CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 203

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 18

celebrada el martes, 1 de marzo de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), para informar sobre las principales líneas de la política que está desarrollando el Ministerio en materia de prevención de riesgos laborales, así como
para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno ante el accidente laboral de Burgos, y las medidas urgentes del Gobierno para hacer frente a la accidentabilidad laboral. A petición propia. (Número de expediente 214/000049.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a petición propia por haber sido retirada en el día de ayer del orden del día la solicitud formulada por Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Por tanto, la comparecencia es exclusivamente a petición del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para exponer las principales líneas de la política que está desarrollando el ministerio en
materia de prevención de riesgos laborales, así como para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno ante el accidente laboral de Burgos, y las medidas urgentes del Gobierno para hacer frente a la accidentabilidad laboral. Vamos a dar la
palabra el señor ministro para su exposición y, a continuación, intervendrán los distintos grupos parlamentarios, iniciando el Grupo Parlamentario Popular, luego de menor a mayor, y finalizando el Grupo Parlamentario Socialista.



Señor ministro, bienvenido como siempre a esta casa, la suya, por supuesto. Tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Quiero agradecer la oportunidad de poder comparecer ante la Comisión para tratar una cuestión que constituye una de las prioridades de la sociedad española, desde
luego del Gobierno, y estoy convencido que de todas SS.SS., como son las condiciones de seguridad en el trabajo y los accidentes laborales. Efectivamente, Izquierda Unida pidió la comparecencia, y se lo agradezco. Yo también la solicité en nombre
del Gobierno. Esta comparecencia nos permitirá tratar monográficamente y en profundidad acerca de una cuestión vital como es la seguridad en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales. Además, como saben SS.SS., el 13 de enero sucedió un
terrible y lamentable accidente de trabajo que puede ser considerado como uno de los más graves en los últimos años. Les adelanto desde este momento que vengo, como siempre, con la explícita intención de proponerles en el terreno de la lucha por
mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y por reducir, lo más rápidamente posible, el volumen y gravedad de los accidentes, una estrategia conjunta. Lo que desea el Gobierno es movilizar a toda la sociedad, para lo cual necesita contar
con todos, con los agentes sociales y también con los grupos políticos. Como explicaré más adelante, es lo que hemos venido haciendo y hemos planteado a los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones empresariales), y es lo que hemos
planteado también a las administraciones con las que el Gobierno comparte las responsabilidades políticas en la materia, es decir, las comunidades autónomas. Ambos, interlocutores sociales y comunidades autónomas, han celebrado la iniciativa y han
respondido con su absoluta disposición a colaborar y contribuir con todo lo necesario, lo cual merece todo el reconocimiento del Gobierno. Sin embargo, no es suficiente y debemos contar con todos ustedes, con las fuerzas políticas, a las que
solicito su colaboración, implicación y cooperación, y sé que la sociedad española va a contar con ella. Para hacer realidad este planteamiento, me pongo desde ahora mismo a disposición de SS.SS. y de los grupos políticos para enviarles cuanta
documentación, información, incluso comparecencias sean precisas para tratar este asunto tan grave que padece nuestro mercado laboral.



Me voy a referir a cuatro cuestiones. En primer lugar, los sucesos ocurridos en el accidente de Burgos, mejor dicho, la llamada de atención que, a mi juicio, significa el accidente de Burgos respecto a la importancia de la prevención y al
peligro cierto, muy cierto, que supone olvidarse de ella, porque este accidente, como la mayoría, muestra que el verdadero problema está donde siempre ha estado, en la falta de prevención. Considero de la mayor importancia obtener enseñanzas y
conclusiones después de la tragedia, que quisiéramos fueran positivas para el desarrollo de la actuación preventiva, si queremos minimizar riesgos tan graves como los ocurridos. En segundo lugar, pretendo realizar una breve panorámica sobre la
situación actual de la seguridad y salud en el trabajo y la evaluación de los accidentes laborales, de forma más general exponer cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Como tercer punto, quiero explicar la política de mi departamento, pero
más que esta explicación, lo que me interesa de verdad es que ustedes planteen cuanto consideren oportuno y se asocien al ofrecimiento general, para que todos participemos, cada uno desde nuestro nivel y desde nuestras posiciones, en esta tarea
colectiva de mejorar la seguridad y reducir los accidentes. Esta es, lo va hacer el Gobierno sin descanso, la condición necesaria para que haya una concienciación e implicación total de la sociedad en ese objetivo. El Gobierno, como he dicho, está
en disposición de realizar un planteamiento global para discutirlo de la forma más amplia, con todo el mundo, y una vez consensuado, llevarlo adelante. Por último, adelantaré algunas medidas inmediatas que estamos ya desarrollando, dirigidas a
conseguir un refuerzo directo de la prevención, de la vigilancia en el cumplimiento de las normas y, en suma, de la lucha contra los accidentes. Permítanme, por tanto, que aborde, en primer lugar, el accidente de Burgos, caso claro de fracaso de
las políticas preventivas.



Antes de nada, señorías, me gustaría recordar a las víctimas, a los diez trabajadores que han perdido la vida, y a los dos heridos que están muy graves, por causa de un accidente que a todos nos hubiera gustado haber podido evitar, y enviar,
como lo hice aquel día, el mensaje de dolor y solidaridad del conjunto de la sociedad española a todas las familias. A continuación, haré un relato de los hechos, advirtiendo que las responsabilidades penales y administrativas en su caso se están


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dirimiendo en los lugares adecuados y que aquí nos corrresponde obtener conclusiones para la actuación futura que prevengan accidentes de esta naturaleza: ver en qué se ha fallado, ver qué hay que reforzar y ver qué hay que reformar. Los
hechos son los siguientes: el día 13 de enero de 2005, alrededor de las 08:30 horas se inició un incendió en un local situado en los bajos de un edificio destinado a viviendas en la calle Sauce número 2 de Burgos. En el local se encontraban 13
trabajadores de la empresa Construcciones Arranz Acinas S. A. destinados en la obra que la empresa realiza para el Ayuntamiento de Burgos, consistente en la construcción de un carril bici. El incendio se produjo al manipular una garrafa de gasolina
con la que se iba a repostar un pequeño generador, lo cual a su vez ocasionó una deflagración que prendió el recubrimiento de poliuretano del techo del local. Como consecuencia de la enorme toxicidad de este producto fallecieron diez trabajadores y
otros dos se encuentran en situación grave, uno de ellos muy grave. El local venía siendo utilizado por los trabajadores para cambiarse de ropa y a veces para comer, a su vez se utilizaba como almacén donde guardar maquinaria y al menos esa mañana
se manipulaba gasolina. Dicho local no estaba contemplado en el plan de seguridad de la obra ni como vestuario ni como almacén ni como lugar donde pudieran manipularse sustancias peligrosas como la gasolina. Según el mencionado plan, los
vestuarios se encontraban en la calle Vitoria número 87 y la empresa debía trasladar por sus medios a los trabajadores hasta los tajos. La coordinación de seguridad ejercida por la empresa de ingeniería Amepro, Americana de Proyectos, contratada al
efecto por el Ayuntamiento de Burgos como promotor de la obra, desconocía el uso del local. El servicio de prevención ajeno correspondiente a la empresa Fremap contratado específicamente para realizar 20 visitas a esta obra, también lo desconocía.
El plan de seguridad de la obra, aun cuando recoge que los combustibles líquidos inflamables se deben guardar en el almacén de productos inflamables, no especifica cuál es ese lugar. Tampoco lo hace con el almacén de la maquinaria de obra. El plan
de seguridad recoge un presupuesto en formación y reuniones de seguridad de 2.027 euros, no constando su aplicación. La empresa a través de Fremap había dado solo una charla de una hora de formación a algunos de sus trabajadores, en la que
únicamente dos de los afectados por el accidente habían estado presentes. El trabajador que manipuló la gasolina no había recibido formación en mantenimiento de maquinas ni manipulación de líquidos inflamables. La empresa tiene servicio de
prevención propio para seguridad e higiene. Se sometió a auditoría por requerimiento expreso de


la inspección aportando el informe en diciembre del 2004. De lo examinado la auditoría no detectó estas irregularidades como críticas o graves. En las conclusiones del apartado de formación la auditoría recoge que la empresa debe mejorar
la formación a pie de obra e incluir aspectos preventivos en el procedimiento de formación. El ayuntamiento como promotor de la obra aprobó el plan de seguridad en noviembre del año 2003. La coordinación de seguridad contratada por el ayuntamiento
no comprobó dónde se cambiaban los trabajadores, ni dónde se almacenaban o manipulaban las sustancias peligrosas, ni tampoco donde se guardaba la maquinaria de obra, ni la disposición de extintores en el local del siniestro.



La conclusión global que puede extraerse de todos estos hechos, sin perjuicio de conclusiones más precisas que puedan concretarse una vez finalizadas las actuaciones, es que en este accidente ha fallado toda la gestión de la prevención o al
menos una parte muy importante de la misma.
Es obvio que ha fallado la prevención propia por parte de la empresa, materializada en el plan de seguridad y en el servicio de prevención propio. Ha fallado el servicio de prevención ajeno; ha fallado
la prevención responsabilidad del promotor materializada en la coordinación de seguridad a través de la empresa contratada al efecto; ha fallado la auditoría en materia de prevención, y ha fallado la formación a los trabajadores. Las actuaciones
investigadoras de la inspección, cuyo desarrollo está bastante avanzado, próximo a concluir, permitirán determinar finalmente la exigencia de responsabilidades administrativas, pero del estado de esas investigaciones podemos avanzar que existen
constatadas transgresiones de la normativa de seguridad, tanto por parte de la empresa constructora como por parte del promotor, las cuales sin duda darán lugar a sus correspondientes actas de infracción y recargo de prestaciones para los
beneficiarios a cargo de los responsables. Ante la indiscutible gravedad de los hechos, se puede considerar que tales infracciones se encuentran entre las más graves de las tipificadas por nuestro derecho sancionador, lo que debe dar lugar a la
propuesta ante la autoridad laboral, en este caso la autoridad laboral es la Junta de Castilla y León, de las sanciones acordes con la gravedad de los hechos.
La tipificación concreta, no obstante, como conocen ustedes muy bien, corresponde sea
realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde el ámbito de la plena autonomía técnica y funcional que le otorgan las leyes y convenios internacionales. El accidente de Burgos debe servir, por consiguiente, para que todos llamemos
la atención sobre la importancia de que se desarrollen y apliquen eficazmente las medidas preventivas establecidas en las normas, y ésta es precisamente la tarea global que se ha propuesto el Gobierno: conseguir, con la colaboración de todos, la
realización de un planteamiento integrado que permita que el conjunto del sistema preventivo español se refuerce y sea más eficaz. No quisiera, sin embargo, que del caso de Burgos se extrapolara la conclusión de que nada funciona en ningún sitio;
al contrario, las políticas preventivas son recientes en España, llevan diez años funcionando, a lo largo de los cuales la prevención ha ido abriéndose camino en las instituciones desarrollando su tarea. La


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situación actual tras estos diez años tiene luces y sombras y a ello, señorías, me quiero referir seguidamente.



Comenzaré esta breve panorámica por la situación en España de la prevención de riesgos laborales y por las cifras de accidentes que, en definitiva, son un indicador relativo de las carencias o debilidades de la prevención, pero sobre todo,
como indicador, son útiles para poner de manifiesto las tendencias de las condiciones generales de seguridad en el trabajo. Los accidentes -medidos por el índice de incidencia que, como saben ustedes, descuenta el factor volumen de empleo-
crecieron de forma considerable durante la segunda mitad de los años noventa. A partir del año 2000, que fue el año de máxima siniestralidad en nuestro país, comenzaron a bajar, suavemente primero y más intensamente en el año 2003 y en el año 2004.
Les hemos entregado unas fichas donde se puede apreciar la evolución de la siniestralidad laboral en el periodo 2000-2004. Como ven ustedes, se marca una importante caída. Entre finales del año 2000 y 2004 el índice de siniestralidad se ha
reducido en prácticamente un 20 por ciento, siendo en los años 2003 y 2004 donde más ha caído la siniestralidad, un 6,9 en el 2003 y un 6,1 en el año 2004.
Esta tendencia al descenso se confirma para todos los tipos de accidentes, leves, graves y
mortales, y en todos los sectores, y además es la primera vez que se produce el descenso en una etapa de expansión de la actividad económica y del empleo. Se ha roto por tanto el patrón histórico de la siniestralidad en España, ya que siempre que
aumentaba el producto y el empleo crecían los accidentes. El año 2004 es, como he mencionado, el segundo ejercicio de fuerte reducción de la caída de la siniestralidad, siendo superior al 6 por ciento. En 2003 casi llegó al 7 por ciento la caída
de la siniestralidad. La siniestralidad ha disminuido en 15 de las 17 comunidades autónomas y las reducciones han sido mayores en los accidentes graves y sobre todo en los mortales. Este último es un aspecto que me interesa destacar, señorías, la
incidencia de los accidentes leves se reduce un 6 por ciento, pero la incidencia de los accidentes graves ha caído más de un 11 por ciento en un solo año y la de los accidentes mortales ha caído también prácticamente en esa proporción, en un 11 por
ciento. Esta evolución se repite en todos los sectores salvo el agrícola. Tanto en la industria como en la construcción y los servicios, la siniestralidad grave y mortal cae con mayor fuerza y en algunos de ellos las reducciones superan con creces
el 15 por ciento.
Por ejemplo, la caída de la incidencia de los accidentes mortales en la construcción ha sido en 2004 de prácticamente un 18 por ciento, la mayor de toda la serie histórica, y además en un año, como saben ustedes, de fuerte
crecimiento de la actividad del sector con mayor tasa de accidentes mortales. No quiero extenderme más con las cifras, de las que todos ustedes disponen, lo que quiero remarcar es lo siguiente. Se trata de cifras de accidentes y no son, por tanto,
susceptibles de complacencia alguna, pero tampoco creo que sean cifras que justifiquen el pesimismo, al contrario, precisamente muestran cuán preciso es perseverar y reforzar la eficacia del sistema preventivo, porque lo que muestran, señoras y
señores diputados, es que esta batalla, si trabajamos en el orden correcto, se puede ganar. De hecho, como acabo de señalar, la caída de los índices de siniestralidad es continúa y persistente. En concreto, en el año 2004, aparte de la reducción
del índice general de siniestralidad, se han conseguido ya recortes importantes en los accidentes más dolorosos -los graves y mortales- y la reducción ha sido especialmente intensa precisamente en el sector que padece las mayores tasas de
siniestralidad que es la construcción.



Cierto es que si ustedes miran el informe que les he entregado, todavía estamos a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral, con cifras máximas en relación con la Unión Europea, y debe ser nuestro objetivo a lo largo de esta legislatura
-y será por el que trabajemos- alcanzar como mínimo la media comunitaria. Para ello, si se mantiene la tendencia de los años 2003 y 2004, sería posible en el año 2008 conseguir esa situación. Partimos sin duda de una situación difícil, como les he
dicho, pero sabemos en qué direcciones hay que trabajar y dónde se concentran los problemas que ocasionan la superior accidentalidad. Sin ánimo de ser exhaustivo, todos los especialistas apuntan en las siguientes direcciones como razones por las
cuales hay tanta siniestralidad: El cumplimiento formal pero no tanto efectivo en la normativa de prevención por parte de las empresas. Ello se debe a la complejidad y dispersión normativa, a la falta de ordenación del mercado de los servicios de
prevención, a la dificultad del cumplimiento de la normativa por las pequeñas y medianas empresas, al debilitamiento de la inspección de trabajo en los últimos años, a un deficiente sistema de responsabilidades empresariales que no incentiva la
prevención, a la clarísima relación entre temporalidad y accidentes de trabajo que pueden comprobar en los últimos gráficos del texto que les hemos entregado. La incidencia de la siniestralidad en la contratación laboral duplica largamente y casi
triplica la incidencia de la siniestralidad en la contratación indefinida, dicho de otro modo, si pudiéramos retirar, para hacer el cálculo, la incidencia de la siniestralidad en la contratación temporal y mantuviéramos solo el índice de la
contratación indefinida, estaríamos en la media europea, no estaríamos por encima de los países de la Unión Europea; es decir, se evidencia que existe un grave problema en relación con la temporalidad.
La necesidad también de desarrollar y
fortalecer la actividad investigadora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; el insuficiente desarrollo del papel de promoción de la prevención por parte de la Administración laboral que compete a comunidades autónomas, la
mayor eficacia que deben desarrollar las mutuas de accidentes en su labor de fomento de la prevención -una cuestión que, por cierto, ya hemos empezado a abordar a través del proyecto de decreto de segregación de las actividades


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de prevención de las mutuas-; la carencia de servicios de prevención en una proporción todavía elevada de empresas; la necesidad de extender los servicios de prevención propios en las empresas de especial peligrosidad y la necesidad de que
se refuerce la actuación de la negociación colectiva y de que se juegue un mayor papel en materia de prevención de riesgos laborales.



En el lado positivo tenemos también aspectos muy importantes: A lo largo del pasado año hemos dado pasos en la tarea de superar estos problemas y deficiencias, por una parte, desde el punto de vista del fortalecimiento de la inspección de
trabajo y del Instituto de Seguridad e Higiene, como luego explicaré, y, para ello, se han incrementado las dotaciones presupuestarias de forma importante. Además hemos abordado la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
elaborando un nuevo esquema de organización y funcionamiento que será presentado en breve a agentes sociales y comunidades autónomas. Al reforzamiento de Inspección e Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo se sumará la habilitación de los
técnicos de las comunidades autónomas -que recogía la Ley del año 2003 y que ahora definitivamente se pone en marcha- que hemos preparado -ya está acordada con las comunidades autónomas-, lo que supondrá un gran salto en la labor de eficacia de las
labores de vigilancia y control. Por otra parte, hemos abordado, también a través del diálogo social, la lucha contra la temporalidad, cuya vinculación con la siniestralidad laboral es indudable porque, junto al reforzamiento de los instrumentos de
los que dispone el Ministerio de Trabajo para luchar contra los accidentes, un segundo eje de actuación consiste en realizar unas políticas laborales coherentes con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud. A ello responde
también el actual proceso de legalización de los inmigrantes que están trabajando de manera no regularizada, proceso que asimismo hemos abordado a través del diálogo social con empresarios y sindicatos, todo ello, señorías, porque es bastante
evidente que las mejores políticas preventivas correrían el riesgo de fracasar en un contexto de precariedad del empleo y del trabajo irregular. Asimismo, y a través del diálogo social, hemos acometido reformas normativas que van a mejorar el
funcionamiento del denominado mercado preventivo, como la regulación de las actividades preventivas de las mutuas a través del decreto que les indicaba, y también está en marcha la elaboración de un nuevo desarrollo del reglamento de los servicios
de prevención que se ha presentado a los interlocutores sociales en la Mesa de diálogo social. En definitiva, todo un conjunto de actuaciones que venimos desarrollando que suponen un impulso considerable en múltiples direcciones en la lucha contra
la siniestralidad laboral.



El segundo aspecto positivo con el que contamos en la situación actual es la excelente disposición de todos los actores implicados en la cuestión.
De una parte, los interlocutores sociales; tanto sindicatos como empresarios están
convencidos de que hay que abordar una política integral y coordinada en la materia, y se han mostrado plenamente dispuestos a compartir la tarea de contribuir a la movilización social por la prevención y contra los accidentes laborales. La Mesa de
diálogo social en materia de salud laboral el martes pasado -hace ocho días- se reunió y abordó una serie de acuerdos -a algunos de ellos ya me he referido antes, otros los explicaré al final de mi intervención-, pero lo más importante es el
convencimiento de todos, el acuerdo en abril, una nueva etapa de diálogo social en la materia, con el objetivo de dar impulso a la política de seguridad y salud en el trabajo a partir de nuevas orientaciones y sobre nuevas bases, como explicaba el
comunicado que consensuaron las tres partes después de la reunión. De otra, las administraciones competentes -las comunidades autónomas- con las que se ha entablado un clima extraordinariamente favorable de colaboración; de hecho, el Comité
técnico mixto Ministerio de Trabajo-Comunidades autónomas se constituyó en el año 2001 y se ha reunido este año dos veces abriendo una nueva etapa en su función de coordinación entre las diferentes vertientes de las políticas preventivas. En el
marco del comité técnico mixto se han creado cuatro grupos de trabajo sobre formación en materia de prevención de riesgos laborales, sobre la reforma de la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
sobre el futuro observatorio permanente de las condiciones de trabajo y sobre el análisis de la accidentalidad mortal. Asimismo se aprobó la creación en conferencia sectorial de la comisión de trabajo sobre la inspección prevista en la ley
ordenadora de ésta pero que hasta ahora no había sido creada en los últimos siete años desde su promulgación. Por último, también se ha aprobado por las comunidades autónomas la ya mencionada norma de habilitación de los técnicos de las comunidades
autónomas para reforzar las áreas de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo -por ello el clima de cooperación con las comunidades es muy positivo y debemos felicitarnos. Además es el segundo pilar necesario para impulsar con el
diálogo social ese planteamiento global y movilizador que aúne los esfuerzos de todos. En tercer lugar están las fuerzas políticas, están todos ustedes. El Gobierno quiere invitarles a participar activamente en esta tarea, cada uno desde su ámbito
y sin olvidar las responsabilidades de cada cual. A partir de aquí, para ir ya con la última parte de mi intervención, paso a desarrollar cuál es el planteamiento del Gobierno.



Señorías, el Gobierno está elaborando ya una nueva estrategia nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo que nos lleve en esta legislatura a disminuir la accidentalidad y a situarnos en la media europea. Es el planteamiento que
el Gobierno ha propuesto a los interlocutores sociales, a las comunidades autónomas y que les quiero proponer ahora a ustedes. Hay varias razones


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para plantear esta estrategia: primero, es el medio para establecer el marco general de la política de prevención a corto, medio y largo plazo, también es una forma de dotar de coherencia y racionalidad a las actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por todos los actores implicados en la prevención, que es una necesidad nacional y un compromiso con la Unión Europea. También puede entenderse que hay una necesidad social en la medida en que la
sociedad necesita ver con claridad una respuesta coherente de poderes públicos, fuerzas sociales y grupos políticos, es decir, unidad frente al problema, y es un compromiso político que quiere asumir el Gobierno con todos los interlocutores y con la
sociedad. Las notas definitorias de esta estrategia son el consenso, la transversalidad al enfoque y tratamiento de la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, el diseño de políticas integradas que tengan en cuenta el conjunto
de los ámbitos y de los interlocutores que intervienen, la realización de una política laboral coherente con los objetivos de reducir los accidentes de trabajo y la sensibilización a la sociedad para implicarla en la tarea de mejorar la prevención y
conseguir la reducción de siniestralidad.



En opinión de los expertos, que comparten los interlocutores sociales y el resto de actores implicados, no estamos ante un problema de insuficiencia de legislación. La legislación es buena y suficiente es más, se aprobó la ley en el período
del anterior Gobierno. Lo que falta es, primero, una actuación integrada y bien dirigida que extraiga toda su potencialidad y eficacia al actual marco normativo e institucional. Para ello los contenidos y elementos que integran esta estrategia
son, el marco institucional, que se integra por la Administración General del Estado, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo reformado y fortalecido y otros departamentos ministeriales que deben
intervenir, Educación, Sanidad e Industria, las comunidades autónomas, los agentes sociales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, la Fundación para la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, las fuerzas políticas aquí presentes.



Segundo, desarrollar un conjunto de políticas activas dirigidas a la prevención y reducción de accidentes, políticas que deberán abarcar, al menos, los siguientes terrenos. La política laboral y de empleo, la sanitaria, la política
industrial, la educativa, la formación, política informativa y de comunicación y sensibilización y la política dirigida a la mejora de la aplicación de la legislación, especialmente a través de la negociación colectiva y de las buenas prácticas. El
marco normativo es el planteamiento al que me he referido antes. No se trata de crear más normativas, sino de desarrollar actuaciones concretas dirigidas a aumentar la calidad del llamado mercado de la prevención, actuando sobre las mutuas,
entidades formativas y entidades auditoras; adecuar el marco formativo a las pequeñas y medianas empresas; mejorar la participación de los trabajadores en la prevención; abordar algunas reformas jurisdiccionales sobre las cuales ya ha trabajado
el Consejo del Poder Judicial y actuar sobre el papel y vinculación de la Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales. El cuarto elemento integrante de la estrategia tiene que ser la financiación de las políticas de prevención de riesgos
laborales, pero sobre todo en la línea de integrar más los recursos disponibles, de multiplicar su eficacia. Hay, no obstante, que reforzar la inspección y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cosa que -como diré ahora- ya estamos
haciendo. Y hay que vincular y conectar mejor la utilización de los recursos de las mutuas al resto del sistema preventivo. El quinto elemento consiste en reforzar la actuación de la inspección e integrar más su actuación con el resto de las
políticas. También en esto estamos avanzando, como ahora diré. Por último, prever la evaluación y control de calidad de las diferentes políticas para garantizar el funcionamiento eficaz de la propia estrategia. En suma, tenemos una estrategia,
una idea, un planteamiento global y lo que pretendemos es aunar a todos a esta estrategia, no queremos que sea del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo, sino nacional, en la que todos se sientan partícipes y protagonistas -agentes sociales,
comunidades autónomas- que quieren trabajar en ello de inmediato para poder disponer de la misma en un plazo muy corto de tiempo. Sin embargo, considero que también deben implicarse en esta estrategia todas las fuerzas políticas. Para ello, de
forma subsiguiente, vamos a ir planteando los contactos necesarios a fin de solicitar y articular su participación en todo el proceso.



Esta estrategia nacional, señorías, ya se está desarrollando con algunas medidas. He explicado los principios y ahora detallaré las medidas que ya están en marcha, pidiéndoles, por supuesto, cooperación, alternativas, nuevas ideas, nuevas
propuestas, que estamos dispuestos a incorporar a esta estrategia. Como dije al principio quiero exponerles las medidas que el Gobierno ya está adoptando, algunas aprobadas, varias, importantísimas, se aprobaron la semana pasada en la Mesa de
diálogo social y otras que se van a adoptar para conseguir un refuerzo directo de la prevención, de la vigilancia en el cumplimiento de las normas y de la lucha contra los accidentes de trabajo, porque no podemos dejar pasar el tiempo. En paralelo
al desarrollo de la estrategia de la que se derivarán nuevas actuaciones en múltiples terrenos y sobre todo una evolución y un proceso de integración de todas ellas -en paralelo, insisto-, hay que continuar tomando medidas que, a juicio del
Gobierno, ni pueden ni deben esperar, pero que son coherentes con los contenidos de esta estrategia a la que antes he aludido. En este marco de actuaciones destinadas a conseguir un reforzamiento directo de la prevención, las principales medidas
son las siguientes.



Primero: en materia de fortalecimiento de la inspección de trabajo se han incrementado los créditos en 2005 un 11 por ciento. Es una subida presupuestaria


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importante. Ello nos permitirá reforzar los medios humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para lo cual se van a ampliar, este año ya, en la oferta pública de empleo, las plantillas en 55 inspectores y 45 subinspectores, es
decir, 100 personas. Permítanme que les dé un dato para que ustedes puedan comprender su dimensión.



Segundo: ambas cosas, la mayor dotación presupuestario y los nuevos medios humanos y materiales, van a permitir, por ejemplo, que solo para el sector de la construcción se realicen cinco mil visitas más en 2005, hasta alcanzar las 80.000
visitas. Ello supone correlativamente que aumenten las actuaciones en 15.000 respecto al año 2004, alcanzando la cifra de 300.000 actuaciones en construcción. Por tanto, más inspección de trabajo y más medios económicos.



Tercero: la habilitación de técnicos de comunidades autónomas afectará a un colectivo potencial de unos 400 funcionarios, de los cuales es previsible que acepten la habilitación citada alrededor de 300. Con esta cifra, señorías, se podrá
aumentar el número de visitas en materia de seguridad y salud en 130.000 por año, lo que va a suponer un incremento de 400.000 actuaciones anuales sobre el volumen actual. Para que se hagan una idea, todo esto supone que este año, una vez puesta en
marcha la habilitación de técnicos de comunidades autónomas, se duplicarán los actuales niveles de visitas a empresas y de actuaciones que se realizan en materia de seguridad laboral. Es decir, un cien por cien más. Por tanto, creemos que es una
medida fundamental para incrementar la prevención de riesgos laborales.



Cuarto: en materia de intensificación de las líneas de actuación de la inspección y de la eficacia de su actividad, crearemos, como he anunciado anteriormente, la comisión de trabajo de la inspección, dependiente de la Conferencia sectorial
para asuntos laborales, comisión en la que ya han sido fijados los objetivos prioritarios en el ámbito nacional en materia de seguridad y salud laboral.



Quinto: programa de actuaciones en sectores de alta siniestralidad, establecido de acuerdo con las comunidades autónomas. Se trata de la continuación del programa de actuaciones en empresas y sectores en los cuales se detectaron mayores
tasas de siniestralidad, así como accidentes de mayor gravedad, fijados de común acuerdo con las comunidades autónomas. En el marco de este programa se visitarán en 2005 diez mil empresas.



Sexto: programa de actuaciones de efecto multiplicador en el que se contemplarán antes otros la realización preferente de actuaciones sobre las entidades que ofrecen los servicios de prevención ajenos, de auditoras, comprobando la
existencia real y la eficacia preventiva de los sistemas de organización concertados.



Séptimo: programa de actuaciones en las actividades donde se registran mayor número de contrataciones temporales, con incidencia en la problemática de la seguridad y la temporalidad. Se han fijado objetivos de actuación sobre trabajadores
con contratos temporales como complemento al objetivo de calidad en el empleo.



Octavo: actuaciones en particular en el sector de la construcción. En el marco del programa de actuaciones en sectores de alta siniestralidad se han definido las necesidades de inspeccionar las actividades o fases de obras en las que es
conocido que se registra el mayor número de accidentes y de mayor gravedad, caída de trabajadores en altura, atropellos por maquinaria pesada, sepultamiento de zanjas o taludes.
Asimismo, tras acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, y a la vista de lo ocurrido en el accidente de Burgos, se ha acordado reforzar las visitas a las obras, inspeccionando los llamados servicios generales e instalaciones al servicio de los trabajadores: vestuarios, aseos, comedores y
locales de descanso. Además, se abren nuevas líneas de actuación para llevar a cabo el seguimiento específico de obras públicas singulares, como AVE, Expo-Zaragoza, etcétera.



Noveno: actividades de inspección en buques de pesca. Las dificultades económicas que atravesaba el sector aconsejaron una menor actividad inspectora, pero hoy, salvados esos problemas, entendemos que la inspección debe recuperar su ritmo
de actividad sobre el sector. Hay otro gran capítulo de refuerzo de las instituciones y actividades preventivas de la Administración General del Estado.



Como punto décimo, reforzaremos los medios materiales y humanos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Queremos poner fin al proceso de debilitamiento del instituto, que ha perdido desde 1996 el 30 por ciento de sus
efectivos técnicos, lo que compromete su labor. Para invertir esta tendencia, en la oferta de empleo público de 2005 se aumentan las plazas de técnicos superiores, así como las de técnicos de grado medio. En concreto, la oferta para técnicos
superiores será de 18 plazas -la mayor desde 1999-, lo que permitirá recuperar algo más del 50 por ciento de las pérdidas acumuladas durante los últimos ocho años.



Undécimo: creación del observatorio permanente de las condiciones de trabajo y de riesgos laborales. Se encuentra en fase avanzada y su creación ha sido acordada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas. Será un
instrumento destinado a la investigación que permitirá realizar los análisis y estudios necesarios para elaborar las políticas preventivas y tendrá como receptores de la información a todos los agentes implicados: Administración del Estado,
administraciones autonómicas, interlocutores sociales, profesionales de la prevención, etcétera.



Hay otro capítulo para fortalecer la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Así, como duodécimo, se establece, en el marco de las políticas de formación continua, un nuevo programa dirigido a sensibilizar tanto a
trabajadores como a empresarios acerca de la necesidad de incrementar los conocimientos y adecuar aptitudes en materia de prevención de riesgos


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laborales. Para ello, hemos establecido este año dos nuevos créditos extraordinarios por importe de 12 millones de euros; la mitad para que la gestionen las comunidades autónomas y la otra mitad los interlocutores sociales.



Decimotercero: se establece un nuevo programa dirigido a subvencionar la creación de nuevos centros de formación profesional, mejora y ampliación de los ya existentes y dotación e instalación de los mismos. En ellos se impartirá, junto a
otras materias, formación en prevención de riesgos laborales. Para ello hemos establecido otro crédito extraordinario por importe de seis millones de euros. Estos centros atenderán los planes de formación continua suscritos al amparo de la
negociación colectiva sectorial para atender las demandas formativas de estos sectores.



Decimocuarto: en relación con el sector de la construcción, se han concedido para el año 2005 45,4 millones de euros a la Fundación Laboral de la Construcción -27 millones más de los que recibieron en 2004, más del doble-, con la finalidad
de crear nuevos centros de formación. En este marco, la mencionada fundación inaugurará próximamente dos nuevos centros, uno en Logroño y otro en la provincia de Granada, que han contado con financiación pública para su equipamiento y amortización.



Decimoquinto: la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que desarrolla igualmente acciones dirigidas a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, ha sido dotada en 2005 con 24 millones de euros, lo que supone duplicar el
promedio anual de fondos con que ha contado durante los cinco años precedentes. Contaba con 12 millones de euros y en 2005 contará con 24.



Para hacer un resumen de esta parte, que considero muy importante, señorías, el aumento de los recursos destinados a la formación en materia de prevención de riesgos laborales por estos cuatro conceptos -nuevo programa destinado a reforzar
la formación de trabajadores y empresarios, nuevo programa dirigido a la creación de nuevos centros de formación profesional, mayor dotación de la Fundación Laboral de la Construcción y mayor dotación de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales- supone un crecimiento para el año 2005 de 57 millones de euros, casi 10.000 millones de las antiguas pesetas.



Otras actuaciones inmediatas para mejorar la prevención de riesgos laborales son las siguientes.



Decimosexto: promover la acreditación de la formación de los trabajadores de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales utilizando la cartilla profesional u otra fórmula análoga. Se desarrollará la implantación de un
documento que acredite la formación de los trabajadores del sector -un documento individual- en materia de seguridad y salud laboral.



Decimoséptimo: preparación de un plan de lucha contra los accidentes in itinere. Si quieren ustedes, podemos profundizar luego en la materia.
Como saben, los accidentes in itinere, así como los relacionados con el tráfico y los
desplazamientos de vehículos durante la jornada de trabajo suponen casi el 40 por ciento de los accidentes de trabajo con resultado de muerte en España. Para combatir esta situación, vamos a establecer un convenio con el Instituto de Seguridad Vial
de Valencia, que estudiará la cuestión y propondrá medidas de actuación.



Decimoctavo: creación de un grupo de trabajo estable sobre la prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo -para los trabajadores autónomos-, mediante un reciente acuerdo -de 26 de enero- del pleno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud, lo que permitirá analizar con profundidad la problemática específica del sector de trabajadores autónomos, así como proponer las actuaciones que se consideren necesarias.



Decimonoveno: segregación de las actividades preventivas de las mutuas por medio del proceso de diálogo social y mediante una negociación con todos los sectores afectados, en la que han participado incluso las organizaciones sectoriales de
los sindicatos, en representación de los trabajadores afectados, y la organización empresarial de las mutuas. Se ha alcanzado un acuerdo con las mutuas para separar las actividades preventivas -las que desarrollan las mutuas como servicio de
prevención ajeno-, del resto de su actividad. El real decreto que plasma el texto normativo de este acuerdo se encuentra en este momento en el Consejo de Estado y será aprobado en breve por el Consejo de Ministros.



Por último y vigésimo: en el marco del diálogo social, se ha acordado abordar la finalización del nuevo listado de enfermedades profesionales, así como el cierre del procedimiento de declaración de las mismas.



En resumen, como pueden comprobar SS.SS., el departamento de Trabajo está desplegando una intensa actividad en la materia. Permítanme que les pida disculpas por la extensión de mi intervención, pero creo que merecía la pena. Merece la pena
conocer cómo continuaremos combatiendo esta lacra.
Nuestra actividad ha ido en múltiples direcciones en esta materia que es una de las prioridades del Gobierno. No vamos a renunciar ni a desfallecer en este empeño, y estoy seguro de que SS.SS.
tampoco. Como he dicho, esta es una labor de todos. El objetivo lo tenemos todos en la mente: acentuar el descenso ya observable en las tasas de siniestralidad para conseguir cuanto antes índices inferiores. Sería nuestro deseo poder eliminar la
siniestralidad, pero al menos podremos acercarnos a la media europea. Una vez más, llamo a todos a participar y a colaborar en ello.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención.



Antes de dar la palabra a los grupos, tendremos dos minutos de receso.
(Pausa.)


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Señorías, continuamos la comparecencia con la intervención, en primer lugar, del portavoz del Grupo Popular, señor Azpiroz, por un tiempo de 10 minutos, como el resto de los grupos.



Tiene la palabra, el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Procuraré atenerme al tiempo.



En primer lugar, quisiera darle la bienvenida al señor ministro y agradecerle su extensa e interesante comparecencia porque nos ha aportado datos en una materia tan importante y tan grave en términos humanos y también en términos económicos,
como la que implica la siniestralidad laboral. Voy a seguir el mismo orden de su intervención y, por tanto, en primer término, haré alguna pequeña reflexión en relación con el trágico accidente ocurrido el día 13 de enero en Burgos con el resultado
conocido de diez muertos, dos heridos graves y también algún trabajador ileso. En este caso el promotor era el Ayuntamiento de Burgos, que tenía contratada a la empresa para la ejecución del carril bici y, según nuestra información, nunca se le
comunicó al ayuntamiento la existencia de esta lonja, no se le solicitó licencia alguna ni tampoco se produjo protesta alguna por parte del vecindario al ayuntamiento en relación con alguna actividad que se pudiera estar produciendo ahí; de manera
que lo desconocían y no se había solicitado licencia.



Quiero hacer alguna breve matización complementaria a las palabras del señor ministro en este sentido en relación con los datos que nosotros poseemos de la empresa. Partimos de la premisa coincidente de que es obvio que lamentablemente
falló la prevención; es una obviedad a la vista del resultado de las muertes que se produjeron. Sin embargo -hay que decirlo-, el año anterior la empresa se había sometido a una auditoría de prevención de riesgos en la cual aparentemente no
existían grandes déficits o importantes cuestiones en relación con el sistema de prevención de la misma. Es más, es una empresa que, en principio, salvo que estemos equivocados en nuestros datos, no ha tenido un historial de conocida
siniestralidad, más bien ésta ha sido escasa.



Quiero poner de relieve algo que normalmente nos preocupa a todos en el tema de la construcción y que además nos ocupa en el sentido de que ponemos encima de la mesa la existencia de las cadenas de subcontratación como un elemento que,
además, incide en muchas ocasiones en la producción de siniestros laborales. En este caso no hay subcontratación, la empresa a la que el promotor, el ayuntamiento, encomendó la ejecución de la obra tenía en plantilla a todos los trabajadores.
Desde luego yo también quiero hacer expresa mención de nuestra solidaridad y del pésame de nuestro grupo a las familias de los afectados, así como desear la recuperación de los dos heridos graves y quisiera decir que, aunque esto no les vaya a
suponer ninguna solución a la tragedia vivida y a las muertes irreparables, existía un seguro complementario que, por lo menos en el orden de las prestaciones económicas, no deja a las familias en una situación que se podía haber producido en
empresas subcontratadas, que hubieran tenido incluso descubiertos en Seguridad Social o que no hubieran tenido este seguro complementario y que les obligaría a penosos procesos judiciales en demanda de responsabilidades de los demás miembros de la
cadena de contratación.



Por último, quisiera decir que el ayuntamiento está, como no podía ser de otra forma, cooperando intensamente en la documentación y en la información que se le está requiriendo, tanto desde la órbita de la investigación de la Inspección de
Trabajo como de la acción judicial, de la investigación de los juzgados. No podía ser de otro modo, pero evidentemente se está haciendo así y yo comparto las palabras del señor ministro en el sentido de que la autoridad laboral, en este caso la
Inspección de Trabajo, que es autónoma como tal autoridad laboral, finalmente decidirá en derecho lo procedente en relación con este trágico suceso.



En cuanto a la cuestión más general, le he de decir que, desde luego, en nuestro grupo va a encontrar toda la cooperación. Se nos ha aportado un dossier que agradecemos -se ha hecho mención a ello- en el cual se puede objetivar la evolución
de la siniestralidad laboral en nuestro país y, afortunadamente, la reducción progresiva que se ha venido produciendo en relación con todo tipo de accidentes de trabajo y especialmente en los accidentes con resultado de muerte. Sin embargo, esto no
puede ser nunca motivo de satisfacción -la reducción sí- en el sentido de decir que hemos cumplido los deberes y que aquí nos paramos, sino que debe ser -creo que coincidimos en ello plenamente, señor ministro- un elemento que espolee y anime la
acción del Gobierno y de los grupos parlamentarios para profundizar en medidas que contribuyan a ir erradicando la todavía amplia y distante de la Unión Europea siniestralidad laboral y los problemas humanos que ello produce. Por tanto, va a tener
cooperación y además ya ha hecho usted mención a que, en definitiva -y me alegro de que ustedes profundicen y que estén poniendo medidas económicas, que reconocemos, en la inspección-, se está siguiendo lo que se inició con la Ley de 1995, cuando
ustedes estaban en el Gobierno y posteriormente con la modificación legislativa que se aprobó con el Gobierno popular en la Ley 54/2003, que modificó determinadas cuestiones en relación con la Ley de prevención de riesgos laborales. Ya le digo que
nosotros también compartimos la visión de que no entendemos que la continuidad en la reducción de la siniestralidad laboral pase por un incremento de la acción legislativa. Creemos que tenemos un marco razonablemente hecho, bueno y consensuado y
que lo que hay que hacer, como usted exponía, es actuar en otras líneas y en otros órdenes.



Nos alegramos en ese sentido de que hace una semana la Mesa de diálogo social en la materia llegara a los


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acuerdos a los que usted ha hecho mención en relación con la habilitación de las comunidades autónomas, algo que nosotros introdujimos en su día y que ahora ustedes van a materializar y que nos parece fundamental porque es disponer de
recursos humanos que puedan implicarse realmente en la verificación de las medidas adoptadas y, por tanto, en la labor preventiva y también en la labor sancionadora, cuando proceda, para evitar situaciones de siniestros en el trabajo. Coincidimos
plenamente en eso y tendrá todo nuestro apoyo usted, la Mesa de diálogo social y las medidas que adopten al respecto.



Nos ha anunciado que el reglamento está próximo. Lo veremos. Somos conocedores perfectamente de la difícil situación denunciada por el Tribunal de Cuentas públicas en relación con las contabilidades de las mutuas de accidentes de trabajo,
consecuencia justamente de la Ley de prevención de riesgos, en esa doble función de mutua, entidad sin ánimo de lucro, con la actividad de una institución que se dedica a la realización de planes de prevención de riesgos, y ahí indudablemente ha
habido una cierta confusión que es necesario, en un tema realmente complejo, clarificar. Por consiguiente, estudiaremos con todo detalle el reglamento que desarrollen ustedes en este sentido. Obviamente, que haya un calendario para esto y para las
enfermedades profesionales nos parece profundamente importante, igual que la reforma anunciada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



La importancia de la materia evidencia que hoy, día que no hay Pleno, estemos presentes los portavoces de todos los grupos parlamentarios y me parece a mí que esto es importante. Mi tiempo, obviamente, es limitado y, en primer lugar, le
quiero preguntar por la valoración que le merece a usted la declaración que, en una reunión organizada por el Consejo General del Poder Judicial, creo recordar que el 16 de diciembre pasado, hizo el fiscal general del Estado en la que vino a
manifestar la intención de realizar acciones específicas, no sé si con una fiscalía ad hoc o con un fiscal especializado en la materia de prevención de riesgos.
Yo soy de los que creen que los delitos hay que perseguirlos y que la ley está para
cumplirla; ahora bien, no puedo ocultar que por parte de algunos ha habido una cierta preocupación en orden a que esto pudiera significar un abordaje de la siniestralidad desde la perspectiva de la criminalización. Por lo que le he oído decir hoy
aquí, estimo que no, pero me veo en la precisión de formularle esta pregunta.



También me parece -y creo que todos estaremos de acuerdo- que es preciso profundizar en una cultura de prevención, sobre todo en las pymes.
Tenemos un tejido empresarial y un tejido de empleo que se funda básicamente no ya en la pyme sino
en la microempresa. Por eso me parece positiva la incorporación a la Mesa del diálogo social de los autónomos en la prevención de riesgos, porque una parte importantísima del empleo y de la estructura del trabajo en nuestro país reside ahí. No
estamos hablando de grandes multinacionales, ni de corporaciones que dispongan de medios, de equipos, de staff propios e incluso de la capacidad de ser interlocutores válidos y de conseguir financiación en algunas materias como la formación, pues
estos medios no llegan, o no lo hacen en el grado preciso a la pequeña empresa o a la microempresa. En este sentido, al hilo de un preacuerdo que se suscribió ayer entre patronal y sindicatos y que va a ser firmado el próximo viernes, día 4, han
introducido dentro de la negociación colectiva y de la negociación en relación con el incremento de la masa salarial -que han vinculado a la inflación prevista por el Gobierno como medida de competitividad y de creación de empleo, cosa que hay que
agradecer y que yo públicamente reconozco- algo novedoso, que esta Cámara está abordando y que en la anterior legislatura abordó el Ministerio de Trabajo como consecuencia de una iniciativa de la misma, que es la responsabilidad social empresarial.
¿Por qué digo esto? Porque en la culturización y en la superación del propio marco de la Ley de prevención de riesgos laborales caben medidas no costosas que no siempre se implementan en la gestión empresarial como pueden ser protocolos o códigos
de seguridad que trascienden el mero plan de prevención para hacer cosas que muchas veces podríamos calificar de tonterías, pero que acaban teniendo una gran incidencia a la hora del accidente. Por ejemplo, hay máquinas -perdón por el ejemplo
burdo, pero esto es real- que de repente pierden aceite, lo cual no obedece ya a un plan de prevención de riesgos. Avísese de que esto está mal, repárese y evítese que un señor se resbale y se parta la crisma, porque esta es también una realidad en
nuestro mercado de trabajo. Esto es algo diferente, que excede del compromiso legal que impone estrictamente la Ley de prevención de riesgos laborales. Ahora que se habla de responsabilidad social, implementar este tipo de acciones y profundizar
en una cultura de las empresas en la que se impliquen la dirección, los mandos intermedios y los trabajadores permeabilizando a toda la plantilla nos parece una línea de acción en la que hay que proseguir.



En tercer lugar, habría que profundizar en los protocolos de calidad de los planes de prevención, para que un plan de prevención magníficamente realizado y que ha pasado todos los filtros de la legalidad no sea una mera fotocopia del que se
ha hecho en la empresa de al lado. Esto merecería una mayor fiscalización, un mejor control, para introducir mayor calidad.



Por último, habría que plantearse la procedencia de una cierta unificación a la vista de la prolija, extensa y dispersa normativa, que tal vez, por su propia naturaleza, no sea fácil de unificar y que en muchas ocasiones hace que se disperse
y sea de difícil conocimiento.



Le agradecería que nos complementase un poco la información sobre los accidentes in itinere. Me imagino que una parte de la reducción de la siniestralidad y de la mortalidad obedece también a que la siniestralidad viaria se está reduciendo.
Si nos pudiera decir algo más en relación


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con la encomienda que ha hecho a la institución valenciana que nos comentó, se lo agradecería.



En esta materia, que nos parece de primer orden humano y económico y de interés social pleno, puede contar con la leal cooperación del Partido Popular, ya que este es un objetivo en el cual todos tenemos que remar en la misma dirección,
porque es lo que quiere la ciudadanía.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUEZO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del ministro, señor Caldera.



Pretendo encuadrar la intervención del Grupo Mixto basándome en una de las primeras afirmaciones del ministro: que en casos como el de Burgos, pero en general en los casos en los que se produce siniestralidad laboral no estamos ante un
problema de falta de legislación. Creo que es una afirmación que dibuja bastante bien el escenario en el que nos tenemos que mover, independientemente de que el devenir en este terreno pueda exigir reformas legislativas. Coincidimos con la
afirmación del ministro en el sentido de que en estos momentos es un trabajo urgente para todas las partes implicadas que se aplique la legislación ya existente.



Una vez entendido el marco de actuación, me gustaría pedirle al señor ministro que nos detallara esa estrategia nacional a la que se refería, si estamos ante una suerte de nuevo nomenclator de pacto de Estado en términos sociales o si se
refería a algo menos ambicioso, como una manera de englobar las medidas que nos ha anunciado; si estamos ante un esfuerzo que se va a realizar en coordinación con agentes sociales, partidos, grupos parlamentarios y otras instancias o se resume todo
en una manera de calificar esas medidas que nos ha anunciado. En cualquier caso, de lo que se trata es de conseguir la aplicación efectiva de la legislación hoy existente. En el caso de Burgos nos comentaba que se había incumplido toda la
legislación en la materia y que esa ha sido de manera resumida la causa de ese dramático accidente, que eleva las cifras a unos porcentajes inasumibles para toda la sociedad. Por tanto, en el análisis de esas medidas, me gustaría que nos detallara
una que me ha parecido más importante, que es el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, en estos momentos una herramienta casi en desuso, por decirlo de una manera casi amable, con un enorme descrédito en una parte importante del ámbito
laboral, del mundo de los trabajadores. Ha hablado de 100 personas más a lo largo de este año y nos parece un reforzamiento más que importante, pero nos gustaría que nos detallara el destino de estas 100 personas que van a reforzar la Inspección de
Trabajo y que nos dijera, si tiene cifras, en qué se van a concretar sus actuaciones, es decir, dónde se va a poner un mayor énfasis, pues, como le he dicho, esta herramienta cuenta en estos momentos con un importante descrédito en el mundo laboral.



Entre las medidas que ha detallado quizás he echado en falta una mayor contundencia en una de las principales causas de la siniestralidad laboral. El señor ministro ha hablado de temporalidad, pero quizá debemos hablar, en términos más
amplios, de precariedad laboral. El Estado español sigue con unos niveles alarmantes, graves con respecto a la media de la Unión Europea. Hay un amplio margen en el que todas las partes implicadas deben ponerse a trabajar. La precariedad laboral
está derivada en muchos casos de las subcontratas, que es uno de los asuntos que hemos venido analizando con bastante insistencia a lo largo de este casi año de Gobierno. Nos gustaría saber si existe alguna medida para hacer frente a este grave
problema, que sin duda es una de las principales causas de la siniestralidad laboral.



Por último, nos pedía usted que propusiéramos medidas. Me gustaría proponer que hubiera campañas institucionales de sensibilización y de información en torno a la siniestralidad laboral -se han producido en algunas ocasiones, pero no son
habituales- dirigidas al público en general, no estrictamente a determinados sectores de la población. Nadie se cuestiona esto en ámbitos como el tráfico, pues todos reconocemos su pertinencia y su capacidad. No solo nos parece una herramienta
fundamental por cuestiones obvias, por lo que tiene de información y de sensibilización, sino por lo que tiene de aglutinadora de las exigencias de los trabajadores ante otras instancias -no solo la empresa, sino también la Administración o los
sindicatos- cuando las empresas fallan en el proceso hacia la erradicación de casos como el de Burgos y, en cualquier caso, hacia la erradicación de la siniestralidad laboral en general. Nos parece fundamental que existan campañas institucionales
que recuerden los derechos y las obligaciones de empresas, Administración, sindicatos y trabajadores en la erradicación de esta lacra que a todos nos afecta, que alcanza unas cifras inaceptables, pues tienen posibilidades más que claras de ayudar en
la aplicación de esa legislación que hoy, como decía el señor ministro, no se aplica.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida al señor Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para agradecerle su presencia y la amplia información que nos ha facilitado en su
comparecencia. Nos ha informado amplio y tendido de la política de su departamento en cuanto a prevención de riesgos laborales, lo cual este portavoz de Coalición Canaria le agradece, pues lamentablemente, como puede verse en el cuadro
correspondiente de evolución de la siniestralidad laboral del pasado año 2004, los índices actuales de Canarias, junto con


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los de Baleares y Castilla-La Mancha, están por encima de la media nacional. Digamos que está en una situación de lamentable rentabilidad de estas cifras, si puede llamarse rentabilidad a estar en este orden en cuanto a la siniestralidad:
primero, Baleares; segundo, Castilla-La Mancha y después, Canarias, curiosamente, tres comunidades que nos pueden permitir abordar esta temática con un concepto de política de Estado y general, porque son tres comunidades que están gobernadas por
tres fuerzas políticas distintas: Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. En Canarias, incluso, la cartera de riesgos laborales está compartida, por un pacto político, con una consejera que pertenece al Partido Popular. Yo creo
que todos tenemos que trabajar, usted nos ha pedido un apoyo a las fuerzas políticas parlamentarias y creo que lo va a tener, señor ministro, y por parte de Coalición Canaria tiene toda esta línea de apoyo.



Al hilo de esta posición, quisiera hacerle una primera petición. Dado que estas tres comunidades autónomas, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha, se encuentran en esta situación, yo le pediría que la Fundación para la Prevención de los
Riesgos Laborales las tenga en consideración.
Usted nos ha dicho dónde se han situado determinadas presencias de dicha fundación y creo que sería bueno concentrar la actividad que pueda tener la misma en estas tres comunidades autónomas, o en
cualquier otra, por supuesto; pero si hay que hacer una selección de prioridades y de preferencias por la razón objetiva de la siniestralidad laboral, que la fundación pueda actuar en estos ámbitos.



Usted ha planteado un programa muy interesante, que exige la mutua cooperación entre su departamento de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en relación con toda esta campaña de prevención de riesgos laborales.
Como usted bien ha señalado, respecto a ese plan, hay que conseguir una toma de conciencia, una sensibilización de todos los actores, activos o pasivos, ya sean empresas, sindicatos o diferentes administraciones. Señor ministro, ¿usted cree que en
la difusión del plan de prevención de riesgos laborales, quitando las actuaciones de informar sobre la materia a través de las instituciones de las comunidades autónomas, de la Inspección de Trabajo, etcétera, no cabe algún paquete de incentivos,
bien a las empresas, bien a los sindicatos, para estimularlos y que no quede todo en una pura retórica verbalista de decir que hay que hacer las cosas bien por los males que se derivan de esto? Tenemos la práctica de que hay que incentivar de
alguna manera, no sé cuál: si se puede tocar el impuesto sobre sociedades o las cargas empresariales de la Seguridad Social o laborales, si podría haber una implicación en programas hechos con CEOE, con Cepyme o con los sindicatos respectivos del
sector, etcétera. Cabría, digamos, algún paquete de incentivos porque, a final de cuentas, que una empresa, privada por supuesto, entre en un plan de riesgos laborales supone unos costes, que la empresa los repercute en la cuenta de resultados.
Las medidas de prevención de riesgos laborales, asistir a cursos, a charlas, el material de prevención, etcétera, tienen un coste y sería conveniente, a la vista de la evolución de los resultados del plan de prevención, ver si cabe algún tipo de
incentivos y que los propongan los propios interlocutores.



Todos tenemos la nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -usted se ha referido a ella- en relación con la reunión de la Mesa de prevención de riesgos laborales o la Mesa de diálogo social, como se denomina en la
comunicación, del 23 de febrero pasado. En términos generales, nos parece muy acertada y le quiero felicitar por esta iniciativa -más adelante me referiré al problema de las mutuas- porque ustedes han demostrado una sensibilidad y una preocupación
por lo que hay ahí y que hay que resolver legal y jurídicamente. Respecto al comunicado conjunto de CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, también le pediría, señor ministro, que en las comunidades autónomas donde hay, en cualquier situación, de
preeminencia o no, otras entidades sindicales, se las tenga también en cuenta, porque hay comunidades autónomas en las que, a lo mejor, en el sector no son mayoritarios solamente UGT y Comisiones Obreras, que están y que deben seguir estando, por
supuesto, porque son dos grandes fuerzas sindicales, pero también hay siglas de otras fuerzas sindicales de mucha presencia, sobre todo en el sector de la construcción y en aquellos sectores que lamentablemente aportan las estadísticas más negativas
en accidentes laborales, con muertos o con lesionados de cualquier tipo. Además, como la nota de prensa vincula fundamentalmente a la Inspección de Trabajo y a las comunidades autónomas, yo creo que se puede hacer una gran labor al respecto.



La nota señala también algo que debe ser tenido en cuenta y para lo que le pido su apoyo (sé que no es una competencia administrativa del Ministerio de Trabajo, pero está demostrando que está generando puestos de trabajo en España, además
contratos a largo plazo), que es la inversión en I+D.
Son muchas las empresas que hacen la prestación, pública o privada, de prevención de riesgos laborales que tienen acceso a las convocatorias de ayudas de I+D, pero quiero referirme a la fecha.
Este diputado ha planteado ya muchas veces tanto al señor Solbes, como vicepresidente económico del Gobierno, como al señor Montilla, como ministro de Industria, que aceleren las convocatorias de I+D porque creo que, tal como está la cuestión de la
siniestralidad laboral en España, muchas empresas pueden aportar nuevas ideas y nuevos planes para reducirla, que no es solamente cuestión de exigir a un trabajador que para entrar en la obra se ponga un casco; no, el tema es mucho más complicado y
mucho más complejo. Aunque sé que no es competencia suya, creo que puede trasladar a través de las conversaciones en el Consejo de Ministros.



En cuanto al reglamento de los servicios de prevención, en la nota de prensa que ustedes han dado señalan que han quedado pendientes dos temas y han puesto fechas, cosa que es de agradecer: el 30 de mayo, para


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cerrar la negociación de la modificación del reglamento de los servicios de prevención, y se les ha distribuido un texto a los asistentes al respecto; y el 30 de junio, para cerrar la negociación de la nueva lista de enfermedades
profesionales y del procedimiento de declaración.



Finalmente, dado que como acabo de decir la negociación se cierra el 30 de mayo, me voy a referir a la cuestión de las mutuas, porque son los instrumentos que la Administración central y las comunidades autónomas vamos a tener para realizar
pragmática y tangiblemente todos los planes de prevención, porque las mutuas o las entidades privadas que presten los servicios de prevención de riesgos laborales son las que tienen, por vía de contratos técnicos, la posibilidad de llevar a las
empresas el mensaje de prevención de todos los riesgos laborales. Actualmente, como usted bien conoce, señor ministro, en el Pleno del pasado 31 de enero, a propuesta de la Comisión Mixta Congreso Senado para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, y a la vista de las reiteradas denuncias de este sobre la posición en la que se encuentran las entidades privadas de prevención de riesgos laborales, llamados servicios de prevención ajenos, dado que la relación de los servicios de
prevención ajenos con las empresas que los necesitan para garantizar que no va a haber accidentes es una relación contractual, hay que firmar una póliza y esa prevención tiene un coste, todos los grupos parlamentarios aprobaron un acuerdo. El
Tribunal de Cuentas ha defendido la igualdad de oportunidades, la libre competencia y por esa razón el Pleno del Congreso de los Diputados, el 31 de enero, acuerda instar al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar la situación
de privilegio, por restricción de la libre competencia, que en el ámbito de los servicios de prevención ajenos vienen desarrollando las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social respecto a las entidades
especializadas de prevención de riesgos laborales de carácter privado, reguladas por el Real Decreto 39, de 17 de enero de 1997. Me ha gustado mucho, señor ministro, el compromiso de resolver esta situación que usted ha expresado en su información,
y le pido una expresa tutela suya y del secretario de Estado, así como del director general de la Seguridad Social correspondiente, para que no haya ningún problema en el principio de legalidad con que hay que modificar las normas, dado que usted
sabe que en los servicios de prevención ajenos concurren no solamente las entidades especializadas en prevención de riesgos laborales, que son privadas, sino las mutuas de accidentes de trabajo, las MATEP, que son las que ha analizado el Tribunal de
Cuentas del Reino.
Según las cifras que se han manejado por el Tribunal de Cuentas referidas a la Cuenta General del Estado del año 2001, que es la única que conocemos hasta el momento y que se ha votado en el Parlamento, la cifra del gasto de
Seguridad Social a través de las 29 mutuas de accidentes que hay en España asciende nada más y nada menos que a 6.234 millones de euros, de los cuales 2.256 millones de euros han sido para pagar las cuotas del reaseguro de accidentes de trabajo y
las aportaciones para el sostenimiento del servicio común. Pues bien, la prevención de riesgos laborales tiene que ser perfectamente compatible con la legalidad y las normativas de la Unión Europea de defensa de la libre competencia y de no
situaciones de privilegio. Estas entidades son imprescindibles porque tienen una gran experiencia unas y otras; las que son actualmente mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social tendrán que arreglar el
tema de su patrimonio histórico y concurrir al mercado libre en igualdad de competencias, con la fórmula jurídica adecuada, y tendrán que convivir las dos, porque necesitamos de todas estas entidades para reducir estas tremendas cifras de
siniestralidad laboral, y que las empresas privadas vean que necesitan contratar los servicios de estas entidades, vengan de donde vengan, de mutuas de accidentes de trabajo o de las entidades especializadas privadas de prevención de riesgos
laborales. Todas deben concurrir en todos los conciertos que puedan hacer, porque el problema es grave, y que no haya ninguna discriminación a este respecto por el tipo de empresa.
Esto es lo que yo quería llevar a su ánimo. Me consta que se
están preocupando por este tema. Parece ser que jurídicamente no es tan fácil porque se trata de modificar, por un lado, el artículo 32 de la Ley 31/1995, que fue la que habilitó a las mutuas para el desarrollo de funciones propias de los servicios
de prevención ajenos, y por otro lado, como ya se acordó en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Real Decreto 39/1997, que viene a regular en el reglamento el carácter privado de estas entidades especializadas. Creo que va a ser una política
muy importante y le felicito por haberse metido en algo que viene de muy atrás y que no se había corregido, cuando las necesitamos a todas para una eficaz labor al respecto.



Termino reiterándole el ofrecimiento de aportaciones por parte de mi grupo y, por lo que afecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, de todas aquellas fórmulas de concierto, convenio o mutuo apoyo entre los servicios de la inspección, y
habrá que regular cómo se hacen determinadas delegaciones de competencias de la Inspección de Trabajo con los recursos económicos, humanos y materiales que tienen las comunidades autónomas para que la Comunidad de Baleares, la Comunidad de
Castilla-La Mancha ni la Comunidad de Canarias no estemos nunca más en ese cuadro con la luz roja, por encima de la media nacional de siniestralidad laboral, pues queremos salir de esa pantalla. Con nuestra reiteración de ofrecimiento de
colaboración, señor Caldera, que sabe usted que la tiene, termino mi intervención, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, muy agradecido por sus informaciones. Mi intervención va a ser breve en correspondencia a lo prolija y exhaustiva que ha sido la suya, además de interesante -prolijidad que le honra, no perciba
ninguna connotación peyorativa en la exposición-; y va a ser breve porque con relación al siniestro de Burgos la impresión que uno tiene es que ni intencionadamente se pueden vulnerar más normas laborales atinentes a la seguridad en el trabajo -es
un paradigma de lo que no se debe hacer absolutamente en todo lo hecho- y que esta Comisión se está decantando por que no son las lagunas del ordenamiento jurídico en esta materia de prevención y de seguridad en el trabajo, sino la mala aplicación
de esta normativa la que está provocando catástrofes de esta naturaleza. Este es un paradigma sobre el que tampoco procede realizar grandes aseveraciones, puesto que usted nos ha indicado que ya se han iniciado los expedientes disciplinarios en el
ámbito punitivo administrativo, ya está actuando la Inspección de Trabajo, que obviamente levantará las correspondientes actas de infracción, y no sé si se están planteando también diligencias penales, porque esto tiene todo el fumus o toda la
apariencia de que vulnera los preceptos o las normas previstas en el artículo 311 y siguientes del Código Penal, los delitos contra la seguridad de los trabajadores. Me imagino que el ministerio fiscal estará actuando también dada la dimensión de
esta catástrofe y las actuaciones que han dado lugar a este siniestro.



Dicho esto, nos parece muy bien que se aborde una nueva estrategia dándole la dimensión que tiene a la siniestralidad laboral en nuestro país, una estrategia concertada con los interlocutores sociales, con las comunidades autónomas y -quizás
mediante una especie de subordinación de rango- ha dicho que también ustedes tienen algo que decir, me imagino que por lo menos al mismo nivel que los anteriores, dado que en definitiva somos los representantes de la voluntad popular, pero todos
nosotros manifestamos nuestra posición proactiva al diálogo y a la colaboración porque es un problema que tenemos muy metabolizado. Euskadi es una comunidad autónoma con unos altos índices de siniestralidad dado el carácter industrial, el
asentamiento de numerosas empresas, y además empresas de pequeña dimensión y muchas microempresas, como bien decía el señor Azpiroz, en donde la incidencia de este tipo de problemáticas es particularmente lacerante.



El incremento de los efectivos de la Inspección de Trabajo ya era un clamor. Efectivamente, la Inspección de Trabajo no cuenta con efectivos suficientes en el ámbito de inspectores ni subinspectores para afrontar las numerosas tareas que
tiene que afrontar, y este es el mecanismo preventivo que el ordenamiento jurídico prevé para actuar donde se debe actuar, preventivamente. La Inspección de Trabajo tiene mucho que hacer a la hora de erradicar esta lacra que existe en nuestro país,
en nuestro tejido industrial, en nuestro tejido económico en definitiva. Yo recuerdo no sin lamentarlo, -no sin cierta pesadumbre- lo que me comentaban los fiscales que se dedican a actuar en este ámbito, que tampoco están especializados, por
cierto, y tampoco se dedican con demasiada intensidad, y también habría que hacer una reflexión sobre la actuación de la Fiscalía en este ámbito desde la perspectiva penal o cuando estas actuaciones adquieren dimensión penal. Existe, como sabe
usted, en la Ley de prevención de riesgos laborales y en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social la obligación de una reunión trimestral cuando menos entre la Inspección de Trabajo y los fiscales teóricamente asignados a la represión
punitiva de estos fenómenos cuando constituyen indicios de delito. Estas reuniones trimestrales no se realizan nunca, primero porque la Fiscalía se dedica al ejercicio de la acción penal casi en exclusividad -yo creo que ha declinado esta
competencia que le asigna expresamente el ordenamiento jurídico laboral- y, segundo, porque tampoco los inspectores demuestran -porque tienen mucho trabajo, muchos problemas, tienen que atender muchas visitas y numerosos requerimientos de legalidad-
un particular interés en mantener algo que podría funcionar bien desde una perspectiva preventiva, que es el flujo de información cuando estos problemas adquieren la dimensión de delito entre la Fiscalía, y la Inspección de Trabajo, y además lo
ordena la legislación de trabajo, y se empezó haciendo, pero las cosas se han ido deteriorando y en este momento estas reuniones trimestrales entre la Fiscalía o el ministerio fiscal y la Inspección de Trabajo de hecho no se realizan.



Hablábamos de la suficiencia normativa y parecía que todos hacíamos una loa a la deficiencia de nuestras normas, a su calidad. Yo tengo algunas reservas sobre esta cuestión. En el ámbito penal hay un dictamen, que usted conoce
perfectamente, del Consejo General del Poder Judicial que establece que los artículos 311 a 318, los que protegen como bien jurídico protegible punitivamente, desde una perspectiva penal, la salud de los trabajadores en el trabajo, son preceptos en
blanco -es una expresión muy dura realizada por el Consejo General del Poder Judicial- e inaplicables, por tanto, porque la identificación del sujeto activo, del comitente, del autor de los delitos, es imposible. El sujeto pasivo es el que sufre el
accidente de trabajo, la enfermedad profesional, pero el sujeto activo, tal como están definidos estos preceptos, es de imposible identificación, y no podemos mantener preceptos en blanco sobre un bien que está protegido constitucionalmente y que
debe ser tan dilecto para todos nosotros como es la salud de los trabajadores en el centro de trabajo o en el traslado al centro de trabajo. Usted, el Ministerio de Justicia y el Gobierno en su conjunto deberían tomar en consideración estas
reflexiones porque quizás sería necesaria una reforma normativa en el Código Penal. El Consejo General del Poder Judicial así lo pide mediante un dictamen


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monográfico emitido hace seis años y que debe ser objeto de la suficiente toma en consideración. Esto unido a otros requerimientos como los contactos con la Inspección de Trabajo nos lleva a la conclusión de que en el ámbito no
administrativo, sino en el ámbito penal, cuando constituyen tipos delictivos o afectan a injustos penales específicos tipificados como delitos en el derecho Penal, la normativa no es suficiente sino manifiestamente mejorable. Es un elemento de
reflexión que todos nos deberíamos plantear.



En cuanto a la Ley de prevención de riesgos laborales, es una ley muy consensuada, tanto la del año 1995 como su reforma de 2003. Es una ley que ha merecido doctrinalmente una opinión muy positiva a parte de la academia, de los
laboralistas, de los catedráticos de derecho del trabajo y de los grupos políticos. Ambas leyes fueron aprobadas prácticamente por unanimidad. Además, acogen directivas comunitarias y las acogen bien en sus propios términos. ¿Cuál ha sido el
problema? Seguramente la mala aplicación por falta de instrumentos en materia de aplicación y por una insuficiente inspección de trabajo que realice una aplicación eficiente de la propia ley, y por una no aplicación por los llamados a aplicarla.

La responsabilidad se tiene que distribuir entre todos, entre la autoridad laboral, los órganos del Ministerio de Trabajo encargados de velar por la aplicación eficiente de esta ley, la Inspección de Trabajo en el ámbito preventivo, las autoridades
laborales que deben velar por que la ley se cumpla y se sancione en el ámbito punitivo cuando no se cumplen sus requerimientos. Tampoco sería impertinente o inadecuado articular nuevos consensos sobre algunas reformas que se podrían incardinar en
una nueva ley de prevención de riesgos laborales. No soy muy propenso a la diarrea normativa, como sabe el señor ministro, pero cuando ya se aprecian algunas deficiencias quizá venga bien una rectificación normativa a tiempo. ¿Cuál es el problema?
Que la propia Ley de riesgos laborales que a la hora de determinar quiénes son los sujetos que pueden incurrir en infracciones o vulnerar sus requerimientos, utiliza las siguientes expresiones: el empresario principal, el contratista, el
subcontratista, los subcontratistas y, a través de un real decreto, las personas individuales contratadas por ellos. Es decir, la propia ley está avalando una de las concausas de donde pueden derivar los altos índices de siniestralidad laboral
existentes en este país, que no sólo es la precariedad o la temporalidad de los contratos, es la brutal subcontratación en cascada que estamos sufriendo. En este momento quien realiza materialmente la obra es imposible que conozca a su empleador
primero, sobre todo en determinados sectores económicos como en el de la construcción, porque el primer empleador, el llamado empresario principal, subcontrata a una primera empresa subcontratista que a su vez subcontrata a una segunda empresa
subcontratista (esto no tiene limitación normativa en ningún momento), y esta última empresa subcontratista, que puede ser la quinta, la sexta, la séptima, la que fuere, incluso a través de un procedimiento jurídico inadecuado por insuficiencia de
rango normativo o por un real decreto, dada la reserva de legalidad a la materia punitiva, no podría ampliar la dimensión subjetiva de la responsabilidad punitiva en este ámbito. Yo tengo muchas dudas. La Ley de prevención de riesgos laborales
establece quiénes son los sujetos responsables, un real decreto no lo puede hacer, lo tendría que hacer una ley. Hay un principio de reserva de legalidad que ha sido incumplido. De hecho está así. Hay un real decreto que prohibe que la última
subcontrata contrate a una persona física individual para realizar la obra. Este es el mal que hay que erradicar en la Ley de prevención de riesgos laborales y en la normativa laboral en su conjunto. No podemos soportar las subcontrataciones en
cascada, que es una de las concausas fundamentales, junto a la precariedad y a la temporalidad de los contratos, de los altos índices de siniestralidad.



En materia preventiva, ha dicho cosas muy interesantes y ha hablado de cursos de formación. La señora Barkos ha dicho algo muy importante, que habría que intensificar la sensibilización de la población a través de campañas, no de la
población afectada, de los empleadores sólo, de los trabajadores o de los sindicatos, sino de la población en general. Y no sé si en el ámbito incluso curricular habría que pensar ya en los sistemas de enseñanza, no sólo universitaria (carreras
medias, diplomaturas) sino en la enseñanza primaria y secundaria, en elementos de sensibilización con efectos curriculares para prevenir un problema de estas dimensiones, como se está haciendo con otras problemáticas como accidentes de trabajo y
otras que son conocidas. Ha hablado también de cursos de formación a través de la Forcem, cursos de formación continua.
Esto me recuerda -el inconsciente colectivo del partido siempre me lleva a estas asimilaciones perversas- que la Forcem todavía
es un problema competencialmente pendiente de resolver. Señor ministro, usted sabe que en Euskadi en este momento existe un órgano homónimo a la Forcem que tiene su misma naturaleza jurídica creado por sindicatos que ostentan la condición de mayor
representatividad sindical, ELA y LAB, y la patronal vasca Confebask, que tiene los requerimientos para hacerles más representativos, y que sustituye a la Forcem en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Forcem tiene la misma
naturaleza jurídica pero está suscrita por otros sindicatos y por otra patronal, por la CEOE, UGT y Comisiones Obreras. Es un problema no resuelto todavía que deberíamos abordar. Si se quiere actuar eficientemente en el ámbito de la formación
profesional continua, para erradicar también la siniestralidad laboral, hay que respetar los títulos competenciales a las instituciones existentes que tienen la misma naturaleza jurídica, porque tienen la misma fuerza de obligar, tanto Hobetuz como
la Forcem.
Es un problema que yo siempre repito -es una actitud recurrente de mi grupo- que tenemos que resolver. No basta con que me diga que se van a destinar


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a programas de formación continua el 50 por ciento de los presupuestos del Ministerio a la Forcem y una parte del otro 50 por ciento a Hobetuz, a otras organizaciones o a otras comunidades autónomas. A otras comunidades autónomas, no; en
Euskadi a Hobetuz, porque la Forcem en Euskadi se llama Hobetuz. La Forcem en Euskadi está suscrita por unos sindicatos diferentes que tienen las mismas características desde la perspectiva de la ostentación de la naturaleza de mayor representativa
o más que los que han constituido en el Estado español la Forcem. Es un problema grave.



Por último, y con esto termino, una mención que ha hecho usted que me ha resultado ajena al derecho del trabajo, ajena al ordenamiento jurídico laboral y que también tiene connotaciones competenciales. Ha hablado usted de la habilitación de
técnicos de las comunidades autónomas para afrontar el problema de la siniestralidad laboral. Me gustaría que me pormenorizara de qué tipo de figura estamos hablando, dónde está ubicada esta figura en el ordenamiento jurídico, si en la Ley de
prevención de riesgos laborales, si en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley orgánica de libertad sindical, en cuál de los que conocemos el ordenamiento jurídico, y sobre todo qué títulos competenciales están utilizando ustedes para crear una
figura que va a actuar preventivamente, pero que va a comprometer la actuación de administraciones autonómicas en este caso. Esta figura desde la perspectiva de su posible transferencia no está prevista en el bloque de constitucionalidad. Me da la
impresión de que es una creación ex novo.
No sé identificar cuál es la figura. Pero le recuerdo, y con esto acabo de verdad, señora presidenta, que la Inspección de Trabajo es una de las competencias pendientes de transferir a comunidades
autónomas que tienen título competencial suficiente. Está parcialmente transferida, porque la Inspección de Trabajo es un cuerpo de doble dependencia; dependencia orgánica en relación con la Administración central del Estado y dependencia
funcional a los gobiernos autónomos que ejercen competencias de ejecución en materias laborales. Luego la dependencia funcional existe. Pero el título competencial del Estatuto de Autonomía de Gernika es la transferencia de la Inspección de
Trabajo en su totalidad, y no de figuras novedosas o de figuras que no existen en el ordenamiento jurídico pero pueden comprometer la actuación de poderes autonómicos sobre los cuales usted no tiene capacidad de disponer normativamente, afloren
éstos de la capacidad normativa del Gobierno como poder público, afloren de la negociación colectiva.



La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, le ruego concluya.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a decir la última palabra, señora presidenta.


Por tanto, le pido una cierta clarificación de la figura. Habría mucho más que hablar porque la materia es importante, pero el respeto que la señora presidenta le merece a mi grupo y sobre todo la necesidad de no abusar y de cumplir la
promesa inicialmente hecha e incumplida de brevedad en el uso de la palabra me obliga a terminar.



La señora PRESIDENTA: Más vale que no haga usted promesas en el futuro.
(Risas.)


Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.



En primer lugar, como han hecho el resto de compañeros parlamentarios, queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas, las familias y las personas que todavía sufren hospitalización, con estas víctimas y con todas las otras. De
hecho, la accidentalidad hoy día es una manifestación clara de la explotación obrera, con lo cual creo que ya queda todo dicho, puesto que es evidente que en el trabajo más allá de la generación de plusvalías lo que existe es explotación. Es
evidente que se han reducido los accidentes, pero no en la proporción que se debería haber hecho. Siguen siendo demasiados los accidentes, causan daños irreparables y la mayor parte recaen en las empresas de menos de 25 trabajadores, lo cual me da
pie, señor ministro, a hacerle una primera pregunta: ¿Cómo piensa el Gobierno actuar para controlar la siniestralidad en las pequeñas empresas, puesto que es un ámbito en el cual hoy por hoy todavía se ha avanzado poco? Es evidente que se adaptó
la normativa del Estado a las directrices europeas, pero esta adaptación nació vacía, ya que durante los últimos años se dio preferencia a las ganancias empresariales en detrimento de la protección, de la seguridad y de la salud de los trabajadores.
Sobre el papel existía una normativa, sin cumplimiento, que regulara los mínimos. Tengo entendido -y creo que la información es buena- que en la provincia de Tarragona existen dos inspectores; dos inspectores para una provincia con unos
incrementos de producción en los últimos años notables y en donde la construcción, por ejemplo, se ha disparado. Por otro lado, es evidente que las relaciones laborales han llevado a un escenario propicio a la siniestralidad y me gustaría
rápidamente, porque es cierto que hay poco tiempo y mucho que decir, hablar de la subcontratación -ya otros compañeros han hecho referencia a ello-, todo lo que comporta la subcontratación, por ejemplo, en la descoordinación y dilucidación de
responsabilidades, ya que son empresas subcontratadas que trabajan con operarios temporales, con materiales viejos, organización precaria y personal sin preparación, cuyas ganancias están en función de la cantidad de trabajo realizado.
Esto es un
verdadero caos. Además, no es extraño encontrar empresas que se han subcontratado para hacer un trabajo que no es para el que sus trabajadores están preparados. Esto lo conozco y lo vivo día a día al lado de mi


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casa: diversas empresas subcontratadas que acuden a un centro de trabajo y brilla por su ausencia la coordinación de actividades; diversas plantillas desembarcan en un centro de trabajo y a la hora de planificar los trabajos existe una
verdadera contradicción, lo cual significa que los riesgos se multiplican exponencialmente, y existe hasta competencia entre las diversas empresas que -repito- coexisten, no conviven, en un centro de trabajo y esto provoca el aumento de las
posibilidades de accidentes. Es un verdadero caos sobre todo en el mundo de la construcción. Por otro lado, habría que mencionar la precariedad. Es evidente que es necesaria una continuidad en el puesto de trabajo que permita alcanzar una
formación adecuada. No puede negarse que la precariedad es un factor determinante en el incremento de los riesgos.
La precariedad lleva implícita la falta de formación. La ley prevé que los trabajadores reciban formación pero en muchos casos no
se cumple. La temporalidad suele producir que una persona haga muchas tareas en un corto espacio de tiempo, lo cual no permite que se consoliden los aprendizajes; y estoy hablando de aprendizajes mínimos para no perder la vida, para no romperse la
crisma, si se me permite la expresión. Hay desconocimiento de la reglamentación y de la representación, porque debe saber que hay empresas que no aplican la normativa; es más, se la saltan a la torera, por no hablar de la necesidad de atajar el
descontrol y aumentar la inspección de los centros de trabajo. Por otro lado, habría que hacer referencia también a este cóctel que bien mezclado lleva a tener todos los números para tener un accidente. Estoy hablando de los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal, continuos cambios de trabajo, continuos cambios de lugar, de turno, condiciones económicas de absoluta pena; repito, un cóctel que lleva irreparablemente en muchas ocasiones al accidente, por no hablarles del mobbing,
el estrés y otras situaciones a las cuales se ven abocados los trabajadores y que parece que hoy día es de una cierta incorrección mencionarlo.



Por último, antes de pasar a hacer unas preguntas concretas, recordemos la economía sumergida. Si en las relaciones laborales tenemos lo que tenemos, en la economía sumergida no existen los derechos, sólo existen deberes, y la explotación
obrera alcanza cotas máximas. Parece que hayamos retrocedido diez años en algunas ocasiones, lo cual se interrelaciona de forma directa con la explotación obrera de los trabajadores inmigrantes, y creo que coincidimos todos en que esto es la selva.
Coincidimos con usted respecto a la cultura de la prevención en lo que atañe al concepto de transversalidad -se lo he escuchado y creo que es interesante el concepto-, porque además de regular hay que asegurar y hay que sancionar. Tiene que existir
la voluntad de generar un cambio cultural. Yo creo que hablar de cambios culturales es importantísimo, porque son los que deben permitir asumir la seguridad en el trabajo como un elemento más de actividad productiva. Es cierto que todo ello
también está relacionado con el marco competencial, el actual -tal como decía el compañero Olabarría- y el futuro, con lo cual ustedes deberían ser suficientemente comprensivos y flexibles para no partir de posiciones muy consolidadas. Parece que
usted tiene ya este ánimo de entender que estamos en un tránsito hacia una formulación, una profundización de lo que ustedes llaman el Estado de las autonomías, lo cual de entrada debería permitir esta voluntad de flexibilidad.



Voy a hacerle algunas preguntas concretas. Le he formulado antes la pregunta sobre cómo piensa actuar el Gobierno para controlar la siniestralidad en las pequeñas empresas, pero me gustaría que me contestara a alguna otra. Nosotros
entendemos que quizá usted podría ver una cierta incongruencia si la prevención se abordara desde la propia empresa internamente, haciendo que en función de la actividad se destinaran recursos humanos para abordar la lacra social que representan los
accidentes. Descargar la prevención en la contratación de un servicio de prevención ajeno es peligroso. También ha hecho referencia a un decreto que está o que pronto estará en el Consejo de Estado. Entendemos que habría que abordar la reforma
-se hace referencia a este real decreto- a través de la contratación mercantil de una entidad que se dedique a rellenar papeles para justificar una documentación, y esto tampoco tiene demasiado sentido. La externalización es un paso hacia atrás.
También queríamos preguntarle si no cree que sería conveniente abordar de una manera global la prevención teniendo en cuenta que deberían intervenir todos los agentes. Nosotros tenemos noticia a través de nuestro mundo sindical -que no tiene por
qué coincidir- de parte de nuestro mundo sindical, de que ha expresado algunas reservas en ese sentido. No sé si compartirá usted con nosotros la necesidad de la creación de un libro blanco que abordara de una manera real y clara el problema de la
prevención. No sabemos el alcance de la voluntad del Gobierno. También queríamos preguntarle si considera convenientemente regulado el mercado de los servicios de prevención. No sabemos si cree que la privatización de los servicios podría
convertirse en la guerra de buscar el más barato en detrimento de la calidad del servicio. Son preguntas que nos hacemos al hilo de lo que antes hablaba el diputado Mardones. Es decir, tenemos algunas reservas sobre cuál será la orientación
definitiva del Gobierno para abordar lo que entendemos que sería la gran revolución, entre comillas, de la prevención de riesgos, si el mundo empresarial debe asumirlo internamente o si avanzamos de forma acelerada hacia la total privatización.
Entendemos que desde posiciones obreras, sindicales, como mínimo requeriría un gran debate porque no conocemos cuál será su alcance. Por eso esas preguntas al hilo de lo que se hablaba y entendiendo que debería dar pie a una mayor profundización.

Y tal como ha dicho usted que está abierto a todas las posiciones, a las críticas, sugerencias y aportaciones, entendemos que debería abrir la puerta en ese sentido para no darnos


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no sé si esta es su voluntad- las conclusiones cerradas.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: En primer lugar me sumo a los anteriores intervinientes para agradecer la comparecencia del señor ministro en su detallada información sobre este desgraciado accidente, y quiero manifestar nuestra solidaridad con los
diez trabajadores fallecidos y con los heridos graves que aún están hospitalizados. Es de lamentar este terrible accidente diez años después de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Es de sentido
común que en un lugar de 150 metros cuadrados no se puede combinar el vestuario con el almacén de sustancias inflamables y gasolina. No he oído al señor ministro que hubiera una mesa de seguimiento, de investigación de este accidente, pero parece
ser que existen unas denuncias de los vecinos del inmueble que habían advertido ya al ayuntamiento de forma reiterada sobre los riesgos de habilitar un local comercial situado debajo de estas viviendas como almacén de maquinaria. Nos ha detallado
ampliamente todos los incumplimientos en la escala de prevención que se han producido en este accidente, pero es grave que exista un sentimiento social del que no haya tenido conocimiento el ayuntamiento o alguna autoridad implicada en este tema.
Esto pone en evidencia que la siniestralidad no es solo un problema de cualificación de los trabajadores, sino que está relacionado con las responsabilidades de la aplicación normativa. El señor ministro hablaba de transversalidad, con la cual
estoy totalmente de acuerdo, y a ella me referiré después.



Agradezco los datos que nos ha transmitido sobre la accidentalidad laboral del año 2004 y las puntualizaciones sobre las mejoras de los años 2003 y 2004 en tanto en cuanto han bajado los accidentes graves y mortales, lo que de alguna manera
mejora nuestra posición respecto a los países de la Unión Europea aunque la diferencia aún continúa. No quiero reiterar estas cifras porque han sido ampliamente señaladas.



Entrando en la segunda parte de su intervención, quiero recordar que hay que adoptar una serie de medidas que nos obliguen a converger con la Unión Europea. Celebramos que el Gobierno haya reactivado la mesa de prevención de riesgos
laborales con la reunión del día 22 de febrero. En esta reunión se ha acordado impulsar nuevos temas y el ministerio debería profundizar más en sus explicaciones en el sentido siguiente. Se ha hablado de dar un impulso a la estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo que esté en concordancia con la estrategia europea y coordinada con los planes de acción de las comunidades autónomas, y de dar un impulso a la reforma y potenciación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo para adecuar la estructura con la misión y responsabilidades que le encomienda la Ley de prevención de riesgos laborales. Nos ha hablado de que este instituto se había reducido en un 30 por ciento y se incrementa en 18 plazas, y nos ha
hablado de 20 medidas de actuación muy detalladas y prolijas que, lógicamente, tendremos que analizar cuando leamos el 'Diario de Sesiones' para tener el dato exacto de todas ellas. Pero ¿sería posible, señor ministro, que nos dijera si tiene un
calendario de ejecución de estas medidas con más detalle para que nos lleváramos de esta Comisión una idea más clara de parte de las acciones inmediatas que está usted haciendo -como se ve la luz al final del túnel- para una acción coordinada y
consensuada de todas las fuerzas políticas a favor de la mejora de la prevención de riesgos laborales? Como hemos dicho, celebramos este impulso de diálogo social en un tema tan importante como el de la prevención de riesgos laborales, pero debe
ser continuado en el tiempo y no a saltos para que no se sigan produciendo nuevos y lamentables accidentes como el de Burgos. Por ello, desde Convergència i Unió pedimos al Gobierno un compromiso continuado para reducir los accidentes de trabajo y
promover condiciones de trabajo seguras y saludables. Se debe poner el acento en el cumplimiento de la legislación, pero también hace falta un cambio en la cultura empresarial y en la de los trabajadores. Al mismo tiempo, es necesario reconocer y
adaptar las leyes a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas -muy importantes en Cataluña-, sector a tener en cuenta específicamente en los temas de prevención. El Gobierno debe impulsar continuadamente el diálogo social como mecanismo
efectivo de cumplimiento de la legislación.
Me ha gustado mucho oír que se hable de un marco general basado en el consenso, en la transversalidad, en políticas integradas y en la sensibilización de la sociedad. No se trata de un marco legislativo
porque ya tenemos las leyes normalmente por consenso de todos los grupos de la Cámara y, en definitiva, siempre se ha pedido una actuación integrada y eficaz. En este caso, como recordaba mi colega el señor Olabarría, es posible la transferencia a
comunidades autónomas de los servicios de prevención e higiene, que en muchos casos realizan informes previos para la inspección del trabajo. Como medida inmediata pudiera ser la habilitación de estos técnicos para incidir no ya en la prevención en
sí misma, sino en la inspección o, al menos, en mejorar las actuaciones de la inspección en aras de la prevención. Sería necesario y bueno que la incardinación de los servicios de prevención e higiene con la inspección fuera más amplia, y
posiblemente la solución sería la transferencia total de la inspección de trabajo, a lo que nos sumamos como su solución, porque en definitiva desvirtúa la inspección en dos partes: una la autonómica y otra la estatal. También quería recordar,
como el señor Tardà, que la provincia de Lleida durante más de cinco años tuvo un solo inspector y dos subinspectores, y que allí tenemos problemas graves como el de los


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temporeros para la recolección de fruta. Lógicamente, durante estos dos o tres meses hay una desatención a las empresas locales, a las de toda la vida, porque hay que seguir un problema grave que tiene mucha incidencia tanto social, por la
repercusión que tiene en determinadas localidades, como legal en cuanto a la tramitación o a la contratación de estas personas. Buscar un temporero no es lo mismo que ir a una determinada fábrica, porque dos temporeros pueden estar a cinco
kilómetros uno de otro y el ámbito -así lo han manifestado varias veces tanto el inspector como los subinspectores- era difícil porque tenían que ir acompañados con fuerzas policiales para que su labor fuera positiva.



Me gustaría conocer, señor ministro, los incentivos que estamos reiterando todos los portavoces para que las empresas tengan a bien realizar trabajos de prevención, la consideración de los incentivos bonus-malus, que ya se aplican en los
seguros. Porque si en temas de medio ambiente decimos que no es más limpio el que limpia más, sino el que menos ensucia y que limpiar tiene unos costes, en el caso de los accidentes laborales la curación tiene unos costes muy elevados, frente a
unos costes de prevención que pueden parecer excesivos al principio, pero al final el beneficio social es importante. Por ello, la propuesta del ministerio para la prevención contempla incentivas a las empresas que cumplen con sus obligaciones de
prevención, que realizan inversiones importantes y que están a favor del trabajador. Asimismo, nos gustaría saber si tienen alguna previsión sobre la reforma de la metodología estadística de los accidentes de trabajo, con el fin de conocer con
mayor profundidad las causas de los accidentes. Finalmente, creemos que la formación continuada es importante, tanto para los desocupados como para los que están trabajando. Me gustaría recordar, como se ha hecho anteriormente, la necesidad de la
transferencia a las comunidades autónomas del Forcem, puesto que ya hay cuatro sentencias favorables en este sentido.



Agradezco su comparecencia y su información, señor ministro.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: En nombre del Grupo Socialista queremos decirle, señor ministro, que nos ha gustado su intervención. A tenor de lo que hemos estado escuchado toda la mañana hay que darle la enhorabuena por el alto grado de
consenso que a través de las manifestaciones de todos los portavoces que se han expresado anteriormente -yo soy el último- debe llevarse usted. Este consenso no es fruto de la bondad de los distintos portavoces, del análisis de la situación que
usted ha planteado y también de las alternativas y de las políticas que desde su departamento se vienen haciendo en otros ámbitos y en este concreto ha relatado hoy de una manera pormenorizada.



Para nosotros es gratificante que usted nos hable de salud laboral, que nos diga que los accidentes de trabajadores y trabajadoras producidos en el trabajo pueden reducirse. Que van a realizar políticas activas contra la lacra de los
accidentes laborales. Ese es un mensaje en positivo que necesitábamos escuchar desde hace tiempo. Además, señor ministro, resulta reconfortante escuchar una intervención como la suya que busca sumar, que plantea el problema y pide aliados para
resolverlo, partiendo claramente de una premisa: que este no es un problema de uno u otro gobierno, este es un problema de todos, de toda la sociedad, de todo el Estado, sin excluir, sino integrando y consensuando las mejores soluciones y eso es
enormemente positivo cuando se habla de un problema de estas características y envergadura.



Además, en las líneas de actuación y del análisis de partida en este tema de salud laboral, tenemos que reconocer que recientemente se ha producido un luctuoso hecho de enorme trascendencia, los sucesos de Burgos del pasado 13 de enero,
donde diez trabajadores perdieron la vida y dos están todavía en estado muy grave. Recordarlo en estos momentos en esta Comisión, nos obliga también de una manera clara y rotunda a trasladarles un mensaje de condolencia y solidaridad con las
familias y las personas afectadas. Pero también hay otros elementos sobre este accidente y es que nos debe servir para reflexionar sobre las causas de muchos de los que ocurren diariamente y desgraciadamente también de éste. Usted ha dicho que
este accidente reúne un elemento de fallo en la gestión de la prevención. Es el típico accidente en el cual se han incumplido normas de seguridad básica, tanto por la empresa promotora y, por supuesto, por la empresa constructora. ¿El resultado?
El resultado cuando esto ocurre nos puede llevar a una situación como la referida. De ahí la importancia que usted ha manifestado de aplicar con eficacia las medidas preventivas que determinan la normativa actual y llegar, tanto en este caso como
en otros, hasta el final en la búsqueda de responsabilidades.



En la salud laboral hay situaciones objetivas que lleva un tiempo cambiarlas. Hace apenas diez años -y esto lo ha planteado alguno de los portavoces que han intervenido anteriormente- que contamos con una Ley de prevención de riesgos y de
salud laboral compacta y homologable con las existentes en la Unión Europea. Es más, en su momento, fue una ley pionera. Sin embargo, nuestra cultura en este aspecto es escasa para las empresas, para los trabajadores y me atrevería a decir que
también lo es para las organizaciones sindicales que, además, tienen el handicap de su escasa presencia en la pequeña y mediana empresa que, por otro lado, es en gran parte un sector de la actividad económica que reúne el mayor grado de
accidentalidad en el país. Esto también ha sido un complemento añadido a la hora de ser punteros en los accidentes laborales si


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los comparamos con la Unión Europea. Sobre todo en la segunda mitad de los noventa tuvimos unos índices de siniestralidad realmente escandalosos. La reducción experimentada en estos últimos años, sobre todo en los últimos tres años, desde
mi punto de vista, creo que es fruto de la mayor aplicación de la normativa, de la puesta en marcha de planes de prevención y de la mayor implicación de sindicatos y empresarios. Hay tres acuerdos en este sentido que en los últimos años han creado
una norma y una cierta cultura de acuerdo también en los temas de prevención de riesgos laborales y no solamente de acuerdos en los temas de la negociación colectiva y salarial: los acuerdos de 2007, los acuerdos de 2002 y los acuerdos de 2003.
También hay otra variable que, desde nuestro punto de vista es importante, la transferencia a las comunidades autónomas y la implicación en una parte importante de las mismas a la hora de gestionar planes y proyectos de prevención en sus diferentes
territorios. Todo ello ha hecho que estos tres años, dentro de la desgracia que supone tener cientos de accidentes mortales, hayan sido más benignos que la etapa anterior.



Con su intervención hoy, señor ministro, demuestra que la política a seguir por su ministerio en este tema continúa la línea trazada desde el principio: participación, diálogo con los implicados y acuerdos como base para hacer frente a
problemas tan complejos como este. Lo hemos visto con el salario mínimo interprofesional, lo hemos visto con el Iprem, lo veremos pronto con el SOVI, con la Ley contra la Violencia de Género, con el reglamento de la Ley de Extranjería. Son temas
que necesitan un amplio consenso social y eso es siempre beneficioso. Las políticas partidarias tienen poco rédito y muchos problemas en estos temas. Además, de su intervención nos gusta también que este Gobierno no escurre el bulto ante un
problema social de esta envergadura, no traslada ni hace de la fatalidad en los accidentes un problema y una solución, sino que busca políticas intervenciones que sirvan para reducirlos. Hace política y presenta soluciones que sitúan en el centro
del problema las vidas humanas, los quebrantos de las familias y la mejora de la calidad de vida. Por supuesto, eso tiene siempre un riesgo y unos costos que usted asume, sin ninguna duda, mediante el compromiso y con el convencimiento que aporta
entender la política en el terreno sociolaboral. Este entendimiento y este compromiso se venían necesitando en nuestro país desde hace tiempo.



Por otro lado, deja claro en su intervención que, para reducir los accidentes, es preciso movilizar a la sociedad y reformar elementos fundamentales, como el mercado de trabajo. El mercado de trabajo contiene elementos perjudiciales para la
seguridad que propician la accidentalidad: la excesiva temporalidad, por ejemplo. Casi el 54 por ciento de los accidentes que se producen en nuestro país los sufren trabajadores y trabajadoras con menos de un año de contrato.
Indudablemente, como
usted ha demostrado con los gráficos, la reducción de la temporalidad tendría su reflejo en la reducción de los accidentes.
Es un tema que usted está trabajando en la mesa de concertación y, en el momento que consigamos avances, tendrá repercusión
inmediata en la accidentalidad.



Partiendo del consenso sobre posibles soluciones con los agentes económicos y sociales, por medio del diálogo social, hemos visto cómo se ha trabajado también con las comunidades autónomas. Creo que las propuestas que nos ha lanzado esta
mañana resultarán efectivivas, puesto que inciden en tres elementos fundamentales. Primero, está la dotación con más medios y recursos al Estado para que intervenga, oriente y prevenga. Así, la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene, y las políticas de aumento de la dotación de técnicos de prevención de riesgos en las comunidades autónomas, unido todo ello a las políticas activas en aquellas empresas y sectores con mayor accidentalidad -como el de la
construcción-, y a la mejora de la prevención por medio de la formación, seguro que tendrán un reflejo inmediato y efectos contundentes sobre la accidentalidad durante los próximos meses y años. Sobre todo, si se sigue haciendo de una manera
consensuada con las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales. Por otro lado, las medidas son muy ambiciosas pero son muy realistas. Son realistas porque parten de una premisa fundamental: hay
norma suficiente para poder actuar. Al margen de lo que ha planteado algún portavoz, en este momento hay normativa que no está suficientemente desarrollada. Estoy convencido de que, con este marco normativo, podremos avanzar hacia la solución de
estos problemas.



Para terminar, quiero darles un dato, señorías: en 2003 hubo en España 899.737 accidentes con bajas y 1.033 muertos. En el mundo, mueren 5.500 personas al día, de los 270 millones de víctimas de accidentes laborales que se producen al año.
El intento de que esto cambie bien vale el esfuerzo y el compromiso de todos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra nuevamente el ministro, para contestar a los grupos.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias a todos ustedes por la amplísima comprensión de las propuestas que he presentado y por sus muy interesantes aportaciones.
Creo que en el fondo
compartimos plenamente la estrategia que, por otro lado, debe contar con un amplio consenso y apoyo social. Intentaré contestarles a todos ustedes, haciendo un esfuerzo de síntesis.



Al señor Azpiroz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco su posición. Quiero aclarar algunos extremos. En relación con el accidente de Burgos -ya lo dije en mi intervención al respecto-, la empresa de prevención contratada
por el ayuntamiento desconocía el uso del local; efectivamente, es así. Por tanto, nadie ha imputado ninguna responsabilidad. Por mi


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parte, estoy satisfecho del grado de cooperación de las diversas administraciones, entre ellas el ayuntamiento. Es evidente que el fondo del problema reside en una cadena de fallos en la aplicación de la norma sobre prevención, que será
tipificada por la institución competente, que es la Inspección de Trabajo. En honor de la verdad, la empresa tiene un buen historial: ninguno de los trabajadores era subcontratado, todos pertenecían a la plantilla y todos eran regulares; había un
trabajador extranjero que estaba en situación de legalidad. Tengo aquí el historial de las inspecciones realizadas a la empresa: desde 2002 no ha recibido ninguna infracción; hubo 44 visitas a centros de la empresa. Antes de 2002 se le
apreciaron seis infracciones graves y cuatro leves, en materias como irregularidad de la coordinación de seguridad -en 2000- o incumplimiento de normas sobre planes de seguridad -en 2001- y se le practicaron 47 requerimientos. Había, pues, algunas
infracciones, algunas de las cuales estaban relacionadas con la seguridad, pero es cierto también que no se trata de una empresa con historial muy negativo en la materia. Sin embargo, en este caso, se produjeron una cadena de hechos que dieron
lugar al trágico resultado del accidente.



En relación con los otros asuntos que plantea, le agradezco su cooperación en esta estrategia, como a todos los grupos. Reconoce usted que, efectivamente, los medios económicos para la inspección son todavía insuficientes. Por nuestra
parte, hemos intentado mejorarlos y lo seguiremos haciendo en el futuro. A la pregunta concreta que formula, sobre la declaración del fiscal general del Estado, le respondo que no tenía ninguna intención de criminalizar este tipo de actividades.
Tras hablar con él, puedo decirle que, más que en una fiscalía especial, en lo que está trabajando la Fiscalía General del Estado es en un tratamiento especial de los accidentes de trabajo, como algunos de ustedes han pedido, el señor Olabarría, por
ejemplo. Lo hará por medio de acuerdos con las fiscalías de las comunidades autónomas, para mejorar la formación de los fiscales y para establecer una coordinación entre administraciones, y con convenios de negociación; por ejemplo, ya los hay con
Andalucía, con Galicia, con Asturias, con el País Vasco y con Cataluña. A finales de año se pretende nombrar un fiscal de sala como coordinador general de la materia, elaborando instrucciones para mejorar los criterios de actuación de la Fiscalía.
Justamente en la línea que planteaba el señor Olabarría y que por mi parte he recogido, y aplicando lo que él decía y yo no sabía -le agradezco la información, señor Olabarría- de que tiene que existir este tipo de reuniones trimestrales.
Desde
luego, las voy a incentivar.



El señor Azpiroz ha presentado otra cuestión muy importante, y también lo han hecho algunos otros portavoces; el del Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo. Al final, la base fundamental del fallo del sistema, o el lugar en que sin
duda se producen los mayores agujeros, tiene que ver con la situación de las pequeñas y medianas empresas; es más difícil actuar en ellas. Por ejemplo, en el informe sobre salud laboral: Los riesgos laborales y su prevención en España, elaborado
por Federico Durán López y Fernando Benavides, que se hará público próximamente, se indica una cuestión muy interesante que tendremos que abordar. Ellos dicen: la estructura productiva en España se caracteriza por el pequeño tamaño de las
empresas. Casi 900.000 -o sea el 75 por ciento-, que ocupan a casi dos millones de trabajadores -un 15 por ciento-, tienen menos de seis empleados. En esta categoría -dicen los autores- corresponde al empresario asumir personalmente la prevención,
y no existe la obligación legal de representación sindical, lo cual dificulta la aplicación y evaluación de las actividades de prevención.



Pues bien, este es un asunto que tendremos que resolver. Por supuesto, por medio del diálogo social, pero hay que tratar de resolverlo. Aquí hay un agujero negro, que no imputo a los empresarios, por supuesto, dada la atomización de la
actividad de sus empresas; sin embargo, es cierto que en este tipo de empresas hay menos vigilancia, por decirlo de alguna manera. Como estamos ante un fenómeno cultural de fondo, hay que ir trabajando en este sentido, garantizando algún sistema
para el establecimiento de delegados de prevención, si no individuales por empresa sí para ámbitos un poco más amplios, que puedan favorecer el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Con esto contesto a varios portavoces. Por mi
parte, estoy de acuerdo en extender los protocolos, claro que sí. De hecho, en el diálogo social se está planteando y en el acuerdo que se va a firmar esta semana sobre la negociación colectiva se empiezan a introducir elementos muy interesantes,
tanto en relación con la prevención de riesgos laborales como con el absentismo laboral. Creo que es una buena vía de trabajo y que es muy positivo que la negociación colectiva extienda, profundice su capacidad normativa -porque, al final, es una
capacidad normativa- sobre estas materias. Respecto a la unificación de la normativa, algún día habrá que tender a su simplificación. Lo dije al principio de mi intervención, está dispersa, es muy amplia y eso conlleva una difícil aplicación por
parte de los operadores y, por tanto, sería necesario tender a una simplificación y a una unificación; no sé hasta qué punto podremos ser capaces de llegar pero, desde luego, esa tendencia habría que aplicarla.



Sobre accidentes in itinere, me he limitado a señalar su importancia y tengo un informe que les enviaré, si les parece bien, por no detallarlo ahora a fondo, sobre la importancia de los accidentes relacionados con el tráfico de vehículos en
el total de accidentes laborales. Tengo una enorme preocupación sobre esta materia. Me preguntó el representante de Convergència i Unió si estábamos dispuestos a modificar los criterios estadísticos de cómputo de la accidentalidad. No creo que
sea tanto ese problema, aunque tenemos un criterio distinto de algunos otros países de la Unión Europea donde incorporamos accidentes in itinere que no se incorporan


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en otros países; al final son accidentes con resultado de muerte y no es tanto el debate estadístico sino la necesidad de actuar y cómo hacerlo en todos los elementos que contribuyen a la accidentalidad. Desde luego, en el caso de los
accidentes de tráfico, sean en el trabajo -quiero decir utilizando las herramientas productivas de trabajo en la misma empresa- o en los desplazamientos hacia el centro de trabajo, tienen unas singularidades específicas sobre las cuales operar y
probablemente sean más difíciles de atender que los accidentes de carácter tradicional más relacionados con la actividad y sin utilizar el vehículo. Lo que demuestra este informe que les enviaré es que hay un altísimo porcentaje y que incluso si se
descuentan en los accidentes mortales los debidos a patologías no traumáticas, como cánceres, etcétera, de cada diez accidentes mortales que ocurrieron en el 2002 durante la jornada de trabajo, cuatro se debieron a circunstancias relacionadas con el
tráfico y el manejo de vehículos; cuatro de cada diez, es un porcentaje altísimo.
Hay que operar sobre ello y por eso he propuesto al Instituto de Seguridad Vial de Valencia (que me parece que es en estos momentos el más prestigioso de España y
que hace unos trabajos excelentes sobre seguridad vial) que elabore un programa específico destinado a la prevención de la accidentalidad de tráfico en el trabajo. Cuando nos empiecen a aportar las primeras conclusiones, podremos utilizar esos
informes para mejorar, sin ninguna duda, este tipo de siniestralidad, operando específicamente sobre este tipo de comportamientos. Eso es lo que he querido decir y les enviaré a todos ustedes este pequeño informe sobre la importancia de los
accidentes de tráfico en los accidentes laborales.



Me gustaría contestar también a la señora Barkos, en nombre del Grupo Mixto, agradeciéndola sus observaciones. La estrategia nacional es una estrategia que tiene que derivar de un amplio consenso. No me refiero tanto a un pacto de Estado.
He hablado de transversalidad y, por tanto, este Gobierno está dispuesto a respetar profundamente las competencias de cada cual en la materia y creo que lo estamos demostrando. Ahora bien, no combatiremos el fenómeno ni descenderá si no aunamos
esfuerzos y por eso cuando yo me refería -señor Olabarría, habla usted de una nueva categoría jurídica- a la habilitación de técnicos de comunidades autónomas, primero quiero decir que es una cuestión voluntaria, que yo agradezco profundamente a las
comunidades autónomas y que estamos en el marco de la cooperación. Como sé que todas las comunidades autónomas quieren combatir con más eficacia los accidentes de trabajo, nos ha parecido que unir sinergias y esfuerzos de la Inspección de Trabajo y
de los técnicos de comunidades autónomas era un buen camino, por cierto un camino que abre la Ley de prevención de riesgos laborales del año 2003. Lo hemos acordado en la conferencia con todas ellas y creo, por tanto, que si podemos multiplicar por
dos el número de inspecciones que realizamos, obviamente el grado de cumplimiento de la norma será mayor y es en ese sentido en el que nosotros apostamos por este acuerdo y le doy muchísima importancia, señor Olabarría, muchísima importancia porque
creo que es el mejor exponente de cómo, a través de la cooperación, podemos ser útiles al conjunto de la sociedad española y estoy convencido de que ustedes, representantes de partidos nacionalistas, también es lo que quieren. Por tanto, ese es el
sentido último de lo que llamamos estrategia nacional de la que, por supuesto, señor Olabarría, todos estamos al mismo nivel. Discúlpenme que haya podido situar en último lugar -sólo en el orden cronológico, no en el de la importancia- a las
fuerzas políticas aquí representadas. Somos todos, comunidades autónomas, Estado, agentes sociales, empresarios y fuerzas políticas.



Vamos a fortalecer la Inspección de Trabajo, sin ninguna duda. Me refiero a usted, señora Barkos. He hablado de 100 nuevas plazas que, tengo que advertir, salen ahora a oposición. Ustedes saben que el proceso de oposiciones -aunque vamos
a aligerar el mismo y queremos simplificar los temarios para que el proceso sea más rápido- lleva un tiempo. Pero la oferta de empleo público no abarca sólo a inspectores y subinspectores, que son 100 nuevas plazas, sino que tendrá otras ciento y
pico plazas de personal auxiliar, especialmente informáticos, de grado medio y superior, para la ayuda a las tareas de inspección. Cuando un inspector o una inspectora está haciendo su trabajo, el cruce de datos in situ que debe realizar con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, es tan importante muchas veces para su trabajo como la calificación directa de los hechos. Por tanto, vamos a fortalecer mucho en ese proceso de refuerzo del sistema de inspección este aspecto y creo que
este año ya empezaremos a notar resultados, pero mi voluntad y la del Parlamento, porque así lo aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, consiste en establecer un refuerzo continuado a lo largo de la legislatura para alcanzar la media
comunitaria de un inspector o inspectora por 11.000 ocupados, creo, que es la media que nos gustaría alcanzar y espero que podamos hacerlo. Me dice: ¿Qué vamos a hacer con la Inspección de Trabajo? Sin duda hay tres líneas fundamentales de
trabajo.
Una que tiene que ver específicamente con el objeto de mi comparecencia y que he detallado a fondo, que está en relación con la prevención de riesgos laborales, la prevención de la accidentalidad; hay una segunda línea que tiene que ver
con la temporalidad, donde, dentro de las posibilidades de utilización tanto de nuestros técnicos como de los de las comunidades autónomas en los programas conjuntos que elaboramos, vamos a multiplicar las actuaciones; y, una tercera, que es
esencial y que tiene que ver con la lucha contra la economía sumergida y el trabajo ilegal. Vamos a hacer 500.000 inspecciones desde el día 8 de mayo en que finalice el proceso de legalización de trabajadores extranjeros en España. Todo ello, sin
duda, creo que va a contribuir a una nueva cultura, a acentuar los patrones de comportamiento


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culturales a favor de la economía legal, de la economía no sumergida y, por supuesto, de avance en la cultura de lo que significa la prevención de riesgos laborales cuyos resultados, en primer lugar, arrojan costes personales insustituibles,
como es la vida humana, pero que, después, arroja costes económicos también inabordables, de una cuantía formidable.
Por tanto, la prevención de riesgos laborales es una inversión, es productividad en estado puro, además, por supuesto, de respeto a
los derechos fundamentales de las personas, claro. Es productividad en estado puro.



En materia de precariedad, lo dije en mi intervención y varios portavoces lo han destacado, la temporalidad es un elemento -lo recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- fundamental a la hora de valorar la incidencia del
fenómeno. Si no tuviéramos el porcentaje de temporalidad tan elevado que hay en España y midiéramos sólo el empleo indefinido, estaríamos en la media comunitaria. No nos consuela porque incluso la media comunitaria sigue significando que hay
fallecidos y que hay que continuar luchando contra ese fenómeno, pero en estos últimos tres años hemos avanzado más que la media europea y, por tanto, tenemos que ser optimistas en el sentido de que con estos programas, con estos paquetes de medidas
que he indicado y con la cooperación de todos, podremos avanzar sin ninguna duda en esta materia. Por supuesto, para reducir la temporalidad estamos inmersos en el proceso de diálogo social y creo que de aquí al mes de mayo o junio podremos
alcanzar con los interlocutores sociales las propuestas de reforma normativa del mercado laboral que ayuden a reducir la temporalidad, pero como no me corresponde a mí solo, les corresponde también a ellos, vamos a tener un poquito de paciencia, se
lo pido, durante estos tres o cuatro meses porque seguramente verán ustedes cómo ellos nos dotan de los instrumentos suficientes para continuar con la reducción de temporalidad.



Ustedes saben que desde el acuerdo de 1997 hasta hoy, se ha reducido siete puntos. Por tanto, la reforma y los acuerdos de diálogo social de 1997 han tenido importancia.



Me parece muy interesante la propuesta de las campañas institucionales, por supuesto, además del trabajo que tiene que hacer el Instituto de Seguridad e Higiene en materia de investigación. Vamos a ver de qué recursos disponemos, pero sin
ninguna duda que haya campañas institucionales de prevención de riesgos es uno de los mejores modos de emplearlos.



Al señor Mardones, de Coalición Canaria, le agradezco mucho su amabilidad y también le agradezco que comparta las cuestiones de fondo que aquí he planteado y me gustaría darle alguna explicación adicional. Por fortuna, Canarias ha reducido
la siniestralidad en los dos últimos años, aunque es verdad que en un porcentaje menor a la media nacional, un 3,65 por ciento, lo que significa que todavía se mantiene por encima de la media nacional. Por eso recojo con mucho interés su sugerencia
sobre la fundación para la prevención de riesgos laborales y la necesidad de actuar específicamente en aquellos sectores y en aquellas comunidades donde se produce un índice más elevado.



Del conjunto de medidas que he indicado, que son bastante prolijas -habrán visto ustedes que se trata de un programa bastante amplio y concreto de actuación-, se desprende evidentemente que la mayoría de los programas específicos se dirigen
a los sectores con una alta tasa de incidencia de la siniestralidad y, por supuesto, a las comunidades autónomas donde ello ocurre. En cualquier caso, por supuesto que recojo ese planteamiento, al igual que otro que ha hecho usted y algunos otros
intervinientes acerca de los incentivos, un modelo bonus-malus, para estimular las mejores prácticas de las empresas y de los trabajadores. Me parece muy interesante, pero tengo que decirle que tengo una limitación, y es que este tipo de medidas o
se acuerdan con los interlocutores sociales, con quienes están llamados a aplicarlas, o no tienen ningún sentido. La mesa de diálogo está abierta a esa reflexión. Efectivamente, se puede entender que hay sectores de actividad cuyos costes
laborales por cotización en materia de accidentes de trabajo son elevados porque su siniestralidad es baja, mientras que en otros sectores ocurre justamente lo contrario, que son bajos porque su siniestralidad es elevada. Sin perjudicar a la
estabilidad y a la productividad de estas empresas, ¿podemos establecer un modelo que camine hacia los incentivos positivos para reducir la siniestralidad? Yo creo que sí y, desde luego, el Gobierno está dispuesto a plantearlo y, de hecho, lo ha
planteado; está pendiente de un amplio debate, como todos los que se producen a través del diálogo social, y espero que podamos encontrar alguna solución. Es una vía muy interesante a explorar en el futuro. También queremos tener en cuenta, como
no, a otras entidades sindicales. Señor Mardones, señores representantes de PNV, Convergència i Unió, no solo estamos dispuestos a ello, sino que estamos convencidos de que es una verdadera obligación, una obligación ética, pero también política.
Tenemos la obligación de tener en cuenta a todas las entidades sindicales, muchas de ellas con la categoría de más representativas en su ámbito territorial de influencia y de actuación.


Estoy de acuerdo con la inversión en I+D; también se lo diré a los respectivos ministros. Es algo muy interesante y abogaré por que se adelanten las convocatorias.



Muchas gracias por la valoración que hace del decreto que ya está en el Consejo de Estado sobre la separación de los servicios de prevención de accidentes de las mutuas. Esto es muy importante, porque, como usted bien decía, aquí hay que
mejorar; antes también lo indicaba el señor Azpiroz, hay que mejorar. No queremos que esto se entienda como una obligación gravosa para nadie. La separación -y lo hemos acordado con las mutuas- de los servicios de prevención permitirá mayor
eficacia, mayor transparencia, como nos pide el


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Tribunal de Cuentas, y una concreción real en la prevención, no solo en el ámbito de la investigación o de los estudios, sino también de la prevención real. Esto es lo que vamos a conseguir. Estoy convencido de que vamos a avanzar mucho
con este decreto. Este decreto es una pieza esencial, que nos va a ayudar a mejorar la salud laboral y, por tanto, a evitar accidentes de trabajo.



Señor Olabarría, como siempre sus intervenciones son muy interesantes y las acojo con muchísimo interés, igual que las del resto de los intervinientes. Decía S.S. que en el caso de Burgos ha habido una vulneración total. Aquí se demuestra
que, efectivamente, lo que hay es una defectuosa ejecución de la normativa. Por eso decía que, presumiblemente, existirán sanciones acordes con la gravedad de los hechos. Sí sé que hay actuaciones penales abiertas. De hecho, en este momento están
pendientes de recibirse diversos informes, los informes definitivos de los forenses, de la policía judicial, de los bomberos, del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León, de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral, del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Centro Regional de Seguridad. Es decir, hay muchas vías abiertas. Yo voy a estimular para que los informes lleguen rápidamente y podamos ver las razones que llevaron a este trágico accidente. Tiene usted
razón, ha habido un fallo, un colapso de la cadena de elementos de prevención de riesgos laborales. La nueva estrategia, ya lo he dicho: Todos al mismo nivel.



Decía usted que el incremento de la Inspección de Trabajo era un clamor.
Es verdad. Quizás su desarrollo tenga cierta tardanza en el tiempo, precisamente por los mecanismos de selección, pero vamos a acentuar -como decía antes la señora
Barkos- los pasos a través de promoción interna de una categoría a otra, porque eso nos ayudará a mejorar la Inspección de Trabajo cuanto antes. Recojo esa sugerencia de las reuniones trimestrales de la Inspección de Trabajo y también su reflexión
sobre los artículos en blanco en relación con el orden penal y el sujeto activo de los delitos. Merece la pena dar una vuelta, porque no vale para nada tener una normativa que no se aplica. Coincido en que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
es buena, es una ley que se consensuó, una ley pactada, una gran ley; lo que está ocurriendo tiene que ver con su aplicación. Yo también coincido en que una de las causas fundamentales del incremento de los accidentes, sobre todo en algunos
sectores, tiene que ver, además de con la precariedad, con la subcontratación. Ya lo dije en mis primeras comparecencias en esta Cámara y en el Senado: Vamos a plantear esto con mucha seriedad. En estos momentos este tema está en la mesa de
diálogo. En mi opinión no hay excusa para no regular la materia estableciendo adecuadamente los niveles de responsabilidad en la cadena de subcontratación. Creo que debe hacerse con acuerdo, porque estoy convencido de que los propios empresarios
son también los primeros interesados en mejorar la regulación al respecto.
Por tanto, vamos a darle un notable impulso, que espero que acabe teniendo una buena traducción. La habilitación de técnicos ya se la he explicado.



Sobre el Forcem, ya sabe que tenemos esa diferencia que sí que hay que resolver. Estoy totalmente de acuerdo, señor Olabarría. Espero que en poco tiempo, una vez concluya el proceso electoral que está abierto en el País Vasco y se
constituya el futuro Gobierno, podamos encontrar una solución. Es mi deseo más profundo, especialmente en todo lo que tiene que ver con las políticas activas. Como saben -lamento que no esté el representante de Convergència i Unió, pero le voy a
contestar-, este Gobierno quiere cumplir y va a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, sin ninguna duda. Lo hemos hecho en relación con la participación de las comunidades autónomas en la formación continua; lo hemos hecho en el año
2004, cuando por primera vez reservamos para contratos-programa el 63 por ciento de fondos destinados a esta iniciativa, transfiriéndose a comunidades autónomas el 37 por ciento restante. En el caso de las acciones complementarias, ya en el año
2004, distribuimos un 50 por ciento para el Estado y un 50 por ciento para las comunidades autónomas.
En la conferencia sectorial para asuntos laborales, en su reunión de 29 de julio de 2004, hemos aprobado los criterios de distribución de fondos
para formación continua gestionados por las comunidades autónomas y, a consecuencia de ello, hemos aprobado la correspondiente modificación presupuestaria mediante el incremento de la partida inicial prevista para el año 2004, que era de 1.000
euros, hasta 127 millones de euros. El acuerdo de Consejo de Ministros y orden ministerial sobre territorialización de los fondos a las comunidades autónomas se hizo de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 153.2 de la Ley
General Presupuestaria. Por tanto, teniendo en cuenta todos estos datos, se puede decir que estamos en ese camino. La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2005 contempla todavía una mayor participación, y estamos en el camino de
cumplir plenamente lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a la gestión de fondos de formación continua. Además, hemos introducido otro elemento muy interesante que nos han pedido las comunidades autónomas -y me parece
correctísimo hacerlo-, que es la flexibilización en la utilización de los fondos destinados a formación ocupacional y continua, de tal forma que pueda haber trasvase, que pueda haber intercambio. Es decir, que si en una comunidad no se agotan los
fondos de formación ocupacional, se puedan transferir a formación continua. Por último, hemos fijado el objetivo de que, ya en 2005, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de contratos-programas de formación continua alcance el
50 por ciento de dicho presupuesto y, para ello, tenemos que hacer algunos cambios normativos, espero que en


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poco tiempo. Creo que necesitaremos un instrumento de rango legal, ley o decreto-ley, para ampliar cada vez más la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la formación continua.



El señor Tardá no está, pero le agradezco su solidaridad con las víctimas. En cuanto a la siniestralidad en las pymes, he contestado al principio a la propuesta que hacía el señor Azpiroz, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular; ese
es mi análisis. Preguntaba qué vamos a hacer, y tengo que decir que la inmensa mayoría de las 20 medidas de acción que he planteado aquí van dirigidas a las pymes, a ese segmento, a ese sector, que es donde se concentra la mayor siniestralidad.
Por tanto, ya estamos actuando en la materia. Quiero aclarar, aunque no están ahora sus portavoces, que tanto en Tarragona como en Lleida los inspectores no son dos. En Tarragona, son 13 inspectores y 12 subinspectores, son 25 personas; y en el
caso de Lleida, son siete inspectores y ocho subinspectores. Yo no sé la situación que habría antes, supongo que sería parecida porque tampoco ha habido mucho cambio, pero son muchos más de lo que indicaba el señor Tardá. Coincido respecto al
problema de la subcontratación, ya lo he explicado, y de la precariedad en el sector de la construcción; por supuesto, lo he dicho yo.



Aunque no está presente, sí me interesaría referirme a algo que él ha dicho y que yo no comparto. Él ha hablado de un cóctel que lleva directamente a la accidentalidad a través de las empresas de trabajo temporal. Yo no lo comparto.
Especialmente, me ha parecido entender que hablaba de que en las empresas de trabajo temporal se producen pagos salariales inferiores a la media. No es así. En estos momentos, en España, las empresas de trabajo temporal tienen una calidad del
empleo similar, cuando menos o en ocasiones superior, a la que se consigue con contratación temporal directa. Es verdad que hubo un gran debate en España sobre el papel de las empresas de trabajo temporal y recordarán ustedes que corregimos
legalmente el hecho de que se pudieran poner trabajadores a disposición de otra empresa por menor salario; hoy es obligatorio que el salario sea idéntico. Es más, si profundizamos en la materia, estoy en disposición de asegurar que hay sectores de
actividad donde las retribuciones son superiores cuando se realizan mediante contratos de ETT que cuando se realizan directamente; no digo que sea así en todos los sectores, pero sí en algunos. Por tanto, no tengo esa preocupación, no hay
elementos diferenciales que permitan acreditar que las empresas de trabajo temporal tienen un mayor índice de siniestralidad. No es así y, como responsable del Ministerio de Trabajo, tengo que decirlo ante esta Comisión; al contrario, incluso, los
datos son un poco mejores que en algunos sectores de actividad. Quería aclarar esto, como todo lo que tiene que ver con la economía sumergida. Yo no creo que hayamos retrocedido 100 años. Precisamente, con el reglamento de inmigración pactado con
empresarios y sindicatos, que permite legalizar empleo sumergido, estamos haciendo un verdadero esfuerzo también para combatir la siniestralidad laboral, para dotar de mejor formación a esa mano de obra, a ese trabajo, para dotarle de mayor
productividad y, sobre todo, para reconocer y aplicarles los mismos derechos y obligaciones que tenemos los demás. Por tanto, este reglamento va a ayudar mucho a mejorar la situación. En cuanto al cambio cultural, efectivamente es fundamental.

Algunas otras cuestiones, que eran mucho más concretas, se las contestaré a él, bien por escrito o bien privadamente, por no extender esta intervención.



Igual ocurre con la intervención del representante de Convergència i Unió, don Pere Grau. En relación con el accidente, tengo que decir que, según el Ayuntamiento de Burgos, no había denuncias formalizadas. Esa es la respuesta que da el
Ayuntamiento de Burgos a la pregunta que le hacía. No es mi competencia y, por tanto, yo le traslado lo que a mí me dice el Ayuntamiento de Burgos. Coincido con él en que es positivo que haya caído la siniestralidad, la accidentalidad, pero
todavía se mantienen las diferencias con la Unión Europea y por eso he presentado este programa tan amplio de actuaciones. Claro que hay que establecer medidas de convergencia con la Unión Europea, entre otras, las que fueron acordadas la semana
pasada en la Mesa de diálogo social. Él insiste en el factor cultural y en que hay que hacer un mayor esfuerzo en formación, sin duda.
De este paquete de medidas concretas que he presentado, quizá las más rápidas -alguien me pedía que
calendarizara, todas son para este año-, las que van a tener efectividad más inmediata y mayores recursos presupuestarios son todas aquellas dirigidas a formación, donde hay un paquete, como les he indicado antes, de casi 60 millones de euros
adicionales, tanto para la Fundación para la prevención de riesgos laborales, como para los programas específicos de mejora de la formación, como para la construcción de centros destinados a formación y prevención de riesgos laborales. Repito, la
mayor efectividad va a estar en el campo de la formación, porque yo también comparto que este es el principal problema. El principal problema no es de orden legal sino de formación, es decir, de interiorización de la necesidad, por parte de todos,
de respetar las reglas.



Sobre los incentivos, ya le contesté, iba en la misma línea del señor Mardones, bonus malus, que para nosotros es un planteamiento interesante que tenemos que llevar a la Mesa de diálogo social. En cuanto a las estadísticas laborales, el
problema no es tanto cómo se midan los accidentes, sino que, teniendo naturaleza diversa muy distinta, tenemos que actuar de forma también diversa sobre los problemas que llevan a los accidentes de trabajo. Respecto al Forcem y el papel de las
comunidades autónomas en la formación continua, ya contesté.



Por último, me gustaría agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Membrado, sus


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amables palabras y su análisis, que coincide plenamente con el que he hecho aquí. Quiero destacar que efectivamente venimos a sumar, que esta es una estrategia que no tiene color político, que es una estrategia que todos los gobiernos
quieren desarrollar del modo más activo posible.
Agradezco muy profundamente la mejor disposición de todos los grupos políticos que hoy han expresado aquí y el apoyo en este sentido que dan a esta estrategia. Con esa ayuda, sin duda, podremos ir
reduciendo nuestros niveles de accidentalidad. Al final, todo debe traducirse en una verdadera movilización social para combatir este fenómeno que tanto daño causa a las personas, a las familias, a la sociedad española y a nuestra economía.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su exposición y por las medidas que todos los grupos parece que comparten.



Agradezco a los portavoces el talante que esta Comisión demuestra y esperemos que sea así toda la legislatura.



Se levanta la sesión.



Era la una y veinte minutos de la tarde.