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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 45, de 28/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 45
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 43
celebrada el martes, 28 de noviembre de 2000
Página
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre consideración como
cotizado a la Seguridad Social del período de excedencia legal que
los trabajadores disfruten por cuidado de familiares y financiación
de su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 11-1, de 24 de abril de
2000. (Número de expediente 122/000007.) . . . (Página 2176)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), reguladora del régimen tributario de los montes vecinales
en mano común. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 41-
1, de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000030.) . . .
(Página 2182)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección a
los consumidores. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
99, de 24 de noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000149.) .
. . (Página 2190)
Página
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
a la creación de la delegación del Gobierno contra la violencia de
género. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 61, de 22
de septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000113.) . . .
(Página 2200)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . .
(Página 2176)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre consideración como cotizado
a la Seguridad Social del período de excedencia legal que los
trabajadores disfruten por cuidado de familiares y financiación de su
coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado . . .
(Página 2176)
Defiende la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Manifiesta que su proposición de ley pretende en esencia cerrar el
círculo de la protección a la maternidad/paternidad y las medidas
favorecedoras de la conciliación entre el trabajo y familia. Asegura
que el derecho laboral ha recorrido un camino extraordinariamente
positivo en los últimos diez años que ha llevado a la transformación
del mundo del trabajo como consecuencia, entre otras cosas, de la
incorporación de la mujer al mundo laboral. Tras explicar los grandes
cambios llevados a cabo, propone que se considere como cotizado a la
Seguridad Social el período de excedencia legal que los trabajadores
disfrutan por cuidado de familiares y que el coste sea a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Ruiz López (don
Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre consideración como cotizado
a la Seguridad Social del período de excedencia legal que los
trabajadores disfruten por el cuidado de familiares y financiación de
su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se rechaza
por 134 votos afavor, 152 en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), reguladora del régimen tributario de los montes vecinales
en mano común . . . (Página 2182)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Vázquez Vázquez. Explica que la iniciativa
de su grupo pretende que
se modifique el actual régimen fiscal al que están sometidas las
comunidades de montes a través del impuesto de sociedades por otro
sistema que se adapte a las características y necesidades y, por
tanto, a la realidad y significado de los montes vecinales en mano
común. Explica la figura de los montes vecinales en mano común como
una forma de propiedad indivisible, inalienable, no embargable e
imprescriptible, y defiende la existencia de esta forma de propiedad
y de la organización de base democrática y participativa que se
articula a su alrededor. Considera que con el impuesto de sociedades
se somete a estas comunidades a una doble tributación: la derivada
del impuesto de sociedades y la tributación vía IRPF en el caso de
que se distribuyan las rentas entre los comuneros, por lo que
considera que el modelo fiscal es inadecuado y se fundamenta en
criterios que, desde su punto de vista, no tienen en cuenta la
peculiaridad de los montes vecinales en mano común, ni la realidad
social de las comunidades, ni se deriva del análisis profundo y
certero de la procedencia de las rentas y aprovechamientos de estas
comunidades. A continuación explica el contenido de su proposición de
ley que atiende, en primer lugar, a la naturaleza jurídica de los
montes vecinales en mano común, en segundo lugar, a la realidad de
las comunidades y, en tercer lugar, al origen de los aprovechamientos
obtenidos, y pide el voto favorable a su toma en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez
Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), reguladora del régimen tributario de los montes vecinales
en mano común, se rechaza por 121 votos a favor, 160 en contra y 13
abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 2190)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección a
los consumidores . . . (Página 2190)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Burgos Gallego. Se refiere en primer lugar al
papel del ciudadano como consumidor en una economía globalizada, con
grandes y rápidas transformaciones, que exige un esfuerzo permanente
por reequilibrar las relaciones de consumo para que, a la vez que
crece la oferta, las opciones, las posibilidades para los ciudadanos,
crezcan y se organicen adecuados mecanismos de protección al
consumidor que faciliten la cada vez más amplia y compleja tarea del
ejercicio de la libertad de elección, siendo la introducción del euro
uno de los retos más importantes en el ámbito de la defensa de los
consumidores al que habrá que dar respuesta adecuada. España, con un
sistema de protección al consumidor muy descentralizado, como
corresponde a un reparto competencial perfectamente definido, tiene
por delante el reto de no construir un sistema excesivamente
compartimentalizado, heterogéneo que pueda generar diversidad de
derechos y disfunciones lesivas para los ciudadanos, y la vía
política que su grupo propugna con su iniciativa es un mayor esfuerzo
en la coordinación y cooperación. Explica el contenido de su
proposición de ley potenciando el papel del Instituto Nacional de
Consumo en el sentido de impulsar acciones, ya no sólo de cooperación
administrativa, sino incorporando a la sociedad civil organizada,
tanto asociaciones de consumidores como sectores empresariales, en
dichas acciones, y pone algunos ejemplos de actuaciones que ya están
en marcha, como por ejemplo la estrategia de actuación en las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores. Finalmente pide el voto favorable a su
proposición no de ley y muestra su satisfacción porque en estos
últimos años se hable de consumo en la Cámara y se le dé relevancia
como una de las políticas de futuro, atendiendo así a una de las
sensibilidades que más se están acentuando en la sociedad.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV);
Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; Riera i Ben, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Burgos Gallego.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre protección a los consumidores, en los
términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas
que se han puesto de manifiesto en el propio debate, se aprueba por
169 votos a favor, 111 en contra y una abstención.
Página.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
la creación de la delegación del Gobierno contra la violencia de
género . . . (Página 2200)
Defiende la proposición no de ley la señora Navarro Garzón, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Propone al Gobierno la creación
de una delegación del Gobierno contra la violencia de género que, por
desgracia, no deja de ser actualidad día tras día. Su iniciativa
pretende que desde esa delegación de Gobierno se coordinen todas las
actuaciones que se pongan en marcha desde los diferentes ministerios
implicados en la tarea y que se colabore y coordine con las
comunidades autónomas en todas aquellas iniciativas que sean de su
competencia y que en este momento ya están desarrollando. No
considera suficiente el Plan de acción contra la violencia de género
que actualmente está en marcha, porque el aumento de denuncias no
quiere decir que se den soluciones, y explica en que consistiría la
delegación del Gobierno que propugnan y que debería tener rango de
secretaría de Estado, dentro delMinisterio de la Presidencia.
Finalmente pide el
voto afirmativo para esta iniciativa que, aunque no es la solución,
sí es un paso más para terminar erradicando la lacra que supone la
violencia hacia las mujeres.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el
señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene la señora
Navarro Garzón.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de la
delegación del Gobierno contra la violencia de género, con la
incorporación de la enmienda presentada por el señor Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 112 votos a favor y 169 en
contra.
Se suspende la sesión a las ocho de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONSIDERACIÓN COMO
COTIZADO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERÍODO DE EXCEDENCIA LEGAL QUE
LOS TRABAJADORES DISFRUTEN POR CUIDADO DE FAMILIARES Y FINANCIACIÓN
DE SU COSTE ACARGO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. (Número
de expediente 122/000007.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de
excedencia legal que los trabajadores disfruten por cuidado de
familiares y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor
Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Quiero defender una proposición de ley, del Grupo Socialista, que
pretende en esencia cerrar el círculo de la protección a la
maternidad-paternidad y a las medidas favorecedoras de la
conciliación entre trabajo y familia. Esta es la esencia de lo que
voy a explicar a continuación, porque parto de la consideración,
señorías, de que nuestro derecho laboral ha recorrido un camino
extraordinariamente positivo -yo incluso diría que ejemplar- en los
últimos diez años, desde el año 1989 hasta el año pasado, en relación
con toda esta gran transformación que se está produciendo en el mundo
del trabajo como consecuencia, entre otras cosas, de la afortunada
incorporación de la mujer al mundo laboral. Las reformas que ha
habido que ir introduciendo en todo el esquema para favorecer la
maternidad-paternidad -no sé si con demasiado éxito, ésa es la
verdad, a la vista de las cifras demográficas de nuestro país-, pero
sobre todo las medidas que pretenden hacer compatible la carrera
profesional, el trabajo con la familia, en gran parte son
consecuencia de esa gran transformación.
Les haré un recorrido rápido por lo que han sido los grandes cambios
en nuestro derecho laboral, que explican lo que luego les propondré.
En el año 1989, nuestro Estatuto de los Trabajadores fue reformado
para que el permiso de maternidad fuera de 16 semanas -cuatro meses-
y se estableció por primera vez un período de excedencia de tres
años, el primero de los cuales se consideraba excedencia forzosa. En
el año 1990, un año después, la Seguridad Social se adapta a esta
gran reforma e incorpora el dato de que cuando la excedencia se
disfrute para el cuidado del hijo en este primer año de maternidad-
paternidad, siempre se consideraría ese período cotizado a la
Seguridad Social. Luego, en el año 1995, la ley se reformó y se
consideró que los tres años de excedencia que se habían concedido
anteriormente fueran todos ellos forzosos; es decir, que el carácter
de la excedencia permitiera la garantía de la vuelta al puesto de
trabajo, reservado por virtud de la consideración de forzosa de esa
excedencia. Y se hizo una cosa más: considerar computado a efectos de
Seguridad Social el período de tres años de excedencia para los
funcionarios.
La última reforma, la del año 1999, la Ley de conciliación familiar y
trabajo, ampliaba el derecho a la excedencia forzosa por un año para
el cuidado de familiares en el caso de accidente, de enfermedad o en
el caso de ancianos. Fue una medida del Gobierno popular tomada el
año pasado, con lo cual apreciarán que estoy haciendo una valoración
objetiva de la evolución
de nuestro derecho laboral en relación con este gran objetivo que es
conciliar trabajo y familia.
Les decía que queremos cerrar el círculo de esa protección porque hay
una anomalía absurda, que es la que pretende corregir nuestra
proposición de ley: en el caso de que se disfrute esa excedencia para
el cuidado de hijos hasta tres años o en el caso de que la excedencia
se disfrute para atención a familiares, con arreglo a la Ley de 1999,
hasta un período máximo de un año, lo que proponemos es que la
Seguridad Social considere cotizado ese período de tiempo, que no se
trunque la carrera del seguro de las personas que disfruten la
excedencia.
Señorías, puestos a argumentar la proposición de ley que les
presento, creo que hay un acto de congruencia absoluta, de lógica
total, ya que la política de reformas en nuestro derecho laboral ha
pretendido, como es evidente, que la familia pueda disfrutar -utilizo
bien el verbo- de la atención a sus ancianos y del cuidado de sus
hijos, que sea la familia quien lo haga, y para eso concede la
excedencia. La pregunta es si eso es suficiente, y la respuesta es
no. Muchas personas, madres o padres, que acaban de tener un hijo, no
pueden tomar esa excedencia no sólo porque dejan de ganar, sino
porque dejan de cotizar y éste es el problema que queremos resolver.
Ya es bastante duro, aunque la ley les reconozca la facultad de
tomarse la excedencia, que durante ese período de uno a tres años no
cobren, pero si además de no cobrar le añadimos que su carrera de
cotización queda cortada, muchas madres, muchos padres, muchas
personas que quieren cuidar a su madre, o a su padre, o a su hermano,
no lo hacen porque se interrumpe su cotización a la Seguridad Social.
Éste es un acto de justicia -entiendo yo- porque no olvidemos que el
cuidado de los niños o la atención a nuestros ancianos debiera ser
realizado, en correspondencia con este gran cambio que estamos
produciendo en la sociedad española de que la mujer trabaje fuera,
por servicios sociales públicos. Es decir, que lo correcto, lo
lógico, es que para que la mujer trabaje fuera, como en muchos países
del mundo, haya centros de atención que cuiden a nuestros niños de
cero a tres años, que no los hay en España, haya residencias para
nuestros ancianos, que no las hay en España. Ustedes saben que sólo
85.000 ancianos dependientes están instalados en residencias y que
hay más de 100.000 que están reclamando hoy una plaza que no hay.
Siempre recuerdo esta cifra: hay 800.000 ancianos en España que
tienen más de 80 años, a los cuales cuidan personas que tienen nombre
y apellido, se llaman mujeres, sus hijas o sus nueras. La cuestión es
que si establecemos la posibilidad de una excedencia para que puedan
cuidarles, lo correcto es que por castigarles con no cobrar, les
compensemos con el coste de la Seguridad Social. Esta es la
proposición.
Quiero señalarles, señorías, que esta propuesta responde, como acabo
de señalar, a una transformación
derivada de la incorporación generalizada de la mujer al mercado de
trabajo y la consiguiente ruptura de los esquemas socioculturales
tradicionales. Todo esto propicia un nuevo marco de relaciones
sociales, un marco que precisa de normas que protejan los principios
de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de reparto
equilibrado de responsabilidades en la vida privada y en la vida
familiar y también en la Seguridad Social. Queremos que la mujer
trabaje, que no se interrumpa su carrera profesional, que no se vea
privada de igualdad de oportunidades; queremos que el sistema se
adapte a esos cambios, pero la verdad es que, como les decía
anteriormente, nuestro sistema tarda en evolucionar. Por eso, reclamo
que sea el Estado el que, viéndose en cierto modo sustituido por la
familia en la cobertura de una atención que corresponde a las
instancias públicas, compense en este caso a las personas que toman
la excedencia con un mínimo al considerar cotizado ese período de
excedencia a la Seguridad Social. Esta es también, señorías, una
medida congruente con hacer compatible, como les decía antes, trabajo
y familia. Yo creo que es bastante evidente que la defensa de la
familia no es solamente una palabra, sino que exige un discurso
concreto, que se respalde con hechos, con políticas públicas de
soporte a la familia. Ustedes, por ejemplo, lo hicieron en el año
1999 con una ley que está bien pero que tiene lagunas que queremos
subsanar, por ejemplo, con esta proposición. Es decir, que si
realmente hay un discurso, que creo que es compartido, para hacer de
la familia no solamente un soporte del Estado del bienestar, sino
también un protagonista básico de la prestación de servicios como,
por ejemplo, el cuidado de nuestros niños o la atención a nuestros
ancianos, lo lógico es que ese discurso vaya amparado con medidas
como la que les proponemos ahora. Esta medida trata precisamente de
dar un paso más en la conciliación de la vida familiar y profesional,
pues garantiza a la trabajadora y al trabajador que la asunción de
sus responsabilidades en el ámbito familiar no tenga repercusiones
negativas en su futuro, y hoy las tiene, porque tres años sin cotizar
a la Seguridad Social pueden ser definitivos no solamente para el
disfrute de determinadas prestaciones, sino también para el cálculo
de las mismas.
Personalmente, señorías, me parece extraordinario fortalecer a la
familia que cría a sus hijos, que cuida a sus enfermos. Yo creo que
no hay mejor entorno, que no hay mejor modelo social, al margen de
que hayamos optado por otro. Sólo estoy reclamando que quien opte por
criar a los suyos y disfrute de la excedencia pueda hacerlo de una
manera completa, y no se vea lastrado, como he dicho ya varias veces
en mi intervención, por una interrupción de la carrera de su seguro,
que tan importante es para todos desde un punto de vista de
potencialidad de vida. Además -voy terminando, señora presidenta-, la
medida es congruente con todo nuestro entramado. Antes se lo
explicaba. Hemos reconoci-
do a los trabajadores y a las trabajadoras la posibilidad de que
tengan tres años de excedencia. Les hemos reconocido que sean de
excedencia forzosa, es decir, con reserva de puesto de trabajo. Es
más, les hemos reconocido en nuestro marco legal, desde el año 1990,
que el primer año cotiza a la Seguridad Social. Y la pregunta es:
¿Por qué no los tres? Si el espíritu de la norma de protección de
nuestro sistema va en la línea de que debe considerarse cotizado el
primer año de excedencia forzosa, mi pregunta es: ¿Y el que quiera
criar a sus hijos durante los tres años, por qué no puede hacerlo? Si
ustedes, señores del Partido Popular, en su Ley de 1999 establecen un
año de excedencia para cuidar a familiares, ¿por qué no les damos la
oportunidad de que no sólo cuiden a sus familiares sin cobrar, sino
sin truncar la carrera de su seguro? Si me apuran, la incoherencia es
todavía mayor teniendo en cuenta que hay un conjunto de trabajadores,
los funcionarios, a los que se les reconoce la cotización de los tres
años. Lo absurdo es que en la práctica nuestro sistema ha establecido
diferencias absolutamente incongruentes, que hoy no pueden
explicarse, porque los funcionarios, dos millones y pico de personas,
tienen tres años de excedencia y los tres con cotización, y yo me
pregunto por qué no pueden tener lo mismo los trabajadores que
quieran disfrutar de ese permiso.
Señorías, esta misma mañana he visto por casualidad una información
del Consejo Económico y Social español, organismo que, por cierto,
elabora informes no solamente de extraordinaria importancia por su
origen, sino por su contenido. No solamente son importantes porque
ahí están sindicatos, empresarios y otros representantes de la
sociedad española, sino porque esos informes tienen un gran
significado en el ámbito sociolaboral. Pues bien, el CES cree que la
Seguridad Social no se ha adaptado a la incorporación de la mujer al
trabajo y repite que, a su juicio, el acceso femenino a las
prestaciones se enfrenta a mecanismos propios de la España de los
sesenta. Tiene mucha razón. Hay una urgencia en adaptar el sistema de
prestaciones a este gran cambio que representa que todas nuestras
mujeres puedan trabajar. Hoy todavía no lo hacen -como ustedes saben
muy bien, sólo el 40 por ciento de nuestra población femenina es
población activa-, pero quieren hacerlo y de lo que se trata es de
que esta medida facilite de verdad esta ecuación de conciliación
entre trabajo y familia.
Termino. Estoy seguro, señorías, porque he visto los diarios de
sesiones de algún debate semejante que ha tenido lugar en etapas
anteriores, que me van a decir que tengo razón, que está bien lo que
digo, que es correcto y congruente, pero que se haga en el Pacto de
Toledo. Señorías, no me digan eso. Nuestra proposición de ley
contempla la financiación del coste de esta medida a través del
Estado. Si luego tenemos que discutirlo en el Pacto de Toledo, lo
discutiremos, pero hoy se puede hacer y se debe decidir como la
aportación de
los presupuestos del Estado a una política que es urgente y cuya
decisión se puede tomar hoy con la aportación presupuestaria que
corresponda, que por cierto no será mucha. Hoy puede decidirse eso,
sin perjuicio de que en el debate sobre el Pacto de Toledo se
complemente, como dice el CES, nuestro sistema de cobertura de la
Seguridad Social en el acceso de la mujer al trabajo. Hoy puede
tomarse esta decisión porque, repito, su coste es bajo y su función
es noble y encomiable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego, que es
claramente favorable a la toma en consideración de esta proposición
de ley presentada por el Grupo Socialista, ya que pensamos que supone
un paso adelante en el camino de la consecución de un objetivo que
une a todos los miembros de la Cámara, por lo menos nos une a nivel
de declaraciones y de proclamas, que es la efectiva conciliación de
la vida laboral y familiar. Ya ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista al defender la proposición de ley que la tasa de actividad
femenina en el Estado español no llega al 40 por ciento -es de un
38,5 por ciento- y esta medida puede ser un acicate para no sólo
aumentar la tasa de actividad de las mujeres, sino también para
permitir que tomen la decisión consciente, voluntaria, de tener
hijos.
También estamos de acuerdo con las medidas que se proponen. En
concreto con que la financiación de esta cotización no sea con cargo
a los fondos de la Seguridad Social, sino a los Presupuestos
Generales del Estado. Entendemos que se trata de una medida de
solidaridad, de fomento de la natalidad y del acceso de la mujer al
mercado de trabajo que no debe ser soportada por la Seguridad Social,
sino por los Presupuestos Generales del Estado. Alguien recordaba
hace poco que no había nada escrito que prohibiese que la Seguridad
Social, que las pensiones, en este caso que el fomento del acceso de
la mujer al trabajo y de la natalidad se subvencionase con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado. Creo que el proponente del
Grupo Socialista se equivocaba al pensar que por parte del Grupo
Popular no se va a invocar la Comisión de estudio del Pacto de Toledo
para rechazar esta proposición de ley. Nosotros lo intentamos con el
régimen especial de autónomos y se nos remitió a esa Comisión del
Pacto de Toledo. Me parece una mala política y no aprobar la toma en
consideración de esta proposición de ley me parecería una oportunidad
perdida. Esta expresión de apoyo del Bloque Nacio-
nalista Galego debe entenderse sin perjuicio de que en la eventual
tramitación de esta proposición de ley se introduzcan algunas
modificaciones. Por ejemplo, estaríamos dispuestos a ir más allá y
que estos tres años de excedencia legal se entendieran como cotizados
a efectos de seguro de desempleo. Podría ser un avance respecto de lo
previsto en esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario,
Coalición Canaria, sobre la presente proposición afirmando que
compartimos en parte lo que subyace en la motivación de la misma. La
proposición de ley plantea que la duración de tres años de excedencia
por cuidado de familiares sea cotizable íntegramente, sustituyendo
así la actual reglamentación de la Ley General de Seguridad Social,
que establece un período de cotización de un año en lo que se refiere
al cuidado de los hijos. No estamos seguros de que esta iniciativa
sea una buena solución, por dos razones. Nos parece lógico que se
amplíe el período de un año que está establecido para las situaciones
de riesgo que se dan en muchas de estas excedencias. Ampliarlo hasta
los tres años creemos que va en consonancia con lo que la Ley de
conciliación familiar establece al respecto.
No compartimos, en cambio, que se haga recaer en estos momentos en
los Presupuestos Generales del Estado el resto de las cotizaciones
hasta los tres años. Entendemos que, aunque es cierto que es una
coletilla que se viene escuchando en esta Cámara el remitir esta
problemática, al igual que otras, al debate de la Comisión sobre el
Pacto de Toledo, debe valorarse en ese contexto de una forma más
global, como bien dijo el portavoz del Grupo Socialista. Creemos que
nuestro ámbito de Seguridad Social debe evolucionar, como lo ha hecho
en otros países europeos, dando respuesta a la cobertura del acceso
de la mujer al trabajo. Pero son otros los condicionantes que hay que
añadir con respecto al acceso de la mujer al mundo del trabajo. Por
un lado, no vemos que coyunturalmente se adopten posiciones para que
estas cotizaciones recaigan en los presupuestos del Estado.
Entendemos que el mejor foro para debatirlo con perspectiva de futuro
es el seno de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y habría
que evitar que, con o sin cotizaciones de la Seguridad Social,
siguiera recayendo en la mujer el cuidado no sólo de los hijos, sino
de las personas mayores que forman parte de la familia. Esta medida
no puede tomarse aisladamente. Han de articularse otras medidas para
que no condenemos a la mujer a que continúe perpetuándose como
cuidadora de los miembros de la familia.
En otros debates hemos apoyado otro tipo de medidas para dar
respuesta al papel que tradicionalmente ha ejercido la mujer como
cuidadora de los familiares, que hasta ahora ha sido prácticamente su
responsabilidad.
Estos son los argumentos por los que mi grupo se abstendrá en la
votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señoras y
señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
al fijar posición sobre esta proposición de ley a la que ya anuncio
nuestro voto favorable, tiene la misma sensación que ya hemos
expresado en otros momentos. Estamos debatiendo parcial y
aisladamente numerosas correcciones a nuestro sistema de protección
en lugar de realizar una revisión global de las insuficiencias que
podemos detectar.
Por otra parte, un mecanismo de reforma del sistema de protección
basado en iniciativas partidarias en lugar de un desarrollo
consensuado del sistema de protección está condenado al fracaso ante
el ejercicio de la mayoría absoluta que viene ejerciendo el Partido
Popular. Me podrán decir que también en otro tipo de debates podremos
sufrir el mismo resultado. Nos atrevemos a proponer que abordemos
colectivamente, en el contexto del seguimiento y revisión de nuestro
sistema de protección, una reflexión común y global sobre las
insuficiencias de los distintos aspectos del sistema. Efectivamente,
una de las lagunas más evidentes del sistema son las dificultades que
tienen muchos trabajadores y trabajadoras en el nuevo contexto social
y económico y en el contexto de la regulación laboral para construir
una carrera de seguro. Esta es una circunstancia sobre la que se
acumulan no pocas sombras que apuntan dificultades de futuro, una
fuente de problemas a largo plazo que se está sembrando en este
período vertiginoso de cambios en el mercado de trabajo que se vienen
produciendo desde hace unos pocos años y, sobre todo, desde que
gobierna el Partido Popular.
Insistimos en que esta es una reflexión que debe abordarse en el
marco de un consenso global de fuerzas políticas y sociales. La
reconstrucción de carreras de seguros tiene la misma dimensión social
que la preocupación que unos y otros hemos expresado en relación con
nuestro sistema de pensiones. Por ello llamamos la atención al Grupo
Socialista. Quizás convinieron -dicho sea con respecto a la autonomía
de su estrategia parlamentaria- considerar globalmente toda esta
batería de propuestas que vienen presentándose sobre el sistema de
protección en el marco de una discusión global, compartida en la
perspectiva de lograr un consensoreformador que nos permita ser
eficaces, comprometer
realmente al Gobierno e impulsar un diálogo entre sindicatos
y administraciones sobre estos asuntos.
En lo que llevamos de legislatura hemos tenido oportunidad de
debatir, a propuesta de Izquierda Unida o del Grupo Socialista,
necesarias reformas sobre el sistema de protección en autónomos,
empresas de trabajo temporal, complemento a mínimos y algunas otras.
Estos debates no han permitido por ahora avanzar en la mejora de
regulación de la protección social en estos campos ni en ningún otro.
Por ello, no dejamos de insistir en una revisión y consideración
global en la medida que intentos parciales ajenos a una lógica de
consenso no parecen ser útiles para la sociedad española. Esta
consideración se refiere a la eficacia política de la propuesta, que
consideramos relevante. En este punto no dejaremos de indicar que nos
gustaría que el debate sobre el sistema de protección conciliara la
legitimidad de la diferencia política con la eficacia del consenso
sobre la política de protección. Ciertamente, esta consideración no
empaña lo razonable de la propuesta que estamos discutiendo.
La cuestión que nos ocupa, además de la lesión a las carreras de
seguros, que presenta la circunstancia que se señala, suma el hecho
de que esta dificultad puede convertirse en una penalización para
aspectos sustanciales y que todos hemos enfatizado, la posibilidad de
conciliar vida doméstica y vida profesional. La excedencia solicitada
para el cuidado de personas, compatible con un ejercicio profesional
suspendido por esta razón, debe completarse con aquellas condiciones
de protección que no castiguen el ejercicio de este derecho. La
extensión del beneficio de la Seguridad Social es sin duda un
complemento necesario para que este derecho sea un derecho completo,
protegido y sin cargas de futuro para el trabajador o trabajadora que
decidiera ejercerlo. Fue una exigencia clamorosa de las centrales
sindicales en el momento de la elaboración de la ley frente a la que
no se expresó por parte de sus redactores la necesaria sensibilidad.
Compartimos su idea de que sean los presupuestos del Estado los que,
como expresión de solidaridad, financien el coste de esta medida.
No puede llamarse la atención sobre la política de familia y la
necesidad de apoyar la liberación de la mujer de estas cargas y de
proteger esta forma de convivencia y no introducir estas cuestiones
en la lógica de la solidaridad que se expresa a través de los
Presupuestos Generales del Estado. Como señalamos en la reflexión
y debate de los presupuestos que realizamos recientemente, la política
de contención que se ha efectuado permite revitalizar los esfuerzos
de solidaridad y destinar recursos especialmente a mejorar el sistema
de protección, la carrera de seguros de trabajadores y trabajadoras,
y es el caso que discutimos.
En una palabra, lo que esta propuesta hace es llamar a la coherencia,
coherencia sobre una conciliación de trabajo y vida familiar que no
sea simple cosmética, coherencia sobre la solidaridad con la familia,
coherencia con
un sistema de protección que permita carreras de seguros razonables a
los trabajadores. Como hemos dicho, este es un campo donde hay otros
muchos déficit y quizá fuera un buen mensaje empezar por esta
cuestión.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para explicar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán ante la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista.
Convergència i Unió ha situado en esta legislatura como una de sus
prioridades de actuación el impulso de iniciativas tendentes a
reforzar el ámbito de las políticas, en sentido amplio, de familia y
muy especialmente de las políticas que faciliten la compatibilización
de la vida familiar y laboral, con un triple objetivo: el objetivo de
facilitar una mayor y más importante incorporación de la mujer al
mercado de trabajo y, como muy acertadamente recordaba el señor
Aymerich, partiendo de la constatación de que el Estado español es el
Estado de la Unión Europea con la tasa de actividad más baja del
conjunto de la Unión, facilitar que las familias, que las parejas y
muy especialmente las parejas más jóvenes, puedan tener hijos, puedan
ejercer su maternidad o su paternidad de manera normal y además hacer
posible también la atención de las personas mayores, de las personas
dependientes, en el seno de las unidades familiares.
Lo hacemos en un contexto de un Estado del bienestar, el Estado del
bienestar en el Estado español, seguramente poco desarrollado en
relación con el conjunto de los Estados de la Unión en esta materia.
Y es evidente, como recordaba el señor Jáuregui, que, en esta
cuestión concreta, a lo largo de estos últimos diez años se han
producido avances importantes. También es cierto que en la pasada
legislatura, la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral fue
un buen ejemplo de ello o que aspectos sustanciales incorporados en
la reforma fiscal, como la presencia del mínimo vital, iban también
en la línea de considerar a las familias como un núcleo central de
nuestras políticas públicas. Asimismo existen innumerables
recomendaciones europeas de la Comisión Europea que van en esta
línea.
Hace poquísimos días, el 21 de noviembre, se hacía público un
informe, basado en cifras de Eurostat, en el que se daban suficientes
elementos para preocuparnos a todos sobre nuestros niveles de
protección social y sobre nuestros niveles de actuación en favor de
las familias. El Estado español llega a un 48,5 del nivel de
protección social en el conjunto de la Unión
Europea, destinando tan sólo un 21,4 del PIB a estas consideraciones,
con una media del conjunto de la Unión del 28,2. Y específicamente en
las prestaciones de familia e infancia nos situábamos a la cola de
los países de la Unión Europea, en el 0,4, siendo la media el 2,3.
Por tanto, existe una necesidad objetiva de avanzar en esta materia.
Nuestro grupo, desde el inicio de esta legislatura, ha presentado dos
interpelaciones y dos mociones subsiguientes a las mismas. Una para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y otra, más
amplia, sobre políticas de familia. Y como anunció nuestro portavoz,
el señor Trías, en el reciente debate presupuestario, tenemos
intención de traer a la Cámara una proposición de ley de adaptación
de modernización de la Ley de familias numerosas; otra cuestión que
no está suficientemente bien resuelta. Todo ellos son elementos que
nos llevan necesariamente hoy a votar a favor de esta toma en
consideración. Nos parece que enlaza con las posiciones que hemos
mantenido en esta legislatura y que es una evidencia que nadie puede
desechar. Como apuntaba el portavoz de Izquierda Unida y la portavoz
del Grupo Canario, es evidente que el Pacto de Toledo es un buen
espacio para profundizar en estas cuestiones y nos parece que la toma
en consideración, que es el inicio de un proceso parlamentario de
discusión de una modificación legislativa, es perfectamente
compatible con profundizar, desde la vía del consenso y en el marco
del Pacto de Toledo, esa modificación real de nuestro sistema de
protección social muy especialmente en el ámbito de las políticas de
familia. Nos gustaría que esta iniciativa del Grupo Socialista
suscitase hoy un apoyo mayoritario de la Cámara y pudiésemos
tramitarla.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Montseny,
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, subo a la
tribuna para poner en conocimiento de esta Cámara la posición del
Grupo Parlamentario Popular, al que represento en el uso de la
palabra en este momento, en relación con la proposición de ley sobre
consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de
excedencia legal que los trabajadores disfruten por cuidado de
familiares y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado.
Nada es más triste para un portavoz que representa en un momento dado
a un grupo parlamentario que, cuando se suscitan determinadas
cuestiones de contenido social, no poder acogerlas todas
favorablemente. Es triste porque yo quiero pensar, entender y razonar
que, ya no a todos los grupos políticos sino a todos y a cada uno de
nosotros, a todos los diputados de esta Cámara
les gustaría hacer milagros en cuanto a todo aquello que pudiera
mejorar la cuestión social, la solidaridad y, en general, ya no sólo
el sistema único de Seguridad Social, sino también todo lo relativo a
servicios sociales, en el campo contributivo y en el campo no
contributivo, en todas las esferas.
Se hizo un esfuerzo muy importante en el año 1989 cuando se presumió
la ficción de que a una persona que cogiera excedencia por razón de
maternidad o de paternidad se le considerara que ese año podría ser
tenido en cuenta como cotizado. Ir más allá, señorías, cuando
estábamos hace escasamente cuatro años en un sistema de Seguridad
Social con problemas -por cierto, señor Jáuregui, que lo digo con
todo el cariño del mundo, porque creo que haberse mejorado con el
esfuerzo de todos el sistema de Seguridad Social en los cuatro
últimos años es algo que nos debe enorgullecer-, ir más allá y
presumir, ya no sólo que habrá tres años de cotización sino que se
extendería esa obligación de cotizar a aquellas personas que cogieran
la jubilación forzosa por cuidado de familiares y englobar por
primera vez una partida general en los Presupuestos Generales del
Estado para cotizar esas obligaciones sería importante en cuanto a la
cuantía. Su coste supondría aproximadamente unos 40.000 millones de
pesetas al año. Pero ya no sólo razones económicas sino razones de
índole jurídica deberían ser analizadas con mucha mayor profundidad
en esta Cámara, ya que, puesto que la Ley de consolidación y
racionalización de los Pactos de Toledo establece con carácter claro,
contundente y muy general, cómo se deben financiar las cotizaciones a
la Seguridad Social, presupondría un agravio comparativo con aquellas
personas que nunca han cogido una excedencia y que vienen obligadas a
cotizar 35 años al sistema de la Seguridad Social. Usted ha aducido
que parte de los funcionarios lo tienen reconocido y hay que decir
que sólo es para aquellos que están incluidos en el régimen de clases
pasivas y no respecto de los funcionarios incluidos en el régimen
general de la Seguridad Social.
Señorías, yo creo que en los últimos cuatro años se ha hecho un
esfuerzo importante en el campo de la Seguridad Social, ya no sólo de
medidas para proteger a la familia, que han sido importantes y que
quiero enumerar, sino también para mejorar en todo lo posible la
cobertura de prestaciones, como por ejemplo legislar por ley la
revalorización de las pensiones con arreglo al índice de precios al
consumo; aumentar las cuantías mínimas de las prestaciones que
provenían del antiguo seguro obligatorio de vejez y de invalidez, que
habían estado congeladas durante muchísimos años; se han aumentado
las pensiones mínimas, con un esfuerzo importante por parte del
Gobierno, porque vuelvo a repetir que partíamos de una situación
precaria y de déficit económico en las arcas de la Tesorería del
sistema de la Seguridad Social; se han aumentado, aunque sabemos que
no es mucho y que hay que hacer todo lo
que sea posible para seguir mejorando el sistema de protección
social, las prestaciones mínimas para los perceptores o perceptoras
de pensiones de viudedad con una edad menor a los sesenta años, y esa
mejora ha presupuesto a lo largo de tres o cuatro años una cantidad
nada desdeñable, sobre 37.000 pesetas mensuales que preconizaba ese
mínimo, aproximadamente un aumento lineal de unas 10.000 pesetas
mensuales. Me parece que el esfuerzo es importante.
Por parte del Gobierno se han llevado a cabo muchísimas medidas para
mejorar la protección a la familia. En esa línea ha ido parte de la
reforma fiscal en la que hay ya desgravaciones importantes por hijos,
con lo cual indirectamente se fomenta la natalidad. También hay un
incremento de las prestaciones por hijos a cargo y ha habido por
primera vez prestaciones reconocidas en caso de partos múltiples. Se
ha hecho la redefinición del concepto de familia numerosa, que es muy
importante para la protección a la familia. Y, finalmente, por
primera vez en esta Cámara se ha debatido la ley de conciliación de
la vida familiar y laboral, para lograr que la mujer, en ese tercer
plan de oportunidades de igualdad entre el hombre y la mujer, pueda
seguir accediendo a ese mercado laboral. Sin duda nos queda mucho por
hacer y sin duda el Gobierno estudiará todas y cada una de las
iniciativas que provengan de cualquiera de los grupos parlamentarios
para fomentar la cohesión social. Señorías, me gustaría poner el
énfasis en una cosa. Se pueden debatir muchos argumentos en cuestión
de reforma fiscal, en reformas administrativas, en fomento de las
infraestructuras, pero hay cuestiones importantísimas en las que no
debemos caer en la tentación fácil de que el electorado piense que
queremos hacer un punto más. Tanto la Seguridad Social como las
cuestiones de terrorismo, las cuestiones de sanidad o las cuestiones
de salud pública son cuestiones de Estado, y lo digo muy
sinceramente.
Señor Jáuregui, yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
porque en ningún momento pretendo aludirle de forma personal, en
legislaturas pasadas he llevado a cabo iniciativas de mejora de la
Seguridad Social a las que el Grupo Parlamentario Socialista tenía
que decir que no porque la situación económica era precaria. Creo que
hemos consolidado un poco el sistema de la Seguridad Social y lo
hemos saneado entre todos, pero debemos ser lo suficientemente
responsables, cautos y congruentes para poder decir a las
generaciones futuras, no con ánimo de llevar el miedo a nadie, sino
con el ánimo de consolidar el futuro del sistema de la Seguridad
Social, que no vamos a ir más allá de los planteamientos que
puramente podamos asumir. Porque, señor Jáuregui, la gente muy joven
tiene miedo de que el día de mañana no haya recursos suficientes para
el sistema de la Seguridad Social. Cambiar esa naturaleza
contributiva de los tres años de cotización con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado cambiaría el contenido del Pacto de
Toledo, que se está
estudiando ahora, que hay que analizar en profundidad y sobre el que
hay que hacer una consideración muy importante. Porque esta diputada,
que está en esa Comisión no permanente, ha estado presente en la
comparecencia de muchos secretarios de Estado de países que conforman
la Unión Europea. Hay países que, habiendo llegado más allá en la
protección social, han tenido que emprender medidas correctoras. Y
partían de puntos mucho más consolidados que el nuestro. Con todo el
cariño y con todo el respeto del mundo, seamos cautos. Porque en los
gobiernos hay alternancia. El Gobierno del Partido Popular tiene la
obligación de asumir lo que se pueda asumir y no dejar hipotecados
gobiernos futuros ni generaciones futuras.
Para terminar, quiero decir que mi grupo ha presentado una
proposición no de ley el 9 de octubre de este año, en la que se insta
al Gobierno a que estudie aquellas medidas que puedan conducir en la
nueva situación económica y social de la familia en España a seguir
ahondando en aquellas iniciativas que puedan ayudar y proteger a la
familia, continuando con la reforma de la legislación fiscal, como ha
dicho el ministro de Hacienda. Porque nadie tiene tan claro como mi
grupo que la protección a la familia es la protección al primer
pilar, a la primera célula de nuestra sociedad.
Lamentamos no poder decir que sí siempre a iniciativas de cualquiera
de los grupos, pero creemos que tenemos la responsabilidad, no sólo
nosotros sino todos, de pensar en el futuro de las nuevas
generaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre consideración como cotizado
a la Seguridad Social del período de excedencia legal que los
trabajadores disfruten por cuidado de familiares y financiación de su
coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 134; en contra, 152, abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), REGULADORA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS MONTES VECINALES
EN MANO COMÚN. (Número de expediente 122/000030.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto,
sobre regulación del régimen tributario de los montes vecinales en
mano común.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.
(Rumores.)
Señorías, es preciso poder continuar con el debate en un mínimo de
condiciones de audición. Ruego a SS.SS. que abandonen el hemiciclo en
silencio, aquellos que lo vayan a hacer, y el resto, por favor,
ocupen sus escaños. (Pausa) Adelante, señor Vázquez. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley reguladora del
régimen tributario de los montes vecinales en mano común que el
Bloque Nacionalista Galego presenta en esta Cámara para su toma en
consideración pretende que se cambie el actual régimen fiscal al que
están sometidas las comunidades de montes a través del impuesto de
sociedades por otro sistema que se adapte a las características y
necesidades y por tanto a la realidad y significado de los montes
vecinales en mano común.
Para poner, aunque sea brevemente, en antecedentes a algunas de SS.
SS (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, un segundo, por
favor.
Ruego a SS.SS. guarden el debido respeto para con el orador.
Prácticamente no se oyen sus palabras en el hemiciclo.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Aun así,
intento hacer llegar mis palabras.
Decía que, para poner en antecedentes brevemente a las señorías que
quieran prestar alguna atención a este tema, conviene decir que los
montes vecinales en mano común son una forma de propiedad singular,
peculiar y distinta, con fuerte presencia en Galicia y en menor
medida también en otras comunidades como Asturias, Castilla y León o,
aunque no venga al caso en este momento, Portugal, donde también
existen figuras afines a ésta. Es una forma de propiedad indivisible,
inalienable, inembargable e imprescriptible. Por hablar del caso de
Galicia, y también como dato, sepan que existen aproximadamente 2.800
montes vecinales en mano común, que ocupan aproximadamente 675.000
hectáreas. No estamos hablando por tanto de un problema menor.
Estas comunidades, de las que forman parte todos los vecinos por el
simple hecho de serlo, defendieron sus derechos a lo largo de los
tiempos y más recientemente resistieron el intento durante el
franquismo de desposeerlos de esos derechos sobre estos montes. Son,
por tanto, comunidades vivas, que además jugaron y
juegan un papel decisivo y básico en el impulso de las tres funciones
fundamentales del monte, es decir, la económica, la ecológica y la
social.
Las comunidades de montes vecinales en mano común juegan también un
papel de primer orden en la creación de riqueza y en su
redistribución social. Es conocido por muchas de SS.SS. el papel que
desempeñan al invertir sus beneficios en equipamientos y servicios
para la población como centros culturales, traídas de agua,
infraestructuras deportivas, etcétera, que las administraciones no
cubren. Se trata, pues, de una figura peculiar, como en su día
certificó la extinta Audiencia Territorial de A Coruña, avalada por
el Tribunal Supremo, certificación que llegó a plasmarse en el
artículo 4.3 de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957.
El Bloque Nacionalista Galego defiende, por tanto, la existencia de
esta forma de propiedad y de organización de base democrática y
participativa que se articula a su alrededor. La defendemos porque,
como decía antes, es la mejor forma de defender la utilización global
del monte en su triple faceta económica, ecológica y social frente a
los intentos, que no duden ustedes que existen, de controlar este
tipo de montes por quienes no son sus legítimos dueños. Para esa
defensa es fundamental que la Administración no ponga más trabas o
dificultades a la existencia de estas organizaciones y adecue la
legislación a la realidad de las mismas, también a la realidad
fiscal. Esta proposición de ley pretende que el régimen fiscal que se
establezca sea justo y adecuado a la realidad de lo que representan y
son las comunidades de montes vecinales en mano común. Es muy
importante comprender lo que representan y son para llegar a ese
sistema fiscal justo. Es necesario entender -y el Gobierno, desde
nuestro punto de vista, debe hacerlo- que existen realidades
distintas, específicas, que no se ajustan a lo que es común en el
conjunto del Estado y que, por tanto, precisan soluciones diferentes
a las comunes o generales.
Como saben SS.SS., el Bloque Nacionalista Galego ya en la pasada
legislatura defendió, a través de una proposición no de ley, el
establecimiento de un régimen fiscal ajustado a la realidad de la que
hablamos. Desgraciadamente, el Gobierno optó por otra fórmula y a
través de la ley de acompañamiento, y en nuestro criterio sin dar
tiempo a sopesar las razones y planteamientos de muchos de los
afectados por esta cuestión, decidió incluir a las comunidades de
montes vecinales en el impuesto de sociedades, introduciendo un nuevo
apartado en la Ley 43/1995 que, más allá de su inadecuación, creemos
de dudosa constitucionalidad, puesto que la disposición final novena
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no habilita a las leyes de
presupuestos para modificar el ámbito personal del mismo. En todo
caso, nosotros valoramos como inadecuado e injusto este impuesto,
independientemente de la argumentación esgrimida por quienes la
defienden, en el
sentido de que las comunidades gozan de diversas bonificaciones y
reducciones a la hora de aplicarlo.
Señoras y señores diputados, las comunidades de montes vecinales en
mano común no son sociedades, no tienen personalidad jurídica propia.
Una sociedad -y aquí voy a citar a don Antonio Díaz Fuentes, ponente
precisamente de la Ley de montes vecinales en mano común- es de
naturaleza voluntaria, se asocian los que quieren hacerlo y cuando lo
desean la disuelven, lo que no sucede en el caso de estas
comunidades, cuya pertenencia es forzada y perpetua.
Con este impuesto, además, se somete a estas comunidades a una doble
tributación: la derivada del impuesto de sociedades y la vía IRPF, en
el caso de que se distribuyan las rentas entre los comuneros. Por
otro lado, la cumplimentación de este impuesto somete a unas
obligaciones burocrático-administrativas a estas comunidades que en
muchos casos, como saben muchas de SS.SS., se ven imposibilitadas de
llevarlas a cabo, lo que hace que o no cumplan con estas obligaciones
o recurran a la asesoría externa, burocracia que sin duda contribuye
a desvitalizar estas comunidades más si cabe en aquellas zonas de
gran éxodo rural.
El modelo fiscal es inadecuado y se fundamenta en criterios que,
desde nuestro punto de vista, no tienen en cuenta la peculiaridad de
los montes vecinales en mano común ni la realidad social de las
comunidades, ni se deriva del análisis profundo y certero de la
procedencia de las rentas y aprovechamientos de estas comunidades. No
es de extrañar que este impuesto cuente con el rechazo de muchas
comunidades de montes, de muchos ayuntamientos de distinto color
político cuyos plenos solicitan la modificación de este modelo de
fiscalidad, de expertos y, desde luego, de varios grupos políticos,
entre los que se encuentra el nuestro. Tomar en consideración esta
proposición de ley, señoras y señores diputados, que depende en lo
fundamental -y hay que decirlo- de la voluntad política del Partido
Popular, permitiría sentar las bases para establecer un nuevo régimen
fiscal más justo y adecuado a la realidad y, además, realizar un
debate sobre este tema, lo que en su día no se hizo, e incluir las
propuestas de los distintos grupos de la Cámara para mejorar el
propio texto que el Bloque Nacionalista Galego presenta. Es una buena
oportunidad de corregir lo que muchos consideran injusto e inadecuado
en lo referido a la aplicación del impuesto sobre sociedades a estas
comunidades de montes.
Esta proposición de ley que presentamos atiende, en primer lugar, a
la naturaleza jurídica de los montes vecinales en mano común; en
segundo lugar, a la realidad de las comunidades; en tercer lugar, al
origen de los aprovechamientos obtenidos. A partir de estas
consideraciones es como se articula la propuesta de régimen fiscal
que permite el adecuado control por parte de la Agencia Tributaria,
simplificando la burocracia a la
que se ven sometidas estas comunidades para cumplir sus obligaciones
con el fisco.
La legislación específica que regula los montes vecinales en mano
común contempla dos formas de aprovechamiento. En primer lugar, los
aprovechamientos individuales en el caso de que la comunidad decida
ceder, onerosa o gratuitamente, para usos ganaderos o agrícolas a
vecinos comuneros lotes o parcelas con carácter temporal. En segundo
lugar, contempla los aprovechamientos colectivos cuya titularidad
recae en la propia comunidad, quien determina su distribución bien
realizando repartos entre los comuneros, bien reinvirtiendo en
mejoras del propio monte o en obras de interés general de toda la
comunidad.
Sobre esta doble distinción articulamos la tributación de los
rendimientos derivados de los aprovechamientos de forma coherente con
la legislación específica. Proponemos que los aprovechamientos
individuales y las rentas distribuidas entre los comuneros se
incluyan en la declaración anual del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, y en este supuesto la comunidad se limitaría a
facilitar a la Agencia Tributaria los datos correspondientes. En el
caso de que existan aprovechamientos colectivos serían declarados por
la comunidad vecinal, deduciendo de la base imponible las inversiones
destinadas a la mejora, protección, conservación, equipamiento y
servicios del propio monte y también aquellas destinadas a financiar
obras y servicios de interés social, permitiendo la reducción de la
cuota líquida a aquellas comunidades que desarrollen planes de
ordenación o gestión forestal, es decir, que muestren especial
sensibilidad por el desarrollo sostenible del medio ambiente. El tipo
de gravamen de la base imponible determinada con arreglo a las
reducciones y deducciones anteriores sería del 10 por ciento, en
consonancia con el aplicado a las fundaciones puesto que, como hemos
dicho anteriormente, las comunidades de montes vecinales en mano
común cumplen una importante función social, sirven al interés
general de manera significativa, de forma similar la desempeñada por
estas fundaciones. En el marco de esta proposición de ley se prevén
exenciones en los tributos locales, así como las obligaciones
contables a que deben someterse las comunidades de montes.
Estamos ante una propuesta que no pretende, como se ve, eximir a
estas comunidades del cumplimiento de sus obligaciones fiscales o que
busque la opacidad o la falta de control de la Administración. Lo
digo por si alguna de SS.SS. cree que esta proposición quiere
alcanzar esos objetivos. Nada de eso. Simplemente pretende, insisto,
un régimen fiscal justo y adecuado que reconozca la particularidad de
esta forma de propiedad.
Por último, reconociendo la importancia territorial y social que
representan los montes vecinales en mano común, proponemos que se
aborde la transferencia de la competencia exclusiva de la potestad
legislativa de recaudación y gestión de este régimen tributario a la
Comunidad Autónoma de Galicia y que, en tanto esta transferencia no
sea efectiva, se transfieran las cantidades ingresadas por este
concepto a la comunidad autónoma. Transferencia de competencias que
-no entramos en este debate- debería realizarse a otras comunidades
autónomas en cuyos territorios existen estas formas de propiedad del
monte en la medida en que lo deseen.
Concluyo, señor presidente. Esta proposición no de ley pretende
sentar las bases de un régimen fiscal justo para las comunidades de
montes vecinales en mano común, un régimen ajustado a la realidad que
evite el rechazo que el actual impuesto sobre sociedades está
generando en muchas de estas comunidades, como SS.SS. saben; un
régimen que contribuya a hacer viables estas importantes formas de
organización social, respetando su personalidad y su diferencia,
porque con ello contribuiremos a mantener vivos nuestros montes, lo
que no se conseguirá -hay que decirlo- contra el criterio de los
vecinos. No duden SS.SS. de que el monte no se puede mantener vivo
contra el criterio de los vecinos que, por cierto, fueron quienes lo
mantuvieron vivo durante siglos. Estas comunidades son esenciales en
el mantenimiento, conservación y diversificación del aprovechamiento
forestal del monte, como lo es su función social, y no son
prescindibles. Ninguna medida, por involuntaria que sea, debe
contribuir a la desaparición de esta forma de organización social.
Nosotros vamos a oír con atención, cómo no, la posición de otros
grupos de la Cámara sobre la toma en consideración de esta
proposición de ley, que esperamos sea favorable a la misma, aunque de
entrada tengo que decirles que no encontramos razones de fondo que
puedan explicar la negativa a esa toma en consideración, aunque sólo
fuese por el rechazo amplio, al que hice referencia antes, que la
aplicación del actual impuesto sobre sociedades suscita y, por tanto,
la necesidad de reconsiderar el carácter justo, algo que es posible
hacer sin mayor problema, simplemente con voluntad política, porque
no es malo ni supone trauma alguno volver a echar un vistazo a una
cuestión como esta y corregir este régimen fiscal con la aportación y
participación de todos los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez. ¿Algún
grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto, a través del portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, ha traído aquí una materia que este diputado ha
tratado reiteradamente en
este Parlamento: las comunidades y la tributación de los montes
vecinales en mano común. La Ley 55/1980, que incorporó al cuerpo
legislativo del Estado español una ley propia de los regímenes de los
montes vecinales en mano común creó un primer problema: no definió la
personalidad jurídica de las comunidades. Desde 1980 hasta 1995,
durante 15 años tuvimos el problema de los efectos tributarios que
ocasionaba. Afortunadamente, la Ley 43/1995, del Impuesto sobre
Sociedades, vino a reconocer a las comunidades titulares de montes
vecinales en mano común como sujetos pasivos del impuesto sobre
sociedades, una personalidad jurídica, lo que no estaba reconocido en
la Ley de 1980. Aquí situamos el primer nivel de impuestos, el
impuesto sobre sociedades. Como en este impuesto la base imponible
estaba determinada por la renta obtenida por la entidad, surgieron
una serie de cuestiones por las que protestaban las comunidades, que
se fueron solventando en la citada Ley 43/1995, al conseguir unos
tipos inferiores y aflojar la presión fiscal, con lo cual se
conseguía un efecto en la renta de las personas físicas dado que las
comunidades estaban gravadas como titulares de montes vecinales en
mano común, y como por imperativo legal tienen que ser personas
físicas y no jurídicas, tenían que hacer la declaración
correspondiente en la renta de las personas físicas. A esto se añadió
el problema de la aplicación del IVA. En 1980 no se contemplaba este
impuesto, pero una vez que entró en vigor, a partir de 1986 vinieron
una serie de problemas contenciosos, protestas, situaciones de
interpretación de la aplicación del IVA. Afortunadamente, a primeros
de este año, la Dirección General de Tributos dictó una resolución
que aclara satisfactoriamente la aplicación del impuesto sobre el
valor añadido en cuanto a la tributación de los montes vecinales en
mano común. Como digo, a nuestro juicio, este problema queda
satisfactoriamente resuelto. La iniciativa del BNG solicita una
sustitución de este impuesto, pero para saber a qué atenernos habría
que aclarar cuál es la nueva figura impositiva.
A continuación, nos encontramos con un problema que arranca de la Ley
8/1980, orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la
Lofca, que señala una serie de competencias gestoras, recaudadoras y
legislativas de cualquier tributo en el mecanismo de los impuestos
cedidos por el Estado a las comunidades autónomas. Pues bien,
nosotros entendemos que hay que armonizar lo que dice la Lofca con lo
que señala el estatuto de autonomía -ley orgánica- de una comunidad
autónoma. Por imperativo de la Lofca, si queremos modificar un
tributo de este tipo, que afecta a los montes vecinales en mano
común, una vez que se haya buscado el equilibrio de relaciones entre
la Lofca y el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma, tendrá
que ser realizarse mediante una ley singular específica. No sirve
esta proposición de ley que viene hoy a la Cámara. Estaríamos
obligados a acudir a una ley específica de la tributación
correspondiente. Si aceptá-
ramos a trámite esta proposición de ley, nos encontraríamos en la
Cámara con el problema de tener que redactar otro texto de naturaleza
jurídica completamente diferente respecto a la fuente de derecho a la
que tendríamos que atenernos; habría de cumplir la Lofca y el
estatuto de autonomía y, en consecuencia, sacar una ley específica de
tributación de las comunidades de los montes vecinales en mano común.
Nos vamos a centrar en un impuesto, en el impuesto de bienes
inmuebles. Aquí nos encontramos con la Ley 39/1988, reguladora de las
haciendas locales, ley que corrige satisfactoriamente uno de los
problemas que existía. Hace una reducción de los impuestos y señala
una figura importante a nuestro juicio: la exención del impuesto
sobre bienes inmuebles en los montes vecinales de mano común. Hasta
1988 habíamos discutido si los montes vecinales en mano común estaban
o no exentos del impuesto sobre bienes inmuebles, y eso que también
venía sujetándose a lo que ha dictaminado la resolución de la
Dirección General de Tributos en enero de este año sobre la
aplicación del IVA, que a la Comunidad Autónoma de Canarias se le
había planteado por otra vía, dado que por nuestro régimen económico
y fiscal, no tenemos repercusión del impuesto IVA. Nosotros creemos
que la repercusión del impuesto de las haciendas locales con respecto
a bienes inmuebles está perfectamente resuelto desde el año 1988 con
la Ley número 39.
Nos ha extrañado la referencia que hace la iniciativa que hoy nos
llega aquí al impuesto de actividades económicas porque la Ley 39/
1988 excluye expresamente a las actividades forestales argumentando
que no constituyen sujeto del impuesto. Por consiguiente, no hay
ninguna repercusión a este respecto. En cuanto a las tasas de los
ayuntamientos, me gustaría escuchar la opinión de las corporaciones
locales, ya que son corporaciones de derecho público de régimen
democrático. Fijar una tasa en aprovechamiento puede dar origen a un
debate, que ha de realizarse en el seno de la corporación municipal
respectiva. Con el tema de las tasas en los aprovechamientos
forestales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias hemos
visto unos cambios radicales, de 180 grados. Lo que hace muchos años
-como era el aprovechamiento de la denominada pinocha de los bosques
de pinares canarios, bien para cama de ganado y formación de
estiercol bien para envoltura de frutos de la platanera- eran tasas
municipales, un ingreso municipal por esta vía, en la situación
actual es radicalmente distinto, ya que la pinocha crea el problema
de favorecer incendios forestales y los ayuntamientos se ven
obligados a facilitar la extracción por los particulares,
agricultores o ganaderos, que se llevan la pinocha sin ninguna
tributación, ya que el bien tributable es de valor ínfimo y, por
tanto, el ayuntamiento renuncia a esa tasa.
Por esta vía impositiva -bien por el impuesto sobre bienes inmuebles,
bien por tasas municipales-, no nos
atrevemos a apoyar esta iniciativa porque estaríamos ocasionando un
grave daño a las haciendas municipales que si tienen una tasa de
aprovechamiento con las comunidades de los montes vecinales en mano
común se habrá adoptado por decisión democrática de la entidad
corporativa. La Cámara no debe interferir en esa decisión mediante
una reducción de impuestos, que tendría a la vez un efecto inducido
parabólico en la Ley de Acompañamiento o en la de Presupuestos
Generales del Estado, porque la Ley 39/1988 dice que en caso de una
reducción del impuesto en la tasa municipal, debe existir
compensación vía Presupuestos Generales del Estado a las
corporaciones respectivas que sufrieran menoscabo. Y la línea de
corresponsabilidad fiscal impide esta repercusión vía Presupuestos
Generales del Estado.
Por estas razones, y por lo que queda ya de residual de la presión
fiscal a las comunidades de los montes vecinales en mano común,
nuestro voto va a ser negativo a la toma en consideración de esta
proposición.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar a favor de la toma en consideración que ha presentado el Grupo
Mixto y, en su nombre, el Bloque Nacionalista Galego.
Si esta Cámara, hace unos meses, hubiera tomado en consideración una
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que se hablaba de
la legislación básica que tenía que regular el desarrollo sostenible
de los montes, de los bosques o como lo queramos llamar, así como de
fiscalidad, hoy quizá no estaríamos discutiendo sólo y exclusivamente
sobre un tema tan específico como la iniciativa que ha presentado el
Bloque Nacionalista Galego. Está claro que necesitamos modernizar la
legislación en materia de bosques y en materia fiscal. Parece ser que
la modificación llevada a cabo en los montes vecinales en mano común
no ha sido la más justa. Y como no lo ha sido, mi grupo parlamentario
va a votar a favor.
Señorías, queda demostrado en la intervención y en los antecedentes
de la propia exposición de motivos de esta iniciativa que los montes
en mano común no son sociedades anónimas y que necesitan una
regulación específica. Por otra parte, tenemos que entender la
explotación de los montes de una determinada manera, desde el punto
de vista de los beneficios sociales y ecológicos para que, por un
lado, podamos favorecerla de una manera ecológicamente sostenible,
pero, por otro, que no existan injustas decisiones sobre fiscalidad
que conlleven el abandono de cualquier bosque que pueda
estar explotado en buenas condiciones; injustas decisiones que puedan
perjudicar una explotación que da sentido social y ecológico a este
tipo de iniciativas; injustas decisiones que pueden perjudicar a
todos los ciudadanos por la falta de explotación o mala conservación
de los bosques.
Esta Cámara, después del fracaso de la cumbre de La Haya sobre cambio
climático, tiene que ser especialmente sensible con el cuidado y
buena explotación de nuestros bosques, porque todos sabemos que son
sumideros de CO2. Nuestro grupo parlamentario no solamente va a votar
a favor, sino que hace un llamamiento a la Cámara a un debate sensato
y tranquilo que nos permita modificar aquellos aspectos que nos
pueden parecer no adecuados en la iniciativa que aquí hoy se nos
presenta. Negar ese debate o cercenarlo con un voto negativo
mayoritariamente nos puede llevar a situaciones que después no
podremos corregir. Que cada comunidad autónoma, aunque no sea en
materia fiscal sino en temas de su competencia, elaboren sus propias
leyes y haya una ley básica común que nos permita tener unos mínimos
que se puedan desarrollar en todo el Estado. En materia fiscal -que
es lo que le compete al Estado-, que las explotaciones de los bosques
vecinales en mano común y de todos los bosques en explotación estén
reflejadas en una buena legislación fiscal. El error se cometió al no
admitir en su momento aquella iniciativa que presentó el Grupo
Socialista y que sí recogía la materia fiscal para todos los montes.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario ha manifestado en
anteriores debates en esta Cámara la visión que tiene respecto a la
necesidad de establecer un adecuado marco fiscal para este tipo de
explotaciones o aprovechamientos, de tal forma que se asegure una
evolución sostenida de los montes y los bosques. La razón es
evidente: se trata de aprovechamientos o explotaciones que tienen un
proceso de producción muy largo -un incentivo reducido para una
cuidada explotación- y desde el marco normativo deben darse los
incentivos adecuados para lograr que ese tipo de explotaciones
o aprovechamientos se desarrollen de manera adecuada. Si no es así,
todos sabemos que lo que está en juego son intereses públicos y
generales, en el caso de los bosques, fundamentalmente de medio
ambiente. Esta fue la razón de ser de la modificación que se
introdujo en virtud de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social para 1999, por la que se
introdujo un capítulo XVI específico
dentro del título VIII de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, título dedicado a regímenes especiales.
En virtud de estas modificaciones -se configura separadamente el de
las comunidades titulares de montes vecinales en mano común como
sujeto pasivo, tributando al 25 por ciento por razón de este
impuesto- se establecen también una serie de mejoras, consistentes en
que las inversiones producidas para la conservación, mejora,
protección, acceso y servicios destinados al uso social del monte
fuesen deducibles de la base imponible y que la financiación de obras
de infraestructura y servicios públicos de interés social también
fuesen deducibles de la base imponible. Estas inversiones se deben
efectuar siempre en el plazo de tres años desde que se han obtenido
los correspondientes beneficios, que se aplican a estas finalidades.
También se estableció que la distribución de rentas obtenidas hacia
los comuneros tuviera la consideración de dividendos, aplicándose la
deducción por doble imposición de dividendos.
Compartimos la preocupación por dotar a este tipo de aprovechamientos
de un marco fiscal adecuado, pero no compartimos la articulación
concreta de esta proposición de ley. Resulta un régimen realmente
complejo en su articulación, muy complejo, por cuanto las comunidades
titulares de montes vecinales en mano común participan de una doble
naturaleza: cuando se produzcan aprovechamientos individuales o
rentas distribuidas entre los comuneros, se aplica el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, es decir, comunidades propiamente dichas,
donde las rentas fluyen directamente a los comuneros, mientras que
cuando se produzcan aprovechamientos colectivos este tipo de
comunidades siguen configuradas como sujeto pasivo. Realmente es un
régimen complejo. En esta norma aparecen otros apartados que
entendemos de difícil, como es la afectación concreta de la
recaudación producida por este concepto en el ámbito del impuesto
sobre sociedades a una determinada finalidad como es la transferencia
futura a una comunidad autónoma como la gallega. Con independencia de
la petición competencial que efectúa el Bloque Nacionalista Galego,
lo cierto es que configurar la afectación de una parte de la
recaudación de un tributo es algo difícil en la práctica.
Compartiendo la preocupación de fondo, que dio lugar a que mi grupo
votara favorablemente la introducción del capítulo XVI del título
VIII en la Ley de Acompañamiento del año 1999, no vamos a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley, sino que mi grupo
parlamentario se va a abstener.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señoras yseñores diputados, los
socialistas sí vamos a votar a
favor de la proposición de ley del Grupo Mixto porque nosotros
también pedimos un tratamiento fiscal específico para lo que es
diferente. Tenemos algunas diferencias, pero eso sería objeto de
enmiendas parciales. Para nosotros lo prioritario es integrar estos
montes en la economía productiva de las comunidades rurales. La
fiscalidad para nosotros tampoco aquí puede ser un fin, es un medio
para contribuir, en función de la riqueza creada e individualmente
apropiada, a las cargas generales de la sociedad. Empezaré diciendo
que los montes vecinales en mano común tuvieron un largo desamparo
legal que se prolongó a lo largo de casi un siglo desde los intentos
de desamortización de los montes públicos, con los que fueron
confundidos a mitad de siglo pasado, de la que se salvaron en buena
medida por la resistencia pasiva de las comunidades vecinales. En el
franquismo, estos montes fueron usurpados por el patrimonio forestal
del Estado mediante consorcios obligatorios firmados por
ayuntamientos y diputaciones. Este hecho agudizó la crisis del mundo
rural y aceleró la emigración de las zonas afectadas porque se
privaba a las familias rurales del complemento necesario de rentas y
al tiempo esto generó conflictividad social en el campo y sirvió para
que proliferaran incendios forestales. La memoria histórica,
señorías, hace que este sea un tema sensible aún hoy en muchas
comunidades. El comienzo de su recuperación por los vecinos tomó base
legal con la Ley de montes del año 1968, una ley que hay que decir
que tenía múltiples cautelas. La ley de 1980 consolida e impulsa la
ley de 1968 y permite la clasificación de los montes, fase previa
para su devolución a las comunidades. Pero las comunidades que
reciben estos montes -y esto es muy importante- son ya otras, con
otra dinámica y otros problemas. Por ello, hay que fomentar la
integración de estos montes en las nuevas comunidades, dotarlos de
nuevos sistemas de organización e integrarlos en la dinámica
productiva, tarea esta que no está cumplida. Estas propiedades
cumplieron tradicionalmente, como aquí se ha dicho, una triple
función: económica, complemento de la explotación familiar; social,
propiedad de todos y, en consecuencia, fuente de recursos de los más
necesitados; y ecológica, o sea, aprovechamiento que evita la
degradación del monte. Con evidentes transformaciones, esto sigue
teniendo vigencia. El monte vecinal en mano común trasciende así una
consideración estricta de recurso económico para desempeñar otras
funciones independientes. Por lo tanto, parece que no se puede
reducir este tipo de propiedad a una empresa ni al comunero socio, ya
que la condición de comunero se adquiere por la simple vecindad. Ser
comunero no es un acto voluntario, como aquí se ha dicho, sino que
está ligado a la vecindad en un lugar determinado. Si nos detenemos
en analizar la situación actual de las comunidades de las que estamos
tratando, quizá SS.SS. puedan entender mejor nuestro apoyo a la
propuesta del BNG, que coincide en su finalidad con la defendida por
los socialistas recientemente
en la Comisión de Economía. Si tomamos como referencia Galicia,
comunidad en la que estos montes tienen una mayor importancia,
tenemos, en primer lugar, por lo que se refiere a su aprovechamiento,
que hay 619.000 hectáreas inventariadas, de las que 148.000 están
arboladas con madera de pino fundamentalmente, de un variable valor
económico, otra parte, pequeña, está recientemente reforestada o en
proceso de reforestación y la gran mayoría, alrededor de 400.000
hectáreas, está en estado de abandono. Por lo que se refiere a la
situación organizativa, hay aún montes sin clasificar, o sea, sin ser
devueltos a las comunidades; hay también muchos montes para los que
no se han elegido los órganos de gobierno; en otros todavía no hay
estatutos que regulen el funcionamiento de la comunidad y en la
mayoría está pendiente el deslinde mismo de la propiedad vecinal.
Solamente un tercio de las 2.850 comunidades de montes en mano común
existentes en Galicia está correctamente organizado. En este contexto
es en el que se establece la obligatoriedad de tributar por el
impuesto sobre sociedades. En este contexto, para nosotros es
prioritario impulsar la organización de las comunidades y la
integración de los montes vecinales en la dinámica productiva. El
Gobierno prima los aspectos fiscales sobre la dinamización del mundo
rural, y así la Ley 50/1998 fija la condición de sujetos pasivos del
impuesto sobre sociedades de las comunidades de montes vecinales en
mano común, equiparándolas a empresas mercantiles. Es cierto que en
una parte de los montes hay una actividad económica que puede generar
beneficios, pero también es cierto que la mayoría de esas comunidades
no reparten beneficios entre los comuneros, dedicándolos a reinvertir
en el propio monte o a equipamientos comunitarios y sociales, como
aquí se ha dicho también. Tenemos unos montes infrautilizados en su
mayoría, los cuales pertenecen a unas comunidades que se están
autoorganizando, viéndose obligados a tributar por el impuesto sobre
sociedades cuando no lo son y, aún más, cuando el proceso de
organización interno está empezando. El problema para nosotros no es
que tributen menos por los beneficios realmente percibidos, sino que
no se les obligue a complicar su estructura organizativa para
tributar por sociedades cuando están empezando a organizarse. Es por
ello que nosotros, al igual que la proposición de ley, defendemos un
tratamiento fiscal específico que tenga en cuenta su realidad y al
tiempo estimule su mejor aprovechamiento económico.
La normativa actual, señorías, está teniendo efectos perversos, ya
que no favorece ni incentiva el aprovechamiento económico de estos
montes, que en Galicia representan el 22 por ciento de su superficie,
sino que fomenta su abandono por el desinterés de unas comunidades
que no quieren hacerse responsables de la gestión de una fiscalidad
para la que no se sienten preparadas. Además, para muchos de los
montes vecinales en mano común que no tienen resueltos los problemas
pre-
vios de organización de las propias comunidades, la sujeción al
impuesto sobre sociedades actúa como un arma disuasoria que frena su
organización. Por ello, el tratamiento fiscal actual está llevando
más al abandono de los montes que a su aprovechamiento económico. Lo
que se pide es que primero se organice la propiedad, que después se
desenvuelva la actividad económica y luego gravar las rentas
percibidas por los agricultores por IRPF y no por sociedades.
Recordemos que estas propiedades están exentas de la cuota
empresarial de la Seguridad Social agraria por entender el legislador
que no eran empresas, sino una forma diferente de propiedad. Desde el
punto de vista colectivo interesa poner en producción y valor estas
propiedades, siendo posible también que existan intereses
individuales en su desvalorización para posteriormente justificar la
desaparición de esta propiedad colectiva. En esta Cámara debiéramos
defender los intereses colectivos, por ello debiéramos apoyar el
cambio de una fiscalidad que obstaculice el aprovechamiento económico
de unas tierras que pueden ser fundamentales para el desarrollo rural
de una parte de España.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, decía el portavoz del Grupo Mixto que
defendía la toma en consideración de la proposición de ley que no
buscáramos en ella nada más que un intento de mejorar el régimen
fiscal de los montes vecinales en mano común. Señorías, en
representación del Grupo Mixto, del Grupo Socialista y ahora del
Grupo Parlamentario Popular intervenimos tres diputados gallegos. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) Yo sé, señor Vázquez, que
los gallegos hemos sido definidos como gente de discurso
deliberadamente ambiguo y de muy exigentes interpretaciones, pero no
tema S.S., porque yo no he ido a buscar en su proposición de ley
ninguna interpretación más allá de la estrictamente literal del
texto.
De cualquier manera, y teniendo en cuenta que este es un tema
recurrente, sobre el que hemos debatido en varias ocasiones -en la
anterior legislatura su grupo parlamentario presentó una proposición
no de ley y recientemente el Grupo Socialista ha presentado otra-, no
es ocioso continuar debatiendo sobre la fiscalidad de los montes
vecinales en mano común, porque hay que disipar algunas dudas. Señora
Urán, usted ha identificado el tratamiento fiscal de los montes
vecinales en mano común con el tratamiento de las sociedades
anónimas, y nada más lejos de la realidad. Es cierto que, como
consecuencia de la Ley 50/1988, se les aplica las normas reguladoras
del impuesto sobre sociedades, si
bien minorado, ya que no se aplica el tipo general, sino el reducido
del 25 por ciento, el mismo que se les aplica a las entidades sin
fines lucrativos. La regulación fiscal de los montes vecinales en
mano común ha sido objeto de una tremenda controversia, habiendo sido
puesta de manifiesto por anteriores intervinientes en este punto.
Recuerdo que durante la V Legislatura había una diferencia entre la
Dirección General de Tributos y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria sobre si debían de tributar por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas o por el impuesto sobre sociedades. A raíz de
aquellas proposiciones no de ley y de los debates parlamentarios se
creó un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Economía y
Hacienda para abordar esta cuestión. En ese grupo de trabjotrabajo se
integraron no sólo departamentos del Ministerio de Economía y
Hacienda, sino también del Ministerio de Medio Ambiente, también
participó la Xunta de Galicia, participó la confederación de
organizaciones de silvicultores de España y representantes de las
asociaciones de montes vecinales en mano común. Se trató de buscar
una solución consensuada, y la misma se alcanzó a través de la
regulación que figura en la Ley 50/1988.Quiero destacar aquí la
importante labor desarrollada por el diputado del Grupo de
Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre, que, junto con el
diputado que les habla, trabajó cerca del Ministerio de Hacienda para
que esta regulación fuera posible, y aquel trabajo mereció la
felicitación y el reconocimiento del presidnetepresidente de la
Confederacaiónconfederación de organizaciones de silvicultores de
España. Pues bien, ¿cuál es el régimen actual? El régimen actual es
dual, por así decirlo. Aquellos rendimientos que se distribuyen en el
monte vecinal en mano común están sujetos al imImpouestopuesto sobre
sociedades, teniendo en cuenta unas especificidades, como son las
deducciones de todas aquellas cantidades invertidas en la
conservación, mejora, reparación, etcétera de los montes vecinales en
mano común, aquellos destinados al uso social del monte; también las
cantidades destinadas a la financiación de infraestructuras y
servicios públicos de interés social. La vinculación de estos
beneficios a la realización de estas obras se establece durante tres
años, es decir, el ejerciciooejercicio en el que se producen y los
tres años siguientes. Hay que tener en cuenta que si no se producen
beneficios o no se reparten, el monte vecinal en mano común no tiene
ni siqueirasiquiera que hacer declaración. Las cantidades que son
repartidas entre los comuneros sí están sometidas al impuesto sobre
la renta de las personas físicas pero el comunero deducirá el 25 por
ciento que teóricamente ha pagado el monte.
Señor Vázquez, en su proposición de ley encontramos defectos graves
que ha puesto de manifiesto el señor Mardones. Efectivamente el
artículo 16 de su proposición de ley no hay por dónde cogerlo, porque
pide la exención del IBI para los montes vecinales en
mano común. El artículo 64 de la Ley 39 /1988 los exime, y no
solamente excluye al monte vecinal en mano común, sino también a los
montes poblados con especies de crecimiento lento, así como para
aquellas especies que no son de crecimiento lento se contempla la
posibilidad de exención durante quince años, a partir del ejercicio
en el que lo soliciten, para aquellos casos en los que existe un
proyecto de ordenación o un plan técnico aprobado por la
Administración forestal para la regeneración de masas arboladas o en
la parte repoblada. ¿Impuesto de actividades económicas? Los
aprovechamientos forestales están exentos.Hay una cosa que sí me ha
preocupado. Ustedes hablan de arbitrios que recaigan sobre la base
territorial de los bienes inmuebles. ¿A qué se están refiriendo
ustedes, señorías? ¿Quizá al incremento de valor de los terrenos de
naturralezanaturaleza urbana? Es el único que queda, los montes son
terreno rústico, por tanto, tampoco está sujeto. En cuanto a la
bonificación de las tasas en locales, los artículos 20 a 27 de la Ley
39/1988 establecen una regulación muy flexible, se trata de tributos
potestativos de los ayuntamientos, que son los que tendrán, en
definitiva, la última palabra.
Me preocupa la disposición final tercera de su proposición. Piden
ustedes la transferencia de la competencia exclusiva en la gestión,
recaudación y potestad legislativa del régimen tributario de los
montes vecinales en mano común a Galicia. Saben, señorías, que sólo
por el mecanismo de los tributos cedidos, establecido además en la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ni el
impuesto sobre sociedades, ni este nuevo tributo que ustedes proponen
son susceptibles de cesión a las comunidades autónomas. Sólo en el
caso de que estuviera contemplado en la ley orgánica y en el propio
estatuto de autonomía sería posible esta cesión, sin perjuicio del
alcance y límites que se establecieran en una ley específica. Por
ello, no cabe ni siquiera la cesión de la cuantía obtenida por la
recaudación del tributo como establece la disposición adicional
tercera, apartado 2.Señorías, el Grupo Popular entiende que la
regulación a la que se llegó en ese consenso del que antes les
hablaba es positiva, razonable y establece unos requisitos
perfectamente objeto de cumplimiento por las comunidades vecinales en
mano común. Quizá pudiéramos discutirlo en una futura ley de montes y
aprovechamientos forestales de la que ya les hablé cuando discutimos
la proposición no de ley que planteó el Grupo Parlamentario
Socialista. Seguramente en ese momento podamos volver a abordar el
tema de la fiscalidad de los montes vecinales en mano común y quizá
entonces dejemos de identificar torticeramente, seguramente, los
montes vecinales en mano común con las sociedades anónimas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley,
del Grupo Parlamentario
Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), reguladora del régimen
tributario de los montes vecinales en mano común.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 121; en contra, 160; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PROTECCIÓN
A LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 162/000149.)
La señora PRESIDENTA: Punto del orden del día: Proposiciones no de
ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección
a los consumidores.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Burgos Gallego. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el
debate.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en una economía globalizada, en un entorno de
aceleradísimas transformaciones el papel del ciudadano como
consumidor, como usuario de bienes y servicios se está viendo
radicalmente transformado. El ritmo de la producción, su extremada
diversificación, la irrupción de las nuevas tecnologías, todo este
escenario del que España no es una excepción exigen un esfuerzo
permanente por reequilibrar las relaciones de consumo para que, a la
vez que crece la oferta, las opciones, las posibilidades para los
ciudadanos, crezcan y se organicen adecuados mecanismos de protección
al consumidor que faciliten la cada vez más amplia y compleja tarea
del ejercicio de la libertad de elección. La política de protección,
señorías, se ha realizado en la reciente historia no como acción
preventiva, sino en la mayoría de los casos como acción reactiva,
frente a situaciones de alarma social; ahí está el ejemplo, por citar
tan sólo el más significativo, del síndrome tóxico en España que
impulsó la diferenciación de la protección del consumidor dentro de
las políticas públicas o el, tan de actualidad, asunto de la
encefalopatía espongiforme bovina que ha impulsado, y que lo sigue
haciendo, toda una reorientación de las actuaciones europeas en el
ámbito del consumo alimentario. Este cambio de actitudes de consumo
dibuja un panorama en el que se enmarca, y no puede ser de otra
manera, la labor que van a desarrollar las políticas de consumo desde
la Unión Europea, acentuadas con la
introducción del euro y con la configuración del mercado único, que
inducen obligadamente las propias políticas nacionales y autonómicas
en nuestro país.
Señorías, la introducción del euro constituye, sin duda alguna, uno
de los retos más importantes que en el ámbito de la defensa de los
consumidores se nos plantea por delante y habrá que darle una
respuesta adecuada. En España el proceso de producción normativa,
impulsado desde el ámbito comunitario, está teniendo especialmente en
el último lustro una adecuada transposición a nuestro ordenamiento
interno, diseñando una cuantiosa legislación estatal de carácter
marco y sectorial, una muy relevante legislación autonómica y un no
menos importante proceso de delegación normativa a las corporaciones
locales. Tenemos, pues, un marco de protección al consumidor muy
avanzado dentro del contexto europeo y hemos de avanzar ahora por el
camino de la claridad de ese entramado, de su correcta difusión y
asimilación por parte de ciudadanos e instituciones y, por
descontado, hemos de avanzar también por el camino de conseguir una
efectiva protección jurídica, administrativa y técnica del consumidor
en situación de inferioridad, de subordinación o de indefensión.
El Grupo Parlamentario Popular, y entiendo que el resto de los grupos
de la Cámara, es muy consciente del alto grado de sensibilización que
están alcanzando los problemas de consumo en el momento actual.
Nuestra sociedad, lo estamos viendo estos días, no está exenta de
riesgos que pueden afectar a nuestra salud, a nuestra seguridad, a
nuestros legítimos intereses económicos y sociales, como ciudadanos
consumidores. Esta proposición no de ley no pretende dar recetas
mágicas para afrontar esos riesgos. El Gobierno de España tiene un
programa que está cumpliendo y todas las demás administraciones
ejercen sus competencias en esta materia. Pero con esta proposición
no de ley sí queremos suscitar un debate, puesto que se habla poco de
consumo en esta Cámara y, si vemos el «Diario de Sesiones», algunos
grupos no hablan nada; queremos dar un impulso político, precisamente
desde esta Cámara, a un aspecto que juzgamos fundamental a la hora de
transmitir seguridad y confianza a los españoles en esta materia. Ese
aspecto es, señorías, la coordinación y la cooperación entre
instancias competentes y agentes sociales. El reto que tiene España
por delante es que su sistema de protección al consumidor muy
descentralizado, como corresponde a un reparto competencial
perfectamente definido, no derive en un esquema compartimentado,
heterogéneo que pueda generar diversidad de derechos y disfunciones
lesivas para los ciudadanos. Y la vía política que propugnamos hoy
aquí es un mayor esfuerzo en la coordinación y en la cooperación.
Un mercado en condiciones óptimas de transparencia y competencia
leal, que favorezca la competitividad y que evite la aparición de
mercados negros, paralelos
e inseguros, no puede fundarse en la percepción, por parte de
los consumidores, como siguen evidenciando algunas encuestas del
Centro de Investigaciones Sociológicas y otros organismos, de que
existen todavía en nuestro país carencias, lagunas en el control, en
la inspección de las administraciones competentes. Este es, además,
identificado por los consumidores como el principal motivo de que
éstos no se sientan suficientemente protegidos. Sin duda, la
transversalidad del título consumo, la existencia creciente de
ámbitos sectoriales, con normativa y mecanismos propios, la confusión
y concurrencia a veces de títulos competenciales, hace que esta
necesidad de coordinación sea cada día más evidente. Es verdad que ya
se destaca esto en el plan estratégico de protección al consumidor de
1998 al 2001, que evidencia que esta es precisamente una de las
asignaturas pendientes del sistema y que más fallos ha generado. El
Consejo Económico y Social así lo afirmaba también en su informe
sobre esta materia del año 1999. Y esto no sólo ocurre en ámbitos
como el alimentario, de desgraciada actualidad en estos días, sino en
especial en el sector de los servicios, sujetos a la proliferación de
ofertas y de publicidad dirigidas al consumidor.
Los ciudadanos se preocupan, y hacen bien, con algunas noticias. Es
lógico, porque afectan a su percepción de los riesgos para la salud y
sus intereses sociales y económicos. Pero el objetivo que perseguimos
hoy es salir de esta Cámara con el mensaje claramente dirigido a los
ciudadanos de que vamos a hacer todo lo posible para mejorar las
actuaciones de las administraciones de todos los colores políticos,
porque nuestro sistema funciona, nuestro sistema de control y de
inspección, nuestro sistema de protección al consumidor funciona y es
bueno -uno de los mejores de Europa-, pero evidentemente mejorable. Y
para los ciudadanos los aspectos competenciales son secundarios,
quieren garantías, quieren seguridades.
El objetivo de nuestra proposición no de ley es suscitar el consenso
en esta materia. El Instituto Nacional de Consumo ha de
instrumentarse como una fuente de apoyo, más acentuada todavía que en
la actualidad, y de respaldo técnico, científico y administrativo a
las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, y en
especial a las peor dotadas en estas materias, puesto que sigue
habiendo una cierta heterogeneidad en el funcionamiento de algunas
administraciones autonómicas y locales.
Quiero insistir en que la voluntad del Partido Popular no es
condicionar ni mucho menos cercenar competencias. Todo lo contrario.
Es reorientar la política de consumo para basarla, aún más, en
criterios de coordinación y de elaboración conjunta de las respuestas
colectivas en temas de consumo.
El Instituto Nacional de Consumo, si me apuran la Dirección General
de Salud Pública y de Consumo,creada por este Gobierno, ha de ser una
avanzada en la
necesaria redefinición del papel que todo el Ministerio de Sanidad y
Consumo ha de jugar en un escenario próximo postransferencial. Y ello
para que la política de consumo sea en este país una política de
primer orden y para reforzar el sistema de derechos y de garantías de
nuestros ciudadanos.
Es cierto que el Instituto Nacional de Consumo siempre ha considerado
de extraordinaria necesidad impulsar acciones, ya no sólo de
cooperación administrativa, sino incorporar a dichas acciones a la
sociedad civil organizada, tanto asociaciones de consumidores como
sectores empresariales. En este sentido, el plan estratégico de
protección al consumidor que he citado, en varios de sus apartados,
insiste en potenciar este extremo. Y pueden citarse iniciativas que
ya están en marcha, adoptadas por la propia conferencia sectorial de
consumo, que establece, por ejemplo, una estrategia de actuación en
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
En esa estrategia participan el Instituto Nacional de Consumo, las
comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia, las
administraciones sectoriales y el sector empresarial organizado.
En este tema de las condiciones generales de contratación se ha
conseguido un acuerdo que creemos que es la línea acertada y que
queremos impulsar con esta proposición no de ley; que sea pauta a
seguir y que el Instituto Nacional de Consumo y toda la
administración que gestiona el consumo en nuestro país incida en
estas fórmulas plurales y participativas.
Las líneas de trabajo están en marcha en nuestro país en el contexto
acordado y elaborado con las comunidades autónomas de ese plan
estratégico de protección al consumidor que, además, es conforme,
como no podía ser de otra manera, a ese plan de acción europeo sobre
política de los consumidores. Sin duda, las medidas están en marcha,
pero la filosofía, la orientación política general, los fundamentos
básicos que han de presidir esas actuaciones concretas, bien pueden
ser los que contienen esta proposición no de ley que brinda a los
grupos de esta Cámara la oportunidad de debatir sobre la política de
consumo y la oportunidad de no utilizar, como en otras ocasiones, el
consumo sólo como instrumento de agitación cuando se suscita un
problema.
Mi grupo se siente orgulloso de que en estos últimos años se habla de
consumo en esta Cámara, se le da la relevancia que tiene como una de
las políticas de futuro y se atiende así a una de las sensibilidades
que más se están acentuando en nuestra sociedad. Apelando a su
interés, a su responsabilidad y a su compromiso, les pido su apoyo a
esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías del Grupo Popular, ¡cómo hacen ustedes las cosas tan mal! Es
lógico que quieran llenar los cupos de iniciativas a través de
proposiciones no de ley en los órdenes del día de su grupo
parlamentario, pero tienen ustedes excelentes juristas en sus filas,
son muchos y tienen, además, todo el aparato burocrático del Estado
para que les pueda echar una mano. La iniciativa presentada en esta
materia, ni en el fondo ni en la forma se corresponde con lo que es
exigible a un grupo que sustenta al Gobierno de este país. Lo
explicaré.
En el preámbulo dicen ustedes que esta proposición no de ley pone de
manifiesto las siguientes apreciaciones. La primera, la realidad de
que España, como país desarrollado, tiene un mercado interior con un
alto nivel de consumo, lo cual es una obviedad. La segunda, la
trascendencia de la actividad que realizan las administraciones
públicas en orden a preservar a los consumidores y usuarios de los
importantes riesgos asociados al consumo de bienes y servicios desde
el punto de vista de garantía de su salud y de su seguridad. La
tercera, es la nota de que la responsabilidad se encuentra compartida
entre los distintos niveles de las administraciones, lo cual, por
otra parte, es un dato, no es ninguna valoración. Y, en cuarto lugar,
la apreciación de que es necesario adoptar medidas para garantizar el
adecuado nivel de seguridad de los consumidores. Como consecuencia,
ustedes en el texto dispositivo transforman estas manifestaciones en
un mandato por el que se insta al Gobierno a impulsar el papel del
Instituto Nacional de Consumo como órgano de apoyo a las comunidades
autónomas y administraciones locales en materia de control del
mercado y a impulsar la cooperación en dicho ámbito con las
comunidades autónomas y agentes sociales. ¿Cómo valoramos nosotros la
iniciativa? Desde el punto de vista de su contenido, además del
oportunismo en la presentación de la iniciativa (todos conocemos que
en estos días aspectos de consumo muy graves están saliendo a la luz
pública de una manera importante y son objeto de otras iniciativas
distintas en la Cámara), la proposición no de ley es una iniciativa
absolutamente vacía, sin otro mensaje que no sea la obviedad de
instar al Gobierno a que haga su trabajo y a que coopere
administrativamente, lo que ya le viene indicado desde el propio
ordenamiento vigente, en un asunto cuya máxima importancia y
actualidad resulta igualmente obvia.
El Gobierno tiene regulada su actuación a través del Real Decreto 44/
1996, de 19 de enero, sobre medidas para garantizar la seguridad
general de los productos puestos a disposición del consumidor, de
donde resultan sus facultades de coordinación y cooperación respecto
a las comunidades autónomas, a las que responden las competencias
materialmente relevantes en
orden a garantizar la protección de los consumidores y usuarios. Ya
está regulado, señorías.
Por ello, carece de explicación lógica una proclamación del Congreso,
como la que nos piden, sobre la necesidad de adoptar medidas
generales de impulso del trabajo ordinario, a no ser que resulte que
el Gobierno no está realizando, por alguna causa concreta, su trabajo
correctamente. En tal caso, deberá ser el grupo titular de la
iniciativa quien nos explique qué es lo que el Gobierno está haciendo
mal para, en su caso, orientar los términos del debate a la búsqueda
de soluciones y dotar de contenido adecuado a esta proposición no de
ley.
En segundo lugar, en cualquier caso, puestos a dotar a la iniciativa
de un contenido congruente, se puede apreciar en la misma una
importante laguna que afecta a la percepción y desarrollo ordinario
de la actuación de los poderes públicos en la materia, así como un
defecto formal, también importante, sobre el texto del mandato
dispositivo que se pretende. El consumo español -el señor Burgos ha
hablado del ámbito europeo y de la entrada en el euro-, lejos de
manifestarse individualizadamente en nuestro territorio, cuando menos
tiene un ámbito político y socioeconómico directamente implicado en
las instituciones de la Unión Europea. No estaría mal -y así lo
aconsejan recientes episodios acaecidos en la esfera de la salud
pública en conexión con la sanidad animal- que sirviera de ejemplo
para dotar a las relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas de la necesidad de adoptar medidas adecuadas en el ámbito
de la Unión Europea. La cuestión es que el Grupo Popular viene al
Congreso a instar el impulso del Gobierno en un asunto de competencia
de las comunidades autónomas que, como todos sabemos, no pueden
participar en las deliberaciones y decisiones de las instancias
europeas. A lo que debe ser impulsado el Gobierno, en definitiva, es
a propiciar esta participación real y efectiva de las comunidades
autónomas en dichas instancias como única vía eficaz para poder
configurar y trasladar a los agentes implicados medidas que sirvan de
protección a los consumidores y usuarios.
Como ya hemos indicado, el mandato de la proposición no de ley
contiene un importante defecto formal, además del vacío al que me he
referido, en la medida en que el impulso dirigido al Instituto
Nacional del Consumo identifica al mismo como órgano de apoyo que
supuestamente dirige su acción en un mismo plano a las comunidades
autónomas y a las administraciones locales en materia de control del
mercado. A salvo de la configuración que corresponde realizar a las
comunidades autónomas competentes a través de su legislación, la
cuestión es que las administraciones locales tienen asignadas hoy
importantes competencias, un importante papel desde el punto de vista
de la información y defensa de los intereses de los consumidores,
pero en ningún caso les corresponden responsabilidades directas de
control de mercado y de adopción de las medidas correctoras
pertinentes como para aparecer en
el mismo plano, tal y como erróneamente sugiere el texto de la
proposición no de ley. De ahí la enmienda que presenta mi grupo, que
propone al Congreso de los Diputados que se adopten las medidas
necesarias para garantizar la participación directa de las
comunidades autónomas en los procesos de deliberación y decisión que
en materia de consumo se adopten en la Unión Europea. En segundo
lugar, que se adopten las medidas necesarias para impulsar el papel
del Instituto Nacional de Consumo como órgano de apoyo a las
comunidades autónomas, al objeto de facilitar la coordinación de las
políticas autonómicas en materia de protección de los consumidores y
usuarios en el conjunto de las políticas sectoriales que puedan
afectar a la garantía de salud y a la seguridad. Y en tercer lugar,
adoptar las medidas necesarias para impulsar la cooperación con las
comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas, las
asociaciones de consumidores y los sectores empresariales, en orden a
garantizar la protección de los legítimos intereses de los
consumidores y usuarios.
La justificación de nuestra enmienda es obvia, es adecuar el texto
del mandato parlamentario, llenarlo de contenido, en el sentido
estricto de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y
de modo que para adoptar medidas eficaces en la protección de los
consumidores y usuarios se tenga en cuenta que resulta imprescindible
resolver el impedimento actual de participación de los entes
autonómicos en los procesos de deliberación y decisión de la Unión
Europea, así como realizar una labor de coordinación entre los
poderes públicos estatales y autonómicos, y a estos les corresponde
la dimensión de la participación de los entes locales y en las
distintas políticas sectoriales que afecten a las garantías sobre la
salud y la garantía de los consumidores y usuarios.
Al grupo al que represento le parece que la iniciativa del Grupo
Popular mejoraría, o incluso tendría algún contenido, de adoptarse la
enmienda que mi grupo presenta, al igual que de adoptarse las
presentadas por el Grupo Mixto y por el Bloque Nacionalista Galego, o
igualmente las que tiene presentadas el Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Tampoco estaríamos de acuerdo con la iniciativa que sostiene
el Grupo Socialista de creación de una agencia nacional para los
alimentos. Más estructuras administrativas, no, señorías, con las que
tenemos nos basta y nos sobra para los fines que creemos que se deben
proteger.
Repito que el grupo mayoritario no debería presentar iniciativas
vacías de contenido, dotadas de un talante absolutamente oportunista
y a los solos efectos de rellenar los cupos de proposiciones no de
ley que el calendario de esta Cámara le asigna.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uria.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Nos parece mentira que el Grupo Popular, con la preocupación que hay
hoy en nuestro país con el llamado mal de las vacas locas, nos
presente esta proposición no de ley. La consideramos descafeinada,
sin contenido y un canto al sol, y estamos de acuerdo también con los
adjetivos que la compañera del PNV le ha atribuido en este estrado.
De ahí que el Grupo Socialista presente una enmienda de sustitución
para dar contenido a esta proposición no de ley y devolver a los
consumidores y usuarios la confianza en el consumo de cualquier
producto alimentario.
El Grupo Popular, en el texto de su iniciativa, insta al Gobierno
sencillamente a impulsar; a impulsar, por un lado, el papel del
Instituto Nacional de Consumo como órgano de apoyo de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales y, por otro, a impulsar la
cooperación entre las comunidades autónomas, asociaciones
y empresarios.
Con esta fórmula el Grupo Popular pretende eludir la responsabilidad
del Ejecutivo en materia de seguridad alimentaria y protección de los
derechos de todos los consumidores y usuarios, descargándola en el
resto de los agentes implicados: comunidades autónomas,
administraciones locales, asociaciones de consumidores y usuarios y
empresarios.
En primer lugar, es responsabilidad del Gobierno articular todas las
medidas necesarias que se deberían tomar en un momento como el que
vivimos con el mal de las vacas locas. En España, el control de la
calidad y de las condiciones higiénico-sanitarias de la cadena
alimenticia corresponde, en virtud de nuestra estructura
constitucional, a diferentes organismos y administraciones públicas,
lo que no favorece quizá un control regular y sistemático sobre el
conjunto de esta cadena y de los productos que genera.
Por ello, en el debate sobre el estado de la Nación, celebrado el 30
de junio de 1999, esta Cámara instaba al Gobierno a que, respecto de
las competencias asumidas por las comunidades autónomas, se
constituyera una agencia española para la seguridad alimentaria, y se
daban una serie de finalidades que hasta la fecha no se han cumplido.
En primer lugar, articular los mecanismos de cooperación entre todas
las administraciones públicas responsables del control sanitario e
higiene de los alimentos, asegurando sistemas homogéneos de
inspección y control, así como de mantener actualizados los
conocimientos técnicos y científicos en materia de higiene y control
alimentario y de nutrición. En segundo lugar, mantener las relaciones
técnicas y científicas que fueren pertinentes, de acuerdo con el
sistema competencial, con los organismos similares de la Unión
Europea y sus Estados miembros. Promover la actualización de la
normativa básica sanitaria en materia de alimentos y, en general,
cuantas otras faciliten la salud y seguridad alimentaria de los
ciudadanos. Hasta ahora, señorías, si esa es la protección que
tenemos y esa la voluntad de llevar a cabo las normas que se aprueban
aquí, vamos apañados.
Ha pasado más de un año desde esta resolución y no se ha hecho nada.
El Grupo Socialista, a la vista de que en los Presupuestos Generales
del Estado no venía ninguna partida para la creación de esta agencia
nacional de alimentos, hizo preguntas al subsecretario de Consumo en
su comparecencia parlamentaria del 11 de octubre y le dijo que se
debería crear la agencia lo más rápidamente posible. En su
contestación nos expresó su total preocupación porque existía esta
problemática en el tema de los alimentos y dijo que se estaba
estudiando poner en marcha esta agencia. Nosotros, en vista de que
desde el año 1999, año y pico ya, se acordó la creación de esta
agencia y el subsecretario volvió a incidir en que se iba a poner en
marcha, no nos fiamos, no nos lo creimos y de ahí que nuestro grupo
haya presentado una proposición no de ley pidiendo la creación de la
agencia nacional de los alimentos.
Decimos que esta proposición no de ley es descafeinada y sin
contenido porque en el apartado primero de la misma lo que se
pretende es impulsar el papel del Instituto Nacional de Consumo como
órgano de apoyo de comunidades autónomas y corporaciones locales,
pero esto contraviene el marco autonómico legal en materia de
consumo. Todas las comunidades autónomas gozan en la actualidad de
competencias propias de desarrollo legislativo y en la ejecución de
los programas correspondientes, según contemplan los estatutos de
autonomía respectivos. No obstante, hace más de quince años viene
funcionando un mecanismo de coordinación entre la Administración
central, a través del Instituto Nacional de Consumo, y las
administraciones regionales de consumo que se concreta en la Comisión
de Cooperación de Consumo y sus grupos de trabajo, entre los que se
encuentra uno específicamente dedicado al control de mercado. Es
decir, que ya se está regulado y las comunidades autónomas, a través
de esta Comisión, tienen relación con el Instituto Nacional de
Consumo para regular el control de mercado.
Con respecto a la coordinación con las corporaciones locales en
materia de control de mercado, igualmente está regulada la
cooperación entre las administraciones autónomicas y la local en los
estatutos de consumidores de las respectivas autonomías, con
independencia del apoyo económico que reciben de las comunidades
autónomas para la gestión y ejecución de sus funciones en control de
mercado.
Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/
1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico, se constituyó en su
día la conferencia sectorial de consumo para asegurar la necesaria
coherencia, coordi-
nación y colaboración entre la Administración del Estado y las
comunidades autónomas en materia de consumo, lo que confirió a dicha
conferencia carácter de órgano supremo de apoyo a las labores de
control de mercado que desarrollen tanto la Administración central
como las comunidades autónomas y las corporaciones locales, por lo
que impulsar al Instituto Nacional de Consumo para esta función
supondría una duplicidad o al menos un solapamiento de las
actuaciones con el resultado contrario al que se persigue.
Finalmente, y según se desprende de las memorias de gestión del
Instituto Nacional de Consumo y de las comunidades autónomas en lo
que se refiere al consumo, el grado de protección de los consumidores
y usuarios a través de las actuaciones de control de mercado se ha
incrementado considerablemente en los últimos años, y también hay que
decir que gracias al esfuerzo y coordinación que tanto unas como
otras administraciones vienen prestando.
Con respecto al segundo punto de esta proposición no de ley, todas
las comunidades autónomas disponen de órganos consultivos, que son
los consejos regionales de consumo, en cuyo seno participan
asociaciones de consumidores y sectores empresariales, al margen de
los convenios de colaboración que habitualmente se suscriben tanto
con un colectivo como con el otro, por lo que se considera que las
medidas para impulsar la cooperación entre comunidades autónomas,
organizaciones de consumidores y sectores empresariales que se
propone se han adoptado ya hace tiempo de manera adecuada y
satisfactoria para los fines que se persiguen y dentro de los marcos
legales que ampara la actividad de los referidos órganos consultivos
y las competencias que allí le son asignadas. De ahí, señorías, que
nosotros consideremos esta proposición no de ley descafeinada y sin
contenido porque ya existe regulación perfecta entre el Instituto
Nacional de Consumo, las corporaciones locales y las administraciones
autonómicas para el tema que nos planteaba y la preocupación del
portavoz del Grupo Popular. De ahí que nosotros quisiéramos esta
tarde dar contenido a esta proposición no de ley, acorde con lo que
nos está pasando en estos días con el famoso tema de las vacas locas.
En su exposición de motivos SS.SS. nos explican que hay que adoptar
medidas porque en varios países de Europa ha habido una serie de
problemas con el tema alimenticio. Hoy ya lo tenemos en España; la
semana pasada, cuando ustedes hicieron esta proposición, no lo
teníamos, pero ahora ya sí. De ahí que nosotros consideremos más
conveniente presentar una enmienda de sustitución con cuatro puntos.
Primero, adoptar urgente y firmemente todas las medidas que sean
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de los
ciudadanos y devolver a los consumidores y usuarios la confianza en
el consumo de cualquier producto alimenticio. Segundo, la creación
urgente de la agencia nacional para los alimentos, como órgano
independiente, para
que en colaboración con las comunidades autónomas asegure, entre
otras cuestiones, sistemas homogéneos de inspección y control de los
alimentos. Tercero, desarrollar en todo el territorio nacional el
etiquetado obligatorio para carne de vacuno y derivados, obligatorio
desde el pasado 1 de septiembre por acuerdo del Consejo de Ministros
de la Unión Europea de junio de 2000, y poner en marcha las
recomendaciones no obligatorias adoptadas por el mismo órgano para
afrontar el problema de la encefalopatía espongiforme bovina. Cuarto,
por supuesto, habilitar los recursos necesarios para cumplir de forma
eficaz las obligaciones, tanto internas como de la Unión Europea,
relacionadas con el control sanitario de los alimentos, en especial
para afrontar con diligencia el llamado mal de las vacas locas.
Señorías, hoy una encuesta del CIS dice que más del 49 por ciento de
los ciudadanos ya no confían en el Gobierno de José María Aznar.
¿Cómo vamos a estar tranquilos con estos datos? De ahí esta enmienda
para que se adopten urgentemente las medidas necesarias
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, le ruego que concluya.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Sí, señora presidenta, voy terminando.
La señora PRESIDENTA: Termine, por favor.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Decía que se adopten urgentemente las
medidas necesarias para tranquilizar a los ciudadanos.
Señorías, si el Grupo Popular no acepta nuestra enmienda vamos a
votar en contra de la proposición no de ley presentada hoy por dicho
grupo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Visitaba hoy la página web que tiene el Instituto Nacional del
Consumo para ver cómo se presenta el propio Instituto, ya que la
proposición no de ley que el Grupo Popular trae para debate a esta
Cámara habla de impulsar. Antes de impulsar yo pensaba que habría que
definir bien el modelo de lo que queremos impulsar. La página web del
Instituto Nacional del Consumo define que es un organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, que ejerce las
funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores
y usuarios.
En este contexto de impulsar lo que ya existe, el Grupo Popular
presenta esta proposición que nosotros consideramos, quizás, un poco
tibia. El propio señor
Burgos la ha presentado, a nuestro entender, de manera ecuánime, sin
intentar desviarse hacia otras cuestiones que en este momento son de
candente actualidad, y me estoy refiriendo, obviamente, a la
problemática de consumo alimentario que mañana mismo en esta Cámara
será objeto de una interpelación por parte del Grupo Socialista;
interpelación que entendemos ajustada en el tiempo y ajustada en la
preocupación existente, pero que obviamente no responde a la
proposición no de ley en exclusiva que hoy se trae aquí a debate.
Pues bien, como le decía, señor Burgos, a pesar de considerar que
quizá es un poco redundante o, como decía la portavoz del Grupo
Nacionalista Vasco, quizá es un poco obvia, precisamente por esto no
encontramos ningún elemento que justifique nuestro rechazo a la
proposición que ustedes presentan. Simplemente hemos presentado una
enmienda en el sentido de que quede muy claro que en ningún momento
pretenden ustedes con esta iniciativa retrotraer ninguna de las
competencias que las comunidades autónomas tenemos en materia de
consumo.
Lo ha dicho usted en su exposición, celebro que lo tenga tan claro
porque, de no ser así, para nosotros sí que este sería un tema en
absoluto asumible.
La enmienda que presentamos circunscribe que los órganos de
cooperación y de impulso del Instituto Nacional del Consumo deben
llevarse a cabo en los órganos de representación y consulta que ya
existen, que básicamente serían: la conferencia sectorial de consumo
y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Desde esta posición favorable de mi grupo, que espero que usted
también sea receptivo con la pequeña enmienda que nosotros hemos
propuesto, quisiéramos aprovechar la circunstancia para pedir al
grupo que sustenta al Gobierno que, como ha dicho usted, señor
Burgos, en una economía globalizada, en un mercado único, en un
momento en que cada vez los ciudadanos nos sentimos más consumidores
del mundo, se tuviese muy claro que los mecanismos de control que
hasta ahora se han impulsado quizá hayan quedado obsoletos.
Nosotros pensamos, al igual que ha defendido la portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, que ha llegado el momento de que se estudie (no
digo que se vote hoy aquí, sino que se estudie) que las comunidades
que tenemos competencias exclusivas en materia de consumo estemos
representadas en los órganos competentes de la Unión Europea. Nos
parece que es lo correcto, ya que tenemos competencias. Y esto, sin
duda, no tiene por qué ser contrario a seguir colaborando y seguir
llevando, con coordinación, las políticas, las iniciativas, las
reglamentaciones que cada una de las comunidades desarrollan dentro
del ámbito de sus competencias, siempre con el objeto de que, cada
vez más, los usuarios y consumidores se sientan protegidos.
Insisto en esta idea porque nos parece que es clave. En un momento en
que el sentimiento de globalización es total, nosotros pensamos que
lo que puede dar más
confianza y seguridad a los ciudadanos es pensar que los controles de
este consumo se llevan desde casa, desde la comunidad autónoma que
tiene competencias, desde desarrollos reglamentistas -¿por qué no?-
de acuerdo con la comunidad autónoma y las corporaciones locales. Es
decir, que la cercanía, la proximidad de los controles ayuda a
generar confianza, y este sería, siento manifestarlo así, el sentido
exactamente contrario al de la enmienda que propone el Grupo
Socialista.
Nosotros pensamos que las inquietudes que hay, legítimas y
sustentadas en la inseguridad, esta cierta desconfianza que hoy en
día existe entre las personas y que reflejan los medios de
comunicación de manera continuada, no se solucionan yendo a políticas
centralistas, sino exactamente a todo lo contrario; es decir, lo que
genera seguridad es que cada uno ejerza con rigor, con la máxima
pulcritud en el cumplimiento aquellas competencias que tiene
asignadas y que, además, dentro de estos ámbitos, se coordine a nivel
estatal. Pero repito que ha llegado el momento de avanzar un paso más
de lo que hasta ahora hemos hecho, porque, señor Burgos, la
proposición que usted nos trae dice impulsar, pero no añade valores
nuevos. Está dando por supuesto una cosa que no critico. Se está
haciendo un trabajo y se está haciendo razonablemente bien y le
aseguro que comparto este criterio; lo digo con satisfacción porque,
de lo contrario, quizá caeríamos en unos alarmismos infundados o,
incluso, en vez de fomentar la confianza de los ciudadanos, podríamos
incentivar involuntariamente una sensación de desazón que en absoluto
es aconsejable ni deseable, ni mucho menos es nuestro papel como
políticos.
Aunque aceptamos que se están haciendo las cosas razonablemente bien,
pensamos que ha llegado el momento de debatir nuevas estructuras,
nuevas medidas y que se haga con el mayor consenso posible. En aras
de este consenso, en aras de que estas discusiones se efectúen en
unos foros menos partidistas que el propio Congreso de los Diputados,
nosotros pensamos que estos debates tendrían que hacerse en el seno
de la conferencia sectorial de consumo -allí están los consejeros de
las comunidades autónomas o bien los representantes en los que los
consejeros delegan- y también en el Consejo de Consumidores y
Usuarios, donde hay representantes de todas las comunidades
autónomas. Probablemente con la suma de todas las aportaciones
encontraríamos formas que ayudaran a perfeccionar y a ser más
imaginativos y acordes con las circunstancias que hoy día el mercado
requiere y a configurar mejor los mecanismos de control.
Reitero que, aunque ustedes no acepten la pequeña enmienda que
nosotros proponemos, vamos a votar de todas maneras favorablemente
esta proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas a la proposición
no de ley sobre protección de los consumidores del Grupo
Parlamentario Popular. La primera de ellas hace referencia al
problema de las competencias, pero no como un problema de prurito,
sino como un problema de coherencia y de eficacia, y voy a recordar
por qué Las comunidades autónomas asumieron, a través de sus
estatutos, competencias en materia de consumo, dentro de la cual se
engloba la protección de los consumidores. Por ello, pensamos más
conveniente crear un órgano de coordinación entre las diferentes
administraciones que tienen competencia en consumo, al objeto de
colaborar y armonizar las diferentes actuaciones cuya finalidad sea
la protección de los intereses económicos y de seguridad y salud de
los consumidores. Ese órgano debe ser independiente, no adscrito
formalmente a la Administración del Estado, como es el Instituto
Nacional de Consumo, que depende jerárquicamente de la Administración
del Estado y ejerce competencias propias en materia de consumo en el
ámbito de la misma, puesto que ello puede servir para legitimar la
adecuación forzosa de las políticas autonómicas en materia de consumo
a la diseñada por el Estado.
Es evidente que, al concurrir títulos competenciales, la coordinación
es un instrumento para fomentar la ayuda entre administraciones, no
para atraer competencias a la órbita de actividad de una de ellas,
por lo que el órgano donde se realice esa coordinación debe ser
neutro, sin dependencia jerárquica de ninguna de las administraciones
concurrentes, proponiendo a ese efecto la creación de un consejo
estatal de consumo complementario del ya existente Consejo de
Consumidores y Usuarios, órgano de consulta entre la Administración
y las asociaciones de consumidores y usuarios. Este es el sentido, por
tanto, de nuestra enmienda primera, de modificación.
La segunda hace referencia a un problema mucho más grave, cual es el
derivado de la liberalización de los mercados, liberalización que
puso aún más en duda la seguridad y la salubridad de los productos y
bienes de consumo. Por consiguiente, nosotros pensamos que el
objetivo esencial de los poderes públicos consiste en defender a los
consumidores, especialmente en lo que atañe a la protección de los
riesgos de la salud. Por ello, ante la extensa liberalización de
mercados, el Gobierno no puede inhibirse de intervenir en controles
preventivos cuya finalidad sea que la seguridad y salubridad de los
productos y bienes de consumo esté garantizada.
Por otra parte, también es conveniente hacer referencia a la
protección de intereses económicos, ya que la
liberalización de mercados en España ha supuesto la creación de
oligopolios privados en sectores estratégicos, que abusan de su
posición dominante en detrimento de los consumidores. Liberalizar los
mercados no puede significar, desde el punto de vista del Bloque
Nacionalista Galego, que el Gobierno abandone la tutela sobre
mercados estratégicos, dejando su entera regulación en manos de
intereses económicos privados minoritarios. Se exige, por tanto, una
labor de control por parte de los poderes públicos, sobre todo en
orden a garantizar, como se ha dicho, la salud y la seguridad
alimentaria de los consumidores y, en última instancia también, por
qué no, sus intereses económicos, que son mayoritarios. Ese es el
sentido de nuestra enmienda de adición.
En todo caso, señora presidenta, si no se acepta alguna enmienda en
la dirección de lo que hemos apuntado, no votaremos a favor de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
El señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Decir hoy que la materia de protección de los consumidores en los
aspectos legales y jurídicos es una medida común y es un sentir común
de cualquier fuerza política y de cualquier administración -central
del Estado, autonómica, municipal o de cualquier otro tipo- en España
es decir una obviedad, esto está plenamente asumido. Creemos que todo
lo que sea también mantener una vigilancia permanente de todas las
instituciones que, desde puntos de vista administrativos o técnicos,
tienen que velar por la defensa de los intereses legítimos de
consumidores y usuarios, bien de productos alimenticios, bien de
productos de servicio o útiles de consumo, es también una constante
que todas las fuerzas políticas asumimos.
Creemos que la iniciativa que hoy trae el Grupo Parlamentario Popular
está dentro de esta sintonía y, por esa razón, mi grupo la va a votar
positiva y favorablemente. Entendemos que viene a hacer una llamada
de puesta a punto de una serie de instrumentos y, sin entrar en más
consideraciones, no sería el momento oportuno de complicar los
esquemas de relaciones administrativas entre instituciones de la
Administración general del Estado y de las comunidades autónomas o de
las comunidades locales.
De aquí que nosotros veamos con simpatía y apoyemos la enmienda que
ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que es de participación de una serie de
instituciones que, a distintos niveles -locales, autonómicos o
centrales-, tienen que hacer oír su voz, bien con carácter
jurídico, bien con carácter técnico, bien con valoración política
para que tengan también una forma institucional no sólo de
participación sino de compromiso en las medidas que se tienen que
adoptar.
Mi grupo se congratula también de que tengamos, como se ve también
tanto en la propia enmienda del Grupo Parlamentario Catalán como en
la del Grupo Parlamentario Vasco y en las otras, una aceptación ya
plena de las competencias de las comunidades autónomas y de la
Administración local, pero sobre todo de las comunidades autónomas,
porque este mundo de la defensa del consumidor y del usuario, por los
distintos niveles en los que se mueve, tiene que ser objeto de una
administración también con un criterio de unidad de doctrina o de
actuación para que no sembremos el confusionismo entre el sector
fabricante o productor de los bienes de consumo y servicios que
benefician a los consumidores.
Pero mi grupo también se congratula -y no quiere inventar nuevas
figuras institucionales- porque hemos visto en los textos de las
propias enmiendas la aceptación de una figura institucional con cerca
de 20 años, que es el Instituto Nacional del Consumo. Yo me
congratulo de apoyar el que se acepte esta iniciativa con la figura
del Instituto Nacional del Consumo, de la Administración central,
para coordinarse con las comunidades autónomas, figura que no ha sido
afortunadamente objeto de controversia, para que sea un organismo
que, con un principio jurídico y técnico, con un principio de
imparcialidad y de neutralidad, mantenga la línea que ha seguido
desde hace muchos años. Quiero decir esto porque a veces olvidamos la
memoria histórica de las instituciones, que nosotros tenemos que
conservar, mantener y potenciar. Porque aquí se trata también de
buscar una medidas necesarias para impulsar su papel, y ese papel
está afortunadamente bien definido en el ámbito de competencias y
actuaciones del Instituto Nacional del Consumo. Quiero decir esto en
honor de un diputado del Grupo Parlamentario Popular, a la sazón, en
los años 1981 y 1982, ministro de Sanidad y Consumo, don Manuel Núñez
Pérez, que en aquella ocasión, como ministro de Sanidad y Consumo,
supo ya establecer, y por decreto del Gobierno, aquellas funciones y
competencias que el Instituto Nacional del Consumo ha tenido. En esta
referencia histórica para reavivar la memoria, quería decir esto por
estar presente hoy también, después de casi 20 años, don Manuel Núñez
Pérez, diputado y entonces ministro. Vamos a conservar las buenas
instituciones que tenemos, como el Instituto Nacional del Consumo,
para que se puedan dirigir en esta situación.
Me parecería oportuno recoger, si es posible, y lo votaríamos con más
comodidad, la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y lo que es asumible y se puede recoger, sobre todo en los
párrafos segundo y tercero, de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco. En cualquier caso, nosotros, por estos
principios que he dicho, a los que se suma Coalición Canaria por la
labor que allí, en cooperación con el Instituto Nacional del Consumo,
el Gobierno autónomo de Canarias y los ayuntamientos y corporaciones
locales e insulares del archipiélago canario se ha venido haciendo,
daremos el voto positivo de apoyo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por último, y para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Es, cuando menos, paradójico que el grupo del Partido Popular, que
sustenta al Gobierno de la nación, traiga al hemiciclo esta
proposición no de ley, porque, francamente, vienen ustedes a decirle
al Gobierno que haga lo que está obligado a hacer y, además, ya está
reglamentado debidamente, tanto a través del espíritu del artículo 51
de la Constitución española como en la letra de la Ley general para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que contempla las medidas
necesarias para el control del mercado, al objeto de garantizar la
salud y la seguridad de los consumidores y usuarios.
Y resulta doblemente paradójico, señor Burgos, con todo el respeto
para su trabajo, que usted nos plantee aquí el tema de los efectos
perversos del mercado, de la globalización, como si ustedes fueran
ajenos a ese proceso de la globalización. Es, cuando menos, chocante.
Le preocupa a usted el mercado negro, los efectos perversos del
mercado. A nosotros también nos preocupa mucho; por eso precisamente
queremos controlar el mercado; precisamente por eso. Pero, señor
Burgos, más allá del respeto personal que me merece su trabajo, usted
viene hoy aquí con esto únicamente para parar la crítica que en estos
momentos está instalada en la sociedad española y con poco sentido de
la oportunidad, permítame que se lo diga -si yo fuera de su partido
le haría la crítica correspondiente-. No vengan ustedes aquí a parar
la crítica por el mal de la encefalopatía espongiforme bovina, al que
me niego a llamar el mal de las vacas locas por simpatía de género
con otras hembras de otras especies. Como ha aparecido un caso en
humanos en Galicia, ustedes se curan en salud y vienen aquí corriendo
con esta ley, creyendo que nos vamos a impresionar. Ustedes no
impresionan a nadie con este tipo de actuaciones parlamentarias,
porque lo que tenían que haber hecho hoy en esta Cámara es decir a
las ciudadanas y ciudadanos españoles que se tranquilicen, porque
ustedes garantizan que va a haber información y transparencia en el
tema, mal llamado por los eminentes científicos, de las vacas locas.
Este es el tema.
Echo yo de menos en su proposición no de ley una cuestión importante,
y es que tendrían que haber pues-
to un punto que dijera que se prohíbe a los responsables, cuando
menos a los ministros del ramo, crear alarma social por incontinencia
verbal, no vaya a ser que, a este paso, los ceramistas de Salamanca
tengan que añadir un nuevo azulejo a su estupenda colección en el que
ponga: los consumidores advertimos que las autoridades sanitarias
también pueden dañar seriamente su salud. Me refiero, obviamente, a
las declaraciones de la ministra señora Villalobos, que ha dicho a
los ciudadanos, en un momento en que todo el mundo está angustiado,
que no se preocupen, que hay muchísimos mataderos clandestinos en
España. De esto también tendrá que responder la ministra en esta
Cámara, porque, obviamente, un matadero clandestino es un delito en
este país y quien tiene conocimiento tiene que denunciarlo, y es
curioso que la ministra, como si pasara por allí, se pusiera al nivel
de un ciudadano de la calle y dijera: es que esto es un desastre, es
que aquí hay muchas irregularidades. ¡Por favor! Esto es
verdaderamente inadmisible. Así que, por favor, procuren ustedes que
los ceramistas charros no aumenten el número de azulejos gracias a
los despropósitos de su ministra.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida reclama la agencia
de seguridad alimentaria nacional. Además, como ustedes saben, en la
Unión Europea, dentro del enfoque de alcance general, se está
tramitando la creación de la futura agencia de seguridad alimentaria
europea, que además tiene previsto ser un organismo independiente y
entrará en funcionamiento a finales del 2002, como muy tarde a
principios del 2003, y precisamente para este tema España concurre
como candidata, presentando como ciudad para esta candidatura a
Barcelona. Yo creo que, ya que ustedes se enteran rápidamente de lo
que va a hacer la Unión Europea y de que tenemos a esta ciudad como
candidata, ya va siendo hora de que sepan ustedes que en este país
también hace falta una agencia de seguridad alimentaria.
Y, ¿qué quiere que le diga?, esto es centralismo. Lo que ustedes
quieren es reforzar el papel del INSS frente al papel de las
comunidades autónomas. En cuanto les aprieta el zapato, lo primero
que se les ocurre es disminuir las competencias de las comunidades
autónomas, controlarlo todo bien, tenerlo todo atado y bien atado. Y
esa época se ha acabado, esto es un Estado de las autonomías, y las
competencias en materia de consumo están descentralizadas, como usted
bien sabe, en respectivas comunidades autónomas cuyas leyes de
consumo, señor Burgos, también responden a los objetivos de
garantizar la salud de los consumidores y de los usuarios.
Por tanto, esta diputada, no por falta de respeto ni de rigor
parlamentario, no ha creído ni oportuno ni conveniente presentar
ninguna enmienda a este juego floral que presenta el Partido Popular
en este hemiciclo. Pero anuncio que, de no ser recogidas algunas de
las enmiendas de los grupos intervinientes, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida votará, sin ninguna duda, en contra de la
propuesta. Y, señor Burgos, a usted,
como diría Freud, le ha traicionado su subconsciente y ha tenido en
la tribuna un acto fallido: se ha justificado usted innecesariamente.
Y ya sabe lo que dicen los clásicos: excusatio non petita, accusatio
manifesta.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por último, el señor Burgos, a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, mi grupo no va
a aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista porque
entendemos que generan un deliberado
PRESIDENTA:
La señora Señor Burgos, a los solos efectos de indicar la aceptación
o el rechazo, sin argumentaciones.
El señor BURGOS GALLEGO: Simplemente, intentan darnos gato por liebre
... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego que se atenga a las
indicaciones de la Presidencia. Indique exclusivamente si acepta o
rechaza las enmiendas, sin argumentar las razones.
El señor BURGOS GALLEGO: Evidentemente, las rechazamos porque no se
ajustan al contenido de la proposición no de ley. (Protestas.)
Respecto a las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, entendemos
que confunden la figura de nueva creación. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego abrevie y se atenga a lo
indicado por la Presidencia, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Aceptamos la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque creemos que
aporta algo (Protestas.) y, desde luego, rechazamos las enmiendas del
Grupo Parlamentario Vasco, porque entendemos que a través de ellas
(Protestas.) se les ve claramente el plumero.
Gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos. (Pausa.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre protección a los consumidores, en los
términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas
que se han puesto de manifiesto en el propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 169; en contra, 111; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A
LA CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. (Número de expediente 162/000113.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a la creación de la
delegación del Gobierno contra la violencia de género.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la
señora Navarro. (Pausa.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a
hacer y quienes permanezcan en él lo hagan también en silencio, al
objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de nuevo volvemos a tratar en esta Cámara el problema de la
violencia de género, que por desgracia no deja de ser actualidad día
tras día. Hoy, desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos al
Gobierno la creación de una delegación del Gobierno contra la
violencia de género, que tenga, además, rango de Secretaría de
Estado. Pretendemos que desde esa delegación del Gobierno se
coordinen todas las actuaciones que se pongan en marcha desde los
diferentes ministerios implicados en esta tarea y, además, que
colabore y se coordine con las comunidades autónomas en todas
aquellas iniciativas que son de su competencia y que en este momento
ya se están desarrollando.
Somos conscientes de que no basta con la creación de nuevas
estructuras para erradicar la violencia de género. A las estructuras
hay que dotarlas de contenidos, de contenido programático y de
contenido económico. En esa línea, desde el Grupo Parlamentario
Socialista presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado incrementando en 5.000 millones el presupuesto para el plan de
acción contra la violencia. Por desgracia, esa enmienda fue rechazada
en esta Cámara. Sin embargo, a pesar de que lo más importante es lo
que acabo de mencionar, el presupuesto económico que se fija para el
desarrollo de las medidas programáticas es insuficiente. También es
importante la coordinación y la optimización de los recursos que
ponemos en marcha.
Somos conscientes de que estamos hablando de un problema muy complejo
y muy difícil. Es un problema muy arraigado en la sociedad, hacia el
que la sociedad
ha sido bastante tolerante, yo diría -igual que Marisa Castro- desde
la prehistoria. Ese papel subordinado que la mujer ha tenido siempre
con respecto al varón es el origen precisamente de esa violencia.
Nadie agrede a quien considera igual. Se agrede a quien se considera
más débil. Ese es el origen. Por eso entendemos que es un problema
que hay que afrontar desde la integralidad.
Sabemos también que es un problema educativo por lo que tenemos que
luchar desde la educación. Educar en valores, educar no sólo en la
tolerancia, sino también en el respeto a las diferencias y a los
demás, y también en ese cambio cultural. Yo creo que todos
coincidiremos en que es un problema que preocupa a la sociedad.
Afortunadamente, es un problema que va preocupando cada vez más a la
sociedad entera, pero es un problema del que no sólo tenemos que
preocuparnos, sino que, además, tenemos que ocuparnos. En esa línea
es en la que en este momento, y en el día de hoy, proponemos esta
nueva iniciativa.
Es cierto que desde el Gobierno, a nivel nacional, desde las
comunidades autónomas, desde los propios ayuntamientos se están
poniendo en marcha iniciativas que tratan de atajar esa violencia de
género. Pero también tendremos que reconocer hoy que esas
iniciativas, hasta este momento, son insuficientes. Vuelvo a repetir
que la respuesta al problema de la violencia de género no sólo afecta
a las mujeres, aunque sí principal y mayoritariamente, sino también a
los menores que viven y conviven en esas unidades familiares, porque
siempre -y eso es algo que también está demostrado estadísticamente-
tienden a repetir lo que han visto en su infancia en su casa. Es un
problema que va más allá de lo que es la propia violencia hacia las
mujeres. A pesar de esas iniciativas que se han puesto en marcha,
todos tenemos que reconocer que son claramente insuficientes. Como
ustedes conocen, en este momento está en marcha un plan de acción
contra la violencia de género, cuya duración era de tres años, pero
hemos venido reiterando a lo largo de este tiempo que no tenía
medidas concretas y específicas ni presupuesto concreto y específico
para el desarrollo de cada una de esas medidas. Por tanto, es un plan
que no se puede evaluar en este momento y, además, algunos
representantes del propio Gobierno reconocen que el plan no ha dado
los frutos que se esperaban. Es verdad que han aumentado las
denuncias en estos últimos años, que se debe no sólo a la
sensibilización de las mujeres, que ya estaban sensibilizadas, sino
al papel que están jugando desde hace muchísimo tiempo las
asociaciones de mujeres en dicha sensibilización. Es una cuestión
sobre la que ya no sólo las mujeres se están sensibilizando, sino
cada vez más la sociedad entera.
El éxito del plan no lo podemos basar exclusivamente en que haya un
aumento de denuncias. Cuando una mujer pone una denuncia, si no se le
ofrece seguridad estamos poniéndola en peligro de que sufra una nueva
agresión o en muchos casos de ser víctima de un asesi-
nato. Por eso es imprescindible que las mujeres presenten denuncias,
pero también tenemos la obligación de ofrecerles seguridad después de
cada una de esas denuncias. Yo no dudo -como he dicho al principio-
de que es una preocupación de todos los grupos políticos, pero no
sólo tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos de dar
respuesta y de que todos adquiramos un compromiso serio y contundente
con este problema, que ya he dicho que es complejo y difícil.
Estamos pidiendo hoy un nuevo recurso que viene siendo demandado por
las organizaciones de mujeres que llevan mucho tiempo trabajando
directamente con las mujeres víctimas de esas agresiones. Por tanto,
conocen mejor que nadie el problema porque lo conocen de manera
directa. Por eso yo me atrevo esta tarde, en su nombre, a pedirles el
voto favorable para esta iniciativa que hoy presentamos. Una
violencia que se cobra la vida de una mujer, como mínimo, cada semana
merece no sólo mayor rechazo cada día de la sociedad, sino además un
compromiso de toda la sociedad, especialmente de los poderes
públicos, que somos los que podemos dar respuesta con nuestros
recursos.
Quiero comentarles en qué consistiría esa delegación de Gobierno, que
pedimos que tenga rango de Secretaría de Estado y que esté dentro del
Ministerio de la Presidencia. A esa delegación del Gobierno le
correspondería impulsar y coordinar el plan integral contra la
violencia de género, que se aprobaría con carácter bianual, que
contemplaría medidas de prevención, de sensibilización, de
protección, de atención, de asistencia y de reinserción de las
mujeres y de sus hijos; coordinar principalmente a todos los
ministerios implicados y que tienen acciones para esos planes contra
la violencia; colaborar y coordinar las políticas y actuaciones que
se están desarrollando y que se puedan poner en marcha por parte de
las comunidades autónomas; desarrollar también estudios e
investigaciones, así como un banco nacional de datos que sirva de
observatorio permanente de la evolución de la violencia de género. En
estos momentos, señorías, incluso los datos de las mujeres que son
asesinadas, dependiendo de qué fuente los recojamos, arrojan un
número u otro: según las organizaciones de mujeres -y su información
es bastante fiable-, son 60 mujeres muertas en lo que va de año;
según los datos que se nos ofrecen desde el Ministerio, son 34 ó 35
mujeres. Yo creo que los datos difieren bastante y hay que
coordinarlos.
Habría que estudiar y definir los criterios y requisitos de algunos
de los recursos puestos en marcha, como es el caso de las casas de
acogida, y hacerlo en colaboración siempre con las comunidades
autónomas, porque, como digo, la mayoría de las transferencias las
tienen las comunidades autónomas. Pero seguimos entendiendo que tiene
que haber una figura, al igual que en la proposición no de ley que
defendíamos hace unos momentos, que colabore y coordine, porque ello
no significa que invada competencia alguna de las comunidades
autónomas.
Voy a terminar ahora mismo. Me atrevo, señorías, a pedirles de nuevo
el voto afirmativo para esta iniciativa, que sabemos que no es la
solución, pero sí un paso más en este camino que venimos andando, del
que todavía nos queda un trecho, pero que estoy segura de que si lo
hacemos con medidas consensuadas, con rigor, presupuestando cada una
de esas medidas y con un compromiso serio, terminaremos erradicando
esa lacra que supone la violencia hacia las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra de forma brevísima para expresar que el Bloque
Nacionalista Galego comparte el objetivo del Grupo Parlamentario
Socialista al presentar esta proposición no de ley; el objetivo de
darle una relevancia política a un tema tan grave desde el punto de
vista social, para poder enfrentarlo con eficacia y con mayores
garantías de las que se enfrenta hoy en día. La relevancia política
de crear, dentro del Ministerio de la Presidencia, una delegación del
Gobierno en contra de la violencia de género, con la categoría de
Secretaría de Estado, pensamos que es un salto cualitativo que puede
redundar benéficamente en acabar con esta lacra social. Y además
pensamos que el impulso y la coordinación de actuaciones de carácter
preventivo, disuasorio, educativo, de reinserción, de vigilancia y de
amparo que se pueden tomar en distintas administraciones, exige que
haya una institución de carácter coordinador, observante y de gran
importancia cualitativa desde el punto de vista político.
No voy a enumerar muchas de las características de este gravísimo
problema porque ya lo hizo de una manera eficaz la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Solamente me detendré brevísimamente a
explicar o justificar el porqué de nuestra modificación al apartado
quinto. Proponemos que se sustituya el texto de este apartado por el
siguiente: Estudiar y definir criterios y requisitos básicos para
casas de acogida y centros de atención para mujeres y niños/niñas
víctimas, de acuerdo con las comunidades autónomas. Los requisitos
que se deben establecer han de ser básicos, entendiendo por ello un
mínimo común, que podrá ser ampliado por las comunidades autónomas en
función de las necesidades y realidades que se observen en cada una
de ellas.
En el proceso de decisión de esta configuración básica de las casas
de acogida deberán ser consultadas las
comunidades autónomas, puesto que es a ellas a quienes les compete
crear y gestionar las casas de acogida y centros de atención a
mujeres maltratadas. Éste es el motivo justificativo de nuestra
enmienda de modificación al apartado quinto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo comparte muchos de los argumentos que ha expuesto la
portavoz del Grupo Socialista en su exposición de motivos, inclusive
en lo referente a la necesidad de poner en marcha acciones integrales
para combatir lo que, creo que todos compartimos en esta Cámara, es
una de las lacras que todavía persisten en nuestra sociedad. En
nuestro grupo no creemos que lo que se plantea en esta proposición,
que es la creación de una delegación del Gobierno, sea, hoy por hoy,
la alternativa más válida para la lucha eficaz contra la violencia de
género. Desde nuestro punto de vista, crear más estructuras de
carácter centralista no es la mejor forma para combatir este
problema, sobre todo cuando muchas de las competencias, que no voy a
relatar pero que se enumeran en la propuesta realizada, están
transferidas a las comunidades autónomas. Y no sólo están
transferidas, sino que, en concreto en mi comunidad autónoma, en
Canarias, al igual que en otras, se están llevando a cabo y se están
desarrollando programas integrales; y los institutos de la mujer de
las comunidades autónomas, que tienen esa función de coordinación
intersectorial y horizontal dentro de los gabinetes de los diferentes
departamentos de los gobiernos autónomos, están realizando la
integración de las políticas contra la violencia de género. Esto por
lo que se refiere a la estructura de las comunidades autónomas. Por
otro lado, desde nuestro punto de vista, ya existe una estructura en
el Estado para la coordinación horizontal de los departamentos
ministeriales del Gobierno que, a nuestro modo de ver, es la propia
Secretaría de Estado para los Asuntos de la Mujer.
Por aportar algo más a este debate desde la experiencia habida en
otros ámbitos - empleo, educación, sanidad, etcétera-, la práctica
nos ha dicho que, en la medida en que se avanza con un volumen cada
vez más importante de transferencias de competencias, si a su vez
caminamos en la superposición en este contexto de descentralización
de la gestión de ciertas prestaciones y de programas hacia las
autonomías, crear nuevas estructuras de carácter central, al
contrario del efecto que estoy segura se pretende por parte del Grupo
Socialista con esta propuesta, que es aunar
esfuerzos y conseguir una mayor eficacia en las actividades, ha
conllevado todo lo contrario: diversificar los pocos recursos
existentes que en este caso compartimos para la lucha contra la
violencia, diversificar esfuerzos y asumir roles de una coordinación
no efectiva en el territorio. Entendemos que, con independencia de
que el problema de la violencia de género es un problema de Estado,
donde mejor se pueden aunar esfuerzos de coordinación de todos los
recursos existentes es en el ámbito más local posible, desde la
Policía municipal, a los ayuntamientos, los servicios sociales,
etcétera. Por eso, nosotros entendemos que el esfuerzo que es
necesario realizar para que se tomen acciones concretas ha de
revertirse en la coordinación hacia las estructuras que ya existen,
por un lado, en el Estado y, por otro, en las propias comunidades
autónomas, como ocurre en el caso de los institutos de la mujer.
Entendemos que es necesario un mayor apoyo presupuestario, con
presupuestos finalistas, no sólo en lo que se refiere a los
institutos de la mujer sino a los programas de la lucha contra la
violencia de género. Creemos que es responsabilidad del Estado
financiar y cofinanciar con las comunidades autónomas programas para
resolver este problema y hacer un esfuerzo para encauzarlos por las
estructuras existentes. También es necesario hacer un mayor esfuerzo
desde el Gobierno del Estado, aparte de lo que ya hemos comentado,
para reforzar las estructuras judiciales y para apoyar que el aparato
judicial en su conjunto avance y evolucione de forma homogénea y
congruente. En ese sentido, reiteramos una propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista hizo en esta Cámara hace meses, y que
nuestro grupo apoyó, de retomar cuando sea posible el debate sobre la
ley integral contra la violencia de género o apostar, como mínimo,
por la necesidad de llevar a cabo un estudio en el seno del Gobierno
y del Parlamento para actualizar todos los aspectos legislativos
existentes sobre las medidas a tomar en este problema y que hoy están
dispersas en numerosa legislación.
Por las razones expuestas, y aunque compartimos la exposición que ha
hecho la portavoz, el sentido que le mueve y el objetivo que se
pretende, sentimos no poder compartir la propuesta que se ha plasmado
en la creación de esta delegación del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta tarde no he venido a la Cámara a hacer amigos, porque,
de la misma forma que antes nos hemos opuesto a la iniciativa
presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, también ahora vamos a votar que no a la que
nos propone el Grupo Parlamentario Socialista. Espero, sin embargo,
que la señora Navarro encuentre adjetivos más adecuados que el que se
me ha dedicado antes de que se me ve el plumero. Si con ello se
quería decir que se me notan mucho mis siglas, espero que así sea,
porque las exhibo con enorme orgullo.
Compartimos la preocupación y la denuncia que los contenidos de la
iniciativa socialista tiene, pero en modo alguno la estructura que se
le da. De la misma manera somos sensibles ante el problema y desde
los ámbitos de poder de la Administración vasca se ha reaccionado ya
ante este problema de forma pionera en muchos aspectos. En el día de
hoy creo que se presentaba ante el Parlamento vasco por la directora
de Emakume y el propio lehendakari un programa de coordinación muy
completo, en el que estaban involucrados tanto el Poder Judicial,
como las fiscalías, los forenses, el colegio de abogados y el colegio
de médicos, para establecer un protocolo de actuaciones respecto de
estas situaciones.
Lo que intenta abordar la creación de esta estructura organizativa
que pretende la iniciativa socialista de creación de una delegación
del Gobierno, coincide con contenidos que actualmente tiene asumidos
el Instituto de la Mujer, organismo autónomo creado por la Ley 16/
1983, de la etapa socialista, por cierto, y que es un organismo
autónomo, más, si se me permite decirlo con esta expresión, que lo
que es una delegación del Gobierno dentro de la estructura
administrativa y que está incluso adaptado a las exigencias de la Ley
de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado y adscrita a un ministerio concreto. Habría que acreditar por
qué una delegación dependiente de la Presidencia del Gobierno iba a
hacer mejor este cometido, que desde nuestro punto de vista sería una
reduplicación, que lo que actualmente puede hacer el Instituto.
Además ocurre que entre las funciones que se le atribuyen a esta
delegación, lo de prevenir, sensibilizar y proteger son asuntos
sociales, es decir, títulos competenciales que corresponden a las
comunidades autónomas y, de alguna manera, a todas las
administraciones públicas. También la Administración local realiza
cometidos en esta materia. Ciertamente es competencia del Estado lo
que hace referencia a la legislación penal o procesal, pero eso
serían cuestiones a abordar en otro ámbito, y tampoco vemos por qué
desde una delegación del Gobierno la promoción de la iniciativa
legislativa iba a resultar mejor.
La idea de la existencia de un banco nacional de datos nos huele un
poco a la línea del señor Bono con la que no acabamos de estar del
todo de acuerdo, si se nos permite manifestar esta discrepancia
contra lo que se considera el pensamiento correcto en esta materia,
pero, repito, me atrevo a manifestarlo porque así lo considero. Se
puede estar absolutamente en contra de
la violencia de todo género, en la lucha lo más dura que se pueda y
lo más activa posible contra la violencia que se produce en el ámbito
doméstico y no por ello hay que compartir todas las iniciativas que
se promuevan en este ámbito, aunque consideremos valioso el interés
que les anima.
Se habla también de definir requisitos mínimos en cuanto a
determinadas actividades que son estrictamente prestacionales, por
ejemplo, las casas de acogida o los centros de atención a las
mujeres. No se nos alcanza qué título competencial iba a esgrimir una
delegación del Estado para poder ejercitar una actuación de este
estilo. Repito, desde distintas instancias públicas se están
adaptando ya soluciones al respecto. Creemos que los poderes
públicos, en concreto los vascos, están reaccionando bien y más se
hará si ello es preciso, pero haría falta que se nos acreditase -y la
iniciativa socialista no lo consigue- que el Instituto de la Mujer,
organismo autónomo, repito, no es adecuado para las funciones de
coordinación o de impulso que le pueden competer en este área y que
acreditase por qué una delegación dentro del ámbito de la
Administración del Estado iba a conseguir lo que el Instituto no
consigue. Por la salvaguarda de las competencias de las comunidades
autónomas, porque no creemos que se justifica la creación de una
estructura administrativa distinta y porque creemos que la
preocupación, la sensibilidad y el contenido de denuncia que se
contienen en la iniciativa ya se están salvando desde otros ámbitos,
el Grupo Vasco, hoy por hoy, votará que no a la iniciativa que nos
propone el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora
Castro tiene la palabra.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Señorías, a este debate sobre violencia de género yo hoy quiero
ponerle cara y ojos. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante,
ocupa la Presidencia.) Quiero ponerle nombre, quiero que ustedes
comprendan cómo las instituciones pueden también contribuir y ser
sujetos de malos tratos a las mujeres y cómo estamos obligados a
impedirlo desde aquí. Por eso me dirijo desde esta tribuna al
Gobierno de la nación y particularmente al excelentísimo señor
ministro de Justicia. Señor Acebes -aunque esté ausente-, Tani es
condenada a catorce años, seis meses y un día de cárcel, según
sentencia número 246 bis/99, de 28 de mayo de 1999. El día 2 de
agosto del año 2000 se mantiene una reunión con el Defensor del
Pueblo exponiéndole la situación de Teresa. A partir de ese momento
se va remitiendo a su Ministerio toda la documentación relacionada
con el proceso de Tani y los informes obrantes
en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, donde vive María Teresa
Moreno Maya. Han transcurrido más de tres meses, señor ministro,
durante los cuales y a través de los medios de comunicación, es
conocido por toda la ciudadanía de este país el calvario de malos
tratos que durante 17 años ha padecido Tani.
A fecha de hoy, y dando por hecho que usted, señor ministro de
Justicia, es conocedor de esta situación, obran en su poder todos los
informes preceptivos, que no vinculantes -sentencia Sala Cuarta y
Fiscalía- relacionados con este tema. El pasado jueves 23, fecha en
la que ya estaban en su Ministerio, manifestó usted a los medios de
comunicación que no tenía tiempo para leer dichos informes.
Entendemos que el tiempo de los políticos se debe emplear en
prioridades, sobre todo cuando éstas están relacionadas con los
derechos humanos, y en este caso con la vida y la salud de una
persona. Es evidente que ustedes sí tienen tiempo para lo que
entienden prioritarios asuntos de Estado, generalmente relacionados
con intereses económicos. Pues sepan que éste también es un asunto de
Estado, que el terrorismo de género no es un problema de las mujeres,
es una cuestión de Estado. El próximo viernes, día 1, ya no hay
excusas para que a Tani no le sea concedido el indulto. Es cuestión
de que demuestren la sensibilidad que hasta ahora no han tenido y la
voluntad política para abordar de forma seria la lacra social que
representa la violencia de género.
Por tanto, a través de este escrito del que soy portavoz en este
momento, por lo que me siento sumamente honrada, como representantes
democráticamente elegidas, las que estamos aquí a favor del indulto a
Tani, las que están en la calle, concejalas, alcaldesas, primeras
teniente de alcalde y miles de mujeres madrileñas y españolas,
venimos a pedir en este hemiciclo que en la reunión del Consejo de
Ministros del próximo viernes 1 de diciembre le sea concedido el
indulto total a Teresa Moreno Maya. Esto es, señorías, lo que se
llama en mi tierra concretar en la política.
Nada más y muchas gracias. ¡Indulto para Tani! (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora
Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista presenta en la Cámara
una proposición no de ley por la que, de aprobarse, se instaría al
Gobierno a que creara en el Ministerio de la Presidencia la figura de
la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Lo hace por
entender, según nos ha manifestado en su exposición la señora
Navarro, que esta delegación sería un instrumento adecuado y eficaz
para desarrollar la
política de erradicación de la violencia de género. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora muy positivamente
esta iniciativa porque, tal como ha tenido ocasión de pronunciarse en
numerosas ocasiones desde esta tribuna, comparte absolutamente el
fondo de la misma, esto es, la exigencia de seguir incansablemente
adoptando respuestas frente a la violencia contra las mujeres.
Es evidente que desde los poderes públicos, cada uno desde su
responsabilidad, debe seguirse impulsando y fortaleciendo las medidas
necesarias hasta erradicar totalmente esta violencia y se debe en
consecuencia seguir potenciando iniciativas en los que consideramos
ejes básicos para la efectiva erradicación de este grave problema:
formación, información y creación de recursos asistenciales. Por
ello, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le hubiera
gustado apoyar la iniciativa que se nos presenta y no sólo por la
sintonía y el acuerdo con el fondo del problema, sino también por la
convicción, ya expresada reiteradamente desde esta tribuna, de que la
erradicación de la violencia de género debiera considerarse materia
de consenso y de que cuantas medidas se adoptasen para conseguirlo
debieran ser fruto, en lo posible, de un amplio y generoso acuerdo
entre todos los grupos. A este consenso el Grupo Parlamentario
Catalán no sólo se ha sumado, sino que lo ha propiciado en todas las
ocasiones en que ha sido posible.
Al Grupo Parlamentario Catalán le hubiera gustado apoyar esta
iniciativa aun expresando la cautela -que, por otra parte, estamos
seguros de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
comparte- de que entendemos que, en la erradicación de la violencia
de género, ninguna medida -ni la que ahora nos propone el Grupo
Parlamentario Socialista ni ninguna otra- puede postularse como
paradigmática. Si se hace así, corremos el riesgo de generar unas
expectativas que, de no cumplirse -y todos sabemos de la dificultad
de erradicar conductas que se anclan en mentalidades-, pueden
convertirse en frustraciones. En este caso concreto, ni la sintonía y
conformidad con el fondo del asunto ni nuestra postura proclive al
acuerdo y consenso en esta materia pueden permitirnos apoyar esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. La razón es que no
podemos estar más que en desacuerdo con la forma y contenido de la
misma porque, a nuestro entender, no respeta las atribuciones
competenciales de las comunidades autónomas. Insisto en que estamos
absolutamente a favor de seguir adoptando cuantas medidas parezcan
eficaces en la lucha contra la violencia de género, pero siempre
desde el respeto competencial. El concreto contenido que se da a esta
delegación del Gobierno en la iniciativa que se nos propone lamina e
invade, a nuestro entender, las competencias que en estas materias
tienen asumidas las comunidades autónomas, algunas de forma
exclusiva.
En efecto, si examinamos la propuesta vemos que, de los ocho
apartados en que se concreta el cometido y contenido de esta
delegación del Gobierno, al menos tres invaden las competencias que
algunas comunidades autónomas y Cataluña en concreto tienen asumidas
en materia de educación, policía, sanidad, asistencia social,
reinserción e Instituto de la Mujer. Por poner un ejemplo, en la
hipótesis de que esta delegación existiera, las comunidades autónomas
no hubieran podido diseñar sus campañas de tolerancia cero frente a
la violencia doméstica con criterio propio y autónomo, en función de
las competencias que tienen asumidas, sino que hubieran tenido que
someterse a la coordinación que ustedes proponen para esta
delegación. Lo mismo puede decirse por lo que respecta a las medidas
que frente a la violencia de género se adoptan en las comunidades
autónomas en materia de prevención, educación, policiales -al menos
en Cataluña-, sanitarias, sociales y de reinserción, e incluso en la
definición de los criterios y requisitos mínimos para casas de
acogida y centros de atención para mujeres, niños y niñas, víctimas
de esta violencia.
Señorías, en todas estas políticas la competencia es de las
comunidades autónomas y la propuesta que nos hace el Grupo
Socialista, a nuestro entender, invade estas competencias. Y como por
otra parte entendemos que la finalidad que persigue la iniciativa en
aquellos aspectos de coordinar a los ministerios implicados, el
desarrollo de estudios e investigaciones, el impulso de experiencias
piloto y el seguimiento y evaluación de las políticas desarrolladas,
e incluso la comunicación, cooperación y puesta en común de las
políticas seguidas en las comunidades autónomas, se pueden llevar
perfectamente a cabo a través de las estructuras ya existentes sin
necesidad de crear en principio otras nuevas, concluyo diciendo que,
por una razón estrictamente competencial, votaremos negativamente la
propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
queriendo significar una vez más que el Grupo Parlamentario Catalán
se pronuncia absolutamente a favor de seguir adoptando cuantas
medidas se consideren eficaces en la lucha contra la violencia de
género, pero siempre desde el más absoluto respeto competencial.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora
Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en nombre de mi
grupo sobre una proposición no de ley que tiene como contenido la
violencia doméstica. En otros temas que al hilo de esta cuestión se
han planteado no voy a entrar porque nuestro grupo claramente ha
mostrado cuál era su posición en aquellos cauces que consideramos que
son los adecuados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Se
habla hoy en esta iniciativa de la violencia doméstica y seguro que
todas SS.SS. coincidirán conmigo en que constituye el atentado más
grave contra el ideal y contra el objetivo de la equiparación de los
derechos. Atenta claramente contra los derechos humanos, contra la
vida, contra la libertad y contra la dignidad de las personas. Y
conviene recordar que en nuestro país el actual Gobierno desde el
primer momento abordó este grave problema con el rigor y con el
compromiso que el asunto requiere y convirtió en uno de sus objetivos
políticos la erradicación de la violencia doméstica.
Ustedes saben además que este grave problema social contó durante
muchos años, siglos, con escaso eco en la sociedad, a pesar de esas
graves consecuencias, las mismas que hoy tiene, y es importante, por
tanto, que se haya sacado ya a la luz el silencio que hasta entonces
había, que hoy sea objeto de debates políticos, porque la violencia
doméstica es un problema que viene de siglos y hoy la sociedad
española ya la condena. Sin duda también es cierto que
afortunadamente en los últimos años el Gobierno ha tomado conciencia
de la seriedad del problema y ha establecido una serie de medidas
rigurosas para erradicarlo, para tratar de erradicarlo. Y lo ha hecho
además en colaboración con las comunidades autónomas, como el reparto
competencial exige.
A nivel estatal conviene recordar que el Gobierno, de forma pionera
en Europa y desde luego en España, aprobó en el año 1998, bajo la
coordinación del Instituto de la Mujer el primer plan de acción que
estuvo precedido ya de una serie de medidas urgentes elaboradas y
puestas en marcha con anterioridad. Lo cierto es que, a pesar de que
el problema es histórico, como aquí se ha recordado, y de que allá en
el año 1989 el Senado emitió un informe muy claro en el que se
demandaba una serie de medidas similares a las que se contemplan en
ese primer plan de acción, hubo que esperar hasta que llegara el
actual Gobierno para que se iniciaran una serie de medidas
específicas con el fin de desarrollar programas de prevención, de
sensibilización, de divulgación, de atención a las víctimas, y algo
tan importante y sin duda necesario como es el asesoramiento a las
mismas.
Pues bien, aunque la evaluación de ese plan, que lleva en
funcionamiento tres años escasos, se va a llevar a cabo cuando
finaliza, es decir, en el mes de diciembre, nuestro grupo puede
decir, porque es conocido -sus señorías debían conocerlo-, que se ha
adelantado, en una actitud sin duda importante de ayuda a esas
mujeres. Porque no solamente -esta Cámara lo ha hecho por unanimidad
y es importante recordarlo- se ha llevado a cabo la reforma del
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejor
protección de las víctimas, sino que también ha habido instrucciones,
creemos que importantes, de la Fiscalía, se
han promovido importantes campañas de sensibilización, porque ese es
uno de los objetivos, y se han ampliado los recursos de asistencia a
las víctimas. Recordemos que hoy hay 40 servicios de atención a la
mujer en el cuerpo nacional, que hace años estaba muy lejos de
existir; que funcionan ya 49 oficinas de asistencia a las víctimas en
los juzgados; que se han creado 54 nuevos equipos de atención a la
mujer y al menor en la Guardia Civil, a lo que hay que añadir 84
nuevas casas de acogida o pisos tutelados que no existían. Ha
supuesto un incremento del 53 por ciento. Partiendo de la experiencia
práctica, nuestro grupo considera que lo que hay que hacer es decidir
qué acciones hay que seguir porque son eficaces y cuáles deben
incorporarse de manera nueva para tratar de alcanzar ese objetivo
importante de erradicar el problema de la violencia.
Deben conocer también, señorías, que el Gobierno ha anunciado la
elaboración de un segundo plan de acción para los tres próximos años
en colaboración con las comunidades autónomas y con las
organizaciones no gubernamentales, que vendrá además marcado por las
directrices recogidas en la plataforma de acción de Beijin y en las
conclusiones retomadas también en la conferencia de Nueva York. El
objetivo actual, insisto, no puede ser otro, por tanto, que reforzar
las medidas iniciadas e incorporar nuevas iniciativas desde la
colaboración de las comunidades autónomas. Puesta así la cuestión, me
van a permitir que con absoluto respeto les diga que la proposición
no de ley que aporta hoy el Grupo Socialista no supone ninguna
novedad respecto a las medidas que se vienen adoptando y que a
nuestro juicio revela, por otro lado, un desconocimiento de la forma
en la que coordinadamente se vienen realizando entre la
Administración central y las comunidades autónomas. Pero no lo quiero
hacer de forma gratuita, voy a decírselas una por una.
Primero, ustedes debían saber que precisamente en una de las últimas
conferencias sectoriales se aprobó la realización del segundo plan
que ustedes pedían y además se elaboró el compromiso de hacerlo con
las comunidades autónomas; por tanto, reclamarlo nos parece
extemporáneo. Segundo, la coordinación que solicitan con los
ministerios implicados ya se viene realizando desde el año 1998,
porque se ha creado una Comisión interministerial para llevarlo a
cabo. Tercero, la coordinación y la colaboración con las comunidades
autónomas en este tema ya se lo he referido antes. Pero es más, tengo
que decirles que en la última conferencia sectorial, en la última
reunión celebrada la semana pasada o la anterior, se acordó crear un
grupo de trabajo para que, de forma coordinada y de seguimiento
permanente, se llevaran a evaluar todas las medidas adoptadas, además
de revisar las que se incorporarán en el segundo plan. Lo que
importa, señorías, es precisamente seguir ahondando en aquellas que
son importantes y poder incorporar, en el momento que sea, las que
puedan parecer más eficaces. Cuarto, parecen olvidar que se han
realizado
numerosos estudios sobre la materia, que no puedo enumerar pero que
ustedes solicitan, y ya se han realizado muchos e importantes y se
seguirán haciendo. Quinto, es bueno que sepan que precisamente en esa
conferencia sectorial de septiembre de 1999 se aprobó, de acuerdo con
las comunidades autónomas, un documento que ustedes reclaman, sobre
los criterios y requisitos que deben emplear los centros de acogida,
y se hizo de acuerdo con las comunidades autónomas, porque sólo puede
servir de orientación y desde la asunción entre todas las
administraciones implicadas en la conveniencia de mejorar este tipo
de servicios. Es importante que esto haya sido recordado por las
compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Sexto,
parecen desconocer que se aprobó, en la conferencia interministerial
de la salud, un protocolo de actuación sanitaria, pero allí estaban
presentes las comunidades autónomas que tienen competencia en el área
de la salud. También parecen desconocer, señorías, como se deduce de
su petición, que se viene priorizando en las últimas convocatorias,
tanto del IRPF como del régimen general, la financiación para las ONG
que están realizando programas importantes de ayuda a las mujeres,
como ustedes reclamaban. El Grupo Socialista olvida que el
seguimiento de las políticas desarrolladas en el ámbito nacional se
hace mediante un informe anual que lleva nombre y apellido y que lo
firman, porque se incorporan las actuaciones que han realizado año
tras año, las comunidades autónomas.
Señora presidenta, nada nuevo aportan las propuestas concretas que se
formulan en la proposición no de ley. No hay ninguna que no se esté
realizando por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
coordinadamente con el Instituto de la Mujer.
Por último, señorías, el Grupo Socialista debería tener presente, en
el momento en que propone la creación de una delegación del Gobierno,
que sería la única novedad, contra la violencia de género, en primer
lugar, las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas
y, en segundo lugar, que el Instituto de la Mujer se ocupa de la
política del Gobierno en relación con este asunto. Por eso es el
organismo encargado de coordinar y de impulsar todas las acciones que
en este terreno se están realizando por los ministerios y por las
comunidades autónomas. No tiene razón de ser por tanto la petición de
la creación de una delegación del Gobierno contra la violencia de
género cuando el Instituto de la Mujer viene ya realizando los
cometidos que ustedes asignan y lo viene haciendo de forma eficaz. De
la creación de esa delegación ningún beneficio se iba a reportar ni a
la sociedad ni a las acciones que se impulsan y, como ha quedado muy
claramente expuesto por otros portavoces, sí se iban a derivar
importantes conflictos, incluso competenciales. Por todas estas
razones, señorías, nuestro grupo no puede apoyar la proposición no de
ley del Grupo Socialista. Las propuestas se vienen realizando y la
creación de la delegación no la estimamos ni necesaria ni adecuada.
Señora presidenta, señorías, termino señalando que sí consideramos
necesario que todos los grupos políticos, que todas las
administraciones y las entidades civiles aúnen los esfuerzos para
contribuir a cambiar las mentalidades y las actitudes que todavía
perduran. Mi grupo apuesta muy claramente por los valores de
igualdad, por los valores de tolerancia y por el respeto a la
diversidad dentro del marco familiar y de las relaciones sociales,
para que no sigan existiendo estereotipos sexistas, como hay, según
los cuales las mujeres son propiedad de sus maridos y compañeros
hasta el punto de poder decidir incluso sobre su propia existencia.
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señora presidenta.
El compromiso del Grupo Popular es muy claro. El primer plan marca un
hito en la política de un Gobierno de España y es un compromiso real
con la política de igualdad y de solidaridad, fruto de la
participación y de la colaboración de todos, sin exclusión de nadie,
como quiere siempre trabajar el Grupo Popular. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Señora Navarro, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo de la enmienda presentada por el señor Rodríguez, del Grupo
Mixto.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Yo quiero agradecer la enmienda al señor Rodríguez y además decirle
que la aceptamos por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro. (Pausa.)
Señorías, ruego, ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de la
delegación del gobierno contra la violencia de género, con la
incorporación de la enmienda presentada por el señor Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 112; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las ocho de la tarde.