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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 531, de 25/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 531
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 65
celebrada el martes, 25 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey) para informar sobre:
- Las actuaciones de su Ministerio que pueden suponer limitaciones al ejercicio del derecho constitucional de libertad sindical que corresponde a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y, singularmente, sobre las detenciones de
dirigentes sindicales producidas el día 12 de abril de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000762.) ... (Página 17042)
- La posición del Gobierno y del ejercicio de sus responsabilidades acerca de los hechos denunciados por el informe presentado por Amnistía Internacional bajo el título: 'España: crisis de identidad. Tortura y malos tratos con motivos
racistas a manos de agentes del Estado'. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000776.) ... (Página 17048)
- El aumento de malos tratos a manos de agentes de la policía a extranjeros o miembros de minorías étnicas. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000771.) ... (Página 17048)
- Las actuaciones de su Ministerio en relación con las graves denuncias de extralimitación policial en el contexto de la política de inmigración realizada por Amnistía Internacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000774.) ...
(Página 17049)
- Las razones por las cuales siguen existiendo casos de malos tratos y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como ha denunciado recientemente una organización humanitaria internacional al referirse a la
situación de los inmigrantes en el Estado español, a pesar de las medidas que el Gobierno dice adoptar para erradicar estas prácticas. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000777.) ...
- Las razones que llevan a su Departamento a negar las evidencias aportadas por organizaciones internacionales de derechos humanos que denuncian graves deficiencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con los
derechos humanos de los inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000793.) ... (Página 17049)
- Si las cifras ofrecidas por el presidente del Gobierno y el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior en relación con las cifras de reclusos preventivos extranjeros en cárceles españolas son ciertas o se contradicen con
los datos oficiales del Ministerio del Interior. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000818.) ... (Página 17066)
Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (RAJOY BREY) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS ACTUACIONES DE SU MINISTERIO QUE PUEDEN SUPONER LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIBERTAD SINDICAL QUE CORRESPONDE A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y, SINGULARMENTE, SOBRE LAS DETENCIONES DE
DIRIGENTES SINDICALES PRODUCIDAS EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000762.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión. Le damos las gracias una vez más al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior por su presencia entre nosotros y, sin más
preámbulos, vamos a dar curso al orden del día. La primera comparecencia tiene por objeto informar sobre las actuaciones del ministerio que pueden suponer limitaciones al ejercicio del derecho constitucional de libertad sindical que corresponde a
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y, singularmente, sobre las detenciones de dirigentes sindicales producidas el día 12 de abril de 2002. Recuerdo a SS.SS. que por acuerdo de Mesa y portavoces, se sustanciará en primer lugar la
comparecencia sobre este punto, después, agrupadas, las que figuran en el orden del día con los números 2 a 6 y sólo si el tiempo lo permite -porque la terminación de la sesión de la Comisión debe ser a las dos y media-, entraríamos en la última,
punto 7 del orden del día, lo cual en buena parte dependerá también de que los portavoces... (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor MAYORAL CORTÉS: Tengo que hacer en nombre de mi grupo la observación de que esa tercera comparecencia debiera celebrarse hoy y si no fuera así, habría que convocar antes de que acabe el periodo de sesiones a la Comisión para que se
celebre, puesto que el acuerdo que se adoptó implicaba el cumplimiento del orden del día en toda su plenitud.
Yo no recuerdo que en Mesa y portavoces se acordase que en el supuesto de que no diera tiempo esta mañana, esta
comparecencia no se celebraría. Lamento tener que expresarle este parecer, señor presidente. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: El señor Mayoral, como nos tiene acostumbrados, identifica e interpreta los asuntos y los acuerdos de Mesa y portavoces según le conviene, lo cual es muy legítimo, pero no deja de ser poco ajustado a la realidad. Se
manifestó reiteradas veces en Mesa y portavoces que los compromisos del señor vicepresidente primero del Gobierno, tal y como anunció a los portavoces de los grupos en un almuerzo celebrado a principios de este periodo de sesiones, hacían que
solamente tuviera disponible la fecha de hoy, día 25. Así se dijo cuando algún grupo solicitó que se partieran las sesiones, que hoy compareciera el señor vicepresidente primero del Gobierno ante la Comisión Mixta para el asunto que acabamos de
abordar y que posteriormente, otro día, se celebrara esta Comisión de Justicia e Interior. Se recordó que a principios del periodo de sesiones el señor vicepresidente primero del Gobierno, en su disposición de rendir cuentas ante esta Comisión, ya
había anunciado que el único día disponible que tenía en este periodo final era el día 25 y se señaló -y es la interpretación que hace mi grupo, que cree que es la auténtica- que en el supuesto de que ese tercer punto del orden del día -que, por lo
demás, si todos somos lo suficientemente concisos podremos perfectamente celebrarlo- no se pudiera abordar, no se iba a producir una nueva convocatoria de la Comisión en este periodo de sesiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: En primer lugar me parece que los almuerzos no son actos formales de esta Mesa ni de esta Comisión. Los almuerzos son almuerzos y a mí me parece muy bien que la gente almuerce, pero nada tiene que ver con toda esta
historia. Yo entiendo que el señor Gil Lázaro, en su función de proteger al Gobierno y de sostenerlo -que indudablemente sus esfuerzos le cuesta-, tenga la opinión de que el Gobierno venga poco por aquí y procure que así sea, pero tengo que dejar
constancia...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, cíñase a la cuestión.
El señor MAYORAL CORTÉS: ... tengo que dejar constancia de que esta comparecencia, si no se celebra hoy -que desde luego debe celebrarse porque está en el orden del día-, debiera celebrarse antes de que finalice el periodo de sesiones y si
no se hace así, mi grupo actuará en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Se toma nota de su deseo, pero los acuerdos son los tomados y nos atendremos a ello.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente lamento que el señor Mayoral no interprete la cortesía del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior en los términos en que seguramente la cortesía parlamentaria de todos los demás grupos
así lo habría interpretado, porque, desde luego, ciertamente este portavoz, que lleva ya algunos años en esta casa, no experimentó nunca en otros momentos como responsable de un grupo importante de la oposición la deferencia que otros grupos sí han
vivido por el talante, el tono y los detalles permanentes del señor vicepresidente primero del Gobierno con los portavoces de esta Comisión.
(El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, quiero decir que la cortesía en esta Cámara está bajando muchos grados porque hoy mismo se podía haber comparecido a una hora más temprana. Al mismo tiempo coincide la comparecencia del señor
ministro con la del Defensor del Pueblo para temas en los que teníamos que estar los portavoces de Interior y no podemos. Ya hemos dicho en otros momentos que esas reuniones no deben coincidir. Por tanto la cortesía está bajando muchísimos grados
en el Congreso y pedimos que se sea más sensible en cuanto a las reuniones que se convocan y al tiempo que demandan, porque hemos empezado a las doce menos cuarto, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, creo que estamos cumpliendo razonablemente bien con nuestras obligaciones. Concluida esta fase del debate, le doy la palabra al vicepresidente primero para que exponga lo que estime oportuno en relación
con la comparecencia número 1.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Los hechos a los que se refiere la comparecencia se produjeron en la mañana del pasado 12 de abril en el acceso principal del palacio de la Moncloa. Sobre
las 11,30 horas se presentaron en dicho acceso 17 personas que portaban pancartas alusivas al conflicto sindical del Cuerpo Nacional de Policía, al tiempo que lanzaban pasquines, producían ruidos muy intensos con bocinas de gas e invadían uno de los
carriles de la vía de acceso interrumpiendo el tráfico. En esos momentos se celebraba la sesión habitual del Consejo de Ministros, por lo que muy probablemente el grupo concentrado pretendía llamar la atención provocando ruidos e impidiendo el paso
de vehículos. Cuando ocuparon el carril de acceso el responsable policial les informó de que deberían de abandonar esa zona, a lo que se negaron
rotundamente persistiendo en su misma actitud. Dada la situación, se les solicitó la identificación personal conforme a lo dispuesto en la Ley de seguridad ciudadana, que en su artículo 20 dice textualmente que los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán requerir en el ejercicio de sus funciones la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. De no lograrse la identificación, los agentes pueden requerir a que se les acompañe
a dependencias próximas en las que se pueda proceder a esa identificación.
Los concentrados se identificaron como miembros del Cuerpo Nacional de Policía, excepto cinco de ellos, que se negaron reiteradamente a identificarse, actitud ante la cual
los responsables policiales de servicio solicitaron que les acompañasen, tal y como dice la ley, para ser adecuadamente identificados. Una vez en la comisaría de Moncloa-Aravaca, hubieron de ser identificados mediante llamadas a los sindicatos del
Cuerpo Nacional de Policía, a fin de que confirmasen su identidad, ya que ellos siguieron negándose a mostrar cualquier documento que facilitase la tarea. A pesar de la actitud de estas personas, el proceso duró tan sólo unos quince minutos en cada
caso, es decir, el tiempo mínimo imprescindible para ser debidamente identificados. Tras ello, abandonaron las dependencias policiales. Pues bien, estos son los hechos y quisiera hacer algunas consideraciones.
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía cuya misión era garantizar la seguridad del recinto de la Moncloa y sus aledaños cumplieron escrupulosamente y con profesionalidad su deber aplicando las disposiciones legales. No hubo detención
alguna, sino que se aplicó el procedimiento de identificación que prevé la ley exclusivamente y por el tiempo imprescindible para realizarlo. La actitud que mostraron estas personas, siendo rechazable en el caso de cualquier ciudadano, lo es aún
más en quienes se supone que han de ser los más escrupulosos cumplidores de la ley, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo comportamiento debe ser referente y ejemplo en lo que a respetar la ley se trata. La concentración no fue
comunicada a la Delegación del Gobierno, conforme establecen las leyes, que desde luego los agentes conocen. Además el comportamiento de los concentrados supuso riesgo y limitación de derechos de otros ciudadanos al impedir la libre circulación y
provocar ruidos continuos y ensordecedores. Aunque los efectivos del servicios -sexto comentario- sospechasen que se trataba de agentes de policía, su obligación es comprobarlo y cerciorarse de que no va a existir el más mínimo riesgo para la
seguridad de personas, vehículos e instalaciones, y esa obligación era conocida y debió ser comprendida por los concentrados. De todos los hechos se dio cuenta a la autoridad judicial mediante el correspondiente atestado.
En conclusión, este hecho se enmarca en el conflicto colectivo sindical que mantienen los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía sobre cuestiones retributivas, en las que no voy a entrar ahora, y a este respecto S.S. se refiere en su
petición de comparecencia a actuaciones del ministerio que limitan el derecho a la libertad sindical. No se trata de eso, es mucho más sencillo; se trata de garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, que no tienen
por qué verse limitadas ni entorpecidas por la actuación de unos pocos. En el fondo es la historia de siempre. Nadie puede exigir un derecho al tiempo que impide y coarta el derecho del vecino, porque en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro
sistema de valores no procede ni el abuso de derecho ni la mala fe en el ejercicio del mismo ni mucho menos el desprecio a los derechos de los demás. En este sentido, si alguien piensa que tras lo hechos que acabo de relatar existe una estrategia
para limitar e impedir derechos constitucionales, en este caso de estos señores que aquí se manifestaron, tengo que decir que se equivoca. Aquí de lo único que se trata es de garantizar los derechos del conjunto de los ciudadanos. Si estas
personas se hubieran manifestado en un sitio en que no molestasen a los demás, naturalmente no hubiera habido ningún problema con ellos. Como no lo han hecho así, este es el criterio que mantiene el Ministerio del Interior; es decir, todo el mundo
tiene derecho a manifestarse, como se han manifestado en Sevilla, en Barcelona y en todas las cumbres. A lo único que no tienen derecho es a manifestarse liquidando los derechos de los demás. Por eso no se puede cortar el AVE, por eso no se pueden
cortar carreteras, porque eso es atentar contra los derechos de los demás, y los demás ven garantizados sus derechos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que para eso están.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, hacía tiempo que no venía por aquí y parece que tampoco tenga S.S. muchas ganas de seguir compareciendo ante esta Comisión. Espero que dé cumplida cuenta de las solicitudes de información que en
definitiva se contienen en las peticiones de comparecencia que esta mañana estamos tramitando.
En cuanto a la primera, diríamos que ha sido un acto fallido, porque nosotros le hemos pedido información sobre actuaciones de su ministerio que significan limitaciones de la libertad sindical de los policías y la detención de dirigentes
sindicales. Se ha detenido S.S. e incluso se ha regodeado en el relato de lo que pasó delante del palacio de la Moncloa con ocasión de la manifestación de 17 representantes sindicales de la policía, y a la otra cuestión no le ha dedicado
prácticamente ninguna atención. Hay que entrar en el tema y creo que S.S. hace muy mal si trata de eludir una cuestión tan importante como es el conflicto que mantiene desde hace ya casi un año con el Cuerpo Nacional de
Policía y, particularmente, con la representación sindical del mismo.
Desde hace un año mantiene un duro enfrentamiento y los hechos ocurridos durante este año demuestran que el Gobierno está recortando derechos sindicales y está
reprimiendo la actividad sindical de las organizaciones de la policía. Le tengo que decir, señor ministro, por lo que he oído, que algunos incluso se plantean pasar a la clandestinidad, porque consideran que su actuación en términos del ejercicio
de los derechos y libertades sindicales no da ningún resultado.
Lo que ha ocurrido encaja por otra parte perfectamente con la política gubernamental que se ha puesto de manifiesto con ocasión de la última y reciente huelga general, que, obviamente, el Gobierno trata de demostrar que ni ha sido huelga ni
ha sido general. Lo grave de toda esta cuestión es que se está produciendo un retroceso de índole autoritario que necesita un modelo policial en el que desaparezcan las conquistas sindicales. Esa es la impresión que a nosotros nos da, puesto que
la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lo que se refiere al conjunto de derechos y regulaciones respecto a la actividad sindical, está progresivamente pasando a ser papel mojado.
No sería necesario por mi parte inventarme absolutamente nada para ver qué es lo que está pasando en lo que se refiere a este conflicto. Me voy a ceñir exclusivamente a exponer documentos que se han producido con relación a estos
enfrentamientos y que sin duda S.S., conocerá. En primer lugar, esta historia comenzó con la declaración conjunta y compromiso de negociación, al cual S.S. no se ha referido absolutamente para nada, siendo este el origen de todo el problema. Con
ocasión de firmarse esta declaración conjunta y compromiso de negociación, las organizaciones sindicales esperaban que se iniciara de verdad una negociación para resolver una serie de problemas y de cuestiones de carácter fundamentalmente
profesional. Poco tiempo después de firmarse este acuerdo -que lo firmó el señor Mayor Oreja el 13 de noviembre del año 2000-, se celebró un pleno del Consejo de Policía, el 8 de junio del año 2001, presidido por el señor Morenés, en el cual todos
los sindicatos denunciaron la situación caótica en la que tras cinco años de Gobierno del Partido Popular se encontraba la Dirección General de Policía. El señor secretario de Estado preguntó si se reunían las mesas de negociación y por los avances
que se hubieran producido. La contestación fue que no se reunían las mesas de negociación ni se había producido ningún avance significativo. A partir de aquí lo que ha habido es un conjunto de actuaciones de los sindicatos policiales, que han
establecido una unidad de acción, forzados sin duda por la negativa del ministerio a negociar, y que se ha reflejado en los siguientes documentos públicos que han presentado en distintas instancias: en primer lugar, queja ante el Defensor del
Pueblo hecha por todos los sindicatos policiales, el 30 de noviembre del año 2001, por impedir que las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía participen de forma efectiva en la determinación de las condiciones de trabajo y para
exigir que funcionara el Consejo de Policía, que no se reunía y que ya había sido objeto de otra queja por parte de los sindicatos policiales ante el Defensor del Pueblo. El acto siguiente fue una comunicación al vicepresidente primero y ministro
del Interior de declaración de conflicto colectivo de trabajo, presentada el 21 de diciembre del año 2001, por vulneración del derecho a la libertad sindical en el Cuerpo Nacional de Policía y por incumplimiento voluntario y reiterado de los
acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales. Todo esto lo conoce S.S. perfectamente, a pesar de que haya pasado olímpicamente y no haya hecho la menor referencia a estas cuestiones. El acto siguiente fue una carta de todos los sindicatos
policiales al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior solicitándole que recondujera la situación, situación generada por órganos de su ministerio, y para que evitase el desarrollo de un importante conflicto con los
representantes de las fuerzas de seguridad, concretamente con sus representantes sindicales. Le señalan al señor ministro el creciente deterioro de la seguridad ciudadana, el fracaso del Plan Policía 2000, que los funcionarios policiales han
observado con decepción el reiterado incumplimiento de todas las promesas del Gobierno, etcétera. El acto siguiente fue la denuncia presentada por todos los sindicatos policiales ante la Sala de lo penal del Tribunal Supremo contra S.S. por delito
de prevaricación y por delito contra la libertad sindical, porque cercena y suprime -decían- la actividad de las organizaciones sindicales. El acto siguiente fue la solicitud de todas las organizaciones sindicales de la celebración de un pleno
extraordinario del Consejo de Policía solicitando que se incluyera el siguiente punto del orden del día: resolución de la declaración de conflicto colectivo de trabajo contra el Ministerio del Interior, planteado por todas las organizaciones
sindicales. El acto siguiente fue la organización de una serie de acciones de protesta, una de las cuales es la que ha mencionado S.S., que se celebró el día 15 de abril de 2002, y una denuncia ante el juzgado de guardia contra el delegado del
Gobierno en Madrid y el director general de Policía por vulneración, según las personas que fueron objeto de la detención que allí se produce, de la Ley orgánica de seguridad ciudadana. Se hizo una detención en contra de lo que establece esta ley,
porque ninguno fue detenido a los solos efectos de identificación, según relatan los autores de la denuncia ante el juzgado de guardia, no tenían la condición de sospechosos, porque no habían cometido ningún delito, y no existía la imposibilidad de
identificarlos, entre otras cosas porque los actuantes y los detenidos se conocían todos perfectamente. Por lo tanto no había lugar a la detención que finalmente se hizo, y aunque S.S. ha dicho que no fue una detención, en realidad sí lo fue
puesto que les metieron en la sala de detenidos.
Por último, le quiero también mencionar la carta que el día 22 de abril de 2002 dirigen todos los sindicatos policiales al líder de la oposición, señor Zapatero, en la que se contienen expresiones como estas: Nunca desde la llegada de la
democracia se ha producido una utilización política de la institución policial como la que está haciendo el Gobierno Aznar. Nunca antes se había formulado una denuncia contra el Ministerio del Interior por atentado al ejercicio de la actividad
sindical como la que ahora se ha tenido que presentar. Jamás se había producido un atentado al ejercicio de los derechos de representación sindical como el protagonizado el pasado día 12 con la detención de cinco dirigentes sindicales del Cuerpo
Nacional de Policía. El Gobierno Aznar no cumplió la equiparación salarial prometida el año 1996. Su plan Policía 2000, de su programa electoral de dicho año, ha supuesto un fracaso sin paliativos, etcétera, etcétera.
El día 19 de abril, 17 miembros del comité nacional de conflictos, los secretarios generales y presidentes nacionales, se manifiestan también ante la Moncloa y allí fueron empujados, golpeados, agarrados por el cuello y expulsados de lugar.
Su señoría se ha referido solamente a una manifestación, pero ha habido dos. La primera acabó con cinco detenidos y esta segunda, la celebrada el 19 de abril, en la que estuvieron 17 miembros del comité nacional de conflictos, secretarios generales
y presidentes nacionales de los sindicatos policiales, también acabó de esta manera, con empujones, golpes y agarradas del cuello.
El presidente de la Unión Internacional de Sindicatos de Policía, que agrupa a medio millón de policías, se ha dirigido al presidente del Gobierno y a usted poniendo de manifiesto que se está procediendo de manera represiva y limitativa de
los derechos sindicales de la policía.
En su carta al presidente del Gobierno y a S.S. menciona la actuación represiva y reiterada contra los máximos dirigentes en vía pública. La actuación del Gobierno de España -dice este presidente- es desleal
con los sindicatos españoles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía y es contraria de modo flagrante a las normas fundamentales, los derechos de expresión, información, reunión y asociación, de información y consulta a los trabajadores. Por ello
solicita que se desbloquee la actual situación, se facilite la negociación y que se impartan instrucciones adecuadas para el cese de toda actividad represiva sobre personas y actividades sindicales. La contestación que dio a esta carta la
presidencia del Gobierno, el subdirector del gabinete del señor presidente del Gobierno, es de antología.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Allí se le dijo a este señor, como contestación, que se había incrementado la oferta de plazas en la policía -ya ve usted lo que tiene que ver esto con el problema de la libertad sindical- y que había un notable
incremento de la inversión. Muy bien, pero en relación con la cuestión de fondo esta carta -que la tengo en mi poder- no dice absolutamente nada.
Finalmente, el día 25 de mayo se celebra una manifestación calificada como histórica por todos los sindicatos convocantes del Cuerpo Nacional de Policía. Por primera vez en la historia, todos los sindicatos representativos han convocado una
manifestación, desde los comisarios hasta los policías de base. Evidentemente, las cifras, como nos tiene ya habituados el Gobierno, oscilan de una manera espectacular: según los organizadores 15.000 y según el Gobierno 3.000, pero, en fin, esto
ya lo hemos visto expresado de una manera prácticamente grotesca con motivo de los últimos acontecimientos y no es cuestión de entrar en ello. Aquí lo importante es que hay una situación de descontento en la que malamente se puede exigir y plantear
una acción eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se están produciendo situaciones conflictivas tan prolongadas. Esto es lo que le hemos pedido, señor vicepresidente, que nos explique: las limitaciones que se están
produciendo, según los sindicatos policiales, en lo que se refiere a sus derechos y libertades sindicales, garantizados por ley; hay una limitación reiteradamente denunciada, sin que el Gobierno responda, sin que el Gobierno negocie, sin que el
Gobierno adopte una medida que, por puro sentido de la responsabilidad, debiera de adoptar, y no es cuestión de que nosotros le pidamos a S.S. que dé la razón a todo el mundo simplemente porque proteste, sino porque estas protestas ponen de
manifiesto problemas de fondo muy importantes, problemas que S.S. conoce y que nosotros...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, termine, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: ... hemos planteado desde la perspectiva de establecer, obviamente, una equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de las fuerzas de seguridad.
Por supuesto, creemos que
esta limitación de libertades sindicales que en la práctica viene demostrando este conjunto de denuncias debe cesar, y esto es lo más grave. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que conquistas que se han adquirido por ley orgánica y que
gobiernos socialistas llevaron adelante, en este momento y por una actuación a nuestro juicio absolutamente desequilibrada y autoritaria de este Gobierno, se vayan perdiendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Voy a ser muy breve porque no se puede pretender hacer un diagnóstico sobre afirmaciones genéricas, tales como que se está produciendo un retroceso de índole autoritario, se está haciendo
desaparecer las conquistas sindicales, hay una represión continuada sobre los dirigentes sindicales; hacer ese diagnóstico puramente voluntarista y sin más y después sumar a ese diagnóstico una curiosa, y yo creo que muy notable, aportación
a la doctrina jurídica, como es afirmar literalmente que como unos y otros se conocían no hacía falta el procedimiento legal de identificación, quizá con eso ya está todo dicho. Naturalmente yo entiendo que el grupo proponente entienda a su vez que
este es un acto fallido. No lo sería desde la perspectiva del grupo proponente si el señor vicepresidente hubiera dicho: sí, limitamos los derechos constitucionales; sí, detuvimos a los representantes sindicales, pero como las cosas no son como
quiere el grupo proponente, sino como son, y como son desde la ley, resulta que desde la dimensión particular de los hechos referidos, negarse a la identificación es negarse a cumplir la ley, y vale la consideración al respecto hecha por el
vicepresidente. En segundo lugar, no hubo ninguna detención, sino aplicación del procedimiento de identificación previsto en la ley, y, en tercer lugar, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que actuaron cumplieron escrupulosamente con sus
obligaciones legales. Eso desde la dimensión particular de los hechos referidos. Desde la dimensión general en la que se trata de contextualizar esos hechos, el Gobierno y el Ministerio del Interior no limitan los derechos constitucionales y el
Ministerio del Interior ha estado permanentemente abierto al diálogo y sigue estándolo.
Lo que hace falta es que otros también quieran ese diálogo, y de momento parece que no. Esa es la realidad en términos de legalidad y en términos del discurso
de los acontecimientos, que es difícilmente controvertible.
Ahora, si otros quieren seguir autocreándose una realidad que no se corresponde con los hechos, simplemente para justificar determinados brillantes discursos, establecidos hoy como una
especie de causa general, allá ellos con su película.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Tampoco tengo mucho que decir, señor presidente, simplemente que el Gobierno no ha limitado los derechos sindicales de nadie. Yo no soy consciente de que
esto sea así ni he dado instrucciones a nadie para que limite los derechos sindicales de nadie. Aquí lo que hay es un conflicto retributivo. Estamos en este momento hablando con los sindicatos. Naturalmente una negociación no es hacer lo que
digan unos, como es perfectamente entendible, y en el caso concreto a que me he referido al principio lo que es evidente es que nosotros garantizamos, porque es nuestra obligación, a los ciudadanos que no sean vulnerados sus propios derechos. Eso
lo saben los sindicalistas del Cuerpo Nacional de Policía y lo sabe cualquier persona en España.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, con toda brevedad, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Aunque es mucho lo que tengo que decir, voy a procurar hacerlo con brevedad.
Desde luego, me parece poco adecuado por su parte, señor ministro, esta especie de ninguneo al que intenta someter a la oposición. Me parece absolutamente falto de responsabilidad no entrar a analizar y a exponer una cuestión que tiene una
indudable trascendencia, y S.S. lo sabe bastante mejor que yo, porque aquí se están juzgando actuaciones muy importantes. Estamos hablando de derechos sindicales. ¿Cómo S.S. puede atreverse a decir que no ha habido tal limitación, por lo menos
desde la perspectiva de los que han hecho tantas denuncias, han elevado quejas ante el Defensor del Pueblo, han hecho una denuncia contra S.S. ante la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, han hecho intervenir al presidente de la Unión
Internacional de Sindicatos de Policía, han hecho multitud de denuncias, se han manifestado públicamente, han salido a la calle 15.000 policías a manifestarse y reiteradamente han denunciado lo que es un quebrantamiento, lo que es una erosión, lo
que es un retroceso en el ejercicio de sus derechos sindicales, por la no convocatoria del Consejo de Policía, precisamente para tratar el conflicto colectivo que según ellos entendían que existe y tenían el quórum suficiente para solicitarlo?
Despachar, como intenta S.S., este asunto como si aquí no pasara nada es un profundo error. Con esto no va a conseguir absolutamente nada, va a conseguir, en definitiva, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lleguen a la conclusión de
que de usted no pueden esperar absolutamente nada. De la misma manera que S.S. no ha realizado ninguna acción positiva para el desarrollo de un acuerdo que hizo el señor Mayor Oreja con ellos y durante un año se intenta establecer una negociación,
y no lo consiguen. Dice usted que se está negociando. Su señoría sabe perfectamente que no se está negociando, que están teniendo reuniones con el señor Morenés, pero que son oficiosas y a las que no se ha dado carácter de negociación. Por tanto,
no me diga S.S.
que se está negociando porque no hay ninguna negociación y, posiblemente, este conflicto se prolongará en el tiempo porque no tiene salida. Como se ve no tiene ningún tipo de salida y S.S. acaba de ponerlo en evidencia.
Permítame que le diga que aquí en el fondo existe una profunda incomodidad por parte del Gobierno con la regulación que en este momento tiene la Policía en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos sindicales y que en la práctica se
trata de recortarlos. No se atreven a traer aquí una reforma, obviamente, de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del año 1986, pero en la práctica hay que recortarlos, y lo están haciendo. Esto es lo que desde mi punto de vista
resulta inasumible, resulta conflictivo y resulta profundamente preocupante.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego que concluya, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Concluyo diciendo que no se puede admitir que el señor Gil Lázaro, en esta jornada extraordinaria que tiene hoy como turiferario del Gobierno, nos diga que no hubo detenciones cuando en realidad las hubo, porque se
cogió coactivamente a unas personas, se las llevó a una comisaria y se las encerró en un lugar, y eso es una detención. No sé cómo se puede decir que eso no es una detención. Decir que los sindicatos no quieren negociar me parece un auténtico
despropósito, porque lo que están deseando los sindicatos policiales es sentarse a negociar y hablar con el Gobierno formalmente y en el seno del órgano adecuado para ello que es el Consejo de Policía. Señor Gil Lázaro, hablar de causas generales,
hay palabras que es mejor olvidarlas y dejarlas para la historia y no traerlas aquí en ningún momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervengo con toda brevedad. Me temo que tenía toda la razón el señor Mayoral cuando le traicionaba el subconsciente y decía que no tenía nada que decir. Ahí es donde tenía razón el señor Mayoral.
Si ningunear a la
oposición es no darle la razón, con esa construcción intelectual que se suma a la aportación jurídica antes mencionada, se niega, evidentemente, la razón misma del debate. Se han pedido explicaciones concretas por unos hechos y se han dado. Me
temo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la ciudadanía en general saben perfectamente de quién no pueden esperar nada. En el ámbito del Ministerio del Interior, a la vista de la historia, esa percepción me temo que es aún más clara.
Yo no sé si seré o no seré turiferario del Gobierno, en todo caso prefiero ser turiferario de un Gobierno que hace las cosas con sentido común que ser turiferario como otros del caos y de la demagogia.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, ¿quiere usted decir algo para finalizar el debate?
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Simplemente, como aquí se ha hablado de que estamos planteando la reforma de no sé qué ley, del recorte de los derechos sindicales, quiero decir que yo no
soy consciente de haber recortado los derechos sindicales de nadie. (El señor Mayoral Cortés: Ese es el problema.) Hasta tal punto no soy consciente que el único dato que se ha aportado aquí de supuesto recorte de los derechos sindicales era que
no habíamos convocado el Consejo de Policía, lo cual es incierto, como ya he demostrado en una Comisión que tuvo lugar aquí no hace muchas fechas, porque lo habíamos convocado exactamente en las mismas ocasiones en que se había convocado desde el
año 1990, que fue aproximadamente la fecha en que se constituyó ese organismo. Ese es el único dato para decir que se han recortado los derechos sindicales, porque lo demás son declaraciones.
Dicen: Usted recorta los derechos sindicales, usted
tal, usted cual. Diga usted qué derechos sindicales he recortado, salvo que por derecho sindical se refiera usted a esta manifestación en la cual a unos señores que estaban interrumpiendo el tráfico se les dijo: Identífiquense, y se les llevó a
comisaria. Por tanto, no hay ningún recorte de derechos sindicales. ¿Qué es lo que hay? Hay una reivindicación de mejores retribuciones por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que me parece muy bien que la apoye, porque para eso está en la
oposición. Cuando estaba en el Gobierno no actuó en consecuencia. No le subieron jamás las retribuciones al Cuerpo Nacional de Policía, pero entonces usted, como era diputado del partido que sustentaba al Gobierno, ¿qué iba a hacer? Ahora cuando
está en la oposición apoya las demandas de los sindicatos.
Fíjese usted qué gracia, al final voy a ser yo y no usted el que suba las retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía, con lo cual habrá estado usted y su partido años en el Gobierno y
jamás le habrán subido la retribución al Cuerpo Nacional de Policía y al final voy a ser yo, al que me han puesto de vuelta y media a lo largo del tiempo que llevo en el Ministerio del Interior. Yo no he atentado contra ningún derecho sindical y
encima le voy a subir las retribuciones al Cuerpo Nacional de Policía.
Usted se ha empeñado en que yo volviera a intervenir para decirle esto.
Yo no tenía ningún interés en intervenir porque estamos en lo de siempre, llega usted, hace grandes
discursos, no da un dato, no da un argumento.
Dé un argumento, dé un dato, dé una posibilidad para que uno pueda debatir. Yo contra los eslóganes me confieso incapaz. Dicen: Usted es tal y usted es cual, pero yo no debato contra eslóganes, yo
debato con razones y argumentos. Pero si usted quiere que debata sobre eslóganes, hasta estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de debatir contra eslóganes.
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y DEL EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES ACERCA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR EL INFORME PRESENTADO POR AMNISTÍA INTERNACIONAL BAJO EL TÍTULO 'ESPAÑA: CRISIS DE IDENTIDAD. TORTURA Y MALOS TRATOS CON MOTIVOS
RACISTAS A MANOS DE AGENTES DEL ESTADO'. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000776.)
- EL AUMENTO DE MALOS TRATOS A MANOS DE AGENTES DE LA POLICÍA A EXTRANJEROS O MIEMBROS DE MINORÍAS ÉTNICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000771.)
- LAS ACTUACIONES DE SU MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS GRAVES DENUNCIAS DE EXTRALIMITACIÓN POLICIAL EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN REALIZADAS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000774.)
- LAS RAZONES POR LAS CUALES SIGUEN EXISTIENDO CASOS DE MALOS TRATOS Y TORTURAS A MANOS DE AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, TAL Y COMO HA DENUNCIADO RECIENTEMENTE UNA ORGANIZACIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL AL REFERIRSE A LA
SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN EL ESTADO ESPAÑOL, A PESAR DE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO DICE ADOPTAR PARA ERRADICAR ESTAS PRÁCTICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000777.)
- LAS RAZONES QUE LLEVAN A SU DEPARTAMENTO A NEGAR LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR INFORMES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS QUE DENUNCIAN GRAVES DEFICIENCIAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN CON
LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000793.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al siguiente que tiene por objeto la comparecencia también del señor vicepresidente sobre los hechos denunciados por el informe presentado por Amnistía Internacional bajo el
título España: Crisis de identidad.
Tortura y malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado.
Señor vicepresidente, tiene S.S. la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Este es un tema importante, lo cual no quiere decir que el anterior no lo fuera. Las comparecencias que se agrupan a continuación versan sobre la valoración
que hace el Gobierno en relación con las supuestas denuncias recogidas en el informe de Amnistía Internacional titulado España: Crisis de identidad. Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado.
Una primera consideración que quería realizar se refiere al propio título del informe de Amnistía Internacional del que parece derivarse una consideración de anormalidad política y jurídica en nuestro país, porque titular España: Crisis de
identidad. Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado, no es ciertamente un título muy equilibrado. Como reflexión inicial me gustaría destacar la improcedencia de esta consideración y no sería necesario ahora tratar
de demostrar el nivel de democracia de nuestro Estado de derecho y los derechos y libertades que se disfrutan en nuestro país después de la experiencia de 25 años de sistema democrático de España tras la aprobación de nuestra Constitución por
referéndum en 1978. Estado de derecho sobre el que se asienta nuestra democracia y que se basa en la división de poderes proclamando entre ellos la independencia del poder judicial y todo un sistema de garantías de las libertades y de los derechos
fundamentales.
Es además principio general consagrado en nuestra Constitución que la Administración y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como parte de ella están sometidos al control judicial reconocido en el artículo 106 de nuestra
Constitución. Pues bien, estos son nuestros principios generales y discúlpenme por haberlos recordado en este momento, pero a veces es bueno reflexionar sobre lo que hemos conseguido entre todos a lo largo de nuestro recorrido democrático cuando se
hacen determinadas afirmaciones carentes de todo rigor y sentido.
Ahora bien, si hubiera casos aislados de supuestas torturas o malos tratos, es también evidente que se juzgan y se condenan por aplicación de ese mismo ordenamiento jurídico y, si no constituyen una realidad delictiva, se archivan y se
sobreseen por aplicación de los mismos principios. No obstante, por encima de todo, me gustaría, al principio de esta intervención, destacar el papel y la profesionalidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Ertzaintza, de
los Mossos d'esquadra y de las policías locales, que todos ellos son acusados por Amnistía Internacional en este curioso trabajo. Su dedicación a tareas no precisamente muy gratas se realiza siempre desde el respeto al ordenamiento jurídico y a los
propios ciudadanos, actuando siempre en defensa de los derechos y libertades de todos.
Dicho esto, voy a destacar a continuación, con absoluta claridad, una serie de consideraciones generales que, con carácter general, van a traducir la valoración que desde el Ministerio del Interior se realiza de este informe. Primero. El
ordenamiento jurídico español se posiciona absolutamente en contra del racismo, de la xenofobia y de cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, no puede hablarse de inhibición o desinterés por parte de la Administración en este sentido, y estos
pueden ser algunos ejemplos. La discriminación racial es una circunstancia agravante penal, se garantiza la tutela judicial preferente y sumaria ante cualquier acto que impida el derecho, entre otros, a la igualdad, se establecen penas por provocar
el odio y la violencia racial, se imponen penas también para los delitos de tortura y tratos degradantes, se prevén medidas de atención social y
de exoneración de la situación de irregularidad en caso de explotación sexual, y el programa GRECO contiene todo un conjunto de medidas y disposiciones para mejorar la reacción policial frente a esas actitudes y para prevenirlas desde el
sistema educativo. Por tanto, no existe ningún tipo de perfil racial por el cual las personas sean detenidas o investigadas. Esto es tela marinera. Lo que determina el inicio de cualquier actuación policial es la presunta conducta ilegal del
investigado y no su origen étnico o raza; por otra parte, no existe ni un solo dato que venga a confirmar estas afirmaciones. Además, la propia Amnistía Internacional reconoce en su informe que las demandas presentadas por presuntos hechos de esta
naturaleza son muy escasas y las quejas recibidas al respecto por el Defensor del Pueblo son insignificantes.
Segunda consideración. Los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus funciones, son imparciales e independientes -imparcialidad que no cabe cuestionar- y todos los posibles casos de malos tratos han sido sometidos, o lo están siendo, a
las decisiones del Poder Judicial, como es natural en un Estado de derecho.
Tercera consideración. El Gobierno tiene un irrenunciable compromiso con el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos, y no sólo por imperativo constitucional sino por convencimiento cívico, político y democrático. Al respecto
cabe recordar, como dije en una sesión que tuvo lugar a primera hora de la mañana, la declaración de los ministros del Interior de Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y España, hecho público el pasado 18 de abril, en la que se manifiesta que la
violencia de corte racista y xenófobo constituye una violación directa e intolerable de los principios de libertad, democracia y derechos humanos en los que se basa la Unión Europea, al tiempo que se expresa la voluntad común de luchar enérgicamente
contra estos fenómenos. Cabe mencionar, en fin, las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de los pasados 25 y 26 de abril, presidido por España como es sabido, sobre la lucha contra el racismo, al antisemitismo y la xenofobia. En dicho
Consejo se condena con firmeza cualquier acto racista, y se manifiesta la voluntad de luchar firmemente contra la violencia racista mediante la cooperación policial entre los Estados miembros y la aproximación de las diversas legislaciones en la
materia. En este sentido, hay que recordar que las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla resaltan la importancia esencial de la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Cuarta consideración. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen actuando con dedicación, esfuerzo y abnegación en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes les encomiendan y los ciudadanos les demandan.
Por supuesto, sus miembros son los primeros interesados en que no se produzcan hechos que supongan un comportamiento ilegal o sencillamente indigno de estos servidores públicos y, en el caso de que un hecho de estos se produjese, son los primeros
interesados en actuar inmediatamente para evitarlo y, en su caso, sancionarlo. Es más, el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año pasado y recientemente presentado a las Cortes Generales deja clara constancia de que en aquellos casos
en los que los agentes de policía se encuentran encartados en procedimientos judiciales, la Administración ha iniciado las correspondientes medidas disciplinarias, cumplimentando así las recomendaciones que esta institución realizó en su día. Por
tanto, los mecanismos internos de depuración de responsabilidades existen y funcionan.
Quinta consideración. En relación con el trato de los menores extranjeros, la legislación española regula la cuestión con todo detalle y no permite su expulsión si ello supone dejar al menor en situación de desamparo. Por tanto, o es
tutelado por la Administración competente, en este caso la autonómica, o su repatriación se realiza a fin de ser reintegrado a su familia o ser tutelado por instituciones correspondientes en su país de origen. En este sentido, las administraciones
están realizando importantes esfuerzos. Así, en 1999 se acogió en España a 3.265 menores extranjeros; en el año 2000, a 3.235 y en 2001 fueron 4.057. Todos ellos han recibido un trato idéntico al de los menores españoles tutelados por las
administraciones públicas y conviven en las mismas instalaciones, sean instituciones o pisos. Cuando el informe de Amnistía Internacional se refiere al mal trato de menores extranjeros, en realidad se está refiriendo a hechos ocurridos hace varios
años sobre los cuales algunas ONG interpusieron querellas ante la autoridad judicial; más tarde, estas querellas fueron sobreseídas por los órganos judiciales competentes. En el informe del año 2000 del Defensor del Pueblo se señalan, en cualquier
caso, los avances realizados en el trato de menores en España y más concretamente en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Por último, quiero destacar que, en el mes de abril, una vez analizado el contenido de este informe, yo mismo cursé una inmediata respuesta a Amnistía Internacional en la que realicé las aclaraciones necesarias sobre el contenido y las
afirmaciones que allí se recogían y, por supuesto, manifestaba la plena disposición del Ministerio del Interior para clarificar, en la forma tan exhaustiva y necesaria como fuera necesario, cada caso que se ponía de manifiesto como base de sus
conclusiones.
En definitiva, señoras y señores diputados, luego podemos entrar en alguno de los casos concretos que se denuncian expresamente, pero no es aceptable imputar actitudes y comportamientos de forma generalizada a instituciones, colectivos e
incluso a la sociedad española. No es de recibo sugerir que los españoles sean cada vez más xenófobos y racistas; de hecho, la integración de los extranjeros residentes en España es satisfactoria y razonable. Por ello, hacer este tipo de
planteamientos y descalificaciones, generalizando unos posibles casos concretos, es cuanto menos un ejercicio de irresponsabilidad
que desde mi punto de vista no es admisible. Soy un firme convencido del compromiso de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todos los ciudadanos, desde la seguridad de que se cumplen las obligaciones en todos los campos
de su actuación, y muy especialmente en el ámbito de la inmigración, con irreprochable profesionalidad, entrega y sentido humanitario, aspectos estos que han sido reconocidos y elogiados por organizaciones sindicales dedicadas a la inmigración y sus
problemas.
Quiero decir que el drama al que se enfrenta la Administración, no sólo en este caso concreto sino en muchas ocasiones concretas, son esas afirmaciones de que hay denuncias y hay querellas. Denunciar y querellarse es gratis. Luego, todo
termina en nada, pero probablemente habría que arbitrar algún procedimiento para exigir ciertas responsabilidades, no me refiero a este caso concreto, a personas que imputan responsabilidades a quien no las tiene. Sinceramente, a mí esto me parece
bastante lamentable y así se lo hice saber al responsable de Amnistía Internacional en la carta que le he remitido y a la que antes he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora intervenir a los grupos solicitantes de la comparecencia.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor ministro, parece que tiene usted un poco de prisa, aunque en este segundo bloque de intervenciones tenga usted la intención de darnos un poco más de tiempo. Se lo agradecemos, como le agradecemos que haya
venido a dar cuenta de este informe.
A mi grupo y a mí nos ha sorprendido cómo ha denominado usted el informe de Amnistía Internacional. Si no he entendido mal, lo ha tildado de curioso trabajo. En primer lugar, habría que decir que usted no debería hacer una afirmación de
esas características. Curioso trabajo el de Amnistía Internacional; curioso trabajo el de Human Rights Watch, que también vierte parte de las denuncias, de las querellas y de los problemas que se están dando en este ámbito; curioso trabajo el del
Defensor del Pueblo, que también recoge alguna de ellas.
Señor ministro, si aquí todo el mundo miente, si el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad y usted cree que mi grupo parlamentario va a hacer recaer la responsabilidad de este tema sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está
muy equivocado. Nosotros coincidimos en una sola cosa con usted y es en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mayoritariamente, lo están haciendo bien, con valor y con generosidad, exceptuando algunos casos concretos en los que hay
responsabilidades a partir de los hechos que narra el informe de Amnistía, porque en eso se sustancia hoy la comparecencia, pero que se narran también en los informes del Defensor del Pueblo y de Human Rights Watch. Yo le voy a decir una cosa. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son responsables, lo es el Gobierno de la nación, lo es usted como ministro del Interior, lo es usted al mantener zonas de impunidad en determinados aspectos de la inmigración y de la extranjería, lo son
ustedes al hacer determinadas afirmaciones, a veces vertidas por usted y a veces por sus subordinados, como responsables de la inmigración y de la extranjería. Las frases de aquí no cabe ni uno más, las frases que van ajustando el discurso a hacer
coincidir la inmigración con la delincuencia, la inmigración irregular con los delitos, la mezcla entre inmigración irregular y asilo y refugio, todo ese escenario, todo ese suelo que va contemplándose en sus declaraciones y que crean una sólida
base para que haya actitudes racista y xenófobas es su responsabilidad.
Muy pocas veces se oye a los responsables de su ministerio, a usted mismo como responsable de la inmigración y a sus subordinados con responsabilidades en este tema, frases
positivas sobre la inmigración, muy pocas veces, y cuando las vierten, las vierten en un discurso generalista, opaco e impune para determinadas actitudes.
Ahora me voy a referir a cosas concretas. Usted nos ha hecho un recorrido sobre el ordenamiento jurídico español, las garantías procesales, las garantías de los procedimientos de tutela judicial efectiva, etcétera, pero eso ya lo conocemos,
señorías, ya lo conocemos, señor ministro.
Conocemos el Código Penal de 1996, donde la violación de derechos humanos y directamente la aplicación de criterios raciales en determinadas actitudes es algo que está penado y que está contemplado en
artículos concretos. Sin embargo, de los 132 casos que Amnistía Internacional plantea en este informe, de los cuales sólo 32 de ellos están muy pormenorizados, en la mayor parte de ellos estas personas fueron interceptadas no por otra razón que por
la apariencia física o determinados rasgos técnicos o raciales. ¿Por qué? Primero, porque mayoritariamente eran residentes, es decir, residentes legales con permiso de trabajo y se les pidió la documentación simplemente porque visualmente eran
distintos, y, a partir de aquí, a partir de este momento es cuando se crean determinadas zonas oscuras, zonas oscuras que usted no quiere ni reconocer, ni asumir; es más, donde tienen la firme convicción de que cuanto más opacas y más impunes
queden mejor, mejor para su discurso, mejor para lo que están haciendo en inmigración, y sobre todo mejor para lo que no están haciendo.
Los artículos del Código Penal los conocemos todos, también los de la Ley 8/2000, la Ley de Extranjería, que en un artículo concreto, que es el 21, recoge casi miméticamente los artículos del Código Penal a los que se refiere. Efectivamente
la tortura y los malos tratos no son mayoritarios, pero hay responsables concretos, y los responsables de su ministerio y usted mismo, que no han querido reconocer ninguno de estos hechos, no
dan ningún buen ejemplo ni sientan bases sólidas para el futuro.
Le voy a decir una cosa. Hay un caso en concreto, el de Mamadou Kane un senegalés con permiso de residencia y trabajo, que es interceptado para que ponga a disposición su documentación de un agente de Policía Nacional. En 1997 se suceden
estos hechos, es torturado, se comprueba, sentencia judicial firme, cuatro agentes penados, como usted sabe, tres de ellos con penas importantes, además de penas de cárcel, inhabilitación para los cuatro agentes, de ocho a diez años de
inhabilitación, y nos encontramos con que ahora estos agentes están esperando el indulto del Gobierno y que no han sido suspendidos cautelarmente de sus funciones, ni siquiera cautelarmente. Nosotros le estamos pidiendo que asuma los casos, que no
son muchos, que depure responsabilidades, que sea ejemplarizante, porque a la mayoría de los agentes que trabajan en extranjería no se les pueden imputar hechos de este tipo. Si usted no extrae las responsabilidades de quien sí hace, de quien sí
ejecuta, determinados hechos delictivos por índole racial o étnica, usted está corresponsabilizándose con esos agentes y es su Ministerio quien está lanzando esas zonas de impunidad con su discurso sobre la inmigración. A veces su discurso, el suyo
y el de sus subordinados, tiene tintes xenófobos absolutamente intolerables. Usted sabe como todos sabemos que en las zonas de control fronterizo de las riberas por donde entran la mayor parte de la inmigración irregular, la opacidad, la
posibilidad de que actúen los servicios sociales de los ayuntamientos correspondientes, los abogados de oficio, etcétera, se hace extremadamente difícil. Me voy a referir en concreto al tema de menores que usted ha tocado.
Efectivamente, lo que narra el informe de Amnistía Internacional son hechos que se produjeron en Ceuta pero que son muy significativos en 1997. En este caso, sí suspendió a tres agentes de la policía local que denunciaron los hechos antes
de que hubiera sentencia y los suspendieron cautelarmente porque fueron ellos quienes denunciaron a la Comisaría general de Extranjería de Ceuta, y a determinados agentes de policía y a otros que no eran de policía, porque como usted sabe muy bien,
eran simplemente personas contratadas de empresas de seguridad, que funcionaban en la expulsión de los menores. No nos venga diciendo, señor ministro, porque ya se ha comparecido aquí por parte del delegado del Gobierno de la Inmigración y
Extranjería que todas las devoluciones y expulsiones de menores se hacen acorde a la ley. No es verdad y usted lo sabe. Cuando su delegado de Extranjería nos dice que se devuelven a los menores de Melilla en estos momentos a los servicios sociales
de Marruecos, cuando menos es sorprendente. Se les deja en la frontera del Tarajal, y usted lo sabe. Todos lo sabemos, se les deja en manos de la policía marroquí, en la frontera del Tarajal, la mayor parte de esos niños no tienen familias
reconocidas, no se les ha encontrado a sus familias de origen, y cuando se les encuentra, sus familias dicen que no quieren saber nada de ellos, y los menores no son inmigrantes, son menores, señor ministro, protegidos por los acuerdos
internacionales que España ha firmado.
Si usted no reconoce ningún hecho, si usted niega siempre la mayor, si su ministerio niega la mayor, no por eso ha de venir a contarnos que mi grupo parlamentario quiere demonizar a las Fuerzas de Seguridad, porque no es verdad. Insisto,
mayoritariamente cumplen ejemplarmente con su trabajo, y sólo algunos de ellos violan lo que es un principio del ordenamiento jurídico pero un principio de la dignidad de todos los seres humanos.
Nos vamos a permitir hacerle algunas recomendaciones. En primer lugar, tengan una actitud más activa contra la discriminación racial y étnica, suspendan cautelarmente a los agentes cuando tienen una denuncia y se les imputa un delito de
estas características.
Hay una directiva que hay que trasponer, la conocerá, la 2000/43, relativa a la aplicación de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico, y que contempla la discriminación directa e indirecta y la
inversión de la carga de la prueba en estos casos.
Traspónganla pronto e insista en la inversión de la carga de la prueba porque es muy importante en estos procedimientos. Hagan un plan nacional de la lucha contra el racismo; creen una policía
especial contra el racismo; formen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de derechos humanos, que conozcan la Ley de extranjería, que conozcan la Ley de asilo y refugio, ya sabemos que hacen unos cuatro cursos al año, con 80
agentes en cada curso, 320 en total, anualmente.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, le ruego concluya.
La señora BLANCO TERÁN: Termino, gracias, señor presidente.
Doten adecuadamente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado formados en puertos fronterizos y centros de internamiento. Hagan una política activa de reclutamiento de mujeres policía y mujeres guardias civiles, porque es muy importante
para la población vulnerable inmigrante, para mujeres y para menores. Revisen sus técnicas de inmovilización, las que emplean para realizar labores de escolta en las operaciones de expulsión.
Prohíban, porque está en los tratados internacionales,
el uso de la cinta adhesiva y la administración de sedantes y el uso de pulverizadores con sustancias irritantes destinados a incapacitar momentáneamente a los ciudadanos y ciudadanas. Permitan el acceso de abogados de oficio, de trabajadores
sociales y de servicios sociales de los ayuntamientos en los puestos fronterizos y en los centros de internamiento temporal, integren inmigrantes regularizados en los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. El Grupo Parlamentario Socialista hizo una proposición no de ley donde estaba contemplado. Lo han hecho otros países -no se ría, señor ministro- y es importante para la integración.
Termino, señor ministro. Sólo voy a decir una cosa: No haga suya la sentencia hamletiana de que la conciencia moral de los hechos le lleve a la cobardía de no actuar.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de grupos que han solicitado la comparecencia? (Pausa.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El reciente informe de Amnistía Internacional, con el título de 'España: crisis de identidad. Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado', es natural que haya preocupado a los
grupos de la oposición y, en particular, al Bloque Nacionalista Galego. Esta preocupación se deriva de que normalmente el Gobierno, y ahora el señor ministro, argumenta con toda la estructura legal y los amparos de carácter constitucional y
jurídico, que darían buena prueba de que el Estado español no comete este tipo de atentados contra los derechos humanos y, de forma particular, torturas y malos tratos por motivaciones de carácter racista. Pero convendría aclarar, y seguro que el
señor Rajoy tiene capacidad para comprenderlo, que una cosa es la legalidad establecida en un Estado de derecho y otra cuestión es la mecánica de funcionamiento de la sociedad, de la aplicación de las normas e incluso del funcionamiento de sectores
importantes en la burocracia del Estado a la hora de practicar con el ejemplo lo que es la legalidad de carácter constitucional o la legalidad de amparo a los derechos humanos.
Si fuera por la cobertura de carácter legal, está claro que no se
cometerían atrocidades en muchísimos Estados, no solamente de América Latina, que son democracias de carácter formal y en las que no existe aval de ninguna clase para que haya tortura y discriminación por motivos de carácter racial o sexual. Pero
es evidente que una cuestión es la realidad, los hechos, y otra la legalidad, de la cual nosotros no dudamos, a pesar de que pueda haber una mejor legalidad y, sobre todo, una mejor aplicación en la práctica de la misma.
Es curioso en este aspecto, señor ministro, que cuando usted contesta en términos de carácter genérico se apoye exclusivamente en el buen nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero da la casualidad que en las respuestas
del Gobierno hay una forma de proceder que crea muchas dudas en quien lee sus propias respuestas. Nos referimos, en concreto, a que nunca se abre un expediente gubernativo y administrativo que se cierre en relación con malos tratos o denuncias,
precisamente en este caso particular por malos tratos o torturas, sean o no por motivos de carácter racista. Por ejemplo, cuando hablan ustedes de las conductas que se refieren a agresiones sexuales, de las que pudieran derivarse responsabilidades
en la Guardia Civil en los casos de Melilla, Alicante y Barcelona, es curioso que contestan, por ejemplo, en el caso de Melilla: los miembros de la Guardia Civil están pendientes de juicio y de un expediente gubernativo que se encuentra paralizado
hasta que se dicte sentencia. Usted, que es amigo de los datos concretos, debe de entender que es impropio de una administración que espere a que haya sentencias en un juicio de carácter penal para que la propia Administración abra los expedientes,
investigue y llegue a sus propias conclusiones. Yo, como funcionario del Estado, como profesor, me parece que sería inaudito, en el caso de la Administración educativa, que se nos acusase de cualquier tipo de conducta irregular respecto del trato
con el alumnado y se esperase a una sentencia de carácter judicial. Esto en la Administración educativa es muy raro que pase y creo que se deriva de que el nivel de corporativismo está reducido, aunque lógicamente comprendo y acepto que no es
inexistente. Pasa exactamente igual cuando se habla del caso de Barcelona. En concreto se dice: En la actualidad el agente imputado se encuentra en libertad bajo fianza. Pero no se nos habla de cuál es el juicio administrativo que merece el
agente imputado. Lo mismo ocurre cuando ustedes hablan de las denuncias formuladas por una persona de nacionalidad colombiana a un miembro de un Cuerpo Nacional de Policía por agresión social, se limitan exclusivamente a la condena del funcionario
de policía a penas de doce años de prisión. No sabemos tampoco qué consecuencias tuvo, esto desde el punto de vista laboral, no sabemos por qué no se actuó también desde el punto de vista administrativo y cuál es la opinión del Gobierno, del
Ministerio del Interior y de los responsables superiores respecto de este problema. Lo mismo podríamos decir del caso de Rita Margarete Rogerio. El Tribunal Supremo pedía un minucioso expediente y ustedes concluyen que no existió agresión sexual
ni infracción disciplinaria de ningún tipo, después de seguir la recomendación de la sentencia del alto Tribunal.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, lo gravísimo es la falta de actuación, de diligencia y de iniciativa de la propia autoridad administrativa y de la propia autoridad burocrática en estos casos. En concreto, señor
Rajoy, y por seguir no con el eslogan sino con la concreción, mi compañero Carlos Aymerich, que es quien pidió esta comparecencia y no puede estar presente por tener que estar a la misma hora en el Consejo General de la Emigración, preguntaba por
escrito a su ministerio cuántos condenados penalmente siguen desarrollando normalmente su trabajo y si se encontraba entre ellos el actual secretario general de la comisaría de A Coruña, que fue sentenciado con sentencia firme como autor de un
delito de tortura y sigue en su puesto de trabajo. Ustedes no contestan. Creo que esto da pie no a que ustedes respeten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nosotros no dudamos que en su conjunto tengan una actuación dirigente y
conforme al derecho, pero sí a que haya muchísimas sombras de duda sobre la forma de proceder, vuelvo a repetir, desde el punto de vista gubernativo y administrativo. Creo que en un Estado de derecho eso es lo que hay que juzgar, no las
leyes teóricas, que creo que son muy correctas en Argentina, en México, en Brasil y seguramente en gran parte del mundo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a intervenir muy brevemente porque voy a compartir el turno del Grupo Mixto con el portavoz del BNG. También por cortesía quiero disculparme con el señor ministro ya que, al estar en la Junta de
Portavoces, no he podido escuchar la primera parte de su intervención.
Comparto total y absolutamente las intervenciones de los dos portavoces me han precedido en el uso de la palabra en esta cuestión. Usted ha dicho, aunque no le he oído, que este informe es curioso. Yo creo que este informe es muy minucioso
y ha recogido múltiples trabajos de muchas organizaciones y asociaciones que han hecho una labor excelente, sobre todo la que nosotros conocemos en Bilbao que, como supongo que habrá citado a la Ertzaintza, tampoco lo vamos a ocultar. El informe El
color de la sospecha, de muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el lugar, creemos que es muy bueno y lo mismo opina el Ararteko. Por tanto no hay nada que ocultar. El informe de Amnistía Internacional alaba a la mayoría de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen un trabajo en cuestiones de inmigración difícil, duro, humanamente complicado, incluida la Ertaintza y los Mossos d'Esquadra.
Lo que nos sorprende, señor vicepresidente primero, es la actitud defensiva que han establecido ustedes con la negación total y absoluta de todo. Y esto lo digo por las respuestas que hemos tenido a las preguntas que hemos formulado por
escrito en esta materia. Yo creo que si hay casos, aunque sean muy pocos, y es bueno que haya muy pocos, lo que hay que ver es cómo se pueden mejorar esas situaciones. No voy a entrar en cada uno de los casos, pero comparado con lo que decía el
informe, comparado con las respuestas que ustedes nos han dado por escrito, no hay inexactitudes importantes, como usted señalaba en una declaración pública. Hay cuestiones quizás de matiz, pero los hechos se mantienen en muchos de los casos. Yo
sí que creo que hay un problema importante, y hace referencia a la actuación del Gobierno. Especialmente aquí se ha hablado de suspensión de las personas que pudieran estar afectadas por actuaciones de este tipo a la hora de hacer su trabajo, pero
hay una cuestión todavía más grave, que es el tema de los indultos. Estamos observando que se conceden indultos a personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que además los esperan. En el caso Mamadou Kane, del que se ha hablado
aquí, exactamente igual. Las personas que han sido condenadas están a la espera de la contestación a su solicitud de indulto.
El año pasado observamos, no solamente en lo que se refiere a los casos de inmigración sino en otra serie de casos, que una cantidad importante de indultos otorgados -efectivamente es una facultad discrecional del Gobierno, pero retrata a
los gobiernos en función de cómo los concedan- se conceden a personas condenadas por torturas y malos tratos. Esto es lo preocupante y no se le puede achacar a ningún miembro de la policía ni de otro cuerpo de la seguridad del Estado, es achacable
al Gobierno. Ustedes tienen la facultad de otorgar indultos, y los conceden normalmente a personas condenadas por este tipo de delitos. Realmente esto es lo preocupante, amén del cumplimiento o la ratificación de determinados protocolos que
todavía quedan pendientes. Esto es lo que nosotros creemos que da pie a pocas personas, vuelvo a repetir, no estamos acusando a todo el mundo, se sientan de alguna forma amparadas con una actuación que es absolutamente contraria a la legalidad y al
ordenamiento jurídico.
Creo que es bueno que estemos pendientes, tanto las organizaciones como las asociaciones que trabajan en estas cuestiones, como nosotros mismos, y que siempre que haya alguna de estas actuaciones la pongamos encima de la mesa, porque para
eso estamos, para controlar parlamentariamente todo lo que ocurra contrario al ordenamiento jurídico. Señor ministro, le diría que en materia de indultos tengan ustedes más cuidado, porque no parece razonable que frecuentemente se beneficien de
indultos personas que han sido condenadas por torturas y malos tratos.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor vicepresidente, me gustaría comenzar mi intervención haciendo una llamada a que no siempre que ejercitamos la labor de crítica al Gobierno nuestro propósito es demoledor, y se lo digo a los efectos de que en
los últimos tiempos empieza a haber alto riesgo en ejercitar la crítica o la labor de control al Gobierno, puesto que uno corre el riesgo de que, como en el Pleno de ayer, le llamen iletrado o le digan que no se ha leído los papeles, o inculta, como
la semana pasada el señor delegado para la Inmigración tuvo ocasión de calificar a una diputada, hoy ausente por enfermedad, del Grupo de Izquierda Unida. Se lo digo a los efectos de que quizá yo pudiera ser tachada de esto, ya que usted considera
que en mi tierra se imparte una educación letal, tal y como la ha calificado en tiempos recientes. Yo como soy mayor, soy mayor incluso que el señor vicepresidente, sí que recibí una educación letal, de la dictadura de Primo de Rivera pasábamos
directamente al glorioso alzamiento.
Ello no me ha impedido tener unos principios democráticos, creo que parecidos a los que usted pueda tener, puesto que, como le digo, yo soy mayor que usted, pero de parecida quinta, y aunque hemos llegado a perspectivas políticas
absolutamente distintas, creo que no son incompatibles y, por tanto, debiera entenderse desde el Gobierno que no siempre que detectamos conductas o traemos a una Comisión determinados aspectos, lo hacemos con un propósito demoledor, sino que muchas
veces lo que buscamos es señalar problemas que son importantes y buscamos que estos se enderecen o incluso conseguir el propósito del Gobierno de que vaya a haber enmienda respecto de determinadas conductas.
Lo primero que es importante respecto del objeto de la comparecencia de hoy es ver si Amnistía Internacional tiene credibilidad o no. Qué es Amnistía Internacional no se lo voy a explicar yo a usted, que lo conoce de sobra, y desde luego
goza de reconocido arraigo en el mundo entero por la labor que ha venido desarrollando en cuanto al respeto de los derechos humanos y a las investigaciones que se efectúan respecto de estas materias. Fíjese que hasta le voy a sacar a usted la cara.
Cuando he leído el título del informe, España: crisis de identidad, no he vinculado necesariamente la crisis de identidad a las torturas y a los malos tratos, sino al contenido referido a la inmigración y a la extranjería; crisis de identidad que
vamos a terminar teniendo todos, puesto que la población cada vez va a ser más mestiza, y a mí eso no me parece un mal en sí mismo. Creo que crisis de identidad tenemos todos los países que en tiempos recientes estamos recibiendo inmigración,
estamos mezclándonos los ciudadanos unos con otros y, por tanto, a ello entiendo que hace referencia el informe de Amnistía Internacional, si bien luego, en tutela de su cometido de señalar y detectar supuestos, analiza una serie de ellos, por
cierto con bastante pormenor, para que puedan ser descalificados de un plumazo.
Quiero también que quede claro que los comportamientos que se detectan yo no se los imputo a la generalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni siquiera, y usted ha hablado de ellos, a la Ertzaintza o Mossos d'Esquadra,
respecto de los cuales luego le añadiré algún dato más. Pienso que la generalidad se conducen con absoluta corrección en el desempeño de sus cometidos, como no podría ser de otra manera. Lo que existen son casos puntuales, casos respecto de los
cuales nos gustaría conocer y saber que el Gobierno se compromete y quiere llegar hasta el final de las investigaciones, no recurriendo al fácil recurso de decir: ya investigaron los tribunales. De los que constan en el informe me quiero detener,
puesto que ya han intervenido portavoces con anterioridad, en uno que seguí y viví muy de cerca y que fue objeto de petición de comparecencias y de explicaciones en esta misma Comisión, siendo entonces ministro su predecesor, don Jaime Mayor Oreja.
Hace referencia a una ciudadana brasileña que fue violada en una comisaría de Bilbao. Seguí el caso y he llegado a conocer a la ciudadana. Me costó que compareciese el señor ministro del Interior en la Comisión de la Mujer, donde yo había pedido
que se efectuase el trámite, puesto que lo quería vincular a otra serie de supuestos que me parecían importantes, porque aliento un convencimiento: las profesiones que tienen la posibilidad de ejercitar coacción legítima, puesto que son cuerpos
policiales, creo que hacen gala de un machismo o de un afán de denigrar a la mujer superior al que se hace en otras profesiones. Me parece por eso importante -y lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista- la incorporación creciente de mujeres
policías a los distintos cuerpos. Es muy fácil rebajar o dañar a una mujer concreta en situaciones de detención mediante calificaciones de tipo machista. Si me permite decirlo, como hice en aquella ocasión, lo más grave que se le puede llamar en
tales circunstancias a un hombre quizá sea hijo de puta, y también la que sale mal parada es su señora madre, no él directamente.
En el caso de esta ciudadana brasileña no existió absolución, como usted dice, porque no se hubiese producido el delito, sino porque no se logra acreditar quién fue el autor de la violación; violación hubo y así lo acreditó no sólo la
Audiencia Provincial de Vizcaya, sino el propio Tribunal Supremo. Es curioso, fíjese que eran sólo cuatro los policías que estaban en aquel momento en las dependencias de Bilbao a las que me refiero, y no se pudo averiguar quién de los cuatro era
el autor. Me reconocerá que no era muy difícil el campo a investigar y que, por tanto, algo hubo de haber de negligencia o de poco interés desde los propios compañeros o desde la propia policía o desde el propio Ministerio del Interior para que una
conducta de este estilo no quedase esclarecida, porque, repito, violación hubo, lo que dice la sentencia es que no se ha podido acreditar la autoría, que es ligeramente distinto a lo que se hace constar en la contestación del Ministerio del
Interior.
Su predecesor estuvo un año sin contestar a mi petición de comparecencia, y eso que la Comisión de la Mujer es por todos conocido que no tiene un orden del día tan agobiado como el que tiene esta Comisión y, por tanto, hubiera sido posible
la mayor inmediatez en la comparecencia. Y fíjese también cómo es posible cubrir la tarea de control, que el día que finalmente compareció a dar explicaciones, ¡oh casualidad!, era el mismo día del debate del estado de la Nación; estando señalado
el debate del estado de la Nación a las doce del mediodía, a las diez se produjo la comparecencia. Evidentemente, los medios de comunicación tuvieron un interés extraordinario en seguir esta comparecencia, teniendo en cuenta que el debate anual de
gala es el otro debate. Pero a lo que iba, en aquel momento concreto solicité del señor ministro que cuando menos, puesto que ya conocía el resultado de las acciones penales, se intentasen las diligencias, que yo creo que
no eran incompatibles a pesar de la absolución, intentase expediente disciplinario, puesto que no acreditada la autoría, el bis in idem no impide seguir las averiguaciones dentro del propio cuerpo de Policía, y le sugería que por qué no lo
hacía otro cuerpo, es decir, que la Guardia Civil investigase a la Policía Nacional, que suele ser lo lógico en estos casos.
Ante estos hechos, puedo manifestarle que hubo circunstancias que no recoge Amnistía Internacional pero que yo sí conozco porque me ocurrieron a mí misma. Esta ciudadana brasileña, que ya me había llamado para agradecer mi interés por su
situación, me comentó que en el colegio al que iban sus hijos en mi propio pueblo, en la localidad de Algorta, habían comparecido unos ciudadanos que dijeron ser miembros del Cuerpo Nacional de Policía -no sé si lo eran-, y que a la directora del
centro le exigían que les acreditase la condición de los hijos de esta mujer. La directora, conocedora de que los niños están amparados por una declaración distinta y que la situación de residencia legal o ilegal no tiene los mismos parámetros que
respecto de los mayores, inmediatamente se puso en contacto con ella, ella lo hizo conmigo y yo con la Ertzaintza, de tal suerte que estos niños tuvieron protección policial de la Ertzaintza durante un tiempo para evitar que se les pudiesen acercar
para hacer averiguaciones, porque la primera intención que manifestaron quienes dijeron ser -yo no digo que lo sean- policías era, primero, contarles la actividad a la que su madre se dedicaba, que ellos por supuesto ignoraban, y, en segundo lugar,
ver si a través de la condición de residencia legal o ilegal de los niños -ignorando quizá que los niños están amparados, repito, por una declaración universal- se podía conseguir su expulsión o quizá también la de su madre. Ignoro qué ha sido de
esta ciudadana después, porque este es el último cometido que respecto de ella yo hice propiciando que la comisaría de la Ertzaintza de Getxo le facilitase protección, porque hasta ahí se había llegado al intentar seguir las diligencias, en este
caso disciplinarias, en relación con los policías autores. Yo no digo que esto lo tenga que conocer el señor ministro ni el señor vicepresidente, pero son cosas que se producen dentro del entramado administrativo del que él debe responder y me
parece que son conductas suficientemente importantes, aún siendo puntuales; repito, no creo que esto se produzca todos los días.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego que vaya concluyendo.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señor presidente.
Me he extendido más en este supuesto, pero doy credibilidad, porque creo que están bastante fundados, a los casos que se contienen en el informe.
A lo último que iba yo en relación con estas cuestiones es a la actitud que pedimos de los
rectores públicos quienes controlamos a una determinada Administración;es decir, si se toma nota y si hay propósito de enmienda. En relación con la nota final que figura dentro del informe que Amnistía Internacional nos ha hecho llegar a los
portavoces, me perdonará que se lo diga, pero no encuentro este propósito en usted, sino más bien el de sostenella y no enmendalla. No hay un reconocimiento de que hay cosas que pueden pasar y que se va a echar el resto -si me permite la expresión-
desde dentro del ministerio. En comparación, usted ha hablado de otros cuerpos que también han incurrido en comportamientos poco correctos -nunca tan graves como los que se le imputan a la Policía Nacional o a la Guardia Civil- y tengo delante de
mí, porque lo he pedido en la mañana de hoy, lo que desde el departamento de Interior del Gobierno vasco, junto con el Ararteko -el Defensor del Pueblo, el comisionado del Parlamento vasco- se ha hecho al respecto. Instaladas cámaras de vigilancia
y visto que efectivamente en la zona de Bilbao la vieja había excesos policiales en relación con el trato a los inmigrantes extranjeros, lo que se hizo inmediatamente fue impulsar una comisión de coordinación de la policía local con la Ertzaintza;
a continuación se estableció un protocolo de pautas que debían observarse...
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, por favor, concluya.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, concluyo ya, señor presidente.
Finalmente, se ha establecido un sistema que garantiza la comprensión lingüística con servicios de traducción en un número de lenguas que me parece infinito y que no le voy a citar ahora, estableciéndose, repito, un proceso de calidad en las
detenciones que periódicamente se ponen otra vez en conocimiento del Ararteko. Algo parecido es lo que nos gustaría conseguir de esta Comisión en relación con usted: reconocer qué cosas han pasado -le insisto, yo no creo que sea la generalidad de
los supuestos- y que se va intentar hacer esfuerzos especiales, poner especial empeño y ahínco en que las conductas que denuncia el informe de Amnistía Internacional nunca más vuelvan a producirse.
Gracias, señor presidente, sobre todo por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, nosotros hemos estudiado una serie de informes -en concreto 27- con respecto a estos temas por los que le solicitamos la comparecencia, hemos visitado las zonas de conflicto, tanto Huelva como Ceuta,
Melilla o Lanzarote y, en función de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado y de la garantía que nos merecen las asociaciones y organizaciones de todo tipo que lo denuncian, creemos que la política que ustedes empiezan
a llevar es incompatible con la defensa de los derechos humanos.
Señor Rajoy, incluso la nueva reforma de la ley que usted anuncia va en esa dirección. El mensaje que lanzan ahora, correlativo al que lanzaron entonces con la ley del efecto llamada, es que a los inmigrantes se les va a tratar tan mal,
incluso aunque sean legales, que es mejor que no vengan. Ese es el mensaje que se está lanzando en estos momentos. Se presenta como justificación de este discurso con respecto a la inmigración una especie de riesgo de invasión que padece Europa.
De ahí que diga el señor Aznar que aquí no cabe todo el mundo o, como dijeron Le Pen y Fortuyn: Europa está llena. Resulta que no, señor Rajoy. Aquí está el último porcentaje oficial de los no nacionales que hay en España y es el país que menos
tiene de toda Europa, un uno y pico por ciento, frente a Austria con un 8 por ciento; es una estadística oficial. Pero, al mismo tiempo, si vemos los últimos datos sobre residentes extranjeros en toda la Unión Europea, dados el mes pasado por
Eurostat, resulta que a finales del año 2000 -no hay datos más recientes- había 18.692.000. Los datos de finales del año 1998, dados también por Eurostat y algún otro organismo, dicen que había 18.979.000 residentes extranjeros; es decir, lo que
los datos oficiales nos dicen es que la inmigración no aumenta. Sabemos que el hecho de que las cifras no aumenten no quiere decir que no entren inmigrantes, que sí que entran, pero quiere decir que las entradas se están compensando con las
salidas, señor Rajoy. Efectivamente hay un posterior acceso a la legalidad de personas que entran y eso sólo genera un crecimiento moderado de las cifras de residentes y, sin embargo, se está dando la impresión de que esto es una invasión, de que
no hay forma humana de superar esta situación si no es a partir de esta política que está empezando a ser absolutamente incompatible con la defensa de los derechos humanos.
Por tanto, la inmigración neta no crece en Europa, lo que está creciendo de forma alarmante es la xenofobia y el racismo. Ahí es donde está la explicación de algunas aplicaciones políticas que están haciendo algunos gobiernos, singularmente
el de España, a este tema, desplazando a la opinión pública con respecto a la xenofobia y la posible invasión de otros temas de enorme importancia, como son el recorte del modelo social y del Estado social y democrático de derecho. El resultado,
señor Rajoy, es que actualmente, según todos los indicios, se ganan más votos hablando de expulsar a los inmigrantes que hablando de sus derechos y de su integración social. Hay dos opciones ante esta realidad. Una sería la de intentar cambiar
este estado de opinión combatiendo firmemente el discurso de la extrema derecha, opción que daría a la larga el resultado buscado a favor del reforzamiento de la democracia. La segunda opción sería no preocuparse excesivamente de la salud de
nuestra democracia y tratar de obtener votos presentándose como más firme que nadie frente a la amenaza de la inmigración. Esta opción segunda es la que muchas de las fuerzas políticas gobernantes han hecho y singularmente ustedes. Lo grave es que
con esta opción están reforzando el discurso de la extrema derecha europea, convirtiéndolo en el discurso hegemónico y casi en el único que está llegando a la opinión pública y ahora con mucha fuerza en España.
Para no dejar espacio a la extrema
derecha, han optado ustedes por no ser beligerantes con sus planteamientos y han acabado por decir exactamente lo mismo que la extrema derecha europea. Ahora ya es muy difícil distinguir entre lo que dicen Aznar, Blair o Berlusconi y lo que están
diciendo Haider o Le Pen e incluso da la impresión de que para la cumbre europea lanzaron como liebre de la situación a Berlusconi y a Haider de cara a justificar el giro involutivo de las leyes, de por sí algunas muy criticadas como la que nosotros
tenemos, en función de la ruptura que se hizo del consenso conseguido con respecto a la Ley 4/2000. Precisamente el Partido Popular hizo su primer ensayo en esta dirección en las anteriores elecciones generales, lo decía ayer el presidente Aznar.
Hicieron una gran campaña contra la anterior Ley de extranjería, la 4/2000, y comprobaron que conseguían más votos y que incluso en sitios singulares como Almería o El Egido conseguían muchos más votos con el discurso xenófobo que combatiendo la
xenofobia. Ahora resulta que el modelo del alcalde de El Egido se está transplantando a toda España y que ustedes anuncian un endurecimiento de la ley precisamente ante unas elecciones, en el preámbulo de las elecciones municipales y autonómicas.
Señor Rajoy, nosotros pensamos que la política que ustedes han llevado a la cumbre de Sevilla y que, afortunadamente, ha fracasado parcialmente, es una política inaceptable. Esa idea de que los escasos fondos de cooperación que Europa
aporta para el desarrollo de los países más pobres debieran incluso impedirse en el caso de que no se vigilara allí la inmigración nos parece, como mínimo, una propuesta absolutamente inmoral.
El gran problema de Europa hoy no es la oleada de
inmigración, no es la saturación de inmigración, más bien es que el discurso de la xenofobia ha levantado su vuelo y veremos en dónde termina, señor Rajoy. Nosotros hemos visto hasta 27 denuncias sobre que no practican los derechos humanos en
España en cuanto a la inmigración. La denuncia de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de Naciones Unidas, de SOS Racismo, de CEAR, de ATIME, de Comisiones Obreras, del Defensor del Pueblo, de diversas fiscalías del Estado español, de
AESCO, de ARI, de Perú, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, de la Asociación Nacional Presencia Gitana, de ACULCO, de la Federación de Mujeres Progresistas, de IEPALA, de la Federación de Derechos Humanos de España, de la Federación de
Colectivos de Inmigrantes de Cataluña... Señor Rajoy, así hasta 27 denuncias, y nosotros nos confirmamos en este hecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, ruego que vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Permita que termine, señor presidente, porque estamos apretados con la hora y no hay forma humana de poder establecer argumentos.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alcaraz, le ruego la mayor brevedad posible.
El señor ALCARAZ MASATS: Le voy a poner un solo ejemplo: el tema del trato a menores inmigrantes en Ceuta y Melilla. Señor Rajoy, ¿por qué le digo esto de los derechos humanos? Porque un niño nunca es un inmigrante; un niño es un menor,
acogido a una serie de acuerdos internacionales que ustedes no han denunciado. Ustedes nunca pueden tratar a un niño como un inmigrante, tienen que tratarlo como a un menor. Simplemente decirle esto demuestra que no responden ustedes a la
declaración universal y a la serie de acuerdos que se han suscrito por unanimidad desde este Congreso de los Diputados. Los menores en España no son extranjeros, en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado español y de la
legislación sobre menores vigente en estos momentos. Un menor, sea español o no, es un ser humano que debe ser protegido por las administraciones públicas españolas, como nos recuerdan de forma insistente los fiscales de menores en el caso que le
estoy citando.
Prevalece siempre la edad sobre la nacionalidad. Y no vale que ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer las comunidades autónomas o lo hagan de otra manera, sirviendo de soporte para la expulsión. Una comunidad autónoma no
puede nunca renunciar al ejercicio de sus competencias; en virtud del artículo 150 de la Constitución, el Estado puede delegar en las comunidades autónomas competencias y, a diferencia de la definitiva transferencia, recuperar la competencia
delegada. Pero las comunidades autónomas no pueden renunciar al ejercicio de las competencias que, por mor del bloque de constitucionalidad, le corresponden. Y ustedes están trabajando en ese espacio, parece que cumplen aquello que no quieren
hacer las comunidades autónomas y lo hacen de manera absolutamente inadecuada. Todos sabemos que Ceuta y Melilla no dan abasto, no pueden con el problema de la inmigración de menores. Ante ello, las administraciones públicas pueden adoptar dos
tipos de soluciones, la represiva e ilegal, expulsar al mayor número de menores aunque ello suponga violar la Constitución, y la razonable y constitucional, auxiliar a Ceuta y Melilla, desde la Administración general del Estado y desde la comunidad
autónoma que pueda ayudar, para que las dos primeras comunidades autónomas puedan realizar eficazmente sus obligaciones, que no son otras que acoger a los menores, pues hay que recordar que un menor en España no puede ser nunca extranjero ilegal.
Si seguimos con esta actuación denunciada públicamente aquí y fuera de aquí, señor Rajoy, España va a pasar a ser un país de tercera o cuarta división en materia de protección de los derechos de los niños. Esto no se puede aceptar, desde el
escándalo de la conciencia, desde la propia posición de la declaración universal y desde los acuerdos internacionales que hemos suscrito en esta Cámara; no es aceptable. Le pongo este caso porque no admite réplica, señor Rajoy. Un niño nunca es
un inmigrante y ustedes lo están convirtiendo en gente que expulsan. Sepan que los niños que devuelven ustedes, procedentes de Ceuta y Melilla, sufren palizas muy importantes cuando no encuentran a la familia en función de castigos especiales que
se practican en la zona, pero ustedes pasan y los tratan como a los mayores, algo que tampoco se debe hacer. La mano dura, señor Rajoy, no sirve para solucionar el problema de los flujos migratorios.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, por favor. Le ruego que vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
La mano dura puede servir para ganar elecciones, para una especie de lepenismo sin Le Pen, pero no va a servir para la defensa de los derechos humanos en este país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
El señor GIL LÁZARO: Creo que cuando se tienen las ideas claras se tiene que ser necesariamente breve. (Risas.)
Desde mi grupo manifestamos la discrepancia general con el discurso de la señora Blanco. Más allá de esa discrepancia general, hay tres cuestiones sobre las que merece la pena un comentario detallado. En primer lugar, la curiosa percepción
de ese discurso, que reprocha al señor ministro del Interior que haya utilizado el calificativo 'curioso' para calificar el trabajo. Por lo visto otros pueden calificarnos de lo que quieran y el ministro no puede llamar 'curioso' al citado trabajo,
por lo demás, calificativo bastante sereno y educado de los muchos que podría haber escogido. En segundo lugar, nos parece que estamos de nuevo ante un cojo discurso, un discurso estructurado, como antes señalábamos en el anterior punto del orden
del día, sobre la base de los eslóganes reiterados, pero que no aborda la cuestión fundamental, porque lo que no hemos sabido es si el Grupo Parlamentario Socialista está o no de acuerdo con lo que el informe imputa a la sociedad española, no al
Gobierno. ¿Cree el Grupo Socialista que la sociedad española es racista cada vez más? ¿Comparten ustedes ese diagnóstico de la sociedad española? Esa es la cuestión fundamental. Nosotros,
precisamente porque no compartimos ese diagnóstico, diremos al finalizar lo que tenemos que decir.
En tercer lugar, cuando se incurre en un discurso de eslóganes, se está cayendo, inevitablemente, en la carencia de lógica y en la ausencia absoluta de sustancia. Si todos esos eslóganes se pueden reducir en uno, escojo el manifestado por
la portavoz del Grupo Socialista, cuando dice que las declaraciones del ministro del Interior y de sus subordinados incorporan unos discursos de tintes xenófobos. Quien hace un discurso de tintes xenófobos hace una política de tintes xenófobos,
evidentemente. Y es propio de una política de tintes xenófobos haber alumbrado, que no existía antes, un programa marco para la integración del inmigrante, como es el programa GRECO; y es propio de una política xenófoba haber creado, que no
existían antes, los equipos EDATI, de la Guardia Civil, equipos de ayuda y atención e información al inmigrante, o haber creado, que no existían antes, los equipos EMUME, equipos de mujeres y de menores, que tienen una presencia muy singular en
atención precisamente a mujeres y menores inmigrantes. Una política de tintes xenófobos es estar realizando un impulso muy importante de renovación, de acondicionamiento, de mejora y de construcción de centros nuevos de la red de centros de
internamiento, habida cuenta del lamentable y penoso estado con que se recibió esa red. Por lo demás, cuando se hace un discurso de eslóganes, se incurre también en ciertas incoherencias porque, por una parte, se presentan como propuestas
innovadoras -y permítame que califiquemos esas propuestas innovadoras cuanto menos de curiosas- lo que ya se está haciendo; por ejemplo, el salto cualitativo y cuantitativo en la incorporación de mujeres a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es notorio. Es decir, se presenta como innovador lo que ya se está haciendo y, por otra parte, se pide como innovador lo que se combatió en otros ámbitos de la política del Gobierno. Por ejemplo, recordarán SS.SS.
el discurso tremendista y
descalificador, realizado por el Grupo Parlamentario Socialista, con ocasión de la propuesta del Gobierno de incorporar a hijos de españoles a las Fuerzas Armadas profesionales. Hoy, como una parte muy importante de esa innovación, se nos propone
la incorporación de inmigrantes regularizados, expresión exacta que es la que se ha utilizado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una cosa puede ser tan buena en un ámbito como en otro, o puede ser tan mala en un ámbito como en otro,
pero lo que no puede ser es buena en un sitio y mala en otro.
En ese esfuerzo de brevedad, quiero recordar a la señora Uría que la cuestión no es si Amnistía Internacional tiene o no credibilidad, que desde luego la tiene, sino si este informe la tiene o no, y para este grupo parlamentario este informe
no la tiene.
En el terreno del ultraeslogan, qué le vamos a decir. Si el señor Alcaraz concibe todo su discurso sobre la base de afirmar que la política del Gobierno es incompatible con la defensa de los derechos humanos, que la política del Gobierno es
xenófoba y racista y que la política del Gobierno refuerza el discurso de la extrema derecha europea, bienvenidos sean si es que el señor Alcaraz es feliz con esos ultra eslóganes, pero nos parecen una colección de despropósitos que no merece la
pena perder un minuto en rebatirla, que ya lo hacen los ciudadanos en las urnas con los resultados de todos conocidos.
En conclusión, señor presidente, primero, compartimos la improcedencia del título del citado informe; segundo, España es un Estado social avanzado y democrático de derecho que no tiene que demostrárselo a nadie; tercero, la profesionalidad
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es indiscutible y su respeto a la ley es manifiesto (convendría que todas SS.SS. recordaran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de su tarea, especialmente el control de
las fronteras exteriores, se dedican fundamentalmente a salvar vidas); cuarto, el ordenamiento jurídico español se fundamenta en el más rotundo respeto a la cultura de los derechos humanos y afirmar que existen perfiles raciales para la detención o
investigación es inaceptable y falso; quinto, el Gobierno aplica sus políticas y, desde luego, sus políticas de inmigración, desde el compromiso más pleno y más rotundo con esos derechos humanos; en sexto y último lugar compartimos de la A a la Z,
de la cruz a la raya la respuesta dada por el Ministerio del Interior a Amnistía Internacional. En conclusión, señor presidente, ese informe no casa con lo que es la sociedad española y, por tanto, nos parece irresponsable y tendencioso por
generalizador.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, el señor vicepresidente tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Voy a intentar hacer una intervención general. Primero voy a hacer unos comentarios que creo que responden a los que han hecho los distintos portavoces
parlamentarios, luego haré también algún planteamiento concreto en relación con alguna intervención que se refiere a temas más puntuales.
Casi voy a empezar por una afirmación que ha hecho la señora Uría. (Ya digo, luego contestaré uno a uno a las distintas cosas que se han señalado, pero creo que en una intervención amplia al principio puedo contestar ya muchas cosas.) Yo no
he puesto en duda, no lo he dicho, bien es verdad que usted tampoco ha dicho que yo lo haya puesto en duda, la credibilidad de Amnistía Internacional. Yo sé lo que es Amnistía Internacional, sé los informes que ha hecho, sé las cosas que dice y,
por tanto, conozco esa organización, y no he puesto en duda su credibilidad.
Buena prueba de ello es que yo le he mandado una carta a Amnistía Internacional, porque
comprenderá que con las cosas que se dicen por ahí yo no le mando una carta a todos y cada uno de las señoras o señores que se dedican a decir cosas del Ministerio del Interior o de lo que pasa en España, se lo mando a quien creo que tiene
una cierta credibilidad; por tanto, yo le he mandado una carta a Amnistía Internacional. Es un asunto que quiero dejar claro al principio de mi intervención. Quiero decir que el informe no es justo, exactamente lo mismo que les he dicho a los
responsables de Amnistía Internacional, porque hace una generalización a partir de algunos casos concretos que se producen que no es justa, y así se lo he hecho saber, y porque además en muchos casos, como también le he hecho saber en la carta que
le he remitido a Amnistía Internacional, no se ajusta a la verdad. Seguro que por desconocimiento o por error y no por mala intención, pero eso es así y voy a darles a ustedes algunas pruebas contundentes de que esto es así tanto en el caso de la
Policía nacional, como en el caso de la Policía local como en el caso de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra y de todos. Este es el segundo comentario inicial que quiero hacer.
El tercer comentario que quiero hacer es el siguiente. Yo rogaría que se contestara a lo que uno efectivamente dijera, si equis hizo una declaración hace cuatro días o la dejó de hacer o cómo fue; yo pediría que se contestara a lo que yo
digo. Yo he dicho que se producen casos, ¿cómo no voy a decir que se producen casos? Pero lo que también he dicho y reitero, y creo que la inmensa mayoría de ustedes en esa misma línea han realizado sus intervenciones, es que son casos aislados.
Quien se lea el informe, que fue lo que le dije al responsable de Amnistía Internacional, puede creer que este es un país estrafalario, lo cual es enormemente injusto.
El cuarto comentario inicial que quisiera hacer, que me parece importante, es sobre la acusación de que no se actúa (a veces se dice, es verdad que son pocos casos, pero no se actúa). Quisiera que reflexionemos conjuntamente sobre eso
porque a lo mejor podemos actuar contra una persona que es absolutamente inocente. Me parece un poco arriesgado que actuemos administrativamente contra personas -y luego me voy a referir a algunas- que han sido absueltas por sentencia judicial. Si
a alguien un juez no le condena, me parece un poco arriesgado que sea yo el que le condene por mi cuenta y riesgo, a pesar de que haya una sentencia judicial en contra. Por tanto, a veces tenemos una cierta tendencia a decir, por una parte: el
Estado de derecho y tal, no solamente uno puede ser condenado por un juez, la presunción de inocencia... pero en determinados casos parece que el Estado de derecho no debe ser tal Estado de derecho. Por tanto, la reflexión que quiero hacer sobre
este asunto es que actuemos con una cierta prudencia y que la declaración general que todos hacemos la apliquemos a todos los casos y no a los que nos gustan más o menos, porque si no podemos ser injustos, seguro que sin querer, en nuestros juicios.
Dicho esto, voy a dar algunos datos que demuestran que no es justo el informe de Amnistía Internacional. Primero, el caso de la súbdita nigeriana Julianne Dannielle. El informe de Amnistía Internacional recoge inexactitudes de importancia, y se lo
he dicho. Se afirma que fue trasladada al hospital, dice el informe, para ser tratada de las heridas que tenía en los pies. Absolutamente falso, fue tratada en el hospital debido a su avanzado estado de gestación y en el parte médico se dice que
no se observa ningún signo de erosiones, absolutamente nada.
Luego se dice que fue sometida a un interrogatorio y no fue tal, salvo que por interrogatorio se entienda conocer sus datos personales y notificarle sus derechos y trámites
administrativos. Por tanto, eso no es cierto. En cuanto a su permanencia o no en el hospital se produce una disquisición sobre por qué no permanece en el hospital. La Guardia Civil no da de alta a la gente en el hospital, lo dan los médicos y el
servicio de urgencias. En este caso a lo mejor hay una crítica al servicio de urgencias del hospital. Esta persona iba acompañada de otras cinco personas y se dice en el informe que los inmigrantes que estaban detenidos en ese momento al parecer
no fueron interrogados. Pues bien, están incluidas en las diligencias policiales las declaraciones de estos seis -no cinco, como dice Amnistía Internacional- que compartieron noche con la fallecida. En relación con este asunto el Juzgado de
Instrucción número 1 de Ceuta decretó auto de sobreseimiento provisional con fecha 8 de febrero de 1999 y archivo definitivo de la causa el 15 de marzo de 1999; es decir, ni siquiera se llegó a juzgar. Entonces, ¿me tengo que convertir yo, a pesar
de que haya una resolución judicial en contra, en el inquisidor de las actuaciones de unos funcionarios? Cuanto menos es un poco arriesgado.
Segundo asunto, caso del súbdito marroquí Mustafá Hajjaj, gran acusación de maltrato por parte de Amnistía Internacional. Pues bien, ni en la autopsia del médico forense ni en otra desarrollada 10 días más tarde por dos forenses de la
universidad de Cádiz, designados por la familia del difunto, se observó signo alguno de maltrato, además la familia se ha personado en la causa y no acusa a la Guardia Civil como autor de la muerte, sino de negligencia en la custodia del detenido.
Tercer asunto, agresiones sexuales, tres casos (Melilla, Alicante y Barcelona). En el caso de Melilla el informe refleja los hechos, tal y como están recogidos en el procedimiento judicial (es verdad, es un caso que se ha producido); ambos
miembros de la Guardia Civil están pendientes de juicio (estas cosas son así, yo he dicho que se producen casos) y de un expediente gubernativo que tenemos paralizado hasta que se dicte sentencia, tal y como establece la ley; es que lo establece la
ley, a lo mejor es que la ley está mal, pero esto es exactamente así. En el caso de Alicante se celebró juicio en el año 2000 no por explotación sexual sino por delito de cohecho y omisión del deber de socorro y
todos los guardias fueron absueltos. Si no creemos en el sistema judicial... Tendremos que creer en el sistema judicial, respetando mucho lo que diga Amnistía Internacional, pero si hay un sistema judicial que dice que los guardias son
absueltos, si los condena un informe de Amnistía Internacional o de cualquier otra organización, ¿qué tenemos que hacer, ponernos a la orden de quien los condene y decir a la autoridad judicial que no vale, que es esto lo que vale aquí? El caso de
Barcelona es también otro de agresión sexual y el informe parece que podría ser fiel a los hechos. En este momento el agente está en libertad bajo fianza por decisión judicial, que tenemos que respetar.
Tenemos otro asunto, la denuncia de una ciudadana colombiana a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía por agresión sexual, del que conoció el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid. Aquí hubo una sentencia en la que se condena al
funcionario de Policía a 12 años de prisión.
Exactamente es así.
En el caso de muerte de un detenido de nacionalidad marroquí en Ceuta (voy a abrumarles con datos) hay una investigación judicial sobre estos hechos y no hay ninguna persona en calidad de encartada ni de procesada.
A partir de ahí, yo tengo
que creer a la autoridad judicial. Alguien tiene que decir si se ha producido o no este asunto.
El caso de Antonio Fonseca, el del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife. Este juzgado dictó auto por el que se acordó el sobreseimiento.
La acusación particular recurrió dicho auto ante la Audiencia Provincial, que desestimó la
apelación y acordó el sobreseimiento provisional. Hay una resolución judicial. Es que condenar a una persona que ha sido absuelta judicialmente..., yo no soy capaz de hacerlo. Yo no sé si ustedes están dispuestos a hacerlo.
El caso de Bilbao, al que se refirió la señora Uría. Todo eso que dice usted está muy bien, y seguramente tiene razón, pero, claro, la Audiencia Provincial de Vizcaya absuelve a los tres policías y el Tribunal Supremo desestima la casación
y confirma la sentencia absolutoria. ¿Yo corrijo las sentencias de los tribunales y digo que no? ¿A pesar de que los tribunales los han absuelto voy yo a decidir lo que estime oportuno y conveniente?
Otro asunto. El caso de la ciudadana colombiana en la comisaría del aeropuerto de Barajas. Los hechos son los siguientes. En febrero de 1995, una nacional colombiana fue detenida en unión de su familia por tráfico de estupefacientes y se
le ocuparon 15 kilos de cocaína. Estando detenida comunica a la Policía de Barajas que había sido víctima de una agresión sexual. Instruidas diligencias por dicha comisaría se remitieron al juzgado de guardia, a cuya disposición fue puesto el
agente supuesto agresor. Celebrado el juicio, la Audiencia Provincial sentenció la absolución del policía. Este es el caso de una señora a la que se detiene con 15 kilos de cocaína, que presenta una denuncia a un policía por agresión sexual y por
violación, el policía es absuelto y, al final, alguien hace un informe y dice que no, que el policía es culpable a pesar de que fue absuelto y que a la persona detenida se le ocuparon 15 kilos de cocaína. Y podía estar hablando cuatro horas de
estos casos.
Por tanto, yo, señoras y señores diputados, lo que pido es un cierto equilibrio en el tratamiento de estas cosas. Y vuelvo a insistir en cuál es mi posición. No tengo nada contra Amnistía Internacional, creo que hace muchas cosas buenas,
pero también se equivoca. Porque, claro, al final, parece que hay gente, como determinadas organizaciones no gubernamentales que no se equivocan nunca. Es decir, el Gobierno se equivoca, la Policía se equivoca, el juez se equivoca, pero hay
algunos que parece que no se equivocan nunca, y a mí eso no me parece justo.
Segundo. El informe no es justo, y he dado algunas muestras de que, evidentemente, hay casos donde se equivoca. Tercero. Además, no se puede generalizar en ningún caso.
Este es un Estado de derecho democrático, como lo son los quince países de la Unión Europea. Cuarto. Se producen casos concretos. Yo he citado algunos. Casos de personas que han sido detenidas y están en prisión. En quinto lugar, yo pido mucho
cuidado a la hora de juzgar a la gente, porque vuelvo a insistir en el argumento que he dicho antes. Aquí a todos se nos llena la boca de declaraciones grandilocuentes sobre el Estado de derecho (nadie es inocente hasta que no tal..., cual...; la
prisión preventiva no se aplica...) pero, claro, luego hay algunos señores que parece que son de peor condición, y eso no es justo. Por tanto, hagamos todos un cierto equilibrio en el tratamiento de estas cosas. A partir de ahí, voy a contestar
algunas de las afirmaciones que se han hecho.
Ha habido un discurso de la portavoz socialista, señora Blanco, que en síntesis ha dicho algo así -lo voy a expresar con meridiana claridad- como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo hacen muy bien, Amnistía Internacional
naturalmente lo hace muy bien y el único que lo hace muy mal es el Gobierno, por dos razones; una, por su discurso, y otra, porque no actúa. Pues eso está muy bien, pero al igual que yo pedía equilibrio en el tratamiento del tema de Amnistía
Internacional también le pido a usted equilibrio en este asunto, porque habría que preguntar si no ¿el único Gobierno que lo hace mal es este? Porque hay casos del gobierno al que usted apoyaba, o de otros gobiernos que no tienen nada que ver con
éste. Entonces, o lo hacemos mal todos los gobiernos..., porque si no es un poco injusto que de todos los casos el único que lo hace mal sea el nuestro. Tampoco somos de peor condición. ¿O sí? Seguramente en su opinión seremos de peor condición.
Luego ha hablado del discurso, esas cosas que dice en un tono un poco enfadado. Yo comprendo que pueda enfadarse y además no está mal porque eso es señal de que una está viva cuando se enfada, pero el discurso de inmigración yo se lo voy a
reiterar. Podía dejar pasar las cosas pero no lo voy a hacer porque luego el señor
Mayoral se enfada. El discurso de inmigración que llevo haciendo desde que soy responsable de Interior es el siguiente. España y la Unión Europea pueden ser países de acogida. Pueden ser países de acogida como en su día hemos sido países
de emigrantes, sobre todo en mi tierra, y me conozco muy bien ese asunto porque casi no hay gallego que no tenga un pariente, y yo lo tengo también, fundamentalmente en América y otros en Europa, y además porque hay muchos trabajos que no
desarrollan aquí los españoles y si alguien quiere venir aquí a ganarse la vida dignamente por qué se lo vamos a impedir. Además, contribuyen al crecimiento económico. Hay más de 700.000 extranjeros cotizando a la Seguridad Social y yo estoy a
favor, lo he dicho y lo reitero aquí. Ahora, esta inmigración no puede ser infinita. Si es que es de puro sentido común. De vez en cuando hay gente por ahí que dice: papeles para todos. Pero, ¿cómo papeles para todos? Eso es absurdo. La
inmigración hay que regularla y hay que hacerla por la vía de la legalidad. Tercera idea. Hay que hacer un esfuerzo de integración, pero el esfuerzo de integración lo tiene que hacer la sociedad, y la sociedad española y las administraciones hacen
un esfuerzo de integración. Aquí hay derecho a educación gratuita, derecho a asistencia sanitaria gratuita, que es algo que los españoles tenemos desde hace pocos años, desde hace 15 ó 20 años; tienen derecho de paro, es decir, tienen los mismos
derechos que cualquier ciudadano español, pero también cabe exigirles los mismos deberes y las mismas obligaciones. Es decir, si en España la educación es obligatoria hasta los 16 años es obligatoria para sus hijos, si los tiene, que no lo sé, pero
también para los hijos del que venga de fuera, porque usted tiene derechos, pero también tiene deberes y obligaciones. Pues el que venga de fuera tiene los mismos derechos pero también obligaciones. Por tanto, integración. Y cuarto, lucha contra
la inmigración irregular. ¿Qué es lo que hemos hecho en las últimas fechas, que debiera usted felicitarme, que no sé por qué no lo hace? Yo tuve siempre claro que la política de inmigración no era una cosa exclusivamente de los ministros del
Interior porque, ¿para qué estamos los ministros del Interior? Estamos para lo que estamos. Pero la inmigración requiere una política en su conjunto y hay que atacar las causas en su raíz. ¿Por qué viene la gente a España o a Europa? No viene
porque esté aburrida. Viene porque en su país no puede llevar una vida digna y tiene que venir aquí a llevar una vida digna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hagamos un esfuerzo para conseguir que esas situaciones no se tengan que producir. Lo que
hemos intentado, por eso se ha debatido la inmigración en Sevilla, es que el eje básico de la política exterior de la Unión Europea fuera el tema de la inmigración. Por tanto, señores jefes de Gobierno, lo que les hemos pedido los ministros de
Interior, a instancias mías, que presidí aquel consejo, es que incrementen las ayudas a la cooperación, hagan políticas de desarrollo, presten ayuda técnica, ayuden a la formación... Eso es lo que hemos pedido, porque esa es la única forma de
abordar de verdad en el medio y largo plazo el tema de la inmigración.
A partir de ahí, ¿qué es lo que se ha hecho en Sevilla? Lo que se ha hecho en Sevilla es, por primera vez, tratar el tema de la inmigración en un Consejo. Hay una primera parte que se llama asilo e inmigración de principios rectores. Ahí
se dice que las medidas que se adopten a corto y medio plazo para la gestión conjunta de los flujos migratorios han de respetar el equilibrio necesario; por una parte, una política de integración de inmigrantes legalmente establecidos y una
política de asilo que respete los convenios internacionales, principalmente la Convención de Ginebra de 1951, y por otro la lucha decidida contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Y sigue: La aspiración legítima a una vida mejor
debe conjugarse con la capacidad de acogida de la Unión en sus Estados miembros y la inmigración debe canalizarse por las vías legales previstas al efecto. La integración de los inmigrantes legales en la Unión entraña tanto derechos como deberes en
lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Unión.
A este respecto reviste especial importancia la lucha contra el racismo y la xenofobia. Es que esto he pedido yo que se incluya ahí. Y usted no tiene ninguna
autoridad moral para hablarme a mí de racismo y xenofobia.
Comprendo que usted puede seguir, si quiere, en aquellos discursos de hace veintitantos años. Pero a mí, ni por familia ni por tradición ni por historia ni por actuación, me puede usted
dar ninguna clase ni de democracia ni de derechos humanos ni de nada similar; usted a mí, ninguna. Le acepto que usted y yo, iguales, pero lo demás no se lo voy a aceptar. Usted es la quintaesencia de la democracia, pero yo también, y lo siento
mucho pero eso no se lo voy a aceptar. Además, como no hay nada que pueda ponerlo en tela de juicio, lo siento mucho pero busque usted otra forma de hacer oposición. Precisamente he llevado a la presidencia europea, al último Consejo JAI de
Luxemburgo, una declaración contra el racismo y la xenofobia; la he llevado yo y la han aprobado todos los grupos políticos. Por tanto, esa es mi posición sobre este asunto. Yo no le he dicho nada a usted y usted sí que me ha dicho algunas cosas,
por lo que lógicamente tengo que poner las cosas en su sitio, porque al final cada uno es responsable de lo que dice.
Posteriormente habla de los casos concretos y estoy de acuerdo en que son casos concretos. Dice que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionan bien, y también estoy de acuerdo. Pero luego me dice que tome medidas. Antes he
dicho que hay que pensarse lo de tomar medidas cuando una persona es absuelta por un juez, aunque las cosas cambian, sin duda, cuando están condenados. También tengo que decirle una cosa. Usted tiene que ser justa a la hora de pronunciarse. Usted
me habla del señor Mamadou Kane, que es un senegalés, y dice que los autores han sido condenados
y que nadie ha hecho nada. A mí no me impute esa responsabilidad, impútesela a usted, porque estos son policías locales de Vigo, donde gobiernan ustedes y mi partido está en la oposición. Por tanto, usted no me puede imputar a mí eso.
Usted no puede venir aquí a falsear la realidad y exigirme responsabilidades, porque si no yo me tengo que defender, como es lógico, porque no voy a estar aquí para que usted haga lo que estime oportuno y conveniente y yo me quede a ver el ambiente.
Luego me dice que no se reconocen los hechos. ¡Pero si los he reconocido! Le he dicho que hay casos concretos, claro que lo he dicho, pero también le digo que no es la tónica general. Esta es la posición del Gobierno y este es el discurso
del Gobierno. Si usted se dedica a recoger las declaraciones que hace no sé quién en tal sitio o las que se publican en no sé donde, me parece muy bien, pero hace mucho tiempo que no funciono basándome en declaraciones de periódicos sino en lo que
creo que tengo que hacer. Esta es la política del Gobierno, la que explico cuando vengo aquí, la que llevo a la Unión Europea y la que intento que asuman los países de la Unión Europea cuando actúo como presidente de la Unión. Esta es la historia.
Probablemente me han podido coger alguna declaración a mí o a Fernández-Miranda o a quien quiera. Así se hacen eslóganes, se es muy efectista, pero eso no es lo serio. Esta es la política de inmigración que por fortuna han aprobado los Quince
países de la Unión, donde por cierto hay muchos que son socialdemócratas y que le dieron un respaldo muy grande a España, como el caso del ministro alemán del Interior, Otto Schily, en su día defensor de la banda Baader-Meinhof.
A casi todo lo que ha dicho el señor Rodríguez le he contestado en la intervención inicial porque sus planteamientos coincidían con los de los demás intervinientes. Es verdad que una cosa es la ley y otra cosa es la actuación policial.
Esto es exactamente así. En España las leyes en relación con estos temas son razonables, normales y pasan cualquier análisis, pero es verdad que otra cosa es la actuación policial. Lo que quiero decir -insistiendo en un argumento que he utilizado
antes- es que no generalicemos y, sobre todo, que la presunción de inocencia es para todos, porque da la sensación de que algunas personas tienen presunción de culpabilidad. El policía no tiene una presunción de culpabilidad; tendrá la presunción
de inocencia como todo el mundo. Tenemos que darnos cuenta de que esto ha evolucionado. Es decir, por definición, cuando aquí se produce algún acontecimiento en el que se ven involucrados un policía y otra persona, el policía es el que no tiene la
razón. No la tendrá algunas veces, pero creo que en la inmensa mayoría de las veces la tiene y los que no la tienen son otras personas. Sobre este asunto no sería malo hacer un debate algún día.
La señora Lasagabaster ha dicho dos o tres cosas. Ha dicho que es un informe minucioso, y estoy de acuerdo. También ha hablado de actitud defensiva. No ha habido ninguna actuación defensiva, lo que pasa es que hay cosas que un Gobierno no
puede dejar pasar, ya se lo he dicho antes.
Si a mí X me acusa de tal cosa ni contesto, pero si lo hace Amnistía Internacional no puedo dejarlo pasar. Yo soy un representante del Gobierno de España, soy el ministro del Interior, y cuando se
escriben estas cosas tengo que dar mi opinión y contarlo. Usted ha dicho que han hecho una labor excelente, y yo no estoy de acuerdo. No es una labor excelente; es una labor minuciosa, de acuerdo, pero no es excelente, y he dado unas cuantas
pruebas de que hay cosas que no son verdad. Además no pasa nada. Les hago otra reflexión: ¿Dónde está escrito que todo lo que diga Amnistía Internacional es verdad y todo lo que digan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no lo es?
Veamos todo con espíritu crítico. Está bien que la oposición vea con espíritu crítico la acción del Gobierno, pero también puede ver con espíritu crítico otras cosas, porque si no estamos en lo de siempre, en la falta de equilibrio, que es muy
importante para juzgar estas cosas. El tema de los indultos lo estudiaré; no lo conocía, pero me parece muy razonable lo que usted ha dicho.
La señora Uría me ha citado a mí y a otros cuantos al principio de su intervención en referencia a la oposición. Yo no he dicho nada de la oposición. La oposición puede venir aquí y decir lo que quiera. Yo nunca me he opuesto, hasta ahí
podríamos llegar, y además no podría oponerme a que la oposición dijera lo que estimase oportuno y conveniente. También ha hecho un comentario sobre mi comentario respecto al sistema educativo vasco, que podría ser más o menos afortunado. Si
quiere ser generosa, también podría hacer algún comentario sobre algunos comentarios de algunos de sus correligionarios sobre quien aquí les habla, porque yo a fin de cuentas no hablé de personas, hablé del modelo educativo. Siempre es mejor
criticar un modelo que criticar a la persona, y algunos correligionarios suyos me han dicho cosas bastante contundentes sobre ese asunto. En cuanto a la credibilidad de Amnistía Internacional, fíjese que he empezado mi intervención hablando de ella
y he demostrado que no era un discurso, precisamente porque he contestado a la carta. Yo no he descalificado nada de un plumazo; he dicho que este informe me parecía poco justo, pero también he dicho que hay cosas que son ciertas -y además lo
acabo de reiterar ahora- no los 139 casos. Salvo casos puntuales, creo que lo demás está respondido.
El señor Alcaraz ha hecho unas consideraciones con las que no estoy de acuerdo, lo cual no quiere decir que haya personas que piensen que es exactamente así. Le puedo asegurar -créame si quiere y, si no, tampoco pasa nada- que aquí nos
hemos preocupado mucho de hacer una política de inmigración equilibrada. Antes he explicado lo que he pretendido que aprobara la Unión Europea. En determinados momentos se pone más énfasis en el problema de las expulsiones y en otros
momentos se pone más énfasis en estas cosas. España está haciendo un gran esfuerzo, como lo está haciendo toda Europa, en relación con las personas extranjeras. El reconocimiento de unos derechos iguales a los del conjunto de los
ciudadanos españoles es un esfuerzo importante, y tenemos que decirlo. Tenemos que decir que la sociedad española, no el Gobierno de turno, está haciendo un esfuerzo importante en relación con estas personas y que muchas de estas personas también
están haciendo un esfuerzo importante; ya he dicho antes que hay más de 700.000 en la Seguridad Social. A partir de ahí no sé cuáles son las discrepancias entre el discurso que yo hago -el que yo hago, no el que usted dice que yo hago- y lo que
usted quiere señalar, pero a mí me parece normal.
España puede ser un país de acogida y la inmigración tiene que ser legal.
Yo creo que debe ser así y no creo que usted esté de acuerdo con eso que se dice ahora por ahí: papeles para todos. Eso
es imposible, nadie lo está. Hagamos un esfuerzo de integración y luchemos contra la inmigración ilegal. Es de puro sentido común; es de tal sentido común que en Europa nos hemos puesto de acuerdo todos lo partidos aunque tengamos planteamientos
tan diferentes. A partir de ahí hay 27 denuncias de 27 organizaciones. Pues seguro que las hay, señor Alcaraz, pero tampoco está escrito que las 27 tengan razón en todas y cada una de las denuncias que hacen y que los demás seamos gente
absolutamente deleznable. Yo creo que podemos tener un cierto equilibrio en las cosas. España es un país democrático. ¿Que se producen algunas cosas? Sí, pero yo no puedo estar de acuerdo en pretender convertir esto en una situación
absolutamente caótica. Yo lo veo así y así lo tengo que decir.
Probablemente me falten muchas cosas, pero he querido dar mi opinión sobre esto, que resumo diciendo, entrando solamente en este tema, que no me parece justo y así se lo he hecho saber a Amnistía Internacional. (La señora Blanco Terán pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, tiene un minuto. Tenemos que iniciar la siguiente comparecencia.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo no he pretendido dar clases a nadie, y menos a usted, pero mi tarea de oposición y las convicciones de mi grupo parlamentario y de mi partido me llevan a hacerles algunas consideraciones que ustedes no aceptan, porque
inmediatamente me contesta: pero ¿quién es usted para darme clases a mí? Yo no pretendo darle clases, señor ministro, en absoluto, no es mi intención.
Le voy a decir, con brevedad porque es importante que podamos hacer el tercer bloque de comparecencias, que usted ha insistido mucho en que el informe no es justo, ha matizado con respecto al curioso trabajo de Amnistía para luego reconocer
que efectivamente hay casos, sobre los que hemos incidido. Hemos incidido sobre todo en un tema que es importantísimo, la suspensión cautelar. No me venga a decir que los policías locales de Vigo, cuatro policías, con sentencia de la Audiencia de
Pontevedra, con sentencia firme del Tribunal Supremo, como son policías locales y el Ayuntamiento de Vigo está gobernado por un socialista, usted no tiene nada que hacer. De verdad, señor ministro, eso no cuela; directamente, no cuela. Le
parecerá que soy muy irrespetuosa, pero eso no cuela en ningún sitio. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, muchas gracias.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, sólo un momento. Quería decir otra cosa -puesto que ya no tengo tiempo- al señor Gil Lázaro, que dice que este informe diagnostica a la sociedad española. No diagnostica a la sociedad española,
diagnostica a determinados agentes que se han sobrepasado y algunos de ellos están sentenciados, diagnostica al Gobierno y diagnostica al Ministerio del Interior; no a la sociedad española, señor Gil Lázaro. Debería controlar mejor su
incontinencia verbal.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, tiene la palabra, con la misma brevedad.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Quería decirle que, para mí, ni Amnistía Internacional ni nadie tienen patente para decir que está bien todo lo que hace uno y que no está bien lo que hace otro. Por cierto,
tampoco lo que dice el Gobierno siempre está bien y lo que dice la oposición siempre está mal, señor ministro. Aplíquese también el cuento, que algo de razón tenemos a veces.
Podría rebatirle lo que ha dicho usted caso por caso, pero no lo voy a hacer porque se explica claramente cuando usted dice que no era por maltrato. Es que no fue maltrato, lo que se denunció fue negligencia en uno de los casos. Yo haría
la reflexión siguiente. Por ejemplo, en el caso de Rita Rogerio, fue violada y todo el mundo está de acuerdo, incluido el Tribunal Supremo, y usted como ministro del Interior no va a suplir lo que dicen los tribunales, ni nosotros ni Amnistía ni
nadie, pero le tendría que preocupar cómo puede mejorar los traslados, los registros de las estancias y las custodias para que no puedan producirse casos de este estilo. Es a eso a lo que vamos, a que el Ministerio del Interior -que no tiene que
suplir la labor de los tribunales, ni nosotros ni nadie-, si se han producido casos y no se han podido...
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, concluya ya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señor presidente. Esto está siendo como la caballería rusticana.
El señor PRESIDENTE: Qué le vamos a hacer. Concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, tenemos derecho a hacer una labor de control parlamentario, con todos los respetos.
El señor PRESIDENTE: Tenemos los tiempos limitados. Concluya, por favor, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En fin, visto está que no dejan hablar tampoco a la oposición.
Vuelvo a señalar que hay que tener en cuenta las recomendaciones para que no se vuelvan a repetir estos casos. Yo creo que eso sí es competencia del Ministerio del Interior.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, también muy brevemente, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, quisiera aclarar una cuestión que me parece fundamental, y es que la presunción de inocencia no lleva consigo nunca la pasividad de la Administración. La Administración tiene derecho a abrir
expedientes informativos y a tener su propia opinión sobre las circunstancias en que se pueden haber producido ciertos hechos, aunque los hechos no sean punibles, y después hay una parte que es punible desde el punto de vista administrativo, que no
tiene que ver nada con sentencias judiciales. Eso está dentro de la Ley de los funcionarios del Estado y sería muy importante tenerlo en cuenta.
Por último, señor ministro, los silencios también son significativos. Yo le he citado casos de personas sentenciadas por tortura y no sabemos muy bien cuál es la opinión sobre el ejercicio de sus funciones en un cargo actual. Eso es
indicativo también de la opacidad y de la pasividad de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, entiendo sus prisas pero me gustaría que conste en el 'Diario de Sesiones' que lamento cómo nos hacen andar en los debates. Con la extensión que nos ha respondido el señor vicepresidente, no sé
de qué norma resulta que no tengamos ahora más que un minuto para poderle contestar o puntualizar algunas de las cosas que ha dicho. No son tantas las sesiones de control en las que una tiene la oportunidad de contar con el vicepresidente, aunque
reconozco que viene mucho más que otros cargos, pero nos gustaría, aunque sean las dos menos cinco, tener una mínima posibilidad de expresar lo que queremos con alguna posibilidad de extensión. Si me cita la norma y me dice que no tengo derecho, me
callaré.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, sabe que este segundo turno está sujeto al criterio de la presidencia. Tengo mucho gusto en ofrecerles la oportunidad de añadir algo más, pero tengo que ser necesariamente estricto en los tiempos si
queremos agotar el orden del día en el plazo de que disponemos. Esa es toda la razón.
La señora URÍA EXTEBARRÍA: A lo mejor el defecto está en que hacemos unos órdenes del día muy extensos. En todo caso, voy a dejar ya las cuestiones al margen de lo que es el objeto de la comparecencia, aunque podría contestar también a
eso.
Quería manifestar al señor vicepresidente que habiendo sido muy extenso en su respuesta no ha estado muy fino en lo que a la aplicación del derecho se refiere. El bis in idem o la posibilidad de acciones administrativas una vez que hay
sentencias judiciales funciona distinto. La Ley 30/1992 dice que las sentencias penales sólo vinculan en cuanto es el reconocimiento de los hechos, no en los que pone en duda. Acreditada la violación, no acreditada la autoría, en cuanto a la
autoría hay obligación administrativa de seguir adelante con eso. En todo caso, si es el nuevo criterio del ministerio me vendría muy bien porque llevo peleando en materia de tráfico para que desaparezca como doble infracción la alcoholemia en el
Código Penal y la alcoholemia en materia administrativa, y ustedes me dicen que es por si no se acredita en vía judicial poder seguir en vía administrativa. Si ya no es así, si la teoría nueva es esta otra, modifiquemos la Ley 30 y yo feliz.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, he de decir que el señor Rajoy es el ministro del P.P. que menor tiempo dedica a la Comisión de Justicia e Interior, con mucha diferencia. Comprendo que hay que protegerle porque es uno de los
candidatos, según parece, pero ello no tiene que ir en demérito del funcionamiento de esta Comisión, porque estamos bajo mínimos y es inaceptable que no podamos ni siquiera expresarnos porque se limita el tiempo. Podíamos haber empezado a las nueve
y dejar pasar otro día la Comisión mixta, señor Rajoy. No podemos seguir así en esta Cámara porque la oposición no va a tener sentido si se siguen radicalizando las situaciones de control o de descontrol.
Señor Rajoy, el Defensor del Pueblo acaba de decir en el Senado que en el centro de Fuerteventura no es que haya una insuficiente asistencia letrada, es que no existe. Aquí tiene otro dato más respecto a la defensa de los derechos humanos.
Lo que ustedes llevaron en
principio a la Unión Europea era el castigo a los países...
(Denegaciones.) Sí. Ustedes no lo han desmentido. Solamente cuando han sido derrotados incluso por la derecha europea, por el señor Chirac singularmente, es cuando dicen que no
llevaban esta propuesta. Sí la llevaban. Eran el adalid de una situación de involución respecto a la inmigración en Europa que no les han permitido por ahora, pero van a seguir insistiendo porque es su política.
No me ha rebatido lo de los niños porque no hay posibilidad de refutarlo.
No cumplen los acuerdos que se han suscrito en esta Cámara. Denuncien los acuerdos y entonces podrá rebatírmelo, pero mientras los acuerdos estén vigentes no puede
entrar en ese terreno porque de ahí sí que no puede escaparse a una situación concretísima que no admite refutación.
Voy terminando, señor presidente. Usted ha tomado datos concretos para refutar una situación que hemos situado a veces en otro terreno y que ahora ha sido caracterizada de manera muy rigurosa por la señora Uría.
Por ejemplo, ustedes han
informado favorablemente en sentencias por tortura de cara a indultos que se han concedido el 1 de diciembre a once policías del Cuerpo Nacional de Policía y a tres guardias civiles, pero no quiero entrar en el terreno de las singularidades, de los
datos concretos, para intentar apoyar una situación general que es la que nosotros hemos enfocado.
No ha estado usted fino a la hora de refutar las cosas que aquí se le han dicho, y nosotros no es que hayamos estado finos o no, es que no se nos permite hablar con el tiempo necesario para encadenar los argumentos.
Está usted muy bien
defendido, señor Rajoy.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, dos cuestiones, una formal y otra de fondo. Es radicalmente injusto decir algunas de las cosas que se han dicho en relación con la tarea de control. A los efectos del 'Diario de Sesiones' y a los
efectos del conocimiento de los señores representantes de los medios de comunicación, desde que comenzó este periodo de sesiones esta Comisión, en su sección Interior, se ha estado reuniendo todas las semanas, en ocasiones dos y tres veces. (El
señor Alcaraz Masats: El ministro.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Alcaraz.
El señor GIL LÁZARO: Han comparecido varias veces todos los altos cargos del Ministerio del Interior. Sin ir más lejos, el lunes pasado hubo una sesión larguísima, de siete horas de comparecencia del delegado del Gobierno para la
extranjería y la inmigración, en la que por cierto no vimos a alguno de los señores portavoces que se queja de no tener oportunidades para hablar. Por otro lado, todo el mundo sabe, si es que se sabe el Reglamento, que el segundo turno es siempre
extraordinario, y todo el mundo sabe, si es que viene por aquí, que la presidencia de esta Comisión se caracteriza siempre por hacer un uso amplio en la dación de tiempos. Por tanto, aquí no se limita a nadie, salvo que uno quiera construir ese
discurso para argumentar no sé qué.
Finalmente, en cuanto a la cuestión de fondo, dentro de las aportaciones doctrinales muy importantes a la ciencia jurídica que hemos oído esta mañana ahora acabo de oír una más, la de la señora Blanco instando al Gobierno a que vulnere el
principio de autonomía municipal en relación con el caso de Vigo. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, para cerrar el debate tiene la palabra. (Pausa.)
- SI LAS CIFRAS OFRECIDAS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR EN RELACIÓN CON LAS CIFRAS DE RECLUSOS PREVENTIVOS EXTRANJEROS EN CÁRCELES ESPAÑOLAS SON CIERTAS O SE CONTRADICEN CON
LOS DATOS OFICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000818.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, pasamos al siguiente, encareciendo a todos la mayor brevedad.
Tiene la palabra el vicepresidente para que exponga lo que estime oportuno en relación con el punto 7o del orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Trataré de aportar en esta comparecencia algunos datos de especial significado sobre la evolución de la población penitenciaria que nos permitirán conocer la
realidad ante la que nos encontramos. Con carácter general hay que decir que la variaciones de la población penitenciaria son un indicador relevante de cómo un Estado de derecho reacciona frente a la criminalidad aplicando las leyes penales y
estableciendo responsabilidades individuales que en los delitos más graves supone la privación de libertad.
Partiendo de la labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales y autonómicas en la persecución del delito y del trabajo que realizan jueces y tribunales, que actúan con iguales criterios frente a
los presuntos infractores, parece un hecho claro que el aumento de la población penitenciaria guarda una relación de proporcionalidad con la criminalidad real, esto es, con el número de infracciones cometidas. Pues bien, el dato de partida es que
en los
últimos años (yo espero que luego nadie me diga nada, yo respondo a esta pregunta porque me la han hecho) se aprecia un notable incremento de los reclusos extranjeros que excede de forma importante del peso proporcional que tienen en la
población general. No pretendo ni mucho menos entablar una guerra de cifras sobre este asunto, puesto que las estadísticas permiten realizar análisis muy variados y extensos en función de los parámetros que utilicemos y en función de las
referencias temporales que consideremos. Por ello voy a tratar de trasladarles pocas cifras y que sean lo más expresivas posible. En cualquier caso, hay un hecho incontestable, y es el aumento constante en los últimos años de la población reclusa
extranjera con respecto a la población reclusa española. Voy a referirme a dos aspectos de la cuestión: en primer lugar, a la incidencia que los reclusos extranjeros están teniendo sobre la población penitenciaria general del Estado y, en segundo
lugar, a la evolución de estos reclusos extranjeros en situación de preventivos, ya que esta situación procesal está conectada más directamente con la realidad criminal en cada momento. Efectivamente, mientras que un penado, al adquirir esa
condición, puede haber cometido el delito hace años, la presunta actuación ilegal del preventivo suele ser mucho más próxima en el tiempo. Pues bien, en relación con el primer aspecto, esto es, la población penitenciaria general, hay que partir de
los siguientes datos en esta secuencia temporal. A 31 de diciembre de 1996 el número de internos extranjeros en España era de 7.263. El 31 de mayo de 2002, hace pocas fechas, este número ha ascendido a 12.478. En el periodo 1996-2002 hay en
nuestros centros penitenciarios 5.215 internos extranjeros más. En términos porcentuales, y siempre referidos a la población general, es decir tanto penados como preventivos, hay que determinar el peso de la población reclusa extranjera sobre la
población reclusa general. En 1996 los extranjeros representaban un 17,3 de la población general; en el año 2002, el 19,9 y el 31 de mayo de 2002 la cifra alcanza el 24,6, es decir, aproximadamente la cuarta parte del total de la población
reclusa. Estos datos nos permiten afirmar, sin duda alguna, que el crecimiento de la población reclusa extranjera es permanente y continuo en los últimos años, con un repunte significativo desde el año 2000, con 1.090 reclusos extranjeros de
incremento neto, que se agudiza el año 2001 con un crecimiento neto de 2.150 internos extranjeros.
En relación con la segunda cuestión que antes señalaba, que es la más importante, es decir la población preventiva, hay que destacar que los datos son aún más reveladores de esta tendencia al crecimiento de la población reclusa extranjera y
ello porque el ingreso de un interno preventivo a disposición del correspondiente juzgado o tribunal se da, por lo general, en un momento más próximo a la comisión del presunto delito, con los indicios que justifican la aplicación por el órgano
jurisdiccional de la medida cautelar de prisión provisional. Es decir, normalmente el preventivo es una persona a la que se detiene y entra en prisión, por tanto es el que más próximamente a la fecha ha cometido delito. Esta circunstancia, sin
perjuicio, por supuesto, de la presunción de inocencia, refleja la criminalidad real en la calle en un periodo de tiempo concreto y de ahí la importancia de abordar su análisis. Este aspecto tiene una segunda lectura en cuanto a la valoración que
podamos hacer sobre la eficacia policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no sólo han logrado detener y poner a disposición judicial al presunto infractor, sino también aportar un bagaje probatorio de indicios que permiten
justificar el encarcelamiento provisional del detenido. Desde esta perspectiva que acabo de señalar, me voy a referir primero al año 2001 en datos globales y después el año 2002, como último dato disponible que tengo, para darles a conocer la
incidencia de preventivos extranjeros con respecto al total de preventivos en nuestros centros penitenciarios. Durante el año 2001 -me refiero sólo a población reclusa preventiva; no al penado sino al preventivo- el incremento de extranjeros
preventivos fue de 913. El incremento total fue de 767, pero los preventivos españoles descendieron en 146 internos. Es decir, en el año 2001 el número de preventivos creció en 767, de los cuales 913 eran extranjeros y -146 eran españoles. Esto
significa que los preventivos extranjeros asumieron todo el crecimiento de los reclusos preventivos más el descenso que en ese año tuvieron los internos preventivos españoles, lo que traducido en porcentaje significa que el incremento de reclusos
preventivos extranjeros durante el año 2001 fue del 119,03 por ciento.
Respecto al año 2002 voy a darle los datos del mes de mayo y, respecto a los internos, sólo de los que gestiona la Administración central, aquí no incluyo Cataluña. En el mes
de mayo, el incremento de población reclusa preventiva fue de 176 internos en total, de los cuales 159 eran extranjeros y 17 españoles. El incremento de los preventivos extranjeros en este mes de mayo supone un porcentaje del 90,34 respecto al
total de ingresos preventivos.
Analizados los datos -que los cuento porque me los preguntan, tengo que recordarlo-, voy a realizar una serie de consideraciones finales.
Primero, la incidencia de los reclusos preventivos extranjeros sobre el total de preventivos depende
del tiempo que tomemos como referencia, porque la evolución de la población preventiva es muy fluctuante de unos periodos a otros, pudiendo representar de un 60 por ciento -en algún mes el aumento fue de sólo el 60- a un 119, que fue el total de
todo el año 2001. Segundo. El importante aumento de la población reclusa extranjera es un hecho cierto y su altísima prevalencia respecto a la población reclusa española no se corresponde con su parte porcentual del total de la población de
España, pero esta prevalencia no es exclusiva de los extranjeros. Si en un análisis puramente sociológico escogiésemos colectivos como
los toxicómanos o como las personas que no han finalizado sus estudios primarios, comprobaríamos que, en mayor o menor medida, se produce el mismo hecho: que estos colectivos están sobrerrepresentados en las cárceles en comparación con el
peso específico de la población general en España, y lo mismo ocurre en los países de nuestro entorno.
El siguiente comentario que quiero hacer es que el hecho de exponer estos datos no significa que el Gobierno se dedique a criminalizar a los inmigrantes, como en algunas ocasiones se ha dicho por parte de algunas personas. Los datos son
datos y sobre ellos yo no quiero añadir ningún juicio de valor. Lo que es evidente es que no pueden ser ocultos porque me están preguntando y, por tanto, tengo que contarlos.
Quiero hacer una consideración general sobre este asunto, que completa el amplio panorama de cosas que he tenido que decir a lo largo de esta mañana en mis distintas comparecencias. Sobre ciudadanos extranjeros, en primer lugar, la inmensa
mayoría de los que llegan a España son gente honorable y normal. Están significados en esas más de setecientas y pico mil personas que cotizan a la Seguridad Social, que trabajan, se integran y viven normalmente; dato que he repetido hasta la
saciedad en mis discursos y que vuelvo a señalar ahora.Hay un segundo grupo de personas que son mafias que han venido fundamentalmente de países del Este de Europa y de zonas sudamericanas, de las cuales se han practicado importantes detenciones y
contra las que hay que seguir trabajando. Esto es algo que se está produciendo en todos los países de Europa y de ahí que una de las decisiones que hayamos tomado a lo largo de la presidencia española fue darle a Europol como prioridades la lucha
contra el terrorismo, la lucha de tráfico de seres humanos y la lucha contra la delincuencia organizada; curiosamente los tres grandes temas que tenemos en este momento: delincuencia, organizada, trata de seres humanos y terrorismo. Hay un tercer
dato, que es la inmigración irregular que en numerosas ocasiones provoca marginalidad que acaba llevando al pequeño delito, al hurto y al robo, porque hay gente que no tiene para vivir. La señora Gallizo Llamas: Hay que hacer política social.) Sin
duda alguna hay que hacer política social, pero la competencia en esta materia la tienen las comunidades autónomas y no el Ministerio del Interior. Al final cada uno que asuma sus propias responsabilidades. (Rumores.) Es bueno que todo el mundo
tenga claro las responsabilidades que tiene cada uno, porque es evidente que el Ministerio del Interior es el Ministerio del Interior.
Esta es mi posición sobre este asunto. Es la respuesta a la pregunta que se me ha hecho y cómo veo yo la política de inmigración. Aquí sólo he hecho referencia a un tema muy concreto y determinado, pero en esta mañana he explicitado con
meridiana claridad cuál es mi posición en materia de inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, una cosa es lo que nosotros preguntamos y otra lo que usted responde, que no tiene nada que ver con lo que he preguntado. No se extrañe, porque me parece que es una táctica -y no lo digo en términos
ofensivos- muy gallega. No me entiendan mal porque yo tengo una enorme simpatía a todos los gallegos, incluso a los adversarios políticos. S.S. no ha contestado a lo que le he preguntado.
Ha hecho una parte teórica con unos datos globales, unas
consideraciones genéricas, una clasificación de los extranjeros en honorables, mafiosos e irregulares... Hasta ahí, todo muy claro. Vamos a llevar esta clasificación a la Sociedad de Autores para que quede constancia que es del señor Rajoy, que es
muy brillante y pone las cosas absolutamente en claro.
Yo no le he preguntado esto, señor Rajoy. Le he preguntado por algo muy concreto, que se refiere a que nos clarifique si unas afirmaciones hechas por el presidente del Gobierno y por usted mismo en esta Cámara son ciertas o no, si
corresponden a la realidad o no. De la contestación que ha dado S.S. deduzco que en aquella ocasión no dijeron cosas ciertas, que aquello fue un embuste. Permítame que diga esta palabra tan gruesa, pero creo que fue un auténtico embuste. Cuando
sale el señor Aznar y dice: El incremento de presos preventivos durante los tres primeros meses de este año ha sido el 89 por ciento, al parecer estaba mintiendo, porque S.S. no ha sido capaz de poner esa cuenta sobre la mesa, que es lo que yo le
he pedido: ponga usted la cuenta sobre la mesa, y no lo ha hecho. Cuando S.S. ha dicho que no era el 89 por ciento, obviamente usted no desmentía al presidente del Gobierno, ni se atreverá; es lógico que siendo ministro suyo no lo desmienta
tajantemente. Pero usted atribuyó en ese mismo período un crecimiento de nuevos presos preventivos extranjeros en un porcentaje del 74 por ciento. Eso es cierto, figura en el 'Diario de Sesiones' y es bien evidente. Señor Rajoy, lo que usted dijo
que correspondía a dos meses, el señor presidente del Gobierno lo había atribuido a tres meses. Usted dijo: fue el 89 por ciento de crecimiento durante enero y febrero, y luego aparece el presidente del Gobierno y dice: no; enero, febrero y
marzo fue el crecimiento del 89 por ciento.
¿Esto qué quiere decir? Aparte de esta confusión que se origina, sobre todo cuando máximos responsables políticos manejan cifras con tanta alegría y tanta desconsideración, se produce un desconcierto público, pero creo -llevo suficiente
tiempo en política para saber que las cosas a veces no tienen esa inocencia o esa circunstancia coyuntural que se le quiere dar- que esto obedece a algún motivo que tendremos que analizar.
¿Por qué miente el Gobierno? Esa es la pregunta. Aquí el
Gobierno ha mentido. Le cuento por qué afirmamos que el Gobierno ha mentido. Según los datos oficiales de las estadísticas de internos extranjeros
aportados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, (aportadas no, encontradas, porque que algún organismo público de su ministerio aporte datos va resultando complicado y difícil, y aprovecho la ocasión para recordarle que
está en deuda con un servidor pues le he pedido información sobre las empresas privadas de seguridad hace ya más de tres meses y hasta la fecha no la tengo (El señor Gil Lázaro: No es cierto.). Sí lo es), según los datos oficiales de estadística
de internos extranjeros -decía-, el 28 de diciembre de 2001 había 47.548 internos, de los cuales 10.323 eran preventivos; el 29 de marzo de 2002 había 49.597 internos, de los cuales 11.164 eran preventivos. El número total de preventivos se
incrementó en 841 durante el primer trimestre del año 2002.
¿Qué pasa con el número de preventivos extranjeros? El 1 de enero de 2002 había 4.772; el 29 de marzo de 2002, tres meses después, había 5.219; es decir, en tres meses se había incrementado en 447 presos preventivos extranjeros. El 53
por ciento de los nuevos reclusos preventivos eran extranjeros; no el 89 ni el 74 por ciento. Esto es lo que le he preguntado y lo que tiene que aclarar aquí hoy. Si me lo aclara yo retiraré lo que he dicho anteriormente en materia de embustes.
Y no voy a seguir ahora con más teorizaciones o datos sobre muchas cuestiones que quisiera aportar, pero que serán objeto de tratamiento en una comparecencia que le hemos solicitado, señor Rajoy, sobre materia penitenciaria, porque aunque usted no
se lo crea, también es ministro en esta área, para regir la política penitenciaria. Queremos recordárselo.
Por eso queremos que venga y nos informe sobre la situación en la política penitenciaria, que empieza a ser ya muy preocupante por el
hacinamiento, la saturación, el estancamiento de inversiones y la falta de infraestructura.
Con esto voy a acabar. Este desaguisado en que se maneja el Gobierno en esta materia, y particularmente estas afirmaciones que han resultado, por lo que parece, inciertas, obedece a que las tres políticas que maneja S.S. están en una
situación de franco desastre. La política de inmigración, fracaso en el control de fronteras, etcétera. Se lo dije el otro día al señor delegado del Gobierno: Usted nos acusa de que queremos las puertas abiertas, pero yo le digo que usted tiene
las puertas podridas. Según sus datos, tendría que haber 200.000 ilegales en este país, pero ustedes no saben los ilegales que hay. Pueden ser 200.000 ó 800.000. Él me reconoció que cuando se hizo la regulación anterior, parece que había 600.000,
pero no lo sabía nadie. Se ha debido saber a posteriori. Ha fracasado el plan Greco porque es una fantasía que no sirve para nada y a las pruebas me remito. No hay integración de ningún género, ni políticas de integración, ni políticas sociales
que dirija el Gobierno, salvo echar la culpa...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTES: Acabo rápidamente. Salvo echar la culpa a las comunidades autónomas y a los municipios. Ha fracasado la política de seguridad ciudadana. Hay un incremento de delincuencia reconocido de un 10 por ciento y un
fracaso total de la estrategia básica del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, el Plan Policía 2000. Sobre política penitenciaria, lo que le he dicho anteriormente: prisiones a tope e imposibilidad de ciertos tratamientos penitenciarios.
Esta es la realidad.
Señor Rajoy, no quiero tener un gobierno sobre el que aletee la sombra de la sospecha de que está utilizando actuaciones y diciendo cosas que no son ciertas, porque luego tienen una repercusión pública grave. Aunque usted no lo crea -y
quizá lo haga con otra intención-, estas afirmaciones que atribuyen a los extranjeros unos incrementos exagerados de criminalidad, que es lo que en el fondo han querido decir, originan situaciones que, poco a poco, están explosionando en este país.
Cada vez hay más agresiones, enfrentamientos y manifestaciones de carácter xenófobo, y algo tiene que ver el Gobierno con esta cuestión. Es importantísimo que el Gobierno deje de decir estas cosas. Y, ocurra lo que ocurra, no llamarse a la
ignorancia; esa angelical actitud de decir: yo no tenía nada que ver con esa cuestión. Ese es el tema, señor Rajoy.
Si puede clarificarlo el Gobierno, que lo clarifique, y si no, quedará como un embuste más de los muchos que estamos oyendo en
los últimos tiempos. Véase el caso del señor Cabanillas, que el otro día, a las 7,30 de la mañana, ya negó la existencia de una huelga.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo parlamentario coincide con una apreciación que hacía el vicepresidente primero del Gobierno, cuando afirmaba hace unos minutos que los datos son los datos, y creo que los que ha aportado son objetivos, pero
que no debe criminalizarse a la inmigración por los datos en sí. Quería hacer hincapié en este aspecto.
Señor ministro del Interior, junto a estos datos, existen otros que revelan que la cifra de extranjeros que se dan de alta en la Seguridad Social en España va en aumento. Son personas que trabajan y cotizan y, por tanto, estoy de acuerdo
con usted. Estos datos de la población penitenciaria revelan un problema creciente de personas que llegan desde la marginalidad y que no logran una integración. Todos los poderes públicos debemos trabajar para que esto no sea así, pero debemos
cuidar mucho también que estas cifras no sirvan para fomentar el racismo o actitudes contrarias a la inmigración. Le pido la máxima pedagogía y que se cumpla lo que usted afirmaba hace unos minutos, que no criminalicemos a la inmigración. Es
cierto que los datos son objetivos. Mi grupo no comparte que ustedes
estén alentando el racismo. No me ha parecido que lo haya hecho en su intervención. Por tanto, aquí también quiero mostrar un punto de discrepancia con la intervención de la anterior portavoz. Pero, repito, debemos hacer esa mayor
pedagogía, aportar cifras positivas de la inmigración en cuanto a los puestos de trabajo que a veces no se cubren con nacionales, porque la inmigración está contribuyendo con muchísimos aspectos positivos que debemos destacar.
Un último extremo es el relativo al tema penitenciario. Vamos a aprobar en breve los juicios rápidos. Ha sido un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, concretamente de Convergència i Unió, que fue uno de los principales grupos que
impulsó esa respuesta judicial abreviada, rápida, instantánea casi en algunos aspectos ante pequeños hurtos y pequeñas faltas. Sé que el Gobierno, el ministro del Interior y todo su ministerio han estado detrás de este impulso. Sin duda, los
juicios rápidos van a provocar sentencias rápidas y también quizá un aumento de la población penitenciaria. Quisiera preguntarle al ministro del Interior, como responsable en ámbito de la Administración general del Estado de la política
penitenciaria -sabe que en Cataluña esto depende del departamento de Justicia, pero aquí depende del Ministerio del Interior-, cuáles son las previsiones en cuanto a aumento de las infraestructuras penitenciarias para poder dar respuesta a la
aplicación de esos juicios rápidos y la aplicación de una consideración distinta al delincuente habitual. Ese trato distinto a la habitualidad, a la multirreincidencia va a provocar también un aumento de la población penitenciaria. Nos gustaría
conocer cuáles son sus previsiones al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Voy a plantear cuatro cuestiones muy breves. En primer lugar, la más elemental educación democrática me impide emplear las palabras gruesas habituales en el señor Mayoral. Por tanto, no hablaré de embustes, pero sí
diré que no es cierto lo que afirma el señor Mayoral sobre que no se le hayan contestado sus preguntas. Es rigurosamente falso, y la prueba de ello es que el señor Mayoral ha presentado un escrito en el registro de la Cámara diciendo que no le
gusta cómo le han contestado esas preguntas. Esa ya es una cuestión de opinión del señor Mayoral. Pero que el señor Mayoral diga aquí, con la ligereza con que lo ha hecho, que no se le han contestado esas preguntas, cuando ha presentado un escrito
de protesta diciendo que no le gusta cómo le han contestado las preguntas, me parece que se comenta por sí mismo.
(El señor Mayoral Cortés: ¡Por eso he protestado!)
En segundo lugar, el señor Mayoral no es que no quiera entender, es que no entiende nada, y ese es el problema. No entiende que las cifras son ciertas cuando se miden con referencia a dos meses; que las cifras son ciertas cuando se miden
con referencia a un mes más, tres meses; y que las cifras son ciertas cuando se miden con referencia a dos meses más, cinco meses. Eso es muy elemental, está en el sentido más elemental de las cosas. Pero a veces no es que no se quiera entender,
es, sencillamente, que no se puede entender.
Tercero, en lo que se refiere a la política penitenciaria, me parece magnífico que el señor Mayoral se interese ahora por la política penitenciaria. Le recomiendo, en términos casi de clásicos en esta Cámara, las numerosísimas referencias
que hay en el 'Diario de Sesiones' de los debates que protagonizamos su hoy secretario general, señor Zapatero, y modestamente yo mismo como portavoces respectivos de nuestro grupos en el período 1993-1996. Se lo recomiendo porque podrá establecer
un elemento comparativo muy claro sobre lo que era la situación de la política penitenciaria y de la Administración penitenciaria en el período 1993-1996 y lo que es hoy. Para facilitar a S.S. la tarea, en aplicación de ese principio tan cristiano
de enseñar al que no sabe, le recomiendo que se lea, ya que no tuvo a bien honrarnos con su presencia, la recientísima y amplia comparecencia del director general de Instituciones Penitenciarias ante esta Comisión (La señora Gallizo Llamas: Ya la
hemos leído.), a requerimiento de este diputado y de este grupo parlamentario, en donde se hizo un diagnóstico bastante exhaustivo de cuál es la situación de la política penitenciaria. En todo caso, le recomiendo esas dos referencias como bagaje a
fin de que S.S. pueda ajustar mejor su discurso en esa futura comparecencia que nos anuncia.
En cuarto y último lugar, señor presidente, emplear la expresión puertas podridas referida a Interior, es una temeridad, sobre todo viniéndose de donde se viene. Como conclusión, tengo que decirle al señor Mayoral que esté tranquilo, que no
se inquiete, que la época de los gobiernos bajo sospecha en materia de Interior es, afortunadamente, cosa del pasado.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): No tengo muchas más cosas que aportar.
Quiero insistir en dos o tres ideas que me preocupan. Primero, los números son los que son. No se trata de hacer un debate sobre números o de decir: voy a chinchar; los números son los que son, y no son buenos. No soy partidario del
debate de números. El número de presos preventivos aumentó el año pasado en un 119 por ciento; había muchos más presos preventivos, pero había muchos menos españoles. Este año, el dato que tengo es del mes de mayo y es del 90 por ciento; es
decir, de los preventivos que han entrado, el 90 por ciento son extranjeros y el 10 por ciento, españoles; según los datos que tengo, en los tres primeros meses,
un 74 por ciento. Es verdad que se atribuyó lo de dos meses a tres; pero eso no es como para montar una escandalera y decir que el Gobierno falsea datos, porque el Gobierno no falsea datos y cada uno se puede quedar feliz con lo que
quiera. Lo importante no es eso; lo importante es que hagamos pedagogía -y en esto coincido con el señor Jané-. No se puede faltar a la verdad con la gente, no tiene ningún sentido. Esto es verdad, pero lo que hay que explicarle a la gente es
que hay 700.000 personas más en la Seguridad Social, que hay mucha gente que contribuye al crecimiento económico, que hay gente que puede vivir dignamente, que somos país de emigrantes y que muchísima gente lo ha sido.
Dice usted que hago clasificaciones, y hace una gracia con ello. No son clasificaciones. Es verdad que hay mafias que han venido de países extranjeros, personas a las que no se puede calificar de inmigrantes; es verdad que la inmigración
irregular provoca marginación y que esta lleva a la delincuencia. Es verdad, no hago ninguna clasificación; eso es así y es de sentido común. Sin duda, los juicios rápidos pueden ser muy importantes en cuanto a la reincidencia. Y, en cuanto a
las cárceles, no estoy en condiciones de relatarle ahora todas y cada una, pero sí que inauguraremos próximamente una en Alicante. Estamos intentando construir otras, y tengo que decir que con enormes dificultades para conseguir solares. La gente
dice que hay que construir cárceles, pero luego nadie da ninguna facilidad; nadie quiere una cárcel como nadie quiere vertederos, u otras cosas, en su municipio. Aquí tenemos que actuar todos con responsabilidad. Hay sitios donde tengo auténticas
dificultades para ubicar una cárcel, y llevo meses intentando negociarlo. En unos sitios se opone un grupo de concejales, y en otros, otro diferente; siempre se opone el grupo de la oposición al alcalde de turno. Por lo visto, esa es la dura
realidad de la vida. ¡Qué le vamos a hacer!, para eso estamos, entre otras cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, brevemente, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sí, seré breve.
Antes dije que el señor Gil Lázaro estaba haciendo esfuerzos enormes como turiferario del Gobierno, y constato que está dando el do de pecho hasta el final. Quiero hacer sólo un matiz, para que las cosas queden claras: las diferencias del
período socialista respecto al período popular son notables; pero muy notables a favor del período socialista y muy negras en cuanto al período popular. El período socialista significó la construcción de toda esta infraestructura, y la mayor parte
de las prisiones que ha inaugurado el Gobierno popular obedecen a un programa elaborado por el Gobierno socialista y a su esfuerzo inversor; eso es una realidad que nadie podrá negar.
Dice el señor ministro que los números son los que son; evidentemente, es una afirmación en la que estamos totalmente de acuerdo usted y yo. Hemos oído su reconocimiento, y reconozco su nobleza: el 74 por ciento de dos meses se atribuyó a
tres meses. Ha reconocido usted que ha habido un baile, un manejo de cifras. Que haya sido intencionado o no... Yo creo que ha sido intencionado, y usted considera que no. Con relación a hacer pedagogía, faltar a la verdad es la peor pedagogía
que se puede hacer porque es antipedagógico y, desde luego, cuando la hace el Gobierno, es terrible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, con suma brevedad.
El señor GIL LÁZARO: Después de escuchar al señor Mayoral sobre sus conceptos de lo blanco y de lo negro, de las sombras o no sombras, me surge una duda. Creo que tiene mucha razón cuando dice que hay una notabilísima diferencia entre el
período socialista y el período popular en materia de política penitenciaria y de administración penitenciaria.
Por ejemplo, en el período popular las cosas parece que van razonablemente bien en el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios; en el
período socialista, antiguos responsables de dicho organismo han sido condenados por sentencia firme por un fraude de más de mil millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, sólome restadar las gracias al señor vicepresidente.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.