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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 683, de 11/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 683
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 73
celebrada el martes, 11 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la política de promoción y fomento de las energías renovables. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001604.) ... (Página 22126)
- Sobre la campaña institucional sobre el euro. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001873.) ... (Página 22130)
- Para que se establezca la obligatoriedad por parte de las entidades aseguradoras de suscribir las pólicas de seguro obligatorio de ciclomotores y motocicletas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001796.) ... (Página 22134)
- Sobre medidas de potenciación del sector industrial de vehículos de dos ruedas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001813.) ... (Página 22134)
- Sobre cumplimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón.
Presentada por el
Grupo Paramentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001846.) ... (Página 22138)
- Sobre la exención tributaria de las indemnizaciones pagadas a ex presos y represaliados políticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001478.) ... (Página
22142)
- Por la que se insta al Ministerio de Economía a la firma del convenio específico del Miner, para la ejecución de las obras de la carretera de Campdevànol (Girona) a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedà (Barcelona). Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001568.) ... (Página 22144)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001604.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En el orden del día hay siete proposiciones no de ley. Rogaría a los señores portavoces que sean lo más concisos posible en sus intervenciones para no alargar excesivamente la sesión. En principio las votaciones serán no antes de la una y
treinta minutos.
Piden a la Mesa el debate conjunto de las proposiciones contenidas en los puntos 2.º y 4.º, aquella del Grupo Parlamentario Socialista y esta del Grupo Parlamentario Catalán. Hay acuerdo entre los dos grupos para que se debata
conjuntamente. ¿El resto de los grupos lo acuerda así? (Asentimiento.)
Pasamos a la proposición contenida en el punto 1.º, relativa a la política de promoción y fomento de las energías renovables, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley con el objetivo fundamental de instar al Gobierno a que se efectúe lo antes posible la trasposición de la directiva europea del Parlamento y
del Consejo Europeo de 27 de septiembre del año 2001, para la promoción de las fuentes de energías renovables. Aprovechando esa trasposición de la directiva, pedimos que se elabore una ley de energías renovables que impulse el aumento de la
contribución de estas fuentes de energía a la generación de electricidad y proporcione garantías a los inversores. Proponemos también que los objetivos nacionales indicativos propuestos se transformen en objetivos nacionales vinculables y
revisables y que estos objetivos puedan alcanzarse combinando el incremento de la generación de energías renovables con una reducción de la demanda a través de un plan de ahorro y eficiencia energética.
La directiva establece unos plazos, concretamente el 27 de octubre de 2002 los Estados miembros tenían que haber presentado un informe donde cada Estado estableciera los objetivos indicativos nacionales y las medidas para conseguirlos. El
27 de octubre del año 2003 los Estados miembros tendrán que elaborar un informe donde se analice el grado de cumplimiento de esos objetivos y sus propuestas también podrán incluir objetivos obligatorios. La Comisión Europea el 27 de octubre de 2005
tendrá que elaborar un informe sobre los mecanismos de apoyo y una propuesta de marco comunitario para esos sistemas de apoyo, previendo unos períodos transitorios de al menos siete años para mantener la confianza de los inversores. Igualmente, no
más tarde del 27 de octubre de 2003 todos los Estados miembros tendrán que elaborar certificados de garantía de origen que certifiquen el origen de las energías renovables, así como evaluar todos los procedimientos
administrativos para elaborar un marco normativo de las energías renovables que garantice en todo caso el transporte y la distribución de la electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables, estableciendo ese marco normativo
para que se garantice también la tarificación del transporte y la distribución que no suponga una discriminación para las energías renovables.
Dicho esto, se debe apoyar esta proposición no de ley que presentamos en el día de hoy, primero, porque el balance que hay que hacer del desarrollo de las energías renovables es muy negativo. Si observamos los datos que ha dado el IDAE en
lo referido concretamente al año 2001 sobre una media anual prevista de ejecución de objetivos del 12,5 por ciento anual, en el plan de fomento de las energías renovables, la minihidráulica solamente ha conseguido el 1,3 por ciento de los objetivos,
la eólica (que es la que mejor va) el 10,8 por ciento, la solar térmica el 1 por ciento, la solar fotovoltaica el 2,4 por ciento, la termosolar el cero por ciento, la biomasa el 0,8 por ciento y los biocarburantes el cero por ciento. Es decir, hay
una ejecución lentísima, prácticamente todo el mundo coincide en que los objetivos del plan de fomento de las energías renovables no se va a conseguir, y en el documento de planificación energética que aprobamos en el pasado periodo de sesiones se
establece un crecimiento de la demanda de un 3,4 por ciento, cuando en el plan de fomento de las energías renovables el crecimiento de la demanda energética se establece en el 1,2 por ciento, es decir que incluso habría que revisar también los
objetivos del plan de fomento de las energías renovables. Yo quiero llamar la atención -y es la segunda razón por la que pedimos el apoyo a nuestra proposición- sobre que el Gobierno ha decidido rebajar las primas a las energías renovables en el
mes de diciembre, y lo ha hecho incluso contra la opinión prácticamente unánime de todos los organismos que algo tienen que decir sobre esta cuestión. El IDAE en el boletín número 4 que se distribuyó el verano pasado decía que había que mantener la
prima a la energía eólica, que había que mantener la prima a la minihidráulica y que había que subir las primas en aquellas tecnologías menos desarrolladas, como la solar y la biomasa. El propio CIEMAT en un informe de noviembre del año 2002
abogaba ya por incrementar la prima de la solar fotovoltaica y la propia Comisión Nacional de la Energía, en su informe sobre la revisión de las primas, aconsejaba no rebajarlas y mantenerlas en su estado actual para garantizar de esta manera la
viabilidad económica de las energías renovables en España. Frente a todas esas opiniones, el mensaje que el Partido Popular ha mandado a los mercados es justamente el contrario. El Gobierno no tiene voluntad política de impulsar el desarrollo de
las energías renovables ni tiene voluntad política de cumplir sus compromisos con respecto al plan de fomento de las energías renovables. Tampoco ha hecho un gran favor la política, que yo calificaría de errática, del secretario de Estado de
Energía, señor Folgado, que en octubre de 2002 en declaraciones a los medios de comunicación hablaba ya de eliminar algunas primas a las energías renovables y en su última comparecencia en esta Comisión, en el mes de diciembre, hablaba por el
contrario de mantener las primas e incluso de poder lograr los objetivos del plan de fomento de las energías renovables; sin embargo, lo cierto es que al final tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía han decidido que no se
cumpla el plan de fomento de las energías renovables y han rebajado la prima de la energía eólica y de la minihidráulica. Aquí cabría denunciar dos cosas: no solamente lo que yo calificaría de política hipócrita cuando, por ejemplo, el Gobierno ha
inaugurado la pérgola fotovoltaica de La Moncloa o la planta de biomasa de Sangüesa o se ha declarado por parte del presidente del Gobierno el objetivo del Partido Popular de llevar la energía solar a tres millones de hogares, algo que ni siquiera
se ha ratificado porque es una barbaridad. Yo creo que es el momento de denunciar el silencio -cuando han rebajado las primas de las energías renovables- del Gobierno, un silencio que yo calificaría de casi deshonesto porque a la vez que se han
rebajado las primas a las energías renovables se ha incrementado el precio de la luz a todos los consumidores y se ha garantizado a las compañías eléctricas el cobro de los CTC y el déficit tarifario para los próximos 10 años, con lo cual el
Gobierno ha decidido un régimen de subidas garantizadas de precios para las fuentes de energías convencionales o fósiles por falta de competencia en el mercado y, por el contrario, ha garantizado también un sistema de rebajas para las energías
renovables que tienen las mismas primas desde el año 1998 y que ahora se han rebajado. Yo creo que al final lo que cabe concluir es que la factura de la mala gestión, tanto de las compañías eléctricas como de la nefasta política energética del
Gobierno la va a pasar el Partido Popular a todos los consumidores y se va a dejar a los ciudadanos la hipoteca de un futuro con más dependencia energética, más consumo y más desastres contaminantes por no insistir en una política de diversificación
energética.
En el decreto en el que se aprobaba la revisión de las tarifas eléctricas había un párrafo que a mí me ha llamado la atención y es cómo el propio Gobierno considera -y aquí sigue la parte más rancia de nuestro sistema económico- que las
energías renovables son un sobrecoste del sistema y que las primas del régimen especial son una distorsión del mercado.
Nosotros estamos convencidos de que las energías renovables son una parte integrante de nuestro sistema energético que en
combinación con las demás fuentes de energía son un instrumento imprescindible para conseguir la garantía de suministro, el ahorro, la eficiencia y la diversificación energética, que es uno de los mayores problemas que puede tener el futuro de
España.
Finalizo, señor presidente, pidiendo que se apruebe esta proposición no de ley, primero, para corregir el negativo balance de las energías renovables en España y poder cumplir los objetivos no solamente del plan de fomento de las energías
renovables, sino de la propia Unión Europea, y, segundo, para corregir la política del Gobierno, que con la rebaja de las primas al régimen especial no va a ayudar al impulso y al desarrollo de las energías renovables.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de su portavoz señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista con los mismos contenidos,
algunos de ellos ya debatidos en la presente legislatura y aprobados en diferentes iniciativas parlamentarias, dirigidos a dar cumplimiento al impulso de las energías renovables, entre los cuales podríamos destacar las proposiciones no de ley
aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados los días 27 de noviembre y 29 de diciembre del año 2001. Dichas iniciativas iban dirigidas a potenciar todos aquellos beneficios medioambientales de las energías renovables, claramente superiores
desde nuestro punto de vista a los impactos de las energías convencionales, así como al beneficio de la diversificación energética frente a los pocos beneficios que dan las dependencias exteriores actuales. Hay que tener en cuenta también el coste
razonable de las mismas, que se sitúa entre los más bajos de Europa, y la tendencia actual a la generación de electricidad con fuentes de energías renovables, que indica que al ritmo actual no se va a conseguir con estas energías en el año 2010 el
12 por ciento del total de la demanda energética. Por ello, desde la óptica de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, nos parece razonable impulsar todos aquellos apoyos que vayan dirigidos a potenciar las energías renovables, dotándolas
de un marco legal singular que garantice los objetivos establecidos por la normativa comunitaria contenida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el Plan de fomento de las energías renovables.
Nuestra enmienda viene a complementar y a potenciar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, por lo que planteamos que en la misma se puedan recoger todos aquellos aspectos que vayan dirigidos a impulsar todas las medidas
precisas para la necesaria implementación de las energías renovables, así como la eficiencia de la energía. Asimismo, las comunidades autónomas, que conocen las necesidades de sus respectivos territorios, también deberían participar en la
conformación de dichas medidas y ser la administración pública competente para su gestión. Por este motivo, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista pretendemos incorporar una enmienda de adición que vaya dirigida a potenciar,
tanto en la distribución como en la gestión, la presencia de las comunidades autónomas para que ellas, conocedoras, repito, de las necesidades en sus respectivos territorios, puedan tener un papel importante en la futura ley, si se aprueba esta
proposición no de ley de las energías renovables. Esperamos contar con el soporte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muy brevemente, señor presidente.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque es justa y correcta. Hay un lentísimo proceso de puesta en marcha para cumplir no sólo los objetivos porcentuales sino unos objetivos económicos muy importantes en relación con las
energías renovables, por lo que nos parece que esto se debe intensificar. Somos conscientes de que detrás de las energías clásicas, más contaminantes, hay intereses muy fuertes y que luchan como gato panza arriba para intentar defenderse. Todas
las medidas que desbloqueen actitudes conservadoras interesadas deben ser bienvenidas, deben potenciarse. Es más, el Gobierno debería empujar un debate articulado con la legislación precisa y necesaria en cada momento, además de poner en marcha
todas las directivas. No sé si sería necesaria ya la elaboración de un nuevo libro blanco sobre energías, que permitiera un gran debate en el cual cada fuerza política y cada organización social que se preocupa de estos temas pudiera poner encima
de la mesa una serie de propuestas, de iniciativas, de estudios, que no necesariamente tienen que ser confrontados sino que tienen que ser compatibles. Por tanto y sin más preámbulos, anuncio que vamos a votar favorablemente esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: La iniciativa que nos plantea hoy el Grupo Parlamentario Socialista y que facilita el debate en la Comisión, con la intervención del siempre vehemente portavoz en estos asuntos, el señor García Breva, nos parece
oportuna, porque siempre es buen momento para que en esta Comisión nos planteemos un debate sobre la eficiencia y la diversificación energética, sobre la mejora del medio ambiente y desde luego para que hablemos de un sector que tiene un importante
futuro, porque va a crear empleo y a movilizar importantes inversiones. En lo sustancial estamos de acuerdo con el planteamiento no
sólo del señor García Breva sino de todos los grupos parlamentarios que han mostrado hoy aquí su preocupación por el desarrollo de las energías renovables en España; energías renovables que se han podido desarrollar especialmente a partir
del año 1996, que es cuando se establece un marco normativo que impulsa y da seguridad al sector para que haya podido evolucionar.
Desde la Ley del sector eléctrico, la Ley 54/1997, se estableció un régimen especial para la retribución de la electricidad generada a partir, entre otras, de fuentes renovables y se ordenó al Gobierno que redactara un plan de fomento para
este tipo de energías, con el objetivo de cubrir, como mínimo, el 12 por ciento de la demanda energética en España en el año 2010. El Real Decreto 2818/1998, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas con recursos o fuentes
de energías, residuos y cogeneración, desarrollando reglamentariamente la Ley del sector eléctrico, fijó que la energía de origen renovable vertida a la red habría de retribuirse con el precio de la energía del pool más una prima sobre kilovatio de
hora vertido. El valor de la prima es diferente según las distintas fuentes contempladas y se ha ido actualizando anualmente. Como consecuencia de todo ello, el Plan de fomento de las energías renovables fue aprobado por el Consejo de Ministros,
como hemos dicho, el 30 de diciembre de 1999, y en él se establecieron entre otros los objetivos y la obligación de generar en 2010 el 29 por ciento de la electricidad a partir de fuentes renovables.
También se creó una oficina de seguimiento del
plan que tiene el mandato de presentar anualmente una memoria sobre el ejercicio anterior, analizando el grado de cumplimiento del plan y de proponer medidas adicionales, si fuera necesario, para alcanzar los objetivos previstos.
Con respecto a
este objetivo del Plan de fomento de energías renovables, de acuerdo con los datos de la memoria de seguimiento del Plan de fomento del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía y del informe sobre ventas de energía eléctrica por los
productores en régimen especial, de la Comisión Nacional de la Energía correspondiente al año 2001, se establece que durante ese año se generó a partir de energías renovables el 24 por ciento de la demanda de electricidad. En el año 1999, año
origen del plan de fomento, la relación se situaba en el 16 por ciento, y el objetivo para 2010 es del 29 por ciento. Por tanto, no me negarán que en este ámbito progresamos adecuadamente. Esta es la realidad.
Cuando nosotros manifestamos la posición del Grupo Parlamentario Popular tenemos necesariamente que referirnos a lo que hace el Gobierno al que apoya este grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Socialista muestra su voluntad de que se
desarrollen estas energías, pero la verdad es que no tenemos con qué compararlas, porque todavía no han tenido ocasión de ponerlas en práctica, y tampoco les gusta que nos refiramos a los años anteriores a 1996, en los que sin duda existía la misma
voluntad política, pero los hechos demuestran que no fue una prioridad en la agenda política del Gobierno socialista el desarrollo de las energías renovables. Esta es la realidad.
El desarrollo normativo del Gobierno del Partido Popular ha permitido que en el desarrollo de la energía eólica nos hayamos convertido en el segundo país del mundo; eso no ocurre porque Eolo haya decidido vivir entre nosotros y soplar sólo
en España sino porque se han tomado ciertas medidas por parte de la iniciativa privada, que ha visto que es un sector rentable, así como las medidas administrativas de apoyo precisas para que hoy España sea, repito, el segundo país del mundo en el
desarrollo de energía eólica. En el asunto de los biocarburantes nadie puede negar que se va avanzando, y avanzando bien. El señor portavoz de CiU seguro que podría hablarnos de la planta de bioalcohol de Reus y de su desarrollo; también está la
planta de Cartagena. El biogas tiene un desarrollo más que razonable. La minihidráulica se está desarrollando convenientemente.
Hay que reconocer que la solar térmica y la biomasa necesitan de un mayor apoyo y que la fotovoltaica está en una
situación que puede ser mejorada pero que en ningún caso puede ser tildada de negativa. Por tanto, con los datos en la mano, lo que podemos decir desde el Grupo Parlamentario Popular es que el desarrollo de las energías renovables en España va
avanzando convenientemente, que ahí están los instrumentos y que, desde luego, existe una clara voluntad política del Gobierno del Partido Popular en desarrollar este tipo de fuente energética. No olvidemos que recientemente muchos de los que
formamos parte de esta Comisión hemos realizado unos trabajos amplios en la subcomisión para la planificación energética. Ahí, a la hora de hacer un análisis y una proyección de lo que podía ser el desarrollo de energías renovables, vimos que de
hasta el 2010 no se iba a cumplir el 12 por ciento y que la proyección era que llegaríamos a un 9,9 por ciento; sin embargo, se tomó la decisión política, y así consta en el documento de planificación -y es una voluntad política real y no
hipócrita, señor García Breva-, de mantener ese 12 por ciento y de tomar las medidas precisas para que pudiera conseguirse en el año 2010. Por tanto, esa voluntad política existe y está claramente manifestada en un documento que ha salido de los
trabajos de este Parlamento y del trabajo del ministerio.
La parte dispositiva de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista lo que nos proponía en definitiva es que se implementara la Directiva 2001/77 de la Comisión Europea y que se aprovechara esa posibilidad para hacer una ley especial de
energías renovables, avanzando en la adaptación de medidas de ahorro y eficiencia energética. Con respecto a esto la directiva a la que nos referimos, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes renovables,
tiene como finalidad establecer los mecanismos que faciliten a los Estados miembros de la Unión alcanzar los objetivos comunes que proponía el Libro blanco sobre las fuentes renovables de energía. Para ello se propone una serie de medidas
tendentes a alcanzar esos objetivos, al menos de forma indicativa, para los próximos diez años, mediante la realización de un informe por cada país para que la Unión Europea elaborara cada dos años un informe sobre cómo se desarrolla el asunto; la
obligatoriedad de determinar la garantía de origen de la electricidad generada a partir de fuentes renovables con el fin de incrementar la transparencia del mercado eléctrico, y la proposición a los Estados miembros de que realicen un examen de los
propios procedimientos administrativos para agilizar y eliminar las barreras que puedan evitar la competencia. Sin ninguna duda la situación de la realidad española es más que satisfactoria porque se está cumpliendo ya la mayoría de los objetivos
que nos pide la iniciativa del Grupo Socialista. En nuestro país no sólo se plantean los objetivos con carácter indicativo, sino que además se ha decidido que tenga carácter vinculante. Por tanto, vamos más allá de la propia directiva. Es
obligatorio un informe de progreso de carácter anual y no bianual como establece la directiva. Los informes de progreso serían para establecer anualmente correcciones de rumbo que van a permitir alcanzar en el 2010, estamos seguros, los objetivos
fijados. Reconocemos que la única obligación que falta por cumplir con respecto a la directiva es la referente a los certificados de origen, con lo que quedaría totalmente traspuesta. Se está trabajando sobre el tema y estamos seguros que estará
finalizado antes de octubre de 2003, fecha que fija la directiva para que ese trabajo esté concluido. Por tanto, estoy seguro que vamos a cumplir ese mandato. En cuanto a la última propuesta se está comenzando a elaborar un plan de ahorro y
eficiencia energética, como ya ha comunicado a esta Comisión el secretario de Estado de Energía y sobre todo tal como se aprobó en una resolución del debate sobre el estado de la Nación para el año 2002.
En cuanto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estaríamos absolutamente de acuerdo, si no fuera porque es de adición y para apoyarla tendríamos que apoyar la posición del Grupo Socialista, con
la que no estamos de acuerdo. Ya hemos dicho que no estamos de acuerdo en que la directiva, cuya implementación se nos pide, no esté suficientemente cumplida y cumpliéndose.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Socialista, señor García Breva, acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?
El señor GARCÍA BREVA: Sí, como enmienda de adición, la aceptamos.
- SOBRE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL SOBRE EL EURO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001873.)
El señor PRESIDENTE: Como no está presente el portavoz de Convèrgencia i Unió, debatiremos posteriormente los puntos 2º y 4º del orden del día.
Pasamos al punto 3º del orden del día: Proposición no de ley sobre la campaña institucional sobre el euro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: El pasado 23 de diciembre el Ministerio de Economía lanzó una campaña institucional dirigida básicamente a los consumidores en la que utilizando a la familia García pretendía informarnos sobre el valor del euro. Nos
sugería que pusiéramos mucha atención a la hora de administrar nuestro dinero y nos recomendaba que tomáramos precauciones porque los comerciantes, muy desaprensivos, han aprovechado el cambio de moneda para elevar el precio de los productos.
Todo
para justificar lo injustificable: la escandalosa subida de precios que se ha producido durante todo el año 2002. En la campaña se llamaba la atención sobre que los billetes de 50 euros no valen 5.000 pesetas y que un euro no son 100 pesetas. La
campaña ha provocado auténtica irritación e indignación entre los consumidores y los comerciantes por varias razones, en primer lugar, por su inutilidad. Nadie necesita este tipo de campañas un año después de la entrada del euro. No ha trasladado
ninguna información sustancial ni de interés para los consumidores. En segundo lugar, porque el contenido ofende a la inteligencia de aquellos a quienes va destinada, a los que se trata de ser tan ignorantes, incultos y bobos, porque un año después
de la entrada de la moneda única han sido incapaces de enterarse de lo que vale un euro. En tercer lugar, porque a los comerciantes se les trata de desaprensivos y de ser los responsables de la subida de los precios con motivo de la entrada de la
moneda única, generando innecesariamente un clima de desconfianza entre los consumidores y los comerciantes. El Gobierno, cada vez que hay un problema, busca culpables que le eximan de su responsabilidad. En este caso los culpables de que suban
los precios y de que las familias no lleguen a final de mes son los comerciantes desaprensivos que han subido los precios con el redondeo y los consumidores que no se enteran y no saben administrar su dinero. Por último y en cuarto lugar, por el
despilfarro que significa esta campaña de dedicar dinero público a esta inútil campaña, cuyo interés público se desconoce por completo. Lo único que sí conocemos es que estas campañas en algunos casos interesan mucho a ciertos miembros del equipo
del Gobierno anterior. Como es el caso de la campaña publicitaria destinada a los pensionistas que en este mismo mes de diciembre
ha hecho el Gobierno. La campaña más cara que jamás ha hecho la Seguridad Social para informar a los pensionistas de que el Gobierno va a cumplir simplemente la ley. El Gobierno hace publicidad de su estrepitoso fracaso al no haber sabido
controlar la inflación y con ello haber causado un perjuicio a todos los pensionistas de este país. Este es uno de los daños colaterales de la mala gestión económica del ministro Rato. Los pensionistas pierden poder adquisitivo en sus escasas y
ajustadas rentas durante todo el año y para indignación de todos el Gobierno alardea de lo bien que lo hace al restituir en una paga adicional parte de ese valor perdido, cuando lo único que hace es devolver a quien le corresponde lo que es suyo.
Señorías, les voy a leer muy brevemente un pequeño párrafo del 'Diario de Sesiones' del 17 de septiembre de 1997, porque creo que es muy ilustrativo. En él se decía: Los pensionistas españoles están muy tranquilos en el día de hoy. Antes
lo normal, lo habitual era que cuando se hacía una previsión de IPC el real siempre estaba por encima. Se producía un cierto ahorro del gasto público porque en vez de dar a los pensionistas la paga revalorizada, el IPC real desde enero, se tardaba
un año en compensarlo a través de una paga extraordinaria. En consecuencia, cuando un Gobierno como el nuestro en dos años ha situado el IPC real por debajo de lo previsto ha conseguido que todos los meses los pensionistas incrementen poder
adquisitivo por encima del IPC, porque están recibiendo un incremento superior al que se está produciendo. Sin embargo, cuando hay una etapa de Gobierno en el que el IPC real está siempre por encima del IPC previsto se produce un ahorro de gasto
público en perjuicio de los pensionistas y todos los meses se pierde poder adquisitivo porque están soportando el IPC real y no el IPC previsto, yo diría mal previsto, por el Gobierno de turno. Por lo tanto, esto es un elemento de tranquilidad.
Son palabras, señorías, del ministro de Trabajo, señor Arenas, en 1997, en el Pleno de esta Cámara.
Hoy lo que hacen es hacer campañas millonarias con el dinero de las cotizaciones sociales de todos los españoles. Señorías, también en esta ocasión con esta campaña publicitaria se ha intentado ocultar el fracaso del ministro de Economía al
gestionar los planes de transición al euro, que han sido realmente caóticos, y sobre todo el gran fracaso de su política económica, el descontrol de la inflación y la subida desproporcionada de los precios de todos los productos y servicios,
especialmente los de primera necesidad, que se ha convertido en el problema más grave de nuestra economía, pero también en una dura carga en el impuesto más gravoso para los consumidores y para las economías familiares. Es el cuarto año en el que
el ministro se equivoca en la previsión de la inflación. El error de 2002 ha sido un error del cien por cien, pero el euro no es el culpable, su impacto en el índice de inflación no justifica que hayamos terminado el año en un 4 por ciento, porque
el resto de los países de la Unión no han tenido este comportamiento. Alemania ha terminado el año con un 1,1 por ciento y Francia con el 2,2 por ciento, mientras que España ha duplicado la media europea, y en el Ministerio de Economía ya han
perdido las esperanzas de reducir nuestro diferencial con Europa. ¿Qué ha pasado en España que no haya ocurrido en otros países? ¿Por qué volvemos a ser diferentes? ¿Por qué el trayecto que sigue nuestro país no es convergente con el resto de la
Unión? ¿Por qué tienen los españoles la sensación y la certeza de que el valor del dinero, el valor de la nueva moneda es mucho menor que el de la peseta? Creo que hay básicamente tres razones: la primera, que los planes de transición al euro
fueron un auténtico desastre. La gestión que hizo el Ministerio de Economía fue ineficaz y caótica; la SETE, la Sociedad Estatal de Transición al Euro, creada para coordinar y ejecutar todas las actuaciones relativas a la introducción de la nueva
moneda, adscrita a la Dirección General del Tesoro, fue incapaz de cumplir con sus funciones y cometidos, fue incapaz de coordinar los distintos departamentos intergubernamentales y mucho menos de coordinarse con las comunidades autónomas y con el
resto de las administraciones sectoriales para cumplir su misión. Se limitó a hacer costosas campañas publicitarias, otra vez y de nuevo. Por un lado, actuaba la SETE, por otro, la secretaría de Estado de Comercio, y en un plano desgraciadamente
residual, el Instituto Nacional de Consumo. La descoordinación y la pluralidad de los interlocutores fue tal que ante los alarmantes datos del eurobarómetro sobre desconocimiento y preparación de los consumidores, de los ciudadanos y de los
comerciantes para la entrada de la moneda única, y por iniciativa del Banco Central Europeo, hizo su entrada en escena el Banco de España, que al principio de 2001 asumió la coordinación con las comunidades autónomas y creó una comisión al respecto,
además de trabajar en las cuestiones que le eran de su competencia de la predistribución, seguridad y prevención del fraude. El Banco de España inicia su propia campaña de comunicación al margen de la de la SETE y empieza a planificar actuaciones
con segmentos de población vulnerables. Fruto de ese nerviosismo, en febrero de 2001 el Ministerio de Economía decide alterar el objetivo esencial de la euroetiqueta. En lugar de ser una marca de calidad a exhibir por los empresarios, a cambio de
comprometerse con un código de buenas prácticas, la euroetiqueta dejó de ser esto y empezó a ser un elemento puramente divulgativo. El Ministerio distribuyó a todas las empresas grandes y pequeñas la euroetiqueta, con lo cual los observatorios del
euro dejaron de tener sentido más allá de lo que pudieron gestionar por sí mismas las comunidades autónomas. Ante este panorama, la conferencia sectorial de consumo de julio de 2001 ordenó la elaboración de un plan de actuación conjunta entre todas
las administraciones públicas ante la inminente introducción del euro. Dicho plan nunca existió.
La ministra de Sanidad y Consumo presentó el borrador a las comunidades autónomas al finalizar el mes de enero de 2002, un mes después de la entrada en circulación de la moneda única.
La segunda razón, señorías, es que el Gobierno quiso camuflar la subida de los precios, cambiando la metodología de cálculo del IPC y empezó su nueva aplicación en enero de 2002, haciéndolo coincidir con la entrada del euro. La negativa a
dar a conocer los datos en términos homologables que permitieran una comparación ha impedido saber con exactitud cuál ha sido el impacto sobre los precios derivados de la puesta en circulación de la moneda única y del incremento que han tenido en
ese impacto la creación de nuevas tasas, impuestos y precios públicos, aprobada junto con la Ley de presupuestos del año 2002. Todos recordamos con perplejidad los datos que comunicó el Instituto Nacional de Estadista sobre IPC al comienzo de 2002,
datos negativos de subida del IPC. La credibilidad del organismo se resintió seriamente ante tal manipulación. Los ciudadanos se sintieron burlados en la certeza de que las cifras oficiales no tenían nada que ver con la realidad que se estaba
viviendo en nuestro país. En febrero de ese año, según el barómetro del CIS, el 81,8 por ciento de los españoles consideraba que los precios se habían disparado desde el comienzo del año. Los datos de inflación del mes de abril nos devolvieron a
la realidad. La inflación se situó en el 1,4 por ciento, la mayor subida en un mes desde hacía 18 años, superándose en el primer cuatrimestre la inflación prevista por el Gobierno para todo el año.
La tercera razón es que fue el propio Gobierno el que lideró la subida de precios. Aprovechando la entrada del euro, como les decía antes, aumentó y creó nuevos impuestos, tasas y precios públicos hasta un total de 16 con la aprobación de
la Ley de presupuestos del año 2002. Se creó un nuevo impuesto sobre los carburantes con un doble tramo, nacional y autonómico, recurrido por cierto ante el Tribunal Constitucional. La subida de los carburantes ha llegado hasta el 10 por ciento
desde principios del año pasado, han subido los impuestos del alcohol, del tabaco, la tasa de aproximación a los aeropuertos, las tasas sobre transportes ferroviarios de cercanías, de regionales, de grandes líneas y del AVE. Subió el IVA de las
autopistas, del Butano y de los ciclomotores, del 7 al 16 por ciento. Ha subido el transporte urbano, el transporte por carretera, las tarifas de Correos, etcétera, y los presupuestos de 2003 han vuelvo a repetir nuevas subidas de impuestos, tasas
y precios públicos. Junto con esa subida, de responsabilidad directa del Gobierno, hay otras que también lo son, como la autorización de nuevas subidas de precios en servicios básicos, en los servicios de interés general. Se autorizó una subida de
la cuota de abono a Telefónica del 8,08 por ciento, lo cual supone que cada abonado pagará cerca de 13 euros sin efectuar una sola llamada. España es el segundo país por detrás de Portugal en la Unión Europea, donde los consumidores deben hacer un
esfuerzo mayor para pagar su recibo de la luz, el 50 por ciento más que los daneses, por ejemplo. Se cedió finalmente a las presiones de las compañías eléctricas y se autorizó una nueva subida de los precios, incumpliendo las famosas promesas del
ministro Rato de bajar hasta el 9 por ciento en tres años. Si ya son preocupantes las cifras oficiales de subida de precios, el 4 por ciento, la percepción generalizada del consumidor es que el aumento de precios ha sido muy superior y que el euro
cunde menos que la peseta, una percepción ratificada por todos los análisis realizados a lo largo de 2002. La Secretaría de Estado de Comercio, en la publicación de una nueva serie estadística que está realizando desde hace apenas unos meses,
refleja que el aumento de veinte productos alimenticios básicos en la cesta de la compra se ha encarecido un año entre el 8 y el 30 por ciento, básicamente y de manera muy especial frutas, hortalizas, carne y pescado. Los estudios de las
asociaciones de consumidores ponen también de manifiesto que la subida de precios en la cesta de la compra ha sido a lo largo del año 2002 entre el 18 y el 20 por ciento. Los alimentos han subido en España el triple que en la Unión Europea y el
vestido y el calzado trece veces más.
Desgraciadamente, la burla de la campaña publicitaria del Ministerio de Economía se ha hecho realidad, porque los españoles, con 50 euros, sólo podemos comprar ahora mismo lo que antes comprábamos con 5.000
pesetas.
Por todo ello, señorías, resulta irritante que quieran hacernos creer que el problema reside en el desconocimiento de la nueva moneda, cuando el Gobierno es el primer responsable de la situación que estamos viviendo, de la pérdida del
poder adquisitivo que las familias están padeciendo, de que las economías familiares estén cada vez más deterioradas, hasta el punto de que la encuesta de presupuestos familiares del tercer trimestre del año pasado nos pone de manifiesto que el
52,8, cerca del 53 por ciento, de los hogares españoles tiene dificultades para llegar a final de mes; que la tasa de ahorro ha caído; que el consumo privado ha caído estrepitosamente y que las rentas familiares no alcanzan cuando más del 50 por
ciento debe dedicarse a la compra de una vivienda, cuando los productos básicos han subido mucho más que la cifra oficial de la inflación, cuando los sueldos del año pasado han subido una media del 2,5 por ciento, cuando la tasa de paro está en el
12 por ciento, y cuando el número de hogares con todos sus miembros en situación de desempleo se sitúa cercano al medio millón de familias. La evolución previsible de nuestra economía es negativa. El ministro Rato empieza a alertarnos de ello y
dice que si sube de nuevo el barril del petróleo -ya está en 33 dólares- por encima de los 24 dólares y se mantiene, no habrá recuperación económica. Lo lamentable es que el ministro alerta de que no habrá recuperación económica, como si no fuera
un asunto de su competencia y de su gestión directa.
Todas estas razones, señorías, son las que nos han llevado a presentar esta proposición no de ley en esta Comisión en la que pedimos al Gobierno que no vuelva a realizar campañas de esta naturaleza, que acuerde con las comunidades autónomas
cualquier iniciativa que pueda ayudar a los consumidores españoles a superar las dificultades de adaptación a la nueva moneda, si es que aún existen, y sobre todo le pedimos al ministro de Economía, señor Rato, que afronte de una vez su
responsabilidad y presente en esta Cámara el plan para controlar la inflación y la subida de precios, que ya anunció hace varios meses. Le pedimos que sea capaz de afrontar el gran fracaso de la política económica de este Gobierno, el ascenso
incontrolado de los precios que está empeorando seriamente nuestra economía y dificultando y aumentando las diferencias sociales y las condiciones de vida en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Nosotros pensamos que los precios se dispararon durante el año 2002, año de la entrada oficial del euro, y que esto afectó a los sectores con rentas más bajas y a los productos de la llamada dieta mediterránea, además
de a servicios, vestido, calzado, etcétera; es decir, afectó de forma especial a todas aquellas personas que dedican una parte fundamental de sus salarios a la cesta de la compra, porque son las rentas más humildes.
El señor Rato y el señor Montoro iban de la sorpresa a la perplejidad, no acababan de entender lo que pasaba, el porqué las cifras de inflación eran tan contundentes con relación a la media europea. Aunque es verdad que no se puede
despreciar la costumbre y el uso que ha hecho que determinados valores relacionados con el euro no hayan entrado todavía en la conciencia y el comportamiento de la gente. Además de todo esto, hay una picaresca que llega en algunos casos a
corruptela para redondear el beneficio. Por todo ello vamos a apoyar esta proposición no de ley porque nos parece muy clara y concreta, aunque un poco floja con relación a la argumentación que se ha dado para descalificar las políticas del Gobierno
durante este periodo. La mayoría de estas explicaciones nos parece razonable y vamos a apoyar esta proposición no de ley porque nos parece que en su expresión concreta es correcta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Estamos ante una proposición no de ley singular. El primer punto dice: retirar la campaña institucional sobre el euro y el segundo dice: diseñar una campaña idéntica a la que se pretende retirar. Como parecía
una broma, fui a ver si se había firmado el 28 de diciembre y, efectivamente, el sello del registro de entrada era del 14 de enero de 2003, es decir, la víspera de la finalización de la campaña.
Entonces me di cuenta que esto tenía que ser una
broma, porque ¿cómo se retira algo que ya ha terminado? Es decir, instamos al Gobierno a que retire algo que ya ha terminado. No entiendo nada. El segundo punto dice: diseñen ustedes una campaña igual que la que quiero que retiren, pero, además,
háganlo sólo con la colaboración de las comunidades autónomas y de la asociación de consumidores, es decir, los acuerdos con las corporaciones locales, los sindicatos, las organizaciones empresariales, esos 140 acuerdos a los que llegó el Gobierno
con diversas asociaciones, de eso nada. El tercer punto dice: presentar de manera inmediata el plan de choque para la lucha contra la subida de precios y la inflación. Qué pena que no hubieran estado el 18 de diciembre, que fue cuando el señor
Rato lo explicó. Sigo leyendo y dice: presenten de manera inmediata el plan anunciado por el ministro de Economía a comienzos de diciembre del año pasado. La verdad es que no entiendo nada. Con mucho gusto les repetiré lo que dijo el
vicepresidente. Otra cosa es que ustedes hubieran pedido cuál es el grado de cumplimiento de aquellas propuestas que hizo el vicepresidente del Gobierno.
Yo me voy a ceñir a lo que es la proposición no de ley y no haré ningún popurrí. Aquí se ha hablado de programa electoral, de pensiones, de carburantes, de butano, de aeropuertos, energía, moneda única, precios, consumo, renta familiar. No
me he enterado de nada. Con todo respeto debo decir que la intervención de la portavoz del PSOE da la razón a aquellos que dicen que a los que les gustan las salchichas y las leyes es que no han visto cómo se elabora ninguna de las dos. (Risas.-
La señora Pozuelo Meño: ¡Qué gracioso!) Centrándome en la proposición no de ley, debo decir que la campaña del euro, que se inició el 23 de diciembre y terminó el 15 de enero, está enmarcada dentro de la campaña de comunicación sobre el euro que
desde el año 1997 lleva a cabo el Ministerio de Economía. Ha sido una campaña de corta duración donde lo único que se ha hecho es recordar aquellos mensajes de mayor importancia, que luego, con mucho gusto, les diré.
Voy a recordar brevemente los antecedentes de la campaña. La campaña de comunicación del euro, que, como he dicho, inició el Gobierno el año 1997, tenía como objetivo principal preparar a los ciudadanos para la utilización de la que sería
su nueva moneda. Al elaborar la estrategia había que tener en cuenta tres aspectos: en primer lugar, que sería una campaña muy dilatada en el tiempo; en segundo lugar, que se debería transmitir gran cantidad de información, y en tercer lugar, que
el objetivo era toda la población española y que además, había que diferenciar los mensajes. Saben SS.SS. que cambiar la moneda de un día para otro era
una operación de gran calibre y, sin embargo, todo se desarrolló de forma satisfactoria, sin que el proceso de cambio influyera en el comercio o en el desarrollo de las actividades cotidianas de los ciudadanos, lo que sin duda ha sido un
gran logro para toda la sociedad española. Como muestra, dos botones. En la encuesta que realizó la Comisión Europea se decía que el 7 de enero el cien por cien de los cajeros automáticos estaban adaptados y el 31 de enero el 96 por ciento de los
consumidores ya sólo utilizaba el euro como medio de pago. Esta campaña siguió durante 2001 y 2002 y el concepto de los precios fue el eje sobre el que giró en la etapa final de este proceso. Se creó el observatorio consumo-empresa, se lanzó la
euroetiqueta y el código de buenas prácticas, y se difundió la importancia que tenían ambas, sobre todo la euroetiqueta, que garantizaba que se aplicaban correctamente las reglas de conversión y el redondeo, así como el resto de los compromisos
incluidos en el código. Por otro lado, la Administración realizó un importante esfuerzo para llevar a buen término convenios y acuerdos con diversos sectores y organizaciones que facilitaran la introducción del euro, materializándose en la firma de
más de 140 acuerdos de colaboración, como dije anteriormente, en virtud de los cuales se llegó a la cooperación con numerosos agentes sociales y económicos, tanto del sector público como privado. Fruto de estos convenios, algo que recordar a todo
el mundo es la redenominación de las cuentas corrientes en euros el 15 de septiembre de 2001. Para ello se lanzaron también dos mensajes muy claros, uno, que se recordaba que eso iba a suceder, que el 15 de septiembre las cuentas y los medios de
pago quedarían redenominados en euros, y el segundo mensaje trataba de animar a la población a que comenzara a pensar en euros. Asimismo y puesto que también se ha hablado de los precios, durante los meses de noviembre y diciembre se emitieron
nuevos mensajes en relación con los mismos. El primero destacaba la importancia de la doble indicación de los precios y la conveniencia de fijarse en ellos y el segundo versaba sobre la conveniencia de utilizar el euro desde el primer día y de
devolver el cambio en dicha moneda.
Así llegamos a la famosa campaña de finales del año 2002 y principios de 2003, que se pretende retirar la víspera de que termine. Esta campaña se hace como consecuencia de algunos problemas surgidos en el proceso de adaptación al euro en la
sociedad española, derivados fundamentalmente del complicado tipo de conversión. Un euro no son 10 pesetas ni 20 ni el duplo ni el triple; un euro son 166,386 pesetas. Por eso se decidió dar continuidad a la campaña y reforzar los mensajes ya
emitidos anteriormente. Estos mensajes son cuatro y se los voy a decir con brevedad: el primero, la importancia de los céntimos; el segundo, el valor del euro -básicamente lo que se dice es que el euro vale mucho y que no nos dejemos engañar
porque un importe tenga pocos dígitos-; en tercer lugar, pensar en euros y para ello se crean escalas de referencia, esas de las que la señora portavoz del PSOE ha hecho mofa, para no cometer errores de apreciación al valorar las compras; y, en
cuarto lugar, la apreciación del código de buenas prácticas.
Para concluir, señor presidente, en relación con el punto tercero sobre el asunto de la tasa de inflación, la proposición no de ley propone un plan de choque contra la subida del IPC. De nuevo vuelven a llegar tarde, puesto que el 18 de
diciembre del año pasado, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, en esta Comisión, no hay que irse muy lejos, anunció tres medidas para la reducción de la inflación. La primera era la publicación de los precios de los
productos de la cesta de la compra más significativos en la página web del ministerio, donde podrán comprobar que se está haciendo. La segunda medida consistía en poner en marcha un estudio para obtener información comparada sobre la evolución de
los precios de los productos de la cesta de la compra a nivel internacional. La tercera medida trataba de promover acuerdos con las asociaciones de consumidores para hacer pública a todos los ciudadanos la lista de los productos que cada mes hayan
tenido mayor impacto en el IPC.
Está suficientemente claro que esta proposición no de ley no tiene ningún sentido ni se ajusta a la verdad. Si miran ustedes la exposición de motivos, verán que se da una imagen falsa de la propia campaña y de las razones que se encuentran
detrás de la justificación. Además, las medidas que propone han sido superadas por las decisiones del Gobierno. Por todo ello, señor presidente, mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa.
- PARA QUE SE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS DE SUSCRIBIR LAS PÓLICAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001796.)
- SOBRE MEDIDAS DE POTENCIACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001813.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones contenidas en los puntos 2 y 4, que se debatirán conjuntamente. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, hoy volvemos a traer a la Comisión de Economía y Hacienda el debate
sobre las dos ruedas y sobre el precio del seguro obligatorio de ciclomotores y motocicletas. En los últimos años se ha producido un crecimiento desorbitado del precio de los seguros de las dos ruedas, lo que está provocando que tanto los
ciclomotores como las motocicletas se estén convirtiendo en un artículo de lujo. La subida de las pólizas de seguro en motocicletas está comprometiendo la seguridad vial, así como la propia existencia de la industria y de sus empleos asociados.
Hay que destacar que desde 1999 hasta la fecha, el precio de los seguros en algunos casos se ha multiplicado por diez. De hecho, las pólizas para menores de 25 años han pasado de costar 90 euros a 900, una cantidad que no es asequible para nadie y
mucho menos para los jóvenes. El desorbitado crecimiento del precio de las pólizas de seguro ha provocado que uno de cada tres ciclomotores circule sin el seguro obligatorio, según estimaciones del propio sector. Los socialistas, dentro del debate
del Pleno, nos hicimos una serie de preguntas que seguimos haciéndonos en este momento: por qué el precio medio de los seguros, desde 1998 hasta la fecha, se ha multiplicado por cuatro; por qué las aseguradoras ponen el seguro tan caro, cuando el
Consorcio de Compensación de Seguros sigue asegurando a un precio inferior a 360 euros y además en el Libro Blanco de Anesdor se asegura que es posible hacerlo a 325. La tercera cuestión es por qué el precio de los seguros de las motos de más de
125 centímetros cúbicos se ha duplicado, a pesar de que el número de víctimas mortales por accidente se ha reducido a casi la mitad desde 1997 y también ha bajado el número de heridos. Por tanto, si el problema no es de siniestralidad ni es de
costes, ¿por qué se dispara el precio de los seguros? Sencillamente, porque las empresas aseguradoras privadas pretenden ganar más dinero. En este sentido, hemos valorado favorablemente la iniciativa adoptada, en donde el Consorcio de Compensación
de Seguros está siendo quien contrate los seguros de ciclomotores y de motocicletas, una medida que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular. Nos parecen adecuadas las últimas medidas adoptadas en materia de seguros a través de la Ley de
reforma del sistema financiero y en particular aquellas tendentes a solventar las dificultades de aseguramiento con que se encuentran cada año miles de propietarios de motocicletas y ciclomotores, a los cuales las compañías de seguros privadas
rehúsan asegurar. Esto ha supuesto que cada día acudan al consorcio entre 100 y 160 propietarios de motos que han sido rechazados por dos compañías privadas y que puedan finalmente formalizar sin más dificultades su obligatorio seguro a terceros
por un precio de unos 340 euros, prácticamente idéntico a esos 325 que se señalaba en el Libro Blanco de Anesdor. Con la nueva ampliación del seguro del consorcio se pueden asegurar con toda garantía ciclomotores y motos de hasta 350 centímetros
cúbicos, por valor de 435 euros, o de más de 350, por valor de 853 euros, lo que supone una solución verdadera y necesaria. Como estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos los partidos políticos, se ha tratado de plantear una enmienda
transaccional de los tres partidos (Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista) que si el presidente me lo permite paso a leer.
Dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acelere
la elaboración de los estudios y análisis sobre la situación de crisis del sector de la motocicleta y el ciclomotor, tal y como dictaminó la Comisión de Economía y Hacienda el 10 de diciembre de 2002, y a que remita dicho estudio a la Cámara en el
plazo de cuatro meses. Asimismo insta al Gobierno a concluir antes de cuatro meses el informe sobre el aseguramiento de ciclomotores y motocicletas, cuya elaboración se acordó en la moción aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados, como
digo, el día 10 de diciembre de 2002. Dicho informe deberá analizar y plantear la posibilidad de que los usuarios de motocicletas y ciclomotores puedan suscribir pólizas de seguros en el Consorcio de Compensación de Seguros a precios razonables,
sin necesidad -y esto es lo más importante- de acreditar la no aceptación o el rechazo por dos entidades aseguradoras de su solicitud de aseguramiento del vehículo.
Dicho lo cual y planteando que el tema de los seguros es lo más importante, hay una
serie de cuestiones sobre las que también se llegó a unos acuerdos en el Pleno del Congreso de los Diputados, que nos parece fundamental que también se incluyan dentro de ese informe, y que paso a relatar brevemente. Dentro de ese acuerdo, se
planteó la posibilidad de que los poseedores de permisos de conducir de clase B -esta es una iniciativa que presentó Covergència i Unió- pudieran conducir motocicletas ligeras. Esta medida está contemplada en la Directiva comunitaria 91/439, y es
algo que se ha hecho con gran éxito en Italia y en Alemania. También se aprobó, y sería importante incluirlo dentro de ese informe sobre el aseguramiento de ciclomotor y motocicleta dentro del sector de las motos, acelerar el desarrollo y diseño de
sistemas y productos de protección vial más adecuados para los motoristas y especialmente el recubrimiento de los postes agresivos. Sabemos que el Gobierno ha puesto en marcha un plan 2000-2003 para recubrimiento de IPN, pero nos gustaría que ese
plan se continuase en 2004. También nos parece conveniente eliminar progresivamente la pintura deslizante de las carreteras nacionales para reducir la siniestralidad. Además, nos parece conveniente establecer la obligatoriedad de la ITV para
ciclomotores, eso sí, según la propuesta que planteamos los socialistas en su momento, de que se llevara a cabo cada cuatro años y siempre a precios asequibles para los jóvenes. Son cuestiones que nos parecen de enorme importancia.
Este es el
motivo del consenso. No obstante, quiero terminar diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir insistiendo y planteando nuevas iniciativas. Una vez que se termine
de elaborar este informe, haremos una propuesta a medio plazo de creación de un marco legal específico, en el cual se establezca, para incrementar la oferta, la obligatoriedad por parte de las entidades aseguradoras de suscribir las pólizas
de seguro obligatorio de ciclomotor y motocicletas, estableciendo los importes anuales máximos de dichas pólizas y siempre a precio asequible y razonable. El motivo de esta propuesta socialista es que nos parece incomprensible que el consorcio -que
no es para nada una entidad benéfica- haga seguros a las motos al precio de 340 euros -diciendo además que no pierde dinero-, mientras que las compañías aseguradoras dicen que es imposible hacerlo a menos de 900. Esa es la iniciativa que
plantearemos en el futuro. Ahora, votaremos a favor de la transaccional propuesta conjuntamente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, el señor Silva. Le ruego que aproveche su turno para manifestarse sobre la enmienda que ha presentado su grupo.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Queda claro que el 10 de diciembre entraron en esta Cámara, tanto en el Pleno como en la Comisión de Economía y Hacienda, los problemas del sector de la motocicleta y el ciclomotor y que no la van a abandonar durante
algún tiempo, al menos, durante el tiempo imprescindible para solventar entre todos esos graves problemas que aquejan a un sector de tanta relevancia social. No pretendo extenderme más ni sobre los problemas ni sobre su relevancia social, puesto
que ambas cosas quedaron puestas de manifiesto en la interpelación y en la moción posterior, que fue debatida en el Pleno del Congreso el día 10 de diciembre.
Sin duda, se va avanzando sin pausa en la resolución de algunos de los problemas más acuciantes de este sector. La moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se aprobó el 10 de diciembre en el Congreso de los
Diputados, con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular y el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, establecía en lo referente a los seguros -que es el aspecto que ahora nos concierne- que el Gobierno analizará e
impulsará las medidas necesarias, de forma que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda asumir la cobertura del seguro de responsabilidad civil, incrementando en su caso el importe de las indemnizaciones por encima de los límites del seguro
obligatorio, todo ello -se decía- en los supuestos de contratación de cobertura de riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras. Una vez en vigor la Ley de medidas de reforma del sistema financiero, basta mirar el artículo 6, en el cual se
modifica el artículo 11.2 del estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, para entender que la posibilidad de cubrir riesgos por encima de los límites del seguro obligatorio está ya reconocida por la ley, ya que se dice expresamente:
se autoriza al Consorcio de Compensación de Seguros para asumir la cobertura de la responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor superando los límites del seguro obligatorio. Tales límites han sido puestos de manifiesto
posteriormente por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el desarrollo normativo de este precepto. En este aspecto, debo agradecer expresamente el planteamiento positivo de las revistas del sector, concretamente, el de la revista
Motociclismo, que dedica buena parte de su número de esta semana a explicar que la ley ha cambiado y que se puede asegurar en el consorcio por encima de los límites del seguro obligatorio y a reconocer el protagonismo parlamentario de este asunto.
Sin embargo, no nos podíamos quedar ahí, señor presidente, en la simple asunción de coberturas por parte del consorcio por encima del límite del seguro obligatorio, puesto que sigue siendo evidente la dificultad por parte de las entidades
privadas para el acceso al seguro. De ahí la autoenmienda de mi grupo a esta proposición no de ley, que pretende, por un lado, establecer un plazo para el libro blanco del seguro de las motocicletas y de los ciclomotores, aprobado en el Pleno por
la moción de 10 de diciembre de 2002 -plazo que hemos situado en cuatro meses-, y, por otro, que se incluya en el informe que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda suscribir pólizas sin necesidad de acreditar el rechazo de dos entidades
aseguradoras. Tratamos así de favorecer el libre acceso a la contratación de estas coberturas en el Consorcio de Compensación de Seguros.
El sector de los seguros va moviéndose poco a poco. En el número de la semana pasada de alguna de estas revistas -creo recordar que se trataba de Solo Moto- veíamos ya que alguna entidad aseguradora, Línea Directa Aseguradora -y no me pagan
por hacer esta publicidad- (Risas.), había puesto anuncios. Entre todos estamos logrando generar una dinámica que, sin alterar las reglas básicas de nuestro sistema económico y fomentando al mismo tiempo la intervención del sector público como
subsidiario en esta materia -el Consorcio de Compensación de Seguros-, propicie la normalización de la situación y que sean las entidades privadas las que garanticen la cobertura suficiente. De ahí la necesidad de la elaboración del libro blanco,
que sostuvimos en su día; de ahí la necesidad de aumentar las posibilidades de actuación del Consorcio de Compensación de Seguros por encima de los límites del seguro obligatorio, en primer lugar, y ahora la posibilidad de asumir la cobertura de
aquellos seguros sin necesidad de acreditación del doble rechazo por parte de entidades privadas; de ahí, por fin, que podamos
manifestarnos con relativo optimismo, aun dentro de la gravedad de la crisis del sector, puesto que, poco a poco y entre todos, vamos arreglando este asunto. Ciertamente, no todos los problemas del sector se resuelven de forma inmediata con
la aprobación de la proposición no de ley que vamos a llevar a cabo. La solución requiere trabajo por parte de los grupos parlamentarios y de las administraciones públicas y responsabilidad por parte del sector. En cualquier caso, estamos en el
camino, la historia no se acaba aquí y continuaremos favoreciendo, en la medida de lo posible, el acceso de los usuarios al seguro obligatorio.
Hay que tener en cuenta, señorías, que, en aquellas actividades en las que se establece el seguro
obligatorio, el acceso al seguro significa el acceso a la actividad. Por tanto, no se puede afirmar que exista libertad de circulación con un ciclomotor si tal libertad de circulación se ve mediatizada o limitada por la imposibilidad de acceso al
seguro obligatorio.
Quiero acreditar la voluntad de consenso de los dos grupos mayoritarios; viniendo de ellos, cabe reconocer también su generosidad. Creo que al mismo tiempo que contribuimos a solventar problemas del sector, estamos trasladando a los
ciudadanos la imagen positiva de que somos capaces de poner en segundo plano nuestro protagonismo político para que sean las soluciones y los usuarios los protagonistas reales. Anuncio, pues, nuestro voto favorable a la transacción conjunta de los
tres grupos mayoritarios.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda presentada al punto número 4 del orden del día, la del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ LEÓN: Seré rigurosamente breve. Entiendo y comparto la práctica totalidad del contenido de la exposición de motivos de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que fue nuestra argumentación para elaborar y debatir nuestra proposición no de ley sobre la crisis del sector, tratada en esta misma Comisión en diciembre. No obstante, hay que reconocer que hay una novedad importante.
Todos sabemos que desde entonces hasta ahora el Gobierno ha estado trabajando para conocer los motivos y causas de la crisis y aportar posibles soluciones.
Además, el Gobierno -y he aquí la novedad, que ya han reseñado los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra- ha realizado reformas en materia de seguros a través de la Ley de reforma del sistema financiero, en particular, aquellas tendentes a solventar las dificultades de aseguramiento con que se encuentran cada año miles
de propietarios de motocicletas y ciclomotores a los que las compañías de seguros rehúsan asegurar. En esta reforma se señala la posibilidad de que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda asumir la cobertura de los seguros de responsabilidad
civil superando los límites del seguro obligatorio; es decir, que se amplía la cobertura. Hasta ahora, con este organismo, como se ha dicho en esta Comisión, sólo se podían concertar seguros a terceros con una cobertura máxima de 350.000 euros por
víctima, para indemnizar daños personales, y 100.000 euros por siniestro para reparar daños materiales. En caso de producirse daños por cuantías superiores, correspondía al asegurado asumir el exceso con su propio patrimonio personal. Sin embargo,
gracias a las modificaciones legales introducidas desde enero se puede evitar este riesgo, ampliando la cobertura del seguro contratado con el Consorcio de Compensación de Seguros hasta 50 millones de euros, mediante el abono de un suplemento sobre
la prima. Así, por ejemplo, los propietarios de ciclomotores y motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos que quieran tener cubierta su responsabilidad civil por encima de los límites del seguro obligatorio tendrán que abonar un suplemento de 57
euros aproximadamente más al año, cantidad que es perfectamente asumible, cantidad que es muy razonable.
Señorías, señor presidente, esta reforma significa un paso adelante muy importante en la resolución de la crisis. Bien es cierto, y nosotros lo reconocemos, que no es la resolución definitiva para la crisis del sector. Por tanto, nosotros,
en este ambiente de diálogo, entendemos que con el acuerdo del resto de los grupos políticos, con el Grupo Socialista y Convergència i Unió, presentamos una enmienda transaccional. Me honra y me enorgullece decir que nace de una enmienda que este
grupo presentó al texto inicial de Convergència i Unió; después de hablar con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, llegamos a este entendimiento.
Como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hay que seguir trabajando y animo a los distintos grupos políticos que forman parte de esta Comisión a que trabajemos en aspectos puntuales que creo que son
fundamentales para que de una vez por todas arrojemos una luz definitiva que ponga fin a la crisis del sector. Así que, agradeciendo con vehemencia la actitud de diálogo del Grupo Socialista y del Grupo de Convergència i Unió, mi grupo está en
disposición de llegar a futuros acuerdos que, como he dicho anteriormente, consigan resolver la grave crisis del sector de la motocicleta y el ciclomotor. Se da por entendido que retiramos nuestra enmienda inicial, que fue la que dio paso a la
enmienda transaccional que todos los grupos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Brevísimante, señor presidente, voy a aportar la linterna de mi grupo para aclarar el camino.
Me sumo al consenso. Es lógico que haya un avance importante porque hay un equilibrio entre producir y garantizar la seguridad de aquellos de quienes se trata en este momento concreto, que son especialmente los jóvenes. En estos temas y en
muchos más, sólo el impulso político público puede abrir vías de solución a los problemas. Dejar que todo vaya siguiendo su ritmo acarrea más problemas, que luego, finalmente, desde la política se tienen que solucionar.
En la línea de nuestro voto afirmativo a la moción que presentó el 10 de diciembre pasado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nosotros continuamos defendiendo esto y votaremos afirmativamente.
- SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y LA COMUNIDAD AUITÓNOMA DE CATALUÑA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO ALTERNATIVO DE LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001846.)
El señor PRESIDENTE: Habiendo conseguido el acuerdo de los grupos parlamentarios, pasamos al punto quinto, proposición no de ley sobre cumplimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón. El autor es el Grupo Parlamentario Catalán y tiene la palabra su portavoz, la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, presentamos hoy nuestra proposición no de ley para el cumplimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Cataluña, suscrito en
Barcelona el 20 de febrero de 1998, para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón; hace referencia también al tercer acuerdo suplementario al protocolo indicado, en el que con fecha 8 de noviembre de 2001,
fecha de la firma de este tercer acuerdo complementario, constituía y constituye nuestra base de referencia. Tanto en el anexo del protocolo como en el del tercer acuerdo complementario se incluían una serie de infraestructuras que debían
ejecutarse. Se incluía en el mismo -repito que tanto en el anexo del protocolo como en el anexo del tercer acuerdo complementario- el acondicionamiento de las carreteras B-402, GI-402 y GI-401, de Guardiola de Berguedà a Campdevànol, a realizar en
la tercera fase, es decir entre los años 2002-2003. Es a este protocolo y al tercer acuerdo con sus anexos y en concreto a la infraestructura especificada del acondicionamiento de la carretera indicada, a lo que nuestra proposición no de ley hace
referencia, a fin de solicitar el cumplimiento de los compromisos asumidos en su día por el ministro de Industria y Energía, ministro también catalán, Josep Piqué.
Haciendo brevemente un poco de historia de dicho protocolo, éste se realizaba y se firmaba dentro del marco de iniciativas del Ministerio de Industria y Energía para el desarrollo y promoción de las zonas mineras en el conjunto del Estado
español. La actividad minera de dichas zonas ha sufrido drásticos cambios en los últimos años, produciéndose un deterioro de dichas zonas que hacía necesario un plan de reactivación y reconversión. Como SS.SS. saben, en el conjunto del Estado
español existían zonas de fuerte tradición histórica en la explotación de la minería del carbón que debido al agotamiento del mineral o a causa de la baja rentabilidad, quedaron en desuso y es en este contexto donde se enmarca el plan de referencia
y los acuerdos suscritos entre el ministerio y las comunidades autónomas para la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras del carbón y con la finalidad de financiar la realización de proyectos de infraestructuras en el ámbito
particular de cada comunidad autónoma. En Cataluña, una de las zonas afectadas y que se incorporaba en el ámbito del acuerdo como zona del reactivación y promoción a través de la realización de una serie de proyectos en infraestructuras era
principalmente la zona del Berguedà, entre otras; era una de las que requería de una inversión en infraestructuras, a fin de impulsar su reactivación y su promoción. Por ello, este plan tenía como objetivo el desarrollo, repito, alternativo de las
zonas afectadas. En concreto, en Cataluña se firmó el primer acuerdo con fecha 20 de febrero de 1998, como se ha dicho al inicio, que contemplaba las obras que se realizarían en dicha comunidad autónoma sobre la base del protocolo y que quedan
especificadas en su anexo. A partir del año 1998 se realizan una serie de adaptaciones al convenio y la última de ellas es el tercer acuerdo suplementario de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la comunidad autónoma de
Cataluña, suscrito en Barcelona el 20 de febrero para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón. En su anexo consta, tal como he indicado anteriormente, el acondicionamiento de las carreteras indicadas y
objeto de esta proposición no de ley.
Presidente, señorías, del tercer acuerdo, aún a fecha de hoy nos consta que su firma está pendiente; nos consta como pendiente la realización de un compromiso asumido; nos consta como pendiente la realización de una infraestructura
determinante para el desarrollo de una zona afectada por la crisis de la minería del carbón, que es determinante para la promoción y reactivación
de esta zona. Nos consta como pendiente la puesta en marcha de su ejecución, la puesta en marcha de un proyecto y un compromiso que, por otra parte, es sorprendente que fuese firmado por un ministro catalán.
Nos sorprende que a fecha de
hoy, no obstante reiteradas solicitudes para la firma del convenio de la mencionada infraestructura, no hayamos obtenido respuesta.
Nosotros apostamos por el crecimiento, apostamos por la mejora de nuestro territorio, apostamos por el reequilibrio territorial y apostamos fuertemente por la puesta en marcha y por la ejecución de todas aquellas iniciativas que permitan el
desarrollo de zonas deterioradas, de zonas económica y socialmente críticas. Por ello, apostamos por exigir el cumplimiento de todos aquellos compromisos asumidos y que como en este caso han de permitir la mejora, el crecimiento, la recuperación
económica y, en definitiva, un desarrollo económico alternativo. En nuestro caso queda pendiente la realización de la infraestructura mencionada, de la que no se ha firmado el convenio no obstante reiteradas reclamaciones para su puesta en marcha.
No responder a ello es para nosotros no responder a los compromisos asumidos. Hemos solicitado reiteradamente la reunión de la comisión de seguimiento y valoración de los proyectos de infraestructuras de los compromisos asumidos, tal como queda
establecido en el apartado 4 del protocolo de colaboración, también en este caso sin éxito alguno.
Presidente, señorías, reclamamos la firma del convenio correspondiente y reclamamos los fondos que permitan financiar la realización del proyecto de infraestructuras explícitamente indicado. Tal como se indica en el protocolo de
colaboración, nuestra comunidad autónoma, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, desarrollará en su ejercicio las actividades orientadas a impulsar la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructuras, siendo consciente, y este
es el fin mismo del protocolo de colaboración, de que el desarrollo de estas zonas, la mejora de su actividad, necesita estar acompañado de actuaciones concretas en el ámbito de infraestructuras, a fin de mejorar la calidad del medio urbano y
natural de estas zonas, de sus servicios, y yo añadiría de la mejora de vida de su gente, de su territorio y de su sociedad.
Se trata de reclamar -repito- un compromiso asumido, de reclamar la firma de un convenio específico de ejecución de la infraestructura mencionada, tal como ha establecido en la cláusula tercera el protocolo de colaboración, de reclamar la
financiación y puesta en marcha de un proyecto incorporado tanto en el protocolo como en el tercer acuerdo, de reclamar la ejecución de una infraestructura cuya financiación corresponde al Instituto para la reestructuración de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las zonas mineras, MINER, con cargo a la aplicación presupuestaria del indicado instituto. Por tanto, Cataluña tiene unas infraestructuras pendientes y una inadecuada valoración y/o gestión de los proyectos y de los
fondos por parte de la Administración central. Ello no puede ser el motivo para no ejecutar aquellos proyectos debidamente definidos e incluidos tanto en el protocolo de colaboración como en su tercer acuerdo suplementario, proyectos que
constituían la razón de ser del mismo acuerdo de colaboración y proyectos cuya financiación, sin el principio de complementariedad, corresponde plena y totalmente a la Administración central, comprometiéndose la Generalitat, según la cláusula
segunda del protocolo, a impulsar las actuaciones administrativas necesarias para su realización y, si es necesario, a gestionar las ayudas que a tal efecto se transferirán.
Por todo ello, desearíamos el voto favorable del Grupo Popular, a fin de que el Gobierno cumpla con un compromiso asumido de forma clara y contundente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, una cuestión técnica, ¿no se ha presentado una enmienda?
El señor PRESIDENTE: Sí, sí es verdad.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, con la venia, siguiendo la pregunta técnica de la señora López i Chamosa, ¿tengo turno para presentación de enmienda y fijación de posición al mismo tiempo o separadamente?
El señor PRESIDENTE: En el mismo turno.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Mi grupo, señor presidente, ha presentado una enmienda y ello obedece básicamente a la voluntad de llegar a un acuerdo. Lamentamos que se nos haya hecho llegar por parte de otros grupos, y básicamente por
parte del grupo titular de esta proposición no de ley, la no aceptación de dicha enmienda.
Quisiera subrayar muy sucintamente dos o tres cuestiones que a mi juicio son importantes para entender lo que se está pidiendo. En primer lugar, que existe un Plan 1998-2005 de la minería del carbón y del desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, que pretende el desarrollo de dichas comarcas a través de la fijación en un anexo de un conjunto de infraestructuras a las que podrían destinarse los fondos o recursos, unas infraestructuras que serían en principio indicativas y
que deberían ir complementadas conjuntamente con el esfuerzo presupuestario de la Administración del Estado, con el esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas, como han hecho otras comunidades autónomas. La valoración conjunta de esas
infraestructuras es muy
superior a los fondos previstos en este plan para el conjunto de las siete comunidades autónomas, también para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por tanto, hizo muy bien un ministro catalán, como decía hace un momento, en firmar el
convenio y preparar esas infraestructuras. Fue positivo que el Gobierno llegara a ese acuerdo en ejecución del Plan de infraestructuras. Quisiera señalar también que pedir la ejecución de la infraestructura que está prevista a título indicativo en
el anexo supondría superar la fracción de fondos que puede corresponder a Cataluña, estimada de acuerdo con el plan en función de la fracción del empleo minero del carbón perdido en dicha comunidad. Sería imposible desarrollarla sin exceder de los
topes que, en función de ese baremo, que es el número de empleos perdidos de la minería, podrían corresponder a la Comunidad Autónoma de Cataluña. De ahí esa necesidad de complementariedad, de ahí esa necesidad de que el Gobierno cumpla con las
inversiones que tiene previstas, pero al mismo tiempo la comunidad autónoma debe ir en una vía de cofinanciación sobre la base de esa complementariedad para contribuir a realizar esas infraestructuras. De hecho, varias comunidades autónomas han
establecido planes complementarios de acuerdo con el espíritu ya citado. Si la Comunidad Autónoma de Cataluña aplicara esa misma complementariedad con los fondos restantes para Cataluña, el instituto podría financiar algún tramo de la obra, sin
duda importante, que nos citaba la señora Riera, conjuntamente con la comunidad autónoma.
Esa es la reflexión que queremos hacer, y es que a la inversión del Estado habría que añadirse evidentemente el esfuerzo presupuestario de la comunidad autónoma. Es muy fácil decir que el Estado haga más de lo que se ha obligado a hacer,
que en definitiva es lo que nos está diciendo la proponente, pero lo que tenemos que exigir también es que la Comunidad Autónoma de Cataluña, como otras comunidades autónomas, complemente esa inversión y vaya en la vía de la cofinanciación, con lo
cual, con el esfuerzo presupuestario no sólo del Estado, sino también de la comunidad autónoma, podríamos desarrollar esa infraestructura tan importante. Ese es el sentido, señor presidente, de la enmienda de naturaleza técnica que hemos presentado
y que nos gustaría mucho que el grupo proponente también la aceptara. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en conjunción con la Comunidad Autónoma de Cataluña, fórmulas complementarias de financiación de los proyectos
de infraestructuras incluidos en el anexo del plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, cuya ejecución supera la cuantía estimada de fondos correspondientes a Cataluña, de acuerdo con la evolución del empleo
minero del carbón perdido en dicha comunidad autónoma con relación al total nacional. Ejecutar esa infraestructura importante, esencial, supondría sobrepasar lo que le corresponde a la comunidad autónoma. Por tanto, el plan no se entiende si no
hay una decidida acción de complementariedad de la Generalitat de Cataluña como comunidad autónoma, que esperamos y deseamos que sea sensible, como lo es la Administración del Estado invirtiendo en esta materia en el desarrollo de aquellas comarcas
mineras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, ahora sí, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nos encontramos con el grave incumplimiento de un protocolo, con sus correspondientes convenios, lo cual nos muestra la actitud del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno central, aunque aquí nos ocupa el
Gobierno central. Yo diría que es la forma de hacer de este Gobierno, que hace grandes declaraciones, firma protocolos luego hace las propagandas, y a la hora de los cumplimientos nos encontramos con esto. Si el Gobierno del señor Aznar
evidentemente deja mucho que desear como Gobierno, como empresa de propaganda no tiene comparación; yo creo que es la mejor. Vende lo inexistente. Podría vender neveras a los esquimales, por poner un ejemplo.
Hay que retrotraerse a lo que da inicio a este acuerdo concreto, que hemos de enmarcar en la pelea del señor Álvarez-Cascos con el Gobierno de Asturias y particularmente con su presidente. Se le ocurrió la idea de hacer un programa para las
comarcas mineras, para su desarrollo y llega a acuerdos con las siete comunidades autónomas que le permitan ceder y dar proyectos en la Comunidad Autónoma de Asturias a los ayuntamientos gobernados por el PP al margen del Gobierno; en cambio en
otras comunidades los firman con los gobiernos autónomos, guardando las formas, pero yo diría que casi sin la voluntad de cumplirlos. En Cataluña, se firma el protocolo de marzo de 1998 entre -como bien decía la representante de CiU- un ministro de
Industria catalán, el señor Piqué, y el presidente de la Generalitat, con toda la parafernalia de decir que se tiene en cuenta la situación de las comarcas mineras de la zona del Berguedá y que se van a hacer las inversiones, pero luego, de los 12
proyectos que comprende ese protocolo, sólo se han cumplido los de pequeña inversión. Cuando hablamos del compromiso más importante del programa, como es la carretera de Campdevànol a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedá, se produce el
incumplimiento del Gobierno. Igual que la ineficacia del Gobierno de la Generalitat a la hora de forzar al Gobierno central a que cumpla sus compromisos. Y lo más lamentable es que estamos hablando de las comarcas que más han sufrido la
reconversión industrial en Cataluña, dado que se trata de comarcas dedicadas fundamentalmente al textil y a la minería. Son dos sectores que han recibido y padecido reconversiones brutales y que han tenido que echarle imaginación para poder
mantener viva a la población y poderla asentar en el territorio, para que aquellos pueblos no se quedaran sin población por la necesidad de tener que emigrar para encontrar trabajo.
Es una zona, por su propia situación en dirección hacia zonas de nieve, de esquí, hacia Andorra, en la que realmente son imprescindibles las infraestructuras; imprescindibles, repito. Y lo que es lamentable es que, por una mala gestión de
los dos gobiernos a la hora de llegar a un convenio, nos encontremos en la situación en que nos encontramos y que las poblaciones de aquella comarca estén padeciendo directamente las consecuencias de que nos les lleguen los fondos para hacer las
obras previstas. Y esto se enmarca dentro del plan de Berguedà y del plan de alta montaña. Los planes están todos hechos. En la obra inicial prevista para esta carretera se habla de 7.200 millones de pesetas, del año 1998, y en la adjudicación de
la obra, casi al final de junio de 2002, hablamos de casi 10.000 millones de pesetas. Yo quisiera pensar que ahí está el problema, en la diferencia entre una obra y otra, pero, oyendo a la portavoz de CiU y hablando con mis compañeros del Parlament
de Catalunya,es evidente que no está ahí el problema. Es que ni siquiera se ha firmado el convenio para el año 2002, que es preceptivo en este protocolo. Es decir que durante el año 2002 no se ha hecho ninguna aportación de las previstas para este
protocolo.
Quiero decir que es fundamental que haya colaboración entre las dos administraciones y que se pueda llegar al acuerdo para hacer el desarrollo de esta obra. Pero el Gobierno central, señores del PP, lo que tiene que hacer es cumplir el
compromiso. Y después, si es evidente que el compromiso no cubre toda la obra, corresponderá al Gobierno de la Generalidad establecer las fórmulas para que el proyecto se realice. Sin embargo, me parece lamentable que a estas alturas se presente
una moción en la cual un texto que se califica de mejora técnica -por darle un nombre- es evidente que cambia todo el sentido de la proposición que nos ocupa, ya que lo que viene a decir es que sea la comunidad autónoma la que ponga el dinero en su
práctica totalidad. Es lo que se dice, y leo textualmente: obra cuya ejecución supera la cuantía estimada de fondos correspondientes a Cataluña. ¿Qué fondos correspondientes? ¿ De qué cantidad estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo que
corresponde en porcentaje a los 80 mineros del carbón que quedan en Cataluña y del porcentaje de los fondos correspondientes? ¿Es eso lo que pretende el PP?
Seamos un poco serios, cumplamos aquello que firmemos, demos cumplimiento al protocolo que, en nombre del Gobierno central, firmó el señor Piqué.
Porque la propuesta que ustedes hacen es textualmente la carta que don José Folgado remite al
alcalde de la Pobla de Lillet, don Joan Casanova.
Es la misma, porque termina diciendo textualmente lo que ha dicho el portavoz del PP; se hace notar que varias comunidades autónomas han establecido planes complementarios. Textualmente. Creo que
no es de recibo; lo que corresponde es dar cumplimiento al protocolo, firmar el convenio correspondiente al año 2003, teniendo en cuenta que está el convenio de 2002 sin firmar, cumplimentarlo, firmarlo, aportar todo el compromiso existente y
después, si las aportaciones previstas no llegan, eso sí será un problema de la Generalitat de Catalunya, y evidentemente lo tendremos que debatir en otro foro, en el Parlament de Catalunya. Aquí lo que corresponde es cumplir lo firmado y aportar
los fondos correspondientes a este convenio que se firmó en 1998.
Sólo quiero añadir que vamos a apoyar la proposición de CiU.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Nosotros vamos a votar sí a la proposición y, naturalmente, a la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que sea aceptada. No estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, por no ser lo mismo. Se cumple o no se cumple. Si no se cumple un protocolo o un acuerdo, no se cumple, y aquí el principal avalador de este compromiso, por tanto el que debe cumplir, es el Gobierno del Estado. Si no se
cumple, se debe pedir que se cumpla y, luego, exigir a la Generalitat la complementariedad de todo lo que representa el desarrollo del protocolo. Y si es necesario dar leña a uno y otro por no cumplir con sus obligaciones, pues se da leña a uno y a
otro. Porque el Plan 1998-2005, que es un plan de carácter general, es una visión para una distribución justa socialmente de las inversiones. Si no es eso, no es nada. Es un rollo que se inventa en un momento determinado para determinadas
cuestiones de carácter partidista, pero que no tiene en cuenta el conjunto de los problemas que afectan a un sector ya muy disminuido, muy minoritario, como es el sector minero y las zonas de influencia de la minería durante un período.
Nosotros vamos a aprobar esta proposición no de ley, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista, porque nos parece que es lo que corresponde en este momento concreto, y desearíamos que así fuera visto también por parte del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, ¿acepta o no la enmienda del Grupo Popular?
La señora RIERA I REÑÉ: Muy brevemente, presidente.
No aceptamos la enmienda del Grupo Popular. Lamentamos que el Grupo Popular no reconozca la asunción de unos compromisos firmados por el ministro Piqué como ministro de Industria y Energía, y luego firmados también por el vicepresidente
primero
del Gobierno y ministro de Economía, don Rodrigo Rato.
No la aceptamos básicamente por dos motivos. En primer lugar, en relación con los comentarios del portavoz del Grupo Popular, don Jordi de Juan, porque nosotros consideramos que las infraestructuras mencionadas en los anexos no lo son a
título indicativo. Están indicadas clara y explícitamente en los anexos, tanto del protocolo como del tercer acuerdo. En segundo lugar, porque el modelo del protocolo no es un modelo de cofinanciación. Es un modelo muy claramente definido en el
que la financiación corresponde al instituto para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras, con cargo a la aplicación presupuestaria del indicado Instituto. Por tanto, no creemos que se corresponda
con un modelo de cofinanciación.
- SOBRE LA EXENCIÓN TRIBUTARIA DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS A EX PRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001478)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6º del orden del día, proposición no de ley sobre la exención tributaria de las indemnizaciones pagadas a ex presos y represaliados políticos. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Tiene la palabra su portavoz, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Voy a ser muy breve y no voy a utilizar ya a estas alturas demasiada no retórica sino argumentación, porque me parece que ha quedado suficientemente argumentado lo que planteamos. Sí voy a decir que lo que ahora
parece lejano, secundario y liviano, en los años de plomo y cárcel era un compromiso peligroso para mucha gente, para los que estuvieron 10 años ó 25 años en la cárcel y para los que tuvieron más suerte y estuvieron tres años, dos años o seis meses.
Para mí queda suficientemente argumentado que no se puede valorar un momento histórico y el compromiso de unas personas a la luz de la realidad que tenemos ahora, en la que se pueden defender cosas normales y corrientes sin el peligro de ir a la
cárcel o de cosas peores todavía. A mí me parece que fue justa la decisión que se tomó en su momento de que las personas que hubieran estado 3 años en la cárcel y que tuvieran los 65 años cumplidos tuvieran la percepción que finalmente se decidió
en los Presupuestos Generales del Estado en 1990 y en 1992. Fue una decisión justa, humana y políticamente en la línea de reconstruir un juego democrático tolerante y respetuoso con todo el mundo. Posteriormente hubo comunidades autónomas que
ampliaron este beneficio a los que no cubrían los requisitos que en su momento se aprobaron, como mínimo 3 años en la cárcel y 65 años cumplidos. La Agencia Tributaria estableció, para los que gozaron, a partir de la decisión de las comunidades
autónomas, de estas percepciones, que no estaban exentas de tributar al IRPF. La Agencia Tributaria, al establecer eso cometió, a nuestro entender, una injusticia que demostró muy poca sensibilidad humana y social y demostró no estar al día de lo
que corresponde hacer en un momento determinado, cuando además la cantidad material que corresponde cubrir es insignificante en relación con lo que representan los Presupuestos Generales del Estado. La Agencia Tributaria consideró incremento
patrimonial un principio de reconocimiento moral, político y obviamente también económico.
Acepto la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque me parece que va en la misma línea e incluso en su redacción final podría matizarse. Se han perdido muchos años. A mi entender ha habido mucha
prudencia en el planteamiento de algunas cuestiones, que podían ser conflictivas o difíciles de plantear en los primeros años de la transición, pero en los años siguientes a la transición podían haber sido absolutamente normalizadas en la vida
política y democrática de este país. Y no lo han sido. Por tanto, la propuesta que hacemos con esta proposición no de ley está muy ajustada a la justicia social y a la justicia política que el caso requiere.
El señor PRESIDENTE: Como muy bien se ha dicho en la intervención anterior, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a cuyo portavoz quiero comunicarle que el representante de Izquierda Unida ha dicho que
acepta.
En cualquier caso, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar quiero agradecer la sensibilidad del representante del Grupo Federal de Izquierda Unida, señor Frutos, por haber aceptado la enmienda que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a su iniciativa política, ya que en el fondo y en la forma prácticamente van en la misma dirección. Coincidimos con su grupo en la reciente reforma del IRPF en el sentido de que tendríamos que aprovecharla para paliar una
injusticia, desde nuestro punto de vista, muy fehaciente, y que todas aquellas personas que se hubieran visto privadas de su libertad durante la época franquista, ahora, cuando han tenido la oportunidad de ser resarcidos por cualquier administración
mediante algunas subvenciones por su privación de libertad en los últimos años de dicho régimen, pudieran ser al fin liberadas del impuesto sobre la renta de las personas físicas por dichas subvenciones. En dicha reforma del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, tanto en el trámite de la Comisión como en el del Pleno, insistimos mucho a los diferentes portavoces parlamentarios del Grupo Popular a fin y efecto de que pudieran aceptar
esta pretensión no solamente de nuestro grupo político sino también apoyada y formalizada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Si en aquel momento no fue posible la aprobación de dicha enmienda, es de justicia también en
este caso aprovechar la proposición no de ley presentada ante esta Comisión, para pedir la misma sensibilidad al Grupo Popular, que apoya al Gobierno del Estado de la nación, en el sentido de que pudiera aprobar en este caso lo que no fue posible
aprobar entonces. Por este motivo, volviendo a agradecer de antemano su sensibilidad al señor Frutos, pedimos que la misma pueda ser efectiva también por el grupo parlamentario que apoya la mayoría, a fin y efecto de poder paliar esta injusticia a
que se ven sometidas muchas personas que durante dicha época negra sufrieron y lucharon por la libertad. Por este motivo, aprovechamos la iniciativa política que hoy debatimos para volver a pedir, con la misma potencia que hace pocos meses, que
dicha sensibilidad también sea extensiva al grupo parlamentario que apoya la mayoría.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar quiero felicitar al Grupo de Izquierda Unida por traer esta iniciativa a la Cámara y permitirnos debatir este tema. En segundo lugar quiero mostrar mi pesar -no encuentro una palabra que no sea
muy fuerte- por que hoy todavía en este país, después de 25 años de recuperada la democracia, tengamos cosas pendientes que afectaron a ciudadanos de nuestro país cuyo único pecado fue defender la legalidad y luchar por la República, que era la
legalidad entonces.
Son muchas las diferencias y hay pequeños colectivos, que hacen a veces un gran colectivo, que sufren todavía estas discriminaciones. Si las compensaciones por esos años a quienes han sufrido prisión durante la dictadura por
defender sus ideas las da el Gobierno central o una comunidad autónoma a quienes la Ley 46/1997 y los presupuestos del Estado de 1990 y 1992 no compensaron, para los que van a recibir una cantidad más pequeña todavía Hacienda podría contemplar unas
deducciones, no considerando de oficio aplicar la ley anterior. Por lo tanto, creo que es de justicia aprobar esta proposición no de ley y que se corrijan estas irregularidades, igual que otras que siguen existiendo, como decía anteriormente.
Asimismo, es incomprensible que haya pensiones de mutilados de guerra que, por ser estos del bando republicano suponen unas cantidades inferiores a las de las pensiones de quienes provienen del otro bando.
Señorías, por respeto a las personas que sufrieron prisión, pero también por respeto a aquello que defendemos, que es la libertad y la democracia en nuestro país, esta proposición no de ley tendría que darnos pie a felicitar al grupo que
propone corregir esa injusticia y deberíamos aprobarla por unanimidad, para que sirva de reconocimiento moral de los representantes del pueblo por su lucha, que es lo que nosotros podemos hacer, y para aplicar por lo menos la ley en las mismas
condiciones que a los anteriores, aunque haya una diferencia que la ley anterior recogía que era mayor periodo en la prisión, del que las comunidades están recogiendo.
Espero que el Grupo Popular, el grupo mayoritario, apoye esta proposición no de ley, y, retomando lo que anteriormente decía sobre la complementariedad de las comunidades autónomas, señor De Juan, ojalá el Gobierno aplicara el mismo criterio
para todos y no hiciera leyes para impedir que las comunidades autónomas complementen las pensiones mínimas con compensaciones mínimas y luego en otros casos, como el anterior, exija la complementariedad de la comunidad autónoma. Hay que ser
coherentes con las políticas. Pero, olvidándonos de todas esas cosas, espero que el Grupo Popular, por ser el grupo mayoritario, apoye esta iniciativa y podamos celebrarlo todos juntos lo mismo que celebramos el 20 de noviembre el reconocimiento
moral a todas las personas, hombres y mujeres, que sufrieron la represión de los años negros del franquismo.
También espero que entre todos y con el Gobierno podamos ayudar a aquellas personas que todavía hoy no han podido recuperar los cadáveres de sus familiares, y con ello ir cerrando un periodo negro, como decían los anteriores representantes
de Izquierda Unida, para compensar a las personas en la medida de lo que se puede compensar, porque, lógicamente, nunca se les podría compensar por lo que sufrieron. Al recordar todo eso, aunque hayan pasado veinticinco años, se piensa a veces que
fue algo que sucedió en el siglo pasado, pero hay muchos ciudadanos que viven y que lo sufrieron directamente y por quienes, aunque no sea más que por manifestarles nuestro reconocimiento, debemos aprobar hoy aquí esta propuesta por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Quiero comenzar compartiendo con mi compañero parlamentario del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con mi compañero del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre, y con
mi compañera del Grupo Socialista su punto de vista humano y su valoración, que yo comparto íntegramente, ya que no hay precio para pagar a estas personas que pasaron muchos años en la cárcel o en prisiones españolas, pero permítanme que ahora me
ciña estrictamente a lo legal y fiscal.
La norma fiscal regulaba la no sujeción al impuesto sobre la renta de las indemnizaciones que se acogieron al amparo de la ley de amnistía, la Ley 46/1977, y que recogieron la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para el año
1990, y la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, ambas en sus disposiciones decimoctavas curiosamente, para aquellas personas que habían cumplido un tiempo en prisión y podían acogerse a la Ley de amnistía. Hubo un
plazo no solamente para estas personas sino también para las viudas, que prescribió el 31 de diciembre de 1992, y la norma fiscal que lo amparaba era una norma ya extinguida, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, cuya vigencia, como SS.SS. saben, terminó el 31 de diciembre de 1998. Esta norma que amparaba a las personas que habían padecido prisión directa o indirectamente por ser sus viudas otorgaba un tiempo para pedir esta exención fiscal que,
como digo, terminó el 31 de diciembre de 1992, y la norma que regulaba la no sujeción de estas rentas finalizó su período de vigencia el 31 de diciembre de 1998, como he dicho anteriormente, y a partir del 1 de enero de 1999 comenzó la nueva ley de
renta, la Ley 40/1998, que se elaboró en este Parlamento y que en su artículo 7, donde se regulan las rentas exentas de tributación, no recoge este tipo de indemnizaciones o prestaciones a estas personas. Curiosamente, en la reforma de este nuevo
impuesto sobre la renta debatida el pasado año y en la norma ya promulgada, la Ley 46/2002, tampoco se propusieron enmiendas -creo que solamente se presentaron en el Senado, pues no recuerdo ninguna enmienda en el Congreso sobre el particular- para
modificar o incluir como rentas exentas este tipo de indemnizaciones.
La verdad es que, si nos atenemos a la norma de que cada comunidad autónoma, de las diecisiete que tenemos, las quince más las dos ciudades autónomas que tenemos, pueda elaborar y redactar para ampliar exenciones, en este caso para las
personas que hayan sufrido la prisión menos de tres años o que no alcanzaron los 65 años en su día, podríamos tener una diáspora de normativa dispersa, y debería ser una norma de ámbito estatal, nacional, la que regulara esta normativa. De ahí que
las indemnizaciones que algunas comunidades han aprobado mediante decreto no sean admitidas como rentas exentas y sí se consideren por la Agencia Estatal Tributaria, aplicando la normativa legal vigente en materia fiscal, como rentas sujetas.
La denominación no me gusta, pero realmente no hay otro encuadre y decir que son rentas o ganancias patrimoniales es duro, y entraríamos en lo que decía en su exposición de motivos el señor Frutos sobre lo injusto moral.
Yo no quiero entrar
en este tema, puesto que estamos hablando desde el punto de vista fiscal y del derecho. Estas exenciones no han sido recogidas en la normativa de la Ley 40/98 ni tampoco en la reforma profunda que se ha llevado a cabo en la Ley 46/2002, del
impuesto sobre la renta, y considero que las exenciones son normas tasadas y regladas en nuestro derecho tributario y deben aplicarse en todo el territorio nacional con carácter limitado y excepcional. Por ello, aplicar los decretos de las
comunidades autónomas a estas exenciones daría lugar, como he dicho anteriormente, a una diáspora de normativas y de exenciones que discriminaría y que no sería justo aplicar. De ahí que en un futuro, si los grupos parlamentarios coordinan y se
evalúa el número de personas o la cantidad económica que puedan suponer estas prestaciones o indemnizaciones, podría plantearse la proposición en otro debate parlamentario. Pero, de momento, tal como ha sido planteado, mi grupo parlamentario tiene
que oponerse a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por los motivos legales que he expresado anteriormente.
- POR LA QUE SE INSTA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA A LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DEL MINER, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE CAMPDEVÀNOL (GIRONA) A LA POBLA DE LILLET Y GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001568.)
El señor PRESIDENTE: Punto 7: Proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario Mixto. Al no haber ningún miembro del mismo para su defensa, terminamos en este momento los debates del orden del día. Se suspende la sesión
hasta las 13,30 en punto.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Pasamos, en primer lugar, a votar la proposición no de ley que figura como punto primero, relativa a la política de promoción y fomento de las energías renovables, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición resultante de los puntos 2 y 4, en lugar de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergència i Unió; se vota el texto transaccional anunciado en el debate sobre el sector de
ciclomotores y motocicletas.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto transaccional.
Votamos la proposición no de ley que figura en punto 3, sobre la campaña institucional sobre el euro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el punto 5 del orden del día, proposición no de ley sobre cumplimiento del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la promoción del desarrollo económico
alternativo de las zonas mineras del carbón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, por último, la proposición no de ley del punto 6, sobre la exención tributaria de las indemnizaciones pagadas a ex presos y represaliados políticos, de la que es autor el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al haber decaído la proposición del punto 7, se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.