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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 114, de 27/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 114
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el martes, 27 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reformas en materia tributaria sobre viviendas desocupadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 187-1, de 20 de mayo de 2005.
(Número de expediente 122/000156.) ... (Página 5735)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre financiación de los partidos políticos (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 165-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000144.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 5754)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido Manuel Carrasco i Formiguera. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie D, número 254, de 6 de septiembre de 2005. (Número de expediente 162/000380.) . ... (Página 5755)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 186, de 15 de abril de 2005.
(Número de expediente
162/000320.) ... (Página 5761)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las medidas de fomento y apoyo a las sociedades corporativas y laborales. (Número de expediente 173/000088.) ... (Página 5768)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Señora Lasagabaster), sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con la transferencia de la competencia de investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma Vasca, de conformidad con
la atribución competencial prevista en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. (Número de expediente 173/000089.) ... (Página 5774)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad aérea en España. (Número de expediente 173/000090.) ... (Página 5779)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5735)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reformas en materia tributaria sobre viviendas desocupadas ... (Página 5735)
El señor Herrera Torres defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Menciona el contenido del artículo 47 de la Constitución, según el cual todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones para hacer efectivo ese derecho, impidiendo la especulación del suelo. Lamenta que transcurridos más de 25 años desde la promulgación de
esta norma, la política de vivienda haya tenido más en cuenta la perspectiva del negocio que la necesidad de proteger el derecho de acceso a la misma. Critica la legislación del suelo y la falta de recursos en materia de vivienda, así como la falta
de voluntad política y de instrumentos para favorecer el acceso a la vivienda, todo lo cual ha dado lugar a una de las tasas de viviendas desocupadas más elevadas de nuestro entorno. Precisamente a través de la proposición de ley se pretende
facilitar instrumentos a las administraciones en relación con las viviendas desocupadas, en número cercado a los tres millones, que podría salir al mercado con una política distinta en materia de vivienda, favoreciendo el mercado de alquiler y
evitando, o al menos paliando, la especulación inmobiliaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki Guerra del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Armas Dárias, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre financiación de los partidos políticos (orgánica) ... (Página 5744)
El señor Puigcercós i Boixassa defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) Comienza precisando que esta propuesta no va contra nadie y sí, por el contrario, a favor de la credibilidad de los partidos
políticos y de las personas que forman parte de éstos. Trata de la financiación pública de los partidos, algo que por otro lado es una constante de todos los países democráticos consolidados.
Alude también a la función de los partidos políticos
como instrumentos de formación de la voluntad popular, de representación
política y participación de la ciudadanía en las instituciones, siendo en definitiva una de las piezas fundamentales de un Estado democrático.
Ahora bien, para que puedan cumplir sus importantísimas funciones deben tener garantizada su
viabilidad económica, lo que hace necesario aumentar sus recursos públicos, otorgados a través de criterios racionales, objetivos y sujetos a fiscalización; se trata de evitar que gasten más de lo que ingresan, pero garantizando al mismo tiempo su
suficiencia financiera. Es necesario también acabar con las donaciones anónimas, que hipotecan la independencia en la toma de decisiones de los partidos, y sobre todo hace falta acabar con las formas irregulares de financiación.
Termina especificando algunas de las medidas contenidas en el texto de la proposición.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lagasabarter Olázabal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds: Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Del Burgo Tajadura,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 5754)
El señor presidente somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 32, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña.
Se aprueba por asentimiento la exclusión del citado punto del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley (votaciones) ... (Página 5754)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reformas en materia tributaria sobre viviendas desocupadas, es rechazada por
20 votos a favor y 307 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre financiación de los partidos políticos, es aprobada por 324 votos a favor.
Proposiciones no de ley ... (Página 5755)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido Manuel Carrasco i Formiguera. ...
El señor Durán i Lleida defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se solicita la anulación del consejo de guerra a que fue sometido Carrasco i Formiguera y se pide la restitución de
su memoria histórica. Su grupo no pretende restituir el honor de Carrasco i Formiguera, que nunca perdió, sino simplemente pedir un acto de justicia en relación con una persona leal y de convicciones profundas, condenada por delitos que nunca
ejecutó, como todos saben. Añade que Carrasco i Formiguera nunca fue una persona de las consideradas como elemento incontrolado y jamás empuñó un arma. Por el contrario, sus armas eran el diálogo, la convicción, la lealtad, la defensa de sus
ideas, de su fe y de su país. Por todo ello solicita hoy a la Cámara que, en un acto de justicia, se proceda a la anulación del consejo de guerra y sea restituida su trayectoria, siempre alejada del delito.
El señor Fernández González defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Uría Etxebarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene de nuevo el señor Duran i Lleida para fijar su posición en relación con la enmienda presentada a la proposición no de ley.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano ...
(Página 5761)
El señor Andreu Domingo defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano, señalando que han sido varias las iniciativas que se
han presentado en la Cámara para dar a las minorías derechos y deberes y colocarlas en igualdad al resto de la ciudadanía. Señala su compromiso en el Parlamento Europeo de presentar en esta Cámara una propuesta sobre reconocimiento del pueblo
gitano, así como que las instituciones europeas están siendo conscientes de la gravedad de los problemas culturales, educativos, laborales, sanitarios y sociales que sufre gran parte del pueblo gitano. Hace un recuerdo histórico de la presencia de
los romà en la Península así como de las injusticias que padecieron de varios siglos. Pide el reconocimiento de sus derechos.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene de nuevo el señor Andreu Domingo para fijar su posición en relación con la enmienda presentada a la proposición no de ley.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido don Manuel Carrasco
i Formiguera, fue aprobada por 318 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano, fue aprobada por 319 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 5768)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las medidas de fomento y apoyo a las sociedades corporativas y laborales ...
(Página 5768)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardá i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Manifiesta que su grupo plantea esta iniciativa con el objetivo de lograr el aumento de la
asignación presupuestaria, a fin de poder actuar con mayor intensidad a favor de las empresas de economía social, pues es evidente que las mismas tienen una especificidad que las hacen distintas al resto de las empresas. Insiste en la necesidad de
promover la participación del corporativismo en todos los foros de diálogo y decisión de las administraciones con las organizaciones de representantes empresariales y sindicales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Tardá i Coma.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Señora Lasagabaster), sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con la transferencia de la competencia de investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma Vasca, de conformidad con
la atribución competencial prevista en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco ... (Página 5774)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, en nombre del Grupo Mixto. Resalta la importancia en el mundo en que vivimos de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación,
señalando que en esta materia tiene que haber una conjunción de intereses, de políticas más allá de lo que son las propias administraciones. Expone cómo se realiza en el Estado español, así como el esfuerzo inversor que realiza la comunidad vasca,
que tiene que detraer fondos de otras partidas para tener una economía competitiva.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió, las señoras Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad aérea en España ... (Página 5779)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señalando el importante problema que tenemos en España, aunque no quiere hacer alarmismo. Rechaza el plan de
choque virtual de seguridad aérea aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, pues este problema no se puede solucionar de una forma tan frívola. Señala que es imprescindible que el plan de choque sea un plan verdadero, para lo que
considera imprescindible que se adopten medidas masivas en breve espacio de tiempo que garanticen nuestra seguridad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Ayala Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) sobre las medidas de fomento y apoyo a las asociaciones cooperativas y laborales, a la que se ha presentado una
enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 178 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con la transferencia de la competencia de investigación
científica y técnica a la Comunidad Autónoma Vasca, de conformidad con la atribución competencial prevista en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, se rechaza por 29 votos a favor, 275 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad aérea en España, se rechaza por 132 votos a favor, 161 en contra y 15
abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE REFORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS. (Número de expediente 122/000156.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión correspondiente al martes 27 de septiembre de 2005.
En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de reformas en materia tributaria sobre viviendas desocupadas. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
En estos días que hablamos tanto de la Constitución -hay momentos en que cabe recordar la Constitución, precisamente hoy que discutimos una proposición de ley que trata de proteger ese valor que es el acceso a la vivienda- habría que
recordar su artículo 47, uno de esos artículos bien redactados pero casi nunca cumplidos. El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará -dice el artículo 47- en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos.
La realidad es que después de más de 25 años de Constitución, la política de vivienda ha tenido más en cuenta la perspectiva del negocio que la necesidad de proteger el derecho de acceso a la
misma. Hoy la vivienda es aún una mercadería, una mercancía, un pilar muy poco sólido de nuestra economía y la realidad es que no ha sido una prioridad.
¿Cuáles son los problemas? Los problemas son diversos. En primer lugar, hemos tenido una legislación en materia de suelo que ha protegido el aprovechamiento del propietario de la acción urbanística de las administraciones públicas, una ley
del suelo que debe modificarse con una reorientación global de la legislación en la materia. En segundo lugar, a las políticas de la vivienda les han faltado los recursos o los recursos se han orientado mal. Hay que recordar que lo que se destina
en materia de vivienda está muy por debajo aún de la mitad de lo que se destina como media en la Unión Europea y que en España de cada 100 euros que se destinan a política de vivienda, 80 van a desgravaciones y 20 a políticas activas, justo al revés
de lo que pasa en Europa, sabiendo además que las desgravaciones en materia de vivienda -lo dice todo el mundo- suponen una transferencia de capital del Estado al promotor que redunda en la subida de precios y que aparenta una desgravación a final
de año pero que, en definitiva, no suponen políticas activas de vivienda. ¿Cuál es el tercer problema que hemos tenido en materia de vivienda? La falta de voluntad política y la falta de instrumentos para hacer políticas activas en el acceso a la
vivienda. Las administraciones deben ser activas, pero necesitan tener instrumentos ante una situación, la del Estado español, con una de las tasas de viviendas desocupadas más elevadas de nuestro entorno y, por supuesto, superior a la media de los
países vecinos.
¿Qué quiere esta proposición de ley? Dar un instrumento más a nuestras administraciones ante el problema de las viviendas desocupadas. Sabemos que para el problema de la vivienda no hay una solución única, no hay una solución mágica, pero
lo que se necesita y es imprescindible es la decisión, la valentía y, sobre todo, el interés por lo público y olvidarse un poquito del interés por lo privado.
¿Cuál es el problema de las viviendas desocupadas? Sus señorías lo sabrán.
En España, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que existe un parque de algo más de 20 millones de viviendas. El 31 por ciento de estas
viviendas -6,5- tienen un uso residencial, diferente al uso de vivienda principal, fruto de la cultura de la segunda vivienda. La realidad es que hay un 13,9 que se consideran viviendas desocupadas y un 16,3 que se consideran viviendas de segunda
residencia. Según la cifras del Instituto Nacional de Estadística, tenemos casi 3 millones de viviendas desocupadas. Es verdad que no es fácil conocer con exactitud el motivo por el cual no se utilizan las viviendas vacías, pero algunas
estimaciones -y creemos que es razonable pensarlo así- dicen que un tercio de las viviendas desocupadas no pueden utilizarse precisamente por su degradación. Tenemos 3 millones de viviendas desocupadas y hay un tercio que no se pueden utilizar. En
cualquier caso, son 2 millones de viviendas desocupadas que se podrían poner en el mercado y que podrían ayudar a una política activa en materia de vivienda.
Las diferencias con la Unión Europea: abismales, absolutamente abismales.
España, como ustedes saben, es el país donde hay más viviendas por habitante: 550; un diferencial muy elevado, en torno a 100 ó 150 viviendas más por cada 1.000
habitantes que la media de los países de nuestro entorno, debido precisamente al boom de la construcción y a la falta de cultura de alquiler y de políticas públicas de vivienda. Además, como avala un estudio de Raquel Rodríguez Alonso, de julio de
2004, el porcentaje de viviendas secundarias en España es también el más elevado -16 por ciento-, una diferencia de casi 13 puntos en comparación con países como el Reino Unido, Suecia y Holanda o de casi nueve puntos en comparación con Francia.
Esta es la realidad, y este Parlamento y, por supuesto, el Gobierno no pueden estar de espaldas a ella, en primer lugar, porque una vivienda vacía, aparte de evidenciar el problema acuciante en materia de política de vivienda, es un insulto para
aquellos que no pueden acceder a ella y, en segundo lugar, porque ante una situación como la que vivimos, el legislador, este Parlamento, tiene la obligación de legislar para aportar soluciones.
Hecho el diagnóstico, ¿cuál es nuestra propuesta? La iniciativa que presentamos pretende precisamente incentivar la puesta en uso de las viviendas desocupadas, aportando un instrumento más a la política de vivienda, favoreciendo el mercado
de alquiler, evitando o, como mínimo, paliando -supongo que SS.SS. querrán hacerlo- la especulación inmobiliaria. Esta iniciativa es oportuna, y lo es porque el Gobierno ha dicho que la vivienda era una prioridad. La verdad es que si la
vivienda es una prioridad, se tiene que demostrar con decisión y estableciendo instrumentos para que haya políticas de vivienda. Ustedes, el Partido Socialista y el Gobierno, han puesto en marcha la Sociedad Pública de Alquiler, que se ha
presentado como un mecanismo para introducir dinamismo en un mercado muy marcado por el importante número de viviendas desocupadas que hay en nuestro país. El mercado de alquiler en España presenta un tamaño mínimo entre los países de nuestro
entorno.
Nuestro grupo entiende que si se hacen políticas proactivas, también tendrá que haber políticas que eviten la vivienda desocupada. Pues bien, nuestra iniciativa pretende gravar de forma relativamente severa las viviendas desocupadas. Tal
y como resumimos en la exposición de motivos, por un lado, queremos permitir a los ayuntamientos modular el recargo en el IBI sobre las viviendas desocupadas con un gravamen mayor en función del número de años y también que puedan establecer la
posibilidad de que haya bonificaciones en la cuota del impuesto para los propietarios de viviendas desocupadas que decidan colocarlas en el mercado. Además, planteamos que los inmuebles que se encuentren desocupados permanentemente tributen en el
IRPF en un porcentaje mayor.
¿Cuáles son las características de nuestra propuesta? Son características distintas a otras iniciativas que hemos presentado en otras legislaturas, porque hablábamos de un impuesto nuevo para las viviendas desocupadas.
Aquí hacemos una
propuesta mucho más realista. Aquel que quiera votar que no, tendrá muy difícil explicar su voto negativo. En primer lugar, protagonismo de los ayuntamientos. En este caso se trata de que los ayuntamientos utilicen el IBI como instrumento que
permita disuadir el uso especulativo en torno a la vivienda. Por tanto, se trata de aplicar el principio de subsidiariedad: que la Administración más cercana pueda decidir en función de su realidad.
En segundo lugar, autonomía para los ayuntamientos. Nosotros somos conscientes de que la política en materia de vivienda no puede ser igual en Barcelona o en Madrid que en un pueblo de Soria. La vivienda desocupada no tiene la misma
función y no es lo mismo en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, que en un pueblo de Soria. Eso significa que los ayuntamientos tienen autonomía para decidir sobre este asunto.
En tercer lugar, es una tipología realista de la definición de vivienda vacía. La proposición de ley define de forma realista la vivienda vacía.
Nosotros somos conscientes de las características del mercado de vivienda en el conjunto del
Estado y de que al mismo tiempo podrían aparecer nuevos casos que se tengan que excluir de esta categoría. Por eso, damos potestad a los ayuntamientos para que puedan introducir nuevas tipologías. Al mismo tiempo, excluimos como vivienda vacía
tipologías que realmente no lo son. La proposición de ley excluye viviendas con contratos de arrendamiento que duren más de seis meses, viviendas para uso residencial, viviendas para usos vacacionales, viviendas vacías debido a la movilidad
geográfica por causas laborales de sus propietarios, o viviendas sometidas a un expediente de declaración de ruina u otras circunstancias acreditables que las hagan inhabitables. Por tanto, es una propuesta muy razonable porque no estamos obligando
a que se graven y, además, estamos dando una tipología de la vivienda vacía muy de acuerdo con el tipo de viviendas que tenemos en el conjunto del Estado, dando todos los márgenes a los ayuntamientos para que decidan.
Planteamos un registro de
viviendas no habituales de los ayuntamientos, para que puedan tener esta política de subsidiariedad. Asimismo, planteamos la desgravación para viviendas que se pongan a disposición después de largo tiempo utilizadas para usos especulativos u otros
usos que no redundan en beneficio de la comunidad.
Otro elemento a favor de la propuesta es que existen experiencias comparables. Muchas veces desde el Grupo Parlamentario Socialista -estoy seguro que lo habrán hecho- toman París y las políticas de Delanoe como ejemplo en materia de
vivienda. Pues bien, en París hay políticas que gravan la vivienda desocupada. Esas políticas existen y es más, gravar la vivienda desocupada es una estrategia fundamental si realmente nos creemos, y queremos que sea una realidad, la política de
rehabilitación.
Está muy bien hablar de política de rehabilitación en los cascos antiguos, pero es muy difícil aplicarla. Por ello, son necesarios instrumentos como los que planteamos para que la rehabilitación sea una realidad y para que afloren
las viviendas desocupadas que existen en los cascos antiguos de las principales ciudades. Está claro que significa un modelo de crecimiento y de organización diferente: significa apostar por la ciudad compacta y no por la ciudad difusa; significa
dotar a los ayuntamientos y a aquellos actores que tienen que hacer políticas de vivienda de un instrumento diferente. En el caso de París -les pongo el ejemplo-, existen estos elementos disuasorios y existen medidas coactivas, distintos programas,
como un programa para gente joven. En definitiva, son tres programas que incentivan las políticas activas de vivienda y desincentivan precisamente los usos especulativos.
En resumen, ¿qué pretende esta propuesta? Con esta propuesta queremos que se den todos los instrumentos en materia de vivienda y no solo algunos.
Nosotros sabemos que esta no puede ser la única política de vivienda; necesitamos la
política de la zanahoria, la política que, por ejemplo, están haciendo en Euskadi o la que se está empezando a hacer en Cataluña; es decir, una política que haga aflorar las viviendas desocupadas y que las administraciones pongan recursos para que
haya mercado de vivienda al alcance de todo el mundo y política de alquiler. Esa política es necesaria, fundamental, pero la pregunta es: ¿solo se trata de zanahoria? Nuestro grupo parlamentario entiende que también tiene que haber -y permítanme
el lenguaje coloquial- instrumentos de palo, es decir, políticas proactivas y políticas reactivas para que deje de producirse la especulación
que existe en los cascos antiguos de las ciudades en cuanto a las viviendas vacías.
No hay ningún motivo para votar en contra de esta propuesta. Aquellos que dicen defender la vivienda como una prioridad, aquellos que dicen que las políticas de rehabilitación son un objetivo, aquellos que dicen que las viviendas
desocupadas no pueden continuar siendo las mismas, aquellos que diagnostican -de forma acertada- que en España hay un porcentaje de viviendas vacías muy superior al del resto de los países de la Unión Europea simplemente aprueban otro instrumento
para evitar que haya viviendas vacías.
Termino diciendo que a nuestro grupo parlamentario le preocuparía mucho que finalmente esta proposición de ley se votase en sentido negativo y nos preocuparía mucho más que lo hiciese aquel grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y que
dice precisamente que la política de vivienda es una prioridad.
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo.
El señor HERRERA TORRES: Acabo, señor presidente.
¿Por qué decimos esto? Porque si se trata de que la vivienda sea una prioridad a defender mediante políticas públicas, este es un instrumento más. No es nada más que eso, un instrumento más. Nos preocupa que en esta materia acabe primando
la visión que a veces tiene el Ministerio de Vivienda de que la vivienda es un instrumento o un polo más de crecimiento económico pero no una prioridad el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Ustedes verán cuál es el polo que escogen, pero
nuestro grupo parlamentario espera que escojan la vivienda como prioridad y no como negocio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, fijación de posiciones. (Pausa.)
Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Tomamos la palabra para posicionarnos respecto a la iniciativa que acaba de defender el señor Herrera. Nos posicionamos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque vemos que se pueden regular mucho mejor
determinadas cuestiones que de alguna manera ya se llevan a cabo. Me refiero a que en la última modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se incorporó un artículo por el que los ayuntamientos pueden gravar las viviendas
desocupadas. Esto conlleva grandísimos problemas ya que, según recoge también la propuesta que hoy estamos discutiendo, existe una gran dificultad para saber cuáles son las viviendas expresamente desocupadas y las que en algún momento del año están
ocupadas por los dueños o por familiares de los propios dueños.
En cualquier caso, y según acaba de exponer el señor Herrera, es cierto que existe una gran cantidad de viviendas que no solamente están desocupadas plenamente, sino que muchas de ellas lo están porque fueron adquiridas como fórmula
especulativa y, por tanto, están vacías en un momento en el que la vivienda ha llegado a ser en muchísimos aspectos un problema muy grave. A pesar de que en algunos ayuntamientos, debido a esta modificación de la Ley de Haciendas Locales, ya se
está aplicando este recargo del 50 por ciento, el señor Herrera va más allá y, dependiendo del tiempo de la desocupación, plantea que el recargo sea mayor. Nosotros entendemos que el señor Herrera tiene razón y, por tanto, las enmiendas que los
grupos parlamentarios presentemos pueden hacer posible que las dificultades que hoy tienen los ayuntamientos para poder aplicar correctamente este recargo se puedan solucionar a través, por ejemplo, de la fórmula del registro de viviendas, porque en
este momento es realmente complicado conocer la situación de las mismas por parte de los ayuntamientos. Reiteramos nuestro apoyo a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
No es la primera vez que ha venido a la Cámara esta materia, en pasadas legislaturas ya tuvimos ocasión de manifestar nuestra posición. Hay una cuestión de fondo en esta materia que yo quiero plantear. ¿Se trata de hacer una política, en
las viviendas llamadas desocupadas, de tipo de penalización -el señor Herrera decía o el palo o la zanahoria- o se trata de hacer una política de estímulo a la puesta en el mercado para su uso? Hemos dicho muchas veces que se penalice -en esta
iniciativa que nos ha traído el Grupo de Izquierda Unida viene la fórmula- y al mismo tiempo hay otras doctrinas que hablan de un estímulo, fiscal o de otro tipo, para conseguirlo. Pero aquí hay una cuestión de fondo político y de realidad.
¿Estamos ante una actuación especulativa o de ahorro? Se dice que tener una vivienda desocupada es una cuestión especulativa, pero puede ser una cuestión de ahorro. Las familias, ante la incertidumbre de otras fuentes de ahorro, bursátil,
financiero, etcétera, se dirigen a la adquisición de viviendas; incluso, para muchas familias, según las encuestas que se vienen haciendo, es una fase previa a la cesión a sus descendientes del uso de la vivienda, a los hijos del matrimonio o de la
pareja que todavía no están en edad de tener una propiedad de este tipo, pero sí están preparados para habitarla.
Se ha hablado también de otra cuestión aquí. ¿Qué criterios objetivos hay para determinar que una vivienda está desocupada 365 días al año? Se puede generar toda
una función de burocracia verdaderamente demencial en los ayuntamientos que tengan que averiguar si el propietario de una vivienda la está ocupando o no equis días o semanas al cabo del año, además, para generar un gravamen sobre un impuesto
que ya está tasado en las leyes fiscales del Estado y de las comunidades autónomas. Si el impuesto de bienes inmuebles, por vía de esta proposición de ley, es modificable en cuantías que van del 50 al 150 por ciento, los bufetes de abogados que se
dediquen a lo contencioso-administrativo van a tener una cartera de trabajo extraordinaria para poder clarificar los grados de responsabilidad, y va a hacer falta todo un cuerpo de inspectores que, con criterios objetivos y no recusables ni
recurribles ante los tribunales de justicia, de lo contencioso-administrativo y de lo fiscal, controle esta materia.
Nosotros entendemos que no se puede generalizar que la vivienda desocupada significa un fin especulativo en sí mismo. Lo habrá, pero también habrá las otras alternativas del ciudadano normal que, en vez de comprar acciones de Bolsa, se
compra una vivienda. Podríamos llegar al absurdo de tener que gravar o desgravar determinados bienes inventariables que están sometidos a una fiscalidad, como pueden ser los automóviles. Esto requiere que, si queremos abrir un debate de tipo
fiscal, social o económico en esta materia de las viviendas desocupadas, tengamos que hacerlo con sentido de responsabilidad para que la medida no vaya a producir efectos negativos, porque en cuanto no haya un criterio de objetividad se va a
producir una picaresca para ocupar transitoriamente, a lo largo de determinados días o semanas del año, una vivienda desocupada.
Por tanto, mi grupo en esta materia quiere tener la prudencia de no meterse en aventuras de este tipo que son competencia de los ayuntamientos. Le diría desde un punto de vista exclusivamente dialéctico al señor Herrera que sí hay motivos
para oponerse a esta iniciativa, los puede haber a favor y en contra, y mi grupo se posiciona en este momento en contra de esta iniciativa. Creemos que también hay criterios que aconsejan no dar luz verde a esta cuestión y, por tanto, vamos a votar
en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Beloki, del Grupo Vasco.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, tampoco mi grupo va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, y debo decir a modo de resumen que las razones que acaba de exponer el señor Mardones, en nombre de
Coalición Canaria, son básicamente las razones de mi grupo, pero voy a insistir en ello.
Antes que nada le diré que este es un tema que ha sido ampliamente debatido en el País Vasco en el órgano de coordinación tributaria, porque usted sabe que nosotros tenemos competencias en el ámbito tributario, y tras mucho debate se ha
llegado a la conclusión que voy a exponerle, que es no apoyarle a usted. Básicamente son tres las razones que nos mueven a no apoyarle. En primer lugar, yo diría que no compartimos su supuesto, la visión, hasta donde nosotros entendemos, de la
lectura de su propuesta.
Usted propone una serie de modificaciones en la Ley de Haciendas Locales y en el impuesto sobre la renta arrancando de una visión que, insisto, no compartimos. Ese va a ser mi primer argumento. El segundo argumento es que
usted además define una cierta ecuación para resolver una serie de temas, entre ellos de forma importante el de la vivienda, pero usted alude a otras cosas y dice: con esta ecuación se resuelven estos temas.
Pues es una ecuación que a nosotros no
nos sale, no sabemos resolverla. Y en tercer lugar, como muy bien apuntaba también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no es aplicable con rigor.
En primer lugar, no compartimos la visión de fondo de la propuesta, que, insisto, hasta donde entendemos es algo así como: si usted posee una segunda vivienda es usted un especulador inmobiliario, en potencia o no sé si en realidad, y
consiguientemente merece ser castigado y además severamente castigado, como dice usted, con más impuestos. Es cierto que la propuesta introduce algunos matices a este tema, porque si usted tiene un segundo inmueble pero lo dedica a esparcimiento o
recreo, siempre que no sea en la ciudad en la que usted vive, no se le aplica esta proposición de ley, o si usted es un trabajador temporalmente desplazado también tiene un margen de maniobra. Pero ¿y por qué en esos casos y no en otros? ¿Por qué
el propietario de una segunda vivienda para recreo o esparcimiento, siempre que se encuentre fuera de la localidad de residencia habitual, se merecería un tratamiento distinto de, por ejemplo, el propietario que posee una segunda residencia, en la
misma localidad o fuera de ella, donde viven sus hijos que estudian? ¿Por qué ese se merecería ser castigado? ¿O por qué quien posee una segunda residencia y -digámoslo así- tiene una expectativa de destino de esa segunda residencia, que va a ser
próximamente ocupada por sus hijos que se van a casar, se merece un tratamiento distinto de quien posee una residencia fuera para el esparcimiento? ¿Por qué poseer una segunda vivienda, así sin más y de entrada, es especular? Entonces, ¿por qué no
ser lógico del todo y no aceptar ni siquiera las excepciones que se proponen? Esa es la visión que nosotros entendemos que subyace en esa propuesta suya que resumidamente, si usted posee una segunda vivienda y no la ocupa -como solo puede uno
ocupar una-, es algo así como un especulador inmobiliario. No compartimos esa visión.
En segundo lugar, tampoco nos convence esa especie de ecuación básica sobre la que está construida esta proposición de ley. La propuesta, a nuestro entender, cabe resumirla así: gravando de forma severa las viviendas que no constituyen
domicilio habitual en los términos en que ustedes definen, no necesariamente que
sean viviendas desocupadas, se produciría no solo la disminución de tal número de viviendas, sino que, tal como dicen ustedes en la exposición de motivos, se impulsaría notablemente el mercado de alquiler, se frenaría la especulación
inmobiliaria y hasta haría desaparecer, o cuando menos disminuir, no sé en qué grado, el despilfarro medioambiental al que ustedes también se refieren. Es así una ecuación muy bonita, pero no es real, a nuestro juicio.
En tercer lugar, es inaplicable con rigor quién y cómo aplica esta ley. En los textos legales y en el que hoy se propone se sigue manteniendo el supuesto de que determinados municipios siguen sin actualizar, revisar y modificar los valores
catastrales, razón por la que se imputan dos tipos de renta diferentes. Y ahora, aunque eso sea una realidad, y desde el 1 de enero de 1994 podían estar actualizándose permanentemente, aunque eso no se haya actualizado, de pronto decidimos que los
ayuntamientos podrían y deberían crear un registro de viviendas no habituales con especificación del titular, valor a efectos de este tributo y fecha desde la que se encuentran sometidas a este recargo y, además, lo van a mantener actualizado.
¡Pues no propone usted nada! ¿Cómo se hace eso? A nuestro juicio, eso simplemente no es real. Porque ¿qué significaría tener actualizado ese registro? ¿Qué supondría a los ayuntamientos? Algo que es totalmente imposible. Sinceramente, creo que
es una propuesta, la suya, cuya aplicación práctica -allá los ayuntamientos que lo hagan- no se va a aplicar. Nos parece que no es justa, no es equitativa y no es eficaz ni práctica. ¿Por qué no ir por la otra vía, por la de las medidas en
positivo, incluso con intervenciones fiscales en renta, en sociedad, en IVA? ¿Por qué no? ¿Por qué no promover realmente la vivienda de alquiler con apoyos en los distintos impuestos? ¿Por qué arrancar, a nuestro juicio, de esa visión que no es
justa y no es equitativa de entender que todo aquel que posea la segunda vivienda, por las razones que fuere no la quiere alquilar, se merece un castigo y por qué no promocionar lo otro? En esta segunda vía nos hubiera usted encontrado en el
camino; en la primera, no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki. Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la proposición de ley que presenta el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre reformas en materia tributaria de las viviendas desocupadas. Y lo vamos a hacer
porque entendemos que en el tema de la vivienda hay que pasar del debate de las ideas al debate de los hechos, y es hora de intervenir de una manera clara en que se cumpla lo que dice la Constitución sobre el acceso a la vivienda a todos los
ciudadanos. La proposición que se presenta hoy aquí es un primer paso, que en su trámite parlamentario podremos aportar mejoras, pero entiendo que es necesario hacerlo. No podemos estar debatiendo mes tras mes diciendo que esto está pendiente de
futuras reformas y de modificaciones en relación con la vivienda. Hay que decir también que hoy los ayuntamientos ya tienen la posibilidad de incrementar el recargo del IBI teóricamente como dice la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pero en ese
sentido es inaplicable tal como está regulada actualmente. ¿Qué es una vivienda desocupada? Es imposible esclarecer esto en estos momentos y la aportación que se hace ahora nos puede servir para dar esa autonomía local a los municipios para que
puedan actuar en materia de vivienda. Entendemos que la propuesta va en ese sentido. Se podrán hacer algunos matices, pero creemos que es importante establecer estas prioridades. Decimos esto en un tema en el que el Gobierno, el Grupo Socialista
ha dado muestras de querer dar a la vivienda el trato que se merece. Ha creado el Ministerio de la Vivienda, a pesar de las competencias que tienen en estos momentos las comunidades autónomas en esta materia, y parecería sorprendente que el Grupo
Socialista no aceptase a trámite esta proposición de ley en espera de futuras reformas.
Los meses van pasando y lo que va a ocurrir con el tema de la vivienda es que lo que era un objeto prioritario para el Gobierno y el Grupo Socialista se va a quedar en nada. En ese sentido sería bueno, en vez de incrementar y potenciar un
ministerio y en aras de ahorrar presupuesto en temas burocráticos, que este tema sea traspasado más si cabe a las comunidades autónomas. Si no hay voluntad por parte del Grupo Socialista de aceptar esta proposición de ley, es menos compatible el
hecho de querer hacer una política real de acceso a la vivienda para todos los ciudadanos. El mercado de la vivienda en el Estado español dista mucho de estar como mínimo cerca de otros mercados europeos en los que el acceso a la vivienda es mejor.
Está claro que las cifras del mercado de alquiler en el Estado español están por debajo de la media de los países europeos avanzados y es lógico actuar en políticas que faciliten el aumento de la vivienda de alquiler.
Entendemos que esta proposición de ley facilita un cambio en el mercado de la vivienda en el Estado español, evita el proceso especulativo que se va incrementando ya que año tras año el coste al acceso a la vivienda que tienen las familias
es cada vez mayor y tienen que destinar más dinero para ello. Por tanto creemos que es hora de actuar. Seguramente esta no es la solución a todos los males, pero sí es una manera de dar un golpe serio en el camino para evitar la especulación.
Cuando en diferentes municipios hay muchas viviendas desocupadas que no están en el mercado y que han sido adquiridas como simple especulación, creemos que es necesario actuar. Por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley, intentándola mejorar en el trámite parlamentario. Nos gustaría que el Grupo Socialista la aceptase, ya que ha
hecho del acceso a la vivienda, en principio, un caballo de batalla en su discurso político. Entendemos que es hora de pasar de los discursos, de las palabras a los hechos y esta es una oportunidad para conseguir el acceso universal a la
vivienda en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.
Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ Y GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos en el Pleno del Congreso ante un debate importante. Cuando debatimos sobre un aspecto relativo a la política de vivienda es importante saber cuántas personas
quieren su acceso a la misma que de manera brillante el diputado Herrera citaba cuando nos releía el artículo 47 de la Constitución y plasmaba la necesidad de actuar en materia de vivienda. Esto es importante y lo compartimos.
Decía ahora el señor Puig que hablamos demasiado de vivienda. Yo comparto ese diagnóstico. Se habla mucho y se actúa poco. Este Gobierno quiso enfatizar la prioridad de la vivienda con un ministerio que algunos llaman ministerio
escaparate. Ministerio que lanza grandes propuestas pero en el que, más allá de la propuesta, quedan pocas actuaciones y algunas de ellas, me refiero, por ejemplo, a la Sociedad Pública de Alquiler, atentan gravemente contra competencias de las
comunidades autónomas. Se aprueba en la Comisión de Fomento que vamos a paralizar esa Agencia de la Sociedad Pública de Alquiler; después se retoca esa proposición no de ley aprobada, diciendo: en todo caso se hará respetando las competencias de
las comunidades autónomas. ¿Y qué nos pasa, señorías? Que después nos encontramos, por lo menos en Cataluña, con diversos anuncios publicitarios del ministerio diciendo a los propietarios que no se preocupen, que esa sociedad les va a alquilar su
vivienda. Ya tendremos ocasión de debatir qué da de sí esa propuesta del ministerio, cuántos pisos realmente afloran a partir de esas grandes medidas. Por tanto, coincidimos en el diagnóstico, señor Herrera, y coincidimos, señor Puig, en que se
habla demasiado en el aspecto de medidas posibles y se implementa poco lo que debe hacerse en materia de vivienda.
Hoy el señor Herrera nos propone una modificación y yo quiero abrir una reflexión para justificar el no apoyo de Convergència i Unió a esta proposición de ley. Creemos, señor Herrera, que hay un aspecto inicial que deberíamos tener en
cuenta: la actual legislación. ¿Vamos a resolver el tema de las viviendas desocupadas con la proposición de ley que usted nos propone hoy? Es una incógnita, pero repasando el BOE podríamos releer algunas leyes ya aprobadas, ya vigentes, y entre
ellas una que el propio grupo proponente hoy nos sugiere modificar, que es la Ley de Haciendas Locales. En la Ley de Haciendas Locales ya existe la previsión, concretamente en su artículo 73 se nos dice que se puede incrementar hasta un 50 por
ciento. ¿Se aplica esta previsión? No se aplica. ¿Por qué? Porque el Gobierno aún no ha realizado el desarrollo reglamentario de esa previsión legal. Hoy pedimos aumentar el porcentaje, un aumento que ya le digo que desde Convergència i Unió no
nos parece justo y equitativo, porque llegar a postular que habrá un recargo del 50 hasta el 150 por ciento como máximo, pero como mínimo ya de entrada un 50 por ciento, podría dar lugar a situaciones injustas en que quedaran englobadas como
viviendas desocupadas viviendas que a lo mejor no lo son como tales, ¿pero cómo las definimos? Debemos de hacer un censo de viviendas desocupadas y unos criterios reglamentados, y no podemos de entrada cambiar la ley cuando la modificación que ya
se realizó en la pasada Ley de Haciendas Locales no tiene virtualidad práctica, no se aplica.
¿Qué le pido yo al Gobierno? Tanto Ministerio de Vivienda, tanto alarde de políticas de vivienda, desarrollen de una vez la previsión legal de la Ley de Haciendas Locales del año 2002. Hagan el reglamento clarificador de qué puede entender
un ayuntamiento que es una vivienda desocupada, y no renunciemos a actuar con el palo y la zanahoria que decía el señor Herrera, no renunciemos a poder incentivar de alguna manera que esas viviendas afloren al mercado y, sobre todo, lo que debe ser
una prioridad para todos, que es dinamizar el mercado de viviendas de alquiler. Es una prioridad, estamos entre los países europeos con menos porcentaje de viviendas destinadas a alquiler y, por tanto, es una asignatura pendiente, pero antes de
modificar la ley demos a esta Cámara los instrumentos necesarios para desarrollar las previsiones ya existentes actualmente. Desarrollemos ese artículo 76, un artículo que quiero recordar que incluso desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Barcelona, el ahora concejal don Alberto Fernández Díaz proponía en su campaña municipal, la del Grupo Popular, realizar propuestas que de alguna manera gravaran fiscalmente las viviendas desocupadas. No vayamos tan lejos, no nos vayamos solo a
candidatos del Partido Popular en Barcelona, vayamos incluso a alcaldes del Partido Popular en esta ciudad, en Madrid, que también habían propuesto en su campaña electoral la necesidad de gravar de alguna manera esas viviendas vacías. Si queremos
hacerlo, no lo hagamos modificando la ley, hagámoslo dando instrumentos que permitan definir con justicia y equidad de qué estamos hablando, hacer un censo y, finalmente, dar -yo coincido en esto con el señor Herrera- competencia al ayuntamiento.
Aquí también debemos primar lo que ya prevé la Ley de Haciendas Locales, que sea el ayuntamiento el que pueda o no aplicar ese mecanismo, en función de la política de vivienda de ese determinado municipio. Por tanto, coincidimos con algunas
medidas, pero no podemos apoyar hoy una proposición de ley que pretende llegar a un recargo del 150 por ciento, cuando no estamos aplicando la previsión actual que permitiría un recargo de hasta el 50 por ciento. Quizá es una propuesta
precipitada que deberemos conjugarla con el conjunto de medidas fiscales que desde el Gobierno se quieran impulsar en materia de vivienda. Una vez más, le pedimos al Ministerio de Vivienda que se ponga las pilas. Vamos a entrar en el
segundo año de legislatura, y un ministerio que tenía que ser modelo de muchas cosas, está siendo ejemplo de muchas carencias. No le demos con esta proposición de ley un motivo más que pueda contribuir a realizar un diagnóstico de que vamos de
medida precipitada en medida precipitada. Reflexionemos, acordemos medidas en positivo y, sobre todo, busquemos cómo se aplica la previsión que actualmente está en la última modificación de la Ley de Haciendas Locales.
Nada más, señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Grupo Parlamentario Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, todos los programas electorales con que los partidos políticos representados en esta Cámara comparecieron en las últimas elecciones generales contienen propuestas y medidas para incentivar el mercado de alquiler, y todos manejamos
dos datos claros y contundentes. El primero, que el parque inmobiliario en nuestro país se divide prácticamente en un 90 por ciento para la vivienda en propiedad y un diez por ciento para la vivienda en alquiler; el segundo, que según el Instituto
Nacional de Estadística hay en España alrededor de tres millones de viviendas vacías, como antes recordó el portavoz de Izquierda Unida. También hay analistas del sector de la vivienda que afirman que hoy en España la demanda de viviendas en
alquiler es varias veces más, entre tres y cuatro superior a la oferta, lo que explica el también fuerte incremento de los precios del mercado en alquiler. Para el Grupo Parlamentario Popular este último, y no otro, es el dato que nos debe
preocupar. Lo digo porque desde el Grupo Parlamentario Socialista, y también desde Izquierda Unida, el dato que siempre exponen como más importante y que hay que corregir es el de los porcentajes, que en España la vivienda en alquiler solo sea el
diez por ciento, frente a la media de los países europeos que llega al 40.
Nosotros ya hemos manifestado en varias ocasiones desde esta tribuna que este dato en sí mismo no es ni bueno ni malo, es solo un dato más. No se les debe enviar a los ciudadanos españoles el mensaje de que tener sus viviendas en propiedad
sea malo para la economía española. Por ello, debemos incrementar el parque de viviendas de alquiler, no para equilibrarlo al parque de viviendas en propiedad, sino para llegar a una oferta capaz de satisfacer la demanda en este tipo de viviendas y
frenar el incremento de los precios de los alquileres, en el convencimiento de que con ello también podemos moderar los precios de venta de las viviendas. Sin duda, la pregunta que todos debemos hacernos, y es la pregunta que antes insinuó el
portavoz proponente, es la siguiente: ¿Por qué una persona que ha logrado ahorrar un dinero y comprar otra vivienda, además de la habitual, o la ha recibido de una herencia, prefiere tenerla vacía en vez de arrendarla a un tercero o destinarla a su
propio uso? ¿Por qué una persona normal y corriente renuncia libre y voluntariamente a obtener unos ingresos, por pequeños que sean, y prefiere tener esa vivienda completamente vacía años y años? En la respuesta a esa pregunta es donde reside la
diferencia de la posición entre nuestro grupo parlamentario e Izquierda Unida. Para el Partido Popular la respuesta está en que hoy en día nadie se mete a casero a menos que le sea absolutamente necesario; la respuesta está en que hay muchos
propietarios que prefieren renunciar a la obtención de rentas que tener que soportar a un inquilino con el que tenga una mala relación cinco años o tener que soportar que se tarde casi dos años en romper una relación si el inquilino no le paga y no
tener garantías de recuperar en buen estado la vivienda alquilada.
Por ello, desde el Partido Popular hemos creído conveniente remover esos obstáculos y hemos presentado en esta legislatura varias iniciativas, todas debatidas y todas rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno.
Una proposición no de
ley para fomentar el mercado del alquiler; otra proposición no de ley instando al Gobierno a la aplicación de los denominados juicios rápidos civiles, que, por cierto, la portavoz de Izquierda Unida calificó como justicia de Burger King y dos días
después el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro de Justicia anunciaron que se iban a aplicar esos juicios rápidos, y fue rechazada en una dosis más de talante de la que estamos habituados en esta legislatura; y una proposición de ley por la
cual se modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, acortando el plazo del contrato. Todas han sido rechazadas por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.
Esta proposición de ley demuestra que también Izquierda Unida se ha hecho esa misma pregunta: ¿Por qué una persona normal y corriente, que ha invertido sus ahorros en una vivienda además de la habitual o la recibe en herencia, renuncia a
esos ingresos y opta por no alquilarla? De verdad que no podemos ni siquiera imaginarnos cuáles han sido los razonamientos empleados por el portavoz de Izquierda Unida para llegar a la conclusión de que a esas personas hay que sancionarlas, porque
sin duda lo que se plantea en esta proposición de ley son dos sanciones simultáneas: la primera, modificando o introduciendo en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales un nuevo recargo del 150 por ciento en el impuesto
sobre bienes inmuebles sobre la vivienda vacía, cuando ya, como se ha recordado aquí, está gravada en un 50 por ciento y, la segunda, incorporando al texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas otra nueva sanción,
que es la de considerar renta imputada el 10 por ciento del valor catastral de la vivienda desocupada. Hoy en día
se conserva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas esa imputación de rentas del antiguo IRPF del Gobierno socialista, que lo tenía incluso para la vivienda habitual y que fue suprimido en las reformas practicadas en la pasada
legislatura.
Y quiero volver a la pregunta: ¿Por qué una persona normal y corriente renuncia a su renta para mantener esa vivienda vacía y prefiere no alquilarla? Y le pregunto a usted, señor Herrera: ¿De verdad cree que no es porque a lo mejor un
plazo de cinco años le parece excesivo si da con un mal inquilino, o porque a lo mejor la quiere para uno de sus hijos que está estudiando fuera de su municipio? ¿De verdad cree que no es porque se siente inseguro jurídicamente en su relación con
el inquilino que no le paga y que tarde dos años en ventilarse un proceso de desahucio, o porque a lo mejor se siente inseguro jurídicamente ante la imposibilidad de resarcirse de los daños que se están causando a su vivienda? ¿De verdad, señor
Herrera, está convencido de que esas no son las causas que motivan que una persona renuncie a unos ingresos y prefiera mantener la vivienda vacía? ¿De verdad considera que no es la normativa vigente en arrendamientos urbanos o en los procedimientos
judiciales civiles la que está haciendo a ese propietario autoexcluirse del mercado del alquiler? ¿Está usted convencido de que lo que realmente les pasa a esos propietarios es que son torpes, malos ciudadanos o especuladores, como antes les llamó,
que merecen ser sancionados?Sinceramente creo que compartimos los objetivos comunes: incentivar el mercado del alquiler, pero diferimos en el análisis y en su tratamiento.
Por lo expuesto, creo que ha quedado claro que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y considera, además, dado que hay grupos que se lo han aconsejado al Partido Socialista,
que votarla a favor por parte del Partido Socialista sería un error, máxime cuando por el Gobierno se han anunciado ya las reformas de las leyes de haciendas locales, que permiten una mejor financiación a las corporaciones locales, y también la
modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley que hoy debatimos y que nos presenta Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds creemos que pretende un múltiple objetivo. Por un lado, favorecer el acceso y -aún más- el disfrute de una vivienda
digna por todos, con una interpretación positiva más allá de la plena literalidad del artículo 47 de nuestra Constitución que así lo establece y que muy bien ha explicado su portavoz el señor Herrera. Por otro lado, con esta propuesta se intenta
frenar la creciente escalada de los precios de las viviendas, aunque no deja de ser cierto que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia -y a las que me referiré más adelante- han logrado ralentizar moderadamente esa tendencia
alcista, como manifiestan todos los analistas económicos y el último informe a este respecto del Banco de España sigue en esa línea que he dicho anteriormente.
Por último -aunque nada desdeñable por eso-, está el objetivo apuntado en la exposición de motivos de esta proposición de ley de protección medioambiental, coincidente en ese criterio con lo expuesto por la ministra de Vivienda cuando en el
debate en la Comisión de Fomento y Vivienda, el 27 de mayo de 2004, al exponer las líneas maestras de su actuación, señaló que debe garantizarse el desarrollo sostenible de las ciudades promoviendo la rehabilitación y la reutilización de las
viviendas vacías.
Entiendo que todos estos planteamientos que he citado son asumidos por todos los grupos políticos que están en la realidad de las preocupaciones más urgentes de los ciudadanos, máxime cuando estas demandas encajan más en el ámbito de lo
social, por más que esta iniciativa o estas medidas sean de índole más económica; pero insisto, tienden a resolver problemas de tipo social y por ese hecho encajan mejor en aquellos grupos con una ideología más socialdemócrata, como es el caso del
Partido Socialista, como es el caso del Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre intervengo para fijar la posición con respecto a esta proposición de ley.
De esta preocupación surge precisamente, en el programa electoral con el que concurrimos a estas elecciones -y que mereció la aprobación mayoritaria de los ciudadanos-, un epígrafe específico destinado a políticas de viviendas, conscientes,
como somos, de la necesidad de encontrar soluciones a este problema, por cierto acentuado en la anterior etapa del Partido Popular por su -a nuestro entender- errática política de suelo; recuerden cuando se declaró todo el suelo urbanizable, aunque
después se corrigió en el año 2000, o aquellas polémicas declaraciones de un inefable ministro del anterior Gobierno, concretamente del señor Alvarez-Cascos, cuando con la idea de que España iba muy bien dijo que si la vivienda crecía era porque
había mucha demanda y se incorporaban muchos más españoles a la intención de adquirir este bien. En coherencia con esta preocupación de la vivienda, el presidente don José Luis Rodríguez Zapatero creó por primera vez un ministerio específico para
la vivienda, no incluido, como estaba anteriormente, dentro del Ministerio de Fomento.
Entre las medidas que anunció la ministra en ese debate que he citado para la consecución de esos objetivos destacan: incrementar el porcentaje de las viviendas en alquiler, desde un 11 por ciento en la actualidad hasta un 20 por ciento del
total del parque de viviendas existente. Para conseguir ese objetivo se creó la Agencia Pública de Alquiler, dando un beneficio fiscal para esa actividad que consiste en la reducción de un 50 por
ciento en los rendimientos netos de la percepción de los alquileres. Sin embargo, una medida mucho más incentivadora del alquiler es la ayuda directa a los inquilinos -medida pionera- de hasta un 40 por ciento en el pago de la renta,
llegando a un límite máximo de 3.000 euros al año. El desarrollo de fondos de inversión inmobiliarios, igualándonos en este campo a la normativa europea, fomentará sin duda la oferta de viviendas en alquiler. La puesta a disposición de suelo de
titularidad pública para la construcción de viviendas protegidas atemperará la demanda y, por consiguiente, el precio de la vivienda y las tentaciones de especulación en este sector. He citado algunas de estas políticas, que ya han sido reflejadas
y se han recogido en múltiples debates en Pleno y en Comisión, como han señalado los anteriores portavoces Por cierto, usted mismo, señor proponente, decía que hay que hacer políticas de vivienda de verdad, que se reflejen en los presupuestos.
Precisamente los que hoy se han presentado en la Cámara me vienen bien ahora, porque para el Ministerio de la Vivienda se recogen 6.820 millones de euros para el Plan de vivienda 2005-2008 y para políticas de vivienda 1.059 millones de euros. Eso
sí es aplicar de verdad una política de vivienda en positivo para corregir estas deficiencias.
¿Dónde pueden estar entonces los inconvenientes de estas propuestas que nos hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? En primer lugar, aunque es muy loable su intento de definir por
primera vez lo que se puede entender por viviendas desocupadas, no es menos cierto que usted lo hace limitándolo a aquellas viviendas a las que no se les aplicará el tipo impositivo máximo que usted propone. No define lo que es vivienda desocupada,
sino que dice que son aquellas a las que no se les aplicará; por consiguiente deja el resto de las viviendas, casuística que se puede dar en muchas situaciones, como son las viviendas por ejemplo de extranjeros o las viviendas en aquellos lugares
donde la recesión demográfica las deja fuera de mercado porque no hay demanda no ya para adquirirlas sino ni siquiera para alquilarlas. Realmente nos encontramos con lo que ha sido definido como el gran problema, por no decir el problema, que es la
definición de qué se entiende por vivienda desocupada y con carácter permanente. Como se ha dicho aquí, ya hubo intentos anteriormente de reflejar eso, pero la Dirección General del Catastro se ha visto imposibilitada, por más que se ha puesto a
ello, para definir claramente lo que es vivienda desocupada y con carácter permanente. El actual impuesto del IRPF fija un gravamen para todas las segundas viviendas y solo deja fuera la vivienda ocupada, de uso residencial propio, las que están
alquiladas y las que tienen algún tipo de actividad económica. El resto, sean segundas residencias en unos u otros municipios, ya tienen un cierto gravamen del 2 por ciento en la renta del catastro. Por último, debe recordarse, como se ha fijado
el Grupo Popular, que el Gobierno pretende hacia la mitad de esta legislatura hacer unas reformas en la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas que podrían recoger algunas de las propuestas que usted hace, así como en la Ley de las
Haciendas Locales.
Por todo ello, aunque compartimos parte de esos objetivos por nuestra filosofía política, este grupo no va a tomar en consideración la proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de
modificar esos dos artículos, tanto el relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas como el de la Ley de las Haciendas Locales, por entender que este Gobierno ya está aplicando otras medidas que están dando un rendimiento para evitar
que esta situación se prolongue. Repito que lamentablemente vamos a votar en contra de esa toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armas
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000144.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo a la primera proposición de ley, pasamos a la segunda, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre financiación de los partidos políticos.
En primer lugar, en turno de presentación de la proposición de ley, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, permítanme realizar varias consideraciones antes de iniciar la defensa de la toma en consideración de esta proposición de ley. En primer lugar, esta propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no
va contra nadie. Antes al contrario, va a favor de la credibilidad de los partidos políticos y de las personas que forman parte de éstos. En segundo lugar, la financiación de los partidos políticos, más exactamente la financiación pública de
estos, es una constante de todos los países democráticos consolidados, para ser más exactos, de todos los países de la OCDE. En tercer lugar, existe la consideración de nuestro grupo, que creemos puede ser compartida por esta Cámara, de que no hay
partidos honestos ni partidos corruptos: existen personas cuyo ejercicio puede ser honesto y personas cuyo ejercicio de la actividad política puede ser corrupto, pero no existen partidos en sí de ese tenor. Tenemos que presuponer que todos los
partidos nacen con la mejor intención de servir a la sociedad.
¿Cuál es la función de un partido político hoy? Escuetamente podríamos responderlo en cinco puntos: ser instrumentos de formación de la voluntad popular; ser instrumentos de canalización del debate público; ser instrumentos de
representación política; ser instrumentos de participación de la ciudadanía en las instituciones y,
finalmente, ser instrumentos de legitimación democrática de mayorías sociales. Los partidos políticos son, en definitiva, una de las piezas fundamentales de un Estado democrático, pues canalizan las inevitables tensiones presentes en toda
sociedad garantizando la paz social necesaria para que éstas se desarrollen positivamente. No es en vano que los partidos políticos son el primer enemigo a abatir por todo tipo de dictaduras. Solo en regímenes dictatoriales la libertad de
asociación política es perseguida. Es muy clarificadora una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en este ámbito. La sentencia número 3 /1981 define al Estado español como un Estado de partidos; es más, define los partidos
políticos como instituciones u órganos casi públicos. La misma sentencia nos introduce en el núcleo principal de esta proposición de ley: la financiación. La sentencia número 3/1981 deja clarísimo que si son órganos casi públicos requieren
financiación pública y control público. Para que los partidos políticos puedan cumplir sus importantísimas funciones fundamentales en un Estado democrático deben tener garantizada su viabilidad económica, ministro por eso los Estados democráticos
contribuyen a la financiación de los mismos con recursos públicos. Lo decíamos en las consideraciones previas: Todos los países de la OCDE tienen hoy mecanismos de financiación públicos de los partidos políticos. La vigente Ley Orgánica sobre
Financiación de Partidos Políticos que rige desde 1987 ha sido un reto importante y ha consolidado un modelo, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Sobre todo, después de leer atentamente la ley y su aplicación durante todos estos años uno
tiene la percepción de que esta fue una ley pensada en su momento y que concebía a los partidos políticos como plataformas electorales. Lo decimos sin ningún desdén. Creemos sinceramente que era la concepción de los partidos políticos que había en
aquellos momentos.
Hoy la realidad dista mucho de esa concepción.
Hoy los partidos políticos son también -más allá de campañas electorales- estudios y programas. Los partidos son también fundaciones para la elaboración de ideas y pensamientos, para la formación de sus militantes, de sus cuadros y de sus
representantes. Son también intercambios de información y de carácter internacional. Los partidos políticos son también campañas divulgativas, y hoy en día son información a la hora, al día. Internet y las nuevas tecnologías han ofrecido un nuevo
campo también a los partidos políticos. Para todos estos cambios es necesario aumentar los recursos de los partidos políticos, recursos públicos que deben ser tratados como tales, otorgados a partir de criterios racionales, objetivos,
proporcionales y sujetos a fiscalización, porque hoy en día, cuando se habla de la responsabilidad social de las empresas, podríamos trasladar este concepto también a los partidos políticos. ¿Cuál sería la responsabilidad social de los partidos
políticos? Se podría reducir a dos conceptos muy nítidos: la responsabilidad social de los partidos políticos hoy se basaría en no mentir y no robar. ¡Fíjense qué simplicidad, pero qué dureza al mismo tiempo! No mentir y no robar; de no mentir
no trata esta ley. Evidentemente, los compromisos electorales que puedan asumir los diferentes partidos políticos serían motivo de otra ley que obligara a cumplirlos. Hoy hablamos de no robar, de la creencia de que los sistemas tienen que ser
claros, sin opacidad, transparentes y con luz y taquígrafos. Los partidos políticos debemos hacer bien nuestros deberes para merecer esta financiación pública y, lamentablemente, hasta ahora no todo el mundo puede decirlo. Los desmesurados gastos
en campañas electorales, a menudo por encima de lo que marca la ley, y las mastodónticas estructuras orgánicas son los principales responsables de la mala salud económica de la mayoría de partidos políticos. Es muy sencillo. En palabras de
Alejandro Nieto, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense: Los partidos políticos son motores de corrupción desde el momento en que gastan más de lo que ingresan. Fíjense también qué simplicidad, pero qué contundencia la
de Alejandro Nieto: Los partidos políticos son motores de corrupción desde el momento en que gastan más de lo que ingresan. Este es, señoras y señores diputados, el quid de la cuestión: impedir que los partidos gasten más de lo que ingresan,
fiscalizando sus cuentas y sancionando las infracciones, al mismo tiempo que se garantiza la suficiencia financiera de los mismos.
Si la Administración pública no puede endeudarse por encima de ciertos límites ni tampoco las sociedades anónimas deportivas, los partidos políticos deben regirse por limitaciones económicas que garanticen su racional funcionamiento. Como
diríamos en terminología más moderna y actualizada, los partidos políticos requieren un funcionamiento sostenible. Si los partidos políticos gastan más de lo que ingresan ordinariamente ¿cómo cuadran sus cuentas? ¿Cómo cuadran sus cuentas si
gastan más de lo que ingresan por cuotas de afiliados o por subvenciones públicas? Pues bien, abusando de las donaciones anónimas que hoy por hoy son legales (por tanto no estamos acusando a nadie; hay partidos que han tenido contribuciones muy
importantes de donaciones anónimas cumpliendo estrictamente lo que marca hoy la ley, que quede claro); o con financiación irregular, que ha sido una constante en los últimos años no solo en España sino en todo el mundo donde rige el sistema
democrático, donde hay diferentes fórmulas de financiación de los partidos políticos.
Ustedes se acordarán del caso Flick en Alemania y de los escándalos que se han producido en la industria petrolera Elf en Francia. Se han producido diferentes
casos de financiación de partidos políticos en Europa, y el Estado español no ha sido una excepción.
La financiación por sistemas opacos, irregulares, no es un buen ejemplo para la ciudadanía; poco ejemplo pueden dar los partidos políticos, que son los encargados por mandato constitucional de hacer las leyes, de regir y de forjar la
legislación, si no son capaces de generar
confianza a sus conciudadanos. Pero hay otros aspectos más allá de la financiación irregular, como el grave endeudamiento de muchos partidos políticos con entidades de créditos, bancos y cajas porque precisamente han gastado más de lo que
tenían que ingresar. Hace falta, pues, transparencia para poner fin a la opacidad actual, tal como se expresaba el Círculo de Economía, entidad catalana que ha destacado por sus oportunas y siempre importantes reflexiones sobre la economía en la
sociedad. Decía el Círculo de Economía en este documento sobre la financiación de los partidos políticos: Las prácticas ilegales de financiación política constituyen una de las fuentes más importantes de corrupción institucional que ha tenido
lugar en nuestro país. Las finanzas y la vida interna de los partidos -prosigue el documento del Círculo- generan efectos perversos sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y las actividades privadas y provocan falta de transparencia
en las relaciones entre política y dinero; repito la última frase: Y provocan la falta de transparencia en las relaciones entre política y dinero.
Es necesario acabar con las donaciones anónimas, que hipotecan la independencia en la toma de decisiones de los partidos y, sobre todo, hace falta acabar con las formas irregulares de financiación. Hay que poner fin también a los gastos
desorbitados en propaganda electoral, que no permiten competir a todas las opciones en igualdad de condiciones y que son una máquina incesante de derrochar dinero y recursos. La percepción social sobre la honestidad de las cuentas de los partidos
es, por decirlo suavemente, muy baja. La sensación de desconfianza, cuando no de corrupción es generalizada. Casos que abonen esta percepción no faltan. Hemos citado casos en el extranjero, pero aquí tuvimos en su momento el caso Filesa, el caso
Naseiro, el de Sóller y los casos Casinos y Pallerols en Cataluña. La proposición de ley pretende acabar con esta percepción; pretende acabar con un sistema de financiación inadecuado, pretende acabar con la capacidad de presión de empresas y
lobbies económicos, pretende retornar la confianza de la ciudadanía en una de las piezas básicas de nuestra sociedad democrática: los partidos políticos.
Este es solo un primer paso para eliminar toda sombra de duda en la honestidad de
instituciones de nuestra sociedad democrática. También hará falta mejorar los mecanismos de lucha contra el fraude y acabar con las sombras que existen en las relaciones entre lo público y lo privado. Este mismo mes, en este periodo de sesiones,
el Gobierno catalán ya ha remitido a su Parlamento una ley de creación de una oficina antifraude, pionera en Europa por sus potestades y medios de fiscalización de las relaciones entre la Administración y las empresas privadas. Asimismo será
necesario modificar la Ley Electoral para evitar, por ejemplo, un despilfarro de los recursos públicos tan evidente como es la inexistencia de un único y unificado envío de propaganda electoral, de todas las papeletas y la publicidad de todas las
fuerzas presentadas en una circunscripción electoral, y acotar los límites de gasto electoral de forma más clara y concisa. Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha presentado esta proposición de ley. Somos
conscientes de la dificultad, pero creemos que vale la pena.
A continuación resituaremos los contenidos y las aportaciones básicas de nuestra propuesta. En primer lugar, en el artículo 2 de nuestra proposición de ley hay una delimitación clara entre los recursos públicos y privados, muchas veces en
el imaginario popular no precisamente bien separados. Como públicos entendemos las subvenciones a gastos electorales, las subvenciones estatales anuales, la previsión de ayudas extraordinarias para el caso de celebración de referendos -esta es una
novedad que no se contemplaba hasta ahora- o las aportaciones de los grupos parlamentarios para clarificar y simplificar el sistema; como aportaciones privadas: las cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes, las actividades propias y
los rendimientos procedentes de sus actos promocionales, de las donaciones y de los fondos de crédito.
Esta es una ley que clarifica. Fija la distribución de los recursos de las subvenciones y ayudas de carácter público, estructura las donaciones
privadas y fija las condiciones de transparencia e información con el nombre del donante; el nombre y el NIF del donante son elementos claros para ejercer esta transparencia. El artículo 4 limita las donaciones privadas y la cantidad de recursos
por persona y año y prohibe las donaciones anónimas. En el título III fija un régimen tributario, el régimen tributario de los partidos políticos, definiéndolos como entidades sin ánimo de lucro, y establece el régimen tributario de las cuotas de
afiliación o las donaciones, lo que también es una novedad. Se incorpora la deducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas para donantes, militantes o simpatizantes. En un cuarto orden, esta ley endurece las obligaciones contables
de los partidos políticos, clarifica sus ingresos y sus bienes y aporta transparencia a la cuenta de gastos y a los créditos o préstamos de instituciones financieras por parte de los partidos políticos. Finalmente, consolida las cuentas en todos
los ámbitos territoriales e institucionales de los partidos políticos. Por último, el artículo 18 contiene el régimen sancionador, que endurece -mejorando aspectos de no recepción de subvenciones- aquellos que no se atengan al deber de colaboración
con las instituciones, especialmente con el Tribunal de Cuentas.
En conclusión, señoras y señores diputados, la aceptación a trámite de esta proposición de ley debe llevarnos a abrir un debate tranquilo, serio y racional sobre la financiación de los partidos políticos. Este debate debe responder a dos
cuestiones: en primer lugar, cómo mejorar los recursos públicos de los partidos políticos, cómo mejorar las aportaciones privadas y añadir transparencias a estas; y, en segundo lugar, cómo acabar con las prácticas opacas y poco controladas y cómo
garantizar procesos más transparentes. Son dos cuestiones destinadas a servir mejor a la sociedad y generar su
confianza. Decía Norberto Bobbio que la regeneración del sistema democrático es un imperativo diario. Hoy tenemos una oportunidad para sumarnos a esta regeneración, a este nivel de exigencia diario.
Finalmente, un politólogo americano,
Steven Lukes, en su obra maestra El poder: un enfoque radical, decía: Aquellas democracias que no son capaces de detectar y subsanar sus déficits pueden padecer una creciente falta de legitimidad en sus decisiones.
Gracias, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tienen la palabra la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente porque hoy tenemos que dilucidar la toma en consideración de esta proposición de ley y no entrar en el contenido de todas las regularizaciones y normativas que establece. Quisiera señalar que nosotros estamos
totalmente de acuerdo en la necesidad y en la oportunidad de tratar esta cuestión, que ya debía haber sido objeto de un debate en profundidad en esta Cámara. Así se hizo en el año 1997, cuando Eusko Alkartasuna ya manifestó cuáles eran las
distintas aportaciones a las proposiciones de ley que en aquel momento se presentaron, una de las cuales hacía referencia a la necesaria transparencia que debe exigirse en cualquier tipo de financiación a partidos políticos.
Muy brevemente quisiera señalar que estamos de acuerdo con la toma en consideración porque es oportuna. Creemos que ya es hora de establecer esta regulación de financiación de partidos políticos. Volveremos a reiterar determinadas
posiciones en uno de los objetos claves: la necesidad de tener partidos políticos que estén bien financiados. Lo que no significa, antes al contrario, que no sean controlables ni controlados; que tengan la responsabilidad de las necesidades
contables y de todo orden y que tengan la suficiente transparencia que se genere una vida democrática regularizada en un instrumento básico en la democracia como son los partidos políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, siendo consciente de que es un tema pendiente y de gran importancia para todos los partidos políticos que hay en el Estado español.
En la medida en que es un tema pendiente y urgente no vamos a torpedear esta toma en consideración, pero quisiéramos hacer la salvedad de que nos gustaría que esta iniciativa tuviese el mayor consenso posible en su trámite en Comisión y que fuera
producto del pluralismo que hay en la Cámara.
Esta proposición de ley se presenta con tres objetivos: la suficiencia, la regularidad y la transparencia. Sin embargo, para el Bloque Nacionalista Galego los objetivos debían de ser: fortalecer el pluralismo, la igualdad entre los
partidos políticos y, en tercer lugar, la transparencia.
Estamos convencidos de que por mucho que se hable de corrupción en los partidos políticos la principal corrupción, si es que la hay, deviene siempre de la presión terrible de las campañas
electorales que endeudan gravísimamente, en concreto, a los partidos políticos pequeños que para hacer frente a campaña electoral tras campaña electoral en términos relativamente competitivos necesitan otro tipo de ayudas. Todo el mundo sabe que la
relación de la banca con los grandes partidos políticos puede superar muchísimas situaciones de crisis. Aunque esta ley garantiza la transparencia, no garantiza suficientemente los otros dos principios esenciales: pluralismo e igualdad. No lo
hace sobre todo en el papel de los partidos que no son de ámbito estatal, que están presentes en las instituciones democráticas del Estado y de las comunidades autónomas. En nuestra opinión, habría que establecer unos mínimos que garantizasen no
solamente su supervivencia, sino también su capacidad de actuación.
Hay otro aspecto fundamental que habría que aclarar, cual es la financiación de los partidos en el ámbito estatal y autonómico. El Tribunal de Cuentas frecuentemente alude a que no es legal la financiación de los partidos políticos en el
ámbito autonómico. Esta ley debería dejar claro que no solamente son las asambleas legislativas, sino también los ejecutivos de las comunidades autónomas los que pueden establecer partidas para partidos que se muevan únicamente en el ámbito de la
comunidad autónoma o en el estatal además del autonómico. Esta obsesión por la transparencia suscita algunos problemas en la ley que habrá que estudiar, como una excesiva burocracia y que con estas propuestas la Administración va a tener el listado
de los militantes de todas las organizaciones políticas, si es que se actúa con corrección y conforme a la letra de esta ley, lo cual desde nuestro punto de vista no es grave, pero tampoco es conveniente o necesario.
Por último, nos parece necesario establecer los límites a las donaciones privadas e incluso su no anonimato, pero este aspecto está recogido en un bajo nivel. Hacer leyes contra determinados partidos políticos no es lo mejor. Vuelvo a
repetir que en este aspecto la principal falta de transparencia es la relación de la gran banca con los grandes partidos políticos y no si hay tres o cuatro capitalistas privados que entregan 10, 12 ó 20 millones de pesetas. Tendríamos que
aquilatar mejor este aspecto
y siempre a partir del no anonimato. Pensamos que esta ley es muy necesaria, pero tal y como está hecha la propuesta no supone un cambio cualitativo fundamental porque el espíritu de ley se define de manera determinante a favor del
bipartidismo, no toca en absoluto el papel de la banca como gran prestataria de fondo sobre todo en las campañas electorales ni establece claramente la legitimidad de la financiación en el ámbito autonómico y del Estado. En esta propuesta tampoco
queda muy claro el modo de financiación ni en qué cantidades mínimas, algo esencial para que todos podamos subsistir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Mardones, su turno por Coalición Canaria.
El Señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Este es un tema recurrente de la Cámara. Cuando en su día se aprobó la Ley Orgánica 3/1987, de financiación de partidos políticos, ya se abrió el debate en cuanto a la competencia del Tribunal de Cuentas y la capacidad que tenía de
fiscalizar los fondos que procedieran tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de las donaciones privadas. En el debate sobre el estado de la Nación de 1994 mediante una iniciativa del entonces portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), don Miguel Roca -con una enmienda in voce- se estableció la creación de una comisión de investigación que no llegó a conclusiones al finalizar la legislatura en 1996. Como digo, con esta comisión de investigación se reabre
reiteradas veces el proceso -una de ellas en 1999-, y siempre ha habido voluntad por parte de todos los grupos políticos de dar transparencia a un tema tremendamente debatido y, como ha señalado el señor Puigcercós, muy familiarizado con la
corrupción como origen de muchas corruptelas inicialmente que después llegan a un grado mayor dentro de lo que entendemos por corrupción política, y de las fuerzas que representan una serie de valores democráticos, en los que tienen que estar
incluidos la honradez, la honestidad y la transparencia.
Nosotros vamos a votar favorablemente esta toma en consideración porque es necesario avanzar en el propio proyecto testimonial que representa la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña en todas aquellas competencias que puedan
corresponder al Banco de España en cuanto a la calificación de los créditos que las entidades bancarias y de ahorro conceden a los partidos políticos, así como a la competencia del Tribunal de Cuentas.
En esa misma línea de seguir avanzando y colaborando, señor presidente, como he anunciado, el voto de mi grupo va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señor Llamazares, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a respaldar esta iniciativa, que podríamos denominar reforma de la Ley de financiación de partidos, nueva ley de financiación de partidos o
ley de una relativa autonomía financiera de los partidos en el marco de la democracia española. Creemos que así se podría denominar porque hablar de que esta ley regule el conjunto de la financiación de los partidos es, en nuestra opinión, mucho
hablar. Nos gustaría, sobre todo, que fuera una ley que garantice la autonomía de los partidos en relación con las presiones económicas, las influencias económicas, las influencias de los lobbies en una democracia como la nuestra. A nosotros nos
gustaría que el marco de esta iniciativa fuese la reforma de la Ley de partidos. Lo cierto es que la Ley de partidos ha sido reformada, no para adecuar los partidos políticos a circunstancias nuevas, a las circunstancias de la globalización, del
siglo XXI, sino para restringir y para castigar determinado funcionamiento de algunos partidos políticos. En nuestra opinión, se ha perdido la oportunidad de modernizar la Ley de partidos, en nuestro país, al nivel que queremos también modernizar
el resto de las instituciones democráticas al cabo de un tiempo ya importante desde la transición democrática. En ese sentido, nosotros consideramos que esta ley de financiación tendría un buen dentro de una nueva ley de partidos. Ahora bien, se
presenta como una iniciativa singular que tiene como objeto fundamental regular la financiación de partidos. Nosotros la tomamos así, como es, y nos sentimos en buena parte corresponsables y coautores de esta iniciativa legislativa. Y nos sentimos
así, corresponsables y coautores, porque esta iniciativa legislativa ha sido objeto de debate en muchas ocasiones en esta Cámara. Hemos llegado, incluso, a aprobar cinco iniciativas legislativas para crear una ponencia en una legislatura que
finalmente frustró esta expectativa con una convocatoria electoral.
Nosotros creemos que es una iniciativa oportuna, una iniciativa necesaria y, por eso, vamos a respaldar esta iniciativa de nueva ley de financiación de partidos. Es oportuna y necesaria porque esta reforma plantea alguno de los problemas
fundamentales de la financiación de los partidos. Nuestro país, al cabo de diez años de la Constitución, se decantó por una fórmula de financiación de partidos que podemos denominar de fórmula mixta en la que, con los vientos del ataque a lo
público y de la reducción de lo público, también con los vientos del escepticismo sobre los partidos políticos, se planteó un modelo de financiación en el cual había una parte de financiación pública, digamos, que mantenía la estabilidad de los
partidos a lo largo de los distintos periodos
políticos y electorales, y una parte de financiación privada, que estimulaba a los partidos en función de las relaciones de mercado. En buena parte, era un mecanismo mixto, hijo del deterioro de lo público y también de la cada vez mayor
presencia del mercado en la vida política.
Hemos visto cómo el mercado -la oferta y la demanda- ocupa prácticamente todos los aspectos de la vida social, cultural y política, cómo el mercado se ha enseñoreado también de las campañas electorales y cómo intenta reducir a los partidos a
partidos puramente electorales, a partidos de oferta y demanda que son calificados en función de sus resultados. Pues bien, nosotros no compartimos este modelo que podríamos llamar el modelo de la democracia de mercado, creemos que debe ser
corregido por el modelo de la democracia republicana, de la democracia de los ciudadanos, que es el que en buena parte se plantea en esta iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de la cual nos sentimos también
corresponsables y con la cual nos sentimos identificados, y por tanto con la voluntad de que se avance, siquiera modestamente, en esta materia.
Sabemos que algunas cosas no se van a poder modificar. Esta ley no modifica la ocupación del espacio público por los valores del mercado ni modifica la ocupación del espacio público por la relación oferta-demanda: tanto tienes, tanto
vales. Esta ley tampoco modifica el oligopolio del espacio público, el oligopolio entre las fuerzas políticas mayoritarias, que además de ser quienes más ofertan y por tanto a quienes más se demanda, ocupan el espacio público de manera muy
mayoritaria y se lo reparten. Esta ley tampoco regula -a nosotros nos gustaría que se pudiera regular en algún momento- un exceso, que es la aparición de la mercadotecnia en las convocatorias electorales, ocupándolo prácticamente todo y reduciendo
los partidos políticos a quienes ofertan determinado producto en esa mercadotecnia y condenando a los partidos políticos en buena medida a ser rehenes de unos gastos electorales excesivos que gravitan sobre las finanzas de los partidos de elección
en elección, sobre todo en una profusión de elecciones como la que hemos vivido y viviremos en nuestro país en los próximos años -elecciones municipales, autonómicas y generales-, que van haciendo crecer como una bola imparable la deuda electoral de
los partidos políticos, que es en buena parte la principal deuda que en estos momentos tienen los partidos políticos.
Lo que nosotros creemos que puede hacer y que hace esta ley es, por una parte, intentar regular la financiación de los partidos políticos e intentar hacerlo en torno a una financiación pública esperamos que suficiente y, por otra parte,
intentar regular también el control financiero de esa financiación de los partidos políticos, y creemos que tan solo por esa ambición merece la pena el voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. Nosotros intentaremos,
en el trámite del debate de la iniciativa legislativa, incorporar algunas de nuestras principales preocupaciones. Por ejemplo, creemos que la financiación institucional a los partidos no debe ser únicamente con respecto a su presencia
institucional, de alguna manera se busca un mecanismo mixto en la propuesta; nosotros creemos que ya hay un mecanismo que apoya la presencia institucional y que la financiación oficial, la financiación pública, debe ser con arreglo a sus resultados
electorales y no con correcciones derivadas del sistema D'Hont que gravitarían de nuevo en detrimento de las formaciones minoritarias. Nos parece importante esa diferencia, intentaremos modificarlo también en el trámite legislativo.
Con relación a la iniciativa legislativa, consideramos que es preciso que, además de esta fuente de financiación, se aborde la suficiencia de los partidos políticos, que no se aborda en este marco pero que es una deuda histórica desde la
época de la transición política -una década entera con gastos electorales sin un modelo de financiación cierto- y por otra parte creemos que se avanza de forma muy relevante en el control y la transparencia de la financiación de los partidos. Por
eso, como he dicho antes, estamos convencidos de que esto va a significar un paso en lo que podemos denominar la regeneración política, un paso en el pluralismo, como se decía antes, de nuestro sistema político.
Permítanme, señorías, que plantee un cierto escepticismo con respecto a iniciativas similares frustradas en el pasado, no con voluntad de crear una sensación de pesimismo, pero sí con la voluntad de plantear el reto de la modificación de la
Ley de Financiación de Partidos para que finalmente lo cumplamos y no vuelva a frustrarse como consecuencia de la convocatoria electoral. Por estas razones, señorías, nuestro grupo parlamentario con esperanza, pero no sin cierto escepticismo, se
siente identificado con la iniciativa que hoy discutimos aquí, con la modificación de la Ley de Financiación de Partidos, aunque le gustaría que pudiéramos modificar no solamente la Ley de Financiación de Partidos, sino otras cosas que gravitan
incluso más sobre los partidos, como es un tipo de campaña electoral de mercadotecnia, que a los grupos políticos, sobre todo a los grupos políticos minoritarios, les supone una barrera infranqueable en materia de igualdad y de pluralismo político.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Esteban, su turno, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, señorías, comienzo mi intervención señalando cuál va a ser la postura del Grupo Vasco ante esta proposición de ley que trae el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Nuestro voto va a ser
favorable a la toma en consideración porque entendemos que puede ser interesante que las Cortes, en concreto esta Cámara, hagan una revisión de un tema fundamental para el funcionamiento
de la democracia como es la financiación de los partidos políticos, sobre todo considerando que ya han pasado 18 años desde que se aprobó la norma que lo regula. Este voto favorable va a serlo, eso sí, sin que manifestemos que evidentemente
en el texto concreto sí podemos mantener algunas discrepancias que intentaremos, en la medida de lo posible, que puedan ser eliminadas a lo largo de la tramitación de este texto. Por lo tanto, es un voto positivo entendiendo que debemos
enfrentarnos al estudio de esta materia y quizás a la aprobación de una nueva norma, pero también desde la discrepancia en aspectos concretos.
Es una ley importante y su revisión periódica es interesante desde el momento en que los partidos políticos son fundamentales para una democracia -su presencia en el propio título preliminar de la Constitución así lo atestigua-, son estos
partidos los instrumentos de la voluntad popular, en suma la base del sistema político. Es curioso que suele haber muchas veces una cierta reticencia al hablar de este asunto, de financiación de los partidos políticos y de dineros públicos a
partidos políticos o a políticos, a personas. Quizá haya una cierta sensación en el público de secretismo, de oscurantismo en cuanto al manejo de este dinero, y ello a pesar de que, en nuestra opinión, el funcionamiento de la Ley Orgánica 3/1987 ha
sido razonablemente bueno. Es cierto que ha habido excepciones que sin duda son llamativas, puesto que se trata de una materia muy delicada y que indudablemente generan una cierta sorpresa, una cierta alarma, y son objeto de comentarios en los
medios de comunicación. Con esto ocurre como con los aviones, que todo el mundo dice que se trata del medio de transporte más seguro, el que menos accidentes tiene, pero, eso sí, cuando hay un accidente desde luego rebota en todos los medios de
comunicación y medio mundo se entera de que eso ha sucedido. Eso es lo que está ocurriendo con la financiación de los partidos políticos y el funcionamiento económicofinanciero de los partidos políticos. Creemos que hay un razonable buen
funcionamiento, pero ha habido en momentos puntuales excepciones muy llamativas.
Llaman la atención algunas aseveraciones que a nosotros nos parecen un poco rígidas, quizás excesivas, en la exposición de motivos, que luego, en parte, viene reflejada en el texto articulado. Parece que se pretende pasar de un modelo mixto
de financiación, como ha manifestado el interviniente anterior, que es el que en estos momentos está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, a un extremo que sería únicamente el de la financiación pública. De hecho, se asevera que la
liberalización, la libertad en las aportaciones procedentes de determinadas fuentes de financiación privada pueden romper -rompen, dice literalmente la exposición de motivos- la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la
formación de la voluntad popular. Nos parece una afirmación un tanto exagerada; puede ser cierto en algunas ocasiones, indudablemente eso puede ser así, pero encontramos algunos modelos políticos que son calificados como democracia y en los que
las financiaciones privadas están a la orden del día o forman parte del núcleo mismo del sistema democrático, como puede ser el modelo americano -modelo que no comparto en absoluto, ni mi grupo tampoco, y que está alejado de nuestro funcionamiento
político-, que también tiene una base democrática y que, sin embargo, funciona sobre la base de financiaciones privadas; modelo que luego tiene sus formas de equilibrar sus contrapesos de manera que pueda haber unos registros de intereses, un
registro de aportaciones, unos límites, etcétera. Sin embargo, no creo que se pueda colegir directamente que, de una falta de aportaciones privadas, se eviten las influencias externas a los partidos políticos y las influencias de intereses
económicos; entre esa afirmación y la realidad media un abismo.
Es cierto que tiene que haber una suficiente financiación de los partidos políticos, que debemos darle importancia, mucha importancia, e incrementar el peso que tiene la financiación pública. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que
probablemente, por ese miedo a cómo reaccione la opinión pública, a qué es lo que va a opinar la opinión pública de los partidos políticos, lo que no ha habido hasta ahora es una suficiente financiación pública de los partidos, lo cual ha generado
en algunos casos que haya sido estimulada esa financiación privada dentro de algunos partidos. Creo que no basta solo con subrayar y mejorar esa suficiente financiación pública que debe existir, sino que también a los partidos políticos y a esta
Cámara le compete una función pedagógica en el sentido de que, primero, hay que hablar claramente de todo esto a la ciudadanía y, segundo, decirle que la democracia es importante -eso lo decimos todos los días y lo sabe todo el mundo-, pero la
democracia es cara y cuesta dinero. Incluso ha habido en esta Cámara varias iniciativas, y no estoy hablando tanto de partidos políticos como, por ejemplo, de los sueldos de SS.SS. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces no se ha dado el
paso, a pesar de haber un consenso muy amplio, pensando en cómo va a ser visto esto en la opinión pública, qué es lo que va a suceder. Hablemos claro, hablemos con normalidad a la gente, digamos las cosas como son y digamos también a la gente que
el dinero público invertido en democracia, invertido en partidos políticos es un dinero positivo. Estamos a favor de un debate abierto, estamos a favor de un debate claro, pero estamos a favor de que, si se quiere dar el peso a la financiación
pública, sea una financiación suficiente y que no nos quedemos tampoco en medias tintas.
Aparte de medidas estrictamente financieras que se puedan proponer en la ley, otras medidas ayudarían mucho a resolver el problema de la financiación de los partidos políticos como, por ejemplo, el recorte de las campañas electorales, pues a
veces nos hemos metido en dinámicas por costumbre. Hubo en su momento un recorte de los días de campaña electoral, ya sabemos que la campaña electoral es mucho más que eso, es toda la precampaña, algunos partidos políticos se tiran hasta un
año de precampaña, pero, ciñéndonos a lo que podemos regular estrictamente, convendría también pensar en esta y otras medidas para ver cuál es la penetración hoy en día de la información de los medios de comunicación y ver si son necesarios
esos quince días o son necesarios menos, con esta u otras medidas paralelas.
Una premisa importante, a nuestro modo de ver, para que salga adelante esta ley es que debe haber un consenso muy amplio, un consenso lo más amplio posible. Desde luego nosotros desde este mismo momento nos manifestamos favorables y
abiertos a ese consenso, sin ningún juicio en cuanto a medidas que hayan podido estar propuestas en el texto de esta norma. Creemos que todo es hablable, negociable; hay muchos aspectos positivos en la propuesta que se nos presenta, pero nos
parece que, en un tema tan delicado como este y que afecta a todos nuestros partidos, es necesario un gran acuerdo con unas mayorías lo suficientemente amplias, no solo de los dos grandes partidos.
Por último, otra premisa, lo he dicho ya, es que se debata con mucha claridad, sin querer hacer un juego de cara a la galería y transmitir mensajes cruzados hacia la opinión pública, debatir con claridad y que se asegure una financiación
pública holgada de los partidos políticos. En este sentido votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Catalán de CiU, señor Xuclà.
El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar la posición ante esta proposición de ley sobre financiación de los partidos políticos desde el convencimiento firme del muy importante papel que juegan los partidos
políticos en nuestra democracia, y que de hecho, de la forma más avanzada dentro del sistema constitucional comparado de la Unión Europea, se recoge en el artículo 9 de la Constitución española, donde se define muy claramente el papel relevante de
los partidos políticos en nuestro engranaje democrático.
También debemos decir que este debate no parte de la nada, que esta propuesta tampoco parte de la nada. Como muy bien han recordado portavoces de otros grupos parlamentarios en estas mismas Cortes Generales, en este mismo Congreso, ha
habido distintas iniciativas, concretamente la constitución de distintas ponencias, para perfeccionar el sistema de financiación de los partidos políticos, con lo cual, como les decía, no partimos de cero, y sin duda todos deberemos tener también en
consideración las reflexiones de las dos comisiones que han trabajado en este mismo ámbito. Esta proposición de ley puede ser un material a tener en cuenta para este amplio debate que deberemos tener, pero también las conclusiones de las ponencias
constituidas los años 1993 y 1996. Este grupo parlamentario es partidario, por tanto, de considerar el conjunto de las propuestas del grupo proponente para abrir un amplio debate, anunciando desde ahora que también queremos hacer aportaciones y que
no estamos al cien por cien de acuerdo con los planteamientos de esta proposición no de ley. Simplemente quiero citar aquello que han dicho los diputados Francisco Fernández y Aítor Esteban en la reflexión sobre algunas aportaciones a título
individual en la financiación de los partidos políticos. El problema no está aquí, el problema no se debe apuntar en este sentido.
También debemos hacer una reflexión a partir de un mensaje muy claro, el de que la democracia es cara, como se ha dicho, que la calidad democrática requiere de una aportación económica suficiente y que otros regímenes políticos son sin duda
mucho más baratos que un régimen democrático parlamentario. A todo ello nos debemos de acercar sin ningún discurso facilón, pues en esta materia a veces puede haber elementos para el discurso fácil. Cuando traslademos este debate al conjunto de la
opinión pública, les debemos decir que no partimos de cero, que este debate no nace con esta proposición de ley. Tenemos una ley del año 1987 que se debe mejorar y también tenemos instrumentos de fiscalización de los partidos políticos. De hecho,
llegamos con elementos muy objetivos para centrar el propio debate. Tengo aquí las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las elecciones generales del año 2004. Sin duda que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son los dos grupos que quedan mejor valorados en este informe del Tribunal de Cuentas, llegamos a este debate con un buen bagaje y unas buenas aportaciones de cara al futuro. Un futuro en el cual
deberemos superar las sombras que algunos grupos políticos apuntaban para la mejora de la financiación; sin embargo, una cosa son las sombras y otra es el intento de proyectar sombras chinas sobre la realidad.
Señor Puigcercós, como demócrata que quiero y debo considerarle, ha hecho usted una referencia en pasado a unos determinados casos y, como demócrata que quiero y debo considerarle, debo tener en cuenta que tiene una noción clara de lo que es
cosa juzgada y de lo que supone una sentencia firme absolutoria en lo que usted ha llamado caso Casinos. Como quiero y debo considerarle un demócrata, también en lo que usted ha llamado caso Pallerols, debo tener en cuenta que usted sabe lo que es
una situación sub judice y que es una persona que respeta de forma absolutamente firme la presunción de inocencia que rige nuestro sistema de juego democrático. Hablando de fondos de ocupación, debemos recordar que la Unión Europea ha premiado a
España con la gestión de los fondos de ocupación con 53,5 millones de euros adicionales, de los cuales se está beneficiando el actual Ejecutivo.
Debemos hacer esta reflexión en todos los sentidos; todos los grupos, también el grupo proponente, debemos hacer la reflexión, por ejemplo, sobre las fundaciones de
los partidos políticos. En definitiva, la nuestra es una posición favorable a abrir este debate sin sombras, pero sin proyectar sombras excesivas sobre la realidad, un debate para superar el complejo de Peter Pan en el cual aún se mueve
nuestra joven democracia. Como decía el señor Llamazares, en cuanto a la financiación de los partidos políticos, todavía existen algunos complejos en un ámbito en el cual se debe tener muy presente que representa uno de los más vigorosos de lo
público; un ámbito en el cual aún los sueldos de SS.SS. se llaman, de forma metafórica y con circunloquio, indemnización constitucional; un ámbito en el cual para la correcta financiación de la democracia, que es más cara que otros sistemas, se
tienen que utilizar legítimos y legales caminos; una situación en la cual algunos amplios acuerdos de alta regulación de los distintos partidos políticos sobre campañas electorales estamos en condición de convertirlos en derecho positivo, de
incorporarlos en una futura reforma de la Ley del año 1987, por cierto, ley aprobada por consenso; debate, el de hoy, y una reforma, la de hoy, como no puede ser de otra forma, también deberá afrontarse desde un amplio consenso, como se han
afrontado las materias de reforma del sistema electoral.
Es responsabilidad de todos los grupos políticos, es responsabilidad nuestra, en este debate de toma en consideración, trasladar un mensaje racional y ponderado al conjunto de la opinión pública. Podemos mejorar el sistema de financiación
de los partidos políticos y vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer con rigor, lo vamos a hacer con un discurso sin una gota de frivolidad; también lo vamos a hacer con coraje, porque se requiere coraje para trasladar al conjunto de la opinión
pública que una democracia madura y fuerte necesita una buena financiación de los partidos políticos. Por eso, les anuncio el voto favorable a este largo y abierto debate que hoy iniciamos ante la toma en consideración de esta proposición de ley, y
lo hago en nombre de un grupo parlamentario que en las dos comisiones de Trabajo sobre esta materia cree que ha hecho unas buenas y constructivas aportaciones, que sin duda, casi tanto o tanto como esta proposición de ley, son materiales para
empezar el debate y la reforma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Popular. (Pausa.) Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en una de esas comisiones de investigación en las que a lo lago de la vida parlamentaria he tenido la oportunidad de participar hice la siguiente pregunta a un compareciente, que era dirigente financiero de un partido político:
¿considera moralmente aceptable o éticamente asumible para una persona progresista que se cree, utilizando los resortes del poder, una trama para financiar de forma irregular un partido? No obtuve respuesta, no conseguí respuesta. Insistí -yo soy
bastante reiterativo-, pero no conseguí tener una respuesta, que yo pensaba que iba a ser absolutamente positiva, porque no es aceptable éticamente crear una trama para financiar irregularmente un partido desde la utilización de los recursos del
poder.
Viene esto a colación porque yo pienso que no podemos ser angélicos, y me da la impresión de que el señor Puigcercós ha hecho gala de un cierto angelismo. Esta proposición no va a resolver un problema, que evidentemente puede estar ahí, que
es el de la corrupción de las personas y de los partidos. Porque desde esta misma tribuna, en el año 1987, un ponente -al que no voy a citar, por respeto a su memoria, puesto que ya ni siquiera está entre nosotros en este mundo- vino a decir que
con la ley que se iba a aprobar a partir de ese momento se despejaba cualquier duda respecto a la transparencia, a la legalidad y a la publicidad en que se iba a desarrollar la financiación de los partidos políticos. En ese mismo momento, mientras
decía esas palabras, mientras decía que esa ley iba a servir para garantizar una transparencia absoluta, se estaba organizando una trama de financiación irregular. Quiere esto decir que, por más que hagamos la mejor ley de financiación de partidos
políticos, si alguien quiere transgredir la ley, si alguien quiere abusar de los resortes del poder y obtener una financiación ilegal, lo podrá hacer. Por cierto, también hago una reconvención al señor Puigcercós, en el sentido de que el caso
Naseiro no es equiparable al de Filesa, en la medida en que Filesa recibió una sentencia firme condenatoria de los tribunales y el caso Naseiro no. (Rumores.)
Dicho eso, y como he oído risas, puedo decir que el Grupo Popular, al que represento, está compuesto por dos partidos políticos, uno de ellos el Partido Popular. Pues que sepan SS.SS. que el Partido Popular en este momento no tiene ningún
crédito a corto plazo con ninguna entidad bancaria y que tiene un crédito hipotecario a largo plazo exclusivamente soportado en las propiedades inmobiliarias que tiene el Partido Popular.
También le diré que UPN ni siquiera tiene créditos, nunca
los ha tenido.
Vive exclusivamente de las subvenciones públicas que obtiene respecto de los votos.
Con eso quiero decir que a nosotros nos parece muy bien esta ley, pero que no va a significar que el Grupo Popular, en esos dos partidos, realice actividades mejores de lo que lo venía haciendo con arreglo a la anterior ley, porque el
problema es de respeto a la ley y de respeto a los ciudadanos, y no de otra cosa. No sé qué pasará en Cataluña, que a lo mejor es lo que ha movido al señor Puigcercós a irse a las hemerotecas, extraer un texto que prácticamente estaba ya
consensuado y traerlo aquí como una aportación propia, sin pagar derechos de autor. Pero, en fin, esto es así y a mí me parece muy bien. También tengo que decir al señor Marugán que nosotros estábamos esperando la llamada al consenso. Cuando el
señor Zapatero se hizo con el poder, se anunció...
(Rumores.) Se hizo electoral y democráticamente con el poder, por favor, va de suyo.
El señor PRESIDENTE: Silencio. Silencio, por favor.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Cuando el señor Zapatero accedió al Gobierno -quizá es lo más correcto-, se anunció que iba a haber una ley de partidos políticos. Y nosotros dijimos: estamos dispuestos a consensuar esa ley de financiación.
Pasó el tiempo y no fuimos llamados al consenso.
Hace bien poco, en la primavera, hubo otro anuncio del Partido Socialista, publicado en el diario que más o menos transmite sus postulados, diciendo que iban a proponer una nueva reforma. Nosotros
estábamos esperando la llamada al consenso. Por fin, no a través del PSOE, llega una proposición de ley. Quiero decir al señor Puigcercós, después de este proemio, de este largo proemio, que básicamente estamos de acuerdo con su proposición, que
básicamente estamos de acuerdo con el texto de la proposición; no con alguno de los fundamentos que ha expuesto. Sin embargo, nosotros tenemos un planteamiento que nos parece esencial y es que hay que armonizar financiación pública y financiación
privada. Lo mejor sería que los partidos vivieran de las cuotas de sus afiliados y de las aportaciones de sus simpatizantes. Sabemos que eso no es posible en la situación de España y por tanto entendemos que es fundamental la financiación pública,
para garantizar, entre otras cosas, la libertad del sistema de partidos políticos. Pero tampoco queremos que se prescinda de la financiación privada. Dicho esto, anuncio que el Grupo Popular aceptará cualquier propuesta de supresión de las
donaciones privadas de carácter anónimo; nosotros solamente aceptaremos la existencia de donaciones privadas de carácter nominativo, para que la transparencia esté total y absolutamente garantizada.
Espero que esto facilite mucho las cosas, porque esta es una ley que entiendo que debe ser de consenso, esta es una ley básica, es una ley que desarrolla un aspecto fundamental de los partidos políticos. Los partidos políticos son una pieza
clave del desarrollo del sistema democrático y la financiación es uno de los aspectos fundamentales. Nosotros queremos que se llegue a un consenso ampliamente mayoritario. Y como creo que la cuestión de las donaciones era uno de los obstáculos,
anuncio que el grupo mayoritario de la oposición -me parece que es el único grupo de la oposición- acepta la supresión de las donaciones privadas de carácter anónimo.
No mentir, no robar, es lo que dice el señor Puigcercós que deben hacer los partidos políticos. Efectivamente, por eso queremos que haya un mayor control del Tribunal de Cuentas. Lo de no robar lo doy por supuesto.
Solamente -y con eso
termino, señor presidente- quisiera hacer una pequeña reconvención al señor Puigcercós, porque me ha extrañado. En primer lugar -por lo menos no la he visto-, no hay ninguna referencia a los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas a la
hora de fiscalizar las subvenciones que los gobiernos autonómicos puedan conceder a los partidos políticos. Nosotros trataremos de enmendar esa cuestión.
Tampoco hay ninguna referencia -no la he visto- a la existencia de dos regímenes tributarios
diferentes al general del Estado, que son el régimen de Navarra y el régimen del País Vasco. Dicho eso, estamos básicamente de acuerdo con el fondo de la proposición.
Esperemos que consigamos entre todos un consenso, que permita que los ciudadanos tengan la garantía de que los partidos políticos se financian de forma adecuada y transparente y que si hay financiaciones irregulares será porque se ha
penetrado en el Código Penal, y eso es cuestión de la justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Grupo Socialista. Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, permítame mi grupo y permítame la Cámara que empiece mi intervención diciendo que nunca más volveré a emplear en esta tribuna la táctica que con tanta frecuencia
utilizan los portavoces del Grupo Popular, de aludir a las personas y de arrojar sistemáticamente tinta de calamar sobre la política española, como lamentablemente he oído decir al señor Del Burgo en esta sesión, que ha ido transcurriendo de una
manera razonable.
(Aplausos.) Señorías, a mí me ha tocado intervenir en varias ocasiones respecto de este tema y ha venido a mi recuerdo una sesión parecida a la de hoy, en la que se discutió un conjunto de iniciativas presentadas por distintos
grupos parlamentarios. Y he de agradecer a los republicanos de Cataluña que hayan tenido la oportunidad de plantear esta cuestión en esta Cámara hoy día. En aquel momento se discutieron cinco proposiciones de ley presentadas por otros tantos
grupos parlamentarios y todas ellas fueron admitidas a trámite.
Corría entonces el invierno, el mes de febrero de 1997. El mejor exponente de la preocupación que entonces tenían las fuerzas políticas españolas sobre la financiación de los partidos políticos es la abundancia de proposiciones que aquí se
debatieron. El resultado de aquellas iniciativas cristalizó en un informe de la ponencia, finalizado en diciembre de 1997, que nunca se debatió en Comisión. Terminada aquella legislatura, las iniciativas caducaron y el asunto quedó estancado.
Hay, pues, un dato objetivo, que, se quiera admitir o no, existe: la regulación de la financiación de la política ha estado estancada entre 1997 y el 2005. No diré yo que en estos siete últimos años, en estas dos últimas legislaturas, la
preocupación que tuvieron aquellas formaciones políticas ha desaparecido. No, no desapareció, ni entre los ciudadanos ni entre muchos parlamentarios de esta
Cámara, pero sí diré que no hubo nada, que quien pudo soslayó este problema y que estamos a la espera de que haya una norma que se considere definidora de una de las reglas del juego político que tienen establecido los sistemas democráticos.
La propuesta que hoy estamos debatiendo afecta por tanto a un tema estancado y no resuelto, a un tema que está pendiente. Es una iniciativa que tiene una primera virtud: la oportunidad. Pero tiene algunas más, y es que aborda, de una
manera completa, una serie de cuestiones típicas que se incorporan en este tipo de normativas. A mí me parece que desde el punto de vista del contenido material añade valor, diría un economista que tiene valor añadido, porque pretende algo que se
ha dicho aquí, y lo pretende bien, que es proteger al sistema de partidos. Y establece una serie de criterios respecto de la futura ley de financiación de partidos políticos, que dice que el sistema ha de ser mixto, con el fin de que la
financiación pública garantice la independencia y la estabilidad a lo largo del tiempo del sistema de partidos; que haya un mecanismo complementario de aportaciones privadas procedente de las personas físicas, sin que se abra el ámbito a las
donaciones empresariales. Señala que la financiación de la política -nosotros lo creemos- ha de ser clara y trasparente, lo que equivale a decir que en la financiación privada no existe un ámbito para las donaciones anónimas y que las donaciones
individuales han de ser limitadas cuantitativamente y reguladas en cuanto a los mecanismos y a los sistemas de aportación. Se añade además que el régimen tributario de los partidos políticos ha de ser similar al de las instituciones de mecenazgo y
que los sistemas de control habilitarán la presentación de una contabilidad detallada anualmente por parte de los partidos políticos en el Tribunal de Cuentas, quienes tendrán derecho a recabar información de los ingresos y de los gastos, en
especial de las donaciones individuales, estando obligados los partidos políticos a proporcionarle tanta cuanta información les requiera este y las entidades que tengan relaciones mercantiles con los partidos políticos habrán de establecer un
principio de colaboración, para que sea factible su actuación fiscalizadora.
Nosotros hemos encontrado un decálogo de cuestiones con las cuales coincidimos. Hay dos criterios que hemos barajado: un criterio de oportunidad y un criterio de contenido material. Hay una parte importante de coincidencias entre la
iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya y los postulados del Partido Socialista. Pero hay algo más, algo que querría decir en esta Cámara y que forma parte de mi convicción personal.
Señorías, en este asunto de la financiación de los
partidos políticos llevamos mucho tiempo detrás de los acontecimientos, llevamos demasiado tiempo, y con más frecuencia de la debida el problema de la financiación de la política aparece como un conflicto que impacta negativamente en la opinión
pública. Debemos ser conscientes de que vivimos en sociedades con derechos emergentes, con ciudadanos crecientemente exigentes, para los cuales es necesario y conveniente acabar con esos elementos de desconfianza que pueden aparecer a la hora de
vincularse con sus organismos de representación política. Tenemos que decir esto, porque yo creo, nosotros creemos, que en nuestros partidos políticos, en los partidos políticos de todos y cada uno de los que estamos aquí representados, en esos
partidos políticos, hay cientos, miles de personas que un día y otro día invierten tiempo, esfuerzo, pasión y medios personales en discutir noblemente sobre cómo hay que organizar el futuro de esta sociedad. Y esas personas no se merecen el
desprestigio que algunos quieren realizar en su labor política.
Señorías, si el desarraigo fragiliza, mantener el actual statu quo es una opción peor que la de abordar una reforma profunda de la ley sobre financiación de los partidos políticos. Nuestra posición en ese sentido es conocida: nosotros
apostamos por una nueva ley. Nosotros creemos que esa ley tiene que ser el resultado de un diálogo profundo y sincero con todas las fuerzas políticas aquí representadas. Nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de entender las posiciones de
los demás, pero también estamos decididos a que los demás conozcan y comprendan nuestros puntos de vista. En definitiva, nosotros queremos convencer y ser convencidos. Queremos restaurar la confianza de los ciudadanos en la política en esta
cuestión política y para ello creemos que es preciso prestar la atención a la elaboración de un texto que encuentre el mayor apoyo posible. Hasta para eso es buena la iniciativa que hoy discutimos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Llamamos a votación. (Pausa.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios.
Antes, una exclusión de un punto del orden del día: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 32,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la mejora del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, primera votación: Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de reformas en materia tributaria sobre viviendas desocupadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 20; en contra, 307.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda votación: Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre financiación de los partidos políticos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE MEDIDAS PARA LA ANULACIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA SUMARÍSIMO A QUE FUE SOMETIDO MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA.
(Número de expediente
162/000380.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido don Manuel Carrasco i Formiguera. (La señora vicepresidenta,
Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
(Rumores.)
Señorías, les recuerdo que continuamos con el Pleno, por favor, y que para defender esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
(Rumores.)
Señorías, por favor, un diputado de esta Cámara pretende defender su proposición no de ley, y para ello es necesario que quienes quieran abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio. Así que les vuelvo a solicitar, por favor,
silencio.
¿Lo intentamos, señor Duran i Lleida? Tiene usted la palabra.
El señor DURAN I LLEIDA: Lo intentamos, señora presidenta.
Señorías, me cabe el honor de defender la proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario, por la que se solicita la anulación de un consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera y por la que se pide también la
restitución de su memoria histórica. El pasado 15 de julio, en tanto la condición de concejal del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de la ciudad condal aprobó, con el voto positivo de todas las fuerzas políticas sin excepción, una moción
de contenido similar. Hoy la elevamos a esta Cámara por las razones que ahora voy a señalar.
Permítanme, no obstante, señorías, que dé la bienvenida y que salude a dos de los hijos de Manuel Carrasco i Formiguera, Raimon y Rosa María, que nos
acompañan en esta sesión plenaria.
Decía que mi grupo parlamentario eleva esta proposición a esta Cámara por dos razones: la primera, por entender que es la institución más idónea para, en cualquier caso, aceptar nuestra petición, y la segunda, porque Carrasco i Formiguera
fue diputado miembro de estas Cortes Generales.
Quisiera ante todo dejar claro que este grupo parlamentario no pretende restituir el honor de Carrasco i Formiguera. Nunca lo perdió en vida y su muerte fue un acto que también le honoró. Quiero que
quede claro que este grupo parlamentario tampoco viene exigiendo perdón. Carrasco i Formiguera perdonó a sus ejecutores, como así lo manifestó y porque además el perdón formaba parte de sus valores políticos y personales. Tampoco este grupo
parlamentario desea orientar su intervención en torno a recuerdos de lo que fueron aquellos años trágicos de la guerra civil; simplemente desea un acto de justicia. No pretendo aprovechar este trámite para exaltar la figura, la biografía al fin y
al cabo, de Carrasco i Formiguera, su condición de político nacionalista, persona que defendió desde esta misma tribuna el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la Segunda República. Si algo quisiera destacar, es precisamente su condición de
humanista, de persona de valores, de persona leal, de persona de convicciones profundas, de persona que amó, y así se refleja en alguno de los libros que explica y lo escribió en las cartas que desde la prisión dirigió a su familia profundamente, a
su esposa y a sus hijos. Ni tan siquiera tengo intención de insistir, como en otras ocasiones hemos podido hacer, acerca de la crueldad del franquismo. Nuestro grupo parlamentario simplemente viene a plantear dos cuestiones fundamentalmente.
Primero, a reclamar justicia. Segundo, a compartir con ustedes, señorías, algunas reflexiones en torno a la reconciliación. Por muchos años que hayan pasado desde la fecha de ejecución de Carrasco i Formiguera en Burgos, la verdad oficial sigue
afirmando que Carrasco i Formiguera -ese es el contenido del sumario- fue condenado por supuestos delitos que nunca ejecutó, y esa es una verdad que una auténtica democracia no puede permitir. Todos sabemos que eso no es cierto, que eso no era
verdad, pero mientras tanto sigue siendo la verdad oficial. Por eso, la anulación del sumario que condenó y que permitió el fusilamiento y la muerte de Carrasco i Formiguera es una exigencia
repito- de la democracia y de la verdad. Representó la justicia un acto puramente para poder justificar algo injustificable como es un asesinato.
No se trata, señorías, de remover nada, no se trata de pasar cuentas; se trata, reitero, de
un acto de justicia; se trata de no ser indiferentes.
Elie Wiesel, premio Nobel en el año 1986, nos recuerda si hay alguien que realmente pueda ser indiferente o considerar la indiferencia como una virtud. Estoy convencido de que SS.SS. también
compartirán con el premio Nobel que no se puede considerar virtud la indiferencia y que, por tanto, es acto de justicia restituir lo que fue un consejo de guerra, un simulacro para asesinar a una persona.
Carrasco i Formiguera nunca fue una persona de aquellas que se consideraban elemento incontrolado; jamás empuñó un arma. Sus armas eran el diálogo; su arma era la convicción; su arma era la lealtad; su arma era la defensa de sus ideas,
de su fe y de su país. Fue fiel a la República. Aun estando en la oposición al Gobierno de la Generalitat en el año 1936, Carrasco se ofreció al servicio de la institución que había sido legítimamente elegida en Cataluña. Fue en el ejercicio de
esa función como asesor jurídico a la Consejería de Finanzas, como asesor jurídico también de una comisión que controlaba por voluntad del Gobierno de Cataluña, para que nadie pudiera disponer de ello, los fondos o cuentas corrientes de aquellas
personas que debían o tenían que haber abandonado el país. Fue precisamente en ese momento, cuando no queriendo entregar esos fondos a personas incontroladas en los comités que dominaban la calle, se le convino: Carrasco, te van a matar. Josep
Tarradellas, entonces consejero, le advirtió de que debía abandonar el país porque si no, podía ser asesinado en cualquier momento en Cataluña.
Lo hizo, pese a que se resistía, y la Generalitat le designó representante en Euskadi, donde nace
precisamente la relación de nuestro partido con el Partido Nacionalista Vasco, que después, con la presencia de Manuel Irujo en Cataluña, se refuerza. Dejénme, por tanto, que hoy, señorías, cuando suplico, cuando les pido, cuando les solicito ese
acto de justicia, les haga conscientes de algo que realmente fue la causa de Carrasco i Formiguera. Tuvo que huir de Cataluña por ser católico; tuvo que huir de Cataluña por sus convicciones; tuvo que huir de Cataluña por su lealtad a las
instituciones y fue asesinado por rezar en catalán; fue asesinado por ser nacionalista catalán. Ese es el drama de Carrasco i Formiguera, y hoy solicito de esta Cámara que a través de la anulación del consejo de guerra sea restituida su
trayectoria, siempre alejada del delito y de cualquier virtud que no sean las que señalé.
Déjenme acabar haciendo referencia a la reconciliación. Machado decía: Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. A Carrasco i Formiguera las dos Españas le helaron el corazón, pero
solo una de ellas le pudo fusilar. Carrasco i Formiguera y el partido que representaba son -y así lo señala Preston- un ejemplo de la tercera España: ciudadanos que defendían unos valores y que no estaban de acuerdo ni con unos ni con otros;
ciudadanos que defendían el diálogo, que sufrieron, por tanto, las consecuencias y la persecución de los dos bandos que eran contendientes en ese error y en esa grave circunstancia que fue la guerra civil. En nombre, por tanto, de esa tercera
España, deseo sinceramente que el ejemplo de Carrasco i Formiguera perviva en el futuro en esta Cámara y en la política de nuestro país. Es cierto que no se puede perder la memoria histórica, pero debemos utilizar esa memoria para que la historia
no se repita. Gibson, en el prólogo de un libro suyo reciente, dice que las heridas de la guerra civil solo se curarán definitivamente cuando ambos bandos acepten la verdad de lo que pasó en sus respectivas retaguardias durante la contienda
fratricida. Quisiera, y con ello acabo, señorías, que Carrasco i Formiguera, su vida y su muerte constituyan también hoy en nuestros días una invocación permanente al encuentro, a la convivencia y al diálogo democrático.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Duran i Lleida, muchas gracias.
Ha sido presentada una enmienda a esta proposición no de ley, y tiene la palabra el señor Daniel Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, para defenderla.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde 1976 los poderes públicos han aprobado un conjunto de disposiciones normativas con la finalidad de establecer distintos tipos de prestaciones sociales y económicas a favor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra
civil y de la dictadura. Pero no es menos cierto que tales medidas fueron acompañadas por una decisión ampliamente compartida de pasar página, de no mirar hacia atrás para preservar el futuro, entonces incierto, que entre todos debíamos construir.
No pensemos más en la guerra, aquello fue una triste aberración. Así describía el historiador Pierre Vilar el ambiente que se respiraba en la sociedad española a mediados de los años ochenta. ¿Podía la sociedad española haber abordado durante la
transición la tarea de enfrentarse plenamente a su pasado más trágico? ¿Debía haberlo hecho? En todo caso, no lo hizo y nos traspasó a nosotros la tarea pendiente de recuperar la memoria histórica de los hombres y mujeres que lucharon y murieron
por defender la legalidad republicana. Los socialistas tenemos el convencimiento de que hoy la sociedad española está en condiciones y quiere ser protagonista de una recuperación consensuada de nuestro pasado más inmediato. Dicha recuperación
tendrá un sentido pleno si se orienta a construir una mirada compartida que elimine injusticias y desigualdades; una mirada compartida -y créanme que el Grupo Socialista será especialmente tenaz en este objetivo- que nos
proyecte hacia el futuro más reconciliados con lo que fuimos y más unidos en aquello que aspiramos a ser.
En este contexto, Convergència i Unió ha presentado la iniciativa que hoy nos ocupa, centrada en la persona de Manuel Carrasco i Formiguera. Las sentidas palabras del señor Duran i Lleida sobre su figura hacen innecesarias buena parte de
las mías. Baste con subrayar que actuó siempre guiado, como católico, por los valores del humanismo cristiano, como demócrata, por su compromiso con las libertades y el respeto a la pluralidad y, como nacionalista catalán, por su pasión por
Cataluña.
Fueron estos compromisos los que le llevaron a convertirse en un miembro destacado de Unió Democrática de Catalunya y a poner en peligro su vida defendiendo la legalidad republicana. Precisamente la fragilidad de dicha legalidad le
obligó a abandonar Cataluña, donde sus creencias le convirtieron en objetivo de elementos incontrolados, y a emprender una misión en el País Vasco en nombre de la Generalitat, tal y como ha comentado el señor Duran i Lleida. La parte final de su
viaje, desde Bayona hasta Bilbao, fue por mar; el buque en el que viajaba fue capturado por los sublevados y él, su mujer y sus hijos fueron encarcelados por separado en cuatro prisiones distintas. En Burgos, Carrasco i Formiguera fue sometido a
un consejo de guerra y ejecutado por un pelotón de fusilamiento el sábado 9 de abril de 1938.
La travesía de Carrasco i Formiguera y su familia entre los odios, los miedos y las intolerancias que desató la guerra civil constituye una exigencia de rigor de amplias miras y de ausencia de sectarismos para todos aquellos que deseen
aproximarse a esta dolorosa parte de nuestro pasado. Una exigencia con la que los socialistas nos sentimos especialmente comprometidos. En esta dirección ha venido desarrollando su labor la Comisión interministerial para el estudio de la situación
de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. La Comisión, que ha ido incorporando a su cometido y estudio nuevos aspectos no recogidos inicialmente, como consecuencia de resoluciones posteriores aprobadas en esta Cámara, ha mantenido
encuentros con las asociaciones y organizaciones representativas de los colectivos afectados y ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, como es el caso de la Ley por la que se establece un régimen compensatorio especial para los denominados niños
de la guerra.
Señorías, restituir la memoria de Manuel Carrasco i Formiguera es un cometido al que ningún demócrata puede permanecer ajeno. Los socialistas queremos contribuir -y este es el sentido de la enmienda que hemos presentado, formalmente de
sustitución aunque materialmente lo sea de adición- con una referencia a los trabajos de la citada Comisión interministerial, que ha de permitir una solución que incluya a todos aquellos condenados por fallos injustos emitidos en los juicios
sumarísimos del régimen franquista. En coherencia con esta consideración, el Grupo Socialista no presentará iniciativas encaminadas a dar respuestas individualizadas a quienes fueron objeto de la represión franquista por su compromiso socialista.
Pero para hacernos una idea de su magnitud bastará con recordar que de los 99 parlamentarios socialistas surgidos de las elecciones de 1936, 33 fueron ejecutados o murieron en las cárceles, entre ellos Julián Besteiro. El que fuera presidente del
Partido Socialista Obrero Español y de las Cortes Constituyentes de la Segunda República murió, con la salud rota y a los 70 años, un día como hoy, precisamente un día como hoy, un 27 de septiembre de 1940, en la prisión de Carmona. El Grupo
Socialista seguirá trabajando por la reparación moral, y en su caso jurídica, de todos aquellos que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la represión. Hoy, al hacerlo en la persona de Manuel Carrasco i Formiguera, lo hacemos con la
certeza de que su testimonio vital les representa a todos.
Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto fijará posición el señor Rodríguez Sánchez.
Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Siempre es un motivo de satisfacción contribuir con los votos del Bloque Nacionalista Galego a la recuperación de la memoria histórica, y mucho más si se hace, como en este caso, para restituir la memoria histórica de protagonistas
fundamentales de la historia de Cataluña en el siglo XX, y más particularmente de personajes muy representativos en la conformación del movimiento nacionalista catalán a lo largo del primer tercio del siglo XX. El caso que nos ocupa, don Manuel
Carrasco i Formiguera, un hombre que participó en la conformación de la Lliga de Acció hasta acabar en Unió Democràtica, es también expresivo porque indica hasta qué extremo el comportamiento de la Iglesia católica no fue igual en todas las naciones
del Estado español. Sin duda se puede hablar, entonces como ahora, en cierta manera de una Iglesia catalana y de un catolicismo no estrictamente antinacionalista, si quieren ustedes un nacionalismo que no solamente era legal entonces, sino ahora,
en sus presupuestos, y por tanto la Iglesia católica lo que hacía era aceptar en este contexto de legalidad.
Don Manuel Carrasco i Formiguera fue además representante de la Generalitat en otra de las naciones que hoy conforman el Estado español en un momento convulso, en concreto durante el alzamiento fascista y en los peores momentos de la guerra.
Esto me lleva a recordar una figura paralela del nacionalismo de Galicia, expresiva también de las concomitancias y de las diferencias. Alexandre Bóveda también era católico, pero no formaba parte de un partido confesional católico, ni siquiera y
mucho menos de un partido de tendencia clerical, en el contexto de una Iglesia claramente hostil al nacionalismo y a la República. Alexandre Bóveda fue asesinado también en un juicio sumarísimo militar el 18 de agosto de 1936 en A Caeira. Por
supuesto, ningún sector de la
Iglesia católica, y mucho menos el Vaticano, movió un dedo para intentar impedir este asesinato. El 9 de abril de 1938 fue asesinado el nacionalista catalán Manuel Carrasco i Formiguera, sin duda alguna un acto de terror y de barbarie que
en este momento estamos tratando de anular por lo menos en lo que tiene de reconocimiento de una legalidad en contra de la represión y del alzamiento fascistas.
Por último, cuando recuperamos la memoria de Manuel Carrasco i Formiguera estamos no solamente resaltando un valor simbólico, sino también la legalidad republicana, que era la legalidad democrática entonces, el autogobierno de Cataluña, que
era la forma de expresar en aquel momento, a través de la autonomía y de la Cataluña republicana, los anhelos del pueblo catalán a su soberanía, y en todo caso estamos restituyendo una memoria histórica colectiva que en el caso del Estado español
está claro que tiene unos matices y unos tintes plurinacionales, como se demuestra en este caso concreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez Sánchez, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y tiene la palabra para fijar posición la señora Navarro. Adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa es aplaudida por nuestro grupo parlamentario y en consecuencia va a tener nuestro más rotundo apoyo, y más en un día como hoy, en el que se cumplen treinta años de la última ejecución del régimen franquista, que se dio en el
amanecer del 27 de septiembre de 1975: cinco ciudadanos fueron ejecutados. Hemos de recordar tanto este hecho como la figura del luchador Manuel Carrasco i Formiguera porque la libertad y la democracia fueron los valores que guiaron a aquellos
luchadores cuya memoria hoy todavía no ha sido restituida. Señorías, no debemos pasar página, sino que hay que conocer nuestro pasado para aprender de él y así evitar que se repita. Reconozcamos el valor de todos aquellos que lucharon por detener
la barbarie y nuestra solidaridad más profunda a la familia de Manuel Carrasco i Formiguera aquí presente.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Señora Uría, tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Para una nacionalista vasca es un honor intervenir hoy sobre esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cuya finalidad es anular un consejo de guerra sumarísimo y la adopción de medidas
necesarias para restituir la memoria histórica de Manuel Carrasco i Formiguera. Como he intervenido tantas veces desde esta tribuna en defensa de los derechos de las víctimas, me satisface ahora poder decir que ha habido también olvido respecto a
otros conciudadanos que perdieron la vida por culpa de ideas asesinas. Muchas veces he pedido la rehabilitación de quienes perdieron la vida como consecuencia de la guerra civil, del régimen franquista y de los tiempos de la transición. Decía el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que la memoria de Carrasco i Formiguera no necesitaba ser rehabilitada; yo creo que sí. ¿Cuántos en esta Cámara de los 350 diputados conocían quién era esta destacada figura de la
lucha por las libertades? Me hubiera gustado conocerlo esta mañana. Además de los nacionalistas vascos o catalanes, pienso que muchísimos de los miembros de esta Cámara ignoraban su existencia, pese a haber sido diputado en estas mismas Cortes.
Quiero agradecer a los servicios de la Cámara la documentación que respecto al proceso sumarísimo en el que fue condenado y respecto a las circunstancias de su muerte me ha sido facilitada. Las supuestas pruebas que la justicia militar
franquista utilizó para condenar a este político republicano y catalanista han sido facilitadas a esta diputada con extraordinaria diligencia y creo que con un pormenor que es digno de alabar, y quiero hacerlo desde esta tribuna tanto a lo que hace
referencia al archivo del Gobierno Militar de Burgos como al archivo de la cárcel de Burgos y a la biblioteca y al archivo propio del Congreso de los Diputados.
También quiero referirme a los recortes de prensa de la época y de entre ellos elegiré los que hacen referencia a la prensa vasca. El diario Euskadi comunicaba el día 15 de abril de 1938 que habían asesinado a un hombre esclarecido del
campo político del gran pueblo de Cataluña, don Manuel Carrasco i Formiguera. Se refería después a que era nacionalista catalán y republicano. Era un hombre de profundas convicciones democráticas, y el fascismo no admite teorías políticas que se
opongan a su criterio autoritario y despótico. Al día siguiente, el 16 de abril del año 1938, el propio diario Euskadi manifestaba que se confirmaba, desgraciadamente, la noticia de que los rebeldes habían fusilado al ex diputado de las Cortes
Constituyentes don Manuel Carrasco. Es un nuevo crimen, decía, que añadir a los muchos que lleva cometidos el fascismo.
Era un hombre leal a sí mismo y a sus compromisos políticos. Era, sobre todo, un republicano y un catalanista. Haciendo
referencia a su intervención en estas mismas Cortes, decía: ¡Cuántas veces se alzó su regia figura en nuestras tribunas para cantar las libertades de Cataluña y de Euskadi! Y concluía diciendo: En el cuadro de honor de nuestros muertos ilustres,
Carrasco i Formiguera tendrá el lugar que le corresponde. Goian bepo. La misma afirmación que me permito hacer en nombre de la formación
política a la que represento, a la vez que saludo a sus familiares que en este momento están presentes en la tribuna.
Coincide en el tiempo la presentación de esta proposición no de ley con la llegada a mis manos de un libro que hace referencia a otro ilustre jurista de aquella época, el libro Al servicio de la justicia en tiempos de guerra, que hace
referencia a quien fuera fiscal y juez, Germán María de Iñurrategui. En él, en su contraportada, se dice que una de las grandes responsabilidades de la transición política española es la de habernos robado nuestro inmediato pasado. Se nos dijo que
había que mirar al futuro y, sobre todo, no remover ese pasado que dejaba en tal mal lugar a quienes habían sido la nomenclatura de la dictadura o los herederos directos de los grandes responsables de la misma. El fallecido Javier Tusell habló de
una amnesia colectiva que él consideraba quizá una necesidad recíproca de la voluntad de reconciliación. Desde mi formación política creemos que hubo necesidad de más amnesia y se puso más voluntad de reconciliación por una de las partes que por la
otra. No hablo de que se abra ahora una especie de comisión de la verdad, pero sí me parece que hay que poner más medios para conocer el pasado, tenerlo más presente como elemento vertebrador de la vida pública y como punto de partida al cual
debemos ser fieles.
Nos ha sido entregado en fecha reciente por la sección española de Amnistía Internacional un informe que hace referencia a España y que se titula Poner fin al silencio y a la injusticia. En él se hace referencia a las víctimas de la guerra
civil española y del régimen franquista y se recomienda como conclusión la necesidad de que exista una memoria colectiva, el derecho a la verdad y el deber de no olvidar, el derecho de las víctimas a los recursos efectivos para hacer valer sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Creemos que es un interesantísimo informe que debe ser tenido en cuenta en esta Cámara al objeto de iniciativas como la que hoy nos trae.
No me olvido, señorías, como no podía ser de otra manera, siendo portavoz como soy en materia de justicia, del vigente derecho positivo. Sé cómo está regulado el derecho de revisión en nuestro sistema y sé también que en la Sala quinta del
Tribunal Supremo en este momento está pendiente la revisión de algunos consejos de guerra, entre ellos el del conocido anarquista Puig Antich. Efectivamente, existe el dilema de si ha de ser esta Sala quinta la que revise la Sala de lo militar, lo
que fueron entonces consejos de guerra sumarísimos, o si, por el contrario, debiera habilitarse una posibilidad, como existe respecto a los tribunales populares cuyas condenas fueron de naturaleza civil y no militar, de que puedan ser revisadas por
una sala distinta. Quizá debiéramos proceder a una modificación normativa a este respecto, y la naturaleza de creativos a este respecto está acreditada puesto que atribuimos a una sala especial, la llamada Sala 61, la posibilidad de reconocer otro
tipo de cuestiones que quizá fueran más adecuadas e hicieran más adecuado que los llamados consejos de guerra de entonces se residenciaran en sede distinta de la militar. Reconozco que el derecho de revisión, tal y como está hoy configurado, no es
un remedio procesal para arreglar las injusticias, sino que requiere hechos nuevos que permitan revisar el pasado, pero, como también se afirma en el informe de la fiscalía en relación con el recurso de Puig Antich, es un recurso de configuración
legal, y a nosotros, los legisladores, nos corresponde modificar las normas por las que se rigen los procesos, dado que la tutela judicial efectiva que deben prestar los tribunales es un derecho constitucional, insisto, de configuración legal. A lo
mejor esta proposición no de ley no es bastante, desde luego mi grupo la apoyará, y debiéramos abordar también las modificaciones normativas necesarias para que sea posible la revisión de los consejos de guerra.
Se ha aludido a la transición y a si tuvo defectos o no. Me gustaría a este respecto traer a colación una frase de quien fue uno de sus protagonistas. Francisco Fernández Ordóñez decía que todo es imposible hasta que llega alguien y lo
hace. No sé si se referiría a las dificultades que tuvo en relación con la regulación de la Ley de divorcio, la reforma fiscal o las propias dificultades de la transición.
Creo que es una frase perfectamente aplicable a este momento. Es imposible
revisar aquella época, se dice. Bueno, sólo falta que alguien venga y lo haga. Nosotros somos los legisladores. Mi grupo se apunta en este momento al contenido de la proposición no de ley de revisar no solamente lo que se pretende por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió sino también los términos que ha establecido el Grupo Socialista en esta Cámara, pero también nos gustaría que vayamos un poco más hacia adelante intentando modificar la configuración del recurso de revisión para que
sea posible lo que hoy parecería, desde el punto de vista del derecho, imposible.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Uría, por favor, tiene que terminar.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señora presidenta, concluyo.
De lo que he manifestado se deduce que mi formación política votará que sí, por supuesto, al contenido de la proposición no de ley y que incluso desde esta tribuna exhorta a los miembros de la Cámara para que vayamos más adelante con la
modificación legal del recurso de revisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted señora Uría, muchas gracias.
Continuamos con el turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra para fijar posición el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta,
Salutaciones a la familia de Manuel Carrasco i Formiguera.
Permítanme que no me extienda en hacer una semblanza del insigne y respetado político catalanista Manuel Carrasco i Formiguera, que, como miembro de Acción Catalana, participó en la materialización del Pacto de San Sebastián, preámbulo de la
caída de la monarquía y la recuperación de las libertades republicanas, régimen al cual sirvió como diputado en las Constituyentes. Su muerte, su martirio, así como la de muchos otros católicos catalanistas y euskaldunes, ejemplifica hasta qué
punto los elementos fascistas y el Ejército español, sublevado contra la legalidad constitucional republicana, estaban presos del odio contra las comunidades nacionales distintas a la española del Estado. Odio que fue legitimado por la jerarquía
eclesiástica católica que fomentó y protegió el alzamiento nacional y el genocidio, que no tuvo ningún reparo en bendecir el asesinato de católicos como tantos y tantos clérigos vascos y el mismo Carrasco i Formiguera, una persona que se había
convertido en el portavoz político más decidido en la defensa de las órdenes religiosas, que había fundado Unió Democrática de Catalunya precisamente ante la necesidad de alejarse de los criterios laicistas de su partido, Acció Catalana, que fue
destinado por la Generalitat en plena guerra, por los problemas que podía acarrearle su papel destacado en la defensa de los religiosos, a Euskadi, en donde fue detenido por el ejército franquista y posteriormente fusilado.
Hace un año, en esta Cámara, Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley, que fue aprobada, que instaba al Gobierno a proceder de igual manera para con la causa sumarísima del presidente de nuestro país, Lluís Companys.
Justamente es lo que pedimos para el fundador de Unió Democrática de Catalunya, lo que exigimos para cada uno de los miles y miles de hombres y mujeres que, como ellos, fueron asesinados después de un juicio, Consejo de Guerra, sin ningún tipo de
garantía, acusados de adhesión a la revolución militar por parte de aquellos que habían infringido la ley. Estamos a la espera del proyecto de ley al que el Gobierno se comprometió. El tiempo pasa y nos inquieta la tardanza.
El Gobierno, a nuestro parecer, se equivocó al no aceptar nuestra demanda, la de Izquierda Unida y el Grupo Mixto, de creación de una comisión parlamentaria que tuviera el encargo de elaborar el libro blanco de la memoria republicana y
antifascista. El Gobierno optó por trasladar la responsabilidad a una comisión interministerial. Bien, estamos a la espera. Solo deseamos recordarle al Gobierno que más allá de la necesaria ambición que debe infundir el proyecto de ley de
reparar, una vez tramitado y aprobado en esta Cámara definitivamente, todos los oprobios, el factor tiempo es una variable determinante. En primer lugar, porque muchas de las personas a las cuales restituir honores se hallan en el tramo final de
sus vidas, e incluso sus descendientes directos. Por otro lado, a nadie se le escapa que la maquinaria del revisionismo histórico se ha acelerado, la tergiversación histórica y la trivialización de los horrores totalitarios es parte de una
estrategia diseñada por una derecha envalentonada que pretende encontrar en el filón de la desmemoria la ventaja política que la incapacidad de sus dirigentes ultramontanos no saben encontrar en la realidad política cotidiana. A su servicio
encontramos algunos historiadores, como Pío Moa, Cesar Vidal y otros apologistas del franquismo, hijos del insigne historiador del reino, señor don Ricardo de la Cierva.
Deben saber los representantes del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que compartimos todos y cada uno de sus anhelos. La figura de Carrasco i Formiguera forma parte del patrimonio de la memoria histórica catalana, la nuestra, y de
la compartida con los republicanos y demócratas españoles, los de siempre. Y a ustedes, miembros del Gobierno, les instamos a presentar la ley de la memoria antes del 20-N, o quizá el día 20-N, trigésimo aniversario de la muerte y desaparición
afortunada del dictador.
También queremos recordar que un día como hoy fueron asesinados por la dictadura dos ciudadanos vascos y tres gallegos: Juan Paredes Manot, Ángel Otaegui, José Umberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. A todos ellos, a
Carrasco i Formiguera, a sus descendientes, y a todos los represaliados, salud. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Finalizamos, señorías, con la intervención del señor Atencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, también para fijar posiciones.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, vaya por delante, antes de fijar con detalle la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la iniciativa que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) somete a nuestra consideración, nuestra
manifestación pública de respeto por la persona y por la figura de don Manuel Carrasco i Formiguera. Respeto a su figura y a lo que representa como referente político y moral, no sólo para Unión Democrática de Catalunya y una parte de la sociedad
catalana, sino también para los que compartimos sus ideales y para los demócratas de este país. Manuel Carrasco, como se ha destacado, fue miembro de las Cortes Constituyentes de la II República, estuvo en esta Cámara y tuvo una relevante vida
pública, siempre coherente, siempre definida por el diálogo y por la defensa en todos los parámetros democráticos de sus convicciones, de sus ideas y de su fe. Somos conscientes de la tragedia que vivió esta figura histórica como tanta gente,
estuviera donde estuviera y militara donde militase. La posición de nuestro grupo, cuando se plantean este tipo
de iniciativas, siempre ha sido conocida. Con la legislación vigente en la mano, entendemos que no es posible la anulación del Consejo de Guerra que se propone. Para la revisión de sentencias firmes, como SS.SS. saben y se ha destacado
por algunos intervinientes, ha de cumplirse la previsión que nuestra legislación establece, en aplicación del principio de seguridad jurídica de la Constitución, para los procesos extraordinarios de revisión. En este sentido, es ilustrativo traer
una intervención que se produjo en esta Cámara, hace ya más de un año, en la que un diputado decía: La ley de amnistía no permite que revisemos las sentencias del franquismo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo reiteradas veces, lo acaba de decir el
Constitucional. La amnistía justamente implica la imposibilidad de una reversión jurídica de todo el conjunto de actos jurídicos y resoluciones que se pudieron adoptar durante la historia. Esa es la esencia de aquel acuerdo de concordia y
transición. Ramón Jáuregui, 1 de junio del año 2004. Compartimos ese planteamiento desde el punto de vista formal y desde el punto de vista político.
En segundo lugar, hay otra cuestión, y es que el Grupo Parlamentario Popular, como es público y notorio, no es partidario, en contra de la posición de otros grupos, del revisionismo histórico. No estamos por ese pretendido intento, a cuento
de recuperar la llamada memoria histórica -cosa digna-, de revisarlo todo, revisar el pasado, revisar nuestra historia y revisar la transición política a la democracia. Nos parece sinceramente un error y puede ser una irresponsabilidad. Porque
entiendo, refiriéndome al proceso de la transición política, que es lo que algunos quieren plantear, sin duda no la iniciativa de Convergencia i Unió, cuando las cosas se hacen bien, es absurdo, es erróneo, es irresponsable, es temerario, diría yo,
abordar un proceso revisionista. Lo que salió bien, salió bien. Lo demás nos parece, insisto, una irresponsabilidad.
Nosotros nos quedamos con aquel acuerdo de concordia, de reconciliación que significó nuestra ejemplar transición democrática y
el pacto constitucional.
Se nos somete una iniciativa concreta por parte del Grupo de Convergencia i Unió y nuestro grupo quisiera respaldarlo. Nosotros somos partidarios y respaldamos todas las medidas de rehabilitación moral y política de don Manuel Carrasco i
Formiguera. Nos plantea dificultad respaldar el punto primero de su iniciativa, y también de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, donde se va al proceso de anulación del Consejo de Guerra, que sin duda fue injusto. Pero estamos en la
situación en la que estamos. Por tanto, nosotros, queriendo honrar la memoria de Manuel Carrasco i Formiguera, como también lo hicimos con nuestros votos en el Ayuntamiento de Cataluña y entendiendo que es una situación de singularidad, les
pediríamos, si fuera posible, a los autores de la iniciativa votar separadamente la iniciativa, para poder votar el segundo punto que, aunque plantea algunas complejidades, lo que quiere es reconocer, recuperar la memoria histórica de Manuel
Carrasco i Formiguera. Nuestro grupo parlamentario lo hace con el espíritu de coherencia que siempre hemos mantenido, pero desde el respeto a la iniciativa que se nos plantea y a la figura que se somete a esta Cámara.
Nosotros nunca hemos votado
ni votaremos cualquier otra iniciativa que se plantee respecto a la anulación o revisión de cosas del pasado, amparados por el pacto constitucional y la propia doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En cualquier caso,
quisiéramos poder unirnos al consenso de la Cámara, al respaldo y a la unanimidad de todos sobre la base de la posibilidad que nos pueda brindar, en su caso, el Grupo de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Atencia.
Señor Duran, ¿aceptan la enmienda transaccional?
El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señora presidenta.
Sí, aceptamos la enmienda, en la medida en que entendemos que coincide con el contenido de nuestra iniciativa. Lo que hace es remitirla a un órgano que ya existe, y algunas de SS.SS. han puesto de relieve, en cualquier caso, la tardanza en
dictaminar o ejecutar lo que este Congreso le ha instado. En definitiva, admito esta enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran i Lleida, solo quería saber si aceptaba o no, como usted sabe, en este trámite.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO GITANO. (Número de expediente 162/000320.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, relativa al reconocimiento de los derechos
del pueblo gitano.
Para su defensa tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Presidenta, señorías, lachos baberes delgao Rom al Congreso, que el tchivés dori siñelé lacho para unos roms y romís camelan sastipen thaj mestipen. Bienvenidos, representantes del pueblo gitano en el Congreso, que
el día de hoy sea un hito para unos hombres y mujeres amantes de la libertad y la justicia.
En esta legislatura son varias las iniciativas que han pasado por esta Cámara para dar a diversas minorías derechos y deberes y situarlas en pie de igualdad al resto de la ciudadanía. Hoy, por su historia y por su pasado,
traemos a esta tribuna una causa cargada de razón y sedienta de igualdad.
El pasado 25 de abril el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de la población romaní, en la que se pide al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los países candidatos que consideren el reconocimiento de la
población romaní como minoría europea. La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Popular europeo, Livia Jaroka, una mujer gitana. El 29 de septiembre de 2004, en el mismo encuentro en que la diputada Livia Jaroka decidió hacer esta
propuesta, yo prometí públicamente en la sede del Parlamento Europeo a la presidenta de una asociación gitana de mujeres de Cataluña, Emilia, que trabajaría por presentar al Congreso de los Diputados una propuesta sobre el reconocimiento de nuestro
pueblo. En esa reunión participamos parlamentarios europeos y de los Estados de todo el abanico político europeo y nos poníamos fácilmente de acuerdo en esta propuesta. ¿Por qué ha sido tan fácil el consenso entre respectivas políticas tan
diferentes? La Unión Europea de los Veinticinco se ha encontrado con que el pueblo gitano constituye su mayoría autóctona mayoritaria y sus dimensiones van a aumentar todavía mucho más con los países candidatos. Las instituciones europeas están
siendo, por fin, conscientes de la gravedad de los problemas culturales, educativos, laborales, sanitarios y sociales en general que sufre gran parte del pueblo gitano o los romà, como también nos denominamos. Todas y todos debemos cambiar para
resolver esta situación, tanto las personas gitanas como la sociedad mayoritaria, incluyendo las instituciones y las fuerzas políticas que las representamos. Europa está, por fin, reconociendo las injusticias históricas cometidas contra los romà.
Ahora es cuando estamos siendo conscientes de que en el holocausto nazi, que en romanó llamamos porrajmos, se exterminó a más de medio millón de roms y romis. España tiene que jugar un papel relevante en esta nueva prioridad europea; tenemos el
mayor número de personas gitanas de los actuales Veinticinco Estados miembros, 630.847, según el informe de la subcomisión para el estudio de la problemática del pueblo gitano. Pero además hemos desarrollado el movimiento asociativo más importante
de este pueblo en el mundo. Desde la transición democrática las administraciones hemos colaborado progresivamente con sus asociaciones y contribuido a mejorarlas. El Parlamento catalán ya fue precusor del actual proceso europeo, aprobando por
unanimidad el reconocimiento del pueblo gitano el día 21 de noviembre de 2001. Grupos de investigación españoles han sido y son referencia de las actuales orientaciones de las instituciones y el Parlamento europeo. España está aprendiendo mucho de
otros países europeos que tienen más experiencia en la inclusión de diferentes sectores de inmigrantes. Europa quiere aprender mucho de los primeros pasos que estamos dando en España en la inclusión del pueblo gitano.
La tarea es importante. Estamos intentando reparar en pocas décadas las injusticias de varios siglos. La presencia de los romà en la Península data del siglo XV. Las pragmáticas y las leyes contrarias a sus formas de vida prohibieron su
lengua y su manera de vestir; les obligaron a dedicarse a la labranza y decretaron la pena de muerte para aquellos que no se asimilaran al resto de la ciudadanía. No será hasta el reinado de Carlos III cuando se les reconoce la libertad de oficio
y de domicilio, aunque se les continúa demandando abandonar la vida errante, vestir según los usos del territorio en el que están y utilizar su lengua solo entre ellos. Durante la dictadura franquista se volvió a prohibir su lengua, calificada como
jerga delincuente. La Constitución de 1978 que creó este Congreso de los Diputados abrió también la posibilidad de avanzar hasta la plena igualdad de derechos y libertades de los roms y las romis.
Las administraciones democráticas surgidas de esta transición, las asociaciones gitanas desarrolladas desde entonces y la propia sociedad civil hemos trabajado ya lo suficiente como para ser una referencia en este tema en la actual Europa.
Ha llegado el momento de dar un paso más.
Tenemos hoy el honor de estar acompañados en este hemiciclo por representantes roms que han trabajado intensamente tanto por el reconocimiento de la sociedad mayoritaria como simultáneamente por el avance
de su propio pueblo. Saben muy bien que ambas cosas son necesarias para conseguir su plena inclusión. Rompiendo uno de los principales estereotipos podemos ver que no sólo hay roms, hombres de respeto gitano, sino también romis, mujeres gitanas
que, como ellas dicen actualmente en sus múltiples encuentros, son el motor de cambio de nuestro pueblo.
Diputados y diputadas, hoy tenemos el honor de demostrarles que las y los representantes políticos de todas las tendencias reconocemos su trabajo y sus derechos a través de la enmienda transaccional; que estamos orgullos de tenerlos entre
nosotros en los diversos pueblos de España y aquí, en el Congreso. Diputados y diputadas, permítanme que finalice de nuevo con unas palabras en esta lengua que se nos prohibió hablar y aprender: Sastipen thaj mestipen, opre romà. Salud y
libertad, adelante pueblo gitano. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Andreu.
Continuamos con la defensa de las dos enmiendas que se han presentado. En primer lugar, enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que es la que va a defender la señora
García Suárez.
Tiene la palabra.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido también el pueblo gitano que nos acompaña.
Señorías, la proposición que estamos debatiendo en estos momentos nos lleva a una reflexión sobre el reconocimiento
de los derechos del pueblo gitano, y eso ya de por sí es bueno. Es muy positivo que estos temas se debatan en el Congreso de los Diputados. Sin duda, como ya se ha dicho, no es la primera vez que se hace, ni bien seguro será la última.
Pero a pesar de eso, quiero trasladar que para mi grupo parlamentario, Izquierda Verde, y para mí personalmente, es una gran satisfacción el debate de esta tarde con motivo de la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana. Dicho esto,
y a pesar de estar, cómo no, de acuerdo en el fondo de lo que pretende la iniciativa, nuestro grupo ha presentado una enmienda que no ha sido recogida en su totalidad y lo lamentamos, porque en definitiva el sentido de la enmienda solamente se puede
comprender con los tres puntos que recoge; a nuestro entender, parcialmente uno de ellos queda un poco cojo.
Antes de comentar la enmienda quisiera hacer algunas consideraciones. En primer lugar, quiero dejar constancia del reconocimiento del pueblo gitano por su capacidad para incorporarse a la sociedad actual manteniendo costumbres y tradiciones
que constituyen su principal seña de identidad. Aunque sin duda el pueblo gitano sabe también que algunas de estas tradiciones, sobre todo las relacionadas con la mujer y su incorporación como ciudadana de pleno derecho, tienen todavía un camino
que recorrer. Pero ahí están muchas mujeres, ahí están también muchos hombres, gitanos todos ellos, trabajando para hacer avanzar en la igualdad de género a las mujeres del pueblo gitano. Pero hoy, señorías, no podemos continuar hablando del
pueblo gitano desde el paternalismo ni desde la superioridad de creer que otros que no sean ellos estamos en el derecho ni en la capacidad de decidir por el pueblo gitano. Hoy no podemos autocomplacernos hablando del reconocimiento teórico, sino
que debemos poder traducir ese reconocimiento en actos concretos, en política activa a favor ni más ni menos de que se cumpla nuestra Constitución, que recuerda que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos los mismos derechos y deberes.
La realidad de los más de 600.000 ciudadanos y ciudadanas gitanas que viven en el Estado español poco tiene que ver con la realidad que vivían hace tan solo veinte años en cualquier lugar del Estado. He conocido muy de cerca, en este caso
en la ciudad de Sabadell, este proceso de transformación de las condiciones de vida de las familias gitanas.
Precisamente allí nació una de las primeras asociaciones gitanas.
Conjuntamente allí, familias, asociación y municipio iniciaron ese
proceso de cambio y de mejora de las condiciones de vida del colectivo gitano, vivienda, escolarización, sanidad, trabajo, en definitiva dignidad y bienestar que no son para nada contradictorios con diferente cultura, diferentes tradiciones y
diferente lengua. Hoy los gitanos en su conjunto, a pesar de que puede haber excepciones como en todos los colectivos, es un pueblo -y espero que se me entienda porque es muy positivo- maduro y con una mayoría de edad tranquila, serena y a la vez
con una gran solidez, que da precisamente el hecho de haber andado un largo camino, que no era fácil y que lo han resuelto con muy buena nota.
Por este motivo, señorías, nosotros pensamos que si hace veinte años ustedes marcaron la línea y cogieron las riendas de lo que querían hacer, hoy con más motivo no puede decidirse nada que no surja directamente y en primer lugar de sus
propios representantes, de su tejido asociativo y del debate participativo en el marco de sus respectivas federaciones de asociaciones gitanas con representación en las diferentes comunidades autónomas. Nuestra enmienda va en esta línea. Señorías,
nos ha parecido que la proposición no de ley planteada tal como está en los términos iniciales adolecía de algunas cuestiones. Su título dice: proposición no de ley relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano, pero en la práctica
entendemos que la proposición no de ley insta al Gobierno exclusivamente sobre uno de los derechos del pueblo gitano, que es el del reconocimiento de la lengua, en concreto se pide el reconocimiento del romanó como lengua propia del Estado español.
Vaya por delante nuestra simpatía y consideración a la defensa y a la dignidad de todas las lenguas minoritarias que desde hace siglos están esforzándose por su supervivencia, y entre ellas tenemos sin duda la lengua romanó-caló o caló, como la
conocemos muchos de manera más usual y popular. Por tanto, sin más alargarme, nuestra enmienda pretendía que además del derecho a proteger la lengua, que es precisamente la idiosincrasia propia del pueblo gitano, recordemos que hay muchos otros
derechos y que, a pesar de haberse avanzado mucho en estos 20 ó 25 años, todavía queda un largo camino por recorrer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Continuamos, señorías, con la siguiente enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y que va a defender. Para ello tiene la palabra el señor Barrachina.
Adelante.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
Quiero sumarme, en primer lugar, a las palabras de reconocimiento y afecto a los representantes del pueblo gitano en España que están presentes hoy en el Parlamento español, como sus predecesores desde hace 600 años en España, construyendo y
edificando un territorio que sería imposible de reconocer sin las aportaciones lingüísticas, las tradiciones y las manifestaciones artísticas que son hoy deudoras de las aportaciones del pueblo gitano a lo largo de estos seis siglos en España.
Minoría incomprendida y maltratada en muchas etapas de la historia sin la cual hoy Andalucía, en la que residen 300.000, Cataluña, el País Vasco y España, en suma, no sería fácilmente reconocible. Minoría, como decía, incomprendida que en los
últimos años felizmente
ha vivido un recorrido importante. Decía un informe del año 2003 que la escolarización, afortunadamente en su inmensa mayoría, ya se ha llevado a cabo. Quedan naturalmente muchísimos flecos y un larguísimo recorrido por hacer juntos. El
pleno acceso a la salud pública y a los servicios sociales es hoy una realidad y quedan elementos pendientes como completar el acceso a la vivienda y, aunque el número de empleos se ha multiplicado en los últimos años y concretamente en la última
década, todavía es bastante la actividad que queda por hacer. Hoy hay una mayor participación del pueblo gitano en los órganos consultivos de todo el Gobierno español. El Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social,
nacido por un real decreto de 1999, tiene como componentes a la Unión Romaní y también a la Fundación Secretariado General Gitano. Solo una de estas acciones que tuve oportunidad de vivir años atrás, dirigida a través del Fondo Social Europeo y
concretamente del programa operativo de lucha contra la discriminación, administrado por la Fundación Secretariado General Gitano, ha permitido desde el año 2000 que se celebren 17.000 contratos para personas de esta etnia, cuyo objetivo original en
el año 2000 era tan solo de 2.500 personas. Quince millones de personas han sido la audiencia acumulada de campañas de sensibilización recientes.
Quiero decir que la proposición no de ley, a la que hemos presentado una enmienda, recoge en sus dos primeros puntos -que suscribimos íntegramente-- emprender una campaña de difusión -que naturalmente suscribimos- y tener presentes las
iniciativas legislativas, culturales y sociales susceptibles de afectar a la cultura, a la lengua y a la entidad gitana, así como la opinión de las organizaciones romaníes legalmente establecidas. Además de estas dos propuestas hemos incorporado
dos nuevas: una, en la última parte, que recoge como exigencia a los nuevos miembros de la Unión Europea los criterios suscritos en Copenhague en 1993 que exigen el respeto y la protección de las minorías étnicas en todo el territorio de la Unión
Europea, y una, en el último apartado, en el que proponemos favorecer el conocimiento del romanó, por ser el vínculo entre todos los gitanos europeos y el origen del caló, que a su vez debe ser mantenido y recuperado entre la población gitana
española.
Anuncio que existe una enmienda transaccional que recoge estas dos aportaciones del Grupo Parlamentario Popular, a la que naturalmente vamos a sumarnos por sentirnos plenamente identificados con ellos y porque entendemos además que el
pueblo gitano merece hoy la unanimidad del Parlamento español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Barrachina.
Continuamos, señorías, con la fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subimos a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto a la propuesta que nos acaba de presentar Esquerra Republicana y que tan brillantemente ha sido defendida por el señor Andreu. Nuestra posición es favorable a esta propuesta y,
además, de una manera muy satisfactoria. Teníamos previsto aprobar la propuesta inicial de Esquerra Republicana, aunque somos conscientes de que las enmiendas presentadas y la transacción, que parece que podemos acordar y aprobar, mejoran lo que
inicialmente se proponía.
La razón por la que vamos a apoyar esta iniciativa es porque, si bien somos conscientes y sabedores de que quien la presenta en la Cámara es Esquerra Republicana, estamos convencidos de que proviene del propio colectivo de la comunidad
gitana. A nosotros esto nos parece importantísimo, loable, y felicitamos a la comunidad gitana por preocuparse y querer defender la propia identidad y, de manera especial, la identidad de la lengua porque, en definitiva, nos identifica hondamente
con nuestra cultura, con nuestros pueblos, con la historia y con el futuro. Nos parece loable porque nosotros estamos totalmente inmersos en un trabajo en defensa de la integración, de la colectividad y de la comunidad gitana en la sociedad actual.
Somos favorables a esa integración partiendo de la base de que todas las sociedades y todas las culturas tienen que avanzar para mejorar su calidad de vida, pero nunca la integración debe ser para dejar de existir en la historia. Nos parece loable
porque si el mundo gitano, si la cultura gitana se mantiene en aquellos aspectos positivos es gracias a que hasta ahora estuvo en la marginación. Queremos superar aquellos aspectos de la cultura gitana que pensamos que son negativos para cualquier
sociedad y para cualquier ser humano -algunos de ellos los exponía la señora García cuando defendía las enmiendas- por la importancia que tiene la integración para mejorar la calidad y las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres.
Ya que está una parte del colectivo presente en esta Cámara, quisiera instar a la comunidad gitana a que también supere muchas de las discriminaciones que tienen las mujeres de la comunidad. No queremos decir que nosotros ya las tengamos
superadas todas, pero nuestras compañeras gitanas van un poquito por detrás. En ese sentido, quisiera felicitarles y decir a Esquerra Republicana que vamos a votar a favor y que esperamos que podamos debatir en más ocasiones muchas iniciativas
relacionadas con esta comunidad y con otras en situaciones semejantes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Fernández.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Vasco. Tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, señorías, si uno repasa el 'Diario de Sesiones' del último debate que sobre la cuestión gitana se llevó a cabo en esta Cámara o de uno de los más profundos -tendríamos que ir al año 1985, con
la intervención en una proposición de ley del señor Ramírez Heredia- se da cuenta que muchos de los problemas que se apuntaban ahí siguen existiendo todavía. La verdad es que a nosotros nos parecen muy convenientes este tipo de iniciativas, en este
caso la de Esquerra Republicana, en la que por fin se van haciendo visibles esos colectivos invisibles que existen en este Estado, como el pueblo gitano, como los ciudadanos de origen árabe, de origen bereber en Ceuta y Melilla, que son ciudadanos
españoles cuyas familias y antepasados también lo han sido, pero que parece que a la hora de sus derechos, incluso a la hora de hablar de ellos ni siquiera existen.
Como ha dicho antes el representante del Grupo Popular, el pueblo gitano lleva conviviendo entre nosotros desde hace más de 600 años. Él ha dicho: en España. Yo no creo que hace 600 años existiera España, pero en todo caso, conviven entre
nosotros, construyendo la sociedad entre todos. La existencia de un pueblo y el valor de esa existencia y de su cultura es muy importante y sobre todo hay que dar más valor a la existencia de un pueblo que no tiene un territorio fijado por
fronteras definidas. Hay pocos pueblos que hayan mantenido su personalidad así y uno de ellos es el gitano. Quizás esa falta de territorio haya hecho que una conciencia nacional como la que se ha dado en otros pueblos, como en el judío después de
las masacres de la Segunda Guerra Mundial, no se haya producido tan rápido, pero es cierto que en los últimos años se va despertando no solo una conciencia de pueblo, sino también una cierta conciencia nacional. Este pueblo, como los judíos, sufrió
innumerables asesinatos durante la Segunda Guerra Mundial, como ese 1 de agosto de 1944, la Noche de los gitanos, en la que murieron más de 4.000 personas, llevándose a más de medio millón de gitanos de la faz de la tierra por el designio de los
nazis. Pero quizás, como dice el historiador John Burroughs, no haya un país en el que se haya hecho más con miras a suprimir el nombre y el modo de vivir de los gitanos en España. Eso es así. Nosotros creemos que en esta ocasión probablemente no
va a ser posible, porque hay que llegar a acuerdos y las normas que tienen consenso tienen mucha más fuerza, pero quizás a no tardar habrá que empezar a hablar de que es necesario dotar de reconocimiento político institucional al pueblo gitano, para
que pueda tener una representación legítima y democrática, con un organismo de representación democráticamente elegido, porque si reconocemos que es un pueblo y si ellos también se reconocen como tales, lo mejor es que los interlocutores sean
elegidos democráticamente. Quizás no ha llegado el momento, pero personalmente estoy convencido de que no tardaremos en verlo.
Nos parecen bien las medidas que se proponen en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea. La Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia señalaba en 1988 señalaba expresamente: Desarrollar disposiciones
institucionales que favorezcan un papel activo, así como la participación de las comunidades romagitanas en el proceso de toma de decisiones por medio de mecanismos consultivos a nivel nacional, regional y local y favorecer en este contexto la
noción de cooperación sobre la base de la igualdad. En ese sentido, nos parece positivo lo que se va a aprobar; sin embargo se podía haber ido un poquito más allá, como he apuntado.
Hay algunos párrafos, como el que habla de consultas previas a la presentación de una nueva ley educativa que el Congreso demandó y se dice que el Gobierno español mantendrá contactos para recoger propuestas efectuadas por las organizaciones
gitanas. Desgraciadamente, ese tiempo ya ha pasado, porque el proyecto de ley está aquí, el Gobierno ya ha hecho las consultas anteriormente y las comparecencias se van a celebrar a principios de octubre. Mucha buena voluntad de partidos
políticos, pero de facto me parece que eso va a ser muy difícil de llevar a la práctica.
El párrafo e) me suscita una serie de dudas -y acabo en seguida, señora vicepresidenta-, porque habla de impulsar en el Consejo estatal del pueblo gitano iniciativas para coordinar y trabajar conjuntamente con el Gobierno y las comunidades
autónomas en el diseño de propuestas encaminadas al impulso y de protección y pleno reconocimiento a la identidad, lengua y cultura romaní de origen caló en la Unión Europea. ¿A qué se está refiriendo? ¿Únicamente a protección y pleno conocimiento
en la Unión Europea? Si solo es en la Unión Europea, yo preguntaría: ¿por qué no también en el Estado español? ¿Queremos en la Unión Europea lo que no se reconoce en el Estado español? Si no se quiere decir eso, si se habla de protección también
dentro del marco de las instituciones estatales sería repetitivo porque esa referencia a la Unión Europea ya viene clarísimamente en el párrafo c) de la proposición. En primer lugar, es repetitivo y, en segundo lugar, me parece una contradicción
que busquemos en la Unión Europea lo que todavía parece ser que el Estado español no está dispuesto a seguir.
En cualquier caso -ya ha finalizado el tiempo- nos parece que quizá se podía haber estudiado con un poquito más de calma y haber ido algo más allá, pero creemos que es un paso positivo y desde luego el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) lo
va a apoyar con entusiasmo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Continuamos con el señor Xuclà, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero saludar a los representantes del pueblo gitano que hoy están en la tribuna de este Congreso de los Diputados. Hace justo una semana, el martes por la
tarde de la semana pasada, este Congreso de los Diputados dedicó un debate monográfico sobre la reforma del estatuto valenciano. Ustedes se preguntarán por qué saco a colación el debate de hace una semana. Pues bien, porque referido a Valencia y
referido a aquello que al pueblo catalán y al pueblo valenciano nos une, que es la lengua, citaban a un escritor catalán, a Josep Pla que decía: Mi país es allí donde digo bon dia y me responden bon dia. El pueblo gitano es un pueblo expandido por
toda Europa, con 17 millones, y más allá de Europa.
Es evidente que esta definición es aún más apropiada para el pueblo gitano. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una fuerza política nacionalista, podemos expresar
nuestra comprensión y nuestra empatía hacia el proceso de recuperación de los signos de identidad del pueblo gitano, de su lengua, por ejemplo. Nosotros que también venimos recordando lo que decía hace una semana, citando a Raimon: d'un silenci
profund i molt llarg; nosotros que también venimos de una lucha que viene de lejos para el reconocimiento de nuestros signos de identidad, podemos y comprendemos perfectamente lo que ha sido un proceso aún incompleto de reconocimiento de la
identidad de este amplio pueblo gitano distribuido por distintos países y por distintos Estados de la Europa grande, de la Unión Europea y también de más allá de la Unión Europea, también para estos 700.000 gitanos que hay en España, de los cuales
más de 100.000 viven en Cataluña.
Hace un momento hablaba con algunos de los representantes de algunas organizaciones del pueblo gitano de Cataluña y recordábamos que fue en el año 1425 donde se hace la primera referencia que hay en Cataluña del pueblo gitano. Sin embargo,
también recordábamos que aún en Perpiñán se habla gitano y que las más de 459 pragmáticas, desde los Reyes Católicos hasta la Constitución de 1812, persiguiendo una lengua romano-kalo, pero también una cultura. Recordábamos cómo hasta el momento de
la transición y hasta 1979 había instrucciones policiales de represión, de persecución, de constreñimiento contra las formas de hacer, las formas de vivir, las formas de vestir incluso, del pueblo gitano. Es evidente que desde los poderes públicos
también, a través del reconocimiento hoy con este debate en este Parlamento, debemos remover todos los obstáculos para las condiciones necesarias que den la dignidad y el reconocimiento a la dignidad que siempre ha tenido este pueblo. Para que se
respete de forma extrema, como siempre hemos querido desde nuestro grupo parlamentario, la diversidad, las formas de vivir, las formas de hablar y las formas culturales de expresarse.
Señorías, seguramente el debate de hoy también es bueno para enriquecer el número de organizaciones que se pueden sentir representadas a través de los distintos grupos parlamentarios. El debate que hoy planteamos y el texto de la
proposición no de ley transaccionada que discutiremos, y votaremos -ya anuncie el voto favorable de mi grupo parlamentario- debe ser la expresión de una voluntad de diálogo con todos y también, como decían hace un momento algunos representantes
catalanes del pueblo gitano, un reconocimiento de que evidentemente el pueblo gitano tiene la mayoría de edad, y no será este Parlamento, no será este Congreso de los Diputados el que le dé ninguna carta de naturaleza ni credencial de mayoría de
edad. Simplemente hoy, esta tarde, con este debate, lo que hacemos todos los grupos parlamentarios es reconocer el respeto a un pueblo fuerte, con gran identidad y que a través de los siglos ha sabido respetarse y reivindicar el respeto de los
demás.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señor Xuclá.
Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Para ello tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en un día importante, para tratar un tema importante que tiene que ver con la cultura pero también con la historia, con la identidad y con la dignidad de un pueblo, el
pueblo gitano, que ha sufrido persecución, exterminio y exclusión en muchos territorios. Un pueblo y una sociedad que han estado durante muchos siglos bajo sospecha y que no han visto reconocidos sus derechos de ciudadanía hasta la promulgación de
la Constitución de 1978. Agradezco y saludo la presencia de las diversas organizaciones gitanas que hoy nos acompañan tanto desde la tribuna como desde el corazón.
Decía que tenía que ver con la historia porque nos proporciona la dimensión temporal de lo significativo, de las actitudes colectivas, y es en cada momento la memoria del género humano y proporciona a este la conciencia de sí mismo y de su
identidad. Sirve para decir quiénes somos porque, como decía Tocqueville, los pueblos no abandonan jamás su infancia. Y aplicado esto a un pueblo que el pasado mes de enero cumplió 580 años de presencia en España, después de más de 1.000 de
nomadismo por Asia y Europa, proporciona la urdimbre básica que permite construir su mundo, sus mitos, sus tradiciones, sus costumbres, su escala de valores, es decir, su cultura.
En la actualidad constituyen una comunidad cifrada en unas 600.000 personas establecidas principalmente en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. El Partido Socialista es consciente de las problemáticas específicas
que les afectan y trabaja
desde 1989, cuando se creó el programa de desarrollo gitano, para solucionarlas. Por eso, además, nuestro programa electoral recogía: Renovar el programa de desarrollo gitano que deberá incidir en algunos aspectos prioritarios como la
vivienda, el empleo, la educación, la cultura y la creación del consejo estatal del pueblo gitano, y ese compromiso ha sido asumido por el Gobierno socialista. El pasado 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, la creación del consejo estatal del pueblo gitano, un órgano colegiado y consultivo que pretende ser un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos actores sociales, organizaciones no gubernamentales del
movimiento asociativo gitano y de la Administración General del Estado para recoger las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la promoción integral de la comunidad gitana, que ayudó a vertebrar la España que hoy somos.
Señorías, también tiene que ver con la lengua y con la cultura, que son los elementos característicos de la construcción del espíritu de un pueblo, de su identidad. Decía Unamuno: La sangre de mi espíritu es mi lengua, y este es un
elemento fundamental que incrementa el patrimonio cultural de toda la humanidad. También tiene que ver con la multiculturalidad y con la tolerancia, con la coexistencia de grupos diversos, pero asimismo con los procesos de interacción, del
sincretismo y del mestizaje cultural.
Desde el Gobierno se trabaja en el diseño de medidas que permitan compensar las desventajas y desigualdades en el campo de la educación y la formación, y para reducir el abandono escolar temprano. Así, el pasado 14 de junio se firmó un
convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Secretariado Gitano, donde se recogen recursos educativos de promoción de la cultura gitana en los centros escolares.
Compartimos el reconocimiento público e institucional de la
identidad, lengua y cultura del pueblo gitano por parte de las instituciones comunitarias. Asimismo, señorías, el Partido Socialista apuesta por el pueblo gitano, porque sabemos que es su momento, es tiempo del pueblo gitano y nuestro compromiso
electoral y las acciones del Gobierno son una garantía de este tiempo nuevo para este pueblo. Se está trabajando a través del Ministerio de Cultura en la constitución de un instituto de cultura gitana, en colaboración con asociaciones y fundaciones
de este ámbito, con el objetivo de preservar, proyectar y difundir su cultura al resto de la ciudadanía, lo que consideramos de suma importancia para seguir avanzando en la cohesión y la convivencia intercultural.
La transaccional que hoy se nos propone recoge algunos de nuestros objetivos e iniciativas, como el consejo estatal del pueblo gitano o el instituto de cultura gitana. Consideramos que son importantes para seguir construyendo igualdad y
eliminando barreras, por lo que daremos nuestro voto favorable a esta redacción, convencidos de que hoy realmente empieza su futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tabuyo.
Señor Andreu, para la aceptación o el rechazo de las enmiendas. Dos han sido presentadas, como usted sabe.
El señor ANDREU DOMINGO: Hemos presentado una enmienda transaccional...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A las transaccionales.
El señor ANDREU DOMINGO: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): De acuerdo. Pues esa será la enmienda que se someta a votación, si nadie se opone a la misma, por supuesto.
El señor ANDREU DOMINGO: De acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos proposiciones no de ley. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que
adopte medidas para la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido don Manuel Carrasco i Formiguera, con la enmienda socialista que ha sido aceptada por el grupo proponente.
(El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
Señor Atencia, dígame.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, mi grupo parlamentario había solicitado votación separada de los dos puntos. Como entendemos que reglamentariamente no es posible, me gustaría explicar el sentido de nuestro voto porque, como
consecuencia de esa situación reglamentaria, vamos a tener que decidir una votación diferente a la que expresé en la tribuna. ¿Me permite S.S. hacerlo muy brevemente en este trámite, para no tener que recurrir al turno de explicación de voto?
El señor PRESIDENTE: Señor Atencia, usted sabe perfectamente que si el grupo proponente acepta una enmienda ya no es posible intervenir sobre la misma y solicitar votación separada.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Se lo explico. Cuando yo he intervenido en la tribuna aún no se había producido ese trámite. Como nuestro grupo había dicho que iba a respaldar el punto segundo y no el primero, por esas razones reglamentarias y
toda vez que se nos impide votar separadamente, a pesar de que no compartimos el punto primero y nos íbamos a abstener, en reconocimiento
a la figura de que se trata y por esa singularidad anuncio que nuestro grupo votará a favor de esta iniciativa con esas limitaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración.
Ponemos a votación la enmienda socialista, aceptada la primera votación de la proposición no de ley que he mencionado anteriormente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la segunda proposición no de ley, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa al reconocimiento de los derechos del pueblo gitano con la enmienda transaccional que ha sido presentada. Debo preguntar a los grupos
parlamentarios si alguno se opone a la tramitación de esta enmienda transaccional. (Pausa.) Si no es el caso, votamos la enmienda transaccional presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Por favor, ruego a las personas de las tribunas que mantengan la calma.
Gracias. Sigan ustedes con atención el debate, pero desde la tribuna no está permitido ese tipo de manifestaciones. Lo lamento pero es así el Reglamento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LAS MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LABORALES. (Número de expediente 173/000088.)
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar debatiremos la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre las medidas de fomento y apoyo a las sociedades cooperativas y laborales.
Para la defensa de la moción, por el grupo proponente tiene la palabra el diputado señor Tardá. (Rumores.)
Señorías, continúa el debate. Ruego silencio. Ruego al grupo proponente que defienda su moción.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Si me permiten, nuestro grupo parlamentario va a resumir el contenido de nuestra moción anunciando ya que aceptamos la enmienda de sustitución que nos ha presentado el Grupo Socialista, aun cuando nosotros in voce ofrecemos dos
transaccionales que esperamos que sean aceptadas tanto por el Grupo Socialista como por el resto de grupos parlamentarios de la Cámara. El punto 1 de la moción presentada por nuestro grupo parlamentario pretende el aumento de la asignación
presupuestaria, a fin de poder actuar con mayor intensidad a favor de las empresas de economía social, tanto por lo que hace referencia al necesario apoyo a las organizaciones de trabajo cooperativo como a sus respectivas entidades asociativas;
tanto al fomento de su responsabilidad social como al aumento de sus proyectos a favor de su mayor productividad y formación, en especial a las entidades de trabajo asociado de reducidas dimensiones, porque es evidente que la gestión y dirección de
empresas de economía social tiene una especificidad que la hace distintas al resto de las empresas. De igual manera pretende el compromiso del Gobierno en todo aquello que se refiere a apoyar proyectos viables de cooperación, planes de
modernización y los centros tecnológicos de las pequeñas empresas laborales, porque resulta difícil para ellas el acceso a centros tecnológicos. Asimismo incluye la necesidad de comprometer al Gobierno en la difusión de la fórmula de la cooperativa
de trabajo como figura de generación de empleo estable y de calidad, demanda que se halla contenida en la enmienda número 10 del Grupo Socialista.
El término con que se inicia nuestro punto 1, aumentar la asignación, en la enmienda se traduce por disponer de la suficiente asignación, matiz que debe traducirse y materializarse en la negociación presupuestaria final entre el Grupo
Socialista y nuestro grupo para el ejercicio del próximo año. En este sentido, la enmienda socialista número 1, de sustitución, recoge en buena parte lo demandado, con lo cual es aceptada por nuestro grupo. De igual manera en la enmienda número 2,
que presenta el Grupo Socialista a favor de la agilización en la creación de cooperativas, nosotros utilizamos los términos creación acelerada de cooperativas de trabajo. En este sentido entendemos que la enmienda socialista acoge tal
reivindicación. Nuestra moción pretende la promoción mediante mayores ayudas y beneficios de la contratación de personas desempleadas, jóvenes menores de 30 años y personas con dificultades para su inserción laboral. En ese sentido, la enmienda
socialista número 7 acoge tal demanda. Insistimos en nuestra moción en la necesidad de promover la participación del corporativismo en todos los foros de diálogo y decisión de las administraciones con las organizaciones de representantes
empresariales y sindicales, porque muy a menudo el problema de las cooperativas es que no participan en los foros de debate, como ocurre con los autónomos, y deberían ser escuchadas en las mesas de negociación. Ciertamente nos encontramos ante las
resistencias de los empresarios; aun así esta contradicción debe superarse.
Las cifras económicas de la economía social no permiten mantener esta contradicción. Aceptamos, pues, la enmienda socialista número 4 aun quedándose muy corta. Solicitamos también en la moción un diálogo permanente con las organizaciones
representativas de los diferentes sectores, a fin de establecer medidas oportunas para hacer cumplir los puntos acordados. En este sentido, en la enmienda número 6 socialista se contempla lo reivindicado. También contiene nuestra moción, tal como
ya anunciamos durante la interpelación, la necesidad de promover en la contratación de obras y servicios públicos, una cuota de reserva para las cooperativas de trabajo. Tal como manifestamos ello solo puede ser llevado a cabo por un Gobierno que
realmente esté convencido de su posicionamiento de izquierda. Reservar obra pública para los pequeños cooperativistas sería una medida de responsabilidad política y social.
Ciertamente se puede argumentar la existencia de obstáculos legales. Pues
bien, nos emplazamos, y emplazamos al Grupo Socialista, a proceder a las modificaciones legislativas necesarias en la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Aceptamos la enmienda número 5 del Grupo Socialista, coincidente con la contenida en nuestra moción relativa a la necesidad de realizar un estudio estatal sobre medidas de fomento de la economía social, focalizando como tema prioritario el
nivel de aceptación de las modificaciones en las asignaciones de los fondos estructurales de la Unión Europea en el ámbito que nos ocupa. De igual manera estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda 8 del Grupo Socialista, relativa a la
capitalización por desempleo, y la 9, referida a la ampliación de las prestaciones de desempleo de las personas socias de duración determinada, siempre y cuando, repito, siempre y cuando el Grupo Socialista estuviera de acuerdo en aceptar una
transacción, la que incorpora los términos en breve plazo. Los puntos 3 y 4 de nuestra moción decaen a la espera del debate sobre la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, entendiendo innecesaria también la número 7, por eso decae, porque la
pormenorización de tales reivindicaciones englobadas en el contexto de la enmienda y de la voluntad política están garantizadas en la enmienda de sustitución.
En resumen, presentamos dos transaccionales: la que he mencionado hace unos instantes, relacionada con la duración, en breve plazo, del término durante el cual debería hacerse el estudio; y, finalmente, en el encabezamiento de la moción
proponemos la incorporación de las palabras colaboración con las comunidades autónomas. En caso de que se aceptaran estas dos transaccionales nuestro grupo parlamentario aceptaría la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Comenzamos el turno de defensa de las enmiendas presentadas a la moción.
En primer lugar, señor Pérez, de Izquierda Unida.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con brevedad. Compartimos la forma y el fondo de la moción propuesta.
Quizá nuestra sensación es que cuando se habla de economía social parece que nos estamos refiriendo a algo menor, pero lo cierto es que cuando hablamos de economía
social de lo que estamos hablando es del 10 por ciento del empleo y del 7 por ciento del producto interior bruto, y además de un sector con rasgos específicos, entre otros, y quizá uno de los más importantes, el hecho de que la economía social tiene
mucho que ver con la crisis industrial y empresarial, con los procesos de externalización, de subcontratación, con las dificultades que encuentran los parados de larga duración, y dentro de ellos principalmente las mujeres. Esto desde luego no
niega la capacidad empresarial de estas iniciativas, más bien lo contrario, pero en cualquier caso sí se apunta la necesidad de estrategias de apoyo específico.
Los problemas de este tipo de iniciativas empresariales son similares a las que padecen la pequeña y mediana empresa, por tanto necesitan estrategias específicas y requieren apoyos de carácter técnico, fiscal, financieros y comerciales.
Además, en el contexto de reducción de la financiación europea en el ámbito local, ámbito al que están muy ligadas también este tipo de empresas, parece necesario poner el acento en las medidas que la Administración central y las comunidades
autónomas deben articular para aportar los recursos y capital a las iniciativas de este tipo; recursos materiales pero también políticos, ya lo decía ahora el señor Tardá cuando se refería a la necesidad de hacer un modelo de contratación más
transparente que pudiera permitir un acceso más amplio de las cooperativas, de las sociedades anónimas laborales y también de los empresarios autónomos a los mercados. Por tanto, compartimos las medidas que se proponen. Nos gustaría ver recogida
la enmienda al punto 5, que prácticamente es de adición, siempre que el grupo proponente entienda que mejora; es decir, no es una enmienda que condiciona ni mucho menos la posición de nuestro grupo, porque, ya digo, compartimos plenamente el fondo
y la forma de la moción planteada. Por tanto, anunciamos nuestro voto a favor. Sí pediríamos que se recogiera esa enmienda, pero siempre que el grupo proponente entienda que mejora el contenido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Tiene la palabra el señor Barrachina por el Grupo Popular.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente. Bienvenidos también representantes de Cepes, de la economía social. Quiero manifestar en primer lugar mi contrariedad ante la defensa que ha hecho el señor Tardá de una propuesta
originalmente muy ambiciosa en beneficio del conjunto de la economía social y después
la asunción de una enmienda de sustitución, que lo que hace es no solo descafeinar, sino adulterar por completo y desnaturalizar el objetivo inicial de esta apuesta, en principio, vigorosa por la economía social.
Respeto, aunque no celebro,
los acuerdos que tiene Esquerra Republicana con el Partido Socialista, y aunque les he manifestado mi deseo a través de esta enmienda de contribuir a mejorar esa propuesta no he tenido esa oportunidad; naturalmente entiendo los pactos que existen
en este sentido. Mi contrariedad se extiende a que en este Pleno hay una deuda contraída con la economía social española, desde que el 9 de marzo de este mismo año se aprobó la creación, curiosamente con la sola abstención de Esquerra Republicana
de Cataluña, de una subcomisión para el estudio de la economía social. Hubo treinta votos a favor, una sola abstención en la Comisión de Economía a una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que chocó curiosa y sorprendentemente con la reunión
de Mesa y portavoces que decidió no meterla nunca en el orden del día. Esa subcomisión dirigida a que los colectivos de la economía social pudiesen tener en el Parlamento un lugar para diagnosticar y proponer aquello que el sector merece,
curiosamente esa propuesta, aprobada, creada y en vigor, está pendiente de ser incluída en el orden del día desde el mes de marzo, por tanto vive en el más absoluto de los limbos parlamentarios. Esa es la primera de las propuestas que nosotros
queríamos incorporar a la originalmente ambiciosa iniciativa de Esquerra Republicana. Se pretendía constituir de inmediato la subcomisión de economía social, aprobada el día 9 de marzo en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los
Diputados.
Después hay un conjunto de iniciativas más que lo que pretenden es dar continuidad a lo que felizmente, señor Tardá, hemos vivido en las dos pasadas legislaturas, que es el renacimiento de fórmulas históricas como las sociedades laborales y
como el cooperativismo español en todos sus ámbitos y, junto a esa renacimiento de fórmulas históricas, la creación, el crecimiento y el desarrollo de nuevas fórmulas económicas emergentes: empresas de inserción, asociaciones, ONGs, fundaciones que
no sustituyen pero complementan eficazmente a la economía de mercado. Este sector ha crecido en solo dos legislaturas y en la parte más fácilmente cuantificable, es decir trabajadores cotizando a la Seguridad Social en dos legislaturas más de un 70
por ciento en el empleo. Se ha pasado de 25.000 sociedades cooperativas y laborales en 1996 a 43.000, dieciocho mil más, casi el doble, en estas últimas dos legislaturas. Se ha pasado de 250.000 trabajadores cotizando a la Seguridad Social a
414.000, y no ha sido por sorteo. Han sido un conjunto de medidas acertadas durante ocho años, pactadas lealmente con el sector, que han alumbrado una nueva Ley de Cooperativas, una nueva Ley de Sociedades Laborales, una nueva Ley de Asociaciones,
una nueva Ley de Fundaciones, una nueva Ley de Mecenazgo, acompañadas además de multitud de medidas como la capitalización por desempleo, el acceso a la formación contínua, la mejora del trato del IRPF, los cambios en el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, para dar un tratamiento adecuado a la contratación a tiempo parcial y aplicar los beneficios de la jubilación gradual y flexible. Justamente -lo digo porque ha incurrido usted en un debate que está felizmente superado
entre izquierda y derecha sobre la economía social-, después de ocho años habiéndose generado datos -usted los puede extraer, como loshe extraído yo hace unos minutos, de la página del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, mientras en ocho años
se han creado 164.000 empleos, en este año y medio de Gobierno presuntamente progresista se han destruido mil. De los 414.000 que legamos, ahora hay 413.000; el último dato es de este año y medio de gobierno supuestamente progresista. Por eso le
digo que son etiquetas que afortunadamente el sector superó hace mucho tiempo, y hoy en día lo que conviene es trabajar efectivamente y con resultados por la economía social.
Le decía que la propuesta de Esquerra Republicana es ambiciosa. Nosotros, compartiendo esa ambición, hemos propuesto una enmienda que naturalmente usted ya ha anunciado que no aceptará, por lo que no podremos votar favorablemente un texto
que sustituye al suyo, que desnaturaliza la propuesta hasta convertirla en absolutamente inocua. La economía social no merece el desplante constante de tener una subcomisión aprobada en la Comisión de Economía prácticamente por unanimidad, salvo
con la abstención de Esquerra Republicana, pendiente permanentemente, y que ahora se anuncien grandes propuestas para quedar simplemente en una enmienda de sustitución, que lo que hace es recoger las competencias de la Dirección General de Economía
Social sin aportar ningún compromiso concreto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrachina.
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
Señor Membrado Giner.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista apoya la iniciativa que ha presentado hoy Esquerra Republicana de Catalunya. Plantea una enmienda que intenta complementarla y al mismo tiempo
incentivarla y motivarla y que sin ninguna duda va a conseguir un apoyo importante de esta Cámara en la votación, lo que le dará un mayor valor a la misma y más posibilidades de desarrollo. Desde nuestro punto de vista hay un hecho real y es que
las cooperativas y las sociedades anónimas laborales son en estos momentos unas empresas dedicadas al trabajo y a un tipo de trabajo que fundamentalmente se nutre de una actividad laboral estable y con un alto grado de competitividad. Para nosotros
es un modelo que tiene una importancia capital en el tejido productivo de nuestro país y que indudablemente hay que seguir apoyando, y no solamente porque en estos momentos forme
parte de la resolución de la Unión Europea de orientar, incentivar e incorporar a desempleados como socios de empresas cooperativas y sociedades laborales, permitiendo al mismo tiempo una capitalización mucho más amplia de las prestaciones
por desempleo para asociarse a este tipo de sociedades. Eso lo está planteando la Unión Europea, lo vienen realizando los distintos gobiernos de nuestro país y lo queremos impulsar no solamente con esta moción sino con la actuación ejecutiva del
Gobierno. Hay un hecho real y es que, según los datos de la afiliación a la Seguridad Social, en el último año se han creado 14.448 empleos netos más de cooperativas y sociedades laborales, situando su empleo prácticamente en los 415.000 al
finalizar el segundo trimestre de 2005.
Este aumento representa un incremento del 3,6 por ciento en los 12 últimos meses, no como anteriormente ha planteado el portavoz del Grupo Popular, debido tanto a las sociedades laborales, que se han
incrementado prácticamente en 7.500 empleos, un 6,4 por ciento, como a las cooperativas, con 6.986 empleos, un 2,5 por ciento. Es decir, en el último año las cooperativas y las sociedades anónimas laborales se han incrementado tanto en el número de
las constituidas como en el número de los empleos realizados.
En los años 2003 y 2004 hubo una reducción de este número de cooperativas, de la misma manera que hubo una reducción del número de trabajadores, tanto en las cooperativas como en las sociedades anónimas laborales. No quiero achacar esto a
un problema de gobernar de una forma u otra, sino simplemente a la propia evolución del mercado, pero tampoco considero que es de buen talante que se achaque en un momento determinado el crecimiento o el decrecimiento del cooperativismo en función
de quien gobierna o mandata en un momento determinado. Sería en estos momentos excesivamente oportunista hacer este tipo de afirmaciones. El ministro de Trabajo en la intervención realizada hace apenas una semana planteó que el Gobierno está
realizando una serie de actuaciones para primar en estos momentos la creación de empleo, para primar en estos momentos la potenciación de la incorporación de socios trabajadores de un nuevo tipo, minusválidos en situación de exclusión social,
incrementando las subvenciones tanto al coste de los activos como a la bonificación de los intereses de préstamos. Eso, unido a una serie de apoyos a los jóvenes menores de 25 años, a los mayores de 45 y a los parados de larga duración, nos va a
permitir que indudablemente los cooperativistas se incrementen y que por tanto podamos llegar a tener un tipo de tejido empresarial de carácter social potente, con un número compacto de trabajadores y que sea competitivo. Por eso nuestro grupo está
plenamente de acuerdo con el planteamiento y la finalidad que persigue el grupo proponente con esta moción, que a su vez coincide con los intereses y con los objetivos de nuestro Gobierno.
Con la intención de mejorar el texto hemos presentado una enmienda que matiza y reordena los planteamientos, manteniendo y respetando el espíritu que compartimos con el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Las dos transaccionales que
nos hace in voce son perfectamente legítimas, mejoran el texto, por tanto las asumimos sin ningún tipo de dificultad. Tenemos la convicción de que con este esfuerzo de todos vamos a conseguir potenciar este tipo de organización empresarial, que
además de tener la virtud de crear empleo destaca por ser de entre los existentes en nuestra legislación mercantil aquel en el que las dos partes de la relación social, la relación laboral (dirección de la empresa y trabajadores), están más próximos
y armonizados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Membrado.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
El propósito inicial de mi grupo era votar favorablemente la iniciativa que nos ha presentado el señor Tardà, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Visto que él ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, mi grupo,
por estar de acuerdo en el fondo del planteamiento, va a votar favorablemente el texto resultante de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Quisiera destacar, para afirmar nuestra posición favorable a esta iniciativa, que en primer lugar está inspirada por una defensa política y administrativa permanente de las cooperativas, sean del orden y de la categoría que sean:
cooperativas de producción, cooperativas de consumo o cooperativas de trabajo en el ordenamiento jurídico cooperativista español, y coincidiendo también con las disposiciones y competencias que tienen las comunidades autónomas en la materia.
También es necesario dar un mensaje en una economía globalizada y de mercado de que las cooperativas, sobre todo en el ámbito rural o en el ámbito de las empresas de servicio, juegan un papel social, no digamos también económico, por supuesto,
fundamental en estos momentos. Tienen un grado de independencia en gran medida por sus sistemas de producción, de obtención de beneficios, de aplicación de los beneficios de la actividad lucrativa legítima que realizan, para las reinversiones
dentro del capital social, del circulante o del remunerativo de las cooperativas.
Quisiera añadir una reflexión al Grupo Parlamentario Socialista sobre la enmienda que ha presentado. Hay una referencia que nos ha parecido muy adecuada, el punto 11 de la iniciativa que el señor Tardà ha defendido, que es la exigencia a
las cooperativas de una serie de requisitos de calidad y de otros de operatividad. Están desde las certificaciones de las normas ISO, como se hace constar, hasta el plan objetivo cero de accidentes laborales, por ejemplo. Las cooperativas tienen
un sistema, que todos conocemos, de autogestión en el que incluso se disciplinan en sus cometidos de productividad laboral, y no puede ser ajeno a un plan de integración de
cooperativas que desde las comunidades autónomas o desde el Estado se exige a las grandes empresas en cuanto a prevención de accidentes laborales y de riesgos con una serie de normativas de seguridad, no solo desde la salud pública y desde
la sanidad de los colectivos laborales que están dentro de ellas sino desde los sistemas y medios de producción industrial, técnica, agraria o lo que se pueda realizar dentro de ellas.
Todos los apartados de este punto 11 son dignos de
consideración porque también darían calidad a la convivencia social dentro de la empresa, sin olvidar algo que no aparece en la enmienda transaccional, que es la vinculación que deben tener las cooperativas con los programas y proyectos de I+D+i.
Investigación más desarrollo más innovación son terrenos que también tienen que abordar las cooperativas.
Vamos a dar nuestro voto afirmativo porque, a excepción de las formas de exposición dialéctica que se han manejado, estamos de acuerdo con el fondo, en el sentido de seguir apoyando con cualquier tipo de medida, económica, administrativa,
legal, etcétera, al mundo de las cooperativas en el Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar mis palabras felicitando al Grupo de Esquerra Republicana y al señor Tardà particularmente por la oportunidad de la iniciativa. Señor presidente, tengo la sensación de que muchas veces en esta institución, en esta Cámara,
debates carentes de contenido se solemnizan en exceso, se revisten de una escenificación aparentemente solemne verdaderas tonterías; debates vacuos llenan el hemiciclo, llenan incluso los sitios destinados a los medios de comunicación, y debates
importantes desgraciadamente pasan desapercibidos, y éste es un debate importante.
Estamos hablando del 10 por ciento del producto interior bruto -ya sé que no es su responsabilidad ni seguramente la de nadie, está en la naturaleza de las cosas,
desgraciadamente-, estamos hablando de un tema importante y, por tanto, felicito a Esquerra Republicana por plantear este tema y traerlo a esta Cámara.
La propia Constitución establece un requerimiento o un mandato a los poderes públicos para promulgar una legislación adecuada con objeto de promocionar de alguna forma la actividad cooperativa. El artículo 129.2 lo consigna así y lo
consigna solo con relación a las sociedades cooperativas porque las sociedades anónimas laborales todavía eran unas instituciones o sociedades emergentes, fruto de los procesos de reconversión industrial, y no tenían asentamiento, por lo que el
legislador constituyente no pudo prever la realidad de estas sociedades.
Aquí hay muchos problemas, muchas cuestiones a dilucidar y seguramente habrá más debates sobre esta materia. El concepto de economía social en sí mismo es un concepto muy polisémico. Hay autores que relacionan la economía social, a las
cooperativas de crédito y a las entidades o a las cajas de ahorro con la fundación pública. Al margen de estas cuestiones, creo que la iniciativa presentada por el Grupo de Esquerra Republicana está muy pertinentemente articulada, con algunas
matizaciones que le voy a hacer al señor Tardà. Cuando habla de promocionar las cooperativas desde la perspectiva de la potenciación de la I+D+i, me imagino que no se referirá a todas, porque hay algunas que pocas lecciones en este ámbito merecen.
El grupo de cooperativas de Mondragón desde luego es una de las estructuras económicas punteras en materia de investigación. Sin embargo, sí es muy pertinente potenciar esta materia con relación a otro tipo de sociedades cooperativas. Las
cooperativas tienen muchos problemas y las sociedades anónimas laborales también. Ya son entidades que tienen privilegios fiscales o bonificaciones fiscales, hay un estatuto fiscal específico para las sociedades cooperativas. Sin embargo, también
me preocupa -y me preocupa que lo haga el señor Tardà también o Esquerra Republicana- que se hable de mecanismos de coordinación en el ámbito del Estado con relación a las sociedades cooperativas cuando ésta es una competencia exclusiva de numerosas
comunidades autónomas, que han legislado con carácter exclusivo y que tienen legislación específica sobre esta materia.
Hablando de otras cuestiones o de otros problemas, nos siguen preocupando algunas de las cuestiones que la proposición presentada por Esquerra Republicana no termina de resolver bien, o sencillamente no aborda, como el problema de las
cooperativas de crédito que con relación a sus operaciones de pasivo siguen siendo operaciones de pasivo vinculadas a sus propios socios, el carácter mutual de las operaciones de pasivo de las cooperativas de crédito. No se enfatiza suficientemente
el papel regulador que las cooperativas de vivienda realizan con relación a los desmesurados precios de la vivienda. No se enfatizan adecuadamente los problemas que tienen las cooperativas de trabajo asociado con relación a la contratación de
trabajadores extranjeros en los procesos de regulación, con los que hemos convivido recientemente, de los cuales las cooperativas de trabajo asociado han sido expresamente excluidas a pesar de las admoniciones de algunos grupos parlamentarios, en
concreto el nuestro, en relación con la posibilidad, a través de la figura del contrato de sociedad cooperativa, de regularizar también a trabajadores extranjeros. Sobre todo, aprovechando la presencia de miembros de la Cepes aquí, no se articula
una interlocución debidamente adecuada o de la misma entidad en relación con la Cepes como la que tienen otras entidades como pueden ser las organizaciones sindicales o las organizaciones patronales
más representativas. Las cooperativas tienen los problemas que indica el señor Tardá, aunque no todas las cooperativas, sino solo algunas, y otros nuevos que a nosotros nos gustaría incorporar.
Señor presidente, felicito a Esquerra Republicana sobre todo porque ha traído a esta Cámara un problema importante, el de la economía social, que estaba previsto constitucionalmente desde un mandato de apoyo de los poderes públicos del
Estado, un mandato de apoyo que está siendo incumplido y que además provoca poco interés seguramente porque las cooperativas trabajan bien.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Finalmente, señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Quiero saludar también a los representantes de Cepes, especialmente al señor Marcos de Castro que nos acompaña en esta sesión. Empiezo como el señor Olabarría, felicitando a Esquerra Republicana, y muy singularmente al señor Tardá, por la
oportunidad de generar este debate hoy en este Pleno en relación con la economía social y con la necesidad de activar una amplia batería de medidas orientadas a fortalecer este sector que, como se nos ha recordado, representa ese 7 por ciento del
producto interior bruto español, el 10 por ciento de la ocupación, seguramente en un contexto en el que el sector de la economía social afronta retos fundamentales para ser un sector competitivo y fuerte en una economía como la española, el reto de
la creación de la ocupación y el reto de ser capaces de mantener un modelo de empresa fundamentalmente arraigado en la realidad más cercana de las sociedades; un modelo de empresa que, desde la perspectiva de nuestras políticas públicas de empleo,
debe de ser apoyado desde la acción gubernamental, en un contexto también -estoy seguro- de preocupación del sector frente a viejos problemas aún no resueltos por las políticas públicas de los gobiernos de España.
Mi grupo coincide en buena parte con las propuestas concretas de la iniciativa de Esquerra Republicana y comparte plenamente el espíritu de esta iniciativa. Por tanto, con independencia de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, habríamos votado a favor de su iniciativa. La enmienda que ha transaccionado el señor Tardá con el Grupo Parlamentario Socialista también permite tener el apoyo de Convergència i Unió en el sentido de que tiene suficiente entidad en sí
misma. Sobre el contenido de esta iniciativa, me gustaría trasladar al menos cuatro reflexiones. Una primera que es la importancia de la necesidad real y efectiva de consolidar la capacidad de diálogo con la economía social, la necesidad de que
efectivamente en el conjunto de aquellas políticas que el Gobierno desarrolla en el ámbito del diálogo social, en el campo de las reformas del mercado de trabajo o de las políticas activas de empleo o en el desarrollo del Pacto de Toledo, se cuente
con los representantes de la economía social. Es bueno recordar que buena parte de los éxitos que el señor Barrachina atribuía en la anterior legislatura a las mayorías existentes en estas Cámaras formaban parte de un vía crucis en el que las
iniciativas gubernamentales se configuraban en el ámbito de las políticas de empleo, en el ámbito de las políticas de la protección social, sin contemplar cómo esas medidas se adaptaban también a las necesidades de la economía social.
Hay que normalizar, en la capacidad de diálogo del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas, la dimensión de la economía social.
En segundo lugar, hay un elemento interesante, que habrá que ver cómo se concreta en los presupuestos para este año, que es el aumento de los recursos presupuestarios en apoyo a la economía social en un sentido amplio, y coincido también con
el señor Olabarría en la importancia de todas las políticas de reforzamiento de la comunidad social en el ámbito de la innovación, la investigación y el desarrollo. Nos parece fundamental, si queremos que el sector de la economía social sea fuerte
y competitivo, vincularlo a las políticas de I+D+i.
En tercer lugar, esta es una política que estamos obligados a desarrollar plenamente en el Estado español de acuerdo con las comunidades autónomas por el diseño institucional y porque buena parte de las comunidades autónomas en estos años
han ido impulsando legislaciones y políticas en este ámbito. Una política de apoyo a la economía social tan solo puede pasar por esa plena colaboración, coordinación y complicidad con la Administración autonómica.
Finalmente, señorías, confianza en el sector. Si la Administración pública, si la Administración general del Estado, si el Ministerio de Economía y Hacienda y si el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no tienen confianza en la economía
social, estamos perdiendo oportunidades en términos de empleo, de riqueza y de prosperidad. Creo que esta moción, que oportunamente nos ha presentado el señor Tardá, debe servir para ser capaces de generar la confianza que el sector necesita para
cumplir su rol activo en el conjunto de la economía y en el conjunto de los esfuerzos colectivos para crear riqueza y prosperidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Concluida la fijación de posiciones, rogaría al grupo proponente que precisara en este momento su punto de vista sobre las enmiendas.
El señor TARDÁ I COMA: Tenemos conocimiento de que son aceptadas las transaccionales que hemos presentado a los enmendantes, al Grupo Parlamentario
Socialista. Es decir, la que hace referencia al encabezamiento de la moción, en donde se incorpora la expresión en colaboración con las comunidades autónomas; en el punto número 9, donde dicen realizar un estudio, la transacción incorpora
realizar en breve plazo un estudio sobre la viabilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA POLÍTICA QUE PIENSA SEGUIR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, DE CONFORMIDAD CON
LA ATRIBUCIÓN COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10.16 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000089.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente moción.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster. Moción sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con la transferencia de la competencia de investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma Vasca, de conformidad
con la atribución competencial prevista en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Tiene la palabra para la defensa de la moción.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
La pasada semana planteábamos un debate en esta Cámara que tiene gran relevancia en el mundo en que vivimos, dado que yo creo que no hay nadie que en este momento discrepe sobre la importancia de la I+D+i, investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación. A ninguno se nos escapa que, a pesar de que no se llevan bien las conclusiones famosas del Consejo Europeo de Lisboa, hay un consenso con relación a la importancia de estos tres pilares de la economía basada en
este conocimiento para que pueda ser más competitiva y dinámica. Hay objetivos claros, objetivos que requieren políticas y, evidentemente, financiación.
También es razonable pensar que en esta materia tiene que haber una conjunción de intereses,
de políticas, más allá de lo que son las propias administraciones; tiene que haber una clara coordinación, sobre todo cooperación, entre administraciones, empresas, comunidad científica, universidades, formación, estudiantes y aprendizaje
permanente en la vida.
De todo esto también se deduce una cuestión clara, la absoluta necesidad de la implantación de todo este tejido, de toda esta conjunción de intereses y de aportaciones en el propio territorio. Siempre se dice que hay que investigar, pero es
evidente que la investigación tiene que estar aplicada a un territorio, a unas empresas y a una formación concreta, de ahí la necesidad de no hablar de investigación en el aire, sino de racionalizar y aplicarla al territorio.
Planteábamos entonces cómo se realiza en el Estado español, más concretamente en la comunidad vasca, a quién le corresponde por derecho esa competencia y, derivado de ello, quién tiene que tener el dinero y la financiación suficiente para
dirigir una política de investigación científica y desarrollo tecnológico ligada a la comunidad científica, ligada al territorio y ligada a las empresas. Aquí hay poco que discutir porque esto lo dice claramente el artículo 10.16: Esta competencia
es exclusiva de la comunidad autónoma. Es literal. No les citaré los tres tipos de artículos del Estatuto de Gernika en relación con el artículo 10, competencias exclusivas; artículo 11, competencias de desarrollo de ejecución, y artículo 13,
relativo al desarrollo de legislación estatal.
No hay duda, es así, les guste o no. Ciertamente -y aquí entramos ya en la interpretación de 25 años de jurisprudencia constitucional-, esto nos llevaría a dos debates: primero, si no hay que
reformar la jurisprudencia o la no jurisprudencia constitucional, sino el Tribunal Constitucional y quién determina y decide quiénes son los magistrados; segundo, qué sistema de garantías bilaterales tiene el Gobierno del Estado, es decir la
Administración del Estado y las administraciones autonómicas, porque en esto lo que no hay, después de 25 años, es justicia equilibrada en relación con las mismas posibilidades de exigir para unos y para otros ante determinados incumplimientos.
En todo caso, aquí se hablaba de dos sentencias cuyo contenido no voy a reiterar, que han sido aludidas repetidamente. Han sido aludidos muchos argumentos, el de la dilación no significa incumplimiento -curioso-; el de las sentencias del
Tribunal Constitucional de 1992 y 1983, diciendo que el hecho de que el Gobierno del Estado pueda tener la coordinación implica el fomento y el fomento les lleva, según la interpretación del Gobierno del Estado, a la monopolización de la competencia
exclusiva, algo que nosotros no podemos admitir. Esto nos parece una interpretación excesiva y creemos que no corresponde a la propia ley, es decir, pasa de las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Hay otra interpretación de por qué no se ha cumplido la transferencia de la competencia, que es la que nos dijo la ministra, llana y claramente: Además, nosotros pensamos que es mejor hacerlo así. Es decir, que el Gobierno del Estado, a
pesar de que en el Estatuto de Gernika se incluye la transferencia, cree que lo tiene que hacer él, por el artículo 33, punto y final. Esto no nos parece admisible en un Estado de derecho, incluso entrando en el razonamiento de la propia ministra,
aunque no lo compartimos. Nos ponía los ejemplos de tres Estados, tres países que son mejores en inversión en investigación y que tienen una investigación más centralizada. No vamos a entrar en esta materia, que nos llevaría mucho
más tiempo, pero ciertamente Estados Unidos, Reino Unido y Australia son países en los que la investigación está más centralizada porque tienen investigación de carácter militar. Si el planteamiento del Gobierno socialista es que la
investigación es más centralizada porque es militar, debo recordar que, en los presupuestos de 2005 -no hemos leído todavía con detalle los de 2006-, el 26 por ciento de la investigación en España era militar, a diferencia del 14 por ciento, que es
la media en los distintos Estados de la Unión Europea. Si queremos seguir un modelo de inversión militar como Estados Unidos o como el Reino Unido, adelante, por eso es centralizada, pero no creo que ese sea el caso de la Unión Europea y, desde
luego, no debe ser el caso del Estado español.
¿Qué pasa a continuación? El hecho de que no haya transferencia de la competencia significa que no hay dinero, es así de claro: no competencia, no dinero. Con lo cual ¿qué ha pasado? (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la
Presidencia.) Que a lo largo de décadas, veinticinco años, las administraciones vascas han tenido que detraer de otra serie de partidas presupuestarias. Para lo que lo entiendan claramente, envían el 6,24 por ciento del montante total de lo que se
invierte en el Estado en investigación en I+D+i y no reciben este porcentaje, el 6,24, muy por el contrario, tienen que detraer y hacer un sobreesfuerzo inversor de otras partidas para tener una economía competitiva, una inversión en I+D+i, que sea
absolutamente razonable para poder estar a la cabeza de la sociedad competitiva. Estamos haciendo un sobreesfuerzo inversor porque no tenemos la competencia que por ley nos ampara, porque no tenemos la financiación que por ley nos ampara, porque
hacemos un sobreesfuerzo inversor y porque se pretende hacer la inversión en los proyectos que quiere el Gobierno.
Ustedes dicen: les hago una inversión, agradézcanmelo porque además soy generoso; eso sí, les hago el 50 por ciento; ustedes no
tienen posibilidad de decidir nada y, además, el funcionamiento a posteriori en el futuro lo tiene que pagar ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señora Lasagabaster, vaya concluyendo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Termino, señor presidente.
Aquí siempre gana el Gobierno del Estado, algo que por ley no puede hacer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Por el Partido Nacionalista Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Quiero mostrar en nombre de mi grupo el apoyo a los dos puntos de la moción presentada por la señora Lasagabaster; apoyo a la reclamación de la competencia, a la transferencia de la misma, y apoyo también a que al menos, entre tanto se
produzca esa transferencia, cumpla el Gobierno central con su obligación de invertir en Euskadi lo correspondiente a las competencias que sigue reservándose y ejerciendo y por las que -permítaseme la expresión- sigue cobrando y no pagando.
Un estatuto sin proceso transferencial, incluido en tal proceso la financiación, es un puro brindis al sol, es pura palabrería. Eso significa en el caso concreto de que se trata, que la competencia exclusiva que el Estatuto de Gernika
otorga en coordinación con el Estado es cierta; en el área de la investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma del País Vasco, es hoy lisa y llanamente un papel mojado. Hasta aquí, espero que todo el mundo esté de acuerdo, incluida la
ministra que contestó a la diputada señora Lasagabaster. La verdad es que esta no es la única materia que, con relación al Estatuto vasco, es papel mojado, y estoy seguro de que la propia ministra estará de acuerdo conmigo también en esto.
Paso ahora a precisar un punto en el que quizás no estemos todos de acuerdo, aunque sí desde luego la inmensa mayoría del pueblo vasco. A quien dude puedo enviarle, para que salga de dudas, numerosos informes, unos elaborados por el
Parlamento vasco y otros por el Gobierno vasco, de qué está pasando. La conclusión de todos estos informes es la siguiente.
Esto que viene ocurriendo en estos términos en la materia de la investigación científica y técnica, que hoy nos trae al
caso, también viene ocurriendo en otro montón de materias, en importantes y significativas materias y por la misma razón, el desarrollo y la culminación del proceso de desarrollo del Estatuto de Gernika se ha convertido no en un problema coyuntural,
sino en problema estructural para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Digo más, esto ocurre un día sí y otro también, un mes sí y otro también, un año sí y otro también, sin que aparezcan explicaciones medianamente razonables para que siga
ocurriendo, salvo claro teorías de aplicación a conveniencia y altamente preocupantes, como la que expuso la señora ministra. Nos decía: Existen políticas públicas -cito textualmente- en las que por su impacto redistributivo, por sus efectos
generales sobre la competencia o por la escala óptima de actuación no se considera conveniente ir hacia la descentralización. Así nos lo dijo y se quedó tan ancha. Y digo yo: ¿Y esto cuándo lo ha descubierto, en el año 2005 o cuándo se escribió
el Estatuto de Gernika? ¿Lo ha descubierto solo sobre esta materia o está pensando que quizás otras materias transferidas también debiera recuperarlas, porque alguna de estas razones les sea aplicable?
Señorías, todavía se recuerda en el País Vasco una anécdota que dicen que ocurrió, cuando se sentaron las dos partes en la primera comisión mixta de transferencia. Dicen que un funcionario sobresaltado dijo: ¿Cómo, de verdad los pastos y
rastrojeras van a ser gestionados por la Comunidad Autónoma del País Vasco? Debió decirlo un funcionario de la primera comisión mixta. No sé a cuál de los supuestos de la ministra se acogió aquel
funcionario o si simplemente ni siquiera había leído el Estatuto de Gernika. Es de suponer que 30 años después la ministra haya leído el Estatuto de Gernika y me temo que también el funcionario lo había leído, solo que algunos de estos
argumentos que ahora sigue utilizando la ministra en el campo de la investigación científica para él era perfectamente aplicable a los pastos y rastrojeras. Así nos va, estamos metidos en un problema estructural y nos encontramos con teorías
peregrinas como que el mundo va por la centralización. Me pregunto acerca de esto del mundo y de las naciones que tienen 1.400 millones de habitantes, las de 40 y las de 200, incluso las que tienen menos que la Comunidad Autónoma del País Vasco, si
todas van hacia la centralización.
A lo mejor resulta que el funcionario que reclamaba los pastos y rastrojeras para el Gobierno central tiene muchos seguidores al día de hoy y ha sentado doctrina. Pues bien, me temo que la doctrina no es
solamente sobre las cosas que quedan por transferir, sino que también podría aplicarse a cosas transferidas. Nosotros a esto lo llamamos la contrarreforma estatutaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Beloki, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BELOKI GUERRA: Termino, señor presidente.
Quería citar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que dijo que ellos estaban muy contentos de la descentralización que se había producido en estos 25 años y hablaba de tres supuestos que ellos defendían, profundización en el
autogobierno incrementando la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado.
Esto es lo que querían hacer. No voy a hacer una cita textual porque está en el último debate sobre el estatuto de la Comunidad Valenciana. Me
pregunto cuál de los tres supuestos es el que siguen aplicando en este tema porque yo no lo alcanzo a entender.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar el apoyo de nuestro grupo a la moción presentada por la señora Lasagabaster. Nos parece muy razonable solicitar el traspaso de una competencia que recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y que lleva 25 años reclamándose.
Asimismo, nos parece lógico solicitar una inversión en I+D+i igual a lo que aporta su comunidad al Estado por la vía del abono del cupo vasco y también nos parece lógico porque, no nos engañemos, en Cataluña,
después de tantos años de desarrollo del Estado de las autonomías, somos muy sensibles a lo que denuncia la señora Lasagabaster, es decir, las dobles lecturas de los textos legales, siempre favorables al Gobierno del Estado y desfavorables a la
comunidad autónoma, y, por qué no decirlo, las negativas reiteradas a traspasos de competencias incluso a veces mediando sentencias del Tribunal Constitucional. Por tanto, votaremos favorablemente la moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Canet. Es usted muy amable por su concisión.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ Y GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados agradezco que precisamente esta semana la portavoz de Eusko Alkartasuna, la señora Lasagabaster, nos traiga una moción como la que inspiraba ya la interpelación que se
sustanció en el Pleno anterior reclamando el cumplimiento del Estatuto de Gernika, el cumplimiento, señorías, de una ley aprobada también en estas Cortes Generales hace ya más de 25 años en un aspecto concreto, en un aspecto nuclear; como decía la
propia señora Lasagabaster, es básico en estos momentos que en el territorio se gestione la investigación y el desarrollo. Esto es básico, la proximidad queda justificada, pero no se trata de si lo consideramos oportuno o no, sino que se trata de
un tema de cumplimiento de una norma que forma parte del bloque de la constitucionalidad, de una norma estatutaria.
Concretamente se nos pide cumplir el artículo 10, apartado 16, del estatuto.
Yo le agradezco a la señora Lasagabaster que precisamente esta semana, en la que en Cataluña se está debatiendo una propuesta estatutaria, tengamos en el Congreso de los Diputados un debate sobre algo que va más allá, señora Lasagabaster, de
la moción que usted hoy nos presenta. El debate de fondo es qué cumplimiento damos después a las normas estatutarias. Se nos ha dicho en ocasiones que si en el debate estatutario catalán estábamos obsesionados con blindar competencias; con
asegurar de alguna manera su cumplimiento futuro; con especificar de alguna manera hasta dónde llegaba el título competencial. Y en muchas ocasiones se nos ridiculizaba cuando traíamos ese debate, ante una hipotética próxima reforma del estatuto
catalán que estamos debatiendo esta semana en el Parlament de Catalunya. Y fíjense qué lejos estaban de la realidad aquellos que ridiculizan la necesidad de especificar, porque después no se cumple, porque después, sobre un título genérico, la
competencia no llega. Yo podía poner el ejemplo, detectado por la propia Comisión mixta de transferencias Estado-Generalitat de Catalunya, en el que cifra en más de 80 los traspasos pendientes a la Generalitat de Catalunya tras 25 años de
desarrollo estatutario. Debemos realizar una relectura. A todos
aquellos que nos ponen la Constitución por delante, con la Constitución, pedimos que se cumpla el bloque de la constitucionalidad. Con la Constitución, sin salirnos de ese marco, pedimos, en este caso en la moción que usted defiende, señora
Lasagabaster, que se cumpla una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que está en su Estatuto, en su artículo 10. Nosotros reclamamos que se cumpla. Por tanto, la señora Lasagabaster tiene el apoyo de Convergència i Unió.
Esperamos que, más allá de la votación de esta moción, se pueda desarrollar en el País Vasco una política de investigación y desarrollo a través de su Gobierno, porque el Estatuto se lo reconoce, y esperamos que no debamos reproducir en esta
Cámara debates como los que hoy estamos realizando. Esperamos que se cumplan las disposiciones estatutarias, que se cumplan, como decía algún otro portavoz, las propias sentencias del Tribunal Constitucional. ¿O es que, en el tema de formación
ocupacional, no hemos tenido que luchar para que se realice en lo que es el cumplimiento de una sentencia del propio Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que sabemos que no siempre se consigue que pueda afirmar en una sentencia que la
competencia clara y diáfana es para la comunidad autónoma? No siempre pasa, pero en ocasiones, incluso cuando la jurisprudencia es clara, después se dificulta el cumplimiento. Yo le agradezco esta moción y tiene el apoyo, la comprensión y la
solidaridad del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Señor presidente, señorías, con un debate como el que tenemos en esta noche de martes en el Congreso de los Diputados, esperamos que, si realizamos unos estatutos más concretos, que blinden más las competencias, no den lugar a esas
interpretaciones que llevan a que al final no llegue a cumplirse el propio texto estatutario, a pesar de haber transcurrido ya más de 25 años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en un asunto tan trascendente para el futuro de una nación como es la política de I+D+i hay que tener en cuenta, de forma clara, aparte del interés general, que creo que nos preocupa a todos, una serie de condiciones legales en las
que deben desenvolverse la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la innovación; también deben existir además otra serie de condiciones a las que luego haré referencia. En este asunto existen, evidentemente, unas limitaciones competenciales
establecidas por el ordenamiento jurídico propio y por las normas vigentes, que son de obligado cumplimiento. Me refiero, en este caso, al Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Las normas propias del Estado vienen establecidas en los artículos
149.1.3ª y 149.1.15ª de la Constitución española y avaladas por sentencias del Tribunal Constitucional, recordadas en la interpelación y a lo largo de este debate, en algunos casos cuando menos de forma peculiar, y atañen a la propia Ley 13/1986, de
la Ciencia -que es la ley en vigor, no lo olvidemos-, y a la Ley 6/2001, orgánica de Universidades, y también todo este desarrollo científico y tecnológico.
Todo ello es un marco normativo en el que en algunos casos se puede producir una concurrencia competencial. Pero sobre todo ello, aparte de la concurrencia competencial, nosotros deberemos tener claro que la ciencia es en primer lugar base
de cultura, y así lo veían el artículo 20 de la Constitución y el 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es también un derecho subjetivo vinculado a la mejora de la salud, al medio ambiente, a la educación, etcétera, pero es
competitividad y desarrollo empresarial y es sostenibilidad y cohesión.
Pero sobre todo en los países modernos es una cuestión de Estado, y a este planteamiento de Estado da respuesta la Ley de la Ciencia, que habla de la necesidad de coordinar una
serie de actuaciones entre las comunidades autónomas, entre ellas mismas, y a la vez con el Estado.
Refuerza este criterio el vigente Plan Nacional de I+D basado en el capítulo I de la vigente ley, plan 2004/2007, cuyo fin último es que España se
sitúe en una mejor posición en Europa y en la OCDE.
Además de esta atribución, que podría considerarse genérica, la responsabilidad del Estado es establecer un marco común vinculado a multitud de normas que ya tenemos, que arrancan desde las propias normas de administraciones públicas a
normativas financieras, fiscales, de contratos, de patentes, por citar solo algunas. El principal agente, que, como sabemos, es el Estado, pertenece a la Unión Europea, que a su vez regula disposiciones fiscales, normativas, normas de libre
competencia y de patentes, por ejemplo. Y todos esos extremos competenciales son además un instrumento clave de política internacional europea y mundial y constituyen la base en la que se sustentan nuestras inversiones a largo plazo. Pero toda la
normativa sería inútil si las condiciones necesarias para desarrollar un sistema lógico de I+D estable no se cumplen. Hasta 2004 hubo una política de coordinación con las comunidades autónomas que, respetando el marco estatutario, estableció con
ellas hasta catorce acuerdos firmados. Ignoramos si el Gobierno ha llegado a acuerdos con las comunidades que faltaban, pero esto es consecuencia también de la llamada transparencia, y sobre todo es sabido que la incertidumbre política de este
Gobierno, la visión a corto plazo en asuntos fundamentales y los datos económicos y fiscales fluctuantes no favorecen precisamente la inversión en I+D. Hoy, en los países que se comportan con vaivenes políticos y de gestión, la inversión de
proyectos científicos se va fuera de sus fronteras, y algunas experiencias europeas debían advertírnoslo -ya nos lo advierte la situación económica internacional-, como estamos comprobando que pasa en países vecinos.
Cercar en diseños territoriales el desarrollo científico en el siglo XXI es anacrónico y ruinoso en un mundo de conocimientos globales.
Porque la ley así lo recoge y porque deseamos sobre todo para España en su conjunto un marco estable para la I+D+i, nosotros votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Palma tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la moción de Eusko Alkartasuna debo iniciar mi intervención diciendo que estamos ante una materia, la investigación científica y técnica, en la que la competencia
estatal y autonómica es, de acuerdo con el orden constitucional, una competencia indistinta. Así queda reflejado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco al reconocer como competencia exclusiva la investigación científica y técnica en
coordinación con el Estado. Por otra parte, según el artículo 149 de la Constitución, que, como se ha dicho aquí, desarrollaría posteriormente la Ley de la Ciencia y que corroborarían sendas sentencias del Tribunal Constitucional, cabe destacar,
como ya manifestó la señora ministra en la interpelación, que la competencia estatal en materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad que resulta del ejercicio de las competencias
autonómicas, sino que alcanza o se refiere al fomento de la investigación científica y técnica. Aunque esto parezca un juego de palabras, es tan sencillo como decir que se trata de una competencia asignada al Estado por mandato constitucional, pero
que no es incompatible de ninguna manera con las políticas de ciencia y tecnología que quiera desarrollar cada comunidad autónoma. Así ha sido desde siempre, pues si no ¿cómo habrían desarrollado comunidades como el País Vasco, Cataluña, Andalucía,
Madrid o el País Valenciano, por citar las más punteras, pero a las que se han ido sumando la práctica totalidad de comunidades autónomas con sus propios planes de I+D+i? ¿Cómo habrían alcanzado niveles de gasto en I+D como en el caso del País
Vasco por encima de la media estatal, según se resaltó aquí la semana pasada? ¿Cómo tendríamos los niveles de participación que tienen nuestras comunidades autónomas en las diferentes ediciones del programa marco de la Unión Europea? Por cierto,
el tercer puesto para el País Vasco, con un 14,8 por ciento en el quinto programa marco, después de Madrid y Cataluña. ¿Cómo hubiera sido así si no es que ya ejercen competencias en esta materia?
Respecto a las competencias, parecería absurdo, a la luz de los hechos, de los datos y los resultados, decir que no las hay. Pero es que, además, tampoco parece tener sentido hablar de traspasos en la medida en que, al ser reconocida la
competencia por el estatuto, la posibilidad de ejercerla existe desde el primer momento. Se trataría de un proceso de traspasos que se han realizado desde una perspectiva sectorial y que, por su índole transversal, no ha existido un único traspaso
de carácter general. Más allá de las interpretaciones jurídicas, que, desde nuestro punto de vista, insisto, dejan claro que no es incompatible el hecho de que el Estado ejerza competencias y la comunidad autónoma en cuestión también, existen otras
razones para no compartir la propuesta que hoy nos presenta Eusko Alkartasuna. Nuestro sistema de ciencia y tecnología, como se ha dicho en muchas ocasiones, ha realizado grandes esfuerzos en las últimas décadas, pero de todos es conocido que, en
el marco internacional y europeo que se nos plantea, los retos son muy importantes y difíciles de superar con éxito: los objetivos de la Estrategia de Lisboa, la cumbre de Barcelona o la creación del Espacio Europeo de Investigación, en un panorama
general de la economía en la investigación en Europa que se encuentra en mutación constante y en el que los criterios de competencia mundial, basados en el conocimiento, modifican radicalmente el entorno en el que se mueve nuestra industria y
nuestra investigación.
Nuestros competidores directos en este sentido son: Estados Unidos, Japón o los países del sudeste asiático. Por lo tanto, no solo es necesario avanzar y conseguir este dos por ciento del PIB en gasto en I+D, sino que hay que hacerlo más
rápidamente que aquellos que tenemos por delante, que desgraciadamente son muchos. En esta línea van las propuestas y los compromisos del Gobierno socialista, y es el caso del programa Ingenio 2010, a través del cual, por cierto, está previsto un
claro aumento de la contribución de la Administración General del Estado en el País Vasco, en colaboración con la administración autonómica. Un caso especial sería la fuente de espalación, dentro del programa de instalaciones singulares, con una
previsión de más de 300 millones de euros en seis años.
En definitiva, señoría, desde el Grupo Parlamentario Socialista -y con esto termino-, más que insistir de forma recurrente en la idea de traspasos, teniendo en cuenta la naturaleza indistinta de las competencias, nos parece aconsejable
seguir utilizando las vías e instrumentos de colaboración existentes en materia de ciencia y tecnología, aprovechando al máximo los medios de que disponemos. Sí debo decirles, para terminar, que, si se identificaran por parte de las
administraciones algunos desajustes en los equilibrios de participación en inversiones, si estuviéramos ante un supuesto de eventual regularización de la carga nacional a efectos del cupo, estaríamos ante una cuestión a analizar en el seno de los
órganos bilaterales establecidos en relación con el régimen de concierto y en ningún caso procedería a abordar tal cuestión por la vía propuesta en la moción. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista va a emitir un voto negativo respecto a
esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Palma.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AÉREA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000090.)
Pasamos al punto séptimo: moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la seguridad aérea en España. Para la defensa de la moción, tiene la palabra
por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ya nos tiene acostumbrados, la ministra de Fomento el pasado miércoles, en lugar de contestar y tratar de hacer alguna aportación a un problema importante que tenemos en España, se dedicó a echar balones fuera, a descalificar
la gestión anterior, a faltar de forma grave y reiterada a este diputado y a no contestar ni a uno solo de los puntos por los que se le interpelaba. Aunque fuera sólo por estética, la ministra debía haber hecho caso a la mano tendida que, en nombre
del Partido Popular, le ofrecimos, para coadyuvar a la solución de un problema demasiado serio en el cual el Partido Popular no quiere hacer alarmismo, antes al contrario, lo reitero. El Partido Popular no quiere hacer alarmismo, sería muy fácil,
pero no quiere hacer alarmismo. Tampoco quiere que la irresponsabilidad de la ministra y el plan de choque virtual de seguridad aérea que el pasado 16 de septiembre aprobó el Consejo de Ministros sirva de bálsamo sobre un problema que no se puede
solucionar de una forma tan frívola. La ministra volvió a dar toda una lección del respeto que le merece el debate parlamentario, de lo que es el rigor en la exposición y del aprecio a cualquiera que trate de contradecirla o que simplemente se
atreva a disentir, aunque se le digan las verdades del barquero. La ministra vino a presumir de su plan de choque. Un plan de choque que, tal y como se dijo, lo único que hacía era reordenar los compromisos de gasto y gestión que contiene el
programa 455 M para el presente ejercicio, pero nada más. Y lo único cierto es que está hecho deprisa y corriendo y su fragilidad es patente. No explica cuáles son esos nuevos criterios más exigentes que asegura que implementa, no aborda un
problema obvio y grave y cuales son las inspecciones oficiales. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdóneme, señor Ayala.
Señorías, por favor, rebajemos el tono de los comentarios. Gracias.
El señor AYALA SÁNCHEZ: No quiere ver cuál es la realidad actual; antes al contrario, la quiere seguir tapando.
Miren SS. SS. si el plan es chapucero y está improvisado que la ministra, al presumir de haber aumentado las asistencias técnicas, dijo una y otra vez que se habían destinado 8.860.000 euros a esta partida de asistencias. Por supuesto,
que se había invertido mucho más que el Gobierno anterior. Seguro que se acuerdan. Pues bien, la verdad, que pueden comprobar a poco que se molesten, es que toda esa cantidad responde a la totalidad del capítulo 2 del programa 455 M, al total de
gastos corrientes en bienes y servicios. O sea, la ministra nos dijo que se dedicaban a asistencias técnicas incluso los gastos de combustible, reparaciones, suministros, mantenimiento y conservación, y hasta las atenciones protocolarias. El rigor
se dice por sí mismo. Este dato se lo doy, señores del Grupo Socialista, para evitar que ahora, cuando suban a la tribuna, también hagan el ridículo, manteniendo lo que su ministra y el plan de choque dice, que han destinado a asistencias técnicas
hasta lo presupuestado para combustible, suministros y material de la Dirección General de Aviación Civil.
Yo dudo que la ministra mintiera a conciencia, lo dudo sinceramente, pero lo que sí queda palmariamente de manifiesto es la forma tan chapucera que tiene de dirigir su departamento. Se puede exagerar para epatar, pero los excesos se
convierten en esperpentos. Y nuevamente la ministra de Fomento pasa por este Congreso como un esperpento. A nosotros nos parece muy bien que se trate de agrandar las gestiones y de minimizar los defectos, pero hay algunas cuestiones en esta
materia de seguridad aérea que no tienen más que la mera constatación: denuncias y recursos sin contestar que han dado lugar a que a ella misma se la denunciara ante la Audiencia Nacional; no haber traspuesto la Directiva 2003/42C, sobre
notificación de sucesos en la aviación civil, que tendría que haber hecho antes del 4 de julio; en año y medio no ha tenido tiempo de nombrar al miembro titular de la Agencia Europea de Seguridad Aérea -somos el único país que no lo tiene
nombrado-; en el mes de julio el Aeropuerto de Barajas ha sido el tercer aeropuerto de Europa con mayores retrasos, tanto en número como en tiempo, según Eurocontrol; tenía que haber puesto en funcionamiento el consejo asesor de Aviación Civil,
que prevé la Ley de Seguridad Aérea, y lo sustituye con un comité de expertos. Estas cuestiones están ahí y no pueden ser rebatidas. Y está ya muy manido mirar atrás y echar la culpa al Gobierno anterior.
Señores del Grupo Socialista, yo creo que para eso se tiene que quedar la ministra. Y hoy aquí ustedes no deberían hacerlo. Yo les invito a que no lo hagan, porque estamos ante un tema muy delicado, muy importante, y hay una verdad
incuestionable para la cual no sirve la comparación, y es que estamos ante unas circunstancias distintas, la situación no es comparable a la de hace año y medio. El crecimiento de los pueblos en España ha sido exponencial, el aumento de las
compañías que
operan en nuestro territorio también y el número de usuarios, igual. Por tanto, se hacen imprescindibles medidas que se acomoden a las necesidades actuales. Y no vale decir: voy a hacer tanto o más que usted, porque las circunstancias han
cambiado. El tú menos y yo más supone, señores del Grupo Socialista, un juego peligroso e irresponsable.
Por eso hemos presentado nuestra moción, intentando que eso no pase, porque es imprescindible que el plan de choque sea verdadero y no otra cosa distinta cual es el plan del ministerio, que solo supone ordenar para toda la legislatura el
programa 455 M. Eso no es un plan de choque.
Es imprescindible que se adopten medidas masivas en un corto espacio de tiempo que garanticen nuestra seguridad y que se le dé publicidad. De la misma manera que es imprescindible que las plantillas
aumenten de verdad.
Seguir escudándose en Senasa es, aparte de irresponsable, una dejación de las funciones que tiene la dirección general.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Ayala, vaya concluyendo.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente.
Una cuestión es que Senasa colabore y otra que supla o sustituya. Además, hay que hacer frente a la incertidumbre que se genera por no hacer pública la relación de compañías que no son suficientemente seguras en beneficio de los usuarios
que no tienen que saber cuáles son y que no son seguras solo por informaciones que no estén contrastadas oficialmente.
Las otras cuestiones de la moción pretenden simplemente el cumplimiento de lo que la ministra aseguró que se encontraba cumplido y que sencillamente no es cierto. Por ejemplo, que la relación de puestos de trabajo se encuentre en la página
web. Y hay que resolver las denuncias, sin que se le tuviera que recordar en el Congreso, ya que es una obligación de la gestión pública.
Por todo lo anterior, señores, les invito a que apoyen esta moción en beneficio de la seguridad aérea en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Ayala.
En el turno de defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que el problema de la seguridad aérea es un problema que afecta prácticamente a todos los continentes y que no se trata de un problema relacionado con países atrasados o del Tercer Mundo. Los
siniestros o accidentes ocurridos últimamente van en un amplio abanico desde América del Norte hasta Asia, pasando por supuesto por lo que es el continente europeo e incluso la Unión Europea.
Tendríamos que vincular el fenómeno a una sospecha, que
cada vez será más un secreto a voces, derivada de los procesos de liberalización de las compañías aéreas y de la tan consabida receta de la competitividad. Todo el mundo sabe que la competitividad en este mundo se logra con la precarización laboral
o de menos gastos en garantizar la seguridad de las aeronaves. Todos estos procesos fueron incentivados por la privatización de las compañías, que eran compañías de bandera de los grandes Estados europeos.
En este momento nos encontramos ante una situación gravemente enmarañada de contratas y subcontratas, que no hacen más que oscurecer el mercado aéreo y las responsabilidades de las compañías, precisamente en la garantía de mantenimiento de
la seguridad. Por eso, echamos en falta que se produzca un mayor control del tráfico aéreo, de las operaciones aéreas y de la inspección por parte de los Estados, que tienen la responsabilidad de garantizar cuando menos los vuelos que operan en su
espacio aéreo y en sus aeropuertos. Consideramos que el papel de la Administración pública es crucial en este aspecto y también el de los organismos internacionales en los que participan las distintas administraciones públicas. En el caso concreto
del Estado español, sería fundamental un acuerdo en este sentido en la Unión Europea, antes de llegar a un acuerdo más amplio o incluso para posibilitarlo. Señorías, pensamos que el aumento del tráfico aéreo urge precisamente esta toma de medidas.
Dentro del espíritu general de la moción del Grupo Popular, que podemos compartir en gran manera, aunque nos parece que sería muy mejorable, hemos optado solamente por modificar el punto quinto, de tal manera que haya consecuencia entre la
publicación de una lista de compañías aéreas que no ofrecen seguridad suficiente para los usuarios con el corolario lógico, habrá que prohibir los vuelos de estas compañías, por lo menos en el Estado español. Al mismo tiempo, optar por una
alternativa de carácter más general dentro del seno de la Unión Europea. Pensamos que esta enmienda mejora sensiblemente, desde el punto de vista de las responsabilidades de la Administración pública, lo que es la moción del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente. Señor Ayala, no voy a entrar a rebatirle su exceso verbal habitual cada vez que sube a esta tribuna contra la ministra de Fomento, pero habla de chapuza cuando ustedes, y usted mejor
que nadie, han vivido el hundimiento del Prestige; también cómo se ha gestionado
aquella crisis. Y qué decir del AVE Madrid-Lleida. ¡Cómo nos lo han dejado! No voy a hablar de las cuatro paginitas, los cuatro folios del Plan de Infraestructuras 2000-2007, etcétera, porque entiendo que nos encontramos ante un tema con
el que no se debe frivolizar, ni tampoco dramatizar, como usted ha hecho, y mucho menos después de los ocho años de Gobierno del Partido Popular, donde se han descapitalizado todos los modos y medios de transporte, reduciendo la seguridad en el
transporte, en este caso concreto el aéreo, a niveles muy preocupantes. Por eso mismo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 16, hace solo once días, un plan de choque para mejorar la seguridad aérea, porque nos la dejaron como nos la
dejaron. Ese plan establece los fundamentos necesarios e imprescindibles para abordar de forma ortodoxa, y no como usted ha hecho hoy aquí y el otro día en la interpelación urgente, el problema, para situar el control de la seguridad aeronáutica
española al más alto nivel, todo ello sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar dentro de la Unión Europea como miembros de pleno derecho que somos de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Es indispensable, antes de analizar, de criticar, como se dedicó a hacer el otro día y también ha hecho hoy, antes de proporcionar cualquier aspecto, como usted hace en su moción, determinar dónde se encuentran los orígenes y los factores
determinantes que han erosionado y han socavado la seguridad aérea en nuestros días. Y eso está en los cuatro pilares que ustedes nos han dejado absolutamente mermados: legislativo, institucional, procedimental y de personal, y desde luego no le
quepa ninguna duda, si es que ha leído el plan de choque que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 16, de que el mismo establece con creces canales adecuados para determinar los orígenes de esas deficiencias y, sobre todo, posibilitar la
rectificación que hay que llevar a cabo.
Ahora, señores del Partido Popular, no estamos hablando de planes adicionales, como ustedes plantean hoy, estamos hablando de poner en marcha un plan con 18 millones de euros para el año 2006 de protocolos y
de prácticas a través de la Dirección General, y hemos presentado una enmienda a su moción que resumo en dos puntos. En relación con las aeronaves extranjeras, se van a realizar inspecciones para que al final de la legislatura todas las compañías
extranjeras que operen en España hayan sido objeto de comprobación de su cumplimiento con las normas de seguridad exigibles; concretamente para el año 2006 se habrán sometido a inspección el 50 por ciento de esas compañías extranjeras,
inspeccionando al menos el 80 por ciento de las aeronaves con que estas compañías operan en territorio español. Tienen que conocer ustedes, señorías -me parece que al menos no lo conoce el Partido Popular-, que el Gobierno socialista, en su
compromiso constante con la seguridad, ya ha incrementado en esta legislatura de manera importantísima las inspecciones a través del programa SAFA, el programa de evaluación de seguridad de aeronaves extranjeras, y se han producido el triple de
inspecciones, también a través de este programa, que en la legislatura anterior. Se prevé que lleguemos en diciembre de este año a más de 300 inspecciones y el próximo año a 1.500, situándonos entre los países de la Unión Europea que más
inspecciones habrán hecho a aeronaves extranjeras.
Por supuesto, eso va precedido de nuevos protocolos para conceder autorizaciones a las compañías aéreas e iniciar nuevas operaciones en España. En segundo lugar, respecto a las compañías aéreas
españolas, el plan de choque -léalo- incrementa de forma importantísima las inspecciones, de manera que en el horizonte de 2007 se situarán en 4.709; compárenlo con los últimos cuatro años del Gobierno del Partido Popular: 1.303 inspecciones. Por
tanto, se produce un incremento del 261 por ciento.
Si nos centramos en lo que se ha hecho por este Gobierno en lo que llevamos de legislatura, y comparándolo con los cuatro años de la legislatura anterior, los resultados demuestran que se han aumentado las inspecciones, que se han
multiplicado por dos las realizadas en toda la legislatura del Partido Popular. Si además de esto se crea un comité de expertos, que ya ha tenido dos reuniones los pasados días 8 y 21 y al que se va a dotar de capacidad de análisis y consultiva, y
que se incrementan los recursos humanos y materiales, concluiremos que el plan de choque es un magnífico plan, como indica su nombre, para poner remedio. Pero no vamos a quedarnos ahí. Le digo una cosa, y fue motivo de debate recientemente entre
usted y la ministra: no son tres inspectores, como ustedes han dicho alarmantemente a los medios de comunicación, los que hay, son 133...
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor De la Encina, le ruego que vaya concluyendo.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Concluyo diciendo que además a finales de año tendremos 158 inspectores; por tanto, la Dirección General de Aviación Civil heredada -se podrá informar- no parará de crecer, en lugar de como ha hecho con
ustedes, con el Partido Popular: adelgazarla; esa era la gran política que hacía nuestro predecesor, el señor Cascos, y nunca le llamamos chapucero, como usted lamentablemente ha llamado a la ministra, por lo que le pediría que rectificara dicha
acusación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor De la Encina.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con brevedad diré que mi grupo, a la vista de lo que hemos escuchado hoy y de las propuestas presentadas -tanto la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
proponente como la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, aparte de la del Grupo Mixto-, entiende que en esta materia tenemos que llevar las cosas con el principio de seguridad jurídica, con una gran cautela y escuchar a
los expertos sin bajar ni un milímetro la intensidad de los servicios de inspección. El problema está en dilucidar quién es el responsable de que un avión no tenga las garantías que los organismos internacionales, desde el fabricante hasta
cualquier compañía de seguros, exigen, y hay que incidir en esa cuestión. La inspección no se hace a las compañías aéreas sino a los aviones, y los aviones tienen una identificación y una ficha personal con una matrícula individualizada avión por
avión. ¿Qué pasaría si tratáramos de publicitar con el nombre de la empresa una compañía de aviación de vuelos regulares o de vuelos chárter que tenga una flota de cincuenta aviones y uno de ellos no pasara una inspección de los correspondientes
servicios de aviación civil? Y no digo ya si esa compañía está volando entre distintos países, entre distintos continentes y con las subcontrataciones que pueda llevar.
Porque hoy en días son muchas las compañías aéreas de aviación civil comercial
en las que la compañía no es la dueña del avión porque a lo mejor lo tiene en sistema de leasing; por tanto, una empresa es la dueña del avión, la que lo alquila en sistema de leasing, y otra es la que expide el billete y que va a estar operando en
ese trayecto. Esto ocurre con compañías regulares españolas, que bajo el nombre de esa compañía se está operando en una determinada ruta con un avión que se tiene en régimen de leasing o adquirido a otra compañía aérea que pone la tripulación y el
aparato. Por tanto, administrativamente el tema es de una gran complejidad. Yo he oído propuestas de que haya un comité de expertos formado por los representantes de los colegios de ingenieros aeronáuticos, de los pilotos y de las compañías
aéreas, pero habrá que poner también a las compañías de seguros, porque si en este momento hay en el mundo del transporte seguros de alto índice de carestía para las pólizas, son precisamente los que amparan a las compañías aéreas bien en la
integridad de sus aviones o bien en los seguros con los que corresponde indemnizar a los pasajeros de la aeronave en caso de accidente. Por esta razón, nosotros queremos ampliar el periodo de análisis y de reflexión. Creemos que el tema es de una
gran seriedad y que hay que administrarlo con mucho cuidado porque se pueden producir perjuicios muy graves para determinadas líneas aeronáuticas, así como para la seguridad jurídica que tienen que tener todos los entes que entren allí. Nos
gustaría que fueran los expertos quienes dilucidaran eso. Además hay unas organizaciones, tanto a nivel de la Unión Europea como de los propios organismos de aviación civil, que bien pueden ser la IATA o la OACI, que tienen que pronunciarse al
respecto, porque el problema de las inspecciones, repito, es de una tremenda complejidad ya que para defender los derechos de los viajeros españoles... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdóneme, señor Mardones.
Ruego a SS.SS. que rebajemos el tono de los comentarios porque si no, estamos perturbando al orador que tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor Mardones. Continúe.
El señor MARDONES SEVILLA: El pasajero español que coge una ruta de servicios turísticos o de chárter puede despegar de aeropuertos españoles sometidos a inspección de la Dirección General de Aviación Civil y volar en aeronaves de matrícula
de otro país, sea o no de la Unión Europea o de otro destino mundial. Por tanto, nuestro criterio va a ser el de mantener la prudencia y nos vamos a abstener en este planteamiento, habiendo hecho esas advertencias del complicado mundo de cruces de
derechos civiles, derechos mercantiles y derechos de registro aeronáutico que existen en el mundo de la aviación. Que todo sea para seguridad de las compañías, pero que no se trate aquí de demonizar a una empresa que tiene que tener las máximas
garantías de protección jurídica.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte la preocupación, una preocupación que entendemos que debe ser honesta y bienintencionada, del señor Ayala. Digamos que además compartimos una profunda preocupación porque entendemos que el principal objetivo debe ser
el beneficio de los usuarios y pondríamos en segundo término -haríamos una argumentación diferente a la que haría el señor Mardones- el perjuicio a las empresas. Sabemos de la complejidad de la que se habla con el wet lease, el dry lease, el
alquiler con o sin tripulación, entendiendo además que es un mundo complejo, pero a la vez creemos que en esta Cámara debemos ser conscientes del momento en el que nos encontramos, con un incremento del precio del petróleo y con que se rebajen las
exigencias -de momento puntuales- por parte de algunas compañías aéreas.
Dicho esto, nuestro grupo parlamentario entiende que este plan urgente-y permítame el señor De la Encina que nuestro grupo entienda que tiene que ser un plan urgente y no un plan de choque, como decía el señor De la Encina hablando de este
tema, pues el plan de choque se podría malinterpretar- tiene que tener apoyo presupuestario. Por tanto, nuestro compromiso va a ser con este plan, pero para que tenga un apoyo presupuestario que haga realidad las cifras que explicaban en el Consejo
de Ministros y que hagan efectivas estas medidas. Por
ello, nuestro grupo va a estar atento a estas medidas. Vamos a esperar que haya un desarrollo presupuestario y esa va a ser nuestra aportación como grupo parlamentario a un debate que está en la calle, entendiendo que estas medidas, que de
forma bienintencionada plantea el Grupo Popular, en cualquier caso deben estar no en un plan de choque sino en un plan urgente y que deben implementarse ahí. Por tanto, no entendemos que deba ser la moción el marco donde desarrollarlas. Debemos
estar atentos, debemos ser exigentes y lo deberemos ser en el marco de la negociación y, esperemos, de la aprobación presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Comienzo citando el párrafo primero de la exposición de motivos de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea, que dice textualmente lo siguiente: El progreso de la aviación civil constituye, sin duda, un factor esencial en el
desarrollo de las sociedades contemporáneas. Además de la importancia que la industria aeronáutica ha adquirido en las economías nacionales, el transporte aéreo ocupa un lugar central en la internacionalización de las relaciones económicas y
sociales y en los intercambios económicos, científicos y culturales. Hasta aquí la cita. La traigo aquí para subrayar algo que a menudo se puede olvidar al hablar de la seguridad aérea, que es que estamos hablando también de un sector y de un
factor económico esencial, abordando, eso sí, el tema desde la perspectiva de la seguridad, que tiene tres rasgos básicos que a menudo también se olvidan. En primer lugar, la seguridad es un requisito, una condición básica, fundamental para
cualquier tipo de actividad, también para este sector. En segundo lugar, que la seguridad tiene suelo pero no tiene techo; es decir, se trata de un objetivo en cuya consecución hay que trabajar permanentemente y también en el transporte aéreo. Y
en tercer lugar, y es un rasgo que a menudo se olvida, que la seguridad es enormemente frágil. Paradójicamente, la seguridad es insegura. Es una cosa terriblemente delicada. A mi juicio, los términos en los que discurrió la interpelación la
pasada semana no tomaron en cuenta estos tres rasgos básicos que nunca deben olvidarse.
Mi grupo no tiene nada contra la existencia y puesta en marcha de un plan de choque, pero tampoco somos partidarios de plantear saltos en el vacío y pasar de una realidad que todos unánimemente creo que podemos calificar de lamentable, que
es la realidad que reflejó la ministra sobre cuál ha sido hasta hoy mismo la aplicación de La Ley 21/2003, de seguridad aérea; pasar de esta situación lamentable a un supuesto plan de actuación en el que en dos días hubiera que hacer todo, lleva en
el mejor de los casos a una melancolía creciente sobre la escasísima utilidad de seguir aprobando normas que luego no se cumplen. De ahí que no estamos por apoyar el punto primero de la moción que hoy presenta aquí el Grupo Popular. Respecto a los
puntos 3, 4 y 6 de la moción no tenemos nada que objetar, y el punto 5 nos parece un error. Este es nuestro razonamiento, respetable como el de otros que sabemos que opinan lo contrario. Ya lo decía el representante de mi grupo en un debate que
recientemente ha tenido lugar sobre este mismo tema en el Senado. No nos hace ninguna ilusión esto de las listas negras y su publicación. Somos más partidarios de listas blancas, es decir, listas de las empresas que cumplen con las normas de
seguridad, aunque a decir verdad ni estas harían falta porque las que no cumplen no debieran volar, simplemente no debieran tener autorización para volar. Que existan listas blancas o que las empresas que vuelen tengan seguridad depende de la
Dirección General de Aviación Civil. Aquí es donde hay que referirse y donde está el problema. A nuestro juicio, el problema se debe abordar analizando si la Dirección General de Aviación Civil está cumpliendo, si tiene medios para cumplir lo que
tiene que cumplir, y mucho cuidado con derivar este problema, que es administrativo, hacia una guerra comercial entre compañías. A nuestro juicio, la Administración debe mantenerse deliberadamente al margen de esas guerras si en su caso lo que debe
fomentar, desde su perspectiva pública, es que se dé una mayor competencia entre ellas y debe hacerlo además, a nuestro juicio, desde una perspectiva europea, si de verdad creemos que estamos ante un espacio común europeo, además de económico,
también aéreo. De ahí que nos parece necesario, no solo conveniente, que el tema de las listas se aborde, en su caso, en los términos en que se decida en el ámbito europeo. Mucho cuidado con disfrazar luchas comerciales con ropajes de otra índole.
Termino diciendo que la seguridad es un elemento esencial y fundamental que debe perseguirse permanentemente, que es frágil al mismo tiempo y que es enormemente manipulable política y comercialmente. A nuestro juicio, es necesario un plan
de choque, pero, como decía, tampoco debe ser un plan diseñado en el aire. A resultas de todo esto, estando de acuerdo en unos puntos y en otros no, mientras haya una votación conjunta, nuestro voto será la abstención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Beloki.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, primero, para sumarme a las palabras de los portavoces que me han precedido
en la tribuna para decir que la seguridad aérea es imprescindible y que nuestro grupo intentará presentar las iniciativas necesarias en pro de mejorarla. También debo anunciarles, señor Ayala y señores del Grupo Parlamentario Popular, que
nuestro grupo no votará a favor de la moción que nos presentan hoy porque entendemos que una vez más es una oportunidad parlamentaria que están intentando aprovechar para sacar protagonismo a iniciativas que presenta el Gobierno. El Gobierno
presentaba el pasado día 16 de septiembre un plan urgente para intentar mejorar la seguridad viaria, un plan que va mucho más allá de lo que había hecho el Gobierno del Partido Popular y en el que la dotación presupuestaria de 18 millones de euros,
solo para 2006, es muy superior a lo que había asignado el anterior Gobierno. En este sentido, nosotros no podemos apoyar esta moción que nos presenta hoy el Grupo Popular. Me quedo con las palabras del señor De la Encina, con el compromiso que
tiene que adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad viaria. En este sentido, quería decirle que para nosotros es lamentable, como ya ha dicho más de una vez la diputada doña Rosa Bonás, actitudes como la que tuvo doña Amparo Brea con los
alcaldes de la zona del Vallès cuando le plantearon días atrás la necesidad de mejorar la seguridad en el aeródromo de Sabadell. No es que el accidente de Badía del Vallès nos haya dado la razón o haya dado la razón a los alcaldes vallesanos, pero
entendemos que, como usted decía, el Gobierno tendrá que cambiar algunas de estas actitudes para mejorar la seguridad aérea, y la actitud de la señora Brea es incluso denunciable. Como he dicho, nuestro grupo no votará a favor de esta moción.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Ramón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, este no es nuestro debate de seguridad aérea. Convergència i Unió quiere decir en este trámite ante el Pleno que un tema tan crucial, que preocupa al conjunto de la ciudadanía, que nos preocupa a todos, necesita un debate distinto
al que se realizó en el Pleno cuando estaba aquí la ministra. Parecía un rifirrafe entre Gobierno y oposición sobre quién había hecho más para dotar de más medios a las inspecciones aéreas, a las aeronaves; parecía como si aplicáramos
constantemente la teoría del retrovisor: ¿Tú estás diciendo que yo no inspecciono? Pues cuando gobernabas tú esto era mucho peor. Este fue el debate. Podemos releer el 'Diario de Sesiones'. Este fue el debate ante un tema importante y crucial
como es el de la seguridad aérea. No lo podemos despachar, señor presidente, señorías, a golpe de moción; no puede ser. Para Convergència i Unió este no es el debate que debería realizarse para plantear las prioridades y las insuficiencias, que
debe haberlas. Busquemos una respuesta de consenso. Aquí no puede haber división en temas de seguridad aérea. Debemos ponernos de acuerdo. Por tanto, nos vamos a abstener, señor Ayala, no vamos a votar a favor porque tampoco nos serviría de nada
que si el Gobierno ha impulsado un plan en el Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre, a golpe de moción le diéramos ahora la vuelta para realizar un control y unas inspecciones distintas a la ya programadas. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de seguridad aérea y de un parámetro de confianza que debemos dar desde el Parlamento, desde los gobiernos, al conjunto de la población. Tenemos la exigencia moral de no hacer de la seguridad aérea un arma electoral de unos contra
otros. No vamos a caer en este debate desde Convergència i Unió. Nos vamos a abstener. Permítanme que les diga que es una frivolidad. Si alguien leyera el 'Diario de Sesiones' y tuviéramos la desgracia de tener un accidente aéreo, se nos
ridiculizaría lo que estamos haciendo en el Pleno, porque no podemos despachar un tema a golpe de moción. Por tanto, mi grupo no le va a dar apoyo, nos vamos a abstener y confiamos en que el Gobierno, a través del plan que lleve a cabo, llegue a un
consenso básico en este tema. Es crucial que no lo convirtamos en arma arrojadiza de unos contra otros. Tomemos las medidas que sean adecuadas y espero que las que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre lo fueran.
También quiero manifestar un déficit claro en el debate de la interpelación. Creo que la ministra de Fomento perdió una gran oportunidad, la de explicar a la Cámara el plan aprobado por el Gobierno.
El conjunto de la intervención era
simplemente para castigar a la oposición sobre que ellos estaban haciendo más de lo que se había hecho antes. Repito que este no es el debate; el debate tiene que tener una perspectiva distinta, y desde Convergència i Unió no queremos caer en esta
tentación, y por ello nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Jané.
Señor Ayala, exclusivamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Manifiesto la aceptación de la enmienda al punto quinto del Grupo Mixto, señor Rodríguez, y la no aceptación de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Ayala.
Concluido el debate, vamos a llamar a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Son tres votaciones. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas de fomento y apoyo a
las sociedades cooperativas y laborales. Hay una enmienda transaccional a la enmienda que ha sido presentada por el Grupo Socialista. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es el caso, se vota la enmienda
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 178; en contra, uno; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con la transferencia de la competencia de investigación científica y técnica a la Comunidad Autónoma
Vasca, de conformidad con la atribución competencial prevista en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. La moción se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 29; en contra, 275; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y, finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad aérea en España, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 161; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.