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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 29/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 125
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 120
celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2000:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 201, de 8 de octubre de 2001. (Número de expediente
260/000002.) . . . (Página 6287)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 36-1, de 16 de marzo de 2001.
(Número de expediente 121/000036) . . . (Página 6311)
- Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 9 de febrero
de 2001. (Número de expediente 121/000029.) . . . (Página 6318)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 2.945.028.721 pesetas (17.699.979,09 euros), para abonar a
la Compañía Transmediterránea, S.A., los intereses de demora
correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997,
según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones
marítimas de interés nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 52-1, de 26 de octubre de 2001. (Número de expediente
121/000052.) . . . (Página 6327)
- Proposición de Ley de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 129-1, de 6 de abril de
2001. (Número de expediente 122/000115.)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 2000 . . . (Página 6287)
El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) comparece ante la Cámara
para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución y en la Ley
Orgánica del Defensor del Pueblo y dar así cuenta de la gestión
llevada a cabo por la institución del Defensor del Pueblo durante el
ejercicio del año 2000, cuyos datos más relevantes se contienen en el
informe anual que obra en poder de sus señorías.
Intervienen en el debate los señores Labordeta Subías y Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la
señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Enmiendas del Senado . . . (Página 6311)
Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo . . .
(Página 6311)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas presentadas
por el Senado intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme
Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen de nuevo el señor Rejón Gieb y la señora Torme Pardo.
A continuación se someten votación las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria . . .
(Página 6318)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado
presentadas al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria
intervienen los señores Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
general de estabilidad presupuestaria, que son aprobadas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 6327)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 2.945.028.721 pesetas (17.699.979,09 euros), para abonar a
la Compañía Trasmediterránea, S.A., los intereses de demora
correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997,
según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones
marítimas de interés nacional . . . (Página 6327)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Hacienda (Montoro Romero). Explica el Real Decreto 1876/
1978, de 8 de julio, que estableció el régimen de prestación de los
servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y aprobó
las bases del contrato regulador de los servicios de comunicaciones
marítimas de interés nacional a suscribir entre el Estado y la
Compañía Trasmediterránea S.A., así como la denuncia de dicho
contrato en el año 1995 por parte de la Administración, dándose por
finalizado dicho contrato a los dos años siguientes, en 1997. Esta
denuncia se basó en consideraciones relativas al proceso de
liberalización del transporte marítimo, en el que debía desenvolverse
la actividad de Trasmediterránea, y al traspaso de competencias en la
materia a las comunidades autónomas. A efectos de garantizar
determinados servicios de transporte marítimo se encomendó su
prestación a una empresa pública, la Compañía Trasmediterránea S.A.
garantizando al mismo tiempo las aportaciones estatales necesarias
para asegurar el equilibrio económico-financiero de dichos servicios.
El pago de las distintas liquidaciones anuales se han ejecutado a
través de créditos extraordinarios, quedando pendientes los intereses
de demora de los ejercicios 1996 y 1997, por lo que el Gobierno
presenta este proyecto de ley de concesión
de un crédito extraordinario que se ha tramitado de
conformidad con lo que establece el artículo 64 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, habiendo recaído sobre el mismo el
dictamen favorable del Consejo de Estado.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada interviene el señor
Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez
Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley sobre concesión de un
crédito extraordinario por importe de 2.945.028.721 pesetas
(17.699.979,09 euros), para abonar a la Compañía Trasmediterránea S.
A. los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los
ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional, se rechaza por 95
votos a favor, 160 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA DURANTE EL AÑO 2000. (Número de expediente 260/000002.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día, informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000.
Tiene la palabra, señor Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta,
señoras y señores diputados tan numerosos (Risas.), de nuevo
comparezco ante esta Cámara para dar cumplimiento a lo preceptuado en
la Constitución y en nuestra ley orgánica, y dar así cuenta de la
gestión llevada a cabo por la institucióndel Defensor del Pueblo
durante el ejercicio del
año 2000, cuyos datos más relevantes se contienen en el informe anual
que obra en poder de SS.SS.
A principios del pasado mes de octubre tuvimos ocasión de presentar y
debatir ampliamente numerosas cuestiones de las que afectan al
mencionado informe ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Defensor del Pueblo, en el marco de una sesión estimulante
y constructiva en la que se nos animó a continuar en la línea iniciada
durante esta nueva etapa de la actividad institucional. Un poco más
tarde también se presentó el informe ante el Pleno del Senado, por lo
que ruego a SS.SS. se sirvan excusar las coincidencias intertextuales
sobre las que tanto se ha especulado últimamente y que de modo
inevitable aparecerán a lo largo de mi intervención.
En la segunda parte del ejercicio 2000, a partir de que se produjera
la designación del Defensor y sus adjuntos, se llevó a cabo un
análisis organizativo y funcional de la trayectoria y de los métodos
utilizados para tratar de aumentar la eficacia en la gestión
ordinaria. Por ello, además de atender la inaplazable y principal
tarea de tramitar las correspondientes quejas y de realizar las
actividades inherentes a las competencias que la institución tiene
atribuidas, se puso en marcha una inicial reestructuración en las
áreas de trabajo para hacer frente al desequilibrio en la carga de
tareas debido al incremento de los asuntos investigados y, al mismo
tiempo, a la creciente complejidad de estos asuntos, porque en la
actualidad, señorías, bien puede afirmarse que cualquier materia que
afecta a los derechos humanos se relaciona al mismo tiempo con
múltiples sectores de la Administración. Por poner un solo ejemplo,
resulta bien notorio que los problemas planteados por las personas de
otros países que desean establecerse en el nuestro, asignados para su
estudio y tramitación al área funcional de inmigración, suscitan,
como es lógico, cuestiones colaterales de gran importancia en otras
áreas: aumento de las listas de espera hospitalaria en la de sanidad,
necesidades de personal en la de función pública, demoras en la
expedición de permisos laborales en la de trabajo, necesidades de
alojamiento en la de vivienda o dificultad de integración escolar en
la de educación. Asimismo, desde la perspectiva de los medios
materiales, tan decisivos para el normal desenvolvimiento de las
tareas ordinarias, debo aludir a las previsiones realizadas con
objeto de superar los problemas derivados de la limitación de espacio
físico en la actual sede de la institución, por un lado, y la
obsolescencia del equipo ofimático y de telecomunicaciones, por otro.
La insuficiencia de espacio para albergar las dependencias
administrativas en razonables condiciones genera incomodidades a los
ciudadanos que acuden a la sede y a quienes prestan sus servicios en
ella. Por estos motivos estamos tratando de acondicionar un inmueble
adecuado y, además, se ha elaborado un plan integral de renovación
tecnológica que habrá de desarrollarse en varios ejercicios.
Tras esta información abreviada acerca de las circunstancias
condicionantes de la actividad, entro en la exposición -también
obligada y afortunadamente breve- del propio contenido del informe.
Un informe, el que ahora se presenta, que ofrece determinadas
modificaciones en cuanto a estructura y distribución de contenidos
respecto de los elaborados en ejercicios anteriores, con el propósito
evidente de facilitar tanto su lectura y su consulta como el debate y
la discusión sobre el mismo. Tras un primer apartado de presentación
panorámica de problemas generales, el informe se centra en los datos
principales de la gestión del año 2000, respondiendo de modo preciso
a las exigencias de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo. En
relación con anteriores informes, se procura aumentar la claridad
expositiva de este imprescindible apartado con numerosos cuadros-
resumen y su correspondiente texto explicativo, detallando el número
y tipología de las quejas recibidas, su origen geográfico, los
sectores de la Administración afectados, el trámite en que se
encuentran las quejas y otros datos de interés que permiten una
visión global de la actividad llevada a cabo. Después se ofrecen los
datos relativos a las administraciones públicas que han incumplido el
deber de colaboración con el Defensor del Pueblo. Merece la pena
aclarar que, aunque en términos generales las administraciones
cooperan con el Defensor, sería deseable una mayor agilidad en la
remisión de la documentación que se solicita, y asimismo se producen
determinadas situaciones, oportunamente señaladas, en que no se
atiende ese deber de auxilio preferente y urgente. Hasta ahora se ha
venido ejerciendo la prudencia y la mesura, pero la responsabilidad
ante las funciones atribuidas reclama la utilización en el futuro,
para los casos más significativos, de la vis coactiva que permite el
ordenamiento mediante la aplicación estricta de la legislación penal;
en concreto el punto 2 del artículo 502 del Código Penal vigente, en
el que aparece tipificada la conducta delictiva de desobediencia por
parte de la autoridad o funcionario que obstaculizara la
investigación del Defensor del Pueblo. Respecto a eso he de decir que
hay algunos ayuntamientos -pocos pero algunos- que se resisten a
colaborar. Estamos dispuestos a emplear esta vis coactiva, y estamos
esperamos que nos caigan ayuntamientos de todos los colores del arco
político para, dentro de la mayor imparcialidad, remitirlos al Fiscal
General del Estado a fin de instar el ejercicio de la acción del
artículo 502. En su apartado cuarto el informe se refiere a la labor
de supervisión de la actividad administrativa, con la descripción de
las cuestiones más significativas en el tratamiento de las quejas,
distribuidas en 17 epígrafes competenciales. Su recorrido permite un
diagnóstico aproximado de las dificultades y de la situación de los
ciudadanos en lo que se refiere a sus relaciones con las
administraciones públicas. El apartado quinto recoge las resoluciones
adoptadas por el Defensor del Pueblo y las solicitudes
de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo, así
como los efectivamente presentados y las sentencias recaídas sobre
los mismos en el año 2000, las sugerencias, las recomendaciones, los
recordatorios de deberes legales y las advertencias formuladas a las
autoridades y funcionarios de las administraciones públicas. Las
relaciones institucionales, entre las que se destacan las
comparecencias parlamentarias y las actividades de coordinación con
los comisionados autonómicos, ocupan el apartado sexto, y culmina el
informe con unas conclusiones que intentan facilitar la lectura y la
consulta del documento.
Entrando ya en el comentario de los cuadros estadísticos, el
incremento del número de quejas presentadas ante el Defensor del
Pueblo durante el año 2000 ha sido notable. Pasar de un total de
13.700 quejas en 1999 a 26.995 en el año 2000 supone casi un cien por
cien de aumento en las peticiones. Destaca en ese sentido el papel de
las quejas denominadas colectivas, cuyo incremento ha sido muy
llamativo y puede hacer fluctuar las cifras globales entre los
distintos ejercicios, relativizando su sentido al mismo tiempo,
porque los conjuntos de quejas colectivas sometidas al Defensor por
medio de entidades varias o de colectivos de quejas agrupados en la
propia institución para facilitar el estudio y la tramitación de las
mismas inciden con gran peso en el total. Así ha ocurrido, por
ejemplo, en el ejercicio cuyo informe se presenta con los conjuntos
siguientes: 6.812 peticiones relacionadas con la protección de
animales domésticos, entre los cuales no están los toros,
naturalmente; 1.506 quejas en torno a la situación de los profesores
de enseñanza no universitaria transferidos al Principado de Asturias
y otras 5.702 presentadas acerca de los conciertos educativos en la
misma Comunidad Autónoma de Asturias.
En cuanto a las cifras relacionadas con las quejas de oficio,
aparentemente menos numerosas que en ejercicios anteriores, es
necesario aclarar que en realidad se han abierto más expedientes de
oficio. Lo que sucede, sin embargo, es que la presentación de una
queja ordinaria por el mismo motivo hace desaparecer la anotación
registradora de oficio. Así ocurrió, por poner sólo un ejemplo, en el
caso de la queja de oficio abierta por la noticia de las deficientes
condiciones en que se prestaba tratamiento de quimioterapia a
determinados pacientes de oncología en un centro hospitalario
público. Al tener entrada, pocos días después, algunas quejas
individuales por ese mismo motivo dejó de computarse como queja de
oficio la inicial abierta por la propia institución. La situación de
tramitación en que se encontraban todas esas quejas a 31 de diciembre
del año 2000 era la siguiente. En primer lugar, el conjunto de las no
admitidas a trámite alcanzó la cifra de 7.354 quejas, muchas menos
que en 1999. El dato parece indicar una mejor información de los
ciudadanos acerca de las competencias atribuidas al Defensor del
Pueblo y un cierto conocimiento de los mecanismos procedimentales
establecidos en la gestión de la actividad, así como de
las circunstancias que impiden la intervención; circunstancias como
la resolución judicial pendiente, el anonimato, la mala fe, la
carencia de fundamento, la inexistencia de pretensión o el perjuicio
a tercera persona. De otro lado, las quejas efectivamente tramitadas
en el ejercicio 2000 alcanzaron un total de 19.641, una cifra también
muy superior, cercana al triple, a la del año 1999. Este total de
quejas tramitadas comprende las concluidas, 15.813, las no concluidas
o en trámite abierto, 2.552, las dejadas en suspenso por cualquier
circunstancia relacionada con la investigación, 7, las pendientes de
información, 297, y las que necesitan de estudios complementarios, 908.
Por lo que respecta a las sugerencias instando la actuación o la
abstención en casos singulares se formularon 169, de las que fueron
aceptadas 68, no lo fueron 29 y se encuentran pendientes de
comunicación otras 72. Como siempre los números son agrestes. En el
caso de las recomendaciones exponiendo la conveniencia de crear o
modificar alguna norma se formularon 103, de las que se aceptaron 53,
no lo fueron 10 y se hallan pendientes de respuesta 40. Tales cifras
corresponden al 31 de diciembre del año 2000. En estos momentos,
según los últimos datos disponibles, esas cifras se han convertido en
107 aceptadas, 51 no aceptadas y 11 pendientes respecto a las
sugerencias, lo que supone un porcentaje de aceptación cercano al 63
por ciento, y 81 aceptadas, 18 no aceptadas y 4 pendientes respecto a
las recomendaciones, con un porcentaje de aceptación de casi un 80
por ciento. Hasta aquí las cifras y dejamos ya de lado los números,
que son lo más pesado del informe.
Merecen destacarse, por su importancia, las sugerencias
y recomendaciones relativas a los procedimientos para la declaración de
incapacidad en relación con los internos de los psiquiátricos
penitenciarios, a la opción acerca del señalamiento o no del nombre
del padre en el registro civil para los casos de las mujeres que
fueron madres por aplicación de técnicas de reproducción asistida, a
la comunicación de las resoluciones sobre visado mediante
notificación personal, a la creación de un fondo de garantía de
pensiones derivadas del derecho de alimentos para aquellos supuestos
en que la persona condenada al pago no haga frente a sus
obligaciones, a la necesidad de que las mujeres detenidas sean
custodiadas preferentemente por personal policial femenino, a la
homologación de las condiciones de ingreso y estancia en centros de
minusválidos psíquicos, al derecho de los extranjeros para acceder al
sistema público de becas y ayudas, a la agilización de actuaciones
para modificar las líneas de alta tensión, a la información adecuada
en los procedimientos para la obtención del permiso de conducir y a
la tramitación adecuada de altas y bajas en la contratación temporal
de personal por parte del Insalud. Otra muestra delnivel de actividad
generado por la demanda de los ciudadanos
la constituyen las tareas de información y atención al
público, que se reflejan en las visitas recibidas, 5.719 personas, y
las consultas telefónicas, 5.010, cifras ligeramente superiores a las
del ejercicio precedente. Un aspecto de enorme trascendencia, el de
los estudios sectoriales y monográficos, no aparece reflejado en el
informe por no haberse finalizado ninguno durante el ejercicio, si
bien merecen ser aludidos los trabajos y gestiones emprendidas para
la realización de algunos de esos estudios. Me refiero en concreto a
los estudios que se están llevando a cabo sobre escolarización de
niños procedentes de familias migrantes, sobre la situación de las
listas de espera sanitarias y sobre los problemas derivados de los
procesos de adopción internacional.
En cuanto a los aspectos sustantivos que configuran materialmente la
actividad de control de las administraciones públicas, por ofrecer a
SS.SS. una concisa visión global, se destacan unos cuantos núcleos de
problemas. En el marco de los aspectos relacionados con el personal
al servicio de las administraciones públicas, las quejas presentadas
ante el Defensor del Pueblo ponen de manifiesto la necesidad de una
normativa general eficaz y se refieren, por ejemplo, a la movilidad
de los funcionarios entre las diversas administraciones, derivada
tanto de la consolidación de los procesos de transferencias como de
los cambios posteriores de situación y de adscripción del personal a
los servicios públicos. Ocurre así en el caso mencionado de 1.506
funcionarios transferidos desde la Administración central a la del
Principado de Asturias, cuyos derechos retributivos pueden haberse
visto perjudicados, o en el del personal laboral, cuyos efectos
extintivos del contrato por el paso a otra Administración territorial
se exceptúan tan sólo mediante la aplicación de convenios ad hoc
suscritos por la Administración general del Estado o por algunas
comunidades autónomas. Esa misma normativa general que se reclama
podría facilitar la superación de determinadas cuestiones
relacionadas con la interinidad, los procesos de selección, la
estabilidad en el puesto, la precariedad de las condiciones de
trabajo y, en definitiva, todas las que se refieren a una adecuada
administración de personal; cuestiones todas ellas de gran
trascendencia para la función del Defensor del Pueblo, toda vez que
cualquier proceso de reforma de las administraciones públicas que
afecta a los trabajadores públicos afecta paralelamente a los
usuarios de los servicios públicos, a la calidad misma de los
servicios y a la labor de control y supervisión de tipo interno y
externo de las propias administraciones. Destaca en este apartado el
elevado número de quejas y la gran variedad de asuntos concernidos
procedentes de los miembros del instituto armado de la Guardia Civil.
Las duras condiciones bajo las que desempeñan su labor, las
discriminaciones de orden económico en relación, por ejemplo, con el
pago de horas extras y la frecuencia de bajas debidas a causas de
carácter psicológico-psiquiátrico
son motivaciones que aparecen con frecuencia en los
correspondientes escritos de queja.
Otro núcleo de gran trascendencia es el de las cuestiones planteadas
acerca de los derechos y las libertades de los extranjeros en España.
El año 2000 resultó especialmente significativo y complejo en esta
materia, dentro de un proceso cualitativa y cuantitativamente marcado
por los problemas derivados del hecho de la inmigración; problemas
que muy previsiblemente seguirán planteándose en el futuro desde
diversos planos. En esta materia, la Ley orgánica 4/2000, de 7 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social condiciona, como es natural, toda la actuación del
Defensor en la materia, principalmente las tareas dirigidas a la
supervisión de las instalaciones destinadas a albergar a los
extranjeros rechazados en la frontera, el cumplimiento escrupuloso de
las garantías procedimentales, en especial la de asistencia letrada
desde la primera declaración, y la normalización, mediante el
allegamiento oportuno de recursos materiales y personales, de la
actividad administrativa tanto en las dependencias exteriores,
desarrollando el ordenamiento en lo que se refiere a los consulados,
como interiores, generalizando y perfeccionando el esquema
administrativo establecido por las oficinas únicas de extranjeros.
Entre las actividades de control llevadas a cabo de oficio por el
Defensor del Pueblo, merece la pena citar, además de las aludidas,
las visitas a instalaciones aeroportuarias para supervisar el
efectivo cumplimiento de la nueva normativa y a los centros de
acogida e internamiento para inmigrantes, en los que se observó una
duración de las estancias demasiada prolongada, que ni siquiera se
considera como circunstancia favorable para la tramitación de la
documentación de los mismos inmigrantes. En este punto cabe mencionar
la aprobación por las autoridades administrativas de las normas de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de
extranjeros en el mismo sentido propuesto por la institución que
represento. Por otro lado, es preciso señalar las condiciones
inapropiadas de habitabilidad que reúnen algunos centros, a veces
sólo remediables mediante la construcción de otros nuevos. Especial
atención en este ámbito se prestó a los menores procedentes de
Marruecos en situación de desamparo, sobre todo en los territorios de
Ceuta y Melilla, respecto a los cuales se formularon recomendaciones
dirigidas a la mejora de las instalaciones de acogida y a la
provisión de la documentación adecuada, incluido el permiso de
residencia durante su periodo de acogimiento. En relación con otros
aspectos, y para lo relativo al momento del tránsito a la mayoría de
edad, resultan necesarias normas de suficiente rango que sean
reguladoras de la repatriación de estos menores.
En cuanto a los retrasos en la expedición de resoluciones judiciales
y administrativas, de nuevo es precisoinsistir en el informe anual
acerca de las dilaciones en
la resolución de los procesos tanto de carácter judicial como
administrativo. En el ámbito judicial han sido sobre todo las salas
de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de
justicia, seguidas de las de la jurisdicción civil, las que mayor
número de investigaciones han requerido y las que acumulan más casos
pendientes. Ejemplos ilustrativos por evidentes son los de los
tribunales superiores de justicia de Castilla y León y del Principado
de Asturias, que acumulaban a principios del año 2000 más de 10.000
procedimientos contencioso-administrativos pendientes de resolución;
o la Audiencia Provincial de Madrid, con más de 25.000 asuntos
pendientes. Precisamente en relación con este último curso acaba de
llegar a la institución -llegó hace unos meses- una nota del Consejo
General del Poder Judicial en la que se nos informa del acuerdo de la
comisión permanente para el establecimiento de un plan de refuerzo de
las secciones civiles en la citada audiencia provincial.
Por lo que se refiere a las reclamaciones económicoadministrativas,
además de los inconvenientes que supone para los ciudadanos la
exigencia de agotar la vía correspondiente antes de impugnar las
resoluciones tributarias ante los tribunales de justicia, el
incumplimiento frecuente de los plazos legales para resolver
constituyó el objeto principal de las quejas presentadas en esta
materia. A la tardanza en la resolución hay que añadir de otro lado
la derivada de los plazos para la notificación y para la ejecución.
Aun atribuyendo la última causa de los retrasos a la reconocida
insuficiencia de recursos materiales y humanos, podría plantearse sin
embargo la necesidad de una reforma que teniendo presentes los
principios recogidos por el artículo 103 de la Constitución española,
en particular los de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación refuerce de manera adecuada las
garantías para el ciudadano.
Por lo que toca a la situación de las prisiones, durante el año 2000
se efectuaron visitas a más de 20 centros penitenciarios. Esas
visitas han permitido conocer de modo directo las instalaciones
correspondientes e iniciar las oportunas investigaciones sobre su
estado y actitud funcional. Los centros que presentaban más
deficiencias, los de Zaragoza y Huesca, iban a ser sustituidos por el
centro penitenciario de Zuera, ya inaugurado cuando se estaba
elaborando el informe que se presenta. Merece destacarse con
satisfacción una notable reducción en las denuncias por malos tratos
en las prisiones, si bien con propósitos claramente preventivos se ha
vuelto a comunicar a la Fiscalía General del Estado la necesidad de
extremar la vigilancia cuando se produzcan estas denuncias.
En cuanto al principio de proporcionalidad que debe existir entre la
gravedad de los hechos delictivos y las penas impuestas, algunas
decisiones jurisprudenciales han apuntado la conveniencia de una
solución legislativa clarificadora con objeto de individualizar las
penas
al máximo, y de ello se ha hecho eco el Defensor del Pueblo en
relación con algunos supuestos regulados por el Código Penal que
tipifican, establecen y agravan la pena para quienes cultiven,
elaboren, trafiquen, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de
drogas tóxicas y estupefacientes. Por otro lado, durante los últimos
meses del año 2000 se produjo un incremento en el número de quejas de
españoles presos en el extranjero referidas a las condiciones de vida
en las prisiones, sobre todo en Marruecos y en Iberoamérica, y a la
escasa atención de las autoridades consulares, a la falta de
asistencia jurídica y al deseo manifestado de cumplir sus condenas en
España. La información recibida se está analizando con objeto de
fundamentar las recomendaciones pertinentes.
El control de las entidades financieras y en especial de las
promotoras de planes de pensiones ha motivado que el Defensor del
Pueblo haya sugerido racionalizar la acción de vigilancia ejercida
por el Banco de España en lo que concierne al cumplimiento de sus
resoluciones y a las consecuencias que ello pudiera suponer para las
entidades financieras. Así, la Memoria que el ente emisor publica
anualmente suele incluir opiniones desfavorables para las entidades,
con el fin de contribuir a erradicar prácticas incorrectas, pero esa
mención no es objeto de seguimiento alguno de los casos en que se ha
observado vulneración de la adecuada práctica bancaria para comprobar
si las entidades financieras modifican en su caso la forma de actuar.
También merece destacarse de este punto el caso de la supuesta
discriminación sufrida por un amplio colectivo de 3.444 personas que
prestan sus servicios en establecimientos bancarios, cajas de ahorro,
compañías de seguros y sociedades o agencias gestoras de valores. La
obligación de confiar la gestión de los compromisos relacionados con
los fondos de pensiones para sus empleados a entidades externas no se
genera excepcionalmente en el caso de los bancos, los cuales pueden
seguir manteniendo planes de pensiones internos gestionados dentro de
la misma entidad. Esta excepción priva a los trabajadores de la
posibilidad de movilizar las cantidades asignadas al pago de
pensiones cuando cambian de puesto de trabajo, lo cual puede
considerarse como una conculcación de la libre circulación de los
trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.
Otro grupo de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la
cooperación y el desarrollo económico constituye un sector muy
condicionado por la pugna permanente de intereses de difícil
equilibrio entre diversos derechos, bienes y valores
constitucionalmente protegidos; así puede observarse una aparente
incompatibilidad entre el derecho al disfrute de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona (artículo 45 de la
Constitución), el reconocimiento de la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado (artículo 38 de la Constitución), la
subordinación de la
riqueza del país al interés general (artículo 128.1) o la atención a
la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos
(artículo 130).
Desde el punto de vista funcional, se percibe bien a las claras la
necesidad de que se refuercen adecuadamente los mecanismos de
coordinación y cooperación entre las diversas administraciones
públicas con competencias en materia de medio ambiente; esto es la
estatal, la autonómica y la local.
Como actuaciones sustantivas específicas de la oficina del Defensor,
cabe señalar en este ámbito, entre otras, las relativas a las
declaraciones de impacto ambiental, en cuyo proceso ha influido
especialmente la aparición del Real Decreto de 6 de octubre de 2000,
modificando el Real Decreto legislativo de 28 de junio de 1986,
disposiciones por las que se amplían los supuestos susceptibles de
valoración del mencionado medio ambiente y la tramitación de
numerosas quejas acerca del proyecto de plan hidrológico nacional,
referidas en gran parte tanto a los efectos económicos como
socioambientales de los trasvases previstos.
En materia urbanística, cabe citar la actividad llevada a cabo para
tratar de evitar la urbanización de terrenos con riesgo de sufrir
inundaciones y la lentitud en la tramitación de expedientes por
infracción urbanística; para garantizar la participación de los
afectados en las actividades de planeamiento urbanístico y el
efectivo cumplimiento del artículo 49 de la Constitución en lo que se
refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas en pro de la
integración de ciudadanos con discapacidad. En cuanto al problema de
la vivienda, las quejas recibidas indican algo casi evidente: la
dificultad para que los grupos desfavorecidos, particularmente
jóvenes e inmigrantes, vean consolidado el derecho constitucional al
disfrute de una vivienda digna y adecuada.
Por lo que respecta al Sistema de Seguridad Social, sigue generando
un número elevado de quejas, tanto en cuanto se refiere a sus
elementos imprescindibles de control como en lo relativo a su
panorama prestacional. En el primer aspecto, el relativo al control,
los procedimientos recaudatorios han planteado cuestiones como las
que afectan al ingreso ya realizado de cuotas reclamadas o a la
denegación de devolución de cuotas erróneamente ingresadas. El asunto
de las reclamaciones de intereses al sistema de la Seguridad Social
por cantidades retenidas indebidamente a los asegurados y
beneficiarios ha sido considerado positivamente por la Tesorería
General en determinados supuestos y siempre que se produzca en plazo.
El segundo gran aspecto mencionado, el de las prestaciones, afecta
principalmente a las pensiones de jubilación, particularmente en lo
relativo a las normas sobre coeficientes reductores, cuando se accede
a la pensión al cumplir los 60 años por causa no imputable al
trabajador; a las pensiones de incapacidad permanente, cuando sobre
la base de informes médicos considerados insuficientes por los
reclamantes se deniegan
por no alcanzar las lesiones padecidas la entidad suficiente o no se
estima producida la agravación supuesta por el interesado en el
proceso de revisión del grado previamente reconocido; a las pensiones
de supervivencia, dados los enormes cambios experimentados por la
institución familiar, cuando dejan fuera de su campo de aplicación,
por ejemplo, a las familias monoparentales; a las prestaciones por
desempleo, en el sentido de admitir como justificante de enfermedad
por menos de cuatro días el parte de consulta y hospitalización
expedido por un facultativo del Sistema Nacional de Salud,
posibilitando sellar en plazo la demanda de empleo, según había
propuesto el Defensor del Pueblo; a las prestaciones por maternidad,
para tener los casos de adopción múltiple como asimilables a los de
parto biológico múltiple, en el marco del Real Decreto-ley 1/2000, de
14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección
familiar, según recomendación formulada por el Defensor del Pueblo; y
a las prestaciones derivadas de la guerra civil, en el sentido de
aumentar las existentes o de establecer otras nuevas, sobre todo para
tratar de evitar agravios comparativos.
Acerca de los problemas derivados de la atención sanitaria, merece
ser destacado el de las listas de espera antes de recibir la oportuna
asistencia sanitaria en los casos no urgentes, por su influencia en
los aspectos sociolaborales y en el mismo tratamiento de las
dolencias. En una perspectiva general, teniendo en cuenta el valor
que reviste la reducción de la demora como indicador de la calidad
asistencial en el ámbito sanitario, desde el Defensor del Pueblo se
entiende útil y hasta necesario que el Consejo Interterritorial de
Salud valore la oportunidad de establecer para el conjunto del
Sistema Nacional de Salud tiempos máximos de espera, rebasados los
cuales el paciente debe ser inmediatamente asistido según las
indicaciones del correspondiente centro de salud.
Otros aspectos de especial interés en el ámbito de la sanidad fueron
los relativos a la información y documentación clínica, que carecen
de una norma básica unificadora e integradora, respecto por ejemplo
del consentimiento informado del usuario a la hora de iniciar
o continuar un tratamiento continuado; los relativos a contenido,
alcance y extensión de las prestaciones sanitarias, con cargo a
fondos estatales (así ocurre con la inclusión de audífonos en la
prestación audioprotésica, la facilitación de las operaciones de
corrección de la miopía o la aplicación de las técnicas de
reproducción humana asistida dentro del conjunto del Sistema Nacional
de Salud); los relativos a salud mental, entre los que persisten
graves carencias e inadecuaciones, especialmente en lo que respecta a
la provisión de recursos comunitarios de rehabilitación (hospitales
de día, pisos protegidos, comunidades terapéuticas) y a los acusados
desequilibrios territoriales entre las diversas comunidades autónomas
en cuanto a la financiación, acentuados por una notable ausencia de
coordinación
interterritorial; y finalmente los relativos a carencias en
centros sanitarios, con casos puntuales de negligencia en la
atención, demoras, ausencia de clasificación de pacientes en la
admisión, infrautilización de recursos, deficiencias en las
instalaciones y problemas de coordinación.
Me refiero ahora al núcleo de problemas relacionados con la materia
educativa. De acuerdo con la realidad percibida por el Defensor del
Pueblo, necesitan de una decidida y continuada actuación los que se
refieren a la escolarización, del modo más integrador posible, de
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
personales, sociales o culturales desfavorecidas, entre las que
destacan los alumnos procedentes de grupos de inmigración y los
alumnos con discapacidad, y el régimen de admisión de alumnos
asegurando la adecuada distribución de éstos entre los diversos
centros sostenidos con fondos públicos, a los que es preciso dotar de
personal especializado y de material idóneo. Al Defensor del Pueblo
le viene preocupando el hecho de que la concentración en centros
escolares de alumnos procedentes de familias de inmigración donde son
mayoritarios, impide la necesaria visión de la igualdad del derecho
humano, de la dignidad humana que debe existir, debiendo excluir toda
visión comunitaria de la inmigración que pugne contra los derechos
humanos sobre el plano de la igualdad.
En lo que se refiere a la gratuidad de la enseñanza, se ha instado a
las distintas administraciones educativas para que los
correspondientes servicios de inspección actúen en los centros
decentes concertados, tratando de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los conciertos educativos ante la
presuntas prácticas incorrectas que afectan al contenido y finalidad
de los mismos. Parece que algunos cobros se perciben como si fueran
donaciones voluntarias o a través de entidades interpuestas como
fundaciones o asociaciones de padres. Se trata de prácticas
reconocidas como habituales y respecto de las cuales los centros
aducen que los conciertos no les permiten cubrir el coste real de
cada puesto escolar. Además, uno de los múltiples efectos de tales
prácticas podría ser el de constituir un mecanismo selectivo
indirecto de alumnos evitando el ingreso de los procedentes de
entornos sociales desfavorecidos, de familias inmigrantes o de
minorías étnicas. Asimismo, la gratuidad de los libros de texto para
quienes cursan enseñanzas obligatorias y gratuitas, ha sido también
objeto de la actividad del Defensor del Pueblo, habiéndose registrado
en este particular determinados progresos en algunas comunidades
autónomas.
El último núcleo que voy a mencionar, señorías, en el ámbito del
control de las administraciones públicas, se refiere a algunas
cuestiones relacionadas con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Por parte de la institución se ha insistido en
la necesidad de proceder a la apertura del oportuno expediente
disciplinario en los casos de denuncia por presuntos malos
tratos, aunque los agentes implicados se hallen a la espera de
resolución firme en un procedimiento judicial, con objeto de evitar
la prescripción de la infracción denunciada. Se ha puesto de
manifiesto ante las autoridades responsables la necesidad de que las
citaciones de comparecencias en dependencias oficiales dirigidas a
los ciudadanos respeten los derechos constitucionales y no vulneren
el principio de seguridad jurídica. En cuanto a las identificaciones
practicables preocupa al Defensor del Pueblo y así lo ha manifestado
en una de sus recomendaciones, que la actividad identificativa se
ajuste al contenido de la sentencia número 341/1993, de 18 de
noviembre, del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la
identificación no incluya diligencias diferentes, tales como registro
de pertenencias, cacheos y otras, lo cual ha sido aceptado para ser
tenido en cuenta por parte de las fuerzas concernidas. Finalmente,
para que se haga efectiva la cancelación de antecedentes policiales,
se propuso la constitución de un grupo de trabajo específico
integrado por representantes del Ministerio del Interior y del
Consejo General del Poder Judicial.
Para finalizar, señorías, mencionaré la importantísima actividad de
la institución relacionada con los recursos de inconstitucionalidad.
Dentro de la línea de prudencia y rigor técnico-jurídico con que ha
de actuar el Defensor del Pueblo, en el año 2000 fue interpuesto un
recurso contra varios incisos de la Ley orgánica de 13 de diciembre
de 1999, de protección de datos de carácter personal, que fue
estimado por el Tribunal Constitucional en sentencia de 30 de
noviembre de 2000, declarando nulos determinados incisos recurridos.
En este ámbito, también se comunicaron dos sentencias sobre recursos
de inconstitucionalidad interpuestos en ejercicios anteriores, una
estimando parcialmente el interpuesto contra la Ley del Parlamento de
Canarias, de 26 de diciembre de 1996, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 1997, y otra declarando la pérdida
sobrevenida del objeto del recurso en el interpuesto contra la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal. Debo insistir a este
respecto en el exquisito cuidado y en la escrupulosa observancia de
los criterios técnico-jurídicos en el proceder de la institución. En
virtud de ello, además de los informes jurídicos internos y externos
sobre la conveniencia o no de ejercitar la legitimación que le es
propia, el Defensor, de acuerdo con la junta de coordinación y
régimen interior, ha venido actuando en el sentido de inhibir el
ejercicio de su legitimación cuando ya lo hubiere llevado a cabo
alguno de los sujetos también legitimados para recurrir. En este
sentido se ha operado ya en varias ocasiones, de entre las que cabe
destacar los recursos solicitados a propósito del proyecto de ley
orgánica de libertad sindical, de la Ley de la Comunidadde Madrid
reguladora del parque regional de la
cuenca alta del Manzanares, de las leyes canarias sobre régimen de
aguas, de la ley valenciana de ordenación del comercio y superficies
comerciales, y de las leyes orgánicas de reforma del Código Penal y
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pues bien, dada la repercusión que en la opinión pública suscitó en
su día la resolución adoptada por el Defensor del Pueblo acordando no
ejercer la legitimación en relación con el recurso solicitado contra
la Ley orgánica 8/2000, conocida como Ley de extranjería, y haciendo
salvedad de lo que pueda ser expuesto en la comparecencia para
presentar el informe del ejercicio 2001 en el que realmente se dio a
conocer la resolución, no me resisto, señorías, a mostrarles el
sorprendente paralelismo de esta resolución con la tomada por el
anterior Defensor en el caso de la Ley de política lingüística de la
Generalitat de Cataluña, paralelismo que se manifiesta nítidamente en
relación con varios aspectos. Entre ellos destacan el estado de
opinión creado al respecto, las múltiples entidades que solicitaron
la interposición del recurso en ambos casos, y sobre todo los
criterios básicos que guiaron las decisiones respectivas. Para
mostrarlo, señorías, permítanme recoger en su propia literalidad las
palabras pronunciadas por mi predecesor, don Fernando Álvarez de
Miranda, en el curso de los debates relativos al informe de 1977
sobre la citada Ley de política lingüística. Por su contenido
doctrinal y su oportunidad, resultarían aplicables casi en su
totalidad al caso de la Ley de extranjería. Tras aludir al intenso
eco producido en la sociedad, aun teniendo presente que la acción
sustantiva correspondiente se desarrolló en ejercicio distinto al del
informe -hasta en eso se parecen los dos casos-, justificaba la
resolución el señor Álvarez de Miranda en los siguientes términos: El
Defensor del Pueblo -como ustedes saben- ha recibido de la
Constitución la más amplia legitimación para poder interponer
recursos. La praxis de la institución evidencia que se ha venido
haciendo un prudente uso de dicha legitimación, actitud ésta que no
siempre ha sido bien comprendida por algunos sectores sociales pero
que considero absolutamente esencial para salvaguardar nuestra
autonomía, nuestra libertad de criterio. Cuando recibimos escritos
que nos instan a promover un recurso de inconstitucionalidad, debemos
proceder, como es obligado, a un profundo análisis de la norma en
cuestión.
Quiero reiterar ante SS.SS., porque ustedes lo conocen, que la
legitimación procesal que se otorga al Defensor del Pueblo para
acudir ante el Tribunal Constitucional es una facultad del titular de
la institución. Por esa razón nuestra ley orgánica sólo ha previsto
un trámite al respecto, la necesidad de escuchar a la junta de
coordinación con carácter previo a la decisión final. Con
independencia de ello, el Defensor, para formar su propio criterio,
puede acudir a los medios que estime más oportunos para ello, pero
ningún otro organismo, ninguna otra institución, ninguna otra persona
puede
exigir el derecho a ser oído antes de que se adopte la decisión que
corresponda.
El Defensor del Pueblo lo es de todo el pueblo español y tiene
perfectamente presente esta condición. Para llegar a una decisión, el
Defensor del Pueblo tiene que realizar un juicio previo sobre la
constitucionalidad de una norma; juicio para el que obviamente sólo
puede tener en cuenta argumentos jurídicos de orden constitucional.
Resulta especialmente importante asumir que toda obra legislativa
goza de una presunción de constitucionalidad, la cual en último
término es correlato de la legitimación democrática y directa que
ostentan las cámaras parlamentarias. Así pues, nuestro análisis tiene
que partir de esta premisa: Sólo cuando aplicando la lógica jurídica
se apreciara con claridad radical la discrepancia con un determinado
precepto de nuestra Carta Magna debe procederse a la presentación del
recurso. Por el contrario, cuando esta discrepancia no exista, o
existiendo aparentemente pueda ser salvada por medio de una
interpretación acorde con la Constitución, el respeto al Poder
Legislativo, en tanto que es depositario de la representación
popular, aconseja que el Defensor no plantee recurso. Contrariamente
a lo que se ha venido manteniendo por algunos, considero que la mera
duda no vale para desvirtuar la presunción de constitucionalidad a la
que me he referido antes, ya que toda norma ha de ser interpretada en
el sentido que más favorezca su plena constitucionalidad, como tiene
acreditado la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional. Otra cuestión sería que esta institución debe
procurar la mejor garantía de los derechos y las libertades de los
ciudadanos, porque para eso se creó en nuestra Constitución. En
consecuencia, si se advierte una norma que ofrece diversas
interpretaciones, que tiene el riesgo de ser aplicada o desarrollada
en una dirección contraria al orden constitucional, lo lógico es que
lo pongamos de manifiesto precisamente para contribuir a que esa
posibilidad no llegue a darse. En tales casos nos dirigimos bien al
Ejecutivo, para recomendar que en la aplicación y desarrollo de la
norma se tenga especial cuidado en no desviarse de la interpretación
constitucionalmente correcta; bien al Legislativo, para sugerir que
se realicen reformas que corten de raíz la posibilidad de que puedan
darse interpretaciones desviadas; o incluso a los dos, fórmula que
también viene siendo utilizada por la institución - quiero
recordarlo- desde sus comienzos, y hasta el presente puede estimarse
que ha sido un instrumento eficaz, probablemente porque también haya
contribuido a dicha eficacia el hecho de que también aquí la
institución ha procurado conducirse con prudencia. Fin de la cita del
señor Álvarez de Miranda en relación con la no interposición del
recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de normalización del
catalán.
Hasta aquí la panorámica general del informe y la mención de algunas
actuaciones sustantivas que se han llevado a cabo por la institución
del Defensor del Pueblo.
Me interesa recalcar, como punto final de mi exposición, la
permanente preocupación de todos los que colaboramos en la gestión
por encontrar vías eficaces para consolidar el horizonte de los
derechos humanos y de las libertades públicas en nuestro país. Espero
que todo lo expuesto y el propio cuerpo del informe sirvan de base a
SS.SS. para fijar el debate y las conclusiones sobre la actividad
realizada.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Múgica. ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor Múgica, le agradezco su presencia ANTE el
Pleno del Congreso como Defensor del Pueblo. Hay en este informe una
serie de cuestiones que nos parecen relevantes. En primer lugar,
comprobar cómo actúan todavía las distintas administraciones públicas
a la hora de colaborar con el Defensor del Pueblo. Querríamos
destacar, ya que es el ámbito que nos concierne más directamente, dos
administraciones del propio Estado, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la
Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
Pedimos a los responsables ministeriales que tomen buena nota de este
problema y que en el próximo informe desaparezca el mismo.
Un segundo aspecto es la cuestión del colapso judicial, donde destaca
el hecho de que, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón venga
tardando una media de cuatro años en resolver los recursos. Usted ha
indicado que en todos los casos el Consejo General del Poder Judicial
ha informado de medidas de refuerzo, y nos gustaría conocer más
detalles de su puesta en marcha.
Otro aspecto que nos reclama la atención es el de la vivienda,
especialmente en el caso de Zaragoza. Tengo que decirle que su
informe causó un impacto informativo importante en Aragón por su
recomendación de evitar la venta de suelo público como método de
financiación municipal, dado que precisamente por aquellas fechas el
equipo de gobierno municipal había puesto en venta solares públicos.
Queremos expresar nuestra satisfacción por las críticas realizadas
ante la venta de suelo público de los ayuntamientos y queremos
pedirle que haga extensiva su recomendación a otras administraciones
públicas, ya sean responsabilidades del Gobierno central o de las
comunidades autónomas, porque son propietarias de grandes cantidades
de suelo que no debería servir para actuar en el mercado como un
agente inmobiliario más. Baste recordar que en los
Presupuestos Generales del Estado de 2002 está prevista la venta de
suelo público de distintos organismos autónomos adscritos a
diferentes ministerios por valor de más de 250 millones de euros.
Nos gustaría que, si fuese posible, realizase un informe específico
sobre la cuestión del trasvase del Ebro contemplado en el Plan
Hidrológico Nacional, ya que ha movilizado a un millón de personas en
este último año en Zaragoza, Barcelona, Madrid y Bruselas. Usted en
su propio informe indicaba que esta cuestión es fuente de polémica
social y seguro que sería de gran utilidad para aportar puntos de
vista más objetivos.
Como crítica querríamos señalar que don Enrique Múgica debería
separar su persona de su cargo de Defensor del Pueblo y mantener
algunas declaraciones en secreto o guardárselas para cuando abandone
el puesto de Defensor del Pueblo.
Nada más. Me hubiese gustado que hubiera estado aquí y que hubiera
escuchado lo que yo le he dicho, pero espero que lo lea en el «Diario
de Sesiones».
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta, y no puedo dar
gracias al Defensor del Pueblo porque no sé dónde está.
Con relación a su informe, me gustaría resaltar algunas cuestiones.
En primer lugar, por lo que se refiere a la situación en las cárceles
españolas, a la situación de la Administración penitenciaria, hay
varios informes, entre ellos uno reciente de Amnistía Internacional
en el que se destaca que las cárceles españolas están, como tantas
otras cosas, a la cola de la Unión Europea, que tenemos uno de los
porcentajes de población reclusa más alto de Europa y que la
situación en las cárceles es francamente preocupante. Hay un informe
de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, de los
años 1999/2000, en el que se destaca la existencia de numerosos
supuestos de malos tratos y de numerosas muertes no aclaradas en
prisión. Por eso, cuando el señor Defensor del Pueblo dice en su
informe correspondiente al año 2000 que disminuyeron las quejas por
este tipo de cuestiones, yo creo que más bien la causa de la
reducción no es porque los problemas se vayan eliminando, sino que
los propios reclusos y reclusas son conscientes de la nula eficacia
que tienen estas quejas.
Se echa en falta en su informe -no sé si es porque no hubo quejas,
pero hay que recordar que el Defensor del Pueblo puede y debe actuar
de oficio- cuestiones relativas a la incidencia del sida y de otras
enfermedades en prisión, cuestiones como la pervivencia del régimen
FIES, un régimen de aislamiento ilegal no contemplado en la Ley
orgánica general penitenciaria, y deficiencias relativas a la sanidad
penitenciaria, aparte
de la que ya mencionó él de la psiquiatría. La asistencia
psiquiátrica en las prisiones es una asistencia meramente
farmacológica, de entrega de medicamentos para que el recluso o la
reclusa no moleste, pero no hay realmente una atención psiquiátrica
digna de tal nombre. Respecto a la situación de la sanidad
penitenciaria se discutió varias veces en esta Cámara sobre la
conveniencia de que se integrase en los respectivos servicios
autonómicos de salud para eliminar discriminaciones como -otra idea
para un informe- que los reclusos enfermos de sida no puedan acceder
a los mismos medicamentos a los que tienen acceso los ciudadanos
libres en los servicios públicos de salud, y el Ministerio del
Interior dice que es directamente por razones económicas, o la
situación en la que están las reclusas, las mujeres privadas de
libertad, que tienen -y hay también muchos supuestos y muchas quejas
que me han llegado- grandes problemas para tener acceso a lo que es
la atención ginecológica, la atención médica en asuntos propios de
las mujeres.
Respecto de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos reclusos,
de los ciudadanos internos en instituciones penitenciarias, se
debería destacar no sólo la tutela judicial en el seno de procesos
penales sino también en el seno de procesos o expedientes
disciplinarios instruidos por la Administración penitenciaria. Deja
mucho que desear y se echa en falta este aspecto en el informe del
Defensor del pueblo. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante,
ocupa la Presidencia.)
Por lo demás, quiero destacar la curiosa actitud del fiscal general
del Estado respecto de estas cuestiones, ya que directamente se lava
las manos, que contrasta con la que adopta con ciudadanos menos
necesitados de esa tutela o, como mínimo, en una situación más
favorable para buscársela por su cuenta. Lógicamente, me estoy
refiriendo al señor Piqué.
En materia educativa tenemos de nuevo la gratuidad de los libros de
texto, planteada en diferentes ocasiones en esta Cámara y en tantas
otras sorteada la cuestión por el Grupo Popular, así como lo que se
refiere al estatuto laboral de los becarios de investigación. Se hace
eco el Defensor del Pueblo, y es laudable, de la situación irregular,
de la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentra este
personal, que contrasta con los discursos de la ministra de Ciencia y
Tecnología acerca de la importancia de la sociedad del conocimiento,
de la importancia de un salto tecnológico en España, pero esta es la
situación.
Respecto al medio ambiente, habló usted de la falta de coordinación
entre las administraciones competentes, de los problemas existentes
en el acceso a la información ambienta. Espero que en el informe
correspondiente al año 2001 nos pueda decir qué sucedió en un caso
importante, de hecho aún está coleando, como es la construcción de
una balsa de residuos tóxicos en Oza, en A Coruña.
Hay otras cuestiones que no están recogidas en el informe y que yo,
en ese afán de colaboración, le transmito. Está la retirada de
pensiones por invalidez, de prestaciones no contributivas de la
Seguridad Social, después de que en enero del año 1999 se reformasen
los criterios de valoración mediante el Real decreto 1971/1999.
Muchas personas afectadas de sida están quedando, debido a esta
revisión de la calificación de invalidez, sin ningún tipo de
protección social ni económica. No se trata sólo de la pensión sino
que, además, se elimina el derecho a no tener que pagar por los
medicamentos.
No hay ninguna referencia en este informe a los emigrantes españoles
y gallegos en el extranjero, pero les puedo asegurar que hay
problemas sangrantes, problemas que tienen que ver con la falta de
gestión de la Administración española. Hay problemas que se refieren
a la actuación de la Administración española respecto a la salud de
estos emigrantes, problemas que se refieren a la discriminación
existente en relación con las pensiones asistenciales o problemas que
se refieren a las revisiones que también está haciendo la Seguridad
Social española de los emigrantes retornados de Suiza y que cobran
una pensión de invalidez en Suiza, a los que debido a estas
revisiones realizadas por la Seguridad Social española, estas
pensiones se les están retirando o reduciendo. Parece que el
compromiso del Gobierno español con el déficit cero llega incluso a
la Hacienda suiza, lo cual es incomprensible.
En materia de inmigración hace usted numerosas recomendaciones y
consideraciones, pero pasa por alto una cuestión que para nosotros
resulta inconcebible. En un informe referido al año 2000, usted pasa
por alto los sucesos acaecidos en El Ejido en febrero de ese año.
Quizás es que considera también, como otros personajes, que se trata
de una pataleta, que no tienen ningún tipo de tinte racista o quizás
es que, dentro de la prudencia y mesura con que usted dice que actúa,
resultaba incómodo al Gobierno y al Partido Popular tratar en
profundidad este asunto. Yo creo que excusatio non petita, accusatio
manifesta. Si usted tiene que argumentar tan largamente acerca de por
qué no interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
extranjería, usted mismo se está, en este aspecto, delatando.
Habla usted también de las conferencias. Durante el año 2000 usted
desarrolló una extensa actividad como conferenciante, como
interviniente en diferentes foros y cursos. Lo que sucede es que no
siempre sus intervenciones reales se correspondieron con el título de
esas conferencias o de esas jornadas. Como quien me ha precedido en
el uso de la palabra, le recomendaría, por el bien de la institución,
que usted actuase como Defensor del Pueblo -de todos los pueblos de
España, como usted dijo- y que las opiniones políticas se las reserve
para cuando deje ese cargo, porque son opiniones que pueden poner en
causa la independencia de la
institución que usted dirige. Ya sé que no es usted el único
presidente de un órgano constitucional del Estado que sigue
últimamente este camino, pero así se lo aconsejo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para fijar la
posición de su grupo, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, una vez más cumplimos casi con el ritual de hacer el
análisis parlamentario, y por tanto político, del informe del
Defensor del Pueblo, esta vez correspondiente a la gestión realizada
por la institución del Defensor del Pueblo durante el año 2000, como
comisionada de las Cortes Generales.
En primer lugar, tendríamos que hacer una valoración global, que para
mi grupo es positiva. En cuanto a la forma, creemos que se sigue
manteniendo un formato adecuado, con una sistemática exhaustiva, muy
ilustradora de cuál es la radiografía de esta especie de patología de
la queja, de la reclamación del ciudadano ante las distintas
administraciones públicas. El formato del informe de este año
presenta algunas variaciones, ya que desaparece una serie de
estudios, y yo recomendaría al Defensor que no se perdieran los
estudios sectoriales realizados por la propia institución del
Defensor del Pueblo y que si no anualmente, sí periódicamente
aparecieran en otros informes, por ejemplo, los relativos a las
cárceles, a la Seguridad Social, etcétera, porque nos permitiría a
los grupos parlamentarios tener unos instrumentos de diagnóstico de
diferentes soluciones que requieren una corrección, al menos social y
muchas veces política y legislativa, relativa a las competencias de
esta Cámara.
En cuanto al contenido, vemos que sigue siendo una radiografía muy
valiosa para que los grupos parlamentarios podamos tomar aquellas
iniciativas que permitan un perfeccionamiento y una colaboración con
nuestro instrumento fundamental, en este aspecto políticosocial, que
es la institución del Defensor del Pueblo. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Señor presidente, haré un breve análisis y algunas observaciones a
los datos que el Defensor, don Enrique Múgica, nos acaba de exponer
desde esta tribuna. Ya en la Comisión correspondiente habíamos pedido
que, en cuanto a las quejas de la población recibidas, en los
informes de los próximos años se indique no solamente la cantidad por
comunidades autónomas, sino también el tanto por ciento. Aquí hay un
problema de pedagogía de la institución del Defensor del Pueblo sobre
los distintos estamentos sociales. Tenemos la caja de resonancia
que pueda significar esta Cámara, en la medida en que los medios
de comunicación lo puedan transmitir, pero aquí hay que hacer una
pedagogía de la institución del Defensor del Pueblo como un gran
logro de la democracia en España. Desde hace ya más de 20 años,
cuando estas Cortes fueron ya, por fin, Cortes democráticas y sede de
la soberanía del pueblo, sería bueno que, a través de los
departamentos ministeriales competentes en la educación pública, la
escuela y los escolares aprendieran cómo se utilizan estas
instituciones constitucionales y democráticas. También sería deseable
un traslado a la opinión pública utilizando todos los instrumentos -a
algunos de los cuales me voy a referir seguidamente- para ver cuál es
el pulso y la utilidad que la institución está teniendo para el
pueblo soberano, para las personas que necesitan estos recursos
cuando no van por la vía de lo contencioso-administrativo, por la vía
de los tribunales de Justicia, etcétera; que sepan que, aparte de
esas otras vías del Estado de derecho, están las vías y las garantías
del Estado constitucional mediante la institución del Defensor del
Pueblo.
Una de las cuestiones que quisiera resaltar aquí es el origen de las
quejas recibidas y la sistemática con que estas quejas vienen
dirigidas hacia esta Cámara. La institución del Defensor del Pueblo
las agrupa en dos, las individuales y las colectivas. Las cifras que
se aprecian al respecto son muy significativas porque sobre el total
que nos trae la memoria de 26.995 quejas recibidas, resulta que hay
10.212 individuales y 16.662 colectivas. Pues bien, acabamos de votar
en esta Cámara - ahora está en trámite en el Senado- el proyecto de
ley de asociaciones. Las asociaciones van a ser un buen cauce para
que en su seno se pueda inspirar, incentivar, dirigir y concretar
ante la institución del Defensor del Pueblo una serie de
reclamaciones que, no siendo de carácter puramente individual, sean
objeto de que las asociaciones las canalicen e impregnen de un
sentido más colectivo y más solidario en las cuestiones que se pueden
plantear aquí.
Otro de los temas que quiero resaltar de este informe del Defensor
del Pueblo es el referente a las recomendaciones. El señor Múgica,
acertadamente y con buen tino, ha puesto el acento en este capítulo
de los datos sobre recomendaciones y sugerencias, y es muy importante
el concepto político con que valora este apartado. En la memoria del
año 2000 se indica que se han hecho, nada más y nada menos, que 98
recomendaciones o sugerencias a las administraciones públicas. ¿Por
qué es esto importante? Porque eso es una especie de voz de la
conciencia de esta Cámara a través de la institución del Defensor del
Pueblo, que dice aquí: Las recomendaciones son resoluciones
fundamentadas en los principios constitucionales mediante las que el
Defensor del Pueblo se dirige a las administraciones públicas o a los
órganos legislativos para exponerles la conveniencia de dictar una
determinada norma o de modificaralguna de las existentes. Pues bien,
aquí está todo
un principio de conducta política que creo que debe ser muy bien
escuchado por las administraciones públicas porque a veces muchos
grupos parlamentarios tenemos que hacer a muchas administraciones
públicas el firme reproche de que dan la callada por respuesta,
cuando no se entra en procesos de dilación de estas respuestas,
actuaciones que son incompatibles con una cortesía o un respeto a los
ciudadanos que se dirigen de esta manera.
Para ir terminando, señor presidente, quisiera destacar aquellos
aspectos en que se ha ejercido la legitimación de ley que tiene el
Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Este informe del
año 2000 trae un ejemplo verdaderamente magnífico adestacar
políticamente, que es el recurso presentado a la Ley orgánica 15/
1999, de protección de datos de carácter personal. Pues bien, la base
en derecho del recurso de inconstitucionalidad que presenta el
Defensor del Pueblo con un resultado positivo está tan bien
argumentada jurídicamente que es una pieza a considerar y que puede
servir de matriz o de patrón para futuras actuaciones de presentación
de recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de nuestra
nación. Ese recurso se gana porque hay un buen planteamiento en la
forma de exponer los argumentos en derecho, los principios y
fundamentos jurídicos que van a hacer valer el principio de razón
política de la protección de datos. Digo esto porque con lo que se
nos avecina a los ciudadanos en este mundo globalizado -las
telecomunicaciones, la telefonía digital, la cantidad de datos que el
ciudadano tiene que aportar a una serie de entidades privadas para
domiciliar un recibo de contribución urbana, de asociaciones o de
cualquier otro tipo y la cantidad de datos que estamos suministrando
a distintas administraciones públicas-, o el ciudadano tiene una
certeza y una confianza en los sistemas de protección jurídica de sus
datos en un país democrático o, si no, la persona está siendo
vulnerada en sus derechos jurídicos constitucionales, en el derecho
fundamental a la intimidad. Todos debemos adoptar políticamente una
actitud de una sensibilidad especial al defender el derecho a la
intimidad de la persona, de forma que sin una autorización expresa
individual del ente humano, sus datos no puedan ser utilizados ni
para mandarle publicidad de cualquier producto que no quiera recibir
en su buzón de correos, ni para que se vea sometido a una auténtica
extorsión económica, social, política o policial por el derecho que
tiene a su intimidad. De ahí que apoyemos a la institución del
Defensor del Pueblo para que mantenga, con una sensibilidad a flor de
piel, el derecho a la intimidad de las personas frente a la
vulneración de los datos de carácter personal.
Finalizo. En lo que respecta a las conclusiones, capítulo 7 de este
dictamen, quisiera señalar las de carácter sustantivo, no las de
carácter cuantitativo que están en la memoria, en lo que afecta a lo
que mi grupo considera -y desde una óptica del archipiélago de
Canarias-
de una alta gravedad en este momento y que el Defensor del Pueblo
señala aquí. En primer lugar, los retrasos en las resoluciones
judiciales y administrativas. Hay aspectos en la denuncia que se hace
que son de bochorno público. Esperemos que, ante el nuevo Consejo del
Poder Judicial, volvamos todos los grupos a insistir una vez más en
el derecho del ciudadano a tener una justicia buena por supuesto, y,
valga la redundancia, justa, pero, sobre todo, rápida y en tiempo
oportuno; una justicia tardía no es una buena justicia.
Otro aspecto que quisiera resaltar, con lo que ha llovido
últimamente, es la recomendación sobre buenas prácticas financieras y
aseguradoras. La vulnerabilidad del ciudadano ante la posibilidad de
ser estafado, como se ha demostrado recientemente -y esta Cámara ha
votado el dictamen de la Comisión de Gescartera-, por granujas, por
delincuentes que operan en este mundo de las finanzas y de la Bolsa
con malas prácticas, hace necesario que se ponga en pantalla como
primera actividad la exigencia, como se trae aquí en las
conclusiones, de las buenas prácticas financieras y aseguradoras. Qué
decir de las declaraciones de impacto ambiental que se señalan en el
epígrafe correspondiente al medio ambiente, cooperación y desarrollo
económico. Áreas turísticas españolas como los archipiélagos balear y
canario y zonas costeras del territorio español peninsular están
siendo agredidas, con un deterioro del espacio, del medio ambiente,
donde se ve que la construcción de instalaciones, de viviendas
urbanísticas hoteleras, conculca las normas sobre el impacto
ambiental y queda ya en el terreno de la burla. Verdaderos
estropicios irrecuperables del territorio se están haciendo, unas
veces al amparo de un auténtico fraude de ley y otras de un
incumplimiento de la legislación vigente. Es una llamada a los
ayuntamientos dentro de las competencias urbanísticas de la
administración local y las comunidades autónomas.
Aquí vuelvo a insistir una vez más a la institución del Defensor del
Pueblo a que traslade a aquellas comunidades que tienen la figura de
comisionados similares para el ámbito autonómico este sentido de
responsabilidad y de exigencia ante las agresiones, tanto al derecho
de la intimidad, como al de disponer de un medio ecológico aceptable
para la calidad de vida humana. La presión de la especulación
inmobiliaria no debe destrozar con carácter irrecuperable e
irreversible el patrimonio que hemos heredado de la naturaleza y, por
tanto, las exigencias de impacto ambiental deben tener todo el rigor
y toda la penalización si se conculcan.
Finalmente, quiero dirigir unas palabras de felicitación al equipo de
la institución del Defensor del Pueblo, a su titular don Enrique
Mügica por su sensibilidad demostrada, a los adjuntos al Defensor del
Pueblo, al señor secretario general de la institución y a todo el
personal de la misma, que han hecho posible la puesta a disposición
de esta Cámara de un instrumento de diagnóstico, de análisis y de
iniciativas sobre tantos
temas políticos, sociales, económicos y laborales que se encierran en
este dictamen. A ellos, nuestro reconocimiento y felicitación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Como impone la más elemental cortesía parlamentaria, damos la
bienvenida al Pleno de la Cámara, en nombre del Grupo Vasco, al
Defensor del Pueblo, a sus dos adjuntos y al equipo que colabora con
ellos en el cumplimiento de las funciones que la institución tiene
constitucional y legalmente encomendadas.
Con la comparecencia de hoy del Defensor del Pueblo ante el Pleno de
la Cámara se viene a completar el conjunto de trámites que prevé el
ordenamiento jurídico en relación con el informe anual que ha de
presentar ante las Cortes Generales. La comparecencia ante la
Comisión Mixta del Defensor del Pueblo se celebró el pasado 18 de
octubre; muy pocos días después tuvo lugar la comparecencia ante el
Pleno del Senado y, con este de hoy, damos el tercer y último paso
dentro del trámite previsto para la rendición de cuentas del informe
correspondiente del año 2000. Así las cosas, es ciertamente poco lo
que de novedoso podemos expresar hoy en esta sesión en relación con
la actuación que ha venido desarrollando la institución a lo largo
del año 2000. El informe, como en otras ocasiones, aborda con rigor e
innegable ponderación un amplísimo haz de temas de gran interés. En
numerosas ocasiones hemos dicho que los informes del Defensor del
Pueblo son una especie de retrato sobre la problemática social que
tiene planteado el conjunto español, un retrato muy gráfico y
elocuente que incide, sobre todo, en aquellos aspectos y materias en
las que intervienen los poderes públicos, lo que es lógico, ya que el
cometido del Defensor del Pueblo consiste precisamente en supervisar
la actuación de las administraciones públicas a efectos de garantizar
la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Sin
embargo, al ser esta la tercera comparecencia del Defensor del Pueblo
sobre el informe correspondiente al año 2000, aunque los temas de
interés son muchos y muy importantes, inevitablemente las cuestiones
a abordar se agotan, lo que nos obliga a los parlamentarios a
repetirnos. Con todo, el grupo al que represento cumple con placer el
cometido de repasar una vez más aquellos aspectos del informe que han
recibido mayor atención por parte de nuestro grupo en la
comparecencia en Comisión, y vamos a incidir singularmente en
aquellas cuestiones que más desatendidas han quedado en las
comparecencias anteriores del Defensor del Pueblo.
En primer lugar, hemos visto con agrado que procede con gran
ponderación y con extremo tiento al analizar la queja que le ha sido
dirigida por 128 personas en relación con la aplicación de la Ley
orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana. Se trata de una queja que podríamos calificar, sin ninguna
duda, de arquetípica en la historia de la institución porque, como se
señala en el propio informe correspondiente al año 2000, en la
historia del Defensor del Pueblo se han repetido en años anteriores
hasta 964 quejas muy similares. Es un tipo de queja que, en la
mayoría de los casos, se formula a través de denuncias imprecisas y
muy genéricas, como la de que se producen sistemáticos abusos en la
aplicación de la ley y otras de similar tenor, que casi nunca vienen
acompañadas de los elementos de prueba necesarios para darlos por
suficientemente acreditados. El Defensor del Pueblo, en este caso, no
ha admitido la queja y ha pedido a los interesados que comuniquen a
la institución los hechos de los que tuvieran conocimiento y que
pudieran suponer una aplicación arbitraria y abusiva de la ley, con
el fin de proceder a su investigación y extraer las consecuencias que
le competen. Ha adoptado, a nuestro juicio, una actitud razonable, de
cautela, de extremo cuidado a la hora de apreciar la existencia o no,
en los funcionarios policiales y en sus responsables, de conductas
que no sólo son irregulares, sino que pueden llegar a constituir
infracciones disciplinarias e incluso integrar determinados tipos
penales, lo cual constituye una acusación extremadamente grave. El
Defensor del Pueblo ha adoptado una actitud ponderada, que no toma en
consideración la acusación frívola, superficial e indocumentada y
rechaza la generalización infundada. Una actitud que el grupo al que
represento ha defendido en repetidas ocasiones, cuando hasta hace muy
poco tiempo se atribuía, también muy genéricamente y sin pruebas, a
otros cuerpos policiales actitudes delictivas de inhibición y de
tolerancia con respecto al delito; acusaciones siempre imprecisas e
intangibles que, pese a su extrema gravedad, se repetían una y otra
vez, incluso a través de los medios de comunicación, sin que se
aportaran pruebas concretas; acusaciones que fueron recogidas en el
informe de algún comisionado encargado de la defensa de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, pese a que el comisionado
reconocía en el propio informe que carecía de pruebas que acreditasen
fehacientemente la acusación. Nos felicitamos de que el Defensor del
Pueblo comparta con nosotros el criterio de negar crédito, de no dar
por bueno cualquier rumor o acusación infundada y pida pruebas
concretas para aceptar este tipo de quejas. Esperamos que cunda el
ejemplo.
Dentro del apartado relativo a la justicia, al que aludí largamente
en la comparecencia del Defensor del Pueblo en la Comisión Mixta,
quisiera referirme ahora a la problemática suscitada en relación con
los supuestos de ruptura familiar en los que, tras señalarse
judicialmente
la obligación de pago de una pensión alimenticia,
normalmente con cargo al marido, éste se niega sistemáticamente a
hacerla efectiva. Desde que en el año 1995 en el informe del Defensor
del Pueblo se propusiera -en este caso infructuosamente- la creación
de un fondo de garantías de pensiones y alimentos para que, una vez
acreditado el impago de las pensiones, el Estado asumiera una
cobertura mínima en aquellos supuestos en los que se apreciaran
situaciones de auténtica necesidad, especialmente cuando se vieran
afectados menores de edad, se han sucedido numerosas iniciativas
parlamentarias y se ha dado también una recomendación al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que se hace referencia en el
informe correspondiente a este año, interesando la creación de un
fondo de garantía de pensiones que evite las dificultades prácticas
generadas para el cobro de alimentos aprobado en resoluciones
judiciales en supuestos de separación legal, divorcio, nulidad
matrimonial y procesos de filiación, cuando el impago de las mismas
suponga problemas de subsistencia para el cónyuge económicamente más
desprotegido o para los hijos, todo ello sin perjuicio de repercutir
posteriormente contra la persona obligada al pago cuando sea posible.
Aquí hay una problemática que ha sido objeto de debate en esta Cámara
en numerosas ocasiones. Efectivamente se discute, y se discute con
razón, si un fondo de naturaleza pública tiene que responder a los
impagos cometidos por el cónyuge económicamente mejor situadoque
incumple flagrantemente resoluciones judiciales que le obligan al
pago de esas pensiones alimenticias. Es una discusión abierta, pero
nosotros consideramos que, en consonancia con la recomendación del
Defensor del Pueblo -la que dirigió en este sentido al Ministerio de
Trabajo-, habría de adoptarse alguna iniciativa pública para
garantizar la efectiva realización de estos pagos, sin perjuicio de
que después el ente público que los abordara repercutiera esas
cantidades adelantadas al cónyuge legalmente obligado a hacer esos
pagos. A ver si todos juntos conseguimos superar los obstáculos,
parece ser que políticos y presupuestarios, siempre blandidos desde
el partido en el poder en cada momento y que desde 1995 están
impidiendo la consecución de algo tan necesario y positivo desde el
punto de vista de la tutela de la familia y especialmente de la
dignidad de la mujer y de los hijos. Ése sería, sin duda, un gran
paso adelante.
Por lo que se refiere al epígrafe concerniente a la responsabilidad
penal de los menores -un punto muy importante al que también me
referí en Comisión-, el informe da cuenta de la recomendación
dirigida al Ministerio de Justicia, en la que, entre otros aspectos,
se le pide que considere la posibilidad de ampliar la duración de la
medida de internamiento en régimen cerrado para los supuestos más
graves, así como que revise el tiempo mínimo que los menores tienen
que permanecer internados antes de modificar o sustituir
dicho internamiento. En este sentido, el informe se hace eso de la
opinión expresada por algún grupo de ciudadanos en virtud de la cual
los cinco años de internamiento en régimen cerrado serían un lapso de
tiempo insuficiente para hacer eficaz el principio de resocialización
a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Protección Penal
del Menor.
Permítanos, señor Defensor del Pueblo, expresar en este punto una
opinión distinta a la de estos ciudadanos, una opinión, más que
distinta, antagónica. El artículo 55, que proclama el principio de
resocialización, establece literalmente que toda la actividad de los
centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará
inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de
derecho y, por tanto, continúa formando parte de la sociedad. En
consecuencia -añade el 55.2-, la vida en el centro debe tomar como
referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos
negativos que el internamiento pueda presentar para el menor o para
su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los
familiares y allegados y la colaboración y participación de las
entidades públicas y privadas en el proceso de integración social,
especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente. La
exposición de motivos de esta misma ley proclama en este sentido la
absoluta prevalencia del superior interés del menor -la califica
expresa y literalmente así- sobre cualquier otro valor, sobre
cualquier otro interés público que pueda concurrir en la regulación
de la ley y, en coherencia con ello, subraya la naturaleza educativa
de sus preceptos, renunciando expresamente a otras finalidades
esenciales del derecho penal de adultos, como, por ejemplo, la
proporcionalidad entre los hechos cometidos y las sanciones a imponer
o la intimidación de los destinatarios, que, sin embargo, carecen de
sentido en el ámbito del derecho penal del menor. Por ello, tampoco
compartimos la bondad de la reforma impulsada a través de la Ley
orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que, como se sabe, amplía hasta
10 años el periodo máximo previsto para las medidas de internamiento
en régimen cerrado.
El informe hace referencia a esta reforma, pero no emite un juicio
valorativo en torno a la misma; se limita a constatar su existencia,
pero no la enjuicia, no emite un punto de vista valorativo. Creemos
que el Defensor del Pueblo debe abordar con criterio crítico, desde
el punto de vista de la defensa de los derechos fundamentales y
libertades públicas, este problema, y singularmente esta reforma,
porque estamos hablando de menores de edad, un sector de la población
sobre la que el derecho penal tiene que intervenir educativamente,
con el fin, además, de facilitar su integración social según los
principios básicos que inspiran esta ley. Por tanto, la reforma
articulada a través de la Ley orgánica 7/2000 nos parece
desproporcionada y sobre todo inadecuada desde el punto de vista
educativo. Se inscribe de alguna manera en lo que la doctrina viene
llamando el derecho penal simbólico, que persigue satisfacer ciertas
exigencias sociales y dar respuesta a ciertas presiones mediáticas,
pero sugerimos al Defensor del Pueblo que analice ponderadamente el
tema y alcance sus conclusiones. Con la peripecia surgida en torno al
recurso de inconstitucionalidad planteado, o no planteado en este
caso, contra la Ley de Extranjería, el Defensor del Pueblo ha
demostrado que puede afrontar con libertad de criterio las presiones
sociales y los efectos de los medios de comunicación social. Y si
puede resistirse a las presiones sociales y a los medios de
comunicación social cuando éstas tienen por objeto la defensa de
derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros,
supongo que podrá hacerlo, y con más razón, cuando lo que pretenden
de la institución del Defensor del Pueblo es que se abstenga, se
inhiba o no sea lo suficientemente beligerante en la defensa de los
derechos fundamentales, en este caso, del menor.
Desde un orden de cuestiones muy diferente, el del personal al
servicio de las administraciones públicas, el informe da cuenta del
incumplimiento por parte de la Administración pública de diferentes
recomendaciones que le han sido formuladas por el Defensor del
Pueblo. Creemos que la Cámara, que ha comisionado a esta figura
institucional para supervisar la actuación de las administraciones
públicas con el fin de garantizar, como se sabe, los derechos
fundamentales y las libertades públicas, no puede quedar impasible
ante el incumplimiento de recomendaciones por parte de las
administraciones públicas, y muy singularmente de una Administración
pública, la general del Estado, cuyo impulso y control corresponde
sobre todo a esta Cámara, de acuerdo con lo previsto en la
Constitución. Por tanto, es preciso que esta Cámara haga un
pronunciamiento expreso, en este caso de censura, al Ministerio de
Administraciones Públicas por la conducta que ha mantenido en
relación con la controversia originada en torno a los empleados
públicos del ámbito de la enseñanza no universitaria transferidos por
el Estado al Principado de Asturias, porque, según los datos que se
recogen en el informe, parece evidente que la recomendación del
Defensor del Pueblo estaba correctamente planteada -a nosotros nos
parece así- y que el ministerio debería haber abonado a los 1.507
funcionarios transferidos las cantidades correspondientes al Fondo
para la mejora de la prestación de los servicios públicos previstos
en el acuerdo suscrito el 24 de septiembre de 1999 entre la
Administración general del Estado y determinadas organizaciones
sindicales. Si las fechas que se consignan en el informe son
correctas, y efectivamente no tenemos motivos para pensar lo
contrario, en el momento de la transferencia los funcionarios de la
Administración del Estado pertenecientes al ámbito de la
Administración educativa habían perfeccionado ya su derecho al cobro
de esta paga de productividad y, por lo tanto, no había ninguna razón
para negársela. La Administración general del Estado actuó
incorrectamente en este caso, y su conducta rechazando la recomendación
del Defensor del Pueblo merece, a nuestro juicio, ser censurada.
Nos alegramos de que el informe insista en la necesidad de clarificar
la situación jurídica en la que se encuentra el derecho de los
funcionarios docentes no universitarios a disfrutar de casa y
habitación, porque viene a avalar una posición que mi grupo defendió
durante la tramitación del proyecto de ley de medidas vigente en el
presente año, pero que fue rechazada por el grupo mayoritario de la
Cámara. La necesidad que ahora plantea el Defensor del Pueblo en
realidad estaba ya expresada en la Ley de medidas del año 1997, que
ordenaba expresamente al Gobierno la aprobación de una norma
reglamentaria que disciplinara definitivamente este tema y
clarificara el panorama, pero el artículo 41 de la Ley de medidas
también de este año, cuatro años después, ha permitido de modo
expreso que continúe esta indeterminación al establecer que, en tanto
el indicado desarrollo reglamentario no tenga lugar, continuará en el
disfrute de la vivienda el personal que la viniera ocupando; es
decir, una disposición transitoria que permite que el panorama de
indefinición jurídica que viene manteniéndose desde el año 1997, a
pesar del mandato legal expresamente recogido en la Ley de medidas
del año 1997 para que se produjera el desarrollo reglamentario,
continúe sin límite temporal indefinidamente en el tiempo.
En el apartado relativo a las clases pasivas, nos parece necesario
resaltar el epígrafe concerniente a las prestaciones derivadas de la
guerra civil. El informe señala que durante el año 2000 se han
seguido recibiendo quejas, algunas individuales y otras muchas
colectivas, que plantean la necesidad de ampliar los derechos
reconocidos a los perjudicados por la guerra civil, bien, se dice,
mejorando las ya existentes o bien creando otras de nueva
configuración. En este sentido, el informe señala los hitos
fundamentales del panorama normativo que rige esta materia y se
identifican, creo que bastante certeramente, algunas de las
insuficiencias que el mismo plantea: se hace referencia a la
recomendación que dirigió el año 1997 al Ministerio de Hacienda y que
no fue aceptada; se identifican una serie de discriminaciones que
provoca inevitablemente el panorama actual entre algunos colectivos,
lo cual refleja clarísimamente que la normativa que regula esta
materia ha sido dictada en épocas distintas, con planteamientos
parciales y fragmentarios y sin que exista una visión de conjunto; se
relaciona un listado de colectivos que no han podido acogerse a estas
ayudas y hay un apartado específico relativo a los ex presos
políticos y represaliados por el régimen franquista. A juicio de
nuestro grupo hay que poner fin definitivamente al parcheo normativo
que viene disciplinando esta materia, es decir es preciso dictar una
norma general que aborde de una manera integral esta problemática,
con una visión de conjunto, y que prevea medidas claras que supongan
una evidente
reparación tanto moral como económica a las personas que se
encuentran en este tipo de situaciones. En fin, apoyaremos las
iniciativas que se adopten en este sentido o plantearemos en su caso
o compartiremos el planteamiento de iniciativas parlamentarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Erkoreka, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo, señor presidente.
Como punto final a mi intervención haré dos pequeñas observaciones.
Una primera, relativa al apartado que se refiere a los recursos de
inconstitucionalidad planteados por el Defensor del Pueblo en
relación con las leyes estatales o autonómicas dictadas a lo largo
del año 2000. Hice mi valoración en Comisión y no voy a incidir de
nuevo en esos aspectos. Me ha llamado la atención el énfasis que ha
puesto en su comparecencia de hoy al analizar la decisión de no
plantear recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de extranjería
porque es una decisión del año 2001 y por tanto no entra en el
informe, es decir sería una cuestión a incluir en el informe
correspondiente al año 2001 y a analizar por tanto en las sesiones
parlamentarias tanto de la Comisión Mixta como del Pleno que se
celebren el año que viene. En consecuencia, no voy a abordar esa
cuestión en torno a la cual evidentemente tenemos nuestro propio
criterio y tenemos mucho que decir.
Finalmente, le felicito por incorporarse al grupo de quienes venimos
criticando desde hace tiempo la técnica jurídica que se articula a
través de la Ley de medidas. Hay un párrafo muy elocuente del informe
que critica duramente la técnica legislativa de la Ley de medidas por
contraria al principio de seguridad jurídica y por tanto ya no es
sólo el Consejo de Estado, no es solamente el Consejo Económico y
Social, tampoco es sólo el Tribunal Constitucional, que ya son
muchos, no son sólo ellos los que se oponen a esta técnica jurídica,
sino que ahora el Defensor del Pueblo también tiene párrafos
explícitos y clarísimos en contra del uso de esta técnica
legislativa. Esperemos que la Cámara tome nota y singularmente los
grupos parlamentarios que tienen poder decisivo en su funcionamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Comenzaré diciendo que desde el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida querríamos trasladarle al
Defensor del Pueblo la preocupación que nos produce ciertas
declaraciones públicas en diversos medios de comunicación que, a
nuestro modo de ver, no son propias de la función que ha de
desempeñar el Defensor del Pueblo y por tanto pedirle al señor Múgica
que rectifique esta conducta, porque la institución del Defensor del
Pueblo se merece credibilidad ante la ciudadanía y no se la puede
poner en cuestión con declaraciones que tienen más que ver con la
ideología personal, por otra parte respetable, que con el cargo que
ocupa el Defensor del Pueblo. Dicho esto, también queremos
trasladarle al Defensor del Pueblo que en los últimos tiempos esta
institución ha perdido, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, peso, prestigio y eficacia;
ha perdido ese calor, ese entusiasmo, ese impulso inicial que tenía y
cada día se vacía más de contenido. El Defensor del Pueblo aparece
más vinculado a la realidad madrileña que a la del conjunto del
Estado español.
Nosotros queremos destacar algunas cuestiones que se nos presentan en
el informe. Nos llama la atención el significativo aumento de las
quejas colectivas, lo cual creo que debe ser celebrado en esta Cámara
porque indica la madurez democrática de la ciudadanía y del pueblo
español. Efectivamente, esta madurez democrática se demuestra
organizándose para presentar quejas ante instituciones como la del
Defensor del Pueblo. También nos llena de satisfacción ver cómo ha
crecido la participación de las mujeres en la presentación de quejas
en los últimos tres años ante el Defensor del Pueblo, participación
que se está acercando vertiginosamente a la de los hombres, estando
ya a poquitos puntos de distancia. Este es un dato que esta diputada
quiere también destacar porque no creo que el aumento de la
participación se produzca porque se lo hayan propuesto desde la
propia institución, sino porque es un signo de que las mujeres
avanzamos en la defensa de nuestros derechos y en el conocimiento de
las instituciones, para qué sirven y qué es aquello que pueden
asumir.
Por comunidades autónomas, hemos visto que Cataluña y el Principado
de Asturias son las que registran una variación interanual al alza
relevante, yo diría espectacular. Por sectores, tenemos que decir que
la Administración educativa se lleva la palma en lo que a quejas
colectivas se refiere, nada menos que 5.767 quejas, así como el
personal al servicio de las administraciones públicas, que tanto en
las quejas colectivas como en las individuales es el segundo
colectivo, por detrás de la Administración educativa, que
numéricamente plantea quejas sustanciales y sustanciosas, tanto
cuantitativa como cualitativamente hablando.
Señor Defensor del Pueblo, las quejas de oficio, aunque
cuantitativamente hemos de destacar que no son numerosas, sólo 121,
sin embargo entendemos que algunas de ellas sí son significativas y
revelan cierta sensibilidad de la institución sobre cuestiones que
generan alarma social y que vulneran derechos fundamentales de las y
los ciudadanos españoles. Estamos hablando de las listas de espera de
cirugía cardíaca, de las denuncias
sobre la saturación de los hospitales públicos, de los derechos
humanos de los emigrantes, de los derechos humanos de la población
reclusa, del acoso sexual de las mujeres en el ámbito laboral y de
otras muchas cuestiones, como los estudios de impacto ambiental, los
malos tratos producidos por algunos miembros de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que se siguen produciendo desgraciadamente en
nuestro país y que nos llena de satisfacción que desde esta
institución se aborden.
Respecto a las quejas no admitidas y, por tanto, no tramitadas,
tenemos que decir que nos parece muy elevado el número, 7.354 quejas
no admitidas y por tanto no tramitadas, frente a un total de 26.874,
casi un 25 por ciento. Esto genera una gran frustración en los
ciudadanos y, por ende, en la propia institución del Defensor del
Pueblo y en esta Cámara. Es por lo que nosotros pensamos, dados los
motivos que se aducen en el informe que se ha presentado hoy en esta
Cámara, que sería preciso acercar más la institución a los ciudadanos
a través de aquella campaña informativa que se nos prometió en la
comparecencia del año pasado. Ello no sólo evitaría una pérdida de
tiempo a los ciudadanos que indebidamente se dirigen a la
institución, sino que también ahorraría tiempo a la propia
institución que usted preside, señor Defensor del Pueblo. Desde
Izquierda Unida seguimos preguntándonos, al igual que el año pasado,
quiénes son los que acuden a esta institución, qué ciudadanas o
ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo. Desafortunadamente,
seguimos constatando que en general son colectivos sociales
privilegiados culturalmente hablando, seguimos constatando que el
Defensor del Pueblo sigue sin ser una institución a la que puedan
acudir las ciudadanas y los ciudadanos más desamparados del Estado
español. Por tanto, es necesario poner en marcha estrategias y
políticas de acercamiento a los sectores sociales más desfavorecidos,
los cuales, por diversas limitaciones y generalmente por falta de
información, no utilizan este recurso, que yo creo que precisamente
debería dirigirse de forma prioritaria a las ciudadanas y ciudadanos
del pueblo español más desamparados. Y cuando hablo de desamparados
me refiero también a los indigentes, a los ciudadanos y cada vez más
ciudadanas, más mujeres, que nos encontramos cada día durmiendo en
las calles de Madrid soportando las bajas temperaturas del invierno.
Los indigentes, los sin techo, no acuden al Defensor del Pueblo, por
lo que esta institución tiene que hacer un esfuerzo y poner en marcha
políticas para que estos ciudadanos tengan acceso a la institución y
puedan presentar quejas a la misma.
En relación con las recomendaciones que plantea el Defensor fundadas
en los principios constitucionales y dirigidas principalmente a las
administraciones públicas y a los órganos legislativos, nos deja
perplejos la falta de colaboración, por otra parte obligatoria, de
los ayuntamientos, de las consejerías, de las comunidades
autónomas. Concretamente en el territorio al que represento, Madrid,
varias consejerías obvian sus obligaciones para con esta institución,
así como el IVIMA, el Instituto de la Vivienda, etcétera. Habrá que
tomar medidas, porque la institución del Defensor del Pueblo no puede
permitir que esto se convierta en una peregrinación a Lourdes una vez
al año para curarnos la artrosis y volver al siguiente porque la
enfermedad sigue su curso y tenemos más molestias. Este no es el
papel del Defensor del Pueblo y ni su equipo ni él mismo se van
a sentir cómodos ni satisfechos con este funcionamiento, por lo que
desde Izquierda Unida queremos pedir al Defensor del Pueblo que tenga
en cuenta algunas consideraciones que ya le hicimos el año pasado y
que volvemos a poner hoy encima de la mesa. Señor Defensor del
Pueblo, esta parlamentaria, portavoz en la Comisión Mixta del
Defensor del Pueblo, el año pasado expresamente le pidió a usted que
en el informe de este año incluyera un epígrafe específico sobre las
mujeres maltratadas, los malos tratos de que son objeto las mujeres,
un epígrafe que sería extenso y absolutamente necesario. Es
lamentable que una vez más esta institución no haya tenido en cuenta
esta recomendación, que por otra parte el Defensor del Pueblo aceptó
y dijo que iba a poner en marcha. Aquí se ha producido la misma
dialéctica que se crea entre el Defensor y esta Cámara cuando hace
recomendaciones y no son atendidas. Le rogaría que este fuera el
último año en que se nos presenta el informe sin este epígrafe,
porque estamos hablando, señor Defensor del Pueblo, del otro
terrorismo, del terrorismo que padecemos las mujeres, que es un
terrorismo de alto calado, que cabalga vertiginosamente sobre la vida
de las mujeres y que nos tiene sometidas al tercer grado, y parece
imposible que al Defensor del Pueblo se le haya pasado por alto
cuando no tiene estas mismas posiciones al hablar del otro
terrorismo, que nosotros también condenamos con toda sinceridad y,
desde luego, con toda contundencia.
Pedimos al Defensor del Pueblo, como hicimos hace un año ya en esta
Cámara, que establezca mecanismos de colaboración para que la
coordinación auténtica, real y efectiva se produzca con los
defensores del Pueblo de las comunidades autónomas donde los haya o
con los comisionados de los parlamentos en el caso de que no lo
tengan. Dado que en el informe del Defensor una de las cuestiones que
destaca en gran medida es el tema de la inmigración, por muchas
razones pero sobre todo por violación de derechos humanos, le pedimos
que establezca mecanismos de cooperación con los defensores del
Pueblo de los países a los que corresponde una mayor presencia de
inmigrantes en nuestro país y que trate de establecer relaciones
estables, coordinadas, efectivas y reales con los defensores del
Pueblo de estos países que son origen de una mayor presencia de
hombres y mujeres inmigrantes en nuestro país.
Lamentamos que la institución que usted representa, señor Múgica,
haya puesto en marcha muy poquitos
recursos de inconstitucionalidad o de amparo ante la agresión que
determinadas normas de las administraciones suponen para amplios
colectivos sociales de este país. Evidentemente no puedo por menos
que señalar la frustración que supuso, no solamente para este grupo
parlamentario sino también para el conjunto de la sociedad y, en
particular, para el colectivo de los inmigrantes, que usted pasara
por alto el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de extranjería.
Señor Múgica, está bien lo del tirón de orejas, lo de venir aquí a
tirar de las orejas a las administraciones, pero si esto sigue así,
usted se convertirá en un buzón de quejas y lo más lamentable y lo
más triste es que este Parlamento también. ¿Por qué digo esto? Lo
digo porque usted ha pasado por alto recomendaciones
interesantísimas, como las que tienen que ver con iniciativas
parlamentarias que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y, particularmente, esta portavoz han defendido en esta tribuna sobre
estas cuestiones, que también acaba de mencionar el diputado del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que me ha precedido en el uso de
la palabra. Desde que soy diputada he presentado esta proposición al
menos en tres ocasiones. Usted recomienda que se cree un fondo de
garantía de pensiones que evite las dificultades prácticas generadas
para el cobro de las mismas en el supuesto de impago por parte del
cónyuge cuando se produce separación, divorcio, nulidad o procesos de
filiación. Dice usted que remite dicha recomendación al ministro de
Trabajo y que se encuentra pendiente de ser contestada. No me
extraña, porque, por tercera vez en menos de año y medio, esta
diputada la ha presentado recientemente en esta Cámara sin que haya
habido ninguna respuesta por parte de este Gobierno del Partido
Popular. Esta es una recomendación estrella que he querido significar
por lo sustancial e importante que es para disuadir y prevenir la
violencia que se ejerce contra las mujeres. Quiero insistir en que si
esta institución no tiene capacidad para que sean tenidas en cuenta
las recomendaciones que hace al Gobierno sobre cuestiones tan
sensibles y tan importantes como ésta, deberíamos de replantearnos
una vez más cuáles son o cuáles han de ser las funciones de esta
institución, porque de lo contrario este debate se va a convertir en
un vía crucis, más que en un hecho que debería ser trascendente,
importante y altamente valorado por el conjunto de la Cámara, y,
señorías, como todos podemos ver a estas horas de la mañana,
desgraciadamente no es así. Digo desgraciadamente porque nosotros
lamentamos que no sea así.
Nosotros querríamos señalar preocupaciones múltiples y variadas, pero
sé que lo importante en este caso no es ser exhaustivo, sino dejar
bien claro que esta institución y su representante contarán con
nuestro apoyo siempre que de verdad este trabajo sirva para algo y se
sustancie en esta Cámara en iniciativas que vengan a resolver los
problemas que nos plantea el Defensor del Pueblo. En la medida en que
esto no sea sí, nosotros,
como grupo minoritario, tendremos necesariamente que dedicarnos a
otras cosas, porque no podemos permitirnos el lujo de perder el
tiempo. No hablamos de una cosa baladí. Insistimos en que el señor
Múgica debería exigir el cumplimiento de las recomendaciones que hace
a las administraciones públicas y, en particular, las que plantea a
los ministerios y que son producto de las múltiples denuncias
individuales o colectivas que los ciudadanos y ciudadanas españoles
formulan ante la institución que representa.
Siguen apareciendo discriminaciones de todo tipo en las denuncias que
se recogen en el informe del Defensor del Pueblo, discriminaciones,
señorías, que no son de recibo en un Estado como el nuestro, en un
Estado democrático, social y de derecho, discriminaciones por razón
de raza o por razón de sexo, discriminaciones por razón de creencias
religiosas. Hay recomendaciones que nosotros agradecemos muchísimo,
pero casualmente todas ellas se encuentran a la espera de ser
contestadas; prácticamente ninguna de las que a nosotros nos parecen
interesantísimas han recibido respuesta positiva por parte de las
administraciones públicas. Esperemos que cambie la tendencia en este
sentido y que el próximo año no se repita esta situación. Esperemos
que la figura del Defensor del Pueblo ponga toda la fuerza que le da
el hecho de estar al frente de una institución como esta para hacer
que esta situación termine, señorías.
Por último, señor Defensor del Pueblo, le pedimos que recupere usted
ese impulso necesario para que este instrumento sea lo más eficaz
posible, para que las ciudadanas y ciudadanos de este país, para que
las ciudadanas y ciudadanos que viven en este país, en este Estado de
derecho, confíen en esta institución y la perciban como lo que
debería ser, como lo que indica su nombre, como la institución que
defiende al pueblo, al pueblo llano, al pueblo no tan llano, al
pueblo en general. Sepa usted, señor Múgica, que si va por este
camino, usted va a contar con la colaboración del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que seguirá con rigor el trabajo de su
equipo y de su institución, pero si no es así, si no van a ser
exigentes, si se van a limitar a venir aquí a leernos el informe,
nosotros -repito- no vamos a seguir permitiendo que se vayan
acumulando déficit democráticos una y otra vez para que esta
democracia cada vez goce de menos salud.
No sé si lo he dicho al principio y como no me gusta ser maleducada
-seguramente se me ha olvidado-, queremos agradecer la presencia del
Defensor del Pueblo en esta Cámara y de su equipo, reiterarle el
agradecimiento en nombre del grupo parlamentario al que represento y
pedirle una vez más que no olvide que el Defensor del Pueblo es una
figura al servicio de todos los ciudadanos. En lo sucesivo le
recomendamos mayor prudencia en las declaraciones públicas, porque de
lo
contrario tendremos que vernos obligados a tomar otro tipo de medidas
en esta Cámara.
Nada más, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo quiere reiterar ante todo
el agradecimiento al Defensor del Pueblo por su presencia en la
Cámara para la presentación del primer informe realizado bajo su
responsabilidad.
Nuestro grupo, en su intervención en la Comisión, ya manifestó el
reconocimiento al nuevo formato del informe que presentó el Defensor
del Pueblo, así como su posición favorable al mismo. El Defensor ha
manifestado rigor en su actuación y en la organización de su
institución, asignado funciones específicas a sus adjuntos,
actualizando sus sistemas informáticos y propiciando un cambio de
edificio -cosa que ha explicado aquí- para poder atender mejor a los
ciudadanos que acudían a visitar la institución, pero el rigor que ha
habido en estas actuaciones no se ha manifestado en algunas
declaraciones públicas, fuera de contexto, que no corresponden al
informe anual, ni son acordes con la ecuanimidad que esperábamos en
dicho informe.
En la Comisión ya dijimos que la información estadística se ha
presentado de forma sesgada, intentando presentar un aumento del cien
por cien. Ha hablado de 29.000 quejas, cuando 14.000 de ellas
corresponden en realidad a 26 asuntos, ya que son reclamaciones
colectivas, que incitaban a respuestas que eran copia unas de las
otras y que en algún caso no representaban investigaciones
específicas de cada una de ellas. Sin embargo, estas reclamaciones
colectivas -y así lo manifesté en Comisión- estaban mejor preparadas,
mejor documentadas, cumplían todos los requisitos de la ley,
propiciaban soluciones que la Administración podía cumplir de una
forma más coherente y favorecían al mismo tiempo una gestión más
efectiva y más lucida del Defensor del Pueblo, lo cual es importante.
En este caso, esta tramitación única ha permitido mejores resultados,
pero, por ejemplo, 1.500 quejas para un solo caso han excedido
muchísimo las quejas que ha mantenido el Sindic de Greuges en
Cataluña. Se trataba de un solo caso, de un solo colectivo; se
trataba de la política lingüística y reflejaba un sentimiento
popular. Esto nos lleva a considerar que la configuración actual del
informe no incita a estudios sectoriales o específicos, pues
posiblemente las quejas colectivas pueden ser un elemento conciliador
que marque la pauta para los estudios específicos a los que nos tenía
acostumbrado el anterior Defensor del Pueblo y que el portavoz del
Grupo de Coalición Canaria ha manifestado como
necesarios o al menos recomendables para el futuro. En su
comparecencia en la Comisión este año hemos visto temas como la
violencia en los centros escolares o el problema de los residuos en
España, que han permitido a esta Cámara contar con unos informes
globales sobre las apreciaciones que tienen los ciudadanos sobre los
problemas que les aquejan, que afectan a temas específicos de su vida
y sobre los que no tienen información suficiente. Es obligación de
esta Cámara tener la visión global para poder legislar y proceder
coherentemente, marcando disposiciones que sean suficientes y que al
menos solucionen los problemas que afecten a la convivencia de las
personas.
Los estudios sectoriales también tienen que ver con dos temas
específicos. El primero, que es de nueva aparición, es la Ley de
extranjería, que ha concitado una serie de problemas durante el año
2000. Precisamente -también lo ha citado el Defensor del Pueblo-, las
diferencias de aplicación territorial de los principios legislativos
han generado en Barcelona una serie de problemas sociales que han
puesto de manifiesto una insuficiencia de instalaciones, de dotación
de funcionarios y una precariedad de presupuestos que han originado
problemas sociales, colas, enfrentamientos y, en definitiva, malestar
en la ciudadanía. Este problema no está solucionado y el Defensor del
Pueblo tiene que continuar sobre ello; al menos tendrá que servir de
base para un estudio relativo al año 2001. Esto se une al hecho de
que nosotros -de acuerdo con lo que ha manifestado el portavoz del
Grupo Vasco- entendíamos que el recurso de inconstitucionalidad
requerido para la Ley de extranjería sería objeto del informe de 2001
y que no era problema del año 2000. Como él lo ha citado pero en el
informe no figuran los recursos sobre la Ley de extranjería
solicitados este año, entendemos que el tiempo de aplicación de la
ley no ha dado margen para presentar este recurso de
inconstitucionalidad y, en segundo lugar, los problemas sociales
generados durante la aplicación inicial de la ley se han dado
precisamente en este año 2001, y por ello creemos que este tema lo
debemos tratar con mayor profundidad y con mayor rigor en el informe
correspondiente a este año, en el que esperamos que se refleje con
mayor detalle.
Finalmente queremos hacer referencia a que no ha mencionado en su
comparecencia la relación con otros defensores del Pueblo
territoriales. Aludo a ello porque en uno de los apartados habla de
la justicia de menores y de su aplicación en la Comunidad Valenciana,
olvidando que ha habido buenas prácticas realizadas anteriormente por
el Sindic de Greuges de Cataluña con el País Vasco y con Galicia para
la aplicación de la justicia de menores en cuanto a la protección de
los mismos, lo que ha redundado también finalmente en su aplicación
en la Comunidad Valenciana. Entendemos que este sistema de
coordinación entre los diferentes defensores del Pueblo de las
comunidades autónomas ha sido positivo, se han sumado y han obtenido
soluciones
que han ido aplicando correlativamente, y ya que el Defensor
del Pueblo ha citado esta última aplicación, posiblemente hubiera
sido positivo recordar las demás y propiciar otras nuevas.
Nuestro grupo quisiera recordar una experiencia positiva que se ha
llevado a cabo en los Balcanes mediante una cooperación del Sindic de
Greuges con el Colegio de Abogados de Madrid y con la Agencia
Española de Cooperación Internacional, que ha sido muy bien valorada
en la región de destino, porque se trata de la actuación de unas
instituciones públicas que están operando en una zona donde
tradicionalmente sólo están presentes organizaciones no
gubernamentales u organizaciones internacionales, y creemos que ha
sido una actividad importante para su institución, una vía que puede
repetirse -ya lo recordamos en Comisión- en otras zonas con este
amplio espíritu de cooperación con el que se intenta establecer el
Estado de derecho como principio de la relación entre las personas.
Para concluir, la ejecución del informe va por una buena vía. Se ha
detallado en el mismo ampliamente su primera actuación y nos
felicitamos por el resultado de su trabajo, en la seguridad de que el
camino emprendido hoy, cuya importancia reconocemos los grupos de
esta Cámara, tendrá una continuidad en las mejoras que hemos
expresado y en la forma de actuación que esperamos que el Defensor
del Pueblo mantenga en sus declaraciones y en sus actuaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero dedicar
mis primeras palabras a dar la bienvenida a esta Cámara al Defensor
del Pueblo, en este caso a don Enrique Múgica, a mostrar mi
satisfacción por contar una vez más con su presencia y a felicitar
tanto al Defensor del Pueblo como a sus adjuntos y a su equipo de
trabajo por el informe que nos han presentado.
En cuanto al informe, queremos mostrar nuestra satisfacción por el
cuidadoso tratamiento en la elaboración de datos y la nueva
metodología de trabajo, lo que ha llevado implícitas mejoras
materiales, con la implantación de nuevos soportes informáticos,
herramientas imprescindibles en el siglo XXI para ser capaces de
trasladar de un modo práctico la eficacia e inmediatez en la
información a los ciudadanos y la elaboración de datos estadísticos
que nos permiten visualizar rápidamente la situación. Aunque
seguramente voy a repetir algunas consideraciones ya expuestas por el
Defensor, es inevitable a la hora de hacer la valoración de este
informe, al margen de otras consideraciones que haré posteriormente,
evaluar brevemente
los datos estadísticos. En primer lugar, hay un aspecto importante,
el notable incremento de quejas, 26.995, un 97 por ciento más que el
año anterior, y de estas hay que resaltar que 16.662 son de carácter
colectivo, 10.212 de carácter individual y 121 de oficio, lo que nos
lleva a evaluar el segundo dato, que es el incremento de las quejas
de carácter colectivo. Esto quiere decir que estamos ante el reflejo
de una sociedad articulada y viva, y yo no entraría en la discusión
de si eso se ha hecho a través de demandas colectivas o no
colectivas; simplemente quisiera defender la manera en que la
sociedad civil se dirige al Defensor del Pueblo. Hay un descenso
evidente en las quejas de oficio, casi un 19 por ciento menos que en
el año anterior, pero ahí nos atenemos a las explicaciones gráficas
que nos dio el propio Defensor en la Comisión, porque fue una época
de transición, aunque sí queremos dejar constancia del deseo de
incrementar esa actitud vigilante para promover las quejas de oficio
cuando las circunstancias y ponderación de la institución así lo
aconsejen.
Al hilo de esto, quisiera hacer una breve reflexión sobre el deber de
las instituciones públicas de colaborar con el Defensor, ese deber de
auxilio preferente y urgente que prescribe la ley orgánica, respecto
al que en el informe se percibe una importante dejación, a todas
luces injustificable. Podríamos citar al respecto ayuntamientos,
capitales de provincias de todo tipo -Las Palmas, Alicante, Zamora-;
consejerías de comunidades autónomas, como la de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia, de Ordenación del Territorio y Vivienda del País
Vasco o de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por hacer un
repaso muy somero para demostrar que las hay de todos los signos
políticos. Hay elementos que cabría destacar, por ejemplo, la escasa
diligencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o la de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, en una demostración de
que mal se puede ser sensible a las demandas de los ciudadanos si no
se atienden los requerimientos del Defensor del Pueblo. He escuchado
atentamente y con satisfacción al Defensor del Pueblo esta mañana
cuando se ha comprometido -con las debidas cautelas y prudencia que
sin duda ejercitará- en la necesidad de aplicar la ley, incluso lo
previsto en el Código Penal, tal y como se señalaba en la reunión de
la Comisión respecto al informe del Defensor, por nuestro grupo y por
otros grupos de la Cámara, ante los reiterados comportamientos que
obstaculizan la labor del Defensor y de la institución que representa
y, por tanto y lo más importante, el amparo de los ciudadanos.
El contenido del informe -y es uno de los motivos de satisfacción de
nuestro grupo- es un barómetro bastante aproximado de los problemas
que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas: retrasos judiciales,
falta de coordinación entre las administraciones, la situación de los
inmigrantes, la calidad de la educación y la sanidad o la indefensión
e inseguridad del ciudadano ante
prácticas abusivas de la banca privada o de las aseguradoras, por
citar algunas. Sería imposible en esta intervención tratar todos y
cada uno de los temas que son motivo de queja, pero intentaré
referirme a los que, a nuestro juicio, son los más importantes, por
ejemplo, la falta de información tanto en la Administración pública
como en la empresa privada. Me gustaría señalar el caso concreto de
la empresa privatizada Telefónica, donde no hay una oficina pública,
sino que el ciudadano se topa con la pared de un número telefónico al
que ha de atarse si quiere resolver sus problemas, y eso es una
consecuencia de la reducción de costes; o la necesidad de la
ordenación de las entidades financieras y de seguros para dar
seguridad ante abusos por cobro de comisiones o posibles fraudes.
Existen dos líneas de quejas coincidentes. En primer lugar, el mal
funcionamiento de las administraciones públicas, con un problema de
fondo que afecta a importantes colectivos de la Administración local,
autonómica o estatal, con un descontrol generalizado que evidencia la
necesidad de un estatuto de la Función pública, un marco armonizador
para todas las administraciones públicas que defina y concrete las
líneas básicas de una Administración moderna y ágil, acorde con las
necesidades del siglo XXI y que el Grupo Socialista ha venido
reiterando en esta Cámara. Quiero recordar que han pasado dos años y
medio desde que el 5 de julio del año 1999 apareció publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Ese mal funcionamiento de
las administraciones se evidencia de un modo notorio en la
Administración de justicia. Los datos ofrecidos en el informe y hoy
mismo en esta tribuna por el Defensor del Pueblo son elocuentes, y lo
reiterado de esta lamentable situación hace pensar que la costumbre
y el mal funcionamiento hacen ley. Ni planes de choque ni declaraciones
han permitido avanzar, puesto que, una vez más, los Presupuestos
Generales del Estado no contemplan recursos que permitan vislumbrar
un cambio de rumbo y evitar el colapso de las salas de lo
contencioso-administrativo y de la jurisdicción civil, por poner dos
ejemplos. Existe, además, una degradación de la oficina judicial, con
pérdida de piezas de convicción o falta de atención al ciudadano o la
falta de intimidad personal en los reconocimientos médicoforenses,
que se realizan en las oficinas jurídicas, con largas esperas, y no
en clínicas forenses. Lo decía en la Comisión la representante de
nuestro grupo, la señora Marón, hace unas semanas: es tal el
deterioro de la Administración de justicia que merecería un
monográfico especial. No obstante, el Grupo Socialista deja una
puerta abierta a la esperanza con el pacto de la justicia y confía en
que su evolución nos dará nuevas pautas de actuación.
Una segunda línea de quejas abarca un amplísimo abanico que evidencia
un deterioro de los servicios públicos vinculados con dos facetas
prioritarias para la vida de las personas: la sanidad y la educación.
La
Administración educativa acumula el mayor número de quejas, que van
desde el deterioro de la calidad de la enseñanza pública a los
problemas planteados en los colectivos de educación especial o a la
política de becas. Existe una verdadera necesidad de impulsar medidas
para que la inspección educativa actúe en situaciones de abuso por
parte de los centros concertados que cobran cantidades no
justificadas ni obligatorias y que llevan a un elitismo progresivo,
además de influir negativamente en la imagen de otros centros
concertados que sí actúan correctamente. Hay también quejas sobre el
funcionamiento de la educación universitaria, desde la carencia de
becas al largo trámite para la obtención y homologación de títulos
universitarios, etcétera, y se quiebra, en definitiva, ese principio
de igualdad de oportunidades ante la educación, amenazado más si cabe
por la futura LOU.
En la sanidad, otro de los temas que preocupa en gran manera a la
ciudadanía, las quejas se centran fundamentalmente en tres aspectos:
en primer lugar, el derecho de la información al paciente, historias
clínicas, atención a los familiares, tratamientos, etcétera; en
segundo lugar, la salud mental, gran carencia en la sanidad pública,
en la que los familiares asumen el papel asistencial de dedicación y
de seguridad para el enfermo por falta de centros ocupacionales de
internamiento temporal o de larga duración, según sus situaciones, y,
en tercer lugar, pero quizá el primero en cuanto a la preocupación de
los ciudadanos, las listas de espera. El Grupo Parlamentario
Socialista, en la intervención con ocasión de la presentación del
anterior informe hace un año, pidió un estudio monográfico sobre las
listas de espera, fundamentalmente para pruebas diagnósticas y
quirúrgicas, ya que el larguísimo tiempo de espera que tienen produce
una gran inseguridad e insatisfacción que con frecuencia agrava las
dolencias y en muchos casos la cita llega demasiado tarde. En la
presentación del informe que el Defensor ha hecho este año se
confirma que tal estudio se está elaborando, pero desde esta tribuna
queremos urgir a la finalización del mismo y le deseamos suerte en el
trabajo, ya que la opacidad con que funciona el Ministerio de
Sanidad, negando incluso al Parlamento datos y cifras que sin duda
debieran de ser transparentes, nos parece muy preocupante.
En el informe también destacan otros temas sociales, por ejemplo, la
necesidad de acabar con la violencia doméstica -la representante de
Izquierda Unida se ha referido extensamente a este tema- y la
necesaria previsión de políticas sociales que permitan el bienestar
de las personas mayores. En un país como España, con una creciente
población envejecida, se carece de la previsión necesaria de centros
de día, de residencias, de ayudas a domicilio, en definitiva, de una
red de servicios sociales con carácter público que cubra el amplio
abanico de demandas sociales. En definitiva, creo que estamos ante la
necesidad de que el Gobierno presente
de una vez por todas la ley de dependencia a que se ha comprometido.
Vinculado al ámbito de políticas sociales, cabe destacar en el
informe el apartado relativo a la inmigración, tratado con gran rigor
jurídico pero, evidentemente, con muchos problemas y, como el señor
Múgica señalaba al terminar su intervención en Comisión, con un
principio básico y es que la institución tiene que estar insatisfecha
con su trabajo. Esa insatisfacción, también en este campo, tiene que
ser un acicate para mejorar. Venimos de una puesta en funcionamiento
de una reforma legislativa tumultuosa. En ocasiones, representantes
del Gobierno han conseguido que la inmigración haya sido noticia
permanente con un contenido negativo, colocándolo así, en el término
negativo, incluso en sucesivas encuestas del CIS, como preocupación
importante de los españoles. Muchos problemas son de gestión y de
mejorar cuestiones administrativas pero otros son de mayor calado
político, de dar tranquilidad, normalidad, diálogo y voluntad de no
crispar situaciones de por sí conflictivas y con gran carga de dolor
humano. Al respecto quisiera citar lo señalado esta mañana por el
Defensor del Pueblo en defensa de las reivindicaciones de presos del
franquismo, dispersas y mal atendidas. Esperamos que a través de los
mecanismos que tiene la institución del Defensor del Pueblo se siga
actuando de oficio y haciendo las aportaciones necesarias para
normalizar la situación que vive nuestro país como receptor de
inmigrantes.
Quiero hacer un inciso especial en los temas medioambientales a los
que el Defensor del Pueblo dedica un interesante apartado,
percibiéndose una creciente preocupación ciudadana que abarca
distintos aspectos: contaminación acústica, contaminación
atmósferica, residuos, saneamiento, depuración, etcétera. Incluso los
ciudadanos demandan mayor información y el Defensor podría ser así
más útil a la sociedad. El Gobierno adolece de impulso legislativo y
presupuestario para adelantarse a las demandas ciudadanas. Reflejo
del talante del Gobierno y de la falta de diálogo del Ministerio de
Medio Ambiente con las asociaciones ecologistas que venimos diciendo
es que no se ha reunido ni una sola vez en cuatro años el Consejo
Asesor Medioambiental, motivo de denuncia ante el Defensor del
Pueblo, como hemos podido ver recientemente en los medios de
comunicación. Por ello insistimos en que la sensibilidad por el
cuidado y defensa del medio ambiente siga siendo una línea específica
de sugerir recomendaciones cuando corresponda. En este sentido, el
Grupo Parlamentario Socialista anima a la institución del Defensor
del Pueblo a seguir haciéndose eco de las quejas de los ciudadanos y
a seguir actuando de oficio cuando se detecten carencias de las
administraciones o de nuevas situaciones generadas en la propia
sociedad. Los grupos políticos respaldaremos esta actuación y
cooperaremos además responsablemente para que el trabajo de la
institución sea eficaz en el
cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias que hace al
Gobierno, ya que de otro modo el Gobierno las convierte en papel
mojado.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Cunillera.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor Defensor del
Pueblo, adjuntos que le acompañan y miembros de su equipo, hace unos
minutos tuvimos oportunidad de escuchar al señor Múgica, que, en
cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente,
planteaba con brillantez ante el Pleno del Congreso el informe anual
sobre la actividad realizada durante el año 2000. Es este, por parte
del actual titular, el primer informe que se presenta en su mandato,
después de su toma de posesión en junio del pasado año.
El día 18 de octubre, en el seno de la Comisión mixta, debatíamos con
amplitud este densísimo informe y precisábamos con detalle muchos de
sus aspectos. Nos corresponde ahora de un modo sucinto y breve fijar
posición sobre este informe de gestión y plantear algunas
conclusiones. En primer lugar, apreciamos una mejora de la
organización y de la gestión interna de la institución. Destacaremos
el esfuerzo desplegado por el Defensor del Pueblo por dotar de
eficacia la gestión ordinaria mediante innovaciones de organización y
materiales. Organizativamente, valoramos de modo positivo la
reestructuración interna acomodando las responsabilidades de las
distintas áreas funcionales en orden a producir un equilibrio tanto
en cuanto a carga de trabajo como en cuanto a eficacia de
funcionamiento. También en medios materiales, en lo referente a una
renovación ofimática y tecnológica que permita la incorporación del
Defensor del Pueblo a las nuevas tecnologías en beneficio de los
ciudadanos y a la adquisición de ese nuevo inmueble que deberá paliar
los importantes problemas de espacio que tiene hoy la institución.
Por otra parte, apreciamos un notable incremento de las quejas y
sobre todo una mejora de la eficacia de la tramitación. El total de
las 26.995 quejas representa un 97 por ciento más que las del año
anterior, destacando, cómo no, el importante incremento de las quejas
colectivas y la progresiva igualación de las quejas presentadas por
hombres y mujeres, que no deja de avanzar. Diecisiete sectores son
básicamente los que recogen estas quejas. Destacan aquellas referidas
al personal de las administraciones públicas de justicia y las
referidas a la seguridad pública. Hay que reconocer la complejidad de
muchas de estas quejas que tienen con frecuencia aspectos
transversales que exigen la regulación coordinada y la colaboración
funcional de diversos órganos administrativos.
Con relación a las quejas colectivas, como decía el Defensor, han
sido muy numerosas y sin duda tiene mucho que ver la existencia de un
importante cuerpo intermedio en nuestra sociedad y también que se
fomenta desde la propia institución del Defensor del Pueblo, desde la
propia personalidad del Defensor, la presencia en los medios de
comunicación, lo que estimula su conocimiento y estimula a los
ciudadanos a dirigirse a la institución. Por lo que se refiere a la
tramitación, hemos dicho que se ha tramitado casi más del triple de
quejas que en el año 1999. Y hay algo muy importante, que se rechazan
muchas menos, lo que hace suponer que los ciudadanos están mucho
mejor informados sobre las competencias atribuidas al Defensor del
Pueblo, sobre los mecanismos de procedimiento y sobre las
circunstancias que impiden la intervención. En el número de quejas
recibidas no admitidas nos encontramos en el 27 por ciento,
porcentaje muy inferior al 43,9 del año 1999, lo que parece indicar,
repito, una mejor información, sin que ello nos deba llevar a la
complacencia porque todavía tenemos que tender a reducirlo. Las
quejas de oficio han sido importantes y no es nada significativo que
su número no haya sido superior al del año anterior. Sobre las
investigaciones efectuadas por el Defensor queremos hacer constar
ante el Pleno del Congreso que un elevado porcentaje de la actuación
de las administraciones se ve como consecuencia de estas quejas. Ni
más ni menos que el 54,89 por ciento de las investigaciones del
Defensor concluyó en que hubo un correcto proceder de la
Administración; bastó una simple comunicación para que el 23,90 por
ciento restante fuese subsanado por parte de las administraciones.
También quiero destacar en nombre de mi grupo la alta receptividad
por parte de todas las administraciones públicas para aceptar
recomendaciones y sugerencias del Defensor. En relación con las
recomendaciones, fueron formuladas 103, de las que, a la fecha de
hoy, según nos informa el Defensor, fueron aceptadas más del 78 por
ciento. Nos parece una cifra muy importante y evidencia un prestigio
de la institución que tal cantidad de recomendaciones se acepte. En
cuanto a las sugerencias, que tienen como resoluciones del Defensor
un rango menor pero no por ello menos importante, hay que afirmar que
ese 63 por ciento de sugerencias admitidas es asimismo un alto
porcentaje.
Constatamos que son pocas, afortunadamente, las administraciones que
no cooperan con el Defensor del Pueblo. Es cierto que es deseable una
mayor agilidad y es cierto que deben remitirse antes los informes
configuradores de la indagación. Son normalmente pequeñas
administraciones y pequeños ayuntamientos los que han omitido esta
obligación de contestar o esta obligación de colaborar. Cito una
circunstancia que ha sido aludida por la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en relación con dos entes de la
Administración central del Estado. El hecho de que estemos en el
mes de noviembre debatiendo un informe de la gestión del año 2000
evidencia que han pasado muchos meses desde que se cerró el informe,
en los que algunos de los problemas detectados se subsanan. En el
caso, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de las
Telecomunicaciones, que es citada en el informe, en los primeros días
del año 2000 procedió a dar cumplida satisfacción a aquellos
requerimientos que le fueron hechos, como no podía ser menos por otra
parte. Es cierto que la magistratura del Defensor del Pueblo es una
magistratura de persuasión, es evidente que se debe basar en la
prudencia y en el espíritu conciliador, pero también es cierto que no
podemos admitir la negativa de los funcionarios o de sus superiores
responsables al envío de los informes iniciales ni dolosa ni
negligentemente. Nuestro ordenamiento jurídico penal, en su artículo
502.2, prevé un tipo que regula el delito de desobediencia a la
autoridad de un funcionario que obstaculice la labor del Defensor del
Pueblo. No seremos nosotros quienes animen a la utilización
indiscriminada de esta facultad, pero sí somos los primeros en decir
que no se descarte la utilización de esta vía cuando existan
comportamientos que sean claramente y de forma reiterada hostiles.
Un amplio apartado del informe del Defensor se refiere a la
supervisión de las administraciones públicas y alude a un total de 17
sectores. Todos son importantes, pero la premura de tiempo hará que
me refiera exclusivamente a alguno de ellos. Efectivamente se
constatan retrasos en las resoluciones judiciales y administrativas y
se pone el acento fundamentalmente en las salas de lo contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia con los
problemas derivados de los recursos de la jurisdicción civil y de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Es cierto que estas
carencias y problemas existen, pero las recomendaciones del Defensor
sirvieron para que en su momento se crearan juzgados de lo
contencioso-administrativo. En el informe también se denuncia una
situación bastante lamentable de retrasos en la Audiencia Provincial
de Madrid y, como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo, un
plan de choque aprobado por el Ministerio y por el Consejo General
del Poder Judicial ya está en marcha y permitirá la celebración de
juicios civiles, de nuevas secciones, para así aligerar el importante
retraso que se acumula en este tribunal. Surtió asimismo efecto la
recomendación, aceptada parcialmente, en relación con el aplazamiento
de la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal de los
menores, con una moratoria para los jóvenes mayores de 18 años y
menores de 21, y muchas otras recomendaciones que ha hecho el
Defensor y que nosotros compartimos han sido integradas en lo que
nosotros denominamos pacto de Estado para la justicia, suscrito,
afortunadamente, por varios grupos parlamentarios de esta Cámara y
que va a permitir abordar la problemática de este importante sector
de la Administración que es la Administración de justicia.
El informe se refiere con amplitud a los derechos y libertades de los
extranjeros en España. El año 2000 fue un año complejo. Nada más y
nada menos que se encontró el Defensor, que nos encontramos todos,
con una Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, que derogó la Ley orgánica 7/1985, y a los pocos días de
entrar en vigor esta nueva ley se anunció una modificación por la Ley
orgánica 8/2000, que se publicó el 23 de diciembre del citado año.
Todo ello hace que a la hora de valorar el informe del Defensor
tengamos que tener en cuenta la existencia de estas tres normativas.
Yo quiero decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que las
recomendaciones del Defensor del Pueblo han sido decisivas para que
se configurara el texto de la nueva Ley 8/2000 y más decisivo, si
cabe, para el reglamento de ejecución de la Ley de extranjería,
reglamento que se aprobó este año por el Real Decreto 864/2001. Las
recomendaciones fundamentales del Defensor, acogidas en la
legislación, hacen referencia al régimen de entradas con unas
garantías en cuanto a la formalización del procedimiento, al derecho
de asistencia jurídica gratuita y a la garantía judicial en aquellos
casos en que el retorno no se produzca en el plazo de 72 horas.
Valoramos de modo muy positivo todas esas visitas que se han hecho
a aeropuertos, centros de acogida e internamientos de emigrantes,
porque la presencia de los miembros del Defensor del Pueblo allí
permite la solución in situ de problemas que, de no realizar estas
visitas y viajes, no se detectarían.
En cuanto a los menores extranjeros y su situación de desamparo en
Ceuta y Melilla, es muy importante que se hayan hecho recomendaciones
en este sentido, porque así se ha podido mejorar instalaciones,
documentar mejor a los menores y, en el reglamento de ejecución al
que antes he aludido, se ha podido ser escrupulosamente respetuoso
con los derechos del menor. Al mismo tiempo se han abordado problemas
de coordinación y tramitación de la reagrupación familiar y
soluciones que se están planteando a través del Plan global de
regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en
España, el Plan GRECO. El Defensor alude también a las listas de
espera, un problema que preocupa a todos los españoles. Ha sido muy
oportuno que se abordase esta cuestión, porque muchas comunidades
autónomas, como consecuencia de esto, aquellas que tienen
competencias en materia sanitaria y el propio Insalud, han
establecido planes específicos para reducir las listas de espera,
especialmente las de cirugía cardíaca.
Con relación a la Administración penitenciaria -bien lo dice usted en
el informe, señor Defensor del Pueblo- es un indicador muy claro de
cómo funcionan los derechos fundamentales en España. Se puede decir
que nos encontramos con un informe sobre las prisiones que supone una
ruptura con una larga tradición en la que los aspectos negativos
primaban sobre
los aspectos positivos. Estas visitas revelan una mejora generalizada
de nuestros centros penitenciarios en lo que se refiere a cuestiones
de alimentación, de higiene y en el área sanitaria, incrementándose
los programas libres de drogas dentro de la prisión y desde la
perspectiva de reducción del daño que el consumo de estos
estupefacientes produce en los internos. Así hay que destacar
programas de intercambio de jeringuillas como el que se cita en el
propio informe, que corresponde a la prisión provincial de la
provincia que tengo el honor de representar, la prisión de Pereiro de
Aguiar. Las cuestiones relativas a la Seguridad Social son muy
importantes. Se hacen recomendaciones que afortunadamente están
teniendo encaje en las modificaciones legislativas y en los grandes
acuerdos para la reforma de las pensiones y de las prestaciones
sociales que se están planteando en España. Por ejemplo, el relativo
a la mejora de los coeficientes reductores para el caso de la
jubilación anticipada o la recomendación que se hace en el sentido de
que debe incrementarse la cuantía de las pensiones mínimas,
especialmente para las viudas y las pensiones del SOVI. Se nos
anuncia que se van a materializar, a partir del año que viene, en una
subida de las pensiones de viudedad en un 55 por ciento,
incrementándose la base reguladora del 45 al 70 por ciento.
Voy a terminar mi intervención con una referencia a la cuestión de
los recursos de inconstitucionalidad, dejando sentada de una manera
clara cuál es la posición de nuestro grupo. Nos dice el Defensor que
en el año 2000 fue interpuesto un recurso contra varios incisos de la
Ley orgánica de 13 diciembre de 1999, de protección de datos de
carácter personal, y que este recurso fue estimado por el Tribunal
Constitucional, declarando nulos los incisos recurridos. También nos
informa el Defensor de otros recursos que finalmente no ha planteado.
En efecto, el artículo 54 de la Constitución española y nuestra Ley
orgánica reguladora establecen, como misión fundamental del Defensor,
la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la
Constitución y entre los mecanismos de los que se ha dotado para esta
defensa está, en lugar prioritario, la interposición de recursos de
inconstitucionalidad. Dicha legitimación le permite interponer en
todos los supuestos en los que lo considere oportuno, si bien de la
amplitud de esta competencia se deriva que deben estudiarse con
detalle todas las solicitudes que se plantean, al objeto de
contrastar cuáles son admisibles y cuáles no lo son. En definitiva,
prudencia y rigor jurídico deben inspirar la actuación del Defensor.
No puede en modo alguno quien es llamado a contribuir decisivamente
a la defensa del orden constitucional ejercitar su legitimación para
cuestionar leyes emanadas de los representantes de la soberanía
popular, de los que además es comisionado, sino en virtud de la
indubitada convicción de las posibilidades de éxito procesal de la
acción. Nuestro grupo por tanto respeta y alienta la independencia
del Defensor del Pueblo.
Concluyo, señor presidente. Nuestro grupo otorga una alta
calificación a la gestión del Defensor, refuerza su confianza en su
persona y le anima a seguir en la senda iniciada, sin ninguna
complacencia, incitándole a la insatisfacción y al inconformismo como
método ideal para estar más cerca de las inquietudes de los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Delgado.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de
expediente 121/000036.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate sobre el
informe del Defensor del Pueblo, corresponde pasar al punto VII del
orden del día, enmiendas del Senado. En primer lugar, la fijación de
posición de los grupos parlamentarios en relación con las enmiendas
al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. ¿Grupos que
deseen fijar posición? (Pausa.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
Señorías, llegamos al trámite final de un texto legal que la propia
exposición de motivos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Perdone, señora Uría.
Señorías, se hace casi imposible escuchar a quien en estos momentos
está utilizando su turno para defender su postura sobre las enmiendas
al proyecto de ley en el Senado. Es necesario, señorías, que
continuemos con el debate en este Pleno con el mayor silencio
posible. Gracias.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Decía que llegamos al trámite final de un texto legal que se presenta
en la propia exposición de motivos como de ajustes y mejoras y que al
final es más que una mera obra de reparación, porque tiene mucho de
obra nueva, de aceptable obra nueva, según la perspectiva del grupo
al que represento.
Las enmiendas que proceden del Senado -a las que me referiré para no
prostituir el trámite- tienen mucho, como es habitual, de enmiendas
de precisión. Ya en el artículo 1 añaden a lo que esta Cámara dijo
que la ley modificada es la de Tráfico y Seguridad Vial, lo que,
desde nuestra perspectiva, resultaba de todo punto obvio. Más
interesante es la precisión del artículo 11, cuando, a los aparatos
de telefonía móvil, se añade cualquier otro medio o sistema de
comunicación. Pasan luego a uno de los aspectos de la ley que ha
quedado más confuso, el relativo a la prohibición de circular
llevando menores en las motocicletas. Nos parece que la referencia a
las edades o a la envergadura de los menores que vayan a ser
transportados no ha quedado suficientemente clara, según se nos
cuenta también por un error de votación producido en el Senado.
Creemos que el intento de sacar en este trámite parte del artículo
aclarará quizás la cuestión, si bien lo que se prevé como
excepcionalidad, a partir de 7 años, mucho nos tememos que se vaya a
convertir en generalidad y que al final sea este tope de edad el que
funcione y no el de los 12 años.
Menores son las correcciones de expresiones, como peso por masa y
algún plural por singular. Más nos gusta un matiz de protección a los
ciclistas, ya que se ha avanzado algo en relación con lo previsto en
esta Cámara, y lo digo desde la perspectiva de un ámbito social con
notable afición a este deporte y en el que sin duda alguna se nos
agradecerán -a nosotros y al Senado- las importantes mejoras en
seguridad vial producidas en el texto de esta norma para quienes
practican el ciclismo como medio de transporte o como deporte.
Después, en el artículo 60, se proponen modificaciones que afectan al
área de la formación vial y que tienen, desde nuestra perspectiva,
una importante vertiente competencial, y es que, señorías, se habla
de centros de reconocimiento de conductores y estos centros no están
contemplados en la normativa de transferencias a la Administración
vasca; sí a la catalana. No están contemplados en las nuestras porque
el momento inicial de acceso a la autonomía no permitía pensar que en
un futuro iban a existir estos centros de reconocimiento. Respecto de
ellos, reivindicamos competencias que nos hubiera gustado que
quedasen mejor salvadas, con un texto del tenor de nuestra enmienda.
No ha sido así, pero la llamada que se hace al reglamento nos permite
pensar que quizá aquí sea posible el ejercicio competencial, si hay
voluntad, y la Dirección de Tráfico suele manifestar esta voluntad.
Sí se nos ha hecho caso, y nos satisface porque es una de las mayores
querencias de nuestra promoción, en relación con la adopción de
medidas cautelares en una materia en la que es tan importante la
potestad sancionadora. Ha desaparecido la expresión de que se
perjudique notoriamente el interés público, que siempre nos había
parecido un concepto excesivamente indeterminado. Fruto de una
enmienda de los senadores vascos,
esto ha quedado definitivamente corregido. Es también correcta,
y votaremos a favor, la referencia que se hace a las formas de
terminación de un procedimiento distinto de la sentencia y la
precisión de límites mínimos y máximos en lo se refiere a las
infracciones y a las sanciones, señalándose además que asimismo se
van a sancionar los incumplimientos de la normativa de reconocimiento
de conductores. Nuevamente esto suscitará un problema competencial,
saber exactamente a quién compete, puesto que, como ya he indicado,
es competencia que reivindicamos algunas comunidades autónomas. Es
correcto prever la cancelación de la sanción como requisito para
obtener un nuevo permiso, cosa que no estaba así en el texto; la
sistematización de los casos de inmovilización queda bastante mejor
de lo que salió de esta Cámara y es justo reconocérselo al Senado.
Igualmente nos parece muy aceptable la desaparición de la disposición
adicional cuarta, porque contenía una precisión que no tenía nada que
ver -era meramente recaudatoria- con la seguridad vial. Aun siendo
entendible, no nos parecía adecuada en una norma cuya finalidad
última es la seguridad del tráfico. Confieso no entender qué se
pretende con la nueva disposición adicional séptima en relación con
el atropello de especies cinegéticas, pero, sabiendo que se propuso
por la totalidad de los grupos del Senado, no me atrevo a manifestar
votación en contra. Seguramente protege algo especialmente digno de
tutela, que tendrá que ver sin duda con los valores de conservación
de determinadas especies o con la ecología. Nos parece interesante la
llamada a las modificaciones que se hace en cuanto al reglamento
regulador de las escuelas particulares de conductores de vehículos,
materia respecto de la cual también es de todos conocido que queremos
competencias en el ámbito autonómico. Me queda finalmente por
manifestar que mi grupo todavía alienta la esperanza de que pueda
llegar a aprobarse la parte, que nos parece importantísima, respecto
de las normas de tráfico y seguridad vial, que se refiere a que
desaparezca del Código Penal la falta por conducir sin seguro y que
sin embargo sea contemplada como infracción administrativa. Conocemos
que el Tribunal Constitucional impide que se contemple en una ley
ordinaria un precepto orgánico y nos gustaría que en algunas de las
modificaciones del Código Penal que en este momento están abiertas en
la Cámara tuviese aceptación lo que ya se ha articulado como tal por
el Grupo Vasco. No hacemos cuestión de que sea en la norma que
nosotros hemos sugerido; sí hacemos cuestión sin embargo de que la
mejor represión de estas conductas, que tanto perjuicio social
causan, es que queden definitivamente contempladas como infracción
administrativa y tengan la adecuada respuesta, que en este caso no es
la penal sino la administrativa, como unánimente se reconoce por la
doctrina y por las administraciones competentes.
Termino, señorías, diciendo que llegamos al final de un largo
trayecto que nos coloca a las dos Cámaras,
Congreso y Senado, a las Cortes Generales, pero sobre todo a quienes
hemos sido ponentes de esta ley, en el punto de mira de lo que serán
innumerables críticas, porque en pocas materias hay tantas opiniones
como en la materia de tráfico. Modestamente, confieso que, dentro de
mi propio grupo, tengo sector crítico en cuanto a los límites de
velocidad o a la tipificación de las infracciones y sanciones. Todos
pensamos sin embargo que con el texto que hoy se aprueba se ha
perdido una nueva ocasión para poder adecuar la normativa de tráfico
a la delimitación competencial en un Estado autonómico. Desde hace
mucho tiempo, todas y cada una de las veces que se trae una norma de
tráfico a esta Cámara hacemos referencia al texto del artículo 17 del
Estatuto de Autonomía, en el cual tiene perfecta acogida el hecho de
que pretendamos reivindicar, de la misma forma que se reivindica
desde la autonomía catalana, la posibilidad de que sea competencia
propia la expedición y la retirada de los permisos de conducir.
Repetimos que hubiese sido un buen momento para que tanto el Gobierno
como los dos partidos mayoritarios de la Cámara, que no han acogido
favorablemente esta pretensión nuestra, hubiesen acreditado su
convicción de que efectivamente es correcta la definición del Estado
que se predica como autonómico. En lo demás, la formación política a
la que represento va a votar favorablemente todas las enmiendas
procedentes del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su
benevolencia. Pido excusas por no haber estado en el orden del turno
y agradezco también al PNV su consideración.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha
remitido la Cámara Alta a este proyecto de ley que modifica el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, que viene ya del Real Decreto-ley 339/1990. Creemos
que el Senado ha introducido una serie de mejoras específicas,
incluyendo una enmienda que había presentado el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria en trámite en esta Cámara y que no pudo ser
aprobada; ha sido aprobado en el Senado en el carácter que tiene de
disposición final segunda, con un nuevo párrafo que va a permitir
encomendar al Gobierno que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley, proceda a modificar el
reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores de
vehículos a motor. De no haberse corregido el texto en este sentido
en el Senado, y como tuvimos ocasión de manifestar en la defensa de
nuestra enmienda en esta Cámara en su momento procesal de
tramitación, la ley hubiera quedado falta de este tercer instrumento
reglamentario
regulador, sobre todo en el importante papel que en la educación para
el tráfico y la seguridad vial realizan las academias y escuelas de
conductores para aquellos que optan a obtener el carné de conducir,
educación que tienen que garantizar las enseñanzas, programas y
controles de dichas academias o escuelas de conductores. Hay
solamente una salvedad, señor presidente. Queremos dejar constancia
de ella porque según nos informa nuestro grupo en el Senado y hemos
podido ver ha habido en la aprobación de enmiendas un descontrol en
la segunda parte del artículo 11.4, que viene como 7.o
en este proyecto del Senado y que entendemos que sobra. Además, se
hace una reglamentación sobre cosas peregrinas en una ley que más
bien deberían ir en la letra pequeña de un reglamento, como por
ejemplo si los pies de una persona alcanzan o no los pedales de un
ciclomotor. Hecha esta salvedad, señor presidente, en todo lo demás
nos congratulamos de este perfeccionamiento de enmiendas que viene
del Senado y lo votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, salvo que se
produjera alguna modificación significativa anunciamos el voto
contrario a las enmiendas introducidas en el Senado y nuestro
malestar porque algunas cuestiones no han sido mejoradas cuando había
toda una filosofía y una voluntad política aparente de solucionarlas.
Me refiero en primer lugar al hecho -ya manifestado en anteriores
debates- de que se considere falta grave la ocupación del vehículo
superior al 50 por ciento de las plazas autorizadas, menos el
conductor. Señorías, llevado esto al extremo permitiría que sólo
fuera considerada falta muy grave cuando un autobús interurbano
llevase 31 personas de más al ser las plazas autorizadas 62
descontado el conductor. Se produciría una situación de película de
países tercermundistas con gente montada en lo alto del autobús, en
el techo o agarrados a las ventanillas, como en las guaguas de La
Habana, para que fuese considerada falta grave. Entiendo, por tanto,
que debería hacerse una corrección o mejora técnica, no sé si ahora o
en el reglamento.
La segunda cuestión es que, aparte de coincidir con el señor Mardones
-sin que sirva de precedente- en lo relativo a la altura de los
reposapiés en una motocicleta -algo que me parece de chirigota porque
es cuestión de modificarla; todos lo hemos hecho en nuestra juventud,
no para el acompañante sino para el que conducía-, aparte de que no
tiene identidad ni ningún sentido, estamos en total desacuerdo con lo
que entendemos un acto de frivolidad política como son las
modificaciones que se han ido produciendo por mor de las legítimas
presiones utilizadas por un grupo parlamentario. No voy a poner
nombre a las personas pero sí decir que ese grupo parlamentario, en
el primer Pleno en que se trató esta cuestión, dijo cosas como las
siguientes, y cito textualmente: Pero nada se dice en el proyecto
sobre que los menores de 12 años nunca deberían ir como acompañantes
-nunca, nunca- en un ciclomotor o motocicleta; son muchos los
accidentes y un niño menor de 12 años no tiene la fuerza suficiente
a veces para adherirse al conductor de la motocicleta o ciclomotor.
Luego incluso se dio una rueda de prensa recalcando estos extremos.
Este mismo grupo, con otro portavoz, dijo el día 5 de abril: También
hemos propuesto otras enmiendas sobre la prohibición de circular con
menores de 12 años como pasajeros en ciclomotores o motocicletas.
Esto nos convenció, todos estábamos de acuerdo, en la Comisión nos
pareció interesante y así se puso, pero hete aquí que por no sé qué
razones -todo el mundo tiene derecho a caerse del caballo en el
camino de Damasco; se cayó hasta San Pablo, imagínense ustedes, pues
por debajo de él todo el mundo- a partir de ese momento hemos entrado
en una procesión de despropósitos como si es una vía urbana o no, si
se puede en sábado o no, si el niño llega a los pedales o no, si el
casco pesa mucho o no. A mí eso ya me parece una falta de seriedad.
También me parece una falta de seriedad y me opongo políticamente en
la medida de mis posibilidades -que son nulas o escasísimas- a que se
llegue a un consenso en una redacción global en un proyecto de ley y
luego, sabiéndolo de antemano, se modifique en el Senado colándolo no
por la puerta falsa -me guardaré muy mucho de considerar al Senado
puerta falsa-, pero sí de una forma torticera en un momento
determinado. Nos encontramos con una redacción que suena a chirigota.
Argumentos hay muchos y a todos nos ha sonado alguna vez el teléfono;
además con la percepción cutre de que se considera que el que tiene
una motocicleta y no un coche es un pobre. Nos llamaban diciendo:
Seguro que ustedes tienen coche; yo, en cambio, como soy pobre tengo
sólo una motocicleta. Depende de la motocicleta que sea porque con lo
que cuesta una Kawasaki 700 se puede uno comprar dos coches. Con esa
concepción demagógica que se ha ido utilizando se producen
situaciones como ésas. El argumento de que yo solamente tengo para
llevar a mi hijo una motocicleta debería llevar a que se prohibiera,
por ejemplo, que hubiera tiempos o zonas de veda en la pesca o en la
cacería, pues alguien podría decir que como tiene una escopeta tiene
derecho a utilizarla durante todo el año o como tiene una caña de
pescar tiene el derecho a utilizarla durante todo el año en todos los
ríos; o, por hablar del tema automovilístico, como yo tengo un
todoterreno tengo derecho a conducirlo por todos los parques
naturales que me dé la gana, porque para eso tengo un todoterreno y
no otro coche. Este argumento a mí me parece un tanto pobre. El
argumento
de que es para llevar a los niños a los colegios, que es donde
obligatoriamente tienen que estar durante la semana a esta edad, no
me sirve, porque además yo me imagino que en esta comunidad autónoma
hay una racionalidad y una planificación magnífica en el asentamiento
territorial de las escuelas. Generalmente todo el mundo tiene
prioridad para una plaza en el centro público escolar de su barrio,
ya que la proximidad es una de las razones que se tienen en cuenta
para admitir a los alumnos en el centro público escolar del barrio;
pero si uno no quiere ir al centro público sino a uno privado que
está a 10 ó 12 manzanas más alejado, entonces allá cada cual. No se
puede legislar para el que quiere llevar a su niño no a un centro
público sino a uno privado que le cae más alejado. El legislador no
puede estar para estos casos de tan poca entidad. Desde luego, ha
cambiado muchísimo lo que aquí se aprobó, que hablaba de tiempo, de
actividad escolar y de circulación en zonas urbanas. Ya se puede
circular con un niño o una niña de siete años, pero eso sí, si es el
padre, la madre, el tutor o un amigo al que le han dado un papel en
el que se dice que le han autorizado para llevarlo; si lleva el casco
reglamentario puede motear a la velocidad que le dé la gana, por las
calles y carreteras que quiera. Flaco favor hemos hecho en esta ley
por mor de no sé qué equilibrios políticos. A la vista de esto, el
voto de mi grupo parlamentario será negativo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores
diputados, concluye hoy en esta Cámara la tramitación dilatada del
proyecto de ley de modificación de la Ley de tráfico; tramitación
dilatada que ha permitido a todos los miembros de la ponencia debatir
vivamente distintas propuestas. Creo que todos los grupos han
intervenido con el objetivo común de mejorar el texto que nos trajo
el Gobierno y, comparándolo con el que finalmente hoy va a ser
aprobado por esta Cámara, se puede decir que es un texto
sustancialmente mejorado por las Cortes Generales. Los debates que
hemos tenido en el Congreso de los Diputados a veces han sido
intensos y con el objetivo común, repito, de mejorar la ley y
conseguir que el número de accidentes de tráfico sea menor. La
prevención ha sido el objetivo de todos los grupos parlamentarios.
Mi grupo hace una valoración positiva, aunque considera que hay
aspectos que requieren una reflexión más profunda. Por eso hemos
propuesto la creación de una subcomisión sobre tráfico en la que
podamos analizar de forma más detenida con qué alternativas reales
contamos para que disminuyan los accidentes de tráfico y para que la
cifra de mortalidad por accidentes y la
de lesionados sea menor. Puedo adelantar que esta subcomisión se va a
crear en el mes de diciembre o a principios del año 2002. Es una
propuesta de Convergència i Unió que creo puede ser aceptada por
todos los grupos y en la que tenemos previsto incluir el acuerdo de
creación de esta subcomisión. Espero que en ella podamos realizar un
trabajo fructífero y que se pueda abordar con seriedad un aspecto que
para mi grupo es muy importante: la introducción del permiso de
conducir por puntos. Consideramos que es importante porque implicaría
una mayor concienciación del conductor con su expediente sancionador,
lo que ayudaría a esa política de prevención. Sancionar menos pero
prevenir más sería el mensaje; mensaje que se concretaba en una
enmienda presentada por mi grupo en el Congreso y en el Senado que no
ha sido aceptada, pero esperamos que en esta subcomisión pueda ser
objeto de mayor debate y de una mayor profundización.
Hay otro tema que tampoco ha quedado resuelto: el competencial. Mi
grupo quiere decir solemnemente -coincidiendo en ello con el Grupo
Vasco- que las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco
tienen asumidas competencias en materia de tráfico; competencias que
deben permitirles la tramitación completa del expediente sancionador,
contenga dicho expediente una sanción pecuniaria o la suspensión del
permiso de conducir, y dejar para la Administración general del
Estado la ejecución material de esa suspensión. Repito que el
expediente global debe poder tramitarlo la autoridad de tráfico
catalana o vasca, ya que han asumido esas competencias. Consideramos
que se trata de un tema que no está resuelto y que deberemos abordar
en la subcomisión. Así pues, existen aspectos pendientes y el Senado
ha introducido diversas enmiendas que mi grupo considera que
globalmente mejoran el texto del Congreso, por lo que recibirán el
voto favorable.
Quiero referirme ahora a un aspecto al que ha aludido en su
intervención el señor Rejón, del Grupo de Izquierda Unida, y que
quiero aclarar desde esta tribuna. Es cierto que la Federación
Española de Municipios y Provincias propuso que se prohibiera que los
menores de 12 años fueran de acompañantes en los ciclomotores. La
propuesta fue aceptada por la mayoría de los grupos de esta Cámara,
es cierto, pero también es cierto -y lo sabe el señor Rejón porque lo
discutimos vivamente en ponencia- que desde el trámite de ponencia mi
grupo, primero en solitario y luego con el consenso de otros grupos,
planteó la necesidad de reflexionar sobre esa prohibición. Hoy puedo
decir que consideramos positivo que gracias a la intervención de
Convèrgencia i Unió y al consenso de todos los grupos se permita a
los menores continuar viajando como acompañantes en motocicletas con
independencia de si van al colegio o no. No establezcamos matices,
sino que los menores puedan viajar como acompañantes siempre que lo
hagan de forma segura. De ahí que mi grupo vaya a votar a favor de la
enmienda introducida
por el Senado en la que se establece un parámetro de seguridad, no de
edad. Mi grupo considera necesario que la conducción sea segura, que
los pies lleguen al reposapiés, que el niño utilice el casco y que
vaya situado entre el conductor y la parte posterior del mismo y no
entre el conductor y el manillar. Ese es un parámetro de seguridad
fácilmente comprobable. Si fijamos un parámetro de edad, el padre no
puede ir siempre con el libro de familia para justificar cuántos años
tiene su hijo. Por tanto, consideramos que es mejor no poner tantos
límites a la ley y que se primen los aspectos de seguridad. Esta es
la propuesta de Convergència i Unió, congratulándose mi grupo de lo
que es una práctica habitual en muchas zonas -en Cataluña lo es-,
esto es, que muchas personas llevan como pasajero a un menor pero de
forma segura. Por consiguiente, mi grupo celebra y considera positivo
el consenso alcanzado para que esto pueda seguir siendo así. Las
ponencias y las comisiones están para reflexionar con más tiempo
sobre las distintas propuestas y en lo que era una propuesta de la
Federación Española de Municipios y Provincias -aceptada inicialmente
por todos- se ha podido introducir un cambio para abrir la excepción
-lo que mi grupo considera positivo porque fue el que la forzó- que
permita a los niños menores de 12 años continuar viajando como
pasajeros de ciclomotores y motocicletas, pero que lo hagan con
seguridad, con lo que al final se ha convertido en un texto de
consenso aceptado por todos.
Señor presidente, quedan algunos aspectos importantes sobre los que
debemos reflexionar, en concreto de qué forma sancionamos menos y
prevenimos más, para que la ley que hoy salga aprobada no dé a la
población el mensaje de que queremos aumentar las multas y que paguen
más. No se trata de eso sino de disminuir el número de accidentes, y
para ello las sanciones pueden ser un elemento importante pero las
leyes no son la varita mágica, por lo que debemos cambiar actitudes e
imprimir una cultura distinta en el mundo del tráfico. No podemos
seguir haciendo, como se hace, publicidad con apología de la
velocidad, sino que debemos ser cautelosos y regular de forma expresa
esos aspectos de la publicidad en la subcomisión. Otro aspecto que
deberemos tratar en la subcomisión es el seguro obligatorio, el
incumplimiento de esa obligación, lo que convierte en potenciales
delincuentes a los conductores que van sin seguro y pueden causar un
accidente, pero que como no tienen los papeles en regla se escapan a
la obligación de pararse para atender ese accidente, por lo que son
un peligro para la sociedad en su conjunto. En la subcomisión debemos
reforzar la obligación del seguro obligatorio, pero debemos hacerlo
sin unos precios excesivos. Hoy un joven que quiere conducir una
motocicleta o un coche tiene que pagar una prima de seguro altísima,
con lo que parece que se estuviera incentivando a que no contrate esa
póliza del seguro obligatorio, por lo que también debemos tomar
medidas sobre ello. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) lamenta que no se haya aprobado en el Senado una
enmienda nuestra en la que se proponía que el Gobierno estudiara la
fórmula para abaratar los precios de los seguros obligatorios de los
jóvenes, porque las compañías aseguradoras están ofreciendo unos
precios altísimos que al final provocan que muchos jóvenes vayan sin
seguro, con el riesgo que comporta para ellos y para terceros que
pueden ser objeto de un accidente.
Señorías, simplemente espero que esta ley pueda dar a la población el
mensaje positivo de que nos ocupamos de un asunto que preocupa a la
sociedad y que en este Parlamento hemos intentado mejorar el texto,
con las lógicas diferencias, y que con las cifras de los próximos
años podamos demostrar que esta ley puede haber sido positiva para
que los accidentes no sean tan abundantes, para que cuando la noche
del sábado los padres que están en su casa reciban una llamada de
teléfono que sea siempre positiva y no tengan que estar vigilantes
pensando que puede haber un accidente de tráfico en el que a lo mejor
un hijo o un familiar pueda estar implicado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, llegamos al
trámite final de este proyecto de ley que lleva en esta Cámara
aproximadamente ocho meses. Vamos a ver si podemos despedirlo en
buenas condiciones y con la máxima armonía posible.
En primer lugar, quería decir que este proyecto de ley va a
contribuir de alguna manera a mejorar la seguridad vial. Esa es la
esperanza con la cual hemos venido todos trabajando. Sin embargo,
sería importante dejar claramente definido que este proyecto de ley,
aunque incluya medidas que mejoren la seguridad vial, no va a mejorar
la política de seguridad vial. La política de seguridad vial es otra
cuestión, es un conjunto de elementos que va más allá de la
elaboración de unos preceptos, que es lo que hemos hecho aquí, por
supuesto, con buena intención y procurando acertar, pero que no está
en el marco del conjunto de actuaciones que desde nuestro punto de
vista tiene planteado en este momento el Gobierno del Estado. No se
introducen medidas de carácter incentivador desde el punto de visto
financiero o desde cualquier otro punto de vista que se refiera a la
acción cotidiana de gobierno, que todavía permite una amplitud de
medidas que no se han adoptado ni parece que se vayan a adoptar a
tenor de lo que conocemos según el último debate presupuestario y
otros debates que hemos tenido en esta Cámara. Como digo, por lo
menos podemos sentir cierta satisfacción al contribuir a mejorar un
poco la seguridad vial en nuestro país.
En relación con las enmiendas procedentes del Senado quisiera
resaltar dos de ellas que a mi grupo le han preocupado. La primera,
la número 40, de Convergència i Unió, que por un error al parecer fue
apoyada en el Senado por el Grupo Popular, razón por la cual aparece
recogida en el texto que se nos remite, es una enmienda que nosotros
consideramos peligrosa. Se lo digo con toda sinceridad, señor Jané.
Hay que establecer una edad. Existe una enmienda que en el Senado se
pactó y en la que se establece una edad mínima de siete años. Si no
fuera así, señor Jané, vamos a inventar algo que va a ser
revolucionario porque tendremos que decir a los fabricantes que nos
realicen la motocuna. Si no es así, dígame usted cómo van a llevar
los motoristas a niños de un año, de dos años o menores, ya que no se
establece ninguna edad, usted no ha estado dispuesto a aceptar
ninguna edad. Por tanto, la motocuna sería un invento que necesitaría
desarrollarse en términos reglamentarios.
La segunda enmienda que a nosotros nos causa una gran preocupación es
la relativa a la disposición adicional nueva séptima. Esta es una
cuestión importante que ha contribuido a dar esa sensación que decía
el señor Rejón de que se ha frivolizado en algún momento con este
proyecto de ley y no voy a decir dónde -cada cual que saque sus
conclusiones-, pero ha habido una cierta frivolidad y nos hemos
encontrado con una enmienda, apoyada por el grupo parlamentario
proponente, obviamente, el Grupo Parlamentario Popular, que nos
introduce un elemento que no estaba en esta ley cuando salió del
Congreso y que ha sido incorporado no sabemos por qué causa y no
sabemos por qué presiones; no sabemos quién ha vendido la moto en
este supuesto. En el otro supuesto también ha habido una cierta venta
de moto y en éste, señora Torme, sería conveniente que supiéramos
quién, por qué y cuándo. Porque a los ciudadanos de mi región,
concretamente esta enmienda relativa a la presunción de
responsabilidad legal por daños en los supuestos de accidentes donde
hay especies cinegéticas implicadas, a los ciudadanos de mi región,
Extremadura, donde hay muchos cotos y muchas especies cinegéticas,
nos ha causado bastante preocupación. Se establece la presunción
legal anticipada de que el responsable no es el dueño del coto ni la
Administración. Si en una carretera y a una velocidad superior a la
permitida uno se encuentra un venado y se estrella contra él ya se
supone, por la presunción legal que se establece aquí, que el
responsable es el conductor y no el dueño del coto; digo responsable
desde el punto de vista de quién va a pagar los daños, la
responsabilidad por daños. Esta enmienda que se introduce en el
Senado es al parecer el mal menor que mi grupo vio y pudo valorar
allí, porque la enmienda que SS.SS. habían previsto en el Senado y
que desde luego no tenía nada que ver con el consenso que habíamos
logrado en el Congreso era el establecimiento de una presunción legal
-repito- por daños contra el conductor por cualquier tipo de
incumplimiento de la Ley de tráfico.
Parece que finalmente se quedó en que sólo sería en el supuesto de
que hubiera un atropello a especies cinegéticas. Repito una vez más
que esto introduce un cambio importante porque hasta ahora, cuando se
producía este tipo de accidentes, los daños los pagaba la
Administración o el dueño del coto, si se circulaba por una zona de
cotos. En consecuencia, pedimos que esta enmienda desaparezca.
Señorías, esta enmienda les va a hacer perder votos, por lo menos en
Extremadura, porque muchas veces no medimos las cosas desde la
perspectiva de la seguridad vial, sino desde la perspectiva de si se
ganan o se pierden votos, pues obviamente esta es un Cámara política.
Desde luego, en este momento puedo decir que en zonas como mi región,
donde se producen del orden de 250 accidentes al año como
consecuencia de atropellos a especies cinegéticas -en el año 2000 así
fue en Extremadura-, esta medida origina preocupación y originará
injusticia. De esta manera, los dueños de los cotos y la
Administración se quitan de en medio sus responsabilidades, mientras
que el ciudadano que tenga que circular por estos espacios va tener
que hacerlo con una preocupación añadida, sabiendo que en el supuesto
de que tenga algún percance los platos rotos los va a tener que pagar
inexorablemente.
Pedimos que este proyecto de ley quede aprobado, pero que se eliminen
estos aspectos que son contrarios a la seguridad jurídica de los
ciudadanos y que perjudican a amplios sectores de conductores en
muchas regiones de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como se ha dicho aquí, finalizamos la tramitación de este
proyecto por el que se modifica la vigente Ley de tráfico,
circulación de los vehículos a motor y seguridad vial. La
característica que ha presidido los trabajos parlamentarios ha sido
el diálogo, la búsqueda de acuerdos, siempre tratando de encontrar la
mejor solución para proteger ese bien jurídico que es la seguridad
vial. Esa característica ha presidido asimismo los trabajos
parlamentarios en el Senado. Por ello, en este trámite, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar favorablemente las enmiendas del
Senado con una única excepción, una excepción a una de las enmiendas
introducidas al artículo 11.4, que más adelante mencionaré.
En el Senado se han introducido algunas correcciones gramaticales, se
han introducido mejoras técnicas, se ha procedido a una nueva
redacción de algún precepto que había salido de aquí con un texto en
ciertos casos confuso y se ha introducido alguna cuestión que
no se había contemplado en el Congreso. Por ello, como decía,
votaremos favorablemente estas enmiendas en conjunto.
Había mencionado una excepción, que es una de las enmiendas que se
han incorporado al punto 4 del artículo 11. En el Senado se
incorporaron dos enmiendas a este artículo. Hay que hacer una
historia de cómo se gestaron los acuerdos y cómo se produjo la
votación. Había una enmienda inicial, presentada por el Grupo de
Convergència i Unió, la enmienda número 40, sobre la cual negociaron
los grupos parlamentarios acordando entre todos un texto
transaccional que la modificaba firmado por los siete grupos
representados en el Senado. Sin embargo, dicha enmienda no fue
retirada por el grupo proponente a pesar de que había firmado esa
transacción, y en la votación se procedió a incorporar ambas
enmiendas, si bien son contradictorias y, desde luego, introducen una
gran confusión a la hora de interpretar este precepto. De ahí que
nosotros vayamos a votar en contra de ese párrafo que se ha
introducido como consecuencia de la enmienda originaria de
Convèrgencia i Unió. Por tanto, solicitamos votación separada de
dicha enmienda, en concreto del párrafo segundo del artículo 11.4,
desde «Asimismo» hasta «el manillar.» En cambio, votaremos
afirmativamente el último párrafo, que es el fruto de esa enmienda
transaccional entre todos los grupos. Como podría haber cierta
confusión, voy a proceder a leer el texto tal como quedaría, pues al
votar en contra de esa enmienda de Convèrgencia i Unió se vuelve a
recuperar una parte del texto que originariamente salió del Congreso.
Por tanto, el punto 4 de este artículo sería el siguiente: «Queda
prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos
delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados
al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con menores de doce
años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin
sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permite esta
circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores
sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada
por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.» Aquí
coincido con el señor Mardones y con el señor Rejón en que el texto
que vamos ahora a suprimir, si votamos negativamente esa enmienda, es
más propio de desarrollo reglamentario. En mi caso discrepo del señor
Rejón diciendo que no me importaría que esa coincidencia fuera un
precedente.
El resto de enmiendas no voy a pasar a analizarlas, puesto que como
digo han sido fruto también del acuerdo de todos los grupos
parlamentarios. Únicamente voy a hacer mención a una de las que el
Grupo Socialista ha manifestado que en este trámite votará en contra,
y es la enmienda que se refiere a la disposición adicional séptima.
En este caso también hay que hacer una pequeña historia de cómo se ha
gestado en el Senado.
Este texto es fruto de una enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Popular, cuyo texto verdaderamente podía dar lugar a
confusiones y podíamos tener discrepancias que yo misma también
expreso en este acto. Fruto de los acuerdos y de las conversaciones
entre todos los grupos parlamentarios se llegó a un texto
transaccional -aquí tengo la copia- firmado por los siete grupos con
representación en el Senado, y en concreto también por el portavoz
del Grupo Socialista, el señor Laborda. Con ese texto yo creo, y aquí
discrepo de los argumentos que ha expresado el señor Mayoral, que se
da una redacción correcta. Pienso que no podemos decir que en la
Cámara Alta se haya incurrido en frivolidad. Se ha contemplado un
aspecto que no se tocaba en el Congreso y se da una respuesta, de
forma técnicamente muy correcta, a una cuestión que preocupaba. Se
introduce un nuevo elemento, pero también se han introducido nuevos
elementos, en concreto por ejemplo a través de una enmienda del Grupo
Socialista, que aquí no se habían tocado. Yo creo que esa Cámara, en
esa segunda lectura, tiene la opción de introducir nuevos elementos.
No creo que se predetermine la responsabilidad del conductor con esta
redacción que se da, puesto que se señala que en accidentes de
tráfico por atropellos de especies cinegéticas será causa legal que
permita, no se dice que será responsable el conductor, se dice que
permita atribuir la responsabilidad al conductor del vehículo por los
daños producidos en un accidente de circulación el hecho de que se le
pueda imputar un incumplimiento de las normas de circulación que
pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados. Quiero recalcar
este último aspecto, porque es clave, se dice causa suficiente, no
cualquier incumplimiento de una norma de circulación podrá determinar
en su caso que el conductor tiene la responsabilidad, se necesita que
haya causa suficiente, y además se añade sin perjuicio de la
responsabilidad que sea exigible a quien corresponda, conforme a la
normativa específica, y de que sean probadas debidamente las
circunstancias del accidente.
Con esta redacción no se ha hecho otra cosa que trasladar a un
supuesto concreto, que son los accidentes de tráfico, el principio
fundamental que rige en la responsabilidad civil, que es el de la
causalidad. Aquí lo que se hace es señalar que ha de existir un nexo
causal entre el hecho generador del accidente y los daños
efectivamente producidos. Con esta enmienda el Senado viene
a precisar esta regla general en relación con el atropello de especies
cinegéticas, y para nada se predetermina la responsabilidad, sino que
se concretan esos principios elementales del derecho de la
responsabilidad civil a este supuesto concreto de los accidentes
motivados por el atropello a una especie cinegética. Permite que el
juez pondere las responsabilidades concurrentes que puede haber de
los distintos intervinientes, teniendo en cuenta ese principio de
causalidad, y también los
hechos probados. Señor Mayoral, yo no desconfío de la aplicación que
vayan a hacer los jueces; a la hora de determinar responsabilidades
tendrán en cuenta ese nexo causal y por supuesto la prueba
acreditada, de manera que nosotros votaremos afirmativamente esta
enmienda, así como el resto de las enmiendas, con la excepción que he
mencionado anteriormente.
Concluyo destacando, como hacía al inicio de mi intervención, que la
característica que ha presidido todos los trabajos parlamentarios,
tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido el diálogo, la
búsqueda de acuerdos, sentarnos y buscar entre todos esa solución
mejor para contribuir a la seguridad vial. Aquí no tendría una
postura pesimista diciendo que esta ley no va a valer para nada; yo
creo que entre todos hemos hecho un trabajo serio y se ha enriquecido
el texto con los trabajos de ambas cámaras. Por tanto confiamos en
que esta ley, que pronto verá la luz en el Boletín Oficial del
Estado, va a empezar a desplegar sus efectos positivos para mejorar
la seguridad vial, siendo conscientes, por supuesto, de que no es un
instrumento mágico y tampoco un instrumento único, porque la política
de seguridad vial es muy compleja, exige la adopción de medidas de
muy distinta índole y que actúan sobre múltiples factores, pero no
podemos olvidar de ninguna manera que un marco legal adecuado es un
aspecto clave para mejorar la seguridad vial.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Torme.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, a la vista del anuncio que ha
hecho la portavoz del Grupo Popular de que va a seccionar una parte
de las enmiendas recogidas en el Senado y aprobadas por confusión en
dicha Cámara a propuesta de Convergència i Unió, plantearía a la
portavoz del Grupo Popular, ya que no todo lo que propone
Convergència i Unió es malo, que se pudiera añadir al final del
artículo el apartado que dice: En todo caso, el pasajero de un
ciclomotor o motocicleta deberá sentarse a horcajadas y en ningún
caso podrá situarse en lugar intermedio entre la persona que conduce
y el manillar. Es una práctica muy peligrosa, y que en los modelos de
moto Vespa, antigua Lambretta, etcétera, el niño o la niña se suele
llevar delante, entre la persona y el manillar. Quisiéramos que se
incorporara esa parte de la enmienda de Convergència i Unió al final
de todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
En este trámite no podemos hacer una transacción sobre las enmiendas
del Senado. En todo caso, señor
Rejón, comparto con usted que la fijación de determinados requisitos
será clave para garantizar la seguridad del menor, pero como anunció
el señor Mardones consideramos que esa especificidad, esa casuística
de todos los condicionantes es más propia de una norma de carácter
reglamentario, y así se hará en ese trámite.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señoría. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
En primer lugar votamos la enmienda del Senado a la disposición
adicional séptima, de nueva creación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 183; en contra, 109; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda al segundo párrafo del apartado 4
del artículo 11 del texto articulado de la Ley, desde «Asimismo, no
podrán» hasta «y el manillar».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 19; en contra, 272; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 285; en contra, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de
expediente 121/000029.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley general
de estabilidad presupuestaria. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Núñez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.-
Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías!
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como era de esperar pocos cambios ha sufrido la ley de
estabilidad presupuestaria en su trámite en el Senado; por tanto
debemos repetir los posicionamientos que los andalucistas hemos
tenido a lo largo de su tramitación en esta Cámara.
El otro día, en la comparecencia del ministro Posada respecto a la
posible ley de cooperación autonómica -de la que, al parecer, aún no
existe texto-, decía el ministro que todos somos Estado, que tan
Estado es una comunidad autónoma como la Administración central
o como una corporación local. En su exposición no sólo sostenía esta
equiparación entre todas las administraciones que conformamos el
Estado, sino que había evitado la palabra coordinación que siempre
implicaba una jerarquía entre el que coordina y el coordinado siendo
sustituida por la palabra cooperación, en tanto en cuanto se estaban
hablando de competencias compartidas. Señorías, me gustaría que ese
mismo discurso lo pudiera construir el Gobierno respecto a la ley de
estabilidad presupuestaria y que se hablara de cooperación
y coordinación y no de imposición legal y rígida de una Administración
a la otra. Es lógico que tengamos responsabilidades compartidas
respecto al cumplimiento de acuerdos internacionales, absolutamente
lógico. Es lógico que el Gobierno sea el que coordine el cumplimiento
de esos acuerdos internacionales contenidos en el Pacto de
Estabilidad y crecimiento respecto a lo que tienen que cumplir las
cuentas públicas españolas. Lo que no parece lógico es que desde la
Administración central se fije un marco rígido de cuál es la
capacidad de movimiento que tienen las comunidades autónomas, que
tienen en definitiva todas las corporaciones locales en el
cumplimiento de esos compromisos y en la evaluación de esos
resultados. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, que al no haber cambios, creo que estamos en lo mismo:
estamos en una especie de ahorcamiento propio, en una especie de
disminución de la capacidad de movimiento del propio Gobierno por
nosotros mismos, en una cantinela repetida mil veces de igualar
endeudamiento con despilfarro, de igualar desbalance con quemar el
futuro de las generaciones venideras como si no hubiera capacidad de
endeudamiento en bienes e inversiones que son rentables desde ya.
Creo que en este escenario que durante todo el tiempo de elaboración
de esta ley ha evolucionado tanto y a peor la
situación de recesión económica internacional, no se han movido un
ápice las consideraciones respecto a la teórica bondad de este
instrumento presupuestario. Por tanto creo que no ha habido reflexión
respecto a lo que está pasando, que no ha habido sensibilidad
respecto a lo que están haciendo otros países centroeuropeos como
pedir incluso prórroga de ese margen del 3 por ciento del Pacto de
Estabilidad y crecimiento; lo que habido es un enroque, un enroque de
nosotros a nosotros mismos, quitarnos incluso ese más/menos tres y
cerrarnos en el cero. Considero que es una ley que tiene
consecuencias instrumentales negativas, que coarta incluso la
capacidad de crédito de tesorería en corporaciones locales; es una
ley que no nos viene bien, es un zapato diseñado en un momento que no
estaba lloviendo y nos interesa más saber si habría que cambiarlo por
una bota de agua. Por tanto, yo creo que nos vamos a dar un
instrumento que muy posiblemente tengamos que volver a modificar
cuando veamos que no nos sirve para resolver la crisis que nos viene
para estos años; incluso no nos sirve, y habla de plurianualidad,
para haber metido estos objetivos de estabilidad presupuestaria en
marcos plurianuales, no en marcos anuales consecutivos; estar más
pendiente, por tanto, de la posibilidad de políticas anticíclicas, en
definitiva de la posibilidad de inyectar para que la demanda suba y
corregir esta recesión económica en que nos hallamos metidos. No
estamos por tanto de acuerdo con esta ley, porque como decía al
principio lo que se ha hecho en el Senado es cambiar por consiguiente
por sin embargo.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias señor
Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a seguir oponiéndose al proyecto de
ley de estabilidad presupuestaria después de haber pasado por el
Senado, porque no recibió ningún tipo de transformación cualitativa
esta ley tan peligrosa desde muchos puntos de vista, como explicaré.
Seguimos protestando en relación al marco comunitario que dice
impedir los déficit públicos excesivos, cuando todos sabemos que
incluso este marco permite el endeudamiento sobre el 3 por ciento del
PIB. Además esta ley confunde adrede lo que es el principio de
estabilidad económica y lo que es el principio de estabilidad
presupuestaria, principio que identifican con un equilibrio de las
cuentas públicas cero o incluso con resultado positivo. Por todo esto
pensamos que hay una serie de argumentos gravísimos, que además
debían ser reconsiderados en esta coyuntura económica que estamos
viviendo. En primer lugar, señorías, queremos reafirmar
de nuevo que ninguna política de déficit cero es garantía de
crecimiento ni de convergencia con los Estados más desarrollados.
Pueden comprobar cómo incluso el CES ha anunciado e informado de que
el Estado español tiene un gasto social del 21,6 por ciento del PIB
frente a la media europea de 27,7 por ciento, con lo cual no hay una
protección pública adecuada para el desempleo, la sanidad pública
empeora progresivamente y los salarios incluso están por debajo de la
subida del IPC. En segundo lugar las comunidades autónomas del Estado
español tienen un dispar desarrollo, una diferencia en la capacidad
de endeudarse e incluso una diferencia competencial y déficit
históricos derivados del papel que cada uno ocupamos dentro del
Estado español. Cabe recordar que uno de los estados de la Unión
Europea, Irlanda, que más crecimiento tuvo en los diez últimos años,
se pasó durante ocho años con un déficit presupuestario claro. No
vamos a hablar de diez comunidades autónomas del Estado español que
están por debajo del 75 por ciento de la media comunitaria y que
efectivamente necesitarían una política de no mantener el déficit
cero para poder promover el desarrollo económico de sus propios
territorios. En tercer lugar esta política va a conducir a que
realmente determinados tipos de parcelas de actividad pública pasen a
la actividad privada puesto que no habrá inversión pública en estos
terrenos, por ejemplo en el terreno de la sanidad o en el terreno de
las infraestructuras. Además, por último, un control férreo de los
presupuestos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno
central deslegitima a estos gobiernos y a los parlamentos de las
comunidades autónomas, subordina a todas las instituciones de
Gobierno y parlamentarias al Gobierno central y nos preguntamos dónde
queda la autonomía financiera de las comunidades autónomas según lo
dispuesto en el artículo 156.1 de la Constitución Española. Todos
seremos menos administradores de recursos públicos con limitaciones
impuestas desde el poder central, desde el Gobierno del Estado.
Por último, señorías, queremos decir que en la Constitución Española
está claramente establecido el principio de planificación general de
la economía a partir de la planificación conjunta con las comunidades
autónomas, y esto no solamente no se contempla así sino que va en
sentido inverso. Por tanto, el hecho de que la ley convierta la
estabilidad presupuestaria -no la estabilidad económica- en rango
orgánico por encima de la planificación, por encima de la suficiencia
financiera y por encima de las características de un Estado
descentralizado, incluso en el caso de los ayuntamientos, no
respetando el principio de suficiencia financiera para atender a una
serie de servicios que también está establecido en la Constitución
española, nos lleva a seguir manteniendo una oposición férrea a este
proyecto de ley. Por lo demás, ya se ve que las enmiendas del Senado
van destinadas exclusivamente a perfeccionar mecanismos
de carácter burocrático dentro del espíritu más estricto de la
ley, por lo cual votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, desde comienzos de la presente legislatura y de manera
obsesiva y continuada, el Gobierno ha venido amenazando con la
aprobación de unas leyes con las características de los proyectos de
ley de estabilidad presupuestaria. Contra viento y marea, en contra
de toda posición fundada han utilizado la mayoría absoluta para
cumplir sus amenazas e imponernos al conjunto de ciudadanos y de
instituciones públicas del Estado unos proyectos absolutamente
increíbles hoy día. No es ahora el momento de repetir el discurso y
de argumentar con la intención de convencer al Gobierno, y digo al
Gobierno puesto que el Grupo Popular no ha mostrado ningún margen de
maniobra no ya para discrepar sino para poner algún reparo a los
planteamientos del Gobierno. Los diputados de la oposición que hemos
trabajado en estos proyectos y multitud de economistas de reconocido
prestigio estamos hartos de clamar en el desierto del Grupo Popular
el sinsentido económico y político que va a constituir la aprobación
de estos proyectos de ley. Sin embargo, antes de resignarme
definitivamente me van a permitir que, como portavoz del Grupo Vasco
en esta materia, señale muy brevemente cuatro características que
definen el contenido real de estos proyectos. En primer lugar, son
unos proyectos insensatos, son preocupantemente insensatos. No es que
sean innecesarios o inoportunos -y por tanto neutrales o inocuos-;
son perversos y sus negativas consecuencias económicas y políticas
habrán de pagarse en un futuro no muy lejano. Un Gobierno que no
tiene competencias en política monetaria por razones de integración
europea y que se automutila la capacidad de actuación en materia de
política fiscal o presupuestaria, es un Gobierno sin instrumentos, un
Gobierno sin capacidad de actuación y sin margen de maniobra, por
tanto es un Gobierno preocupante. ¿No cree el Gobierno en la
necesidad de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico?
¿Cómo concuerdan estos proyectos con la necesaria flexibilidad de
adaptarse a las nuevas situaciones económicas, con la obligada
revisión del Pacto de Estabilidad y crecimiento de la Unión Europea y
con la necesaria adaptación del Programa de Estabilidad español? ¿Por
qué creen, por ejemplo, que los alemanes están preocupados? A juicio
del Gobierno del Partido Popular, estas cuestiones no nos afectan. El
Gobierno del Partido Popular ha encontradoen el inmovilismo el elixir
mágico para superar
los problemas económicos que puedan surgir. Ante la adversidad la
táctica del avestruz. Como les decía en el debate presupuestario, el
inmovilismo es una de las características que mejor definen al
Partido Popular. En segundo lugar, estos proyectos de ley van a ser
incumplibles; la ralentización económica que estamos padeciendo
a nivel internacional, con Japón y Estados Unidos inmersos en plena
recesión y con una Europa que crece a ritmos cada vez inferiores,
afecta negativamente a la economía española. Negando la evidencia, el
Gobierno popular no quería revisar las cifras de crecimiento
económico para los años 2000 y 2001 hasta que no les ha quedado más
remedio. Sin embargo, el Gobierno se apresura al señalar que esta
rebaja del 50 por ciento de la previsión del PIB para el año 2002
realizada por organismos internacionales de toda solvencia, no va a
afectar a las cuentas públicas; es decir, que ellos no cambian las
cifras presupuestarias ni el objetivo de déficit cero. Nos lo tendrán
que explicar muy bien, puesto que o nos están engañando ahora o nos
han engañado en el proceso de elaboración y discusión presupuestaria.
¿Quién se lo va a creer? No pierdan la escasa credibilidad, si es que
alguna les queda, como responsables de la política económica. No
sacrifiquen la cordura económica en aras a mantenerse en sus posturas
inmovilistas. Saben que no van a cumplir el próximo año con el
objetivo de déficit cero, no nos engañen. ¿Por qué, si no, están
subiendo los impuestos de las gasolinas, alcohol, pymes, etcétera?
Será por su promesa continuada de rebaja impositiva, pero ustedes nos
explican que ello es coherente. Increíble. En tercer lugar, estos
proyectos van a suponer un grave varapalo al Estado autonómico y a
las corporaciones locales. Lo hemos dicho y repetido multitud de
veces: las corporaciones locales, globalmente consideradas, se
encuentran desde hace años en situación de superávit presupuestario.
Por otro lado, el déficit de las comunidades autónomas es reducido y
está muy localizado. Por cierto, donde más ha subido últimamente es
en la Comunidad Valenciana, en la que alguna responsabilidad tendrán
los representantes del Partido Popular.
En la década de los noventa, cuando los problemas de déficit fueron
acuciantes, la colaboración y cooperación interinstitucional funcionó
perfectamente y se logró contener e incluso eliminar el déficit
público. Desde que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en la
Cámara, prefieren imponer a acordar, queriendo demostrar de esta
forma tan primaria quién manda. Se equivocan, una vez más, y su
deriva neocentralista les va a jugar una mala pasada. Van a
establecer un sistema absurdo, burocrático, policial, absolutamente
ingestionable; van a entrometerse allá donde no les llaman, donde la
autonomía de los gobiernos y de las corporaciones locales debería ser
respetada. Ahí no les importa pasar por encima de los estatutos de
autonomía e incluso de la Constitución. Por supuesto, su concepción
neocentralista del Estado está por encima de cualquier
marco legal. En cuarto lugar, estos proyectos suponen un ataque al
concierto económico. (Un señor diputado: Mentira.) Señores del
Gobierno, señores del Partido Popular, con tal de ir en contra del
Partido Nacionalista Vasco son ustedes capaces de ir en contra del
concierto económico que tanto dicen defender. Con la aprobación de
estas leyes se va a quebrar uno de los principios básicos que
inspiran el concierto económico, y es su carácter pactado y bilateral
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando afecta a
materias económicas, financieras y tributarias. Sin embargo, respetan
esta especialidad en el convenio de Navarra, lo cual nos parece muy
bien, pero lo respetan porque UPN les ha obligado a corregir la
situación inicial mediante una enmienda aprobada en el Congreso. Una
enmienda similar del Grupo Vasco ha peregrinado por el Congreso y el
Senado sin ningún éxito y bien saben el Partido Popular y el ministro
de Hacienda que hemos peleado por ello. Hemos peleado porque es
incomprensible que se les dé al convenio de Navarra y al concierto
económico vasco un tratamiento diferente cuando ambos sistemas son
esencialmente idénticos.
El Gobierno del Partido Popular crea de esta forma una brecha
injustificada e inexplicable entre el convenio navarro y el concierto
económico de la Comunidad Autónoma de Euskadi. ¿Son estos los
criterios de actuación del Partido Popular? ¿Los amiguismos o no
amiguismos están por encima de las instituciones como el concierto
económico? ¿Saben que ello es una afrenta al concierto, a los que lo
aman y defienden? ¿Cómo van a explicar está agresión? Supongo que con
más neocentralismo. Sin embargo, espero que esta situación anacrónica
se reconduzca en el futuro inmediato.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para expresar
la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor
Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, el 29 de noviembre
de 1901, hace hoy 100 años, fallecía en su casa de Madrid el que
fuera presidente de la Primera República española, Francisco Pi y
Margall. Trece días antes había pronunciado una conferencia en la
Unión Escolar recomendando una vez más a los jóvenes la independencia
de espíritu. A la salida del acto, el frío otoñal, imagino que un
frío otoñal similar al de hoy, ocasionó la enfermedad que puso fin a
la vida del casi octogenario político barcelonés. Sean éstas mis
primeras palabras como reconocimiento a un hombre bueno, que en su
vida política siempre utilizó el debate, el diálogo por encima de las
medidas de fuerza. Mal día para un hombre que defendió la
federalidad, El sueño federal -hago mías las palabras de Elorza en su
magnífico artículo que aparece hoy en El País-, ya
que hoy se trae aquí la aprobación definitiva de la ley general de
estabilidad presupuestaria.
Además, me parece que este es ya un acto de soberbia política. Cuando
los propios ministros reconocen que hay que rebajar las grandes
cifras -el PIB, el IPC, el paro- y que eso va a llevar a una
modificación presupuestaria importante, me parece un acto de soberbia
decir: aquí no pasa nada. Sostenella y no enmendalla. Señorías, para
compensar el decrecimiento o la desaceleración de la economía
española y mundial, salvo que privaticen el museo del Prado -algo
tendrá que ver la dimisión o el amago de dimisión del director; a lo
mejor hay un intento de eso y ha amenazado con tal dimisión-, porque
ya quedan pocas cosas que privatizar, difícilmente les van a cuadrar
ustedes las cuentas; difícilmente. Hombre, el Congreso de los
Diputados también se puede privatizar, pero dan menos dinero que por
el Museo del Prado, señor Cámara.
Hago mías intervenciones de anteriores portavoces, tanto del Grupo
Mixto como del Grupo Vasco, en el sentido de que, además, esta ley es
una agresión muy fuerte, sin sentido, a autonomías y a ayuntamientos.
Ustedes han olvidado aquello de que, en ese mundo, para poder
endeudarse, el endeudamiento tiene que ir a inversión. Eso ha ido
llevando a unas prácticas presupuestarias que hacen que, en estos
momentos, sin endeudamiento no haya inversión. Claro, que ustedes
pueden endeudarse, ustedes pueden hacer de una capa un sayo -luego
hablaremos de eso-, pueden dibujar, maquillar, hacen con los
presupuestos plastilina e ingeniería financiera, pero, por encima de
todo, hay un punto sobre el que me gustaría que reflexionaran. Si los
votos que hubo aquí en la anterior sesión y los que ha habido en el
Senado se reproducen, señores del Grupo Popular -no hay nadie del
Gobierno, por tanto, señores del partido que sustenta al Gobierno,
que soporta en el sentido más puro del diccionario de la Real
Academia Española. (El señor Fernández Marugán: Que aguanta.) Que
aguanta al Gobierno. Bien, vamos corrigiendo- sepan ustedes que la
inmensa mayoría del pueblo español, expresado en votos populares, va
a votar contra esta ley. Voto a voto, sumen ustedes los votos
populares de las fuerzas políticas parlamentarias -no los de los
diputados, que son legítimos, pero es que estoy invitando a la
reflexión, no a la matemática parlamentaria, que ya la sabemos- que
votamos en contra de esta ley de estabilidad presupuestaria y verán
que son más que los votos populares que hay detrás de las fuerzas
políticas que van a votar a favor. Esto va a tener repercusiones muy
graves sobre autonomías y ayuntamientos, pero es que este
desequilibrio aún es mucho mayor si hablamos de habitantes de
comunidades autónomas gobernados por fuerzas políticas que están en
contra de la ley de estabilidad en relación con las que están a
favor. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero uno siempre ha
entendido, como figura en los manuales de democracia, que un Estado
es mucho más
que una mayoría absoluta, por mucho que esa mayoría tenga una
legitimidad democrática. Un Estado es mucho más. Ustedes van a
condicionar, por mor de su mayoría de diputados, que no de votos
populares, la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que están
gobernados en comunidades autónomas por fuerzas políticas que se
oponen a la ley de estabilidad presupuestaria. Estamos hablando de
proporciones tales como 23 millones de personas que están gobernadas
por fuerzas políticas que se oponen, o nos oponemos, frente a 16
millones, y esa proporción es aún mayor si hablamos de habitantes de
municipios que están gobernados por fuerzas políticas que se oponen a
la ley de estabilidad presupuestaria y fuerzas políticas que apoyan
la ley de estabilidad presupuestaria. Con ello están ustedes tomando
decisiones, se entrometen y cambian los presupuestos de gente que
tiene una representación mayor que ustedes en autonomías y en
municipios. A mí eso me parece grave. Si ustedes sacan aquí, en un
momento determinado, con su mayoría absoluta, legítima, democrática
-eso ya está dado por supuesto, como el valor en el soldado y
antiguamente la cartilla blanca-, una cuestión de índole menor, es
normal, pero una cuestión de esta entidad no deben sacarla contra la
mayoría de la que estamos hablando. Lo van a sacar, pero no deben
hacerlo, señorías. Me he referido a estos números para invitarles a
la reflexión. Decía el otro día, ya que hablaba de soberbia, que
hasta el bueno de Juan Pablo, el soberbio de Juan Pablo, en el buen
sentido de soberbio, dice que ya ha acabado la infalibilidad, que la
infabilidad del Papa no existe, y ahora resulta que ustedes están
trabajando prácticamente con la infalibilidad del Partido Popular,
están ustedes imponiendo en un momento determinado esa infalibilidad.
Concluyo, señorías, con un dato que para mí es mucho más
significativo que todo lo demás. Tengo aquí, en la contestación a una
pregunta parlamentaria, las modificaciones realizadas al 31 de agosto
en los presupuestos vigentes: deuda pública, ampliaciones de crédito
hasta el 31 de agosto, un billón 42.013 pesetas. Si ustedes hubieran
reconocido esa cantidad como ampliación de crédito para pagar deuda
pública en el proyecto de presupuestos, no hubieran tenido déficit
cero, no hubieran tenido equilibrio presupuestario. Es cuestión de
que después en el desarrollo presupuestario ustedes introduzcan las
modificaciones que crean convenientes como modificación de deuda
pública, y dicen que van a amortizar una deuda pública de 882.000
millones. Pues claro, pero es que esa previsión la tenían ustedes y
aplicaron un maquillaje presupuestario para que les cuadraran los
presupuestos, a martillazos en un momento determinado. (El señor
Cámara Rodríguez-Valenzuela hace gestos al orador.) Sí, señor Cámara,
me va a decir que lo que hay que cuadrar son las operaciones no
financieras y las financieras, pero hemos denunciado aquí muchos
grupos parlamentarios que es curioso lo que está pasando con la
deuda pública en este país. Ustedes lo han vendido todo, hasta el
brazo incorrupto de Santa Teresa, lo han privatizado todo y dicen que
están obteniendo el déficit cero, pero año a año va aumentando la
deuda pública. Yo no sé cómo cuadra eso; desde luego, doctores tiene
la Iglesia, y mientras tanto nosotros no estamos para prestarnos a
falsedades y a maquillaje votando a favor de este proyecto de ley. No
obstante, ustedes, con su legítima mayoría absoluta, lo sacarán
adelante.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, nuevamente estamos en este Pleno para debatir el proyecto
de ley de estabilidad presupuestaria y concretamente en este trámite
las enmiendas incorporadas en el Senado, enmiendas que nada aportan
desde el punto de vista de la valoración política que a mi grupo le
merece esta ley, como la orgánica complementaria a la ley general de
estabilidad presupuestaria, que no ha vuelto al Congreso al no
haberse aprobado enmiendas en el Senado. Introducen algunas
modificaciones a las que luego haré referencia pero desde el punto de
vista de posición política son realmente irrelevantes por cuanto
regulan determinadas cuestiones de trámite. Es decir, la ley nos
sigue mereciendo una valoración negativa por la relación de causas
a las que hice referencia en anteriores intervenciones en este Pleno y
a las que volveré a referirme con posterioridad. ¿Sobre qué materias
versan estas enmiendas? Lo abordo muy rápidamente. Simplemente
afectan a cómo debe tramitarse el acuerdo del Gobierno que fija el
objetivo de estabilidad presupuestaria una vez en la Cámara:
documentación que debe acompañarle, mención expresa a que condiciona
los Presupuestos Generales del Estado, por otra parte ya ínsita en el
articulado de la ley, etcétera y remisión del informe del Consejo de
Política Fiscal y Financiera a la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, que es previo a la fijación del acuerdo de
estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno. También se
modifica el artículo 14.3, que hace referencia a la corrección del
desequilibrio presupuestario en el ámbito estatal, el artículo 15.4
respecto del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria,
concretamente el informe trimestral que el Gobierno debe rendir sobre
aplicación de este fondo, y una modificación meramente puntual del
17.1. No hay más. Desde luego, no son las enmiendas que a mi grupo
parlamentario le hubiera gustado que se aprobaran en el Senado, que
hubieran tenido calado político y que hubieran permitido cambiar el
contenido esencial, sustancial, de fondo, de esta ley,
pero estos puntos esenciales realmente no se han modificado. Por
tanto la posición política sigue siendo la misma. Recuerdo, aunque ha
sido ampliamente expuesta en esta Cámara, que la posición política es
la que sigue: Convergència i Unió está a favor del rigor
presupuestario, está a favor del axioma de que las administraciones
no deben gastar más de lo que ingresan. También consideramos que esta
ley es la propia realidad y los presupuestos y su ejecución de los
últimos años han demostrado que no son necesarias por cuanto se pudo
pasar la reválida de examen de Maastricht y ajustar los déficit
presupuestarios hasta una situación de equilibrio sin necesidad de
estas leyes marco. Pese a ello, si las leyes hubieran tenido otra
plasmación concreta, otro articulado, otro sentido político, nos
hubieran parecido bien por cuanto hubieran servido para incidir en
una mejora del rigor presupuestario. Sin embargo, son diversos los
puntos, no sólo de la ley general de estabilidad presupuestaria, sino
de la orgánica que no debatimos hoy, que no son asumibles para mi
grupo parlamentario y que por tanto motivan una valoración negativa
de los mismos. Han sido expuestos ampliamente. En primer lugar, no
haber utilizado el concepto de estabilidad presupuestaria establecido
en el Pacto de estabilidad y crecimiento, que limita muy seriamente
la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de la
Administración local; en segundo lugar, el régimen establecido para
los planes de corrección de los desequilibrios presupuestarios de las
comunidades autónomas, que están sometidos a una tutela ulterior que
no se exige, por ejemplo para la Administración local, lo que es
ciertamente sorprendente y, en tercer lugar, las limitaciones al
endeudamiento, fundamentalmente en las comunidades autónomas,
preceptos a los que tuve ocasión de referirme en el último debate
celebrado en este Pleno.
Mi grupo parlamentario tiene que decir que está a favor del rigor
presupuestario, pero que no está a favor de leyes que afecten a la
autonomía financiera de comunidades autónomas y de la Administración
local. Por ello que mi grupo no va a votar a favor de estas
enmiendas, por su total irrelevancia desde una óptica política, y
mantiene su posición negativa ante esta ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, todos ustedes conocen que mi grupo parlamentario se ha
opuesto a estas leyes, a esta ley en concreto, tanto en el Congreso
como en el Senado. Lo mejor que se podría decir de este proyecto de
ley es que es una iniciativa que sirve para los buenos tiempos pero
que resulta bastante difícil
de admitir cuando las circunstancias se tornan algo turbulentas.
Cuando hay mutaciones en la singladura se requiere que se establezcan
nuevas reglas y nuevas actitudes, que se adopte una actitud política
y mental destinada a ampliar los contenidos de las políticas para
poder regular las posibilidades de crecimiento, para poder afrontar
los conflictos que puedan surgir y para tratar de condicionar el
desenvolvimiento de la propia crisis. Nada de esto se propone en este
proyecto de ley. El representante del Partido Nacionalista Vasco y el
representante de Izquierda Unida así lo han puesto de relieve. La
filosofía que se incorpora a este proyecto de ley es ajena, contraria
a este tipo de planteamientos, donde tanto vale la adaptabilidad a
las circunstancias. Se deja ver en él un doctrinarismo muy
preocupante, fruto del cual Aznar hace en España lo que Ross Perot no
logró hacer en Estados Unidos. Además, la comparación podríamos y
deberíamos hacerla con otros socios de la Unión Europea. Esta
iniciativa legislativa supone la prescripción, con un aumento radical
de la dosis, de la pócima que se suministró en un momento determinado
de la vida política europea, cuando Alemania exigió que para que
aceptara la sustitución del marco por el euro tendrían que adaptarse
un conjunto de políticas económicas que supusieran el aislamiento
y la marginación de los gobiernos no honorables. Sin embargo, si uno
tuviera que buscar un tercer antecedente lo podría encontrar en
algunas realidades existentes en el hemisferio sur. Este es el tipo
de iniciativas que nunca adoptan gobiernos equilibrados, que nunca
adoptan gobiernos sensatos; desgraciadamente este tipo de iniciativas
lo suelen imponer los organismos internacionales a aquel tipo de
Gobierno que se ha caracterizado por una pésima gestión económica. No
obstante, no es solamente este tipo de críticas el que fundamenta la
oposición de mi grupo a este tipo de proyectos, sino algo que ocurre
en la realidad presupuestaria de España. El presupuesto hoy no es un
fiel reflejo de la actividad financiera del sector público. No lo es
porque existen múltiples organismos que escapan a su control y esos
organismos crecen semana tras semana por acuerdos del Consejo de
Ministros. En el presupuesto español hay una actividad bancaria que
se realiza a favor de entidades y empresas para poder llevar a cabo
políticas públicas que no se computan a la hora de medir el déficit.
Además, del presupuesto español ha huido una parte importante de la
inversión pública y la parte que se ha quedado se está realizando
mediante un sistema que consiste en gastar hoy y pagar mañana y que
es conocido fundamentalmente como el método alemán.
Nadie cree que si hubiera criterios de contabilidad razonablemente
aceptados estaríamos en una situación de equilibrio. Por eso yo casi
me atrevería a proponer al grupo mayoritario que en lugar de haber
procedido a establecer este tipo de normas, hubiera restaurado
aquella vieja ley de Administración y contabilidad de
la Hacienda pública española, que en 1911 fue capaz de cobijar una
parte de la actividad financiera del sector público durante muchos
años. Desde luego, a esta ley le auguro un menor tiempo de vigencia
que aquélla. En cualquier caso, esta norma pivota sobre dos hechos:
un cuadro macroeconómico establecido en un horizonte plurianual y
unos escenarios presupuestarios articulados con él. El horizonte
plurianual, créanme, es un sarcasmo. No figuraba en el proyecto que
remitió el Congreso al Senado, pero sí figura en el mensaje motivado.
Digo que es un sarcasmo porque las previsiones macroeconómicas del
año 2001 no han tenido una vigencia plurianual, ninguna ha superado
un trimestre. La corrigieron en abril, la corrigieron en julio, la
corrigieron en septiembre y la van a corregir en diciembre. Además,
la van a corregir y se van a volver a equivocar porque el resultado
final será distinto al que hoy dice el Gobierno. Por lo tanto, uno
tiene que dudar de la capacidad de este Gobierno para establecer
objetivos plurianuales, aunque sí tiene que decir que en este momento
ha decidido mentir por decisión propia. ¿Qué decir respecto de los
escenarios presupuestarios? Nadie piensa en este momento que el
documento presupuestario español sea creíble, entre otras cosas por
que se hurta la posibilidad de debatir ese presupuesto con criterios
reales. ¿Qué sentido tiene esta ley con los antecedentes de los
presupuestos del 2001 y del 2002, en donde se han presentado
previsiones de ingresos, de gastos y de déficit público que son
absolutamente inverosímiles, que sabemos de antemano que no se van a
cumplir? Podríamos, señora presidenta, plantearnos este tipo de
disposiciones si el sistema presupuestario español integrara todos
los ingresos y todos los gastos, pero sabemos que no es así. Lo
sabemos y lo padecemos en este momento. En este momento el Congreso y
el Senado tienen un conjunto de documentos que afectan al
comportamiento financiero del sector público. ¿Qué decir de ellos?
Pues que constituyen una auténtica ficción económica, un esperpento
político y, lo que es peor, una perversión constitucional y, como
consecuencia de ese comportamiento, se van a crear impuestos a través
de enmienda.
Señora presidenta, cuando sin ningún pudor se ha convertido la ley de
medidas, la ley de acompañamiento, en un basurero normativo, de nada
sirve que se nos diga que el Ministerio de Hacienda confeccionará
previsiones referidas a los ingresos y a los gastos. Señorías, esto
es una petulancia falsa y pretenciosa que sobra en un texto jurídico
que pretenda estar a la altura de estas circunstancias. Hoy en España
la situación es diferente. El Gobierno ha renunciado a la facultad de
presentar proyectos de ley y ha pasado a utilizar al Grupo
Parlamentario Popular como un buzón destinado a resolverle algunas de
sus dificultades. Me pregunto en nombre de mi grupo si las enmiendas
del Senado al paquete presupuestario forman parte de la programación
del Ministerio de Hacienda. Señorías, creo que no
y terminaría tratando de adoptar una actitud más posibilista.
¿Estamos delante de un proyecto rectificador? Si detrás de una
liquidación hay un liquidador y detrás de una rectificación hay un
rectificador, ¿este proyecto que se ha traído a la Cámara y que ha
estado auspiciado por el señor Montoro significa que se van a
corregir los comportamientos que se han venido teniendo a lo largo de
los últimos meses? Porque siempre me he preguntado para qué esta ley
y contra quién. ¿Va esta ley contra Álvarez-Cascos para impedir que
día a día un número importante de diputados hable con él y proyecten
la infraestructura pública en España para los cinco próximos años?
¿Va contra el señor Matas para impedir que llene de cemento el
territorio nacional? ¿O es para someter a una disciplina
presupuestaria al señor Zaplana? Sinceramente, creo que ninguno de
estos planteamientos es creíble. En cualquier caso, renuncio a la
broma y a la chanza a la hora de hacer este parangón. Simplemente me
apoyaré en la personalidad de algunos de los proponentes y desde
luego no renuncio a utilizar una vieja frase de Ortega, que
sinceramente se puede aplicar al señor Montoro. Decía que en su
cabeza no anida el acierto. Es verdad. En la cabeza de Montoro no
anida el acierto, pero tampoco el rigor y la neutralidad. Hoy vivimos
un auténtico aquelarre presupuestario, que ha generado una profunda
preocupación en el conjunto de la sociedad española por su confusión,
por su regresividad y por su autoritarismo, que tiene alarmados a
centenares de ayuntamientos y comunidades autónomas y que ha
producido una profunda preocupación al menos en mi grupo. El
resultado de tan brusco y torpe proceder es que padece el principio
democrático, cuya defensa ha sido esencial para muchos grupos de esta
Cámara, desde luego para muchos de los formamos parte de ella. Forma
parte de nuestra identidad, de nuestro legado histórico, de nuestra
convicción y por eso las minorías del Congreso no hubieran podido,
llegadas las personas que las integran a su madurez biológica,
dedicarse al accidentalismo político. No todos pueden decir lo mismo.
Ese principio democrático es el que reclama mi grupo hoy aquí, en
este trámite y en esta ley, el que va a emplear en el Senado en la
defensa de sus posiciones en la ley de presupuestos o en la ley de
acompañamiento. Lo vamos a defender porque no estamos dispuestos
a soportar con nuestro silencio el nulo respeto que en este momento se
está teniendo al Parlamento en la tramitación del bloque de normas
presupuestarias.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Así se habla!)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señores diputados, durante esta mañana se ha hablado sobre la ley de
estabilidad presupuestaria en términos de agresión y mi grupo acepta,
como no podía ser de otra manera, el término agresión en palabras del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, del señor Nuñez y del señor
Fernández Marugán, pero no acepta el término agresión en boca del
señor Azpiazu. Su grupo político no está legitimado en esta Cámara
para hablar de agresión política a ningún ordenamiento jurídico. La
única agresión que en estos días está sufriendo el concierto
económico del País Vasco es la posición que su grupo parlamentario,
el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco mantienen sobre el
concierto económico. (Protestas.) Esta es la única agresión que se
está experimentando estos días en materia negociadora. (Aplausos.)
Por tanto, en su boca y en palabras de su grupo parlamentario no cabe
el término agresión. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo que el País
Vasco necesita, señor Azpiazu, es que ustedes olviden las veleidades
de sus necesidades de carácter nacionalista para representar a todos
menos a Álava en Europa (El señor Azpiazu Uriarte: ¡Pero qué tiene
que ver eso con el concierto!) y se apruebe lo que hace dos semanas
ya estaba en condiciones de aprobarse. Esto es lo que necesita el
País Vasco y no las menciones que hacen sus responsables políticos en
el País Vasco al casus belli, a la agresión o a irse al monte. Esto
es a lo que usted tiene que vincularse hoy en esta Cámara y no hablar
de agresión de la ley de estabilidad presupuestaria. Por tanto, le
invito a que lo haga; todavía tiene tiempo.
El señor Rejón hablaba en términos mucho más aceptables de la
agresión que suponía la ley de estabilidad presupuestaria al
entendimiento de la autonomía financiera de las comunidades autónomas
y de los ayuntamientos. Le debo decir que comprendo que puede
producirse agresión a la forma en la que ustedes entienden que debe
operar el presupuesto en la Administración pública. Precisamente
nuestro grupo parlamentario sostiene que hay que operar un cambio de
mentalidad, para que eso que a ustedes les parece una agresión se
convierta en la inercia de funcionamiento normal de las
administraciones públicas ante el dinero de los españoles, con lo que
dejaría de ser una agresión -en los términos que ustedes manifiestan-
para ser la única manera que tendrán las administraciones municipales
y las administraciones de las comunidades autónomas de poder
sustentar las necesidades políticas de todo tipo. Nosotros no decimos
que endeudamiento significa despilfarro, como decía el señor Núñez, y
de ninguna de las maneras reconozco que lo haya dicho algún miembro
del Grupo Parlamentario Popular. Lo que significa y seguirá
significando despilfarro es endeudarse sin poder pagar. Esto es lo
que significa despilfarro. El proyecto de ley establece posibilidades
y márgenes para seguir haciendo uso del déficit presupuestario y del
endeudamiento, por tanto no es una
fórmula rígida. Lo que sí establece es que ha de operarse ese cambio
de mentalidad y esa modificación de la inercia en la que desde hacía
mas tiempo del estrictamente necesario se veían inmersas las
administraciones públicas de España. Se trata de que verdaderamente
las administraciones públicas -todas, incluidas las municipales-
asuman sus obligaciones de gobierno en materia financiera con
responsabilidad, De modo que no sea tan simple dejar hipotecadas a
generaciones futuras y a gobierno municipales futuros -no el
presente- las posibilidades de acción política como consecuencia del
excesivo endeudamiento, lo que supondría un estrangulamiento
financiero, que es lo que viene ocurriendo en los últimos años en la
Administración pública española. Por tanto, estas leyes, lejos de
suponer una agresión, significan todo lo contrario, posibilitan la
existencia de un perfecto funcionamiento de las administraciones
públicas con respecto a sus responsabilidades de gobierno, sus
responsabilidades de carácter económico. Además, haría falta leerse
en profundidad el proyecto de ley. El proyecto de ley está repleto de
referencias a las nuevas competencias que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera va a tener en relación con los criterios de
estabilidad presupuestaria.
Decía el señor Padrol (que no ha hablado de agresión y yo se lo
agradezco) que las leyes no eran necesarias. Yo le quiero recordar
que su discurso en el debate de totalidad era diferente. Entiendo que
a lo largo de la tramitación parlamentaria no haYA sido suficiente
que en el Congreso incorporáramos las enmiendas que ustedes nos
solicitaban y que se produjera una cuestión muy importante. Van a ser
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las que
aprueben los planes de reequilibrio, tal y como ustedes solicitaron
al Grupo Parlamentario Popular. Nosotros hemos mantenido ese acuerdo
al que llegamos con ustedes porque consideramos que es bueno y que
mejora la ley, pero no me diga que aquellas incorporaciones que
ustedes hicieron en la ley no sirven para mejorarla y que lo que era
necesario hace dos meses deje de ser necesario en ésta. Nuestra
opinión es que las dos leyes siguen siendo necesarias y que además
las aportaciones de Convergència i Unió en el Congreso de los
Diputados sirvieron para mejorar de forma muy sustancial ese
entendimiento que ustedes querían sobre qué tipo de capacidad iban a
mantener las comunidades autónomas en relación con los criterios de
estabilidad presupuestaria. Bueno, pues creemos que siguen no sólo
intactos, sino mejorados por las aportaciones que hizo Convergència
i Unió. En consecuencia, me hubiera gustado ver que el discurso era
diferente, que consideraban que las leyes seguían siendo necesarias.
Lamento que esto no sea así, pero verán cómo esas incorporaciones que
ustedes introdujeron en la ley van a permitir visualizar en todas las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas que la realidad
es otra, que sí que son necesarias y que no sólo no se vulneran, sino
que lo que
hacen es proteger realmente las competencias que en materia
financiera siguen teniendo las comunidades autónomas en materia de
equilibrio. Como ustedes siguen estando de acuerdo en que el
principio es lo verdaderamente relevante, aquellas incorporaciones
suyas con la vigencia y la validez del principio harán posible que
todas las fuerzas políticas, las de Cataluña y las de esta Cámara,
entiendan que el discurso de entonces era válido y el que hacían
ustedes hoy era menos válido.
En cuanto a las manifestaciones que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, nosotros entendemos que falta una respuesta
política de su grupo que seguimos sin encontrar. Queremos saber si al
Grupo Parlamentario Socialista le parece o no le parece que España
necesita el equilibrio y la estabilidad económica para seguir
venciendo los obstáculos que la economía española tenía en el año
1996. Queremos saber si creen o no creen que la estabilidad económica
es la que puede proporcionar a España las posibilidades de seguir
creando empleo. Queremos saber si ustedes consideran o no que la
estabilidad económica es la única que puede permitir que España se
pueda ir acercando, a ritmos superiores de los que ocurrían antes del
año 1996, a los márgenes de renta y de empleo que hay en Europa en
estos momentos. Queremos saber de qué manera encontraría el Partido
Socialista márgenes para poder afrontar situaciones de crisis y de
incertidumbre económica como las que existen en la actualidad en la
economía mundial y en la economía española. Seguimos sin encontrar
respuestas. Lo que sí sabemos son las recetas que incorporaron en el
entendimiento de cómo se había de gestionar el presupuesto público
por parte de los gobiernos socialistas. Quiero recordar que en el año
1996 España tenía que hacer frente a unos intereses de la deuda que
suponían el 5 por ciento de su producto interior bruto. Para que
podamos hacernos una idea les diré que nos estamos refiriendo al
presupuesto que en el año 1996 tenía el Ministerio de Sanidad. Los
intereses de la deuda suponían exactamente la misma cantidad que el
Grupo Socialista destinaba al presupuesto de sanidad en el año 1996 y
tres veces más de lo que se atribuía al Ministerio de Educación. Si
hubiéramos seguido con las recetas, que hoy no ponen sobre la mesa,
en España estaríamos hablando de una deuda del 76 por ciento del
producto interior bruto, por tanto, estaríamos fuera de la
convergencia con Europa, no sólo en términos de convergencia real,
sino de convergencia nominal, como todos los españoles saben. Los
intereses de la deuda supondrían ahora mismo el 25 por ciento del
gasto público y, en términos económicos, estaríamos hablando de tres
billones de pesetas. Estas serían las recetas de no haber intervenido
con seriedad, como hizo el Gobierno del Partido Popular en el año
1996 con las medidas de disciplina presupuestaria.
Puesto que son ustedes padres de aquella inercia del déficit
presupuestario, nos gustaría saber de qué son padres en este momento.
Les voy a decir qué paternidad
se puede atribuir hoy al Grupo Parlamentario Socialista, sólo
una: estar en contra de lo que piensan la mayoría de los españoles.
En una encuesta del CIS de julio de este año, los españoles dijeron
mayoritariamente -el 79,1 por ciento- que estaban de acuerdo en que
las administraciones se gastaran sólo lo que tenían o, en todo caso,
menos de lo que tenían. Ustedes hoy no quieren mirar al futuro, son
ustedes simplemente una cosa, la alternativa del no: no a la
estabilidad presupuestaria, no a la reforma de la universidad, no a
la reforma del mercado de trabajo, no a la reforma tributaria, no a
la financiación autonómica. A ustedes, señorías del Grupo
Parlamentario Socialista, los españoles seguirán diciéndoles que no
quieren que gobiernen España, mientras que seguirán diciendo que sí
quieren que gobiernen estos señores del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Cámara. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Vamos a proceder a la votación
de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de estabilidad
presupuestaria. Se someten a votación todas ellas conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 160; en contra, 118; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Quedan aprobadas las enmiendas
del Senado al citado proyecto.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 2.945.028.721 PESETAS (17.699.979,09 EUROS), PARA ABONAR A
LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S.A., LOS INTERESES DE DEMORA
CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN DE LOS EJERCICIOS 1996 Y 1997,
SEGÚN EL CONTRATO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL. (Número de expediente 121/000052.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente punto del orden del
día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 2.945.028.721 pesetas, para abonar a la Compañía Trasmediterránea,
S.A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de
los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los
servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el
Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa del citado proyecto
de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor ministro,
cuando quiera.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar hoy a la Cámara el proyecto de
ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945
millones de pesetas, para abonar a la Compañía Trasmediterránea, S.
A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los
ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional.
El Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, estableció el régimen de
prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés
nacional y aprobó las bases del contrato regulador de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional a suscribir entre el
Estado y la Compañía Trasmediterránea, S.A. El anexo II a las bases
de dicho real decreto estableció la tabla inicial de servicios de
comunicaciones marítimas de interés nacional, que comprendía los
servicios de Baleares, norte de África, Canarias e interinsulares de
Canarias. La cláusula tercera del contrato regulador establece que el
mismo tendrá una duración de 20 años a partir de su entrada en vigor,
con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1978. Debe entenderse
prorrogado si dos años antes de su terminación no hubiese sido
denunciado por las partes, no pudiendo exceder la prórroga tácita de
dos años.
El Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 1997, autorizó la
denuncia del contrato regulador en los términos establecidos en su
cláusula tercera. Así, el contrato finalizó en diciembre de 1997, al
ser denunciado oportunamente por la Administración dentro del plazo
en él establecido para que no se produjese su renovación automática.
Esta denuncia se efectuó, entre otras razones, debido al diferente
contexto existente en el año 1978, ejercicio de inicio del contrato
regulador, y en el año 1995, año de denuncia del contrato, tanto en
lo relativo al régimen de competencia en el sector del transporte
marítimo nacional como respecto de la organización del Estado. La
denuncia se basó en consideraciones relativas al proceso de
liberalización del transporte marítimo, al que debía pasar a
desenvolverse la
actividad de Trasmediterránea, y al traspaso de competencias en la
materia a las comunidades autónomas.
En cuanto a las obligaciones económicas, el contrato señala, en su
cláusula vigésimo quinta, que el equilibrio económico-financiero de
los servicios se obtendrá mediante las aportaciones del Estado, cuya
cuantía figura en la denominada cuenta del Estado, que tiene dos
componentes, el de explotación, que se cuantifica saldando el déficit
de las cuentas de ingresos y de gastos, y EL de inversiones, que
financia la amortización de la flota y los gastos financieros. Es
decir, a efectos de garantizar la prestación de determinados
servicios de transporte marítimo que asegurasen la movilidad de los
ciudadanos entre determinados puntos del territorio nacional, se
encomendó su prestación a una empresa pública, la Compañía
Trasmediterránea, S.A., y al mismo tiempo se garantizaba a dicha
empresa las aportaciones estatales necesarias para asegurar el
equilibrio económico-financiero de dichos servicios. La propia
cláusula vigésimo quinta dispone que por los capitales invertidos por
la compañía para financiar la demora de pago de las deudas contraídas
por la Administración, en la medida en que no sean financiadas por la
misma, se abonará el interés básico del Banco de España. Y la
cláusula vigésimo sexta del contrato establece que el importe de las
aportaciones del Estado se pagará por cuartas partes y por trimestres
adelantados a la rendición de cuentas.
El pago de las distintas liquidaciones anuales a la compañía
Trasmediterránea, S.A., devengadas según lo anteriormente indicado,
se han ejecutado en su totalidad en los últimos ejercicios mediante
la tramitación de créditos extraordinarios, no existiendo desde 1993
hasta 1997, inclusive, créditos iniciales en los Presupuestos
Generales del Estado para estos fines. Estas liquidaciones han sido
verificadas en cada ejercicio por la Intervención General de la
Administración del Estado. Así, con fecha 24 de abril se aprobó la
Ley 4/2001, sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de más de 15.560 millones de pesetas, es decir, 93.521,239 euros,
para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea
correspondiente al ejercicio 1997 por laexplotación de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la
finalización del contrato regulador de los referidos servicios. Estos
ajustes correspondían básicamente a gastos devengados en el año 1997
y a derechos de cobro realizados durante la vigencia del contrato,
cuya regularización quedó aplazada hasta su conclusión. Queda
pendiente, finalmente, satisfacer a la compañía el abono de los
intereses por el retraso en el pago de las deudas contraídas por la
Administración, a cuya cobertura responde el presente crédito
extraordinario.
La compañía Trasmediterránea ha solicitado el abono de los intereses
de demora de los ejercicios 1996 y 1997, cifrados en estos 2.945
millones de pesetas, es decir, algo más de 17 millones de euros. La
Intervención
General del Estado ha emitido informe de control financiero de
la liquidación de los intereses de demora de la compañía
Trasmediterránea, S.A., ejercicios 1996 y 1997, habiendo verificado
que la liquidación presentada por la compañía es correcta, según el
detalle de la división correspondiente: algo más de 366 millones de
pesetas para el año 1996 y 2.578 millones de pesetas para el año
1997. En definitiva, se trata de satisfacer una obligación de la
Administración cuya cuantificación viene avalada por el informe de
control financiero de la Intervención General de la Administración
del Estado.
Este proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario se ha
tramitado de conformidad con lo que establece la legislación al
respecto -artículo 64 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria-, habiendo recaído sobre el mismo el dictamen
favorable del Consejo de Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, año tras año, en cumplimiento de los
contenidos del contrato-programa que durante 20 años ha vinculado a
la compañía Trasmediterránea con el Estado, las Cortes Generales han
venido aprobando, en forma de proyecto de ley de crédito
extraordinario, las liquidaciones presentadas por la compañía
Trasmediterránea a la Administración general del Estado a través de
la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y
Hacienda, en su momento, de la que dependía. Esa ha sido una mecánica
de trabajo que se ha venido manteniendo desde el año 1978 hasta hace
muy pocas fechas.
El señor ministro ha hecho referencia, una vez más -ha leído un
documento-, a los contenidos del contrato- programa. Cierto es que se
trata de una compañía de transporte marítimo singularmente importante
para comunidades como Ceuta, Melilla, el archipiélago canario, el
archipiélago balear, y juega un papel fundamental en el transporte de
mercancías de carga rodada y en el tráfico de pasajeros. Luego no se
trata de una empresa baladí, tiene una importancia estratégica y
desde esa perspectiva es desde la que el Grupo Parlamentario
Socialista considera fundamental, antes de aprobar este proyecto de
ley de crédito extraordinario de intereses de demora, producir un
debate para saber qué va a ocurrir con el futuro de la compañía para
la que la SEPI, que depende del ministro de Hacienda que acaba de
defender este proyecto de ley, ha puesto enmarcha ya el proceso de
privatización.
Señor ministro, para que todos los miembros de la Cámara tengan idea
clara de lo que se va a aprobar, creo que conviene reiterar de forma
nítida algunos de los contenidos que recoge este proyecto de ley. Se
va a aprobar darle a la compañía Trasmediterránea alrededor de 3.000
millones de pesetas en concepto de intereses de demora en la que ha
caído la Administración general del Estado, que, según la compañía y
el contrato programa, ha incumplido. Concretamente, señorías, la base
25, en el párrafo tercero del punto número 3 dice claramente lo
siguiente -y me estoy refiriendo al contrato programa que ha
mantenido en vigor la vinculación entre la compañía Trasmediterránea
y el Estado-: El equilibrio económico-financiero de los servicios
objeto de este contrato se obtendrá a través de las aportaciones del
Estado. Estas se fijarán mediante la cuenta del Estado, que se
formulará de acuerdo con los criterios que a continuación se
detallan. Se exponen unos cuantos criterios, pero el que a nosotros
nos interesa es el criterio 3.3 que dice: Por los capitales
invertidos por la compañía para financiar las demoras de pago de las
deudas contraídas por la Administración, en la medida en que no sean
financiadas por la misma, se abonará el tipo de interés básico del
Banco de España. En principio, no hay nada que objetar. ¿Qué ha
ocurrido? La compañía Trasmediterránea presta una serie de servicios
en el año 1996 y hace una liquidación por los servicios prestados al
amparo del contenido del contrato programa. Esa liquidación por los
servicios prestados en 1996 asciende a 7.673 millones de pesetas,
aproximadamente. Se le liquida a la compañía el 7 de agosto de 1998 y
la compañía dice que se le deben alrededor de 300 millones de pesetas
por intereses de demora. En el año 1997 la compañía presta también
una serie de servicios y es el último año en el que como consecuencia
de la obligación contractual presta los servicios que recoge el
contrato programa. La compañía le presenta una liquidación al Estado
un año y medio después de 17.000 millones de pesetas, aproximadamente
-estoy hablando en números redondos-, en los que se recoge además la
liquidación del contrato programa. Es decir, en 1996, son 7.000
millones de pesetas por los servicios prestados y se le liquida un
año y medio después; en 1997, 17.000 millones de pesetas y se le
liquida unos dos años después, concretamente, en el mes de abril de
2000; ahora la compañía dice que tal y como establece el artículo al
que acabo de hacer referencia, el Estado le debe alrededor de 3.000
millones de pesetas en concepto de intereses de demora. Esto, en
efecto, es correcto desde el punto de vista legal, pero desde luego
dudamos que desde el punto de vista político y de gestión eficaz de
la compañía tenga una cobertura que reciba el correspondiente apoyo
parlamentario. ¿Por qué, señorías? Si se ha tardado en hacer la
liquidación es consecuencia de la ineficacia de la gestión de la
propia compañía y de los servicios del Ministerio de Hacienda. A lo
largo de los
algo más de doce años de Gobierno del Partido Socialista nunca se
liquidaron intereses de demora porque las liquidaciones se hicieron
año tras año en el período de tiempo adecuado. Ahora nos enfrentamos
con la consecuencia de la ineficacia y de la incompetencia gestora y
del desinterés de los gestores de la compañía Trasmediterránea, que
tuvieron un presidente que estuvo a punto -hablando en términos
marineros- de llevarla a la ruina más absoluta y de hundirla, por lo
que el ministerio tuvo que cesar al anterior presidente. Ahora, como
consecuencia de esa mala gestión de la compañía, de la mala gestión
de los servicios del ministerio, que no le presta el más mínimo
interés, hay que pagarle 3.000 millones de pesetas de intereses de
demora, que pagaremos todos los ciudadanos españoles, por la
negligencia de la incompetente Administración española, en un momento
en que la SEPI, que depende del ministro de Hacienda, ha puesto en
marcha el proceso de privatización de la compañía, en un momento en
el que la compañía mantiene un número importante de situaciones
contractuales con distintas empresas. Por ejemplo, con la empresa
Trasfesa mantiene una situación contractual en lo que se refiere a la
empresa naviera Navicon, que presta importantes servicios de cabotaje
entre distintos puertos españoles con dos barcos ya muy antiguos en
cuanto al número de años de navegación. Tiene créditos con distintas
entidades financieras, una de ellas muy conocida ya por esta Cámara
como es el célebre Banco de Shanghai, de los que se tendrá que dar
explicación a la Cámara.
En segundo lugar el Ministerio de Fomento, a través de la
Subsecretaría y de la Dirección General de Marina Mercante, ha
abierto un concurso público -que se cierra el día 30, concretamente
mañana o pasado mañana, y que ha tenido un mes de duración- al que se
van a presentar aparentemente distintas compañías para cubrir nueve
rutas de interés público en el Estado español -Barcelona-Palma de
Mallorca, Cádiz-Tenerife, Algeciras-Ceuta, Almería-Melilla, etcétera-
con la aceptación y aquiescencia de la Comisión Europea. Señorías,
lean la prensa económica del pasado lunes en la que aparece la
noticia de que las distintas empresas navieras privadas españolas
anuncian que se retiran del concurso porque se ha hecho como un traje
a medida, adaptado a las características de los buques de la compañía
Trasmediterránea, ya que no hay ningún otro buque en el mundo que
reúna los mismos requisitos, porque cada compañía encarga sus barcos,
con unas capacidades tecnológicas y unas capacidades en bodega
específicas. Este concurso se ha hecho con unos pliegos de
condiciones que son un auténtico traje a medida.
Estas son las circunstancias vinculadas a la temática del transporte
marítimo, primero, la puesta en marcha de la privatización de la
compañía; en segundo lugar, toda una serie de situaciones
contractuales de la compañía con otras empresas, tanto para la
gestión de la carga rodada en los puertos, y en cada puerto tiene una
empresa específica, como en la prestación de las rutas de interés
público; en tercer lugar, un concurso público, al que acabo de hacer
referencia, que está en marcha y, en cuarto lugar, que por primera
vez se trae a las Cortes Generales una liquidación de intereses de
demora, que es cierto que la IGAE la ha informado favorablemente. Fue
un contrato programa hecho a toda prisa en unas circunstancias de
crisis políticas adversas, como fue la transición política, en el año
1977, que fue cuando la compañía pasó a manos del Estado, y hay unas
cláusulas a las que los gobiernos socialistas no se acogieron porque
fueron eficaces en la gestión de los pagos a la compañía. Todas estas
circunstancias, señorías, justifican que el Grupo Parlamentario
Socialista haya pedido en primer lugar la comparecencia del
presidente de la compañía Trasmediterránea, y no se ha producido, hay
dificultades de agenda; en segundo lugar, la del presidente de la
SEPI para que explique las características de la privatización de una
empresa fundamental en el transporte marítimo español y la situación
financiera que justifica este crédito extraordinario de 3.000
millones de pesetas. Por todas estas razones, si bien es cierto que
el Grupo Parlamentario Socialista fríamente puede indicar que, tal
como dice el contenido del contrato programa, la liquidación de esos
intereses tiene cobertura legal -no lo discutimos-, desde el punto de
vista político queremos poner de manifiesto la rotunda incompetencia
de la Administración española, responsable de la gestión de esta
compañía, por lo que nosotros recabamos información para mejor
posicionarnos y pedimos la devolución de este texto legal, porque,
entre otras cosas, queremos saber si en la liquidación del contrato
programa que se produjo en 1997 y se materializó en el mes de agosto
del año pasado no estaban ya subsumidos los intereses -en los 17.000
millones de pesetas- que ahora reclama la compañía y que las Cortes
Generales previsiblemente van a aprobar. Por todas esas razones y por
la importancia del transporte marítimo en España, el Grupo
Parlamentario Socialista no quiere desaprovechar la oportunidad de
ayudar a construir y coadyuvar a la potenciación del transporte
marítimo en el Estado español en un momento en el que, en los
próximos seis meses, le va a corresponder al Gobierno español
presidir la Unión Europea y al ministro de Fomento español presidir
los consejos de ministros de Transportes y, consiguientemente,
definir las políticas de cabotaje marítimo, las autopistas marítimas
que están recogidas en un capítulo específico del Libro Blanco del
transporte para los próximos diez años que termina siendo titulado:
es el momento de decidir. Por eso nosotros planteamos, señorías, que
este es el momento de decidir, de tomar decisiones importantes para
la potenciación de la compañía dentro de un espíritu de libre
competencia, de cumplimiento de la normativa comunitaria y de la
libertad en el transporte marítimo, no sea que se esté produciendo
con estas medidas la puesta en marcha de mecanismos
de ayudas de Estado que violenten los principios de la libre
competencia. Por esta razón el Grupo Parlamentario Socialista
solicita la remisión de este proyecto de ley al Gobierno a efectos de
producir, en la comisión pertinente, el debate adecuado y obtener el
auténtico conocimiento de qué es lo que se está aprobando. Aquí no se
están aprobando sólo intereses de demora; se está aprobando mucho
más, se está coadyuvando a una privatización teledirigida hacia
alguna empresa constructora, tal como lo han denunciado muchos medios
de comunicación económica.
Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Segura. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa) Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley sobre el
crédito extraordinario a favor de la compañía Trasmediterránea. Lo
hacemos porque habiendo estudiado detenidamente el expediente que se
nos remitió a la Cámara entendemos que, en primer lugar, se han
cumplido todos los trámites preceptivos del procedimiento. Este
proyecto de ley trae el dictamen favorable del Consejo de Estado y la
conformidad previa de la Dirección General de Presupuestos.
Observamos que las órdenes de pago, informadas favorablemente por la
Intervención General del Estado, están cumplimentadas perfectamente
de acuerdo con el derecho correspondiente. Esto viene del último
Gobierno del partido hoy en la oposición, cuando el Consejo de
Ministros de 19 de mayo de 1995 acuerda la denuncia del contrato
regulador. Este es un tema bastante laberíntico en las idas y venidas
en cuanto a aspectos contables y de intervención de los presupuestos
públicos. Por tanto, vuelvo a decir que tiene su origen en un acuerdo
de 19 de mayo 1995, en que se denuncia el contrato regulador que
existía entre el Estado y la compañía Trasmediterránea a los efectos
del compromiso para los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional -el señor Segura los ha descrito perfectamente- con
los archipiélagos canario, balear y Ceuta y Melilla. ¿Con qué nos
encontraríamos si este proyecto de ley se devolviera al Gobierno y no
se aprobara? Pues con la reclamación que en derecho le corresponde a
la compañía Trasmediterránea para seguir aumentando la cuenta de los
intereses de demora. Es un procedimiento complejo que no es la
primera vez que se plantea, sino que se viene dando según la memoria
histórica parlamentaria de este diputado, pues con todos los
gobiernos siempre ha habido demora en los plazos, con las
consiguientes compensaciones, que tienen que ser sedimentadas
jurídicamente en los presupuestos del Estado,
por compromisos de contratos-programas y de servicios de interés
nacional o de subvenciones por el transporte de mercancías y
viajeros, sobre todo con el archipiélago canario, y que se vienen
haciendo con demoras superiores al año por los procedimientos
complicados de intervención. Además, la compañía Trasmediterránea no
entrega la cuenta de resultados el 1 de enero del año siguiente al
ejercicio económico, porque si se ven los expedientes, una vez que
tiene hecho los cálculos correspondientes de los compromisos
financieros, vienen con considerable retraso. Nosotros entendemos que
habiéndose cumplido todos los principios exigibles en derecho, como
demuestra el dictamen favorable del Consejo de Estado, habiéndose
ordenado por la Intervención General del Estado los pagos
correspondientes y estando concedidas las autorizaciones de la
Dirección General de Presupuestos, lo que procede, cuanto antes, es
aprobar este proyecto de ley y realizar la liquidación
correspondiente a la compañía Trasmediterránea, única que viene
prestando este servicio de pasajeros en los archipiélagos, y que no
se produzca ningún deterioro más en su condición financiera. Por lo
demás, mi grupo no tiene nada que añadir, sino reafirmar el voto
favorable para la aprobación de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Quiero anunciar que nuestro grupo va a votar a favor del proyecto de
ley que se presenta y en contra de la enmienda de totalidad que se
está debatiendo. Tras la denuncia del contrato regulador y habiendo
llegado a esta Cámara el proyecto de liquidación con el respaldo,
como se ha citado, del Consejo de Estado y de la Intervención General
de la Administración del Estado, tenemos plena garantía de que el
tema se está llevando correctamente. En nuestra opinión lo que
procede es cursar rápidamente el proyecto y el debate futuro sobre
Trasmediterránea se podrá hacer en la comisión correspondiente, que
sería la de Infraestructuras, en la que ya se ha solicitado la
comparecencia del presidente de Trasmediterránea. Siempre se comenta
pero nunca se exige en las reuniones de la Mesa una comparecencia de
suma urgencia. Hoy podría haberse solicitado -yo no he estado
presente en la reunión de la Mesa-, pero las urgencias son otras
distintas de la comparecencia del presidente de Trasmediterránea.
El señor Mardones, del Grupo de Coalición Canaria, ha dicho hace un
momento que si el proyecto se devuelve se generarían más intereses
que tendría que pagar Hacienda, en perjuicio para el Estado. Si ha
habido una
ineficacia en la gestión por parte de la Administración, tendríamos
que hacer la oportuna reclamación por otra vía, pero si es correcta
la actuación, como viene a confirmar la Intervención General del
Estado, lo que hay que hacer es tramitar el proyecto de ley. La
devolución alarga todos los plazos. En todo caso, si se necesita más
información al respecto, este proyecto pasa a la comisión, no a la de
Infraestructuras sino a la de Presupuestos, en la que se podrá
solicitar. Lo que corresponde en este momento es dejar de lado otros
aspectos sobre el futuro de Trasmediterránea o la perenne obsesión
sobre la organización que tiene la compañía y solicitar más
información dentro de la Comisión de Presupuestos y tramitar el
proyecto, que es lo que procede. Nuestra votación será a favor de la
tramitación del proyecto.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jiménez
Suárez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular evidentemente
para anunciar nuestro voto en contra de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista. Confieso mi escepticismo en cuanto a convencer al
señor Segura, porque a este diputado le han explicado las cuentas de
Trasmediterránea por activa y por pasiva. Se las ha explicado el
ministro de Hacienda dos veces en Pleno; el ministro de Fomento una
vez en Comisión; se las han explicado los distintos portavoces de la
Comisión de Infraestructuras y de la Comisión de Hacienda, señores
Ortiz, López-Amor y Souvirón, en Comisión y en Pleno. Ha leído los
informes del Tribunal de Cuentas, ha leído los informes del Consejo
de Estado, ha leído los informes de la Intervención General del
Estado y sigue diciendo lo mismo que hace un año, sin ningún tipo de
argumento. Hace un año nos anunciaba que venía el lobo de la Unión
Europea y nos iba a dar un varapalo. No ha venido el lobo de la Unión
Europea y no nos ha dado ningún varapalo. No tiene ningún argumento,
señoría.
Hoy dice que el argumento es la ineficacia de la Administración y el
concurso público. Señoría, está confundiendo la política de Estado
con la política de partido. Estamos ante una obligación del Estado
con una empresa pública -repito, empresa pública- que adquirió el
Gobierno de la UCD en 1978, mediante un contrato, con sus cláusulas,
como todos los contratos. Estamos ante unas obligaciones del Estado
para con una empresa pública que adquirió el Gobierno, por una
decisión del Partido Socialista en 1995 de denunciar un contrato y a
la hora de denunciar el contrato se generaban derechos y obligaciones
hacia la empresa pública. Lo único que ha hecho el Gobierno del
Partido
Popular es liquidar las bonificaciones de tarifas de 1996 y 1997 y
los derechos y obligaciones derivados de la denuncia del contrato por
parte del Gobierno del Partido Socialista. En cuanto a lo que usted
dice de que no es admisible la denuncia del contrato, están, por
ejemplo, 1.200 millones por impuestos de carburantes al Gobierno de
Canarias, que no se habían incluido en las cuentas porque estaban
litigados o denunciados ante el Tribunal Supremo. Señoría, no tiene
argumentos y lo único que hace es seguir la estrategia, el librito de
su grupo de oponerse a todo porque sí, pero hay determinadas
obligaciones de Estado que hay que cumplir, que es lo que hace el
Partido Popular. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Mis
dotes pedagógicas no superan las de mis antecesores, pero sí apelo a
su responsabilidad y a lo inútil de su estrategia partidista de decir
a todo que no. Simplemente le hago una pregunta para su reflexión:
¿se imagina S.S. lo que hubiese ocurrido si el año pasado se hubiese
aprobado la enmienda a la totalidad que puso el Partido Socialista
sobre un crédito de 15.000 millones y se hubiese devuelto el decreto-
ley? ¿De cuántos intereses estaríamos hablando hoy, señoría? Sería su
responsabilidad, pero, afortunadamente, la Cámara adoptó el acuerdo
de aprobar el decreto-ley y abonar una responsabilidad del Estado y
hoy estamos hablando de los intereses de los que hablamos. Le
recuerdo que son intereses de unas deudas de bonificaciones de
tarifas, de obligaciones contractuales, de derechos y obligaciones
por la denuncia de un contrato hecha por el Gobierno socialista.
Sigo sin entender su postura, porque hace un año parecía que usted
era un comisario de la Unión Europea advirtiéndonos de que lo
estábamos haciendo mal. Hoy nos dice que es porque estamos sacando un
concurso público y habla de la ineficacia de la Administración. No sé
si está defendiendo una empresa pública, si está constatando el rigor
jurídico y la procedencia legal de lo que estamos haciendo o si está
defendiendo a las navieras privadas. Señoría, que conste que me
confunde usted con su actitud.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Jiménez Suárez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a
la votación de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
256; a favor, 95; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la enmienda a
la totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.