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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 159, de 07/05/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 159
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 153
celebrada el martes, 7 de mayo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 185-1, de 16 de enero de 2002. (Número de
expediente 125/000017.) ... (Página 8064)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 208-1, de 22 de febrero de 2002.
(Número de expediente 122/000185.) ... (Página 8076)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para dar continuidad a las iniciativas tomadas por la Unión Europea sobre el Programa Galileo y apoyo a la industria española del sector que opta a la participación en dicho
Programa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 335, de 12 de abril de 2002. (Número de expediente 162/000482.) ... (Página 8084)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema GALILEO) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 162/000452.) ... (Página 8084)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para potenciar el desarrollo del Programa Galileo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 339, de 19 de abril de 2002. (Número de expediente 162/000485.)
... (Página 8084)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre transferencias de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 329, de 25 de marzo de 2001.
(Número de expediente
162/0000465.) ... (Página 8090)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 335, de 12 de abril de 2002.
(Número de expediente 162/000467.) ... (Página 8090)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre transferencia de competencias en las políticas activas de empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 335, de 12 de abril de 2002. (Número de expediente 162/000468.) ...
(Página 8090)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y la desaparición del Subsidio Agrario para Trabajadores Eventuales que sustituyó al Plan de Empleo Rural (PER) que tiene
previsto poner en marcha el Gobierno en enero de 2003 al margen del diálogo social. (Número de expediente 173/000129.) ... (Página 8097)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas del Gobierno y los avances en la definición de la nueva Política Común de Pesca, durante la presidencia semestral de la Unión Europea. (Número de expediente 173/000130.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de lectura en nuestro país. (Número de expediente 173/000131.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 8064)
Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles ... (Página 8064)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles intervienen los señores Farguell i Sitges, Pérez Ibáñez y Ferrer i
Gironès, todos ellos diputados del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pedret Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles, se rechaza por 140 votos a favor y
157 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8076)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ... (Página 8076)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor Barrero López. Su grupo considera que esta iniciativa es imprescindible a la hora de profundizar en una democracia de calidad y explica que se trata de la
modificación del artículo 28 del Estatuto del Ministerio fiscal, con el fin de que el fiscal general del Estado no intervenga en aquellos supuestos en que quepa algún tipo de responsabilidad penal frente a un miembro del Gobierno. Alude al papel
jugado por el fiscal general del Estado en relación con algunos casos recientes, y asegura que esta iniciativa busca evitar, desde un mínimo sentido democrático, actitudes arbitrarias, forzadas, ilegales o agresivas para un Estado de derecho. Por
lo que la proposición consta de dos enunciados muy claros: la no intervención del fiscal general del Estado en aquellos procesos contra miembros del Gobierno en los que haya sospecha de responsabilidades penales y la remisión de las competencias
del fiscal general del Estado al Consejo Fiscal, que debe ser también competente para aquellos supuestos en los que la causa penal vaya en contra del propio fiscal general del Estado. Finalmente, confía en que el trámite parlamentario que se inicie
hoy con la aprobación de la proposición de ley permita, a través de las enmiendas oportunas, el enriquecimiento de una ley que su grupo considera imprescindible y necesaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se rechaza por 119
votos a favor, 173 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 8084)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para dar continuidad a las iniciativas tomadas por la Unión Europea sobre el programa Galileo y apoyo a la industria española del sector que opta a la participación en dicho
programa ... (Página 8084)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema Galileo) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo ...
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para potenciar el desarrollo del programa Galileo ... (Página 8084)
Interviene el señor Gómez-Alba Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para defender la primera de las tres proposiciones no de ley presentadas en la sesión plenaria de hoy en relación con el programa Galileo. Pone
de relieve la importancia de los sistemas de navegación por satélite en términos estratégicos, políticos, económicos, industriales, tecnológicos y sociales y explica en qué consiste el programa Galileo, que es una iniciativa europea para desarrollar
un sistema de navegación por satélite que satisfaga las necesidades de la comunidad civil internacional. Esta proposición no de ley, junto con las de los grupos de Convergència i Unión y Socialista, supone el apoyo del Parlamento al programa
Galileo y el reconocimiento del Congreso de los Diputados de la importancia que tiene para España y para su industria espacial, así como de la labor que en este sentido está realizando tanto la Administración española como la industria española.
La segunda de la proposiciones de ley presentadas sobre el mismo tema es defendida por el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Da lectura a las propuestas de resolución que se contienen en su proposición no de
ley presentada en el Registro del Congreso de los Diputados el 4 de marzo pasado, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo
Europeo, con la intención de que se produjera un debate en el Parlamento antes de la celebración del Consejo Europeo de Barcelona, que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo. Muestra la total conformidad de su grupo con los resultados de la cumbre de
Barcelona en este sentido y con los acuerdos adoptados por el Consejo de ministros de Transportes y Telecomunicaciones de los días 25 y 26 de marzo y se felicita de que, por primera vez en esta legislatura, se esté analizando en una sesión plenaria
del Congreso de los Diputados el significado del proyecto Galileo como parte de un sistema global de navegación por satélite que, definido e impulsado conjuntamente por la Comisión Europea y por la Agencia Espacial Europea, comienza a configurarse
plenamente.
En tercer lugar defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Silva Sánchez. Manifiesta que después de las intervenciones de los portavoces de los grupos Popular y Socialista poco queda por
decir, pero se felicita asimismo porque en el Pleno se debata casi por primera vez sobre algo tan importante como es la estrategia espacial europea, sobre la Agencia Espacial Europea y, más concretamente, sobre el proyecto Galileo, anunciando
finalmente su voto favorable a la enmienda transaccional que se ha ofrecido por el Grupo Parlamentario Popular, que recoge y actualiza las posiciones expresadas por los demás grupos.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en los términos que ha sido aceptada y asumida por los grupos proponentes de las tres iniciativas presentadas sobre el programa
Galileo, se aprueba por 273 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre transferencias de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (Página 8090)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (Página 8090)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre transferencias de competencias en las políticas activas de empleo ... (Página 8090)
Presenta la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista el señor González Vigil. En ella se insta al Gobierno de la nación a hacer efectiva de forma inmediata las transferencias de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Considera inaceptable que seis años después de que la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía solicitase al Gobierno de la nación el inicio de la negociación sobre dichas transferencias éstas sigan sin llevarse a
cabo, más aun cuando ya están transferidas a 13 comunidades autónomas, siendo la andaluza la única comunidad del artículo 151 que aun no dispone de ellas. Tras poner de relieve una serie de promesas incumplidas desde el año 1997, cuando el señor
Arenas dijo que Andalucía y Valencia serían las comunidades que seguirían a Cataluña y Galicia en el traspaso del INEM, acusa al Gobierno del Partido Popular de repartir los recursos de forma clientelista, para tratar de conseguir rentabilidad
electoral, y afirma que, al igual que Andalucía conquistó su Estatuto de Autonomía en la calle, en el campo, en las ciudades y en los pueblos, luchará por conseguir que ese estatuto se respete en su integridad, con la gestión de los recursos de las
políticas activas de empleo incluida.
Defiende la proposición no de ley sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz Masats. Considera
que su grupo puede ser más objetivo e independiente a la hora de razonar sobre el motivo de la proposición no de ley porque no está ni en el Gobierno andaluz ni en el Gobierno de la nación, y afirma que el problema de fondo es que, en función de una
lucha partidista aguda que se está desarrollando en Andalucía durante un largo período, el Partido Popular no sabe medir la responsabilidad que debe sustentar una política de Estado y una política de gobierno, refiriéndose no sólo a las
transferencias de las políticas activas de empleo sino también a la reforma de la protección al desempleo. Explica el Estatuto de Autonomía de Andalucía y pregunta qué problemas son los que existen que impiden la transferencia de las políticas
activas de empleo, según dijo el señor Posada, ministro de Administraciones Públicas. Termina confiando en el voto positivo del Partido Popular, porque de no ser así, asegura, el Partido que apoya al Gobierno seguirá sumando error político
tras error político y, sobre todo, cometerá una injusticia que se viene acumulando con respecto al trato que se da a Andalucía desde el Gobierno de la nación.
Finalmente, defiende la proposición no de ley sobre transferencias de competencias en las políticas activas de empleo del Grupo Parlamentario Mixto el señor Núñez Castain. Recuerda las múltiples iniciativas presentadas desde el año 1996,
cuando la Comisión Mixta de Transferencias consideró transferibles las políticas activas de empleo a Andalucía, por distintos grupos políticos en el Parlamento central y en el Parlamento andaluz y las múltiples promesas de miembros del Gobierno,
naturalmente incumplidas. No encuentra explicación a que todavía no haya sido transferida la gestión de las políticas activas de empleo como no sea el puro enfrentamiento de unos contra otros, que va tirando piedras al tejado de los andaluces, que
son los que pierden la batalla. Explica que no se trata de una cuestión de fuero, de quién tiene la competencia, sino del instrumento eficaz para acabar con una de las lacras, que es el desempleo, y hace una llamada a todos los grupos políticos,
desde la desesperación, desde la rabia, desde la impotencia, para que este problema se resuelva.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre transferencia de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se rechaza por 122 votos a favor y 162 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se rechaza por 119 votos a favor, 162 en
contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre transferencia de competencias en las políticas activas de empleo, se rechaza por 121 votos a favor, 162 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8097)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y la desaparición del Subsidio Agrario para Trabajadores Eventuales que sustituyó al Plan de Empleo Rural (PER) que tiene previsto
poner en marcha el Gobierno en enero de 2003 al margen del diálogo social ... (Página 8097)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Plantea la dificultad que entraña debatir sobre algo que el Gobierno y el Partido Popular no
quieren cambiar, que es la reducción de la protección al desempleo, y tras criticar la filosofía del déficit cero, pide al Gobierno que retire su propuesta, porque no es aceptable su filosofía y porque es una injusticia en unos momentos de
crecimiento económico y de superávit.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y la desaparición del Subsidio Agrario para Trabajadores
Eventuales que sustituyó al Plan de Empleo Rural (PER) que tiene previsto poner en marcha el Gobierno en enero de 2003 al margen del diálogo social, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por
105 votos a favor y 175 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas del Gobierno y los avances en la definición de la nueva política común de pesca durante la presidencia semestral de la Unión Europea ... (Página 8103)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Vázquez Vázquez, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto. Reitera la preocupación que expuso con motivo de la interpelación urgente el 24 de abril sobre la marcha de las negociaciones acerca de la reforma de la política común de pesca y pide el fin de las
discriminaciones, la igualdad de trato y el establecimiento de una política que sirva para el mantenimiento del sector pesquero, su viabilidad futura y su competitividad. Explica las líneas generales de su moción y anuncia una enmienda
transaccional que, sin alterar el espíritu y el contenido de la moción, recoge algunas consideraciones de los grupos enmendantes; transacción que espera acepten todos los grupos y permita lograr una resolución unánime de apoyo al sector pesquero,
que lo necesita más que nunca.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Expósito Molina, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas del Gobierno en los avances de la definición de la nueva política común de pesca durante la presidencia semestral
de la Unión Europea, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 274 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de lectura en nuestro país ... (Página 8108)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Chacón Piqueras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tras poner de manifiesto la gran importancia que tiene el fomento de la lectura en nuestro país, denuncia el
plan de fomento de la lectura del Gobierno que, al margen de constituir un gran ejemplo de maquillaje de cifras, es un dispendio originario e insuficiente. Sin embargo, su grupo no va a dejar de insistir en esta materia porque las deficiencias en
lectura suponen un grave riesgo para el crecimiento personal y profesional de los ciudadanos, así como para el progreso económico y para la competitividad en una sociedad. Pretenden con su moción que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
lidere una iniciativa como la que propone su grupo, en coordinación con las administraciones públicas, siendo por supuesto perfectamente coherentes con la descentralización territorial, e impulse medidas en las escuelas y en las bibliotecas que
ayuden al fomento de la lectura como tal.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Bermejo Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Chacón Piqueras.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de lectura en nuestro país, con
la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 96 votos a favor y 162 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LA DENOMINACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CIVILES Y MERCANTILES. (Número de expediente 125/000017)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles.
Antes de iniciar el debate de la proposición de ley, quiero anunciar a SS.SS. que nos visitan y están en la tribuna de invitados los integrantes de la parte italiana del Grupo de Amistad Italo-español miembros de la
Cámara de Diputados, a los cuales públicamente les agradecemos su presencia y les enviamos nuestro saludo. (Aplausos.)
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra en primer lugar el señor Farguell.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Farguell i Sitges): Señora presidenta, señoras y señores diputados, para enmarcar mi breve turno de defensa de la toma en consideración de esta escueta proposición de ley sobre el uso de
las lenguas del Estado en la denominación de personas jurídicas civiles y mercantiles, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que me honro en representar en nombre de Convergència i Unió, resulta necesariamente recurrente hablar mínimamente de la
Ley 17/1977, de reforma de la Ley del Registro Civil. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados de las comunidades con lengua oficial única, que mediante un sencillo esfuerzo de empatía hacia aquellas en las que, como la nuestra, además,
poseemos el patrimonio de la que nos es propia, imaginen por un momento el gratificante impacto que supuso para nosotros cuando la ley fue aprobada el hecho de recuperar, por elemental y obvio que ello parezca desde aquí, el derecho a llamarnos y a
ser llamados oficialmente por nuestro propio nombre bautismal, por el nombre con el que nos han conocido nuestros padres y nuestros allegados. Puedo asegurarles que al menos desde Cataluña, tan enormemente celosa y sensible en cuanto a la
recuperación de su lengua se trata, y a buen seguro también en otras comunidades autónomas con idéntica preocupación, que esta disposición legal constituyó una importante y anhelada reconquista moral y cultural en los albores de la democracia. A
partir de aquellas fechas, los parlamentos autónomos con lengua propia, al amparo de la Constitución y estatutos, hemos ido utilizando nuestros propios recursos legales para avanzar, con diferencias naturalmente pero siempre en la medida de lo
posible, en el proceso de nuestra normalización lingüística. Paralelamente el Estado desde sus propias competencias ha ido desplegando el amplio abanico de las leyes democráticas de ámbito general, en parte de las cuales, justo es decirlo, y en
aquellos capítulos en los que resultaba indispensable tener en cuenta la dualidad lingüística en ciertos territorios, se procedió con la consiguiente previsión constitucional, pero no aconteció así siempre ni de la misma manera. Ha habido supuestos
en los que, ya sea por un superficial tratamiento del tema, ya sea por una insuficiente y no atinada sensibilidad, se ha dado origen a lagunas o vacíos en el tratamiento legal, como el que hoy tratamos, que propenden a la necesidad de la
consiguiente revisión, a nuestro entender. Así sucedió con la Ley de sociedades anónimas de 1989, con la de sociedades de responsabilidad limitada, de 1995, con el reglamento del registro mercantil, de 1996, y con todas las demás normas reguladoras
de la vida societaria, en las que no se contempló en ningún momento la posibilidad de propiciar la traducción del nombre de las sociedades en otra lengua del Estado que no fuese la castellana. De hecho y por lo que se refiere a las denominaciones
sociales propiamente dichas, la normativa estatal actual, como saben bien SS.SS., autoriza cualquier nombre, por extravagante, exótico o extranjero que fuere, con el solo requisito de no hallarse anteriormente registrado. En cambio, no prevé la
modificación del mismo a otra lengua del Estado a través del acuerdo social correspondiente, como se pide, ni por descontado, por inviable legalmente en la actualidad, la posibilidad de que la expresión que identifica la sociedad como anónima,
limitada o civil pueda figurar en otra lengua también distinta de la lengua castellana. Esto es lo que, junto con las consiguientes desgravaciones arancelarias y fiscales que la modificación conllevaría, pretendemos subsanar en los justos cuatro
artículos de la ley que proponemos.
Por lo expuesto, señoras y señores diputados, espero que aun considerando la casi plena normalización lingüística del proceso administrativo societario, que sólo pende ya del contenido de esta proposición de ley que se propone, ninguno de
los presentes la considere como una pura minucia o una banalidad intrascendente. De ser así, en este caso sería relativamente fácil votarla y pedir el voto afirmativo, precisamente a causa del tono menor y del poco calado de su contenido en
principio, contenido que nosotros estimamos positivo y muy importante, sin embargo, para Cataluña -y para las otras comunidades que tienen iguales requerimientos-, en donde, concretamente en nuestro Parlamento, se votó por unanimidad de todas las
fuerzas políticas allí representadas. Así lo hemos entendido y lo entendemos, en el sentido que dijo un clásico, que a través de las menudencias se llega a la perfección por mucho que la perfección en sí misma no sea una menudencia, y porque además
-y termino con ello, señora presidenta- en las comunidades autónomas con tan legítima sensibilidad en este tema, prácticamente todos, con matices ciertamente, estamos convencidos de que sólo a través del persistente ascenso, minucioso, si se quiere,
pero peldaño a peldaño, como pedimos, alcanzaremos este irrenunciable derecho a la dignidad plena y a la normalización de nuestras lenguas propias.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Farguell.
Asimismo en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Pérez Ibáñez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo también aquí para explicar el porqué se debería votar a favor de la resolución sobre el uso de las lenguas del Estado en las denominaciones de personas jurídicas civiles del Parlamento de Cataluña.
¿Ustedes se imaginan que en nuestro país nos obligaran a decir: Almacenes Arias, anonymous society, o que en vez de decir Amigos del castellano, sociedad limitada, tuviéramos que decir Amigos del castellano, limited corporation? Sueña a chiste, es
una mofa.
Pues eso es de alguna manera lo que nos pasa a nosotros en Cataluña.
Estamos ante de una tremenda injusticia en una clara limitación de nuestros derechos lingüísticos, de los derechos lingüísticos en definitiva de todos los españoles.
Esta es la voluntad que nos trae aquí, luchar por los derechos lingüísticos de todos nosotros. Nuestra democracia ha ido poco a poco cerrando heridas; ha ido recuperando parte de nuestra memoria colectiva y avanzando en derechos y en libertades de
la ciudadanía, pero todavía nos quedan algunas heridas por cerrar y probablemente esta sea una de ellas. Algunos pueden pensar que estamos hablando de un tema menor; no es así. No es un tema de detalle, es un tema importante, es un tema
trascendental, pero aunque estuviéramos ante un pequeño detalle, como decía Omar Kajjam, también esos pequeños detalles son importantes: Estando con mi amada, una copa de vino, un libro de poesía y la sombra de un árbol, esos pequeños detalles
pueden convertir en paraíso lo que antes era desierto. No es que estemos ahora ante el desierto de los derechos y las libertades, pero sí que podemos convertir, aprobando resoluciones de este estilo, nuestra democracia en un pequeño paraíso también
de derechos y libertades.
El debate parlamentario en el Parlamento catalán fue rico y fue además unánime. Quisiera destacar una intervención que hubo en el mismo: Estamos ante una de esas cuestiones en las que hemos de intentar sumar voluntades, hemos de intentar
la unidad de las fuerzas políticas en defensa del plurilingüismo. La diputada que decía esto continuaba diciendo que estábamos acabando el año europeo de las lenguas y era realmente importante que el Pleno del Parlamento acabara con una iniciativa
que representa un avance en el reconocimiento de la pluralidad lingüística en nuestro país. Hemos de seguir trabajando para concienciar a los ciudadanos de la importancia que tienen las competencias lingüísticas e interculturales para mejorar la
comunicación, favorecer la tolerancia y facilitar el entendimiento mutuo entre los países y las personas. Por tanto reiteramos el voto favorable del Grupo Popular a esta propuesta.
He querido deliberadamente hacer propaganda de la intervención de un grupo parlamentario que no es el mío -yo soy del Grupo Socialista-, porque creo que esta intervención en el Parlamento catalán resume perfectamente el sentido de la
propuesta que se someterá a votación. Estamos ante un asunto que debería suscitar total unanimidad, como la hubo en el Parlamento de Cataluña. Creo que la habrá. Si no, entraríamos en aquello de que unos dicen una cosa allí, mientras ahora aquí
dicen otra diferente. Creo que no pasa nada, que lo único que han hecho ha sido cambiar de opinión. Sin embargo, hay otros que cuando se vota una cosa en un sitio y otra distinta en otro, enseguida empiezan a hablar de carajal, de despendole, de
falta de autoridad o de que no se aclaran. Pues bien, que no ocurra eso y que en este Parlamento haya también unanimidad.
¿Qué pensaríamos del partido que dijera que lo de Amigos del castellano, limited corporation, no se puede solucionar por problemas técnicos? Sería una barbaridad, una burla; el Poder Legislativo no puede dejar de impulsar una ley porque
existan problemas técnicos. Es una solemne barbaridad o una excusa para maquillar la escasa voluntad de avanzar en los derechos lingüísticos que deberíamos tener en nuestro país. ¿Qué pensaríamos de un partido que dice: no es este el derecho
mejor porque puede ser un lío para los ciudadanos? No hay ningún lío. En todo caso, esta excusa no es nueva; es una vieja excusa: no demos derechos porque se pueden convertir en un lío. Es una vieja excusa, muy manida, y que en todo caso no
trae recuerdos gratos a nuestro país; es más antiguo que el caminar eso de no les demos derechos porque se lían. En definitiva -termino ya-, espero que no ocurra nada de esto y que haya unanimidad, como la hubo en el Parlamento catalán.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pérez.
Por último, en nombre igualmente del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde que el fiscal general del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, recomendó al Rey en 1715 que pasara unas instrucciones secretas a los corregidores, recién implantados en Cataluña, y les dijo a
éstos que debían procurar introducir la lengua castellana, 'a cuyo fin se darán las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado', desde aquel entonces, hemos tenido que sufrir una persecución
lingüística implacable. En algunas ocasiones ha sido rotunda y explícita; en otras, sutil y disimulada, y recientemente hemos visto que lo proclamado por la Constitución de 1978 y por el estatuto no acaba de llegar a un definitivo cumplimiento.
Cuando dos lenguas están en contacto, ya sabemos que si no existe una discriminación positiva a favor de la que debe normalizarse, finalmente, la dominante, la que posee el poder, acaba imponiéndose. Por eso estamos aquí, para hacer
realidad uno de los muchos aspectos que están aún pendientes de resolver.
La propuesta que presentamos se basa en el principio de que el catalán y el castellano deben ser iguales; iguales en cuanto a derechos y deberes de los ciudadanos. Este principio republicano, que ha llegado a todos los sectores y
ambientes, dice básicamente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley; ser iguales ante la ley, por lo que respecta a las lenguas, no se ha hecho realidad aún y no está vigente en nuestra circunstancia jurídica. En relación con las dos
lenguas oficiales, el Estatuto de Autonomía de Cataluña proclama que se crearán las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. Pues bien, respecto a esta igualdad plena aún
nos falta bastante camino por andar. Por ejemplo, los jueces de paz de la provincia de Gerona solicitaron la semana pasada poder realizar en catalán las inscripciones del Registro Civil. En la Ley del Poder Judicial del año 1985 las dos lenguas
aún no son iguales; igual ocurre con el Estatuto orgánico del ministerio fiscal de 1981 y así podríamos enumerar muchas más leyes que no contemplan esta igualdad. No la contemplan en especial por la capacidad lingüística que debe exigirse a los
funcionarios al servicio de la Administración del Estado. Por esta causa también presentamos hoy aquí esta proposición, para llegar a esta igualdad plena, una realidad que debería plasmarse en la traducción de las denominaciones de las sociedades
jurídicas. Es verdad que en el año 1977 se modificó la Ley del Registro Civil permitiendo la traducción de la denominación de las personas físicas, pero no ocurrió así en la Ley de sociedades anónimas, en la Ley de sociedades de responsabilidad
limitada ni en la Ley del registro mercantil, ámbitos donde no se puede aún traducir la denominación de las personas jurídicas. Por tanto la idea de esta proposición de ley es, en principio, facilitar esta traducción, pero además también recoge
bonificaciones en los aranceles notariales, en los registros oficiales y, naturalmente, en el gravamen del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es decir, se quiere facilitar la normalización lingüística y
declarar que esta traducción no representa ningún cambio, ninguna transmisión de patrimonios ni tampoco alteración alguna; es simplemente volver a la normalidad.
Es indudable que aparentemente esta norma positiva que se propone no tiene la envergadura popular que han tenido otras propuestas que hemos presentado también en esta Cámara sobre el mismo tema lingüístico, pero sí constituye la prueba y la
medida de la voluntad política del Gobierno para llegar a la plena igualdad del catalán y el castellano. Cuando se elaboró la legislación que regula las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada se olvidó este tema y, por
tanto, nosotros creemos que el Gobierno debe tener ahora la voluntad de rectificar aquellas medidas templadas y disimuladas. ¡Ojalá, señora presidenta, que sea esta la última vez que tengamos que venir aquí a proponer modificaciones de ley! Como
firmante que soy de la Constitución, os pediría, amigos diputados y diputadas, que, al amparo de lo que la misma proclama en cuanto al plurilingüismo del Estado, sea este un hecho factible y una realidad concreta en la vida social, administrativa y
judicial, pero para ello necesitamos que las leyes se adecuen a estas necesidades, y el Estado debe ser el protector de todas las lenguas oficiales por igual. El Estado moderno no altera la voluntad de los ciudadanos adscritos a las naciones,
culturas o lenguas de su propio territorio; el Estado moderno es el protector de las voluntades expresadas por las colectividades nacionales. De esta forma la Constitución dejaría de ser semántica y virtual, como es ahora, para convertirse en una
Constitución efectiva y creíble.
Muchas gracias.(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar y saludar a los diputados del Parlamento catalán que han defendido esta iniciativa. Tenía previsto decir que el trámite de hoy era importante políticamente, pero que posiblemente sería un trámite formal,
porque estaba convencido de que se aprobaría, dada la unanimidad habida en el Parlamento catalán y, por otro lado, porque parece obvio, lógico, sensato y racional. Sin embargo, al parecer, el grupo mayoritario va a votar en contra. Tampoco me
sorprende porque creo que el Partido Popular y el Gobierno, en la anterior legislatura y en ésta, no sólo no están fomentando lo que debe ser el uso y conocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español, sino que a menudo, como parece que
va a pasar hoy, impiden que se apruebe una cuestión obvia, lógica, sensata y simple como la propuesta que se nos trae hoy, que simplemente significaría una normalización, por un lado, del catalán en Cataluña, pero también el reconocimiento, como se
ha dicho muy bien, de algo que proclama la Constitución.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
También quiero felicitar desde aquí esta iniciativa que hoy se nos presenta, que conlleva la voluntad clara del Parlament de Catalunya de dar un paso más hacia la total despenalización del uso de la lengua catalana y de
su normalización lingüística en todos los ámbitos. Hoy aquí se trata de la normalización, de la traducción automática, sin impuestos, sin aranceles, sin que ello signifique un cambio, de la denominación de las sociedades de naturaleza
jurídica. Parecería normal que en un desarrollo estatutario, legislativo y constitucional esa igualdad de la lengua catalana hacia la lengua castellana tuviera hoy aquí una aprobación definitiva.
Por parte de Esquerra Republicana de Cataluña queremos decir que vamos a votar a favor y que ojalá, como decía don Francesc Ferrer i Gironès, fuera la última vez que en este Parlamento tuviéramos que pedir la igualdad entre las diferentes
lenguas del Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Para el Bloque Nacionalista Galego es siempre una satisfacción escuchar a los parlamentarios del Parlamento de Cataluña en su defensa de un derecho humano elemental, cual es la igualdad de su lengua, de nuestras lenguas en el conjunto del
Estado. Decimos que es una satisfacción porque su esfuerzo viene a añadirse siempre con entusiasmo al que hacemos algunos grupos políticos de esta Cámara precisamente para que el Estado español asuma en sus competencias que dicho Estado es de
carácter plurilingüe.
Aún recuerdo en este momento las dificultades que tuvimos para modificar efectivamente la Ley del Registro Civil, para que se asumiese el derecho a colocar en sus formas originarias nuestros apellidos, incluso para que se
pudiese poner en la lengua del propio país el nombre propio, que solamente se reconocía a los nacidos antes de 1977, como si después de ese año aquí no hubiese existido problema de ningún tipo. Esta proposición de ley demuestra que hay muchos
problemas para lograr la plena igualdad de las lenguas y que sería muy importante que de una vez por todas se reconociese que un país no ha logrado el respeto a sus derechos lingüísticos elementales si no se parte del supuesto de que en su
territorio debe contar con todo tipo de competencias para normalizar su lengua. Desafortunadamente el Gobierno del Partido Popular no va a aceptar este criterio, porque competencialmente el Estado español no es el más descentralizado del mundo; ni
siquiera es un Estado respetuoso con un derecho humano elemental, como es el derecho a usar el propio idioma del país. Por eso no nos desanimemos; aunque hoy no salgamos triunfantes, seguro que la normalidad democrática más elemental se encargará
de asegurar en el futuro el derecho a que figure en la legislación la traducción de las denominaciones de las personas jurídicas, civiles y mercantiles al idioma propio, sin ningún tipo de gasto y sin ningún tipo de cortapisas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la plausible iniciativa cuya toma en consideración debatimos hoy sin duda alguna constituye un paso adelante, un avance innegable en el lento y trabajoso proceso que las lenguas autonómicas cooficiales están
desarrollando durante las últimas décadas en pos de su plena, absoluta y completa normalización. Un paso adelante necesario, e incluso diría que imprescindible, habida cuenta de las deficientes condiciones en las que todavía ha asumido el Estado la
realidad plurilingüe de su territorio.
Puede preguntarse uno cómo y por qué se produce esta deficiente asunción de la realidad plurilingüe del territorio por parte de las instituciones centrales del Estado. Hay una circunstancia que lo explica claramente.
Como se sabe, el
español es uno de los pocos regímenes democráticos del mundo occidental que, con arreglo al criterio de clasificación sociolingüístico más extendido, puede ser considerado lingüísticamente heterogéneo. Habitualmente se considera que un Estado es
lingüísticamente homogéneo cuando por lo menos el 80 por ciento de su población habla una misma lengua. Pues bien, en España el 40 por ciento, aproximadamente, de sus ciudadanos reside en comunidades autónomas donde además del castellano existe
otra lengua oficial, y en Europa esta proporción se produce en muy pocos países, solamente en Bélgica y Suiza.
Hay, sin embargo, un dato muy relevante que diferencia a estos dos Estados europeos, lingüísticamente heterogéneos, como decía, con respecto al Estado español. Mientras en Bélgica y Suiza el régimen lingüístico vigente obedece a la fórmula
centro multilingüe-territorio monolingüe, en España el esquema de ordenación de las lenguas es exactamente el contrario: el centro es monolingüe y los plurilingües son los territorios, las regiones, la periferia. La distinción no es irrelevante,
tiene importantísimas consecuencias en lo que se refiere al pleno reconocimiento del plurilingüismo por parte de las instituciones centrales del Estado, porque en los Estados en los que el centro es multilingüe y los territorios son monolingües, el
plurilingüismo primero se visualiza en el propio nombre del Estado, en el nombre oficial del Estado. El nombre oficial de Bélgica se expresa en francés y neerlandés, y el nombre oficial de Suiza se expresa en las cuatro lenguas oficiales de
aquel Estado: en francés, alemán, italiano y romanche, algo que evidentemente no ocurre en España.
Además, en estos Estados el plurilingüismo se traslada de modo sistemático, no casual, anecdótica o esporádicamente, como ocurre en España, a los símbolos del Estado, como por ejemplo pueden ser los sellos, las monedas y demás. Las fórmulas
de incorporación a los símbolos del Estado de la realidad plurilingüe son muy diversas. Tenemos muy diferentes modelos de incorporación de este plurilingüismo a los símbolos del Estado, pero en todos ellos se da indefectiblemente esta
característica, que sin embargo en España se ha dado en momentos y en condiciones anecdóticas.
En tercer lugar, en estos países en los que el centro es multilingüe y la periferia monolingüe se percibe también una presencia efectiva del plurilingüismo en el funcionamiento ordinario de las instituciones comunes del Estado. Por ejemplo,
en las instituciones parlamentarias centrales de estos países se permite el uso normalizado de todas las lenguas cooficiales, algo que es excepcional hoy por hoy, como se sabe, en las Cortes Generales.
En último lugar, en estos países el plurilingüismo se refleja abiertamente y a todos los efectos en la legislación central del Estado y las leyes dictadas por el Estado asumen sistemáticamente el hecho plurilingüe, algo que es más trabajoso
en España, como todos sabemos, y esta iniciativa es prueba evidente de esto que digo.
Como en España el modelo es exactamente el contrario al de estos países a los que acabo de hacer referencia, como en España el centro es monolingüe y la periferia en todo caso son los territorios los que son plurilingües, lo excepcional
hasta ahora ha sido precisamente la presencia del multilingüismo, la presencia del plurilingüismo en los elementos simbólicos y en el funcionamiento ordinario de las instituciones del Estado. Parece, por ello, necesario apoyar este tipo de
iniciativas, y esta razón es motivo suficiente para votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, algo que anuncio ya por parte del Grupo Vasco, porque esta iniciativa, junto con otras que pueden ir en la misma línea, va
a constituir una contribución importante a la asunción efectiva por parte de las instituciones centrales del Estado de lo que es la realidad multilingüe del Estado, una asunción efectiva, real y con todas sus consecuencias, como ocurre, insisto, en
estos otros países a los que he hecho referencia. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones en relación con el contenido de la proposición de ley, cuya toma en consideración debatimos, que, sin perjuicio del apoyo a la misma, pueden poner
de manifiesto algunos aspectos necesitados de alguna corrección técnica o de alguna mejora que, en caso de que fuera tomada en consideración la iniciativa, se articularían por vía de enmiendas.
A nuestro juicio, la proposición no es sólo necesaria sino imprescindible, pero es insuficiente. La proposición pretende hacer posible la traducción de las denominaciones de las personas jurídicas civiles o mercantiles a cualquiera de las
lenguas oficiales del Estado. Hoy por hoy, la legislación vigente no impide crear una persona jurídica civil o mercantil e imponerle directamente una denominación en cualquiera de las lenguas autonómicas cooficiales. El propósito de la iniciativa
consiste en permitir que aquellas que en el momento de su constitución recibieron una denominación en lengua castellana puedan ahora traducir válidamente esta denominación a cualquiera de las lenguas autonómicas cooficiales. El problema, a nuestro
juicio, es más amplio, y la norma que haya de abordar este asunto necesariamente ha de enfrentarse a estas cuestiones y darles una regulación efectiva y real.
Voy a citar dos cuestiones que no aborda la norma y que a nuestro juicio convendría que lo hiciera. En nuestra opinión, la norma debería permitir, por ejemplo, que además de la traducción de las denominaciones originariamente castellanas se
practicaran las adaptaciones gráficas y fonéticas que resulten necesarias para actualizar las denominaciones ya establecidas en lenguas autonómicas cooficiales. Esta necesidad resulta particularmente oportuna en el caso vasco, en el que la
normalización gráfica se ha producido en los últimos treinta años. Esta adaptación gráfica debería ser posible además de la traducción de la denominación.
En segundo lugar, sería necesario establecer en esta norma una regulación que permitiera expresar, en las lenguas autonómicas cooficiales, las abreviaturas referentes a los diferentes tipos de sociedades o de asociaciones que
obligatoriamente han de acompañar a éstas. Por ejemplo, las siglas S.A. -sociedad anónima- o S.L. -sociedad limitada- hoy no se pueden expresar, a efectos oficiales, en las lenguas autonómicas, lo impide el artículo 403 del Reglamento del
Registro Mercantil. Esto debería hacerse posible a través de esta ley.
Además, en la proposición hay algunas cuestiones técnicas que convendría corregir. Por ejemplo, habría de completarse con otras normas a efectos de no generar disfunciones y conflictos competenciales. Hay una densa normativa
administrativa, civil y mercantil que prohibe imponer idénticas denominaciones a sociedades o a asociaciones distintas y limita las denominaciones similares en aquellos supuestos en los que esta similitud pueda generar confusión, perjudicando con
ello el tráfico jurídico.
En cumplimiento del control de esta normativa, corresponde a una serie de registros jurídicos o administrativos, entre cuyas labores de calificación se incluye el análisis de la denominación que reciben las entidades, a efectos de garantizar
que no sean idénticas a otras ya inscritas o que no sean tan parecidas que se vaya a producir alguna confusión. Está, por ejemplo, el Registro Mercantil central para las sociedades mercantiles, pero también están los registros de asociaciones para
las entidades de esta naturaleza; están los registros
de cooperativas, etcétera. Es posible que la traducción a una lengua autonómica de la denominación oficial castellana de una sociedad o asociación suponga que el nuevo nombre traducido coincida con el de otra sociedad o asociación ya creada
y constituida o se parezca tanto a la misma que genera confusión. No se trata de una hipótesis rebuscada o imposible sino de un supuesto real. ¿Cómo se resolvería esta disfunción? La proposición no incluye ninguna previsión a este respecto y,
lógicamente, su contenido habría de verse completado con una regulación específica que diera solución a este tipo de problemas de carácter técnico que inevitablemente se van a plantear al aplicar estas previsiones.
Hay otras cuestiones de carácter técnico que se plantearían como enmiendas, sin perjuicio del voto favorable a la toma de consideración que he anunciado con relación a esta proposición de ley. El artículo 2 establece que hay que aplicar una
bonificación en el cálculo de los honorarios de los fedatarios públicos que intervengan sin especificar la cuantía. Está bien que se bonifique, pero habrá que decir a cuánto asciende esa bonificación, si será del 20, del 50 ó del cien por cien.
Y, en tercer lugar, y como portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tengo que señalar que la referencia a la previsión del artículo 3 -régimen fiscal- habría de concretarse seriamente otra específica al régimen especial de los
territorios históricos que, en materia fiscal, gozan de unas competencias específicas.
Con estas consideraciones, subrayo el voto favorable del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la toma en consideración de esta proposición de ley que, insisto, constituye un innegable paso adelante en este proceso de normalización de las
lenguas autonómicas cooficiales en lo que se refiere, sobre todo, a su utilización, a su implantación en las instituciones centrales del Estado y en la normativa que éstas dictan.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
En primer lugar, como es habitual en mi grupo, quiero dar las gracias a la representación del Parlamento de Cataluña por haber hecho uso, una vez más, de este método tan interesante, de esta fórmula, de este camino de cara a plantear
iniciativas en esta casa.
El asunto de hoy es un problema de mera sensibilidad autonómica, de simple comprensión integral del Estado español. Sus señorías, cada uno, en grupo o en grupillos, puede comprender al Estado español bien como una nación con un patrimonio
cultural y lingüístico unitario y único o bien como un Estado complejo que tiene la tremenda suerte de disponer de una cultura e idiomas comunes y varias culturas y lenguas propias de ciertas nacionalidades y regiones, que también forman parte o, al
menos, deben formar parte del patrimonio cultural propio de todos los españoles y de todas las españolas.
Señorías, cada uno es muy libre de mantener las posiciones que considere oportunas a este respecto. Es evidente que la libertad de expresión le avala en este como en otros campos, pero también está claro que la Constitución española
describe a España como un Estado complejo, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Es cierto que esta definición que acabo de realizar no lo hace con la claridad y con la rotundidad que a nosotros nos gustaría, pero ahí está el artículo 2 de nuestra Carta Magna y los numerosos estatutos de autonomía para proscribir
cualquier tipo de lectura centralista, monocultural o monolingüísta de nuestro actual ordenamiento constitucional.
Sea como fuere, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como fuerza política federalista -y perdón por la redundancia-, tiene clara cuál es su forma de entender la lengua y los símbolos culturales de España. Para nosotros, tan
español es el castellano como el catalán, el gallego o el euskera; para nosotros, tan española es una sociedad mercantil o civil con su denominación en castellano, en catalán, euskera o gallego. Por tanto, entendemos que es razonable y
perfectamente normal que se proceda a modificar la legislación estatal para permitir, a los oportunos efectos civiles, mercantiles y registrales, la traducción al idioma cooficial de determinadas comunidades autónomas de las denominaciones sociales,
de las sociedades civiles y mercantiles.
De hecho, señorías, lo auténticamente anormal es que la legislación estatal, en virtud del artículo 149.1.6.ª y 149.1.8.ª de la Constitución, no haya reflejado la realidad pluricultural y plurilingüística de la España posconstitucional. La
Constitución de 1978 debe significar una normalización cultural y lingüística también en los campos mercantil y civil, ámbito ciertamente impermeable a las modificaciones del derecho público, pero, en este caso, no pueden obviar la esfera simbólica
del asunto que hoy nos ocupa.
Como ustedes saben, los símbolos tienen su importancia en todos los regímenes políticos, y si España tuvo que soportar 40 años de simbología franquista excluyente, es normal y recomendable que, en democracia y en materia de denominaciones
societarias, España sea un país plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Debemos aceptar con normalidad y sosiego los símbolos propios de una democracia multicultural y multilingüística como es la española, pues el símbolo en democracia
también ayuda a consolidar instituciones, valores y principios.
Por otra parte, es necesario recordar que la lectura sistemática de los artículos 2, 149.1 y 149.6, 149.1.8 y 149.2 de nuestra Constitución implican que en un Estado multinacional, multicultural y multilingüístico como el nuestro, sólo el
nivel común de Gobierno dispone de competencia en materia mercantil y civil. De la misma manera, el legislador y la Administración estatal son los únicos con una obligación constitucionalmente explicitada de servicio y tutela de la cultura española
en su conjunto. Por ello, es lógico que el Gobierno de la nación y el Congreso de los Diputados estén obligados a facilitar el registro bilingüe de cuantas sociedades mercantiles o civiles así lo soliciten.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlament de Cataluña, no sin antes agradecer una vez más a esta comunidad autónoma el
sereno uso que ha hecho de la facultad que le otorga el artículo 87.2 de nuestra Constitución y su aportación al buen gobierno de esta España multicultural y plurinacional, como es la nuestra. Desgraciadamente, tememos que el Grupo Parlamentario
Popular -ojalá nos equivoquemos- volverá a ejercer su papel de centralista y rechazará la toma en consideración de esta proposición de ley utilizando todo tipo de excusas peregrinas y sin duda legítimas. El PP, sin duda, muestra un evidente
desprecio a un modelo constitucional que rechazaron en origen, que ahora dicen defender y que se afanan en rebajar y pervertir en toda ocasión y trámite que pueden.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señores diputats del Parlament de Cataluña, bienvenidos.
La verdad es que voy a ser breve. Querría ser mucho más breve pudiéndome sumar simplemente a la intervención de los tres representantes del Parlament de Cataluña, hacerla propia, agradecer a la mayoría su voto y volver a mi escaño. Eso es
lo que realmente correspondería hacer hoy, lo que supondría que esta sesión fuese mucho más ligera y sería lo natural ante una iniciativa de este estilo. En lugar de eso subo a esta tribuna a reiterar una vez más prácticamente todos los argumentos
que periódicamente me corresponde hacer -por las responsabilidades que llevo dentro del grupo me corresponde hacerlo a mí habitualmente-, y echarle en cara de nuevo al Grupo Parlamentario Popular que no se haya leído la Constitución, que no se haya
enterado de que el catalán, el castellano, el euskera y el gallego son todas lenguas del Estado español y que, concretamente, aquellas lenguas distintas del castellano que coexisten en el Estado español merecen una protección especial, que
corresponde ejercer a los poderes públicos y, por tanto, al Gobierno. Además, la Constitución y el estatuto de autonomía, en el caso catalán, y los demás estatutos en aquellos territorios donde hay cooficialidad lingüística reconocen la plena
igualdad de las dos lenguas que se hablan en esos ámbitos. De esa plena igualdad se derivan toda una serie de consecuencias jurídicas, una de las cuales simplemente se plantea aquí hoy. Pero ustedes, una vez más, como ha ocurrido con otras
iniciativas anteriores, y aprovechando, eso sí, la mayoría absoluta de que disponen en esta Cámara, nos anuncian -y como no va a haber derecho a réplica, replico antes de ser contestado porque realmente así funciona el mecanismo parlamentario- que
se van a oponer, que van a rechazar una modificación menor, prácticamente técnica, que permita ejercitar en el ámbito de las personas jurídicas, en el ámbito del derecho civil y mercantil, algo tan sencillo como el derecho al nombre. Y obligan una
vez más a que dé la sensación (nos la da a algunos, a este portavoz, y es posible también a los representantes del Parlament de Cataluña, que se van a ir de vacío) que uno está mendigando un favor, que uno viene aquí, a la carrera de San Jerónimo, a
suplicar un favor, a pedir una gracia al rey, como se decía antes, como si tuviéramos que venir aquí de rodillas -como aquel de aquella película- a pedir a Madrid que tenga a bien concedernos una gracia en lugar de tener claro que aquí se está
intentando ejercitar un derecho, que hoy ustedes lo van a laminar e impedir con su voto.
No van a denegar una gracia, no van a limitarse a decir que no es posible porque no les parece oportuno, como si de ustedes dependiera que las personas jurídicas en Cataluña puedan utilizar su nombre en su propia lengua; no, van a utilizar
las prerrogativas legales que a tal efecto tienen de negar el derecho de esas personas jurídicas, puesto que, como saben ustedes muy bien, los derechos de las personas físicas y los derechos de las personas jurídicas en muchos ámbitos son distintos.
En el caso de las personas jurídicas, en sentido estricto, no se puede hablar, lógicamente, de derecho fundamental de esa persona, pero sí de los derechos fundamentales de los individuos que integran esas personas jurídicas que deciden operar en el
tráfico jurídico no a título personal, como es obvio, en el ámbito mercantil, sino encubiertos, amparados por una persona jurídica (una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad civil profesional, una sociedad civil sin ánimo de lucro,
una asociación, cualquier tipo de persona jurídica) y puedan utilizar ese nombre en catalán. Para eso hace falta una mínima reforma legal, por un lado, para hacer posible la inscripción de la forma jurídica en el registro mercantil y, por otro,
para facilitar -no para hacer posible, porque posible ya lo es hoy-, para agilizar y para abaratar también la traducción del nombre de las
personas jurídicas, además de lo que es la propia denominación social o societaria. Se oponen ustedes hoy a esto sin más fundamento que algún tipo de razones técnicas, según nos ha sido anunciado, que supongo que serán expuestas desde esta
tribuna dentro de un momento.
Me sumo a los razonamientos del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que, con todo rigor, ha explicado los problemas concretos que vendrían a ser resueltos por esta ley si se pudiera aprobar, aceptando que, efectivamente, el
texto que trae el Parlament de Cataluña puede ser perfectamente mejorado en su dimensión técnica en trámite de ponencia, en trámite de comisión, pero de ahí a rechazar -que es lo que van a hacer ustedes hoy- la admisión a trámite de un texto que
simplemente pretende que se refleje la pluralidad lingüística en el ámbito de las denominaciones sociales va un trecho enorme, del que deberán dar cuenta, como se hace en democracia, ante su propio electorado. Ustedes, con su votación de hoy -y se
lo han dicho quienes me han precedido, pero me corresponde reiterarlo-, ponen en ridículo, con todas sus letras, a sus compañeros del Partido Popular de Cataluña que votaron este texto, lo aplaudieron y, además, lo hicieron propio en todos sus
términos. Es una responsabilidad que les corresponde a ustedes y que, en el fondo, si viniera aquí sólo a hacer política partidista, casi les podría decir que nos beneficia. Sigan ustedes por ese camino, sigan ustedes desautorizando las
iniciativas políticas que tome el Partido Popular de Cataluña, sigan ustedes deslegitimando al Partido Popular de Cataluña, nos viene muy bien; pero como nosotros somos un grupo político responsable, preferiríamos estar en el mismo barco que el
Partido Popular, como creímos y creyeron estarlo nuestros compañeros en el Parlamento de Cataluña cuando vieron que esta iniciativa era apoyada entonces. Ya se temieron -me remito al 'Diario de Sesiones' del Parlamento de Cataluña- que esto podía
ocurrir porque no era la primera vez que sucedía, pero creyeron que no, esperaban que serían coherentes con el voto de sus compañeros de color político de allí. Como bien ha dicho uno de los portavoces que viene en nombre del Parlament de Cataluña,
limiten ustedes esos entusiasmos cuando a veces se dedican a criticar a fuerzas políticas que puedan votar de diferente manera en los distintos parlamentos donde están representados. Es un problema que deberán aclarar ustedes entre los dos lados
del escaño. En todo caso, tengan claro que hoy es exactamente lo que están haciendo ustedes aquí. Además, olvidando lo que fue el voto del Parlamento catalán, pierden una ocasión magnífica de hacer pedagogía, pierden una grandísima ocasión de
convencer y explicar al conjunto de los ciudadanos españoles -en primer lugar a los que van a ejercitar este derecho, pero después a todos los demás- la riqueza que supone la diversidad lingüística de España. De nuevo, ustedes se suman -como viene
siendo habitual cada vez que se plantea algo que toque ligeramente al ámbito lingüístico- al barco de los separadores, al de aquellos que no consideran el catalán como propio, que obligan a que aquellos que sí sentimos el catalán como propio
tengamos graves dificultades de representación y graves dificultades como consecuencia de ser excluídos en este punto. Eso es algo que les traslado, porque es posible que a algunos de ustedes (encerrados en su propio discurso político y en el
terror a imaginarse que el registro mercantil central o que un registro mercantil o un notario de Madrid pueda tener que lidiar con una escritura que hable de una societat anònima) les pueda crear una sensación de que la unidad de la patria está en
peligro, cuando eso hace muchísimo más daño a esa unidad que ustedes pretenden defender que el saber aceptar las cosas como son, saber aceptar la realidad lingüística de este país como es y no como a alguno de ustedes le gustaría que fuera.
Termino dejando claro que vamos a apoyar esta iniciativa, que lamentablemente nace muerta, esperando tiempos mejores y con la certeza de que, como ha ocurrido con otros votos negativos en el pasado, llegará la ocasión en que ustedes
rectificarán, entre otras cosas porque es de esperar que los ciudadanos así se lo impondrán.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, realmente siento tener que dar la bienvenida a ilustres diputados del Parlamento de Cataluña a la enésima escenificación del voto diferente en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña por parte del Partido
Popular. Para algunos de ustedes no es una sorpresa, porque han tenido oportunidad de vivirlo en otras ocasiones.
Para los miembros de este Parlamento se está convirtiendo en una desgraciada costumbre.
En esta legislatura, el Parlamento de Cataluña ha presentado en esta Cámara nueve proposiciones de ley y todas ellas han sido votadas en contra por el Grupo Parlamentario Popular, las nueve han sido rechazadas por la mayoría absoluta y
solitaria del Partido Popular. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Ninguna de las nueve proposiciones de ley había sido votada en contra en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular, sólo se abstuvo en
una de ellas. Por tanto, señorías, señores representantes del Parlamento de Cataluña, nos encontramos en una fecha en la que ya no es posible ser benevolente y considerar que las razones del Partido Popular para votar en contra de todas las
propuestas del Parlamento de Cataluña están fundadas en razones
puramente técnico-jurídicas de oportunidad o de necesidad de perfección de la norma. En primer lugar, porque si lo que se trata es de perfeccionar la norma hay que admitirla a trámite y debatirla aquí en la sede de la soberanía, aquí es
donde hay que discutirlo. En segundo lugar, porque no se sostiene, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que todas las proposiciones del Parlamento de Cataluña sean técnicamente defectuosas cuando todos los grupos parlamentarios de Cataluña
las han votado a favor y los servicios de la Cámara catalana nunca han hecho alusiones a una posible ilegalidad o inconstitucionalidad de las proposiciones. No se trata, por tanto, de razones técnicas, diga lo que diga el Partido Popular
inmediatamente después de mi intervención. Igual se sorprenden los diputados del Parlamento de Cataluña, pero aquí acostumbra el Partido Popular a utilizar como turno en contra -aunque le correspondería hablar el primero y así poder replicar los
otros grupos- el turno de fijación de posiciones, y nos tememos que vamos a oír alegaciones sobre dificultades técnicas, sobre inoportunidad, sobre necesidad de mejora. No es cierto.
Pese a ello les animo, señores representantes del Parlamento de
Cataluña, a no caer en la melancolía que dicen producen los esfuerzos inútiles; porque si son esfuerzos inútiles intentar que el Partido Popular cambie el voto y vote lo mismo en el Congreso de los Diputados que en el Parlamento de Cataluña, no es
esfuerzo inútil venir a esta Cámara a pedir que se reconozca aquello que hay que reconocer, a pedir que se vote lo que hay que votar y, si no se consigue, a poner de manifiesto que hay alguna fuerza política que es habitualmente incoherente en su
voto en Cataluña y en su voto en Madrid. Y estamos autorizados a decirlo. Otros grupos de esta Cámara los tienen como socios políticos, les riñen luego desde la tribuna -está en la libertad del Parlamento-, pero también han de asumir la
responsabilidad de apoyarse en determinados parlamentos con personas que allí votan una cosa y aquí otras. Tan poca sorpresa es que, como ha dicho el diputado Guardans, el 17 de diciembre de 2001, en el Pleno del Parlamento de Cataluña la portavoz
del Grupo Popular, la señora Nadal, tuvo un presentimiento o se le despertaron las dotes proféticas y dijo que iban a votar a favor en el Parlamento de Cataluña pero que podían surgir dificultades técnicas en el Congreso. ¡Dios mio, qué capacidad
de prever la actitud que hasta ayer no sabíamos nosotros del Grupo Popular en el Congreso!
Me sabe mal entretener a SS.SS. y a los ilustres diputados del Parlamento de Cataluña durante mucho más tiempo para hablar de lo que es obvio, pero en los tiempos que corren hay que continuar insistiendo en lo obvio; y es obvio que la
Constitución establece un país no sólo multilingüístico -quiero insistir en el artículo 3- sino multicultural, lo cual supone no sólo un derecho de las personas individuales a expresarse en una lengua o en otra, a escribir en una lengua o en otra,
sino que la cultura de la sociedad, la relación de las personas con las administraciones sea en la lengua que quieran. Esta obviedad que viene a reflejarse en la sencilla y perfectible pero buena proposición de ley del Parlamento de Cataluña hay
que continuar diciéndola continuamente, porque el rosario de fechas es digamos que ofensivo para los que creemos que hay que respetar de forma clara la Constitución en su desarrollo autonómico. El 19 de diciembre de 2000 se votó por el Grupo
Popular en contra de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas españolas en las monedas y billetes de euro. El 6 de febrero de 2001 se votó por el Grupo Popular en contra de dos proposiciones de ley del Parlamento
de Cataluña sobre el uso de las lenguas españolas en el documento nacional de identidad y en los permisos de conducir. El 6 de marzo de 2001 el Grupo Popular votó en contra de tres proposiciones de ley, una del Parlamento de las Islas Baleares,
otra del Parlamento de Navarra y la tercera del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de la lengua en algo tan peligrosamente revolucionario y que puede afectar tanto a la unidad de la patria como son los sellos y demás efectos postales. Por tanto,
señorías, no me creo, no se cree nuestro grupo que haya razones técnicas y jurídicas detrás de cada una de estas negativas. Lo que hay es la negativa real del Grupo Popular a reconocer el auténtico diseño pluricultural, plurilingüístico y de
desarrollo autonómico de nuestro país que marca la Constitución. Ustedes van a conseguir, una vez más, que no se apruebe la admisión a trámite de esta proposición de ley. Lo conseguirán porque tienen la mayoría de votos en este Congreso de los
Diputados, pero no tienen la razón; no tienen la razón. La razón milita a favor del reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento de la libertad, del reconocimiento de la fraternidad entre los diversos para crear una unidad. Cuando ustedes
votan en contra de todo eso están votando en contra de un diseño de país que es el que tiene que ser el común para todos. Creo que queda claro, a pesar de que no lo haya dicho hasta este momento -lo anuncio ahora formalmente-, que el Grupo
Socialista en el Congreso de los Diputados va a votar favorablemente la admisión a trámite de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que discutimos hoy y, además, lo va a hacer citando a la portavoz del grupo que ha intervenido en
ocasiones anteriores sobre cuestiones lingüísticas de una forma positiva y con entusiasmo: Nuestro entusiasmo, unido al de otros grupos, creo que al final va a vencer sobre la sinrazón de la simple mayoría numérica.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a los diputados que componen la delegación del Parlamento de Cataluña; palabras de bienvenida en este trámite parlamentario en el que debatimos la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento catalán sobre el uso de las lenguas del Estado en la denominación de las personas jurídicas, civiles y mercantiles.
Entrando directamente en el contenido de la proposición de ley que debatimos, observamos que dicha proposición viene a demandar del legislador estatal dos aspectos fundamentales: por una parte, y en ejercicio de las competencias que
corresponden al Estado en materia de legislación civil y mercantil, que habilite o autorice a las sociedades civiles y mercantiles para que a través de sus órganos rectores puedan decidir la versión de la inscripción registral de su denominación
social en la lengua cooficial que tengan por conveniente y, por otra parte, que para las sociedades interesadas las actuaciones inherentes a esa pretensión estén exentas de las cargas que la modificación propuesta lleva aparejadas, sustancialmente
de orden impositivo y tributario, postulando asimismo una bonificación o reducción de los aranceles notariales y registrales.
Permítanme hacer unas breves reflexiones sobre el contenido de la exposición de motivos con la que se inicia dicha proposición. En el primer apartado de la misma se alude a la Ley 17/1977, que modifica el artículo 54 de la Ley del Registro
Civil, para resolver el problema de la traducción de los nombres de las personas físicas a la lengua propia. En esta materia hay que partir de la distinta naturaleza que desde el punto de vista de su eventual modificación tienen las denominaciones
de las personas jurídicas, sean civiles o mercantiles, y el nombre de las personas físicas. Es cierto que en ambos casos constituyen elementos de identificación de un sujeto de derecho en el tráfico jurídico y en los actos ordinarios de la vida
civil y mercantil, pero mientras que para las personas jurídicas la denominación social coexiste con otros elementos de identificación en el tráfico -marcas, nombre comercial o del establecimiento- y resulta más susceptible de identificación a
través de otros datos -la escritura fundacional o los datos registrales de su constitución-, la identificación de la persona física, siendo el origen de su existencia o constitución natural y no legal o jurídica, está más vinculada a su nombre y
apellidos. Esta diferencia justifica el distinto trato legal que históricamente ha recibido en nuestra legislación, así como en el derecho comparado, la modificación del nombre de la persona física y la denominación de las personas jurídicas, de
forma que en el primer caso existe un principio de inmutabilidad o permanencia del nombre, salvo concurrencia de causas justificadas tasadas legalmente con sujeción a rigurosos requisitos y previa tramitación de un expediente que ha de resolver,
según los casos, el Ministerio de Justicia o el juez de primera instancia. Este rigor justifica que en los casos de modificación del nombre por simple traducción a la lengua autonómica propia del interesado se introdujese ya en 1977 una reforma
legal que dispensaba de tales trámites y requisitos a estos supuestos. Sin embargo, la situación es diferente respecto de la denominación de las personas jurídicas, sean éstas civiles o mercantiles, respecto de las cuales dicha denominación
constituye uno de los datos que debe incorporarse como contenido necesario a los estatutos sociales y que puede ser modificado libremente por los órganos soberanos -la junta general de las sociedades-, sin limitación del número de veces y sin más
restricciones que la de no poder adoptar la denominación de otra sociedad ya constituida bajo la misma denominación. Por ello entendemos que el alcance de la proposición de ley es muy limitado, pues el único precepto sustantivo contenido en su
artículo 1 establece la posibilidad para las personas jurídicas, civiles y mercantiles de traducir su denominación a cualquiera de las lenguas del Estado bajo los requisitos de aprobación por el órgano que corresponda según la respectiva forma
social y con el quórum exigido para modificar los estatutos.
Nuestro ordenamiento jurídico ya prevé la posibilidad de cambiar la denominación social, eso sí, con el carácter de modificación estatutaria.
Por ello quisiera dejar clara la postura del Grupo Popular sobre este tema y por eso me pregunto:
¿Cuál es la cuestión de fondo que recoge el artículo 1 de la proposición de ley del Parlament de Catalunya? Recoge la posibilidad de traducir las denominaciones de las personas jurídicas, civiles y mercantiles a la lengua oficial que tengan por
conveniente.
Esta es la verdadera cuestión de fondo. Esto es hoy perfectamente posible y está recogido en nuestro ordenamiento jurídico a través de una modificación estatutaria, haciendo frente, como es natural, al coste impositivo que de dicha
transacción se derive. (Rumores.) ¿Cuál es la problemática que se puede derivar de aceptar el contenido del artículo 1 de la proposición de ley tal como está planteado?
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Martín.
Señorías, por favor, ruego que el nivel de conversación permita escuchar al interviniente, porque la señora diputada que está en el uso de la palabra no está siendo escuchada ni oída. Se hace esta admonición a los que están en la sala, no a
los que están fuera, pero comprendan que es realmente muy difícil la expresión por quien interviene en este turno.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias.
La jurisprudencia constitucional ha establecido la inequívoca titularidad del Estado sobre el Registro Mercantil. Conforme a la organización del Registro
Mercantil, el control de la denominación social de las entidades se incardina en el Registro Mercantil central a través de la llamada sección de denominaciones de sociedades y entidades inscritas y a partir de los datos que suministran los
registros mercantiles territoriales. Se sigue de ello que las garantías inherentes al principio de unidad de denominación, junto a la necesidad de verificar los requisitos que deben reunir las denominaciones objetivas o subjetivas propuestas, así
como las previsiones en que pueden incurrir que induzcan a error o que incorporen términos o expresiones oficiales y el régimen de recursos frente a las resoluciones registrales, se manifiestan como aspectos del procedimiento registral en los que
parece lógico presumir que la utilización de las distintas lenguas oficiales para expresar la denominación de las entidades y la autorización para su cambio inmediato que la proposición habilita puede introducir un factor de complejidad tal que haga
inviable el propósito. A partir de estas valoraciones sobre el artículo 1 de la proposición, el contenido de la ley queda reducido a establecer un régimen tributario y arancelario especial para las citadas modificaciones estatutarias.
Pues bien, pasamos al artículo 2, que pretende que a efectos del cálculo de los aranceles notariales y de registro mercantil que deriven de la traducción del nombre y de su inscripción registral no se considere una modificación de los
estatutos sociales y que a este efecto se aplique una bonificación en el cálculo de los honorarios de los fedatarios públicos que intervengan. Lo cierto es que no se fundamenta la razón por la cual semejante variación no ha de tener el carácter de
modificación estatutaria y aquí nos podemos preguntar de nuevo: ¿Por qué ese trato de favor en esta modificación en relación con otro tipo de modificaciones que pueda llevar a cabo una sociedad, por ejemplo, un cambio de domicilio necesario o
cualquier otro? Este grupo considera que una decisión de tal naturaleza, adoptada voluntariamente por los correspondientes órganos sociales y que genera actuaciones de fedatarios públicos, debe tener igual tratamiento que cualquier otra.
El artículo 3 pretende dejar exentos de tributación en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados los actos jurídicos derivados del cumplimiento de lo previsto en la proposición, lo que implicaría la
asunción por parte de las comunidades autónomas del coste de ese beneficio fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 21/2001. No obstante, nos sorprende la imprecisión de pretender la exención cuando al carecer de
contenido económico tales actos estarían propiamente no sujetos, entendiéndose que el precepto posiblemente pretende referirse exclusivamente al artículo 31.2 del texto refundido del impuesto, que es el que habla de la cuota variable en documentos
notariales.
Finalmente, el artículo 4 y último de la proposición contempla una generalizada exención del pago de tasas por razón tanto de operaciones y actuaciones derivadas de la adaptación de la denominación social como de la actualización de la
titularidad de bienes, derechos reales, licencias o autorizaciones administrativas cuyo titular sea la persona jurídica de que se trate. Hay que aclarar que al menos en el ámbito estatal no existen tasas cuyo hecho imponible consista en lo que
hemos enunciado.
En conclusión, señorías, el Grupo Popular no cuestiona el fondo de la proposición, tal y como he argumentado al analizar el artículo 1 de la misma, lo que no podemos es obviar la realidad y de ella se desprende que lo que contiene la
proposición es ya posible por estar recogido jurídicamente, entre otros, en el artículo 399 del Reglamento del Registro Mercantil. No se nos puede acusar de no respetar la realidad plurilingüe de nuestro Estado, ya que el Grupo Popular trabaja día
a día para que esa realidad esté presente y buena prueba de ello han sido las iniciativas presentadas por nuestro grupo, tales como las referentes al documento nacional de identidad y al permiso de conducir, que fueron aprobadas prácticamente por
unanimidad. Lo que sucede es que no por el hecho de discrepar en los criterios, especialmente en aquellos que impiden técnicamente que las iniciativas prosperen, se justifica que se utilicen argumentos demagógicos para desvirtuar la realidad. Les
aseguro que nosotros seguiremos con nuestra defensa y protección de esa realidad plurilingüe de nuestro Estado, pero antes de terminar pediría a los representantes del Parlament de Catalunya que meditaran sobre el contenido de mi intervención y, en
su caso, hicieran nuevas propuestas más ajustadas a los criterios expuestos.
Concluyo anunciando nuestro voto negativo en coherencia con las razones manifestadas en mi intervención en relación con la proposición de ley debatida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Martín. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: En relación con las proposiciones de ley de comunidades autónomas, se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas del Estado en la
denominación de las personas jurídicas civiles y mercantiles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 140; en contra, 157.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000185.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Para la presentación
y defensa de la misma tiene la palabra el señor Barrero. (Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos el debate, por lo que ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de manera rápida y a poder ser en silencio, y si no ocupen sus escaños. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde esta tribuna quiero presentar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una iniciativa a la que damos sin duda importancia y consideramos imprescindible a la hora de ahondar, de profundizar, de subrayar una democracia de
calidad como la que queremos para nuestro país. Se trata de un cambio legislativo del artículo 28 del Estatuto del ministerio fiscal, a través del cual queremos que el fiscal general del Estado se abstenga de intervenir en aquellos supuestos en que
quepa algún tipo de responsabilidad penal frente a un miembro del Gobierno. No nos parece un tema menor y, como es lógico, nos gustaría tener el apoyo de toda la Cámara para buscar en el trámite parlamentario el enriquecimiento que esta iniciativa
sin duda merece.
Señorías, señora presidenta, todos somos conscientes de la función esencial del ministerio fiscal en una democracia como la nuestra, en el Estado de derecho que nos hemos dado. Sus funciones, sus altas funciones de defensa de la legalidad,
de defensa del interés público, de defensa de los derechos de los ciudadanos, ponen de manifiesto que se trata de un elemento indispensable para definir el pilar fundamental de la democracia, de un Estado de derecho como el que queremos darnos:
sometimiento de todos a la ley en términos de igualdad, y ningún tipo de exclusión ni de impunidad para quienes gobiernan.
Estamos ante una iniciativa que busca una acción del fiscal general del Estado prácticamente contraria a la que viene siendo habitual en el actual fiscal general del Estado, señor Cardenal. Desde mi grupo entendemos que no hay nada más
disolvente en una sociedad democrática que la percepción de la impunidad de sus responsables políticos. Nada resulta más escandaloso que la falta de sometimiento a la ley de aquellos que tienen la obligación de cumplirla. En nuestra regulación,
señorías, señora presidenta, el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Gobierno. Este Gobierno -y cualquier otro, de acuerdo con el Estatuto del ministerio fiscal- mantiene relaciones habituales y directas con el fiscal general del
Estado a través del ministro de Justicia y del presidente del Gobierno, quien puede dirigirse directamente al fiscal general del Estado -dice el estatuto- cuando lo estime necesario -apuntala- para interesarse por aquellas actuaciones pertinentes
para la defensa del interés público. La regulación de nuestro Estatuto del ministerio fiscal termina permitiendo entre sus competencias que el fiscal general del Estado ordene y dé instrucciones a los miembros del colectivo -alrededor de 1.300 en
nuestro país-, sometidos a las instrucciones del fiscal general del Estado en aras de dos principios fundamentales: la unidad de actuación y la dependencia jerárquica.
Hoy en nuestro país el fiscal puede decidir sobre la posible imputación de un miembro del Consejo de Ministros que lo designó para ser fiscal general del Estado y que puede cesarlo en su cargo. No parece de recibo, no parece presentable que
el fiscal general del Estado se pronuncie sobre la acción penal a favor o en contra de un miembro del Gobierno que lo designó. Sin embargo, el Estatuto del ministerio fiscal, tan aplaudido y tan unánimemente aceptado por los grupos parlamentarios,
no prevé esta situación; no se pensó que se darían circunstancias similares a las que ahora voy a explicar, que hacen no sólo necesario el cambio que queremos producir, sino imprescindible y urgente.
¿Cuáles son los comportamientos que queremos evitar con esta iniciativa? Queremos evitar comportamientos similares a los que ha tenido el fiscal general del Estado en relación con las investigaciones penales que han tenido como sujeto penal
al ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué.
En estas investigaciones el fiscal del caso, señor Vargas, propuso la imputación del ministro Piqué por dos delitos, uno de apropiación indebida y otro de estafa, como consecuencia de su
comportamiento como alto directivo de la empresa Ercros, y a la vista de la desaparición de más de 20.000 millones de pesetas, es decir más de 120 millones de euros.
Quiero recordarles, señorías, que la Junta de Fiscales de Sala de lo Penal
consideró prácticamente por unanimidad -diez a dos- que era indispensable imputar también al ministro Piqué. Sólo el fiscal general del Estado, el señor Cardenal entendió que eso no era posible y procedió a blindar al Gobierno y a bloquear la
acción penal de la justicia mediante la obstrucción de esta acción. Removió al fiscal del caso, lo trasladó forzosamente (una clara represalia frente a un fiscal que investigaba en los aledaños del Gobierno por posibles comportamientos cercanos a
la corrupción
política y económica), remató la faena mediante el cambio de un fiscal que ahora asume el caso, fiscal que sí está de acuerdo con la tesis del fiscal general del Estado en contra de la mayoría de los fiscales de sala y advierte al fiscal
Anticorrupción de que no adopte medida o iniciativa alguna destinada a investigar el asunto Ercros sin pasar por la información correspondiente y por el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. Es decir, esta iniciativa, señorías, busca
evitar desde un mínimo sentido democrático actitudes tan arbitristas, tan forzadas, tan ilegales, tan nefastas para un sistema democrático, tan agresivas para un Estado de derecho como las formuladas en las intervenciones del fiscal general del
Estado con referencia al caso Piqué. Por tanto, señorías, esta iniciativa, con dos enunciados muy claros, busca primero la no intervención del fiscal general del Estado en aquellos procesos contra miembros del Gobierno en los que haya sospecha de
responsabilidades penales y remite las competencias del fiscal general del Estado al Consejo Fiscal que debe ser también competente para aquellos supuestos en los que la causa penal vaya en contra del propio fiscal general del Estado.
Señora presidenta, señorías, mi grupo confía en que el apoyo de los distintos grupos parlamentarios permita un trámite en esta Cámara que enriquezca esta iniciativa que consideramos indispensable. Entendemos que una sociedad democrática,
señorías, no resiste la visión de un fiscal general del Estado obstruyendo la acción de la justicia; no la resiste.
Las consecuencias son muy negativas para nuestro sistema democrático: la sospecha de un Gobierno que goza de impunidad y la
apreciación por parte de la ciudadanía de dos tipos de justicia, una para aquellos más poderosos, cercanos o adictos al Gobierno y otra para el resto de los ciudadanos. Este tipo de medidas, señorías, señora presidenta, significan evitar un golpe
definitivo a la imagen de desprestigio que en este momento tiene la Fiscalía General del Estado, y lo que es peor de muchos profesionales de la Fiscalía que son unos magníficos funcionarios dedicados en cuerpo y alma al trabajo de la acción de la
justicia por vía de la sujeción a la legalidad y a la imparcialidad como principios fundamentales de su trabajo. Hay en este Gobierno posibilidades de acciones penales, de responsabilidad penal, como consecuencia de determinados hechos que penden
sobre su conducta. El caso Piqué no es un caso aislado, le acompañará dentro de poco el caso Matas por un supuesto delito electoral, y es de prever que las investigaciones iniciadas en sede judicial en el caso Gescartera den lugar a posibles
investigaciones penales sobre dos ministros, el ministro Rato y el ministro Montoro. Sin embargo, tenemos todavía un fiscal que puede actuar de manera definitiva blindando a estos miembros del Gobierno o bloqueando acciones judiciales que se
emprendan para investigar sus conductas con posibles responsabilidades de carácter penal.
La iniciativa por tanto, señora presidenta -y termino-, busca acabar con el espectáculo desmoralizante de un fiscal que apoya a un Gobierno, que defiende a un Gobierno por encima de la defensa de la legalidad y que desmoraliza por tanto no
sólo a la ciudadanía, a la que reprueba de alguna manera porque sigue considerando esa ciudadanía que la Administración de justicia merece la pena y accede a ella reclamando justicia en muchas ocasiones, sino que también desmoraliza a tantos
profesionales de la justicia, operadores de la justicia que ven con desánimo cómo existe un Gobierno, unos poderosos a los que el fiscal general del Estado defiende para blindarlos, defiende para evitar que exista sobre ellos responsabilidad penal
alguna.
Este tipo de acciones por parte del fiscal general del Estado, señorías, que queremos evitar para alejar toda sospecha de parcialidad en su conducta, ha sido denunciado recientemente por un informe del Consejo de Estado, el informe Greco,
que denuncia a nuestro país por los amplios márgenes de discrecionalidad que tiene el fiscal general del Estado con referencia a asuntos de corrupción del Gobierno o de personas, de personajes, de protagonistas de asuntos económicos cercanos al
Gobierno y en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Hemos sido advertidos por el Consejo de Europa de que nuestro sistema democrático casa mal con las acciones emprendidas por el fiscal general del Estado blindando impunidad, bloqueando la
acción de la justicia en muchos casos. Por tanto, señorías, esta iniciativa, que es una iniciativa sencilla, que debía haberse realizado con anterioridad, que tenía que formar parte del Estatuto del ministerio fiscal ya en su primera regulación, la
hacemos hoy con la vocación también de evitar que una institución de estas características tan importantes tenga sobre sí la sospecha de parcialidad. Queremos por tanto, señorías, que la sujeción a la legalidad del fiscal general del Estado y la
imparcialidad en la actitud frente al Gobierno y frente a los poderosos no sólo sea un hecho sino que lo parezca, y para ello, con el enriquecimiento que SS.SS. realicen mediante la aportación de enmiendas, intentamos que hoy la Cámara asuma como
propia una tramitación que busca, insistimos con su apoyo, hacer posible lo que consideramos imprescindible y necesario: que el fiscal general del Estado sea un fiscal general del Estado de todos, que luche por la legalidad, que luche por los
derechos de los ciudadanos, que aleje la sospecha de que defiende la impunidad del Gobierno y que blinda a éste de cualquier acción emprendida por la justicia, y que este Parlamento, sensible a una democracia de calidad, con esta tramitación hace
posible que todos seamos iguales ante la ley, los más poderosos y los ciudadanos que no tienen la posibilidad de ser impunes porque no tienen un fiscal que les ayude a la hora de enfrentarse a responsabilidades penales. Con el apoyo de SS.SS.
confío en que este trámite parlamentario que esperamos iniciar hoy, a través de las enmiendas oportunas permita el
enriquecimiento de una ley que nosotros consideramos imprescindible y necesaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Los últimos episodios judiciales que afectan a ministros del Gobierno, el señor Matas y el señor Piqué pero especialmente a este último, situaron en primera plana de la noticia al fiscal general del Estado por sus actuaciones poco
independientes del Gobierno. Se erigió el fiscal como un defensor más de los miembros del Ejecutivo en vez de cumplir su misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, es decir pervirtiendo su función de defender el interés
abstracto de la legalidad para pasar a defender intereses concretos de miembros del Gobierno.
Esto es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que el desarrollo legal del ministerio fiscal contenido en su estatuto orgánico ha derivado en la facultad libre del Gobierno de nombrar y cesar al fiscal general del Estado. Ese desarrollo
legal ha hecho ilusoria la independencia del ministerio fiscal en su conjunto del Poder Ejecutivo, puesto que los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica obligan a actuar a toda la fiscalía bajo las directrices de un fiscal general
directamente nombrado por el Gobierno. Además, señorías, mantiene un control efectivo sobre el mismo al poder cesarlo libremente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Por tanto, el intento constitucional de
crear un ministerio fiscal independiente y objetivo ha sido deturpado, corrompido en su desarrollo legal, al situar su actuación entre la defensa del principio de legalidad que debe ser su eje de actuación, y el interés del Gobierno al controlar
éste la cúpula del ministerio que ostenta una posición de superioridad jerárquica sobre todos los restantes miembros de la fiscalía. Ese es realmente el problema que hay que solucionar y que deberíamos debatir en profundidad o de lo contrario optar
por reafirmar la dependencia del ministerio fiscal del Gobierno, pero eso sí determinando las responsabilidades directas del Ejecutivo en la actuación de la fiscalía.
Esta iniciativa propone una solución concreta en los casos en que los miembros del Gobierno sean imputados, que es lógica y oportuna: dado que el fiscal general del Estado es nombrado y separado por el Gobierno, en los asuntos que afecten a
integrantes del Ejecutivo éste no podrá resolver sobre esos asuntos sino que será el Consejo Fiscal.
A la vista de todo lo razonado anteriormente, donde se demuestra la existencia de un problema que habría que debatir con más profundidad pues trae causa de la configuración legal del ministerio fiscal, consideramos que se trata de un pequeño
parche en una rueda que se desinfla por todas partes. Pero en fin, tenemos claro que serviría para empezar a arreglar una solución indeseable como la actual donde el ministerio fiscal, en los casos que afectan a miembros del Gobierno actúa
presionado directamente por el propio Ejecutivo para que resuelva según los intereses políticos o partidarios de éste y no atendiendo al principio de legalidad.
Es por eso que el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley, porque es positiva como solución concreta temporal para impedir las bochornosas maniobras de la Fiscalía General del Estado, para evitar la imputación de
miembros del Gobierno en los casos de corrupción a que asistimos en los últimos tiempos. Pero no olvidamos que en el horizonte cercano hay que solucionar la actual configuración de todo el ministerio fiscal para no seguir engañando a la ciudadanía
con una independencia de la fiscalía que con el actual sistema es ilusoria, irreal e impracticable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quienes no asistimos ni como espectadores a la formalización del pacto de Estado para la reforma de la justicia, creíamos en principio que la relación que se establecía entre los dos partidos mayoritarios y el Gobierno era
tradicional, de las llamadas para toda la vida, con las características de exclusividad y de fidelidad. Pasa el tiempo y vemos que esto no es así, que parece ser una cosa mucho más moderna, con espacios propios y ámbitos de libertad para los
contrayentes, como ahora se dice. Lo vimos cuando se trajo la proposición de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre declarar inhábiles los sábados, aunque es cierto que en ese caso hubo algunos escozores y reproches, y lo vemos esta vez
con esta proposición de modificación parcial del Estatuto del ministerio fiscal que no es la general contemplada en el punto número 9 del pacto, sino que sólo es una reforma del artículo 28. Les recuerdo, y todos ustedes lo saben, que en el punto 9
del llamado pacto de Estado para la reforma de la justicia se prevé algo más ambicioso en lo estructural y también en lo funcional; se habla incluso de un régimen estatutario nuevo en la carrera fiscal que evidentemente no es lo que ahora se trae a
la Cámara. Llega al Pleno, además, un día en el que un concreto funcionamiento de un miembro de la carrera fiscal ha dado mucho que
hablar y que escribir, y que provocó que el pasado lunes un conocido diario dedicara uno de sus editoriales a la reforma de la fiscalía, no coincidente por supuesto con la iniciativa que hoy nos trae, pero que llamaba a una necesidad de
reflexión y de rápida regulación.
Todos ustedes conocen también, porque hemos recibido sugerencias desde distintas instancias, que desde el propio Consejo Fiscal se nos ha hablado a quienes somos ponentes en el llamado pacto de Estado, sobre la necesidad inexcusable del
mantenimiento y fortalecimiento de los mecanismos estatutarios contemplados en los artículos 24, 25 y 27 del estatuto; no se hacía referencia al 28, pero indudablemente tenía algo que ver, en algo incidía en lo que hoy es objeto de atención por
parte de esta Cámara al haber sido traída por el Grupo Socialista, porque, repito, parte de lo que se pretende como reforma se residencia en competencias atribuidas al Consejo Fiscal, el cual ya nos había hecho sugerencias a quienes somos miembros
de la Comisión de seguimiento del pacto de Estado de la justicia.
¿En qué situación nos coloca el que, anunciada una reforma global, una formación política traiga una reforma parcial a la Cámara? En principio, si buscamos la buena técnica legislativa, lo adecuado sería buscar la corrección en el método,
la evitación del parcheo, la seguridad jurídica para los destinatarios de la norma y para todos los operadores jurídicos.
Cierto es que esta promesa de reforma global ni siquiera es nueva en relación con el pacto de Estado de la justicia, sino que
ya formaba parte del primer programa electoral del Partido Popular cuando llega el Gobierno en el año 1996. En la legislatura pasada fue objeto de debate en numerosas ocasiones, siendo la más importante de entre ellas la interpelación presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defendida por don Pablo Castellano, que dio lugar a una moción por todos consensuada, de 21 de mayo de 1997, que ha tenido amplísimo tratamiento, incluso doctrinal, y ha sido constante punto de
referencia siempre que de reformas del ministerio fiscal se ha hablado en esta Cámara.
Resulta curioso, y así lo manifesté al fiscal general del Estado, que en la presentación de la memoria del año 2000, sin embargo, cuando hacía sugerencias o propuestas de reforma en el futuro, hacía todo tipo de observaciones y para nada
recogía lo que era el único elemento de aprobación por este órgano de la soberanía, que era la moción aprobada por unanimidad en la legislatura pasada.
Parece que en el ministerio -si uno hace caso a lo que se le dice puesto que, repito, no estamos en los entresijos de lo que se trama-, hay un texto ya avanzado que podría presentarse si por parte del Gobierno así se quisiera, una vez que el
Grupo Socialista se ha adelantado a traer esta reforma parcial. Puede que se nos diga que le faltan informes preceptivos, que no ha recorrido todavía todas las barreras o tramas que el proceso legislativo supone, pero en tiempos recientes hemos
visto que la consecución de los trámites preceptivos no es un obstáculo grave si hay voluntad para ello. Si el Gobierno lo quiere, señorías -lo hemos visto en un proyecto reciente-, estos trámites, estos informes de los órganos consultivos se
consiguen en un pispás. Así pues, la inacción del Gobierno debe paralizar a otros grupos de la Cámara; no lo entiende así el grupo proponente y apunta a reformar el artículo 28 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal en los aspectos que él
mismo ha manifestado y que hacen referencia a la imposibilidad de recusación de los miembros del ministerio fiscal y al fortalecimiento de su labor en determinados procedimientos cuando puede haber responsabilidades o cuando en ese procedimiento
penal pueden derivarse responsabilidades para miembros del Gobierno. Nos parece que lo que se incluye en el artículo 28 podría ser tratado desde un punto de vista técnico de manera más adecuada, pero no nos parece que sea baladí el problema al que
apunta.
Nos parece adecuado que se residencien determinadas competencias en el Consejo Fiscal, sobre todo en el momento presente, para un grupo de las dimensiones del que represento, en el que nuestra posibilidad de incidir en el proceso
legislativo es más bien remota conocido el juego de mayorías de la Cámara. Otro factor que no podemos desconocer es que el ejercicio político, la posición que un grupo adopta en relación con la toma en consideración de una iniciativa supone la
intervención de cada formación política desde esta tribuna. Desde esa perspectiva, tal y como ha revelado el ponente del PSOE y ha enumerado, en los últimos tiempos ha habido un número importantísimo de asuntos que han escandalizado de alguna
manera a la opinión pública, y respecto de los cuales ha sido imposible la continuación de las acciones políticas en relación con determinados miembros del Gobierno presuntamente, eso sí, imputados o involucrados en determinadas acciones. No vamos
a decir que se ha utilizado el procedimiento italiano de modificación de las normas, no se ha llegado a esos extremos, pero sí se han forzado interpretaciones o incluso violentado textos para blindar a quienes son miembros del Gobierno con murallas
más inexpugnables que las de Jericó. Repito, no decimos que el Gobierno haya ordenado nada al fiscal general del Estado, sino que quizá en determinados casos quien es nombrado fiscal general del Estado no necesita ser objeto de mandatos, sino que
intuye o conoce qué es lo que se espera de su determinado funcionamiento. Reitero, en tiempos de mayorías absolutas, las pretensiones de un grupo pequeño de incidir en aspectos de corrección legislativa deben ceder, por ser esto imposible o así lo
creemos por lo menos, ante la vertiente de denuncia política, y este foro lo es, que es la adopción de un determinada postura al decir que hay interés, que subyace en lo que denuncia una propuesta de modificación normativa. Este aspecto de poner el
dedo en la llaga, en una quiebra del Estado de derecho que hace
prácticamente invulnerables a quienes precisamente tienen la mayor responsabilidad en la gestión de los intereses públicos, nos lleva en el día de hoy a tomar posición a favor de la reforma que se sugiere desde el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos trae de nuevo esta tarde una iniciativa que puede discutirse, sin duda, su encaje o no dentro del pacto de Estado por la justicia. Entiendo que es otra
la situación que hoy estamos debatiendo, con el respeto a intervenciones anteriores, y voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario ante una iniciativa que pretende que el fiscal general del Estado se abstenga de intervenir en las causas
penales que involucren a miembros del Gobierno, en este caso la propuesta socialista plantea que las funciones del fiscal general del Estado sean asumidas de facto o sean transferidas al Consejo Fiscal.
Señorías, pretender atajar un problema que existe es bueno; pretender atajar un problema que existe, cual es que los fiscales generales del Estado, desde 1978 hasta la fecha, han sido especialmente dóciles a la demanda del Gobierno o de los
distintos gobiernos, es bueno. Este mal se ha producido tanto durante la administraciones socialistas como durante las administraciones (dos con ésta) del Partido Popular, y en los últimos años, señorías, no se ha reducido la dependencia del fiscal
general del Estado respecto al Gobierno, sino que muy al contrario incluso es mayor de la que se daba antaño.
Ante esa situación, el Grupo Parlamentario Socialista hace una propuesta para solucionar un problema en el que para nosotros el método es meramente paliativo. Se trata de poner solución posterior a la manifestación más perversa, cual es la
protección de los ministros por parte del fiscal general del Estado en las causas penales en las que estén involucrados, digo poner solución posterior a la manifestación más perversa de un problema, señorías, más general, cual es la forma de
elección y cese del fiscal general del Estado y su efecto sobre su -vamos a llamarla, permítanme la expresión- disposición de ánimo para cumplir en todos los aspectos con su misión constitucional o para ser un títere en manos del Gobierno de turno.
La solución radical, es decir la que va a la raíz de los problemas, no es atajar los efectos perversos de un sistema poco adecuado de nombramiento del fiscal general del Estado, sino poner fin a las causas de dicho problema modificando la forma de
elección del fiscal general del Estado -primera posibilidad-, lo cual no implica forzosamente modificar el artículo 124 de la Constitución Española, pues el Gobierno puede proponer para su nombramiento por el jefe del Estado a una persona que no
sólo haya pasado el trámite de audiencia del Consejo General del Poder Judicial -como estipula el artículo 124.3 de nuestra Carta Magna- sino que haya sido también objeto de una comparecencia y posicionamiento de idoneidad del candidato o candidata
ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La competencia del nombramiento, señorías, continuaría siendo del Gobierno pero éste para formar su juicio tendría como parámetro no solamente la opinión del Consejo General del Poder
Judicial sino también de las Cortes Generales.
Señorías, el problema de la independencia del fiscal general del Estado también se puede solucionar -segunda fórmula- sin tocar su forma de nombramiento, meramente tasando las causas del cese
exclusivamente parlamentario del mismo y estableciendo un plazo para su permanencia en el cargo, blindándole de esta manera frente a las posibles presiones gubernamentales. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida prefiere de entre ambas
soluciones la primera y está incluso dispuesto a hablar de reforma de la Constitución, pero también entiende a los que defienden la segunda fórmula de las medidas propuestas. Dicho todo lo anterior, se comprenderá perfectamente que la solución
aportada por el Grupo Parlamentario Socialista nos parezca, desde el respeto, técnicamente deficiente y políticamente meliflua. El problema no estriba en el régimen de incompatibilidades, recusaciones y abstenciones, sino en la forma de nombrar y
cesar al fiscal general del Estado y en los efectos de su nombramiento, cese y temporalidad sobre su capacidad de resistir las presiones del Ejecutivo.
A pesar de lo que acabo de manifestar, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por considerar que la misma pretende
denunciar un verdadero escándalo democrático, cual es la instrumentación absoluta del fiscal general del Estado a favor de los ministros del Gobierno del Partido Popular aquejados de problemas ante la jurisdicción penal. Es tal el nivel de
docilidad del fiscal general del Estado actual ante los deseos del Gobierno que al señor Cardenal no hace falta que le presione el ministro del ramo, sino que basta con que lo haga un alto cargo de mucho menor rango. Esta instrumentación del fiscal
general del Estado por parte del Gobierno del PP está haciendo, sin duda, mucho daño al prestigio del ministerio fiscal y a la propia democracia española. Insisto en que la vía elegida por el Grupo Parlamentario Socialista para atajar este problema
es insatisfactoria pero añado que, además, denota una coincidencia de fondo entre el Partido Popular y el PSOE en relación con el modelo del ministerio fiscal y el fiscal general del Estado. A pesar de lo anterior, vuelvo a insistir en que lo
apoyaremos
por lo que tiene de denuncia de la actual situación en cuanto a las actuaciones del fiscal general del Estado como defensor de los ministros del Gobierno presuntamente delincuentes. Todo ello sin perjuicio de hacer hincapié en que el nudo
gordiano del asunto está en el modelo del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía General del Estado que cada uno de nosotros defendemos. En este campo mucho nos tememos que el Partido Popular y el PSOE, que han destacado por nombrar fiscales generales
del Estado cada cual más sumiso que el anterior, estén mucho más de acuerdo en el modelo que en lo que esta proposición de ley hoy pueda hacernos ver.
Señorías, acabo anunciando que este grupo parlamentario presentará en breve una proposición de ley para tratar este problema de forma integral, es decir, atacando las causas de la enfermedad del Ministerio Fiscal y no meramente los síntomas,
como hace el Grupo Parlamentario Socialista.
Vuelvo a insistir -y concluyo- en que vamos a votar afirmativamente por entender que la iniciativa viene a denunciar una situación que es manifiestamente censurable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el anterior orador, don Luis Carlos Rejón, ha hecho un buen planteamiento del problema. No estamos aquí hablando de supuestos concretos o de si convendría o no hablar de causas de abstención o de recusación, sino que, en última
instancia, el planteamiento debiera ser qué sistema nos permite garantizar de la mejor manera posible la legalidad y la imparcialidad del ministerio fiscal. Por eso, quizá, lo que los otros portavoces han venido a calificar como una solución
paliativa no sea la mejor de las soluciones posibles, o incluso, y lo digo con mucho respeto respecto de los proponentes, no sea ni siquiera una buena solución, puede que sea realmente una mala solución. En consecuencia, mi grupo parlamentario va a
votar en contra.
Ciertamente la proposición de ley contiene tres aspectos fundamentales: en primer lugar, las causas en que debiera abstenerse el fiscal general del Estado y cuándo; en segundo lugar, quién debe resolver los supuestos de abstención o, en
última instancia, determinar en qué supuestos, cuando no lo haga de motu proprio el fiscal general del Estado, éste debe no intervenir o debe apartarse de un asunto, y, finalmente, quién asume en los casos de abstención o no intervención las
funciones del fiscal general del Estado. Debo señalar que no estamos de acuerdo en la formulación que se realiza en el primero de los supuestos: cuándo debe o no abstenerse el fiscal general del Estado. Aquí nos podemos plantear si para
garantizar la legalidad o la imparcialidad del ministerio fiscal tenemos que ir, como se decía antes, a un modelo de fiscal parlamentario, a un modelo, si se quiere, mixto, tal como se propuso por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en una
moción, creo recordar que en la pasada legislatura, por la que se establecía esa audiencia previa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes del nombramiento del fiscal general del Estado. Podemos incluso hacer algunos otros
planteamientos como que en determinadas decisiones del fiscal general del Estado deba éste consultar, en todo caso, a la Junta de Fiscales de Sala, pero ciertamente la regulación como causa de abstención es algo que no compartimos. Debo señalarles
también ya a SS.SS. que no comparte mi grupo el modelo del fiscal parlamentario y sí se mantiene, sin embargo, de acuerdo con lo que resolvimos en la legislatura pasada, la audiencia ante el Congreso de los Diputados previa a la designación del
fiscal general del Estado, que sería además por un periodo de tiempo determinado y que sólo podría ser removido por causas objetivas durante ese periodo. Debo señalar al mismo tiempo que la proposición de ley parece incurrir en algún defecto de
orden técnico porque, si bien establece cuando regula la causa de abstención que debe efectuarse esa abstención o debe intervenir el fiscal general del Estado cuando se trate de asuntos que afecten o en su día puedan afectar a un miembro del
Gobierno, sin embargo, más adelante, parece extender también esos supuestos a aquellos casos en los que se trata no ya de miembros del Gobierno del Estado, sino también a personas que sean o hayan sido miembros de los gobiernos de las comunidades
autónomas. Por tanto, tenemos también que decir que ahí la proposición de ley no se explica suficientemente.
Sin embargo debo señalarles que lo que nos provoca todavía mayor número de dudas es la atribución de las funciones del fiscal general del Estado en estos casos al Consejo Fiscal. Habría desde luego una primera pregunta: ¿Por qué al Consejo
Fiscal y por qué no a la Junta de Fiscales de Sala? Incluso no podemos resistir la tentación de preguntaral grupo proponente, cuando ha impugnado reiteradas veces los planteamientos corporativos en el ámbito del Poder Judicial, cuando ha impugnado,
y desde nuestro punto de vista con razón, planteamientos corporativos de elección o designación del Consejo General del Poder Judicial, cuando reiteradamente ha entendido que no tenía lógica, que le faltaba incluso legitimación -entre comillas-
democrática que un Consejo General del Poder Judicial fuese elegido pura y simplemente por los jueces y magistrados y, a su vez, procediese a efectuar nombramientos de presidentes de sala del Tribunal Supremo o de magistrados del Tribunal Supremo,
si no le resulta este planteamiento incoherente con potenciar en estos momentos las funciones del Consejo Fiscal, que es también elegido por los miembros del ministerio fiscal,
y que, por lo tanto, en sí mismo no tiene más legitimación que la pura y estrictamente corporativa. Ciertamente, en el año 1996, cuando se redacta el Libro Blanco del ministerio fiscal, varias de las fiscalías españolas propusieron un
incremento de competencias del Consejo Fiscal, pero debo decir a SS.SS. que lo hacían sobre la base de alterar la designación de dicho Consejo dando entrada a las Cámaras para este fin. Digo esto porque aquí hay algo de lo que todos debemos ser
conscientes, como es el hecho de que no es bueno generar situaciones de irresponsabilidad. Por lo tanto, en última instancia, un fiscal general del Estado designado por el Gobierno que comete una tropelía -entre comillas- podrá ser obviamente
removido de su cargo por el Gobierno. Un Gobierno que consiente las tropelías, si las hiciere, del ministerio fiscal, al menos en principio, cuenta con las posibilidades de caer en una moción de censura en la Cámara. La pregunta sería ante quién
responden los miembros del Consejo Fiscal elegidos por sus compañeros que optasen en un momento determinado por ejercer acciones contra un miembro de un Gobierno de una comunidad autónoma que considerásemos incorrecto. Responden pura y
estrictamente ante sus compañeros.
Señorías, creemos que la proposición de ley tiene un defecto de base como es el de atribuir a un órgano corporativo de elección entre los miembros del ministerio fiscal, además elección mediante un sistema fundamentalmente mayoritario, el
ejercicio de unas funciones que corresponden al fiscal general del Estado y que en última instancia sustituiríamos una responsabilidad, que alguno podría llegar a señalar de meliflua, por una total y absoluta irresponsabilidad. Eso es algo que debe
tenerse en cuenta a la hora de defender una votación respecto de esta proposición de ley que, como ya he dicho, mi grupo parlamentario votará en contra.
Cuestión diferente es establecer unas garantías. El propio Libro Blanco del ministerio fiscal establecía, de cara a dotar de una mayor seguridad jurídica los procedimientos de la fiscalía, que en los casos en los que el fiscal general del
Estado se apartase de un criterio cuasi unánime del Consejo Fiscal debería motivar sus decisiones, cosa que en algunos casos no se ha producido y, desde luego, no es una exigencia del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. En cualquier caso,
señorías, entiendo que desde la perspectiva de dar una mayor legitimación parlamentaria a la designación del ministerio fiscal -planteamiento que mi grupo no comparte- y de una mayor independencia del Gobierno a través de esa duración tasada del
cargo, pudiendo ser removido exclusivamente por causas objetivas, o vamos al fondo de la designación o, en última instancia, vamos a mecanismos proporcionados y proporcionales tendentes a garantizar toda la ecuanimidad posible del fiscal general del
Estado y, por lo tanto, a justificar la discrepancia de criterio en relación con el Consejo Fiscal o con la Junta de Fiscales de Sala. Nunca, como les he señalado, deberíamos trasladar a un órgano corporativo, a un órgano cuya legitimación es la
designación, la elección por parte de sus propios compañeros de funciones de esta naturaleza como son las que corresponden al fiscal general del Estado.
Por eso y no por otra cosa mi grupo parlamentario procederá a votar en contra sin dejar de reclamar, en última instancia, el envío a esta Cámara de un proyecto completo de reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal en el que nos
podamos plantear lo que todas SS.SS. también han señalado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular subo a la tribuna y me referiré a las modificaciones pretendidas, que se reducen fundamentalmente a las siguientes. El fiscal general del Estado deberá
abstenerse en los procesos de los que pueden derivarse responsabilidades penales contra miembros del Gobierno y en tales supuestos de abstención deberá resolver el Consejo Fiscal que, si lo hace a favor, asumirá las funciones propias del fiscal
general del Estado. Por último, el Consejo Fiscal asumirá también las funciones del fiscal general del Estado en las causas que se sigan contra el mismo. Esto es lo que en términos generales dice la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, a cuyo defensor no veo en estos momentos para que oiga los razonamientos del Grupo Parlamentario Popular.
Las razones que nos llevan a rechazar esta proposición de ley son las siguientes. En primer lugar, el artículo 124.2 de la Constitución establece lo siguiente. El ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios,
conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Pues bien, la proposición parte del supuesto -y así lo afirma expresamente en la exposición de motivos- de
que la Constitución no concibe al ministerio fiscal como una institución necesitada de independencia -esto es lo que dice-, con lo que la reforma propuesta parece introducir una corrección o al menos una interpretación subjetiva de la misma. Por
otro lado, el artículo 124.2 de la Constitución deja bien claro que el ministerio fiscal, y en consecuencia el fiscal general del Estado, ejerce sus funciones con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad; que dichos
principios quedan mejor y que una fórmula como la que se propone implica poner sencillamente en entredicho su aplicación por el ministerio fiscal, sin que existan
razones para entenderlo así ni se aporte el más mínimo dato para ello. A este respecto quiero decir que rechazo rotundamente todas y cada una de las afirmaciones que de una manera demagógica se han hecho por el representante del Grupo
Socialista. Estamos en una democracia de calidad, por supuesto, pero no existe más que en la mente del Grupo Socialista la sensación de impunidad del fiscal general del Estado. Rechazamos esta afirmación y el hecho de que existan relaciones
habituales entre el Gobierno y el fiscal general del Estado y determinadas conversaciones no quiere decir, en absoluto, que se vaya en contra de la independencia y de la imparcialidad. Rechazamos todos esos casos a los que ha hecho referencia;
sencilla y simplemente ha hecho afirmaciones que no están en absoluto justificadas y no hay peor cosa que decir verdades a medias, porque ha dicho verdades a medias cuando han existido en esta Cámara y en la Comisión de Justicia las comparecencias
necesarias del fiscal general del Estado y éste ha dado puntualmente explicaciones sobre lo que ha ocurrido en todos y cada uno de los casos en los que se le ha requerido.
En absoluto se está blindando al Gobierno ni existen actitudes arbitrarias,
alegales y nefastas por parte del fiscal general del Estado.
No se está obstruyendo la acción de la justicia ni existe sospecha del Gobierno ni el Gobierno goza de ninguna impunidad. Por lo tanto, lo rechazo categóricamente.
Entrando en el fondo de la cuestión, quiero decir también lo siguiente.
Afirmar, como hace la exposición de motivos, que la abstención del fiscal general del Estado evita cualquier sospecha ciudadana de impunidad de sus responsables
políticos y que refuerza la apariencia de objetividad, no deja de suponer una simple opinión carente de un fundamento riguroso. Por último, la técnica normativa seguida en la elaboración de la proposición de ley resulta -dicho en palabras suaves-
bastante deficiente. No se sabe muy bien si contempla a los miembros del Gobierno o a quienes lo hayan sido con anterioridad. De otro lado, a los miembros de los consejos de Gobierno autonómicos solo se alude cuando se regula la intervención del
Consejo Fiscal y para eso no hace falta nada más que leer el artículo 28 vigente y el artículo 28 con la modificación que se propone por parte del Grupo Socialista. El argumento clave utilizado en la exposición de motivos de esta proposición de ley
para justificar la modificación del artículo 28 se concreta en garantizar que el fiscal general del Estado actúe sometido exclusivamente a los principios de legalidad e imparcialidad. La creación ex novo de las causas de abstención del fiscal
general, además de tener difícil encaje en la técnica seguida para configurar la organización y funcionamiento de las instituciones básicas en el Estado de derecho, no refuerza las garantías de legalidad e imparcialidad ya contenidas en el vigente
Estatuto del ministerio fiscal y, además, la modificación que se propone al atribuir facultades decisorias al Consejo Fiscal desnaturaliza su configuración como órgano de asistencia al fiscal general. También el artículo 124 de nuestra Constitución
establece los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica en todos los casos, pues la Constitución contiene la atribución general sin efectuar ningún tipo de diferenciación y es inherente a ellos que exista una única persona en la
que culmine la pirámide de dicha unidad y dependencia, que no puede ser otra que el fiscal general del Estado. La atribución de dicha función a otras posibles instancias supondría una evidente quiebra de los mencionados principios constitucionales.
Por otro lado, y con el mismo valor que estos, también cita la Constitución los principios de legalidad e imparcialidad, y es precisamente el juego conjunto de todos ellos el que garantiza el adecuado cumplimiento por parte del ministerio fiscal de
todas y cada una de las funciones que le atribuye el propio artículo 124 de la Constitución.
También cabría añadir que la iniciativa presentada contiene una contradicción en sí misma, pues tras afirmar en la exposición de motivos que no cabe confundir la ausencia de independencia en el seno del ministerio fiscal con la actuación
imparcial que a todo funcionario corresponde y que implica que el fiscal debe actuar objetivamente y con sujeción a la ley, se presupone una ausencia de imparcialidad y objetividad en la actuación del fiscal general del Estado, lo cual en absoluto
resulta justificado y difícilmente puede tener encaje en la norma reguladora de la propia institución, porque el ministerio fiscal, señoras y señores diputados, es un defensor de la ley, de toda la ley, y el artículo 124 de la Constitución española
prevé la sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad. Por ese el principio de legalidad, el ministerio fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico
vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. El ministerio fiscal actuará con plena objetividad e
independencia en defensa de los intereses que le están encomendados y el fiscal general del Estado ha actuado, actúa y seguirá actuando de manera imparcial e independiente, como ha puesto de manifiesto desde el principio de su nombramiento.
Termino agradeciendo el tono de determinados grupos que han intervenido haciendo sugerencias importantes, independientemente de que no coincidamos con algunas de las calificaciones que han hecho o en el apoyo a esta propuesta, que me parece
que está totalmente fuera de lugar, porque, si entre los compromisos del pacto de Estado por la reforma de la justicia se encuentra en lugar destacado -en el punto 9, como ha dicho la diputada del Partido Nacionalista Vasco- la revisión del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, que se proyectará, según el tenor literal del acuerdo, en sus planos estructural, funcional y personal, no tiene ningún
sentido traer esto ahora. El camino a seguir, en opinión de mi grupo, está en la línea que ha marcado de una manera elegante el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Silva. Por estas razones, vamos a votar en contra.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bueso. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
orgánico del ministerio fiscal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA DAR CONTINUIDAD A LAS INICIATIVAS TOMADAS POR LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL PROGRAMA GALILEO Y APOYO A LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL SECTOR QUE OPTA A LA PARTICIPACIÓN EN DICHO
PROGRAMA. (Número de expediente 162/000482.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN UNA NUEVA GENERACIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (SISTEMA GALILEO) Y DECISIONES INMEDIATAS A ADOPTAR POR EL CONSEJO EUROPEO. (Número de
expediente 162/000452.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GALILEO. (Número de expediente 162/000485.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para dar continuidad a las iniciativas tomadas por la Unión Europea sobre el
programa Galileo y apoyo a la industria española del sector que opta a la participación en dicho programa. Se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de la Unión Europea en
una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema Galileo) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo, así como también con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas para potenciar el desarrollo del programa Galileo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular tiene hoy la satisfacción de presentar ante ustedes esta proposición no de ley en apoyo de la iniciativa Galileo, proyecto de importancia estratégica capital para Europa. Los sistemas de
navegación por satélite son una herramienta de la naciente sociedad de la información en la que la combinación de tecnologías de navegación y comunicaciones, sumada a la disponibilidad y fácil acceso a información de todo tipo, aporta una gran
capacidad de nuevos servicios a los ciudadanos, así como una enorme mejora de la seguridad y calidad de servicios ya existentes.
En poco espacio de tiempo, el sistema GPS se ha incorporado a los usos cotidianos de la sociedad actual. Existen hoy cientos de aplicaciones que abarcan los más diversos campos. La estrategia europea de redes de transporte, el cielo único,
las comunicaciones fijas y móviles, el control del tráfico ferroviario, el desarrollo agrario y pesquero y múltiples otros. Ello ha llevado a que sólo en el período 1998-2003 las tasas de crecimiento para el mercado GPS sean superiores al 25 por
ciento. La importancia de los sistemas de navegación por satélite en términos estratégicos, políticos, económicos, industriales, tecnológicos y sociales, ha movido a diversas instituciones europeas a definir una política propia en este campo, si
bien compatible con el GPS. Galileo es una iniciativa europea para desarrollar un sistema de navegación por satélite que satisfaga las necesidades de la comunidad civil internacional. Es una constelación de satélites que ofrece cobertura mundial y
que ha sido dirigido por la Unión Europea, en estrecha colaboración con la ESA, la Agencia Espacial Europea. La definición del sistema se inició en junio de 1999, estimándose su despliegue inicial en el año 2006, y la entrada en servicio el año
2008. Su desarrollo abrirá las puertas a nuevas oportunidades materializadas en las aplicaciones y servicios que surgirán a su alrededor. Su importancia ha llevado al Consejo Europeo, Parlamento, Comisión, Agencia Espacial Europea y Eurocontrol, a
asegurar con diversas decisiones los intereses
comunitarios, frente al predominio hegemónico de los Estados Unidos en este campo. Tras diversas iniciativas favorables, el Consejo de diciembre de 2001, de presidencia belga, impidió que los fondos, previamente asignados, fuesen liberados,
dadas ciertas dudas sobre la viabilidad del proyecto. La presidencia española ha venido trabajando desde el 1 de enero de 2002 en solucionar y desbloquear este y otros problemas, y el Consejo de Barcelona, entre otros logros, ha supuesto un impulso
definitivo a este programa, fundamental para la autonomía y capacidad de competencia europea. Todo ello se concretó el pasado 26 de marzo en el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros de Transportes, de tal forma que podemos decir, sin
atisbo de ampulosidad, que el proyecto Galileo marcará para siempre el semestre presidencial español.
Hemos hablado de la independencia y de la soberanía europea, pero es imprescindible hablar de su importancia para la industria comunitaria.
Refiriéndonos a España, la firma celebrada el pasado 18 de marzo, por la que el grupo español
Galileo, Sistemas y Servicios, tomaba una participación del 14 por ciento en el conglomerado europeo Galileo Industries, es un paso cualitativo de tremenda importancia para el posicionamiento de las industrias españolas de cara al futuro desarrollo
del programa. El apoyo de la Administración ha posibilitado que el sector espacial español se incorpore al selecto club de los principales contratistas industriales de Europa, Galileo Industries. La formación de un consorcio español, Galileo
Sistemas y Servicios, ha permitido crear la masa crítica necesaria para negociar con éxito con Galileo Industries, la ESA y la Unión Europea, lo que permitirá a España asumir una responsabilidad sustancial en el desarrollo del proyecto. Las
empresas españolas podrán influir en el mismo desde el primer nivel. Asimismo, Galileo Sistemas y Servicios ha asumido el compromiso de movilizar la participación de otras empresas españolas dentro y fuera del sector espacial. Nuestras empresas
podrán identificar y conseguir actividades de interés tecnológico y con potencial recurrente, es decir, producción de equipos en serie o mantenimiento y actualización de sistemas; podrán aspirar a tareas de alta responsabilidad y valor añadido,
aprovechando así al máximo los flujos económicos posteriores a la inversión pública.
Esta proposición no de ley, junto con la de los grupos de Convergència i Unió y Socialista, supone el apoyo del Parlamento al programa Galileo y el reconocimiento del Congreso de los Diputados a su importancia para España y para su industria
espacial, y también a la labor que en este sentido están realizando tanto la Administración española como la industria española. El Grupo Parlamentario Socialista y Convergència i Unió han presentado iniciativas semejantes a las nuestras en apoyo
del programa Galileo. Ambas han visto cumplidos con creces en la actualidad los deseos que expresaban en posteriores acontecimientos, y si bien la iniciativa de nuestro grupo es la única adaptada al momento y al estado actual de la cuestión, dado
que el objetivo de todas es el mismo, creo que no será difícil el voto a una enmienda de modificación, que en este momento quiero anunciar que vamos a cambiar por una enmienda transaccional, que en principio hemos introducido como simple mejora
técnica del texto y como punto de encuentro, en definitiva, de todos los grupos proponentes. Por tanto, aceptamos como transaccional la citada enmienda tras conversaciones con los grupos proponentes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Alba.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema Galileo) y decisiones inmediatas a
adoptar por el Consejo de Europa, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el 4 de marzo pasado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Registro del Congreso de los Diputados la proposición no de ley que integra el orden del día de la sesión plenaria
de hoy, relativa a la participación de la Unión Europea en una nueva generación de servicios de navegación por satélite (sistema Galileo) y decisiones inmediatas a adoptar por el Consejo Europeo. Con esta proposición no de ley pretendíamos que en
el Pleno del Congreso de los Diputados se produjese un debate sobre este incipiente sistema europeo de localización por satélite en fechas anteriores a la celebración del Consejo europeo de Barcelona, que se tenía previsto celebrar, tal como
ocurrió, los días 14 y 15 de marzo. Por ello, hicimos las siguientes propuestas de resolución que leemos textualmente: Instar al Gobierno para que adopte, en el ejercicio de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, todas las medidas que
sean necesarias de cara a conseguir un acuerdo político firme en el próximo Consejo europeo de Barcelona, sobre la continuidad y el impulso del programa europeo de navegación por satélite Galileo. La aprobación por el Consejo de Transportes y
Telecomunicaciones de la puesta en marcha de su fase de desarrollo y de las decisiones necesarias para su financiación.
La aprobación de los estatutos de la empresa común encargada de llevar a cabo la fase de desarrollo y de preparar la fase
siguiente del programa, movilizando los fondos públicos y privados necesarios y preparando la instauración de estructuras de gestión de las fases posteriores.
Señorías, razones de diferente índole no permitieron la inclusión de esta iniciativa en las dos sesiones plenarias del Congreso de los Diputados que precedieron a la celebración del Consejo europeo de Barcelona pero, afortunadamente, en
dicho consejo, celebrado los días 14 y 15
de marzo, se adoptó el acuerdo de continuar impulsando con firme decisión política un proyecto que ha estado relativamente bloqueado desde 1998, y el de ordenar al Consejo de Ministros de Transportes que se celebraría con posterioridad la
adopción del acuerdo de liberación de los fondos necesarios para la fase de desarrollo y la posterior aprobación del reglamento por el que se constituye la empresa común. En el Grupo Parlamentario Socialista nos felicitamos por los resultados de la
cumbre de Barcelona en este aspecto y por los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Transportes. Podemos decir, señorías -y permítanme que lo diga con cierto contenido metafórico-, que la famosa frase que pronunció Galileo -'y, sin
embargo, se mueve'-, cuando la Inquisición le condenó por insistir y no abjurar de su teoría de la rotación de la tierra, hoy podemos recordarla con cierta simpatía y adoptarla y adaptarla diciendo: Y, a pesar de todas las dificultades, el Galileo
sigue moviéndose y sigue adelante.
Con posterioridad a la cumbre de Barcelona, un mes después de presentada la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular presentó otra proposición no de ley, que acaba de ser defendida por el diputado señor
Gómez-Alba y, con posterioridad también, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó otra iniciativa parlamentaria. Nuestro grupo se identifica con los contenidos del Consejo de Transportes y Telecomunicaciones de los días 25 y 26
de marzo. Allí se llegó a una serie de conclusiones referidas en particular al acuerdo político alcanzado para destinar 450 millones de euros del presupuesto comunitario a la financiación de la fase de desarrollo del proyecto. En ese contexto, el
Consejo logró un acuerdo político muy importante sobre el proyecto de reglamento relativo a la constitución de la empresa común Galileo, con base en Bruselas, que se encargará de administrar la fase de desarrollo del Galileo, de la que una vez
ultimado el texto desde el punto de vista técnico, el reglamento se adoptará formalmente, sin debate, en una próxima sesión del Consejo. A los 450 millones de euros aprobados por el Consejo, que deberán liberarse con arreglo a los procedimientos en
vigor relativos a las redes transeuropeas del transporte, se añaden los 550 millones de euros ya comprometidos en el presupuesto comunitario, y los 550 millones de euros aprobados por la Agencia Espacial Europea para la financiación de la fase de
desarrollo del Galileo. Asimismo, se ha permitido la participación de empresas privadas en su capital accionarial, previo cumplimiento de una serie de condiciones estrictas, y una vez finalizado el procedimiento de licitación lanzado por la empresa
común.
El Galileo contempla la creación de un sistema europeo de navegación por satélite y la prestación de servicios homogéneos, incluso para las latitudes septentrionales, por medio de satélites en órbita media. El programa comprende cuatro
fases diferenciadas: la fase de concepción, concluida a finales de 2000; la de desarrollo, que se extenderá hasta 2005; la de despliegue, hasta 2007, y la de explotación, que comenzará en 2008, cuando entre a funcionar. En este punto nos parece
razonable felicitarnos por lo que se está debatiendo hoy en esta Cámara, que por primera vez en la presente legislatura analicemos en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas el significado del proyecto Galileo como
parte de un sistema global de navegación por satélite que, definido e impulsado conjuntamente por la Comisión Europea y por la Agencia Espacial Europea, comienza en efecto a configurarse plenamente. Debemos recordar a SS.SS. que el sistema global
de navegación por satélite implica consideraciones de muy diferente índole: de orden estratégico, político, económico, industrial, de empleo, de seguridad y de defensa para la Unión Europea. Las razones estratégicas que fundamentan el proyecto
constituyen esencialmente la necesidad de la participación singular europea en el conocido por unos como sistema global de navegación y posicionamiento por satélite, y por otros como sistema mundial de navegación y posicionamiento por satélite; con
las siglas conocidas por quienes trabajamos en políticas del transporte como GNSS.
La razón comercial, señorías -dejando atrás la razón estratégica que acabo de exponer-, se fundamenta esencialmente en el hecho de que el Galileo es un proyecto que ha sido concebido como un sistema civil, como un sistema diseñado desde el
principio para integrar toda una serie de aplicaciones en el ámbito comercial y en el sector público. Señorías, los sistemas GPS y Glonass que ya van quedando atrás -son los dos que están actualmente en vigor, uno de origen norteamericano y otro
soviético- tienen diversas aplicaciones civiles, aunque los respectivos poderes públicos no obtienen ningún ingreso derivado de las mismas. El GPS ofrece un servicio básico, a través de la señal del espacio, abierto a todos los usuarios y a los
proveedores que ofrecen toda una serie de servicios que van desde el posicionamiento básico desde un terminal de telefonía móvil hasta otros con valor añadido más complejo que requieren de una infraestructura terrestre que proporcione amplificación
local. Galileo, sin embargo, a diferencia de estos dos sistemas, el GPS y el Glonass, se convertirá en un negocio independiente y viable que generará un considerable flujo de ingresos derivados de las aplicaciones múltiples del mismo, haciendo
posible, pues, la financiación de parte del coste de la infraestructura por parte de la iniciativa privada.
Señorías, para aproximarnos a la importancia de este sistema debemos decir que se trata de un sistema global de navegación por satélite muy similar al GPS norteamericano, que consistirá en una constelación formada por 30 satélites de nueva
generación -27 operativos y 3 en reserva- más seis más que el GPS en consecuencia; de tres órbitas circulares en torno a la tierra de unos 23.600 kilómetros que durante las 24 horas lanzarán,
con independencia de las condiciones climáticas, una señal de radio codificada constante que será recogida y analizada por los receptores en tierra. Señorías, de esta forma el usuario conocerá en tiempo real su posición exacta en el planeta
expresada en latitud, longitud y altura con margen de error del orden de los cuatro o cinco metros. Los usos del Galileo serán múltiples. Por ejemplo, permítanme que les diga, coloquialmente, que en el transporte va a posibilitar la localización
de vehículos robados incluso si están en recintos cerrados, como garajes; va a buscar itinerarios más convenientes; localizar itinerarios menos congestionados; controlar la velocidad; dirigir a los conductores con mayor precisión desde un centro
de control; seguir el recorrido de las mercancías que transportan los camiones y mejorar los servicios puerta a puerta de mensajería. El conductor que lleve incorporado en su vehículo un receptor Galileo podrá recibir de un modo continuo
información muy variada y útil sobre el tráfico y servicios en ruta e incluso, en caso de accidente o de avería, el sistema podrá avisar al servicio de asistencia en carretera y a las compañías vinculadas a los transportes. El sistema Galileo,
señorías, servirá para el suministro de información geográfica precisa para prospecciones petrolíferas, para llevar a cabo misiones de rescate en la mar y en la montaña de aquellas personas que se encuentren en peligro, para la lucha contra la
contaminación marina, incendios en los bosques, seguimiento de los glaciares y, en suma, señorías, para todas aquellas actividades vinculadas a la lucha medioambiental y a la predicción de catástrofes naturales. La utilidad en el transporte aéreo
está fuera de toda duda dado que permitirá una gestión más eficaz del espacio aéreo, ahorrar combustible en las aeronaves, reducir los tiempos de espera de los aviones, así como mejorar las condiciones de seguridad en la navegación aérea con nuevas
aplicaciones que permitirán mejoras en el seguimiento de las aeronaves en ruta. Va a permitir avanzar en la consecución de ese bien necesario que en Europa se ha venido denominando cielo único y que es un desiderátum no conseguido aún que surgirá
de la unificación de los más de 40 sistemas diferentes de control del espacio aéreo en Europa.
Señorías, las innumerables aplicaciones en el sector de las telecomunicaciones, de la medicina, de la generación y distribución de la energía eléctrica o del comercio electrónico en todos sus componentes, financiero, netamente comercial o de
paquetería nos orienta en avances de modernidad notables. Son múltiples las aplicaciones y múltiples los papeles que van a jugar los diferentes sectores industriales. Señorías, nosotros tenemos que felicitarnos también de un acuerdo impulsado por
dos ministerios españoles: el de Fomento, responsable en materia de transporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, impulsando y vertebrando la participación de una amplia estructura industrial española en Galileo, Servicios y Sistemas, como ha
expuesto el diputado Gómez-Alba con anterioridad. En suma, señorías, ningún Estado estará obligado a aportar directamente dinero público de sus presupuestos nacionales, será dinero procedente de la Agencia Espacial Europea, de las instituciones
comunitarias y del sector privado. Va a dar un impulso importante a la industria española y nosotros reiteramos desde esta tribuna la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista con los avances y el desbloqueo político conseguido, y le queremos
manifestar al Gobierno el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista al que pertenezco para tantas y tantas medidas que habrá que ir impulsando para vertebrar y seguir el camino trazado por el Consejo europeo celebrado en Barcelona.
Termino, señora presidenta, indicando que, naturalmente, votaremos a favor de la enmienda transaccional que, fruto de los acuerdos de los tres grupos parlamentarios proponentes -tal como ha expuesto el interviniente del Grupo Parlamentario
Popular-, se ha presentado. En consecuencia, votaremos favorablemente, lo apoyaremos, pero haremos un análisis crítico en el futuro de todas las decisiones que han de tomarse al respecto.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a estas alturas, después de la intervención de los dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez-Alba, y del señor Segura, por el Grupo Parlamentario Socialista, quizá poca cosa quepa ya señalar respecto del programa
Galileo. Ciertamente, nos tenemos que felicitar, en primer lugar, de que este Pleno posiblemente reciba, casi por primera vez, un debate sobre algo tan importante como es la estrategia espacial europea, como es la Agencia Espacial Europea, y más
concretamente sobre el proyecto Galileo. Se ha señalado ya que supone en última instancia, desde una perspectiva estratégica, política y también en materia de defensa, ganar autonomía y soberanía en cuanto al acceso al espacio. Ciertamente Europa
lo ha intentado hacer a través de los satélites de uso civil, a través del programa Ariane, que ha permitido que aproximadamente la mitad del mercado de lanzamiento de satélites de uso civil sea un mercado europeo, sea el mercado de Ariane. No
entramos en otro caso cuando se trata de utilización militar. Pero lo que esto va a permitir es ganar esa autonomía en cuanto a los sistemas de radionavegación y localización por satélite, partiendo de la base, como se ha señalado anteriormente por
los intervinientes, que los dos sistemas actualmente en funcionamiento
son el GPS americano o el Glonass ruso, que están bajo mando militar y que, por tanto, pueden determinar, en función de las estrategias militares de estos países, en momentos determinados dejar estos sistemas fuera de funcionamiento o bien
degradar las señales.
Se ha señalado también cuáles serán las ventajas que desde el punto de vista económico y social va a reportar precisamente el desarrollo del proyecto del programa Galileo. Ciertamente se ha hecho referencia a su incidencia en el sistema de
transportes, en los aspectos logísticos, pero también quiero poner de manifiesto ante SS.SS. la importancia que tendrá para la telemedicina, para el tratamiento de los pacientes a distancia, incluso para la justicia, para el seguimiento de reos,
porque nuestro Código Penal no deja de tener medidas, por ejemplo, de alejamiento en supuestos de agresiones, la denominada violencia de género, violencia doméstica y ciertamente el desarrollo del proyecto Galileo serviría también para controlar ese
alejamiento o para efectuar el seguimiento de reos; para la agricultura, para todos los mecanismos de observación de la tierra, para el medio ambiente en su conjunto y ciertamente esas mejoras en materia de transportes que señalaba el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, así como también la incidencia en materia de agricultura, determinación de los suelos y de los abonos o productos químicos que éstos necesitan, se entiende que va a generar una mejora, sin lugar a dudas, del medio
ambiente. Por tanto, estamos hablando de aspectos muy diversos.
La comunicación que presentó la Comisión el 10 de febrero de 1999, precisamente impulsando este programa autónomo de radionavegación por satélite, puede considerarse uno de los primeros pasos que nos han permitido llegar hasta el día de hoy.
Sin lugar a dudas, uno de los problemas fundamentales -por lo que ha sido un proyecto que en algún momento más que bloqueado ha parecido que estaba prácticamente condenado al fracaso- fue las grandes expectativas que se pusieron en la financiación
privada. Como también han señalado los portavoces, el señor Gómez-Alba y el señor Segura, se espera una explotación y unos rendimientos importantes por parte de la iniciativa privada. Sin embargo, a medida que se iba definiendo el proyecto, lo que
ha resultado es que estas ventajas económicas, esta posibilidad de usos comerciales mucho más amplios que los sistemas actualmente vigentes, no dejaban de entrañar también un riesgo importante para esa iniciativa privada. Precisamente ha habido que
reformular el programa asumiendo en las primeras fases, en la de desarrollo y despliegue, una gran iniciativa pública, iniciativa pública que va a tener lugar precisamente gracias a la empresa común que se ha acordado constituir a través del Consejo
de Transportes el 26 de marzo de este año, siguiendo los acuerdos adoptados en el Consejo de Barcelona. Esa empresa común no podía configurarse como una agencia europea porque la Agencia Espacial Europea, la ESA, no es una agencia de la Unión
Europea, ya que participan en ella países que no son de la Unión Europea, deriva de un tratado autónomo y tiene además un sistema de financiación y de retornos diferente a los propios de la Unión Europea, de la misma manera que abrir un hueco a la
iniciativa privada también impedía su configuración como una agencia europea. Al final el planteamiento de empresa común lo que va a permitir es que participen en ella la Agencia Espacial Europea, la ESA, que participe la Unión Europea, el Banco
Europeo de Inversiones así como la iniciativa privada a través de las entidades que aquí han sido citadas de Galileo Industries, y también tendrá un 14 por ciento de Galileo Industries Galileo Sistemas y Servicios, que está constituida por buena
parte de nuestra mejor industria en esta materia.
Tengo que señalar que en la fase de desarrollo y de despliegue la financiación se reparte paritariamente entre la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea y en la parte de la Agencia Espacial Europea también es muy importante la
contribución española; a través del CDTI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene una participación del 11 por ciento que cabe pensar también que dé lugar a un retorno en un porcentaje muy similar y que supone un esfuerzo que mejora el ya
habitual que el CDTI realiza en cuanto a la Agencia Espacial Europea. Por tanto, cabe felicitarnos, como han hecho los dos portavoces que me han precedido, por la apuesta importante que se efectúa desde las administraciones públicas, tanto a través
de la ESA como a través de la Unión Europea, impulsando también el desarrollo de un sistema industrial que a través de los retornos que han ido viniendo de la Agencia Espacial Europea se ha ido consolidando en España.
Quiero señalar, como también se ha indicado, que es un programa civil que se encuentra bajo control civil y que en última instancia constituye la tercera gran aventura industrial de la Unión Europea. Después del Airbus, con las derivaciones
militares del Eurofighter o del Tifoon, después del Ariane, ciertamente Galileo es la tercera gran aventura industrial europea y es un sistema a través del cual se va construyendo Europa, potenciando también nuestra capacidad de competencia y
nuestra propia industria. En esta fase de desarrollo y despliegue el presupuesto es de 3.300 millones de euros y sin embargo cabe contar que los beneficios para la industria, tanto directos como indirectos, así como sociales y económicos, serán
tremendamente importantes. De ahí que nos debamos felicitar por esa opción que se atribuye ciertamente a la industria española, una industria que a través de los retornos de la ESA ya había venido desarrollándose y consolidándose, a la que cabe
felicitar a través del CDTI, por poder contar en estos momentos con un complejo industrial en nuestro país a través de EAT-CASA, de Indra Espacio, de GMV, de la propia entidad pública empresarial AENA,
de Hispasat, de Alcatel Espacio, de Sener, de otras pequeñas empresas como Crisa, Rimsa, GTD, Iberespacio, etcétera, que esperamos sean capaces de poder licitar y concurrir eficazmente al desarrollo de todos estos sistemas y a la prestación
de estos servicios. De ahí que debamos mostrar en cualquier caso nuestra satisfacción y manifestar que Convergència i Unió comparte el punto de vista del portavoz del Grupo Parlamentario Popular y del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Entendemos que el Gobierno debe ser capaz de apoyar y promocionar a las empresas que participen en el programa Galileo, no sólo para colaborar en esta empresa, sino también para crear un tejido industrial del sector.
Hemos de tener en
cuenta que en materia espacial lo que se pone en marcha es una gran tecnología de doble uso y, por tanto, aquellas iniciativas, aquellas invenciones y aplicaciones que surgen de la industria aeroespacial en materia de nuevos materiales, de
aislantes, etcétera, acaba beneficiando a la industria en su conjunto.
Junto con representantes del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió asiste regularmente a las reuniones semestrales de la Conferencia interparlamentaria de asuntos del espacio, en cuya última
reunión, celebrada en Bruselas -en aquel caso con la representación del diputado del Grupo Parlamentario Catalán señor Jané-, se pudo contribuir a este impulso decisivo. En consecuencia, votaremos a favor de la enmienda transaccional que se nos ha
ofrecido por parte del Grupo Parlamentario Popular, que recoge y actualiza las posiciones expresadas por los demás grupos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar las proposiciones no de ley planteadas por los grupos Popular, Socialista y Convergència i Unió, que se han quedado todas ellas en una transaccional que presentó el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, entre otras cosas, porque desde un principio nuestro grupo parlamentario y nuestra organización han creído que el sistema Galileo se trataba de un programa civil, para nosotros muy importante, que también
está sometido a un control civil y que va a proporcionar una mayor independencia europea frente al GPS norteamericano y al Glonas ruso; además impulsará el desarrollo científico y tecnológico de la Unión Europea con un impacto positivo en términos
económicos, comerciales, industriales y de empleo, y dará un fuerte impulso a los suministradores de servicios. Este es uno de los aspectos que tiene el programa. La aprobación del programa Galileo da a la Unión Europea una independencia en
tecnología que antes estaba subordinada al monopolio del GPS estadounidense. Lo que ha hecho la Unión Europea al poner en marcha este programa ha sido precisamente resistir a estas presiones por parte de Estados Unidos para mantener su monopolio.
Nos gustaría, no sólo en este tema sino en otros como en política exterior, que esa resistencia también se diera desde la Unión Europea y tener así una posición totalmente independiente que nos permitiera ser líderes en algunos aspectos de esta
cuestión.
El desbloqueo de la primera partida presupuestaria por parte del Consejo de Ministros de Transportes del pasado día 26 es una feliz noticia que pone en marcha el programa y que va a permitir que la Unión Europea pueda llevar a cabo ese
proyecto industrial, que es bastante ambicioso, que puede generar más de 100.000 empleos, además de una alta cualificación profesional, y puede tener una rentabilidad económica importante que permite a la Unión Europea conservar, en un aspecto tan
importante como es el del control de este tipo de sistemas, su autonomía, su soberanía y, sobre todo, el desarrollo de su capacidad tecnológica.
El programa Galileo es un programa mucho más preciso, fiable y seguro que el GPS utilizado hasta ahora y representa para nuestro país y para la Unión Europea una baza importante en términos tecnológicos, como ha ocurrido en otros sectores en
los que ha sido una punta de lanza que ha permitido una independencia y un mejor despliegue y desarrollo tecnológico en la Unión Europea. Nos parece más importante el interés que puede suscitar la utilidad social del programa Galileo en la vida
cotidiana de la ciudadanía. Creemos que el Gobierno español debe de dar el mayor impulso o, si quieren ustedes, priorizar los aspectos del programa Galileo que pueden conducir a una mejora de la seguridad del transporte, a la eficacia del
transporte multimodal y de la movilidad sostenible, a la reducción de la duración de los trayectos, del consumo de combustible y de las emisiones de sustancias contaminantes.
Consideramos que España debe potenciar también las aplicaciones del
programa Galileo para conseguir una mayor eficacia de los servicios de emergencia, búsqueda y salvamento, tanto en tierra como en el mar o en la montaña. Pensamos que éste es un aspecto crucial a la hora de aplicar el programa Galileo. Asimismo,
como se ha dicho anteriormente, es importante este sistema para proteger tanto el medio ambiente como -y no podría ser de otra manera- la vida de los ciudadanos. Estos aspectos son los que, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, el
Gobierno debería impulsar de una manera mucho más decidida y de una forma prioritaria.
Señorías, también creemos que es un proyecto del que debe beneficiarse la mayoría de la sociedad española.
Es importante que hasta el año 2005 la cobertura financiera se vaya a dar por parte de la Unión Europea, pero también mantenemos que hay que programar en futuro y que a partir del año 2006 será necesario el fomento de la inversión privada.
Creemos que hay que crear las condiciones para que esta participación sea clara y decidida y se pueda fomentar el despliegue del programa Galileo a partir del año 2006. Para que esto se produzca la gestión de este programa debe ser transparente,
debe poderse someter a control tanto en la dimensión europea como en la propia dimensión española. Si algo tiene interés para todas las empresas, aparte de los avances tecnológicos, es que la gestión de los recursos económicos para los diferentes
programas de investigación y desarrollo que se puedan plantear sea transparente y que esté sometida a control.
También pensamos que para que esa información y ese desarrollo tecnológico llegue a toda la sociedad no solamente es necesaria, y además digna de felicitación, la participación de grandes empresas como puedan ser AENA o CASA, o de grandes
empresas privadas, con la creación del consorcio español Galileo, sistemas y servicios, sino que también es necesario facilitar la información y la participación de las pequeñas y medianas empresas en la financiación, en el desarrollo y en el acceso
a la información del programa Galileo. Es importante que el Gobierno español no pierda el tiempo o que lo pueda recuperar, porque en la Unión Europea ya existen países, como Francia, Bélgica y Holanda, que cuentan con sedes logísticas para el
programa Galileo que facilitan el acceso a la información de los programas o del desarrollo de la investigación. Nos gustaría conocer -y quizá sea una pregunta que haya que hacer al Gobierno- cuántas han sido las empresas españolas, las entidades
públicas o privadas, que han podido acceder a la convocatoria de manifestación de interés por parte de la comunidad científica europea, que publicó la Comisión el pasado 20 de marzo, y que desde luego tiene que ver de forma prioritaria con el
programa Galileo. Creemos que es necesario que haya un punto de información para que todo el mundo pueda acceder a ella, que sea gestionado desde los intereses públicos y que permita el acceso a toda la sociedad, ya sean universidades o pequeñas y
medianas empresas, que son siempre las que tienen más dificultad a la hora de poder acceder a determinada información.
Señorías, como decía al principio, mi grupo parlamentario va a apoyar estas iniciativas y va a apoyar la enmienda transaccional que de ellas ha surgido, deseando que este programa se pueda llevar a cabo lo más rápidamente posible y que esa
previsión de mejoras para la sociedad sea fácilmente accesible a toda la ciudadanía y suponga realmente lo que debe de suponer para el desarrollo tecnológico no solamente de la Unión Europea, sino también, y desde luego de manera preferente, del
Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
De la intervención de los grupos proponentes esta presidencia entiende que hay acuerdo para someter a votación única y exclusivamente el texto de la enmienda transaccional en sustitución de los tres textos originales presentados por los
grupos proponentes. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Sometemos a votación la enmienda transaccional en los términos que ha sido aceptada y asumida por los grupos que han presentado las tres iniciativas sobre el programa Galileo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 273.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE TRANSFERENCIAS DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente 162/000465.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE TRANSFERENCIAS DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO DEL INEM A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente 162/000467.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (Número de expediente 162/000468.)
La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley que se debatirán asimismo conjuntamente. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre transferencias de las políticas activas de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por último, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor
Núñez), sobre transferencia de competencias en las políticas activas de empleo.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de la nación a hacer efectiva de forma inmediata las transferencias de las políticas activas de empleo a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Resulta cuando menos intolerable que seis años después de que la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía solicitase al Gobierno de la nación el inicio de la negociación sobre dichas transferencias éstas
sigan sin transferirse, más aún cuando ya están transferidas a 13 comunidades autónomas, siendo la andaluza la única comunidad del artículo 151 que aún no dispone de ellas. Ante ello tenemos que hacernos una pregunta obligada: ¿por qué el Gobierno
del señor Aznar no trata a Andalucía igual que al resto de las comunidades que ya tienen transferidas las políticas de empleo? ¿Por qué el Gobierno de la nación ha incumplido de forma sistemática sus promesas de traspasarlas y han ido retrasando la
fecha continuamente?
Tenemos una auténtica hemeroteca de promesas incumplidas desde el año 1997, fecha en que el señor Arenas Bocanegra aseguraba que Andalucía y Valencia serían las comunidades que seguirían a Cataluña y a Galicia en el traspaso del INEM. El
pasado 13 de junio del año 2000 el ministro Posada, en respuesta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, aseguraba que su intención era que a finales del año 2000 pudiese estar completado ese traspaso para que el 1 de enero de 2001 la
Junta de Andalucía pudiese empezar a tener estas competencias. Estamos en mayo de 2002 y aún siguen sin transferirse, y por los resultados de la comisión técnica, que se celebró el pasado día 23 de abril, parece ser que están dispuestos a seguir
dilatando en el tiempo algo que nos corresponde en derecho y que ya tienen el resto de las comunidades históricas de nuestro país.
Desde 1996 hasta el año 2001 se han sucedido numerosas reuniones entre responsables del INEM y del Ministerio de Trabajo con representantes de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía en las que se han ido delimitando los contenidos
técnicos y resolviendo los desacuerdos que se presentaban para hacer efectivas esas transferencias. De hecho, el día 1 de marzo del año pasado, según informó el consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, dando su palabra de honor en el Pleno
del Parlamento de la Junta, se cerró un acuerdo entre representantes de la Junta, la directora del INEM y el secretario general de Empleo; acuerdo que, según las palabras del consejero -y repito, dio su palabra de honor de que ese acuerdo era
cierto en el Parlamento de Andalucía-, se cerró como lo cierran los caballeros en este país, con un apretón de manos. Pero a los dos días el señor Aparicio -continuando con la trayectoria que ha demostrado el Gobierno del señor Aznar desde 1997
respecto a este tema- dijo que no había existido tal acuerdo y que seguían existiendo flecos que había que negociar. Señorías, no existe ni una sola razón técnica, jurídica o económica que justifique un día más de retraso la firma de un acuerdo
sobre esta materia. No hay razón alguna que impida el traspaso de estos recursos. No se puede seguir justificando lo injustificable. El proceso de negociación está cerrado, se cerró el día 1 de marzo, y sólo la existencia o la intervención de una
mano negra o de una boca negra explica que se esté impidiendo el traspaso de estas transferencias.
Les voy a decir, señorías, con datos del Ministerio de Trabajo, por qué se niegan ustedes a transferir las políticas activas de empleo a Andalucía.
Lo hacen porque quieren seguir repartiendo los recursos de forma clientelista para tratar de
conseguir con ello rentabilidad electoral. Si comparamos los centros existentes en municipios gobernados por el Partido Popular y los gobernados por el Partido Socialista, podemos comprobar que en Andalucía existen 147 municipios gobernados por el
Partido Popular y que existen 144 centros en ellos, entre escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, es decir, prácticamente uno por municipio que gobierna el Partido Popular. Sin embargo, en los 465 municipios gobernados por el Partido
Socialista existen 204 centros, es decir, un centro por cada 2,20 municipios. Si comparamos el número de habitantes -por aquello de que algún portavoz del Grupo Popular puede decir que hay unos municipios más pequeños y otros más grandes- que están
gobernados por una u otra fuerza política con el número de centros existentes, vemos que en el total de los municipios gobernados por el Partido Popular hay un centro por cada 10.994 habitantes, mientras que en los gobernados por el PSOE hay uno por
cada 19.058 habitantes. Repito, señorías, que estoy dando datos oficiales del Ministerio de Trabajo recibidos en contestación a diversas preguntas escritas dirigidas al Gobierno. Nosotros les invitamos a comparar esta situación de diciembre de
2001 con la de diciembre de 1995, cuando gobernaba el Partido Socialista en España.
Entonces no existía tal clientelismo, había un reparto más justo y más solidario. Este clientelismo, señorías, es escandaloso y si lo examinamos por provincias lo
es aún más. Les pondré algunos ejemplos. Almería: el Partido Popular gobierna en 33 municipios sobre un total de 158.816 habitantes. Tiene 16 centros, es decir, un centro por cada 9.926 habitantes. El Partido Socialista gobierna en 57
municipios sobre un total de 313.281 habitantes. Tiene ocho centros, lo que supone un centro por cada 39.160 habitantes. El Partido Popular, un centro por cada 9.900 habitantes; el Partido Socialista, un centro por cada 39.000 habitantes.
Granada: el Partido Popular gobierna en 48 municipios sobre un total de 87.000 habitantes y tiene 22 centros, es decir, un centro por cada 3.900 habitantes. El Partido Socialista gobierna en 91 centros sobre 642.711 habitantes y tiene 43 centros,
14.947 habitantes por centro. Creo, señorías, que ustedes no ganan en Andalucía porque creen que los votos se compran. Se olvidan de que los
votos se dan por convencimiento, y les voy a poner otro ejemplo más ilustrativo aún, Sevilla. En Sevilla el Partido Popular, que gobierna en 10 municipios sobre 69.000 habitantes, dispone de 24 centros, uno por cada 2.887 habitantes. El
Partido Socialista gobierna en 66 municipios sobre un total de 1.385.248 habitantes y tiene 50 centros; le corresponde uno a cada 27.705 habitantes. Señorías, en Sevilla está su secretario general, el señor Arenas, y creo que es una viva muestra
de que allí no se compran votos. Aquí hacen una compra escandalosa y el señor Arenas sufre derrota tras derrota en cada contienda electoral. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Señorías, es que este Gobierno no hace sólo clientelismo con los recursos; es que este Gobierno ha transferido también el INEM de forma clientelista, sin criterio racional alguno. Empezó transfiriéndolo a Cataluña en 1997 como consecuencia
del pacto con Convergència i Unió en la anterior legislatura, cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad, y siguió con Galicia, Valencia, Canarias, Navarra, Madrid, etcétera, comunidades todas de un determinado y homogéneo signo político. Estamos
convencidos de que si el Gobierno de la Junta de Andalucía fuese de otro color, hoy no estaríamos debatiendo aquí esta iniciativa. Yo no le voy a pedir al presidente del Gobierno que hable andaluz ni en público ni en privado; lo que le exijo como
andaluz es que deje de maltratar, marginar y discriminar a una tierra y a unas gentes cuyo orgullo está muy por encima de su mezquindad. Lo que le exigen al señor Aznar el pueblo andaluz, el Gobierno andaluz, el Parlamento andaluz, las
instituciones y los agentes económicos y sociales andaluces es que se transfieran los recursos para poder ejercer las competencias que por disposición de la Constitución y del estatuto de autonomía tiene Andalucía respecto a las políticas de empleo,
porque conviene aclarar algo que posiblemente ustedes no entienden.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor González Vigil, S.S.
debe concluir.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señora presidenta.
Las competencias no se transfieren; las competencias se tienen o no se tienen por disposición de la Constitución y de los estatutos de autonomía, y en Andalucía las tenemos. Lo que se transfiere son los recursos. No hacerlo o hacerlo como
lo hace este Gobierno, marcando los tiempos a su conveniencia y otorgándolas como si se tratase de dones sometidos a la ley del vasallaje, es una infamia próxima a la prevaricación política.
Termino, señorías, asegurándoles que igual que cuando ustedes, la derecha de este país, nos negaron nuestra autonomía por ley -a diferencia del resto de las comunidades a las que sí se la dieron por ley- y tuvimos que conquistarla en la
calle, en el campo, en las ciudades y en los pueblos, les aseguro, digo, que, sin duda y aunque les pese a ustedes, vamos a conseguir que ese estatuto que conquistamos se respete en su integridad y por supuesto gestionando los recursos de las
políticas activas de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor González Vigil.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, venimos hoy aquí a intentar interpretar una realidad difícil de asumir. Nosotros no estamos en ninguno de los dos gobiernos, ni en el Gobierno andaluz ni en el Gobierno de la nación, por lo que debe deducirse
que podemos ser mucho más objetivos y mucho más independientes a la hora de razonar. El problema de fondo es que da la impresión de que en función de una lucha partidista aguda que se viene desarrollando en Andalucía durante un largo período, el
Partido Popular no sabe medir la responsabilidad que debe sustentar una política de Estado y una política de gobierno. Este es el problema de fondo y, desde el punto de vista de esa lucha partidista, el Partido Popular intenta dar patadas al PSOE y
consigue dárselas en el culo a los andaluces y a las andaluzas. Este es un problema que se viene reproduciendo en el último periodo y no sólo respecto a la transferencia de las políticas activas de empleo, sino en muchos otros casos, como por
ejemplo respecto a la reforma que se intenta para reducir drásticamente, y en Andalucía de manera doble, la protección al desempleo. Es cierto lo que se ha dicho aquí de que en 1996 se firma un acuerdo en la comisión mixta de transferencias; en
1996. Nosotros ya lo veníamos reclamando antes de esta firma y antes del Gobierno de 1996; de ahí que también podamos hablar con objetividad e independencia suma -dos años antes ya lo habíamos reclamado-, pero el problema de fondo es que a partir
de 1996 se producen y reproducen todo este tipo de instancias, incluso desde el Parlamento andaluz, sin conseguir ningún tipo de respuesta ordenada y responsable, mínimamente congruente con una política de Estado. (La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hace poco aquí el señor Posada, en respuesta al diputado del Partido Andalucista, dijo que no podía transferir las políticas activas de empleo porque había problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Hay que aclarar en qué consisten para que no
sólo nosotros sino también el resto de los diputados no tengamos que ir a Andalucía a decir que una transferencia fundamental, que supone una cantidad aproximada de 57.000 millones
de pesetas, no se transfiere a Andalucía desde la firma del acuerdo de 1996 porque hay problemas, sin más explicación. ¿Cuáles son esos problemas, quiénes tienen que salvarlos, cómo, cuándo, por qué se producen esos problemas y por qué no
se produce una reacción adecuada?
Yo creo -quizá nos estamos adelantando a la votación- que el Partido Popular va a votar a favor de esta proposición de ley. Me da la impresión de que no tiene otra salida porque es una transferencia que ya se ha hecho a todas las
comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución, excepto a Andalucía, cuyo estatuto se conquistó con la gente en la calle, presionando -es una conquista de la gente en la calle, de andaluces y andaluzas-, y también se ha transferido hasta
un total de 13 comunidades autónomas, la mayoría de ellas por lo tanto que responden al artículo 143 de la Constitución. No tiene absolutamente ninguna explicación. Además, política y electoralmente, el Partido Popular se está equivocando de
manera grave. Llegó incluso a pensar el Partido Popular, y así lo propuso a la opinión pública, que se haría la transferencia a través de los ayuntamientos de Andalucía. ¡Gran cráneo privilegiado! -como diría Valle-Inclán- el de quien tuviera la
ocurrencia de tal medida, anticonstitucional, antiestatutaria, antipolítica, inaceptable y que va contra un hecho que no se debe discutir más, que es lo que se está discutiendo en el fondo: el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eso es lo que está
discutiendo el Partido Popular, que no acepta un estatuto de competencia plena ni acepta responder a la dignidad de un pueblo que conquistó dicho estatuto de competencia plena. Ese es el fondo de la cuestión, que dependiendo del Gobierno que esté
en un pueblo, se acepte o no la historia política de ese pueblo y las consecuciones jurídico-políticas, los instrumentos de todo tipo que ese pueblo haya conquistado. ¡No transfieren ustedes al PSOE, señores del PP! ¡Transfieren al pueblo de
Andalucía, que tiene en estos momentos un Gobierno determinado! Eso es lo que ustedes no entienden. Confunden el pueblo de Andalucía con los gobiernos legítimamente constituidos y cuando ese Gobierno no es del color propio -tampoco es del color
propio de Izquierda Unida- no entienden cuál es la responsabilidad del Estado, no la entienden. ¿De qué Estado? Este es otro de los problemas que arrastra políticamente el Partido Popular. ¿Cuál es el Estado que consagra la Constitución? ¿El
Estado centralista? ¿El Estado que puede asumir responsabilidades que no le corresponden, competencias que tiene que transferir y a tiempo? No, es otro Estado, estamos en otro tipo de Estado que también se conquistó en 1978 como punto de llegada
de una gran batalla política, que es el Estado de las autonomías y que también está en el fondo de esa incomprensión que constantemente está demostrando el Partido Popular respecto a Andalucía. Hay una sinrazón. Más de 600 ayuntamientos ya se han
pronunciado a favor de que se produzcan estas transferencias, transferencias que tienen además una razón lógica. Si el estatuto, que es bloque constitucional, ley orgánica, máximo rango jurídico-político, dice que hay que acercar la gobernación al
pueblo y esta competencia es de Andalucía, ¿por qué no se transfiere? Si efectivamente el estatuto nos dice que hay que ir a una mayor cercanía con los demandantes; si el estatuto nos dice que hay que responder a las demandas, de manera mucho más
cercana y con responsabilidad propia, de 650.000 andaluces y andaluzas que están requiriendo empleo, ¿cómo no se nos da esta responsabilidad que hay que asumir con todas las consecuencias que conlleve? ¿Por qué no se da esta responsabilidad a un
estatuto y a una comunidad autónoma porque tiene un Gobierno determinado, en el que nosotros no estamos y al que naturalmente nosotros hacemos oposición? Desde ese punto de vista, el estatuto también dice que hay que desarrollar el servicio andaluz
de salud y que incluso cuando se transfiera el INEM, las políticas activas de empleo que comportarían una especie de INEM andaluz, habría que empezar a cogestionar temas como el plan de empleo rural.
Yo creo, lo digo sinceramente, que el Partido Popular está cometiendo un error político tras otro, con consecuencias de todo tipo respecto a Andalucía. El tema de Cetarsa es un error político también de primera magnitud. Una empresa que se
moderniza, con una inversión de más de 10.000 millones de pesetas, que tiene beneficios y en torno a la cual hay un cultivo específico singular muy especializado de pequeños y medianos agricultores granadinos, de una vega que en gran parte basa su
fisonomía y su estructura económica y financiera en el tabaco, de pronto esa empresa va a cerrar, con promesas que no se pueden tener en pie y que afectan a Granada, y recuerden ustedes la renta per cápita de Granada, que posiblemente es uno de los
últimos territorios, si no el último, en el ranking europeo. Después viene el tema del PER y el subsidio, un error tremendo. Si ya en la legislatura anterior, cuando ustedes tenían mayoría minoritaria, en la subcomisión llegamos a la conclusión de
que no había que cambiar los aspectos fundamentales de la relación subsidio-plan de empleo rural, aunque se cambiara el nombre, como se hizo respecto a una parte de esta estructura, ¿por qué ahora sí se cambia, deprisa y corriendo, frente a todo el
mundo, a nivel sindical, social y ciudadano? ¿Por qué? ¿Por qué ese error? ¿Por qué esa especie de inquina que está funcionando, o por lo menos ese es el sentimiento que se está desarrollando en Andalucía, frente a lo que allí está pasando, en un
territorio que tiene una renta respecto a la europea del 63 por ciento? Todo ello, además, no sólo conlleva una respuesta política sino una respuesta desde el punto de vista de la necesidad económica, de la necesidad laboral de la gente, necesidad
laboral que en el caso de la no transferencia de las políticas activas de empleo se duplica y reduplica.
En definitiva, señorías, estamos hablando de la dignidad de un pueblo que conquista un estatuto, estatuto que contiene una competencia, competencia cuya responsabilidad de gestión tiene que asumir un gobierno territorialmente legitimado por
los votos como es el andaluz, y esto, desde 1996, fecha en que se firma el acuerdo, no lo entiende el Partido Popular. Yo espero el voto positivo porque si no seguirán sumando error político sobre error político y sobre todo, que es lo que más nos
preocupa a nosotros, una injusticia que se viene acumulando respecto al trato que se da a Andalucía desde el Gobierno de la nación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Mixto, para la defensa de la proposición presentada, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, cuántas veces desde esa fecha que ya se ha señalado hoy aquí en la tribuna, 1996, acuerdo de la comisión mixta, considerando transferibles las políticas activas de empleo a Andalucía, cuántas proposiciones, señorías, de los
distintos grupos políticos, aquí y en el Parlamento andaluz, cuántas. Sólo en esta legislatura de este portavoz creo que son ya cinco las intervenciones al respecto, desde esa promesa que me hizo ahí sentado el ministro Posada, cuando dijo que en
diciembre de 2000 estaban y que para enero de 2001 ya estaban transferidas a Andalucía. Cuántos ministros, señorías, desde ese ministro Arenas, que dijo que era cuestión de días; del ministro Pimentel, que creo que pronunció semanas, y del
ministro Posada, que también habló de semanas o meses. Y seguimos en las mismas. ¿Por qué, señorías? Porque realmente los que hoy estamos interviniendo en la tribuna lo hacemos no respecto al fondo, que es indiscutible (dónde están las
competencias en la comunidad andaluza), no sobre problemas técnicos o jurídicos de ese traspaso o transferencia. Técnicamente está recomendado por la Unión Europea, que defiende que esas transferencias estén abajo, en las regiones europeas, en las
comunidades autónomas, y están contempladas en la Constitución española y en el estatuto; luego por problemas jurídicos no es. Además, no hablamos sólo de un problema de fueros, de quién son estas competencias; es que técnicamente está demostrado
que incide sobre la eficacia de las políticas en la corrección del desempleo, en una comunidad como la andaluza que, lamentablemente, está en el equipo líder del desempleo en nuestro país, a gran distancia de la media española y de la media europea.
Es decir, en un territorio que técnicamente está demostrado que necesita ese instrumento para articularlo con el resto de políticas del Gobierno andaluz y para disminuir y acercar esa media a la española y a la europea, seguimos sin transferencias.
No encuentro ninguna explicación que no sea el puro enfrentamiento que aquí se ha señalado, la pura campaña de unos contra otros, que -aviso a navegantes- va tirando piedras al tejado de los andaluces, que son los que pierden la batalla. No sé qué
partido queda más desgastado entre los que se zarandean, pero de lo que estoy convencido es de que quienes más desgastados quedan son los andaluces y de que esto pasa factura. No estamos discutiendo una cuestión de fuero, de quién tiene unas
competencias, sino del instrumento eficaz para acabar con una de las lacras. Ese sectarismo existe, esa utilización partidaria existe y esa sombra de sospecha ya no es una sombra sino una realidad.
Los últimos acontecimientos nos llevan, señorías, a la consideración de esquizofrenia política, donde el grupo del Gobierno en el Parlamento andaluz vota sí a la transferencia de las políticas activas de empleo, mientras que hace muy poco,
aquí, en la Comisión, a este portavoz se le vota que no porque se le dice que no tiene esa coletilla, ineludible para el grupo del Gobierno en cualquier propuesta, que es que el Gobierno continúa haciéndolo bien. Aquí no se puede decir nunca que el
Gobierno haga algo, sino que el Gobierno continúe haciéndolo bien, o sea, que el Gobierno continúe haciendo bien el proceso de transferencias que lleva parado seis años. Esto es lo que se me proponía y se vota en contra de lo que hacía quince días
allí se votaba a favor. Hago una llamada a toda la Cámara, sobre todo a los diputados andaluces de cualquier signo, a la unidad sobre la necesidad de esas transferencias para esta tierra, porque, como dijo el portavoz del Partido Popular en el
Parlamento andaluz: que las transferencias estén en el Gobierno andaluz es bueno para Andalucía. Supongo que también será bueno para la eficacia del Gobierno de coalición andaluz y para la eficacia sobre los andaluces, pero es bueno para
Andalucía; luego no puede ser buena para Andalucía una cosa en el Parlamento andaluz y no ser buena en el Congreso de los Diputados. Hago una llamada desde la desesperación, desde la rabia, desde la impotencia que da ver pasar las proposiciones y
oír decir: no puede ser, hay problemas técnicos, hay flecos, ya veremos. Esto, señorías, es un auténtico escándalo político que conviene que resolvamos y sobre el cual todos cerremos filas. Ya escribiremos en los anales quiénes son los malos y
los buenos de estos veinte años atrás, pero en los veinte años que tenemos por delante no se nos va a perdonar que por el florete estemos diciendo no, sí, regular o lo que sea.
Señorías, vuelvo a insistir y volveré hacerlo siempre en la necesidad absoluta, por el bien de Andalucía, de que estas transferencias estén en el Gobierno andaluz para articularlas con el resto de los instrumentos y acabar con el desempleo y
que antes no se desactive ese convenio de cogestión del antiguo PER, hoy AEPSA, de 120 millones de euros. A ver si estamos asistiendo a una operación de vaciar compromisos del Gobierno
central con el Gobierno andaluz, de cogestión de ese bienestar en los núcleos rurales andaluces, con un programa político puro de traspaso de unos recursos y de unas competencias que están, según la Constitución y según el estatuto, en
Andalucía. Señorías, no confundan nunca mayoría absoluta con verdad absoluta. Rectifiquen, apoyen y, sobre todo, presione y acuerde su Gobierno estas necesarias políticas activas de empleo en nuestra tierra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núnez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta, con mucha brevedad y desde el escaño.
Mi grupo ha llegado a este debate sin una posición prefijada, con ganas de escuchar los argumentos del conjunto de los grupos parlamentarios. Vamos a decidir nuestra votación en función de la intervención que haga el Grupo Popular, pero
oídos los argumentos hasta el momento parece bastante evidente que sería necesario desbloquear este conflicto político planteado desde hace tantos años. Nuestro grupo siempre ha entendido que el conjunto de las políticas activas debe estar en manos
de las comunidades autónomas. En 1993, con el Gobierno socialista, y en 1996, ya con el Gobierno popular, insistimos en esa necesidad. En 1993 habíamos alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno socialista, no se pudo ejecutar y a partir de
1996 conseguimos el traspaso de esas políticas activas. Aquello que defendíamos que era positivo para Cataluña entendemos que es positivo para el conjunto del Estado y estamos seguros de que una comunidad autónoma de las características de
Andalucía debería poder gestionar sus políticas activas. Desconocemos por qué no se ha resuelto esa situación y, por tanto, el sentido común nos indica que hoy esta Cámara debería votar favorablemente estas proposiciones no de ley que nos plantean
los tres grupos. Vamos a escuchar lo que argumente el Grupo Popular, en el caso de que entienda que no se puede producir este traspaso. Tenemos interés en escuchar a su portavoz para entender cuál es la esencia del conflicto. Seguramente la mejor
manera de resolverlo no es el trámite que nos plantean hoy los grupos. En nuestro sistema constitucional existen las comisiones mixtas de traspasos, donde precisamente Estado y comunidades autónomas deben resolver los contenciosos que se produzcan
en esa materia. Dicho eso, nos parece que la cuestión de fondo que traen aquí el PSOE, Izquierda Unida y el Partido Andalucista corresponde a lo que nosotros entendemos positivo, que las políticas activas de empleo estén en manos de las comunidades
autónomas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, volvemos a traer a esta Cámara un debate que ya es conocido, que ya es viejo, cuyo discurso trasnochado los andaluces estamos un poco cansados de escuchar. (Rumores.) A mí me hubiera gustado mucho que ustedes en
catorce años hubieran querido tener las prisas que hoy se piden, señores (Rumores.-Protestas.), catorce años con mayoría absoluta en España y en Andalucía, y como andaluz quiero decirles una cosa a todos ustedes, tanto a Izquierda Unida como al
Partido Socialista y al PA. Yo también gané el estatuto en la calle y voté el estatuto; luego a mí no me van a dar ustedes lecciones de autonomía (Rumores.-Aplausos.), y lo mismo hicieron los diputados del Partido Popular. (Rumores.) Que ustedes
me digan lo que yo hice y lo que yo voté era lo último que me quedaba por ver.
Señores del Partido Socialista y de Izquierda Unida -en este momento voy a dejar fuera al portavoz del Grupo Mixto, del PA-, a mí me preocupa realmente su situación; me preocupa su situación en cuanto a la oposición que hacen, pero me
preocupa que ustedes, que son legisladores, desconozcan la legislación y desconozcan la jurisprudencia. Lo que ustedes están pidiendo en sus proposiciones es una ilegalidad y atenta contra el espíritu autonomista de nuestro Estado de derecho. Se
lo voy a demostrar, señores de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Ustedes instan al Gobierno a que traspase las competencias. El Gobierno no puede hacerlo si no hay un acuerdo de la comisión mixta de transferencias.
(Rumores.) Es que la
sentencia del Tribunal Constitucional impide que el Gobierno, aunque quisiera, si no hay un acuerdo de la comisión mixta de transferencias, pueda llevarlo a cabo. Por tanto ustedes están pidiendo hoy aquí una cosa que es absolutamente imposible de
cumplir mientras la Junta de Andalucía y el Gobierno del señor Chaves se empeñen en hacer oposición al Gobierno de España, ya que ustedes no son capaces de hacerla aquí, a través del Gobierno de la Junta de Andalucía. Esa es la realidad de
Andalucía. (Aplausos.-Rumores.) ¡Claro que esa es la realidad de Andalucía, señor Núñez! En su proposición, usted mismo reconoce lo mal que están gestionando Andalucía con el Partido Socialista. Hoy hay más diferencia en la renta media de los
andaluces que hace 20 años, cuando llegó el Partido Socialista a la Junta de Andalucía. (Rumores.) Usted reconoce en su proposición que hoy tenemos más diferencial con Europa que hace 20 años; y reconoce que cada día hay más paro en Andalucía,
cuando en España se está creando empleo. Ese es el verdadero problema de Andalucía
y es el que hay que tratar aquí. Yo le recomendaría que, como socio del Gobierno del Partido Socialista, en vez de estar presentando aquí todos los días proposiciones electoralistas mientras cada día tienen menos diputados, le exigiera al
Gobierno andaluz voluntad política de llegar a acuerdos. (Rumores.)
La razón está de nuestro lado, y ustedes mismos lo han dicho: si se llega a acuerdos con 13 comunidades en cuanto a las transferencias políticas de empleo, ¿qué pasa con Andalucía? Si el mismo Gobierno ha llegado a acuerdos con 13
comunidades ¿cómo es posible que no se llegue a acuerdos con la Junta de Andalucía? No se llegó a un acuerdo en eso, hubo problemas en financiación autonómica y de todo tipo, firman el acuerdo de financiación autonómica, recurren al
Constitucional... En fin, ustedes mismos se lían, ustedes mismos pretenden hacer electoralismo barato, y cada día hay menos diputados andaluces en este lado y más en aquel.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Rumores.) Esa es la verdad de
Andalucía y la que día a día ven los andaluces.
¿Creen ustedes que el Gobierno de España tiene necesidad de estar jugando con las políticas activas de empleo? (Varios señores diputados: ¡Sí, sí!-Rumores.) ¿Ustedes se lo creen de verdad? ¿Ustedes se creen los datos que ha dado el
portavoz socialista? (Varios señores diputados: ¡Sí, sí!-Rumores.) Lo único que ha hecho ha sido manipular datos de provincias cuyas capitales están en manos del Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida; de ahí salen esas cifras que
cuenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.) ¿Esas son las verdades? Les voy a decir las verdades. La verdad es que nosotros, en seis años, hemos incrementado en un 70 por ciento la cuantía económica para las escuelas taller, las
casas de oficios y las políticas activas; que cada día se crea más empleo; y que, por desgracia, la política del Gobierno de España, que funciona en toda España, no funciona en Andalucía porque está el Partido Socialista, y cada vez tenemos más
paro en Andalucía. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores y protestas.) Mientras España crea empleo, ustedes crean paro; mientras nosotros bajamos impuestos, ustedes los suben; esas son las verdades de Andalucía.
Si quiere hablamos de empresas que se cierran, o de lo que usted quiera, señor Alcaraz. Le diría una cosa: no puede comenzar usted diciendo: voy a ser objetivo, para dedicarse a continuación sólo a pegarle leña al Gobierno de España,
cuando estos son acuerdos entre dos partes.
(Risas.-Rumores.) Usted mismo se desacredita. Si son dos partes las que tienen que llegar a acuerdos, tendrá que dar al menos el 50 por ciento a cada una; no diga: soy objetivo, y hablo sólo del
Gobierno del Partido Popular. (Risas.-Rumores.- El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) Del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía no habla usted nada, como si no existiera. Esto es lo que tenemos que tratar aquí, y
es lo que tenemos que ver.
Tienen que ser capaces de meterse en la cabeza que es necesario llegar a un acuerdo, y que hay una igualdad absoluta de criterios, señor Núñez, entre lo que dice el Partido Popular de Andalucía y lo que decimos los diputados aquí. Nosotros
queremos que se transfieran las políticas activas de empleo; de verdad lo queremos como andaluces. (Un señor diputado: De boquilla.-Rumores.) Pero queremos que la Junta de Andalucía defienda los intereses de los andaluces en su globalidad, y que
no actúe de forma partidista, como hace el Gobierno de la Junta de Andalucía; que no utilice cualquier cuestión como elemento de presión al Gobierno de España. Usted tiene que ver eso, y yo le pediría lo mismo que usted nos pide: que haga de
moderador con el Gobierno andaluz, a ver si son capaces de cambiarse el chip; a ver si empiezan a creer en Andalucía y en los andaluces, y empiezan a darnos la oportunidad de ser iguales que el resto de los ciudadanos. (Rumores.-La señora
Cunillera i Mestres: Eso es moderación.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Merino.
Señorías, no es posible oír a quien está interviniendo. Independientemente de que aplaudan o rebatan sus argumentos, es obligación de los que estamos aquí oír lo que se dice.
El señor MERINO LÓPEZ: Decía el portavoz del Grupo Socialista que, si el Gobierno de la Junta fuera de otro color, se habría transferido. Estoy convencido de ello. Si no fuera del Partido Socialista haciendo oposición al Gobierno del PP,
estarían transferidas las competencias porque se habría llegado a un acuerdo. (Rumores.) Lo mismo que se llegó a un acuerdo con Cataluña y con todas las comunidades autónomas.
Este grupo parlamentario no va a cometer una ilegalidad. No vamos a ir contra las normas que establece este Parlamento ni contra el Tribunal Constitucional. No nos pidan que votemos una ilegalidad. Yo les pediría a sus diputados y a sus
asesores que, por favor, estudien la legislación y la jurisprudencia y que presenten en esta Cámara cosas que sean legales porque esto que ustedes plantean es una ilegalidad en todos sus términos y no se puede asumir por un grupo parlamentario
serio, responsable y que se dedica a legislar y con un Gobierno que se dedica a gobernar.
Déjense de quimeras y pónganse a trabajar desde el Gobierno andaluz por llegar a ese acuerdo, adopten y propongan las soluciones que sean necesarias para llegar a ese acuerdo en la Comisión Mixta. El Gobierno -el ministro Posada lo ha
ratificado por activa y pasiva en la Comisión y ante este Pleno- está dispuesto a llegar al acuerdo y quiere llegar a él, pero den ustedes
oportunidades de que se llegue al acuerdo; no se cierren en banda creyendo que es otro arma porque como ya se les acabó el submarino y se les están acabando todos y cada uno de los argumentos para hacer oposición, ahora ya se agarran
únicamente a las transferencias de políticas activas de empleo. Yo les digo que las transferencias de políticas activas de empleo no son la solución al problema del paro en Andalucía; métanselo ustedes en la cabeza. Dedíquense a gobernar por
Andalucía, a crear empleo en Andalucía, a crear las condiciones para que los empresarios y las pequeñas empresas de autónomos creen empleo, pero no se crean que porque se transfieran las políticas activas ustedes van a resolver el problema de
Andalucía. El problema que ustedes tienen es que llevan 20 años en Andalucía y cada día hay más parados. Esa es su tragedia y esa es la tragedia de los andaluces y eso es lo que esperamos que se resuelva en las próximas elecciones. Mientras
tanto, les animamos de verdad a que presenten proposiciones que al menos cumplan con la normativa legal y con la jurisprudencia; les animamos a que inviten al presidente de su partido a que, de una vez por todas, se ponga en una actitud de diálogo
positivo y constructivo por Andalucía y para los andaluces y, en definitiva, a que empiecen a creer que gobiernan para todos los andaluces y no que gobiernan solamente para el Partido Socialista Obrero Español.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Merino.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación, en primer lugar, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre transferencias de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 122; en contra, 162.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación, a continuación, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las políticas activas de empleo del INEM a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 119; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez, sobre transferencia de competencias en las políticas activas de empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 121; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y LA DESAPARICIÓN DEL SUBSIDIO AGRARIO PARA TRABAJADORES EVENTUALES QUE SUSTITUYÓ AL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER), QUE TIENE
PREVISTO PONER EN MARCHA EL GOBIERNO EN ENERO DE 2003 AL MARGEN DEL DIÁLOGO SOCIAL. (Número de expediente 173/000129.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y la desaparición del subsidio agrario para trabajadores eventuales
que sustituyó al Plan de Empleo Rural (PER), que tiene previsto poner en marcha el Gobierno en enero de 2003 al margen del diálogo social.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, señorías, es muy difícil debatir este tema con el Partido Popular y con el Gobierno; es muy difícil debatir cuando hay una posición previa que no se quiere cambiar o en todo caso una filosofía
previa que no se quiere cambiar y se nos quiere meter a nosotros en esa filosofía desde una astucia poco fina que deriva, a mi juicio, de la pereza mental que supone toda mayoría absoluta.
El Gobierno nos plantea reducir la protección al desempleo en un momento de crecimiento económico, en un momento en que hay un gran superávit del Instituto Nacional de Empleo en lo que respecta a las partidas que se dedican a la protección
del desempleo, superávit de más de dos billones de pesetas en los últimos cinco años -no dos millones, como se contiene en el texto-; nos lo plantea en este momento exacto en que
además un montón de dinero se expropia de las arcas públicas procedente de la masa salarial de los trabajadores para políticas activas de empleo, entre comillas, que en el fondo son privatizaciones de ese dinero público a favor de los
empresarios para que supuestamente creen un empleo de calidad que al final tampoco crean. En ese momento nos plantea reducir la protección al desempleo. Pero no sólo plantea esto, sino que cualquier alternativa, cualquier matiz que se produzca
fuera de lo que propone el Gobierno no se va a aceptar. Lo ha dicho el señor Rato y constantemente se nos dice a la oposición o a cualquiera que interviene en esta tribuna a través de los medios de comunicación que no ponemos alternativas sobre la
mesa. Señores del Partido Popular, ¿no comprenden que ha cambiado la situación? ¿No comprenden que los sindicatos no pueden ahora, en función de las características que he intentado definir al principio, ir a los trabajadores a decirles: nos
proponían reducir siete y hemos conseguido que sólo reduzcan cuatro? ¿No comprenden que no podemos entrar en su propuesta trampa, que no podemos -los grupos parlamentarios, y me parece que los sindicatos están opinando en la misma dirección-
decirles a ustedes: vamos a discutir cuánto se reduce? La trampa infantil, ingenua, no ha tenido en cuenta ni la situación económica general ni la situación de las cuentas del Instituto Nacional de Empleo ni la situación política.
Se está
operando desde el punto de vista de la prepotencia de la mayoría absoluta: o hay este acuerdo o la mayoría absoluta del Partido Popular sacará adelante como sea este acuerdo. Han ido adelante sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y se han
encontrado con una reacción que no esperaban porque no han analizado bien la situación que vivimos, porque pensaban ustedes que ese déficit cero es un becerro de oro que todo lo justifica y que, a partir de ahí, iban a convencer a la gente de que
hay que poner todo frente a los parados, todo frente a los más débiles de la sociedad, porque son vagos y porque cometen fraude constante con respecto al dinero que otros trabajadores ingresan en las arcas del Instituto Nacional de Empleo. El otro
día dijo el señor Aznar: vamos a corregir el fraude de los trabajadores que están utilizando el dinero de otros trabajadores. Ahí mintió el señor Aznar porque hay un montón de plazas que no se cubren con trabajadores en paro; mintió porque son
plazas que están en tramitación, señores del Partido Popular.
Lo primero que les decimos, señores del Partido Popular, partido que con mayoría absoluta sustenta al Gobierno, es que retiren esta propuesta, no por una posición sectaria, no por una posición dura, no por una reacción que se deriva del
problema interno de uno o de otro, sino porque no es aceptable esa filosofía. Por cierto, ustedes en los dos últimos años no han aportado ni una peseta de las arcas del Estado a la protección al desempleo.
En esta situación, ustedes tienen que debatir, retirando la propuesta que hacen, la subida de la protección al desempleo, mejorar las condiciones de dicha protección, aumentar el desempleo con respecto a nuevos colectivos. Con cifras del
INEM -son mucho peores las cifras de la encuesta de población activa- sólo está protegido el 58 por ciento de los trabajadores. De esta suma de protegidos, el 43 por ciento cobra el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional que, por cierto,
es el SMI inferior de toda Europa, que no pasa de 55.000 pesetas. Esto es lo que les estamos pidiendo, aumentemos el número de colectivos que tienen que cobrar la protección del desempleo.
Las otras medidas que ustedes proponen, como el salario de tramitación, son radicales, es la mayor agresión con respecto a la política de empleo y de despido que se ha tenido en este país en los últimos veinte años. Se están dando cifras
por ahí y se dice que con los salarios de tramitación eliminados se puede ahorrar la patronal 80.000 millones al año y el Estado, que paga a partir del segundo mes, 100.000 millones, en total 180.000 millones aproximadamente. Pero también cambia la
forma, la cultura a la hora de contratar y de despedir y, por tanto, no son aceptables en ningún caso, como las medidas que afectan al contrato de inserción y al resto de las medidas que el otro día aquí tuvimos la ocasión de desarrollar.
Señores del Partido Popular, no nos repitan aquello de que demos alternativas. Les damos una alternativa: retiren la propuesta y empecemos todos, aquí los grupos parlamentarios si ustedes los quieren recibir, y, sobre todo, con los agentes
sociales, a llegar a acuerdos de cara a todo lo que se plantea en un momento de crecimiento económico y en un momento de superávit del INEM, y desde luego, retiren lo del subsidio y el PER, que es una agresión histórica, inesperada, injusta,
dolorosa, a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a esta moción intentan ir a la raíz del problema, de un problema crucial de uno de los ejes sobre los que este Gobierno está gestionando la política de protección del
desempleo en nuestro país, sobre las que ha diseñado la cobertura del déficit público del Estado y financiado las rebajas fiscales concedidas a las plusvalías y a las rentas más altas en su reforma fiscal, en la primera, y ahora, en la segunda.
Creemos que cualquier reforma debe basarse en recuperar el principio de que las cotizaciones por
desempleo deben destinarse a proteger a los trabajadores en paro, a programas de formación, de promoción y de inserción en el mercado laboral, y en ningún caso deben dedicarse a otras cuestiones. No pueden desviarse estos recursos, las
cotizaciones sociales, a otras políticas que no están permitidas, según el acuerdo del Pacto de Toledo.
¿Qué está pasando? Que actualmente hay 3.000 millones de euros, procedentes de las cuotas de desempleo, que se están desviando a otros fines no previstos; que por primera vez en la historia el INEM se está financiando exclusivamente con
las cotizaciones sociales; que el Estado no aporta un solo euro a la financiación de este organismo; y que con el dinero del desempleo se están pagando los gastos de funcionamiento de este organismo público. Pero no sólo esto. Básicamente, se
están financiando con cargo a las cotizaciones del desempleo las bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social por un importe anual de más de 1.800 millones de euros.
Les recuerdo lo que decía literalmente el Pacto de Toledo: Las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social se financiarán con cargo a la fiscalidad general. Es una falta de respeto a unos acuerdos que, de boquilla, todos
ustedes defienden y es una perversión a todo el sistema de protección social.
¿Cómo es posible que teniendo un superávit de más de medio billón de pesetas en las cuotas de desempleo en un año se planteen recortes en la protección de este derecho de los trabajadores? ¿Cómo es posible que el INEM, es decir, los
trabajadores, esté financiando el déficit real del Estado? Que con las cotizaciones de los trabajadores, con el dinero del desempleo, con los recortes que han hecho en esta reforma de la protección al desempleo, estén financiando o vayan a
financiar sus reformas fiscales. Por eso digo que esto es una perversión del sistema.
Estamos básicamente de acuerdo, en esta moción, en pedir al Gobierno que retire su propuesta; una propuesta rechazada por los trabajadores, por las centrales sindicales, por los partidos políticos y por la mayor parte de nuestra sociedad;
una propuesta que no significa una mejora para nadie ni en medidas de protección ni en medidas de fomento de empleo ni en medidas de formación ni de inserción en el mercado laboral; una reforma que sólo trae nuevos recortes a un sistema de
protección de los trabajadores que el Gobierno, en estos seis años, ha convertido ya en precario. Señorías, hoy tenemos 100.000 desempleados más que el año pasado y, en este momento, es cuando ustedes traen los recortes sociales en un sistema
básico y la más absoluta desprotección para los trabajadores agrícolas, a los que se les ofrece la eliminación, de un plumazo, del único sistema de protección que han tenido en Andalucía y en Extremadura; un sistema, el del Plan de Empleo Rural y
el subsidio agrario, dependiente y complementario, al que todos reconocen como un sistema útil, justo y eficaz, que ha aportado grandes beneficios no sólo a los trabajadores, sino al conjunto de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura; que ha
elevado las rentas familiares, que ha asentado la población en el territorio rural y que ha facilitado el desarrollo económico de esta zona. La propuesta que nos hacen ahora es su eliminación, extinguir el subsidio agrario. Como no estamos de
acuerdo pedimos que retiren la propuesta que nos han hecho.
No entienden ustedes absolutamente nada de lo que significa un sistema de protección para unas comunidades autónomas al que se llegó mediante un acuerdo entre los gobiernos de Andalucía, Extremadura y las centrales sindicales
correspondientes. Por tanto, nadie está dispuesto a que se pierda este sistema de protección social. Por ello reiteramos que lo retiren, que se sienten a negociar y que convoquen a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Extremadura y a los
agentes sociales para llegar a un acuerdo de lo que debe ser una auténtica reforma del plan de empleo rural y del subsidio agrario; una reforma que modernice el sistema y que lo ponga de nuevo a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas de adición. Una de ellas va destinada a mejorar sustancialmente el nivel de protección por desempleo de todos los trabajadores. Su justificación es que las medidas de reforma del
desempleo propuestas por el Gobierno son de carácter estrictamente economicista y tienen como único objetivo ahorrar gasto público en la protección por desempleo. No reconocen la situación actual en la que el paro ha aumentado en siete de los
últimos nueve meses. Los balances del INEM son positivos y el superávit obtenido en el mismo se desvía, como ya se indicó, hacia políticas activas o subvenciones a las empresas. En contraste, los niveles de cobertura del Estado español siguen
estando a la cola en la Unión Europea. Por ello el BNG considera que aparte de la retirada de la reforma gubernamental del desempleo, a la vista de los datos actuales, procede acometer una mejora en el nivel de prestación por desempleo de manera
que se recupere por los trabajadores derechos que fueron ostensiblemente reducidos en las reformas del empleo del año 1994. Por ejemplo, en Galicia existen 146.262 personas en paro, 12,98 por ciento, de las cuales el 47 por ciento no recibe ningún
tipo de prestación. Por tanto, la reforma del Gobierno avanza en la política profundamente antisocial que abandera cuando, a la vista de unos datos que demuestran que en
comunidades autónomas como Galicia casi la mitad de los trabajadores en desempleo no reciben ninguna prestación, lo coherente y aceptable socialmente sería aumentar los niveles de protección por desempleo para que aumentase el número de
parados que tienen derecho a prestación. Por eso esta primera enmienda quiere reforzar la idea de que cualquier reforma de la protección por desempleo tiene que perseguir una mejora en la cobertura del desempleo y beneficiar directamente a los
trabajadores, no a los empresarios, como acostumbra a hacer el Gobierno, que en su nueva reforma prevé más ayudas a los empresarios más subvencionados de toda Europa sin que se reduzca la elevada tasa de paro en el Estado español.
La segunda enmienda quiere mantener, a efectos de la percepción de la prestación por desempleo, la definición de emigrante retornado en sentido amplio. La reforma del desempleo del Gobierno incluye una nueva definición del emigrante
retornado, de manera que sólo podrá ser objeto del subsidio por desempleo el trabajador que o bien retorne de países que no pertenezcan a la Unión Europea o con los que exista convenio sobre protección por desempleo, o bien que hayan salido del
Estado español por motivos de trabajo exclusivamente y permanecido y trabajado durante un período mínimo de seis años en el extranjero. Consideramos inaceptable esta medida, pues supondría en términos globales acortar drásticamente el ámbito de
aplicación del subsidio por desempleo a los emigrantes retornados y, concretamente, que todos los emigrantes retornados de países de la Unión Europea quedaran sin derecho a prestación por desempleo. Se trata de una desaparición en la práctica de la
extensión del subsidio por desempleo a los emigrantes retornados que debe ser rechazada dada la mala situación económica de muchos países de acogida de emigrantes. Además, esta reforma debería servir para eliminar de una vez la aplicación de los
requisitos temporales por la percepción del subsidio de desempleo contemplados en los apartados 1.3 y 1.4 b) del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social en la relación dada por la citada Ley 26/1990, pues es evidente que el proceso
migratorio de retorno puede conllevar la pérdida de determinadas prestaciones del país de origen, por lo que parece lógico que se vean sustituidas de inmediato por las del Estado español, en este caso país de retorno, sin tener que acreditar
periodos de carencia temporales imposibles de cumplir por los emigrantes, un requisito que dilata por tanto la percepción del subsidio.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
A la hora de definir la posición del Grupo Vasco respecto a las medidas de reforma en la protección de desempleo y de la Ley básica de empleo, comienzo diciendo que tras 18 años de aplicación del plan de empleo rural es bueno y hasta
necesario que se realice un balance y una reflexión serena sobre su aplicación y su eficacia, sobre la incidencia que el PER tiene en la realidad rural fundamentalmente de Andalucía y de Extremadura, sobre el fraude también, lógicamente -que ha sido
denunciado hasta por el propio SOC-, que existe y lo ejercen personas que viven en zonas residenciales que jamás han visto ni pisado el campo y esta actividad. También es cierto que los subsidios crean mentalidades y actitudes de sumisión y
agradecimiento y no son, desde luego, la salida ni el desarrollo mejor que necesita el campo y el mundo rural en general.
El Grupo Vasco coincide en que se necesita abordar a fondo las adecuaciones a los puestos de trabajo, la movilidad laboral, la intermediación eficaz, a la vez que el desempleo -para eso se tiene una inspección de trabajo- y los desempleos
crónicos, así como también ciertos fraudes existentes en las propias listas compatibles con la economía sumergida. Por todo ello, ¿por qué la promulgación de estas medidas ha suscitado esta reacción de oposición tan encontrada en todo el ámbito
social, en el ámbito rural y sindical, cuando la situación general económica, laboral y de empleo es relativamente buena, cuando existe un gran superávit en la Seguridad Social y el propio INEM, como aquí se ha planteado, lo tiene de más de 3.000
millones de euros? Yo diría más: ¿por qué se han producido estas posiciones en un ministerio como el de Trabajo y Asuntos Sociales, al que hay que reconocerle que se ha caracterizado por su habilidad al encontrar siempre uno o varios agentes u
organizaciones sociales, durante estos dos años de legislatura, a la hora de abordar las diferentes reformas que ha ido acometiendo y que le han proporcionado una cobertura más amplia y consensuada que la sola y exclusiva del Partido Popular? ¿Por
qué se afronta este deterioro gratuito del activo tan publicitado por el Partido Popular y que ha sido su capacidad de diálogo social? ¿Por qué -palabras del señor Pimentel, anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales- se está vendiendo la
falsa y peligrosa idea de que cualquier desempleado es una persona que comete fraude, cuando en una sociedad avanzada como la nuestra hay que asociarlo con persona que necesita ayuda porque la inmensa mayoría de los parados quieren encontrar un
trabajo? Son palabras textuales del señor Pimentel. En fin, ¿por qué se ha forzado a los sindicatos y al medio rural a extremar su discurso? Encuentro solamente una explicación. Creo sinceramente que a medida que avanza el tiempo, a medida que
avanza la acción de Gobierno en este campo y cada vez más, el Gobierno del Partido Popular está enseñando su verdadera imagen y su
verdadero talante a la hora de afrontar los diversos problemas de esta sociedad y se siente cada vez más cómodo en su autismo político. Estamos acostumbrándonos -con qué facilidad y demagogia- a que se asocia y se simplifica, como está
haciendo en otros campos cuando está asociando inmigración a inseguridad ciudadana, terrorismo a nacionalismo y, en este caso, paro a fraude y PER a vagos. El Gobierno ha viciado un debate y la posibilidad de un estudio sereno en un marco económico
y social relativamente cómodo como el actual con las organizaciones políticas, sociales, rurales y sindicales y ha preferido manifestar que va a llevar adelante esta reforma tal cual, con o sin consenso social, a partir de enero de 2003. Lamentamos
que los aspectos positivos de estas medidas, que los tiene, queden tapados por esta actitud. Creemos sinceramente que el Gobierno tiene que abrir el debate y en un intento de impulsar esa apertura de un debate sereno y relativamente cómodo vamos a
apoyar la moción presentada por Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
La moción consecuencia de interpelación urgente que nos plantea Izquierda Unida tiene una evidente oportunidad política dado que se produce en el momento justo en que el Gobierno ha puesto encima de la mesa su propuesta de reforma del
subsidio de desempleo y de la Ley básica de empleo. Quizá la moción consecuencia de interpelación es un poco precipitada al entender nuestro grupo parlamentario que estamos empezando un proceso de discusión social y política en relación con la
propuesta del Gobierno y la prudencia nos aconsejaría a todos esperar el resultado de ese debate.
Hecha esta consideración es evidente que el trámite de esta tarde permite a nuestro grupo plantear su posición política ante esta situación. En este sentido voy a exponer algunas cuestiones que a nosotros nos parecen evidentes, partiendo de
que no vamos a votar favorablemente a la moción de Izquierda Unida precisamente por la precipitación en su presentación.
Nosotros entendemos que el proceso abierto debería acabar con un acuerdo entre los agentes sociales y las comunidades autónomas
que hoy gestionan las políticas activas de empleo. No sería bueno que el Gobierno legislase en esa materia sin llegar a ese acuerdo, aunque es evidente que tiene una clara responsabilidad para hacer frente a la problemática existente, pero
reiteramos la necesidad de diálogo y esperamos que los agentes sociales asuman sus responsabilidades en ese ámbito. En segundo lugar, constatamos que existe un problema relativo a la contradicción entre la existencia aún de importantes tasas de
paro en nuestra sociedad - un trece por ciento, un nueve por ciento- y la existencia de ofertas de empleo por parte de las empresas que no son cubiertas ni por ciudadanos extranjeros ni españoles, por lo que es evidente que hay que incidir
políticamente sobre esa realidad. Desde la perspectiva de Convergència i Unió nos parece que las respuestas van más allá de aquello que nos plantea el Gobierno. Deberemos ser capaces de analizar, valorar y poner propuestas encima de la mesa en el
ámbito de la formación profesional, de la formación continua; deberíamos ser capaces de analizar si nuestro sistema público de empleo y sus mecanismos de intermediación están funcionando de manera activa; deberíamos ser capaces de buscar fórmulas
que estimulasen de verdad que las personas en situación de desempleo optasen por una propuesta de ocupación; deberíamos ser capaces de poner en marcha mecanismos de lucha contra el fraude; deberíamos ser capaces de garantizar la protección social
de cualquier tipo de contrato y las competencias que hoy tienen las comunidades autónomas en esa materia; deberíamos ser capaces de poner a disposición de los servicios públicos de empleo los medios suficientes para desarrollar una política activa
mucho más eficaz y, finalmente, deberíamos ser capaces de no precipitarnos en las soluciones que tomásemos. Nosotros pedimos al Gobierno y a los agentes sociales, junto con el diálogo, la máxima prudencia.
La propuesta que hoy conocemos del Gobierno, que entregó a los agentes sociales y a los grupos políticos, contiene aspectos positivos. Nosotros entendemos que hay que abrir el análisis de la reforma del subsidio para trabajadores eventuales
agrarios; nos parece un debate absolutamente necesario. La reforma contiene propuestas positivas como la posibilidad de compatibilizar prestaciones de desempleo con empleo remunerado, mecanismos que activan la presencia de los desempleados en el
mercado de trabajo, la ampliación de los beneficiarios de las rentas activas, impulsos a la ocupación de mujeres desempleadas, etcétera. También existen elementos que nos preocupan. Nos preocupa el concepto de oferta adecuada de empleo; nos
preocupa la solución que se dé a los salarios de tramitación; nos preocupa que determinados contratos no incorporen la contingencia de desempleo, como los contratos en el ámbito de la Administración pública y de inserción o los contratos fijos
discontinuos de carácter parcial; nos preocupa el riesgo de que una reforma de la Ley básica de empleo a través de decreto-ley implique un recorte de competencias. Por tanto, vamos a esperar que de ese diálogo social y de nuestras propuestas
seamos capaces de formular una reforma de desempleo positiva para dar respuesta a las necesidades que en esta materia tendremos en los próximos años. Esperamos que el diálogo,
la prudencia y el no precipitarse sea la línea común que sigamos todos nosotros.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta. Gracias también a todos los intervinientes por el tono general del debate; un debate en el que me resulta difícil en cinco minutos dar cumplida respuesta a todos los aspectos que
suscita la cuestión, pero estoy seguro de que en el futuro tendremos oportunidad de reproducirlo. En mi intervención quiero analizar tres aspectos. En primer lugar, el objetivo que persigue el Gobierno con las medidas que ha propuesto; en segundo
lugar, las medidas concretas y, en tercer lugar, reiterar que no se trata de un documento cerrado. El objetivo de las medidas de 17 de abril planteadas por el Gobierno es la modernización del sistema de desempleo de la Ley básica de empleo, que no
contemplaba siquiera la presencia de las comunidades autónomas ni de la Unión Europea en su regulación. Se trata también de una reordenación del gasto, por tanto en modo alguno implica una reducción presupuestaria de los flujos financieros del
sistema del desempleo y del INEM. Y se trata, en última instancia, de facilitar el empleo sobre todo a quien más activamente lo busca tratando de racionalizar el sistema y de dar un nuevo impulso a la creación de empleo.
¿Qué medidas y efectos queremos resaltar de este paquete? En primer lugar, el establecimiento de la cotización del derecho de desempleo a un colectivo que no lo tiene al día de hoy en España, el de los trabajadores eventuales del campo. Se
establece una mejora, un ámbito de protección que hasta el momento no existía. Paralelamente se consolidan los derechos adquiridos, que se respetan, de aquellos trabajadores beneficiarios del llamado PER, de manera que los que lo vienen disfrutando
lo van a continuar disfrutando en el futuro y no van a ser objeto de ningún tipo de restricción. Un segundo bloque se refiere a la automaticidad en el pago de las prestaciones por desempleo. Nosotros consideramos que es una medida que debe
contribuir a reducir la litigiosidad, que favorece que el trabajador no tenga que estar esperando cuatro, cinco o seis meses a una sentencia judicial y al posterior pago por parte del empresario o al posterior cobro del INEM de las prestaciones por
desempleo, y que así desde el primer día pueda percibir el dinero que le corresponda sin tener que pedir prestado a sus familiares para pagar la hipoteca o poder vivir.
Desde esta perspectiva permite también al trabajador la disposición de un
tiempo para buscar más activamente el trabajo y no tener que estar en una posición de búsqueda de resolución de un litigio. En este sentido diré que el promedio -y sabemos lo que significan los promedios- de derechos concedidos de desempleo en
España es de quince meses en el año 2001 y el promedio de consumo es de 7,5 meses, la mitad. Por tanto, se podrá discutir que los dos primeros meses se cobra menos del desempleo que del salario que pagaba el empresario, pero no afecta en la
práctica al consumo reconocido del derecho de desempleo. Una tercera cuestión son las bonificaciones del cien por cien de los costos de Seguridad Social durante un año a todas las mujeres contratadas tras los veinticuatro meses posteriores al
parto, lo que consideramos que es un nuevo avance en pro de la empleabilidad de la mujer. Y un último grupo de cuestiones es la compatibilidad de prestaciones con salarios, la modernización del INEM, de su estructura y de sus medios materiales y
humanos, tan precisos como para que sean un auténtico elemento, aunque no el único, de intermediación en el mercado laboral y también el empleo adecuado. En cuanto a éste, he de decir que el paquete de medidas propone que no se extinga el derecho
hasta un tercer rechazo de una propuesta adecuada de empleo y, en este sentido -SS.SS. lo saben y yo me veo obligado a recordarlo-, el artículo 213 b) del actual texto refundido del Real Decreto-ley 1/1994, sobre Seguridad Social, establece que el
rechazo de una oferta de empleo adecuada es causa de extinción del contrato. Por tanto se racionaliza el asunto y se respetan los derechos.
Como no hay más tiempo, reitero la disposición del Gobierno y de este grupo al diálogo, al debate, al intento de acuerdo basado en la filosofía obvia de conseguir más nivel de trabajo y una racionalización del sistema. Desde luego, puede
haber cosas que sean objeto de atención, yo no digo que no haya aspectos mejorables, los puede haber en la relación cotización/prestación en el propio régimen agrario eventual en el que se va a establecer el derecho al desempleo, en su propia
cotización, en otros aspectos. Nosotros esperamos que haya propuestas racionales y razonables para conseguir el objetivo de crear más empleo a favor de todos los ciudadanos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Alcaraz, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, son aceptadas plenamente por nuestro grupo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la reforma del
sistema de prestaciones por desempleo y la desaparición del Subsidio Agrario para Trabajadores Eventuales que sustituyó al Plan de Empleo Rural (PER), que tiene previsto poner en marcha el Gobierno en enero de 2003 al margen del diálogo
social, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 105; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO Y LOS AVANCES EN LA DEFINICIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA COMÚN DE PESCA DURANTE LA PRESIDENCIA SEMESTRAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000130.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas del Gobierno y los avances en la definición de la nueva Política Común de Pesca durante la presidencia semestral
de la Unión Europea. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Vázquez. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como es obvio intervengo para defender la moción del Bloque Nacionalista Galego, consecuencia de la interpelación formulada por nuestro grupo al Gobierno el pasado 24 de abril y discutida ese mismo día, acerca de
la reforma de la política común de pesca. En ese debate, el Bloque Nacionalista Galego expresó su preocupación por la marcha de las negociaciones, y como es sabido cuestionó las propuestas de la Comisión y del propio comisario Fischler para la
nueva política común.
Hoy mantenemos esa preocupación, porque si se consolidan esas líneas maestras que la Comisión propone estaríamos ante un fortísimo golpe para el mantenimiento de nuestro sector pesquero, para el que en definitiva pedimos el
fin de las discriminaciones, la igualdad de trato y el establecimiento de una política que sirva para su mantenimiento, su viabilidad futura y su competitividad. Lo hacemos desde un grupo político que sabe de la importancia de este sector para
algunas comunidades autónomas y de manera singular para Galicia, de la importancia de su defensa para el mantenimiento del tejido social y económico de muchas comarcas que por otro lado carecen de alternativa de desarrollo económico. Sin el sector
pesquero muchos de mis paisanos están condenados al paro, a la emigración o a enrolarse en barcos con bandera de conveniencia, cuando no simplemente piratas. Somos altamente dependientes de la pesca digan lo que digan los actuales criterios de la
Unión Europea; por tanto sabemos lo que nos jugamos con la reforma de esta política común de pesca y creo que el conjunto de esta Cámara también lo sabe.
Queremos que el Gobierno se esfuerce al máximo para conseguir una nueva política común que también tenga en cuenta nuestros intereses y no sólo los de algunos Estados miembros, que sea equilibrada y correctora de las discriminaciones
pasadas. Va siendo hora, va siendo en realidad más que hora de que el Gobierno y también la Unión Europea consideren que alguno de los sectores económicos clave de comunidades autónomas como Galicia deben ser objeto de atención y por tanto de
políticas que los defiendan y no de simples políticas dirigidas a su reducción, a lo que se da en llamar reconversión y por tanto no mantener a comunidades autónomas como la mía bajo políticas de reconversión permanente.
La línea de plantear, como está haciendo la Unión Europea, simples políticas de desguace para el mantenimiento de los recursos pesqueros no sólo no es justa, para nosotros es simplemente suicida. Insistir en mantener trabas para nuestra
flota en el acceso a determinados caladeros, posponer la plena integración de la flota pesquera española en la política común de pesca, cambiar la política estructural o plantear ir acabando con la política de acuerdos pesqueros nos parece
inaceptable.
Por eso es necesaria la decisión y firmeza absoluta del Gobierno para conseguir una política común justa y equilibrada. Para ese fin y para la defensa de lo que son planteamientos básicos y comunes del sector, el Gobierno tendrá el
apoyo del Bloque Nacionalista Galego, como lo tuvo en otras ocasiones, como es el caso reciente del acuerdo con Marruecos, aunque al final nos defraudase su posición. En ese sentido planteamos la interpelación del 24 de abril, por un lado para que
esta Cámara debata políticamente sobre algo tan importante como es el futuro del sector pesquero, y por otro para permitir la presentación de esta moción del Bloque Nacionalista Galego con puntos básicos sobre los que debe negociar el Gobierno esta
reforma, puntos solicitados por el conjunto del sector desde hace tiempo y asumibles por tanto por todos los grupos. De esa asunción hoy puede salir de aquí un acuerdo del Congreso de los Diputados que de querer reforzará al Gobierno en su posición
ante la Unión Europea, que le ayudará, de querer, a vencer las presiones que sin duda están ejerciendo todos los Estados, en un tira y afloja para llevarse el pez al agua. Un apoyo que nosotros condicionaremos, como es natural, a la firmeza en el
mantenimiento de estas posiciones y al resultado que se obtenga.
En líneas generales, nuestra moción plantea cuestiones básicas como las siguientes. Hay que demandar que la nueva política común incluya la igualdad de acceso a los caladeros comunitarios, sin discriminación por razón de la nacionalidad de
la flota. Que se mantenga la capacidad de decisión del Consejo. Que se busque la conservación de los recursos, vía priorización de medidas técnicas frente a la política de disminución de flota. Que se revisen los actuales criterios europeos para
establecer la consideración de zona altamente dependiente de la pesca. Que se mantengan los fondos IFOP y sus actuales criterios de aplicación contra el criterio que está manteniendo la Comisión. Que se vincule ese reparto al cumplimiento de lo
establecido en los propios Estados miembros. Que se defienda activamente la presencia de las flotas europeas en caladeros internacionales de terceros países y la presencia y capacidad de decisión en las organizaciones regionales de pesca. Que el
problema de las empresas mixtas sea incluido en el marco de la política común. Que se refuercen las medidas de inspección y sanción y el fomento de las medidas sanitarias, el mantenimiento del empleo, el refuerzo de las condiciones de la seguridad
de los buques, la mejora y coordinación de los recursos destinados a salvamento marítimo y las medidas de apoyo socioeconómico a las paradas biológicas.
Esta es en síntesis nuestra moción a la que presentaron enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, que en nuestra opinión no suponen una variación sustancial del contenido de la moción.
Por eso hicimos un
esfuerzo de sintetizar los contenidos de estas enmiendas en una transaccional, que sin alterar el espíritu y contenido de nuestra moción recoge algunas consideraciones de los grupos enmendantes. Una transacción que esperamos acepten todos los
grupos y permita no perder hoy la oportunidad de salir de aquí con una resolución unánime de apoyo a nuestro sector pesquero, un apoyo que necesita más que nunca. Una transacción, señora presidenta, que de ser aceptada por los grupos haremos llegar
a su presidencia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, estamos ante una moción oportuna que se posiciona ante la política común de pesca en un momento que esta política va a ser revisada. Una revisión que por lo que conocemos no va a favorecer a
la flota española, sino que va a favorecer una vez más a las flotas del norte, en detrimento de las del sur, que fueron las más castigadas en los anteriores recortes aprobados en la Unión Europea. España puede ser especialmente perjudicada, si la
reforma que se anuncia no tiene en cuenta la realidad de nuestra flota y los problemas que ocasionaría a trabajadores y territorios fuertemente dependientes de la pesca.
Señorías, cabría preguntarse por qué llegamos a esta situación. La respuesta es fácil. Llegamos porque unos hicieron política y apoyaron a su flota, los países del norte, y España lo que hizo fue dejar que otros hicieran. También porque
somos una potencia extractiva, y sobre todo porque somos grandes consumidores, lo que hace que España sea el primer mercado pesquero de la Unión Europea; un mercado apetecible. Todos los países de la Unión venden en nuestro mercado. Hay países
comunitarios que legítimamente tienen interés en disputarnos el control del mercado pesquero español. El sector empresarial español entendió desde siempre que mantener el control del mercado interno implicaba garantizar el aprovisionamiento, para
lo cual era necesario compensar la insuficiencia de nuestros caladeros con recursos procedentes de empresas mixtas y acuerdos internacionales. Esta política está siendo torpedeada últimamente por países del norte, que tratan de limitar nuestras
capturas en aguas comunitarias y al tiempo ponen trabas a los acuerdos pesqueros internacionales y a la expansión o extensión de las empresas mixtas. Lo hacen con argumentos atractivos como conservación de recursos o cooperación para el desarrollo,
que contrastan con su práctica pesquera depredadora y también con sus políticas de cooperación. Estas políticas interesadas avanzan en los últimos años en el seno de la Unión Europea con la complicidad del Gobierno Aznar, que no entiende lo que
está en juego y no asume que la pesca es para España un sector estratégico, y por ello la pesca española es moneda de cambio de otros intereses. El resultado es que cada vez tenemos menos flota, menos capturas, más abandono en el sector, más paro y
un mercado más penetrado por intereses externos. Creemos que el Gobierno debe rectificar y asumir sin complejos que España es una potencia pesquera en la Unión, que tenemos flota y también tenemos mercado, que hay miles de familias que viven de la
pesca, que hay territorios fuertemente dependientes de esta actividad, y en consecuencia defender que la política pesquera comunitaria no puede hacerse sin tener en cuenta esta realidad. No sirve que el ministro para consumo interno diga un día que
está presionando, para al día siguiente pedir disculpas. La torpeza última del Gobierno gritando que presiona cuando no lo hace, puede hacer que perdamos cuando tenemos razón y que la nueva política común de pesca se haga contra nuestros intereses.
La presión real de los daneses, aprovechando las ligerezas de nuestro Gobierno, puede salirnos cara. El señor Cañete debía haber mantenido el Consejo de Pesca de abril, y allí, delante de los ministros europeos defender claramente los intereses de
la pesa española. Es en el Consejo, en el que están representados los gobiernos, donde hay que defender los intereses de
nuestra pesca, pero el señor Cañete no sabe o no quiere hacerlo. A pesar de todo estamos dispuestos a apoyar una moción unitaria que clarifique y defienda la política pesquera española en la Unión Europea, sin olvidarnos de las
responsabilidades del Gobierno español que con su pasividad y desinterés dejó que otros hiciesen una política pesquera comunitaria contraria en muchos aspectos a los intereses de nuestra flota.
Entrando en el contenido de la moción cuyo fondo compartimos, respecto al punto 1 defendemos la eliminación del principio de estabilidad relativa para limitar el acceso a los caladeros sólo por criterios científicos. La prohibición total de
los descartes en alta mar. Queremos que se contabilicen los descartes, que no se tiren al mar, si queremos conservar los recursos. Contra la pesca ilegal defendemos medidas de control de la comercialización de la pesca a nivel comunitario.
Queremos que se refuerce la capacidad de decisión de la Unión Europea en las organizaciones regionales de pesca con más presupuesto y la defensa del voto ponderado. Defendemos la inclusión de las empresas mixtas en el marco de la nueva política
común de pesca como empresas con prioridad comunitaria. La armonización de las medidas sanitarias y un mayor control de las importaciones de terceros países. También medidas eficaces para conseguir que la pesca sea considerada una profesión digna
para atraer a los jóvenes al sector, y paradas biológicas financiadas con fondos comunitarios que puedan garantizar paradas efectivas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos aquí para debatir una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego sobre la política común de pesca. Decía el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que es una moción oportuna.
Es una moción oportuna
en el sentido de que todos los grupos parlamentarios deseamos que la Unión Europea sea conocedora de la postura y planteamiento que tienen los distintos grupos parlamentarios componentes de esta Cámara. No es oportuna en otro sentido, ya que como
saben SS.SS. y pese a lo que dice el señor Díaz, el Gobierno ha estado intentando por todos los medios que esta propuesta de la Comisión Europea sobre la política común de pesca no se lleve a cabo de momento; es decir, tan solo es una propuesta y
no está ratificada por el Consejo. Por tanto, por parte del Gobierno repetimos que se ha intentado por todos los medios que las propuestas, que sin duda son tremendamente negativas para la flota pesquera española, no lleguen a buen puerto.
El Partido Popular ha presentado una enmienda a la moción del Bloque Nacionalista Galego, sin duda notablemente mejor que la propia moción.
Posteriormente se nos ha propuesto una transaccional basada en nuestra enmienda, que también
perjudica lo que hemos propuesto. Usted sabe que es así, señor Vázquez, ya que nuestra propuesta es coherente, es racional y elimina determinados errores de otras propuestas. No obstante la enmienda transaccional que usted propone, lógicamente la
apoyaremos por coherencia. Digo por coherencia porque le recuerdo, señor Vázquez, que la semana pasada o hace 15 días, los portavoces de los grupos parlamentarios llegamos al entendimiento de hacer una iniciativa parlamentaria de apoyo unánime de
todos los grupos. Usted se ha saltado a la torera ese acuerdo, y ha hecho lo indecible para que en la moción no quepa ningún tipo de iniciativa parlamentaria de todos los grupos.
Sabe usted muy bien que mi grupo parlamentario ha intentado que la enmienda presentada sea respaldada por unanimidad. Ha sido así, y nosotros apoyaremos la enmienda transaccional partiendo de la base de que queremos defender por encima de
todo la flota pesquera y no tenemos intención alguna de defender posturas partidistas.
Está claro, señor Díaz, que uno de los grandes problemas que tiene la propuesta de la Comisión Europea se deriva del Tratado de adhesión firmado por España y Portugal el 1 de enero de 1986. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista,
y le recuerdo que ese tratado ha sido criticado reiteradamente en esta Cámara por nefasto para la flota pesquera española. También le he dicho muchas veces que posiblemente fuera el mejor acuerdo a firmar en aquella fecha, a lo mejor no había otro;
pero le recuerdo que de aquella circunstancia se han derivado muchos problemas. La limitación a los accesos y la eliminación de restricciones vienen de aquel tratado; hoy sabemos que tenemos que limitarnos a las 12 millas y que la propuesta de la
Comisión Europea dice que esa medida transitoria pase a ser definitiva; que las limitaciones a los accesos del mar del Norte y el mar Báltico pasen a ser definitivas, y que la limitación a la Irish box pase también a ser definitiva. Todos los
grupos estamos de acuerdo en la eliminación de esa propuesta. El Gobierno español ha puesto algunas cuestiones encima de la mesa, y lo ha hecho por dos motivos fundamentales: por defectos de fondo o por defectos de forma.
Antes de que se me termine el tiempo quiero decirles, señor Díaz y señor Vázquez, que en la transaccional no debe eliminarse el principio de estabilidad relativa porque tiene un efecto perverso: la estabilidad relativa, como saben, afecta a
la Unión Europea pero también afecta a terceros países en los que tenemos el 80 por ciento de la flota.
Eliminando el principio de estabilidad relativa perjudicaremos sin duda a nuestra flota pesquera; de ahí que nuestra propuesta, en vez de ser
de eliminación sea de revisión o modificación del principio
de estabilidad relativa. Supongo que lo aceptarán así.
Con esa modificación, y teniendo en cuenta que esperamos el apoyo de todos los demás grupos para que el Gobierno tenga el de esta Cámara ante la negociación con la Comisión Europea, pido el voto favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, el comisario Fischler nos ha plantado -y digo bien- con su propuesta un cóctel explosivo en nuestras regiones pesqueras. Nos planta un cóctel explosivo al proponer una reducción del 40
por ciento de la capacidad pesquera, curiosamente de la pesca de consumo directo y fundamentalmente de las pesquerías del sur de Europa, sin hacer mención lógicamente a las pesquerías depredadoras del norte de Europa para la transformación en
harinas. Lo hace cuando propone la reducción de las ayudas a las modernizaciones y dirigiéndolas al desguace, sin diferencias ni matices -eso sí- entre los Estados y regiones que han ido cumpliendo con un tremendo esfuerzo y coste social y
económico los planes de orientación plurianual -fundamentalmente el III y el IV- y los que no los han cumplido.
Algunas regiones, como Euskadi, al ser zona objetivo 2 no han tenido acceso a los fondos de renovación y modernización de su flota hasta el año 2000; eso sí la flota del norte se halla modernizada y actualizada.
Nos planta el cóctel al no
referirse para nada -tal como han mencionado también los portavoces que me han precedido- a la finalización del período transitorio de integración completa a la Unión Europea y al impedir el acceso a los caladeros del norte y al Irish box, acceso
que prácticamente debía finalizar el 31 de diciembre del año 2002.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Txueka, por favor.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra al cual no se escucha por el murmullo de la Cámara. Les ruego que guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Decía que nos mantiene como pescadores en segunda división permanente y sin posibilidad además de ascenso, proponiendo también la ruptura de las reglas y normas establecidas hace apenas dos años y que planteaban escenarios del año 2007.
Decía que nos conduce a este cóctel explosivo aunque lo aderece con un lenguaje sostenible pseudoecologista y augurando unos supuestos sistemas de inspección común que garantizarán la adecuada gestión del recurso. ¿Cómo vamos a creer al señor
Fischler si ha demostrado su total falta de capacidad ante las situaciones de ilegalidad y desigualdad que continuamente se han producido en las pesquerías europeas? La Eurocámara del 25 de abril prácticamente ha desautorizado al comisario y su
plan, pero a pesar de todo ello el señor Fischler ha vuelto a afirmar el día 2 de mayo que no va a modificar su proyecto. Pues bien, nuestra posición creemos que debe ser tan firme o más que la del propio Fischler. Tenemos suficientes argumentos y
diría que también elementos de negociación. Además consideramos que todos los grupos -como ocurre en muchos temas pesqueros- mantenemos la misma posición común en esta materia y el Gobierno también. Por tanto, felicitamos al Bloque Nacionalista
Galego por su iniciativa y por el consenso que ha logrado, y lógicamente nos vamos a sumar a la transaccional que se ha planteado aquí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Brevemente, señora presidenta, para mostrar nuestro apoyo a la propuesta que finalmente se pase a votación y para saludar la iniciativa del Bloque porque creemos que es oportuna a pesar de lo que ha dicho el señor
Mantilla. La verdad es que entendemos necesario que el Gobierno tenga el respaldo unánime de esta Cámara, pero también que tome el pulso de que esta Cámara en cuanto a cierta desconfianza hacia la capacidad del Gobierno para situar la pesca como
uno de sus centros de interés. Venimos de sufrir el fracaso de la no prórroga del acuerdo con Marruecos y nos enfrentamos a una situación que entendemos es muy grave y en la que lo que se viene anunciando como la reconversión del sector pesquero
puede llegar a su punto más dramático si se confirma lo que hasta ahora son pretensiones de la Unión Europea. Por eso entendemos que es bueno el respaldo unánime a esta iniciativa, pero sobre todo es bueno que el Gobierno entienda que tras ese
respaldo también hay una exigencia de compromiso; que tras ese respaldo hay una advertencia de que de una vez por todas los pescadores, la gente que vive de la mar, deben dejar de ser los que acaban pagando los platos rotos de otro tipo de
problemas y que de una vez por todas se entienda que la pesca también es una cuestión de Estado para muchas zonas de este país y que por tanto no puede seguir siendo la que acaba pagando los platos rotos. Por eso Izquierda Unida va a votar
favorablemente, saluda la iniciativa del Bloque y cree que el Gobierno puede sentirse respaldado pero que mañana
puede sentirse en la obligación de dar cuentas ante esta Cámara de lo que hoy es un voto mayoritario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos seguido con interés el debate sobre la futura reforma de la política común de pesca, que de cumplirse con el calendario inicialmente previsto
debería entrar en vigor el día 1 de enero de 2003, aunque a la vista de lo alejadas que están las posturas que mantienen la Comisión Europea o más concretamente el Comisario Fischler por un lado, y los Estados miembros por el otro, mucho nos tememos
que no estará lista para esta fecha.
Interesante fue el debate en el momento de sustanciar la interpelación, puesto que nos permitió observar el grado de coincidencia que existía en el grupo proponente y en el Gobierno en aquellos aspectos de mayor calado, lo que ha dado origen
a una moción que nuestro grupo considera aceptable en términos generales.
La pesca debe entenderse como un equilibrio entre los parámetros de protección medioambientales y de conservación, pero también tiene que ser vista como una actividad económica productiva y muy importante para el mantenimiento del equilibrio
territorial en determinadas zonas del Estado; por ello no podemos estar de acuerdo con una reforma que supedite la actividad pesquera a otros usos como los del carácter medioambiental, sobre todo cuando la flota pesquera española de altura se
encuentra todavía en una situación claramente discriminatoria respecto al resto de flotas. ¿Por qué los barcos gallegos o los andaluces no pueden acceder en igualdad de condiciones a todos los caladeros comunitarios? Este es un aspecto que se debe
modificar en la reforma de la política común de pesca y que está contenido en el primer apartado de esta moción.
Coincidimos con el establecimiento de totales autorizaciones de captura de carácter plurianual y que no contengan aspectos discriminatorios respecto a las flotas de determinados países. Es de particular importancia el mantenimiento de los
planes de orientación plurianual, puesto que son el instrumento de actuación sobre la flota en el marco del IFOP. Si esta figura se anulase se pondría en riesgo la continuidad de las ayudas para la flota en lo que se refiere a reestructuración y
modernización de la misma, como así lo proclama la moción. Otro aspecto en el que coincidimos es en la importancia de los acuerdos con terceros países que permitan una importante presencia de nuestra flota en caladeros internacionales.
Debemos
lograr acuerdos para el Pacífico sudeste en Angola, Santo Tomé y Príncipe, así como en todos aquellos otros territorios sensibles para nuestra flota. Debemos evitar que suceda otra vez lo que ocurrió con el acuerdo con Marruecos.
Lo mismo sucede con la potenciación de las empresas mixtas. Nuestro grupo considera que el fomento de estas empresas es positivo para la flota española, sobre todo desde la inexistencia de un acuerdo con Marruecos.
Se trata de garantizar
el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo, de dar apoyo a la industria auxiliar, astilleros, talleres, etcétera, y asegurar el suministro a las industrias de transformación, lo que sin duda nos parece positivo e incluible dentro de
una nueva política pesquera.
¿Cómo estar en contra de las ayudas para las paradas biológicas o de la potenciación de aquellas medidas que supongan un mayor control de la pesca ilegal o para impulsar la adopción de medidas para reducir la siniestralidad de la actividad
pesquera? Todas estas medidas pueden contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, a pesar de que el modelo de pesca dominante en Cataluña es muy distinto al modelo de pesca atlántico, para el cual van dirigidas principalmente estas medidas.
El sistema de pesca mediterráneo también padece sus propios problemas, derivados de una sobreexplotación de determinadas especies y de la necesidad de regular la pesca de estas distintas especies para evitar la disminución del número de ejemplares.
Asimismo debe hacer frente a la competencia procedente de países terceros, con unos medios muy importantes a su alcance, y se debe mejorar la conexión entre la actividad extractiva y las actividades de comercialización y transformación.
Por todo ello, y mientras en las sucesivas propuestas que efectúe el Comisario de Pesca -que no todavía la Comisión Europea-, no se tengan en cuenta las prioridades que se contemplan en esta moción, parece consecuente que la postura española
sea la de vetar dichas iniciativas, no podemos permitirnos el lujo de sacrificar su práctica totalidad a un sector productivo tan importante como la pesca.
Por lo expuesto, pediría a los señores del Gobierno y del Bloque Nacionalista Galego un acuerdo que permita una votación por unanimidad; deben entender que hablar del sector pesquero es hablar de pescadores, personas y familias que piden
soluciones a sus problemas y que no entienden de discrepancias políticas sino que necesitan acuerdos firmes que les den seguridad y una visión de futuro positivo. El Grupo Catalán (Convergència i Unió) se sentirá satisfecho de que el sentido común
y la preocupación por los ciudadanos den como resultado esa unanimidad que debería darse en muchas más ocasiones en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Expósito.
Tras las intervenciones de los grupos entiendo que se somete a votación el texto de la enmienda transaccional. (Asentimiento.-Pausa.)
Señorías, sometemos a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas del Gobierno y los avances en la definición de la nueva política común de pesca durante la presidencia
semestral de la Unión Europea, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 274.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA FOMENTAR LOS HÁBITOS DE LECTURA EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000131.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que piensa adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de lectura en nuestro país.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ustedes bien saben, el fomento del libro y de la lectura es uno de los asuntos recurrentes dentro de las iniciativas parlamentarias que prácticamente desde todos los grupos solemos presentar en materia de cultura en esta
Cámara tanto en Pleno como en Comisión y, ante ello, fácilmente podemos sacar dos conclusiones. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) La primera de ellas es que nos parece una cuestión importante el fomento del
libro y la lectura y, por tanto, merecedora de atención política, pero creo que también significa claramente que las declaraciones de buenos propósitos del Gobierno no son más que eso, declaraciones de buenos propósitos que nunca se sustancian en
medidas ni valientes ni adecuadas a la dimensión del problema ni, sobre todo, eficaces. Desgraciadamente estos datos los avala el eurobarómetro de hoy mismo, sobre los europeos y la cultura, y en el que los españoles estamos los penúltimos en
lectura de periódicos y los antepenúltimos en lectura de libros. Son datos de hoy.
Decir que espero que esta moción propicie un giro radical para el Gobierno en materia de fomento de los hábitos de lectura sería por mi parte una ingenuidad, aunque eso no va a hacer que mi grupo deje de determinar que esa es una cuestión
urgente y necesaria, en la que hay que insistir, sobre todo porque los datos son bastante tercos, tozudos y extremadamente preocupantes. Ustedes saben que nuestro último barómetro dice que los ciudadanos españoles declaran, casi en un 50 por
ciento, no haber leído nunca un libro y, lo que es aún más alarmante, este porcentaje va en aumento en los últimos años. Teníamos un 42 por ciento de ciudadanos que admitían no haber leído nunca un libro en el año 2000 y en el año 2001 estamos ya
en un 43 por ciento. Es decir, avanzamos, como le gusta a la ministra señora del Castillo, hacia atrás, como en casi todo aquello que decide impulsar la señora ministra.
Por ello quiero denunciar el Plan de fomento -lo hice hace dos semanas en esta Cámara- de la lectura que, al margen de constituir un gran ejemplo de maquillaje de cifras, a lo que nos tienen acostumbrados, era, incluso en su dispendio
originario, insuficiente. De nuevo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte demostró no estar a la altura de las circunstancias en esta materia y, sinceramente, creo que tampoco lo estuvo la señora ministra en la interpelación cuando su
contestación fue limitarse a leer un breve resumen de la nota de prensa con la que había paseado. Ya les digo: un maquillaje de cifras que, con los datos del Gobierno, un año más tarde de haber sacado su propio plan, determinaban que donde la
señora ministra decía que este año había 4.264 millones para fomentar la lectura, en realidad -y son datos del propio Gobierno- había solo 700 millones de pesetas.
En esta materia hay que insistir y hay que ser tozudos, porque además estamos en un momento en el que estos datos son especialmente alarmantes para el futuro de nuestro país. Ustedes saben, lo sabemos todos, lo que significa la sociedad de
la información y la sociedad del conocimiento: una oportunidad cargada, sin duda, de enormes posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que se olvida es que la descomunal cantidad de información bruta que ofrecen esas
nuevas tecnologías, hay en este momento medio billón de páginas web en la red, es materia muerta si las personas no somos capaces de convertirlas en conocimiento, y las convertiremos en conocimiento si somos capaces de adquirir un mayor hábito de
lectura y somos capaces de usarla más y mejor. Por tanto, esta es también la clave del conocimiento en la moderna sociedad de la información.
Sé que todo esto ustedes ya lo saben, como conocen que las deficiencias en lectura suponen un grave riesgo para el crecimiento personal y profesional de los ciudadanos, así como que también es necesario valorarlo en términos de progreso
económico y en su capacidad para incrementar la competitividad en una sociedad. Sé
que eso ustedes ya lo saben y, por consiguiente, me cuesta aceptar que no hagamos entre todos, además un día como hoy, en el que se ha determinado que El Quijote es la mejor obra de la historia de la literatura mundial, un esfuerzo por
olvidar colores políticos y nos pongamos, de verdad, a dar solución a un asunto como éste, dado los datos que les digo arrojan todos los análisis europeos y españoles en esta materia.
Parece que el Gobierno no tiene la misma conciencia que algunos otros grupos sobre el fomento de la lectura y por ello hoy tenemos sobre la mesa una moción, consecuencia de una interpelación, que no habla de maquillaje, habla de medidas
concretas, buscando básicamente un objetivo: que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lidere, digo lidere porque las competencias en un Estado como el nuestro le dan capacidad para liderar y para coordinar todas las administraciones con el
objetivo básico de convertir a la sociedad española en una verdadera sociedad lectora. El ministerio debe liderar una iniciativa como ésa, en coordinación con las administraciones públicas y, por supuesto, siendo perfectamente coherente con la
descentralización territorial, para impulsar, básicamente con inyecciones presupuestarias, medidas en el ámbito escolar, en bibliotecas y en el Plan de fomento de la lectura como tal.
Por ello en esta moción proponemos medidas como el desarrollo de un plan trienal, para desarrollar las bibliotecas escolares en España, en donde éstas se conciban como espacios educativos al servicio de las diferentes comunidades escolares,
que habrá de integrarse además en el proyecto educativo y curricular de todos los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos en España, para fomentar métodos activos de enseñanza y de aprendizaje, a fin de corregir así las
desigualdades de origen del alumnado y, sobre todo, estimular entre nuestro pequeños el hábito de leer.
El plan, además, deberá iniciarse con el desarrollo de normas que contemplen aspectos, como la habilitación de los docentes para ejercer como bibliotecarios de centro, de forma remunerada, como una más de sus funciones y, repito, liderando y
básicamente coordinándose con el resto de las administraciones. Tendrán también que revisarse aspectos como el espacio mínimo necesario para la ubicación de bibliotecas escolares y ayudar a las administraciones a ponerlo en marcha, hoy son
insuficientes, ustedes lo saben, así como las dotaciones bibliotecarias básicas y su renovación, ampliando los horarios de apertura y autorizando el uso de la biblioteca escolar por cada comunidad.
En el ámbito de las bibliotecas públicas, puesto que se trata de fomentar el hábito, como les digo, de la lectura durante toda la vida, proponemos ampliar también la tasa de reposición de libros y materiales. Frente al anémico plan
propuesto en mayo de 2001 por el Gobierno, proponemos que durante los próximos tres años se aborde un plan general realmente extraordinario de fomento de los hábitos de lectura que sea notorio, imaginativo, estable, aglutinador y, sobre todo, que
lidere ese objetivo esencial, que debe ser realizado por nuestras administraciones públicas, de crear una sociedad lectora, elevando hasta el 70 por ciento el actual índice español de lectura que apenas alcanza hoy un 58 por ciento.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Chacón. Su tiempo ha concluido.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Creemos, señorías, que debemos olvidar hoy los colores políticos y ponernos seriamente a trabajar en este objetivo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Chacón.
Para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte en toda su extensión la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Solamente queremos añadir que en ese fomento de la lectura se tenga en cuenta, especialmente en el ámbito escolar y
educativo, la lectura en las lenguas cooficiales del Estado español, de forma que no se considere que existe solamente una lengua dentro del Estado. De forma concreta, nos gustaría que se tuviese en cuenta la necesidad de poner a disposición de los
alumnos obras de la literatura universal en lengua gallega, catalana y vasca. Pensamos que esta es la principal contribución que se puede hacer desde la perspectiva de un Estado plurilingüe y desde la perspectiva de dotar de una base lingüística
importante que pueda vehiculizar el conocimiento de la cultura universal que, como se sabe, está basada en culturas diversas y múltiples.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Igualmente, para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señora Chacón, ante su intervención he estado haciendo un ejercicio de recordatorio, de memoria del plan de lectura del PSOE y la verdad es que no lo he encontrado, fíjese, y soy docente.
Una sociedad que lee, que siente la necesidad de leer, de potenciar el hábito de la lectura y de considerar al libro como el renacer a la vida cada vez que se lee, es una sociedad con un entramado cultural que repercute
positivamente en su vida cotidiana. Sin lectura -en eso estamos de acuerdo- la cultura y la educación se resienten. La afición por la lectura como pedagogía social es un parámetro visible y evaluable que incide directamente en el tejido
sociocultural. Esto lo ha entendido el Gobierno del Partido Popular, especialmente el Ministerio de Educación con su titular en primera línea. Por eso la promoción de la lectura es uno de los grandes e importantes compromisos del Gobierno en
materia cultural y educativa. La señora ministra ha venido expresando esta inquietud permanentemente en multitud de foros y sectores sociales, no hace falta más que ver las hemerotecas, y ha sido consecuente poniendo en marcha del Plan de fomento
de la lectura con el objetivo claro de potenciar los hábitos lectores de la población española, especialmente entre la población infantil y juvenil.
El Plan de fomento de la lectura presentado por el Gobierno en mayo de 2001, que comprende el período 2001-2004, es garantía suficiente para la consecución del objetivo general de fomentar y potenciar los hábitos de lectura, y es garantía
suficiente porque ha partido de cinco premisas básicas ya enumeradas y pormenorizadas en el propio plan. Se ha partido, como era de esperar, del necesario balance de situación de la realidad social de la lectura en nuestro país; realidad emanada
de la estrecha colaboración y cooperación desde el primer momento con los sectores relacionados con el mundo de la lectura. Se ha prestado atención a las bibliotecas escolares y al fomento de la lectura en los propios centros docentes, acercando el
libro a las manos del alumno, dirigido por profesores especializados y apoyados por material didáctico que mejora estas bibliotecas de centro y de fomento de la lectura. En cuanto al soporte de las bibliotecas públicas estatales, de las
dependientes de las comunidades autónomas y de las municipales es obligado señalar el grado de colaboración del Ministerio y la Federación española del gremio de editores. Se contempla también la programación de las actividades de animación a la
lectura en colaboración con entidades públicas y privadas.
Recordemos el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias que tiene como objetivo la dinamización de la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes y ello apoyado
por una campaña en Televisión Española. Se prevé una estrecha colaboración de autores de prestigio que se acercan al mundo juvenil con el fin de motivar y aproximar más el libro, enriquecido con las actividades comunes que todos los años realizamos
como son el Día del libro, salones del libro infantil y juvenil y la campaña Libros a la calle, en colaboración con la Federación de gremios de editores de España. Son ejemplos de iniciativas sociales que están contempladas en este plan. Todo este
plan está soportado por un presupuesto de 134 millones de euros
Por otro lado, si S.S. se detiene en el análisis del documento de bases para una ley de calidad de la educación observará que subyace una expresa referencia a la lectura y a las técnicas instrumentales como base y soporte del aprendizaje.
Por ello se establece que se iniciará el aprendizaje de las técnicas de lectura y escritura en el segundo ciclo de educación infantil y que en la educación primaria se tratará de forma permanente el desarrollo de las habilidades de lectura,
escritura y cálculo. Con esa finalidad se actualizarán los currículos de las enseñanzas mínimas en este nivel, incluyendo en todas las áreas actividades que fomenten el hábito por la lectura, y no me invento nada sino que me remito al propio
documento.
Las administraciones autonómicas y los centros docentes, haciendo uso de su autonomía pedagógica, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados ámbitos del currículum como es el lingüístico y la lectura. El
documento prosigue diciendo que se establecerán evaluaciones de diagnósticos generales sobre áreas y asignaturas instrumentales. Estas evaluaciones tendrán carácter general, se realizarán durante el tercer ciclo de primaria y versarán sobre las
habilidades básicas de lengua, expresión oral, escrita y comprensión lectora.
La búsqueda de la calidad en la educación, señora Chacón, pasa inevitablemente por la potenciación del hábito por la lectura y la expresión oral desde los niveles de alumnos infantiles y juveniles. No obstante, como el fondo de la cuestión
de potenciar el hábito por la lectura es compartido, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación que sintetiza su moción. Si no es aceptada, votaríamos lógicamente en contra, y si el Grupo Parlamentario Socialista
mantiene ese espíritu de enriquecer la lectura, cuestión en la que coincidimos, creo que lo tienen muy fácil. Apoyen al Gobierno en el Plan de fomento de la lectura presentado, que va mucho más allá que la moción que hoy sustenta el Grupo
Parlamentario Socialista. Apoyen también la futura ley de calidad de la educación que contempla explícitamente la consecución de este gran objetivo pedagógico y social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bermejo.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo con absoluta brevedad dada la hora en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre todo para ver si los diputados y diputadas de esta Cámara tenemos tiempo alguna vez para dedicarnos a leer no sólo aquello que
es obligatorio por nuestro trabajo, sino gozando de la lectura.
Es evidente que, a pesar de que el Grupo Popular trajo a esta Cámara hace más de un año un Plan de fomento de la lectura, no hemos avanzado gran cosa. Por tanto me parece oportuna la propuesta socialista y les quiero dar algunos datos que
pueden ilustrar a SS.SS sobre la conveniencia de trabajar en este tema. Antes de esto, quería decir al Grupo Socialista y al resto de los grupos de la Cámara, pero particularmente a los proponentes, que hablar hoy de lectura no es sólo hablar de
lectura de libros, que también, sino ver cómo combinamos la incorporación de las nuevas tecnologías a la escuela, porque estamos todo el día preocupados por que los jóvenes no leen, pero es que hoy los jóvenes leen a través del ordenador y se
escriben cartas, algo que generaciones intermedias entre la mía y algunos de los diputados y diputadas más jóvenes de esta Cámara no han hecho. Es decir, que hay que preocuparse por las cosas, pero combinando el interés de lo nuevo por el gusto de
lo que ya conocemos y sabemos que es importante. En los libros está todo, pero los que más leen están entre los 16 y los 44 años, los que menos los mayores de esa edad. Señorías, otra sorpresa, por sexos son los hombres los que menos leen, ¡qué
casualidad! Los hombres, tan importantes y ejecutivos, y son las mujeres españolas las que les adelantamos cuatro puntos a la hora de la lectura. Este es un dato muy importante a tener en cuenta.
También podríamos hablar por zonas. Madrid, señorías, es el primer lugar de España en materia de lectores, con un 69 por ciento, seguido del norte de España con el 65 por ciento y Cataluña con el 61 por ciento; otras zonas bajan un pelín,
como el sur, el noroeste, el este y Levante, pero en todas viene a quedar claro que hay un 45 por ciento de españolas y españoles que no leen ni el periódico, señorías. Por hábitat, se lee más en las poblaciones con más de un millón de habitantes y
menos en las que tienen menos de 10.000 habitantes, lo que nos exige reflexiones que van más allá de esta Cámara, que tienen que ver con las bibliotecas de competencia municipal y de competencia autonómica, con sus horarios, pero, sobre todo,
señorías, con cuestiones muy claras que ahora voy a tratar de precisar.
Por situación laboral, señorías, los que más leen son los parados -79 por ciento- porque tienen más tiempo libre, evidentemente, y los estudiantes son los mejores lectores, yendo a la zaga los jubilados, los pensionistas y las amas de casa.
Pues bien, señorías, fíjense qué sorpresa, y con esto voy a acabar. En estudios amplios de mercado rigurosos y serios, como el que estoy manejando, se llega a la conclusión de que los alumnos y alumnas que más leen son los de la escuela privada
pura y dura. ¿Quiere decir que no están motivados los chavales de la pública? No, sencillamente -y tome buena nota el Gobierno y el Partido Popular en concreto- que desde la escuela pública no se están promoviendo hábitos de lectura. Señorías,
este estudio está publicado en Internet, no me lo he inventado yo, lo pueden leer es riguroso y serio. Esto exige reflexiones que no se pueden aplazar para el año que viene porque el nivel de lectura dice mucho de un país.
Señorías, después de todos estos datos que he puesto encima de la mesa con un cierto desorden, hay que decir que la mayoría de los lectores no leen libros, sino revistas, sobre todo cuando hablamos de los jóvenes. Por tanto, señorías,
saludamos la iniciativa del Grupo Socialista y le pedimos al Partido Popular que no se duerma en los laureles porque no se puede estar todo el día hablando de preocupación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Castro. Su tiempo ha concluido.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta, y termino. La preocupación -ya lo dije en otra ocasión- es como una mecedora, te mantiene ocupado pero no te lleva a ninguna parte. Así que dejen de mecerse ya, señores del Partido
Popular, porque es un tema serio.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra formalmente en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque la intervención de Marisa Castro, portavoz de Izquierda Unida, me animaba a arrogarme la representación de los hombres que leen porque somos
también unos cuantos miles. Los datos deben ser ciertos, habrá que estudiarlos con detalle.
La realidad es que tanto los datos que en la intervención planteó la portavoz del Grupo Socialista, como los que ha expuesto hoy y como los que ha dado la portavoz de Izquierda Unida confirman que, efectivamente, hay un problema.
Evidentemente, este portavoz ya conoce los datos porque están divulgados por distintos medios, aunque no todos coinciden y debemos tenerlo claro ante esa sensación de que somos los más miserables.
Hace muy poco participaba en una actividad en
Francia y un orador importante empezaba diciendo que Francia era el país de Europa donde menos periódicos se leen, y lo decía con gran autoridad. Se ve que todos tendemos a ponernos los últimos de la lista. Si eso es para estimularnos, está bien,
si es simplemente por victimismo colectivo, no. Si sirve para estimular y constatar que efectivamente en España se lee poco, estamos todos de acuerdo y mi grupo no puede más que subrayar la necesidad de corregir este tema con medidas a medio y
largo plazo. Qué gran cosa sería que una decisión del Consejo de Ministros o una votación parlamentaria pudiera introducir en la juventud del conjunto del Estado el hábito de lectura. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Sería fantástico que con una decisión tomada aquí o con una decisión del Consejo de Ministros o incluso con una proyección presupuestaria introdujéramos o modificáramos el hábito de lectura, aunque solo fuera de esa población, de entre 16 y
44 años si no he entendido mal, a la que se refería la portavoz de Izquierda Unida. La realidad, como sabe muy bien tanto la portavoz autora de la iniciativa como la portavoz de Izquierda Unida, no es así y modificar los hábitos de lectura es algo
que exige muchísimo tiempo y que solo se puede medir una acción política en ese sentido después de una medición -valga la redundancia- prolongada en el tiempo que examine decisiones políticas una detrás de otra. La realidad es que hay un plan de
fomento a la lectura, que ya aprobó el Partido Popular, que parece pobre en algunos ámbitos, pero que ahí está. Y no seremos nosotros quienes lo critiquemos en este momento sin conocer todavía qué impacto ha tenido. Creemos, por ejemplo, que es
muy mejorable y que se pueden tomar decisiones muy concretas en el ámbito de los medios públicos de comunicación y que ahí sí hay medidas específicas concretas, donde el Partido Popular, en los medios que dependen del Estado, el Gobierno, debería
desarrollar mucho más lo que fue en su momento el plan de fomento a la lectura. De ahí a descalificar el conjunto de todo lo que es la obra de gobierno que puede haber en el ámbito de fomento a la lectura no nos parece oportuno, sobre todo -y lo
digo francamente- porque comparto en nombre de mi grupo ese inciso que ha ido repitiendo varias veces la portavoz del Grupo Socialista en la tribuna de -y está en el 'Diario de Sesiones'-: Olvidemos los colores políticos. Lo ha dicho tres veces.
Cuando hablamos de esto, olvidemos los colores políticos. Por tanto, si hay que olvidar los colores políticos, lo primero que hace falta es ser un poco realista sobre lo que ha hecho cada cual, lo que no ha hecho cada cual y el juicio que se emite
sobre las acciones de otros.
Dicho esto, además la moción que presenta el Grupo Socialista no puede recibir nuestro apoyo, no porque no sea oportuno, insisto, intentar estimular la lectura, sino porque de hecho lo que plantea la moción que se va a votar a continuación
es, fundamentalmente, un plan de bibliotecas, que llega a decir cómo se tienen que intercomunicar las bibliotecas. Lo hace de una forma sorprendente, y a mí me gustaría saber en qué bibliotecas se está pensando, porque las únicas bibliotecas sobre
las que se puede pronunciar este Parlamento son las bibliotecas provinciales, y tampoco sobre ellas pesa ni va a pesar el desarrollo del hábito a la lectura. Sobre las bibliotecas escolares, imagino que el Grupo Socialista tiene claro quién tiene
la competencia, y son las comunidades autónomas. Espero que no lo haya perdido de vista. Sobre las bibliotecas municipales imagino que también lo tiene claro el Grupo Socialista. Entonces, ¿qué bibliotecas quedan? ¿Las propias bibliotecas
autonómicas? ¿Las de las diputaciones? ¿Las de las cajas de ahorros? Todas estas no son el objeto. Por tanto, ¿de qué bibliotecas estamos hablando, de las bibliotecas provinciales?
Por estas razones, por no haber respetado el tema competencial, no podemos votar a favor de esta enmienda.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, muchas gracias, su tiempo ha concluido. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.)
Señora Chacón, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Se acepta la del Grupo Mixto y por falta de concreción se rechaza la del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señorías, sometemos a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas que piensa adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de lectura en
nuestro país, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 96; en contra, 162.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.