Camiño de navegación
Publicacións
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 202, de 11/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 202
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 195
celebrada el lunes, 11 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 10107)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 109-1, de 27 de diciembre de 2002. (Número de expediente 121/000109.) ... (Página
10107)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10107)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 10107)
Proyecto de Ley de Presupuestos Gnerales del Estado para el año 2003 ...
(Página 10107)
Títulos I y II ... (Página 10107)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 293 a 295, del Bloque Nacionalista Galego, mencionando únicamente su contenido.
El señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, menciona brevemente el contenido de las enmiendas presentadas a los títulos I y II, señalando que se trata de propuestas tremendamente moderadas, por lo que
pide al Grupo Popular que gire un poco más hacia la moderación y vote a favor de dichas propuestas.
El señor Fernández Marugán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Achaca falta de credibilidad a los datos aportados por el Gobierno, intentando hacer creer a la sociedad que vamos a crecer al 3 por ciento en un momento
de graves incertidumbres, queriendo negar la evidencia de una alta inflación y un bajo crecimiento económico. A ello se unen dos reformar tributarias regresivas que impedirán a nuestra sociedad que esté correctamente protegida en los momentos en
que aparezcan difíciles contingencias. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de estos presupuestos.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara Rodríguez Valenzuela, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Fernández Marugán.
Título III ... (Página 10112)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda 205, que pretende la supresión del párrafo 5 del artículo 19 que suprime el carácter de básico de la norma que se refiere a la retribuciones del sector
público.
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 296, 197, 298, 299, 306, 310, 312 y 325 presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al título III, dando por defendidas el resto.
El señor Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende brevemente las 13 enmiendas presentadas a este título III, referidas prácticamente a dos cuestiones: al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios públicos
-funcionarios y laborales- y a que la oferta pública de empleo responda a las necesidades reales de la Administración, sin las limitaciones de la ley.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), considera un esfuerzo inútil discutir de nuevo sobre las enmiendas que ya se presentaron en Comisión, porque no ve voluntad en el Grupo Popular de admitir ninguna, por lo
tanto, pasa a hacer una breve defensa de las enmiendas 667, 668, 669 y 670, las dos primeras de carácter competencial y las dos últimas en relación con las subidas salariales del presidente del Tribunal Constitucional y del fiscal general del
Estado.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las enmiendas 1580, 1581 y 1582 que su grupo mantiene a este título III, en relación con las retribuciones del personal del sector público, y
las 1581 y 1582 que tienen un carácter competencial.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, pregunta qué es en realidad lo que se discute en este título III, puesto que el Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo en relación a la subida salarial de los
funcionarios que el Congreso de los Diputados no conoce y huelga, por lo tanto, defender unas enmiendas que han venido siendo rechazadas desde el principio y que, seguramente, serán también rechazadas en la tarde de hoy. Acusa al Gobierno de
prepotencia porque actúa como si fuera el empleador de todos los empleados públicos cuando sólo lo es de uno de cada cuatro empleados públicos del conjunto de las administraciones públicas, que no han sido consultadas. Asimismo asegura que el
Partido Popular ha apostado por una política
de congelación salarial, de congelación de plantillas, de externalización de muchos servicios públicos, entregándoselos a la sociedad privada y a las grandes empresas que lo único que buscan es el lucro, modelo totalmente distinto al que
propugna el Partido Socialista en sus enmiendas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), y la señora Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Títulos IV, VIII y sección 07, clases pasivas ... (Página 10120)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas de su compañero de Grupo señor Núñez. Respecto de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, reitera la petición de un aumento mayor del previsto
para las pensiones, especialmente para las pensiones mínimas. Por otra parte, solicitan que se elimine la previsión que permite al Gobierno reducir los tipos de cotización al desempleo en los casos de contratación temporal.
El señor Ruiz Ruiz (don Antero) en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, expresa su preocupación por la falta de autonomía de la Seguridad Social para aplicar los recursos que genera a paliar la pérdida de recursos que
está suponiendo la actual política fiscal, al considerar claramente insuficientes los esfuerzos de solidaridad incluidos en los títulos IV y VIII del proyecto de ley.
El señor López de Lerma i López defiende las tres enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los títulos que ahora se debaten, procurando aplicar el principio de justicia social hacia los más necesitados,
como son los pensionistas y los que no pueden seguir en su trabajo por causas de invalidez y, en consecuencia elevando sus pensiones por encima de lo propuesto por el Gobierno.
La señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende las enmiendas presentadas al título IV, referidas todas ellas a clases pasivas, pensiones y, en definitiva, a la Seguridad Social, con cargo a cuyos
presupuestos el Gobierno consigue el equilibrio presupuestario. Sin embargo se propone un aumento del 2 por ciento para las pensiones, en función de la inflación prevista, cuando la experiencia de los últimos años demuestra que tal previsión no se
cumple. Asimismo cree que se debería hacer un esfuerzo para subir un 10 por ciento las pensiones de viudedad mínimas y las pensiones del SOVI.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título V y sección 06, Deuda pública ... (Página 10126)
El señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señala que las tres enmiendas presentadas van en la línea de decir que la ayuda para el desarrollo sea real, no edulcorando ni engañando al convertir esa
teórica ayuda en puro negocio. Proponen también, ante el grave problema que representa la deuda externa, la condonación de dicha deuda, siempre que no vaya en beneficio de cuatro caciques locales de esos países que reciben dinero para ayuda al
desarrollo.
El señor Fernández Marugán defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Expone numerosas cifras sobre la evolución de la deuda pública en los últimos años y los ingresos por privatizaciones de empresas públicas para llegar a
la conclusión de que hay una insuficiencia de explicación de 4,5 billones de pesetas del Estado hasta el 31 de diciembre de 2000. Sostiene que se ha producido un aumento en la deuda pública, que demuestra que el déficit cero de que habla el
Gobierno es una penosa mentira apoyada fundamentalmente en la alquimia contable.
Como cree que tal afirmación puede demostrarse con hechos, votarán en contra del dictamen en lo que hace referencia a este tipo de operaciones financieras.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Albendea Pabón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Replica el señor Fernández Marugán, duplicando el señor Albendea Pabón.
Título VI ... (Página 10131)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas sus enmiendas a este título, así como las del señor Puigcercós i Boixassa, y aprovecha la ocasión para dar por defendidas también, para agilizar el debate, las
presentadas por su grupo a las disposiciones adicionales.
El señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defienden las enmiendas de adición con relación a los vehículos de tracción mecánica y al impuesto sobre actividades económicas, con el fin de
actualizar las tarifas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título VII y secciones 32 y 33 ... (Página 10135)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas a este título VII, concretamente al artículo 80, que pretenden conseguir que Aragón pueda beneficiarse del Fondo de Compensación Interterritorial
del que ha sido excluido por no estar en el Objetivo 1 de los fondos estructurales de la Unión Europea.
El señor Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas por su grupo al título VII y a la sección 32 que afectan fundamentalmente a la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, al
Fondo de Compensación Interterritorial y a las transferencias a entes territoriales para la financiación de los metros urbanos.
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título VII. Con la enmienda 330 pretenden que se asignen recursos económicos a las mancomunidades de municipios que
presten servicio público de transporte colectivo, y con la enmienda 331 pretenden que se aumente la cantidad consignada al Fondo de Compensación Interterritorial, porque la consideran insuficiente para asegurar la disminución de los desequilibrios
territoriales.
Defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este título VII el señor Rejón Gieb. La primera de ellas pretende que los ayuntamientos no estén ni mejor ni peor tratados
que las comunidades autónomas en su relación de financiación con la Administración central y el segundo bloque de enmiendas está dedicado fundamentalmente a las transferencias hacia los ayuntamientos. Expone una nueva concepción del Fondo de
Compensación Interterritorial y muestra el apoyo de su grupo a las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castaín, en nombre del Grupo Andalucista, en relación con el Metro de Sevilla.
El señor López de Lerma i López, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las enmiendas que mantienen a este título VII. En algunas de ellas solicitan que se respete la Constitución, con relación a la
potestad de ordenación territorial que tiene Cataluña, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que señala que los ingresos que vayan a los entes locales catalanes, consistentes en participaciones en los ingresos que percibe el Estado, serán
distribuidos a través del propio Gobierno de la Generalitat. También defiende otro grupo de enmiendas que tratan de distintas compensaciones a los ayuntamientos por bonificaciones fiscales concedidas a sociedades concesionarias de autopistas en la
antigua contribución territorial urbana, actual impuesto sobre bienes inmuebles.
El señor Rodríguez Bolaños defiende las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al título VII, que se refieren a la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Critica el nuevo modelo de
financiación autonómica y considera que discutir la participación de las corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado cuando en paralelo se está hablando de la reforma de la Ley de haciendas locales no deja de ser una paradoja.
Asimismo se refiere a las enmiendas presentadas en relación con la supresión del impuesto de actividades económicas.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Albendea Pabón.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos ... (Página 10142)
La señora Lasagabaster Olazábal defiende las cuatro enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales. La primera hace referencia a la formación continua de los trabajadores, y de las tres restantes una se refiere al cumplimiento de los
compromisos adquiridos con relación a la ayuda oficial al desarrollo y las otras dos van dirigidas a dotar de una compensación moral y socioeconómica a las personas que soportaron los graves perjuicios de la dictadura de Franco.
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda 334, que propone mecanismos concretos para que se pueda hacer efectivo el que se destinen fondos para financiar aquellas mancomunidades de municipios que presten
servicio de transporte público, y la enmienda 335, que propone una disposición adicional nueva donde se pide una compensación al municipio de Ferrol en la financiación local.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) defiende la enmienda 671, que pretende suprimir la disposición adicional novena del proyecto de ley, que hace referencia a la gestión directa por parte del INEM de los
créditos destinados a fomento del empleo, y la enmienda 672, que propone la adición de un nuevo apartado a la disposición adicional vigésima del proyecto de le ley sobre financiación de la formación continua.
El señor Rejón Gieb, de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende una enmienda en la que se pide que se cumpla la ley y que aquello que se recauda para la iglesia católica sea el límite de la
subvención del año siguiente, y mantiene vivas aquellas que se refieren a las consecuencias de la guerra civil y en las que se pide la extensión del derecho de indemnización a las viudas de ejecutados durante el franquismo, del reconocimiento a los
ex presos y represaliados políticos de proceder a la exhumación de las fosas comunes de la guerra civil y de la ampliación de plazos para la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados durante la guerra civil
española. Otras enmiendas se refieren a la deuda histórica con las comunidades de Andalucía y Extremadura y a los diputados autonómicos, alcaldes y concejales que próximamente pueden ir al paro sin el seguro de desempleo. También pide que se
adopten una serie de medidas para que las pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional se vayan acercando al mismo en un cierto período de tiempo y que la política de solidaridad se acerque también al 0,7 por ciento.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), da por defendidas las enmiendas en sus propios términos.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende brevemente algunas de las enmiendas que su grupo plantea a las disposiciones adicionales. Proponen a través de una disposición adicional nueva que se compense la
pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, tal y como tienen la mayor parte de los trabajadores de este país en sus convenios colectivos y los millones de pensionistas y jubilados que tienen indiciadas sus retribuciones en función
de la inflación real y no de la inflación prevista. Con el segundo bloque de enmiendas, las números 1270 y 1271, se quiere ayudar al acceso a la primera vivienda por parte de los jóvenes, a través de un aumento de las ayudas para la adquisición de
sus viviendas, y con la 1272 se pretende equiparar en un período razonable las retribuciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las retribuciones que tienen estos cuerpos en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
Fija la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno a los títulos y secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 debatidos en la sesión de hoy.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día. Conforme al artículo 20.1.3.o) del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Pilar Gracia Jiménez, en sustitución de don Rafael Merino
López, para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GRACIA JIMÉNEZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María Pilar Gracia Jiménez ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos comenzar el debate.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000109.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen de Comisión del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Iniciaremos el debate con las enmiendas que han permanecido vivas tras la discusión en Comisión y que afectan a los títulos I y
II conjuntamente. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Vázquez.
Títulos I y II
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a estos dos títulos a los que hizo referencia la presidenta. En primer lugar, la enmienda número 293, por la cual pretendemos eliminar las competencias de
autorización de crédito para financiar la movilidad del personal laboral de la Administración, porque estamos en contra sencillamente de la previsión de movilidad del personal funcionario.
La enmienda número 294 persigue evitar la autorización de generaciones de crédito por servicios prestados por ejércitos integrados en la OTAN directamente por el Gobierno, sin consulta a las Cámaras legislativas. Es una enmienda obvia
porque si nosotros ni siquiera encontramos justificación a la propia existencia de la OTAN y a la intervención del Estado español en la misma, pues menos aún al aumento de los gastos militares y su falta de control por la Cámara.
Por último, la enmienda 295 pretende delimitar las ayudas a los centros privados en los ciclos de enseñanza obligatoria.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, me gustaría pedir perdón, si me lo permite el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por atreverme a exponer en nombre de Izquierda Unida propuestas de soflama revolucionaria, que intentaban, desde
nuestra humilde posición, algo así como cambiar los Presupuestos Generales del Estado. Cuando yo defendí esta propuesta en Comisión, pensé que, a lo mejor, alguien me había cambiado el libro y no estábamos defendiendo las mismas propuestas, pero,
señorías, he vuelto a revisar las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a los títulos I y II y veo que su tenor es tal que, según el diputado del Grupo Parlamentario Popular, debo pedir perdón. Juzguen ustedes por sí mismos.
La primera de las enmiendas, aunque no por orden de importancia, plantea que, como se está haciendo en algunas comunidades autónomas, principalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid - esa que preside un tal Ruiz-Gallardón-, aquellos
ciudadanos y ciudadanas que están recibiendo una mínima compensación por los años de privación de libertad durante el franquismo, debido a su lucha por la democracia, no tengan que pagar IRPF. Fíjese usted que enmienda. Creo que con ello al señor
Montoro se le desequilibra el déficit cero.
La segunda enmienda solicita que haya una oficina de control presupuestario. No sé lo que pensarán los diputados del Grupo Popular, pero esto ya tuvo una preaprobación en la reforma del Reglamento, y ya entonces el portavoz del Grupo
Popular entendió que con ello íbamos a cambiar los métodos y maneras del buen gobierno del país. Señorías, eso es algo que ya lo piden hasta los niños a la maestra en la escuela para controlar el dinero del viaje de fin de curso.
Como tercer bloque de enmiendas nos hemos atrevido, ¡oh, osadía del destino!, a pedirle al Grupo Popular y al Gobierno soportado por él que haga el favor de no enmascarar la investigación militar como si se tratara de cifras de I+D civil;
que los españolitos y españolitas de a pié -y también esta Cámara, compuesta también por españolitas y españolitos circunstancialmente diputadas y diputados- sepamos cuánto gastamos en cañón y cuánto gastamos en mantequilla. Por tanto, debe dejarse
muy claro cuánto se gasta o se deja de gastar en I+D militar, que es la gran partida, el gran bocado y la gran tajada.
Los osados de mi fuerza parlamentaria, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, planteamos que el Ministerio de Defensa está especulando, en el más puro sentido de la palabra, con los terrenos de los antiguos cuarteles,
acuartelamientos e instalaciones militares, que, por mor del crecimiento y enriquecimiento urbano, se han encontrado en el centro de las ciudades, argumentando además su posición de ser Estado para no pagar impuestos especiales, ni alcantarillado,
ni el arreglo de las calles. Es decir, todo este enriquecimiento ha venido por el hecho de estar en el sitio preciso en el momento oportuno. No van a pagar plusvalías, señores míos. Lo que le pedimos en una primera fase es que negociaran con los
ayuntamientos, del color que fueran -Partido Popular, PSOE, PA, Izquierda Unida, CIU, PNV, me es indiferente- unos precios convenientes y no especulativos. No nos han hecho caso y han pactado precios especulativos. Por eso solicitábamos que ya que
esos precios se han dado porque el común ha generado esa riqueza, no revirtieran sólo sobre el Ministerio de Defensa, sino sobre el común de los ministerios.
Fíjense, señorías, qué osadía de propuesta.
Finalmente, dos enmiendas más. Una de ellas consiste en plantear desde las comunidades un poquito más pobres o un poquito menos ricas, que ustedes y anteriores gobiernos no nos sigan tomando el pelo diciendo que el FCI es un porcentaje
determinado -30, 35, 40- de la inversión civil del Estado, porque mientras ustedes van aumentando el presupuesto, van desplazando parte de inversión presupuestaria hacia otras entidades, con lo cual no computa el dinero que sale y el 30 ó 40 por
ciento sigue siendo el mismo porcentaje, pero cada día de menos dinero. Nosotros planteamos que, a efectos de hallar el porcentaje de FCI, éste se realice sobre toda la obra nueva civil que hace el Estado, entendiendo como tal Administración
central, organismos públicos y otros entes. Eso es lo que nosotros planteamos, señorías.
En la otra enmienda -que a lo mejor es a la que se ata el señor portavoz del Partido Popular- nos hemos atrevido a subir la previsión -que es una previsión- de ingresos en el presupuesto -que a su vez es otro pre- en una cantidad determinada
de miles de millones de euros, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el del IRPF. Es del mismo tenor, señorías, y por debajo de la cantidad resultante de aplicar los criterios de corrección que el propio Ministerio de Hacienda tiene acerca
de la no progresividad de una reforma, que ellos dijeron progresiva y que no lo es tanto. Si verdaderamente, con los documentos que están en poder del Ministerio de Hacienda, se hiciera la revisión, se aplicara en números lo que se decía en
palabras, estas cantidades incluso quedarían cortas.
Señorías, desde estas propuestas tremendamente moderadas -estas propuestas dejan al portavoz del Partido Popular como un rojo irredento-, esperamos, no obstante, que giren ustedes un poco más hacia la moderación y voten nuestras propuestas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, creo que hay factores que aconsejarían que el debate y la ejecución del presupuesto del año 2003 adquiriera una gran importancia.
Vivimos una crisis que ha puesto
de relieve que no son adecuadas las soluciones particulares. Se ha disipado aquella creencia de que íbamos a entrar en una era dominada por la autorregulación de los mercados, y de nuevo el papel del Estado adquiere alguna importancia, y en la
Unión Europea hay un debate entre estabilidad y tipos de interés que es relevante. De estos problemas pocos figuran en el documento presupuestario. Lo digo porque, a poco que se acerque uno a él, lo que se encuentra es fundamentalmente la lesión
que se produce a las reglas de la buena democracia, la falta de credibilidad y la coherencia reducida, por no decir incoherencia, de buena parte de sus políticas económicas.
España vive hoy un auténtico apagón estadístico que hace que la sociedad española esté privada de una información y de la capacidad de controlar a importantes sedes del Gobierno. A decir verdad, esto no es nuevo. Todos nosotros recordamos
cómo el señor Rato llamaba a los presidentes de los bancos porque los servicios de estudios de esas entidades emitían juicios que él entendía que no eran favorables a iniciativas legislativas del Gobierno. Esa actitud hoy se extiende y se
diversifica. El señor Álvarez-Cascos oculta y paraliza la publicación del Plan de la vivienda.
El señor Montoro envía unos presupuestos al Parlamento que hasta Barea dice que no arreglan nada, a la vez que incauta, expurga y censura un libro que
pone de relieve una de las grandes operaciones de la piñata popular, la reforma del IRPF. Además, el señor Rato da un paso más al decirle a la directora del Instituto Nacional de Estadística cuál es la cifra que quiere que le dé al Gobierno como
crecimiento del producto interior bruto en el tercer trimestre del año 2000.
Créanme, señoras y señores diputados, me ha recordado esto a tiempos lejanos: los ministros persiguiendo la información, los ministros alterando los datos económicos, los ministros censurando los libros.
Señorías, esto ocurría en una
España con la que los españoles dieron al traste hace bastantes décadas, y porque dimos al traste con esa España, adquirimos prestigio en el mundo. Fuimos admirados por nuestra capacidad para actuar libremente, para estudiar, para analizar y para
medir. Tengo que decir, señoras y señores diputados, que recuerdo a economistas iberoamericanos envidiar la situación de los economistas españoles. A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo
podían decir a sus autoridades: sí, mi general. Hoy nos encontramos con que volvemos a estar en una situación parecida. Hoy el Gobierno del PP quiere que los funcionarios le digan: sí, ministro. Y eso significa fundamentalmente una importante
regresión democrática.
En segundo lugar, hay una falta de credibilidad en los datos porque el Gobierno, haciendo un análisis distorsionado de la realidad, se empeña en decir y en hacer creer a la sociedad española que vamos a crecer al 3 por ciento en un momento
donde las incertidumbres, los ambientes, si se quiere de guerra, y las expectativas de encarecimiento del petróleo son muy importantes. Ustedes deberían haber enriquecido el análisis, haber visto cómo evoluciona la economía en la Unión Europea y en
España, y se hubieran percatado de que aquellas coincidencias que existieron entre 1997 y el año 2000 hoy no existen, que hoy hay una divergencia motivada por un bajo crecimiento y por la dispar distribución de ese bajo crecimiento que hace que
aparezcan voces críticas que dicen que en lugar de atizar los rescoldos del crecimiento los gobiernos se dedican a extinguir cualquier forma de expansión y que, como consecuencia de la extinción de cualquier forma de expansión, las circunstancias
económicas se dificultan. Hay otros que ponen de relieve que la política económica es perversa y que mantiene tipos de interés demasiado altos, y los mantiene porque hay naciones como España, que no ha sido capaz de controlar los precios, que
impiden bajar los tipos de interés y que impiden que se produzca una recuperación en Europa y en España. La divergencia es una realidad y, como consecuencia de la divergencia, España vive un momento de estancamiento con inflación y con aceleración
creciente de los volúmenes de desocupación y paro. Europa vive una situación de estancamiento con deflación y, por tanto, hemos de admitir que llevamos un tiempo
creciendo por debajo del potencial y, como consecuencia de ello, somos la nación europea donde más ha crecido el paro en los dos últimos meses; somos la nación europea donde más han crecido los precios en los doce últimos meses; somos la
nación europea donde más se han reducido las exportaciones en los dos últimos meses. (Aplausos.) Entonces, cabe preguntarnos qué hay que hacer. Convendría reflexionar sobre el tono y la dirección de la política económica; otros lo hicieron y
otros llegaron a la conclusión de que en los momentos donde hay estancamiento con inflación lo correcto es hacer una política monetaria estricta y una política fiscal expansiva. Sin embargo, eso aquí no es posible porque la política monetaria está
en manos de la Unión Europea y porque la política fiscal ha quedado adulterada por la Ley de estabilidad y por las decisiones que ustedes han venido llevando a cabo. Ustedes se equivocaron en el año 1999 con el tono de la política fiscal. En aquel
momento la economía española estaba sobrecalentada, presionaba sobre el nivel del producto potencial, tenía una plena ocupación de sus factores productivos y, en lugar de apoyar una política que contuviera la demanda, ustedes lo que hicieron fue
estimularla más, enajenaron la realidad y, desde ese momento, la economía española perdió la estabilidad. ¿Lo hicieron por un error técnico? No, lo hicieron por un cálculo político. A ustedes se les vio en aquel momento que creían poco en un
proyecto político para el conjunto de los españoles, que no habían venido al Gobierno de España a resolver los problemas de los ciudadanos, que les gustaba mucho más quedarse con la propia España. Eso lo volvieron a repetir en el año 2002, cuando
hicieron una política en virtud de la cual subieron los tipos de los impuestos indirectos y echaron gasolina al fuego de la inflación. Hoy podemos decir que ese error de la política económica cometido por el Gobierno Popular en los presupuestos del
año 2002 es el responsable al menos de cuatro décimas de los precios actuales. Señorías, dicho en un lenguaje castellano, aquellos polvos trajeron estos lodos, aquellos errores son los que trajeron estas dificultades, y aquí hay ahora dos opciones,
difíciles para todos: o buscar un superávit con el cual atajar la inflación acentuando el estancamiento y elevando el nivel de paro, que es hoy la primera preocupación de los españoles y mucho más después de la publicación de la EPA esta mañana, o
bien estimular el crecimiento de alguna manera alentando la inflación y separándonos de Europa y de la competitividad. Los presupuestos no dicen nada de eso. Los presupuestos son ciegos; los presupuestos se comportan como lo hace el amante
infiel: sorprendido ante la realidad, quiere negar la evidencia. Ustedes quieren hacerle creer a la sociedad española que tenemos un alto crecimiento y una baja inflación, cuando es lo contrario, tenemos una alta inflación y un bajo crecimiento.
No acaban ahí sus errores, siguen aferrados a la idea del déficit cero, siguen creyendo que pueden lograr un equilibrio que se consigue gracias a una serie de circunstancias como que la Seguridad Social se ha convertido en los últimos años
en el único factor de estabilidad macroeconómica de esta sociedad. ¿Por qué? Porque cubre con cotizaciones lo que debería cubrirse con impuestos; porque con cargo a la Seguridad Social se cubren una serie de tareas que deberían correr a cargo de
los presupuestos del Estado. Se produce un incremento en la presión fiscal de las cotizaciones; se produce una reducción de las transferencias del Estado a la Seguridad Social; se encarece el coste del factor trabajo; se arruina una buena parte
de los sacrificios efectuados en la negociación colectiva; aumentan las dificultades para innovar y para crear empleo en las empresas y cae la acción protectora. El afamado equilibrio presupuestario del señor Montoro, el que le ha hecho ser el
asombro del mundo, en este momento está bastante borroso, y lo está porque España se está viendo beneficiada por un conjunto de recursos que proceden de la Unión Europea y que elevan su nivel de inversión; porque el Estado le paga a la Seguridad
Social menos de lo que debía y porque el Estado recibe de la Seguridad Social un conjunto de recursos para llevar a cabo tareas que son de él y no de ella; porque, además, le cubre cada año los desfases presupuestarios; y, por si eso fuera poco,
porque hay una serie de artilugios contables que consiguen evitar el que la inversión se compute a la hora de medir el déficit. A todo eso hay que añadir la existencia de dos reformas tributarias regresivas que, manteniendo el tipo de cotización de
la Seguridad Social, está permitiendo bajar los impuestos a los sectores más acomodados de esta sociedad.
Termino, y gracias, señora presidenta, por su enorme amabilidad, ustedes están haciendo menos que lo que deberían hacer para evitar que las cosas empeoren, pero están haciendo mucho menos de lo que deberían hacer para lograr que los
problemas de los españoles se vayan conjurando. Su deserción tributaria va a colocar a esta sociedad en una mala situación, porque va a impedir que esté correctamente protegida en los momentos en los que aparezcan difíciles contingencias. Por eso
nosotros estamos en contra de estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para fijar posición sobre algunas de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, pero no de todos. Digo no de todos porque alguno
pudiera pensar que todos los grupos parlamentarios de la oposición han presentado enmiendas a los títulos I y II, y les gustará saber que el Grupo Parlamentario Socialista no lo ha hecho. Digo esto para entrar en lo que es objeto del debate
de hoy.
El señor Fernández Marugán nos ha ilustrado hoy, del mismo modo que lo hizo en Comisión, sobre un debate en el que obviamente habla de cuáles son las contradicciones que su grupo parlamentario entiende que existen en el presupuesto español.
Nuestro grupo le acusaba de que ese discurso era vacío y hoy insiste en esa cuestión. Es un discurso vacío y la prueba evidente y contrastable en el día de hoy es que siguen sin existir enmiendas a los títulos I y II. Quiero recordar que estos dos
títulos no son dos títulos cualquiera del presupuesto; son aquellos en los que el Gobierno, a través del proyecto de ley de presupuestos, fija el cómputo de ingresos, el cómputo de gastos, las líneas maestras sobre las que se basa el presupuesto
del Estado. Es significativo que el Grupo Parlamentario Socialista no presente, insisto, ninguna enmienda ni al título I ni al título II. Por lo tanto, parece curioso que el primer año, desde los siete largos que pasa en la oposición el Grupo
Parlamentario Socialista, sea éste, el de la primera comunión del señor Rodríguez Zapatero estrenándose como jefe de la oposición parlamentaria, en el que no haya ninguna enmienda a estos dos títulos fundamentales del presupuesto. Por lo tanto,
insisto, el discurso es vacío. Diré más: es un discurso -y lo dije en Comisión- pendular. El discurso del Partido Socialista se mece según cuáles sean las circunstancias mediáticas de la semana y se modifica en razón de lo que sea necesario.
Hace dos semanas oíamos a algún portavoz del Grupo Parlamentario Socialista explicar a los españoles cómo era verdad que el señor Rodríguez Zapatero había dicho en esta tribuna que él era un defensor del equilibrio presupuestario. ¿Lo recuerdan
ustedes, señorías? Pues hoy, el señor Fernández Marugán nos ha dicho que el equilibrio presupuestario es el del señor Montoro. Pues entonces rectifique, señor Fernández Marugán. El equilibrio presupuestario hoy en España, después de la
intervención del secretario general de su partido, es el equilibrio presupuestario del señor Montoro y del señor Rodríguez Zapatero, porque eso es lo que nos dijo enfáticamente el señor Rodríguez Zapatero desde esta tribuna. Claro es que no será la
primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista se dedica a decir hoy una cosa y al día siguiente exactamente la contraria, como ocurrió con las normas sobre extranjería, con las normas sobre impuestos -todavía estamos esperando a que el Grupo
Parlamentario Socialista presente alguna alternativa en materia fiscal que no se vaya a producir-; recuerden el discurso pendular sobre la financiación autonómica; recuerden también la forma errática que tienen de tratar políticamente las
cuestiones relacionadas con el modelo del Estado; es decir, siguen haciendo una oposición no sólo vacía sino pendular, errática y, en nuestra opinión, preocupante. El principal partido de la oposición continúa insistiendo en que cuestiones que ya
nadie discute en España son discutibles. Al escuchar las palabras del señor Fernández Marugán y de otros portavoces socialistas parecería como si en España se estuviese destruyendo empleo, cosa que es falsa. Hoy se crea en España tres veces más
empleo que en ningún otro país de la Unión Europea. Da la sensación, escuchando a algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que en España poco menos que se está echando la persiana del sistema de Seguridad Social, como ocurría en el año
1995, y eso es falso.
Parecería, escuchando a algunos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, que en España se produce una recesión autonómica, cuando resulta que las comunidades autónomas en nuestro país nunca han tenido tan alto contenido
de autogobierno en materia fiscal, en materia de seguridad, en materia sanitaria, etcétera. Por tanto, ha sido este Gobierno el que ha puesto en marcha una real y cierta descentralización política en España. Parecería, al escuchar las palabras de
algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que en España se cierran todos los días empresas, que no hay jóvenes emprendedores y eso es falso.
Parece que los españoles no pueden pagar tipos de interés, como no podían hacerlo antes del año
1995, y lo cierto es que hoy todos los españoles hemos experimentado otra vez una bajada de medio punto en el tipo de interés de nuestras hipotecas. Al escuchar y creerse las palabras del Grupo Parlamentario Socialista, parece que hoy el sector
público es, como lo era antes, un factor de inestabilidad política, un factor que introduce falta de certidumbre en la política española, en su estabilidad, y es justamente lo contrario. Esta es la realidad, que nadie, absolutamente nadie, discute
en España a estas alturas. Por eso digo que el discurso del Grupo Socialista es preocupante por no decir, como manifestaba en el trámite de Comisión, peligroso.
Fíjese lo que le ocurrió a este portavoz una de esas tardes en las que tenía que hacer frente a sus compromisos con los medios de comunicación, que un determinado medio de comunicación nacional me dijo que tenía que debatir sobre los
presupuestos de este año con un portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Como ya se imaginan, yo actuaba como portavoz de los presupuestos del Grupo Parlamentario Popular y, cuando me dijeron quién iba a ser el portavoz por parte de los
socialistas, me expliqué qué es lo que realmente está ocurriendo en el Grupo Parlamentario Socialista.
La persona que intervino en aquel debate fue don Carlos Solchaga. Esta es realmente la puesta en escena, la puesta de largo de la nueva
hipótesis de alternativa que se puede decir que ha puesto en marcha el Grupo Parlamentario Socialista. Hay dos hipótesis: o bien se está de acuerdo, como defiende el Grupo Parlamentario Popular, con que no hay una alternativa de Gobierno, con que
no hay nada detrás del discurso hueco, fundamentado
en el humo, del Partido Socialista, o bien se está de acuerdo con que hay una alternativa al Gobierno del Partido Popular que está protagonizada por don Carlos Solchaga, por las intervenciones de estos días del Grupo Parlamentario Socialista
o por el discurso pendular a que nos tiene acostumbrado dicho grupo.
Concluyo, señoras y señores diputados. (Una señora diputada: ¡Ya era hora!) Lo que en definitiva estamos presenciando no es la puesta en escena de una alternativa, sino la reedición de aquella vieja política socialista, la cual fue
rechazada por los españoles en el año 1995. No hay una alternativa y, de haberla, es pendular, vacía y preocupante y además es peligrosa porque está compuesta por aquellas recetas que indujeron al fracaso. Si ustedes realmente tienen una
alternativa y vuelven a gobernar en España, volverá el déficit y el despilfarro, volverán aquellas alternativas que hicieron que ustedes salieran de la forma que lo hicieron en 1995. (Una señora diputada: Democráticamente.) Esta es la realidad del
debate de hoy. La realidad de lo que los grupos parlamentarios tenemos que echarnos al diente en relación con las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista es la nada, señorías, por cuanto, como digo y repito, no existe ninguna enmienda a los
títulos I y II.
Para finalizar, aunque lamento que no esté el señor Rejón, quiero comentar en voz muy baja, ahora que no nos oye, una cuestión. (Una señora diputada: ¡Muy bajito!) El 27 de junio del año 2000 se celebró la sesión inaugural de la Comisión
de Presupuestos, a la que asistió el señor Rejón y en la que se puso en marcha una iniciativa de todos los grupos parlamentarios. En ella se decía, se exigía y se recomendaba a la Secretaría de Estado de Presupuestos que pasara a hacer su ejercicio
de dación de cuentas por parte del Gobierno en la Comisión de Presupuestos.
Dígale al señor Rejón que desde el día 27 de junio de 2000 no aparece por la Comisión de Presupuestos. Si ustedes hacen pivotar todas sus enmiendas en torno a la necesidad
de poner en marcha un procedimiento en la Comisión de Presupuestos que establezca mayores controles sobre el Gobierno, que es lo que fundamentalmente hacen sus enmiendas, sería bueno que lo acompañaran ustedes, al menos, con su presencia física.
Nada más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, la verdad es que, a la vista de que el señor Cámara ha hecho uso de un turno en contra, me hubiera gustado haber podido debatir con él algunas de las opciones de política económica que mi grupo
ha querido plantear en este momento, al inicio del debate presupuestario. Pero mi buen amigo don Rafael Cámara ha querido rivalizar con don Carlos Solchaga y, como no está presente en el hemiciclo, no tengo nada que debatir con el señor Cámara en
estos momentos, y bien que lo lamento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor Cámara. (Pausa.)
Muchas gracias.
Iniciamos el debate del Título III. En primer lugar, vamos a debatir las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para defender la enmienda número 205, que pretende la supresión del párrafo 5 del artículo 19, porque entendemos que no se corresponde ni mucho menos con lo que se defiende en ese artículo, ya que se quita el
carácter básico a algunas de las normas allí contenidas, en concreto, lo que se refiere a las retribuciones del sector público. La argumentación que se nos da para mantener ese carácter básico se refiere a que las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica corresponden al Estado, según el artículo 149.1.13 de la Constitución. Consideramos que no es así, lo llevamos diciendo muchos años y, en definitiva, este artículo va en contra de la propia
disposición de la estructura del Estado autonómico y, realmente, no permite ejercer el propio autogobierno de aquellos a los que les corresponde determinar su propia organización y planificación económica.
Esto es una cuestión que entendemos que
corresponde al propio autogobierno, porque determinar cuáles son las retribuciones al sector público es competencia de cada comunidad autónoma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender algunas de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al título III y, naturalmente, voy a dar por defendidas las restantes.
En la enmienda número 296 defendemos un incremento salarial para los funcionarios superior al previsto por el Gobierno y mayor que el que se acordó recientemente entre el Gobierno y los sindicatos. Nosotros pretendíamos un aumento del 5,5
por ciento en los salarios de los funcionarios, si de verdad pretendemos que se recupere un poder adquisitivo que nadie duda que se fue perdiendo en los últimos años por los incrementos salariales por debajo de la inflación real.
Título III
Presentamos la enmienda número 197, en consonancia con nuestro desacuerdo a las limitaciones que impone el Gobierno a las comunidades autónomas en materia de incrementos salariales del personal a su servicio y porque, incluso, veta su
capacidad de decisión sobre el incremento de las retribuciones complementarias.
Las enmiendas números 298 y 299 pretenden que se elimine la restricción establecida por el Gobierno para reposición del número de efectivos en la Función pública, que también se extiende de manera genérica al resto de las administraciones.
En concreto, en la enmienda número 299 hacemos referencia a que estas restricciones en ningún caso se deberían aplicar a los ámbitos de la sanidad y los servicios sociales. Esta tasa de reposición de efectivos que lleva fijando el Gobierno desde la
pasada legislatura ya está ocasionando déficit en la calidad de algunos servicios públicos y, al mismo tiempo, está obligando a una mayor externalización de servicios por evidente falta de personal.
Con la enmienda número 306 seguimos defendiendo que en el montante de las pagas extraordinarias de los funcionarios se incluyan todas las retribuciones básicas, como el complemento de destino o el complemento específico.
La enmienda número 310 hace referencia a que se reconozca la antigüedad a los funcionarios interinos a través del correspondiente complemento, que en muchos casos prestan sus servicios durante años a la Administración sin que esta
circunstancia sea tenida en cuenta.
Con la enmienda número 312 defendemos que el periodo de tiempo que los funcionarios estén en prácticas sea reconocido automáticamente a efectos de cómputo en los complementos de antigüedad, en los trienios, sin necesidad de solicitud por el
interesado.
Por último, con la enmienda número 325 pretendemos la supresión del artículo 35 al constituir, en nuestra opinión, una práctica reiterada y fraudulenta la contratación de personal laboral temporal con cargo a los créditos de inversiones, sin
que ni siquiera esté prevista la provisión de esos puestos de trabajo en los programas de empleo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos presentado a este título 13 enmiendas, que van referidas prácticamente todas a dos cuestiones. La primera, a mantener el poder adquisitivo de los salarios públicos, de funcionarios y de laborales.
Todos los años asistimos al mismo
debate, a una incredulidad de las previsiones de inflación propuestas por el Gobierno y a unas discusiones sobre si esa inflación prevista a final de año va a ser cierta o no. En cualquier caso, además de corregir ese 2 por ciento previsto en el
proyecto de ley y sustituirlo por un 3,5 por ciento, esta cuestión quedaría resuelta si incluyésemos todos los años un ajuste de una paga especial que, en caso de error de estimación de esta inflación, compensara a los funcionarios de la pérdida de
valor adquisitivo. Año tras año asistimos a una previsión que no se cumple, es decir, a un sueldo que desciende, a un salario que disminuye. A pesar de que este año parece que hay mayoría absoluta de todos los analistas y de todos los foros
respecto al cuadro macroeconómico en el sentido de no coincidir con el Gobierno, yo estaría dispuesto, como todos los años, no tanto a discutir esta cifra, que se puede discutir, sino a cuándo el Gobierno va a incluir esa paga para que el salario
que cobran los funcionarios se aproxime a la inflación real y no a la inflación prevista. En este sentido van dirigidas 10 de las 13 enmiendas.
La segunda cuestión se refiere a que aquellas comunidades que estén más necesitadas de prestaciones de funcionarios, la oferta pública de empleo no debe tener las limitaciones que tiene en la ley, sino que debe responder a las necesidades
reales de la Administración, en aquellos puntos y puestos donde interese y no tanto a unos porcentajes como queda establecido en el proyecto de ley. Me gustaría abrir esa oferta pública y que se considerara el 3,5 por ciento de subida salarial para
el sector público.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Asistimos hoy a la repetición de la jugada. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre las enmiendas y parece ser que esta semana también va a ser inevitable hacerlo. Nuestro grupo sugeriría no repetir de la
misma manera y con los mismos argumentos todo el debate y agilizarlo de manera que cuanto antes podamos finalizarlo, nosotros contribuiremos sin duda a ello. No tiene sentido, además, porque la voluntad del Grupo Popular de aceptar algunas
enmiendas que presentan los grupos proponentes es absolutamente nula, con lo cual estamos peleándonos contra una pared que no nos conduce a ningún sitio.
Hoy hemos conocido que la tasa de paro se sitúa en el 11,4 por ciento, que ha aumentado el número de parados en España. También hemos podido leer en los periódicos que el señor Aznar reconocía ayer que la economía española el año que viene
iba a crecer el 2 por ciento y no el 3 por ciento, que se supone que es la hipótesis que ha utilizado el Gobierno para elaborar estos presupuestos. Estos son motivos suficientes para hacer una profunda revisión del cuadro macroeconómico
y de las cifras económicas y, en definitiva, para reabrir un debate y reflexionar sobre el presupuesto, pero sinceramente, dada la voluntad manifestada por el Partido Popular y por el Grupo Popular en el Congreso, no merece la pena.
Nuestros argumentos chocan una y otra vez con la incomprensión del Grupo Popular, pero a pesar de ser conscientes de esa crítica, nuestro grupo quiere defender, aunque sea brevemente, las enmiendas presentadas a este título.
Hemos presentado cuatro enmiendas al título III, las números 667, 668, 669 y 670. Las dos primeras son de carácter competencial y hacen referencia al carácter básico de los artículos 19 y 20 de la ley de presupuestos.
Nuestro grupo viene
planteando año tras año una enmienda al carácter básico de estos artículos, puesto que no es justificable ni desde el sentido común ni desde el sentido económico. Que las comunidades autónomas, corporaciones locales y diputaciones provinciales y
forales tengan que subir el salario a su personal igual que lo hace el Estado y que las limitaciones en materia de contratación de personal tengan que ser las mismas no tiene ninguna justificación económica, tan sólo refleja la voluntad política de
cercenar y limitar las competencias de comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. En lugar de tener en cuenta la realidad de estas instituciones públicas, en vez de valorar cuál es su situación y cuáles son sus necesidades y sus prioridades,
en definitiva, en lugar de permitir a estas instituciones que tomen sus decisiones en función de sus prioridades políticas, se aplica una política de café para todos que no resuelve nada a nadie. Se les aplica un control salarial, se les aplica
-como al resto de las instituciones públicas del conjunto del Estado- un control sobre las plantillas, se les aplica un control sobre el total del gasto público en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y luego se les dice que pueden hacer lo
que quieran; no sé en qué marco, porque mayores restricciones es difícil encontrar. Esto refleja la voluntad intervencionista del Gobierno del Partido Popular, que no sólo quiere controlar esta Cámara, sino también el conjunto de cámaras y
ayuntamientos de todo el Estado. Esto es ir demasiado lejos y no creer en el Estado de las autonomías que tanto dicen defender. Frente a la imposición que se plantea a través de estas leyes al conjunto de las instituciones públicas del Estado, la
cooperación es un sistema que debiera funcionar mucho mejor. Rogaría al Grupo Popular que aceptase estas enmiendas, si se considera defensor del Estado autonómico y de las competencias autonómicas y locales.
Las enmiendas 669 y 670 tienen otro carácter. Como saben, las subidas salariales que se establecen para el presidente del Tribunal Constitucional y para el fiscal general del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de este año no
son las que se plantean con carácter general para el resto de los funcionarios, pensionistas, etcétera. Para el presidente del Tribunal Constitucional se prevé una subida salarial del 3,45 por ciento, y para el fiscal general, del 57,2 por ciento.
Es necesario explicar ampliamente a la Cámara y al conjunto de los ciudadanos por qué a los funcionarios y a los pensionistas se les sube solamente un 2 por ciento y por qué al señor fiscal general del Estado se le sube un 57,2 por ciento.
Seguramente se argumentará que es necesario llevar a cabo una homologación, pero habría que preguntarse: ¿homologación, con quién y para qué? Todos podemos tener la tentación de solicitar una homologación, incluso los presentes en esta Cámara.
Los pensionistas españoles podrían solicitar una homologación con los pensionistas alemanes, o los pensionistas que tienen pensiones muy bajas con los que las tienen más altas, o los funcionarios españoles con los franceses. En este campo las
demandas pueden ser ilimitadas. Quisiera que el Gobierno o el Grupo Popular me respondiese por qué se establecen estas subidas tan desmedidas para el presidente del Tribunal Constitucional y para el fiscal general del Estado. Por ética, para
evitar la doble moral y para medir con idéntico rasero a todos los ciudadanos, estas enmiendas deberían ser aceptadas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
A este título III mantenemos tres enmiendas, las números 1580, 1581 y 1582. La primera de ellas no sé por qué la defiendo, porque en la primera quincena del mes de septiembre tuvimos un contacto con el ministro de Hacienda y le sugerimos y
argumentamos que debía ser por encima del 2 por ciento el porcentaje de incremento de las retribuciones del personal del sector público. El silencio acompañó a la propuesta oral; el silencio acompañó a una propuesta escrita; el silencio acompañó
al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros; el voto en contra del Grupo Popular acompañó la semana pasada a nuestra enmienda. Pero 48 horas después el ministro de Administraciones Públicas firma
-y nos parece bien- un acuerdo con los sindicatos, no del 3 por ciento sino del 3,3 ó del 3,2, creo recordar, con lo cual el ministro de Administraciones Públicas ha desmentido al Grupo Parlamentario Popular, ha desmentido al ministro de Hacienda y
al propio Consejo de Ministros; y esta tarde, si Dios no lo remedia, y creo que no está por la labor, van a votar en contra de esta enmienda, con lo cual van a rectificar ustedes al propio ministro de Administraciones Públicas.
Esto es un lío,
señora presidenta, que uno no entiende, no alcanza a comprender cómo se produce y, sobre todo, no entiende
por qué es tan difícil votar una enmienda nuestra o, siendo tan fácil como es, presentar una enmienda in voce, en este mismo momento, y resolver la papeleta que tienen encima de la mesa el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, el
ministro de Hacienda, el ministro de Administraciones Públicas, etcétera. Con lo fácil que es resolver este problema, me parece que esta tarde van a desmentir, otra vez, al Consejo de Ministros, al ministro de Hacienda, al ministro de
Administraciones Públicas, etcétera, votando en contra de nuestra enmienda.
Las dos enmiendas siguientes, la 1581 y la 1582, señora presidenta, señorías, hacen referencia a lo que nosotros entendemos que es una cuestión competencial, porque las comunidades autónomas -no todas pero algunas sí-, de acuerdo con sus
estatutos de autonomía, pueden establecer el tope máximo de los incrementos retributivos o pueden establecer sus propias ofertas de empleo; y en este último apartado incluyo las del personal laboral que en momentos determinados, estoy pensando, por
ejemplo, en sanidad pública o en educación, es necesario contratar. Se trata de un personal que viene a cubrir algunas bajas o algunas necesidades, y creemos que esa es una competencia propia de las comunidades autónomas; nadie ha dicho lo
contrario, que se sepa, pero a través de los Presupuestos Generales del Estado se dice que es una competencia exclusiva de la Administración central. Nuestra interpretación no es ésta y de ahí la presentación de estas dos enmiendas, que quedan
defendidas en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, ya hay acuerdo en el ámbito de la Función pública. ¿Y ahora qué discutimos, señora portavoz del Partido Popular? ¿Lo que ha presentado el Gobierno en la ley de
presupuestos, las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios, lo que van a presentar mañana a las comunidades autónomas que no han participado en ello y parece que les van a dar a conocer las condiciones del acuerdo que en este
Congreso de los Diputados no conocemos, más allá de lo que hayamos leído en los medios de comunicación? ¿Qué vamos a discutir, señora Ruiz, las enmiendas, lo que se ha acordado, una alternativa distinta a la que ha presentado el Gobierno y que
apoyó el Consejo de Ministros, después de rechazar una enmienda a la totalidad porque los demás grupos parlamentarios criticábamos que determinadas estrategias políticas de este presupuesto no las compartíamos?
En este ambiente, señora portavoz del Partido Popular, yo me preguntaría: ¿Es un Gobierno serio el que está presentando estos presupuestos? ¿Es un Gobierno coherente que quiere dar lecciones de coherencia, de ideología, de sensatez a los
demás grupos parlamentarios, que llevamos presentando enmiendas como las que hemos presentado este año y siempre nos han dicho que no, y que este año, por mor de un acuerdo que han obtenido en condiciones posiblemente debidas a una presión sindical
o a un reconocimiento de las auténticas necesidades del ámbito de la Función pública o porque hay elecciones próximamente, terminan diciendo que sí? Porque van a terminar diciendo que sí a la eliminación del tope establecido en las últimas leyes de
presupuestos, y también este año, en materia de contrataciones en el ámbito de la Función pública o en lo relativo a la recuperación del poder adquisitivo o en relación con buscar medidas que vayan a luchar contra la temporalidad en el ámbito de la
Función pública. Cuando nos han dicho que no todos estos últimos años y también nos van a decir que no posiblemente a las enmiendas esta tarde, ¿eso es un ejemplo de coherencia por parte de un Gobierno que llega a un acuerdo con los representantes
de los empleados públicos sin haber consultado al resto de las administraciones públicas, cuando les afecta de una forma sustancial? Porque posiblemente, si no lo desmiente nadie, una parte de este acuerdo en remuneraciones en función de pagas
extraordinarias va a ir como principio básico, ¿o no? Y afectará al conjunto de las administraciones públicas, que ni han sido consultadas ni se les ha pedido su opinión, y se encuentran con que tienen que realizar, y muchos ya lo están haciendo,
unos presupuestos con unos ingresos financieros previos a las decisiones que adopta el Gobierno.
Bienvenido sea el acuerdo. A nosotros nos parece razonable que en el ámbito de la Administración pública haya habido, por fin, un acuerdo.
Posiblemente el Gobierno haya hecho de la necesidad virtud, aunque es verdad que se la han tenido
que arrancar la sensatez, la política reflexiva, la política tolerante, la política dialogante de los empleados públicos, que año tras año se han visto defraudados por un Gobierno que no estaba urgido por la necesidad de llegar a un acuerdo porque
tenía elecciones próximamente.
Había que buscar a toda costa un pacto social en el ámbito de la Función pública. Pero hay que ser coherente, señora portavoz del Partido Popular.
Si se llega a un acuerdo en el que las retribuciones van a ir por encima del 2 por ciento,
hay que decirlo, no hay que esconderlo. ¿Por qué? Porque ya algunos están diciendo: En materia de retribuciones, no se puede ir por encima de la inflación prevista, aunque no se lo crea nadie.
No se puede ir hablando primero de un 3,3 por ciento
de subida para este año y luego, cuando determinados agentes sociales empiezan a decir por dónde va el Gobierno, intentar camuflarlo. El disparate de titulares de estos
días en los medios de comunicación en relación con el acuerdo y con la subida que vaya a haber en los años 2003 y 2004 es increíble. Yo creo que el señor Arenas tenía que decir: Señores, estábamos equivocados. Ustedes y todos los
sindicatos, en las cosas que nos han dicho durante los últimos años, tenían razón. Pero no, intentan camuflar el acuerdo y un día es el 3,3, otro el 3,7 y otro es el 2 por ciento. ¿Todo eso por qué? Porque la política en materia de personal de
este Gobierno es cicatera, opaca, prepotente y errónea.
¿Por qué es cicatera? Porque llevan diciendo año tras año que no ha habido pérdida de poder adquisitivo. Yo tengo los datos del propio Gobierno, en los que la evolución de las medias de las masas salariales ha subido en los sueldos básicos
el 2 por ciento, en trienios el 9,6, en complemento de destino el 3 y en complemento específico el 8,2. Es decir, que las subidas salariales, más allá de la inflación prevista en la ley de presupuestos, ha sido consecuencia de políticas de
reclasificación o políticas de antigüedad, y aquel que no cumplía un trienio o aquel que no le han reclasificado le han subido el sueldo en los últimos años el 2 por ciento. Ese empleado público, digan ustedes lo que digan, ha perdido poder
adquisitivo. Esto lo van a corregir y me parece razonable.
¿Por qué la política de retribuciones es opaca por parte de este Gobierno? Si coge la ley de presupuestos, a mayor transparencia informativa menores salarios. Desde el presidente del Gobierno, cuyo salario 82.000 euros está en los
Presupuestos Generales del Estado, o los de un ministro 72.000 euros, a medida que va disminuyendo la transparencia posiblemente van aumentando las retribuciones. ¿Por qué no asumen nuestras enmiendas para que las retribuciones de todos los altos
cargos, presidentes de las empresas públicas y presidentes de sociedades estatales sean transparentes al Parlamento? ¿Es que tienen algo que esconder? ¿Cómo es posible que este Parlamento no conozca lo que gana el presidente de una sociedad
estatal cuyo presupuesto aprueba este Congreso de los Diputados? ¿Cómo es posible que a medida que aumenta la poca transparencia curiosamente aumentan las retribuciones? El colmo es el siguiente: tanta pelea por medio punto o por una décima de
punto en la mesa de negociación con los sindicatos para que los salarios de los gerentes de las mutuas patronales, que se financian con cotizaciones sociales aprobadas por este Parlamento, suban una media del 6,32 por ciento. No estamos hablando de
bagatelas sino de personas que tienen sueldos de 40 millones de pesetas; ¡estamos hablando de gente que gana 40 millones de pesetas! Eso hay que buscarlo en la ley de presupuestos, lo mismo que otras cosas. ¿Por qué no asumen las enmiendas que
presentamos de aumentar la transparencia informativa y la transparencia de las retribuciones? Si no hay nada que esconder y posiblemente igual se ganan lo que verdaderamente trabajan.
¿Por qué este Gobierno es cicatero para un décima con el resto
de los empleados públicos y con determinados salarios, como decía mi compañero Azpiazu, es generoso sin par con los niveles retributivos altos?
Este Gobierno es prepotente porque no se puede actuar como está actuando, como si fuera el empleador de todos los empleados públicos, cuando sólo es empleador de uno de cada cuatro empleados que hay en el conjunto de las administraciones
públicas. ¿Cómo es posible que después de haber llegado a un preacuerdo -en definitiva, casi un acuerdo- se convoque deprisa y corriendo a los representantes de las comunidades autónomas mañana para darles a conocer el acuerdo al que ya han
llegado? En un Estado español compuesto, en el que existen muchas administraciones, no se pueden tomar las decisiones así. Por eso, pretendemos trabajar y funcionar de una forma distinta.
Su política es errónea porque este año parece que han llegado a un acuerdo con los empleados públicos para eliminar la tasa de temporalidad cuando todos los sindicatos y todos los partidos políticos llevamos tiempo diciendo al Gobierno que
la congelación de las plantillas era una mala política. Por ejemplo, existen sectores en materia laboral en los que proponemos con una enmienda que aumente el número de inspectores y subinspectores de trabajo -la ley y el procedimiento que llevan
desarrollando en los últimos años lo impiden- para mejorar la calidad del empleo, para luchar contra los accidentes laborales y para luchar contra las formas de marginalidad y de contratación errónea. Todas estas enmiendas están dirigidas a mejorar
la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. No sé de dónde se ha sacado el ministro señor Arenas que los sindicatos han echado por la borda o ya no quieren la cláusula de revisión salarial, si usted y todos nosotros conocemos una
proposición de ley que está en los pasillos por iniciativa legislativa popular de Comisiones Obreras pidiendo la cláusula de revisión salarial, como han llegado a acuerdos con otras comunidades autónomas.
No sean tan maximalistas, señores del Partido Popular, ¿por qué?, porque en definitiva las propuestas que está haciendo mi grupo parlamentario año tras año van dirigidas a mejorar la calidad del empleo público, la profesionalidad de la
calidad del empleo público y en definitiva a tener una Administración al servicio de los ciudadanos y al servicio de la sociedad. Ustedes han apostado por una política totalmente distinta, una política de congelación salarial, una política de
congelación en las plantillas, y una política de externalización de muchos servicios públicos, entregándoselos a la sociedad privada y a las grandes empresas que lo único que buscan es el lucro. Ese no es nuestro modelo, y por mucho que ustedes
hayan llegado a acuerdos con los sindicatos vamos a seguir unas enmiendas que nos parecen positivas, dignas y que van a mejorar, si fueran aprobadas, la calidad de la Administración pública.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Turno en contra de las enmiendas. (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en los debates celebrados en la Comisión señalamos en este título, como en la sección 22, que asuntos fundamentales de los que se estaban negociando en la Mesa de la Función pública, no se incluían en esos presupuestos.
En este título en concreto, los regímenes retributivos, lo relativo a reposición o temporalidad eran cuestiones cuya modificación debería preverse. Nunca nos ha parecido demasiado rigurosa la técnica, ya vieja por otra parte, de incluir
estos aspectos en el proyecto de ley para presionar una negociación y posteriormente introducir enmiendas en el Senado. El Gobierno, imagino que a través de su grupo parlamentario y supongo que los demás grupos deberíamos hacer lo mismo, deberá
presentar en una semana en el Senado lo que constituye una auténtica enmienda a la totalidad de este título. Debe cambiarse la estructura y alcance retributivo, suprimir la tasa de temporalidad e incluirse los límites a la temporalidad.
Comprenderán que en estas circunstancias carece de interés discutir sobre el texto presentado, como ya señalamos en la Comisión. Sólo nos cabe discutir este texto, ahora inútil, felicitar a los sindicatos de la Función pública por haber
logrado que el Gobierno haya renunciado a lo que hasta hace unas semanas era una política tanto en materia retributiva como en materia de reposición o temporalidad, cosa de los calendarios, las debilidades electorales y el descrédito social del
Gobierno tras el decretazo hace que nos encontremos en esta situación.
Por otra parte, creemos que es bueno el reconocimiento explícito que el Gobierno efectúa de tres cuestiones: la pérdida de capacidad adquisitiva que su política había supuesto, el reconocimiento de lo intolerable de la temporalidad y el
reconocimiento de la oferta pública de empleo como instrumento de generación de puestos de trabajo.
Ahora debe esperarse que la Administración y el Partido Popular sean consecuentes con estos principios y los alienten en el conjunto de administraciones y sectores sociales donde estas cuestiones afectan especialmente, con el objeto de no
provocar agravios en otros sectores y administraciones.
Estamos pensando, por ejemplo, en la aplicación de un criterio retributivo similar parecido para el salario mínimo inteprofesional que ustedes han vinculado estrictamente al IPC, estamos pensando en que deberá retirar el Gobierno
inmediatamente las impugnaciones de convenios en las Administraciones locales o en mantener respeto en las administraciones locales a la desaparición de la reposición; estamos pensando también en que si una tasa de temporalidad del 20 por ciento es
inaceptable, que desde luego lo es, tendrán que reconocer que más inaceptable resulta en el conjunto del mercado de trabajo donde las tasas son todavía superiores. Queremos decir, señorías, que estamos de acuerdo con que todos los ciudadanos seamos
solidarios a través de nuestros impuestos con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Función pública, pero no estamos de acuerdo con que esta solidaridad no se traslade al sector privado.
Ustedes habrán leído en el informe del Banco de España -nosotros no podemos suponer que las cenas de víspera de puente se utilicen para enterarse de estas cosas- que los empresarios han forzado la desaceleración de los costes del trabajo,
han aumentado sus beneficios en el último trimestre y han reducido la inversión y el número de contratos indefinidos, aspectos en los que debería concretarse su forma de solidaridad. Queremos decirles que es su obligación que esta afectuosa
solidaridad política descubierta tras cinco años de Gobierno y algunas malas noticias concretadas en sondeos se extienda al sector privado a través de políticas que impidan la extensión de la temporalidad, el encadenamiento abusivo de contratos y el
aumento de beneficios sin inversión que se traduce en una inflación descontrolada que estamos pagando todos.
Nos parece muy importante la eliminación de la tasa de reposición y la limitación de la temporalidad al 8 por ciento, se trata del reconocimiento de que la Administración pública puede ser un instrumento de generación de empleo vinculado a
la extensión de la calidad de los servicios públicos. Esta limitación que suponían las tasas de reposición y la temporalidad estaba impidiendo tanto a nivel central como autonómico y local que se probara la evidente relación entre la superación de
los bajos niveles de recursos de nuestro Estado de bienestar o el débil capital humano en materia de medio ambiente y las políticas de creación de empleo. A partir de este acuerdo, esperamos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan
mejorar en estos ámbitos y contribuir más decisivamente a la reducción del desempleo, especialmente en los sectores de jóvenes y mujeres.
Principios como que los trabajadores de la Función pública dejan de perder poder adquisitivo, mejora su estabilidad y se permite a la Administración operar en el empleo deben extenderse a la sociedad española en su conjunto a través de los
poderosos instrumentos de que ustedes disponen en estos presupuestos y su ley de acompañamiento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Popular, señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra en nombre de mi grupo para defender nuestra postura respecto de las enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios al Título III. Al igual que en Comisión, concentrando en bloques, por temas lo que son los
argumentos de cada una de esas enmiendas, damos por contestadas prácticamente todas ellas.
Tengo que comenzar diciendo, después de haber oído las intervenciones de algún portavoz, que será ingenuidad por mi parte, pero después de los sucesos de estos días, esperaba que esas enmiendas que hacen referencia a los incrementos se
retiraran, porque al final no deja de ser cierto que esta Cámara mandataba al Gobierno la negociación con los sindicatos en la Función pública, y esa negociación nunca ha estado cerrada por parte del Gobierno. De hecho, el año pasado había una
propuesta muy clara del Gobierno respecto de lo que podían ser los incrementos retributivos.
¿Cuál era la diferencia? Que nosotros consideramos que las pagas lineales son inflacionistas, que las pagas consolidables que algunos grupos proponen son
inflacionistas y que nuestro objetivo de control del déficit y del gasto público es fundamental. Por eso en ese momento no hubo acuerdo por parte de los sindicatos, pero no porque la Administración no quisiera negociar, señorías, y lo saben muy
bien los grupos de la oposición porque conocen los porcentajes que dentro del margen que permitía la ley de presupuestos en el año 2001 tenía el Gobierno para negociar, los mismos que en este momento, en el año 2002, mantiene el Gobierno.
Cuando se decía durante la semana pasada en la Comisión para qué estábamos debatiendo ese tema si estaba abierta la Mesa de la Función pública y esos porcentajes no tenían por qué ser, nuestro grupo manifestaba que existía margen, como así
se ha demostrado, para que dentro de lo que es el mantenimiento de ese objetivo del gasto público se pudieran mejorar las condiciones de los funcionarios públicos.
Además se dice que este Gobierno no es coherente. Este Gobierno tiene una política económica coherente, universal además, con la que se beneficia y se afecta a todos los sectores y con unos objetivos muy claros desde el principio, el
control del gasto y el déficit público, con los que se pretende mejorar las condiciones no sólo de los empleados del sector público, sino de todo el sector productivo para que pueda ser capaz de generar mayor empleo, y al mismo tiempo también una
política fiscal que ustedes no apoyan normalmente que también libera rentas, y esas rentas van al poder adquisitivo no sólo del sector público sino también de todos los ciudadanos. Por tanto, ¿qué es no coherente? ¿Que antes de aumentar el déficit
público y el gasto público considera el Gobierno que debe sanear las cuentas de su sector público? Eso es elemental. No se puede tener una política económica coherente si antes no se sanean las cuentas propias, muy maltrechas después de unos años
que no voy a repetir aquí, pero muy maltrechas. ¿Qué se ha hecho copartícipe al sector público no sólo estatal sino también autonómico y local de esa política y de esos objetivos? Como no podía ser de otra manera. En el artículo 149.1.13.a cuando
se habla de la política económica, de las bases de coordinación que se reserva el Estado como competencia, se está hablando de esto. No se trata (y aquí hilo con el contenido de algunas enmiendas a ese tema) de limitar la capacidad de las
comunidades autónomas. Nunca como con este Gobierno del Partido Popular las comunidades autónomas han tenido mayor techo competencial, prácticamente el cien por cien. No se puede decir ese discurso de que se limita porque dentro de la política
económica general y para cubrir unos objetivos de déficit y de gasto público para todos se hace copartícipe a todas las administraciones. Ese discurso no se puede mantener aquí porque si no, ¿cuál es la competencia del 149.1.13.a? Si la
coordinación de la política económica general no debe incluir al resto de administraciones, ¿a quién se va a coordinar? ¿La Administración general del Estado a sí misma?
Además esto no obliga más que al máximo. Algún diputado dice que se cercena la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas. No. Lo que se marca son los máximos; se marcan los máximos para que no afecte a la política económica
general. Señorías, el Gobierno no obliga a las comunidades autónomas a subir el sueldo de sus empleados públicos en función de lo que hace la Administración general del Estado. Pueden ir por debajo. Si en función de sus criterios de retribución
consideran que los componentes que forman los salarios de los empleados públicos, pagas extraordinarias, complemento de productividad, etcétera, en la negociación vayan a menos, están en su derecho. Sólo se marca el máximo que es la competencia que
la legislación básica reserva al Estado.
Ustedes serán soberanos en cada una de sus comunidades autónomas para aplicar si quieren este acuerdo de máximos al que ha llegado el Gobierno con las organizaciones sindicales, pero nada más. Si quieren
pueden ir por debajo. Todo depende de la política económica de sus comunidades autónomas o cómo quieren cubrir los objetivos que ustedes se han planteado en cada una de ellas.
En definitiva, creía que esta tarde nos íbamos a congratular de que el Gobierno haya sido capaz de negociar con las organizaciones sindicales un acuerdo que dentro de esos objetivos que mantiene de control del gasto y del déficit público
mejore las condiciones de los empleados públicos, además con unas particularidades que no son incoherentes con lo que decíamos la semana anterior. Yo decía, y con ese objetivo se está llevando la negociación, que nosotros somos contrarios a las
mejoras salariales lineales porque son inflacionistas. Eso no quiere decir que no se tenga en cuenta en otros criterios, como puede ser la productividad o como
pueden ser otros elementos que además de retribuir mejor al empleado público le potencie más para que pueda tener una mayor satisfacción a la hora de cumplir los objetivos que pueda marcar cada uno de los ministerios o de los departamentos.
No estamos limitando eso; al contrario, estamos potenciando que en lo que es la masa retributiva de los empleados públicos, en la que siempre hemos mantenido mantenemos una vez más hoy, no ha habido pérdida del poder adquisitivo porque en la masa
hay que tener en cuenta no sólo los incrementos anuales de la ley de presupuestos, sino el resto de conceptos y deslizamientos a los que aquí se ha hecho relación, como al conjunto de otros ciudadanos no del sector público, el mayor poder
adquisitivo de la renta familiar que se produce por las rebajas fiscales que ha realizado este Gobierno y que gran parte de SS. SS.. algunos grupos parlamentarios no apoyan. ¿Acaso no genera más poder adquisitivo esta segunda rebaja fiscal en las
rentas de trabajo? Los empleados del sector público participan de la política económica general del Gobierno en todos los aspectos, como política social, política fiscal, mejoras y subvenciones en cada uno de los aspectos en los que les puede
afectar la nueva ley. ¿No se ha mejorado en eso?
Ustedes nos dicen que somos incoherentes y nos preguntan de qué estamos hablando. Estamos hablando del proyecto de ley de presupuestos que debemos aprobar, que son los créditos generales que permiten al Gobierno negociar con las
organizaciones sindicales en este tema de personal.
¿Acaso vamos a limitar al Gobierno la capacidad de negociación colectiva? Sus señorías dicen que el Gobierno está obligado a negociar. Pues bien, es lo que ha hecho afortunadamente con una buena
mejora en las condiciones de los empleados públicos, que afectará en un porcentaje determinado a temas retributivos consolidables, en otro porcentaje a la productividad y en otro a las pagas extraordinarias; aspectos que se pedían en las enmiendas
de los distintos grupos parlamentarios; es decir que poco a poco las pagas extraordinarias fueron aproximándose al cien por cien de las retribuciones, y no sólo al salario base y al complemento de antigüedad. Todo eso es lo que se encuentra
recogido en el acuerdo que el Gobierno está firmando en estos momentos con los sindicatos. Por tanto, si la negociación colectiva es algo que existe y debe existir, el Gobierno debe tener margen suficiente para ello. Este proyecto de ley, como el
anterior, concedía este margen al Gobierno, porque habla de unos porcentajes que forman la masa salarial. Ustedes hablan permanentemente en sus enmiendas de un porcentaje lineal. Por eso, esta tarde tenemos que volver a decir no a sus propuestas,
a pesar de que yo confiaba en que terminarían por retirarlas, porque debajo de eso subyacía su interés porque los funcionarios públicos llegaran a un acuerdo con el Gobierno.
Los porcentajes del 3, del 3,5 por ciento y del 5 por ciento que ustedes
plantean, siguen siendo unos porcentajes lineales en todos los conceptos, cosa en la que no estamos de acuerdo, pues dispara el gasto público y no lo controla; cuando nosotros creemos que, junto con la política económica, es la política de personal
que debe aplicarse al conjunto del Estado, y como primera referencia al sector público estatal. Al fin y al cabo hemos generado equilibrio y compensación. ¿Hubiera sido defendible que año tras año el Estado hubiera incrementado las retribuciones a
su sector público por encima de los objetivos de inflación, con un número determinado de parados? ¿Sería eso coherente, según lo manifestado aquí por parte de alguna de SS.SS? Nosotros creemos que es coherente crear los medios para generar empleo
y que el propio sector público sea copartícipe de una política rígida, no inflexible. Que sea rígida en un momento en que tiene que serlo y flexible cuando tenga el margen suficiente para mejorar esas condiciones. Ni el Grupo Parlamentario
Popular, ni por supuesto el Gobierno, tienen ningún interés en que los empleados de su sector público no tengan las mejores condiciones retributivas para generar una prestación de servicios con los mayores niveles de calidad.
Por tanto, nosotros
hemos de decir esta tarde que estamos muy satisfechos del acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno, que ha permitido mejorar no sólo las condiciones retributivas, sino también y como objetivo fundamental las condiciones de las
prestaciones que la Administración debe dar al ciudadano; tema que debe hilarse también con el de la tasa de reposición, ampliamente debatida y que no voy a volver a matizar.
En definitiva, nosotros creemos que afortunadamente a través de esta política económica del Gobierno, hemos conseguido generar las condiciones que posibiliten al Gobierno, dentro de la política económica general y de los recursos generados y
liberados, negociar mejores condiciones para los empleados públicos. Estamos muy satisfechos de ello. Creemos que hay que seguir avanzando, y de hecho el acuerdo prevé determinadas retribuciones a dos años, así como la consolidación de varios
aspectos. No se trata de la subida lineal de esos porcentajes que aquí se ha planteado. En el momento que cada uno de esos aspectos esté completamente negociado, veremos en qué se traduce; pero en definitiva no afecta en absoluto a este proyecto
de presupuestos.
La señora PRESIDENTA: Señora Ruiz, le ruego concluya, por favor.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta. Voy terminando.
Lamento tener que volver a repetir aquí los argumentos de la Comisión, pero es que son los mismos, tanto en lo que afecta a las retribuciones contempladas en las enmiendas planteadas en la competencia básica del Estado en esos artículos,
como en lo que se refiere al resto de conceptos que estaban en este título III y que
doy por reproducidos en los aspectos que ahora no he tenido tiempo de matizar en cada una de las enmiendas de SS.SS.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz.
Pasamos al debate de las enmiendas referidas a los títulos IV, VIII y sección 07, clases pasivas, conjuntamente.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas del señor Núñez, y paso a defender brevemente las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título IV, que en definitiva pretenden que el Gobierno considere un aumento mayor del previsto para las
pensiones, y de manera especial para las pensiones mínimas. Ya sé que asistimos año tras año a un diálogo de sordos en el marco de este debate presupuestario, y estoy seguro que el Gobierno seguirá afirmando que se hace un gran esfuerzo
presupuestario en materia de pensiones; afirmará que no pierden poder adquisitivo; dirá que los pensionistas cada vez viven mejor. Sin embargo -eso lo sabemos todos, basta echar una mirada a nuestros alrededor- la realidad es que los pensionistas
y especialmente los que perciben las pensiones más bajas, se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.
Nosotros creemos que es necesario destinar mayores cantidades a protección social, incorporando también las pensiones, destinando del porcentaje del producto interior bruto una cantidad semejante a la que destinan otros Estados europeos,
porque en relación con otros Estados, el Estado español está en el furgón de cola. Si establecemos comparaciones en términos de poder adquisitivo de las pensiones, veremos que el Estado español está en la misma situación. Las pensiones que reciben
los ciudadanos del Estado español, en términos de poder adquisitivo, están entre las más bajas del conjunto de los Estados miembros, y con las previsiones del Gobierno y el incremento para el próximo año, la situación de los pensionistas seguirá en
los mismos términos.
En cuanto al título VIII introducimos una enmienda con la que pretendemos eliminar la previsión que permite al Gobierno reducir los tipos de cotización al desempleo en los casos de contratación temporal, no solo porque creemos que esta
facultad no la debería tener el Gobierno, siempre que controle la Cámara, sino porque también creemos que no va a favorecer la contratación temporal, sino que al contrario, va a incentivarla. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta
cuestión.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ RUIZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como hemos tenido oportunidad de señalar en algunos debates realizados en la Comisión correspondiente, una de las cuestiones que más nos preocupa en estos momentos es la falta de autonomía de la Seguridad Social para utilizar los
recursos financieros que genera y la aplicación de estos recursos a paliar la pérdida de ingresos que está suponiendo su política fiscal.
Los recursos de la Seguridad Social y los del INEM que se citan, podrían permitir financiar las pensiones y pensiones contributivas, así como destinar a mejorar la protección asistencial a los Presupuestos Generales del Estado. Desde esta
perspectiva los esfuerzos de solidaridad que se incluyen en los capítulos IV y VIII de esta ley, nos parecen claramente insuficientes. Creemos que debe trabajarse en la igualación de la base máxima de todos los grupos de cotización y recortar la
actual diferencia entre la pensión máxima y el tope de la base de cotización. Mantenemos el criterio sobre jubilación flexible y una estrategia sobre la mejora de las prestaciones inferiores, no sólo en el terreno de los complementos a mínimos sino
también en criterios para pensiones de viudedad, derecho de acceso a pensión vinculado a posibilidades de otros ingresos, promoción de pensiones que constituyen única renta, mejora de orfandad y mejora de las pensiones con hijo a cargo. Seguimos
planteando que la protección social es escasa y en concreto sobre el sistema de pensiones creemos que los recursos disponibles deberían permitir lo siguiente: la mejora de las pensiones mínimas, empezando por establecer un mínimo de pensión para
los incapacitados permanentes totales menores de 65 años que no tengan trabajo -y quiero recordar que es el único colectivo que no tiene establecido un mínimo de pensión-; replanteamiento de las pensiones de muerte y supervivencia para adaptarlas a
las nuevas formas de convivencia distintas del matrimonio y fomento de la igualdad de género mediante, primero, el fomento de conciliación entre trabajo y cuidados familiares por parte de ambos padres, para lo que se hace preciso un replanteamiento
de la filosofía de la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral; segundo, reconocimiento como derecho propio e individual del padre a un permiso retribuido en caso de nacimiento de hijo; tercero, la consideración como cotizados, a
efectos de las pensiones, los períodos dedicados al cuidado de hijos o familiares dependientes y, cuarto, la solución a los problemas de ausencia de derechos propios en los casos de separación y divorcio.
El sistema público de pensiones español pagó en el año 2001 una cantidad equivalente al 10 por ciento del
Títulos IV, VIII sección 07, clases pasivas
producto interior bruto, uno de los porcentajes más bajos en la Unión Europea, que está en el 13 por ciento de media. Nadie puede considerar peligrosa, por tanto, la situación actual. Muy al contrario, la preocupación debe concentrarse en
la insuficiente cuantía de las prestaciones para un número elevado de beneficiarios del sistema. El contexto actual está marcado por algunas prestaciones con cuantías excesivamente bajas y una evolución bastante controlada del crecimiento del gasto
originado por las nuevas pensiones. El principal inconveniente procede de la inflación y, aunque afecta al conjunto de la economía española, puede suponer un pago extra para el sistema. La situación financiera de la Seguridad Social ha mejorado
sustancialmente hasta alcanzar su segmento contributivo un superávit de 3.580 millones de euros en 2001, es decir, 595.000 millones de pesetas. Los ingresos obtenidos por medio de la cuota por contingencias comunes y accidentes de trabajo son
suficientes para pagar todas las pensiones contributivas y las prestaciones económicas por incapacidad laboral y generan un excedente de 7.600 millones de euros, que es tanto como 1,2 billones de pesetas si se excluyen los pagos en concepto de
complementos a mínimos.
La defensa del actual modelo no impide que consideremos que se precisan reformas para adaptarlo a la evolución demográfica, pero también a la evolución del mercado de trabajo, a los cambios de estructura familiar y a otras realidades
sociales. No nos parece muy correcto, sin embargo, centrar todo el debate sobre la protección social exclusivamente en las pensiones contributivas y soslayar otras pensiones y políticas asistenciales tales como la protección familiar, la protección
por desempleo, incluso la necesidad de reforzar las pensiones de las clases pasivas del Estado, cuyo gasto asciende a más de un billón de pesetas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
A esta sección y títulos que estamos debatiendo mantenemos tres enmiendas que tratan sobre cuantías de pensiones de jubilación y de invalidez.
Nuestro grupo parlamentario, como es público y notorio, a lo largo de la pasada legislatura apoyó
al Gobierno del presidente Aznar, entre otras muchísimas materias, en lo que respecta a la Seguridad Social. Es cierto que se había producido un agujero -digámoslo en términos coloquiales- y por tanto debía producirse una política de austeridad
sobre la que debía hacerse pedagogía, y deberíamos recuperar terreno perdido. Creo que lo hicimos francamente bien. Finalmente, al término de la legislatura se dio la vuelta al marcador -dicho en términos deportivos-, es decir que allí donde había
déficit se produjo superávit como consecuencia de una buena gestión de la caja de la Seguridad Social y de la creación de numerosos miles de puestos de trabajo nuevos. Esas circunstancias se mantienen a lo largo de esta legislatura y motivan, entre
otras cosas, nuestro apoyo al documento presupuestario aportado por el Consejo de Ministros.
Es igualmente cierto que hay sectores de la sociedad para los que el eslogan España va bien sigue siendo más que dudoso insultante, y ahí es donde nos duele que no sea razonablemente aceptado porque es imposible, y por razones de justicia
social nosotros proponemos un incremento del 4 por ciento de las pensiones no contributivas respecto de las establecidas para el vigente ejercicio económico. También por razones de justicia social procedemos a una actualización de las pensiones
mínimas contributivas del sistema de la Seguridad Social por encima de la inflación, para que las mismas se eleven un 4 por ciento en lugar del 2 por ciento previsto en el proyecto. Y no sólo por razones de justicia social, humanitarias,
compasivas, que diría el presidente Bush, sino porque se ha producido un acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social en lo referido al incremento de las pensiones más bajas del SOVI, en la línea del acuerdo proponemos un incremento del 4 por
ciento en vez del 2 por ciento. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señora presidenta, he aquí los argumentos que avalan nuestras enmiendas, en una línea de absoluta coherencia entre lo que vinimos haciendo a lo largo de la pasada legislatura, es decir, arreglar las cuentas de la Seguridad Social y convertir
el déficit en superávit mediante una política económico-laboral altamente positiva para el país, que así se observó y así viene siendo ratificado por observadores internacionales, pero ya que hay dinero y manteniendo la tesis de que es mejor
preservar una caja lo más repleta posible para tiempos malos, si es que llegan, lo que debemos hacer es aplicar el principio de justicia social hacia los más necesitados, en este caso los pensionistas y aquellos otros que no pueden seguir en su
trabajo por invalidez.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a defender las enmiendas de mi grupo parlamentario al título IV, las números 1223, 1231 a 1236, 1268 y 1269, todas ellas referidas a clases pasivas, pensiones, en definitiva, a la Seguridad Social.
Decía al inicio de esta sesión mi compañero Paco Marugán que la Seguridad Social es la que garantiza al Gobierno el equilibrio presupuestario. Yo diría que la Seguridad Social lleva ya unos años cubriendo el déficit cero, o que a costa de
ella se habla del déficit cero; se habló el año pasado, se habla este año y se hablará el año que viene. Es a costa del superávit de la Seguridad Social como realmente El Gobierno presenta los presupuestos equilibrados a costa del superávit de la
Seguridad Social.
El Gobierno haría bueno aquel refrán de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Desde todos los ámbitos pretende controlar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las administraciones en general con la Ley de
control presupuestario, pero luego nos trae unos presupuestos en los que realmente no cumple dicha ley. Lo preocupante en esta época que estamos viviendo no son las leyes que aprobamos aquí, que no son tan malas aunque tendrían que modificarse,
sino la nula voluntad del Gobierno actual de cumplir ninguno de los acuerdos a que llega.
Señorías, hablar de los aumentos de las pensiones en función de la inflación para el año que viene, estimada en el 2 por ciento, cuando tenemos la experiencia de estos años pasados en que no se ha cumplido la previsión, es hacer un ejercicio
de cinismo político. Subir un 2 por ciento a los pensionistas es incomprensible. Niegan a los perceptores del SOVI, que son 365.000 en toda España, una subida del 10 por ciento propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y les suben la pensión
un 2 por ciento. Estamos hablando, señorías, de pensiones mensuales de 45.000 pesetas. Se niegan a una subida del 2 por ciento para estas pensiones y en cambio aprueban una subida del 6,3 por ciento para 20 presidentes de mutuas que entre todos se
llevan 300 millones de euros de aumento. Esa es la coherencia del Partido Popular: niega una subida del 10 por ciento a los que cobran 45.000 pesetas mensuales y por el contrario aprueba un incremento superior para los que cobran 40 millones.
Estas cuestiones, señorías, son difíciles de defender.
Nuestra enmienda va también dirigida a los complementos a mínimos.
Nosotros proponemos una aportación a mínimos de 293.650 euros porque creemos que el Estado debe hacer un esfuerzo en lo relativo a esta cuestión. Y lo hacemos porque hay
que cumplir los acuerdos del Pacto de Toledo, igual que los firmados con Comisiones Obreras y CEOE. Seguramente alegarán que tienen 12 años para ello, pero ahora que tenemos dinero es cuando debemos dedicarlo al objetivo que nos marcamos. Les
recuerdo -y enlazo con otra enmienda socialista- que una de las decisiones del Pacto de Toledo es la separación de fuentes y que todo excedente debe ir a un fondo de reserva. Otra de las recomendaciones del citado Pacto de Toledo es que una parte
de ese fondo fuera para equilibrar las pensiones más bajas. En ese sentido -y enlazo con la anterior enmienda-, proponemos una subida del 10 por ciento para las pensiones del SOVI, para las pensiones mínimas, y una subida del 2,8 por ciento para
las pensiones contributivas y no contributivas por lo que manifestamos al principio, porque la inflación del año que viene no va a ser del 2 por ciento. Proponemos que la subida sea del 2,8 por ciento porque se acercará más a la realidad, es decir,
a la inflación real a final de año. Y si bien es cierto que a esos pensionistas se les compensará en dicha fecha, también es cierto que el Gobierno juega con todo ese dinero durante el año y son los pensionistas los que soportan mes a mes la
inflación con pensiones en su mayoría de verdadera miseria y con dificultades para llegar a final de mes. Por consiguiente, nuestras propuestas son totalmente razonables.
Hablando del fondo de reserva, ya tenemos el billón de pesetas del que hablábamos como objetivo y además tenemos más de medio billón de pesetas en una cuenta del Banco de España. Señorías, ¿es que la Seguridad Social, que tiene cuentas en
el Banco de España, se ha marcado como objetivo el ahorro? ¿Es ese el objetivo de la Seguridad Social? Señorías, las pensiones tienen muchas dificultades y es necesaria su readaptación para que ese dinero bien vaya al fondo, bien se invierta en lo
que se debe invertir, a no ser que el mismo se tenga como remanente para solucionar los apuros que pueda tener el Gobierno en el futuro. Esto casa con lo que decía al principio, que la Seguridad Social compensa los desmanes del Gobierno.
Otra de nuestras enmiendas hace referencia a rebajar un punto de cotización a todos los contratos estables que se realicen. Antes ha dicho el señor Cámara que es mentira que esté creciendo el desempleo, que al contrario se está generando
mucho empleo. Pues bien, señor Cámara, lo que se está haciendo son contratos de tres días. Seguro que hay miles de ciudadanos que han sido contratados el viernes y que hoy están en el paro, algunos de los cuales volverán a ser contratados mañana
pero otros se quedarán en el paro. Este trimestre hay casi 80.000 parados más, pero ¿sabe qué es más preocupante? Que este trimestre han aumentado en 21.000 los hogares que tienen todos sus miembros parados, es decir, que no trabaja ningún miembro
de la familia. Actualmente son 489.000 los hogares que en nuestro país no tienen ni un solo miembro trabajando, por lo que, señorías, teniendo en cuenta la situación económica de la Seguridad Social es razonable, para intentar paliar el desempleo y
tratar de fomentar la contratación estable, hablar de rebajar un punto las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y los trabajadores, a ver si así conseguimos el objetivo de que exista trabajo más estable. Sería bueno que algunas de SS.SS.
pasaran por un contrato de este tipo, de tres o cuatro días, con el salario correspondiente y estoy segura de que cambiarían más de una de las defensas que hacen aquí, porque decir que se está generando empleo y además de calidad es no ver la
realidad y vivir en el aire.
Otra enmienda se refiere a la equiparación de las pensiones acogidas al Real Decreto 670/1976, esto es, de las pensiones de mutilados de nuestra guerra civil, ya que todavía mantenemos lo de los dos bandos en cuanto a las mismas. Los
militares de la guerra cobran una pensión y los civiles otra, y ya es hora de equipararlas. Estamos hablando de 4.200 pensiones, que son las que se pagan de acuerdo con el Real Decreto 670/1976 y hay mucha diferencia entre lo que cobra un
pensionista militar y uno civil.
Por ponerle un ejemplo, un pensionista mutilado civil de guerra con una incapacidad de segundo grado cobra 189 euros y un pensionista militar con una incapacidad de segundo grado cobra 596 euros. Es una barbaridad
mantener estas diferencias, porque estamos hablando de -repito- 4.200 pensiones, que son las que quedan en este momento.
Señorías, a veces uno piensa que no serían necesarios estos debates y que lo mejor sería enviar por escrito lo que se quiere decir para que lo incluyan en el 'Diario de Sesiones' y se acabó, porque luego los que votan en contra (que ni
siquiera utilizan el turno en contra sino la fijación de posición para oponerse a lo que estamos planteando, lo que constituye una perversión del reglamento porque si se está en contra se va a votar en contra, lo cual debería generar un turno en
contra y no la fijación de posiciones) nos van a decir que no es posible porque estas enmiendas desbaratarían la Seguridad Social, etcétera. Es más, seguramente me van a decir que a las viudas se les ha subido la pensión, que han pasado del 45 al
46 por ciento, y que ha habido un grupo al que se le ha subido un l5 por ciento.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Termine, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta.
Señorías, deberíamos hacer un esfuerzo para hacer compatibles las pensiones del SOVI con las de viudedad porque son una miseria, y deberíamos hacer un esfuerzo para subir un 10 por ciento las pensiones de viudedad mínimas y las del SOVI
porque las personas a las que van dirigidas se merecen este esfuerzo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López.
¿Grupos que desean utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean utilizar el turno de fijación de posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, cuando hemos debatido el título III no ha habido turno en contra, por lo que si me lo permite me gustaría hacer una reflexión en torno al título anterior, pero se lo tengo que solicitar. No sé
por qué no ha habido turno en contra. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, hace signos afirmativos.) Simplemente quiero hacer la siguiente reflexión. Por parte del representante del Grupo Parlamentario Popular se ha dicho que a
quién se va a coordinar en caso de que la subida salarial y el incremento de los funcionarios impuesta por el Estado para el conjunto de las instituciones públicas no fuera básico. Considero que de esta manera impositiva, a través de una ley, no se
debería coordinar a nadie, porque coordinar es dialogar y acordar, que es lo que no se hace. También ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que en ciertos momentos hay que hacerlo de una manera rígida. El Partido Popular lo hace así
siempre porque es el estilo que le sale, el estilo rígido, el de no llegar a acuerdos sino el de la imposición. Por supuesto que el Estado tiene derecho a la negociación colectiva, pero también las comunidades autónomas y las corporaciones locales
deben tenerlo. Lo que no se puede hacer es mandar un mail al representante de la Función pública del Gobierno vasco, al igual que al de otras comunidades autónomas, y decirle: Le mando un mail a efectos de ultimar la información sobre el contenido
del preacuerdo suscrito ayer en la mesa general de negociación y le convoco a una reunión que se celebrará mañana, etcétera; le ruego que confirme su asistencia o cualquier incidencia. No son maneras. Si se quiere hacer bien, habrá que convocar
al Gobierno vasco y a las instituciones públicas que se considere intentando llegar previamente a un acuerdo, para que todas las instituciones públicas de este país tengan capacidad de llegar a acuerdos en el marco de la negociación colectiva.
Si
las subidas salariales que establece el Estado son un máximo y posteriormente las comunidades autónomas pueden establecer una subida salarial inferior, esto es una tomadura de pelo. Podemos hacerlo al revés: establecer las comunidades autónomas
una subida salarial y el Estado si quiere que las suba menos. El Estado no entendería esto y tampoco nosotros entendemos la otra posición, con lo que si llegamos a un acuerdo previo y a una coordinación necesaria interinstitucional, a lo mejor
avanzamos mucho en esto que llamamos el Estado autonómico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas que se han mantenido vivas en este trámite del Pleno. Algunas de ellas fueron cumplidamente respondidas y argumentadas con
detalle en el trámite en Comisión, no mostrando discrecionalidad o aleatoriedad sino los fundamentos, las razones, los motivos y las causas por las que, en definitiva, el partido y el
Grupo Popular entendíamos que esas enmiendas no se debían admitir y no debían prosperar.
En el bloque de enmiendas que hoy han defendido los diversos portavoces intervinientes hay un denominador común que se refiere a la pretensión de modificar sobre todo las pensiones mínimas, las pensiones de viudedad y las pensiones SOVI,
incrementándolas en diversos porcentajes. Voy a intentar en este trámite atenerme a este hecho y al resto de las enmiendas formuladas y no derivar, aunque pudiera, hacia un tratamiento más genérico del debate profundizando en materias más propias
de la Seguridad Social o del desempleo, que han sido objeto por alguno de los grupos presentes en la Cámara de enmiendas de totalidad y que se verán al tratar las secciones 19 y 60, las relativas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a la
Seguridad Social. Por tanto, voy a argumentar en relación con los hechos objeto del debate que hoy aquí se plantea.
He de decir a la señora López i Chamosa que yo no sé si es una perversión reglamentaria no utilizar aquí un turno en contra, pero es tradicional.
Yo estoy desde el año 1993 en esta Cámara y le puedo asegurar que entonces -lamentablemente
todavía no gobernaba el Partido Popular- cada vez que yo utilizaba ese argumento ustedes no hacían ningún caso. De manera que trae causa consuetudinaria y es parte del acervo reglamentario que en el desarrollo de los usos y costumbres de esta
Cámara con mayor o menor acierto ha venido en producir.
En relación con la variación de las pensiones ha habido aquí argumentos razonados y razonables. Incluso hay propuestas, por ejemplo la del Grupo de Convergència i Unió, que aunque no vamos a aceptarlas en este trámite no son desaforadas por
cuanto proponen un 4 por ciento mientras que el Gobierno en el proyecto de presupuestos plantea un 2 por ciento; el Bloque Nacionalista Galego ha hablado de un 5,5 por ciento; en las pensiones mínimas, SOVI, etcétera, el Grupo Socialista habla del
10 por ciento; Izquierda Unida nos habla de una asimilación progresiva, sin cuantificar, al salario mínimo interprofesional y algún otro enmendante -creo que el señor Puigcercós- formula unas enmiendas sobre las primas familiares por hijo a cargo
que proponen un incremento del 50 por ciento.
Decía, y no sin razón, en el debate en Comisión que si como alegaba la portavoz del Grupo Socialista la cifra mágica, objetiva, perfecta y adecuada es un incremento del 10 por ciento, eso supone no ya
que el presupuesto esté equivocado sino que todos los grupos de la Cámara que han enmendado, y los que no lo han hecho, también están equivocados porque han planteado porcentajes diferentes. Dicho con otras palabras, si el Grupo Popular accediera a
asumir alguna propuesta de subida de las que se han planteado, evidentemente estaría no asumiendo el resto. Yo he de recordar, porque no se valora en sus justos términos por algunos intervinientes, que a lo largo de todos estos años se han
producido desviaciones en el IPC. Unas, porque el Gobierno ha presupuestado un IPC superior al que en la realidad se produjo, lo cual ha dado lugar a que todas las pensiones -contributivas, no contributivas, mínimas o no- han tenido una subida del
1,6 por ciento por encima del incremento del costo de la vida, todas. En el resto de los ejercicios en los que el IPC previsto no ha sido superior al real (al final la realidad ha superado a la previsión) el Gobierno del Partido Popular, mediante
el mecanismo de una ley aprobada en esta Cámara, estableció por fin para garantía de todos los ciudadanos, de todos los pensionistas la percepción de una paga que corrigiera el desfase entre el IPC previsto y el IPC producido. Con esto se garantizó
y se sigue garantizando la percepción del incremento del coste de la vida, sin que exista en ningún caso una deflación o una pérdida del poder adquisitivo. Además ya dije en Comisión, y lo reitero hoy aquí, que desde el acuerdo de 9 de abril del
año 2001, en el que Comisiones Obreras, CEOE, CEPYME y el Gobierno consiguieron un avance sustancial en el desarrollo, modernización y mejora del sistema de protección de la Seguridad Social, no descartaba la posibilidad de que en la Comisión de
seguimiento de ese pacto a lo largo del año 2003 se puedan conseguir subidas deseables en las pensiones mínimas. Realmente, aunque su nombre indica que son mínimas y siempre lo serán, algunas son excesivamente bajas, y en función de los flujos
financieros de los resultados de ejecución del presupuesto podría existir una subida superior al 2 por ciento. No lo descarto, lo deseo y es probable que ese acuerdo entre los interlocutores sociales pueda contribuir a plantear este hecho.
Hay algo que me niego a aceptar, que es lo que dicen que ha ocurrido en estos años de mandato del Gobierno del Partido Popular, porque no responde a la realidad. Hablar es muy fácil, y yo siempre digo -además tiene mucha lógica- que en
materia de asuntos sociales, de prestaciones o de pensiones nunca es suficiente y siempre se pide más. Esta Cámara estaría enferma si en algún momento se quedase quieta y no pidiera nada más cual si todo estuviera resuelto, porque siempre hay algo
que mejorar, siempre hay algo que incrementar, siempre hay algo que dotar y siempre hay algo que subir. Dicho esto, y reconociendo el carácter mínimo de las pensiones, voy a dar datos concretos que nos permitan rehuir el debate de la mesa camilla
en el que se juntan cuatro amigos y comentan si les han subido mucho o poco. No voy a valorar aquí si las cifras son enormemente grandes o no, sólo voy a proporcionar a las señoras y señores diputados los datos verídicos de lo que ha ocurrido con
la cuantía de las pensiones mínimas durante el Gobierno del Partido Popular. Si comparamos el año 1996 con el año 2002, veremos lo siguiente: la jubilación a los 65 años con cónyuge a cargo se ha incrementado un 20,15 por ciento, pero como la
inflación en este periodo ha sido del 15,95 por ciento, el
incremento por encima de la inflación ha sido de un 4,20; la jubilación a los 65 años sin cónyuge a cargo ha subido un 4,09 por encima de la inflación; la de menos de 65 años con cónyuge a cargo ha subido un 6,87 por ciento por encima de
la inflación y la inferior a 65 años sin cónyuge a cargo un 6,74 por ciento. Si hablamos de las pensiones de viudedad, a las cuales se ha referido con insistencia el Grupo Socialista, las cifras, sobre todo en algunos supuestos, empiezan a ser -tal
como dije en Comisión- realmente contundentes: para viudas y viudos mayores de 65 años se ha incrementado más del 4 por ciento en relación con el IPC; entre 60 y 64 años el 6,74 por ciento; para menores de 60 años un 12,62 por ciento por encima
del IPC y las pensiones de viudos y viudas menores de 60 años -la mayoría viudas- con hijos a cargo han subido un 60,81 por ciento, incrementándose el 44,86 por ciento por encima del IPC, lo que significa una subida de casi la mitad, pasando de
35.580 pesetas al equivalente en pesetas del año 2002 a 57.215 pesetas. Si a ello unimos la apertura de los topes de edad de los perceptores de pensiones de orfandad, sean huérfanos parciales o huérfanos absolutos, se verá como hay un largo periodo
de percepción del que son hoy beneficiarios y no lo eran en el año 1996. Si se quiere considerar lo que eran ingresos incompatibles de estos huérfanos, que podían desarrollar alguna actividad laboral retribuida, el incremento o la posibilidad de
percepción de estas pensiones es claramente superior. Por tanto, señorías, sí estamos de acuerdo en la sensibilidad respecto de la necesidad de hacer esfuerzos en la subida de la pensiones. No sólo eso, lo hemos demostrado ya a lo largo de tiempo,
y nos hemos comprometido a ello en el acuerdo de 9 de abril de 2001, al que he hecho referencia; acuerdo del que se dicen cosas como las que se dicen del Pacto de Toledo. Se dice: Todo lo que sea superávit en la Seguridad Social tiene que ir al
fondo de reserva, pero además se deben incrementar las pensiones mínimas. ¿En qué quedamos? Si todo va al fondo de reserva no se van a poder incrementar las pensiones mínimas, digo yo. Por tanto, una vez más el presupuesto que plantea el Gobierno
a la Cámara es prudente en esta materia, con unas previsiones de las que hablaremos en la sección 60, pero realmente es sensible a las demandas de la sociedad. Ningún otro gobierno democrático puede presentar unos datos homologables ni equivalentes
a los incrementos reales que ha generado el Gobierno del Partido Popular a favor de las pensiones mínimas.
En cuanto a los complementos de mínimos dígase lo que se quiera, el acuerdo está ahí para que lo pueda leer quien desee. Lo que se estableció es que en el plazo máximo de doce años sería con cargo a la imposición el pago de los complementos
mínimos y no con cargo a la Seguridad Social. No han transcurrido los doce años, pero este Gobierno está presupuestando prácticamente, transfiriendo de imposición a la Seguridad Social en concepto de complementos a mínimos, lo que supondría dividir
entre doce y cada año poner este importe. Este año 2003 el presupuesto va a dar una cifra que casi se aproxima a esta cantidad, le falta muy poco, aunque no tenga ninguna obligación de presupuestar así. De tal forma que en el cuarto año pueda
pagar todo o pueda esperar al duodécimo. Por tanto, no se enmiende en este sentido, porque si se quiere enmendar es lícito y legítimo que se haga desde la perspectiva de una posición y de una voluntad política en la cual se establece: yo quiero
hacer esto porque me parece de interés. No se tergiversen los textos, no se adulteren los acuerdos y no se transformen las realidades introduciendo elementos falsos, inciertos, que no son la base sobre la que se ha establecido la financiación de
los complementos a mínimos. Es muy legítimo que un grupo lo pida, pero, por favor, no es legítimo falsear la realidad.
El Grupo Socialista nos plantea en una de sus enmiendas la reducción de un punto de cotización. En Comisión yo simplemente dije que es una posición legítima, que nosotros no compartimos por varias razones. Primero, la política de
bonificaciones del Gobierno con carácter selectivo a los grupos de desempleados con menor integración en el mercado laboral está dando fruto. Además en su día esta política ha sido hija y objeto de un acuerdo por unanimidad con los interlocutores
sociales. Por tanto, ha habido una unanimidad en este mecanismo de bonificación de cuotas de la Seguridad Social para el fomento de la contratación, para el fomento del empleo. Es muy legítimo que el Grupo Socialista piense otra cosa hoy, de la
misma manera que el año pasado pensaba otra diferente. Lo que nos decía el año pasado era: Bájense tres puntos las cotizaciones a los grupos de menos cualificación, porque tienen un problema grave de inserción en el mercado laboral español. Si en
sentido contrario se deduce que el no mantenimiento este año de la enmienda de reducción de tres puntos supone que estos se incardinan en el mercado laboral, estaríamos muy satisfechos, estamos muy satisfechos de que procedan ustedes de esta manera.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Señor Azpiroz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor AZPIROZ VILLAR : Voy concluyendo, señora presidenta, ya seré breve; en todo caso haré alguna apostilla.
Se ha hablado de medio billón de pesetas en la cuenta corriente del Banco de España. Supongo que no querrán que lo lleve en el bolsillo don Gerardo Camps, como secretario de Estado de Seguridad Social. Las pensiones hay que pagarlas, y hay
que pagarlas cada mes. Hay que pagar a millones de pensionistas en las cifras que figuran en el presupuesto, por tanto, hay que tener tesorería para poder afrontar el pago. Afortunadamente
esto se puede hacer con el Gobierno del Partido Popular; era más complicado en los últimos años del Gobierno socialista, ciertamente.
Ahora con recursos propios de la Seguridad Social hay dinero para incrementar el fondo de reserva. Ya se
cubrió el objetivo fijado al 31 de diciembre de 2004; prevemos como mínimo que el 2003 habrá 1.200 millones de euros adicionales, pero en todo caso tiene que haber la liquidez suficiente y la tesorería necesaria para afrontar los pagos de las
pensiones como debe ser.
Voy a concluir ya refiriéndome a una enmienda concreta, la número 1269, del Grupo Socialista, a la que no pude dar respuesta en Comisión porque no habíamos tenido tiempo de analizarla con el debido detenimiento. No entendemos su enmienda,
sobre todo en su párrafo segundo, en el que ustedes proponen que se compatibilice el percibo de estas pensiones con cualesquiera otras prestaciones de la Seguridad Social, porque esta compatibilidad ya está prevista en las distintas normas citadas.
No las voy a mencionar, señora presidenta, por no extenderme, pero hay tres grupos de normativas que regulan las diversas pensiones derivadas de guerra, y los tres grupos son compatibles con otro tipo de prestaciones públicas. Por otro lado -es el
argumento primero que se formula para justificar la enmienda-, todos los mutilados de guerra, salvo los declarados útiles, ya tienen unos derechos económicos similares, evidentemente no iguales entre todos; no son iguales entre todos porque el
grado incapacitante de cada mutilado tampoco lo es. En función de la gravedad lesiva que se produjo como consecuencia de la guerra civil, unos tienen unas mayores limitaciones funcionales, orgánicas y vivenciales, y otros las tienen en menor grado.
Por lo tanto, en este como en otros tipos de prestaciones derivadas de incapacidad hay diversos grados de prestaciones; pero a igualdad de grado, igualdad de pensión y todos los grupos, todos, compatibles con otras pensiones de la Seguridad Social.
Señora presidenta, concluyo diciendo que nosotros votaremos favorablemente a los títulos que he defendido por considerar que están bien articulados y bien planteados y que, en todo caso, el ordenamiento jurídico que ha impulsado el Grupo
Popular garantiza que, si hay un desvío en la inflación, ningún jubilado, ningún pensionista, ninguna persona que perciba una prestación del sistema público de pensiones vaya a perder absolutamente ningún derecho, ninguna capacidad adquisitiva.
Seguiremos haciendo esfuerzos en lo que lamentablemente hoy nadie nos ha querido reconocer: que los hechos demuestran que hemos pasado de una Seguridad Social en quiebra hace seis años a una hoy con superávit y hemos incrementado progresivamente
las pensiones mínimas y pretendemos continuar haciéndolo en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Pasamos al examen del título V y sección 06, deuda pública, que se debatirán conjuntamente.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Señores del Gobierno y del Grupo Popular, el mundo empobrecido no va bien.
Hace como los cangrejos, avanza un poquito un par de días y luego el resto de la semana va para atrás; no va bien. Mientras, en el Primer Mundo se mantienen
beneficios, privilegios y amplias zonas de saqueo de las riquezas del mundo empobrecido, lo que coloquialmente llamamos Tercer Mundo. A pesar de que en nuestro mundo se mantienen beneficios, privilegios y determinadas zonas oscuras de saqueo de las
riquezas del mundo empobrecido, la economía real de nuestro mundo tampoco va bien. No puede ir bien porque con medio mundo en la indigencia o semiindigencia difícilmente los productos y servicios que se hacen en este Primer Mundo van a encontrar un
comprador más allá del que tiene ya un poder adquisitivo consolidado y garantizado en el Primer Mundo y en zonas minoritarias del mundo empobrecido. No tienen poder de compra y, por tanto, aquí se produce una crisis intermitente en la economía.
Resultados sociales de todo esto: estancamiento y retroceso de todos estos países.
Según los organismos internacionales Fondo Monetario Internacional y CEPAL (organismo económico para América Latina y el Caribe), en los últimos diez años ni uno solo de los países latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus
condiciones de vida, ni uno solo. Son datos de organismos -no son mis datos- nada sospechosos y que ustedes citan cuando les interesa para imponer políticas de ajuste duro, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por tanto, no
tienen poder de compra y se tienen que producir crisis intermitentes en la economía provocando un estancamiento en la economía internacional y especialmente en estos países muchas veces con retrocesos dramáticos, con miseria y con violencia. Nos
encontramos a principios del siglo XXI con que el mundo está empobrecido y estancado, aunque existen alternativas en lo económico y en lo social, desarrollo de las ciencias productivas en la ciencia y en la técnica para superar de forma rápida gran
parte de estos problemas que existen. Frente a todo esto, qué hace el primer mundo. ¿Qué hacen ustedes? Vienen aquí con propuestas en los Presupuestos Generales del Estado -dan la impresión de que dan el oro y el moro- de aumento de partidas para
la ayuda al desarrollo, pero luego no las cumplen. Ustedes emplean aquí trucos de carácter contable, porque la mayoría de las relaciones comerciales entre empresas de estos países y empresas de los países del
Título V y sección 06, deuda pública
mundo empobrecido o gobiernos de estos países se dan como ayuda al desarrollo cuando es puramente un negocio. Por ello, no cumplen más que en las cifras. El crecimiento que ustedes plantean aquí no es real.
Señores del Grupo Popular y del Gobierno, esto se ha podido ver esta pasada semana, en concreto el sábado pasado en Florencia, donde según las cifras oficiales que dan la prensa y la policía controladas por el señor Berlusconi no había menos
de 600.000 personas de toda Europa y de toda Italia contra la deuda externa, por el desarrollo de los países empobrecidos, considerando que este mundo es sólo un único mundo y si les va mal allá nos irá mal acá. Por solidaridad y por humanismo con
este mundo empobrecido, pero también por necesidades propias de nuestros negocios aquí, tenemos que hacer otra política. La política que ustedes hacen es una política miserable, la de poner en los papeles unas cifras, pero en la realidad utilizan
otras diferentes, porque no existe una verdadera ayuda al desarrollo. Esto se ha puesto de relieve en Florencia por la gente que ha dado argumentaciones muy serias y que no tienen nada que ver con un pensamiento quizá tan radical como el que pueda
tener yo, sino que es un pensamiento mucho más fundamentado en los informes que vienen entre otras de las propias Naciones Unidas y de la FAO.
Nosotros presentamos aquí tres enmiendas que van en la línea de decir la ayuda real que hay para el desarrollo, sin edulcorar ni engañar con las cifras diciendo que hay 631 millones de euros para algo, cuando realmente son sólo 276 millones
de euros. Asimismo, proponemos en un nuevo artículo 56 bis, ya que se ha tomado constancia en España del grave problema que representa la deuda externa, la condonación de la deuda y que sea abolida, tal como pidió más de un millón de ciudadanos en
la reciente consulta por la condonación de la deuda externa, pero que esto no vaya en beneficio de cuatro caciques locales de estos países que reciben dinero de ayuda al desarrollo, sino que vaya a planes organizados y controlados políticamente por
los parlamentos, por las instituciones democráticas y por las ONG respetuosas -porque la verdad es que hay de todo- para que pueda haber realmente una ayuda al desarrollo. Esto los ayudará a ellos y al mismo tiempo a nosotros.
Finalmente son necesarias una serie de medidas que no se toman en estos presupuestos, porque se parte de unas bases, de unos elementos, de unas cifras que son pura tecnología contable, pero que no tienen nada que ver con la realidad de lo
que los Presupuestos Generales del Estado destinan a la ayuda al desarrollo. Maquillando las cifras de esta forma... A lo mejor es que estamos muy cerca ya de alcanzar el 0,39 por ciento de objetivos del producto interior bruto que se han marcado,
pero la realidad es que estamos en el 0,22 por ciento. Por tanto, esas tres enmiendas que presentamos son para intentar mejorar las cosas y para hacer que los papeles no mientan, sino que digan la verdad de lo que está ocurriendo en la política por
las decisiones políticas que se toman por el Gobierno.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, soy de los que creen que endeudarse tiene lógica económica o que puede tener lógica económica en determinadas condiciones. Por tanto, si tiene lógica económica
endeudarse, también puede tener lógica política y esta pasa por que los órganos de soberanía conozcan la evolución del déficit, la evolución de la deuda y el movimiento de los activos y los pasivos financieros. Si uno se acerca a los datos de
España y los ve en un período dilatado de tiempo como puede ser el que transcurre entre 1995 y el año 2001 podrá ver que en el año 1995 el peso de la deuda era del 52,38 por ciento del PIB y que al finalizar el 2001 era del 47,4, se había producido
una reducción del peso de la deuda en el producto interior bruto. No obstante, si en lugar de ir a los ratios de deuda sobre el PIB va a la evolución de la deuda en circulación, observará que la diferencia en esos seis años es de 78.900 millones de
euros. Esa diferencia ha ido aumentando a lo largo de todo el año 2002. No tengo los cuadros actualizados por una razón muy sencilla, porque me parece más lógico que si toda la información se tiene al final del ejercicio no se ponga los datos
hasta el día 30 de septiembre. Si alguien tuviera que decir hasta dónde ha subido la deuda desde el día 31 de diciembre de 1995 hasta el 30 de septiembre del año 2002, diría que el incremento de la deuda ha sido de 81.000,4 millones de euros. Por
tanto, este es un recurso financiero importante, no el único del que ha gozado el Gobierno de Aznar, que ha tenido también a su disposición el producto de las privatizaciones en un proceso rápido e intenso que calculo le ha producido en estos años
algo así como 21.000 millones de euros. Por consiguiente, ¿cuáles son los recursos de origen distintos a los recursos tributarios? Dos. ¿Cuál es su cuantía? El volumen de la deuda y el importe de las privatizaciones. ¿Cuál es el importe de unos
y otros? Asciende a 99.900 millones de euros. ¿A qué se dedicaron? A dos cosas, fundamentalmente a cubrir los déficit no financieros de caja del Estado y a lo que se llama variación neta de activos financieros. Ha habido 53.040 millones de euros
destinados a la cobertura de los déficit de caja no financieros del Estado y ha habido 19.468 que se han destinado a la concesión de préstamos, a la adquisición de acciones y a las aportaciones patrimoniales de las diferentes políticas públicas.
Por tanto, quédense, señora presidenta, señores diputados, con
dos cifras: recursos por 99.900 millones de euros y empleos, necesidades por 72.508. Hay una diferencia que no se justifica, que no se explica ni por el déficit de caja ni por la variación de activos financieros, que es de 27.392 millones
de euros hasta el 31 de diciembre del año 2001, que traducido a las viejas pesetas es algo así como 4 billones y medio de pesetas.
Hay una pregunta que nosotros nos hacemos, que se la empiezan a hacer algunos economistas españoles: si estamos en una situación de déficit cero, ¿cómo es que sigue subiendo el volumen de la deuda pública del Estado? No parece que tenga
mucha lógica y solamente hay una respuesta, y es que se ha sacado del presupuesto un conjunto de gastos que tienen una alta influencia en el déficit público, pero que a pesar de haberse sacado de la contabilidad que da origen a la medición del
déficit público hay que pagarlos; es decir, una cosa es quitar del déficit público determinadas partidas de gastos y otra eliminar el gasto consigo mismo.
Por lo tanto, hay aquí 27.392 millones de euros en deuda pública del Estado, cuya
explicación no se justifica. Yo me pregunto si tiene sentido económico el que las cosas hayan ido así. Mientras no se me aclare esta situación, no le encuentro justificación económica, porque en España entre 1996 y 2001 no ha habido una presión
grande de los precios, es más, ha sido una época de baja inflación, por eso no ha alterado ni ha complicado a la política fiscal, ni ha cambiado el valor de la deuda que nos haya obligado a hacer grandes emisiones. Eso se demuestra con hechos.
Los
precios entre 1996 y 2000 crecieron un 16 por ciento, la deuda creció un 31 por ciento. ¿A qué es debido esta enorme diferencia? Alguna razón habrá. Yo me pregunto por qué, qué es lo que hace que de alguna manera nos hayamos encontrado con que
hay una deuda creciente en un momento en el cual se dice que se reducen los déficit. Detrás de los déficit hay deuda, siempre hay deuda, y como consecuencia de que la hay lo que ha habido en la fase anterior es un volumen importante de déficit que
el Gobierno trata de ocultar y que al cabo de un tiempo sale, le guste o no le guste al Gobierno; es decir, mucha parte de lo que aquí estamos hablando se debe a hasta qué punto admitimos la existencia en el corto plazo de determinados trucos
contables; los trucos contables más las trampas que se pueden hacer con la contabilidad salen más tarde que temprano, y eso está ocurriendo aquí y va a ocurrir en el próximo futuro.
No le encuentro justificación económica, no le encuentro justificación administrativa, no me cabe en la cabeza que en la Dirección General del Tesoro o en el Banco de España haya autoridades y haya responsables que salgan al mercado a captar
pasivo para ponerlo en la cuenta del Tesoro.
Si no hay razones económicas, si no hay razones administrativas, sólo encuentro una explicación política a lo que está sucediendo, y es que a lo largo de los últimos años hemos visto cómo el Estado asume
carga procedente de organismos públicos, cuya actuación no intervenía en la definición del déficit. Son empresas del Gobierno que efectúan políticas públicas que no se contabilizan, y la cuantía de ese sobreendeudamiento es el resultado de
complejas operaciones políticas que alguien decidió que no se iban a contabilizar como déficit público, pero ese alguien no pudo evitar que aparecieran como deuda pública. Quienes decidieron esta política eran conscientes de lo que estaban
haciendo, porque lo que venían a decir es: Nosotros pondremos énfasis en decir que se reduce el déficit, pero ellos mismos pondrían énfasis en no reconocer que había aumento de la deuda; venían a decir, señora presidenta, que estaban dispuestos a
gastar hoy y que mañana ya veríamos quien lo pagaba. Esta es una situación que hay que clarificar, porque si de verdad en la Unión Europea todos hicieron esto qué ocurriría. No ocurriría nada más y nada menos que se habría abierto la caja de
pandora de la contabilidad recreativa y habría aparecido la falsedad contable, y ese es un acto de insolidaridad, y yo no tengo inconveniente en decir que el señor Aznar es muy aficionado a llevarlos a cabo y que por sus prácticas se puede decir que
es ese tipo de viajero al que le gusta caminar, viajar sin pagar el billete. ¿Cómo se ha hecho eso, qué tipo de operaciones se han hecho para que durante seis años se haya podido disfrazar y ocultar la existencia nada más y nada menos que de 4,5
billones de pesetas de deuda pública? Vaciando los gastos que se contabilizaban en los capítulos 6 y 7 de los presupuestos y pasándolos al capítulo 8, que no computan como déficit público, recurriendo a la financiación externa o sustituyendo
cantidades destinadas a la explotación por avales del Estado. ¿Dónde se han hecho? Se han hecho en el viejo sector público empresarial, en la SEPI, en RENFE o en Radiotelevisión Española. De todos es conocido que ahora dicen que Radiotelevisión
Española tiene un déficit de 6.200 millones de euros -algo así como un billón de pesetas- que nunca ha formado parte del déficit del Estado y que ahora va a pasar a formar parte de la deuda del Estado sin haber estado nunca en contabilidades
oficiales. También esta operativa -el llamado método alemán- se ha aplicado al sector privado, a los antiguos organismos autónomos que se han transformado en sociedades estatales para seguir haciendo la misma cosa. Antes esos organismos autónomos
tenían sus inversiones en los capítulos 6 y 7 de los presupuestos, ahora han pasado al capítulo 8. No son pocos, nada más y nada menos que 30 organismos de esta naturaleza. También lo hace el Ministerio de Defensa, que utiliza al Ministerio de
Ciencia y Tecnología como nodriza, y de alguna manera desarrolla una actividad bancaria a través de la cual concede préstamos a empresas fundamentalmente públicas para llevar a cabo inversiones e investigaciones de naturaleza militar.
Con cargo a
este tipo de actuaciones se está financiando la construcción del avión, de la fragata, del carro, del
radar, del helicóptero, del submarino, del misil o de la barcaza de desembarco.
El último factor donde se está encontrando un tipo de actividad al amparo del capítulo 8 de los presupuestos de distintos ministerios es la investigación, donde, en lugar de solidificarse su sistema, se ha vuelto un sistema prestamista que
lo único que hace es tener pendientes del hilo durante la renovación de una serie de préstamos a quienes actúan y trabajan en los centros de investigación y desarrollo tecnológico.
Alguien ha descubierto que el mejor sistema para hacer política es
que no cueste y, desde luego, cuando se encuentra que puede costar, el mejor sistema es ignorarlo y no medirlo. Me parece que es una actitud irresponsable.
Mi grupo tiene que decir claramente en la tarde de hoy y aquí, delante de ustedes, señoras y señores, que no están suficientemente explicados 4,5 billones de pesetas de deuda pública del Estado hasta el 31 de diciembre del año 2001, que si
esa cifra se extendiera hasta septiembre de 2002 estaría más cerca de los 5 billones de pesetas. Se ha producido, pues, un aumento en la deuda pública que demuestra que el déficit cero es una penosa mentira apoyada fundamentalmente en la alquimia
contable. Como nosotros lo creemos así y como se puede demostrar con hechos, vamos a estar en contra del dictamen de la Comisión de Presupuestos en lo que hace referencia a este tipo de operaciones financieras.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Fernández Marugán, hay que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pacta sunt servanda, dice un viejo aforismo del derecho romano. Ustedes deben de pertenecer a otra esfera jurídica en la que los pactos no han de respetarse,
como decía un ilustre y viejo profesor correligionario de ustedes al referirse a los compromisos electorales.
Ustedes vienen defendiendo a ultranza que el déficit cero es una política errónea, que el Pacto de Estabilidad hay que saltárselo a la
torera, que en momentos de desaceleración económica no se puede mantener el equilibrio presupuestario y que hay que hacer un presupuesto desequilibrado. Ponen de ejemplo a aquellos gobiernos que no han hecho los deberes a tiempo y sostienen que hay
que elevar el tope del 3 por ciento de déficit y ser flexibles en la exigencia temporal de su cumplimiento. Señorías, ¿no les suena este discurso a otro muy parecido? ¿Recuerdan cuando en 1995 no cumplíamos ninguno de los requisitos de Maastricht
para acceder al euro porque el Gobierno de España no había hecho los deberes? Entonces don Felipe González tenía árnica y hablaba de establecer una segunda fase para la incorporación a la unión monetaria.
Fue el Gobierno del Partido Popular el que
hizo los deberes en 18 meses, y hoy, felizmente, estamos en el euro, una zona económicamente privilegiada, con una moneda que puede codearse y se está codeando estos días en los mercados con el dólar. Sobre esta polémica -déficit sí, déficit no-
observen la conclusión que saca el boletín del mes de octubre del Banco Central Europeo, y abro comillas: Unas medidas de saneamiento presupuestario adecuadas favorecen la confianza e intensifican el potencial de crecimiento, incrementando así las
posibilidades de un éxito duradero y respaldando la sostenibilidad de las finanzas públicas. En particular, es probable que las estrategias de saneamiento tengan más éxito si se centran en medidas que fomenten el crecimiento y que hagan hincapié en
el ajuste del gasto más que en el aumento de los ingresos.
Hasta aquí la cita del boletín del Banco Central Europeo. Esta es la estrategia de política económica que viene siguiendo con éxito el Gobierno del Partido Popular: rigurosos y estrictos
en el gasto corriente, por lo que podemos bajar los impuestos a los ciudadanos y liberar recursos para la inversión y la creación de empleo.
Además, señores del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes sostienen, en primer lugar, que no son partidarios del déficit cero y critican al Gobierno por mantenerlo. Después dicen que el déficit cero es mentira, que no hay tal, que el
Gobierno presenta unas cuentas falsas, con artimañas contables, y discuten principios contables establecidos en todos los países de la Unión Europea por imperativo del sistema europeo de cuentas. Saben ustedes que en base a ese sistema se establece
la aportación de cada país al presupuesto comunitario y la percepción de fondos europeos de cada país. La acusación significa sostener que el Gobierno engaña a la Unión Europea, al Banco de España, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario
Internacional, al Banco Mundial y al sursum corda. Un poco de seriedad, señorías.
No quiero desaprovechar la ocasión de subir a esta tribuna para traer a colación un tema que ha sido objeto de viva polémica estos días: las causas de la subida del precio de la vivienda. Han llevado ustedes a la hoguera al ministro de
Fomento y al propio presidente del Gobierno, porque sostienen que una de las principales causas de la evolución alcista del precio de las viviendas ha sido el crecimiento económico y la mejora de las rentas familiares. (La señora vicepresidenta,
Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Aunque no crea que el boletín del Banco Central Europeo sea la Biblia, sus opiniones me ofrecen más credibilidad que las de su gurú en materia económica, señor Sevilla, y observen lo que dice en la página 25
en su boletín del
mes de octubre: Las variaciones de los precios de la vivienda pueden influir en el comportamiento de los consumidores a través de los efectos confianza y riqueza. Más adelante añade: La tasa de crecimiento del precio de la vivienda parece
haberse atenuado en algunos países en los que se ha registrado un fuerte crecimiento, lo que podría estar reflejando un menor crecimiento económico. Más adelante, termina: Otros factores continuarán influyendo en la trayectoria de los precios de
la vivienda a escala nacional, incluido el crecimiento demográfico, los factores por el lado de la oferta y el crecimiento de la renta y del empleo. Esto es exactamente lo mismo que dijeron los señores Aznar y Álvarez-Cascos. Ahora pueden tener la
satisfacción de meter en la misma hoguera a un tercero, el señor Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo.
Voy a hacer algunos comentarios sobre la deuda pública. Usted, señor Fernández Marugán, está empeñado en pregonar que la deuda pública ha subido. En cifras absolutas le voy a decir que sí ha subido. Pero déjeme que le ponga un ejemplo.
Yo soy muy aficionado a los toros y un día discutía con otro aficionado sobre los honorarios actuales de las figuras del toreo. Yo sostenía que no cobraban tanto y me entretuve en calcular cuántas pesetas del año 2000 eran las 6.000 pesetas que
cobraba Joselito, el Gallo, en el año 1918. Quiero recordar que era algo así como 14.750.000 pesetas de hoy. Dudo que algún torero haya cobrado esa cantidad en el año 2000. A usted con la deuda pública le pasa algo parecido a lo que a mi amigo
con los honorarios de los toreros. Si usted no pone el volumen de la deuda en relación con algún parámetro, no tiene ninguna significación, y el parámetro para medirla es el producto interior bruto. Usted no puede negarme -y no lo niega porque lo
ha dicho antes- que en el año 1996 la deuda de la Administración del Estado se situaba en el 57 por ciento del producto interior bruto y la previsión para el año 2003 es que termine por debajo del 44 por ciento. Como eso no me lo puede usted negar,
me dice que si hay déficit cero, ¿por qué siguen emitiendo deuda? Porque una cosa es el déficit presupuestario, que no existe, y otra, posibles déficit de caja o de variación neta de activos financieros que se cubren con emisión de deuda. Puedo
añadir que en los cuatro últimos años los incrementos de la deuda del Estado en circulación han sido siempre inferiores a los límites totales establecidos en la ley de presupuestos.
Es obligado, señorías, en este trámite parlamentario de debate sobre la financiación del Estado hacer alguna consideración sobre el coste de esa financiación, que es otro factor de indudable significación para medir el crédito de confianza
que la economía española disfruta hoy en los mercados mundiales. El tipo de interés medio de la deuda del Estado en circulación era, en 1995, del 9,56 por ciento y en el año 2002, del 5,5 por ciento. ¿Cuántos miles de millones nos hemos ahorrado
los españoles como consecuencia de ese descenso? Dos factores han incidido en ese ahorro. Uno -ya lo he señalado-, la confianza de los mercados internacionales en la economía española. Por cierto -y hago un paréntesis-, quiero recordar a este
respecto que frente a 1.200 puntos básicos de diferencial entre España y Alemania con los tipos de interés a diez años en 1995, ese diferencial hoy prácticamente ha desaparecido o está por debajo de 20 puntos básicos, es decir, 1.200 frente a 20.
El segundo motivo de ese ahorro en el coste de la deuda ha sido una gestión brillante de los responsables del Tesoro. Las emisiones se han hecho a tipos cada vez más reducidos y se han sustituido a su vencimiento deudas emitidas a altos tipos de
interés por otras con rentabilidades más bajas.
También se han sustituido antes de su vencimiento referencias antiguas emitidas a tipos más altos por otras de nueva emisión emitidas a tipos más bajos. No menos importante es, señorías, constatar la
evolución de la ratio, carga de intereses/producto interior bruto. Vemos cómo en 1996 esa ratio era del 4,4, por ciento y la previsión para 2003 es del 2,4 por ciento.
Señora presidenta, termino resaltando el prestigio de la economía española en el mundo. Voy a terminar, no con palabras mías, sino con las que la prestigiosa revista financiera francesa L´ Expansion publica en su último número. El
presidente español -dice la revista- ha conseguido lo que parecía imposible: equilibrar las cuentas de la nación y alcanzar, al mismo tiempo, un déficit cero. Bajo su mandato, en seis años, España ha pasado del estatuto de paria de Europa,
alcanzando in extremis su calificación para la moneda única, a país líder, motor de las políticas de modernización y apertura de los mercados en el seno de la Unión. En París, en Berlín y en Roma cada ministro sabe que el método del presidente
español es el adecuado y que merece la pena darse una vuelta por Madrid. Hasta aquí lo que ha escrito el mensual francés. Es una economía que está prestigiada precisamente por el rigor y por la ortodoxia, con una visión del medio y largo plazo
poco oportunista y con una ingente cantidad de reformas, sin bajar la guardia de la estabilidad presupuestaria. Por eso sigue creciendo la confianza en los mercados y por eso el Estado español puede seguir financiándose en condiciones
históricamente insólitas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Albendea. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.)
¿A qué efectos pide S.S. la palabra?
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Como dice la tradición que dijo una vez un diputado de Izquierda Unida: a cualquier efecto y con cualquier artículo que permita hacer uso de la palabra. (Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Fernández Marugán, le concedo tres minutos por alusiones.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias.
Yo hago uso de un turno, para que conste en el 'Diario de Sesiones', porque la señora presidenta se lo concedió al señor Albendea no como fijación de posición sino como turno en contra; por tanto, quiero hacer uso de réplica en aras de un
turno en contra.
Voy a ser extraordinariamente breve. Le agradezco al señor Albendea que haya reconocido que existe alquimia contable. Lo único que me ha dicho es que todo el mundo lo hace. Seguramente todo el mundo lo hace, pero el problema que se
plantea es que lo que estábamos diciendo aquí es que no íbamos a hacer uso de la holgura que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento concede entre el 0 y el 3 por ciento, sino que nosotros éramos más papistas que el Papa y que nos íbamos a situar en
el cero por ciento. Situados en el cero por ciento, la pregunta sigue siendo pertinente: ¿cómo es posible que si no hay déficit haya aumentos notables de la deuda pública? ¿Cómo es posible que la deuda pública crezca en los cinco últimos años?
No me hable de la época de Pepe Hillo, hábleme de los últimos cinco años. ¿Cómo es posible, si los precios crecen el 17 por ciento, que la deuda crezca el 31 por ciento en los últimos cinco años? Primer tema.
Segundo tema. Yo he dicho que en términos de PIB se reduce 5 puntos pero que en términos de circulación de títulos aumenta considerablemente. Y cuando haya que pagar, se pagan los títulos.
Tercer tema. Me parece bien hablar de la bondad de los gestores españoles, me parece perfecto. He dicho que no encontraba una justificación administrativa a 27.000 millones de euros, que no creía que salieran a captar para meter el dinero
en la cuenta del Tesoro en el Banco de España, pero también tengo que decir que, mientras no se demuestre lo contrario, los tipos de interés los fija el mercado.
Cuarto tema. Lo diremos más veces a lo largo de este debate. En el mejor momento de la economía española durante los últimos años no se ha equilibrado el agente Estado y tiene un 0,5 de déficit público. No se ha equilibrado porque se
busca el equilibrio con la Seguridad Social.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Fernández Marugán, concluya.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Concluyo.
Estas cosas terminan apareciendo; tardan uno o dos años en aparecer pero terminan apareciendo. Como hay déficit, hay deuda, y el problema es que tenemos que saber por qué hay 4,5 ó 5 billones más de deuda en el año 2002 que en el año 1995.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor Albendea, por el mismo tiempo, tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Fernández Marugán, usted ya ha dicho lo de la alquimia contable y naturalmente es su palabra contra la mía; no estoy de acuerdo. Nosotros estamos en el cero por ciento, no necesitamos llegar al 3 por ciento que permite el Pacto de
Estabilidad. Ya le he explicado a S.S. por qué crece la deuda; crece, entre otras cosas y fundamentalmente, porque estamos alargando el plazo de la deuda porque la política de emisiones que ustedes siguieron era a precios muy caros porque no
había confianza en aquella época en la economía española. Estamos alargando los plazos de la deuda para reducir el coste y por eso hemos conseguido llegar a tasas verdaderamente insólitas, como es pasar de 9,52 por ciento al 5,5 por ciento. Esa es
la razón.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Albendea.
Señorías, pasamos al debate del título VI, que comprende los artículos 57 a 63. En primer lugar, y para defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo simplemente para dar por defendidas mis enmiendas a este título VI. Asimismo, aprovecho para dar por defendidas, para agilizar el debate, las del título VII, las de las disposiciones adicionales y las enmiendas del señor
Puigcercós a este título.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Nosotros tenemos un par de enmiendas de adición con relación a los vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre actividades económicas. Lo que pretendemos a través de ellas es actualizar las tarifas, no subir impuestos, porque en este
Parlamento se acusa muy fácilmente a los grupos de la oposición, y especialmente a Izquierda Unida, de que tenemos unas propuestas que arruinarían al país en cuatro días. Pues no, no se trata de aumentar impuestos sino de actualizarlos, es decir,
convertir el impuesto en un elemento clave para la redistribución de la riqueza. En definitiva, que la gente no se deje engañar por quien promete menos impuestos y luego va a mantener los derechos sociales
Título VI
y laborales que la gente ha conquistado a través de luchas muy duras a lo largo de la historia. Por tanto, doy por defendidas estas enmiendas porque no quiero extenderme.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, yo creo que hay dos rasgos que caracterizan fundamentalmente la política fiscal del Partido Popular: en primer lugar, la pérdida continuada de moderación; y en
segundo lugar, el inequívoco propósito de favorecer a los contribuyentes mejor situados, y esto lo tengo que matizar un poco. Cuando digo contribuyentes mejor situados no quiero decir única y exclusivamente aquellos ciudadanos que admitimos
comúnmente que viven bien, sino que dentro de esos quieren favorecer a los que sociológicamente se consideran como ricos. Este tipo de políticas arranca del año 1996, cuando modifican el régimen de tributación de las plusvalías, y se extienden en
las reformas de 1998 y 1999.
Ante la radicalización de la política tributaria conservadora cabe preguntarse: ¿Esta actitud ha sido la habitual en los gobiernos democráticos habidos en España desde 1978, o estamos ante una característica genuina de la derecha política
española? La respuesta para mí es clara: la radicalización de la política fiscal es una decisión típica de la derecha nacional, y lo es porque la democracia fue mucho más integradora y mucho más conciliadora. La derecha nacional desde el primer
momento permaneció al margen del acuerdo de distribución equitativa de la carga tributaria en España y esperó veinte años a tener una mayoría parlamentaria para empezar a darle la vuelta a una situación que desde nuestro punto de vista es una de las
manifestaciones más claras de la existencia de una lucha por la igualdad social en España.
Hemos vivido, pues, dos procesos consecutivos y en torno a ellos a nosotros nos preocupan dos cosas. En primer lugar, ¿el diseño tributario que está estableciendo en España el Partido Popular es homologable al de la OCDE? Y en segundo
lugar, ¿el diseño tributario que está estableciendo el Partido Popular en España es un diseño que garantice la equidad y la eficacia en el sistema fiscal español?
Tengo que hacer una breve y rápida excursión por lo que hoy es la fiscalidad. La fiscalidad hoy en el mundo se apoya en impuestos más anchos, más bajos y más simples que se gestionan bajo el principio de equivalencia financiera, en el que
los gobiernos tratan de evitar que se desencadenen procesos acumulativos. Los gobiernos son conscientes de que en la globalización el factor trabajo tiene poca volatilidad y por ello soporta una mayor presión fiscal que otros factores, en muchos
casos soporta una tributación excesiva, mientras que el factor de la renta del capital tiene volatilidad y como consecuencia de ello puede llegar a experimentar tipos impositivos simbólicos. Ante esta situación, que no siempre está al alcance de
los gobiernos evitarla, son prudentes a la hora de manejar la fiscalidad tanto del trabajo como del capital. Eso ha dado origen a algo que está generalmente admitido, que es que hay que hacer unos diseños tributarios con neutralidad. Y yo me
pregunto: ¿Se hacen aquí esos diseños tributarios? No. ¿Obedecen los sistemas tributarios que estamos estableciendo en España a esos principios? No.
Hay una pérdida clara de equivalencia financiera, el IRPF pesa hoy 10 puntos menos en el total
de los ingresos públicos que hace seis años, el IRPF es en España uno de los impuestos más bajos, en términos de PIB, si se le compara con el IRPF de otras naciones europeas, es un impuesto estrecho, no es un impuesto ancho. ¿Por qué? Porque se
han sacado de ahí las ganancias de capital, y más adelante diré que una parte importante de las rentas del capital; es un impuesto regresivo porque las cotizaciones sociales son en España el primer gravamen, y lo son porque pesan el 12,4 por ciento
en términos de PIB cuando el IRPF tan sólo llega al 7 por ciento. Siempre he dicho una cosa que creo que es cierta: la derecha española ha querido que los empresarios sean felices, pero le ha importado poco que los empresarios sean eficaces. Y
para verlos dichosos y felices les baja el IRPF, pero como no le importa que las empresas no sean eficaces, les mantienen unos tipos de cotización a la Seguridad Social relativamente altos. ¿Por qué? Sencillamente porque los empresarios trasladan
los costes de las cotizaciones a los precios y son los trabajadores los que los soportan. Los asalariados, en nuestra sociedad, tienen un nivel de presión fiscal excesivo, sobre todo si se suman al IRPF las cotizaciones sociales; excesivo y
regresivo, porque la fiscalidad se reduce a medida que aumenta la renta y porque además incide en ese colectivo de trabajadores peor cualificados y peor retribuidos.
En ese contexto, sus dos afamadas reformas tributarias han costado al erario público, según ustedes dicen, dos billones de pesetas. Y yo me pregunto: ¿En quién han incidido más? ¿Qué tipo de contribuyentes las han percibido de forma más
abundante? Tengo que decir que estoy seguro que la Cámara compartirá con todos nosotros que hemos intentado averiguar cuáles han sido los efectos de la reforma fiscal anterior y no nos ha sido posible. Esta Cámara tiene que tener conciencia o al
menos algunos creemos que debemos de tener conciencia, y yo desde luego lo voy a decir, de que hemos hecho una segunda reforma tributaria sin saber las consecuencias de la primera. Cuando se está hablando de modificaciones cualitativas de la carga
tributaria, es
una práctica política en la que no debería incurrirse. El Gobierno ha ocultado conscientemente la información al Parlamento. El señor Montoro ha tratado por todas las vías posibles de que los españoles y sus representantes ignoremos los
efectos ocasionados por los cambios tributarios. Cínicamente ha pretendido negar lo que estaba haciendo. Ha tratado de bajar los impuestos a las personas más acomodas y ha tratado de que estas personas más acomodadas se lleven una proporción más
importante de la merma de la recaudación tributaria. No le ha dicho la verdad a esta Cámara. Yo entiendo que si hubiera dicho la verdad habría estado legitimado para hacerlo. Habría podido defender en esta Cámara una reforma fiscal regresiva,
desde nuestro punto de vista, y conservadora.
Nosotros nos hubiéramos opuesto a ella, pero él estaba en su derecho de llevar a cabo esa iniciativa. Lo que es censurable del señor Montoro Romero es que no ha tenido ni sinceridad ni coraje y, en el
colmo de la esquizofrenia política, ha querido hacernos creer -eso sí, sin probarlo- que él ha hecho una reforma tributaria que elevaba la progresividad del IRPF.
Yo he de decir, señora presidenta, que al señor Montoro, en estas condiciones, no le reconozco aquello de que el valor se le supone; yo no se lo puedo reconocer. Yo me resisto a buscarle explicación a su falta de valentía, a su carencia de
arrojo, a la ausencia de actitudes y convicciones democráticas que ha venido demostrando a lo largo de estos meses. Nosotros queremos saber, queremos conocer las razones por las que no se les ha dicho a los españoles la verdad. Queremos saber cómo
se ha distribuido la rebaja tributaria de los contribuyentes en la reforma de 1998 y una estimación razonable de la reforma de 2002. Mientras eso no se aclare, nosotros tendremos que decir que esa evasiva sistemática a responder a la pregunta de
quién se ha beneficiado de la reforma fiscal no es otra cosa, no puede ser otra cosa que una táctica procesal, una sencilla táctica procesal empleada por don Cristóbal Montoro Romero para no declarar contra sí mismo. Nosotros creemos que ese es un
hecho que se le puede afear en su condición de ministro de Hacienda. Pero las cosas no han quedado ahí, ya que la segunda vuelta se ha producido con el proyecto de ley que hoy se discute en el Senado. Los jefes de Montoro, los dueños de las
empresas y un número reducido de altísimos dirigentes de las compañías se beneficiarán de tal forma de esta segunda reforma fiscal, de esta nueva modificación del IRPF, que podremos decir que se les trata mejor de lo que se trataba a la realeza en
el antiguo régimen. Señora presidenta, aquí se ha producido una radicalización, una polarización de la política fiscal del Partido Popular, que ha distribuido arbitrariamente a los contribuyentes españoles en dos grupos: uno inmensamente grande,
integrado por los trabajadores manuales, por los asalariados, por todas las clases de trabajadores existentes y por las clases medias urbanas, que tendrán que soportar la fiscalidad, aunque sea injusta; y otro muy reducido, selecto y poderoso,
constituido por personas que no tendrán que soportarla ya que ellas mismas podrán modular la incidencia que tiene en su renta el sistema tributario. Los primeros, los que tienen que soportar, son perceptores de rentas del trabajo y seguirán siendo
lo que han sido hasta ahora durante el Gobierno de Aznar, el seguro de la recaudación para el Ministerio de Hacienda, el sostén de la política clientelar del Partido Popular y los financiadores de un conjunto amplio de incentivos y de privilegios
exorbitantes. Para esos, para la gran mayoría de los españoles, la fiscalidad es exigente y seguirá siendo dura y exigente. En el otro extremo están los amigos del señor Montoro, del señor Rato y del señor Aznar que, cuánto más renta tienen, más
ayuda piden a la Hacienda pública.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Finalice, señor Fernández Marugán, que su tiempo ha concluido.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, señora presidenta. Para esos, el PP ha hecho una reforma tributaria, la cual les está haciendo gozar de una auténtica edad de oro.
De sus ideas de neutralidad y de simplicidad no queda nada. Hoy somos muchos los españoles que creemos y decimos públicamente que el paso por el Gobierno del Partido Popular ha establecido grandes diferencias entre un conjunto muy reducido
y la inmensa mayoría de los españoles. Hoy podemos decir que las leyes fiscales que ustedes han aprobado en estas dos últimas legislaturas contribuyen grandemente a que esta situación sea una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señorías, el señor Fernández Marugán ha intervenido en turno de fijación de posición, puesto que el Grupo Parlamentario Socialista no mantenía enmiendas a este título. ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición antes de conceder la
palabra al Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Al título VI de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2003, relativo a normas tributarias, no se han presentado muchas enmiendas. Como acaba de decir la señora presidenta, el Grupo Socialista no ha
presentado ninguna, mientras que el Grupo Mixto, señor Saura, ha presentado tres: las números 552, 553 y 554, que hacen alusión al impuesto sobre actividades económicas para actualizar su tarifa. Pues bien, como dichas enmiendas son idénticas,
ya que coinciden hasta en los errores, con la número 1766, del señor Puigcercós, contestaré de forma conjunta a las mismas. Solicitan actualizar la tarifa del IAE y yo no voy a traer ahora a colación lo que debatimos la semana pasada en
esta Cámara, relativo a la reforma del impuesto sobre haciendas locales o modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Esas enmiendas se tendrían que presentar con motivo de la reforma del impuesto propuesta en esta Cámara, todavía en
trámite de Comisión, porque no dicen nada, sino que simplemente establecen un incremento de las tarifas. Como SS.SS. saben, con la reforma del impuesto sobre actividades económicas (IAE) van a quedar exentos de tributar más de 2.150.000
contribuyentes, porque todas las personas físicas, industriales, comerciantes y profesionales quedarán exentos de este tributo local. Dicho sea de paso, este tributo local viene a gravar la mera apertura de establecimiento, no el beneficio ni los
rendimientos ni los ingresos sino simplemente por darse de alta, por abrir la puerta, como se diría vulgarmente. Si quieren presentar estas enmiendas en este proyecto de ley, les invito a que las presente en la reforma de esta ley.
Por otro lado,
el señor Saura presenta la enmienda número 555, relativa al incremento de la tarifa del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el conocido como impuesto de circulación, en un 5 por ciento, que es idéntica a la enmienda número 1766,
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solamente que ellos rebajan este incremento del 5 al 2 por ciento. Como tributo de las haciendas locales, esta reforma también puede ser aplicada a la ley, que actualmente está en trámite de
enmiendas en esta Cámara y que se verá esta semana en la Comisión de Economía y Hacienda. Como tributo local, los ayuntamientos tienen una banda para aplicar los coeficientes correctores de incremento que puede ir del 1,4 hasta el 2 por ciento, por
lo que los ayuntamientos voluntaria y facultativamente pueden hacer uso de la aplicación del coeficiente corrector para subir, si lo desean, este impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que no han sido enmiendas sino que ha sido un alegato, un discurso político del señor Fernández Marugán, al que nos tiene acostumbrados, tengo que decirle que el
debate sobre el impuesto sobre la renta ya pasó, ya se celebró, pero usted vuelve sobre lo mismo, con un discurso arcaico, como decía en la Comisión, antediluviano, porque el impuesto sobre la renta que ustedes aplicaban con la Ley 18/1991, de 6 de
julio, quedó obsoleto. Ese impuesto ya pasó a la historia. A partir de la Ley 40/1998, aplicada a todos los contribuyentes españoles en el ejercicio de 1999, se ha ensanchado la base de los contribuyentes, porque en su día había 15 millones de
contribuyentes y hoy en día hay más de 17 millones de contribuyentes para el impuesto sobre la renta, pero que no mejora a los que están mejor clasificados, a los mejor situados o a las rentas más altas -como usted ha dicho-, porque esto es incierto
y usted lo sabe. Usted puede confundir a los foros que usted quiera, pero en esta Cámara y en foros medianamente inteligentes o conocedores de la legislación fiscal no sé cómo se le ocurre decir esta barbaridad. Porque en el nuevo impuesto sobre
la renta, establecido en la Ley 40/1998, aplicado a partir de 1999, se rebajó la renta para todos los españoles, especialmente para las clases o personas con menos capacidad económica fiscalmente. Esta reforma sobre el impuesto sobre la renta y
sobre la normativa tributaria, que debatimos recientemente, va a beneficiar a una gran cantidad de contribuyentes, a millones de españoles que van a ver reducida su carga fiscal o tributaria. No sé qué entiende usted cuando dice que vamos a
favorecer a los grandes y a perjudicar a las rentas de trabajo pequeñas. Le puedo decir que las rentas más favorecidas con esta nueva reforma tributaria han sido el 55 por ciento de los declarantes del impuesto. Concretamente, aquellos españoles
que tienen ingresos inferiores a 2 millones de pesetas verán reducida su tributación en un 38 por ciento. Usted me dirá que eso no es así, por lo que le pido que me aclare -si puede aquí mismo o en otro foro- si efectivamente la segunda rebaja
fiscal no va a afectar a las clases más desfavorecidas, a las familias con menos ingresos, a las mujeres con cargas familiares para que puedan compatibilizar su trabajo laboral con su vida conyugal y familiar.
Dígame también si no se va a favorecer
a las personas discapacitadas, a las personas de más de 65 años y a las personas que tengan minusvalías.
Esa es la realidad del nuevo impuesto sobre la renta que usted ha traído a colación, porque no ha tenido la gallardía o la posibilidad de
presentar una enmienda a estos Presupuestos Generales del Estado. Bien es verdad -y lo he dicho al principio- que hay dos leyes sustantivas, la reforma sobre el impuesto sobre la renta y la reforma de las haciendas locales donde se suprime un
impuesto muy importante que ustedes establecieron, el IAE, por cierto, bastante injusto para todos los españoles y creo que lo reconocerán a partir del 1 de enero del año 2003.
No han tenido la valentía o la posibilidad de presentar una enmienda a
este articulado de normas tributarias. Y no digo nada en relación con el impuesto sobre la renta, con esa tarifa única de la que ustedes hablaban, esa escala única para todos los españoles del 27 ó 28 por ciento. (La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Aparte de esos proyectos que han mandado a algunos medios de comunicación con un 27 por ciento, tarifa única para todos los españoles, me gustaría que les explicaran a los trabajadores españoles, a las
clases pasivas españolas que tienen rentas de trabajo, que les van a subir el tipo impositivo del 18 por ciento actual -y que a partir del 1 de enero será del 15 por ciento- al 27 por ciento. Explíquelo en esta Cámara, porque no acabo de
entenderlo. Explíquele a esos contribuyentes que tributan
por un tipo marginal del 48 por ciento hoy día, que le van a aplicar el 27 por ciento, que lógicamente le van a aplaudir. Recibirá usted un gran aplauso de estos señores, grandes capitalistas o personas con grandes rentas, que aplaudirán
esta postura suya de aplicarle el 27 por ciento.
Ese proyecto del señor Sevilla se ha quedado en agua de borrajas. Algún día nos enteraremos los españoles de este milagro de tarifa única y tipo único para todos. Espero que algún día lo expliquen
ustedes en esta Cámara y a todos los españoles que lo entenderemos con un poco de esfuerzo mental.
Respecto a que el impuesto sobre la renta está perjudicando, yo no lo creo en absoluto, está beneficiando a todos los españoles, sean contribuyentes por el impuesto sobre la renta en cuanto a renta de trabajo, rentas de capital o ganancia y
pérdida patrimoniales. A ustedes les duele que la economía crezca y que la recaudación de Hacienda no se haya resentido, sino que, al contrario, se haya incrementado. Lo que está sucediendo es que hay más contribuyentes que están soportando la
carga tributaria, pero nada más. La escala más baja con menos ingresos está tributando bastante menos y las rentas inferiores a 12.000 euros, a dos millones de pesetas, se verán beneficiadas sensiblemente a partir del 1 de enero de 2003 y, si no,
lo notarán en la nómina de 31 de enero del próximo año. Eso es lo que está haciendo la política del Partido Popular. A ustedes les molesta que bajemos los impuestos, que los españoles se sientan agradecidos por esta segunda rebaja del impuesto,
pero esa es la realidad y el tiempo nos dará la razón, como así espero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Blancas.
A continuación, título VII, sección 32, entes territoriales, y sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas presentadas a este título VII, concretamente al artículo 80, pretenden un objetivo: conseguir que Aragón pueda beneficiarse del Fondo de Compensación Interterritorial del que ha sido excluido por no estar en el
Objetivo 1 de los fondos estructurales de la Unión Europea. Es cierto que Teruel cuenta con un fondo específico, pero con el fin de promover el desarrollo económico y paliar los desequilibrios existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón es necesario, mediante actuaciones inversoras y de fomento en áreas infravaloradas, infradotadas, dotar un fondo de inversiones para la provincia de Huesca y otro para la provincia de Zaragoza excluyendo su capital, que debería regularse
mediante convenio entre el ministerio competente y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón a cofinanciar entre ambas administraciones. El medio rural aragonés presenta unas características económicas y sociales que lo abocan a corto plazo a
una situación crítica presentando dificultades casi insalvables para su desarrollo.
La enmienda número 11 viene a señalar la realidad de la actual provincia de Teruel, ya conocida y atendida de forma mínimamente compensatoria por un fondo de inversiones con carácter especial, y hay que unir tanto la de la actual provincia
de Huesca, que presenta 205.000 habitantes y 13,14 habitantes por kilómetro cuadrado, como la de la actual provincia de Zaragoza excluida su capital. Dado que las otras comunidades autónomas que presentan índices de envejecimiento y de baja
densidad demográfica similares a Aragón se encuentran atendidas por el Objetivo 1 de los fondos estructurales de la Unión Europea y por el Fondo de Compensación Territorial, resulta razonable y necesario que, en compensación por la exclusión de
Aragón de los fondos anteriormente citados, se creen unos fondos de inversión para cada una de estas provincias, cofinanciados entre el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma de Aragón, a imagen del fondo de inversiones para la provincia
de Teruel actualmente existente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Señora presidenta, señorías, debatimos un título y una sección que afectan a tres asuntos fundamentales: a la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, al Fondo de Compensación
Interterritorial y a las transferencias a entes territoriales para la financiación de los metros.
Señorías, siempre que subo a esta tribuna a analizar los presupuestos lo hago desde la óptica de Andalucía, no viendo sólo los problemas de Andalucía, sino analizando también los problemas de España desde la óptica andaluza. No nos sentimos
reflejados en el diagnóstico de un cuadro macroeconómico que define unas medias españolas en las que lamentablemente no nos sentimos retratados, ni en el nivel de convergencia, ni el nivel de empleo, ni en el nivel de riqueza. Los presupuestos
están para corregir desequilibrios, están para compensar a los que menos tienen y están para converger. Desde este punto de vista, la primera cuestión afecta a Andalucía desde que aprobó su estatuto y fue refrendado en esta Cámara. Es una cuestión
constitucional, que deriva del momento en el que se hicieron las transferencias, de una mala cuantificación de las mismas y de un punto de partida dispar respecto a otras comunidades, que obligó al estatuto a establecer una disposición
Título VII secciones 32 y 33
diciendo que había que corregir esas diferencias con un fondo específico.
Así consta también en el Estatuto de Extremadura. Sin embargo, año tras año seguimos hablando en esta Cámara de esa deuda histórica, que no es sino una deuda
constitucional claramente expresada en nuestro estatuto, que jamás se nos aprueba. Los andalucistas proponemos destinar 300 millones de euros para la corrección de esos desequilibrios derivados del momento de las transferencias. El Fondo de
Compensación Interterritorial es el único mecanismo de compensación constitucional, el único que existe para conseguir el reequilibrio. Las cantidades dispuestas en el presupuesto son irrisorias para solucionar los desequilibrios existentes en las
comunidades autónomas españolas. Tardaríamos 30 ó 40 años en converger al ritmo de las cantidades dispuestas en este Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, proponemos un incremento sustancial de este fondo, hasta llegar a 1.850
millones de euros.
Respecto a la sección 32, transferencia a los entes territoriales, me quiero referir a un último punto. El metro de la ciudad de Sevilla se va a comenzar el año que viene. Es un proyecto que cuenta ya con crédito del Banco Central Europeo
y con cantidades expresadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, se nos dice que no puede haber cantidades expresadas en los Presupuestos Generales del Estado para este proyecto, porque no se puede poner un dinero a cuenta de
un convenio que todavía no está firmado. Este año, en estos presupuestos, hay un dinero a cuenta de la financiación de la infraestructura del metropolitano de Barcelona, pendiente de la firma de un convenio entre la Generalitat y el Gobierno; hay
un dinero a cuenta del metro de la ciudad de Valencia, pendiente de la firma de un convenio entre la Generalitat de Valencia y el Gobierno y hay una ausencia de dinero a cuenta para el metro de Sevilla. Pedimos un trato de igualdad. Se nos dice
que no se pueden establecer cantidades hasta que no estén los proyectos, como si no supiéramos cómo funcionan los presupuestos, cuando es al revés: no se pueden adjudicar los proyectos hasta que no haya cantidades establecidas.
Esperamos que el
Gobierno sea sensible y lo mismo que pone dinero para metros como los existentes en Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, incluya la partida correspondiente al ferrocarril metropolitano de Sevilla.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Nuñez.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título VII. En la número 330 pretendemos corregir una injusticia, desde nuestro punto de vista y que se asignen recursos económicos a las mancomunidades de
municipios que presten servicio público de transporte colectivo. A ninguna de SS.SS. se les escapa que la gestión de la prestación del servicio de transporte público es compleja, y que en el caso del transporte colectivo requiere cuantiosas
inversiones, así como un nivel de usuarios elevado, por lo que muchos ayuntamientos decidieron llevarla de forma mancomunada o a través de entidades asociativas. La Ley reguladora de Haciendas Locales o las sucesivas leyes de Presupuestos Generales
del Estado no contemplan una asignación de recursos económicos del Estado a entidades asociativas supramunicipales que presten un servicio de transporte colectivo urbano, sino que reducen esa asignación únicamente a los municipios que lo presten de
forma individualizada, y, como decía antes, para nosotros esto no tiene justificación.
Con la enmienda 331 pretendemos que se aumente la cantidad consignada al Fondo de Compensación Interterritorial porque nos parece insuficiente para asegurar la disminución de los desequilibrios territoriales. Supongo que el Grupo Popular
nos dirá que es la cantidad adecuada y justa, pero basta ver que el Fondo de Compensación Interterritorial no cumplió la función de hacer efectivo el principio de solidaridad, de manera que las comunidades autónomas menos favorecidas por las
inversiones reclutadas con las dotaciones de este fondo pudieran converger con las más desarrolladas económicamente.
Después de 20 años de aplicación de este instrumento, la verdad es que no existe esa convergencia. Nos parece evidente que el hacer efectiva la pretensión que persigue este fondo pasaría, en primer lugar, por aumentar las cantidades
destinadas a tal fin, y eso es lo que pretende nuestra enmienda.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Quiero presentar de nuevo y defender, en este trámite parlamentario, una serie de enmiendas de mi grupo al título VII.
La primera de ellas pretende que los ayuntamientos no estén ni mejor ni peor tratados que las comunidades autónomas en su relación de financiación con la Administración central. De la misma manera que a las comunidades autónomas, a cuenta
de la financiación definitiva, se les adelanta un 98 por ciento de la financiación total prevista, pedimos ese mismo trato hacia los municipios. No entendemos por qué razón a la Administración autonómica se le adelanta el 98 por ciento y a los
ayuntamientos sólo el 95, tres puntos menos. Alguien podrá decir que son sólo tres puntos menos, pero eso,
traducido al dinero que se adelanta a los ayuntamientos del Estado español, supone mucho dinero.
Tenemos un segundo bloque de enmiendas dedicado, fundamentalmente, a las transferencias a los ayuntamientos, de las que voy a destacar dos. Una de ellas pide 200 millones de euros para promocionar operaciones tendentes al desarrollo de las
mancomunidades y de los servicios prestados a través de las mismas. Como sin duda ustedes saben mucho mejor que yo, a nivel municipal hay determinados servicios -estamos hablando de municipios de término medio, no de los grandes municipios- que no
se pueden prestar a un nivel municipal pequeño, y no es cosa de pasar a los niveles provincial o autonómico, sino que hay que buscar los servicios más cercanos y mejor prestados, desde una cercanía a los ciudadanos. En ese sentido, pedimos que haya
una ayuda al desarrollo de las mancomunidades.
Asimismo, pedimos que haya una ayuda, ésta sí fundamentalmente en las grandes ciudades, para que los parados y paradas tengan el transporte público gratis. El objetivo es muy sencillo. Antes era de
otra forma, pero estamos donde estamos y en una gran ciudad hay que desplazarse constantemente para buscar trabajo, para presentar currículos, etcétera.
Tampoco vamos a subvertir el orden económico del señor Montoro ni su pretendido déficit cero,
puesto que proponemos una ayuda de 64 millones de euros. Siguiendo con el transporte, planteamos ayudas para compensar a los ayuntamientos cuando el precio del combustible se desvíe más de un 2 por ciento. Proponemos compensar a ayuntamientos y
comunidades autónomas por las exenciones otorgadas a los centros concertados en muchos tipos de tasas.
Para terminar, planteamos una nueva concepción del Fondo de Compensación Interterritorial. Reconocemos los avances que se produjeron hace un año o año y medio, pero entendemos que la experiencia de los fondos FEDER es mucho más amplia que
lo relativo al hormigón o al asfalto, que el tipo de gestión era interesante y que habría que recoger esa filosofía para el Fondo de Compensación Interterritorial y huir de ese mal juego que es fijar un porcentaje sobre la obra civil nueva. Hay que
huir de eso y establecer un porcentaje adecuado, que represente la misma cantidad, pero que se fije sobre el producto interior bruto. Al mismo tiempo, en el Fondo de Compensación Interterritorial, en este caso fundamentalmente para
infraestructuras, por desarrollo de la LOFCA y del espíritu que en ella subyace, aunque se haya modificado el artículo 15, a nuestro entender no de forma correcta, solicitamos la creación de un fondo de nivelación de servicios en relación con las
comunidades autónomas.
Nuestra propuesta es que si con el Fondo de Compensación Interterritorial se nivelan infraestructuras, con el fondo de nivelación de servicios se nivele la prestación de servicios, que al fin y al cabo es uno de los grandes
mandatos constitucionales. A la deuda histórica ya nos referiremos, porque nosotros la hemos aceptado en las disposiciones adicionales.
Queremos dejar claro nuestro apoyo a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Andalucista en relación con el metro de Sevilla.
Vamos a apoyarlas, lo que pasa es que nosotros, para tomar una serie de cautelas, las hemos
presentado a la ley de acompañamiento.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, a este título VII mantenemos distintas enmiendas. En algunas solicitamos de la Cámara, y naturalmente del Grupo Parlamentario Popular que tiene mayoría en la misma, que se
respete cuanto se dice, primero, en la Constitución en orden a la potestad de ordenación territorial que tiene Cataluña y, en segundo lugar, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que no sólo se materializa esa competencia regulada
inicialmente por la Constitución -en ese sentido, dice que la Generalitat de Catalunya estructurará su organización en municipios y comarcas-, sino que, además, el estatuto de autonomía señala que los ingresos que vayan a los entes locales
catalanes, consistentes en participaciones en los ingresos que percibe el Estado, van a ser distribuidos a través del Gobierno de la Generalitat.
(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Por tanto, se trata de unas
enmiendas que vienen a rectificar el documento presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros y a adecuarlo a cuanto dice la Constitución y, en desarrollo de la misma, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Más constitucionales y más
estatutarias no pueden ser estas enmiendas que nosotros proponemos.
Hay otro grupo de enmiendas que tratan de distintas compensaciones a los ayuntamientos por bonificaciones fiscales concedidas a sociedades concesionarias de autopistas en la antigua contribución territorial urbana, actualmente impuesto sobre
bienes inmuebles. Por lo tanto, señora presidenta, quedan justificadas nuestras enmiendas y solicitamos que sean sometidas a votación en su trámite posterior.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a defender las
enmiendas en relación con el título VII que se refieren a la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Es evidente que la posición política es distinta por cuanto que se refiere a la financiación de unas y otras. Obviamente, en relación con las comunidades autónomas estamos ante un nuevo modelo. Este nuevo modelo sí conviene recordar que se
impuso con la Ley de sanidad y que se recurrió para cerrarlo a la negociación bilateral, y para este presupuesto también se sigue recurriendo a ella. No se entendería si no que a determinadas comunidades autónomas le financien determinado centro,
sanitario en este caso, y con otras comunidades autónomas, no se sabe por qué, no hacen el mismo ejercicio. Por tanto, este modelo tiene problemas, tal como se deduce de las numerosas enmiendas que en materia sanitaria tienen estos presupuestos
cuando si se hubiera cerrado adecuadamente no debería de tenerlos.
Ustedes hacen trampa en el presupuesto -no sé por qué y sinceramente desconozco cuál es el sentido final- porque cuando hablan del fondo de suficiencia dicen que crece el 26,7 por ciento, cuando eso no es cierto porque crece el 30,2. No
entiendo por qué ustedes plantean un 2,5 por ciento inferior al del crecimiento. Por eso presentamos una enmienda para que ajusten las entregas a cuenta, ni tampoco entiendo la finalidad cuando es un fondo que tiene necesariamente que
regularizarse. La regularización dirá al final del ejercicio el crecimiento real, pero cuando se habla del 30 no sé por qué en los presupuestos plantean ustedes el 27 por ciento.
Por último, quisiera decir algo que me parece importante. Un nuevo modelo no supone borrón y cuenta nueva sino que se empieza a trabajar con un nuevo esquema, pero hay una historia que debe de resolverse. Ustedes sencillamente no resuelven
los problemas derivados del anterior modelo de financiación y lo ha dicho alguno de los portavoces que se han subido a esta tribuna. Por eso presentamos una enmienda, para que resuelvan el pasado, porque además existen sentencias de la Audiencia
Nacional que así se lo demandan, como es la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía o las asignaciones complementarias de las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía, tal como figura en sus
estatutos de autonomía.
Si decía que la situación del nuevo modelo en las comunidades autónomas es incierta, en las corporaciones locales es bastante más grave y más compleja. Discutir la financiación, es decir la participación de las corporaciones locales en los
Presupuestos Generales del Estado, cuando en paralelo estamos hablando de la reforma de la Ley de Haciendas Locales no deja de ser una paradoja. Lo lógico hubiera sido que cerráramos este capitulo de Presupuestos Generales del Estado y en el
próximo ejercicio habláramos con calma de la nueva financiación de las corporaciones locales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Porque díganme ustedes, ¿qué presupuestos pueden elaborar en el día de hoy los
ayuntamientos españoles? No saben cuáles son las nuevas medidas que les van a afectar en virtud de una ley que se está negociando en este momento. Sin embargo, no lo han hecho. Han hecho todo como lo suelen hacer, sin negociación y sin debate
ninguno y es muy grave que se plantee la financiación de una parte del Estado por el Gobierno sin que esa parte del Estado haya participado en lo más mínimo en saber cuál es su financiación. El Estado no es el Gobierno, el Estado son todas las
administraciones y, por tanto, es un desprecio absoluto a las corporaciones locales que hayan traído a esta Cámara un proyecto de ley de financiación de las corporaciones locales sin haberlas tenido en cuenta. Lo hacen por un interés partidario y
electoralista. En el 2003, como todos sabemos, hay unas elecciones municipales y quieren presentarse con el compromiso de supresión del impuesto de actividades económicas resuelto, compromiso del señor Aznar hace ahora siete años, pero ahora tienen
mucha prisa para presentarse ustedes a las elecciones diciendo que han cumplido el compromiso.
Han presentado un proyecto de ley que es una agresión en toda regla a las corporaciones locales no sólo por esa falta de negociación, sino porque no han tenido en cuenta la situación financiera de los ayuntamientos españoles, que han ido
acumulando en los últimos años competencias sin ningún tipo de contrapartida; porque no han abordado el nuevo marco competencial de las corporaciones locales en un acuerdo de Estado; porque se requiere un acuerdo de Estado para abordar un nuevo
marco competencial y de ahí venir acompañado de la necesaria financiación para abordar ese nuevo marco de competencias; porque siguen suprimiendo ingresos de las corporaciones locales sin ningún tipo de compensación y haciendo el ejercicio falaz de
decir que el Gobierno baja impuestos y callan que para que los ayuntamientos sigan prestando los mismos servicios tendrán necesariamente que subir otros impuestos a los contribuyentes; porque el Gobierno baja, suprime impuestos, pero no compensa a
las ya depauperadas arcas municipales de los ingresos que van a dejar de percibir. Por tanto, si el modelo aún vigente ya no es bueno, el que se avecina es bastante peor. En todo caso, hay un trámite parlamentario abierto y tendremos ocasión de
reiterar lo que aquí estamos diciendo para intentar, si tienen a gala negociar, mejorar ese proyecto de ley que han presentado en la Cámara.
Ahora mismo tenemos que defender las enmiendas que presentamos a estos presupuestos, y estos presupuestos, señorías, tienen los mismos problemas que venimos denunciando año tras año en relación con las corporaciones locales. Primero,
incumplen el acuerdo que suscribieron con la Federación Española de Municipios y Provincias, que era incrementar la participación
de los ayuntamientos españoles en el PIB nominal. Ustedes incrementan el Fondo de Compensación Interterritorial en el PIB nominal. Ahora bien, todos los otros fondos, todas las otras partidas que forman parte de la participación de los
ingresos de los ayuntamientos en los presupuestos no las incrementan, o la anulan o la congelan, por tanto, el conjunto de la participación no sube en relación con el PIB nominal sino bastante menos.
Incumplen, por tanto, el compromiso al que
llegaron con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ignoran, como aquí se ha dicho, el incremento de los carburantes para financiar el déficit del transporte urbano. Siguen existiendo exenciones que no se compensan, como son los IBI de
las autopistas. Siguen existiendo otras exenciones sin compensar, como son los centros concertados por malas gestiones del Gobierno. En relación con la gestión del catastro, ha habido ayuntamientos que han dejado de percibir no por su voluntad,
sino por una mala gestión del Gobierno ingresos importantes que ustedes ignoran. No contemplan compromisos adquiridos, entre otros, la cofinanciación del metro de Sevilla.
Por último, voy a referirme a algo que nosotros enmendamos, porque tenemos que hacerlo, en virtud de que han presentado una ley y previsiblemente entre en vigor antes de final de año. Es la supresión del impuesto de actividades económicas,
para lo que, con sentido común, planteamos una enmienda que es la compensación de esa supresión. Quiero decir que no estamos en contra de la supresión del impuesto de actividades económicas.
En esta tribuna se lo he oído decir al ministro de
Hacienda, señor Montoro, y eso sencillamente es falso, y es falso porque hay pruebas suficientes de que es mentira. Nosotros hemos presentado aquí en la Cámara una proposición no de ley, hemos apoyado una proposición de ley y vamos a presentar una
enmienda de supresión del impuesto de actividades económicas, por tanto, dejen el discurso de que los socialistas no queremos suprimir el impuesto de actividades económicas. Queremos que se suprima, vamos a ver si ustedes nos apoyan en la enmienda
presentada a la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Ahora, eso sí, queremos que se suprima, pero queremos que el Gobierno compense a los ayuntamientos por la supresión del impuesto de actividades económicas, y no acudan a algo que los que
estamos en la Cámara entendemos que es una falacia.
El señor Montoro decía, también el señor Arenas en una entrevista muy reciente, que los ayuntamientos van a ganar dinero con el nuevo modelo, porque van a tener un mayor recorrido fiscal. ¿Me quieren decir qué es ese mayor recorrido fiscal
que van a tener los ayuntamientos? Díganlo, van a poder subir los impuestos, es decir, cuando ustedes alardean de que hay un proyecto de ley que baja los impuestos es sencillamente mentira, hay un proyecto de ley donde suprimen un impuesto y dicen
a los ayuntamientos: suban ustedes los impuestos para prestar los mismos servicios, si no, no podrán subir. Por tanto, espero que nos acompañen en la enmienda que tenemos presentada de supresión del impuesto de actividades económicas con la
correspondiente compensación.
Por fin, señores del Grupo Popular, señores del Gobierno, quiero que hagamos una reflexión sobre cuál ha sido su actitud hacia las corporaciones locales. Yo se la digo, ha sido de absoluto desprecio a las corporaciones locales. Ustedes
llevan siete años en el Gobierno y en esos siete años en el Gobierno no han hecho un solo gesto a favor de las corporaciones locales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rodríguez Bolaños, le ruego vaya concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señora presidenta, termino inmediatamente.
Es un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias basado en el anterior régimen de haciendas, que han incumplido porque ni tan siquiera cumplen el incremento del PIB nominal para la participación de los ayuntamientos
españoles, y meten en la Cámara sin oír a las corporaciones locales un proyecto de ley que es una agresión tremenda contra las corporaciones locales y que está causando efectos perniciosos, entre ellos que una institución que tenía reconocimiento
general en nuestro país, como la Federación Española de Municipios y Provincias, esté atravesando una de sus mayores crisis, porque, con razón, se acusa y se pide a la presidenta de dicho organismo por parte de la Federación catalana de municipios
su dimisión porque le acusan de seguidismo al Gobierno y porque es incapaz de convencer a nadie de que un proyecto de esta envergadura pueda haberse metido en el Parlamento sin que una parte tan importante como es todo el sector local se haya
enterado de por dónde iban los tiros. Esto es muy grave, les ruego que rectifiquen.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la financiación local era un aspecto demandado por la oposición como conditio sine qua non para hablar del pacto local, de lo que mi grupo ha denominado la segunda descentralización. Pues bien, señorías, ya está aquí el proyecto
de ley de financiación de las haciendas locales. Lo primero que han hecho ustedes, señores de la oposición, es presentar una enmienda de
totalidad; es una buena manera de contribuir a resolver por consenso el importante tema de la financiación local.
Uno de los argumentos que han utilizado para justificar la petición de devolución al Gobierno -era impensable desde luego que el Grupo Socialista se molestara en elaborar un texto alternativo- ha sido la falta de diálogo, lo cual saben
ustedes que es absolutamente incierto.
Durante más de un año miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias han trabajado codo con codo con expertos del Ministerio de Hacienda para elaborar este proyecto de ley; un proyecto de ley
que tiene muchos aspectos destacables para modernización de las corporaciones locales. Sin embargo el punto estrella es el que a ustedes más les molesta, la supresión para más de dos millones de ciudadanos del impuesto sobre actividades económicas.
Hasta hace poco venían reclamándonos el cumplimiento de nuestro compromiso electoral de dicha supresión.
Señorías, déjennos a nosotros administrar nuestro tiempo en la legislatura, aún falta año y medio para su terminación. El compromiso ya está
cumplido. La supresión de este impuesto para más de dos millones de ciudadanos lleva como complemento otras medidas: la exención de las nuevas actividades durante su primer año de vida y la bonificación del 50 por ciento de las cuotas durante los
cinco años siguientes. Además no se agota en el IAE la reforma de la financiación municipal; con esta ley los ayuntamientos van a poder suprimir el 90 por ciento de la contribución por la vivienda a medio millón de familias numerosas, las pyme y
las familias van a ver cómo les bajan sus impuestos y ningún ayuntamiento pierde recursos financieros; se elimina el elemento tributario número de empleados para el cálculo de la cuota del impuesto, favoreciendo, por tanto, la creación de empleo;
también la superficie que la empresa destine a guardería de los hijos de empleados y clientes se deduce de la superficie total utilizada para calcular la tarifa del impuesto. Con el nuevo sistema, señorías, los ayuntamientos ganan autonomía
financiera, capacidad normativa y participación en los grandes impuestos del Estado, la financiación local es más eficiente, más estable, más equitativa y más autónoma.
Señorías, no es verdad que los ayuntamientos vayan a perder recursos, sino todo lo contrario. Para los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes, la participación en los ingresos del Estado se estructura en dos partes: una, la cesión de
los grandes impuestos del Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales), y otra, la transferencia directa del Estado a los ayuntamientos, llamado fondo complementario de financiación, por el resto de ingresos que ahora reciben vía PIE. Para los
ayuntamientos con población inferior a 100.000 habitantes la transferencia se repartirá: el 75 por ciento en razón de la población, el 12,50 por ciento según el esfuerzo fiscal y el otro 12,50 por ciento, con arreglo al inverso de la capacidad
tributaria municipal.
El año 2003 es un año de transición y los ayuntamientos y las provincias recibirán una compensación directa del Estado por las modificaciones tributarias que entran en vigor en el año 2003. Sin embargo el modelo financiero -la forma de
participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado- entrará en vigor el 1 de enero de 2004. Ese periodo transitorio en el que las modificaciones fiscales podrían hacer perder recursos a los ayuntamientos quedará compensado con
cargo a los presupuestos generales del Estado mediante un crédito que tiene carácter ampliable previsto en el anexo II de la ley. El nuevo modelo garantiza la suficiencia financiera a las corporaciones locales y, además, otorga mucha mayor
autonomía, de acuerdo con el mandato constitucional, a los entes locales para establecer una política tributaria propia. Los ayuntamientos pueden estar tranquilos, que su financiación va a ser de mayor cantidad y mejor calidad que la que han tenido
hasta ahora.
En cuanto a las comunidades autónomas es obligado recordar que este es el primer presupuesto que recoge la aplicación definitiva del sistema de financiación acordado por unanimidad de todas las comunidades y que tuvo su reflejo legal en la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Además, cuando se debatieron los presupuestos del ejercicio 2002, todavía existían diez comunidades autónomas que no habían asumido las competencias en materia de sanidad. Lógicamente, la financiación de las
comunidades autónomas a través de tributos cedidos y participación en IRPF, IVA e impuestos especiales no tiene aquí reflejo presupuestario, ya que estos recursos no se integran en el conjunto de los ingresos del presupuesto del Estado.
Por eso la
comparación con el ejercicio pasado, que, insisto, fue un ejercicio de transición, es una tarea inútil. Por el contrario, el fondo de suficiencia sí tiene reflejo presupuestario en tanto que es el mecanismo de cierre del sistema de financiación.
Para la práctica de la liquidación definitiva del ejercicio 2001, que corresponde efectuar en el ejercicio 2003, se recoge, en la sección 32 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año, un crédito general y ampliable para la
provisión del gasto necesario de esa liquidación.
Señora presidenta, me gustaría hacer una breve referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. En la nueva ley, resultado del acuerdo de todas las comunidades autónomas, se recoge la creación de dos fondos: el fondo de compensación,
destinado exclusivamente a gastos de inversión, de acuerdo con el mandato recogido en el artículo 158.2 de la Constitución, y el fondo complementario, que puede destinarse a gastos de funcionamiento asociados a proyectos de inversión.
No quiero terminar sin referirme a tres enmiendas que parten de un sofisma, que, no por muy repetido, deja de serlo, por calificarlo suavemente. Me estoy refiriendo a la antigua campaña, cada vez más intensa, que acusa al Gobierno del
Partido Popular de castigar a
Andalucía. Se han presentado tres enmiendas referidas a temas candentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una de ellas hace referencia a la liquidación del período 1997-2001. Quiero recordar que Castilla la Mancha y Extremadura,
aunque no aceptaron el modelo de financiación anterior, llegaron a un acuerdo satisfactorio con el Estado para liquidar el citado quinquenio. En el caso de Andalucía, siguiendo esa estrategia política de confrontación que viene practicando el
Gobierno andaluz, no hubo posibilidad de acuerdo. La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia no firme en la que se dice que se debe liquidar a Andalucía con arreglo al modelo vigente en el quinquenio anterior, es decir, el de 1991-1996, que,
desde luego, se aleja muy sensiblemente de las pretensiones solicitadas por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. En este momento, el Gobierno español ha propuesto, una vez más, llegar a un acuerdo, como se ha hecho con todas las
comunidades autónomas. El Gobierno andaluz pretende que el Estado renuncie a recurrir esa sentencia de la Audiencia Nacional. Si no hay posibilidad de acuerdo, lo más razonable es esperar a tener pronunciamientos judiciales firmes de la
jurisdicción contencioso-administrativa y un pronunciamiento final del Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto.
Otras enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez, se refieren a la llamada deuda histórica. Éstas siguen el mismo espíritu de fomentar el agravio comparativo. Hay que recordar que la
disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene más de 20 años de vigencia, de los cuales durante catorce años gobernó en España el Partido Socialista y, obviamente, no pagó ni una sola peseta por la llamada deuda
histórica, nombre que, en aras de la justicia, hay que atribuírselo a la inspiración del señor Rejón. Pues bien, hasta ahora, el único que ha pagado la deuda histórica ha sido el Gobierno del Partido Popular, que satisfizo, nada más y nada menos,
que 20.000 millones de pesetas. Por tanto, señores del Partido Socialista, lo primero que hay que recordarles es que, hasta ahora, el resultado de esta pugna es: Partido Popular, 20.000 millones-partido Socialista, cero. No obstante, quisiera
entrar en el fondo del asunto y no quedarme sólo en el pasado. Quiero recordar que cuando se acordó la concesión de esa dotación excepcional, se adoptó también el acuerdo de que la fijación definitiva del alcance y cuantía de las asignaciones
excepcionales se debía realizar mediante la metodología que, con carácter general, se recomiende por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la LOFCA. La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, consecuencia del acuerdo, ha dado una nueva redacción a su artículo 15, y crea un mecanismo de garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales de educación y sanidad. Sin embargo, al margen de estos aspectos
convencionales y legales, no puedo por menos de preguntarme hasta cuándo va a durar la campaña de acoso de la Junta de Andalucía, con la política del victimismo y del agravio. Señorías, en estos presupuestos del año 2003 podemos observar cómo es
absolutamente falso ese maltrato a Andalucía, que no es sino fruto de la propaganda más falaz. El fondo de suficiencia consignado en los presupuestos que estamos debatiendo es el mecanismo de cierre del sistema de financiación, porque cubre la
diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma y los recursos tributarios que se le atribuyen. Pues bien, Andalucía, con una población entorno al 19 por ciento de la población española, recibe el 27,03 por ciento del
total del fondo de suficiencia. ¿Dónde está el maltrato a Andalucía?
Señorías, si nos vamos a analizar el Fondo de Compensación Interterritorial, que constituye un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad,
del conjunto a repartir entre las diez comunidades que son beneficiarias de estos fondos, Andalucía recibe el 40,12 por ciento del total. ¿Dónde está el agravio? Y si añadimos a eso la condición de Andalucía como región Objetivo 1 con sus
dotaciones de fondos estructurales y fondos de cohesión de la Unión Europea, está claro que solo desde el sectarismo se puede sostener que Andalucía está discriminada negativamente por el Gobierno del Estado. Allí lleva gobernando el Partido
Socialista veinte años y a mí como andaluz me da vergüenza que a estas alturas del siglo XXI no podamos prescindir de todas esas ayudas a las que he hecho referencia. Si las necesidades son reales, digo yo que alguna responsabilidad tendrá un
partido que lleva gobernando veinte años en Andalucía. (Aplausos.)
Otras enmiendas se orientan en la misma dirección. Me refiero a la financiación del metro de Sevilla. Señorías, es otro intento de engaño a los andaluces. Para hacer creíble el engaño lo primero que hay que hacer es perder la memoria.
Pide el Partido Socialista que se cumpla la Ley del metro de 1975. Es tan conocido y tan obvio que quien suspendió la ejecución del metro y, por tanto, la aplicación de la ley de 1975 fue el Gobierno de Felipe González, que no me explico cómo se
atreven a recordar que existía una Ley del metro desde 1975. (Aplausos.) El segundo intento de engaño estriba en hacer creer a los andaluces que el Gobierno central no quiere poner dinero para el metro de Sevilla. Sabe todo el mundo que el
Gobierno va a poner el dinero para el metro y así lo ha hecho constar en la ley de acompañamiento a los presupuestos de este año; pero para poner dinero hay que saber cuánto y en el marco de un convenio con la administración autonómica, como se ha
hecho en otras ciudades.
El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía va a presentar esta semana una proposición no de ley instando
al Gobierno andaluz a que redacte el convenio para acabar de una vez con tanta falacia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Albendea, le ruego vaya concluyendo.
El señor ALBENDEA PABÓN: Enseguida termino, señora presidenta.
Señorías, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Sevilla van a poner por ahora ni un duro. Es mentira. La línea 1 del metro ha salido a concurso y de acuerdo con las bases, el concesionario viene obligado a redactar el proyecto,
construir la infraestructura, adquirir el material móvil, explotar el metro y conservar y mantener las obras, instalaciones y vehículos. El plazo de la concesión es de 35 años y la contraprestación al concesionario consistirá en los derechos de
explotación, percibiendo las tarifas que corresponda de los usuarios y las aportaciones que, como consecuencia de la oferta, corresponda pagar, en su caso, a las administraciones. Por tanto, por ahora no hay que pagar ni un duro. La partida
presupuestaria que se ha consignado en los presupuestos de la Junta de Andalucía es pura propaganda, ya figuraba el año pasado y no se ejecutó. Nosotros no podemos poner partidas de propaganda en los presupuestos, los créditos que consignamos es
porque creemos que se pueden gastar. Esas partidas ficticias van siempre en demérito de las necesidades reales. Por tanto, señorías, no traigan a esta Cámara la política victimista y engañosa de la Junta de Andalucía.
Nada más y muchas gracias.(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Albendea.
Pasamos finalmente al debate de las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, todo ello de forma conjunta.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado cuatro enmiendas de distinta naturaleza en estas disposiciones adicionales. La primera de ellas hace referencia a una cuestión grave y que afecta de manera perjudicial a la formación de los trabajadores. Estamos hablando
de la formación continua y en concreto del hecho de que no se esté destinando lo que corresponde a esa formación de los trabajadores. Estamos proponiendo algo que se debiera haber hecho desde el proyecto de ley de presupuestos: que el 6,24 por
ciento de la cuantía indicada para la formación continua se dote con subvención nominativa a la fundación vasca para la formación continua, Obetuz. Es algo que se hizo en otros momentos y no entendemos cómo no se sigue haciendo, con grave perjuicio
para los trabajadores.
De las tres enmiendas restantes, una de ellas hace referencia al cumplimiento de compromisos adquiridos en relación con la ayuda oficial al desarrollo. Es verdad que a lo largo de los últimos años, pero más en concreto en el año 2002,
después de la cumbre de Monterrey, todos los países se han comprometido a destinar el 0,39 del producto nacional bruto a la ayuda oficial al desarrollo. Curiosamente, en el Estado español se realizan por parte del Gobierno muchas promesas a ese
respecto, pero lo que se está produciendo es un estancamiento del presupuesto en la ayuda al desarrollo; es decir, que no llegan ni siquiera al cumplimiento de este compromiso, el cual realizó como presidente de turno de la Unión Europea el señor
Aznar. Lo que pedimos es que se consigne, al menos para cumplir este compromiso, 250 millones de euros para que el crecimiento sea escalonado y se puedan cumplir los compromisos adquiridos desde el punto de vista internacional.
Hay dos enmiendas que hacen referencia a una historia silenciada, a la historia que muchos quieren olvidar o no tener en consideración. Esta historia silenciada de lo que ocurrió en la dictadura de Franco sigue estando ahí y creemos que hay
que recordarla porque hasta que no se hable de ella no va a terminar el conflicto. Queremos hablar de esto para dar una salida y hacer justicia a las personas que fueron represaliadas en la dictadura de Franco y que todavía no se les ha recordado
suficientemente.
Estas enmiendas van dirigidas a dotar de una compensación moral, social y económica a las personas que soportaron los graves perjuicios de la dictadura.
En otra enmienda pedimos que se apoye el proceso que hay en este momento de exhumación de fosas comunes en relación a las ejecuciones extrajudiciales, por decirlo de manera correcta y no decir los fusilamientos, que existieron en la
dictadura de Franco. Hoy en día se está produciendo la exhumación de esos cadáveres y debería haber una ayuda formal, no sólo económica, para este proceso por parte de todas las administraciones. Sobre esta cuestión podremos hablar largo y tendido
en debates que van a suscitarse en esta Cámara por iniciativas que hemos planteado. En todo caso, merece la pena que se tengan en consideración por el apoyo, no sólo formal sino también económico, que están dando las personas en régimen de
voluntariado y el que deben dar todas las administraciones, en definitiva, los representantes de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos
Intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego en este capítulo que estamos abordando. La enmienda 334, que es coherente con la 330, propone mecanismos concretos para que se pueda hacer efectivo el que se destinen
fondos para financiar aquellas mancomunidades de municipios que presten servicio público colectivo en el transporte.
Voy a hacer especial referencia a la enmienda 335. En esta enmienda proponemos una disposición adicional nueva donde pedimos una compensación al municipio de Ferrol en la financiación local. Sabemos que serviría también para otros
municipios con problemáticas semejantes, pero nosotros vamos a hacer especial referencia al municipio de Ferrol. Esta disposición diría literalmente: A partir del año 2003, el Ministerio de Hacienda realizará, de común acuerdo con el Ayuntamiento
de Ferrol, los estudios necesarios sobre el impacto en la financiación de dicho municipio de la exención del IBI de numerosos inmuebles afectados al Ministerio de Defensa, a los efectos de determinar las compensaciones económicas que correspondan a
dicho municipio. Una vez terminadas las compensaciones, a través de una comisión paritaria Ministerio de Hacienda-Concello de Ferrol, se realizarán revisiones para determinar la cuantía de la compensación con carácter anual.
Creo que sobra justificación para defender esta enmienda pero, como ustedes saben, la exención del IBI de los bienes afectos a la defensa, contemplada en el artículo 64.a), supone un fuerte impacto a la hacienda local de un ayuntamiento como
el de Ferrol, en el que alrededor de un 20 por ciento de su superficie está ocupada por edificios vinculados al Ministerio de Defensa. Esto va a conllevar una reducción de los ingresos por este concepto que sin ninguna duda debe ser compensada por
el Estado, más aún teniendo en cuenta que de esa exención otorgada en el impuesto local no se deriva ningún beneficio o posición privilegiada del ayuntamiento a efectos de la adquisición de los bienes militares cuando son desafectados de la defensa.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco ha presentado dos enmiendas en este apartado, las números 671 y 672.
Con la 671 pretendemos que se suprima la disposición adicional novena del proyecto de ley. Esta disposición hace referencia a la gestión directa por parte del INEM de los créditos destinados a fomento del empleo. Desde el Grupo Vasco
creemos que esta disposición novena es inconstitucional, aunque sea el cuarto ejercicio consecutivo en que viene apareciendo en los presupuestos. Esta inconstitucionalidad deriva principalmente de la transgresión del artículo 149.1.7 de la
Constitución, sobre el reparto de competencias en materia laboral. Las funciones ejecutivas corresponden a los órganos de las comunidades autónomas, lo que en principio invalida toda posibilidad de que el legislador establezca esa pretendida
reserva de gestión directa en favor de un organismo estatal como el INEM.
Creemos, además, que adolece de un vicio de inconstitucionalidad, que el proyecto de ley describe en su exposición de motivos, constatado por varias sentencias.
La segunda enmienda, la 672, propone la adición de un nuevo apartado a la disposición adicional vigésima del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2003, sobre financiación de la formación continua. El objetivo de la
redacción que proponemos es asegurar que la financiación del acuerdo vasco sobre formación profesional continua, suscrito en aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores en septiembre de 1995, pueda llevarse adelante.
Cuando discutimos estas enmiendas en Comisión el portavoz del Partido Popular señor Azpiroz yo diría que fue correcto, como no puede ser de otra manera, y nos dijo que en el futuro se arreglarían estas situaciones. Nosotros lo de arreglar
entendemos más o menos lo que significa, lo del futuro lo tenemos menos claro. Si nos puede dar alguna aclaración en ese sentido nuestro grupo se lo agradecería.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, he escuchado atentamente la intervención del señor Albendea, me ha emocionado su defensa numantina de la ley de 1975, y yo me he preguntado por qué una ley de 1975 es válida y, por ejemplo,
los acuerdos económicos con la Santa Sede de los años ochenta no lo son, o por qué la ley que en el año 1991 fijó el límite de tiempo mediante el cual se subvencionaba o no a la Iglesia católica con el tope de la recaudación por IRPF en la figura
correspondiente del año anterior no sirve. ¿Por qué sirven unas leyes y otras no, señorías? Esperaré a que el señor Albendea, que en una buena traducción árabe significa el hijo del caíd, venga a ilustrarnos a esos efectos.
Nosotros planteamos en una enmienda que por respeto a la Constitución, por respeto a los acuerdos económicos con la Santa Sede, por respeto a otras confesiones, por respeto a los contribuyentes españoles, hagan ustedes el favor de cumplir la
ley y de que aquello que se recauda para la Iglesia católica sea el límite
para darle al año siguiente la subvención. Yo lo que pido es que se cumpla la ley, igual que desde esa tribuna se acaba de defender la ley del metro de Sevilla del año 1975, sencillamente así. Indiscutiblemente, uno sabe distinguir entre
el metro y la Iglesia católica, por supuesto, pero a la hora de las leyes no quiero distinguir con ningún sujeto, señorías, porque entonces pudiera haber prevaricación.
De las enmiendas que mi grupo mantiene vivas para este Pleno, que también la señora Lasagabaster ha hablado de alguna de ellas, he de decir que la Guerra Civil terminó, a Dios gracias, está cerrada, pero no todas las consecuencias que aquel
malhadado golpe de Estado de la derecha y de la extrema derecha española dieron en su momento. Por lo tanto, presentamos una serie de enmiendas que tratan de la extensión del derecho de indemnización a las viudas de ejecutados durante el
franquismo, del reconocimiento a los ex presos y represaliados políticos, de proceder a la exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y de la ampliación de plazos para la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y
derechos incautados durante aquella época. Cuando se dice que se cierra una cosa hay que cerrar la obra y las consecuencias, señorías.
Como hay que cerrar ya de una puñetera vez la denominada deuda histórica, porque si no, además de histórica, se
va a convertir cada día más en una deuda. Cuando aquí se dice: cúmplase la ley del setenta y cinco, cúmplanse también las del ochenta, ochenta y uno, y ochenta y dos, Estatuto de Autonomía de Andalucía y Estatuto de Autonomía de Extremadura,
bloque constitucional -no estoy hablando de una ley que pasaba por allí-, que en su disposición adicional segunda se habla de que todos los años se dedicará en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad para mantener el nivel de prestación
de servicios en ambas comunidades. Un servidor no lo ha visto más que en unos presupuestos, en los de 1996; 20.000 millones a cuenta que puso el Partido Socialista, que se iba, y pagó el Partido Popular, que entraba. Es la verdad. Eso de pagar
el primer plazo de la vivienda y no pagar más termina en embargo.
Al tercer plazo no pagado, se termina en embargo. Ustedes me dirán que fueron los únicos que han pagado, cierto; me dirán que se creó una comisión para fijar la cuantía, pero eso
suena a choteo, porque las comisiones para fijar la cuantía ya llevan muchos años, y no voy a decir aquello de cuando quieran que algo no funcione créese una comisión, porque no es el tema, pero páguese. Y mientras tanto, si no se tiene capacidad
de evaluación (francamente hay que ser torpe para no tener capacidad de evaluación, porque hasta nosotros fuimos capaces de evaluar la deuda histórica, por lo menos en Andalucía, y fíjense el aparataje que pudimos tener nosotros en un momento
determinado), vaya dándose a cuenta, para que la deuda no sea como una bola de nieve en una pendiente.
Quiero llamar la atención de SS.SS. sobre una enmienda que afecta a la dignidad de algunos escalones, supuestamente inferiores, de la mal denominada clase política. Me estoy refiriendo, ahora que hay elecciones municipales, a los muchos
concejales y concejalas, diputados provinciales e incluso diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas que van a dejar de serlo y se van a ir al paro patatero, como el resto de los españoles, pero sin los mismos derechos que tienen los demás que han
tenido un trabajo anteriormente; es decir, se van al paro sin derecho al desempleo.
Señorías, no estoy pidiendo desde esta pequeña tribuna un trato desigual para los alcaldes y para los concejales que van a dejar de serlo y que han dado lo mejor
de su vida en los mejores años para consolidar un poder municipal, unas ciudades más habitables y que al día siguiente no pueden volver a su trabajo porque posiblemente no exista, sino que tengan el mismo derecho que tiene un albañil, un camarero,
una limpiadora o un maestro escuela que en un momento determinado se va al desempleo. Si se ha cotizado por ello, que se pague. Me parece una vergüenza. Y vuelvo a insistir. Cuando en algunos estamentos se pretende establecer prebendas para los
escalones altos de los cargos públicos, señorías, yo pido igualdad de trato constitucional con el resto de los trabajadores españoles para unos denominados, que no lo son tales, niveles inferiores dentro del poder institucional del Estado.
Señorías, termino con las dos siguientes cuestiones. Por un lado, me gustaría que se adoptasen una serie de medidas para que las pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional se vayan acercando al mismo en un cierto
período de tiempo. Tampoco estoy pidiendo la quiebra del Estado, como tampoco la pido cuando demando que nos vayamos acercando al 0,7 por ciento en lo relativo a la política de solidaridad.
Decía en Comisión un portavoz del Partido Popular -no
recuerdo su nombre y por eso pido disculpas- que había leído en The Washington Post o en el Herald Tribune que, después de Estados Unidos, España es la más solidaria con el mundo. Pues bien, yo veo de vez en cuando la CNN y tengo que manifestar que
en dicho canal dieron una información rigurosa sobre un tema similar. Dijeron que es verdad que existe una determinada solidaridad, pero, si de la misma se descuentan las contraprestaciones que se exigen a muchos de esos países por comprar a España
chatarra e instrumental de baja calidad a un precio muy alto como compensación del dinero que supuestamente se le da como ayuda, España ocupa uno de los últimos puestos. Sencillamente pido, como cuando he empezado, a Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Quedan defendidas las enmiendas en los propios términos en que se justifican.
Nada más. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para defender algunas de las enmiendas de mi grupo parlamentario a este bloque de disposiciones adicionales. He oído pedir al señor Rejón los mismos derechos para los alcaldes y concejales que los que tienen
una serie de trabajadores de este país. Con las enmiendas números 1255 y 1256, a las que me he referido muy brevemente con motivo del título III, mi grupo parlamentario aspira a que a los empleados públicos se les compense por la pérdida de poder
adquisitivo no ya de años venideros, sino del año 2002, puesto que todos somos conscientes de que en dicho año subieron las retribuciones de los empleados públicos un 2 por ciento. El objetivo de la inflación previsto por el Gobierno iba a ser,
como no podía ser menos, el mismo que el de otros años, esto es, el 2 por ciento, pero la realidad, señora presidenta, es que en este momento la inflación interanual es del 3,5 ó del 3,6 por ciento. Es decir, que los empleados públicos están
perdiendo un 1,5 ó un 1,6 por ciento de poder adquisitivo en lo que va de ejercicio presupuestario. Nosotros proponemos a través de una disposición adicional nueva que se les compense, tal y como figura en los convenios colectivos de la mayor parte
de los trabajadores de este país y como ocurre con los millones de pensionistas y jubilados, que tienen indiciadas sus retribuciones no en función de la inflación prevista, sino en función de la inflación real.
Señora presidenta, antes ha intervenido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y yo no he podido replicarla. Ha manifestado que se van a poner en quiebra y en crisis los objetivos inflacionistas y, señores parlamentarios, señores
portavoces del Partido Popular, la desviación de inflación del 1,6 por ciento sobre la masa salarial de los empleados públicos, sujetos a la negociación colectiva en la mesa de la Función pública, no llega a 15.000 millones de pesetas. Hablando de
un presupuesto como el que estamos debatiendo, no creo que sea poner en crisis ni en riesgo ni la estabilidad presupuestaria ni los objetivos de inflación, puesto que todos sabemos que la desviación de inflación no tiene nada que ver ni con las
retribuciones de los empleados públicos ni con las de los empleados de este país. Si hay desviación de inflación es como consecuencia de la política errónea en materia de competencia que está prorrogando y planteando este Gobierno, no por la
congelación y la contención salarial a la que están contribuyendo los empleados públicos.
El segundo bloque de enmiendas, al que me quiero referir, es el formado por las enmiendas números 1.270 y 1.271. El Gobierno, a través del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Albendea, hablaba de la propaganda de determinadas
comunidades autónomas a la hora de vender determinados proyectos o programas políticos. Con las enmiendas números 1.270 y 1.271 no queremos hacer propaganda, sino que de una manera firme, seria y con un compromiso plasmado en los Presupuestos
Generales del Estado, pretendemos ayudar al acceso a la primera vivienda por parte de los jóvenes, a través de un aumento de las ayudas para la adquisición de sus viviendas. No tengo tiempo para manifestar -además será papel de nuestro portavoz
cuando se discuta el presupuesto del Ministerio de Fomento- cuáles son nuestras alternativas y cuál es la crítica que realizamos a la política de vivienda del Gobierno. Lo que está claro es una cosa, los jóvenes de este país -lo hemos discutido
muchas veces- no tienen acceso en condiciones de igualdad y en condiciones razonables a su primera vivienda, ni nueva ni de segunda mano ni de tercera, porque no tienen posibilidades de acceso. La prueba está en que cualquier comunidad autónoma o
en cualquier ayuntamiento en los que salen a concurso o a adjudicación nuevas construcciones de viviendas destinadas a los jóvenes, por lo menos hay 20 solicitudes para cada plaza. Hay un problema serio, de la misma manera que hay una especulación
fortísima en materia de terrenos, porque en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos hay millones de metros cuadrados que son propiedad de determinados organismos públicos que están sin utilización, cuya sola visión -desde el punto de vista
de la contribución a los objetivos del déficit cero del señor Montoro- es sacarlos a subasta pública, obteniendo grandes beneficios por aquellos terrenos que los municipios entregaron, como una aportación de las propias ciudades, para una función
que ya no cumplen. La contribución que hace el Gobierno es obtener unos terrenos y ponerlos a precios carísimos para que se siga manteniendo la bola de los solares caros y de los precios prohibitivos de la vivienda.
La última enmienda a la que me quiero referir es la número 1.272. El Partido Popular, en el congreso de Málaga, parece que se ha dado cuenta de que hay que ofrecer seguridad a los ciudadanos, no sólo hay que ofrecer pocos impuestos, sino
también seguridad. Seguridad a la que, con las políticas que ha venido desarrollando e impulsando, no ha contribuido este Gobierno. Porque para una política de seguridad hace falta dos principios fundamentales: Uno, dirección política, que no la
hay, y otro, medios oportunos y
empleados públicos eficaces y bien pagados para que puedan desarrollar sus funciones con eficacia. Es de dominio público que las condiciones en que desempeñan su trabajo miles de guardias civiles y miles de policías nacionales son
verdaderamente increíbles, por no decir tercermundistas.
No habrá un día que pase sin que nos encontremos con información en cualquier medio de comunicación, no precisamente proclives al Partido Socialista, en el que la Guardia Civil denuncie las
condiciones en las que tiene que desarrollar su trabajo, pero tampoco falta el día en el que no seamos conscientes de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están insuficientemente retribuidas y, desde luego, como planteamos en la
enmienda número 1.272, sería necesario hacer un trabajo serio, tanto en el Congreso como por parte del Gobierno, para equiparar en un período razonable las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las que tienen estos
cuerpos en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. No tendremos seguridad si no hay una voluntad decidida por parte del Gobierno, por encima de las proclamas, soflamas y de la propaganda que quiera incorporar en sus convenciones
municipales. Así no se avanza en la seguridad, sino que se hace ampliando y potenciando las medidas positivas que mejoren la eficacia, las retribuciones y las directrices políticas, no como se está haciendo en estos momentos o, mejor dicho, como no
se está haciendo en estos momentos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo telegráficamente porque nuestro grupo parlamentario considera, como han puesto de manifiesto las intervenciones de los diferentes grupos, que hemos asistido a la reproducción de debates que se han producido a lo largo de esta
tarde. Yo me remito necesariamente a la magnífica intervención de mi compañera por Soria señora Ruiz con relación a los títulos III y VII, en su no menos magnífica intervención del señor Albendea.
Simplemente quiero anunciar a la Cámara la presentación de una enmienda transaccional a las enmiendas números 1596 y 1597 del Grupo Parlamentario Catalán en los términos que han sido ya repartidos a todos los grupos, porque así lo ha hecho
nuestro grupo a los servicios jurídicos de la Cámara. Sencillamente se trata de ampliar un año la carencia concedida con relación al pago de las deudas de la Seguridad Social de instituciones sanitarias, cuya titularidad ostentan actualmente las
administraciones públicas e instituciones sin ánimo de lucro.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cámara.
Señorías, vamos a proceder a la votación. (Rumores.)
Nos espera una votación complicada. Ruego a SS.SS. guarden silencio al efecto de que sepamos lo que vamos a votar.
Procedemos a votar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Votamos el título I, artículos 1 a 12. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, la número 293.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 160; abstenciones, 105.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
En segundo lugar, enmienda número 294, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 16; en contra, 253; abstenciones, 15.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Procedemos a la votación global de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este título I, artículos 1 a 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 108; en contra, 172; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 112; en contra, 171; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Votamos a continuación el texto del dictamen del título I, artículos 1 a 12, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 169; en contra, 111; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado.
Título II, artículos 13 a 18.
Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 111; en contra, 160; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Votación del texto del dictamen del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 172; en contra, 110; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el texto del dictamen.
Título III, artículos 19 a 35.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, empezando por la enmienda de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 161; abstenciones, 104.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del señor Núñez Castaín, en primer lugar la número 566.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 17; en contra, 160; abstenciones, 104.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Queda rechazada.
Enmienda número 567.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 106; en contra, 159; abstenciones, 19.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas presentadas por el señor Núñez Castaín.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 112; en contra, 160; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, enmienda número 300.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 19; en contra, 160; abstenciones, 103.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas números 309, 311 y 325.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 10; en contra, 160; abstenciones, 112.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 315, 317 y 322.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 105; en contra, 160; abstenciones, 18.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 112; en contra, 160; abstenciones, 11.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar enmienda número 667.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 30; en contra, 159; abstenciones, 93.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda número 668.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 29; en contra, 252; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda número 669.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 20; en contra, 161; abstenciones, 101.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda 670.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 159; abstenciones, 106.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda 1580.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 121; en contra, 158; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 123; en contra, 159.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar la número 1224.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 123; en contra, 160.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
A continuación, resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 110; en contra, 170; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 166; en contra, 115; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el dictamen.
Título IV, artículos 36 a 45. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, comenzando por la enmienda del señor Núñez Castaín.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 110; en contra, 156; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 16; en contra, 161; abstenciones, 105.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 109; en contra, 171; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 122; en contra, 160; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 1231.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 122; en contra, 160; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas números 1235 y 1236.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 108; en contra, 160; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 111; en contra, 171; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen. Título IV, del artículo 36 al artículo 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 173; en contra, 110; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el texto del dictamen.
Título VIII, artículos 81 a 82. En primer lugar la enmienda del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 109; en contra, 162; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Texto del dictamen. Título VIII, artículos 81 y 82.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 173; en contra, 110; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el dictamen.
Sección 07, Clases pasivas. Votación según el dictamen de la misma al no existir enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 174; en contra, 108; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado.
Título V, artículos 46 a 56. Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar la número 730.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 17; en contra, 173; abstenciones, 93.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 108; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 110; en contra, 175.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación del dictamen del título V, sin perjuicio de las variaciones de las cifras del artículo 46 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 173; en contra, 112.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado.
Sección 06, Deuda Pública, sin enmiendas. Por tanto, votamos directamente el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 175; en contra, 107; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el dictamen.
Título VI, artículos 57 a 63. Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura Laporta. En primer lugar, la número 552.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 11; en contra, 254; abstenciones, 19.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda número 553.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 17; en contra, 254; abstenciones, 14.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 106; en contra, 162; abstenciones, 14.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmienda número 1765, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 15; en contra, 256; abstenciones, 14.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda 1766, igualmente del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 10; en contra, 254; abstenciones, 21.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 111; en contra, 170; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación texto del dictamen del Título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 176; en contra, 109.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el dictamen.
Título VII, artículos 64 a 80.
En primer lugar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes al señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 111; en contra, 162, abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 111; en contra, 162; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 110; en contra, 162; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez Castaín; en primer lugar la número 579.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 112; en contra, 159; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda número 582.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 122; en contra, 161.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 124; en contra, 160.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 110; en contra, 162; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 111; en contra, 174.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en primer lugar, las números 1590 y 1591.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 123; en contra, 162.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 22; en contra, 165; abstenciones, 98.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; en primer lugar la número 1245.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 124; en contra, 161.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 109; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen del Título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 174; en contra, 109; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado.
Sección 32, Entes territoriales. En primer lugar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes al señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 111; en contra, 162; abstenciones, 11.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 123; en contra, 161.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 111; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 122; en contra, 162.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación de la sección 32, Entes territoriales, según el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 172; en contra, 111; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.
Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial. Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 110; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Votación de la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial, según el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 169; en contra, 115; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes a la señora Lasagabaster; en primer lugar, la número 206.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 13; en contra, 164; abstenciones, 108.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 18; en contra, 166; abstenciones, 101.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 163; abstenciones, 102.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós; en primer lugar, la número 1774.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 104; en contra, 162; abstenciones, 19.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda 1776.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 17; en contra, 164, abstenciones, 103.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 18; en contra, 162; abstenciones, 105.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 107; en contra, 162; abstenciones, 15.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); en primer lugar la número 671.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 30; en contra, 164; abstenciones, 91.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda 672.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284, a favor, 23; en contra, 163, abstenciones, 98.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; en primer lugar las números 744, 745 y 746.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 16; en contra, 267; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 109; en contra, 173; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en primer lugar la número 1607.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 116; en contra, 162; abstenciones, siete.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmienda transaccional a las enmiendas 1596 y 1597.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 175; en contra, tres; abstenciones, 105.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.
Enmiendas 1594, 1603 y 1604.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 22; en contra, 166; abstenciones, 96.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas 1593, 1595, 1600, 1601, 1602 y 1605.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 21; en contra, 160; abstenciones, 103.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 30; en contra, 162; abstenciones, 93.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Disposiciones adicionales, transitoria primera a sexta y anexos. Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 1262.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 108; en contra, 176; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 101; en contra, 180, abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Anexos I a IX. Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en primer lugar la número 1617.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 121; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Enmiendas 1610 y 1611.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 116; en contra, 162; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 123; en contra, 162.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; en primer lugar la número 1276.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 100; en contra, 182; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 110; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del texto del dictamen de las disposiciones adicionales y transitorias y anexos I a IX, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 173; en contra, 111; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado el dictamen.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.