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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 43, de 23/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 43
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 41
celebrada el jueves, 23 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página 2102)
Enmiendas del Senado. - Proyecto de Ley por la que se aprueban
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la
pequeña y mediana empresa (procedente del Real Decreto-Ley 3/2000, de
23 de de junio). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
4-1, de 21 de julio de 2000. (Número de expediente 121/000004) . . .
(Página 2103)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.
- Acuerdo por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el
Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en
apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en
España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el
29 de enero de 1964, hecho en Madrid el 7 y 28 de enero de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 5, de 12 de junio
de 2000. (Número de expediente 110/000001) . . . (Página 2108)
- Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, así como Declaración que
España va a formular a la misma. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 41, de 21 de julio de
2000. (Número de expediente 110/000031) . . . (Página 2109)
- Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su
eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 50, de 11 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 110/000040) . . . (Página 2109)
- Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición
y asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos de 21 de noviembre de 1978, hecho en Ciudad
de México el 6 de diciembre de 1999. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 51, de 11 de septiembre de 2000. (Número
de expediente 110/000041) . . . (Página 2109)
- Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación
Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 52, de 11 de septiembre de
2000. (Número de expediente 110/000042) . . . (Página 2109)
- Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 24.a reunión de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (Alicante, 12 al 16 de julio de 1999) y
primera reunión extraordinaria (Alicante, 7 al 9 de julio de 1999),
hecho en Roma el 2 de julio de 1999. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 53. de 11 de septiembre de 2000. (Número
de expediente 110/000043) . . . (Página 2111)
- Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 54, de 11 de septiembre de
2000. (Número de expediente 110/000044) . . . (Página 2111)
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana, hecho en Madrid, el 25 de febrero de 2000
y del Canje de Notas de 30 de junio y de 3 de julio de 2000, que
subsana dos errores advertidos en el Preámbulo de aquél. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 55, de 11 de septiembre de
2000. (Número de expediente 110/000045) . . . (Página 2111)
- Acta Adicional, hecha en Madrid el 22 de junio de 2000, que
modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el
fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, y el Protocolo, firmados en Bruselas, el 14 de junio de
1995. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 56, de 11 de
septiembre de 2000. (Número de expediente 110/000046) . . .
(Página 2111)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
de Belarús al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de
mayo de 1971. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 57,
de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 110/000047) . . .
(Página 2111)
- Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte
aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 y
Declaraciones que España va a formular al mismo. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 58, de 15 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 110/000048) . . . (Página 2112)
- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de Costa
Rica y de las Repúblicas de Uzbekistán y Fiji al Convenio de La Haya
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 59, de 15 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 110/000049) . . . (Página 2112)
- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la
República Federativa del Brasil, la República de Malta y la República
Oriental de Uruguay al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de
octubre de 1980. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número
60, de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 110/000050) .
. . (Página 2112)
- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la extensión
a la Isla de Man del Convenio Europeo n.o 30, de asistencia judicial
en materia penal, de 20 de abril de 1959. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 64, de 29 de septiembre de 2000. (Número
de expediente 110/000051) . . . (Página 2112)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de Pesca Marítima del Estado. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, número 2-1, de 16 de junio de 2000. (Número
de expediente 121/000002) . . . (Página 2112)
- Proyecto de Ley por la que se conceden suplementos de crédito, por
importe de 8.155.525.000 pesetas, para atender insuficiencias
producidas en el Ministerio de Defensa, como consecuencia de la
participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones
internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 6-1, de 26 de
julio de 2000. (Número de expediente 121/000006) . . . (Página 2124)
- Proyecto de Ley por la que se concede un crédito extraordinario por
importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de los gastos
derivados de la ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 7-1, de 26 de julio de 2000. (Número de
expediente 121/000007) . . . (Página 2124)
- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino
de España en la 8.a reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 9-1,
de 1 de agosto de 2000. (Número de expediente 121/000009) . . .
(Página 2124)
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 13-1, de
11 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000013) . . .
(Página 2125)
- Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios,
por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a atender el principal
y el pago de costas derivados de diversas sentencias judiciales, así
como los correspondientes intereses de demora. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 14-1, de 11 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 121/000014) . . . (Página 2129)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día . . . (Página 2102)
La señora presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces y según
el artículo 68.1 del Reglamento, propone al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día en el sentido de excluir el apartado
V,correspondiente a las preguntas con respuesta oral
en Pleno, y pasar al último lugar del orden del día el debate de los
puntos 50 y 54, lo que se aprueba por asentimiento.
Enmiendas del Senado . . . (Página 2103)
Proyecto de ley por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de
estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa
(procedente del Real Decreto- ley 3/2000, de 23 de junio) . . .
(Página 2103)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
La señora Secretaria (Sainz García) da lectura a una corrección de
error en el artículo 104 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
impuesto sobre el valor añadido.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro
familiar y a la pequeña y mediana empresa, procedente del Real
Decreto- ley 3/2000, de 23 de junio, con la corrección de error leída
por la señora secretaria, se aprueban por 167 votos a favor y 94 en
contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 2108)
Acuerdo por el que se autoriza el canje de notas constitutivo de
acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el
acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en
apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en
España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el
29 de enero de 1964, hecho en Madrid el 7 y 28 de enero de 2000 . . .
(Página 2108)
Sometido a votación, se aprueba por 248 votos a favor, siete en
contra y cuatro abstenciones.
Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, así como Declaración que
España va a formular a la misma . . . (Página 2109)
Sometida a votación, se aprueba por 262 votos a favor y dos
abstenciones.
Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su
eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999 . . .
(Página 2109)
Sometido a votación, se aprueba por 266 votos a favor y una
abstención.
Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y
asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos de 21 de noviembre de 1978, hecho en Ciudad
de México el 6 de diciembrede 1999 . . . (Página 2109)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación
Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 . . .
(Página 2109)
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el acuerdo sobre la libre circulación de personas
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
la Confederación Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio
de 1999, se aprueba por 249 votos a favor, 14 en contra y una
abstención.
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 24.ª reunión de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (Alicante, 12 al 16 de julio de 1999) y
primera reunión extraordinaria (Alicante, 7 al 9 de julio de 1999),
hecho en Roma el 2 de julio de 1999 . . . (Página 2111)
Sometido a votación, se aprueba por 265 votos a favor y una
abstención.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999 . . .
(Página 2111)
Sometido a votación, se aprueba por 267 votos a favor y dos
abstenciones.
Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana, hecho en Madrid, el 25 de febrero de 2000
y del Canje de Notas de 30 de junio y de 3 de julio de 2000, que
subsana dos errores advertidos en el preámbulo de aquél . . .
(Página 2111)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Acta adicional, hecha en Madrid el 22 de junio de 2000, que modifica
el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a
evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y el
Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995 . . . 2111
Sometida a votación, se aprueba por 268 votos a favor y uno en
contra.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
de Belarús al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de
mayo de 1971 . . . (Página 2111)
Sometida a votación, se aprueba por 264 votos a favor, uno en contra
y dos abstenciones.
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte
aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 y
declaraciones que España va a formular al mismo . . . (Página 2112)
Sometido a votación, se aprueba por 268 votos a favor y una
abstención.
Declaración de aceptación por España de las adhesiones de Costa Rica
y de las Repúblicas de Uzbekistán y Fiji al Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 . . . (Página 2112)
Sometida a votación, se aprueba por 268 votos a favor y una
abstención.
Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la
República Federativa del Brasil, la República de Malta y la República
Oriental de Uruguay al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de
octubre de 1980 . . . (Página 2112)
Sometida a votación, se aprueba por 268 votos a favor y una
abstención.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la extensión a
la Isla de Man del Convenio Europeo nº 30, de asistencia judicial en
materia penal, de 20 de abril de 1959 . . . (Página 2112)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ...
(Página 2112)
Proyecto de ley de Pesca Marítima del Estado . . . (Página 2112)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Núñez
Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Maldonado Gili, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto
de ley.
A continuación se procede a las votaciones de los artículos del texto
del dictamen, que son aprobados.
Proyecto de ley por la que se conceden suplementos de crédito por
importe de 8.155.525.000 pesetas, para atender insuficiencias
producidas en el Ministerio de Defensa como consecuencia de la
participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones
internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz . .
. (Página 2124)
Sometido a votación el proyecto de ley, se aprueba por 285 votos a
favor y tres abstenciones.
Proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario por
importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de los gastos
derivados de la ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo . . . (Página 2124)
Sometido a votación el proyecto de ley, se aprueba por 285 votos a
favor y uno en contra.
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la 8.ª reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo . . . (Página 2124)
Sometido a votación el proyecto de ley, se aprueba por 284 votos a
favor y una abstención.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal . . . (Página 2125)
En defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley
intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y la
señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el
señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto
de ley de modificación de la Ley 5/1981, de 30 de diciembre, por la
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que
es aprobado por 2284 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios,
por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a atender el principal
y el pago de costas derivados de diversas sentencias judiciales, así
como los correspondientes intereses de demora . . . (Página 2129)
Sometido a votación el proyecto de ley, se aprueba por 285 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Propuesta de modificación del orden del día. Por el artículo 68.1 del
Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los
grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día en el sentido de excluir el apartado V,
correspondiente a las preguntas con respuesta oral en Pleno, y de que
los puntos 50 y 54, correspondientes a los dictámenes de Comisión
relativos al proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la
agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y al
proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social,
pasen a debatirse en el último lugar del orden del día, procediéndose
a su examen y deliberación mañana viernes 24, a partir de las 9
horas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES URGENTES DE
ESTÍMULO AL AHORRO FAMILIAR Y A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2000, DE 23 DE JUNIO). (Número de
expediente 121/000004)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Enmiendas del
Senado.
Proyecto de ley por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de
estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. ¿Grupos
que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad para manifestar que mi grupo va a votar
favorablemente el conjunto de enmiendas que nos llegan del Senado
porque, por un lado, han contribuido a explicitar, en la exposición
de motivos y después en el texto articulado, una serie de artículos
que, tanto por su corrección técnica como por su complementariedad,
enriquecen el texto del proyecto, sobre todo en algunas cuestiones
que estaban dudosas en el articulado que salió de esta Cámara, pero
que ya han cumplido los requisitos de seguridad jurídica y
complementariedad que indican estas importantes medidas. Esto es lo
que en su día llevó a mi grupo a votar favorablemente la
convalidación del Real Decreto- ley 3/2000, sobre medidas fiscales de
ahorro familiar y de la pequeña y mediana empresa, que constituyen el
entramado fundamental social, cuantitativo y cualitativo, básico en
la economía doméstica de nuestro país.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días.
Señora presidenta, por fin concluye el periplo de este proceso de ley
porque se aprueban las denominadas medidas fiscales urgentes de
estímulo al ahorro familiar
y a la pequeña y mediana empresa, que provienen del Real Decreto-ley
de 23 de junio; un periplo de cinco meses que ha servido de
entretenimiento a bastantes diputados y senadores, que veíamos que
nuestros esfuerzos en plantear alternativas y propuestas eran
absolutamente baldíos, puesto que el Partido Popular no estaba por la
labor de dar un mínimo de respiro y satisfacción a la oposición. De
ahí que utilice el término entretenimiento, y espero que por ello no
se sientan ofendidos los diputados y senadores a los que me estoy
refiriendo y entre los que me incluyo. Al Partido Popular, por el
contrario, le ha permitido modificar sustancialmente el inicial
decreto-ley, incorporando nuevos artículos y disposiciones que se le
iban ocurriendo sobre la marcha. Esta técnica legislativa de añadir
lo que les parece conveniente amparándose en la mayoría absoluta es
legítima, pero poco respetuosa con los restantes grupos de la Cámara
y con el proyecto de ley inicialmente presentado. Por ello, el gesto
del Gobierno de tramitar el Real Decreto-ley de medidas fiscales como
proyecto de ley, lejos de la voluntad democrática de incorporar las
ideas de los demás y hacer un proyecto de consenso -como le gusta,
por otra parte, decir al Gobierno-, ha servido para exhibir
constantemente la mayoría accionarial del Partido Popular en esta
Cámara.
Con motivo del debate del real decreto-ley en esta Cámara, mi grupo
puso de manifiesto su oposición al decreto por múltiples razones que
no voy a repetir hoy de nuevo. El «Diario de Sesiones» es testigo
fiel de nuestra posición. Si no fuera por él el trabajo de la
oposición sería. sin duda, menos interesante.Resumiendo, el Grupo
Vasco planteaba que las medidas recogidas en el real decreto-ley eran
de carácter estructural, amén de regresivas y que en muchos casos
afectaban a múltiples figuras importantes, lo que necesitaba,
a nuestro entender, una reflexión más profunda y sosegada. El real
decreto-ley en ningún caso sirve -como esgrimía el Gobierno y como se
sigue manteniendo hoy en el propio proyecto de ley- para garantizar
el crecimiento estable de la economía española yevitar el
afloramiento de presiones inflacionistas. La consecución de este
objetivo hace imprescindible, asimismo, la aplicación de medidas con
carácter inmediato. La ralentización que se está produciendo en el
crecimiento de la economía española y un índice de precios al consumo
descontrolado, que se sitúa en el 4 por ciento en tasa interanual,
hablan por sí solos. Este proyecto, lejos del interés coyuntural, se
ha convertido en un cajón de sastre en el que se han ido metiendo
artículos y más artículos por parte del Partido Popular, lo que
dificulta la calificación, denominación y valoración del proyecto.
Quisiera volver a recordar en esta Cámara lo que tantas veces venimos
repitiendo desde mi grupo y que igual número de veces es ignorado e
incumplido. La existencia de cinco haciendas integrales en el Estado
español aconseja el necesario diálogo y coordinación
entre las mismas, coordinación que reclama el propio concierto
económico. Una vez más, tengo que señalar el incumplimiento reiterado
del pacto fiscal por parte del Gobierno del Estado, acuerdo que firmó
junto al Gobierno vasco el 18 de enero del pasado año. Sean
respetuosos con los pactos y con las haciendas vascas. Y no lo digo
tan sólo como crítica política, sino como la necesaria efectividad en
el funcionamiento de todas las haciendas.
Como diputados, dejaremos atrás el trabajo realizado en este proyecto
de ley, este periplo, cuando apretemos el botón del sí o el no en
esta Cámara. Lo que quisiera pedir al Partido Popular es más
consideración hacia el trabajo de la oposición para que las
propuestas de los diferentes grupos y, en concreto del Grupo Vasco,
sean más aprovechadas en futuros proyecto de ley que presente el
Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Con estas enmiendas al Real Decreto-ley
sobre estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa
culminamos un proceso, en nuestra opinión, muy negativo en cuanto a
la elaboración legislativa y también culminamos un fracaso, el
fracaso del Gobierno en las medidas de liberalización y
privatización.
No hay que explicar mucho el fracaso, señorías. La enésima iniciativa
a favor de la liberalización y la competitividad de la economía
española se da en el contexto de un rebrote de la inflación y,
fundamentalmente, de un retroceso en lo que podrían ser los datos más
sanos de la economía española. No hace falta argumentar mucho que
estas iniciativas presentadas por el Gobierno en diversas ocasiones
como medidas que solucionarían los problemas estructurales de la
economía española no han servido para eso. Finalmente, nos
encontramos con unas nuevas medidas que corren el peligro de
transitar por el mismo camino de anunciar a los ciudadanos que se va
a hacer frente al problema de la inflación y otros problemas
económicos, para finalmente demostrar la incapacidad del Gobierno
para poner coto a los problemas de la inflación en nuestra economía.
Porque lo que intenta ocultar el Gobierno es que la inflación en
nuestro país es fundamentalmente de beneficios, no es una inflación
de los salarios, por mucho que quieran, a partir de ahora, hacer
recaer sobre éstos las consecuencias de su incapacidad para contener
la inflación.
Hay otros datos que nos preocupan más en este proyecto de ley, es el
tratamiento de los grupos parlamentarios de esta Cámara. El Gobierno
ha intentado eludir el recurso de inconstitucionalidad contra el real
decreto-ley
mediante la presentación del proyecto de ley, pero, lejos de
permitir la participación de esta Cámara, lo que ha hecho es
construir ex novo un nuevo proyecto de ley. No tiene nada que ver con
el real decreto que discutimos en su momento sino que ha ido
incorporando capítulos enteros, medidas singulares enteras a este
proyecto de ley, de tal manera que quien no lo conociera en su
momento, ahora seguramente no lo conocerá por la serie de medidas que
ha venido incorporando el Gobierno. Los mecanismos de control, los
mecanismos de participación legislativa de esta Cámara en cierta
medida se pervierten con este tipo de iniciativas, no sólo no se
consigue una mayor participación y control de los grupos
parlamentarios, sino que con estas iniciativas en las que las
enmiendas son más importantes que el proyecto, enmiendas del propio
grupo que apoya al Gobierno, se reduce la participación del conjunto
de la Cámara y sus posibilidades de consenso y apoyo.
Termino ya. Llevamos a cabo con ello un proceso que en nuestra
opinión es muy negativo para la política fiscal; es el proceso en el
cual se configura la política fiscal como una política de retales. No
hay un sistema fiscal; lo que hay son iniciativas puntuales que van
desequilibrando y configurando -no sé como llamarlo- no precisamente
un sistema fiscal. Lo que oculta esta iniciativa, bajo la
denominación de estímulo del ahorro familiar, es una nueva
desfiscalización de las rentas del capital, es decir, que quien más
tiene pague menos, que en general la fiscalidad española recaiga
sobre los salarios y cada vez más sobre los impuestos indirectos,
esto es, sobre los impuestos que gravan de igual manera a quien tiene
más y a quien tiene menos. Para este año ya es evidente la
importancia que tiene el IVA en nuestro sistema fiscal. Ese es el
sentido de la iniciativa conservadora. En este caso no hay siquiera
el equilibrio de reducir la fiscalidad de los sectores con menor
salario o con menor nivel económico en nuestro país. En otra ocasión
se ha intentado hacer esa política de imagen, de aparecer reduciendo
la fiscalidad de todos, cuando se reducía la fiscalidad de unos más
que de otros. En este caso son ustedes muy claros ya con la mayoría
absoluta, reducen la fiscalidad de aquellos que tienen más poder
económico bajo la denominación de estímulo del ahorro familiar y
dejan para otro momento más favorable de la economía la reducción de
la fiscalidad de aquellos que tienen menor poder económico.
En definitiva, una iniciativa profundamente conservadora; una
iniciativa que elude el control y la participación de la Cámara
mediante este tipo de collage o de enmiendas presentadas por el grupo
que apoya al Gobierno; una iniciativa que desarticula nuestro sistema
fiscal en una maraña incomprensible para los ciudadanos, que
seguramente va a dar lugar a todo tipo de iniciativas y a algunos
recursos, más de uno, ante la elaboración de nuestro llamémosle,
entre comillas, sistema fiscal. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el debate producido en este Pleno con
ocasión de la convalidación de los reales decretos-leyes del mes de
junio, mi grupo parlamentario ya manifestó su posición favorable al
contenido de esta norma jurídica. Consideramos que las diversas
normas contenidas en el texto legal que hoy estamos acabando de
debatir y tramitar son una mejora importante del sistema tributario
español tanto respecto del ámbito de las pymes como de los incentivos
fiscales para la introducción de nuevas tecnologías, como en el marco
de los planes de pensiones, de los incentivos a la
internacionalización de las empresas españolas y, en general,
respecto a los diversos aspectos abarcados por esta norma.
Pese a que los objetivos perseguidos por el citado Real Decreto-ley
3/2000 ya nos parecían muy positivos desde el punto de vista de la
economía y de la política fiscal española, no cabe ninguna duda de
que la tramitación parlamentaria de este texto no ha dado lugar sino
a un enriquecimiento de sus contenidos. Particularmente querría
destacar la buena colaboración producida entre el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y los diversos grupos parlamentarios de
esta Cámara, especialmente con el Popular, respecto de diversas
enmiendas que mi grupo parlamentario presentó en la tramitación en el
Congreso de esta norma jurídica. Así, se introdujeron mejoras en la
tributación de las prestaciones por viudedad derivadas de contratos
de seguro en el ámbito del impuesto sobre sucesiones, mejoras para
evitar usos abusivos de las entidades de tenencia de valores
extranjeros, una mutualidad de deportistas profesionales para
deportistas modestos que pudieran tener en un futuro problemas de
encaje social, en algunos casos obviamente, etcétera. Las enmiendas
introducidas en el Senado son más específicas, de contenidos más
técnicos y puntuales, pero también son vistas positivamente por mi
grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no me es especialmente fácil dirigirme hoy a la Cámara,
pocas horas después del asesinato de un compañero del Grupo
Socialista, del Partit dels Socialistes de Catalunya, y compañero mío
como catedrático
de la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona. Quiero recordar
desde aquí su trabajo político, su trabajo intelectual y académico,
en el bien entendido de que creo que este es un recuerdo que
compartimos todos los diputados que estamos en la Cámara.
Voy a pasar a referirme al debate que nos ocupa. Señorías, discutimos
hoy, 23 de noviembre, las enmiendas aprobadas en el Senado al
proyecto de ley por el que se aprueban las medidas fiscales urgentes
de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa y que
procecen del Real Decreto-ley 3/2000, cinco meses después de la
presentación y aprobación del decreto-ley. Y una vez más estamos
obligados a denunciar, como ya hicimos en la Comisión de Economía, el
uso inadecuado que el Gobierno hizo del real decreto-ley. Los hechos
demuestran que no se daban las exigencias constitucionalmente
establecidas para recurrir a este excepcional mecanismo. Es más, en
el propio contenido de la ley, que reproduce, repito, el del decreto-
ley, en la redacción del artículo 1, se pospone ya la aplicación de
las medidas al próximo año fiscal, aspecto que cuestiona de nuevo el
procedimiento de urgencia utilizado.
Como sabe esta Cámara, el Grupo Socialista presentó una enmienda para
que la nueva normativa tuviera efectos desde la entrada en vigor del
real decreto-ley. Ello ya no sólo por coherencia con el procedimiento
de urgencia seguido, sino porque tal demora afecta desfavorablemente
a las decisiones de inversión de las pequeñas y medianas empresas y
penaliza precisamente a aquellas que han acometido sus proyectos
innovadores durante el año en curso. Dicha enmienda fue rechazada por
el Grupo Popular, sentido del voto que vuelve a dar la razón al Grupo
Socialista cuando denunció que la no aceptación de la enmienda
presentada por nuestro grupo reforzaba los fundamentos de nuestras
críticas al uso del decreto-ley.
La incorporación de una gran cantidad de enmiendas por parte del
Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, muestra el
reconocimiento del Gobierno y del grupo que lo sustenta de la
precipitación injustificada con que fue elaborado el texto. Se ha
dicho aquí que nos encontramos con un nuevo proyecto de ley, y así
es. Sólo hay que ver, si no quieren entrar en el detalle de su
lectura, los artículos que tenía el decreto-ley y los que tiene el
actual proyecto de ley. El Grupo Socialista va a oponerse a las
enmiendas aprobadas en el Senado porque considera que no resuelven
ninguno de los graves problemas y aumentan la confusión ciudadana.
En el preámbulo de la ley se dicen cosas tan sorprendentes
y contradictorias con el contenido como las siguientes. Leo
textualmente: En esta ley se manifiesta una decidida apuesta por el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las iniciativas de
innovación e internacionalización empresarial como fórmula para
mejorar su competitividad. Más adelante se señala que
las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de
nuestra economía que tanta importancia tiene en el crecimiento
económico. ¿Ustedes se creen esto? Y si se lo creen, ¿lo dicen por
escrito? Es indignante, porque lamento decirles, señorías, que nada
del contenido del proyecto que aquí se discute tiene que ver con esta
justificación de motivos. No es una apuesta por la innovación, no
ayuda a las pymes, no incidirá sobre la competitividad y las medidas
fiscales propuestas no conducen a ninguna parte. El texto -es una
discusión que ya tuvimos en la Comisión de Economía- continúa
acotando el grupo de empresas beneficiarias a las que facturan tres
millones de euros, aproximadamente 500 millones de pesetas. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señores y señoras diputados del Grupo Popular, y me dirijo a ustedes
por ser el grupo mayoritario que apoya al Gobierno y que es
responsable de cómo ha quedado el actual proyecto de ley, ¿alguien de
ustedes se ha molestado en ver cuál es el número de empresas a las
que estas medidas afectarán? Les invito, una vez más, a que ilustren
sus conocimientos recurriendo al Instituto Nacional de Estadística y
a los datos que proporciona esa fuente. Verán que sólo pueden
acogerse microempresas de menos de 10 trabajadores, dimensión aún
menor en el caso de las empresas industriales. Si realmente quieren
llevar a cabo un programa de apoyo a las pymes y a la innovación,
habría que haber aumentado el colectivo de empresas beneficiadas, no
excluyendo al grupo de pequeñas y medianas empresas, distinguiendo
entre empresas industriales y empresas del resto de actividades, ya
que las empresas industriales necesitan un tratamiento específico en
sus deducciones fiscales.
Nosotros, y ustedes lo saben, propusimos dos nuevosumbrales de 1.000
y 3.000 millones de pesetas para empresas en general de servicios y
empresas industriales y dimos un detalle completo de qué tipo de
deducciones habrían de aplicarse, según la innovación, el desarrollo
tecnológico de las pequeñas y medianas empresas y la formación de
personal y la investigación científica. Ustedes han rechazado todas
estas enmiendas para falsear la realidad, diciendo que van a aprobar
una ley de innovación a las pequeñas y medianas empresas. Señorías,
si lo que se pretendía es que el pequeño comercio, y ya se lo dije
anteriormente, y los despachos profesionales trabajen con ordenador,
estaríamos todos de acuerdo y las medidas serían adecuadas. Ahora
bien, no la llamen, por favor, una ley de innovación a las pequeñas y
medianas empresas, porque no lo es. En las dos jornadas de The
Economist los empresarios se quejaron públicamente del contenido de
esta ley.
No sé si ustedes no quieren entender el papel que tiene la innovación
en el crecimiento económico y en qué parte del aparato productivo se
produce o si es que simplemente les da igual. Cualquiera que tenga un
ligerísimo
conocimiento de economía sabe que el progreso tecnológico se
genera dentro del aparato productivo, dentro del sector
manufacturero, y ello hoy implica fomentar las tecnologías de la
información. En una economía como la nuestra, en la que no hemos sido
nunca, ni lo somos, líderes tecnológicos, es preciso aplicar medidas
de innovación selectivas vinculadas al tipo de deducciones. Así,
únicamente así, es posible mejorar la productividad y mejorar el
crecimiento económico. Pretender lo contrario, como hace el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno, y sostener que todo el régimen
de beneficios de las pymes se reduce, como ustedes han defendido en
la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento, a la aplicación
del 30 por ciento para los primeros 15 millones de pesetas de
beneficios demuestra un profundo desconocimiento de la regulación
legal o que se intenta premeditadamente desviar la atención para
ocultar, por ejemplo, el escaso importe de la deducción por
inversiones y gastos en tecnologías o la ineficacia e incluso
inexistencia de beneficios reales para las pymes industriales.
Termino, señor presidente. En conclusión, respecto a otras
intervenciones en relación con este tema, de contradicción nada en
nuestro sentido del voto. Eleven significativamente aquellos
incentivos que estimulan de forma real la inversión y no se muestren
solamente obsesionados por reducir la tributación de los beneficios
empresariales mediante medidas que además, como queda dicho, ni son
equitativas ni están justificadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, quiero
en primer lugar unirme a las primeras palabras de la señora Costa y
rendir mi humilde y modesto homenaje a quien fuera profesor mío en la
Universidad de Valencia cuando estaba acabando mis estudios
universitarios. De él aprendí muchas de las cosas de economía que
estoy defendiendo en este Parlamento y sobre todo aprendí un talante
de diálogo con los demás, que creo que es muy importante en la actual
sociedad.
Señorías, subo a esta tribuna para manifestar lo inusual de este
debate. Nos encontramos hoy en este trámite parlamentario para
aprobar o no aprobar las enmiendas del Senado, no para hacer un
debate de totalidad del real decreto-ley. Sin embargo, se ha
planteado este trámite como un nuevo debate de totalidad de ese real
decreto-ley, debate que ya se celebró en esta Cámara cuando fue
convalidado, en Comisión, y que tambiénse ha celebrado en el Senado.
Estamos en el último trámite de este proyecto de ley de impulso de
las medidas de ahorro familiar y de tributación de las pymes. Como
digo, es un trámite con el que finaliza el recorrido parlamentario y
al que ya se han incorporado muchas enmiendas de diversos grupos. Se
han incorporado enmiendas, por supuesto, del Grupo Parlamentario
Popular y nadie en esta Cámara puede negar al Grupo Popular su
derecho a que, en los trámites parlamentarios, presente enmiendas. No
está el señor Llamazares, pero es la enésima vez que quiere decir al
Grupo Parlamentario Popular que no presente enmiendas a los proyectos
de ley. Tenemos 183 diputados, nos han elegido los ciudadanos y
tenemos el derecho y la obligación de trabajar los proyectos de ley y
de presentar enmiendas; creo que es lógico. Y también hemos
incorporado enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo
Parlamentario Socialista a lo largo de todos estos trámites
parlamentarios. Nuestra voluntad ha sido culminar con un texto que
impulse decididamente la modernización de nuestro sistema tributario,
que dé un nuevo paso en su modernización, haciendo realidad que el
sistema tributario español sea eficiente para los objetivos de
política económica.
Hemos querido aprobar un texto que de verdad contribuya
eficientemente al crecimiento y al empleo. Señora Costa, yo no quería
referirme, como ha hecho usted, a la tributación de las pymes, y me
permitirá que la conteste, porque no tiene sentido lo que usted ha
dicho hoy en la tribuna; se lo digo con todo respeto. En este real
decreto-ley se amplía el número de pequeñas y medianas empresas que
pueden beneficiarse del tipo reducido del 30 por ciento; en este real
decreto se amplía el número de empresas. Puede usted decirme que son
pocas y yo le puedo contestar que está S.S. en su derecho de decir
que son pocas las que se benefician. Pero se amplía. ¿Sabe qué votó
usted? Que no. ¿Sabe usted qué hizo en Comisión? Presentar una
enmienda para ampliarlo, pero a la semana siguiente, en la enmienda
1223, a los presupuestos, que su grupo presentó en el registro,
pedían que ninguna pequeña y mediana empresa se beneficiara del tipo
reducido. Señora Costa, no vuelva a decirme que usted está por la
labor de mejorar la tributación de las pymes, porque con el mayor de
los cariños tengo que decirles una y otra vez que ustedes han
mantenido una postura incoherente, han mantenido una posición en las
enmiendas del real decreto-ley y otra en las enmiendas del
presupuesto, contraria radicalmente; en una, ampliaban y en otra,
eliminaban. Han mantenido ustedes una posición contraria cuando votan
el precepto y dicen que no y hoy, en la tribuna, diciendo que son
pocas. A lo mejor son pocas, señora Costa, pero son miles de
empresas. Con su enmienda 1223, sería ninguna. Algo mejor hemos
trabajado a favor de las pequeñas y medianas empresas el Grupo
Parlamentario Popular que el Grupo Parlamentario Socialista. Y en ese
sentido queremos
seguir haciéndolo. Porque el Grupo Parlamentario Popular está
comprometido con las pymes, como motores del crecimiento y del empleo
y queremos que las empresas españolas mejoren su posición en los
mercados internacionales. Y aquí hay normas para hacerlo. Puede
decirme usted que hay que ampliarlo y yo le diría que de acuerdo,
pero entonces, señora Costa, no vote que no a lo que ya tenemos;
hable de propuestas para ampliarlo. Ustedes votaron que no. También
hemos introducido mejoras para que en España se siga en el proceso de
creación de empleo. Y usted votó que no.
El señor Llamazares dice que ojalá no sigamos por el mismo camino. Y
yo le digo que ojalá sigamos por el mismo camino, ojalá los españoles
vean que cada año crecemos por encima del 3,5 por ciento. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Ojalá los españoles sigan viendo
que España crece por encima de la media europea. Ojalá los españoles
sigan viendo que en España se crea empleo de una manera intensa, que
ya son más de 2.200.000. Si ese es el camino, señor Llamazares, mi
grupo parlamentario está comprometido con él, está comprometido con
el camino del empleo y con el del crecimiento económico. Hemos
mejorado la tributación del ahorro. Y resulta que el señor Llamazares
-y la señora Costa ha hecho también una pequeña referencia- dice que
esto es sólo para unos pocos. Señor Llamazares, hemos rebajado el
tipo impositivo al 18 por ciento en una medida importantísima, que ha
sido recibida por los agentes económicos extraordinariamente bien. Y
dice usted que es para unos pocos. Señor Llamazares, unos pocos son
más de 10 millones de ciudadanos españoles; esos son los ciudadanos
que se van a ver beneficiados por una medida que rebaja la
tributación del ahorro y que asimismo les permite mejorar su
capacidad de ahorro. Eso es importante, señor Llamazares, ya que en
España necesitamos tener ahorro suficiente para cubrir las
necesidades de formación bruta de capital para poder seguir por el
mismo camino del crecimiento y del empleo.
En este real decreto-ley, señora Costa, hay medidas para la
innovación. Usted me podrá decir que son pocas, pero las hay. Hay
medidas importantes para que las pequeñas y medianas empresas entren
en el mundo de las nuevas tecnologías de Internet y en las nuevas
tecnologías informáticas, algo que me parece positivo, puesto que
este real decreto-ley contenía medidas para las pymes societarias y
hemos incorporado también a todas las pymes que tributan en módulos
para que se beneficien igualmente de ello. Esto es importante para
que las empresas sean competitivas. Señorías, hoy aprobamos un real
decreto-ley que en verdad va a ayudar a la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, a su modernización y a su incorporación
a las nuevas tecnologías; va a ayudar a que las empresas estén
presentes en los mercados internacionales. Esto es importante para
que sigamos creciendo y creando empleo. Además, vamos a ayudar a
todas las familias,
rebajando la tributación de las plusvalías del 20 al 18 por ciento, y
vamos a mejorar la tributación para que puedan ahorrar más, a largo
plazo, en planes y fondos de pensiones. Esto nos parece importante,
estamos dando un nuevo impulso. Y las plusvalías, señor Llamazares
-si no lo sabe, convendría que lo mirara con detenimiento-, son para
más de 10 millones de españoles, que no son pocos sino muchos, muchos
españoles, que ahorran.
Estamos avanzando, señorías. Es un avance importante, que es lo que
necesita ahora la economía española. Decía algún portavoz anterior
que en estos momentos tenemos una inflación más elevada que el
objetivo previsto por el Gobierno. Es verdad, hay que reconocerlo.
Pero hay que decir también, señorías, que en los años 1989 y 1990
teníamos en España inflaciones del 8 por ciento. Y hay que aprender
de lo que pasó entonces. ¿Qué pasó en los años 1989 y 1990, qué
medidas se tomaron y cuáles fueron las conclusiones en los años 1992
y 1993? Pues como en 1989 y en 1990 no se adoptaron las medidas
necesarias, a finales de 1992 y a principios de 1993 España tuvo la
peor crisis que se ha conocido en la última mitad del siglo XX.
(Rumores.) ¿Qué hay que hacer ahora, señorías? Hacer justamente lo
contrario, que es pedir un esfuerzo a la Administración pública,
haciendo presupuestos con equilibrio, y pedir un esfuerzo también a
todos los empresarios, diciendo que moderen sus beneficios
empresariales y que no trasladen a los precios el aumento de los
costes. En la inflación, señor Llamazares, algo tendrá que ver el
aumento de los costes. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Hay que pedir ese esfuerzo a los
empresarios y también a esta Cámara, apoyando las medidas de
liberalización. Yo les animo, señorías, a que no voten siempre a todo
que no, sino que se sumen a los grupos parlamentarios que queremos
seguir aprobando medidas para tener las respuestas convenientes que
nos permitan crecimiento y empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se hace llegar a esta Presidencia una
llamada de atención sobre un error técnico en el artículo 104 de la
Ley del IVA, del texto que vamos a votar.
Por parte de la señora secretaria tercera de la Mesa se va a dar
lectura a esta corrección técnica.
La señora SECRETARIA (Sainz García): Corrección de error.
En el apartado 1 del artículo 6 del texto remitido por el Senado,
disposición adicional undécima del texto del Congreso de los
Diputados del proyecto de ley por el que se aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana
empresa,
procedente del Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, número de
expediente 121/000004, donde dice: 1. El número segundo del apartado
2 del artículo 104 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado en los siguientes
términos, debe decir: 1. El tercer párrafo del número segundo del
apartado 2 del artículo 104 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado en los
siguientes términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se aprueban
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la
pequeña y mediana empresa, procedente del Real Decreto-ley 3/2000, de
23 de junio, con la corrección de error que ha sido leída por parte
de la señora secretaria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
261; a favor, 167; en contra, 94.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE SE PRORROGA EL
ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN
APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS
ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS ATRAVÉS DELESTABLECIMIENTO EN
ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL
29 DE ENERO DE 1964, HECHO EN MADRID EL 7 Y 28 DE ENERO DE 2000.
(Número de expediente 110/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
En primer lugar, Acuerdo por el que se autoriza el canje de notas
constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se
prorroga el acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y
técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria
y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados, a través del
establecimiento en España de una estación de
seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, hecho
en Madrid el 7 y 28 de enero de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
259; a favor, 248; en contra, siete; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el acuerdo de referencia.
- CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS, HECHA EN
ESTRASBURGO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE
ESPAÑA VA A FORMULAR A LA MISMA. (Número de expediente 110/000031.)
La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación Carta europea de las
lenguas regionales o minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de
noviembre de 1992, así como Declaración que España va a formular a la
misma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
264; a favor, 262; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias.
- CONVENIO NÚMERO 182 DE LA OIT SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y DE LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU
ELIMINACIÓN, HECHO EN GINEBRAEL17 DE JUNIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000040.)
La señora PRESIDENTA: Convenio número 182 de la OIT sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción
inmediata para su eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de
1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 266; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el convenio de referencia.
- SEGUNDO PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN
Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1978, HECHO EN CIUDAD
DE MÉXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/
000041.)
La señora PRESIDENTA: Segundo Protocolo por el que se modifica el
Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal entre el
Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de noviembre de
1978.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 267.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el protocolo de referencia.
- ACUERDO SOBRE LALIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS ENTRE LA COMUNIDAD
EUROPEAYSUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNAPARTE, Y LACONFEDERACIÓN SUIZA,
POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 21 DE JUNIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000042.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre la libre circulación de personas
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
la Confederación Suiza, por otra. (El señor Aymerich Cano pide la
palabra.)
Sí, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Quería fijar la posición de mi grupo, el
Bloque Nacionalista Galego, acerca de este acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Este Acuerdo que pasó sin pena ni gloria por
el Congreso de los Diputados, sobre el que tampoco el Gobierno
español ejerció la presión que ejercieron otros gobiernos, como el
portugués o el italiano que tienen importantes contingentes de
trabajadores en Suiza, sin embargo, no ha pasado inadvertido para los
propios trabajadores españoles, la mayor parte de los cuales son
gallegos, en Suiza y así lo manifestaron, entre otras ocasiones, la
semana pasada los representantes de este colectivo en el Consejo
general de la Emigración. Echaban de menos no sólo una información y
una presión suficientes del Gobierno español, sino una intervención
más activa para oponerse a aspectos de este acuerdo que son
claramente perjudiciales y que suponen un retroceso neto respecto de
la situación actual para estos trabajadores.
Me voy a referir brevemente a cuáles son estos aspectos en los que el
convenio supone un retroceso. Se dice en primer lugar que desaparece
el régimen detrabajadores temporeros. Es cierto, desaparece el régi-
men de trabajadores temporeros, nueve meses, pero es que ahora se
sustituye por el que se llama de trabajadores de corta duración, que
es de cuatro meses. Esto es perjudicial, porque, si antes, en cuatro
años, había que justificar 36 meses de residencia y trabajo efectivo
para pasar al permiso de residencia permanente, y esto se hacía antes
en periodos de nueve meses, ahora son periodos de cuatro meses, con
lo cual la dificultad es mayor. En cuanto a la adquisición de
inmuebles, en este convenio se mantienen las limitaciones de la
llamada Ley Koller, suiza, es decir, sólo los ciudadanos europeos que
tengan fijada residencia en Suiza pueden adquirir inmuebles en el
territorio de ese país. Seguro de desempleo; en Suiza no tienen
obligación, durante siete años, de totalizar las cotizaciones
realizadas en el extranjero a la hora de calcular la cuantía de esta
prestación. Fondos de previsión social, Suiza; sólo se puede
recuperar el dinero cotizado en estos fondos de previsión social en
Suiza hasta el año 2006, si se sale de Suiza, y después de este año
sólo si se cumplen 65 años. Y nos decían los representantes de los
emigrantes en ese país que, debido a la vida que se lleva, no es
fácil llegar a esa edad. Derecho a la reagrupación familiar; también
resulta impedido para los trabajadores ahora llamados de corta
duración.
Yo sé que, como sucedió en la Comisión de Exteriores, alguien del
Grupo Popular me va a contestar que todo son beneficios, que se
reconoce el derecho a la reagrupación familiar, que este convenio
supone un avance neto respecto de la situación actual. Sin embargo,
remito a estas personas del Grupo Popular, y, si intervienen, a las
de los demás grupos, a que lean cuál es el régimen transitorio de
este acuerdo. Señorías, este acuerdo no respeta, viola, el principio
de reciprocidad. Los ciudadanos suizos, desde el mismo momento en que
se firma el acuerdo, pueden circular, residir, trabajar y prestar
servicios en el territorio de cualquier país miembro de la Unión
Europea y, para los ciudadanos europeos, y lógicamente para los
gallegos y españoles, muy afectados por esta cuestión, establecen un
régimen transitorio. Primero, durante cinco años mantienen el régimen
de contingentes; pasados esos cinco años y hasta el duodécimo año
liberalizan este régimen de contingentes, pero existe una cláusula de
salvaguardia, por la cual se reservan el derecho a volver a
establecer el contingente anterior más un 10 por ciento. Y, al cabo
de 12 años, se reservan aún el derecho a reconducir el acuerdo a
través de un referéndum. Si no, acudan a las páginas de Internet del
Gobierno suizo y vean cómo en ellas se tranquiliza a los ciudadanos
suizos, diciendo: No, este acuerdo hasta el año duodécimo, y
decidiremos, no va a entrar realmente en vigor. Les remito a ello,
porque es bastante ilustrativo a este respecto. Ya sé que me pueden
decir que, si los suizos decidiesen desvincularse de este acuerdo,
hay un efecto guillotina. Este acuerdo no se negoció separadamente,
se negoció conjuntamente con otros acuerdos en
materia de libertad de circulación de mercancías, etcétera, entre
Suiza y la Unión Europea. Pero entonces tendrán que justificar a los
trabajadores gallegos por qué los han cambiado por mercancías, muchas
de las cuales -lamento decírselo- no se producen en Galicia
y tampoco, incluso, en el Estado español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich. ¿Otros grupos
que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No le contestó alguien del Grupo Popular, le
contesté yo (Rumores.), que, como diputado por Córdoba, tengo el
mismo derecho a hablar de los trabajadores gallegos que usted y que
cualquier otro miembro de esta Cámara, que representa la soberanía
nacional y que no representa a trozos de esa soberanía divididos en
sectores. (Aplausos.)
Este acuerdo efectivamente forma parte de una serie de acuerdos
sectoriales negociados entre la Unión Europea y sus Estados miembros
y la Confederación Suiza y trata de corregir una situación
intolerable para los trabajadores españoles, para los residentes
españoles en Suiza, que ahora, con este acuerdo -ya sé que a usted le
parece poco, pero lo que estoy diciendo no es poco-, tienen, por
primera vez, las mismas condiciones de vida, empleo y trabajo que los
nacionales suizos. Este acuerdo reconoce y abarca derechos
fundamentales, que hasta ahora no estaban reconocidos, y parte del
principio de no discriminación. Esto es, estamos consiguiendo
derechos fundamentales que hasta ahora no estaban garantizados. Como
estos acuerdos han sido firmados con carácter de equilibrio y de
globalidad, diseñan en su conjunto un panorama de relaciones entre la
Confederación Suiza, la Unión Europea y los Estados miembros muy
favorable no sólo para nuestros intereses generales, sino para los
intereses concretos de los 90.000 residentes españoles en Suiza, que
pueden ser gallegos o no, que son españoles que viven en Suiza y que
ahora consiguen derechos que antes no tenían. Por esa razón, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar a favor.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! -Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
Finalizado el debate, pasamos a la votación.
Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación
Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
264; a favor, 249; en contra, 14; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el acuerdo de referencia.
- CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA
Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARALAAGRICULTURAY
LAALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 24ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL
DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (ALICANTE, 12 AL 16 DE JULIO DE 1999) Y
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (ALICANTE, 7 AL 9 DE JULIO DE 1999),
HECHO EN ROMA EL 2 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/
000043)
La señora PRESIDENTA: Convenio de responsabilidades que han de asumir
el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación con respecto a la 24ª reunión de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo y primera reunión
extraordinaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 265; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el convenio de referencia.
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
HONDURAS, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de
expediente 110/000044)
La señora PRESIDENTA: Tratado de extradición entre el Reino de España
y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 13 de noviembre
de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 267; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el tratado de referencia.
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, HECHO EN MADRID, EL 25 DE FEBRERO DE
2000, Y
DEL CANJE DE NOTAS DE 30 DE JUNIO Y DE 3 DE JULIO DE 2000, QUE
SUBSANA DOS ERRORES ADVERTIDOS EN EL PREÁMBULO DE AQUÉL. (Número de
expediente 110/000045)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de sede entre el Reino de España y la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana, hecho en Madrid el 25 de
febrero de 2000, y del Canje de notas del 30 de junio y 3 de julio de
2000, que subsana dos errores advertidos en el preámbulo de aquél.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 268.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el acuerdo de referencia.
- ACTAADICIONAL, HECHA EN MADRID EL 22 DE JUNIO DE 2000, QUE MODIFICA
EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE BÉLGICA TENDENTE A
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y EL
PROTOCOLO, FIRMADOS EN BRUSELAS, EL 14 DE JUNIO DE 1995. (Número de
expediente 110/000046)
La señora PRESIDENTA: Acta adicional, hecha en Madrid el 22 de junio
de 2000, que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino
de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la
evasión y el fraude fiscal en materia de impuesto sobre la renta
y sobre el patrimonio, y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de
junio de 1995.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 268; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada el acta adicional de referencia.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
DE BELARÚS AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYAEL 4 DE MAYO
DE 1971. (Número de expediente 110/000047)
La señora PRESIDENTA: Declaración y aceptación por España de la
adhesión de la República de Belarús al Convenio sobre la ley
aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera,
hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 264; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la declaración de referencia.
- CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL, HECHO EN MONTREAL EL 28 DE MAYO DE 1999, Y
DECLARACIONES QUE ESPAÑA VAA FORMULAR AL MISMO. (Número de expediente
110/000048)
La señora PRESIDENTA: Convenio para la unificación de ciertas reglas
para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de
mayo de 1999, y declaraciones que España va a formular al mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 268; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el convenio de referencia.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE COSTA
RICA Y DE LAS REPÚBLICAS DE UZBEKISTÁN Y FIJI AL CONVENIO DE LA HAYA
SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE
MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de
expediente 110/000049)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de las
adhesiones de Costa Rica y de las repúblicas de Uzbekistán y Fiji al
Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 268; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la declaración de referencia.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DE MALTA Y LA REPÚBLICA
ORIENTAL DE URUGUAY AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES
DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE
OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000050)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de las
adhesiones de la República Federativa del Brasil, la República de
Malta y la República Oriental de Uruguay al Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 268; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la declaración de referencia.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA EXTENSIÓN
A LA ISLA DE MAN DEL CONVENIO EUROPEO Nº 30, DE ASISTENCIA JUDICIAL EN
MATERIA PENAL, DE 20 DE ABRIL DE 1959. (Número de expediente 110/
000051)
La señora PRESIDENTA: Por último, Canje de notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte para la extensión a la isla de Man del Convenio
europeo nº 30, de asistencia judicial en materia penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 268.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido canje de notas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE PESCA MARÍTIMA DELESTADO. (Número de expediente
121/000002)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto
de ley de pesca marítima del Estado.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra en primer lugar la señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, ruego que agilicen su salida del hemiciclo a los que lo
vayan a hacer, al objeto de poder continuar con el debate. (Continúan
los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos en la última fase de la tramitación, al menos en la primera
ronda en este Congreso de los Diputados, del proyecto de ley de pesca
marítima del Estado -hay que decir que también se ha modificado su
título desde que entró en esta Cámara-, al que, si recuerdan SS.SS.,
Eusko Alkartasuna presentó, a la vez que otros grupos parlamentarios,
una enmienda de totalidad porque entendíamos que introducía una
quiebra importante en lo que se refiere al reparto competencial en
esta materia en relación con lo que correspondía al Estado y a las
comunidades autónomas y que eso se producía en el aspecto esencial
que guiaba al proyecto de ley y en muchos de los artículos que
regulaban cada una de las cuestiones concretas. A una ley que tiene
un centenar escaso de artículos se ha presentado más o menos el mismo
número de enmiendas transaccionales y se ha aceptado un número
similar de enmiendas, con lo cual se demuestra que no nos faltaba
razón a la hora de considerar, desde nuestro punto de vista, que el
criterio del reparto competencial no era correcto. En todo caso, a lo
largo de la tramitación, con la aceptación de enmiendas de muchos
grupos parlamentarios y con la presentación de transaccionales -a
Eusko Alkartasuna se nos presentaron varias enmiendas
transaccionales, de las cuales aceptamos cinco-, creo que se ha
intentado paliar ese fallo en el reparto competencial -entiendo que
el Grupo Popular ha hecho un gran esfuerzo y quiero agradecérselo al
señor Mantilla- con la disponibilidad para tratar de coordinar y
consensuar la mayor parte de las transaccionales. Es verdad que se ha
incluido un gran número de pequeños cambios que pretenden paliar ese
defecto, pero desde nuestro punto de vista y aun entendiendo que sí
se han incluido determinadas cuestiones, todavía sigue pendiente el
espíritu general, que a nuestro modo de ver continúa sin ser todo lo
respetuoso que debiera con ese reparto competencial. Por esta razón
seguimos manteniendo dieciséis enmiendas, que hacen referencia a
cuestiones concretas cuya modificación no nos satisface enteramente,
y creemos que debemos someter a votación el texto de las mismas. (La
señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Nuestras enmiendas hacen referencia -no me voy a alargar- a
cuestiones tales como el objeto o las definiciones en la actividad
pesquera. Sé que se han modificado, pero nos gustan más las que
planteábamos nosotros,
especialmente la definición de aguas exteriores y aguas
interiores. No voy a entrar en todas ellas, pero sí, por ejemplo, en
el tema de la supresión que pedíamos del apartado c) del artículo 5,
porque entendíamos que eran medidas de ordenación del sector que
corresponden a las comunidades autónomas. El tema de los vertidos sé
que se ha modificado, como me dirá el señor Mantilla, pero no de
manera suficientemente correcta para tener claro a quién corresponde
qué; otro tema es el del reparto o el de la transmisibilidad,
etcétera. Entendemos, pues, que no nos faltaba razón a la hora de
presentar la enmienda a la totalidad, porque se ha visto claramente
que no era correcta esa visión que daba el proyecto de ley al reparto
competencial. Sé que se han hecho esfuerzos para modificarlo y
mejorarlo en ese tenor, se han aceptado y se han transaccionado
muchas enmiendas de los grupos, pero a nuestro entender no satisface
del todo esa definición de quién debe tener la competencia en este
tema, en qué cuestiones y en qué materias, y por esa razón hemos
seguido manteniendo esas dieciséis enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Núñez Castain, para la defensa de sus
enmiendas.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Los andalucistas hemos presentado un paquete de enmiendas, que son
numerosas, a este proyecto de ley y a nosotros nos parece que en este
tiempo se ha hecho un trabajo en un de los temas que nos preocupaban,
aparte de la incorporación de cuestiones técnicas, para conciliar la
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, regulada en el
caso de Andalucía por su estatuto en el artículo 13, con este
proyecto de ley, al que se han ido incorporando en el caso de los
andalucistas, quince enmiendas, incluso al propio nombre de la ley
-nosotros agradecemos este talante-, algunas de las cuales responden
a cuestiones técnicas y otras no tan técnicas. Quizá la más delicada
sea la relativa a las competencias de las cofradías de pescadores,
que son competencia exclusiva de la comunidad. Nosotros mantenemos
una sola enmienda ahora mismo, la 236, porque pensamos que se invaden
las competencias llamando legislación básica del Estado a lo que se
regula de las cofradías de pescadores. Hemos mantenido hasta hace
unos minutos conversaciones con los portavoces para aclarar que
realmente se considera así también por la ponencia, se respetan las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, se incorporan
incluso en la exposición de motivos frases que inciden en este
respecto y se refieren exclusivamente a la capacidad normativa de
legislación básica que le corresponde alEstado sobre estas cofradías
de pescadores como cor-
poraciones de derecho público. Entendiendo, por tanto, que se
mantiene la competencia exclusiva de la comunidad en el desarrollo de
este tema de cofradías y que en el momento en que se tramita en
paralelo una ley en el Parlamento andaluz con la misma denominación
que la primitiva del Estado podían producirse ciertos choques, lo
cual era complicado para nosotros, vamos a retirar esta enmienda 236,
coincidiendo con la ponencia y con el resto de los grupos en que hay
respeto a la legislación de desarrollo y control, en definitiva de
establecimiento de todos los puntos de las cofradías de pescadores y
que eso se hace compatible con la normativa básica de la ley.
Deseo agradecer desde el grupo de los andalucistas las
incorporaciones que se han hecho referidas a competencias exclusivas
también en turismo y en deporte, que podían entrar en pesca deportiva
y en otras actividades, así como la aceptación de las quince
enmiendas al texto del proyecto, que consideramos que será una buena
ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Núñez.
Tiene la palabra el señor Vázquez para la defensa de sus enmiendas.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en este trámite para anunciar que mantenemos las enmiendas
que el Bloque Nacionalista Galego presenta a este proyecto de ley de
pesca marítima. Brevemente voy a justificar nuestra posición respecto
a este proyecto, al que, como ya se ha dicho, se presentaron
numerosas enmiendas y cuyo texto inicial ha sufrido modificaciones en
el trámite seguido hasta ahora, como consecuencia de la incorporación
de alguno de los planteamientos de los distintos grupos. En todo
caso, desde nuestro punto de vista, estas modificaciones del texto
original remitido por el Gobierno no nos parecen sustanciales y, por
tanto, no permiten que variemos nuestra opinión respecto al mismo.
Anuncio que vamos a retirar la enmienda número 336, que hacía
referencia a la transmisibilidad de posibilidades de pesca entre
buques de la misma empresa armadora, en la medida en que el nuevo
texto recoge el planteamiento de esta enmienda.
Dicho lo anterior, el proyecto sigue manteniendo su carácter
excesivamente genérico, dejando demasiadas cuestiones a expensas del
posterior desarrollo reglamentario, desarrollo reglamentario que
llevará a cabo el Gobierno, lo cual, para nosotros no deja de ser un
problema. Esta fórmula, en nuestra opinión, resulta abusiva cuando
estamos hablando de una ley de bases. En segundo lugar, seguimos
creyendo que este proyecto mantiene su filosofía de fondo en cuanto a
que uno de sus objetivos fundamentales es acotar o limitar las
competencias de las comunidades autónomas en esta
materia. Nosotros mantenemos la opinión de que el actual proyecto
choca y, desde luego, impedirá el ejercicio de algunas competencias
que en este momento tienen atribuidas y establecidas algunas
comunidades autónomas en sus propias leyes, lo que, por cierto, puede
aumentar en el futuro los litigios entre comunidades autónomas y
Estado por esta cuestión competencial. En este sentido, si bien la
actual redacción formalmente cuida más las referencias a las
competencias de las comunidades autónomas, lo hace siempre
manteniendo su carácter subsidiario e introduce técnicas de
cooperación, pero no de coordinación real y de coparticipación, por
ejemplo en materia de ordenación del sector, en la que, como se sabe,
existe competencia exclusiva de las comunidades. Por consiguiente -y
concluyo-, con este proyecto, más allá de la inclusión en su texto,
como decía, de algunas cuestiones interesantes, no creemos que
estemos delante de la ley que el sector necesita para afrontar,
cuando menos, alguno de los problemas que sufre. Bien es verdad que
aún queda por delante su paso por el Senado, en el que sin duda se
van a debatir nuevas propuestas de los grupos para intentar mejorar
este texto y, por tanto, todavía cabe la posibilidad de que el Grupo
Parlamentario Popular las considere y las acepte. Por estas y otras
razones, es por lo que mantenemos nuestras enmiendas a este texto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo que reconocer que desde los primeros debates que tuvimos en
esta Cámara sobre este proyecto de ley de bases de la pesca se han
efectuado, a juicio de nuestro grupo, unos avances perfeccionadores
muy destacables, que es justo reconocer aquí, y, fundamentalmente,
hay que hacer buenas las palabras que en aquel primer debate
pronunció el señor ministro de Agricultura -aquí presente-, en el
sentido de reconocer una flexibilidad de la gestión, sobre todo en
cuanto a la primera de las críticas que hacíamos al proyecto de ley
de que, considerándolo como ley de bases, tenía excesiva base; era un
proyecto de ley que desbordaba lo que la ortodoxia legislativa ha
llamado como leyes de bases, con pocos artículos, de muy amplia
extensión competitiva y competencial, pero que en ningún caso pudiera
suponer un menoscabo de las competencias de las comunidades
autónomas, adonde dirigíamos nuestro segundo motivo de precaución y
de preocupación: las competencias de las comunidades autónomas. Tengo
que reconocerle aquí al señor ministro que este espíritu se ha
recogido y el texto completo del proyecto va a recibir el apoyo de
nuestro grupo.
Después de la labor de diálogo y de consenso que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla, ha realizado con los
portavoces, mi grupo llega a este trámite de Pleno con tres enmiendas
que voy a proceder a defender por entender que siguen manteniendo los
principios de racionalidad. La primera enmienda, señora presidenta,
la número 238, está dirigida al artículo 28 del proyecto, referente a
la transmisibilidad de las posibilidades de pesca asignadas a un
buque o grupo de buques. Nosotros pedimos en nuestra enmienda la
supresión de este artículo, porque si bien tenemos un grado de
confianza en el texto del proyecto en el sentido de que estas
autorizaciones, que van a depender del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, tienen una serie de requisitos que evitarían
desviaciones atípicas e improcedentes, nosotros le damos al recurso
pesquero un valor de recurso público gestionado por políticas
públicas, transparentes y controlables que aseguren una riqueza que
sea compartida por trabajadores, consumidores y por supuesto por los
armadores. No queremos que la transmisión de unas autorizaciones de
posibilidades de pesca puedan permitir, como digo, desviaciones y
corruptelas de todo punto innecesarias. De ahí que nosotros
entendamos que la transmisibilidad puede ser un criterio económico,
pero sería de dudosa eficacia, como se ha demostrado en aquellas
naciones que lo han legislado y mantenido. Ha funcionado mucho mejor
cuando no se ha contemplado esta transmisibilidad. Venimos a recordar
en la justificación de nuestra enmienda un dictamen muy apreciado e
inteligente que tomó el pleno del Consejo Económico y Social en su
sesión del 15 de julio de 1999 recomendando abandonar la práctica de
esta transmisibilidad.
La segunda enmienda es la número 252, que pretende complementar las
competencias que se señalan en el artículo 88 al Instituto Español de
Oceanografía, que desde hace muchos años, con unos técnicos muy bien
seleccionados y muy cualificados, viene prestando en el ámbito
oceanográfico y pesquero español un servicio prestigioso y eficaz de
investigación. Ahora bien, a lo largo del tiempo las comunidades
autónomas, en razón de sus estatutos de autonomía, y las
universidades del Estado español, en virtud de su autonomía, han
venido desarrollando en su organigrama facultades e institutos
universitarios que en las correspondientes comunidades autónomas se
vienen preocupando y ocupando de los asuntos de pesca. Cree mi grupo,
señora presidenta, que sería una lástima no sumar esas posibilidades
de investigación y cooperación a la labor de proyección internacional
que puede tener el Instituto Español de Oceanografía y que
olvidáramos incluir a esos investigadores en institutos o facultades
universitarias, donde hay ya cursos, estudios y masters sobre temas
pesqueros no solamente para toda la escala laboral del sector de la
pesca sino para titulados superiores. Algunos de estos institutos,
como es el caso de Canarias,
están en el ámbito de las comunidades autónomas y ofrecen una
especialización para patronos de pesca, por ejemplo en el manejo y
reparación de las artes de pesca o en la manipulación y tratamiento
de los productos de la pesca. Nuestra enmienda trata de complementar
este tema, porque estamos en un mundo y en un momento en que lo
lógico no sería olvidar y marginar, sino todo lo contrario; a eso se
dirige nuestra enmienda, que no quita ni una coma del texto del
proyecto del Gobierno, sino que complementa la coordinación para que
se haga también con las facultades e institutos universitarios de las
correspondientes comunidades autónomas. Pensar que unas comunidades
autónomas como Euskadi, Galicia, Canarias o Andalucía no tienen estas
estructuras sería olvidar la realidad física del sector de la pesca
en nuestro país.
En la última enmienda que planteamos, señora presidenta, la número
253, pedimos la supresión de esta disposición adicional sexta, que
hace referencia al silencio administrativo en materia de
autorizaciones de pesca. Viene a recoger lo que dice literalmente el
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común. Cuando en dicho año tuvimos ocasión de debatir
aquí esta importante ley, introdujimos el principio político de
prevalencia del silencio positivo, es decir, a favor del
administrado. Si en una materia como son las concesiones de las
solicitudes de autorizaciones de pesca, que tiene que estar
sustentada por criterios objetivos y científicos, resulta que se saca
de la Ley 30/1992 citada y se da prioridad a la excepcionalidad, que
es el silencio administrativo negativo, estamos haciendo un flaco
servicio. Si la Administración no contesta al armador o empresario
que ha dirigido una solicitud de autorización o de permiso, este
ciudadano, en una democracia como la actual, tiene derecho a que la
Administración le razone las condiciones en las que debe tramitar su
solicitud y, si se la va a denegar, la Administración debe motivar
objetiva, jurídica, científica y técnicamente las razones de la
denegación. La Administración no puede tener a un ciudadano en un
sector productivo como es el de la pesca sin obtener contestación
ante, nada más y nada menos, una solicitud de autorización de pesca,
entendiéndose el vencimiento del plazo máximo como silencio
administrativo negativo. Esto es intolerable en una sociedad como la
actual. Si la Administración tiene que denegar la autorización, se la
tiene que razonar, como lo hace cualquier órgano de la Administración
de justicia en las sentencias que dicta, a favor o en contra, que son
motivadas y razonadas. Cualquier Administración pública tiene
instrumentos jurídicos, científicos, técnicos y administrativos para
responder al ciudadano, por oficio formal, de las causas de la
denegación de una licencia de pesca y no aplicar el silencio
negativo. Esto no da una salida al problema, porque ese ciudadano
tiene derecho a que la Administración le diga por qué
no le concede la licencia correspondiente. Esto es lo que pretendemos
con nuestra enmienda, señorías, que más que un alcance técnico y
administrativo tiene un alcance político. La Administración pública
está al servicio del ciudadano y éste, cuando se dirige a ella, no es
que exija el silencio positivo, pero sí una respuesta razonada. No se
puede invocar una excepcionalidad de la Ley 30/1992, artículo 43,
para, cuando se agotan los plazos en la Administración para contestar
la solicitud de un ciudadano, interpretarlo como silencio negativo.
Esto no da solución a una solicitud de pesca. Dígase que no hay
caladeros, que no hay cupo o que no hay gasoil, pero no se puede
aplicar el silencio negativo. Es una verdadera desconsideración
administrativa, política y social para cualquier ciudadano de un
Estado democrático español del año 2000.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señor ministro, señorías,
egun on, buenos días. Otra vez más tengo que iniciar mi intervención
de la misma manera que lo hice el 21 de septiembre, en el debate de
las enmiendas a la totalidad de esa misma ley, cuando decía que egun
on en euskera significa buenos días. Entonces decía que no lo eran y
ahora lo vuelvo a afirmar. Deseo reiterar nuestra condena más
enérgica por el atentado terrorista que ha segado la vida de Ernest
Lluch, amigo de los vascos y amigo de Euskadi. Por tanto, deseo
volver a expresar nuestra más profunda solidaridad a su familia y al
Partido Socialista, en el convencimiento de que entre todos y cada
uno de nosotros seamos capaces de diseñar y practicar los caminos que
conduzcan a la superación de esta terrible situación.
Respecto a la ley de pesca, señor ministro, cuando el 21 de
septiembre usted finalizaba su intervención en el debate de las
enmiendas a la totalidad manifestando que estaba dispuesto a dialogar
y consensuar modificaciones que planteábamos a la ley de pesca,
sinceramente le tengo que reconocer que acogí dichas palabras con un
cierto escepticismo. Como usted sabe, el Partido Nacionalista Vasco
presentó una enmienda a la totalidad y 112 enmiendas parciales, fruto
del trabajo y de la importancia real que para nosotros suponía y
supone el sector pesquero vasco y sobre todo su interrelación con el
resto de los sectores pesqueros y la regulación administrativa del
mismo. Pues bien, señor ministro, tengo que reconocer que estaba
equivocado porque el proceso de debate en Comisión ha sido abierto,
ha sido positivo y lo más importante para mí es que se ha debatido
sobre pesca. Por tanto deseo felicitar -y ojalá sirva de precedente-
en especial al señor Mantilla, portavoz
del Partido Popular en esta ley, por la disposición y el talante que
lo han hecho posible.
Señor ministro, no estábamos de acuerdo con la propuesta de ley
presentada y nuestras enmiendas, como he dicho, así lo señalaban.
Ciento doce enmiendas para una ley de 103 artículos son muchas
enmiendas. Sinceramente creemos que el propio Grupo Popular era
consciente de que tampoco le gustaba y ha actuado con cierta
coherencia porque el gran número de enmiendas aceptadas a todos los
grupos y sobre todo las cerca de 130 enmiendas transaccionadas son
fiel reflejo de esta afirmación. Baste para recalcar que hasta el
mismo título de la ley se ha modificado aceptando la enmienda que
propuso el Partido Nacionalista Vasco. Tampoco le oculto que tal como
queda la ley nos acabe de gustar. Se ha hecho un esfuerzo que
volvemos a reconocer, pero a nuestro entender se soslaya una
magnífica ocasión de repensar el modelo futuro de Administración
pública gestora del sector pesquero e iniciar una transformación de
sus estructuras en aras de una intervención eficaz, cercana y sobre
todo corresponsable, si verdaderamente creemos en un Estado español
configurado autonómicamente. Las figuras que se establecen en esta
ley del consejo nacional pesquero y el comité consultivo del sector
pesquero apuntan en esta dirección, pero la redacción final de muchos
de los artículos de la ley, a nuestro juicio, no lo garantizan.
No voy a realizar una defensa de las enmiendas pormenorizada
y repetitiva de la hecha en Comisión, pero sí quiero decir que de entre
las enmiendas mantenidas alguna de ellas afecta al fondo del modelo
que se plantea. Es evidente que los modelos de configuración de la
Administración del Estado del Partido Popular y del Partido
Nacionalista Vasco son diferentes; por tanto, difícilmente podremos
coincidir en sus administraciones sectoriales, en este caso
pesqueras. De ahí que por un lado mantengamos nosotros las mismas,
pero también que hasta cierto punto admitamos la propia coherencia
del Partido Popular en el mantenimiento de las suyas. Pero, señor
ministro, dejando de lado estas enmiendas de fondo y de modelo y
centrándonos en otras que a nuestro juicio debieran ser meras
trasposiciones de una voluntad real de eficacia, colaboración y sobre
todo -vuelvo a insistir- de corresponsabilidad y lealtad
interinstitucional, existen otras enmiendas que hoy no se aprobarán
pero sobre las que se podría tratar de reflexionar y rebatirse en el
ámbito del Senado, por lo que las mantenemos. Voy a citar sólo unos
ejemplos.
Señor ministro, en las enmiendas 38 y 39 no deja de extrañar -es
curioso- el distinto tratamiento que se da a estos dos artículos.
Cuando la competencia radica en el Estado, no se acepta una enmienda
para que se consulte a las comunidades autónomas sobre la
declaración, por ejemplo, de zonas de protección pesquera. Señor
ministro, mera consulta. Y cuando la competencia sobre vertidos
radica en las comunidades autónomas el informe del Estado es
preceptivo, hasta lógico.
Respecto a la enmienda número 46, referente al artículo 28 sobre
transmisibilidad de los derechos pesqueros, a nadie se nos escapa que
los derechos pesqueros son uno de los pilares fundamentales para el
ejercicio de la pesca. No pretendo reabrir el debate competencial
sobre los conceptos pesca marítima y ordenación del sector pesquero;
lo que afirmo es que para cualquier responsable ejercicio pesquero
las administraciones autonómicas legítimamente han de tener la
capacidad de conocer previamente las solicitudes de transmisibilidad
que se realicen en o desde sus comunidades autónomas y de informar de
las mismas al Ministerio antes de su autorización. No me parece
argumento suficiente cuando se afirma que ya se informará en su caso
en el consejo nacional pesquero, donde están representadas las
comunidades autónomas; si no es así, déjese sin especificar y sin
regular el resto de las autorizaciones de las distintas
administraciones que requieran informes de carácter previo a su
autorización utilizando el mismo argumento de que ya se discutirán en
el consejo nacional pesquero, que de paso lo podemos convertir en un
cajón de sastre y lo condenaremos a la mayor inoperancia posible.
Desearíamos insistir, asimismo, en las enmiendas presentadas al
título V, sobre régimen de infracciones y sanciones, dado que las
medidas cautelares de decomiso de pescado sin tasación o prueba
pericial previa, según ciertas pesquerías, pueden provocar
indefensiones jurídicas evidentes. A nuestro juicio, hay también
sanciones excesivas, sin precedentes en la legislación española, como
la incautación de buques. Existe un bloque de enmiendas que
mantenemos porque hay posiciones y sentencias del Tribunal
Constitucional que no son acordes, a nuestro juicio, con los
articulados propuestos y que podrían ser en el futuro una fuente no
deseable de conflictos entre las instituciones.
Finalizo con una reflexión y una certeza. Con la ley en la mano,
señor ministro, yo diría que hasta con el mismo presupuesto se puede
realizar una buena política, una mediocre y una muy mala política
pesquera. Todo dependerá del talante y del consenso y acierto que
logre con el resto de las administraciones y con los representantes
del sector pesquero, por lo que le adelanto que el PNV no va a
rechazar esta ley, aunque presentara una enmienda a la totalidad en
su día, tampoco en principio la votará a favor por los motivos
aducidos, pero sepan que nuestra abstención, en su caso, será activa
y constructiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Chueca.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera empezar esta intervención reconociendo el trabajo realizado
por el portavoz del Grupo Popular - y el trabajo en general de la
ponencia-, que ha mostrado una voluntad mayor que la de otros
compañeros de su partido a la hora de discutir otras leyes. Es una
realidad que esta ley viene con más enmiendas aprobadas de lo que es
usual en la práctica del Partido Popular. Por tanto, algo de
intención personal debe haber en la intervención del señor Mantilla
cuando se consigue este grado de consenso, que si no es total es
relativamente importante.
Dicho esto, he de afirmar que esta ley era esperada en este
Parlamento -ya era hora de que llegase-, pero después del tiempo
transcurrido podía haber venido con más concreción, con más
elaboración. Deseamos que los reglamentos que la deben desarrollar no
se hagan esperar tanto, ya que si no esta ley no sería tan útil como
debe serlo. Repito que espero que los reglamentos se concreten en el
menor tiempo posible y pueda ser una ley que, aun manteniendo
diferencias, empiece a dar cierta racionalidad a un sector al que le
hace mucha falta.
Izquierda Unida mantiene cinco enmiendas vivas después de haber
aceptado algunas transaccionales que ha propuesto el Grupo Popular, y
las mantiene porque hay elementos que no son coincidentes con lo que
nosotros entendemos que es el interés del sector. Mantenemos una
enmienda de supresión al artículo 28 porque el concepto de
transmisibilidad puede ser un criterio económico de muy dudosa
eficacia. Es innegable que se ha demostrado en la redacción como un
elemento negativo en el desarrollo sostenible de la pesca, en el
empleo y en la cohesión social y geográfica. El beneficio económico
que pudiera derivarse de esta figura sería siempre para unos pocos.
La transmisibilidad genera la existencia de un grupo de empresas
privilegiadas que suelen estar localizadas en zonas muy concretas
donde las posibilidades de pesca se convierten en un activo
comercializable que depende sólo de la facilidad de la empresa para
obtener recursos financieros propios o recursos ajenos. Además, en
todos aquellos países donde se ha intentado la puesta en práctica de
esta figura se ha demostrado que es perjudicial. Por tanto,
coincidiendo con la decisión que ha adoptado el Consejo Económico y
Social, creemos que este artículo debería suprimirse. También hemos
presentado una enmienda al artículo 28 señalando las desventajas que
puede tener un sistema de cuotas individuales transferibles en la
pesca de bajura. La concentración de derechos de pesca en manos de
las empresas dificulta el control y dificulta en realidad lo que se
dice que debe ser el objetivo de este artículo.Presentamos una
enmienda al artículo 70.2 en la que defendemos que se deje clara la
obligación de que cualquier venta de pescado que se haga en las
lonjas sea siempre mediante subasta. Esta es la fórmula para
salvaguardar los intereses de los pescadores. Una vez reconocida la
impor-
tancia que tiene el que sea obligatorio que todo el pescado fresco
pase por lonja, es indispensable que sea obligatoria la subasta
pública. En este mismo sentido planteamos dos enmiendas más que
tratan de que haya un mayor control sobre las importaciones de
productos pesqueros, que es otro de los problemas que sufren nuestras
lonjas.
Como decía, esta ley es necesaria, imprescindible y, aunque sigue
manteniendo algunos elementos que pueden chocar con competencias
autonómicas, necesita una rápida, una urgente tramitación de sus
reglamentos que no contradiga los acuerdos alcanzados en Comisión, lo
que sería dar un paso atrás. Esperamos que los reglamentos no nos
cambien la ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo también quisiera empezar mi intervención sumándome en
nombre de mi grupo al pésame por la muerte de Ernest Lluch, un
catalán que había ejercido de diputado en esta Cámara, un hombre que
había defendido la paz y que quería a Cataluña como su país, en el
que había nacido y al que había defendido.
Comparezco ante esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para defender nuestras enmiendas y fijar
nuestra posición respecto al proyecto de ley de pesca marítima, de
bases de ordenación del sector y de comercialización de los productos
pesqueros. Cuando este proyecto de ley se presentó en esta Cámara
dejó una gran preocupación en nuestro grupo. Era un proyecto de ley
que no nos gustaba, que incluso no tenía en cuenta gran parte de las
competencias autonómicas y yo diría que añadía confusión en lugar de
facilitar, ordenar y agilizar el sector. Era tal la preocupación que
tuvimos deseos de pedir su devolución. A pesar de esto, nuestro voto
fue positivo, fue un voto de confianza basado fundamentalmente en el
compromiso del señor ministro de dialogar con los grupos políticos y
así mejorar el proyecto, hacer una ley útil para el sector, una ley
que de alguna forma fuera positiva, y no una ley retrógrada, que
creara confusión o fuera negativa para algunos aspectos del sector.
Este compromiso de diálogo nos esperanzó, de ahí nuestro voto de
confianza, y hoy queremos decir que se ha cumplido. No soy yo el
único que lo dice, creo que lo han dicho casi todos los grupos que
hasta ahora han participado, y por tanto es cierto que esta no es la
ley que Convergència i Unió habría hecho, es cierto que no es la ley
que en su totalidad nos hubiera gustado que se aprobara, pero sí es
una ley que se acerca mucho a nuestros planteamientos y a lo que
creemos
que necesita el sector. Por esto hoy comparezco aquí, en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), agradecido y con
un discurso positivo. Agradecido al Ministerio, a su Dirección
General y sobre todo a sus técnicos, que han tenido la vocación de
asesorar, escuchar y trasladar al ministro todos los planteamientos
que nuestro grupo quería que fueran objetivados y de alguna forma
valorados. La mayoría de los grupos ha felicitado al portavoz del
Partido Popular, señor Mantilla, y nosotros también lógicamente lo
hacemos. Creo que este es un camino que habría que tomar como ejemplo
en las comisiones porque se avanza y sobre todo porque se debate y se
aprueba. Es cierto que cada grupo tiene planteamientos diferenciados
sobre la base de posiciones políticas diferentes; es lógico. Pero
cuando se habla de sectores de los que viven hombres y mujeres,
muchas veces los planteamientos políticos se pueden acercar, se
pueden consensuar, y de ello salen propuestas, en este caso una ley
que yo creo que será positiva y beneficiosa para la gente de la mar.
Por tanto, también mi agradecimiento a la actitud dialogante del
Partido Popular en este debate del proyecto de ley. ¿Por qué
votaremos a favor? ¿Por qué nuestro voto será afirmativo? Pues porque
creo que en el trámite parlamentario todos los grupos hemos
introducido aspectos que mejoran aquel proyecto de ley que nos
parecía retrógrado y que no podíamos votar favorablemente. Se ha
andado mucho y se ha hecho camino, un camino en el que se ha sabido
saltar los obstáculos que existían, por lo que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) está satisfecho de lo que se nos ha
aceptado. Hemos aportado muchas propuestas, se nos han aceptado
transacciones, enmiendas, se nos han aceptado aportaciones que nos
permiten decir que valoramos positivamente esta ley. Además, nos
parece que nuestra aportación, como la de otros grupos, ayuda a que
esta ley sea mejor de lo que inicialmente podía haber sido. Por
ejemplo, valoramos muchísimo desde Cataluña el hecho de que se deje
una puerta abierta a la administración única, que es un grito unánime
del sector, que no desea duplicidades administrativas, no desea que
más de una administración lo regule, lo fiscalice y de alguna forma
lo dirija. Con una aportación del Grupo Parlamentario Catalán hemos
dejado abierta una puerta a la administración única, lo que creemos
que puede ayudar muchísimo a vehicular un sector que está muy
fiscalizado y cuya administración está duplicada, por lo que resulta
muy compleja.Nos preocupaban también mucho las cofradías de
pescadores. Nos parecía que se iba a un desmembramiento y a un
vaciado, y esto se ha reconducido. Creo que todos los grupos
estábamos preocupados por este aspecto y nuestras aportaciones han
ido también en la línea de decir que las cofradías de pescadores
necesitaban un futuro más fácil, más portentoso, un futuro en el que
las cofradías no tuvieran que temer por su existencia ni por su
conte-
nido. En este espíritu de diálogo y de consenso esto se ha conseguido
arreglar. Incluso hablaba con el compañero portavoz del Partido
Andalucista sobre una enmienda que nosotros habríamos votado
encantados pero que nos parecía que no hacía falta -él la ha
retirado- porque en este contexto las cofradías quedaban de alguna
forma blindadas y no teníamos que temer lo que inicialmente nos
preocupaba a todos, pero especialmente a aquellas autonomías que
tenemos competencia en materia de pesca.
Pero, amigos del Grupo Popular, aún podemos andar más camino. Por
ello mantenemos ocho enmiendas, dejando claro que nos han aceptado
muchísimas y dejando claro también que queremos tener parte en esta
ley que se aprobará porque veremos incluida dentro de la misma
aportaciones de nuestro grupo. Sin embargo creemos que se puede
mejorar. Todo es mejorable en el mundo, nada es perfecto, y este
proyecto de ley no es perfecto y es mejorable. Por eso mantenemos
ocho enmiendas esperando que ese espíritu dialogante que ha tenido el
Grupo Popular continúe y haga un último esfuerzo aceptándolas, o las
que pueda, dejando claro que todavía queda el trámite del Senado,
donde esperamos y deseamos que se mantenga ese espíritu dialogante
que ha existido en el Congreso. Permítanme, señorías, que con
brevedad argumente por qué mantenemos estas enmiendas, que esperamos
que sean tenidas en cuenta.
La enmienda número 300 propone que en el registro de los buques
pesqueros que faenan en las aguas interiores y exteriores se incluyan
los sectoriales y los dedicados al marisqueo. El registro ya contiene
todos los buques que deberían adscribirse al censo de pesca marítima,
por lo que con una ligera adaptación del mismo se podría prescindir
del censo, motivo por el cual solicitamos su supresión en aras de una
simplificación administrativa. Las enmiendas 301 y 311 proponen la
creación de una cédula de pesca marítima que acredite a los buques la
autorización para el ejercicio de la pesca marítima. Esta cédula
haría innecesaria la regulación de la primera licencia de un buque
pesquero en el ámbito competencial de la pesca marítima, pasando
a ser considerada una materia perteneciente al ámbito de la ordenación
del sector pesquero. Las enmiendas 303 y 319 hacen referencia a la
declaración de desembarque, en la que se detalla la información
relativa a especies capturadas, volumen y puerto, que afecta más a la
organización del sector económico que a la propia regulación de la
actividad pesquera, por lo que este artículo debería ubicarse en un
título relativo a la ordenación pesquera, tal y como proponemos en la
enmienda 319. Respecto a la enmienda 316, en el trámite parlamentario
ya se ha producido una sensible mejora en el redactado que hace
referencia a autorizaciones para utilizar un puerto distinto del de
referencia de manera temporal. Sin embargo, nuestro grupo considera
que sería más aconsejable que se posibilitase a un buque el
inicio de su actividad pesquera desde un puerto diferente a aquel en
que tenga fijada su base, en el supuesto de existencia normativa
específica de acceso a determinadas zonas pesqueras. La enmienda 325
alude a los casos de extensión de la responsabilidad a los armadores
o propietarios de pesca profesional o recreativa, a los titulares de
concesiones de lonjas y a las empresas de cultivos marítimos.
Consideramos más adecuada la responsabilidad subsidiaria y no la
solidaria establecida en el proyecto de ley.Por último, en la
enmienda 332, somos conscientes de que el Real Decreto 2090/1984, de
10 de octubre, sobre tipos de infracciones en la actividad de pesca
de coral está tácitamente derogado, pero más allá de las
consecuencias y posibles interpretaciones que puedan producirse
consideramos conveniente su derogación expresa, aun siendo
conscientes de que está tácitamente derogado. Con ello deseamos una
mayor claridad jurídica.
Señorías, esperamos que estas enmiendas que mantenemos puedan
someterse a un estudio de última hora por parte del Grupo Popular y
puedan ser aceptadas. Creemos que hasta el día de hoy este proyecto
de ley ha engordado bastante, da la talla, utilizando términos
pesqueros, pero podríamos intentar llegar a su peso ideal, y estas
incorporaciones, estas enmiendas nuestras y las que seguramente
plantearán otros grupos ayudarían a que fuera aún mejor. Es una buena
ley y sobre todo es una ley producto de un consenso.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Maldonado, le
ruego que concluya.
El señor MALDONADO GILI: Voy acabando, señora presidenta.
De un consenso que, oyendo a los otros portavoces, debería motivarnos
para otros debates parlamentarios, porque sin duda este consenso sólo
irá en beneficio de la gente de la mar, de la gente que día a día
sale a faenar o que tiene su negocio en torno al mar.
Sólo me resta reiterar mi agradecimiento al señor ministro por el
diálogo existente con usted y su equipo y esperar que estas enmiendas
sean atendidas por el Grupo Parlamentario Popular para que puedan dar
paso a una mejora de esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
permítanme comenzar mi intervención con un recuerdo de homenaje al
amigo y compañero Ernesto, víctima de la intolerancia.
Volviendo al tema y al momento, en el debate de totalidad de este
proyecto de ley decíamos que con nuestras enmiendas queríamos hacer
un texto útil, una
ley que sirviera para clarificar los ámbitos competenciales y al
tiempo simplificar las relaciones del sector con las administraciones
y de éstas entre sí. Considerábamos necesario que la ley diera mayor
protagonismo en la gestión a las comunidades autónomas y a los
agentes económicos y sociales, a los que había que corresponsabilizar
en el futuro del sector. También defendíamos con nuestras enmiendas
una ley que favoreciera la modernización y el desarrollo de la pesca.
Estos objetivos están en buena medida conseguidos. La tramitación en
ponencia y Comisión da como resultado un texto muy diferente del
proyecto original. Para ello se aprobaron y transaccionaron un total
de 172 enmiendas de la oposición, de ellas 57 del Grupo Parlamentario
Socialista, que modificaron el 75 por ciento de los artículos del
proyecto e incluso el título de manera sustancial. Valoramos
positivamente la actitud de consenso del Grupo Popular que sirvió
para mejorar el proyecto, aunque a la luz de otras actuaciones de
dicho grupo no creemos que cambie de talante. Valoramos
positivamente, eso sí, el talante del señor Mantilla, pero creemos
que la coyuntura, el momento político influyó y ayudó a mejorar el
proyecto de ley.
Recordemos que este proyecto comienza a tramitarse después de grandes
demoras en período estival, cuando el sector comienza a inquietarse
por la falta de acuerdo con Marruecos. La tramitación en ponencia y
Comisión coincide con el punto álgido del conflicto del precio de los
carburantes y con malas noticias en torno al acuerdo con Marruecos.
Es comprensible que en este contexto político el Gobierno buscara
consensos para sacar adelante esta ley, pues no era políticamente
correcto abrir nuevos frentes de conflicto en el sector cuando aún
estaban abiertos el de carburantes y el de Marruecos. Sea esta o no
la causa -nosotros creemos que sí-, lo cierto es que el texto que se
somete hoy a la consideración del Pleno de la Cámara es aceptable, un
texto mejor que respeta las competencias de las comunidades autónomas
asumiendo la mayoría de nuestras enmiendas, que a su vez recogían la
doctrina del Tribunal Constitucional. El informe de la Comisión tiene
también una mayor sensibilidad social reconociendo el derecho de los
trabajadores y dando mayor protagonismo a sus representantes
sindicales, recogiendo enmiendas socialistas y de otros grupos.
Asimismo, recoge dos enmiendas socialistas al artículo 63 que para
nosotros son muy importantes, la 175 y la 176, que tratan de las
medidas a aplicar para que, cuando surja una flota que afecte
gravemente a un territorio, se proceda de inmediato a la formación y
reciclaje de los trabajadores afectados, a su preparación para que
asuman otras actividades al tiempo que se ponen en marcha programas
de desarrollo para relanzar y diversificar la economía y la sociedad
de las zonas en crisis. Con estas medidas, ante una crisis
estructural, la actuación de las administraciones ya no puede
limitarse a negociar subsidios más o menos indefinidos
que faciliten la muerte lenta de estos territorios, sino que
puede y debe centrarse en poner los medios para revitalizar económica
y socialmente estas zonas a través del impulso de nuevas vías de
desarrollo.
El texto que se somete a la consideración del Pleno también favorece
la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y la
participación del sector en el diseño del futuro del mismo, paso
importante que en este sentido da una enmienda socialista, que nació
de una nueva disposición adicional que posibilita que la pesca de
litoral se pueda desenvolver al amparo de una Administración
unificada, haciendo posible que las comunidades autónomas con
competencia en la materia gestionen la pesca en sus aguas y las del
litoral a través de convenios u otras figuras constitucionales que lo
posibilitan. Asimismo, que los agentes del sector pesquero participen
en la planificación del mismo como demandaban nuestras enmiendas y
las de otros grupos de la oposición.
No obstante, señorías, el texto mantiene algunos aspectos con los que
discrepamos y que expongo a continuación. En el texto se impone la
consulta con las cofradías y nosotros estamos de acuerdo si son
representativas y no lo estamos si no lo son o dejan de serlo. La
Administración debe consultar siempre con los agentes y asociaciones
representativos, el asociacionismo hoy es voluntario y las cofradías
no representan ya en todos los casos al sector, sino a una parte del
mismo. Se trata de algo dinámico y por ello no compartimos la
consulta obligada. En el tema de las cofradías discrepamos también
con el hecho de que la Federación nacional de cofradías integre
federaciones autonómicas y cofradías individuales en un plano de
igualdad. Esta estructura aporta confusión y distorsiona la
representatividad. Estos esquemas organizativos son los que
posibilitan que el señor ministro pacte con el presidente de la
Federación de cofradías en el conflicto del gasóleo, que la mayoría
del sector no se sienta representado y que, como consecuencia, no
acepte el acuerdo. Tenemos que velar por crear estructuras
representativas, siendo esto lo que persiguen nuestras enmiendas 161
y 162.
Nosotros aceptamos el reparto y la transmisibilidad de cuotas de
pesca con la cautela de que los derechos del mar son públicos, pero
discrepamos con la posibilidad de que la transmisibilidad se pueda
extender a la pesca artesanal. Consideramos que sería grave que esto
pudiera ocurrir y, si la ley no lo prohibe, puede pasar a ser una
realidad. En una época de crisis en el sector como la actual podría
llevar a una concentración indeseada de cuotas de pesca, con elevados
costes sociales a medio y largo plazo. Por ello, nuestra enmienda 145
propone limitar la transmisibilidad a la pesca de altura y gran
altura.Asimismo, creemos que el proyecto relativo a la
comercialización podría avanzar más y recoger las nuevas formas en
las que los armadores transforman y comercializan su producto, sin que
ello obligue
a que tengan que venderse en lonja a sí mismos. A esto se refiere
nuestra enmienda número 178.
Otras enmiendas se refieren a la creación de un cuerpo estatal de
inspección pesquera, a la participación de las comunidades autónomas
en la utilización para la construcción de buques en el registro de
empresas mixtas y en el cambio de puerto base. También a la
participación de los agentes sociales en el comité consultivo del
sector pesquero (enmienda 206) porque la política social no está en
esta ley y quizás sí pudiera estar en la política pesquera si los
sindicatos estuvieran en el comité consultivo.
Resumiendo, estamos ante un proyecto muy mejorado, con el que nos
identificamos en buena medida, pero que contiene aún aspectos
mejorables; creemos que aún se puede mejorar el proyecto. Del Grupo
Popular depende que lo consigamos. En todo caso, nosotros no
olvidamos que en paralelo con la tramitación de este proyecto el
sector tiene problemas graves, estructurales y coyunturales, que no
se resuelven con esta ley, pero ese es un debate que tiene otro
tiempo político.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar la posición, tiene la
palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del señor ministro y de la Secretaria General de
Pesca y en el mío propio, muchas gracias por los elogios que han
vertido, pero hubiese cambiado algunos elogios por un mayor consenso
(Una señora diputada: Sois insaciables.), porque todavía quedan
muchas enmiendas vivas a las que el Grupo Parlamentario Popular ha
intentado por todos los medios buscar todo tipo de soluciones. Hasta
aquí hemos tenido cinco anteproyectos de ley, que han sido consultado
con todo el sector, armadores, sindicatos, en definitiva, con todas
las instituciones que pueden opinar sobre el sector pesquero. Hemos
dejado atrás 360 enmiendas, de las que se han aprobado directamente
100 y 112 enmiendas transaccionales han sido bien acogidas por parte
de los grupos proponentes. No obstante, hay una serie de enmiendas
sobre las que va a ser difícil llegar a un consenso. El artículo
149.1.19 de nuestra Carta Magna define perfectamente cuáles son las
competencias de la Administración central en temas pesqueros, y el
artículo 148.1.11 lo hace igualmente sobre las competencias de las
comunidades autónomas. Por parte del Ministerio, de la Secretaría
General de Pesca y del Grupo Parlamentario Popular se ha intentado
estirar al máximo el artículo 149.1.19, en tanto que muchas de SS.SS.
lo que han intentado hacer es estirar lo suficiente el 148.1.11 para
absorber el 149; es decir, que lo que han pretendido es absorber
todas las competencias
de la Administración central para pasarlas a las comunidades
autónomas. Es cierto, como dicen algunos portavoces, que tenemos
ideas distintas del concepto de Estado. Yo sé que hay portavoces a
los que les gustaría que la ley se titulase ley de pesca marítima del
Estado de Galicia o del Estado de Andalucía o del Estado de Canarias
o del Estado de Cataluña, sin duda. Nosotros respetamos
escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas; es
más, hemos cedido en aspectos puntuales y tremendamente importantes
para algún grupo parlamentario, como es el de la pesca artesanal.
Hemos cedido a que sea una administración unificada la que trate el
tema de la pesca artesanal. Otro tema importante, el de la pesca
deportiva, causa gran preocupación al Grupo Parlamentario Popular.
Sabemos que, efectivamente, hay personas que van los sábados a pescar
una faneca, pero miles de personas en Galicia, por ejemplo, van todos
los días a faenar pulpos o cualquier otro tipo de pescado. Eso, sin
duda, hay que normalizarlo no solamente por la cantidad de capturas
que realizan, sino por el tipo de pescado que capturan, lo que puede
poner en peligro la recuperación de los stock. Por tanto, señorías,
una cosa está clara: nosotros estamos dispuestos a desarrollar hasta
las máximas extensión posible el artículo 149.1.19, pero las
competencias de la Administración central permanecerán en ella y no
podrán ser transferidas o absorbidas por las comunidades autónomas.
Hay temas, don Ceferino Díaz, que no podemos compartir. El
tratamiento que hemos llevado en la negociación de esta ley en ningún
momento estuvo condicionada por ningún otro tema ajeno a lo que
estábamos tratando. Le reitero que tuvimos cinco anteproyectos que
han sido negociados y discutidos con el sector. Hay algún tema sobre
el que estaríamos dispuestos a llegar a algún tipo de entendimiento
por parte del Grupo Parlamentario Popular, pero lo tenemos difícil,
como le he anunciado anteriormente. Uno de ellos es la
transmisibilidad de los permisos de pesca en bajura. Son dos temas en
los que Coalición Canaria y el Grupo Socialista están haciendo mucho
hincapié en ello. Es cierto que es posible llegar a algún tipo de
entendimiento, pero hay aspectos que hay que considerar como el
difícil deslinde entre lo que puede ser pesca de bajura y pesca de
altura, porque sabemos, señorías, que hay buques que en determinados
momentos pueden dedicarse a la pesca de bajura y después dedicarse a
la pesca de altura, como puede suceder en la captura del bonito. Por
tanto, sería difícil deslindar cuál puede ser una forma u otra en la
pesquería. También le quiero decir una cosa y es que en el sector
pesquero hay muchas veces intereses encontrados y así como hay
pesquerías en las cuales se está totalmente de acuerdo en que se
impida la transmisibilidad de los permisos de pesca; es decir, que
los permisos de pesca sean de lacolectividad y que no sean
personales, en tanto que
otras pesquerías u otras comunidades están en absoluto en desacuerdo
con que eso se pueda impedir.
Con relación a la enmienda referida al silencio administrativo
negativo, que mantiene Coalición Canaria, referida al famoso PTP, al
permiso temporal de pesca, que facilita poder ir a un caladero a
faenar, les diré que en este Parlamento en una proposición no de ley,
a propuesta de este parlamentario, se consiguió que el plazo máximo
para conceder el permiso temporal de pesca fuera de 15 días. Antes no
estaba definido el tiempo y, por tanto, 15 días es un periodo de
tiempo tan corto que cualquier olvido de una solicitud de un permiso
en cualquier cajón puede dar lugar a que pudiese entrar el silencio
administrativo positivo, lo cual sería perjudicial, no solamente para
la Administración, sino para el propio sector. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.)
Hemos llegado a entendimientos importantes en puertos de base, en el
sentido de que se pueda solicitar o no la comunicación previa a las
comunidades autónomas para que se puedan cambiar los puertos base.
Otro tema importante que los grupos intervinientes han puesto en sus
enmiendas es el de la primera venta. Sus señorías saben que la
primera venta tenía que ser inexorablemente en lonja, pero hemos
buscado excepciones para que pueda haber otros lugares en los cuales
esta primera venta se pueda desarrollar en sitios distintos a la
lonja, una vez aprobado por las comunidades autónomas.
Aprovecho para decir a SS.SS. que hay dos enmiendas técnicas al
articulado, que ha aprobado la Comisión. Una de ellas está referida
al artículo 27. Al haberse aprobado las enmiendas número 237 de
Coalición Canaria y la número 144 del Grupo Socialista se produce una
duplicidad entre la letra d) y el apartado cuarto, puesto que
significan lo mismo; entonces se propone la supresión de la letra d)
y mantener el apartado cuarto que es más amplio y más ambicioso. Y al
haberse aprobado la enmienda número 180, del Grupo Vasco, al artículo
70.2, en los cuales se permite la venta fuera de lonja en
determinadas ocasiones a criterio de las comunidades autónomas, se
propone recogerlo, lógicamente, en la exposición de motivos puesto
que decía lo contrario. Supongo que SS.SS. no deben tener
inconveniente en la aceptación de estas dos enmiendas, que mejoran el
texto.
En el tema de las cofradías de pescadores también se ha hecho un
esfuerzo muy considerable. Hemos reducido notoriamente el ámbito del
proyecto de ley. Es cierto que las comunidades autónomas tienen
competencia sobre las cofradías de pescadores, pero también es cierto
que la normativa básica es competencia exclusiva de la Administración
central. Lo que se pretende es que las comunidades autónomas
dispongan -por decirlo de alguna manera- de los mínimos exigibles
para que las cofradías de pescadores tengan una homogeneidad
en todo el territorio y no puedan ser totalmente distintas
unas de otras.
Sé que en el País Vasco tienen unos programas en los que en las
cofradías hay algunas figuras que no existen y que en la ley si
existen, pero ése es un tema que -como usted comprenderá- al proyecto
de ley no le afecta. Es decir, si no tienen algunas figuras de las
que están establecidas en la ley las crearán o no, supongo que por
propia voluntad.
Terminando, señorías, queremos decir que por parte del Grupo
Parlamentario Popular se mantienen, obviamente, todas las enmiendas
transaccionales que planteamos en la Comisión y de las que son
conocedores todos los portavoces; que el Grupo Parlamentario Popular,
el Ministerio y la Secretaría General de Pesca están abiertos a
cualquier tipo de consenso para que la ley pueda ser para todos y no
para unos pocos, porque ése es el objetivo no sólo del Grupo
Parlamentario Popular sino de todo el sector. Pero lo que también les
quiero decir, señorías, es que el Grupo Parlamentario Popular a lo
que no está dispuesto, y no lo va a aceptar, es a que en España haya
diez mares distintos o que a los pescados haya que ponerles diez
banderas distintas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mantilla.
Enmiendas al proyecto de ley de pesca marítima del Estado.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas 255, 259, 264 a
266, 270 y 273 a 275, presentadas por la señora Lasagabaster, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 109; en contra, 164; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 10; en contra, 167; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor
Vázquez, por cuanto la del señor Nuñez ha sido retirada.
En primer lugar, enmienda número 338, del señor Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 16; en contra, 177; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Vázquez, excepto la
336, que ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 109; en contra, 174; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En primer lugar, la número 238.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 111; en contra, 174; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda 252, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 105; en contra, 174; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 253, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 110; en contra, 172; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Entramos a continuación en la votación de las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En primer lugar, las números 24, 27, 37, 38, 40, 44, 45, 47 52, 68 a
75, 77, 79, 81, 84, 89 a 91, 95 a 97, 103 a 105, 110, 111, 114, 118,
120, 123, 125 y 128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 113; en contra, 164, abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 12; en contra, 163; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos a continuación la votación de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.En primer lugar,
las números 2, 3, 16 y 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 15; en contra 176; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda número 15, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas transaccionales a las números 1, 5, 6, 7, 10 y 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 281; en contra, tres, abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, la número 316.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 19; en contra, 256; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 118; en contra, 163; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 106; en contra, 178; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación del texto del dictamen.
En primer lugar, los artículos 28 y 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 177; en contra, 103; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos de referencia.
Votamos a continuación los artículos 46, 59 y 70 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 173; en contra, seis; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos del
dictamen.
Resto del dictamen, con las correcciones técnicas anunciadas en el
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 271; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, POR
IMPORTE DE 8.155.525.000 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS
PRODUCIDAS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, COMO CONSECUENCIA DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN OPERACIONES
INTERNACIONALES DE AYUDA HUMANITARIA Y RESTABLECIMENTO DE LA PAZ.
(Número de expediente 121/000006)
La señora PRESIDENTA: Punto 51, proyecto de ley por la que se
conceden suplementos de crédito, por importe de 8.155.525.000
pesetas, para atender insuficiencias producidas en el Ministerio de
Defensa, como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas
Españolas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y
restablecimiento de la paz.
No se han mantenido enmiendas para el Pleno a este proyecto de ley.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Pasamos a votarlo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 285; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el citado proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 46.624.357.971 PESETAS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS
DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente
121/000007)
La señora PRESIDENTA: Punto 52, proyecto de ley por el que se concede
un crédito extraordinario por importe de 46.624.357.971 pesetas, para
la atención de los gastos derivados de la ejecución de la Ley 32/
1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del
terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 285; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL REINO
DE ESPAÑAEN LA 8.ª REPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE
DESARROLLO. (Número de expediente 121/000009)
La señora PRESIDENTA: Punto 53, proyecto de ley por la que se
autoriza la participación del Reino de España en la 8.ª reposición de
recursos del Fondo Africano de Desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley por el que se
autoriza la participación del Reino de España en la 8.ª reposición de
recursos del Fondo Africano de Desarrollo.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO
FISCAL. (Número de expediente 121/000013)
La señora PRESIDENTA: Punto 55 del orden del día. Dictamen de
Comisión de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación
de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Hay tres enmiendas que permanecen vivas en este Pleno. En primer
lugar y para defensa de la enmienda del Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones. (Varios señores diputados
abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, les recuerdo que este debate va a ser bastante breve; hasta
donde conoce esta Presidencia va a haber sólo dos turnos de palabra.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, y con
brevedad.
Nuestra enmienda a esta iniciativa legislativa que regula el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, proponemos adicionar -estamos
conformes plenamente con el resto del texto que nos ha remitido el
Gobierno- una disposición final que diga que el Gobierno, en el plazo
de seis meses, procederá a la promulgación de un reglamento del
ministerio fiscal. ¿Cuál es la razón de nuestra enmienda, señora
presidenta? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, el Estatuto orgánico
del ministerio fiscal fue aprobado en esta Cámara en el año 1981, es
la Ley número 50 de aquel año, un año en que estábamos saliendo de la
transición. En 1981 una buena ley, aprobada ampliamente por esta
Cámara y con un gran espíritu de consenso, porque en aquellos años
inmediatos a la aprobación de la Constitución estábamos desarrollando
el texto de la misma y el legislador se fijaba en una pieza
fundamental del Estado de derecho, como era la regulación del
ministerio fiscal. Sin embargo, dicho esto nos encontramos que a la
hora de aplicar el desarrollo interno reglamentario del ministerio
fiscal, se habilitó el reglamento anterior a la Constitución; estamos
utilizando un reglamento preconstitucional.
Entendemos que casi 20 años después de haber aprobado la Ley que
regula el ministerio fiscal, va siendo hora de que tengamos un
reglamento que desarrolle el mismo, y nosotros hemos presentado una
enmienda, estando además abiertos a cualquier aspecto transaccional
con el Gobierno, y si el Gobierno entiende que seis meses es poco
plazo para que sus expertos de la Administración de justicia en el
mundo fiscal y el Ministerio de Justicia en su competencia normativa
que esto se hiciera al menos en la presente legislatura, porque no
podemos seguir avanzando y más cuando estamos ya modificando textos
competenciales muy importantes del ministerio fiscal. Mi grupo aquí
lo dice en pleno reconocimiento de la identidad, a través de las
conversaciones que venimos manteniendo con el ministro de Justicia,
señor Acebes, y su equipo sobre el plan de choque de la justicia,
este pacto de Estado que mantenemos con la política activa del
Gobierno y apoyando medidas que van encomendando al ministerio fiscal
una serie de nuevas actividades y competencias, y sobre todo cuando
estamos hablando ya de modificaciones de la Ley penal del menor,
cuando hablamos de los aspectos de lucha contra la violencia
terrorista callejera encomendando al ministerio fiscal una serie de
actividades normativas en incoación, en acusaciones, en velar por el
principio de legalidad, nosotros pensamos adecuar el reglamento
preconstitucional a una ley posconstitucional de plenitud de
garantías y de legitimidad democrática para que esto se haga posible.
Es el único alcance que tiene nuestra enmienda para armonizar una
ley, más las complementarias que hemos aprobando y seguiremos
aprobando en esta Cámara e incluso ésta que sustenta nuestra
enmienda, se armonice la necesidad de adecuación a los tiempos que
corren para el ministerio fiscal y sus competencias, para que tenga
un reglamento.
Vuelvo a decir que aunque nosotros hemos puesto por debajo el límite
de los seis meses, si el Gobierno entiende que necesita un año, que
necesita dos o dentro del período de la legislatura que nos enmarca
en esta Cámara, estamos en esa línea. Es una aportación de
cooperación y de colaboración y me consta que muchos miembros del
ministerio fiscal y de las asociaciones de fiscales reclaman que su
reglamento esté adecuado al ordenamiento jurídico constitucional, no
sólo cronológicamente sino también jurídicamente y en los aspectos de
normativa legal que hay al respecto.
Señora presidenta, ésta es la intencionalidad complementaria
y enriquecedora que trae nuestra enmienda, para permitirnos una
colaboración cómoda del Ministerio Fiscal con la Administración de
justicia y en las nuevas exigencias que se les están pidiendo a los
fiscales.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere anunciar ante todo nuestro voto a favor del parco
articulado de este proyecto de ley, un proyecto que se limita a
adecuar en lo imprescindible la estructura del ministerio fiscal a lo
previsto en la Ley orgánica de responsabilidad penal juvenil y que
por desgracia lo hace, como en tantos otros aspectos, demasiado tarde
y sin suficiente previsión presupuestaria para que el 13 de enero,
fecha fijada para la entrada en vigor de esta ley, pueda desplegar
toda su eficacia.
Sin embargo, nada tenemos que objetar a lo que contiene el
articulado, pero sí tiene algunas lagunas. Precisamente las dos
enmiendas que el Grupo Socialista mantiene vivas a este proyecto de
ley, van destinadas a cubrir dos importantes lagunas a nuestro
entender. La primera de ellas pretende garantizar la presencia de
secretarios judiciales que asistan a los fiscales en sus nuevas
funciones instructoras, y pretende garantizarlas, señorías, de una
forma que creemos más precisa, más completa y más eficaz que la
insinuada por el Grupo Popular en su enmienda número 43 a la Ley de
medidas urgentes que debatiremos mañana por la mañana. Es un aspecto
necesario para completar y mejorar el texto de este proyecto de ley.
Para nosotros hay aún otro aspecto más necesario y de contenido más
profundo y sinceramente, señorías, esperamos que el debate de esta
enmienda hoy, en vísperas del 25 de noviembre Día internacional de la
lucha contra la violencia de género, mueva a reflexión al Grupo
Popular y el texto que hoy venimos a defender corra aquí mejor suerte
de la que corrió en Comisión. Señorías, hoy estamos todos
estremecidos por el último acto de violencia terrorista, pero también
hay otra plaga violenta en nuestra sociedad que no le va a la zaga en
número de víctimas y la enmienda del Grupo Socialista pretende
dotarnos de un nuevo y eficaz instrumento en la lucha contra esta
plaga continuada y creciente de la violencia familiar, una plaga que
según datos del propio Gobierno afecta anualmente en España a dos
millones de mujeres; una plaga que fue denunciada el año pasado por
casi 22.000 víctimas. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
Para ponerle coto pretendemos que en las fiscalías de las audiencias
provinciales y de los tribunales superiores de justicia se cree una
sección de violencia familiar con fiscales especializados, una
sección que deberá intervenir directamente en una serie de delitos y
faltas, en especial aquellos que se dirigen contra la vida y la
integridad de las personas, cuando la víctima sea uno de aquellos
sujetos que contempla el artículo 153 del Código Penal, es decir el
cónyuge o ex cónyuge, el conviviente o ex conviviente, los hijos
propios o del cónyuge o conviviente y los ascendientes o incapaces
que convivan con el autor. También deberá intervenir esta sección
directamente en los procesos civiles sobre nulidad, separación y
divorcio o en aquellos otros que se refieran a la guarda y custodia
de hijos cuando por alguna de las partes se aleguen malos tratos.
En suma, señorías, pretendemos dotar al ministerio fiscal de los
medios necesarios para dar respuesta serie y decidida a un problema
que preocupa cada vez más a la sociedad y que como legisladores cada
vez a nosotros debe preocuparnos más. Esperamos sinceramente que el
resto de los grupos comparta esta preocupación y apoyen el texto que
hoy proponemos. En el debate en Comisión de esta iniciativa el
representante del Grupo Popular calificó esta enmienda de bonita y
oportuna, pero la rechazó porque, utilizando sus propias palabras
recogidas en el «Diario de Sesiones», técnicamente es un lío y tener
una sección permanente para una fiscalía de violencia familiar si no
va a tener cargas de trabajo es despilfarrar los medios personales,
todavía escasos, con que cuenta la justicia. Señorías, dos millones
de víctimas de malos tratos al año, 22.000 denuncias en 1999, 58
mujeres muertas ya por obra de los malos tratos, garantizan
desgraciadamente la carga de trabajo de cualquier sección de una
fiscalía. No teman, que nunca será un despilfarro proteger la vida y
la salud de las mujeres.
Estos mismos datos escalofriantes exigen de nosotros que no
banalicemos con calificativos una propuesta seria ni nos escudemos en
presuntas dificultades técnicas para rechazar una medida obligada si
queremos poner fin a la violencia familiar, a esa dolorosa espiral de
la violencia doméstica. Nuestra obligación como legisladores,
señorías, es salvar las dificultades técnicas para conseguir este fin
y no precisamente crearlas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto de ley que vino a la Cámara tenía como objeto fundamental
en esta materia efectuar una adaptación del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal a la Ley 5/2000, de responsabilidad penal de los
menores. Ciertamente en estos momentos podría considerarse una
adaptación insuficiente, en función de la tramitación que se está
produciendo ahora en la Cámara de una modificación de esa Ley 5/2000
para adaptarla a través de la creación de un juzgado central de
menores en la Audiencia Nacional y posiblemente hasta una sección de
menores también en la Audiencia Nacional. Mi grupo, atendiendo a las
circunstancias en las que se tramitaba en aquel momento el proyecto,
no planteó enmienda alguna.
Nuestra posición en el día de hoy será, por un lado, abstenernos en
la enmienda número 2, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Mi grupo es solidario con la finalidad del Grupo
Parlamentario Socialista de que la violencia doméstica, la violencia
por razón de género, debe reunir una cantidad importantísima de
esfuerzos, aunque todos serán absolutamente insuficientes. Quiero
recordar que mi grupo parlamentario en su día, a través de la
tramitación de la ley orgánica 11/1999, hizo aprobar inicialmente en
el Congreso de los Diputados toda una tipificación de esta violencia
doméstica, aunque posteriormente y por razón de la tramitación de una
ley específica, la Ley 14/1999, a ella fue a parar todo ese caudal.
Por todo esto nos abstendremos. Estamos totalmente de acuerdo en que
ha de ser un objetivo absolutamente prioritario. Sabemos que en
próximas semanas la violencia doméstica será objeto de atención
específica en la Cámara a través de una proposición del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a la creación de una delegación del
Gobierno en esta materia, y por contra entendemos que pueden existir
algunos elementos de carácter organizativo que deberíamos examinar
con mayor calma.
Compartimos la enmienda de Coalición Canaria, pero entendemos que el
pacto de Estado para la justicia debe llevar, sin lugar a dudas, una
reforma importante del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que
arrastrará la reforma del Reglamento del ministerio fiscal.
La enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Socialista y la
enmienda de Coalición Canaria, por lo motivos indicados tendrán
nuestro voto negativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente, por el desorden
del momento en que pido la intervención, pero al Grupo Vasco le
gustaría dejar constancia de su postura en relación con este
proyecto, que va a ser exactamente la misma que mantuvimos en
Comisión.
No mantenemos enmiendas vivas, tampoco las presentamos al texto del
proyecto, porque siempre entendimos que se refería estrictamente a
las modificaciones necesarias en el Estatuto orgánico del ministerio
fiscal para poder entrar en vigor la Ley penal juvenil. Nos
mantenemos en los mismos términos que lo hicimos en Comisión y
queremos hacer alguna manifestación en relación con las enmiendas
presentadas por los demás grupos.
Ciertamente, el ministerio fiscal es un instituto que tal y como está
plasmado constitucionalmente ha generado críticas y debates en esta
Cámara en tiempos anteriores. Tenemos aprobadas en la legislatura
pasada dos propuestas distintas, dos interpelaciones con sus
correspondientes mociones, pero creemos que no es ahora el momento
adecuado para proceder a retoques de otro tipo. Siendo sensibles a la
inquietud que mueve al Grupo Socialista a mantener su enmienda en
relación con la violencia de género, nos parece que la atomización en
infinidad de fiscalías no es el sistema más adecuado para atender a
esta cuestión. Quizá cada fiscalía concreta debe utilizar y optimizar
los efectivos con que cuenta, teniendo presente que existe además una
excelente circular de la Fiscalía General del Estado y que a lo mejor
la labor conjunta de forenses, jueces, colegios de abogados genera
mejores resultados, por supuesto junto con las políticas educativas,
preventivas y de atención a las víctimas que la existencia de
fiscalías específicas. En todo caso, mi grupo no se opone a que estas
lleguen a existir; de momento no ve bastantes razones para que eso
pudiese mejorar la persecución de este tipo de delitos, y por tanto
en este momento votaremos en contra de la existencia de este tipo de
fiscalías -repito-, sin demérito de que nuestra inquietud respecto de
la persecución de este tipo de delitos y la erradicación de estas
conductas sea tan firme, tan clara y tan rotunda como es la de todos
los grupos de la Cámara, según nos consta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Comenzaré por mostrar una doble sorpresa. La primera por el hecho de
que se hayan mantenido ante el Pleno las dos enmiendas del Grupo
Socialista, porque en la lista de que disponía este portavoz no
figuraba y lo entendí como un detalle de buen sentido del Grupo
Socialista, después del debate que hubo en Comisión donde ya se
expresaron posturas como las que acabamos de oír, incluso después del
debate de los presupuestos, donde hubo ocasión, con el señor
Villarrubia, de referirnos a esta cuestión, y podría remitirme a lo
allí dicho. Ya se ve que no es ese el caso; en vista de lo cual
reiteraré una segunda sorpresa, ésta quizá para la portavoz
socialista, y es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha
dicho al final, o sea que nuestra función es resolver problemas
técnicos y no crearlos. El debate que se abre entonces es quién tiene
más credibilidad a la hora de hablar de soluciones técnicas. En el
caso de la primera enmienda, sobre el papel de los secretarios, ese
debate quedaría abierto. En efecto, mi grupo, como ha recordado la
portavoz socialista, con motivo de la Ley de acompañamiento ha
presentado una solución que nos parece técnicamente mejor; podemos
estar equivocados, como es lógico, pero es un debate que quedaría
abierto. En el segundo caso, si me lo permite la señora Del Campo,
hay un tercer elemen-
to que quizás tenga algún tipo de autoridad en esta cuestión, y es el
fiscal general del Estado, pues aunque ya sé que para algunos efectos
no goza de la simpatía de su grupo, quizás cuando habla de cómo es
más eficaz el ministerio fiscal y como debe técnicamente trabajar,
a lo mejor merece alguna atención. De hecho mi grupo al abordar el plan
contra la violencia doméstica no descartó la posibilidad de estas
fiscalías especiales; por tanto no nos parece absurda su propuesta,
al contrario, nuestra misma reacción ante este hecho de violencia
execrable nos llevó a pensar en esa posibilidad. El fiscal general
del Estado, hace ya dos años, emitió una circular de 30 folios, donde
hace un dictamen técnico y en ese dictamen técnico dice que la
efectividad práctica de los criterios que con esta circular se
defienden depende en gran parte del establecimiento de medidas
organizativas que aseguren la vigencia del principio de unidad
orgánica del ministerio fiscal, obviamente contrapuesto a la
existencia de secciones especiales. Una respuesta fragmentada, fruto
de la dispersa iniciativa individual de los distintos fiscales,
contribuiría a debilitar el principal instrumento con que cuenta el
ministerio fiscal para el logro de sus objetivos en esta materia,
esto es la unidad de actuación en su cotidiana tarea ante los
tribunales de justicia. La gravedad de la situación aconseja, más
allá de voluntaristas soluciones individuales (y quizá tenga algo que
ver, señora Del Campo, en esto de voluntaristas soluciones
individuales) la experiencia existente de que en este momento,
gracias a que las partidas presupuestarias que el Gobierno ha
previsto, haya diez colegios de abogados en España con un turno de
abogados 24 horas al día atendiendo cualquier caso que se pueda
producir de este tipo, y no me refiero al décimo de esos colegios en
número de habitantes de su circunscripción, me refiero a Madrid, que
en los seis primeros meses de funcionamiento ha habido 34 casos.
Quizá a eso se puede referir como pronóstico el fiscal general cuando
habla de esas voluntaristas soluciones individuales que él cree deben
someterse, por el contrario, a una decidida intervención
institucional. De ahí la importancia de que los fiscales jefes por sí
o a través de quienes en la actualidad tengan encomendada tal función
refuercen los controles encaminados al seguimiento y visado de las
calificaciones que tenga por objeto el fenómeno violento de que se
trata. Por tanto, de acuerdo con sus palabras, señora Del Campo,
procurando solucionar problemas técnicos y atendiendo a que
entendemos que una circular de la Fiscalía General tiene autoridad
técnica, preferimos votar no a su enmienda como por otra parte
algunos grupos ya han puesto de relieve.
En cuanto a la enmienda de Coalición Canaria, estamos de acuerdo en
los argumentos que la sustentan. Los suscribimos uno por uno, y
además con la claridad con que lo ha expuesto el señor Mardones es
difícil no estar de acuerdo con él. Es un reglamento
preconstitucional que ahí está todavía. Ahora, en cuanto a la
oportunidad de la medida y estamos hablando del deseo del Gobierno que
apoya evidentemente este grupo de dar paso a un pacto de Estado, nada
hace pensar que la ley orgánica que en estos momentos estamos
modificando debiera ser modificada, si hay voluntad al respecto
haciéndose eco de debates que ya ha habido en esta Cámara. De ahí que
plantear un nuevo reglamento supondría excluir de antemano que dentro
del orden del día del pacto de Estado incluso como prioridad podría
estar presente esa modificación. Sugerir un plazo de seis meses ya
sería un bloqueo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Por eso, compartiendo absolutamente todos los argumentos, y por tanto
suscribiendo la oportunidad de que cuanto antes haya un reglamento
del ministerio fiscal, mi grupo esperará a ver dentro de ese pacto de
Estado y de su orden del día y de su calendario qué lugar ocuparía,
si es que lo ocupa, una modificación del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, y entonces estaríamos en condiciones de decidir si
es o no inaplazable el citado reglamento. En todo caso, agradecemos
mucho los argumentos del señor Mardones porque recuerdan una realidad
que ahí está y a la que debemos hacer frente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley
de modificación de la Ley 5/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, cinco; en contra, 182; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 101; en contra, 169 ; abstenciones 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 102; en contra, 182;abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Sometemos a votación el dictamen en su conjunto: artículo único,
disposición derogatoria y preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 284; en contra, tres; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS,
POR IMPORTE DE 354.696.080, DESTINADOS A ATENDER EL PRINCIPAL Y EL
PAGO DE COSTAS DERIVADOS DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES, ASÍ COMO
LOS CORRESPONDIENTES INTERESES DE DEMORA. (Número de expediente 121/
000014)
La señora PRESIDENTA: Punto 56 del orden del día: proyecto de ley
sobre concesión de varios créditos
extraordinarios, por importe de 354.696.080 pesetas, destinados a
atender el principal y el pago de costas derivados de diversas
sentencias judiciales, así como los correspondientes intereses de
demora. ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 285; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto.
Les comunico a SS.SS. que mañana la votación de conjunto de los dos
proyectos con carácter de ley orgánica que tenemos que debatir no se
producirá en ningún caso antes de las once de la mañana.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.