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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 150, de 09/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 150
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 144
celebrada el martes, 9 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 7570)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
- Del Parlamento de Cataluña, para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 181-1, de 30 de noviembre de
2001. (Número de expediente 125/000016.) ... (Página 7570)
Modificaciones del orden del día ... (Página 7580)
Advocación por el Pleno:
- Del Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. (Número de expediente 121/000067.) ...
(Página 7580)
Elección del Vicepresidente Primero de la Cámara:
- Elección del Vicepresidente Primero de la Cámara. (Número de expediente 022/000001.) ... (Página 7580)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 del artículo 130, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 200-1, de 8 de febrero de 2002. (Número de
expediente 122/000178.) ... (Página 7581)
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre
procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 223-1, de 25 de marzo de 2002. (Número de expediente
122/000199.) ... (Página 7586)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre daños ocasionados en Santa Cruz de Tenerife por la fuerte tormenta que se produjo el pasado día 31 de marzo de 2002. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 334, de 5 de
abril 2002. (Número de expediente 162/000479.) ...
(Página 7599)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado, para atender y reparar los graves daños producidos por el temporal, con tromba de agua, acaecido el día 31 de marzo de
2002, en el municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife y circundantes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 334, de 5 de abril 2002. (Número de expediente 162/000478.) ...
(Página 7599)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la tromba de agua caída en Santa Cruz de Tenerife. (Número de expediente 162/000483.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un programa extraordinario y urgente de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo y 1 de abril pasados. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 334, de 5 de abril 2002. (Número de expediente 162/000477.) ... (Página 7606)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. (Número de expediente 173/000120.) ... (Página 7613)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación. (Número de expediente 173/000121.) ... (Página 7619)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis. (Número de expediente 173/000122.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 7570)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 7570)
Del Parlamento de Cataluña, para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general ... (Página 7570)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña los señores Millo i Rocher y Fernández Martínez, representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Modificaciones del orden del día ... (Página 7580)
La Presidencia, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como punto II la elección del vicepresidente primero de la Cámara, lo que se
aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Presidencia, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida que figura con el número 36 pase a ser debatida tras la que figura con el número 37, lo que se aprueba por asentimiento.
A continuación, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno,
del proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar en materia de delitos relativos al servicio militar y a la
prestación social sustitutoria, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto
de ley por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el proyecto de ley orgánica complementaria del mismo y el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País
Vasco con el quinquenio 2002-2006, lo que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno ... (Página 7580)
Por último, la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general. (Votación) ...
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general, se rechaza por
144 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Elección del vicepresidente primero de la Cámara ... (Página 7580)
Efectuado el llamamiento de los señores diputados, que depositan su voto en la urna, queda elegida vicepresidenta primera de la Cámara doña Margarita Mariscal de Gante Mirón por 229 votos a favor, 56 en blanco y 13 nulos.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7581)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 del artículo 130, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ... (Página 7581)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor Villarrubia Mediavilla. Tras felicitar a la señora
Mariscal de Gante por su elección como vicepresidenta primera de la Mesa, hace constar que la proposición de ley que hoy presenta su grupo para su toma en consideración, de modificación del apartado 2 del artículo 130 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, tendría que tramitarse a la par que otra proposición de ley, también de su grupo, de modificación del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no ha sido incluida en el orden del día, por lo que,
adelanta, en el caso de que se apruebe la toma en consideración de la sometida a debate, utilizarán la vía reglamentaria para, por medio de enmiendas, poder modificar el contenido del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dar eficaz
y positivo cumplimiento al contenido que se pretende con la proposición de ley, que persigue simple y llanamente que los sábados se declaren inhábiles a efectos judiciales.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Romero Girón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 del artículo 130, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se rechaza por 113 votos a
favor, 162 en contra y 16 abstenciones.
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre
procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado ... (Página 7586)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los señores Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, de
reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, se aprueba por 294 votos a favor y seis
abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 7599)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre daños ocasionados en Santa Cruz de Tenerife por la fuerte tormenta que se produjo el pasado día 31 de marzo de 2002 ... (Página 7599)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración general del Estado, para atender y reparar los graves daños producidos por el temporal, con tromba de agua, acaecido el día 31 de marzo de
2002, en el municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife y circundantes ... (Página 7599)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la tromba de agua caída en Santa Cruz de Tenerife ... (Página 7599)
Presentan las tres proposiciones no de ley, que se debatirán conjuntamente, sobre los daños ocasionados por el temporal ocurrido en Santa Cruz de Tenerife el pasado 31 de marzo y las medidas a adoptar para paliar sus efectos, los señores
Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometido a votación el texto transaccional que ha sido presentado por los tres grupos proponentes, en sustitución de las tres proposiciones no de ley, se aprueba por 294 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un programa extraordinario y urgente de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo y 1 de abril pasado ...
El señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende su proposición no de ley, haciendo constar que los contenidos del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros a los tres días de ocurrida la
catástrofe, con los que su grupo se identifica, están recogidos en todos y cada uno de los artículos del proyecto de Real Decreto-ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó el 2 de abril ante el registro de la Cámara a través de una
proposición no de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un programa extraordinario y urgente de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo
y 1 de abril pasados, se rechaza por 107 votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7613)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana ...
(Página 7613)
El señor Mayoral Cortés defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la moción consecuencia de interpelación urgente en la que se pregunta al Gobierno por las medidas que piensa adoptar para atajar el crecimiento de la inseguridad
ciudadana. Hace una severa crítica del señor Rajoy, ministro del Interior, acusándole de no ser responsable, ni riguroso, ni reflexivo, ni prudente y de utilizar la mofa, el chiste, los trabalenguas, los acertijos y el escaqueo dialéctico, incluso
el insulto helado e irónico, contra sus adversarios políticos. A continuación se refiere al contenido de la moción sobre la inseguridad ciudadana, como uno de los principales problemas que tiene el ciudadano español y sobre el que algo tendrá que
hacer el señor Rajoy, puesto que hasta el momento, dice, ha fallado tanto en el diagnóstico de las causas como en las soluciones adoptadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor González Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Mayoral Cortés.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación ... (Página 7619)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. El Bloque Nacionalista Galego pretende con esta moción evitar que el Gobierno incurra en la reforma de la enseñanza no
universitaria en los mismos defectos en que incurrió con la reforma de la enseñanza universitaria, es decir, en el desconocimiento del bloque constitucional y en la falta de diálogo con los sectores afectados. Proponen para ello un documento que,
considera, puede servir de base para el consenso, sobre la idea de reducir el fracaso escolar, concebir la educación como un servicio universal de prestación primordialmente pública, respetuoso con la diversidad y con la pluralidad nacional,
cultural y lingüística del Estado español, que dignifique la función docente y que permita
avanzar por el camino de una dirección más democrática y eficaz de los centros de enseñanza.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Aymerich Cano.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis ... (Página 7623)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Explica los tres apartados de los que consta la moción: en el primero se insta al Gobierno a
presentar las medidas necesarias para hacer frente a la situación de crisis que viven diversos sectores agrarios y ganaderos; en el segundo se plantea que el Congreso de los Diputados acuerde celebrar en cada período de sesiones, y previa decisión
por parte del Gobierno, un debate monográfico sobre la situación del sector primario en España y en el seno de la Unión Europea; y en el tercero, y más importante, se pide que se adopten las medidas reglamentarias para que se pueda crear en el seno
de la Comisión de Agricultura una subcomisión que presente en el plazo de un año un estudio sobre la situación y perspectiva de futuro de la agricultura y ganadería española.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Cuadrado Bausela.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana, en los términos derivados del
debate, se rechaza por 98 votos a favor, 157 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación, en los términos derivados del debate, se rechaza por 99 votos a
favor, 150 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación
de crisis, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 107 votos a favor y 148 en contra.
Se suspende la sesión a las once y cuarenta minutos de la noche.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señorías, asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña Inmaculada Martínez Cervera, en sustitución de don Francisco Enrique Camps Ortiz, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MARTÍNEZ CERVERA: Sí, juro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Doña Inmaculada Martínez Cervera ha adquirido la condición plena de diputada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA LA EQUIPARACIÓN EN DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS Y LOS TRABAJADORES QUE COTIZAN POR EL RÉGIMEN GENERAL. (Número de expediente 125/000016.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la equiparación en deberes y derechos
de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general.
En primer lugar, y en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Millo i Rocher. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Millo i Rocher): Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero expresarles, en primer lugar, la profunda satisfacción que me produce y el honor que supone para mí el hecho de poder defender en el día de hoy, ante el Congreso de los Diputados del Estado español, una importante
proposición de ley procedente del acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya. En la sesión plenaria del Parlament celebrada el pasado día 7 de noviembre de 2001, tuvo lugar el debate y aprobación posterior por
unanimidad de la propuesta de resolución por la que se acordaba presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el
régimen general. Hablo pues de satisfacción y de honor por un doble motivo. En primer lugar, por tratarse de un asunto de justicia social que afecta a un gran número de personas en nuestro país y, en segundo lugar, por el hecho de proceder esta
iniciativa legislativa del diálogo y el consenso unánime de todos los partidos representados en nuestra más alta institución política del Parlament de Catalunya.
Se trata de un tema que afecta a más de 500.000 profesionales en Cataluña y calculamos que a más de tres millones de personas en toda España. No se puede decir que todos los trabajadores autónomos respondan al mismo perfil. En cambio,
podemos afirmar que todos ellos padecen la misma situación de trato desigual en relación con los que cotizan en el régimen general de la Seguridad Social. Son personas que realizan una actividad económica por cuenta propia en cualquiera de los
diferentes sectores tradicionales: comercio, servicios, producción de bienes, etcétera. En unos casos trabajan individualmente como profesionales para una gran diversidad de clientes, en otros llegan a crecer por la propia expansión de su
actividad, y en algunos, en cambio, se convierten en proveedores exclusivos de grandes empresas que han externalizado una parte de su actividad, convirtiéndose así en trabajadores considerados legalmente autónomos pero que de hecho dependen
claramente de una organización empresarial superior que no les reconoce como asalariados y, por lo tanto, no son acreedores de los mismos derechos y cobertura social que el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Hay que añadir a este colectivo
el de los nuevos emprendedores, personas con iniciativa y en búsqueda de empleo que, desde su opción decidida de asumir un riesgo personal y profesional importante, deciden crear el propio puesto de trabajo a través del autoempleo, haciéndolo en la
mayoría de los casos como autónomos, y que sin duda necesitan un marco adecuado de cobertura de prestaciones sociales similar al del régimen general de la Seguridad Social.
Todos ellos, cualesquiera de los incluidos en las cuatro categorías anteriores, son auténticos dinamizadores de la economía en la sociedad que crean riqueza con su esfuerzo de cada día y que merecen un trato justo desde la óptica de la
cobertura social. Es cierto que las cotizaciones de los autónomos son menores que las del régimen general, pero los primeros tienen a la vez una menor prestación social en todas las materias que los segundos y especialmente en lo relacionado con la
situación de enfermedad, a la que pueden quedar expuestos como cualquier trabajador, las insuficientes pensiones de jubilación o la prestación económica por desempleo que no tienen derecho a percibir, por citar como ejemplo las más significativas.
Quiero referirme aquí, señorías, al hecho por todos ustedes conocido de que ya en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, como saben, fue impulsado a iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), acordado en 1995, se determinó la
equiparación progresiva de todos los regímenes de la Seguridad Social y a la vez hacer más proporcional y equitativo el esfuerzo de las cotizaciones con las prestaciones recibidas. Fue dos años más tarde, mediante la Ley del Estado 24/1997, de 15
de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, en su disposición adicional primera, cuando se instó al Gobierno a estudiar el incremento de la mejora de las prestaciones del régimen especial de los trabajadores
autónomos y la aproximación de éstas a las del régimen general.
Permítanme también recordar aquí que fue hace pocos meses cuando el consejero de trabajo del Gobierno catalán, don Lluis Franco, compareció ante la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, el trabajador autónomo y el
emprendedor, creada también a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para exponer sus propuestas en las materias objeto de estudio de la subcomisión, y que en su intervención manifestó de forma clara y contundente la
necesidad de equiparación de los regímenes para conseguir un trato más justo hacia los trabajadores autónomos.
En este sentido, nuestra propuesta supone adicionar una nueva disposición transitoria al texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que, como saben, faculta al
Gobierno, en su artículo 10.5, para disponer la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los regímenes especiales que no se rijan por leyes específicas. En definitiva, solicitamos que venga a determinar que el Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, disponga la equiparación antes del 30 de junio de 2003 de la acción protectora entre el régimen especial de trabajadores autónomos y el régimen general, así como la gradual equivalencia de los
tipos y las bases de cotización.
Así pues, para finalizar esta breve intervención en defensa de nuestra resolución, la que aprobó en su día el Parlament de Cataluña, quiero reiterar mi pleno convencimiento personal, el del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
al que pertenezco, y también el de todos los grupos que votaron a favor de esta resolución el pasado 7 de noviembre de 2001 en el Parlamento catalán, de la importante trascendencia que puede llegar a tener la aprobación de esta toma en consideración
que van ustedes a debatir a continuación. Son más de 3 millones de personas las que están cotizando en la actualidad en el régimen especial de autónomos y todas ellas en una clara situación de discriminación en relación al resto de las personas que
cotizan en el régimen general. No podemos demorar más esta situación y es necesario que adopten ustedes una posición clara al respecto.
Señorías, por todo lo anteriormente expuesto les propongo que tomen en consideración la presente proposición de ley y que demos todos juntos de esta manera un importante salto adelante en la defensa de los intereses y en la equiparación de
los derechos y deberes de todas las trabajadores y todos los trabajadores de este país. De no ser así, habríamos perdido la oportunidad de dar una solución concreta en un período de tiempo razonable a uno de los problemas que con mayor claridad y
crudeza vienen manifestando los trabajadores autónomos en todos los sectores desde hace ya demasiado tiempo. No les hagan esperar más.
Señoras y señores diputados, acabo mi intervención con las mismas palabras que la comencé. Esta resolución surge del espíritu de diálogo y de consenso alcanzado en el Parlament de Catalunya. Ahora les toca a ustedes decidir y manifestarse
sobre el grado de correlación que desean establecer con nuestra propuesta. Nosotros deseamos que sea del cien por cien y para ello esperamos, cómo no, que su voto sea favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Millo.
Asimismo, en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Fernández Martínez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es para mí un honor poder dirigirme a ustedes desde esta tribuna para informarles de la resolución que por unanimidad aprobó el Parlamento de Cataluña el pasado mes de noviembre con respecto a la equiparación, en
el ámbito de la Seguridad Social, en deberes y en derechos de los trabajadores autónomos y de los que cotizan por el régimen general.
Como todos sabemos, los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, cotizan y reciben cobertura de la Seguridad Social a través del RETA. Este régimen fue creado en el año 1970 y es posible que entonces tuviera su razón de
ser y fuera un buen sistema para la cotización y la recepción de determinadas prestaciones sociales, pero es evidente, y creo que en esto coincidimos todos, que a estas alturas, después de más de 30 años, cuando ya estamos en pleno siglo XXI, se ha
quedado desfasado y obsoleto. Esto es así y no debe sorprender porque ha ocurrido no sólo en la cuestión que nos ocupa sino en infinidad de materias de toda clase. Nuestra sociedad ha evolucionado más en los últimos 30 ó 40 años que en los 150
años anteriores y nosotros, como garantes de la cosa pública, tememos la obligación de poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas aquellos servicios, aquellas prestaciones que la sociedad demanda. Y la sociedad hoy necesita un sistema de
protección y prestaciones sociales para aquellos trabajadores que a la vez son sus propios empresarios, equiparable y comparable con el que perciben los trabajadores por cuenta ajena. Nunca ha tenido una explicación muy coherente y tal vez ni
siquiera ajustada a derecho el que los trabajadores, por el hecho de cotizar por regímenes diferentes, tengan coberturas y prestaciones sociales distintas, pero todos sabemos y todos somos conscientes de que el argumento fácil, por no decir
simplista, para justificar esta situación ha sido las diferencias en las cotizaciones. Por otro lado, hoy en día se está dando la circunstancia paradójica de que teniendo la generación de jóvenes mejor formados que jamás ha tenido nuestro país en
toda su historia, son los que más dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral y eso hace que muchos jóvenes se decidan a crear, a inventarse su puesto de trabajo.
Por todo ello, y sin desbordar para nada el marco de reflexiones y acuerdos abierto en el Pacto de Toledo, entendemos que esta Cámara debería modificar la Ley de la Seguridad Social para que los trabajadores autónomos que así lo decidan
puedan cotizar cantidades complementarias que les permitan asegurar el cobro por la contingencia de incapacidad temporal por enfermedad común en el período inferior a los quince días actuales, que en las prestaciones del régimen especial de
trabajadores autónomos queden contempladas las contingencias por enfermedad y accidente profesional
y que a la vez resulten homogéneas a las que se contemplan en el régimen general. Se hace también necesario definir cuáles son las condiciones exigibles para que los trabajadores autónomos puedan acceder a la jubilación anticipada.
Sin lugar a dudas, deberían revisarse los límites actuales de cotización, en especial para tener la posibilidad de convenios personales con la Seguridad Social y para modificar los límites máximos de cotización en el periodo comprendido
entre 50 y 65 años. También se hace necesario estudiar las condiciones para que este segmento de población laboral pueda acceder a la incapacidad permanente cualificada a los 55 años en las mismas condiciones que los que cotizan por el régimen
general. Y sin ningún género de dudas, se hace indispensable la creación de un fondo de garantía destinado a proporcionar cobertura durante un tiempo determinado a aquéllos que por motivos ajenos a su voluntad hayan perdido la empresa que les
proporciona su medio de vida.
Señorías, todas las cuestiones que acabo de mencionar no pueden ser privilegio de un determinado régimen. En modo alguno pueden ser el privilegio de una determinada manera de cotización, son derechos conseguidos por toda la clase
trabajadora, con un significado social, político e incluso cultural que va mucho más allá de un determinado modelo de cotización o de un determinado régimen. A estas alturas no existen razones objetivas para que los trabajadores autónomos no tengan
las mismas coberturas que los que cotizan por el régimen general. Otros países de la Unión Europea, como pueden ser Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo o Suecia, ya han superado esta fase de desencuentro entre los diferentes regímenes de la Seguridad
Social. Estoy convencido de que España debería ser punta de lanza en este terreno, y para que esto sea así hay que modificar la legislación existente en la actualidad. No podemos perder de vista que en nuestro país hay casi tres millones de
autónomos y no podemos olvidar que tanto los avances tecnológicos como determinadas fórmulas de sistema empresarial hacen prever un incremento sustancial en el número de personas que trabajen por cuenta propia, ya sea como autónomos, ya sea a través
de microempresas creadas al efecto.
Por todo ello, señoras diputadas, señores diputados, hoy tenemos la oportunidad y el deber, desde el ámbito de nuestras responsabilidades, de abordar esta situación social que ha producido considerables agravios comparativos a lo largo del
tiempo. Que esta situación se perpetúe o que entre todos busquemos la fórmula para que esta situación cambie depende de todos ustedes, depende de que acepten o rechacen la propuesta que en su día el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad y
hoy hemos venido a presentar a SS.SS., porque SS.SS. deciden. Ustedes, señoras y señores diputados del PP, tienen la mayoría, tienen la clave. No defrauden a los tres millones de trabajadores autónomos que hay en nuestro país.
Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes del Parlamento de Cataluña y felicitarles por plantear esta proposición de ley, porque efectivamente la situación en que se encuentran en España los trabajadores autónomos es bastante
dramática.
El objeto de la intervención es mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de la iniciativa presentada por el Parlamento Catalán. Actualmente se estima que en el Estado español existen tres millones de trabajadores
autónomos, de los cuales 92.000 se encuentran en la Comunidad Autónoma de Aragón. Con carácter general, el conjunto de trabajadores autónomos viene percibiendo un nivel de protección social menor que el de los trabajadores por cuenta ajena, dado
que realiza menores aportaciones a la Seguridad Social, y hay que paliar esta situación ahora que tenemos una oportunidad.
No obstante, queremos destacar que en caso de continuar su tramitación parlamentaria, presentaríamos las oportunas enmiendas parciales para intentar mejorar la propuesta, ya que entendemos que existe una dispersa realidad que representa este
colectivo. Obviamente, cualquier intento de corregir situaciones injustas y de equiparar la protección social de todos los trabajadores nos obliga a delimitar distintas categorías dentro del colectivo de autónomos para garantizar que la ampliación
de prestaciones para estos no suponga una discriminación para los trabajadores por cuenta ajena que realizan mayores cotizaciones.
No queremos dejar pasar la oportunidad para mencionar que nos gustaría que desde el Gobierno se desarrollasen actuaciones para beneficiar a este colectivo, dentro de un estatuto de los trabajadores autónomos donde se regulen sus derechos y
deberes y donde se delimiten diversas categorías en función del número de trabajadores a su cuenta, su facturación o la existencia de establecimientos abiertos al público.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Parlamento de Cataluña nos tiene habituados a sorpresas agradables, y ésta es una más que hace referencia a una problemática sociolaboral muy importante en el Estado español. De forma particular, en Galicia afectaría a 200.000 personas
que conforman un tejido productivo de gran importancia para nuestro país. Queremos señalar que esta iniciativa del Parlamento de Cataluña viene a sumarse a muchas otras que hemos debatido o vamos a debatir en el Congreso de los Diputados, por ahora
con poca suerte. A través de una acumulación y de un esfuerzo constante estamos seguros que el Gobierno tendrá que cambiar su política en este terreno, porque no se sustenta una política de cobertura social que discrimine tan ampliamente y de forma
tan declarada a un colectivo de trabajadores que todo el mundo considera que es fundamental en los tiempos que corren. No es de recibo que se haga, además, con un colectivo que está haciendo un importante esfuerzo contributivo que mejora cada año,
y no es de recibo porque el propio Gobierno tiene que reconocer paulatinamente la necesidad de ir homologando coberturas de los trabajadores por cuenta ajena con coberturas de los trabajadores por cuenta propia. Por no poner más que cuatro
ejemplos, señorías, no podemos permitir que los trabajadores autónomos estén fuera del amparo de la incapacidad permanente parcial, no podemos permitir que estén fuera de la consideración de lesiones permanentes no invalidantes, no podemos permitir
que no haya derecho a la integración de lagunas en todos los regímenes especiales y para todos los afiliados cuando no existía obligación de cotizar, al igual que el derecho al subsidio por incapacidad temporal desde el cuarto día de baja del
trabajador. ¿Y qué decir de la necesaria bonificación de cuotas a mujeres de regímenes especiales que causen baja por maternidad? Ninguna de estas discriminaciones se pueden tolerar por más tiempo. Esperamos que el plazo que da la ley,
precisamente hasta junio de 2003, sea suficiente para que el Gobierno cumpla. En todo caso, estamos muy satisfechos de poder votar hoy favorablemente esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a los parlamentarios del Parlamento de Cataluña que nos acompañan hoy en esta Cámara. A continuación, paso brevemente a explicar el sentido de nuestro voto.
Es tradicional en nuestro grupo, Coalición Canaria, apoyar las iniciativas que vengan desde los parlamentos autonómicos, máxime cuando estas vienen, como es el caso, avaladas por la unanimidad de dicha Cámara. Felicitamos la iniciativa y
coincidimos en valorar la importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, de la problemática y de las posibilidades y perspectivas del propio trabajador autónomo. Cuantitativamente, porque es un sector importante, lo es también en nuestra
comunidad autónoma, en Canarias, y cualitativamente, porque entendemos que aportan un importante entramado, tanto social como económico, de actividad de microempresas, muchas veces de corte familiar, y de posibilidades y potencialidades de
autoempleo. Es una vía importante de generación de empleo emprendedor, de jóvenes, de población femenina que, desgraciadamente, persiste en España con tasas de desempleo más elevadas que las del hombre y bastante alejadas de la situación media
europea. Es necesario trabajar para favorecer y apoyar al trabajador autónomo como un camino para, entre otras cosas, conseguir los objetivos europeos de pleno empleo para el año 2010. Esto implica que debiéramos trabajar en un adecuado marco de
cobertura de prestaciones sociales, aproximándolas en lo posible al régimen general de la Seguridad Social, de forma que se incentiven y se haga atractiva la creación de empleo autónomo.
Con independencia de las enmiendas que pudiéramos presentar en la medida en que pueda ser tomada en consideración la presente proposición de ley, reitero el saludo a los parlamentarios catalanes presentes y nuestro voto favorable por lo que
acabo de exponer.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. El colectivo de autónomos españoles, a pesar de representar a un 20 por ciento de la población activa, más de tres millones de trabajadores directos y casi nueve millones de personas vinculadas por relación
familiar, tiene un escaso nivel de representación institucional en nuestro país, producto de la diseminación objetiva de este colectivo social. Esta falta de presencia conlleva una escasa capacidad de reivindicación para solucionar los problemas
más acuciantes de este colectivo. De esta forma, mientras las medianas y grandes empresas de una parte y los trabajadores asalariados de otra han avanzado en los últimos años en la mejora de sus condiciones, los y las autónomas estamos muy lejos de
ver contemplados satisfactoriamente nuestras legítimas reclamaciones. El desarrollo del trabajo autónomo en España se encuentra,
señorías, en un período emergente. Las condiciones de la nueva economía y la externalización de servicios de las empresas generan cada vez más un trabajo jurídicamente independiente que no tiene la suficiente cobertura ni tampoco la
suficiente regulación social. Los autónomos tradicionales así como los nuevos autónomos configuran un sector económico y social que se encuentra en los mínimos de la protección social y soporta el máximo esfuerzo fiscal. Es evidente que los
trabajadores autónomos necesitan de un estatuto regulador específico, independiente del resto de las empresas, ya que la problemática de este colectivo, señorías, por su carácter laboral y personal, es diferente al de las sociedades mercantiles. Es
necesario, por otra parte, dar una protección adecuada a los centenares de miles de trabajadores que, aun siendo formalmente autónomos, dependen en exclusiva de una sola empresa y a los que no se extienden los derechos laborales recogidos en el
Estatuto de los Trabajadores. Debe pues considerarse que en la actualidad está cambiando aceleradamente la composición social de este colectivo. De los 2.700.000 autónomos, 1.800.000 son trabajadores independientes, sin salarios; más de un tercio
son ya mujeres y la edad media se ha reducido de 40 a 35 años en los últimos tres años, siendo cada vez más los titulados superiores los que se incorporan a este sistema de trabajo por cuenta propia.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en esta Cámara por la promulgación de un estatuto del autónomo así como por la superación urgente de algunos de los problemas más acuciantes
de este sector. Entre estos problemas queríamos citar el cumplimiento del compromiso electoral del Partido Popular de eliminar el impuesto sobre actividades económicas para los autónomos y pequeñas empresas, la supresión de la subida del 4,8 por
ciento de los módulos objetivos para la declaración del IRPF, la eliminación de la subida de 2 céntimos de euro en el impuesto sobre los hidrocarburos. En materia de Seguridad Social hemos demandado el reconocimiento de las prestaciones por
contingencias de enfermedad profesional y accidente laboral en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y el acceso voluntario a la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos. Además de estas demandas, también
hemos planteado al Gobierno cuestiones como la posibilidad de contratación laboral de los familiares directos, la regulación de mejoras en condiciones de cotización a la Seguridad Social en las familias que explotan conjuntamente una misma actividad
económica y el derecho a recibir en una sola vez la prestación por desempleo para los trabajadores que quieran acceder a una actividad por cuenta propia.
La propuesta que formula el Parlamento de Cataluña, y quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida fraternalmente a los diputados del Parlamento catalán que hoy nos acompañan en la Cámara, supone una aproximación a esta
perspectiva que maneja el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y un cumplimiento de los compromisos acordados en el Pacto de Toledo, aunque no cancela, desde luego, la problemática que tiene este sector. Ahora bien, llamamos la atención
sobre la necesidad de defender, además de su incorporación, las obligaciones que tienen los trabajadores del régimen general, es decir, cotizar por una base real. Un autónomo albañil, por ejemplo, puede elegir una base por la que paga 35.000
pesetas mensuales, pero también la puede elegir el dueño del BBVA, en el supuesto de que no prefiera, naturalmente, chalanear con el dinero en algún paraíso fiscal. La ley permite este pago idéntico mientras un trabajador del régimen general cotiza
obligatoriamente en función de su convenio. Defendemos pues esta integración, adecuando las prestaciones y las obligaciones. Entendemos que sería adecuado que se intentara, por ejemplo, una cotización de los autónomos en función de su base
imponible, circunstancia que les ayudaría a conseguir iguales prestaciones que en el régimen general, que es en definitiva el objetivo último de este colectivo.
Gracias a los diputados catalanes por haber traído a la Cámara este proyecto -y a las diputadas, me dice mi compañero Rejón-, que, como digo, da cierta cobertura a las inquietudes del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y les
anunciamos que seguiremos trabajando, como lo han hecho ustedes, para mejorar la situación de este colectivo social.
Nada más, señorías. Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de nada voy a dar la más cordial bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los dos diputados del Parlamento nacional de Cataluña, que nos han traído esta nueva aportación que desde Cataluña
se hace al conjunto del Estado.
Se trata de una cuestión a la que nuestro país se viene mostrando muy sensible desde hace muchos años, porque afecta a todos los sectores productivos del Estado. El contenido de esta iniciativa del Parlamento de Cataluña responde a una
lógica preocupación de Convergència i Unió desde hace unos cuantos años. En los debates que llevaron a los acuerdos del Pacto de Toledo nuestro grupo fue uno de los que insistió en la necesidad de incorporar una recomendación específica de
equiparación de la protección social de los trabajadores del régimen general a los trabajadores autónomos. Asimismo, fue Convergència i Unió -tal como se ha
recordado- quien insistió en la necesidad de avanzar hacia tal equiparación durante las discusiones que, en el desarrollo posterior del Pacto de Toledo, llevaron a la puesta en marcha de la Ley de racionalización y cotización al sistema de
la Seguridad Social. Como resultado del trabajo parlamentario de la legislatura pasada, aquella ley incorporó un mandato de que el Gobierno elaborase un informe sobre las posibilidades de avanzar hacia esa equiparación. SS.SS. conocen ese
informe; nuestro grupo discrepa de su contenido, porque entiende que refleja una concepción muy cerrada de la Administración general del Estado sobre la realidad del trabajo autónomo en el Estado español. A propuesta de Convergència i Unió, tal
como nos recordaba el señor Millo, y con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, se ha creado en esta legislatura una subcomisión parlamentaria para el estudio de este asunto.
Desde los años noventa ha aumentado la sensibilidad de los grupos políticos sobre esta materia. Aquellas primeras aportaciones que Convergència i Unió hacía muchas veces desde la soledad encuentran hoy apoyo en la Cámara y la acción del
Gobierno se desarrolla con mayor sensibilidad para empezar a resolver estas cuestiones; no la suficiente, señorías, eso sí. La iniciativa del Parlament de Catalunya, en la medida en que supone un empuje hacia la solución de esa falta de plena
protección social de los trabajadores autónomos, va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió, como no podría ser de otra manera. En esta mayor sensibilidad que hoy los grupos políticos y el conjunto de la sociedad refleja en esa materia
seguramente influyen dos factores. Un primer factor es una mayor valoración por parte del conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas del esfuerzo de los autónomos clásicos, del esfuerzo de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de
los comerciantes, de los profesionales liberales. Hoy es necesario afirmar que este conjunto de profesionales es un elemento fundamental en la creación de empleo, en la cohesión social de nuestra sociedad y en la capacidad de creación de riqueza.
Por tanto, este sector tan fundamental para nuestra economía y nuestra cohesión social exige también políticas públicas suficientemente potentes para dar respuesta a sus necesidades.
Además, en el consenso que existe sobre la importancia de este
ámbito, es evidente que alrededor del trabajo autónomo se están creando nuevas realidades y nuevas necesidades. Por ejemplo, Convergència i Unió, junto a Comisiones Obreras, ha realizado durante unos cuantos meses un análisis exhaustivo sobre una
nueva realidad, que es la realidad del trabajo autónomo dependiente, que configura un escenario nuevo y diferente. Esto tiene mucho que ver con el impacto de las nuevas teconologías, con las nuevas formas de producción derivadas de esa presencia de
las nuevas tecnologías en los sistemas de organización de nuestras empresas y tiene mucho que ver con los procesos de descentralización económica, etcétera.
Todo esto, señorías, nos obliga a dar un mayor énfasis a las reformas que se deben impulsar en el ámbito de los trabajadores autónomos. Hoy nadie discute que nuestros sistemas productivos, nuestros sistemas empresariales, nuestras
economías, deben estar orientadas bajo la lógica de la flexibilidad, pero nadie puede discutir tampoco que, junto a la flexibilidad, hay que incorporar altas dosis de protección social y altas dosis de seguridad, fundamentalmente ante la enfermedad,
ante el accidente, ante la vejez y ante el paro. La iniciativa que hoy nos hace llegar el Parlamento de Cataluña pretende precisamente, ante esas contingencias, la enfermedad, el accidente, la vejez y el paro, mejorar la protección social de los
trabajadores autónomos para equipararla a la de los trabajadores del régimen general. Esa nos parece que es una buena orientación.
Si esta proposición de ley fuese hoy tomada en consideración por parte del conjunto de la Cámara abriríamos, en coherencia también con las otras iniciativas parlamentarias que están funcionando en el seno de la misma, la subcomisión sobre el
estudio del trabajo autónomo y la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, un bloque de iniciativas orientadas en un mismo sentido, cosa que nos parece perfectamente compatible. Hoy, la toma en consideración de esta iniciativa no entraría en
contradicción con aquello que el Parlamento está estudiando prácticamente desde el comienzo de la legislatura; al contrario, reforzaríamos desde una visión global esa necesidad en esta materia. Desde la perspectiva estricta de Convergència i Unió
como grupo parlamentario nos parece que las prioridades en este ámbito de equiparación de la protección social de los dos regímenes van orientadas a posibilitar a los trabajadores autónomos la cotización por contingencias profesionales, posibilitar
en los casos de incapacidad temporal el establecimiento de una cotización adicional para permitir la cobertura de la contingencia por enfermedad común desde el cuarto al decimoquinto día de baja, modificar la regulación de la incapacidad permanente
en el régimen especial, abrir la vía de la jubilación anticipada, abrir la vía de la jubilación parcial de los trabajadores autónomos, abrir la vía de la cotización voluntaria para el paro de los trabajadores autónomos, permitir la inclusión de los
familiares directos del empresario individual en el régimen general de la Seguridad Social e introducir también iniciativas en el ámbito de las bonificaciones sociales. Con esta iniciativa catalana podríamos encontrar un cauce -junto a aquello que
se desarrolle del Pacto de Toledo y junto a aquello que se acuerde en el seno de la subcomisión- para empezar a concretar estas medidas.
Señorías, nos parece -así se ha recordado por parte de los dos parlamentarios del Parlament de Catalunya- que esta iniciativa nació desde el consenso político en Cataluña, desde un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para alcanzarlo
y que incluso contó con el apoyo del Grupo Popular, el grupo que hoy apoya al
Gobierno. A nosotros nos parece que ese factor, el consenso que se generó en Cataluña, reforzaría hoy en el Congreso de los Diputados las posibilidades de que llegásemos a ese mismo consenso. Apelamos a la coherencia del Grupo Popular y
que aquel apoyo que se manifestó en el Parlament de Catalunya también esta tarde se pueda manifestar en esta sesión, por respeto a aquello votado en el Parlament de Catalunya, por respeto a aquello votado en el Parlamento de nuestro país y también
para recoger las aspiraciones de aquellos miles, cientos de miles de autónomos, millones de autónomos, en el conjunto del Estado, que desde hace años están reclamando de la acción pública una política diferente que sea capaz de favorecer su
presencia en nuestra economía pero también que sea capaz de garantizar su protección ante los riesgos de la vida.
Esperemos que esa sensibilidad que el Grupo Popular demostró en el Parlament de Catalunya hoy también la demuestre en el seno de la
Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar permítanme dar la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario a los representantes del Parlament de Cataluña.
Celebro expresamente que sean el señor Fernández Martínez y el señor Millo, con los que he trabajado
conjuntamente en otras ocasiones.
Bienvenidos. Espero que se lleven un buen resultado de su iniciativa.
Volvemos a hablar en esta Cámara de trabajadores autónomos. En los últimos tiempos hemos hablado en distintas ocasiones del régimen de Seguridad Social, de propuestas y demás. Es verdad que en nuestra sociedad hay una especial sensibilidad
hacia los trabajadores autónomos por los cambios, por la transformación que se está produciendo en el mercado laboral.
Hablaba el señor Campuzano de los autónomos dependientes, todos aquellos autónomos que, siéndolo, dependen de una única empresa
que les da el trabajo; son trabajadores autónomos que en la mayoría de ocasiones no se hacen autónomos por propia voluntad o porque lo hayan elegido así, sino porque los cierres, las externalizaciones tan habituales hoy en nuestro mundo laboral les
llevan a adoptar como única solución para mantener su propio puesto de trabajo darse de alta como autónomos y seguir trabajando para la misma empresa. Como bien decían diputados que han intervenido anteriormente, es gente muy diversa. Pero me
gustaría sobre todo mencionar colectivos muy numerosos de autónomos que son hombres y mujeres que, como única solución para poder tener un desarrollo profesional, han tenido que generarse su propio puesto de trabajo, han tenido que autoemplearse y
darse de alta como autónomos.
No sirve de nada que aquí, en el Parlamento, discutamos sobre esto si realmente no hay una voluntad política de todos los grupos, especialmente del grupo mayoritario, porque la realidad es la que es y los votos mandan aquí, por suerte,
aunque en esta ocasión no sé si están bien orientados.
Si el grupo mayoritario no está por la labor, al final habremos hecho un gran debate pero, como se dice en términos futbolísticos, jugamos como nunca y perdemos como siempre, que seguramente
será lo que nos suceda hoy.
Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa muchísimo la situación del trabajador autónomo. Por ello en el mes de febrero presentamos en el registro de la Cámara una propuesta de estatuto del trabajador autónomo, que pretende regular toda
la materia de relaciones laborales, protección social, fiscal, etcétera; que de verdad sea un conjunto de medidas que regulen todas y cada una de las situaciones que el trabajador autónomo se puede encontrar. Entre otras está la contemplada en la
propuesta que hoy nos trae el Parlament de Catalunya. Dado que todo el mundo es propenso a llevar el agua a su molino, déjenme decir que esta propuesta del Parlament de Catalunya fue una iniciativa del diputado Bernardo Fernández, que al final
todos los grupos la apoyaron y que hoy ha venido a presentar aquí. Ojalá pudiéramos conseguir que lo que se dio en el Parlament de Catalunya se dé aquí hoy.
Nosotros no podemos dejar de apoyar esta iniciativa, por una sencilla razón, porque recoge todas y cada una de las reivindicaciones que nosotros presentamos dentro del estatuto del trabajador autónomo. Es algo que venimos reclamando todos,
sindicatos, trabajadores autónomos, colectivos; que se haga y que se refleje. Además, es algo que viene en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, señorías, a todo el mundo se nos llena la boca al hablar del Pacto de Toledo, pero luego
el problema es cumplir sus recomendaciones. Una de las cosas que peor llevo -aunque llevo aquí ya seis años- es ver cómo nos estamos acostumbrando a que cuando representantes de los partidos políticos -espero que en el mío sea lo menos posible, por
lo menos la que les habla no lo practica- recibimos a colectivos les damos la razón, les decimos que sus reivindicaciones son justas, que son necesarias, que son imprescindibles para regular el mercado y luego, en la realidad, cuando discutimos la
propuesta, como en este caso la de la equiparación de los dos regímenes, a la hora de las votaciones vemos que van por otro camino. Esto debería hacernos reflexionar de forma suficiente. Todos estamos convencidos de que hay que adecuar el sistema
de autónomos porque no responde a la realidad del mercado de trabajo que hay hoy, no sólo por los autónomos dependientes, sino por lo que ya está pasando con el teletrabajo, con la gente que trabaja en casa. Hay mil y una razones que deberían ser
suficientes
para equiparar el régimen de autónomos con el general. ¿Por qué? Porque trataríamos de paliar una situación. Es verdad que aquí subyace un problema, un problema que todos pensamos, algunos lo decimos, que es el del desempleo en un
autónomo. Señorías, si hay voluntad política para resolver ese problema, no necesariamente tendremos que llamarle desempleo. Por la actividad que desarrolla el autónomo, no por su voluntad sino por la voluntad del mercado -porque ha fracasado lo
que regenta, porque el que le da trabajo ha dejado de dárselo-, se podría regular algún tipo de subsidio un período determinado, por lo menos para cubrir la situación de las familias que tienen que seguir llegando a final de mes. Y qué decir de las
coberturas en caso de invalidez, etcétera.
Estamos hablando de una situación que es más que necesario que sea tomada en consideración. Y, señores diputados del PP, tomar en consideración una propuesta como esta no significa aprobarla tal y como viene, porque la mayoría la siguen
teniendo siempre. Una cosa es permitir que lo que nos trae un Parlamento como el catalán se debata, pero se podrán presentar las enmiendas necesarias para su adecuación y que realmente se apruebe lo que se nos está pidiendo.
No sé la suerte que al final -no soy muy optimista por naturaleza- va a correr esta iniciativa, pero estamos en un momento en que el Pacto de Toledo lo reivindica todo el mundo; el señor Millo lo reivindicaba como propuesta de Convergència
y Unió, el PP lo reclama como desarrollo del Pacto de Toledo, y resultará que nosotros, que estábamos gobernando en aquel momento, no tenemos nada que ver en el Pacto de Toledo. Bien, señorías, creo que no sea un lapsus de conciencia para querer
borrar la gestión socialista. Está ahí y nadie la puede borrar. Reivindico el Pacto de Toledo pero reivindico el Pacto de Toledo para cumplirlo. Como usted bien decía, señor Campuzano, tenemos el debate dentro de la Comisión no permanente, que es
una herramienta fundamental; tenemos la herramienta de la subcomisión. Ahora, si realmente, señores del PP, con su voto hacen posible el debate de esta propuesta del Parlament de Catalunya, haríamos un complemento ideal y daríamos un mensaje de
apoyo al decir a los autónomos que el Parlamento asume su problemática y, como representantes suyos que somos, ponemos las soluciones para facilitarles un poco más el trabajo y que trabajen con más dignidad.
Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, pienso que los trabajadores autónomos pueden estar contentos de que hablemos tanto de ellos. Antes de hacer una reflexión general, quiero también sumarme a los demás grupos
parlamentarios y dar la bienvenida a los dos representantes del Parlament de Catalunya, señor Millo y señor Bernardo Fernández.
El debate que nos ocupa hoy excede en mucho las ideologías de los distintos grupos parlamentarios que integramos esta Cámara, porque todos coincidimos en que en Cataluña hay 500.000 trabajadores autónomos y en el Estado hay 3 millones de
trabajadores autónomos. Y lo que nos propone la proposición de ley, equiparación de derechos y deberes del régimen especial de trabajadores autónomos respecto de las personas incluidas en el régimen general, debería decir también que no estamos
tratando sólo del régimen especial de trabajadores autónomos, por cuanto en el sistema subsisten todavía determinados regímenes especiales que tienen una doble naturaleza de filiación. El régimen especial de trabajadores del mar tiene trabajadores
por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia y el régimen especial agrario tiene también trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Es importantísimo citarlo, porque el día que compareció el secretario de Estado para la
Seguridad Social, Gerardo Camps, en la subcomisión que se ha creado en esta legislatura en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, daba unos datos a la subcomisión que estudia el estatuto del trabajador autónomo, la microempresa y los
derechos del emprendedor, en cuanto a creación de nuevas empresas, daba unos datos muy reveladores. Por ejemplo, el número de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos supone el 16,55 por ciento del total de afiliados al sistema de la
Seguridad Social mientras que los trabajadores agrarios suponen el 1,92 por ciento del total, los trabajadores agrarios por cuenta propia; y los trabajadores por cuenta propia del régimen especial de trabajadores del mar suponen el 0,10. Pues
bien, señorías, pongamos atención a un dato: casi 900.000 pensiones contributivas han sido causadas en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo que supone un 11,61 por ciento, pero estamos hablando del porcentaje mayor: del 16,55 por
ciento. Otras 900.000 pensiones contributivas han sido causadas por trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. Estos datos son significativos.
Estos días se está celebrando en Madrid la II Asamblea de la ONU sobre Envejecimiento de la Población. También estos días se ha dado a conocer por parte del Gobierno una asignación económica de cien euros a las madres por cada uno de los
hijos habidos menores de tres años para compatibilizar la vida laboral y familiar. Señorías, les damos mucha importancia a los trabajadores autónomos, pero debemos añadir que se han adoptado muchas iniciativas en la V, VI y VII legislaturas, muchas
de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cuya filosofía comparte con nuestro grupo parlamentario. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Me preocupan sobremanera otras iniciativas legislativas para
que se siga favoreciendo la creación de empleo en el ámbito de estas microempresas, otro de los retos que debe afrontar nuestra sociedad junto con el desarrollo de la natalidad, el fomento de la ocupación y todas aquellas políticas activas
que contribuyan a que en el futuro podamos lograr que no siga habiendo ese envejecimiento paulatino de la población.
Estamos en momentos históricos importantísimos con grandes mutaciones sociales, con muchos avances en nuestra sociedad como son la
sociedad de la información, la sociedad de la tecnología, la sociedad de los avances científicos, lo que conlleva plasmar las iniciativas desde un punto de vista de Estado y de responsabilidad de cara al futuro para que dentro de 40 años las
decisiones que tomamos hoy en este Parlamento puedan ser consideradas como de mayor acierto para años futuros.
Reitero que los trabajadores autónomos, sean del régimen especial por cuenta propia, del régimen del mar o del régimen agrario pueden estar satisfechos porque no sólo hablamos de ellos y hemos debatido numerosas iniciativas en esta Cámara,
tanto en Pleno como en Comisión, sino también porque a lo largo de las dos últimas legislaturas se han hecho muchísimas cosas. Si analizamos la proposición de ley defendida por los representantes del Parlament de Cataluña y pensamos que la cuestión
esencial y de fondo es esa equiparación total, incluida la prestación por desempleo, tengo que decir desde esta tribuna de una forma convincente que la prestación por desempleo raramente puede ser atribuida a los trabajadores por cuenta propia por
cuanto es la jurisprudencia, con las notas jurídicas que caracterizan esa relación, la que determina que no podrá haber prestación por desempleo cuando no hay las tres notas fundamentales que existen en una relación laboral, que son la dependencia,
la remuneración y el carácter ajeno.
En la exposición de motivos se habla de autónomos dependientes, lo que muchas veces presupone una forma de no estar incluido en el régimen general. En ocasiones las grandes empresas caracterizan a determinadas personas para que lleven a
cabo un trabajo por cuenta propia, lo que no deja de ser una forma de eludir las disposiciones de carácter laboral y de Seguridad Social. Tal y como se establece en la vigente regulación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
se han llevado a cabo numerosas iniciativas que han beneficiado a los trabajadores autónomos, tales como la unificación del sistema de cálculo de las pensiones de jubilación e invalidez; las prestaciones por muerte y supervivencia que han sido
reconocidas en las mismas condiciones que en el régimen general; se ha ampliado la acción protectora en cuanto a la aplicación de la Seguridad Social; no se exige periodo previo de cotización para el acceso a las pensiones de invalidez derivadas
de accidente, al igual que en el régimen general; se ha extendido el derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo respecto de este régimen especial; se han reconocido en los últimos años dos pagas extraordinarias para los pensionistas
que están en el régimen especial de trabajadores autónomos; se ha reconocido la prestación de maternidad; los trabajadores autónomos podrán disfrutar de la prestación de riesgo durante el embarazo al igual que en el régimen general; en el pacto
para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social se han producido nuevos avances que se van a incorporar a la legislación vigente, como la posibilidad de igualar los topes máximos y mínimos de cotización en el régimen general y en los
regímenes especiales; se ha incluido la acción protectora de una reivindicación muy solicitada por los trabajadores autónomos cual es la incapacidad permanente total cualificada, lo que presupone un incremento del 20 por ciento para los que tienen
aprobada dicha prestación siempre que no tuvieran una industria o un comercio del que fueran titulares; asimismo, se ha incluido otra reivindicación muy antigua de los riesgos profesionales, estableciéndose las correspondientes cotizaciones para
aquellos elementos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Señorías, mi grupo parlamentario va a seguir defendiendo, tal y como se establece en el Pacto de Toledo, que se vayan equiparando las prestaciones que se derivan del sistema único de Seguridad Social en los dos campos de aplicación, que es
la tendencia que debe seguir un régimen de trabajadores autónomos y otro régimen de trabajadores por cuenta propia. Mi grupo va a seguir apostando por todas aquellas políticas que han contribuido a la creación de empleo, a aumentar el número de
afiliados a la Seguridad Social, a potenciar la natalidad y a mejorar la calidad de vida de las personas que pertenecen a la tercera edad. Debemos vigilar que haya iniciativas emprendedoras y empresariales con arreglo a iniciativas legislativas de
carácter fiscal. Esa armonización, señorías, es la que hará...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Vaya concluyendo, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señora presidenta. Esa armonización es la que hará que sigamos con las políticas que han logrado unos avances importantes en los últimos años. En ese camino nos encontraremos todos, pero tendremos
que ser rigurosos en el debate y en el estudio de aquellas medidas que se proceda a analizar y a aprobar porque hay que tener responsabilidad para el futuro y ser cautos en el orden social y económico de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora diputada. (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen a los servicios fotográficos y que abandonen las tribunas.
Señorías, se suspende la sesión. (Se suspende la sesión por indisposición de un señor diputado.)
Se reanuda la sesión.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión.
Propuesta de modificaciones del orden del día. La Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como punto II, tras el debate que
acabamos de celebrar de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general, la elección del vicepresidente primero de la
Cámara.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina, que figura con el número 36, pase a ser debatida tras la que figura con el
número 37
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
La Mesa, oída la Junta de Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de
orgánica por la que se modifican la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social
sustitutoria.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica de referencia.
Por último, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley
por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el proyecto de ley orgánica complementaria del mismo y el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco
para el quinquenio 2002-2006.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la propuesta de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA LA EQUIPARACIÓN EN DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y LOS TRABAJADORES QUE COTIZAN POR EL RÉGIMEN GENERAL. (VOTACIÓN)
La señora PRESIDENTA: Ahora, señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan
por el régimen general.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 144; en contra, 158; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CÁMARA. (Número de expediente 022/000001.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de acuerdo con la modificación de orden del día aprobada, iniciamos el proceso para la elección del vicepresidente primero de la Cámara.
Recuerdo a SS. SS. que la elección se rige por lo dispuesto en el artículo 38 en relación con los números 37 y 87 del Reglamento de la Cámara. Para esta elección, cada diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta y resultará elegido
el diputado que obtenga mayor número de votos. Por parte de los secretarios de la Mesa se procederá al llamamiento de cada uno de los diputados, por orden alfabético del primer apellido, para emitir su voto y conforme a la práctica parlamentaria
existente, el Gobierno y la Mesa votarán al final.
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores diputados que depositan su papeleta en la urna.)
Terminada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Algún miembro de la Cámara que se encuentre en el hemiciclo no ha sido llamado para votar? (Pausa.)
Vamos a proceder al escrutinio.
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación efectuada es el siguiente: votos emitidos, 298; votos a favor de doña Margarita Mariscal de Gante Mirón, 229; votos en blanco, 56; votos nulos, 13.
En consecuencia, ha resultado elegida vicepresidenta primera de la Cámara doña Margarita Mariscal de Gante Mirón, a quien ruego que pase a ocupar su sitio en la presidencia. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
(Número de expediente 122/000178.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 del artículo 130 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar es de cortesía parlamentaria, creo que obligada, felicitar a doña Margarita Mariscal por su reciente elección como vicepresidenta de la Cámara, porque estoy seguro de que además no nos hará recordar el dicho de que
cualquier tiempo pasado fue mejor, seguro que no.
Mediante la presente proposición de ley planteamos la modificación del artículo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y por consiguiente la necesaria modificación del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Presentadas ante esta Cámara por el Grupo Parlamentario Socialista ambas proposiciones de ley en la misma fecha, el 31 de enero, es lo cierto que en el orden del día de hoy tan sólo viene la modificación del artículo 130.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuando preceptiva y obligatoriamente habrá que modificar el contenido del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuestión que pusimos en conocimiento de la Mesa y por escrito el pasado miércoles día 3 de abril,
con tiempo suficiente, pero no se aceptó la decisión de acumularlo. Por tanto, adelantamos ya que si, como esperamos, la proposición de ley es tomada en consideración, utilizaremos la vía reglamentaria a fin de que por vía de enmiendas podamos
modificar el contenido del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dar eficaz y positivo cumplimiento al contenido que se pretende con la proposición de ley, que es, en definitiva, simple y llanamente que se declaren los sábados como
inhábiles a efectos judiciales.
Señorías, la habilidad de los sábados era ya antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil una auténtica ficción. La disfunción entre el mandato legal contenido en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
la práctica de los operadores jurídicos no alcanzaba a ocasionar perturbaciones graves ya que los órganos judiciales no señalaban actuaciones los sábados; incluso, mediante acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, reguladores de los
horarios de la Administración de justicia, se partía en su regulación de la realidad de que los sábados no eran días hábiles. Probablemente nos encontramos con una preocupación más por cuestión de imagen, por el retraso existente en la
Administración de justicia, y esto es lo que quizás haya impedido que hayamos aprobado esta medida con anterioridad. Pero esto, señorías, no es acertado ya que la dilación de nuestra justicia no es un problema de extensión de plazos cuando son
cortos, como el supuesto del que estamos hablando, sino de tiempos muertos en los procesos, a veces de meses, incluso en ocasiones de años, y por tanto y fundamentalmente por una falta de adecuación de dotación en medios materiales y humanos para
mejorar la calidad de la prestación del servicio público de la justicia.
Pues bien, recién entrada en vigor hace escaso tiempo la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, lejos de corregir lo que era una cuasi ficción, como les comentaba, crea problemas reales con el mantenimiento de la habilidad de los sábados donde
antes no los había. Las nuevas perturbaciones proceden en lo sustancial del nuevo régimen de presentación de escritos sujetos a plazo que regula el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la obligación de dar traslado de los escritos a
los procuradores y a las demás partes con carácter previo a su presentación ante el órgano judicial, conforme establece el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué ocurre en la práctica? Ocurre, por ejemplo, que un escrito cuyo plazo
vence en viernes y se tiene que presentar, porque hay plazo para ello, hasta las quince horas del sábado en la secretaría del juzgado o tribunal, topará con la realidad de que los horarios judiciales no están en idéntico o en paralelo con lo que
establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto significa una grave perturbación y disfunción que afecta, en definitiva, al adecuado funcionamiento del
servicio público de la justicia, de los trabajadores de la oficina judicial, de las propias partes, al propio derecho de defensa y, por supuesto, a los abogados y procuradores. Esta situación se agrava al ponerla en relación con la
exigencia de traslado de copias, como les decía, previas a la presentación de los escritos que exige el artículo 276, que presupone la existencia del servicio que recoge el artículo 28.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que en todos
los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existirá un servicio de recepción de notificaciones organizado por el colegio de procuradores. ¿Qué es lo cierto? Que dicho servicio ni siquiera existe en todos los partidos judiciales y
donde existe su actuación en sábado genera grandes problemas y dificultades.
En definitiva, señorías, la combinación de la aplicación de las nuevas normas establecidas en los artículos 135 y 276 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil hace que la tradicional ficción del carácter hábil de los sábados haya perdido su
práctica inocuidad y se haya convertido en un problema real más del funcionamiento de la justicia. Parece por lo tanto adecuado y acertado llevar y establecer los días inhábiles a efectos judiciales en consonancia con la realidad social que existe
en España. Parece necesario considerar días inhábiles para las partes y sus abogados y procuradores aquellos días que en la práctica son inhábiles para los juzgados y tribunales, como ocurre en la actualidad con todos los sábados del año.
Por todo ello, esperamos una favorable acogida al contenido de la presente proposición de ley y adelantamos, para concluir, que esto no es una materia de pacto de Estado; que esto no necesita esperar a reformas más amplias, como la propia
Ley Orgánica del Poder Judicial, porque éstas no serían más que excusas. Es un problema puntual importante. Los operadores jurídicos están esperando que le demos solución y esperamos que, en lugar de excusas, seamos eficaces y no entorpezcamos la
marcha de este proceso legislativo, que esperamos se inicie con la toma en consideración, a ser posible, por la práctica totalidad de la Cámara dentro de pocos minutos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo no va a votar favorablemente, votaremos en contra, por tanto, de esta iniciativa que nos acaba de expresar y exponer ante la Cámara el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y voy a explicar las razones.
Tengo que comenzar por vincular las razones, para su defensa, a la expresión del señor portavoz del grupo parlamentario proponente de que no vengamos con excusas aquí; pero resulta que ha residenciado las excusas en cosas tan fundamentales
como el pacto de Estado por la justicia. Si firmar entre todas las fuerzas políticas un pacto de Estado por la justicia, comprometernos, entre otros, mi grupo parlamentario, a tocar una serie de materias dentro de un orden, si esa es una excusa, es
una excusa de oro, pero es un argumento dialéctico verdaderamente necesario para defender esta razón. No parece que sea excusa escuchar al Consejo General del Poder Judicial para una reforma de todo lo que le afecta, porque a fin de cuentas el
Consejo General del Poder Judicial tiene que ser oído y escuchado en una reforma de este tipo. Mi grupo quiere mantener un principio y no como excusa, sino como justificación de una coherencia y de un compromiso de seriedad política y
parlamentaria, con el compromiso que hemos contraído en la mesa del pacto de Estado por la justicia, entre cuyos argumentos se encuentran estos. Pero es más, la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las siete del Estado español que tiene
transferidas unas competencias en justicia y el Gobierno autónomo de Canarias, a través de su consejería correspondiente y siguiendo la coordinación con el grupo parlamentario que me honro en representar en estos momentos, ha hablado para agilizar
todas las funciones judiciales de la habilitación plena de los sábados en los juzgados. Estamos pendientes de escuchar el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, porque tendrá que haber magistrados, jueces y fiscales en estas
extensiones de horarios, y, por supuesto, si estamos dispuestos a agilizar la justicia, lo que no podemos hacer aquí ahora es enmendar la plana a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo artículo 130, apartado 2, se indica cuáles son los días
inhábiles, circunscribiéndolos a los domingos, las fiestas nacionales y aquellas que tengan decretadas como inhábiles laboralmente las comunidades autónomas. Si estamos deseando agilizar la justicia y para ello hay que habilitar horas nuevas en los
juzgados y nuevas fechas, nos parecería un contrasentido venir ahora a quitar a esa necesidad de agilizar la justicia un día hábil para estos pronunciamientos. No son excusas que en los trámites que la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, plantea
para la presentación de escritos sujetos a plazo perentorio el tema tenga que ver con los procuradores y abogados; esto está dentro de la mecánica y de la agilidad que se pide, con todos los medios de hoy en día de correo electrónico, de
actuaciones, de comunicaciones, etcétera.
Nosotros entendemos, por tanto, que no podemos votar favorablemente esta proposición de ley, a la que le falta, en primer lugar, un consenso en la mesa del pacto de Estado por la justicia; en segundo lugar le falta
un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial y en tercer lugar le falta un pronunciamiento de aquellas comunidades autónomas que están en la línea de colaborar en agilizar todos los procedimientos y procesos judiciales,
habilitando trabajos por la tarde, manteniendo abiertos los juzgados el mayor tiempo posible y no cerrando ahora un día hábil, puesto que no nos parecería lógico y consecuente para los que estamos todos intentando. Son estos argumentos de fondo que
pueden coincidir en su momento procesal oportuno con gran parte de lo que ha dicho aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y con los que yo estoy de acuerdo, pero cuando se sustancien estas instancias superiores y, sobre todo, habiendo,
como digo, un pacto de Estado por la Justicia que mi grupo y supongo que otros portavoces no estamos dispuestos a conculcar aprobando cosas de este tenor, aunque tengan una explicación de procedimiento para procuradores y abogados.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URIA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista un interesante debate sobre algo que siempre ha tenido enorme trascendencia, que es la medida del tiempo en el derecho, aunque sólo sea referido a algo tan querido por algunos profesionales del
derecho como es conseguir la inhabilidad de los sábados.
Inicialmente, cuando se nos anunció que esta medida había sido presentada y sin haber leído el texto, nos suscitó una cierta simpatía porque, ciertamente, como abogada en ejercicio que soy, reconozco que a los abogados y a las abogadas les
asiste igual derecho al descanso que a otros trabajadores y cada vez se impone más la realidad social de los cinco días de trabajo en la semana, aunque ya se vaya por otras reivindicaciones distintas.
Por otra parte, sopesando otros factores, está todavía muy cerca en el tiempo el debate de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que, propuesta esta posibilidad por alguna de las formaciones políticas -que no por la mía-, finalmente quedó
descartada. Nos parece que, efectivamente, no se ha sopesado suficientemente con otros factores, algunos tan importantes como son la agilidad en los procedimientos y el deseo de evitar las dilaciones indebidas, que es a lo que en gran medida están
tendiendo muchas de las medidas que se articulan dentro del llamado pacto de Estado de la Justicia porque el que la justicia se dicte a tiempo es uno de los factores que están en juego. Se me dirá que es un único día, pero creo que el grupo
proponente podría haber hecho perfectamente una separación entre el cálculo de los plazos procesales y la realización de tramitaciones ante los tribunales. Perfectamente se podría haber matizado que no se va a efectuar, por ejemplo, diligencia
alguna en sábado, pero que sí computaría a los efectos de cálculo. Igualmente, podría haberle sido exigible al grupo proponente que junto con la iniciativa hubiese hecho por lo menos un cálculo medio de cuántos días se pierden en el cómputo de los
plazos de un procedimiento medio. Un procedimiento ordinario que se ve en dos instancias tiene, cuando menos, cuatro cómputos de plazos que realizar, con lo cual se podría llegar a que entre que se recibe el escrito, si no se computa el sábado, el
procedimiento se alargue en suma casi un mes. Se me dirá que también hay jueces que tardan mucho en dictar las sentencias. Esto es lo que intentamos evitar y a esto es a lo que se intentan acomodar muchos jueces una vez acordadas ciertas medidas
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Repito que en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista falta el estudio de un equilibrio con otras situaciones, siendo atendible que determinados profesionales prefieran evitar tener que efectuar ciertas actuaciones en
sábado, día que para muchos está considerado como de no trabajo. Por eso tuvimos la previsión, que entonces nos pareció beneficiosa y que ahora, según hemos oído exponer al proponente del Grupo Socialista, se convierte a veces en un problema, de
incluir en el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil el artículo 135 por el que se permitía que en el día siguiente al vencimiento del plazo todavía fuese posible subsanar y presentar los escritos hasta determinadas horas del día siguiente, como
hasta entonces había sido práctica sólo respecto de la jurisdicción contenciosa, entendiendo que así no sería necesaria la presencia de determinados profesionales en los juzgados los sábados.
Ocurre, además, que tampoco se ha hecho una ponderación de otros factores que son interesantes desde el punto de vista al que nosotros nos referimos. Además de los profesionales judiciales, cuya presencia, efectivamente, salvo los que
ejercen en lo penal y están obligados a hacer guardias dentro del horario acordado por el Consejo General del Poder Judicial, no se contempla en los juzgados los sábados, sí existen horas retribuidas doblemente respecto del resto del personal que
presta sus servicios en la Administración de justicia. Sería bueno saber si este personal no cuenta con ese suplemento de sus retribuciones por las guardias que se efectúan en los sábados y si en muchos casos, repito, por estar doblemente
retribuidas y no ser excesivamente problemáticas en cuanto a su práctica, no quieren o no prefieren seguir efectuándolas. En todo caso, el cálculo efectivo del tiempo que se perdería respecto de cada tipo de proceso de no ser hábil respecto del
cómputo de plazos en los sábados nos parece absolutamente imprescindible para lo que ahora se pretende abordar.
La opción de nuestra formación política sería que se compute el sábado como plazo para no perder tiempo, pero que se establezca que no se puedan realizar durante estos días actuaciones judiciales. Ello es factible, pero no con una
proposición tan ayuna de estudio alguno, incluso de justificación y hasta con una tan críptica exposición de motivos como la que hoy nos trae el Grupo Socialista a la Cámara. Teniendo en cuenta que, según lo acordado en el pacto de Estado para la
reforma de la justicia, está prevista la modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial, imprescindible a los efectos de los que ahora tratamos, quizá sería bueno y conveniente posponer el estudio de esta cuestión para entonces, teniendo en
cuenta los dos factores, la necesidad de evitar las dilaciones innecesarias en la práctica o en la adaptación de la justicia a los ciudadanos junto con la necesidad o el derecho al descanso convencional respecto de los profesionales de la abogacía.
No comprendemos, por otra parte, y dicho sea al menos como nota, que se haya hecho desaparecer la referencia que consideramos necesario introducir en la ponencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así figura en el texto, a la inhabilidad del mes
de agosto. No se nos alcanza el porqué de la desaparición de ese texto, que entonces quienes éramos ponentes del texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil considerábamos una mejora.
No estamos en condiciones de decir que no a lo que nos propone el Partido Socialista puesto que, efectivamente, conocemos que es una reivindicación de los profesionales; no estamos en condiciones de decir que sí tampoco porque creemos que
son necesarios los estudios que hemos solicitado, ya que la valoración respecto de evitar las dilaciones en los procesos nos parece imprescindible y debe ser traída también a esta Cámara, por lo que creemos que la postura más honesta en el día de
hoy, y a la vista de lo que nos ha sido presentado, es la de manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco se abstendrá en la votación del día de hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, yo creo que hay que acotar la iniciativa en sus justos términos. A nuestro corto entender, lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es declarar los sábados como días inhábiles a efectos
judiciales, nada más y nada menos, pero nada más. Hemos entendido tanto en la exposición de motivos como en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que lo que les mueve es entender que la Ley de Enjuiciamiento Civil plantea
problemas a efectos de notificación de los procuradores y a las partes al ser los sábados días hábiles a efectos judiciales. ¿Cuál es la posición de nuestro grupo ante el planteamiento del Grupo Socialista de declarar los sábados como días
inhábiles? Para nosotros, la petición del Grupo Parlamentario Socialista es perfectamente razonable, por lo que vamos a votarla afirmativamente, en primer lugar porque es bueno que en la Administración de justicia sea normal lo que es normal en la
sociedad civil, y todas y todos sabemos que en decenas de miles de empresas y de empleos el sábado no es un día hábil; en segundo lugar, los pocos casos en los que puede estar indicado el sábado como día hábil a efectos judiciales son todos ellos
penales y quedan por su misma declaración fuera del ámbito de esta proposición de ley.
Tenemos un recelo, una diferencia, y es que queremos hacer notar la poca afortunada referencia a los días festivos nacionales que hay en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, cuando quizá hubiera sido más oportuno
referirse a los días festivos en todo el Estado español para respetar la referencia de la Constitución a las nacionalidades. Pero este último matiz, indiscutiblemente, señorías, es subsanable en el trámite de enmiendas, con lo cual nosotros
entendemos que no sería ningún problema. Vamos, por tanto, como decía, a votar que sí.
Lo que pasa es que se ha abierto aquí un debate y se ha abierto también esta mañana, casi fuera del orden del día, en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado para la justicia, sobre el huevo y el fuero y nos podríamos encontrar en la
difícil tesitura de entender qué es aquello que está dentro del ámbito del pacto de Estado de la justicia y qué es lo que está fuera. Si hacemos una lectura muy restrictiva, nada de lo que está recogido en el pacto se puede llevar fuera de él, es
decir, los grupos parlamentarios no tendríamos una autonomía de funcionamiento, pero al mismo tiempo no se nos puede negar que hay un acuerdo general sobre comportamiento, planteamiento y actuación de la justicia que nos debería llevar también, si
se lleva ese mismo argumento hacia el último extremo, por ejemplo, a remover al fiscal general del Estado o a cuestionarnos si verdaderamente, en el marco de renovación de la justicia, la ley de partidos políticos es una salida de tono o una
metedura de pata. Por lo tanto, si aquí no habido ni un pacto de silencio ni un trágala, indiscutiblemente, quien quiera que presente su ley de partidos políticos, sobre la que luego nos posicionaremos, pero también quien sea presente la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en cosa tan pequeña. Por tanto, yo creo que el debate no es sobre el huevo y el fuero. Si esto está bien, apruébese la toma en consideración y luego véase en la Comisión del seguimiento del pacto de Estado o en la
Comisión correspondiente de Justicia e Interior y désele un tratamiento de consenso similar con el que trabajamos en el marco del pacto de Estado. Y búsquese un acuerdo como el que por lo visto hemos conseguido encontrar esta mañana, una forma o un
pacto de iniciativa para que nadie pueda decir luego
que esto venía dentro del pacto y que se ha sacado fuera de él. Pero lo que es bueno es bueno, lo diga Agamenón, su porquero, venga o no venga en el pacto, señoría. Y si es bueno que el sábado sea inhábil, es bueno.
Luego podremos dar
coscorrones a los socialistas si consideramos que se han portado a mal o los pondremos de espalda a la pared con los brazos en cruz, pero si es bueno que los sábados sean inhábiles, es bueno, señorías. No le demos más vueltas porque no da para
mucho más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco nos acercábamos a los planteamientos filosóficos de Heidegger en Ser y tiempo. Mi grupo entiende que el supuesto en el que nos encontramos hoy tiene más que ver con aquellas
distinciones más escolásticas del fondo y de la forma. Y digo esto porque no podemos estar más de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en el fondo de esta materia, nosotros no presentamos ninguna discrepancia como las que han presentado
otros grupos. Hasta tal punto no presentamos discrepancias, que en la Conferencia sectorial de asuntos de la Administración de justicia de 22 de mayo de 2001 este fue un tema que puso encima de la mesa el conseller de Justícia de la Generalitat de
Cataluña y hasta el punto de que en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia, en la reunión de 22 de noviembre de 2001, tal y como consta en el acta, el portavoz que les habla también lo puso encima de la mesa, solicitando la
adopción de una iniciativa legislativa en la materia y además verificando el coste o el ahorro de adoptar esa medida. Quiero decir que no podemos estar más de acuerdo, aunque quizá podríamos estar más de acuerdo en la medida en que lo que nos
gustaría sería que se extendiese a todas las jurisdicciones. Don Julio Villarrubia sabe que no es precisamente en la jurisdicción civil donde hay más problemas porque en la jurisdicción civil, después de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, nos encontramos con plazos mínimos de cinco días, salvo en los supuestos de aclaración y rectificación de errores materiales de resoluciones, y los problemas son muy superiores en la jurisdicción penal, en la que todos los días son hábiles y
además hay plazos de tres días. Por tanto, haciendo lo que debiéramos hacer, que es adaptar la habilidad o el tiempo de los procesos a la realidad social del derecho al descanso de los profesionales que intervienen en los procesos, no es desde
luego en la jurisdicción civil, sino en la penal donde nos encontraríamos más problemas. Y todavía vamos más allá. La aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil está generando problemas de estos preceptos tanto en los procesos
contencioso-administrativos como en los procesos laborales, de tal manera que debiéramos también abordarlo desde la perspectiva, por ejemplo, del artículo 45 de la Ley de procedimiento laboral, así como de las disposiciones de la Ley de lo
contencioso-administrativo.
Por todo lo anterior, señorías, señora presidenta, no se trata de un tema de fondo, en el que ciertamente estamos de acuerdo, sino que se trata de un tema de forma. Nosotros entendimos - puede que erróneamente- que este era uno de los
aspectos ubicados en el pacto de Estado por la justicia, en el que los grupos hacíamos uso de la autodisciplina o autolimitación que suponía formular los planteamientos en la Comisión de seguimiento y en caso de discrepancia adoptar posiciones
unilaterales. Nosotros así lo hicimos, lo planteamos en la Comisión de seguimiento, de ahí que nos sorprendiese posteriormente la presentación dos meses después -tengo que decirlo- de la proposición de ley por el Grupo Parlamentario Socialista.
Desde esta perspectiva no podemos sino hacer un planteamiento de abstención. No será por el Grupo Parlamentario Catalán por el que no se apruebe o no salga adelante esta proposición de ley. Sin embargo, entendemos que no se ha actuado
correctamente.
El señor Rejón hacía antes referencia a que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Lo que rogaría al Grupo Parlamentario Socialista es que averigüe qué es lo que ocurría en los juegos olímpicos a aquellos corredores que
salían a correr antes de que les dieran la señal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición del mismo respecto a esta proposición de ley. En efecto, como ya se ha puesto de manifiesto, se pretende la reforma del apartado 2 del
artículo 130 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil y en definitiva considerar a efectos judiciales los sábados como inhábiles. Señor Villarrubia, tengo que decirle -y lo conoce su grupo parlamentario perfectamente- que esta no es ninguna
novedad. Fue el propio ministro de Justicia, en la comparecencia que efectuó ante la Comisión de Justicia e Interior el día 13 de febrero de 2001, en la que presentó las líneas básicas del pacto de Estado por la justicia, quien ya manifestó que
cabría la posibilidad de afrontar los sábados como días inhábiles, sin perjuicio de su
posible habilitación para actuaciones urgentes. Además, y ya lo ha dicho también el portavoz de Convergència i Unió, la conferencia sectorial de justicia celebrada en Canarias en mayo de 2001 hizo suya esta propuesta entre las comunidades
que tienen asumida competencia en materia de justicia. Por tanto no se trata de ninguna novedad, sino de algo que ya está previsto y en estudio desde hace algún tiempo.
Señor Villarrubia, no se trata de ver quién se apunta el tanto, sino de ver quién hace las cosas bien y se trata de hacer las cosas en condiciones. Yo tengo que decirle, señor Villarrubia, con todo el respeto, que esta iniciativa carece
absolutamente de rigor y que está hecha con ligereza, y voy a intentar demostrárselo. Efectivamente, el artículo 130, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice textualmente: 'Son días hábiles todos los del año, excepto los domingos, los
días de fiestas nacionales y los festivos a efectos laborales en las respectivas comunidades autónomas o localidades. También serán inhábiles los días del mes de agosto.' ¿Cuál es el texto alternativo que propone el Grupo Parlamentario Socialista?:
Son días hábiles todos los del año, excepto los sábados, los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en las respectivas comunidades autónomas o localidades. Por tanto se pretenden dos modificaciones: primera,
declarar inhábiles los sábados y, segunda, declarar hábil el mes de agosto, puesto que en su propuesta -empieza y cierra comillas- no menciona para nada el mes de agosto. Por tanto es un error y, si no es un error, permítame que le diga que no
estaríamos de acuerdo con que el mes de agosto fuera hábil, porque eso sí produciría verdaderos problemas a los profesionales del derecho. Por eso le digo, señor Villarrubia, y me dice que no con la mano, con todo el respeto, que esta iniciativa
está hecha con ligereza y falta de rigor. Además, a nuestro juicio, ni es la forma ni el procedimiento adecuado para plantear esta cuestión y tampoco es el procedimiento oportuno porque se conculca el principio básico de consenso que existe entre
el ministerio y los grupos parlamentarios para la reforma de la justicia, que está plasmado en el pacto de Estado por la justicia. El procedimiento que el ministerio y los grupos parlamentarios están llevando a cabo es completamente opuesto al
seguido en este caso por el Grupo Socialista. En todos los supuestos que hasta ahora se han planteado es la comisión de seguimiento del pacto la que estudia el asunto y dentro del mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios y el
ministerio se elabora la propuesta. Prueba de ello es la proposición de ley que vamos a debatir a continuación sobre los juicios rápidos.
Tengo que decirle también, señor Villarrubia, que no estamos de acuerdo con la forma. Desde nuestro punto de vista, la modificación que se propone hoy hay que encuadrarla entre todo lo que lleva la modificación del funcionamiento de la
oficina judicial y no aisladamente como se pretende. Se ha creado un grupo de trabajo para abordar la modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial, con la que se pretende una reforma estructural del funcionamiento de la justicia para
modernizarla. Es en ese marco donde debe abordarse la reforma que hoy propone el Grupo Socialista, desde una visión global del funcionamiento de la oficina judicial. Por tanto, encontrándose en marcha la elaboración de una nueva Ley orgánica del
Poder Judicial y habiéndose creado un grupo de trabajo para ello, no resulta justificado llevar a cabo modificaciones puntuales, sino que es mucho más riguroso abordar la reforma desde una perspectiva mucho más completa y desde una visión global del
funcionamiento de la justicia.
Termino, señora presidenta. Pudiendo estar de acuerdo con el fondo del asunto -y prueba de ello es que ya lo manifestó el ministro de Justicia-, siempre y cuando la reforma se refiera sólo a la declaración de los sábados como inhábiles pero
no al mes de agosto, estando de acuerdo básicamente con ello, no podemos aceptar la propuesta ni por la forma ni por el procedimiento. Se trata, señor Villarrubia, desde nuestro punto de vista, de una forma distinta de legislar. No se trata de ir
poniendo parches, sino de legislar desde una visión más amplia y de conjunto, lo que sin duda produce resultados más beneficiosos para la sociedad.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Romero.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 del artículo 130 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 113; en contra, 162; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE
PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente 122/000199.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios
Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento
rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. En primer lugar y para la presentación en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
Adelante, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que al cabo de algunos años de experiencia parlamentaria me encuentro hoy en una situación un tanto insólita, ya que en un trámite como éste, de una proposición de ley, cuya defensa se asume para que sea tomada en
consideración, se entiende que hay siempre alguien a quien convencer, alguien que si no ha mostrado su disconformidad previa con lo que se propone, al menos quepa entender de él que está en una situación de abstención, pero al intervenir hoy aquí en
primer lugar, encabezando toda una lista en la que están los portavoces de todos los grupos de la Cámara unidos suscribiendo una misma propuesta, me encuentro en una situación realmente novedosa, parecida a aquella que los clásicos catalogaban como
intentar vender miel al colmenero. Yo creo que cuando esto es así, quizá la mejor manera de dar cauce adecuado a este trámite sea explicar por qué esto es así, porque sin duda se debe a cómo se ha hecho, cuándo se ha hecho y por qué se ha hecho
esta proposición que hoy todos los grupos de la Cámara suscriben y plantean para que sea tomada en consideración. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Yo creo que la primera explicación de este fenómeno está en la existencia de un pacto de Estado por la justicia, al que en su día dieron un impulso decisivo tanto mi grupo, que apoya al Gobierno, como el principal grupo de la oposición
asumiendo un compromiso público, que luego se extendió a todos los grupos de esta Cámara, y es por tanto ya un pacto de todos. En ese pacto se contemplaban unas reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el texto al que hace referencia
la proposición de ley que hoy nos ocupa. Luego ese pacto de Estado, que sin duda ha marcado un nuevo ambiente a la hora de abordar los problemas de la justicia de una manera muy positiva, se ha seguido manteniendo vivo a través de una comisión de
seguimiento donde estamos presentes todos los grupos parlamentarios. Me parece también muy significativo observar cuáles han sido las prioridades que desde esa comisión de seguimiento se han ido señalando a la hora de abordar los problemas de la
justicia.
En primer lugar, y yo creo que eso lo entendió todo el mundo, se abordó una vieja cuestión enormemente polémica, que sin duda contribuía a viciar mucho el ambiente a la hora de analizar los problemas de la justicia y también repercutía sobre
el grado de confianza que la posibilidad de su reforma transmitía a los ciudadanos. Me refiero al sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Creo que fue una decisión acertada porque para nadie es un secreto
que la solución a la que se llegó no se identificaba de una manera neta ni con la postura largamente defendida por el grupo que apoya al Gobierno ni tampoco con la postura del principal grupo de la oposición. Por tanto fue un modo de transmitir a
los ciudadanos que estábamos todos dispuestos a asumir rectificaciones y cesiones para dar paso a un nuevo modo mucho más pacífico y constructivo de entender las cuestiones relacionadas con la justicia.
En segundo lugar, ese mismo comité de seguimiento decidió abordar la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, que igualmente ha sido objeto en este caso de una proposición no de ley presentada asimismo por todos los grupos de la
Cámara y asumida en su día. Ahí también se enmarcaba esa prioridad de los problemas que atañen a los ciudadanos, que les afectan más directamente, que les acucian a ellos, y, por tanto, de una manera clara, el rechazo de la posibilidad de que las
iniciativas legislativas en relación a la justicia consistieran en el aprovechamiento de una mayoría absoluta por parte del grupo mayoritario para diseñar a su gusto y antojo un modelo de justicia nuevo, que estaría inevitablemente condenado a verse
sustituido, dentro de muchos años sin duda, por razones obvias, cuando esa mayoría absoluta no estuviera en vigor.
En tercer lugar, nos encontramos hoy con una proposición de ley que va a asumir la regulación de los juicios inmediatos, de lo que en el lenguaje coloquial y enormemente difundido se consideran como juicios rápidos.
Creo que también es
interesante recordar cómo se ha gestado esta proposición de ley, como prioridad dentro de ese comité de seguimiento.
Había sido objeto de iniciativas de algunos grupos, pero, como se ha demostrado una vez más, una voluntad de renuncia a
protagonismos unilaterales ha acabado confluyendo en esta proposición que hoy todos suscribimos. Además, en la comisión de seguimiento hubo la convicción de que era necesario contar con el apoyo de expertos que nos ayudaran a buscar las fórmulas
más adecuadas para encontrar solución a los problemas de que se trataba. Esos expertos no fueron señalados por el Grupo Popular ni fueron señalados por el Gobierno, al que el Grupo Popular apoya, sino que hubo igualmente un acuerdo, del que
tuvieron común conocimiento todos los integrantes de la comisión de seguimiento, y, por tanto, esos expertos, a su vez, han sido extraídos de diversas
sensibilidades, incluso dentro del mundo del derecho procesal, particularmente cercano a todas estas cuestiones. Partiendo del informe de esos expertos todos los grupos hemos acabado componiendo este texto que hoy llega a la Cámara con un
apoyo moral significativo, que implica el compromiso político de todos para sacar adelante una reforma que entendemos que es ineludible y necesaria y que convendría llevar a cabo con urgencia, incluso desde el punto de vista de los trámites
previstos en esta Cámara.
Es obvio que por parte de todos existe una voluntad de mejora y el hecho de que todos suscribamos esta iniciativa no significa que la consideremos inmejorable y, por tanto, intocable, pero lo que sí quiero recordar al respecto, como fruto de
la experiencia personal, que al fin y al cabo algún valor puede tener, son experiencias vividas en reformas anteriores, en la reforma de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa o en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para
que una reforma de este tipo llegue a buen puerto es imprescindible que sus protagonistas se la crean, que quienes van a realizar esa reforma y la van a convertir en realidad estén convencidos de que eso va a llevarse a cabo. Recuerdo muchos
pasajes de deliberaciones, tanto en el ámbito de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa como de la Ley de Enjuiciamiento Civil -recuerdo intervenciones al respecto del siempre añorado Pablo Castellano-, buscando precisamente evitar
hasta el asomo que aquello no nos lo creíamos, porque para que los protagonistas de una reforma de este tipo se la crean, primero debemos transmitir inequívocamente el mensaje de que nosotros nos la creemos. No sería muy lógico, por ejemplo, hablar
de juicios inmediatos si nosotros tenemos dudas de en qué medida los protagonistas de esta reforma van a estar o no dispuestos a realizar en determinados plazos, respetuosos siempre, como es lógico, con los derechos fundamentales en juego,
determinados trámites. Si nos asustara o dudáramos de la posibilidad de que esos plazos se iban a cumplir, como ocurrió hablando de lo contencioso o hablando del enjuiciamiento civil, entonces estaríamos perdidos. Recuerdo, por ejemplo, todo el
debate de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la oralidad y, por tanto, la necesidad de evitar en lo posible recaer en un procedimiento demasiado vinculado a la escritura. Allí hubo una convicción de que eso era factible y de hecho hoy -todo el
mundo lo reconoce- así es. Entiendo que nuestra obvia voluntad de mejorar este texto no debe afectar en modo alguno a ese mensaje que debemos transmitir a sus protagonistas de que nos creemos esta reforma y de que estamos convencidos de que en
ningún caso pedimos a nadie un imposible. Es preferible que los que van a ser protagonistas y responsables de la reforma se carguen de razón para pedir más medios si fueran necesarios -y como grupo que apoya al Gobierno asumo la responsabilidad que
en ese aspecto nos tocará- a dar la sensación, siquiera lejana, de que no nos acabamos de creer que ellos sean capaces de convencerse de la posibilidad de esta reforma. Esta es la actitud de nuestro grupo y cumpliendo de la manera más exacta
posible -me he pasado once segundos- he procurado dejar constancia de su satisfacción por la unanimidad que la presentación de esta proposición manifiesta.
Nada más, muchas gracias, señora presidenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ollero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, nosotros, como grupo parlamentario -no puede ser de otra manera, puesto que hemos firmado también la iniciativa que hoy nos trae a esta Cámara y a este debate-, vamos a apoyar con nuestro
voto la toma en consideración y el trámite parlamentario correspondiente. Lo hacemos lógicamente porque creemos que es necesario y lo hacemos también por el acto de responsabilidad continuada que tenemos en materia de justicia y que nos ha llevado
a ser autores y firmar un pacto por la reforma de la justicia, a nuestro entender indispensable para que la Administración de justicia funcione de mejor manera, para hacerla más eficaz, para modernizarla. Y hoy nos trae aquí no la posibilidad, como
decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de convencer, con nuestra explicación, a los otros grupos, porque parece que todos los grupos estamos convencidos, sino el hecho de explicar correctamente nuestra posición en esta materia, cuáles
son los problemas, por tanto, que vamos a abordar con esta materia y cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, compartimos la preocupación de todos los grupos, del Gobierno también, con relación a que los retrasos en los procesos penales, en el procedimiento penal, en la persecución procesal del delito en el fondo, tienen unas
consecuencias negativas. A nuestro entender, dos son las consecuencias más negativas de esa dilación de asuntos penales.
Una, propicia sin duda conductas delictivas, las reitera y, dos, lleva a la ciudadanía a una sensación de impunidad ante el
crimen, no querida por supuesto. Por tanto, compartimos uno de los aspectos nucleares de la reforma, lo hacemos nuestro, y porque lo hacemos nuestro y somos coherentes con esa forma de pensar, ya en el año 1992 hicimos posible esa reforma
legislativa que hoy se quiere articular de una manera más amplia.
En este momento hay ya toda una articulación, una configuración sobre los juicios rápidos que incluso nosotros hemos pedido que tuvieran una ampliación legislativa desde hace tiempo.
Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones, señorías, y quiero que nuestra posición
aparezca clara en este trámite legislativo; quiero que ustedes sepan algunas cuestiones, porque seguramente frente a defectos similares nos vamos a enfrentar con este cambio legislativo. La articulación de 1992 no tiene deficiencias
estructurales conocidas, es una legislación correcta y, dos, ha pasado todos los trámites constitucionales, es decir, no tiene dificultades constitucionales. Además, los llamados juicios olímpicos de 1992, cuando tenían la fortuna de tener medios
adecuados para hacerlos posibles, han resultado un éxito. Por tanto, debemos tenerlo en consideración y hacer una reflexión sobre este asunto -hablamos de medios-. En un estudio del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, de junio
de 2001, se hacen algunas reflexiones que merece la pena apuntar: Desde el año 1996 la calificación de procedimientos abreviados como juicios rápidos descendió en más de un 36,8 por ciento, un 37 por ciento, o mejor dicho, en 20 provincias
españolas, es decir, el 40 por ciento del total de provincias, nunca se ha hecho un juicio rápido. Por ejemplo, en A Coruña sólo se han hecho seis juicios rápidos en 1995, ninguno después; en Navarra, uno en 1998, ninguno después; en Cáceres dos
en 1995, ninguno después. Por tanto, quiero que los grupos parlamentarios reflexionemos sobre este asunto, porque es una problemática que nos podemos encontrar si no hay medios y debemos solventar.
Compartimos también la necesidad de esta transformación legislativa o la ampliación de esta legislación porque compartimos con muchos ciudadanos, señorías, la sensación de inseguridad ciudadana que en este momento los propios sondeos del CIS
ponen de manifiesto. Hace unos días se nos decía que los ciudadanos españoles en los últimos seis meses habían ampliado el nivel de preocupación por los temas de seguridad ciudadana en 14 puntos más, y la inseguridad ciudadana se convertía en el
tercer problema de los ciudadanos españoles. Luego hay que hacer algo, al parecer, a la vista de que las acciones emprendidas por el Gobierno no son suficientes.
Paso a exponer nuestra aportación como grupo, en términos de delito.
Tenemos una tasa de criminalidad, señorías, de 50 delitos por 1000 habitantes. Alemania tiene 17; Gran Bretaña, 24 y Francia, 34. Luego es verdad que parece necesario,
a la vista de cierto fracaso en las políticas de seguridad del Gobierno, que los grupos parlamentarios apoyen con cambios legislativos una acción distinta que aumente los niveles de seguridad en nuestro país. En los últimos cinco años hemos pasado
de 1.700.000 infracciones penales a dos millones, y los incrementos de la tasa de criminalidad en el ámbito rural en los últimos años han superado el 40 por ciento -ustedes lo saben-. Les daré algunos datos: Abril de 1996, 394.628 delitos y
faltas; a finales de 2001, 561.000 delitos.
Parece lógico que nuestra responsabilidad nos lleve a configurar desde el Parlamento iniciativas que ayuden a solventar este problema -que no es nuestro-, como oposición responsable que somos. Es
necesario disponer de instrumentos legislativos eficaces, señorías. Para que lo sean, se precisan tres requisitos que expondré de manera muy rápida, señora presidenta, al explicar nuestra posición. Primero y fundamental: más medios; lo hemos
dicho públicamente y queremos ratificarlo aquí. Si queremos hacer una buena legislación -y ese compromiso lo tenemos como firmantes del pacto- por la que se den más competencias a la Policía, tiene que haber más policías. Si la instrucción tiene
lugar en los juzgados de guardia, tiene que haber más juzgados de guardia. Si debe haber presencia adecuada y rápida de peritos, forenses e intérpretes, tiene que haber más peritos forenses e intérpretes. Desde luego, tiene que haber más fiscales;
tenemos 1.300 fiscales en nuestro país, un número insuficiente para esta reforma. A partir de ahora, se reclamará la presencia del fiscal en el juzgado de guardia, junto con el juez, los peritos y los abogados; no es suficiente, por tanto, que el
fiscal esté en la capital de provincia y vaya al partido judicial correspondiente, porque así no abreviará los procedimientos rápidos. No voy a hacer mías las recientes palabras de un fiscal jefe en una provincia andaluza, pero recuerdo que sobre
la carencia de medios se han pronunciado frases como la siguiente: la falta de medios, en términos de fiscalía, es en estos momentos escandalosa. Primer punto fundamental para la reforma, pues, señor ministro: más medios; es indispensable.
Segundo. Las transferencias no pueden ser un trágala para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a tener más competencias y deben tener también transferencias de medios, de capital, que les permitan hacer frente a ellas.
Es decir, la ejecución de las competencias que les transferimos debe hacerse a través de transferencia de medios. No digo que las comunidades autónomas que tienen ya las competencias no hagan un esfuerzo presupuestario; estoy diciendo que el
Gobierno tiene que acompañar el esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas para que este cambio legislativo produzca las consecuencias favorables que todos queremos. Que no ocurra, en el fondo, señor ministro, como con los cambios de la
Ley penal del menor.
Tercero y último: mejoras técnicas. Ya lo he comentado con compañeros parlamentarios -algunos del grupo mayoritario- y quiero hacer hincapié en ello en este trámite. En primer lugar, no es posible que haya un plazo de caducidad para el
ejercicio de la acción penal por la simple inactividad del ministerio fiscal. La propuesta legislativa que hacemos hoy y cuyo trámite vamos todos a abanderar, permite que, si el fiscal no hace escrito de acusación, después de un trámite ciertamente
un poco engorroso y por el transcurso del tiempo, se entienda que hay una solicitud expresa de sobreseimiento; es decir, la falta de acusación se transforma en sobreseimiento. Esto tiene tres consecuencias no
queridas por nadie -seguro, señor ministro-, que relato a continuación: una, su posible inconstitucionalidad. Es decir, nosotros tenemos que seguir manteniendo una tutela judicial efectiva de las víctimas que no es posible de esta forma.
Segundo, daría una sensación no querida por nadie -tampoco por el Gobierno, sin duda-. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que hubiera delitos no perseguidos por el simple hecho de que caducara un plazo en el trámite procesal. Tercero, en algunos
casos cabría un nivel de sospecha -tampoco querido por nadie-, porque de acuerdo con la organización del ministerio fiscal cabría la posibilidad -no denuncio ni señalo- de sospecha de encubrir una impunidad interesada por la simple inactividad del
ministerio fiscal.
Dos cuestiones más. Es preciso también un sistema de plazos en el juez de instrucción para sujetar la investigación a un término razonable.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Barrero, vaya concluyendo.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino, señora presidenta.
La investigación debe concluir en términos razonables de acuerdo a como se hace en los códigos procesales y penales tanto portugués como italiano.
Quiero hacer también una reflexión que transmito a todos mis compañeros de los grupos parlamentarios pero, de manera especial, al Ejecutivo y al grupo parlamentario mayoritario. Tenemos que pensar y reflexionar seriamente sobre si es
conveniente extralimitarse en los procesos, de manera que ampliemos a nueve años la pena de los delitos que puedan ser perseguibles por los procedimientos de urgencia. No deberíamos pensar en que los delitos que competen a la Audiencia provincial,
los de hasta cinco años, tengan que ser el marco en el que definimos los procesos abreviados por la vía de los juicios rápidos. Recuerdo, por justificar esta reflexión, que en derecho comparado, en procedimientos similares, no hay, que sepamos
nosotros, en los países de nuestro entorno cultural, ninguna legislación en que este procedimiento sea para delitos superiores a cuatro años.
Hay también otros temas de importancia que creo que van a hacer posible un acuerdo mayoritario en el trámite que hoy iniciamos, pero nos queda, señor ministro -en ese momento lo haremos llegar a todos los grupos-, una última reflexión.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Barrero, concluya, por favor.
El señor BARRERO LÓPEZ: Concluyo ya, señora presidenta.
Una última reflexión para que sepan los grupos que nuestra posición es muy favorable. Hay un elemento para nosotros indispensable para el triunfo de este cambio legislativo y es que todos los grupos estamos de acuerdo, es necesario y lo
hacemos además en beneficio de los ciudadanos. Cuenten, por tanto, como han contado hasta ahora -para todo lo que sea en beneficio de los ciudadanos, como creemos que es la articulación de este nuevo procedimiento rápido-, con el apoyo, la
aportación -no contrato de adhesión, aportación-, debate y reflexión del Grupo Parlamentario Socialista porque él y otros grupos harán más fácil el enriquecimiento de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ciertamente el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió se congratula de la presentación y del debate en el día de hoy de la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo hace por razón de fondo, por razón de la
materia: la implantación de esta justicia rápida, inmediata -en algún caso hasta se nos ha propuesto la denominación de perentoria- y lo hace también por el nivel de consenso que permite presentarlo en el Parlamento. También lo hace, sin lugar a
dudas, porque sin menoscabo de los antecedentes legislativos y de la regulación de juicios rápidos a partir de 1992 y de 1998, mi grupo parlamentario ha tenido siempre un enorme interés en la implantación de esta medida. Lo tuvo en la redacción del
pacto de Estado para la justicia para el que solicitó y obtuvo precisamente la inclusión de esa referencia al enjuiciamiento inmediato; lo tuvo en el debate del estado de la Nación en el que el día 27 de junio del año pasado logró la aprobación de
una propuesta de resolución en la que solicitaba precisamente del Gobierno la adopción de medidas legislativas, tanto de orden procesal como de orden material, para combatir más eficazmente la pequeña delincuencia, las faltas y los delitos menores;
lo hace también en la medida en que precisamente, y a partir de la primera reunión de la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia, aquella reunión de 26 de septiembre de 2001, mi grupo planteó la necesidad de señalar esta reforma
como una reforma urgente y perentoria aportando además alguna propuesta de regulación que después ha permitido suscitar un debate y llegar a la propuesta de regulación que hoy se nos ofrece.
Señorías, era imprescindible efectuar una reforma legislativa. Ciertamente la reforma de 1992, cuando introdujo los juicios rápidos, ha tenido una aplicación dispar; pero si hemos de hacer caso a la memoria de la Fiscalía General del
Estado de 2001, la última que se ha presentado, la que pudimos debatir la semana pasada,
el número de juicios rápidos que se celebraron el año pasado en España fue de 3.659, no llega al 4 por ciento de la justicia penal que se aplica, del número de juicios por delitos que tuvieron lugar, sin tener en cuenta las faltas, además
con una diferencia territorial muy importante. Más de una tercera parte de estos juicios rápidos se realizaron en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, concretamente 1.271, una diferencia muy radical, por ejemplo, con la cifra
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que llegó a 374, mientras que otros tribunales superiores de justicia o en otros ámbitos prácticamente no tuvieron lugar. Pero sí quiero hacer hincapié en aquello que se incorpora en la memoria de la
Fiscalía General del Estado procedente de la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y es -y así se expresa en esa memoria- la necesidad perentoria, de cara a implantar una justicia inmediata, de efectuar la oportuna
reforma legislativa y al mismo tiempo plantearse no ya aquellos juicios rápidos acelerados, tal y como se denominan a veces, o juicios inmediatos, haciendo referencia exclusivamente a los juicios rápidos de forma genérica. Dice que de ello se
desprende la conveniencia de encontrar razones sustantivas, procesales y extrajurídicas que vienen provocando el descenso en la utilización de los juicios rápidos.
Mi grupo parlamentario entiende que precisamente la situación actual presenta insuficiencias que requieren, por un lado, reformas procesales como las que hoy traemos y, por otro lado, reformas también del Código Penal, que requieren sin
lugar a dudas la dotación de medios personales y materiales suficientes y un cambio de mentalidad de todos aquellos profesionales, bien sean jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de justicia, abogados, procuradores, etcétera, que han
de intervenir en este tipo de procesos. Digo que hacía y hace falta una reforma legislativa porque, como se contempla en la misma exposición de motivos de la proposición de ley, se establece que la desigual eficacia de estos juicios rápidos puede
atribuirse en buena parte a su configuración y limitación legal. ¿Por qué digo esto, señorías? En primer lugar, porque la legislación actual no los contempla como un procedimiento especial sino como una especialidad dentro del procedimiento
abreviado tipo. En segundo lugar, no hay plazos máximos para la actividad de instrucción y de preparación del juicio oral y sin embargo sí que contiene un plazo mínimo antes del que no puede realizarse en ningún caso el juicio oral porque contempla
además la instrucción como un conjunto de actuaciones sucesivas y escritas, obviando los principios de concentración y de oralidad que deben regir nuestros procesos.
Finalmente, también por la insuficiente concreción de los delitos que pueden
juzgarse a través de este procedimiento, así como las limitaciones impuestas a la Policía judicial. Por tanto, la regulación actual es insuficiente y debería, como iniciamos en el día de hoy, ser objeto de una modificación legislativa.
Sin lugar a dudas, esto no es todo, hará falta una reforma material y aquí desde luego reclamo, por así decirlo, al resto de grupos parlamentarios, incluso al propio Gobierno, la necesidad fundamental de abordar el tema, tanto de la
penalidad de las faltas como de la reincidencia en los delitos, algo que debemos hacer, sin lugar a dudas, ante la insuficiencia de nuestra legislación material para abordar los supuestos de organización delictiva y los de continuidad delictiva. En
segundo lugar, desde luego hacen falta medios materiales y personales; no vamos a negar que han funcionado los juicios rápidos no sólo donde se ha querido que funcionasen -el voluntarismo jurídico es encomiable pero no es suficiente- sino también
donde se ha contado con esos medios. De ahí que en la exposición de motivos también se haga referencia a esa necesidad ineludible. Pero también hace falta un cambio de mentalidad. Mi grupo parlamentario tiene un enorme respeto al ministerio
fiscal, pero también quiere recordar la propia memoria de la Fiscalía General del Estado cuando recogiendo la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dice que debe abandonarse esa mentalidad, entre comillas, de fiscal de
mesa camilla, de un fiscal alejado del juzgado, de un fiscal que está esperando que le lleguen los autos para calificar y que los devuelvan al juzgado y que ya comparecerá en el juzgado o en la audiencia el día que deba celebrarse el juicio. Este
tipo de fiscal cada vez tiene menos presencia en nuestro mundo judicial, y eso hay que agradecerlo, pero también nos pone de manifiesto que no sólo a través de medios y no sólo a través de reformas legislativas lograremos que esta justicia
inmediata, rápida, perentoria, funcione, hace falta también que se busque ese cambio de mentalidad que se ha ido produciendo con los jueces. Un ejemplo es la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de los procedimientos orales, del
procedimiento abreviado ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, para no hablar de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se hace uso de esos principios de oralidad y de concentración.
En cualquier caso, el procedimiento que traemos aquí a colación es un procedimiento que satisface los intereses de todos. En primer lugar, del propio presunto delincuente sometido a procedimientos, señorías, porque convendrán conmigo que si
alguien debe estar privado de su libertad es mejor que lo esté por sentencia a que lo esté por un auto de prisión preventiva. La mejor garantía que podemos ofrecer a las personas incursas en un procedimiento es que se les prive de la libertad por
sentencia y no por auto. Hay que tener en cuenta que lo que no tiene ningún sentido es acudir a las fórmulas de la prisión preventiva ante personas incursas no ya en delitos sino en faltas, y no porque lo impida la ley, porque la Ley de
Enjuiciamiento Criminal permite
perfectamente aplicar la prisión preventiva a personas incursas en faltas.
Señorías, reconocerán la enorme incongruencia que es aplicar prisión preventiva a una persona que a lo más que se le puede condenar después es a unos arrestos de fin
de semana. Resulta fundamental este enjuiciamiento inmediato, perentorio, rápido, para acabar con disfunciones en nuestro sistema de suspensión de la ejecución de la pena. No es normal que haya personas incursas en decenas y en centenares de
procedimientos y que, después de obtener una primera condena y que esa condena sea firme, no se pueda ejecutar y se suspenda porque las decenas o centenares de procedimientos pendientes todavía no han llegado a la situación de sentencia.
¿Qué decir, señorías, respecto de las víctimas? El otro día, el fiscal general del Estado también nos ofrecía un argumento que hasta cierto punto no deja de ser escalofriante, y es que nos ponía de manifiesto que en los supuestos de malos
tratos domésticos, de violencia doméstica, así como en los delitos, el porcentaje de condenas es altísimo, llegaría prácticamente al 90 por ciento y, en los supuestos de faltas no llega al 70 por ciento. ¿Por qué? Porque precisamente al no tener
un enjuiciamiento inmediato de las faltas lo que se da es tiempo para que la persona que ha sufrido maltrato proceda a retractarse de la denuncia o a no comparecer en el propio juicio de faltas, generando la absolución.
Desde la perspectiva de la
víctima, el hecho de un enjuiciamiento inmediato permite, en primer lugar, una mayor protección sobre la base de garantizar su presencia y la confirmación de su denuncia, por no hablar ya de supuestos muy importantes, en un país turístico como es el
nuestro, de delitos de los que son víctimas turistas en los que si no se procede a un enjuiciamiento inmediato hay que ir directamente a la absolución por falta de pruebas, salvo que se acuda a efectos -que también se practican en una ciudad de mi
circunscripción, en Barcelona- a través de la preconstitución de pruebas anticipadas en el plazo de las 72 horas siguientes al delito.
Señorías, todo esto lo evitaremos con la toma en consideración, la conformidad sustancial que tenemos respecto de la oportunidad, el espíritu, los principios de esta proposición de ley y su posterior tramitación. Sobre los efectos
benéficos, anteriormente les he dicho cuáles son las insuficiencias de la regulación actual, y se puede ver que esas insuficiencias son las que se superan. Lo que no es admisible es la situación actual, que permite -y es algo que choca
absolutamente a los ciudadanos- que haya personas detenidas 143 veces en 12 meses en Barcelona o más de 60 veces por delitos menores y por faltas en Madrid. A través de una justicia inmediata y de abordar los supuestos de reincidencia lograremos
aliviar esta situación porque, señorías, de lo que se trata no es sólo de mejorar la calidad de las leyes procesales, de lo que se trata es de combatir eficazmente desde el Estado de derecho, respetando y garantizando los derechos fundamentales de
los incursos en estos procedimientos, garantizar la seguridad ciudadana y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en esta ocasión, en los llamados coloquialmente juicios rápidos y en el planteamiento y en el trámite que hasta ahora hemos tenido y vamos
a tener, está dispuesto, en la medida de sus posibilidades, a ayudar a vestir el santo.
Nosotros, señorías, sabemos que existe un gran marco, un marco legislativo desde el año 1992 que permitía y amparaba esos juicios rápidos. Nosotros sabemos, y hay distintos informes y memorias, que muchos de los problemas del porqué no se
han extendido, no se han desarrollado o no se han generalizado esos juicios rápidos no es debido a un problema de marco legal, sino a problemas organizativos y de infraestructuras. Sabemos, señorías, que existe en estos momentos en el país una
sensación, un problema de que ha aumentado el número de delitos de inseguridad ciudadana. No sé si es tan cierto el problema o, como muchos grupos parlamentarios han utilizado la técnica de aumentar el problema para acosar al Gobierno
legítimamente, sin embargo, están creando ese ambiente de inseguridad, en cuyo cultivo puede crecer cualquier cosa menos cosas buenas.
El siguiente paso, señorías, nosotros, como grupo parlamentario, no tenemos ningún problema en acometer una reforma legal, y entendíamos que al Gobierno, fundamentalmente al Gobierno, le interesaba que lo que se produjera para poner en
marcha los juicios rápidos es que se acometiera una reforma legal, porque si no se acomete una reforma legal y solamente se circunscribe el problema a una cuestión organizativa y de medios, alguien podrá decir: los culpables de que no haya habido
juicios rápidos son ustedes. Y si se acomete una reforma legal siempre parece que: hicisteis unas leyes, no eran las adecuadas, parece que no funcionaron, ahora vamos a hacer la definitiva para que haya juicios rápidos. A todo eso, señorías, mi
grupo parlamentario está dispuesto a prestarse, por entender también que la legislación de 1992 era mejorable y fundamentalmente lo era no solamente por el rodamiento sino también mejorable en función de, permítanme la redundancia, mejorar las
garantías procesales. Hemos firmado y como tal vamos a trabajar en ello, para impulsar esta proposición de ley y estamos firmando no el texto, porque todos nos comprometimos y todos dijimos que, sin duda, iban a aparecer muchas enmiendas
parciales y van a aparecer, pero que sí impulsábamos lo que significaba esa idea y, si quieren ustedes, señorías, esa manera de ilusionar a la gran familia judicial y también a la ciudadanía, diciendo que el tema de la reforma iba en serio.
Para llevar adelante esta nave y llegar a buen puerto, hay que cuidar muchas cuestiones, entre otras, las cuestiones formales, señorías. No es de recibo enviar el texto de la proposición de ley un lunes a las 10 de la noche a un domicilio
particular y pedirnos a los grupos parlamentarios una posición, no solamente política sino técnica, el martes, al día siguiente, a las 10 de la mañana, señorías. Este método excesivamente veloz y falto de la adecuada reflexión y consideración con
los grupos parlamentarios no debiera repetirse en el futuro. Prueba inequívoca de que este método no es el válido es que, señorías, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los grupos parlamentarios que hemos firmado esta mañana, en una
reunión a la una de la tarde con el secretario de Estado de Justicia, hemos anunciado y nos hemos dotado de un plazo para presentar las enmiendas parciales, lo que significa que el método no es el bueno y, por tanto, hay que corregirlo. Pido, por
tanto, que la firma de la proposición de ley por parte de mi grupo parlamentario sea entendida como un aval a la acción conjunta de todas las fuerzas políticas en materia de juicios rápidos, pero no un aval al conjunto del texto de esta proposición
de ley. No queremos ser un obstáculo pero tampoco vamos a ser unos convidados de piedra, entre otras cosas, porque tenemos bastante que decir. Se ha dicho también desde esta tribuna que en Barcelona los juicios rápidos han funcionado y funcionan
hoy sin necesidad de la reforma legal. En Madrid incluso llegaron a funcionar y en Sevilla recuerdo que en torno al año 1992 se dieron conatos de aplicación de esta figura.
Por otra parte, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los juicios rápidos, también citado aquí y que todos ustedes conocerán, no centra su esfuerzo en la necesidad de una reforma legal sino en aspectos organizativos y
materiales. Es menester recordar, por ejemplo, que la ley de asistencia a las víctimas, del año 1995, sigue estando en vigor, a pesar de que prácticamente no se aplique. Finalmente, no parece lo mejor introducir de forma parcial los juicios
rápidos adelantándonos a la conclusión del proceso global de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en marcha.
De todo ello parece deducirse que la clave de la realización de los juicios rápidos en España no está tanto en la legislación como fuera de la misma. Para nosotros la realización de juicios rápidos en España depende mucho más de reformas
organizativas y de medios financieros que de ninguna otra cosa. Con la normas en vigor en estos momentos en España, en Madrid no se celebran juicios rápidos y en Barcelona sí. ¿Dónde está la diferencia? En un hecho sencillo. Barcelona, teniendo
menos población, tiene un juzgado de guardia más que Madrid, entre otras cosas. ¿Cuánto cuesta un juzgado extra en una gran capital para atender los juicios rápidos? El salario de funcionarios supone unos 180 millones de pesetas por juzgado de
guardia extra y por año. Hay otros costes que añadir, como son disponibilidad informática de antecedentes penales, peritaje continuo, abogados de oficios ágiles, pero esto no incrementaría mucho la factura pues tienen más que ver con la
organización que con el gasto público. De esto se deduce que los juicios rápidos se pueden celebrar hoy en España. De hecho, se celebran ya allí donde se dota de fondos públicos y de organización judicial racional y moderna. Es decir, que para
instaurar los juicios rápidos en toda España es más necesaria una reforma de la oficina judicial que una proposición de ley. Ahora bien, estamos en ello y toda proposición de ley, siempre y cuando no signifique merma de lo anterior, es un momento
oportuno, bueno y óptimo para mejorar lo anterior. Ahí es donde nosotros queremos trabajar, siempre y cuando, señorías, la celeridad no sea contra las garantías. En relación con este binomio, entendemos que la pasión por la velocidad no puede
suponer ningún disgusto en materia de garantía y derechos procesales. También, señorías, hay que tener cuidado para que la celeridad de estos juicios no tenga efectos sobre la prisión preventiva y la población reclusa. Pido que todos midamos de
forma cuidadosa las repercusiones de esta proposición de ley sobre la población reclusa y sobre la prisión preventiva. No nos gustaría que el efecto neto de la misma fuese sacar gente de la calle y meterla en prisión como sea. Por supuesto, vaya
por delante nuestra crítica a las manifestaciones de varios portavoces de justicia de los grupos parlamentarios en el sentido de la conexión de esta proposición de ley con la política de la tolerancia cero; política que hizo famosa el alcalde de
Nueva York, Giuliani, cuando decía que quitaba de la calle a todo el mundo que no tenía buena pinta e indiscutiblemente disminuía la delincuencia.
Es verdad que hay algunos aspectos técnicos que necesitan una fuerte revisión. Se modifica el principio acusatorio de tal manera que deberíamos reflexionar sobre los efectos de dicha reforma, se faculta en esta proposición a la Policía para
actuar en el campo de las pruebas al margen del control de los jueces, el auto de procesamiento, según el texto, no es recurrible, se extiende de forma poco garantista el concepto de flagrancia, se elimina el procedimiento preferente y sumario de
protección de los derechos fundamentales al que alude el artículo 53.2 de la Constitución y se introduce a los procuradores a última hora simplemente para que cobren por unos servicios que no proveen.
Evidentemente, hay aspectos positivos. En primer lugar, si el ministerio fiscal no pide el juicio oral, se continúa el procedimiento sin que el incumplimiento del ministerio fiscal suponga un obstáculo insalvable y, por otra parte, esta
reforma legal no es necesaria en
materia de delitos, pero puede ser oportuna en lo relativo al enjuiciamiento de faltas. Nosotros en las enmiendas vamos a cargar las tintas en la calidad de la defensa, en las pruebas, en la conformidad y en otros aspectos que abunden en la
garantía. Indiscutiblemente vamos a procurar que no vaya para atrás la Ley de 1992 y que mejore en lo posible con las garantías. Desde luego lo que sí demandamos, y voy terminando, señora presidenta, ...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Tiene que terminar, señor Rejón; señoría, se lo ruego.
El señor REJÓN GIEB: Aunque sean los juicios rápidos, déjeme un poquillo más.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Concluya, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Termino, señora presidenta.
Lo que es importante, como hoy decía el secretario de Estado, es que al mismo tiempo se negocie, se discuta y se apruebe por parte del Gobierno el plan de aplicación de toda la normativa, de toda la estructuración y de todas las inversiones
para poner en marcha los juicios rápidos.
Solamente así, la actitud en este momento de apoyo pero de recelo por parte de mi grupo parlamentario se convertiría en una actitud positiva.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, mi grupo es también proponente convencido de esta iniciativa. Creemos que los juicios rápidos estaban contemplados en el llamado pacto de Estado para la reforma de la justicia y así se hace notar en la propia
exposición de motivos cuando se dice que éste es un objetivo que no admite demora y debe ser acometido con prontitud a través de una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es éste el primer intento ciertamente, todos conocemos
reformas anteriores. En alguna medida la historia ha sido una evidencia fracasada si nos remitimos a la reforma de 1967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la declarada inconstitucional -la 10/1980- o a la 7/1988, que tan importantes
modificaciones introdujo en cuanto al posible papel del ministerio fiscal dentro del procedimiento penal. Si aludimos expresamente a los juicios rápidos, la referencia que se hace a ellos en el Libro Blanco de la justicia creemos que es un
antecedente a citar siempre que se hable de ellos como deseo, si bien el señalamiento de procedimientos rápidos estaba ya en el plan de agilización de la justicia, elaborado por la Comisión del plan de urgencia del año 1991, también conocido, y en
lo que sirvió como base para modificar el Código Penal en la llamada Ley 10/1992, de 30 de abril, de bases para la reforma penal, siendo una última modalidad de procedimiento abreviado la que en la legislatura aprobamos como Ley orgánica 2/1998, de
15 de junio.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Nos gustaría, y así lo hemos manifestado en distintas instancias, que la reforma estuviese vinculada a la idea de garantía, de tutela, de procesos sin dilaciones, de derechos de la víctima más que a lo que desde otros grupos se ha esgrimido,
con el debido respeto hacia lo por ellos manifestado, que han hecho alusión al aumento sustancial de la delincuencia y un poco a la idea de quitarnos población reclusa de en medio. Repito, la querencia de nuestro grupo es que lo que regulamos vaya
más en la línea del derecho a la tutela, del derecho a un proceso sin dilaciones y al respeto y salvaguarda de los derechos de la víctima.
La seguridad pública nos parece ciertamente un valor atendible, pero creemos que va después de las garantías y que quizás es atajable por medios distintos al derecho a un proceso lo más rápido y justo posible.
Manifesté además al señor
ministro cuando se nos propuso esta iniciativa -que, por cierto, desbordaba bastante el interés inicial del grupo que componemos el seguimiento del pacto del Estado para la reforma de la justicia- que quizá no fuera posible la modificación de los
juicios rápidos sin los retoques correspondientes al procedimiento abreviado, pero también teníamos el temor de que al tocarse esta parte tan importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se estuvieran hipotecando reformas del futuro y a lo mejor
hasta se hacía dejación de modificar en esta legislatura el resto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ciertamente, señorías, resultaría impensable modificar dos veces el procedimiento criminal, y en el procedimiento que ahora abordamos no se
alude para nada a los distintos papeles del ministerio fiscal, que creemos que es una asignatura pendiente. Por parte del ministerio se nos ha tranquilizado, se nos dice que no hipoteca reformas de futuro y nosotros, con buena intención, lo creemos
así, de momento. Con todo, seguimos alentando al ministro aquí presente a que, cuanto antes, se aborden otras partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como es el caso que antes he manifestado sobre el proceso que se considere básico, sea este u
otro distinto, y sobre todo lo que hace referencia a una cuestión que la sociedad está demandando, que es el tema relativo a la tutela cautelar en materia penal y no sólo lo relativo a la prisión preventiva que tantas situaciones podía regular y
solventar, tal y como tuvimos ocasión de constatar el otro día en la comparecencia del fiscal general del Estado.
Desde la perspectiva de nuestro grupo, el texto que se nos presenta tiene virtudes indudables, por lo que es justo alabar el mérito del equipo técnico que lo ha elaborado y manifestar que creemos que es mejor que lo que ya existe. Bien es
verdad que también le vemos algunos defectos graves y por ello hemos articulado enmiendas que creemos no tienen el tono gremial que esta mañana se nos ha sugerido por parte de la Secretaría de Estado, sino que son puro proceso. Algunas de ellas
detectan problemas graves que nos gustaría especificar ahora y esperamos que sean objeto de atención, porque puede rondar algún problema de inconstitucionalidad. Me refiero, por ejemplo, al artículo 779 cuando, en su apartado 4, no contempla la
existencia de recurso alguno respecto al auto en el cual se decreta el pase de procedimiento abreviado. Nosotros entendemos que se coloca en una posición desigual a las partes acusadoras que gozan de un doble recurso, el de reforma y el de
apelación, en relación con el acusado que no tiene recurso alguno. Además nos parece que este es un tema resuelto por el Tribunal Constitucional el 7 de abril de 1989 precisamente en el famosísimo proceso en el que se otorgó el amparo a don Eduardo
García de Enterría - maestro de tantos de nosotros- cuando estuvo imputado y reclamaba su derecho a ser oído en el trámite de instrucción del artículo 649, planteando idéntica circunstancia a la que ahora se aborda. Creemos además que, en el caso
de no solventarse este tema en el trámite de enmiendas, no pasaría mucho tiempo antes de que letrados defensores suscitasen la inconstitucionalidad de este precepto.
Creemos que es un riesgo que no debemos afrontar y que cuanto antes debemos
intentar - y nos comprometemos a ello- que esto sea solucionado en el texto de la proposición.
De igual manera nos parece muy interesante la idea que se sostiene en el artículo 788 del posible planteamiento de tesis por el propio tribunal, pero creemos que, conforme a la doctrina constitucional, es absolutamente exigible que la tesis
que plantee el tribunal sea asumida por alguna de las partes, si no, el Tribunal Constitucional no lo admite. Si se trata de una calificación más grave, el juez o tribunal proponente de la misma se encuentra vinculado por el principio acusatorio y
esto sólo sería posible, repito, si alguna de las partes acusadoras admite la sugerencia que el tribunal le haga.
Igualmente, nos parece importante el defecto que encontramos en el artículo 793 cuando se articulan los recursos posibles contra una sentencia dictada en ausencia. Nos parece que lo que hace el precepto de la ley es lo que Conde-Pumpido
califica de sugerir la idea de un recurso, pero no se regula éste en absoluto, no se dice qué naturaleza jurídica tiene, quiénes son las personas legitimadas, por qué motivo se puede recurrir o cuáles serán los efectos de su interposición. En fin,
es necesario que el propio texto de la ley contenga estas especificidades.
Asimismo, nos parece que hay que ser especialmente cuidadosos con el meollo del proyecto inicial, que era el enjuiciamiento rápido para determinados delitos. Produce miedo, señor ministro, que vayamos a toparnos con disposiciones legales
que sólo existan en el papel, que no puedan llegar a ser una realidad tangible y a mi formación política, como a las demás, evidentemente, esto le frustraría. Sostenemos un criterio que es de mera oportunidad, según el cual nos gustaría que, más
que hacer un catálogo de delitos que puedan ir por esta vía, lo enfocásemos hacia la idea de la flagrancia o de la conformidad. Sin que haya delitos concretos, en todos aquellos casos en que haya flagrancia o conformidad del acusado no vemos por
qué no se iba a poder acudir a este sistema que nos parece, según la articulación que nosotros pretendemos, de mayores garantías que lo que puede resultar de la idea de establecer un catálogo en el que unos delitos quedan incluidos y otros no. Con
todo, repito que se trata de un criterio que no tiene nada que ver con cuestiones de constitucionalidad, de un criterio político que a mi grupo le parece más adecuado que el que sostiene la proposición, aunque estamos abiertos a cualquier otra
sugerencia.
Se ha manifestado por otras formaciones políticas -también le choca a la mía- que en el artículo 801 se pretende que sea el juez de guardia quien falle. La doctrina constitucional respecto a la separación entre instrucción y fallo nos
parece que es totalmente exigible en este caso.
No puede enjuiciar quien ha sido instructor y además iría abiertamente en contra del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por cierto, no se toca para nada en este proyecto. Si se
pretende tocarlo debe decirse y si no, no es posible lo que en este momento se dice.
No vemos tampoco -y nos parece importante señalarlo ahora- por qué existe ese premio a la conformidad de rebajar en un tercio la condena -estamos hablando de penas privativas de libertad-, cuando no está unido a ningún valor que suponga
asunción de culpa, arrepentimiento o idea de reinserción por parte del acusado. Si se considera que existen razones constitucionalmente atendibles respecto de este premio a la conformidad, repito, por qué no se utiliza para otra clase de penas.
Con más razón debiera aplicarse a una privación del carnet de conducir o a penas de inhabilitación, puesto que si se aplica a la pena más dura, como la de privación de libertad, no hay razón para pensar que no deba extenderse a las otras.
En fin, como comprobarán, señorías, nada que no pueda solventarse en el trámite de enmiendas, que mi grupo piensa elaborar y trasladar a los responsables técnicos del ministerio incluso antes del momento de la apertura del plazo de
enmiendas, a reserva, eso sí, de presentar algunas otras en el momento oportuno. Creemos que éstas que ahora he mencionado, junto con otras 20 más, contienen aspectos técnicos que son perfectamente asumibles y detectables por el propio equipo
técnico, evidentemente siempre que se considere que tenemos razón en lo que manifestamos.
Nos parece especialmente importante -y ya se ha hecho referencia a ello por otras formaciones- que con relación a la disposición adicional tengamos en cuenta en qué medidas los problemas organizativos y de medios van a garantizar el éxito o
van a provocar el fracaso de la reforma que ahora abordamos. Repito que los problemas organizativos y los problemas de medios pueden dificultar el cumplimiento de las normas legales. Esto es algo que debemos tener todos muy en cuenta, tanto desde
el ministerio como desde las comunidades con competencias asumidas, a la hora de pensar en qué nos metemos y qué garantías de éxito vamos a exigir a esta reforma.
Como punto final quisiera manifestar que mi grupo afronta este proceso con la misma ilusión e idéntico espíritu con que abordó la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa o la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y como en aquellos casos,
nos ponemos a disposición de todo el equipo para aportar cuanto en materia de proceso podamos saber y valorar las demás formaciones políticas, pese a las críticas tremendas que se hacen. Quien conoce Bilbao sabe que la sede de la formación política
a la que represento está ubicada exactamente enfrente del palacio de justicia y a dos pasos del colegio de abogados. En estos días, en los que no ha habido actividad en esta Cámara, he coincidido con una innumerable cantidad de profesionales de las
dos partes, tanto letrados como abogados, y tanto unos como otros insisten en decir que esto no es más de lo mismo, no es lo que ya se ha intentado en otras ocasiones y no es un esfuerzo absurdo.
Tendente, como soy yo, al optimismo pienso que no
tiene por qué ser así, ya que las dos iniciativas anteriores, tanto la de la jurisdicción contenciosa como la de enjuiciamiento civil, fueron objeto de críticas acérrimas y de durísimas acusaciones mientras estuvieron en tramitación y, sin embargo,
ahora existe coincidencia en que ambas salieron bien y están sirviendo al alto fin que todo proceso pretende, que es el de garantizar una justicia más rápida y con garantías. ¿Por qué no va a ser así también en este caso? Eso sí, requerirá
aportaciones por parte de todos y la capacidad de aceptar, sobre todo en el grupo mayoritario y en el propio Gobierno, que lo que otros proponemos pueda suponer una mejora.
Esa es nuestra percepción y desde ella abordamos la tramitación de esta
norma, repito, en la que no escatimaremos esfuerzos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición de Coalición Canaria en la toma en consideración de esta proposición de ley me hace evocar el lamento de mi admirado amigo, el profesor Ollero, al principio de su intervención, al decir que se
encontraba aquí sin nadie con quien contrastar y debatir una opinión, aunque creo que tendremos tiempo en Comisión, una vez que se haya aceptado el trámite. También es bueno que el 'Diario de Sesiones' refleje que, frente a un problema de la
sociedad española, existe una respuesta unánime de las dos instituciones fundamentales, Parlamento y Gobierno, a las que se incorporará después el tercer poder, el judicial.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa y hará sus aportaciones en los trámites de ponencia y Comisión con el mejor sentido de cooperación y colaboración. Aquí estamos escenificando la mejor expresión de las palabras política
parlamentaria y gubernamental, y es posible una serie de circunstancias. En primer lugar, una toma de conciencia de todas las fuerzas políticas de que había inquietud y alarma sociales ante una serie de delitos que se reflejan en la inseguridad
ciudadana, que requiere que los instrumentos del Estado por la vía de la Ley de Enjuiciamiento Criminal funcionen rápida, ágil y enérgicamente. No entenderíamos una política de defensa de ningún valor ni territorial ni jurídico ni económico en que
los instrumentos no se movieran con agilidad y rapidez. Cuando hay una alarma social, hay que sacar inmediatamente todos los instrumentos legales del Estado y, si no los tiene, tendremos que actualizarlos y proveerlos.
Quiero destacar aquí también que en este consenso ha sido fundamental un clima de entendimiento que hay que reconocerle a la Administración general del Estado en la persona del señor ministro de Justicia, que le ha permitido ser muñidor de
unas iniciativas con la Comisión de codificación, poniendo a disposición de los grupos parlamentarios algo básico. Igual que cuando un Parlamento discute un gran tema hace un libro blanco sobre el cual orientar las distintas propuestas y llegar a
un texto lo más unificado y consensuado posible, están también los trabajos de la Comisión de codificación, que nos han permitido disponer de un texto sobre el que opinar y trabajar. Para algunos tal vez excesivamente prolijo en algunos de sus
artículos; para otros excesivamente conservador en otros o avanzado en algunas cuestiones que van a comprometer presupuestos de las comunidades autónomas, pero esa es la dificultad de gobernar y legislar, y hay que resolverlo.
Quiero reconocer delante del señor Acebes que se ha dado una concurrencia de voluntades positivas, porque él ha sido una de las piezas que por parte de la Administración han propiciado un clima de entendimiento y diálogo abierto,
escuchándonos a todos y, al mismo tiempo, ha dispuesto de lo que yo llamo unos hombres-puente, porque tenemos que reconocer los que hemos trabajado alrededor de esa mesa que, afortunadamente,
el Ministerio de Justicia ha dispuesto de un equipo de entendimiento, del que han formado parte letrados de las Cortes, como los señores Astarloa y Dorrego, subsecretario del departamento y director general de modernización de la Justicia,
que ha colaborado muchísimo a facilitar este entendimiento desde la cordialidad, desde el respeto a las opiniones de los distintos grupos parlamentarios, aunados por el secretario de Estado, señor Michavila. Quiero recoger este testimonio aquí,
porque los demás protagonistas, en representación de nuestros grupos parlamentarios, hemos hablado ya, aunque queda el Grupo Mixto después de mi modesta aportación. Desde Coalición Canaria demostramos este espíritu, primero, de responsabilidad;
segundo, de solidaridad; tercero, de entendimiento entre el Gobierno y el Parlamento; y cuarto, de responder a una demanda de la sociedad española, que es quien nos exige. Nos tenemos que poner todos de acuerdo porque a partir de hoy, esta foto
de consenso en el escenario que nos ocupa en estos momentos, que es la toma en consideración de esta proposición de ley, es lo que traslada a un pueblo que tiene un Gobierno democrático, que tiene un Parlamento que sintoniza con las demandas de la
sociedad y que trata de hacer aportaciones. El tema no es fácil, no es un tema cómodo para las distintas instituciones que lo tienen que ejecutar. Me refiero a la llamada a la solidaridad y el apoyo que mi grupo y yo hacemos desde aquí,
representando a una de las siete comunidades autónomas de España que tienen transferidas las competencias en materia de justicia, como es Canarias. El Poder Judicial, las audiencias territoriales, los tribunales superiores de justicia, los juzgados
de guardia que van a empezar con la causa y la Administración autonómica tienen que poner los medios humanos y materiales y la voluntad política de resolver entre todos este problema. Va a ser costoso presupuestaria, humana y profesionalmente. No
en balde esta ley termina con unas disposiciones finales y adicionales, donde se citan leyes como la de enjuiciamiento militar o el tribunal del jurado, y se hace una apelación a los servicios forenses, técnicos, etcétera, que se aporten por las
distintas administraciones públicas. Si ese cúmulo de problemas lo resolvemos con la voluntariedad política que emana de este documento, el tema está resuelto, pero no va a ser fácil.
Quiero resaltar el trabajo que ha hecho la Comisión de codificación, porque se está haciendo un trabajo de modificación muy profundo y muy importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque llevamos el procedimiento rápido a partir del
artículo 757 para llegar hasta la cota de los artículos novecientos, salvaguardando los derechos de los ciudadanos, cuestión fundamental que nos impone nuestra Constitución.
Tanto este procedimiento abreviado como el procedimiento de enjuiciamiento
rápido van a exigir desde la coordinación, como se dice en distintos epígrafes del mismo documento que estamos debatiendo hoy, hasta cuestiones que están relacionadas con la Policía judicial, con el ministerio fiscal, con todo un procedimiento de
ordenación, del que yo solamente cito las diligencias previas, la preparación del juicio oral, el juicio oral y sus sentencias, la impugnación de una sentencia, la ejecución de las mismas. Si esto lo trasladamos a una serie de faltas o de delitos,
como el hurto o el robo de vehículos, a la seguridad del tráfico, a la Policial judicial actuando frente a la violencia física y las coacciones, o a los malos tratos que están todos los días en las páginas de los periódicos, creo que es la respuesta
que hoy damos para que la sociedad tenga la seguridad de que las instituciones democráticas del Estado le van a proveer de unos medios rápidos, de instrumentos judiciales, y no de la imagen de la lentitud de los sumarios inacabables, de las
apelaciones interminables, de los juicios que parece que no empiezan nunca y que no acaban jamás. Creemos que este procedimiento abreviado, rápido e inmediato es lo que justifica la eficacia de un entendimiento entre los ejecutores de esta ley y
los legisladores, que somos nosotros. Hoy, cumplido este trabajo previo y con la gratitud de la Administración de Justicia española en la persona de su ministro, nos toca a los parlamentarios, a las fuerzas políticas, responder al reto de su
solución y no fracasar, ya que nos va en ello un prestigio y una responsabilidad política, jurídica y democrática.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se iniciaba el trámite de esta iniciativa conjunta, insólita, se ha dicho desde esta tribuna, con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Comprenderán ustedes que después de la intervención de seis compañeros
de distintos grupos parlamentarios, me resulta difícil explicar algo que no se haya explicado. Por lo tanto, me voy a referir a aspectos que no han sido suscitados, y me limitaré a exponer cuál es la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en este
caso, de Eusko Alkartasuna.
Ciertamente estamos dentro de lo que se ha denominado un pacto o un acuerdo, pero no voy a entrar en la dinámica de cómo se gestó, de nuestras reticencias, de cómo llegábamos finalmente a conseguir que nos pusiéramos de acuerdo en cómo
trabajar conjuntamente todos los grupos parlamentarios en un tema sustancial para nuestra sociedad, como es un pacto de reforma de distintos puntos en lo que se refiere a la justicia.
Cuando hemos hablado de este pacto, siempre hemos querido
subrayar la importancia de la justicia como servicio al ciudadano, la necesidad de darle el mejor
servicio para la convivencia ciudadana, el servicio público al ciudadano.
No hablamos de otras facetas o de otras cuestiones referentes a lo que es la justicia. Todos nos hemos preocupado, y es muy importante reseñarlo, de que las dos
iniciativas de hoy y que la semana que viene tendremos ocasión de debatir estén circunscritas a ese aspecto clave de la justicia, el servicio público al ciudadano. Es fundamental que entendamos este pacto, este acuerdo, estos trabajos conjuntos
como servicios públicos al ciudadano. La carta de derechos que los ciudadanos tienen frente a la justicia y dotar a la justicia de agilidad y eficacia, tratando de subsanar esa lentitud, esa dilación, que hacía que al final ese servicio no fuera el
más conveniente o el más necesario. Hay que decir también que ojalá hubiéramos tenido este tipo de trabajo conjunto y de consenso en iniciativas precedentes, es importante decirlo, en nombramientos en este caso, en el que tuvimos del Consejo
General del Poder Judicial o de otra serie de nombramientos. Nos hubiera parecido mucho más razonable que se hubiera conjuntado con todos los grupos de la Cámara. Creemos que eso no fue una buena cuestión y espero que sirva de precedente para que
no se produzca otras veces, aunque realmente nos tememos lo peor.
¿Qué es lo que nosotros consideramos bueno de esta reforma? En primer lugar ¿era necesaria una reforma o no? La verdad es que tenemos nuestras dudas, pero hemos querido ser constructivos y hemos preferido ver, estudiar, analizar y escuchar
-algo que no se hace de forma suficiente- a los expertos, que nos han dado cuestiones que podían ser de interés reformar para agilizar los llamados juicios rápidos. No obstante, creemos que hay muchas más cosas, amén de lo que es una reforma
legislativa. Ya se ha dicho todo lo que voy a decir, pero me parece importante volverlo a reseñar. Para nosotros, en la reforma que hoy vamos a iniciar había dos aspectos que deben ser rectores de toda la reforma: uno, no vulneración del derecho
de defensa y el proceso con todas las garantías debidas, y otro, un procedimiento que fuera fácil, factible de implantar. Nos estamos fijando en reformas legislativas que hagan un equilibrio entre dos elementos claves: primero, la rapidez, la
agilidad, pero también las garantías, que sea un proceso garantista, que eso nunca se olvide.
Segundo, la viabilidad de la reforma que queremos implantar. Esta es una de las cuestiones que quizá no afecte tanto a reformas legislativas, pero sí a
trabajos que tenemos que realizar en la Comisión de seguimiento.
Ha habido reformas anteriores, los juicios rápidos de 1992, las reformas de 1998, que eran buenas reformas, que en algunos casos se han podido aplicar de manera muy desigual y nos preguntamos por qué se han aplicado así. Podían en
definitiva ser reformas legislativas, pero lo más importante en esta materia no van a ser las reformas legislativas sino la viabilidad que demos a esta nueva aplicación de este proyecto de ley.
Además de las posibles reformas y enmiendas, nosotros
tenemos determinadas aportaciones que haremos en el trámite de enmiendas en esa ecuación garantías-rapidez. Algunas se han citado ya y no voy a repetirlas, otras quizá no se han citado, como el tema del papel que se asigna a la Policía judicial, y
tenemos nuestras dudas respecto a qué competencias pueden tener y cuáles son las que vemos más difícil que tengan. Hay cosas que nos parecen bien de la valoración de este proyecto.
Por ejemplo, los plazos. Nos parece que se barajan plazos que
entran dentro de lo razonable. También hay aportaciones buenas; por ejemplo, el 520 c), donde se valora positivamente la inclusión de la entrevista reservada con el abogado previa la práctica de la diligencia. No voy a entrar en aspectos y
aportaciones que estamos en disposición de hacer esta misma semana ya que nos hemos comprometido a hacérselo llegar a todos los grupos parlamentarios, para que entre todos tengamos la mejor ley posible, sin desdeñar lo ya hecho, mejorando lo que hay
pero tratando de buscar que sea factible.
Hay un elemento que es clave: ¿Van a ser capaces -y aquí me tengo que remitir a quien tiene la competencia de ponerlo en práctica-, señor ministro, su ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con
competencias transferidas en la materia, de hacer viable este proyecto de ley en este momento? Esto es lo que nosotros tenemos que tener como reto, y digo tenemos en plural porque creo que es una cuestión que nos afecta a todos. Unos tendrán la
obligación, tendrán más competencias, podrán hacer más, pero en definitiva nos afecta a todos. Hay que poner en marcha desde cuestiones relativas a locales, hay que hacer obras, hay que dotar de medios no sólo materiales sino humanos, tiene que
haber fiscales, tiene que haber personal que esté en los juzgados de guardia; hay que ver muchos aspectos necesarios, medios materiales y medios humanos, y tenemos que involucrar a muchísima gente para que este reto se aplique. Esto es lo que nos
tenemos que marcar como objetivo final.
A nosotros nos gustaría que a lo largo de esta tramitación hagamos algo que quizá no se ha hecho todavía, no sólo que tramitemos legislativamente y como corresponde parlamentariamente este proyecto de ley sino que a la vez intentemos buscar
en la tramitación conseguir llegar a una memoria económica -llamémosla así, aunque no es el mejor término- o una memoria de viabilidad de este proyecto de ley. Que al final de la tramitación nos encontremos, no solamente nosotros sino los
ciudadanos, los fiscales, los jueces, los abogados, todo el mundo que va a tener que participar en la aplicación de este proyecto de ley, que no solamente nos hemos ocupado de una reforma legislativa, sino que nos hemos ocupado de que haya en el
momento adecuado los medios materiales, los medios humanos, las necesidades que puedan tener y que les impulsemos, les incentivemos a que se tomen en serio
la reforma. Esto es lo más importante y es uno de los trabajos que vamos a tener que hacer. No es habitual que un Parlamento se tenga que dedicar a la viabilidad material y en medios humanos de un proyecto de ley, pero si queremos que
todos los que tengan que intervenir se encuentren con la sensación de que se puede hacer, es obligado que lo hagamos nosotros, es obligado que el ministerio se involucre de manera clara, con nombres y apellidos, con números, con datos concretos, con
juzgados concretos, con qué personal necesitamos. Habrá que vislumbrar si también son necesarios mecanismos de compensación a las comunidades autónomas que los necesiten.
Lo decimos desde la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tenemos la
responsabilidad de ese departamento, pero la han tenido otras fuerzas políticas y siempre ha habido una idea clara. Esta no es una cuestión de un partido o de otro, es una cuestión clave, si queremos que el servicio que demos a los ciudadanos sea
bueno.
El reto que tenemos, señorías, no es solamente llevar a buen puerto una reforma legislativa que sea buena, sino también llevar a buen puerto en este mismo trámite un mecanismo, una memoria de viabilidad que sea creíble, que los agentes que
tengan que aplicarla estén concienciados en que es factible y que al final sea realidad lo que se quiere: juicios rápidos, servicio bueno a los ciudadanos, una justicia ágil, una justicia eficaz y, en definitiva, una buena justicia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster. (Pausa.)
Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 294; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto tomada en consideración la proposición de ley de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE DAÑOS OCASIONADOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE POR LA FUERTE TORMENTA QUE SE PRODUJO EL PASADO DÍA 31 DE MARZO DE 2002. (Número de expediente 162/000479.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, PARA ATENDER Y REPARAR LOS GRAVES DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TEMPORAL, CON TROMBA DE AGUA, ACAECIDO EL DÍA 31 DE MARZO DE
2002, EN EL MUNICIPIO CAPITALINO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y CIRCUNDANTES. (Número de expediente 162/000478.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA TROMBA DE AGUA CAÍDA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. (Número de expediente 162/000483.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, y de acuerdo con la ordenación del debate realizada en la Junta de Portavoces, se debatirá la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre daños ocasionados en Santa Cruz de Tenerife por la
fuerte tormenta que se produjo el pasado día 31 de marzo de 2002, junto con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración general del Estado, para atender y reparar los
graves daños producidos por el temporal, con tromba de agua, acaecido el día 31 de marzo de 2002, en el municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife y circundantes. Y por último, también se debatirá conjuntamente la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la tromba de agua caída en Santa Cruz de Tenerife.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mato. (Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de manera rápida y en silencio y el resto ocupen sus escaños.
Adelante, señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo que reconocer que subo a esta tribuna a defender la proposición no de ley presentada por mi grupo inmerso en una mezcla de sentimientos. Por una parte, con un sentimiento evidente de dolor, con el dolor que a todos pero muy
especialmente a sus seres queridos nos ha producido que la tromba de agua caída sobre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna el pasado
día 31 haya tenido como consecuencia el fallecimiento de ocho personas.
Vaya desde aquí un afectuoso abrazo a sus familiares y nuestro más sentido pesar. Al dolor... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mato, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Al dolor, decía, se une un sentimiento también de tristeza, porque no en vano hemos podido contemplar cómo, además de la vida de nuestros paisanos, el esfuerzo, las ilusiones, los sinsabores y el fruto de muchos años de ahorro, de sacrificio
por construir una casa o por tener un negocio, se han visto de la noche a la mañana anegados entre el agua y el lodo. Las terribles imágenes que unos hemos podido vivir in situ, pero todos o casi todos lo hemos vivido por televisión, nos pueden
hacer ver el alcance de una tragedia de la que no será fácil recuperarse. Sólo en Santa Cruz de la Palma estamos hablando de casi 700 viviendas y más de 500 locales afectados. Estamos refiriéndonos a enseres y tenemos que referirnos necesariamente
a los daños ocasionados en las infraestructuras públicas. Sin duda alguna, Santa Cruz de Tenerife y, en menor medida, La Laguna tendrán un antes y un después del 31 de marzo. Sin embargo, no podemos quedarnos sólo en el lamento de una situación
climatológica cuyas consecuencias no pudimos evitar. Esas consecuencias tienen que hacernos reflexionar sobre lo que ha ocurrido, pero también y sobre todo sobre el futuro.
Tengo también un sentimiento de satisfacción, si se me permite utilizar hoy esta palabra; sinceramente, no se me ocurría otra. Ante tan graves circunstancias, me produce una gran satisfacción como diputado por Santa Cruz de Tenerife y como
miembro del Partido Popular poder decir con voz suficientemente clara, aunque quebrada por la emoción de los acontecimientos, que me siento profundamente orgulloso de la reacción que han tenido el presidente Aznar y su Gobierno ante esta situación.
Decir que nunca antes en ningún tipo de catástrofe se había producido una reacción tan rápida y efectiva no es exagerar. A los hechos me remito: las lluvias se producen el domingo por la tarde y ya el lunes por la mañana, por orden expresa del
presidente Aznar, el ministro de la Presidencia, la subsecretaria de Interior y el director general de la Policía se desplazan a Tenerife, no sólo a recorrer las zonas afectadas y prestar el consuelo, necesario pero difícil de conseguir, a las
familias de los fallecidos y a los damnificados, sino también a lo que es más importante: aportar soluciones a los problemas surgidos como consecuencia del temporal. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Ese
mismo día, el ministro de la Presidencia manifiesta que el Gobierno no regateará esfuerzos para ayudar a Tenerife y anuncia que el viernes, en el Consejo de Ministros, se adoptarán las medidas necesarias para tratar de paliar los daños en la medida
de lo posible.
Después, algo que no es muy común en la actitud de determinados grupos políticos pero que es una constante en la actuación del Partido Popular: dicho y hecho, como se dice en román paladino; el viernes, tras el desplazamiento del
vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 2/2002, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal. Un real decreto-ley que viene a dar respuesta rápida
y efectiva a las preocupaciones de miles de tinerfeños, que vieron cómo ese agua, tan anhelada muchas veces en las islas, acababa con mucho de lo poco que tenían.
Volviendo a nuestra proposición no de ley, una estrella del socialismo archipielágico ha afirmado con rotundidad y sentando cátedra, como no podía ser de otra forma, que nuestra propuesta era un simple papelito. Lo que se pretendía
seguramente que fuera una crítica hiriente constituye para nosotros un enorme motivo de alegría. Que nuestra proposición no de ley, que pedía al Gobierno la adopción de medidas que contribuyeran a paliar los daños ocasionados por las lluvias del
día 31 en Santa Cruz y en La Laguna, se quedara obsoleta y superada por la inmediata reacción del Gobierno en tan sólo tres días, lejos de suponer un motivo de crítica, debería haber supuesto la felicitación pública. Evidentemente, señorías, no se
puede esperar grandeza de quien sólo atesora complejos, prejuicios y sectarismo. Por cierto, ese papelito es el mismo que, en forma de moción, suscribió el Grupo Socialista con el resto de grupos en el Senado. Pues bien, es cierto, nuestra
proposición no de ley ha quedado superada por los acontecimientos; y con la nuestra, la de Coalición Canaria y la de Izquierda Unida. Evidentemente, también quedó superada la socialista, que desde su origen fue más limitativa que las del resto de
los grupos políticos que dábamos amplio margen al Gobierno para que pudiera actuar como lo ha hecho.
Hoy pretendemos que de las tres proposiciones no de ley que debatimos conjuntamente -insisto en que nos hubiera gustado que también se acumulara la del Grupo Socialista, pero lo ha impedido su inexplicable negativa a ello- salga un único
texto que obtenga el respaldo mayoritario de la Cámara. Ha sido entregado ya a la presidencia y a todos los grupos políticos un texto de la transacción, en la que básicamente se expresa lo siguiente: en primer lugar, nuestra manifestación de dolor
por los acontecimientos vividos y nuestro pésame a la familia de los fallecidos; en segundo lugar, nuestro reconocimiento a la actuación del Gobierno de España en coordinación con el Gobierno de Canarias y con las administraciones insulares y
locales; y en tercer lugar, dado que en el real decreto se afronta con inmediatez el resarcimiento de los daños, se hacía necesario
que, para mayor eficacia, se diera cumplimiento a lo que el propio real decreto-ley establece, que es la creación e inmediata puesta en funcionamiento de la comisión contemplada en tal real decreto. Por último, como hay un único punto que
entendemos nosotros que había quedado por desarrollar, el relativo a las infraestructuras públicas, solicitamos del Gobierno que urja a las administraciones públicas competentes a la evaluación de los daños para, una vez efectuada, proceder de forma
inmediata a adoptar las medidas necesarias para su rehabilitación o reconstrucción.
Señora presidenta, señorías, voy a terminar recordando casi mis primeras palabras cuando decía que Santa Cruz de Tenerife y La Laguna -ahora añado que toda Canarias- deben tener un antes y un después del 31 de marzo.
Seguramente podríamos
empezar a hacer serios reproches sobre lo sucedido y las responsabilidades de unos y de otros; podríamos preguntarnos por qué el centro de emergencias en una emergencia es el primero que se inunda y se queda sin comunicación; podríamos
preguntarnos si, a pesar de los partes meteorológicos que indicaban que se sobrepasaban los umbrales de adversidad con previsiones de más de 60 litros por metro cuadrado -llegaron a caer 224-, se pudo actuar de otra manera; podríamos preguntarnos
si no estamos cometiendo un error de dimensiones considerables en la planificación urbanística cerrando barrancos.
¡Podríamos preguntarnos tantas cosas y hacer tantos reproches! Pero mi grupo parlamentario no pretende hacer en el día de hoy ni un
solo reproche, porque no va a devolver la vida a los fallecidos ni va a recuperar las viviendas, vehículos o enseres de los afectados; lo que pretendemos es que, además de que se ayude a todos aquellos que lo necesiten, tarea en la que el Gobierno
ha dado ya un claro ejemplo, lo sucedido nos haga reflexionar para el futuro. Que una desgracia como la que hemos vivido -que como se ha dicho ni perdona ni entiende de clases sociales- no se vuelva a producir. Sin duda alguna volverá a llover;
no lo verán ya ni la pequeña Samantha, ni Juan Carlos, ni Berta, ni José Manuel, ni Gregorio, ni Jesús, ni Diego, ni José Domingo, pero hoy nos queda su recuerdo y el reconocimiento público a la labor llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, por las Fuerzas Armadas, las policías locales, la Cruz Roja, los voluntarios, los bomberos, los ayuntamientos y los cabildos y, sobre todo, la ciudadanía de Tenerife, que ha tenido un comportamiento ejemplar. Nos queda también
el compromiso firme de trabajar todos para que situaciones climatológicas adversas no tengan las consecuencias que desgraciadamente tuvimos que vivir el día 31 de marzo pasado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mato.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Y, aprovechando la ocasión de su presidencia, la cordial felicitación de mi grupo por presidirnos por primera vez, señora Mariscal de Gante.
Señorías, mi grupo trae una proposición no de ley para la que pide el voto unánime de la Cámara, los máximos apoyos. Viene acumulada a la iniciativa que ha defendido el señor Mato, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al que mi grupo
agradece que haya permitido tal acumulación en el trámite de Junta de Portavoces -igual que se ha hecho con la iniciativa de Izquierda Unida- para que podamos tener este trámite reglamentariamente en un sentido positivo. Venimos a hablar de un
hecho luctuoso, venimos a hablar de un hecho dramático y trágico, con ocho muertos en su balance de personas, que es el más importante y sobre el que no cabe ninguna recuperación. Pero Coalición Canaria lo hace desde el punto de vista de la
solidaridad y de la responsabilidad, sin tratar de ir a una almoneda de electoralismos fáciles, demagógicos, inoportunos e intolerables; lo hace tratando de aunar voluntades políticas parlamentarias para que el Gobierno de la nación -en
coordinación con el Gobierno autónomo de Canarias, con el Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna-, aunando coordinadamente esfuerzos, posibilidades, dotaciones, medios, instrumentos y
personas, resuelva una situación catastrófica. En esta situación mi grupo quiere destacar fundamentalmente, igual que hemos conseguido consensuar -lo ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- una propuesta conjunta entre el Grupo
Popular, Coalición Canaria e Izquierda Unida, de proposición no de ley para hacer un llamamiento a todos los poderes y administraciones públicas pero, en este caso concreto, a la Administración central, los siguientes hechos. Son hechos que se han
plasmado en un real decreto-ley que casi nos ha adelantado a todos nosotros en el trámite procedimental hoy ante esta Cámara; decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños ocurridos en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, y en
dos municipios, fundamentalmente por la tromba de agua, por el fenómeno meteorológico catastrófico del pasado domingo día 31. Lo hemos hecho con responsabilidad porque el decreto -y tengo que decirlo aquí en honor a la verdad- es fruto de una
colaboración, de un entendimiento político entre dos fuerzas parlamentarias y entre dos administraciones: el Gobierno autónomo canario, los poderes locales insulares, y el Gobierno de la nación española. Cuando se da esa circunstancia positiva hay
que reconocer estos hechos, porque no pueden ser ocultados ni a la opinión pública ni al conocimiento
de las señorías que no son diputados por Canarias.
El fruto de ese acuerdo se ha plasmado en un real decreto-ley en el que se enumera una serie de medidas que se han tomado coordinadamente. En primer lugar, la inmediatez de la respuesta. En la misma tarde de la catástrofe el alcalde de
Santa Cruz de Tenerife crea un centro de coordinación para la emergencia en la sede de la Policía Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Se hacen llamamientos a los cuales se suman no sólo los funcionarios de la Administración canaria, Policía
municipal, bomberos, organizaciones de auxilio y ayuda a los ciudadanos, sino también las fuerzas del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército de Tierra.
Ni siquiera habían pasado veinticuatro horas cuando, por esta gestión y esta presión
que se realiza por las fuerzas políticas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Partido Popular, por la representación política, en una conexión para dar este fruto positivo a través de la Administración del Gobierno autónomo de Canarias
y del Gobierno central, se produce la llegada del señor ministro de la Presidencia acompañado de la subsecretaria del Ministerio del Interior, doña Ana Pastor -cuya importante labor quiero destacar aquí-, del director general de la Policía, señor
Cotino, y del director general de Protección Civil, don Juan San Nicolás, que va a ser el que presida la Comisión interministerial que crea el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Tengo que
destacar que estos hechos permitieron que en un tiempo récord, no recordado en cuanto a daños catastróficos en la legislación española ni en esta Cámara, tengamos sobre la mesa un real decreto-ley y que nuestra intención, sumada aquí a la del Grupo
Parlamentario Popular y a la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, es exigir al Gobierno un segundo decreto para atender lo que consideramos medidas prioritarias. Se trata de un decreto que atienda la financiación de las
infraestructuras.
Para ello, la comisión de Gobierno de Canarias en el día de ayer ya tomó unos acuerdos de colaboración entre el Gobierno central y Gobierno o autoridades autonómicas para cofinanciar al 50 por ciento las infraestructuras
necesarias. Quiero destacar que eso ha sido posible porque la población ha generado un clima favorable. Las emisoras de radio y de televisión han hecho en Canarias unos programas denominados Los héroes anónimos. Estas colaboraciones, en las
circunstancias que se dieron de una catástrofe meteorológica, hicieron reaccionar al pueblo, al ciudadano, sin histerismos, con valor para afrontar una difícil situación. Han sido precisas unas circunstancias dolorosas para que esta solidaridad y
este apoyo lo haya demostrado la ciudadanía, comportándose, repito, sin histerismos, solidarizándose y colaborando con las instituciones que he citado para resolver estas cuestiones tan graves.
En segundo lugar, ha habido una gran coordinación. A la visita del ministro de la Presidencia, señor Lucas, siguió, tres días después, la del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy, que, coordinadamente con
el Gobierno de Canarias, con el Cabildo Insular de Tenerife y con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, adoptaron una serie de medidas que han sido perfectamente reflejadas en el preámbulo del real decreto-ley que la próxima
semana tendremos la satisfacción de convalidar en esta Cámara. Entre todos se consideró que eran una prioridad absoluta las ayudas a los damnificados, comenzando por las ocho familias de las víctimas, los daños en viviendas, en enseres y en
vehículos. La comisión de evaluación de las autoridades canarias en este momento ha puesto sobre la mesa cifras verdaderamente preocupantes: más de seiscientas y pico viviendas afectadas, más de cuatrocientos negocios, industrias, restaurantes,
comercios, tiendas, más de mil vehículos afectados. Todas las administraciones hemos sabido responder al comportamiento valiente, no histérico, de la ciudadanía, del pueblo tinerfeño para hacer frente a la imprevisión, como ocurre en todo fenómeno
meteorológico, de una catástrofe con las consecuencias que ha tenido. Se ha dado prioridad absoluta a los temas personales, pero hay que atender a las infraestructuras, los servicios y los equipamientos.
Coalición Canaria entiende que estas
medidas positivas y oportunas -tendremos ocasión de expresarlas aquí la semana que viene en la convalidación del real decreto-ley-, que atienden esta prioridad absoluta respecto a las cuestiones personales y humanas de los afectados, van encaminadas
a pedir a todos los grupos parlamentarios un consenso de apoyo y de ayuda a esta situación catastrófica de pérdidas humanas, desde el principio constitucional, democrático y humano de la responsabilidad, desde la solidaridad y el sentido común.
Queremos hacer extensivo el reconocimiento a estos comportamientos positivos. Quien no se atenga al principio de solidaridad allá él con su responsabilidad, que responda ante el pueblo de Tenerife al que la clase política no puede defraudar
ni desairar. De lo que se trata aquí es de resolver problemas y no de entrar en otro tipo de litigios. Coalición Canaria, con este sentido de la responsabilidad, desde la serenidad y para aunar esfuerzos y voluntades, se congratula de ese rosario
de medidas que se han tomado, tanto laborales como de Seguridad Social, de los beneficios fiscales, así como de la orden ministerial de 4 de abril, que ha dictado la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo de Canarias. Instamos a la
Administración -sirva de estímulo el punto 4, como bien ha destacado el señor Mato, del Grupo Parlamentario Popular, en la propuesta de enmienda transaccional de los tres grupos- a que acelere el funcionamiento de la Comisión interministerial, donde
estarán todas las administraciones responsables del Gobierno central. Asimismo, instamos
a que con las instituciones insulares de la isla de Tenerife y con el Gobierno autónomo de Canarias podamos dar una respuesta inmediata y positiva a estos temas. La opinión pública no nos permitiría dilaciones ni distracciones puramente
partidistas que no tienen cabida. Coalición Canaria no está dispuesta a escuchar demandas que no vengan con estos parámetros de exigencia política como las que hoy estamos defendiendo en esta Cámara. Cuando los ciudadanos van a recibir ayudas por
daños en sus viviendas, en sus enseres, en sus coches; cuando se han puesto en marcha todos los instrumentos públicos y privados a través del decreto y de la presión que se ha ejercido por las fuerzas políticas parlamentarias que he citado aquí
sobre el Gobierno central y se ha recibido una respuesta positiva, es cuando estamos actuando solidariamente y de ahí que nos tendamos mutuamente la mano y nos congratulemos por este encuentro acerca de lo que es una triste pena sobre la cual el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quiere dar testimonio de su pesar y de su dolor para que -si bien la naturaleza no es previsible y no se puede evitar en un futuro- las disposiciones humanas, políticas, presupuestarias y técnicas puedan
resolverlo. Con ese planteamiento político honesto es con el que Coalición Canaria pide el voto a la Cámara para la aprobación de estas medidas que vienen a sumarse a las ya tomadas y que cualquier lector tiene a su disposición en el Boletín
Oficial del Estado con el texto del articulado del real decreto-ley al que nosotros sumaremos las voluntades de resolución definitiva junto con los grupos firmantes.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señorías, señora presidenta, intervendré con brevedad.
Cuando a partir de los sucesos de final del mes pasado las distintas cadenas de televisión retransmitieron casi en directo las tragedias y pusieron delante del micrófono a personas que habían visto perder muchos de sus años de trabajo,
recuerdo la frase de un ciudadano de Tenerife en una entrevista que se produjo en una cadena privada que decía que los políticos se habían dormido y que les habíamos dejado abandonados. Sin caer en una defensa de la clase política, creo que esta es
una de las muchas veces en la que los políticos cumplen con su obligación porque a las pocas horas de que se hubieran producido los hechos las distintas fuerzas parlamentarias solicitaban del Gobierno medidas de impulso para paliar, en la medida de
lo posible -hay cosas que no se pueden paliar-, la catástrofe. El día 4 de abril nuestro grupo parlamentario defendía una proposición no de ley de tres puntos. Por un lado, pedía que se abriera una línea de crédito urgente para ayudar a los daños
que se producen no solamente en los bienes e infraestructuras públicas, sino también en los bienes personales; en segundo lugar, se solicitaban los créditos necesarios para proceder a la restauración de todas las infraestructuras y, en tercer lugar
-un viejo anhelo de esta fuerza parlamentaria-, que se aprobara un proyecto de ley general que sirviera para aquellas catástrofes que con adecuaciones de tiempo, forma y condiciones, fuera una medida igual -sabiendo que hay diferencias según los
casos- y rápida que diera respuesta a estas catástrofes.
No nos importa reconocer que al día siguiente el Gobierno, con prontitud y con buen hacer, superó muchas de las propuestas que se habían hecho por los grupos parlamentarios. No me duelen prendas en reconocerlo. De la misma manera que
seguiré subiéndome a esta tribuna a decir lo que opine del Gobierno y a criticarle aquellas cuestiones que sean criticables, tengo que reconocer lo que de positivo ha tenido esta pronta y acertada respuesta. Con mucho gusto hemos suscrito con el
Grupo de Coalición Canaria y con el Partido Popular esta transaccional que viene a impulsar, a mejorar y a acotar algunos temas que habían llegado no suficientemente hilvanados en el decreto del Gobierno. Sirva esta segunda oleada de impulso.
Antes de terminar, dos cuestiones desde mi fuerza parlamentaria. En primer lugar, es conveniente que no vengamos aquí siempre a lamentarnos de la existencia de determinados elementos que, si bien no son los causantes directos de la
tragedia, es cierto que acentuaron algunos aspectos directos o colaterales. Me refiero, señorías, a la costumbre, a la dejadez -y vuelvo a insistir en que no es el momento ni quiero que nadie lo tome como una crítica, pero sí es conveniente poner
pie en pared en algún momento determinado- que se produce con actuaciones que vienen a ocupar cauces públicos, a cerrar, a acotar. Todo el mundo confía en que ahí nunca va a pasar nada y que, indiscutiblemente, muchas de las ocupaciones agrícolas,
de edificaciones y muchas de las actuaciones que se producen en cauces públicos, en cerramientos, etcétera se convierten en uno de los elementos que agravan parte de la tragedia. Es evidente que si caen equis cientos de litros, desgraciadamente no
hay quien lo absorba ni lo pare, pero no es menos cierto que hay algunas cuestiones que, de no cuidarse a su debido tiempo, vienen a agravar la actuación. Quien les habla, ya con bastante edad, tuvo que vivir personalmente en su época de
universitario la tragedia, en el año 1973, de La Rábita, en la costa de Granada, donde precisamente la ocupación de un cauce que todo el mundo pensaba que siempre iba a estar seco con faenas agrícolas creó una lengua de barro que fue la que acentuó
todavía más la tragedia en ese momento.
Péguenle tirones de oreja en la medida de lo posible a
quien corresponda y no lo hace, pero soluciónese este tema.
Una segunda cuestión: yo le pediría al Grupo Popular y al Gobierno que cuando llegara aquí el real decreto-ley admitiera su tramitación como proyecto de ley porque en algunas cosas es mejorable, incluso de ese debate sereno y responsable
puede salir ese proyecto tipo para luego trabajar sobre él. Cuestiones mejorables serían, aparte de algunas actuaciones administrativas y elementos de control, las indemnizaciones.
Las cantidades fijadas a los familiares de los fallecidos o a
aquellas personas que han quedado completamente inválidas nos parecen cortas.
Compárense, y no quiero ser macabro, por ejemplo, con la que se fija por la pérdida de un coche. Creo que entre una vida humana y un coche hay una abismal diferencia.
En nombre de mi grupo, y desde la generosidad que hemos tenido todos esta tarde en saber reconocer lo que hay que reconocer, solicito que el real decreto-ley sea tramitado en su momento como proyecto de ley para que se puedan mejorar algunas
cuestiones de control y las cantidades indemnizatorias.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En el turno de fijación de posiciones, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, deseo congratularme de estar hablando en su primera intervención como vicepresidenta de la Cámara. En segundo lugar, es obligado para el Grupo Catalán hacer una sincera expresión de condolencia por la pérdida de vidas en la
trágica tarde del pasado día 31 en Santa Cruz de Tenerife. Según tengo entendido, son ocho las víctimas mortales.
Quisiera transmitir a los familiares de las víctimas nuestro interés en que puedan ir superando el dolor que la pérdida les produce.
Lo sentimos profundamente. Lamentamos también, cómo no, todas las pérdidas de tipo material que se han ocasionado. Tenemos confianza en que con la aplicación de las ayudas correspondientes y con la fuerte voluntad de todos los afectados, se puedan
superar estos malos momentos y que la zona pueda volver muy pronto al esplendor socioeconómico del que disfrutaba y quede en el recuerdo, con dolor pero en el recuerdo, ese fatal suceso.
Entrando a concretar las proposiciones no de la ley que ahora debatimos, que nos hablan tanto de daños en las vidas humanas como en las vías de comunicación, en la interrupción del suministro eléctrico, en el bloqueo de carreteras, en las
comunicaciones telefónicas, en el mobiliario urbano, en vehículos, locales comerciales y viviendas, debemos manifestar que, en nuestra opinión, se ha actuado de manera oportuna. Hubiéramos votado a favor de las tres proposiciones no de ley que
ahora comentamos en el caso de haberse votado por separado, excepto la de Izquierda Unida respecto de la cual, aunque estamos de acuerdo en que no era el momento de presentarla. La propuesta del Grupo Popular es genérica pero total. A nuestro
juicio, lo incluye todo, habla de adoptar las medidas oportunas que contribuyan a paliar todos los daños ocasionados. Nosotros estábamos a favor de la aprobación de este texto o de otro similar, como el de la proposición no de ley de Coalición
Canaria, que es un texto prácticamente equivalente al del Grupo Popular, aunque es más detallado en su explicaciones, sobre todo al citar las autoridades que han de intervenir y, desde nuestro punto de vista, más completo. Los dos serían dignos de
nuestro voto favorable. La proposición no de ley de Izquierda Unida iba en la línea de contemplar unos créditos urgentes, uno de 60 millones de euros que ya está aprobado e incluía otros conceptos relativos también a créditos necesarios. Esta
proposición no deja de ser lo mismo que solicitan las otras dos proposiciones no de ley de Coalición Canaria y del Grupo Popular.
El tercer punto versaría sobre un debate que ya hemos tenido en esta Cámara cuando hemos hablado de la convalidación de reales decretos. Yo he intervenido alguna vez expresando la necesidad de un proyecto de ley.
Estamos de acuerdo, pero
no es el momento adecuado para presentar este tema aquí, porque tiene toda una serie de dificultades que merecen un estudio más definido. En definitiva, apoyamos los tres textos y, en el momento en que dan pie a un texto alternativo mediante una
enmienda transaccional, nuestro grupo lo apoyará.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, en esta tarde se está celebrando en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife un funeral en el que participa toda la isla de Tenerife en presencia o en la distancia.
Nosotros, todos los diputados, seguro que en la distancia, sobre todo los diputados que representamos las dos circunscripciones canarias, manifestamos nuestro dolor y pesar y se lo hacemos llegar a todos los familiares de aquellas personas que
desgraciadamente perdieron su vida en estos acontecimientos.
Señorías, el 31 de marzo de este año pasará a los anales de la historia de la capital tinerfeña como uno de sus días más trágico. La naturaleza quiso demostrar su lado más destructivo y acumuló sobre Santa Cruz de
Tenerife una tormenta que en pocas horas llevó la desolación a decenas de miles de personas. La ciudad estaba desierta cuando comenzó la tragedia.
Eran las primeras horas de la tarde de un domingo en el que miles de personas terminaban su
período vacacional y comenzaban el retorno, después de unas breves fechas de descanso. Ese día, señorías, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife se concentraron nubes con agua polar de más de 10 kilómetros de altura, sobre corrientes
bajas de aire caliente que se estancaron y acabaron provocando la gota fría, que se tradujo en una precipitación de casi 250 litros de agua en poco más de dos horas por metro cuadrado. Hay que añadir a las secuelas del fenómeno la cuestión candente
de ponderar posibles acciones y omisiones que aumentaron los efectos devastadores del agua que bajaba de las montañas, encontrándose con barrancos mal canalizados entre urbanizaciones en sus bordes, con cauces obstruidos y abocados a puentes y
conductos subterráneos de luces o diámetros insuficientes y puede que a otras imprevisiones o deficiencias. Se arrastraron piedras que a una velocidad adquiridas en la ladera más que frenar la corriente, hacían de ariete y rompían cuanto se les
aparecía por delante. En tan sólo dos horas la lluvia desbordó barrancos, arrasó viviendas, arrastró vehículos y llenó de lodo a una ciudad que concluía sus vacaciones de Semana Santa.
El caos fue absoluto. Las principales vías de la ciudad quedaron colapsadas y obstruidas por los coches que el agua arrastraba dejando atrapado en su interior a sus ocupantes. Cinco personas en los primeros momentos encontraron la muerte y
más de 30 heridos tuvieron que ser atendidos en los hospitales, en una primera estimación que se vería aumentada en días posteriores, siendo el trágico balance de ocho víctimas mortales. El caos en los primeros momentos fue absoluto. La central
digital de la Compañía Telefónica dejó de funcionar con más de 100.000 líneas telefónicas que quedaron fuera de conexión. En consecuencia, dejaron inservibles los servicios del 098 de bomberos, del 091 de la Policía Nacional, del 092 de la Policía
Local o del 062 de la Guardia Civil, que no pudieron reponerse hasta las dos de la madrugada del día siguiente, lunes 1 de abril. Asimismo, los servicios del 112, del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de la isla de Tenerife, quedaron
inutilizados y afortunadamente, de forma inmediata -porque decir lo contrario sería faltar a la verdad-, fueron repuestos en muy breve espacio de tiempo gracias a la activación de los equivalentes de la isla de Gran Canarias que llegó a soportar en
momentos punta unos picos de hasta 20.000 llamadas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) En aquellos momentos hubo una auténtica actuación popular. El pueblo de la isla de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, los voluntarios, los bomberos,
la Cruz Roja, los policías, sin que se hubiese decretado formalmente la alerta, la alarma inmediata y todo bajo la dirección del responsable máximo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, su alcalde, coordinaron y pusieron todos sus esfuerzos
personales con el fin de resolver y salir de aquella tremenda situación desconocida en la isla.
El archivo histórico provincial fue la infraestructura cultural más afectada por la tormenta. Determinadas urbanizaciones de muy distintas
características, los barrios de Anaga construidos en laderas, en cauces de barrancos y terrenos de aluvión, fueron los más afectados por las riadas que provocó la lluvia. Parte de la población de los barrios de La Alegría, Valleseco, María Jiménez
y San Andrés, tuvieron que ser evacuados de urgencia. En un breve espacio de tiempo los muelles de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife se convirtieron en un gran lodazal bajo el que desaparecieron vías de acceso, naves industriales y
depósitos francos. Precisamente la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife acaba de cifrar en 15 millones de euros las primeras estimaciones de las pérdidas habidas.
Señorías, ha pasado prácticamente una semana. Comienza a producirse la normalización en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esa normalización, que no nos cansaremos de destacar, ha surgido como fruto de la solidaridad y de la
generosidad de todos los canarios, que a estos efectos se han portado como cabía esperar de un pueblo ejemplar y hermanado, en especial cuando las circunstancias nos son adversas.
Señorías, como ocurre siempre y como ocurre de forma frecuente en otros lugares del mundo, cada vez que se produce un azote de la naturaleza, ¿quiénes pierden? Pierden aquellos que son los que menos tienen, y tienen menos porque el destino
les ha negado el disfrute de mayores bienes materiales. De ahí que hayan tenido que ubicarse en lugares alejados y peligrosos como ocurre en el mundo entero; lugares en los que en muchas ocasiones autoconstruyen sus propias viviendas, fabrican sus
viviendas, por llamarlo de esta forma, todo lo dignas que se quiera, pero inseguras y sometidas permanentemente a las adversidades de la geografía y la climatología. Señorías, precisamente por este cúmulo de adversidades, son estos conciudadanos
los que más ayudas precisan para que puedan enfrentarse al futuro con nuevas y mejores perspectivas. Como primera premisa, parece necesario que todas las instituciones públicas se planteen la situación como lo han venido haciendo, y este diputado
por la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo ha reiterado en todos los foros públicos en los que ha intervenido a lo largo de la última semana. Todas las instituciones públicas, los ayuntamientos de Canarias, los cabildos insulares, el Gobierno de
Canarias, han puesto en marcha mecanismos de solidaridad.
Señorías, sin una firme, decidida e imaginativa política de asentamientos poblacionales en un futuro, nada será posible. Es preciso acabar para siempre con la indisciplina urbanística que ha sido uno de los causantes
de la situación que se ha vivido. Si alguna lección cabe obtener de la catástrofe acontecida recientemente, esa es la de aprender de nuestros propios errores para no repetirlos nunca más ni en Santa Cruz ni en el resto de Tenerife ni en las
demás islas. En ese mismo orden previsor, resulta imprescindible no sólo elaborar una ley de protección civil en Canarias, sino ponerla en marcha de manera cierta y con las debidas dotaciones físicas y materiales, extensa normativa legal que aun
existiendo no ha sido suficientemente desarrollada.
Señorías, en cualquier caso es preciso aprender de estos errores. El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado en reiteradas ocasiones, a lo largo de estos días, su profunda solidaridad con su pueblo. El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Caldera, el martes 2 de abril, dos días después de la catástrofe, en representación de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, se personó en la isla de Tenerife para, en primer lugar, manifestar al alcalde de la
ciudad, como responsable máximo de las labores de coordinación, la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista y hacerle entrega de una proposición no de ley como proyecto de real decreto-ley que debería elaborar el Gobierno, aprobar y publicar
lo antes posible. Con ello manifestaba el señor Caldera, en representación de todos los socialistas españoles y de este grupo parlamentario del que forma parte este diputado, la profunda solidaridad con ese pueblo. Esa proposición no de ley
integrada por un proyecto de real decreto-ley, como propuesta de resolución con diez artículos, lo someteremos a la consideración de esta Cámara en el debate del siguiente punto del orden del día. Sin embargo, ello no imposibilita en modo alguno,
sino todo lo contrario -lo hacemos gustosos- sumarnos a esta propuesta de resolución. A efectos de que quede clara en el 'Diario de Sesiones', la leerá este diputado.
Primer punto. El Congreso de los Diputados manifiesta su más profundo dolor por los acontecimientos acaecidos en Santa Cruz de Tenerife el pasado 31 de marzo y que tuvieron como consecuencia el fallecimiento de ocho personas, así como
numerosos daños materiales, haciendo llegar a las familias de los fallecidos un mensaje de solidaridad y afecto junto con el más sentido pésame de la Cámara. Votamos a favor, evidentemente.
Segundo. Se congratula con la rápida reacción del Gobierno de España en la adopción de medidas para paliar las consecuencias de la catástrofe, sumándose con eficacia a las adoptadas por las restantes corporaciones canarias. Damos nuestro
voto a favor a esta resolución. Qué duda cabe. Lo hemos dicho durante una semana.
En tercer lugar, insta al Gobierno para que, de común acuerdo con el resto de las administraciones implicadas, ponga de inmediato en funcionamiento la comisión prevista en el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados. ¡Qué duda cabe que queremos que se ponga en marcha lo antes posible la comisión prevista! Nuestro voto favorable.
El punto cuarto, cómo no, insta al Gobierno a que promueva de las administraciones públicas implicadas la valoración, en el menor plazo posible, de los daños de las infraestructuras insulares y locales de cara a poder llevar a cabo de forma
inmediata las actuaciones oportunas para la rehabilitación de las citadas infraestructuras públicas. ¿Cómo no vamos a pedir a las administraciones que valoren los daños? Nuestro voto a favor.
Votamos a favor los cuatro puntos que integran esta propuesta de resolución consensuada entre los grupos parlamentarios Popular, de Coalición Canaria e Izquierda Unida; naturalmente, nuestro voto indiscutible. Señorías, esta es la posición
del Grupo Parlamentario Socialista ante esta propuesta que tres grupos parlamentarios han elevado a la consideración de la Cámara.
Nada más. Señora presidenta, señorías, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
De acuerdo con lo manifestado por los proponentes de las tres iniciativas, sometemos a una única votación el texto transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa de la Cámara y que ha sido repartido a los portavoces de los grupos, en
sustitución de las iniciativas respectivas presentadas y que han sido retiradas. Sometemos a votación el texto de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 294; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE AYUDAS PARA REPONER LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL QUE ASOLÓ PARTE DE LA ISLA DE TENERIFE LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL PASADOS (Número de expediente
162/000477.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un programa extraordinario y urgente de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de
marzo y 1 de abril pasados.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Segura. (Rumores)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio para poder continuar con el debate.
Adelante, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, siguiendo con la secuencia que marcábamos en la intervención anterior, el Grupo Parlamentario Socialista, el martes 2 de abril, presentó ante el registro de la Cámara una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a la
elaboración de un real decreto sobre un programa extraordinario y urgente para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo y 1 de abril pasados, que tuvo lugar en la madrugada de ese día.
Tal real decreto-ley, decíamos nosotros después de la exposición de motivos justificativa del mismo, deberá contener al menos un conjunto mínimo de artículos que afecten a las siguientes actuaciones concretas.
Señorías, desde la perspectiva de la solidaridad con nuestro pueblo, desde la perspectiva del profundo respeto al trabajo parlamentario, a la dignidad de esta Cámara, desde esa triple perspectiva es desde la que el Grupo Parlamentario
Socialista elaboró esta proposición no de ley con un proyecto, desde la oposición, de real decreto-ley, con un artículo primero, ámbito de aplicación, que terminaba en un artículo décimo.
Señorías, cierto es que los restantes grupos parlamentarios ese día presentaron otras proposiciones no de ley a las que este diputado no se va a referir precisamente por respeto a la dignidad parlamentaria y a la autonomía de cada grupo
parlamentario, pero estamos en la fase de defensa, por parte de este interviniente de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de esta proposición no de ley.
Señorías, transcurridos tres días, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con unos contenidos con los que mayoritariamente nos identificamos y que están recogidos en todos y cada uno de los artículos que recoge nuestro proyecto
de real decreto-ley.
Señorías, no confundamos términos, no nos encontramos en la fase de convalidación del Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado al día siguiente sábado, nos encontramos en la fase de defensa de nuestra proposición no
de ley. Para que quede claro en el 'Diario de Sesiones' y con la perspectiva, repito, del rigor parlamentario, de la seriedad que requiere esta Cámara y del respeto profundo a nuestro pueblo, este diputado va a comentar los contenidos de cada uno
de los artículos que integran lo que nosotros estimamos que debía ser el real decreto-ley.
En el artículo primero, su ámbito de aplicación, decimos que las medidas establecidas en el presente real decreto-ley se aplicarán a la reparación de los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con
la climatología adversa en el intenso temporal que asoló esencialmente al municipio de Santa Cruz de Tenerife y determinadas zonas del municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, el pasado 31 de marzo. A los efectos de dichas actuaciones
reparadoras, se entenderán también incluidos aquellos otros términos municipales del área metropolitana -nos estamos refiriendo a los municipios de Teguise o del Rosario, que integran esa área metropolitana- o núcleos de población en los que, para
la correcta ejecución de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes. Señorías, tenemos la satisfacción de comprobar -lo diremos el jueves de la semana próxima cuando se convalide el
Real Decreto-ley- que el Real Decreto-ley reproduce en su integridad este artículo primero.
En un artículo segundo, titulado ayudas de emergencia a familias y unidades de convivencia por daños personales y materiales en sus viviendas y enseres de primera necesidad, planteamos que las ayudas de emergencia y de carácter inmediato
para paliar los daños causados por los temporales de lluvia y viento, a los que nos hemos referido en el artículo anterior, se regirán por la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, parcialmente modificada por la Orden del 30 de
julio de 1996, sobre procedimientos de concesión de ayudas a determinadas necesidades derivadas de situación de emergencia, catástrofe y calamidades públicas. Decimos que las ayudas a familias y unidades de convivencia económica por daños
personales y materiales en sus viviendas o en sus enseres de primera necesidad serán complementarias respecto de las que, con igual objeto y por igual causa, pueden concederse a los beneficiarios por los ayuntamientos, cabildo insular o por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, con cargo a sus respectivos presupuestos. Planteamos que estas ayudas de emergencia inmediata y las de consolidación y reposición de viviendas deben ser evaluadas por la correspondiente unidad de
evaluación de daños y financiadas en un 50 por ciento por el Ministerio de Fomento, correspondiendo el resto, un 20 por ciento al Gobierno de Canarias, un 20 por ciento al Cabildo Insular de Tenerife y un 10 por ciento al Ayuntamiento. Esto,
señorías, lo recoge el Real Decreto-ley aprobado tres días después por el Consejo de Ministros en otro de sus artículos.
En el artículo décimo de este proyecto de real decreto-ley que le pedimos al Gobierno que elabore, nosotros hablamos de un crédito extraordinario y decimos que, sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el real decreto-ley
deberá conceder un crédito extraordinario por un importe de al menos 25 millones de euros al presupuesto en vigor de la sección 16, Ministerio del Interior, sección 01, dirección y servicios generales de seguridad y protección civil, programa 223 A
de protección civil, con el título nuevo de concepto de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife
los días 31 de marzo y 1 de abril. Señorías, qué satisfacción es para este Grupo Parlamentario Socialista poder decirles a ustedes que tres días después, copiando nuestra iniciativa -y nos felicitamos de ello porque es un ejemplo de cómo se
puede construir desde la oposición sensata, constructiva y solidaria con nuestro pueblo tal como la ejerce el Grupo Parlamentario Socialista-, el artículo 8 del Real Decreto-ley, cuando se refiere al régimen especial de aplicación de las ayudas
ordinarias por daños personales y materiales, en el punto segundo dice: Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en los dos artículos anteriores, se financiarán con cargo a los créditos 1601, 223 A y 482, para atención de todo orden
motivado por siniestro, catástrofe u otro de reconocida urgencia.
Lamentablemente, el Real Decreto-ley aprobado tres días después de la presentación de nuestra iniciativa por el Gobierno no recoge lo que nosotros decimos, que tal crédito, que tendrá el carácter de ampliable, se destinará a las ayudas de
emergencia y de carácter inmediato a familias y unidades de convivencia económica por daños personales y materiales en su vivienda o enseres de primera necesidad, previsto en el apartado segundo de nuestro artículo, sin perjuicio de las líneas de
crédito contempladas en el apartado octavo. Consiguientemente, señorías, nosotros no tenemos nada más que la satisfacción de haber sido un grupo parlamentario que ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un real
decreto-ley que debe contener una serie de aspectos que el Gobierno, no haciendo caso a los restantes grupos parlamentarios sino al Grupo Parlamentario Socialista, los ha transcrito en el Boletín Oficial del Estado. Esa transcripción, que es
parcial, nosotros la vamos a mejorar cuando se produzca la semana próxima la convalidación de este real decreto-ley y nostros pediremos su tramitación posterior como proyecto de ley y presentaremos las enmiendas pertinentes.
Sin embargo, señorías, nosotros hemos planteado una serie de aspectos que no recoge el Real Decreto-ley que, tres días después de nuestra iniciativa, propone el Gobierno. Hemos planteado en un artículo tercero daños en infraestructuras
municipales e insulares. Señorías, el Estado no tiene titularidad en la red viaria en la isla de Tenerife, se transfirieron a la comunidad autónoma y desde la comunidad autónoma al cabildo insular. En consecuencia, todas las vías de la isla de
Tenerife son o de la titularidad del Cabildo Insular de Tenerife o de la titularidad de los municipios. Los servicios técnicos del Cabildo Insular de Tenerife han elaborado una primera aproximación de los daños causados por el temporal en esas vías
y los han cifrado en 32 millones de euros.
Además, la empresa encargada del suministro de agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha evaluado prácticamente en 10 millones de euros las necesidades para una nueva red de alcantarillado, redes
de agua potable, etcétera. Nosotros planteamos la financiación de esas infraestructuras en un 50 por ciento por la Administración general del Estado y el otro 50 por ciento por las instituciones canarias que, a ser posible, sean exclusivamente del
Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular, y eso no lo recoge ese Real Decreto-ley. Señorías, nosotros planteamos que en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde es necesario llevar a cabo una serie de inversiones, éstas se lleven a cabo
exclusivamente por el Estado, porque tenemos el precedente recogido en el mes de enero del año 1999, cuando se produjo un temporal muy fuerte que quebró los puertos de Santa Cruz de Tenerife, se requirió para su reposición una inversión de 3.500
millones de pesetas, y el Ente Puertos del Estado, el Gobierno de la nación, sólo transfirió mil millones de pesetas.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Con esta proposición no de ley hemos planteado en positivo, desde la perspectiva del respeto a nuestro pueblo y desde el rigor parlamentario, una serie de medidas que deben integrar el real decreto-ley, que luego el Gobierno hizo suyo -y ya
lo analizaremos mejor, insisto, la semana próxima-, que nosotros creemos que debe ser complementado.
Señorías, dada la coherencia del planteamiento de este grupo parlamentario, la seriedad y el rigor que les suponemos a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y la actitud en positivo demostrada por el Grupo Parlamentario Socialista,
estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios van a dar su apoyo entusiasta a la proposición no de ley de este grupo, que ha dado origen a un real decreto que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el Boletín
Oficial del Estado con posterioridad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
En nombre de mi Grupo, Coalición Canaria, fijo la posición ante esta proposición no de ley, iniciativa que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Estoy sorprendido, porque en esta fijación de posiciones me parece que
estamos entrando en un debate verdaderamente propio de un examen psicotécnico de congruencias parlamentarias. Acabamos de votar todos los grupos de la Cámara, por unanimidad, la iniciativa que conjuntamente, en una enmienda de consenso, hemos
firmado el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y al que se han sumado los restantes grupos de la Cámara; se lo quiero agradecer, tanto al Grupo Parlamentario Socialista, como al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y al Grupo Parlamentario Mixto, en todas sus componentes de fuerzas políticas de ámbito territorial. Sin embargo, ahora se defiende por el señor portavoz del Grupo Socialista su iniciativa, que viene a pedir en el
epígrafe exactamente lo mismo que acabamos de votar y defender aquí. (El señor Segura Clavell: no, no.) Eso es difícil de entender.
Quiero hacer un primer reconocimiento de los apoyos solidarios que ha merecido la iniciativa anterior; se ha citado aquí la visita a Canarias de don Jesús Caldera, la máxima representación en ese momento del Partido Socialista Obrero
Español en Canarias, que yo quiero aquí reconocer y agradecer. Pero quiero también añadir una cosa: las prudentes declaraciones de don Jesús Caldera en Tenerife son encomiables, yo las elogio y se las agradezco. Tuvo un comportamiento prudente,
responsable y sensato. Ni hizo un llamamiento a una demogagocia facilona electoralista, capitalizadora de una desgracia humana, ni hizo ningún otro llamamiento partidista alguno ni recurrió a hacer denuncias que no tenían lógica ni cabida en aquel
momento. Quiero reconocer todo esto, pero posiblemente otras personas no estuvieron a la altura de las circunstancias y equivocaron la longitud de onda y el sentido de su mensaje.
Ahora se nos trae aquí una proposición no de ley a la que se le da la estructura textual de una proposición de ley. Es decir, se trae un texto articulado por el que se le dice al Gobierno: ustedes legislen y den soluciones sobre los 10 u
11 puntos de la iniciativa que ha defendido el señor Segura, y se dice además que el Gobierno ha copiado la sistemática de la iniciativa del Grupo Socialista. Pues si eso es así, resulta que el Gobierno ha copiado la mitad de las propuestas
recogidas en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, porque he estado cotejando todas las medidas de ese real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, fruto del entendimiento político que ha habido entre
el Grupo de Coalición Canaria tanto aquí, en el Parlamento, como en Canarias, y el Partido Popular, entre el Gobierno de Canarias y sus instituciones insulares y municipales y el Gobierno central, que es una realidad plasmada en el Boletín Oficial
del Estado y que no tiene contradicción, y no entiendo que se diga que el Gobierno ha copiado cuando se sigue sencillamente una plantilla que está en la práctica totalidad de los reales decretos leyes que se han aprobado en esta Cámara por sucesos
catastróficos. Y ahora me dicen que tengo que votar una iniciativa cuyas concordancias y discordancias con el real decreto-ley les voy a enumerar para que vean quién copia a quién.
La iniciativa que ha defendido el señor Segura, si se contrasta con las medidas que incluye el Real Decreto Ley 2/2002, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, coincide con este en el ámbito de aplicación y en los daños e
infraestructuras públicas, sin dar una solución, como hemos pedido aquí y el Gobierno se ha comprometido a dar, lo que es fruto de los pactos políticos entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central y entre el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria y el Grupo Parlamentario Popular, para reflejarlo en un nuevo decreto que financie las infraestructuras, puesto que hace falta la aportación del Gobierno de Canarias. Las infraestructuras públicas, como los puertos, se financian al cien por
cien por el Gobierno central; de las infraestructuras locales financia el 50 por ciento, pero es que el otro 50 por ciento lo aporta la Administración autónoma canaria municipal e insular.
En cuanto a los beneficios fiscales, la iniciativa socialista coincide con la del Gobierno en el epígrafe, pero he aquí una cosa curiosa, señor Segura: ustedes hablan del impuesto sobre bienes industriales y sobre actividades económicas,
pero ¿por qué se han olvidado del IGIC? El real decreto-ley introduce el IGIC porque en el impuesto general indirecto canario tiene competencia el Gobierno autónomo de Canarias, y don Adán Martín, en su condición de consejero de Economía y
Hacienda, ha tenido que firmar la orden de 4 de abril para incluir el IGIC en los beneficios fiscales para los empresarios canarios y reducírselo o suprimírselo o aplazarlo. Es una figura fundamental. Cualquier comerciante o empresario canario que
haya visto afectado su negocio por la inundación le pide a la Administración canaria que le reduzca el IGIC entre los beneficios fiscales. ¡Soberana omisión! Y usted me pide que vote una iniciativa que se olvida del IGIC, cuando tengo ya aprobada
esta norma en el Boletín Oficial del Estado.
Sigo. Coinciden ustedes en el epígrafe de medidas laborales y de Seguridad Social. Coinciden también en el epígrafe del régimen de contratación, porque que hay que remitirse a la Ley de contratos de las administraciones públicas. Pero
resulta que no aparecen para nada en la iniciativa socialista, y sí están en el real decreto ley, por ejemplo, las ayudas excepcionales por daños personales. Es la primera vez que en un real decreto-ley aparecen ayudas personales de carácter
excepcional por daños, o ayudas excepcionales con carácter personal, a las que también contribuyen el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno autónomo.
Tampoco aparecen las ayudas excepcionales para viviendas, enseres y vehículos. Dígales a los ciudadanos de los barrios de La Alegría, Los Lavaderos o San Andrés que la proposición socialista no recoge para nada las ayudas excepcionales para
viviendas, enseres y vehículos que han perdido varios centenares de familias de estos barrios. El real decreto-ley, porque se impuso políticamente en concordancia del Partido Popular, Coalición Canaria y el Gobierno central, y
como se dijo a los ministros señor Lucas y señor Rajoy y al director general de Protección Civil, considera prioritarios -y así lo reconoce el título de su preámbulo- los daños sobre personas y enseres y aquellos que afectan familiarmente, y
ya hablaremos en su día de las infraestructuras del Estado. En su iniciativa no aparece para nada el régimen especial de aplicación de las ayudas ordinarias por daños. Esta es una figura nueva e inédita que trae el real decreto y que ustedes se
han olvidado de poner en ese índice. Parece ser que el Gobierno no vio esto para copiarlo y lo tuvo que poner de propia iniciativa, porque si el Gobierno hubiera tenido que copiar para solucionar el tema aportando el real decreto-ley 15 medidas
positivas frente a ocho genéricas que traen ustedes, ya me dirá.
Ustedes no hablan nada del Consorcio de Compensación de Seguros. Dígales a los centenares de tinerfeños que han perdido su coche que la propuesta socialista les resuelve ese tema,
cuando ni siquiera aparece el Consorcio de Compensación de Seguros, que tiene que salir porque el real decreto-ley le obliga a indemnizar, aparte de las indemnizaciones para coches y motocicletas que ha estipulado y aprobado ayer el Gobierno
autónomo de Canarias, para resolver este tema. Contémosles esto de verdad y lo relativo al régimen especial de las ayudas ordinarias por daños en todos los enseres domésticos y los convenios con otras administraciones públicas. Lo trae el real
decreto-ley, y en su propuesta no aparece. Las competencias constitucionales, estatutarias y los límites de ayudas no aparecen para nada, y eso habría que reglamentarlo y está en el decreto-ley. ¿Por qué se han olvidado ustedes? Podían haberse
esperado un poquito más y, en vez de decir que el Gobierno ha copiado su iniciativa, haber copiado ustedes al Gobierno, haber copiado el real decreto-ley aprobado el pasado viernes y que esperamos que se traiga en esta semana.
Ha habido que regular con la Administración de justicia y la Administración financiera y tributaria los días inhábiles. Esto está contemplado en el real decreto-ley. No se les puede ofertar a los ciudadanos una propuesta incompleta.
Tampoco aparece la Comisión interministerial, que es una figura nueva. Yo he buscado a través de Internet todas las estructuraciones de reales decretos-ley por riesgos catastróficos que ha habido en España, y es apenas perceptible la creación de
comisiones interministeriales de este tipo en las que, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil, se implican a nada más y nada menos que nueve ministerios del Gobierno central para que también con las delegaciones del
Gobierno en Canarias y la subdelegación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se atiendan, en coordinación con el Gobierno autónomo de Canarias, el Cabildo Insular y ayuntamientos afectados, las medidas competentes y coordinadoras. Este sí que
es un ejemplo a seguir, y en su propuesta no aparece.
Señorías, mi grupo no puede votar una propuesta más incompleta e imperfecta que lo que acabamos de votar en el trámite anterior y que de una manera más completa está reflejado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado. Aparte de
que alguien copie a alguien, les recomiendo que se lean el Boletín Oficial del pasado sábado. En resumen, no podemos votar favorablemente porque sería una incongruencia en este Parlamento votar lo menos cuando hemos votado lo más. Por tanto, señor
Segura, porque deseo que el Partido Socialista, un partido democrático, no haga el ridículo en Canarias, yo le aconsejaría honestamente, con la misma prudencia que he dicho que tuvo su intervención en Canarias y que yo agradezco al señor Caldera,
que retire usted esto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Continuamos con el debate de la problemática que se creó el día 31 de marzo en la isla de Tenerife. Se nos pide un apoyo entusiasta a la aprobación de la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Socialista y que por
circunstancias en la Junta de Portavoces o en el lugar correspondiente no ha llegado a agruparse con las otras tres anteriores. Nuestro grupo ha dado su apoyo verdaderamente entusiasta a las otras tres, en realidad a la propuesta de enmienda
transaccional.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista dice que se insta al Gobierno a la elaboración de un real decreto-ley. La elaboración de un real decreto-ley es trabajo del Gobierno, es función del Gobierno. El
siguiente párrafo dice: Tal real decreto-ley, después de la exposición de motivos, deberá contener al menos un conjunto mínimo de artículos que afecten a las siguientes actuaciones concretas. Y da varias. Pero se nos dice aquí que esta
proposición no de ley fue presentada en Tenerife el martes de la semana pasada por el portavoz del Grupo Socialista y que la misma en realidad elabora un proyecto de real decreto. Se nos habla aquí de rigor, de seriedad, de dignidad parlamentaria,
pero francamente yo me pregunto de quién, porque, señorías, el pueblo de Tenerife se merece todo y más, todo lo que se ha dicho en las anteriores intervenciones, todo lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista cuando ha leído uno a uno los
cuatro puntos de la enmienda transaccional para demostrar su voto favorable a aquella transacción, en cuya firma no han participado; el pueblo de Tenerife se merecía esto, pero no se merecía el texto de la proposición no de ley que ha sido
presentada y además bien apoyada con propaganda quizá totalmente electoralista.
Señorías, hace años, aunque desde un punto de vista orgánico soy funcionario de enseñanza, yo era profesor y daba muchísimas facilidades a mis alumnos cuando
se presentaban a los exámenes y les dejaba todos sus libros porque a mí lo que me interesaba era que supiesen desarrollar el tema. Señorías, el texto de esta proposición no de ley merece, desde mi punto de vista, un suspenso total, un cero
que en este caso sería bananero porque es una copia burda de una serie de textos. Yo no sé quién es el redactor y sentiría mucho que fuese quien pienso porque le tengo mucho aprecio y mucho respeto por su manera de trabajar, pero, señorías, se dice
que se elabora un proyecto con una serie de puntos y este proyecto prácticamente es una copia del del Gobierno, variando algunas cosas. Por viejo o por diablo, yo diría que por viejo, uno busca un decreto convalidado ya en esta casa, que dice que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos desde los últimos días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de
2002 en distintas comunidades autónomas, entre las cuales también está Canarias.
Este decreto lleva fecha de registro del 22 de marzo de 2002, o sea, bastantes días, al menos ocho o nueve, antes de lo que ha sucedido, y por tanto estaba archivado
en algún sitio. Curiosamente, señorías, si ustedes cogen el punto primero, ámbito de aplicación, verán que lo que yo tengo aquí señalado en rojo es exactamente lo mismo que está en el otro documento y las dos líneas que no están marcadas son las
que se refieren a la situación geográfica del lugar donde ha ocurrido el suceso.
El punto segundo, que habla de ayudas de emergencia a familias y unidades de convivencia, está reflejado en dos párrafos del punto nueve del decreto que se publicó. El punto tercero coincide también, daños en infraestructuras municipales,
daños en rescates e infraestructuras. El punto cuarto está en el decreto. El punto quinto también coincide. La letra a) de la proposición no de ley se corresponde con el punto 1.2, beneficios fiscales, y la letra b) se corresponde con el punto 3.
Las medidas laborales, que figuran en el punto sexto, se corresponden con el séptimo del decreto del 22 de marzo. Exactamente igual el párrafo uno y el párrafo dos. El punto séptimo de la proposición no de ley se corresponde con el octavo,
régimen de contratación, que es exactamente igual en dos párrafos. En el octavo, líneas preferenciales de crédito, el texto, no el título, se corresponde con el artículo 10 y el noveno con el artículo 11 del texto.
En resumen, ¿quién copia a quién? Este es el texto normal que está usando el Ministerio de la Presidencia o quien corresponda. Si fuésemos a archivos y buscásemos otros textos de decretos, encontraríamos básicamente el mismo formato con
ligeras variaciones. Por lo tanto, señorías, nuestro grupo, cuando oye hablar de rigor y de seriedad en esta Cámara, y cuando se nos pide que demos un apoyo entusiasta, tiene que decir que lo hubiésemos dado si el texto que se nos presenta aquí
hubiera sido fruto del trabajo del Gobierno, que ha sacado el decreto rápidamente por cierto, y podríamos haber dado nuestro apoyo entusiasta a una propuesta de necesidades reales y concretas, un texto de cosecha propia, nueva, que dijese el
verdadero sentir que ha expresado el portavoz socialista en la Cámara al defenderlo, aunque su texto no era válido para nosotros, o lo que ha dicho en su primera intervención cuando debatíamos las proposiciones de los otros grupos.
No vamos, pues, a apoyar este texto. Hemos dado nuestro apoyo total y entusiasta y convalidaremos el decreto si tiene que tratarse como proyecto de ley, porque el pueblo de Santa Cruz de Tenerife y el de La Laguna merecen que nos ocupemos
de ello.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Tengo que reconocer, señores del Grupo Socialista, que no dejan de sorprendernos. Creí que por fin hoy se iba a poner final feliz a un cúmulo de errores y despropósitos en la última semana y albergué esa esperanza cuando, después de
decirnos que no, votaron afirmativamente la transaccional que presentamos todos los grupos. Albergaba esa ilusión, que ha decaído al ver que el señor Segura subía a esta tribuna a defender su proposición no de ley, lo cual me hace pensar que ese
cúmulo de despropósitos sigue adelante. Entre otras cosas, un cúmulo de despropósitos que se inició con la negativa, todavía no explicada, a acumular las cuatro proposiciones no de ley, lo que hace que en estos momentos tengamos que estar
debatiendo ésta. En fin, eso es lo que han decidido, pero es más triste el tema porque hoy hemos podido escuchar todos, y tengo que decir que no sin cierto sonrojo, las afirmaciones del portavoz socialista en el sentido de que el Gobierno se había
limitado a copiar su propuesta de real decreto-ley y que se había inspirado en las propuestas socialistas, pero le tengo que decir que si no fuera porque estamos hablando de algo tan serio como la ayuda a los damnificados, simplemente sonreiría y
les diría: Señores del Grupo Socialista, vuelvan ustedes a la realidad. Entiendo que sus enormes problemas de definición, sumados a la inmejorable situación de su partido en Canarias y especialmente en Tenerife, les haga perder el norte. Pero
estamos ante un tema mucho más serio de lo que al Grupo Socialista puede parecerle, y por tanto ni voy a sonreír ni voy a expresar lo que pienso sobre actitudes como ésta. Tras la clase de copia que nos ha dado el señor Sedó, creo que huelga seguir
abundando en el tema.
Bien es cierto que hoy no debatimos el real decreto-ley, lo que se hará la semana próxima con motivo de la convalidación del mismo, pero es evidente que si lo que nos proponemos es buscar soluciones a una situación
desgraciada que se ha producido en Santa Cruz de Tenerife, tenemos que ir a la fuente de las soluciones, y desde luego esta fuente no es su proposición no de ley, sino el real decreto legislativo que ha aprobado el Gobierno. Ya se lo han
dicho, no se lo he dicho yo, ustedes no han hecho bien los deberes y su propuesta es incluso peor que las que hacían cuando gobernaban, pero vamos a analizar su proposición no de ley, que creo que es el punto del orden del día. Lo voy a hacer
brevemente y algunas cifras las daré en pesetas para que todos lo entendamos más claramente. Voy a dejar el preámbulo para el final.
En el artículo 1.º de su proposición no de ley ustedes plantean que las ayudas se rijan por lo establecido en una orden del año 1993 modificada por la del año 1996, orden que daba una cifra, por ejemplo, para indemnizar a las viviendas, de
1,5 millones de pesetas. Pues bien, el real decreto legislativo que aprueba el Gobierno propone 2,5 millones, es decir, un millón de pesetas más de lo que ustedes proponían. En caso de fallecimiento proponían ustedes 2 millones de pesetas; 2,5
propone el Gobierno en su real decreto y hasta 5 millones de pesetas propone el Gobierno para vivienda, cuando ustedes proponían 1,5 millones de pesetas.
Luego pasan a la distribución de las ayudas y establecen ustedes 50 por ciento del Ministerio
de Fomento y del resto, 20 por ciento el Gobierno de Canarias, 20 por ciento el cabildo y 10 por ciento el ayuntamiento.
Ustedes se han erigido ya en los distribuidores de la financiación. El Gobierno dice: Nosotros, el Gobierno, damos el 50 por
ciento y el otro 50 por ciento repártanlo ustedes, porque habrá situaciones en las que el cabildo insular pueda aportar el 30 por ciento y el ayuntamiento sólo el 20 o en otras pueda aportar uno el 10 y el otro el 40; eso lo hacen ustedes. Creo
que también mejora.
En relación con los daños en infraestructuras municipales e insulares, ya hemos dicho claramente con la defensa de la anterior proposición no de ley que este punto se desarrollará convenientemente. En cuanto al punto cuarto, no hay
diferenciación. En cuanto a los beneficios fiscales, sí es cierto que en lo que se refiere a la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles ustedes proponen dos años, el 2002 y el 2003, y en lo que respecta a la exención del impuesto
sobre actividades económicas proponen también dos años. El Gobierno hace más y dice, primero, que se reducirá por el tiempo necesario hasta el reinicio de la actividad: No se preocupen, hasta que ustedes puedan reiniciar normalmente la actividad
van a tener ayuda. Además, les vamos a eliminar los recargos, que ustedes no les eliminaban; además, si ustedes han pagado el impuesto ya, les vamos a devolver lo que han pagado, lo que ustedes no planteaban. Además, si su vehículo tiene que
rematricularse, se lo vamos a pagar también, va a estar exento de matriculación, lo que ustedes tampoco hacían. Además, si tienen que tramitar nueva documentación porque se ha perdido con el agua, también se lo vamos a eximir de pago, lo que
ustedes tampoco hacían, y además, si ustedes tienen que reponer los bienes que se hayan perdido, tampoco van a tener que pagar el impuesto general indirecto canario, y ustedes pretendían que lo pagaran. Además de todo eso -lo veremos en más cosas-,
los ayuntamientos no van a ser perjudicados porque todas las exenciones fiscales que tengan los ciudadanos se les van a satisfacer a los propios ayuntamientos.
Casi todas las medidas laborales son las mismas excepto alguna. El real decreto-ley del Gobierno va siempre a más y en este caso, además de las medidas laborales propuestas por ustedes, añaden la moratoria para los no incluidos en el
régimen especial agrario de la Seguridad Social.
En cuanto al régimen de contratación y con la consideración de las obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia, el real decreto- ley, además de lo que ustedes plantean, dice: cualquiera que sea su cuantía, mientras que
ustedes establecían una cuantía. Además, el real decreto-ley establece la urgente ocupación de los terrenos así como la dispensa de la disponibilidad de los terrenos, es decir, facilita al máximo que se puedan acometer las obras.
En lo referente a las líneas preferenciales del crédito estrella, en su punto octavo ustedes plantean que el Instituto de Crédito Oficial ponga una línea de préstamos por importe de 10 millones de euros. Pues bien, el Gobierno establece en
su real decreto ley 18 millones de euros, es decir, ocho millones más de euros, y además establece el régimen con el que se deben pagar esos préstamos, que es un 3,75 por ciento TAE en cinco años y con un año de carencia, que es algo que ustedes
tampoco planteaban.
Hablan de un crédito extraordinario que cuantifican en 25 millones de euros, y el Gobierno dice: ¿por qué 25 millones y no 30, 40 ó 50 o lo que sea necesario? Se habilitarán las partidas necesarias para poder hacer frente a
todos los daños que se han causado.
Yo creo que si después de esto usted me sigue diciendo que el Gobierno ha copiado, le diré que felizmente el Gobierno ha copiado, lo que pasa es que ha copiado bien. Según la versión del señor Sedó, ustedes han copiado un proyecto tipo y lo
empeoran, y lo que hace el Gobierno es mejorarlo.
En el preámbulo ustedes afirmaban que se hace preciso con carácter de urgencia la decidida y firme actuación del Gobierno español, y eso es lo que ha hecho el Gobierno español. Mientras eso sucedía, otros se han dedicado a descalificar en
los medios de comunicación al Partido Popular.
Ellos sabrán por qué, ustedes sabrán por qué, pero yo le voy a dar una pista. A lo mejor no es que les ha molestado que el Gobierno de España actuara con la diligencia y la eficacia con las que lo
hizo, o ¿es que realmente estaban pensando en intereses partidistas? Yo desde luego no quisiera ni por un instante pensar en ello, pero determinadas actuaciones
no me conducen a otro camino. Creo sinceramente que es bueno que el señor Caldera fuera a Tenerife con prontitud y además me alegro de que incluso, a pesar del caos reinante, tuviera tiempo de desplazarse hasta la sede de un periódico para
tener allí entrevistas. Creo que eso siempre es positivo.
Termino explicándole por qué vamos a votar en contra de su proposición no de ley. Además de por todo lo que le he explicado, resumiendo puedo decirle que vamos a votar en contra porque no aporta nada nuevo, porque es bastante peor que el
real decreto-ley aprobado, porque es mucho más cicatero, no incluye enseres, no incluye vehículos y las cuantías son infinitamente menores, porque pretende indemnizar menos y peor y porque no resuelve suficientemente la mayoría de los problemas
planteados. Y todo ello ¿sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque ustedes han mantenido esta proposición no de ley pensando en ustedes y en su partido y marcados por una obsesión contra el Partido Popular y contra el Gobierno y no en el interés de
los ciudadanos, porque les ha interesado más salir en la prensa que llegar a acuerdos. Por eso han mantenido esta proposición no de ley hoy, si no, la habrían acumulado a la otra. Si hubieran pensando más en Tenerife y menos en su protagonismo, no
sólo la habrían acumulado, repito, sino que además habrían retirado esta proposición no de ley.
Por todo ello, sólo le digo al final que le voy a hacer caso. Vamos a aceptar su sugerencia y por tanto vamos a actuar con rigor y con seriedad. Por eso vamos a votar en contra de su proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre un programa extraordinario y urgente de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo
y 1 de abril pasados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 107; en contra, 170; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATAJAR EL CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.
(Número de expediente 173/000120.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Señorías, comunico a la Cámara que el debate de las mismas se producirá de manera sucesiva y la votación al final del debate también de
manera sucesiva. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Para la presentación y
defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mayoral. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es un acontecimiento poco habitual reprobar a un ministro del Interior, pero tampoco es habitual tener un ministro del Interior como el señor Rajoy, ni un incremento de la criminalidad como el que hubo en el año 2001. Lo habitual
en ministros del Interior es que sean otro tipo de personajes, reflexivos, responsables, rigurosos, prudentes y respetuosos.
Podemos repasar la lista de los ministros del Interior de la etapa democrática. (La señora vicepresidenta, Mariscal de
Gante Mirón, ocupa la presidencia.) No parece responsable, riguroso, reflexivo ni prudente lograr ofender e intentar humillar a diputados de la oposición y a los millones de votantes que estos representan. (Rumores.) El señor Rajoy lo ha
perpetrado. Hasta que ha llegado el señor Rajoy se desconocía ministro del Interior alguno que utilizara tan abundantemente la mofa, el chiste, los trabalenguas, los acertijos y el escaqueo dialéctico e incluso el insulto velado e irónico, pero
evidente, contra sus adversarios políticos, incluido el líder de la oposición y la diputada Romero. Es el único ministro del Interior que recordamos que, frente a críticas, contesta con chuflas y frases como estas que voy a recordar aquí esta
noche, frases que quedarán indudablemente en la historia del parlamentarismo español, en la peor parte obviamente: Le recetaré unos optalidones, señor Zapatero. El señor Zapatero redacta mal las preguntas.
Si S.S. sabe que se han robado 20.000
coches más, yo no puedo decírselo, a mí no me han robado el coche. ¿Se lo han dicho al señor Zapatero?, etcétera, etcétera. Y qué decir de otra ocasión en la cual motejó de juerga una reunión de seguridad en el País Vasco o cuando mandó a tomar
por... a un senador socialista en el Senado y cuando le hemos visto morirse de risa con el otro delfín después de un Consejo de Ministros.
Nunca hemos visto tanta frivolidad en el comportamiento parlamentario de un ministro del Interior, señorías, quien presume, por otra parte, de sensato y equilibrado. Con estos gestos, con estas conductas el señor ministro del Interior no
solamente ha manifestado frivolidad
sino, lo que más grave, desdén, displicencia, desprecio hacia la oposición y hacia las víctimas de los delitos, es decir, algo que se puede calificar como expresión de un complejo de superioridad, un complejo oculto bajo la capa de
contestaciones finas y educadas, como él califica las meteduras de pata. Presume de sensatez y de sentido común, pero el 12 de marzo, señorías, ofendió al Grupo Parlamentario Socialista, ofendió a ocho millones de votantes del Partido Socialista, a
dos millones de víctimas y ofendió al 20 por ciento de los ciudadanos españoles que consideran que la seguridad es un problema en nuestro país. (Aplausos.)
Entre los cinco problemas más graves que tiene este país hay cuatro que se refieren y que afectan de algún modo al señor Rajoy: la inseguridad ciudadana, las drogas, la inmigración y el terrorismo, del cuál no voy a hablar. El señor Rajoy
como ministro del Interior algo tiene que hacer sobre estos problemas. Lo que tiene que aportar son soluciones, pero hemos visto que no sólo hace poco, sino que lo poco que hace es ineficiente. Nuestra impresión es que el señor Rajoy está
ampliamente desbordado por los acontecimientos que es incapaz de controlar y dominar, así que, además de los motivos de reprobación que hemos planteado, queremos que conste también que el señor Rajoy ha fallado tanto en el diagnóstico de las causas
como en las soluciones adoptadas, puesto que la criminalidad ha crecido obviamente después incluso del famoso plan Policía 2000 y todas las medidas que dice que ha tomado.
Pues bien, señorías, proponemos 14 medidas como alternativas para el desbarajuste en el que se mueve actualmente el ministro del Interior y el ministerio que dirige. Sin embargo, lo esencial de nuestra propuesta es fortalecer el servicio
público de seguridad, la única manera de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Por eso pedimos la potenciación de la prevención multisectorial contra el delito, un plan integral de seguridad ciudadana, un plan de choque de inversiones.
Pedimos duplicar los efectivos para luchar contra los delitos más graves, y no sólo contra la pequeña delincuencia, y la criminalización de la marginalidad en la que se mueve el plan Policía 2000 y la política de seguridad del Partido Popular.
Queremos la homologación retributiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que se acabe la injusticia histórica que hay en este momento, con agravios comparativos que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pedimos la creación
de comisarías en núcleos de población superiores a 30.000 habitantes, cubrir las 12.000 plazas vacantes que hay, crear la agencia nacional de estadística de la seguridad para acabar con la manipulación y los datos escasamente fiables con que se
maneja el Ministerio del Interior, crear el centro superior de estudios de seguridad, crear condiciones para que también colaboren en el mantenimiento de la seguridad, especialmente en la policía de proximidad, los entes locales, proteger a las
víctimas, señorías, e incorporar también a los inmigrantes legalizados en las fuerzas de seguridad.
En suma, señorías, frente a la privatización de la seguridad como remedio contra el aumento de la criminalidad en que se mueve el Partido Popular, proponemos renovar el desvencijado edificio del servicio público de seguridad ciudadana para
que sea eficaz, suficiente, bien financiado y con agentes motivados. Ahora vendrá algún portavoz meritorio del Partido Popular a descalificar todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos pidiendo con tanta razón. Alguien nos va a proyectar
inmediatamente una especie de No-Do, un No-Do para que veamos las realizaciones del régimen, pero frente a la realidad virtual que nos va a plantear el portavoz del Partido Popular, quisiera recordar la cruda realidad en que se mueve la criminalidad
en este país y el incremento de la misma que estamos padeciendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, su tiempo ha terminado.
El señor MAYORAL CORTÉS: Va a ser en todo caso, señorías, un intento vano.
Al día de hoy, el pueblo español ya sabe que el Partido Popular ha fracasado en el deber de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y que la credibilidad del
ministro del Interior se está diluyendo, pese a su condición de delfín.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos presentado cuatro enmiendas a esta moción. Nosotros, lo digo desde el principio, estamos preocupados con el discurso que esta emergiendo de la contradicción entre el Partido Popular y el Partido Socialista respecto a la inseguridad
ciudadana. Pensamos que en función de porcentajes, en función a veces de análisis coyunturales se está yendo a la idea de que hace falta siempre más policía. A partir de ahí se genera el concepto de seguridad como seguridad ciudadana, sin caer en
la línea de siempre de la izquierda de que la seguridad es un sentimiento subjetivo que se crea o se deja de crear en función de intereses del Estado y que por lo tanto la objetividad radica en que el concepto de seguridad no es simplemente la
seguridad en las calles; es también la seguridad social respecto a lo que es la estructura social, respecto a lo que es el modelo social,
respecto a lo que es el empleo de calidad, las jubilaciones, respecto a las subvenciones de todo tipo, y también, en el seno de esta seguridad globalmente considerada fundamentalmente respecto al modelo social, la seguridad en la calle, la
que necesita efectivamente de la policía como servicio público y la que necesita de un acuerdo de todos en función de un modelo social que impida las consecuencias que estamos analizando precisamente ahí como si fuesen las causas. No son las
causas, son las consecuencias de una situación social. A partir de ahí, por ejemplo, intentamos añadir la enmienda número 1, que se explica por sí misma, tiene una sola lectura. Dice así: El Congreso de los Diputados manifiesta que la mejor forma
de garantizar la seguridad ciudadana no es a través de las políticas de policía, sino mediante políticas sociales públicas tendentes a garantizar el disfrute efectivo y pleno de los derechos sociales de la ciudadanía, el empleo estable de calidad...
etcétera, en la línea en que me he expresado anteriormente.
La enmienda número 2 es también de adición, en el sentido de rechazar los intentos de ciertas fuerzas e instituciones por vincular inmigración y extranjería con incremento de la delincuencia, cuando es evidente que el origen de la
delincuencia, como dice textualmente la enmienda que intentamos que se apruebe, en la mayor parte de los casos se encuentra en la exclusión social y en la penuria. Se está utilizando profusamente la frase de que los presos preventivos
fundamentalmente o en un cuarenta y tantos por ciento son inmigrantes. Eso se dice así en abstracto, sin anclajes concretos en la realidad, y no se tiene en cuenta que las sentencias de prisión preventiva que afectan en un gran número a los
inmigrantes se producen porque no tienen domicilio ni arraigo e ingresan en un gran número en la prisión preventiva, con independencia del tema de la exclusión social, que es lo fundamental en este caso.
La enmienda número 3, también de adición, intenta considerar prioritaria la inversión de la actual tendencia de privatización de la seguridad pública, no sólo por ser la seguridad ciudadana un derecho de todos los ciudadanos,
independientemente de su renta, que debe ser prestado por las administraciones públicas, sino por ser evidente que la optimización de las políticas policiales públicas pasa por el abandono de la privatización de las mismas y la vuelta a lo público.
Me parece que no necesita mayor explicación.
Como prueba de que a veces el discurso resbala hacia situaciones de inseguridad, entendiendo inseguridad en el sentido de la aplicación rigorista y plena de lo que es el Estado de derecho, intentamos una enmienda número 4 de modificación, en
el texto del actual punto 1, apartado 1: donde se dice acción preventiva frente al delito y las conductas peligrosas, debe decir acción preventiva frente al delito, no frente a conductas peligrosas, que nos puede conducir a una inseguridad total en
la aplicación del Estado de derecho.
A partir de aquí, si estas enmiendas se tienen en consideración, nosotros podríamos votar la moción que se presenta por parte del Partido Socialista, indicando que nosotros también, en los próximos días, desde un discurso de matriz
diferente, vamos a plantear una propuesta respecto a la seguridad ciudadana, entendiendo por seguridad lo que nosotros creemos que es el punto clave de la situación, la causa real de lo que ustedes entienden como inseguridad, que es una
consecuencia. Vamos a plantear esta alternativa, que no parte de la dicotomía: más inseguridad -en el sentido de inseguridad en las calles-, más policía y constantemente en esta dirección.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta. Mi grupo aprovecha para felicitarla en su reciente elección esta tarde.
Señorías, hoy se nos plantea una moción sobre medidas concretas que debería adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. En el ámbito concreto del título de la moción, medidas para luchar contra esa creciente
sensación de inseguridad ciudadana, a veces los datos pueden ser distintos, pero lo cierto es que el ciudadano tiene esa sensación de que existe una inseguridad ciudadana, ante ese hecho y ante los datos concretos que avalan que en el año 2001 la
evolución de la criminalidad en España no fue positiva, ya que hubo un incremento de casi un 10 por ciento con relación al año 2000; de ese incremento, las infracciones consideradas como faltas constituyen casi el 50 por ciento y en gran medida,
señora presidenta, señorías, esas faltas después no tienen la respuesta jurídica adecuada. Nos encontramos con lo siguiente.
Cada persona detenida en su inmensa mayoría lo ha sido ya antes; de cada cien detenciones que hacen las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, más de 60 corresponden a personas que habían delinquido ya previamente y que previamente habían sido detenidas, con lo cual existe un problema grave, que es que quien delinque una vez vuelve a delinquir. Se produce lo que conocemos
como multirreincidencia y de ahí la preocupación de mi grupo y de que en nuestra propuesta de enmienda queramos dar hoy en esta Cámara el mensaje positivo de instar a la aprobación rápida de una reforma legislativa que en el ámbito de la
multirreincidencia, cuando se suspende una pena privativa de libertad, se dirija a que a la hora de atender los motivos que pueden avalar esa suspensión se tenga en cuenta la existencia ya de otros procedimientos criminales previos sobre esa misma
persona; también, a la hora de conocer cuándo existe una asociación
ilícita, que lo sea también aquella que se constituye para cometer faltas y por último que la acumulación de faltas tenga la consecuencia final de que si el montante global merece ser calificado de delito, lo sea y tenga esa consecuencia
penal superior. Seguro que no será la única solución posible a la existencia en España de esa creciente situación de inseguridad ciudadana, pero mi grupo, con sinceridad, y así se ha planteado por parte de mi compañero Manuel Silva en el ámbito del
pacto de Estado para la justicia, cree en la necesidad de una reforma en profundidad de ese tratamiento de la multirreincidencia, como la que se ha hecho hoy también en esta Cámara en el sentido de impulsar los juicios rápidos. Son reformas que
irían dirigidas a lo que el título de la moción defendida por el señor Mayoral pretende, que son medidas concretas para dar una respuesta más eficaz a la creciente situación de inseguridad ciudadana.
Nosotros no vamos a apoyar la reprobación del ministro. No entra en la línea de lo que ha hecho mi grupo, ni en esta legislatura ni en otras y por supuesto ello no vendría a solucionar la creciente situación de inseguridad. No creemos que
esa sea la línea argumental a la que nos lleva la interpelación que hizo el señor Mayoral en el último Pleno. Por tanto, en ese sentido no contaría en ningún caso con la colaboración o el voto favorable de mi grupo, sí en el sentido de esas medidas
concretas.
Por último, señora presidenta, quiero hacer una reflexión. Coincido con el señor Alcaraz en que hay un peligro cuando se manejan cifras, que es intentar criminalizar a las personas que han venido de fuera, a veces en una situación social
muy difícil. Buscar la asociación de criminalidad con delincuencia es peligroso y por tanto mi grupo también quisiera huir de esos planteamientos y dar siempre una respuesta en positivo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Para el turno de fijación de posiciones, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo, en el trámite de esta moción como consecuencia de interpelación urgente que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista para establecer medidas que se piensan adoptar para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana, tiene que
comenzar diciendo que vamos a votar en contra por las razones que ahora expondré, en primer lugar, porque esta moción trae una segunda parte que para nosotros mediatiza el texto en su totalidad, porque propone una reprobación de don Mariano Rajoy,
el señor ministro del Interior, en quien coincide el cargo de vicepresidente primero del Gobierno. Nos parece totalmente inadecuada esta reprobación.
¿Qué significaría la reprobación? ¿Que el ministro dimite? ¿Que el ministro tiene que ser
destituido por el presidente del Gobierno en una acción de una serie de medidas que se piden aquí, que afectan fundamentalmente a dotaciones presupuestarias cuya responsabilidad está en el área de los ministerios de Economía y de Hacienda? Mi
grupo, de siempre en esta Cámara, con gobiernos del Partido Popular o con gobiernos del Partido Socialista, jamás ha votado favorablemente la reprobación de un ministro. En segundo lugar, ha sido una constante el apoyo a las medidas del Ministerio
del Interior. Lo hemos considerado un ministerio con una responsabilidad de Estado y mi grupo y este diputado han cerrado filas siempre en apoyar esa su responsabilidad política, administrativa, democrática, constitucional, parlamentaria y
electoral ante el pueblo español. Por tanto, no aceptamos este tipo de reprobación.
Entrando ya en otras cuestiones de detalle, mi grupo parlamentario, el Gobierno de Canarias, mantiene con el Ministerio del Interior, a través del señor Rajoy, con una colaboración plena y efectiva en el plan Canarias de Seguridad, y a
través de la señora subsecretaria del Ministerio del Interior, doña Ana Pastor, un entendimiento para ir resolviendo las situaciones específicas de inseguridad ciudadana en nuestro archipiélago. Aquí se proponen unas medidas que aparte de desbordar
condiciones presupuestarias, suponen complicar un entramado de instituciones donde terminaríamos sin saber dónde se resuelven los problemas. En esta moción consecuencia de interpelación se propone establecer un pan nacional de seguridad ciudadana
con carácter anual y objetivos definidos y estrategias adecuadas a la prevención y reducción del delito. Esta es una declaración tan generalista que cualquier persona sensata no se opondría a ella, pero esto ¿cómo se materializa? En esta
problemática de la inseguridad ciudadana mi grupo se remite a los pactos y a las líneas de entendimiento que tenemos con el Ministerio del Interior en cuanto a los tipos de inseguridad ciudadana que tenemos establecidos en Canarias, pero hay tipos
de delitos que no se puede pensar que un plan nacional con carácter anual los vaya a resolver. No sé por qué no se dice con carácter bianual o trienal o quinquenal. Sería mucho más lógico hacer un planteamiento quinquenal. Si vamos avanzando, nos
damos cuenta de que se propone la creación de una agencia o instituto nacional de estadística y de evaluación de seguridad ciudadana y empieza a aparecer una serie de instituciones que se termina con el olé de un etcétera. Podemos necesitar
verdaderas salas para reunir estas agencias o institutos nacionales de estadística y de evaluación de la seguridad ciudadana. Pero si tenemos instituciones, si en la memoria del ministerio fiscal se viene diciendo esto, si en las memorias y en los
datos policiales se vienen
recogiendo estas cuestiones. Crear un centro superior de estudios de seguridad, ¿en qué ámbito, con qué soporte financiero o económico, con qué finalidad? Un centro superior de estudios de seguridad es una cuestión que nosotros entendemos
que es desproporcionada. Nosotros hemos empezado en un debate en esta Cámara esta tarde apoyando una propuesta de todos los grupos para modificar uno de los instrumentos a los que un Estado de derecho debe dar prioridad, que es modificar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para los juicios rápidos, que es donde está la inseguridad ciudadana. Como diputado lo he dicho esta tarde para apoyar este tema. Vamos a esa serie de juicios rápidos donde están todas las faltas y delitos que definen ante
la opinión pública esta inseguridad ciudadana. Atajémosla por ahí, pero no para hacer un Estado policial. Con estas medidas vamos a terminar creando verdaderamente un Estado policial para evitar este tema. Entendemos que hay otras medidas
-algunas se traen en esta moción del Grupo Socialista y me parecen sensatas, lógicas y oportunas- y no tenemos nada más que mirar hacia el país vecino, Francia, con un Gobierno del señor Jospin, donde han hecho de la inseguridad ciudadana argumento
fundamental en la campaña electoral para las presidenciales francesas tanto el señor Chirac como el señor Jospin...
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Por esta razones y porque contiene la vertiente política de la reprobación, mi grupo se opone rotundamente a esta moción y votará en contra.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Por cierto, es un placer intervenir con usted a los mandos de esta Cámara. Quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de mi enhorabuena.
Mi formación política se siente mucho más a gusto en el debate de esta moción con las actitudes que han sido esgrimidas desde formaciones como Izquierda Unida o desde la propia Convergència i Unió cuando se ha hablado, primero, de medidas
preventivas o de medidas sociales, y en el segundo caso de reformas normativas, si bien el asunto de la multirreincidencia todavía dará en esta Cámara mucho que hablar, que con los términos de la moción presentada desde el Grupo Parlamentario
Socialista, cuyo debate y, después, cuya recogida en texto para ser hoy aprobado, creemos que contiene términos de un cierto tremendismo, no poniendo en ningún caso en duda que el problema exista, y no infravalorándolo. Ocurrre, además, que, como
pasa siempre con los partidos de ámbito estatal, cuando se presentan mociones, tras las buenas intenciones de acción preventiva, surgen enseguida los planes nacionales, las agencias de evaluación de la criminalidad, siempre organismos centrales o
centralizados. Se habla del centro superior de estudios de la seguridad, por cierto ya previsto en las conclusiones que la subcomisión para el estudio del modelo policial elaboró en la legislatura pasada, mezclado con la dación de más autoridad a
los alcaldes, con oficinas de asistencia a las víctimas, que algunas ya funcionan y funcionan bien, con la dación nuevamente de fondos estatales. Sí podríamos admitir que haya que delimitar de mejor manera las competencias policiales, pero siempre
habíamos considerado un dato que tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista, consideraban suficientemente buena y clara la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con la adecuación de las plantillas, quizá un aspecto que nos
podría gustar extendiéndolo también a la Ertzaintza, reivindicación respecto de la cual todos ustedes conocen, nada tendríamos que objetar a unas mejores retribuciones para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero nos parece que esto no es un
problema del señor vicepresidente primero generado por él, sino que creemos que le ha venido heredado. Su predecesor no hizo, en modo alguno, ni política ni gestión de Interior. En todo su tiempo -saben que a mi formación política le gusta
manifestarlo- únicamente actuó como aspirante a lehendakari y sólo de eso se ocupó. Fue un ministro, muchas veces lo hemos dicho, para Euskadi, por cierto, sin haber conseguido luego el afecto bastante de los electores.
Sería bueno que trasladasen dentro del Partido Popular esta información, que circulase dentro de su organización, puesto que siendo uno de los temas estelares respecto de la política que el Grupo Parlamentario Socialista está haciendo de
confrontación con el Partido Popular, sin embargo concejales de Bilbao están intentando atacar a la alcaldía desde esta perspectiva, siendo allí las cifras de seguridad ciudadana, en el tipo de delitos que hoy estamos contemplando, muchísimo más
bajas que las que se están barajando respecto de otras localidades en otros ámbitos del Estado. Si en política hay algo que es peor que ser oportunista, es ser inoportuno. Y la verdad es que colocan a mi formación política en posibilidades muy
fáciles de darles la réplica. Pásenles, por tanto, el dato.
Me queda referirme a la reprobación. En el derecho español esta figura no existe, como muy bien saben todos ustedes, con posibilidad de extraer de ella consecuencias jurídicas. Sólo en el ámbito vasco está prevista en su Ley de gobierno,
artículo 49.2, la moción de censura individual. Por cierto, en esta legislatura la padeció el consejero de Interior, pero salió de ella con bien. También es curioso que cuando en la legislatura pasada debatimos y elaboramos en esta Cámara la Ley
50/1997, siendo ponente esta misma diputada, la única persona que pareció suscitarle alguna curiosidad esta existencia de la moción de censura individual me pidió que le explicase en qué consistía y cómo funcionaba, aunque no tuvo luego la
aceptación de su Gobierno, fue el propio vicepresidente primero, cuando entonces era ministro de Administraciones Públicas.
Se comenta en el contenido de la moción que el señor vicepresidente no se toma con seriedad su cometido. Mi formación política no comparte esta percepción, incluso jamás hubiese mencionado la circunstancia de la calificación que le mereció
una actuación concreta del Partido Nacionalista Vasco, puesto que pidió disculpas, y entre señoras y caballeros, pedidas las disculpas, la cuestión no vuelve a mencionarse.
Por eso, tomándonos en serio la misión del señor vicepresidente, tomándonos
también en serio nuestro cometido, no vamos a dar nuestro voto favorable a esta reprobación, porque consideramos que carece de contenido jurídico y no creemos que sea el destinatario idóneo el señor vicepresidente primero en estas circunstancias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Iré directamente, porque creo que el tiempo es corto, a lo sustancial y dejaré lo superficial para el final, si me queda tiempo, señor Mayoral.
El texto de la moción que presentan ustedes está lleno de literatura y demuestra claramente el
desconocimiento profundo de lo que se está haciendo con relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Simplemente un dato: el descenso del número de policías desde 1990 en el cuerpo nacional de Policía fue de 6.744 hombres y mujeres
como consecuencia de jubilaciones y pase a la segunda actividad. En los seis últimos años de Gobierno socialista 6.800 fueron las plazas convocadas para cubrirlas que, como puede ver, están por debajo del número establecido. En seis años de
Gobierno al que pertenece el ministro del Interior actual se han convocado 14.307 plazas para sus números, para que tenga claro cuáles son las cifras y los datos que hay que manejar y no los que maneja usted a su antojo intentando modificar una
realidad que es palmaria. Las inversiones en los dos últimos años han sido tan impresionantes que se ha incrementado un 36,8 por ciento de lo inicial, de lo que recogimos en su día, y solamente el 48,11 de inversión sobre lo que se invirtió con
respecto al año 2000. Lo que plantean como alternativa no es más que un conjunto de generalidades sin ningún armazón lógico y sin ninguna fundamentación. Basta con leer su propia moción para comprender lo dicho. Decía un ilustre miembro de esta
Cámara: Yo no hablo de ellos, ni los alabo ni los critico, simplemente los presento en sociedad. Señor Mayoral, en su caso no hace falta presentarles, la sociedad les conoce y por eso les da la representación que tienen en estos momentos. Pero es
que si además leyeran el 'Diario de Sesiones' seguramente verían claramente el significado de la palabra remolque, o sea, vacío por las ideas. Ustedes nos plantean alternativas que no son tales, son lo que está haciendo el Gobierno y además
deslabazadas, sin sentido y sin ningún tipo de base, ni jurídica en algunos casos. Por ejemplo, este Gobierno está solventando y corrigiendo precisamente la gravísima situación de abandono y despreocupación de tantos años que hoy nos afecta a todos
los españoles, señor Mayoral. La diferencia es que nosotros asumimos las responsabilidades y hubo otros que hicieron dejación de ellas, como por ejemplo han sido las inversiones, el aumento de éstas, y las plantillas, entre otros temas. Señor
Mayoral, los datos son los datos y los porcentajes no son interpretables, y aunque ustedes les ignoran, que ya en sí es erróneo, por utilizar una palabra benévola, lo peor es que los interpretan de una forma torticera, modificando cifras y
porcentajes para llevar precisamente una visión sesgada y errónea de lo que está sucediendo y de la propia situación.
En relación con la reprobación del ministro del Interior, señor Mayoral, casi ni intervendría, pero reconozco que me ha tentado, me ha tentado de tal manera que voy a entrar, lo ha conseguido. No merecía la pena, porque la diferencia entre
los discursos que hace el señor Rajoy aquí, llenos de ironía y de inteligencia, comparados con los discursos al principio de la intervención llenos de zafiedad, marcan precisamente las diferencias entre unos y otros. Voy a terminar simplemente con
dos temas, una frase que está reflejada en el 'Diario de Sesiones' y que dijo el señor Rajoy en su intervención del 20 de marzo, y una cita que espero que sea lo suficientemente clara como para que se entienda por aquellos que tienen capacidad para
hacerlo. El pasado día 20 de marzo, en esta misma Cámara, decía el señor ministro: En esos temas todos, no sólo las señoras y señores diputados, sino también el conjunto de la sociedad y los medios de comunicación, deben actuar con prudencia y no
haciendo demagogia barata, porque al final me temo que eso conduce a la nada. Continuaba diciendo el señor ministro: Señoras y señores diputados, mientras esté aquí haré lo posible para aumentar el nivel de los debates parlamentarios, aunque
créanme ustedes, después de algunas cosas que he visto en los últimos tiempos, es francamente difícil.
Finalizaré sugiriendo al grupo Socialista que no tenga animadversión ni temor a las palabras irónicas del señor vicepresidente primero y ministro del Interior, porque como decía Víctor Hugo, señor Mayoral, con la ironía comienza la libertad.
Por cierto, lo que sí puedo garantizar desde este atril es que el ministro del Interior del Gobierno popular que preside José María
Aznar no terminará en ningún banquillo, como algunos otros que no son precisamente de mi grupo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral, a los únicos efectos, como sabe S.S., de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sí, señora presidenta, exclusivamente a esos efectos.
En relación con la enmienda que plantea Convergència i Unió, tengo que decir que es absolutamente imposible que podamos entrar siquiera en la consideración de su aceptación, puesto que trata de sustituir el contenido de una propuesta por
otra que no tiene prácticamente nada que ver. Así que, agradeciéndole en todo caso el interés, señor Jané -buen amigo, por otra parte-, lamento mucho que no nos encontremos ahora en este camino.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, tengo que decir que las aceptamos; consideramos que enriquecen el texto del Grupo Socialista.
Quisiéramos únicamente que, desde el punto del vista del método, se incorporaran como una primera
parte, seguida por una segunda y tercera, integradas por el contenido material de la iniciativa socialista.
Admitimos también la que se refiere a la eliminación de conductas peligrosas porque entendemos que, efectivamente, acción o actitud
delictiva y conducta peligrosa son una misma cosa. Así que aceptamos las enmiendas que presenta el señor Alcaraz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA AL DISEÑO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO Y SU APLICACIÓN. (Número de expediente 173/000121.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 9 del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, señora presidenta, vaya por delante mi felicitación por sus nuevas funciones. Quizás el hecho de ser novata le hace estar hoy sola en la Mesa a horas tan intempestivas.
Decíamos en el debate de la interpelación de la que trae causa esta moción, hace tres semanas, que aún estábamos a tiempo de evitar que el Gobierno incurriese con la reforma de la enseñanza no universitaria en los mismos errores en que
incurrió reformando la enseñanza universitaria.
Es decir, estamos a tiempo de evitar que se desconozca el bloque de la constitucionalidad; estamos a tiempo de evitar que se incurra en la misma falta de diálogo con los sectores afectados en que
incurrió la LOU, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, y en que está incurriendo, desde luego, el proyecto de ley de formación profesional y de las cualificaciones que se está tramitando en este momento en la Cámara.
Yendo al fondo de la reforma propuesta por el Gobierno, pretendemos que de ese diálogo resulte una revisión del dogmatismo que tanto en esta como en otras cuestiones parece inspirar al Gobierno y, en concreto, a la actual ministra de
Educación. Proponemos para ello un documento que creemos que puede servir de base para el consenso. La moción que estoy defendiendo puede servir de base a una reforma educativa necesaria, que de verdad reduzca el fracaso escolar; que de verdad
conciba la educación como un servicio universal de prestación primordialmente pública, respetuoso con la diversidad y con la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado español; que de verdad dignifique la función docente y que nos
permita avanzar por el camino de una dirección más democrática y eficaz de los centros de enseñanza. Esta es la base de nuestra propuesta, bien alejada, por tanto, de la desigualdad, de la segregación en edades tempranas, de la imposición de
contenidos curriculares uniformizadores, de reválidas externas a los centros que no hacen sino traslucir la desconfianza en los docentes, del fomento de la privatización de la enseñanza ya desde la infantil, y de la relegación de la red pública a
funciones casi de mera beneficencia. Porque este parece ser el modelo educativo del Partido Popular, no puede ser y no será nunca el modelo educativo del Bloque Nacionalista Galego, un modelo que impide la diversidad y que perpetúa las
desigualdades; un modelo para el que el fracaso escolar no es sino una excusa. Una coartada para imponer una reforma injusta, cruel y, sobre todo, ineficaz no puede ser apoyada por mi grupo, un modelo que supone dar un paso más en la cruzada
centralizadora en la que el Gobierno parece estar empeñado.
Por eso, para intentar corregir las líneas que se adivinan en el borrador -y digo que se adivinan porque es un documento demasiado vago presentado el pasado 11 de marzo por la ministra de Educación-, el Bloque Nacionalista Galego pretende,
en primer lugar, que como paso previo a la formulación del proyecto de ley se realice una evaluación que aún está pendiente de en qué medida los objetivos declarados y perseguidos por la legislación educativa vigente, por la LODE, LOGSE y Ley
orgánica de participación y gobierno de los centros docentes, por la reforma de las enseñanzas mínimas ya realizada por el Partido Popular, fueron conseguidos y en qué medida y, si no, a qué causas obedece su fracaso, porque sólo conociendo las
causas, sólo realizando
esta evaluación previa podremos formular entre todos una propuesta de reforma eficaz.
En segundo lugar, proponemos dialogar con todos los sectores afectados, con los profesores, con los padres, con los representantes de los alumnos, con expertos, con los movimientos de renovación pedagógica de todas las nacionalidades y
regiones del Estado español, antes de proceder a formular el proyecto de ley. Desde luego lanzar globos sonda no parece la mejor manera de fomentar un diálogo y un debate tranquilo sobre estas cuestiones. Queremos también que el proyecto de ley
respete las competencias que las comunidades autónomas tienen asumidas en esta materia. Decía la ministra en el debate de la interpelación que lo que hace la Administración del Estado es simplemente desarrollar sus competencias. Yo me pregunto por
qué en el borrador del proyecto de ley se le asignan al Estado funciones de carácter claramente ejecutivo, como fijar el calendario escolar, supervisar libros de texto, realizar la formación inicial y continua del profesorado, fijar las condiciones
de los conciertos, adjudicar y gestionar las becas y demás ayudas al estudio -por cierto aún sin pagar a estas alturas de curso- si las competencias de la Administración del Estado son únicamente competencias básicas, para fijar las bases en materia
educativa.
También pretendemos que se respeten las competencias autonómicas en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas oficiales distintas del castellano y a la tutela de los derechos lingüísticos de los alumnos y de sus familias, cuestión que no
aparece suficientemente garantizada en el borrador. Queremos luchar de forma eficaz contra el fracaso escolar concibiendo la enseñanza obligatoria como una etapa formativa que todas las personas han de superar y que debe acabar con un mismo título:
graduado en enseñanza secundaria obligatoria para todos los alumnos, y ello con los refuerzos, adaptaciones curriculares y desdoblamientos y, por tanto, con el compromiso presupuestario que sea necesario. También queremos que se acabe con el
fracaso escolar no segregando a los alumnos en grupos con necesidades especiales, los menos adelantados y los inmigrantes, sino con grupos de refuerzo que tengan siempre un grupo de referencia con desdoblamientos, tal y como se está haciendo en la
actualidad. También queremos promover la red educativa pública, limitar y controlar las subvenciones y el trato de favor que el borrador dispensa a los centros privados. Queremos impedir, por ejemplo, que los centros privados se puedan
especializar en los itinerarios reservados a los alumnos con mejores expedientes o que precisamente el expediente académico sea uno de los criterios para seleccionar alumnos. Queremos dignificar la función docente mejorando las condiciones de
trabajo, reduciendo el número de alumnos por aula y, desde luego, atendiendo las condiciones retributivas y eliminando la precariedad que existe en este sector. Queremos garantizar un gobierno democrático y participativo en los centros docentes.
Somos conscientes de que habría otras cuestiones, como relegar la enseñanza religiosa a donde debe estar, a las familias, a las iglesias, a los grupos confesionales, enseñar historia de las religiones, etcétera...,
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: ... pero me parece que eso quedará para otra ocasión.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los países más desarrollados del mundo están este año, y estarán en los años que siguen, inmersos en profundas reformas de su sistema educativo. Los países más desarrollados del mundo quieren hacer frente a los nuevos retos de la
sociedad del conocimiento y sobre todo a la idea de la educación a lo largo de la vida, que es en lo que está comprometida la Unión Europea. Los países más desarrollados del mundo y la Unión Europea coinciden al menos en los siguientes aspectos de
los planteamientos de la reforma de sus sistemas educativos. El primero y más fundamental: quieren hacer todos un esfuerzo presupuestario para dedicar más recursos a la educación. Creo que un buen ejemplo de ello es la reforma que bien
recientemente han acometido en los Estados Unidos. El segundo gran eje de las reformas es modernizar el sistema educativo para introducir las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y los idiomas. El tercer gran eje fundamental,
en el que están comprometidos especialmente los países europeos, es el reforzamiento de la figura del profesor. Los profesores son la piedra angular de las reformas de los sistemas educativos. Todos ellos parten de un diagnóstico, un debate en la
comunidad educativa y de un conjunto de propuestas presentadas a la sociedad en forma de libro, ya sea blanco, verde, etcétera.
¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Hay un importante consenso en la necesidad de introducir cambios y mejoras en el sistema educativo. ¿Por qué el Gobierno y el Partido Popular quieren separarse de lo que se hace en los países más
avanzados y de nuestro entorno europeo? ¿Por qué? Sobre todo, ¿qué nos preocupa? Que el planteamiento de la reforma en España no va acompañado ni de diagnóstico ni de debate ni de una propuesta clara; al contrario, de forma claramente
irresponsable el Gobierno presenta una mezcla de globo sonda y visión catastrofista de nuestro sistema
educativo, cuando se hace este planteamiento, especialmente grave desde nuestro punto de vista, porque no se corresponde con la realidad y, sobre todo, porque para establecer el diagnóstico el Gobierno no escucha a quien tiene competencias
directas en materia de educación, que son las comunidades autónomas. A nosotros nos preocupa que en esa visión catastrofista no importe al Gobierno, no importe al Partido Popular evidenciar su desconfianza hacia los profesores, que no le importe
estar presentando una visión del sistema que no es la real y auténtica.
Señorías, quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Acabamos de conocer uno de los más importantes estudios que se han realizado en nuestro país sobre la educación primaria. Lo ha hecho el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
El Gobierno presenta ese estudio sesgado, lo presenta única y exclusivamente con un resumen informativo que se titula Fallos y dificultades. Así no es posible. Cuando el diagnóstico es sesgado y además irreal, cuando no responde a las necesidades
del sistema, no es de extrañar que las propuestas sean también erróneas y gravemente equivocadas. Señorías, siguiendo con el mismo informe y a modo de ejemplo, ¿cómo es posible que se plantee por parte del Gobierno una reforma autoritaria y carente
de participación para el gobierno de los centros escolares? En este informe del INCE, del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, se pregunta cómo funcionan los centros escolares en España y, señorías, los datos son los siguientes: El 94 por
ciento de los directivos dice que el funcionamiento es bueno o muy bueno.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Un minuto, señora presidenta.
El 82 por ciento de los profesores y el 74 por ciento de las familias.
Indudablemente, la propuesta del Gobierno autoritaria, segregadora y empobrecedora ha merecido el rechazo unánime de la comunidad educativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Mi grupo parlamentario apoyará la propuesta que hoy se nos presenta a modo de moción y única y exclusivamente presentamos una enmienda que se refiere a la educación infantil, sobre cuyo desarrollo estimamos que es
absolutamente imprescindible...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Valcarce, le ruego concluya. Sabe las normas estrictas precisamente de este turno.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias.
Turno de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, a la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) No podía
ser de otra manera porque coincidimos en la defensa de una escuela pública de calidad, coincidimos en la defensa de la educación como un derecho fundamental de la persona y entendemos que su mejor desarrollo no puede ser mediante la normativa que
intenta aplicar el Partido Popular. Existen problemas en la educación que hay que resolver, pero atacando realmente el fondo y no intentando aprovecharse de esos problemas para dar un giro reaccionario al sistema educativo; giro que no solamente
es reaccionario sino que va a ser tremendamente ineficaz. Por eso, nos preocupa que se quiera utilizar una situación difícil, problemática, para ir en sentido contrario de lo que demandaba la racionalidad.
Desde Izquierda Unida creemos que es realmente el momento de acometer reformas en la educación, pero teniendo en cuenta un primer elemento, que es la financiación de la escuela pública. Es evidente que estamos ante la necesidad de una mayor
dotación de medios materiales para la escuela pública, también de una mejor dotación de medios para lo que debe ser la formación integral de la persona. En el punto anterior hablábamos de inseguridad ciudadana; la educación no es solamente aprobar
una asignatura, la educación es intentar formar integralmente a la persona.
Por esto entendemos que es muy peligrosa la propuesta que en este momento intenta imponer el Partido Popular. Y cuando hablo de imponer me refiero a imponerla a una
comunidad educativa que la rechaza en su mayoría y a imponerla a comunidades autónomas que también la rechazan. Es muy difícil que desde la postura actual del Partido Popular se puedan alcanzar acuerdos, que serían deseables, porque sería deseable
que hubiese el más amplio consenso cuando hablamos de educación.
Sería importante que el Partido Popular estuviese a tiempo de dar marcha atrás, de situarse en otro momento y plantearse la apertura de un debate sobre lo que necesita la educación en este país, de las reformas necesarias, pero abrirlo desde
la seriedad y no desde el intento de volver hacia atrás en la historia, hacia elementos que ya demostraron en su día la inutilidad. No se trata de conseguir un sistema educativo que tenga menos fracaso escolar porque haya menos alumnos, porque
expulsemos del aula a todos aquellos que no
alcancen los niveles mínimos, sino que se trata de que haya menos fracaso escolar porque el mayor número de alumnos puedan satisfacer las necesidades mínimas de este sistema educativo. Por todo esto, vamos a apoyar la moción del Bloque
Nacionalista Galego y esperamos que si esta Cámara no es capaz de hacer cambiar la voluntad del Partido Popular sea la calle, los estudiantes, los ciudadanos los que le hagan rectificar de su interés de dar un giro reaccionario a la educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo no podrá apoyar favorablemente esta moción porque en el texto de la misma encontramos algunos puntos con los que no estamos de acuerdo. En todo caso, voy a nombrar algunos porque si en un futuro hablamos de lo mismo de lo que
trata esta moción, quizá podríamos, junto con el grupo proponente, dejar de tenerlos en cuenta.
En el punto primero creemos que no sólo se debe hablar de fracaso sino también de cuáles han sido los éxitos, que los ha habido. En el punto segundo se considera que el ministerio debe hablar con todos los sectores pero, tal como se
presenta, pasando por encima de las competencias de las comunidades autónomas. Con quien se tiene que hablar es con las comunidades autónomas, ya que tienen capacidad y órganos de participación representativos constituidos. En el punto tercero se
dice que se han de respetar competencias, entre las cuales se deja de citar la educación infantil, la educación primaria o la educación secundaria, donde hay muchas competencias que son de las comunidades. En el punto cuarto hay una referencia de
coherencia con competencias, tanto en su punto a) como en su punto c). En el punto quinto el texto inicial podría estar redactado de otra forma porque el epígrafe a) habla de un control que ya está fijado. El punto d) se podría formular en
positivo en vez de en negativo y así quizás podría recoger algunos puntos que dejan duda.
Igualmente, en los puntos sexto y séptimo hay cosas que verdaderamente no compartimos. A nosotros nos hubiese gustado otro texto. Podríamos haber presentado
enmiendas pero las circunstancias del tiempo no nos lo han permitido, por culpa nuestra lógicamente.
Por tanto, en este momento nosotros no podemos dar un voto favorable y por ello nos abstendremos esperando que en próximas intervenciones e iniciativas del mismo tipo podamos dar un voto favorable a lo que hoy se presenta aquí.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comprendo que a estas horas de la noche es un tema difícil de tratar, por lo que voy a procurar ser lo más breve posible.
En primer lugar, me satisface que la mayoría de los grupos parlamentarios que han intervenido ahora reconozcan que la educación tiene problemas.
Señor Aymerich, creo que lo difícil y lo retrógrado en una sociedad cuando hay problemas en un
sector es no reconocerlo y decir que se va a ver cómo solucionar los problemas. Eso no significa una posición catastrofista, como se ha dicho desde otro grupo parlamentario, ni mucho menos.
Aquí hay unos problemas que ha señalado el INCE y que son una realidad.
Tenemos un fracaso escolar de entre el 25 y el 30 por ciento, cuando en los otros 14 países de la Unión Europea está alrededor del 15 por ciento y en Alemania, por
ejemplo, es del 11 por ciento. Vamos a ver qué medidas adoptamos para que no haya este fracaso escolar. Dice en su moción algunas cosas que ya están realizadas o que se están realizando. Usted dice que antes de presentar el futuro proyecto de ley
hay que evaluar en qué medida han sido o no conseguidos los objetivos marcados por la legislación educativa vigente. Tenemos estos datos tan claros de fracaso escolar y a ello tenemos que adaptar las medidas pertinentes.
En cuanto a que hay que dialogar, señorías, este documento es simplemente un borrador y el ministerio está dialogando con partidos, con sindicatos, con representantes de alumnos y con todos los sectores implicados. Quizá venga a la Cámara
en el mes de junio o julio, por ello creo que estamos dialogando con suficiente tiempo. Prueba de ello es que ya S.S. y otras señorías están planteando temas concretos cuando todavía no ha entrado el proyecto de ley.
En lo referente a respetar las competencias de desarrollo normativo de las comunidades autónomas, señoría, sólo puedo decirle que creo que nos presenta estos temas realmente por desconocimiento. Otra cuestión que señalan es la fijación del
calendario escolar, cuando lo único que ha de marcar la legislación básica es el número de días lectivos. Luego, cada comunidad indica si quiere que empiecen el 6 o el 8 de septiembre o si quiere que terminen el 20 o el 25 de junio. Lo único que
fija la Administración central es el número de días lectivos. ¿Usted cree que en cada comunidad española debe de haber diferentes días lectivos? Nosotros entendemos que no.
Usted habla de la enseñanza de las lenguas oficiales distintas al español.
Ya en los artículos 45 y 55 de la
LOGSE se distinguen perfectamente aquellas comunidades que tienen lengua propia de las que no la tienen. En cuanto a la regulación del acceso al título de bachillerato y la enseñanza superior, usted ha dicho una cosa que me ha dejado
asombrado, y es que no exista un examen para dar el título de bachiller. Hace algunas semanas se nos decía: ustedes quieren que un chico o una chica que entra en un centro concertado termine el bachillerato sin el menor control exterior. Resulta
que cuando decimos que habrá una prueba general de bachillerato para controlar, ustedes nos dicen que no. No lo entendemos.
También habla de la adjudicación de las becas y demás ayudas al estudio, y quiero detenerme en este punto. La gestión se puede ceder. Hay una resolución del Tribunal Constitucional que está clarísima a la que nos tenemos que atener la
Administración central, las administraciones autonómicas, etcétera. Por eso no entiendo lo que usted ha planteado y en atención a ello he querido resumirlo. Con motivo de alguna enmienda se ha hablado de la educación a lo largo de la vida, con lo
que estoy totalmente de acuerdo; de modernizar el sistema educativo, y nosotros entendemos que modernizar el sistema educativo es poner las medidas pertinentes para que no siga ocurriendo lo que está sucediendo en estos momentos; de reforzar la
figura del profesor, claro que sí, y de los directores de los centros. Saben SS.SS. que en estos momentos en el 60 por ciento de los centros no hay elección para director porque no se quieren presentar.
Finalmente -y lo voy a decir-, entre las comunidades autónomas hay una clara distinción. Comparen ustedes el porcentaje sobre el total del presupuesto que dedican las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular con
Andalucía y algunas otras y verá quién invierte más en educación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerra.
Señor Aymerich, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor AYMERICH CANO: Para indicar a esos solos efectos que aceptamos la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista porque pensamos que aclara y mejora nuestra moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE SITUACIÓN GENERAL DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ESPAÑOLA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA SUPERAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS. (Número de expediente 173/000122.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta moción, iniciamos el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería
española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis.
Señor Centella, tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la semana pasada mantuvimos un debate del cual se desprende la moción que hoy esperamos pueda ser aprobada por esta Cámara, que consta de tres apartados. En el primero instamos al
Gobierno a que presente las medidas necesarias para hacer frente a la situación de crisis que viven diversos sectores agrarios, de forma muy especial el de la vid, el del aceite de oliva, el del maíz y el de los frutos secos. Entendemos que sería
importante que estos sectores, que tienen situaciones difíciles, situaciones complicadas, se vieran respaldados por actuaciones urgentes, actuaciones que deberían de abrir un poco de esperanza, repito, en situaciones muy difíciles. En este mismo
punto también pretendemos que de forma paralela se presenten medidas que puedan paliar los efectos que sufre la ganadería como consecuencia de la crisis sanitaria y alimentaria que han pasado. No es justo, señorías, que acaben pagando los ganaderos
cuando en modo alguno han sido los responsables de esta crisis.
En el punto segundo planteamos que el Congreso acuerde celebrar en cada período de sesiones, y previa remisión por parte del Gobierno de la comunicación correspondiente, un debate monográfico sobre la situación del sector primario en España
y en el seno de la Unión Europea.
Entendemos que es necesario que este Parlamento debata de una forma específica la situación del sector primario, de manera que podamos hacer este debate anual, genérico y reflexivo que nos permita buscar puntos de
encuentro y evidenciar que esta Cámara no da la espalda a una parte importante de nuestra población.
En el tercer punto nuestra moción plantea que se adopten las medidas reglamentarias para que se pueda crear en el seno de la Comisión de Agricultura una subcomisión que presente, en el plazo de un año, un estudio sobre la situación y
perspectiva de futuro de la agricultura y ganadería española. Lo presentamos porque el señor ministro de Agricultura, en el debate de la semana pasada, anunció que para enero o febrero del año 2003 estaría terminado el Libro Blanco de la
agricultura y ganadería española y que durante el año 2003 se tendrían en esta Cámara las propuestas legislativas que se derivasen de este libro blanco.
Nosotros entendemos que es importante que se produzca ese debate y ya en el libro blanco se
anunció que iban a participar todos los sectores. Por lo tanto, resulta inexplicable que sea esta Cámara quien no participe en ese debate y se nos presenten las conclusiones una vez terminadas.
Este no sería un buen método y sería necesario que esta Cámara participe en el debate sobre la situación y las perspectivas de futuro de la agricultura española.
Existe un debate importante sobre los modelos de agricultura que creemos que en estos momentos no se encuentra definido en nuestro país. Hay un debate que tiene que sustanciarse también en esta Cámara, porque sería incompresible que quienes
tenemos la representatividad de la nación seamos obviados de un debate del que, repito, depende el futuro de gran parte de nuestra población. Pensamos que en este momento es necesario replantear temas tan importantes como la dimensión de la
explotación agraria para evitar que al final triunfe un modelo industrial que ya ha generado una serie de problemas sanitarios que no pueden derivar en el modelo de explotación agraria y ganadera de nuestro país. También es necesario que se
mantenga la pervivencia de esas explotaciones familiares, de las explotaciones medianas y pequeñas que, si no se genera otra dinámica, están llamadas a desaparecer, porque detrás de cada crisis no hay ni más ni menos que una reconversión encubierta
de este tipo de agricultura y ganadería, en perjuicio de las pequeñas y medianas explotaciones. También es importante, y algo de ello debatimos la semana pasada, el modelo de modulación que tenemos que aplicar. Es importante que ese debate que se
está haciendo fuera de esta Cámara también se haga dentro de ella y que se vaya avanzando sobre una agricultura o una ganadería que no sea solamente de carácter medioambiental, sino también de carácter productivo, porque nos tememos que en la mente
de alguien de la Unión Europea la agricultura quede como algo residual, que fundamentalmente tenga como objetivo el mantener el medio ambiente y mantener en Europa unas zonas verdes. Por el contrario, nosotros creemos que la agricultura tiene que
tener un carácter productivo y social que venga a generar empleo y asegure la alimentación de las personas. Ese debate está ahí y tenemos que llevarlo a cabo en esta Cámara. Por eso, creemos que sería muy importante la creación de esta subcomisión
parlamentaria que permitiese la participación de sectores implicados, de profesionales, de trabajadores y de todo aquel que tenga algo que decir sobre el futuro del sector agrario español. Pensamos que es importante discutir sobre el carácter del
agricultor a tiempo total y sobre el modelo de política agraria comunitaria que puede verse muy afectada por las futuras OCM o por la futura Organización Mundial del Comercio.
Creemos que es importante que todo esto se debata en esta Cámara y que no tengamos que esperar a que nos lleguen las conclusiones. Por eso espero que el Partido Popular, que no ha presentado ninguna enmienda, lo haya hecho porque está
plenamente convencido de la bondad de nuestra iniciativa y esté dispuesto a apoyarla plenamente, porque, de otra manera, no entenderíamos que se limitase a rechazarla sin presentar ninguna propuesta alternativa ni ningún planteamiento que intentase
buscar el consenso. Nuestra iniciativa es una iniciativa de mínimos que lo único que busca es plantear al sector agrario y ganadero que tiene cabida en esta Cámara y que tiene cabida en las preocupaciones de este Parlamento. Por lo tanto, va a
significar un trabajo por parte de este Congreso en los últimos meses. Repito que no entenderíamos que la creación de esta subcomisión o instar al Gobierno para que adoptase medidas que mejorasen la situación de la vid y el aceite de oliva fuese
rechazada sin más por el Partido Popular, porque entonces entraríamos en otra dimensión y pensaríamos que lo que el ministro declaró aquí hace dos semanas habría sido una simple declaración testimonial que no tendría mayor validez que la de figurar
en el 'Diario de Sesiones' de este Parlamento. Creemos que es importante que el libro blanco no sea solamente un elemento de propaganda, que no sea solamente un elemento para la próxima campaña electoral, sino que sea ese compromiso que hace falta.
Porque al final también creemos que es necesaria esa ley marco agraria que, dentro del respeto de la competencia de cada comunidad, permita que los agricultores y los ganaderos tengan esta ley marco de referencia que asegure su futuro. Por eso,
repito, espero sinceramente el voto favorable de la mayoría de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para dejar constancia al menos de tres cuestiones que, aunque sea muy tarde, merece la pena reflejar, por lo menos para que consten en el 'Diario de Sesiones'. Efectivamente, hace una semana el ministro de Agricultura hizo una
exposición de lo bien que está el campo español. Si no fuera porque uno piensa que esas cosas se pueden decir no importa en qué país y en qué circunstancia, la verdad es que incluso pueden provocar irritación en relación con la realidad del campo
español. Porque, ¿cuál es la realidad del campo español? Señorías, desde el año 1996 la renta agraria por ocupado en España, deflactado con el IPC, ha ido descendiendo progresivamente, y esa renta es inferior en el año 2001 a la del año 1996. Lo
refleja -lo digo para no tener que extenderme en esta argumentación- la página 12 del anuario del propio ministerio; lo refleja incluso con un gráfico en el que aparece el año 1986, fijando 100 como punto de partida en ese año, sube a 215 en 1996 y
va progresivamente descendiendo hasta 205 en el año 2001, que es manifiestamente inferior a la renta que existía en 1996. El campo
español, señorías, está así. ¿Por qué está así? Voy a referirme sólo al anuario para no complicar el debate a estas horas. El propio anuario lo refleja perfectamente. Los precios percibidos por los agricultores han ido disminuyendo
progresivamente y los precios pagados por los agricultores han ido aumentando de manera espectacular, como por ejemplo en el caso de los fertilizantes, combustibles, etcétera.
Esta es la situación del campo español. Por eso cuando uno oye al ministro de Agricultura expresarse como lo hizo hace una semana no debe entender qué es lo que le ocurre al sector lácteo en España, por qué está preocupado, por qué se
moviliza, qué le ocurre al sector de frutos secos, qué le ocurre al sector del olivar de bajo rendimiento, es decir, qué es lo que está ocurriendo en España si las cosas van tan bien. No, las cosas van de esta manera, incluso se ven así reflejadas
en un anuario que es bastante selectivo en la elaboración de los datos, porque a pesar de todo es difícil ocultar una realidad como ésta.
En segundo lugar, uno ha oído decenas de veces aquello de que las ayudas directas han aumentado desde que gobierna el Partido Popular en España.
Se puede repetir muchas veces una cosa absolutamente falsa que no tiene nada que ver con la
realidad, pero el propio anuario lo refleja perfectamente en la página 91, para no extenderme en la argumentación, y eso que la Agenda 2000 redujo espectacularmente algunos precios institucionales. Por tanto, por muchos trucos que se hagan la
realidad es tozuda y así van las cosas.
Tercera observación. Señorías, no hay política agraria en España, no existe una política agraria para el territorio nacional. Si observamos el problema de la leche -que en estos días afecta a gran parte del sector agrario-, vemos que al
tiempo que aumenta de manera importante en los últimos tres meses el precio de la leche que se paga en los supermercados, desciende el precio en origen. ¿Cómo se consigue este milagro en la milagrosa España del Partido Popular? No haciendo
política agraria, mirando para otro lado en programas de calidad, en cosas que son vitales. Se lo dicen a ustedes todo el mundo, desde las cooperativas -lo dicen de todas las maneras posibles-, las OPAS y las organizaciones agrarias, pero miran
ustedes para otro lado. Ocurre exactamente lo mismo en otro sector, sin intervención del Gobierno y sin política de respuesta. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el precio de la carne de conejo? Que aumenta espectacularmente en las tiendas y
desciende espectacularmente en origen, hasta el punto de que estamos en sectores que trabajan con precios por debajo del precio de coste de producción.
Así difícilmente se puede tratar una realidad agraria con cualquier visión de futuro.
¿Qué ocurre con el aceite de oliva virgen? Estamos exportando este aceite a granel desde España a Italia, que lo vende casi al doble de precio envasado, sin política agraria del Gobierno español en materia de comercio exterior. Así,
difícilmente se puede actuar.
Para terminar, señorías, con un ministerio tan caótico como el que tenemos...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, muchas gracias. Su tiempo ha concluido.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la moción que tenemos hoy la posibilidad de debatir, manifiesta que existe un problema muy grave en materia agraria que, a nuestro entender, es la falta de
definición de la política agraria del futuro. La pregunta que tenemos encima de la mesa es: ¿cuál va a ser el diseño definitivo de esa política en la Unión Europea y cómo encaja, en primer lugar, con las ampliaciones y, sobre todo, con las
exigencias de la Organización Mundial del Comercio? En realidad, el debate que estamos realizando es si estamos dispuestos a defender un modelo agrario europeo basado en la empresa familiar, en los productos de calidad, en que el sector juegue un
papel social y de reequilibrio territorial, que sea respetuoso con el medio ambiente, y si además de todo lo anterior le podemos pedir que sea capaz de competir en precios con países donde la estructura productiva no es comparable con la nuestra ni
con aquellos otros que basan su competitividad en el dumping social o en el medioambiental.
Es cierto que tenemos encima de la mesa un enorme papelón, difícil de resolver y que habrá que encontrar aquella fórmula que nos permita tener una agricultura sostenible y que a la vez se pueda vivir dignamente de ella. Pero en el marco del
debate de la moción y mientras se van desvelando las líneas de la futura PAC, quiero hacer dos reflexiones sobre temas que entiendo que no son sencillos de solucionar pero que harían la labor más fácil a los agricultores. Uno es la prevención.
Este humilde diputado no va a llevar la contraria al ministro de Agricultura cuando afirmó con motivo de la interpelación que el año pasado fue un mal año para la ganadería en general. La aparición de la encefalopatía espongiforme bovina, la
aparición de la peste clásica y el alto riesgo de la llegada de la fiebre aftosa fueron tres pruebas de fuego para un sector que no termina de salir de una situación de crisis constante. En parte hemos solucionado esos problemas, pero uno tiene la
sensación de que no debe existir interés suficiente como para entrar en profundidad en esa problemática e intentar resolver el problema de una forma definitiva, si esta palabra se puede usar en agricultura. Es de todos conocido que en el mundo de
la sanidad humana los grandes esfuerzos se hacen en la prevención, por cierto con buenos resultados. Pues bien, esa palabra mágica
difícilmente se usa en el campo de la agricultura y de la ganadería.
El señor ministro nos explicaba las medidas que se pusieron en marcha como consecuencia de la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina, las ayudas para resolver los problemas creados, etcétera, pero nada se dijo del esfuerzo que,
desde mi punto de vista, se tendría que haber efectuado para evitar que las plagas y las enfermedades deambulen a sus anchas sin que se marque una estrategia clara de prevención. Uno tiene la sensación de que los únicos momentos en que se habla de
control sanitario no es para evitar la entrada de una plaga o una enfermedad, sino que es un sistema más sencillo para imponer barreras al libre comercio. Hace pocos días, en un debate en la Comisión de Agricultura se puso de manifiesto la
preocupación del sector hortícola de Almería por la aparición del nuevo virus de la vena amarilla del pepino de reciente introducción, que parece ser que la Unión Europea desconocía y que, procedente de Oriente Medio, se ha instalado en nuestros
invernaderos provocando una situación de máxima preocupación. Se han llevado a cabo acciones entre las comunidades autónomas y el ministerio para erradicar la enfermedad, se han puesto en marcha ayudas para evitar que el sector se arruine y nos
felicitamos de las propuestas, pero ¿se ha hecho algo para evitar la entrada de dicha enfermedad en nuestro territorio? En vista de los resultados, muy poca cosa. Como consecuencia, estamos de acuerdo en que la prevención es una asignatura
pendiente y al no tenerla en cuenta, produce daños irreparables en el sector y cuesta mucho dinero a las arcas públicas.
En segundo lugar, una política coherente en defensa de nuestro sector productivo. Hace unos meses, todos exigían al Gobierno la prohibición del uso de proteínas de origen animal para la elaboración de piensos y la intención era buena.
Vivimos en un mundo donde la globalización es cada día más frecuente y en la inmensa mayoría de los países productores de carne, nuestros más directos competidores siguen usando para la alimentación proteínas de origen animal igual que antes, y esa
situación nos está creando cuatro problemas de enorme magnitud: la pérdida de competitividad, que está provocando nuevos equilibrios en los mercados mundiales en los cuales nuestras producciones están cediendo día tras día el espacio que nos costó
tanto ganar; la falta de una previsión en la política agraria y comunitaria en la promoción de cultivos de proteaginosas que sean capaces de suplir el déficit de la proteína y evitar de esta forma que nuestra producción dependa de las importaciones
de soja, por cierto transgénica; estamos creando un grave problema medioambiental con los restos cárnicos de los mataderos, su eliminación no está resuelta y el sector no la puede financiar y acabará con problemas de carácter colateral; y lo más
importante, no tenemos la seguridad de que la carne que importamos de terceros países cumpla con nuestras normativas sanitarias, lo cual hace referencia a la alimentación y, como consecuencia, podemos comer carne de vacuno con hormonas procedentes
de animales que han sido alimentados con proteínas de origen cárnico.
Con esos ejemplos se pone en evidencia una falta de proyecto de futuro que no apuesta por resolver los problemas inmediatos, pero sí...
La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha concluido.
Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la brevedad que las circunstancias imponen, quiero, en nombre de mi grupo, en el debate de esta moción hacer un reconocimiento expreso tanto del fondo como de la forma que se ha utilizado en la presentación de esta moción el
día 20 de marzo y en la sesión de hoy mismo.
Por fin, señor Centella, mi grupo tiene conocimiento de que hay otro modelo, que no compartimos pero que respetamos profundamente, y de ahí nuestro reconocimiento, que creo que adquiere mayor dimensión cuando otros siguen diciendo los mismos
tópicos y los mismos lugares comunes pero no aportan nada nuevo al debate.
Señor Centella, algo le dijo el señor ministro el día 20 de marzo y algo queremos completar desde mi grupo en este debate, y es el modelo que queremos para el futuro. El suyo nos lo ha explicado brevemente y además viene de alguna manera
concretado en los distintos puntos de la moción que esta tarde-noche debatimos; el nuestro es muy claro, y es exactamente el modelo que hemos acordado quince países de la Unión Europea y que se ha materializado en ese cuerpo de doctrina que
constituye la política agraria común. Ahí está el cuadro financiero definido en la Agenda 2000, que permanentemente habrá que estar haciéndole retoques y que permanentemente habrá que estar ojo avizor por las alarmas sanitarias o económicas de la
Organización Mundial del Comercio, habrá que hacer reformas de las distintas organizaciones comunes de mercado y tantas y tantas otras reformas, pero dentro de ese modelo común de la Agenda 2000 y la política agraria común.
Como le dijo el señor ministro hace unas semanas y modestamente le reitero ahora, señor Centella, cuando se insiste en que hay menos ayudas, nosotros tenemos que decir que no, que no hay menos ayudas, que el campo es un sector fuertemente
subvencionado porque así lo ha entendido la Unión Europea, es un sector estratégico, de él depende la alimentación de 350 millones de europeos, el mantenimiento del medio ambiente y tantas y tantas otras cuestiones. Por eso, concretamente el campo
español recibe este año de la
Agenda 2000 alrededor de 6.000 millones de euros, otros tantos como subvención de la Seguridad Social en España, y otros tantos como gasto fiscal. Creemos que son ayudas importantes. Por cierto, señor Cuadrado, de ayudas directas ni un
euro ni una sola peseta, ni antes ni ahora ni luego, porque S.S. sabe -parece que ha tenido un desliz- que aquí nadie puede hablar de ayudas directas de los Estados, que están taxativamente prohibidas por la normativa comunitaria. Hay pagos
compensatorios, medidas complementarias y tantas otras ayudas, pero nunca ayudas directas de los Estados. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice aquí.
Hay otras cuestiones en las que discrepamos. Su señoría ha vuelto a citar el tema de la modulación, tan traído y tan llevado en esta Cámara.
Discrepamos, no estamos de acuerdo, aunque respetamos su postura, como estoy seguro que S.S.
respeta la nuestra. En todo caso, con ese modelo de la PAC y con ese cuadro financiero de la Agenda 2000 no tenga ninguna duda, señoría, no tenga ninguna duda esta Cámara de que el Gobierno no dejará en ningún momento de defender a todos y cada uno
de los sectores, concretamente los subsectores agrícolas y ganaderos, ante cualquier agresión que puedan sufrir o ante cualquier circunstancia desfavorable que pueda acontecer. No hay más que recordar los resultados recientemente obtenidos en el
último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde entre otras cosas se han solucionado problemas que S.S.
pide que se solucionen en esta moción.
Finalmente, señora presidenta, señorías, sí quisiera decir que los puntos 2 y 3 entendemos que están perfectamente satisfechos con la iniciativa del Gobierno de anticipar ese debate que S.S. pide de distinta forma en su moción. El Gobierno
ya lo ha puesto ante la sociedad con el debate del libro blanco de la agricultura, que es un debate amplio, como sabe S.S., abierto a toda la sociedad española. Y por supuesto también vendrá a esta Cámara, para que los grupos parlamentarios
debatamos finalmente y con prioridad sobre los demás sobre esa materia. No solamente eso, señor Centella, sino que, además, de ahí puede salir, del análisis que hagamos de la situación en ese momento, de aquí a unos meses, a un año, el diseño de la
agricultura del futuro en España y la elaboración posterior de las normas legales y reglamentarias que para su desarrollo sean necesarias.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Señor Centella, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, aceptamos la enmienda que nos propone el Partido Socialista Obrero Español.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar para atajar el
crecimiento de la inseguridad ciudadana, que se somete a votación en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 98; en contra, 157; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación, que se somete a votación asimismo en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 99; en contra 150; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis, que se
somete a votación con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 107; en contra, 148.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las once y cuarenta minutos de la noche.