CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 39

EDUCACIÓN Y CIENCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

Sesión núm. 2

celebrada el martes, 1 de junio de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 25 de mayo de 2004 ... (Página 2)


Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número
de expediente 042/000005.) ... (Página 2)


Comparecencia de la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos) para informar sobre:


- Las líneas generales de la política de su Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000008.) ... (Página 2)

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- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000009.) ... (Página 2)


- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación con las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000029.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las once de la mañana.



- RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 25 DE MAYO DE 2004.



La señora PRESIDENTA: Comenzamos la primera sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Deporte agradeciendo la presencia de la señora ministra.



Antes de entrar en el orden del día, nos corresponde ratificar la celebración de esta comparecencia que fue acordada por la Mesa y por la junta de portavoces de esta Comisión en la reunión de 25 de mayo de 2004.
Someto a la Comisión la
ratificación de la celebración de esta sesión, que me imagino aprobaremos por asentimiento. (Asentimiento.)


- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000005.)


La señora PRESIDENTA: Continuando con el orden del día, pasamos al punto relativo a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del Reglamento,
concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983. Recuerdo que esta resolución delega en la Mesa la posibilidad de convocar, de acuerdo con la Presidencia de la Cámara, las comparecencias, incluyendo que dicha
delegación se realizaría de forma condicionada, de modo que el rechazo de una solicitud de comparecencia requeriría la unanimidad de los miembros de la Mesa de la Comisión, quedando abocada la decisión por la Comisión en caso contrario.



Se somete esta delegación a la aprobación de la Comisión. (Asentimiento.)


Queda aprobada.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (SANSEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS) PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000008.)


- LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000009.)


- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expedien­te
213/000029.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a los puntos 2, 3 y 4 del orden del día, que han sido acumulados y que son los siguientes.
La celebración de la comparecencia, a petición propia, de la ministra de Educación y Ciencia, para informar sobre las
líneas generales de la política de su departamento. La comparecencia de la ministra de Educación y Ciencia para informar en relación con la política que piensa desarrollar en el ministerio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y la
petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de comparecencia de la ministra de Educación y Ciencia, para informar sobre las prioridades y políticas que piensa impulsar con relación a las materias vinculadas a esta Comisión durante
la presente legislatura. Sin más, concedo la palabra a la señora ministra de Educación y Ciencia.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión con el objeto de exponerles las líneas generales de la actuación que me propongo llevar a cabo en los
próximos meses, desde la responsabilidad que el presidente de


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Gobierno me ha asignado como ministra de Educación y Ciencia.



Antes de iniciar la exposición y dado que es mi primera intervención ante esta Comisión, me permitirán que les diga que me siento muy honrada de poder estar hoy aquí. Como muchos saben, he dedicado mi vida profesional a la educación y a la
investigación y es para mí un gran honor y una responsabilidad encargarme de la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. Ese honor se extiende muy particularmente a las relaciones que voy a mantener con el Parlamento y, en especial, con esta
Comisión.
Espero que mis relaciones con esta Comisión estén presididas por el tono dialogante y la búsqueda del consenso en todas aquellas cuestiones de gran relevancia que hemos de afrontar a lo largo de esta legislatura que ahora comienza.



La educación en sus diferentes niveles, pero también la ciencia y la tecnología, constituyen objetivos fundamentales de la acción del Gobierno. Todos compartimos el convencimiento de que el futuro de nuestra de nuestra sociedad, como el del
continente europeo en su conjunto, pasa por conseguir un sistema de educación y formación del que todos nos sintamos orgullosos, en el que se equilibren y convivan calidad y equidad. Asimismo, necesitamos configurar un sistema de ciencia y
tecnología en consonancia, no sólo con nuestro actual nivel de desarrollo económico, sino con el que aspiramos conseguir en el futuro. No podemos olvidar la actividad deportiva, absolutamente clave en las sociedades modernas y que tanto interés
tiene entre los ciudadanos. Una actividad deportiva que ha de estar presidida por la limpieza, persiguiendo el dopaje, que pone en peligro la salud de los deportistas y daña la valoración social del deporte. Se ha de mirar no sólo la consecución
de grandes resultados en los eventos deportivos, sino que el deporte sea un medio al alcance de todos los ciudadanos, fuertemente integrado en nuestros centros educativos como pieza clave del pleno desarrollo de la personalidad que consagra nuestra
Constitución.



Mi intervención se va a dividir en dos partes, incidiendo la primera en varios temas de carácter transversal, mientras que la segunda parte pasará revista a las actuaciones sectoriales a desarrollar en los próximos meses. Entre los temas
transversales el primero que quiero destacar es el desarrollo de políticas propias de un Estado de las autonomías. Entre los años 1980 y 2000 el sistema educativo español ha realizado el proceso de transferencia de competencia en los niveles
educativos. En cumplimiento de las previsiones establecidas en la Constitución, la educación se ha convertido en una materia de responsabilidad compartida en la que, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, tienen sus propias
competencias. El logro de una educación de calidad para todos los ciudadanos -no es otro el objetivo que compartimos- exige una coordinación de nuestras actuaciones que evite las disfunciones y fortalezca al conjunto del sistema educativo. El
Gobierno cree que la política educativa a desarrollar debe ser la propia de un Estado de las autonomías. La Administración central debe actuar según sus competencias, pero con el diálogo y la coordinación necesarias con las administraciones
autonómicas. Establecer un diálogo constante con las comunidades autónomas va a ser un objetivo fundamental de esta legislatura. Para que este diálogo tenga continuidad y se refleje en acciones de coordinación efectiva, vamos a reforzar organismos
ya existentes y a desarrollar otros nuevos que nos parecen necesarios. En los niveles no universitarios la conferencia sectorial de Educación es el lugar en el que todas las administraciones debemos cooperar para coordinar nuestras actuaciones.
Antes de cumplir un mes de acción de Gobierno, he reunido a la conferencia sectorial y, entre otras cuestiones, he propuesto que en próximas sesiones establezcamos métodos de trabajo útiles para la toma de decisiones futuras. En este órgano podemos
y debemos compartir experiencias, formular diagnósticos y derivar, en general, beneficios comunes del esfuerzo y el buen hacer de todas las administraciones, central y autonómica, allí representadas.



En el caso del sistema universitario, las importantes tareas de coordinación entre la Administración central y autonómicas se combinan con la necesaria coordinación con las universidades. Estos objetivos pueden y deben llevarse a cabo en el
Consejo de Coordinación Universitaria, a través de sus comisiones, académica y de coordinación.
En los próximos meses propondremos el establecimiento de la conferencia sectorial de Ciencia y Tecnología, para garantizar un diálogo permanente que
favorezca a la coordinación de políticas en esta área. Este será también el foro en el que analizar periódicamente la evolución de la participación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en los programas europeos. Para reforzar la cooperación
territorial en esta área, se firmarán también protocolos generales con las comunidades autónomas, realizando posteriormente convenios específicos para concretar actuaciones que incorporen mecanismos de cofinanciación. En el área de la política
deportiva la coordinación con las comunidades autónomas es cada día más necesaria. Vamos a potenciarla, no sólo en el impulso del deporte de alta competición, sino también en el deporte escolar y universitario, en el que la colaboración con la
conferencia de rectores será de gran utilidad.



El segundo tema transversal que quería destacar se refiere a la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades. La expansión de la escolarización postobligatoria que España necesita realizar en los próximos años debe apoyarse en una
política de ayudas al estudio que incentive, a la vez, la eficiencia y la equidad del sistema de educación y formación. Una sociedad moderna, con cohesión social, utiliza las becas para garantizar el ejercicio del derecho a la educación por parte
de la población de cualquier nivel socioeconómico.



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Al mismo tiempo, una buena política de ayuda financiera incentiva la eficiencia de las actividades educativas al lograr la independencia económica de los alumnos y eliminar la necesidad de compatibilizar trabajos y estudios, con el
consiguiente retraso en estos últimos. En este campo nos queda mucho por hacer y vamos a actuar cada año para extender y mejorar los programas que potencien la igualdad de oportunidades educativas. En el primer mes de Gobierno se ha abordado la
primera reforma de nuestros programas de becas; se ha aprobado un crédito extraordinario de 36 millones de euros para el presente ejercicio de 2004, dentro de una elevación del gasto en becas para el curso 2004-2005 de 66 millones de euros, es
decir, 11.000 millones de pesetas. La decisión tomada permite mejorar el alcance y la cuantía de las ayudas a otorgar. Para subrayar el objetivo de igualdad de oportunidades, se concede prioridad a las ayudas compensatorias dirigidas a las
familias de menor renta, y se eliminan los criterios adicionales -orfandad, minusvalía, paro- que terminaban condicionando el acceso a estas ayudas.
Esta medida incide sobre los estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad. Se
estima que se concederán unas 20.000 ayudas compensatorias adicionales el próximo curso, que contribuirán a la permanencia de estos alumnos en el sistema educativo, más allá de la edad obligatoria. El Gobierno actúa así en consonancia con los
objetivos de reducción del abandono escolar temprano fijados por la Unión Europea. En segundo lugar, se ha decidido incrementar en torno a un 5 por ciento en términos reales la cuantía de las ayudas de residencia, transporte, compensatoria, así
como las de necesidades educativas especiales, para compensar la reducción del valor adquisitivo durante los últimos ocho años, que se cifra en algo más de un 4 por ciento. Por último, este primer paquete de medidas contiene un aumento del número
de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, así como del de becas Séneca, que financian a estudiantes que obtienen plazas de movilidad del programa Sicue entre universidades españolas.



Una vez que se complete este conjunto de medidas urgentes, nuestros esfuerzos se centrarán en el diseño de las reformas a aplicar en cursos futuros. Por un lado, queremos profundizar en el análisis de los criterios aplicados en las
distintas convocatorias, para evaluar su adecuación a los objetivos de equidad y eficiencia que se persiguen. Por otro lado, vamos a impulsar una profunda reforma de la gestión de los programas, para mejorar su eficacia, poniendo énfasis en el
objetivo de que los estudiantes perciban las ayudas en el primer trimestre del curso; a ser posible, en los meses de octubre y noviembre, en la mayoría de los casos. Estas mejoras de los procedimientos de gestión y de los calendarios de las
convocatorias requerirán un esfuerzo importante, especialmente en la fase inicial, pero los resultados pueden beneficiar a muchos estudiantes y a sus familias. Trabajaremos, por tanto, no sólo en la expansión de los programas de becas, sino también
en su efectividad para cumplir los importantes objetivos de igualdad de oportunidades que tienen asignados.



En cuanto a la formación de doctores y la formación postdoctoral, el esfuerzo -muy importante- se diseñará en detalle a lo largo de los próximos meses. Tras una fase de consultas y asesoramiento, se propondrán expansiones, escalonadas en el
tiempo, de diversos programas de formación en España y en el extranjero. Para el próximo año resolveremos también el conflicto creado por el desequilibrio existente entre la cuantía de las becas FPU y la de las FPI. La equiparación de esas
cuantías se llevará a cabo en el año 2005, junto con la incorporación de los becarios a la Seguridad Social.



El tercer tema transversal que quería mencionar se refiere a la difusión y promoción de los objetivos europeos. Todos coincidimos en reconocer la integración española en Europa como uno de los hitos cruciales de nuestros 25 años de vida
democrática. La pertenencia a la Unión Europea ha contribuido notablemente a la modernización de España en numerosas áreas, incluidas las de educación, ciencia y deporte. Entre las iniciativas comunitarias más conocidas se sitúan, sin duda, los
programas de movilidad de estudiantes y profesores, especialmente en el nivel universitario o Erasmus. Con la ampliación de la Unión Europea a 25 países, estas actividades de intercambio y cooperación educativa son aún más importantes que en el
pasado de cara a la construcción de una sociedad y cultura europeas. España, como la mayoría de los países, ha apoyado recientemente la propuesta de la Comisión acerca de la ampliación de estos programas de movilidad e intercambio. También hemos
solicitado una reflexión acerca de la dotación de estas acciones y sus consecuencias para la igualdad de oportunidades dentro del continente. Esta reflexión, siempre necesaria para conocer el impacto social de las políticas, parece especialmente
apropiada tras la reciente ampliación que eleva la disparidad de renta de los países miembros de la Unión.



Mayor relevancia aún, en nuestra opinión, tienen los objetivos de educación y formación fijados durante los dos últimos años, pero herederos del Consejo Europeo de Lisboa y de la Estrategia europea de empleo. Se trata de ambiciosos
objetivos señalados como necesarios para hacer de nuestro continente esa sociedad del conocimiento, culta, dinámica, competitiva y cohesionada social y territorialmente. Para España se convierten en retos importantes en cuanto a la cantidad y
calidad del capital humano a formar, si deseamos formar parte de esta senda europea de crecimiento y desarrollo trazada en Lisboa. Como SS.SS.
saben, la Unión Europea se propone incrementar los stocks de capital humano del continente, haciendo que
la inmensa mayoría de las nuevas generaciones completen el bachillerato o la formación profesional. Los países deben reducir el abandono escolar temprano, y conseguir que, en el


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año 2010, el 85 por ciento de los jóvenes complete los niveles formativos que corresponden a la etapa final de secundaria. Según el último indicador disponible, España sólo consigue que el 69 por ciento de los jóvenes alcancen ese nivel,
siendo superada por países como Grecia y los 10 nuevos miembros de la Unión Europea. Por cierto, nos engañaríamos si creyésemos que esos países descuidan la calidad de la educación para elevar las tasas de graduación, ya que también consiguen, en
bastantes casos, resultados destacados en evaluaciones internacionales de rendimiento académico. A título de ejemplo, cabe recordar el caso de la República Checa, que ha alcanzado puntuaciones muy elevadas en los tests recientes de matemáticas y de
lectura.



En el programa europeo, que nos debe servir de referente, la búsqueda de la calidad educativa tampoco ha sido abandonada. Así, un objetivo destacado de la Unión hace referencia a la mejora de las competencias y conocimientos que los
sistemas educativos proporcionan a sus alumnos, en especial en lectura. Para el año 2010, los países europeos deben reducir en un 20 por ciento el porcentaje de jóvenes que se sitúan en los niveles más bajos de comprensión lectora. En España, el
indicador del año 2000 se cifraba en el 20,4 por ciento de los jóvenes de 15 años, y debería, por tanto, descender varios puntos durante esta década. Nos proponemos que estos ambiciosos objetivos sean la guía de las reformas educativas a
desarrollar en España. Deben impregnar los proyectos normativos que elabore el Gobierno central, pero también deben colaborar al avance en los resultados a conseguir por cada comunidad autónoma. Durante los próximos meses desarrollaremos en España
un seminario de difusión y análisis de los objetivos europeos. Lo haremos en colaboración con la Presidencia holandesa de la Unión, además de la Comisión, y pretendemos que sirva para afianzar la participación de todos nuestros territorios en este
importante proyecto europeo.



Como SS.SS. saben, también estamos involucrados en los procesos de construcción tanto del espacio europeo de educación superior como del espacio europeo de investigación, o ERA. Creemos que el saldo neto de estas iniciativa será positivo
tanto para el conjunto de la Unión, que fortalecerá su cohesión y competitividad, como para España, que debe aprovechar estos procesos para impulsar mejoras de calidad, utilizando la evaluación, la cooperación internacional y la movilidad de
estudiantes, profesores e investigadores. Más adelante me referiré con detalle a los planes del ministerio en relación con el llamado proceso de Bolonia. En cuanto al desarrollo del espacio europeo de investigación, ya saben que propone para
nuestro continente un aumento del esfuerzo inversor en investigación y desarrollo para converger con los Estados Unidos. Con el objetivo de contribuir a esta estrategia europea, el Gobierno español se propone incrementar un 25 por ciento el
presupuesto anual en ciencia, tecnología e innovación, como anunció el presidente del Gobierno en el discurso de investidura. Nos incorporaremos, así, al grupo de países que aspiran a liderar el progreso hacia la sociedad del conocimiento. Los
objetivos europeos deben servir una vez más de referente para la expansión, a la vez cuantitativa y cualitativa, de nuestras actividades de investigación y desarrollo.



Paso, a continuación, a la segunda parte de la intervención, referida a las cuestiones sectoriales a desarrollar. Comenzaré con las líneas generales de la política a desarrollar durante los próximos meses en materia de educación no
universitaria. Se ordenan estas en torno a varios objetivos fundamentales. En primer lugar, la profundización en el logro de la igualdad de oportunidades educativas, como les he explicado anteriormente. En segundo lugar, la reforma de algunos
contenidos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, para promover un sistema educativo de calidad para todos. Y, en tercer lugar, mencionaré algunas acciones para promover la mejora continua de la calidad del sistema, en concordancia con los
objetivos europeos que compartimos.



En relación con el segundo de los objetivos que he mencionado, la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, quiero empezar manifestando que el diálogo es para nosotros, además de un instrumento político, parte del objetivo que
nos proponemos. Tenemos un sistema educativo descentralizado, como antes comentábamos, y en cambio una gran parte de las administraciones educativas entienden que la Ley de Calidad no se gestó con su colaboración. Comparten este sentimiento
importantes sectores de la comunidad escolar: padres, profesores y alumnos. Por ello, es prioritario restablecer el diálogo. De este proceso de diálogo deberá salir un proyecto de ley en el que las cuestiones más controvertidas de la Ley Orgánica
de Calidad de la Enseñanza sean reorientadas desde el máximo grado de consenso posible. Queremos que el proyecto de ley entre en el Congreso a comienzos del próximo año 2005 para intentar que sea aprobado antes del verano de ese año y, por tanto,
los desarrollos se puedan llevar a cabo a lo largo del curso 2005-2006 para su aplicación a partir del curso siguiente. Conseguiremos de esta manera que todas las administraciones cuenten con tiempo suficiente para llevar a cabo los desarrollos
normativos necesarios, evitando la situación de apresuramiento vivida este año.



Modificación del calendario de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Para permitir abrir el proceso de diálogo hemos tramitado la norma por la que se modifica el calendario de aplicación de la LOCE. El real decreto fue aprobado por
el Consejo de Ministros del pasado viernes, tras recibir el informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas, del Consejo Escolar del Estado y el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada.
También ha contado con el dictamen


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favorable por unanimidad del Consejo de Estado. La modificación del calendario de aplicación de la ley es una competencia del Gobierno, como fija la propia Ley Orgánica de Calidad, y no es la primera vez que se lleva a cabo en España. Las
dos leyes anteriores que regulaban el sistema educativo (la Ley General de Educación y la LOGSE) propusieron calendarios de aplicación de 10 años frente a los cinco considerados por la LOCE, y en el caso de la LOGSE hay que recordar que el
calendario acabó ampliándose hasta los 14 años a través de diferentes modificaciones. Estamos siendo muy escrupulosos con el respeto a los procedimientos, como no podía ser de otra manera. Quiero destacar que el Gobierno no ha hecho un
planteamiento maximalista ya que ha decidido retrasar aquellos aspectos cuya aplicación podía suscitar más conflictos, por la división que crearon en su momento y por sus previsibles consecuencias, y respetar aquellos que están ya plenamente en
vigor.
Durante los dos próximos años estarán en vigor todas las medidas que estaban vigentes en el presente curso 2003-2004. El escenario educativo de los dos próximos cursos está muy claro, se respeta lo que ya ha entrado en vigor, incluidos los
criterios de promoción y evaluación, y se posponen aquellas medidas que debían aplicarse por primera vez en los próximos cursos, como son los itinerarios, la prueba general de bachillerato o la nueva situación de las enseñanzas de religión, por
ejemplo. Únicamente se exceptúan de la modificación del calendario dos aspectos. El primero consiste en la gratuidad de la educación infantil por tratarse de un objetivo compartido por todos, esto es, que toda la población tenga acceso gratuito a
la educación desde los tres años de edad de manera progresiva. El segundo aspecto tiene que ver con las enseñanzas de idiomas, cuya adecuación a la situación europea aconseja no retrasar su adaptación. Con esta propuesta, el Gobierno hace uso de
sus competencias para modificar el calendario de aplicación de la ley, con el objetivo de habilitar un periodo de diálogo y reflexión que permita alcanzar el mayor consenso posible para articular un sistema educativo que ofrezca calidad para todos
los estudiantes. Cuando abordemos el debate y propongamos la modificación de algunos aspectos de la Ley de Calidad, nos gustaría recomponer la ordenación del sistema educativo en positivo, sobre todo en lo que respecta a la etapa más difícil del
sistema: la educación secundaria obligatoria.



La Ley de Calidad contiene un discurso de la calidad de la educación en negativo, que pone énfasis en los obstáculos y en la exclusión del alumnado con dificultades para superarlo. Nuestra propuesta contendría, por el contrario, soluciones
curriculares y organizativas para dar respuesta a las necesidades educativas de la diversidad del alumnado, sin olvidar el necesario apoyo del centro y los profesores, que tienen que implicarse en las actuaciones de atención a la diversidad para que
éstas sean viables. Nos alineamos así con los objetivos europeos que proponen que el 85 por ciento de los jóvenes completen no sólo la enseñanza obligatoria, sino el bachillerato o la formación profesional y lo hagan consiguiendo una calidad
creciente, como se refleja en el conjunto de objetivos fijados para el año 2010 que antes he resumido. Compartimos también el diagnóstico realizado recientemente por la OCDE al analizar los resultados del proyecto PISA, del año 2000. La OCDE
concluye: Es posible combinar los objetivos de calidad y de equidad. Si algunos sistemas educativos lo consiguen, no podemos considerarlo imposible para España. Ese debe ser nuestro modelo: la educación de calidad para todos.
Nuestro país, sus
posibilidades de desarrollo y sus aspiraciones no nos permiten objetivos más pobres que nos condenarían a sendas de crecimientos inestables y con empleos de baja calidad. Nuestro lema para esa educación de calidad para todos sería: prevenir mejor
que excluir.
Eliminar a los alumnos con dificultades es muy fácil para garantizar la apariencia de orden y la limpieza académica dentro del sistema, pero el sistema educativo está para lo que está y no puede eludir sus responsabilidades. Todo su
esfuerzo debe centrarse en prevenir el fracaso y promover el éxito escolar. Apoyo pedagógico, recursos, soluciones organizativas, políticas compensatorias; todo será necesario.



Los alumnos socialmente más débiles necesitan más atención y a veces también más tiempo para conseguir los objetivos hoy definidos como necesarios para toda la población. La correlación entre origen socioeco-nómico y resultados escolares es
ya una obviedad en los estudios de evaluación y los propios datos del antiguo INCE en nuestro país lo corroboran. Un sistema educativo progresista, siguiendo los modelos imperantes en el mundo desarrollado, está obligado a reforzar las
posibilidades de los más débiles y a ser paciente en relación con sus logros académicos. Como concluye el citado informe de la OCDE, la calidad y la equidad son objetivos compatibles en la enseñanza secundaria y varios países proporcionan ejemplos
prácticos.



Es sabido que la generalización de la enseñanza obligatoria y gratuita constituye una conquista irreversible de las sociedades modernas. La ampliación hasta los 16 años de la escolaridad obligatoria constituye uno de los avances sociales
más importantes registrados en España durante las últimas décadas. En este contexto, la ordenación y la gestión de la etapa que incluye el tramo de la edad de 12 a 16 años del alumnado entraña no pocas dificultades en todos los sistemas educativos
del mundo al intentar hacer compatibles los objetivos de calidad con irrenunciables compromisos de equidad y de compensación de las desigualdades. No siempre la diversidad del alumnado en cuanto a sus intereses y posibilidades de aprendizaje
encuentra respuesta en la oferta curricular y organizativa.
No es una excepción a esta problemática la educación secundaria obligatoria


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del sistema español y ese es el problema que deberemos abordar en la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza.



El texto de la Ley Orgánica de Calidad establece un sistema de itinerarios en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria, como ustedes conocen. Este sistema clasifica a los alumnos antes de tiempo y orienta a un sector del
alumnado hacia horizontes educativos y laborales de segundo orden. Nuestra propuesta pasa, por esta razón, por eliminar los itinerarios establecidos por la Ley de Calidad. Para diseñar una alternativa útil y que suscite consenso tendremos que
combinar el recuerdo constante de los anteriormente mencionados ambiciosos objetivos europeos, a los que no podemos renunciar, con las enseñanzas derivadas de las experiencias llevadas a cabo con éxito tanto en diferentes regiones y municipios
españoles como en otros países desarrollados. En este sentido, va a ser útil analizar en detalle programas integrales de compensación educativa, centrados en zonas y centros de atención preferente, como ocurre, por citar sólo dos ejemplos, en
Francia o Inglaterra. Estos programas suelen combinar diversas medidas referidas al tamaño de los grupos, la dotación de profesores, de educadores sociales y otros recursos de los centros.



Nos proponemos también revisar la configuración de la educación infantil que la LOCE fragmenta drásticamente en dos etapas. Nos situamos así en la línea marcada por la evidencia internacional reciente, que pone énfasis en el papel crucial
de los primeros años, en el desarrollo de capacidades y habilidades de aprendizaje que previenen la aparición de desigualdades posteriores. La correspondiente iniciativa legal se completaría con políticas de fomento de la escolarización temprana,
de mejora de la calidad, de corresponsabilidad con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Todo ello desde el convencimiento de que una educación infantil de calidad representa un instrumento básico de compensación de las desigualdades de origen y,
además, ayuda a conciliar la vida laboral y familiar e incrementa el empleo de las mujeres. El apoyo del Gobierno a la educación infantil ha quedado patente en el primer mes de actuación.
Se ha exceptuado de la modificación del calendario de la
LOCE la gratuidad de la educación infantil, que debe aplicarse gradualmente en los tres próximos cursos. Para hacerla efectiva, aunque la ley no tiene memoria económica ni esta medida ha sido incluida en los presupuestos del año 2004, el Gobierno
va a iniciar la valoración técnica que permita llevar a cabo su financiación en los próximos años. Se actúa así con lealtad institucional hacia las comunidades autónomas, gestoras del sistema educativo.



Hay otra cuestión que preocupa en relación con la Ley de Calidad y que se refiere a la necesidad de mantener algún tipo de prueba general entre el bachillerato y la universidad. Una prueba de este tipo, como SS.SS.
saben, tiene dos
funciones en nuestro sistema. En primer lugar, contribuye a homologar el sistema educativo en la etapa posobligatoria, nivelando a todos los centros docentes públicos y privados de los territorios. En segundo lugar, contribuye a regular el acceso
a la universidad de una forma objetiva y no arbitraria. Nuestra intención es clara: queremos evitar la sucesión de controles al término del bachillerato. Tiene que haber una prueba, pero sólo una. Para ello se deberá asegurar algún tipo de
participación del profesorado universitario en su elaboración y en la determinación de sus criterios de corrección.
Ello contribuirá a asegurar la necesaria conexión entre ambos niveles educativos.



Paso a comentar las otras medidas relacionadas con la mejora de la calidad educativa. En primer lugar, en relación con el profesorado. El Ministerio de Educación y Ciencia es plenamente consciente del papel fundamental que desempeña el
profesorado para el logro de una educación de calidad para todos. Sin un profesorado bien preparado, motivado y valorado socialmente, no será posible conseguir unos objetivos tan ambiciosos como los que pretendemos y a los que debemos aspirar. En
el marco del proceso de Bolonia, será preciso abordar la formación inicial del profesorado. Al definir los nuevos títulos de grado y posgrado, será la ocasión para adaptar esta formación a las nuevas necesidades y a la imprescindible combinación de
enseñanza teórica y prácticas. En el seno de la conferencia sectorial, nos proponemos constituir un grupo de trabajo dedicado a este tema que analice tanto la configuración de la formación inicial del profesorado como las oportunidades y
necesidades de formación permanente, así como el diseño global de la carrera docente. El fomento y reconocimiento profesional y social del trabajo de los profesores, la incentivación del buen hacer, de las tareas de orientación y de dirección, así
como de la participación en proyectos de atención a la diversidad son algunas de las cuestiones a considerar. Todas las administraciones estamos interesadas en promover una tarea profesional de calidad que reciba la máxima consideración social.



Aprendizaje de lenguas extranjeras. El Consejo Europeo de Lisboa, al diseñar el camino hacia la sociedad del conocimiento, puso énfasis en la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras. El Gobierno está firmemente convencido de la
validez de esa propuesta, que debe ser también la opción española para incorporar a nuestros jóvenes a un mercado de trabajo cada día más abierto. En todas nuestras acciones educativas vamos a propiciar aquellas iniciativas que repercutan en un
mejor conocimiento de los idiomas por parte de toda la población. Entre las actuaciones concretas más inmediatas destacaré las siguientes: un crecimiento de al menos un 50 por ciento, en un primer año, en el programa de auxiliares de conversación
ingleses; impulso y difusión de otras iniciativas de colaboración bilateral, a título de ejemplo, se aprovecharán las posibilidades que ofrecen los programas de hermanamiento de centros educativos de distintos


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países, en particular, la nueva iniciativa del Gobierno inglés; apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de expansión de los programas de movilidad, con el consiguiente incremento de dotación comunitaria para estas acciones y
potenciación de la participación de profesores. En consonancia con la decisión del Consejo de Ministros antes mencionada de no posponer la entrada en vigor de las nuevas enseñanzas de idiomas, se regularán en los próximos meses para su aplicación a
partir del curso 2005-2006. Se propiciará así un acercamiento a las enseñanzas europeas.
Se trata, en suma, de colaborar a la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras que todas nuestras comunidades autónomas persiguen. Se pondrá énfasis en
aquellas actuaciones que favorezcan el aprendizaje para los alumnos de menor nivel socioeconómico. Conviene recordar que el logro de este tipo de objetivos descansa en los países más desarrollados, muy especialmente en la calidad de los centros
públicos. Quizá en países que se encuentran en fases iniciales de desarrollo esa calidad de los centros públicos no sea tan determinante, pero en la Unión Europea es claro que el progreso social, democrático y económico se cimenta en la calidad
educativa para toda la población que se apoya en los centros públicos de calidad.



Unas palabras sobre la formación profesional. No se ha hablado mucho de la formación profesional en las primeras semanas de actuación de este Gobierno, sin duda, porque otras cuestiones han ocupado el primer plano, pero nadie se puede
llamar a engaño. La formación profesional es para nosotros una prioridad de carácter estratégico. Debemos hacer una reflexión global sobre nuestro sistema de educación y formación para fortalecer su papel en la formación a lo largo de la vida que
sabemos van a requerir las generaciones jóvenes. Es preciso ofrecer múltiples oportunidades para la adquisición de competencias y habilidades útiles para el desarrollo personal y profesional de los individuos. La formación profesional reglada, la
que forma parte del sistema educativo, toma todo su sentido en el seno de esa concepción integrada. El modelo de formación profesional reglada que estableció la LOGSE se ha consolidado en los últimos años porque creemos que es un buen modelo,
construido con cuidado por equipos multidisciplinares, que ha elevado la calidad de las enseñanzas, su proyección laboral y su valoración social. La demanda de ciclos formativos de grado superior ha crecido de manera espectacular y sólo cabe
lamentar la escasez de la oferta en determinadas familias profesionales. Para el conjunto de la formación profesional reglada, los ciclos de grado medio y de grado superior, los datos comparativos en estadísticas de ámbito internacional ponen de
relieve que la consideración social y las expectativas en torno a la formación profesional han evolucionado muy favorablemente. Cosa que no hace sino elevar el listón de las exigencias a las que debemos dar respuesta. En este campo los objetivos
europeos recientes también resultan útiles para el sistema español. Así, por ejemplo, las próximas presidencias de turno de la Unión Europea van a impulsar el desarrollo de la declaración de Copenhague. Entre las iniciativas aprobadas por la Unión
se encuentran sistemas de evaluación e indicadores que deben servir a España para revisar y mejorar la calidad de sus enseñanzas profesionales. Este gran objetivo de impulso y mejora está asociado a la necesidad de dirigirse tanto a los jóvenes que
inician su formación, como a la población activa ocupada y parada. Vamos a impulsar una evaluación de las oportunidades de formación que se ofrecen en España a diversos colectivos desde esa perspectiva integrada que englobe tanto al sistema reglado
como al ocupacional o al continuo y se extienda a los programas de educación de adultos y a la enseñanza a distancia. Con el referente europeo en calidad, exigencia y movilidad, se implantará el sistema integrado de cualificaciones y formación
profesional, coordinando los esfuerzos tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los agentes sociales. En este contexto, para potenciar la formación a lo largo de la vida y armonizar nuestros sistemas de
educación y formación con los de nuestros socios europeos, se va a completar la elaboración del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Tras la difusión de la información recogida para llevar a cabo todos estos pasos, que he mencionado
anteriormente, convocaremos un debate en la conferencia sectorial del que surjan propuestas consensuadas de mejora de la formación profesional.



Enseñanzas artísticas. El ministerio pretende hacer un análisis de conjunto de la situación de las titulaciones en el ámbito de las enseñanzas artísticas. A tales efectos promoverá la constitución de un grupo de trabajo para que lleve a
cabo este análisis. Participarán en él directivos del Ministerio de Educación y Ciencia y de las comunidades autónomas que lo deseen, junto con representantes de los sectores profesionales afectados. El diagnóstico de la situación actual se
acompañará de las propuestas de actuación que parezcan más adecuadas como resultado del análisis. El estudio que se propone debe tener un doble objetivo: por un lado, se trata de situar las titulaciones de las enseñanzas artísticas en el ámbito
del espacio europeo de la educación superior, a cuyo efecto se hará un estudio comparativo de estas titulaciones en los países de la Unión Europea, y por otro lado, se trata de situar el ejercicio profesional correspondiente a estas titulaciones
dentro de las reglas incluidas a estos efectos en las directivas de la Unión Europea sobre libre circulación de profesionales.



Paso a comentar a continuación las líneas generales de la política universitaria. La universidad española ha vivido muchos y profundos cambios en el último cuarto de siglo: en apenas tres décadas se ha producido la incorporación masiva de
la mujer a la universidad; se han reducido también notablemente las diferencias


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regionales en escolarización superior y, al mismo tiempo, el sistema universitario público se ha consolidado como el principal agente del sistema español de ciencia y tecnología. Así, la universidad actual aparece concebida como una fuente
prioritaria de generación de conocimiento y como una empresa al servicio de las necesidades de formación y de desarrollo tecnológico del entorno, dentro de un modelo de sociedad que se ha definido como la sociedad del conocimiento. La Ley de
Reforma Universitaria de 1983 desarrolló la autonomía de las universidades y acompañó una expansión del sistema no sólo en número de estudiantes matriculados sino también en el porcentaje de profesores/doctores, en la producción de titulados y en el
peso e impacto internacional de las producciones científicas de autores españoles. La fuerza dinamizadora que esta ley supuso es incuestionable, pero los cambios han sido tan rápidos que 10 ó 15 años después de su aprobación la LRU ya se mostraba
insuficiente para regular adecuadamente un sistema universitario complejo y diverso. A finales de los años noventa existía un consenso acerca de la necesidad de llevar a cabo reformas en aspectos tan fundamentales como el sistema de acceso a la
función docente, el diseño de órganos de gobierno plurales y eficaces o el papel crucial de la evaluación de todas las actividades universitarias en la mejora de la calidad. La Ley Orgánica de Universidades de 2001 no aprovechó el consenso
existente sobre el diagnóstico de los cambios necesarios; nació con la oposición del claustro universitario, suponiendo un retroceso importante en la autonomía universitaria, y tampoco aportó soluciones duraderas a los problemas propios de la
universidad del siglo xxi. En mi opinión, se trata de una ley poco ambiciosa que no se adecua al potencial docente e investigador de un sistema universitario que pueda abordar los retos que se plantea un país europeo para continuar elevando su
nivel de desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. El sistema universitario demanda mayor calidad, más equidad y una relación más próxima con la sociedad y con las empresas. De ahí la necesidad de que la universidad juegue un papel de liderazgo
en la definición de criterios y en la elaboración de propuestas en torno a las mejores soluciones, a los retos, problemas y conflictos de nuestro siglo. Tres son las líneas básicas de actuación propuestas para los próximos meses por el Ministerio
de Educación y Ciencia en materia de universidades: en primer lugar, la modificación de la legislación actual en colaboración con las comunidades autónomas y las propias universidades; en segundo lugar, el impulso y colaboración con el resto de
los países de la Unión en la definición y desarrollo del espacio europeo de educación superior, y en tercer lugar, la constitución de una comisión que analice el modelo de financiación de la universidad pública.



En primer lugar, revisión de la Ley Orgánica de Universidades y normativa de desarrollo. La LOU generó enfrentamientos con estudiantes, profesores, universidades y comunidades autónomas. Algunos de sus aspectos más conflictivos ya han
generado problemas en los 2 años y medio de vigencia de la ley. En este sentido destacan los costes humanos y económicos que suponen las habilitaciones; las reclamaciones y recursos que se plantean continuamente ante los informes de la ANECA, y la
inquietud creada por la normativa de acceso a la universidad, que impide conocer con exactitud el procedimiento de admisión que estaría vigente en los próximos años en las diversas titulaciones y centros públicos que las imparten. Resulta
conveniente revisar estos aspectos de la ley. Dicha revisión y consiguiente modificación ha de sentar los principios generales para ordenar el servicio público que presta la universidad con criterios de calidad y cohesión. La habilitación se ha
revelado costosa e ineficaz. En las cuatro primeras convocatorias, los tribunales han requerido la participación de entre 500 y 700 profesores permanentes para seleccionar a 200 ó 250 habilitados. Cada tribunal de siete miembros habilita a un
número muy reducido de candidatos, menos de tres como media, y en bastantes casos se enfrenta a 20 ó 30 solicitantes por plaza. Los costes y la frustración generada en convocatorias muy concurridas, especialmente para plazas de profesores
titulares, han sido muy negativos para la incentivación de una carrera profesional que se espera exigente pero con reconocimiento y atractivo. Es necesario retomar el consenso existente acerca del diseño de procedimientos de acreditación nacional
que garanticen la calidad de los candidatos y que agilicen los procesos de cobertura de plazas permanentes con los profesores de mayor valía.
También es necesario revisar la estructura, composición y competencias de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), garantizando en todo caso su naturaleza pública. El referente de esta importante institución deben ser las mejores agencias de evaluación y acreditación europeas y sus actuaciones deben dar apoyo a
todo el sistema universitario, en coordinación y colaboración con las agencias que desarrollan las comunidades autónomas en sus territorios. En colaboración con las universidades, puede dar soporte y coordinación a actividades diversas de mejora
del análisis y difusión de las características y de los resultados de las instituciones y de las titulaciones. En tercer lugar, la reforma del artículo 42.3 de la LOU, así como del artículo 37.4 de la Ley Orgánica de Calidad, debe establecer el
derecho de acceso a la universidad con una única prueba general. Inmediatamente después de esa reforma se procederá a sustituir el real decreto de acceso por uno nuevo que garantice ese derecho y articule los procedimientos de admisión en las
universidades públicas. La prueba general antes mencionada debiera servir no sólo para el acceso a la universidad española sino también para facilitar el reconocimiento de nuestros estudiantes en los requisitos de acceso a otros países de nuestro
entorno. También se buscará que los procedimientos adoptados


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en España simplifiquen el acceso de los estudiantes extranjeros que poseen estudios y pruebas globales equiparables en exigencia y, por tanto, convalidables con las españolas; contribuiremos así a una mayor apertura de nuestra universidad a
los mejores estudiantes de otros países. La reforma rápida, con el consenso que esperamos conseguir, de estos aspectos de la LOU ayudará a la continua mejora de la calidad del sistema universitario. Otro de los aspectos clave en la mejora de la
calidad de la universidad es el establecimiento de los programas que faciliten la movilidad geográfica e institucional tanto de los profesores como de los alumnos, para incrementar así los recursos de más alta cualificación. La reciente expansión
del programa de becas Séneca, que he mencionado anteriormente, actúa en esa dirección y también se verá favorecida por otras medidas que aumentarán las posibilidades de movilidad de los profesores entre centros españoles, universidades y OPI y en el
extranjero. A la situación de los programas de doctorado me referiré más adelante en el apartado de investigación.



La segunda línea básica de actuación propuesta en el área de universidades era el cumplimiento de los objetivos de la convergencia en el espacio europeo de enseñanza superior. Como SS.SS. saben, las declaraciones de La Soborna y Bolonia
iniciaron un proceso de convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior que tienen por objeto confluir en un espacio europeo de educación superior. A este respecto, los ministros de Educación de los países europeos han adquirido el
compromiso de completar el proceso en el año 2010. El proceso de convergencia abarca distintos aspectos que se encuentran en diferentes fases de desarrollo en España.
La fase A es la mejora de la transparencia de los estudios en su comparabilidad
y reconocimiento entre centros y países diversos, que descansa fundamentalmente en dos tipos de medidas: la implantación del suplemento al diploma o suplemento al título y la adopción de un sistema de créditos comparable. En los últimos meses se
aprobaron dos reales decretos que desarrollan estos aspectos; partían del trabajo previo de la Conferencia de rectores y contaron con un amplio consenso en el Consejo de Coordinación, que valoró sus beneficios para titulados y estudiantes en
general. Los trabajos de implementación práctica del suplemento al diploma en las diferentes titulaciones oficiales hoy existentes en España se están llevando a cabo en el consejo. Vamos a impulsar y apoyar estos trabajos de manera decidida para
conseguir que el suplemento al título sea una realidad en unos meses. Se facilitará así la movilidad de los titulados entre diferentes universidades europeas y el reconocimiento de sus cualificaciones y competencias profesionales en el mercado de
trabajo europeo y mundial.



La fase b es el establecimiento de un marco normativo que estructure los estudios en los mismos niveles que se van adoptando en Europa: grado, posgrado y doctorado. El abundante trabajo realizado en España, principalmente por las
universidades, permitirá en los próximos meses que se complete el marco normativo básico de estructura de los estudios.
Debemos garantizar que la regulación necesaria como garantía de calidad y de movilidad no elimine completamente la autonomía
universitaria ni la riqueza que supone la heterogeneidad de enfoques y especializaciones de nuestras facultades y escuelas. En las próximas semanas el ministerio revisará los borradores existentes de real decreto de grado y de posgrado, y en un
breve plazo incorporará al debate una evaluación actualizada de las reformas realizadas en los diversos países europeos.
Las propuestas de textos legales y los documentos de referencia se someterán antes del verano a consideración e informe del
Consejo de Coordinación Universitaria y esperamos que puedan estar aprobados al final del presente año. Lo mucho avanzado en diversos proyectos piloto europeos y de comunidades autónomas y en el análisis de las titulaciones debiera permitir que la
siguiente fase de diseño de títulos progresase a buen ritmo, sin prisa pero sin pausa, durante los años 2005 y 2006. En la definición de las nuevas titulaciones, como combinación de conocimientos y competencias diversas, debe jugar un papel
importante la perspectiva europea de comparabilidad de títulos y de empleabilidad de nuestros egresados en el mercado único. La mejora de la calidad debe ser nuestra meta permanente y los instrumentos de evaluación de la docencia, las titulaciones,
el rendimiento académico, los resultados laborales y la producción investigadora deben ponerse al servicio de este objetivo. La convergencia del marco del espacio europeo de enseñanza superior se presenta como la gran oportunidad y a la vez reto
para impulsar una nueva modernización y adecuación de las universidades españolas a la sociedad del conocimiento. Jugarán aquí un papel crucial los profesores, que podrán propiciar un cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje, con el apoyo,
claro está, de las administraciones y de los centros. Para garantizar el mutuo reconocimiento de los títulos y su alta valoración en otros países son vitales los procedimientos de evaluación de la calidad y de acreditación de estudios. Partiendo
del camino recorrido en los diez últimos años en España, con los programas experimentales, el proyecto piloto europeo y los planes de evaluación, es necesario consolidar y reforzar la cultura de la evaluación dentro de las universidades. Una ANECA
redefinida, centrada en estas cruciales responsabilidades, debe constituirse en la impulsora de unos procesos transparentes y objetivos de evaluación y acreditación de las titulaciones oficiales, siguiendo los estándares que aplican las agencias de
acreditación de los países europeos. Para ello deberán tomar parte activa en el desarrollo de los criterios comunes que tenderán a aplicarse en Europa y que se presentarán por la red europea de agencias de acreditación en la próxima conferencia de
ministros a celebrar


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en Bergen (Noruega) en el año 2005. Todo ello es fundamental para garantizar la calidad de los estudios y para lograr un reconocimiento mutuo de los diplomas que garantice la movilidad laboral de los titulados.



El tercer punto que antes he mencionado hace referencia al modelo de financiación de las universidades públicas. Este es un tema que concita el interés de las universidades y de las comunidades autónomas. El Gobierno central no puede dejar
de hacerse eco de ese interés, aunque en los últimos años sólo le corresponda la gestión de una universidad, la UNED, centrada en la enseñanza no presencial, y otra universidad, también sin enseñanzas presenciales, la Menéndez Pelayo. Todos
compartimos un interés genuino por la mejora de la eficiencia y la equidad de nuestro sistema universitario. La disposición adicional octava de la LOU contenía un compromiso de elaboración de un modelo de referencia que dos años y medio después no
se ha materializado. El Gobierno va a subsanar este olvido en los próximos meses. La relevancia de este tema para el sistema universitario para la mejora de la calidad de todas sus actividades es clara. La Administración central debe colaborar al
análisis y debate que es conveniente abordar en los próximos meses. Nos proponemos propiciar la formación de una comisión que, a partir del diagnóstico detallado de la situación actual, identifique los principales problemas y señale las tendencias,
tanto internas como internacionales, para abordarlos. A este respecto se observa que en los países desarrollados se producen en los últimos quince años reformas que potencian la importancia de la evaluación de las actividades de enseñanza e
investigación, la rendición de cuentas, la aplicación de contratos programa y todas aquellas medidas que refuerzan la confianza en el funcionamiento de los centros públicos de enseñanza y en el uso de los fondos públicos con destino a los mismos.

Partiendo de los informes realizados en los últimos años e incorporando las novedades -fórmulas y contratos programa, entre otras- introducidas por diversas comunidades autónomas, será posible avanzar y perfilar los temas cruciales para el futuro de
la universidad. Sin invadir las competencias de comunidades ni universidades, queremos contribuir a la reflexión nacional, regional y local acerca del papel que juegan nuestras universidades en el desarrollo cultural, social y económico de los
territorios. De ese papel y de su proyección futura se derivarán conclusiones acerca de los recursos necesarios, sus fuentes de financiación y la evaluación de sus resultados.



Paso a exponer a continuación las líneas básicas de actuación en los próximos meses en ciencia y tecnología. Nuestro objetivo general es conseguir que la integridad del sistema científico-técnico español, basándose en criterios de
excelencia, contribuya a configurar una España creativa, productiva y competitiva, en la que todos los ciudadanos compartan los valores del conocimiento y participen de sus beneficios.
Para ello serán necesarios cambios profundos. Los afrontaremos
desde el diálogo y nos daremos el tiempo necesario para que, una vez se lleven a cabo, puedan ser duraderos y de largo alcance. Por esto mismo, nos hemos preocupado desde nuestra llegada al ministerio, y seguiremos haciéndolo, de que el sistema
siga funcionando con normalidad, de que todos los planes previstos se vayan cumpliendo con creces y de evitar saltos o parones bruscos. Nuestros cambios serán para añadir y mejorar y no caben dilaciones ni retrocesos. Desde esta perspectiva de
cambio dialogante, que consolida lo existente para ir más adelante, paso a exponer las líneas maestras de nuestros planes en ciencia, tecnología e innovación.



Nuestro punto de partida es que un sistema de investigación, desarrollo e innovación tecnológica que integre a todos los agentes implicados, desde el investigador básico hasta las empresas y sus trabajadores, es la base para nuestro
bienestar, mejora de la productividad y del futuro económico. Al unir a las universidades y al resto del sistema de ciencia y tecnología en un ministerio se cumple una de las promesas electorales del Partido Socialista en este campo. Gracias a
esta integración, las políticas científica y tecnológica podrán marchar al unísono, como es claramente necesario. Además, y para que esta unión se produzca en todas sus dimensiones, tendremos especial cuidado en fomentar e impulsar la cooperación
entre el sector público y el privado. Partimos de unos referentes legales apreciables pero también mejorables. Nuestra Ley de 1986 de fomento y de coordinación general de investigación científica y técnica supuso en su momento una contribución
esencial, que permitió y potenció el importante avance científico y técnico que ha experimentado nuestro país desde entonces. Con todo, seguiremos revisando algunos de sus aspectos en estos primeros años de Gobierno. Nos encontramos también con un
Plan Nacional de I+D+I recientemente aprobado. El plan cubre todos los ámbitos científicos y tecnológicos, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades. Nos proponemos apoyar la investigación en todos sus niveles, desde la más básica, hasta
la innovación tecnológica. Sabemos que la investigación básica o fundamental es el sustrato necesario sobre el que basar las aplicaciones tecnológicas que den lugar a nuevos productos, procesos y servicios. Por ello, las universidades y los
organismos públicos de investigación han de jugar un papel destacado, a la vez que todos aquellos agentes que puedan enriquecer la cadena de transmisión entre la ciencia básica y el sector productivo. Como ya he dicho, estamos desarrollando,
convocando y resolviendo todos los programas previstos por el plan, con el fin de que las comunidades científica, tecnológica y empresarial puedan servirse de todos los recursos cuya disponibilidad tenían anunciada para este año.



El objetivo central de nuestras actuaciones es promover la producción general del conocimiento


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y propiciar la innovación, potenciando ciertas áreas científico-técnicas prioritarias, áreas que son motores del crecimiento del nuevo siglo, entre otras la biotecnología y la biomedicina, genómica y proteómica, y la ciencia y tecnología de
materiales, nanotecnologías; también aquellas áreas que ofrecen nuevos retos y oportunidades, como las ciencias y tecnologías alimentarias, así como las áreas donde tenemos un liderazgo científico, como la física, las ciencias de materiales, la
biomedicina, o la economía, la lengua o la arqueología dentro de las humanidades y ciencias sociales. Al mismo tiempo apoyaremos a una serie de sectores empresariales que aparecen como motores de procesos de innovación del conjunto de la economía.
Incluyen sectores con grandes proyectos estratégicos tecnológicos, como el aeronáutico, que son muy competitivos debido al liderazgo tecnológico que presentan, como en el caso del calzado y de la cerámica; los tradicionales, como el turismo y el
textil, con un fuerte potencial para innovar, y aquellos otros que ofrezcan la posibilidad de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y una mejora de la calidad del medio ambiente. Pero queremos ir más allá, por lo que el Gobierno
revisará el plan nacional, a la vista de los correspondientes procesos de evaluación y del análisis de los indicadores cuantitativos disponibles acerca de los recursos económicos y humanos movilizados. Atendiendo a esta evaluación, el Gobierno
actualizará el plan para su restante periodo de vigencia, hasta el año 2007. Asimismo, y sin esperar a aquel momento, llevaremos a cabo nuevos programas en aquellos ámbitos en los que nuestro análisis de las necesidades así lo aconsejen. Para ello
es esencial la coordinación y el diálogo.
Configuraremos los canales de comunicación más adecuados para asegurarnos de que las prioridades de I+D+I recojan las líneas prioritarias de actuación de otros departamentos ministeriales. No puede
concebirse la programación sin contar con la opinión y actuaciones, por ejemplo, de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio o de Sanidad y Consumo, por citar sólo dos de los casos. Es, por tanto, mi intención potenciar el papel de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que tendrá que ser reconfigurada y dotada del órgano de apoyo correspondiente, así como aprovechar las oportunidades de coordinación de la recientemente creada Comisión Delgada del Gobierno para
Asuntos de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. También impulsaremos la cooperación con las comunidades autónomas, como he mencionado al principio de mi exposición, promoviendo la corresponsabilidad en cuantos programas
sea posible. Otros interlocutores esenciales son la Unión Europea y los países iberoamericanos.



Seguiremos de cerca el desarrollo del sexto programa marco de I+D y vamos a participar activamente desde el principio en la elaboración del séptimo programa marco. Dentro de este promoveremos la idea del European Research Council para la
financiación de la investigación básica, en los términos más cercanos posibles a las propuestas originarias de la Comisión del profesor Mayor Zaragoza. Debemos aprovechar nuestra presencia en el espacio europeo de investigación para promover la
excelencia de nuestra ciencia y tecnología, estimular a nuestros investigadores y a nuestras empresas a competir, apoyándolas para que puedan hacerlo con éxito y para promover un desarrollo tecnológico equilibrado y coherente. Buscaremos una
complementariedad entre los programas europeos y los propios de nuestro país, a la vez que procuraremos contribuir al propósito común de que la financiación privada se vea cada vez más acompañada por un esfuerzo de las empresas por invertir en I+D
como opción estratégica española y europea. En esta dirección, debemos contribuir a que aumente la participación de científicos españoles en proyectos europeos competitivos y debemos impulsar la participación española en consorcios, potenciando el
liderazgo de los socios españoles. Un aspecto importante de nuestra colaboración internacional la constituye nuestra política respecto a grandes instalaciones y proyectos internacionales. España dispone de grandes instalaciones para cuya plena
efectividad es preciso incorporar a países terceros como usuarios y partícipes. A nuestra vez, formamos parte de organismos internacionales ligados a grandes instalaciones o promotores de iniciativas científico-tecnológicas de gran alcance.
Nuestra intención es ordenar prioridades, dentro de una actitud general tendente a favorecer nuestra presencia en los grandes proyectos, a poder ser desde su inicio, y de beneficiar con ello a nuestras comunidades científicas y a las empresas
españolas que puedan participar en ellos.



También potenciaremos las relaciones con Iberoamérica en materia de ciencia y tecnología. España puede constituirse en un elemento articulador de la cooperación en ciencia y tecnología, mediante los programas CYTED (Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo) e IBEROEKA de innovación tecnológica. En este apartado dedicado a nuestra voluntad de cooperación, quiero anunciar que nuestros planes de cambio serán discutidos en comisiones de alto nivel, constituidas ad hoc, con
participación de científicos de prestigio internacional, tecnólogos, empresarios y antiguos responsables de la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Estas comisiones serán operativas, no limitándose a discutir líneas generales sino
también los aspectos jurídicos, económicos y organizativos de los que acaba dependiendo que los grandes proyectos puedan prosperar. Entre los temas a tratar estarán, sin duda, las reformas en nuestro marco legal, que doten de mayor flexibilidad y
eficacia a universidades y OPI, los aspectos presupuestarios, la agilización, eficacia y coordinación de los mecanismos de política científica y tecnológica y el incremento de la movilidad de los investigadores y en general de la apertura de nuestro
sistema, así como


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los procedimientos para aumentar significativamente las oportunidades de empleo de personal investigador.



Pretendemos transformar nuestros organismos públicos de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, el Instituto Español de Oceanografía, el Astrofísico de Canarias, el Instituto Geológico y Minero de España en elementos vertebradores de la ciencia y la tecnología españolas sobre la base de la colaboración con las comunidades autónomas,
también con las universidades y con el resto de las entidades ejecutoras de I+D. Nuestro objetivo es que estos organismos se consoliden como organismos de investigación científica y técnica al más alto nivel competitivo internacional, así como
convertirlos en elementos clave a nivel nacional para promover, cada uno en su nivel de competencia, la transferencia de la ciencia y la tecnología al sector productivo, contribuyendo de esa manera a la economía del conocimiento para la generación
de puestos de trabajo, riqueza y bienestar en nuestro país.
Todo ello lo lograremos dotando a estos organismos de una mayor autonomía y flexibilidad en su gestión administrativa y de personal, facilitando la movilidad de sus investigadores y
técnicos tanto dentro del propio sistema de I+D como hacia el tejido productivo, así como con un importante incremento de sus recursos.



Habiendo, pues, dejado clara nuestra voluntad de cambio en el diálogo, así como el anteriormente mencionado incremento del 25 por ciento del presupuesto anual, pasemos a concretar tres líneas generales de actuación, que son las siguientes:
en primer lugar, el incremento de los recursos humanos dedicados a I+D+I; en segundo lugar, el aumento de las dotaciones presupuestarias destinadas a estos fines, y en tercer lugar, las reformas institucionales. Incrementar los recursos humanos
dedicados a ciencia y tecnología, mejorar la formación y favorecer su distribución hacia áreas prioritarias son objetivos destacados de nuestro Gobierno.
Debemos aumentar el número de investigadores hasta los niveles alcanzados en nuestro entorno
más próximo, especialmente en las áreas científico-tecnológicas emergentes. Retomaremos los programas de doctorado de calidad con el espíritu con el que fueron creados diez años atrás, para impulsar, motivar y difundir las mejores prácticas de
formación de los doctores de gran calidad que necesitan nuestras universidades, nuestros organismos públicos de investigación y nuestras empresas con vocación innovadora. Debemos promover los grupos de investigación de excelencia que sean capaces
de competir en el espacio europeo de investigación e innovación y desarrollar las capacidades claves para el crecimiento económico del siglo xix. Para esto es importante promover la movilidad y la apertura del sistema. Ya estamos trabajando en la
eliminación de trabas a la libre circulación de científicos. En particular, buscaremos la colaboración con las comunidades autónomas para crear mecanismos que permitan el retorno de científicos españoles que hoy trabajan con éxito fuera de nuestras
fronteras. Esta actitud de apertura es complementaria a los esfuerzos que vamos a desarrollar, de nuevo con la mano extendida hacia las comunidades autónomas, para que todos los investigadores tengan oportunidades de incorporarse, habiendo
demostrado sus capacidades, a puestos de trabajo con perspectivas de futuro. Evitaremos cuidadosamente a lo largo de este proceso crear distinciones innecesarias entre aquellos investigadores que se incorporan a la tarea mediante mecanismos
diversos. Los jóvenes profesores doctores de las universidades, los contratados de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, estén en universidades u OPI, constituyen una gran riqueza. Darles futuro no es un problema sino un
reto al que pensamos enfrentarnos con seriedad e inmediatez, desde el principio general de que el mérito más que las condiciones iniciales, debe ser el criterio prioritario para su incorporación definitiva a nuestros centros. Todos ellos tendrán
oportunidades ya que nuestro sistema necesita savia nueva. Como parte del esfuerzo para dotar al sistema de nuevas oportunidades para los jóvenes, deberemos avanzar hacia procedimientos de financiación que permitan a las universidades considerar
que las tareas investigadoras de sus profesores son no sólo deseables sino también rentables desde todos los puntos de vista. Por la misma razón debemos inducir nuevas actitudes de las empresas en relación con la contratación de doctores y
tecnólogos, incentivando su incorporación temporal o definitiva, promoviendo contratos de colaboración y en general promoviendo la movilidad entre el sector público y el privado de aquellos agentes esenciales para la transferencia de conocimiento.



A continuación voy a referirme a los puntos segundo y tercero. El aumento de dotaciones presupuestarias es una condición indispensable para dar impulso a la investigación y al desarrollo en España. Pero, aun siendo necesaria, no sería
suficiente si no viniese acompañada de cambios en el marco jurídico en el que se mueven nuestros agentes y de un mayor esfuerzo de articulación entre sus partes. Por eso mismo voy a tratar del aumento del gasto y del cambio y la coordinación
institucionales de manera entremezclada. Ya he mencionado que estamos convocando, resolviendo y ejecutando los diversos programas que estaban anunciados con anterioridad a nuestra llegada al Gobierno y que hemos puesto otros en marcha de acuerdo
con el plan nacional. Para el próximo presupuesto vamos a revisar las dotaciones de los próximos programas y a proponer nuevas líneas de actuación, además del reforzamiento de aquellos que parezcan especialmente importantes. Entre estos quiero
destacar que vamos a potenciar programas tecnológicos al estilo de los programas Profit, en los que intervienen varios actores, centros de


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investigación, universidades, empresas tecnológicas, usuarias de tecnología, y centros tecnológicos, con una dedicación preferente de los recursos hacia aquellos proyectos concertados entre dos o más agentes.
Otro conjunto importante de
actuaciones a las que vamos a dedicar recursos son las destinadas a la promoción de agentes facilitadores de transferencia de tecnología que permiten articular el sistema ciencia-tecnología, como son los centros tecnológicos y los parques
científicos y tecnológicos. También nos proponemos aumentar los recursos destinados a la adquisición de equipamientos y a la consolidación, ampliación y mejora de instalaciones científico-técnicas, así como a las nuevas construcciones, verdaderos
motores tecnológicos. Estas inversiones deben acompañarse de una adecuada programación de las carreras y plantillas de técnicos, tan deseadas y necesarias como desatendidas hasta ahora. Para estos proyectos habrá que contar de nuevo con la
colaboración y corresponsabilidad de las comunidades autónomas y con la disposición de universidades y OPI a adaptarse a ellos. Los incrementos de recursos a I+D no pueden concebirse sin tener la mirada puesta en Europa. Nuestros recursos totales
dependen de nuestra capacidad de colaboración y de competencia en el espacio europeo, de los recursos disponibles dentro de los programas marco y de la disponibilidad de fondos FEDER, esenciales para poder hacer frente a las necesidades de
infraestructuras y equipamiento.



Para terminar, permítanme mencionar la importancia que concedemos a la opinión de los ciudadanos. Aun estando convencida de que la ciencia, la tecnología y la innovación son claves para la mejora del bienestar y del nivel de vida de los
ciudadanos, soy consciente de que aún existe una falta de sintonía entre los agentes directos de nuestro sistema y el resto de la ciudadanía. Seguramente las promesas de una medicina distinta, que mejore nuestra salud y nos prolongue la vida, son
las que más han empezado a calar en nuestra sociedad y empiezan a despertar un interés generalizado por la ciencia básica y por sus aplicaciones. Por otra parte, el empleo intenso de Internet o los elementos del área informática han cambiado la
forma de trabajo y las formas de vida y han llevado a la sociedad a la comprensión de otros aspectos de la ciencia básica. A esta toma de conciencia hay que hacerle seguir un esfuerzo por parte de todos para que se valoren las posibilidades y
promesas de la ciencia como medio para mejorar nuestra vida material y culturalmente. Y en este camino lo esencial son los niños y los jóvenes, a quienes debemos hacer llegar el sentido de la ciencia y de la técnica como una fascinante aventura.
Pero sin que los padres y educadores participen en estos valores, mal podrán calar en los más jóvenes. A tal fin pondremos en marcha un programa específico de fomento de la cultura científica y tecnológica que mejore y refuerce los programas en
curso. El programa financiará fundamentalmente las acciones de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación social, en centros especializados en estas tareas, tales como museos, salas de conferencia y salas de
exposiciones; las actividades de formación orientadas a la creación de una especialidad profesional de divulgación científico-tecnológica y la formación de periodistas especializados en ciencia y tecnología; en definitiva, profundizar en esfuerzos
que acerquen la cultura científico-técnica a todos demostrando su utilidad social y promoviendo sus valores.



Les expongo a continuación las líneas fundamentales de actuación del Gobierno en materia de deportes. Los puntos principales son tres: en primer lugar, acercar el deporte a la educación; en segundo lugar, posibilitar el acceso a la
práctica deportiva de todos los ciudadanos del Estado, y en tercer lugar, impulsar el deporte de alto nivel y el papel de las federaciones deportivas españolas. Por lo que se refiere a acercar el deporte a la educación, la actividad deportiva no es
ajena al sistema educativo, pues desarrolla valores fundamentales además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos creando hábitos saludables que se deben iniciar desde temprana edad. Por eso se quiere promover en el deporte de base una
concepción del mismo que fomente los valores de la participación y que permita que todos nuestros jóvenes puedan realizar actividades físico-deportivas independientemente de sus cualidades físicas. Para ello se tomarán las siguientes medidas: la
máxima coordinación entre la política educativa y deportiva del ministerio y de las comunidades autónomas; la firma de convenios con las comunidades autónomas para impulsar proyectos en los centros educativos que contribuyan al acercamiento entre
la educación y la práctica deportiva de base; el desarrollo de iniciativas tendentes a convertir los centros docentes en focos de animación deportiva para el propio centro, el barrio y sus zonas de influencia; establecimiento de convenios con las
comunidades autónomas y universidades con el objetivo de facilitar el acceso de los alumnos de los centros a la práctica deportiva.



En cuanto al acceso a la práctica deportiva de todos los ciudadanos, el deporte ha de estar dirigido a todos como factor de bienestar social, integración y calidad de vida, transmisor de valores democráticos y educativos. Por ello las
principales líneas de actuación en este campo serán las siguientes: plan de sensibilización de práctica de la actividad física como medio de mejora de la salud individual y colectiva, incidiendo sobre todo en las actividades sencillas de realizar,
ligadas al medio natural; fomento de la participación de la mujer en la práctica deportiva, para lo que se constituirá una comisión interministerial e interdisciplinar en el Consejo Superior de Deportes; progresiva eliminación de barreras
arquitectónicas en instalaciones deportivas para facilitar el acceso de discapacitados y mayores a través de convenios con el Imserso, la ONCE y el Comité Paralímpico Español; elaboración de medidas


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específicas que tiendan a favorecer que el deporte contribuya a la integración de los inmigrantes, para lo que se realizarán todos los cambios necesarios para eliminar cualquier tipo de discriminación, y en tercer lugar, impulsar el deporte
de alto nivel y el papel de las federaciones españolas. El deporte de alto nivel es una parte esencial de la política deportiva y su impulso requiere una serie de medidas: el mantenimiento de la mejora de las infraestructuras existentes en los
centros de alto rendimiento y centros de tecnificación deportiva, con la creación de nuevos centros como los de Jaca y León; el apoyo a la investigación, en coordinación con las universidades, en aquellas áreas de conocimiento que puedan contribuir
a la mejora del rendimiento deportivo y el aumento de las medidas para que puedan compatibilizar su entrenamiento con la formación académica necesaria para su posterior inserción laboral. En los centros de alto rendimiento se reforzará el apoyo a
la formación de los deportistas y a la orientación de sus salidas profesionales, creando para ello tutorías de apoyo dirigidas especialmente a los deportistas menores de edad, con el fin de contrarrestar la desorientación que supone el alejamiento
familiar.
Asimismo se establecerán convenios con el INEM, con las comunidades autónomas y con diferentes organismos para impartir cursos de capacitación en estos centros de entrenamiento. Estos cursos irán dirigidos a aquellos deportistas que, por
distintas razones, no encajen en el sistema educativo reglado.



En cuanto a las federaciones deportivas españolas, se prevé la elaboración de un código de buen gobierno que recoja como principios fundamentales la transparencia, la participación, la responsabilidad, la eficiencia y la protección de la
salud del deportista, así como los restantes principios que inspiran las buenas prácticas de gestión. En políticas de subvenciones se elaborará un plan estratégico que se rija por los principios de publicidad, mérito y objetividad, aplicando para
su concesión las normas emanadas de una nueva legislación de subvenciones.
También se realizarán todas las iniciativas necesarias para la promoción y protección de los intereses de las selecciones deportivas españolas de todas las categorías, con
especial atención a las selecciones femeninas, cuyos resultados han mejorado significativamente en los últimos años.
Tampoco puede olvidarse la prevención de la violencia en el deporte. Este es un fenómeno en constante evolución, siempre latente,
pues no existe el riesgo cero en materia de seguridad, y precisamente por ello es necesario revisar y renovar las medidas aplicables para su erradicación. Las organizaciones deportivas no pueden apoyar a los grupúsculos violentos creados en su
seno, alentando a las mismas para que creen un clima más propicio para el desarrollo de los colectivos de aficionados y grupos de animación pacífica. Se elaborarán programas de opciones de fomento de los valores en la práctica deportiva, como las
campañas de deporte solidario, juego limpio y otras; se mejorará la coordinación a este respecto con todas las administraciones implicadas.



En cuanto a la colaboración con el Comité Olímpico Español, como ha venido siendo habitual, se mantendrá y aumentará la cooperación con él en la organización de las grandes competiciones deportivas oficiales. Este es el caso de la XV
edición de los Juegos Mediterráneos, a celebrar en Almería. El Gobierno considera de interés prioritario el apoyo a este importante acontecimiento que contribuirá a potenciar el prestigio de España como país organizador de eventos deportivos. Otra
de las citas importantes del ciclo olímpico tendrá lugar en la ciudad de Jaca en el año 2007. El Gobierno la considera, como en el caso anterior, una competición de gran interés que contribuirá a desarrollar los deportes de invierno en nuestro
país. El Gobierno colaborará también en la organización de la Copa América 2007, un gran acontecimiento deportivo, cuyo éxito organizativo favorecerá decisivamente el desarrollo turístico, económico y la mejora de nuestra imagen en el exterior y
algunas de cuyas pruebas se celebran ya el próximo otoño. En relación con la candidatura olímpica de Madrid 2012, recientemente hemos tenido oportunidad en el Senado de recordar el apoyo incondicional del Gobierno, reiteradamente puesto de
manifiesto por su presidente. En otras cuestiones -y para ir finalizando-, simplemente indicaré que, en relación con los Juegos Olímpicos de Atenas, el Gobierno dará todos su apoyo tanto a los deportistas como a la gestión del Comité Olímpico
Español; apoyo que se hace extensivo a los todavía algo más lejanos Juegos Olímpicos de Invierno de 2006, en la ciudad italiana de Turín. También deseo confirmar el mantenimiento al programa ADO que, como SS.SS. conocen, está gestionado por una
asociación sin ánimo de lucro compuesta a partes iguales por Radiotelevisión Española, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes. El Gobierno lo dotará de mejores medios, tanto económicos como humanos y materiales, como elemento
decisivo para la mejora de los resultados deportivos de alto nivel.



En último lugar me refiero a la lucha contra el dopaje. Los casos de dopaje suponen la peor propaganda para el deporte de un país, además de poner en grave peligro la salud de los deportistas. Por ello es de vital importancia la mejora de
los mecanismos de prevención y de control para frenar las prácticas de quienes intentan sacar ventaja por medios ilícitos. Fortaleceremos así la confianza de la sociedad en los deportistas y en los resultados que estos obtengan en la alta
competición. Durante los próximos meses se va a elaborar un informe técnico-jurídico que permita comparar la situación española con la de otros países y conocer con todo detalle el estado del problema del dopaje en nuestro deporte. A partir del
informe se estudiará la posible conveniencia de modificar la normativa legal que actualmente regula la prevención, el control


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y la represión del dopaje. También se elaborará un plan nacional antidopaje en el que se definirá y articulará el proyecto de la política española antidopaje y en el que deben estar implicados, entre otros, los ministerios de Sanidad,
Justicia e Interior. Asimismo se impulsará la creación de la agencia nacional antidopaje y la colaboración con organismos gubernamentales, intergubernamentales, europeos o mundiales, en el establecimiento de las medidas antidopaje. Por tanto, la
lucha contra el dopaje contará con todos los medios que sean necesarios para hacer del deporte un luego limpio.



Mis últimas palabras están dirigidas al ámbito de gestión directa del ministerio, en el que se quiere modernizar la gestión y mejorar las condiciones laborales del personal, con atención especial a las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas
singularidades educativas -que no hace falta recordar- requieren un especial esfuerzo por parte del profesorado y una alta cualificación del mismo.



Señorías, espero que estas palabras, que no han sido precisamente breves, puedan mostrarles de forma nítida cuáles son las grandes líneas del departamento que tengo el gran honor de dirigir. Asimismo les pido encarecidamente que esta
Comisión de Educación y Ciencia, que afrontará importantes retos legislativos en los próximos años, sea realmente un lugar de encuentro y diálogo, por encima de las lógicas diferencias ideológicas, todo ello para conseguir los mejores resultados en
la educación, la ciencia y el deporte en España.



La señora PRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, primer peticionario de esta comparecencia y, en su nombre, su portavoz, señor Nasarre.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora presidenta, voy a intentar ser lo más breve posible por cortesía parlamentaria, pero comprenderá usted que, después de una exposición de la señora ministra de hora y media, además muy densa, le pida
benevolencia en estas nuestras primeras intervenciones en esta Comisión. Voy a compartir la portavocía de mi grupo con la señora Fernández de Capel, que expondrá también la posición del grupo en lo que se refiere a la materia de ciencia y
tecnología. Yo me limitaré a lo que se refiere al ámbito educativo.



Señora ministra, en primer lugar quiero darle la bienvenida en nombre de nuestro grupo, saludarle y decirle que le deseamos los mayores éxitos y los mayores aciertos en su gestión porque, si acierta en su gestión, eso redundará en beneficio
del sistema educativo y toda nuestra actuación y nuestra tarea está al servicio de las mejoras del sistema educativo. Todo lo que sea bueno y beneficioso para el sistema educativo contará con nuestro apoyo. Usted sabe perfectamente que los
españoles nos han dado la tarea de la oposición y la vamos a ejercer en esta Comisión. Va a ser una oposición leal, leal a la Constitución, leal al modelo constitucional educativo, cuyo artículo 27 tiene que ser el fundamento de lo que podríamos
denominar todos los acuerdos, pactos y acercamientos que los distintos grupos parlamentarios tengamos en materia educativa. En relación con ello, le quiero hacer una primera observación. Estoy muy de acuerdo con lo que usted ha planteado a lo
largo de su intervención en el sentido de fijar dos grandes objetivos nacionales en materia educativa, calidad y equidad, pero no le he oído decir prácticamente nada sobre un tercer pilar, que me parece muy importante y que es el tema de la
libertad, que constituye también uno de los pilares, como usted sabe perfectamente, de nuestro sistema constitucional educativo y que tiene que impregnar las distintas políticas educativas, en una conjugación armónica del derecho a la educación y de
la libertad de enseñanza. La libertad de elección de los padres es una libertad enormemente arraigada en la sociedad española que hay que preservar y potenciar.



Nuestra oposición va a ser constructiva, señora ministra, porque nosotros tenemos también conciencia de que en estos momentos hay problemas en nuestro sistema educativo, como en todos los sistemas educativos de las sociedades modernas y
contemporáneas, porque tenemos desafíos muy importantes y porque sabemos que el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la España que queremos construir, ha dependido de lo que hemos hecho, y mucho, a lo largo de los pasados años en la democracia,
pero dependerá de lo que hagamos en los próximos años. Usted ha señalado cómo debe ser una orientación fundamental de las acciones estratégicas del departamento y del conjunto de todos los poderes públicos en materia educativa, la llamada
estrategia de Lisboa. Efectivamente, el Gobierno de España fue uno de los impulsores de la estrategia de Lisboa, esa fue una buena noticia para el conjunto de la Unión Europea y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que los ambiciosos
objetivos, de aquí al año 2010, se puedan cumplir. Eso es lo que nos mueve a que nuestra oposición sea constructiva; queremos contribuir a las aportaciones de las distintas soluciones y alternativas que se van a ir desarrollando en todos los
ámbitos educativos. Va a ser una oposición al mismo tiempo exigente.
Nosotros creemos que esa es la mejor manera de contribuir a la mejora de la educación de España y por tanto vamos a ser muy vigilantes con el cumplimiento de las promesas y de
los objetivos que usted marque.
Queremos debatir en profundidad muchos de los temas que usted ha abordado y a los que no puedo referirme en esta mi primera intervención; solamente le señalaré algunos que nos parece imprescindible que en esta
Comisión se aborden con profundidad en los próximos meses. Si no hay debate suficiente en el ámbito parlamentario, fallará algo en esta orientación que usted nos ha marcado.



Por cierto, hablando de exigente, no sé yo si en el futuro nuestro grupo deberá atenerse al texto de su intervención, a los objetivos que usted se ha marcado o


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a los del programa electoral del Partido Socialista con que se presentó a las elecciones del 14 de marzo. Veo -y en estos momentos no me parece ni bien ni mal, no quiero hacer un juicio de intenciones- que usted ha hecho una interpretación
muy flexible del programa electoral. No ha venido a exponer estrictamente el programa electoral del Partido Socialista, no sé por qué, pero se ha dejado en el tintero muchas promesas. Por ejemplo, un ordenador por cada dos alumnos, toda la batería
de promesas en materia de medios de comunicación, informática en los centros educativos, nuevas organizaciones en el funcionamiento de los centros, etcétera. Todo ello lo tendremos en cuenta. No sabemos si esta omisión por su parte significa que
prescinde de este tipo de promesas, pero supongo que no quedarán ya en el tintero.



A partir de ahora seré mucho más esquemático. Estamos enormemente decepcionados con el comienzo de su gestión por la forma en que ha decidido lo que ustedes han llamado la paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Usted
ha dicho que el decreto que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado ha tenido como finalidad el restablecimiento del diálogo en la comunidad educativa. No es esa la forma de restablecer el diálogo. Es todo lo contrario. Este decreto ha
sido -a mi juicio- de imposición. Usted, en la Conferencia de Educación, no atendió las observaciones y las alegaciones, algunas de las cuales eran, a mi juicio, enormemente prudentes para flexibilizar y modificar el decreto, fue un decreto de
imposición, un decreto hecho con una enorme precipitación y que va a generar problemas en el conjunto del mundo educativo. La posición de mi grupo sobre el decreto ya la manifesté la pasada semana en el Pleno y no me quiero extender en ello, pero
sí quiero preguntarle algunas cuestiones.



Aparte de los aspectos jurídicos y de la utilización indebida de la vía reglamentaria para una paralización de una ley orgánica -ustedes se han convertido en unos excelentes discípulos de Romanones en este sentido-, que constituye un
precedente muy grave, y no se pueden alegar otros precedentes, otras modificaciones, que efectivamente se efectuaron en relación con la LOGSE -cuatro, que yo recuerde, no sé si alguna más-; todas ellas eran parciales y para resolver problemas
específicos de la mejora de la aplicación de la ley, que eso se puede producir y así hay que entenderlo, pero no con un objetivo político, que ya marcó el presidente del Gobierno en el debate de investidura, que es suspender la aplicación de la ley.
Lo que me preocupa es que ustedes han enviado un mensaje equivocado al conjunto del mundo educativo. Es su primer mensaje, un mensaje que no es de futuro, no es un mensaje en el que las primeras medidas vayan en mejora de la calidad de la
enseñanza, que es lo que necesita nuestro sistema educativo. Su mensaje es de paralización y de vuelta atrás, de regreso al pasado; parece como si ustedes estuvieran atados por el modelo educativo del año 1990, que desde mi punto de vista -y
posiblemente usted coincida conmigo- es un modelo no aplicable en la sociedad española del año 2005. Porque la sociedad ha cambiado demasiado, el mundo educativo tiene nuevas necesidades y la aplicación sin más, automática, de los presupuestos de
1990 no es aplicable.



Ustedes mandan ese primer mensaje y se convierte en lo que yo llamaría el decreto de los dos años perdidos. ¿Por qué paralizan algunas medidas como las que voy a mencionar ahora y las dejan, no digo ad kalendas graecas, pero al menos hasta
dentro de dos años? Por ejemplo, ¿por qué han aplazado la ordenación de las enseñanzas de la educación infantil? ¿Está usted en contra del aprendizaje, por ejemplo, de la lectura y de la escritura de los alumnos a partir de los 4 y 5 años, que es
la gran novedad de esta educación infantil? ¿A qué obedece que ustedes no quieran en estos momentos introducir mejoras, que son razonables? ¿Nos quiere explicar si es que usted no está de acuerdo con esa mejora en los contenidos educativos, en la
ordenación académica de la educación infantil de 3 a 6 años? ¿Por qué paralizan ustedes la enseñanza del inglés, de la lengua extranjera, con carácter generalizado en primero de primaria, como establece el calendario de la ley? ¿Por qué aplazan
ustedes dos años una medida que, a mi juicio, es imprescindible para la mejora de la calidad de la enseñanza? Además, esa necesidad no concuerda con la preocupación que nos ha transmitido ni con sus objetivos de mejora de la enseñanza de idiomas en
nuestro sistema educativo. Lo único que hace, hasta el momento, es dejar que los alumnos andaluces o castellanos, que todavía no tienen la enseñanza del inglés a los seis años, sino que la tienen a partir de los ocho años -que fue uno de los
errores de la Ley de 1990-, la sigan teniendo igual porque ustedes lo aplazan dos años. Además, refuerza o agrava las distancias educativas, porque todos sabemos que ha habido comunidades autónomas que han ido adelantando este tipo de programas y
que ya tienen implantada esta enseñanza en sus programas educativos.



Una última pregunta: ¿por qué paralizan ustedes los programas de iniciación profesional? ¿Es que no están de acuerdo con esta vía? A mí me parece que es una vía muy fecunda e innovadora para combatir eficazmente el fracaso escolar, para
establecer un camino muy beneficioso para un determinado tipo de alumnos; que al mismo tiempo que contribuye a su formación integral, les facilita el acceso al empleo con capacidades profesionales. Los programas de iniciación profesional tienen
una diferencia muy importante respecto a los llamados de garantía social: los de iniciación profesional dan lugar a título. Por tanto, podríamos mejorar y ampliar las vías para el acceso a títulos de secundaria, que es una de nuestras necesidades.
Yo le invito a que convoque de nuevo la Conferencia de Educación, dialogue con los consejeros de las comunidades


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autónomas, permita y aliente que se pongan en funcionamiento todas estas medidas, algunas de ellas con carácter experimental; no nos lancemos a una batalla jurídico-política, cuando son medidas que entran dentro de los objetivos generales
de mejora de la calidad de la enseñanza.



Quiero hacerle dos últimas observaciones en estos temas, sobre los que tendremos que hablar en el futuro: uno, sobre la prueba general de bachillerato. Estoy de acuerdo en un par de cosas que usted ha dicho. No debemos enzarzarnos aquí en
una disputa nominalista; lo importante es -lo sabemos- que nuestro sistema educativo necesita una prueba de control externo, al final del bachillerato, que homologue el conjunto de los estudios. Es absolutamente imprescindible; no podemos volver
atrás. Sin embargo, me parece que volver al sistema de selectividad, al sistema que yo llamo de Martínez Esteruelas -lo inventó el ministro Martínez Esteruelas-, no es la solución adecuada; en esto perdemos también otros dos años. Evidentemente,
el sistema de selectividad no es el adecuado -usted lo ha resaltado- para la construcción del espacio universitario europeo, para el espacio de educación superior europeo, y creo que la prueba general de bachillerato -la llamemos como la llamemos-
es el marco adecuado para conseguir esta finalidad esencial de control externo, aunque necesite mejoras y retoques.



En relación con los itinerarios, lo único que le puedo decir en estos momentos, apelando a la benevolencia de la presidenta de la Comisión, es que no puedo entrar en el fondo del asunto. Es un debate muy serio y pido que lo llevemos a cabo
en otro momento en esta Comisión. Me parece que es una mala noticia que haya dicho usted con mucha claridad -al menos me lo ha parecido a mí- no a cualquier tipo de itinerarios. En estos momentos, la educación secundaria se encuentra ante una
disyuntiva fundamental: o ser lo que algunas corrientes pedagógicas, que yo creo que están equivocadas, afirman, una mera prolongación de la educación primaria formando parte de esta hasta los 16 años, sin personalidad ni entidad propia, o tener
una identidad propia a partir de los 12 años -creo que esta es una edad acertada-, que es lo que yo considero adecuado. La crisis de identidad de la educación secundaria es uno de los problemas graves y serios de nuestro sistema educativo. El
carácter orientador de la educación secundaria es fundamental para la recuperación de su identidad. La vías de orientación durante la última etapa de la educación secundaria, que conduzcan al mismo título, me parece que es algo potente que tienen
la mayoría de los sistemas educativos europeos. Como sabe la señora ministra, son escasísimos los sistemas educativos que no introducen hasta los 16 años un tipo de vía o itinerarios de flexibilidad conducentes al mismo título; no prejuzgan nada,
señora ministra. No es lógico que consideremos una especie de anatema que un alumno elija a los 15 años, cuando sí tiene que elegir a los 16; podríamos decir que ahí se produce entonces la segregación. No introduzcamos elementos demagógicos en un
debate que es enormemente serio e importante. Un debate serio sobre la identidad de la educación secundaria y sus soluciones me parece extraordinariamente importante. Creo, señora ministra, que los itinerarios de la educación secundaria, sobre
todo los itinerarios del último curso, son enormemente fecundos.



Ha hablado usted del principio de igualdad de oportunidades y se ha referido a las becas y ayudas al estudio. Nos ha ratificado el incremento de 36 millones de euros mediante un crédito extraordinario. Me congratulo por esta noticia. La
verdad es que me la esperaba, porque todo Gobierno que se precie hace un crédito extraordinario para becas al comienzo de su mandato. Lo hizo el Gobierno del Partido Popular en 1996; la verdad es que fue un crédito muy superior a 36 millones de
euros; fue un crédito extraordinario de 182 millones de euros. Yo hubiera preferido que hubieran igualado ustedes la cuantía de aquel crédito; este es cinco veces inferior al de 1996. Sin embargo, lo importante no es eso; lo importante es que
sigan ustedes avanzando cuantitativamente, como se ha hecho durante estos últimos años, y en la mejora del sistema de becas en el futuro. En eso sí estamos dispuestos a colaborar. Quizás yo me ponga unos objetivos modestos, pero nuestro listón
será el incremento de becas producido durante estos últimos años. En 1996, como usted sabe, se destinaban 474 millones de euros a becas; en el último curso, 2003-2004, se aumentó a 785 millones. Le pido que ustedes hagan, al menos, unos
incrementos porcentuales similares. Me congratulo igualmente de que sigan ustedes con la política de ayudas a libros de texto, que inauguró e introdujo el Partido Popular y que no había existido hasta 1998, año en que se implantó; o de que
potencien las becas de movilidad, las becas del programa Séneca. Durante estos próximos años tendremos una oportunidad sobre la que nos gustaría trabajar y es que, con motivo de la nueva configuración del espacio superior europeo, se pueden
introducir otros elementos, como una mayor incidencia del sistema de préstamos, por ejemplo, para los cursos superiores. Todos sabemos que es un sistema enormemente útil y que hasta ahora, por diversas circunstancias, no ha funcionado debidamente.



Muy telegráficamente ya, cinco o seis puntos. Yo estoy de acuerdo, señora ministra, en la necesidad de potenciar al máximo la Conferencia de Educación y los demás instrumentos de coordinación de nuestro sistema educativo. Nosotros
defendemos un sistema educativo integrado al servicio del conjunto de la sociedad española, que sea factor de cohesión social y que intente evitar el drama de la educación del siglo xix, sobre todo en España, y buena parte del siglo xx, que ha sido
las desigualdades educativas de carácter territorial, es decir, una España a distintas velocidades en materia educativa. Yo creo que en nuestro Estado autonómico


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sólo hay una vía, que es la máxima coordinación, con acuerdos de financiación entre las distintas comunidades autónomas y el liderazgo por parte del Ministerio de Educación en esta tarea. Ese sistema educativo vertebrado en toda España es
nuestro norte y nuestra guía en esta materia. Estamos de acuerdo en que los objetivos europeos sean los que deban marcar nuestros pasos en los próximos años en la búsqueda de la calidad educativa como guía de las reformas educativas. Nuestra
estrategia política en este ámbito tenemos que basarla en la combinación de una mejora de los resultados generales de la educación -no podemos estar satisfechos de nuestros resultados si los comparamos internacionalmente, tal como usted ha dicho-
con un sistema educativo que incremente las vías de oportunidades a nuestros jóvenes, un sistema mucho más flexible. Por ello, a mí me extraña que una vía enormemente potente como son los programas de iniciación profesional, usted, sin ningún tipo
de explicación, quiera retrasarlo dos años. Algo parecido, aunque sea con otro nombre, tendrán ustedes que inventar.



En educación infantil, lo único que le puedo decir es que me alegro de que no se hayan cargado la aplicación de esta medida en su decreto de calendario y que espero con ansia esa valoración y esa financiación que usted ha anunciado que va a
plantear para poner en marcha la educación infantil. Usted tiene que tener un criterio de equidad en esta materia, porque hay muchas comunidades autónomas que ya han resuelto esta situación y otras comunidades autónomas que hasta ahora no lo han
hecho, y yo diría que no hay que premiar a los malos y que no hay que castigar a los buenos. Este tema lo tendrá usted que valorar y espero que se llegue al máximo consenso en este principio de financiación.



Nosotros creemos que en los próximos años hay que hacer una política de defensa, promoción y apoyo máximo al profesorado, a esos más de 600.000 profesores que están al servicio de nuestro sistema educativo. A mí me parece que ha llegado el
momento de la mejora de la carrera docente.
Nosotros vamos a defender algunos puntos esenciales en esa carrera docente, por ejemplo, una mejor pasarela entre los profesores de educación secundaria y los profesores de universidad, que hasta ahora,
por diversos problemas, no está suficientemente resuelto.



En el terreno de las lenguas extranjeras, yo le pido que reconsidere la paralización de la enseñanza de lengua extranjera en primero de primaria.
Es esencial todo lo que se haga a favor del profesorado; hay que hacer planes de choque para
mejorar la cualificación del profesorado.



En formación profesional usted se ha olvidado -creo que habrá sido una omisión sin ninguna importancia- de la Ley de cualificaciones profesionales, que es una ley que marca una tendencia con dos objetivos fundamentales: construir ese
sistema nacional de cualificaciones profesionales y una concepción integrada de los tres subsistemas de formación profesional. Estoy de acuerdo con usted en que las mejoras en formación profesional son muy consistentes, pero en los próximos años
tenemos que dar un salto sobre todo para mejorar la relación numérica o proporcional entre alumnos de bachillerato y formación profesional. La formación profesional está creciendo en prestigio y eso lo facilitará.



En política universitaria, yo le voy a pedir un debate específico después del verano. No entiendo su valoración de la ley de 2001, al menos en un punto. Ha dicho que supone un retroceso de la autonomía de las universidades y después, en
las medidas que ha propuesto de reforma de la ley, etcétera, ninguna se refiere a un incremento de la autonomía. Será un retroceso de otro ámbito lo que usted ha planteado, fundamentalmente en relación con el profesorado. Yo le quiero decir que
nuestro principio en materia de selección del profesorado se basa en que nosotros creemos que lo mejor, y lo vamos a defender, es lo que en el famoso informe Bricall se llamaba el doble filtro; un filtro, llamémosle, nacional de rehabilitaciones,
en el que la comunidad científica establece que un profesor está preparado para ejercer la función universitaria y después el que, en virtud de la autonomía de la universidad, corresponde a cada universidad. El gran fallo o el defecto que se vio en
el sistema de la LRU es que sólo había un filtro, el de la universidad, y eso provocaba la endogamia patológica de nuestro sistema universitario. Sobre ese principio, que implica la necesidad de preservar un sistema de habilitaciones, podemos
dialogar. En relación con el sistema de acceso a la universidad, creo que nuestro sistema actual no obliga en absoluto a lo que se llama el doble filtro o la doble prueba, ni mucho menos. Es una facultad residual que se da a las universidades y
habrá que valorar si la comunidad universitaria renuncia o no está de acuerdo en utilizar esa vía y que sirva la propia prueba general de bachillerato, o como se llame. El debate sobre la universidad nos parece muy importante. Usted ha anunciado
una serie de medidas, sobre todo en relación con la construcción del espacio europeo de educación superior, y yo creo que esta Comisión no puede quedar al margen de esos objetivos, que son decisivos e históricos.



En cuanto a la nueva estructuración de los estudios en función del modelo de Bolonia, yo le quiero decir que hay que tener en cuenta dos elementos en la construcción de las normas y es que hay que atender el principio de autonomía de las
universidades -no se puede no tener en cuenta este principio, que es un principio constitucional- y que debe tener suficiente flexibilidad para evitar que una norma excesivamente rígida pueda plantear problemas de calidad, etcétera, y no tener en
cuenta las condiciones de determinadas carreras universitarias.



El modelo de financiación de la universidad me parece que es una iniciativa muy necesaria en estos


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momentos para la sociedad española y nuestro grupo está dispuesto a colaborar en ello. Lo importante es que no se produzcan en el ámbito universitario desequilibrios importantes como los que le he señalado, que fue uno de los dramas de la
historia educativa de nuestra nación. El secretario de Estado de Deportes está en la lista de peticiones que se han hecho para que venga a esta Comisión; por tanto, creo que ese será el momento adecuado para debatir los temas de deportes que nos
ha expuesto la señora ministra, y para no abusar del tiempo que usted me ha concedido, pospongo a ese momento nuestra posición en materia de deporte.
Nos parece muy importante, es esencial la lucha contra el dopaje; lucha que se ha realizado estos
años con decisión y con determinación. Nos preocupa también, y me parece que no ha hecho usted suficiente hincapié en ello, y debemos seguir luchando adecuadamente contra la violencia en el ámbito deportivo. Este es un tema en el que todos los
poderes públicos deben colaborar. Nosotros le decimos de antemano, en todo lo que se refiere a las selecciones deportivas nacionales, competiciones internacionales, etcétera, que consideramos que la solución de la Ley del Deporte es la adecuada,
que no se debe modificar y que estamos en esa posición.



Señora ministra, mis últimas palabras son para decirle que hay un punto en el que podemos acercar nuestras posiciones, que se han manifestado divergentes en materia educativa en estos años, en el pasado, etcétera.
Yo tengo el convencimiento
de que si no seguimos mejorando -y no es sólo un problema de recursos, aunque también lo es- en los aspectos de ordenación académica, de funcionamiento de los centros, de apoyos al profesorado, en la gran batalla de la calidad de nuestro sistema
educativo, tendremos una responsabilidad con el futuro de nuestro país.
La enseñanza pública es vital para el futuro del país y la escuela pública es la que ha sufrido un mayor deterioro por las nuevas configuraciones de la enseñanza, por la
ampliación de la escolarización a los 16 años. Por tanto, hay que adoptar medidas correctas en la buena dirección para su fortalecimiento: se necesitan equipos directivos potentes, profesorado con más apoyo, claustros que funcionen, objetivos que
se marquen, clima más favorable al estudio, cultura del esfuerzo y de la dedicación, y que los principios de mérito y capacidad no queden derrumbados, sobre todo en la fase de educación secundaria.
A partir de estos principios, en los que podemos
llegar a un acuerdo, hay elementos de acercamiento al servicio de la calidad de nuestro sistema educativo.



Doy paso, con el permiso de la señora presidenta, a mi colega señora Fernández de Capel.



La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia está encantada de que una intervención tan densa, como la de la señora ministra, suscite intervenciones así de largas y no va a hacer uso de sus atribuciones para reducir el tiempo de las
intervenciones, pero sí rogaría, teniendo en cuenta que se ha dividido esta intervención en dos, que la señora Fernández de Capel intente ser lo más concisa posible.



La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Intentaré ser muy concisa y plantearé la exposición más en forma de interrogante que de exposición de ideas.
Como no podía ser menos, doy la bienvenida con sumo gusto a la señora ministra de Educación y
Ciencia. Espero que comparezca sólo, como ya lo hemos pedido, para hablar de ciencia en esta Cámara, tradición creada por anteriores gobiernos, exponiendo ese talante de diálogo que yo pedía y esgrimía en los años en que mi grupo apoyaba al
Gobierno, entendiendo que la política científica es una política de Estado, como entendía entonces su portavoz, el señor Pérez Rubalcaba. Así lo hicieron los anteriores ministros de Educación cuando la ciencia les era de su competencia desde el año
1996, costumbre o talante consuetudinario que inauguró en esta Cámara doña Esperanza Aguirre. Espero que la señora ministra tenga la bondad de no llevar atrás los asuntos de ciencia, ya que creo que ese no es su talante ni su idea.



La primera cuestión, señora ministra, va a ser una exigencia, que creo que será compartida por todos los diputados. Con los cambios que han surgido en su ministerio, el control y el conocimiento por parte del Parlamento en materia de
ciencia ha quedado a la intemperie. Para mí sería muy alentador que, como mínimo, la señora ministra se comprometiera a tener con la Cámara una relación -no se la voy a poner muy difícil- como la que contemplaba la Ley de 1986, porque estamos
hablando 18 años después. Como mínimo, no nos quedemos a la intemperie, refugiémonos en aquello que hicieron ustedes cuando estaban en el Gobierno, que es la Ley de 1986, en la relación con el Parlamento, en las sesiones informativas con el
Parlamento. Simplemente le pido eso. Para mí sería una tranquilidad, aunque no la que yo desearía. Por lo menos que la señora ministra no vaya más atrás del año 1986 en su relación con el Parlamento, porque en este momento, repito, estamos a la
intemperie, parlamentariamente hablando, en una Comisión de Educación. Mi primera pregunta, señora ministra, es si usted quiere retrotraer la relación con el Parlamento, como mínimo, a lo que preveía la Ley de 1986, y no le voy a decir las cosas
que se hicieron después. En ese sentido, señora ministra, espero su comparecencia y la de algunos miembros destacados de su ministerio en esta Cámara, como hemos pedido.



Señora ministra, he escuchado con atención su exposición detallada e importante sobre algunos de los retos que va a tener su ministerio, y me ha preocupado -me he quedado un poco fría, no sé si ha sido por el aire acondicionado- que no haya
identificado ninguno de los problemas que tiene en este momento nuestro sistema de ciencia y tecnología. El mayor de ellos lo recogía el otro día el informe Cotec, que es la paradoja española, fruto de la paradoja Europea, de que España


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produce mucha ciencia pero no tiene esa transferencia científica y el cuello de botella se forma en ese traspaso de transferencia tecnológica.
Este es nuestro problema, que deberemos afrontar entre todos, porque la ciencia es una cuestión
de Estado en la que nos jugamos nada más y nada menos que el futuro de nuestra sociedad, del empleo, del desarrollo y de la realización de muchos de nuestros jóvenes, y yo sé que usted no es ajena a esto, ni mucho menos.



Señora ministra, tengo que decirle que en este momento, y usted lo sabe porque se relaciona con gente del mundo científico, hay un cierto desasosiego: por ejemplo, la incertidumbre de que se quitaban las acciones integradas, aunque después
se ha recuperado el asunto. Esto, aunque se pierdan algunos plazos, usted lo ha arreglado, pero no fomenta la buena comunicación de su ministerio. Por eso le ruego que, en la medida de lo posible, no se cree esa situación que no favorece a nadie.

Pienso que el que lo conocía no sabía qué pasaría con estas cosas y se retrasan por cambios administrativos, que son muy loables y legítimos pero que cuando se hacen hay que saber qué es lo que se está haciendo, porque generar incertidumbres en el
área de la ciencia y la tecnología no es bueno para nadie. Como no tengo tiempo, solamente le voy a hacer unas cuantas preguntas entre las que le incluyo la de que si quiere relacionarse con este Parlamento, sea como mínimo en la misma situación
que preveía la Ley de 1986.



El señor Zapatero dice que va a cumplir su programa y usted también ha dicho que va a cumplir su programa electoral con un aumento anual del 25 por ciento de los fondos públicos, pero no ha dicho la segunda parte.
Como sé que no quiere
hacer trampas, sino que quiere decir toda la verdad, le hago una aclaración. Sabe usted que ese 25 por ciento solamente se refería a los capítulos 1 y 7, por lo que es bastante más del 25 por ciento, porque solamente va a cubrir los capítulos 1 y 7
y además, en esa parte del programa, comenta que los gastos militares de I+D se van a reubicar en otro lugar. Lo que le pregunto es si el señor Solbes sabe que los gastos, que dicen que van a reubicar en otros ministerios -y solamente para los
capítulos 1 y 7-, van a aumentar el 25 por ciento, porque otros conceptos van en otros capítulos. A mí me gustaría saber si lo sabe el señor Solbes y si esto está contemplado en el próximo presupuesto, que prácticamente ya estará elaborado. Porque
si sacamos otros capítulos de la Administración, la contabilidad es otra. ¿A qué programas o acciones van a dedicar esos recursos prometidos? Señora ministra, como sé que a lo mejor no me puede contestar a todo, le agradecería -como está previsto
en el Reglamento de la Cámara- que me lo contestase por escrito en la fecha que sea razonable y que esté dentro de la legalidad. Me doy por satisfecha con que, las preguntas que deje en el aire, me las conteste usted por escrito.



Señora ministra, pasemos a hablar de los nombramientos, sin prejuzgar cuál será la actuación posterior de las personas que van a ser designadas.
Sabe usted que dentro de su partido hay una cierta inquietud, incluso en los miembros de su
propio equipo. Usted sabe que es algo más que un rumor y si no lo sabe, debería saberlo. Por ejemplo, ¿está usted convencida de que el currículum de la directora general de Investigaciones es el adecuado? Yo, que también soy filóloga, le digo que
no tengo ninguna reticencia con relación a que un filólogo dirija esta materia. Pero, ¿se refieren a estos nombramientos, unos miembros tan destacados de su partido, cuando en un artículo publicado en El País, el día 25, decían que el acierto al
escoger a las personas que vayan a llevar a cabo las tareas planteadas resulta esencial, que no basta con la capacidad científica ni la buena voluntad de cada uno? Usted sabe quiénes lo dicen.
Personas destacadísimas de su partido, como el señor
Larraga y doña Milagros Candela, lo dicen en un artículo publicado en el diario El País el día 25. Como han sido personas muy distinguidas del mundo científico, mucha gente de su sector ha tomado esto como una crítica a alguno de los nombramientos.
Usted lo sabe.



La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Fernández de Capel, vaya terminando.



La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: El ministerio iba a coordinar el sistema de ciencia y tecnología e incorporarlo a las universidades, pero al final se ha quedado solamente en Ministerio de Educación y Ciencia.
Ustedes han adscrito la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica a su ministerio y de ella van a depender las dos direcciones generales, la de Investigación y la de Política Tecnológica. Las dos direcciones generales gestionaban la mayor parte de los
programas de investigación y tecnología, entre ellos el PROFIT ¿Cómo van a resolver el reparto entre los dos ministerios? Porque ya se ha anunciado que no se va a perder ni una parte de lo que tiene el ministerio del señor Montilla.
Conteste,
porque esto es primordial y urgente. Usted ha dicho que va a intentar apoyarlo, pero cómo se va a gestionar esto, porque este es el problema. No puede haber un parón. ¿La Dirección General de Política Tecnológica va a pasar al ministerio del
señor Montilla? Esto es un rumor que hay en el Ministerio de Industria y en el suyo también. Lamento traer aquí el rumor, pero no tengo ninguna confirmación cierta ni ninguna manifestación por parte de ustedes, aunque ya se ha insinuado algo en
alguna comparecencia. ¿Cómo va a articular la coordinación de los OPI, fundamentalmente los OPI tecnológicos? ¿Tiene sentido mantener los programas que gestionaban los cargos transferidos a Educación en el ministerio del señor Montilla? Es decir,
¿se le transfieren los cargos, pero no se le transfieren las competencias? ¿Qué van a gestionar entonces estos cargos? Esto es lo que hay decir, señora ministra, porque esto pertenece a la política. Sigo hablando de lo anterior, porque usted ha
puesto cara de no saber o de que esto no le interesa. ¿En qué va a consistir la


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promoción y creación de centros mixtos, consejos con universidades? Queremos saberlo rápidamente.



En cuanto a los programas europeos, ¿cuál es, a estas alturas, la planificación de las cuantías previstas en la Comisión Europea para el VII Programa marco 2006-2009? Usted ya lo tiene que saber, señora ministra. Usted ya tiene que saber
cuál es la cuantía prevista. Si no me lo puede contestar ahora, lo puede hacer por escrito. ¿Cuál es la situación de retorno del VI Programa marco que obtenemos en España? Tampoco ha dicho para nada en qué ha consistido nuestro retorno. ¿Qué
perspectiva tiene de salir adelante el European Research Council? Habla usted de su apoyo, pero queremos saber qué perspectivas y negociaciones se han hecho y qué se está haciendo. ¿Qué estrategia va a seguir su ministerio para que el diseño del
VII Programa marco sea más acorde con los intereses de España? Hay que establecer una estrategia, porque se va, pero hay que saber a qué se va. ¿A cuántos consejos de ministros de competitividad de la Unión Europea ha asistido usted ya? ¿Qué
interés concede a los mismos? ¿Piensa cumplir su programa de personal, en el que se hablaba de aumentar los investigadores? Este fin de semana he tenido un congreso con los investigadores del programa Cajal -por cierto, que no ha ido nadie de su
partido-, y hay cierta inquietud sobre si se va a cumplir el programa. ¿Qué opina, señora ministra, del informe Cotec, en el que se detalla parte de la incongruencia del proyecto político que le han asignado a usted? Porque no quiero que usted,
que es una mujer, tenga el ministerio que ya denominan de Penélope, de destejer y volver a tejer.
No quiero esto, sino que quiero que tengamos grandes éxitos en I+D. ¿Va a haber cambios en política fiscal en I+D? Esto es lo que les interesa saber
a esas empresas que están deseosas de tener innovación e investigación en tecnología. Nosotros vamos a estar aquí, porque es nuestra obligación, señora ministra, pero a mí me ha preocupado enormemente una palabra que usted ha dicho. Usted ha dicho
que en los próximos meses reunirá la Conferencia sectorial de Ciencia y Tecnología.
A estas alturas, señora ministra, ¿todavía no se ha reunido? (Rumores.) Esto me tiene un poco confusa.



La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Fernández de Capel, ¿puede ir acabando?


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sobre todo, señora ministra, a mí me tiene un poco perpleja que no se haya identificado cuál es el problema que hay entre la Universidad, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica. Le
invito a que tengamos una amplia reflexión conjunta en la que siempre contará con nuestro apoyo y con nuestra lealtad, porque la ciencia es un asunto de todos. A usted le ha tocado gestionarla y a nosotros hacer un seguimiento con el ánimo
exclusivamente de ir señalándole los problemas para que se resuelvan de la mejor manera posible, que es nuestra función en este Parlamento, y para la que también le deseamos el mejor de los éxitos. Estaremos siguiendo paso a paso su gestión.



Señora ministra, vuelvo a preguntarle: ¿Todas esas cosas que usted ha dicho las sabe el señor Solbes?


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el segundo grupo parlamentario peticionario de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en su nombre, su portavoz, doña Mercè Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: A pesar de lo avanzado de la hora no quiero renunciar a que mis primeras palabras sean para darle, en nombre de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, la bienvenida a esta Comisión, que es su Comisión, en su
primera intervención y para agradecerle también su exposición, ciertamente no corta, sino larga y pormenorizada, como corresponde a la cantidad de materias tan tremendamente importantes que dependen del ministerio que usted gestiona.



Quiero avanzarle la predisposición de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, para que a través del diálogo continuado podamos llegar a consensos y acuerdos importantes en esta legislatura. Le invito a hacerlo, porque me parece que en
sus primeras palabras también ha ofrecido el consenso y el diálogo, por lo que también se lo quería ofrecer. Aunque de la misma manera que lo ofrezco, también quería reclamarlo, porque si bien ustedes han empezado rápidamente el diálogo
institucional, convocando la conferencia sectorial y el diálogo social con las asociaciones, consideramos que el diálogo político, con las fuerzas políticas que tienen representación en esta Cámara, también es importante para construir las materias
y acuerdos, a través de las tres patas que entendemos que debe tener el diálogo: institucional, social y también político. Señora ministra, coincidimos en las intenciones y en los enunciados generales de todo cuanto ha dicho. La gran cantidad de
materias y la gran importancia que tienen éstas y la educación para nuestro futuro colectivo han de hacer que podamos ahondar en este debate y que podamos seccionarlo de alguna manera para poder entrar otros días, en otros debates, con mayor
profundidad en cada uno de los temas que usted ha ido tocando. Nosotros también plantearemos debates sectoriales, debates más específicos en los que esperamos poder abordar los temas con mayor intensidad, una intensidad que ahora el tiempo no me
permite, pues aunque me gustaría hacerlo, sería abusar de la paciencia de todos mis compañeros y de la permisividad de la presidenta de la Comisión.



Me ha gustado que el primer eje que usted ha señalado haya sido que las políticas que se van a adoptar desde el ministerio van a ser políticas propias de un Estado de las autonomías. Me ha gustado mucho escucharlo, porque, ya que estamos en
materia de educación,


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a nuestro juicio, la gran asignatura pendiente del desarrollo constitucional es que el Estado se crea y haga realidad el título VIII de la Constitución, que el Estado digiera y asuma que España es plurinacional, pluricultural y plurilingüe.
A nuestro entender, el Gobierno socialista, del que usted forma parte, tiene la oportunidad histórica de aprobar esta asignatura pendiente, y si la puede aprobar con nota, mejor que mejor. Así me ha parecido entenderlo de su primera declaración de
intenciones, de su primer eje transversal. Aprobar esta asignatura es demostrar que en la acción de Gobierno y en la propuesta legislativa, más allá del diálogo y más allá de la coordinación, se tiene también un respeto competencial que denota
claramente que el Estado ni recela, ni teme a las autonomías y a su acción de Gobierno. Hoy, como usted bien ha señalado, todas las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar en sus territorios, ya no hay territorio MEC, y además de
gestionar a tenor de sus respectivos estatutos, tienen competencias propias que han de poder desarrollar legislativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la legislación del Estado en los aspectos básicos tiene que ser realmente básica, tiene que ser
de mínimos y no tiene que hacer -en términos utilizados por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias- ni irrelevante, ni innecesaria la legislación de las comunidades autónomas. No puede haber temas comunes, por referirme a la
denominación que se hacía en la LOCE, tienen que ser leyes realmente básicas, y cada comunidad ha de poder complementar, desarrollar y legislar de acuerdo con sus competencias, ha de poder gestionar y adaptar a sus necesidades y a su realidad
social. En definitiva, las comunidades autónomas han de poder responsabilizarse de la calidad en la educación, porque la calidad no se puede presumir de ninguna ley por sí sola.
Además, la nueva modificación de la LOCE coincidirá más o menos con
el nuevo estatuto que por lo menos desde Cataluña se está propugnando. De poco serviría la ampliación de nuestro techo competencial si desde el Estado se hace al mismo tiempo una revisión a la baja. Esta es una perspectiva de respeto competencial,
que es la que representa mi pensamiento político y, por tanto, es la perspectiva que aplicaré en el breve repaso que voy a hacer de alguno de los temas que usted ha comentado.



El primero de ellos se refiere a las becas. Naturalmente, estamos absolutamente de acuerdo en la búsqueda de la igualdad de oportunidades.
Nos congratulamos y expresamos nuestra satisfacción porque una de las primeras decisiones del
Gobierno haya sido aumentar en 36 millones de euros las becas. Quiero hacerle dos consideraciones. La primera, que piensen que todavía estamos muy lejos de la media europea; en España estamos todavía al 0,1 por ciento y la media europea está al
0,4 por ciento. Si queremos hacer realidad esta igualdad de oportunidades, no tenemos que dejar de apuntar en la agenda de políticas seguir incrementando las becas. La segunda se refiere a un tema competencial: la transferencia de las becas a la
Generalitat de Cataluña. El Tribunal Constitucional dictaminó ya acerca de este tema, y sería necesario que se traspasaran de una vez, sin que haya una ley de bases que convierta a la Generalitat en una agencia meramente gestora, sin capacidad para
hacer política. En este sentido, sería necesario que los criterios de renta y los criterios de adquisición de nivel académico pudieran estar fijados por la propia Generalitat para que pudiera hacer una política propia y acorde con la realidad
social de su territorio. ¿Tiene pensado la señora ministra y en qué tiempo proceder a la transferencia a la Generalitat de Cataluña?


Tema LOCE, y voy haciendo un repaso que intentaré que sea lo más conciso posible, aún a riesgo de dejarme demasiadas cosas que intentaré introducir en próximos debates. El viernes pasado el Gobierno acordó el decreto que interrumpía la
aplicación de los aspectos referidos a itinerarios, a reválida y a religión evaluable. Ya hemos tenido ocasión de manifestar en otras comparecencias que estamos de acuerdo con esta paralización, porque consideramos que la LOCE se hizo sin el
necesario consenso y conculcando además de manera flagrante los temas competenciales. De todas maneras, pensamos también que la LOCE diagnosticó algunos de los problemas que existían y que es necesario, con respeto competencial y con consenso, dar
respuesta a estos problemas que se habían ido manifestando en la aplicación de la LOGSE. Aquí tengo que hacerle una pregunta de carácter general. Usted nos ha hablado de itinerarios, de reválida, etcétera, ¿no cree que en este consenso tendría que
entrar también el mayor entendimiento con los profesores? Los profesores son los encargados de transformar las leyes en el trabajo y, desde este punto de vista, tendría que atenderse su satisfacción profesional, la carrera docente, su desarrollo
profesional y su formación, incidiendo especialmente en una mejora de la valoración social que se tiene de este trabajo tan importante. Se tendría que hablar también de resolver ese conflicto permanente entre escuela pública y escuela privada.
Usted sabe que en Cataluña existe una doble red importante, producto de la iniciativa de la sociedad civil, que desde nuestro punto de vista debe tratarse como una riqueza y de ningún modo como un problema o como un drama. Este conflicto se tendría
que resolver, porque tanto la escuela pública como la privada prestan un servicio público, deben estar sostenidas con fondos públicos suficientes y deben garantizar el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y la elección de las
familias. Por tanto, debe haber igualdad de trato, pero también igualdad de responsabilidades, evitando que ninguna de las dos sea subsidiaria de la otra. Esto significaría, entre otras cosas, homologación salarial y laboral del profesorado y
financiación real de los conciertos, paralelamente a la exigencia de la igualdad de responsabilidades. Otros temas que tendrían que formar parte de este


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consenso serían: la autonomía de los centros, el lugar de la religión y la educación compensatoria. ¿Qué pasa con las zonas rurales, con las zonas desfavorecidas, con la inmigración, con los alumnos con necesidades especiales, alumnos
superdotados o alumnos con discapacidad, por poner dos situaciones? Todo esto debería abordarse también para llegar a un consenso.



Usted ha hablado de itinerarios y de reválida, que sería lo que se tendría que abordar. Como línea general, la propuesta que hace el Gobierno, después del diálogo y del consenso, ¿nos va a llevar de nuevo a la LOGSE? ¿Nos va a llevar a una
reforma completa, totalmente nueva, o vamos a estar en la LOCE, por lo menos en los diagnósticos de los problemas, con nuevas soluciones? No sé si usted está ya en condiciones de saber adónde quieren ir o si esperan a definirlo después del diálogo
y del consenso.



Tema de universidades. A nosotros, a Convergència i Unió la LOU no nos gustó, pero logramos introducir unas enmiendas que nos permitieron hacer una buena ley en Cataluña, la LUC, una ley que consensuamos la pasada legislatura entre
Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña.
Esta ley catalana fue recurrida por el anterior Gobierno. ¿Piensan ustedes retirar este recurso, dentro de esta política anunciada de rebajar los conflictos con las comunidades autónomas?


En el programa del Partido Socialista -paso a otro tema-, me pareció entender que proponían derogar la LOU. Luego las declaraciones desde el Gobierno han sido más matizadas, diciendo que se iban a hacer algunos retoques o algunas
modificaciones. Desde nuestro punto de vista, realmente hay temas que son insostenibles y que se tienen que abordar ya, por ejemplo el tema de la habilitación del profesorado, usted lo ha señalado también en su intervención. Me gustaría, si
pudiera, que nos adelantara hacia dónde piensan ir en el tema de la reforma de las habilitaciones. Hay distintas vías que se me ocurren y que le voy a plantear someramente para ver si usted me las puede señalar. Primero, volver al modelo pre-LOU
con alguna modificación hacia los concursos que fueron abolidos por la LOU; segundo, que las universidades se responsabilizaran directamente de la contratación, sin interferencias externas; tercero, mantener la habilitación pero sin numerus
clausus como ahora; cuarta vía que se me podría ocurrir, eliminar la habilitación y sustituirla por una acreditación, sabe la base del currículum, que darían las agencias de calidad, y digo agencias porque no sería sólo la agencia nacional, sino
también las agencias autonómicas. Las universidades de esta manera contratarían entre las personas acreditadas por estas agencias. Estas son las cuatro vías que se me apuntan por los sectores y me gustaría saber hacia dónde creen que pueden ir.



Otro punto, ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad) se creó como una fundación privada, con un patronato que está mayoritariamente nombrado por el ministerio y que quizá no tiene la independencia política que tendría que tener.
Además, a nuestro juicio, se le han asignado competencias que corresponden al Consejo de coordinación universitaria.
Mientras no se reforma la LOU y quizá se redefine todo, ¿usted cree que tendría que devolver las competencias al consejo y
modificar el estatuto jurídico de la ANECA para paliar estos dos temas que le acabo de poner sobre la mesa?


Tema de espacio europeo de enseñanza superior. Me alegra que la señora ministra haya concretado que antes de acabar este próximo año estarán aprobados los decretos de la duración de las carreras. Usted sabe que en Cataluña hay un plan
piloto que ofrecerá a partir del próximo curso 47 titulaciones y cuatro master. Sería conveniente que los que tienen estas titulaciones y estos master cuando acabaran pudieran obtener la titulación correspondiente y de esta manera además de haberse
aprobado el suplemento europeo del título y el sistema de créditos, pudiéramos también tener concretada la duración de las carreras, si tres o cuatro años, todo esto que estaba prácticamente preparado y que es un tema en el que creo que usted
intervino desde sus anteriores responsabilidades y por tanto es un tema que puede conocer.



Permítame que vuelva un punto atrás y hablar de la LOCE. Creo que desde el punto de vista del respeto competencial esto tendría que afectar a aspectos como el currículum, el papel de la conferencia de consejeros, que creo que usted pretende
revitalizar, y me alegro de ello, pero quizá también -y esta es una propuesta que le hago y que someto a su consideración- se tendría que modificar el Consejo Escolar del Estado, que data de 1985 cuando el que gestionaba era el territorio MEC,
cuando las comunidades autónomas no tenían todas ellas competencias en gestión directa; están los profesores, los alumnos, el ministerio, etcétera, pero no están las administraciones que gestionan. Creo que esto tendría que tenerse en cuenta y
quizá procederse a una modificación del Consejo Escolar del Estado para hacerlo más acorde con la distribución y con la realidad actual en este tema.



Formación profesional. Estamos completamente de acuerdo con lo que ha expuesto la ministra de que la formación profesional es un instrumento clave para el desarrollo sostenible, para la cohesión social y para el crecimiento económico, sobre
todo en un momento en el que la globalización y la deslocalización de empresas nos empuja a abordar nuevos retos para que nuestra economía resulte competitiva. Desde este punto de vista, le quiero apuntar un dato que nos acaba de dar el informe de
España 2004 de la Fundación Encuentro, en donde pone de relieve que España está a la cola de la Unión Europea en demanda de la formación profesional. Esto induce a pensar que hasta ahora por lo menos se ha estado infravalorando esta línea
educativa, a pesar de que, como digo, ofrece tantas oportunidades de empleo o quizá en algunos aspectos más que la universidad


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o los estudios universitarios. ¿Puede concretar algunos planes a este respecto? Por otra parte, la Ley orgánica de las calificaciones y de la formación profesional, aprobada en el año 2002, no respeta a nuestro juicio las competencias
estatutarias de Cataluña y aplica criterios uniformizadores. Por eso desde la Generalitat se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Desde sus líneas políticas, ¿piensan ir a modificaciones en este sentido y las que se hagan que sean con
criterios más respetuosos?


Deporte, tema para Convergència i Unió de vital importancia. El portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha señalado que había una comparecencia solicitada del secretario de Estado, la ha solicitado mi grupo parlamentario y creo
que entonces tendremos oportunidad de debatir con mayor amplitud este tema. Quiero solamente dejar sobre la mesa dos cuestiones desde la perspectiva competencial. La primera de ellas, ¿piensa mantener el Gobierno socialista el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno anterior del Partido Popular contra la Lley de l'Esport de la Generalitat de Cataluña?


Como segunda cuestión voy a poner otra vez sobre la mesa que las selecciones nacionales deportivas catalanas puedan competir internacionalmente. La pasada semana mi compañero y portavoz en este tema de deporte le formuló una pregunta en el
Pleno y a tenor de su respuesta dedujimos su apoyo a las selecciones autonómicas, pero también su consideración de que con la actual legislación no era posible la participación simultánea de representantes de España y por ejemplo de Cataluña. Le
quiero trasladar que nosotros, desde Convergència i Unió, tenemos una opinión distinta. A usted le consta que la voluntad popular mayoritaria en Cataluña quiere estas selecciones deportivas nacionales compitiendo internacionalmente y de hecho,
señora ministra, ya las tenemos. Esto puede propugnarse en esta Lley de l'Esport recurrida, pero tenemos ya la Federación catalana de Corvall, la Federación catalana d'entitats excursionistes y también ahora la de patinaje. Usted conoce que las
federaciones deportivas son entidades de derecho privado y por tanto su actuación puede separarse perfectamente de fronteras políticas y de la legislación de cada Estado. Si la federación catalana no tuvo ningún problema para ser reconocida por la
FIRS, era porque los estatutos de la misma se lo permitían y para reconocerla no consultaron a ningún gobierno. Ahora bien, el Gobierno del Partido Popular intervino en las postrimerías de su mandato políticamente y logró que cuatro grandes
federaciones de patinaje, que dependían económicamente de sus gobiernos, produjeran el conflicto actual. Yo le pregunto si el Gobierno del Partido Socialista, al que usted pertenece, va a tener la misma actitud que el Gobierno del Partido Popular,
es decir, una actitud hostil, o va a permitir, con una actitud más prudente, que se despolitice este asunto y vuelva al cauce del derecho privado, de donde a nuestro juicio no debería haber salido, y pudieran así seguir las federaciones el camino de
su reconocimiento.



Finalizo con un tema que usted ha apuntado, que es el de la educación infantil. Ha abordado la gratuidad del tramo tres-seis años y me quiero referir también a otro tramo, que es el cero-tres, que va también a permitir favorecer la
conciliación de la vida laboral y familiar. La escolarización en este tramo cero-tres es realmente todavía muy baja, creo que estamos al 9,9 por ciento. ¿Piensan impulsar de alguna manera este tramo de educación?


En segundo lugar, quisiera referirme al drama que afecta actualmente no sólo a la sociedad española sino a la europea y, si me permite, a la mundial, la violencia doméstica. Se ha apuntado desde otros ministerios y en otros discursos que
sería conveniente para intentar atajar la raíz del problema actuar en lo que es la educación en valores y en la desaparición de la mentalidad patriarcal o machista que daba sustento a esta violencia. Esto se ha anunciado desde otros ministerios y
se ha dicho también que en una ley integral -que todavía no hemos visto, pero que estará, supongo, próxima a entrar- se iba a incidir en el tema educativo al poner una asignatura de educación en igualdad. Yo le pregunto si nos puede desarrollar un
poco qué es lo que hay al respecto y si cree que una sola asignatura de igualdad es suficiente, a qué edad, o si no tendría que ser más bien una perspectiva que además de las asignaturas que ustedes consideraran oportunas, tuviera que verse ya desde
la primera infancia para que esto calara, con independencia de que quizás una asignatura por sí misma no es suficiente, sino que los valores, además de aprenderse, se internalizan por lo que se vive y por el ejemplo también dentro de las propias
familias.



Gracias, señora presidente, por permitirme esta intervención tan larga.



La señora PRESIDENTA: Habiendo finalizado las intervenciones de los dos grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia, pasamos a la intervención del resto de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra
el señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Voy a intentar también reducir la intervención, porque si no podemos aquí aparecer merendando y espero que si no comemos, por lo menos pero merendemos.



Mi experiencia a lo largo de 30 años de enseñante ha sido que en este país muchas veces las leyes de enseñanza se han puesto fundamentalmente por intereses económicos. Yo sufrí la Ley de Villar Palasí, que en el fondo recordaba mucho lo que
iba a ser la LOCE. Creo que la LOGSE fue una buena intención, que fue pan para todos, pero desgraciadamente el pan era negro y entonces a muchos sitios no llegó. Me agrada oír al portavoz del Partido Popular que dice que vamos a intentar un
periodo de consenso.
Quiero recordarle que aquí llegaron mil ciento y pico enmiendas en una noche


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a esa famosa LOCE en contra de la cual estábamos y que hemos rechazado en el Parlamento. Las preguntas van a ser muy cortas y seguidas. ¿Quién va a pagar la gratuidad de los tres a los seis años? Estamos viendo que lo están pagando las
comunidades autónomas, pero estamos viendo también que esta gratuidad es universal. La representante de CiU ha hablado de la enseñanza privada y de la enseñanza pública. Cuando se invierte dinero en la enseñanza privada, sobre todo en los centros
urbanos, que es donde están los colegios privados, desgraciadamente luego, cuando uno llega a las zonas rurales, se da cuenta de que la enseñanza pública, que es la que queda en las zonas rurales, al no llegar el dinero, es una enseñanza bastante
rudimentaria. Todavía hay muchas zonas en este país donde la enseñanza casi sigue siendo una enseñanza de principios del siglo xx o finales del siglo xix.



Por lo que se refiere a la ESO, me gustaría saber qué va a pasar con los contenidos de humanidades que han sido ya revisados y modificados. Por ejemplo, quedan por modificar los de segundo y cuarto de la ESO y los de primero y tercero han
sido aprobados en el año 2002. En cuanto al tema de los itinerarios, es un poco como la Ley de Villar Palasí, es decir, los que no sirven o no tienen medios que se vayan a hacer otra cosa, y los que tienen medios que puedan seguir estudiando aunque
su inteligencia no sea muy clara, un poco lo que ha pasado en este país durante muchísimos años. El problema es cómo se busca la solución de la ESO. Yo creo que en este momento hay una comunidad autónoma que ha solucionado muy bien el tema de los
itinerarios, que la gente pueda seguir estudiando, que es el País Vasco, donde existen los desdobles dentro de los cursos y entonces la gente que no tiene la suficiente preparación o que es más lenta en los conocimientos puede llegar a alcanzar la
formación. Naturalmente, eso vuelve siempre a que se plantee al señor Solbes que nos tiene que dar dinero para la enseñanza para que estos desdobles se puedan realizar, pero la verdad es que en un territorio del Estado español como es el País Vasco
esto se ha conseguido.



Otro problema que a mí desde un primer momento me pareció un poco exagerado es el relativo a la religión. Hace poco yo creo que a todos los partidos nos visitó un representante de los profesores no adscritos a la jerarquía, que no están
nombrados por la jerarquía eclesiástica. A estos señores se les ha intimidado de una manera bastante dura y nos han contado cosas que realmente -como decía la portavoz del PP- son rumores, pero estos rumores son un poco dolorosos. Esta campaña que
la jerarquía eclesiástica está haciendo en contra del Gobierno socialista a mí personalmente me da miedo.



Otro aspecto que me gustaría comentar y que venimos diciéndolo hace tiempo es el de los dos idiomas en la enseñanza primaria. Llevamos casi quince años diciendo que esto se tiene que imponer y resulta que no lo imponemos. Asimismo, me
gustaría, y a lo mejor es sacar un poco las patas del tiesto, hacer referencia al problema de los sordos. Todavía en este país los sordos siguen estando muchas veces en una situación de fracaso escolar precisamente por encontrarse con una falta de
conocimiento del lenguaje que debería utilizarse para que estas personas no tuvieran problema.



En cuanto a la universidad, acabo de escuchar que todo iba muy bien, pero cuando uno habla con los becarios de la investigación se quejan muchísimo del desastre que han sido los cuatro últimos años. Durante cuatro años por aquí han pasado
dos ministros de Ciencia y Tecnología y yo no sé si fueron muy ilustres, pero la verdad es que los jóvenes investigadores están bastante destrozados. En este sentido, me gustaría saber si a los doctores que estaban preparándose se les iba a seguir
negando los derechos labores. Usted ha dicho que se les va a integrar, lo cual es una noticia francamente importante y me parece muy bien que esto se haga.



Por lo que se refiere al profesorado, todo lo que usted ha dicho -yo he sido profesor- me parece que son siempre buenas intenciones. Todo el mundo habla de que al profesorado hay que aumentarle el sueldo, de que hay que dignificarlo,
etcétera, y resulta que al final acaba una legislatura y no pasa nada de eso. Durante años se toman medidas para que el profesorado tenga mejor formación, tenga más dignidad y que dentro de la sociedad sea un colectivo más respetado. Yo creo que
en este momento hay un trabajo enorme a hacer, porque el profesorado está absolutamente desmoralizado y prueba de ello es que dentro de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas uno de los clientes más habituales son los profesores.



Respecto a la formación profesional, también han sido unos estudios bastante depreciados en este país. Cuando alguien decía a algún padre de alumno que fuera a estudiar formación profesional la contestación siempre era: ¿es que mi hijo es
tonto? Exactamente no era así. Yo veo que ahora hay un aumento de la formación profesional, pero en algunas zonas desgraciadamente hacen el primer ciclo, encuentran trabajo y el segundo ciclo no lo hacen y es una pena. En algunos sitios que yo he
visitado centros de formación profesional he visto que en el primer ciclo se colocan todos y en el segundo ciclo quedan como dos o tres alumnos casi casi vegetando.



Hay otro tema sobre el que hemos pasado por encima, que son los estudios artísticos. En este país ser artista es una cosa bastante dudosa, no es muy digna, de no ser que seas una persona que esté en la elite, que entonces todo el mundo te
respeta, pero si estás en el combate medio de la cotidianidad no se hace. Yo he visto cómo en un momento determinado -creo que en los primeros años en que el Partido Socialista llegó al Gobierno- hubo un intento importante de revitalizar


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todos los estudios artísticos, pero en los últimos años estos han pasado a dormir el sueño de los justos.



Por lo que se refiere al deporte -he ido bastante deprisa y me he dejado muchas cosas sobre las que habría que preguntar, pero entre unos y otros creo que usted nos contestará-, ha hablado usted de una educación integrada, es decir, que el
deporte esté en los colegios, en los institutos, pero volvemos a lo de siempre. Normalmente los institutos tienen unas pistas de cemento maravillosas donde no se puede hacer absolutamente ningún deporte. Allí han pintado una pista de baloncesto
para que puedan practicar este deporte. Usted ha hablado de la práctica del deporte para todos, lo que está muy bien, y del alto nivel. Me he quedado muy sorprendido de que haya hablado de Jaca 2010. Nosotros no estamos muy a favor de Jaca 2010
porque tiene un peligro fundamental: que aquello acabe siendo una especulación y acaben rompiendo lo poco que queda de los Pirineos íntegros. Sí estamos a favor de la escuela de alto nivel que ustedes quieren poner en Jaca y en León.



En cuanto a las federaciones, usted ha dicho una cosa absolutamente maravillosa. Ha hablado de un código de buen gobierno. Creo que una de las cosas más tremendas que vemos los lectores de las páginas deportivas -yo no llego a leer los
periódicos deportivos, pero sí las páginas deportivas- es el desgobierno que hay en muchas federaciones. En este momento estamos asistiendo a un follón en la Federación Española de Fútbol, que si no conoce usted, seguro que alguien le informará.
El no a la violencia y el no al dopaje me parece que son aspectos muy importantes de la política de deporte. Creo que eso debería plantearse de una manera clara.



Vuelvo a decirle que el objetivo final de su ministerio -usted tiene un ministerio muy amplio; la prueba de ello es que son las dos de la tarde y todavía falta por intervenir el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida y que usted nos
conteste; casi habría que haber hecho cuatro comparecencias- cuando un partido como el suyo llega al Gobierno es lograr una educación de igualdad -y usted lo ha dicho- y de calidad. Esa es la cuestión fundamental, junto a -insisto- acordarse de
que España es un país con un mapa autonómico y que muchas veces los gobiernos centrales -yo no diré los gobiernos de Madrid porque los madrileños siempre se siente ofendidos- se olvidan de que hemos construido un país autonómico para administrarlo
mejor. Dentro de esa educación para todos, con calidad y con igualdad, deberían recordar que hay unas comunidades autónomas que son las que tienen que administrarla fundamentalmente y que en esto momento tienen ya transferidas las mayores
competencias en este aspecto.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) No hay nadie. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García
Suárez.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, quiero felicitar a la señora ministra, darle la bienvenida y decirle que es un placer haber asistido a una exposición tan exhaustiva. Podría haberlo sido mucho más, es decir, creo que ha estado muy
bien resumida teniendo en cuenta que estamos hablando de educación, de ciencia y de deporte, un paquete realmente impresionante. Esta razón, junto a que son las dos de la tarde -con la lógica preocupación que esto supone para las diputadas y
diputados que todavía nos acompañan y para los miembros de la Mesa-, me lleva a no saber qué voy a hacer para decir tantas cosas como pretendía en tan poquísimo tiempo. Esta no será evidentemente la única comparecencia y por tanto tendremos muchas
ocasiones -algunas seguramente a petición de nuestro grupo- para debatir sobre algún tema que, ya adelanto, nos preocupa especialmente y para poder ir profundizando. Una de las cuestiones lamentables para los grupos pequeños es que siempre somos
los últimos en intervenir y no tenemos la oportunidad que ha tenido el principal grupo de la oposición de estar casi una hora hablando. Es una pena pero es así y tengo que decirlo para que el conjunto se haga cargo de esta situación.



Mi grupo también quiere resaltar la valoración que se ha hecho del Estado de las autonomías y el planteamiento de voluntad de diálogo constante.
Venimos de una etapa en la que las autonomías nos hemos sentido francamente maltratadas y, en
concreto, aún más por las diferentes leyes que se ha ido impulsando en todos los ámbitos de la educación, tanto en primaria y secundaria como en la universidad. Por tanto -quiero resaltarlo-, deseo felicitar a la señora ministra y desear que
realmente esta sea una nueva etapa para lo que supone pensar en el futuro de la educación, de la ciencia y de las tecnologías en nuestro país.



Voy a centrar mi intervención fundamentalmente en dónde está la preocupación de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Nosotros compartimos los enunciados que ha hecho la señora ministra como planteamientos y como
objetivos, pero nos planteamos el interrogante importante -y el tiempo irá aclarando si tenemos motivos o no para tener esta preocupación; de momento lo expongo como he hecho en alguna otra comisión de la que también soy portavoz porque en
definitiva se trata del mismo problema- de cómo vamos a hacer todo esto que nosotros creemos que se ha de hacer como política de bienestar social, y la educación, la cultura, la tecnología y la ciencia, evidentemente, para nosotros son materias de
política social. La primera pregunta es por tanto cómo vamos a hacer todo eso y si habrá una propuesta de presupuesto al ministro Solbes de aquí a tres meses -cuando empezaremos a discutir los presupuestos- que permita sacar adelante esta nueva
política educativa que queremos realizar y que sabemos -como muy bien ha


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expuesto la señora ministra- que hemos de hacer porque estamos en deuda.
Debemos hacer esta política por diferentes motivos: primero, porque es absolutamente necesaria e imprescindible para salir del punto en el que estamos y, segundo,
porque estamos obligados a hacerlo en el ámbito europeo. Por tanto no es solamente que queramos hacerlo internamente, sino que estamos obligados a hacerlo para el progreso de nuestro país y para que el Estado español no quede aún más a la cola,
como ya lo está en estos momentos. Así, la primera pregunta que realmente lanzo es qué piensa la señora ministra de este tema presupuestario. ¿Se va a hacer realmente una apuesta y una propuesta concreta que permita sacar adelante esta nueva
política o no? Decimos esto porque, a nuestro entender, no podemos ir repitiendo continuamente la historia y creemos que en el tema de la educación, como muy bien comentaba hace un momento el señor Labordeta, se han hecho muchísimas promesas y se
siguen haciendo. No hay legislatura en la que este tema no se ponga en el candelero y no se hable de las mismas cosas, es decir, de la calidad, del profesorado, de que hemos de dignificar la educación, etcétera. Es una historia que se repite pero
que no se ha modificado.



Desde nuestro punto de vista, la LOGSE fue una ley que podía tener sus aciertos y sus errores, pero en definitiva era una ley que, si hubiera contado con los recursos suficientes -también había otros inconvenientes-, posiblemente habría
podido seguir vigente. Por tanto nos parece estupenda la intención de elaborar nuevas leyes. Tengo que recordar, como se acaba de decir, que se presentaron no sé cuántas enmiendas a la totalidad de la LOCE; tanto Izquierda Unida como Iniciativa
per Catalunya -en aquellos momentos en diferentes grupos- las presentaron, por tanto, qué voy a decir que no se haya dicho de la necesidad de modificar esta ley y de aplaudir el sentimiento general -por eso, entre otras cosas, se ha hecho- de que
había que parar durante estos dos años la aplicación de estos aspectos de la LOCE. Con esto sólo no es suficiente. Hace falta ser serios y rigurosos porque, si no, la comunidad educativa -que son padres, alumnos y profesorado- se verá afectada.
Los padres y los alumnos van pasando -lo digo como madre; tengo dos hijos de diferentes edades que van creciendo y un buen día no serán parte de esa comunidad-, pero los profesores van quedando porque, por suerte, pueden trabajar durante muchos
años, y van perdiendo cada vez más el estímulo y la credibilidad en los gobiernos, en las propuestas y en la clase política. Y esto es por algo, no es porque sí. Por tanto, para nosotros es fundamental.



No voy a desmenuzar los aspectos de la LOCE y me voy a centrar en lo que son, desde nuestro punto de vista, los retos más inmediatos que en este momento tiene la señora ministra encima de la mesa. El primer reto para nosotros es que hubiera
pronto un calendario público sobre cuándo, quién y cómo se va a realizar el debate social, debate absolutamente necesario para hacer el diagnóstico, que no se hizo en su momento, sobre el sistema, sobre la educación en nuestro país a todos los
niveles, especialmente la educación primaria y secundaria. Este debate no se debe hacer solamente con la comunidad educativa. ¿Por qué? Es obvio, la comunidad educativa representa la heterogeneidad de nuestro país. La comunidad educativa integra
todas las ideologías y aportaciones que existen en la sociedad. Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental. También los ayuntamientos, y yo insistiré en ello en todas mis intervenciones, porque se ha de valorar la municipalidad. Los
ayuntamientos son los que soportan los problemas de todas las cuestiones que no han estado bien planteadas y, tanto el poder municipal como los profesionales que están diariamente atendiendo estos problemas, pueden aportar directamente muchas
soluciones. Nuestra segunda pregunta sería cómo, de qué manera, cuándo y en qué marco se va a poder hacer este debate. Nosotros queremos que se haga lo más pronto posible, pero de una manera amplia y rigurosa. Antes de empezar a hablar de nuevas
propuestas y nuevas leyes, tenemos que lograr el mayor consenso posible. Este debate ha de dar luz y claridad en aspectos fundamentales. Por ejemplo, en todo lo relativo a la estructura y contenidos del sistema educativo; en la programación
general de la enseñanza; en el sistema participativo de gestión y dirección de centros, tema fundamental, porque al final es el centro el que tiene que ponerlo en práctica, de manera democrática, participativa, rigurosa y con todos los elementos y
la autoridad que le corresponda. La autoridad, la democracia y la participación no están reñidas, son aspectos compatibles y necesarios y esto ha de quedar resuelto. Otro aspecto es la inspección y evaluación del sistema y la financiación y
participación de cada administración. Para nosotros este debate ha de dar luz a estos temas y tiene que aclarar el punto en el que nos encontramos.



Hay otras cuestiones que tienen luz roja en estos momentos y no pueden esperar. Discutir es importante, elaborar es importante. Es importante hacer un diagnóstico, pero en estos momentos hay cuestiones vitales. Es necesario un plan de
choque urgente para reforzar la ESO, el Bachillerato y la FP. Hay que corregir al máximo los desequilibrios que ya se han dado, que se están dando y que la comunidad educativa tiene encima de la mesa día a día, aparte de las familias. Hay que
resolver los problemas derivados del fracaso escolar. Me refiero, a los niveles en los que no pueden engancharse al planteamiento curricular en estos momentos. Pero quiero poner énfasis en un tema concreto. Los movimientos sociales y los grupos
políticos que defendemos a ultranza la escuela pública tenemos que empezar a hablar. No solamente hay que ocuparse de estos niveles, sino también de los que se descuelgan porque no reciben todo aquello que por su capacidad podrían recibir.
Nosotros no queremos que por esta razón nadie


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salga de la escuela pública, ello supondría hacer un mal favor a la escuela pública en su conjunto y al futuro de la calidad de la escuela pública. Este problema está preocupando enormemente a los centros escolares. Sucede con frecuencia
que cuando llega el mes de junio hay determinados alumnos que deciden marchar a otro centro. Por ello, los que defendemos la escuela pública queremos poner énfasis en controlar, vigilar y articular medidas para que todos tengan la posibilidad de
continuar con un sistema curricular determinado. La diversidad, si nos la creemos, abarca todos los aspectos y cualquier nivel. Por tanto, hay que tener sensibilidad y voluntad y saber que de no ser así, perjudicamos a la escuela pública y la
opción. Porque no sería una opción libre de las familias y aquí se ha hablado de la libertad de las familias. Yo reclamo esta libertad de las familias. Pero reclamo la libertad precisamente para escoger un centro público, porque creo en la
escuela pública y porque espero y deseo que la escuela pública dé lo mejor a nuestros jóvenes.



Es necesario agilizar el plan de construcción y remodelación de centros, tanto de primaria como de secundaria, adaptándolos a las necesidades actuales de los diferentes territorios. No hemos hablado de este aspecto, pero hay agujeros
importantes que deben ser resueltos. No debe retrasarse más la oferta pública de 0 a 3 años. Ha de considerarse también etapa educativa. En este sentido le pregunto a la señora ministra cómo se va a efectuar esta oferta pública. ¿Cómo se van a
articular estos conciertos y cómo vamos a poder garantizar la oferta pública, si continúan los conciertos con la enseñanza privada? Esta cuestión preocupa a nuestro grupo porque creemos que donde empieza la enseñanza es donde debe continuar la
escolarización. Por tanto, es una pregunta específica que le formulo a la señora ministra. Nos gustaría saber cómo se va a resolver la financiación de 3 a 6 años, tema no resuelto todavía.



Podría continuar formulando más preguntas, pero solamente he comentado las que, desde nuestro grupo, consideramos más graves o urgentes. Es necesario que exista el diálogo y el discurso social participativo para abordar cuestiones que no he
mencionado pero que la señora ministra ha comentado. Pero no querría terminar mi intervención sin referirme al profesorado. Por muchas leyes que queramos hacer, por mucho que el conjunto de la clase política, Gobierno y grupos de la oposición,
haga los mejores planteamientos, será el colectivo docente el que tenga que ponerlo en práctica. Por tanto, aquí hay una deuda clarísima con los docentes de nuestro país. Además y mientras se desarrolla todo este proceso de elaboración, hay cosas
concretas, peticiones y planteamientos, que ya hicieron hace tiempo diferentes sindicatos a diferentes colectivos, y que podrían actuar como motivación para que aquellos saliesen de la situación de desconfianza en que se encuentran: me refiero al
estatuto de la función docente. De acuerdo con las organizaciones sindicales del profesorado, hay que regular el marco de condiciones laborales de los docentes. Entre otras cosas, debería incluir el sistema de acceso, incentivos profesionales, la
formación inicial y permanente, movilidad entre los cuerpos docentes, la carrera docente -tan importante- que no existe en estos momentos, y la equiparación de las condiciones laborales entre la privada y la pública. Para nosotros, es un tema
prioritario, por eso hemos querido resaltarlo hoy aquí. No será posible lleva adelante reformas importantes sin tener en cuenta la necesidad de dignificar el marco. Habría en ello un doble mensaje: por un lado, diríamos a la sociedad que creemos
y confiamos en el profesorado, y que lo necesitamos para llevar a cabo cualquier modificación importante o para poner a la educación y a la cultura en el lugar que les corresponde; por otro lado, sería un mensaje claro y directo a los profesionales
docentes que les diría que estamos con ellos y que realmente queremos que esto sea posible. Por tanto, tiene dos objetivos.



No me voy a alargar más, porque veo que se van marchando los compañeros.
Tenía muchísimas cosas que decir sobre la universidad y la ciencia, pero creo que es mejor dar paso a los grupos que tienen que intervenir, por solidaridad con ellos.
Lo dejo, pues, aquí y espero que en otra ocasión será posible continuar.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco.
(Pausa.)


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.



El señor CANET COMA: Como todos los portavoces, doy la bienvenida a la señora ministra, la felicito por su nombramiento y le agradezco la exposición prolija que ha hecho. Evidentemente la materia es compleja y era obligado hacer una
exposición larga. Problemas de tiempo y oportunidad aconsejan ser breve, como se ha dicho, y voy a serlo. Haré, pues, una valoración muy global, en nombre de mi grupo, de lo que ha explicado la señora ministra.



Básicamente, estamos de acuerdo con la música de la canción que ha entonado, aunque hay algunos elementos que podremos discutir en otras comparecencias. Sin embargo, tenemos la duda de si las cosas saldrán tal como se ha previsto, una vez
que pongan la letra y, sobre todo, los números. No obstante, de entrada, las buenas intenciones han quedado absolutamente claras.



Hablemos, en primer lugar, de la LOCE. Ya lo hemos dicho varias veces, y por tanto termino rápido: estamos de acuerdo con la moratoria. Empleamos este término, en vez del de paralización, porque intuimos que será moratoria, y no
derogación; como ha dicho la señora ministra, habrá alguna reforma cuyo camino ha esbozado ella. Este primer paso, el de la paralización o moratoria, ha resultado relativamente fácil en el Parlamento pero, después, la apelación al diálogo y al
consenso va a resultar muy difícil de concretar. Que tras dialogar


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se desemboque en consenso resultará muy difícil, puesto que nadie ignora que los planteamientos de los distintos grupos parlamentarios sobre educación están a veces muy distantes entre sí. Por tanto, el consenso es deseable, pero será muy
difícil de alcanzar, de modo que todos debemos ser conscientes de esta situación. Si hablamos de la espina dorsal de lo que ha explicado sobre la LOCE, estamos de acuerdo con la necesidad de mantener el carácter educativo del primer ciclo de
educación infantil y con reforzar el carácter comprensivo de la educación secundaria obligatoria con lo que implica para los sistemas de evaluación y promoción. Ya dije el otro día que estamos en contra de la promoción automática, pero también de
la repetición automática. Por tanto, habrá que hablar con calma y profundidad de los itinerarios, porque, a veces, los nombres no indican exactamente a qué nos referimos; será, pues, un tema importante de debate.



Por nuestra visión nacional catalana, evidentemente, nos gustaría saber si su ministerio tiene intención de potenciar realmente el respeto a la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado. Esto implica, naturalmente, medidas
curriculares para fomentar y garantizar una visión de la historia, por ejemplo, necesariamente plural y abierta, en vez de restringida, que ocurre a menudo, a la que tradicionalmente se denomina historia de España. Nos gustaría saber si su
ministerio está dispuesto a facilitar que en los centros educativos de todo el Estado se puedan aprender las lenguas vasca, gallega y catalana. Le pregunto especialmente si piensa desterrar definitivamente la intención nada disimulada en el
articulado de la LOCE de imponer cuatro horas semanales de lengua castellana en la educación primaria de Cataluña; un hecho que ha sido contestado de manera abrumadora por la comunidad educativa catalana, y creo que ha quedado bastante claro en los
últimos tiempos. También le pedimos que impulse una modificación de la LOCE que permita, respetando la Ley de normalización lingüística de Catalunya, que el catalán sea la lengua vehicular en el sistema educativo.



En cuanto al profesorado, y sumándome al coro de grandes alabanzas en la necesidad de fomentar la autoestima, la satisfacción y la carrera docente, de considerar lo que es la clave del sistema educativo, tengo un par de preguntas muy
concretas. No sé si se plantearán incentivar la jubilación voluntaria del profesorado a partir de los 60 años y a promover la reducción voluntaria de horas lectivas para mayores de 55, sin pérdida de retribución económica, evidentemente. En cuanto
a la religión, ya nos hemos manifestado muchas veces; no todo el mundo coincide. Esquerra Republicana mantiene un planteamiento claro: hay que reducirla al ámbito privado. En un Estado claramente no confesional, no caben otras interpretaciones.
Se ha hablado de dinero, también lo he hecho yo. ¿Se plantea el ministerio elaborar una ley de financiación? En cualquier caso, Esquerra Republicana valora positivamente el anuncio de la necesidad de transferir recursos a las comunidades
autónomas, dentro del proceso gradual de gratuidad de la educación infantil, para que puedan ponerlo en marcha.



Cumpliendo la promesa de brevedad, en cuanto al tema universitario, y con el trasfondo competencial existente, Cataluña se ha quejado amargamente muchas veces por la cicatería en el traspaso de competencias y de su ejercicio. Eso vale para
algunos preceptos de la LOU y para la política de ayudas, a la que se ha referido antes el Grupo de Convergència i Unió.
Lo que hemos escuchado nos parece correcto. Se ha concretado más de lo que es previsible en una primera comparecencia; en
especial, sobre las titulaciones por la inclusión en el espacio europeo de educación superior.



Por último, deporte. Evidentemente, en Esquerra Republicana estamos absolutamente convencidos de la viabilidad, de la legalidad e incluso de la lógica de que las federaciones deportivas catalanas compitan internacionalmente. Estamos
convencidos de que pertenece al ámbito del derecho privado. La prueba está en que, actualmente, sólo Italia y España mantienen las federaciones en el ámbito de lo público.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Palma.



La señora PALMA I MUÑOZ: A estas alturas de la sesión, yo también intentaré ser breve, aunque son muchas las cosas que me gustaría comentar.



En primer lugar y como han hecho los otros portavoces, doy la bienvenida a esta Comisión a la ministra, aunque ya habíamos tenido ocasión de escucharla en el Pleno de la Cámara. También quiero felicitarla por su nombramiento y por la
claridad de su exposición. La exposición ha sido extensa, pero muy clara y muy bien estructurada. Sobre todo la quiero felicitar por una novedad: la aportación de la perspectiva transversal a temas tan complejos como la educación o la ciencia.
Compartimos esta transversalidad que nos ha ofrecido, basada en tres principios que comparte el Grupo Socialista: la necesidad de considerar estos temas desde la perspectiva de la equidad, de nuestra integración en Europa y del modelo de Estado de
las autonomías, en el que la coordinación con las comunidades autónomas -la coordinación territorial- es elemento indispensable.



El Grupo Parlamentario Socialista quiere decirle a la ministra que apoya lo que ella ha expresado públicamente y en este Parlamento sobre la necesaria calidad con equidad. A mí me gusta mucho la expresión que usted utiliza habitualmente
para decir que esta es la idea central sobre la que se apoyan muchas más cosas. Entendemos también que este debe ser el eje y el centro neurálgico del debate. Lo entendemos así porque, sin igualdad, no hay calidad éticamente defendible, y, sin
calidad, no puede hacerse efectiva la igualdad; para resumir muchas cosas que están detrás de este concepto.



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En el Partido Socialista estamos de acuerdo en que las nuevas políticas educativas debemos impulsarlas complementando la competitividad y la solidaridad, cosa que no es fácil, y menos en la práctica educativa. Que queremos asegurar la
excelencia educativa yo creo que está fuera de toda duda, pero también debería estar fuera de toda duda que queremos hacerlo dando oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin impedir el paso a nadie por razón de su origen social. Y esto
no es fácil, sobre todo en un sistema que durante los últimos años ha experimentado muchísimos cambios, que ha estado sometido a muchas tensiones y a un ritmo vertiginoso de transformaciones vinculadas a la sociedad del conocimiento y a los propios
cambios de la sociedad.



El sistema educativo español experimentó importantes cambios durante 20 años, incluso un crecimiento considerable, y lo que ha ocurrido es que se han atendido los requerimientos básicos pero han aparecido nuevas demandas, y es bueno que los
ciudadanos también sean más exigentes y se planteen objetivos más elevados y nuevos retos. Yo creo que a lo largo de la década de los ochenta y de los noventa, para resumir, hemos visto cómo irrumpían en nuestras vidas las tecnologías de la
información, o hemos visto cómo aparecía esta nueva percepción de la sociedad respecto a los servicios públicos, sobre todo los servicios personales, y cómo los ciudadanos han ido interiorizando que la formación es una inversión personal de futuro;
hemos visto también cómo emergía el fenómeno de la inmigración de una forma muy rápida y seguramente no hemos sido capaces de darle respuesta con la misma rapidez con que iba implantándose en nuestro entorno, y hemos visto cómo se complementaba el
proceso de descentralización de la Administración educativa a las comunidades autónomas a que usted ha hecho referencia. En este entorno, sobre todo después de un episodio en el que una reforma legislativa ha sido muy contestada por amplios
sectores educativos, entendemos que usted ahora quiera parar, templar y darse un respiro para ver qué es lo que hay que hacer en el futuro.



Ninguno de los factores que antes he citado fueron considerados por la política educativa del Partido Popular durante ocho años de gobierno. A pesar del buen talante a que nos tiene acostumbrados el señor Nasarre, antiguo compañero de esta
Comisión, y a la voluntad de acuerdo que hoy ha manifestado, yo creo que podemos decir que otros equivocaron la estrategia y que lejos de afrontar una reforma que sin duda es necesaria, lejos de hacerlo basado en un buen diagnóstico (el diálogo y el
consenso) el Partido Popular equivocó la estrategia en su reforma del sistema educativo. Después de los primeros cuatro años de devaneos y entretenimientos diversos, se atrevió a plantear su proyecto educativo al amparo de la mayoría absoluta
durante la segunda legislatura, pero lo hizo mal, y ahora pagamos las consecuencias. Lo hizo practicando centralismo; lo hizo con un cierto revanchismo, pensando que era la oportunidad de pasar factura a legislaciones anteriores; lo hizo también
aprovechando el descontento de una parte del profesorado, que no podemos ignorar que existía y existe, por los problemas derivados de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, y lo hizo alentando la construcción de un discurso a menudo
sesgado y construido a partir de opiniones desestructuradas. Lo hizo también con una cierta frivolidad al no partir de un diagnóstico previo porque, como ya se ha dicho aquí, las leyes anteriores, incluso la Ley Villar Palasí, de 1970, partió de un
diagnóstico previo; la LOGSE tuvo su tiempo de análisis, de reflexión, de consulta con los distintos sectores educativos y sociales. Lo hizo con un cierto autoritarismo. Se ha citado también aquí varias veces las mil y pico enmiendas que llegaron
y se vieron en una noche en esta misma Comisión.



Señorías, sería absurdo negar que el sistema educativo tiene problemas y que necesita cambios; nadie puede negarlo. Sería absurdo decir que no nos falta mucho camino por recorrer para cumplir los objetivos en relación con la Unión Europea
que la señora ministra ha expuesto hoy aquí (debemos cubrir esa distancia que nos separa entre el 69 por ciento actual de graduados en bachillerato y en formación profesional hasta el esperado 85 por ciento por parte de la Unión Europea), pero en
los últimos años el sistema educativo, desde el punto de vista de la financiación y en comparación con los sistemas educativos de la Unión Europea, no ha sido bien tratado. La disminución del gasto público en educación, que pasó de un 4,9 por
ciento del PIB en 1993 a un 4,5 por ciento del PIB, es bastante preocupante y se ha producido precisamente en unos años de bonanza económica. En el gasto en universidades pasa exactamente lo mismo, por tanto, los cambios tendrán que producirse con
diligencia y de una forma rápida.



Nos parece esencial afrontar la revisión del sistema de becas. Usted le ha prestado aquí mucha atención, le ha dado mucha importancia y ha dedicado una parte importante de su exposición a este tema puesto que, a pesar de lo que dicen
algunos, en los últimos años todos los datos indican que se ha reducido la cuantía de las becas, que se ha reducido el porcentaje de alumnos con beca, que se ha reducido incluso la duración de las propias becas, como en el caso de las becas Erasmus
y Séneca, tan importantes para la movilidad de estudiantes. Y es que, señorías, señora ministra, los cambios no sólo se declaran, no sólo son discursos, sino que son sobre todo acción política; son prioridades y actuaciones y muy especialmente
recursos. No podemos entender que el esfuerzo, la motivación, la calidad, la excelencia..., estos conceptos que manejamos con tanta asiduidad, se consigan sólo con medidas legislativas. Ni la calidad se consigue poniendo pruebas, ni el esfuerzo de
los alumnos se consigue decretándolo. Por ello, señora ministra, apoyamos las acciones emprendidas ya en tan corto espacio de tiempo por su ministerio.



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Además creemos que plantear estos cambios a partir del debate y del diálogo es la forma correcta de producirlos. Abrir un periodo de debate y de discusión que no se produjo antes va a ser absolutamente necesario.
Para que este debate se
produzca con total libertad y sin condicionamientos de ningún tipo, nos ha parecido razonable y sensata la moratoria, como lo han definido portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que conlleva la modificación del calendario de la
LOCE.



Desde el Grupo Socialista lamentaríamos profundamente (utilizo el condicional porque albergamos todavía alguna esperanza) que el Partido Popular quedara una vez más al margen de la voluntad general, una voluntad general que se ha manifestado
también en la nueva mayoría parlamentaria. Sabemos que su decisión ha sido muy bien recibida en la comunidad educativa y lamentaríamos que algunos responsables políticos de envergadura y con responsabilidades institucionales importantes del Partido
Popular intenten sembrar la confusión y adopten posturas de insumisión y resistencia a una normativa legalmente establecida que yo, humildemente, considero que el tiempo y los organismos pertinentes se encargarán de hacer cumplir.



Respecto a las universidades, ha ocurrido exactamente lo mismo. Ya se ha dicho aquí que la LOU ha sido una reforma contestada por la comunidad universitaria, por todos los agentes del sector y rechazada por la mayoría de grupos
parlamentarios. Usted misma lo ha dicho, implanta un mal sistema de habilitación para el acceso del profesorado, vulnera la autonomía universitaria, ignora competencias de las comunidades autónomas y consagra una doble prueba o selectividad para
acceder a la universidad.
El Partido Socialista se comprometió a modificar la LOU y, acorde con la sintonía que yo creo que no puede ponerse en duda entre mi propio grupo parlamentario y lo que ha expuesto hoy aquí la señora ministra, se dispone
desde el ministerio a afrontar estas modificaciones. La comunidad universitaria tiene todas sus esperanzas puestas en este Gobierno, espera esta modificación de la legislación actual y, sobre todo, que marque los objetivos básicos para desarrollar
las iniciativas europeas de la educación superior, a las que usted también ha dedicado una parte extensa de su exposición.



De forma inmediata y al salir hoy de esta Comisión, señora ministra, podemos decir un par de cosas muy concretas. Los estudiantes estaban preocupados por la doble prueba, usted los ha tranquilizado y les ha asegurado que sólo habrá una;
los profesores estaban también inquietos, pero creo que, a partir de hoy, pueden empezar a respirar puesto que usted ya ha anunciado que modificará el sistema de selección del profesorado a través de un modelo de acreditación basado en el mérito y
en la competencia de los aspirantes. Además, estamos completamente de acuerdo en la necesidad de disponer de una agencia de evaluación de la calidad y la acreditación que sea un organismo público independiente.
Desgraciadamente la ANECA en los
últimos tiempos ha sido una fuente constante de desastres, de sobresaltos y desajustes, incluso de algún amago de escándalo, y ha funcionado sobre todo como un órgano controlado por el Gobierno de forma autoritaria y centralizadora. Esto hay que
reorientarlo, hay que cambiar completamente el rumbo de un organismo tan importante para la evaluación y acreditación del sistema universitario.



En cuanto a las becas, no voy a extenderme en ello. Estamos completamente de acuerdo en que el reto es conseguir tener un número mucho más importante de estudiantes becados para que se garantice la equidad y la igualdad de oportunidades.
Usted ha dado prioridad a las becas, de acuerdo con lo que manifestó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, y ha sido una de las primeras medidas que ha tomado.



Respecto al modelo de financiación, quiero recordar que es necesario profundizar. Ha anunciado usted la creación de una comisión para estudiar este tema. Me alegro de que desde el Grupo Popular se vea como muy necesario que hay que
garantizar la suficiencia del sistema con un modelo de financiación pactado para nuestro sistema universitario, pero también quiero recordar aquí que el Grupo Socialista, durante ocho años, ha estado presentando de forma persistente iniciativas
parlamentarias solicitando un modelo de financiación pactado entre las administraciones educativas con las universidades que no hubo manera de sacar adelante, ni siguiera el consentimiento para empezar a hablar de ello.



Respecto a la investigación, después de sus palabras, los integrantes del sistema de ciencia y tecnología, tendrán hoy un gran alivio, si han escuchado su frase en la que nos dice que pretenden evitar los saltos y parones bruscos, puesto que
la historia de los últimos tiempos ha estado plagada de sobresaltos, de convulsiones y de cambios en la ciencia y la tecnología de este país, que no han arrojado más que carencias, disfunciones y problemas. Me ha parecido curioso escuchar la
insistencia sobre las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento respecto a este tema. Quiero recordar aquí que el control parlamentario del sistema de ciencia y tecnología ha tenido diferentes modalidades a lo largo de los últimos años.
Teníamos hace ocho años la Comisión Mixta Congreso-Senado de I+D, que fue impulsada desde la propia Ley de la ciencia del año 1986, después se creó del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la correspondiente creación de la comisión parlamentaria,
pero durante estos ocho años nunca habíamos visto tan poco peso político de la ciencia en el sistema. Estamos completamente de acuerdo en que el objetivo tiene que ser el de fortalecer el sistema de investigación científica y desarrollo
tecnológico, que esto tiene que hacerse garantizando la suficiencia financiera, que el objetivo es el de nuestro entorno europeo, el de conseguir


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el 3 por ciento del PIB en el año 2010, y 2010 está a la vuelta de la esquina. La voluntad del Gobierno ha quedado muy clara con la declaración de que se van a incrementar los presupuestos un 25 por ciento anual, pretendiendo acortar esta
distancia tan enorme que mantenemos todavía.
Hay que decir que el 0,96 por ciento de gasto público del PIB en investigación -y SS.SS. harán enseguida las cuentas- nos sitúa a una distancia complicada para recuperar en un período tan corto de
tiempo, pero a su Gobierno y a su ministerio voluntad política no le va a faltar.



El estancamiento en los últimos años ha sido producido por la insuficiente financiación en el sector público, pero tampoco hemos mejorado la aportación del sector privado al gasto en I+D. Este es también un reto importante. El sistema de
financiación que encuentra usted en ciencia y tecnología es insuficiente, pero también desequilibrado y asimétrico. Se ha hablado aquí de los gastos militares y de que se iban a reubicar. Al margen de la apelación que se ha hecho aquí al ministro
de Economía, la reubicación de los gastos en I+D militar, que enmarañaban de alguna forma la situación presupuestaria del sistema de ciencia y tecnología, nos permitirán dejar de hacer trampas en este tema. Hay que dejar muy claro cuál es el gasto
real, el gasto público y el gasto privado que tenemos en nuestro país en I+D.



Finalmente, sus objetivos de mejorar la agilidad y eficacia en el sistema hacen mucha falta. Es un clamor entre los investigadores, entre el personal que se dedica a investigación científica y a desarrollo tecnológico, que es necesario
mejorar toda la gestión. Habrá que buscar, y usted ya ha anunciado algunos, instrumentos para permitir una mayor autonomía, sobre todo para mejorar en flexibilidad y en agilidad, muy especialmente en los organismos públicos de investigación y en el
organismo público de investigación por excelencia que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay que dar un impulso, y estoy convencida que su departamento así lo hará, a este organismo central del sistema de ciencia y tecnología
que es el CSIC, muy especialmente por su masa crítica, y a los OPI por su carácter pluridisciplinar; deben ser todos ellos instrumentos esenciales en la política de I+D. Todo ello habrá que hacerlo en un contexto administrativo y territorial
complejo, diverso, en el que el Estado debe garantizar la financiación competitiva de I+D, pero, a su vez, debe garantizar también el principio de solidaridad entre los territorios. El objetivo es apoyar la excelencia y, a su vez, elevar el nivel
medio de nuestra investigación y de nuestros investigadores. Curiosamente, usted ha anunciado la creación de la conferencia sectorial de ciencia y tecnología, conferencia que hasta ahora no existía -no puede reunirse si no existe- y tenemos muchas
esperanzas depositadas en esta conferencia para favorecer que las comunidades autónomas, que pueden y deben concentrar sus esfuerzos en impulsar políticas de investigación, sobre todo en aquellas áreas que son de interés estratégico para sus
territorios, actúen de catalizador para todo el sistema. Así pues, apoyo con todo convencimiento para crear un nuevo modelo de gestión basado en la colaboración, en la cooperación y en la coordinación entre todos los agentes del sistema: las
administraciones, todas ellas, la estatal, la autonómica (en algunas ocasiones incluso me atrevería a decir que la local), las universidades, los organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos públicos y privados.



Respecto a los recursos humanos nos congratulamos de que haya anunciado usted aquí algunas medidas para impulsar, con decisión y recursos, algunos programas, con la incorporación y contratación de doctores, como el Ramón y Cajal y el Torres
Quevedo, que deben tener un nuevo impulso para cumplir con la función para la que realmente han sido creados, que es la inserción definitiva en el sector público o privado de aquellos que superen las evaluaciones correspondientes. Respecto a los
becarios de investigación, con las propuestas que están saliendo desde su propio ministerio empiezan a ver un poco la luz.



Respecto al Plan Nacional, para nosotros es una pieza fundamental del sistema y consideramos que en los últimos años ha sido especialmente maltratado, por lo que esperamos su recuperación y mejora. También esperamos que esta recuperación y
mejora conlleve el rescate de un programa muy importante para las universidades y para muchos centros de investigación, como es el programa de promoción general del conocimiento, cuya supresión dejó sin una parte importante de recursos a las
universidades y las OPI.



Nos gusta escuchar especialmente el interés que tiene su departamento por favorecer el acercamiento de los ciudadanos a la ciencia, por fomentar la educación y la cultura científica. Nos parece imprescindible realizar un esfuerzo adicional
en este sentido, muy especialmente para incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito científico.



Señora ministra, compartimos las preocupaciones del sector, que todavía existen y existirán durante un tiempo, pues la distancia con los países de nuestro entorno es considerable. Queda un largo camino por recorrer, y hay que hacerlo
deprisa, pero estamos ilusionados y convencidos de que también disponemos de elementos positivos para abordarlo, no sólo porque estemos en plena sintonía con las propuestas de su Gobierno y estamos convencidos de que tenemos un Gobierno con voluntad
política para afrontar el reto, sino porque tenemos buenos investigadores y una producción científica notable en cantidad y calidad, y esto hay que aprovecharlo. Su apuesta por aumentar la financiación, por mejorar la gestión, por incrementar los
recursos humanos, por favorecer la transferencia de tecnología y de conocimiento en beneficio del progreso económico y del bienestar social, nos ha de conducir a situarnos donde nos correspondería estar, que es a nivel


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de los países europeos más desarrollados en ciencia y tecnología.



Acabo, señora presidenta, agradeciendo, en el apartado de deportes, la claridad de la señora ministra para enfocar y afrontar los temas relevantes de la política deportiva de su ministerio. Ya hemos dicho que tiempo habrá de prestar la
atención suficiente a este tema en una comparecencia específica. Me parece importante resaltar que ha destacado dos temas que preocupan muchísimo a la ciudadanía, como son la violencia en el deporte y el dopaje, en la medida en que reflejan la
salud ética y moral de una sociedad que debería entender -al menos este debería ser nuestro objetivo- que la actividad deportiva desarrolla valores fundamentales, tanto individuales como colectivos. Compartimos los objetivos de combatir ambos
fenómenos, que son negativos y perjudiciales para la práctica deportiva y también para la convivencia. Saludamos con gran satisfacción la actitud de apoyo y colaboración con todas las instituciones y entidades vinculadas al deporte: las
comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, los departamentos ministeriales, las universidades, las federaciones deportivas, las ONG y los comités olímpicos y paralímpicos. Nos ha parecido que su concepción es holística, global,
completa y comprensiva de toda la variedad de entes y agentes que intervienen en la planificación y en la práctica deportiva, pero no es etérea -y esto es bueno-, es concreta, atiende al detalle, a la letra pequeña, es equilibrada y pretende prestar
la misma atención al deporte de base, al deporte escolar, que al deporte profesional y al deporte de alto nivel, sobre todo atiende a la función del deporte en la sociedad y a su relación con la educación como una actividad que contribuye a la salud
física y mental de los ciudadanos.



Señora ministra, confiamos en el trabajo serio y riguroso de su equipo, muy especialmente en su disposición, ampliamente expresada y demostrada, al diálogo sincero y abierto con la participación de todos, con la responsabilidad de todos,
compartida por todos y con el compromiso de todos, entendiendo que muchas veces se dice que tanto la educación como la ciencia son temas de Estado y que deberían de estar por encima de los cambios políticos. Son temas de Estado porque afectan al
desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, pero también lo son porque requieren estabilidad. Si los países europeos de nuestro entorno han sido capaces de -por encima de los cambios políticos, partiendo del
diálogo, del debate, del acuerdo- buscar primero y encontrar después un consenso que, como se ha dicho aquí antes, no va a ser fácil, nosotros también deberíamos intentar hacerlo. Al margen de las diferencias ideológicas, deberíamos afrontar las
responsabilidades de la historia, que en este sentido son antiguas. No quiero provocar aquí más expectación de la que ya hay, pero existe una deuda histórica en este país con el sistema educativo y con el sistema de ciencia y tecnología.
Tendrá
toda la colaboración de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista para hacer frente a este reto, que no es fácil, pero partimos del convencimiento de que con las ideas claras, con la voluntad de acuerdo, con ganas de dialogar y
tener en cuenta a todo el mundo, de compartir con todos una tarea que va a ser difícil, el resultado final será altamente satisfactorio para nuestra sociedad.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora ministra para contestar lo que pueda a estas horas, después de tanto tiempo, a los diputados y diputadas que han intervenido


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Efectivamente, voy a intentar contestar por lo menos parte de las preguntas que se han formulado.



En primer lugar, quiero agradecerles a todos la bienvenida a esta Comisión. Veo que compartimos un interés por estos temas de educación, ciencia y deporte. He encontrado un foro en el que hay un conjunto de personas a las que les gusta
hablar de estos temas tanto como a mí, por lo que podríamos tener sesiones maratonianas y se lo agradezco. La verdad es que he disfrutado mucho con las intervenciones. He procurado tomar notas y voy a intentar contestarles aquello que sea capaz de
abordar a estas horas, antes de que todos perdamos la concentración.



En primer lugar, si me lo permiten quiero hacer una valoración un poco transversal, como en mi presentación. He visto que el interés de los grupos por algunos temas que se han repetido es genuino y compartido, pero no de manera nominal,
sino que ha sido un interés que se ha manifestado sinceramente, como cuestiones cruciales para la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. En todos los discursos está claro que ha salido que compartimos algunas ideas sobre las que
luego habrá que poner el detalle. A nadie se nos oculta que es difícil, pero compartimos el convencimiento de que los aspectos generales de atención a la diversidad y la política de profesorado son fundamentales, porque si no abordamos cuál es el
papel, la relevancia y las vías para que nuestro profesorado esté incentivado, motivado, etcétera, no vamos a poder hacer ninguna reforma efectiva. Somos conscientes de que estos son dos de los temas importantes. Voy a manifestar alguna palabra
adicional sobre lo que había dicho antes, que en el ministerio podemos ir colaborando en esta primera fase de lo que queremos que sea el debate para luego llevar a cabo las reformas.



Ya hemos anunciado que la constitución de esa comisión en la conferencia sectorial parece el primer instrumento importante para abordar la política de profesorado. ¿Por qué de nuevo? Porque la gestión del sistema educativo corresponde a
las comunidades autónomas, es decir, que si no empezamos la tarea por la conferencia sectorial, pocas esperanzas podemos


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tener de que aquello se plasme luego en políticas efectivas. Queremos utilizar también nuestra capacidad para poner a disposición de todas las administraciones y de los distintos agentes educativos la posibilidad de contribuir al
diagnóstico de la situación, como ha mencionado el Grupo Socialista, pues creemos que es una parte importante de nuestra tarea. En ese sentido vamos a desarrollar trabajos de base que ayuden a este debate. En el caso del profesorado, también
contaremos con las conclusiones del análisis sobre el profesorado en España que ha hecho recientemente la OCDE y la comparación con la situación de otros países europeos. Esto es importante. La OCDE tenía un programa muy bien centrado en los temas
importantes, que se llamaba algo así como atraer, formar, incentivar y retener a los profesores de mayor calidad, que son todas las fases para los niveles no universitarios en este caso. La OCDE revisó el caso español y vamos a poner esas
conclusiones a disposición de este grupo de trabajo que nos deberá hacer propuestas acerca del profesorado.



Entro ya en algunas de las cuestiones que han suscitado los distintos portavoces. Al señor Nasarre, portavoz del Grupo Popular, quiero agradecerle, como al resto de los portavoces, su bienvenida. Es un gran placer debatir sobre educación
con alguien a quien le interesa y que conoce tan bien nuestro sistema educativo. He apreciado con gran satisfacción la enumeración de puntos de encuentro. Me parece que es un buen punto de partida para este primer intercambio de puntos de vista
sobre los planes del departamento. Usted ha mencionado, al menos que yo recuerde, el acuerdo sobre el objetivo de calidad con equidad, el referente europeo, la importancia del debate y el papel de la conferencia sectorial, que se une a su
preocupación por las diferencias entre las comunidades autónomas a la hora de gestionar el sistema educativo. Yo creo que nunca hemos utilizado suficientemente las posibilidades que ofrece la conferencia sectorial para poner las prácticas en común.
Por eso le adelanto que mi postura, en consonancia con mi convencimiento sobre cuál es el papel del Estado de las autonomías, es que no todas las diferencias entre comunidades autónomas son fuente de preocupación; para algo tenemos comunidades
autónomas. Además, nuestras comunidades son bastante diversas, incluso en cuanto a las características de su territorio, pues no es lo mismo la gestión del sistema educativo en comunidades autónomas que tienen una dispersión notabilísima de la
población, que en comunidades autónomas con grandes ciudades, en las que la atención a la diversidad en referencia a la población inmigrante se ha convertido en uno de los temas cruciales. Reconocida la diversidad y la capacidad -que yo creo que es
positiva para el sistema- de que las comunidades autónomas actúen con arreglo a sus competencias, percibo por parte de las comunidades autónomas un interés en compartir experiencias, en poner sobre la mesa lo que se está haciendo y en conocer qué es
lo que se está haciendo en otras comunidades. Si somos capaces de institucionalizar y de convertir ese compartir, en algo cotidiano, puede derivar de ello un mejor entendimiento, porque las comunidades autónomas son las primeras interesadas en
estar al tanto y en tener una cierta coordinación con lo que se está haciendo en el resto de los territorios.
Por tanto, vamos a trabajar, porque pensamos que la Administración central puede jugar un papel que tenga al final resultados importantes.



Por lo que veo, estamos de acuerdo sobre bastantes puntos del sistema universitario, en particular sobre el desarrollo de Bolonia. Supongo que no estamos de acuerdo en la descripción de lo que ha ocurrido con la evolución de las becas. Los
datos oficiales de gasto liquidado de los años noventa no ofrecen el mismo cuadro que usted ha dibujado. Estoy hablando de los datos oficiales de gastos liquidados, los datos que se convierten en la estadística oficial que elabora el propio
ministerio, como debe ser, ya que tiene adjudicada esa responsabilidad. Los datos oficiales señalan que entre 1996 y el año 2001, que eran los datos liquidados publicados, disminuyó en euros constantes el gasto total en becas en este país. Son los
datos oficiales de los presupuestos liquidados que elabora el Ministerio de Educación y Ciencia y que se convierten en la estadística oficial. No hablo de lo que se presupuestó inicialmente, sino de cuando se liquidan los presupuestos y se hace la
estadística oficial, que está publicada en la tienda del ministerio; de 1996 a 2001 disminuye en euros constantes. En fin, lo importante es que estemos de acuerdo de cara al futuro en que aumentar las becas es una buena idea, no solamente por el
objetivo tradicional de igualdad de oportunidades, sino porque refuerza los otros objetivos de eficiencia que decíamos: que el sistema educativo no desperdicie recursos y sea lo más eficiente posible.



Con respecto a las preguntas de la señora Capel, del Grupo Popular, sobre ciencia, tengo que decir que no he entendido alguna de ellas. Tendremos ocasión de hablar en detalle sobre política de ciencia. Ella misma reconocía que se basaba en
algunos rumores, que pueden ser muy entretenidos, pero que espero que estén mejor informados que el primero, que fue el de las acciones integradas, que no tenía ninguna base, como ustedes saben. Tampoco tiene base la discusión sobre la Dirección de
Política Tecnológica que está en el Ministerio de Educación y Ciencia y que ya tiene director general desde el pasado viernes. Como ya se ha comentado hace un momento, no reunir la conferencia sectorial de ciencia y tecnología se debe a que no
existe; lo que estamos proponiendo es que se cree. Todos estamos de acuerdo en que puede ser importante para coordinar nuestras políticas y para debatir el doble aspecto de cómo nos coordinamos entre administraciones y cómo nos coordinamos con
Europa, que también es un tema que, para ser efectivo, requiere el mayor esfuerzo posible.



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Diré unas breves palabras sobre lo que supone la creación del Ministerio de Educación y Ciencia y sobre esa inquietud que se manifestaba con respecto a las competencias con el Ministerio de Industria. Supongo que todos conocen cuál fue la
argumentación que llevó al Gobierno a defender la creación del Ministerio de Educación y Ciencia, que ya se defendía en el programa del Partido Socialista; era la idea de que la separación de la política científica y tecnológica de la política
universitaria creaba más daño que los beneficios que se podían derivar de ella. Diseñar una política universitaria un poco separada, y en algunos casos sin coordinación con la política de investigación no tiene mucho sentido para los retos que
queremos abordar en los próximos años. Esta ha sido una de las razones fundamentales. Esto da lugar a que en el Ministerio de Educación y Ciencia tengamos ahora reunidos todos los organismos públicos de investigación junto con las universidades.
En cuanto al reparto de competencias con Industria, investigación y desarrollo es la actividad fundamental del Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que innovación es básicamente la competencia de la que se ocuparía más el Ministerio de
Industria. Esto no quiere decir que no estemos preocupados por que los proyectos de investigación y desarrollo tengan miras hacia el desarrollo de innovaciones, ni que el Ministerio de Industria no esté preocupado por que haya empresas de base
tecnológica. Todos tenemos un interés común en esta línea contínua. Lo que estamos haciendo es dividir las competencias -el tiempo nos juzgará- que podemos organizar razonablemente, que nos permite mantener una cierta unidad de instrumentos de
financiación, de incentivación y de regulación en general de esas actividades. Somos conscientes de que las comisiones de coordinación, la comisión delegada que se ha creado y la Comisión Interministerial de ciencia y tecnología, van a tener un
papel crucial.
Por eso les hemos anunciado que antes de desarrollar ninguna acción, tendremos que ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades. Cuando se vayan a revisar los años siguientes del plan nacional, tendremos que estar todos allí.
Otra cosa no tendría sentido y sí crearía disfunciones.



Al portavoz de Convergència i Unió quiero darle las gracias por la bienvenida y por la oferta de diálogo y de consenso que tan bien nos viene para iniciar este proyecto, en particular para la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la
Enseñanza. En cuanto el Estado de las autonomías, acabo de resumir nuestra posición. Respecto a la transferencia de las becas, se continuarán los trabajos en la conferencia sectorial. Por lo que hemos visto, se pararon en un determinado punto que
técnicamente es complicado. Eso es lo que parece que ocurrió en la conferencia sectorial al abordar este tema. Por lo que se refiere a la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, compartimos la idea que me ha parecido entender de su exposición de
que en este punto todos fijamos objetivos y estamos algo abiertos a dialogar. Si desde ahora cerramos las alternativas que tenemos presentes, difícil ponemos el consenso. Es positivo también lo que se ha comentado de superar diferencias
terminológicas innecesarias. A lo mejor nos olvidamos de la diversificación curricular y de los itinerarios y hablamos de cómo atacar el problema real de la atención a la diversidad, si todos estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos hacer.
Estoy de acuerdo en algo que se ha comentado en varias ocasiones, en no enzarzarnos sobre las leyes anteriores pues no nos va a ayudar a avanzar en el diseño de soluciones.
El análisis de los conflictos legales entre el Estado y las comunidades
autónomas es tan amplio que necesitamos un plazo general, no sólo en este ministerio sino en todos, para abordar cuál debe ser la solución más adecuada al objeto de que se pueda reducir al mínimo. Todos deseamos que esta no sea la vía por la que
nos relacionemos el Estado y las comunidades autónomas.



En cuanto al proceso de Bolonia, como les he anunciado queremos ir sin prisa pero sin pausa, pero yo pondría el énfasis en lo de sin prisa.
Todos queremos no quedarnos descolgados del proceso europeo, pero somos conscientes de que tampoco
aquí debemos apresurarnos, porque esto va a requerir un cierto debate sosegado sobre cuál debe ser el mapa de titulaciones más sensato y productivo para nuestro sistema de enseñanza superior.



La modificación del Consejo Escolar del Estado no ha estado entre la lista de los puntos que he mencionado, pero el nombramiento de la presidenta del Consejo ya da una pista. Efectivamente, estamos convencidos de que el Consejo Escolar del
Estado necesita una reflexión sobre cuál es su papel en este Estado de las autonomías en el que le toca actuar en el caso de la educación no universitaria.



Acerca de la formación profesional, nuestra idea para propiciar su potenciación, partiendo de la base de que en esto tenemos que estar coordinados con las comunidades autónomas -y lo he mencionado de pasada-, es reconocer la utilidad de los
instrumentos europeos, porque van a ser muy importantes. En el último Consejo de la Unión se ha avanzado en los instrumentos de evaluación, los sistemas de indicadores que la Unión Europea propone para que evaluemos todos nuestros sistemas de
educación y formación, con vistas a una mayor convergencia y transparencia. Vamos a utilizarlos. Todo esto serviría para el diagnóstico y lo pondríamos al servicio de ese diseño nuevo de formación profesional integrada de la que el equipo del
ministerio es un auténtico convencido. Algunas comunidades autónomas han avanzado en la integración de los distintos subsistemas de formación profesional, con resultados que convendrá evaluar pero que, en principio, parecen interesantes en cuanto a
las experiencias que hay.



En esta perspectiva integrada queremos envolver toda nuestra oferta. Aquí es fundamental la perspectiva


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de qué estamos haciendo en formación a lo largo de la vida. Por no entretenerme más, no hemos pasado revista a este aspecto sobre el que también la Unión Europea nos presiona, desde la estrategia europea de empleo, para que actuemos, y
España no tiene una concepción global de la formación a lo largo de la vida. En esta evaluación tenemos que ver qué piezas del sistema tenemos, qué papel están cubriendo, qué cosas están funcionando mejor, cuáles peor; pero cumplen el papel
fundamental de que a las nuevas generaciones, a lo largo de toda la vida, les ofrezcan múltiples oportunidades. Cada vez más esto es importante. Hay ocasiones en las que en un momento determinado no conseguimos que los jóvenes cumplan los
objetivos habituales del sistema educativo o se salen de la senda central, pero si tenemos múltiples caminos por los cuales podemos recuperarlos posteriormente, la ganancia general es muy elevada. Tenemos que revisar la oferta que tenemos:
escuelas-taller, formación permanente de adultos, todas las iniciativas que hacemos que pueden cumplir un papel ante estos objetivos.



Respecto a la ley integral contra la violencia doméstica, verán en el proyecto que se baraja la posibilidad de que lo que estaba asignado a ética abarque también expresamente las ideas de igualdad. De momento, como saben SS.SS., sería la
reforma de la ley y la definición de las áreas. Posteriormente, en el desarrollo de los currícula en las diferentes etapas, habría que discutir en la práctica cómo se traduce en carga lectiva. La idea que ha barajado el Ministerio de Educación,
colaborando en este proyecto que abarca muchos ministerios, es la contribución que puede ofrecer el sistema educativo; verán en el proyecto que hay contribución transversal a contenidos, a libros de texto, a objetivos del sistema educativo, que
todos sabemos que al final puede ser la más importante. En algunas materias quizá deban ser contenidos de igualdad, en este caso de hombres y mujeres, pero también es fundamental la igualdad entre personas de diferente origen y la resolución
pacífica de conflictos. Parece que hay una demanda que incide tanto en algunos conflictos en las escuelas como en estos problemas de violencia doméstica. Hacer sitio a estas formaciones es una de las cuestiones que se someterá a la consideración
del Parlamento acerca de la contribución que puede hacer el sistema educativo a la ley integral sobre la violencia de género.



El señor Labordeta -a quien asimismo agradezco su saludo- ha destacado la financiación, entre otras cosas, de la gratuidad de la educación infantil, cómo funciona y a qué va a ir dirigida. La financiación de la gratuidad infantil, que fue
una decisión del Consejo de Ministros de hace unas semanas, contiene varias noticias positivas. Por un lado, hace efectivo ese artículo de la Ley de Calidad que decía que la educación infantil será gratuita. Como algunos de ustedes han pedido,
ahora le ponemos números a la responsabilidad, a la solidaridad y a la lealtad institucional; ponemos números a lo que se convierte de manera efectiva en un derecho para toda la población. Esa es la primera buena noticia que compartimos todos:
que nos convirtamos en un país en el cual la educación sea gratuita desde los tres al menos hasta los dieciséis años. Cómo se articula luego la gratuidad y qué significa. Si no me equivoco, ahora nos corresponde hacer la valoración técnica de ese
derecho con las reglas que están establecidas en nuestro modelo de financiación autonómica, y una vez determinada cuál es la financiación que corresponde a las distintas comunidades autónomas se procede a la transferencia de fondos. Como está
previsto en la ley, esto es gradual a lo largo de tres años. Esta financiación no es finalista. Nosotros no decimos a las comunidades autónomas qué es lo que tienen que hacer. Por un lado, estamos anunciando derecho a la gratuidad y, por otro,
concediendo financiación a las comunidades autónomas. Obviamente, éstas seguirán haciendo su política de planificación de la oferta. Nosotros no podemos decir a las comunidades autónomas que construyan más aulas públicas o que concierten equis
número de aulas. Todo seguirá su procedimiento dentro de las garantías que tenemos en el sistema de hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza en esta etapa que se une a las que ya teníamos gratuitas. Es una buena noticia porque estamos
garantizando un derecho a la educación infantil que es importante. En segundo lugar, estamos proporcionando financiación adicional a las comunidades autónomas, que estaban encontrando una cierta financiación de la educación infantil. Es una
financiación adicional que debiera utilizarse para los objetivos que hoy hemos compartido todos aquí de mejora del sistema.



Por lo que se refiere a los itinerarios, comparto lo que ha manifestado S.S. Es un ejemplo de lo que antes comentábamos, de cómo compartir experiencias; el caso del desdoblamiento de grupos del País Vasco es una de las cuestiones a
estudiar. Todos conocemos iniciativas en muchas comunidades que se han llevado a cabo sobre distintos aspectos de diversidad. La diversidad en el País Vasco no es la misma que la que hoy corresponde a Madrid. Diferentes iniciativas de las que yo
creo que tenemos que partir para ver efectivamente qué es lo que está funcionando antes de empezar de cero. Estoy totalmente de acuerdo.



A la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña quiero darle las gracias por su bienvenida y por los puntos de acuerdo. Ha manifestado su preocupación por la financiación. Si esta es la preocupación el primer mes, la
tranquilizaría dado que el compromiso del Gobierno con el sistema educativo se ha revelado en unas semanas totalmente sincero al aprobar la subida urgente de las becas, la financiación de la educación infantil y el compromiso que aquí hemos renovado
de incremento de la financiación de investigación y desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo en el papel crucial de los profesores que, como ya he explicado, no se podía dejar para después de aprobar


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la subida urgente de las becas, la financiación de la educación infantil y el compromiso que aquí hemos renovado de incremento de la financiación de investigación y desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo en el papel crucial de los
profesores que, como ya he explicado, no se podía dejar para después de aprobar la reforma de la LOCE, por lo que vamos a iniciar el grupo de trabajo. En cuanto al calendario para el debate y el diagnóstico, tiene razón S.S. en que es necesario.
Hemos hecho una oferta a las comunidades autónomas, con las que hablaremos. Ya hemos colocado algunas de estas piezas que van a dar información. En relación con la Presidencia holandesa de la Unión, es de resaltar el compromiso de este seminario,
que nos parece importante, sobre los objetivos europeos. Por lo que hemos hablado con la Presidencia holandesa, ese seminario se celebrará probablemente a primeros de octubre. La incorporación de los ayuntamientos al debate es también es un punto
relevante, sobre todo en la educación infantil y en atención a la diversidad que antes he mencionado.



Al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña quiero agradecerle su bienvenida. Ya he hablado de los números y de la financiación. También me he referido al interés que tenemos en que esta Comisión aborde todos los aspectos de la
situación del profesorado. En cuanto a superar las divisiones terminológicas, lo compartimos totalmente. Va a ser una de las primeras cuestiones para abordar el debate.



A la portavoz del Partido Socialista le agradezco asimismo su saludo y el recordar estos objetivos que hoy compartimos de calidad con equidad, que son tan importantes. Ha puesto el énfasis en el diágnostico necesario para este debate y
efectivamente ahí vamos a trabajar. Le agradezco los comentarios sobre que se valoren las ofertas de agilidad y eficacia en la gestión. Hemos introducido varias en la presentación de hoy, pero la verdad es que es una obsesión del equipo del
ministerio. Comprendo que son cosas menos vistosas cuando se anuncian, pero creemos firmemente que ahí tenemos una tarea importante que hacer. He mencionado el caso de las becas, que es un caso paradigmático de cuánto podemos avanzar, y ahí la
conferencia de rectores tiene hecho un trabajo importante. Podemos avanzar mucho en la gestión y lograr que los programas al final tengan mejores resultados. En el caso de la gestión de los proyectos de investigación, de la relación entre todos
los organismos y en general de la flexibilización de la manera de funcionar de nuestros organismos de investigación, somos grandes creyentes en que merece la pena dedicar horas de trabajo a ese tema porque va a ofrecer resultados.



Gracias por su paciencia y por sus preguntas.



La señora PRESIDENTA: Voy a dar un segundo turno de intervenciones, pero dada la hora en la que estamos -aunque esta hora es tan tardía que da lo mismo extenderse o no-, les rogaría que fueran lo más breve posible.



El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, presidenta, por su benevolencia.
Seré enormemente conciso y breve para decir dos cosas a la señora ministra.



A la primera cuestión no le voy a pedir que me conteste ahora, pero de las preguntas sobre las decisiones que el ministerio ya ha tomado, que es el aplazamiento del calendario de la aplicación de la ley en el decreto que aprobaron el viernes
pasado, no me ha contestado a ninguna. Es muy importante que la opinión pública conozca las razones, el porqué de esas decisiones en cuanto a los programas de iniciación profesional, al inglés en primero de primaria, a la educación infantil,
etcétera. Le formularemos las correspondientes preguntas en las próximas sesiones parlamentarias.



En segundo lugar, con relación a las becas, me reafirmo en los datos que he dado, que son públicos, transparentes y figuran en publicaciones oficiales: 1996, 474 millones de euros; 2003-2004, 785 millones de euros.
A la vista de sus
afirmaciones, le formularemos las preguntas correspondientes porque nos interesa a todos que haya la máxima transparencia en este punto.



Por último, y por alusiones, quería decirle a mi colega, señora Palma, que no ha entendido nada mi intervención, ni el sentido ni la orientación ni la finalidad. De su intervención no parece que esté entendiendo nada de lo que está pasando,
de la realidad del sistema educativo. Lo que he pretendido es mirar al futuro, porque es la responsabilidad nuestra como políticos. Y mirando al futuro con relación a lo que está pasando en el sistema educativo, es cierto que hay que hacer muchas
cosas, pero no anclarse en el pasado. Si ustedes quedan anclados en el pasado -y usted ha hablado de actitud revanchista- van a fracasar, y lo lamentaré por el sistema educativo y por la sociedad española. Cambiar el chip es necesario para todos.



La señora PRESIDENTA: Señora Palma.



La señora PALMA I MUÑOZ: Quería decirle al señor Nasarre, quien me ha aludido tan directamente, que me he esforzado por entender su intervención. Si no lo he conseguido del todo, puede ser atribuible a las capacidades de esta portavoz.
Cuando uno habla y el otro escucha, la responsabilidad puede ser de ambas partes, no es aquello de no me has entendido o no me he explicado bien.



Quería agradecer a la señora ministra, en su segunda intervención, esta visión tan integradora e integrada de todo lo que hace referencia a la educación y a la formación, una visión en la que aspectos como la convivencia en la educación a lo
largo de toda la vida, el desarrollo de habilidades, surgen del tema educativo y de la necesaria reforma, que yo nunca he dicho que no tuviera que hacerse. El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha defendido que en esta materia hay que mirar
hacia delante, hacer propuestas de futuro, pero lo que somos y como estamos hoy aquí es producto de la herencia, sea de quien sea, que hemos recibido. En mi


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intervención he querido constatar que la herencia que recibe la señora ministra es una y no otra y que tiene en sus manos la responsabilidad que le atribuyeron los ciudadanos con el resultado de las urnas el pasado 14 de marzo. Con esos
resultados no avalaron una gestión y han puesto todas sus esperanzas y sus expectativas en unas propuestas de futuro.



Hay una cuestión que me interesa especialmente resaltar: la gestión y la eficacia. Señora ministra, aquí ha surgido una preocupación por la coordinación en el sistema de ciencia y tecnología, dado que en estos momentos esta materia está
compartida por varios ministerios. Tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología no nos sirvió para mucho. Al contrario, aparte de presupuestos parcos, como he intentado exponer antes en mi intervención, las liquidaciones -y aquí hablamos de
gestión- estuvieron peor. Hay que recordar que hubo un episodio concreto de ejecución del plan nacional en el que se dejaron de gastar aproximadamente 1.020 millones de euros. Por lo tanto, pediríamos -a favor de la mejora y de la eficacia del
sistema- que estas cosas no volvieran a ocurrir.



En cuanto a la construcción del espacio europeo de educación superior, el debate debe ser sosegado, pero llevamos un poco de retraso en este tema.
En los últimos tiempos la presencia de las instancias españolas responsables de esta cuestión
en la Unión Europea no ha sido la correcta.
La inquietud que ha generado es lógica. Hay que plantearlo como un reto que hay que cumplir porque estamos en el contexto europeo que estamos, pero a la vez como una gran oportunidad para proporcionar
las mejoras que el sistema necesita.



La señora PRESIDENTA: Quiero dar las gracias a la señora ministra y a SS.SS. por permanecer aquí hasta estas horas tan tardías.



Se levanta la sesión.



Eran las tres y treinta minutos de la tarde.