Camiño de navegación
Publicacións
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 149, de 21/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 149
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 143
celebrada el jueves, 21 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.
- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2003-2005 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2003. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 325-1, de 18 de marzo de 2002. (Número de
expediente 390/003231.) ... (Página 7531)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página 7531)
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2003-2005 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2003 ... (Página 7531)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) comparece ante la Cámara para defender los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas para el próximo trienio y el límite del gasto del Estado para el año 2003,
objetivos que fueron acordados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado día 8 de marzo. Se trata de un cambio en el procedimiento de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora el Parlamento sólo tenía una
ocasión para intervenir en el proceso, una vez que el Gobierno había concluido el proyecto de ley de presupuestos; a partir de ahora, con las leyes de estabilidad, el Parlamento vuelve a considerar los objetivos de estabilidad previstos en el
programa de estabilidad y tiene la facultad de establecer un límite de gasto a la Administración del Estado. Se trata, pues, de fijar al Gobierno cuánto puede gastar como máximo en los Presupuestos Generales del Estado y, mediante esta nueva
institución, respaldar la estabilidad económica necesaria para lograr el crecimiento económico duradero que conducirá a los españoles al pleno empleo. Este nuevo poder parlamentario -explica- coincide con el deseo del Gobierno de mejorar el control
democrático de la actividad financiera del sector público, y el anuncio anticipado al primer cuatrimestre del año de los objetivos del Gobierno en materia presupuestaria y la decisión que adopte el Parlamento mejora la información, configura las
expectativas, genera confianza y, en resumen, ayuda a los agentes económicos y a los mercados financieros a tomar sus decisiones más relevantes en materia de inversión. A continuación explica el contenido concreto del objetivo de estabilidad
presupuestaria que figura en el artículo 8.º de la Ley general de estabilidad presupuestaria que aprobaron las Cortes en diciembre pasado. Allí se determina que en el primer cuatrimestre de cada año el Gobierno, a propuesta conjunta de los
ministerios de Economía y Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para el conjunto del sector público y para cada uno de los grupos de agentes que lo integran, es decir, la Administración
general del Estado, la Seguridad Social y las comunidades autónomas y entidades locales.
Termina su intervención resaltando, una vez más, la importancia política de este debate, ya que el nuevo control democrático que el Parlamento ejerce en la política presupuestaria va a ayudar de ahora en adelante a conseguir que el
equilibrio presupuestario sea el nuevo escenario de la economía española.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, y
Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen de nuevo en el debate, en un segundo turno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), y los señores Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rodríguez Sánchez, Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del
sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2003/2005 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2003, se aprueba por 173 votos a favor y 109 en contra.
Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 13 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE
CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERÍODO 2003-2005 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2003. (Número de expediente 390/003231.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículo 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria,
se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2003-2005, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2003.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor y la satisfacción de comparecer en esta Cámara para presentar y defender los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas para el próximo trienio y el límite del gasto del Estado para el
año 2003. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Ambos, el objetivo de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas para el próximo trienio y el límite del gasto para el año 2003, fueron acordados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado día 8 de marzo. Una de
las novedades más importantes de las leyes de estabilidad presupuestaria que hemos aprobado en las Cortes hace pocos meses es este cambio en el procedimiento de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora, el Parlamento
sólo tenía una ocasión para intervenir en el proceso, al final, una vez que el Gobierno había concluido el proyecto de ley de presupuestos, con la distribución completa de la previsión de ingresos y de la asignación de gastos. Ahora, en las leyes
de estabilidad, el Parlamento vuelve a considerar los objetivos previstos en el programa de estabilidad y tiene la facultad de establecer un límite de gasto a la Administración del Estado.
Señorías, el sentido político del debate de esta mañana consiste en que, por primera vez en la historia de España, el Parlamento fija al Gobierno cuánto puede gastar como máximo en los Presupuestos Generales del Estado.
No existen
ciertamente muchos ejemplos en el mundo en los que el Parlamento pueda y ejerza este control sobre la actividad presupuestaria del Estado. Hoy en el debate nace pues una nueva institución parlamentaria, que respalda la estabilidad económica
necesaria para lograr el crecimiento económico duradero que nos conducirá a los españoles al pleno empleo. Este nuevo poder parlamentario coincide con el deseo del Gobierno de mejorar el control democrático de la actividad financiera del sector
público. El anuncio anticipado al primer cuatrimestre del año de los objetivos del Gobierno en materia presupuestaria y la decisión que adopte el Parlamento mejoran la información, configuran las expectativas, generan confianza y, en resumen,
ayudan a los agentes económicos y a los mercados financieros a tomar sus decisiones más relevantes en materia de inversión. La Ley general de estabilidad presupuestaria que aprobaron las Cortes en diciembre pasado determina, en su artículo 8.º, que
en el primer cuatrimestre de cada año el Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Economía y Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para el conjunto del sector público y para
cada uno de los grupos de agentes que lo integran, es decir, la Administración general del Estado, la Seguridad Social y las comunidades autónomas y entidades locales. El objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a las comunidades
autónomas y a las entidades locales cuenta con los informes previos favorables del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y de la Comisión nacional de Administración local, respectivamente, que, como SS.SS. saben, son
preceptivos según especifican las leyes de estabilidad presupuestaria. Además, la Ley general de estabilidad presupuestaria determina, en su artículo 13, que en el mismo acuerdo del Consejo de Ministros que establece el objetivo de estabilidad
presupuestaria debe fijarse el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado del ejercicio siguiente.
La propuesta que el Gobierno ha elevado a las Cortes, y que es el objeto de este debate parlamentario, contiene estos acuerdos. En primer lugar, el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público para el trienio
2003-2005, que establece el
equilibrio presupuestario para el año 2003, una décima de superávit en porcentaje del PIB para el año 2004 y dos décimas de superávit para el año 2005. En segundo lugar, el objetivo de estabilidad presupuestaria para el Estado y la
Seguridad Social para el próximo trienio, con el siguiente desglose: en el año 2003 el Estado cerrará con un déficit de cinco décimas del PIB y la Seguridad Social con un superávit equivalente, de tal manera que el conjunto de la Administración
central del Estado saldará sus cuentas en equilibrio; en el año 2004 el Estado reducirá una décima su déficit, hasta el menos 0,4 por ciento del PIB, la Seguridad Social mantendrá su 0,5 de superávit y el saldo de la Administración central del
Estado será de una décima de superávit; en el año 2005 el déficit del Estado se recortará una décima más, la Seguridad Social seguirá con el mismo superávit y el resultado de la Administración central del Estado será de un superávit de dos décimas
del producto interior bruto. En tercer lugar, el acuerdo del Consejo de Ministros establece el objetivo de equilibrio presupuestario, es decir, déficit cero o superávit cero, como quieran entenderlo SS.SS., tanto para las comunidades autónomas como
para las entidades locales en cada uno de los años del trienio: 2003, 2004 y 2005. Por último, el acuerdo fija el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio 2003 en 114.517 millones de euros. Estos objetivos
encajan con las previsiones macroeconómicas contenidas en el escenario central del programa de estabilidad, el cual prevé un crecimiento del PIB nominal del 5,5 por ciento de media para los próximos años, que en cualquier caso podría incluso verse
superado si los crecientes indicios de recuperación económica internacional se consolidan.
Estos objetivos de estabilidad presupuestaria van a permitir proyectar hacia el futuro los logros de la consolidación fiscal de los últimos años y armonizar la responsabilidad de cada nivel de gobierno, central, autonómico y local, con los
compromisos presupuestarios derivados de nuestra integración en la unión económica y monetaria europea. Con la fijación del límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio se pretende reforzar el control y
la transparencia del proceso de elaboración que ha de culminar con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Los gastos calculados en términos de contabilidad nacional para el año 2003 son 109.273 millones de euros,
lo que supone un incremento del 4,1 por ciento con respecto al gasto no financiero del año 2002. A su vez, este gasto, en términos de contabilidad nacional, es compatible con el objetivo de estabilidad que se ha fijado para el Estado en el programa
de estabilidad del Reino de España y que como SS.SS. saben es un 0,5 por ciento del PIB para el año 2003. Para determinar el techo de gasto del Estado en términos presupuestarios es necesario realizar unos ajustes derivados de la diferente
imputación que en términos de contabilidad nacional tienen algunas partidas presupuestarias, fundamentalmente los intereses de la deuda, por las operaciones de recompra y, por otra parte, las diferencias de ejecución que responden al grado de
realización del gasto respecto a las previsiones presupuestarias iniciales. Estos ajustes se han calculado en 5.244 millones de euros, que sumados a los 109.273 determinan el techo de gasto de presupuesto del Estado para el año 2003 en 114.517
millones de euros. Es importante destacar que esta cifra incluye el fondo de contingencia equivalente al 2 por ciento del techo de gasto, es decir, 2.290 millones de euros. Este fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, que también es una
novedad en la institución presupuestaria española, se destinará exclusivamente a atender necesidades no previstas en el presupuesto que puedan presentarse y que con toda seguridad se van a presentar a lo largo del ejercicio y en todo caso su
aplicación requiere la aprobación del Consejo de Ministros. Las comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado recibirán del Gobierno información trimestral de la aplicación de este fondo de contingencia. Es decir, si las Cortes aprueban los
114.517 millones de euros que propone el Gobierno como límite de gasto no financiero del Estado para el año que viene, en esta cantidad se incluirán los créditos extraordinarios, los suplementos, ampliaciones e incorporaciones de crédito y cualquier
otra posible modificación de crédito. Para calcular el límite de gasto en términos de contabilidad nacional y posteriormente en términos presupuestarios se parte del objetivo de déficit para el Estado del 0,5 por ciento del PIB, equivalente a 3.617
millones de euros.
Posteriormente, se calcula la previsión de ingresos no financieros para el año 2003 en términos de contabilidad nacional, que son 105.656 millones de euros, y la suma de estas dos partidas determina el límite de gasto no
financiero en términos de contabilidad nacional para el Estado.
Aunque la Ley general de estabilidad presupuestaria permite que el objetivo de estabilidad presupuestaria del Estado y en la Seguridad Social se realice conjuntamente, la fijación de
un límite máximo de gasto no financiero para el Estado reduce los márgenes de flexibilidad para la gestión tributaria. Así, al no poder el Estado exceder su límite de gasto, un mayor superávit de la Seguridad Social supone un mejor saldo que el
inicialmente previsto para el conjunto del Estado y la Seguridad Social, sin que pueda compensar un exceso de gasto respecto al previsto del Estado. La previsión de ingresos no financieros del Estado para el año 2003 se ha realizado teniendo en
cuenta las previsiones contenidas en el escenario central del programa de estabilidad, incluyendo la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas -reducción del impuesto-, que entrará en vigor en el año 2003. Ello nos lleva a estimar
un crecimiento de los ingresos del capítulo 1 (impuestos directos) del orden del 3,8 por ciento. En total, los ingresos
tributarios crecerían un 4,2 por ciento y el total de ingresos no financieros un 4,06 por ciento.
Señorías, la previsión plurianual de los objetivos de estabilidad presupuestaria es necesaria para fundamentar una política presupuestaria más eficiente, capaz de acometer proyectos y programas a medio y largo plazo, tanto en inversiones
productivas como en la mejora de los servicios públicos y de la protección social. Esta consideración plurianual de los objetivos económicos que aplicamos a nuestro proceso presupuestario es la misma que compartimos con los demás países de la Unión
Europea en los programas de estabilidad, con el fin de coordinar mejor nuestras políticas económicas y garantizar la cooperación de todos en los intereses generales.
Las leyes de estabilidad presupuestaria aumentan el poder y la responsabilidad del Parlamento en la elaboración, gestión y control de las cuentas públicas. Este nuevo debate y la resolución que el Congreso adopte al final del mismo es,
pues, el primer acto de ese nuevo y confirmado poder del Parlamento; es un poder democrático que reside en última instancia en la soberanía popular representada en esta Cámara, es decir, en los ciudadanos españoles. En las últimas elecciones, la
mayoría de los ciudadanos españoles respaldaron con su voto el programa del Partido Popular, que recogía entonces la razonable opinión social de que también los gobiernos deben ajustar sus gastos a la medida de sus posibilidades, como hacen las
familias y como hacen las empresas. Además, ya habíamos tenido la experiencia de que la pronunciada reducción del déficit conseguida entre 1996 y el año 2000 por el constante descenso del gasto corriente había sido el verdadero motor de arranque de
la poderosa expansión económica que tuvimos durante la legislatura pasada. Los electores sancionaron con su voto, en marzo del año 2000, esta política y el Gobierno y el grupo parlamentario del Partido Popular han dado cauce jurídico a esta
voluntad de la mayoría, como es su obligación. Estoy seguro de que también otros muchos ciudadanos que no votaron en las últimas elecciones al Partido Popular ven con satisfacción que las cuentas públicas están hoy saneadas y celebran que hayamos
aprobado en las Cortes unas normas para que sigan estando saneadas de ahora en adelante. Por ello estoy convencido de que el nuevo poder parlamentario que hoy inauguramos va a contar con un amplio respaldo de la sociedad.
Por algunas críticas que he oído, incluso aquí en esta Cámara, contra las leyes de estabilidad, deduzco que el genuino carácter democrático de estas normas no se ha reconocido siempre o, mejor dicho, no se ha querido reconocer. Dicen
algunos que el Gobierno quiere imponer un control rígido a las administraciones, que no las deja ejercer su autonomía. Como hoy estamos viendo, no es el Gobierno sino el Parlamento el que adquiere nuevas atribuciones de control democrático. Si hay
alguna administración que pueda sentirse más afectada, esa es precisamente la Administración general del Estado, para la que el Parlamento no sólo determina, como a las demás, un objetivo de estabilidad presupuestaria, sino que le pone un límite al
gasto. Para las comunidades autónomas y las corporaciones locales el Parlamento establece un objetivo de estabilidad presupuestaria, pero las deja en libertad para decidir cómo prefieren cumplir ese objetivo. Pueden limitar el gasto, como el
Estado, pero también pueden, si lo prefieren, incrementar los ingresos, es decir, subir los impuestos, ejerciendo sus competencias financieras.
Los ciudadanos españoles debemos sentirnos satisfechos del desarrollo político e institucional de la Constitución española. Entre otras cosas, en poco más de 20 años hemos sido capaces de dar forma a la España autonómica, que es hoy una de
las estructuras políticas nacionales más descentralizadas del mundo, con capacidad para aportar nuevos impulsos y nuevas motivaciones al servicio de los intereses generales. El Estado autonómico permite un conocimiento más cercano de las
aspiraciones y necesidades de los ciudadanos y contribuye decisivamente a mejorar la asignación de los recursos públicos. Poco después de aprobar las leyes de estabilidad presupuestaria sancionamos también en este mismo Parlamento un nuevo sistema
de financiación autonómica que configura una estructura financiera estable para el Estado autonómico de España. Todas las comunidades han recibido ya las competencias previstas en la Constitución y cuentan con este nuevo sistema de financiación que
es suficiente, corresponsable y solidario y está basado en criterios objetivos y generales. Es un sistema que garantiza a todos los ciudadanos los mismos servicios públicos y, a la vez, concede a las comunidades autónomas la autonomía necesaria en
los ingresos y en los gastos para ejercer su propia iniciativa política de acuerdo con la demanda de los ciudadanos.
Hoy debatimos en esta Cámara los objetivos de estabilidad presupuestaria también de comunidades autónomas y corporaciones locales para el próximo trienio. La propuesta del Gobierno, como SS.SS. saben, es el equilibrio presupuestario para
los tres próximos años. Si el Parlamento acepta esta propuesta, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se encargará a continuación de asignar el objetivo de estabilidad a cada una de las comunidades autónomas de acuerdo con lo previsto en la
Ley general de estabilidad presupuestaria. De esa manera, las comunidades autónomas conocerán con suficiente antelación el marco de su política presupuestaria.
El Gobierno y el Parlamento asumen su responsabilidad constitucional de asegurar la estabilidad económica, orientar la política económica hacia la consecución del pleno empleo y, a la vez, poner los medios necesarios para cumplir los
compromisos europeos y, en concreto, salvaguardar nuestra vinculación con la unión económica y monetaria europea. Por otra parte, las comunidades autónomas pueden hacer frente a sus
competencias y responsabilidades constitucionales y estatutarias con la tranquilidad de que están trabajando dentro de una democracia ordenada y eficiente. La única garantía de que las comunidades autónomas puedan tener los recursos
necesarios para ejercer sus competencias está en que el Gobierno y el Parlamento asuman sin reservas las responsabilidades en política económica que les asigna la Constitución. Tenemos la experiencia bien cerca. El nuevo sistema de financiación
autonómica, que ha merecido el acuerdo de todas las comunidades autónomas, sólo ha sido posible ahora, después de seis años de una firme política presupuestaria que ha saneado las finanzas públicas, ha llevado a la Seguridad Social a un holgado
superávit, ha generado más de 2.500.000 de puestos de trabajo, ha reducido la deuda pública y su carga financiera anual, ha permitido mantener un elevado ritmo de inversión pública y ha incrementado el gasto social y, además, ha permitido bajar los
impuestos.
La reciente cumbre del Consejo Europeo celebrada en Barcelona confirma la posición del Gobierno español y de la Comisión Europea. Unas finanzas públicas correctamente gestionadas pueden desempeñar un papel crucial en pro del crecimiento y
del empleo. Los Estados miembros que, como España, aprovecharon las buenas condiciones económicas de estos años pasados para equilibrar sus cuentas afrontan ahora la ralentización económica con una flexibilidad y un margen de maniobra muy superior
en sus opciones de política económica; por el contrario, tienen menos opciones aquellos países que han mantenido déficit elevados y un fuerte endeudamiento.
España siempre ha abogado por establecer un marco analítico transparente del estado de las
finanzas públicas en la unión económica y monetaria que sirva de base para el diseño de respuestas políticas. La reciente desaceleración económica es la primera prueba real de la eficacia de esta coordinación de las políticas económicas y del
proceso de vigilancia presupuestaria en la eurozona. La respuesta de la política macroeconómica a la ralentización ha sido rápida y contundente. En primer lugar, las autoridades monetarias recortaron los tipos de interés ante la ausencia de
presiones inflacionistas y en la política fiscal hemos dejado jugar a los estabilizadores automáticos, tan importantes para amortiguar las fluctuaciones del crecimiento de la producción. La rápida respuesta de la política económica, unos
fundamentos sólidos y el establecimiento de la confianza están proporcionando una plataforma para la recuperación económica en toda la Unión Europea. Por ello hay que insistir en mejorar la coordinación de la política presupuestaria en la unión
económica y monetaria. De esta forma los países de la eurozona pueden responder de manera oportuna y coherente a los choques y retos económicos comunes.
Para que funcione el régimen descentralizado de la política presupuestaria debe haber una
coordinación de fondo de la política económica que asuma en la eurozona la dimensión común de las políticas nacionales. Esta es la idea que ha salido reforzada del Consejo de Barcelona, la importancia de que la zona euro tenga una interpretación y
un planteamiento comunes de la política presupuestaria y la estabilización cíclica y en especial sobre el funcionamiento de los estabilizadores fiscales automáticos. No hay que olvidar que, al margen del mandato de reforzar las finanzas públicas,
como base para una política monetaria de estabilidad y una moneda fuerte, el pacto de estabilidad y crecimiento cuenta con la función estabilizadora de los presupuestos públicos.
El acuerdo al que se ha llegado en Barcelona respalda que la coordinación de las políticas fiscales se basa en un compromiso con la estabilidad presupuestaria y en las reglas de juego acordadas en el pacto de estabilidad y crecimiento. Los
Estados miembros se han comprometido a respetar las reglas de juego acordadas en dicho pacto. Los Estados miembros se han comprometido, decía, a respetar el objetivo presupuestario a medio plazo de obtener una situación cercana al equilibrio o con
superávit para el año 2004, a más tardar, y a permitir que los estabilizadores automáticos actúen simétricamente, lo que significa actuaciones tanto cuando estamos en ralentización económica, como cuando estamos en superávit o con crecimientos
económicos claros. El límite es que el déficit público no supere el 3 por ciento del producto interior bruto. Ello significa, en particular, que en la fase de expansión debemos cosechar totalmente los frutos generados por el crecimiento. En
definitiva, la calidad y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la unión monetaria requiere un mayor esfuerzo de coordinación. Calidad significa conseguir una estructura de ingresos y gastos que garantice unas finanzas públicas
sanas e incremente el potencial de crecimiento de las economías de la Unión. De ahí que las reformas fiscales y del gasto deban estar encaminadas a crear condiciones para fomentar el empleo y la inversión, al tiempo que se suman al objetivo de
mantener el equilibrio o con un superávit.
La sostenibilidad requiere una estrategia basada en reducciones de la deuda pública para abordar el impacto del envejecimiento de la población y las necesidades de atención sanitaria. Hay que tener en cuenta que debido a la evolución
demográfica puede haber implícita una importante deuda en el futuro. Si se quiere evitar que las generaciones futuras paguen íntegramente estas cargas presupuestarias, vía fuertes reducciones de prestaciones o vía aumento de cargas fiscales, hay
que tomar sin demora las medidas necesarias y renunciar a nuevos endeudamientos. Por ello en Barcelona se ha dado un gran paso al reafirmar todos los países su convicción de que la buena gestión presupuestaria debe seguir siendo prioritaria para la
Unión Europea, con el fin de permitir la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo y abordar eficazmente los problemas de las pensiones
y de atención sanitaria. Una reorientación decidida del gasto público hacia políticas de crecimiento y empleo es la mejor forma que tiene la política fiscal de contribuir al crecimiento, a la creación de empleo y a la mejora del bienestar
de todos los ciudadanos.
Señorías, en Barcelona ha quedado de manifiesto que la eficacia reside en las reformas económicas nacionales, que pueden y deben coordinarse entre sí y de esa forma potenciar y mejorar sus resultados. La comparación internacional sirve para
explicar mejor los beneficios de la consolidación fiscal. España ha hecho un mayor esfuerzo en la reducción del déficit público y se ha situado a la cabeza de los grandes países desarrollados en crecimiento económico y en creación de empleo. En el
último año, a pesar de las importantes incertidumbres económicas, que se vieron agravadas por los atentados del 11 de septiembre, en España hemos sido capaces de crecer al 2,8 por ciento y se han creado 370.000 empleos.
Este crecimiento se ha
logrado en un contexto de desaceleración generalizada en todos los países de la OCDE, en el que, sin embargo, nuestra economía ha mantenido un diferencial positivo con el crecimiento medio de la Unión Europea, tanto del PIB como especialmente del
empleo.
Hemos avanzado por tanto en la convergencia real, pero sobre todo hemos conseguido quebrar el negativo comportamiento habitual de anteriores ciclos en los que la economía española acusaba con mayor intensidad que otros países en términos de
producción y empleo la fase de desaceleración económica.
Es previsible que en el año 2002 alcancemos una tasa de convergencia real con la Unión Europea del orden del 85 por ciento. Esto se explica por la mejora de la productividad y también por la mejora del empleo. Hoy ya no estamos tan lejos
del objetivo de conseguir una sociedad del pleno empleo, un objetivo que ya han alcanzado algunas regiones españolas y se registra asimismo en determinados sectores económicos.
Es muy expresiva la relación entre el esfuerzo de reducción del déficit público y la creación de empleo. En los últimos seis años hemos pasado del 6,6 de déficit al cero por ciento en el 2001. En 1996 bajamos el déficit al 4,9 por ciento y
se crearon 58.000 empleos; en 1997 bajó al 3,2 por ciento y 413.000 empleos más; en 1998 al 2,6 por ciento y 520.000 empleos; en 1999 al 1,1 por ciento de déficit y 515.000 empleos más; en el 2000 al 0,3 por ciento y 452.000 empleos; y
finalmente en el 2001 al cero por ciento de déficit y 367.000 empleos; en total, 2.5 millones de empleos. Año a año hemos ido cerrando la principal herida que tenía nuestra economía y la hemos ido devolviendo su vitalidad. Ahora contamos con un
sector público fuerte y sano, capaz de hacer frente a nuevas bajadas de impuestos y capaz de garantizar nuestro sistema de protección social para los próximos años.
La deuda pública, es decir la deuda pagada por todos los españoles, se está reduciendo en proporción al PIB. Frente a una deuda del 68,1 por ciento en 1996, en el año 2000 hemos cerrado al 57,5 por ciento. Gracias a la bajada de los tipos
de interés y a la reducción de la deuda, los gastos financieros de la deuda se han reducido al 2,5 por ciento del producto interior bruto en el año 2002, frente al 5 por ciento que suponían en el año 1996. Eso explica el importante incremento de
las inversiones en los últimos años, un incremento que en este último año y a partir de ahora se financiará sin necesidad de incrementar la deuda. En 1996 era necesario endeudarse incluso para financiar los gastos corrientes; ahora no sólo hemos
cumplido la regla de oro sino que estamos mejorando nuestras infraestructuras, nuestra innovación tecnológica, nuestras inversiones en medio ambiente sin necesidad de recurrir a la deuda. El efecto multiplicador sobre la economía es claramente
mayor en este caso.
Señorías, en eso consiste esencialmente la estabilidad, en transmitir con la fuerza de los hechos la confianza necesaria para que los agentes económicos inviertan, para que las familias puedan adquirir y para que no tengamos que dudar nunca
más de si vamos a poder cobrar una pensión el día de mañana.
El control y la austeridad del gasto ha generado ahorro para incrementar la financiación disponible en la economía española, ha facilitado el control de la inflación y la reducción de los tipos de interés en beneficio de toda la sociedad
española, ha permitido impulsar la rebaja de impuestos que ha supuesto elevar la renta de las familias y la capacidad de financiación, de inversión y de creación de empleo de las empresas, y se han generado la credibilidad, las expectativas y la
confianza que son el sustrato mismo del ahorro, de la inversión, de la asunción de riesgos y del trabajo.
Dentro de poco tendré el honor de traer a esta Cámara un nuevo proyecto de ley para la segunda reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir el equilibrio en el año 2003 se proyecta en el mismo año que surtirá efecto
la nueva reforma del IRPF. Esta reforma supondrá una mayor rebaja para las familias, los trabajadores y las rentas de menor capacidad. Con ello el Gobierno no sólo anticipa a los agentes económicos el escenario de estabilidad en el que se va a
seguir desenvolviendo la economía española, sino que refrenda su apuesta por el protagonismo de la sociedad y por un sector público que va a seguir trasladando financiación a la economía nacional.
Como SS.SS. saben, la reforma de 1999 ha supuesto un ahorro de 10.200 millones de euros entre 1999 y 2000 para todos los contribuyentes. Si me permiten, se podría decir que estas reformas fiscales son para los españoles una inversión, una
inversión que rinde sus beneficios, sus frutos año tras año. El Gobierno habla de reformas estructurales, de reformas a favor de la oferta de la economía, de reformas que favorecen la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo.
Son reformas que permanecen en el tiempo y
que los ciudadanos disfrutan cada año. Pero para ello es fundamental un presupuesto equilibrado que garantice el futuro de estas reformas. ¿De qué nos sirve bajar ahora los impuestos si no vamos a ser capaces de mantenerlos bajos en el
futuro? Los ingresos y los gastos forman parte de la misma balanza, si no controlamos los gastos no podemos hacer frente a la bajada de los impuestos. Por eso, con este techo de gasto que hoy proponemos a la Cámara, estamos abriendo la puerta para
la próxima reforma, para la próxima bajada del impuestos sobre la renta de las personas físicas; una reforma a favor, insisto, de las familias, con especial atención a las mujeres con hijos menores a su cargo, a los pensionistas, a las rentas bajas
y a los desempleados. El mayor control democrático sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas es también una garantía para continuar mejorando nuestro sistema de protección social.
En los últimos años hemos visto el efecto positivo de la consolidación fiscal en el saneamiento de la Seguridad Social. Gracias al crecimiento económico y en concreto al extraordinario aumento de las afiliaciones, las cuentas de la
Seguridad Social han evolucionado desde el preocupante déficit de 1995 hasta el holgado superávit de este año, nada menos que el 0,8 por ciento del producto interior bruto que nos permite incrementar el fondo de reserva hasta el 1 por ciento del
producto interior bruto; es decir hemos llegado con dos años de antelación al objetivo que nos habíamos propuesto en lo que se refiere a la dotación del fondo de reserva de la Seguridad Social, pero hemos de tener en cuenta que en este terreno de
la protección social va a seguir creciendo la demanda de los ciudadanos y será necesario tener capacidades crecientes también para satisfacerlas. Con la economía en clave de equilibrio presupuestario podemos preparar con tiempo suficiente un nuevo
modelo de sociedad de bienestar en el que tengan mayor protagonismo los ciudadanos y las familias. De hecho, a la vez que mejoramos la protección pública general estamos tomando medidas para estimular la previsión social complementaria, tanto la
individual como la colectiva.
Señorías, quiero terminar resaltando una vez más la importancia política de este debate. El nuevo control democrático que el Parlamento ejerce en la política presupuestaria nos va a ayudar de ahora en adelante a conseguir que el equilibrio
presupuestario sea el nuevo escenario de la economía española. Reafirmamos una nueva orientación en la gestión de las cuentas públicas, una orientación más responsable, más democrática, más transparente, más acorde con las exigencias de nuestro
mundo, exigencias que se derivan de una economía cada vez más internacionalizada, más integrada y más dinámica. Vamos a seguir afianzando la Seguridad Social y vamos a seguir reduciendo la deuda pública. Para ello vamos a seleccionar las
prioridades de inversión productiva y de gasto social y vamos a seguir mejorando los servicios públicos. Vamos a seguir reduciendo los impuestos a las familias, al trabajo y al ahorro, con la seguridad, señorías, de que estamos contribuyendo a
impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Para fijar la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Con su venia, señora presidenta.
Señorías, la Cámara conoce que mi grupo parlamentario estuvo en contra de la Ley general de estabilidad. Estuvimos en contra porque en nuestra opinión las leyes de objetivo numérico reducen la capacidad estabilizadora de las instituciones
presupuestarias, restan flexibilidad a la política económica y merman la transparencia, al estimular la huida del presupuesto de múltiples organismos y entidades. Si nosotros hubiéramos tenido alguna duda acerca de la conveniencia y la pertinencia
de nuestra posición política, tendríamos que decir que la escasa convicción con que el Gobierno ha actuado en la mañana de hoy nos ha sacado de todas cuantas dudas podríamos tener. El Gobierno en lugar de intensificar la colaboración del Parlamento
en la definición de los objetivos de política presupuestaria para los próximos años, lo que ha hecho es empequeñecer sus propios planteamientos.
En la mañana de hoy, señorías, podríamos haber hecho un debate sobre los objetivos que se pretenden conseguir en las múltiples líneas de política presupuestaria y de política fiscal que se incorporan en un presupuesto.
En la mañana de hoy
la Cámara podría haber evaluado los objetivos del Gobierno y podría haber visto si esos objetivos son capaces de cumplir la demanda de servicio público que en este momento formulan los ciudadanos españoles. En la mañana de hoy podríamos haber hecho
un análisis prudente de los instrumentos del ingreso, del endeudamiento y del gasto público; si hubiéramos hecho un debate sosegado y sereno inclusive podríamos haber visto en qué medida son previsibles los desvíos que se puedan producir en algunas
políticas. Pues el Gobierno ha renunciado a todas y cada una de esas actuaciones; el Gobierno no ha hecho ni una sola manifestación de cuáles son sus preferencias políticas en las materias que forman parte del presupuesto de gasto del Estado, ni
una sola. Señora presidenta, el lunes pasado el señor Aznar pedía despectivamente a la oposición que en este debate diera a conocer sus objetivos, pedía a la oposición, pedía a los grupos de esta Cámara que hicieran lo que él no hace nunca, lo que
no ha hecho en la mañana de hoy el señor don Cristóbal Montoro. El señor Montoro se ha limitado a leer un documento críptico, a leerlo mansamente,
a comportarse más como un contable que como un ministro de Hacienda capaz de presentar la proyección de las grandes magnitudes. No nos ha dicho nada en materia de política presupuestaria, en aspectos que tanto preocupan a los ciudadanos
españoles: la seguridad ciudadana, la educación, la innovación tecnológica, las infraestructuras, las pensiones, el desempleo, la política de bienestar personal y familiar. A nosotros nos hubiera gustado poder decir en este debate de hoy algunas
cuestiones sobre estos aspectos, y si no lo hemos podido hacer ha sido porque en contra de nuestra voluntad la mayoría parlamentaria que hoy gobierna esta Cámara nos lo ha impedido. Seamos sinceros, lo que se nos pide esta mañana a todos nosotros
es que este Congreso dote al ministro de Hacienda de más poder, simplemente de más poder para que se siente con más fuerza en la mesa del Consejo de Ministros y para que pueda hacer con más facilidad y con más comodidad los presupuestos del año 2003
y años sucesivos. ¡Pobre empeño, don Cristóbal! ¡Pobre empeño, señora presidenta! Lo único que hemos conseguido ha sido jibarizar un debate, ponerlo a la altura del proponente, pero desde luego no somos capaces de averiguar si la calidad de las
previsiones presupuestarias van a permitir hacer frente a las demandas de esta sociedad en un momento donde existen oscilaciones cíclicas en la economía. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señora presidenta, el Gobierno insiste en decirnos y en mandarnos estimaciones equivocadas. El INE ya he medido el crecimiento del PIB en el año 2001 y lo ha medido por debajo de lo que fijó el Gobierno de España hace dos meses. Insiste el
Gobierno en sus inverosímiles proyecciones para el año 2002, que no tienen ningún crédito en el consenso de los analistas ni en los organismos económicos internacionales. ¿Y qué decir de las hipótesis que baraja para el año 2003 después de estos
dos antecedentes? Miren señorías, la constatación empírica nos dice que las estimaciones de las variables macroeconómicas que suelen enviar a esta Cámara don Rodrigo Rato y don Cristóbal Montoro son pura virutilla; en alguna medida son simple
material fungible carente de solvencia y de credibilidad, y desde luego no encontramos ninguna razón para hacer buenos los pronósticos que formulan en torno a ellas de cara a los próximos años.
Por eso la economía española se desenvuelve hoy en un escenario macroeconómico escasamente definido, en el cual el Gobierno ignora que la desaceleración es tan aguda que en un solo año nos ha hecho situarnos por debajo del nivel tendencial,
y que seguiremos por ahí a lo largo de los próximos meses. Eso afecta a la productividad, donde caminamos a la pata coja, y afecta a la sostenibilidad de los sistemas de protección social, donde para mantener su estabilidad necesitaríamos crecer al
2,5 por ciento, y les recuerdo que hace ya algunos meses dejamos atrás ese registro. Se ha reducido el crecimiento en más de un punto en el año 2001, se va a reducir el crecimiento seguramente en una magnitud parecida en el año 2002, y mi grupo
manifiesta que es el momento de discutir sobre la política fiscal, de discutir sobre el diseño de la política fiscal y sobre su consistencia. Discutir del diseño de la política fiscal significa hacer una opción entre dos posibilidades: dejar que
los presupuestos suavicen el ciclo, dejar que los estabilizadores actúen, que disminuyan los ingresos, que se incrementen los gastos, y que como consecuencia de ello aparezca un déficit de baja intensidad y de corta duración, o por el contrario
aumentar los impuestos y reducir los gastos para mantener el déficit. Esta última es la opción del Partido Popular; el Partido Popular ha optado por subir los ingresos y, hay que decirlo, con mucha intensidad. El último bloque de normas
presupuestarias aprobado en estas Cámaras ha efectuado 58 modificaciones legislativas que afectan a todas las figuras tributarias del sistema: hechos imponibles, procedimiento de determinación de las bases, criterios de fijación y de sujeción,
tipos, tarifas y escalas, junto con beneficios fiscales han subido de manera destacada en los precios, en las tasas y en los impuestos. Eso afectará a los ingresos del año 2002, y como las normas tributarias son difícilmente reversibles afectará a
los ingresos públicos en años sucesivos. Ese conjunto de actuaciones discrecionales, señor presidente, plantean un interrogante en la economía española. Hoy estamos viviendo un momento en que el consumo privado está dando muestras de decadencia y
la política tributaria que se está desarrollando se ha vuelto restrictiva, con lo cual ocasionará en el componente más dinámico de la demanda interna una nueva contracción.
Pero no solamente se puede criticar el tono de la política fiscal, sino que se puede criticar también su carácter, pues se ha vuelto claramente regresiva. Se han elevado los precios de los carburantes, de los transportes públicos, del
butano, de los módulos del IVA, de los costes de los servicios, públicos, en definitiva, porque se han elevado las tasas. Y yo me pregunto: ¿qué reflejo tiene esta política fiscal restrictiva en los presupuestos del año 2002 y de los años
siguientes? Ninguno; una catarata normativa como la que se ha aprobado en la última Ley de acompañamiento y en la última Ley de presupuestos no ha afectado al objetivo de ingresos establecido por el Gobierno de la nación; no le ha afectado ni en
una peseta ni en un euro, y eso sinceramente, cuando se han tocado de la manera que se han tocado todos los renglones de los impuestos de carácter indirecto, me hace dudar de que la manera de presupuestar sea entre nosotros la más correcta.
Lo mismo ocurre con los impuestos directos. Ustedes les han bajado el IRPF a algunos; a la inmensa mayoría de los españoles no porque ni siquiera han devaluado las tarifas. Se lo han bajado a un grupo reducido y selecto de contribuyentes
a la mayor parte de su jefes, señor Montoro, que pueden utilizar el límite
máximo que se concede como beneficios fiscales a quienes tienen fondos de pensiones. Habiendo bajado a esos contribuyentes una parte importante de sus aportaciones al IRPF, nos encontramos con que el mensaje motivado que llega a esta Cámara
procedente del Senado incorpora un aumento de la fiscalidad, del objetivo a recaudar por IRPF de 140.000 millones de euros, es decir 235.000 millones de pesetas. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale ese incremento de recaudación del IRPF?
Señoría, he sacado a colación dos ejemplos. He sacado a colación un ejemplo de la imposición indirecta y un ejemplo de la imposición directa porque hay una vinculación entre política tributaria y previsión de ingresos, porque hay esa
vinculación entre los ingresos y los gastos cuando se actúa en equilibrio. Cuando se aplican mecanismos de programación plurianual no caben estas sorpresas. Aquí ha habido una gran paradoja, subiendo los impuestos indirectos a todos los españoles
se mantiene el presupuesto inicial que remitió el Gobierno al Congreso, bajando los impuestos a quien más tiene nos encontramos con que se va a subir la recaudación en 235.000 millones para el Estado, en 81.000 millones para las comunidades
autónomas, es decir 315.000 millones. Yo me pregunto, ¿cómo calculan ustedes los ingresos y qué solvencia tiene su programación presupuestaria?
Señor presidente, señoras y señores diputados, no es bueno cerrar y equilibrar los presupuestos a martillazos. No es bueno dejarse llevar por la tentación de conceder preferencias fiscales a los amigos de uno mismo.
No se puede recurrir a
actividades discrecionales de naturaleza tributaria que sean regresivas, que sean injustas y que sean extravagantes. Ustedes hacen eso, y por esa razón sus programaciones económicas y presupuestarias no son creíbles.
En materia de consistencia de la política fiscal quisiera hacer algunas observaciones desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de la deuda y desde el punto de vista de los activos financieros.
Los años 1998, 1999 y
2000 han sido excelentes desde la perspectiva de los ingresos, pero 2001 ya no lo ha sido. En 2001 no se han cumplido los objetivos de recaudación inicialmente previstos, y si se ha equilibrado el presupuesto de ingresos no financieros ha sido
porque los ingresos patrimoniales han crecido nada más y nada menos que el 65 por ciento.
Tenemos menor crecimiento, tenemos menor recaudación y tenemos una política fiscal restrictiva que va a generar menor incremento del producto y que reducirá
las recaudaciones en años sucesivos. En deuda pública hay que decir que estos años de bonanza también han sido años de endeudamiento disimulado por el crecimiento del PIB. La deuda se ha incrementado entre 1996 y 2000 en 7,5 billones de pesetas, a
pesar de las buenas recaudaciones, a pesar de las reducciones del déficit y a pesar de las cuantiosas privatizaciones. Eso está ahí y no tiene vuelta de hoja. En materia de activos financieros, porque se financia con activos una parte importante
de la inversión en infraestructuras y en tecnología, he de decirle que entre el año 2000 y el año 2001 se han incrementado nada más y nada menos que el 52 por ciento. Pero siendo riesgos que están ahí y que tendrán que encarar gobiernos sucesivos,
el gran problema de la financiación del sector público en España es que ustedes han inhibido conscientemente el esfuerzo financiero del Estado y que esto se le ha permitido parasitar los excedentes de la Seguridad Social.
Si en el cuadro macroeconómico que usted nos ha remitido dice que en el año 2003 vamos a crecer el 3 por ciento, le he de decir que me parece un registro espléndido porque si fuera verdad nos permitiría volver a recuperar el crecimiento
tendencial de la economía española. Pero ahí me encuentro con una situación que me parece sorprendente. ¿Cómo es posible que con un crecimiento de esta naturaleza ustedes no sean capaces de equilibrar el presupuesto del Estado? ¿Por qué persiste
en mandar a esta Cámara un objetivo de déficit del Estado del menos 0,5 por ciento? ¿Qué nivel de crecimiento se tiene que producir en esta sociedad para que ustedes presenten alguna vez un presupuesto equilibrado del agente Estado? Díganos don
Cristóbal Montoro una cifra creíble y una cifra razonable porque si no vamos a tener que creer que el objetivo de la política presupuestaria del Gobierno de España es tener un profundo déficit en el funcionamiento del agente Estado. y eso se lo
tengo que decir desde la perspectiva del otro gran agente de las administraciones públicas, el único que es capaz de garantizar el lazo social de la sociedad española, es decir la Seguridad Social.
Es intolerable que usted siga programando déficit de entidad en el presupuesto del agente Estado y superávit de entidad en el presupuesto de la Seguridad Social, porque la Seguridad Social vive en este momento una excepcional coyuntura
demográfica que no va a poder repetirse en el próximo futuro ya que se incorporarán al sistema un número de pensionistas superior al que se está incorporando en este momento.
Ustedes, don Cristóbal, han roto una tradición importante de las finanzas
públicas españolas desde la muerte del general Franco. Ustedes han ralentizado el esfuerzo que veníamos haciendo para que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social en términos de PIB fueran aumentando.
Entre los años 1990 y 1995 las
aportaciones del Estado medidas en términos de PIB al presupuesto de la Seguridad Social crecieron un punto; entre 1996 y el año 2001 tan sólo han crecido 45 centésimas. Como consecuencia de ello, las cotizaciones sociales son hoy el primer
renglón de financiación de las administraciones públicas españolas, el primer impuesto. Hoy crecen por encima del IRPF que ha crecido en el año 2001 el 6,9 por ciento -prácticamente lo mismo que el PIB monetario- y las cotizaciones han crecido el 8
por ciento. A causa de ello hay una presión fiscal ocasionada
por las cotizaciones sociales. El peso de las cotizaciones sociales en el producto interior bruto en el año 1995 era del 9,6 por ciento y hoy es del 12,4 por ciento. Alguien dirá que en ese recorrido no hemos estado solos. Claro que no
hemos estado solos; hemos estado acompañados de Méjico, hemos estado acompañados de Corea, hemos estado acompañados de Chequia, hemos estado acompañados de Grecia y hemos estado acompañados de Turquía. Son buenas compañías, no voy a calificarlas,
simplemente me limito a describir los acontecimientos.
España tiene hoy una sobreimposición en la renta del trabajo. La carga fiscal media de un obrero medio supera el 37 por ciento del coste de la mano de obra si se tiene en cuenta el IRPF y la Seguridad Social. Esa sobreimposición que hoy
penaliza a la renta del trabajo hace que el tipo medio de la misma, computando renta y computando Seguridad Social, esté por encima del 45 por ciento. Ustedes persisten en mantener inamovible el tipo de cotizaciones del año 1994 que estaba pensado
para un equilibrio distinto y como consecuencia de mantener inamovible el tipo de cotización desde el año 1994 el arrastre del ciclo ha generado unos excedentes de billón y medio de pesetas; excedentes que no se aplican íntegramente al fondo de
reserva y que dan origen a un cuantioso remanente contable poco conocido y peor regulado. Hoy el excedente es de billón y medio de pesetas y el fondo de reserva no llega a 575.000 millones de pesetas. La diferencia es un remanente. Aquí, don
Cristóbal, se da una situación que no quisiera dejar de relatar. Vivimos en España, una nación en la que tenemos un Estado con déficit en sus cuentas públicas pero que reduce la presión fiscal directa. Vivimos en una nación donde tenemos una
Seguridad Social con superávit pero que aumenta la presión fiscal ejercicio tras ejercicio. Mire usted, lo lógico sería que las cosas fueran al revés; lo lógico sería que la Seguridad Social redujera su presión y que el Estado buscara su
equilibrio. Si eso ocurre es porque existen un conjunto de intereses que son los que han hecho que la Seguridad Social cargue hoy con una parte importante de competencias que corresponden al Estado. La política de bonificaciones en el INEM y la
asunción de los complementos a mínimos son dos políticas que no se deberían financiar con cotizaciones de los trabajadores, tendrían que ser financiadas con los impuestos de los ciudadanos. No estoy hablando de poco dinero; estoy hablando de un
billón de pesetas que en este momento significa las competencias que tiene que soportar el Estado
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Fernández Marugán, le rogaría que fuese concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, de verdad.
Don Cristóbal Montoro, usted ha actuado de una manera injusta y perniciosa porque ha inhibido el principio de responsabilidad de las administraciones públicas. La filosofía de la ley que habilita este debate es que cuando haya un desajuste
quien incurra en él lo tiene que explicar y lo tiene que corregir. Y para explicarlo y corregirlo tiene que hacer un plan a medio y largo plazo. Eso afecta a todos menos al Estado, al Estado no. No lo decía el proyecto, lo introdujeron ustedes en
la ley. El Estado y la Seguridad Social pueden definir conjuntamente el objetivo de estabilidad. ¿Qué va a ocurrir como consecuencia de eso? Que el Estado durante más de 10 años, en tanto en cuanto se establezca el mecanismo de separación de
fuentes, va a poder financiarse con los excedentes que tenga la Seguridad Social. Eso lo va a poder hacer no solamente durante 10 años sino por cuantía superior a las obligaciones derivadas de esa separación de fuentes. Y aquí surge una enorme
contradicción. Con mucha frecuencia les oigo decir: Responsabilidades, sí. Don Cristóbal, ma non troppo fanático; porque cuando se trata de aplicar la responsabilidad a ustedes mismos dicen que no.
Alguien podría decir -y termino-, señor Montoro, que tiene usted un privilegio, el de ser el único responsable del más importante sector de las administraciones públicas españolas que puede actuar irresponsablemente. Alguien podría pensar
que se le podría dar la enhorabuena por esa situación. Pues yo no se la doy; yo no le doy a usted la enhorabuena por esa situación. Ese privilegio le priva a usted de la autoridad que creo que siempre debe tener el ministro de Hacienda en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández Marugán.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda, en primer lugar, desde Convergència i Unió queremos manifestar nuestra incomodidad en este debate, pues estando de acuerdo en el fondo y con el objetivo final del mismo, que pasa por
el rigor presupuestario, eliminación de los déficit públicos hasta conseguir el déficit cero, no compartimos en absoluto la norma y los mecanismos legales impuestos ya que, a nuestro entender, vulneran y laminan las competencias autonómicas. La
posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto al debate que estamos protagonizando hoy, relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los agentes que lo integran para el
período 2003-2005, y el límite del gasto no financiero del presupuesto general del Estado para el año 2003 es bien conocido por todas sus señorías.
Desde Convergència i Unió siempre hemos mantenido una posición muy coherente respecto a la limitación y reducción de los déficit públicos en las diferentes administraciones públicas; esto no es de ahora, señor ministro, señoras y señores
diputados, sino que es una posición histórica de nuestro grupo a lo largo de los últimos años. Quizá valdría la pena recordar cuál era nuestra posición parlamentaria respecto a estos objetivos en los años 1990, 1991, 1992, 1993, manifestada en esta
Cámara en las diferentes intervenciones del entonces portavoz de nuestro grupo, el excelentísimo señor don Miguel Roca i Junyent, en el sentido de implementar rigor presupuestario, limitaciones a los déficit públicos en unas épocas en las que los
déficit eran galopantes y en las que los déficit jugaban un papel muy negativo en la economía española. También hay que recordar que dichos planteamientos fueron recogidos y recuperados por el entonces ministro, señor Solbes, y que posteriormente,
debido a estas aportaciones positivas de los años 1993 a 1996, posibilitamos que ustedes desde el Partido Popular también recogieran el fruto de estas aportaciones positivas hasta llegar a los momentos actuales. Señorías, es importante recordar los
planteamientos de Convergència i Unió en los años 1990, 1991 y 1992, cuando el déficit público era quizás el punto negro de la economía española, porque demuestra que esta no es una cuestión novedosa, sino que viene de hace muchísimos años. Por
ello, hoy podemos afirmar contundentemente en este debate, señorías, que estamos totalmente de acuerdo con el objetivo económico del déficit cero. Las administraciones públicas deben gestionar sus presupuestos equilibradamente, es decir, no pueden
ni deben gastar más que los ingresos de los que disponen para cada ejercicio económico. Convergència i Unió siempre ha manifestado que el rigor en la planificación y ejecución de las políticas presupuestarias constituye un eje clave en la política
económica española, más cuando desde el año 1999 la política monetaria corresponde al Banco Central Europeo y cuando está enunciado en las conclusiones contenidas en el Pacto de Estabilidad y crecimiento, acordado en Amsterdam en junio de 1997. En
dicho pacto los Estados -también España lógicamente- se comprometieron a perseguir el objetivo del equilibrio a medio y largo plazo o, en su defecto, del superávit.
Este es un objetivo que venimos defendiendo desde hace años y que estamos
ejecutando en aquellos ámbitos de gestión en los que Convergència i Unió tiene responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, en el año 2001, la Administración de la Generalitat de Catalunya ha permitido cumplir el objetivo del déficit cero, y para el
ejercicio 2002 tenemos el mismo objetivo. Por tanto Convergència i Unió no tiene ni el más mínimo atisbo de duda sobre el propósito, objetivo y bondad de administrar los recursos públicos con presupuestos equilibrados y por tanto con la tendencia
del déficit cero.
Señor ministro, señorías, señoras y señores diputados, estando de acuerdo con el objetivo final, el déficit cero, sin embargo no compartimos los mecanismos para conseguirlo, ni las normas legales impuestas, que vulneran desde nuestro punto
de vista las competencias autonómicas, laminando el marco estatutario. De aquí que el Gobierno de la Generalitat haya presentado sendos recursos de inconstitucionalidad a las dos normas que hoy estamos debatiendo. En este sentido, discrepamos de
que se impongan por ley los mecanismos que obligan a cumplir estos objetivos, porque entendemos que no son necesarios. Prueba de ello es que durante los últimos cinco años se ha avanzado muchísimo en la reducción de los déficit públicos, hasta
situarnos en el déficit cero, sin necesidad de ley alguna, sino a través de diferentes compromisos públicos entre las distintas administraciones. Hoy los resultados son los que son: tendencia al déficit cero, sin necesidad de ninguna norma que
regule.
Quiero añadir también que España es el primer Estado que ha optado por introducir una norma jurídica que fija el marco de estabilidad presupuestaria, afectando a la Administración general del Estado, a los entes públicos dependientes de la
Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a los entes dependientes de las administraciones locales.
Pero señorías, aún estamos más en desacuerdo cuando los mecanismos legales que se han establecido en estas dos últimas leyes ahora aprobadas
en estas cámaras contienen elementos que a nuestro juicio conculcan, vulneran y laminan las autonomías financieras de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Por este motivo, señorías, no hemos dudado en interponer recursos de
inconstitucionalidad, ya que discrepamos de los mecanismos que se imponen por ley y que vulneran las competencias autonómicas y locales básicamente en tres ámbitos, a los que ya nos referimos en el debate que se produjo en esta Cámara cuando se
procedió a la aprobación de dichas leyes. En primer lugar, porque entendemos que suponen una grave limitación de la autonomía financiera, reconocida a las comunidades autónomas en el artículo 156 de la Constitución, y a los entes locales en los
artículos 137 y 140 de la Constitución. Comportan, a nuestro entender, una exclusión general del recurso al endeudamiento como una forma parcial de cubrir los gastos y no permite aplicar positivamente el principio de solidaridad y de justicia, de
acuerdo con el cual han de regir las finanzas públicas acorde con el artículo 138 de la Constitución. Hay un segundo aspecto importante, a nuestro entender, que también va en la misma dirección. Dichas leyes no reconocen las competencias de la
Generalitat de Catalunya, y de las otras comunidades autónomas, por descontado, en materia de tutela financiera de los entes locales, de
acuerdo con el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y solo contempla al Estado como organismo público con capacidad para autorizar operaciones de crédito o de emisiones de deuda de los ayuntamientos. Por último, desde nuestro
punto de vista político y desde nuestra perspectiva de grupo parlamentario, consideramos que atribuyen al Consejo de Política Fiscal y Financiera un control jerárquico sobre las comunidades autónomas contrario, en nuestra opinión, a su autonomía
presupuestaria y financiera. Este Consejo, tal como ha quedado en las leyes aprobadas por las cámaras, tiene facultades para comprobar la idoneidad y exigir un plan económico, desde un punto de vista económico y financiero, para poder corregir
posibles desequilibrios en los presupuestos de las comunidades autónomas en un plazo máximo de unos tres años. Básicamente, estos son los motivos por los que nuestro grupo no comparte los mecanismos y las normas que tienden a conseguir un objetivo
final, con el cual estamos de acuerdo, y por ello, nuestro Gobierno de la Generalitat ha interpuesto sendos recursos de inconstitucionalidad.
Ahora bien, hoy, el Gobierno nos presenta, a tenor de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada una de las
administraciones para el período 2003-2005, así como también los límites del gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio del año 2003. Los objetivos propuestos son los de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las
comunidades autónomas y para el conjunto de los entes locales, y de estabilidad, para el año 2003, para el conjunto del Estado y los superávit de los años 2004 y 2005, compensando en todos estos años el déficit que se produce en la Administración
del Estado con los superávit previstos en los organismos autónomos de la Seguridad Social. Con los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas, el Gobierno acompaña un cuadro macroeconómico, presentado ante la Comisión Europea, y
cabría decir que en la Comisión de Economía y Hacienda tuvimos ya la oportunidad de hacer todas aquellas consideraciones necesarias y que iban dirigidas a la consecución de estos objetivos, cuando compareció el vicepresidente segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y ministro de Economía para presentar las directrices fundamentales del Plan de estabilidad para los años 2001-2005. El Gobierno confía en que la previsión de equilibrio presupuestario no se vea alterada, pero habría que
hacer mención al respecto, puesto que dada la situación en que se encuentran, desde la perspectiva económica y del crecimiento del PIB de los Estados miembros, parece probable que se pueda incurrir en un ligero déficit.
Más allá de todas estas reflexiones, que ya consideramos positivas cuando se debatieron los objetivos máximos y principales del Plan de estabilidad, pensamos que desde el Gobierno se tendría que hacer una apuesta decidida y estable por un
crecimiento equilibrado y sostenible de la economía española, por un desarrollo basado en la progresiva reducción de los desequilibrios macreoeconómicos, por un impulso a la estabilidad y el reforzamiento de las propias bases del sistema productivo,
a partir de una mayor liberalización y, sobre todo, señor ministro, a partir de un mayor incremento de la competencia en los sectores clave de la economía española, así como -y ayer tuvimos oportunidad de debatir lo correspondiente a la semana
anterior con usted- por impulsar el desarrollo de la anunciada reforma fiscal, ya que estamos convencidos que todo ello, junto con el saneamiento presupuestario, como medio y no como fin, posibilitará la mejora del incremento de la actividad
económica.
También nos gustaría hacer una pequeña referencia respecto a las consideraciones del Consejo Europeo que, en su dictamen de fecha 12 de febrero del año 2002, apunta ciertas diferencias del programa presentado para España para el período
2001-2005. Según las directrices de la Comisión Europea, las actualizaciones de dicho programa de estabilidad se basan en las proyecciones centrales de un crecimiento del PIB que se moderará hasta 2004, en el año 2002, para acelerarse, nuevamente,
a un 3 por ciento, a partir del año 2003. Quizá esta es una perspectiva optimista a corto plazo que, caso de no cumplirse, podría producir variaciones significativas en este cuadro macroeconómico, que pensamos que ustedes han de tener en cuenta
para, si se produjera una cierta desaceleración, poder corregirlo inmediatamente y poder presentar otro programa de estabilidad con los mismos objetivos que, repito, señor ministro, señoras y señores diputados, nosotros compartimos. Tampoco se
ofrece información alguna detallada y adicional sobre las medidas complementarias, a fin de reforzar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, si bien se acogen con satisfacción todos aquellos cambios en la estructura presupuestaria,
pero no se inclina por ninguna forma concreta para la puesta en práctica de la necesaria coordinación interna entre el Gobierno central y los diferentes gobiernos autonómicos.
En cuanto a las proyecciones de actualización en materia de gasto en
pensiones y cotizaciones sociales no van más allá del año 2015, por lo que, según este informe, no se reflejan adecuadamente las consecuencias presupuestarias que puede comportar el envejecimiento demográfico.
Quiero hacer una última consideración desde la óptica y la perspectiva de nuestro grupo parlamentario. En cuanto a los planteamientos hoy presentados y analizados por el ministro de Hacienda nuestro grupo parlamentario no alcanza a
comprender cómo, después de tanta manifestación y de tanta preocupación para conseguir el déficit cero, al final, la Administración del Estado, en los próximos años, se propone alcanzar presupuestos que no cumplirá con el objetivo final del
déficit cero. Y van a ser los superávit de las diferentes administraciones, por ejemplo la Seguridad Social, los que compensarán la posibilidad de que la Administración del Estado no alcance el déficit cero sino que se produzcan pequeños
déficit estructurales, que se compensarán con los superávit de la Administración de la Seguridad Social.
Todo ello, desde el punto de vista parlamentario de Convergència i Unió, supone una inconsistencia conceptual que no alcanzamos a comprender. Por tanto, señoras y señores diputados, señor ministro, estando de acuerdo con el objetivo final
del saneamiento de las finanzas públicas, del rigor presupuestario, de la eliminación de los déficit públicos, vamos a votar favorablemente estos objetivos, manifestando, no obstante, que no estamos de acuerdo, en absoluto, con la norma y con los
mecanismos que van a impulsar la consecución de estos objetivos, ya que consideramos que laminan las competencias autonómicas y atentan contra la autonomía financiera de las competencias autonómicas, motivo por el cual hemos presentado sendos
recursos de inconstitucionalidad, porque estamos convencidos de que finalmente la ley y el Tribunal Constitucional impondrán justicia en unos temas que nosotros consideramos inconstitucionales, ya que atentan a nuestra autonomía financiera y laminan
nuestras competencias sobre las diferentes adecuaciones financieras de las corporaciones locales y de las diferentes comunidades autónomas.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor ministro, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, Botero, en su obra Razón de Estado -que ha sido publicada de nuevo en una magnífica edición facsímil por la Mesa del Senado-, decía que el príncipe -en este caso dígase el ministro, el presidente, el gobernante-, cuando dicte
alguna norma en función de la razón de Estado, debe ser un espejo en el cual deben mirarse sus súbditos. La razón es muy sencilla, viene a expresar que el que el príncipe genere una propuesta dura, porque detrás de las razones de Estado siempre hay
propuestas duras, no le exime de su cumplimiento sino que, por el contrario, debe ser el primer cumplidor de esa norma. Esta teoría puede encontrarse en cualquiera de los coetáneos de Botero, desde el propio Maquiavelo hasta Gracián o Castiglione,
y marca toda una manera de comprender el cumplimiento de la razón de Estado y el papel del príncipe, del gobernante, ante las actuaciones duras que se visten con el eufemismo de razón de Estado. Con ello se abre un ciclo que se cerrará unos siglos
más tarde, ya en el período del despotismo ilustrado -aquel famoso todo para el pueblo, pero sin el pueblo-, y es a partir de la Revolución francesa cuando la razón de Estado, quizá producto de la propia concepción de la burguesía revolucionaria, es
más despótica y, si quieren ustedes, hasta chabacana. Salvando la distancia, la expresión más clara de esta nueva concepción de la razón de Estado es el propio Napoleón Bonaparte, que decía: Tomemos las decisiones, pero el primero que no tiene que
cumplirlas soy yo. Comentarios marginales magníficos que él hace a la edición de El príncipe de Maquiavelo.
Señorías, hoy, el ministro, en nombre del Gobierno, nos trae una iniciativa -no dicen en nombre de la razón de Estado, pero su documento se puede calificar, entre esas nuevas razones de Estado que hay, en la estabilidad presupuestaria o en
el acuerdo de convergencia dentro de la Unión Europea, que son los nuevos nombres de esa razón de Estado-, pero curiosamente, en esa nueva manera de entender las actuaciones de la razón de Estado, el primero que no las cumple es él. Son medidas
para los súbditos; él ya no es el espejo, el espejo se ha roto. El Estado es tan suficientemente complejo que el súbdito tiene que mirarse en la norma, no en el hacedor de la norma. Me refiero, señor ministro -hay que aportar datos-, a la
ejecución del presupuesto del Estado a diciembre del año 2001. Estamos hablando de unos presupuestos a los que, evidentemente, todavía no les afecta en el sentido estricto de la norma la Ley de estabilidad presupuestaria, pero está claro que
estábamos ejecutando este presupuesto al mismo tiempo que se estaban aprobando aquí las dos leyes de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, señorías, con los presupuestos del año 2001 se puede ver cuál es la concepción del Gobierno del Partido
Popular de la práctica presupuestaria. Veamos cuál es la realidad de la práctica presupuestaria del Gobierno que, al mismo tiempo, estaba dando lecciones de estabilidad presupuestaria.
Señorías, el documento del Ministerio de Hacienda recoge en su página 3: El año 2001 ha finalizado con un déficit de caja no financiero del Estado de 479.000 millones de pesetas, estamos hablando de medio billón de pesetas. Es decir,
estamos hablando de 75.000 millones de pesetas más que en el año 2000 y que en términos del PIB, dice en su documento, este déficit representa el 0,44, porcentaje similar al año anterior. Señorías, hasta aquí algo que no nos ha extrañado. Ustedes
han intentado -ya hablaré más delante de ello- equilibrarlo entrando a saco en el superávit de la Seguridad Social. Lo curioso, señorías, es que ustedes para intentar cuadrar ese déficit cero han entrado a saco en las reservas del Banco de España.
(Rumores.) Han saqueado, dicho así, saqueado, las reservas del Banco de España en más de 4 billones de pesetas. Y leo el documento: Durante el año 2001 el Estado ha obtenido una capacidad de endeudamiento de 1.944 mil millones de pesetas, mientras
que en el año 2000 presentó
una necesidad de endeudamiento de 1.541 mil millones. Así, leído tal cual, es maravilloso; es decir, en el año 2000 tuvimos necesidad de endeudamiento y en el año 2001 hemos tenido capacidad de endeudamiento.
Más adelante dice: No
obstante si se descuentan los movimientos realizados a lo largo del año en la cuenta corriente en el Banco de España, que altera la comparación entre los dos ejercicios por haber sido de signo contrario, se obtendrían en ambos años cifras de
necesidades de endeudamiento de 1.406 miles de millones de pesetas para el año 2001 y de 604.000 miles de millones para el año 2000. En este sentido la reducción de estos depósitos de efectivo del año 2001 ha sido de 3.351 mil millones de pesetas,
mientras que el aumento del saldo realizado durante el año 2000 ascendió a 946.000 miles de millones. Comparando uno con otro, ustedes han producido una disminución en los depósitos de 4 billones de pesetas, para cuadrar las cifras. (El señor
ministro de Hacienda, Montoro Romero, hace signos negativos.) Sí, señor Montoro. Es verdad, me dirá usted, que los depósitos de la Seguridad Social están ahí y se actúa en ellos. Señor Montoro, usted no ha necesitado nada más que medio billón con
el superávit de la Seguridad Social, para cuadrar sus números del principio. Esa es una primera cuestión de justicia, pero por mi casa no.
Señor Montoro, quisiera señalarle una segunda cuestión. Usted debe tener en cuenta que cuando nos construye todo su entramado financiero se basa fundamentalmente en unas previsiones del crecimiento del producto interior bruto.
Curiosamente, las previsiones que usted hizo para el PIB en el año 2001 quiero recordar que eran del 3,6 por ciento. Al final, ha terminado en el 2,9 por ciento. La diferencia de siete décimas significa un error del 20 por ciento. Señor Montoro,
cualquier juez de lo social entendería como despido procedente que un empresario justificara que ha echado a un trabajador porque le ha fastidiado en torno al 20 por ciento de la producción, imagínese cristalera o de cualquier otra. Es decir, en
cualquier actividad laboral un error de un 20 por ciento es razón más que motivada para que se produzca un despido procedente. Usted entonces con esos dos avales -que no le cuadran las cuentas del déficit y que no acierta nunca en el producto
interior bruto ni en la inflación-, en nombre del Gobierno nos ofrece un nuevo escenario de estabilidad a largo plazo con la cobertura legal de las leyes de estabilidad presupuestaria, aprobadas con el único voto del Partido Popular, una vez que ha
resaltado con cierta pomposidad la importancia de haber logrado el déficit cero en el año 2001, aunque lo ha logrado con tejemanejes financieros y números.
En este año, señorías, el equilibrio fiscal se ha conseguido gracias al superávit de la Seguridad Social (0,8 por ciento del PIB), que ha compensado el déficit del Estado (0,4 por ciento del PIB) y de las administraciones territoriales (0,4
por ciento del PIB). La euforia del Gobierno con el déficit demuestra la visión de corto plazo y reduccionista que tiene sobre los problemas sociales y económicos de nuestro país. La reducción del déficit público, además de contar con el recurso a
ciertas operaciones contables imaginativas que lo camuflan, se ha producido por el crecimiento económico, que ha permitido un aumento de los ingresos, y porque el Gobierno ha procurado un menor peso del gasto público, sacrificando inversión pública
y gasto social. Lo decía usted: gastos e ingresos están en la misma balanza; o nos acostumbramos a reducir los gastos o no podremos bajar los ingresos, en este caso los hechos impositivos.
Señorías, de esta forma se ha renunciado a potenciar políticas públicas, precisas para aumentar la productividad global de nuestra economía y también para superar los actuales déficit sociales de nuestro país, disminuyendo la brecha que nos
separa en materia social de la Unión Europea. En suma, déficit cero a costa de la renuncia a avanzar en un verdadero proceso de convergencia real con la Unión Europea, que es mucho más que crecer por encima del promedio comunitario.
A Izquierda Unida le preocupa que el déficit cero se consiga ampliando nuestros déficit sociales. El Gobierno del PP ha consolidado una etapa de divergencia con la Unión Europea. España mantiene, si no aumenta, el diferencial en gasto
social y además es el país que presenta el menor gasto social por habitante de toda la Unión Europea. Según Eurostat, en 1996 la Unión Europea dedicaba el 28,5 por ciento de su producto interior bruto a gasto social, mientras que España gastaba el
21,8 por ciento; un diferencial de 6,7 puntos. En 1999, los porcentajes son, respectivamente, 27,6 por ciento y 20 por ciento, aumentando la brecha de 6,7 puntos a 7,6 puntos. Además, el Gobierno no tiene ningún pudor en fanatizar sobre el
déficit cero y financiarlo con parte del superávit de la Seguridad Social. Por mucho que el Ejecutivo insista en lo contrario no todos los excedentes de recaudación de la Seguridad Social van a parar a las pensiones presentes o futuras a través del
fondo de reserva. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado y de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, entre 1999 y 2002 se habrá generado un superávit en la Seguridad Social de aproximadamente dos
billones de pesetas. Sin embargo, el fondo de reserva contará en 2002, señorías, con 975.000 millones de pesetas; solamente el 49 por ciento de ese superávit. El Gobierno se ha preocupado más por cuadrar de la forma que sea las cuentas públicas,
en aras del objetivo del déficit cero, que de solucionar los problemas de la economía real.
Hoy venimos a votar un documento que cuando se lo he enseñado a mis compañeros en el escaño permítanme que hayamos tenido que ironizar un poco. Había quien decía aquello de justicia, señor, pero por mi casa, no.
Usted, en el escenario de
la Administración Central del Estado, intenta cuadrar el cero cero, y no le cuadra.
No le cuadra porque tiene que jugar con los superávit de la Seguridad Social y a pesar de todo no le cuadra. Sin embargo, es curioso cuando se refiere al escenario de las comunidades autónomas. Tengo mucho malaje para los chistes, pero le
puedo asegurar que, viendo el papel, recuerda el anuncio de la cerveza sin alcohol: el 0,0. Usted dice: escenario para el año que viene de las comunidades autónomas, cero cero; para el siguiente, cero cero; para el siguiente, cero cero.
Municipios: cero cero; cero cero; cero cero. Viene usted aquí a decirnos, señor ministro, que todo ello ha contado con la consulta previa tanto a la Comisión nacional de Administración local como al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es
curioso, señor ministro, pero la redacción de los documentos emitidos por ambas entidades suponen un trámite meramente administrativo y burocrático. El de la Comisión nacional de Administración local dice: la presidenta opina que está de acuerdo
con el Gobierno; el vicepresidente, señor alcalde de Hospitalet, dice que está en desacuerdo, pero como esto ya se decidió en una comisión lo damos por bueno y ya está. El acta no se lo podemos enviar oficialmente porque todavía no ha sido
aprobada, pero cuando se apruebe se la enviaremos oficialmente. Igual contenido tiene el documento del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Señor ministro, el artículo 149 de la Constitución da para mucho, pero no para la lectura que ustedes están haciendo y, desde luego, si las comunidades gobernadas por el Partido Popular quieren hacer dejación de su autonomía, ni ellas pueden
hacerlo en el marco de la Constitución. La autonomía de las comunidades no es algo que pueda administrar cada una de ellas individualmente, porque es un concepto de Estado que acoge a todos.
De la misma manera, señorías, que los parlamentarios no
pueden renunciar a la inviolabilidad -se cambia la Constitución o no se puede-, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no pueden renunciar al derecho de autonomía que tienen. Por tanto, en la concreción de este caso tenemos una
prueba más de la vulneración, señor ministro, de la autonomía de las comunidades y, a un nivel distinto, la de los municipios. Este nivel distinto ha obligado a que la ley que hace referencia a las comunidades autónomas tenga el carácter de
orgánico. En ambos casos se ha vulnerado claramente la Constitución española. Insisto, ni las comunidades ni los municipios pueden renunciar a sus competencias ni a su autonomía, señor ministro, salvo vulnerando la Constitución, porque es un
derecho que acoge a todos y está por encima de todos ellos.
Además, señor ministro, tenga en cuenta que está tomando decisiones y contando con el beneplácito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de los municipios en puertas de unas próxima elecciones municipales y autonómicas. El pueblo y
los pueblos son soberanos y podrán decidir lo que les dé la gana (a lo mejor dejan el mismo equilibrio o uno distinto, eso lo dirán en las urnas y punto), pero lo que está claro es que unas comisiones de gobierno que están coordinando municipios y
ayuntamientos están ya en la fase final y usted está tomando decisiones que van a atar de manos a las próximas corporaciones locales y a las próximas autonomías; en este momento estamos tomando decisiones que van más allá no solamente del mandato
de este Parlamento, sino, por supuesto, del mandato de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. En resumen estamos ante una iniciativa suya que, primero, practica aquello de justicia, señor, pero por mi casa, no. Todos tienen que
cumplir el cero cero, usted no, ni con ingeniería financiera, nada; usted no lo cumple. Segundo, incluso usted está poniendo en peligro muchas de las actuaciones futuras de la Seguridad Social, aprovechándose y apropiándose del propio déficit para
la cobertura. Tercero, como le decía, no está utilizando estas políticas para reducir el diferencial con respecto a la Unión Europea.
Concluyo, señor ministro. Evidentemente las leyes en las que usted se ampara -legítimamente, por supuesto- y que tiene usted que acatar de estabilidad presupuestaria fueron leyes que en un momento determinado entraron en lo que se llamaba
el proceso de involución autonómica del Partido Popular. Señorías, con esta concreción mayor y otras actuaciones semejantes, no se puede decir que estemos hablando de una involución autonómica, sino de una involución constitucional, y no es más,
porque, señor ministro, su patriotismo constitucional es involutivo, porque su concepción de la patria, señor ministro, es lo más involutiva que hay.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro de Hacienda, señoras y señores diputados, egun on, buenos días.
El ministro de Hacienda nos trae hoy a esta Cámara un acuerdo del Gobierno por el que se fija para el período 2003-2005 el déficit del conjunto del sector público, así como de cada uno de los agentes y niveles institucionales que lo
conforman y, además, establece el límite superior del gasto del Estado para el año 2003 -como diría un amigo mío: toma del frasco, Carrasco- y todo ello sin inmutarse y sin ponerse colorado. En un breve acto parlamentario quiere dejar, además de a
la propia Administración del Estado, a las 17 comunidades autónomas y a los miles de municipios y diputaciones sin margen de maniobra y sin capacidad de decidir lo que les corresponde en el ámbito de sus competencias durante los próximos tres años.
De ahí, señor ministro, que traiga a colación la frase de mi amigo. Además, el punto del orden del día se denomina,
supongo que con ironía: Debate relativo a. Aquí no hay debate, señor ministro. Ustedes no lo quieren ahora, ni tampoco han hecho caso alguno cuando hemos debatido los entonces proyectos de ley de estabilidad presupuestaria. Tan sólo nos
piden que les apoyemos a ciegas, lo que saben que desde el Grupo Vasco en el Congreso y desde otros grupos no podemos hacer. No lo podemos a hacer y no lo vamos a hacer por coherencia y responsabilidad política, porque usted sabe, señor Montoro,
que nuestros argumentos económicos y políticos son sólidos y me atrevo a pensar que usted los utilizaría si se encontrara en la oposición.
El Gobierno pretende tan sólo cumplir con el guión preestablecido en las propias leyes de estabilidad presupuestaria y aprobar en esta Cámara el déficit cero o el superávit del conjunto de las administraciones públicas del Estado dentro del
primer cuatrimestre del año. El Gobierno del señor Aznar nos ha encomendado a los grupos de la oposición que hagamos de coristas (en las representaciones teatrales los coros se posicionan normalmente al fondo del escenario y no se les entiende muy
bien lo que dicen, tan sólo se barrunta un murmullo más o menos intenso) y quiere que nuestro Grupo haga el murmullo mínimo posible, puesto que el final de la obra está ya escrito.
La mayoría absoluta del Partido Popular va a imponer el límite del gasto público del conjunto y de cada una de las administraciones públicas del Estado para el trienio 2003-2005. ¡Casi nada! Con el mismo esfuerzo lo podría haber hecho hasta
el año 2010 o 2020, ¿por qué no? No quisiera señores del Partido Popular que me aceptaran esta idea. Así lo establecen las leyes de estabilidad que también fueron aprobadas por la mayoría absoluta del Partido Popular, en contra de lo razonable y
del conjunto de grupos de la oposición en el Congreso. Hemos argumentado por activa y por pasiva y si se analizan los 'Diarios de Sesiones', tanto en Comisión como en Pleno se verá que el Grupo Vasco se ha opuesto frontalmente a la aprobación de
las denominadas leyes de déficit cero: el debate de totalidad celebrado hace un año, las enmiendas presentadas y debatidas posteriormente y los debates siguientes en Pleno reflejan nuestra posición y las de otros grupos de esta Cámara cuyos
esfuerzos han sido igual de estériles que los del Grupo Vasco. ¿De verdad, señor Montoro, quiere que debatamos? Yo no me lo creo.
No conviene, señor ministro, confundir debate con diálogo de sordos, puesto que me da usted la impresión de que va a hacer oídos sordos a lo que le diga el Grupo Parlamentario Vasco. ¡Ojalá me equivoque! Por eso me va a permitir, señor
Montoro, que este humilde corista del Grupo Vasco trate de balbucear y poner sobre la mesa algunas cuestiones con la pretensión, quizá ingenua por mi parte, de que sean consideradas por el Gobierno o, en su defecto, por los ciudadanos a través de
los medios de comunicación. No voy a entrar en la profundidad de los argumentos económicos que nuestro grupo ya ha defendido en otras ocasiones, ni siquiera en los evidentes argumentos políticos que nos han servido igualmente para oponernos a las
leyes de estabilidad. Me gustaría utilizar el sentido común para poner en evidencia el despropósito del Gobierno de limitar hoy la capacidad de gasto del conjunto de las administraciones públicas del Estado, ayuntamientos y comunidades autónomas,
para los próximos tres años. Como le he dicho antes, señor Montoro, esto es realmente fuerte. Señor ministro, las leyes que le permiten o que le obligan a hacerlo están recurridas. ¿No significa nada eso para usted? ¿No le parecen suficientes ni
relevantes los argumentos esgrimidos por los grupos y partidos recurrentes? Evidentemente sí lo son. Además, estas leyes, en mi opinión, no deberían ser de aplicación en tanto en cuanto no se resuelvan los recursos por parte del Tribunal
Constitucional.
Los fundamentos económicos son sólidos, ya dijo el profesor Estapé que establecer el déficit cero por ley es una estupidez; los argumentos políticos de invasión competencial en el ámbito de las comunidades autónomas y corporaciones locales
son también evidentes, máxime si los argumentos económicos de estabilidad, de déficit cero, etcétera, no son consistentes. Nuestro grupo denunció en esta Cámara, y lo vuelve a hacer hoy, que el fin de las leyes de estabilidad no es económico, sino
que su objetivo es inmiscuirse desde el Estado en ámbitos competenciales que por la Constitución y los estatutos de autonomía no les corresponden. Desde el Gobierno ustedes argumentan que no se produce intromisión competencial alguna, que si una
comunidad autónoma quiere gastar más, que suba los impuestos en el tramo que les corresponde, que ustedes no se lo impiden, y se quedan tan contentos anunciando desde el Gobierno nuevas rebajas impositivas. ¿Qué coherencia es esa, señor Montoro?
Que otros adopten las medidas impopulares de subidas impositivas, que ya hará el Gobierno de bueno vendiendo las rebajas tributarias.
Desde el punto de vista económico sus argumentaciones son circulares y les conducen a una situación de éxtasis tal que si pudieran, se besarían. Sí, señor Montoro, sí señores y señoras del Partido Popular, si pudieran, se besarían. Ustedes
venden las falsas ideas -lo digo desde el punto de vista macroeconómico y de la política económica- de que no se debe gastar más de lo que se ingresa y que no se puede hipotecar el futuro de nuestros hijos. Yo les diría que si no abordamos de
manera urgente una serie de políticas presupuestarias básicas de cara al futuro, nuestros hijos sí van a tener problemas. Igualmente argumentan que las leyes de estabilidad se derivan de las exigencias europeas de los pactos de estabilidad y
crecimiento, lo que tampoco es cierto, como bien saben.
Para cerrar su círculo les gusta decir que el déficit cero genera crecimiento y empleo, que ello les permite seguir bajando los impuestos, lo
que genera más crecimiento y más empleo, y así sucesivamente, como si ello fuera la piedra filosofal sobre la que descansa la evolución económica.
A través de las leyes de estabilidad han adoptado unas medidas drásticas y fáciles desde el punto de vista jurídico, pero que ocultan muchas realidades concretas y multitud de problemas de fondo: la productividad de la economía española es
la más baja de la Unión Europea, siendo en ocasiones negativa. ¿Se imagina, señor ministro, el futuro de una economía con productividades negativas? Para incrementar el nivel de productividad de la economía se han de acometer e impulsar unas
políticas públicas del todo ineludibles y que van a ser abandonadas y olvidadas por tratar de cumplir el sacrosanto objetivo del déficit cero, independientemente de las necesidades públicas y de la coyuntura económica. El futuro de cualquier
economía pasa por impulsar la modernización de su tejido productivo, aumentando su competitividad y su proximidad a los países más desarrollados de la Unión Europea. Ello significa invertir en infraestructuras, no sólo redactar planes y proyectos a
largo plazo que ustedes alteran continuamente retrasándolos, y más los tendrán que demorar en el futuro; mejorar las carreteras, puertos aeropuertos, construir a mayor ritmo los trenes de alta velocidad son algunas de las necesidades urgentes;
invertir en I+D+I, puesto que las distancias con Europa en este tema son ya prácticamente insalvables.
La educación es otro campo en el que se debe invertir sin racanear, el futuro de una sociedad será lo que sus ciudadanos sean capaces de aportar.
Así podría continuar con una lista interminable.
El diferencial de inflación con Europa y el propio nivel de inflación de la economía española es el reflejo de un problema estructural, como es el de la baja productividad al que me he referido, y este diferencial que aumenta mes a mes va a
generar un problema grave de competitividad. Por no hablar del deterioro de los servicios públicos y de la reducción de los mismos. La privatización de la enseñanza, de la seguridad, de la asistencia social, etcétera, son la prueba del nueve de la
política social del Partido Popular, aunque estos no deben de ser problemas reales. Ustedes prometen rebajas impositivas y todos tan contentos, todos contentos, señor Montoro, hasta que observemos con mayor crudeza el deterioro de las prestaciones
sociales públicas, luego será ya tarde, pero su política de menos sector público habrá sido un éxito.
Con ustedes, señor Montoro, las desigualdades sociales han aumentado, pero parece que eso tampoco les importa, y hoy, señor ministro, nos pide que votemos favorablemente a su propuesta de limitar la capacidad de gasto futuro de todas y cada
una de las administraciones públicas del Estado, desde la del ayuntamiento más pequeño hasta la del la Administración central. Insisto -y perdóneme si le parezco reiterativo, señor ministro-, en que el tema se las trae.
El Gobierno utiliza en este caso la ley del embudo y así forzar el déficit cero en los próximos tres años para el conjunto de las administraciones públicas. La parte estrecha para los demás, por supuesto no para su Gobierno. ¿Han permitido
que ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas les planteen sus realidades y necesidades? Café para todos. Esa es la política más fácil y, a la vez, la más incoherente. Cada Administración pública tiene que hacer frente a su propia
realidad, a sus competencias, a sus necesidades, a sus urgencias y a sus prioridades, pero a ustedes señores del Gobierno, les da igual. Cuando anteayer le explicaba al alcalde de Morga que el año que viene no podría llevar a cabo su plan para
mejorar los saneamientos del pueblo, no lo entendía, y le dije que yo tampoco lo entendía, que eso era cosa del señor Montoro.
(Rumores.) Él pensaba pedir un crédito de 20 millones de pesetas para adelantar unos proyectos necesarios para el pueblo,
pero no puede. ¿A cuántos ayuntamientos les va a pasar algo parecido? Y ello por la ley de estabilidad que muchos desconocen. Cuando se vayan enterando de lo que les va a suponer, se va usted a hacer famoso, señor Montoro. Además, les decía, que
el Gobierno utilizaba la ley del embudo porque, como en el caso de la educación, trae proyectos que sí van a implicar mayor gasto en las comunidades autónomas y ese mayor gasto lo tienen que financiar los gobiernos autónomos, eso sí, sin endeudarse.
Con esa irresponsabilidad es fácil aprobar leyes que han de cumplir los demás. También aplicando la ley del embudo, tan solo tiene déficit la Administración central, que es la única que compensa su déficit con el superávit esperado en la Seguridad
Social. Como usted sabe, señor Montoro, por mucho que se haya vendido la idea de que en el año 2001 el déficit público fue cero, usted y yo sabemos que todavía no se conocen los datos del pasado ejercicio, ni siquiera en la Administración central;
como para que usted conozca los de Morga siguiendo con el ejemplo anterior.
El Gobierno ya ha vendido la idea, aunque luego no se cumpla; lo importante es el márketing. Siguiendo con la misma lógica, ¿por qué nos plantea ahora el límite superior del gasto del Estado para el próximo año? Si usted no sabe el
resultado del cierre del año anterior y tan solo dispone de los datos de declaración por tributos de los primeros dos meses, si ya se equivoca bastante cuando presenta el proyecto de presupuestos en el mes de octubre y tiene datos hasta agosto, ¿por
qué decide autolimitarse la capacidad de gestión del año que viene sin disponer de la información relevante? Si la recaudación aumenta más de lo que hoy prevé el Gobierno, ¿no se va a modificar el límite de gasto cuando, como le he planteado,
existen tantas necesidades públicas? El grado de imaginación ha sido excesivo: déficit cero para las comunidades autónomas y los ayuntamientos durante los años 2003, 2004 y 2005. ¿Sabe, señor ministro, que el conjunto de las corporaciones
locales del Estado tiene superávit y que el déficit de las comunidades autónomas es poco relevante? Si no hay problemas, ¿por qué los crea? Será interesante observar el sistema absurdo, burocrático-policial, que ha de crear el señor
Montoro para resolver un problema inexistente.
Por todo ello la oposición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso no puede ser si no de rechazo de los escenarios que hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, este debate en realidad lo hemos repetido en varias ocasiones desde el verano pasado hasta ahora, porque hay un conjunto de decisiones políticas, de leyes, que hemos ido adoptando, que empiezan por el marco del nuevo modelo de
financiación de las comunidades autónomas, en donde se ha hecho un proceso de descentralización muy importante y un gran pacto, que ha sido aprobado unánimemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el cual los recursos fiscales han
sido descentralizados con una capacidad de corresponsabilidad fiscal muy seria de las comunidades autónomas. Este es un dato que hay que introducir en este debate, porque las comunidades autónomas tienen la posibilidad, si así lo deciden, de
recaudar más, aun manteniendo el equilibrio presupuestario y el déficit cero, en orden a que consideren algún tipo de prioridad en el gasto o de inversión que está dentro de las autonomías, tanto de las comunidades autónomas como de las
corporaciones locales. Por tanto, ese modelo que creo que tiene un significado histórico que va a marcar el pacto de Estado-comunidades autónomas para toda esta década, fue seguido a continuación y coherentemente con la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, que fija unos determinados límites de gasto para conseguir el equilibrio presupuestario. A partir de esa ley, de acuerdo con los artículos 8 y 13, hoy estamos discutiendo qué criterios, qué objetivos y qué limite de crecimiento y de
gasto nos fijamos el conjunto de los sectores públicos del Estado, incluyendo comunidades autónomas y corporaciones locales. A continuación, está anunciada una ley de reforma fiscal del IRPF y en octubre habrá un debate sobre la Ley General de
Presupuestos, para establecer las prioridades que fija el Estado para los próximos años.
Todo eso a mí me parece coherente y razonable y mi grupo parlamentario está en la dirección de reflexionar en el debate que tuvimos el lunes aquí. El Consejo Europeo de Barcelona sigue pensando, y yo creo que con toda razón, que la
estabilidad es la garantía en este momento del crecimiento, y los países de la Unión Europea deben aspirar, como se dice de manera explícita, a que en el año 2004 no sólo tengan déficit cero, sino si es posible superávit, que es un poco lo que nos
fijamos hoy aquí, superávit para el 2004. Entonces, ¿por qué se lo plantea la Unión Europea? Primero, porque esa política de rigor anterior ha dado un excelente resultado. En el año 2001 y principio del 2002 hubo un descenso en el crecimiento
como consecuencia de la situación internacional y del 11 de septiembre, hemos vivido un período de estancamiento económico. Se ha reabierto el debate de: cuidado con los déficit cero, con las políticas de rigor y de equilibrio, porque hay que
recuperar el crecimiento. Hoy podemos decir aquí -y no es un dato baladí, sino que tiene que ver con lo que estamos discutiendo- que ya se inicia de nuevo un proceso de recuperación económica, y que ese proceso de recuperación económica no necesita
de estímulo de déficit para impulsarlo, al contrario, lo que hace falta es rigor; entonces, primera cuestión, nosotros estamos en el rigor y en el equilibrio. Segundo, el Estado lo que dice es que fijemos un marco, porque los marcos de política
económica ya no son anuales, ya no son coyunturales, son con fijación de objetivos a medio plazo. ¿Por qué 2003, 2004 y 2005? Porque Europa va a cambiar en el 2006. A veces miramos más con las inercias del pasado que con la perspectiva del
futuro. Este país ha crecido, ha mejorado. Nuestra economía es mucho más sólida que la que era hace unos años, y desde esa solidez se tiene que plantear que tiene que autoalimentarse y generar recursos propios desde el equilibrio y el rigor hacia
el año 2006. La lucha en el 2005 y en el 2006 va a ser muy dura sobre la financiación del presupuesto europeo, sobre la agenda europea, y nos va a llevar a problemas muy serios en política agrícola y en fondos estructurales.
Desde esa perspectiva,
no es malo que se lance al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la idea de que en este tiempo todavía de vacas gordas es bueno que juguemos seriamente al saneamiento de nuestras administraciones públicas, a intentar ahorrar
sobre todo para reducir la deuda y que el servicio de la deuda tiene que ser un capítulo cada vez menor en el gasto de nuestras administraciones públicas. Es todo un problema de filosofía y de visión de la austeridad, el rigor y el equilibrio para
seguir avanzando; y en ese orden nosotros estamos de acuerdo. Claro, es más fácil decir: tenemos elecciones el año que viene y nos gustaría hacer algunos gastillos para quedar bien en el proceso electoral. Creemos que los procesos electorales no
deben condicionar el rigor. Lo que hay que hacer es ser más eficiente en el gasto público; y, si uno cree que tiene alguna prioridad, puesto que tiene corresponsabilidad fiscal, utilícela para obtener recursos y gastarlos.
Nosotros no jugamos al
nacionalismo de gastarnos el dinero en Canarias para venir como víctimas a pedir al Estado. Estamos de
acuerdo con el modelo de financiación autonómica; ha sido justo y es solidario. Siendo así, tenemos que asumir nuestra responsabilidad; eso es crear un país de comunidades autónomas sólidas. Defendemos el autogobierno dentro de la
Constitución española. Puesto que creemos que el reparto de los recursos generales es justo, entremos en el debate: en ese marco, tenemos que gastar lo que tenemos, no lo que no tenemos.
Llevados al extremo máximo de la irresponsabilidad, pasan
cosas como las que han pasado en Argentina: uno gasta lo que no tiene y acaba por tener una situación muy grave.
El debate es otro y lo tendremos en octubre, como se dijo aquí el lunes.
El debate es: hay que empezar a discutir la reforma fiscal, y estamos hablando de una reforma de dos mil y pico millones de euros de ahorro para los ciudadanos, algo
así como la mitad de la reforma fiscal anterior; una vez hecha la reforma fiscal, ¿se verá estimulado el consumo? ¿El tipo marginal bajará tres puntos? ¿El ahorro de las familias con menor capacidad será mayor, lo que puede estimular el consumo
y, al estimular el consumo, generará más crecimiento que, a su vez, hará que haya más recaudación aunque los tipos sean menores? Este es el debate. En un proceso de crecimiento, esa política fiscal es razonable; en un proceso en el que no haya
crecimiento, sería hasta peligrosa.
De modo que tenemos que hacer ese otro debate, y luego, en el de los presupuestos del Estado, en octubre, abramos el gran debate: de los recursos que tenemos, ¿gastamos más en educación, gastamos más en sanidad? Creo que el gasto sanitario
irá creciendo necesariamente; el gasto educativo tiene que crecer algo; en investigación hay que crecer; en ayuda al desarrollo hay que crecer mucho, porque es una vergüenza lo que está pasando en Monterrey. No hacemos el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, pero sí queremos tener una política de cooperación y de inmigración seria, sólida y solidaria con los países del Tercer Mundo y próximos a nosotros.
En definitiva, el debate sobre dónde nos gastamos el dinero, dentro del rigor presupuestario, no se puede resolver gastando ahora más para endeudar el futuro. Gastemos lo que podamos; hagamos ahorros y sacrificios, apretémonos el cinturón
en determinados gastos y estimulemos otros. Hagamos crecimiento para que podamos tener política de empleo. Si hay política de empleo, los costes de desempleo serán menores y la Seguridad Social seguirá creciendo. Para el futuro, abramos el
debate, para el que por suerte tenemos aún una perspectiva de 10-15 años -un debate muy serio-, sobre los superávit de la Seguridad Social, los complementos a mínimos, el fondo de reserva, etcétera. Es un debate muy interesante que no se resuelve
con la huida hacia gastar más; se resuelve en el equilibrio entre las prioridades y el esfuerzo, viendo dónde de verdad gastar para que este país crezca y, al mismo tiempo, sea más justo, más solidario y tenga una convergencia real con Europa.
Por esas razones, que están fundamentadas en un modelo de concepción del Gobierno, de filosofía del Estado, mi grupo apoya esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos con las consecuencias de los artículos 8 y 13 de la Ley de estabilidad presupuestaria que el Bloque Nacionalista rechazó de forma contundente. El Gobierno sigue empeñado en la aplicación de la ortodoxia de los principios de
Maastricht y en no superar el 3 por ciento en el déficit de las cuentas públicas, pero este tipo de política se encuentra con la oposición decidida -bien visible ya en el informe previo- de la Comisión Nacional de la Administración Local, puesto que
considera -por lo menos la mitad de ella- que no puede aceptar un tipo de política económica que le impide prestar servicios públicos de forma adecuada y que no lo puede hacer además sin el debido endeudamiento. Nos estamos refiriendo a todos y
cada uno de los ayuntamientos del Estado español y, en especial, a aquellos que ya tienen muchísimos problemas hoy para poder atender unos servicios que incluso van a ser aumentados en el futuro. En segundo lugar, también hay algo muy interesante
en el informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas donde se dice que se determinará después para cada una de las comunidades autónomas si pueden tener o no algún grado de déficit público. Señorías, está
claro que con este criterio nos someteremos al control político del Gobierno, es decir, a la arbitrariedad, para ver si algunas de ellas pueden tener déficit público y otras no. Realmente es un debate político endiablado y esperemos que esta
cuestión tan contradictoria tenga una aclaración por parte del señor ministro en su intervención.
En todo caso, cuando se habla en este acuerdo del equilibrio presupuestario -continuando con el que ya había en el año 2001- en el conjunto del sector público para el trienio 2003-2005, queda taxativamente claro que se va a seguir utilizando
la Seguridad Social como fuente de financiación en vez de aplicarlo a las mejoras sociales que serían necesarias en el Estado español. Si comparan ustedes el anexo I y el anexo II se darán cuenta de ese tipo de dialéctica. Es más, para el Bloque
Nacionalista Galego es necesario hacer algunas puntualizaciones desde el punto de vista de las previsiones económicas y de las políticas posibles que podrían hacerse frente a las que propone el Gobierno.
En cuanto al crecimiento para el año 2002 del producto interior bruto, el Gobierno dice que será del 2,4
por ciento; la OCDE y la Comisión Europea dicen que será del 2 por ciento y, en todo caso, según distintas previsiones, se habla de una banda entre el 1,7 por ciento y el 2,5 por ciento. Un crecimiento exiguo para un Estado de la Unión
Europea que lleva mucho retraso en muchos índices de bienestar social y de equilibrio territorial. Pero es curioso que el propio Gobierno reconozca que va a haber moderación en el crecimiento del empleo con limitación del crecimiento de la
población activa o, incluso, que hable de la moderación de la inflación en contra de todas las indicaciones que nos dan pie a afirmar que la inflación está aumentando en el Estado español a pesar del maquillaje de las cifras. Un modelo problemático
que no impide que crezca la inflación, que no es capaz de mejorar las prestaciones sociales ni hacer caer el paro de forma sensible y contundente ni mejorar el empleo estable, cuando menos debería ser puesto en solfa porque, señorías, cabe recordar
que incluso con los criterios de Maastricht se permite utilizar ese margen del 3 por ciento que el Gobierno no utiliza. Ahí está, por ejemplo, el contraste de la política de un Estado desarrollado como Alemania que no cumple los principios a
rajatabla y cuyo criterio es admitido también por el ECOFIN; o incluso los criterios de Portugal, un país situado seguramente en las antípodas. En todo caso, tenemos el ejemplo de Irlanda -que no es para copiar desde el punto de vista del
equilibrio social, pero sí desde el punto de vista del crecimiento económico- que en siete años, con gasto público, sí se situó muy por encima de la media de la Unión Europea; o el caso -para políticos tan proestadounidenses- de Estados Unidos, que
hace frente a una política de retroceso de carácter económico global con una política de gasto público de carácter muy agresivo.
En el Bloque Nacionalista Galego consideramos, por tanto, que no es de recibo este acuerdo, que filosóficamente y en la práctica formaliza el contenido de las leyes que se aprobaron en este Parlamento con los votos favorables de algunos
grupos parlamentarios, por muy mayoritarios que sean. Pensamos que no es efectivo ni para el desequilibrio territorial del Estado español ni para el desequilibrio social que sufre en este momento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, señorías, tuvimos en su momento ocasión de debatir las consecuencias que hoy sufrimos por la aplicación de esta Ley de estabilidad presupuestaria, cuando defendimos las tesis desde el punto de vista
andalucista. El porqué nos opusimos a esta ley, tanto por lo que supone de ataque competencial a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales como desde la perspectiva de la rigidez de la definición no de un
marco ni un escenario ni un ámbito, sino de una cifra mágica y paradigmática. No entiendo a alcanzar, señorías, por qué esa cerrazón casi irracional de magnificar la cifra cero, la cifra del equilibrio. Parece que esa variable -una variable
presupuestaria en la que ahora entraré y que todos perseguimos- es la cifra mágica que explica las bondades y las consecuencias que va a tener ese sistema.
Señorías, desde la propuesta del Gobierno nosotros no vemos ningún tema de política económica que analice la situación actual. Nosotros no vemos que se busque la convergencia, no vemos que en un momento coyuntural donde es muy importante
que los territorios y los países apuesten por determinadas inversiones en nuevas tecnologías, en I+D, en servicios avanzados, en infraestructuras atrasadas, etcétera, nos tengamos que autoimponer una rigidez mayor todavía que la define la Unión
Europea como si fuéramos de los más fuertes. Señorías, supongo que hay países y territorios que se pueden permitir el lujo de autoimponerse esta rigidez porque están por encima de la media. Pero ¿qué pasa en este escenario de tres años con esta
autoimposición de los que están más abajo? ¿Qué pasa con los que quieren alcanzar la convergencia que usted ha dicho, señor ministro -y yo naturalmente discrepo- que se está alcanzado? ¿Qué convergencia se está alcanzando? ¿La de los clubes de
las áreas más ricas y más desarrolladas que cada vez convergen más o la de los clubes de las áreas menos desarrolladas que cada vez convergen más entre sí, produciéndose cada vez más separación entre los territorios más desarrollados y los menos
desarrollados? ¿Cómo vamos a imponer a todos la misma ley? ¿Estamos en las mismas circunstancias? ¿Están las comunidades autónomas y los miles de ayuntamientos de este país en las mismas circunstancias? ¿No tienen juego, no tienen competencias?
Señorías, mi tiempo me impide entrar a analizar el cuadro macroeconómico o por qué se encubre el déficit del Estado con la Seguridad Social y no se busca un fondo mayor para solucionar un grave problema de pensiones durante estos tres
próximos años ahora que hay superávit en la Seguridad Social, por qué no se incrementa de forma sustancial, por qué el Estado sí se reserva esa cifra mágica y por qué no hablamos aquí de esos márgenes, de esos porqués y de esos escenarios
competenciales.
Desde Andalucía no podemos, en ningún caso, estar de acuerdo en una autolimitación a todo cuando nosotros necesitamos precisamente ahora, en un momento de incertidumbre y por tanto de oportunidad, hacer inversiones estratégicas más fuertes
que se pueden quedar atrás. Por tanto, no nos acostamos muy contentos porque hayamos alcanzado esa cifra mágica de déficit cero. Nos consideraríamos más contentos si en este escenario alcanzáramos un mayor grado de convergencia con otras áreas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, no hay nada nuevo. Lo que podríamos definir como una mala película, la Ley de estabilidad presupuestaria, está entrando en este momento en la fase del culebrón: un programa trienal.
Desde Esquerra Republicana de Cataluña entendemos que aquí tenemos dos problemas. No son problemas nuevos, ya los hemos debatido mucho en esta Cámara. El primer problema es la pérdida de autonomía y de margen de maniobra financiero para
las comunidades autónomas y los ayuntamientos que significa esta ley. Aquí habrá un problema que citaba el representante del Partido Nacionalista Vasco, señor Azpiazu, cuando decía: qué le vamos a decir a muchos alcaldes que tienen previstas
obras.
En definitiva, no es tanto un problema de cómo financiar estas obras. Hay muchos modelos de financiación y yo creo que el Gobierno no es ajeno al llamado modelo alemán. Se van a crear grandes constructoras que van a financiar esas obras
para no tener que recurrir al déficit y todos sabemos a quién responden esos grandes grupos económicos. En segundo lugar, también por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas hay una incapacidad para tener margen y hacer política
propia, tendrá que ser el Gobierno quien autorice, quien dé la conformidad, quien dé el visto bueno, en definitiva, a algunos de los grandes proyectos de infraestructuras o de política social de muchos ayuntamientos o de muchas comunidades
autónomas.
Sin embargo, el problema de fondo hoy es que este Gobierno no ha entendido en qué ciclo económico estamos entrando. Estamos entrando en un ciclo económico complejo, con unas previsiones del Gobierno que creo que rozan el optimismo, como se
ha dicho antes desde el Grupo Socialista, que no son creíbles; en definitiva, se refugian en estas previsiones para justificar una ley que no es real, que no responde a la realidad.
Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Con esta ley ustedes han creado lo que podríamos definir como un cinturón de castidad para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Apelando a una palabra que se repetía en esta Cámara,
creo que el Gobierno del Estado aplica una especie de juerga porque no aplica este criterio del calvinismo financiero que representa esta ley; todo lo contrario, ustedes tienen mecanismos para hacer cuadrar su presupuesto, para prever que si hay
menos ingresos o sus predicciones fallan tienen claros mecanismos para cuadrar. Le voy a poner dos ejemplos de mecanismos: el fondo de reserva de la Seguridad Social, ahí tienen un mecanismo de compensación de sus presupuestos. Pero tienen otro.
Cuando se aprobó la Ley de financiación de las comunidades autónomas, que nosotros creemos que fue un paso atrás, reconocíamos que había un pequeño paso adelante, que era el fondo de subsistencia para la financiación de la sanidad. Resulta que una
vez firmado el acuerdo descubrimos que no, que se aplica un impuesto sobre los carburantes, un impuesto que cobrarán las comunidades autónomas para financiar la sanidad; esos son unos dinerillos que el Gobierno del Estado se ahorra y no tiene que
financiar desde el fondo de subsistencia y así tienen margen de maniobra para hacer cuadrar su presupuesto.
No es esta la situación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, que con esta ley van a ser cautivas de modelos privados de financiación que no tienen nada que ver con la eficiencia y con la transparencia. Esta es la sensación
-creo que real- que van a tener muchos alcaldes de este país, hombres y mujeres que ven cómo sus proyectos de crecimiento, de consolidación, de infraestructuras, de política social, de política cultural, lejos de arreglarse en las haciendas locales,
van a crear un grave problema. Lo que ustedes han conseguido con esta ley, en definitiva, lo que quieren perpetrar con esta ley es más control político, más control de las decisiones y a partir de la vía de las subvenciones van a crear una
estructura paralela a los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Desde que el ministro señor Posada citó o dejó que corriera el rumor de la creación de lo que podríamos llamar un órgano interministerial para las grandes ciudades, hay que agarrarse, porque este es el organismo que en el ámbito local se va
a dedicar exclusivamente a financiar estos proyectos, y los ayuntamientos sin capacidad financiera, sin capacidad de deuda, van a tener que recurrir a este organismo. Y creado un organismo de grandes ciudades, ¿por qué no uno de pequeñas y medianas
ciudades? Así tendremos ya la suplantación absoluta de la estructura y de la autonomía local. Creo que esto es lo que va a perpetrar esta ley. Y, sobre todo, nuestro voto en contra porque, como hemos dicho siempre, esta ley tenía que venir con
una reflexión, con unos márgenes de autonomía para las comunidades y los ayuntamientos, después de un buen modelo de financiación para las comunidades autónomas y para las haciendas locales.
A nuestro entender no ha sido así, aunque se puede
discrepar. Esta es, repito, una mala ley que no sólo va a pervertir el modelo de financiación sino que va a cercenar clarísimamente la autonomía local y la de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, después de oírle horas y horas hablar de este tema hay una cosa entre las que usted dice que no he conseguido entender.
Si el Pacto de Estabilidad permite el 3 por ciento en España y desde el punto de vista de la
convergencia social estamos en la cola, ¿qué razón les lleva a hacer del déficit cero un dogma? Y no será porque usted no haya hablado mucho tiempo, que lo ha hecho. No hay explicación posible, no hay absolutamente ninguna explicación posible.
Creo que España -usted me puede corregir- es el único país de la Unión Europea que legisla en este sentido con el déficit cero. Por tanto, quiero anunciarle que en Iniciativa per Catalunya-Verds estamos en contra del acuerdo del Consejo de
Ministros que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2003-2005, por razones de autonomía financiera, que luego explicaré, pero sobre todo porque este acuerdo no es la traducción de lo que dice el Pacto de Estabilidad, sino
que es un intento por parte del Gobierno del Partido Popular de aplicar con maximalismo la política neoliberal.
En el debate de la enmienda a la totalidad le dije que esta ley iba a acabar en el Constitucional. Esta ley ya está en el Constitucional; está esta ley y está el plan hidrológico. Ustedes, con su mayoría absoluta, se están descarando y
están aprobando leyes -recuérdese la Ley de Universidades- que van a significar distorsiones importantes en diversos sectores de la sociedad. Estoy convencido de que usted ha leído el dictamen del Consejo Consultivo de Cataluña, que es un organismo
independiente y reconocido en el estatuto, que supone un varapalo extraordinario a esta ley. Aprovecho para decir que me sorprende el voto de Convergència i Unió, porque se nos dice que el acuerdo que se nos trae hoy es en aplicación de los
artículos 8 y 13 de la ley. El Consejo Consultivo dice que el artículo 8 es manifiestamente inconstitucional, el Gobierno catalán lleva al Constitucional la ley porque el artículo 8 es inconstitucional y hoy, cuando se aplica aquí el artículo 8,
Convergència i Unió vota favorablemente. La verdad es que no entiendo cómo se puede votar favorablemente una cuestión que viene de un artículo que Convergència i Unió ha llevado al Constitucional.
Señor Montoro, también quiero referirme a otro aspecto que se ha citado antes aquí. Ustedes imponen el déficit cero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero tienen un margen de maniobra importante sobre la base del superávit
de la Seguridad Social. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha dado suficientes elementos para destacar la opacidad que tienen hoy las cuentas de la Administración central y para destacar que ustedes se reservan ese margen de maniobra en un
momento de convergencia social real en España inferior a la de la Unión Europea.
Quiero acabar diciendo simplemente que las razones del no son tres: la perspectiva social, la autonómica y la municipal. Desde las perspectivas local y autonómica, la razón es clara. La propuesta neoliberal desde el punto de vista
económico del Partido Popular necesita un Estado unitario, y la concepción del Estado unitario lleva a no permitir que las comunidades autónomas tengan espacios de autonomía en aplicación de su política financiera. Al mismo tiempo, en el Consejo de
Europa hemos visto que España está prácticamente a la cola en gastos en I+D, en política social, en apoyo a políticas familiares y que está disminuyendo la productividad, sin embargo es precisamente este país el que de forma absolutamente dogmática
aprueba una ley de déficit cero. Ustedes se equivocan. Estoy convencido de que esta ley va a ser declarada inconstitucional y lo único que me sabe mal es que va a poner en graves dificultades a muchos ayuntamientos y va a cercenar una parte
importante de la autonomía de las comunidades autónomas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular va a volver a quedar perplejo, como de costumbre. Lo que ha ocurrido en la mañana de hoy y lo que con toda probabilidad queda por ocurrir me hace recordar esa canción de los años ochenta, de la
vieja movida madrileña, que decía aquello de: qué público más tonto tengo. Lo que ha ocurrido esta mañana es francamente inexplicable. Veníamos a debatir sobre el acuerdo del Gobierno sobre el techo de gasto para el Estado para el año 2002,
veníamos a debatir sobre las posibilidades del cuadro macroeconómico para los próximos tres años y nos hemos encontrado con un debate insulso, por decirlo de algún modo. La oposición tenía hoy la oportunidad de hacer bueno lo que el Parlamento
podía hacer en el día de hoy, que era debatir sobre las cuestiones que verdaderamente interesan a los españoles. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, como quiera que se acerca la primavera, ha decidido hacer del debate una
especie de revuelto de perrechicos y volver a soltar la retahíla de muletillas a las que tiene acostumbrado, en concreto, al ministro de Hacienda.
El señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, hoy ha vuelto a hablar de que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, se dedica a subir los impuestos a los pobres, de bajar los impuestos a los ricos, de acelerar reformas
que tan solo interesan a unos y no a otros, cuando tenía la magnífica oportunidad para explicar a todos los españoles en el día de hoy
qué va a hacer con ese plan de familia que, obviamente, tiene un encaje presupuestario de primera magnitud, y con el plan de familia del señor Zapatero de ayer van ya tres planes que se han de financiar con presupuesto público. Señor
Fernández Marugán, tenía usted la magnífica oportunidad de explicar hoy cómo va a financiar ese billón de pesetas que parece que costaría el nuevo plan de familia. Y si me permite, búsqueme en su grupo parlamentario quién tiene mano con el señor
Zapatero -yo tengo tres hijos- y le dice que en vez 6.000, por qué no 10.000 euros por cada tercer hijo. Es que es muy fácil hacer propuestas del tipo de las que hace el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Caldera ofreció hace dos semanas otra propuesta relacionada con el plan de seguridad con una suerte de gráficos, con lo que pretendían hacer para poder solucionar los problemas de seguridad que tenía España el día de hoy, y también
nos decía que eso iba a costar otro billón de pesetas, 6.000 millones de euros. Recuerdo que en el debate de presupuestos el Grupo Parlamentario Socialista también presentó enmiendas por valor de un billón de pesetas. A ustedes les va cuadrando el
billoncito de pesetas y van haciendo propuestas, planes de choque de todo tipo, plan de familia en el día de hoy, que, ya digo, a mí personalmente me puede parecer muy atractivo, a ver si convencen al Gobierno, pero redondeen la cifra, porque todo
esto cuesta 3 billones de pesetas, 18.000 millones de euros, lo cual arrojaría una cifra de déficit del 7 por ciento.
Está claro que a ustedes este debate les resulta tremendamente incómodo.
Al Grupo Parlamentario Socialista le resulta incómodo hablar de contención del gasto público, está claro; le resulta tremendamente incómodo hacer debates de política
financiera en serio; le resulta tremendamente incómodo hablar de estabilidad presupuestaria; le resulta tremendamente incómodo hablar de futuro, se refugian permanentemente en el pasado, y esto a los españoles les importa bien poco, como les
importa bien poco si el número de recursos de inconstitucionalidad que presentan a la ley de estabilidad son uno, dos, tres o dieciséis; esto, realmente, importa poco. Lo verdaderamente relevante en el día de hoy es lo que usted no ha querido
hacer, señor Fernández Marugán: coger el acuerdo del Gobierno. Yo se lo ofrezco generosamente para que usted lo maneje, porque fíjese que en toda su intervención no ha manejado ni uno solo de los datos que aparecen en el acuerdo del Gobierno que
ha presentado el ministro en la mañana de hoy. Por tanto, ha hecho usted nada más que un debate, como digo, de muletillas.
Es necesario saber si a la oposición política en España le parece que las previsiones del Gobierno en el horizonte plurianual de los próximos tres años son razonables o no. A la opinión pública le interesa saber si a la oposición política
del Gobierno de España le parece que el conjunto de las administraciones públicas van a poder ofrecer un escenario de pequeño superávit en los próximos dos años de dos décimas. A los españoles les interesa saber si el conjunto de las
administraciones públicas va a poder mantener ese pequeño déficit del 0,4 por ciento que aparece en el acuerdo del Gobierno. Usted no se ha referido a ninguna de estas cifras. Usted ha querido obviar la existencia de un trabajo hecho por el
Gobierno, en el que se acercan agregados de nuestra economía que tienen interés para los españoles. Lo que tiene interés para los españoles es saber si el gasto del consumo de las familias va a seguir experimentando la cifra de estos últimos años,
va a mejorar o va a empeorar. Este es el debate que había que haber hecho hoy. Ustedes vuelven a hurtar a esta Cámara el debate verdaderamente relevante, y siguen haciendo ese debate de muletillas, sin además tener el coraje político de presentar
en esta tribuna los planes que anuncian en la prensa. Esto es lo realmente lamentable.
En la mañana de hoy ha habido otro tipo de intervenciones que quiero lamentar muy especialmente. Me estoy refiriendo a la inquietante intervención del señor Rejón que ha adobado con ciertas dosis de conocimiento sobre la historia del
constitucionalismo europeo -lo ha hecho usted, señor Rejón-, pero la ha compensado un poco con una descomunal ignorancia en materia presupuestaria; descomunal, señor Rejón.
Cualquier buen padre de familia entiende que cuando se tienen cien y se
deben mil llega un momento en que hay que pagar los mil que se deben. El Gobierno de España ha tenido que pagar durante seis años los mil que se debían y, sencillamente, cuando uno paga lo que debe deja de estar en la cuenta de ahorro. Pero como
usted y el grupo al que representa no conciben hacer políticas que los españoles sean capaces de comprender, que el Gobierno y las administraciones públicas se han de gastar sólo lo que tengan y no más, difícilmente se puede esperar que puedan
recuperar esto como patrimonio político propio. Es realmente lamentable porque -fíjese- la única posibilidad que tiene el Gobierno de España, y España en su conjunto, de poder afrontar las dificultades que en estos momentos se puedan estar
generando en el ámbito económico mundial es la de implementar políticas de rigor presupuestario. El único que ha hecho referencia a esta cuestión ha sido el señor Mauricio y yo se lo agradezco. Ha tenido que llegar a decir -fíjese si estaba
confundido como yo en el debate- que le parecía que no era baladí la cuestión relacionada con las posibilidades de recuperación de la economía española. ¡Claro que no es baladí! Es fundamental y es lo que verdaderamente interesa a los españoles
saber si España está ahora en condiciones o no, como no lo estaba hace unos años, de poder aprovechar el momento de recuperación económica que está enfrente de nosotros y que con seguridad el Gobierno de España y España en su conjunto podrán
aprovechar del mismo modo que en otros tiempos no se era capaz de aprovechar, porque nuestras posibilidades financieras
eran inexistentes, porque la cultura del derroche y del despilfarro presidía la política financiera en los gobiernos socialistas de hace unos años. Simplemente es una cuestión que ha cambiado de forma radical.
Hace seis años el Partido Popular prometió a los españoles que las cosas se harían de otra manera y eso es lo que está haciendo su Gobierno.
Señorías, las cosas ya son de otra manera en términos de política económica. Saben los españoles
que pueden confiar en que cuando se les dice que España va a poder aprovechar el momento en que la recuperación económica sea visible, así se va a producir; saben que cuando el Gobierno de España dice que se va a poder seguir creando empleo, como
se ha venido haciendo en los últimos seis años, por encima del crecimiento del empleo de los países de la Unión, así se va a producir; saben que cuando el Gobierno de España dice a las administraciones públicas que han de comportarse, repito, como
un buen padre de familia y entender que sólo se han de gastar aquello de lo que dispongan, así se va a producir. Y esto, en definitiva, es bueno para los españoles.
También han hurtado ustedes hoy en el debate nuevas cuestiones. Este esfuerzo que está haciendo España en relación con sus finanzas públicas, ¿sirve o no para que pueda haber una nueva rebaja de impuestos en el próximo curso parlamentario?
Esto es lo que verdaderamente importa a los españoles: saber si hay o no margen para bajarles los impuestos; saber si hay o no margen para que las nuevas competencias de las comunidades autónomas, a través del nuevo sistema de financiación, les
permitan una mayor riqueza. Precisamente para eso se hace, para que las comunidades autónomas tengan mayores márgenes de maniobra, tanto política como financiera, para poder asumir los compromisos que tienen con sus electores.
Señor Azpiazu, hay que saberlo y podérselo explicar al alcalde de Murga, al que he llamado para ver cómo resolvemos esa ignorancia en relación con lo que se puede hacer o no se puede hacer. Le tendré que explicar -y le invito a que lo haga
conmigo- de qué manera el alcalde de Murga va a poder hacer aquello que necesite para su ayuntamiento, pero también habrá que explicarle que lo verdaderamente relevante es que obtenga recursos y posibilidades de su propia gestión, de sus propios
aciertos en materia económica, y que no se deje llevar por la inercia por la que muchos ayuntamientos españoles -no digo que sea el de Murga- se han dejado llevar durante años. Como decía el señor Mauricio, lo auténticamente relevante es saber que
los gestores de lo público están verdaderamente interesados en resolver los problemas de los ciudadanos y no de aparecer con grandes propuestas en los momentos en que la apuesta electoral es lo realmente importante y relevante.
Señorías, se ha hecho caso omiso de una cuestión que yo creo que también tiene relevancia en el día de hoy. Toda la doctrina científica, la doctrina constitucional viene diciendo desde hace tiempo que el Parlamento tiene una competencia
importante en la aprobación de las cuentas del Estado y que, como decía Mabileau, existe una tremenda contradicción en el Estado moderno entre la importancia de las prerrogativas que los estados o los parlamentos tienen en materia financiera y lo
mal que se ejerce el control presupuestario en los parlamentos. Hoy había una magnífica oportunidad para que la oposición política acreditara que podía ser de otra manera porque el procedimiento parlamentario que se ponía en marcha en este momento
significa, entre otras cosas, que la oposición está en disposición de discutirle al Gobierno el presupuesto previo para poder aprobar la ley que a finales de año tendremos que discutir en esta Cámara. En definitiva, se trataba de hacer bueno lo que
señala el artículo 31.2 de la Constitución y es que el Parlamento y el Gobierno colaboren en resolver los problemas de los ciudadanos. Hoy teníamos la oportunidad, lamentablemente abortada por la falta de interés de la oposición (Rumores.), de
saber si las propuestas del Gobierno se podían mejorar, si había cuestiones que había que volver a debatir y si, además, había que modificar ese techo de gasto con el único objeto de poder llegar en mejores condiciones al debate de los presupuestos
que tendremos a partir del mes de septiembre. Esto es lo que tocaba hacer en el día de hoy. Señoría, yo espero que no se repita el próximo año y podamos hacer el debate que no sólo estaba previsto en el acuerdo del Gobierno y en la Ley general de
estabilidad presupuestaria, sino que es el que realmente requieren los españoles.
Insisto en que hace seis años dijimos a los españoles que las cosas iban a ser de otra manera. Hoy, afortunadamente, con las propuestas del Gobierno del Partido Popular ya son de otra manera. Hace falta saber si la oposición está realmente
dispuesta a modificar sus planteamientos políticos y a hacer del control la forma de entender su actuación en materia política. Hasta el momento lo está haciendo de forma extraordinariamente deficiente. Nosotros ponemos las cuestiones encima de la
mesa y ustedes, sencillamente, obvian su existencia y prefieren hacerlo a través de los medios de comunicación.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cámara.
Señor ministro. (Rumores.-El señor Arola Blanquet: Esto reabre el debate.)
¡Señorías! (Pausa.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Hago uso de la palabra para intervenir en el debate una vez que los portavoces de los grupos parlamentarios han tenido la oportunidad de hacerlo y referirme, en primer lugar, a que como muy bien se ha señalado por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular hoy correspondía el debate sobre la aplicación de las leyes de estabilidad presupuestaria, la Ley general de estabilidad presupuestaria y la Ley orgánica complementaria de estabilidad presupuestaria. Esas leyes y el
cumplimiento de sus previsiones potencian claramente el papel del Parlamento español. De ahí la importancia del debate parlamentario para someter el acuerdo del Consejo de Ministro, primero, a la consideración de esta Cámara, el Congreso, para
posteriormente remitirlo al Senado. De esa forma el Parlamento tiene una oportunidad histórica en la elaboración de los presupuestos, que es la de fijar el techo de gasto del Estado por primera vez en la historia del parlamentarismo español y por
primera vez en la historia de la democracia de la mayoría de los países desarrollados, puesto que hay muy pocos parlamentos en los países desarrollados que tienen esa oportunidad, y también la de establecer para el conjunto de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales los objetivos de equilibrio presupuestario que ya están configurando el programa de estabilidad del Reino de España. De forma que lo que hacemos ahora es traer de nuevo a la Cámara ese programa de
estabilidad que en su momento fue objeto de presentación, debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda, cuyas previsiones han sido revisadas y actualizadas por la Comisión Nacional de Administraciones Locales y por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y que hoy vuelve con los informes de ambos organismos para fijarse en un escenario de medio plazo, los próximos tres años. Estamos, pues, ante un acto parlamentario sin duda alguna relevante en la democracia española. Quiero
agradecer la claridad de ideas y de exposición que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz el señor Cámara, a la hora de exponer ante la Cámara la importancia y el relieve de este debate, ya que sin duda alguna configura no sólo un
procedimiento presupuestario sino que configura a todo el Estado español, a partir de la mañana de hoy, en la definición de las cuentas públicas.
Las previsiones presupuestarias que estamos debatiendo hoy aquí señorías, se encuadran también en escenarios de evolución económica prudente, como son las que se contienen en el escenario central del programa de estabilidad del Reino de
España; escenarios económicos prudentes que permitirán contar con mayores ingresos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para cumplir los compromisos políticos con sus ciudadanos;
escenarios que parten de crecimientos económicos del orden del 3 por ciento que, tal como pintan las cosas en el escenario económico mundial, hoy podemos calificar de crecimientos moderados los previstos en el acuerdo que sometemos a la Cámara en la
mañana de hoy y en el propio programa de estabilidad. De manera que podemos hablar de escenarios que de ser revisados lo serían al alza, tal como apuntan las tendencias de recuperación de la economía americana, en consecuencia del comercio mundial
para el año próximo y de lo que será la pronta recuperación de la economía europea, favoreciendo de esa forma el crecimiento de la economía española.
Quiero insistir también en esta intervención en el respeto que todo ello supone a las propias leyes de estabilidad presupuestaria, a los acuerdos que se someten a la Cámara y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. El respeto ya fue objeto de debate cuando trajimos la Ley general de estabilidad presupuestaria a esta Cámara, sustentada en un informe del Consejo de Estado donde se identifica con toda claridad la constitucionalidad de esas
leyes de estabilidad presupuestaria; y lo son sencillamente por la idea, que vuelvo a reiterar, de que no hay cortapisa alguna a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y no hay cortapisa alguna a la autonomía financiera de las
corporaciones locales, puesto que lo único que se establece para ellas son la necesidad y la oportunidad del equilibrio. Es decir, en materia tributaria no se establece ni límite de gasto ni decisión en materia de ingreso, por tanto tienen la
máxima discrecionalidad, como también he dicho en mi primera intervención. Desde ese respeto al Estado de las autonomías español, como no puede ser de otra manera, el Gobierno plantea a la Cámara la oportunidad de pronunciarse sobre un límite de
gasto que es enormemente exigente para la Administración central del Estado, para el Gobierno de España y para el ministro de Hacienda, que saldrá de este debate con un límite de gasto para distribuir entre las previsiones presupuestarias de los
diferentes departamentos del Gobierno. Por tanto, habrá que llevar adelante la negociación en el seno del Gobierno, lo que significa también que vamos a presupuestar por primera vez de una manera mucho más fiel, como nunca lo habíamos hecho en
España, puesto que todas las modificaciones de crédito se incluyen en ese límite.
En lo que se refiere a la integración del Estado con la Seguridad Social nada es más lógico, puesto que se deriva de nuestro propio ordenamiento legal y la Seguridad Social es Administración central del Estado, no es Administración
autonómica ni local, sino un componente de la Administración central del Estado, como lo es el propio Estado en el sentido de Administración central del mismo. Lo que se hace no es utilizar el superávit de la Seguridad Social para financiar el
Estado sino para, como un sumando más, componer el resultado final de la Administración central del Estado. La perspectiva que traemos esta mañana es de equilibrio presupuestario y de superávit a partir de los años 2004 y 2005, superávit que
descansa en la Administración
central del Estado. Por tanto, la que está haciendo el esfuerzo por equilibrar los presupuestos públicos en España es la Administración central del Estado, que ha reducido su déficit público en más de cinco puntos porcentuales desde el año
1996 a acá, no antes, señorías. Antes podía haber declaraciones políticas en esta Cámara en cuanto a la oportunidad de equilibrar las cuentas públicas, pero antes lo que ha habido es déficit del conjunto de las administraciones públicas, déficit
del orden del 7 por ciento del producto interior bruto hasta el año 1995.
Por eso, quienes estaban apoyando a gobiernos que incurrían en déficit públicos tan altos no deben apuntarse esas colaboraciones como hechos positivos, porque serían
positivos para otros elementos de la gobernabilidad de España pero, desde luego, no para sanear las cuentas públicas. El que esté orgulloso de tener esos déficit públicos que se los apunte en su activo político. No es el caso del Gobierno actual
de España, del Gobierno del Partido Popular, que siempre fue enormemente crítico cuando estaba en la oposición y que ahora está satisfecho de ofrecer al país unas cuentas públicas equilibradas. Señorías, durante los años 1993 a 1996 no se redujo el
déficit público en España. Se harían declaraciones en esta tribuna en ese sentido, no digo que no, pero las declaraciones vacías en política no sirven más que para el descrédito de quien las hace; lo que tiene sentido en política es hacer
declaraciones que se cumplan, que sean efectivas, que sean coherentes y rigurosas. Eso es hacer política de credibilidad y de confianza para los ciudadanos y para los agentes económicos en sus decisiones, y la política que se está llevando a cabo
desde el año 1996 a acá es la de saneamiento de las cuentas del Estado a través de la consolidación de sus cuentas con la Seguridad Social. Ya he tenido ocasión de insistir en esta Cámara en este concepto. El superávit de la Seguridad Social está
en la Seguridad Social. Para ver si lo entienden algunos de sus portavoces, especialmente el señor Rejón que siempre me recrimina que le dé lecciones -qué le voy a hacer, señor Rejón, cuando no es Derecho administrativo es contabilidad nacional-,
está en la Tesorería de la Seguridad Social, está depositado en el Banco de España y la otra parte está en el fondo de reserva; por tanto está en la Seguridad Social. No sé qué cuentas ha leído S.S. otra vez aquí arriba, pero esas sí que son
mágicas, son las cuentas inexistentes del país que interpreta al revés. Señoría, cuando la Seguridad Social registra un superávit del orden de 5.000 millones de euros en el año 2001 ese excedente está en la Tesorería de la Seguridad Social y está
en el fondo de reserva de la Seguridad Social. La tesorería está en el Banco de España, rindiendo intereses a la propia Seguridad Social a través de la gestión de tesorería. Es así. ¿Sabe cómo se financiaban las pensiones en España cuando
gobernaba el Partido Socialista? Pidiendo créditos a los bancos. Hoy la Seguridad Social en España tiene un superávit; un superávit que está en la tesorería depositada en el Banco de España y que es una garantía para el presente y el futuro de
las pensiones de nuestro país. Cada vez que la Seguridad Social registra un superávit es una seguridad para el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Parece que algunos portavoces suben a la tribuna a lamentar el superávit de la
Seguridad Social; pues sigan lamentándolo. El Gobierno celebra que incurramos en ese superávit y lo ofrece como garantía del sistema público para el presente y para el futuro. Por eso he dicho en mi primera intervención que hoy podemos estar
seguros de pagar las pensiones en nuestro país cuando tenemos a la Seguridad Social en un claro superávit.
Gracias al equilibrio presupuestario, señorías, España está hoy en crecimiento económico; gracias al equilibro presupuestario España está en convergencia real; gracias al equilibrio presupuestario España está consiguiendo una creación de
empleo que es única en el contexto de los países desarrollados del mundo. ¿O conocen SS.SS. algún país que en el año 2001 haya conseguido crear 370.000 empleos netos adicionales en términos de contabilidad nacional? ¿Conocen SS.SS. algún país
desarrollado que en el año 2001, un año de crisis económica mundial, haya conseguido incrementar los afiliados a la Seguridad Social en 520.000? ¿Conocen SS.SS. algún país diferente que tenga otro nombre y que no sea el de España a la hora de
identificar esos resultados? Pues eso es gracias a que estamos consiguiendo, a través del equilibrio presupuestario, que en España haya empresas, haya inversión, haya oportunidades de empleo y haya mejora de las cuentas públicas a través de la
creación de empleo. Ese es el resultado del año 2001, ese es el resultado que nos ofrece el equilibrio presupuestario y de ahí viene el interés del Gobierno de apostar por ese equilibrio presupuestario y de favorecer su futuro a través del acuerdo
que hoy sometemos a la consideración de la Cámara.
Por lo demás, en clave política la Cámara queda dividida hoy en dos partes. Por un lado están los partidarios del equilibrio presupuestario.
Agradezco especialmente a Coalición Canaria no sólo su voto favorable sino el sentido mismo de su
discurso. Agradezco también la posición de Convergència i Unió, cuyo discurso ha sido claramente separado, con una dicotomía interna: la necesidad de defender el recurso de inconstitucionalidad de las leyes de estabilidad presupuestaria, que yo
voy a calificar esta mañana una vez más como un error político del Gobierno de la Generalitat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero agradezco el voto favorable que ha expresado su portavoz esta mañana y por eso no voy a entrar
en más debate al respecto. Quiero insistir en que el Partido Socialista y los otros grupos de la Cámara que han anunciado su voto en contra de este acuerdo están alineándose a favor del déficit público -es lo que políticamente están haciendo-, que
por lo demás no debe extrañar a nadie. El Partido Socialista está en el sitio
donde ha estado siempre. Es efectivamente el partido del déficit público -vamos a ponerle ese título-; es el partido del incremento de la deuda pública y es el partido que hoy, comenzando un nuevo debate presupuestario en esta Cámara, hace
aparecer en esta tribuna al señor Fernández, que es el tercer portavoz parlamentario en materia de debate presupuestario en esta Cámara desde que yo soy ministro de Hacienda.
(Fuertes protestas.) Le deseo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías!
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Es el tercero y no hago más que referirme a que anteriormente lo fue el señor Caldera, que tuvo un gran éxito político parlamentario. (Protestas.-El señor Fernández Marugán: ¡Conteste al
grupo parlamentario!)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señor Fernández Marugán! ¡Señorías!
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Fue el señor Sevilla el segundo portavoz... (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
Señorías, guarden silencio. Señor Arola, le ruego guarde silencio; señor Martínez-Pujalte le ruego guarde silencio; señor Vera, le ruego guarde silencio también.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Lo único que quería era desear suerte al tercer portavoz parlamentario -creo que es muy correcto hacerlo parlamentariamente- a la hora de cubrir también la ausencia del señor Zapatero, que está anunciando importantes medidas para la sociedad
española fuera de esta Cámara, que siempre es más importante que los debates parlamentarios políticos que tienen lugar aquí. (Protestas.)
Decía que el Partido Socialista está en su sitio; está deseando y anunciándonos más déficit público, está anunciándonos más deuda pública, está en lo que es su diseño no de la política presupuestaria sino de la política social. Esa
política social del Partido Socialista, esa política social que entraña más gasto a cambio de subir los impuestos a los españoles (quiero dejar expresado con toda claridad esta mañana aquí que esos anuncios que hacen públicamente implican que van a
subir los impuestos a los españoles), más que política social la llamaría demagogia social (Aplausos.), y lo puedo hacer con la misma libertad de expresión con la que el Partido Socialista anuncia gastos públicos billonarios, en este caso expresados
en miles de millones de euros, que obviamente no se corresponden con la aplicación de unas leyes de estabilidad presupuestaria. ¿Qué ocurriría si se aplicaran esos gastos, señorías? Que habría que subir los impuestos en lógica aplicación de la Ley
general de estabilidad presupuestaria. Obviamente el Partido Socialista está en su línea de anunciar a los ciudadanos subidas de impuestos, que es lo que sabe hacer; más déficit público, más deuda pública, subida de impuestos, más paro y, en
definitiva, despilfarro de las cuentas públicas. (Un señor diputado: ¡Provocador!) Esa es la política que otra vez hemos vuelto a escuchar esta mañana aquí. (Protestas.)
Por lo que se refiere a los otros portavoces, ya me he referido a la síntesis de Seguridad Social y Estado, que está muy lejos de ser el tejemaneje de nadie sino que es la expresión de las cuentas públicas, de la contabilidad nacional de
España, y en definitiva es la expresión de la aplicación en España del sistema europeo de cuentas base 95, con la consiguiente remisión de esas cuentas a la Comisión Europea para su control en el seno de Eurostat.
No hay ninguna renuncia a políticas sociales, a políticas de convergencia, a políticas a las que se han referido otros portavoces en el equilibrio presupuestario. La prueba es el incremento de las políticas sociales, de las políticas de
inversión pública que contienen los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, presupuestos comprometidos con el equilibrio presupuestario. Lo que sí hay es el compromiso con un equilibrio que está trayendo de la mano el crecimiento
económico y la creación de empleo; lo que sí hay es el compromiso del Gobierno español de aplicar en España unas leyes de estabilidad que, en primer lugar, están potenciando el papel del Parlamento, están dándole sentido auténtico a la democracia
española y, en segundo lugar, están permitiéndonos dar pasos decisivos a la hora de promover la convergencia de España con la Unión Europea y de acercarnos a nuestro gran objetivo político y social, que es conseguir la sociedad de pleno empleo a
finales de la primera década del siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en la primera parte de mi intervención dije en esta Cámara que este era un debate jibarizado; y era un debate jibarizado porque la mayoría que gobierna en esta
Cámara lo ha puesto a nivel del proponente.
Creo sinceramente que es imposible hacer un debate sobre opciones de política presupuestaria cuando uno recibe el documento que ha
remitido a esta Cámara el Gobierno y cuando uno tiene que soportar el discurso que ha hecho esta mañana en su primera y segunda intervención don Cristóbal Montoro. (Aplausos.) Por tanto, señorías, que no se nos pida a la oposición hacer lo
que no quiere hacer el Gobierno. Podíamos y debíamos haber discutido de opciones de política presupuestaria. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Pues no lo ha hecho porque la mayoría parlamentaria que gobierna la Junta de Portavoces se lo ha impedido a
mi grupo. Y eso quiero que quede en el 'Diario de Sesiones' porque quien diga lo contrario, sea en nombre del Gobierno, sea en nombre del Partido Popular, miente; miente como ha hecho hoy aquí un representante de ese grupo político.
(Aplausos.-Protestas.)
En segundo lugar, hay algunas cosas que yo creo que es necesario poner de relieve brevemente. El incremento de deuda pública no es patrimonio de nadie. En un informe que está en Internet del avance de la actuación presupuestaria del Estado
del año 2002, en la página 75, queda claro que la deuda pública en España en la etapa de Gobierno del Partido Popular ha crecido 7,5 billones de pesetas, y en esa época hemos tenido buenos ingresos para la Hacienda, menos déficit que en períodos
anteriores y muchas privatizaciones, y a usted le corresponde decir qué pasa en este momento, por qué en esta sociedad y en estas circunstancias sigue aumentando el volumen de deuda pública. En un ejercicio bien sencillo y bien rápido, están, en el
mejor de los casos, por justificar tres billones de pesetas.
Tercera cuestión, en eso de la política social vamos a ir por partes. Le voy a dar los datos. Usted coge el peso de las pensiones contributivas en el año 1995, en términos de PIB, y coge el peso de las pensiones contributivas en el año
1999, y en el último año que nosotros gobernamos pesaban un 8,6 por ciento; en el año 1999 pesan un 8,3. Ustedes en tres años lo han bajado, desde donde nosotros lo dejamos en el año 1996, a donde lo teníamos en el año 1993 (Aplausos.), pero no
solamente ocurre eso en esta política tan importante que dicen ustedes, sino que hoy nosotros estamos más atrasados en términos de gasto social que lo estábamos en el año 1996. En aquel momento el peso del gasto social en España era el 78 por
ciento del peso del gasto social en la Unión Europea; hoy está en el 72 por ciento. Esa es la consecuencia de un Gobierno como el suyo. Hay ahí una idea que yo no quisiera dejar en el aire. Hace unos días Krugman le dedicó un espléndido artículo
a Tobin y valoró de él un hecho que a mí como profesional sí me congratula. Dijo que era de ese tipo de economistas que no tenía que faltar a decir la verdad ni tenía que verse obligado a sostener cuestiones falsas en razón del cargo. En la última
conversación que tuvieron Tobin y Krugman, Tobin le dijo a Krugman que en aquella realidad de los Estados Unidos lo que había que hacer en ese momento no era continuar con rebajas fiscales, sino hacer frente a las demandas de gasto público de
aquella sociedad.
Termino con una exposición general sobre los alineamientos de su política.
Señor Montoro, yo no creo en su discurso ni en su política; no creo en su discurso porque usted no tiene un discurso del equilibrio, no señor. Todo la
argumentación que usted tiene detrás es un discurso que pretende buscar un superávit en el conjunto de las administraciones públicas, pero no un superávit de décimas, no, no, sino un superávit alto. Ayer se presentaba una revista de un conjunto de
profesionales españoles donde uno de los ideólogos de su filosofía llegaba a decir que los cálculos que le darían estabilidad a la política que usted quiere llevar a cabo exigirían un superávit del 3,3 por ciento del PIB. También es verdad que hay
otro profesor emérito que dice que usted tiene las cuentas como las tiene y en este momento, si se midieran bien, estaríamos en un déficit de menos 1,5. En cualquier caso, usted es consciente de que el momento político del superávit ha pasado, en
términos políticos y de coordenadas económicas, y ha pasado por una sola razón, porque ya no crecemos al 4,1 como lo hacíamos en el año 2000, sino que creceremos por debajo del 2 en el año 2002.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señora presidenta. Lamento tener que entrar en estas cuestiones, pero le pediría un poquito de paciencia, porque me gustaría dejar claro el razonamiento ante de la Cámara.
¿Qué está ocurriendo hoy? Está ocurriendo que la mayor parte de los países avanzados de la Unión Europea se mueven entre objetivos del cero y del 3 por ciento. Y usted ¿qué hace? Usted pretende ir de gorra, usted pretende que sean los
otros los que se recuperen y que detrás de esa recuperación vayamos nosotros, eso sí, manteniendo las perspectivas financieras de la comunidad. Usted ha demostrado o ha querido demostrar que con un objetivo de crecimiento del 3,6 el objetivo de
déficit era cero; luego bajaban el crecimiento al 3 y volvía a ser cero, luego lo ponían al 2,4 y volvía a ser cero, después lo pondrán en el 1,8 y volverá a ser cero. Yo le pregunto: ¿es que hay algún profesional que haya superado alguna prueba
objetiva que pueda decir que el déficit público es insensible al crecimiento? Yo creo, señoría, que usted ha encontrado la solución. Sí, señor, le reconozco que ha encontrado la solución...
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego concluya.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Un segundo, por favor.
Usted ha encontrado la solución en la simetría del comportamiento de las administraciones públicas. Usted quiere un déficit profundo del Estado y usted
quiere un superávit profundo de la Seguridad Social. Usted quiere que sean los trabajadores españoles los equilibren las cuentas públicas.
Muchas gracias. ( Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio para que podamos continuar con el debate.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no podemos estar de acuerdo con algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor ministro acerca del comportamiento, histórico en esta
Cámara respecto al debate que estamos realizando, de nuestra coalición de Convergència i Unió con relación a algunos de los puntos que ha señalado en su intervención. No estamos de acuerdo y, le diré más, algunos aspectos nos duelen. Usted ha
dicho, señor ministro, que la Generalitat y Convergència i Unió han cometido un error político al presentar recurso de inconstitucionalidad a las dos leyes que ustedes han elaborado y que han sido aprobadas en esta Cámara.
Se equivoca, señor
ministro. Ustedes son los que han cometido un grave error legislando en esta dirección y estamos convencidos de que, finalmente, el Tribunal Constitucional nos dará la razón. Desde Convergència i Unió siempre hemos afirmado que los estatutos de
autonomía son un pacto de Estado y los pactos están para cumplirlos. Nosotros creemos que en la tramitación de estas dos leyes ustedes no han cumplido este pacto de Estado que tienen con las comunidades autónomas, no sólo con la comunidad autónoma
catalana sino con todas las demás. A la vista de que ustedes no han cumplido este pacto, nosotros hemos presentado estos dos recursos de inconstitucionalidad; por ello no podemos estar de acuerdo con la opinión de que hayamos cometido un grave
error político.
Usted puede manifestar que no comparte nuestra actuación, pero es muy atrevido decir que hemos cometido un grave error político. Entiendo que lo habríamos cometido si no hubiésemos presentado los recursos, porque esa legislación
atenta contra nuestras competencias financieras, las de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales. Por este motivo, para defendernos de esta agresión injustificada por parte de ustedes en este caso, no hemos tenido más
remedio que acudir al Tribunal Constitucional y espero y deseo -y supongo que lo podremos debatir en esta Cámara cuando haya el fallo- que nos den la razón y después será el momento quizá de que ustedes reconozcan que se han equivocado legislando en
esta dirección.
Señor ministro, también nos duele otra manifestación suya. Yo he dicho al inicio de mi intervención que estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión que hoy estamos debatiendo. No estamos de acuerdo con la norma ni con el mecanismo, por
lo que acabo de decir anteriormente. Nos duele que a usted le parezca mal que hagamos un poco de historia de lo que ha pasado en esta Cámara entre los años 1990 y 1996 y que usted no reconozca nuestra aportación positiva a la reducción del déficit
público y los planteamientos que ha hecho nuestra coalición de Convergència i Unió con relación al rigor presupuestario y al impulso de la economía productiva.
Señor ministro, yo también le podría decir, y no se lo he dicho, que cuando nosotros
empezábamos a negociar con el Partido Socialista medidas determinantes para que el impulso de la economía productiva fuera efectivo ustedes estaban en desacuerdo y votaron en contra. Le podría dar muchos ejemplos: el tema de las herencias, el de
las donaciones, el de los activos empresariales sujetos a la actividad económica de los autónomos, de los profesionales. Como le digo, ustedes estaban en contra, y gracias a que nosotros le hicimos entender al Partido Socialista que era necesario
para la economía española el tratamiento de estas cuestiones, ustedes en el año 1996 se encontraron con un camino liso y llano para aplicar una política que, de acuerdo, ha dado unos grandes resultados, pero en ningún momento podemos dejar de
señalar nuestra contribución efectiva a los resultados que hoy mantiene la economía española. Por este motivo, señor ministro, nos duelen ciertas manifestaciones y, con la cortesía parlamentaria que nos caracteriza, también lo queremos decir aquí
públicamente. Nuestra trayectoria histórica avala nuestro comportamiento y los resultados a los cuales ha hecho mención, en los que, repito, estamos de acuerdo en el fondo. No voy a entrar en las características económicas, ya lo he hecho al
inicio de mi intervención. Sabe que estamos de acuerdo con el fondo, pero no estamos de acuerdo con la norma.
Quisiera hacer otra referencia, si me lo permiten, señorías, a algunas alusiones que ha hecho el diputado señor Saura respecto a nuestro comportamiento en los recursos de inconstitucionalidad. Creo que el señor Saura ya está pensando en la
campaña electoral en Cataluña y ha hecho unas manifestaciones que no son ciertas, seguramente se habrá equivocado.
En ningún momento la Generalitat de Cataluña ha recurrido el artículo 8 de la Ley de estabilidad presupuestaria. Señor Saura, está
usted equivocado. La Generalitat de Cataluña ha recurrido el artículo 8 de la ley orgánica, pero en ningún momento estamos debatiendo aquí el fondo de la ley orgánica sino el objetivo final del rigor presupuestario, el objetivo final de la
eliminación del déficit público y el objetivo final del saneamiento de las cuentas públicas, y nosotros históricamente siempre hemos estado de acuerdo con esta posición. Por tanto,
por coherencia política con el fondo y con los objetivos, vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, decía el bueno de don Antonio Machado aquello de que desprecian cuanto ignoran. Yo le pediría que ustedes no llamen ignorante a todo cuanto desprecian. Ya está bien de dar lecciones.
Indiscutiblemente, hay que subirse aquí
con mucha más humildad. Un ministro que no da ni una en cuanto a previsiones de grandes cifras macroeconómicas, a pesar de que las va modificando cada trimestre y ya casi el mes de antes, a pesar de eso, no acierta, no puede venir aquí a dar
lecciones de buen saber. Ahí tiene usted el desfase del 20 por ciento en el PIB o los desfases en el índice de precios al consumo, que además no son cualquier juego, ya que tienen repercusión sobre el bolsillo precisamente de las pensiones, aunque
luego se corrija, del salario mínimo o de los salarios de los funcionarios y por extensión de muchos trabajadores. Por tanto, yo le pediría mucha más humildad y más lealtad parlamentaria. Ustedes, su grupo -algo de conexión debe de haber-,
impidieron con su mayoría en la Junta de Portavoces que aquí hubiera resoluciones y propuestas. No pidan ustedes alternativas en un momento determinado cuando, además, el papel que nos han traído es cortito de café con leche y permite una discusión
de patio de colegio: tú estás por gastar las canicas y yo no estoy por gastar las canicas. Estamos divididos entre los que quieren gastar canicas y los que no quieren, dada la pobreza del debate. Señor ministro, desde luego, no estoy diciendo que
estén ustedes dilapidando el superávit de la Seguridad Social; no. No obstante, sí le diré que son ustedes los que reconocen en la memoria de los presupuestos de 2002 que, desde 1999 a 2002, se iba a producir un aumento del superávit -de los
ingresos- de la Seguridad Social de unos dos billones de pesetas, mientras que en los fondos de reserva se iban a guardar 900.000 millones de pesetas escasos; estaríamos hablando entonces del 48 ó 49 por ciento de ese superávit. Insisto en cuanto
a lo del Banco de España. Si quiere, lo justifica luego con lo de la economía familiar, los gastos familiares o con cómo tiene que recurrir a pagar una buena familia; pero la realidad, al final, es la que le leo de la página 9 de su ejecución del
presupuesto a diciembre de 2001: No obstante, hay que considerar los aumentos y disminuciones realizados a lo largo del ejercicio del saldo de la cuenta corriente en el Banco de España, movimientos cuyos efectos ya han sido mencionados al hablar de
los activos financieros y que, una vez descontados, dan lugar a un aumento del endeudamiento de 1.406 miles de millones -un billón y medio- en 2001 y de poco más de medio billón en 2000, una vez descontados, con lo cual estamos hablando de un
presupuesto de 2001 con mayor endeudamiento, cuando ustedes han entrado a saco, además, en el Banco de España.
No voy a entrar en cuestiones internas de la Federación Española de Municipios y Provincias; en si la presidenta, cuando intervino en la Comisión nacional de Administración local, dijo: representando a la mayoría. Es el último acuerdo de
dicha comisión, de diciembre, y no ha habido ningún otro que anule lo dicho. Bien es verdad que me dirán ustedes que faltaban alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, pero, mire usted, a quien madruga Dios le ayuda. El último acuerdo de la FEMP
era totalmente contrario a la Ley de estabilidad presupuestaria. No obstante, quiero decirle que incluso sus propios alcaldes han planteado en la última reunión de la FEMP, el día 26, que tienen que negociar el reglamento con ustedes porque esta
ley es de imposible cumplimiento para las corporaciones locales.
Termino ya, señora presidenta, señorías. Lo decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Al final, lo que están planteando ustedes a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, después de quitarles el IAE y ponerles el 0,0 de
estabilidad presupuestaria, es que si quieren hacer algo, suban los impuestos, y, mientras, usted los baja. Aunque parezca mentira, es una fórmula casi de colegio, de que, al final, son las comunidades y los ayuntamientos los que no están al
servicio del ciudadano y los que suben los impuestos, mientras la Administración central, por mor de su gran habilidad política, es la que los baja. Como le decía antes, no es sólo una falta de lealtad constitucional, sino incluso una involución
constitucional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer al señor Montoro su tono de hoy al referirse al Grupo Vasco en el Congreso, que contrasta con el que ha habido otras veces en este hemiciclo. Quiero puntualizar dos o tres cuestiones elementales. Usted,
señor Montoro, trata de colocar una línea entre los defensores del déficit, que somos los malos, y los defensores del superávit, que son los buenos. Puede ser un recurso dialéctico y es un argumento que usted utiliza permanentemente, pero sabe que
no es cierto. Nuestro grupo le ha dicho que muchas veces y en esta coyuntura económica puede
estar a favor de la estabilidad, no obsesivamente a favor del déficit cero, sino defendiendo la estabilidad. Dependerá de muchas cosas, entre otras, de los compromisos, las necesidades y las carencias que existen en la sociedad y que hay
que abordar desde el sector público, con lo cual, déficit cero, depende. No hay que sacralizar el déficit cero porque depende de otras muchas cosas.
Usted reconocerá también que al igual que dice que el control del déficit público a lo largo de estos años ha servido para situarnos en Europa y para modernizarnos, lo cual es cierto, los déficit que han existido en gobiernos anteriores,
prácticamente desde el inicio de la democracia, han servido para sentar las bases de una economía española más moderna y más integrada, puesto que las carencias en materia de infraestructuras y las distancias en materia de bienestar social con
Europa -de la que ahora estamos bastante más cerca- eran enormes. Entonces también hacía falta un déficit público para sanear las empresas, para las reconversiones industriales, etcétera. Eso hay que reconocerlo también. El déficit público no ha
sido malo siempre. Ha habido épocas en las que ha sido absolutamente necesario para estar precisamente hoy donde estamos. ¿De qué nos hubiera servido tener un superávit presupuestario hoy del 200 por ciento del PIB? No hubiéramos tenido ninguna
carretera y hubiéramos tenido, desde luego, graves problemas económicos. Insisto en que sobre el déficit cero, depende de cuándo, cómo y cuánto.
En relación con la Seguridad Social, por supuesto que es un agente del Estado, pero eso no impide que ustedes hubieran podido hacer un mayor esfuerzo desde la Administración central y utilizar parte del superávit presupuestario para que
hubiera supuesto un déficit ligero de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. En este sentido usted podría haber hecho lo que quisiera; estamos hablando de cuadrar números, independientemente de que la Seguridad Social sea una
administración del Estado o no.
Nos ha dicho también que con estos actos se potencia el nivel político del Parlamento. Sí, señor Montoro, se potencia exactamente en la misma medida que se reduce el nivel político de otros parlamentos, exactamente en la misma medida. Para
nuestro grupo eso es realmente grave.
Para terminar, simplemente quisiera decirle al señor Cámara que el alcalde de Morga, aunque no sea del Partido Popular, ya sabe que puede subir los impuestos, pero no es lo que quería. Le trasladaré su propuesta, la propuesta que en este
caso hace el Partido Popular a los ayuntamientos: suban los impuestos para hacer sus cosas, que yo ya venderé mis rebajas impositivas. Esto, señor Cámara, es de nuevo lo que antes denominaba la ley del embudo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Coalición Canaria no está.
Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En la medida que el señor ministro lanzó un anatema de carácter generalista para incluirnos a todos los que criticamos la política del Gobierno en que somos favorables al gasto público y, por tanto, a endeudarnos, con unas connotaciones para
la sociedad que piensa que eso de endeudarse es malo y que lo que hay que hacer es ahorrar, con ese tipo de estereotipos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular para introducir su política socialmente, yo le voy a contestar con la misma
moneda.
Un ejemplo espectacular en el mundo de la política del déficit cero, llevada al extremo, es Argentina, y la política del gasto público tiene un ejemplo espectacular -no digno de imitar, desde nuestro punto de vista- que es Estados Unidos.
Dígame, si nos movemos en esa dialéctica, a qué conclusiones racionales se puede llegar para hacer política económica.
En segundo lugar, como Bloque Nacionalista Galego, me gustaría que contestase explícitamente -aparte de la barbaridad de reducir la capacidad competencial de los parlamentos autonómicos y de los gobiernos a decidir su política, la política
que necesita cada uno de los territorios del Estado español- qué quiere decir eso de que el déficit en el caso de las autonomías es para el conjunto de ellas. ¿Quiere decir que va a haber posibilidades de que algunas se puedan endeudar? ¿Cómo se
establecen esos mecanismos? ¿Solamente por el capricho del Gobierno o va a haber otro tipo de criterios? Conteste a eso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Han aparecido dos bloques de argumentos en contra del acuerdo que el Gobierno nos propone hoy. En primer lugar hay argumentos desde una perspectiva social, donde evidentemente han coincidido por un lado los partidos de izquierda y creo que
también el Partido Nacionalista Vasco, y, por otro lado, están las posiciones del PP y de Convèrgencia i Unió con políticas claramente neoliberales. Señor Montoro, cuando usted dice que el modelo pasa por los que quieren un déficit público y los
que no, eso es falso. Nadie ha hablado, desde la oposición, de incumplir el pacto de estabilidad. Es usted quien se sale del mismo, porque dicho pacto permite hasta el 3 por ciento de déficit público, y
ustedes, en un dogma neoliberal, sitúan este 3 por ciento en el cero por ciento y aún no he escuchado por qué razones. Aquí el señor Fernández Marugán, el señor Rejón y el señor Azpiazu han dado múltiples razones por las cuales precisamente
en el Estado español es absolutamente conservador y retrógrado desde el punto de vista social plantear el déficit cero.
El segundo bloque de razones se refiere a la perspectiva autonómica. Yo también -y en esto coincido con el señor Sánchez i Llibre- estoy convencido de que el Tribunal Constitucional va a declarar anticonstitucional una parte de estas leyes.
El señor Montoro dice que no vulneran ninguna soberanía, pero, fíjese usted, con estas leyes, ni el Parlamento catalán ni ninguna comunidad autónoma van a poder decidir el año que viene tener un déficit del 0,2 por ciento, cosa que sí podían hacer
antes, y esto en absoluto viene condicionado ni determinado por los acuerdos de la Unión Europea. Por lo tanto, hay una decisión del Gobierno central, en contra de lo que dice el pacto de estabilidad de la Unión Europea, que limita y reduce la
soberanía y la autonomía de las asambleas legislativas.
El señor Sánchez i Llibre decía que en mi intervención parecía que estaba en campaña electoral. Yo rápidamente he pensado que cree el ladrón que todos son de su condición, porque una visita ligera por Cataluña demuestra que es precisamente
el Gobierno catalán el que está en plena campaña electoral. Quiero señalar otra vez la contradicción que significa decir que sí a este acuerdo cuando se dice que no a la ley. El problema no es que hoy haya coincidencia en el déficit cero. El
problema es que si el año que viene el Parlamento catalán quiere decidir tener el 0,1 por ciento de déficit no puede hacerlo. Es decir, votar que sí hoy es imposibilitar la soberanía del Parlamento catalán y del resto de parlamentos autonómicos
para que puedan decidir en 2003, 2004 ó 2005 un nivel de gasto y de ingreso público desde su propia autonomía.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro -acabo-, por estas razones, insisto, vamos a votar en contra del acuerdo que usted nos propone.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo que decir que nuestro grupo confirma hoy dos cuestiones, una, que ahora ya sabemos por qué el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la ley de calidad de la enseñanza. Pretende seguir pasando debates sin aprovechar el tiempo y esa
es una de las razones por las que, lamentablemente, hemos visto estos días cuáles son las pegas que tiene el Partido Socialista. Si ustedes se aplicaran un poquito más, a lo mejor nos enriquecíamos todos. Si trabajaran más, a lo mejor hasta
descubrirían que les gusta.
En segundo lugar, ha quedado claro en el día de hoy que hay dos formas de entender las finanzas públicas en España. Una era la que los españoles, fundamentalmente los votantes españoles, logramos desalojar del Gobierno hace seis años, que
era la España del estancamiento económico, la España del despilfarro, la España del déficit y la España del paro, y otra es la que representa el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular en el día de hoy.
Ustedes se siguen resistiendo al rigor presupuestario, siguen abanderando las decisiones relacionadas con el déficit, ustedes necesitan más déficit para que en España se pueda seguir haciendo la política que fracasó hace seis años.
Afortunadamente los españoles decidieron que las cosas fueran de otra manera y hoy todos los españoles saben que hay una opción política, que es la del Gobierno del Partido Popular, que no representa el estancamiento, sino la recuperación económica
y el crecimiento económico. Los españoles saben hoy que no hay una opción política que representa el déficit, sino el equilibrio y el rigor presupuestarios; que no hay una opción política, como la suya, que representa el despilfarro, sino la
contención del gasto, y que no hay una oferta política que representa el paro y la corrupción, sino que hay otra que representa las posibilidades de crecimiento, de progreso y de futuro para todos los españoles. Esta es la opción que representa el
Partido Popular y la otra es a la que los españoles dieron la espalda hace seis años.
Señorías, esto es todo lo que nuestro grupo tiene que decir, pero lamentamos muy profundamente que los términos del debate hayan sido de nuevo inútiles para poder resolver si la oposición política está en disposición o no de hacer propuestas
que puedan favorecer y mejorar las que hace el Gobierno del Partido Popular.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Quiero explicar a la Cámara, a SS.SS. que son conscientes de ello, que en modo alguno estamos planteando -ni lo va a hacer el Gobierno-, cuadrar números; no es de eso de lo que estamos hablando sino de organizar el Estado, organizar la
Hacienda pública del Estado español, organizar la Hacienda pública de todos los españoles, de todos los ciudadanos, organizar la Hacienda pública de la España de las autonomías. De eso es de lo que estamos hablando, de un Estado que
está fuertemente descentralizado y de un Estado donde el Gobierno de España tiene la obligación constitucional de promover los elementos internos de coordinación de política económica, un mandato de la Constitución que debe ser ejercido
cuando hemos desarrollado en plenitud la España de las autonomías.
Estamos hablando también de un saneamiento de la Seguridad Social, dentro de la Hacienda del Estado, que ha hecho que prácticamente del orden de 12.000 millones de euros, más de dos billones de pesetas, hayan pasado de la Seguridad Social al
Estado; gracias a ello y al gran incremento del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social, hoy la Seguridad Social está saneada, está registrando un fuerte superávit que en sí mismo conforma las cuentas públicas, las cuentas del Estado, y
ofrece por tanto un resultado de equilibrio.
El equilibrio presupuestario, señorías, en definitiva es un estilo de política, es un estilo donde el Gobierno, sea el Gobierno de España, el autonómico, el municipal, que se compromete con el equilibrio se está comprometiendo a gastar
aquello que los ciudadanos están dispuestos a poner en su mano en forma de ingresos, es decir no recurre al déficit, que es el peor de los impuestos, que es el más oscuro, el más opaco y el más injusto de los impuestos. Cuando en España hemos
eliminado el déficit público hemos conseguido eliminar la forma más opaca, la forma más oculta de financiar al Estado y efectivamente ese es un estilo de hacer política.
Por eso aquellas señorías, aquellos grupos parlamentarios que hoy reclaman desde los diferentes escaños que haya más déficit público en España están muy legitimados para hacerlo, pero lo hacen de manera vergonzante -si me permiten esa
expresión-, porque les he oído decir que sí que no, que no que sí, y no he entendido bien si al final están claramente en contra del acuerdo que hoy traemos a la Cámara, si van a votar en contra, pero todos se ocupan de afirmar que ellos no están en
contra del déficit público.
Pues sí están en contra del déficit público, y hay que explicárselo a los ciudadanos españoles, están en contra del déficit público como lo está el Partido Socialista Obrero Español; está en contra del déficit público y
se demuestra con la intervención de su portavoz en la Comisión de Presupuestos, que está perfectamente legitimado para ello, no hay nada más natural que sea el portavoz de presupuestos el que lleve adelante ese debate, yo me he referido antes a que
van cambiando de portavoces, que también me parece normal, dentro de la actual situación del Partido Socialista es natural que vayan cambiando de portavoces. (Aplausos.) Quería decirle que ha sido muy explícito. Ha llegado a decir que los momentos
de superávit modestos, como los que plantea el programa de estabilidad, han desaparecido, han pasado ha dicho el portavoz. ¿Por qué? ¿Por qué han pasado si la economía española va a más crecimiento económico para el año que viene, señoría, y ya
hemos conseguido el equilibrio presupuestario? Ha pasado porque el diagnóstico del Partido Socialista es que la economía española está en crisis. Es un diagnóstico equivocado, señoría, un diagnóstico erróneo. Una cosa es que el Partido Socialista
esté en crisis y otra es que la economía española esté en crisis, señoría, que es distinto. (Aplausos.) El Partido Socialista sí está en crisis, eso es distinto, pero no deben confundir a la sociedad española, señorías. En España hay un
crecimiento económico creador de empleo, hay una esperanza y una confianza en el futuro y esa confianza y esa esperanza son las que nos van a permitir llegar a conseguir esa sociedad del pleno empleo, que es la gran aspiración del Gobierno del
Partido Popular, por la que el Partido Popular está promoviendo para España el saneamiento de las cuentas públicas, está promoviendo el saneamiento de la Seguridad Social; está bajando los impuestos a todos los ciudadanos, está bajando los
impuestos a los trabajadores, a los salarios y lo volveremos a hacer; el año próximo volverán a bajar los impuestos para las nóminas de los trabajadores, para los pensionistas españoles, volveremos a bajar en enero del año próximo.
Lo ha dicho el señor Fernández esta mañana en la tribuna de una manera erudita. Se ha referido a una conversación entre dos ilustres profesores -uno de ellos ya fallecido-, el profesor Tobin y el profesor Krugman, para decir que no es el
momento de bajar los impuestos. Pues yo le voy a decir al señor Fernández Marugán que es el momento de bajar los impuestos, señoría. (Aplausos.) Cuando hemos saneado las cuentas del Estado es el momento de bajar los impuestos, señoría. Si SS.SS.
están en contra ya tendrán ocasión de expresarlo en un próximo debate en esta Cámara. Sus señorías están en contra y van anunciando -fuera de esta Cámara, eso sí, en ruedas de prensa- subidas de prestaciones sociales para los españoles, subidas que
son, como he dicho antes, no una política social sino una demagogia social que va a arrastrarles a subir los impuestos a los españoles, y ese es el único futuro que está ofreciendo el Partido Socialista. Por eso decía, señorías, que es el momento
de sanear las cuentas públicas, de seguir bajando la deuda pública en términos de producto interior bruto, que es la auténtica bajada, y de seguir mejorando dentro de las cuentas públicas las inversiones y las prestaciones sociales, que serán objeto
de debate en esta Cámara el próximo otoño cuando el Gobierno remita el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Ese será el momento parlamentario para acometerlo y será también el momento en que consigamos cumplir el programa
de estabilidad del Reino de España.
Señorías, la historia es la que es, y lo es también para los portavoces de Convergència i Unió. Ya he reconocido los méritos políticos que han tenido en cuanto a favorecer la gobernación de España, pero no les voy a reconocer ningún mérito
político a la hora de reducir el déficit público que no se ha reducido hasta el año 1996, señorías, porque el año 1996 se cerró en España con
igual déficit público al que había en el año 1993. Por tanto las cosas son como son, no como algunos portavoces quieran pintarlas o plantearlas.
Agradezco el voto de Convergència i Unió esta mañana, pero eso no es óbice para decirle que
haga los análisis con los datos en la mano. Señor Sánchez i Llibre, el déficit público en España no bajó nada del año 1993 al año 1996, al revés se sostuvo sobre un cambio de criterio contable de los ingresos de la Seguridad Social, y esa fue la
aportación a la supuesta reducción, que no fue tal, del déficit público en España. Cuando se sanean las cuentas públicas es desde el año 1996 para acá. Tenemos la satisfacción y el orgullo de tener saneadas las cuentas públicas del país, con su
voto favorable pero con el error político de haber presentado dos recursos de inconstitucionalidad a unas leyes que no merman en absoluto la autonomía financiera de las comunidades autónomas y lo que sí hacen es coordinar la actuación económica de
las comunidades autónomas de España, para conseguir entre todos el saneamiento de las finanzas públicas.
Señorías, los ejemplos internacionales son muy claros. En Argentina ha habido una crisis económica porque no ha habido un saneamiento del Estado, no al revés; en Japón no se ha superado la crisis económica durante diez años porque se ha
incurrido en un déficit público y en una deuda pública muy abultada, y sólo circunstancias realmente excepcionales, como el gravísimo atentado terrorista del 11 de septiembre, han llevado a Estados Unidos a utilizar parte del superávit
presupuestario acumulado durante bastantes años. Bastantes países de la Unión Europea están hoy en condición de equilibrio y de superávit, y en la cumbre europea de Barcelona se ha adquirido el compromiso de estar todos en equilibrio presupuestario
o en superávit en el año 2004. Por tanto estamos ante un compromiso de ámbito europeo que las leyes de estabilidad de España van a ayudar a alcanzar con mayor facilidad y con mayor fluidez en la relación entre las administraciones públicas.
Acabo, señora presidenta. Gracias a la estabilidad presupuestaria somos el único de los grandes países de la Unión Monetaria que va a poder bajar los impuesto en el año 2002 sin poner en peligro la solvencia de las cuentas públicas. El
equilibrio presupuestario y la rebaja de los impuestos nos han permitido también mantener un crecimiento diferencial con la Unión Europea, y su nueva reducción este año nos permitirá aprovechar mejor que a nuestros socios la recuperación de la
economía mundial que todos los organismos internacionales nos están anunciando.
Gracias, señora presidenta. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Sometemos a votación el acuerdo del Gobierno por el que en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del
sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2003/2005 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 173; en contra, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido acuerdo del Gobierno.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' núm. 146, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 14 de marzo de 2002, en la intervención del señor ministro de Defensa (Trillo-Figueroa Martínez-Conde), en la página 7385,
segunda columna, línea 27, donde dice '...Irlanda del Norte...' debe decir: '...República de Irlanda...'.