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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 56, de 06/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 56
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 52
celebrada el martes, 6 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 2660)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, núm. 31-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 125/
000006.) . . . (Página 2660)
- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado español. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 32-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente
125/000007.) . . . (Página 2660)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del
artículo 206 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real
Decreto-Ley 5/1999, de 9 de abril. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 12-1, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente
122/000008.) . . . (Página 2671)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción
de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 99, de 24 de
noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000148.) . . .
(Página 2680)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre articulación de un plan
de fomento de la lectura. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 115, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 162/
000168.) . . . (Página 2680)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
fomentar el hábito de la lectura entre la población. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001.
(Número de expediente 162/000215.) . . . (Página 2680)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la
sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los
funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000193.)
. . . (Página 2689)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre el cumplimiento de
la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los
funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000192.)
. . . (Página 2690)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), por la que se insta
al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos
en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación
colectiva recogido en la Ley 7/1990. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000202.) . . . (Página 2690)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre
de 2000, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000209.) . . . (Página 2690)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial
aplicada a los funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000196.) . . . (Página 2690)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al
Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado
el incremento retributivo correspondiente a 1997. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número
de expediente 162/000214.) . . . (Página 2690)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 2660)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 2660)
Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español (Orgánica) . . . (Página 2660)
Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas
oficiales en el Estado español . . . (Página 2660)
Presenta la primera proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de
incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad
de las lenguas oficiales en el Estado español, el señor Ferrer i Roca
(Diputado del Parlamento de Cataluña).
Igualmente, presentan la segunda proposición de ley del Parlamento de
Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir
vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el
Estado español, el señor Ferrer i Gironés y la señora Comas DArgemir
i Cendra, diputados igualmente del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura
Laporta, Puigcercós i Boixassa y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV);
Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); y las señoras Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español, se rechaza por 140 votos a favor, 161 en contra y
tres abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y
licencias de conducir y ciclomotores de las lenguas oficiales en el
Estado español, se rechaza por 138 votos a favor, 164 en contra y una
abstención.
Toma en consideración de proposiciones de Ley . . . (Página 2671)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del
artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real
Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril . . . (Página 2671)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
para su toma en consideración, el señor Jáuregui Atondo. Manifiesta
que aunque la reforma legal de la Ley de Seguridad Social que su
grupo plantea pueda parecer eminentemente técnica, el contenido de la
misma tiene una enorme importancia en relación con las políticas de
empleo llevadas a cabo en el país. Considera que la reforma que se
introdujo en el artículo 206 de la Ley de la Seguridad Social con el
Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por la que las cuotas podían
financiar también las bonificaciones que incentivasen la contratación
indefinida, es radicalmente contraria a los principios que inspiran
el Pacto de Toledo, cual es que las cuotas deben de financiar
prestaciones y que otro tipo de gastos tienen que ser soportados por
la fiscalidad general, por lo que su grupo propone la supresión del
párrafo 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social. Explica las
razones que han llevado a su grupo a proponer tal supresión y hace
una serie de preguntas sobre si la política de estímulos a la
contratación estable ha dado o no buenos resultados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz López (don Antero),
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del
artículo 206 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real
Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, se rechaza por 127 votos a favor y
172 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 2680)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de
medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población . .
. (Página 2680)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre articulación de un plan de
fomento de la lectura . . . (Página 2680)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar
el hábito de la lectura entre la población . . . (Página 2680)
La señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, defiende la proposición no de ley de su grupo,
poniendo de relieve en primer lugar la preocupación de los diversos
grupos de la Cámara por el bajo índice de lectura de los españoles,
según se deduce de las tres iniciativas que se debaten en el Pleno de
hoy. Dejando a un lado la importancia indiscutible de la lectura,
defiende la postura del Grupo Popular y del Gobierno -y cree que de
todos los grupos de la Cámara-en relación con el libro. Considera que
el libro no debe estar sometido a las leyes del mercado y debe
recibir un apoyo específico de los poderes públicos, haciendo
a continuación un diagnóstico de la situación y una explicación de su
propuesta, instando al Gobierno a que ponga en marcha una
movilización general a favor de la lectura, de acuerdo con las
administraciones autonómica y local y con el sector privado.
Finalmente fija la posición de su grupo respecto de las otras
iniciativas sobre el mismo tema.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la proposición
no de ley sobre articulación de un plan de fomento de la lectura la
señora Valcarce García. En primer lugar expresa su satisfacción
porque se hayan traído a la Cámara en el día de hoy tres
proposiciones no de ley que versan sobre una cuestión fundamental
como es un plan de fomento de la lectura, aunque las tres sean bien
distintas en el concepto, en la forma y en el fondo, en lo que
persiguen y, sobre todo, en su compromiso y ambición. Manifiesta que
su grupo ha solicitado reiteradamente un plan de fomento de la
lectura impulsado por el Gobierno y se queja de la incomprensión del
Grupo Popular y de la insensibilidad e incumplimientos del Gobierno
ante sus peticiones. Da una serie de datos extraídos del último
informe de la Sociedad General de Autores de España sobre los hábitos
de consumo cultural del país que considera
alarmantes y que por sí solos justificarían el voto favorable a la
proposición no de ley que el Grupo Socialista somete hoy a la
consideración de la Cámara. Explica que su propuesta, en definitiva,
recoge el dictamen de la Comisión de humanidades que pedía que la
lectura se incorporase desde todas las áreas curriculares, que la
lectura fuese impulsada de forma específica para alcanzar los niveles
precisos no sólo en la lectura literaria sino también la informativa
y documental, a través de las bibliotecas de aula, las bibliotecas
escolares y las de barrio o el entorno más cercano a los estudiantes,
y que todo ello estuviera impulsado y dirigido por un profesional.
Finalmente fija la posición de su grupo en relación con las otras
iniciativas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la
proposición no de ley para fomentar el hábito de la lectura entre la
población el señor Guardans i Cambó. Asegura que se está ante una de
esas iniciativas que pueden correr el riesgo de convertirse en mera
retórica, lo que sería un grave error porque la intención de su grupo
-y está seguro que también la de los otros grupos proponentes de
iniciativas similares-es que se convierta en medidas de Gobierno,
para lo que espera la colaboración del Grupo Popular. Aceptando el
contenido de la proposición no de ley del grupo mayoritario -aunque
la considera un poco genérica- propone que se haga una campaña
publicitaria, que se apoyen las distintas iniciativas que la sociedad
plantee, refiriéndose naturalmente a la lectura en general, en
cualquiera de las lenguas en que se lee y se publica en España en
este momento, y que el Gobierno adopte las medidas necesarias para
fomentar el hábito de la lectura entre la población, medidas que ya
se pidieron en una proposición no de ley que fue aprobada en la
Comisión de Educación y Cultura el 23 de febrero de 1999 y que
todavía no han sido llevadas a la práctica. Se refiere a continuación
a dicha proposición no de ley y propone incorporarla a la iniciativa
que hoy se trae a la Cámara, para así reiniciar lo que fue el
compromiso del Gobierno en todo un conjunto de medidas a las que pasa
a dar lectura. Afirma que su grupo pretende que el tono de su
iniciativa sea absolutamente constructivo y positivo y espera que de
la votación de hoy salga un nuevo impulso a algo esencial en la
sociedad, como es el hábito de la lectura.
En defensa de las enmiendas presentadas a las tres proposiciones no
de ley interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y la señora Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmienda presentadas
intervienen las señoras Rodríguez-Salmones Cabeza y Valcarce García.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de
medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población, en
sus propios términos, al haber sido rechazada la enmienda presentada,
se aprueba por 288 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre articulación de un plan de
fomento de la lectura, en sus propios términos, al haber sido
rechazada la enmienda presentada, se rechaza por 127 votos a favor y
177 en contra.
Sometida a votación, por último, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fomentar el hábito
de la lectura entre la población, se aprueba por 300 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la
sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los
funcionarios en 1997 . . . (Página 2689)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Saura), sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la
congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 . . .
(Página 2690)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), por la que se insta
al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos
en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación
colectiva recogido en la Ley 7/1990 . . . (Página 2690)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres.
Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al cumplimiento de la
sentencia de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional . . .
(Página 2690)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial
aplicada a los funcionarios en 1997 . . . (Página 2690)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al
Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado
el incremento retributivo correspondiente a 1997 . . . (Página 2690)
Presentan las distintas iniciativas relativas a la sentencia que
anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 los
señores Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista; Saura
Laporta, Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo
Parlamentario Mixto; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas a las iniciativas intervienen
los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), y LópezMedel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Jané i Guasch, Erkoreka Gervasio y López-
Medel Bascones.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la
congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se rechaza
por 122 votos a favor, 174 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Saura), sobre el cumplimiento de la sentencia que anula
la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se
rechaza por 120 votos a favor, 176 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la sentencia que
anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se
rechaza por 121 votos a favor, 176 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Puigcercós), por la que se insta al Gobierno a habilitar
las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que anula la
congelación salarial de los empleados públicos en el año 1997, así
como a restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la
Ley 7/1990, se rechaza por 121 votos a favor, 176 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al
cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, de la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, se rechaza por 12 votos a favor, 178 en contra y 108
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a aplicar a los
funcionarios de la Administración del Estado el incremento
retributivo correspondiente al año 1997, en los términos del
contenido de la enmienda transaccional que ha sido leída por el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
repartida a los señores portavoces, se rechaza por 17 votos a favor,
162 en contra y 119 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo del orden del día, juramento o promesa de acatamiento
de la Constitución por dos nuevos diputados.
Conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don Jordi Pedret i Grenzner, en sustitución de don Raimon
Martínez Fraile, para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Jordi Pedret i Grenzner ha adquirido la
condición plena de diputado. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don Carlos Núñez León, en sustitución de don Manuel Seco
Gordillo, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor NÚÑEZ LEÓN: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Carlos Núñez León ha adquirido la condición
plena de diputado. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PASAPORTES Y
DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL
ESTADO ESPAÑOL. (ORGÁNICA) (Número de expediente 125/000006.)
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PERMISOS Y
LICENCIAS DE CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES DE LAS LENGUAS
OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 125/000007.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día. Toma en
consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En
primer lugar, para su debate conjunto, toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los
pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas
oficiales en el Estado español. Asimismo, toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los
permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de
las lenguas oficiales en el Estado español.
En nombre del Parlamento de Cataluña, tiene en primer lugar la
palabra el señor Ferrer i Roca.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora
presidenta, señorías, como es bien sabido, periódicamente, en este
Pleno se plantean y debaten iniciativas procedentes del Parlamento
catalán sobre temas muy diversos, pero con alguna reincidencia sobre
asuntos que se proponen desarrollar y desplegar los contenidos de
respeto y protección a todas las lenguas que son oficiales en el
Estado español. Así, quizá SS.SS. recuerden que el pasado 12 de
diciembre también se vio en este Pleno una iniciativa procedente del
Parlamento catalán que proponía que en los billetes y monedas euros
se tuviese en cuenta todas las lenguas que son oficiales en el Estado
español. No prosperó en aquella ocasión aquella iniciativa. Quiero
recordar que el portavoz del grupo mayoritario argumentó -lo que fue
objeto de algún comentario por nuestra parte- que la iniciativa se
había presentado cuando el Gobierno tenía programadas y elaboradas ya
las primeras series de billetes y monedas, cuando en realidad la
iniciativa del Parlamento catalán se había adoptado en octubre de
1998, dos años antes. A veces, señorías, el viaje desde Cataluña a
esta Cámara resulta más lento de lo que pudiera uno prever a
principios del siglo XXI.
Aquella fue una iniciativa en orden a desplegar y desarrollar el
respeto y protección a todas las lenguas oficiales -en aquel caso con
referencia a los billetes y monedas euros- y hoy traemos aquí dos
iniciativas más. La primera que voy a exponer ante ustedes es la que
hace referencia a la posibilidad de que los pasaportes y los
documentos nacionales de identidad sean expresados en todas las
lenguas que son oficiales. El objetivo de esta iniciativa, que
también fue aprobada por el Parlamento catalán hace dos años, en
diciembre de 1998, no es otro que dar continuidad y aplicar la
Constitución. La Constitución, como todas SS.SS. saben, protege y
reconoce la existencia de diversas lenguas que son oficiales en las
comunidades en donde se hablan y es un reconocimiento histórico que
ha tenido a lo largo de estos veintidós años una plasmación práctica,
pero que, como toda cosa viva, como todo fenómeno vivo, exige la
aplicación a aquellos supuestos que aún no tienen este
reconocimiento. Por consiguiente, hoy venimos aquí a plantear la toma
en consideración de que esas mismas lenguas oficiales estén también
presentes en los textos que acompañan los documentos nacionales de
identidad y los pasaportes. Esta iniciativa, como acabo de decir, fue
aprobada por el Parlamento catalán en diciembre de 1998 y consta de
una exposición de motivos que, como no podía ser de otra manera, hace
referencia al preámbulo y al artículo 3 de la Constitución, que
expresan ese reconocimiento histórico del carácter plurilingüe del
Estado español, que hoy, por cierto, ya nadie discute. Lo que ocurre
es que no solamente se trata de no discutirlo, sino de aplicarlo con
voluntad política a aquellos supuestos que aún no registran este
reconocimiento.
La proposición de ley que traemos a su consideración, que hace
referencia a la reforma de la Ley de protección de la seguridad
ciudadana, Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, consta de tres
artículos, el primero de los cuales dice lo siguiente: Los documentos
nacionales de identidad entregados en el territorio de las
comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del
castellano deben redactarse íntegramente en la lengua oficial del
territorio y en lengua castellana, por este orden. Por tanto, el
primer artículo de esta proposición de ley hace referencia a los
documentos nacionales de identidad. El segundo se refiere a los
pasaportes y dice: Los pasaportes expedidos en el territorio de las
comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del
castellano deben redactarse íntegramente en la lengua oficial del
territorio y en lengua castellana, por este orden, sin perjuicio de
que puedan utilizarse también otras lenguas de acuerdo con la
normativa europea y el ordenamiento jurídico. Finalmente hay un
tercer artículo donde se hace la previsión de la aplicación de esta
reforma que se propone.
Sabemos que el Gobierno tiene preparada una iniciativa en este campo,
pero por las noticias que nos llegan, todavía escasamente concretas,
creemos que solamente hace referencia a la aplicación de todas las
lenguas oficiales a los documentos nacionales de identidad y no a los
pasaportes. Estimamos que esto será una pérdida de tiempo, porque si
se emprende una iniciativa por parte del Gobierno solamente hacia los
documentos nacionales de identidad, SS.SS. no deberán extrañarse de
que en los próximos meses una delegación del Parlamento catalán venga
a exponer la necesidad de que también en los pasaportes se recoja el
carácter plurilingüe del Estado español. Todos estos temas, señorías,
hubiesen podido resolverse de un plumazo con una iniciativa política,
pero se ha preferido solucionarlos caso por caso. A continuación,
otros diputados del Parlamento catalán expondrán en esta tribuna otro
caso de aplicación del carácter plurilingüe del Estado español, y así
vamos estudiando, analizando, debatiendo y hemos de suponer que
aprobando caso por caso, cuando en realidad nos pasa muy cerca la
posibilidad de resolver con voluntad política todos aquellos
supuestos en donde debería reflejarse el carácter plurilingüe del
Estado español.
Me refería a la iniciativa que parece ser que ha emprendido y tiene
preparada el Gobierno y que solamente hace referencia a los
documentos nacionales de identidad. Creemos que es una lástima no
aprovechar la ocasión para resolver estos dos temas: pasaportes y
documentos nacionales de identidad. También nos parece, y esto es más
grave, que se plantea esta iniciativa del Gobierno con carácter
opcional, solamente para los ciudadanos que así lo deseen, cuando en
realidad lo que debemos considerar, como se ha hecho habitualmente en
la aplicación de la protección de todas las lenguas que son oficiales
en el Estado español, es la territorialidad.
Es una lástima que no se aproveche esta ocasión y creemos
que casi veinticinco años después de haberse aprobado la Constitución
deberíamos mostrar algo más de rapidez para que estos puntos que a
menudo figuran en el orden del día del Pleno de este Congreso de los
Diputados pasaran a la historia en el sentido de que se resolvieran
ya definitivamente.
En nombre de la delegación que tenía que exponer ante SS.SS. este
punto del orden del día, debo solicitarles, pues, el voto favorable a
la toma en consideración de esta proposición de ley, en la confianza
de que no se trata de algo novedoso ni de un hallazgo, sino
simplemente de la aplicación a un caso concreto de los contenidos que
configuran la Constitución en orden a la protección y al desarrollo
de todas las lenguas que son oficiales. En esta confianza, señorías,
les he expuesto esta iniciativa y esperamos su voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Para la presentación y defensa de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias
de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales
en el Estado español, tiene en primer lugar la palabra don Francesc
Ferrer i Gironès.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Ferrer i Gironès):
Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es la quinta vez que vengo aquí a hablar, a pedir, a solicitar,
a demandar -no sé qué verbo tengo que utilizar-, pero no lo haré de
rodillas, porque de las cinco veces, ninguna ha prosperado. Cataluña
es un pueblo derrotado, somos derrotados; fuimos derrotados en 1714
por la fuerza de las armas, pero la fuerza de la razón tampoco es
suficiente para poder ganar un derecho individual y un derecho
colectivo. Ustedes deben saber que en 1714 José Patiño dijo que los
catalanes estaban tan obsesionados con su patria que solamente
hablaban en catalán; pero al año siguiente el fiscal general del
Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, hizo unas
sugerencias a los corregidores de Cataluña, que eran doce y
militares, y les dijo, en la sexta: Procurarán introducir la lengua
castellana, a cuyo fin darán las providencias más templadas y
disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado.
Nosotros creemos que las providencias templadas y disimuladas aún
subsisten, porque cuando un Parlamento nacional aprueba casi por
unanimidad un proyecto o una proposición de ley, lo llevamos a
Comisión y, con providencias templadas y disimuladas, nos dicen que
sí, en realidad es que no, y cuando nos dicen que no, es que no hay
otro camino. La Constitución de 1978, que yo aprobé y firmé en esta
misma Cámara, dice en el artículo 3 que las lenguas serán todas
respetadas y protegidas,
pero no me lo acabo de creer. No me lo creo porque lo que
vengo a defender hoy aquí es que el permiso o la licencia de conducir
vehículos a motor y ciclomotores pueda emitirse en lengua catalana.
¿Por qué venimos a pedirlo? Pues porque un ciudadano de Tarragona
quería este documento en catalán y la Dirección de Tránsito no se lo
dio, y ¿adónde fue? Tuvo que ir ante el Juzgado a pedir un derecho
fundamental de la persona. Hoy un Parlamento en pleno también lo
pide, venimos aquí y parece que no quieren darnos este derecho.
Los catalanes, desde la Revolución Francesa, somos hombres nacidos
con todos los derechos de igualdad y de libertad, pero, en cuanto a
las lenguas, creo que no tenemos ni libertad ni igualdad. Por
ejemplo, no es posible que un ciudadano pueda optar a que su carnet
de identidad o su licencia para conducir vehículos pueda ser
solamente en castellano y nosotros no podamos tenerlo sólo en
catalán. Esto no es libertad ni es igualdad, porque sí hay ciudadanos
que tienen todo el derecho a tenerlo en su lengua. Por tanto, el
catalán solamente es optativo; el castellano es obligatorio. Esto no
es igualdad ni es libertad.
Señora presidenta, yo pediría que esta vez, que es la quinta,
tuvieran en cuenta nuestra petición. No pido benevolencia, que no la
necesitamos, porque estamos exigiendo un derecho. No quiero citar la
retahíla de documentos internacionales, de las Naciones Unidas, del
Consejo de Europa, del Parlamento Europeo o la Carta de las Lenguas;
no quiero hablar de estos documentos porque lo dice la propia
Constitución y si la Constitución lo dice, creo que no pueden pasar
veinticinco años celebrando la Constitución y la Monarquía y que esta
Ley de leyes no se cumpla y tengamos que estar siempre ante un
tribunal en defensa de nuestra lengua. Pensemos en lo que dijo José
Patiño, que amamos tanto a nuestra patria que solamente hablamos en
catalán. Hoy, el catalán es plurilingüe, quiere ser políglota, y de
hecho nosotros somos políglotas y lo queremos ser, pero no entendemos
que un Estado moderno, un Estado que se ha realizado y materializado
para defender jurídica y políticamente los derechos de los
ciudadanos, no nos trate como clientes ni como contribuyentes ni como
usuarios; nos trata como súbditos, y nosotros pedimos sencillamente
que no tengamos que ir ante un juez a pedir un derecho.
Señora presidenta, estoy seguro de que nuestros razonamientos serán
plausibles para SS. SS. y nos darán un voto favorable. Ojalá esta
quinta vez sea fructífero el viaje.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Para la presentación y defensa de la misma iniciativa, tiene la
palabra la señora doña Dolors Comasd Argemir i Cendra.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Comas dArgemir i
Cendra): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esta proposición de ley que hoy pedimos
que el Congreso de los Diputados tome en consideración, que consiste
en que se incorporen las lenguas del Estado español en los permisos y
en las licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores,
supone, junto con la que se ha presentado anteriormente, dar un
pequeño paso en conseguir la igualdad plena en aquellas comunidades
autónomas que tienen dos lenguas oficiales. Insisto en lo de dar un
pequeño paso, porque se trata de incidir exclusivamente en lo que se
viene denominando espacio simbólico y, por tanto, en irlo llenando
con contenidos que reflejen la realidad plurilingüística existente en
el Estado español. En esta proposición de ley se plantea que en los
permisos de circulación aparezcan las dos lenguas que son oficiales
en un determinado territorio de forma automática y universal, es
decir, no condicionándolo a quien lo pida, lo que implica un esfuerzo
de voluntad y en cierta forma una situación de excepcionalidad, ni
que sea de forma individual, sino de forma universal para todas las
personas que habiten en esta comunidad autónoma; en este caso la
iniciativa ha partido del Parlamento de Cataluña, atendiendo a la
situación específica de dicha comunidad autónoma.
Se ha dicho ya por parte de los diputados que me han precedido que la
propia Constitución española protege las lenguas del Estado español.
Yo quisiera añadir, para no reiterar una vez más esta cuestión, que
incluso la propuesta que hoy presentamos aquí responde a un mandato
del propio Congreso de los Diputados, que es el que en definitiva
aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979, y es en uno de
sus artículos, en concreto el 3.3, donde se indica que la Generalitat
garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas de Cataluña,
que tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y
creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena por lo
que respecta a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña.
Lo que está indicando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue
aprobado por el Congreso de los Diputados y que, por tanto, responde
a un mandato de esta propia Cámara, es lo que venimos hoy a defender
aquí. Podría citar además las numerosas disposiciones emanadas del
Parlamento Europeo que justificarían con más razón esta propuesta.
Espero que estén de acuerdo, señoras y señores diputados, en que el
Parlamento de Cataluña ha sido muy prudente, yo diría que incluso
extremadamente prudente, en esperar más de veinte años, una vez
aprobado el Estatuto de Autonomía y la Constitución anteriormente,
para presentar una propuesta como ésta y la que ha precedido. Por
este motivo, atendiendo a la necesidad de dar estos pequeños pasos en
el reconocimiento de la igualdad de las lenguas oficiales en el
territorio de cada comunidad
autónoma, solicito el voto favorable de sus señorías, y, por tanto,
con la confianza de que puedan prosperar estas iniciativas,
presentamos estas propuestas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Comas. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Saura, que deberá compartir su tiempo con el señor
Rodríguez.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya-
Verds, quiero anunciar, como no puede ser de otra manera, nuestro
voto favorable a estas dos proposiciones de ley del Parlamento
catalán y aprovechar la oportunidad para saludar a la diputada y
a los diputados que en nombre del mismo han defendido aquí estas
iniciativas.
Me gustaría decir clarísimamente que estas dos propuestas inciden -y
desde el Parlamento catalán se ha reiterado la necesidad de esta
incidencia- en la evolución del modelo de Estado. Quiero decir bien
alto que nosotros hacemos una valoración globalmente positiva de un
modelo de Estado que en estos 20 años ha pasado, de ser centralista,
a tener un nivel importante de descentralización del gasto y un nivel
igualmente importante de transferencias de servicios y competencias,
si bien es cierto que este modelo de Estado aún tiene hoy dos grandes
asignaturas pendientes: por un lado, el reconocimiento real y
efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y, por otro, la
necesidad de reconocimiento, también real y efectivo, del
plurilingüsmo del Estado español.
Las iniciativas que hoy debatimos son -se ha dicho ya en las
intervenciones de presentación de las proposiciones de ley- dos
propuestas concretas que dan pasos pequeñitos en la consecución del
gran reto de hacer del Estado español un Estado plurinacional real y
efectivamente. Tengo que decir que las dos iniciativas tienen muchos
antecedentes en la Constitución y en el Estatuto y, de forma mucho
más cercana, en una moción de diciembre de 1997 que esta Cámara
aprobó por unanimidad. En ella, la Cámara instaba al Gobierno del
Estado español a que impulsara determinadas iniciativas, entre las
cuales se encontraban las que hoy se presentan. Han pasado
prácticamente cuatro años y esto no se ha hecho, como tampoco fue
hecho por ninguno de los gobiernos anteriores.
Para acabar, quiero decir simplemente dos cosas: en primer lugar, que
el plurilingüismo del Estado español ha sido históricamente
incomprendido en el mismo Estado español y, a menudo, ha sido objeto
de problema. Las iniciativas que se traen hoy aquí son positivas
y constructivas y tienen la intención y el objetivo de que el
plurilingüismo pase de ser un problema a ser patrimonio y riqueza de
todos.
Añadiré, en segundo lugar, que no hay ninguna razón que justifique
hoy el voto en contra de estas dos proposiciones de ley. No porque lo
diga el Parlamento catalán y ni siquiera porque lo aprobamos aquí por
unanimidad hace cuatro años, sino porque hoy se propone simplemente
desarrollar a un nivel pequeñito el espíritu y la letra de aspectos
fundamentales de la Constitución que se aprobó hace más de 20 años.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Quiero saludar a los señores Ferrer y Ferrer i Gironés y a la señora
Comas, del Parlamento de Cataluña y anunciar nuestro voto afirmativo,
evidentemente - como ha dicho el señor Saura-, a estas dos propuestas
del Parlament de Catalunya. Y ello no sólo por una razón de
coherencia, sino porque entendemos que en el Estado hay una realidad
plurilingüística. Hay cuatro lenguas en el Estado, hay cuatro
culturas; y hasta que por parte del Estado y del Gobierno español no
se reconozca esta pluralidad -y esta Cámara no es ajena a todo ello-,
el catalán, el gallego y el euskera serán vistos como problemas. Pues
bien, lo que tendría que ser fuente de diálogo, de pacto y, en
definitiva, de transferencia de cultura, no puede ser nunca un
problema.Estas dos proposiciones de ley que se presentan desde el
Parlamento de Cataluña tienen una función muy clara: socializar la
diferencia en todos los lugares del Estado. El derecho a la
diferencia es un derecho fundamental y desde este Parlamento hay que
reconocer que hay, repito, cuatro lenguas, cuatro culturas. Se pide
en los documentos oficiales como un paso para socializar la
diferencia. Esta es, seguramente, la asignatura que tiene pendiente
hoy el Estado español, la asignatura pendiente en el proceso de
democratización desde la dictadura.
Entendemos que es comprensible y que tiene que tener el apoyo
razonable y racional de esta Cámara el hecho de que los carnés de
identidad, los carnés de conducir y los pasaportes estén en los
idiomas oficiales no sólo en el Estado sino en los respectivos
territorios, tal como definen las proposiciones de ley. La
contribución de la Cámara Baja a la pluralidad del Estado, al
reconocimiento de la diferencia, sería un avance democrático; no
hacerlo así es una regresión y es volver a esta España uniforme, a
esta España que podríamos considerar rancia, que no acepta la
diferencia.
Desde el Parlamento de Cataluña se ofrece la posibilidad de avanzar
democráticamente, tranquilamente, hasta un Estado plural, un Estado
de diálogo, un Estado, en definitiva, en el que todos nos podamos
sentir
mejor y más libres, con un enriquecimiento cultural que es necesario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego tiene la satisfacción de ver, una vez
más, que una representación del Parlamento de Cataluña acuda al
Congreso de los Diputados a defender una proposición de ley sobre la
normalización de usos de las lenguas que no son el castellano. Es
sintomático porque el Parlamento y el Gobierno de Cataluña se
caracterizan por hacer la política lingüística más democrática y
avanzada, dentro de las posibilidades constitucionales, en el Estado
español.
Decimos que es muy importante la iniciativa del Parlamento de
Cataluña porque se hace una lectura constitucional que parte del
supuesto de que Galicia, Cataluña, Euskadi y otras comunidades
autónomas tienen una lengua propia que debe tener todos los derechos
en su territorio y, por tanto, la Administración general del Estado
en sus competencias debe respetar estos derechos y actuar en la
documentación y en todos los textos burocráticos originados en o con
destino a, en protección de estos derechos de carácter individual y
colectivo. En este caso concreto, los permisos y licencias de
conducir, el documento nacional de identidad y el pasaporte, que son
clara competencia del Estado, deben ser documentos bilingües, deben
estar en la lengua propia de cada comunidad y en la lengua del Estado
español. Realmente, cualquier otro tipo de salida sería considerar
que frente a la posibilidad de que todos tengamos derechos plenos,
deberes generalizados por parte del Estado en respeto al pluralismo
lingüístico y su consideración como bien colectivo, frente a esto,
repito, cualquier otra posibilidad sería una concesión individual de
objeción de conciencia, nada más que la consideración de un bien
particular, incluso la consideración de que gallego-parlantes,
catalán-parlantes o vascoparlantes son elementos extraños a los que
habría que respetar exclusivamente en función de un criterio de la
diversidad individual, pero no de un derecho asumido por la
Administración pública en general.Decimos esto porque es una
oportunidad de oro para que se reconozca este carácter bilingüe del
Estado español.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, mi grupo quiere transmitir un cordial saludo de
bienvenida y adhesión a los miembros del Parlament de Catalunya que
nos honran hoy con su presencia. En segundo lugar, Coalición Canaria
ha sido siempre un grupo con un sentido de respeto a todas las
decisiones de los parlamentos autonómicos tomadas democráticamente y
que han merecido el apoyo mayoritario de los grupos para venir aquí a
defender sus iniciativas parlamentarias en aquellas materias de
ámbito legal que constituyen un campo competencial de esta alta
Cámara legislativa que es el Congreso de los Diputados en el ámbito
del Estado español. En esta toma en consideración de proposiciones de
ley vienen hoy dos iniciativas del Parlament de Catalunya y nosotros
queremos hacer una diferenciación de voto, siempre constructivo,
permitiendo una salida a la iniciativa catalana.
En cuanto al primer cometido, referido al pasaporte y al documento
nacional de identidad, entendiendo que el artículo 3 de la
Constitución española reconoce como lengua oficial de todo el Estado
el castellano y la complementariedad en las comunidades autónomas,
como la de Cataluña, la de Euskadi o la de Galicia, hacemos una
reserva de que esto se pueda considerar en el campo de los pasaportes
por la naturaleza del documento en sí mismo. Mantendremos aquí una
postura de interpretación y de respeto al artículo 3 de la
Constitución y nos vamos a abstener.
Con respecto a la segunda toma en consideración que trae el
Parlamento de Cataluña, la que se refiere a los permisos y licencias
de conducir vehículos a motor y ciclomotores, entendemos que se trata
de otro nivel de documentación y vamos a votarla favorablemente.
Creemos que tarde o temprano muchas competencias en el ámbito de
tráfico podrán ir pasando a las comunidades autónomas, porque no hay
razón para una centralización excesiva en esta cuestión, como ocurre
con determinados actos o documentos en el ámbito de la sanidad o del
poder judicial, donde las competencias están ya transferidas a las
comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña y Canarias. Por
este motivo, nosotros apoyaremos la toma en consideración.
Con respecto a las iniciativas que presenta el Grupo Popular, ir
subiendo esta escalera de homologación paso a paso es positiva y el
espíritu de Coalición Canaria en este tema está en sintonía con lo
que ha dicho el Parlamento catalán. Votaremos favorablemente la
iniciativa referente a los permisos de circulación y de conducción de
vehículos a motor y de ciclomotores.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Al terminar prácticamente el último período de sesiones decíamos a
las señorías catalanas que nos visitaban que fueran constantes en el
planteamiento de estas reivindicaciones; vemos que lo son y por ello
les felicitamos desde el Grupo Parlamentario Vasco que sostiene, como
SS.SS., que este es un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüe y que razonablemente todas estas iniciativas deben ir por
el propio ámbito legal que el Estado viene dándose a sí mismo. Sin
embargo, observamos que veintitantos años después todavía estamos en
este nivel de planteamientos, con estos documentos oficiales, en la
única lengua del Estado reconocida, solicitando y teniendo posturas
reivindicativas en cosas que debieran ser tan normales y tan
naturales, incluso en el ámbito administrativo. Después, señora
presidenta, se reivindicará el Estado de derecho, se dirá que el
cumplimiento de la ley debe de ser el componente normal de
funcionamiento de una sociedad, se instará a los distintos gobiernos
o a los órganos administrativos al cumplimiento de lo que esta Cámara
decide y se observa con sorpresa, por parte nuestra o por parte de
otros grupos y diputados que han intervenido, que veintitantos años
después prácticamente seguimos en las mismas. Y es difícil que un
Estado se encuentre a sí mismo en estas situaciones, cuando el
cumplimiento de leyes de este nivel le resulta tan difícil y tan
complicado y hay una retranca en el fondo de las estructuras del
Estado para que todas estas iniciativas no sólo no se aprueben sino
que, a ser posible, no se cumplan en ninguno de los casos. Salvamos
hoy que se está de alguna manera generando alguna teoría sobre el
bilingüismo escalonado y nosotros creemos que esto no es más que un
planteamiento de sucedáneo de no querer admitir el planteamiento
constitucional tal y como está, guste o no guste, que es en el fondo
un freno que quiere impedir que, con criterio general, los documentos
administrativos de los ciudadanos que residen en comunidades
bilingües y con lenguas oficiales distintas del castellano puedan
conocer en sus propios documentos administrativos la realidad
sociolingüística que ellos conocen en sus propios ámbitos, y que
desde esa situación el Estado no se declare sólo nominalmente Estado
pluricultural y Estado plurilingüe sino que de hecho actúe en
consecuencia y en consonancia con estas dimensiones del propio
Estado, que son también dimensiones constitucionales.
Quedarán otra vez en el «Diario de Sesiones» estas reflexiones,
señora presidenta; nosotros les felicitamos, señorías catalanas, por
seguir insistiendo, insistiremos nosotros también y el tiempo nos
dará la razón porque evidentemente la tenemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en primer lugar, deseo
saludar, en nombre de mi grupo, esta iniciativa. Ojalá -y no es la
primera vez que se dice desde estos escaños- uno o dos puntos de los
órdenes del día del Pleno del Parlamento hagan referencia a la toma
en consideración de iniciativas provenientes de distintos parlamentos
de las comunidades del Estado español. Ojalá también uno eche de
menos que haya de otras comunidades. Pues bien, quede, en primer
lugar, ese saludo.
La última interviniente, diputada del Parlamento de Cataluña en
defensa de esta iniciativa, decía, como un argumento de peso e
intentando captar la benevolencia, que el Parlamento catalán ha sido
prudente, muy prudente. No sé si el Parlamento catalán ha sido
prudente o muy prudente. Indiscutiblemente, lo que consideramos en
este grupo es que los distintos gobiernos que son y han sido en el
Estado español, han sido imprudentes, muy imprudentes, por no haber
ido aplicando el plurilingüismo del Estado español, reconocido en la
Constitución, en las distintas etapas de desarrollo que la propia
normativa, la propia cotidianeidad y el propio uso tenía que haber
aplicado, y así nos hubiéramos evitado debates que muchas veces
pueden servir para cargar otros elementos, como el tema de las
placas, como el de las monedas y otras cuestiones. Por tanto, creo
que han sido imprudentes los distintos gobiernos que ha habido.
Espero -no sé los resultados finales- que esta iniciativa sea tomada
en consideración; luego, las enmiendas serán presentadas por cada
grupo. Voy a fijar también la posición de mi grupo, en el caso de que
se produjera esa toma en consideración, que vamos a votar
afirmativamente.Yo espero del Partido Popular ese voto afirmativo,
teniendo en cuenta, señorías, sus documentos internos cuando todavía
no formaban la mayoría absoluta y en distintos congresos hablaban de
documentos que consensuaban y aprobaban; hablaban de las lenguas
españolas, de las distintas lenguas españolas, dándoles esa
característica. Espero que sea ésa la teoría que se imponga y no la
de la intervención de la investidura del señor Aznar, que cuando
hablaba del castellano parece que hablaba, de nuevo, de la lengua del
imperio.
Señorías, a pesar de que vamos a votar que sí a la toma en
consideración, en el caso de que se produjera su aceptación
introduciríamos una enmienda pues considero que, respetando el
espíritu y la letra de la propia Constitución, cuando se dice que los
distintos documentos se hagan en las dos lenguas, es decir, en la
lengua de cada comunidad y en la lengua castellana, por este orden,
nosotros entendemos que en la puridad de la propia Constitución, en
primer lugar, sería el castellano, que es la lengua oficial del
Estado español y,
luego, aparecería en la lengua de las distintas comunidades. ¿Por
qué? No es porque el Estado o el Gobierno de la nación o la
Administración central sean más Estado que una comunidad autónoma o
que un ayuntamiento. Todos somos Estado pero, indiscutiblemente, en
la Constitución solamente es obligatorio el conocimiento de una de
las lenguas, que es el castellano y, por tanto, si quieren, por
prevalencia de entendederas de aquél que va a hacer uso o control de
los distintos documentos, es lógico, simplemente por prevalencia de
entendederas, no por prevalencia de más valor de una lengua sobre
otra, que primero esté escrito en castellano y luego en la lengua de
la comunidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, también yo
querría iniciar mi intervención con un saludo, que pretende ser mucho
más que cortesía, a los representantes del Parlament de Cataluña, que
una vez más en muy poco tiempo se presentan ante esta Cámara, en
ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa que tiene el
Parlament, para plantear un debate que puede que vuelva a resultar
inútil.
Es tristemente sorprendente que estemos de nuevo aquí discutiendo
este tema. Hace muy poco tiempo muchos de los presentes asistíamos a
un acto informal, como era la entrega de unos premios concedidos por
una asociación de periodistas. Entre otros premios, un compañero de
mi grupo parlamentario en el Senado recibió el premio -creo recordar
que el título era ese- al senador que mejor defiende las autonomías.
Y en sus breves palabras de recepción de ese premio y de
agradecimiento se limitó a decir que lo lamentable, agradeciendo el
premio, era que el premio existiera. Lo lamentable es que todavía
tengamos que estar a estas alturas de la película premiando a quien
defiende las autonomías o discutiendo si el catalán es o no oficial,
si el euskera o el gallego son o no oficiales, en todo lo que eso
supone de plenitud de contenido de la palabra lengua oficial. ¿Qué
sentido tiene que sigamos discutiendo esto hoy? ¿Hay o no en España
más de una lengua? ¿Hay o no en España más de un idioma oficial? Y si
esos idiomas oficiales, que lo son porque así lo dice la Constitución
y los estatutos, existen, ¿por qué no pueden tener su oficialidad
reflejada documentalmente en igualdad de condiciones con los demás
idiomas oficiales? ¿Por qué hay que crear la impresión ante la
opinión pública española, ante los ciudadanos y ante nuestros propios
ciudadanos de que estamos aquí mendigando algo que no nos es debido,
que la graciosa benevolencia del Gobierno de turno nos permitirá
quizá disponer de
documentos en nuestro propio idioma? No es eso. Estamos hablando de
aplicar la Constitución, de aplicar el estatuto. ¿A qué viene tanta
dificultad? ¿Conocen ustedes el país en el que viven? ¿Quieren
ustedes el país en el que viven como es o quieren un país distinto,
que no existe y que desearían que existiera? Porque si ustedes aman
al país al que dicen amar, ese país hoy es plurilingüe y para muchos
ciudadanos su idioma materno es el catalán y quieren tener su
documentación en catalán porque así se lo reconoce la Constitución y
el estatuto y en el que para él es el otro idioma oficial, que es la
lengua castellana. Para mucha gente la lengua castellana es el otro
idioma oficial y es lamentable que hoy estemos discutiendo esto de
esta manera. Sólo la ceguera política, que por cierto no tuvieron sus
compañeros del Partido Popular en el Parlamento catalán, o una falta
de respeto estrepitosa a los derechos individuales de los ciudadanos
puede explicar la actitud de lo que aparentemente va a ser la
votación de hoy, una actitud, bien es cierto, con la que tampoco
queda del todo bien parado el propio Partido Socialista, que no está
libre de culpa, puesto que tuvo tiempo de corregir esta disfunción en
sus largos años de Gobierno en la Administración general del Estado.
El 8 de noviembre de 1994 el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, aceptando la reclamación de un ciudadano individual -que
supo ejercer sus derechos en democracia y que llevó a la Dirección
General de Tráfico, concretamente a la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante los tribunales por denegarle el derecho a tener su
permiso de conducir en catalán-, reconoció ese derecho. Pero, como no
podía ser de otra manera, lo único que pudo hacer fue reconocer el
derecho de ese ciudadano a tener su permiso de conducir en los dos
idiomas oficiales en Cataluña, el catalán y el castellano. Lo lógico
hubiera sido que inmediatamente después la Administración general del
Estado hubiera dictado una norma que hubiera reconocido ese derecho
tal cual la justicia en ese momento lo había admitido. Pues no, esa
norma sigue sin existir. Evidentemente, hoy es cierto que se están
emitiendo algunos carnés de conducir en catalán de una forma
absolutamente discrecional, en catalán y castellano -una parte del
documento exclusivamente en castellano, otra parte bilingüe-, sin
ninguna norma que refleje eso de una forma clara. Lo que pide el
Parlament de Cataluña hoy, lo que pidió mi grupo en el Parlament de
Cataluña votando esa iniciativa junto a todos los demás y lo que hoy
apoyamos es que la oficialidad alcance a todos los documentos. Lo
pedimos ya hace poco en otra iniciativa y lo planteamos hoy: permisos
de conducir, documento nacional de identidad y pasaporte.
Se nos dice por el Partido Popular -lo hemos sabido por la prensa y
por el Registro del Congreso- que han presentado dos proposiciones no
de ley que se debatirán en otro pleno, a partir de las cuales el
Gobierno se dará un plazo para que, por vía parlamentaria -no se
quiere
hacer por vía legislativa, sin que jurídicamente compartamos esa
argumentación-, se establezca la posibilidad de que, a petición del
interesado, el documento nacional de identidad y el permiso de
conducir se pueda obtener en los distintos idiomas oficiales. Bueno,
esperamos esas iniciativas, pero incluso respecto de esas iniciativas
ya discrepamos desde este momento del hecho de que se deje a la
petición individual de cada uno de los ciudadanos y del hecho de que
se excluya el pasaporte. No hay ninguna explicación para que se
excluya el pasaporte.
A veces da la impresión, señorías -y se percibe en este tipo de
limitaciones-, de un cierto sentimiento de vergüenza hacia el propio
patrimonio lingüístico de España en este momento, algo que recuerda
un poco a la música de aquellas tristes palabras, después
rectificadas pero que quedaron en las hemerotecas, de un presidente
del Gobierno de la transición, muy respetado por otras muchas razones
pero que tuvo la poca fortuna de afirmar que, evidentemente, era
impensable la idea de estar escribiendo de física nuclear en lengua
catalana. Palabras muy comentadas en su momento y, evidentemente,
desmentidas durante muchos años por los trabajos científicos de la
universidad en Cataluña. Ese tipo de sentimiento de vergüenza, de:
ahí están los catalanes con su idioma, de sentirse tolerados en lugar
de no sólo respetados sino incorporados como riqueza al propio
patrimonio, es lo que se percibe un día sí y otro también con este
tipo de debates, lo que se percibirá de nuevo la semana que viene
cuando se nos diga el carné de identidad sí, el pasaporte no. El
pasaporte puede tener 11 idiomas, puede estar redactado en 11
lenguas; es posible que dentro de poco tengamos las menciones del
pasaporte en esloveno, en croata. No, en catalán no, hasta que un
día, dentro de unos años, la mayoría, a lo mejor, permita que el
catalán también se pueda introducir.
Hoy saldremos de vacío de este debate. Se nos anuncia el voto
negativo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene en este momento
la mayoría. Tenemos, eso sí, la promesa de una solución parcial a lo
que se está reclamando con esta iniciativa en el próximo Pleno. No
corren tiempos para mucha confianza en el Gobierno en lo que hace
referencia a la pluralidad lingüística ni cultural, no nos corren
tiempos hoy para tener una gran confianza y para hacer votos de
confianza en el Ejecutivo en este tipo de promesas, pero no nos queda
más remedio, ustedes tienen la mayoría. Por tanto, vamos a esperar al
Pleno de la semana próxima para ver cómo plantean ustedes esas
iniciativas que, aparentemente, vienen a sustituir, rebajando el
grado legislativo y convirtiéndolo en decreto, lo que hoy se plantea.
Cuando llegue ese momento veremos si ustedes han defraudado nuestra
confianza y la de sus propios ciudadanos porque, insisto, quienes a
ustedes les votaron en Cataluña sí habían apoyado esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, en primer
lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera dar la
bienvenida a esta Cámara a los comisionados al Parlament da Catalunya
que hoy nos acompañan para la defensa de estas importantes
proposiciones de ley que han sido acumuladas y cuyo objeto esencial
es simplemente el de aplicar la Constitución, el de ejercer el
reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado español en los
documentos oficiales de identificación personal más significativos
como son el DNI o pasaporte o el carné de conducir. Benvinguts.
A continuación, quiero anunciarles el voto favorable y entusiasta de
los socialistas, voto que de forma estable venimos realizando ante
proposiciones de este tipo en el trámite que nos ocupa de esta
iniciativa, que es la simple toma en consideración. Quiero reiterar
de nuevo esta cuestión, el momento procesal en el que nos
encontramos, por cuanto ya viene siendo una constante en esta Cámara
el que quien tiene la clave para que puedan ser aprobadas estas
proposiciones de ley, el grupo mayoritario del Partido Popular, opte
por escudarse en consideraciones de tipo práctico-formales para
votarlas sistemáticamente en contra, aun a sabiendas de que estas
cuestiones son perfectamente subsanables en los trámites posteriores
a la toma en consideración de la propia proposición de ley.
Avanzado esto, vayamos realmente al fondo de la cuestión, a dos
fondos distintos: primero, el de la propia proposición de ley, su
objeto y, después, el de la verdadera voluntad de quien parece que va
a negar hoy la demanda de otra voluntad absolutamente legítima y
encomiable: la de la casi total mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas de Cataluña que, a través de sus representantes en el
Parlament, nos traen una propuesta aprobada sin un solo voto en
contra. Y lo que hoy nos piden en lo que ya son una serie de
propuestas en el mismo sentido procedentes de Cataluña es,
simplemente, que apliquemos la Constitución y los estatutos de
autonomía. La cuestión está clara. ¿Queremos o no avanzar en la
construcción del Estado autonómico, en el reconocimiento, en el
respeto y la protección de las diversas lenguas estatales y muy
claramente en la protección de las lenguas propias de los territorios
con cooficialidad lingüística? ¿Queremos o no profundizar en los
mandatos constitucionales, en la propia jurisprudencia constitucional
ya estable en esta materia? Porque no sólo existe la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1994, que comentaba
hace un momento el señor Guardans, sino que incluso podemos
remitirnos a una sentencia, de enero de 1998, del propio Tribunal
Supremo en el mismo sentido para el
valenciano en los documentos oficiales. A su vez, hay que preguntarse
si queremos o no mejorar la calidad de nuestra democracia, porque a
nadie se le escapa que, hoy, la prueba del nueve de las democracias
occidentales no es ya que se cumplan las decisiones de las mayorías,
sino que se sea capaz de respetar las voluntades de las minorías. ¿Y
no lo haremos mejor, no legitimaremos más nuestra democracia, incluso
no haremos más difícil argumentar la poca cabida de proyectos
colectivos diversos en el seno de nuestro Estado que aceptando esta
unión de identidades que nos propone el Parlamento catalán?
Esta proposición nos permite algo que puede empezar a dar respuesta a
uno de los mayores retos que se le plantean a los Estados nacientes
de finales del siglo XX y, con toda seguridad, para el siglo XXI:
cómo vamos a ser capaces de congeniar identidades diversas en el seno
de un mismo Estado o cómo articular satisfactoriamente la convivencia
pluriidentitaria, pluricultural y plurilingüística en el marco de los
Estados nación. Hoy, en esta Cámara, podemos avanzar en ello uniendo
lenguas, símbolos e identidades, permitiendo reflejar en los
documentos oficiales, los que nos identifican como ciudadanos de un
Estado, las lenguas propias de las comunidades autónomas junto a la
oficial en el conjunto del Estado. Volveremos a hablar, como ya
ocurría con la proposición de acuñar el europlurilingüe, de qué
imagen queremos ofrecer de España frente a los demás, pero, sobre
todo, expresaremos qué imagen tenemos como Estado de nosotros mismos.
¿Queremos vernos y que nos vean como un Estado plurilingüe y
pluricultural, como lo han querido a través de sus documentos
oficiales Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá, o queremos volver a
ser, como así dispusimos ya en esta Cámara, con la inestimable ayuda
del Grupo Popular, el Estado monocorde de las matrículas
uniformizadas y del euro monolingüe?
Llegados aquí, como les decía, vamos a pasar al fondo de la otra
cuestión que les planteaba, el de la voluntad real de quien obstruye
en esta Cámara que se avance en la profundización del Estado
autonómico escudándose en cuestiones de tipo formal. Porque esto es
lo que viene sistemáticamente llevando a cabo quien tiene al final la
mayoría en esta Cámara para construir o deconstruir, aceptando o
rechazando este tipo de iniciativas, el modelo autonómico: el Partido
Popular. Ayer fueron cuestiones técnicas las que impedían el euro
plurilingüe; hoy parece ser que sucederá lo mismo con tener un DNI en
catalán y en castellano, un pasaporte en gallego y castellano o un
carné de conducir en euskera y castellano. Pero si el problema es
sólo de forma... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Chacón.
Señorías, les ruego guarden silencio para que la intervención de la
diputada que está en el uso de la
palabra pueda ser perceptible, algo que, desde luego, con el murmullo
que hay en la Cámara, es difícil.
Adelante, señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Si el problema, como les decía, es sólo de forma, ¿qué mal hay en
aceptar el fondo aprobando la toma en consideración de la proposición
de ley y subsanando posteriormente el resto de las cuestiones? Lo más
probable es, como les anunciaba, que el tema sea más de fondo y menos
de forma. Porque no ha pasado todavía un año desde que el Partido
Popular votaba a favor en esta misma Cámara de la misma proposición
de ley que hoy parece ser que va a rechazar, y exactamente eso hizo
también en la toma en consideración del plurilingüismo para el euro:
votar a favor la legislatura pasada y en contra, en cambio, en ésta.
Hoy el Grupo Popular va a tratar de escudarse en dos proposiciones no
de ley que han corrido a registrar en esta Cámara y que parece que
les podrá salvar dignamente la papeleta: cambian la obligación
estatal de redactar en las lenguas cooficiales los documentos por la
potestad individual de solicitarlo. Pero ¿no dice la Constitución que
es el propio Estado quien debe proteger las lenguas minoritarias? ¿No
dicen los propios estatutos, leyes orgánicas del Estado, que la
lengua propia de las comunidades autónomas es la cooficial en el
Estado y es a la que debe proteger? ¿Qué ha cambiado realmente?
Me van a permitir que les recuerde con qué énfasis defendía el Grupo
Popular, en abril de 1999, la misma proposición que hoy debatimos.
Nos decía el Grupo Popular: Es esa normalidad, esa naturalidad con la
que se cambia de una lengua a otra, la que debe reclamarse no sólo en
los documentos del Estado central, como hoy hacemos en esta Cámara,
sino también en los documentos que salgan de las distintas
administraciones autonómicas. Para llegar a esa normalización
-añadían-, quiero dar un paso al frente y afirmar que sería
conveniente que todos los grupos políticos que estamos representados
en esta Cámara fuésemos capaces de ofrecer una solución definitiva a
estas cuestiones, y yo soy de los que creen que el camino más simple
es, como siempre, el más lógico, y el camino más lógico en la
cuestión lingüística sería el desarrollo total del artículo 3 de la
Constitución española por medio de una ley orgánica, es decir, una
ley de normalización lingüística de todas las lenguas que se hablan
en España y que fuese aplicable a todo el territorio del Estado. No
se pierdan el final de esta intervención. Decía el Grupo Popular hace
escasamente un año: Nuestro grupo va a votar a favor de esta
proposición porque estamos decididos, señorías, a hacer realidad esa
frase del admirado presidente Suárez que hizo historia: Hacer normal
lo que en la calle es normal. No pretendamos, como algunas veces se
intenta, hacer pasar por normal lo que no es más que un puro invento
histórico.
Vamos a ver, ¿es que cree el Grupo Popular, acaso, que la obtención
de su mayoría absoluta ha variado la normalidad de nuestro país, la
naturalidad de la convivencia cotidiana de sus culturas y de sus
lenguas? ¿Es hoy menos necesario que ayer el reconocimiento por el
Estado y la protección de su carácter plurilingüe, la protección de
su diversidad? Señores del Grupo Popular, yo les aseguro que, a pesar
de su mayoría absoluta, lo normal sigue siendo hoy lo normal, que
nada ha cambiado la vida lingüística de este país porque ustedes
tengan 183 diputados. Así que, con todo el respeto, permítanme que
les pida desde mi grupo un par de cosas. La primera, que sigan su
doctrina de la legislatura anterior y olviden la de ésta; olviden la
uniformidad en las matrículas y el monolingüismo en el euro y acepten
tomar en consideración esta proposición de ley. Aunque, ciertamente,
comprendo que si las matrículas les parecían chapas sin importancia,
esto de los documentos oficiales no pueden ser más que simples
papelotes. Y si creen que ya ha dejado de ser normal la pacífica
convivencia de nuestras diversas lenguas estatales y más en concreto
el uso del catalán y del castellano en la vida cotidiana de Cataluña;
si creen eso, entonces simplemente déjenme que les dé un consejo:
ahora que el presidente Aznar ha decidido bajar a la tierra, por
favor, que se dé un paseo por Cataluña, a lo mejor tenemos más suerte
la próxima vez.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular y
deseo que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a esta
Cámara a los señores que componen la delegación del Parlamento de
Cataluña. Palabras de bienvenida a este trámite parlamentario en el
que debatimos la toma en consideración de las proposiciones de ley de
incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los
pasaportes, documento nacional de identidad y permisos y licencias
para conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Consideramos que esta propuesta es oportuna porque estamos hablando
de la realidad plurilingüe del Estado, y podemos hablar porque España
tiene la suerte de tener al lado de la lengua común, el castellano,
otras lenguas con la condición de lenguas oficiales; lenguas que
vertebran políticamente los pueblos que las utilizan. Esta realidad,
en opinión del Grupo Parlamentario Popular, no se puede obviar sino
que, antes al contrario, es un patrimonio común que debemos proteger,
conservar y potenciar. La clave se encuentra, como ya se ha repetido
en esta Cámara, en el artículo 3 de la
Constitución española de 1978, así como en los artículos
correspondientes de los respectivos estatutos de autonomía, que
configuran la base de la regulación del pluralismo lingüístico en el
ordenamiento constitucional español. Ahora bien, según el apartado
primero del artículo 3 de la Constitución española, el castellano es
la lengua oficial del Estado, con lo que sitúa a esta lengua en una
posición diferente del resto de lenguas oficiales por el hecho de ser
la única oficial en todas las comunidades autónomas y por lo tanto la
única oficial en todo el territorio del Estado. En ese sentido, la
sentencia 82/1986, de 22 de junio, del Tribunal Constitucional,
manifiesta que el castellano es lengua oficial de todos los poderes
públicos en todo el territorio español. No obstante, el apartado
segundo del citado artículo 3 de la Constitución añade que «las demás
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
comunidades autónomas», afirmación de la que deriva, según la
sentencia citada, que el criterio delimitador de la cooficialidad de
las lenguas españolas es el criterio del territorio. Y sigue
afirmando la sentencia: La cooficialidad lo es con respecto a todos
los poderes públicos radicados en territorio autonómico sin exclusión
de los órganos dependientes de la Administración general del Estado y
de otras instituciones estatales. Asimismo, es inherente a la
cooficialidad que, en los territorios donde exista la utilización de
una u otra lengua, ante los poderes públicos radicados en dicho
territorio tengan en principio la misma validez jurídica. De lo
señalado en la jurisprudencia constitucional se deduce con claridad,
por un lado, que la cooficialidad lingüística tiene un alcance
limitado al respectivo territorio autónomico; y por otro, que en los
territorios en que exista otra lengua oficial el uso de cualquiera de
las lenguas oficiales tiene la misma validez jurídica y debe ser
respetado por todos los poderes públicos estatales o autonómicos
radicados en dicho territorio. En consecuencia, en el territorio de
aquellas comunidades autónomas con lengua propia el uso de la misma
debe ser incorporado a aquellos documentos que sirven como medio de
relación entre el ciudadano y los poderes públicos situados en el
territorio en el que dicha lengua tiene carácter de cooficial.
Estas consideraciones que resumen la jurisprudencia constitucional en
materia de lengua no son aplicables, según nuestro criterio, al
pasaporte dado que el mismo constituye un documento de identificación
en frontera, es decir, un documento que por su propia naturaleza va
a ser utilizado en un ámbito que supera el territorio de una comunidad
autónoma. (Un señor diputado: ¿Y qué?) El pasaporte es un documento
de identificación de los ciudadanos españoles en el extranjero y en
los supuestos de entrada y salida del territorio de países no
integrados en el espacio de la Unión Europea. No es, pues, siguiendo
la doctrina constitucional citada, un elemento de relación con las
administraciones públicas sitas en el territorio de las comunidades
dotadas de lengua
cooficial ni resulta, por tanto, de aplicación al mismo las
consecuencias derivadas del reconocimiento constitucional de la
cooficialidad lingüística. La Constitución española reserva al Estado
la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y
en materia de seguridad pública -artículo 149.1, apartados 3 y 29- y
en ejercicio de esa competencia, corresponde en exclusiva al Estado,
de conformidad con la normativa internacional y europea al respecto,
la determinación de las características del pasaporte, no existiendo
base jurídica para exigir la incorporación al mismo de las lenguas
autonómicas por cuanto que se trata de un documento de identificación
y relación de los ciudadanos españoles con las administraciones
públicas de otros países y con la Administración estatal, titular de
la competencia para el control de las fronteras. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Cuestión diferente es, a criterio del Grupo Parlamentario Popular, el
tratamiento que se le ha de dar al documento nacional de identidad y
a las licencias de conducción de vehículos a motor y motocicletas. Me
explicaré. La posición diferente de la lengua castellana que le
atribuye la Constitución no comporta en ningún caso una inferioridad
de las diferentes lenguas respecto al castellano, puesto que esta
diferencia implica convivencia y a la obligación de respetar se ha de
sumar la de proteger todas las lenguas, lo cual se refuerza si lo
ponemos en relación con el artículo 9 del mismo texto constitucional,
según el cual corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas, y también algo que
es fundamental: remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud. Si centramos este análisis en la libertad de expresión
colectiva de un pueblo, el Grupo Popular considera que esto afecta no
sólo a los contenidos con los que se manifiesta este pueblo, sino
también a cuáles sean los códigos de exteriorización que utiliza, ya
que sin la conjunción de estos dos elementos no hay auténtica
libertad de expresión. Creemos importante remarcar que para el Grupo
Popular la lengua como expresión individual de la persona afecta al
desarrollo de la personalidad y constituye a la vez un derecho
subjetivo y una libertad individual. Desde el punto de vista
colectivo, que es lo que nos interesa en este debate, la lengua se
define como un elemento común de expresión propia de un conjunto de
personas, de un pueblo, de una nación, de un Estado y, por lo tanto,
es un patrimonio común que es necesario proteger, conservar y
potenciar, que es lo que se plantea hoy en esta Cámara.
De acuerdo con lo expuesto, y por lo que respecta al documento
nacional de identidad, nada se opone a que los datos personales que
figuran en el mismo sean redactados, además de en la lengua oficial
del Estado, en otra lengua oficial propia de la comunidad autónomaen
la que se expida el documento. Ello no obstante,
para conseguir tal objetivo no es necesario modificar una norma con
rango de ley orgánica, ya que las características propias del
documento nacional de identidad se regulan en normas de rango
reglamentario. En cuanto a los permisos y licencias de conducción,
cabe señalar que estos documentos ya se vienen expidiendo en la
lengua oficial del Estado y en las otras lenguas oficiales en las
distintas comunidades autónomas. En este sentido, el Ministerio del
Interior ha venido dando cumplimiento a lo dispuesto por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 8
de noviembre de 1994, que reconoció el derecho a la expedición de los
citados documentos, además de en la lengua oficial del Estado, en la
otra lengua propia de la comunidad autónoma. (La señora presidencia
ocupa la Presidencia.) Por todo lo anterior, puede apreciarse la
innecesariedad de modificar una ley para algo que en la práctica ya
se viene haciendo desde el año 1995. En cambio, sí puede ser oportuno
modificar las normas reglamentarias aplicables a la expedición de
permisos y licencias de conducción para dar cauce jurídico a lo que
de hecho ya se viene haciendo.
Hablaba anteriormente de la oportunidad del planteamiento de esta
proposición de ley, dado que coincide con la preocupación y el
trabajo que viene realizando el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, de tal forma que hemos presentado dos proposiciones no de
ley respecto a la incorporación de las lenguas oficiales en los
documentos nacionales de identidad y en las licencias y permisos para
conducir vehículos a motor y ciclomotores, que pueden considerarse
como alternativas a las proposiciones de ley cuya toma en
consideración se pone en cuestión. En dichas proposiciones no de ley
se insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses, en el caso del
DNI, y de tres meses en el de los permisos de circulación, adopte las
disposiciones reglamentarias necesarias para que los datos personales
que figuran en dichos documentos y que sean expedidos en el
territorio de las comunidades autónomas que además del castellano
tengan otra lengua oficial propia sean también redactados en dicha
lengua.
Concluyo ya, señoras y señores diputados, dejando patente nuestro
respaldo en cuanto a la filosofía contenida en las proposiciones de
ley presentadas por el Parlamento de Cataluña que hacen referencia a
estos dos documentos, es decir, al DNI y al permiso de conducir.
Ahora bien, en lo que no coincidimos es en el procedimiento que debe
presidir esta modificación. Entendemos que realizar esta
incorporación por vía reglamentaria es mucho más ágil que mediante la
modificación legal, pues ello implicaría vernos abocados a una serie
de modificaciones de leyes importantes con la consiguiente
complejidad que comporta técnicamente una modificación legislativa.
Señorías, tengo el convencimiento de que cuando entremos a debatir en
breve la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular se
llegará a un consenso
sobre el fondo a través del diálogo de todos los grupos de esta
Cámara. Tengan la seguridad, señores diputados del Parlamento de
Cataluña, de que nuestro deseo es también que se recojan las lenguas
oficiales en aquellas comunidades que dispongan de lenguas propias y
para los documentos mencionados. En esta línea estamos trabajando,
pero permítannos nuestro derecho a discrepar sobre el procedimiento
legislativo para sacar adelante estas propuestas En coherencia con
todo lo expuesto, anuncio el voto negativo de nuestro grupo porque
consideramos más adecuada la vía manifestada en nuestras
proposiciones no de ley en aras de simplificar el procedimiento
parlamentario.
Muchas gracias. Bona tarda. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martí.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de
ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y
documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el
Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultados: votos emitidos,
304; a favor, 140; en contra, 161; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
Sometemos, a continuación, a votación la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias
de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales
en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 138; en contra, 164; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE SUPRESIÓN DEL APARTADO 2 DEL
ARTÍCULO 206 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO,
ENLA REDACCIÓN DADA AL MISMO POR EL
ARTÍCULO TERCERO DEL REAL DECRETO- LEY 5/1999, DE 9 DE ABRIL. (Número
de expediente 122/000008.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo
206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la
redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-ley
5/1999, de 9 de abril.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Jáuregui. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, la proposición
de ley que les voy a presentar pretende la supresión del apartado 2
del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social. Aunque la
denominación de la proposición de ley pueda parecer especialmente
técnica, quiero advertir a SS.SS. que... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Jáuregui, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Les decía, señorías, que aunque la proposición que nuestro grupo les
presenta para una reforma legal de la ley de Seguridad Social pueda
parecer eminentemente técnica, porque inclusive la denominación de la
proposición de ley lo es en su enumeración, lo cierto es que el
contenido, la propuesta en sí, tiene una enorme importancia en
relación con las políticas de empleo en nuestro país. Ustedes saben
que el artículo 206 de la Ley de Seguridad Social contempla la acción
protectora del desempleo, es decir, la regulación de las prestaciones
por desempleo, la regulación del subsidio de desempleo y también las
cotizaciones a la Seguridad Social de los parados. Sin embargo, a
partir de una reforma de hace ya un par de años, concretamente a
partir del Real Decreto 5/1999, de 9 de abril, se estableció en este
artículo de la Ley de la Seguridad Social que las cuotas pueden
financiar también las bonificaciones que incentivan la contratación
indefinida; es decir, la ley introdujo un párrafo que a nosotros nos
parece profundamente erróneo y radicalmente contrario al principio
que inspira el Pacto de Toledo, cual es que las cuotas deben de
financiar prestaciones y que otro tipo de gastos tienen que ser
soportados por la fiscalidad general. Nosotros pretendemos con esta
proposición de ley que ahora les traemos defender la supresión de
este apartado 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social.
Podría darles, señorías un buen número de razones para explicar esta
supresión, pero
voy a hacer una defensa breve y sistemática de las tres razones
principales que nos mueven a defender la supresión de este apartado 2
del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social.
En primer lugar, quiero decirles que nosotros no estamos de acuerdo,
como ya señalaba en el comienzo de mi intervención, con que sean las
cuotas de los trabajadores y de los empresarios las que financien
esta bonificación a las empresas para estimular la contratación del
empleo fijo. Y esto porque contraviene la esencia misma, el principio
básico y primero, valga la redundancia, porque es la primera de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, que establece expresamente que
la acción protectora en su modalidad universal se financiará mediante
aportaciones del Estado -y ésta lo es-, mientras que las aportaciones
contributivas deberán ser financiadas básicamente, dice la primera
recomendación del Pacto de Toledo, con cargo a las cotizaciones de
las personas obligadas. Por tanto, esta es una razón que afecta a la
esencia básica del Pacto de Toledo y esta aportación del Estado a los
empresarios no puede ser sufragada con cuotas de trabajadores y
empresarios, sino con cargo a la fiscalidad general, porque es
insolidario que sean los trabajadores con sus cotizaciones los que
bonifiquen a las empresas que contratan trabajadores fijos. Es
incoherente que gravemos el empleo y, en cierto modo, esta cotización
quizá excesiva de los trabajadores y empresarios al desempleo es un
gravamen al empleo para favorecer a su vez el empleo fijo, es un
circuito incoherente, y además es absurdo porque establecemos una
especie de impuesto para las cotizaciones de los trabajadores y
empresarios que se devuelve después en un circuito absurdo a las
empresas. Si hemos decidido, y yo no lo cuestiono, la conveniencia de
estimular financieramente la contratación estable, el origen lógico y
sobre todo legal de esa financiación debe ser la fiscalidad general y
no las cotizaciones.
Luego veremos, señorías -y probablemente en los próximos meses
podremos discutirlo, cuando se plantee el debate sobre las propuestas
que nos hagan sindicatos y empresarios-, si afortunadamente hubiera
un acuerdo del diálogo social que está en este momento en marcha,
cómo probablemente sindicatos y empresarios acabarán coincidiendo en
que es más razonable que los contratos fijos tengan, por ejemplo, un
premio, un estímulo, mediante la reducción de la cuota general a la
Seguridad Social y que los contratos temporales tengan un gravamen,
un incremento. Yo sé que vamos a discutir esta cuestión hoy y que
previsiblemente se rechazará esta proposición, pero quienes lo hagan
saben que seguramente acabarán coincidiendo con esta argumentación
porque es mucho más razonable que las empresas que tienen empleo fijo
y que contratan empleo estable tengan un estímulo en el conjunto de
sus cotizaciones, pero no es razonable que reciban una subvención
complementaria como la que están recibiendo
en este momento; a su vez, es más razonable que las empresas que
contratan empleo eventual tengan una carga en sus costes por la
cotización y, si quieren, que luego externalicen esos costes porque
tienen trabajadores eventuales, pero que lo paguen. Este mecanismo es
mucho más razonable que este circuito absurdo que hemos creado de
tener que abonar con cuotas de trabajadores y empresarios
bonificaciones a las empresas, es un circuito, repito, incoherente y
absurdo.
Hay una segunda razón que me parece no menos importante y es que,
señorías, lo que gastamos en bonificar a las empresas por hacer
contratos fijos reduce nuestra capacidad como país de hacer políticas
activas de empleo. Por ejemplo, ustedes saben que este año en los
Presupuesto Generales de 2001 el presupuesto del Inem contempla
aproximadamente 300.000 millones de pesetas -repito, 300.000 millones
de pesetas- para bonificar a las empresas que hagan contratos fijos.
Si tenemos en cuenta que la fiscalidad general no aporta en el
presupuesto de 2001 ni una peseta, ni una, al presupuesto del Inem, a
las políticas de empleo, es fácil concluir que las políticas activas
de empleo se ven reducidas en 300.000 millones de pesetas que podrían
recibir esta aportación de las cotizaciones a ellas destinadas, a las
políticas de empleo, pudiéndose hacer una política más eficaz en el
estímulo de la contratación.
Pues bien, señorías, permítanme que les recuerde que estamos en un
momento en el que las políticas de empleo probablemente necesiten un
nuevo esfuerzo. No es baladí recordar aquí que, desde septiembre del
año pasado hasta enero de este año, en los últimos cinco meses,
señorías, está aumentando el paro sistemática e ininterrumpidamente;
llevamos cinco meses creciendo en paro y el mes de enero ha sido
fatal porque ha aumentado el paro en más de 60.000 personas y ya ha
absorbido todo el paro que se redujo en el año 2000, más de 50.000.Me
pregunto, señorías, si no hay razón para estar preocupados, a pesar
de que nuestro país todavía pueda tener una previsión de crecimiento
económico para el 2001, en este clima de psicosis y preocupación que
nos rodea sobre las magnitudes y las previsiones económicas, si no es
el momento para que, a la vista de estos datos y de lo que viene
económicamente, a la vista de nuestros déficit en inflación y
productividad, hagamos un esfuerzo para hacer más políticas activas.
¿No sería bueno que gastáramos este dinero que damos a los
empresarios absurdamente, desde las cotizaciones, en hacer políticas
activas de empleo? Yo creo que sí, señorías, creo que hay una razón
más que evidente para gastar más y mejor en políticas de empleo. Hay
una rutina y una insuficiencia en las políticas de empleo que yo
quiero denunciar aquí, porque ya es el momento de empezar a hablar
sobre nuestros resultados en el empleo, en cantidad y en calidad, en
los últimos meses, y creo que una buena manera de insuflar actividad,
de insuflar innovación, a las políticas de empleo es dotar al
presupuesto del Inem
de un dinero que le es propio porque procede de las cotizaciones de
trabajadores y empresarios y que debiera de estar, natural y
lógicamente, destinado a las políticas de empleo.
Piensen, señorías, que podríamos gastar cantidades tan importantes en
políticas activas de empleo, como el Partido Socialista les propuso
en el debate presupuestario, en mejorar la formación ocupacional y
continua en las líneas que establece la cumbre de Lisboa, una
cantidad importante en mejorar los programas locales de empleo en el
ámbito de la nueva economía, parques tecnológicos, ayuda financiera a
nuevos emprendedores, incubadoras de empresas, abrir un programa de
servicios sociales de ayuda y de asistencia a domicilio que, al
tiempo que mejora la cobertura social de nuestros dependientes, crea
empleo en el nicho más oportuno y clásico de creación de empleo que
tiene España en este momento. Señorías, estas políticas son básicas
para nuestro mercado laboral, para nuestra sociedad del bienestar, y
podrían hacerse si este dinero no fuera dedicado, incorrectamente
como digo, desde cotizaciones a bonificaciones a empresarios.
Termino explicándoles la tercera razón en la que baso mi propuesta,
señorías. Creemos que el coste de la bonificación a los contratos
estables no guarda una relación apropiada con los resultados
obtenidos. Este es un país bastante frívolo -permítanme que se lo
diga- a la hora de evaluar sus políticas públicas. De hecho, en
España, desgraciadamente, como una muestra de inmadurez y de
ineficiencia, se hace muy poca evaluación de políticas públicas. Me
pregunto si no es la hora de evaluar, cuatro años después de que se
instalara, si esta política de estimular la contratación estable -sé
que lo hicimos como consecuencia de un acuerdo de sindicatos y
empresarios, del propio Gobierno y de la propia oposición entonces-
con casi el 50 por ciento de media en la cuota de Seguridad Social a
aquellas empresas que contrataran a un trabajador fijo, ha dado o no
buenos resultados. Es hora de preguntarse si ésta es una política
correcta, si gastamos en exceso, si da o no buenos resultados.
Señorías, creo que ésta es una pregunta que le corresponde a esta
Cámara. Y lo hago precisamente en el curso de un debate que hemos
tenido públicamente, y que seguramente luego reproduciremos
a propósito de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la
negociación colectiva. Yo creo que en todos los casos es exigible a
la Cámara, al foro de la soberanía popular, la fijación de
posiciones. Hoy podemos y debemos evaluar si la política de estímulos
a la contratación estable ha dado o no buenos resultados, para
establecer una política distinta, que es lo que yo les propongo. Por
cierto, adelantándonos a lo que van a acabar pactando sindicatos y
empresarios mañana. Y esa política, señorías, deben ustedes saber que
ha producido muchas dudas, porque si bien es verdad que la
contratación fija desde 1997 hasta el año 2000 ha crecido un poco,
realmente hay que acabar concluyendo
que hemos estimulado contratos que no llegan al 9 por ciento de
los que se hacen habitualmente. Es decir, que hoy y ayer, por cada
100 contratos que se hacen 91 son eventuales y sólo 9 son fijos. ¿Ha
servido para algo la bonificación? Sí, ha servido para que la tasa de
eventualidad no haya aumentado -dicen-, pero realmente no la ha
mejorado, porque en el año 1997 teníamos un 33 y pico por ciento de
tasa de eventualidad y hoy tenemos un 32 y pico por ciento. Por
tanto, ¿cabe que nos preguntemos si esa política ha sido buena?
La señora PRESIDENTA: Señor Jáuregui, le ruego concluya.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Termino ya.
Ustedes deben saber, señorías, que hemos gastado en bonificar los
contratos estables aproximadamente un billón de pesetas. Les leo los
presupuestos: 1998, 102.000 millones; 1999, 290.000 millones; 2000,
285.000 millones; 2001, 293.000 millones. Vamos a gastar un billón de
pesetas en estimular a las empresas para que creen contratos fijos y
estos no pasan del 9 por ciento. Señorías, ¿no es demasiado dinero?,
¿no hay formas más baratas de estimular los contratos estables?, ¿se
habrían contratado los mismos fijos si no hubiera habido esta
subvención? Es una pregunta tremenda. Y fíjense en otra pregunta
todavía más dramática: ¿cuántos de los contratos fijos que han sido
subvencionados con importantes cantidades del presupuesto público, de
cotizaciones, han sido rescindidos? El otro día escuché al señor
Chozas que probablemente un 25 por ciento de los contratos fijos que
han sido bonificados han sido ya rescindidos, sin resarcimiento
ninguno a las arcas públicas. Pues bien, señorías, yo creo que estas
cosas corresponden a una evaluación que un país serio tiene que
hacer, que tienen que hacer sindicatos y empresarios, pero también
nosotros, que somos la Cámara que legisla. Yo les propongo que
suprimamos este párrafo, para que a partir -yo estoy seguro- de este
acuerdo y de esta supresión establezcamos un criterio más razonable
de estímulo a la contratación fija, que puede ser una reducción de
cuotas, pero que no sea una bonificación de cotizaciones de esta
naturaleza.
Termino ya, señora presidenta. Les he dado tres razones que se
superponen. Probablemente con una sola de ellas hubiera bastado,
porque realmente cada una de ellas, tomadas aisladamente, tiene
entidad suficiente como para aprobar nuestra proposición de ley, pero
con las tres juntas me parece inevitable el que se apruebe.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui. ¿Turno en
contra? (Pausa. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, el señor Aymerich, por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista
Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley. Voto
favorable porque la consolidación de las fuentes de financiación de
la Seguridad Social, después de la aprobación de la Ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social,
debería haber supuesto, desde nuestro punto de vista, una mayor
contribución pública -es decir, una mayor contribución de los
Presupuestos Generales del Estado- a la financiación de la Seguridad
Social.
Es cierto que durante los últimos años ha ido creciendo la aportación
del Estado a la Seguridad Social, pero lo ha hecho a un ritmo
inferior al de los demás países de la Unión Europea. La aportación se
sitúa en este momento en un 31,3 por ciento del total de recursos,
frente al 16,1 que suponía en el año 1980, pero este incremento no ha
sido destinado a aumentar la protección social de todos los
ciudadanos o a consolidar el sistema de Seguridad Social, sino a
compensar el déficit de financiación ocasionado por las continuas
reducciones de las cotizaciones empresariales durante dicho período.
Debe repararse en que las cotizaciones empresariales durante el
período de 1980 a 1998 se redujeron desde el 82,4 por ciento del
total de los recursos en el año 1980 al 67 por ciento en el año 1998,
según datos del propio Consejo Económico y Social de los años 1997
y 1998. Por tanto, el esfuerzo de contribución de la financiación
pública a la Seguridad Social está ocultando los enormes beneficios
concedidos a empresas que ven reducida su aportación a la Seguridad
Social en un escenario de aumento constante de sus beneficios; o, por
lo menos, eso es lo que dice la propaganda del Partido Popular.
También es cierto que el señor Montoro, cuando tiene que hablar, dice
que la crisis o las sentencias, condenas, etcétera, las paguen los
trabajadores.
La proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista
denuncia otra medida adoptada por el Gobierno del Partido Popular de
disminución de la aportación pública a la financiación de la
Seguridad Social, de manera que sean las cotizaciones de los
trabajadores al Inem las que compensen la reducción de ingresos
originada por las deducciones en las cotizaciones empresariales a las
empresas beneficiadas por los programas de fomento del empleo. El
Bloque Nacionalista Galego está conforme con que esta financiación
provenga de los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren en
gran parte de los impuestos de los ciudadanos, y no se atribuya al
presupuesto del Inem la obligación de financiar programas de fomento
del empleo que básicamente consisten en conceder deducciones sobre
las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Es más, en este
momento el Inem
tendría capacidad financiera incluso para hacerse cargo de las cuotas
empresariales bonificadas, no por un aumento del presupuesto producto
de una mayor aportación del Estado, sino porque la reducción de las
prestaciones por desempleo ha sido drástica, en especial por el
aumento de los requisitos exigidos a los trabajadores para acceder a
las mismas.
Para el Bloque Nacionalista Galego también es conveniente o deseable
esta mayor aportación pública al sistema de Seguridad Social, sobre
todo porque supone un mecanismo de redistribución de la renta
disponible, en especial cuando el sistema impositivo se fundamenta en
impuestos directos y progresivos, aunque no -debe reconocerse- en el
caso actual del Estado español, en que la imposición es general y
mayoritariamente indirecta y, por tanto, general y mayoritariamente
regresiva. El Gobierno del Partido Popular ha contribuido, pues,
enormemente a que la redistribución vertical de rentas que podría
resultar de esta imposición directa y progresiva y su posterior
transferencia a financiar prestaciones sociales básicas para todos
los ciudadanos haya sido truncada, al realizar aportaciones del
Estado a la Seguridad Social cuya exacción se realiza por medio de un
sistema regresivo e indirecto, basado en la imposición al consumo,
que grava en especial las rentas medias y bajas.
En definitiva, el Bloque Nacionalista Galego considera que se debe
proceder a suprimir el apartado 2 del artículo 206 de la Ley General
de la Seguridad Social, que impone al Inem la financiación de los
costes originados por las reducciones en las cotizaciones
empresariales establecidas en los programas de fomento del empleo y,
en consecuencia, la detrae de las aportaciones de los trabajadores
destinadas a garantizar la suficiencia económica en situaciones de
desempleo. Creemos que estas reducciones deben ser costeadas por
aportaciones del Estado extraídas de la fiscalidad general y que, al
mismo tiempo, esta fiscalidad general debe ser objeto de reflexión y
revisión para que la redistribución vertical de rentas sea una
realidad. Ello sólo será posible si la imposición tributaria general
se orienta hacia impuestos de carácter progresivo y directo. Sólo de
esta manera será solidario y de toda la sociedad el sostenimiento del
sistema de Seguridad Social, sin recaer casi en exclusiva, como
ocurre actualmente, sobre las espaldas de los trabajadores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
He seguido con verdadera atención el discurso dialéctico del señor
Jaúregui en defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista. Quiero
decirle, en primer lugar, que comparto plenamente el fondo de la
cuestión que plantea el señor Jaúregui, mi discrepancia es con la
forma. Si leemos detenidamente la exposición de motivos, la
justificación de la iniciativa socialista, veremos que en el fondo se
está planteando un problema de conflicto, de contradicción, de
contraposición, entre el Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril -que
de hecho viene a modificar el artículo 206 de la Ley General de la
Seguridad Social-, y la primera recomendación del Pacto de Toledo.
Diríamos que este es el fondo jurídico de lo que aquí se plantea.
Lo que ocurre es que al plantear en esta proposición de ley como
artículo único la supresión simple y llanamente del apartado 2 del
artículo 206 del texto refundido de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, el señor Jaúregui ha dicho:
busquemos una fórmula para que la incentivación de los contratos
permanentes se pueda realizar sin incurrir en una denuncia, que es
cierta en primer lectura, cuando viene a decir en su exposición de
motivos que esta situación (la que se produce en el conflicto o
contradicción o contraposición entre el Decreto-ley 5/1999 y la
primera recomendación del Pacto de Toledo) imposibilita por ilegal
que con dinero proveniente de las cuotas de desempleo se financien
políticas no incluidas en el marco de la acción protectora del
artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, cuales son las
bonificaciones de los contratos estables. Y viene a decir que las
bonificaciones en las cotizaciones de los contratos deben hacerse con
cargo a la fiscalidad general, de acuerdo con la primera
recomendación del Pacto de Toledo.
Pues bien, si nosotros aceptáramos aquí esta proposición de ley nos
encontraríamos, señora presidenta, también con varias
contradicciones. Primera contradicción: que estaríamos aprobando la
supresión del apartado 2 del artículo 206 sin hacer ninguna provisión
legislativa del vacío que se nos produce para la regulación de la
incentivación de los contratos fijos que se tienen que hacer por esta
vía de bonificaciones. Sencillamente, no podemos suprimir esto.
Posiblemente se suprima, en razón de lo que voy a decir a
continuación, pero habrá que hacerlo con la alternativa de decir:
váyase ahora por la vía de utilizar otros instrumentos financieros,
bien los que provienen de la política fiscal de presupuestos, bien
los que provengan de fondos del Instituto Nacional de Empleo, del
Inem, y aclárese si la dotación del 2 por ciento los deja en esta
situación de denuncia -que yo no comparto-, que no tengan ni siquiera
para su autofinanciación. Bien, discutamos la procedencia del recurso
para las bonificaciones que incentiven estos contratos.
La segunda contradicción de esta Cámara es que si tenemos abierto un
escenario y un marco de debate y discusión, que es la Comisión del
Pacto de Toledo, en este momento, con la votación que hagamos de esta
iniciativa, podemos estar sustrayendo a la Comisión del
Pacto de Toledo, que se está reuniendo en el Congreso de los
Diputados, una de las fórmulas que tienen que venir de allí. Mi
observación para votar de la forma en que lo voy a hacer, oponiéndome
a esta iniciativa, no es de fondo sino de forma, porque entiendo -y
así lo entiende mi grupo- que es la Comisión del Pacto de Toledo la
que tiene que recoger estas situaciones y proponer a la Cámara la
resolución del fomento o financiación de la bonificación de los
contratos estables. Vuelvo a decir que la simple supresión del
apartado 2 del artículo 206 no resuelve el problema -como bien ha
dicho el señor Jaúregui- si no hay una alternativa de fuente, de
origen de financiación de esta bonificación de los contratos. En
segundo lugar, flaco servicio haríamos a la Comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo, en la que ésta tiene que ser -y mi grupo la
apoyará- una de las propuestas de corrección y de solución en el
capítulo correspondiente. Aunque se denuncie aquí que el Real
Decreto-ley 5/1999 entra en conflicto con la primera recomendación
del Pacto de Toledo, es el Pacto de Toledo que está vigente no el que
queremos modificar vía Comisión. No hagamos de la Comisión del Pacto
de Toledo el instrumento de corrección de todas estas políticas
laborales y asistenciales, que estamos ya en el marco de la
legislación que tenemos que cambiar. No se debe sustraer la
competencia de la Comisión del Pacto de Toledo en una propuesta de
resolución completa, donde tendría cabida la iniciativa del Grupo
Socialista, con las correspondientes modificaciones de las fuentes de
financiación de los contratos. Por esta razón mi grupo está de
acuerdo en el fondo con lo que aquí se ha planteado, pero lo
remitimos al marco y a la competencia de la Comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo, que es la vía formal por la que debe ir esta
solución. Con la simple supresión del apartado 2 del artículo 206 no
daríamos una solución si no instrumentalizamos, vía Comisión del
Pacto de Toledo y con lo que estas cámaras legislen en su momento
oportuno, una nueva reedición actualizada y adecuada a la
circunstancia laboral del mercado de trabajo en España.
Señora presidenta, por esa razón mi grupo va a votar negativamente
esta iniciativa legislativa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señorías, desde
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida coincidimos con el
grupo proponente en que, efectivamente, como puede parecer en el
enunciado, esta propuesta más que técnica es una proposición con un
alto contenido social. En este sentido, un economista nos ha llamado
recientemente la atención sobre las cosas dichas de soslayo. El
decreto legislativo
al que se refiere esta proposición es precisamente una de
estas cosas que se dicen de pasada pero que constituyen todo un
cambio de filosofía social y política. Cuando se dice que los
recursos del desempleo son para reducir cotizaciones, no sólo se está
diciendo que los trabajadores se apañen con sus recursos para crear
empleo, sino que los salarios seguirán reduciéndose, porque de eso es
de lo que estamos hablando. Ésta es la filosofía del asunto y la
perspectiva política que abre la reforma legislativa que hoy se
propone cambiar, desde luego y ya lo anunciamos con el voto favorable
de Izquierda Unida.
No dejaré de llamar la atención de dos prácticas políticas que
escondió este decreto legislativo y que tienen que ver con el escaso
apego de la derecha al Estado de bienestar: la supresión de todo
consenso como garantía de este Estado de bienestar y la sustitución
de la solidaridad pública por la solidaridad entre trabajadores como
técnica de protección y creación de empleo. No es un tema baladí el
que estamos debatiendo aquí hoy, que este decreto legislativo suprima
de un plumazo la primera recomendación del Pacto de Toledo que
atribuye a los presupuestos del Estado todas las prestaciones
asistenciales como las políticas activas de empleo. Políticamente se
suprime la línea de consenso que se reclama para reformar el sistema
de pensiones y técnicamente se condena a estas políticas a recibir
cada vez menos recursos. Los presupuestos del año 2001 ya han
supuesto, como señala la propuesta, una reducción de transferencia de
recursos que se pretenden compensar con la desviación de dineros que
corresponden a políticas de asistencia contributiva a aliviar las
cotizaciones empresariales. Dicho de otro modo, si los trabajadores
quieren creación de empleo que se lo paguen ellos con sus
cotizaciones. Después de esto vendrá una nueva política de reducción
de la prestación contributiva y una nueva reducción de la cobertura.
Éstas son las cosas dichas de soslayo por la reforma legislativa que
introdujo la derecha. Es deseable imaginar formas de crear nuevos
empleos, incluso reflexionar sobre toda clase de incentivos, pero no
lo es a costa de negar la solidaridad pública que debe expresarse a
través de los presupuestos.
Lo que este decreto legislativo proponía es que los desempleados
vivan a costa de los desempleados. Mientras, el Gobierno de la
derecha alimenta su masa electoral a base de regalos fiscales a
quienes debería alimentar mínimamente esta solidaridad pública. Hay
muchos elementos de sustitución del Estado de bienestar en las
políticas, que de pasada viene imponiendo la derecha.
Para terminar, me atrevo a sugerir al PSOE una reflexión común con
sindicatos y otros partidos de la izquierda, para realizar un
análisis global de todo lo que está ocurriendo en la economía
española y que nose transmite bien a la sociedad, a base de
iniciativas
que puntualmente vayan arreglando desaguisados como el que esta
propuesta pretende atajar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista, a través de la intervención de su portavoz señor
Jáuregui, ha planteado un debate que va mucho más allá del estricto
contenido de su proposición de ley; un debate interesante y sugerente
en relación al conjunto de instrumentos que desde la política pública
española en materia de empleo nos hemos dotado y nos debemos dotar en
los próximos años para avanzar hacia ese objetivo de pleno empleo,
hacia ese objetivo del empleo de calidad Algunas de sus
consideraciones yo creo que merecerían un debate sosegado y una
reflexión en serio del conjunto de la Cámara. Coincido de manera muy
especial con su afirmación en el sentido de que deberíamos ser
capaces en el Congreso, pero también en el conjunto de las
administraciones, de evaluar de verdad nuestras políticas públicas.
Creo que ahí nos movemos casi en el terreno de la indigencia, y por
tanto a ese planteamiento sepa que mi grupo se va a apuntar.
Sin embargo, por lo que hace referencia al estricto contenido de su
iniciativa, nosotros no la vamos a votar; vamos a votar en contra de
la misma, y lo vamos a hacer básicamente por tres o cuatro razones.
En primer lugar entendemos que estas bonificaciones, que han formado
parte esencial de la política de empleo de España en los últimos
años, han dado un buen resultado, y es posible que en estos momentos
las cifras sean menos positivas de lo que a todos nos gustaría, pero
el balance global de la política derivada de un escenario determinado
en el terreno macroeconómico y también de una incidencia en el
mercado de trabajo, ha dado buenos resultados. Creo que éste es un
hecho indiscutible, y en el caso específico de Cataluña es
especialmente significativo. En 1995 y en el terreno de la
temporalidad, Cataluña estaba por encima de la media del conjunto del
Estado; hoy Cataluña está cinco puntos por debajo de la media del
Estado; por tanto, esta política en materia de creación de empleo y
en materia de creación de empleo estable, a Cataluña le ha dado
buenos resultados. Una política, además, que encajaba en una
iniciativa acertada en la pasada legislatura, y esperemos que también
se concrete en la presente, que es la de fomentar que la política de
incidencia del mercado de trabajo se derive muy fundamentalmente del
acuerdo entre los agentes sociales, y esta política de bonificación
se deriva precisamente de esos acuerdos entre los agentes sociales,
deriva por tanto de los
acuerdos sociales y en consecuencia creo que no estamos tan solo ante
un éxito del Gobierno, sino que estamos ante un éxito del conjunto de
la sociedad. Pueden existir elementos que sean preocupantes, que
merezcan reflexión; debe existir esa evaluación que planteaba el
señor Jáuregui sobre la exactitud o no de este recurso en la creación
de empleo -yo me apunto a sus dudas-, pero creo que en el actual
contexto, período 1996/2001, éste ha sido un buen instrumento; un
instrumento que además tiene un carácter muy cíclico, y que responde
a saber jugar en un determinado momento de funcionamiento de nuestra
economía. Además por su propio carácter provisional, pues piensen
ustedes que las bonificaciones a las que hacemos referencia tienen
una vigencia de dos años, una vez superado ese plazo de vigencia
permite reforzar en todos los sentidos la propia debilidad del
sistema público de pensiones. Me parece que todos tenemos claro que
en el corto y medio plazo aquello que garantiza la coherencia de
nuestro sistema de pensiones es precisamente el incremento del
empleo. En este sentido, la medida que aparentemente puede parecer
que choca con los principios del Pacto de Toledo -y digo
aparentemente porque mi grupo no entiende que choque con el Pacto de
Toledo-, lo que hace es reforzar su propia viabilidad.
Estaría bien que el debate que se nos plantea hoy girase en relación
con el funcionamiento de las prestaciones por desempleo en el Estado
español y por los actuales niveles de cobertura o de protección
social efectiva de los mismos. Ahí existe un debate, a nuestro
entender importante, y sería necesario que el Estado español lo
asumiese con cierta normalidad para ser capaces de dar mayor
protección social, pero también para ser capaces de crear un sistema
que incentivase de verdad a aquellas personas que están en paro a
incorporarse al mundo del trabajo. Ésta es una cuestión que hoy al
hablar del desempleo en España tenemos pendiente. Al mismo tiempo
tendríamos que ser más capaces de buscar políticas activas que
sirviesen para incorporarse al mundo del trabajo a aquellos
colectivos que hoy están teniendo más dificultades. Ahí yo creo que
está parte del debate de fondo que existe sobre el empleo. El gran
debate es cómo somos capaces de ir reduciendo los índices de
temporalidad a un ritmo superior al que hemos tenido hasta ahora,
pero también cómo somos capaces de incorporar al mundo del trabajo
a sectores importantes que aún no lo están. Ahí es evidente que nuestro
actual sistema de prestación por desempleo no termina de funcionar.
Finalmente, me referiré al texto que la proposición de ley del Grupo
Socialista pretende suprimir. Quizás no de manera principal, pero
para mi grupo de manera muy significativa, se incorpora por primera
vez en un texto que hace referencia a la Seguridad Social el papel de
las comunidades autónomas. Dice en concreto este apartado segundo que
todo ello sin perjuicio, en su
caso, de las competencias de gestión de las políticas activas de
empleo que se desarrollarán por la Administración general del Estado
o por la Administración autonómica correspondiente, de acuerdo con la
normativa de aplicación. Estoy convencido de que lo que no pretende
suprimir el Grupo Socialista es esa referencia al papel de los
gobiernos autonómicos en la política de empleo y en el ámbito de la
Seguridad Social, pero a mi grupo le gusta que en este artículo, en
esta ley exista esa referencia específica al papel de los gobiernos
autonómicos. Por tanto, es un buen instrumento que nos apuntamos a la
idea de evaluar, y un instrumento que no rompe con el principio del
Pacto de Toledo. Quizá sea bueno abrir el debate en serio sobre el
funcionamiento de las prestaciones por desocupación, y esta
referencia de carácter autonómico a nosotros nos gusta que forme
parte del marco normativo. Todas estas son razones para entender
nuestro voto contrario a esta toma en consideración.
Dos comentarios más. Uno, es evidente que hoy estamos incursos en
pleno diálogo social. Esperamos que ese diálogo social termine en la
misma línea que en el año 1997, con el acuerdo entre los sindicatos y
las organizaciones empresariales para dar un nuevo empuje a la
creación de ocupación y a la creación de ocupación estable. Por
tanto, estoy seguro de que en la Cámara en las próximas semanas vamos
a tener que ocuparnos de verdad de todas aquellas cuestiones
relacionadas con el empleo. En ese contexto algunas de las
reflexiones que planteaba el Grupo Socialista seguramente va a ser
oportuno que podamos debatirlas, pero hoy nos parece que no tendría
excesivo sentido que mi grupo diese apoyo a esta toma en
consideración.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el grupo proponente de la presente proposición de ley nos
propone un cambio que yo diría no tiene un gran contenido ni un gran
calado político, aun a pesar de que en la exposición de motivos se
nos haya hecho creer que por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario
Popular, de alguna forma no se cumple la primera recomendación del
Pacto de Toledo cuando se estudió la problemática de la Seguridad
y las reformas para solucionarla. Aunque no es de un gran calado
político, quiero agradecer de corazón el tono que ha empleado el
grupo proponente; es de agradecer en profundidad decir que podemos
mejorar, que podemos contribuir a estudiar de otra forma y no decir
continuamente que el grupo o el Gobierno yerra todas las políticas
sociales. Recuerdo que hace escasamente un par de meses subí a esta
tribuna para defender la
posición de mi grupo ante una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista en la que se nos decía que se prolongaran las excedencias
voluntarias por maternidad para cuidado de hijos y un año para
cuidado de familiares y que las cotizaciones corrieran a cargo de la
imposición directa, es decir de los impuestos que pagamos todos los
ciudadanos. Eso sí me parece un cambio importante en el espíritu que
conforma la ponencia del Pacto de Toledo, porque ahí se establece,
como muy bien sabe el señor Jáuregui, en la primera recomendación esa
fórmula de petición al Gobierno, que por cierto ahora está en plan de
revisión -se ha constituido una comisión no permanente para estudiar
la revisión del Pacto de Toledo-, y se dice al Gobierno en esa
primera recomendación que usted cita que hay que ir adoptando
progresivamente las medidas para proceder a la separación de fuentes
del sistema. Por otro lado, creo sinceramente que si cada vez que
queremos mejorar o variar algo de contenido social tenemos que ir a
buscar y rescatar recursos provenientes de la imposición directa
quizá llegaría un momento, señor Jáuregui, que eso contradiría de
alguna forma la política económica que comparte el grupo
parlamentario al que represento, que estaba en nuestro ideario
político que fue con el que concurrimos a un determinado proceso
electoral, y entiendo yo revalidado por la opinión pública.
En la regulación del desempleo ha habido sucesivas reformas. La Ley
básica de Empleo en 1980 reguló de alguna forma la configuración
actual de lo que se entendía por prestación de desempleo. Luego hubo
sendas reformas, que propuso su grupo cuando ustedes configuraban el
Poder Ejecutivo, las reformas en 1984 y 1985, pero ya en el año 1988
y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año 1987, puesto que estábamos ante una situación de
desequilibrio económico, ante una situación en que desgraciadamente
el desempleo crecía, no crecía el fomento de empleo ni por tanto la
creación de empresas o la creación de puestos de trabajo, ustedes
tuvieron que legislar por primera vez que a partir de ese momento las
aportaciones del Estado, las cantidades que deberían aportar cada año
los Presupuestos Generales del Estado, que hasta aquel momento habían
sido de un 40 por ciento, los recursos que financiaban al Instituto
Nacional de Empleo (el 40 por ciento proveniente de la fiscalidad
directa y el 60 por ciento proveniente de las cotizaciones efectuadas
por ese concepto) deberían ser revisadas anualmente en la
correspondiente Ley de Presupuestos.
El año 1995 estábamos en una situación todavía precaria de
desequilibrio económico, pero fruto de las políticas económicas del
Gobierno yo creo que ha tenido una serie de lecturas satisfactorias,
como muy bien decía el señor Campuzano, que se han traducido en un
nivel comparativo muy distinto del que partíamos en 1995. Se ha
creado empleo, ha menguado el desempleo. Ya se reconocía que de las
cuotas de desempleo
podían salir todas aquellas políticas de reinserción, formación
profesional, reconversión, reinsertación y hoy se regula por primera
vez, con un precepto aprobado en esta Cámara, que las bonificaciones,
es decir las políticas de fomento de empleo, todas aquellas políticas
por las cuales ha apostado siempre el Gobierno, sean con cargo a las
cotizaciones derivadas del desempleo. Hoy, señor Jáuregui, fruto de
todas estas políticas económicas, tal y como dice la propia
exposición de motivos cuando se propone la modificación del artículo
206 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social,
sólo es necesario aportar por parte del Estado el 2 por ciento de los
recursos que se configuran en la estructura económica del Inem. ¿Qué
quiere decir eso? Que quizá la política puede ser mejorada -todo es
susceptible de mejora-, pero no se puede decir que ha sido errónea;
creo que ése no es el calificativo más acertado por una razón: hay
menos desempleo y por tanto se pagan menos prestaciones directas de
desempleo -hablo de las que son de naturaleza contributiva, que no de
las asistenciales- y entran más recursos en las arcas del Inem al
haber mayor empleo, mayor plantilla de trabajadores, pues la cuota
que pagan el trabajador y el empresario al Instituto Nacional de
Empleo supone mayores ingresos. Se puede hablar de las políticas
activas de fomento del empleo, de creación de empleo, de creación de
empresas, de no imponer un mayor sistema impositivo (hemos dicho
muchas veces desde esta tribuna que el 80 por ciento de los puestos
de trabajo en España se configuran en la pequeña y mediana empresa);
y nuestra política, acertada o no, coincide con las directivas que
emanan de la Unión Europea relativas al fomento de las políticas
activas de creación de empleo. Si eso fuera un error estaríamos no
del todo pero sí bastante satisfechos con ese error, ya que la
política de fomento del empleo, de creación de empleo ha sido
acertada.
Además, quiero añadir una cosa, señor Jáuregui: tengo mis dudas de
que la configuración actual del artículo 206 de la Ley general de la
Seguridad Social vulnere, jurídicamente hablando, la recomendación
primera contenida en el Pacto de Toledo; recursos procedentes de las
cotizaciones financian bonificaciones que fomentan la contratación
indefinida. Usted ha dicho: pongamos un gravamen a la temporalidad.
Eso no solucionaría ningún problema; continuemos apostando por
mayores bonificaciones a las empresas para los colectivos de especial
dificultad a la hora de encontrar un puesto de trabajo,
bonificaciones para todo aquello que pueda servir a la creación de
contratos indefinidos y atengámonos al sentido común, señor Jáuregui,
diciéndole de nuevo que todo puede ser mejorable. Si hoy cogemos a un
grupo de ciudadanos en la calle y les preguntamos si sería mejor
proteger las políticas pasivas de desempleo en lugar de la política
que actualmente realiza el Gobierno de fomentar las políticas activas
de creación y fomento del empleo, que gracias a esta política
económica actual han podido ser mejoradas muchas cuestiones
sociales contenidas en el sistema único de la Seguridad Social, como
son elevaciones importantes de las pensiones mínimas de viudedad y de
jubilación; si decimos al ciudadano que con ello necesitamos menos
recursos para pagar a menos desempleados y que podemos destinar
mayores cantidades provenientes de esos recursos a fomentar la
contratación indefinida, estoy totalmente convencida, señor Jáuregui,
de que los ciudadanos dirían que ésa es la política correcta y que en
ese campo se debe seguir ahondando para continuar creando mejor y más
empleo estable. Es cierto que tenemos que luchar contra la
temporalidad, y ya se ha mencionado aquí que en este momento estamos
pendientes de que los agentes sociales lleguen a pactos, a acuerdos
positivos para que puedan salir beneficiados los ciudadanos y toda la
sociedad.
La señora PRESIDENTA: Señora Montseny, le ruego concluya.
La señora MONTSENY MASIP: Concluyo enseguida, señora presidenta.
Señor Jáuregui, usted ha hablado de un billón de pesetas para
financiar la contratación indefinida, que usted ha basado sólo en el
9 por ciento, que bienvenido sea. A mí no me salen las cuentas,
porque usted habla en la exposición motivos de que 300.000 millones
han sufragado esa contratación indefinida, y si la ley y la reforma
datan de 1999, que fue cuando se convalidó el Real Decreto-ley 5/
1999, que fue el que luego ratificó esta Cámara y por lo que quedó
modificado el artículo 206 de la Ley de Seguridad Social, la verdad
es que no cuadran las cifras. Yo no sé de dónde saca usted el billón
de pesetas. Aunque así fuera, todo aquello que el Gobierno
presupueste para seguir fomentando la política económica social en la
que cree mi grupo parlamentario y la formación política a la que yo
represento, seguiríamos apostando por esa política; pero usted
encontrará siempre nuestro espíritu de diálogo para mejorar, dentro
de la discrepancia natural entre las distintas formaciones políticas,
todas aquellas políticas que todavía puedan facilitar un mayor
incremento de creación de puestos de trabajo y de creación de
empresas.
Lamento decir que no podremos apoyar esa iniciativa porque en ese
campo estamos relativamente satisfechos de los frutos que ha dado la
política económica del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de
ley, del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2
del artículo 206 delTexto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real
Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 127; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO DE LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN.
(Número de expediente 162/000148.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ARTICULACIÓN DE UN PLAN
DE FOMENTO DE LA LECTURA. (Número de expediente 162/000168.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), PARAFOMENTAR
EL HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN. (Número de expediente
162/000215.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: proposiciones no
de ley.De acuerdo con lo previsto en la Junta de Portavoces, se
debatirán conjuntamente las proposiciones no de ley que figuran en el
orden del día con los números 4, 5 y 6 y que son las siguientes. En
primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la
población; en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista
sobre articulación de un plan de fomento de la lectura; y en tercer
lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para
fomentar el hábito de la lectura entre la población.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
(Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)
Adelante, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Muy buenas tardes, señorías, y bienvenidos a este nuevo período de
sesiones que iniciamos - lo que a nosotros nos parece importante- con
tres proposiciones no de ley, las tres primeras, que tratan de la
preocupación de los diversos grupos de esta Cámara por el
bajo índice de lectura de los españoles. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Repito que a nosotros esto nos
parece importante porque -podríamos decir- son no sólo las primeras
proposiciones del período de sesiones sino también de este siglo,
siendo la cuestión del bajo índice de lectura de los españoles
realmente preocupante o algo que al menos nos debiera preocupar. Con
esto quisiéramos iniciar en el Pleno algo que ya hemos hecho
repetidamente en Comisión sumándonos a una verdadera movilización en
favor de la lectura, que es algo a lo que el Gobierno suponemos que
en breve plazo nos va a convocar poniendo en marcha un plan de
fomento de la lectura.
No voy a hacer yo aquí, puesto que ya se ha hecho durante siglos y se
sigue haciendo ahora también, naturalmente, un canto a la importancia
de la lectura. Es como si viniera a proponer un plan contra la sequía
y tuviera que hacer un canto en favor del agua y sus beneficios para
el campo o a proponer un plan contra la contaminación y tuviera que
hablar del oxígeno. Me parece que todos lo compartimos, por lo que no
voy a añadir palabras a lo que ya está escrito. Sin embargo,
precisamente en virtud de la importancia de la lectura, sí quisiera
hacer una consideración previa que me parece fundamental. Para
nuestro grupo parlamentario, para el Partido Popular y para este
Gobierno (y creo que esto es compartido por todos los grupos de la
Cámara) el libro -significando éste la escritura y la lectura en su
conjunto- no es un producto más del mercado, está regulado
singularmente, pero incluso así no podemos tolerar que esté sometido
a las leyes del mercado, como no lo está una cama de hospital o -por
seguir particularizando- un pupitre. Creemos que los poderes públicos
deben prestar al libro, esto es, a la escritura y a la lectura, a
toda esta cadena, un apoyo específico y así se lo demandamos cuando
pedimos un plan, que normalmente es algo que nosotros no estamos
pidiendo.
Hecha esta consideración previa sobre el valor de la lectura y que no
es para nosotros un producto más del mercado, es importante -y en
ello estamos todos de acuerdo- hacer un diagnóstico de la situación o
por lo menos una fotografía. Los tres grupos que hemos presentado
proposiciones no de ley damos el dato -no sé si alarmante pero, desde
luego, preocupante- de que el 40 por ciento de los españoles no lee
nunca. Hay que actuar sobre ello. Lo repetimos tantas veces que
estamos como anestesiados. Parece un dato del paisaje, del clima,
pero no tiene que ser así. Esta situación tiene remedio si nos
ponemos a ello; además, siempre se generaliza y se hace banal cuando
decimos que es una tradición histórica, cuando, por ejemplo, en El
Quijote se dice que su enfermedad venía por leer demasiados libros y
pretendieron curarle quemando su biblioteca. Este mal tiene raíces
históricas profundas, pero sin duda alguna tiene una raíz mucho más
triste: la falta de escolarización de la población española. Cuando
la
población de la mayor parte de los países de nuestro entorno estaba
ya escolarizada a finales del XIX, la escolarización total de la
población española no se produce hasta los años setenta, y ello muy
limitadamente. Ese arraigo del hábito de lectura se produce
tardíamente y cuando la televisión ya estaba en los hogares
españoles. Por eso es mucho más difícil implantar un hábito nuevo
cuando llegan desde muchos ámbitos otros sistemas de conocimiento y
de ocio más fáciles. La lectura requiere tiempo, requiere soledad y
requiere un esfuerzo y el zapping es mucho más fácil y cambia nuestra
manera de acercarnos a las fuentes del conocimiento. Por eso digo que
era muy difícil arraigar un hábito generalizado de lectura teniendo
esa población sin escolarizar.
Dicho esto, nos gustaría proponer e instamos al Gobierno a que haga
algo que no quisiéramos llamar campaña, sino movilización general,
que deberíamos plantear en tres marcos de acción en ámbitos distintos
-voy a intentar resumir-, cada uno con sus acciones específicas. Uno
es tener un observatorio permanente de análisis y de diagnóstico. El
año pasado se puso en marcha un estudio general sobre los indicadores
de lectura; ya había habido varios pero éste va a tener carácter
periódico; es decir, un panel grande de personas van a ser
auscultadas y los resultados se van a ofrecer trimestralmente. Esto
es importante porque una labor continuada pudiendo rectificarse y
viendo los resultados es un instrumento sin el cual no podríamos
plantear esta cuestión.
Otro marco de acción sería la cadena del libro. Dar el marco
apropiado y solucionar los problemas que tienen -y los tienen muy
grandes- esos diferentes eslabones que van desde el autor, sea
científico, poeta o divulgador, hasta el lector, que es nuestro
verdadero objeto. Si pensáramos en el Plan hidrológico nacional,
ahora que lo tenemos tan próximo, sería desde la cabecera del río
hasta la desembocadura. Esos eslabones están atravesando unos
momentos complicados. El final es el que tiene el bajo índice de
lectura, pero los autores tienen problemas de todo tipo y no son
menores los de la propiedad intelectual y los derechos de autor;
editores y libreros están en un proceso de globalización que les
afecta más que a ningún otro sector. Nosotros hemos tomado medidas a
favor de las familias con los libros de texto, pero querríamos por
encima de todo que siempre fueran compatibles con la protección al
tejido librero, que nos parece de gran importancia. El eslabón
entero, que va desde el autor hasta el lector, merece un especial
estudio y acciones para dotarle de un marco adecuado que hay que
revisar hoy, pues realmente los problemas están siendo muy grandes.
Por último, en lo que compete muy esencialmente a los poderes
públicos, creemos que en ese tercer punto tenemos que actuar
transversalmente. No es posible que una sola administración se
enfrente a esta cuestión. La Administración central tiene una
responsabilidad, y
la tiene grande sin duda alguna. La Administración autonómica tiene
nada menos que las bibliotecas escolares, eje central de toda esta
política para el fomento de la lectura; es en la escuela donde
arraiga el hábito de lectura y, como se ha dicho, un niño no es una
botella que hay que llenar, es una hoguera que hay que encender,
y eso se hace con la lectura. A través de la Administración local vamos
a poder abrir las bibliotecas escolares a toda la comunidad, cuestión
que nos parece sustancial para poder mantener un hábito que se ha
adquirido en la escuela. Y, por supuesto, dentro de la Administración
central es importante la colaboración entre diferentes ministerios;
pienso muy especialmente en Ciencia y Tecnología. Ahora parece que
son campos casi enemigos que tienden a desplazarse cuando son
realmente complementarios. Sin dominio de la lectura, incluso de la
escritura, no puede uno enfrentarse con la pantalla, y al mismo
tiempo son las nuevas tecnologías las que permiten y ponen al alcance
de todos en cualquier parte el texto que le sea necesario o
placentero. Por consiguiente, creo que las tres administraciones,
central, autonómica y local, deberían trabajar juntas -por lo que
pedimos a la Administración central que las convoque- también los
diferentes departamentos ministeriales y, por supuesto, el sector
privado. El sector privado de verdad conoce esta cuestión (durante
muchísimos años ha luchado en solitario por fomentar esta pasión por
la lectura o al menos este hábito de lectura de los españoles) y es
el que puede pilotar mejor que nadie nuestras acciones. Si
conseguimos esa colaboración conjunta para toda la cadena que va
desde el autor hasta el lector y al mismo tiempo hacemos un
seguimiento, yo creo que estamos en condiciones de plantear una
acción seria de fomento de la lectura.
Se han presentado dos proposiciones no de ley que se debaten
conjuntamente. Nos gustaría poder votar a favor la proposición no de
ley del Grupo Socialista, pero nos va a ser muy difícil porque está
planteada en términos imposibles de asumir económicamente sin una
previa evaluación. Es decir, sin un proyecto de bibliotecas
escolares, sin un plan de bibliotecas escolares, sin un plan de
bibliotecas escolares, sin una convocatoria de todos los
responsables, hablar de 10.000 millones de pesetas iba a decir que no
nos parece serio -¡claro que es serio y seguro que se lo toman muy en
serio!-, pero no nos parece riguroso. Empecemos por detectar las
necesidades, hagamos una evaluación y hablemos del dinero. Por otro
lado, hace casi un mes pedían ustedes 5.000 millones, hoy son 10.000,
¿por qué no 100.000? Es una cifra dada a voleo. Nos hubiera gustado
que admitieran nuestra enmienda hablando primero de un plan y en el
mismo incluir la financiación cuando estuviera listo.
La proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
podemos votarla favorablemente, y lo hacemos con mucho gusto. Creemos
que se basa en
aquella proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso
en febrero.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Rodríguez, le ruego
vaya concluyendo.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Ahora mismo termino, presidente.
Como digo, se basa en aquella proposición no de ley, lo que da un
rigor a todo el conjunto, y nos insiste en que se respete y se tenga
siempre en cuenta el carácter plurilingüístico de cualquier acción
que se emprenda. Esto es elemental y si hay algún problema estamos
dispuestos a subsanarlo; y si esto es elemental para cualquier acción
en el Estado lo es mucho más cuando hablamos de la lengua materna que
para un niño en el que queremos arraigar un hábito de lectura es
sustancial. No creemos necesario incluir en nuestro texto la enmienda
que nos propone el Bloque Nacionalista Galego porque es exactamente
lo mismo que propone el Grupo Catalán en su proposición, que vamos a
votar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Rodríguez-
Salmones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere expresar su
satisfacción porque hoy se hayan traído a la Cámara tres
proposiciones no de ley que versan sobre una cuestión para nosotros
fundamental, como es un plan de fomento de la lectura. Es cierto que
las tres proposiciones son bien distintas: en el concepto, en la
forma y en el fondo, en lo que persiguen y sobre todo en su
compromiso y ambición. Tendré la oportunidad de irlas señalando una a
una.
El Grupo Parlamentario Socialista ha expresado reiteradamente en esta
Cámara la necesidad y la urgencia de un plan de fomento de la lectura
impulsado por el Gobierno de la nación. Recientemente lo hemos
reclamado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. En
todos los casos nos hemos encontrado con la profunda incomprensión
del Grupo Parlamentario Popular y con la absoluta insensibilidad del
Gobierno, que no está comprometido en un plan de fomento de la
lectura y mucho menos en financiar conjuntamente con las comunidades
autónomas ese compromiso. Esto viene unido a otra cuestión, a los
reiterados incumplimientos del Grupo Parlamentario Popular y del
propio Gobierno de la nación en dos cuestiones que se refieren al
fomento de la lectura y, en concreto, a las bibliotecas escolares que
hoy nos ocupan aquí. Me estoy refiriendo, en primer lugar, al
incumplimiento sistemático del dictamen de la comisión de humanidades
aprobado por
unanimidad en la conferencia sectorial de educación; en segundo
lugar, al incumplimiento hasta la fecha en los términos en que se
aprobó en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta Cámara
la proposición no de ley sobre la promoción del libro y el fomento de
la lectura en la pasada legislatura, el 23 de febrero de 1999.
Señorías, si queremos llamar su atención sobre la necesidad de un
ambicioso plan de fomento de la lectura es porque estamos en el siglo
XXI, y en el siglo XXI algunos datos sobre esta cuestión merecen ser
recordados aquí. Me permito recordarles algunos datos extraídos del
último informe de la Sociedad General de Autores de España sobre los
hábitos de consumo cultural en nuestro país; datos que son
verdaderamente alarmantes a juicio de nuestro grupo parlamentario y
que justificarían el voto favorable a la proposición no de ley que
sometemos a su consideración. Señorías, el 51,8 por ciento de los
españoles reconoce que no lee nunca o casi nunca. Además, de este
número importantísimo de ciudadanos que reconocen que la lectura no
está entre sus hábitos culturales conviene señalar algunas
particularidades: el 82 por ciento de las personas que reconocen que
no leen nunca o casi nunca no ha realizado ningún tipo de estudios;
también es profundamente llamativo que el 15 por ciento de los que
reconocen que no leen nunca son personas con titulación
universitaria. Sólo este dato sería suficiente para avalar este plan
de fomento de la lectura porque responde a un déficit histórico
y tiene unas profundas raíces estructurales que hay que resolver.
También hay que recoger otro dato importante de este informe, y es
que se produce una erosión en los niveles de lectura en los últimos
años; es decir, la situación no mejora, bien al contrario se agrava.
Esto obliga a poner en marcha desde los poderes públicos políticas
para resolver una situación que tiene visos de ser ya insostenible.
Señorías, también quiero llamar su atención sobre otros datos de este
informe de la Sociedad General de Autores de España. Quiero llamar su
atención sobre los hábitos de lectura entre nuestros jóvenes. El
esfuerzo del sistema educativo, el esfuerzo de las comunidades
autónomas, el esfuerzo que realizan también los ayuntamientos no está
obteniendo los resultados apetecidos. Hay todavía datos
extraordinariamente preocupantes: el 46,2 por ciento de los jóvenes
de entre 14 y 19 años reconoce que no lee nunca; el 42,1 por ciento
de los jóvenes de entre 20 y 24 años no lee nunca; sólo el 20 por
ciento de los jóvenes reconoce que lee habitualmente y con asiduidad.
También nos llama profundamente la atención un hábito cultural
asociado al de la lectura, y es que sólo el 6 por ciento de los
jóvenes entre 14 y 24 años una vez al mes compra un libro, pero sólo
el 3,5 por ciento de estos jóvenes es usuario de bibliotecas.
Traemos a la consideración de la Cámara un plan de fomento de la
lectura que tiene la ambición de que sea impulsado desde el Gobierno
de la nación en cooperación
con las comunidades autónomas, pero un plan sostenido
financieramente, un plan que tiene que sostenerse sobre bibliotecas
de aula, bibliotecas escolares, bibliotecas de barrio, que cuente con
profesionales al frente de las mismas y con la financiación
necesaria. Yo no voy a caer en la osadía de señalar que debido a que
el Gobierno de la nación, según explicó en el debate presupuestario,
sólo disponía de 165 millones de pesetas para financiar el plan de
fomento de la lectura, impulsar subvenciones a bibliotecas de aula,
bibliotecas escolares, bibliotecas en centros cívicos, etcétera, en
convenio con comunidades autónomas, no ha hecho las cuentas. El
Gobierno ha expresado en esta Cámara que sólo dispone de 165 millones
de pesetas para el año 2001. Estoy completamente segura de que el
Gobierno ha hecho los cálculos sabiendo cuáles son las necesidades de
este país. Desde luego le garantizo, señora portavoz del Partido
Popular, que el Grupo Parlamentario Socialista sí los ha hecho cuando
ha propuesto una financiación para el año 2001 de 5.000 millones de
pesetas y ahora en la Cámara defiende un plan de fomento de la
lectura a tres años con una financiación global de 10.000 millones de
pesetas. ¿Estamos pidiendo algo que no esté en el entorno europeo?
No, señorías. Es verdad que algunos rasgos son específicos de nuestro
país, por ejemplo, cuando me refería al número de personas adultas y
mayores que, por razones de una alfabetización tardía o de una
escolarización claramente insuficiente, no han podido tener acceso a
la cultura y no han adquirido el hábito de leer. Es cierto, pero aquí
nos estamos refiriendo al problema que tenemos en el siglo XXI, el de
que nuestros jóvenes no adquieren el hábito de la lectura. Este no es
sólo un problema de nuestro país, sino que también aparece en los de
nuestro entorno, que lo resuelven con planes ambiciosos. Le voy a
poner un ejemplo bien reciente, por cierto, de un Gobierno laborista
pero que frecuentemente es citado por el presidente del Gobierno. Me
estoy refiriendo al premier Tony Blair, quien ha puesto en marcha en
el Reino Unido un ambicioso plan de fomento de la lectura para el año
2001, financiado por el Gobierno laborista con 65 millones de libras,
que será ejecutado también de una manera descentralizada hacia todo
el país. Algo así es lo que están haciendo Francia y Alemania.
Nosotros queremos converger en esos niveles de calidad y de cultura.
Nuestra propuesta quiere recoger el dictamen de la comisión de
humanidades, que pedía tres cosas: en primer lugar, que la lectura se
incorporase desde todas las áreas curriculares; además, pedía que la
lectura fuese impulsada de forma específica sobre todo para alcanzar
los niveles precisos no sólo en la lectura literaria sino también en
la informativa y en la documental. Esto tenía que establecerse a
través de las bibliotecas de aula, las bibliotecas escolares y las
bibliotecas de barrio o en el entorno más cercano a los estudiantes.
Para ello apostaba por una figura esencial, un profesional que
dinamizara e impulsara estos planes en los centros educativos.
Señorías, yo quiero recordarles una frase del presidente de la
comisión de humanidades que elaboró el dictamen. El profesor Ortega y
Díaz-Ambrona concluyó diciendo que todo plan de humanidades podía
resumirse en tres palabras: lectura, lectura y lectura. Esto es lo
que hoy traemos nosotros aquí. Queremos alterar un ritmo estadístico
en el cual la lectura no está entre los hábitos españoles; no sólo no
está, sino que la situación empeora año a año. Además, nos preocupa y
alarma que nuestros jóvenes no adquieran ese hábito de la lectura.
Queremos enmarcar esta propuesta en el primer objetivo de la
educación, que es el desarrollo integral de la persona, y creemos que
nada contribuye más y mejor a ese desarrollo integral que adquirir un
hábito cultural; el que más y mejor contribuye a ese objetivo
educativo es el hábito de la lectura. Pedimos su voto favorable a la
propuesta que trae el Grupo Parlamentario Socialista porque creemos
que recoge las necesidades expresadas en su momento en el dictamen de
la comisión de humanidades y porque refleja la posición de esta
Cámara solicitando unánimemente un plan de fomento de la lectura en
la Comisión de Educación del Congreso. Además, pensamos que si ese
plan no va acompañado de la financiación necesaria, será un plan
totalmente vacío.
Nosotros vamos a votar favorablemente la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque
compartimos el fondo de lo expresado en ella, porque nos entusiasma
especialmente su llamamiento a que todo plan de fomento de la lectura
tiene que estar enmarcado en lo que es España, un Estado
plurinacional, en el que la pluralidad de culturas y el
plurilingüísmo tienen que estar presentes en todos los ámbitos.
Nosotros, que compartimos ese planteamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Valcarce, le ruego vaya
concluyendo.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señor presidente.
Nosotros, como decía, vamos a votar favorablemente esta propuesta,
además porque en ella se hace especial mención a otras cuestiones más
allá de lo que es el plan de fomento de la lectura, que es todo lo
que se refiere al impulso y la promoción del libro, en el sentido de
recoger los acuerdos de las mesas de trabajo de promoción del libro
que se establecieron en la legislatura pasada -en esa proposición de
ley a la que ya me he referido con anterioridad, que aprobó la
Comisión de Educación y Cultura por unanimidad el pasado 23 de
febrero de 1999-, en los cuales, además de lo referido a las
bibliotecas escolares, se hacía especial mención a la propiedad
intelectual, al fomento de las librerías,
a la oficina del libro español y a la colaboración con las
comunidades autónomas.
Señorías, no podemos más que decir que nos parece claramente
insuficiente la proposición no de ley del Partido Popular. Es
meramente declarativa, es un brindis al sol, es única y
exclusivamente un recordatorio a su Gobierno de que no ha cumplido
compromisos adquiridos. En ese sentido nos parece positiva, pero más
allá de la mera declaración es una propuesta carente de contenido. No
saben lo que quieren hacer ni saben cómo lo quieren hacer y, lo que
es peor, no están dispuestos a dedicar ni una sola peseta de los
presupuestos generales a este objetivo. Sin embargo, el Grupo
Parlamentario Socialista de ninguna de las maneras va a cometer la
extravagancia de no apoyar una proposición que insta al Gobierno a
sacar adelante un plan de fomento de la lectura. Bienvenidos sean a
algo que nosotros llevamos reclamando mucho tiempo. Nos parece que la
reclamación se hace en voz demasiado baja y desde luego de forma muy
incompleta; sin embargo, no seremos nosotros los que les pongamos
ningún impedimento.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valcarce.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que estamos ante unas iniciativas que pueden
sonar a retóricas y que corren el riesgo de convertirse en tales. Me
refiero a las tres que se están debatiendo conjuntamente, empezando
por la que se presentó en un primer momento, que era la del Grupo
Parlamentario Popular, que podrían sonar a iniciativas de relleno, es
decir, conviene discutir determinadas cosas y se ponen sobre la mesa
algunas propuestas que no son realmente de enjundia. Eso sería un
grave error, porque la intención de mi grupo -y estoy seguro que la
de los otros dos grupos autores de estas proposiciones no de ley- es
que lo que aparentemente es retórica se convierta en medidas de
Gobierno. Esa es la diferencia, porque tanto el Grupo Parlamentario
Socialista con su proposición como nosotros mismos podemos hacer poco
más que hablar desde esta tribuna, pero el Ejecutivo -y evidentemente
el Grupo Parlamentario Popular impulsándole- es el único que tiene en
su mano conseguir que aquello de lo que ahora hablamos no sea
retórica, sino que sea obra de Gobierno; eso sí está estrictamente en
sus manos, sea cual sea de las tres la proposición o las
proposiciones que finalmente resulten aprobadas.
Comparto lo que decía la portavoz del Grupo Popular de que no es este
el lugar para hacer un discurso sobre la importancia de la lectura;
podría llenarnos a todos de satisfacción, pero seguramente no es ni
el sitio
ni el momento de hacerlo. Que España está en unos niveles de lectura
ínfimos, por no decir vergonzantes, comparada con el resto de Europa,
comparada con países de renta per cápita equivalente y con países de
nivel de escolarización equivalente, es algo que debe llamarnos a la
preocupación. Se lee muy poco.
Evidentemente, esa falta de hábito de lectura debe ser resuelta en
primer lugar por los primeros responsables de la educación, que son
los padres. Lo que quiero dejar claro es que la responsabilidad de
introducir a los niños en edad escolar en el hábito de la lectura
corresponde sin duda a los padres en primer lugar. Por supuesto, los
poderes públicos tienen un papel de primer orden en el fomento del
hábito de la lectura, y esa es la razón de que lo estemos tratando
aquí. Estamos muy acostumbrados a que se nos sancione por no llevar
el cinturón de seguridad en los vehículos; estamos acostumbrados a
que los paquetes de tabaco lleven una inscripción advirtiendo que
fumar produce cáncer; sin embargo, no hemos llegado al punto -y
probablemente deberíamos llegar, dicho sea sin la pretensión de hacer
una frase retórica- en que se nos avise de alguna manera de qué
ocurre cuando no se lee, de cuáles son las consecuencias de una
sociedad que no lee o -dicho más provocativamente, y perdónenme- de
una sociedad que, en hipótesis, leyera exclusivamente prensa
deportiva y programación de televisión. Esa sociedad sería una
sociedad enferma, una sociedad pobre e incapaz de formar finalmente
ciudadanos capaces de cumplir con todas las obligaciones, tanto las
de dirección o de iniciativa en el mundo de la empresa como las
desarrolladas en cualquier campo intelectual y humano en el que se
tengan que desenvolver en la vida social. Este discurso que puede
sonar a retórica tiene que convertirse, y puede hacerlo, en medidas
de gobierno cuando un Gobierno se toma en serio lo que son buenas
palabras o grandes discursos sobre la importancia de la iniciación en
el hábito de leer. Es algo que, por cierto, no puede hacerse por
decreto, algo que difícilmente puede hacerse por una decisión del
Consejo de Ministros, sino que supone una gran campaña, una gran
movilización -me ha gustado esa expresión de la portavoz del Grupo
Popular-, acompañada de medidas muy concretas. De ahí el contenido de
nuestra proposición no de ley. Aceptando los términos de la
iniciativa del grupo mayoritario, aunque puede resultar un poco
genérica viniendo precisamente de quien tiene las responsabilidades
de Gobierno, lo que venimos a proponer para su votación es, en primer
lugar, la necesidad de hacer incluso una campaña publicitaria,
campañas en sentido muy amplio. En segundo lugar, proponemos apoyar
las distintas iniciativas que la sociedad plantee subrayando -y me
alegro de que los otros portavoces hayan hecho propia esa afirmación
que contiene nuestro texto, y se lo agradezco- que cualquier apoyo al
hábito de lectura, y muy particularmente en los sectores de población
en edad de escolarización obligatoria,
debe hacerse respetando el carácter pluricultural y plurilingüístico
de España, como no podría ser de otra manera. Por tanto, estamos
hablando de la lectura en abstracto, de la lectura en cualquiera de
las lenguas en que se lee y se publica en España en este momento.
Mi grupo plantea básicamente esas dos medidas, pero ha querido
recuperar, por remisión o por incorporación, una proposición no de
ley que fue aprobada en la Comisión de Educación y Cultura el 23 de
febrero de 1999, después de un amplio debate en el que culminaban
unos trabajos hechos con gran espíritu de consenso. Esa proposición
no de ley fijaba un marco de medidas de gobierno, vuelvo a insistir
en ello, no palabras, palabras, palabras, no flatus vocis, sino
auténticas medidas de gobierno, muchas de las cuales precisaban un
calendario y todavía no han sido llevadas a la práctica. Más que
recriminar en este momento que algunas de ellas todavía sigan un poco
durmiendo el sueño de los justos, preferimos mirarlo en positivo y
apoyar esa función que tiene este Parlamento, que es también la de
impulso, y por tanto traerla e incorporarla a esta iniciativa y que
de alguna forma se entienda que la votación hoy de esta proposición
no de ley supone rebotar -si se nos permite la expresión-, refrescar,
reiniciar lo que era el compromiso del Gobierno y el mandato que esta
Cámara le daba en ese conjunto de medidas, medidas que voy a leer muy
brevemente por encima, entre otras cosas porque los diarios de
sesiones tienen sus tradiciones, al final acabará constando que por
remisión se vota una proposición no de ley y algunos no sabrán
exactamente qué es lo que se está votando.
La proposición no de ley del 23 de febrero de 1999 instaba al
Gobierno -por tanto, en cierto sentido hoy lo estamos volviendo a
hacer- a elaborar un plan de promoción del libro y la lectura, con
una serie de detalles de lo que tenía que contener ese plan, entre
otras cosas, una potenciación concreta de una política de bibliotecas
públicas en colaboración con las comunidades autónomas,
ayuntamientos, universidades, etcétera. Hablaba también de la
fiscalidad -tema muy delicado que ha dado lugar a otros debates y
sobre el cual no me quiero detener-, de mejorar la fiscalidad del
libro, de elaborar un plan de modernización y fomento de las
librerías como principal instrumento de divulgación del libro; de
mantener el sistema del precio fijo como elemento clave para el
desarrollo de la pluralidad cultural para garantizar la competencia
equilibrada en el sector y defenderlo en el ámbito de la Unión
Europea; de realizar un gran estudio significativo sobre los hábitos
de consumo y lectura en toda España y apoyar otros más especializados
que permitan, tras su conocimiento, adoptar las decisiones adecuadas
al respecto; de otorgar pleno apoyo a los derechos de propiedad
intelectual y a sus titulares, especialmente ante el fenómeno de las
nuevas tecnologías, impulsando en la propia Administración pública
una actuación ejemplar -guerra a la fotocopia, diría yo en nota a pie
de página-; de establecer,
en colaboración con las comunidades autónomas implicadas,
programas específicos de apoyo a la edición de libros en todas las
lenguas cooficiales; de dar apoyo económico y técnico a la oficina
del libro español y apoyar en el ámbito de la Unión Europea la
consideración del libro como producto cultural, de lo que se deben
derivar beneficios fiscales, económicos, de promoción, traducciones,
etcétera, así como promover la actualización de la legislación en
materia del libro y la lectura en el ámbito específico de las
competencias de la Administración central.
Esto no es retórica, este no es un discurso gratuito y genérico que
permita rellenar diarios de sesiones sobre la importancia de leer o
la preocupación por la formación de la juventud española. Estas son
propuestas concretas que el Congreso de los Diputados -en su momento
la Comisión de Educación y Cultura, hoy el Pleno- impulsa al Gobierno
a realizar, a seguir realizando, podríamos decir, porque algunas me
consta que van en esa dirección; otras están un poco atrancadas. En
esta iniciativa pretendemos que el tono sea absolutamente
constructivo y positivo y esperamos que de esta votación de hoy salga
un nuevo impulso a algo que nos parece absolutamente esencial.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto,
señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego no va a hacer más énfasis en lo
importante que sería aumentar el índice de lectura en el Estado
español. Nuestra enmienda es de adición a la proposición no de ley
del Partido Popular y va destinada a remarcar especialmente lo
importante que es contar con las competencias autonómicas y con el
pluralismo cultural y lingüístico en el Estado español para hacer un
plan de promoción de la lectura que sea positivo, consecuente y que
dé los frutos requeridos. ¿Por qué razón? Porque teniendo en cuenta
las competencias autonómicas a nadie se le oculta que la enseñanza
obligatoria, en particular las bibliotecas escolares y la dependencia
de la lectura respecto del sistema educativo, incluso de los libros
de texto, es una competencia de carácter autonómico. Tampoco se puede
ocultar la especial incidencia que puede tener un profesorado bien
preparado y que sea capaz de impulsar el gusto por la lectura en los
alumnos, igual que unos bibliotecarios adecuados, competentes y
entusiastas del fenómeno de la lectura desde la edad infantil. En
este aspecto tenemos que decir que el personal funcionario y esta red
de bibliotecas públicas son también de dependencia autonómica. Por
fin, quien surte de libros a las bibliotecasfundamentalmente, tanto
en sistema educativo
como en la mayoría de las corporaciones locales, es también la
Administración autonómica, a lo que hay que añadir la importante
función que puede cumplir en este terreno el sistema autonómico de
radiotelevisión pública, en el caso de Galicia la Radiotelevisión
Galega, con sus campañas propagandísticas a favor de la lectura en la
adolescencia, en todos los años de la enseñanza obligatoria, incluso
con sus programas de comentarios de libros que podrían ser de gran
importancia para lectores de todas las edades.
En relación con el pluralismo cultural y lingüístico, queremos
señalar tres aspectos importantes, en primer lugar, las muchas
editoriales pequeñas que están defendiendo la variedad cultural y
lingüística y que tienen su sede y, por tanto, pagan sus impuestos y
merecen una apuesta definitiva por parte de la Administración
autonómica como garantes de esta variedad cultural y lingüística; en
segundo lugar, la red de pequeñas librerías que tiene también una
incidencia en el gusto por la lectura, en la información al público,
a los lectores y en la observancia del libro como un material próximo
y familiar; en tercer lugar, lo importante que es que para preservar
la diversidad cultural y lingüística hay que intentar una buena
alfabetización del alumnado en las lenguas que tienen menos recursos
en su mano, por tanto, que están más discriminadas, y no es
indiferente el tipo de alfabetización que se hace del alumnado en la
red de la enseñanza obligatoria. Estos temas tienen una gran
incidencia en lo que estamos tratando. En todo caso, se trata de un
problema de pluralismo, de diversidad y de un buen empleo del ocio,
así como del gusto por el conocimiento, que sin duda, teniendo en
cuenta las competencias autonómicas y este pluralismo al que he
aludido, saldrá muy fortalecido en toda campaña de ámbito estatal que
se asiente en esos criterios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de intervenir en este debate y su posición es
de máximo apoyo, porque todas las iniciativas planteadas, tanto las
de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Catalán de
Convergència y Unió, como la enmienda del Grupo Mixto, del Bloque
Nacionalista Galego, están en la misma sintonía. Aunque hablar de
fomentar el hábito de la lectura en la población española parezca una
obviedad, es oportuno insistir una vez más en ello. Yo esperaría una
labor de ensamblaje entre las iniciativas que aquí se han presentado,
porque son complementarias. La del Grupo Popular va dirigida a una
declaración de principios
para toda persona sensata y culta: el conocimiento de la ciencia
en cualquiera de sus aspectos, el hábito de gozar de una buena
lectura, el placer de la literatura, que forman parte de nuestro
patrimonio cultural. Otra de las iniciativas se refiere a los
instrumentos de las nuevas tecnologías, del libro, etcétera, para la
difusión de la cultura. Algunos párrafos de la tercera van referidos
a los destinatarios, bien sean sectores juveniles, generales o
adultos, así como a las distintas administraciones -y esto es muy
importante- que se tienen que ocupar de consolidar una
infraestructura física y administrativa del ámbito de la cultura, y
digo física refiriéndome desde el libro a la biblioteca.
Afortunadamente en España las bibliotecas tienen un amplio recorrido,
desde la más modesta biblioteca municipal o de colegio hasta la
Biblioteca Nacional y los grandes centros bibliotecarios que existen
en determinadas comunidades autónomas. La propia Administración tiene
un papel importante. Para el fomento de la lectura debe haber una
infraestructura de bibliotecas municipales y una potenciación de las
editoriales, que se realiza con bibliotecas móviles y con la
promoción del libro. Todo esto tiene que ser llevado a cabo con una
política inteligente. No olvidemos que en nuestro país a veces, en el
fomento de la lectura desde órganos institucionales
o administrativos, se ha llegado al esperpento, basado en un
diagnóstico de lo poco que se lee, de presentar como estímulo de la
lectura una publicidad de mínimos, y la publicidad de mínimos puede
llevar a la lectura esperpéntica al promocionarlo a través de los
instrumentos estatales de difusión con aquella frase entonces de: un
libro al año no hace daño. Llevar a esta patología la lectura pone de
relieve el empobrecimiento que teníamos y de aquí que sea necesaria
una política de promoción y de publicidad inteligente para estimular
la lectura. No solamente hay que tener las infraestructuras físicas y
administrativas de bibliotecas, de libros o de difusión de los
mismos. No nos olvidemos que el libro también es un bien en venta y
hay sectores de población donde el precio es un factor disuasorio y,
por tanto, los poderes públicos y las administraciones tienen que
promocionar con la gratuidad de los textos que se ofrezcan el fomento
de la lectura.
Sería deseable que las tres iniciativas, incluso la enmienda para la
peculiaridad lingüística que ha presentado el compañero del Grupo
Mixto (Bloque Nacionalista Galego), se ensamblaran en un texto común,
porque lo que no puede salir de la Cámara es una disparidad de
criterios sobre el fomento del hábito de la lectura, cuestión de tal
obviedad que lo ve sin más argumentos al respecto cualquier persona
que no sea analfabeta y que tenga un sentido mínimo de
responsabilidad de los valores culturales que se consagran en nuestra
propia Constitución, pero que están presentes antes en el sentido
común de la especie humana para enriquecerse intelectualmente. De
aquí que mi grupovotará favorablemente toda la iniciativa, si hay una
enmienda de ensamblaje y de síntesis, que recoja lo que es hoy día
una preocupación que ennoblece a cualquier persona que tenga un
mínimo de responsabilidad por las palabras civilización y cultura
mediante la lectura de un libro.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de
Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco también va a tomar en consideración
estas proposiciones no de ley que varios grupos parlamentarios
realizan. Yo creo que la portavoz del Grupo Socialista, señora
Valcarce, ha centrado en la primera parte de su intervención
correctamente este debate. El informe del profesor Ortega y Díaz-
Ambrona pone el dedo en la llaga en este punto sobre el fomento de la
lectura; hace incluso un análisis más extenso en referencia a la
lectura comprensiva y la importancia de estos hábitos de lectura y
comprensión, en general, para lo que son los estudios de los alumnos
en todo tipo de niveles educativos.
Estas iniciativas vienen a recordar que el Gobierno ha hablado mucho
sobre las humanidades, pero ha hecho muy poco. Se ha dedicado a hacer
maquillaje en algunas asignaturas, a dar a entender que ha sido capaz
de enfrentar y de encarar una reforma de las humanidades, pero si se
lee el informe presidido por el profesor Ortega y Díaz-Ambrona, uno
puede constatar que los puntos básicos en los cuales se detectan los
fallos en la orientación del sistema educativo siguen estando
exactamente igual que antes y, además, lo que es peor, que no hay
conciencia ni consciencia de que los fallos básicos estructurales
están ahí. Si no se lee, difícilmente se aprende nada; si no se
entiende lo que se lee, es que no hay humanidades que valgan y no se
quieren encarar los problemas, señor presidente. El Gobierno prefiere
vender ante la opinión pública la capacidad que tiene de afrontar
algunas reformas educativas dando a entender que con ello el sistema
educativo está ya en vías de redención y, sin embargo, todo el mundo
sabe que no es así, sabe que nos estamos engañando a nosotros mismos.
El dictamen de referencia, presidido por el profesor Ortega y Díaz-
Ambrona, fue aprobado además por unanimidad. Sin embargo, no se ha
querido seguir en esta línea, no se ha querido abordar las
directrices que están incluidas en ese informe ni abordar estos
problemas. La última pregunta que en una sesión de control este
diputado pudo formular a la ministra de Educación, Cultura y Deporte
estuvo precisamente centrada en este tema; es decir, el Ministerio
está ocupado en muchos líos, y basta leer las revistas y los medios
de comunicación para observar cuántos líos ocupan al
Ministerio. Sin embargo, los temas básicos de actuación del
Ministerio en sus propias competencias están dejados de la mano de
Dios. No hay una política del libro, no hay una política de lectura,
no hay una política editorial -basta hablar con cualquier librero
para saber lo que pasa- y difícilmente puede haberla con los
presupuestos que tiene la Secretaría de Estado de Cultura para estos
fines. Se ve que tienen grandes proyectos para entrar en otras
materias y para que en el ámbito internacional conozcan ciertas
cosas. Yo no sé si en el ámbito internacional conocen cómo es esta
sociedad en sus comportamientos culturales.
Nosotros entendemos que es razonable abordar este tema, que estas
proposiciones no de ley sean como tirar de la oreja a la ministra de
Educación, Cultura y Deportes y hacerle ver que debe de ocuparse de
algunas materias que son básicas en lo que es la competencia del
Ministerio, que está el Ministerio completamente desorientado en las
materias que le ocupan y que desde la consideración de las
competencias que tiene el propio Ministerio hay que hablar del
abanico de medidas, algunas de las cuales están recogidas en las
enmiendas que los distintos grupos presentan hoy, abordarlas como
medidas concretas y dotarlas de presupuesto, porque sin recursos
presupuestarios tampoco se pueden realizar políticas, que son, de
verdad, políticas de intervención. Al Gobierno le interesa mucho
intervenir en el ámbito económico, basta ver lo que ha pasado. Ahí el
Gobierno es muy intervencionista. Parece ser que en estos temas de
cultura, de educación, no es tan importante marcar pautas de
comportamiento. Nosotros como grupo vasco, como Partido Nacionalista
Vasco, quisiéramos unos ciudadanos cultos, unos ciudadanos que leen y
que lo hacen a menudo. Las cifras estadísticas que desde el propio
Gobierno se ofrecen no dan esa imagen y esa no es la imagen de
ciudadanos libres de un Estado moderno. Queremos aportar nuestro
grano de arena para dar saltos cualitativos en esa dirección. Menos
maquillaje, más políticas reales de lectura y conciencia clara de que
si los temas educativos no se abordan desde estos problemas básicos
todo lo demás es puro maquillaje.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para no repetir argumentos. Lo
primero que quiero decir es que la lectura, en mi opinión, no es una
cuestión académica, ni una cuestión que tenga que abordarse
únicamente desde el ámbito escolar. Pero también es bastante
contradictorio plantear, por ejemplo, en la proposición no
de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán el tema de la
responsabilidad de la familia, cuando en su proposición ustedes
mismos plantean que el 35,3 por ciento no leen nunca o casi nunca.
Eso quiere decir básicamente que los que menos leen generalmente son
los padres y, por lo tanto, difícilmente los padres van a poder ser
un estimulante para que los hijos empiecen a leer. Yo voy a votar a
favor de las tres proposiciones, como no puede ser de otro modo, pero
quiero decirle al Partido Popular y a mi querida amiga, ponente en
este caso de la propuesta, que esto ya lo aprobamos en este
Parlamento hace dos años todos los grupos, que una vez más fue un
brindis al sol, y que es curioso que el Grupo Popular vuelva a
plantear esto aquí, cuando el Gobierno del Partido Popular tendría ya
que haber puesto en marcha un plan para fomentar la lectura. No
quiero dejar de decir esto porque podemos encontrarnos dentro de dos
años de nuevo aquí disertando sobre lo importante que es la lectura.
No hace falta que digamos que la lectura amplía horizontes, que
elimina prejuicios raciales, que te hace partícipe de otras culturas,
que los libros rompen las fronteras y, por consiguiente, es una
preocupación legítima de este Parlamento y me alegro de que todos
coincidamos en la preocupación. Ahora bien, para que cambien las
cosas en nuestra sociedad con respecto al hábito de la lectura tienen
que cambiar otras muchas cosas. Les va a parecer muy psicodélico,
pero yo no me voy a privar de decir lo que pienso.
No basta con planes, no basta con debates, no basta con manifestar
preocupaciones. Los medios de comunicación tienen que jugar un papel
clave en esto. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno del Partido
Popular es eliminar los programas basura de las televisiones públicas
y tratar de que a través de las mismas haya programas que estimulen
el interés por el conocimiento y por la lectura. Además tiene que
haber una ley de comercio que prohiba abrir los centros comerciales
los fines de semana, porque la culpa de que se lea menos no la tiene
Internet, no la tienen las nuevas tecnologías. Es un fenómeno
multicausal. Hay otras muchas razones: han cambiado las formas de
convivencia familiar; está produciéndose por fortuna una progresiva
incorporación al mundo del trabajo de las mujeres; nuestros hijos y
nuestras hijas viven mucho tiempo en solitario y, además, no tienen
la oportunidad, como hemos tenido otras u otros de ver a nuestra
madre o a nuestro padre con un libro en la mano, aunque fuera de
Corín Tellado; ni siquiera nuestros hijos pueden tener ese referente.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es muy difícil dadas las
nuevas formas de relación y de convivencia familiares. Tiene que ver
con muchas cosas, pero también con la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo, con los horarios estresantes. Por eso, también,
para fomentar la lectura, señorías, tenemos que ir a una sociedad
donde se rebaje la jornada laboral a 35 horas, que también favorecerá
el
estímulo a la lectura, porque si bien es verdad que he leído en
algunas de las proposiciones que esto no es una cuestión de la
cultura del ocio, también es verdad, señorías, que la cultura del
ocio es imprescindible a estas alturas del milenio y que si no hay
tiempo libre no se puede leer. Por lo tanto, hay medidas
estructurales que están detrás de todo esto y que tienen que ver con
la sociedad que estamos conformando; por tanto luego no podemos
intentar arreglar los problemas que surgen con parches. Porque
realmente hay problemas estructurales de fondo que son muy
importantes y que no debe obviar este Parlamento a la hora de abordar
este tema que no es académico exclusivamente.
Señorías, además, hay que hacer bibliotecas públicas en todos los
distritos de las grandes ciudades, en todos los barrios, en los
pueblos y extender sus horarios, incluso abrirlas por las noches, y
dejar de pensar que la lectura es sólo para que los niños se animen,
porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad
y aquellas personas adultas que no la han tenido hasta este momento
tienen que tener la posibilidad de hacerlo si les apetece y,
lógicamente, tienen que facilitárselo las diversas administraciones
públicas.
Por lo tanto, este es, como digo, un tema muy complejo de fondo que
exigiría un debate monográfico más a fondo. No hay tiempo para ello y
yo no quiero cansarles. Lo que me parece ante todo absolutamente
sorprendente es que el partido del Gobierno nos presente una
proposición donde no se contempla la pluralidad cultural y
lingüística, no así en el caso de Convergència i Unió y el PSOE a la
hora de plantear un tema como éste. Y más sorprendente aún: el
partido del Gobierno nos viene aquí con un instar al Gobierno como si
fuera un primo carnal del Partido Popular al que ve una vez al año y
no viene con un calendario y un plan de financiación. Perdónenme, lo
siento muchísimo pero no me puedo creer estas historias. Es decir, si
de verdad ustedes están preocupados y tienen la voluntad política de
cambiar las cosas, no puedo entender -yo sí entiendo a la diputada y
a la ponente, claro que la entiendo- a los ausentes del banco azul
que son los que tienen el dinero y los que tienen que ponerlo encima
de la mesa y a los que usted tiene que exigírselo, y desde luego va
a contar con mi apoyo para eso. No se puede venir aquí a la Cámara
diciendo: instemos al Gobierno a que fomente la lectura. ¿Dónde está
el dinero, dónde están los compromisos, dónde está el calendario?
Porque es la clave de la política y lo demás es literatura. Por
tanto, a pesar de todas estas quejas que planteo y de estas
sorpresas, que, francamente, yo creía que no iba a tener ninguna más
después de la última sobre la que también tuve la oportunidad de
debatir con el ponente del PP, veo que volvemos a lo mismo.
La proposición del Grupo Parlamentario Socialista es atinada,
posible, una proposición que plantea las necesidades y recursos
necesarios y ustedes, que son los que gobiernan, tienen que decir de
dónde los van a
sacar y si están dispuestos a sacarlos. Si no, repito, dentro de dos
años nos volveremos a ver las caras discutiendo otra vez de lo
importante que es leer, pero no habrá ni un niño más que haya leído
gracias a este Parlamento.
Por tanto, señorías, tendrán el voto a favor de Izquierda Unida, pero
con todos estos considerandos, que quiero volver a repetir: estamos
conformando una sociedad que aleja a las personas del interés por la
cultura, del interés por la lectura, del interés por otras muchas
cuestiones y otros muchos valores. En consecuencia, no vayamos
siempre por los cerros de Úbeda y centrémonos en las cuestiones
estructurales; tratemos de cambiar la sociedad para que todos
tengamos derecho a tener tiempo libre. Esta diputada, que tiene entre
sus grandes aficiones la de la lectura, no tiene ningún pudor en
reconocer que no tiene tiempo para leer. No tengo tiempo para leer
las cosas que me gustan, las que me apetecen, tengo dificultades
tremendas y cuando tengo que leer me lo quito de mi tiempo libre o de
mi descanso y de mi sueño. Yo reivindico una sociedad en la que
trabajar y vivir dignamente sean compatibles. Pero hay una cosa más:
cómo compatibilizar la lectura con los intereses de la familia o de
las múltiples formas de convivencia en las viviendas públicas que se
están haciendo, porque para leer también hay que tener el entorno
adecuado. Si no hay bibliotecas y resulta que hay viviendas para
trabajadores que son cajas de cerillas, donde en el mismo espacio hay
que compatibilizar los intereses del padre, de la madre, del hermano
mayor, del hermano pequeño, es muy difícil que nuestros hijos e hijas
puedan tener en casa el lugar adecuado para estudiar. Naturalmente me
refiero a los hijos de los trabajadores, que son los que tienen
viviendas más pequeñas, más modestas y con menos posibilidades de
tener un cuarto de estudio.
Por tanto, esto de la lectura no es sólo una cosa de educación pura y
dura, sino algo transversal que afecta a toda la acción política del
Gobierno y no puedo dejar pasar la ocasión sin llamar la atención
sobre estas cuestiones. De todos modos, tendrán el voto a favor de
Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por último, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones, a los
solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda que
ha sido presentada a su iniciativa por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Aunque estamos de acuerdo en la
cuestión, creemos que está incluida en la proposición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que vamos a votar a
favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora Valcarce, ha sido presentada una enmienda a su iniciativa por
parte del Grupo Parlamentario Popular. ¿Puede manifestar su
aceptación o rechazo?
La señora VALCARCE GARCÍA: Enmienda que rechaza el Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señorías, sometemos a votación en primer lugar la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la adopción
de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población,
en sus propios términos al haber sido rechazada la incorporación de
la enmienda presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre articulación de un plan de fomento de la lectura,
asimismo en sus propios términos al haber sido rechazada la enmienda
que había sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 127; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fomentar el hábito
de la lectura entre la población.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 300; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL APLICADA A LOS
FUNCIONARIOS
EN 1997. (Número de expediente 162/000193.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SAURA), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LA SENTENCIA QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL APLICADA A LOS
FUNCIONARIOS EN 1997. (Número de expediente 162/000192.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PUIGCERCÓS), POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A HABILITAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA
EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LAAUDIENCIA
NACIONAL QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
EN EL AÑO 1997, ASÍ COMO A RESTABLECER EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA RECOGIDO EN LA LEY 7/1990. (Número de expediente 162/
000202.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRES. AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVAAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECCIÓN SEXTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DE LAAUDIENCIA NACIONAL. (Número de expediente 162/
000209.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE ANULA LACONGELACIÓN
SALARIALAPLICADAA LOS FUNCIONARIOS EN 1997. (Número de expediente
162/000196.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE OBLIGA AL
GOBIERNO A APLICAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EL INCREMENTO RETRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A 1997. (Número de
expediente 162/000214.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, en función de lo acordado por la
Junta de Portavoces van a ser debatidos de manera conjunta los puntos
del orden del día números 7 al 12, ambos inclusive.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la
congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Martínez Sanjuán. (Pausa.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños o abandonen el hemiciclo, si lo van a hacer, de la forma
más rápida posible.
Adelante, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no sé si el 23 de enero pasado la sentencia de la Audiencia
Nacional, reconociendo las facultades y los derechos de los empleados
públicos en materia de sus retribuciones, que habían sido modificadas
por un acuerdo del Gobierno y posteriormente trasladado en la ley de
presupuestos, devolvió a la tierra, a la realidad cotidiana, a más de
uno que parece que estaba en algún otro sitio, ajeno quizá a la
realidad que se cocía y que realmente sucede en este país. Parece que
es verdad que esta sentencia ha puesto sobre el tapete muchos
debates, muchas circunstancias, muchos acuerdos, muchas filosofías
que algunos no habían conseguido entender o aceptar desde la
responsabilidad nueva que tuvieron al llegar al Gobierno en el año
1996. Yo no sé si esta decisión, este acuerdo, esta sentencia de la
Audiencia Nacional a algunos les ha hecho recapacitar sobre actos
pasados, actos y resoluciones que se produjeron en el año 1996,
concretamente siendo ministro de Administraciones Públicas el actual
vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, a quien parece que
el señor Aznar ha encomendado la gestión y la resolución de los
conflictos más importantes que tiene este país. Decidió trasladar a
la mesa general de la Función pública allá por el mes de septiembre
de 1996 un acuerdo que había tomado previamente el Gobierno del
Partido Popular, una medida unilateral que impedía la garantía y el
cumplimiento de una decisión que había tomado el Gobierno de España
de acuerdo con los empleados públicos, a través de sus organizaciones
más representativas y en función de una ley, la Ley 7/1990, de 19 de
julio, que aseguraba la negociación colectiva en el seno de la
Función pública y la garantía de los acuerdos.
El Gobierno decidió entonces, en el año 1996, cambiar una realidad en
virtud de decisiones unilaterales en materia de retribuciones para
los empleados públicos, para los del acuerdo y para todos los demás,
incumpliendo no sólo un acuerdo, el del año 1994, sino también aquel
al que había llegado el propio Gobierno del Partido Popular en el mes
de julio de 1996. En aquel momento, señorías, para incumplir y para
justificar la ruptura del acuerdo existente creemos que utilizó más
la prepotencia y la arrogancia que los argumentos, siendo adornada la
irresponsabilidad del Gobierno en aquel entonces con acusaciones que
todavía hoy a este diputado le siguen aflorando a sus oídos. El
Gobierno congela el acuerdo en materia de retribuciones y congela las
retribuciones para el año 1997 en base a que el Gobierno socialista
había dejado las arcas públicas
exhaustas porque habíamos perdonado a través de decisiones
unilaterales 200.000 millones de pesetas a nuestros amiguetes. ¿Lo
recuerdan ustedes, verdad? Esa fue la filosofía básica para intentar
justificar una decisión en materia de retribuciones con los empleados
públicos que posteriormente se adornó con otra serie de argumentos.
Se lo dijimos entonces. El Grupo Parlamentario Socialista les avisó
por activa y por pasiva en el año 1996 en el trámite de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a través de nuestras
enmiendas, a través de nuestros argumentos, a través de una
proposición no de ley, a través de una interpelación, a través de las
declaraciones de mi grupo parlamentario, a través de José Luis
Rodríguez Zapatero y de Jesús Caldera. Le decíamos entonces al grupo
mayoritario, al Gobierno, que no podían dejar de cumplir el acuerdo a
que se había llegado en el año 1994, ya que suponía vulnerar clara y
nítidamente los principios de la negociación contractual basada en
los principios jurídicos de la Ley 7/1990, que se podía haber
cambiado, renegociado o discutido con las organizaciones sindicales
si las consecuencias económicas que parece que se argumentaron
entonces hubieran cambiado. Pero no. Se decidió de forma unilateral
no entrar en una negociación, no entrar en una decisión compartida.
Lo que hizo el actual vicepresidente del Gobierno, entonces ministro
de Administraciones Públicas, fue comunicar una decisión previa del
Gobierno: que no se entraba en la discusión de la negociación
salarial sino que se aplicaba, en función de una decisión previa, la
congelación salarial que estaba recogida en la Ley 7/1990 y en los
principios de la negociación colectiva que en la misma imperan.
No nos hicieron caso entonces. Se lo anunciamos. Hoy esta sentencia
pone sobre la mesa los mismos argumentos que se barajaron en 1996,
pero cuatro años más tarde y con un problema mucho más importante que
el que aconteció entonces y que hoy este Gobierno es incapaz de
resolver. Si la irresponsabilidad del Gobierno en 1996 fue fuerte
cuando decidió no aplicar y cambiar el acuerdo, tanto más ha sido la
irresponsabilidad política del Gobierno en la gestión de las
consecuencias que ha producido la sentencia de la Audiencia Nacional,
de 23 de enero, porque, frente a la decisión de la Audiencia
Nacional, este Gobierno y el partido que lo apoya, han utilizado la
histeria, en términos generales, para criticar una sentencia, para
conseguir crear un clima de opinión y para poder llegar a un estado
de ánimo que haga imposible la ejecución y la aplicación del acuerdo,
ahora o cuando tenga que ser. Frente a la sensatez que han demostrado
los agentes sociales y las organizaciones sindicales, que han sido
los que han hecho triunfar sus argumentos en la negociación y en la
cuestión que afecta a la sentencia de la Audiencia Nacional, el
Gobierno y el Partido Popular poco menos que han intentado crear un
conflicto entre la sociedad y los funcionarios, los empleados
públicos, tratando de establecer que los argumentos y los intereses
de un
colectivo importante de la sociedad española como son los empleados
públicos están antagónicamente enfrentados a los intereses de la
sociedad como consecuencia de esta sentencia. Además,
psicológicamente han tratado de crear, por activa y por pasiva, un
clima social de enfrentamiento de la sociedad frente al Poder
Judicial, frente a las sentencias de la Audiencia Nacional, acusando
poco menos que de irresponsables a los que han dictado la sentencia.
Han creado un clima y un ambiente de confrontación y de crispación.
Señorías, cuando un ciudadano de esta sociedad pierde una sentencia
se puede pensar dos cosas: que no tenía razón o que ha sido mal
defendido. Alguien, de buena fe, puede llegar a pensar que algún juez
que le ha juzgado ha podido inclinarse más hacia un lado o hacia
otro, tratando quizá de favorecer a uno frente a otro y le ha tocado
a él. Pero esta última cuestión no la puede poner en boca nadie que
gestione los intereses públicos, como ha hecho este Gobierno, al
ridiculizar una sentencia y decir, tras el varapalo anterior de Gómez
de Liaño, que no les gustaba la sentencia y que no se fiaba de las
decisiones judiciales. Ha sido arrogante y lo que ha pretendido decir
es que las consecuencias de la sentencia han sido tales que producen
una indefensión jurídica, un conflicto competencial. No ha pensado
que quizá no tenía razón o que los intereses del Estado, que los
gestiona el Gobierno, no han sido defendidos bien. No estamos
hablando de los intereses del Gobierno, estamos hablando de los
intereses del Estado que gestiona el Gobierno y sus servicios
jurídicos.
En los dos momentos procesales anterior la Abogacía del Estado ha
hecho otra argumentación distinta a la de que estábamos hablando de
un problema laboral que afectaba a los funcionarios y sólo ahora,
cuando la sentencia negativa ha sido conocida, se plantean las
consecuencias de conflictos de intereses, de conflictos jurídicos,
cuando en aquel momento se podía haber argumentado así y el Gobierno
a través de los servicios jurídicos no lo hizo. Ha buscado una
decisión, desde el punto de vista político y mediático, de
confrontación, de agresividad, de cargarse de razón sin tenerla,
buscando unos argumentos y una estrategia que mi grupo parlamentario
no puede aceptar. Tras aquella famosa reunión de maitines -como se le
llama en el argot del Gobierno- se empleó toda la batería política,
mediática, jurídica para intentar cargarse aparentemente de razón en
la defensa de unos argumentos que no fueron ni defendidos ni
atendidos por la sentencia de la Audiencia Nacional. No tengo tiempo
para hacer en estos momentos una recomposición de todas aquellas
frases, argumentos, políticas, declaraciones, tergiversaciones de
todo tipo que se emplearon para intentar justificar una decisión,
unos argumentos, que han sido inutilizados jurídicamente por la
sentencia de la Audiencia Nacional. Han dado lugar a un gran debate
nacional, a una sensación de caos a través de las declaraciones
del Gobierno, con la preocupación -lo digo sinceramente- de
crear el clima de que esta sentencia, ahora o cuando sea, no se
llegue a cumplir nunca, por razones políticas o económicas. Y esto es
preocupante, señorías, porque no se puede hacer exclusivamente el
discurso de acatar la sentencia cuando desde los bancos del Gobierno
y del partido que lo sustenta se está haciendo una política de
desprestigio de la sentencia de la Audiencia Nacional.
A pesar de las cosas que se han dicho en los medios de comunicación
sobre la irresponsabilidad de nuestras declaraciones o actitudes, que
no tengo tampoco tiempo de contestar ahora, el Partido Socialista
actuó como actuó en 1996 con responsabilidad. Presentamos la
proposición no de ley que estoy defendiendo ahora aceptando, acatando
y pidiendo que esta sentencia no nos lleve a unos problemas que
cualquier sociedad no pueda ser capaz de digerir. Creemos que la
sentencia es clara, nítida y que da la razón fundamentalmente a los
que la solicitaron, a los empleados públicos, que han visto poner en
solfa sus reivindicaciones, sus acuerdos y su capacidad de
negociación colectiva. Por eso, nosotros en la proposición no de ley
no pedimos el oro y el moro, no exigimos al Gobierno que la cumpla
mañana, no le exigimos que la cumpla de una sola vez. Pedimos tres
cosas: en primer lugar, no sólo acatar la sentencia sino que se
cumpla ahora; en segundo lugar, que no se haga de una sola vez sino
que exista un diálogo entre las fuerzas económicas y sociales con el
Gobierno para buscar una solución, diálogo que los sindicatos han
ofrecido y que este Gobierno no ha aceptado, y, en tercer lugar, que
se pongan en marcha los mecanismos para poder cumplir esta sentencia.
No voy a entrar en el contenido material o jurídico de la misma. Se
podrá o no discrepar, pero a nosotros nos parece coherente, lógica y
que hay que cumplirla, y por eso hemos presentado esta proposición no
de ley. Ningún funcionario, ningún empleado público puede entender
que teniendo la razón, habiéndole dado la razón la Audiencia
Nacional, no se materialice ahora y no se sabe cuándo el cumplimiento
de esta sentencia. Nadie en esta sociedad, sea empleado público o no,
puede entender que los compromisos adquiridos de buena fe y regulados
en función de las leyes entre diferentes administraciones no se
cumplan. Habría argumentos, habría ejemplos de todo tipo que tampoco
tengo tiempo, señora presidenta, de defender. Nadie de esta sociedad,
ningún ciudadano puede entender la actitud del Gobierno más allá de
los que defienden una política determinada que no cree en las
consecuencias de la negociación colectiva entre las partes en materia
de Función pública.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sanjuán, le ruego vaya
concluyendo.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino ya, señora presidenta.
El representante del Partido Popular nos ofrecerá argumentaciones
desde el punto de vista jurídico o práctico. El turno que se suele
fijar en esta presentación de las proposiciones no de ley impedirá
posiblemente que el Grupo Parlamentario Socialista pueda
contraargumentar. Sí les diría, señores del Partido Popular, que
posiblemente existen a troche y moche, como se suele decir
vulgarmente, argumentos que vayan en dirección contraria a los que
puedan SS.SS. esgrimir. Se nos podrá preguntar que cómo es posible
que pidamos el cumplimiento o adelanto de una sentencia hasta que
ésta no sea firme. Porque, por la misma razón, el Grupo Parlamentario
Popular lo pidió en anteriores legislaturas para que se pudiera
compensar y no crear un problema adicional y mayor; porque hay
administraciones gobernadas por el Partido Popular hoy, ayer, que han
firmado acuerdos y convenios sobre empleados públicos que afectan a
un período superior al actual legislativo en materia de
administraciones locales, que tienen vigor y vigencia concretamente
hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando todos sabemos que las
elecciones municipales van a ser en mayo del citado año; porque hay
argumentos de todo tipo para afirmar que cuando presentamos la
proposición no de ley creemos que estamos siendo coherentes, sensatos
y dando una alternativa a un problema. Las decisiones políticas que
ustedes tomaron nos han llevado a esta situación en la que miles de
empleados públicos tienen razón, pero ustedes se empeñan en
quitárselo con argumentos políticos y jurídicos. Por eso presentamos
una proposición sensata, razonable y razonada, queriendo ser
constructivos con la resolución de un problema que ni mi grupo y ni
el Partido Socialista ha creado, sino que lo han creado ustedes por
una decisión prepotente, mal medida y sin hacer caso a los que
pensábamos en dirección contraria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-
Verds una proposición no de ley que, de hecho, coincide en lo
fundamental con otras cinco proposiciones no de ley. No sé si existe
algún precedente anterior desde la recuperación de la democracia en
el que coincidan, al mismo tiempo, seis proposiciones no de ley que
le dicen una sola cosa al Gobierno: ¡Oigan ustedes, cumplan la
sentencia!. ¿Por qué? Porque lo que dicen exclusivamente hoy las seis
proposiciones no de ley es que el Gobierno cumpla la sentencia.
El señor Martínez Sanjuán ha hecho ya una cronología de los hechos
que es sobradamente conocida. Acuerdo, en septiembre de 1994, entre
el Gobierno y los sindicatos. En septiembre de 1996 ilegalidad
manifiesta en la resolución del ministro de Administraciones
Públicas, negando y excluyendo el derecho a negociación colectiva de
los funcionarios. Aprobación de los presupuestos de 1997. Recurso de
la Federación de Comisiones de Enseñanza y sentencia en la que se
falla a favor de los demandantes y obliga al Gobierno a cumplir,
y negativa del Gobierno. Por tanto, lo que estamos diciendo hoy aquí es
que el Gobierno cumpla la sentencia. El Gobierno, señoras y señores
diputados, está hoy en una situación delicada en este tema. Pero
quiero destacar que este no es el único tema. En pocas semanas este
Gobierno, porque sembró muchos vientos, está recogiendo tempestades y
tormentas. Sembró el viento de Gómez de Liaño y ha recibido un
varapalo. Hace dos años dijo que era legal y justo, e intentó
justificar un billón 300.000 pesetas a las compañías eléctricas, y ha
debido rectificar. Hizo unas declaraciones ridículas en el submarino
Tireless, y ha tenido que rectificar. Dijo que las subvenciones del
lino eran una operación de la oposición, y ha tenido que rectificar.
Minimizó el tema de las vacas locas, y está rectificando. En
definitiva, quiero destacar que en pocas semanas el clima político
del Estado español está cambiando porque algunas de las decisiones
que el Gobierno del Partido Popular ha tomado en los últimos años hoy
se están volviendo en contra del propio Partido Popular.
Yendo al contenido de lo que hoy nos ocupa, quiero resaltar dos
cosas. Primero, ante el argumento del Gobierno y del Partido Popular
de que esta decisión invade las competencias en las Cortes, hay que
replicar que quien actuó ilegalmente, en base a excluir los derechos
de negociación colectiva de la Ley 7/1990, fue el Gobierno del
Partido Popular en 1996. Quiero destacar que con perspectiva
histórica, no es sólo un problema jurídico, sino que hoy podemos
decir que en estos cuatro o cinco años de crecimiento económico
importante en el Estado español, el Gobierno del Partido Popular ha
sido generoso con los más poderosos y muy fuerte con los menos
poderosos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos cuatro o cinco años?
Que no había dinero para pagar 200.000 millones de pesetas a los
funcionarios pero en junio y julio de 1996 se tomaron medidas
fiscales que disminuyeron la recaudación del Estado en más de 300.000
millones de pesetas porque se disminuyeron las rentas del capital;
que no ha habido dinero para mantener el poder adquisitivo del
salario mínimo interprofesional; que no ha habido dinero para
mantener las inversiones en un nivel importante, pero paralelamente
se han hecho operaciones como la de regalar billones a las compañías
eléctricas, o se han dejado de ingresar miles de millones de pesetas
al no hacer por subasta el
concurso de la segunda generación de los móviles. En resumen, señoras
y señores diputados, este hoy no es un casi aislado sino un caso más
de un marco político en el que el Gobierno del Partido Popular, por
primera vez desde hace cinco años, tiene grandes dificultades. En
segundo lugar, estamos ante un hecho por un acto que, según la propia
sentencia, no se ha ajustado a derecho. En tercer lugar, expresa una
política fiscal y económica de favorecer a los más poderosos. Y, en
cuarto lugar, es un intento también de descalificar o ridiculizar la
justicia.
Señoras y señores del Partido Popular, les dije hace un par de meses
que las mayorías absolutas no sirven para todo en un sistema
democrático, y hoy estamos viendo cómo las mayorías absolutas toman
decisiones pero, aunque lentamente, los mecanismos democráticos
retornan contra las mayorías absolutas las decisiones inapropiadas.
Cumplan la sentencia, y aunque sea tarde reparen el poder adquisitivo
que quitaron a los empleados públicos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hasta ahora, por lo que hemos oído,
nadie cuestiona que los presupuestos son una norma de rango formal y
material de ley. Lo dejan bien claro el Tribunal Constitucional y la
misma Constitución en el artículo 66. La ley de presupuestos puede
aumentar, mantener o rebajar las retribuciones de los funcionarios.
Es una competencia atribuida exclusivamente a las Cámaras por la
Constitución, que no admite interferencias de otros poderes. El
problema, pues, no está en esta Cámara, que no hace nada más que
ejercer sus competencias, el problema es del Gobierno. Aunque fuese
una resolución y un acuerdo del Gobierno anterior que había asumido
obligaciones, el actual Gobierno también tiene que asumirlas, unas
obligaciones con los funcionarios mediante el mecanismo legal de la
negociación colectiva en virtud de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, de la Ley 9/1987.
El informe de los servicios jurídicos del Senado sobre el caso en
cuestión admite que existe una antinomia jurídica, contradicción
entre las normas de mismo rango, entre los pactos previos firmados
con las organizaciones sindicales y el contenido posterior aprobado
por la ley de presupuestos. ¿Qué tenía que hacer, pues, el Gobierno
para superar esta antinomia? Primero, acatar y aplicar el mandato del
legislador; segundo, revisar sus propios actos anteriores adoptados
en septiembre de 1994 por ser contradictorios con la ley posterior de
presupuestos para el año 1997 e instar a su anulación. La ley
establece la posibilidad de que las administraciones
puedan revisar sus actos, a pesar de haber sido firmes. Las
administraciones públicas pueden dejar sin efecto sus actos, incluso
en el caso de que sean declarativos de bienes para terceros.
¿Mediante qué mecanismos? La ley es clara. La Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, regula los procedimientos
de revisión de los actos nulos. Si el Gobierno considera que se trata
de un acto radicalmente nulo, será necesario el dictamen favorable
del Consejo de Estado para su declaración. Si considerara que es
anulable -y esta es nuestra opinión- el Gobierno insta, en nombre de
la Administración general del Estado el procedimiento de declaración
de lesividad para el interés público y pide su anulación ante la
jurisdicción contencioso-administrativa por existir una infracción
del ordenamiento jurídico. No olvidemos que se trata de un acuerdo
colectivo firmado entre funcionarios, trabajadores, y la
Administración, en este caso la patronal, que, igual que los
convenios colectivos firmados al amparo del Estatuto de los
Trabajadores, es impugnable ante los tribunales y, en este caso, por
la vía del contencioso. En cualquier caso, es cierto que la decisión
del Gobierno, para ser válida, ha de ser ratificada otra vez por el
dictamen del Consejo de Estado o los tribunales de justicia en su
defecto.
El Poder Legislativo goza de soberanía plena para aprobar los
presupuestos, pero esta potestad ni es ilimitada ni puede ser objeto
de uso abusivo, ha de ser respetuosa con los intereses de terceros.
El Gobierno se aprovechó de su mayoría parlamentaria, del rodillo,
para incumplir un compromiso previo con un determinado colectivo.
Esta decisión debería haber requerido un control externo que
garantizase que no se realizaba un uso abusivo de la potestad
legislativa. Sorprende, o no, que en el informe del Senado, para
desprestigiar el contenido de la sentencia, se haga referencia a
Bismarck o al viejo Estado autoritario prusiano. El autoritarismo, en
este caso, es utilizado por la mayoría parlamentaria para vulnerar un
compromiso previamente alcanzado de acuerdo con la legalidad vigente.
Respetar el Estado de derecho significa entender que la mayoría no
dispone de una potestad ilimitada y que ésta debe someterse también a
controles y debe ser cuidadosa con los derechos de todo el mundo. Ni
viejo ni nuevo autoritarismo a través de mayorías absolutas, ni
antiguos ni nuevos káiser, aunque se llamen Aznar; debe defenderse a
ultranza una sana separación de poderes, tanto cuando se está en la
oposición como cuando se está en el Gobierno. Una cosa es la voluntad
popular y otra muy diferente la voluntad del Partido Popular, aunque
últimamente parece que todo sea lo mismo, porque el PP
instrumentaliza el lenguaje y los valores democráticos de una forma
cada vez más perversa y peligrosa.
Para acabar, los reajustes presupuestarios y los recortes necesarios
para poder acceder a la moneda única fueron, en parte, a cargo de los
funcionarios.
Ahora, la Audiencia Nacional obliga al Gobierno a corregir y
actualizar los sueldos desde 1997, es decir, alrededor de 500.000
millones, cantidad que trastoca y altera cualquier criterio de
estabilidad presupuestaria, es decir, lo del señor Montoro. Lo lógico
habría sido que estos costos se hubieran financiado a través de las
privatizaciones. Un proceso de liberalización de los sectores
estratégicos correcto, transparente y a favor de la libre
competencia, es decir de la mayoría, y no de unos pocos, amigos o no,
como lo han hecho algunos países, como la telefonía de tercera
generación UMTS, o evitando la inyección de capital público, como es
el caso de los costes de transición a la competencia a las compañías
eléctricas, habría bastado para mantener el poder adquisitivo de los
funcionarios.
Rectifiquen, pues. Esta es la solución y a esto les obliga la
Audiencia Nacional. Esquerra Republicana de Catalunya presenta esta
proposición no de ley para que rectifiquen y arbitren las partidas
específicas para cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la última iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya han
hecho referencia a que existe una sentencia firme, de la Audiencia
Nacional, que condena al Gobierno, a la Administración del Estado, a
compensar a los trabajadores públicos, al conjunto de los empleados
públicos, por las subidas retributivas dejadas de percibir y
previstas en un acuerdo firmado por el Gobierno en el año 1994.
Debe mencionarse que, por importante que sea la cantidad -y ya se ha
dicho por otro interviniente- que el Gobierno debe pagar en
cumplimiento de esta sentencia, es sólo una pequeña parte de los
costes de transición a la competencia que el Gobierno del Partido
Popular dispuso generosamente a favor de las compañías eléctricas y
que estamos pagando todos los consumidores, o una pequeñísima parte
de los billones que el Gobierno dejó de ingresar por escoger el
procedimiento que escogió de adjudicación de las licencias de UMTS,
de la telefonía móvil de tercera generación. Sorprenden ciertas
declaraciones del señor Montoro para el cual los efectos de esta
sentencia van a pagarlos todos los trabajadores; sorprenden porque
los trabajadores públicos también son eso, trabajadores. Sorprenden,
en segundo lugar, porque deja bien claro qué grupos sociales van a
soportar las iras del Gobierno, iras que desde luego existen. Y
sorprenden, en tercer lugar, porque el señor Montoro, que negó en
esta tribuna en
varias ocasiones la propia existencia de clases sociales, podría
haber dicho que en vez de los trabajadores iban a ser las rentas más
altas, los beneficios empresariales, en fin, los beneficiados por
regalos fiscales del Gobierno los que iban a soportar este pago.
En un Estado de derecho digno de tal nombre, los contratos, acuerdos,
los pactos, son obligatorios para las partes. Recuerdan ustedes:
pacta sunt servanda. En el caso del acuerdo de 15 de septiembre de
1994 este carácter vinculante del acuerdo viene reforzado por
disposición expresa de la Ley 7/1990; es decir, la contravención, el
incumplimiento de este acuerdo da lugar a responsabilidad. Para un
Gobierno que presume de liberal, sabido que esta doctrina entiende
que todas las sociedades se fundamentan en pactos libremente
negociados y suscritos por los ciudadanos y que por esa razón son
obligatorios, es realmente sorprendente que este Gobierno que presume
de liberal y que en ningún momento denuncia la vigencia de un acuerdo
se pretenda amparar después en un cambio de circunstancias, como le
aconseja el informe del Senado, para desvincularse de un contrato
suscrito con los representantes sindicales de los funcionarios
públicos. Pero es que además la contumacia gubernamental, la actitud
terca de negativa al cumplimiento de esta sentencia y a cualquier
negociación con los trabajadores públicos, amenaza con socavar los
propios cimientos del Estado de derecho. No se trata sólo de que
temerariamente se interponga contra esta resolución un recurso de
casación ordinario, sino que además se instrumentaliza a las Cortes
Generales, actuando como fuerza de choque del Gobierno, para
enfrentarlas a un tribunal que lo único que hizo es utilizar las
potestades constitucionalmente previstas de control del Ejecutivo, es
decir, que un episodio cotidiano de control judicial de las
administraciones públicas, que en cuanto que confirmación de la buena
salud del Estado de derecho debía alegrar al Gobierno, se transforma
en un conflicto entre poderes vinculando al Parlamento. Sumen a lo
anterior las declaraciones del ministro de Justicia al diario El
Mundo, según las cuales al Ejecutivo no le puede controlar cualquiera
y en las que, de forma más o menos velada, se anuncia la intención de
aprovechar la reforma pendiente de la justicia para delimitar
claramente, entre comillas, el ámbito que le corresponde a cada uno
de los poderes y tendrán todos los ingredientes de un régimen
totalitario con fachada democrática, por cierto, cada vez más
cuarteada, el régimen al que ustedes nos conducen ya en estos últimos
meses pisando el acelerador a fondo.
En la mejor tradición liberal, les decimos que como los pactos están
para ser cumplidos y como además, también en la mejor tradición
democrática, las sentencias judiciales deben ser acatadas y cumplidas
incluso cuando no conviene, les proponemos, primero, que cumplan la
sentencia y que desistan de cualquier recurso; que negocien con los
funcionarios públicos y con
sus representantes; que compensen a las administraciones locales y
autonómicas de cualquier perjuicio económico que esta sentencia les
pueda suponer, pues es la Administración del Estado -se recordó en su
momento el carácter básico de la decisión- la responsable; que se
declare oficialmente por parte del Gobierno que las consecuencias de
la sentencia no las van a sufrir los trabajadores, sino toda la
sociedad de acuerdo con el principio de progresividad fiscal; que
cambien la política retributiva seguida respecto de los funcionarios
públicos en estos últimos años y que se depuren, porque está previsto
también en la Ley 30/1992, artículo 145.3, respecto del señor Rajoy o
de cualquier otra autoridad responsable, las responsabilidades a que
haya lugar por los daños que su actitud negligente, culposa o incluso
dolosa, causó a los bienes y derechos de la Administración pública.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Ante qué panorama político nos encontramos,
señora presidenta? Nos encontramos ante una derecha cada vez menos
interesada en la apariencia de centro, que no acepta la capacidad de
negociación colectiva de los trabajadores públicos y que no acepta
una revisión salarial respecto al índice de precios al consumo.
Negociación colectiva de los trabajadores públicos que reconoce el
artículo 103 de la Constitución -o por lo menos cabe en su ámbito-,
que está reflejada directamente en el Convenio 151 de la Organización
Internacional de los Trabajadores y que desde luego está, negro sobre
blanco, en la Ley 7/1990, que en absoluto ha sido retocada ni
derogada, a pesar de la posibilidad que ha tenido el Gobierno de
hacerlo para restablecer cierta seguridad jurídica.
El Gobierno simplemente comunica su decisión de que no va a negociar,
y punto redondo; ni siquiera se molesta en enmendar o en derogar a
través de la ley de acompañamiento. Los trabajadores públicos
aparecen como una especie de prolongación del ejército que no tienen
derecho a la negociación colectiva, sólo tienen derecho a la
obediencia debida. Los intereses y los proyectos del Partido Popular
son justos, y punto redondo; no vale ninguna explicación, ningún
intento de negociación. No se acepta sino el sacrificio salarial.
¡Hay que sacrificarse, señores trabajadores públicos! ¿Por qué?
Porque sí. En una etapa de crecimiento económico, con una inflación
moderada, se les dice a los trabajadores que hay que sacrificarse.
Efectivamente, hay que educar a los trabajadores; hay que educarlos
en el sentido de que, en un período de crecimiento económico, debe
repartirse como en período de recesión económica
para mantener beneficios. Desde luego, también para apuntar al
dogmático objetivo -lo que es un instrumento se convierte en fin- del
déficit cero. También para la convergencia nominal con Europa, cuando
todo el mundo sabe -lo ha visto en los números- que ese espectro de
la contabilidad creativa ha permitido que todo el mundo acceda a los
indicadores de convergencia nominal de Maastricht. Se les pide
sacrificio para educarles para lo que se ve venir en el horizonte y
empezará dentro de poco tiempo: repartir en la etapa de crecimiento
como si estuviéramos en una etapa de recesión porque ésta última
puede venir y hay que mantener excedentes, hay que mantener la
estabilidad y la Ley de estabilización que se acaba de aprobar, y hay
que mantener el déficit cero cueste lo que cueste a los trabajadores,
claro está, a los trabajadores públicos.
El ejemplo se formaliza, el patrón de patrones lanza la consigna; ya
ven el resto de los patrones lo que hay que hacer: no explicar,
congelar, pedir sacrificios y repartir el crecimiento como si
estuviéramos en etapa recesiva. Es sangrante, se responde en lo que
afecta a los trabajadores; incluso aunque haya sentencias: se pasa la
sentencia, se les vuelve a pedir sacrificio y se les dice que están
desestabilizando la situación económica, el cuadro macroeconómico y
el porvenir convergente de esta nación. De todo esto se les acusa; y
se lo dicen los mismos que acaban de regalar más de dos billones de
pesetas en las licencias de telefonía de tercera generación. Los
mismos que han hecho una reforma del IRPF por la que dejan de
ingresar 800.000 millones de pesetas, de los cuales 400.000 vendrían
de los que cobran 20, 30 ó 40 millones de pesetas anuales y los otros
400.000 millones del resto de los mortales. O los mismos que han
hecho otra serie de cosas, como la desfiscalización de las rentas de
capital, constante en este último período, que hemos ido denunciando
de manera puntual y sistemática. Jamás se ha visto con más claridad
el atrevimiento de la mayoría absoluta del Partido Popular. Panoplia
grande y tristemente significativa como ejemplo, tras los maitines de
Moncloa.
Primera trinchera, el Parlamento: se nos invade, hay que
contraatacar. Inmediatamente se pone en marcha el intento de una
teoría por la cual se ha roto la división de los tres poderes y el
Parlamento está siendo invadido en sus competencias. Precisamente
aquellos que han dejado de creer, de pensar -porque ya están en el
Gobierno, porque tienen mayoría absoluta- que esto puede ser el
centro de la política nacional y están convirtiendo el Parlamento en
un enfermo, en una especie de paciente inglés, son los que dicen que
hay que defenderse, que hay que contraatacar, que hay que defender el
poder legítimo independiente del Parlamento poniéndolo de escudo
frente a la invasión del poder judicial. Primera trinchera, que falla
después porque era excesiva y porque el rigor de los miembros
jurídicos de este Parlamento no la ve posible, pero se lanza esa idea
en los primeros días de esta contraofensiva.
Segunda trinchera, reforma judicial, dicho así, en caliente. Cuando
no se debe reformar ni la más simple ley en caliente, se dice que hay
que reformar la justicia por completo, ¿para qué? Pues lo dice el
señor Acebes: para que no se vuelvan a repetir sentencias como las
que se han dado. ¿Hay algo más grave que decir en este momento? Esto
es gravísimo. Para que no se vuelvan a repetir estas sentencias
haremos una reforma judicial, eso sí, basada en un pacto de Estado,
pero si no hay pacto de Estado, naturalmente vendrá el rodillo. Así
se dice, en caliente, y se lanza este mensaje negro sobre blanco en
una entrevista que, también en caliente, en esta idea de segunda
trinchera, se lanza a partir de los famosos maitines de Moncloa.
Tercera trinchera: el señor Montoro incluso dice que ese dinero tiene
que salir del bolsillo de los contribuyentes y habla de un impuesto;
acto seguido, inmediatamente, se dan cuenta que es excesivo -lo de
utilizar el Parlamento como escudo, lo de la justicia aún no lo han
desmentido-, se dan cuenta de que lo del impuesto es una barbaridad,
que es excesivo, o creíamos nosotros que se habían dado cuenta,
porque la cuarta trinchera es que el señor Aznar en Galicia dice
cosas muy fuertes en el intento de enfrentar a la población, al
pueblo en su conjunto, con los jueces y con los funcionarios. Dice:
No es algo que vayamos a pagar nosotros, el Gobierno, la sentencia
les va a salir cara a todos ustedes. Es la nueva versión de la
instauración de un nuevo impuesto. Por tanto, el pueblo tiene que
reaccionar frente a los funcionarios, tiene que reaccionar frente a
los jueces. Cuando, al mismo tiempo, en coloquios, charlaterios y
mentideros de todo tipo se están lanzando dos rumores, que además
arraigan, porque el cuerpo social de este país tiene una cierta
cultura y han pasado ciertas cosas. El primer rumor está basado en el
desprestigio de los funcionarios: gente que cobra trabajando poco;
vuelva usted mañana; que se enfrentan a los ciudadanos. El segundo
rumor es que se trata de una sentencia basada en la necesidad de una
cierta venganza de los jueces de cara a negociaciones futuras que
están por venir. Se lanzan tranquilamente.
A mí me ha dicho un ciudadano que daba miedo la reacción del
Gobierno, las trincheras que iba cavando, los anuncios que iba
haciendo, algunos corregidos, otros todavía no; daba miedo. Daba
miedo la potencia de un poder con esa mayoría absoluta que iba a
actuar en distintos frentes por una sentencia judicial a favor de los
trabajadores, por una sentencia judicial que reconoce la capacidad de
negociación colectiva de los trabajadores públicos, por una sentencia
judicial que entonces podía suponer muy poco dinero y ahora afecta
a 56 nóminas de cada uno de los trabajadores, y que en cascada
naturalmente puede suponer bastante más dinero.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo y comprendemos que los
trabajadores se tengan que movilizar, tienen que defender sus
intereses, afecta a muchos trabajadores.
Es un desplante que no tiene explicación por parte del Gobierno.
Un Gobierno que ante la Ley 7/1990 podía haber respondido con la Ley
de acompañamiento de 1997, pero que ni se molesta en responder desde
la ley de acompañamiento, porque ya no podía meter en los
presupuestos ningún cambio de ley en función de la sentencia del año
1992 del Tribunal Constitucional. El Gobierno dice que no hay ni que
reformar la ley, que todo está claro, que no se debe negociar con los
trabajadores públicos, que eso es una concesión que desmedula el
Estado y que ni mucho menos se les va a subir el 2,6 por ciento,
190.000 millones, en aquel momento, en 1997, que afectaba a todos.
Es la forma, señorías, dicho metafóricamente, de cerrar el paraguas y
desenvainar la espada. No estamos de acuerdo y, por tanto, pedimos,
desde la razón, desde la sentencia, desde la capacidad de respuesta
de los trabajadores, desde la capacidad de movilización que van
a tener los trabajadores públicos, que son muchos y tienen razón, que
se negocie con ellos, que se responda al espíritu y la letra de la
ley, y desde la necesidad de que en esta etapa de crecimiento el
patrón de patrones sepa repartir, como en etapa de crecimiento debe
hacerse, en la etapa que corresponde que los trabajadores reciban del
crecimiento y no se mantengan los excedentes a costa de lo que sea,
que el Gobierno también reaccione de manera adecuada. Si no se hace,
será un nuevo error político que sumar a las cositas que estamos
sufriendo en este momento, un nuevo error político en una situación
que no se sabe corregir; las mayorías absolutas no permiten la
corrección, o se convierten en mayorías absolutistas o en mayorías
absolutorias, como ha sido el caso con respecto a las dos sentencias
que se han nombrado a lo largo de estos días.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la presentación y defensa de la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el debate que hoy nos trae a pronunciarnos desde el
Congreso de los Diputados se origina a partir de la sentencia de 7 de
noviembre de 2000 de la Audiencia Nacional, una sentencia con
importantes repercusiones porque anula la congelación salarial de los
funcionarios de la Administración general del Estado correspondiente
al ejercicio de 1997. Para el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) esta es una sentencia importante y la
aplicación de la misma requiere, señorías, un pronunciamiento expreso
de esta Cámara.
Antes de decir cuál debe ser este pronunciamiento, mi grupo
parlamentario quiere destacar algunos aspectos significativos que
creemos que enmarcan la sentencia
de la Audiencia Nacional. En primer lugar, queremos recordar el
especial esfuerzo que se ha exigido a los funcionarios públicos en
épocas en las que la prioridad era luchar contra el déficit público,
teníamos que cumplir unas exigencias derivadas del Tratado de
Maastricht, había unos requisitos marcados por la convergencia
económica europea y se exigió a muchos un sacrificio, pero de forma
especial a los trabajadores públicos, al conjunto de empleados
públicos, y quiero recordar también que ese especial sacrificio,
plasmado de forma evidente en una congelación salarial en el año
1997, también se había exigido en ejercicios precedentes. Recordemos
que también hubo congelación salarial en el ejercicio de 1993 o en el
de 1994. La Ley de presupuestos de 1993, la Ley de presupuestos de
1994 y también la Ley de presupuestos de 1997 impusieron una
congelación salarial, impusieron, por tanto, a este sector un
especial sacrificio que nuestro grupo parlamentario considera que
esta Cámara debe reconocer.
En segundo lugar, la sentencia de la Audiencia Nacional comporta,
señorías, una importante repercusión económica. Otros grupos
parlamentarios así lo han destacado en sus proposiciones no de ley.
Se habla de que el cumplimiento de esta sentencia supondría más de
200.000 millones de pesetas. Nosotros consideramos que ahora no
debemos debatir cuál es la cifra exacta, no corresponde a esta
Cámara, señora presidenta, cifrar ahora el cálculo de la aplicación
de esta sentencia. Pero es cierto que, sea cual sea el montante
final, es un montante importante que tendrá una repercusión en el
equilibrio presupuestario y, por tanto -lo ha dicho también el Grupo
Socialista-, debe arbitrarse una fórmula de cumplimiento de la
sentencia que haga posible lo que la misma impone con lo que debe ser
una traslación en diversos ejercicios, para que su cumplimiento no
altere el necesario equilibrio presupuestario, un equilibrio, señora
presidenta, señorías, que nos exige la propia Unión Europea.
En tercer lugar -y esto creo que hoy no ha salido aún en el debate-,
la sentencia, señorías, no es firme; no estamos ante una sentencia
firme de la Audiencia Nacional. El Gobierno ha interpuesto recurso de
casación ante el Tribunal Supremo y, por tanto, ante una decisión
importantísima y de gran repercusión económica, tenemos que no hay
una decisión judicial firme. ¿Cuál es, por consiguiente, el ejercicio
que hoy esta Cámara debe hacer? Debe pedir el respeto absoluto a la
sentencia, que lo hacemos, pero el respeto también al resultado de
los posibles recursos ya interpuestos contra la misma. Nosotros no
hemos interpuesto recurso ante esta sentencia, pero sí que es cierto
que la misma no es firme y que no sabemos, no conocemos aún,
señorías, cuál va a ser el resultado final. Por tanto, ante esta
incertidumbre en un aspecto capital, que alterará seguro la
estabilidad presupuestaria, porque el montante económico será
importante, ante esta situación,nuestro grupo cree que un ejercicio
de responsabilidad
de esta Cámara es acatar la sentencia, acatar también el resultado de
los posibles recursos interpuestos y, una vez se conozca el resultado
final, aplicarlo. Este es el objetivo de nuestra proposición no de
ley: aplicar el resultado final de los recursos interpuestos.
No debemos olvidar, señorías, que esta sentencia ha abierto también,
incluso en los propios servicios jurídicos de esta Cámara y del
Senado, un debate doctrinal, un debate jurídico sobre el alcance y la
repercusión que esta sentencia puede tener. Nosotros no queremos
entrar hoy aquí en ese debate, ya lo resolverán los tribunales ante
el recurso interpuesto por el propio Gobierno, pero creemos que un
ejercicio de responsabilidad ante los trabajadores públicos, a
quienes hemos exigido también ese especial sacrificio no en el
ejercicio de 1997, sino también en ejercicios anteriores, nos obliga
hoy a ese ejercicio de responsabilidad de no decir que se aplique una
sentencia que no es firme. ¿Cómo podemos aplicar una sentencia si no
es firme, si está recurrida, si estamos aún a la espera del resultado
de ese recurso? Sin embargo, nuestro grupo quiere de entrada afirmar
públicamente que, sea cual sea el resultado, pedirá que se aplique de
la forma más rápida posible, que se aplique haciéndolo compatible con
la previsiones de estabilidad presupuestaria, que se aplique de forma
consensuada con los representantes de los trabajadores públicos y que
se aplique, al final, lo que resuelva de forma firme un tribunal de
justicia. Esta es la posición que hoy trae nuestro grupo
parlamentario. Por tanto, no negamos el consenso, no negamos el
derecho a la negociación colectiva, no entramos en el debate
doctrinal y jurídico abierto, pero sí pedimos que hoy esta Cámara dé
un mensaje de responsabilidad. ¿Cuál es el mensaje de
responsabilidad? Pedir que se acate la resolución judicial cuando
ésta sea firme. Por tanto, ésta es la posición de nuestro grupo
parlamentario, una posición que viene plasmada en nuestra proposición
no de ley, que creemos que es respetuosa con la posición de los
trabajadores públicos, respetuosa con el Poder Judicial y respetuosa
también con los poderes de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Catalán, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
La sentencia controvertida que esta tarde centra la atención de la
Cámara aprecia dos vulneraciones del ordenamiento jurídico, dos
vulneraciones distintas que yo quisiera diferenciar a efectos de
definir con nitidez
cuál es nuestra postura en relación con la primera y con la segunda.
La primera tuvo lugar cuando el entonces ministro de Administraciones
Públicas, don Mariano Rajoy, expuso ante la mesa general de
negociación de la Administración general del Estado -mientras se
fumaba un flamante puro, según atestiguan algunos testigos que
estaban presentes en la reunión- la voluntad administrativa
unilateral de excluir de la negociación todo lo relativo a la
retribución de los empleados públicos, vulnerando con ello evidente y
clarísimamente lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la
ley 7/1990, de 19 de julio, que imponen taxativamente la obligación
de negociar el incremento de retribuciones del personal de las
administraciones públicas, salvo que ambas partes, de común acuerdo,
dispongan lo contrario, circunstancia que evidentemente no se
producía en aquella ocasión.
Por su parte, la segunda vulneración que identifica la sentencia se
produjo porque, ignorando el carácter vinculante que el artículo 35
de la ley 7/1990 reconoce y atribuye a los acuerdos alcanzados entre
las administraciones públicas y los representantes del personal que
trabaja a su servicio, el Gobierno rehusó incorporar al proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1997 el incremento retributivo
pactado en el capítulo 6.º del acuerdo de condiciones de trabajo del
año 1994, decisión que posteriormente fue ratificada por las Cortes
Generales. Según la sentencia, en este caso hubo una contravención
del ordenamiento jurídico porque el acto de aprobación del gasto
público por parte de las Cortes Generales -entienden los magistrados
que suscriben la sentencia- no es más que la determinación de la
finalidad que ha de aplicarse a lo ingresado por el erario público y,
en consecuencia -dice literalmente la sentencia-, ha de producirse
con sometimiento a las leyes por las mismas aprobadas, leyes entre
las cuales se encuentra la propia Ley 7/1990 que, entre otras cosas,
atribuye fuerza vinculante a los pactos celebrados entre las
administraciones públicas y los representantes de personal.
Aunque el debate político, social, jurídico e incluso mediático que
ha tenido lugar durante las últimas semanas se ha centrado
fundamentalmente en esta segunda contravención del ordenamiento
jurídico que identifica la sentencia de la Audiencia Nacional, lo
cual, por otra parte, parece lógico habida cuenta que es ella la que
mayor enjundia jurídica plantea y la que mayor relevancia económica
reviste, el grupo al que represento entiende que no debe pasarse por
alto el hecho de que al excluir unilateralmente de la negociación
todo lo relativo al incremento retributivo de los empleados públicos
el Gobierno del Partido Popular en aquella ocasión incumplió
gravemente la ley, dando muestras de un talante autoritario y
altanero, muy poco edificante y modélico desde una perspectiva
democrática y muy poco coherente para quien se pasa el día y parte de
la noche invocando el Estado de derecho.
Por lo que hace a la segunda vulneración del ordenamiento jurídico,
el grupo al que represento coincide con el planteamiento -que
consideramos impecable- que se hace en el informe emitido por los
servicios jurídicos de esta Cámara en relación con la adecuación de
la sentencia al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque coincidimos
con el informe jurídico en que la ley ordinaria no es parámetro de
adecuación al ordenamiento jurídico de la ley presupuestaria, porque
ambas -la ley ordinaria y la ley presupuestaria- revisten el mismo
rango y participan de una misma naturaleza, aun cuando esta última,
la ley presupuestaria, tal y como ha señalado reiteradas veces el
Tribunal Constitucional, se dicta en ejercicio de una competencia
específica, que es el resultado del desdoblamiento de la genérica
potestad legislativa de las Cortes Generales. Creemos por ello que en
este punto el pronunciamiento judicial se apoya sobre bases
doctrinales erróneas y que el Gobierno no sólo puede, sino que está
obligado a intentar el recurso de casación. En consecuencia, somos
partidarios de no precipitarse en la habilitación presupuestaria de
los créditos que puedan dar satisfacción a las pretensiones de los
recurrentes hasta que no se conozca, por lo menos, el resultado del
recurso ya interpuesto. Por esta razón, nuestro grupo va a votar en
contra de aquellas proposiciones no de ley que plantean
explícitamente la inmediata habilitación de los créditos necesarios
para dar satisfacción a las pretensiones de los recurrentes en este
pleito. Ahora bien, pese a ello, creemos necesario en este momento
formular una reflexión y una propuesta.
La reflexión es la siguiente. Cuando la sentencia postula que nunca
un precepto legal debe ser interpretado en el sentido de que su
contenido pueda quedar vacío o su eficacia anulada, no se limita, a
nuestro juicio, a proponer una simple pauta hermenéutica más o menos
razonable y más o menos aceptable; además apunta una cuestión de gran
envergadura y que atañe directamente a los cometidos de esta Cámara y
al conjunto de las Cortes Generales. Está poniendo de manifiesto,
a nuestro juicio, que este desbocado y desordenado ritmo legiferante
que han impuesto las Cortes Generales durante los últimos años, donde
imperan las modificaciones puntuales y descontextualizadas, llevadas
a cabo a través, fundamentalmente, de la ley de acompañamiento y de
los reales decretos-leyes, está dando lugar a un ordenamiento
jurídico plagado de contradicciones y antinomias, en cuya aplicación
el operador jurídico se ve sumido en la perplejidad y en la
desorientación con una frecuencia, a nuestro juicio, superior a la
deseable. Creemos por ello que la Cámara debe tomar buena nota de
este dato y comprometerse formalmente a producir de cara al futuro un
derecho más claro, más coherente, más inteligible y comprometerse al
mismo tiempo a depurar las abundantes antinomias que tiene el
ordenamiento jurídico como consecuencia de esta política normativa y
de las que el caso
que tenemos entre manos es solamente un ejemplo muy puntual y
concreto.
La propuesta la articulamos como enmienda a la proposición no de ley
planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Aun cuando,
como antes he señalado, esta sentencia descanse sobre una posición
doctrinal equivocada, es evidente que ni invade competencias
constitucionalmente atribuidas a las Cortes ni priva al Gobierno de
la capacidad de diseñar su propia política económica ni, desde luego,
impide a las Cortes Generales ejercer la potestad presupuestaria,
como ridículamente se ha dicho por parte de algún portavoz del
Ejecutivo. En consecuencia, a nosotros nos parece absolutamente
ilegítima y vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva de
los recurrentes la pretensión, hecha pública a través de los medios
de comunicación, también por algún portavoz más o menos autorizado
del Ejecutivo, de bloquear el pago a los funcionarios en caso de que
los recursos interpuestos no prosperen. El derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva incluye, como reiteradamente ha puesto de
manifiesto el Tribunal Constitucional, el derecho a que se respeten y
ejecuten las resoluciones judiciales en sus propios términos porque,
de no ser así, que no ha ocurrido así -lo dice el propio alto
Tribunal-, la tutela judicial se vería reducida a la producción de
decisiones puramente declarativas que no ampararían los intereses de
quienes las imperasen. Por eso creemos que esta Cámara ha de reprobar
y actuar firmemente contra todo intento de hacer jugar las mayorías
parlamentarias frente a las resoluciones judiciales firmes a través
de las cuales se ejerce también el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, derecho fundamental que, como todo el resto de los
que integran el catálogo de derechos fundamentales de la
Constitución, ocupa una posición de jerarquía institucional dentro de
nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, hemos presentado una
enmienda a la proposición no de ley del Grupo Catalán en la que
proponemos incorporar a esa proposición un tercer punto en el que,
presupuesta la legitimidad de la presentación de un recurso de
casación ante la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora nos
ocupa, se asuma el compromiso por parte del Gobierno de que si el
recurso interpuesto no prospera, se ejecute el contenido de la
sentencia, algo elemental que deriva del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
a propósito de la precipitación de las proposiciones no de ley, me
permite recordar que confundir la virtud de la rapidez con el defecto
de la prisa es algo que tiene una manifestación muy clara en las
iniciativas parlamentarias que hoy se debaten. Esto es lo que ha
sucedido con algunos que se apresuraron a presentar proposiciones no
de ley sin esperar al resultado de la admisión a trámite del recurso
interpuesto por el Gobierno contra el fallo de la Audiencia Nacional.
Si esa precipitación era poco responsable, menos lo es pretender,
como sucede ahora en algún caso, mantener la posición inicial como si
no hubiera sido admitido ningún recurso, como si la sentencia fuera
absolutamente firme, cuando como bien ha dicho antes el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la sentencia no es
firme. Señorías, al igual sucede en todos los órdenes de la vida, y
como el portavoz del Grupo Socialista también ha hecho referencia a
la conveniencia de recordar la historia, permítanme recordar unos
breves acontecimientos que también forman parte de nuestra historia y
que todos asumimos. Hay que señalar que en el año 1994 un Gobierno en
aquel momento muy frágil llegó a un acuerdo con los sindicatos,
acuerdo que fijaba la retribución para el año siguiente, limitándose,
por lo que se refería a los ejercicios futuros, a establecer sólo las
premisas y métodos para el cálculo. Por tanto, entender que ello
vinculaba directamente al Ejecutivo para el futuro, sería calificar
como absolutamente irresponsable al Gobierno que permitió tal
hipoteca para el futuro. Sí me atrevo a calificar como absolutamente
irresponsable a aquellos que propiciaron la situación económica que
tenía España en aquellos años. Es conocida por todos la situación en
cuanto a la inflación, en cuanto al paro, en cuanto al déficit
público y en cuanto a los impuestos, y es conocida también por todos
la situación que tenía nuestro país a propósito de los requisitos
para la integración en el marco de la unión monetaria europea. Ante
esto, el Gobierno del Partido Popular se vio obligado a tomar
decisiones que sin duda exigían un esfuerzo colectivo, y el primero
que realizó en aquel momento ese esfuerzo fue el propio Gobierno del
Partido Popular que procedió a elaborar un presupuesto con una gran
contención, con un significativo recorte de los gastos, de manera
directa y primera de los gastos corrientes de los propios
ministerios, que experimentaron no ya una congelación sino un
auténtico recorte. También se pidió un esfuerzo a los empleados
públicos y hoy nadie, absolutamente nadie puede negar que ello, junto
con otras medidas, posibilitó que todos los ciudadanos españoles y
entre ellos todos los funcionarios, se beneficiasen en sus economías
del progreso que estaba alcanzando nuestro país. Esta contribución
especial de los funcionarios la valoramos, la explicamos, fueron
capaces de entenderla y ahí está la escasa respuesta que tuvieron las
movilizaciones que se convocaron en su
momento ante la respuesta del Gobierno, y también lo supieron valorar
cuando llegaron las elecciones generales y entendieron que además del
tema retributivo de un año concreto, existen otras dimensiones,
ajuste de niveles, fondos adicionales y también la consideración de
la autoestima y la dignidad de la función que desarrollan como
servidores públicos desde el respeto y la profesionalidad. Esto es
algo que también hemos intentado potenciar, materia en la cual nadie
nos podrá dar lecciones y menos aquellos que tuvieron
responsabilidades de Gobierno y dejaron una Función pública digna de
mejor aprecio. Resulta divertido, señorías, que se pida negociación
por parte de aquellos que provocaron los mayores conflictos con los
sindicatos, aquellos que provocaron las mayores movilizaciones de los
trabajadores de este país y resulta aún más curioso, aún más
divertido que esto se pida a un Gobierno que ha demostrado que podrá
acertar o equivocarse, pero que por encima de todo sabe negociar y
sabe dialogar con los agentes sociales.
Dejando de lado muchas otras áreas que se podrían traer a colación, y
por referirme exclusivamente a la materia de Función pública, quiero
recordar que en los cuatro años y medio o cinco de Gobierno del
Partido Popular han sido 21 los acuerdos a que se ha llegado con los
sindicatos, más de cuatro acuerdos entre el Gobierno del Partido
Popular y las centrales sindicales en materia de Función pública,
desde la ordenación de la negociación colectiva del personal laboral,
el acuerdo de retribuciones para el año 2000, pasando por otros
especialmente importantes como el convenio único del personal
laboral, que reduce a uno solo los 55 convenios que había hasta
entonces, lo cual no era sino una manifestación del panorama que
existía en la Función pública española.
Así pues, desde luego nadie nos puede dar lecciones de negociar. Es
cierto que en el otoño de 1996 se intentó, pero no se llegó a ningún
acuerdo porque la situación económica española no permitía ningún
margen, y después se ha seguido negociando, tal y como demuestran los
acuerdos a los que me he referido. Pero mientras que la sentencia no
sea firme, permitan que el Gobierno defienda lo que tiene que
defender: los intereses generales. Además, en este asunto deben ser
el prisma fundamental, porque hay que recordar que por encima de los
intereses sindicales, por encima de los intereses de cualquier
colectivo, por encima de los intereses de cualquier partido, del
Partido Socialista o del Partido Popular, están los intereses
generales, y esos intereses generales son precisamente los que
demandan que se actúe como está actuando el Gobierno, interponiendo
los recursos oportunos y ejercitando los medios que garantizan la
tutela judicial ante los tribunales. Habría sido una absoluta
irresponsabilidad, por dejación de sus deberes, que la Administración
no hubiera recurrido, como algunos plantean, y se hubiera procedido
sin más a pagar sin apurar o ejercitar los mecanismos
propios de defensa que existen en un Estado de derecho. Además,
por no recordar no ya los recursos sucesivos sino los agotamientos
que en temas que palpitaron, en temas que fueron muy sensibles ante
la opinión pública española que se produjeron hace muchos años,
solamente por recordar y no entrar en ellos, permítanme recordar el
tema de la colza y el tema de la presa de Tous, en los que se esperó
muchos años al agotamiento no ya de los recursos, sino también de los
medios de vida de las personas afectadas.
En todo caso, desde la legítima discrepancia que se puede tener con
las resoluciones de los tribunales, pero también desde el profundo
respeto, quisiera que entendieran que la Administración estatal, en
defensa no ya simplemente de sus derechos, sino también y como antes
señalaba de los intereses generales, no sólo podía sino también,
subrayo, debía -y eso es lo que ha hecho precisamente- interponer el
recurso de casación. Quiero que valoren, por favor, que algo de
fundamento puede tener ese recurso cuando frente a una sentencia que
no es unánime porque tiene un voto particular importante, en cambio
la admisión a trámite por la propia Sala se realiza por unanimidad.
Éste es el juego propio del Estado de derecho, materia en la cual
nosotros nos reafirmamos una vez más, desde la discrepancia en este
caso pero también -y es precisamente lo que decimos en nuestra
enmienda- desde el respeto a los tribunales. Precisamente en esta
materia, y con toda humildad pero también con firmeza, permítannos
que reivindiquemos el principio de legalidad que supone, como dice el
artículo 9 de la Constitución, que los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
Los órganos jurisdiccionales, al igual que el Gobierno y la propia
Administración, son poderes públicos y todos ellos están sujetos a la
ley, que está, como expresión democrática que es, por encima de todos
ellos. Éste es el sentido de la expresión «imperio de la ley» que
nuestra doctrina y el propio texto constitucional consagra. Junto a
este axioma, también es fundamental en el principio de legalidad la
sujeción plena de la Administración al control por los tribunales, y
en esta materia, dicho sea con todo respeto, tampoco se nos pueden
dar lecciones. Quiero recordar una de las leyes más importantes que
se han podido aprobar en este Parlamento, la Ley de lo contencioso-
administrativo. Hace poco más de dos años entró en vigor una de las
leyes que regula cuestiones fundamentales en un Estado de derecho,
como quién controla al Gobierno y a la Administración, cómo se le
controla, qué garantía se establece, cómo se articula en definitiva
el ideal de justicia. Pues bien, en esta ley del año 1998,
consensuada por todos pero impulsada desde el Gobierno del Partido
Popular, se consagraron una serie de principios que son fundamentales
en nuestro Estado constitucional. Esta ley sustituye a la de 1957;
quizá otros estuvieron cómodos gobernando con esa ley del año 1957,
sin duda muy buena
técnicamente, pero que respondía a otros principios. Pues bien, decía
que en esa ley de 1998, impulsada por el Gobierno del Partido
Popular, se regulan materias fundamentales como la supresión de zonas
inmunes al control jurisdiccional, suprimiéndose, frente a lo que
mantenían otros, la categoría de los actos políticos. También se
amplía en esa ley -y eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular-
el ámbito sujeto a control, pudiendo impugnarse asimismo la
inactividad o la pasividad por parte de la Administración. Se amplía
la legitimación, y en ese sentido se reconoce expresamente -no estaba
dicho antes- a los propios sindicatos. Se establecen procedimientos
abreviados, y a propósito de la ejecución de sentencia, ya que
estamos hablando de eso, en materia de ejecución la ley del año 1957
-vigente, repito, hasta hace dos años- establecía la posibilidad de
que en casos de perjuicio grave a la Hacienda pública pudiera
suspenderse o inaplicarse esa sentencia. Nosotros, desde el Partido
Popular, suprimimos esa causa de no aplicación de la ley porque
entendíamos que era contraria al Estado de derecho. Igualmente,
a propósito de la ejecución -y voy concluyendo, señora presidenta-
establecimos la causación de crédito ampliable cuando se trata de
sentencias condenatorias, igualmente ampliamos los intereses cuando
se trate de sentencias condenatorias, y evidentemente desde que la
sentencia fuera firme. Un Gobierno que impulsa estas medidas no puede
en modo alguno, señor Alcaraz, dar miedo sino por el contrario
auténtica confianza.
Por último, quisiera hacer una reivindicación del propio Parlamento
en cuanto titular directamente democrático de la potestad
legislativa. Nuestro sistema constitucional se califica a sí mismo
como un sistema parlamentario y esto es algo que no puede quedar en
defensas retóricas sino que exige siempre la prevalencia absoluta del
carácter normativo. Por eso, cuando por intereses partidistas de la
oposición se deja de propugnar este principio -incluso se cuestiona a
quienes sí lo hacen- entonces hay algo que no está funcionando.
Precisamente desde esas argumentaciones, desde ese profundo respeto a
la decisión de la Audiencia Nacional, pero también desde ese profundo
respeto a la sentencia, a la resolución que en su momento dicte el
Tribunal Supremo, desde la defensa de los intereses generales,
nosotros propugnamos la enmienda que sometemos a la consideración de
esta Cámara.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Medel.
Señor Jané, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las
dos enmiendas que han sido presentadas a su proposición no de ley.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, mi grupo
parlamentario, ante las enmiendas
que se han presentado a nuestra proposición no de ley, plantearía
para la votación un texto transaccional que intenta recoger las
distintas enmiendas planteadas y el propio texto de nuestra
proposición no de ley. El texto transaccional que someteríamos a
votación es el siguiente: El Congreso de los Diputados proclama el
respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la
congelación de las retribuciones de los funcionarios públicos en 1997
y considera necesario esperar a la resolución del recurso de casación
planteado ante el Tribunal Supremo para fijar el alcance final de su
aplicación.
Hay un punto segundo que dice lo siguiente: Si los recursos
interpuestos no prosperasen se adoptarán con la mayor brevedad
posible las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de forma
que se atienda el interés general y las políticas de estabilidad
presupuestaria en el ámbito de la Unión Europea. Éste es, señora
presidenta, señorías, el texto transaccional que ofrece nuestro grupo
ante las enmiendas planteadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo acepta el texto transaccional porque incorpora lo
fundamental del planteamiento que formulábamos en la enmienda, y era
asegurar que interpuestos los dos recursos -que nosotros consideramos
inevitables- pero en el supuesto de que dichos recursos no prosperen,
la ejecución sea inexorable y no puedan aducirse argumentos de uno ni
de otro tipo para evitar la ejecución de una sentencia firme, porque
creemos que es lo que exige el ordenamiento jurídico.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señora presidenta.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular aceptaríamos el punto
primero de la enmienda transaccional pero no el segundo porque
entendemos que conduce a confusión. No obstante, al no poderse votar
según se me ha comunicado de manera separada esas dos iniciativas,
aun compartiendo buena parte del espíritu vamos a votar negativamente
a esa enmienda transaccional y favorablemente sólo a nuestra propia
enmienda.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Jané, entiende esta Presidencia que el texto transaccional
sustituye por completo al texto inicial de su proposición.
(Asentimiento.)
Muchas gracias. Le solicitamos que lo haga llegar a la Presidencia o
al servicio de los letrados. (Pausa.)
Sometemos a votación la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que
anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 122; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, sobre el cumplimiento de la
sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los
funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 120; en contra, 176; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Acontinuación votamos la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la
sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los
funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 121; en contra, 176; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto, señor
Puigcercós, por la que se insta al Gobierno a habilitar las medidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional que anula la congelación
salarial de los empleados públicos en el año 1997, así como a
restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la Ley 7/
1990.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 121; en contra, 176; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la iniciativa de
referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto,
señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al cumplimiento de la
sentencia, de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 12; en contra, 178; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el cumplimiento de
la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a
aplicar a
los funcionarios de la Administración del Estado el incremento
retributivo correspondiente al año 1997, en los términos del
contenido de la enmienda transaccional que ha sido leída por parte
del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
repartida a los señores portavoces.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 17; en contra, 162, abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.