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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 361, de 07/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 361
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- De la señora García Arias (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
situación del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. (Número de
expediente 181/001008) . . . (Página 11833)
- Del señor Mantilla Rodríguez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre la posición que mantendrá el Gobierno en lo
referente a los productos pesqueros en la reunión de la Organización
Mundial del Comercio. (Número de expediente 181/001071) . . .
(Página 11835)
- Del mismo señor diputado, sobre el grado de cumplimiento del
programa de orientación plurianual (POP IV) para las flotas pesqueras
de la Unión Europea. (Número de expediente 181/001074) . . .
(Página 11835)
- Del mismo señor diputado, sobre grado de elaboración del Libro
blanco de la agricultura. (Número de expediente 181/001072) . . .
(Página 11837)
- Del mismo señor diputado, sobre principales acciones promocionales,
objetivos y orientaciones del Fondo de regulación y organización del
mercado de productos de la pesca y cultivo marinos. (Número de
expediente 181/001073) . . . (Página 11839)
- Del mismo señor diputado, sobre las acciones que desarrolla España
para luchar contra la pesca ilegal. (Número de expediente 181/001077)
. . . (Página 11839)
- Del mismo señor diputado, sobre posición de España de cara al
futuro de la política comunitaria de flotas pesqueras. (Número de
expediente 181/001075) . . . (Página 11841)
- Del mismo señor diputado, sobre política del Gobierno en relación
con la industria extractiva y transformadora de túnidos. (Número de
expediente 181/001076) . . . (Página 11841)
- Del señor Perea Cortijo (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas puestas en marcha ante la crisis vitivinícola. (Número de
expediente 181/001140) . . . (Página 11845)
- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
sanción económica impuesta por la Unión Europea a los agricultores
españoles por superar la superficie base asignada para el cultivo del
maíz. (Número de expediente 181/001146) . . . (Página 11848)
- Del señor Prim Tomás (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre repercusión del informe presentado por la Unión Europea sobre
el funcionamiento de la Organización común de mercados de frutas y
hortalizas. (Número de expediente 181/000578) . . . (Página 11851)
- Del señor Edo Gil (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas
para solucionar los problemas del sector del arroz. (Número de
expediente 181/001142) . . . (Página 11852)
- Del señor Gallego López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
opinión del Gobierno acerca del acuerdo firmado por la Unión Europea
y Marruecos sobre exportaciones de tomate marroquí. (Número de
expediente 181/001124) . . . (Página 11854)
- Del señor Cuadrado Bausela (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la financiación de 20.800 millones de pesetas de inversiones en
materia pesquera y ganadera aprobados por la Xunta de Galicia.
(Número de expediente 181/001111) . . . (Página 11857)
- Del señor Amarillo Doblado (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
política prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la utilización integrada de las aguas superficiales y
subterráneas para regadío. (Número de expediente 181/001132) . . .
(Página 11860)
- Del señor Cuadrado Bausela (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas adoptadas y previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para el desarrollo de la agricultura ecológica en
España. (Número de expediente 181/001101) . . . (Página 11863)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, que figura con el número 24, que se
va a desarrollar monográficamente con contestación de preguntas
realizadas al Gobierno. Estas preguntas se van a estructurar de la
siguiente manera. El primer bloque estará constituido por las que
conteste el secretario general de Pesca, señor Juárez, al cual le
damos la bienvenida a esta Comisión, tanto a él como a sus
colaboradores; el segundo bloque se refiere a una serie de preguntas
que contestará la secretaria general de Agricultura y Alimentación,
la señora García Tejerina, que se incorporará una vez que finalice el
secretario general de Pesca su intervención; por último, las tres
últimas preguntas las
contestará el señor subsecretario. Si esta Comisión se prolonga
después de las siete y cuarto les avisaría a SS.SS. por si tuviésemos
que hacer algún tipo de interrupción y dejar alguna otra pregunta
para otra sesión. Tal como están estructuradas nos va a dar tiempo a
que el Gobierno pueda contestar a todas las preguntas.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SITUACIÓN DEL CALADERO NACIONAL DEL CANTÁBRICO Y NOROESTE. (Número de
expediente 181/001008.)
El señor PRESIDENTE: Para no hacerles perder más tiempo, iniciamos
esta sesión de control al Gobierno, como les decía anteriormente, con
la presencia del secretario general de Pesca, señor Juárez. Para que
pueda realizar la primera pregunta que figura en el orden del día doy
la palabra a la señora García Arias, portavoz del Grupo Socialista.
Como usted sabe tiene dos turnos. En la reunión de Mesa y portavoces
hicimos una advertencia de que pudieran formularse tanto las
preguntas como las contestaciones de una manera breve para poder
agilizar el desarrollo de esta Comisión. No obstante, tenemos la
flexibilidad característica de esta Comisión. Por tanto, para que
pueda formular esta primera pregunta tiene la palabra la señora
García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, voy a ser muy breve. Hace
unos meses vivimos una situación conflictiva por razón de la
utilización de un sistema de pesca, un artilugio que se ha agregado
al sistema de arrastre conocido como el tren de bolos. Esta situación
conflictiva entre los distintos sectores de la pesca, los arrastreros
y el sector de bajura -lo dijimos en Comisión- respondía a una
situación preocupante del caladero nacional del Cantábrico y
noroeste. Por eso formulo esa pregunta para que el señor secretario
general, a quien agradezco su presencia esta tarde en esta Comisión,
nos informe sobre la situación del caladero nacional del Cantábrico y
noroeste y sobre las previsiones que tiene el ministerio para mejorar
la situación del caladero.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle tiene la palabra el señor
Juárez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): Hablar
de la situación del caladero en lo que se refiere a los recursos
pesqueros que se explotan en el mismo es una cuestión amplia que
exige tener en cuenta la situación de multiespecificidad en que se
desarrollan las pesquerías en el Cantábrico y noroeste. En el
Cantábrico y noroeste se hacen pesquerías de especies demersales y
bentónicas -de
ellas las más importantes económicamente son la merluza, el gallo, el
rape, la bacaladilla y la cigala- y se hacen pesquerías de especies
pelágicas -la sardina, la anchoa y también el jurel en cuanto a las
especies más importantes económicamente-. La situación de los
recursos en general desde ya hace algún tiempo es de una cierta
sobrepesca. En lo que se refiere a la merluza, y remitiéndome al
informe de este mismo año del Comité Científico del Consejo
Internacional para la Exploración del Mar, que es el organismo
científico internacional que tiene la responsabilidad sobre esta
zona, el stock está de acuerdo con este Comité fuera de límites
biológicos seguros. El comité informa que en este momento la biomasa
se ha reducido de forma importante entre los años 1982 y 1986 y ahora
permanece en un nivel bajo, aunque ha habido un cierto incremento en
los años recientes.
La mortalidad por pesca, es decir, la incidencia de la pesca en la
población, ha sido variable pero se ha reducido ligeramente desde el
año 1987. Mientras tanto los reclutamientos que son un elemento
importante en la concepción de la pesquería, puesto que significan el
número de individuos jóvenes que se incorporan a la población año
tras año han sido relativamente reducidos en los últimos años, lo
cual se debe básicamente al tamaño de la población y a elementos
ambientales. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar
recomienda que la mortalidad por pesca se reduzca para poder
recuperar este stock.
Por lo que se refiere al gallo el estado de su stock en relación con
los puntos de referencia de precaución no está bien conocido, pero se
sabe que la biomasa se ha reducido en los últimos años, aunque se ha
producido un cierto incremento desde el año 1995. La mortalidad por
pesca también se ha reducido desde el año 1990; es decir, aunque la
situación de los indicadores no es buena en este sentido, es más
positiva que en el caso de la merluza. El caso del rape presenta una
situación más negativa puesto que las dos especies que componen este
stock están fuera de límites lógicos seguros y se cree que la biomasa
está alrededor del 33 por ciento de la que se estimaría deseable. La
mortalidad por pesca está bien por encima de la mortalidad por pesca
que se considera como límite máximo admisible.
Por lo que se refiere a los demás stocks demersales o bentónicos,
como es la bacaladilla, esta es una especie que en estos momentos se
considera sobreexplotada en el conjunto del stock que se considera;
hay que entender que este stock comprende desde el estrecho de
Gibraltar hasta el mar de Barents, es decir, todo el Atlántico norte
oriental. Hay que decir que en este caso la influencia que tiene las
pescadillas españolas sobre este stock es realmente pequeña, puesto
que de un total de más de 1.200.000 toneladas o casi 1.400.000
toneladas en el último año pescadas la flota española apenas pesca un
2 por ciento del total. Por último, la cigala también está en una
situación preocupante y que exige tomar medidas de recuperación.
Por lo que se refiere a stocks de especies pelágicas (la anchoa y la
sardina), el stock de la sardina está dentro de límites biológicos
seguros y la mortalidad por pesca se ha mantenido bien por debajo de
la mortalidad máxima admisible durante los últimos años, de modo que
es un stock saludable en este momento; la sardina había tenido unos
pronósticos muy pesimistas en los años 1996, 1997 y 1998, pero desde
entonces se han mejorado los reclutamientos. Aunque se da un cambio
en la distribución del stock, que se ha desplazado ligeramente hacia
el sur, lo cual hace que la pesca en Galicia sea relativamente menor
de lo habitual y se haya concentrado más en la zona de Portugal, sin
embargo, los últimos signos son positivos en el sentido de la
recuperación, lo cual indica que las medidas que se han tomado a lo
largo de estos años para recuperación de la sardina han tenido un
efecto favorable.
La situación de los stock no es la deseable. Tenemos que seguir
trabajando para mejorar la situación de estos stock y tomar medidas.
En los últimos años se han producido diversas regulaciones en ese
sentido y en este momento trabajamos para poder reducir tanto el
esfuerzo de pesca como para modificar normas técnicas de modo que se
pueda hacer una producción de la fase juvenil y se pueda reducir el
esfuerzo de pesca que posibilite una recuperación en conjunto del
sector, teniendo en cuenta que esta multiespecificidad hace
complicadas las medidas técnicas a tomar puesto que para cada
especie, como es lógico, las épocas y las medidas técnicas son
diferentes; por tanto, hay que buscar un compromiso y ajustarse a las
especies principales que son las que marcan la pauta en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Para que pueda volver a preguntar o hacer la
reflexión tiene la palabra la señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: La respuesta del secretario de Estado en
cuanto al análisis de la situación del caladero ha sido muy
preocupante. Ha venido a reconocer que, salvo en el caso de la
sardina y otra especie, nos encontramos con que el caladero está en
una situación grave. Yo hubiera esperado que el secretario de Estado
en ejercicio de su responsabilidad -él no es un científico, él se
hace eco de los informes de situación de los caladeros para proponer
a continuación medidas para resolver esa situación- nos hubiera dicho
qué iba a hacer, por lo que siento frustración ante la respuesta.
Yo hacía mención antes a la situación conflictiva de principios de
este año en concreto en el espacio regional del caladero nacional
correspondiente a Asturias entre distintos sistemas de pesca. En
aquel momento el ministerio adoptó unas medidas que en realidad
fueron una moratoria en cuanto a la aparición de un nuevo método, el
llamado tren de bolos, que permitía de forma peligrosa desde el punto
de vista biológico o de protección del caladero a los barcos de
arrastre
acercarse hacia las zonas de criadero o a las zonas donde se generan
esos futuros recursos de la pesca. Yo esperaba que el secretario de
Estado se pronunciara más claramente respecto a la moratoria que se
aprobó a continuación del conflicto. Se encontraron próximas las
elecciones gallegas y fue una situación realmente provisional. Es una
situación preocupante porque pasadas las elecciones gallegas podemos
encontrarnos con que esta moratoria, este simple control del número
de barcos que usan los bolos mediante autorizaciones se rompa, porque
en realidad no se ha prohibido este sistema de pesca. Algunos
sectores de los armadores de arrastre incluso han anunciado que
pueden recurrir la denegación de las autorizaciones para poder
faenar. Quisiera preguntar al señor secretario de Estado respecto a
esta situación: ¿Cuáles son las previsiones de actuación que tiene el
Ministerio de Agricultura y Pesca para esta situación preocupante del
caladero?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general, a
sabiendas de que tiene un minuto para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): El
ministerio realmente es consciente de este tema. En los últimos años
se han producido una serie de regulaciones con relación a las artes
fijas en el Cantábrico y noroeste, las artes menores, que estaban sin
regular y que se han regulado en función de un compromiso entre todas
las comunidades autónomas y el Estado. Se ha producido una regulación
de las artes de arrastre, con aumento de mallas, distribución del
descanso semanal, que supone una reducción de un 28 por ciento de
esfuerzo, y se han introducido nuevas vedas en zonas de juveniles,
entre ellas, en Asturias o en la zona de cabo Prior. Las previsiones
son profundizar en estas regulaciones, tal y como nos comprometimos
con el sector. Lo más lógico -en ese sentido estamos circulando
versiones de un real decreto después de reunirnos con el sector- será
restringir la utilización de red de tren de bolos, al menos alejarlo
de la costa. No tiene sentido la prohibición porque es un sistema de
pesca que, bien aplicado, puede utilizarse y se utiliza en todo el
mundo. Es un problema de interacción de artes en el mismo espacio.
Hay que separarlo de la costa para que no interaccione con las redes
y con los sistemas de pesca de bajura y regular más los sistemas de
pesca de arrastre, temas como el diámetro del torzal o la geometría
de las redes, introduciendo alguna restricción adicional en cuanto a
esfuerzo de pesca. Es necesario introducir estas restricciones para
reducir el esfuerzo de pesca, mejorar el recurso y al mismo tiempo
lograr un compromiso con el problema social y económico que se puede
producir si vamos demasiado deprisa en estas regulaciones.
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN QUE MANTENDRÁ EL GOBIERNO EN LO REFERENTE
A LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN LA REUNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO. (Número de expediente 181/001071).
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PLURIANUAL (POP IV) PARA LAS FLOTAS PESQUERAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 181/001074).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el diputado,
señor Acevedo, para que pueda formular dos preguntas. Va a agrupar la
pregunta 2 y la 5.
El señor ACEVEDO FERNÁNDEZ: Mi primera pregunta tiene que ver con la
Organización Mundial del Comercio. Está previsto que los próximos
días 9 y 13 de este mes se celebre la IV conferencia ministerial de
esta organización en Doha, Qatar. La última conferencia tuvo lugar en
Seattle en noviembre de 1999. Durante la misma se propuso el
lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones de liberalización
comercial o Ronda del Milenio. La suspensión de dicha conferencia
dejó inacabados los trabajos emprendidos, por lo que el objetivo de
esta nueva conferencia es iniciarlos de nuevo. Esta previsto un
programa de trabajo que incluya entre otras la agricultura,
servicios, accesos a los mercados para los productos no agrícolas,
relación entre comercio e inversiones, facilitación del comercio,
norma de la OMC, comercio y medio ambiente.
En cuanto a los temas pesqueros, estos no están considerados de
manera específica, aunque se planteen posibles negociaciones que
afectan al sector pesquero, como subvenciones, etcétera. En
conclusión, en caso de ser objeto de negociación, como consecuencia
de los compromisos que puedan derivar de la conferencia ministerial
de Doha, está plenamente justificado un tratamiento diferenciado,
independiente del sector pesquero, en relación con los productos
industriales. De cara a esta conferencia se han mantenido las
oportunas reuniones interministeriales para establecer la postura
española, presentada primeramente en el ámbito comunitario, que es
donde se defienden los intereses del sector pesquero español. Por
todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la posición del
Gobierno en lo referente a los productos pesqueros de cara a la
reunión que la Organización Mundial del Comercio celebrará estos
próximos días?
Mi siguiente pregunta está relacionada con el programa de orientación
plurianual. La política de estructuras
pesqueras de la Unión Europea persigue el objetivo de adaptar el
tamaño de la flota pesquera a los recursos disponibles para lograr
una explotación más racional, estable, sostenible y rentable, lo que
a menudo conlleva la reducción de las flotas. El instrumento de la
política estructural para lograr este objetivo es la aplicación de
los denominados programas de orientación plurianuales (POP).
Partiendo de los análisis biológicos acerca de la situación de las
distintas pesquerías comunitarias, se programa la evolución de las
distintas flotas para cada Estado miembro y, al tratarse del núcleo
principal de la política estructural, el incumplimiento de estos
programas conlleva la imposibilidad de beneficiarse de las ayudas
comunitarias para la modernización del sector en el caso de
incumplimiento de los POP.
Los diferentes POP, y muy especialmente el POP III, obligaron a
España a reducir la capacidad de su flota pesquera. Por decisión de
la Comisión de 16 de diciembre de 1997 se aprobó el cuarto programa
de orientación plurianual de la flota pesquera de España para el
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2001, el programa POP IV. En esta decisión nuestra flota
quedaba distribuida en siete segmentos para cada uno de los cuales se
fijaba el objetivo a cumplir, tanto en GT como en caballos a 31 de
diciembre de 2001. Tales objetivos se obtienen de aplicar los
porcentajes de reducción a dichos segmentos con relación al objetivo
a 31 de diciembre de 1996, teniendo en cuenta básicamente las
especies que capturan y según la situación en que se encuentra cada
una de ellas en cuanto a sobreexplotación. Si comparamos el POP III
con el IV, España tuvo reducciones importantes, aunque se mantienen
los GT y los caballos en ciertos segmentos; sin embargo, en otros
segmentos se ven reducidos tanto los GT como los caballos en una
proporción bastante considerable. Teniendo en cuenta que los Estados
miembros tienen que haber alcanzado al menos un cuarto del objetivo
global marcado en el POP IV el 31 de diciembre de 1998, la mitad en
1999 y los tres cuartos en 2000, parece que hay Estados miembros que
no han cumplido y que están recibiendo ayudas estructurales
importantes del IFOP, algo incompatible si no se han alcanzado los
objetivos del POP IV. Por este motivo, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el grado de cumplimiento del POP IV por parte de
España y de los demás Estados miembros?
El señor PRESIDENTE: Para que le pueda contestar tiene la palabra el
señor secretario general de Pesca.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado):
Procedo a contestar globalmente a las dos preguntas.
En lo que se refiere a las negociaciones de la Organización Mundial
del Comercio que van a comenzar dentro de dos días, quisiera decir
que en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio el sector
pesquero está enclavado dentro de los productos industriales; no
está junto a los productos agrícolas, como podría esperarse. Esto es
así ya desde la Ronda Uruguay, que concluyó en Marrakech en el año
1995. Esto hace que nos lleve a exigir que los productos pesqueros
tengan un tratamiento específico dentro de estos productos
industriales, en la medida en que se trata de productos procedentes
de una explotación de un recurso natural y que tienen claras
especificidades respecto a un producto industrial de otro tipo.
En relación con los productos pesqueros es necesario tener en cuenta
las repercusiones posibles de estas liberalizaciones comerciales a
las cuales en principio no tememos, ya que el sector pesquero español
es muy abierto en cuanto a la internacionalización; pero hay que
tener en cuenta que existen una serie de normas de conservación
internacional que tienen que ser cumplidas para poder beneficiarse de
esta dinámica de liberalización. Se trata de llevar a la Organización
Mundial del Comercio el principio de comercio responsable frente a la
pesca responsable.
Ya hablando de los aspectos arancelarios, dentro de las
conversaciones de esta cumbre ministerial se va a plantear la
necesidad de proceder a una nueva rebaja generalizada en los
aranceles, donde existe la intención de realizar una rebaja en tres
bandas (es decir, hacer tres bandas de productos: los que tienen
aranceles más bajos, los que los tienen medios y los que tienen los
más altos, produciendo una reducción en cada una de estas bandas), o
bien una reducción global o lineal de derechos, por ejemplo, de un
tercio de forma acumulativa. En lo que se refiere a los productos de
la pesca, nosotros seríamos mucho más favorables a una reducción en
tres bandas, lo cual permitiría mantener asimismo las listas de
productos sensibles que en estos momentos existen. Dentro de esta
rebaja debemos estar totalmente en contra de ciertas pretensiones
como la de reducir los dígitos de nuestros códigos arancelarios,
pasando de ocho dígitos a seis, porque esto supone en el caso de la
pesca que no vamos a ser capaces de diferenciar entre especies, sino
solamente entre grandes familias de pescados. El no poder diferenciar
entre especies, a la hora de su tratamiento arancelario, significa
que las diferentes especies de una misma familia, por ejemplo,
diferentes tipos de merluzas o diferentes tipos de espáridos, no
podrían ser objeto de una regulación independiente, lo que es
totalmente contrario a la tendencia seguida -impulsada también por
España- en el ámbito de los organismos internacionales de pesca en el
sentido de que se pongan trabas al comercio de productos para
aquellos países o para aquellas banderas que no cumplen con los
criterios de conservación (banderas de conveniencia, etcétera). Es
decir, que no podríamos diferenciar este tipo de especies a la hora
de su comercio internacional. Este es un elemento muy importante y
diferencial que demuestra la necesidad de un tratamiento
singularizado del sector pesquero.
Por lo demás -S.S. lo ha señalado hace un momento- existe una demanda
de un bloque importante de
países para que se trate la cuestión de las subvenciones en materia
de pesca, entendiendo que éstas bien pueden suponer un obstáculo o
una distorsión del comercio o bien un incentivo económico que a su
vez podría estar fomentando la sobrepesca, por lo tanto la
sobrecapacidad de las flotas y la desaparición de los recursos. En la
medida en que se produce en el ámbito comunitario al amparo de unos
programas de orientación plurianuales que aseguran que no se
incremente la capacidad de las flotas, las subvenciones comunitarias
no tienen nada que temer de un debate de este tipo. Por lo tanto,
estaríamos dispuestos a abrir un nuevo capítulo o un nuevo apartado
en ese tipo de negociaciones. Hay que entender que nunca se había
tratado el asunto de las subvenciones en la OMC, pero en ese caso
nosotros seríamos favorables a que se abrieran otros capítulos que en
estos momentos encuentran reticencia por parte de algunos Estados.
Este es el caso del capítulo de inversiones, en el que la flota
española tiene unos grandes intereses en el mundo, y vemos que
restricciones a las inversiones extranjeras por parte de muchos
países están suponiendo auténticos impedimentos a la expansión de la
flota española, auténticas trabas a la competencia y a la libre
circulación en el ámbito mundial. Por tanto, la flota española
afronta estas negociaciones con un criterio más ofensivo que
defensivo. Tenemos un mercado muy abierto y liberalizado en el sector
pesquero, prácticamente el 98 por ciento de las importaciones de
pescado ingresan a la Comunidad libres de aranceles. Somos un mercado
que necesita de las importaciones y, por lo tanto, no podemos tener
una posición cerrada en esta materia, salvada la posición de algunos
productos sensibles. Por el contrario, tenemos la intención de que se
profundice en otros aspectos colaterales que afectan al comercio y
que hasta ahora no habían sido tratados como es el caso de las
inversiones en el sector pesquero.
En lo que se refiere al cumplimiento de los POP por parte de España y
del resto de Estados miembros el programa de orientación plurianual
de la flota pesquera española para el periodo comprendido entre el 1
de enero de 1997 y el 31 de diciembre del año 2001 ha sido aprobado
en el año 1998 por parte de la Comisión en un programa que establece
los criterios de capacidad para cada uno de los Estados miembros.
España viene manteniendo unos criterios para la renovación de la
flota pesquera que compatibilizan los incentivos a la renovación
y que está posibilitando en una medida muy importante la renovación de
esta flota y su modernización, al tiempo permite que nos movamos
dentro de los parámetros que nos permiten estos programas. Esto
significa que en España se están pudiendo aplicar plenamente las
ayudas. Estamos en todos lo segmentos dentro de los márgenes del
programa de orientación plurianual, tanto en GT, tonelaje bruto, como
en potencia. Existen algunos segmentos en los que tenemos ciertas
estrecheces como es el caso de la pesca pelágica de cerco en el
Cantábrico, donde estamos muy cerca del objetivo, por lo
que podíamos tener problemas en breve si se incrementara la
capacidad. Insisto, estamos dentro de los márgenes y en una posición
cómoda de poder aplicar las ayudas estructurales sin ningún problema.
En lo que se refiere a los demás Estados miembros el día 1 de octubre
se recibió un nuevo informe de la Comisión sobre el cumplimiento y
los datos que se arrojan en términos globales de los distintos
Estados miembros, puesto que hay que distinguir entre segmentos y el
aspecto global. En lo que se refiere a los aspectos globales a fecha
31 de diciembre de 2000 han dado los datos siguientes. Había tres
Estados miembros (Francia, Países Bajos y Reino Unido), que no habían
cumplido sus objetivos. Francia había superado sus objetivos en
arqueo en un 10 por ciento, Países Bajos en un 22 por ciento y Reino
Unido en un 7 por ciento, mientras que otro Estado miembro, Italia,
si bien cumplía en cuanto a arqueo bruto, había superado sus
objetivos en un 6 por ciento. Por lo tanto en estos Estados miembros
no se están pudiendo aplicar las ayudas estructurales de la flota y
se están produciendo esfuerzos por llegar a cumplir los objetivos.
Existe cierto consenso en toda la comunidad, que no es total pero sí
mayoritario en el sentido de que la futura política de flotas
pesqueras tiene que respetar los objetivos finales de la actual POP.
Es decir, no sería lógico que la mayor parte de los Estados miembros,
en este caso 12 ó 10, porque hay dos Estados miembros que no tienen
apenas sector pesquero, estemos cumpliendo una disciplina en materia
de capacidad, mientras tres Estados miembros estén superando
objetivos y eso no tenga ninguna repercusión. Además nos gustaría que
la comunidad se dotara de un sistema coercitivo para hacer cumplir
estos programas y asegurar que la capacidad global de la flota
pesquera comunitaria no se incremente, que cumpla los objetivos de
reducción realista y al mismo tiempo que eso redunde en beneficio de
todo el sector para una reducción de capacidad, del esfuerzo y de una
mejora de los rendimientos de las flotas pesqueras para todos los
Estados miembros.
- GRADO DE ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA. (Número de
expediente 181/001072)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la pregunta número 3
que va a formular la diputada señora Faraldo. Tiene la palabra.
La señora FARALDO BOTANA: Mi pregunta versa sobre el grado de
elaboración del Libro Blanco de la acuicultura española. Debo iniciar
esta pregunta felicitando al secretario general de Pesca Marítima por
la elaboración de este libro blanco así como de la buena acogida que
ha tenido por parte de los sectores interesados que a este grupo le
consta.
Un país como España de gran tradición pesquera y una cultura de
productos marinos de elevada relevancia
-que además une una diversidad de las costas que han originado un
mercado de productos pesqueros habituados a un gran número de
especies, tanto atlánticas como mediterráneas- tiene amplias
posibilidades para desarrollar diferentes sistemas de acuicultura. A
esta tradición pesquera se une la acuicultura, que es considerada
como uno de los sectores productores de alimento con mayor potencial
de crecimiento. Centrándonos en lo que es la acuicultura española, se
encuentra en estos momentos entre las más importantes de la Unión
Europea; no en vano es uno de los cuatro países que en mayor medida
contribuyen al incremento del volumen de producción, alcanzando
España el 25 por ciento de la producción europea. España cuenta hoy
con una industria saneada que puede constituir el embrión de una
nueva actividad de desarrollo importante; no obstante, la
incorporación de nuevos países a esta industria y las nuevas
tecnologías aplicadas ponían de manifiesto la necesidad de adoptar
medidas tendentes a asegurar el nivel de desarrollo logrado por la
acuicultura española e impulsar su crecimiento. Así, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado con una importante
participación de instituciones empresas y expertos un libro blanco
capaz de servir de base para el desarrollo futuro del sector. La
realización de este libro blanco fue propuesta a las comunidades
autónomas durante la junta nacional de cultivos marinos celebrada en
1997 asumiendo esta iniciativa por la misma. Posteriormente es en la
conferencia sectorial de pesca donde se adopta el acuerdo de que la
Secretaría General de Pesca Marítima iniciara, en colaboración con
las comunidades autónomas, la elaboración de un plan estratégico de
la acuicultura con miras a su desarrollo con el máximo nivel de
competitividad y de optimización de los puestos de trabajo generados.
Una vez finalizado el borrador del libro blanco se procedió a su
difusión pública y oficial, dirigiéndose a los diferentes organismos
de la Administración central, comunidades autónomas, Administración
local, investigadores, grupos políticos, así como a productores y
otros organismos. Mediante la elaboración de este documento se
pretendía analizar los problemas que conoce el sector de la
acuicultura e identificar aquellos aspectos que podían ser los
cuellos de botella de dicho sector. Recientemente, en una
comparecencia del secretario general ante esta Comisión para explicar
los presupuestos para el 2002 se nos informaba que los fondos de este
año destinados a la acuicultura se incrementaban en un 5 por ciento,
nos hablaba de inversiones crecientes y ponía de manifiesto que se
estaban desarrollando todas las previsiones del Libro Blanco de la
acuicultura, previsiones en las que hoy nos gustaría ahondar. Por
eso, más que sobre el grado de elaboración del libro blanco del que
podemos felicitarnos hoy por su finalización, nos gustaría ahondar en
las líneas principales de este libro blanco y cuáles han sido los
avances en su puesta en práctica hasta el momento actual.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): Tal y como ha
señalado SS.SS la acuicultura está llamada a jugar un papel
fundamental en el suministro de proteínas de origen marino en la
dieta de los españoles. A pesar de que tenemos un sector de
acuicultura importante en cuanto a su nivel de producción en el
contexto europeo, pensamos que el potencial de España en la
producción de acuicultura es muy superior y debemos tener una
ambición mayor en lo que se refiere a los grados de crecimiento de
este sector. En ese sentido el libro blanco vino a tratar de conocer
cuáles son las iniciativas necesarias para favorecer el despegue y
las inversiones de este sector y nos ha señalado una serie de caminos
por los cuales se está empezando a trabajar en este momento.
Concretamente, y yendo al objetivo explícito de los puntos que SS.SS
demandaba, se está trabajando en la coordinación de todas las labores
y trabajos científicos relacionados con la acuicultura. Este es un
aspecto fundamental porque la acuicultura es un sector que está
creciendo y, sobre todo, que está innovando día a día. La innovación
y la investigación tienen un papel fundamental. Para la incorporación
de nuevas especies, de nuevos sistemas de cría y, por tanto, de
alimentación o incluso de comercialización es fundamental que la
investigación que se está realizando tenga un adecuado nivel de
coordinación. En este sentido, se ha creado ya el Observatorio
Nacional de Acuicultura como elemento de intercomunicación entre
científicos, Administración y empresas, que pensamos que va a
favorecer no solamente la coordinación en la investigación sino la
incorporación de las innovaciones tecnológicas al ámbito de la
empresa y una comunicación recíproca entre empresas e investigadores
para orientar de forma mucho más precisa las necesidades de las
empresas de acuicultura.
También se está trabajando en el ámbito de la política financiera y
el régimen tributario. En este momento se trata sobre todo de
analizar cuál es la fiscalidad de la empresa acuícola en España en
relación con los países de nuestro entorno para tratar de llegar a
conclusiones que nos lleven a proponer cambios, si es el caso, en
este sector; en concreto, aspectos como la consideración de los
stocks de peces en una instalación acuícola como un activo contable
de la empresa en el ejercicio económico o en el momento de su venta,
que pueden ser importantes a la hora de la financiación de ese tipo
de empresas. Es decir, estamos viendo si es posible, en el entorno
económico en que nos movemos, proponer cambios que favorezcan la
financiación de este tipo de empresas.
Los mercados son un aspecto fundamental. En este momento se da el
caso paradójico de que, mientras la producción acuícola, en lo que se
refiere a peces, todavía no es elevada en nuestro país y ni siquiera
en el conjunto
de Europa -salvo en el caso del salmón, las demás especies no
tienen una producción muy elevada-, ya se están produciendo problemas
de mercado. Eso es sintomático; no se trata de una sobreproducción,
ni muchísimo menos, sino de una mala regulación de estos mercados. Se
está trabajando en la implantación de un sistema de información
permanente de los mercados de productos acuícolas para facilitar esta
regulación y evitar acumulaciones puntuales de oferta de algunos
productos, como es el caso de la dorada, que en este momento ya están
produciendo distorsiones en el ámbito del mercado comunitario.
Otro aspecto que señala el libro verde y sobre el que se está
trabajando es el de la sanidad veterinaria. La acuicultura, como
cualquier otra producción animal, conlleva una cría intensiva de
especies, una cría en una densidad mayor que en el medio natural y,
por tanto, la aparición de patologías nuevas y la mayor facilidad de
propagación de estas patologías. Por tanto, es necesaria una
normativa sanitaria y zoosanitaria adecuada para garantizar, por una
parte, la salud y la rentabilidad de la explotación y, por otra
parte, un nivel apropiado de seguridad alimentaria. El problema que
tiene la acuicultura es que es un sector demasiado pequeño todavía
como para que, en esta materia zoosanitaria, las empresas privadas,
los laboratorios tengan un incentivo a la hora de trabajar en materia
de investigación y lograr la aprobación de determinados principios
activos de aplicación a este tipo de especies. Como es sabido, esto
conlleva una inversión importante en la industria farmacéutica y, si
el mercado no es amplio, es difícil la amortización. En este sentido,
se está analizando la repercusión y tratando de favorecer estudios en
especies asimilables, de forma que se puedan aprobar, para su
utilización en España, principios activos que ya están aprobados en
otros países de nuestro entorno económico.
En lo que se refiere a la educación y la formación profesional, que
también es un aspecto importante -en España, salvo quizá en el caso
de Galicia, no existen centros formativos específicos sobre esta
actividad-, se trata de adaptar la educación no solamente
universitaria sino la formación profesional a las necesidades del
sector. También aquí se está haciendo un estudio en colaboración con
las autoridades educativas para tratar de adaptar esta formación a
las necesidades concretas del sector.
Otro aspecto no menos importante es la planificación litoral. La
instalación de una granja de acuicultura en el litoral conlleva la
ocupación de un espacio de dominio público, lo cual exige una serie
de autorizaciones y de compatibilidades con otros usos. En este
sentido, estamos trabajando para elaborar un plan nacional de usos
del litoral que permita evitar las largas tramitaciones en la
instalación de una unidad de producción de acuicultura al tener ya
delimitados cuáles son los espacios y las zonas donde se dan las
condiciones apropiadas.Lo mismo se puede decir en planificación
hidrológica en lo que se refiere a la piscicultura de agua dulce.
Por último, otro de los aspectos que recoge el Libro Blanco de la
acuicultura y que tiene gran importancia es la simplificación
administrativa. En este momento, debido a la multitud de competencias
sobre la materia, la tramitación administrativa de una autorización
para una unidad de producción acuícola es demasiado larga y compleja;
intervienen administraciones locales, autonómicas y central en sus
distintos departamentos y es imprescindible lograr una adecuada
coordinación. Se trata de unificar procedimientos de autorización de
la actividad, para lo que se está trabajando en el seno de la Junta
asesora de cultivos marinos, integrada por el Estado y las
comunidades autónomas, para lograr, insisto, esta unificación de
procedimientos y, por tanto, una mayor agilidad en las autorizaciones
de las unidades de acuicultura.
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE PRINCIPALES ACCIONES PROMOCIONALES, OBJETIVOS Y ORIENTACIONES
DEL FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA
PESCA Y CULTIVOS MARINOS (FROM). (Número de expediente 181/001073)
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA ESPAÑA PARA LUCHAR CONTRA LA PESCA
ILEGAL. (Número de expediente 181/001077)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la formulación de las preguntas 4 y 8.
Tiene la palabra, para formularlas, el portavoz del Grupo Popular
señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señor secretario general de Pesca, sabemos
que el FROM -el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos- es un organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Agricultura -depende de la Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros- que se dedica a
promocionar el consumo de productos pesqueros, a orientar el mercado
de estos productos en cuanto a cantidades, precios, calidades y
asistencia técnica a asociaciones, cooperativas, empresas del sector
que así lo soliciten. Dentro de los servicios que presta también está
la incentivación del consumo de productos de la pesca con campañas
publicitarias, asistencia a ferias, tanto en apoyo de empresas como
con una presencia institucional propia, gestión de ayudas nacionales
y comunitarias, participación en cursos y conferencias sectoriales,
elaboración de estudios y análisis de necesidades. Este diputado ha
tenido dos experiencias con el FROM, una a raíz del vertido de las
minas de Aznalcóllar, en Andalucía,
donde el FROM realizó una campaña de consumo de productos de la zona,
la desembocadura del Guadalquivir, ya que se había dicho que esos
productos podían estar contaminados. Yo doy fe del éxito de aquella
campaña para productos como el langostino, la acedía, la chirla o el
calamar. Se hizo en colaboración con el sector, con una serie de
restaurantes de la zona, con periodistas especializados y fue capaz
de evitar esa campaña que hubo contra el consumo de estos productos.
Otra experiencia fue en Barbate a raíz del no acuerdo de pesca con
Marruecos. Se organizó un foro donde se estudiaron alternativas para
sustituir medidas de diversificación para la flota de la población de
Barbate. Estas son pequeñas muestras, pero sería de interés para esta
Cámara conocer con detalle la actividad del FROM. Por eso le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales acciones
promocionales del FROM en la actualidad, sus objetivos y
orientaciones futuras?
La pregunta 8 se refiere a la pesca ilegal, que sabemos que es una de
las principales amenazas para el futuro del sector pesquero. Estas
actividades se realizan a menudo en buques con pabellón de
conveniencia, bien barcos registrados pero con artes prohibidas o
registrados pero con motores con potencia muy superior a las
autorizadas, o por embarcaciones deportivas no reguladas o barcos
artesanales que, aparte de no estar foliados ni registrados, las
artes tampoco están controladas. Es una pesca ilegal que no está
declarada y no es reglamentaria, lo que conlleva unos efectos
altamente perniciosos para la conservación de las especies y para la
seguridad de la vida humana al producirse, repito, en un marco no
regulado. No hay control veterinario, no hay control de salubridad ni
de tamaño de las especies, no hay un control de mercado ni de
etiquetado en lonja. Están fuera de control económico, no están
sometidos a un régimen de ventas o subastas en estas lonjas. No hay
unas normas de seguridad en el trabajo; al no estar dados de alta en
la Seguridad Social, no hay protección laboral ni médica ni de
jubilación. Todo ello produce un agravio comparativo entre el armador
responsable que cumple con las normas, que paga sus impuestos, que da
de alta a los trabajadores y que se somete a los controles sanitarios
y de todo tipo, y los que no lo hacen. Los ilegales tienen una serie
de ventajas económicas puesto que tienen menos gastos generales,
menos control, pueden vender a menor precio al ser una actividad no
declarada ni reglamentada; es decir, hacen una competencia desleal al
armador responsable. Además de todos estos perjuicios, se hace una
pesca irresponsable en la que no se tiene en cuenta el desarrollo
sostenible y equilibrado de la seguridad alimentaria y la protección
del medio ambiente. Es contraria a los esfuerzos de conservación y
ordenación de las poblaciones de peces de todo tipo y atenta contra
la conservación de otras especies de mamíferos y aves marinas. El
daño que se produce es muy grave y creemos que hay luchar contra
ello. Así lo dice el plan de
acción internacional para prever la eliminación de la pesca ilegal,
adoptado este año por la FAO. Lo solicita también el Consejo Europeo,
que insta a la Comisión a actuar, y esta a su vez a los Estados
miembros para que tomen medidas. Conozco algunas acciones como las de
la Xunta de Galicia que intenta prohibir la entrada de capturas de
barcos con bandera de conveniencia; también los acuerdos que se han
firmado entre el Ministerio, la Junta de Andalucía, la Subdelegación
del Gobierno y el Seprona para la regulación y legalización del
caladero suratlántico, que están dando magníficos resultados. Todas
estas acciones son muy importantes y queremos saber cuáles son las
que desarrolla España para luchar contra la pesca ilegal.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle tiene la palabra el señor
secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): En lo
que se refiere a las acciones promocionales del FROM, en la
actualidad se están desarrollando distintas líneas. Por una parte,
una campaña de implantación del etiquetado en los productos
procedentes de la pesca y de la acuicultura. Como es sabido, se ha
regulado sobre etiquetado e identificación de productos de la pesca
hace ya algunos años para favorecer la total implantación de esta
legislación. Se está procediendo a una campaña de información,
dirigida tanto a los pescadores como a los consumidores, sobre las
ventajas y los medios para esta identificación, que pensamos que
puede ayudar mucho no sólo al consumidor sino al pescador al
favorecer la identificación de los productos de nuestras costas
respecto a los de otras procedencias. Se está trabajando también en
una campaña de promoción de pescados azules, campaña tradicional en
este organismo que pretende favorecer el consumo de productos que
están menos afectados por la sobrepesca que otro tipo de pescados de
fondo, pero que contiene unas cualidades nutritivas muy resaltables.
Dicha campaña da unos resultados que nos hace insistir en ella a lo
largo de los años. Se están realizando también una serie de campañas
de orientación de productos, en concreto de las conservas. El mercado
de las conservas en España es un mercado maduro; somos grandes
consumidores de conservas, seguramente uno de los principales del
mundo. Precisamente por ser un mercado maduro y por la necesidad de
mantenerlo dinámico, es conveniente seguir colaborando; son campañas
que se hacen con una colaboración económica del sector para favorecer
el consumo de productos en conservas. Idéntica situación se produce
con los productos de la acuicultura. Se están realizando campañas
para dar a conocer al consumidor las ventajas de estos productos y su
valoración en la medida en que son productos de calidad, con una
disponibilidad regular y una frescura sobresaliente. Por otra parte,
también se está incentivando el consumo de productos congelados, que
tienen unas características
nutritivas y unas condiciones en cuanto a precio habitualmente muy
competitivas respecto a los productos frescos.
Otra de las líneas que sigue el FROM son las campañas que favorecen
la concienciación de los consumidores. Cuantitativamente la línea más
importante es contra el consumo de juveniles, que está dando unos
resultados muy importantes, estamos muy satisfechos de sus
resultados, actuando no sólo en los medios de comunicación sobre el
público en general sino sobre los pescadores, y de forma especial con
una labor que consideramos de gran importancia sobre la fracción más
joven de la población, los niños, pues pensamos que la educación es
fundamental para conseguir una adecuada concienciación. Es la campaña
que absorbe un mayor número de fondos, con un importe total en este
ejercicio de 467 millones de pesetas.
El FROM tiene unas orientaciones futuras que van a seguir incidiendo
en la promoción de estas especies pesqueras infraexplotadas y en la
concienciación para la protección de los recursos en campañas que den
a conocer los elementos de normalización de los productos de la pesca
y que pongan de relieve el factor calidad. En general van a ser
siempre campañas de promoción en las que primen los intereses
colectivos frente a los individuales, respaldadas por las
organizaciones de productores pesqueros, con el fin de fomentar las
organizaciones interprofesionales del sector. Estamos decididos
a impulsar campañas que permitan la introducción de nuevas especies en
el mercado. En este momento se está procediendo a explotar especies
profundas que no son habituales en nuestros mercados. Existen
posibilidades importantes de estas especies en algunos casos,
concretamente en flotas como la palangrera que faenaba en Marruecos.
Con algunas de estas especies se han hecho campañas que han
encontrado posibilidades muy importantes en aguas internacionales.
Creemos interesante desarrollar acciones de puesta en conocimiento de
este tipo de especies por parte del mercado español, que permitan en
un futuro inmediato la explotación comercial de estas especies
profundas por parte de nuestras flotas. Por supuesto, vamor a
continuar con las acciones de apertura de mercados, de participación
en certámenes internacionales y de fomento de las exportaciones de
producciones pesqueras, básicamente producciones transformadas de la
industria española en los mercados internacionales.
En lo que se refiere a la pesca ilegal quiero citar dos apartados
distintos. Por una parte está la pesca ilegal, entendida como aquella
que se realiza dentro de nuestras aguas por embarcaciones que no
tienen las licencias oportunas para ejercer la actividad. Después de
mejorar de forma importante los medios de control por parte del
Gobierno y después de que hayamos reforzado los vínculos de
colaboración tanto con la Armada como con la Guardia Civil con estos
objetivos, estamos trabajando en íntima colaboración con las
comunidades autónomas -tanto con las del norte como con las
del sur de España, siendo mucho más llamativa la labor que se realiza
en Andalucía por ser un problema más agudo en ciertas zonas de esta
comunidad- para poder actuar conjuntamente en la persecución de este
tipo de actividades. Considero de capital importancia esta
colaboración puesto que no hay que olvidar que esta actividad en
nuestras aguas se produce sobre todo por parte de pequeñas
embarcaciones que no por ser pequeñas realizan un daño menor, ya que
son muy numerosas y actúan en las zonas más sensibles, en las zonas
más abrigadas y próximas a la costa, zonas que en muchas ocasiones
son de aguas interiores, por lo cual la competencia autonómica es
preponderante y es fundamental la colaboración entre las
administraciones. En este momento estamos satisfechos del nivel de
colaboración que tenemos, con un respaldo muy importante por parte
del sector pesquero y de la sociedad de estas zonas en general, lo
cual nos va a permitir seguir realizando avances e ir introduciendo
un orden que es muy necesario en estas zonas en relación con este
tipo de actividades.
Otra dimensión de este problema, si se quiere incluso más compleja,
es la que representa la pesca ilegal a nivel internacional, que se
identifica casi siempre con las banderas de conveniencia y en la que
se produce un elemento de gran dificultad para la actuación, como es
que este tipo de buques actúan habitualmente en aguas
internacionales, en ocasiones también de forma ilegal en zonas
económicas exclusivas de algunos Estados, pero por lo general en
aguas internacionales, y por ello no existe jurisdicción de ningún
Estado para poder ejercer una vigilancia adecuada; buques que tienen
como responsable de su jurisdicción el Estado de bandera, Estados que
muchas veces no tienen ni los medios ni la legislación ni la
intención de ejercer un efectivo control sobre la actividad de los
mismos, con lo cual este tipo de actividades ejercen un doble efecto
negativo sobre nuestro sector pesquero. Por una parte producen una
reducción de los stocks de peces que redunda en nuestro sector, como
es lógico, y por otra parte producen una muy notable competencia
desleal en el mercado, amén de unos efectos negativos en cuanto al
orden social con tripulaciones que muchas veces no están dadas de
alta en la Seguridad Social, sin ningún tipo de protección social y
con unos riesgos laborales muy elevados. Insisto en que son unas
actividades que deben ser perseguidas por todos los medios.
España tiene una legislación realmente avanzada en esta materia. Por
una parte, tiene la desgracia de contar con una serie de empresas con
intereses en estas banderas de conveniencia que, insisto, se amparan
en la jurisdicción del Estado de pabellón para realizar estas
actividades de forma impune. Al mismo tiempo tenemos también la
legislación más avanzada a nivel europeo, una legislación que nos
permite exigir de los buques que prueben el origen de las capturas a
la hora de desembarcar en España, de modo que en estos momentos
podemos afirmar que este tipo de desembarcos no
se producen en nuestro país sino en los de nuestro entorno. En la Ley
3/2000, aprobada recientemente por las Cortes, se introdujo una
tipificación de este tipo de actividades para las empresas y los
capitanes que participen en la pesca ilegal a través de banderas de
conveniencia. En este momento, lo que nos falta para completar el
círculo es lograr que esta aplicación de la normativa a nivel
nacional se extienda al resto de los países de nuestro entorno. Hemos
promovido a través de la Unión Europea que se involucren mucho más en
esta materia. De cara a la presidencia española tenemos la intención
de que esta lucha contra la pesca ilegal forme parte primordial de la
acción de España y la Comisión ya ha anunciado que va a presentar un
plan de acción contra la pesca ilegal, que esperamos se apruebe
durante la presidencia española, que va a permitir que este esfuerzo
que está haciendo España sea seguido por el resto de Estados miembros
y posteriormente sea ampliado a todas las organizaciones regionales
e internacionales de pesca para conseguir que estas actividades sobre
productos que se obtienen de forma ilegal, y minando el esfuerzo de
los países que estamos ejerciendo la responsabilidad a la hora de la
pesca en aguas internacionales, no puedan desarrollarse, no puedan
llegar a los mercados y así ejercer una suerte de asfixia económica
sobre los mismos. Confío en que pueda ser realidad en breve plazo,
pues tenemos un respaldo importante a nivel internacional. En este
momento la FAO ha aprobado un plan de acción internacional contra la
pesca ilegal que queremos impulsar. A finales del año próximo vamos a
organizar una conferencia internacional en España para tratar de
aunar experiencias en el ámbito internacional e impulsar que todos
los Estados, o los más importantes, colaboren en esta labor y así
eliminar esta lacra que, repito, produce un daño tremendo a la pesca
española, sobre todo a la que se realiza lejos de nuestras fronteras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juárez.
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE POSICIÓN DE ESPAÑA DE CARA AL FUTURO DE LA POLÍTICA COMUNITARIA
DE FLOTAS PESQUERAS. (Número de expediente 181/001075.)
- DEL SEÑOR MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
Y TRANSFORMADORA DE TÚNIDOS. (Número de expediente 181/001076.)
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor
Mantilla para formular las preguntas números 6 y 7.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor secretario
general, por su presencia una vez más ante esta Comisión para hacer
frente a la batería de preguntas que le va a formular el Grupo
Parlamentario Popular. Me corresponde hacer dos preguntas, una
referida a la política comunitaria de flotas pesqueras y la otra
sobre la industria extractiva y transformadora de túnidos en España.
Respecto de la primera, la política comunitaria de las flotas
pesqueras, como saben SS.SS., ha comparecido recientemente el
ministro para hablarnos y recibir sugerencias de los distintos grupos
parlamentarios sobre la PCP, la política común de pesca, que está
negociándose o desarrollándose en estos momentos en la Unión Europea
con el famoso libro verde. Como he dicho, se recibieron sugerencias
del sector y de todos los grupos políticos en una serie de temas
puntuales y concretos, y era un sentir generalizado la posible
transmisibilidad de las licencias, la discriminación de las flotas
sureñas respecto de las del norte, la discriminación entre convenios
de pesca firmados con países del norte -por ejemplo Groenlandia- y
otros convenios firmados con otros países que afectaban a las flotas
pesqueras del sur, etcétera. Como digo es un tema que se ha debatido
ampliamente y está recogido en el «Diario de Sesiones».
Haciendo un breve recorrido por la flota que faena en las aguas
comunitarias, en unos casos tenemos problemas más o menos fáciles de
resolver y en otros no tan fáciles. Como bien sabe el señor
secretario general de Pesca, la Unión Europea pretende un recorte
importante en las capturas de la merluza en el Gran Sol. Recuerdo que
tenemos una flota importante que denominábamos de los 300 y que en
estos momentos no llega ni a los 200, creo que son 196 los buques que
faenan en ese caladero, y pretenden reducirse las 21.000 toneladas
que tenemos en la actualidad a 16.400; en concreto el gallo, nuestro
famoso rapante, de 16.800 a 13.000 toneladas. Lógicamente, el sector
está buscando alternativas para que no se tenga que reducir una flota
que -recordemos- ha estado en más de 500, pasó a 300 y ahora, como he
dicho, debe estar en 196; repito que hay que buscar una solución a
fin de no tener que reducir nuestra flota pesquera una vez más. Unas
preguntas que presentaba mi grupo parlamentario se referían a las
exigencias de los POP y manifestábamos que España ha cumplido
escrupulosamente el POP 3 y está cumpliendo escrupulosamente el POP
4. Por tanto, ya hemos cumplido con las exigencias de la Unión
Europea en todos estos aspectos y, lógicamente, deberíamos tener
nuestras ventajas y poder responder de alguna manera a las exigencias
del sector buscando alternativas de no desguace y también a las
paradas biológicas. También le tengo que recordar al señor secretario
general que si hay paradas biológicas, sabe que los grupos
parlamentarios -de los que nos debe excluir al Grupo Parlamentario
Popular- creen que hay que buscar todo tipo de ayudas a los
tripulantes,
fundamentalmente en extractivos de paradas biológicas, y le reitero
que en este Parlamento habíamos llegado a la conclusión de que las
paradas biológicas contractuales no se pagaban, pero a las paradas
biológicas extracontractuales se les tiene que buscar algún tipo de
compensación.
Hay otra flota que es mi debilidad, como bien sabe el señor
secretario general, la bacaladera, que no tiene caladeros y que tiene
problemas; el otro día le decía que está faenando tres o cuatro meses
durante todo el año. Le reitero, señor secretario general -aunque
usted discrepe de la opinión de este humilde parlamentario-, que es
difícil conseguir tripulación para esta flota cuando solamente puede
faenar tres o cuatro meses al año. Le recuerdo que en el acuerdo
firmado con Groenlandia, que tiene unos caladeros tremendos en
Noruega, nuestra flota no tiene acceso a un montón de bacalao, y no
diganos en otros caladeros en los que Rusia es capaz de pescar más de
500.000 toneladas al año cuando nosotros solamente podemos pescar
aproximadamente 10.000 toneladas al año.
También se ha hablado hoy aquí de la recuperación del caladero
nacional, que es un tema puntual y concreto. Sabemos que la
Secretaría General de Pesca está colaborando con las comunidades
autónomas, especialmente con la gallega, para su recuperación. Me
gustaría saber la postura que va a defender España ante la Unión
Europea con respecto a nuestra flota que faena fundamentalmente en
los caladeros comunitarios. Hay que intentar defender todos aquellos
convenios que no sean de caladeros comunitarios en los que nuestra
flota pueda faenar, como Senegal y Mauritania, país con el que hemos
firmado recientemente un acuerdo por el que le felicitamos, ya que
nos ha permitido la reubicación de parte de la flota de Marruecos.
Estoy absolutamente convencido de que a partir de primeros de enero
el problema de Marruecos quedará para el olvido porque se habrá
solucionado en su mayor parte.
En cuanto a la otra pregunta, la relativa a la industria extractiva y
transformadora de atún en España, tenemos que recordar que la flota
pesquera de los túnidos, gracias a Dios, en cuanto a rentabilidad y
renovación es una de las mejores que tenemos en nuestros caladeros.
El Gobierno, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, aprobó la
renovación y ampliación de esta flota -es la única-, pero no cabe la
menor duda de que también tiene problemas. Hay países como Argentina,
Brasil o Marruecos que están intentando ampliar sus aguas
jurisdiccionales de 350 a 400 millas, lo que sin duda puede incidir
en estas especies transzonales. En muchas ocasiones en este
Parlamento se ha pedido la creación de entidades supraregionales que
regulen estas pescas en esas zonas, para intentar evitar de esa
manera la ambición de esos países costeros que sin duda podrán tener
derecho a una incentivación económica, pero lógicamente no debe de
ser en contra de nuestra flota.
Teníamos presentada una proposición no de ley para intentar regular
aquellos grupos auxiliares y los artefactos flotantes, pero de
momento no se ha debatido en esta Comisión. Este portavoz considera
que algún día habrá que buscar algún tipo de solución, porque no cabe
la menor duda de que en el sector, por desgracia en este aspecto
dividido, priman las dos opciones que se prohiba o no la pesca con
este tipo de artefactos.
La industria de los túnidos tiene también sus problemas. No hay
ninguna duda de que la importación de atunes ya transformados o
vinculados a las SPG del Pacto andino, países de la droga, está
teniendo complicaciones en el sector conservero, por lo que considero
que hay que buscar algún tipo de solución. No estamos diciendo que se
anulen estos acuerdos, pero lo cierto es que tenemos que buscar algún
tipo de solución. El sector conservero pretende garantizar la
estabilidad de la industria conservera. Hay que recordar que dentro
de un orden nuestra industria conservera es una de las más potentes
del mundo, aunque tenemos serias competencias con Marruecos, Portugal
e incluso Francia y no digamos ya con los países sudamericanos o
incluso con los Estados Unidos. Lo que se pretende es garantizar la
estabilidad de la industria conservera, asegurar la continuidad de la
industria, mejorar las medidas de instrumentalización que permitan
una actividad operativa y rentable y establecer un nivel razonable de
renta tanto a los trabajadores del sector conservero como a los
tripulantes que faenan en estas flotas. Por ello le pregunto, señor
secretario general: ¿Cuál es la política del Gobierno español en
relación con la industria extractiva y transformadora de túnidos en
España?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a estas dos preguntas, tiene la
palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): En
este momento existe en la Comunidad una política en relación con la
flota pesquera, en sus aspectos estructurales, que está más vinculada
a la flota como tal y que consiste en la fijación de una serie de
programas de orientación plurianuales, a los que hemos aludido en una
pregunta anterior, que marcan una serie de reducciones en las flotas
pesqueras motivados por el planteamiento que tiene la Comunidad de
que es necesario ajustar la capacidad de la flota a los recursos
existentes, habida cuenta de que existe un diagnóstico de una cierta
sobrecapacidad de la flota comunitaria y habida cuenta también de que
en aquellos segmentos en los que no existe una sobrecapacidad
manifiesta, el efecto de las mejoras técnicas, en la flota pesquera,
año tras año, en la flota pesquera hace que la capacidad de captura
de los buques sea cada vez mayor, mientras que la capacidad de los
caladeros no se incrementa en la misma medida; más bien todo lo
contrario. Esto hace pensar que es necesario que exista una política
de flotas pesqueras, política que en este momento está siendo muy
cuestionada en el ámbito
comunitario, básicamente porque pensamos que su diseño no es el
adecuado, no siempre se ajustan con fidelidad a las necesidades y los
programas deben ser plurianuales. Este diseño consiste en examinar un
informe sobre el estado de los recursos pesqueros en la Comunidad y
en aquellas flotas que están en peor estado, en función de sus
recursos, se exige una reducción de las mismas, mientras que en otras
flotas donde los recursos están en mejor situación la reducción es
menor o incluso no existe. El problema es que este análisis se hace
en un momento dado, es una foto fija, y los recursos evolucionan. Se
da la circunstancia paradójica - voy a citar un ejemplo que con el
que se va a comprender muy bien- de que cuando se negoció el programa
de orientación plurianual, el POP 4, en el año 1997, respecto a una
especie pelágica en el Cantábrico que estaba en una situación muy
complicada, la sardina, la Comisión propuso la reducción de la flota
en un 40 por ciento. Afortunadamente, después de las negociaciones
estas previsiones se redujeron de forma muy ostensible y en este
momento estamos viendo que el recurso se está recuperando gracias a
otras medidas menos traumáticas, diferentes a la reducción de la
flota, e incluso podríamos llegar a la situación absurda de que
eliminado el 40 por ciento de la flota el recurso se recupere y luego
no tengamos barcos para pescar, lo que -insisto- es una situación
bastante ridícula. De modo que es necesario reformular estos
programas de orientación plurianuales y hacer una reflexión en
profundidad en el ámbito de la reforma de la política común de pesca.
En opinión de España, para esta nueva política deben tenerse en
cuenta varios principios fundamentales. En primer lugar, debe tenerse
en cuenta que la situación de partida tiene que ser la situación
final de los programas que se habían aprobado hasta ahora. Se llame
como se llame la nueva política de flotas, los objetivos marcados
tienen que cumplirse porque, de otra forma, estaríamos cometiendo un
fraude con los que hemos cumplido que, como expliqué anteriormente,
somos la mayoría.
Dicho esto, señalaré que, en opinión de España, sí es necesario tener
una política comunitaria de flotas, algo en la política comunitaria
que marque un tope a la capacidad de la flota comunitaria. Una
política demasiado laxa, demasiado flexible en esta materia podría
producir en ciertos segmentos de flota que están gozando en este
momento de una cierta bonanza económica, que como sabemos es cíclica,
una explosión del número de buques que sin duda sería muy negativa a
medio plazo y tendría unas consecuencias que ya hemos observado en
otras ocasiones en algunas flotas, y quiero recordar la crisis de la
flota congeladora española a finales de los ochenta, con unas
consecuencias muy negativas. Es bueno mantener una política que evite
que la flota crezca por encima de los niveles sostenibles, en función
de los recursos.
La nueva política también tiene que ser capaz de incorporar los
elementos de mejora de la seguridad y la
habitabilidad de las embarcaciones, es decir, tiene que ser menos
rígida que la actual y tiene que conseguir que las distintas flotas
puedan hacer trasvases entre segmentos, sin la compartimentación tan
rígida que existe en este momento. Todo esto manteniendo un cierto
incentivo, que es bueno que se mantenga, al desguace o exportación de
buques, puede permitir que la flota comunitaria se mantenga
controlada en un tamaño razonable y que eso pueda asegurar el futuro
de las flotas. Lo que en ningún caso admitiremos es que se vinculen
los TAC y las cuotas con la política estructural. Respondiendo al
aspecto concreto que S.S. citó sobre el plan de recuperación de la
merluza o la flota de los 300, la Comisión pretende que, al hilo del
programa de recuperación de la merluza, se reduzcan las flotas que
pescan merluza y nosotros pensamos que eso no tienen ningún sentido.
La política estructural tiene que ser una política a mucho más largo
plazo que la política de recursos. Los recursos tienen una evolución
y una variación relativamente rápidas en el tiempo, mejoran,
empeoran, y las flotas no pueden modificarse estructuralmente al
ritmo de los distintos recursos, porque eso sería bastante absurdo,
como expliqué antes con el ejemplo de la sardina. Los planes de
recuperación tienen que basarse en medidas técnicas,
fundamentalmente, en reducción del tiempo de pesca, en vedas para
protección de juveniles o de reproductores, según el caso, en
aumentar la selectividad de las mallas, etcétera, pero no en
elementos estructurales que tienen que formar parte de una política a
mucho más largo plazo y que tienen, insisto, que permitir a las
flotas la flexibilidad y la versatilidad de adaptarse a
circunstancias tales como la que citó S.S. de flotas que, por falta
de un acuerdo de pesca, necesitan ubicarse en otros caladeros.
Pasando a la otra pregunta, a la política del Gobierno en relación
con la industria extractiva y transformadora de túnidos en España,
quiero decir que la industria pesquera, tanto la extractiva como la
transformadora de túnidos, es uno de los sectores pesqueros que está
atravesando un mejor momento en los últimos años. En el año 2000 la
flota española ha desembarcado más de 250.000 toneladas de atún, lo
que significa un crecimiento de casi un 12 por ciento respecto al año
anterior, y de un 32 por ciento respecto a 1998, es decir, un 32 por
ciento de crecimiento en dos años. Tengo que señalar que de estas
capturas de la flota española se destina un 50 por ciento al consumo
interno, a la transformación interna, y otro 50 por ciento a la
exportación, mientras que nuestra industria también importa una
cantidad de túnidos importante. Esto significa que el mercado de los
túnidos para transformación en el mundo es muy dinámico, donde
existen unos intercambios muy fluidos y, por tanto, pensamos que la
política de una suspensión arancelaria autónoma de la Comunidad para
estos productos es oportuna para favorecer nuestra industria y
permitirle una mayor flexibilidad en el aprovisionamiento de materias
primas. Es decir, que nuestra industria pueda acceder al mercado
mundial en
condiciones de igualdad con las industrias del resto del mundo y no
tenga que soportar unos aranceles cuando trata de importar atún de
cualquier procedencia. Por otra parte, se ha demostrado que esta
política es válida puesto que no ha producido perjuicios a la flota,
la flota ha seguido creciendo, sus capturas son crecientes y su
vitalidad es importante. Al mismo tiempo, la industria de
transformación también atraviesa un momento muy positivo. En el año
2000 las exportaciones crecieron un 37 por ciento respecto del año
anterior, cifra espectacular, y en este momento casi el 40 por ciento
de la producción se destina a mercados de terceros países. Siendo un
país consumidor de productos de calidad, la política del Gobierno se
dirige a defender en el ámbito comunitario la continuidad de esta
política arancelaria liberalizadora en lo que se refiere a la materia
prima, el atún, relativamente restrictiva en el producto
transformado, la lata, y, al mismo tiempo, a defender una política
basada sobre todo en la calidad y en la transparencia de la
información al consumidor.
El mercado español es un mercado cualificado y de calidad y, por
tanto, es importante evitar que prácticas que se están dando en otras
zonas del mundo, como la adición de proteínas de origen vegetal a las
conservas de atún, que está produciendo una merma de calidad y un
retraimiento del consumo, no se produzcan en España. También es
importante que el consumidor sepa lo que compra. Hace unos meses el
Gobierno promulgó un real decreto para obligar a que lo que se vende
como atún claro fuera obligatoriamente rabil, para responder a las
prácticas que se habían seguido por la industria hasta entonces y que
estaban dando lugar a una diferenciación del mercado favorable tanto
para el productor como para el consumidor, es decir, hacerlo con esta
política de transparencia y de calidad. Al mismo tiempo, tenemos el
fomento de la transformación en nuestro país, tanto de la primera
transformación, en lomos, como la segunda transformación, y en este
sentido las inversiones que se prevén en el programa del IFOP para el
período 2000/2007 son muy importantes. Es necesaria una política de
fomento de la internacionalización del sector pesquero y del sector
transformador español de atún. En este momento tenemos buques
atuneros pescando prácticamente en todos los mares del mundo, tenemos
algunas dificultades básicamente en el Pacífico, donde se están
produciendo algunos intentos de bloquear la participación de España
en algunas organizaciones regionales, pero tenemos prácticamente la
mejor industria extractiva, y los buques más tecnificados en el mundo
del atún que están consiguiendo, como en el Pacífico central y
oriental, entrar en esta zona de producción, la más importante del
mundo.
Este proceso de internacionalización también se está favoreciendo en
lo que se refiere a la transformación. En este momento la industria
española está realizando inversiones en países de Sudamérica y de
Centroamérica que están permitiendo deslocalizar ciertos tipos de
producciones, sobre todo la producción más intensiva
en mano de obra, la producción del lomo, para el envío a nuestro
mercado, aprovechando también las condiciones favorables del sistema
de preferencias generalizadas. Tenemos en este momento empresas
españolas desarrollando inversiones en Guatemala, en Panamá, en El
Salvador, en Ecuador y en Perú. Todo este esquema se mueve dentro de
un incentivo a la integración del sector extractivo y el sector
transformador, que es ya una realidad. En este momento las industrias
transformadoras más importantes tienen flotas y, a sensu contrario,
las flotas más importantes de nuestro país tienen industrias
transformadoras y se han visto respaldadas a nivel institucional por
la creación reciente de la interprofesión del atún, que pensamos que
puede favorecer este proceso de colaboración entre ambos sectores de
forma muy importante y, por tanto, que la tendencia positiva de esta
industria se mantenga en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Finalizadas las preguntas contestadas por el
secretario general de Pesca, al cual le agrademos su presencia junto
con sus colaboradores, vamos a dar dos minutos de descanso para que
pueda incorporarse la secretaria general de Agricultura, señora
García Tejerina.
- DEL SEÑOR PEREA CORTIJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA ANTE LA CRISIS VITIVINÍCOLA. (Número de
expediente 181/001140.)
El señor PRESIDENTE: Damos también la bienvenida a esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca a la secretaria general de
Agricultura, señora García Tejerina, para que pueda contestar a las
preguntas formuladas por los señores diputados.
En primer lugar, formulará la pregunta número 9 el diputado señor
Perea Cortijo, para lo cual tiene la palabra.
El señor PEREA CORTIJO: Señora secretaria general, no corren buenos
tiempos para el sector vitivinícola español. Durante el debate que
tuvo lugar en el seno de esta Comisión hace unos meses, al hilo de la
necesidad de presentación de los contratos para la apertura de un
período de destilación extraordinario que paliara el exceso de stock
en las bodegas españolas, tuvimos oportunidad de intercambiar algunas
argumentaciones sobre el futuro de un sector respecto del que se
están plasmando durante los últimos meses las peores perspectivas. A
día de hoy, se han confirmado algunas de esas señales -entonces
indiciarias y ahora confirmadas- y mi grupo parlamentario quiere
señalar que en la situación actual, con la caída de precios y con la
situación generalizada del mercado en cuanto al consumo y la caída de
la producción, hace falta una acción comprometida del Gobierno.
Señorías, los precios de la uva han sido inusualmente bajos, sobre
todo, teniendo
en cuenta el descenso en la producción y la calidad de la uva en la
presente campaña, algo teóricamente contradictorio. Si el panorama
era de por sí poco propicio para el sector, el golpe de gracia lo
puede haber dado la decisión del comité de gestión del vino del
pasado 27 de septiembre, por la que se establece un primer tramo en
la destilación entre los días 16 de octubre y 15 de noviembre por un
volumen de 7 millones de hectolitros, medida que viene a unirse a las
ya adoptadas en el pasado verano por el mismo órgano, con relación a
aplazar la destilación para uso de boca y rebajar el porcentaje de
dicha destilación de vinos de mesa blanco del 40 al 30 por ciento.
Como digo, este conjunto de medidas han sumido al sector aparte de en
una situación ya de por sí crítica por la caída de los precios y por
otras circunstancias, en una situación de desconfianza y de profundas
contradicciones que generan más inseguridad para el futuro al sector
del vino.
Ante esta situación, mi grupo quiere conocer cuál va a ser la actitud
del ministerio, habida cuenta de que estamos hablando de una crisis
generalizada en la que pueden verse afectadas las previsiones sobre
planes de reestructuración del viñedo, especialmente importantes para
nuestro país, dado que con este panorama más de uno se va a plantear
si acogerse a la reestructuración de un mercado, de un producto en
crisis y en el que es indispensable una actuación decidida de este
Gobierno -todo hay que decirlo- poco afortunada hasta el día de hoy
en la defensa de los intereses del sector en foros comunitarios.
Creemos indispensable que el Ministerio de Agricultura arbitre
medidas que palien una situación que está provocando problemas en
ciertas zonas donde la producción del vino y el cultivo de la vid es
especialmente importante desde el punto de vista económico. En
atención a estas regiones en las que el vino tiene un peso especial
económicamente hablando, es necesario, como digo, que el Gobierno
tome medidas. Ése es el objeto de esta pregunta: conocer cuáles son
las medidas que va a adoptar su departamento a la vista de las
decisiones adoptadas en foros comunitarios y que, en nuestra opinión,
son profundamente contrarias a los intereses españoles en materia del
vino.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra la secretaria
general de agricultura.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): La
situación actual del mercado vitivinícola es consecuencia de la
elevada cosecha de la campaña 2000-2001 unida a una reducción de las
exportaciones, así como ha señalado S.S., a una disminución del
consumo, especialmente de vino de mesa. Las medidas para la
regulación de los productos incluidos en la política agrícola común
son puestas en marcha por el Consejo y la Comisión en el marco de las
distintas organizaciones comunes de mercado, que, en el caso del
sector vitivinícola, la regula el Reglamento 1493/99 y los
reglamentos de la Comisión que
la desarrollan, que contemplan las diferentes medidas para
restablecer el equilibrio del mercado en situaciones especiales en
las que existan dificultades de comercialización de la producción. En
la campaña 2000- 2001, la producción de vinos en la Unión Europea se
situó alrededor de los 172 millones de hectólitros, siendo la
producción española de 41 millones y medio de hectolitros, que supone
un 24 por ciento de la producción comunitaria. De esta producción, 26
millones y medio de hectolitros corresponden al vino de mesa y 15
millones a vinos amparados bajo las diferentes denominaciones de
origen. Estas altas producciones unidas a un elevado nivel de stock
procedente de campañas anteriores, han provocado una gran oferta del
vino en el mercado, tanto de blancos como de tintos, que ha originado
un descenso generalizado de las cotizaciones en ambos tipos de vino.
Esta situación se produjo a pesar de haberse destilado para uso de
boca un total de 12,7 millones de hectolitros en toda la Unión
Europea, de los cuales correspondieron a España 7,3 millones, es
decir, el 57,5 por ciento del total, cuyo precio al productor es de
2,488 euros/hectogrado, que es superior al que en aquellos momentos
se daba en el mercado. A pesar de ello y con el fin de sostener los
precios en el mercado, España solicitó la apertura de una destilación
de crisis para todo el territorio español y para los vinos de mesa,
por un volumen de 2,6 millones de hectolitros para los que la
Comisión fijó un precio de 1,723 euros/hectolitros. Hay que decir que
solamente se produjeron ofertas por 2,3 millones de hectolitros. Por
otra parte, con la aplicación de la nueva organización común de
mercado, como conoce bien S.S., se han puesto en marcha las medidas
de reestructuración y reconversión de viñedo. Inicialmente, en una
primera asignación a España le concedieron 122,11 millones de euros
de los 379 millones que tenía destinados para este fin la Comunidad
Europea para toda la Unión, que suponen un 32 por ciento de los
fondos. Posteriormente, España para esa misma campaña recibe una
reasignación de 49,6 millones de euros de los fondos que no han sido
utilizados por otros Estados miembros. El total para España asciende
a 171 millones de euros que han permitido financiar la
reestructuración de 31.655 hectáreas la pasada campaña. La buena
gestión de los fondos ha permitido que para la presente campaña se
hayan asignado a España 154 millones de euros, que supone un
incremento con respecto al año anterior de un 26 por ciento.
Esperamos con esta cantidad reestructurar una superficie de alrededor
de 28.500 hectáreas. Por otra parte, en la presente campaña 2001-2002
se han introducido, como S.S. ha recogido perfectamente,
modificaciones a la reglamentación comunitaria que desarrolla la
organización común de mercado, retrasando el comienzo de la
destilación de uso de boca del 1 de septiembre al 16 de octubre
y reduciendo el volumen máximo a ofertar por cada elaborador del 40 al
30 por ciento.
En cuanto a la campaña 2001-2002, el comité de gestión de vinos, en
su reunión del día 27 de septiembre del presente año, decidió la
apertura de un primer tramo de la destilación de uso de boca, con un
volumen de 7 millones de hectolitros, atendiendo a la petición de la
delegación española, puesto que la propuesta inicial de la Comisión
era inferior, así como el compromiso de proceder posteriormente a la
nueva apertura de uno o más tramos de volúmenes complementarios en
función de la situación del mercado. Por otra parte, se ha aprobado
recientemente, también a petición de la delegación española, la
posibilidad de entregar vino en destilería a partir de la
presentación del contrato de hasta un 20 por ciento del ofertado, lo
que ha tenido una incidencia positiva en las cotizaciones del
mercado.
Ante la situación actual, y con objeto de consensuar propuestas que
permitan adoptar medidas a medio y largo plazo para solucionar los
problemas existentes en el sector vitivinícola se ha formado, bajo la
iniciativa y a impulso del ministerio de Agricultura, un grupo de
trabajo técnico integrado por representantes del ministerio, de las
principales comunidades autónomas afectadas y del sector productor.
Las conclusiones a las que se llegue en el citado grupo de trabajo se
elevarán a la comisión sectorial para una posterior adopción de las
medidas tanto de carácter normativo como de acuerdo entre las partes
afectadas.
El señor PRESIDENTE: Para hacer las reflexiones que considere
oportunas, tiene la palabra el señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Podemos valorar la situación en los términos
en que cada uno considere conveniente, pero lo cierto es que todo el
sector vitivinícola español y las principales organizaciones agrarias
han valorado muy negativamente la decisión del comité de gestión del
vino del pasado 27 de septiembre. Esa valoración negativa viene a
corroborar lo que para nosotros no es más que una evidencia, y es que
en el comité del pasado día 27 de septiembre hubo un claro derrotado,
y ese derrotado fue España y los intereses de los viticultores
españoles frente a los de otros países de nuestro entorno. Lo
manifiesta el propio sector a través de una gran mayoría de
organizaciones agrarias que consideran poco ajustado a los intereses
de España el proceso de fraccionamiento de las medidas de destilación
de crisis.
El sector manifestó su preferencia por el mantenimiento del actual
sistema de destilación definido en la OCM del vino hace sólo dos
años, que de momento ya ha sufrido su tercera modificación en cuanto
a la normativa de desarrollo a aplicar, en sólo dos meses. No se
trata únicamente de la confusión que esto genera en los productores,
ni siquiera de que en el seno de este órgano comunitario se exponga
con claridad la necesidad de velar por un sector estratégico -no
olvidemos que lo es en buena parte de nuestro país y que tiene un
peso
específico en algunas comunidades autónomas-, sino que se trata de no
trasladar la sensación de que el Gobierno español no tiene nada que
aportar en esta materia y de que se instale en el sector la
permanente sensación de que los viticultores franceses van a
perpetuar su ya cómoda y solvente posición, porque resultan
beneficiados una y otra vez en cada decisión de los órganos
comunitarios en los que nuestro ministerio de agricultura debería
actuar con más decisión en la defensa de los intereses de los
viticultores españoles.
De los Estados que solicitaron una destilación de crisis en la pasada
campaña -volviendo al tema que hemos planteado con anterioridad-,
sólo España declinó entregar una prima nacional a los viticultores.
En justicia, tal y como estaba la situación del sector hace seis
meses, el Gobierno debería haber hecho un esfuerzo, porque si en
algún Estado de la Unión esta medida tenía justificación o sentido
era en España. En aquel momento el portavoz del Grupo Popular en la
Comisión volvió a argumentar como justificación para el rechazo de
esta medida la supuesta involución que se produce en el sistema de
ayudas comunitarias creando una suerte de renacionalización de la
política agraria. Este argumento tantas veces expuesto resulta cada
vez más ilógico, más injustificado a la vista de lo que hacen otros
Estados de nuestro entorno. Cada día se hace más necesaria la actitud
decidida del Gobierno y de su departamento en la elaboración de un
plan estratégico que apoye decididamente a un sector que, frente a lo
que queramos decir en este momento, está atravesando una crisis no ya
coyuntural sino verdaderamente estructural, y los indicativos no
hacen más que corroborar esta afirmación. Ayer mismo se hacía público
el dato de que en la provincia de Ciudad Real, como saben ustedes,
provincia que mayoritariamente tiene sus bases económicas cimentadas
en el vino, en el cultivo de la uva, las pérdidas con relación a la
pasada campaña son de más de 30.000 millones de pesetas; en una
provincia del tamaño de Ciudad Real, con unos 500.000 habitantes, y
con los recursos económicos que todos conocemos, entenderán con
claridad hasta qué punto puede tener incidencia este dato en la
evolución económica de esta provincia en los próximos meses.
Necesitamos una reacción similar a la que se ha producido en otros
países de nuestro entorno, como en Francia, donde, aparte de
constituir grupos de expertos que ahonden en el trabajo y en el
futuro del sector, ya se ha presentado un plan concreto de adaptación
y apoyo al sector en el que se han comprometido importantes recursos
económicos con un horizonte a medio y largo plazo en el marco de la
evolución de la demanda de los mercados a futuro.
Si en nuestro país el Gobierno continúa mirando a otra parte en lugar
de afrontar con decisión esta crisis en el sector, corremos el riesgo
de que la situación, en lugar de ser reflejo de esta coyuntura de la
que estamos hablando más o menos puntual, sea una crisis realmente
estructural. A nadie se le escapa que la reconversión
varietal y la apuesta por la calidad en el producto que supuso la
pasada OCM del vino corre el riesgo de verse drásticamente frenada si
tenemos en cuenta los datos indiciarios en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señor Perea, se le termina el tiempo.
El señor PEREA CORTIJO: Termino.
Señorías, estamos en la obligación de tomar medidas para responder a
las demandas de un sector que comprueba cómo una y otra vez se están
defraudando sus expectativas y se perpetúa una caída de fuertes
dimensiones ante la que no hay una reacción coherente y decidida.
Tenemos que trasladar al sector la sensación de que se están
defendiendo sus intereses y no de que se está actuando prácticamente
a sus espaldas, o de que hay unos Estados que resultan vencedores y
otros derrotados, en este caso concreto el nuestro, de una forma
clamorosa, y a la vista está no del Grupo Socialista sino de todas
las organizaciones agrarias españolas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra la secretaria
general, a sabiendas de que tiene dos minutos y medios.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): Si
alguien está preocupado y está impulsando acciones a favor del sector
es el Gobierno, que lleva impulsadas todas las reuniones tanto con el
sector como con comunidades autónomas.
El día 2 de octubre el señor subsecretario del departamento se reúne
con las OPAS y con las cooperativas para analizar la situación; el
ministro, en la primera quincena, con los industriales del vino de
mesa; el 22 de octubre el ministro con el sector productor,
cooperativas y sindicatos, con los consejeros de las comunidades
autónomas más afectadas. Llevamos ya dos reuniones técnicas de un
grupo de trabajo, que he comentado anteriormente, para analizar las
distintas soluciones a medio y largo plazo, que se encuadrarán en las
responsabilidades de cada Administración. Nuestra responsabilidad es
la defensa en Bruselas de los intereses del sector, y hay que decir
que fruto de ello fue la organización común de mercado que en su día
benefició muy especialmente a España.
Se están modificando los reglamentos de aplicación del uso de boca,
pero hay que tener en cuenta -he dado anteriormente una cifra muy
significativa- que España, en la pasada campaña, se llevó casi el 60
por ciento de las destilaciones de uso de boca. Entenderá S.S. que es
normal que la Comisión trate de establecer medidas relativamente
equitativas y que nosotros estemos soportando la presión de muchos
Estados miembros que vieron cómo una OCM en su día se diseñaba
atendiendo fundamentalmente a los intereses y a las necesidades del
sector productor español.
Me gustaría también matizar, cuando se afirma que los productores
pueden llegar a desincentivarse sobre los programas de
reestructuración y reconversión, que para la actual campaña hay más
de doscientos millones de euros solicitados, sabiendo que tenemos una
asignación de 150 menos, que es el 26 por ciento superior a lo
asignado a la campaña anterior, lo cual no es indicativo de que el
sector en estos momentos no esté apostando por invertir. Desde el
Ministerio se está apoyando a las comunidades autónomas, que han
respondido muy bien a estos planes, así como en la Comisión se está
tratando de obtener el mayor número de recursos para reestructurar el
mayor número de hectáreas, puesto que es objetivo del ministerio
adecuar cada vez más la oferta y la demanda y adaptar las
producciones a la demanda de los consumidores.
Como conclusión, me gustaría comentar las actuaciones del Ministerio
de Agricultura en este momento en el ámbito de reestructuración y
reconversión de viñedo. Como ya he dicho, aparte de las medidas de
mercado de la presente campaña para la retirada de los excedentes a
través de destilaciones, ayudas al almacenamiento y demás actuaciones
complementarias, se siguen potenciando las producciones de calidad y
se están debatiendo con el sector y con las comunidades afectadas
medidas que en su día se pondrán en práctica, según quien sea, y por
supuesto, la administración competente se responsabilizará.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA SANCIÓN ECONÓMICA IMPUESTA POR LA UNIÓN EUROPEA A LOS AGRICULTORES
ESPAÑOLES POR SUPERAR LA SUPERFICIE BASE ASIGNADA PARA EL CULTIVO DEL
MAÍZ. (Número de expediente 181/001146)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la pregunta que figura
en el orden del día con el número 10.
Para formularla, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista,
señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Gracias, señora secretaria general del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por comparecer ante
esta Comisión para responder a la pregunta de este diputado.
No quería dejar pasar el momento sin felicitar al vicepresidente
primero de la Mesa por su cumpleaños, por su cuarenta cumpleaños, más
o menos. Que cumpla muchos más.
Intentando elevar el tono de la Comisión, diré que me gustaría situar
adecuadamente mi pregunta, temiendo no explicarme correctamente.
Pudiera ser que la lógica que quiero aplicar a mi razonamiento, sobre
todo al sentido común que creo tener, no debe ser la misma que tienen
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
o, como mínimo, el señor ministro. Me da la impresión de
que los lenguajes son diferentes, de que unos hablamos en un tono
unívoco y de que otros hablan en un tono equívoco y empleamos
palabras que a veces significan conceptos diferentes, aunque el
término sea el mismo.
Quiero decir esto porque esta mañana, en su comparecencia en el
Senado, el señor ministro ha dicho que el ministro de Agricultura ha
celebrado cuatro sesiones sectoriales con las comunidades autónomas y
que en ninguna de ellas se llegó a ningún acuerdo. Recordó que en la
reunión del pasado 25 de septiembre los consejeros llegaron a un
acuerdo, condicionado, entre comillas (por cierto, señora García
Tejerina, me gustaría que me contestara si el ministerio de
agricultura solicitó a la Comisión Europea una prórroga para la
aplicación de la regionalización de la penalización), a que la Unión
Europea diera el visto bueno a este sistema de regionalización, algo
que no se produjo. El Ministerio de Agricultura pide la prórroga el
25 de septiembre, pero todos sabemos que la fecha tope era el 15 de
septiembre. ¿Para qué nos está engañando? Ya sabemos que la última
fecha para pedir la prórroga es el 15 de septiembre; si la pide el 25
evidentemente es para que no se conceda.
Apuntó que el Gobierno no va a tener atenciones especiales
-atenciones especiales, ¿qué querrá decir?- con las que no cumplen la
normativa y señaló que la próxima campaña la penalización será
regionalizada. Me gustaría saber qué significan atenciones especiales
y con quién. Me da la impresión de que este ministerio, actúa tapando
agujeros, pero le faltan baldosas; quita de un lado y pone en otro,
pero los agujeros siguen. No se pueden tapar todos los agujeros si no
hay baldosas suficientes, siempre queda un agujero.
Mi pregunta sería: ¿Por qué ha penalizado la Unión Europea y cómo se
va a aplicar esa penalización en las diferentes comunidades
autónomas?
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la señora
secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): En
primer lugar, quiero unirme a la felicitación.
Si hablamos de la penalización que ha impuesto la Unión Europea, me
gustaría dejar claro que no hay penalización ni sanción económica de
la Unión Europea. Como usted sabe bien, señoría, no debemos hablar
nunca de una sanción impuesta por la Unión Europea. Desde la reforma
de la política agrícola común, en el año 1992, en la cual se le
concedió a España una ayuda al maíz de regadío para una superficie de
base de 403.360 hectáreas; quedó establecido reglamentariamente que
si se rebasa esa superficie de base en la campaña el organismo
pagador del Estado miembro de que se trate, en el caso nuestro es el
FEGA, liquidaríadirectamente la ayuda a los agricultores, reduciendo
su
importe en proporción al rebasamiento observado. Esto quiere decir
que la ayuda corresponde a las 403.360 hectáreas que se aplican
íntegramente en cada campaña y que representan un importe total de
unos 30.800 millones de pesetas que se perciben todos los años,
siempre que al menos se cultiven las 403.360 hectáreas de maíz en
regadío asignadas.
Al tener que distribuir estas hectáreas entre una superficie mayor de
la de base -este año, con los últimos datos de cultivo que tenemos,
son de 524.845 hectáreas-, cada agricultor cobrará una cantidad de
ayuda menor que la que le correspondería a la ayuda plena, pero hay
que dejar claro que este ajuste es automático y que lo realiza el
organismo pagador correspondiente en cada campaña. No existe, por
tanto, ninguna decisión específica de la Unión Europea para aplicar
una sanción, existe una normativa comunitaria de obligado
cumplimiento para todos los Estados miembros, que lleva casi diez
años en vigor. Tampoco es la primera vez que se tiene que realizar
este ajuste. En la campaña 1998-1999, la penalización, de carácter
nacional, tuvo un valor de un 7,1 por ciento y fue fruto de la Orden
ministerial de 18 de mayo de 1998, que está sin modificar, como es
obvio y como lo era en julio del presente año, fecha en que se
inician las siembras. En la campaña 1999-2000 no hubo rebasamiento,
por tanto, no hubo reducción de las ayudas. En la campaña 2000-2001
hubo un rebasamiento que supuso una reducción de las ayudas de un
2,86 por ciento. En la presente campaña, con los últimos datos, se
sitúa en un 23 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: No me ha contestado. Parece ser que los demás
no entendemos o estamos en otra órbita.
Voy a empezar con las manifestaciones del consejero de Agricultura
del Gobierno de Navarra, por cierto, de Unión del Pueblo Navarro y
del Partido Popular cuando se trata de elecciones generales. Dice don
Ignacio Martínez Alfaro: «La penalización sufrida en el maíz es una
tomadura de pelo». Son palabras textuales. Ignacio Martínez Alfaro lo
manifestó al término de la conferencia sectorial de agricultura y
desarrollo rural, celebrada hace unos días en Cudillero. El día 5 de
octubre, cuando su supo la buena nueva -entre comillas- , es decir,
que no se iba a regionalizar la penalización, Ignacio Martínez Alfaro
manifestó: «Me resulta inexplicable y el ministerio tiene toda la
responsabilidad» -yo pongo culpa-; «ha comunicado tarde y mal a
Bruselas una decisión que afecta a muchos agricultores, la fecha de
la sectorial la fija quien la fija, es decir, el ministerio. Cuando
se quieren resolver otros problemas, no hay problema, se tira de
teléfono y solucionado. Es una tomadora de pelo.» Lo repite él.
Agregó que se cuestionaba ir a las reuniones sectoriales, aunque lo
analizaría con la cabeza más fría. En una sectorial acepto -dice él-
criterio pero no mercadeos y menos ir como comparsa. Si esto es así,
señora Tejerina, no tengo más remedio que darle toda la razón al
consejero de Agricultura del Gobierno de Navarra. El portavoz de la
Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra dijo: Es una burla
inaceptable, se nos han reído a la cara. Y el sindicato de Unión de
Agricultores y Ganaderos de Navarra dice: El Ministerio ha incumplido
dos aspectos. A) no ejecutar los acuerdos de la conferencia sectorial
que señalaban el compromiso del mapa para regionalizar la
penalización. Y B) no comunicar a Bruselas dicha decisión antes del
15 de septiembre. El sindicato EHN dice que la actitud del Ministerio
es inadmisible. Finalmente, la UPA, otro sindicato, dice que todo
esto es una comedia para favorecer a determinadas comunidades
autónomas.
Señora Tejerina, Andalucía se ha pasado este año en un 66,69 por
ciento; Castilla y León, en un 63,29 por ciento; Cataluña, en un 50
por ciento; Castilla-La Mancha, en un 35 por ciento; Aragón, en un 35
por ciento y Extremadura, en un 13,22 por ciento. En Navarra no se ha
llegado a cubrir el cupo de las 21.956 hectáreas que tenía asignadas,
un 18 menos y, sin embargo, Navarra va a sufrir una penalización del
23 ó 24 por ciento cuando estos agricultores no han cometido ningún
tipo de falta. Se les está castigando por algo que no han hecho. Dice
usted que no se ha llegado a un acuerdo. Yo le voy a demostrar a
usted que se ha llegado a un acuerdo. El reglamento de la Comunidad
Europea dice que los estatutos miembros pueden aplicar una o varias
superficies de base nacionales; que estas superficies pueden
dividirse en subsuperficies de base, que cuando se rebase una
superficie de base nacional, el Estado miembro de que se trate debe
poder concentrar todas o parte de las medidas que deban adaptarse a
las superficies base en las que se haya registrado un rebasamiento
-por cierto, palabrita que no me gusta nada- e informar antes del 15
de septiembre a los productores y a la Comisión sus decisiones y las
normas de desarrollo de su aplicación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, vaya terminando.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Perdone, porque el tema es bastante
interesante.
El 4 de julio de 2000, acta de conferencia sectorial de Agricultura,
en la que se dice: Es la primera ocasión en la que se recoge el tema
de regionalización. En el acta de 30 de octubre de la conferencia
sectorial de Agricultura: Desde el Ministerio de Agricultura se
comprometen a tratar el tema y traer a esa conferencia una propuesta.
Acta de la conferencia sectorial de 6 de marzo de 2001: En esta
ocasión se llega al acuerdo de cupo y reparto de la superficie de
maíz, la cual había sido recurrida por Extremadura y es ratificada
por los consejeros de Agricultura. En cuarto lugar, carta del
consejero de Agricultura del Gobierno de Navarra al ministro de
Agricultura, 13 de agosto: El consejero de Agricultura de Navarra
solicita al Ministerio que decida cuál va a ser el esquema a aplicar
en la superación de la superficie. Quinto, un correo electrónico del
director general de Agricultura del Gobierno de Navarra a usted,
secretaria general, en el que dice: En este documento se solicita la
introducción en el orden del día de la conferencia sectorial prevista
para el día 6 de septiembre. Carta del consejero de Agricultura del
Gobierno de Navarra al ministro de Agricultura reclamándole que
introduzca en la sectorial este tema para que se llegue a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, tiene medio minuto más, pero no más.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Carta del ministro de Agricultura. Le puedo
aportar toda la documentación necesaria para que usted diga que ha
sido una dejación por parte del Ministerio de Agricultura el hecho de
no haber solicitado a Bruselas antes del 15 de septiembre la prórroga
o haber solicitado que se aplicara la regionalización de la
penalización. Se lo puedo demostrar documento a documento y se lo
puede demostrar el consejero de Agricultura y su amigo y también
amigo mío, Javier Eneriz, director general de Agricultura del
Gobierno de Navarra.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, como su rebasamiento ha sido de dos
minutos y medio, también tendremos que dejar a la secretaria general
que su rebasamiento sea de dos minutos y medio.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina):
Señoría, le voy a tratar de explicar la cronología de los hechos. Sin
duda dará respuesta a sus argumentos y espero también que le arroje
bastante luz a la situación.
Los documentos con los que hemos trabajado veo que son los mismos.
Hemos hablado de que esto se ha tratado en distintas conferencias
sectoriales. Efectivamente, este tema, junto con un problema que
afectaba a Navarra, se ha llevado a varias conferencias sectoriales.
La conferencia sectorial de 7 de mayo de 2001, cuya acta se aprueba
el 10 de julio, se cierra diciendo que se pospone el acuerdo porque
los señores consejeros no son capaces de ponerse de acuerdo y se
lleva a una nueva conferencia sectorial el asunto de Navarra junto
con la discusión sobre la regionalización del maíz. No se cierra
absolutamente nada, Y este acta se aprueba el 10 de julio, con lo que
el 10 de julio no se debate. Hay otra conferencia sectorial en julio
en la cual ningún consejero pide que se meta este punto en el orden
del día. Siempre que un consejero pide que un punto se incorpore en
el orden del día se hace automáticamente. Hasta el mes de septiembre
de la presente campaña, que comienza en julio de 2001, estaba
previsto y era de
todos conocido que la penalización por un posible rebasamiento
-entonces todavía no se conocían los datos y por eso en julio no
había quizá esa premura por regionalizar, pero sí que los productores
de todas las regiones españolas sabían a lo que se atenían en caso de
rebasamiento- sería de carácter nacional, como viene siendo desde que
el Ministerio publicó la orden el 18 de mayo de 1998. A partir del
mes de agosto, cuando ya se empiezan a conocer informaciones
provisionales sobre las solicitudes de ayudas y retiradas de cultivo
de maíz, es cuando algunas comunidades autónomas solicitan que se
regionalice. Efectivamente, hay cartas del consejero de Navarra donde
se exige.
No hay una fecha de conferencia sectorial hasta el 24 de septiembre y
todos conocemos que el 15 de septiembre había que comunicar a la
Comisión la decisión de regionalizar o no las distintas
penalizaciones. Si no tiene mis cartas al director general de
Agricultura, se las facilitaré porque verdaderamente no hay
correspondencia más conocida en este país. En esa correspondencia el
día 14 comunico la regionalización para los otros cultivos de regadío
y para el secano y digo a la Comisión que no le puedo comunicar el
maíz de regadío puesto que no hay un acuerdo de conferencia
sectorial. El ministro tiene por buena costumbre no adoptar ningún
acuerdo que afecta a todas las comunidades autónomas sin que se haya
aprobado en el marco de la conferencia sectorial. Por lo tanto, no se
podía aprobar esta decisión antes de la fecha del 24 de septiembre.
En esa fecha, en conferencia sectorial se aprueba una decisión en la
que todos sabíamos, con el reglamento en la mano, que la Comisión
tenía la última palabra puesto que nosotros estábamos incumpliendo un
reglamento comunitario. La respuesta de la Comisión es muy clara. Nos
dice que no estamos cumpliendo con el reglamento comunitario, que
estamos violando la seguridad jurídica de los productores y puesto
que estos no han sido informados antes del 15 de septiembre -aunque
la orden ministerial estaba ya siendo preparada desde que se adoptó
por los señores consejeros el acuerdo de regionalizar- nos instan a
dar marcha atrás, a adecuarnos a la reglamentación y suspender la
decisión, puesto que si no, nos podíamos atener a recortes
presupuestarios o sanciones por parte de la Comisión. Ante una
situación así, cumpliendo el acuerdo de conferencia sectorial que
dice que se regionaliza para esta campaña si la Comisión lo permite
y, si no, para la campaña próxima, se para la regionalización de la
penalización y se comunica que esta será efectiva a partir de la
próxima campaña.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general se le termina también
el tiempo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): Creo
que con esto le queda bastante claro todo. También quisiera
puntualizar que la mayoría de las organizaciones de productores,
quizá no las de Navarra, de haber seguido adelante con la
penalización aplicada regionalizada, hubieran denunciado esta
decisión ante la Comisión y lo hubieran ganado. (El señor Ripa
González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, usted sabe que los presidente nos
tenemos que atener a los reglamentos.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Simplemente quiero solicitar la
documentación.
El señor PRESIDENTE: Yo, transmitiéndole su interés, rogaré a la
señora secretaria general, sobre todo por hacer cumplir el
reglamento, que le remita esa documentación.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Es sólo medio minuto.
El señor PRESIDENTE: No podemos hacer excepciones.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Pido que mande a la Comisión la solicitud por
parte del Ministerio de la moratoria del plazo. Asimismo querría que
se hiciera público el acuerdo que el Ministerio ha tomado con la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y si se lo ha comunicado
al Gobierno de Navarra o no.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, yo me tengo que atener al Reglamento
y tengo que hacerlo cumplir. Usted sabe que en las preguntas, tanto
de la oposición como del grupo o grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, se hacen dos turnos. No hay turno de réplica, ni de
contrarréplica, ni de alusiones. (El señor vicepresidente, Amarillo
Doblado, pronuncia palabras que no se perciben.) Usted sabe, señor
vicepresidente, que las peticiones de documentación tienen sus cauces
legales, reglamentarios. Incluso por parte de los letrados de la
Cámara hay unas interpretaciones en esta materia y yo le rogaría que
las tomase en cuenta. Señor vicepresidente, yo le rogaría que no
polemicemos aquí usted y yo, habida cuenta de que tanto usted como yo
formamos parte de un órgano como es la Mesa de esta Comisión y por lo
tanto no quisiera incurrir en ninguna descortesía.
- DEL SEÑOR PRIM TOMÁS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),
SOBRE REPERCUSIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA UNIÓN EUROPEA SOBRE
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS DE FRUTAS Y
HORTALIZAS. (Número de expediente 181/000578)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura con el número
11 en el orden del día, que formulará
el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Prim Tomás.
El señor PRIM TOMÁS: Señora secretaria general, desde que la reforma
de la organización común de mercados de frutas y hortalizas se aprobó
en 1996 hasta el momento presente se ha pasado por otra mini reforma
o reforma parcial, aprobada en el Consejo de Ministros europeo hace
ahora un año. Después, la Comisión Europea presentó en enero del
presente año un informe sobre el funcionamiento de dicha organización
común de mercados. El sector puso una serie de objeciones al citado
informe pensando en unos detalles que considera que perjudican, si no
se adoptan medidas para la mejora de dicha organización común de
mercados. Se habla de la liberalización de los intercambios
comerciales y las futuras concesiones, y todo ello dentro del
contexto de la clara competencia de los países terceros. Las normas
de calidad son un factor fundamental que deberán tenerse en cuenta,
tanto para frutas como para hortalizas. Los precios de entrada
deberían servir de punto de referencia para la defensa de nuestros
productos. La excesiva carga burocrática y el bajo presupuesto de los
fondos operativos está siendo un serio freno para las organizaciones
de productores y sus planes de mejora y modernización de las
explotaciones. Nuestro país sigue siendo bajo en implantación de
asociaciones cooperativas, siendo importante la implantación de las
organizaciones de productores, que supondrá un incremento de la
concentración de la producción. Cada campaña frutícola u hortícola
son distintas cada año, pudiéndose producir excedentes y ello, en una
organización de productores inmersa en una OCM, se debe tener en
cuenta. La problemática española de los frutos secos es evidente con
relación a sus explotaciones y a su baja rentabilidad. Por eso,
porque en el citado informe el sector detectó, entre otros, los
problemas antes enumerados, es por lo que preguntamos qué opinión
tienen el Gobierno español en cuanto a la repercusión del informe
presentado por la Unión Europea sobre el funcionamiento de la
organización común de mercados de frutas y hortalizas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar al señor Prim, tiene la palabra
la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): El
informe aprobado por la Comisión europea el 24 de enero de 2001 se
encuadra dentro del cumplimiento del compromiso establecido por el
artículo 56 de la organización común de mercados de las frutas y
hortalizas frescas y el artículo 9 de la disposición que establece el
régimen de ayuda a determinados cítricos y que estipulan la
presentación de informes al Consejo, antes de 31 de diciembre de
2000, sobre el funcionamiento de la reforma del sector, efectuada en
el año 1996, y la aplicacióndel programa sobre transformados de
cítricos respectivamente,
acompañados en su caso de propuestas adecuadas. Este informe no va
acompañado de propuestas concretas dado que la Comisión había
remitido al Consejo por separado, en el mes de julio del año 200 un
paquete de propuestas de reforma sobre asuntos que reclamaban
atención urgente y que fue adoptado por el Consejo bajo Reglamento
2699/2000, de 4 de diciembre. Este informe hasta la fecha ha sido
debatido en dos sesiones del grupo de trabajo del consejo de frutas y
hortalizas, los días 27 de febrero y 7 de marzo, en el comité
especial de agricultura del 2 de abril y en el Consejo de Ministros
de 19 de junio del año 2001. La Comisión, por su parte, ha indicado
que el objetivo de este informe era dar cuenta de la situación del
sector y facilitar argumentos para un debate de carácter general.
Efectivamente esperábamos por parte de la Comisión una mayor
profundidad en los análisis sobre la evaluación de la aplicación de
la reforma del año 1996 y especialmente esperábamos propuestas de
adaptación de la regulación del sector, que eran urgentes de acuerdo
con el mandato del Consejo. Este informe, que tiene un carácter más
bien descriptivo, contiene lo siguientes aspectos: Exposición de la
distribución por áreas geográficas de la producción así como del
comercio exterior; las medidas que contempla la organización común de
mercado en materia de normalización; organizaciones de productores;
organizaciones de acuerdos interprofesionales; fondos operativos y
retiradas; descripción del sector de los frutos de cáscara y las
ayudas a los cítricos para transformación.
El Gobierno considera que es necesario profundizar más en el análisis
de la valoración de los mecanismos vigentes y de la idoneidad de los
mismos para hacer frente a los retos que vamos planteando; retos de
este sector que es quizá nuestro sector más competitivo, por lo cual
vamos a insistir en varios aspectos. Respecto a las organizaciones de
productores, según el informe, el grado de concentración de oferta se
ha estancado en los principales países productores en niveles
inferiores al objetivo del 60 por ciento inicial. El informe no
contempla propuestas para recuperar este objetivo y cambiar la
situación. Para España el papel de las organizaciones de productores
en la organización común de mercados de frutas y hortalizas es
básico, por lo cual consideramos esencial establecer estímulos para
incentivas las fusiones entre organizaciones de productores, para
fomentar asociaciones de estas organizaciones que lleven a cabo
acciones de mejora de la comercialización a través de programas
operativos complementarios de los de las organizaciones de
productores asociadas así como para estimular la captación de socios
para redimensionar las organizaciones de productores existentes.
En cuanto a los programas operativos, a pesar de que el reglamento
recientemente aprobado y el 609/2001, de modalidades de aplicación de
la ayuda financiera de los fondos operativos, han introducido sin
duda mejoras financieras y mayor grado de seguridad en la elegibilidad
de las acciones y de simplificación legislativa, todavía
persisten ciertas rigideces en el sistema de constitución de fondos.
Es nuestro objetivo lograr mayor grado de flexibilidad en el
mecanismo de contribuciones de los socios al fondo operativo,
estableciendo que el sistema de cotizaciones sea decidido por los
órganos de gobierno de las organizaciones de productores y no
mediante cotizaciones efectivas iguales en proporción a la cantidad o
el valor de las frutas y hortalizas entregadas a la organización de
productores. Por otro lado, la evaluación que hace la Comisión del
régimen de ayuda a la transformación de cítricos es insuficiente
porque no explica los precios bajos que han percibido los productores
de cítricos en los últimos años. Es cierto que se ha registrado un
aumento de las producciones pero no es esta la única causa, ya que la
industria no ha canalizado una cantidad suficiente para regular todo
el sector, a pesar de que había demanda para la transformación. Esto
ha sido debido a rigideces en el sistema de contratación. Existe la
obligatoriedad de contratar a través de una organización de
productores o de realizar un solo contrato con una industria. Sin
cuestionar el modelo fijado por el Reglamento 2202/96, sí que parece
oportuno abrir un debate con ocasión de la adopción del reglamento de
la Comisión, estableciendo nuevas modalidades de aplicación para la
adaptación del reglamento 2699/96 a partir de la próxima campaña y en
concreto las necesarias para que las producciones de agricultores no
asociados a organizaciones de productores puedan ser canalizadas
hacia la industria a través de las organizaciones. Sin embargo, el
Gobierno sí valora positivamente su presentación al Consejo porque va
a permitir un debate político en el seno del mismo, para que, por un
lado, puedan introducirse propuestas de mejora de carácter urgente y,
por otro, porque abre un debate de fondo para permitir el ajuste y
consolidación de la organización común de mercado a los nuevos
principios de reforma de la política agrícola común y de la
renovación del acuerdo de Berlín.
- DEL SEÑOR EDO GIL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL SECTOR DEL ARROZ. (Número de
expediente 181/001142)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta que figura
con el número 12. Para su formulación tiene la palabra el diputado
señor Edo.
El señor EDO GIL: Señora García Tejerina, respecto al contenido de mi
pregunta, dos son los temas que podrían marcar el camino hacia la
solución del problema que están sufriendo los arroceros.
Por un lado, está la regionalización y, por otro, el tema
agroambiental, pero todo ello dependiendo de laforma en que se lleve
a su término. Respecto a la regionalización,
el pasado mes de septiembre, el ministro aseguraba ante dirigentes de
un sindicato agrario que, aprovechando la presidencia española, iba a
cambiar el actual sistema de penalización existente en el sector del
arroz y que para llevarlo a cabo se pondría en marcha una
minirreforma de la OCM del sector del arroz. Y dijo más, quitaremos
la tabla de penalización y luego regionalizaremos. Este año la
penalización que sufren los productores es cercana al 50 por ciento.
Dejarán de percibir la mitad de las ayudas por haber sobrepasado en
todo el territorio nacional el irrisorio ocho por ciento de
superficie a cultivar. Esto, como comprenderán SS.SS. fácilmente, es
difícil de soportar por los productores del arroz y más cuando, sin
contar con las ayudas y según cálculos de los mismos productores, los
gastos de producción son iguales a los ingresos por la venta del
arroz. Por otra parte, los agricultores tienen verdaderos problemas
para acogerse a las ayudas agroambientales por la cantidad y
dificultad de compromisos que la Comunidad Europea les hace cumplir.
Lejos de sentirse atacados, los productores arroceros deben ser
protegidos, tanto en el plano agrícola como agroambiental, más, si
cabe, como consecuencia de los tratados de Ramsar y de Zepa. Señora
García Tejerina, son muchos más los problemas que existen en el tema
del arroz, pero estoy seguro de que ustedes los conocen. Por lo
tanto, paso a preguntarle: ¿Cuáles van a ser las medidas a adoptar
por parte del Ministerio para solucionar los problemas del sector del
arroz?
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria
general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina):
Respecto a la intervención en el sector del arroz, estamos actuando
en varios frente, como usted conoce bien. Lo que provocó la propuesta
de reforma por parte de la Comisión fue la elevada cantidad de arroz
en la intervención existente, dentro del marco de la regulación
actual. Otro frente trata de modificar, como ha comentado S.S.
anteriormente, la organización común de mercado, de forma que
defienda los intereses de nuestro sector. Dentro de las actuaciones
posibles en la reglamentación actual y con la finalidad de dar salida
a los actuales excedentes, estas son las líneas de actuación. Junto
con el resto de países productores de arroz de la Unión Europea, se
está instando a la Comisión en el comité de gestión de cereales para
que mejore la regulación y el control de la importación de arroz
Basmati, siendo claramente necesario frenar su desarrollo. Dichas
importaciones han pasado de suponer en el año 1993, 40.000 toneladas
y el 12 por ciento de las importaciones totales de arroz a 190.000
toneladas y el 32 por ciento de estas importaciones en el año 2000.
Se ha conseguido incrementar la ayuda alimentaria a terceros países y
a personas menos favorecidas dentro de la Unión Europea, con lo cual
también se da salida a esos excedentes. Se han
aumentado las restituciones a la exportación, tanto del arroz Indica
como del Japónica, con objeto de aligerar el mercado interior. Se
están reduciendo los stock de intervención, sacando al mercado
interno determinadas partidas para consumo animal previa la
desnaturalización. A medio plazo, en la otra línea de actuación del
Ministerio, para lo que trabajamos junto con otros países productores
de la Unión Europea, seguimos presionando a la Comisión en orden a
avanzar en la reforma de la Organización Común de Mercado del sector
para su ajuste definitivo. España está defendiendo el mantenimiento
de la intervención como una red mínima de seguridad para la
producción comunitaria y la integración del arroz en el régimen de
los cultivos herbáceos, con una superficie de base específica para el
arroz y sin retirada obligatoria de cultivo, que sería totalmente
inadecuada, así como la promoción del consumo en el mercado interno
de la Unión Europea.
He señalado a S.S. los dos importantes grupos de actuaciones que el
Gobierno español viene llevando a cabo para paliar los problemas que
afectan a este sector, pero por su importancia quisiera destacar la
favorable repercusión que tendrá la solicitud de integración del
arroz en el régimen de cultivos herbáceos para solucionar las dos
principales cuestiones que actualmente afectan a nuestros
productores. Por un lado, el derivado de la imposibilidad en el
actual marco de regulación comunitario de regionalizar nuestra
superficie de base nacional, petición que viene siendo mantenida por
los señores consejeros de las comunidades autónomas. Y, por otro, las
excesivas reducciones de ayudas por la superación de la misma de la
superficie de base nacional en su caso. Dicha integración permitirá,
como ocurre actualmente para los cultivos herbáceos, dividir la
superficie de base en subsuperficies de base por las comunidades
autónomas. El otro problema que he indicado, el relacionado con la
reducción de la ayuda en caso de superación de la superficie de base
nacional, dejaría de ser cuasi exponencial, como ocurre en el momento
actual, para limitarse al porcentaje superado.
Me gustaría referirme también al sistema de ayudas agroambientales
que ha citado S.S. que recibe el cultivo del arroz. El Real Decreto
4/2001, de 12 de enero, establece un régimen de ayudas a la
utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente y especifica las ayudas agroambientales a los subproductores
de arroz. En el apartado 5, protección de flora y fauna en humedales,
se describen las actuaciones sobre los arrozales que han de llevar a
cabo los titulares de explotaciones que se avengan al cumplimiento de
los compromisos establecidos en esta medida. Este programa, recogido
en la normativa española con objeto de favorecer las rentas de los
productores de arroz, tiene una ayuda básica de 84.000 pesetas
hectárea y año, cantidad que contribuye a facilitar la viabilidad de
estas explotaciones arroceras. La decisión de poner en funcionamiento
esta medida corresponde a los consejeros de las comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Para volver a preguntar y reflexionar sobre lo
que considere oportuno de la contestación, tiene la palabra el señor
Edo Gil.
El señor EDO GIL: No me esperaba menos de esa contestación, después
de oír las que ha dado anteriormente la señora García. No ha
contestado a lo que la he preguntado, pero volveré a la carga, no le
quepa la menor duda. Le he hablado de una minirreforma que decía el
ministro que se iba a aplicar aprovechando que íbamos a tener la
presidencia de la Comunidad Europea. Desde aquí le digo que los
arroceros no necesitan una minirreforma, necesitan una reforma de la
OCM del arroz. Le pregunto si se puede contemplar una reforma
parcial, una minirreforma (creo que será eso lo que quiere significar
la palabra minirreforma) en el ámbito de la Comunidad Europea sólo
para España. Antes ha mencionado que se estaban tomando medidas
respecto de los países productores. Ya le digo que no valen medias
tintas, más cuando en el horizonte de 2006, como usted conocerá, se
le viene encima la problemática a los productores con el acuerdo
entre la Unión Europea y los países menos avanzados; estos podrán
introducir arroz en nuestro mercado sin limitación de cantidad y sin
ningún tipo de arancel. El Gobierno, como me acaba de demostrar ahora
una vez más, no ofrece ningún tipo de garantías. Se basa
exclusivamente en prometer intenciones, como hizo el ministro en
aquel momento. Quiero recordarle, señora García, que tiene la
obligación de contestar a las preguntas que se le hacen y en los
términos justos en que se le formulan. Esto no lo está haciendo y por
eso paso a formularle una serie de preguntas para que usted las
conteste en los términos en que se las formulo. ¿Qué va a pasar con
los agricultores y con los humedales que actualmente persisten
gracias al arroz? ¿Está capacitada para contestar esto? ¿Me va a
contestar de forma ambigua ante el peligro inminente de hacer
desaparecer el medio de vida de diez mil familias españolas , como
mínimo? No se sonría. Conteste, es lo que tiene que hacer, es su
obligación. ¿Se va acometer una verdadera reforma que solucione los
problemas o se va a seguir intentando apaciguar los ánimos con
camelos como los de la minirreforma que ha prometido el ministro? Los
arroceros, señora García, y termino ya, quieren saber qué futuro les
espera. Le exijo concreción en sus respuestas y soluciones ya.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria
general de Agricultura.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): Yo
puedo responder, como creo que he respondido, a cuáles son las
medidas a adoptar por parte del Ministerio de Agricultura. No puedo
responder a qué es lo que va a pasar, porque nadie lo sabe. Tampoco
lo sabían en Nueva York el día 11 de septiembre. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, yo les ruego silencio, por favor, para
que pueda contestar la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): Pasaré
pues a exponer las líneas de actuación del Ministerio de Agricultura
en el ámbito de la regulación comunitaria de la OCM del sector del
arroz. La Comisión presentó una propuesta que a fecha de hoy podemos
considerar que tienen retirada, puesto que se ha encontrado con
dificultades de negociación con terceros países, en el sentido de
lograr un rearme arancelario. A la espera de una nueva propuesta,
que, como he dicho anteriormente, el Ministerio español está
trabajando junto con los países afectados -las propuestas y los
reglamentos de la Comisión son de aplicación a los 15 Estados
miembros-, plantearemos una primera reforma a más corto plazo que nos
permita arreglar los problemas que usted ha señalado como los más
preocupantes: la regionalización y el elevado sistema de
penalizaciones actual. Esta minirreforma es más fácil obtenerla en la
situación actual de la Comisión y su situación presupuestaria sin
coste presupuestario para la Comisión. La propuesta en la que
trabajaremos a más corto plazo solventa los principales problemas de
los productores españoles de regionalización y de penalización del
sistema actual de aplicación de las ayudas cuando se rebasa la
superficie nacional. Con ello a corto plazo pretendemos que se dé
salida. Cuando haya una revisión más general de la actual política
agrícola común, el Ministerio también tiene su propuesta, pero con un
coste presupuestario, por lo que la Comisión, aun bajo presidencia
española, nunca la iba a aceptar.
- DEL SEÑOR GALLEGO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL ACUERDO FIRMADO POR LA UNIÓN EUROPEA
Y MARRUECOS SOBRE EXPORTACIONES DE TOMATE MARROQUÍ. (Número de
expediente 181/001124)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la formulación de la pregunta que
figura con el número 13. Para que la pueda formular, tiene la palabra
el diputado señor Gallego López.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Señora secretaria, a veces uno tiene la
impresión de que las sesiones de control a las que tenemos derecho
los diputados no controlan nada y no sirven para lo que estuvieron
pensadas en su momento, porque hacemos preguntas, se contestan cuando
se contestan y se contestan como se contestan. Le voy a poner un
ejemplo. En junio presenté una pregunta escrita al Gobierno en la que
solicitaba la posición del Gobierno ante la previsible subida al alza
de los cupos de tomate que Marruecos puede introducir
en la Unión Europea así como medidas para defender los intereses del
sector español afectado. Me contestó el Ministerio el 10 de octubre
de 2001, cuando ya se había firmado ese acuerdo, diciendo que el
Gobierno considera que este incremento es asumible y que no pone en
peligro las exportaciones nacionales ni el funcionamiento de un
mercado equilibrado en la Unión Europea. ¿Qué podemos controlar a
toro pasado? El Ministerio no sólo no ha luchado por defender los
intereses españoles, sino que encima dice que el acuerdo es más
equilibrado. Palabras textuales del ministro. Es más equilibrado. Y
el equilibrio está en los datos que voy a exponer sucintamente porque
son de sobra conocidos: se ha aumentado en 18.000 toneladas la
exportación de tomate marroquí a la Unión Europea en los meses que
más perjudica al sector español, en noviembre y diciembre, la tercera
parte, y en los meses en los que no había exportaciones de tomate,
que eran los meses de abril y mayo. El acuerdo es más equilibrado.
Aquellos temores de primavera maduran en verano y han dado fruto en
otoño. ¿Qué ocurre ahora? Que el mercado europeo está paralizando las
compras a los productores españoles esperando los precios que ofrezca
Marruecos, que lógicamente serán a la baja. Y es que el acuerdo ha
sido muy ruinoso para aquellas zonas como Murcia, Almería, Alicante y
Canarias, donde se produce tomate de invierno fundamentalmente. Ya he
dicho que la ampliación se ha producido en esos meses principalmente.
Si negativo es el aumento de toneladas y de periodo de tiempo
permitido, el sistema de penalización que se arbitra en el caso de
que incumpla Marruecos, y se sabe que ha estado incumpliendo año tras
año, temporada tras temporadas, es el siguiente: Europa sancionaría
al tomate marroquí anulando los contingentes de importación aprobados
para los meses de abril y mayo. Con ello Marruecos puede introducir
mayor cantidad de tomate durante los meses de otoño, cuando la
producción temprana española se está abriendo camino en los mercados
europeos y cuando ya interesa menos, que es después, se compensa lo
que ha hecho de más.
No es así. Por eso hay unas cuestiones que yo quiero que me despeje.
¿Considera el Gobierno de verdad que es un buen acuerdo? ¿Va a ser
este acuerdo el punto de partida para los acuerdos a negociar en 2002
con Marruecos? ¿Ha habido otras concesiones que no se conozcan por
parte de la Unión Europea, que han sido influenciadas por otros
países con más peso que España? ¿Qué objetivos se plantea el Gobierno
para el sector en este acuerdo euromediterráneo de 2002? Una vez
producido el desastre que se ha producido en el sector de pequeños y
medianos productores, ¿hay algunas medidas compensatorias ante esas
pérdidas que está sufriendo el sector? Sobre todo, ¿qué medidas
efectivas de control, para que se cumplan, tiene previsto el Gobierno
español exigir a la Unión Europea?
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la señora
secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): Para
valorar si es bueno o malo el acuerdo conviene enmarcarlo en su justo
término. Este acuerdo está dentro de las conclusiones de la
conferencia euromediterránea de Barcelona de noviembre de 1995, que
establecen como objetivo la creación a largo plazo de una zona de
libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos. El acuerdo
euromediterráneo, creando una asociación entre la Unión Europea y
Marruecos, dentro de las conclusiones de Barcelona, es muy amplio. En
el capítulo dedicado a la libre circulación de productos agrícolas y
pesqueros, establece en su artículo 16 que la Comunidad y Marruecos
aplicarán progresivamente una mayor liberalización de sus
intercambios recíprocos de productos agrícolas y pesqueros. Esto,
señoría, fue aprobado en el mes de febrero del año 1996. Para llevar
a cabo esta liberalización progresiva, el acuerdo de asociación
establece en su artículo 18 que a partir del 1 de enero de 2000 la
Comunidad y Marruecos examinarán las condiciones en que dicha
liberalización deberá avanzar a partir del 1 de enero de 2001.
Durante el año 2000, la Comisión Europea ha instado en ocasiones
repetidas a las autoridades marroquíes a desarrollar las condiciones
de esta liberalización, sin que por parte de las mismas se
respondiera positivamente, como consecuencia principalmente de las
controversias surgidas entre la Unión Europea y Marruecos sobre la
interpretación de algunos de los aspectos del acuerdo. El 10 de
septiembre de este año se celebran consultas entre la Comisión
y Marruecos para tratar de encontrar vías de solución a las
controversias entre las partes sobre la interpretación del protocolo
primero, en el marco del acuerdo euromediterráneo, puesto que se ha
detectado que esta divergente interpretación es un obstáculo para
avanzar en la línea de la revisión a fondo prevista en el artículo 18
del acuerdo.
Como resultado de dichas consultas, se firmó un compromiso de
referéndum entre los representantes de la Comisión y de Marruecos de
carácter temporal para la campaña presente que asegure un periodo de
paz y dando tiempo adicional para acometer la obligada revisión del
vigente acuerdo de asociación. El compromiso alcanzado incluye una
apertura por parte comunitaria de un contingente autónomo de tomates,
con un precio de entrada reducido, para una cantidad de 18.081
toneladas adicionales a las concedidas actualmente, que se
distribuyen de la siguiente forma: en el mes de noviembre, 4.000
toneladas; en el de diciembre, 2.000; en el de abril de 2002, 7.500 y
en mayo, 4.581. A cambio Marruecos se compromete a no superar las
cantidades convenidas en el período de octubre a mayo. La
correspondiente apertura de contingentes deberá ser ratificada en el
Consejo de asuntos generales sobre la base del artículo 133 del
Tratado. El Gobierno considera que el acuerdo es asumible teniendo
en cuenta lo siguiente. El nuevo contingente autónomo representa un
nuevo enfoque, pues la mayor parte de su carga, y en este sentido da
respuesta a lo que usted no entiende que el acuerdo es más
equilibrado, se reparte entre todos los Estados miembros productores,
especialmente Bélgica, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Las
nuevas cantidades acordadas para abril y mayo del año 2002 son
reflejo de las corrientes tradicionales de exportación de Marruecos
en dichos meses. Prioridad española ha sido que no recaiga
exclusivamente sobre los productores españoles el peso de este
acuerdo aprobado en el año 1995. Se resuelve, por otra parte, un
contencioso sobre la interpretación del protocolo número 1, que
podría conducir a un conflicto de solución de las diferencias ante la
Organización Mundial de Comercio, se desbloquea de esta forma la
negociación para la revisión del acuerdo y se puede iniciar la
campaña del tomate en un ámbito de paz y seguridad para todos los
operadores. Se abren vías de interpretación del contingente de
tomates en apoyo de la tesis española de que se trata de un
contingente cerrado y Marruecos acepta el tratamiento del contingente
como cantidad máxima exportable en dicho periodo sensible, lo que
supondrá un mejor control y respeto de las cantidades importadas y
convenidas. El cumplimiento del contingente cerrado va a permitir a
España consolidar el mercado de la Unión Europea, al que envía
anualmente más de 900.000 toneladas de tomates, con mayor garantía de
respeto por parte de Marruecos de las cantidades previstas.
El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra, el señor Gallego
López.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Parecería que preguntándole lo que le hubiera
preguntado me iba a contestar lo mismo. ¿Han oído ustedes al sector
afectado? ¿Han escuchado las propuestas y las voces que incluso se
han manifestado delante del Ministerio de Asuntos Exteriores en estas
últimas semanas, sobre todo los pequeños y los medianos, porque
alguno de los grandes saben cómo hacerlo y voy a dejar esa puerta
abierta? Saben que el ministerio, que España, va a ser incapaz de
controlar la exportación de tomate marroquí y saben también que
alguno de estos grandes exportadores en perjuicio de los pequeños van
a comprar tomate marroquí y lo van a vender en Francia como si fuera
producto español. Pero, en fin, eso se lo tendrán que explicar los
representantes del Gobierno al sector.
Es lógico que Marruecos quiera más toneladas y que amenace con
determinados recursos, pero el problema no es ese. El problema es que
no se ha oído en la negociación la voz española. Al Grupo Socialista
le hubiera gustado que hubiera habido una defensa a la francesa
-repito, a la francesa- de los intereses españoles y no pasar como
hemos pasado ahora mismo un poco de puntillas y con miedo.
Si el Gobierno tiene propósito de enmienda de cara a esa negociación
del acuerdo del Mediterráneo de asociación
con Marruecos en 2002, que será cuando España ostente la
presidencia de la Unión Europea, a mí me gustaría que iniciara
contactos bilaterales para una negociación global con Marruecos. Sé
que es difícil en estos momentos, pero es deseable que se recupere la
normalidad de las relaciones diplomáticas y de amistad con Marruecos.
Por eso yo le propondría, recogiendo las conversaciones que hemos
tenido con el sector, tres objetivos. A corto plazo, ¿estaría
dispuesto el Gobierno a compensar a los afectados en esta temporada
concreta mediante acuerdo y diálogo con ellos y sentar un precedente
a la posible afección que pudieran tener en la firma de ese acuerdo,
si no es beneficioso para ellos? ¿Está dispuesto de verdad -y debe
decir con qué medios- el ministerio y la Unión Europea a vigilar el
cumplimiento eficaz del acuerdo de los cupos? La experiencia nos
demuestra que hasta ahora no ha sido así. El tercer objetivo y más
importante es que el próximo acuerdo sea justo y ajustado, teniendo
en cuenta a todos, porque si no es así, algunos pequeños y medianos
productores de tomate de Alicante, de Almería, de Murcia y de
Canarias están llamados a la desaparición.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la señora
García Tejerina.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA (García Tejerina): En
cuanto a lo de la defensa a la francesa, me gustaría poner en
conocimiento de S.S. la oposición radical por parte de Francia a este
acuerdo. Aunque va a seguir adelante y va a ser aprobado, el peligro
que tenía España es la oposición de Francia y la campaña que ha hecho
con otros Estados miembros para que se opusieran a un acuerdo porque
se ampliaba el calendario y afectaba a los calendarios de
producciones del resto de los Estados miembros. Luego esta vez para
los franceses la defensa a la francesa no ha funcionado y sí es un
acuerdo más equilibrado para la defensa de los productores españoles.
Le voy a decir a S. S. lo que supone el aumento del contingente para
Marruecos: un 0,6 por ciento de las exportaciones españolas a la
Unión Europea. Esta cantidad permite consolidar las exportaciones de
España en el seno de la Unión Europea. Por tanto, a fecha de hoy no
se hace necesaria una ayuda específica para los productores, puesto
que el aumento de contingente en el calendario español es el 0,6 por
ciento de las exportaciones españolas.
En cuanto a la vigilancia, por supuesto que hay que vigilar.
Solamente en la campaña 1998-1999 y a inicios de la campaña 1999-2000
se ha producido superación por parte de Marruecos. En ese momento se
establecieron los certificados de importación que tienen ventajas y
que tienen inconvenientes, puesto que pueden crear distorsión e
introducen un elemento especulativo. En este sentido Marruecos se ha
comprometido a comunicar diariamente las cantidades exportadas,con lo
cual se puede saber día a día cuáles son las entradas
de tomate marroquí en la Unión Europea y hay un seguimiento y un
control aduanero específico y reforzado por parte de todos los
Estados miembros.
Con respecto al futuro, por supuesto que el Gobierno de España
seguirá defendiendo que la progresiva liberalización hasta llegar a
la zona de libre comercio que se aprobó en el año 1995 se haga
gradualmente y de la forma más equilibrada y en la mayor defensa de
los intereses de los productores españoles que hasta este momento
habían sido los mayores perjudicados de la Unión Europea, pero quiero
resaltar que por primera vez se ha roto esta tendencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Tejerina.
Terminado su turno de contestación de preguntas, le agradecemos su
presencia y la de sus colaboradores en esta Comisión y le vamos a dar
la bienvenida al señor subsecretario, señor Lamela.
- DEL SEÑOR CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE 20.800 MILLONES DE PESETAS DE
INVERSIONES EN MATERIAS PESQUERA Y GANADERA APROBADOS POR LA XUNTA DE
GALICIA. (Número de expediente 181/001111)
El señor PRESIDENTE: Le damos de nuevo la bienvenida al señor
subsecretario y a sus colaboradores y colaboradoras.
Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día con el número
14. Para que pueda formularla le cedo la palabra al señor Cuadrado
Bausela.
El señor CUADRADO BAUSELA: En fechas recientes, más exactamente para
situarnos en el tiempo en plena campaña electoral en Galicia, se
firma un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Galicia. El contenido
del convenio, en la parte que a mí me interesa para formular esta
pregunta, compromete presupuestariamente al ministerio, y le
compromete exactamente en el epígrafe correspondiente a sanidad
animal, por un lado, con 59 millones de pesetas y, por otro, con 992
millones de pesetas del ejercicio presupuestario del año 2001.
En el epígrafe correspondiente de este convenio referido
a diversificación económica del sector pesquero afectado por el no
acuerdo con Marruecos, en el año 2002 el compromiso de gasto del
ministerio es exactamente de 750 millones de pesetas y, en total, en
el periodo 2001-2004 (no sé por qué esas fechas pero el convenio se
refiere a esas fechas) de 3.500 millones de pesetas, incluida una
parte referida al año 2001.
El tercer epígrafe, que es de forestación de tierras agrarias, para
el año 2001 compromete presupuestariamente al ministerio en 1.000
millones de pesetas; en un apartado de varios, donde aparece una
parte correspondiente al sector de carne de vacuno, otra a ordenación
de montes vecinales y otra al cese anticipado -una de las medidas de
acompañamiento-, en el año 2002 le compromete en 1.300 millones de
pesetas, y para el período completo 2001-2004 en 4.000 millones de
pesetas.
En relación con este convenio, las preguntas concretas son las
siguientes. En primer lugar, en la parte correspondiente al ejercicio
presupuestario de 2001, ¿puede decirme el señor subsecretario qué
respaldo presupuestario tiene cada una de esas medidas que he citado?
En los dos epígrafes en los que está afectado el presupuesto de 2002,
que estamos ahora discutiendo, ¿en qué partida presupuestaria
concreta se refleja cada uno de esos dos epígrafes presupuestarios?
En segundo lugar, ¿quiere decirme el señor subsecretario, puesto que
afecta a decisiones que se toman en conferencia sectorial, por
ejemplo, medidas de acompañamiento, etcétera, en qué conferencia
sectorial se ha aprobado o, por lo menos, se ha informado de este
compromiso de gasto? En la parte que corresponde al Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea, puesto que en algunos
de esos gastos es necesaria la autorización de Bruselas, ¿cuándo se
ha aprobado?
Estas son las cuestiones que me sugiere este convenio, que, repito,
fue firmado por el Ministerio de Agricultura en plena campaña
electoral gallega.
El señor PRESIDENTE: Para que pueda contestar al señor Cuadrado,
tiene la palabra el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Como S. S. conoce, ha habido distintas cuestiones en las
que se ha basado el acuerdo -no el convenio en este caso- firmado por
el Ministerio de Agricultura y la Xunta de Galicia, relativo a
distintos ámbitos y especificidades. En primer lugar, respecto de la
EEB hay una especificidad en cuanto a la incidencia en el ámbito
gallego. No en vano hay que recordar que de los 30 primeros casos
detectados a finales de febrero de este año, 18 correspondían a reses
gallegas, lo que significa una mayor incidencia objetiva en términos
cuantitativos en el territorio de Galicia en relación con otros
ámbitos del territorio nacional, que ha significado un esfuerzo
adicional por parte de la Xunta de Galicia en inversiones en
infraestructuras y en medidas de carácter sanitario para prevenir y
erradicar de futuro la EEB.
La segunda cuestión importante ha sido no solamente la sanitaria,
desde el punto de vista de la EEB, sino todas las cuestiones
relativas a políticas en materia de desarrollo rural, y en este
ámbito del desarrollo rural específicamente materias concretas
relativas a infraestructuras sanitarias, pero fundamentalmente
programas enmarcados en las medidas de acompañamiento. Me
estoy refiriendo a programas forestales, puesto que en Galicia la
forestación tiene una importancia capital desde el punto de vista de
la creación de empleo en la comunidad autónoma, que recogen un
compromiso de financiación que después le señalaré a S. S. cómo está
financiado con cargo a los presupuestos del ministerio, así como en
materia de reestructuración y de ordenación de montes, para lo que se
aportan 24 millones de euros. En definitiva, lo que se establece en
ese convenio es un apoyo adicional en distintas políticas activas
desarrolladas en el marco competencial de la Xunta de Galicia como
consecuencia de la realidad económica gallega, del tejido productivo
gallego y de la problemática existente en determinados sectores.
Hay que tener en cuenta otra cuestión adicional y es que en el ámbito
de la cornisa cantábrica -ya no sólo me refiero a la Comunidad
Autónoma de Galicia- se establecen acuerdos específicos
complementarios o adicionales a las inversiones del Plan Nacional de
Regadíos, puesto que hay un elemento objetivo y es que el Estado
realiza menores inversiones en la cornisa cantábrica en
infraestructuras de regadíos que en el resto de España. Hay un
compromiso político de este Gobierno, señoría, de compensación a esas
comunidades autónomas en este tipo de políticas y actuaciones,
fundamentalmente en materia de infraestructuras, como consecuencia de
equilibrar las inversiones que el Estado realiza en el resto del
territorio nacional, insisto, en materia de regadíos. (El señor
vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la presidencia.)
Todo esto es lo que justifica este acuerdo bilateral con la comunidad
autónoma, que en modo alguno afecta a otras comunidades autónomas
desde el punto de vista de sus porcentajes de cofinanciación en las
políticas activas que el ministerio cofinancia con la propia
comunidad autónoma y con fondos de la Unión Europea. Este acuerdo
tendrá reflejo -ya estamos en negociación- en el resto de comunidades
de la cornisa cantábrica, y ya lo ha tenido en la última conferencia
sectorial celebrada en el mes de noviembre, con transferencias
específicas compensatorias a la cornisa cantábrica, en este caso a
Cantabria y a Asturias; incluso, en un marco más amplio, estamos
negociando actualmente un convenio que participa de esta filosofía
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En todo caso, quiero decirle, señoría, que el respaldo presupuestario
está en los presupuestos del Ministerio de Agricultura en el año
2001, mediante las transferencias de créditos que, como verá S.S.,
porque su grupo parlamentario ha preguntado también al Ministerio de
Agricultura sobre transferencias de créditos a lo largo del periodo,
significan la concentración de créditos específicos en las partidas
de sanidad animal, de infraestructuras agrarias y en las
correspondientes a medidas agroambientales, para atender estas y las
demás demandas que, como conoce S.S. -porque en la comparecencia de
presupuestos también se lo comenté-, se han planteado como
insuficiencias de créditos en el
ámbito de otras comunidades autónomas, especialmente las medidas de
acompañamiento, indemnización compensatoria y medidas de forestación.
Todo esto ha significado, en dos ejercicios, 14.000 millones de
esfuerzo adicional del Estado a favor no solamente de la cornisa
cantábrica, no solamente en este caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia, sino de todas las comunidades autónomas que han tenido esa
insuficiencia, y la financiación, cien por cien con fondos
nacionales, de la indemnización compensatoria de montaña del
ejercicio 2001. Insisto, se trata de plasmar un acuerdo en un texto
escrito y dotarlo del respaldo financiero.
En el presente año los créditos están plasmados y tramitadas las
transferencias de crédito procedentes de los capítulos 6 y 7, de los
programas 713.E y del 414, con creación de un nuevo concepto
presupuestario, el 751.N, y también transferencia de crédito entre
conceptos del capítulo 7, con transferencia al nuevo concepto
presupuestario 751.N, dentro del programa 717.A. Lo mismo ocurre,
insisto, dentro del programa 718.B. Eso ha significado realizar tres
altas en los presupuestos del ministerio: una de 2.600 millones, otra
de 1.250 millones y otra de 1.046 millones, para atender el pago del
año 2001 y, lógicamente, las correspondientes bajas en los capítulos
a los que me he referido, por importe idéntico, para atender estos y
los demás pagos que antes he señalado, pero me estoy refiriendo
concretamente a los de Galicia, por lo que pregunta su señoría.
Además, quiero decirle a S.S. que en el presupuesto del Ministerio de
Agricultura se ha creado un nuevo concepto presupuestario, convenios
con comunidades autónomas para medidas de desarrollo rural, dentro
del programa 717.A, de desarrollo rural, precisamente para atender
estas y otras obligaciones de comunidades autónomas, y eso mismo se
plasma en el proyecto de presupuestos para el año que viene, tanto en
los ámbitos específicos de sanidad animal, de infraestructuras
agrarias en el ámbito del desarrollo rural, en su caso, en el Plan
Nacional de Regadíos, como se plantean inversiones específicas en
Galicia y en todo lo relativo a medidas de acompañamiento a las que
antes también me he referido.
Su señoría me ha preguntado sobre autorización de Bruselas y quiero
decir que son medidas que no se refieren a actuaciones específicas de
programas agroambientales, salvo en lo que es la ayuda nacional en el
año 2001 a la que me he referido, que es igual que para el resto de
las comunidades autónomas y está autorizado por la Unión Europea. En
las demás actuaciones la comunicación se realiza en concepto de
información a la Comisión y esta, a posteriori, si lo estima
necesario, recaba del Estado la opinión o, en su caso, la información
que crea necesaria con carácter adicional.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para el turno de dúplica,
tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Con las preguntas que estamos haciendo
esta tarde estamos teniendo poca suerte en cuanto a su contenido, si
lo relacionamos con las respuestas.
He visto que ha dedicado casi la mitad de su intervención
a justificar un acuerdo diferencial con Galicia con respecto a todos
esos epígrafes que yo he citado antes, que se refieren a la EEB, que
se refieren a la forestación, etcétera, pero yo le he preguntado
sobre todo por la seguridad presupuestaria de este acuerdo. Es ahí
donde usted me ha hecho una referencia muy precipitada, que espero
que en la respuesta escrita sea posible descifrar con respecto a las
transferencias de crédito del presupuesto 2001, sobre todo por una
razón, porque en una transferencia de crédito, a diferencia de un
crédito extraordinario, señor subsecretario, sencillamente la
operación consiste en quitar de un sitio para poner en otro.
Indudablemente, el desciframiento de esa operación nos dará
respuestas muy interesantes con respecto a lo que es la diferencia
entre la previsión presupuestaria porque todas las razones que usted
ha dado al principio eran válidas en el mes de octubre, en el mes de
enero, en el mes de noviembre del año pasado, y en el mes de octubre,
cuando se hacían las previsiones presupuestarias, entonces todo era
válido. Por lo tanto, esto de hacer un presupuesto y luego
convertirlo en un trágala de transferencias presupuestarias me parece
que es la primera cuestión que llama la atención, señor
subsecretario.
Con respecto al contenido concreto de los presupuestos que al menos
aparecen en el 2002, donde ya no existe, es difícil hacer un
presupuesto dando por hecho que se van a hacer transferencias para
cumplir un acuerdo que se ha firmado antes, y le pondré sólo un
ejemplo. En el epígrafe 2 del convenio se habla, por ejemplo, de un
convenio para diversificar económicamente determinadas comarcas, tres
en concreto, afectadas por el no acuerdo con Marruecos, y se dota
para el año 2002, presupuesto que estamos discutiendo con 750
millones de pesetas, que aproximadamente coincide con la partida
presupuestaria prevista para todas las comunidades autónomas, que son
tres, como sabe, afectadas por el no acuerdo con Marruecos, y ya
empezamos mal. No es que haya un concepto presupuestario donde está
previsto que se puedan hacer convenios con comunidades autónomas, que
por supuesto, es que las cifras no coinciden con ese convenio que se
acaba de firmar.
Habla de forestación. Usted dice como justificación que la
forestación desde el punto de vista de empleo es muy importante en
Galicia y no lo dudo. Lo que pasa es que hay un matiz, estamos
hablando de forestación de tierras de cultivo en Galicia, es decir,
estamos hablando de tierras que se retiran de la producción agrícola
y se dedican a la forestación, y además de manera obligada, porque,
si no, el convenio que se firma en su caso con cada propietario no
tendría validez.
Ha citado mucho el Plan Nacional de Regadíos. Dice que en el caso de
Galicia hay una discriminación porque
como lógicamente tienen menos hectáreas de regadío, eso significa
que allí se hacen menos inversiones, etcétera. Aparte de la cuestión
genérica, le diré que usted sabe que hay 8.000 hectáreas de regadío
que no figuran en los documentos del Plan Nacional de Regadíos pero
que han sido anunciadas como un acuerdo también, no este convenio,
otro acuerdo firmado el mes de agosto de este año, que contradice el
argumento que usted ha empleado.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Señor Cuadrado, debe ir
terminando.
El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, voy terminando.
Con respecto a las ayudas, tengan que ser aprobadas por Bruselas o
no, le recordaré que el apoyo al sector del vacuno está pendiente
para el caso del Estado español de una aprobación que no se ha
producido aún hoy y que hasta ha afectado y tiene relación directa
con este convenio, a diferencia, por ejemplo, de Asturias o
Cantabria, para las que sí han sido aprobadas esas ayudas.
Le rogaría simplemente que fuese más preciso en relación con las
transferencias de crédito de las partidas presupuestarias que se han
visto afectadas negativamente y las partidas presupuestarias que se
han visto afectadas en sentido positivo, porque, si no, desde luego
no me sentiré satisfecho de la respuesta dado el sentido de las
preguntas que le hacía al señor subsecretario.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Señor Cuadrado, lo único que le digo que es que cuadra
absolutamente todo, y además no se ha visto afectada negativamente en
el sentido que usted piensa ninguna partida del ministerio. Se lo voy
a explicar.
Cuando se trata de hacer transferencias de créditos de una entidad a
una comunidad autónoma se hacen a través del capítulo 7. En
consecuencia es necesario concentrar las sumas de los distintos
subconceptos que aparecen en el convenio en conceptos presupuestarios
que permitan esa transferencia. Eso es lo que se ha hecho a través de
transferencias de créditos, concentrar en tres bloques concretos lo
que había que remitir en este ejercicio a la Comunidad Autónoma de
Galicia, sacándolo de los conceptos presupuestarios que estaban
previstos para ese tipo de políticas activas. Por lo tanto, no se ha
hecho nada, se ha sacado, por ejemplo, del concepto presupuestario
eliminación de materiales específicos de riesgo, la parte
correspondiente del convenio de los materiales específicos de riesgo,
y concentrados en un nuevo concepto presupuestario en el capítulo 7
para remitirlo a la Comunidad Autónoma de Galicia. Insisto en que no
hay ningún concepto presupuestarioque haya quedado alterado o
perjudicado por
el hecho de haber utilizado el sistema de transferencia al que usted
se refiere.
En el caso de la pesca, en este sentido se ha seguido idéntico
criterio al que se está siguiendo con Canarias y al que se está
siguiendo con Andalucía, desde el punto de vista de anticipar a la
comunidad autónoma, como se ha hecho también en esta conferencia
sectorial y de manera importante, con fondos del Ministerio de
Agricultura y del IFOP, para acometer los planes de diversificación
del sector y de reordenación del sector pesquero cuanto antes y sin
la menor dilación. Por lo tanto, los 1.250 millones, si mal no
recuerdo, que se remiten en uno de estos conceptos está sacado
exactamente del Plan de diversificación del sector pesquero que
aparece en el presupuesto de la Secretaría General de Pesca Marítima.
Insisto, señor Cuadrado, no se ha alterado ni se ha perjudicado
ninguno de los conceptos ni subconceptos de los créditos
presupuestarios del Ministerio de Agricultura, simplemente se han
concentrado para facilitar la transferencia a la propia comunidad
autónoma.
También hay una cuestión que es importante desde mi punto de vista,
que es el futuro, el próximo ejercicio. Para el presupuesto del año
que viene se ha determinado, en el ámbito pesquero al que usted se ha
referido, el anticipo a las comunidades autónomas a cuenta de
justificación de gasto para elaboración del Plan de diversificación
pesquera. Por lo tanto, lo que se va a hacer, así se ha pactado en la
conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas es
establecer criterios objetivos de distribución sobre la base de las
TRB, sobre la base del número de tripulantes, sobre la base de la
flota específica afectada, para después en las sucesivas
transferencias que se hagan desde el Estado esos porcentajes se
respeten escrupulosamente a favor de cada una de las comunidades
autónomas.
- DEL SEÑOR AMARILLO DOBLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE POLÍTICA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN EN LA UTILIZACIÓN INTEGRADA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
Y SUBTERRÁNEAS PARA REGADÍO. (Número de expediente 181/001132)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Pasamos a debatir la pregunta
que figura en el orden del día con el número 15, sobre política
prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
utilización integrada de las aguas superficiales y subterráneas para
regadío, que formula el señor Amarillo, que tiene la palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: La pregunta quiero aclararla con el fin de
que la concreción sea la más posible, porque este es un problema que,
como sabe, afecta a amplias superficies, a la consideración,
como dice la palabra, simultáneamente de las aguas subterráneas y de
las aguas superficiales.
Esto cuesta creer que no esté así en el Plan Hidrológico Nacional,
cuesta creerlo, podría citar una docena de autores, todos posteriores
a 1994, por ser actuales, Brombaugh, Grupo de California, Calvé,
catedrático Sumpsi, Llamas, Laredo, etcétera, nacionales e
internacionales, y todos consideran imposible abordar el problema de
regadío sin simultáneamente tener un concepto integrado de la
aplicación del agua, máxime en países como el nuestro, es decir,
máxime en países semiáridos. ¿Qué significa? Con datos también muy
breves, estamos hablando de aguas subterráneas, del 30 por ciento de
la superficie regada, estamos hablando de 20.000 hectómetros cúbicos,
estamos hablando de 4.500 a 5.000 hectómetros cúbicos de agua
destinada a regadío, estamos hablando de 900.000 hectáreas.
Además, en España se da una problemática particular con las aguas
subterráneas de sobrexplotación de acuíferos; hay un agotamiento
claro que obliga bien a prescindir de esas superficies o a
suministrarles agua que no sea subterránea. Tenemos, por otro lado,
problemas gravísimos de humedales que se han perdido -así lo vieron
las administraciones en su momento- en los que se hicieron los
trabajos oportunos para suministrar agua cuando los reservorios se
habían agotado ya. Una de las cosas que es fundamental saber es cuál
es el ciclo completo del agua; es decir, qué agua discurre, qué agua
se filtra y qué agua se evapora. Si estos grandes datos no los
tenemos claros y no hacemos una utilización integrada de los mismos
vamos a tener -como tenemos de hecho- muchísimos problemas. Además,
nuestro propio sistema de dar agua por canalizaciones a las grandes
superficies deriva de nuestra climatología. Por ello necesitamos
tener grandes embalses que son capaces en invierno de almacenar agua
y que después discurra por canales en los meses de verano. ¿Qué
quiere decir esto? Que en gran parte de las grandes superficies que
regamos mediante canales el agua se empieza a suministrar a principio
de primavera -marzo o abril, depende de los sitios- y se está
suministrando hasta finales de septiembre. Un agricultor que no
disponga de agua subterránea está condenado a tener nada más que
cosechas de regadío de invierno. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Eso ya, de por sí, somete estos regadíos a una gran
precariedad porque lo ideal de un regadío no es tener 0,6 cultivos
por año, sino cultivo y medio o dos cultivos por hectárea y año. Por
tanto, se trata de todo lo contrario: regamos para poder utilizar
muchísimo mejor la superficie y para conseguir rentabilizar las
explotaciones. Si a eso unimos la naturaleza de las explotaciones de
regadío, la explotación agraria, normalmente con un reducido número
de hectáreas, entonces la necesidad de intensificación de estas
superficies es mayor. Si esto a su vez lo unimos a la política
comunitaria y al marco que nos crea la Organización Mundial de
Comercio de sucesivas liberalizaciones de precio y, por tanto,
explotaciones
que tienen que tener un tamaño crítico muchísimo mayor, con mayor
motivo.
Paradójicamente esto no figura para nada en el Plan nacional de
regadíos. No se trata de hacer una crítica. Nosotros hacemos esta
pregunta al Gobierno con la mejor voluntad del mundo para suscitar el
tema. Puesto que el Plan nacional regadíos necesita muchísimas
adendas sucesivas -en términos coloquiales diríamos muchísimos
remiendos-, vamos a ver cómo podemos -en un plan que hace aguas por
tantos sitios, que tiene tantísimas lagunas- poco a poco suscitar
debates e ir enderezando el tema. Además -y con esto termino- el
mecanismo que se ha introducido es un mecanismo de mercado del agua;
mercado del agua en donde la demanda no es que sea rígida, es que ni
siquiera se puede hablar en términos económicos de demanda rígida
porque es absolutamente necesaria. La demanda es totalmente obligada
por parte del demandante, por parte del agricultor. Si tampoco somos
capaces de dar a la oferta la menor diversificación, entonces la
rigidez que tiene el mercado es absoluta. La va a tener de todas
maneras y los problemas van a ser en este sentido enormes, pero si
además no se contempla una utilización integrada del agua con aguas
subterráneas y con aguas superficiales, los problemas pueden ser
mucho mayores.
Podemos estar horas enteras hablando de estos problemas, porque los
hay de todas clases, desde problemas de salinización en la cuenca
mediterránea -en donde la sobreexplotación de los acuíferos está
haciendo que el agua del mar entre y produzca salinización- hasta
problemas de insuficiencia. Resumiendo: por condicionantes de
carácter económico, por hacer más rentables las superficies de
regadío, por la naturaleza de carácter estacional de la forma de
suministrar el agua a las grandes superficies, por racionalización de
la oferta del agua en el mercado del agua; por todo ello, señor
subsecretario, es imprescindible abordar un nuevo plan de la
utilización integrada del agua, es decir, la utilización conjunta de
las aguas subterráneas y las superficiales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar, el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Señoría, le agradezco el contenido de la pregunta y,
puesto que el tiempo está tasado, aprovecho la oportunidad para
invitar al señor Amarillo para que lea o relea con más detenimiendo
el texto del Plan Nacional de Regadíos -aunque está hoy en el Consejo
Nacional del Agua-, apartado 4.6, páginas 250 y siguientes que se
refiere al concepto y al tema específico de las aguas subterráneas.
Hay un tema importante que quiero decirle. A pesar de que, como dice
su señoría, desde su punto de vista, el Plan Nacional de Regadíos
haga aguas y tenga lagunas, lo cierto es que al día de la fecha todas
las comunidades
autónomas -a excepción de una- entienden que es satisfactorio
desde el punto de vista de sus intereses y algunas de ellas, no
pocas, han firmado ya un acuerdo con el ministerio y con el Gobierno
para su puesta en marcha inmediata tan pronto como pase el trámite
del Consejo Nacional del Agua.
En todo caso, señoría, no solamente hay que tener presente el Plan
Nacional de Regadíos para hablar de aguas subterráneas, sino que lo
que hay que tener presente (porque es sustantivamente más importante
y porque el Plan Nacional de Regadíos se incardina y se entronca con
él, como no podía ser de otra forma) es el Plan Hidrológico Nacional.
Le recuerdo a S.S. que la gestión de las aguas públicas, tanto
superficiales como subterráneas, no son competencia del Ministerio de
Agricultura, sino del Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, lo
que sí es cierto es que la definición de la política de su
utilización integrada -como señala su señoría- corresponde esencial y
fundamentalmente al departamento de Medio Ambiente a través de una
dirección general que es la de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.
En todo caso, la política de este Gobierno, en relación con la
gestión de las aguas, se encuentra definida desde hace tiempo en el
libro blanco y posteriormente en la modificación de la Ley de Aguas y
en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, donde ha quedado concretada
como texto legal y como texto normativo. Los planes hidrológicos de
cuenca, señoría, determinan específicamente las unidades hidrológicas
de cada una de ellas, calculando los recursos subterráneos renovables
y los usuarios de los mismos. El Plan Hidrológico Nacional -no el
Plan de Regadíos- dedica un tomo específico -el Plan de Regadíos un
apartado, el Plan Hidrológico un tomo- a la delimitación y asignación
de los recursos de los acuíferos compartidos por distintas cuencas.
Desde esa perspectiva se puede decir -creo que con cierto rigor y con
conocimiento científico, insisto, documentado- que existe un
conocimiento suficientemente importante por parte de la
Administración del Estado y del Gobierno de la problemática de las
aguas y, desde luego, de la política de uso de este recurso. La Ley
de Aguas de 1985, en su título preliminar, reconocía estas aguas
renovables subterráneas, integradas dentro del ciclo hidrológico,
como recurso unitario subordinado al interés general, y la Ley de
Aguas del año 2001 lo recoge exactamente igual que la Ley de 1985.
Como le decía, señoría, no puede afirmarse -como hace usted- que en
el Plan de regadíos se ignore la conexión entre aguas subterráneas y
superficiales. Todo lo contrario, la parte más importante del Plan
Nacional de Regadíos, como conoce su señoría, está centrada y
especificada en lo que es el ahorro del agua en el riego. La
modernización y consolidación de los regadíos españoles es para
evitar el gasto excesivo y la sobrexplotación de los acuíferos. Por
eso, en el apartado 4.6 al que antes me he referidodel Plan Nacional
de Regadíos, se diferencia claramente
lo que se consideran unidades hidrogeológicas sobreexplotadas, con
riesgo de sobreexplotación, las que tienen problemas de intrusión
marítima y las que se consideran normalmente explotadas.
Las actuaciones que se diseñan en el Plan Nacional de Regadíos,
señorías, van dedicadas a ámbitos donde se produce esa
sobreexplotación a optimizar el agua de riego, a reducir el consumo
y, por tanto, a permitir la recarga de acuíferos y la no
sobreexplotación de los mismos.
El Plan de Regadíos tiene en cuenta, como usted muy bien conoce, las
superficies reguladas según el origen del agua con base a los
recursos utilizados para riego y, consecuentemente, tiene presente
los porcentajes que usted señaló, en torno al 30 por ciento,
aproximadamente, que hoy se riega con ese tipo de recursos y la
influencia que tiene en las cuotas de explotación.
El Plan Nacional de Regadíos ha previsto, de acuerdo con los planes
hidrológicos de cuenca, recursos adicionales para riego provenientes
de otros orígenes para compensar y evitar esa sobreexplotación y para
garantizar la no desaparición de los acuíferos; recursos adicionales
provenientes de aguas superficiales, de aguas depuradas con aguas
residuales y de desaladoras. Un ejemplo importante es el plan litoral
en Andalucía, que está asumido en el Plan Nacional de Regadíos, que
significa un esfuerzo importante de modernización y de consolidación
en ámbitos específicos en donde hay escasez e insuficiencia de agua
para la política de regadíos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Amarillo,
recomendándole que abrevie porque sabe que tiene un minuto de tiempo
para finalizar su pregunta.
El señor AMARILLO DOBLADO: Creo que he sido bastante disciplinado
respecto al tiempo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Eso nadie lo ha puesto en duda.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor subsecretario, hay veces que parece
que leemos los mismos documentos y son distintos. Ya sabemos que la
semántica es una ciencia traicionera y que lo importante entre las
personas es que entendamos los mismos términos, pero no nos vamos a
meter en filosofías kantianas, aunque algunas veces parece que sí.
Yo le hablo de integrada, no digo que el Plan Hidrológico Nacional no
trate el agua subterránea; sí, y las aguas superficiales también, y
el ahorro del agua también, pero no lo trata de una manera integrada.
Si lo tratara de una manera integrada, lo primero que tenía que tener
el plan son objetivos de explotación, porque hay decisiones que son
totalmente políticas y decisiones de marco legal en las cuales no hay
que hacer infraestructura de ninguna clase. La decisión, por ejemplo,
de
cómo viabilizamos el agua de los pozos para que se pueda regar en
invierno y suministrar agua en verano, que se pierde porque es agua
que es de filtración y que se produce en cuencas in situ, eso no está
contemplado en ningún sitio. Y eso es fundamental, porque con esa
explotación de más del millón de hectáreas podríamos tener cultivos
permanentes, no sólo de verano sino también de invierno, como ocurre
en otros sitios. Por tanto, no es un problema de contemplar, por un
lado, las aguas subterráneas y, por otro, las aguas superficiales,
sino conjuntamente. Esto es precisamente compatible con la
modernización de los regadíos y con el ahorro de agua y, sobre todo,
con la regulación de la oferta de agua. Una cosa es diagnosticar y
otra cosa es ejecutar, son dos cosas distintas.
En el Plan Nacional de Regadío hay mucho de diagnosis. Yo me niego a
creer que usted nos ha querido decir lo que le he entendido, y
seguramente le he entendido mal, y es que la competencia para ver si
hay 0,6 cultivos hectárea o 1,4 cultivos hectárea la tiene el
Ministerio de Medio Ambiente y no la tiene el Ministerio de
Agricultura, o que los problemas que se tienen en determinados
acuíferos para que puedan seguir siendo las tierras cultivables
pertenecen a otra área. Pero me da igual, porque está usted en
representación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le rogaría que terminase.
El señor AMARILLO DOBLADO: Con esto termino, señor presidente.
Está usted en representación del Gobierno, sea la competencia suya o
sea la competencia de Medio Ambiente. Hay aquí una laguna
importantísima de concepto, donde no se ha contemplado la utilización
integrada en el sentido profundo, técnico que tiene esta palabra. En
estos momentos no hay plan moderno en el mundo donde este factor no
se contemple porque sería, primero, contar muy mal el agua de que se
dispone y, después, disponer muy mal del agua que se tiene. Por
tanto, entiendo que es mucho lo que tenemos que hacer y, más que
empecinarnos si los documentos son buenos, óptimos o magníficos,
asumir que son perfeccionables y ponernos a ello. Esto es por lo que
el Grupo Socialista opta y lo que le proponemos.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Empiezo la intervención como lo hice antes. El Plan
Nacional de Regadíos, página 296, cuando habla de la mejora y
consolidación de regadíos, se está refiriendo específicamente al tipo
de actuaciones que se engloban, como la reparación de
infraestructuras, como la modificación de los sistemas de transporte
y distribución
de agua, como el cambio de sistemas de aplicación del riego y como,
lo que se llama habitualmente, actuaciones complementarias de
modernización. Pero específicamente, como usted dice, señor Amarillo,
hay 418.890 hectáreas de regadío ubicadas en acuíferos
sobreexplotados. El Plan Nacional de Regadíos contempla el agua sin
discriminación por su origen, sea superficial o sea subterránea; por
tanto, contempla el agua como un concepto integrado, y eso es una
cuestión que está a lo largo de todo el Plan Nacional de Regadíos. Al
contemplarlo como un todo integrado diagnostica que hay 418.000
hectáreas de regadío ubicadas en acuíferos sobreexplotados y
determina, como prioridad del Plan Nacional de Regadíos, la necesidad
de ahorro de agua en esos ámbitos mediante la mejora de sistemas de
riego con efectos limitados -indudablemente en los volúmenes-,
estableciendo operaciones específicas de actuación con el objeto de
lograr la recarga con aguas superficiales, como se contempla
específicamente en la página 296 del plan.
Con independencia de que una vez más, estando en tramitación el Plan
Nacional de Regadíos en el Consejo Nacional del Agua, las
observaciones que en este sentido se hagan en su seno serán
estudiadas y, si son lógicamente razonables, serán asumidas por parte
del Gobierno, lo que sí le tengo que decir es que, cuando se han
elaborado los estudios del plan se han tenido en cuenta dos elementos
fundamentales: uno, la dotación de aguas que determina el Plan
Hidrológico Nacional, que son naturalmente las que determinan los
planes de cuenca y, dos, la realidad de los cultivos ubicados en las
zonas donde se produce esa sobreexplotación y donde hay dificultades
para actuaciones concretas en esas zonas, tanto de recarga como de
utilización de otras aguas, que permite garantizar ese uso integral
del agua y la viabilidad de esos cultivos de regadío. Dentro de la
filosofía del plan, insisto, la priorización absoluta de la mejora y
consolidación de los regadíos tiene como objetivo fundamental el
ahorro del agua.
- DEL SEÑOR CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/001101)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la pregunta que figura
en el orden del día con el número 16.
Para la formulación de la pregunta, tiene la pregunta el señor
Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: La verdad es que, señor subsecretario,
estoy todavía impresionado por la respuesta que me dio, no ésta, sino
la que se refería
al convenio con la comunidad gallega, después de haber oído que
se destinan 750 millones de pesetas, que es lo que figura en el
presupuesto de 2002, para convenios de diversificación en zonas
pesqueras; es decir, que no hay problema porque se les da dinero a
cuenta a las comunidades autónomas al comprometerse a gastar 750
millones en Galicia en el año 2002. Es una respuesta que me ha dejado
bastante afectado.
La agricultura ecológica, no en España, en todo el ámbito de la Unión
Europea, es un sector económico por sí mismo -y creo que todo el
mundo está de acuerdo en esto- importante y hay un mercado; y, como
hay un mercado, la producción, tanto en la agricultura ecológica como
en la ganadería ecológica, debe tener, aparte de por razones
medioambientales y de otro tipo, agronómicas, etcétera, una
importancia por sí misma.
En España estamos en porcentajes de producción de agricultura
ecológica, utilicemos el parámetro que utilicemos, muy lejos de la
media de la Unión Europea, bastante lejos, y mucho más con respecto a
algunos países que llevan un adelanto importante en esta materia. Si
utilizamos la superficie agraria útil, un 1,5 por ciento del total
-datos del año 2000-, la media en la Unión Europea es del 2,9 por
ciento, pero hay países como Austria que está en el 8 por ciento,
etcétera. Lo que más me preocupa de esa situación de menor
importancia de la agricultura ecológica y de la ganadería ecológica,
exactamente igual en España, es la tendencia que se aleja de la
general de la Unión Europea, donde hay crecimientos, sobre todo en
algunos países, realmente espectaculares. Esto no es bueno y, por lo
tanto, debería producirse una rectificación. ¿Cómo se puede ayudar a
este sector que tiene una demanda de los consumidores muy concreta?
No creo que haya que aplicar ningún tipo de fundamentalismo a este
tipo de agricultura o a este tipo de orientación productiva, pero
tiene, insisto, un mercado y conviene tenerlo en cuenta. Se puede
ayudar de muchas maneras. Tal y como se está haciendo, por ejemplo, a
través de las medidas agroambientales en el momento actual, es
imposible que esperemos mucho en su evolución futura.
Por ponerle un ejemplo, y es bien reciente, el sindicato ASAJA
escribía una nota el pasado día 5 en la que decía, y se refería a
Castilla y León, que la evolución de la subvención a través de las
medidas agroambientales a la agricultura ecológica fue de 25 millones
de pesetas en el año 2000 y de 11 millones de pesetas en el año 2001.
Con una tendencia como ésta desde luego no se apoya a un sector
productivo, repito, que tiene un ámbito y un futuro importante. No se
ayuda a la agricultura ecológica con un real decreto como el del
pasado mes de mayo, en el que el Gobierno especifica que el prefijo
bio se puede aplicar a producciones que no sean de la agricultura
ecológica. Lo conocerá suficientemente porque el sector se ha
manifestado bastante irritado con respecto a esta decisión tomada por
el Gobierno, ni siquiera el Consejo asesor de agriculturaecológica ha
sido consultado. Pero a mí lo que me parece
más grave es que se hace en contradicción con la normativa europea.
Ustedes lo conocen bien porque el pasado día 22 de octubre de 1999
recibieron una comunicación oficial de la Dirección General de
Agricultura, en la que les dice exactamente -lo voy a leer- que una
disposición nacional que permita el uso del prefijo bio en el
etiquetado, publicidad o documentos comerciales de un producto que no
se produce de conformidad con el Reglamento 2.092/91 sería contraria
al derecho comunitario. Ustedes lo sabían, ustedes lo saben y, por lo
tanto, ese ejemplo, que también es importante desde el punto de vista
de preservar lo que significa en el mercado un producto bio o un
producto eco, no supone una forma de ayudar a este sector, como se
está haciendo en Alemania o en Francia o en Italia o en Austria o en
Bélgica, etcétera. En todos los países de la Unión Europea se está
potenciando este sector, cosa que no ocurre en España. Hace bien poco
se produjo en Copenhage una reunión en la que nueve países de la
Unión firmaron un compromiso específico, bien detallado, de apoyo a
la agricultura ecológica. España no está entre esos países y la
verdad es que a uno le gustaría que el Gobierno rectificara en esta
materia, que, insisto, tiene una gran trascendencia agronómica,
medioambiental, también económica, social, territorial. Hay
territorios que tienen pocas opciones de futuro y ésta es una. Me
parece que de esa forma no se ayuda a este sector, todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Haciendo una brevísima referencia a lo primero que ha
señalado el señor Cuadrado, aunque es de la pregunta anterior, le
invito a que lea la aplicación presupuestaria 21.09.718B.79 del
presupuesto del año 2002 y verá cómo evidentemente se contempla la
partida de Galicia y el resto de las partidas correspondientes al
resto de las comunidades autónomas afectadas por el Plan de
diversificación de Marruecos.
Entrando en el tema de la pregunta, quiero decirle, señor Cuadrado,
que hay dos cuestiones que usted entremezcla y que realmente no
tienen mucho que ver entre sí como voy a tratar de explicar: una, la
del prefijo bio o eco, que luego voy a entrar en ella, y dos, lo que
es la política del Gobierno en materia de agricultura ecológica.
El sector de producción agraria ecológica en España tiene en la
actualidad más de 14.000 productores. Existen por otra parte 666
empresas de transformación, bodegas, almazaras, panaderías y el
mercado mueve actualmente una cifra de negocios superior a los 22.000
millones de pesetas entre lo que es consumo interior y exportación.
En diez años la superficie se ha multiplicado por 100 -estamos
hablando de casi 400.000 hectáreas, las que tenemos ahora mismo- de
las cuales,
como conoce el señor Cuadrado, aproximadamente, casi el 45 por ciento
se concentran en Extremadura. Estamos entre los cuatro primeros
países europeos productores, señor Cuadrado, entre los cuatro
primeros países europeos productores, pero, evidentemente, en clara
desventaja en consumo. Es evidente que en España no alcanza más allá
del 0,1 por ciento del total de la demanda de productos alimentarios
mientras, como muy bien conoce S.S., Alemania está en torno al 20 por
ciento. Gran parte de nuestra producción tiene por objeto la
exportación y el mercado fundamental son los países centroeuropeos en
materia de exportación.
El programa de desarrollo rural aprobado ahora mismo para el periodo
2000-2006 ha establecido un conjunto de medidas encaminadas a
fomentar la agricultura ecológica, la ganadería ecológica y
constituye un objetivo preferente de las medidas agroambientales. En
consecuencia, todas las explotaciones que practiquen una agricultura
sostenible, sin utilización de fertilizantes o fitosanitarios de
síntesis y que los sustituyen, evidentemente, por otros de carácter
natural, tienen derecho a acogerse a las medidas establecidas en el
programa de desarrollo rural y, consecuentemente, a medidas
agroambientales, que en el ámbito de protección ecológica tienen un
incentivo adicional de un 20 por ciento admitido como máximo posible
por el propio reglamento de desarrollo rural, es decir, el máximo
posible permitido en la Unión Europea.
Las primas por hectárea, como conoce el señor Cuadrado, van desde 92
euros, aproximadamente, en el caso de los herbáceos hasta 540 euros
en el caso del arroz, y en el caso de la ganadería de 125,85 euros
por hectárea de pasto y rastrojeras hasta 180 euros de prados
y pastizales. En todo caso, la política del Ministerio de Agricultura
respecto de la agricultura ecológica, insisto, parte de la realidad,
de los datos objetivos, que son contrastables, tozudos y que nos
llevan a apostar por una política de apoyo para esa expansión, pero
desde el realismo de saber que estamos hablando de un nicho de
mercado que a corto y a medio plazo, en todo caso, va a ser poco
relevante en términos cuantitativos respecto de lo que es ocupación
de la tierra o respecto de lo que es producción de cultivos mediante
técnicas convencionales, que es la mayoría, y que seguirá siendo
a corto y medio plazo la mayoría. En todo caso, actuamos también en
materia de promoción. Actuamos tanto a nivel nacional como en materia
de exportación a través de folletos divulgativos, de directorios
elaborados conjuntamente con el sector precisamente en materia de
agricultura ecológica, con el Instituto de Comercio de Exterior, con
las cámaras de comercio, apostando de manera decidida, como se va a
ver el próximo año, por ferias que son emblemáticas en Europa, con
pabellones en los que el año próximo España tendrá 1.200 metros
cuadrados.
La otra cuestión a la que usted ha aludido, que no entra en el ámbito
específico de la política de apoyo del Gobierno a la agricultura
ecológica, es el prefijo bio o
eco. Quiero decir que en ese ámbito el Gobierno aprobó un decreto,
que antes fue sometido a consulta a la Unión Europea y que no fue
contestado, sí a posteriori, como usted ha señalado, con una carta de
la Comisión. Además, fue sometido a consulta al Servicio Jurídico del
Estado en la Unión Europea y al Consejo de Estado. Todos ellos,
absolutamente todos, han entendido que era correcto desde el punto de
vista jurídico y desde el punto de vista del contenido del texto en
relación con la normativa comunitaria vigente. Lo que usted habla
ahora de aceptar el requerimiento de la Comisión no es sino
simplemente un problema de interpretación de un órgano de la Unión
Europea, de un texto que nada tiene que ver con la protección de la
producción ecológica. Señoría, ni un solo producto comercializado en
España con el término bio era ecológico, ni uno solo, y si lo que
queremos es crear la confusión del consumidor y no saber lo que está
consumiendo, vamos por la línea adecuada. ¿Qué es lo que conoce el
consumidor? Que el producto ecológico es el que se llama ecológico y
lleva la partícula eco. No podemos homologarnos con otros países en
costumbres que no son las nuestras ni en conocimientos de marcas
notorias o de nombres notorios en el tráfico jurídico y en el tráfico
mercantil que no son los nuestros.
Que se adopten frases, expresiones o palabras para proteger
determinados productos en unos países de la Unión Europea cuando una
directiva o un reglamento lo permite, no quiere decir que tenga que
ser la misma palabra o la misma partícula la que se adopte en España
para proteger la misma modalidad de producción, porque esa palabra no
entra dentro de la costumbre española ni del conocimiento del
consumidor español. El Gobierno ha optado, de acuerdo con la mayoría
del sector, por clarificar de una vez por todas qué es un producto
biológico -en ese sentido se trata de mantener el status vigente a lo
largo de muchos años- y dejar bien claro que son productos
ecológicos, de producción ecológica, los que tienen la partícula eco
o simplemente se llaman productos ecológicos. Ése es, insisto, el
contenido de la norma española. En todo caso, es un problema de
interpretación, no de norma, desde el punto de vista comunitario. El
Estado, con los informes jurídicos a los que he aludido, sostendrá
ante todas las instituciones comunitarias y, en su caso, ante el
Tribunal de Justicia, esta interpretación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Luego comentaré esta cuestión de la
interpretación. Efectivamente, hay recursos presentados y tendrán su
trayectoria en los tribunales, pero alguien ha presentado los
recursos.
Cuando se habla del apoyo a la agricultura ecológica, que me diga que
no tiene relación, y ojalá hubiesen hecho lo que parecía de puro
sentido común, que es presentar ese borrador de real decreto ante el
propio
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, CRAE, es lo que no he
entendido. Tiene una relación directísima. En definitiva, cuando se
pone en el mercado un producto bío o un producto eco, se está
lanzando un mensaje al propio consumidor. Se le está diciendo que ese
producto reúne una serie de condiciones que están absolutamente
reguladas y, por tanto, cómo llega ese producto al consumidor, con
qué terminología, es vital para que el sector pueda funcionar, para
que el sector pueda crecer, como está creciendo en otros países y no
en España.
Dice usted que ha crecido el sector en España. Claro que ha crecido,
el problema es que ha crecido mucho menos que en otros países. En
este momento estamos ante un sector que lleva poco tiempo, que está
en rodaje, que va a necesitar bastante apoyo y no solo en el ámbito
de la producción, sino en el de la transformación y distribución. En
otros países este sector está creciendo a un ritmo mucho más fuerte.
El ritmo de crecimiento en España, llegando a las 380.000 hectáreas
en el año 2000, contrasta con crecimientos como el de Bélgica, con un
57,6 por ciento en el mismo año; como el de Portugal, con un 69 por
ciento; como el de Francia, con un 78 por ciento. Y en términos
relativos ya le he dado cifras, el 8 por ciento, el 7 por ciento en
Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Suecia. Nosotros estamos
lejos, muy lejos. Cuando se crece, desde la situación en la que crece
España, a un ritmo mucho menor que el de otros países, estamos
perdiendo oportunidades. A eso me estaba refiriendo.
Usted ha dado una cifra de Extremadura. Podía haber dado cifras de
Andalucía. Es decir, si vemos dónde se concentran en España la
agricultura y la ganadería ecológicas, tendríamos que tener más
preocupación. Por ejemplo, en Castilla y León no sólo no ha crecido,
sino que ha disminuido. Antes le he dado un dato que no ha merecido
su comentario, pero me parece que es importante desde el punto de
vista del apoyo a través de las medidas agroambientales.
Desgraciadamente, en España, por una falta de política agraria
nacional, las medidas agroambientales están sirviendo para todo.
Antes hemos hablado del arroz, pero me da lo mismo que hablemos de
cualquier cultivo importante, como el girasol, etcétera, que están en
peligro. Todo se hace con las medidas agroambientales y, lógicamente,
no queda dinero para apoyar algo tan importante desde el punto de
vista medioambiental como la agricultura ecológica. El ejemplo de
Castilla y León es de libro.
Voy directamente a eso que usted decía que no tiene relación y que la
tiene y muy importante, directa. La cuestión no es que en España
hubiera o no una tradición de bío y que hay muchos productos, ése era
el tipo de confusión que tenía que aclarar el propio Gobierno, la
cuestión es que, en vez de aclararlo, mantiene la confusión
y perjudica las posibilidades de crecimiento de la agricultura y
ganadería ecológica. Usted ha hecho referencia a que es una cuestión
de interpretación. La interpretación de la Comisión Europea ha sido
bien
contundente: contraria a la posición del Gobierno español. Ahora,
efectivamente, tendremos que esperar a que se resuelvan los
contenciosos que están en marcha.
Para terminar, le diré otra cosa. Dice que han acordado con casi
todos este real decreto. Cuando dice casi todos, ¿se refiere a las
asociaciones de productores de agricultura ecológica? Porque lo que
dicen todos, absolutamente todos, es que este real decreto les supone
una enorme dificultad para su crecimiento. El último congreso ha sido
en Córdoba y aparece un dictamen del propio congreso que no deja
lugar a dudas; de hecho, ustedes no han contado con ellos para nada,
en absoluto, ni siquiera han sometido este real decreto, que les
afecta tan directamente, al dictamen del propio consejo asesor, que
para algo debería estar. Por tanto, no estamos observando en el
Gobierno un apoyo en ninguno de los frentes, ni en el frente
reglamentario, que es vital para el desarrollo del sector, ni en el
frente de las políticas concretas de apoyo. Los resultados se los he
leído anteriormente en relación con otros países. No vemos en el
Gobierno español un apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): En primer lugar, no se puede admitir en modo alguno que
se diagnostique si un gobierno apoya o no a la agricultura ecológica
por el hecho de que se conciba o no la existencia de un término para
definir una producción ecológica. En este caso, depende de una
palabra. Evidentemente, el apoyo a una agricultura depende de
políticas activas y las políticas activas son la promoción, el apoyo
económico a este tipo de cultivos, el fomento de estos cultivos y,
desde luego, políticas de comercialización activa y de conocimiento
por parte de los consumidores de dentro y fuera de España.
En todo caso, también tenemos que ser realistas, señor Cuadrado, y
saber que no cambia de la noche a la mañana la cultura, los hábitos
de nuestros consumidores ni a qué atienden desde el punto de vista de
lo que adquieren y eso, lógicamente, condiciona la producción. Se
produce para vender y para comercializar, no se produce para tener
excedentes, para almacenar. Eso determina nuestro tejido productivo
que, por desgracia o por suerte, nada tiene que ver con otros países
de la Unión Europea,
donde está más avanzada esta cultura y la implantación de estos
cultivos. Esas agriculturas son distintas a las realidades
productivas de la geografía española.
Por tanto, contando con esa diversidad, con lo que tenemos ahora
mismo y lo que queremos se desarrollan las políticas activas del
Gobierno, insisto, de apoyo claro a la agricultura ecológica, con
independencia de la cuestión de la terminología, del empleo de un
término para definir una producción ecológica. Parece que en
castellano, señor Cuadrado, lo que mejor determina la producción
ecológica es simplemente la palabra ecológica o eco, que está en el
diccionario de la Real Academia como tal. La existencia de una
partícula o un término como es bío, que en otros países por idioma y
cultura sí ha estado asociado a la producción ecológica y no así en
España, induce a confusión en el consumidor, al pensar que
adquiriendo un producto bío adquiere un producto ecológico. Nada más
lejos de la realidad en la gran mayoría de los casos. ¿Qué ha hecho
el Gobierno? Clarificar la regulación española, adaptarla a la
normativa comunitaria, conseguir un marco de competencia leal en
donde lo que se vende como ecológico se garantiza que es ecológico y
lo demás no, y evitar confusión entre los consumidores, que saben que
cuando compran un producto que simplemente se llama ecológico -no hay
que saber ningún idioma ni pensar mucho más para saber qué es lo que
se está comprando- es exactamente eso, un producto ecológico. Lo
demás es otra metodología, otro sistema, tiene otras connotaciones
que no son, en modo alguno, de carácter ecológico.
Todo eso, señor Cuadrado, a juicio del Consejo de Estado, a juicio
del Servicio Jurídico del Estado en la Unión Europea y a juicio de
los servicios técnicos de la Administración general del Estado es
perfectamente compatible, está perfectamente delimitado dentro del
marco de la normativa comunitaria. Como estamos convencidos de la
corrección de los planteamientos del Servicio Jurídico del Estado en
la Unión Europea y, sobre todo, del Consejo de Estado, estamos
dispuestos a defender esos criterios en la propia Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Una vez finalizado y bien cumplimentado el orden del día, se levanta
la sesión.
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.