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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 420, de 19/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 420
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 19 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
- Celebración de las siguientes comparecencias de personalidades al objeto de informar sobre el proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones. (Número de expediente 121/000064.) ...
- Del señor presidente del Consejo Económico y Social (Montalvo Correa).
(Número de expediente 212/000921.) ... (Página 13592)
- Del señor representante de la Unión General de trabajadores, UGT, en el Consejo de Formación Profesional (Escorial Clemente). (Número de expediente 219/000301.) ... (Página 13600)
- Del señor secretario general de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, ADEGUI (Ruiz Urchegui). (Número de expediente 219/000302.) ... (Página 13608)
- Del señor secretario ejecutivo del 'Consell Catalá de la Formació Professional' (Roig i Vinyals). (Número de expediente 219/000303.) ...
(Página 13618)
- Del señor secretario adjunto del 'Consell Catalá de la Formació Professional' (García Martín). (Número de expediente 219/000304.) ...
(Página 13624)
- Del señor secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, CC.OO. (Lezcano López). (Número de expediente 219/000305.) ...
(Página 13628)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Antes del comienzo de la sesión que se va a celebrar para evacuar las comparecencias previstas, como saben SS.SS., esta mañana se ha producido un bárbaro atentado en Sestao, del que ha sido víctima un joven dirigente de las Juventudes
Socialistas de Vizcaya, del País Vasco. Quiero expresar en nombre de toda la Comisión nuestra repulsa, nuestra indignación y nuestra cercanía con la víctima y con su familia. Una vez más nuestra sociedad democrática ha sido víctima de un brutal
atentado, del que sólo podemos manifestar nuestra condena y nuestro rechazo más absoluto.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS CUALIFICACIONES. (Número de expediente 121/000064.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (MONTALVO CORREA).
(Número de expediente 212/000921.)
El señor PRESIDENTE. El primer compareciente es el profesor Montalvo Correa, presidente del Consejo Económico y Social, al que doy la bienvenida en nombre de la Comisión y le agradezco su amable presencia.
Las normas por las que se van a regir estas comparecencias van a ser: primero, cada compareciente expondrá brevemente su punto de vista sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno, a continuación los portavoces de los grupos
parlamentarios formularán las preguntas que estimen oportunas, y finalmente el compareciente las contestará de la forma que considere también conveniente.
El profesor Montalvo tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Montalvo Correa): Con brevedad, y sobre todo con un talante justificadísimo de modestia, comparezco ante ustedes para exponer mis puntos de vista institucionales, como presidente del
Consejo Económico y Social, acerca de un proyecto de ley que está en proceso de tramitación y, sobre todo, respecto al contenido central de ese proyecto de ley que es la formación profesional.
A mediados de junio del pasado año la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte remitió al Consejo Económico y Social, solicitándole la emisión del correspondiente dictamen, el anteproyecto de ley entonces de formación profesional y de
la cualificación. Este dictamen se emitió -siempre se piden con muchísima prisa- apenas en quince días y dio como resultado un texto aprobado con 30 votos afirmativos y cuatro negativos, estos últimos vinculados a votos planteados, uno por un
representante del grupo primero de la Unión General de Trabajadores, y otros dos por los representantes de la Intersindical Galega y de ELA-STV. El contenido de estos votos en contra que dieron lugar a votos particulares, si algún señor o señora
diputada tiene interés, luego se lo explicaré.
La posición del Consejo sobre esta norma es que era una pieza esencial dentro del proceso de reforma en que se encuentra inmerso el sistema educativo español y dentro de ésta el sistema de formación profesional.
Este proyecto -no hay que
perderlo de vista- se define a partir de una serie de antecedentes fundamentales, a diferencia probablemente de otros instrumentos normativos que tienen paso por el Congreso. En este proyecto, en primer lugar, está implicado, no sólo el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes sino también el Ministerio de Trabajo y, además, las comunidades autónomas, todos ellos en cuanto integrantes del Consejo de la Formación Profesional. Además, y como parte esencial de este consejo, están implicados
los agentes sociales: las organizaciones empresariales y sindicales y, no cabe duda, también están directamente implicados los propios sujetos pasivos de las políticas de formación profesional.
Este proyecto también tiene muchísimo que ver con las líneas directivas que hoy se vienen implantando en el ámbito de la Unión Europea y con las políticas de formación profesional que van adquiriendo una posición central no sólo en el
sistema educativo, no sólo en los sistemas de protección social, en definitiva en la formación como mecanismo de inserción social y profesional, sino también en la propia dimensión económica de la Unión, a partir de la percepción de que nuestro
sistema productivo no podrá mantener el nivel exigible a las condiciones felizmente vigentes en nuestros países si no es con un altísimo esfuerzo en el ámbito de la formación profesional. En consecuencia este proyecto de ley es muy importante para
el sistema educativo, pero es extraordinariamente importante para un sistema productivo que, no hace falta decirlo, ha estructurado la formación en tres grandes subsistemas: formación profesional reglada, la de educación; formación profesional
ocupacional, que a pesar del nombre, simplificando es la de parados; y formación profesional continua, que es la de ocupados, todos ellos con importantes montantes económicos. En este momento esa distinción tradicional se va haciendo incompatible
con la nueva visión de la formación que existe en todas partes. Luego, si quieren SS.SS., podré referirme a las nuevas reflexiones sobre esos tres subsistemas, que hablan de que la formación formal, la informal y la no formal, como distinta de la
informal, forman parte en definitiva del mismo modelo educativo.
Como antecedente fundamental es evidente que el Consejo General de la Formación Profesional, institución creada por una ley de 1986, modificada en el año 1997 para dar entrada a las comunidades autónomas que asumen competencias en este
ámbito de la formación profesional, aprobó el segundo programa nacional de formación profesional 1998-2002, todavía en vigor, que constituye antecedente fundamental y que plantea por unanimidad una serie de premisas fundamentales que tienen que ver
con la consideración unitaria de los tres subsistemas y también con la potenciación del sistema de cualificaciones. El segundo programa nacional de formación profesional supone un paso adelante en este intento de consolidar la plena integración
funcional de los tres subsistemas, partiendo, además, de la consideración de que la formación profesional es una inversión en capital humano. En consecuencia, este programa propugna la integración de la formación profesional con las políticas
activas de empleo analizadas en clave comunitaria, de la participación de la Administración general del Estado, de los agentes sociales y de las comunidades autónomas, dentro del Consejo General de la Formación Profesional. Este segundo programa
nacional de formación profesional parte también de la idea de la creación del sistema nacional de cualificaciones, que se puede elevar a rango de ley con esta próxima ley de formación profesional.
El consejo, al emitir el dictamen, hizo una serie de valoraciones de carácter general, y me voy a referir a algunas de ellas que sin duda las conocen. Está a disposición de SS.SS. el correspondiente dictamen emitido por el Consejo
(aprobado con 30 votos a favor y cuatro en contra, por una serie de razones que puedo explicar después), que en líneas generales valoraba positivamente la creación del sistema nacional de formación profesional y cualificación, que constituye el
contenido primordial del texto objeto de este dictamen. La ordenación de este nuevo modelo responde al diseño definido en el segundo programa de formación profesional, adoptado por el Gobierno a propuesta del Consejo General de Formación
Profesional, basado en la integración de los tres subsistemas y en la creación del sistema nacional de cualificaciones, el reconocimiento y acreditación de los distintos aprendizajes, incluidos los no formales, así como la mejora de los cauces de
información y orientación.
El anteproyecto de ley guarda coherencia con los principios que se establecen en dicho programa y que han de presidir todo sistema de formación profesional: su consideración como inversión en capital humano; integración con las políticas
activas de empleo en su perspectiva comunitaria; participación de las administraciones, la general del Estado, las de las comunidades, y desde luego de los agentes sociales; y por último, la creación de un sistema nacional de cualificación
profesional.
En el dictamen se llama la atención sobre el desajuste que existe en este momento entre las cualificaciones de la fuerza de trabajo y los requerimientos del mercado de trabajo, circunstancia sumamente perturbadora -se dice en todas las
instancias comunitarias- y limitadora de la potencialidad del desarrollo en el ámbito de la Unión Europea. Por eso es necesario reforzar la conexión entre el mundo productivo y el sistema formativo, como ha sido puesto en evidencia en distintos
momentos en la propia Comisión con el famosísimo memorándum sobre aprendizaje permanente recogido a iniciativa del Consejo Europeo de Lisboa del año 2000.
Por otro lado, desde el consejo se considera que el proceso participativo desarrollado fundamentalmente en el Consejo General de Formación Profesional, y del que en alguna medida es resultado el presente texto objeto de dictamen, ha
permitido mejorar el contenido final del modelo, favoreciendo el encuentro entre administraciones e interlocutores sociales, así como la obtención de un cierto consenso en torno a una cuestión de importancia capital para el presente y el futuro de
la sociedad española, como es la reforma del sistema de formación profesional.
No obstante, se decía -y yo creo que merece la pena que se subraye- que este proyecto hoy en tramitación se concibe como norma básica, cuyo articulado resulta en ocasiones genérico y ciertamente ambiguo. Por eso parece preciso llamar la
atención sobre la
importancia del futuro desarrollo reglamentario al que el anteproyecto se remite, a efectos de la configuración efectiva de aspectos fundamentales del nuevo sistema de formación profesional. Me van a permitir SS.SS. que ponga un ejemplo de
un tema fundamental: la necesidad de resolver la cuestión del certificado de profesionalidad en los jóvenes que carecen de titulación oficial, el nuevo sistema educativo, y que por eso no pueden acceder a la formación profesional. Pensemos sobre
todo en el importantísimo número de inmigrantes y en otros colectivos que antes podían acceder al graduado escolar, pero no ahora al graduado de educación secundaria, preciso para acceder a la formación profesional, que podría dejar en una posición
extraordinariamente difícil a una serie de personas que, sin embargo, están desarrollando esos estudios fragmentarios a través de los sistemas de garantía de integración y otros subsistemas que se les puede aplicar y que puede producir un daño
social que evidentemente no está en la intención del legislador. Yo creo que ese es un tema que nadie como el Instituto Nacional de Cualificaciones puede abordar, pero a lo mejor no era ocioso encomendarle esa tarea específicamente. Pueden ser
cientos de miles las personas que, como consecuencia de una ley que pretende ser ventajosa, queden descolocadas fuera del mercado.
No les voy a aburrir mucho más con las líneas fundamentales de este dictamen -era importante consignarlas-, pero sí debo decirles que algunas de las observaciones específicas del mismo fueron recogidas por el ministerio en la fase que va del
anteproyecto al proyecto de ley, cosa que agradecemos, como algunas que tienen que ver con la rúbrica de preceptos dando entrada a la colaboración de los agentes sociales o aquellas otras que tienen que ver con la propia exposición de motivos,
vinculando la política de formación profesional no sólo al derecho a la educación, sino a la responsabilidad pública del artículo 40 de la Constitución de impulsar los programas para la promoción e inserción efectiva de los ciudadanos.
Decía que hay un importante memorándum de la Comisión Europea que plantea cinco claves fundamentales para el futuro de la formación profesional.
Quizá sería conveniente tratar este tema, pero quedo a su disposición para hacerlo en otro
momento. En definitiva habla de cuáles deben ser la seis grandes líneas en las que se desenvuelva nuestra formación profesional en el futuro. Se insiste en la necesidad de aumentar de forma sustancial la inversión en recursos humanos para dar
prioridad al capital más importante que tenemos en Europa, que son sus ciudadanos, en la línea ya apuntada por el Consejo de Lisboa, así como la necesidad de garantizar el acceso universal y continuo de los ciudadanos a las nuevas cualificaciones
que permitan una mayor participación en la vida laboral, familiar y comunitaria. Recordemos las nuevas aptitudes a las que se refería el Consejo de Lisboa en tecnologías de la información, idiomas, cultura tecnológica, espíritu empresarial,
habilidades para la socialización, y un listado que evidentemente no era exhaustivo; también la necesidad de desarrollar métodos y contextos eficaces de enseñanza para el aprendizaje continuo, en esa idea desarrollada sobre todo por los suecos de a
lo largo y ancho de la vida, como idea más ambiciosa; después, mejorar significativamente las maneras en que se entiende y se valora la participación en el aprendizaje y sus resultados, sobre todo lo que tiene que ver con el aprendizaje no formal e
informal. El no formal es, por ejemplo, el que se aprende, SS.SS. lo saben perfectamente, en el trabajo y en la dinámica profesional, y el informal es el que se aprende cotidianamente y sin percibirlo en la propia vida y en el propio ámbito
familiar, a veces vinculado al propio ocio.
Todo esto tiene que ver con el tema de las certificaciones, sistema europeo de transferencia de créditos, el programa Europás de reconocimiento a formación profesional, etcétera. En definitiva, la propuesta de directrices para el empleo,
que todos saben que tiene que ver con el Consejo de Luxemburgo que creó la obligación de informar cada año a los gobiernos, han insistido muchísimo en el tema de las cualificaciones. Es preciso definir con claridad un catálogo de cualificaciones.
Quisiera insistir en otra consideración (me perdonarán que omita alguna, no por nada, sino porque creo que tiene menos entidad a estos efectos), que es mejorar el sistema de cualificación utilizando las posibilidades que abren hoy las nuevas
tecnologías, que favorecen el diagnóstico. Hay un punto fundamental, porque además se incorpora casi con vehemencia por nuestro país al próximo Consejo Europeo de Barcelona del mes de marzo, que tiene que ver con la accesibilidad al aprendizaje
permanente, que implicará una atención especial a los colectivos con dificultades, como discapacitados, mujeres, trabajadores de mayor edad o inmigrantes, y que conecta directamente con una de las claves fundamentales del memorándum europeo, que
decía que hay que ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente tan próximo a los interesados como sea posible, en sus propios ámbitos territoriales y, cuando proceda, con el apoyo de las tecnologías de la comunicación. Les prometo a SS.SS. que
figura en el memorándum y que no es un añadido que yo he hecho para, una vez más, reivindicar el papel fundamental que una institución como la Universidad Nacional de Educación a Distancia puede jugar también en este ámbito formativo. De todas
maneras sobre ello estoy dispuesto a hacer a SS.SS. las aclaraciones que crean oportunas.
Tiene que ver también con un nuevo colectivo fundamental en la dinámica de la formación profesional, como es el de los mayores. Quien analice hoy la inversión en formación profesional se dará cuenta de que hay un segmento, los mayores de
edad, los 45 años, que se me quedan bastante atrás desgraciadamente, que están muy abandonados desde el punto de vista de la formación
profesional y, sin embargo, hoy con las nuevas perspectivas sobre todo de ampliación de la prolongación de la vida laboral se hace particularmente inexcusable dedicar una especial atención a la formación de estos colectivos.
Quisiera hacer una ultimísima consideración, señor presidente, y es una reflexión -me van a permitir esa licencia- bastante personal. En nuestro país quizás, y parece mentira que eso lo diga un universitario desde los dieciséis años hasta
el día de hoy dedicado siempre a ese oficio, nuestro sistema educativo sufre un cierto gigantismo universitario. La universidad se ha convertido en una especie de subsistema -que no me oigan mis colegas llamar subsistema a las universidades- que ha
ido devorando, ha ido invadiendo cualesquiera esferas del ámbito formativo y a veces con un cierto grado de rigidez. En ocasión me pregunto -no sé responderme- hasta qué punto fue acertado la integración de las antiguas escuelas técnicas en el
sistema universitario. Probablemente hubiera sido un ámbito fantástico para dar una nueva dimensión -siempre tuvieron gran prestigio en nuestra sociedad- a la dinámica de la formación profesional.
A veces pienso que aquella vieja cédula, la
resolución a consulta del Consejo Real en tiempos de Carlos IV, que declaraba que no sólo el oficio de tejedor es honorable..., en definitiva la proclamación de la llamada honra legal del trabajo sigue primando. Nos parece que la honra legal sólo
existe vinculada a los trabajos universitarios, aunque nuestra sociedad poco a poco -la información de los medios hoy nos lo comunica- va reorientando parte de sus deseos hacia las demandas de formaciones tecnológicas, formaciones profesionales o
como queramos llamarlo. Sería bueno que a la propia universidad, que tiene un papel colosal en la sociedad por supuesto, también se nos pusiera en nuestro sitio, asumiéramos más modestamente que hay otros ámbitos formativos, educativos, no
estrictamente universitarios, a lo largo y ancho con esa nueva dimensión social y cultural, que tienen también cabida un poco más cómoda en nuestro sistema formativo.
Señor presidente, señorías, con mucho gusto me someto a cualquier consideración que quieran hacer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, profesor Montalvo, por sus siempre interesantes observaciones.
Ahora corresponde el turno a los grupos. Comenzamos por el señor Guardans, por si desea formularle alguna pregunta.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Montalvo, por su intervención.
Este tipo de comparecencias, según la ley de que se trate, tienen un formato u otro, pero yo creo que han de tener un punto común, y es que claramente venimos a escucharle a usted y usted no tiene por qué soportar grandes discursos nuestros
sobre lo que pensamos sobre el correspondiente proyecto de ley. Por tanto, le voy a ahorrar a usted un discurso que tendré ocasión de hacer en breve, cuando mi grupo parlamentario presente -ya lo ha anunciado por distintos cauces- una enmienda a la
totalidad con texto alternativo a este proyecto de ley; lo cual, si atendemos a los precedentes parlamentarios que acreditan que es una práctica que mi grupo parlamentario no ha desarrollado desde hace aproximadamente diez años, pone un poco de
relieve hasta qué punto este texto no nos gusta.
Voy a tomar parte de su discurso. No le voy a manipular sus palabras, no se preocupe, pero sí le querría dejar claro por dónde va el problema. El problema es un tema competencial fundamentalmente. Nosotros podemos coincidir con buena
parte de los planteamientos sobre la necesidad de la reforma que usted ha hecho y que se contiene en el propio dictamen. Pero hacemos propias algunas de las cosas que se contienen en el dictamen y que me van a permitir leer en voz alta,
sencillamente porque aunque usted las ha mencionado de pasada, entiendo que al Comité Económico y Social no le corresponde dar una opinión de constitucionalidad de los proyectos de ley. No es su función. Su función es ir directamente al fondo de
las cosas, también la constitucionalidad es el fondo, pero ya me entiende, en el ámbito material del texto. Es curioso comprobar que el propio CES en su dictamen pone de relieve lo siguiente, lo cual lo dice como de pasada, lo que en una sentencia
llamaríamos un obiter dictum, y realmente no lo es para nosotros. Dice el CES: No obstante, dadas las características del anteproyecto -hoy proyecto de ley porque en esto no les han hecho ningún caso-, concebido como norma básica y cuyo articulado
resulta en ocasiones extremadamente genérico y ambiguo, el CES llama la atención sobre la importancia del futuro desarrollo reglamentario al que el anteproyecto se remite, a efectos de la configuración efectiva de aspectos primordiales del nuevo
sistema de formación profesional. De la cabal regulación de estos aspectos, como la distinción precisa de las funciones que competen a las autoridades laborales y educativas respectivamente, o a la regulación de los efectos del reconocimiento de
las acreditaciones, depende en buena medida el éxito del nuevo modelo y su contribución a la mejora de la calidad y prestigio de la formación profesional en España.
Este párrafo sólo del CES nosotros lo hacemos tan absolutamente propio, que es ya por sí sólo suficiente fundamento para una enmienda a la totalidad del texto por razones competenciales, porque ustedes están diciendo aquí -y creemos que
tienen toda la razón- que este texto que es básico en el sentido jurídico de la expresión, y que sólo puede ser básico, de hecho es una norma en blanco que pretende que el Gobierno por vía reglamentaria pase a poder dictar normas básicas, y eso nos
parece frontalmente inconstitucional. Las normas básicas se tienen que elaborar por ley para además, en sede parlamentaria, verificar si realmente tienen o no
ese carácter básico, y aquí lo que se hace es una remisión al Gobierno para que por vía reglamentaria configure todo el esquema en aspectos absolutamente esenciales, como ustedes mismos dicen, de la formación profesional, en un cauce donde
ya no habrá más posibilidad que llevar al constitucional, incluso en ese caso primero a los tribunales ordinarios, los decretos correspondientes y vaciando de contenido las competencias autonómicas en este ámbito.
Esa es la línea que vamos a seguir. Yo no voy a entrar en el fondo de si hay que coordinar o no, porque nos parece muy bien la formación profesional reglada, ocupacional y la continua. Le subrayaría dos puntos más donde estamos de acuerdo,
aunque a ustedes no les parezca lo más importante, pero sí estamos diciendo lo mismo: una, su constante referencia en su intervención, más en su propia intervención que en el dictamen, pero también en el dictamen, que es asumir que aquí estamos
hablando de educación; estamos hablando de formación y estamos hablando de educación. Usted no ha hecho esa frase como la estoy haciendo yo, pero si se relee lo que acaba de decir, queda claro que aquí estamos hablando de educación, y las
competencias del Estado autonómico en el ámbito educativo tienen un cauce que es distinto de las competencias en el ámbito laboral, y aquí para vaciar las competencias autonómicas se ha intentado revestir todo este texto de pura competencia laboral,
como si el tema educativo fuera menor. No pretendo manipular sus palabras, pero se deduce de toda su intervención que aquí estamos hablando de formación y de educación, y en formación y educación las comunidades autónomas tienen competencias no
sólo ejecutivas, sino también normativas, y no pueden ser dejadas de lado ni pueden ser sustituidas por el papel y voz que puedan tener en el Consejo de la Formación Profesional, donde tienen un determinado papel junto con los agentes sociales, pero
eso no sustituye a su función ni a sus competencias con la Constitución en la mano.
Lo que le planteo es, la gran oposición de fondo de mi grupo, que lamentablemente nos impide entrar en la fase posterior, que sería examinar si nos convence o no el modelo, porque si nos convence o no ya lo veremos, pero la parte que nos
convence ya la haremos nosotros. De todos modos, le agradezco su intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente del Consejo Económico y Social, por su exposición sobre una cuestión que es de enorme trascendencia para mi grupo parlamentario, que es el proyecto de ley de formación profesional. Es un
proyecto que seguramente afectará a algo más de quince millones de ciudadanos españoles. Según la propia información del Gobierno, están comprometidos para los próximos cinco años 2,5 billones de pesetas. El hecho de que haya importantes recursos
financieros disponibles para llevar a cabo una serie de acciones de formación profesional y que vaya dirigido a una población tan importante, justifican sobradamente no sólo la evaluación que usted ha hecho hoy aquí, sino la lectura muy atenta del
informe del Consejo Económico y Social. A nosotros nos preocupa que, de las muy importantes conclusiones de este informe, el Gobierno no haya estimado el conjunto de las mismas, que sólo haya tenido en cuenta algunas y con carácter muy parcial.
Destacamos, sin lugar a dudas, y compartimos los votos particulares de aquellos que han sostenido una posición diferenciada del conjunto del informe del Consejo Económico y Social.
Quiero destacar al menos algunos aspectos del informe. Uno, el que se refiere a la participación. Aquí se está hablando de la creación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales en cuya definición se deja al margen o se da una
participación muy pequeña, marginal -si se me permite- a quienes deben jugar un papel importantísimo, que son los agentes sociales. Además, uno de los objetivos de esta ley es la creación de un sistema integrado de formación profesional.
Desgraciadamente, en una ley que tiene rango orgánico, no se llega a hacer una definición de los subsistemas que integrarían el sistema integrado de la formación profesional. Quiero decir que no se dedica ni una línea a la definición de la
formación profesional reglada, a qué es la formación ocupacional. Y en el caso aún más llamativo de la formación continua, cuando ya se había completado la tramitación previa como anteproyecto de ley, el propio Gobierno modificó la estructura de la
FORCEM. Si esto es ya de por sí preocupante, parece que la integración de los tres subsistemas se va a hacer por una única vía: la creación de unos centros llamados integrados.
Volviendo a la cuestión que se refiere a la participación, nos encontramos con que el propio informe del Consejo Económico y Social destaca que en los órganos colegiados de Gobierno deben participar de forma especialísima todos aquellos que
están implicados en las acciones formativas y más en concreto lo que se refiere a los agentes sociales. Es cierto que en los votos particulares se va más allá de lo que es el conjunto del informe y se echa en falta que el Gobierno no haya optado
por un modelo en el cual el director de estos centros integrados sea elegido por el consejo del centro y no designado tal cual consta en el proyecto de ley del Gobierno.
La siguiente cuestión que nos preocupa, que nos parece un asunto de fondo y de mucho calado, que ha motivado que el Grupo Parlamentario Socialista haya anunciado ya su enmienda a la totalidad del texto del proyecto de ley de la formación
profesional, es una cuestión competencial que también recoge el informe del Consejo Económico y Social. Me estoy refiriendo a
los centros de referencia nacional. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que invade competencias de las comunidades autónomas. El informe del Consejo Económico y Social dice exactamente: El Consejo Económico y Social entiende que la
trascendencia que su creación y definición tiene en orden al desarrollo de acciones de formación y experimentación en materia de FP exige del texto del proyecto precisar el alcance de su contenido en relación con aspectos como las funciones y
competencias de las distintas administraciones en estos centros. Este es un asunto clave en el proyecto de ley de la formación profesional y que lamentablemente el Gobierno no ha tenido en cuenta en absoluto. También queremos señalar otro de los
aspectos muy sustanciales de este informe y que nos arroja luz sobre el proyecto de ley del Gobierno, que es el que se refiere a la negociación colectiva. Quiero hacer especial hincapié, señorías, en lo que dice el informe del Consejo Económico y
Social. El párrafo segundo del artículo 2 establece que corresponde a las administraciones públicas poner a disposición de los interlocutores sociales información sobre el sistema que pueda servir de referente orientativo en la negociación
colectiva, sin perjuicio de la autonomía de las partes. Esta cuestión, que ha sido recogida en el proyecto definitivo, nos parece muy sustancial, porque desde nuestro punto de vista camina en la buena dirección, aunque creemos que todavía es sin
duda muy endeble lo que el proyecto de ley contempla sobre la información y la orientación profesionales. No podremos hacer avanzar la formación profesional si no se conoce más y mejor, no sólo por los jóvenes que están en el sistema educativo sino
fundamentalmente por los trabajadores o desempleados que no conocen la oferta formativa que está a su disposición.
Ello nos permite enlazar con una cuestión que es básica. Más formación es, desde luego, garantía de mejor empleo y de más probabilidades de obtenerlo. Esto lo hemos podido saber en los últimos quince días con el último informe del
Instituto Nacional de Estadística. Es importante, por tanto; nos estamos jugando mucho, sobre todo porque somos el país europeo con mayor nivel de paro, un paro estructural vinculado a la falta de formación. Nosotros, que hemos seguido con
atención no sólo los trabajos preparatorios para el Consejo de Barcelona y que nos parece importante y sustancial seguir la aplicación de los acuerdos de la cumbre de Lisboa, queremos ir un poco más atrás porque nos hará ver cuáles son las carencias
en nuestro país. Me estoy refiriendo a las conclusiones de la presidencia de la cumbre de Luxemburgo donde los días 20 y 21 de noviembre de 1997 los países miembros adquirieron un conjunto de compromisos para 1998 y los cinco años siguientes.
Estos compromisos se referían a la necesidad de ofrecer a los jóvenes y a los desempleados adultos, pasados seis meses en el paro, una oferta de empleo, formación, reciclaje, prácticas laborales o cualquier otra medida que pueda favorecer su
inserción profesional. Ha transcurrido ya este plazo y en nuestro país este objetivo todavía no se ha cumplido. Creemos que con el proyecto de ley de formación profesional que ha dibujado el Gobierno hay muy pocas expectativas de que las
directrices de la cumbre de Luxemburgo puedan cumplirse.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Aunque usted, señor presidente, lo ha dicho al inicio de esta sesión yo, como diputado guipuzcoano y primer interviniente del Grupo Popular, quiero mostrar mi solidaridad con la víctima del atentado de esta mañana,
con su familia y con todo el Partido Socialista, en estos momentos de desgarro y de tragedia.
Y ahora ya deseo dar la bienvenida a don Jaime Montalvo, en su condición de presidente del Consejo Económico y Social. Tuve la honra de ser alumno suyo y de aprender de él en estas lides en materia social; contribuyó a darnos claves a
aquellos que tuvimos la fortuna en su día de poder aprender con él.
Dicho esto, tampoco voy a entrar en un debate, porque no es el trámite procedente en este momento, en cuanto a las cuestiones que cada portavoz libremente ha expuesto valorando determinados aspectos del proyecto de ley o del dictamen que
emitió en su momento el Consejo Económico y Social. Sin embargo, no quiero hacer una intervención meramente formal, sino entrar en algún pequeño aspecto que considero de importancia. Me parece que el señor Montalvo ha concluido con algo que no es
trivial. Ha hecho una alusión -quizás en sentido negativo en su definición- al gigantismo universitario. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que me parece que lo que está poniendo de relieve es que en España no podemos tener un concepto
subsidiario o de salida a un fracaso universitario de aquellas personas que deben tener una formación profesional idónea y que tampoco el ámbito universitario debe ser omnipotente, omnipresente e invasivo de todo tipo de formación. Esto es muy
importante porque sin duda podemos legislar e incluso podemos aportar fondos presupuestarios importantes -así se hace-, pero me parece que también es conveniente que empiece a haber un cambio, una transformación de la mentalidad social, en el
sentido de que nuestro país puede ser un país moderno. Incluso nos acercaríamos más a otras sociedades de nuestro entorno si utilizáramos la formación como un instrumento de adecuación a las posibilidades de demanda del mercado laboral y del
empleo.
Desde esta perspectiva, el proyecto que nos ocupa tiene una parte educativa pero tiene una enorme parte relativa al trabajo, al empleo y a la formación profesional en el sentido más vinculado al área socio-laboral. Además, los diversos
informes que se han emitido al
respecto y los intervinientes que han participado desde el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo escolar, etcétera, han puesto de relieve que uno de los efectos positivos que se busca con esta norma es justamente esta
dinamización de la adecuación entre la demanda y la realidad exigente de un mercado laboral que no satisface muchas de las expectativas de puestos de trabajo que precisa, con la necesidad de ese aprendizaje continuo, de esas cualificaciones que no
deben estar obsoletas sino ser actuales, de forma que se dé esa necesaria conexión entre la formación y el empleo. Como consecuencia de todo eso debemos tener una formación con la calidad suficiente para que sea homologable a nivel de Europa, que
siga los parámetros de la Unión Europea al respecto y que posibilite de forma real que las personas que reciben formación puedan tener libertad de circulación en todo el territorio de la Unión Europea. Educación, sí, pero formación vinculada al
trabajo, también.
Estas dos patas han posibilitado la participación necesaria de dos ministerios y la agrupación de los tres subsistemas en un grupo de formación, como pretende el proyecto que en breves fechas vamos a pasar a debatir.
Hay que valorar asimismo muy positivamente algunas introducciones. El CES hizo unas cuantas y pienso que la inmensa mayoría las ha recogido el Gobierno en su proyecto. Yo no sé qué pensará a este respecto el actual presidente del centro,
pero, aunque en su día no lo era, evidentemente lo hace suyo y aquí ha defendido ese dictamen, favorable en su conjunto al proyecto que debatiremos. Me gustaría que profundizara en este sentido.
Hace un momento la portavoz del Grupo Socialista
hacía mención a un tema importante: la inclusión, a efectos de negociación colectiva, de la información. Con carácter general, habría otros elementos relevantes que quizá no hemos puesto hoy encima de la mesa pero que a lo largo de estas
comparecencias y del debate saldrán; entre otros, la posibilidad que va a dar de participación social, con mecanismos participativos que se incluyen en el proyecto de ley, a los agentes sociales y a las empresas.
En mi opinión se trata de una ley
-todas lo son- marcadamente instrumental, con una clara finalidad; podríamos decir -si se me permite la expresión- que es una ley claramente teleológica. Se articulan mecanismos de coparticipación para las personas, las entidades, las asociaciones
y los agentes sociales, que tienen algo que decir en la materia -muchos de ellos financian la formación a través de cuotas y de impuestos-, porque tienen requerimientos concretos a los que, como dije hace un momento, no se está dando satisfacción en
nuestro mercado de trabajo. Es un mercado dualizado, ya que en algunos momentos, en algunos sectores y en algunas cualificaciones o categorías profesionales hay desempleo y en otros no hay suficientes personas para el empleo que oferta el mercado
laboral. Ese divorcio es lo que en realidad está planteando el proyecto de ley como una resolución inexcusable y me parece que articula instrumentos para poder llevarlo a efecto, que realmente es lo que a nosotros nos preocupa en primer lugar.
Dicho esto, le agradezco nuevamente su presencia y le reitero que le agradeceríamos que hiciera algún comentario respecto a estos puntos que le he señalado.
El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el profesor Montalvo, para contestar lo que considere conveniente a las observaciones y preguntas realizadas por los diputados.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Montalvo Correa): El diputado señor Azpiroz me ha recordado con todo cariño esa condición ya antigua de profesor, no por las circunstancias visibles sino porque es verdad. Mi primera
cátedra la tuve en San Sebastián, ciudad con la que me unían importantísimos vínculos, lo que me hace particularmente o igual de doloroso que a los demás -más es difícil- recibir noticias como la de esta mañana.
Con relación a la intervención del señor Guardans, quiero decir que con gran finura jurídica ha puesto en su sitio lo que es la función del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es un órgano en el que están presentes los
agentes sociales y otras entidades representativas de la sociedad civil que analizan un anteproyecto desde esa perspectiva, evidentemente sin poder entrar en grandes consideraciones, ya que puede corresponder a otras instancias, en última instancia
a los tribunales, el juicio de corrección o no corrección jurídica de las normas. Las personas más representativas de las organizaciones sindicales empresariales, porque están ahí como consejeros, analizan una determinada propuesta normativa y la
valoran desde esa representación de intereses sociales y económicos en la que ellos están. Eso hace que a veces la capacidad de análisis sea particularmente minuciosa y virtuosa en una determinada perspectiva y sin embargo puede que la haga un poco
más pobre, si me permiten hasta más tosco, en otras determinadas perspectivas. Ni que decir tiene que una perspectiva no es más importante que otra, pero una es sobre la que se pone el acento en un órgano de esta naturaleza.
Supongo -pero aquí me permitirá S.S. que actúe por suposición- que una de las opciones de cualquier legislador, en un tema tan importante como es el de la formación profesional, que yo decía al principio que es una cuestión en la que sí hay
una indisolubilidad del matrimonio entre educación, formación y mercado de trabajo, en ese ámbito, es complicado saber hasta qué punto conviene hacer normas de contenido amplio o normas de contenido breve. Esta es una norma breve. En general,
prefiero las leyes breves, sobre todo en el modelo de Estado autonómico y recientemente -lo recuerdo con nitidez, dada mi reciente condición de rector, no por otro motivo- se ha visto que las críticas,
las quejas que se hacían al proyecto de ley de universidades, hoy ya ley, en aquel momento proyecto, venían dadas porque era excesivamente prolijo, minucioso y detallista. A lo mejor era verdad, que era prolijo, minucioso y detallista, sin
que eso signifique que no acate con entusiasmo lo que ha decidido este Parlamento. Sin embargo, esta norma no es ni tan prolija, ni tan minuciosa, ni tan detallista, seguramente porque entiende, como no puede ser de otra manera, que en el ámbito de
la formación profesional hay un espacio importante, por supuesto para el Estado -de acuerdo con nuestro modelo tiene que ser así-, para la acción de las comunidades autónomas y de sus responsables, y otro espacio importante para los agentes
sociales. ¿A qué me refiero con esto? En este momento hay una parte fundamental, por ejemplo, de la formación ocupacional, que es uno de los segmentos básicos que está absolutamente transferido -hay un pequeño segmento en manos del ministerio-.
Exactamente lo mismo pasa con la continua, lo que pasa es que eso tiene una doble transferencia. Es más a los propios agentes sociales en la fundación tripartipa en la que se desarrolla. Y sobre la reglada mis noticias son que tiene, como es
lógico, un altísimo grado de descentralización. Es bueno que sea así, que entre todos seamos capaces, a través de la ley que elabora el Parlamento de todos, de diseñar un proyecto común, pero luego evidentemente que eso no limite para nada la
capacidad y la responsabilidad, en definitiva, de las comunidades autónomas para impulsar políticas de formación profesional, con todo el acierto y con toda la ambición que sea posible. De cualquier manera, lo que sí decimos con claridad en el
dictamen es que ya veremos los reglamentos, que espero que sigan pasando por el consejo para que los dictamine, para ver hasta qué punto hay o no hay una intromisión.
Tengo que decir, porque, más allá de mi posición personal, tengo que ser honesto con lo que decía el consejo, que sin embargo el consejo -yo no estaba entonces en el consejo, pero lo asumo, porque soy ahora el presidente- no encontró una
gran tacha de esto en el proyecto desde el momento y hora en que una enmienda que específicamente proponía eso fue rechazada por la generalidad de los consejeros; solamente fue apoyada por dos consejeros de la Confederación Intersindical Galega y
de ELA-STV. Ni que decir tiene que los consejeros representan intereses económicos y sociales, pero con presencia, obviamente, de representantes que no sólo proceden del ámbito central sino de muchos ámbitos periféricos: el secretario general de
Fomento, el secretario general de la Confederación de empresarios vascos, o altos dirigentes sindicales de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, etcétera. Evidentemente esto es desde el otro prisma, llevaban las otras gafas, pero es bueno, porque
así se pueden contrastar los otros puntos de vista.
Personalmente no tengo ninguna duda de que existe, subsiste y es bueno que se desarrolle un importante ámbito competencial de las comunidades autónomas. Solo desde una, como se manifiesta con frecuencia, leal colaboración entre las
instancias del Estado y de las comunidades autónomas en lo que hace a las administraciones y en este caso íntimamente conectadas con la acción de los agentes sociales, a través de los mecanismos de concertación, de negociación, en definitiva, los
mecanismos que expresan la autonomía colectiva, puede llevarse adelante un proyecto de esta naturaleza como es el actual. Yo, de veras, no intento llevarlo demasiado al ámbito laboral, pero creo que S.S. sí me ha cogido en una querencia, que es
laboralizar este tema un poco, y le voy a decir por qué. Yo tengo el alma dividida entre educación y trabajo, por profesión, pero, aunque tengo el alma dividida, creo que hay un acento fundamental en este tema que es lo que hace inevitable una
cierta vertiente laboral, que es que el papel de actores de los agentes sociales es indispensable. No es sólo responsabilidad de los poderes públicos. Ni que decir tiene que es una pieza esencial del sistema educativo español y creo, y comparto la
tesis de don Ignasi Guardans de que como tal debe ser considerada. Incluso mis primeras palabras han sido para realzar el carácter de pieza esencial del sistema educativo. En todo caso, hemos escuchado consideraciones sumamente importantes y sobre
todo hechas desde la buena finura jurídica a que S.S. nos tiene acostumbrados a los que le conocemos.
La representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña Amparo Valcarce, ha hecho también una serie de consideraciones fundamentales en lo sustancial. Tengo que decir que estoy de acuerdo con ellas. La enorme importancia de la política
de formación profesional. En la perspectiva comunitaria se está poniendo especial énfasis en que no sólo es un tema social; es un tema de la máxima envergadura también para la consolidación económica del proyecto europeo. Una Europa, si no es
capaz de potenciar las políticas -es curioso, se habla más de aprendizaje permanente que de educación permanente, como doble cara de la cuestión-, probablemente se verá muy seriamente limitada en la gran potencialidad que tiene como modelo.
Efectivamente, las consideraciones que hacía el consejo -también lo digo para exculpar al Consejo, porque yo no estaba- hubo que hacerlas en un plazo de quince días y es una lástima que no se manden siempre los anteproyectos con más tiempo.
En todo caso, fueron asumidas algunas y no lo fueron otras. Tengo que decir, no sé si con rubor, que este no ha sido el anteproyecto más desatendido; en otros casos la cosa nos viene peor dada. En todo caso, hubiera sido bueno que se hubieran
atendido otras.
Estoy seguro de que las autoridades de los ministerios que han intervenido en la elaboración y los propios agentes sociales habrán apoyado la inclusión de algunas y no de otras. De todas formas, aquí está este magnífico trámite,
importante y esencial trámite parlamentario, y tengo que decirles en nombre del consejo que veríamos con particular agrado que en
esta instancia soberana del Parlamento pudiera mejorarse y, si sirve de algo nuestro trabajo, particularmente felices. Tenemos que justificar el papel de colaborador que a las instancias constitucionales, a las instancias públicas, quiere
prestar esta institución modesta que es el consejo.
Algunos de los defectos fundamentales que ponía de relieve doña Amparo Valcarce tienen que ver con el carácter, quizá muy escueto, de la norma.
Que defina o no defina, que lo vea con claridad... En la medida en que en el Consejo General de
la Formación Profesional y en el correspondiente programa que emanó del consejo, al que yo me referí antes y que apoyó el Gobierno en su momento, también fue asumido, el tema de la integración y de la creación de un sistema de cualificaciones como
núcleos centrales del proyecto, aunque no se pormenorice mucho, está claro en el proyecto, a pesar de que es verdad que aquí se concreta sobre todo la existencia de unos centros integrados, respecto de los cuales supongo, suponemos todos, que las
normas reglamentarias tendrán mucho que decir y esperemos y deseamos que lo digan bien. No tenemos por qué pensar, de momento, que lo vayan a hacer mal. Hubo una serie de observaciones por parte del consejo en algún voto particular sobre la
elección de los directores, entendiendo que la propia normativa de participación exige que el Consejo escolar, en este caso, el consejo del centro, sea quien designe al director correspondiente de estos centros integrados y se entiende que no se ha
tenido en cuenta. Sería bueno, dicho con todos los respetos, como es obvio, que en el debate se pudiera enriquecer el papel de la negociación colectiva en lo que hace a las políticas de información y orientación, que es uno de los componentes
esenciales del éxito de un modelo, como bien señalaba su señoría. Ese es un asunto en el que probablemente cabe profundizar un poco más sin por ello laboralizar en exceso el proyecto que tenemos entre manos.
La formación profesional exige un buen conocimiento, buena claridad y buena estabilidad de sus normas. Los modelos son eficaces cuando son precisos, claros y tienen una cierta estabilidad y no cambian cada día; estabilidad que es
perfectamente compatible con las adaptaciones, puestas al día, incluso correcciones de rumbo que se impulsan a partir de esa instancia, sin duda importantísima, que es el Consejo General de la Formación Profesional, en la que participan el sistema
educativo, a través de las instancias públicas, de las administraciones públicas, ya sean autonómicas o del Estado, y también las propias instancias profesionales, los agentes sociales.
Señalaba S.S. cómo en la cumbre de Luxemburgo se ha impuesto una especie de deberes que tiene que hacer cada Estado cada año en sus planes de empleo, uno de cuyos aspectos, en más de uno pero en uno particularmente, se integran los
problemas precisamente de formación, de adaptación, de inserción, con una serie de variantes que tienen que ver sobre todo con colectivos específicos. De cualquier manera, agradezco sus palabras a S.S. y creo que, con el debate y con la altura que
se tiene tradicionalmente en esta casa y en esta Comisión, sin duda se puede enriquecer este texto y se puede convertir en un texto exactamente adecuado a las exigencias de nuestra sociedad. Muchas gracias, señoría.
A don José Eugenio Azpiroz, aparte del siempre antiguo y viejo recuerdo de aquellos años, ¡ay!, ya pasados, quiero darle las gracias por este cariñoso recuerdo y decirle que en este proyecto de ley, y algunas de las cosas él ya las ha puesto
de relieve, lo que hay que intentar es paliar las consecuencias negativas del divorcio entre el empleo y la formación.
Eso es así y tiene que ver con esta ley, pero tiene que ver con que esta ley se monte sobre bases que la hagan perfectamente
asumible por el conjunto de las instancias políticas en lo posible, de las instancias sociales y desde luego por los poderes públicos, tanto central como autonómico. Ello puede obligar casi a un esfuerzo de integración, de incorporación y de
participación, que convierta la ley en manos de los que tienen que aplicarla, insisto, administraciones y agentes sociales, en un instrumento esencial que desde luego nuestro sistema y nuestro país necesitan.
Yo decía antes que seguramente hay que recuperar el papel no subalterno, no de relleno, no de completar el sistema que debe tener la formación profesional. Tenemos que olvidarnos de que hay una formación universitaria y otra profesional,
porque en el presente y sobre todo en el futuro van a estar entreveradas constantemente a través de las políticas de educación permanente y de formación continua, que evidentemente se van a plantear a universitarios, a no universitarios y por
supuesto a cualesquiera otras profesiones. Desde una adecuada cooperación de las distintas administraciones, con la participación de los agentes sociales, podrá conseguirse. Mucho más, me temo, que este modesto compareciente no puede aportar a la
Comisión, aunque lo haría con muchísimo gusto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al profesor Montalvo por su intervención doble, por sus observaciones, que nos enriquecen mucho; se lo quiero agradecer muy vivamente. Ya que el señor Azpiroz ha hecho referencia a un viejo conocimiento
del profesor Montalvo, le tengo que decir que yo le gano, porque el conocimiento y la amistad con el profesor Montalvo es de los viejos tiempos universitarios de estudiantes en la universidad de los años sesenta, lo cual me honra especialmente.
- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT, EN EL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ESCORIAL CLEMENTE). (Número de expediente 219/000301.)
El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión con la siguiente comparecencia de don Teodoro Escorial Clemente, al que ruego que se acerque a la Mesa.
Siguiendo las mismas reglas que hemos establecido, el señor Escorial hará las observaciones que estime oportunas sobre el proyecto de ley y, después, los señores diputados le harán las preguntas que consideren oportunas.
Señor Escorial, tiene la palabra.
El señor REPRESENTANTE DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (Escorial Clemente): Buenos días.
En nombre de la Unión General de Trabajadores queremos agradecer a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes la oportunidad que nos brinda de exponer nuestros puntos de vista ante un tema de enorme trascendencia para el conjunto de los
trabajadores y ciudadanos en general como es la formación profesional.
Me van a permitir que desde la UGT no hablemos en primera instancia sólo y exclusivamente del texto de la ley actual de formación profesional y cualificaciones porque creemos -y lo queremos recordar a esta Comisión- que hay mucho trabajo
realizado a lo largo de muchos años por parte de las organizaciones y no siempre nos hemos visto razonablemente correspondidos en el desarrollo, que para nosotros es absolutamente fundamental que se ponga en marcha definitivamente. Ha sido una
constante para la UGT la preocupación por la formación profesional y, en los acuerdos sociales que empezamos a pactar con la transición democrática, ha sido siempre un tema presente. Ya en el acuerdo económico y social suscrito en el año 1984 por
nuestra organización y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales pactamos el papel primordial de la formación profesional para corregir la deficiente situación del mercado de trabajo en España. Quiero hacer una breve puntualización
en el sentido de que, si nos quedamos simplemente criticando o discutiendo las carencias de la formación profesional y las consecuencias que tiene en el mercado de trabajo sin que tengamos presente cuál es la situación real de la contratación en
nuestro país, evidentemente estaremos teniendo una cierta cojera. Porque hay que mirar las dos situaciones que tenemos en estos momentos, con una precariedad muy importante, que hay que corregir solamente, creemos nosotros, mediante una buena
formación profesional. Ya en aquel entonces, en el año 1984, se pactó y se puso en marcha a lo largo de 1986 la constitución de un consejo general de la formación profesional, que no existía, aunque parece que llevaba funcionando mucho tiempo. Se
creó en el año 1986 el Consejo General de la Formación Profesional. A lo largo del año 1998 se presentó por el Gobierno un documento específico acerca de la formación profesional, La reforma de la enseñanza técnico-profesional, una propuesta para
debate, debate que duró casi dos años. Se aprueba la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo en el año 1990 y el Plan estratégico de la formación profesional en noviembre de 1991 por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Ministerio de Educación y Cultura, según la denominación de aquel momento, que dibujaban un sistema de formación profesional con distintos subsistemas. En el año 1991 la Unión General de Trabajadores planteó públicamente la necesidad de
definir una adecuada estrategia integrada de análisis, definición, determinación de necesidades de cualificación profesional, así como la necesidad de crear el instituto de las cualificaciones para la investigación y la formación asociada a las
mismas. En los debates que precedieron al primer programa nacional, que recogía lo ya plasmado en el acuerdo económico y social y que fue aprobado en febrero de 1993 con vigencia hasta el año 1996, la Unión General de Trabajadores defendió algunas
cuestiones de enorme importancia, que hoy siguen siendo plenamente de actualidad y están en vigor en el actual anteproyecto de ley. La creación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales que permitiera la identificación de las
necesidades de cualificación y la creación de un instituto de las cualificaciones como organismo técnico para su concreción; que dicho sistema fuera referencia común, tanto del catálogo de títulos profesionales como del repertorio de certificados,
a la vez que definiera un sistema de convalidaciones y correspondencias entre ambos, incluido el reconocimiento de la cualificación adquirida mediante la experiencia laboral, cuestión que evidentemente no se resolvía.
Creemos que con este
anteproyecto de ley, fundamentalmente con su desarrollo posterior al que luego me referiré, se podrá resolver.
Asimismo en dichos debates defendimos la participación activa y estable de los agentes sociales en la definición de dicho sistema y la
necesidad de poner fin a la descoordinación existente entre los distintos ministerios. Para nosotros sigue siendo un problema de enorme importancia la descoordinación existente entre las responsabilidades que tiene Trabajo, las que tiene Educación
y las que tienen otros ministerios que también desarrollan aspectos concretos de formación específica. Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que venía desarrollando antes el Ministerio de Industria y Energía, actualmente Ciencia y Tecnología, o
el propio Ministerio de Fomento, anteriormente de Obras Públicas. Por tanto, en diciembre de 1996 concluyó la vigencia del primer programa nacional de formación profesional, cuya programación, evidentemente, como es natural, se vio alterada por el
cambio de Gobierno producido como consecuencia de las elecciones de marzo de 1996, y en el año 1997 el Consejo General de Formación Profesional fue modificado para dar participación a las comunidades autónomas, que es cuando se incorporan; el
consejo lo conformaban la Administración central y los agentes sindicales y patronales y, a partir de 1997,
con la modificación de la composición del consejo general, empiezan a formar parte del mismo las comunidades autónomas. Evidentemente, dado el proceso de transferencias que se estaba produciendo a las comunidades autónomas en todo lo
relacionado con la educación y con la mayoría de los aspectos de la formación ocupacional, parecía de sentido común que tuvieran participación en dicho consejo. A lo largo de 1997, en el seno de la comisión permanente del Consejo de la Formación,
vinimos trabajando en los documentos preparatorios de lo que luego fue el segundo o nuevo programa nacional, en cuyo comité de redacción, la comisión permanente, participamos evidentemente los agentes sociales -UGT, Comisiones y la CEOE- y, junto
con la Administración central, participaron dos comunidades autónomas que hicieron un trabajo que fue del agrado y del consenso del conjunto de las comunidades autónomas, aunque en aquel momento el grupo de la comisión permanente lo conformaban el
representante del Gobierno vasco y el de la Generalitat de Catalunya. En febrero de 1998 se aprueba el segundo o nuevo programa nacional. El primer objetivo era la creación del sistema nacional de cualificaciones con participación de las
comunidades autónomas que permitiera la formación a lo largo de la vida a través de la integración de los tres subsistemas de formación profesional. El calificativo de integrado previene de tres rasgos esenciales que son, a su vez, tres dimensiones
que debe poseer la integración: desarrollar la integración de las cualificaciones profesionales como un referente común que oriente las acciones formativas; promover la integración de las diversas formas de adquisición de las competencias
profesionales; capacidad para evaluar y reconocer las diversas formas por las que las personas adquieren la competencia y progresan en su cualificación profesional y conseguir la integración de la oferta formativa de la formación profesional.
Para la creación y el establecimiento del sistema nacional de cualificaciones profesionales se requería la existencia de un instituto nacional de las cualificaciones, en cuya definición participamos a través de la comisión permanente del
Consejo General. Dicho instituto, como ya en su día señalamos, debería haber tenido una mayor garantía de independencia, por lo que debería tener un carácter autónomo, tanto financiero como de gestión, y su dirección, un mayor rango. Aquella
petición no fue atendida, pero sí existía compromiso del Gobierno en el sentido de que si a lo largo de la vigencia en un año veíamos que la evolución necesitaba cambios, estos se realizarían en la dirección que habíamos planteado. Sin embargo,
para nosotros en aquel momento lo más importante era empezar a tener un instrumento que nacía del acuerdo del segundo programa nacional, cual era el instituto de las cualificaciones.
Es verdad que el segundo programa nacional se pactó con un enorme
consenso del conjunto de las administraciones y de los agentes sociales, dejándonos cada uno ciertas posiciones en el camino porque queríamos llegar al consenso. También es verdad que el calendario que se tenía que haber cumplido para el desarrollo
del segundo programa nacional ha tenido posteriormente enormes carencias, por decirlo en términos muy suaves. En el año 1998 se fijaba en el segundo programa nacional que la creación del instituto se realizaría en los seis primeros meses del año
1998, lo que evidentemente no se hizo, y se había fijado además en el programa nacional una serie de cuestiones que se incumplieron sistemáticamente: por ejemplo, el objetivo tercero del sistema integrado de información y orientación y el cuarto,
relativo a garantizar la calidad del nuevo programa nacional.
Como resumen de las acciones que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y sin entrar en los incumplimientos señalados como tema prioritario, queremos pasar a analizar diferentes aspectos de la Ley de formación profesional y
cualificaciones, que es el objeto de esta comparecencia y la cuestión que más interesa a SS.SS. Es evidente que la acumulación de sucesivos retrasos en el cumplimiento del segundo programa nacional hace que resulte urgente contar con una norma
básica que venga a poner fin a esta situación, ya que estos objetivos no pueden demorarse ni por la situación española ni por el contexto de la evolución europea. El hecho de que se haya escogido un procedimiento de ley como marco normativo -quiero
señalar que en aquel momento estábamos viendo cuál debería ser el desarrollo reglamentario del segundo programa nacional y no estaba muy claro si iba a ser de una u otra manera- nos sitúa en la obligación de recabar la mayor urgencia en el trámite
de la ley. Es verdad que la situación española no la definimos nosotros, sino que el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el Cedefop, la cataloga como un sistema de numerosos sistemas y subsistemas paralelos, antiguos y
nuevos, regionales y centrales, algunos dependientes del Ministerio de Educación y otros del Ministerio de Trabajo, etcétera. Es decir, el Cedefop define una situación preocupante.
Repito que no estoy trasladando una opinión personal, que en
cualquier caso podría compartir, sino que un centro europeo suficientemente prestigiado, en donde se tiene conocimiento de todos los sistemas europeos, con suficiente análisis cataloga al español de la manera que he indicado a SS.SS.
Para la Unión General de Trabajadores es un acto de responsabilidad facilitar que, desde su participación como agente social y a la mayor brevedad, se pueda disponer de dicha norma básica y de los instrumentos de desarrollo de la misma para
alcanzar los objetivos que fueron acordados por consenso en el segundo programa nacional, tal y como indicábamos anteriormente. Por lo tanto, desde la Unión General de Trabajadores defendemos la adopción de un sistema nacional de cualificaciones y
formación profesional que permita la evaluación y acreditación de las cualificaciones profesionales,
con independencia de la forma en que éstas hayan sido adquiridas, incluidas las que lo fueron a través de la experiencia laboral; la creación de un catálogo nacional de cualificaciones profesionales que ordene las identificadas en el
mercado de trabajo, en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional y que sean susceptibles de reconocimiento y acreditación; el carácter estatal de dicho catálogo, que permita el ejercicio y reconocimiento de su
cualificación en cualquier comunidad autónoma, manteniendo la unidad del mercado trabajo; la interrelación funcional del mismo con los sistemas de clasificación profesional surgidos de la negociación colectiva; la acreditación de las competencias
profesionales cuando no completen una cualificación, reconocidas a efectos profesionales y, en su caso, como acreditación parcial en algún título o certificado de profesionalidad; la definición de la formación asociada a las cualificaciones
recogidas en dicho catálogo por la Administración general del Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias; la integración de las ofertas de formación profesional asociadas al catálogo de cualificaciones profesionales; el
reconocimiento del derecho al acceso en condiciones de igualdad a las diferentes modalidades de la formación profesional, garantizando la atención a las necesidades específicas de los grupos con especiales dificultades para el ejercicio del mismo;
la necesidad de la integración de los servicios de información y orientación sobre construcción de itinerarios personales de acceso a una cualificación, inserción, reinserción, carrera profesional y procesos de reconocimiento de competencias
profesionales; el reconocimiento como principio del sistema nacional de cualificaciones profesionales de la participación de los agentes sociales con los poderes públicos en las políticas formativas de información y orientación, de reconocimiento
de la experiencia laboral y de cualificación profesional. Son los agentes sociales los que identifican las cualificaciones existentes en el mercado laboral, los que convienen dichas cualificaciones como elemento de intercambio de su saber hacer y,
por tanto, su reconocimiento, con independencia de la vía por las que fueron adquiridas. De ahí la importancia de un sistema basado en la credibilidad que le otorgan sus usuarios, credibilidad que debe construirse a partir de la corresponsabilidad
en la definición y ejecución del mismo.
Desde una valoración positiva sobre la oportunidad y necesidad urgente de la ley y como marco adecuado de desarrollo, creemos que es importante la consideración del valor referente de la negociación colectiva al sistema nacional de formación
profesional y las cualificaciones; la ordenación de un sistema integral de cualificaciones, acreditación y formación profesional que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas; la adopción de un sistema nacional de
formación profesional y cualificaciones; recoger el principio de acceso en condiciones de igualdad a las diferentes modalidades de la formación profesional; adoptar el compromiso de evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional;
la creación del catálogo nacional de cualificaciones profesionales que ordenará las identificadas en el mercado de trabajo y, en definitiva, la acreditación de las competencias profesionales cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún
título o certificado. Esos son aspectos que desde nuestro punto de vista la ley contempla positivamente. Bien es verdad que, como decía el anterior compareciente, don Jaime Montalvo, después hay que desarrollar muchos aspectos de la ley. Por
tanto, el camino es largo y veremos en qué dirección se desarrollan estos aspectos, pero en principio consideramos que hay una serie de aspectos positivos, y por ello nosotros dimos en el pleno del Consejo General de la formación profesional un sí
crítico a esta ley.
¿Cuáles son los aspectos que nosotros consideramos que todavía quedan en alguna medida cojos o que tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar esta ley? En primer lugar, que no se define claramente que el objeto de
reconocimiento y acreditaciones es la cualificación y no la formación, que es una de las vías, pero no la única, para su obtención; cuestión que deberá ser resuelta de forma razonable en el trámite parlamentario. Ya he mencionado anteriormente que
resulta preocupante el número de cuestiones que quedan para posterior desarrollo, y es evidente que nosotros vamos a seguir trabajando en ellas, en la medida en que queremos seguir teniendo una participación importante en este tema, que es crucial
para el conjunto de los sindicatos y de las organizaciones empresariales de este país, para los trabajadores y para las empresas. En este sentido, simplemente hacemos una llamada de atención.
Deberían haberse contemplado unas previsiones de calendario y de presupuesto para que con estas cuestiones no suceda lo mismo que con el segundo programa nacional. En el primer programa nacional ya había unas previsiones presupuestarias que
no han existido en el desarrollo de la ley. Esta ha sido una de las cuestiones respecto a las que hemos manifestado una posición crítica. Se pone de manifiesto la necesidad de un organismo que gestione la política de cualificación y formación, con
el fin de evitar la actual duplicidad y, en ocasiones, descoordinación entre las administraciones educativas y laborales en sus respectivas orientaciones de las políticas de formación. Por ello, se hace necesario un ente directo o coordinador de la
política de FP, máxime cuando será tan abundante su desarrollo posterior.
Es necesario que los agentes sociales participen de forma activa y estable en el diseño de las cualificaciones, con el fin de que éstas tengan su reconocimiento en el mercado de trabajo, que es una forma de reconocimiento social y económico.
Si queremos prestigiar la
formación profesional, tenemos que acabar con la idea de que es una suministradora de mano de obra barata o de baja cualificación al sistema productivo.
Del mismo modo, para la Unión General de Trabajadores es absolutamente necesaria la presencia de los agentes sociales en la definición de las metodologías y las características en cuanto a lo referido al reconocimiento de las
cualificaciones, o de parte de las mismas, adquiridas a través de la experiencia laboral. Es obligado que los centros integrados de formación profesional de titularidad de las administraciones educativas se gestionen de forma democrática, y para
ello deben buscarse los mecanismos de control social y participación más idóneos. No podemos trasladar miméticamente los actuales sistemas establecidos en la Ley orgánica general del sistema educativo, pero habrá que buscar un sistema de
participación y control democrático de los centros.
Es preciso que los centros de referencia nacional de innovación y experimentación especializados en los distintos sectores productivos cuenten en dicha orientación sectorial con la presencia de los agentes sociales, pues éstos son los más
idóneos para informar sobre la innovación y las necesidades que deben ser tenidas en cuenta en la experimentación, en materia de formación profesional, en el ámbito sectorial. Con esta ley no sólo se debe pretender asegurar las condiciones de
movilidad geográfica en España, sino también las de la libre circulación de los trabajadores en Europa.
Por último, a pesar de que tengamos ciertas objeciones, como las señaladas, sobre determinados aspectos de la ley, para la Unión General de Trabajadores es necesario y urgente, y no admite más demoras, resolver estas carencias que tiene
nuestro sistema de formación profesional. Se necesita la articulación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales que, efectuado con la colaboración de los agentes sociales, identifique las necesidades de nuestro sistema productivo.
Este sistema debe ser previo al sistema de formación profesional y debe integrar los subsistemas y las vías de acceso a la cualificación desde el mundo laboral. De aquí que el reconocimiento de la experiencia laboral, como ya he dicho
anteriormente, sea para la Unión General de Trabajadores una cuestión prioritaria. Ello permitirá avanzar en el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y progresar en el empleo, consiguiendo una mayor competitividad de nuestro sistema
productivo. Para esta tarea es imprescindible el consenso, la colaboración y la cooperación de las comunidades autónomas, de la Administración central y de los agentes sociales. Confiamos en que el debate parlamentario sirva para mejorar el texto
del proyecto de ley en la línea aludida y que se tengan presentes las observaciones que ha hecho la Unión General de Trabajadores.
Finalmente, estoy a su disposición como no puede ser de otra manera, para responder a las cuestiones que consideren oportuno preguntar. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Teodoro Escorial.
Iniciamos ahora el turno de portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En primer lugar agradezco muy sinceramente todas sus explicaciones.
Mi intervención será muy breve porque, como decía anteriormente, venimos aquí básicamente a escuchar su intervención. Como usted ha hecho mucho hincapié -y al fin y al cabo usted está compareciendo, en cierto sentido, en nombre de la UGT-
en hasta qué punto le satisface la existencia y la creación a partir de esta ley de un sistema nacional de formación profesional y de cualificaciones, yo sólo querría subrayar que entiendo -corríjame si me equivoco- que ustedes se paran ahí, es
decir, en la necesidad de que exista un sistema nacional de formación profesional y de cualificaciones. Pero entiendo que la Unión General de Trabajadores no tiene nada que decir o no se pronuncia expresamente sobre si ese sistema nacional de
formación profesional y de cualificaciones ha de hacerse de forma tal que se vacíe de competencias a las comunidades autónomas y que su desarrollo quede exclusivamente confiado a la Administración General del Estado. Entiendo que la UGT no dice
nada sobre esto y que por tanto en sentido inverso, no habla de un modelo de sistema nacional de formación profesional y de cualificaciones que fuera más respetuoso -según nuestro personal entender, político y jurídico- con el reparto de
competencias y que fijara los términos básicos pero su desarrollo posterior correspondiera a cada una de las administraciones que tienen esas competencias, como son concretamente las administraciones autonómicas. Pienso, por ejemplo, en lo que el
proyecto de ley dice, concretamente: Corresponde a la Administración General del Estado la regulación y coordinación del sistema nacional de formación profesional.
Ese artículo nos parece frontalmente inconstitucional, y entiendo que el entusiasmo
-y lo digo sin ironía- que usted ha manifestado por este instrumento no prejuzga que se pueda desarrollar por vía autonómica. No sé si me explico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Marzal, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Escorial, por su presencia en esta Comisión, a la que le doy nuestra cordial bienvenida.
No me cabe duda de que sus aportaciones al proyecto de ley de formación profesional son, y van a
continuar siendo, importantes e interesantes por cuanto proceden de una organización y de una persona sensible y también experta en temas de formación profesional, que además está en continuo contacto con la realidad del empleo en nuestro país.
A mi juicio, ha hecho usted una interesante exposición de los antecedentes de la normativa y de los acercamientos o acuerdos en materia de formación profesional que han tenido lugar en nuestro país, así como una valoración importante de lo
que ha sido el segundo programa nacional de formación profesional. En relación con el mismo ha hecho usted una observación, que yo sin duda comparto, y es que sus objetivos quedaron prácticamente incumplidos, a pesar de que el segundo programa
nacional de formación profesional supuso un importante esfuerzo de consenso y también una esperanza de que la formación profesional en España iba a captar el impulso que necesitaba. A pesar de ello y a pesar de las buenas intenciones, el segundo
programa nacional ha quedado prácticamente incumplido, salvando algunas cuestiones como puede ser la creación del INCUAL y poco más. A nuestro juicio, lo que hace el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno en materia de formación profesional
es precisamente recoger de nuevo parte de los objetivos que quedaron incumplidos en el segundo programa, que son fundamentalmente, y por simplificar, dos: el establecimiento de un sistema nacional de formación profesional y de cualificaciones y la
integración de los tres subsistemas. Nuestra pregunta va en este sentido. Puesto que no se han alcanzado los objetivos del segundo programa nacional de formación profesional y lo que pretende el proyecto de ley es hacer realidad lo que no se logró
entonces, yo le pregunto: ¿Qué nuevas medidas y qué nuevos instrumentos le parece que aporta el proyecto de ley para garantizar que ahora sí se van a cumplir? Nuestro temor es que el proyecto de ley quede de nuevo en nada y sea una repetición de
lo que ya fue el segundo programa. El segundo programa supuso un acuerdo del Consejo de Ministros, ¿por qué cree, si es que así lo cree, que esas expectativas ahora se van a cumplir?
Usted ha hablado también de coordinación de la formación profesional.
¿Cree usted que con el proyecto de ley se soluciona ese aspecto de coordinación que ha quedado mal resuelto con el sistema que ahora la ley pretende renovar? Otra
pregunta es si considera usted que la ley debiera comprometerse más -algo de eso ha dicho ya en su intervención, ciertamente- en cuanto a plazos para el desarrollo del sistema nacional de cualificaciones y si considera que las preguntas respecto a
quién, cuándo y cómo se va a implementar o desarrollar dicho sistema están suficientemente claras para garantizar que la ley de formación profesional resuelva aquellas cuestiones u objetivos que quedaron sin resolver después del segundo programa.
En segundo lugar quisiera comentarle algo que usted ha mencionado y que me parece muy importante. En su título, el proyecto de ley recoge el sistema nacional de formación profesional y cualificaciones. A nosotros nos cabe la misma duda que
a usted, es decir, que en los términos de la redacción actual del proyecto de ley no queda suficientemente claro que el objeto de reconocimiento y de acreditación es la cualificación; más bien parece que se dirigen a la formación, pues, como digo,
ya en el mismo título se antepone el concepto formación profesional a cualificación, cuando a nuestro juicio lo primero que debe reconocerse y acreditarse es la cualificación y en segundo lugar, y derivada de ella, la formación profesional. En
definitiva, lo que no tenemos claro -y creo que en eso coincidimos, al menos con la exposición que usted ha hecho- es si se recoge suficientemente en la ley que una persona, independientemente de que quiera o no seguir su formación, pueda ver
reconocidas sus competencias profesionales. Se recoge que sí puede ver reconocidas sus competencias profesionales si ha de seguir en el camino de la formación, pero si no quiere seguir, ¿se recogen con suficiente claridad estos aspectos en la ley?
Una última pregunta sobre algo que usted ha manifestado con claridad en sus últimas observaciones, y que le dirijo precisamente a usted como representante de los agentes sociales, es si cree que el papel de los agentes sociales en cuanto a la
identificación de las cualificaciones profesionales está suficientemente recogido en la ley y si considera que la participación de los agentes sociales en el proceso de identificación, acreditación, reconocimiento y evaluación de las cualificaciones
debe ser mayor que la que se recoge actualmente en el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidente, yo también agradezco la comparecencia de don Teodoro Escorial y su extensa exposición, quedándome en principio con algunas frases que ha puesto de relieve a lo largo de su discurso y que incluso ha
reiterado, como es que desde UGT no sólo consideran que la ley es oportuna sino también que es urgente. Es decir, que comparte el criterio que mi grupo y el Gobierno tienen en el sentido de que es una ley necesaria para combatir la precariedad
laboral y el divorcio existente entre los requerimientos del mercado laboral y la formación de nuestros ciudadanos, además de hacerlo de una forma continua y con las particularidades que incorpora esta ley, como son la formación no formal, etcétera.
Desde esa perspectiva le manifiesto nuestra plena coincidencia así como que además nos parece muy importante el énfasis que usted pone en la urgencia porque nosotros también creemos que es urgente.
Ha dicho otra cosa que nos parece importante, y
que con el anterior compareciente también puse de alguna forma en evidencia, y es que no son sólo fundamentales las voluntades políticas y de los agentes sociales, ni el presupuesto, que es imprescindible, sino que también hay condicionantes
inexcusables para la operatividad, la efectividad y la aplicación material de una ley como la que en breve vamos a tramitar en la Cámara. Uno de esos condicionantes
es que haya una mentalidad social de que la formación profesional ni es fracaso escolar ni es una subsidiariedad ni es, como ha dicho usted, un sistema para proporcionar mano de obra barata al mercado. No lo es y no debe serlo, y además
todos tenemos la obligación de hacer partícipes a la sociedad y a la opinión pública de este hecho que me parece relevante, porque la formación profesional debe tener una autonomía y un significado propios, al margen del resto de las enseñanzas o
del sistema formativo en nuestro país. Por lo tanto, compartimos esto plenamente y nos parece muy importante que usted lo haya planteado.
No voy a entrar en ningún debate ahora porque no es momento ni lugar, pero sí quiero recordar que en mi opinión hay una buena parte de la ley que no debe merecer ninguna tacha por parte de nadie, y me refiero a la que se deriva del tronco
importante de lo que supone la acción laboral o social, porque creo que nadie cuestionará que la acción de legislar reside en esta Cámara, lo que me parece que es importante señalar. También me parece importante que usted nos haga, si puede, alguna
observación adicional no sólo sobre el papel que ha tenido el Consejo General de Formación Profesional, que a mí me parece de primer rango, sino también al que en todo momento le confiere la ley, concebido además el Consejo General, como usted bien
recordó, como foro en el cual desde el año 1997 participan las comunidades autónomas, pero en el que también tienen una participación de primer grado, como no puede ser de otra forma, desde el inicio en 1986, los agentes sociales. Por lo tanto, me
parece que ese foro en el que participan administraciones públicas y agentes sociales va a tener un importantísimo papel en el desarrollo de la ley, ley base, como usted bien ha puesto de relieve, y efectivamente ya veremos en el devenir qué vía de
desarrollo reglamentario se pueda producir.
Aunque creo que lo ha expuesto con claridad, me gustaría que me ratificara un extremo. He entendido en su exposición que el segundo programa de formación se hizo por consenso y que los objetivos del programa que no se habían llevado a
efecto son asumidos por el proyecto de ley que ustedes aprobaron y apoyaron, en representación de UGT, en el Consejo de Formación Profesional. Creo que esto es así, y simplemente le agradecería que me lo reiterara porque creo que tiene su
importancia. Y muchas gracias por su aportación, que nos ha parecido muy interesante.
El señor PRESIDENTE: Puede intervenir a continuación don Teodoro Escorial para contestar a las preguntas formuladas por los diputados.
El señor REPRESENTANTE DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) EN EL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (Escorial Clemente): No sé si voy a ser capaz de contestar a las preguntas. En todo caso, daré mi opinión o mi visión respecto a
algunas de las cuestiones que se han planteado.
El señor Guardans planteaba en nombre de Convergència i Unió alguna cuestión respecto a la posición de nuestra organización y preguntaba si éramos defensores del actual modelo, que desde el punto de vista de su grupo parlamentario pudiera
vulnerar o ir en contra de las competencias establecidas en las comunidades autónomas. Desde una organización como la nuestra, de ámbito estatal, pero que tiene una estructura muy importante en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas, no
sólo intentamos que exista un cierto equilibrio, por decirlo de alguna manera, donde todos nos llevemos bien, sino que estamos convencidos y defendemos que el actual sistema establecido en la Constitución española es no sólo defendible sino que
además hay que apoyarlo, y por lo tanto creemos que cuando hablamos del Estado estamos hablando de la Administración central y las comunidades autónomas. Bien es verdad que nosotros seguimos teniendo algunos matices con respecto a ciertas
posiciones que se plasmaron en los últimos consejos generales de la formación profesional que nosotros no compartimos. Entraré más adelante en algunas de las cuestiones que planteaba el representante del Grupo Popular, pero no creemos que en un
tema de este calado, cuando hablamos de cualificaciones y de reconocimiento de cualificaciones, podamos no tener el tacto y el feeling suficientes como para pretender que dentro de los marcos de gestión establecidos para las comunidades autónomas se
pueda correr un riesgo. Planteo esto simplemente como una llamada de atención. Podemos correr el riesgo de que hablemos de Europa y de la libre circulación de los trabajadores en Europa y hagamos aquí diferencias que impidan una cierta movilidad
interna en nuestro país. En algunas ocasiones se nos achaca a las organizaciones sindicales que somos reacios a discutir aspectos de flexibilidad y por lo tanto de movilidad de los trabajadores, o de movilidad geográfica, y hay que ser cuidadosos
para no crear dificultades para la movilidad interna en nuestro país. Esa es nuestra única preocupación en este caso, pero que quede clara una cuestión: no vamos a entrar a discutir, puesto que no es nuestro papel, qué gestión corresponde a la
Administración central y cuál a las comunidades autónomas. En este sentido no hay ningún problema por nuestra parte.
Puede dar la impresión de que yo defiendo esta ley con convencimiento; sin embargo, no entro en aspectos puntuales. He resaltado el lado positivo de algunos de ellos y otros los he criticado, ya que hacen que el texto de la ley quede cojo.
Ahora bien, nosotros somos posibilistas y creemos que existen muchas posibilidades en el trámite de desarrollo reglamentario de la ley si se hace de acuerdo con una de las afirmaciones que yo he manifestado en nombre de la Unión General de
Trabajadores, esto es, que son imprescindibles la colaboración
y el consenso de las comunidades autónomas con la Administración central.
A nosotros nos preocuparía que hubiera peleas en torno a este tema, aunque esa es una posición de nuestro sindicato que tiene la importancia que tiene en la medida en
que desde nuestro punto de vista se trata de una organización muy relevante en nuestro país, que representa a muchos trabajadores, y nosotros queremos ayudar a resolver algunos problemas.
Pero repito que no queremos entrar en unas cuestiones que
deben ser resueltas en el ámbito parlamentario por los partidos con representación parlamentaria y, posteriormente, por las comunidades autónomas junto con la Administración central.
Quiero agradecer a doña Amparo Marzal su comentario, pero el calificativo de experto en formación profesional que ha empleado es muy peligroso.
Aquí hay personas mucho más expertas que yo. En todo caso, somos aprendices de aquello que nos
corresponde hacer y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. En cuanto a las cuestiones que ha planteado la señora diputada, conviene fijar posición con respecto a algunas de ellas, aunque tengo que decir que, como ya he manifestado en mi
intervención, coincido con muchas de esas cuestiones. Nosotros hemos venido insistiendo sistemáticamente en la necesidad y urgencia de la ley, y no ha sido casual que en mi intervención haya hecho un poco de historia al hablar de la formación
profesional. Lo he hecho para tratar de hacer ver a SS.SS.
que desde hace tiempo venimos hablando de la formación profesional y que nos encontramos en una situación muy complicada. Las organizaciones empresariales y sindicales hemos resuelto
mediante un acuerdo bilateral aspectos como la formación continua, pero es evidente que seguimos teniendo una carencia que para nosotros es imprescindible un marco general. Para nosotros han sido muy lamentables, como hemos dicho por activa y por
pasiva, los reiterados incumplimientos del segundo programa nacional; un programa que se aprobó con un consenso unánime de las organizaciones estatales, de los sindicados, de las organizaciones empresariales, de las comunidades autónomas y de la
Administración central. Es verdad que hubo algún sindicato de ámbito nacionalista que planteó alguna objeción, pero en términos generales había un consenso básico del arco parlamentario en el ámbito político y de los agentes sociales. Así pues, lo
que para nosotros es lamentable es su incumplimiento. ¿Y qué garantías tenemos ahora de que se cumpla esta ley una vez que entre en vigor? Yo creo que simplemente la garantía del control democrático que el Parlamento tendrá que ejercer sobre el
Gobierno, ya que una vez que se aprueba una ley, el Parlamento tiene que hacer un seguimiento de su cumplimiento. Al margen de eso, los agentes sociales, a pesar de nuestras limitaciones, seguiremos criticando aquellos aspectos de la ley que desde
nuestro punto de vista no se cumplan.
Otra de las cuestiones es la relativa a los plazos, respecto a lo que tenemos dos experiencias. En el segundo programa nacional se fijaban plazos, y todos sabemos, como ya he manifestado en mi primera intervención, lo que ha ocurrido, pero
lo que no podemos hacer es seguir lamentándonos. Nos tenemos que convencer de la necesidad de que el mercado identifique claramente las cualificaciones. Los agentes sociales han de tener este tema como referencia en la negociación colectiva porque
si no, nos vamos a quedar fuera, y no solamente con respecto a la situación española -ya he dado anteriormente la definición que hace el CEDEFOP-, porque en Europa las políticas avanzan desarrollando una formación profesional cualificada que permite
la inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, tendremos que debatir sin que pase mucho tiempo si es suficiente -lo decía también en mi intervención inicial- hablar sólo de formación profesional sin ver además qué es lo que está ocurriendo
con la precariedad en el mercado de trabajo, es decir, quién puede acceder a la formación profesional, qué chaval de 18 ó 20 años puede hacer formación profesional si está trabajando en las mismas condiciones en las que está trabajando hoy; y si
además de ser joven es mujer, la precariedad se multiplica por dos. Por tanto, existen cuestiones que tendremos que tratar no solamente desde el ámbito de la formación profesional, que puede ser una ayuda pero no es la que va a resolver
definitivamente el problema. El problema del mercado de trabajo no lo va a resolver la formación profesional; ahora bien, la formación profesional será desde nuestro punto de vista imprescindible para ayudar a resolver otros problemas añadidos.
Quiero insistir en que para nosotros es muy importante el reconocimiento de la cualificación, y la formación es una manera de llegar a ella. Desde nuestro punto de vista, la ley permite llegar a esa conclusión. La ley permite decir que se
va a reconocer la cualificación independientemente de si se ha adquirido a través de la formación o a través de la experiencia laboral. Si fuera a través de la cualificación, la ley que no tendría ninguna virtualidad en el actual mercado de
trabajo. No tengo aquí los datos, pero hay estudios muy sólidos que demuestran que una gran mayoría de los mayores de cuarenta y cinco años, algunos de los cuales estamos aquí, obtienen su cualificación fundamentalmente vía experiencia laboral y no
la tienen acreditada. Por tanto, si no contemplamos el reconocimiento de la cualificación, incluida la experiencia laboral, la ley dejaría fuera a millones de ciudadanos españoles, y creemos que ese no tiene que ser ni el espíritu ni la letra de
una ley como esta. Es evidente que ahí va a jugar un papel fundamental el desarrollo que posteriormente se tiene que hacer.
En relación con la participación de los agentes sociales, nosotros tenemos algunas críticas que hacer al respecto. Antes de la reunión del consejo general, los sindicatos queríamos que este aspecto se especificara y clarificara más
concretamente en la ley. No
estoy hablando de una discusión con el Gobierno, sino de que en las reuniones previas que mantuvimos con las organizaciones empresariales con el fin de que los interlocutores sociales tuviéramos un cierto consenso, llegamos al acuerdo al que
llegamos. Si la ley se desarrolla en la dirección necesaria si de verdad queremos resolver algunos problemas, los agentes sociales consideramos que estaría básicamente contemplada la posibilidad de que esta cuestión se resolviera.
En cuanto a las cuestiones que ha planteado el señor Azpiroz, no es que nosotros consideremos que la ley sea oportuna porque ha llegado el momento, sino que es urgente porque llevamos mucho retraso. Ese es nuestro problema. Es oportuna
porque ha llegado ahora y es urgente e imprescindible para nosotros.
Cuando pactamos y consensuamos el segundo programa nacional no hablábamos de una ley, pero las medidas que se contemplaban en dicho programa ya eran urgentes en 1998 -que parece que fue ayer pero ha pasado la broma de cuatro años-, y hoy
sigue siendo absolutamente urgente e imprescindible que salga esta ley.
En cuanto al papel del Consejo General de la Formación Profesional creo -evidentemente es una opinión muy personal- que es un órgano de participación sustancialmente mejorable. Anteriormente estaba presidido un año por el Ministerio de
Trabajo y al año siguiente por el Ministerio de Educación. Posteriormente, después de las elecciones del año 2000, se hizo una modificación para que la rotación entre la presidencia de Trabajo y Educación fuera cada dos años. Esto no tiene mayor
importancia ni supone ningún problema, simplemente el Gobierno prefiere que esté dos años el ministro de Educación y dos años el ministro de Trabajo. El problema es que desde nuestro punto de vista se ha dado excesivamente poca importancia a las
funciones que el consejo general podría desarrollar. Digo esto porque a finales de 1999 el Consejo General de la Formación Profesional creó una serie de grupos de trabajo, entre ellos uno denominado grupo A, que tenía que elaborar la norma básica
del sistema de las cualificaciones. Este grupo concluyó sus trabajos con un acuerdo consensuado entre los sindicatos, los empresarios, la Administración autonómica que participaba en aquella permanente y una parte muy importante de la
Administración central, pero las propias miserias que todos tenemos impidieron al final que un texto básicamente acordado en aquel momento, en 1999 -imagínense ustedes que estábamos discutiendo la norma básica del sistema nacional de las
cualificaciones-, pudiera salir adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido posteriormente? Que como no había consenso, no se convocaba el pleno del consejo. Por tanto con la actual configuración de órgano tripartito, en el que está representada la
Administración -en la que se incluye toda la Administración del Estado, sea autonómica o central-, los empresarios y los sindicatos, puede ser un buen instrumento. Ahora bien, es un instrumento que hay que revitalizar, porque, si no, terminará por
no servir para el objeto para el que fue creado y dejará de tener importancia. Si los propios interlocutores sociales o las propias comunidades autónomas o la propia Administración no le dan importancia, lo están ninguneando -por decirlo en
términos coloquiales-, y ese ha sido uno de los graves problemas. Es evidente que, aunque no se vote, es un órgano de participación, de debate, de asesoramiento y ha sido un buen instrumento a lo largo de los años 1997, 1998 y una parte muy
importante de 1999, fruto del cual fue el consenso sobre el segundo programa nacional. Por tanto, si ha demostrado que puede funcionar, simplemente nos corresponde a nosotros -fundamentalmente a quien lo dirige- revitalizar el funcionamiento del
consejo, que es lo que ha fallado.
Espero haber ayudado en la medida de mis posibilidades a clarificar algunas cuestiones. Si me he dejado alguna, lo lamento, pero no la tenía apuntada.
El señor PRESIDENTE: Reitero a don Teodoro Escorial el agradecimiento de toda la Comisión por sus observaciones.
Continuaremos las comparecencias después de tres minutos de descanso.
(Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE GUIPÚZCOA, ADEGUI (RUIZ URCHEGUI). (Número de expediente 219/000302.)
El señor PRESIDENTE: Proseguimos la sesión, señoras y señores diputados.
Doy la bienvenida a don José María Ruiz Urchegui, secretario general de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, ADEGUI.
Ya conoce él las reglas de la comparecencia y, por tanto, le doy la palabra sin más preámbulos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE GUIPÚZCOA, ADEGUI (Ruiz Urchegui): Señoras y señores diputados, quiero agradecerles la invitación pero antes de nada he de condenar muy hondamente el atentado de esta mañana de
Sestao a don Eduardo Madina Muñoz, secretario de política institucional de las Juventudes Socialistas. Quiero expresar mi afecto y mi proximidad, entre otras cosas por normal, pero sobre todo porque conozco muy bien esa situación, ya que yo mismo
fui objeto de ese mismo atentado. En el año 1996, a un familiar al que le dejé mi coche, le explotó una bomba lapa que iba dirigida contra mí y en estos momentos le faltan dos piernas, con lo cual conozco muy de cerca esa situación. Por tanto,
quiero expresar mi afecto y proximidad especialmente en este caso al Grupo Socialista, pero en definitiva a todos. Yo creo que merece la pena que ofrezcamos todos nuestro mejor trabajo, y en este caso hoy especialmente, a Eduardo Madina.
Una pequeña presentación muy rápida. Soy José María Ruiz Urchegui, secretario general de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa; soy licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Colonia, en Alemania, estoy desde la
constitución de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa en el año 1977 trabajando en la misma y desde 1983 soy el secretario general. No soy un experto en formación profesional, les voy a contar mis vivencias y mis relaciones con el mundo de la
formación profesional, especialmente porque somos una asociación empresarial que además de la negociación colectiva y de todas las cuestiones de información y de asesoría que desarrollamos todas las asociaciones empresariales hay una cuestión que
nos identifica de muchas de ellas, y no se trata ni de mejor ni de peor, sino simplemente porque hemos entendido que teníamos que hacerlo. Desde hace dos años disponemos de una agenda estratégica, cuyo segundo punto habla expresamente de la
formación profesional, mucho antes que de los costes de la Seguridad Social, etcétera, que en este Congreso ya nos gustaría hablar mucho más.
La agenda de ADEGUI en su segundo punto tiene un ranking específico que dice: En el marco de la política educativa, todas las acciones que podamos ejercer para dar prioridad a la formación profesional adecuándola permanentemente a la
cualificación necesaria y orientando a los jóvenes hacia su inserción en el mundo del trabajo. Digo esto con especial orgullo porque, como he comentado antes, está muy por encima de la flexibilidad en la organización de trabajo y en la equiparación
de las cotizaciones empresariales que también son necesarias y si no no estarían en nuestra agenda. Desde este punto de vista les indico lo que estoy comentando en estos momentos, y lo hago con especial cariño pero insistiendo en que no soy un
experto en la formación profesional.
Como todos ustedes saben, estamos ante un reto tremendo de globalización y a la hora de afrontar esta situación tenemos que ver cuál es la realidad en el mundo empresarial, con dos enfoques que deberíamos de tener en cuenta. Un enfoque
interno, porque muchas veces somos muy dados a sacar los problemas fuera y pensar que los problemas son de otros y no de nosotros, pero efectivamente tenemos responsabilidades importantes en este mundo de la empresa y de la economía. Por tanto, hay
que aceptar que tenemos unos enormes retos internos en esta situación con respecto a la globalización y que casi lo único importante es la relevancia de los recursos humanos y de su cualificación, además lógicamente de que es absolutamente necesaria
la orientación al cliente, toda la política de calidad de la empresa, la innovación, el desarrollo tecnológico, la internacionalización, el medio ambiente, la capacidad financiera, el control de costes, en definitiva, aspectos internos cuya
responsabilidad tenemos y que hemos de cuidar especialmente. Por supuesto estamos afectados, en positivo en algunas ocasiones, en negativo en otras, por los factores externos a la empresa. Tenemos que considerar los equipamientos en
infraestructuras, los entornos financieros, un marco institucional sensible a las demandas y problemáticas empresariales, un entorno laboral eficiente, un entorno sociopolítico que apoye y estimule la figura y la labor empresarial, un entorno y unas
infraestructuras educativas, etcétera.
Me voy a referir a las pequeñas empresas y luego verán ustedes por qué.
Muchas veces hablamos de pymes y cuando estamos hablando de ellas nos estamos refiriendo a grandes empresas. Las pequeñas empresas en todo el mundo son las más
dinámicas, las más adaptables a los cambios económicos, las más innovadoras y las que en los últimos años más han contribuido a la creación de empleo. Si ustedes miran dónde se crea empleo verán que es exactamente en las pequeñas empresas.
Desgraciadamente algunas empresas grandes tienen que ajustar sus infraestructuras según la competitividad y a veces desgraciadamente también el empleo, cosa que igualmente pasa en las pequeñas empresas, pero la creación de empleo es fundamentalmente
en las pequeñas empresas.
Por otra parte hay una realidad que está muy clara, y es que el corazón de la competitividad, la duradera, la de largo plazo, se encuentra cada vez más en los intangibles, en la información, el conocimiento, la innovación permanente y la
capacidad de gestión, pero seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo en que materias primas, maquinaria, tecnología, etcétera, se puede comprar en cualquier parte y que el capital humano es el que hace la diferencia. No quiero extenderme
demasiado porque tengo un tiempo limitado, pero desde nuestro punto de vista el capítulo importante que habría que resaltar sería la inversión en personas. Podemos estar hablando de inversión en tecnología, en medio ambiente, etcétera, por
supuesto, pero en el corazón de la actividad empresarial y, no nos olvidemos, de la creación de riqueza y empleo que se produce exclusivamente a través de las empresas, el gran titular sería la inversión en personas, que no puedo entrar a detallar
ahora con todos los matices, pero déjenme decirles algunos aspectos de lo que consideramos inversión en personas. Una primera parte, calidad en las relaciones laborales, calidad en las infraestructuras de la educación, excelencia en el sistema
educativo, inversión en capital intelectual y en gestión del conocimiento de la empresa, inversión estratégica en la formación profesional, y desde nuestro punto de vista debería de ser no solamente inversión estratégica en formación profesional
sino con el objetivo de alcanzar la media de los tres países más avanzados de Europa; es decir, competimos en el mundo con productos y esos productos llevan incorporados conocimiento, formación, habilidades. Si no somos competitivos en formación
profesional no vamos a poder serlo nunca en productos, con lo cual pensemos también en esta situación.
La situación de la formación profesional como un gran capítulo, aproximándome ya al núcleo de mi intervención, de acuerdo con los datos de Eurostat el porcentaje de estudiantes de la Unión Europea en bachillerato y formación profesional es
el siguiente: la media de la Unión Europea, 58 por ciento formación profesional, 42 por ciento bachillerato; la media de España, según la misma fuente Eurostat, 41 por ciento formación profesional y 59 por ciento bachillerato; es decir, estamos
exactamente a 17 puntos de diferencia, desde mi perspectiva una diferencia negativa. La riqueza de los países más avanzados es la siguiente: Alemania, 68 por ciento; Austria, 74 por ciento; Bélgica, 68 por ciento; Reino Unido, 67 por ciento;
Países Bajos también en torno al 64 por ciento. Es decir, estamos a 17 puntos de la media pero a 30 puntos de los países más avanzados. La riqueza de estos países se fundamenta precisamente en la formación profesional de que disponen; seguramente
no sólo en ella, pero me atrevería a decir que gran parte de su riqueza y de su presencia en el mundo depende de la formación profesional.
Sería muy interesante saber -aunque no dispongo del dato- qué pasa con los estudiantes de formación profesional terminada ésta, si pasan luego a la universidad, como ocurre en Alemania. Ya digo que no dispongo del dato de España para
contrastarlo con él. No obstante, me temo que, desgraciadamente, habrá una gran diferencia entre el número de estudiantes de formación profesional que pasa a la universidad en Alemania, Austria u Holanda, y el que pasa en España. Por supuesto, hay
un avance de la formación profesional actual sobre la que teníamos en nuestra época: hoy se puede pasar a la universidad, pero sería bueno conocer las condiciones que pueden impedir este tránsito.
Algo a resaltar hablando de formación profesional es que venimos de una situación histórica lastrada por su falta de prestigio. En mi época, el que no tenía capacidad para el estudio iba a formación profesional, iba porque no le quedaba
otro remedio; una situación absolutamente lamentable. No sé lo que pasa hoy, no tengo cifras. He leído un artículo en El País sobre unos datos que se presentarán esta tarde en el Senado.
En él se dice que cada vez hay menos padres que quieren
que sus hijos tengan estudios universitarios; en 1989, lo deseaba el 83 por ciento y en 2001 el 51 por ciento. Es una situación que equilibra en gran medida lo que estamos diciendo. Tenemos que agradecer a nuestros padres que nos apoyaran para ir
a la universidad, pero a lo mejor se equivocaron en cierto modo, porque todos querían tener hijos abogados, economistas, médicos, etcétera y, aunque el país vive de esas profesiones, necesita también de la formación profesional para crear riqueza.
A pesar de esta situación, los datos de inserción laboral son asombrosos.
En la Confederación de Empresarios Vascos, CONFEBASK realizamos un estudio sobre el grado de inserción laboral en la universidad del País Vasco y en el sistema de
formación profesional vasco; si quieren, puedo darles los datos luego. Es verdad que son aspectos que a veces pueden adolecer de subjetivismo, pero en resumen observamos que el 45 por ciento de los alumnos universitarios se encuentra en carreras
de bajo o muy bajo nivel de inserción laboral, mientras que tan solo un 14 por ciento de los alumnos matriculados en formación profesional tiene el problema de estar en un nivel bajo o muy bajo; es decir, que hay una descompensación. Si ustedes
van al mercado laboral o a los centros de formación profesional -por lo menos en Guipúzcoa-, no encuentran profesionales, no los hay, están todos fichados.
Otro dato que recogimos sobre el que habría que reflexionar a fondo y con tiempo -desde luego, habría que verlo a nivel estatal- es la proporción de mujeres en formación profesional, 41 por ciento, mientras que los hombres representan el 59
por ciento -60 a 40-; la formación profesional es fundamentalmente masculina. La universidad, sin embargo, empieza a ser femenina: hay un 54 por ciento de mujeres en la universidad del País Vasco y un 45 por ciento de hombres. Desde mi punto de
vista, puede deberse a razones sociales variadas -en el artículo de El País que he mencionado se citaban algunas-, pero también hay una falta de conocimiento de la realidad de la formación profesional. Les puedo decir que en Euskadi -en Guipúzcoa-
tenemos centros de formación profesional que son un auténtico lujo y que no tienen nada que ver con lo que era antes un taller de formación profesional: un apartado de una empresa grande en la que se hacía formación profesional y donde, por cierto,
se formaron muy buenos profesionales. Nos inquieta que la formación profesional no sea atractiva para la mujer porque eso nos dejará en una situación de competitividad preocupante a muy corto plazo. Las predicciones de población son alarmantes en
cuanto al descenso de la participación de los jóvenes en la campana de población. Necesitamos profesionales, sean hombre o mujeres, y necesitamos que la mujer se incorpore al mundo del trabajo y a la formación profesional.
Cuando se habla de leyes como la que se plantean ustedes -lógicamente, tiene que haber un marco legal-, conviene tener en cuenta lo que les voy a decir. Desde hace dos años, los centros de formación profesional de Guipúzcoa y ADEGUI, la
asociación empresarial, están trabajando para el largo plazo, porque se sabe que estas cuestiones no se resuelven de la noche a la mañana. Se trabaja con los centros de bachillerato y de ESO, con los padres y con los tutores de los colegios, para
enseñarles la realidad de la formación profesional hoy concretamente en Guipúzcoa. Se les enseñan las empresas y los centros de formación profesional y se les da una orientación de para qué sirve la formación profesional: además de profesionalizar
-como su nombre indica-, facilita trabajo casi inmediato; claro que dependerá de las coyunturas, pero el ambiente de trabajo es agradable y muy moderno; tenemos centros de
formación profesional que son auténticas empresas de última tecnología.
Llevamos a los alumnos de los centros de bachiller y a los padres de esos alumnos a los centros de formación profesional y a las empresas, como digo, para que vean cómo
trabajan sus hijos o los amigos de sus hijos, para que vean cuál es la realidad. Todos tenemos una idea antigua de lo que es la formación profesional -yo mismo, que tengo ya una cierta edad-, que no tiene nada que ver con lo que tenemos en el
presente. Insisto una vez más en que nos preocupa también la actitud de la mujer respecto a la formación profesional. Creo que no tienen que demostrar más yendo a la universidad y, además, no se va a conseguir más.
Alguna otra pincelada. Como les decía, tenemos prácticamente el 100 por cien de estudiantes de formación profesional colocados de inmediato. No les he dado los datos, pero créanme cuando les digo que estamos buscando profesionales formados
y no los tenemos. De hecho, el 21 por ciento de las empresas industriales de Guipúzcoa tienen puestos de trabajo sin cubrir por falta de personal cualificado. Cuando digo el 21 por ciento, me refiero a las empresas; no estoy cuantificando cuál
sería el efecto en la tasa de desempleo, etcétera; el 21 por ciento de las empresas de Guipúzcoa está en esa situación.
Como saben bien, algunos países han hecho políticas específicas realizando campañas de inmigración con la green card. Hay datos que nos dan a entender que en Europa falta aproximadamente un millón y medio de puestos de trabajo para nuevas
telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, y no se encuentran esos profesionales. De hecho, en nuestro ámbito, no tenemos ningún centro de formación profesional dedicado a nuevas tecnologías. Tenemos ingenieros de
telecomunicaciones en las empresas y no vamos a tener profesionales que sepan enganchar el ordenador, arrancarlo, ponerlo a punto, etcétera, servicio que seguramente se valorará muy bien. Pues no lo tenemos todavía. Claro que eso no quiere decir
que no se haga absolutamente nada; se están haciendo muchas cosas, pero no hay un centro especializado, como existe en Alemania.
Es absolutamente necesario cerrar la brecha de la formación profesional, y no sólo respecto a la media de la Unión Europea. Si nos referimos a la media europea, estaremos mejor situados pero no en punta. Tenemos que prestigiar la formación
profesional, y es algo que no aparece en la ley por ningún lado. Muchas veces hay cosas que no cuestan dinero y que sería bueno hacer; que el presidente del Gobierno concediera un premio a no sé quién de formación profesional, por ejemplo; si no,
parece que la formación profesional es absolutamente marginal, y no lo es.
Hay otro aspecto en el que tenemos que trabajar; no se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezar por las cuestiones de fondo. Si la formación profesional no es atractiva para nuestra sociedad, tenemos que analizar las causas y
ver el modo de incidir en ellas. Cuesta mucho. Es un trabajo que merece la pena, como dicen algunos, pero tiene pena. Aun así, hay que hacerlo. Hay que empezar a interrelacionar a los padres, a los tutores y a los colegios. En estos momentos,
hay colegios que tienen el orgullo de decir que todos sus alumnos van a la universidad. Me parece que en ese colegio eso puede estar muy bien, pero es un auténtico desastre la pretensión de que todo el mundo vaya a la universidad. Lo siento mucho,
pero me parece que es un desastre como país.
En cuanto a la realidad empresarial hoy, perdónenme que aproveche la ocasión ante ustedes para decir que nuestros gobiernos y nuestros legisladores tienen pendiente redescubrir el valor económico y social de la pequeña y mediana empresa.
Daré los datos. En España, según el INE, hay un total de 2.518.801 empresas, de las cuales 65.643 son de más de 20 trabajadores y únicamente 1.213 son de más de 500 trabajadores, de acuerdo con la estadística de centros de cotización de la
Seguridad Social -que habla de centros de trabajo, no exactamente de empresas, pero es casi asimilable, no hay otro dato-, lo que equivale al 0,13 por ciento del total de centros de trabajo. ¿Para quién estamos legislando? ¿Estamos legislando para
el 0,13 por ciento? Porque, si estamos legislando para el 99,87 por ciento, tendremos que analizar cuáles son las consecuencias, que las tiene, tanto en esta ley como en otras que ustedes hacen. Les voy a poner un pequeño ejemplo. La República
Federal Alemana tiene una ley que se llama: ley para pequeñas sociedades anónimas. Ustedes no conocen eso en nuestro entramado jurídico. Tenemos la Ley de Sociedades Anónimas, pero se refiere a Telefónica, Banesto, etcétera. Cuenta con todos mis
respetos, seguramente es una perfecta legislación para esas empresas, pero no para el 99,87 por ciento.
Háganme caso, por favor. Cuando legislen con esta nueva ley piensen en esto que estoy diciendo. Lamento no poder decirlo ante el Pleno, pero creo que sería importante que se dieran cuenta de cuál es la realidad.
Esta es la realidad. En
Guipúzcoa nos pasa lo mismo, tenemos 60.000 empresas, pero solamente tenemos 107 de más de 100 trabajadores. Quiero decir que no es que solamente se haga mal en un sitio, sino que se hace mal en todos porque al pensar en la empresa se está pensando
en las multinacionales o en las empresas muy grandes en la mayoría de los casos.
En la Unión Europea se habla de la ficha de impacto. Efectivamente, las leyes tienen que pasar por la ficha de impacto, desde el punto de vista de las empresas. No creo -por lo menos, no dispongo de esa información- que haya una ficha de
impacto de la nueva ley de formación profesional.
No queremos subvenciones sino leyes que verdaderamente se puedan aplicar y que fomenten la inversión. Queremos un sistema educativo
estrechamente ligado a la empresa, que podamos hacer prevención de riesgos laborales, vigilar el medio ambiente de una manera eficaz, y luchar por el empleo, la internacionalización, etcétera. Si en estos momentos ustedes van a estos textos
articulados que les acabo de enunciar y si tuvieran una empresa de 10, 15 ó 20 trabajadores, verían la complejidad que supone esta legislación. No porque sea complejo no hay que legislar, pero hay que tener en cuenta si, efectivamente, se puede
cumplir. La situación de los accidentes laborales es un auténtico drama. Tenemos una perfecta Ley de prevención de riesgos laborales, pero apliquémosla, por favor, a una empresa de 10 trabajadores, aunque sea en un solo ejemplo, y veamos lo que
supone aplicar una ley de este tipo.
Hay otra cuestión que verdaderamente no nos favorece en mucho. Tenemos un índice de temporalidad en el mercado de trabajo español del 32,7 por ciento, frente al 13,2 por ciento de la Unión Europea. Los empresarios tenemos necesidad de una
contratación estable porque la excesiva temporalidad está perjudicando la competitividad de las empresas. Las inversiones en formación continua son difícilmente rentabilizadas. Es muy difícil rentabilizar cuando tenemos gente que entra y sale y un
33 por ciento de temporalidad. Se quiebran los procesos de adquisición de conocimientos, que cuestan muchísimo -se lo puedo asegurar-, se incrementa la siniestralidad, no fomenta los proyectos de vida personales y profesionales de los individuos,
con lo cual los horizontes económicos pueden quedarse arruinados o, por lo menos, con tal incertidumbre que pueden afectarles negativamente. No voy a entrar en las causas -aunque tengo algunas-, pero nos parece que un fortalecimiento de la
formación profesional y, en consecuencia, una mayor profesionalización, puede paliar significativamente este proceso.
Otra de las cuestiones que quería plantearles es que la formación profesional es una realidad estrictamente local. Cuando hablamos de navajas se nos ocurre Albacete. Ya no sé si es así, porque quizás se hagan en Suiza o en Taiwan, pero
antes cuando hablábamos de navajas pensábamos en Albacete y cuando hablamos de papel pensamos en Tolosa, es decir, ya no nos referimos a una comunidad autónoma, sino a una parte de una localidad. Esto puede pasar lo mismo con el textil en Cataluña
que con Máquina Herramienta de Elgoibar. Es un fenómeno claramente local. De hecho gran parte de la formación profesional en Guipúzcoa o en Euskadi proviene de las escuelas de aprendices de las grandes empresas como la CAF, la Unión Cerrajera,
etcétera. Ahí empezaron los grandes centros de formación profesional y los trabajadores que posteriormente montaron sus propias empresas. Esto tiene un entronque clarísimo, como les estaba comentando, con la estructura económica y social en un
espacio. He dicho antes varios ejemplos, pero podemos destacar el de Máquina Herramienta en Elgoibar que tiene un centro de formación profesional de pantalón largo, puesto en marcha solamente desde hace ocho años. En estos momentos exportan el
modelo de formación profesional que están impartiendo en la Escuela de Máquina Herramienta. Está viniendo muchísima gente del extranjero para ver el funcionamiento de esta escuela, es decir, que nuestros conocimientos también son una ventaja
económica que se puede exportar. Ahora se está empezando a dar un nuevo fenómeno que no es nuevo, aunque sí muy reciente, por el que la existencia de centros de formación profesional es un factor más de atracción económica y más importante que
cualquier política de subvenciones. En muchas ocasiones hay empresas que no se instalan en una localidad determinada si no hay unas infraestructuras educativas suficientes como para poder trabajar en los productos que quieren trabajar. Un ejemplo
clarísimo y bestial por las sumas que se han manejado es el de la República de Irlanda que ha sido capaz, entre otras muchas cosas, de atraer a todas las empresas constructoras de ordenadores y de software, porque localmente les han ofrecido todas
las posibilidades y todas las infraestructuras de educación, tanto de formación profesional como universitaria.
Por otra parte, se favorece la cohesión económica y social de una manera espacial. Tenemos ejemplos -yo he visto algunos- de centros conjuntos de formación para pequeñas empresas y para empresarios en Alemania. Hay un centro en Koblenz -y
también en otros sitios- donde, como no todas las pequeñas y medianas empresas pueden tener su centro de formación profesional dentro de la empresa, el conjunto de empresas hacen centros de formación profesional para distintas profesiones que
utilizan durante la semana, sirviendo esas mismas instalaciones los fines de semana para los empresarios. Es decir, los empresarios prueban primero las pequeñas nuevas tecnologías de nuevos productos los fines de semana, porque ellos tienen que
aprenderlo también pues, si no, no podrán dirigir bien sus pequeños negocios. Creo que eso da, efectivamente, una buena interrelación y cohesión económica y social en un ámbito espacial concreto.
Cruzando los datos de tamaño de las empresas y la característica de local de la formación profesional, con las excepciones que lógicamente existen, me parece que no es posible hacer un tratamiento igualitario desde la lejanía de las
realidades locales obviando las estrechas relaciones entre la formación profesional, las empresas y el conocimiento acumulado y especializado de los propios trabajadores en un determinado ámbito. Es muy difícil -si ustedes lo hacen me parece
magnífico- hacer una legislación absolutamente unitaria para espacios que, efectivamente, no tienen nada que ver entre sí y en los que hay muchísimas diferencias -no diré si positivas o negativas- de adaptación y de concreción de estos actores, es
decir, de los centros de formación profesional, de los empresarios y de los trabajadores. Hay que estar muy encima de ese terreno y
conocer muy bien esas situaciones para poder ajustarse a ello desde una legislación, desde mi punto de vista, absolutamente centralizada.
Quiero hacer un último comentario, si me lo permiten, sobre el tema de calidad, tecnologías de la información, información y orientación profesional. Me parece perfecto, además estos últimos días se está hablando de una ley de calidad, de
calidad en la formación, etcétera.
¿Alguno de ustedes ha hecho calidad de verdad, procesos formalizados? Hay un pequeño problema cuando el proveedor es público, cuando es un centro público o cuando es una empresa pública, porque una de las
primeras cosas que se hace en las empresas es hablar de proveedores homologados. Uno de los proveedores homologados más significativos de un centro de formación profesional o de una universidad es el propio Gobierno, el propio Parlamento, etcétera.
Si no se ajustan para poder dar la calidad necesaria, deberían cambiar de proveedor; en este caso no se puede cambiar de proveedor, con lo cual o el propio Gobierno o el propio legislador se comprometen a garantizar la calidad de los servicios que
tienen que prestar a los centros o si no ese centro no va a poder dar calidad; no es una cuestión de exámenes, se puede evaluar y se puede ver dónde puede fallar la calidad, pero les digo una cosa, que a lo mejor habría que cambiar de proveedor, lo
que pasa es que no podremos ir ni al Gobierno francés ni al Gobierno alemán, que seguramente en el tema de formación profesional nos gustan más. No podemos hacer eso, con lo cual tiene que haber una garantía de calidad por parte de quien legisla,
si no hay garantía de calidad no se puede dar calidad.
Además, el proyecto está plagado de estos conceptos que he comentado antes: calidad, tecnologías de la información, etcétera. No voy a entrar en tecnologías de la información porque es un campo suficientemente amplio, pero sí diré que
somos uno de los países más retrasados de la Unión Europea, porque no se trata de ver cuántos chicos y chicas de más de catorce años han entrado en el último mes, que es una de las medidas -y ahí nos pondremos contentos porque en muy poco tiempo
hemos subido mucho desde una base muy baja-; repito que somos uno de los países que peor está entrando en la sociedad de la información. Todo esto viene a cuento porque la memoria económica dice que dichas acciones no presentan costes añadidos
sobre los ya establecidos. Sinceramente me sorprende, incluso cuando plantea que exige considerar la experimentación en la oferta formativa de la formación profesional como una actuación prioritaria y estratégica. Muchas de estas cuestiones son de
organización, de motivación, de voluntad, de voluntarismo en muchos casos, para hacer las cosas bien, para hacer la mejora continua, en las que la financiación no es el primer tema crítico. Pero exigir estos esfuerzos de innovación, de mejora
continua, de introducción de nuevas tecnologías sin presupuestos complementarios, desde mi punto de vista, es una auténtica irrealidad.
Por otra parte, no creo que se pueda denominar una actuación como estratégica cuando no se repiensan los presupuestos formulados con anterioridad a este proyecto de ley; es decir, hay un escenario presupuestario que está realizado, según
tengo entendido -si no es así ruego que me corrijan y me disculpen-, pero si no es así me parece que no se puede hacer una ley de estas características; sin que haya presupuestos complementarios, no sé cuánto se necesita, no se pueden hacer todas
estas cosas. No nos engañemos.
Quizá he hablado en términos de blanco y negro; hay muchos matices en cada una de las afirmaciones que he hecho, en algunas de las críticas y en algunas de las propuestas también. He hecho un guión de conclusiones que leeré de manera
rápida, si el presidente me lo permite y tengo tiempo, que entra directamente en algunas de las cuestiones del proyecto de ley.
Me parece -puedo estar equivocado- que está ausente un diagnóstico de la situación actual de la formación profesional en
España y además en contraste con la Unión Europea. Tampoco sabemos -yo no lo sé en estos momentos, después de leer los papeles del proyecto de ley- cuál es el escenario al que queremos llegar, si queremos llegar al promedio de la Unión Europea, si
queremos quedarnos como estamos y hacer algunas mejoras o queremos ser más ambiciosos y queremos llegar al nivel de los países más avanzados en este terreno.
Segundo comentario al proyecto. En la exposición de motivos del proyecto de ley no se hace ninguna referencia al papel de las empresas, a la competitividad, a la convergencia económica y social con la Unión Europea, a la contribución de las
empresas al crecimiento y a la creación de riqueza; cuando existe, parece una cierta literatura para que sea correcto políticamente. Creo que no está reflejado el papel de las empresas.
Por otra parte, se habla en el artículo 6.º de la colaboración de las empresas, de otros agentes sociales y de otras entidades; me sigue pareciendo que es casi un complemento obligado. Le voy a decir por qué.
Porque en el sistema dual
alemán las empresas están exactamente en el mismo plano de igualdad que los centros de formación. De hecho en Alemania, como ustedes saben, tres quintas partes de la formación se hace en la empresa y dos quintas partes en el centro de formación.
Cuarto comentario. Desde mi punto de vista no se tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial. Como decía antes, sólo el 0,13 por ciento de las empresas son empresas de más de 500 trabajadores. Les hacía también una sugerencia en
este sentido, en Alemania existen centros conjuntos de formación para empresas pequeñas e incluso formación para los empresarios de las mismas.
Punto quinto de mis conclusiones. En la financiación de la formación profesional no se tienen en cuenta
los costes que tienen las empresas para adaptar a los alumnos al puesto de trabajo. La formación no es un gasto es una inversión que está en estos momentos en clara desventaja con la promoción de inversiones tangibles e innovación.
Sexto punto. Ya he hecho el comentario. El proyecto de ley no recoge un presupuesto adicional para la calidad e implantación de las tecnologías de la información y comunicación así como de la orientación personal.
Séptimo punto. Acepto que puede ser un error, una falta de información por mi parte, pero en mi opinión no hay aportaciones directas ni del Ministerio de Ciencia y Tecnología ni del de Hacienda, en el caso del Ministerio de Ciencia y
Tecnología para ver el tema de las tecnologías de la información, y en el de Hacienda para analizar la interrelación del sistema educativo y fiscalidad de las empresas, ni un análisis comparativo con los países de la Unión.
Como punto octavo diré que basándonos en este proyecto no sé cómo se integra la financiación del sistema de formación continua en el esquema general de la formación profesional. Estamos diciendo que estamos haciendo la integración de los
tres subsistemas. No sé cómo encaja todo eso.
Punto noveno. Los centros de referencia no parece que se puedan crear ex novo por decisiones administrativas sino por la excelencia objetiva demostrada en años de trabajo desde la base, con relaciones de calidad con el entorno y con
resultados contrastados en los que se refleje la calidad de la formación impartida. Artículo 11.7. El tema de los centros de referencia me preocupa mucho porque parece que se establecen en todas las comunidades autónomas centros de referencia por
sectores, no sé si es que todos los sectores van a estar en todas las comunidades autónomas o en cada comunidad autónoma que tenga una cierta especialidad se va a crear un centro de referencia; no lo sé.
Me preocupa muchísimo el desarrollo reglamentario. No existe todavía y el hecho de que me preocupe significa que me estoy poniendo la venda antes de la herida. Digo esto porque creo que hay muchas ambigüedades y posibilidades de
interpretación en el proyecto de ley que lógicamente se deberían aclarar en el reglamento. Todas esas circunstancias hacen que en estos momentos no pueda tener un juicio más estricto sobre el proyecto de ley.
Por otra parte, el proyecto de ley debería exceder las expectativas de los sectores involucrados en la formación profesional. Debería ser innovador, debería analizar las mejores prácticas europeas -si se ha hecho, perfecto- y remover las
causas que hacen que la formación profesional no tenga la atracción que posee en los países más avanzados de la Unión Europea.
Por último -y acabo-, déjenme señalar aspectos positivos, que lógicamente los hay, aunque me he centrado mucho en los que me parecen más críticos.
Me parece que la integración e interrelación de los tres subsistemas actuales, el reglado, el
ocupacional y la continua, es una buena propuesta; habrá que ver cómo se conjuga eso posteriormente, pero creo que es un buen objetivo de la ley. Me parece que la creación del sistema nacional de cualificaciones, con el reconocimiento y
acreditación de los distintos aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, es muy importante. Me parece también muy importante, aunque está muy ambiguo -al menos así lo creo yo- en el artículo 11.3, la posibilidad de impartición de formación
profesional por las empresas. Quizá faltaría añadir -no lo hago a título de enmienda formal, pero sí se lo transmito a ustedes- 'y grupos de empresas', porque algunas pequeñas empresas podrían agruparse y podrían dar formación profesional en algún
centro concreto, por ejemplo, en el mismo centro de formación profesional del pueblo.
En términos muy generales, muy simplificados, estas son mis opiniones. Me he excedido en el tiempo, señor presidente, y le ruego me disculpe. Esta es la visión de un no experto en el tema de la formación profesional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Urchegui, por su interesante intervención. Si los grupos parlamentarios desean hacer algún comentario, observación o pregunta, ahora es el momento. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor Ruiz Urchegui, la observación es agradecerle toda la información. Tenga usted constancia de que hemos tomado buena nota de sus amplias y extensas observaciones que van mucho más allá de este texto legal, se
han extendido a la situación económica y empresarial en la que este texto legal se enmarca. Usted conoce bien, aunque no se pronuncie políticamente, que la perspectiva que puede tener un grupo como el mío coincide sustancialmente con todo lo que
usted ha expresado sobre el peso de la pequeña y mediana empresa, sobre su importancia económica, sobre el concepto mismo de formación profesional en ese marco y, por tanto, poco me queda que añadir. Hago propias las observaciones que ha hecho -no
solo en términos constitucionales, que es a lo que a veces puede parecer que queda reducido, sino en términos económicos- respecto a la imposibilidad de reglamentar la formación profesional hasta sus últimos extremos desde la capital del Reino para
que eso afecte por igual a Durango, a Manlleu y a Albacete. Eso no tiene sentido, no encaja para nada no solo con nuestra realidad jurídica, sino con la propia realidad económica. Todo cuanto usted ha dicho en esa dirección nosotros lo
compartimos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marzal.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Ruiz Urchegui; sea bienvenido. En primer
lugar, quiero agradecerle su recuerdo para la última víctima del terrorismo. En segundo lugar, su exposición me ha parecido magnífica, muy documentada, vista desde la realidad concreta, con gran cantidad de aportaciones que, personalmente,
me han parecido sumamente interesantes.
Tenía algunas preguntas planteadas a las que usted mismo ha respondido en su exposición; ahora voy a formularle algunas que tienen que ver con algo que usted ha dicho y otras que tienen que ver con algo que
no ha mencionado y sobre lo que me interesaría también saber su opinión.
En primer lugar, usted ha dicho que no se menciona en la ley la necesidad de prestigiar la formación profesional y que, aunque fueran palabras comunes, sería interesante que se hiciera. El Grupo Socialista considera que este prestigio que
la formación profesional viene demandando hace tiempo, en parte no se resuelve en la ley, porque no aparece para nada la figura de un órgano de dirección que pueda impulsar y desarrollar la formación profesional, tal y como la propia ley pretende, y
con la que todos podríamos estar de acuerdo. Me gustaría saber qué le parece a usted esta figura en esa única dirección y, tal y como está formulado el proyecto de ley, quién le parece a usted que se puede hacer responsable de ese impulso, de esa
necesidad de estímulo y de ese prestigio que la formación profesional tiene pero que, en nuestra opinión, no se recoge.
En segundo lugar, nos ha dicho que le hagamos caso y que tengamos en cuenta para quién estamos legislando. El problema del tejido empresarial español es un hecho evidente que ha repercutido muy directamente en los temas de formación
profesional continua. Yo le pregunto si no echa también en falta una regulación en nuestro país de la formación profesional continua. En otros países europeos ya está desarrollada y sin embargo, en esta ley no se hace ninguna referencia a ella,
teniendo en cuenta que -quizá no lo ha dicho en esos términos, pero yo lo he aplicado a lo que pensaba- existe una escasa cultura de formación continua, sobre todo entre las pequeñas empresas, porque tienen unas dificultades especiales para acometer
ese tipo de acciones. Si hablamos de las empresas de más de 500 trabajadores probablemente todas lo tienen resuelto, pero cuando hablamos de la pequeña empresa el tema de la formación continua está sin resolver. Nos interesa también saber su
opinión sobre el hecho de que apenas se hace mención de la formación continua en el proyecto de ley y sobre la posibilidad de generalizar ese derecho que todos tenemos y que solo se realiza en un sector parcial de la población.
En tercer lugar, quería hacer otro comentario. Usted ha hablado de los centros nacionales de referencia, pero no ha hablado de los centros integrados -quizás si ha hablado aunque no los ha denominado así- que en el País Vasco vienen
funcionando con bastante éxito y son apreciados por los usuarios y por los expertos en formación profesional. Yo le pregunto qué le parece a usted que el Gobierno introduzca en su ley, como uno de los grandes talismanes que se manejan en este caso,
la creación de centros integrados -que, por otra parte, algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, ya han desarrollado sin necesidad de una norma de este tipo-, qué le parece que sea el Gobierno el que tenga que poner en marcha estos centros
y si no sería suficiente que estuvieran supeditados al desarrollo de las competencias de cada comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Agradezco a don José María Ruiz Urchegui su exposición. En ocasiones precedentes hemos tenido oportunidad de dialogar amplio y tendido sobre estas cuestiones. Como decía el portavoz de Convergència i Unió, en
algunas materias ha ido más allá incluso del campo estricto de la comparecencia en torno al debate de la ley de formación profesional.
Empiezo mi intervención repitiendo lo que he dicho en las dos anteriores comparecencias y que comparto con el compareciente, cual es la importancia de que la formación profesional deje de tener esa connotación social no solo de desprestigio
sino de que las personas que acuden a ella se consideran rebotadas -permítaseme la expresión- por el fracaso escolar o por no poder avanzar en otros ámbitos educativos y formativos de la vida. Creo que ello no puede ser solucionado porque un
artículo de la ley diga que somos estupendos, que la formación es magnífica y que, por lo tanto, nuestros conciudadanos que acuden a la misma tienen un gran reconocimiento social. Es la propia sociedad, son ustedes los empresarios, somos nosotros
los políticos, son los señores de la prensa que pueden informar ante la opinión pública, somos, en definitiva, quienes tenemos un impacto en la opinión, los que debemos trasladar algo que usted ha estado poniendo encima de la mesa: las diferencias
en nuestra estructura formativa en relación a países de nuestro entorno con los que debemos competir respecto al número de universitarios y al número de alumnos de FP. La FP es un instrumento valiosísimo de autoestima, de valoración personal, de
formación y, además, formación a lo largo del tiempo, pero además es un acceso -como ocurre en la experiencia guipuzcoana y no solo en ella- que hace que no solo no haya prácticamente desempleo, sino que los empresarios tengan que competir para
fichar a determinadas personas que terminan un proceso de formación profesional.
Esto me parece capital, porque podemos dotarla presupuestariamente con más o menos dinero, podemos hacer una ley mejor o peor, pero, al final, si no existe una
dinámica social que perciba esto y se quiera imbricar -como ustedes están haciendo- en los padres de alumnos de ESO y bachillerato, me parece que no resolveremos el problema.
Usted ha dicho algo que yo comparto a medias. Parece que es una acuñación moderna que da por sentado que es así, y yo no lo veo tan claro. Se habla de la formación profesional local. Yo digo que en buena medida, sí, pero luego vemos que
un país que está actuando de una forma positiva en la formación, como, por ejemplo, Irlanda, lo que ha hecho ha sido atraer empresas externas. Nosotros no creemos que haya promovido en sí misma una formación local, la habrá promovido en función de
las empresas a las que atraía y, por lo tanto, está calificando -si se me permite la expresión- de una forma generalista a personas que podrían incidir en trabajos en este caso vinculados a las nuevas tecnologías. Esto me parece que no casa
exactamente con la afirmación ad omnia de que todo es local. Yo creo que uno de los problemas que puede tener la España de hoy es que en Sevilla sobre un fresador que a lo mejor hace falta en Elgoíbar. Yo estoy acostumbrado a que los empresarios
nos demanden, creo que con acierto, la necesidad de una intensidad en la movilidad geográfica de los trabajadores, pero esto supone reconocer que hay una formación que es tan aplicable y válida en un momento determinado en Madrid, como en Barcelona,
como en San Sebastián. Por lo tanto, yo digo: Sí hay actuaciones locales, porque están a ras del suelo, en las demandas concretas en las empresas que están en aquel lugar, pero hay una formación de conjunto, una formación polivalente, una
formación válida de quien está adecuadamente preparado y es tributario de poder ser contratado en cualquier lugar.
Me preocupa el dato que se daba respecto a la presencia de las mujeres en la formación profesional en relación con la universidad, más aún en nuestra tierra guipuzcoana, porque si el problema de la natalidad a nivel de toda España es grave,
allí es gravísimo. Hace poco hablábamos en el País Vasco de la pérdida de 85.000 personas dentro de la población activa de aquí al fin de la década y, por lo tanto, de la exigencia de buscar fórmulas para paliar este problema y que pueda seguir
existiendo un desarrollo económico y competitivo de creación de riqueza, tanto en nuestra tierra como en el conjunto de España. Hace poco teníamos la oportunidad de discutir esto mismo en Barcelona en un debate, organizado por el mundo de la
empresa catalana. Me parece que es un tema que hay que abordar y que esta ley pretende abordar, que es la inadecuación entre la oferta, por un lado, y la demanda, por otro; el divorcio entre la preparación de algunos de nuestros conciudadanos y
los requerimientos reales de las empresas, que yo entiendo que aquí se pretende corregir.
Usted ha hecho una valoración en relación con la pequeña y mediana empresa que yo comparto totalmente. Simplemente, he de decir que el 98 por ciento no nos preocupamos de las grandes empresas. Quizá los políticos seamos a veces malos
comunicadores. Esta misma Cámara tiene una subcomisión sobre la pequeña empresa y los autónomos, de manera que se está trabajando en esta línea. ¿Que habría que haberlo hecho hace más años? Probablemente, y más desde nuestra perspectiva
guipuzcoana, que hemos bautizado nuestra provincia como taller de talleres, por ejemplo, en relación con Vizcaya.
Efectivamente hay que dinamizar y yo creo que este Gobierno ya ha tomado algunas medidas de orden fiscal, de orden administrativo y de
otro tipo.
Estoy totalmente de acuerdo en que hay que avanzar y que al pequeño empresario no hay que ponerle tantas trabas, tantas rigideces, tanta ley difícilmente asumible. Usted hablaba de los accidentes de trabajo y yo comparto que tenemos una
buena ley, pero difícilmente aplicable a ese entorno. Discrepo, sin embargo, de su afirmación respecto a que allí se produce un gran nivel de siniestralidad; la estadística dice otra cosa.
Yo creo que en España es la mediana empresa la que está
sufriendo el mayor nivel de siniestralidad laboral, aunque afortunadamente en el último año los accidentes mortales se han reducido en un 10 por ciento; ojalá hubiera sido un 50 por ciento. En fin, vamos avanzando en este sentido.
Usted nos hablaba también del cambio de proveedor cuando no hay garantía de calidad. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí nos examinamos cada cuatro años, como mucho (con el señor Aznar, cada cuatro años; con otros presidentes probablemente
cada menos tiempo), y entonces se nos da o se nos quita el bienhacer que todos los grupos políticos pretendemos para nuestra tierra, con nuestros defectos y con toda nuestra buena fe. Por eso pedimos su colaboración y su presencia hoy aquí. Creo
que hay mecanismos, pero en nuestra situación concreta, histórica, social, que no es la de Alemania por mucho que yo comparta las querencias manifestadas por el señor Ruiz Urchegui, estamos donde estamos.
Usted nos hacía una serie de recomendaciones finales y con algunas estamos de acuerdo -todas las estudiaremos con detenimiento, me puede creer-, pero hacía unas que yo no puedo dejar de comentar, básicamente las cuatro primeras. Hablaba de
la actual situación de la FP y de a dónde queremos llegar. Decía que en la exposición de motivos no figura lo relativo al artículo 6 o al 11.3. Para mí, desde luego, es más importante que esté en el texto articulado que en la exposición de motivos
y creo que compartirá conmigo esta opinión. Decía que el artículo 6 no llega al modelo alemán.
Efectivamente, pero el artículo 6 supone una mejora en relación con la situación precedente de la formación profesional, es un avance significativo, es
un camino de transición y vamos en un iter positivo hacia delante. Al final, decía que no se tiene en cuenta el tejido empresarial. Yo aquí tengo que decir algo, aunque comprendo cómo y por qué lo dice. El Consejo general de formación
profesional, donde entre otros está la representación del empresariado español, podrá tener más o menos aciertos, ser más o menos representativo, pero aquí no es inaudita parte. Se han escuchado las
reivindicaciones, los planteamientos, las demandas, y aunque no todas se hayan esbozado en el texto del proyecto de ley que debatiremos aquí, lo cierto es que se han recogido los problemas, los diagnósticos y las soluciones en buena medida.
Para concluir (usted ha empezado aludiendo a una tragedia que lamentamos todos; desgraciadamente usted y yo conocemos muy bien eso), quiero trasladar nuestro pleno apoyo al empresariado vasco, y al empresariado guipuzcoano en particular,
más aún cuando ayer mismo tuvimos la oportunidad de conocer cifras negativas en cuanto a la confianza empresarial para este año en nuestra tierra. Tienen todo nuestro apoyo, porque la auténtica sociedad somos todos, y ustedes son imprescindibles
para que haya empleo, riqueza y prosperidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Ruiz Urchegui, quería hacerle una pequeña observación. Dentro de la falta de prestigio social de la formación profesional, usted ha hecho una referencia a que hay una ausencia, incluso,
de premios o de reconocimiento de la formación profesional. En el año 1998, efectivamente, había esa carencia. Había los premios nacionales de bachillerato y los premios nacionales de carreras universitarias, pero no había nada de formación
profesional.
Modestamente, me puedo vanagloriar de que, siendo yo secretario general de Educación y Formación Profesional, en el año 1998 se crearon unos premios con los que son reconocidos públicamente con unas aportaciones los mejores expedientes
anuales de toda la formación profesional. La primera convocatoria para conceder estos premios tuvo lugar en el año 1999, incluso fueron entregados por el presidente del Gobierno, y a partir de ahí están en plena normalidad. Yo creo que ha sido una
aportación a esta mejora del prestigio de la formación profesional que todos consideramos necesaria.
Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE GUIPÚZCOA, ADEGUI (Ruiz Urchegui): Muchas gracias, señor presidente. Le ruego me disculpe por no conocer el premio nacional de formación profesional. Es un problema mío, pero
quizá se debe a que tenemos un problema de comunicación en la sociedad, es decir, estos premios existen y, sin embargo, no los conozco, aunque esto no quiere decir absolutamente nada.
No sé si voy a poder responder a todas las cuestiones. En primer lugar, señora Marzal, tengo que decirle que el prestigio va ligado también a lo que han dicho don José Eugenio Azpiroz y el señor presidente. Yo creo que lo que hay que ver
es cuál es la situación del prestigio. Los expertos podrán medirlo y se podrá ver qué acciones podemos hacer para mejorar esos datos. Seguramente es un trabajo de muchos. El señor Azpiroz ha comentado que es un trabajo nuestro y efectivamente es
así, y lo hacemos; pero yo creo que es un trabajo conjunto de aquéllos que sientan que la formación profesional es importante en sus propios ámbitos, locales, estatales, internacionales, etcétera. Creo que merece la pena hacer un esfuerzo, porque
muchas veces se nos olvida.
Centro de dirección. Me parece absolutamente acertado, aunque no conozco exactamente la fórmula que se plantea. Por lo que he conocido de la formación profesional anterior, en el sentido de que uno de los profesores hacía de director del
centro de formación profesional, esa situación, que no sé si se da ya, me parecía una aberración porque se daba el caso de que nos quedábamos sin un buen profesor de matemáticas y teníamos un pésimo director. Hoy en día el tema es mucho más
complejo, pero son auténticas empresas del conocimiento, y un centro de formación con una cantidad de trabajadores, en este caso entre comillas, de alumnos que están trabajando ahí, de profesores y de colaboradores, yo creo que necesita una
dirección muy exigente. Ahora, respecto a cómo se forma y quién la debe de formar, creo que habría que analizar todo muy bien.
Insisto, es una empresa del conocimiento y creo que deberíamos estar buscando una persona, gerente o consejero delegado
-no sé cómo denominarle-, para una empresa del conocimiento, porque yo entiendo que tiene esa dimensión. El tema no es fácil y no puedo pronunciarme en estos momentos por una fórmula concreta.
Cuando les he pedido que me hagan caso, lo he dicho en términos cariñosos e impersonales. De todas maneras, espero que me hagan caso porque igual son propuestas que les pueden interesar, ya veremos.
Dentro de este capítulo de conclusiones, se nos habla de la formación profesional continua, pero yo no veo la integración, el encaje de la financiación de los distintos apartados de la formación profesional.
Efectivamente, el proyecto de
ley menciona alguno -el Fondo Social Europeo y presupuestos generales-, pero no cabe duda de que dentro de la financiación deberíamos considerar otros aspectos como, por ejemplo, qué pasa con las empresas que están financiando formación profesional;
me da lo mismo que sea reglada, continua. No olvidemos que las empresas que están contratando formación profesional en muchísimos casos tienen excelentes trabajadores bien formados pero en muchísimos casos también hace falta una adaptación de más
de un año para que esa persona que ha venido de un centro de formación profesional o de la universidad se adapte al puesto de trabajo concreto, con lo cual se incurre en costos, que también es financiación; otra cosa es que sea financiación
privada.
¿Cómo hacerlo? Así a bote pronto no sé cómo se integraría esa cuestión, yo mismo he planteado esa duda. En cuanto a los centros integrados, deberían dejar que se fueran haciendo; la experiencia que tenemos en Euskadi es buena. Antes he
comentado que deberíamos estudiar las mejores prácticas europeas a fin de ver qué modelos se están realizando, cómo se están haciendo esas cuestiones. En ningún caso pretendo copiar -el señor Azpiroz lo ha comentado antes- ningún sistema
social por muy bueno que sea, sencillamente porque no se puede. Pero se pueden ver mejores prácticas en aspectos concretos y merece la pena tener curiosidad por ellas y ver cómo se resuelven en esos ámbitos.
Discúlpeme, señor Azpiroz, pues por sus respuestas me he dado cuenta de que quizás he sido demasiado incisivo. Solamente quería provocar, también en términos cariñosos, en el sentido de poner las cuestiones en blanco y negro. Antes decía
que los problemas que he planteado estaban sin matices, eran en blanco y negro. Cuando he afirmado que toda la formación profesional es local, efectivamente la excepción confirma la regla, pero en general es local: si analiza usted los centros de
formación profesional existentes -me da lo mismo en cualquier región o localidad- verá que cuando hay un centro de formación profesional de máquina-herramienta es porque hay máquina-herramienta al lado y cuando hay un centro de formación profesional
del papel es porque la industria del papel está al lado; imagino que en Cataluña pasará lo mismo con el textil y que en todos los sitios pasará exactamente lo mismo. ¿Qué haya además un centro de formación profesional de internacionalización? Muy
bien; o un centro administrativo, pero ese centro administrativo estará porque es genérico, con lo cual sirve efectivamente para todos los sitios. Además, la gente que acude también es muy local. Por otra parte -usted confirmaba el tema- la
movilidad o la inmovilidad no de los trabajadores, sino de todos nosotros, hace que todo ese entronque sea muy local, con las excepciones lógicas. He dicho que se dedica el 98 por ciento a la gran empresa y le pido disculpas otra vez porque no es
ningún dato objetivo, pero a veces desde el mundo empresarial apreciamos que hay un encaje muy difícil de los textos legislativos con la realidad empresarial, hay mucha dificultad y al hablar del número de empresas nos referimos mayoritariamente a
empresas de menos de 20 trabajadores donde cualquier texto legal que tenga una cierta complejidad -y la mayoría la tienen- lo hace muy difícil y supone unos sobrecostos que nos lastran. Si otros países no tienen esos sobrecostos tendremos
efectivamente más problemas. La Ley de pequeñas sociedades anónimas me parece muy emblemática desde ese punto de vista. Sociedades anónimas tenemos en todos los países de la Unión y, sin embargo, de pequeñas sociedades anónimas sólo la hay en
Alemania. El tema de la siniestralidad no lo he ligado directamente. He dicho que lo que haría una formación profesional al profesionalizar todavía más es paliar en parte esa situación, pero no cabe duda de que con un 30 por ciento de temporalidad
en el trabajo hay mayor facilidad de que haya más riesgo laboral, la gente es menos experta. Otra cosa es que la estadística dé los datos que da, y por ahí se puede comprobar. Soy consciente de que seguramente no he contestado a todas las
preguntas, pero sí a la mayoría de las cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz Urchegui, le reitero el agradecimiento por su intervención, que ha sido muy ilustrativa para los distintos grupos parlamentarios y estoy seguro de que verán con mucha atención lo que usted ha dicho, aunque en
todo caso queda reflejado en el 'Diario de Sesiones' de la Cámara.
- DEL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO DEL 'CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL' (ROIG I VINYALS). (Número de expediente 219/000303.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente intervención, relativa a la comparecencia de don Jordi Roig i Vinyals, secretario ejecutivo del 'Consell Catalá de la Formació Professional'. Le doy la bienvenida y le agradezco que haya
aceptado la invitación de esta Comisión para ilustrar sus puntos de vista sobre el proyecto de ley de formación profesional.
Como sabe S.S., tendrá usted una primera intervención, después lo harán los grupos parlamentarios y a continuación podrá
contestar a las preguntas que le formulen. Vamos mal de tiempo y rogaría a todos que utilicemos el nuestro con la mayor brevedad posible.
Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO EJECUTIVO DEL 'CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL' (Roig i Vinyals): Buenos días, señor presidente. En primer lugar, deseo agradecer la invitación al Consejo Catalán de Formación Profesional en la participación
de esta Comisión sobre formación. En primer lugar, me presentaré. Soy el secretario ejecutivo del Consejo Catalán de Formación Profesional, que es un órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno de Cataluña que se creó en septiembre de 2000 y
en el que están representados todos los agentes sociales implicados o que tienen algo que ver con la formación profesional. Hay entre ellos 10 representantes de la Administración autonómica, 10 representantes de las organizaciones sindicales, 10
representantes de las organizaciones empresariales, dos del Consejo de Cámaras, Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, uno de la Federación de Municipios de Cataluña y otro, el último, de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. La
presidencia se ostenta por rotación entre la consejera de Educación de Cataluña y el consejero de Trabajo; actualmente la ostenta Luis Franco, que es el consejero de Trabajo.
La comisión permanente del Consejo Catalán se reunió en junio y emitió su posicionamiento respecto del anteproyecto de ley de formación profesional y cualificaciones que había en aquel momento y del que me
gustaría hacer lectura. Dice: La comisión permanente del Consejo Catalán de Formación Profesional, en la sesión celebrada el pasado 5 de julio de 2001 aprobó el siguiente texto de posición del Consejo Catalán referente al anteproyecto de
ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones. Las observaciones del Consejo Catalán de Formación Profesional se han agrupado en tres ámbitos diferenciados: los aspectos competenciales, los referentes a la concepción general
del sistema cuya implantación se preconiza y la participación de los agentes sociales. En el primer ámbito, el de los aspectos competenciales, la comisión permanente dictaminó: Entendemos que el anteproyecto de ley, en su actual redactado,
sobrepasa las competencias exclusivas que la Constitución reserva al Estado y no respeta lo que se establece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin ánimo de exhaustividad se señalan algunos aspectos que no son, a nuestro entender, conformes
al ordenamiento jurídico y al sistema de distribución competencial establecido y que se reflejan en todo el articulado del borrador del anteproyecto de ley.
Entre los aspectos contrarios, se encuentran los siguientes: la pretensión de la
Administración del Estado de coordinar la gestión de las diferentes administraciones públicas -nunca el ejercicio de competencias que corresponden a una comunidad autónoma puede ser sometido al concepto de gestión coordinada-, la explícita voluntad
de entrar directamente en la gestión y administración de las enseñanzas profesionales con la creación de una red de centros nacionales de formación profesional, la cualificación de aspectos puramente instrumentales a los que se les atribuye la
categoría de básicos, y la constante remisión a futuras reglamentaciones del Gobierno del Estado. Todo esto sin perjuicio de las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución reserva al Estado en aquello que hace referencia a titulaciones
profesionales.
En cuanto al punto 2, concepción general del sistema, la creación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones desde una concepción cerrada en sí misma y excluyente deja a las comunidades autónomas en una posición
supeditada a lo que se decida, dirija y ejecute desde la Administración general del Estado. Esta concepción, además de poco eficiente, impediría la consecución de los objetivos atribuidos al llamado sistema nacional. El sistema general que se
establezca debe contemplar las especificaciones de los diferentes territorios y su estructura económica, de los cuales se tiene que nutrir. Asimismo, debe considerar las necesidades de formación de sus ciudadanos. El sistema que se establezca debe
tener en cuenta el principio de subsidiariedad en la gestión territorial. Finalmente, no hay que dejar de señalar la complejidad de los instrumentos que se dibujan en el proyecto de ley, porque comportaría notables dificultades de gestión que
podrían ser irresolubles. Los elevados costes de implantación, desarrollo y mantenimiento deberán ser explicitados y ponderados adecuadamente, con suficiencia y consenso, en la tramitación de la ley. El sistema que se establezca debe tener en su
construcción y en su desarrollo la credibilidad suficiente, ya que de lo contrario no se garantizará su buen funcionamiento.
Con respecto al último aspecto, la participación de los agentes sociales, tampoco es aceptable la falta de reconocimiento explícito tanto en la exposición de motivos como en algunos puntos del articulado del anteproyecto de ley referentes a
la participación de los agentes sociales, que se deriva de su propio marco legal de actuación, así como de su función de corresponsables, colaboradores y asesores de las administraciones públicas. La participación de los agentes sociales en la
elaboración del catálogo y en sus modificaciones o adecuaciones debería quedar bien reflejada en el texto del anteproyecto de ley. Repito que esta fue la posición de la comisión permanente del Consejo Catalán de Formación Profesional a junio de
2001.
El proyecto de ley que ha entrado finalmente en el Congreso de los Diputados ha sido modificado sensiblemente. Analizado el proyecto de ley de formación profesional y de las cualificaciones, aprobado por dictamen favorable del Consejo de
Estado del 22 de noviembre de 2001, y la proposición posterior al Consejo de Ministros del día 14 de diciembre de 2001, la cual ha sido remitida al Parlamento, entendemos que en la exposición de motivos, entre otros se deberían reflejar claramente
los siguientes aspectos. La garantía de coordinación de la formación inicial reglada y de la formación ocupacional era un mandato que la Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, establecía como obligación de las
administraciones públicas en su artículo 30. Asimismo, el segundo Plan nacional de la formación profesional 1998-2002 establecía la imprescindible integración de los diferentes sistemas de formación profesional. Quisiera resaltar la importancia
que tiene que exista una ley que ampare toda la formación profesional y las cualificaciones en el Estado español. Hacemos una lectura positiva. Es positivo en pro de la formación profesional que exista este tipo de ley; además, se trata de una
ley esperada por el conjunto de la sociedad española. La redacción final debería dejar bien claro el tema competencial, esto es, los aspectos básicos que deberían ser regulados por el Gobierno del Estado, la aplicación de esas normativas básicas en
las diferentes comunidades del Estado y las competencias del Estado. En cuanto a la construcción del sistema integrado de la formación profesional que este proyecto de ley establece, debe hacerse compatible de manera eficaz con la distribución
competencial, constitucionalmente fundamentada, entre las comunidades autónomas con competencias legislativas reglamentarias y de ejecución.
La creación de centros de formación profesional integrados, definidos como aquellos que imparten enseñanzas de los diferentes subsistemas de la formación
profesional, reglada, inicial, ocupacional y continua, es una de las competencias que la ley atribuye a las comunidades autónomas de acuerdo con los requisitos mínimos que el Gobierno, previa consulta con el Consejo General de la Formación
Profesional y el Consejo Escolar del Estado, establezca. El Estado y las comunidades autónomas deberían coordinar las acciones de información y orientación profesional que sean desarrolladas por las administraciones públicas y los agentes sociales.
La ley debería ser explícita en este sentido. También debería ser explícita y debería integrar de una forma muy activa la participación de los agentes sociales y económicos en el desarrollo del sistema integrado de formación profesional. Es
condición necesaria para garantizar que sus finalidades y objetivos puedan ser alcanzados.
Haciendo un repaso de los diferentes títulos de la ley, mencionaría que en el título preliminar la ley debería ordenar los aspectos básicos de la formación profesional y las cualificaciones y, en función de dichos aspectos, las
administraciones con competencias deberían poderlas desarrollar en su ámbito territorial. Es importante que la formación profesional esté lo más cerca posible del ciudadano, ya que de esta forma conseguiremos una formación profesional con mayor
calidad, más competitiva y de acuerdo con el entorno y sus demandas.
En cuanto al título I, cualificaciones profesionales, vemos mejor la propuesta de un sistema integrado de formación profesional y cualificaciones. A ese sistema la ley lo denomina sistema nacional de formación profesional y cualificaciones,
un sistema integrado que debería incluir el catálogo de cualificaciones y de títulos y certificados de profesionalidad, algo que la ley también menciona y recoge. El Gobierno del Estado debería definir los aspectos básicos de ese sistema integrado
de formación profesional y, en función de ellos, las comunidades autónomas deberían poder desarrollarlo y aportar cualificaciones, titulaciones y certificaciones de perfiles profesionales identificados en el territorio. El sistema nacional debería,
en función de esos aspectos básicos definidos, asumir estas aportaciones e integrarlo en el sistema de cualificaciones profesionales. Desde este punto de vista -es una percepción personal-, la ley que se propone se enriquecería.
En cuanto al título II de la ley de formación profesional, que se refiere a los centros integrados de formación profesional, se podría poner en duda que la composición y funciones de los órganos de gobierno de dichos centros sean competencia
del Gobierno. En este punto quiero resaltar que en Cataluña tenemos 13 institutos, a los que llamamos IES-SEP -institutos de educación secundaria y superiores de enseñanza profesional-, regulados por normativa y repartidos por todo el territorio.
Uno de sus objetivos es la integración de los diferentes sistemas de formación profesional, para que se puedan desarrollar en un mismo ámbito educativo. Como ya hay realidades existentes, esta ley debería recoger estos institutos que ya están
creados y que deben estar coordinados con los aspectos básicos regulados por el Gobierno. Las diferentes comunidades autónomas deberían tener competencia en la autorización de centros, de los equipos docentes, en la gestión, en la ejecución y en el
seguimiento, siempre coordinadas con el Estado y con estos aspectos básicos predefinidos.
En cuanto al título III, sobre información y orientación profesional, es muy importante para la formación profesional que haya un buen sistema de información y orientación profesional. Esto es clave para relacionar las ofertas con las
demandas. Como las demandas cambian constantemente a una gran velocidad, porque el mercado de trabajo cambia su actividad y sus organizaciones muy rápidamente, este sistema debería estar muy bien coordinado y debería ser lo más eficaz posible para
responder a esas necesidades. En este sentido, cuanto más cerca esté del ciudadano más eficaz podrá ser. El Estado y las comunidades autónomas deberían coordinar en sus respectivos ámbitos de competencias las acciones de información y orientación
profesional que las diversas administraciones públicas y los agentes sociales lleven a cabo, porque debemos informar y orientar sobre cómo está el mercado de trabajo y sobre cuáles son las profesiones demandantes, no sólo en el territorio más
cercano, sino también en el Estado y, sobre todo, de la Unión Europea. El buen funcionamiento de este sistema de información y orientación podría depender de que hubiera una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
En cuanto al título IV, de calidad y evaluación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, es muy importante hacer una evaluación del sistema nacional y después identificar la calidad.
Corresponde al Estado el
establecimiento y coordinación de la evaluación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, pero la calidad es la aplicación de este sistema nacional. Quizás sería más eficaz que las comunidades autónomas garantizaran la
calidad de las ofertas formativas en esa aplicación. No vemos muy claro que la calidad se pueda hacer desde un ámbito lejano -por decirlo de alguna manera- del territorio en el que se ejecutan estos programas formativos del sistema nacional. Una
cosa es la evaluación de los programas formativos, que podría corresponder al ámbito estatal, y otra es la evaluación de la aplicación de estos programas en el territorio concreto.
Finalmente, quisiera resaltar la existencia de diferentes consejos de formación profesional en las distintas comunidades autónomas. Si no me falla la memoria, casi todas las comunidades autónomas tienen un consejo de formación profesional,
en el que están representados todos los agentes sociales implicados en la formación profesional y relacionados con este territorio más próximo al ciudadano. Sería bueno que todos los procesos de consulta que dicta la ley, principalmente
el Consejo General de Formación Profesional, fueran extensivos a estos órganos de las comunidades autónomas, porque de esta forma se garantizaría la mejor efectividad de la aplicación de la ley en el Estado.
He intentado hacer una exposición breve de la ley y me gustaría terminar como he empezado, resaltando la gran importancia que tiene la existencia de una ley de la formación profesional que recoja todos los sistemas de formación profesional
existentes y -quisiera ir un poco más allá- los tres subsistemas que define el segundo plan nacional, que son la inicial, la ocupacional y la continua, sin olvidar el enriquecimiento que obtiene el ciudadano en el desarrollo del puesto de trabajo.
Trabajando y desarrollando un perfil profesional también se adquieren conocimientos, experiencia, competencias y, al final, cualificación profesional.
El señor PRESIDENTE: Agradezco a don Jordi Roig el carácter sucinto de su interesante información y observaciones.
Ahora pueden intervenir los grupos parlamentarios, empezando por el señor Guardans, que tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Le felicito por su exposición. Sé que esta felicitación puede parecer partidista, en la medida en que está usted aquí a petición de mi grupo parlamentario, aceptada por los demás grupos.
Su intervención ha sido
particularmente útil, ya que transmite algo que mi grupo va a intentar transmitir a partir de ahora, pero usted lo ha hecho mucho mejor que este portavoz. Se trata de dejar claras dos cosas.
En primer lugar, la importancia de que exista una ley de
formación profesional y la conveniencia de la fusión o la integración de los tres subsistemas actuales. No es que no haya obstáculo ni oposición, sino que a mi grupo parlamentario -y entiendo que es lo mismo que ha sostenido usted hoy aquí- le
parece útil, oportuno y positivo. En ese punto no criticamos que el Gobierno tome la iniciativa legislativa que le corresponde y traiga un texto a esta Cámara que intente cumplir esta función.
En segundo lugar, usted ha subrayado muy bien, alejándose de nociones constitucionalistas o estatutarias, que este texto, tal como está planteado, ignora cómo funciona hoy la formación profesional, por lo menos en algunas comunidades
autónomas, e intenta empezar de cero, con los centros de referencia, ignorando e incluso despreciando lo que existe, en la medida en que no lo reconoce. A su vez, intenta establecer un modelo absolutamente centralizado, que no sólo no se ajusta a
la realidad por razones competenciales o de respecto a los estatutos de autonomía, sino que en términos económicos o pedagógicos, tiene grandes motivos de crítica. Le agradezco su intervención, porque quedará recogida en el 'Diario de Sesiones'.
Sepa usted que esto no sólo es escuchado y leído por los que estamos hoy aquí, sino que queda constancia de ello. Es el mensaje que mi grupo intenta transmitir: la ley es importante, pero no esta ley tal cual se ha planteado. Voy a poner sólo un
ejemplo, destacando una cosa que usted ha dicho con enorme sentido común, sin acudir a grandes defensas de aspectos competenciales, ni al título VIII, ni al artículo 149.1 de la Constitución. Cuando hablamos de los títulos, del catálogo de
certificaciones, más allá del planteamiento jurídico -que también nos da la razón- de quién puede certificar qué, hay una argumentación mucho más clara, que usted ha hecho y que yo reitero y hago propia. La última palabra en la definición del
catálogo corresponde al Estado con la Constitución en la mano, pero no tiene sentido que lo que finalmente se va a integrar en ese catálogo se defina de forma centralizada desde Madrid. Tiene todo el sentido, en el marco de lo que es la noción de
lealtad constitucional, de respeto a las comunidades autónomas que también son Estado y que conocen, como nos decía el compareciente anterior, mucho mejor, porque son las que están al pie del terreno, la realidad económica, educativa y empresarial
de esa determinada parte del conjunto del territorio del Estado, que sean las comunidades autónomas las que propongan determinadas certificaciones y eso se incorpore al catálogo estatal y automáticamente, a partir de ahí, tenemos eso que tanto
preocupa por estos pagos, que es la posibilidad de uniformidad, de que lo que vale en un sitio también valga en otro. Muy bien, no hay ningún inconveniente, pero de lo que se trata no es de que todo se tenga que designar desde aquí, sino que desde
aquí se reconozca lo que aquéllos que tienen competencias para proponer proponen, elaboran y automáticamente se integra en el catálogo estatal. Ese es un ejemplo muy claro de lo que a nosotros nos preocupa de esta ley. Creo no haber dicho más que
lo que usted ha dicho con otras palabras, pero que me parece tremendamente importante.
Termino. Le agradezco mucho su exposición. Le adelanto que ya veremos cómo se desarrollan las cosas, pero es posible que esta ley siga quedándose donde estaba. Hasta este momento no conocemos por parte del grupo mayoritario una especial
disposición a modificar estos temas que nos parecen absolutamente sustanciales y, por tanto, cruzamos los dedos para que con intervenciones como la suya, que no son partidistas, que no vienen aquí a hacer reivindicación de no se sabe qué, sino que
simplemente intentan mejorar la formación profesional en España al servicio de las empresas y de las necesidades educativas del conjunto, sin dogmatismos políticos de unos y otros, quizá con opiniones como la suya, a las que intentaremos darles todo
el altavoz posible, consigamos modificar esta ley. Si no, tendremos un instrumento que será probablemente inútil y, en todo caso, muchísimo menos útil de lo que hubiera sido una ley flexible y abierta a la realidad del conjunto del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señora Marzal, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señor Roig, bienvenido y gracias por su exposición pormenorizada, en la que ha ido repasando título a título y artículo a artículo, casi, la ley, quizá exagerando, pero no cabe duda de que ha sido un repaso
pormenorizado de la ley lo que usted ha hecho y que nos ha permitido ir centrando su opinión en los distintos aspectos de una manera muy sistemática y comprensible. Su aportación en esta Comisión nos está siendo útil y nos va a continuar siéndolo,
porque nos va a permitir percibir una visión diferente, desde otro punto de vista, que es concretamente desde Cataluña o desde el Consell Catalá de la Formació Professional.
Quiero plantear algunas cuestiones precisamente en relación con lo que yo creo que usted ha mencionado, aunque no he estado aquí en ese momento, pero creo que ha hablado de las interferencias competenciales. A nosotros nos preocupa mucho
que en el proyecto de ley se puedan producir ese tipo de interferencias. Usted sabe que en el Consejo General de la Formación Profesional hubo un duro debate en su día que provocó el que determinadas comunidades autónomas se ausentaran del pleno
del consejo precisamente porque se consideraba que su papel era menospreciado por el proyecto de ley que en aquel momento era anteproyecto. Quisiera preguntarle si considera que el papel que el ya proyecto de ley les atribuye a las comunidades
autónomas en la implementación del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, en la identificación, en la aprobación, en definitiva en la evaluación, en el reconocimiento de las cualificaciones, es el adecuado y el proyecto lo
recoge adecuadamente. Y si cree usted que la situación ha ido cambiando de tal manera que el proyecto ya recoge esas deficiencias que en su día señalaron muchas comunidades autónomas y que ahora, a juicio del Grupo Socialista, sigue sin recoger.
Yo quería saber su opinión sobre si se ven ahí representados como comunidad autónoma dentro de esa elaboración del sistema nacional.
En segundo lugar, quisiera preguntarle sobre otra cuestión a la que sinceramente no sé si ha hecho usted referencia, pero creo que no, y es sobre el tema de la financiación. Ustedes saben que el Grupo Socialista menciona muy a menudo que
viene siendo costumbre del Gobierno, sobre todo en las leyes educativas, hacer una gran reforma pero no incluir aspectos referidos a la financiación o a las previsiones presupuestarias, de tal modo que el yo legislo y tú pagas, de una manera
coloquial, parece que es el pan nuestro de cada día. Quisiera preguntarle si le parece a usted oportuno que el proyecto de ley no recoja ningún apartado en que se reflejen esas previsiones presupuestarias para el nuevo sistema de cualificaciones y
de la formación profesional, y si considera que la ley puede perjudicar a las comunidades autónomas al no recoger esta financiación.
Eso es todo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Montseny tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Quiero dar también la bienvenida al señor Roig, y agradecerle la exposición que nos ha hecho en cuanto al punto de vista que se pueda tener desde el Consell Catalá de la Formació Professional como órgano consultivo
y de asesoramiento para las competencias de la propia Generalitat de Catalunya, puesto que incide tanto en el ámbito de la Consellería de Educación como de Trabajo y Bienestar Social. Celebro que nos haya dicho que esa primera valoración que hizo
el Consell Catalá de la Formació Professional en el primer borrador de la ley fue muy distinta de la que hoy se tiene desde el ámbito que usted representa al proyecto actual. Eso quiere decir que el Gobierno siente esa sensibilidad por incorporar
todas aquellas valoraciones cuando se habla del ámbito de aplicación de la ley y de las competencias para legislar, y eso me gustaría ponerlo de relieve de una forma importante.
De la intervención del señor Roig más que una crítica quiero ver un cierto temor al desarrollo, que en la actualidad todavía no conocemos. Yo creo que la ley ha sido muy sensible con todas las partes que puedan estar implicadas en esa
reforma urgente e imprescindible del anteproyecto de la ley de formación profesional, y el temor al futuro desarrollo. Yo creo que con ese equilibrio y consenso que ha encontrado el Gobierno con otros muchos grupos que integran esta Cámara al ir
presentando anteproyectos no debe alarmarnos de antemano cuando hemos sido capaces desde el Grupo Parlamentario Popular, cada vez que hemos discutido un anteproyecto o un proyecto de ley en esta Cámara, de ir mejorando los textos, acercando
posiciones y tratando de facilitar todo lo que se pretende legislar, que en este caso es ese mundo de la formación profesional, que partíamos, no diré de cero, pero casi de cero, y creo que es un reto importantísimo cara a la reforma de la
educación. No hay que olvidar que en épocas teníamos unos altos índices de paro juvenil. Si esto se hubiera acometido en épocas anteriores y se hubiera plasmado la finalidad que persigue la ley, que es la mejora en la formación profesional, el
reconocimiento que debe tener la misma a todos los efectos, integrando los tres subsistemas, hoy estaríamos en una situación totalmente distinta.
Me gustaría poner de manifiesto que cuando hablamos de la competencia del Estado, el Estado es tanto el Poder Ejecutivo, la Administración central, como las comunidades autónomas. La exposición de motivos y el artículo 17 de la ley no es
que no intenten vulnerar ese espíritu, es que lo reconocen en toda su amplitud.
Hay que tener en cuenta que esta es una ley de bases, bases que constituyen el marco en el que se desarrollará luego la formación profesional. Cuando haya buenas experiencias en formación profesional en cualquier comunidad autónoma, y ahí
está la importante ley que consensuamos en esta Cámara reconociendo por primera vez todos los órganos de los diferentes estamentos del Estado -la Ley del régimen de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común-, para
coordinar todo aquello que pueda mejorar y beneficiar a nuestra sociedad, ese marco en el que nos pusimos de acuerdo permitirá que nos pongamos de acuerdo también en el desarrollo del proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las
cualificaciones.
Me gustaría citar la exposición de motivos cuando dice: Se programarán y ejecutarán, mediante convenios de colaboración -todos los sectores productivos y todos los aspectos de la ley- entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus respectivas competencias; y se señala el ámbito de cada una de sus respectivas competencias. El proyecto de ley habla sólo del artículo 149.1 de la Constitución, que es el marco constitucional
por excelencia.
Creo que en modo alguno debe alarmar a nadie que se hable de un principio constitucional y de que después se reconocerán las competencias de las distintas administraciones públicas. A veces cometemos el error de asustarnos antes de
que llegue el lobo. Y me gustaría recordar ahora que, a lo largo de la pasada legislatura y de esta, hemos llegado a acuerdos importantísimos para la buena marcha de las acciones que emanan del Gobierno y de este Parlamento. No insisto en lo que
dice el artículo 17 porque plasma el contenido de la exposición de motivos del anteproyecto.
Me gustaría hablar de algo sobre lo que podría extenderme mucho; sin embargo, no es esta la fase para iniciar un debate parlamentario entre todos los
grupos políticos. Creo que podremos desarrollar el catálogo de forma que perfeccione las competencias educativas y de formación. Además, puesto que casi nadie ha mencionado que este proyecto de ley contempla lo que dispone el Tratado de la Unión
Europea, me gustaría que nos dijera si le parece que este anteproyecto va en la dirección deseada por la Unión Europea de la que formamos parte.
Quisiera que nos dijera también si este anteproyecto acerca suficientemente el proceso productivo al formativo o educacional, y que nos dijera, asimismo, si el órgano que usted representa tiene la voluntad firme de enriquecer el desarrollo
posterior de esta ley con aportaciones positivas -yo espero que lo haga en grado máximo- desde la Generalitat de Cataluña, puesto que parece que allí ha habido una buena muestra y un buen ejemplo de formación profesional. Que las aportaciones
positivas no queden sólo para Cataluña, sino que puedan enriquecer a todas las comunidades autónomas, puesto que lo que es bueno para Cataluña es bueno para otras comunidades autónomas.
Finalmente, quisiera que nos dijera qué valoración se puede hacer de la movilidad geográfica que, a nuestro entender, debe incluirse en el espíritu de la ley. De hecho, se puede necesitar mano de obra cualificada de un territorio concreto
en otro territorio.
El señor PRESIDENTE: El señor Roig tiene la palabra para contestar a lo que considere oportuno de las observaciones de los diputados.
El señor SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (Roig i Vinyals): En primer lugar, más que contestar me gustaría ampliar un poco lo que ha planteado el señor Guardans: la importancia de tener una ley de
formación profesional en España que ayude al desarrollo económico, social y de cohesión territorial; estamos ante una oportunidad histórica. El señor Guardans ha mencionado la importancia que tiene la integración del catálogo de cualificaciones
profesionales.
La ley debería resaltar y recoger que el Estado tiene diferentes realidades territoriales; que el desarrollo económico es diferente de una comunidad a otra, lo que conlleva que a veces haya perfiles diferentes que sólo se pueden identificar
cerca del territorio. Además, puede haber perfiles que se puedan extrapolar fácilmente a otra comunidad autónoma o a otra región de la Unión Europea. Eso favorece la movilidad -y con esto contesto a algo que preguntaba la señora Montseny- dentro
del Estado español y en el marco de la Unión Europea. Es importante que las comunidades autónomas puedan identificar esos perfiles profesionales, definirlos en función de los aspectos básicos que establezca la ley y, en función de los mismos
aspectos, aportarlos; el catálogo debería recogerlos y potenciaría lo que decía al principio. Entendemos que el texto actual de la ley no recoge claramente este aspecto, aunque quizá es una mala interpretación.
A la señora Marzal quiero decirle que no intentaba hacer un análisis artículo por artículo; quizá me he expresado mal. (La señora Marzal Martínez: O yo.) He hablado de la importancia de esta ley y de que, con ella, tenemos una oportunidad
histórica de mejorar la formación profesional en España. En Cataluña entendemos que ya tenemos una buena formación profesional; la prueba está en que se sale con una buena cualificación y con inserción casi inmediata. El problema que hemos
detectado -y soy consciente de que hay otros lugares del Estado con el mismo problema- es que hay pocas personas que optan por esos itinerarios profesionalizadores, sobre todo cuando hablamos de la formación profesional inicial. He intentado
resaltar por títulos aquellos aspectos que entiendo que debería recoger la ley; he intentado hacerlo así, pero quizá me haya expresado mal.
En cuanto a la pregunta que me hacía del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, creemos que la ley no lo recoge bien.
Nuestro concepto iría más orientado hacia el sistema integrado de cualificaciones profesionales;
que se puedan hacer aportaciones desde cualquier punto del Estado español, para poder recoger e identificar las diferentes realidades que tenemos. Voy a poner un ejemplo: hacer la identificación de perfiles profesionales desde un punto en
concreto, y cito una actividad concreta como la marítimo-pesquera. Se puede coger como referencia Galicia, que tiene pesca de altura, y se verá que hay hechos diferenciales en este tipo de actividad económica y empresarial; todo lo que está en el
mismo sector, en el arco mediterráneo, por ejemplo, en Cataluña, es diferente y el perfil profesional es diferente.
Por tanto, este catálogo debería recoger ese hecho diferencial de perfiles que se da. Entendemos que esto enriquecería la ley si el
concepto fuera de un sistema integrado en el que se pudieran hacer aportaciones desde diferentes puntos y evidentemente desde Cataluña también. En cuanto a la financiación, creo que sería positivo -aunque sea redundante, estamos delante de una gran
oportunidad histórica para acabar de ordenar definitivamente, yo lo diría así, la buena formación profesional que tenemos, más que de coordinarla- que esta ley fuera acompañada de las referencias de financiación.
En cuanto a las preguntas planteadas por la señora Montseny, del Grupo Popular, iré al final. No me gustaría -además porque no tengo un perfil jurídico- analizar artículo por artículo; podríamos hacerlo, pero no me gustaría. Contestaré a
las cuatro preguntas que me ha hecho al final.
Dice: ¿Usted cree que este proyecto de ley va en la línea de la Unión Europea? Creo que sí, si se recoge lo que he planteado ante la Comisión.
Entiéndase que lo que he planteado lo he hecho desde la
perspectiva de que pueda enriquecer esta oportunidad histórica que tenemos en nuestro Estado.
En cuanto a la segunda pregunta, ¿se acerca al proceso productivo? Una buena manera de acercarse al proceso productivo es acercarse al ciudadano, acercarse al territorio. Por eso también he reclamado que se aprovechen, a través del Consejo
General del Estado, a través del Gobierno o a través de las comunidades autónomas, los diferentes organismos que hay, los diferentes consejos de formación profesional que hay en las comunidades porque en ellos están también las organizaciones
sindicales, las organizaciones empresariales, están los representantes de la Administración local, de la Administración de la comunidad, etcétera, pero del territorio, que son los que pueden identificar la realidad, siempre haciéndolo en función de
este marco y trasladarlo al resto del Estado. También hemos mencionado que cuando en junio se elaboró esa tesis del consejo ya se identificó que la ley debería reflejar claramente la coparticipación y colaboración en formación profesional de todos
los agentes implicados en ella, que básicamente no deberíamos dejar fuera, e implicar al máximo posible a las organizaciones patronales, empresariales y sindicales.
En cuanto a la tercera pregunta, se refería a que quizá teníamos dudas sobre el proyecto de ley y que esas dudas se desarrollarían en posteriores ordenamientos. Evidentemente podría ser así, pero si la ley que se plantea se hace por
consenso y recoge a todos los agentes, creo que aseguraremos que con posterioridad los diferentes ordenamientos que salgan serán mejores.
La última se refería a la movilidad geográfica. Estamos totalmente de acuerdo. En Cataluña trabajamos en esa vía y creo que en el resto del Estado también; nuestro ámbito es el más próximo, el vecino, la comunidad, el Estado y la Unión
Europea. Evidentemente se tiene que favorecer la movilidad geográfica. Por eso es importante que el sistema nacional de formación profesional sea integrado, que pueda haber aportaciones desde los diferentes puntos del Estado en función de unos
mínimos, de unos aspectos básicos marcados por el Estado y que todas esas aportaciones no sólo sean identificables en el Estado español sino que se puedan identificar mirando a la Unión Europea, porque una cualificación profesional debe ser
identificable en una comunidad, en otra, en otro país, en una región de Europa, etcétera. Entendemos que la ley ya recoge esto, pero deberíamos asegurarnos de que fuera así.
Espero haber contestado a todos los planteamientos que se han hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Roig, le reitero el agradecimiento en nombre de todos los portavoces de los grupos.
- DEL SEÑOR SECRETARIO ADJUNTO DEL 'CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL' (GARCÍA MARTÍN). (Número de expediente 219/000304.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente comparecencia, que es la de don Victoriano García Martín, a quien invito a incorporarse a la mesa.
Doy la bienvenida al señor García Martín, secretario adjunto del Consell Catalá de la Formació Professional. Él es perfectamente consciente de que vamos mal de tiempo. Le agradecería vivamente que su exposición sea lo más breve posible
para poder proseguir después con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO ADJUNTO DEL CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (García Martín): Buenos días a todos.
Agradezco, en primer lugar, la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para hablar, aunque muy brevemente, de un tema que está relacionado con el trabajo
que he desarrollado prácticamente durante toda mi vida. Soy profesor de formación profesional, he sido profesor de formación profesional reglada y ocupacional; en los últimos años, desde un pequeño cargo de poca responsabilidad, aunque
alguna tiene, he hecho gestión en el departamento de Educación y actualmente en Trabajo. Ya sé que comparezco en calidad de secretario adjunto del Consejo Catalán de la Formación Profesional, pero como anteriormente el señor Roig ha expuesto la
postura que se mantiene en Cataluña respecto a este anteproyecto de ley de la formación profesional y creo que ha dejado claras todas nuestras preocupaciones, dada la premura del tiempo intentaré no repetir nada de lo que ya se ha dicho.
Me queda poco que decir en este sentido, pero sí quisiera hacer alguna matización, sobre todo ampliar un poco los aspectos de la ley que se refieren a la formación profesional ocupacional. En primer lugar, y por lo que respecta a la
exposición de motivos, creo que sería bueno que la ley recogiera el carácter de la planificación de la actividad económica territorial, ya que esta es una competencia que corresponde a las comunidades autónomas, al menos a la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Este carácter de planificación de la actividad económica tiene una relación directa, naturalmente, con la política de empleo, sobre todo, con la formación profesional y, más especialmente, con la formación profesional ocupacional, algo
que ya se decía en la ley básica de empleo.
Reitero lo que ha manifestado el señor Roig, en cuanto a la necesidad y la importancia de esta ley que, como ya se ha dicho, es una oportunidad única e histórica de que, de una vez por todas, se reconozca la trascendencia, tanto en el
carácter económico como en el social, que tiene actualmente y que ha de tener la formación profesional. Durante muchos años se han hecho intentos de cumplir con este objetivo sobre el que la ley se pronuncia básicamente, que es el de ordenar un
sistema integrado de la formación profesional, de las cualificaciones y de la acreditación de las competencias; un sistema que responda a las demandas sociales y económicas de un territorio. Evidentemente, hace tiempo que se habla de esto en
diferentes foros y se ha estado deseando desde diferentes posiciones, pero nunca se ha llegado a ordenar, y mucho menos por una ley de carácter orgánico. Para mí, como enseñante, sería una gran satisfacción que, al final de mi carrera profesional,
viera conseguido este logro, pero no solamente para mí sino también para todos aquellos compañeros que trabajan y han estado trabajando en esta tarea.
Con respecto a la ley, cuya finalidad ya hemos dicho que es ordenar un sistema integrado, lo pretende hacer creando un sistema de formación profesional y cualificaciones -no digo nacional, mi compañero ha señalado anteriormente que debe ser
integrado, cosa que comparto- a través de cuatro instrumentos y acciones como, por ejemplo, establecer el catálogo integrado de cualificaciones profesionales, asociado a un catálogo modular de formación profesional. Este catálogo de cualificaciones
profesionales es algo que no existe -naturalmente, por eso se crea-, pero es totalmente necesario porque es aquí donde se han de identificar las diferentes competencias que se necesita desarrollar en cada una de las profesiones y darles un carácter
oficial. Una vez hecho esto, y ya que este catálogo de cualificaciones ha de contener el catálogo modular asociado de formación profesional, sería más fácil para el conjunto de la población saber en cada momento qué le ofrece la formación
profesional en su conjunto y cuáles son sus posibilidades futuras. Al mismo tiempo, le indicará el camino a seguir en cuanto al proceso formativo o no para llegar a obtener una cualificación profesional reconocida oficialmente por el Estado o por
una comunidad autónoma.
Como ya se ha dicho anteriormente, esto es necesario y lo único que pedimos es una participación más activa de lo que la ley, de momento al menos, está marcando. Cuando hablo de participación activa me estoy refiriendo a toda la ordenación
de este sistema integrado de formación profesional y cualificaciones, tanto en su definición como en su elaboración y, sobre todo, en su actualización, ya que es en los distintos territorios del Estado donde se detectarán las necesidades y la
creación de nuevos yacimientos de empleo que pueden ser diferentes. Esto, naturalmente, será igual para el catálogo modular que contendrá los títulos profesionales que se adquieren a través de una formación reglada o los certificados de
profesionalidad, que se adquieren a través de una formación ocupacional. A este respecto, creemos que la ley tendría que marcar el camino para poder incluir desde las comunidades autónomas cualificaciones profesionales en el catálogo integrado.
Además, sería importante, desde el punto de vista -repito- de la formación profesional ocupacional, que en los contenidos de los certificados de profesionalidad las diferentes comunidades autónomas, respetando unos contenidos básicos que fijara el
Estado, pudieran ampliar el total de los contenidos de estos certificados de profesionalidad; cosa que hasta ahora no se ha hecho nunca en los certificados de profesionalidad que se adquieren a través de una formación ocupacional, aunque sí se hace
en los títulos de formación profesional reglada. En estos momentos existen 130 certificados de profesionalidad que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y en cuya elaboración han intervenido únicamente los anteriores centros
profesionales que ya están transferidos a las comunidades autónomas. A partir de ahora tienen que ir apareciendo más certificados de profesionalidad y creemos que, tanto en la actualización de estos 130 certificados como en los nuevos que se
configuren, tiene que haber una participación activa y directa de las comunidades autónomas.
En relación con este tema, aparecen en la ley, además de unos centros integrados a los que ya se ha hecho referencia, unos centros innovadores a los que se les da
un carácter de referencia nacional, ya que estos centros innovadores son aquellos antiguos centros del INEM que han sido transferidos a las comunidades autónomas. En concreto, en Cataluña tenemos dos centros transferidos recientemente. El
problema que podemos tener en este aspecto, si no se regula algo que lo especifique o que lo aclare, es que estos centros continuarán siendo de referencia nacional pero en todo su sentido, es decir, que se les han asignado unas familias
profesionales, en concreto dos en cada centro, con lo cual queda muy delimitada tanto la referencia nacional como, sobre todo, el carácter de centro de titularidad autonómica. Sería importante que pudieran participar en los desarrollos de cualquier
certificado profesional de cualquier familia profesional. Por tanto, no es necesario establecer un convenio de colaboración a este respecto.
En cuanto a la participación que deben tener las comunidades autónomas en la fijación de requisitos y procedimientos para evaluar y acreditar las competencias profesionales que se pueden adquirir por vías de formación no formales o a través
de la experiencia, que es algo que hasta ahora no se he hecho y que tiene muchísima importancia dentro del contenido de la ley, ya que lo que estamos haciendo con esto es favorecer a aquellas personas que no han tenido la ocasión de pasar por un
proceso formal o reglado de formación, pedimos, simplemente, que la ley contemple una participación activa para fijar estos requisitos. Lo mismo pediríamos en lo que se refiere a la constitución de las ofertas de formación profesional referidas al
catálogo integrado, tanto de certificados de profesionalidad como de títulos profesionales.
Por último -y creo que he sido breve-, la disposición adicional cuarta habla de la fijación de equivalencias, convalidaciones y correspondencias entre títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, por lo que pedimos
también una participación más activa de las comunidades autónomas. En todo el articulado de la ley se habla siempre de consulta al Consejo General de la Formación Profesional. Entendemos que ha de ser así, ya que entendemos que es el órganos de
consulta del Estado, pero como se ha dicho anteriormente, creemos que es muy importante, sería fundamental para el posterior desarrollo de la ley, que esta consulta se traslade a los diferentes consejos autonómicos de la formación profesional, que
también son órganos de consulta para cada autonomía.
Personalmente desearía que esta ley algún día salga a la luz y que se consiga de esta manera favorecer la proyección personal de cada individuo, así como el tejido económico y social de todo el territorio, tanto desde el Estado como desde
cualquier autonomía.
El señor PRESIDENTE: Agradezco la comparecencia de don Victoriano García Martín. Los portavoces pueden intervenir.
Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi intervención será muy breve. Agradezco al compareciente su presencia aquí y su intervención, diciéndole que, como sabe, aunque no esté muy acostumbrado a esto que sólo ocurre en esta Cámara, ha quedado
constancia en el 'Diario de Sesiones' de toda su intervención y, por tanto, será detenidamente leída y repasada también por mi grupo parlamentario cuando, superado el trámite de enmienda a la totalidad, veamos qué se puede hacer con este texto en
términos de enmiendas parciales. Quiero decirle también que comparto, en buena medida, sus observaciones y la necesidad de que el Consejo catalán y los consejos que existen en las distintas comunidades autónomas tengan mucha más participación que
la tienen en este momento. Esa es la única matización que haría. Le agradezco mucho su información y, en aras de la brevedad dado la hora que es, me detengo aquí.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marzal.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Agradezco la comparecencia del señor García Martín en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, así como su exposición que ha sido muy ilustrativa, desde un conocimiento de la realidad muy
directo.
Quisiera alguna aclaración sobre determinadas cuestiones que ha mencionado y sobre otras que no ha mencionado y de las que me gustaría conocer su opinión. En primer lugar, quería preguntarle, usted que ha mencionado el segundo programa
nacional de formación profesional, si cree que la ley garantiza que no va a quedar en el archivo, tal y como pasó con los objetivos del segundo programa nacional de formación profesional, si la ley da las suficientes garantías para que se produzca
ese cumplimiento de los objetivos que todos deseábamos cuando se formuló el segundo programa nacional de formación profesional.
En segundo lugar, usted ha hablado de los centros de referencia. Creo que nosotros podemos coincidir fácilmente con las posiciones que usted ha expresado, pero quisiera concretarlo aún más, si es posible. ¿Le parece a usted -por eso le
pregunto- que la creación por parte del Gobierno de una red de centros de este tipo está invadiendo realmente las competencias de las comunidades autónomas? Quisiera saber su opinión acerca de esta posible invasión competencial que ha sido
denunciada por muchas comunidades autónomas.
En tercer lugar, me interesa específicamente saber su opinión: los incentivos a las empresas. ¿Le parece a usted que esta ley no sería el marco adecuado para recoger un tipo de ayuda a las empresas para favorecer el desarrollo y la
cercanía entre empresa y escuela, por decirlo de alguna manera? Quisiéramos saberlo porque nos parece que hay una serie de incentivos que se podían haber recogido en esta ley y que, sin embargo, no ha sido así. Nosotros tenemos la experiencia (y a
lo
mejor usted la tiene más directamente desde su puesto de trabajo, ya que ha dicho que fue profesor de formación profesional reglada e incluso ocupacional) de que es interesante y conveniente favorecer cuanto más posible esa relación.
Echamos en falta que en esta ley no se incluya alguna mínima referencia a ese tipo de incentivos que se podrían introducir, a los que el señor Ruiz Urchegui, en la comparecencia anterior, ha hecho referencia.
En cuarto lugar, quería hacerle otra pregunta. Quisiera saber qué le parece a usted que en la ley, tanto en el artículo 8.º como en la adicional cuarta que usted ha mencionado, se hable de esas equivalencias entre certificado de
profesionalidad y títulos profesionales. En la adicional cuarta se habla de una equivalencia y se hacen equiparables, sin mencionarlo directamente, en el artículo 8.º Quisiera saber si le parece a usted que pueden ser equivalentes, si existe una
equivalencia real entre un certificado de profesionalidad y un título, en cuanto a contenidos, en cuanto a horas de impartición, en cuanto a requisitos mínimos que requieren los centros para impartir este tipo de enseñanza, etcétera.
Quiero agradecerle de nuevo su aportación, que me ha parecido muy interesante.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: También quiero agradecer su comparecencia al señor García Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo poner énfasis en que creo que esa experiencia que él ha tenido en el mundo de la docencia de
la formación profesional ha sido muy enriquecedora y muy clarificadora para que en el posterior desarrollo del proyecto de ley orgánica se puedan tener en cuenta muchas de sus consideraciones.
Voy a ser muy breve, señor presidente. Él ha hablado de oportunidad histórica y única y yo de asignatura pendiente. Realmente supone un reto importantísimo fomentar una verdadera formación profesional en España, con un alto grado de
cualificación y de calidad en esa cualificación y en la docencia, así como en todos los objetivos que persigue la ley que, en definitiva, mejorará no sólo las expectativas de formación de nuestra juventud, sino también su posibilidad de acceder al
mercado de trabajo.
Esa inquietud que nos ha trasladado de que la elaboración del catálogo sea la de un catálogo integrado, que la participación de las comunidades autónomas también se vea reflejada, no me preocupa especialmente porque creo que por parte del
Gobierno va a existir esa sensibilidad, ya que es evidente que hay determinadas profesiones muy diferenciadas. Como ha señalado su antecesor, el señor Roig, cuando ha comparecido, el sector pesquero en la Comunidad Autónoma de Galicia no tiene nada
que ver con la pesca que se hace en el Mediterráneo y es evidente, no me cabe la menor duda, que eso se contemplará en la elaboración de ese catálogo.
Sí me gustaría decir, en cuanto a la consulta que puede hacer el Gobierno al Consejo Escolar de Formación Profesional, que si de una forma procedimental tuviéramos que llamar a todos los consejos distintos de las comunidades autónomas, al
ser órganos asesores del Gobierno de la comunidad autónoma, creo que en esas reuniones que se van a dar entre los distintos órganos ejecutivos de la Administración central del Estado y de las comunidades autónomas habrá suficiente nivel de fluidez
como para que cada una de las representaciones de las comunidades autónomas, en el ámbito que corresponde de la formación profesional, puedan hacer llegar las inquietudes de los mencionados órganos consultivos.
Quiero agradecerle de nuevo el aspecto enriquecedor que aporta desde el punto de vista de la formación profesional y decir que puede estar el compareciente tranquilo porque por parte del Ejecutivo vamos a tener en cuenta la mayoría de las
inquietudes que él ha puesto de manifiesto.
El señor PRESIDENTE: Señor García Martín, finalmente, tiene la palabra para contestar o hacer las observaciones que le hayan suscitado las intervenciones de sus señorías.
El señor SECRETARIO ADJUNTO DEL CONSELL CATALÁ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (García Martín): En primer lugar, quiero agradecer al señor Guardans sus manifestaciones.
La señora Marzal me ha planteado cuatro cuestiones. Respecto a si la ley garantiza que se cumplirán los objetivos que no se pudieron cumplir en su totalidad en el segundo programa nacional, creemos que esta ley lo puede garantizar siempre y
cuando se tenga en cuenta lo que se ha dicho, tanto por el anterior compareciente como en mi exposición, en cuanto a que sea un órgano de participación directa en el que se escuche y se consulte a los diferentes organismos de una comunidad autónoma.
Me ha preguntado si esta creación de red de centros de referencia invade las competencias de las comunidades autónomas. Creo que si en la ley no se clarifica la competencia de las comunidades autónomas en cuanto a la organización,
planificación y desarrollo de estos centros, tanto los que dice integrados como los innovadores, en algunos aspectos sí que puede invadir alguna competencia.
Por lo que se refiere a los incentivos a las empresas para favorecer el desarrollo y, sobre todo, la colaboración que ya viene aportando desde hace muchos años el tejido empresarial en la formación profesional a través de las prácticas no
laborales de alumnos en alternancia, entiendo que éste es un aspecto fundamental y
desde Cataluña se viene desarrollando prácticamente desde los años 1986-1987. Creo que fuimos pioneros en llevar a cabo un procedimiento de prácticas no laborales de alumnos de formación profesional en empresas, y le damos muchísima
importancia. Tanto es así que, en la formación profesional ocupacional, estamos estableciendo un sistema que no es de obligado cumplimiento porque todavía no hay una normativa que así lo articule -en la formación reglada ya está articulado así-,
pero hacemos todo lo posible para que a los centros que colaboran realizando acciones de formación ocupacional desarrollen siempre prácticas en empresas, ya que creemos en este sistema.
En cuanto a si se debería incentivar a los empresarios, creemos que sí, pero es un incentivo que, hasta el momento, se limita a la satisfacción de poder colaborar en el desarrollo de las aptitudes profesionales de cada uno de los alumnos que
acogen, y no mucho más. Sería bueno (esto es una idea nada más y no sé si será posible), cuando llegue el momento, incentivar con algún tipo de exención en los impuestos que tiene que contribuir al Estado.
Respecto a si la ley recoge las equivalencias entre título y certificado, que las recoge, y si esto es posible, creemos que es totalmente posible ya que en la articulación se establece, en una primera fase, un catálogo integrado de
cualificaciones, entendiendo por tales un conjunto de competencias que cada persona tiene que desarrollar en su puesto de trabajo. Todavía no estamos hablando de formación, estamos hablando de cualificación profesional en el puesto de trabajo. Una
vez identificado, a partir de aquí se asocia la formación que puede ser necesaria, pero entendiendo siempre que para llegar a esta cualificación profesional habrá cuatro caminos diferentes: el primero, el de la formación formal reglada, específica;
el segundo, el camino de la formación formal ocupacional, certificado de profesionalidad; el tercero, el camino de la formación no formal, como pueden ser otros cursos ocupacionales que no tienen asociados contenidos de certificado de
profesionalidad; y el cuarto, naturalmente muy importante, el de la experiencia laboral, la competencia adquirida a través de la experiencia laboral. Por tanto, el que se pueda establecer esta equivalencia dependerá totalmente de que este catálogo
integrado de las cualificaciones se haga ajustándose a lo que la ley preconiza y, por supuesto, con la colaboración, y aquí sí que es totalmente necesaria, de las comunidades autónomas, puesto que han de identificar muchas de estas competencias
profesionales en su territorio.
Para terminar quisiera agradecer a la señora Montseny que piense, y espero que así sea, que esta ley contemplará las diferentes especificaciones de cada territorio. Junto a la profesión que el señor Roig ha citado, como la
marítimo-pesquera, podríamos citar también a un lampista, un trabajador familiar, un monitor de tiempo libre, un monitor de centro de asistencia a la tercera edad, la reflexología podal -una palabra un poco rara- que son profesiones específicas de
un territorio concreto como es la Comunidad Autónoma de Cataluña y que espero que ese deseo se cumpla y se haga realidad.
El señor PRESIDENTE: Damos las gracias al señor García Martín por su comparecencia.
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (LEZCANO LÓPEZ). (Número de expediente 219/000305.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia prevista en el orden del día.
Damos la bienvenida al señor Lezcano, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, quien ya conoce las reglas del juego de esta comparecencia. Le rogaría que hiciera una primera intervención sobre lo que considere
oportuno con relación al proyecto de ley por un tiempo no superior a quince minutos y posteriormente los señores diputados le formularán las preguntas que estimen convenientes, a las que podrá contestar en una segunda intervención.
Tiene la palabra don Fernando Lezcano.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (Lezcano López): Permítanme que empiece agradeciendo la posibilidad de dirigirme a ustedes en nombre de Comisiones Obreras, en este caso concreto de la
Federación de Enseñanza, para expresar nuestro punto de vista respecto al proyecto de ley de formación profesional.
Este agradecimiento viene acompañado, y espero que lo interpreten con todo el cariño, de la observación respecto al contraste que puede darse en la tramitación de la Ley orgánica de universidades. Trámite en el que me consta que también se
había pedido la comparecencia y que finalmente no pudo ser así. Digo esto porque uno, que tiene una posición globalmente favorable a la ley de formación profesional, siempre se queda con el interrogante de que sólo podremos venir al Parlamento
cuando estemos de acuerdo y no cuando estemos en contra. Me gustaría que pudiésemos comparecer en cualquier caso, ya que ahora viene la ley de calidad. Sin prejuzgar cuáles van a ser las posiciones de cada uno, me gustaría que también pudiésemos
practicar este ejercicio de participación y de permeabilidad con respecto a los agentes sociales que se manifiesta con la ley de formación profesional.
Quisiera hacer una segunda observación antes de entrar en mayores detalles. Hace referencia a que, desde nuestro punto de vista, esta es una ley educativa, pero no solamente educativa. La visión de la que participamos en Comisiones Obreras
no es la única y exclusiva que deviene del campo estrictamente educativo, en
el bien entendido de que esta es una ley que tiene por vocación -ese es quizá el nudo gordiano- la integración de los tres subsistemas y, desde ese punto de vista, parece justificado que se trate en la Comisión de Educación, pero quizá
también estaría justificada una mayor implicación -no sé cómo está organizado el Parlamento, pero supongo que puede haber una comisión de trabajo-, porque me parece que enfocarlo desde el punto de vista estrictamente educativo, cuando hablamos de la
ley de formación profesional, que tiene -insisto- como eje central la integración de los tres subsistemas, podría darle un sesgo, una parcialidad, desaconsejable.
En aras de globalizar los puntos de vista con los que se acaba observando la ley de
formación profesional, es obligado también referirse a las necesarias vinculaciones que en el futuro próximo se deberán establecer respecto a la ley de calidad. Estamos hablando de la formación profesional reglada, ocupacional, continua y es obvio
que la formación profesional reglada está contemplada en la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, en la LOGSE, y es obvio que la ley de calidad, que tiene que acometer cambios en ese marco normativo, tendrá que decir algunas cosas sobre
la formación profesional reglada y, en ese sentido, no sería aconsejable -me consta que no lo harán-, dado el papel que ocupan en nuestra sociedad, evitar puntos de vista parciales. Antes al contrario, hay que abogar, sea por el lado de la
implicación de trabajo, etcétera, en cuanto a la globalización de la ley de formación profesional, sea en lo que hace referencia a la ley de calidad, por darle esa perspectiva de conjunto necesaria.
Hechos estos agradecimientos y observaciones, sitúo muy rápidamente cuál es el punto de partida de Comisiones Obreras en lo que hace referencia a la conveniencia o no de una ley de formación profesional y en lo que hace referencia a esta
propuesta de ley, en el bien entendido de que dividiré el tiempo en destacar aquellos elementos que nos parecen fundamentales y en esa medida positivos del proyecto y quizá algunos aspectos que desde nuestro punto de vista deberían tratarse de otra
manera y que nos llevan a tener una valoración más crítica. En primer lugar, podríamos aceptar que hay una realidad todavía en nuestro país a la que se debe dar salida, realidad que exige una intervención decidida y es la fragmentación de las
ofertas de formación profesional y la disparidad de entes responsables, gestores de esa oferta de formación profesional. Será esa triple vía la que se ha ido plasmando en las distintas ofertas, la formación reglada, la ocupacional, la continua,
reconociendo los avances que ha habido en cada una de estas tres direcciones. Se requería una intervención decidida para unificar la oferta y mejorar la calidad de la misma.
Es una demanda no tanto del mercado de trabajo, como aparece reiteradamente en el preámbulo de la ley, sino de las opciones económicas que se hacen, del modelo de desarrollo, del propio sistema productivo. Es una demanda apuntar en ese
terreno tan vidrioso como el de las cualificaciones y en esa misma dirección, y supongo que se entenderá perfectamente en lo que hace referencia a la toma de posición de un sindicato como es Comisiones Obreras, es indispensable intervenir en el
reconocimiento de la experiencia laboral para la capacitación del reconocimiento de la experiencia laboral para la promoción profesional y, en esa misma medida, el reconocimiento de la experiencia laboral, la capacitación profesional, en el ámbito
de la negociación colectiva y por tanto, a través de ella, en la mejora de las condiciones laborales y de las expectativas profesionales de los trabajadores y de las trabajadoras.
Con esa vocación de unificar las distintas ramas de la formación
profesional; con esa vocación de intervenir en la clarificación de las cualificaciones; con esa vocación de incidir en el reconocimiento de la experiencia laboral, y más allá en su vinculación a la negociación colectiva y por tanto a la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo de los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras de este país, nosotros teníamos una presdisposición favorable a que hubiese una regulación legal de la formación profesional. Entiendo que no éramos
solamente nosotros; los propios parlamentarios y particularmente los promotores de la ley tenían un telón de fondo, que era prestigiar la formación profesional de nuestro país. A este respecto, prestigiar la formación profesional de nuestro país,
contribuyen todos los extremos que se contemplan en la ley pero también, y parece necesario destacarlo, se ciernen algunos nubarrones. Me detendré brevemente en ello.
A nuestro entender se ciernen algunos nubarrones en tres direcciones. La primera, en lo que hace referencia a la financiación. Esto parece ya un latiguillo excesivamente recurrente, casi machacón y como tal quizás despreciable; ya están
siempre con la misma. Será verdad, pero yo tengo la impresión de que todas las reformas educativas que se han acometido en este país, del signo que hayan sido. La Ley de 1970 se llamaba Ley general de educación y de la financiación del sistema
educativo y los estudiosos de la materia coincidían en que uno de los graves problemas de la puesta en marcha de aquella ley fue precisamente haber tenido amnesia respecto a la segunda parte del título, que hacía referencia a la financiación. Algo
similar podríamos decir de la LOGSE. Y en este caso sería particularmente prudente acometer el conjunto de medidas que contempla la ley con la financiación suficiente y necesaria; lo contrario puede dar a la sociedad la impresión de tener muy
buena voluntad y muy buena predisposición para acometer ese reto de prestigiar la formación profesional con medidas sinceramente muy positivas pero que no van más allá de la declaración de principios o de la mera retórica. Ese es uno de los
nubarrones que se ciernen respecto a ese
telón de fondo, que interpreto que persigue la ley que es el de prestigiar la formación profesional.
Un segundo y tercer nubarrón, podrían compendiarse ambos, hacen referencia a algunas de las medidas que se han adoptado previamente a la elaboración de este proyecto de ley y de la futura ley de calidad, que nosotros interpretamos que puede
ir en dirección contraria al objetivo que se persigue con la ley, insisto, el de prestigiar la formación profesional, y me estoy refiriendo a las pasarelas para transitar entre los módulos de grado medio y los grados superiores. Me explicaré muy
brevemente. Ustedes saben tanto o mejor que yo que la vocación última de la LOGSE en materia de formación profesional era ese prestigio del cual carecía la formación profesional a raíz de la ley de 1970 y particularmente de las limitaciones que su
puesta en marcha había evidenciado. En aras de esa fuerza que se quería dar a la formación profesional; en aras de ese prestigio necesario de la formación profesional, que estaba muy relacionado no solamente con los déficit que se habían observado
en la ley de 1970 sino con las nuevas demandas del tejido productivo de nuestro país, se hace un planteamiento -se podrá compartir más o menos; nosotros lo compartimos- que va desde promocionar una formación profesional de base hasta establecer con
toda claridad el papel de la funcionalidad de los módulos de grado medio y, más allá, prestigiar los módulos de grado superior planteando que los chicos y las chicas que quisieran acceder a ellos debían transitar por los bachilleratos. Insisto.
Habrá opiniones para todos los gustos, pero a nosotros nos parecía, que dejando claro, como lo están en la ley, las funcionalidades de los módulos de grado medio y los de grado superior, había un plus de exigencia (ahora que se habla tanto de exigir
a los chicos y a las chicas) planteando que se transitase por los bachilleratos. Introducir las pasarelas, para nosotros, más allá de la facilidad aparente para que los chicos y las chicas encuentren más motivaciones para cursar los estudios de los
módulos de grado superior, supone devaluarlos un poco. No comentaré la opinión que nos merece cómo se introdujeron las pasarelas a través de la ley de acompañamiento, modificando una ley orgánica que había sido objeto de debate parlamentario,
porque eso no es objeto del debate de hoy, pero sí quiero enfatizar lo que para nosotros supone la introducción de las pasarelas en esa lógica de prestigiar o no la formación profesional.
Hay otra cuestión que para nosotros es uno de los nubarrones que pueden estar haciendo sombra a ese objetivo compartido de prestigiar la formación profesional. Me refiero a la posibilidad de los itinerarios que se están barajando para el
segundo ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria en la futura ley de calidad. Sé que también en este tema hay opiniones para todos los gustos, pero yo les voy a simplificar nuestra visión al respecto. Si hacemos tres itinerarios, uno con una
clara vocación propedéutica hacia los bachilleratos, otro hacia la formación profesional y otro para la inserción rápida en el mercado laboral -disculpen si caricaturizo mucho estos tres formatos; ustedes se manejan con mayor rigor en la
terminología-, si hacemos eso ¿no puede ser que estemos mandando el mensaje a la sociedad de que los chicos y chicas que van al itinerario que prepara especialmente para cursar estudios de formación profesional son aquellos que no podían cursar el
itinerario que preparaba para el bachillerato? ¿No puede ser que estemos mandando el mensaje de que aquellos chicos y chicas que vayan al itinerario que prepara para la formación profesional hacen eso porque no podían hacer otra cosa? Y si se
manda ese mensaje a la sociedad ¿qué visión pueden tener los empresarios cuando recurran a determinadas titulaciones que darán los grados medios respecto a la capacitación de que disponen los futuros profesionales? ¿No reproduciremos, en ese
sentido, algo que criticábamos en la ley de 1970, que en la medida en que a la formación profesional iban los que tenían certificado escolar y no mayoritariamente el graduado escolar, iban los que no podían ir al bachillerato? ¿Estábamos ya
planteando que íbamos a tener una mano de obra escasamente cualificada que había hecho eso porque no podía hacer nada más? Cuando menos, esos son interrogantes que vale la pena plantearse porque si ése fuese finalmente el mensaje que se traslada a
la sociedad estaríamos haciendo, si me permiten la expresión, un negocio absolutamente ruinoso.
Lejos de abundar en el prestigio necesario de la formación profesional, empezaríamos a devaluarla por la mera idea de que los que cursan esos estudios
(me estoy refiriendo a la reglada) van a ser chicos y chicas, insisto, que no podían hacer otra cosa.
Señalados estos tres grandes elementos que podrían ensombrecer, insisto, el objetivo de la mejora y del prestigio de la formación profesional, hay algunas cuestiones que sí quiero remarcar como elementos claramente positivos de la ley, que
son los que más nos satisfacen y los que nos llevan a tener una visión positiva, aunque algo crítica con algunos extremos de este proyecto. Lo señalaba con anterioridad, para nosotros lo fundamental es dar forma legal a los planes nacionales de
formación profesional que se han venido consensuando y construyendo mancomunadamente en el marco del Consejo General de la Formación Profesional. Ha habido avances sustanciales en los dos planes nacionales que se han construido coparticipadamente,
quizás con algunos déficit en su puesta en marcha que precisamente nos empujaban a ver con buenos ojos que se diese rango de ley a esos planes. Señalaría que la ley es básicamente la traslación en formato legal de esos planes, aunque no en todos
sus extremos, en algunas cosas más desarrolladas y en otras, menos, pero en sus trazos generales esa es la cuestión esencial.
Nos parece capital lo que hace referencia al Instituto Nacional de las Cualificaciones, ya creado, la certificación
en la ley, y lo que hace referencia a los catálogos como un elemento que va a facilitar esa integración de los tres subsistemas que entre todos hemos pretendido salir al paso, primero en los planes nacionales de formación profesional y
entiendo ahora con la ley. Nos parece particularmente importante que se hayan podido recoger dos extremos a los que hacía referencia al inicio de esta intervención y es la posibilidad de que la experiencia profesional pueda ser objeto de evaluación
y por tanto de cualificación y la referencia al papel que puede tener esa cualificación en la negociación colectiva. Para nosotros, insisto, más allá de ser una ley educativa, es una ley que puede tener una gran capacidad de incidencia en la
formación ocupacional y también, aunque en otra medida, en la formación continua. Y, en la formación ocupacional, en la capacitación para el empleo para un sindicato como Comisiones Obreras tiene una gran trascendencia lo relativo no solamente al
acceso al empleo sino a la mejora progresiva de las condiciones de vida y de trabajo.
Hecha esa toma de posición genérica, que, insisto, nos lleva a valorar positivamente el proyecto de ley, aunque con algunos aspectos críticos, me centraré más en estos últimos. He hablado de las cuestiones más genéricas que podrían
ensombrecer, como decía, el objetivo de fondo del proyecto de ley y me centro ahora en cuestiones mucho más precisas. Una primera es la que se refiere a la regulación de los órganos de gobierno y a la elección de la dirección en los centros
integrados. Me parece que son los puntos 5 y 6 del artículo 11 los que hacen referencia a la dirección el primero y el segundo a los órganos de gobierno. Nosotros no vemos razones para que los centros integrados tengan un modelo de funcionamiento
distinto al que pueden tener los otros centros, salvo que se piense cambiar el funcionamiento de los otros centros. No sé si soy capaz de explicarme, pero tiene razón de ser que revise la configuración de los órganos de gobierno de los centros
integrados y el modelo de elección de la dirección si el resto de centros van a tener también una revisión de los órganos de gobierno y del modelo de dirección, en cuyo caso nos parece peor el remedio que la enfermedad. Si nos parece mal que sea
una situación excepcional acotada a los centros integrados, más serio y más grave y con más repercusiones nos parece que esa modificación cruzase el conjunto de los centros educativos de nuestro país. ¿Por qué? Esencialmente porque consideramos
que la capacidad de gobierno, el buen gobierno de un centro no deviene de la potestad de la Administración para nombrar a tal o cual persona, sino de lo que interpretamos nosotros como autoridad moral, como capacidad de liderazgo reconocido por
aquellos que tienen que construir, arrimando el hombro, el proyecto de un centro. Eso surge de la elección democrática. Una cosa es ver la conveniencia de potenciar las competencias y capacidades de los equipos de dirección y darles el apoyo
necesario por parte de quienes los deberían elegir: las familias, los docentes y la propia Administración, y otra muy distinta es cuestionar el modelo de elección democrática con una nueva configuración de los órganos de gobierno, en concreto con
un nuevo procedimiento de elección de la dirección.
Un segundo aspecto que nos preocupa es la falta de regulación de las condiciones del profesorado. Pero ese no es el único caso, sino que hay bastantes aspectos que están pendientes de desarrollos ulteriores, algunos de ellos con una
referencia muy clara a pasar previamente por el Consejo General de la Formación Profesional. Interpretamos que este puede ser uno de los temas que están pendientes de desarrollo, pero entenderán también que exprese aquí nuestra preocupación. Me
estoy refiriendo a la regulación de las condiciones del profesorado que trabaja en los centros integrados. Nosotros hemos visto la puerta abierta para una cierta desregulación y para el fomento de fórmulas como las horas extras y la compatibilidad
de trabajos en la Función pública, que insisto que nos llevarían a una desregulación y en todo caso a la creación de figuras alejadas de la necesaria estabilización en los puestos de trabajo.
Creo haber llegado al punto polémico de la intervención anterior y también quisiera señalar que nos llama la atención la falta de regulación de los centros de referencia y el posible litigio de competencias con respecto a las comunidades
autónomas. Este es un tema muy espinoso que uno, por no tener más responsabilidad que la que tiene, resuelve llamando a la necesaria negociación, al necesario consenso con las comunidades autónomas para, por decirlo de alguna manera, no situar este
como objeto de litigio que pudiese empañar los objetivos esenciales del proyecto de ley. Señalaría lo que nosotros entendemos como débil modelo de orientación y evaluación y en todo caso acabo planteando que hay una serie de cuestiones que
comentaba al principio que no se abordan aquí porque seguramente este no es el lugar, aunque podría serlo, pero que son imprescindibles por la concomitancia que existe entre una y otra ley. Me estoy refiriendo a temas que pueden aparecer
posteriormente en la ley de calidad, como lo que hace referencia a los módulos de garantía social, la iniciación profesional, las prácticas en empresas, etcétera, algunas cuestiones que están demandando una revisión, así como ver cómo encaja esa
revisión en los diseños que se están planteando, por ejemplo de itinerarios formativos en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria y que, por la función social que cumplen, por la lógica de la inserción laboral, tienen que estar
regulados con el mayor rigor posible, ya sea en un ámbito o en otro, pero llamando claramente la atención sobre que no puede ser que no aparezca en una ley y que luego se caiga de la otra y haya una tierra de nadie en la que estemos dejando de
atender necesidades que objetivamente debe satisfacer el sistema.
En principio lo dejaría aquí, pero, para acabar, voy a referirme a algunos datos que me parecen verdaderamente reveladores. A mí me parece revelador el estudio del INE, cuando planteaba la mayor facilidad y la mayor rapidez de inserción en
el mundo laboral cuanto mayor era la titulación.
Me llama mucho la atención los datos que hoy he visto en un periódico de tirada nacional -que no citaré, para que nadie pueda molestarse- de un estudio realizado sobre la perdida del valor de la
educación en las familias como mecanismo de promoción social, que se da de patadas con el anterior que acabo de citar, que certifica que la titulación sí es un elemento capital para la inserción laboral. Este estudio viene a decir que las familias
no lo ven así. Antes al contrario, se ve con buenos ojos, sobre todo en el caso de los chicos, que rápidamente se pongan a buscar trabajo y a labrar su futuro. Supongo que lo habrán visto en la prensa, por lo que no voy a extenderme más. Quiero
mencionar otro dato de referencia que me parece muy significativo: uno de los elementos capitales que se ha debatido -no aquí, porque, como he dicho, no tuve oportunidad- al calor de la reforma universitaria ha sido precisamente el nivel de calidad
de la universidad y el nivel de masificación de nuestra universidad. Tenemos 1.540.000 estudiantes universitarios -si no recuerdo mal-, lo que nos da unas tasas porcentualmente más altas que las de Alemania. Supongo que todo el mundo puede
entender que es una barbaridad.
En su momento la formación profesional se había concebido -particularmente en los módulos de grado superior- como una clara vía de facilitar unos estudios para una inserción laboral altamente cualificada y en esa
medida también podía contribuir a desaguar la demanda de estudios universitarios. Todavía esto no se ha conseguido, pero debería ser un reto, si queremos salir al paso de esa pirámide invertida que tenemos de muchísimos titulados universitarios y
muchísimos menos titulados en grado medio, en formación profesional, que es tan digno, tan prestigioso, tan útil y tan necesario para la sociedad como pueden ser los estudios universitarios. Casar estos tres elementos de referencia, como son: la
estadística del INE, el informe del que se hace eco hoy la prensa, y los datos que tenemos de los estudiantes universitarios, la necesidad de tener estudios de alto nivel, perfectamente cualificados y con altísimo prestigio social, nos lleva un poco
a conformar la idea sobre la necesidad de una ley de formación profesional que tenga como horizonte alcanzar estos retos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Brevísimamente, porque me hago cargo de la hora que es, tanto por el compareciente como por los miembros de la Comisión.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiero dar las gracias al señor
Lezcano por su comparecencia en esta Comisión. Voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el proyecto de ley, porque no me he percatado de que haya entrado en esa materia. Usted habla del tema de la financiación -que es una de las
preocupaciones que tenemos todos-, del tema de las pasarelas y de muchas preocupaciones compartidas.
Yo le pregunto, señor Lezcano: ¿Cuál es su opinión en relación con la participación que tienen las organizaciones sindicales, tal y como aparece
reflejada en el texto de la ley? Nosotros también queríamos saber cuál es su opinión respecto a que en cierta parte del texto se produce, desde nuestro punto de vista, una quiebra del principio de negociación colectiva, cuando se habla de los
profesionales futuros de la FP en sus diferentes modalidades. Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Habla usted también de la posición de Comisiones Obreras con relación a la dirección y órganos de gobierno de los centros integrados
y, por tanto, no me voy a extender en esa cuestión.
Teniendo en cuenta que los centros públicos que acceden a la calificación de centros integrados observarán que la carga lectiva se acumula a la existente en su oferta tradicional, pudiendo el profesorado optar de manera voluntaria y
observando a corto o medio plazo la creación de empleo docente ofertado según los criterios negociados en su momento con las organizaciones sindicales más representativas, ¿no cree usted que el texto debería ser más preciso cuando hace alusión al
profesorado y que concretamente debería remitirnos a la negociación colectiva? Usted, señor Lezcano, conoce igual que nosotros que muchos ayuntamientos de este país tienen oferta formativa propia, incluso tienen instrumentos de observación del
sistema productivo. ¿Qué piensa usted acerca de que en este proyecto no se haga ni una sola mención no sólo a la posibilidad de participación de los ayuntamientos, sino a poder opinar en lo relacionado con la formación profesional, sobre todo en
los tiempos que corren en que el Gobierno está hablando de pacto local? ¿Cuál es su opinión al respecto?
También nos preocupa que no haya ni calendario ni plazos, porque si esta ley sirve para algo es para dar respaldo jurídico al II Plan Nacional de Formación Profesional, pero todos sabemos que desde el año 1998 hay serios incumplimientos del
actual Gobierno, incumplimientos que, por cierto, tenían que ver con acuerdos con organizaciones sindicales y empresariales. En este sentido el proyecto de ley no aporta nada novedoso, sino que más bien replantea una situación, pero no acompaña
financiación ni calendario, hecho que nos preocupa. Aunque usted ha hablado algo de la cuestión, me gustaría saber cuál es su posición con relación a esta preocupación de mi grupo. Por otra parte, el texto no menciona administraciones ni órganos
ni organismos que se encarguen de la coordinación o de las sanciones recogidas en el proyecto de ley, ni
siquiera define quién tiene que encargarse de la evaluación. ¿Cuál es la propuesta que usted cree más conveniente a este respecto?
Para terminar, tratándose de la reforma educativa que tiene que ver con la formación profesional le diré que, más allá de que podamos tener esta subcomisión y de que haya comparecencias, le reitero el agradecimiento de mi grupo parlamentario
por su presencia en la Cámara y mucho más cuando hemos estado en reformas educativas anteriores con una sintonía tremenda.
Sin embargo, me parece que el Gobierno ha cometido un error político de altura que me gustaría que usted valorara. Tanto los
profesores como los alumnos de formación profesional vienen acumulando una baja autoestima, que no tiene tanto que ver con la dinámica de la formación profesional como con los considerandos que los ministerios y las administraciones públicas dan a
esta formación. Digamos que es un sector claramente sensibilizado, que se siente la María de la educación. Parece poco prudente políticamente que precisamente en este momento procesal, cuando estamos debatiendo en el Parlamento sobre la formación
profesional, por mucho que haya un acuerdo de base con las organizaciones sindicales -que nosotros celebramos-, se tienda una sutil cortina de humo sobre este importantísimo debate parlamentario y se lancen globos sonda por parte del ministerio,
tratando de provocar directamente el debate sobre la ley de calidad. Me gustaría saber si es sólo una observación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y de esta portavoz parlamentaria o si es una sensación que trasciende las paredes
de la Cámara.
Nada más, señor Lezcano. Esperamos volver a encontrarnos con usted en esta misma Comisión para discutir sobre la futura ley de calidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Bienvenido, señor Lezcano, a esta Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Como S.S. sabe, su presencia es doblemente satisfactoria para mi grupo parlamentario, porque en esta ocasión hemos tenido más suerte que cuando solicitamos su comparecencia en esta misma Comisión para la tramitación de la Ley orgánica de
Universidades. Le adelanto que mi grupo parlamentario espera poder contar una vez más con usted cuando se tramite el todavía nonato proyecto de ley de calidad de la educación.
Dicho esto, y agradeciendo su exposición concreta y brillante y su análisis pormenorizado de los asuntos que afectan a este proyecto de ley, coincidimos en que es un proyecto muy importante para el interés general de nuestro país y para la
formación de sus ciudadanos, no sólo de sus escolares, sino también de los empleados y de los desempleados. Es una ley que debe importar en la tramitación en esta Cámara. No es sólo una ley de carácter educativo -usted lo ha dicho y nosotros lo
compartimos-, sino que tiene un importante componente de preparación para el empleo. Es lo que hemos querido reflejar, no sólo apoyando su comparecencia aquí, sino también la de su colega don Gregorio Marchán Redondo, que es vicepresidente del
Consejo General de Formación Profesional y que representa a Comisiones Obreras en dicho consejo. Espero que cuando concluyan las comparecencias en esta Comisión los diputados podamos tener una amplia panoplia de opiniones de todos los sectores
laborales y educativos y de todos los agentes sociales, tanto de los sindicatos como del ámbito empresarial, completada con la presencia de diferentes expertos y representantes de alguna comunidad autónoma.
Quiero destacar de sus palabras que usted ve muchos nubarrones que amenazan tormenta sobre este proyecto de ley; al menos esa es la conclusión de nuestro grupo parlamentario. Compartimos su preocupación sobre la financiación. Aunque no
sea éste el lugar adecuado convendría matizar que no todas las leyes han contado con la misma financiación. Sin lugar a dudas, la Ley General de Educación salió bastante peor parada no sólo por la situación económica de nuestro país en 1970 y años
posteriores, sino porque en aquel momento España dedicaba a educación algo menos del 3 por ciento del PIB. A continuación, ha citado usted la LOGSE. El problema de saltar tanto en el tiempo puede dar una imagen distorsionada. Como dato para
situar las cosas en su justo lugar, quiero decir que en 1993, en plena implantación de la LOGSE, España alcanzó el 5,9 por ciento del PIB dedicado a gasto educativo y en el año 2001 España está cinco punto por debajo en el 5,4. A veces las leyes
tienen un acompañamiento presupuestario bien diferenciado en función de quien las gestiona.
Usted ha señalado una serie de nubarrones, preocupaciones compartidas por mi grupo parlamentario, la financiación, las pasarelas que, desde nuestro punto de vista debilitan la formación profesional y ha abierto el camino de por dónde pueden
ir algunas de las preocupaciones en la ley de calidad, como es lo que se refiere a los itinerarios. Usted ha hecho un posicionamiento claro contrario al debilitamiento de la participación en los órganos colegiados de Gobierno de los centros
integrados y ha significado que esto puede abrir la puerta. Ahora estamos en el proyecto de ley de formación profesional y nosotros compartimos esta preocupación lo mismo que la de la dirección. No entendemos por qué razón tienen que ser nombrados
a dedo los directores, ni que los rectores de las universidades españolas sean elegidos por sufragio universal directo, secreto y ponderado y que en los centros integrados, dada su complejidad, tengan que ser nombrados a dedo. Una universidad
también tiene una estructura muy compleja.
No ha eludido usted lo que se refiere a los centros de referencia nacional y es de agradecer.
Yo quería referirme a una cuestión para la que le pido aclaración. Usted lo ha citado aquí como uno de los nubarrones que, insisto, anuncian tormenta. Es lo que se refiere a los profesores, que está recogido en las adicionales primera y
segunda del proyecto de ley. A nosotros nos preocupa, por una parte, lo que se refiere a los profesionales cualificados cuya formulación es tan genérica que tememos que aquí haya una vía abierta para el acceso a la docencia en los centros
integrados u otros centros para personas que no tienen suficiente titulación. Nos parece que esta vía debería ser mucho más precisada porque puede ir en la dirección contraria a la calidad de la docencia en los centros que imparten formación
profesional. También queremos expresar nuestra preocupación por lo que se contiene en la disposición adicional primera, es decir la habilitación del profesorado actual de formación profesional reglada que podrá impartir en centros integrados u
otras modalidades de formación profesional, como es la ocupacional y la continua. Si no se precisa la voluntariedad, además de compartir lo que usted ha señalado, es decir, que se abre una vía para la compatibilidad, para las horas extraordinarias,
que puede dañar la calidad del ejercicio docente en la formación profesional, nos tememos que los profesores de formación profesional que no tengan horario suficiente puedan verse obligados a compatibilizar jornadas de trabajo, mañana tarde y noche,
compatibilizando la docencia en el ámbito de la formación profesional reglada e impartiendo también cursos de formación ocupacional o continua para completar su horario. Esto endurecería notablemente las condiciones de trabajo de los profesores a
los que se refiere la disposición adicional primera que se han especializado en una formación profesional reglada, pero orientada a unos tramos de edad precisados. Si no hay formación pero, sobre todo, si esto no tiene un carácter voluntario es una
severa amenaza para las condiciones de trabajo de los profesores. En el lenguaje docente, esto haría que la especialización y, por tanto, algo que nos retrotrae al pasado, que son las afines, podría llegar a unos límites altamente preocupantes.
Señor Lezcano, los ayuntamientos asumen cada vez más mayores competencias en materia de educación y empleo. Buena parte de la atención a los segmentos de población más desfavorecida está siendo asumida a través de los llamados programas de
garantía social por los ayuntamientos. Quería conocer cuál es su opinión sobre el papel de éstos en una cada vez más creciente descentralización y asunción de competencias en materia de educación y empleo, papel que debiera ser recogido en este
proyecto de ley. Por último, nos gustaría conocer si, a su juicio, el papel de los agentes sociales está suficientemente definido en el sistema nacional de las cualificaciones y la formación profesional, un sistema que se dice que se pretende
integrar, pero nosotros no hemos conseguido encontrar ningún mecanismo que se contenga en este proyecto de ley para alcanzar dicho objetivo, por una razón, porque carece de una dirección única, como sucede en la mayoría de los países de nuestro
entorno europeo que han afrontado ya esta cuestión.
Señor Lezcano, le reitero mi agradecimiento por su presencia y por la aportación que ha hecho a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz tiene la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: No expondré todo lo que me gustaría, en el ánimo de ver si podemos tomar siquiera un bocadillo antes del Pleno.
Quiero darle, cómo no, la bienvenida al señor Lezcano, y agradecerle su intervención que, como todas, contribuye a enriquecer desde la perspectiva de cada compareciente el debate sobre este proyecto de ley.
Voy a empezar por decirle que soy
portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo y aquí estoy. Con esto lo que le estoy diciendo es que tengo una significada coincidencia con el argumento de fondo que usted ha dado y que parece que así lo ha entendido el Grupo Popular.
Evidentemente este proyecto tiene una parte educativa importante, pero también una parte importantísima de lo que significa romper con ese divorcio entre la realidad de un mercado que demanda unos perfiles de trabajo y unas cualificaciones y
capacitaciones y una formación que hasta el momento no está siendo capaz de dar respuesta a eso. Y eso es empleo, actividad económica, competencia, riqueza y posibilidad de movilidad a través no sólo de España sino de la Unión Europea. En ese
sentido, comparto plenamente lo que usted ha dicho.
Ha planteado una cuestión de fondo que en las tres anteriores comparecencias en las que he tenido la oportunidad de intervenir lo he puesto también encima de la mesa. ¿La ley pretende prestigiar la formación profesional? De alguna forma sí
en la medida en que una ley sea capaz de prestigiar o de desprestigiar algo. Yo no estoy tan convencido de la bondad de una norma legal para impregnar el tejido social de un prestigio con relación a algo.Efectivamente, nosotros queremos que la
formación profesional esté prestigiada.
Un compareciente anterior nos vino a recordar un dato interesante en mi opinión, cual es el de que en la Unión Europea los parámetros de gente que se dedica a estudiar y a formarse dentro del sistema de formación profesional asciende al 58
por ciento, mientras que hay un 42 por ciento que lo hace en la universidad. El dato referido a España se invierte: hay un 41 por ciento de personas que se dedican a la formación profesional y un 59 por ciento que se dedica a la formación dentro
del ámbito universitario. Por tanto, es claro que no estamos
dentro del esquema de los países de nuestro entorno, ni tampoco dentro de lo que es la exigencia de un mercado laboral y de una actividad económica. Todos tenemos una obligación, no sólo la ley pretendiendo prestigiar, sino los políticos
pretendiendo hacer y hablando, los medios de información incidiendo en la opinión pública, los patronos en su ámbito de actuación, y los sindicatos también en el suyo. Se trata de un reto de cambio de mentalidad social. La formación profesional no
puede ser, como usted señalaba, la hermana pobre del sistema educativo, no puede ni debe ser la consecuencia de un fracaso escolar. Es una alternativa que usted antes calificaba -y yo comparto plenamente- como digna, útil y eficaz en términos de
colocación y de empleo de la gente que está en el mundo de la formación profesional. Todos tenemos la obligación de trasladar esta idea, porque si empezamos a pensar que hay un resorte oculto en la ley o que hay una intencionalidad política de
parte de no sé quién en el sentido de que este es el cajón de sastre donde vienen a parar todos los rebotados del sistema educativo, estamos haciendo un flaco favor, por mucho que hagamos buenas leyes y dotaciones presupuestarias. Quiero incidir en
esto porque me parece francamente importante que todos creamos que España necesita una formación profesional acorde con lo que significa y es en otros países de nuestro entorno, y que quien ahí actúa y se forma no es ninguna persona de segundo
grado, rebotada del sistema.
Quiero hacer una referencia. No tengo el dato exacto, aunque se ha expuesto aquí uno, con relación a la dedicación del presupuesto en términos de PIB: el año 1999 era del 5,9 y ahora es del 5,4. Haré una mera reflexión. Si eso fuera así,
hay que reconocer que el PIB de 1999 en relación con el PIB del 2001, el PIB del 2001 en términos comparativos en relación con la Unión Europea es muy superior. Nos hemos acercado. (La señora Valcarce García: Términos comparados.) España en estos
años se ha acercado más de media de puntos a la Unión Europea y hay que contextualizar las cifras, dentro de estos parámetros y de lo que significa en pesetas y o en euros totales.
Como he dicho al principio, no me voy a prolongar mucho. Es evidente que Comisiones Obreras dentro del Consejo General de Formación Profesional apoyó el texto. De las interpelaciones que ahora se han formulado como aclaraciones o preguntas
que nos responderá en este momento, cabría decir que si está usted de acuerdo con todas, nos diga por qué apoyaron la ley en el Consejo General de Formación Profesional. Antes apuntó elementos nucleares que prevalecen. Mi pregunta final es si más
que nubarrones que anuncian tormenta, no son nubes que se empiezan a despejar en un cielo que cada vez se ve más claro de cara a una formación profesional competitiva y de éxito en el futuro de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Lezcano, puede contestar lo que considere conveniente a esta Comisión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) (Lezcano López): Como ignoro la mecánica de esta Comisión, voy a hacer una labor de aliño. Si me disculpan, no contestaré a los tres portavoces porque
hay temas que se solapan y parece más práctico contestarlos de un viaje.
Me voy a permitir empezar por el final, sobre los nubarrones o el cielo despejado. Aspiro a que sirva de toma de posición genérica que, a su vez, explique nuestra posición en el Consejo General de la Formación Profesional. Estamos
básicamente de acuerdo con la ley y con lo que entendemos que es el objetivo madre de la ley, cual es integrar los tres sistemas y, por esa vía, dotar de mayor eficacia al conjunto y acabar prestigiando la formación profesional. Eso es lo que
nosotros compartimos, es decir, la experiencia, la evaluación que habíamos hecho de los sucesivos planes nacionales. Siendo unos buenos planes nacionales, no habían llegado a materializarse en su finalidad última, no sólo por problemas de
aplicación, sino porque quizá le faltaba un broche y ese broche se lo puede dar el pasar a categoría de ley. Puede ser muy simbólico, pero a mí no me lo parece. Pasar los planes nacionales, con toda la importancia que tienen por configurarse en el
ámbito y con la participación con la que se configuran, al rango de ley, si luego tiene la participación necesaria, cuando menos se debería reconocer que puede contribuir -en sí mismo a lo mejor no lo resuelve, pero puede contribuir- a ese gran
objetivo de prestigiar la formación profesional en nuestro país, que buena falta nos hace. Si hay nubarrones o al final el cielo está despejado, habrá que verlo. Yo me he preocupado de señalar algunas cuestiones que podrían apuntar en la línea
contraria a la que inicialmente se persigue. Lo digo como lo siento. Presentar en sociedad un proyecto tan ambicioso como éste, sin dotarle de recursos -más allá de la polémica sobre el porcentaje del PIB que luego mencionaré-, puede ser que
lastre el mensaje que se quiere proyectar a la sociedad. Hay cosas tan simples como dotar al Instituto nacional de las cualificaciones o el tema de los centros de referencia, polémico por otra cuestión. Tendrá que tener una cierta dotación la
coordinación de los servicios de orientación, de las funciones de evaluación y de calidad del sistema. Son cuestiones que están contempladas en el proyecto de ley que requieren de unas partidas específicas que las puedan materializar, más allá de
otras cuestiones tan importantes como éstas, como pueden ser las dotaciones de profesorado, la adaptación de instalaciones, etcétera. ¿Será un nubarrón o un cielo abierto? Ustedes lo decidirán al final, no yo. Ya que me invitan aquí, estoy en mi
obligación de decir que el mensaje puede salir lastrado si no se le da a la sociedad
ese plus de confianza que supone decirle: no se preocupen ustedes, porque esto que está aquí se va a hacer con estos recursos. El mensaje queda más redondo si va acompañado de esa aclaración. Lo mismo sucede con el tema de las pasarelas y
de los itinerarios. Yo he participado de la polémica de las pasarelas, antes de que se colasen por la puerta de atrás de la Ley de acompañamiento -lo digo con todo mi cariño-, frente a aquellos compañeros de mi propia organización, que son
profesionales de la formación profesional que decían que hay muchos chicos y chicas que no se ven con ánimo de pasar por el bachillerato para luego ir a los módulos de grado superior. Aun reconociendo una dificultad real y objetiva, al final
prevalecía la propia definición que en el marco legal en que nos movemos -en este caso, la LOGSE- se hace de los módulos de grado medio y de los módulos de grado superior. Los módulos de grado superior no son una continuidad de los módulos de grado
medio. La equiparación con las titulaciones universitarias y la capacidad de competir con las titulaciones universitarias no le va a venir si son una mera continuidad de los módulos de grado medio, se la va a dar si afianzamos el papel que quisimos
darle en su día a los módulos de grado superior. Es nuestra visión y en este sentido, insisto, puede ser también un nubarrón. En esto como en todo la experiencia lo acabará ratificando o desmintiendo. Lo mismo sucede en lo que se refiere a los
itinerarios. Yo he puesto interrogantes sobre la mesa. Sinceramente creo que si al final el mensaje que se le envía a la sociedad -y pienso en los empresarios- es que los chicos y chicas que acaban siendo titulados de grado medio en tal o cual
área, en tal o cual profesión, son aquellos que estudiaron eso porque no podían hacer otra cosa porque no estaban en condiciones de ir a la formación profesional, siempre quedará un halo de sospecha de si son los mejores profesionales de los que se
puede disponer. Me parece que hay que lanzar a la sociedad el mensaje adecuado: tenemos los profesionales que han querido ser profesionales, los que, vocacionalmente o pensando en su salida al mercado de trabajo, han optado con conocimiento de
causa -lógicamente, con la tutorización de profesionales y de las familias- por la formación profesional. Este mensaje es distinto del otro más negativo.
Todo está por ver; para empezar, no conocemos el diseño último de la ley de calidad y el formato final de los itinerarios; pero, por lo que alcanzamos a ver -insisto- la duda está justificada y deberíamos resolverla entre todos.
En conclusión, ¿cuál es nuestra postura y por qué apoyamos el Consejo General de la Formación Profesional? Sinceramente, porque dar forma legal a los planes nacionales nos parece que es un salto cualitativo. Segundo, porque simpatizamos
con la arquitectura de la ley y con las grandes opciones que plantea; nos parece que se acierta con el enfoque, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, etcétera. Ahora bien -y eso también les pasará a ustedes, incluso a miembros del Grupo
Popular-, hay cosas con las que uno se identifica más, y nosotros, no obstante la postura genérica que he dicho, hemos señalado por nuestra responsabilidad aquellas cuestiones que consideramos objeto de mejora o los déficit que deberían enmendarse.
Enlazo aquí con una de las cuestiones que se han planteado tanto en la intervención del portavoz Izquierda Unida como en la del portavoz del PSOE, sobre el papel que hemos jugado, el grado de satisfacción y el lugar que los agentes sociales
ocupamos en la ley. Hay dos cosas que vale la pena citar: una es el proceso previo de participación en el proyecto de ley, y otra cómo quedan recogidas nuestras posturas en el contenido de la ley. Vale la pena decirlo para que cada uno saque las
conclusiones oportunas; a mí me parece que es un contraste digno de señalar. Se nos presentó el proyecto de ley diciendo que teníamos un mes de plazo para presentar nuestras observaciones, etcétera. Contestamos que era prácticamente imposible
presentar propuestas, discutirlas y tener sincera vocación de trasladarlas a un proyecto de ley, en un mes. La respuesta que encontramos fue sumamente positiva: el plazo se alargó a seis meses; es un elemento que no puedo dejar de reconocer. Ha
habido hasta cinco borradores antes del proyecto -éste es el sexto- y en cada uno de ellos hemos observado modificaciones que en muchos casos, no siempre, se acercaban a nuestros planteamientos. Una posición justa y equilibrada es la que reconoce
ese factor en el tiempo y en la mecánica de la discusión y de la negociación, que se contrapone a lo que hemos podido observar en otros trámites. Es decir, que no sólo faltaría a la verdad si dijese que se nos acotó el tiempo y los márgenes de
discusión, sino que me haría un flaco favor porque me habría gustado que el trámite de la LOU hubiera sido parecido y me gustaría que el de la ley de calidad fuese como ha sido y más a ser posible. Por tanto, una cuestión que estoy obligado a
reconocer es ese proceso; en esa medida, hay una comodidad que no hemos podido expresar lógicamente en otros marcos legales, como ha podido ser la LOU. Hay una comodidad porque además se ha situado en un foro en el que no sólo ha sido la
participación bilateral Administración-sindicato -pienso en el caso de la UGT-, sino que se ha llevado también al Consejo General de la Formación Profesional. Independientemente de los puntos de vista que allí se hayan podido expresar, es un foro
de participación que tiene que tener alguna utilidad, y una de sus utilidades es que se realza ese foro de participación si lo comprometes en visar un proyecto de esta naturaleza. Ahí hay un grado de satisfacción que tiene importancia por sí mismo
pero sobre todo por el contraste que supone respecto a una situación pasada y por lo que de lección debería suponer para una situación futura.
El segundo elemento que querría comentar respecto al grado de satisfacción es el que hace referencia a cómo
estamos contemplados los agentes sociales en la ley. Es una satisfacción a medio camino. A lo largo de esos cinco anteproyectos se ha ido modificando y hay un reconocimiento expreso del papel de los agentes sociales; aparece en varios
sitios, pero fundamentalmente en el artículo 6.º Hay un reconocimiento del papel de los agentes sociales que inicialmente no estaba, pero más allá hay un reconocimiento de algo que creo que es tanto o más importante que el papel que juegan los
agentes sociales y su regulación en la ley, el reconocimiento de la experiencia laboral y su vinculación con la negociación colectiva. Lo digo porque no me gustaría que esto pareciese una cosa muy instrumental: han recogido a los agentes sociales,
nos dan un poco de cuartelillo y lo demás importa menos. Lo que más importa es que se haya regulado la experiencia laboral como factor de capacitación y que se haya regulado eso con una clara vinculación a la negociación colectiva. Necesariamente
se debe regular el papel de los agentes sociales para velar por todo ello, y creo que las dos cosas se contemplan. Ahora bien, decía que era una satisfacción a medio camino porque a nosotros nos gustaría que se contemplase también de manera
distinta a la que se contempla aquí. De hecho, en las enmiendas que tenemos para sugerir a los grupos parlamentarios -en estos días hemos estado intentando entrevistarnos con todos ustedes- lo estamos haciendo llegar. Hay un apartado, precisamente
en el artículo 6.º...
El señor PRESIDENTE: Le quedan tres minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) (Lezcano López): Acabo enseguida.
Nos gustaría que el apartado tuviese una segregación para deslindar de una manera más clara la participación de los agentes sociales en lo que hace referencia a la representación institucional en el Consejo General de la Formación
Profesional, la participación en el Instituto Nacional de Cualificaciones y en la elaboración del catálogo de nuevas cualificaciones; es decir, nos gustaría que hubiese más de lo que está regulado inicialmente y de ahí las enmiendas que en ese
terreno planteamos.
Creo que también ha sido objeto de comentarios de Izquierda Unida y del Grupo Socialista lo que hace referencia a la quiebra de la negociación colectiva y al profesorado. Lo he dicho inicialmente. Nosotros creemos que eso no está
suficientemente bien regulado y los temores a que haya una pluralidad de situaciones no deseables los he intentado señalar inicialmente. De ahí que también queramos incidir al respecto. Fíjense ustedes en lo que les voy a decir, no tenemos
experiencia parlamentaria pero tampoco somos tan estrechos y cortos de miras como para pensar que aquí tiene que estar regulado el catálogo de derechos de los trabajadores, etcétera. No, pero tiene que haber referencias, como se ha dicho, a
desarrollos posteriores y vincularlos con la negociación colectiva como derecho consagrado en nuestro ordenamiento legal; podría ser satisfactorio aunque, efectivamente, son dos temas perfectamente casados el uno con el otro que requieren de un
mayor desarrollo para salir al paso de los riesgos potenciales que se han señalado y que yo también creo haber fijado, a lo mejor con poca precisión.
Acabo con dos cuestiones muy precisas, los ayuntamientos y la financiación; Izquierda Unida hablaba de financiación y calendario.
Empezando por el tema de financiación y calendario, hacía una referencia a ello al empezar la respuesta y
quizá haya que precisar un poco más en aras al rigor y a hacer justicia; es decir, no es lo mismo la financiación en el caso de la ley general que en el caso de la LOGSE; si lo dijese así sin matizarlo no respondería a lo que creo que es mi
responsabilidad: juzgar con objetividad.
He querido, quizá con poca fortuna, plantear algún déficit histórico en el conjunto de nuestras reformas, por lo que interpreto que es casi capital blindar las financiaciones. Hay varios dictámenes de organismos internacionales -ahora que
está tan de moda utilizarlos a placer- que vienen a decir algo tan simple como lo siguiente: la educación tendría que estar por encima de los cambios, de las coyunturas económicas y políticas. Es decir, la inversión en educación -trasladado a mi
lenguaje más coloquial- debería poderse blindar a los cambios de coyunturas políticas y económicas. Eso puede ser confundir los deseos con las realidades, no lo ignoro, pero sí expresa algo que me parece capital, si el país quiere invertir
decididamente en educación no puede ser que en una época en la que el ciclo cambie sea uno de los primeros sacrificados, no puede ser. Si queremos invertir realmente, como hemos concedido que merece la inversión en capital humano, creo que debería
estar protegida de esos vaivenes económicos y políticos. En ese sentido es en el que he podido establecer una similitud entre la Ley de 1970 y la LOGSE, porque efectivamente la financiación, sobre todo en la mitad de los ochenta, primeros años
noventa tuvo un crecimiento muy significativo. En ese terreno es verdad que nuestro producto interior bruto ha crecido, pero no es menos cierto que el reto de extender la escolarización obligatoria y el salto de calidad requieren que se siga
invirtiendo. Eso es indiscutible. Si comparamos, en términos reales, seguimos bajando en inversión -lo digo por ser justos y serios- y aunque no fuese así se necesitaría invertir más y no por esa tontería de que hay gente que cree que con el
dinero está todo hecho porque nos conocemos y no somos tan simplistas, pero es que este país tiene una serie de déficit que no se resuelven ni con la mera declaración de voluntades de los poderes públicos ni con el voluntarismo de los profesionales
ni con bien entender, a veces la resignación, de las familias. Sinceramente creo que se sigue necesitando
invertir en ese terreno, y el diferencial en el que estamos colocados en estos momentos es suficiente como para que nos lo planteemos con mucha determinación.
Los calendarios me parece que son necesarios. No sé hasta qué punto pueden ir en una ley. Quizá uno de los problemas de la LOGSE, si recuerdan, es que había un calendario temporal en la aplicación acotado a diez años y luego la experiencia
fue demostrando que poner en marcha un proyecto de esta naturaleza es muy complicado y que es necesario revisarlo. Me bastaría, se incluyese o no en la ley, conocer las voluntades políticas.
Al final, lo determinante es conocer las voluntades
políticas. Insisto en que no sé si tiene que ir en la ley o no, pero, al menos, en el terreno de voluntades políticas, creo que se deben secuenciar las actuaciones necesarias para aplicar la ley.
Acabo con el tema de los ayuntamientos porque me parece fundamental. No sé si tiene que ir incluido en esta ley o no, lo que sí que tengo claro es que hay que ir a esa segunda descentralización de que se habla, en la que la educación no
quede dentro de otras muchas estrategias que forman parte de esa descentralización y del traspaso de competencias a los entes locales, sino que tenga una parcela específica en lo que a competencias de los entes locales se refiere. Me explico, el
principio es muy simple.
El principio de acercar el gobierno de los centros educativos a los entes locales, a los municipios, etcétera, supone generar una complicidad entre el centro, las familias, los responsables municipales, que le dan una
capacidad de intervención y de solución de los problemas concretos; cuanto más lejana queda la Administración, menos capacidad de intervención tiene. En ese terreno, sale al paso de esa lógica que transfiere las responsabilidades en exclusiva a la
institución escolar y a los docentes. No tiene lógica decir, si las cosas van mal, que es un problema de la institución escolar y de los docentes. No, si las cosas van mal es un problema de todos, donde cada uno juega un papel. Desde luego, la
institución escolar y los docentes no pueden mirar hacia otro lado, pero nos compete a todos. Esa idea de acercar el centro educativo a la sociedad está muy claramente plasmada en esa proximidad de los centros educativos a los entes locales. Por
eso reclamo -no sé si ingenuamente- que, en el ámbito de la negociación que parece que se va a plantear respecto de esa descentralización, lo educativo tenga un capítulo específico, y no diré de honor, pero casi. Si se abordase así, habría que
hacerlo respecto de las competencias en todos los ámbitos, particularmente en el de la formación profesional, por razones muy simples. Aunque dependa del tejido industrial de un ayuntamiento, de una localidad, si estamos abogando por las prácticas
en las empresas, por el compromiso de las empresas en la formación, cualificación, etcétera, creo que los ayuntamientos ya están diciendo mucho. Yo tendría más que decir, todavía podrían aportar mucho más en lo que respecta a ese tema. Insisto en
que no sé si es éste el marco (no creo que sea algo que se cruce y haga de pequeño monstruo) pero si se aborda esa negociación, la educación tiene que tener un capítulo específico y en él la formación profesional, porque los ayuntamientos están
diciendo mucho al respecto y todavía pueden decir mucho más.
El señor PRESIDENTE: Señor Lezcano, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado, así como su intervención, que espero que no sea la última.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.