013, sumándolo al incremento inicial
del 1 % previsto en los PGE 2013. En definitiva, este incremento del 1 % no queda más que en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las personas pensionistas verán cómo no se revaloriza su poder adquisitivo, además de tener que asumir
en sus maltrechas economías familiares políticas como el repago sanitario y el incremento del IVA.


La congelación de las retribuciones de los empleados públicos constituye un grave atentado sobre su poder adquisitivo. Cálculos sindicales apuntan a una pérdida mínima del 25 % en la capacidad adquisitiva de este colectivo de trabajadores
como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis en forma de destrucción de empleo.


En un país cuyo principal problema económico y social es el paro, es incomprensible que la política de gasto que más disminuya, y con diferencia, sea la del fomento del empleo, con un descenso del 34,58 %. El principal recorte se produce en
las transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro, pero también se recortan las transferencias a las comunidades autónomas. Hay que recordar que en 2012 el recorte en políticas activas de empleo (inserción laboral) para las comunidades
autónomas fue de 1.735 millones, recorte que supuso que se anunciara el despido de 1.500 promotores de empleo a 31 de julio y de 1.500 orientadores a 31 de diciembre de 2012, desmontando el plan extraordinario de orientación, formación e inserción
laboral y dejando desprotegidas a las personas desempleadas.


Detrás de este recorte encontramos la voluntad de privatizar definitivamente la intermediación laboral desmontando cualquier servicio público de ayuda a las personas desempleadas. Esta dogmática estrategia tendrá consecuencias desastrosas
para millones de desempleados dada la natural inclinación de la empresa de intermediación privada a concentrarse en la búsqueda de empleo de las personas de más fácil 'empleabilidad', en perjuicio de aquellas con más dificultades en la búsqueda de
empleo. Dicho de otra manera, se ignora a los colectivos más débiles como son los parados de larga duración.


Estos presupuestos no sólo condenan a las personas desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse sin ingresos.


El programa que gestiona las prestaciones económicas a los desempleados se ha visto alarmantemente reducido en los PGE 2013, que han recortado un 6,34 % el conjunto de las prestaciones por desempleo. Este año se presupuestan 1.807 millones
de euros menos en total en prestaciones para las personas desempleadas. Se han rebajado un 3,4 % las prestaciones contributivas y un 13,2 % las prestaciones asistenciales. Todo ello a pesar de que las previsiones del propio Gobierno son que el
desempleo para 2013 sea prácticamente idéntico que en 2012. Sin una disminución del desempleo y con un sensible recorte en prestaciones contributivas y un auténtico hachazo a los subsidios asistenciales por desempleo hay dos opciones: o que se
incumplan los presupuestos o que las personas desempleadas vean recortadas masivamente sus ayudas, dejando a centenares de miles de personas trabajadoras sin ningún tipo de ingresos.


Así, todo parece indicar que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero, cuando caduca el actual programa. Además de ello, se modifican las condiciones para las prestaciones, se suprime el subsidio especial
para mayores de 45 años y el pago del 35 % de las cotizaciones a la Seguridad Social de los desempleados.


El estado del malestar avanza también por las políticas de recorte, repagos y privatizaciones en servicios esenciales como sanidad, educación, servicios sociales o justicia, que paso a paso dejan de ser



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servicios universales para convertirse en negocio de una minoría, negando principios como la igualdad de derechos o la igualdad ante la justicia.


Además, el ajuste impuesto a las comunidades autónomas para alcanzar el 0,7 % de déficit representa en la práctica una mayor reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan (educación, sanidad y dependencia, principalmente).
Las comunidades autónomas vendrán obligadas a realizar un recorte cercano a los 7.000 millones de euros.


Por último, estos presupuestos para el año 2013 confirman el desmantelamiento de la política de cooperación española al presentar un nuevo descenso del 6,35 %, que se suma al brutal recorte de los presupuestos para 2012. En conjunto, la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se situará en el 0,20 % de la renta nacional bruta, colocando a España a niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos.


La acción humanitaria se ve reducida desde 2011 en un 86 %, la ayuda dirigida a las organizaciones no gubernamentales disminuye un 17 %, el Fondo de Agua y Saneamiento reduce su volumen en un 80 % y el 18,8 % de la AOD total corresponde al
FONPRODE reembolsable, hecho que demuestra la financiarización de la política de cooperación española y que incumple el compromiso de no superar el 5 % del total de la AOD.


También existen importantes contradicciones en la distribución de la AOD en los diferentes ministerios, poniendo en duda los objetivos de lucha contra la pobreza y la orientación de nuestra política de cooperación. El Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas gestiona el 40 % de la ayuda española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es quien tiene el mandato específico, tan solo gestiona el 13 % del total de la AOD.


Unos presupuestos al servicio de la recentralización del Estado


Estos Presupuestos están también al servicio de una visión centralista del Estado.


En el actual modelo autonómico, una mejor financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y sanidad. Si se tienen en cuenta los recursos dedicados a
sanidad en los PGE 2013, vemos una reducción del 3,1 %, fundamentalmente por el descenso de las transferencias a las comunidades autónomas y, en concreto, por la supresión de los créditos del Fondo de cohesión sanitaria destinados a la compensación
de servicios prestados a pacientes de otras comunidades. Los fondos de cohesión sanitaria sufren una reducción del 61,1 % y las transferencias en el ámbito de la investigación sanitaria en las comunidades disminuyen un 41,3 %.


Los fondos finalistas tienen un descenso aproximado de 80 millones, un 11 % menos, de los que destacan las reducciones en la Ley de la dependencia, los programas de vivienda, los de agricultura y los de educación no universitaria. En total,
sumando las disminuciones de todas las transferencias de las diferentes secciones, las comunidades autónomas tendrán 1.116 millones de euros menos para el desarrollo de políticas concretas.


Otro elemento que caracteriza estos presupuestos es la falta de lealtad institucional.


Nuevamente, se incumple la disposición adicional tercera del Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en 2013 debería situarse alrededor de los 719 millones de euros correspondientes a 2010.


Asimismo, y por segundo año consecutivo, se incumple la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, al destinar 262 millones de euros menos de lo que le corresponde de la inversión estatal regionalizada. Este incumplimiento con
Andalucía viene a sumarse al de los PGE de 2012, con lo que en el conjunto de los dos presupuestos elaborados por este Gobierno del Partido Popular, el déficit de inversiones presupuestadas en Andalucía asciende a 670 millones de euros.


También se incumplen los mecanismos de bilateralidad recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que prevén el estudio previo de las inversiones estatales en esta Comunidad. De hecho, las inversiones en Aragón se reducen en 2013 en un
30 %, el doble que en el conjunto de las comunidades autónomas, resultando especialmente grave el hecho de que, desde el inicio de la crisis, las inversiones del Estado se han desplomado en Aragón en un 75 % en los últimos cinco ejercicios.


Todo ello se suma al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas o entes locales, o el impago de las deudas del Estado con otras administraciones. Como
ejemplos de esta deslealtad podemos citar la nula inversión en Ia línea ferroviaria Bobadilla-Ronda-Algeciras, que resulta imprescindible para el futuro del Puerto de Algeciras, y la ridícula inversión de 19 millones de euros en las cercanías
ferroviarias de Barcelona, que se acumula al agravio histórico e incumple las cifras pactadas en 2009.



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Unos presupuestos alternativos creadores de empleo y de actividad económica son posibles y realistas


Hoy está claro que buena parte del déficit público y del consiguiente volumen de deuda pública, se han generado fundamentalmente por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de las rentas más altas y las grandes
empresas y por el endeudamiento ocasionado para tapar las deudas del sistema financiero.


Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras medidas de austeridad y salvo excepciones, todas las medidas de los Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente a salvar a los Bancos y Cajas y no a
propiciar políticas para la salida de la crisis. En los PGE 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos del PIB, de la que el 43 % es directamente nueva deuda del rescate bancario y casi otro 19 % es deuda a los bancos por pago a proveedores.


Entendemos que es hora de plantear la naturaleza de la deuda y la posible ilegitimidad de una parte de la misma, cuestionando el pago de los más de 38.000 millones de euros que representa el servicio de la deuda en los presupuestos de 2013 y
que limita la posibilidad de recursos para crear empleo, estimular la economía y atender los servicios sociales.


Según datos del Tesoro, hoy sólo el 34 % de la deuda soberana del Estado central está en manos de residentes extranjeros. Esto permite también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago a vencimiento.


En cuanto a las políticas de gasto, es preciso centrarlas en la creación de empleo apoyando a la pequeña empresa y muy especialmente a la economía social, en el estímulo de la inversión pública, y en la defensa y desarrollo de los servicios
sociales (educación, salud y dependencia, entre otros).


Un aspecto complementario es la racionalización del gasto público (que no es lo mismo que su disminución), incluyendo mecanismos de control con la participación de los trabajadores del sector público y la modificación de la Ley de Contratos
del Sector Público para asegurar la trasparencia y el rigor de la licitación pública, evitar -en su caso- la corrupción y asegurar la eficiencia y el impacto social máximo del gasto público.


Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y Ia justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el déficit sin recurrir a más deuda pública.


Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de euros anuales. Los PGE 2013 reducen el presupuesto de la Agencia Tributaria un 7,7 %, dando
cuenta de que no hay voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.


En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25 %, la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11,6 %, de forma que las pequeñas y medianas empresas pagan en la práctica bastante más en proporción sobre sus beneficios
que las grandes empresas. Con la finalidad de corregir esta injusta situación proponemos que se eleve hasta el 35 % el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los
llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún caso tipos efectivos inferiores al 25 % en aquellos contribuyentes que tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas podría representar otros 20.000
millones de euros.


Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV, o un tributo que grave la
tenencia en el momento de la adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores a los 12.000 millones de euros.


Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la recaudación del tributo.


En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a consumir es menor. Podríamos así
revertir la subida del IVA que es regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo.



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En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se quiere tocar o no a los grandes
intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos.


Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de la Unión Europea, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 10


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Catalán


(Convergència i Unió)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La vigente coyuntura exige que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentado por el Gobierno afronte dos grandes retos. El primero, impulsar un proceso de reactivación del crecimiento y de la creación de
empleo. Sin crecimiento y creación de empleo los problemas sociales y económicos del Estado español sólo pueden aumentar. El segundo, cumplir con los compromisos europeos en materia de déficit y ello el Estado debe hacerlo solidariamente con las
administraciones territoriales. El análisis global y pormenorizado de los Presupuestos permite afirmar que ni cumplen con el primero ni con el segundo de los retos.


Es más, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno:


- Es poco creíble respecto a las previsiones de evolución del PIB que plantea y respecto a las concreciones sobre la previsible evolución de ingresos y gastos públicos.


- No reduce el déficit de la administración central, al contrario, lo aumenta substancialmente.


- No incorpora ni una sola medida para estimular el crecimiento y el empleo con el fin de salir de la crisis.


- Concentra el ajuste en materia de gasto sobre las políticas sociales y en particular sobre aquellas que gestionan las Comunidades Autónomas.


- Es un proyecto de presupuestos que de nuevo da la espalda a Catalunya, no cumple con lo establecido en la disposición adicional 3.ª del Estatut, ni con la mayoría de proyectos emblemáticos de inversión que urge abordar en Catalunya.


- No aporta ni transparencia ni perspectivas de futuro respecto a la evolución que va a seguir nuestra economía en los próximos meses. Es más, si el Gobierno decide solicitar el rescate, tal como le está planteando el FMI, la Comisión
Europea y demás instituciones internacionales, ¿hasta qué punto van a tener validez estos presupuestos?


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta una enmienda a la totalidad solicitando su devolución al Gobierno.



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ENMIENDA NÚM. 11


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Socialista


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo en lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por la que se solicita su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Exposición de motivos


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados de nuevo profundizará en la destrucción de empleo y la recesión que sufre la economía española y supone una vuelta de
tuerca más en el proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar en nuestro país.


Tras casi un año de Gobierno del Partido Popular, el escenario económico y social en España es muy preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema que contienen estos Presupuestos. Los resultados
de la política económica aplicada hasta el momento han sido evidentes: un nivel de paro que resulta intolerable, sobre todo entre los jóvenes, recortes injustos del gasto en educación, sanidad y dependencia, que no han conseguido controlar el
déficit ni la deuda, así como la creciente desigualdad y persistencia de una elevada prima de riesgo que encarece la financiación de los servicios públicos y el sector privado. De este modo, las clases medias y bajas están sufriendo una pérdida de
bienestar social y material que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por la derecha europea.


Para el Gobierno del Partido Popular la ideología se ha convertido en un elemento central de esta política que quiere presentar como ineludible y sin alternativa. Sin embargo, existen otras alternativas viables -que combinen la necesaria
austeridad con los estímulos al crecimiento- y fundamentalmente existe otra manera de ajustar el gasto y elevar los ingresos frente a la distribución profundamente injusta que está llevando a cabo el Ejecutivo.


Como siempre hemos venido defendiendo los socialistas, es imprescindible revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal de acuerdo con la Unión Europea y acordar una nueva política fiscal realista, de tal manera que esta juegue el papel
estabilizador que le corresponde en una fase de profunda recesión y elevada tasa de desempleo. La reducción del déficit no puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre otras cosas, porque nos llevará a una espiral de
crecimiento negativo y al incumplimiento de los objetivos de déficit como va a ocurrir este año.


El Fondo Monetario Internacional ha recomendado recientemente la aplicación de un ajuste fiscal similar a un maratón en el que hay que ser constante, pero no llevar a cabo un sprint, ya que este puede acabar en un círculo vicioso de
crecimiento negativo, caída de la recaudación, más gasto por desempleo y, de nuevo, al incumplimiento de los compromisos de déficit y deuda pública.


Si no se cambia el proceso de consolidación fiscal para los próximos tres años, el impacto de la austeridad extrema tendrá como consecuencia una mayor caída de la actividad y, por ende, menos empleo, que es el principal problema de los
ciudadanos. Por ello, esta política presupuestaria ha generado incertidumbre y una pérdida de credibilidad frente a nuestros acreedores, provocando que nuestros costes de financiación crezcan por encima de Italia, convirtiéndonos en el foco de
atención de los grandes países avanzados.


También ha habido notables errores en la gestión de la política económica. El excesivo y casi único interés político del Gobierno del Partido Popular en escudarse en la herencia recibida, en vez de tratar de resolver los problemas de
futuro, y el juego peligroso con las cifras de déficit de 2011, nos está costando muy caro a los españoles. Igualmente, el retraso en presentar los Presupuestos para 2012 por cálculos electorales o el descrédito de las instituciones fundamentales
para el correcto funcionamiento de Ia



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economía como el Banco de España o la Intervención General del Estado, así como la nefasta gestión del caso Bankia o la pérdida de influencia en el Banco Central Europeo, son claros ejemplos de que cada día el país se le está yendo de las
manos al Gobierno.


Y esa desconfianza se debe, entre otras cosas, a las increíbles cifras que presenta el cuadro macroeconómico en el que se van a desarrollar estos Presupuestos. El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento que presentó el 20 julio de
2012 con una caída del PIB de - 0,5 % para 2013 pese a que la gran mayoría de organismos internacionales y servicios de estudios privados han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento del próximo año, que establecen una caída de casi un
punto porcentual más de lo previsto por el Gobierno. El FMI en su último informe de perspectivas económicas mundiales prevé que la economía española el próximo año será la segunda con peor evolución del PIB (- 1,3 %, casi el triple de lo que dice
el Gobierno) de las 185 de todo el mundo. Pero además, el Fondo no prevé que la tasa de paro empiece a reducirse en 2013, como sostiene el Gobierno, sino que seguirá aumentando hasta niveles récord del 25,1 % de media anual en 2013. Por ello,
creemos que existe una evidente falta de realismo y consistencia sobre el marco económico en el que se va a aplicar el Presupuesto, que genera un evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que erosiona la credibilidad del
principal instrumento de la política económica del Gobierno.


En concreto, del cuadro macroeconómico lo que más llama la atención es la ligera mejoría del consumo privado y la inversión, difícil de sostener con las expectativas de crecimiento y los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno.
El consumo privado se verá afectado por el deterioro del empleo y la fuerte 'devaluación interna' que están sufriendo las familias, que ven mermada su capacidad de compra como consecuencia de la reducción de los salarios reales (disminución
importante en el caso de los empleados públicos), la subida del IRPF e IVA, la inflación, etc. Asimismo, la inversión (la formación bruta de capital fijo caerá sólo un - 2,1 %) va a estar muy condicionada por la recesión, el proceso de
desapalancamiento empresarial y la restricción de la financiación como consecuencia de la recapitalización del sector financiero. Por tanto, es previsible que la demanda interna continúe con un comportamiento similar en 2013, con caídas de más de
cuatro puntos porcentuales. En cuanto al sector exterior, el Gobierno espera que las exportaciones de bienes y servicios crezcan un 6,0 %, 2,4 puntos porcentuales más de lo que se prevé que crezca el PIB mundial (3,6 %). Este avance de las
exportaciones consideramos que es excesivo cuando nuestros principales socios comerciales, principalmente de la Eurozona, están prácticamente estancados y solo crecen los países emergentes.


La profunda y larga recesión está incrementando automáticamente el componente cíclico del déficit. Según diversos cálculos, si el PIB cae, como contempla el FMI o el consenso del mercado, en torno al 1,5 %, este componente puede deteriorar
adicionalmente las cuentas públicas en otros 20.000 millones de euros. Y, por otro lado, el FMI ha tenido que revisar los efectos de la austeridad fiscal sobre el crecimiento del PIB (multiplicadores fiscales), que se sitúa en el rango 0,9-1,7 %,
apoyado por la evidencia generada por la recesión mundial iniciada a finales de 2008. Además, si este año el déficit acaba siendo superior al previsto, tendrían que tomarse medidas adicionales a las que contemplan los Presupuestos para llegar al
4,5 % en 2013. Por ello, consideramos que es urgente revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal, ya que la extraordinaria caída de la demanda interna de la economía española es la evidencia de los efectos profundamente dañinos del ajuste
público en la actividad y, sobre todo, en el empleo.


Además de la imposibilidad de cumplir con los objetivos de déficit, las ayudas a las entidades financieras provocarán un aumento de la deuda pública derivado del efecto del mecanismo de asistencia financiera europea. Los Presupuestos prevén
30.000 millones de euros que el Reino de España asumirá por el préstamo para la recapitalización del sistema financiero, con lo que el total de la deuda pública podría alcanzar a finales de 2013 un 90,5 % del PIB. No obstante, la ratio de deuda
pública/PIB seguirá aumentando después de conocer los resultados de los test de estrés de Oliver Wyman, que cifran las necesidades aproximadamente en unos 40.000 millones de euros.


Sin duda, es necesario sanear las entidades financieras para que reactiven cuanto antes el crédito a las familias y empresas, pero esto se hace con un elevado coste sobre los contribuyentes. El Gobierno ha decidido, tras la nefasta gestión
de Bankia, destinar la mayor parte de los recursos públicos para recapitalizar y sanear el sector bancario, en detrimento de la educación, la sanidad y la dependencia en un momento de intensa recesión como el actual.


De nuevo, en el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2013 son poco creíbles e inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo



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en un contexto de fuerte recesión. Hasta agosto, los ingresos tributarios descienden un 4,6 %, por lo que en los 4 meses restantes la recaudación debe crecer tanto como para absorber el 4,6 % de descenso acumulado hasta agosto y llegar a un
crecimiento del 15,9 %.


En definitiva, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, siguen sin acometerse reformas en profundidad de las principales figuras tributarias, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que evite los recortes en políticas
sociales, y se opta, o bien por pequeños parches -mayor tributación de las plusvalías a corto plazo, limitación de las amortizaciones de las empresas- o bien por recurrir a propuestas que venía reclamando el PSOE, como el gravamen de los premios de
las loterías o la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, sin acometer una reforma de la imposición patrimonial más justa y eficiente como el impuesto sobre las grandes fortunas, para que paguen los que más tienen. Además, de la injusta e
ineficaz amnistía fiscal, se establecen beneficios fiscales en el IBI y en el IAE que presumiblemente van a favorecer ad hoc a concretos inversores, al establecerse la posibilidad de otorgar una bonificación del 95 % para aquellas que impliquen
fomento del empleo, lo que evoca claramente el proyecto de Eurovegas.


En el capítulo de gastos, el pago de los intereses de la deuda será la mayor partida de gasto no financiero (38.600 millones de euros), cuyo crecimiento del 33,8 % (10.000 millones de euros más que en 2012), representa más que todo el gasto
de personal al servicio del Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión pública y la financiación de los servicios públicos esenciales.


La inversión pública de los Presupuestos se reduce de nuevo un 12 % con respecto a 2012, situándose en el 1,3 % del PIB en 2013. Sin embargo, los gastos de personal no se reducen, se incrementan un 1,2 % con respecto a 2012, debido a las
pensiones de las Clases Pasivas, que se incrementarán tanto por el número de pensionistas como por la revalorización, a pesar de la congelación de las retribuciones de los empleados públicos y de las modificaciones normativas que afectan a permisos
y vacaciones. En cuanto a la disminución del gasto de los Ministerios en un 8,9 % en promedio, por segundo año consecutivo, se calcula incluyendo los gastos financieros (capítulo 8) e inversión (capítulo 6), por lo que la supuesta austeridad en el
funcionamiento de la Administración General no es tal, sino que refleja el brutal recorte a que se ve sometida la inversión pública.


Los recortes de los dos últimos presupuestos del Gobierno del Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas activas de empleo en porcentaje del PIB (alrededor de 0,3 % del PIB). En inversión en I+D+i, se ha producido
un drenaje de recursos de 2.017 millones de euros desde 2011, lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la economía española no es una prioridad. En definitiva, el Gobierno sigue recortando en todo aquello que es determinante
para que crezcamos mejor en el futuro: en educación, en I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en infraestructuras.


La política educativa se reduce en este Presupuesto en un 14,4 % (más de 326 millones de euros). En conjunto, en los dos presupuestos del Gobierno del Partido Popular, las políticas educativas se han reducido en 900 millones de euros. A su
vez, la política educativa pierde peso en el conjunto del Presupuesto, pasando del 0,9 % al 0,6 %; una expresión inequívoca del proyecto educativo de la derecha española. Un logro histórico que en tan solo dos presupuestos Rajoy ha conseguido
deshacer: al recorte de más de 5.000 millones de euros en 2012 en la inversión educativa realizada por las distintas administraciones, ahora se añade el recorte en el presupuesto de 2013, que disminuye un 31,6 % desde el último presupuesto
socialista. Es necesario recordar que tras siete años consecutivos de avance en inversión en educación de los gobiernos socialistas, nos equiparamos al resto de los países de la Unión Europea al acercarse al 5 % del PIB dedicado a educación. En el
Documento de Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea, el Gobierno de Rajoy reconoce que el objetivo es llevarnos a un exiguo gasto del 3,9 % del PIB en educación. Quiere decir que su objetivo es dejar a España a la cola de Europa y
renunciar a los objetivos 2020 de la Unión Europea.


Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa recesión, poniendo en riesgo la
cohesión social cuando más se necesita. En la presentación de los Presupuestos para 2013, el peso del gasto social se cifró en el 63,6 % del gasto total. En realidad se trata de un maquillaje, en este cálculo se ha excluido, por primera vez, el
coste del servicio de la Deuda Pública. Si incluimos esta partida, el gasto social real es del 55,96 %, lo que supone una caída de 0,24 puntos respecto de 2012 y de 2,04 puntos porcentuales respecto de 2011. También en el capítulo de Servicios
Sociales y Promoción Social se vuelve a recurrir a disfrazar la realidad en las cuentas porque teóricamente



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presenta un incremento del 34,4 % -en relación con 2012- debido a que se incluyen más de mil millones de euros destinados al pago de obligaciones pendientes por cuotas de Seguridad Social; en realidad, el capítulo experimenta una caída del
14,4 %.


Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el que más reduce su presupuesto; un 22,6 % respecto a 2012. Es evidente que la sanidad pública no es una prioridad para este Gobierno. Después de romper con la
universalidad del sistema, después de instaurar el copago, nuevamente se reduce el presupuesto. Sobre todo en las partidas para el Fondo de Cohesión Sanitaria, que se reducen de los 87,2 millones de euros en 2011, con Gobierno socialista, a los
36,29 millones actuales. El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que tenía 30,27 millones de euros en 2011 y ahora sólo 5,21. Y del mismo modo con las Estrategias de Salud, que se reducen desde los 17,12 millones de euros de 2011 a los
2,52 para 2013. Es todo un recorte a las políticas de cohesión del sistema sanitario y a las políticas de salud pública que se deben desarrollar cooperando con las Comunidades Autónomas.


Desde que gobierna el Partido Popular, los recursos destinados a la dependencia se han reducido en más de un 30 %, un 17 % este último año, lo que representa un ataque en toda regla a su sostenibilidad económica y, finalmente, el
desmantelamiento y colapso del propio sistema de dependencia. En los Presupuestos para 2013, la dependencia sufre otro severo recorte de más de 200 millones de euros. El presupuesto refleja así el recorte que el Gobierno decretó en julio, con la
reducción de alrededor de un 15 % en las cantidades que perciben los dependientes por el llamado nivel mínimo. En 2011, el último año de Gobierno socialista, en plena crisis, la dotación total para dependencia fue de alrededor de 1.700 millones de
euros. Este programa ya se redujo hasta los 1.407 millones de euros, sobre todo por la decisión del PP de eliminar la partida completa del nivel acordado: 283 millones a repartir entre las Comunidades Autónomas que en el año 2013 tampoco figura.
En lo que respecta a la financiación de los servicios sociales básicos, es decir, los que prestan los ayuntamientos y corporaciones locales a través del llamado Plan Concertado, el recorte es igualmente dramático. La partida para apoyar la red
básica de servicios sociales se ha visto reducida a 30 millones de euros, un recorte del 40 % respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones). Pero si lo comparamos con el último presupuesto del Gobierno socialista, el recorte es
aún mayor, del 65 %, ya que en ese año el Plan Concertado estaba dotado con 86 millones de euros.


Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que el riesgo de exclusión social y de pobreza está creciendo de manera alarmante en España. Diversos informes, de diversas ONG's y entidades del Tercer Sector, nos advierten
de que cada vez hay más españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, el agua, ciudadanos que han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material escolar. Y es justamente
en los momentos de crisis económica, cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social.


En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para luchar contra el desempleo que es el principal problema de los españoles, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos y, fundamentalmente, carecen de la necesaria
credibilidad en un momento crucial para España.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, solicitando su devolución al Gobierno.