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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 424, de 20/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 424
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 20 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias de personalidades al objeto de informar sobre el proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones. (Número de expediente 121/000064.) ...
- Del señor vicepresidente del Consejo de Formación Profesional y representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el Consejo (Del Castillo Rodríguez). (Número de expediente 219/000306.) ...
- Del señor secretario general de FETE-UGT (Copa Novo). (Número de expediente 219/000307.) ... (Página 13723)
- Del señor secretario de la Comisión Intersindical Galega (CIG) de Enseñanza (Anxo Luozao Rodríguez). (Número de expediente 219/000308.) ... (Página 13732)
- De la señora presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA (Vaquero Gómez). (Número de expediente 219/000309.) ... (Página 13739)
- Del señor presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes, CANAE (García Díaz). (Número de expediente 219/000310.) ... (Página 13745)
- Del señor vicepresidente del Consejo General de Formación Profesional y representante de Comisiones Obreras, CCOO, en el Consejo (Marchán Redondo). (Número de expediente 219/000311.) ... (Página 13750)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS CUALIFICACIONES. (Número de expediente 121/000064.)
- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EN EL CONSEJO (DEL CASTILLO RODRÍGUEZ). (NÚMERO DE EXPEDIENTE 219/000306.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días, señoras y señores diputados. Continuamos en la mañana de hoy las comparecencias en relación con el proyecto de ley de formación profesional y cualificaciones que iniciamos en el día de ayer. De acuerdo con el orden del día
corresponde ahora la de don Mariano del Castillo Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Formación Profesional y representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el Consejo, a quien doy la bienvenida a esta
Comisión. Las reglas de estas comparecencias consisten en una primera exposición del compareciente -yo le pido que no se extienda más de un cuarto de hora-, después los portavoces de los grupos parlamentarios le formularán las preguntas o las
observaciones que estimen oportunas y luego el compareciente tendrá oportunidad, en un segundo momento, de contestar lo que considere conveniente a los señores portavoces.
Sin más preámbulos, don Mariano del Castillo tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EN EL CONSEJO (Del Castillo Rodríguez): Buenos días.
Quiero agradecer a la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte la llamada que ha hecho a nuestra organización para realizar esta comparecencia en relación con el proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones.
Me parece conveniente comenzar explicando brevemente cómo está constituido y cómo funciona el Consejo de la Formación Profesional, aunque ustedes quizás ya lo conozcan. Desde su fundación el consejo ha sido un órgano de participación de
agentes sociales y administraciones, en el que CEOE y CEPYME han estado representadas debidamente. El consejo inicialmente estaba restringido exclusivamente a las administraciones centrales, pero en la última versión se amplió a las comunidades
autónomas, dando también la posibilidad de que la permanente del consejo integrara una representación de las mismas para que pudieran acudir cuantas comunidades quisieran aunque en ese momento no fueran representantes. Desde mi larga permanencia en
el consejo no recuerdo que haya habido ninguna votación.
Puedo decir que ha sido un órgano de gran consenso en el que las cuestiones se han resuelto de una manera amigable y cediendo; esta es la cultura actual que tiene nuestro órgano. Para su
funcionamiento se suelen hacer grupos de trabajo que permiten preparar borradores para buscar puntos de consenso y de acuerdo fuera de los grandes momentos de las reuniones de la permanente y del pleno. En este contexto se han manejado
habitualmente tres grupos que hemos denominado A, B y C. El grupo A fue el primero que empezó a trabajar -desde el principio ha sido el que más ha trabajado- y se ocupó de preparar el segundo programa nacional de formación profesional. Este grupo
preparó este documento denominado Nuevo programa nacional de formación profesional. En la primera etapa del
consejo se elaboró el primer programa y éste se ha elaborado en la segunda. El texto que preparó el grupo fue aprobado por la permanente y posteriormente por el pleno. No recuerdo que tuviera ninguna enmienda, por lo que se aprobó con las
mismas palabras. De hecho, si alguna vez ustedes tienen la debilidad de leer este texto del nuevo programa comprobarán que está muy mal escrito. A mi juicio esto se debe al grado de consenso que hubo y las interpelaciones, sugerencias, enmiendas,
adiciones o sustracciones, es decir, todos los cambios iban quedando reflejados de una manera que al final a cualquier persona experta en lengua le parecerá un poco preocupante la salud mental de los consejeros y, sin embargo, realmente refleja el
estilo de trabajo del consejo, lo que me parece importante resaltar. Posteriormente, el grupo A intentó establecer una norma básica que elevara este programa a un rango normativo y que sirviera por tanto para hacerlo eficaz ya que el consejo, que
es un órgano de participación y de consejo, no tiene poder y por tanto no tiene esa capacidad. Ese intento fracasó y ahora estamos viendo el final de ese proceso, que es este proyecto de ley que trata de reflejar ese consenso.
Como he comentado anteriormente en el consejo existen otros grupos: un grupo de indicadores de seguimiento del programa y un grupo de información y orientación que trata de desarrollar aspectos del programa esbozados aquí. Es bueno
recordar que en esos grupos han estado representados todas las personas que forman parte del consejo: administración central y autonómica, sindicatos y empresarios. Para precisar, en el desarrollo del texto del segundo programa la composición del
grupo fue la siguiente. Por parte de la Administración central estaban los ministerios de Educación y Trabajo; por parte de las comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña; por parte de los agentes sociales: Comisiones Obreras, UGT, CEOE y
CEPYME. Estas ocho personas representaban a sus organizaciones y, por tanto, al consejo. En ese período aprendí muchísimo de las comunidades autónomas, como por ejemplo las formas adecuadas y las no adecuadas de expresar las cosas que permitían
realmente llegar al consenso. Hay palabras y formas de hacer que entendimos que eran posibles y otras que herían sensibilidades, por lo que aprendimos a no herir sensibilidades y hacer lo que nos parecía oportuno a todos. En el trabajo de ese
grupo hubo un gran consenso y ninguna dificultad, lo que recuerdo todavía con asombro. En la práctica el proyecto de ley trata de prolongar el consenso obtenido en este programa -nosotros lo hemos visto así- y les voy a citar cuatro puntos que lo
reflejan.
El artículo 6 del proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones se refiere a la colaboración con las empresas. Los empresarios somos más sensibles a esta cuestión. En ese artículo 6, puntos 1, 2, 3 y 4,
colaboración con empresas, se encuentra básicamente reflejado lo que establece el programa en la página 34 sobre esta misma cuestión en el punto 2.2.b), Medidas, titulado Formación en centros de trabajo, que comienza diciendo: Suscribir acuerdos o
convenios de colaboración entre las administraciones educativas o laborales y las organizaciones empresariales, etcétera. Todos los contenidos, enfoques, etcétera, del artículo 6 nacen de este punto 2.2.b), Medidas, en la página 34.
El artículo 8, que es muy importante en todos los términos de evaluación y acreditación de capacidades de los trabajadores, se encuentra reflejado en la página 33, en el punto 2.1.3, Regulación del sistema de correspondencias,
convalidaciones y equivalencias. El proyecto de ley trata de reflejar lo que hemos acordado en el consejo.
El artículo 11.7, Centros de referencia nacional -que me parece que ha sido debatido- se encuentra reflejado en la página 40, en el punto 2.4.3.b), Medidas. Tiene interés resaltarlo porque responde exactamente a lo que dice el programa:
Para mejorar la calidad de los recursos se potenciarán los centros de formación, innovación y desarrollo de la formación profesional. (Dichos centros ya existen por parte del Ministerio de Trabajo en todas las comunidades mediante acuerdos con las
mismas. Se trataba de hacer una red integrada de estos centros.) A efectos de realizar un catálogo de los centros de innovación y desarrollo de las familias profesionales se facilitará, en un plazo de tres meses, a la secretaría general del consejo
la información necesaria con la participación de las comunidades autónomas. Insisto en la presencia de las comunidades autónomas en la preparación de este texto. Estas palabras son fruto del consenso, no son una imposición de nadie, por eso digo
que el proyecto de ley refleja muy fielmente muchos aspectos, incluso literales, del programa.
El artículo 15, Organización de la información y orientación, está reflejado en el objetivo 3.º del programa, en la página 36, que establece desarrollar un sistema integrado de información y orientación y que señala exactamente los
colectivos a los que debe facilitarse, quién debe hacerlo, a quién corresponde la competencia. El grupo de trabajo que integramos -porque todo el mundo colaboró- el segundo programa hizo un esfuerzo de síntesis de todo su pensamiento y de
anticipación acerca de lo que sería necesario para un escenario como el que se dibuja en un modelo europeo de movilidad de trabajadores, de necesidades de cualificación y de acreditación de todo el mundo. Con todo esto quiero señalar que el
proyecto de ley y el programa tienen enormes correspondencias.
¿Cuál ha sido la postura de la CEOE en torno al proyecto de ley? A lo largo del desarrollo de este proyecto -no ya del grupo de trabajo, donde ha quedado claro el consenso que teníamos- hemos hecho numerosos comentarios y aportaciones. No
sé si se puede afirmar que nuestra organización ha hecho más comentarios que otras, pero hemos llenado una gran cantidad de
folios con comentarios y muchas concreciones: cambiar esta palabra por otra, añadir aquí una coma, mejorar el contenido, etcétera. Se trataba de muchas cosas específicas y algunas genéricas que afectaban con diversa fortuna al conjunto del
proyecto según se iba desarrollando poco a poco.
Al final, en el texto del proyecto de ley hemos encontrado reflejadas algunas de esas cosas y otras no. Hemos tratado de consensuar temas que incluso no habíamos debatido, y les voy a poner algún
ejemplo que puede servirles. Nosotros nos hemos venido oponiendo muy firmemente a que se pudiera incluir en el proyecto de ley una referencia que pareciera vincular la formación a la negociación colectiva. Eso es algo que hemos defendido
exactamente hasta el final. Sin embargo, en el artículo 15.2, si ustedes lo repasan, hay un segundo párrafo en el que se explica cómo las cualificaciones, el sistema y todo lo demás deben servir a los negociadores respetando su iniciativa,
respetando la autonomía de las partes que negocian. Ahí aparece la expresión negociación colectiva.
Nosotros teníamos una gran dificultad para aceptar ese término. Al final lo hemos consensuado, como el resto de los temas, y por eso se ha
incluido. No nos hemos opuesto frontalmente, sino que hemos aceptado su inclusión. Otro ejemplo que les puede servir para comprender nuestra postura es el modo en el están siendo defendidos los elementos del segundo programa o de este proyecto de
ley ahora mismo en toda Europa por los agentes sociales, no sólo por los empresarios. Hay un documento reciente sobre diálogo social europeo -la última fecha que tengo es el día 11 de febrero- en el que se dice que el diálogo social tiene las
referencias que contienen nuestro proyecto de ley y nuestro texto del segundo programa, y se añade un ejemplo, como anexo a ese documento, que explica el proyecto de ley español. Es decir, no se habla de Finlandia, sino que el caso que se pone como
ejemplo es el español; además, es un ejemplo en una cumbre de agentes sociales europeos. En ese contexto es en el que se está trabajando nuestro proyecto de ley desde nuestra mentalidad. Por tanto, estamos hablando de algo en lo que hemos
participado, que hemos consensuado, a lo que hemos hecho un montón de sugerencias de cambio, de enmienda o de mejora y que está enlazado con las tendencias europeas de consenso social en las que estamos trabajando junto con los demás agentes
sociales, sindicatos y empresarios.
En la práctica, la CEOE ha aceptado el consenso del consejo tratando de convertirlo en ley. Es clara la visión que compartimos los agentes sociales, en España al menos, acerca de la necesidad de conseguir algo tan importante como la unidad
en el mercado del trabajo. No podemos tolerar 17 mercados de trabajo en nuestro país. Esa idea sencilla nos lleva a pensar que necesitamos una referencia única que oriente la formación y las competencias de los trabajadores, que sirva para todas
las tareas y que permita la movilidad de los trabajadores al menos en España. Esto es lo que trata de resolver un proyecto de ley como éste que tenemos, que además da una respuesta satisfactoria dentro del consenso general.
¿Qué nos parece el resultado que se ha obtenido? En el consejo nos hemos manifestado favorablemente, aunque haya algunos aspectos que mejorar en el articulado; en ese sentido hemos hecho cosas también, pero nuestra postura ha sido
claramente favorable. Hemos dicho, y lo podemos repetir porque todavía estamos a tiempo, que había falta de concreción o ambigüedad en algunos términos pendientes de unos desarrollos que nos gustaría que pudieran seguir siendo consensuados como
hasta ahora. Este proyecto necesita todavía desarrollarse y en ello habría que trabajar posteriormente. Hay algunos artículos que deberían matizarse, como el 11.3, sobre participación de empresas y centros de formación en la formación, en el que
no queda claro si se refiere básicamente a formación continua, aunque esté abierto a la ocupacional y en algún caso excepcional a la reglada. También me parece recordar que el artículo 11.4, sobre centros integrados, no hace referencia explícita a
la formación continua, porque remite al 10.5 en vez de remitir al 9, y tendría que hablar de formación inicial, ocupacional y continua. Son detallitos pequeños que deberían poderse mejorar en el proceso de trabajo actual, pero podemos apoyar sin
dificultar el texto. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es la necesidad de revisar o actualizar las autorizaciones de los actuales centros de formación profesional. El artículo 11.1 puede dar pie a esas cosas. Necesitaríamos que quedase claro,
al menos en la disposición adicional, que eso no es así, ya que no hay que olvidar que tienen autorización permanente. Al margen de esos elementos que estoy citando, que son a mi juicio muy pequeños, que son fruto de una redacción que podría ser
más cuidada, aunque ha sido también producto de un consenso, y que imagino que se podrán resolver en el trámite parlamentario, nuestro parecer sigue siendo favorable al texto, porque pensamos que fija ese consenso logrado en el segundo programa y lo
eleva a rango de ley, facilitando sobre todo la unidad del mercado de trabajo, que es cohesión de este país y que es movilidad de los trabajadores. Estos son los grandes términos que quería exponer.
El señor PRESIDENTE: Agradezco su exposición a don Mariano del Castillo.
Ahora corresponde el turno a los grupos parlamentarios que deseen intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor del Castillo, bienvenido a esta Comisión.
Su intervención ha tenido mucho interés, como era de esperar, porque básicamente nos aclara -aunque ya lo sabíamos- de dónde sale este texto.
Usted se conoce el
texto mucho mejor que ninguno de los que estamos aquí presentes,
lo cual no deja de tener su interés. Ni siquiera alguno de los comparecientes de ayer, que teóricamente podían haber seguido el texto igual que usted, tenía ese conocimiento de la redacción literal de tal artículo respecto de tal otro. No
critico que los textos de los proyectos de ley tengan detrás muchas más plumas y muchas más redacciones, pero a veces es bueno saber de dónde viene cada texto.
Como usted sabe -y si no yo le informo-, mi grupo parlamentario se va a oponer a este texto por considerar que en términos competenciales rompe con el reparto de competencias que establece la Constitución, pero lo va a hacer poniendo otro
texto en su lugar. Evidentemente el Consejo General de Formación Profesional como tal y la CEOE tendrán conocimiento del mismo cuando sea presentado, que será dentro de muy poco. Se tratará de un texto sustitutivo, que será la oferta que haga mi
grupo parlamentario a la Cámara y al conjunto de la sociedad, para dejar claro que desde Convergència i Unió compartimos la idea de que este tema tiene que ser legislado, pero que no nos gusta este texto desde el punto de vista estrictamente
competencial, lo cual no nos parece accidental sino tremendamente importante.
En su intervención me ha llamado la atención que haya repetido varias veces algo que en sí mismo podemos compartir todos, pero que repetido tantas veces da la sensación de que está usted defendiéndose de algo. Da la sensación de que este es
el texto que va a conseguir la unidad del mercado de trabajo, que sin un instrumento como éste no habría unidad del mercado de trabajo, que desde CEOE o desde el Consejo General de Formación Profesional no están dispuestos a tolerar 17 mercados de
trabajo distintos. Si eso se dice de pasada una vez, a uno no le preocupa, pero cuando esto se dice tres veces empieza a ponerse nervioso porque no sabe a qué se refiere exactamente. Es decir, no sé si es que cree que en este momento hay 17
mercados de trabajo distintos y que esto viene a ponerle remedio o si cree que flotan en el ambiente amenazas de que alguien pretende establecer 17 mercados de trabajo distintos. No sé exactamente a qué herida está usted poniendo el bálsamo cuando
hace este tipo de afirmaciones rotundas. Es evidente que hechas así las suscribimos todos. Ninguno de los aquí presentes -concretamente mi grupo parlamentario-, ni ningún agente económico, ni ninguna corporación profesional, ni ninguna asociación
empresarial, ni ningún político que yo conozca defendería la existencia de 17 mercados de trabajo; nadie. Yo no he escuchado nunca a nadie que defienda la existencia de 17 mercados de trabajo ni la ruptura de la unidad de mercado, ni laboral ni
como tal unidad de mercado, en España. Por tanto, no sé muy bien de qué se está usted defendiendo cuando dice con tanta rotundidad: No toleraríamos 17 mercados de trabajo. Lo que algunos estamos diciendo es que dentro de esa unidad de mercado de
trabajo lo que hay que hacer es, primero, respetar el marco jurídico en el que ese mercado de trabajo se desarrolla, que ni el Consejo de la Formación Profesional ni el Gobierno con un proyecto de ley lo pueden modificar, con el reparto de
competencias que existe en materia educativa entre cada una de las administraciones. En segundo lugar, incluso en términos estrictamente económicos o de mercado de trabajo, lo que venimos a sostener es que ese mercado de trabajo unitario que existe
en España (y que en cierto sentido existe en Europa porque, si no, no estaríamos hablando tampoco de la movilidad entre trabajadores, aunque entendemos que económicamente no existe al mismo nivel aceptado, pero jurídicamente sí) debe adaptarse a la
realidad económica, y la realidad económica de Lugo no es la misma que la de Paret del Vallés ni la de Jaén, ni en términos de estructura empresarial ni en términos de necesidades de formación profesional. Por tanto, no se puede pretender desde
Madrid, de forma centralizada, la elaboración de un catálogo que, por ejemplo, no tenga en cuenta las necesidades de cada uno de los sectores territorialmente delimitados, que no sea capaz de reconocer aquello que ya existe o de integrar en el
catálogo nacional las distintas realidades y que se trate de imponer de arriba abajo. Como ayer comentábamos en alguna de las comparecencias, hay que reconocer mutuamente todo lo que desde abajo se hace e integrarlo en un catálogo a nivel nacional,
desde un punto de vista de control clarísimo, de una cierta armonización en cuanto a qué es lo que se está reconociendo, y a partir de ahí integrar en el sistema todo aquello que las administraciones constitucionalmente competentes -y lo subrayo-
puedan proponer para que se integre un catálogo más amplio, porque son las que conocen el territorio, no en sentido geográfico sino en el de distintas realidades económicas. Y todo eso no tiene nada que ver con rupturas del mercado de trabajo, que
nadie propone.
En su momento, repito, tendremos ocasión de analizar el texto que mi grupo proponga, y seguro que también la tendrá el consejo de pronunciarse sobre el mismo. Insisto en que, desde el punto de vista del concepto de fondo, no será muy
distinto de éste en cuanto a la necesidad de integrar los tres subsistemas, de dar un impulso y de fijar un texto claro, pero sí será tremendamente más respetuoso con la realidad económica española y con su diversidad. Y le aseguro que no
pretenderá la creación de 17 mercados de trabajo distintos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: La verdad es que a mi grupo también le ha sorprendido hoy la posición mantenida aquí respecto al proyecto de ley por el representante de la CEOE. Sabemos que existe un documento, que nos gustaría compartir, en el
que la CEOE ha recogido toda su filosofía, sus matizaciones, esos detallitos
de los que nos ha hablado, pero nos gustaría poder tener ese documento sobre la mesa porque con la explicación que nos ha dado -y el representante de Convergència i Unió lo ha explicado muy bien- usted se ha convertido en el defensor de este
proyecto de ley; efectivamente, éste parece el texto de la CEOE.
Además de agradecer las palabras que nos ha dirigido y su comparecencia aquí, yo quisiera que nos informara de, además de esos detallitos, si cree que en este proyecto de ley hay algún mecanismo que haga pensar que se va a cumplir el
objetivo esencial que hoy tiene la sociedad española, que es acercar las necesidades de las empresas a las cantidades ingentes que el Gobierno destina a la formación profesional. Desde nuestro punto de vista, ya que el Gobierno presenta en esta
Cámara un texto como éste, es el momento de hacer esa reflexión, no de hacer peticiones de principios -por supuesto que compartimos algunas de ellas-, sino de abordar el tema en profundidad. Usted ha hablado del consenso como la mayor virtud que
pueda tener esta ley e incluso ha citado el documento del diálogo social europeo como el ejemplo español, pero fíjese en el distinto análisis que hacía aquí ayer la patronal vasca. Cuando hay 30 puntos de diferencia entre un país y otro de los más
avanzados que se señala como aquél al que habría que alcanzar para poner a la formación profesional española en condiciones de poder cumplir su finalidad, ¿para qué sirve ese acuerdo social, para qué sirve ese consenso si todavía estamos muy lejos
de la media europea, 17 puntos, y desde luego muy lejos de aquel desideratum que supondría alcanzar a aquellos países que realmente le están concediendo a la formación profesional la importancia que merece? Si eso no es así -y la patronal vasca fue
muy contundente en su análisis- realmente este es un texto que no sirve para nada, es un feto con malformaciones porque no va a abordar nada. Son peticiones de principio que todo el mundo comparte, aunque habría que pensar si todo el mundo las
comparte. Desde luego, mi grupo va a estar radicalmente en contra de este proyecto de ley porque algunas de esas peticiones de principio son de una filosofía que mi grupo no comparte. No puede haber diálogo o consenso si no se está abordando el
fondo de la cuestión, si el principal activo de esta ley ya nace con malformaciones.
Aquí se acaba de decir que muchas de las cuestiones planteadas ya se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, como los centros de innovación, pero este proyecto de ley viene sin el acuerdo de las comunidades autónomas. Si las
innovaciones ya existen y el acuerdo con las comunidades autónomas no existe, ¿para qué sirve esta ley? Esa es una de las cuestiones más interesantes a destacar aquí. Pero el fondo de la cuestión es qué medidas, que no están en esta ley y que
usted ha llamado detallitos, tiene que poner el Gobierno para alcanzar esos 30 puntos de diferencia. Lo que tienen que decir los empresarios es qué ley necesita hoy la sociedad española. ¿Por qué las empresas no colaboran más para que se puedan
hacer prácticas en ellas? Estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de la LOGSE, que esta ley no deroga sino que sencillamente desarrolla algunos de sus aspectos. Estas serían algunas de las cuestiones que nos gustaría que la patronal de las
empresas más importantes de este país pusiera sobre la mesa, si es que de verdad la formación profesional es algo que le preocupa.
Por otro lado, puesto que las grandes empresas no son más que el 0,13 de los dos millones y medio de empresas (según datos que aportó ayer la patronal vasca, hay 1.213 grandes empresas de los 2 millones y medio), el 99,9 de las empresas
españolas no están hoy representadas aquí. Si fueran ciertos estos datos que ayer puso la patronal vasca sobre la mesa, y me remito a ellos, el gran problema de la formación profesional hoy lo tienen las pequeñas y medianas empresas, porque las
grandes pueden abordar la formación profesional que necesitan. ¿No cree que las grandes empresas tienen un compromiso social, ya que su función social es el eje de un Estado social de derecho, con las pequeñas y medianas empresas? ¿De qué manera
se cumple eso en la sociedad española? Tendríamos que pensar que el 99,9 por ciento de las empresas no tienen capacidad para abordar esa formación profesional. Si la cuota es hoy el mecanismo de financiación, más lo poco que aportan a las cámaras,
¿cree que tras seis años de gobierno del Partido Popular se emplea bien para el conjunto? Si las grandes empresas tienen sus problemas solucionados -y ahora con este Gobierno bastante mejor, porque ahora no es como antes y ustedes lo saben bien-
¿se emplea adecuadamente el presupuesto que destinan a la financiación de la formación profesional? ¿Sirve, en definitiva, para los fines a los que se destina?
Esas son preguntas interesantes que dejo sobre el tapete y que me gustaría que respondiera con un análisis que vaya más allá de lo que hoy ha venido a decirnos aquí, porque evidentemente tiene que hablar de la formación profesional en esta
comparecencia, pero no sólo de esta ley, porque el consenso social no es el activo más importante -repito- si realmente estamos a tanta distancia de que nuestra formación profesional sea eficaz, esté a la altura de otros países y mejore la
competitividad de las empresas, que en definitiva son el más importante activo para el buen desarrollo de la formación profesional. Ustedes no sólo son los beneficiarios de esa formación profesional, también son sus agentes. Por eso nos sorprende
que en este debate que hoy tiene la sociedad española no haya entrado a fondo en lo que verdaderamente hoy la sociedad española está necesitando y nos haya hablado de detallitos. Esperábamos que abordara el texto con más rigor, señalando los vacíos
y planteándose qué está demandando hoy la sociedad española a la empresa y al Gobierno, para que pudiéramos acordar un texto que nos sirviera para el
futuro, y no un texto para que determinados ministros se luzcan o para que existan coartadas de manera que la sociedad piense que realmente se está abordando la formación profesional. Esa es la cuestión de fondo.
Me gustaría terminar la intervención preguntándole algo que sin duda también tendrán en el documento, y es qué incentivos esperaban de este Gobierno para fomentar la formación profesional y si realmente esos incentivos deberían estar
destinados a la gran empresa, a ese 0,13 por ciento, y cómo vehicularlo para que el gran núcleo de empresas de este país, dos millones y medio, pudieran tener una financiación adecuada para la formación profesional que necesitan y el Gobierno
pudiera proporcionar esos mecanismos de los que esta ley carece.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenos días don Mariano del Castillo, bienvenido a la Comisión y gracias por su presencia. Nosotros agradecemos sinceramente su intervención, que nos ha parecido rigurosa y esclarecedora, porque cuando lo que se
está planteando en la Comisión es la coherencia entre lo que uno aprueba en un sitio y lo que luego, fruto de ese acuerdo, se traduce en un proyecto de ley, cuando uno expone que le parece en términos generales positivo y adecuado al consenso básico
que originó aquel segundo programa del que es resultado el proyecto de ley, nos parece que ha expuesto la parte sustantiva coherentemente con lo que ustedes en su día apoyaron y que no pueden por menos que apoyar ahora. Esta es una reflexión obvia,
pero a veces lo obvio lamentablemente hay que reiterarlo. Por tanto, nosotros entendemos así su intervención y su posición, y difícilmente entenderíamos una posición en sentido contrario porque sería cuando menos incongruente.
Le voy a hacer una obligada aclaración. En esta Comisión no ha comparecido ningún representante de la patronal vasca, sino el representante de la patronal guipuzcoana, Adegui; la patronal vasca es Confebask -seguro que usted lo sabe mejor
que yo- y ambas están integradas en la CEOE. Aquí se han planteado cuestiones importantes, y es cierto que ayer el representante de Adegui, el señor Ruiz de Urchuegui, viejo conocido y por otro lado apreciada persona por quien les está hablando
como diputado guipuzcoano que soy, planteó una serie de cosas que, como han aflorado en las intervenciones precedentes de los portavoces que han intervenido, yo creo que es necesario que usted conozca para que nos dé su criterio como máximo
representante de la CEOE en el Consejo General de Formación Profesional, que en definitiva aprobó el segundo plan y un informe favorable relativo al texto del proyecto de ley que en esta Cámara se tramita y en breve se debatirá. Se nos dijo, entre
otras cosas, que no había un diagnóstico de la situación de la FP -¿a dónde queremos llegar?-; se nos dijo que la exposición de motivos no contemplaba el papel de las empresas ni aspectos relativos a la competitividad; se nos dijo que el artículo
6.º, al cual usted aludió anteriormente, no regula el modelo alemán; y se nos dijo que no se tenía en cuenta el tejido empresarial. Se dijeron varias cosas más, pero a mí me interesa sobremanera conocer su criterio porque no le he de negar que
cuando intervine le pregunté: Entonces ¿quién ha firmado? ¿No ha firmado la CEOE este documento? ¿No lo ha aprobado? ¿Es que a la CEOE no se le tienen en cuenta sus diagnósticos, sus criterios? ¿Es que ustedes firman documentos que en
definitiva son instrumentos que ustedes consideran inválidos? Yo le reproduzco la pregunta porque no entendí esta parte del planteamiento que se formuló aquí en el día de ayer.
Otra cuestión que me parece sustancial y que también se ha abordado, sobre todo por el portavoz de Convergència i Unió, es el problema competencial que puede sugerir o no esta ley. Yo creo que no existe problema competencial, pero este es
un debate que posteriormente tendremos oportunidad de ventilar en esta Cámara.
Hay algo que me interesa saber, aunque probablemente no era el objeto principal de su atención, porque supongo yo que el objeto principal de su atención será buscar un instrumento eficaz para mejorar la formación profesional en España y para
romper ese divorcio entre los requerimientos del mercado de trabajo y de las empresas con los ciudadanos que carecen de la formación de determinados perfiles que no se cubren y que están demandándose por las empresas, y también -estoy de acuerdo con
la señora Romero- la necesidad de que España modifique esa desequilibrada balanza entre nuestro núcleo de ciudadanos universitarios y estas personas que están en la formación profesional, porque dista bastante del promedio de la Unión Europea y no
digamos de los países más avanzados. Usted ha mencionado -y yo me he quedado en el frontispicio de su intervención- algo que es importante en términos políticos, como es que los agentes sociales han operado con consenso; pero no sólo eso, más aún,
que ese consenso ha sido extendido y extensible a las administraciones públicas, a los ministerios intervinientes y a las administraciones públicas de las comunidades autónomas, que al menos en lo que se refiere al segundo plan de formación
profesional, si mal no le he entendido, ha dicho en su intervención que fueron representadas por la comunidad de Cataluña y la del País Vasco. Mi pregunta es obvia al hilo de este argumento -aunque creo que no porque usted ha anticipado el
consenso-: ¿hubo alguna tacha, alguna preocupación, algún requerimiento en el sentido de decir: Ojo, que nosotros entendemos que aquí puede existir un problema de esta índole? Yo le agradecería alguna opinión al respecto.
Se ha hablado también mucho de los centros de referencia y usted ha hecho alusión a los existentes. Nos gustaría que nos pudiera ampliar algo, porque ayer se dijo expresamente que los centros de referencia no se podían establecer por ley;
eso lo escuchamos ayer quienes estuvimos presentes y ahora muchos de los que estábamos le estamos escuchando a usted también.
También me gustaría saber si, pese a las mejoras que ha apuntado, ustedes consideran que este es un texto eficaz. Yo supongo que sí cuando lo han apoyado; supongo que entienden que este es un texto que va a permitir un salto cualitativo en
España en la mejora de la formación profesional con la unión de los tres subsistemas, con la incorporación de las experiencias no formales y considerarlas como posibles cualificaciones profesionales, con los centros de referencia nacional, los
centros integrados, con la participación más activa de agentes sociales y empresas en el conjunto del sistema nacional de formación, con una modernización y con algo en lo que yo ayer insistí y lo tuve que hacer porque creo en ello, en el
indeclinable papel que tenemos todos (de alguna forma podemos incidir mucho o poco en la opinión pública) de desarraigar de la mentalidad, de la conciencia social española que la formación profesional es el hermano pequeño, el hermano pobre del
sistema educativo, que la formación profesional no es ni debe ni puede ser el sitio donde caen los rebotados o las personas que han tenido un fracaso escolar, sino que como indica toda Europa es una formación humana dignísima de la persona que la
adquiere, pero además es eficacísima para obtener un puesto de trabajo, para atender una demanda de mercado laboral, para promover la competencia en la actividad económica a favor de todos, que es un núcleo fundamental y finalista de lo que se
persigue en la ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Del Castillo puede contestar.
El señor VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EN EL CONSEJO (del Castillo Rodríguez): No sé si podré estar a la altura de sus intervenciones,
pero haré lo posible para decir lo que pienso.
Lo primero que se me ocurría al escucharles es que me alegra mucho que la formación profesional entre en el Parlamento porque va a venir muy bien a España. Será un avance muy grande que este país oiga hablar de formación profesional, que
las familias lo perciban como algo valioso y caiga en una cultura general que necesitamos en España (porque efectivamente hay un desplazamiento de las elecciones familiares y de la masa de alumnos hacia la universidad en lugar de hacia la formación
profesional, en desajuste con otros países de la Unión Europea) y además permitirá que todos conozcamos un poco mejor cómo es nuestro sistema de formación profesional, porque en la práctica yo, que me dedico a esto hace tiempo, sé que la sociedad
española no tiene un gran conocimiento sobre la formación profesional, y por tanto va a venir muy bien este debate para todos. Seguidamente procuraré contestar. El nivel de preguntas es tal que si me dejo algo les rogaría que me disculpen y que me
vuelvan a preguntar.
Siento si ha dado la sensación de que he insistido especialmente en la unidad del mercado de trabajo. Tenemos pocos principios básicos en la CEOE y mantener la unidad de mercado de trabajo es uno. Lo he citado porque nos parecía clave y
porque lo hemos defendido en todas las ocasiones en el consejo. Además, no es un principio exclusivo de los empresarios. He visto cómo Comisiones y UGT en los debates previos en todas las comisiones estaban defendiendo el mismo principio,
exactamente igual. A todos nos parece -ahora mismo ya es una política de la Comisión Europea- que la movilidad se debe garantizar por la unidad de mercado de trabajo. En ese sentido no quiero insistir más. Siento si ha parecido que hacía un
énfasis especial, pero no tenemos más principios. Este y unos pocos más y el sentido común son los que nos han ido guiando.
Respecto a los términos competenciales, yo no quisiera entrar en algo cuya sensibilidad a veces no comprendo. En el debate previo de los grupos de trabajo que he citado acerca del modo en que se preparó el segundo programa comprendí que sin
querer podía herir alguna sensibilidad en las formas de decir, en las palabras, etcétera. Yo creo que todavía eso es posible, con lo cual si no se cuida bien ustedes se sentirán poco vinculados a un proyecto que no trate con debido respeto los
términos competenciales, pero como no soy experto no puedo decir nada. Imagino que en el texto se pueden decir las cosas de mejor manera porque como probé en el desarrollo del segundo programa que les he citado que bastaba con preguntar a catalanes
y vascos -estaban en nuestro grupo de trabajo- cómo se dice esto para que nos lo dijeran, a lo mejor no es tan complicado en un debate parlamentario que ustedes ayuden a componer un texto que sirva a todos. Yo no soy experto y no pienso decir nada
más que si ustedes ven que no están bien tratados los términos competenciales digan cómo quieren que se traten. No puedo decir más.
El modo de trabajo en la preparación de las cualificaciones es el punto central en el que yo me quería fijar. El artículo 7.2 del proyecto de ley se refiere a las cualificaciones y a su desarrollo. Hemos dicho en la CEOE que hay muchos
elementos de este proyecto pendientes de desarrollo.
El artículo 7.2 es muy particular porque en él se dice cómo se hace el catálogo; en la ley no, sólo se dice que se hará el catálogo. El problema que usted cita debería ser cómo se desarrolla el
artículo 7.2 y todo
lo vinculado al mismo. Yo sé que existen sistemas de cualificaciones gallego, vasco, catalán, andaluz, etcétera; sé que va habiendo consejos de formación profesional autonómicos en gran cantidad de nuestras comunidades autónomas, es obvio;
y sé también que no son lo mismo unas cualificaciones del olivar en Andalucía que unas cualificaciones del olivar en Madrid. Está claro; parece obvio que hay diferencias, pero para todo el mundo. En ese contexto nos interesa que las
cualificaciones estatales reflejen suficientemente bien las competencias que han de tener los individuos en los puestos de trabajo y que no se alteren grandemente.
Después, a la hora de la práctica, si esa persona trabaja en Cataluña, tendrá una
competencia al menos lingüística, quizá también otra, para poder trabajar en ese entorno concreto de trabajo. Yo creo que nadie se va a oponer a eso en España; nosotros tampoco. Es decir, habrá formas de completar las competencias básicas del
Estado con competencias que las adecuen. Estamos yendo hacia un sistema de cualificaciones europeo. Me gustaría que cuando nuestros trabajadores sepan idiomas, puedan moverse por toda la Unión Europea. Incluso en el foro de cualificaciones al que
asisto en Bruselas por UNICE estamos defendiendo que haya cualificaciones europeas, no que en la práctica haya cualificaciones nacionales o una manera de conseguir que el trabajador pueda ser reconocido en sus competencias. Ya tenemos un sistema
para valorar las competencias y una forma de explicárselas al empleador del país al que vaya destinado. Nos interesa muchísimo que eso funcione, pero un trabajador español que vaya a Alemania tendrá que aprender alemán y tener en cuenta las
circunstancias del entorno laboral de esa empresa y de ese sitio en el que va a estar. Son competencias que a veces se llaman transversales y que habrá que ir añadiendo. Está claro que un catálogo tiene que ser vivo, ágil y comunicado, y nos
parecería un error que no tuviera una gran sintonía con los catálogos autonómicos; es decir, que las autonomías no participaran seriamente con el Gobierno central en la creación del catálogo. Está claro que esto debería ser así para que funcione,
de lo contrario seguramente no irá bien y habrá que buscar un mecanismo que lo articule. Eso es desarrollo. No nos ha parecido que ese punto sea importante ahora. Hemos detectado problemas de ambigüedad en la ley; lo he dicho antes. A la señora
Romero le digo que no eran cosas pequeñas; esta ambigüedad es una cosa gorda y debería tratarse en el desarrollo.
Por eso hemos insistido en que el desarrollo se haga con cuidado y que permita llevar a cabo todas estas cuestiones.
Yo creo, señor Guardans, que esto es lo esencial respecto a las preguntas que usted me dirigía, por lo menos de las que yo he entendido. Si no es así, por favor comuníquemelo.
La señora Romero me ha dirigido varias preguntas. Yo pienso que tenemos que explicar mejor la formación profesional en el contexto en que estamos. No creo -yo no he hecho la ley- que estemos hablando de cómo ha de ser la formación
profesional, sino de un proyecto de ley de formación profesional y cualificaciones -se llama así-, aunque si se fijan en el texto es básicamente un proyecto de cualificaciones. De hecho, las cualificaciones dan soporte al sistema entero. La
formación profesional aparece en el capítulo XI y poco más, hablando de los centros y de las ofertas, pero la clave de todo este proyecto, a nuestro juicio, son las cualificaciones que dan soporte a las exigencias de formación profesional. Me
explico, cuando el proyecto de ley dice que una cualificación es un elemento que describe competencia de los trabajadores y añade el módulo formativo que tiene asociado, eso es el catálogo, y es lo que se hace básicamente con este proyecto de ley.
Después, ¿cómo es la oferta de formación profesional que sigue de ahí? La oferta ya es la formación profesional, no es la ley, y se compone de los módulos asociados más todas las cuestiones añadidas que se pueden colocar. En ese sentido se da
unidad a los sistemas de formación por la vinculación que tienen al catálogo único. La clave está en el catálogo único de cualificaciones, que incluye las competencias y la formación asociada.
Desde ahí es desde donde tiene sentido la unidad del
sistema de formación ocupacional y reglada sobre todo, la continua está menos claramente asociada en esto.
La Ley no trata de resolver muchas cosas, sino que da pie, como hacía el programa, por ejemplo, a la relación centros y empresas, a favorecer acuerdos, a todo esto, pero no es todavía el instrumento. Si se fijan detenidamente en el texto,
todo esto está pendiente de desarrollo; se favorecerán acuerdos, pues habrá que hacerlos. Está claro que es un proyecto de ley no son reales decretos y, por tanto, debe ir seguido de una cascada, no sé de cuántos, pero al menos de cuatro o cinco
reales decretos de desarrollo que amplíen estos contenidos. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de consensuar el desarrollo, para que los contenidos de este proyecto queden detallados, concretos, porque esto de momento son grandes líneas de
trabajo que permiten anclar ahí desarrollos posteriores pero les falta ese desarrollo y esa concreción posterior que les daría todo el contenido que ustedes ahora mismo me piden.
En cuanto a las cuestiones de la patronal vasca -de paso contesto al señor Azpiroz-, no es patronal vasca, además usted lo ha dicho. De hecho, como saben, la CEOE representa a la patronal vasca, esto es obvio. Más aún, yo quería recordar
que en la permanente del consejo está nuestra patronal vasca, no es que sea solamente miembro del consejo como otros, sino que está en la permanente con nosotros, que somos cinco, CEOE, CEPYME, y dentro de esos cinco están los vascos formando parte
de la permanente.
También quería recordar que esto se hizo en un momento histórico, no es una especie de fundamentalismo. Permítanme referirme
de nuevo al segundo programa, porque el consenso viene de ahí. Nosotros no estamos apoyando la ley -usted nos decía que parece una ley de la CEOE, o algo así- sino el consenso. Si ustedes preguntasen -no conozco cómo funciona esto- a los
agentes sociales, al resto de los sindicatos, a UGT y a Comisiones Obreras, no sé lo que les dirían, pero tal vez lo mismo que yo: que ellos y nosotros lo hemos consensuado, por tanto, este es nuestro punto de apoyo. Ahora trabajar con otro punto
de apoyo a mí me parecería muy difícil, porque además esto está registrado en un momento histórico, que es donde se realiza, y me cuesta pensar que se pueda reproducir. Todo se puede mejorar, no lo niego, pero yo por buena fe soy posibilista;
posibilista quiere decir que lo posible ahora es que el proyecto de ley trate del consenso realizado no de otra cosa. Si ustedes quieren hacer otra ley tendrán que volver a empezar a preguntar a los agentes sociales y volver a trabajar. Yo
sentiría haber perdido tanto tiempo con nuestro segundo programa, que es el instrumento que nos dimos en España para trabajar sobre la formación profesional. Esto es así, yo no puedo decir otra cosa. La CEOE -soy muy consciente de lo que digo- ha
actuado con una gran buena fe y con una generosidad muy grande, pero no sólo ella -y es bueno que lo comprendan-; sindicatos (UGT, Comisiones Obreras), administraciones públicas y en su momento claramente País Vasco y Cataluña actuaron con buena fe
y con gran generosidad. Yo en mis intervenciones públicas siempre he dicho que ese segundo programa fue fruto del consenso y de una gran generosidad de todos los que lo hicimos, porque cada uno cedió con mucha generosidad en sus posiciones. Por
tanto, no refleja el sentir de los empresarios, ni de una comunidad, ni de los sindicatos, sino el consenso habido. A eso es a lo que nosotros estamos prestando adhesión, no al proyecto de ley actual que solamente nos parece bueno en la medida en
que nace de lo anterior a lo que nosotros damos el consenso. Esta es la clave de nuestra postura, que es que estamos apoyando aquello que hicimos porque nos pareció bueno y difícil de repetir. Además sigue siendo bueno para este país, para los
intereses de los empresarios y de los trabajadores. No se pueden olvidar ustedes de que hemos afrontado muchas cosas, por ejemplo, todo el sistema de acreditación de capacidades que nos parecen muy conveniente para edificar y capitalizar las de los
trabajadores. Hay una barbaridad de cosas puestas aquí. Cuando hicimos este programa fue como hacer una carta a los Reyes Magos, cada uno decía todo lo que le parecía necesario para su organización y desde su mentalidad. Eso es lo que se ha
tratado de articular y volcar en este programa y posteriormente en la ley. Esto es lo que tiene de grande este proyecto.
A efectos de las grandes o pequeñas empresas, en el grupo hemos representado a CEOE y CEPYME; yo creo que estaban representadas las pequeñas empresas. Coincido con usted en que las pequeñas empresas son muy difíciles de representar y las
valoro con todo cariño, porque hay mucha microempresa en España que tiene muy poca gente y va a ser muy difícil que se comprenda sus necesidades. En ese sentido tenemos que mejorar mucho todo lo que es acercarnos a esa microempresa para detectar
sus necesidades y servirla. La representación sí ha estado, y de hecho hemos hecho un esfuerzo muy grande de consulta. En todo momento han estado el presidente y los órganos de representación de CEPYME con nosotros, y son de la misma permanente
que ha trabajado en este asunto.
No tienen queja al respecto, en absoluto, porque cualquiera de sus cuestiones ha sido escuchada y tramitada. Ellos mismos lo han hecho, no han tenido necesidad de utilizarnos porque estaban en la misma permanente;
ahí no veo que haya un problema.
Acerca de si se emplean bien los mecanismos de financiación de las cámaras, no lo sé, porque las cámaras no somos nosotros. No tengo yo datos para saber cómo se emplean las cuotas de las cámaras en toda España, no tengo información. Sabe
usted que la cámara tiene una financiación obligatoria. Nosotros somos la CEOE, no estamos dentro de ese mismo entorno; no hemos firmado un acuerdo, como tienen las cámaras, con el Ministerio de Educación para la FP, etcétera. La Ley de cámaras
no nos refleja a nosotros sino que vincula a las cámaras. No tengo yo datos que facilitar, tendría usted que preguntarle al presidente del Consejo Nacional de Cámaras para que le pueda orientar.
¿Qué incentivos esperábamos del Gobierno? Hay muchos tipos de empresarios, pero a título personal no sé si esperar mucho del Gobierno en este momento o en ninguno, lo que esperamos es poder trabajar en un ambiente posible. ¿Para eso qué
necesitamos? Que haya un mercado de trabajo, como antes he dicho, fácil de comprender, donde los contratos se puedan hacer, los trabajadores tengan movilidad, la formación funcione. No nos interesa, por ejemplo, un sistema de formación ineficaz
sino que la formación funcione y que proporcione las competencias que dice; no nos interesa para nada algo que sea torpe. ¿Que vamos a 30 puntos de no sé dónde? No nos gusta ir mal, nos gustaría ser los mejores de todo el mundo en el sistema de
formación, pero para eso necesitamos que mejoren mucho los centros de formación, que identifiquen de verdad en cuál tienen que invertir y lo consigan, y además que la formación que impartan esté relacionada con las necesidades reales de las
empresas. Por eso el actual sistema en el que los módulos de formación nacen del análisis de las necesidades del sistema productivo sí nos parece bueno, por eso lo hemos apoyado. Hemos dicho: Si la formación se va a apoyar en el análisis que se
hace de cómo necesitan las empresas los puestos de trabajo, las competencias asociadas, etcétera, y la formación nace de ahí, esa formación estará vinculada al mundo de la empresa. Si además en el artículo 6 facilitamos las prácticas en empresa
vendrá muy bien. Vincular el
mundo de la formación al mundo de la empresa nos parece que es un gran tema que toda Europa está intentando y que nosotros podríamos conseguir si estos acuerdos llegan a buen término. Nosotros los incentivos que esperamos son simplemente
que funcione algo el sistema general de formación profesional, y hemos pedido que haya evaluación. Al final de la ley, en el capítulo 17, hay un articulado sobre evaluación del sistema; queremos participar en las evaluaciones y que eso funcione.
La evaluación para nosotros va a ser muy simple, que las competencias que da el sistema de formación coincidan con las que nacen de las cualificaciones que se han analizado. Si esas competencias no son las mismas, algo está fallando. Si la
acreditación que se da a los trabajadores no atestigua competencias que nacen del catálogo, algo falla. Necesitamos una referencia, indicadores para poder evaluar resultados, tanto de formación como de acreditación. A lo mejor habría que mejorar
en la ley alguno de esos aspectos y quizá haga falta algún organismo de evaluación; de momento, hay un sistema de evaluación. No sé si le he contestado.
He tomado nota de lo relativo al empresariado vasco, señor Azpiroz, y quiero hacer algunas aclaraciones a lo que me ha preguntado. En cuanto a lo que dijo del diagnóstico insisto en lo que acabo de comentarle a la señora Romero: estamos
hablando de cualificaciones. No hablamos del modelo alemán, no tenemos nada que ver con el modelo alemán o con un modelo general. Hay referencias; hemos analizado bien los sistemas de cualificación y formación profesional en toda Europa pero,
como organización, no estamos vinculados a ninguno de ellos. Hay cosas que nos parecen mejores en uno u otro, y además el tiempo va matizando lo que vamos viendo. En un momento dado nos gustó el modelo ingles, pero hemos ido viendo que hay
cuestiones que tienen problemas: las acreditaciones que se otorgan, por ejemplo; se va complicando de un modo que no imaginamos. Estamos estudiando el modelo neozelandés. Nos reunimos de vez en cuando para ver cómo funcionan los modelos
existentes en el mundo y ver qué es lo mejor de cada uno. El País Vasco organizó el 10 de mayo pasado unas jornadas sobre modelos de cualificación en las que fui ponente; en ellas se analizaron muchas de estas cosas. Hay muchas soluciones, pero
no estamos en el modelo alemán. Sí se tiene en cuenta el tejido empresarial, claramente es así.
Su segunda pregunta se refería a centros de referencia nacional, creo recordar. Puedo ampliarlo y puedo darle la referencia. Acerca de los centros de referencia nacional en el artículo 11.7 se encuentra reflejado en gran medida lo que dice
el segundo programa en la página 40, punto 243 b), medidas; eso quiere decir que los centros existen. Claro que, además de los centros, nos ha preocupado que exista una red de centros de innovación, que no haya centros de innovación de un tipo y
de otro, sino que se pongan en red los que existen y que funcionen sirviendo al territorio, a la comunidad autónoma y al sector; que sean centros de innovación, que todo ello tenga cierta unidad y que haya acuerdos en cada comunidad para que las
comunidades autónomas y el Gobierno central fijen cómo deben funcionar. El punto 11.7 de la ley es un cuestión a desarrollar: cómo tiene que ser el acuerdo entre comunidades y Estado sobre esos centros de innovación.
Por fin, me pregunta si consideramos que es un texto eficaz. Ya he dicho que es lo posible; la eficacia, la esperamos. Todos los que hemos trabajado -sobre todo en los últimos cuatro años- preparando ideas y contenidos que ahora se
vuelcan en gran medida en el proyecto pensamos que es lo posible. Más de lo posible no somos capaces de diseñar; ahí se acaban nuestras ideas. Es lo posible en este momento; quizá dentro de dos años hubiéramos podido hacer una ley mucho mejor,
pero ésta es la del año 2002.
El señor PRESIDENTE: Señor del Castillo, le reitero nuestro agradecimiento en nombre de la Comisión, y así concluye su comparecencia.
- EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT (COPA NOVO). (Número de expediente 219/000307.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia de don Jesús Ramón Copa, secretario general de FETE-UGT, al que doy la bienvenida a esta Comisión.
Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación.
Las reglas con las que trabajamos consisten en que haga usted una primera exposición sucinta, de entre 10 y 15 minutos; a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios harán las preguntas o las observaciones que consideren
oportunas, tras lo cual tendrá usted tiempo para una segunda intervención.
Tiene la palabra, señor Copa.
El señor SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT (Copa Novo): Muchas gracias a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y muchas gracias a Eugenio Nasarre, con el que he compartido ya muchas mesas. Agradezco la posibilidad de estar presente hoy
aquí para hacer oír nuestra voz como UGT, complementaria a la que mi compañero, Teodoro Escorial, expresó ayer. Nos hubiera gustado tener la misma oportunidad en la LOU, y esperamos tenerla con la ley de calidad; nos gustaría ofrecer nuestra
opinión sobre leyes orgánicas -por supuesto, desde el más absoluto respeto al Parlamento- que creemos vitales para la evolución del sistema educativo en nuestro país durante los próximos años.
La comparecencia es cómoda para mí, puesto que puedo dar por conocido todo lo concerniente a cualificaciones profesionales que planteó ayer Teodoro Escorial. Por mi parte, me centraré en aquellos aspectos de la formación profesional que
tienen que ver con la integración
de los subsistemas de la formación profesional reglada sobre todo, sabiendo de entrada que esta ley no va dirigida a la formación profesional reglada como tal y que probablemente será la futura ley de calidad -o como acabe llamándose- la que
planteará cuestiones importantes para nosotros en el ámbito de la formación profesional reglada. Dicho esto, queremos defender aspectos del proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones que consideramos positivos,
como la adopción de un sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, el planteamiento de la creación de un catálogo nacional de cualificaciones profesionales, el carácter estatal de dicho catálogo dentro de la unidad del mercado
español que también defendemos, todo lo que tiene que ver con la acreditación de las competencias profesionales cuando no completen una cualificación -es decir, todo lo que tiene que ver con la acreditación parcial- y la definición de la formación
asociada a las cualificaciones recogida en los catálogos de la Administración general del Estado y en los de las comunidades autónomas.
Hay cuestiones que nos gustaría que se resolviesen de la mejor forma posible. Vemos en la ley algunos aspectos que pueden crear problemas, no sólo entre las administraciones educativas y las laborales, sino también entre la Administración
del Estado -Gobierno central- y las comunidades autónomas. Es necesario que la ley recoja de forma mucha más clara determinadas cuestiones competenciales. Un ejemplo puede ser lo que se refiere a los centros de referencia que, tal como están
planteados, podrían tener problemas de invasión competencial según las reglas de juego que nos hemos dado. Nos parece también muy importante la integración de los servicios de información y orientación, y la participación de los agentes sociales en
el sistema nacional de las cualificaciones y de la formación profesional, aunque nos gustaría tener un mayor reconocimiento. Consideramos valores de referencia en el proyecto de ley la negociación colectiva para el sistema nacional de la formación
profesional de las cualificaciones, la ordenación de un sistema integral de cualificaciones, el principio de igualdad de acceso a los diferentes subsistemas -a las diferentes modalidades de la formación profesional-, el compromiso de la evaluación y
de la acreditación y -repito- el catálogo nacional de cualificaciones. Somos críticos con otros aspectos que citaré como prólogo a la parte de mi intervención en que me referiré al subsistema reglado. No está bien definido el objeto del
reconocimiento y acreditación, que debe ser la cualificación y no la formación; esta última no es más que una vía para llegar a las cualificaciones. Esto debería resolverse en el trámite parlamentario, puesto que está en el espíritu de la norma y
sólo requeriría un ajuste del articulado. Nos preocupa muchísimo el número de cuestiones que quedan abiertas para posterior desarrollo; es demasiado ambigua en determinadas cuestiones. Por supuesto hay algo en lo que hemos coincidido. Hay temas
de calendario y de presupuesto que no sabemos si están en la ley; tienen que existir compromisos para que esto se pueda llevar adelante. Es imposible reformar aspectos que tienen que ver con el sistema educativo o el sistema más amplio de
formación, como es este caso, a coste cero y sin plantearnos todo lo que tenga que ver con el coste equivalente en el caso de las competencias ya transferidas. Creemos también necesario que exista un organismo coordinador -tampoco nos atrevemos, ni
es nuestra misión, a definir cómo tiene que ser ese organismo- que pueda obviar los problemas que están surgiendo día a día entre las administraciones educativas y las laborales y los agentes sociales. Debemos participar en un tema que tiene una
importancia radical, porque no podemos olvidar que aunque no sea el fin único, que lo fundamental de todo lo que estamos hablando es el empleo y la preparación para el mismo. En ese sentido, agentes sociales, sindicatos y empresarios somos parte
determinante y sustancial.
Hay problemas con los centros integrados de formación profesional. Los de titularidad de administraciones educativas -y así lo hemos defendido en todos los ámbitos en los que hemos estado, tanto en el Consejo General de la Formación
Profesional como en el Consejo Escolar del Estado- han hecho un buen trabajo desde el punto de vista de órganos consultivos; repito que en estos momentos tienen que estar regulados por las leyes educativas existentes. El ejemplo más claro está con
el tema de la dirección de los centros, que debe ser, a nuestro juicio, elegida con el sistema LOGSE y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el consejo escolar de estos centros.
Como resumen hacemos una valoración positiva de la ley en el ámbito de las cualificaciones profesionales, aunque tenemos serias discrepancias en lo que tiene que ver con el tratamiento educativo. Nosotros estaríamos -repito, a modo de
resumen- más por plantear -en el caso de que sea necesario, pero sobre todo hacia futuras leyes- un tratamiento específico de la formación profesional reglada que pueda resolver algunos de los problemas que paso a exponer.
Nos preocupa que por cuestiones de urgencia, por cuestiones incluso presupuestarias, debidas a diferentes fuentes de financiación la formación profesional reglada pase a ser un elemento subsidiario del sistema, pase un poco a ser la
hermanita pobre, cuando nosotros consideramos que la formación profesional de base es, como ya lo indica su propia terminología, básica para cualquier formación profesional, sea ocupacional o continua. La ocupacional o continua lo que tendrá que
hacer es ir cubriendo las lagunas, los déficit del planteamiento de la formación profesional reglada, pero en ningún momento debe sustituirla ni debe plantearse con ese objeto.
Hay que subrayar el carácter educativo de la formación profesional reglada, lo cual no quiere decir que no
esté ligada al empleo; no es educar por educar, sino educar con un claro fin, que es la integración en el mercado laboral. Tiene que tener un claro contenido educativo porque no podemos olvidar que nos estamos dirigiendo en la etapa normal
de formación profesional, más allá de posibles traslados, a jóvenes entre dieciséis, veinte o veintidós años.
Nos preocupan algunas confusiones que puede haber fundamentalmente en las disposiciones adicionales. Cuando hablamos de equivalencias entre titulaciones y certificados estas relaciones tienen que definirse más claramente con respecto a los
actuales ciclos formativos, con respecto a los actuales títulos de la formación profesional. Todo el tema de la equivalencia de los títulos y de las certificaciones con el sistema educativo tenemos que tratarlo con mucho cuidado. También hemos
visto lo que quizá sea un lapsus en la disposición adicional cuarta, donde se dice que el Consejo General de la Formación Profesional informará sobre este tema. El Consejo Escolar del Estado también tiene que informar de todo lo relacionado con las
titulaciones y las equivalencias a efectos académicos, de hecho, en la permanente del Consejo Escolar del Estado continuamente estamos informando aspectos de este tipo. Supongo que más bien será un lapsus de carácter técnico.
En este mismo sentido, hay que repensar la adecuación y la regulación de las familias profesionales actualmente existentes, incluso la duración de los ciclos medios que puede tener mucha relación con lo que posteriormente hablaré sobre el
paso del ciclo medio de la formación profesional al ciclo superior. Por supuesto, también hay que plantearse claramente la territorialización de la oferta, ligar muchísimo más la oferta de formación profesional al entorno y a las necesidades del
mercado en cada ámbito. Esto lleva consigo, también lo sabemos, cuestiones que tienen que ver con la movilidad; sabemos que es difícil, porque choca con la rigidez del sistema funcionarial en muchos casos, pero son temas que tendríamos que
intentar resolver entre todos y a base de diálogo. De lo contrario podemos correr el riesgo de que los centros privados y las empresas puedan seleccionar la oferta -lógicamente no es una crítica sino que es una realidad- mientras que los centros
públicos estén muchísimo más condicionados y puedan acabar teniendo un carácter residual. Aquí no hago la afirmación de que sea interés de la ley llegar a esta situación, pero si no somos capaces de adaptar y buscar una mayor flexibilidad para la
oferta de formación profesional en los centros públicos, esta puede sufrir serios problemas con la competencia que sin duda se va a abrir.
Los centros de formación profesional la ley no los ha llegado a perfilar.
Nos da la impresión de que del mismo modo que los primeros títulos están perfectamente desarrollados, aunque lo deja para posteriores desarrollos, queda con una
cierta ambigüedad en lo que tiene que ver con los propios centros. Al no estar clarificada esta diversidad puede ser bastante peligrosa, porque podría llevar a una jerarquización de centros dentro de la propia formación profesional. Parecería que
de mayor a menor categoría nos encontrásemos con estos centros de referencia nacional, con las dificultades que tiene de engarzamiento en la realidad territorial del Estado español -y no nos gustaría que fueran los antiguos centros del INEM, por
poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, máxime cuando éste está transferido o en proceso de transferencias en muchísimas comunidades autónomas-; repito, primero, estarían estos centros de referencia, luego los centros integrados, después
los IES, luego los centros de otras administraciones, después los centros de las empresas, luego los centros privados no ligados a empresas sino a la titularidad educativa. Si todo eso no se regula puede crear un verdadero laberinto, un verdadero
conflicto a la hora de establecer esta formación. El sistema dual alemán siempre se plantea como ejemplo, pero también sabemos que en estos momentos está teniendo serias dificultades de engarzamiento en una nueva realidad que no es la derivada de
después de la segunda guerra mundial, del milagro económico alemán y todas estas cuestiones. Hay momentos en que los modelos son válidos, pero en la medida en que pasa el tiempo pueden quedar obsoletos en determinadas cuestiones.
Puede haber una doble categoría de centros porque al final los integrados pueden ser los más conectados con las necesidades empresariales, con las necesidades laborales de personal cualificado, pueden tener más recursos porque pueden
encontrar diferentes vías de financiación, no solamente la propia de la Administración sino todos los recursos derivados de la formación ocupacional y de la formación continua, de la formación para parados y de la formación para trabajadores en
activo. Además, el corolario es que pueden tener muchísima más capacidad de inserción laboral; es decir, al final puede ser que un porcentaje muy elevado de estos alumnos no encuentre ningún tipo de dificultades para incorporarse al mercado
laboral, de hecho ya nos está sucediendo y quiero romper una lanza a favor de la formación profesional actual en los ciclos de grado superior que en muchísimos aspectos tiene una capacidad de integración en el mercado laboral superior a los propios
títulos universitarios. Sabemos que la formación profesional en algunos casos es la hermana pobre del sistema, pero también sabemos que en España la formación profesional de grado superior no es un fracaso sino que está cumpliendo buena parte de
las funciones para las que estaba pensada. En este ámbito concreto también nos gusta que en toda esta dinámica sobre la situación de la formación profesional en España no se haya generado ningún tipo de alarma social. Se puede traer una ley al
Parlamento, se puede discutir sin necesidad de hacer previamente una labor de arrasamiento de lo que es la situación de los actuales sistemas.
Hay que reformar, hay que modificar aspectos de la formación profesional, pero no es necesario crear una alarma social sobre la situación de la formación profesional en nuestro país, que -repito- en los aspectos del grado superior ha
cumplido y está cumpliendo correctamente sus funciones, con desajustes muy importantes ligados a la rigidez del sistema, a la adaptación de la oferta y de la demanda, pero hacemos una valoración positiva.
Los institutos de enseñanza secundaria con la formación reglada solamente pueden aparecer más ligados a sectores en los que no hay intereses empresariales para formar; quedarse en un carácter más ligado a determinados servicios, en un
carácter -no me gusta la palabra, pero se entiende- más asistencial, complementario de la formación profesional de elite que pueden representar estos centros de referencia o algunos centros ligados a las grandes empresas, que pueden tener también un
corolario en una contratación prácticamente en el ámbito de la misma empresa.
Esta cuestión hace que tenga que establecerse un control serio, de carácter democrático, de las actividades y gastos de todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de carácter reglado o de formación ocupacional o continua. En
este sentido hay que extremar el control en todo lo que tiene que ver con las actividades y gastos de estos centros y para eso es vital que exista un consejo escolar en la línea de lo que hay en los centros educativos actuales y, por supuesto,
legalmente la dirección de los centros de titularidad pública de las administraciones educativas tiene que ser elegida por el sistema LOGSE; es decir, tiene que ser una elección democrática a partir del consejo escolar del propio centro.
Hay temas que nos preocupan que simplemente enumeraré, porque dependerá de cómo se planteen en el futuro, por ejemplo, la problemática de toda la formación profesional reglada en centros que no sean de titularidad educativa, cómo se va a
articular esa situación, de quién va a depender, qué papel va a tener la inspección educativa en todo esto y hasta dónde va a llegar el papel de la inspección educativa y de otros tipos de inspección, cosa que puede suscitar muchos conflictos en el
día a día que la ley no resuelve.
Es evidente que en el ámbito del profesorado hay temas que no tiene que resolver esta ley, sino otra, pero el introducir disposiciones adicionales puede crear confusiones entre el profesorado; de hecho, ya las está creando en los centros
educativos, independientemente de que perviven situaciones que habrá que resolver, como multitud de maestros de taller interinos que llevan muchísimos años en el sistema y que no tienen la titulación para acceder a las propias oposiciones a la
función pública docente, pero que están sosteniendo la docencia en buena parte de los centros públicos de todo el Estado. La habilitación que se propone en la disposición adicional primera es positiva, pero no puede llevar al pluriempleo, no puede
llevar a que al final los problemas derivados de la escasez de horas hagan que se pierda el empleo o que otros subsistemas no ligados al tema estrictamente educativo estén impartidos por profesores que luego dependen en otros ámbitos de la
inspección de la administración educativa. Son temas que desde el aspecto funcionarial en sentido estricto pueden crear problemas. La asignación de las acciones formativas de formación ocupacional y continua a los centros reglados debe regularse.
No se puede caer en la arbitrariedad; no pueden depender del reparto político de turno en el ámbito de las consejerías de Educación, porque eso podría primar a determinados centros respecto a otros. Tienen que tener una clara regulación por ley,
por norma. Por supuesto, no podemos avanzar en el tema de las horas extras para los que somos funcionarios docentes sin cubrir carencias que pueda haber en los otros subsistemas.
También nos preocupa alguna disposición adicional relativa a las contrataciones temporales. De hecho, ya hay experiencias de que, al final, se puede llegar a abusar de la contratación temporal, fundamentalmente en lo que tiene que ver con
esos asesores de los que se habla y en muchos casos también para la propia formación ocupacional o continua. Puede darse al revés de lo que planteaba antes para los funcionarios docentes: que sean las horas de formación profesional reglada las que
se dan si sobran de formación ocupacional y continua.
Todo esto nos preocupa y puede crear serios problemas en los actuales centros de formación profesional.
En resumen, y ya como reivindicaciones finales, como planteamientos, diré lo siguiente. Hay que regular muchísimo mejor los aspectos de la formación profesional reglada que aquí aparecen, aunque -repito- sé que ésta no es la ley de la
formación profesional reglada, será la próxima, la ley de calidad. Tiene que haber un tratamiento equitativo para todas las familias profesionales, independientemente de su rentabilidad económica inmediata. Hay que cubrir las propias lagunas si no
podemos preparar a todos. Es un poco contradictorio con lo que he dicho, pero hay que jugar un poco, buscar un equilibrio entre lo inmediato en cuanto al mercado laboral y responder a las opciones personales de los alumnos de nuestro país. La
distribución entre el profesorado de los cursos de formación ocupacional y de formación continua tiene que tener criterios objetivos y claros establecidos por normas. Hay que rechazar el pluriempleo sistemático. Volvemos a decir que quien tiene
capacidad para acreditar y dar títulos son las administraciones educativas. Debe asegurarse la participación en las elecciones democráticas de los equipos directivos. Finalmente -disposición adicional segunda-, la contratación de otros
profesionales tiene que estar realmente limitada a los casos en que no haya o no existan especialistas. Para terminar, deben existir compromisos presupuestarios y plazos concretos para el desarrollo de la ley.
Hay tres aspectos que, con lo que ha sucedido en los últimos días, me veo en la obligación de trasladar como reflexión; son temas que a lo mejor no se plantean para la formación profesional, pero que están directamente relacionados: los
itinerarios, la posible reválida o prueba general al acabar el sistema y lo que nosotros llamamos pasadizos, aunque la denominación oficial sean pasarelas, entre el grado medio y el grado superior, que es un asunto antiguo, que viene de la Ley de
acompañamiento de 1999. Nos oponemos a los itinerarios para la formación profesional.
Como sindicato, estamos abiertos a discutir que desde los 14 años no todos los alumnos tienen que estudiar las mismas cosas. Estamos abiertos a esa discusión;
queremos itinerarios, si es que tiene que haberlos, del mismo valor pedagógico; itinerarios que no segreguen y no nos gustan los itinerarios fáciles -entre comillas-, diciendo: unos para el bachillerato; otros para la formación profesional;
otro, que no es un itinerario, para ningún sitio, para el paro -para el mercado laboral no es si no hay preparación- o para otras modalidades de formación; otro itinerario, el de garantía social, que no se puede definir como tal. Por tanto, para
que además guarde relación con lo que es actualmente la formación profesional de grado medio y de grado superior, nuestra idea es que no se pueden diferenciar en la ESO los que van hacia la formación profesional y los que van hacia el bachillerato.
La capacidad académica tiene que ser la misma; después tienen que ser las opciones personales de los alumnos las que se dirijan a un sitio u otro, lo cual no quiere decir que no se planteen determinados itinerarios con un carácter más tecnológico,
más práctico si se desea, que puedan ir preorientando una posible opción hacia la formación profesional.
También nos preocupa mucho la reválida o la prueba general. Nos preocuparía que en determinado momento se planteara una diferenciación entre el acceso a la universidad y el acceso a los ciclos formativos de grado superior. Para nosotros
sería terrible que el que no aprobase la llamada reválida pudiese ir a la formación profesional de grado superior y, sin embargo, no pudiera ir a la universidad. Eso sería una minusvaloración de unas enseñanzas de régimen superior respecto a las
otras. Esto podría ocurrir, independientemente de que se ligue o no la prueba a la titulación. A nosotros, que podríamos estar de acuerdo con una prueba general no ligada al título de bachillerato, sino para el acceso a los estudios superiores
-habría que ponerse de acuerdo en la modalidad de prueba, para ver las aptitudes y la madurez de los alumnos-, nos preocuparían muchísimo los posibles conflictos sociales que pueden ocurrir con un número importante de jóvenes de 17, 18 ó 19 años que
han acabado con éxito su bachillerato pero que no han superado la reválida; esta sociedad se encontraría con un porcentaje del 25, 35 ó 40 por ciento de alumnos que no tienen nada que hacer en el aspecto académico ese año más que preparar una
futura reválida. No creemos que esta sociedad esté en condiciones de aguantar los problemas sociales que podrían derivarse de esto. Por lo tanto, nos preocuparía que para solucionar determinados problemas de la universidad se abriese la
posibilidad de la formación profesional. No decimos que sea lo que se está planteando, simplemente lo estamos enunciando como posibilidad.
Respecto a las pasarelas, para no volver a la terminología pasadizo, tenemos que reflexionar sobre el paso del ciclo de grado medio a superior, porque a lo mejor la exigencia de la titulación del bachillerato puede ser excesivamente
exigente. Habría que establecer mecanismos para familia profesional a familia profesional, extensión de la duración de los ciclos de grado medio, que permitiesen la posibilidad del acceso sin el bachillerato, siempre con la garantía de que los
conocimientos que se necesitan para acceder a los ciclos de grado superior los posean los alumnos que han terminado los ciclos de grado medio. En el estado actual de los diseños que se han planteado, al no estar hechos con esa mentalidad, al tener
que ir los alumnos hacia el bachillerato, la inmensa mayoría que acaba logrando el título de grado medio no está en condiciones sin más de pasar al ciclo de grado superior.
Ese es uno de los temas que también tendríamos que resolver.
Pidiendo perdón, porque sé que en una parte me he podido desviar de lo que es estrictamente la ley de formación profesional que tenemos encima de la mesa, he creído interesante dar un traslado más amplio desde el ámbito de la reglada, porque
mi compañero Teodoro Escorial, de UGT, ayer ya dijo claramente lo que opinábamos del conjunto de la ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Copa, porque todo lo que ha dicho ha sido de interés para esta Comisión.
Los señores portavoces que quieran intervenir lo pueden hacer. El señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente le quería hacer dos preguntas al señor representante de la UGT. La primera es que de su intervención parece deducirse que existe el peligro de que el mapa final de la formación profesional en el Estado
español sea excesivamente complejo, muy jerarquizado y muchísimo más desigual que el actual. ¿Cómo habría que simplificar la ley para que el resultado del mapa final fuese más diáfano, tanto en que no hubiese excesiva jerarquización y desigualdad
dentro de los centros como en que se clarificase la diferencia público-privado o, en todo caso, si hay híbridos y mixtos, cómo debían de ser, con qué condiciones y con qué criterios?
La segunda es si le llama la atención al representante de la UGT el hecho de que se ponga como prioritaria la formación en idiomas extranjeros de la Unión Europea, las tecnologías de la comunicación y la cualificación
en seguridad e higiene. ¿Le parece eso lógico como objetivo prioritario en la formación profesional?
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans, por Convergència i Unió.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Copa y bienvenido en un doble sentido de la expresión: bienvenido a esta Comisión y bienvenido al grupo de los que no nos gusta este texto. Su intervención ha sido profundamente llamativa
porque con una gran sonrisa y con un tono de que no está diciendo nada ha lanzado una sucesión de torpedos en la línea de flotación de la ley que la ha dejado absolutamente hundida, por debajo del Kursk. Si uno se relee -algo que yo pienso hacer
cuando llegue el periodo de enmiendas parciales al texto- con todo detalle su intervención, no queda nada. Le recuerdo que la ley tiene 17 artículos y varias disposiciones adicionales, que tampoco quedan salvadas. Yo lo primero que quiero destacar
es eso. Supongo que es consciente de que después de hacer una especie de introducción diciendo que les parece bien la ley, a partir de ahí -pim, pam, pim, pam- la ha dejado desplumada en todos sus frentes y en todos sus ámbitos, aunque no mucho más
de lo que hizo su compañero ayer y sobre todo -y eso me parece interesante destacarlo- mucho más de lo que ha hecho su predecesor en la comparecencia, que no ha hecho más que hablar de que le daba la sensación de que esta es una ley consensuada, que
todos los agentes sociales estaban esperando como agua de mayo que se aprobara este texto, que el representante de CEOE se conocía de memoria, como si lo hubiera redactado y que ha defendido con más entusiasmo que con el que lo hubiera defendido la
ministra. Daba la sensación de que en el consejo de formación profesional la CEOE cedió aquí y ellos cedieron allí y fruto de ello es este texto que recoge todas nuestras aspiraciones. Diez minutos más tarde comparece aquí un representante de la
UGT y le da toda la vuelta al asunto. Lo primero que quiero dejar claro es eso. En segundo lugar he de dejar claro que buena parte, por lo menos el 80 por ciento de lo que son sus críticas al texto son las nuestras. En algún caso usted nos ha
dicho: de pasada; para nosotros no lo es, lo compartimos totalmente. Usted hablaba de temas competenciales, de los riesgos que plantean los centros de referencia nacional y- mezclando un tema con otro, pero muy interesante y muy oportuna la
mezcla-de los problemas que pueden plantear los itinerarios en la ley de calidad respecto de la formación profesional y de su propio prestigio y aplicación real.
Poco más le voy a decir, sólo que bienvenido. Estamos de acuerdo, pero esta ley no le gusta. Lo que no puede hacer es ir diciendo que a UGT esta ley le gusta, punto y aparte, y a partir de ahí desmontarla como ha hecho usted en esta
comparecencia, porque se la ha cargado y la ha puesto del revés. Sobre eso, poco más que añadir. Se me ha ido el santo al cielo.
Quería hcerle otro comentario, pero... En todo caso, le agradezco su intervención y muchas de sus observaciones
porque, cuando llegue el momento de hacer las enmiendas parciales, serán muy tenidas en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Marzal, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Copa, por su exhaustiva explicación de su exposición respecto a la ley.
Tengo que decir aquí lo mismo que acaba de manifestar el señor Guardans: menos mal que no les parece mal la ley porque, si se lo pareciera, no sé en qué hubiera quedado esto realmente. Ha hecho un desarrollo de multitud de detalles de la
ley, algunos explícitos otros no, en los que no está de acuerdo y que nosotros en líneas generales compartimos.
Anteriormente el compareciente que ha intervenido se ha estado refiriendo de continuo a que para él esta ley es buena porque desarrolla el segundo programa nacional de formación profesional, sin embargo manifestaba algo que usted también ha
dicho y que hasta ahora todos los comparecientes han venido reflejando, y es el miedo, la preocupación por el desarrollo reglamentario de esta ley; es decir, la ley no incluye apenas nada que pueda comprometer el desarrollo de lo que en ella se
propone y una mejora de la formación profesional, que es lo que todos queremos. En primer lugar, no desarrolla, como usted ha dicho, ningún tipo de órgano de coordinación en el que se pueda acomodar, primero, la formación profesional que se
gestiona desde los distintos ministerios y desde las distintas comunidades autónomas y, segundo, todas las posibles dudas que usted ha ido desgranando una tras otra.
Usted ha mencionado, pero no se ha extendido, toda la primera parte de la ley que se refiere a las cualificaciones, tal y como ha dicho. Si usted ha sabido encontrar mil y un defectos en la parte que se refiere a la formación profesional y
más concretamente a la formación profesional reglada habrá visto que también la ley tiene las mismas imprecisiones, los mismos defectos, el mismo vacío para la parte anterior que se refiere a las cualificaciones, empezando, por ejemplo, por el
propio título, que usted ha mencionado. ¿Esto es más una ley de la formación o de las cualificaciones? Por lo que se deduce de la ley parece que es más una ley dirigida a la formación y la cualificación viene detrás, como en el propio título. A
nuestro juicio -y en eso, a juzgar por su exposición, coincidimos- lo primero es la cualificación y después viene la formación.
En segundo lugar, por más buenas intenciones que se le puedan suponer a esta ley, con la buena fe de la que hablaba el señor Del Castillo, el compareciente anterior, lo cierto es que no se concreta en absoluto
cómo se van a desarrollar esos puntos buenos que usted mencionaba al principio, como es la elaboración de un sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, el catálogo estatal, la integración de los tres subsistemas en los que
todo el mundo coincide como puntos buenos, pero que no dejan de ser nada más que lo que se ha hablado en el segundo programa nacional de formación profesional. En él no se aporta nada y no hay absolutamente ninguna garantía en la ley de que no vaya
a suceder con ella lo mismo que ha pasado con el segundo programa, es decir, que se quede en un documento que alguien puede exhibir, pero que no ha cumplido prácticamente ninguno de sus objetivos, por no decir todos, aunque algunos sí, como el
establecimiento del UNCUAL que ha quedado vacío de contenido y sin financiación; ese es el único, pero todos los demás los recoge la ley quizá por elevación. El Gobierno se ha dado cuenta de que no había cumplido los objetivos del segundo programa
nacional de formación profesional y entonces los eleva con mayor imprecisión todavía a rango de ley. Por eso le quiero decir que los mismos defectos que usted ha encontrado en la parte de formación profesional también se refieren y agravados a la
parte de las cualificaciones, a la parte primera. Desde el punto de vista del aspecto de la formación profesional de la que usted ha hablado, sentimos también la misma preocupación o el mismo temor, que no ha sido sólo suyo sino que se viene
repitiendo durante todo el día de ayer y hoy en las intervenciones que hemos tenido ocasión de escuchar, a ese desarrollo reglamentario que la ley no precisa; son tantas las inconcreciones de este texto que al final pensamos que simplemente es una
declaración de intenciones que, como decía antes, sirve para salvar el compromiso del segundo programa y no desarrolla nada. Todo queda pospuesto para el posterior desarrollo reglamentario, por lo que nosotros pensamos que esta ley realmente no
sirve, es una ley inútil y, como se ha dicho en alguna ocasión, para este viaje no necesitábamos alforjas.
Me preocupa especialmente alguna de las cosas que usted ha planteado. Por ejemplo, el tema de la dirección de los centros integrados en el que el Gobierno, abriendo un debate que corresponde a una ley posterior que ya se está anunciando,
introduce solapadamente, por la puerta de atrás, una nueva fórmula que tira por tierra todos los mecanismos de participación regulados en todas las leyes educativas y que usted ha mencionado. Me parece oportuno realizar esa mención y nosotros,
además de enmiendas parciales, vamos a presentar una enmienda a la totalidad -que como no he tenido ocasión de decirle se lo digo ahora- que le haremos llegar, en la que se recoge precisamente este tema.
Exactamente igual sucede con la composición de los órganos colegiados de dirección de los centros integrados en los que a los consejos escolares no se les garantiza la participación de los sectores implicados. Quedan todavía muchas
pinceladas que definir y que el Gobierno no parece querer hacerlo. Hay un tema que usted ha mencionado y que ayer lo hizo el señor Lezcano, y que a los sindicatos de la enseñanza también les preocupa como a nosotros, que se refiere a la disposición
adicional primera, donde se recoge la posibilidad de que el profesorado imparta clase en los tres subsistemas. Esto en principio puede ser bien acogido, porque en una época en la que el decrecimiento de la población escolar es notable puede suponer
una solución para los profesores que deben completar su horario, sin embargo, aparece la duda, aparece el miedo a que los profesores, partiendo de una idea que puede ser buena, se vean abocados a una situación, como usted ha dicho, de horas
extraordinarias, de compartir horarios con alumnos que no son los habituales, en horarios y en jornadas que pueden perjudicar la situación de ese profesorado.
Nos preocupa también -por señalar algunas de las cosas que usted ha dicho, con las que en líneas generales estamos de acuerdo en todas- la equiparación que se hace en la ley de los títulos con los certificados profesionales. Usted ha
mencionado la adicional segunda y ahí aparece el término equivalencia. Se hacen equivalentes los títulos y los certificados de profesionalidad y en el artículo 8.1 también aparece bajo un mismo epígrafe: los títulos y los certificados tendrán los
efectos que la directiva comunitaria tal determina. Nos parece que eso es una situación tremenda, porque ¿conoce usted algún título que tenga algo que ver en cuanto a horas, contenidos, requisitos que los centros en los que se imparte deben
cumplir, en cuanto a requisitos que el profesorado que los imparte debe cumplir, algún título que se pueda hacer equivalente a un certificado de profesionalidad? Difícilmente lo va a encontrar usted.
Los que nos movemos en el ámbito de la docencia
sabemos que no tiene nada que ver. Se pueden convalidar, pero la equivalencia es una tema muy peligroso que va a redundar en ese desprestigio que parece ser que el Gobierno del Partido Popular está empeñado en hacer caer. Lo que oímos
continuamente en los medios de comunicación es lo mal que está el sistema educativo en todos los sentidos. Nuestros alumnos son los peores para todo. En estos datos el Gobierno apoya su reforma y sólo hace hincapié en ellos. Me alegro de que
usted haya dicho que hay una buena formación profesional en los ciclos de grado superior fundamentalmente, así como que ayer tanto los representantes del Consell Català de la Formació Professional como el representante de ADEGUI, de la patronal
guipuzcoana, dijeran que teníamos una magnífica formación profesional. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? Esta ley lo único que hace es enunciar, sin compromiso ninguno, aquellos objetivos que ya se plantearon en el segundo programa nacional y
que el Gobierno no fue capaz de cumplir y dejar al desarrollo reglamentario todo lo que realmente nos preocupa. De ahí que me agrade su intervención.
Le recuerdo y le quiero hacer partícipe de esa preocupación que todos tenemos y que el Grupo Socialista va a defender en su enmienda a la totalidad y en sus enmiendas parciales en aquellos foros en los que tengamos oportunidad de
mencionarlo. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Me da la impresión de que el señor Guardans se dejó algo en el tintero. Excepcionalmente le doy un minuto para que concluya su intervención.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me sobra con el minuto y se lo agradezco.
Usted ha recalcado varias veces que da por hecho que aquí no se trata la formación reglada y que esa se tratará en la ley de calidad. Eso suena a acto de fe. No sé exactamente de donde ha obtenido esa información, porque no se deriva del
propio texto ni de ninguna de la que disponga esta Comisión. Por tanto, si puede usted desarrollar ese tema, se lo agradeceré.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Le doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Ramón Copa y las gracias por sus aportaciones y puntos de vista en relación con el texto del proyecto de ley. Se han dicho ya muchas cosas.
Con alguna de las
intervenciones coincido, obviamente con otras no. Ayer su compañero Teodoro Escorial habló de la urgencia de la ley. Yo he creído entenderle a usted que esto no era exactamente así, por tanto, me gustaría que me lo aclarara, porque ayer muchos de
los comparecientes, incluido el representante de UGT, se expresan en estos términos: urgente e imprescindible. Enlazo esto con la afirmación que también ha sido bastante común en los hasta ahora comparecientes, ya que en términos generales se ha
afirmado que nuestro sistema de formación era positivo, tanto de los representantes ayer del Consell Català de Formació Professional como de otros. Probablemente esto sea así, pero todos han reclamado y han dicho incluso que este proyecto de ley
era una oportunidad histórica. Una vez planteadas las quejas de que nuestro país, en términos comparativos con los de nuestro entorno, estaba en cifras relativas de población en formación profesional muy inferiores a las de los otros países, se me
ocurre que tal vez nuestra formación sea buena pero sea insuficiente su implantación, por lo que es mejorable y sobre todo extensible.
Enlazo esto con una afirmación que ha hecho usted y con una preocupación que ha mostrado, y que comparto, respecto a que la formación profesional no puede ser la hermana pobre. Ha dicho incluso que es la hermana pobre, pero en una posterior
intervención ha dicho que no debe serlo. Yo comparto que no lo debe ser y que una de las claves del éxito de la extensión de la formación a un mayor número de ciudadanos y, con ello, de su adecuación a las posibilidades de atender las expectativas
actuales del mercado laboral y sus demandas pasa por prestigiar la formación profesional entre todos ante la opinión pública y cambiar la mentalidad que muchos equivocadamente tienen en cuanto a que la formación profesional no es de calidad, no es
adecuada y es la hermana pobre o van a ella los rebotados y fracasados del sistema educativo.
Usted nos ha planteado determinadas cuestiones de carácter puntual, que yo le digo que estudiaremos. Creo que algunas de sus preocupaciones se derivan de la necesidad de un lógico ajuste de los tres sistemas existentes -ahora hablamos de
subsistemas- en un único sistema. Esta transición es compleja por su propia naturaleza y supone un cambio profundo que da pie a plantear interrogantes, como usted ha hecho. De todas formas, ha planteado tantos interrogantes, que yo comparto la
intervención del señor Guardans, hasta el punto de que me va a permitir que le pida que nos diga cuáles son, en su opinión, como representante en este punto de la Unión General de los Trabajadores, los elementos que han animado a su sindicato tanto
a adherirse -y en su momento a consensuar, porque creo que se consensuó, y si no, nos lo aclara, por favor- al segundo plan de formación como a dar el voto favorable a este proyecto de ley. Si se dice que es positivo, y no sólo se dice sino que
además expresamente se apoya, suponemos que en el balance habrá un activo superior al pasivo, y nos gustaría que nos lo detallara porque yo tampoco lo he encontrado.
El señor PRESIDENTE: Señor Copa, puede intervenir. Le ruego que, como vamos mal de tiempo, sea esquemático. No es necesario que conteste con detalle y repita todo lo que ha dicho anteriormente.
El señor COPA NOVO: Trataré de ser rápido y empezaré por el final para que quede muy clara mi posición. Entiendo que en determinados momentos se emplee la dialéctica parlamentaria buscar contradicciones entre lo que ha planteado mi
compañero Teodoro y yo mismo. Yo he planteado desde el principio nuestras preocupaciones con respecto a determinados desarrollos. Para nosotros -y lo quiero decir en la contestación- la ley es urgente, muy urgente en el ámbito de la formación
ocupacional y la formación continua y por la necesidad de integrar estos subsistemas.
¿Quiere esto decir que compartimos la ley en todos sus aspectos? No.
Buena parte de los temas que planteó ayer Teodoro de pasada -tengo aquí su intervención por
escrito- yo los he desarrollado como posibles problemas. Al final será el trámite parlamentario de la norma en el que nosotros no hemos renunciado todavía a que pueda haber un cierto consenso o que se introduzcan determinadas enmiendas por los
grupos parlamentarios, el que hará ver si las cuestiones sobre las que planteamos
nuestras preocupaciones vayan en un sentido o en otro. La ley es urgente porque si no existe un marco normativo de carácter general, buena parte de las hipótesis que aquí se plantean ni tan siquiera se pueden desarrollar. Yo me atrevo a
decir que la ley lleva décadas de retraso, probablemente desde que se han dado pasos adelante en la puesta en marcha de unos sistemas modernos de formación continua y ocupacional. Hay que tratar de integrar los tres subsistemas. Por lo tanto, la
ley es urgente; después veremos si el desarrollo reglamentario va en la línea de las preocupaciones que ahora tenemos.
Mi obligación como secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza era plantear aspectos que pueden crear problemas al insertar los tres subsistemas. Aprovecho esta circunstancia para decir que no tengo ningún
dato respecto a que la formación profesional vaya a ser tratada en la futura ley de calidad, pero entiendo que si se plantea una modificación del sistema educativo actual, la formación profesional no puede quedar al margen, porque cualquier
planteamiento que se haga en el sistema -el ejemplo evidente era el de los itinerarios- o es integral o estará condenado al fracaso. Para solucionar los problemas de la educación en nuestro país, no podemos conformarnos con modificar la ESO, porque
no solucionaría los problemas.
No tengo ningún dato, señor Guardans, como le he dicho. Le preguntaré a la ministra, porque cuando salga de aquí voy a tener una entrevista con ella, o sea que podré trasladarle la pregunta de primera mano. Pero
repito que les pido que más allá de la dialéctica parlamentaria, no vean contradicción en el seno de la UGT sobre este tema. Mis compañeros de la ejecutiva confederal están tan preocupados como yo por todo lo que tiene que ver con la formación
profesional reglada, y yo, desde mis responsabilidades, no me atrevo en ir avanzando en temas que tienen que ver con las cualificaciones profesionales después de un debate en el que no he participado, porque no he estado en el Consejo general de la
formación profesional; sí he estado en el Consejo escolar del Estado y hemos defendido una serie de normas. Quizá mi intervención haya sido un poco más conflictiva, entre comillas, o más crítica que la de ayer de Teodoro porque yo sí he hablado de
las posibles consecuencias de que no haya un cierto consenso en el desarrollo reglamentario.
La UGT también ve problemas competenciales en relación con los centros de referencia nacional. La UGT -ya no hablo de la FETE- también está preocupada por las ambigüedades de la norma -creo que lo planteaba ayer Teodoro-, pero en UGT no
podemos hacer una descalificación absoluta de una ley que creemos que es necesaria y que si su desarrollo reglamentario, independientemente del trámite parlamentario, va por unas ciertas vías de consenso, puede solventar muchos de los problemas,
fundamentalmente en el ámbito de las cualificaciones. Yo entiendo que he podido excederme en cuanto a las posibles consecuencias derivadas de la ley, pero son hipótesis que yo creo que pueden ocurrir, aunque de la lectura de este proyecto de ley no
se pueden inferir. Son hipótesis, en este caso personales, en nombre de mi sindicato, que pueden compartir o no los señores diputados, pero no se puede entender que lo que yo pongo en cuestión respecto a posibles desarrollos en el ámbito de la
formación profesional reglada sean torpedos a la línea de flotación de las cualificaciones profesionales. Por lo tanto, creo que no se plantea ninguna contradicción entre la postura planteada por mi compañero ayer y la mía de hoy. De hecho, buena
parte de las enmiendas las hemos consensuado; hoy están aquí compañeras de mi federación que han estado trabajando en el Consejo General de la Formación Profesional, y siempre hemos llevado propuestas conjuntas.
Por último, me voy a referir a dos o tres temas puntuales. Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el mapa de centros -contesto con ello a don Francisco Rodríguez- obliga forzosamente a diseñar unos planes específicos de
formación profesional, y aquí tiene que haber un acuerdo entre las diferentes administraciones. Estoy hablando fundamentalmente de planes autonómicos. Una vez que se articule el carácter estatal, este tema tiene que ser tratado en el seno de cada
una de las comunidades autónomas, con los agentes sociales, con las administraciones educativas y laborales, con la iniciativa privada en el campo de la formación profesional, y hay que hacer una red de mapas de forma que las redes sean
complementarias entre sí, es decir, que no establezcan una competencia y no se caiga en una jerarquización. Por eso digo que tiene que haber un desarrollo reglamentario para que no se deje a las decisiones políticas de turno o a la libre oferta y
demanda en todo este material, porque ahí sí, vuelvo a repetir, la hermana pobre del sistema, por diferentes razones, puede ser la formación profesional reglada.
Los objetivos fundamentales que aparecen en el proyecto de ley en cuanto a idiomas extranjeros, tecnología, etcétera, evidentemente los compartimos.
Creemos que son necesarios. Tienen mucho que ver con cada una de las familias, puesto que
no significa lo mismo el idioma extranjero en una familia de la madera, por poner un ejemplo, que en una que tenga que ver con la hostelería y el turismo. Esta es una realidad que ya se tiene hoy en cuenta, en los diseños curriculares que se están
estableciendo. Si la pregunta se refiere a la introducción de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, puedo decirle que la apoyamos. Por el contrario, no apoyamos que se introduzca la asignatura de religión -esto es aprovechar que el
Pisuerga pasa por Valladolid- en determinados módulos de formación profesional, porque nos parece un tanto ridículo, entre comillas, que en el año 2002 alguna administración
educativa pueda estar planteando asignaturas de religión en los ciclos de formación profesional de grado medio o superior.
En resumen, me ratifico en lo que he dicho y no creo haber lanzado torpedos en la línea de flotación, sino que he planteado serias preocupaciones sobre el desarrollo parlamentario que se haga tras la aprobación de la ley. En todo caso,
nuestra obligación como sindicato es plantear esas dudas y su obligación como parlamentarios es establecer las normas a las que nosotros nos vamos a tener que sujetar, pero repito, como última consideración que, como Unión General de Trabajadores y
como FETE, nosotros entendemos que la ley es urgente, que es necesaria, y nos gustaría que buena parte de las críticas que aquí hemos planteado se recogiesen no ya en el proyecto de ley, sino en la ley que apruebe el Parlamento español.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Copa, por sus palabras y su intervención, que yo creo que ha sido muy ilustrativa para la Comisión.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA COMISIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) DE ENSEÑANZA (ANXO LUOZAO RODRÍGUEZ). (Número de expediente 219/000308.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión dando la bienvenida a don Francisco Xesús Anxo, secretario de la Confederación Intersindical Galega (CIG) de Enseñanza, quien va a comparecer en esta sesión en relación con el proyecto de ley de
formación profesional y cualificaciones. Ya conoce usted las reglas con las que trabajamos en esta comisión: usted tendrá una primera intervención, después los portavoces le podrán formular preguntas y a continuación tendrá una segunda
intervención para contestar a las que usted considere oportunas.
Sin más preámbulos, tiene la palabra, rogándole también concisión, porque conoce usted la limitación de nuestro tiempo.
El señor SECRETARIO DE LA COMISIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) DE ENSEÑANZA (Anxo Luozao Rodríguez): Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de analizar y presentar nuestras propuestas respecto
a la ley de formación profesional y de las cualificaciones. También esperamos que no sea la última vez, en la medida que está prevista una ley de calidad para la que desde nuestra perspectiva sería de suma importancia poder comparecer aquí en el
futuro.
A la Confederación Intersindical Galega le preocupa que estemos ante un proyecto de ley que se fundamenta en los principios que impregnan todas las reformas educativas del partido que sustenta al Gobierno del Estado.
Nos estamos refiriendo
a un modelo uniformizador y recentralizador. Es más, teniendo en cuenta algunos artículos, podemos afirmar con objetividad que estamos ante un proyecto de ley preautonómico, porque sustrae competencias a las comunidades autónomas. Si a esto le
añadimos la tendencia privatizadora y antidemocrática que le orienta, podemos concluir que más que una reforma de la formación profesional, se trata de una norma involucionista movida por intenciones ideológicas y no con el objetivo de reformar y
mejorar la formación profesional.
Este proyecto de ley de formación profesional no viene precedido, desde nuestro punto de vista, del consenso, debate e información necesarios. Es inquietante que una ley de tanta relevancia se esté tramitando hurtando el debate al
profesorado, a pesar de que tendrá que ser éste una vez más el que tenga que responsabilizarse de aplicar una reforma en la cual no se le ha tenido en cuenta, pues ni siquiera aparecen incorporadas aquellas propuestas que mayoritariamente fueron
aprobadas en el Consejo Escolar del Estado o en el Consejo General de Formación Profesional. En definitiva, no viene precedida ni de la negociación ni del consenso entre las diferentes partes involucradas, especialmente con las denominadas
comunidades autónomas, procedimiento que viene siendo una pauta constante en la aplicación del modelo educativo del Partido Popular. Para ejemplo tenemos la LOU o el decreto de las enseñanzas mínimas.
Para nosotros no es tampoco admisible que una vez más se legisle de espaldas a las comunidades autónomas, imponiéndonos una serie de obligaciones que suponen inversión económica y que, sin embargo, no conllevan financiación. Permítanme
decirles que la Administración central viene arrastrando con Galicia una deuda histórica en educación que se remonta a la época de transferencias, que se agravó con la aplicación de la LOGSE y que, de no remediarlo, se incrementaría con esta ley.
Es imprescindible que, dado el carácter de norma marco que tiene este texto, se adjunte una memoria económica que sustente financieramente la aplicación de esta ley. No se comprende que se implante un nuevo modelo de centros, los centros
integrados, y no se habiliten partidas presupuestarias para su puesta en funcionamiento.
Para nosotros tampoco se puede asumir que esta ley esté motivada, entre otras razones, por la obtención de una población apta para la movilidad y la libre circulación, como se refleja en su exposición de motivos. Como gallegos, hemos
sufrido a lo largo de la historia una constante emigración que hoy continuamos padeciendo. En consecuencia, no podemos admitir como motivo el de cualificar a la población para el éxodo. Lo que sí necesitamos, pensando desde Galicia, es una
planificación económica capaz de desarrollar nuestros sectores productivos y fijar las bases para crear un tejido industrial en ámbitos de importancia estratégica para el futuro desarrollo económico de nuestro país y para
crear puestos de trabajo en nuestra propia tierra. En definitiva, no queremos resignarnos a ser mano de obra barata, aunque sea cualificada, para desarrollar otros territorios que el mercado globalizado y la Europa antisocial tengan
prefijados.
Así, el artículo 1.º 3 se refiere a este aspecto ya anunciado en la exposición de motivos cuando dice que uno de los fines de la ley es el fomento de la libre circulación de los trabajadores. Para los trabajadores gallegos esa finalidad,
muy a nuestro pesar, ya está alcanzada, circulamos y seguimos circulando no sólo por el Estado español, sino por Europa y América, y el objetivo de esta ley tendría que ser formar y cualificar para desarrollar las potencialidades productivas y para
facilitar el derecho al trabajo en el propio país. En consecuencia, habría que suprimir la última línea del apartado 3 del artículo 1.
En el apartado 3 del artículo 2 se debe también suprimir el último párrafo por los argumentos ya expuestos anteriormente: no debe ser un objetivo básico, desde nuestro punto de vista, de una ley de formación profesional el mercado único y
la libre circulación de trabajadores. Una cuestión es el derecho y otra muy distinta es cualificar a nuestra población para emigrar.
Esta ley, como se afirma también en la exposición de motivos, tiende a unificar la formación profesional en la Unión Europea. Nadie dudará que las estructuras económicas, el desarrollo industrial, las capacidades productivas y, por tanto,
las necesidades y potencialidades son totalmente diferentes en Galicia que en cualquier territorio del Estado o en Europa. En consecuencia, no se puede pretender aplicar una ley que uniformice lo que es diverso y diferente.
Consideramos necesario modificar el proyecto de ley en lo referido a los ámbitos competenciales que la Administración General del Estado asume como propios y exclusivos, muchos de los cuales estimamos que son competencia en concreto de la
Xunta de Galicia o de otras comunidades autónomas. El Estado se apropia, entre otras, de las siguientes competencias: principios y fines, instrumentos y acciones y regulación y coordinación del sistema nacional de formación profesional y de las
cualificaciones; requisitos básicos necesarios de la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de las vías formales de formación; la estructura y el contenido del catálogo nacional
de las cualificaciones profesionales; determinación de los títulos y certificados de profesionalidad; requisitos básicos que deban reunir los centros que ofrezcan formación profesional y regulación de los órganos colegiados; coordinación de
información y orientación profesional, y establecimiento y coordinación de los procesos de evaluación. Todo esto contradice no sólo lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, en especial en materia educativa, sino también lo establecido en
el Estatuto de Autonomía de Galicia y en la Constitución, lo cual supone una invasión competencial clara y manifiesta, constituyendo también el resultado y la expresión de una concepción centralista y uniformadora de la formación profesional y del
sistema educativo del Estado.
En efecto, el artículo 149.1.30 de la Constitución, al que se hace referencia expresa en el artículo 10.1 y disposiciones adicionales del proyecto de ley, determina como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, la competencia estatal solamente se refiere a los aspectos básicos de las enseñanzas y
no a aquellas que no tienen tal carácter. Tal interpretación es la que se lleva realizando desde la aprobación de la LOGSE. En base al artículo 4 de dicha ley orgánica, las comunidades autónomas, y no el Estado, son las que determinan el currículo
en las enseñanzas. La Administración del Estado sí regula los aspectos básicos de dichos curriculos cuantificados en un 55 por ciento, pero el desarrollo del 45 por ciento restante compete exclusivamente a las comunidades autónomas. En la medida
en que el catálogo modulado de formación profesional es educación y formación, al Estado sólo le corresponde regular el 55 por ciento de los aspectos básicos. Para la CIGA, la relación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas
es en este caso el resultado de una relación de poder entre distintos ámbitos políticos territoriales, que no puede ser suplantada por un órgano de consulta y de participación institucional como es el Consejo General de Formación Profesional, del
que forman parte, además de las administraciones públicas, otras entidades de representación social.
En la exposición de motivos se contempla que la finalidad de la ley es la creación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, con ámbito competencial exclusivo del Estado, que dote de coherencia y eficacia a la
planificación, ordenación y administración de la formación profesional. Los aspectos básicos tendrían que ser acordados y consensuados con las comunidades autónomas y éstas tendrían competencias plenas para lo restante; en cambio, el proyecto de
ley sólo reconoce la cooperación con las administraciones autonómicas, es una constante obsesión de homogeneización y centralización. Con estos principios se configura el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, cuando lo normal sería
que pudiese elaborar cada comunidad autónoma su propio catálogo de cualificaciones profesionales, competencia exclusiva de la administración del Estado, según el artículo 7, que a su vez tendrían sus convalidaciones con las que hubieran determinado
el Estado y las otras comunidades autónomas. Lo que el artículo 2 define en sus puntos 1 y 5 como sistema nacional de formación profesional y cualificaciones es competencia en muchos aspectos de las
comunidades autónomas; de lo contrario, éstas se convertirían en meras delegaciones de gobierno.
¿No es lógico que las comunidades autónomas tengan potestad para promover y desarrollar la integración de la formación profesional, así como la evaluación y la acreditación de las correspondientes competencias profesionales? En el punto 4
del artículo 8, sobre la evaluación y acreditación de las cualificaciones profesionales, debe recogerse que, independientemente de que se consulte al Consejo General de Formación Profesional, tanto los requisitos y los procedimientos para la
evaluación y acreditación como sus efectos tendrían que ser acordados con las comunidades autónomas, sin menoscabo de que las que posean competencias en materia de educación puedan proceder a fijar los requisitos y procedimientos para la evaluación
y acreditación de algunas de ellas. En el artículo 10.1, en lo referido a las ofertas de formación profesional, si bien es cierto que le corresponde a la Administración General del Estado establecer la relación de títulos, sería lógico y normal que
se hiciere de acuerdo con las comunidades autónomas. Dicho esto, son las comunidades autónomas, como ya expusimos anteriormente, las que determinan los currículos y contenidos formativos de los mismos, respetando el 55 por ciento que fija la
Administración del Estado, según la práctica legislativa emanada de la propia LOGSE.
Respecto al artículo 11.1, consideramos normal que los requisitos de los centros tengan derecho a fijarlos las respectivas administraciones autonómicas, pero en todo caso al Estado le corresponderían los requisitos mínimos y no los básicos,
tal como recoge el Real Decreto 1004/1991. Solamente desde una visión descentralizadora se puede proponer -artículo 15.1- que la coordinación de información y orientación profesional corresponda a la Administración General del Estado y no a las
administraciones autonómicas. El establecimiento y la coordinación de los procesos de evaluación -artículo 17- del sistema nacional debe corresponder conjuntamente a los gobiernos central y autonómicos. Las empresas van a poder ofertar formación
profesional reglada, ocupacional y continua y recibir subvenciones públicas para ello. Al mismo tiempo, profesionales cualificados procedentes de dichas empresas van a poder impartir docencia en los institutos, y al profesorado se le permitirá
pluriemplearse legalmente para impartir formación ocupacional o formación continua. Las consecuencias que se derivan pueden ser graves. Si el profesorado de formación ocupacional o formación continua actualmente existente y otros profesionales
cualificados van a poder impartir formación profesional reglada en los institutos, las implicaciones supondrían una radical transformación de las condiciones laborales del profesorado, especialmente para el colectivo de interinos, que en algunos
casos puede llegar a desaparecer.
Un elemento tremendamente privatizador es el que se deriva del hecho contemplado en el artículo 6, puntos 1, 2 y 3, y artículo 10, punto 6 del actual proyecto, en el que se autorizan a los actuales centros privados a estudiar la oferta de
formación profesional continua y en las enseñanzas conducentes a la obtención de los certificados de profesionalidad, así como la posibilidad de crear centros integrados por las empresas privadas -artículo 11.4-. La adicional cuarta posibilita las
equivalencias entre los certificados de profesionalidad y los títulos de formación profesional.
Respecto a la figura de profesionales cualificados, recogida en el artículo 6.2, proponemos cambiar la denominación por especialistas porque aporta mayor precisión y así está recogido en la LOGSE. Al mismo tiempo, debería precisarse que la
competencia docente de tales especialistas se refiere en exclusiva, respecto a la formación inicial y reglada, a la impartición de aquellos módulos que así lo tienen establecido en sus respectivos currículos.
El punto 3 del artículo 8 debe redactarse de tal manera que la acreditación parcial de un módulo o de un crédito ocupacional tenga valor en sí misma, con independencia de que pueda ser completada con posterioridad. En todo caso, debe quedar
explicitado que la suma de acreditaciones parciales no puede transformarse automáticamente en un título. Solicitamos que se suprima el punto 3 del artículo 11, que posibilita la financiación pública a las empresas privadas para no contribuir a
ampliar la privatización del sistema.
El punto 5 del artículo 11 contempla la libre designación por la Administración de centros integrados. El procedimiento de libre designación para la elección de director en los centros integrados es desde nuestra perspectiva inadmisible.
No hay nada que no justifique la elección democrática de todos los órganos unipersonales y colegiados. En todo caso, la propuesta de que fueran elegidos democráticamente ha obtenido en el Consejo Escolar del Estado un empate, que ha sido deshecho
por la calidad de voto del presidente. Con esta propuesta se están vaciando las ya escasas competencias del claustro de profesores y de los otros sectores del centro. Más grave es aún que se limite la participación del profesorado, lo que conlleva
a desmotivación y falta de asunción colectiva de la marcha del centro. Se jerarquiza aún más el profesorado, concentrado todo el mando en la dirección, y supone un retroceso con respecto al funcionamiento actual. Para garantizar una mínima gestión
democrática de los centros integrados de formación profesional, la elección de los cargos directivos se tiene que realizar por la comunidad escolar. Debe corresponder a los gobiernos autónomos regular los requisitos para la constitución de los
órganos colegiados de los centros integrados.
La ley no significa una apuesta firme por un sistema de formación profesional integrado puesto que no asume la necesidad de la integración ni a nivel competencial
ni a nivel administrativo. A nivel competencial, no se transfieren a la Xunta las plenas competencias en materia de formación profesional, y a nivel administrativo no existe un organismo que integre todas las actuaciones en materia de
formación profesional -ámbito político, planificación, gestión y desarrollo-. Un planteamiento serio de la formación profesional por parte del Gobierno español tiene que venir precedido necesariamente por la transferencia a la Xunta de Galicia de
las competencias en formación continua. Resulta imposible imaginar abordar la integración de tres subsistemas de formación profesional en Galicia cuando sólo dos de estos están transferidos, y lo que se pretende con esta nueva ley es abordar la
intervención total de la ocupacional, de la reglada y de la continua. En consecuencia, demandamos la inmediata transferencia sin tener que esperar a que ésta se produzca mediante sentencia del Tribunal Constitucional al recurso presentado por la
Xunta de Galicia. En coherencia con lo anterior, habría que añadir al artículo 1.1 un texto que recogiera que es necesario traspasar la formación continua a las comunidades autónomas.
Desde nuestro punto de vista, tendría que retirarse tanto del artículo 11.7 como del preámbulo todo lo referido a los centros de referencia nacional, pues el Gobierno central asume en la práctica la titularidad de estos centros de formación
profesional.
Se crea una red de centros estatales, lo que constituye no sólo un anacronismo en la actual configuración del Estado, sino también la puesta en marcha de la concepción despóticamente centralista del Estado. Se trata de una propuesta que
supone retomar tiempos pretéritos. Es un contrasentido, como ya hemos manifestado con anterioridad, querer recuperar lo que ya se ha transferido en su día. Estamos, en definitiva, ante una total injerencia del Estado en las competencias de las
comunidades autónomas.
En la disposición adicional primera se afirma que el profesorado de los cuerpos de secundaria y los profesores técnicos de formación profesional podrán desempeñar funciones en los demás ámbitos de formación profesional, de conformidad con el
perfil académico y profesional. Este debe modificarse sustituyendo el perfil académico profesional por las especialidades que posee, pues la competencia docente del profesorado está perfectamente delimitada tanto en el Real Decreto 1635/1995 como
en el 677/1998. En todo caso, para la CIGA la competencia docente del profesorado en las distintas ofertas de formación profesional no debería suponer nunca el pluriempleo ni formas precarias de contratación, debiéndose garantizar siempre la
estabilidad en el empleo del profesorado interino y contratado.
En la disposición adicional segunda debería sustituirse la calificación de profesionales cualificados por especialistas, tal como está contemplado en la LOGSE, y sustituir en las condiciones o el régimen que determinen las Administraciones
competentes de acuerdo con la legislación vigente en materia de personal al servicio de las Administraciones públicas correspondientes.
En todo el proyecto de ley no aparece ni una sola línea dedicada a la formación del profesorado. En el apartado 6.4 se debe explicitar que las prácticas tengan realmente contenido práctico, que se desarrollen con plenas garantías, que se
correspondan obligatoriamente con el perfil profesional de los módulos formativos y que se facilite el control social. Se precisan al mismo tiempo medidas específicas de apoyo económico al alumnado que realiza formación en centros de trabajo.
La convalidación de las acciones formativas de la formación profesional ocupacional o continua, en lo relativo a su formalización académica, debe corresponder en exclusiva a las Administraciones educativas.
Los parámetros de calidad, nivel del profesorado, equipamientos, instalaciones, medidas didácticas, etcétera, y sus instrumentos de inspección y control deben ser los mismos para todo el sistema sobre la base del nivel de competencia
asociada a cada módulo formativo.
Deben corresponder a las administraciones educativas las plenas competencias en las comisiones de evaluación y correspondencias entre la formación ocupacional y continua y los módulos de la reglada. En este sentido, el Instituto Nacional de
Cualificación debe depender de la administración educativa. La administración educativa tendrá presencia en las comisiones de evaluación de las pruebas de acceso a los certificados de profesionalidad.
A modo de conclusión, proponemos que la ley contemple, entre otros, los siguientes aspectos: una defensa firme de la enseñanza pública; la descentralización de la formación profesional; la asunción por la Xunta de Galicia de todas las
competencias en materia de formación profesional; la preservación a las comunidades autónomas del 45 por ciento, como mínimo, de la capacidad de configuración de los currículos y para la elaboración de los programas de formación profesional; un
reglamento de la oferta de formación ocupacional y reglada que suponga mayor dotación de medios materiales y humanos y que no implique regresión a las condiciones laborales del profesorado; que los centros integrados sean públicos; el
establecimiento de medidas específicas de apoyo a las empresas para la contratación en prácticas o a tiempo indefinido del alumnado; limitación de la incorporación de profesionales del sector privado al sistema público, únicamente en el caso de los
especialistas contemplados en la legislación actual sujetos a las actuales incompatibilidades legales; las cualificaciones obtenidas en procesos de formación no formales no podrán ser reconocidas a efectos académicos; elección democrática de los
cargos directivos; desarrollo normativo propio en los centros integrados de formación profesional; garantía de gestión democrática de los mismos; no a las subvenciones con fondos públicos para las selecciones formativas ofertadas por
empresas privadas; supresión de los centros de referencia nacionales de formación profesional; implantación de una red integrada de orientación profesional, y una memoria económica que financie la aplicación de esta ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anxo Luozao. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Agradezco la presencia del señor Anxo Luozao, representante de la CIGA, y le anuncio que en principio nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad que coincide en sus líneas maestras con los
posicionamientos de este sindicato mayoritario en la enseñanza en Galicia. Quería hacerle además cinco preguntas que son más bien peticiones de que nos clarifique algunos de los puntos de su intervención.
En primer lugar, en relación con la reclamación de competencias por el Gobierno de Galicia, que yo me imagino que en algún otro caso también será un problema, quisiera saber hasta qué extremo considera que debería depender todo de la
Consellería de Educación respectiva, es decir, toda la formación profesional depender de lo que sería la Consellería de Educación en cada comunidad autónoma, y cómo se podría hacer para que la transferencia de lo que hoy pertenece al Ministerio de
Trabajo, o está en algunas Consellerías de Asuntos Sociales, tuviese un organigrama más coherente que el que aparece en la ley, porque la ley sigue siendo bicéfala que sigue afirmando que todo el sistema de formación profesional tiene que depender
de dos Ministerios. ¿No es eso perjudicial? ¿Cómo se podría solventar esa dualidad?
En segundo lugar, me gustaría saber si piensa que el actual funcionamiento del sistema de formación profesional en Galicia se adapta al sistema productivo del país y, por tanto, si con esta ley se va a mejorar su adaptación al mismo o va a
empeorar. Me gustaría que hiciera un juicio de valor sobre cómo está funcionando en la actualidad, es decir, si es un sistema de formación profesional suficientemente bien integrado en la realidad social y económica para potenciar las posibilidades
de Galicia en todos los terrenos, o es un sistema que ya está distorsionado y en el que esta ley puede provocar mayor distorsión.
En tercer lugar desearía que me dijera qué solución daría la CIGA para lograr que los centros integrados fueran numéricamente mayoritarios en el país y cómo solventar el hecho de que hoy una parte de la formación profesional se está
impartiendo en centros que al mismo tiempo imparten ESO y bachillerato; si piensan que este modelo va a ser posible o habrá que ir a una mayor homogeneización del sistema, con todo lo que eso lleva consigo de separación seguramente de
infraestructuras y de volver en cierta manera en parte a lo que eran las infraestructuras de formación profesional del pasado.
Otra cuestión que citó en su intervención es el problema de la privatización o la utilización de fondos públicos para fines privados. En el caso de Galicia, si no hay participación y planificación abierta de los poderes públicos, y en
concreto la mayoría de la enseñanza de FP no está en manos públicas, ¿considera que la mayor parte de las empresas privadas van a tener la capacidad suficiente y se va a contar con ellas para que exista un sistema de formación profesional que
incardine la enseñanza con el sistema productivo y en concreto con la empresa? En todo caso, ¿cómo habría que hacer para que, contando con las empresas, el sistema siguiese siendo prioritariamente público?
En lo referente al profesorado nos gustaría que detallara algo más cómo conseguir que, siendo el profesorado mayoritariamente funcionario, sobre todo en el sistema claramente público, o contratado por la Consellería de Educación, pudiese
haber participación de profesionales de empresas, que en algún momento sí pueden ser fundamentales para impartir ciertos cursos, para dar ciertos conocimientos tecnológicos o incluso para mejorar la capacidad del profesorado que tenemos en el
servicio público.
Por último, me gustaría que comentase algo, sobre la utilización de la lengua gallega en el sistema de formación profesional, cuál es su situación y cuál sería el proceso en este aspecto. Sí esta ley se implantaría tal como está concebida y
plasmada formalmente.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En esta ocasión seré telegráfico, señor presidente.
Muchas gracias, señor Luozao, por su intervención. Suscribo prácticamente el 100 por cien de su contenido y hago propias, en nombre de mi grupo, sus críticas a este texto, de modo que poco me queda por añadir. Voy a atender a las
respuestas que dé a las preguntas que le ha formulado el portavoz del Grupo Mixto, pero sepa usted que está en absoluta sintonía con el Grupo Parlamentario Catalán.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Marzal, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Louzao, por su comparecencia y por sus palabras, que el Grupo Socialista comparte en su mayoría, como el señor Guardans.
Quiero hacerle dos reflexiones y me gustaría saber su opinión sobre ellas.
Nos consta que las intervenciones de su confederación en el Consejo General de la Formación Profesional se han referido en muchas ocasiones a las posibles
interferencias competenciales del anteproyecto o del proyecto de ley para la formación
profesional y las cualificaciones. Sabemos que en la reunión de diciembre de 2000, cuando el Gobierno presentó su anteproyecto al Consejo General de la Formación Profesional, señalaron ustedes hasta 10 puntos en los que consideraban que el
Gobierno invadía competencias transferidas a las comunidades autónomas. Supongo que muchos de ellos ya nos los ha referido en su exposición, pero quisiera que nos dijera cuáles se han visto atendidos en los borradores posteriores a ese
anteproyecto. Digo esto porque se está mencionando con mucha frecuencia la palabra consenso como algo necesario y en ocasiones como argumento para sustentar el proyecto de ley. Según algunos grupos políticos, esta ley está basada en el consenso, y
por eso quiero preguntarle cuáles de las 10 puntualizaciones que hacían ustedes al anteproyecto se han recogido en el proyecto de ley, fruto del consenso al que el Gobierno y el Grupo Popular se refieren tantas veces.
Tambien quisiera preguntarle por los centros nacionales de referencia. Ya sé que no representa usted al Gobierno de la Xunta de Galicia, pero me consta que el Gobierno de la Xunta se opuso, o al menos matizó o mostró reticencia o
preocupación por el hecho de que los centros nacionales de referencia pudieran suponer una invasión de las competencias que tiene actualmente la Xunta de Galicia. Le pregunto si sabe usted algo de esto o si el Gobierno de la Xunta, del Partido
Popular, ha tomado una postura más clara frente a esta posible invasión competencial que la adoptada en el primer momento, cuando se presentó el anteproyecto en diciembre de 2000.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor Anxo Louzao, quiero agradecerle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, esta comparecencia, por otra parte exhaustiva, que habrá que leer muy detenidamente en el 'Diario de Sesiones'. Le adelanto, eso
sí, que nuestra sintonía, a diferencia de lo que han manifestado los grupos o portavoces que han manifestado ya su posición, es prácticamente nula.
Creemos que hay en su intervención una preocupación profunda por algo que nosotros no compartimos, como es obvio desde el principio, que es lo referente a la invasión de competencias de las comunidades autónomas por parte del Estado, y
especialmente ha hecho usted referencia a su querida tierra gallega. Nos parece que el proyecto no resta competencias a las autonomías, y este es un debate anunciado ya por la oposición como base para una enmienda de totalidad. Por nuestra parte,
leeremos muy detenidamente esta intervención y tendremos en cuenta aquellos aspectos del articulado en los que podemos estar de acuerdo, como hemos hecho con las comparecencias de ayer o de hoy mismo. Sepa que tendremos en cuenta aquellos aspectos
que puedan ser considerados y que mejoren la ley; no así los que suponen una descalificación global de aspectos que contiene el proyecto y que a su juicio hacen posible su argumento de invasión de competencias.
En todo caso, muchas gracias, una vez más, por su aportación, que nuestro grupo agradece sinceramente.
El señor PRESIDENTE: Señor Anxo Louzao, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE LA COMISIÓN INTERSINDICAL GALEGA -CIG- (Luozao Rodríguez): Empezaré con las preguntas del diputado Francisco Rodríguez.
Durante la exposición hemos hecho hincapié en el ámbito competencial porque pensamos que es una
de las cuestiones fundamentales y porque a nosotros, como organización gallega y nacionalista, nos preocupa grandemente. En algunos aspectos hay coincidencia en este momento con la Xunta de Galicia, en la medida en que tiene recurrida ante el
Constitucional la transferencia de la formación continuada.
Aunque se participe en su diseño, es difícil hablar de un sistema integrado y pensar en aplicarlo -en Galicia o en cualquier comunidad- sin tener transferida una parte importante de la formación continuada, en este caso. Desde nuestra
perspectiva, y sin ánimo de repetir lo expuesto, gran parte de los artículos y las disposiciones se refieren a aspectos que, si bien pueden ser discutidos, deben contar con el acuerdo de las comunidades autónomas. Creo que lo hemos argumentado
suficientemente, pero de la normativa que tenemos hoy respecto a programas, contenidos y todo lo que tiene que ver con la enseñanza desarrollada por la LOGSE, aunque sea para la formación reglada, y que por lo tanto debería ser extrapolada a otros
tipos de formación, se desprende que corresponde a las comunidades que tengan lengua propia fijar el 45 por ciento del currículo. Con esta ley se está invadiendo ese principio, y se invade a pesar de las opiniones de ciertos responsables de la
Administración educativa, que en un principio entendían que podría ser así. Al final -y con esto respondo a la portavoz del Partido Socialista-, casi todas nuestras propuestas han caído en saco roto; aun cuando al principio se aceptaron algunas en
el Consejo General de Formación Profesional, después el texto no las ha recogido.
En cuanto a si este sistema integrado se ha distorsionado en su puesta en marcha, ya he respondido en parte. En todo caso, quiero decir que es difícil pensar en desarrollar una formación profesional integrada en todos sus aspectos sin
partir de la necesaria financiación, en la medida en que su integración va a llevar consigo un coste, a no ser que única y exclusivamente queramos integrar tres subsistemas en un único centro, pero sin un mínimo esfuerzo por hacerlo con los medios
necesarios y la calidad suficiente.
Respecto a cómo deben ser estos centros integrados, desde nuestra perpectiva hay que considerar que la
situación de Galicia varía mucho de una ciudad a una población pequeña, una villa, y que por tanto en ese contexto habría que tener en cuenta que la red de centros integrados posiblemente no fuera única para todo el país, pero todo indica
que en muchos casos sería más factible que fueran centros que se ocuparan exclusivamente de la formación profesional. En otros casos dependería de su ubicación y el número de alumnos matriculados -me estoy refiriendo a Galicia concretamente- y así
seguramente se verían completadas esas enseñanzas con las postobligatorias, formación profesional, bachillerato, etcétera. Habría que estudiar una red específica de centros teniendo en cuenta estos centros integrados y partiendo del principio de
que muchos serían únicamente centros de formación profesional en los que se imparten los tres subsistemas, pero que en otros habría que tener muy en cuenta la configuración de la población en cada sitio concreto.
Respecto a la privatización, pensamos que una cuestión es apoyar un sistema privado o una subvención a un sistema privado de formación profesional y otro diferente es que se llegue a convenios o a acuerdos con las estructuras empresariales
que hay en el respectivo país. Entre las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y la propia Administración seremos capaces, si hay voluntad, de llegar al acuerdo de cuál es la oferta formativa profesional que se debe llevar a
cabo. En todo caso, estoy hablando de convenios, de acuerdos, de apoyos, pero lo que nosotros rechazamos de antemano es que se creen centros privados con fondos públicos, es decir que la nueva ley de formación profesional abra nuevos caminos de
privatización y dé fondos públicos a empresas privadas sin ningúna planificación. Muy diferentes son la coordinación, la colaboración, los convenios y, por tanto, la participación del mundo privado.
Respecto al profesorado y los especialistas, nos parece adecuado que haya ciertos módulos profesionales, porque las especialidades que hoy están marcadas en la LOGSE para la formación reglada por el profesorado quizá no dan la respuesta
necesaria para impartir con ciertas cualificaciones algunos módulos profesionales. Hoy ya en la LOGSE se habla de especialistas, no de profesionales cualificados, y está delimitado también en los currículos escolares, es decir, sabemos de qué modo
puede contratar la Administración a un especialista. En ese sentido, pensamos que es un marco suficiente y es el que se debe aplicar.
Con respecto a la utilización del gallego, quiero decir que el sistema educativo de Galicia sufre realmente una desgalleguización total y ni siquiera se cumplen los mínimos establecidos por la propia administración. Tenemos un decreto que
fija las materias que se deben impartir en lengua gallega o qué porcentajes se deben impartir, y vemos que todos los estudios que se han hecho desde la Administración y desde altos organismos concluyen en la misma dirección: que no se cumple ni un
tercio de ese decreto. Pero es mucho más difícil cuantificar ese incumplimiento en la formación profesional en la medida en que no está regulado qué ciclos formativos y qué módulos de esos ciclos formativos se deben impartir en lengua gallega. Hay
un abandono en esa cuestión, y como la ley está pensada -por mucho que haya opiniones contrarias- única y exclusivamente para un Estado centralista, no aparece en todo el texto ninguna referencia a la impartición de la enseñanza en la lengua propia
de cada país. Sin embargo, sí aparece la referencia a las lenguas de la Comunidad Económica Europea; puede que tambien se estén refiriendo a la nuestra. No lo sabemos, pero podría quedar la duda.
Creo que he respondido a las preguntas del diputado don Francisco Rodríguez. En relación con las interferencias en las competencias y con si había recogido o no nuestras propuestas el Consejo General de Formación Profesional, diré que
tambien en el Consejo Escolar del Estado ha habido propuestas, algunas aceptadas mayoritariamente, avaladas por todo el pleno, que no han sido asumidas a la hora de redactar el proyecto.
Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con el Partido Popular porque nosotros criticamos desde una posición constructiva este proyecto de ley porque nos parece que no sólo es criticable desde el punto de vista del procedimiento, sino que
para nosotros hay además cuatro o cinco propuestas en la ley que pensamos que, por un lado, no van a resolver los problemas que tiene la formación profesional y, por otro, van a contribuir a agrandar más los males que tiene este nivel educativo.
Hay una cuestión que me ha quedado sin responder al diputado señor Rodríguez, sobre cómo está hoy en el sistema educativo la formación profesional en Galicia. Por un lado hay una gran disfunción entre la oferta y la demanda; sólo pondré
como ejemplo que en los dos cursos anteriores más de 5.000 alumnos que habían solicitado un ciclo de grado superior o de grado medio se han quedado sin plaza. Por tanto, la escasez de oferta es muy grande. Por otro lado, esto contrasta con que hay
ciertos ciclos formativos que tienen una oferta sobredimensionada; solamente diré que en un país como Galicia, que no es muy grande, hay algún ciclo superior de formación profesional que sólo se imparte en una localidad y hay otros que sólo se
imparten en tres o cuatro, lo cual significa, por ejemplo, que sólo treinta alumnos de ciclo superior de Imagen pueden realizar estos estudios. Esto significa que hay una carencia total en lo que es la enseñanza reglada y también una falta de
colaboración con el mundo empresarial respecto a la ubicación y su relación con el mundo productivo y con aquellos sectores que son fundamentales para nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Luozao, le reitero nuestro agradecimiento.
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS, (CEAPA) (VAQUERO GÓMEZ). (Número de expediente 219/000309)
El señor PRESIDENTE:
Damos la bienvenida a continuación a doña Eulalia Vaquero Gómez, quien comparece como presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Ya conoce las reglas de esta Comisión: puede hacer una
primera intervención, a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios le formularán las preguntas y después, en una segunda intervención, tendrá ocasión de responder lo que usted estime conveniente.
Tiene la palabra.
La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) (Vaquero Gómez): Buenos días a todos.
Quiero agradecer a los portavoces de la Comisión el que me hayan invitado a esta comparecencia.
Como ustedes saben, CEAPA representa a los padres y madres del alumnado; está compuesta por 45 federaciones que, a su vez, integran a 10.500 APA, principalmente de la escuela pública.
Representamos a ocho millones y medio de familias
aproximadamente, muchas de las cuales estarán pensando que la FP es una buena vía formativa para sus hijos.
Lo primero que tengo que decir es que CEAPA ha tenido pocas posibilidades de participación real en este proyecto de ley de FP. No ha sido informada, y mucho menos consultada, como parece que han sido otras organizaciones sociales. Como
miembros de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado tuvimos oportunidad de conocerlo cuando su tramitación llegó al mismo, tras su paso previo por el Consejo General de Formación Profesional en el cual, inexplicablemente, no tenemos
representación, a pesar de que nuestros hijos acceden a esa formación a los 16 años y, supongo, algo tendríamos que decir los padres. Por otra parte, también se ha prescindido de los alumnos, hecho que avala esta solicitud de representación de los
padres de alumnos en ese Consejo General de Formación Profesional, que ha quedado restringido a la Administración, las empresas y los llamados agentes sociales.
El borrador de este proyecto, una vez pactado entre la Administración y buena parte de esos agentes sociales, pasó su tramitación por el Consejo Escolar del Estado, donde naturalmente sí tenemos representación, con más pena que gloria. Su
paso por dicho consejo fue muy rápido; se nos informó del proyecto con los plazos mínimos establecidos en el trámite de urgencia, sin darnos tiempo suficiente para informar a nuestras federaciones y debatirlo internamente en nuestra organización.
Esta urgencia no solamente implica limitar las posibilidades de participación, sino que trasciende al redactado y contenidos de la ley. La ambigüedad y confusión conceptual son dominantes en todo el articulado. El Ministerio de Educación nos está
acostumbrando a este tipo de tramitación. También lo hizo así con el informe de los decretos de mínimos de la ESO y bachillerato y seguimos sin entender tanta premura para luego seguir aquí casi ocho meses después. En su presentación ante los
medios de comunicación, el portavoz del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos sorprendió cuando indicó que ésta no era una ley de educación. En efecto, el término educación apenas si aparece en todo el articulado de la ley, sustituyendo
asimismo buena parte de lo contemplado en la legislación educativa, concretamente en la LODE, la LOGSE y la LOPEGE, en lo referido a la regulación de la FP, incluida la reglada. Este anteproyecto de ley tiene un fallo importante: olvida la
finalidad que tienen los estudios de FP reglada, que no es otra que preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional, proporcionándole una formación polivalente que le permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan
producirse a lo largo de su vida, por lo que en dicha formación debe contemplarse una dimensión educadora en conocimientos y en valores que permita a las personas desarrollar su actividad laboral y estar preparados para un cambio de actividad y
poder ejercer sus derechos como trabajadores.
A lo largo del texto se hacen múltiples alusiones al objeto de la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación: que responda a las demandas sociales y económicas, que se acomode a las distintas
expectativas y situaciones personales y profesionales, que cubra las necesidades del sistema productivo, etcétera. Se habla poco de las necesidades de desarrollo social y menos de políticas sociales compensatorias. En definitiva, este proyecto de
ley defiende que la oferta educativa se determine únicamente en base a la demanda del mercado. Así serán los empresarios quienes terminen estableciendo las necesidades en base a sus intereses particulares. Por poner un ejemplo, diré que en el
artículo 2.3. b) hubiéramos preferido un texto más explícito que contemplara el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a las diferentes modalidades de formación profesional, atendiendo a las necesidades de los grupos con
especiales dificultades de integración en el mercado laboral, como ya propusimos en el Consejo Escolar, que sin embargo no se ha incorporado al texto. O que en el artículo 3.6, donde figura que el sistema tiene como fin favorecer la inversión
pública y privada en la cualificación de los trabajadores, figurara el que se aumentara la inversión pública y regulara la inversión privada. También sería necesario introducir en el artículo 6.4 alguna cautela relativa a la realización de las
prácticas de los alumnos en las empresas, que deberían desarrollarse
con las debidas garantías de correspondencia con el perfil profesional de los módulos formativos y de control social.
Sobre el artículo 11 ya manifestamos nuestras discrepancias en el Consejo Escolar. Algunos de sus apartados son ambiguos y poco precisos. Por ejemplo, el 11.3 señala que se establecerán los mecanismos adecuados para que la formación que
reciba financiación pública pueda ofrecerse por centros o directamente por las empresas mediante acciones subvencionadas u otros procedimientos. Este apartado debería poner de relieve que si la formación con financiación pública puede ser ofertada
indistintamente por centros o bien directamente por empresas y además no se hace ninguna referencia a los requisitos mínimos que deben reunir dichas empresas para que en las mismas se imparta formación no sólo práctica, sino también teórica, se está
introduciendo un tratamiento diferente respecto a la formación en centros, a los que sí se exigen una serie de requisitos mínimos para la consecución de unos determinados niveles de calidad en la formación recibida por el alumno. Si a ello unimos
la actual política educativa de extensión de los conciertos educativos y las pretensiones que para la ley de calidad fijan las patronales -educación y gestión ya está pidiendo la extensión de los conciertos a toda la FP y también a infantil y
bachillerato-, el resultado final puede ser que esta ley signifique una puerta abierta a la privatización del derecho a la educación en FP, sin garantía de cumplimiento de condiciones materiales por parte de los centros y utilizando, como he dicho,
fondos públicos.
Nuestra postura es claramente contraria.
Especialmente desafortunado nos parece el artículo 11.5, referido a la participación de los centros integrados. Mientras que la Administración nos recuerda a diario a las familias nuestra poca implicación exigiéndonos responsabilidades y a
los jóvenes se les recrimina su poca participación, se establece el nombramiento por libre designación del director, un claro recorte a la participación y, por tanto, una quiebra en la democracia de los centros, pasando de un sistema electivo al
control exclusivo por parte de la Administración. Se vuelve al nombramiento a dedo, sustituido hace muchos años porque ya entonces no nos gustaba y lo considerábamos poco coherente con un modelo de educación democrática. Esta modificación no se
fundamenta en ninguno de los estudios que se han hecho sobre los modelos de dirección de los centros educativos y, en cualquier caso, el INCE, en un informe del año 1997/1998, señalaba que sólo un 5 por ciento de los profesores y de la comunidad
educativa en su conjunto estaba a favor del director designado por la Administración.
En el artículo 12.1 nos sorprende que se mencione en el mismo paquete, para adaptar las ofertas educativas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar a los discapacitados y a las minorías étnicas; no sé si por el
simple hecho de pertenecer a una minoría étnica se les puede prejuzgar un handicap. Pensamos que sería más afortunado emplear otra terminología, como, por ejemplo, minorías culturales con dificultades de adaptación. El apartado de las
habilitaciones de profesionales cualificados, en la disposición adicional segunda, también es ambiguo y deja a un futuro desarrollo sus condiciones y régimen, cuando sería más lógico haber remitido estas condiciones y régimen a la normativa vigente.
Todo esto son sólo unas notas que hemos percibido con una simple lectura del texto del anteproyecto, sin intención ninguna de hacer un repaso exhaustivo, cosa que obviamente ustedes saben hacer muy bien y seguramente con mayor rigor.
La CEAPA cree que la integración de los tres subsistemas es posible y necesaria, pero no se debería hacer en detrimento de las condiciones más avanzadas de uno de ellos. A nuestro juicio, en el acceso a la FP la ley confunde dos situaciones
claramente diferentes: la de quienes acceden a la FP en el marco del ejercicio del derecho a la educación -los adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años- y la de quienes acceden a la FP en el marco de su situación laboral, bien como actualización o
reciclaje de sus conocimientos profesionales o bien dentro de un programa específico de formación para el empleo. Ambos tipos de acceso a la FP, el educativo y el laboral, no pueden confundirse, especialmente en una educación que propicia el
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, y menos igualar las condiciones del acceso a la educación reglada a las condiciones de acceso a la FP continua u ocupacional, lo que lleva a empeorar la situación de los alumnos de FP reglada:
restricción en la participación, en la orientación, en el criterio de reparto de fondos, en los criterios de acceso, etcétera. Señorías, me permito sugerirles que intentaran introducir en el texto final una regulación específica de la organización
y participación en los centros en los que se imparta FP reglada o se diga explícitamente que en ese aspecto se estará a lo que se diga en las correspondientes leyes educativas. Así, la organización, dirección, gestión, acceso, oferta de la
enseñanza respetaría la de los centros educativos reglados en cuanto a la vigencia de un modelo claramente participativo con la elección del director por los órganos colegiados de representación, etcétera, y la implantación en ellos de toda la
oferta de enseñanzas de FP que cubra las necesidades de los alumnos: garantía social, ciclos formativos de grado medio y de grado superior y otras enseñanzas, tales como la ESO y bachillerato.
En el acceso a FP hay profundas diferencias personales de género y territoriales. Una ley que quiere abordar el acceso a estas enseñanzas debiera recoger medidas para tratar de corregirlas, especialmente las medidas vinculadas con la
programación de la enseñanza, que es la que regula la oferta de plazas públicas, y la financiación correspondiente.
En la ley no hay ninguna medida en este sentido. Por todo ello consideramos
necesario que se introduzca un apartado que regule la programación de la FP y su financiación, incluyendo partidas de compensación de carácter territorial. Sería conveniente recordar en este punto que la OCDE afirma en algún informe sobre
los indicadores escolares y gasto en educación en porcentaje PIB que de los quince países de la Unión Europea España, con el undécimo lugar, también está a la cola.
No se hace mención a las obligaciones de las administraciones públicas para que garanticen una red de centros públicos de formación profesional de calidad. En especial se echa en falta sistemas que garanticen la formación continuada del
profesorado para la adecuación a los cambios que se producen en su ámbito. Resulta fundamental, dado el carácter de esta norma, que se adjuntase una memoria económica que sustentara financieramente la aplicación de la ley. Ello está especialmente
justificado si se tiene en cuenta que el borrador contienen importantes novedades respecto de la financiación de las actividades formativas y si de verdad se pretende afrontar la mejora de la calidad y la dignificación de la formación profesional,
sobre la que volveré más tarde. Sin ese plan de financiación este proyecto de ley renuncia, por tanto, a la mejora de las infraestructuras y dotaciones de los centros, así como a terminar con las decenas de miles de no admitidos que hay todos los
años en los ciclos formativos, muchos de los cuales son derivados a la enseñanza privada sostenida con dinero público, la cual sí oferta plazas suficientes en muchas de las titulaciones que apenas oferta la pública. Por otro lado, en esta ley se
debiera incluir la regulación que permitiera que todos los inmigrantes que viven en nuestro Estado y los que nos están llegando, incluidos los sinregularizar, puedan acceder a las enseñanzas de FP en cualquiera de los tres subsistemas, pero muy
especialmente en la reglada.
Esta situación es negada por la actual redacción de la llamada Ley de extranjería para los hijos de inmigrantes sin regularizar, a los que sólo se les reconoce el derecho a la educación obligatoria. No se habla tampoco
ni se define el órgano de coordinación de todos los sectores implicados en la política de cualificación y formación profesional.
También manifestamos nuestra preocupación por algunos aspectos que pudieran invadir competencias de las comunidades autónomas y de sus diferentes estatutos de autonomía, dado que la competencia estatal solamente se refiere a los aspectos
básicos de las enseñanzas y no a aquellos que no tienen tal carácter. Como me imagino que en este punto habrán incidido otros comparecientes, no me voy a extender sobre él. No están claramente definidas las atribuciones de las competencias entre
las distintas administraciones, ni entre el Estado y las comunidades autónomas ni entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Entendemos que la ley debe ser más clara, que diga lo que quiere
resolver claramente y no haga sospechar actuaciones en vez de clarificarlas.
Señorías, llevamos muchos años intentando prestigiar nuestro sistema de formación profesional. Venía arrastrando una mala situación que se percibía por la sociedad, las familias mismas, como una salida educativa de categoría inferior, a la
que solía acceder con frecuencia el alumnado que presentaba mayores problemas de aprendizaje o procedente de situaciones socioeconómicas en desventaja. La LOGSE supuso un gran paso y, aunque despacio, la sociedad ha ido reconociendo en ella una vía
alternativa de formación muy adecuada para la formación específica y el acceso al mercado de trabajo. Ha costado, como decía, mucho esfuerzo que la sociedad haya cambiado esa percepción. A ello hemos contribuido desde CEAPA y desde otras
organizaciones e instituciones con los recursos que hemos podido, aunque le ha faltado siempre el principal de ellos: recursos financieros para ampliar las ofertas, para hacerlas atractivas e interesantes para los chicos y chicas y para dar
respuesta a la demanda al desarrollo social y laboral. Se han celebrado foros para realzar y difundir de manera propagandística, incluso a veces -todo hay que decirlo- con el fin de ofrecer una imagen digna de ella. Hace tres años, en la
legislatura anterior, el ministerio celebró un gran congreso sin reparar en gastos para su promoción. Sin embargo, estamos dando un viraje absoluto, nos estamos colocando en el sentido contrario, hecho que a las familias nos desconcierta. Cuando
hace bien poco España iba bien resulta que todo lo que tiene que ver con su educación va mal. Es más, desastrosamente mal. No entendemos cómo si España va bien su educación puede ir tan mal. Se está sembrando el desprestigio de todo lo que tiene
que ver con el sistema educativo y para ello se utilizan todos sus elementos. En los últimos meses no hemos oído otra cosa que no sea lo mal que está todo. Los alumnos son violentos, no saben, no quieren ir a clase, son vagos, sobre todo los de la
pública, fracasan en los estudios, no se sabe qué hacer con ellos, son un estorbo para los profesores y para los demás. Desde luego, en un hospital no se nos ocurriría echar a los pacientes más enfermos, ni mucho menos decirles por los pasillos:
moribundos, moribundos. Pues bien, lo que advertimos es que lo que se pretende con la ley de calidad es establecer unos itinerarios educativos que segreguen a los alumnos a una edad muy temprana, ofrecerles vías sin retorno a los que van a acceder
todos sabemos qué tipo de alumnos, el itinerario ya calificado como basura -la ministra dijo en su comparecencia del Siglo XXI que era para los alumnos que no querían ir a ninguna parte- sería la vía que pueda conducir a la formación profesional
reglada de primer grado, el segundo itinerario, o itinerario de segunda, la FP 2. ¿Existe otra manera mejor y más segura de desprestigiar nuestro sistema educativo de formación profesional?
Permítanme que digamos que no se está intentando mejorar la calidad de la formación profesional. Si así fuera estaríamos proponiendo otras medidas para, por
ejemplo, aumentar el nivel de conocimiento de las lenguas extranjeras, para converger con nuestros vecinos europeos en un mercado laboral único por el que en este momento nuestro Gobierno no está apostando. Tenemos un gran déficit en sus
aprendizajes y no hemos oído hablar de ello y las aún llamadas nuevas tecnologías no acaban de aterrizar en nuestros centros educativos. ¿Cómo las nuevas leyes educativas que el Gobierno quiere llevar adelante no mencionan a ninguna de estas
importantes cuestiones? Todos necesitamos hacer un gran esfuerzo. Sólo se está hablando del que deben realizar los alumnos. Detectamos carencias que se van acentuando, aparecen demandas de nuevos aprendizajes y a la vez exigencias de más
servicios. Observamos fallos que en la práctica han ido apareciendo, pero echamos sobre todo en falta respuestas para poder atender de la manera mejor posible a una diversidad de alumnos que cada día se nos presenta más compleja y heterogénea.
No quiero dejar de hacer una mención a algo que tampoco aparece por ninguna parte, y es el papel de los ayuntamientos, más aún en estos momentos en que se nos está presentando el reto del pacto local. Y tampoco aparece para nada el papel
que tiene reservado en esta importante cuestión la universidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Agradezco la comparecencia ante esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte de doña Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, y su exposición,
que ha sido intensa en una serie de aspectos que incorporan a esta Comisión un punto de vista que tiene una especial sensibilidad. No en balde ha dicho a quien representa, a un número importantísimo de familias de este país, que sienten una
especial preocupación por uno de los elementos primordiales que consideramos los padres, que es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, que es una educación completa, digna. Compartimos esas apreciaciones y esa aspiración para el
conjunto de la educación, una educación pública de calidad de todos y para todos y también para el caso concreto que nos ocupa, que es el de la formación profesional como consecuencia de este proyecto de ley, que suscita esta serie de
comparecencias. La participación de las familias en los centros supone ya de por sí una exigencia de esa calidad educativa, que parece que ambicionamos y que no se resuelve por sí misma con el abracadabra de mencionar la calidad.
Escuela y familia
son dos caras de una misma moneda, ya que sin participación no puede existir ni la escuela ni la familia como agentes educativos.
Nosotros vamos a incidir en algunos aspectos. En primer lugar, hay algo que queríamos plantear y que ha sido ya respondido. Teniendo en cuenta que en el procedimiento en el que estamos centrándonos, y máxime en el ámbito de la educación,
lo primero que hay que hacer es el debate y posteriormente la ley. Lo que íbamos a formular como pregunta lo hemos recogido ya como respuesta. La consulta que debería haber hecho el Gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, a la CEAPA a la
hora de elaborar este proyecto de ley de la formación profesional y de las cualificaciones. Se ha hecho mediante el trámite de urgencia, lo que lógicamente ha limitado esa participación. También quisiéramos incidir en esa relación de la formación
profesional con la familia y, una vez que se han asumido las transferencias educativas de las comunidades autónomas, quisiéramos que nos indicara cuáles son los criterios que considera CEAPA básicos de mayor participación en esos asuntos que se
refieren a la formación profesional.
Coincidimos plenamente en el hecho de que el proyecto de ley de formación profesional no concreta quién formará parte de los órganos de gobierno y de participación de esos centros integrados. Señala sólo que reglamentariamente el Gobierno
adaptará la composición y funciones de los órganos de gobierno de los centros integrados de formación profesional a sus características específicas. Aquí se da una contradicción con ese planteamiento que propugnaba la LOGSE en el sentido de un
lógico control de la comunidad educativa en esas actividades y los gastos de estos centros que están sostenidos por fondos públicos y que es uno de los elementos capitales. Esa dotación de fondos públicos va a ir a los centros públicos, a los
centros concertados, pero también a los centros privados. Esa contradicción echa por tierra otro de los mecanismos de participación democrática cual es el de la elección de la dirección de los centros integrados, que se dice que será nombrada
mediante el procedimiento de libre designación por la Administración. Se ha señalado, y participamos de ello, el acceso en condiciones de igualdad y de integración en el proceso educativo y formativo de la formación profesional, buscando la
incidencia territorial y social, con aspectos que no han surgido hasta ahora como es el de la incorporación de los inmigrantes a la formación profesional, sobre todo a la formación profesional reglada en esa alusión a la Ley de extranjería. Hay
otro elemento un poco chocante y es que cuando hablamos de una calidad de la educación que generan los itinerarios, que van a seleccionar y van a excluir a una parte del alumnado, nos lleva necesariamente a otro planteamiento que es muy importante,
que es el reconocimiento o prestigio de la formación profesional. En esta información que nos facilita el ministerio para justificar la necesidad de la ley, nos indica que el sistema de formación profesional español no está todavía a la altura de
los sistemas europeos, si bien se ha triplicado la demanda, se han incrementado las cuotas de empleo, un 67 por ciento de las titulaciones -se nos dice- obtiene empleo al terminar sus estudios, ha mejorado la oferta, 139 titulaciones,
22 familias profesionales, pero en la Unión Europea el 58 por ciento de la enseñanza secundaria no obligatoria va a formación profesional y en España es sólo del 41 por ciento. Se han señalado algunos aspectos importantes sobre los que se
quejan los estudiantes en el sentido de que en algunos ciclos formativos de gran interés, los que garantizan una buena cualificación y la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo mínimamente digno, la oferta a veces es ridícula y a veces se
canaliza también a los centros privados. En esos datos comprobamos cómo la cuarta parte de los alumnos de formación profesional, un 25 por ciento, tanto en el ciclo medio como en el ciclo superior se dirigen fundamentalmente hacia la
Administración, con el sentido de encauzarse hacia las diferentes administraciones y en otros puestos de trabajo es inferior.
Eso nos plantea la duda de si las familias, según su opinión, siguen considerando que la formación profesional goza aún
del suficiente prestigio en nuestro país y la valoran como esa vía educativa adecuada para sus hijos en los términos de garantía de futuro, de formación integral y también de salida profesional.
Por último, cuando la ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirma que más inversión no equivale a mejores resultados, nosotros prensamos que cualquier reforma que no vaya acompañada de esa serie de medidas presupuestarias corre el gran
peligro de quedarse en una declaración de buenas intenciones, pero no en una solución a los problemas. Tiene de haber una memoria económica que financie la aplicación de la ley.
Vuelvo a mis primeras palabras. Consideramos de sumo interés muchas de las aportaciones que se nos han facilitado por su parte y coincidimos con muchas de ellas. La formación profesional no debe ser algo ajeno al sistema, sino que se debe
incorporar a esa aspiración que es compartida por todos nosotros, que es la mejora de la calidad en la educación en nuestro país en todos los ámbitos y niveles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Intervengo con brevedad, en primer lugar, para agradecer a doña Eulalia Vaquero, presidenta de CEAPA, su colaboración con este Parlamento en el que ha podido expresar las inquietudes de padres y madres a quien
representa en torno a la ley que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, agradecimiento sincero porque en su intervención hay de todo. Hay una parte de sinceridad que podemos compartir como padres a la hora de establecer mecanismos que
permitan participar en lo que concierne al futuro de la educación y de la formación de nuestros hijos. A mi juicio, hay otra parte que se refiere a aspectos de contenido de la propia ley, que no le gusta y que por lo tanto es legítimo que lo
exprese. Pero hay otra parte que, después de oír al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como correa de transmisión de todo ello, me gusta mucho menos, y es que me parece que hay una evidente manipulación en torno a declaraciones, incluso en
torno a datos del ministerio, que con toda sinceridad le digo que no comparto. Yo no he visto se hayan puesto esas declaraciones en boca de la ministra en ningún sitio (El señor Martínez Laseca: En la página web del ministerio.), y la propia
ministra ha tenido ocasión de hablar de ellas el lunes pasado en su comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Por lo tanto,respecto a este punto pongo en duda la legitimidad como representante de una asociación de padres
abierta fundamentalmente de la enseñanza pública, como dijo en su primera intervención. En todo caso tampoco puede molestarnos a quienes gustosamente participamos en todo lo que venga a mejorar una ley. Todos estamos de acuerdo en que la búsqueda
de la calidad -así cerraba su intervención el portavoz socialista y también lo ha manifestado doña Eulalia a lo largo de su intervención- no es exclusiva de grupo político alguno, sino que todos prioritariamente establecemos el objetivo de la
calidad de la enseñanza. Lo que ocurre es que hay caminos distintos, y ahí está nuestra discrepancia.
Sinceramente, nosotros lamentamos que CEAPA, según sus propias manifestaciones, no haya estado desde el principio más involucrada con las administraciones, con las empresas y con los agentes sociales en la configuración del proyecto de ley
de la formación profesional y de las cualificaciones. ¿Por qué? Propone desde el año 1998, varios comparecientes en esta Comisión conocidos por todos nosotros han venido sentando las bases de la futura ley de la formación profesional, basada
precisamente en el segundo programa de la formación profesional. A mí me extraña, y por eso le pregunto cuál fue el papel desempeñado por CEAPA, desde el año 1998 hasta la culminación en proyecto de ley, en relación con unos aspectos que se
configuran en el segundo programa nacional de la formación profesional. Se podría haber evitado que ahora la CEAPA tuviera que manifestar en sede parlamentaria que las prisas, la celeridad, el paso rápido por el Consejo Escolar del Estado, donde
tienen representación, no les ha permitido exponer muchos de los aspectos probablemente con más tranquilidad y distensión que aquí.Quiero decirle que no creo que el problema esté, como manifiesta, en la ambigüedad del proyecto de ley, sino que a mi
juicio está en el descontento político trasladado a la CEAPA, más que un análisis riguroso, que aquí no ha hecho, para demostrarnos que efectivamente existe esa ambigüedad. A CEAPA podrá gustarle o no este proyecto de le. Nosotros hemos visto que
no le gusta.
Usted se ha referido insistentementea que ha expuesto unas notas, que por supuesto leeremos detenidamente y vamos a tener en cuenta, pero me parece que esas notas deberían haberse concretado más. Hablar de la libre circulación de los
trabajadores por cualquier país europeo
(el reto europeo del que aquí se ha hablado es muy importante) nos debería llevar a hacer una referencia a cómo ve la CEAPA la configuración de esta ley en esos países para las empresas y asociaciones de padres, que también existen. En este
caso, creo que la búsqueda de la homologación con Europa, precisamente para facilitar la libre circulación de los jovenes se aparta demasiado de ese aspecto. Respecto a las afirmaciones que ha hecho sobre el futuro de la formación profesional de
nuestros jóvenes, me gustaría que me dijera si los tres subsistemas integrados conforme a esos criterios se corresponden o no con una homologación con estos países europeos, y si es que no, que nos dijera cuáles son las diferencias.
Finalmente, quiero decirle, doña Eulalia, que nos sucede todo lo contrario de lo que piensan que quienes creen nos puede molestar el ejercicio de la libre comparecencia para explicar los aspectos de una ley, en este caso de la formación
profesional. Usted ha hecho una intervención que a mi juicio no sintoniza con lo que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, pero pensamos que sus enseñanzas desde la posición de CEAPA pueden ser muy interesantes. Por lo tanto, ese lamento que a
veces se hace de no haber llegado a tiempo no procede cuando se comparece y aún no está cerrado el plazo de presentación de enmiendas. El trámite parlamentario no es corto: el proyecto de ley tiene que pasar por esta Cámara, ir al Senado y volver
al Congreso. Por lo tanto, no es que haya llegado tarde y ahora tenga que lamentarse de lo que pudieron hacer y no se les escuchó, puesto que de alguna forma esa era su aportación. Si ese desahogo sirve para que nuestro grupo parlamentario se
entienda con CEAPA en algunos aspectos que puedan mejorar la ley, no dude de que va a tener todo nuestro apoyo, y me gustaría que lo hiciese ver así a quienes desde CEAPA comparten con usted su alta responsabilidad.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señor presidente, quiero hacer una puntualización.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.
El señor MARTÍNEZ LASECA: El portavoz del Grupo Popular ha hecho referencia a que yo había manipulado unos datos justificando la necesidad de la ley. Debo decir que es una información que está a disposición de todos en la página web del
Ministerio, que es de donde la he extraído, y no tengo ningún inconveniente en aportarlo a la presidencia para que quede clarificado en sus justos términos. (El señor Fernández Rozada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: En aras de la justicia, tengo que decir que yo no me refería a aspectos cuantificados en esa página, sino que cuando hablaba de manipular -y lamento que así sea- me refería a palabras de doña Eulalia cuando hacía
referencia a que la ministra, entre otros calificativos, había llamado vagos, impresentables y cosas parecidas a los estudiantes. En todo caso, quiero retirar cualquier palabra que no esté en consonancia con lo que acabo de decir sobre
calificativos atribuidos a la ministra que ella misma negó el lunes por la tarde. Con esto quiero aclarar la situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar, señora Vaquero, y le rogaría brevedad en su intervención porque vamos mal de tiempo.
La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) (Vaquero Gómez): Muchas gracias a los dos portavoces que han intervenido. Voy a tratar de clarificar sobre todo esta última cuestión,
pero antes he de decir que me es grato comprobar que comparten con nosotros la preocupación por el control social y la participación de las familias. Solamente quiero añadir que ese control social es necesario siempre, y en este asunto
imprescindible, y me alegra, como digo, que lo compartan conmigo.
En cuanto a la última cuestión, yo creo haber dicho-y, si no, lo hago ahora- concretamente: Se está sembrando el desprestigio de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. No he hecho ninguna referencia personal, y luego he dicho
que para ello se utilizan todos sus elementos y que en los últimos meses no habíamos oído hablar de que los estudiantes eran ignorantes o no sé que, más, pero no he mencionado a persona alguna.
Sí lo he hecho cuando he hablado de los itinerarios
educativos que segreguen a los alumnos para ofrecer vías sin retorno -esas son palabras mías- y he hecho alusión a una comparecencia que el año pasado tuvo la ministra de Educación en el Club Siglo XXI, en la que ya advertía de que se conformarían
unos itinerarios educativos, uno de los cuales llevaría a los estudios superiores, si no recuerdo mal, otros a la FP y otros a ninguna parte. Si no fue así, así fue recogido por los medios de comunicación y así apareció en los periódicos de aquella
fecha. De ahí ha salido la implicación que tienen los itinerarios con la formación profesional y lo relativo a cómo se puede deteriorar su imagen si trasladamos a la sociedad la percepción de que serán estos alumnos tan denostados los que
finalmente accederán a esta vía formativa. Era simplemente eso, y pido que mis palabras se reflejen así como las he dicho.
Por último, se había hecho alguna consideración respecto a la configuración de los tres subsistemas. Yo creo que también he sido clara en eso: estamos de acuerdo y creemos que es absolutamente necesaria la integración de los tres
subsistemas en uno solo, como he dicho en algún momento de mi intervención. Lo
único que nosotros pedimos, porque nos preocupa como familia -y me alegra que también nos entienda y se ponga en nuestra situación- es que cuando nuestros hijos lleguen a acceder a ese mercado laboral único que se nos está diseñando, y al
que es obvio que vamos a llegar más pronto que tarde, accedan a él en igualdad de oportunidades con sus vecinos de la Unión Europea. Ustedes saben igual o mejor que yo que nuestros chicos y chicas tienen un gran déficit en los idiomas, y que no va
a acceder en las mismas condiciones a ese mercado un danés, un alemán o un español.
Eso lo venimos arrastrando, y ahí tendríamos que hacer un gran esfuerzo, y ya no solamente en la FP, por supuesto, sino en las etapas inferiores de la FP. Ahora
que se están debatiendo algunas modificaciones e incluso se habla de modificar algunas cuestiones de primaria, sería un buen momento para ver qué lagunas o qué dificultades tiene nuestro sistema educativo a la hora de acceder a ese mercado laboral
único y establecer las medidas que se consideren más oportunas para ello.
El señor PRESIDENTE: Le reitero nuestro agradecimiento, señora Vaquero.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ESTUDIANTES, CANAE (GARCÍA DÍAZ). (Número de expediente 219/000310.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente compareciente, don José Antonio García Díaz, presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes, CANAE, al que agradezco su comparecencia.
Ya sabe que tiene una primera intervención, que le ruego sea sucinta, pues vamos mal de tiempo a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios le formularán las preguntas y observaciones y finalmente tendrá usted una segunda
oportunidad para contestarles.
Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ESTUDIANTES, CANAE (García Díaz): En primer lugar quiero agradecer a los mienbros de la Comisión que me hayan llamado para comparecer, porque hasta ahora no hemos estado en este debate.
Hemos estado en el debate a partir del Consejo General del Estado, ya que nosotros tampoco estamos, como decía la representante de CEAPA, en el Consejo General de la Formación Profesional. Por lo que veo, el proyecto de ley tampoco nos incluye
dentro del Consejo General de la Formación Profesional y no lo entiendo de ninguna manera, pero es así.
A continuación voy a exponer unas propuestas o ideas que entendemos que existen en la sociedad y que pueden contribuir de alguna manera a solucionar el problema de la formación profesional, si es que hay algún problema o alguna carencia,
porque si la formación profesional es buena o mala es una pregunta simplistasque casi no merece una respuesta. Esto hay que valorarlo en un cómputo general.
De cualquier forma, debido al creciente interés por la formación profesional como clave del futuro, desde multitud de ámbitos se señala como necesario mejorar la calidad y, por tanto, la imagen social que actualmente tiene esta formación
profesional, y se reclaman respuestas nuevas e innovadoras a los retos que plantea una sociedad marcada por altos niveles de evaluación tecnológica y por esquemas de globalización económica, unidos a preocupantes cotas de desempleo y subempleo y a
importantes desajustes entre la oferta y la demanda de los sistemas productivos y formativos.
Teniendo en cuenta la apertura de fronteras y el hecho de que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede ejercer su profesión en cualquier Estado de la misma , es fundamental que nuestro sistema de cualificaciones sea reconocido dentro
del marco comunitario, ya que sólo de este modo podremos trabajar en igualdad de condiciones con nuestros vecinos europeos. Asimismo, en este marco comunitario es imprescindible tener en cuenta las perspectivas sobre las que están trabajando y que
marcarán el futuro, especialmente las recogidas en el memorando sobre aprendizaje permanente.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya se han iniciado trabajos, fruto de los cuales es el proyecto que aquí tratamos, tendentes a la reforma de nuestro actual sistema de formación profesional, cambios sobre los cuales
considero imprescindible realizar ciertas aportaciones, puesto que es especialmente necesario contar en este campo con altas cotas de diálogo social, del cual los estudiantes no podemos quedar excluidos. Así, ofrezco a esta Comisión de Educación la
siguiente parte propositiva, dividida en tres bloques: de un lado, las proposiciones relativas a la estructura del sistema; de otro, proposiciones en torno a los aspectos transversales y generales y, de otro, proposiciones en torno a la dimensión
europea.
En cuanto a las proposiciones relativas a la estructura del sistema, quizá sea fundamental avanzar en el desarrollo del sistema nacional de cualificaciones como sistema capaz de conseguir el tratamiento global, coordinado y óptimo de las
necesidades de cualificación y formación profesional de las personas, de las empresas y de las organizaciones. El sistema debe reflejar fielmente las necesidades existentes de cualificaciones y servir de marco de referencia para la elaboración y
articulación de las ofertas formativas de los tres subsistemas. Se debe asimismo facilitar la orientación y calificación profesional de los demandantes de empleo sin olvidar la misión de suministrar información sistematizada al mercado interior y
exterior.
En cuanto a lo que se refiere a la formación reglada debemos considerar como focos de atención prioritaria el desarrollo y consolidación de la formación en centros de trabajo. Existen al respecto cuestiones pendientes que se derivan del
orden tanto cuantitativo como
cualitativo en los programas de formación en centros de trabajo. Se puede decir que la formación en centros de trabajo no funciona de igual forma en todo el territorio. Por otro lado, se debe perfeccionar el sistema de garantía social y
las políticas de inserción social y laboral de los jóvenes. ¿Cómo hacerlo? Por una parte, ampliando la formación de los alumnos bien mediante su incorporación al mundo laboral bien prosiguiendo estudios. Por otra parte, tenemos que tener en
cuenta que existe un ritmo de aprendizaje individualizado para esta garantía. También debemos tener en cuenta el mercado de trabajo como elemento de referencia en la configuración de los programas de formación profesional reglada. Si se recopilan
datos sobre este mercado y sobre la perspectiva de colectivos castigados por desempleo, es más fácil emitir una buena oferta formativa.
En este ámbito se tiene que profundizar en las relaciones entre el centro educativo, el alumno y la empresa y
hay que apoyar la realización de tutorías en empresas y en los centros educativos.
En cuanto a la formación ocupacional como foco prioritario, considero que se debe orientar hacia la adquisición de cualificaciones vinculadas a ocupaciones concretas. Fundamental para ello es una adecuación de la oferta formativa a la
evolución del empleo. Por otro lado, es necesario establecer mayores controles sobre la oferta formativa existente. ¿Por qué? Porque han florecido últimamente centros colaboradores de formación profesional ocupacional que no siempre reúnen los
requisitos mismos de calidad y profesionalidad.
En cuanto a la formación continua, los focos de atención prioritarios son la participación de los jóvenes en los planes de formación de empresas y la coordinación de acciones en la formación continua.
El segundo bloque que propongo son las proposiciones en torno a aspectos transversales y generales. Se deben realizar esfuerzos por mejorar la imagen de la formación profesional en España, que todavía sigue estando asociada al fracaso
escolar. Existe el riesgo de que el país sufra una grave carencia de fuerza de trabajo con cualificaciones intermedias. Es necesaria una reconsideración acerca de los nuevos objetivos que conlleva la idea de aprendizaje a lo largo de la vida
(aprender a aprender, educación cívica, nuevas tecnologías) y en el contexto de una ciudadanía activa, la educación, aptitudes y valores, con especial atención al desarrollo de competencias claves como elementos en el proceso formativo.
La
educación y la formación se contemplarán como los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social en la sociedad del futuro. Hay que reconsiderar en este mismo contexto el derecho a la educación y a la formación, con especial
atención al acceso a la misma y a la información y orientación profesional como factores de desarrollo personal y de inclusión social. Es importante fomentar la configuración de consorcios locales orientados a la cooperación y concertación en este
ámbito. Entre los puntos débiles del sistema educativo español figuran las humanidades, las competencias lingüísticas y la cultura de base científico-técnica. Hay que hacer esfuerzos, por tanto, para mejorar estas áreas. Se debe concebir la
orientación profesional como un proceso continuo a lo largo de la vida y debe explotarse el potencial de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento para favorecer y generalizar el acceso en estos servicios y mejorar su calidad.
El tercer bloque es una propuesta en torno a la dimensión europea. Debe tenerse en cuenta la dimensión europea especialmente en el campo de la movilidad de jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores. De hecho, aquí se ha mencionado el
idioma, pero también los jóvenes españoles tenemos problemas al trasladarnos a otros Estados para aprender y desenvolvernos en otros medios culturales. En muchos de estos ámbitos, contando con las redes de información existentes, sería aconsejable
crear observatorios de buenas prácticas. En estos observatorios se intercambiarían información y buenas prácticas sobre las necesidades y los acuerdos a nivel nacional y europeo. Las innovaciones introducidas en el transcurso de los últimos años a
través de programas e iniciativas europeas -Leonardo da Vinci, ADAPT, etcétera- deberían ser objeto de valoración y en su caso difusión, y las medidas de información, orientación e inserción profesional deberían ser objeto de especial seguimiento y
evaluación.
También querría hacer una revisión quizá más exhaustiva de la ley, pero puesto que tengo poco tiempo, vamos a ver algunos temas que me parecen de suficiente calado e importancia para tratarla aquí. Leyendo la ley atentamente se puede
comprobar que la parte referida a la enseñanza reglada inserta aún en el sistema educativo cede ante la presencia más prolija del interés en esa etapa de formación ocupacional y continua.
¿Porqué digo esto? En principio porque en el artículo 5.3
del proyecto de ley se dice que el instituto nacional de cualificaciones, así como el consejo general de la formación profesional, se encuentran adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quedando reducida la participación del MEC en la
definición del catálogo nacional de cualificaciones y en la presencia del departamento en el Consejo General de la Formación Profesional. Esto es poco coherente al definir las cualificaciones profesionales, pues parte de las mismas que se derivan
de la formación profesional específica están por supuesto en el sistema educativo. Propondría que se incluyera en este apartado la adscripción funcionaria-orgánica del instituto nacional de cualificaciones al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
En el artículo 6 se habla de la colaboración y en los puntos 1 y 2 no se habla de la participación de los centros docentes en dicha colaboración.
En el punto 3 se deja fuera de la consulta a las administraciones educativas.
Respecto al artículo 10.1, no se aprecia con exactitud el alcance de su contenido, ya que parece dar a
entender que podrán existir algunos títulos de formación profesional y certificado de profesionalidad cuyas cualificaciones queden al margen del catálogo nacional de cualificaciones profesionales, lo que, por razones de lógica, debería
quedar reducido a casos muy excepcionales y debidamente justificados.
De la lectura del artículo 11.1 no se deduce con exactitud si a los centros a los que se está haciendo referencia en el mismo son los centros integrados donde se imparten ciclos formativos de formación profesional, al mismo tiempo que
enseñanzas encaminadas a la obtención de certificados de profesionalidad, o bien se está haciendo referencia a centros que impartan otras o dicha modalidad de manera independiente.
En cuanto los puntos 4 y 5 del artículo 11, que hablan de la dirección de los centros de formación profesional, debemos decir que la ley crea una red de centros de formación profesional que serán centros de referencia para la formación con
implantación en todas las comunidades y que se organizarán mediante la especialización por sectores productivos. En estos centros se impartirá la formación profesional reglada, la ocupacional y la continua. Deberíamos considerar necesario que
quede clara la inclusión de la formación continua dentro de las acciones formativas a desarrollar por estos centros integrados de formación profesional, dada la importancia de este tipo de formación y la relevancia que el proyecto da en su
exposición de motivos a la formación a lo largo de la vida. Además, al integrarse los tres subsistemas de formación profesional actualmente existentes en el nuevo modelo de centro de formación, la gestión de los centros adquiere complejidad y,
entre otras cosas, se exigirá intensificar la relación con el entorno económico, social y empresarial en que dichos centros realizan su actividad. En este caso, el desarrollo reglamentario de la ley deberá tener en cuenta la representación de los
mismos en los agentes sociales y, por supuesto, de los estudiantes. Si las enseñanzas de la nueva formación profesional reglada, ocupacional continua están exigiendo la necesidad de centros específicos integrados, se debería posibilitar que los
actuales centros evalúen la experiencia que tanto el profesorado como los consejos escolares aporten con sus reflexiones, así como otros sectores sociales implicados como el empresarial, el sindical, etcétera.
Ahondando en la lógica de introducir
criterios empresariales en el sistema educativo, se plantea como novedad en la creación de centros integrados que la Administración nombrará a dedo a los directores, pero no se debe en ningún caso eliminar esta función de los consejos escolares;
así lo entendemos los estudiantes. Ni los estudiantes ni los profesores ni los padres podrán decidir de esta forma quién dirige el centro y, por tanto, tampoco podremos ejercer un control sobre lo que se haga. Este aspecto quizá debería revisarse,
dado que se distancia notablemente de la elección democrática recogida en la normativa actual.
Además, el artículo no sólo habla del nombramiento, sino también, de forma implícita, de la elección.
No voy a seguir, puesto que vamos mal de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Damos gracias al señor García Díaz por su exposición.
Ahora corresponde el turno a los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Iratxe García tiene la palabra.
La señora GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, agradecé la presencia y la intervención del compareciente como representante de un colectivo de estudiantes, y también el que se haya posibilitado que hoy los estudiantes puedan transmitir su opinión
en el Parlamento y explicar el trabajo que desarrollan en el análisis de las propuestas que desde las administraciones se realizan. Me refiero a esto porque por desgracia en estos últimos tiempos no estamos muy acostumbrados a que por el Gobierno
se articulen formas para que el movimiento estudiantil y los jóvenes puedan decidir y participen en la elaboración de estas políticas que en gran medida afectan a esta población. El compareciente ya ha hecho referencia a que hasta este momento no
había participado el colectivo estudiantil en la elaboración de propuestas a este proyecto de ley.
Tambien nosotros consideramos que el Partido Popular, el Gobierno, nos tiene acostumbrados a hacer leyes para los jóvenes pero sin los jóvenes, un
error que esperamos que sea subsanado y que sea el inicio de un cambio de actitud.
Me refiero a la participación porque es sobre todo en lo que quería girar mi intervención, puesto que en cuanto a lo que es el análisis más de contenidos con respecto a la ley, el compareciente ha hecho un análisis bastante exhaustivo de
cuestiones que se deberían de modificar o puntualizar y espero que recojamos desde todos los grupos parlamentarios con el fin de que se mejore esta ley.
Digo lo de participación porque creo que es interesante. Ya en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el impulso para la juventud se establece en su apartado de educación y formación que una de las prioridades debe de ser la que se
refiere a la valoración del aprendizaje y mejorar las formas de participación de la misma. En este sentido nos gustaría conocer el posicionamiento de CANAE sobre algunas cuestiones de participación que hacen referencia a la ley, por ejemplo, en
cuanto a que no aparezca explícitamente la participación de los estudiantes en los órganos de Gobierno y en los órganos consultivos. Consideramos que es necesario que aparezca de forma bastante concreta y clarificadora esta estrategia de
participación de los estudiantes. No lo vemos y queremos conocer cuál es la opinión del compareciente y de CANAE en este sentido.
También queríamos conocer cuál es su posición sobre un tema bastante debatido ya, del que hoy durante toda la mañana venimos oyendo hablar, como es el posterior desarrollo reglamentario de esta ley, que en estos momentos vemos bastante
imprecisa y vacía, y mucho nos tememos que luego se pueda modificar en su desarrollo reglamentario de forma que no beneficie los objetivos que estamos planteando en estos momentos.
Vemos hoy que los sindicatos advertían que los itinerarios en secundaria restan prestigio a la formación profesional. Queremos saber la opinión de CANAE sobre este anuncio de la creación de itinerarios, cómo puede afectar a la calidad y al
prestigio de la formación profesional.
Hay un tema que yo sé que a los estudiantes les preocupa mucho, y es todo lo referido a las prácticas de la formación profesional. Hemos visto cómo desde otros colectivos estudiantiles ya se ha hecho referencia a esta inquietud que se tiene
con respecto a las prácticas de la formación profesional, en las que en muchas ocasiones está existiendo falta de control real sobre si se cumplen los objetivos que se pretenden a la hora de desarrollalas. Querríamos también saber cuál es la
opinión que le merece esto al compareciente.
Tampoco mucho más, porque realmente ha sido interesante su intervención, nos ha aportado cuestiones que podrán mejorar esta ley y, finalizando, vuelvo a agradecerle otra vez su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Corresponde hacer uso de la palabra al señor Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Agradeco al presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes, CANAE, don José Antonio García Díaz, su comparecencia ante esta Comisión para darnos su visión, o supongo que la de CANAE, sobre este proyecto de
ley que estamos tramitando en el Congreso de los Diputados. Agradecimiento, como le decía a la presidenta de CEAPA, sincero.
Nuestro grupo parlamentario, y en este caso quien les habla, siempre ha defendido en todos los foros desde mi actividad pública la necesaria colaboración y participación de todos los sectores sociales, profesionales y económicos implicados
en la configuración de cualquier ley, su presencia y sus aportaciones.
Las valiosas y eficaces consideraciones que en estos momentos el señor García Díaz nos hace serán tenidas en cuenta y analizadas pormenorizadamente, pero hay aspectos por los que a mí, al hilo de su lectura, me venía a la mente una
preocupación, o mejor una curiosidad, y esa es la primera pregunta. Quiero saber si estas valiosas y eficaces consideraciones en torno a la ley son fruto de una aportación personal, de una aportación del colectivo de estudiantes reducido, de una
aportación de diferentes asambleas de estudiantes que analizan la ley, si es que hay una permanente dentro de esta Confederación Estatal de Estudiantes que trata específicamente del desarrollo de los procesos legislativos en las Cortes Generales;
en fin, si son la ocurrencia de algunos de los más avispados estudiantes que se dedican profusamente al estudio de las leyes y luego se dan como aportación de la confederación, o si son, en definitiva, fruto, a su vez, del consenso de la
Confederación Estatal de Estudiantes que, conocedores de las mismas, son trasladadas por nadie mejor que por quien les representa y preside, en este caso don José Antonio García Díaz.
A mí me preocupó la afirmación rotunda de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quien manifiesta -literalmente- que este Gobierno produce leyes para los jóvenes pero sin los jóvenes. Ahí quedó, y se quedó tan fresca.(Rumores.)
Como estamos hablando de jóvenes y ella lo es -tiene la suerte que no tenemos otros-, me extraña esta actitud, y, como me extraña, la planteo con la misma sinceridad.
Yo también estoy en este mundo, creo que he seguido la evolución de nuestro país durante los últimos años, fundamentalmente a partir de la época democrática. Me ha correspondido estar en la oposición y en el Gobierno; en todo caso como
cargo público en las Cortes Generales desde 1982, y desde entonces -hace 20 años- no he salido de aquí. Después de vivir todo eso, me resulta extraño que se hagan afirmaciones tan rotundas, y se lo digo al señor García Díaz para que lo traslade a
su Confederación Estatal de estudiantes.
¿No será más bien, señor García Díaz, -o cuál es su interpretacion- que este Gobierno y el anterior -el socialista- sí consultan a los jóvenes y están en contacto con ellos? No admitir alguno de los aspectos que en el desarrollo de una ley
configurarían las posiciones de los jóvenes no significa no haberlos tenido en cuenta. Durante casi 15 años -hasta hace dos años- he sido portavoz de educación en el Senado, y he visto que durante los gobiernos del PSOE y del Partido Popular la
juventud ha jugado un papel importantísimo en ponencias sobre aspectos relevantes de la política educativa; todos los grupos parlamentarios -todos- tenían en cuenta la relevancia de la opinión de los jóvenes para solicitar comparecencias o pedir
informes. Cuestión distinta es lo que se plasma finalmente en el texto, y si la presencia fue mayor o menor desde el punto de vista cuantitativo.
Recuerdo que en la ponencia para el estudio de la selectividad en el Senado los jóvenes jugaron un papel importante; lo jugaron en el desarrollo y configuración de las leyes socialistas, y pedido por nosotros también. A partir de 1996, el
Partido Popular siempre ha tenido en cuenta a la juventud, créame, señor García Díaz -entonces era usted muy joven todavía, aunque no han pasado muchos años-. Hace días todos pudimos ver -si vivimos en este mundo- que ha habido un congreso para
jóvenes menores de 18 años, absolutamente abierto a la juventud, que puede ser determinante de posiciones posteriores a la hora de legislar sobre aspectos importantes.
Siempre se les ha tenido en cuenta; de ahí este desahogo por la contundencia al decir que este Gobierno hace leyes para los jóvenes sin contar con los jóvenes. Me parece tan demagógico, tan provocador, que tenía que dedicarle unas palabras
y preguntar si la Confederación
Estatal de estudiantes comparte esa opinión; y, en caso de que la comparta, que me diga usted algunos ejemplos que puedan justificarla.
(Rumores.)
Quiero decirle, por fin, que nosotros somos claros exponentes de la defensa de la calidad en la educación; la tenemos como objetivo prioritario, y así lo han manifestado nuestros cargos en todas sus comparecencias o actos públicos sobre
educación. Todos nuestros esfuerzos van encaminados a adaptarla a las circunstancias de un mundo cambiante en cuanto al trabajo y la libre circulación de que hablábamos antes. La colaboración de los jóvenes y la posibilidad de mejorar gracias a su
aportación en una materia en la que son protagonistas directos, tendrá para nosotros la consideración que se merece.
De todos modos, muchas gracias por esa aportación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. (La señora García Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Le doy 30 segundos.
La señora GARCÍA PÉREZ: No voy a utilizar más tiempo.
Las alusiones que se han hecho a mi intervención me reafirman en mi opinión sobre el talante con que el Partido Popular se enfrenta a la participación de los jóvenes. Las palabras que ha tenido el portavoz del Partido Popular sobre mi
intervención no se hubieran dicho de la de otros parlamentarios en condiciones de igualdad; se han pronunciado por mi condición de joven, como el portavoz ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Díaz, para contestar a las intervenciones que se han producido. Le ruego brevedad.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ESTUDIANTES, (CANAE) (García Díaz): Empezaré por el final y por la calidad de la educación, a la que se refería el representante del Grupo Parlamentario Popular. No dudo en ningún momento
de que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de todos los españoles, cree en la calidad de la educación, ¡estaría bueno! Sin embargo, no entiendo sus alusiones a los jóvenes y a mi organización.
Voy a ordenar mi réplica en dos bloques: uno, sobre mi organización y de dónde emanan sus propuestas; otro, sobre los jóvenes. Como veo que no conoce el movimiento estudiantil, le voy a explicar cómo funciona una organización como CANAE.
Esta propuesta sale de un documento aprobado por la asamblea general. La estructura de CANAE está dispuesta al hilo de la organización territorial del Estado; es decir, organizaciones de centro, asociaciones de centro, asociaciones provinciales,
federaciones provinciales, federaciones regionales y confederación; cada federación tiene una autonomía absoluta en su forma de regirse de ahí la confederación como forma de gobierno. La información se canaliza desde los centros a la
confederación, que es un órgano vertebrador de nuestro movimiento en enseñanza secundaria. Creo que es una buena forma de recoger la información, la única real: consultar a las bases.
Usted ha dicho que el Gobierno consulta a los jóvenes. Yo soy joven, soy estudiante y represento a CANAE, una organización estudiantil, y a mí no se me ha consultado para la LOU. No es que no se haya consultado a mi organización, es que no
se ha consultado a nadie. Se ha hecho una ley de espaldas a los estudiantes, y no me sirven las palabras del señor Arenas diciendo que no se consulta a los cazadores para hacer una ley de caza.
Hay que consultar a los jóvenes y, si tan
acostumbrados estamos a hacer políticas públicas, podemos entender que las políticas públicas se construyen desde abajo; si no, no tienen mucho sentido.
Los jóvenes estamos deseando participar. Ha hecho usted referencia al congreso de hace unos días, un congreso totalmente manipulado y con propuestas prefijadas; quizá parezca que no tiene mucho que ver con la educación, pero tiene más de
lo que parece. Me sorprende cómo se trata la cuestión de la juventud, cómo se criminaliza a los jóvenes desde los medios de comunicación y desde el Gobierno. Si antes se decía que Pilar del Castillo no había dicho ciertas palabra, el señor
presidente del Gobierno nos ha llegado a llamar bobos a los estudiantes porque ejercemos un derecho.
Es muy fuerte lo que está ocurriendo en la sociedad española. Debemos reflexionar sobre esto. Digo esto ya que ha salido a colación, porque tiene que ver mucho con la educación, sobre todo con la formación profesional, y ahora hablaré de
los itinerarios, cuestión por la que me preguntaba la portavoz del Grupo Socialista. Es muy fuerte que los tertulianos, la prensa, estén machacando a los jóvenes. Si realmente creemos en la juventud y queremos una sociedad competente, vamos a ver
qué pasa. ¿Usted cree que son útiles las medidas policiales en contra del botellón? Me parece que esta no es la solución. Porque ahora es el botellón, pero es la excusa, igual que en la cuestión del debate de la reforma educativa la reválida es
la excusa, hay que verlo todo en conjunto. ¿La solución es poner una asignatura obligatoria en secundaria? Mi organización -por lo que me ha dicho veo que no la conoce- lleva muchos años en el Consejo Escolar del Estado pidiendo una asignatura -y
lo hemos vuelto a pedir ahora en el decreto de mínimos- de cultura participativa. Eso es lo que vale, ahí está, la cultura participativa y no me vale decir que este país no tiene cultura participativa, lo que pasa es que algunos no quieren que
exista.
Se ha referido al debate del Senado sobre la selectividad. De esto no quiero hablar porque creo que todos los gobiernos nos están tomando el pelo con la selectividad y la están utilizando de forma populista. De nuevo se ha vuelto a hacer,
hace un año dijeron que se suprimía la selectividad y resulta que ahora nos encontramos con más exámenes, cosa que, por otra parte, ya sabíamos.
No sé si se hacen leyes para los jóvenes o en contra de los jóvenes. Lo que sí es cierto es que no se consulta a los jóvenes. Los estudiantes queremos ser sujetos activos de la comunidad educativa, pero no se consulta para nada a los
estudiantes; sólo se consulta después de haber salido medio millón de personas a la calle, entonces sí pero antes no te consultan. Es muy buena la reflexión que usted ha hecho, me parece muy importante, incluso me gustaría charlar tranquilamente
algún día con usted o con quien quiera, del grupo parlamentario o del Gobierno, sobre lo que son los poderes públicos. Es importante que se reflexione sobre la participación y el escuchar a los jóvenes porque tenemos muchas cosas que decir.
Con respecto a lo que comentaba la representante del Grupo Parlamentario Socialista sobre la participación, le diré que tengo mis reservas porque incluso en la época socialista ya lo sufrimos. La LODE fue una ley bastante buena para la
participación de los estudiantes en los consejos escolares; con la LOPEG, en el año 1995, ya tuvimos alguna restricción. A ver qué pasa ahora con la ley de calidad.
También comentaba cómo se va articular la participación en los centros integrados de formación profesional. Como la adaptación, composición y funciones de los órganos depende de los reglamentos, esperemos que se mantenga lo que dice la
LODE, que nosotros sigamos participando. De todas formas, desde nuestro punto de vista, esto está incompleto por una sencilla razón. Entiendo que en una comunidad educativa tan importantes son los padres como los profesores y los alumnos, incluso
el personal de administración y servicio. Nosotros venimos pidiendo la paridad en los órganos de gobierno y esperemos que algún día alguien se dé cuenta de que esta paridad en los órganos de gobierno es importante. También lo hemos hecho en la
universidad, pero el proyecto del Gobierno, en definitiva la ley, nos ha mermado la participación en los órganos de gobierno. El desarrollo reglamentario da un poco de miedo porque si se hace una ley de espaldas a las comunidades autónomas ya
veremos cómo se arregla esta cuestión.
Las prácticas. Evidentemente hay que profundizar en la relación centro-alumno-empresa y sobre todo que las empresas y los poderes públicos se comprometan a que esto se dé en la realidad, sobre todo que se ajuste la oferta y la demanda entre
lo que son los centros y las empresas. Como digo, hay que profundizar en lo que es la relación centro-alumno-empresa. Por supuesto, la financiación debe estar desde el primer momento.
En cuanto a lo de los itinerarios, no sé cómo va a terminar esto porque el Gobierno se dedica a lanzar globos sonda al respecto. Primero eran tres, ahora son cuatro, no sé muy bien cómo va a terminar esta cuestión. Lo único que sí entiendo
es que los itinerarios desde el primer momento son segregadores y no sólo socialmente, también psicológicamente, incluso en la cualificación de las personas. Evidentemente, si se habilita un itinerario para personas que van bien y otro para
personas que van menos bien y otras que van aún peor, lo que se hace es una segregación incluso académica y social, sobre todo social, lo que es muy peligroso porque aquí alguien ha hablado de los municipios, y en la ley de calidad se tendrá que
hablar de los municipios porque tienen mucha importancia en todo lo que es el proceso de socialización de los estudiantes.
Creo que ya he contestado a todo. Si quieren algo más, estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díaz, por su intervención.
- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN EL CONSEJO, (MARCHÁN REDONDO). (Número de expediente 219/000311.)
El señor PRESIDENTE: Proseguimos las comparecencias con la última de esta mañana, la de don Gregorio Marchán Redondo, vicepresidente del Consejo General de Formación Profesional y representante de Comisiones Obreras en dicho consejo, a
quien ruego que ocupe su lugar en la mesa.
Damos la bienvenida a don Gregorio Marchán, agradeciéndole que haya aceptado la invitación de esta Comisión para participar en esta sesión e ilustrar a los grupos parlamentarios sobre la posición de distintas personalidades en relación con
el proyecto de ley que estamos tramitando en la Cámara. Ya conoce las reglas del juego. Tiene una primera intervención, que le ruego que sea lo más sucinta posible, dada la hora; después los portavoces de los grupos parlamentarios le podrán
formular preguntas y observaciones a las que a continuación podrá usted contestar.
Sin más preámbulos, le doy la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN EL CONSEJO (Marchán Redondo): Buenos días.
Muchas gracias, tanto al presidente de la Comisión como al resto de los diputados representantes de los diferentes grupos, en nombre propio y en nombre de la organización a la que represento, el sindicato Comisiones Obreras, en primer lugar,
por la invitación que se nos hace para comparecer aquí hoy y, en segundo lugar, por poder trasladar nuestra opinión sobre la ley de formación profesional. Esperamos que se pueda repetir este agradecimiento en sucesivas ocasiones, puesto que eso
significaría que se mantiene lo que
entendemos que es una buena iniciativa, que es que los sindicatos podamos comparecer para explicar nuestras opiniones sobre las diferentes leyes que afectan al conjunto de los trabajadores, en este caso al futuro de la formación profesional
en nuestro país, pero también en hipotéticos proyectos de ley que deseamos conocer para mejorarlos y exponer nuestra opinión, como sucede con el anunciado proyecto de ley sobre la calidad de la enseñanza.
Me voy a permitir simplemente una breve licencia. Quiero pedirles que en esas hipotéticas próximas comparecencias a las que vendremos con sumo agrado, esperamos tener más suerte con la hora, puesto que tanto a mi compañero de la Federación
de enseñanza como a mí nos ha tocado venir a una hora que sabemos que no es la más apropiada.
En primer lugar, quisiera destacar y reconocer, en honor a la verdad, que este proyecto de ley llega al trámite parlamentario precedido de un debate interesante, un debate tranquilo, un debate sosegado, donde las organizaciones que tenemos
representación, al menos las organizaciones sociales representadas en el Consejo General de la Formación Profesional hemos tenido ocasión de poder emitir nuestras opiniones y de hacer aportaciones. Esperamos, por tanto, que ese proceso de
participación se mantenga en próximas leyes, porque entendemos que el consenso es una de las mejores cosas que podemos lograr con estos debates. Con ese espíritu constructivo hemos participado y lo haremos en próximas leyes.
En relación con la ley que hoy nos ocupa, venimos insistiendo desde hace casi una década en que el prestigio de la formación profesional, su calidad y la adecuada gestión de los recursos invertidos demandan un amplio acuerdo de los
diferentes agentes implicados en los objetivos de la formación profesional y la responsabilidad de cada parte, administraciones e interlocutores sociales. Ya en 1998 el Consejo general de la FP acordó una serie de medidas que pretendían superar los
problemas que afectaban a la formación profesional en nuestro país. Problemas, medidas y objetivos se plasmaron en el segundo programa, en el que la organización a la que represento, Comisiones Obreras, planteó con nitidez que era necesaria una ley
de FP, precisamente para evitar que aquellos objetivos se quedaran en lo que se han quedado pasados los dos primeros años: en una declaración de intenciones, en unos casos por falta de rango y en otros por problemas de competencias entre diferentes
partes de la Administración.
Posiblemente porque no hemos contado con esta ley -queremos pensar que es por eso y por eso también creemos que en el futuro se podrá superar estos problemas- el segundo programa se encuentra al día de hoy con importantes incumplimientos.
Por ejemplo, no se ha desarrollado la norma básica reguladora del sistema de las cualificaciones, falta establecer un sistema integrado de información y orientación profesional, falta actualizar los títulos de FP y es preocupante la falta de
revisión que al día de hoy sigue teniendo el plan FIP. Por tanto, hay motivos más que suficientes para que este proyecto se eleve a rango de ley.
También queremos destacar que este proyecto de ley contiene aspectos importantes de aquel programa. Desde luego, para Comisiones Obreras son aspectos positivos. En primer lugar, el desarrollo del sistema de cualificaciones, con dos piezas
básicas: el catálogo de cualificaciones y el catálogo de formación asociado, dos instrumentos que nos deben permitir cumplir ese triple objetivo, creo que tan coincidente, de integrar las cualificaciones, la oferta de formación y las formas de
acreditación. Por otro lado, la participación de los agentes sociales en las políticas formativas y de cualificación, sobre todo nos referimos a la participación en la elaboración, no sólo en la gestión y consulta.
Además, es importante destacar
el desarrollo de procedimientos de evaluación y acreditación de los conocimientos y capacidades adquiridos por vías no formales, en definitiva, la experiencia laboral. Esta evaluación debería hacerse, y por eso pelearemos, tomando como referencia
el catálogo de las cualificaciones anteriormente referido. También, y en coherencia con lo anterior, la existencia de la posibilidad de una acreditación parcial, con efectos académicos y esperamos que profesionales; es decir, que habilite para el
acceso a itinerarios formativos, para la adquisición de un título o/y certificado de profesionalidad. Asimismo, la creación de la figura del centro integrado de FP. En estos centros se ofertará formación para el acceso a títulos y certificado de
profesionalidad, con lo cual creemos que se mejorará la gestión de los recursos públicos e, igualmente, el acceso de los distintos colectivos a las distintas formaciones profesionales. Asimismo, la creación de la red o la potenciación de lo que hoy
existe parcialmente en algunas comunidades: una red de centros de referencia sectorial en estas materias de formación profesional. Igualmente, entendemos que es una ley que tiene en cuenta el Consejo general de la FP como órgano de participación y
de consulta.
No todo en este proyecto de ley es positivo. Este proyecto de ley puede y debe seguir mejorándose en este trámite parlamentario. Como ha reconocido en su comparecencia la propia secretaria general de Educación y Formación Profesional, este
texto -cito literalmente- es susceptible de mejora y confiamos en que durante la tramitación parlamentaria puedan suscitarse cuestiones que contribuyan a la máxima adecuación del texto legal a los fines que se pretenden, que no son otros que la
configuración de un sistema de formación profesional que responda coordinada y conjuntamente en todas sus dimensiones a los requerimientos del futuro, en línea con los países más avanzados. Esperamos que lo que hoy son carencias terminen siendo
realidades y, en definitiva, que esta declaración no se quede en
una frase, que de verdad consigamos que sea un compromiso y que el trámite parlamentario sirva para aceptar enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, precisamente para mejorar el texto y que nazca con el mayor respaldo social
posible y con el mayor consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y agentes sociales.
Queremos citar aquí lo que entendemos que son insuficiencias o carencias de este proyecto de ley. Por un lado, en la propia argumentación sobre la necesidad de la ley se sigue insistiendo, a nuestro entender en exceso, en el supuesto
déficit de cualificación de la población como factor del desempleo -no decimos que no exista ese déficit, pero sí que no basta para explicar el problema del desempleo-, olvidando la necesaria articulación con las estrategias de desarrollo, la
promoción de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, cuestiones todas ellas que trascienden la formación de las personas.
Igualmente, nos parece grave que no se haya recogido suficientemente el papel que ha de
jugar la negociación colectiva como instrumento que permite articular los derechos en el ámbito de la formación con los derechos laborales. Creemos que a esta cuestión debería habérsele dado mayor significación. Es cierto que en el articulado
aparece la referencia a la negociación colectiva, pero en un título, el tercero, correspondiente a la orientación, artículo 15, donde dice: ...
recogiéndose entre las funciones de información y orientación de las administraciones públicas. Nos
parece insuficiente; debiera estar entre los propios objetivos de esta ley. Desde luego, lo que no nos parece aceptable en esta ley es que se quede muy detrás de lo que el propio real decreto de creación del Instituto Nacional de las
Cualificaciones ya recogía en cuanto a la relación funcional que entre el sistema de cualificaciones y clasificación profesional se debe mantener y, por tanto, hacerlo dentro de la negociación colectiva. También creemos que se debería haber hecho,
y estamos a tiempo, un mayor esfuerzo en cuanto a explicitar la responsabilidad operativa de las distintas administraciones en el desarrollo del sistema: el Gobierno de la nación, la Administración general, las diferentes administraciones
competentes en cada materia, las comunidades autónomas. Esto es especialmente significativo en los objetivos señalados para la orientación y la evaluación y calidad del sistema, es decir, títulos tercero y cuarto del anteproyecto.
Igualmente, al elegir la opción de una ley de mínimos, cosa que no nos parece mal, se ha dibujado el esquema básico de este modelo, pero no se ha entrado en su expresión administrativa, en su expresión institucional, con la correspondiente
distribución de competencias y funciones. Así, se ha evitado, al menos aún no se ha conseguido, una mayor concreción en todo lo que entendemos que es una necesidad no recogida suficientemente, como es la participación, en el futuro, de los agentes
sociales.
En cuanto a los centros integrados, si bien se consiguió que en el texto, después de distintos borradores, se recogiera la existencia de órganos colegiados, cuya composición y funciones deberán adaptarse a las características de estos
centros, la participación y la forma de elección del director ha quedado restringida a la consulta. De igual forma, no ha quedado recogida la participación de los distintos agentes sociales, instituciones locales, etcétera, en el órgano colegiado.
En el propio dictamen del Consejo Económico y Social, así como en el informe del Consejo escolar del Estado ya se insistía en este punto y nos parece que se debería aprovechar este trámite parlamentario para intentar superar esta insuficiencia.
Creemos que estamos ante centros realmente distintos, con características propias y, por tanto, que hay que pensar cómo se dirigen de la manera más eficaz posible, pero manteniendo los principios que han imperado hasta ahora en la elección de los
directores. Y, repito, y procuro ser cuidadoso con la expresión, decimos mantener los principios, lo que no quiere decir la literalidad de lo escrito, pero creemos que tampoco se mantienen los principios.
También podríamos decir que se trata con ambigüedad todo lo referido a los centros de referencia nacional de carácter sectorial. En cualquier caso, puede ser un problema de redacción, porque en el fondo podemos coincidir bastante. Debemos
colaborar para que las comunidades autónomas estén lo menos incómodas posible con la redacción de la ley y, por tanto, que no se pueda hablar de obligatoriedad, ni en todas las comunidades, etcétera, sino que habría que hablar de la prioridad que ha
de contener el necesario convenio, que se ha de acordar entre la Administración central del Estado y las correspondientes comunidades autónomas a la hora de poner en marcha estos centros. Igualmente es importante citar que nos parece muy poco
tratado el tema de evaluación y orientación.
Quisiera pasar a un tema controvertido sin duda como es, desde nuestro punto de vista, el plan de financiación. Los objetivos de la ley, que son amplios y ambiciosos, requerirían un plan específico. Entendemos que no puede justificarse
exclusivamente con los recursos existentes en los distintos subsistemas y administraciones, en primer lugar, porque hay nuevos desafíos que acometer, y en segundo lugar porque básicamente debieran preverse presupuestos específicos para algunas
cuestiones que comentaré con posterioridad. Me gustaría citar de nuevo a la señora Couso Tapia, secretaria general de Educación y Formación Profesional, cuando, literalmente, decía: va a resultar cada vez más difícil acometer cualquier política de
empleo sin integrar en la misma un componente de formación de alta calidad.
Si partimos, por tanto, de que hoy es preciso mejorar esa calidad de nuestra formación profesional, impulsar la formación con referencia a las nuevas tecnologías de la información, diseñar acciones formativas de las cualificaciones,
etcétera, aceptaremos, sin lugar a dudas, que la financiación actual no es suficiente. Por tanto, creo que en algunas de las cuestiones que voy a comentar a continuación hace falta financiación específica y nueva, no contemplada. Para
poner en marcha todo lo referido al catálogo de cualificaciones y de formación asociada hace falta que el Instituto Nacional de las Cualificaciones, por poner un ejemplo, cuente con un presupuesto, ya que actualmente está sin él.
Para un diagnóstico riguroso de la oferta de formación reglada en las distintas comunidades, en relación con la demanda de estos estudios y en previsión de la promoción de nuevas actividades igualmente hace falta un incremento anual del
presupuesto dedicado a la formación profesional. Y, cómo no, va a hacer falta un presupuesto adicional para mejorar la formación ocupacional. Deben revisarse los módulos del plan FIP, durante bastantes años congelados. Es preciso hacer un
análisis y una revisión del conjunto del plan FIP para potenciar y diversificar la oferta formativa, para hacer cada vez más oferta formativa que valga para el empleo, que sea útil para encontrar un empleo en relación con lo que se estudia;
precisamente para superar lo que ha sido una etapa de formación generalista, una etapa de alfabetización informática que hoy sigue siendo necesaria pero no suficiente para encontrar un puesto de trabajo.
Lógicamente, también en un futuro ya
bastante próximo debemos prever que los recursos dedicados a la formación, que hoy son cubiertos con ayudas del Fondo Social Europeo, tienen al menos nubarrones sobre ellos para que se puedan seguir manteniendo al menos en sus importes actuales.
Hace falta también, en relación con la propia formación continua, buscar fórmulas para incrementar la inversión de las empresas en formación continua; por tanto, hay que ver cómo se incentiva desde los poderes públicos esta inversión, sin
olvidarnos de que las propias administraciones, los propios poderes públicos tienen y tenemos la responsabilidad de valorar que con la actual cuota y el Fondo Social Europeo no se puede abordar toda la demanda de formación continua que trabajadores
y empresarios precisan.
Lógicamente, no queremos tampoco pasar por encima de las consecuencias hipotéticas que podría tener la ley de calidad, aunque me voy a remitir en este apartado a la que creo que fue la intervención del secretario general de nuestra
Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano. Sin embargo, sí que me gustaría que constara que al menos se nos abren algunos interrogantes que podrían afectar negativamente a esta ley si no se tratara de manera adecuada en el futuro a la formación
profesional dentro de la ley de calidad y podríamos correr el riesgo de que más que recuperar prestigio volviéramos un poco hacia el pasado y volviera a ser una enseñanza de segunda clase.
Uno de los aspectos que nos gustaría señalar es que creemos que con esta ley nos la jugamos en su futuro desarrollo reglamentario. Por tanto, vamos a seguir con expectación, con ilusión y con un cierto vamos a ver qué pasa cómo se atiende,
por un lado, en ese futuro reglamento la participación de los diferentes agentes que hemos colaborado ya en este borrador de ley, y por otro lado en el propio calendario, en los propios compromisos para poner en marcha los mismos. A mí me gustaría
citar algunos, como es la propia estructura y contenido del catálogo de las cualificaciones, lo que hace que el INCO tenga que desarrollar bastantes funciones nuevas sobre requisitos, procedimiento e instituciones responsables de la evaluación y
acreditación de las competencias, requisitos básicos de los centros integrados, órganos colegiados de gobierno en estos centros, sobre los centros de referencia sectorial, criterios de creación, objetivos, funciones, dirección, difusión, etcétera.
Igualmente, sobre desarrollo normativo de los objetivos, funciones, servicios y redes de la orientación en el marco del sistema nacional de la formación profesional, desarrollo normativo de criterios de calidad, etcétera.
En cualquier caso, y para terminar, para nuestro sindicato, Comisiones Obreras, estos desarrollos reglamentarios, como decía, van a determinar el valor de la ley, por lo que su contenido y su calendario nos preocupa tanto o más que la propia
ley. Por eso queremos resaltar que para nosotros es muy importante. Deseamos, y así lo vamos a exigir, que la colaboración basada en el diálogo, a la que se ha hecho referencia también en intervenciones de los propios responsables del Ministerio
de Educación y que ha sido cierta hasta el momento en esta ley, se mantenga en un futuro. Comisiones estamos convencidos de que la participación es positiva para el futuro de la formación y del empleo y en consecuencia esperamos que el proceso
previo a este proyecto no sea un hecho aislado, sino que se mantenga para el conjunto de las leyes. Manifestamos una base de acuerdo con este proyecto; un proyecto que nos parece importante y con el que estamos ilusionados, esperando, como decía
la propia secretaria general, que se mejore en su trámite. En este sentido, esperamos la aportación vía enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios para que en línea con lo expresado se pueda mejorar el proyecto, así como que se concreten
algunos aspectos de una forma más clara y desde luego que exista un compromiso real de desarrollo. Y para terminar, nos gustaría que lo que hoy nosotros manifestamos como una base de apoyo pudiera ampliarse y esta ley se aprobara con el mayor
respaldo posible. Para ello no sólo pedimos el esfuerzo de los grupos parlamentarios, sino el de los propios ministerios que han participado en su elaboración.
El señor PRESIDENTE: Señor Marchán, le agradezco que se haya ceñido al tiempo establecido, ya que vamos con un poco de retraso, aunque creo que podremos concluir debidamente.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Señor Marchán, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y en el mío propio, bienvenido a esta Comisión. Y doy la bienvenida a Comisiones Obreras porque trae aire fresco a la misma. Asimismo,
le doy las gracias por su exhaustiva e interesante intervención.
Voy a tratar de ser breve, ya que, como usted decía al principio, la hora que es hace que todos estemos un poco nerviosos por aquello de que tenemos que continuar nuestro trabajo parlamentario por la tarde y ya es la hora de la comida.
Desde el punto de vista del grupo parlamentario al que represento en la Cámara, Izquierda Unida, la formación profesional estaba necesariamente abocada a la reforma. Nosotros éramos y somos partidarios de la reforma y pensamos que existe un
profundo bloqueo que sin duda tiene que ver con la gestión del Gobierno Aznar, el cual, a pesar de haber firmado el II Plan de formación profesional con el consenso de todos los agentes sociales sin excepción, no ha conseguido impulsarlo ni avanzar
prácticamente nada en los objetivos que se persiguen en el mismo. De modo que nosotros interpretamos que el texto del proyecto de ley que ahora viene a la Cámara lo que de alguna manera plantea es que lo que se había acordado se vuelva a replantear
con el supuesto ánimo de mejorarlo. Esto hace que a nosotros nos surja la primera duda. Nos alegramos y celebramos que haya habido un proceso que los agentes sociales han saludado como participativo en cuanto al tema de la formación profesional,
cosa que no ha ocurrido con el resto de las reformas educativas, pero nosotros tenemos algo que decir con respecto al proyecto que viene ahora a la Cámara. En primer lugar, entendemos que el Gobierno del Partido Popular, más allá de que haya
negociado con los agentes sociales, no trata adecuadamente la cuestión de la formación profesional. ¿Por qué digo esto? Porque curiosamente en el momento procesal en que nos encontramos en esta Cámara, en que estamos debatiendo la formación
profesional con toda la baja estima que tiene este colectivo, desde los profesores a los alumnos, pasando por los padres, parece poco propio, al menos así lo estima esta portavoz, que a la ministra de Educación se le ocurra plantear un debate
mediático sobre la ley de calidad lanzando globos sondas con el tema de la reválida y demás sin que, según se nos ha dicho aquí, ni siquiera exista un borrador del anteproyecto. Esto es un agravio. La formación profesional es fundamental y tiene
una gran importancia para la sociedad española y para el sistema.
Por tanto, debería haber mayor sensibilidad en estas cuestiones y haber permitido que este debate que tenemos en la Cámara, que ha estado precedido de un diálogo con los agentes
sociales, hubiera tenido también la repercusión mediática necesaria y eso todos sabemos cómo se puede impedir.
El proyecto no aporta nada novedoso. Es más, echamos en falta la mención expresa y clara de medidas de carácter financiero -todo el mundo ha puesto sobre la mesa el tema de la financiación-, y concretamente las medidas negociadas entre
todos los interlocutores para favorecer una mayor participación e implicación de las empresas en la formación profesional. Lo mismo tenemos que decir en cuanto a las trabajadoras y trabajadores, puesto que no se menciona un aspecto importante para
mejorar su cualificación, como podría ser el permiso de formación que les permitiera acceder a cualquier oferta formativa de alguno de los tres subsistemas.
No obstante, vemos positivo que se plantee la reforma de la ley, que dé respaldo jurídico a los planes nacionales de formación profesional. Esto nos parece una garantía y es un aspecto positivo que nosotros reconocemos. Esperamos que se
cumpla, porque el II Plan nacional de formación profesional ha sido totalmente olvidado por el Gobierno. Sobre esto quería preguntarle al señor Marchán. Aunque esto es hablar de agua pasada, ¿usted cree, sinceramente, que el Gobierno ha hecho el
esfuerzo necesario para el desarrollo del II Plan nacional de formación profesional? Señor Marchán, ¿no cree usted que la ley debería ser más nítida a la hora de conocer -nosotros pensamos que queda muy ambiguo- el derecho a la formación de los
trabajadores, así como el tema del permiso de formación?
Nos preocupa que el texto, cuando habla de los profesionales futuros de la formación profesional, quiebre de alguna manera el principio de negociación colectiva. Aunque ya le preguntamos al respecto al señor Lezcano, también nos merece
consideración e interés su propia opinión.
Nuestra posición con el planteamiento que se hace en el texto del proyecto respecto a la dirección y a los órganos de gobierno de los centros integrados de formación profesional es discrepante. Conocemos sus posiciones, las ha manifestado
usted aquí, también el señor Lezcano, por tanto, no voy a insistir en esta materia.
Hay tres cuestiones que son importantísimas, que quedan sin definir en el proyecto y que tienen mucho que ver con el futuro de la formación profesional. No se define en el proyecto el papel de la universidad. Lo he leído y lo he releído y
es algo que me preocupa. No se sabe qué papel va a jugar la universidad española con respecto a la formación profesional y tampoco quedan bien definidos los papeles de otras instituciones como la Cámara de Comercio. Nos preocupa especialmente que
en el texto del proyecto no se haga ninguna mención al papel que han de jugar necesariamente en esta materia los ayuntamientos, precisamente ahora que se nos está cortejando con la propuesta del pacto local. Los ayuntamientos, como institución
madre, por aquello
de que es la institución más cercana a los ciudadanos y porque además ya tienen oferta formativa propia, van a jugar un papel importante en el futuro, que debería estar recogido desde nuestro punto de vista en el texto de la ley, más allá de
que tengamos que seguir debatiendo sobre competencias y sobre municipalismo.
Por otra parte, señorías, la ley no cuenta con un plan de financiación y tampoco es atrevida a la hora de plantear medidas de carácter financiero para garantizar la inversión de las empresas en formación, que como usted mismo señalaba es un
tema clave.
La ley tampoco dice nada respecto a las condiciones laborales de los profesionales que van a trabajar o que ya trabajan en el sector de la formación profesional, ni siquiera habla de la negociación colectiva con las organizaciones
sindicales. Francamente estas cuestiones quedan en un marco de ambigüedad, que esperamos, con el optimismo que nos caracteriza, que se puedan ir corrigiendo a lo largo del trámite parlamentario.
Sinceramente son cuestiones preocupantes, porque en
una lectura rápida lo primero que se plantea es la duda de si se está potenciando el empleo precario dejando la formación ocupacional y la continua como si se tratara casi de una cuestión de horas extraordinarias.
También nos preocupa el calendario, el cómo, el dónde y el cuándo. En cualquier debate serio y riguroso en el Parlamento deberíamos exigir al Gobierno los plazos que hay que cumplir, el establecimiento del calendario para que se puedan
alcanzar los objetivos en un periodo de tiempo, porque si no, estamos debatiendo y rebatiendo permanentemente en la Cámara. Con la metodología que yo planteo sería más fácil avanzar.
Para terminar, el desarrollo normativo de los criterios de calidad, de los indicadores, incluso de los procedimientos de evaluación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones no queda muy definido. Por tanto nos
gustaría saber quién o quiénes van a ser los responsables de la evaluación y el seguimiento de la calidad del sistema.
Se lo pregunto a usted en calidad de representante de Comisiones Obreras y, por tanto, en calidad de agente social que ha estado
participando en el proceso de negociación con el Gobierno.
Reitero al señor Marchán el agradecimiento por su comparecencia en esta Comisión y pido disculpas a Comisiones Obreras porque las dos comparecencias de los dos compañeros que han estado aquí la mañana de ayer y la de hoy han coincidido a
última hora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marzal.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Marchán, por comparecer hoy aquí, por venir a exponernos sus puntos de vista. La única dificultad que tiene la hora es que hemos oído hablar de muchos de los aspectos que usted ha
mencionado, pero eso no le perjudica, sino que más bien le beneficia, porque le permite coincidir con muchas otras intervenciones que se han venido produciendo a lo largo de estos dos días. También quiero transmitir mi agradecimiento por el hecho
de que a través de usted esté representada aquí una organización sindical como la suya, que conoce bien el día a día en el mundo del empleo y que está fajada en temas de formación profesional.
Ha hecho usted muestra de buena fe o de cierta confianza cuando ha dicho, citando palabras de la secretaria general de Acción Educativa, que la ley era susceptible de mejora y que ella ofrecía la posibilidad de esas mejoras. Es cierto que
esta ley está siendo vendida bajo el prisma del consenso, pero también lo es que a lo largo de estos dos días se ha venido repitiendo una serie de observaciones que no son nuevas, que se han ido haciendo desde que se presentó el anteproyecto, en
diciembre del año 2000, y que no parece que hayan tenido demasiada aceptación o demasiada acogida por parte de los seguidores del Gobierno. Éstas son todas o la gran mayoría de las cosas que usted ha ido mencionando.
Probablemente habrá otras que
también se han mencionado y que si consigo hacer el suficiente esfuerzo podré recordar.
Por ejemplo, usted ha dicho que el segundo programa de formación profesional es la base de esta ley y así lo han venido significando todos los comparecientes. Ese segundo programa fue, en efecto, fruto del consenso, pero esta ley no se
presenta con las mismas características, en el sentido de que no parece que vaya a poder alcanzar todo el consenso -y me estoy adelantando a algo que se ha de producir y que ojalá se produzca-. Aquello ya terminó y fue fruto del consenso, pero esto
todavía no lo sabemos. Además, hay otra diferencia significativa, que el segundo programa no se cumplió. En este caso volvemos a hablar de lo mismo y, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, seguimos sin tener garantía alguna que evite que
los objetivos que aquí se formulan, que están en su mayoría recogidos del segundo programa, sigan sin cumplirse. En este sentido, quisiera preguntarle si considera usted que el quién, el cuándo, el cómo se van a implementar todos los elementos,
todos los instrumentos del sistema nacional de cualificaciones, quedan suficientemente claros en la ley, porque a nosotros nos parece que no.
También nos parece importante lo que se ha venido diciendo de que ha habido una gran falta de coordinación entre los ministerios y entre las administraciones que impulsan la FP. Los socialistas creemos que a estas alturas está prácticamente
asumido que se necesita un órgano único de dirección o de coordinación. Volvemos a preguntar ¿quién se hace responsable de esa coordinación? ¿Quién se hace responsable ahora, en este nuevo paso que la ley parece que quiere dar, de que esa
coordinación se lleve a efecto y no se quede otra vez en la misma situación que hasta ahora hemos vivido con la formación profesional?
Dice usted que es una ley de mínimos. Así es y probablemente así debe ser, pero hay muchas cosas que a usted y a todos nos preocupan y que quedan para un posterior desarrollo reglamentario. Y vuelve usted a dar muestra de su buena fe
cuando dice que espera que en el desarrollo reglamentario estén, por ejemplo, los agentes sociales. ¿Considera usted que está suficientemente representada ya en la ley la participación de los agentes sociales? Si así lo considera supongo que podrá
tener confianza en que esa representación se mantenga para el desarrollo reglamentario, pero algunos agentes sociales no piensan eso y tampoco lo piensan las comunidades autónomas. El recelo, la situación de desconfianza respecto a esta norma es,
repito, primero, porque no tenemos garantías de que se vaya a cumplir y, segundo, porque se dejan excesivas cuestiones al desarrollo reglamentario, sin garantizar quién se va a hacer responsable del mismo y quién va a participar en él.
También ha hablado usted de la financiación. Estamos completamente de acuerdo en lo que usted ha dicho. Ayer se dijo por parte de un representante de la patronal guipuzcoana que era una situación irreal el hecho de que una ley de este
rango saliera sin ningún tipo de financiación, y se llegó a decir que era una oportunidad histórica pérdida para la formación profesional si no se incluía un aspecto tan relevante como el de la financiación. Usted ha desarrollado con detalle
algunos de los aspectos en los que la ley podría recoger la financiación.
Comparto con usted la confianza en que todas esas sugerencias se lleven a efecto, porque me gustaría que se pudieran recoger en la ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha concluido, señora Marzal?
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Perdón, señor presidente.
Podríamos seguir repasando, porque hay muchas cosas, por ejemplo, todo lo que usted ha dicho sobre los centros integrados, la elección del director, etcétera, que ya tuvimos ayer ocasión de comentárselo a su compañero Lezcano, pero ésas son
básicamente mis sugerencias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada señora Montseny tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Como no podía ser de otra manera, mi grupo parlamentario también quiere agradecer al señor Marchán no sólo su comparecencia, en la que nos ha ilustrado tanto, sino también, de una forma muy pormenorizada, su
esfuerzo en decir lo que él consideraba positivo de la ley y resaltar lo que es susceptible de mejora, porque absolutamente todo en la vida, dentro del campo de la sanidad, de la formación, de la enseñanza, en todos los campos, siempre es
susceptible de mejora. En esta ley estará todo lo que el Grupo Parlamentario Popular pueda aportar, pero ello no obsta para que hagamos ese reconocimiento al esfuerzo que ha hecho en numerosas ocasiones la organización sindical a la que usted
representa y que de alguna forma se pudo plasmar en el segundo plan de formación profesional, al que la organización sindical a la que usted representa aportó muchas notas positivas.
En estos dos días de comparecencias hemos oído muchas afirmaciones positivas respecto a la oportunidad de la ley. Se ha dicho que era una oportunidad histórica, que era una oportunidad única. Hay que reconocer que quizá partíamos de unas
cotas muy bajas en el campo de la formación profesional. Precisamente, cuando yo accedí a esta Cámara hice un seguimiento en Alemania de lo que era allí la formación profesional, que había conllevado un 5 por ciento de paro juvenil; en España
estábamos en un 40 por ciento de paro juvenil.
Quizá otros gobiernos no tuvieron la visión de poder plasmar la importancia que debe tener y que tiene la formación profesional, habida cuenta que en nuestro país ha habido una gran masificación en el acceso a la universidad. La calidad de
la enseñanza en todos los ámbitos es algo que nos debe preocupar absolutamente a todos los miembros de esta Cámara y también, a las organizaciones sindicales, a los agentes sociales, a las organizaciones empresariales y, en definitiva, a las
familias. Ayer precisamente se recogía en los medios de comunicación que había, por parte de la sociedad, una gran acogida y una gran ilusión en el futuro de la aplicación de esta ley. Ley que no sé si llamarla de mínimos, como usted ha dicho,
pero sí podríamos decir que es una ley de bases, en la que se establecen los criterios principales de lo que debe ser la formación profesional. Usted nos ha dicho que espera que haya un consenso por parte de todos los grupos. Yo le puedo decir,
señor Marchán, que por parte del Grupo Parlamentario Popular pondremos todo nuestro énfasis en que en ese consenso colaboren otras fuerzas parlamentarias, porque el consenso se efectúa en virtud de transacciones por parte de todos para mejorar el
proyecto de ley.
Le quiero agradecer sus palabras relativas a los aspectos que se podrían mejorar. Usted ha dicho que podría haber un déficit de cualificaciones y que hay que ver la participación que las organizaciones y los agentes sociales pueden tener en
el desarrollo reglamentario. Yo le puedo decir -y creo que usted convendrá conmigo- que por parte del Gobierno se ha hecho un gran esfuerzo para impulsar el diálogo social, no sólo en la materia de la formación profesional sino en todas aquellas
materias que son tan importantes para nuestra sociedad como el fomento del empleo, los acuerdos sociales y los acuerdos socioeconómicos. Por parte del Gobierno creo que se ha plasmado de alguna forma la intención de que haya ese consenso en todas
aquellas asignaturas pendientes o que puedan ser susceptibles de mejora para, en suma, mejorar nuestra sociedad en todos los ámbitos.
Se ha dibujado sólo el esquema de las competencias básicas. Vamos a intentar seguir en ese proceso de desarrollar la ley e irla mejorando.
Estamos de acuerdo también en que nadie quiere una enseñanza de segunda clase. Todos esperamos que
lo que se aporte al mundo de la formación sea lo óptimo, lo mejor posible. La ley, en ese intento de refundir las tres áreas de la formación profesional, hace un verdadero intento para llegar a aquellas cotas que en un primer momento no se pudo
pensar que se podrían acometer en virtud de estas reformas.
Me gustaría decirle que esta ley, al ser una ley de bases, no es una ley de la financiación de la formación profesional. Si analizamos los distintos Presupuestos Generales del Estado que se han ido aprobando desde el Gobierno actual,
comprobamos que las partidas presupuestarias en formación profesional se han incrementado de una forma muy especial. Ha habido planes de aportación económica específica para la formación profesional, fruto de esa inquietud que teníamos al pensar
que, efectivamente, la formación profesional era una asignatura pendiente que debía ser fomentada desde una visión más amplia que pueda mejorar el campo de la enseñanza.
Me gustaría preguntarle, para finalizar, sobre esas mínimas objeciones que nos ha hecho y que pueden mejorar, ya no el texto, que también, sino el futuro desarrollo reglamentario de la ley, incidiendo básicamente en aquellos aspectos que
usted pueda considerar más importantes para ayudar a mejorar tanto la ley como su desarrollo reglamentario. Esperamos que sus aportaciones en el futuro desarrollo de esa ley sean igual de positivas que lo han sido hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Marchán, tiene la oportunidad de responder a las preguntas y a las observaciones que se han realizado.
El señor VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y REPRESENTANTE DE COMISIONES OBRERAS EN EL CONSEJO (Marchán Redondo): Quisiera agradecer a los parlamentarios que han intervenido que nos hayan escuchado. En unos casos
estamos, lógicamente, de acuerdo y en otros intentaremos explicar nuestra posición.
Empezando por el final, por la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Popular, diré que hemos tenido ocasión con los distintos grupos parlamentarios con los que hasta ahora nos hemos podido entrevistar, que no han sido
todos -lo digo por si todavía hay alguno con el que no nos hemos entrevistado-, de incidir en los distintos aspectos que a los sindicatos nos gustaría que se mejoraran por encima de los demás. En plan resumido, simplemente diré, intentando
colaborar en la medida de mis posibilidades a que no terminemos demasiado tarde, que lo dicho sobre la negociación colectiva para nosotros es un aspecto fundamental.
En cuanto a la pregunta de la señora Castro sobre cómo se va a participar en la elaboración de los contenidos de esas cualificaciones, a nosotros nos parece que garantizar la participación de empresarios y distintos agentes sociales, no sólo
de los sindicatos, a la hora de establecer qué contenido tiene que tener cada cualificación y cómo se objetiva esa cualificación es otro aspecto fundamental en el que creemos que la ley debería esforzarse bastante más. A nosotros nos parece que el
papel que tiene que jugar el Instituto Nacional de las Cualificaciones en el futuro es fundamental. Aunque partimos de que es un organismo técnico, no es un organismo técnico al margen de quienes están inmersos en la problemática de la formación
profesional, es decir, del conjunto de la sociedad; habrá que ver cómo se facilita la participación de los diferentes agentes que tienen algo que decir. Ahí existe un fallo desde el origen y la creación del instituto, ya que no está garantizada
esa participación. Hasta ahora era un problema, pero a partir de ahora será un problema mucho más grave porque las funciones del INCUAL van a tener que ser mucho más importantes.
Puedo aceptar su explicación respecto a que no es una ley de financiación, pero eso no quita para que hubiera un compromiso sobre cómo se va a financiar en el futuro, bien con una memoria que acompaña a la propia ley o mediante compromisos
de otras características para el próximo futuro.
Discrepo con el Partido Popular en cuanto al incremento que, según nos decía su representante, ha habido de las partidas dedicadas a la formación y a la educación en los últimos años. Simplemente
quiero manifestar mi discrepancia. Opinamos que no es así y, en cualquier caso, nos gustaría poderlo discutir con más tranquilidad, porque nos parece que ese incremento no se ha producido, sino más bien lo contrario, incluso dentro de la formación
profesional. Ponía antes un ejemplo que sólo voy a citar: no podemos decir que el Plan FIP se está portando mal cuando los precios de los módulos/hora siguen igual que hace muchos años y no se han actualizado muchas veces ni con el IPC. Son
ejemplos concretos que no son los más importantes.
Tengo que matizar una expresión, aunque no tenga que ver con la ley de FP, sobre el esfuerzo del Gobierno en el diálogo social. Cuando el Gobierno del Partido Popular o cualquier otro Gobierno hace un esfuerzo, lo decimos -hemos dado
ejemplos de ello- y también lo decimos cuando no se hace. No se puede generalizar y más en la última etapa, ya que hemos sufrido algunos ejemplos de imposición unilateral en las reformas del mercado de trabajo, en marzo del año 2001 a través del
real decreto, no dando continuidad al acuerdo de 1997 que vino pactado, precedido de un acuerdo entre sindicatos y empresa. Es decir, ha habido sol y sombra y es de justicia también criticarlo si eso no se ha producido.
Como decía la señora Marzal, posiblemente peque de excesiva confianza. No sé si es así en cuanto al futuro,
porque todos estamos obligados a exigir que se cumpla lo que se apruebe y a que se concreten mucho más los compromisos para que nadie pueda alegar inconcreción o falta de claridad y que, por ello, no sean cumplidos. Una de las cosas que nos
gustan de la ley es que puede ayudar a superar los problemas que ha habido en el segundo programa. Una de las cuestiones ha sido que algunos de los instrumentos no tenían rango suficiente.
Asimismo, he dicho que también han incidido las falsas
competencias entre ministerios y eso tiene que ver con una de las preguntas de la señora Marzal sobre quién se va a hacer responsable de superar esa falta de coordinación existente hasta el momento o si no veíamos necesario que existiera algún
órgano de dirección o de ejecución por encima de los órganos contemplados en la ley o además de los contemplados en la ley.
Como sindicato que somos, hacemos al Gobierno responsable de los incumplimientos. Igual que decimos que el segundo programa no se ha cumplido y ha habido falta de voluntad política del Gobierno -y creo que con esto también respondo,
coincidiendo con ella, a la diputada de Izquierda Unida, señora Castro- también hemos dicho que partimos de un cierto escepticismo, porque no sólo no se ha cumlido el segundo programa, sino que el primero también se saldó con un fracaso importante.
A ver si ahora conseguimos superar estas cuestiones. En cualquier caso, nuestra posición va a ser de vigilancia, de denuncia, y por eso queremos estar presentes en el desarrollo reglamentario, para conseguir que se cumpla, y que se garantice
nuestra participación.
Sigo respondiendo a la señora Marzal. Por mi rapidez en la exposición, posiblemente no haya quedado claro, pero en cualquier caso -repito o aclaro- los agentes sociales no estamos suficientemente representados en algunas de las partes del
actual proyecto de ley. Como he dicho antes y lo repito, en el Instituto Nacional de las Cualificaciones no estamos presentes. Se desprende con claridad que cuando he hablado de que nos sentimos muy incómodos con el actual papel de la negociación
colectiva, quiero decir que nos sentimos muy incómodos con el papel que se les deja a los agentes sociales, empresarios y sindicatos, en una parte fundamental de esta ley como es el desarrollo y la aprobación de las cualificaciones y su relación con
las categorías profesionales, con el futuro del empleo, en definitiva, con la promoción personal de las trabajadoras y trabajadores de este país.
Nosotros -repito- estamos tan preocupados y le concedemos tanta importancia al posterior desarrollo reglamentario como a la ley, porque entendemos que con esta ley lo único que hacemos es poner unas bases importantes para el futuro, y hemos
citado a título de ejemplo algunos reglamentos que, no siendo los más importantes, son los que requerirían de un compromiso para desarrollarlos en el tiempo con un calendario que nos permitiera saber de qué estamos hablando y cuándo se van a cumplir
aquello a lo que nos estamos comprometiendo. Por tanto, vamos a seguir insistiendo en ese tema.
He pretendido mantener la posición de mi organización, la de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la del conjunto de nuestras organizaciones. Hay cosas que no quedan claras en la ley, hay cosas que necesitan de una mayor
concreción, y lo seguiremos trasladando a los diferentes grupos parlamentarios en forma de enmiendas que mejoren algunas de estas cuestiones. En cualquier caso, si he manifestado un excesivo optimismo he de rectificar, porque no es esa nuestra
posición, sino de esperanza, por decirlo de alguna forma, dentro de una cierta preocupación por su reforma.
Coincidimos tanto con la señora Marzal como con la señora Castro en bastantes de sus apreciaciones en cuanto al tema de la financiación, en los problemas de los reglamentos y en las consecuencias hipotéticas que pudiera tener una ley de
calidad que no abordará bien esta cuestión. Yo he dicho que, por no extenderme más, me remitía a la intervención de Fernando Lezcano ayer ante esta misma Comisión, precisamente para intentar no repetir todos estos aspectos, pero en esas cuestiones,
lo que se ha comentado de los centros integrados, etcétera, tenemos las mismas preocupaciones, y aprovecho para pedir a los grupos parlamentarios que en el trámite parlamentario intenten que esa coincidencia se concrete en propuestas que nos
permitan salir con una ley mejor.
Nosotros podemos coincidir en que el proyecto no aporta cuestiones novedosas -me parece que era la señora Castro la que lo decía-, pero nos parece importante el traslado del contenido del segundo programa a la propia ley. Creemos que en los
temas de formación uno de los problemas criticables es que hay bastante escrito pero muy pocos cumplido y, por tanto, muchas veces no se trata de innovar, sino de hacer cumplir aportaciones o compromisos de otros momentos que por diferentes causas,
entre ellas las que aquí hemos citado, no se han cumplido, pero es verdad que en la mayoría de los casos lo que se hace es trasladar o adecuar contenidos del segundo programa a esta ley, ley que entendemos que es una necesidad a la que estaba
abocada la FP. Nosotros creemos que hasta el momento la formación profesional en nuestro país, cualquiera que sea el parámetro con el que la intentemos comparar, sale mal parada con respecto a los países de nuestro entorno y, por tanto, precisa de
ese impulso, de esa potenciación.
En cualquier caso, hay que garantizar el derecho a la formación, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Yo creo que nadie a quien se le pregunte va a poner en cuestión el derecho a la formación. Lo que ya me preocupa más es si estamos
todos tan de acuerdo en cómo ejercer el derecho a la formación, y yo creo que ahí es donde entran cuestiones que también se han dicho, entre ellas el permiso de formación. Creo que nosotros tenemos que debatir mucho, conjuntamente con los
empresarios, partiendo de fórmulas que hay en otras partes de
Europa, cómo se puede facilitar la formación de los trabajadores en una doble dirección: en primer lugar, para que facilite el propio desarrollo de la empresa, el propio futuro de la empresa, para adecuar los conocimientos a una empresa más
competitiva, en base a la inversión y a las nuevas tecnologías y no a la desregulación, y en segundo lugar, en base a los derechos individuales de las personas. Por tanto, hay que hacerlo compatible con los derechos de la persona y con las propias
necesidades organizativas de las empresas. Por eso digo que son muy importantes los acuerdos, y hace falta sobre todo incentivar ese permiso, facilitando que hacerlo en horas de trabajo no perjudique al propio empresario ni al trabajador, y ahí es
donde debe entrar el papel fundamental de los poderes públicos, de la regulación, para evitar, no sé si con nuevos contratos, con contratos parciales, como se han tratado otras cuestiones, que eso sea una carga para el empresario que a lo que lleva
al final es a que se pongan trabas que dificultan poder ejercitar ese permiso individual de formación. Esto lo digo porque está contemplado en alguna parte. Por ejemplo, en los acuerdos nacionales de formación continua está contemplado de una
manera directa el permiso individual de formación, pero requiere la aceptación por parte del empresario. Hay que decir que este permiso no lo paga el empresario y que, a pesar de que se le compensa todo el salario que él abona durante esas 200
horas que el trabajador puede disfrutar al año, sin embargo, como debe contar con el permiso previo del empresario, muchas veces se deniega, según dicen y los empresarios, por problemas organizativos de la empresa. Yo no sé si eso siempre es así,
pero, en cualquier caso, tenemos que reconocer que su actual regulación permite una seria discriminación en el marco de la empresa, como insuficiencia de los terceros acuerdos, pero también tenemos que reconocer que así es como está redactado y que
nosotros vamos a seguir defendiendo esa redacción, a la vez que intentaremos buscar fórmulas para que en los nuevos acuerdos -queda poco más de dos años- lleguemos a un consenso las fuerzas políticas, los empresarios y los sindicatos para potenciar
ese derecho individual a la formación.
Nosotros creemos que hay cuestiones que son sectoriales, que son de nuestras organizaciones sectoriales con los ministerios respectivos, entre ellas, la negociación colectiva. Lógicamente, no vamos a permitir que se niegue el derecho a la
negociación colectiva. Creemos que para ello hacen falta reuniones sectoriales en las que, más allá del contenido de una ley de bases -que no es sólo una ley sobre temas educativos, como decía al principio, sino que es sobre una globalidad y que
tiene mucho que ver con el mercado de trabajo y con muchas competencias de otro ministerio, como el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- vamos a defender el derecho a la negociación colectiva que creemos que, hasta el momento, lo venimos
haciendo con claridad.
Hay otras cuestiones que podrían contemplarse, por ejemplo, a la hora de hablar de centros integrados o de centros de referencia, como puede ser el papel de las cámaras o de los ayuntamientos. Coincidimos con la diputada de Izquierda Unida
en que los ayuntamientos tienen un papel importante que jugar en el futuro, en algunos casos ya lo están jugando.
Nos gustaría que jugaran un papel importante en el desarrollo de los centros integrados, como germen y como elemento básico de lo que
ha de ser la integración de los tres subsistemas. Nosotros ya estamos debatiendo con bastantes ayuntamientos, en concreto con grandes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para intentar que tomen la iniciativa y la delantera y empiecen a
participar, de alguna forma, en este tema.
Algunas otras preguntas que me han hecho tanto la diputada del Partido Socialista como la de Izquierda Unida, creo que, sin responderlas directamente, quedan más o menos respondidas en la intervención general, pero, en cualquier caso, estoy
a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marchán, por su intervención, con la que han concluido estas dos jornadas de comparecencias. Creo que han sido útiles, nos han ilustrado a los grupos parlamentarios, todos han tomado muy buena
nota y servirán para la posterior tramitación del proyecto de ley.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.