CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 577

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 20

celebrada el martes, 9 de mayo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de la siguiente comparecencia, para informar sobre el contenido de la regulación del régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno:


-De la señora consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura (Flores Rabazo). (Número de expediente 212/001113.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Empezamos la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo con un punto único en el orden del día, que es la comparecencia de doña Leonor Flores Rabazo, consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, para
informar sobre el contenido de la regulación de régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno. Señora consejera, bienvenida, está usted en su casa. Tiene usted la palabra por el tiempo que estime conveniente.



La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Flores Rabazo): En primer lugar quiero agradecer la posibilidad que SS.SS.
brindan a esta consejera de compartir con ustedes nuestras propuestas en representación del
Gobierno de Extremadura, al igual que hemos hecho con el Gobierno de España durante el periodo de elaboración y redacción de la ley. Las reflexiones que desde nuestra comunidad autónoma hemos aportado a aquellos foros en los que estamos
representados y la postura que desde el Ejecutivo de mi región hemos mantenido y mantenemos en torno a este avance histórico reconocen la importancia de esta propuesta; propuesta ubicada dentro de los elementos de cohesión de nuestro Estado, ya que
posibilita desde un entorno eminentemente social la equiparación de posibilidades y recursos de todos los ciudadanos que lo conformamos. Como se puede comprobar en un repaso a la historia de la democracia en nuestro país, los derechos sociales de
los españoles y españolas son reconocidos en la mayoría de las ocasiones mediante medidas desarrolladas por los gobiernos, que han entendido que los derechos fundamentales que garantizan el bienestar de todos los ciudadanos deben estar apoyados en
el Estado, más allá de papel de otros agentes básicos de la sociedad que están llamados también a desempeñarlos; así ha sucedido con las pensiones, con la educación o bien con la sanidad.



El caso por el que hoy me encuentro ante SS.SS. trata de algo tan simple en su enunciado, pero de tanto calado y con tanta importancia histórica, que marcará un antes y un después en la consolidación de nuestro Estado de bienestar. Es una
norma fundamental que garantizará la calidad de vida, el derecho a la autonomía y el acceso igualitario a las prestaciones sociales a todas aquellas personas que por diversas circunstancia no pueden valerse por sí mismas para la realización de
tareas cotidianas, así como un apoyo esencial para sus familiares. En definitiva, se trata de crear el marco normativo que nos hará avanzar de manera vertiginosa en el ranking de países que determinan como uno de sus objetivos fundamentales el
bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, que apuestan por la igualdad de derechos, los servicios y las garantías sociales como base de su estructura y, por lo tanto, como elemento de cohesión social; y todo ello en un entorno político-social en el
que desde los distintos sectores interesa hablar más de la crisis del Estado de bienestar que del desarrollo de un sistema de social moderno, justo y solidario.



El proyecto de ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia tiene su centro de acción en tres puntos básicos. En primer lugar, las prestaciones que regula se caracterizan por ser públicas y universales; no puede ser
de otro modo si queremos realmente garantizar el cumplimiento de ese mandato de evidente contenido social. Este hecho nos conduce a la segunda viga que sustenta todo el entramado de la norma, y es que el acceso a dichas prestaciones debe
garantizarse por las administraciones públicas encargadas de velar por su aplicación siempre en condiciones de igualdad. La atención a un derecho subjetivo supone que todo aquel ciudadano que está al amparo por una norma de Estado debe tener las
mismas posibilidades de optar a los servicios y recursos que se determinan como universales. Esas garantías de igualdad, como decía anteriormente, solo pueden hacerse efectivas con un participación real de todas las administraciones a la hora de
cristalizar su aplicación, siempre dentro del marco competencial de cada una de ellas, por tanto desde la cooperación y la colaboración de la Administración del Estado, los gobiernos regionales y la Administración local. El proyecto de ley supondrá
la puesta en marcha de un sistema nacional de dependencia, con el objeto de promover la autonomía personal y garantizar la atención y la protección a la personas en esta situación. Es una apuesta del Gobierno del Estado por reforzar, en torno al
artículo 149.1 de la Constitución, la labor de los servicios sociales, para construir entre todos un sistema público que dé cobertura a las necesidades básicas que se manifiestan en el ámbito personal, familiar y social. La acción coordinada de las
instituciones a la hora de desarrollar este sistema se llevará a cabo mediante un organismo, el consejo territorial del sistema nacional de la dependencia, en el que se integrarán las administraciones, tanto estatales como autonómicas. La
importancia de este consejo es de acción integral y definirá el marco de la cooperación interadministrativa.
Además, para hacer efectiva la participación institucional de las organizaciones sindicales, empresariales y del tercer sector, también se
constituirá el comité consultivo del sistema nacional de dependencia. En nuestra opinión, son pasos todos ellos acertados que redundan en el espíritu cooperativo con el que nace la norma, ya que valoramos, a la hora de aplicar un precepto de este
calado social, que el legislador haya tomado muy en cuenta la necesidad de proceder a su aplicación con el máximo grado de coordinación y participación de administraciones e instituciones tanto públicas como privadas. Además, recalcando este
propósito, desde el Gobierno de la nación se han incorporado las recomendaciones hechas tanto por el Consejo de Estado como por el Consejo Económico y Social. También los redactores del texto han sido sensibles a las propuestas de las entidades del
tercer sector, que sin duda han favorecido que el proyecto de ley sea más rico que el anteproyecto, y que casi la totalidad de los agentes sociales se vea reflejada en


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ella, reconociendo todos más allá de estrategias partidistas el verdadero valor de esta iniciativa.



Si bien la ley de promoción de autonomía personal y atención a la personas en situación de dependencia es el corazón del cuarto pilar del Estado de bienestar, no podemos desaprovechar la oportunidad que esta nos brinda para que los servicios
sociales comunitarios sean reconocidos como su columna vertebral; reconocimiento expreso que muchos de nosotros demandamos en el proceso de debate del anteproyecto y que, en sintonía de colaboración y cooperación en la que el ministerio se ha
apoyado en el proceso de redacción de la norma, ha supuesto su incorporación a la exposición de motivos que ilustra este proyecto, al afirmar que las necesidades de las personas dependientes han sido atendidas hasta ahora por las diferentes
administraciones en el marco del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. En un futuro el sistema nacional como es el de la atención a la dependencia, en el que la puerta de entrada debe ser única y común, la estructura que
posibilita una acción rápida, eficaz, y coordinada, nos brinda el propio sistema sin necesidad de generar nuevos espacios y con la posibilidad de consolidar definitivamente los servicios sociales comunitarios dentro de las prestaciones básicas que
deben ofrecer las administraciones públicas. Se trata de una apuesta estratégica que fundamentalmente favorece, entre otras cosas, que la acción en la coordinación sociosanitaria no suponga la generación de nuevas estructuras, que sin duda
debilitan el sistema, sino que nos mandaten a desarrollar un trabajo en red perfectamente coordinado, que satisfaga las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas dependientes a través de la configuración de un sistema integrado bajo criterios,
como decía anteriormente, de coordinación y cooperación frente a nuevos sistemas corporativos; es decir, que perciban una acción única y coordinada en la que los distintos departamentos de las administraciones actúen como un único órgano. Antonio
Machado lo define de una manera muy gráfica en un texto que dice: Cuando encontramos un tornillo insuficientemente atornillado, convendría darle unas vueltecitas más hasta ajustarlo en su sitio. Hay quien prefiere, sin embargo, fabricar un segundo
tornillo para atornillar el primero, y como este al final no se ajusta lo bastante se fabrica un tercer tornillo destinado a atornillar al tornillo que atornilla al primer tornillo desatornillado, y así hasta el infinito. A esto se llamó en otros
tiempos trabajar para ser pobre.



Estoy segura que SS.SS. son conscientes de que estamos viviendo un momento apasionante que marcará el desarrollo del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El Gobierno de la nación está dispuesto a comprometerse en el
desarrollo de este bienestar, que no olvidemos que se transfirió a las comunidades autónomas como materia específica, y que, pese a ello, el Estado, basándose en los preceptos constitucionales, que así se lo permiten, está dispuesto a garantizar
como derecho en todo el territorio español. De nuevo, bajo criterios acertados, el Estado aboga por un trato común e igualitario en toda las comunidades autónomas, y además apuesta económicamente de manera importante por que se ese propósito no sea
únicamente un desiderátum. Por suerte, señorías, quedó atrás esa extraña práctica de legislar con carácter general para que luego otros padezcan las consecuencias económicas de esos desarrollos normativos. Es un sentimiento compartido el no
olvidar de dónde venimos y sobre todo en qué situación estamos. No partimos de la nada; las cosas se van construyendo, cimentando sobre realidades y sobre proyectos que decidimos abordar, en muchos casos de una forma independiente. Así, cada
comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias ha desarrollado a lo largo del tiempo una serie de servicios y prestaciones para la atención a las personas en situación de dependencia. Tampoco sería justo olvidar que muchos de esos servicios se
han apoyado en programas creados o coparticipados con el Estado. Sus señorías conocen el gran impulso de sistema público de servicios sociales que se desplegó a comienzos de la década de los años 80, sentando las bases de la acción social en las
comunidades autónomas. Con el permiso de SS.SS., me gustaría ilustrarles con el trabajo que desde la Junta de Extremadura llevamos a cabo, una política que realmente es coordinada con todos los departamentos de nuestro Gobierno autónomo en la
puesta en marcha de medias de atención que así hemos materializado.



Las consejerías de Empleo, de Sanidad, de Educación o de Bienestar Social entre otras trabajan de manera estrecha en una cultura común, comprometida y uniforme de atención a los dependientes de nuestra región.
Se trata de un planteamiento
global y conjunto, una estrategia de acción compartida, una política transversal mandatada desde nuestro Consejo de Gobierno, puesto que entendemos que la dependencia no solo puede ser abordada desde los servicios sociales; para nosotros son
compañeros irrenunciables de viaje la sanidad, el empleo o la educación. Mejorar la protección social es sin duda una apuesta por el empleo, por una sanidad especializada y una estructura en torno a las necesidades de los ciudadanos, y por unos
servicios sociales cercanos, eficaces, coordinados y resolutivos. Estamos desarrollando una política social comprometida con los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, que me van a permitir ustedes afirmar que ha posibilitado que la nuestra sea
una de las mejores regiones situadas en cuanto al bienestar social, creando un modelo de atención integral a los ciudadanos, generando servicios universales y garantizando su acceso a los colectivos sociales más vulnerables. En este sentido la
Comunidad Autónoma de Extremadura presenta el mayor índice de cobertura en ayuda a domicilio comparado con todo el territorio nacional.
Actualmente estamos atendiendo a un total de 20.506 personas, que supone un 9 por ciento de atención sobre el
conjunto de las personas mayores de nuestra región. Asimismo, señorías, fruto de la coordinación interdepartamental, hemos puesto en marcha el plan marco de atención sociosanitaria de Extremadura. Estoy segura que ustedes comparten conmigo que
esta coordinación resulta crucial en la atención a las personas en


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situación de dependencia, y nos ubica en las primeras posiciones de salida para la puesta en marcha de la futura ley.



La consolidación de la atención-coordinación sociosanitaria es actualmente uno de los retos fundamentales en el desarrollo de un futuro sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Convendrán conmigo SS.SS. que al reto
de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia se une el reto y la oportunidad de una nueva esfera de cooperación y trabajo compartidos entre los ámbitos social y sanitario.
Si no existiera esta coordinación, el mejor de los sistemas de
protección a la dependencia podría resultar ineficaz, al no conseguir una continuidad para todos los ciudadanos, o bien tener que duplicar servicios innecesarios. La mayor parte de las personas dependientes requirieren a su vez una prestación
sanitaria y cuidados continuados, aun en los casos de menor intensidad. La prevención se convierte en herramienta fundamental para ralentizar estadios superiores de dependencia. Bajo este convencimiento hemos optado por un modelo de acción
conjunta desde los sectores social y sanitario, en el que cada espacio tiene delimitadas sus competencias y desarrolla todos los servicios necesarios para aportar una respuesta integral a las necesidades de nuestros ciudadanos, organizando un
sistema de servicios coordinado con procesos bien definidos. Hemos apostado claramente por no trabajar para ser pobres, como decía anteriormente. Nuestro modelo apuesta por la primacía de las intervenciones en el ámbito familiar y comunitario;
por ello se han creado y definido las estructuras formales de coordinación sociosanitaria y se han puesto en funcionamiento, junto a recursos más clásicos, como la ayuda a domicilio o los centros de día, programas de ayuda intensiva en el hogar.
Este programa va dirigido a personas que se encuentran en situación de gran dependencia y se materializa con una prestación profesional continuada y a la carta según las necesidades de los usuarios. Sin duda está siendo eficaz en un doble desafío:
la permanencia de grandes dependientes en sus domicilios y la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.



Otra de las actuaciones acometidas en la creación son las zonas sociosanitarias como zonas de planificación y desarrollo de los servicios, con objeto de garantizar la equidad territorial y permitir un desarrollo homogéneo de los servicios en
toda la comunidad, garantizando la igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas. No podemos olvidar la importancia de los dispositivos residenciales, fundamentales para completar nuestra cartera de servicios. En este apartado hemos ordenado y
clasificado las prestaciones de esos dispositivos desde el ámbito social y sanitario, partiendo de la intensidad en la necesidad de cuidado y en las necesidades sanitarias. Se han establecido tres tipologías básicas en la atención a la dependencia
y a la patología, de tal forma que la implicación y la asignación coordinada de recursos de cada sector bascula en función de los dos parámetros fundamentales de la atención sociosanitaria: patología y dependencia. En concreto, y superando una
gran barrera como es la edad de los usuarios como límite normativo para la disponibilidad de recursos, se han desarrollado los recursos sociosanitarios específicos denominados tipo 1 y tipo 2, que tienen por objeto la prestación de cuidados
sanitarios continuados en diferentes intensidades a personas altamente dependientes, con inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo, que poseen un bajo nivel autonomía y que necesitan cuidados o supervisión prolongada dentro de un
entorno residencial bajo criterios de calidad y confort.



Esta visión global no nos hace olvidar a colectivos que presenten situaciones de dependencia y que necesiten de acciones sectoriales para su normalización. Así, para cubrir la necesidades de las personas con discapacidad, la Junta de
Extremadura ha elaborado un nuevo marco de atención a la discapacidad en Extremadura, apostando por un nuevo modelo de financiación de los recursos y servicios, optando por criterios de calidad y de certificación a las entidades prestatarias de los
mismos; esto va unido a la apuesta conjunta de nuestra comunidad y del Gobierno del Estado de crear dos medidas que apuntalan y reconocen nuestro compromiso con estos colectivos, y que además amplía los recursos destinados a atender a situaciones
de gran dependencia y a normalizar sus vidas. Hablo del centro estatal de referencia para la promoción de la vida independiente, que estará en funcionamiento en el 2008, y que ofrecerá a los usuarios servicios de asistencia personal, de salud, de
alojamiento, manutención, rehabilitación, apoyo y respiro familiar.
Además, propiciará la investigación científica, el desarrollo e innovación técnica y la formación de los profesionales. El centro de atención a personas con discapacidad
intelectual con graves alteraciones de la conducta estará orientado hacia la acción terapéutica, educativa y ocupacional. Ambos formarán parte de una red de servicios del Sistema Nacional de Dependencia. Todo ello, entre otras acciones, muestra el
notable esfuerzo de la Junta de Extremadura por el incremento de recursos, esfuerzo que estamos dispuestos a seguir haciendo en cada presupuesto para superar las cotas de bienestar de los residentes en nuestra región y consolidar de manera rápida y
perceptible para nuestros ciudadanos el nuevo e ilusionante sistema que se pondrá en marcha en el 2007. Señorías, este mandato compartido por todos los departamentos del Gobierno de Extremadura se define de manera muy gráfica en el sello que hemos
elegido para enmarcar nuestra acción, Extremadura te cuida, y que recoge de manera expresa el acuerdo de política social de Extremadura firmado recientemente con los agentes sociales. Desde aquí Extremadura se ofrece como una región ideal para ser
cuidado. Hemos evolucionado hacia un concepto integral de la atención, orientando múltiples políticas hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia el bienestar de nuestros ciudadanos. Es una región que además de su valor intrínseco, definido, por
su cultura, por el clima, por la naturaleza, tiene el celo y el profundo deseo de cuidar de todos los que en ella residan, más allá de su lugar de procedencia.



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Para concluir, señorías, me atrevo a decir que todos estamos de acuerdo en el carácter público del sistema, en su gestión descentralizada, en la igualdad en el acceso a las prestaciones, etcétera, pero además estoy convencida de que tenemos
otro reto: proyectar la atención a las personas en situación de dependencia bajo criterios de calidad. En este contexto de calidad no podemos olvidar que, dado que los sistemas sociales son sistemas transversales, y este lo es sin duda, la
atención a las necesidades de las personas va a implicar a más de un sector. Esto complica pero no hace imposible dar respuestas integrales y que el destinatario final las perciba como únicas. Este esfuerzo coordinado solo será posible desde la
óptica de la calidad en la asunción de las maneras de hacer, de valorar, de tramitar, de resolver, en definitiva de atender a una persona en un contexto determinado, con unas necesidades específicas y, por supuesto, con uno derechos reconocidos, y
ello bajo la óptica de la corresponsabilidad de los diferentes agentes implicados. En este sentido, destacamos el impulso dado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Comité Técnico de AENOR, encargado de la elaboración de normas de
acreditación de los diferentes recursos contemplados en el catálogo de servicios de la futura ley.



En otro orden de cosas, abusando de su paciencia, no puedo dejar de referirme de nuevo a uno de los elementos fundamentales de este proyecto de ley, el consejo territorial del sistema nacional de la dependencia.
Evidentemente va a
constituirse como instrumento de cooperación para articular el sistema en todo el territorio del Estado, pero además hemos de procurar que se convierta en un lugar de encuentro, de participación, de intercambio de experiencias, de resolución de
problemas, en definitiva un espacio común en aras del objetivo en que todos estamos inmersos. Es decir, se trata de garantizar de la mejor manera posible la atención a las personas con dependencia y la promoción de su autonomía personal, así como
ofertar unos servicios universales básicos en todo el territorio español. Ser capaz de constituir un espacio vertebrador del territorio en torno a este derecho, más allá de las palabras bienintencionadas, será fundamental para asumir aspectos bien
concretos de esta ley, desde la baremación de las condiciones de las personas, el acceso a las prestaciones, la definición de planes de cuidados etcétera. Probablemente cada uno de nosotros en función de las experiencias de nuestras comunidades, de
los medios previos con lo que contemos, incluso de las características de nuestros territorios, tendremos una idea diferente de cómo articular estos y otros muchos aspectos concretos técnicos y metodológicos de la ley. Igualmente hemos de saber
compartir y asumir otras formas de ver y hacer la misma realidad, ya que no podemos olvidar uno de los principios básicos de los que partimos, la igualdad en el derecho al reconocimiento de las prestaciones que existen en función de las necesidades
de la persona, no del territorio donde resida.



Concluyo, señorías. A partir del 2007 don José y doña María van a contar con un derecho subjetivo nuevo, el reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadanía que ustedes, en el trámite parlamentario del proyecto de ley, tienen la posibilidad
de perfilar y enriquecer. Estoy segura de que lo harán con su mejor criterio. Quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que tengan que hacerme.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Lourdes.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: En primer lugar quería agradecer la intervención y la comparecencia de la consejera de Extremadura, que nos ha aportado su criterio sobre la valoración de esta nueva ley o proyecto de dependencia que nos
presenta el Gobierno para que ahora, en trámite parlamentario, se pueda modificar y aprobar finalmente.



En primer lugar, esta gran Ley de dependencia o de autonomía personal viene precedida por un gran pacto, el Pacto de Toledo, que se realiza en esta casa, en este foro, donde se solicita que se configure un sistema integrado que aborde desde
la perspectiva de la globalidad el fenómeno de la dependencia. En el Pacto de Toledo, en 2003, se dijo que ello debe hacerse con la participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la Administración pública a todos sus niveles, todo
ello a través de la elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en su conjunto. ¿Por qué le leo este párrafo y de esta manera tan
concreta? Porque a nuestro partido en concreto no se nos ha preguntado nada, al Grupo Parlamentario Popular no se nos ha pedido nuestra opinión a la hora de elaborar ni el anteproyecto ni el proyecto de ley que se ha presentado en este Congreso de
los Diputados; pero no solamente al Grupo Parlamentario Popular, sabemos que a las comunidades autónomas tampoco se les ha pedido su opinión antes de la elaboración del anteproyecto e incluso durante la realización del proyecto que se ha presentado
en este Congreso de los Diputados. Por lo tanto mi primera pregunta es para que nos conteste si a usted, a su comunidad autónoma, le han pedido opinión, criterio, participación a la hora de elaborar este texto. Esa sería mi primera pregunta muy
concreta.



En segundo lugar he de preguntarle también, lógicamente y siempre basándonos en esta resolución del Pacto de Toledo, si usted cree que debería realizarse un gran pacto de Estado, o sea, que no fuera solamente un proyecto de ley que nos
presenta el Gobierno y que vote la mitad de la Cámara, sino que realmente se pueda llegar a un gran pacto de Estado, que es lo que nuestro partido y nuestro grupo parlamentario querría que realmente sucediera. ¿Por qué? Pues porque nosotros
también queremos estar comprometidos, y lo estamos no solamente por toda nuestra trayectoria, sino en nuestro programa electoral. Acerca del Pacto de Toledo, cuando nosotros hemos gobernado, lógicamente nosotros también estábamos comprometidos con
este gran sistema que se quiere poner


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en marcha, que es el de la dependencia o de la autonomía personal para las personas dependientes. Aun así, usted ya sabe que aquí se han realizado diferentes comparecencias e incluso que nuestro grupo ha realizado preguntas al Gobierno para
que responda a una serie de dudas que a nosotros nos plantea la elaboración de este texto, para que sea lo mejor, lo más concreto posible, lo más perfecto posible, puesto que el objeto de este texto es realmente importante y determinante para las
personas y para las familias que tienen en su seno personas dependientes. Porque es así de importante es por lo que nosotros queremos que se concreten muchas dudas que nos surgen con la lectura del texto; entre ellas, si usted considera que están
reconocidos los derechos de las personas dependientes, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que en esta ley usted cree que excede a lo que usted está realizando en su comunidad autónoma? Nos ha dicho que en su comunidad autónoma
están realizando una serie de planes, que están atendiendo a una serie de personas; ahora mismo estamos hablando de las personas dependientes, y no vamos a hablar de las demás personas que están sujetas a los servicios o a los recursos de su
consejería, sino solamente de las personas dependientes. Usted nos comentaba que están poniendo en práctica la asistencia a domicilio, un espacio sociosanitario que ha puesto en marcha una serie de recursos para las personas de gran dependencia.
Nos ha explicado la gran labor que están realizando desde su consejería y por lo tanto desde su Gobierno regional, para la que, según nos ha comentado, tienen una serie de recursos, los recursos idóneos que ustedes consideran para esas personas
dependientes, para las familias, incluso nos ha hablado de recursos para las familias que tienen personas dependientes, nos ha hablado de un espacio de ocio, que proporciona un respiro familiar. Se trata de una serie de recursos que ustedes están
poniendo en marcha para la atención a ese tipo de personas, con una financiación que procede de su Gobierno y también, supongo, de los convenios que ustedes realizan con el Estado a nivel nacional. Me gustaría saber si ustedes realmente están
poniendo en marcha esa serie de recursos y están atendiendo esa serie de situaciones. Lógicamente si esta ley se pone en marcha, este sistema nacional de dependencia supongo que debería de ir más allá de lo que ustedes ya están haciendo. Por lo
tanto mi pregunta es muy clara ¿En esta ley se reconoce o se garantiza a esas personas que van a tener un derecho diferente o más concreto del que ustedes están atendiendo hasta el día de hoy? Desde nuestro punto de vista no se concreta ni hasta
dónde llega ese derecho, ni por qué tienen ese derecho, ni quién garantiza ese derecho, ni quién tiene derecho a esas prestaciones o a esos recursos. Por lo tanto, nuestro grupo lo que considera es que la ley no concreta, deja en el aire y además a
un desarrollo reglamentario temas que son realmente importantes.



Ahora mismo en los gobiernos regionales se está atendiendo a esas personas, existe todo ese panel de recursos de los centros de día, de los centros residenciales, de las ayudas a domicilio, de las asistencias domiciliarias, incluso de esos
pagos a familiares para que atiendan a esas personas dependientes, y por lo tanto lo que nos parece es que si eso se está ya haciendo, lo que este sistema nacional de dependencia debía de garantizar es que se tuviera derecho realmente a que eso se
hiciera y que esa persona supiera hasta dónde llega su derecho, a qué tiene derecho. Pensamos que no se concreta, o sea, que esta ley no llega más allá de que lo tenía que llegar. Incluso nosotros consideramos que deja a unos acuerdos de
bilateralidad con las diferentes comunidades autónomas concretar todo este tipo de derechos que yo le comentaba o estos recursos que se tienen que poner en marcha. Ahí viene mi tercera pregunta, que sería si usted considera que eso no va a producir
desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas; es decir, si se deja a esos convenios de bilateralidad entre las comunidades autónomas y el Estado concretar o definir no solamente el derecho sino su financiación, si eso no va a producir
desigualdades a la hora de poner en marcha todo ese tipo de recursos.



También quería saber si usted ve algún fallo en esta ley, si tiene alguna deficiencia, si es abstracta o concreta, su opinión sobre si le falta algo, si usted la ve perfecta o haría alguna modificación en el texto de la misma. Nos ha
hablado precisamente de lo que para una comunidad autónoma es importante y relevante, que es el consejo territorial. Desde nuestro punto de vista supone un claro retroceso respecto al modelo de participación de las comunidades autónomas dentro del
Estado de las autonomías. Establece un reparto de miembros al 50 por ciento entre comunidades autónomas y Administración General del Estado. ¿Cree que las comunidades autónomas están bien representadas en este consejo territorial o la
representatividad debería ser superior?


En cuanto a la financiación, ¿considera que este sistema que se prevé, puesto que no se concreta excesivamente, es justo, no es justo, puede o no ser seguro jurídicamente? Me planteo que si una comunidad autónoma presupuestariamente no
puede llegar a donde el Estado le dice, o, viceversa, una comunidad autónoma hace un programa muy ambicioso y el Estado no puede financiar o cofinanciar, puesto que parece ser que va a ser al 50 por ciento, ese programa tan ambicioso, ¿ese sistema
de financiación es justo o usted lo haría de alguna otra manera?


Pocas cosas más le quería decir. Creo que le he señalado de una manera muy general los grandes fallos que tiene esta ley. Esta ley no concreta, no dice cómo, no dicen quién, no dice cuándo, no dice qué financiación y por lo tanto nosotros
creemos que se queda bastante coja a la hora de reconocer una serie de derechos que tiene que garantizar a las personas en situación de dependencia y a las familias que tienen personas en situación de dependencia en el seno familiar. Quizá nuestra
gran crítica sea precisamente esa falta de consenso a la hora de la elaboración del texto; por lo tanto me gustaría que concretara usted muy claramente si a usted la han llamado o no para que hiciera aportaciones.



Le hago una última pregunta que también me parece interesante, porque en su intervención nos ha comentado


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que en su comunidad, como yo creo que en todas las comunidades autónomas, es realmente importante ese espacio sociosanitario a la hora de la ejecución o de poner en práctica este tipo de recursos para la atención a las personas en situación
de dependencia. El espacio social y el espacio sanitario necesariamente coinciden a la hora de la atención y de poner estos recursos en funcionamiento. Usted dice que en su consejería tienen concebido ese espacio y sin embargo la ley no concreta
nada sobre el mismo. ¿Usted cree que debería de preverse también en la ley cómo y de qué manera se configuraría ese espacio o no? Le vuelvo a reiterar las gracias por su comparecencia.



El señor PRESIDENTE: La portavoz del Partido Socialista, doña Soledad Pérez, tiene la palabra.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Me alegra estar de nuevo en esta Comisión, que visito con asiduidad, puesto que están tratando un tema de suma importancia y que vamos a ver después en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, que es la que
tiene la competencia legislativa para tramitar el proyecto de ley que ya está hoy en la Cámara. Bienvenida, señora consejera, estimada Leonor. Es para mí una satisfacción encontrarme aquí con el Gobierno de Extremadura, un Gobierno muy destacado
en política social. Si este Gobierno a nivel estatal hace de la política social una seña de identidad con una inversión muy importante, superior al 50 por ciento, en los Presupuestos Generales del Estado, en el de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de donde soy originaria, diputada por Badajoz, ha sido siempre esta su seña de identidad y el esfuerzo es aún mayor, un 62 por ciento. Es una satisfacción también porque no es menos cierto que la situación de la que partimos no es que
venga de cero, pero no es igual en todas las comunidades autónomas, en todos los territorios; tampoco dentro de las propias comunidades autónomas es igual entre el medio rural y el medio urbano, entre unas provincias y otras, o entre unas islas y
otras si estuviéramos hablando de insularidad. Pero sí es una satisfacción poder decir que Extremadura está muy por encima de la media.
Usted se refería a los servicios de atención a domicilio. La media en España está el 3,14 y Extremadura la
triplica, está por encima del 9, y si sumáramos todas seguimos estando muy elevados, porque la media en los servicios totales es del 9,43 y en Extremadura es del 14. O sea, que se nota esa inversión, se nota ese presupuesto en la política que allí
se hace. (La señora vicepresidenta, Pin Arboledas, ocupa la Presidencia.)


Su comparencia me ha dejado bastante tranquila ante un tema que nos preocupa. Creo que no es necesario hacer ahora mismo una descripción de la ley ni alabarla. Es una ley que reconoce derechos a todos los españoles en situación de
dependencia, que además de reconocer -a lo mejor alguna compañera no ha leído todavía cómo ha quedado el proyecto- el derecho a una atención, a unas prestaciones, a un catálogo que está bien definido, aún ha ampliado más la concreción de ese derecho
reconociendo la posibilidad de la exigencia del mismo, bien sea por la vía administrativa, bien sea por la vía judicial. Las leyes reconocen derechos. Igual nos estamos confundiendo con una etapa anterior en la que lo que se hacía eran planes que
no vinculaban y que no podían ser derechos reclamables. Este es un proyecto de ley y será una ley, espero que con el consenso de todos, que reconocerá derechos a todos los españoles.



Sin entrar a calificar la ley, que a mí me parece enormemente positiva -comparto todas las aportaciones que usted ha hecho sobre la misma-, me gustaría destacar ese periodo de casi dos años, desde que este Gobierno comienza su andadura, para
la puesta en marcha de la misma, un periodo completamente participativo, un primer año en el que se elabora un mapa de situación de cómo está la dependencia en nuestro país, la atención que se presta por parte de las distintas comunidades autónomas
y desde las distintas administraciones, fundamentalmente desde las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia. No sale de la nada. Son las propias comunidades autónomas quienes aportan los datos necesarios y fundamentales para la
elaboración de ese libro blanco y las que aportan las sugerencias que se ven recogidas en el mismo sobre lo que va a ser después el proyecto de ley. Yo creo que es un proceso enormemente participativo, en el que hay un acuerdo social básico con los
empresarios CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT. Debo de recordar que en la anterior legislatura se hizo otro acuerdo con los agentes sociales, pero no con todos, que además tampoco se cumplió, porque había un compromiso de traer la ley y lo
único que se hizo fue un informe de la Dirección General de Seguros para ver si la dependencia se trataba desde el aseguramiento privado. Aquí estamos hablando de un derecho público garantizado por la administraciones, aunque en la red pueden
participar centros concertados, tercer sector, iniciativa privada con o sin ánimo de lucro y demás. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta.



Sin entrar más en la propia ley, me parece que lo más difícil que nos podíamos imaginar, porque yo la ley la tengo bastante clara y mi grupo también, es la aplicabilidad de la misma. Creo que el derecho queda ampliamente reconocido, así
como el catálogo, el baremo o los sistemas de calidad. No creo que haya dificultades respecto a su contenido. Quizás usted nos podría decir si podríamos incluir algo más, pero con el apartado de calidad que existe más todo el sistema de
información, con una garantía de criterios -nos ha hablado ahora de Aenor-, sería suficiente. Donde quizá surgen los mayores problemas es en la aplicabilidad, y la gestión no corresponde a este Parlamento, nosotros hacemos leyes; la gestión les va
a corresponder a ustedes, a las comunidades autónomas.



Yo he entendido que ustedes están trabajando desde hace tiempo de una manera clara en lo que va a ser la futura aplicación de esta ley. No debemos olvidar en este sentido que llevamos dos años ya, desde los Presupuestos Generales del Estado
que se aprueban en este Parlamento,


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y con enmiendas a iniciativa de mi grupo y de otros grupos parlamentarios, con unos recursos bastante importantes y sustanciosos para distribuir entre la comunidades autónomas y que fueran poniendo un poco al día lo que van a ser los equipos
de valoración y las infraestructuras humanas y materiales necesarias. Me gustaría que concretara un poco, porque ha hablado del plan sociosanitario con tres grados o tres niveles. ¿Vienen a coincidir más o menos esos tres grados o niveles de
atención con los tres grados que están fijados en el proyecto de Ley de Dependencia?


Para mi grupo es muy importante saber que estamos hablando de diferentes sistemas. Me ha parecido estupendo el ejemplo de los tornillos. Tenemos un sistema educativo que tiene que jugar un papel aquí, tenemos un sistema sanitario que tiene
que jugar un papel determinante y tenemos un sistema que vamos a poner en marcha, esta vez al revés; por eso me parece tan interesante esta ley, porque podemos partir de un principio cooperativo nuevo de poder hacer las cosas bien, justo al
contrario de otros sistemas, como fue el sistema sanitario o como fue el educativo. Se monta desde el Estado y se transfiere. Aquí estamos haciendo la casa al revés. Las transferencias son de las comunidades autónomas y lo estamos haciendo de
otra manera; por eso la cooperación y la conjunción en ese órgano del consejo territorial, de una parte y de otra, que va a ser decisorio, no pueden ser, entiendo yo, exactamente iguales que en el consejo territorial, por ejemplo, del Sistema de
Salud, donde se toman las decisiones por consenso y no influyen ni en la financiación ni en la sostenibilidad del sistema, sí en este por las características que tiene la ley. Me gustaría saber si usted coincide en esto, o sea, en que son distintos
sistemas, que cada uno tiene su espacio y que no hay que incrementar ahora unas nuevas estructuras. Esto nos pasó y lo debatimos mucho en las comparecencias con motivo de la Ley integral de violencia de género. Cabía la tentación para algunos
miembros de la Comisión y para algunos de los diputados y diputadas que trabajamos en la misma de intentar crear estructuras intermedias, cuando ya existían unas estructuras en los servicios sociales, en los servicios sanitarios y en la justicia.
No se trataba de crear nuevas estructuras que fueran a recargar el sistema y a gastar más y quizás a hacerlo menos eficiente.
Quiero saber si a usted esto le parece adecuado y que haya una coordinación efectiva, tal como ustedes la han puesto en
marcha y que me gustaría que nos la explicara un poquito más, con ese plan sociosanitario; incluso si es posible, señora consejera, le pediría que nos lo remitiera a la Cámara, porque también nos serviría a todos los grupos para ver cómo se está
trabajando. Le pregunto si le parece adecuada esa estructura de diferentes sistemas que después en la práctica y en la gestión se coordinan en cada comunidad autónoma, como usted bien ha dicho, como las comunidades autónomas decidan, ya que son
ustedes quienes tienen la gestión y quienes tienen la competencia.



Le he preguntado si coincidían más o menos los tres grados que vienen reflejados en el proyecto y en su plan sociosanitario y me gustaría saber si le parecen adecuados esos tres grados con dos niveles cada uno. Creo que ha mejorado
sustancialmente del anteproyecto al proyecto la participación del tercer sector y me gustaría saber si a usted le parece que queda bien reflejada dicha participación, pues el del tercer sector es, junto con esa mayoría de mujeres cuidadoras
informales, el que ha venido llevando a cabo la atención fundamental de las personas dependientes; unos lo han hecho en el sector de la discapacidad, de los dependientes por discapacidad, otros en la atención de ese 80 por ciento de dependientes
que suponen las personas mayores, donde la atención se ha centrado más que en el ámbito familiar.



Quisiera saber si le parecen adecuados los periodos de implantación y de evaluación previstos o si podrían ser más flexibles. Hay un periodo de implantación hasta 2015 previsto en la ley. Me gustaría saber si le parece adecuado para
conseguir los ritmos necesarios. No partimos de cero, como usted bien ha dicho, pero no es menos cierto, y yo creo que aquí esta la diferencia del derecho, que estamos cubriendo en este país a un 9,43 por ciento de la población dependiente y que
cuando tengamos la ley tendremos que cubrir al cien por cien de todos los dependientes. Esta es la gran diferencia con la asistencia que se está prestando hoy de una manera que podíamos denominar finamente la charity inglesa o la beneficencia
española de toda la vida, dependiendo de los recursos de que uno disponga y no de si es o no dependiente y de la necesidad que tenga de la prestación de unos servicios. ¿Usted cree que es posible cumplir en el periodo establecido con ese derecho
que reconoce claramente la ley para todos los dependientes españoles mayores de 3 años y para los menores de 3 años con una grave discapacidad -porque una dependencia normal en un menor de 3 años desde luego no puede ser considerada-? ¿Se podría
acortar o habría que alargarlo? Hay un periodo previsto de evaluación. ¿Lo podríamos reconsiderar, o no?


Se nota de dónde viene usted porque ha puesto mucho énfasis en los servicios sociales comunitarios. Otra de las mejoras que hemos tenido del anteproyecto al proyecto ha sido la imbricación de los municipios y de los ayuntamientos en el
proceso, precisamente por el papel fundamental de los servicios comunitarios, de los servicios sociales. Le preguntaría si le parece que ha quedado suficientemente recogido, desde su propia gestión y desde su propia experiencia, qué papel van jugar
después en la gestión y en la práctica los ayuntamientos.



¿Qué importancia le da usted al plan individualizado? Me gustaría destacar que no se ha hecho mucha referencia al mismo. Se piensa muchas veces entre la gente que no conoce en profundidad la ley -yo creo que desde fuera de aquí, porque
llevamos mucho tiempo trabajando en ella- que no están garantizados determinados derechos. Sin embargo, yo doy mucha importancia al plan individualizado. Pienso que, como en el sistema sanitario, no se puede decir, como algunos pretenden que se
haga en la ley, que a tal grado de dependencia le corresponde tal servicio del catálogo o tal otro, sino que el plan individualizado


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es el que lo ha de marcar. Al igual que en el sistema sanitario no se trata una gripe con el mismo medicamento y unos pasan tres días en cama, otros ninguno y otros solamente uno, el plan individualizado es la clave de los servicios que se
presten a esa persona que tiene reconocido un derecho de asistencia por ser dependiente, y según su propia situación de dependencia, según sus condicionamientos de carácter social y según su entorno necesitará quizás la atención de un centro de día,
un servicio de atención a domicilio o una institucionalización. Quería saber qué importancia le da usted al plan individualizado. Hay otra cosa que me parece también muy importante en la ley. ¿Está usted de acuerdo en que la ley ponga por encima
de la prestación económica la prestación de servicios, la garantía de servicios públicos de calidad?


Por lo demás, de su intervención podemos destacar, que, como en otras comunidades autónomas, no es solamente su Gobierno el que está trabajando para la puesta en marcha de esta ley; aparte de los centros de referencia que usted ha citado en
su comunidad autónoma, que son interesantísimos, exite el centro estatal de referencia para vida independiente, porque hay que reconocer que esta ley a la que todos llamamos Ley de Dependencia es algo más que eso; es una ley para la autonomía
personal y para la promoción, para, como usted bien ha dicho, evitar esos aumentos en la dependencia. Este tipo de centros están también recogidos en otras comunidades autónomas y van a ser parte del soporte de la red, que no va a estar solamente
constituida por los centros de las comunidades autónomas, por los centros concertados del tercer sector o de la iniciativa privada, sino también por todos los centros estatales de referencia.



De nuevo debo felicitarla por su intervención. Si pudiera contestar a las preguntas que le he realizado se lo agradecería y si luego tenemos oportunidad y tiempo, a lo mejor vuelvo a intervenir.



La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Para contestar a los diferentes grupos parlamentarios tiene la palabra la señora consejera.



La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Flores Rabazo): Me gustaría contestar a todas la preguntas y dudas que se me han planteado, pero quiero hacerlo de manera casi cronológica para no confundirme en el espacio
y en el tiempo, y cuando hablo de cronológica no solamente es por lo que ha dicho S.S. del Grupo Popular o la portavoz del Grupo Socialista, sino cronológica porque usted me lo hace ver así.
Me habla del Pacto de Toledo, efectivamente un pacto
importante, un pacto de consenso y un pacto donde tuvieron que ver tanto las fuerzas políticas como las fuerzas sindicales y desde lo social. Lo que pasa es que el Pacto de Toledo, al que llegamos todos con entusisasmo, porque creíamos que ese
consenso era necesario, coincide con el mismo año en que bajan los presupuestos en el plan concertado, donde se sientan las bases de un trabajo para el futuro que podían ustedes haber realizado -queda la duda de si se planteaba o no en un futuro-.
Se produce esa contradicción: apuestan en teoría por él, pero rebajan la cantidad de recursos en presupuestos, con lo cual se puede imaginar la desilusión de las comunidades autónomas afectadas ante lo que se dijo en el pacto y lo que se concretó
presupuestariamente, que era una rebaja importante. No solamente nos afectaba a las comunidades autónomas. Imagínese que con el plan concertado las comunidades autónomas aportan una cantidad. Nosotros aportamos tres veces más que el plan
concertado que teníamos cuando gobernaba el Partido Popular, tres veces más, lo puede mirar en nuestros presupuestos -en cualquier momento se lo puedo facilitar-, y los ayuntamientos aportaban un 20 por ciento. Eso suponía que si queríamos mantener
los mismos servicios sociales teníamos, como sucedió, que pagar, si eran tres, cuatro veces más para poder hacerlo. Eso se lo digo desde el dolor de una consejera que quiere mantener equilibrios en su propia comunidad autónoma. Entonces, no me
coinciden las palabras con los hechos en relación con el Pacto de Toledo, que yo sí valoré.



Dice que tiene grandes dudas respecto a si el 50 por ciento realmente resulta equilibrado en cuanto a presupuestos, si me parece bien como consejera o no. Por lo dicho anteriormente, bienvenido sea. Si hubiera más, será bienvenido. Ahora
bien, a los que estamos acostumbrados a llevar políticas desde una comunidad autónoma prácticamente en soledad un 50 por ciento nos parece importantísimo, porque eso sí que posibilita equilibrar recursos en todas las comunidades autónomas; como
saben ustedes, los plazos, que por eso hay plazos, y ya contesto a lo que decía la señora diputada del Grupo Socialista, se establecen precisamente para equilibrar recursos para después beneficiarnos en calidad, y eso necesita sus tiempos, su
seriedad y su sostenibilidad, que es importantísimo. Hay Comunidades autónomas que efectivamente hemos hecho un gran esfuerzo y por lo tanto tenemos más recursos. Por eso hablábamos del mapa y del plan sociosanitario, porque el mapa lo que hace es
equilibrar la situación de las comunidades autónomas: donde menos recursos hay es donde van. Es un estudio perfecto de personas dependientes en cada área sociosanitaria. En nuestro caso son 10.000 personas mayores de 65 años más contemplando el
grado de dependencia, no de 65 en la actualidad sino teniendo en cuenta los 80, que es como lo recoge el libro blanco; por lo tanto es el que diagnostica perfectamente la situación de toda la nación.



En el trabajo de diagnostico, y contesto a una de la preguntas de S.S., que se hace con el Libro Blanco de la dependencia hacen aportaciones las comunidades autónomas, o sea que yo me siento partícipe, al igual que todas la comunidades
autónomas, en cuanto a datos que se nos piden y a otros que tenía el ministerio y sobre los que se nos pregunta si coinciden o no. En las conferencias sectoriales se nos ha preguntado a las distintas comunidades autónomas hemos enviado sobre el
anteproyecto y todas las comunidades autónomas hemos enviado las sugerencias que hemos creído convenientes; algunas se han reflejado, la mayoría, se lo puedo garantizar, y otras me imagino que no y las tendrá el ministerio, pero todas las


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comunidades autónomas lo hemos hecho; incluso en la última conferencia sectorial el Partido Popular pidió más tiempo para poder seguir aportando datos desde otras comunidades autónomas y así se hizo. Se dio más tiempo.
Por lo tanto la
participación de todas las comunidades autónomas sí existe, al igual que la de la FEMP la de otros colectivos. Pero lo que me parece más importante a la hora de valorar esa coordinación y participación es escuchar al que más sabe. Yo creo que la
obligación de un político es tener los oídos siempre cerca del ciudadano y sobre todo de aquellos ciudadanos que trabajan y que viven la situación de la dependencia. Cuando digo esto sabemos que hay menor organización, por ejemplo en personas
mayores dependientes, pero sí hay una gran organización en discapacitados. Si un Cermi nacional, que efectivamente tiene la ideas muy claras porque trabaja en cada comunidad autónoma con sus Cermi autonómicos, sus FEAP, sus Aspace, que están
representados a nivel nacional, tiene muy claro cómo se trabaja, qué recursos tiene en cada comunidad autónoma, la aportación de los colectivos, lo que llamamos el tercer sector, efectivamente para nosotros es imprescindible, es la mayor
participación que se puede dar a la ciudadanía. Se llama coparticipación. Es mucho más que proponer y hacer una propuesta. Es estar en el día a día trabajando con ellos para saber qué sugerencias pueden aportar, hasta dónde podemos llegar, y
entre todos se ha hecho este anteproyecto, con lo cual no queda más remedio, porque es así, que verlo casi en positivo.



Si hablamos de derechos, decía usted que si el derecho era efectivamente esa aportación económica, por un lado; por otro, que ya lo teníamos desarrollado en las distintas comunidades autónomas. Pero es que cuando se hace el Libro Blanco de
la dependencia se diagnostica que no es así, que no existe un equilibrio nacional de recursos, y como no existe ese recurso nacional, es por lo que el Estado se compromete a reconocer un derecho subjetivo, que significa eso, el derecho subjetivo,
porque las competencias, como ustedes saben, son de las comunidades autónomas, pero el Estado debe velar por el equilibrio en todo el Estado, y es lo que hace con este anteproyecto; por lo tanto, es un derecho subjetivo reconocido además en su
preámbulo. Conocerse la ley en profundidad es importantísimo, porque si no se puede llegar a una falta de conocimiento y por lo tanto ser un poco subjetivo en cuanto a lo que se está diciendo.
La ley es muy importante, y yo de verdad les brindo
esa oportunidad -yo lo he hecho en multitud de ocasiones- de poderla leer y de poder sacar aspectos positivos y negativos para poder ser críticos. Les puedo asegurar que yo soy una consejera bastante crítica porque me preocupa realmente. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.),


Hablaba de equilibrios también en otros aspectos. Me ha hablado del derecho subjetivo. El derecho es equilibrar. Dice que por qué valoro tanto los consejos territoriales donde están representadas, era su tercera pregunta, las comunidades
autónomas. Porque realmente no se trata solo de que estén representadas las comunidades autónomas para ver quién se lleva más, que es a lo que estábamos acostumbradas las comunidades autónomas en los consejos sectoriales y en las conferencias
sectoriales.
Ahí no va a haber más presupuesto para una comunidad que para otra, porque se trata de usuarios, de personas que lo necesiten. Por lo tanto, si una persona necesita un bastón, se le va a dar un bastón; pero si una persona necesita
una silla de ruedas, se le va dar una silla de ruedas; y si una persona necesita estancia de día, va a tener una estancia de día, una teleasistencia o una ayuda a domicilio o residencia de personas dependientes con necesidades que requieren
atención especializada. Si eso se le va a dar individualmente a cada persona, al millón y pico de dependientes, se trata del millón y pico de dependientes, independientemente de a qué comunidad pertenezcan: por lo tanto esta garantizado el
equilibrio. No se trata de comunidades, esa lucha no la va a haber. Este es el equilibrio fundamental y el derecho fundamental que contiene esta ley, que por cierto papá Estado es lo que tiene que hacer; por eso es un derecho subjetivo, se trata
de conocer lo que significa derecho subjetivo.



En cuanto a la cartera de servicios, se recoge perfectamente: se habla de que se va a poner en marcha la teleasistencia, la ayuda a domicilio, centros de día -en algunas comunidades donde ya tenemos la experiencia el Estado también nos los
garantiza-, centros de noche, por la soledad que puede padecer el mayor o una persona con dependencia severa, y residencias especializadas. Esa es la cartera de servicios.



¿Por qué hablo de un presupuesto para las personas que realmente tienen más necesidad en el primer año y por qué se necesita el espacio de tiempo que decía la portavoz del Grupo Socialista? Reitero lo que estaba diciendo, porque si hay
comunidades autónomas que realmente no tienen todos los servicios, habrá que equilibrar primero aquellas que no tienen servicios, y que otras ganen en calidad porque ya los tenemos. Entonces resulta, por ejemplo, que una comunidad autónoma, como
sañalaba la portavoz socialista, tiene cubierto un 14 por ciento, que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero por ejemplo hay otra comunidades autónomas como es Valencia que tiene solamente un 6 por ciento. Habrá que echar una mano,
independientemente del partido al que pertenezca, y no somos sospechosos porque es del Partido Popular. Entonces se trata de recursos, porque el equilibrio se da a través de los usuarios, pero hay comunidades que efectivamente aventajamos a otras,
porque el 64 por ciento de nuestro presupuesto va a temas sociales, y al ser en asuntos sociales, efectivamente nos hemos permitido redistribuir, hacer equilibrios de región y garantizar realmente este derecho a todos los ciudadanos. Lo que pasa es
que necesitábamos, uno, que se contemplase por ley; dos, que tuviésemos más presupuesto, lo cual nos garantiza el Estado; y tres, si creemos en lo universal, tenemos lo universal. Entonces, desde lo público nos parece importantísimo que se
pusiese en marcha esta medida.



Hemos hablado del conseso, y del espacio sociosanitario, así puedo contestar a las portavoces diputadas de los dos grupos. Nosotros cuando hablamos del plan sociosanitario


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como puerta de salida para estar preparados, al igual que todas la medidas que tenemos en marcha, estamos hablando no de los niveles que contempla la ley, estamos hablando de que hay un tipo que es solo sanitario, que son aquellas personas
que padecen una enfermedad aguda en un momento determinado y no se cronifica -la cronificación en el tiempo causa una dependencia-. Pero es que la persona que es ya dependiente de por sí, que es un mayor dependiente, una persona con discapacidad,
porque también hablamos de personas menores de 65 años, cuando tiene una dependencia pero padece una agudeza de su enfermedad, habrá que verla en otro sistema que tiene que ser común y ese sistema común es lo que nosotros denominamos, como decía
anteriormente en la comparecencia, de tipo 2.
Por lo tanto, optimizamos recursos, atendemos a personas dependientes del sistema sanitario y del sistema social, pero sin poner más recursos ni más inversión ni más dinero, sino dando ese carácter, que
por cierto también contempla la ley. Esto lo hizo esta comunidad autónoma antes de saber nada del anteproyecto de ley, porque fue en gobiernos todavía del Partido Popular, pero al tener ya el estudio, que también llevará su tiempo para que sea
serio y sostenible, nos va a venir estupendamente, porque ese espacio sí lo contempla esta ley, actuación que nosotros ya tenemos incorporada. Me dice el presidente que no me extienda por si hay réplicas. Señor presidente, aquí se acaba.



El señor PRESIDENTE: Que no coge el avión.



La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Flores Rabazo): Es que me tengo que ir a China ahora mismo, pero sí, por favor, atiendo a lo que quieren preguntar sus señorias.



El señor PRESIDENTE: Vayan llamando al aeropuerto, que paren el avión. Sí señora Méndez.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, la verdad es que no pensaba replicar, pero le agradezco que se me permita hacerlo después de la intervención de la señora consejera, sobre todo por intentar poner en su sitio las afirmaciones
que ha hecho en contestación a lo que nosotros pensábamos que era una muy respetuosa intervención cuando le hemos preguntado sobre las cosas de las que en nuestra opinión carecía la ley, a lo que además tampoco ha contestado.



En primer lugar ha dicho que el Gobierno que sustentaba el Partido Popular no hizo las cosas que debía de hacer y no se atuvo al Pacto de Toledo. Le puedo decir que el Gobierno sustentado por el Partido Popular puso en marcha y ejecutó
todas y cada unas de las resoluciones del Pacto de Toledo cuando se aprobó. Yo le preguntaría, a resultas de lo que nos ha dicho, qué opina de los 1.000 millones de euros que prometió su Gobierno desde el primer año de legislatura, de los que
solamente ha puesto 50, además a propuesta de una enmienda me parece que fue del Grupo de Convergència i Unió o de un grupo catalán.



Nos decía también, y por lo tanto nos parece que no es coherente su intervención, que para que exista un equilibrio nacional de recursos el Estado tenía que comprometerse a un derecho subjetivo reconocido en su preámbulo, es decir, que
tenía que existir efectivamente un equilibrio nacional de recursos. Eso es precisamente lo que nosotros queremos, cuya ausencia es precisamente lo que nosotros criticamos, eso es precisamente lo que no viene en la ley, eso es precisamente de lo que
carece la ley, porque la ley concreta que esos derechos se van a reconocer en futuros convenios, en futuros presupuestos. Todo es un futurible: va a ser, va a reconocer, va a garantizar, y usted además en su exposición así lo ha reflejado: va ser
de esta manera, va a garantizar de esta manera, se van a poner en marcha estos recursos. Eso no es una ley, eso es una declaración de intenciones, señora consejera.



Señora consejera, también le digo que yo en su caso no haría las afirmaciones que usted ha hecho en su comparecencia sabe si hemos leído o no la ley. No solamente nos hemos leído la ley, sino que además usted está hablando con una diputada
que no solamente se la ha leído, sino que ha visto sus carencias -por eso critica la ley- y que además ha tenido también la competencia de haber sido consejera en su región, y por eso precisamente, por un conocimiento de causa, sabe las carencias
que tiene esta ley, y por eso le pregunto si usted reconoce o no que existe alguna carencia. Una de las preguntas que le he hecho es si usted reconoce alguna carencia, y no me ha reconocido absolutamente ninguna. Pues, señora consejera, nadie es
perfecto, alguna carencia debe de tener esta ley y usted no me ha dicho cuál ni de qué manera. Y esta ley es una declaración de intenciones, esta ley no reconoce un derecho subjetivo, esta ley dice que el discapacitado tiene derechos, o el
dependiente o gran dependiente tienen derechos subjetivos, pero no dice cómo ni de qué manera, ni cómo se garantizan, ni hasta dónde llegan, no dice absolutamente nada, no concreta, señora consejera, y en una ley se deben de concretar, se debe de
reconocer, y el gran dependiente o el dependiente debe de saber hasta dónde esta ley le reconoce derechos.
Porque yo le digo que en su comunidad, como en la mía, ahora mismo una persona dependiente no tiene absolutamente ni idea, con este texto, si
tiene más o menos derechos de los que tenían sin este texto; o sea, no lo sabe, porque él sabe que en su comunidad tiene una serie de recursos que están a su disposición, y desde luego esta ley no le garantiza ni cómo, ni dónde, ni hasta cuándo, ni
qué financiación, absolutamente nada. Eso es lo que yo le pregunto y eso es lo que usted no ha contestado, y desde luego le puedo asegurar que no solamente me he leído esta ley, sino que sé exactamente la carencia que tiene y sé que en este proceso
parlamentario debería de modificarse y por lo menos aprobarse un texto que fuese bueno para todos los ciudadanos españoles y no solamente para unos cuantos.



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El señor PRESIDENTE: Señora consejera, ¿quiere usted contestar?


La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Flores Rabazo): Contesto, si me permite el presidente, de manera breve. Primero, disculpe, no había dicho, señora diputada, que usted no se lo hubiese leído; lo digo por
la críticas, porque a veces no se conoce la ley y se habla de derechos subjetivos sin conocer ese propio derecho que está reconocido, por eso he hecho hincapié en ello. Cuando hablo del Pacto de Toledo he elogiado el consenso, lo único que he dicho
es que veía contradictorio el discurso del Pacto de Toledo y la baja en Presupuestos Generales del Estado con respecto al plan concertado, que mucho tiene que ver, como usted sabe, con los servicios sociales. Entonces, que no me cuadraba la teoría,
que estaba estupendo y que efectivamente se ha cumplido, excepto en aquello que ustedes critican fundamentalmente, que son los presupuestos para poder llevar las leyes a efecto. Es lo único que he dicho de ese tema, pero se lo vuelvo a repetir.



En cuanto al equilibrio interterritorial, El equilibrio se produce en la medida que no se reconoce a las comunidades autónomas para dar un presupuesto determinado como en esta ley, sino que se reconoce al usuario, dependiendo de las
necesidades que tenga. Las necesidades de un usuario, ya sea un gran dependiente, si necesita ayuda por el cuidador informal en casa, o bien si necesita lo que decía anteriormente, una silla de ruedas o bien un solo bastón, esas necesidades van a
estar cubiertas. Por lo tanto, como se trata de usuarios y no de comunidades autónomas, es por lo que se produce el equilibrio.



Habla de las sugerencias. Las sugerencias las hemos aportado las comunidades autónomas. Yo me tengo que sentir satisfecha , señora diputada, porque se ha recogido, no puedo decir otra cosa, cada sugerencia que he hecho; incluso la de 0 a
3 años que ustedes criticaban se ha recogido. El tema del cuidador informal se ha recogido de la manera que se ha expuesto posteriormente. Ustedes están aquí también para mejorar la ley, pero en mi caso todo lo que ha dicho mi comunidad autónoma
se ha recogido, entonces yo tengo que verlo en positivo.



El consejo, y acabo, yo lo valoraba positivamente. Es que las competencias son de las comunidades autónomas, entonces eso que queda en el aire está recogido en la ley, porque luego nuestra obligación es ponerlo en marcha, por eso
efectivamente puede haber convenios posteriores, reglamentaciones posteriores que determinaremos las comunidades autónomas con el propio ministerio, y cada uno lo haremos a nuestro modo y manera. Es que si llega a ser de manera contraria ustedes
habrían dicho que era anticonstitucional, lógicamente, porque lo sería, y yo también lo habría dicho. Pero no se mete en las competencias de las comunidades autónomas, y por eso vienen los conciertos posteriores, los convenios, los planes y la
reglamentación posterior.



El señor PRESIDENTE: Doña Soledad, tiene un minuto


La señora PERÉZ DOMÍNGUEZ: Yo solo quiero agradecerle a la consejera su presencia aquí y desearle buen viaje.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora consejera, que lo pase muy bien en China. Se levanta la sesión.



Eran las doce y treinta minutos del mediodía.



Corrección de error: En el 'Diario de Sesiones' número 531, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el martes 28 de febrero pasado -y cuyo texto procede de la grabación de la sesión, debido a la ausencia de personal de la
Redacción del 'Diario de Sesiones' , por su presencia en otras Comisiones de la Cámara-, figura en la intervención de la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, en la página 11, primera columna, la frase '...he hablado con
colectivos que están con ustedes en esta defecación...', cuando la frase correcta es '...he hablado con colectivos que están con ustedes en esta federación...' .