CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 307



AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN



Sesión núm. 22



celebrada el jueves, 27 de septiembre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Arias Cañete) para informar sobre:



- La situación de las organizaciones comunes de mercado (OCMS)
pendientes de aprobación por la Unión Europea y las propuestas
españolas sobre las mismas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000068) ... (Página 9524)



- La posición del Gobierno con respecto a la reforma definitiva de la
Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000221)
... (Página 9524)



- Los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea (UE) del 15 de diciembre de 2000 y sus repercusiones
para nuestra flota. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.

(Número de expediente 213/000267) ... (Página
9537)

Página 9524



- Las propuestas del Gobierno ante la reforma de la política común de
pesca. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000367) ... (Página 9537)



- La posición del Gobierno español en la Cumbre de ministros de Pesca
celebrada el día 25 de abril de 2001, así como para explicar la
perspectiva de futuro del sector pesquero español. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000404)
... (Página 9537)



- Por entender que en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión
Europea del 25 de septiembre se van a tomar decisiones que pueden
afectar negativamente a un sector importante de la flota pesquera
española, y para que, ante la Comisión parlamentaria correspondiente,
explique detalladamente la propuesta de la Comisión de la Unión
Europea y la postura que piensa mantener el Gobierno español al
respecto. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000487) ... (Página 9537)



- Las posiciones del Gobierno en torno al Libro verde que va a
fundamentar la revisión de la política pesquera común. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000488)
... (Página 9537)



- El estado actual en la gestión del programa de desarrollo rural
para las medidas de acompañamiento (indemnización compensatoria, cese
anticipado en la actividad agraria, medidas agroambientales
y forestación de tierras agrícolas). A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000411)
... (Página 9551)



Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión número 22 de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca con la comparecencia del
excelentísimo señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. A
efectos de la ordenación de esta sesión, he de decirles que esta
comparecencia se va a celebrar en tres bloques independientes, con
intervenciones de los portavoces también de manera independiente, y
estructurada de la siguiente manera. En primer lugar se tratarán por
el excelentísimo señor ministro las comparecencias relativas a las
organizaciones comunes de mercado, incluyendo la del aceite de oliva,
solicitudes de comparecencias que en el orden del día figuran con los
números 1 y 2; a continuación se tratará un segundo bloque de
comparecencias relativas al sector pesquero, que figuran en el orden
del día con los números 3, 4, 5, 6 y 7; y por último, el tercer
bloque será el relativo al desarrollo rural y a las medidas de
acompañamiento.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(ARIAS CAÑETE) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNES DE MERCADO (OCMS)
PENDIENTES DE APROBACIÓN POR LA UNIÓN
EUROPEA Y LAS PROPUESTAS ESPAÑOLAS SOBRE LAS MISMAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000068)



- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REFORMA DEFINITIVA DE LA
ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000221)



El señor PRESIDENTE: Pasamos en primer lugar a tratar las dos
primeras comparecencias, solicitadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista.

Antes de dar la palabra al excelentísimo señor ministro, quiero dar
la bienvenida tanto a él como a los miembros del Ministerio de
Agricultura colaboradores del ministro, que nos acompañan. En ese
sentido, sean bienvenidos.

Pasamos a la primera solicitud de comparecencia y damos la palabra al
señor ministro para que pueda fijar la posición del Gobierno en este
primer turno, y a continuación pasaremos a dar la palabra a los
señores portavoces.




Tiene la palabra, señor ministro.




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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar esta intervención informando en primer lugar
sobre las OCM pendientes en el sector ganadero, comenzando por la de
ovino y caprino. En general, al Gobierno la propuesta de la Comisión
le merece una opinión positiva puesto que se ha realizado un
ejercicio notable de simplificación normativa. Además, la supresión
de la prima variable y su sustitución por una prima fija va a dotar
al sistema de la transparecencia de la que el sistema anterior
adolecía, puesto que el método de cálculo de la prima variable,
además de complejo, se había convertido en un simple cálculo
aritmético que no respondía al propósito del diseño inicial.

En el transcurso de los debates técnicos que han tenido lugar en el
seno del Consejo se han despejado detalles menores de la reforma, y
en este momento el tema nuclear es el que gira en torno al importe de
la prima fija. Para España, el nivel de ayuda propuesto de 21 euros
por oveja resulta en principio insuficiente, y creemos que el Consejo
tiene que hacer esfuerzos para elevar este importe, porque sus
destinatarios, los ganaderos de ovino y caprino, son uno de los
sectores más desfavorecidos tanto en términos de ingresos como de las
zonas en que están asentados, en las que normalmente no tienen
alternativa distinta a este tipo de ganadería. Por otra parte, el
importe de 21 euros propuesto no se ajusta a la evolución de la prima
variable de los últimos años, que siempre se ha situado por encima de
esta cantidad salvo cuando la crisis del sector vacuno ha propiciado
precios de carne de ovino y caprino anormalmente altos y por lo tanto
un valor de la prima por debajo de los niveles de referencia. Creemos
que el Consejo dispone de un margen financiero suficiente para
afrontar un importe superior. Si a eso se une que el Parlamento
Europeo, en el informe que ha hecho sobre esta OCM, propone una prima
de 25 euros por oveja, argumentando que, frente a un aumento de
consumo de la carne de ovino y caprino, el nivel de renta de los
ganaderos y la producción comunitaria ha descendido en los últimos
años, tenemos argumentos suficientes para avalar la posición que el
Gobierno sustenta.

Respecto a la prima adicional, la llamada prima al mundo rural,
España considera que constituye un elemento clave para el desarrollo
de zonas marginales y desfavorecidas, cuya importancia, desde el
punto de vista medioambiental, justifica mantener este apoyo
complementario. La introducción, por otra parte, de un elemento de
flexibilidad en la OCM de ovino y caprino, a semejanza de lo ocurrido
en la OCM de carne de vacuno con los sobres nacionales, no suscita
particular recelo en España a priori, pero queremos que esta
flexibilidad sea explícita y desde luego que no sirva para amparar
políticas nacionales al margen de la política agraria común. En
resumen, señorías, el principal elemento de debate en la reforma se
sitúa en el importe de
ayuda propuesto, que España no considera aceptable, por lo que
estamos estableciendo los contactos necesarios con los países
interesados en esta OCM para procurar unas alianzas sólidas que nos
permitan presentar un frente unido frente a las propuestas de la
Comisión.

Quisiera referirme también a la OCM del vacuno, que ya ha sido
aprobada el pasado 19 de junio, para hacer algún comentario sobre la
misma. Esta reforma parcial de la OCM se insertaba en el paquete de
medidas destinado a combatir los efectos de la crisis de la
encefalopatía sobre los mercados de carne de vacuno de la Unión
Europea. Pretendía, y pretende, conseguir reequilibrar el mercado en
el medio y largo plazo conteniendo la producción, y no olviden que en
el pleno apogeo de la crisis los sacrificios se redujeron a un 60 por
ciento y los precios se rebajaron casi hasta un 40 por ciento de los
niveles anteriores a la misma. Por lo tanto, esta reforma pretende un
reequilibrio del mercado en el medio y largo plazo, y también se
incrementan las cantidades de carne que pueden ser objeto de compra
por la intervención para disminuir el exceso de oferta. No es una
reforma de carácter definitivo, sino que sólo afecta a dos
ejercicios, 2002 y 2003, para intentar una regulación de oferta de
manera que en el año 2004 se recuperen los parámetros previos a la
reforma.

En materia de vaca nodriza, se ha flexibilizado, a petición, entre
otros, de la delegación española, la obligación de mantener un número
mínimo de novillas, pasando del 20 al 15 por ciento, tal como se
había consensuado como posición nacional con las comunidades
autónomas, lo que supone una reposición del 7 por ciento, que es una
cifra más realista. Además se excluye de este compromiso a los
ganaderos que tengan menos de 14 vacas. Recordemos que el tamaño
medio de la explotación en España es de 16 vacas. Como he dicho
anteriormente, esta obligación se introduce para los años 2002 y
2003. La intervención se incrementa desde 350.000 toneladas anuales
hasta 500.000 toneladas en el año 2001. Este es un aspecto importante
para España, ya que en el año 2001 hemos adquirido en la Unión
Europea 260.000 toneladas y España, en este contexto, ha visto
intervenir cerca de un 32 por ciento, siendo el Estado miembro que
más ha utilizado el instrumento de la intervención. Por eso para
nosotros que se incrementara el límite a 500.000 era una red de
seguridad en la hipótesis de problemas en los mercados en el segundo
semestre.

El punto más complicado, como siempre, fue el de la prima especial
por bovino macho. Se descartó la posibilidad de aplicar límites
individuales y se mantuvo el límite de 90 animales por explotación,
endureciéndose las condiciones para su modificación. La cuota a la
Unión Europea se reduce en un 9 por ciento de media, utilizando como
referencia los pagos de los años 1997 y 1999. A los países que
obtuvieron mejoras en su cuota nacional en la Agenda 2000 se les
reconoce



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un incremento sobre las primas pagadas en el período tomado de
referencia.

En un segundo bloque, y ya fuera de las producciones ganaderas,
quiero informar sobre las reformas acordadas en el sector agrícola:
azúcar, arroz, algodón y OCM del aceite. En el azúcar, el 22 de mayo
de 2001 se llegó a un acuerdo político unánime para establecer una
nueva OCM aplicable desde la campaña 2001-2002. Los elementos básicos
de la misma son el establecimiento de un período de aplicación de
cinco campañas, hasta la campaña 2005-2006, lo que va a dar
estabilidad al sector industrial y va a facilitar la adaptación de
capacidades ante los retos del futuro. Se mantiene el precio de
intervención del azúcar y el precio base de la remolacha al mismo
nivel actual y en las zonas deficitarias se fijarán anualmente los
correspondientes precios derivados, que afectan a España y a otros
Estados miembros. Se mantiene el régimen de cuotas para las cinco
campañas, estableciéndose las cantidades de base de producción A y
producción B de azúcar, de isoglucosa y jarabe de inulina. Las cuotas
globales se reducen en 115.000 toneladas respecto a la OCM anterior
para cumplir los compromisos derivados de los acuerdos del GATT. En
España la reducción supone 3.039 toneladas. La nueva OCM permite
trasladar azúcar de una campaña a la siguiente hasta un determinado
límite, por un período de 12 meses, sin compensación por el
almacenamiento. Dicho azúcar, por lo tanto, se convierte en el primer
azúcar producido en la cuota de la siguiente campaña. Se mantienen
las ayudas nacionales para la producción de la caña de azúcar en
España, con lo cual se evita el riesgo de desaparición. Y finalmente
se decide que al principio del año 2003 la Comisión presente un
informe sobre la base de estudios relativos a la situación del
mercado, a todos los aspectos del sistema de cuotas, a los precios, a
las relaciones interprofesionales y un análisis de la creciente
competencia resultante de los compromisos internacionales de la Unión
Europea, acompañándolo de las propuestas apropiadas. Para el debate
que se plantee dentro de los próximos cinco años, España considera
prioritario mantener el mismo tipo de OCM que la que regula
actualmente el mercado del azúcar.

La reforma del arroz no fue objeto de reforma en la Agenda 2000, por
lo que está en vigor la OCM aprobada en diciembre de 1995. En junio
de 2000 la Comisión aprobó una propuesta de reforma que se basa en la
eliminación de la intervención para poder incrementar la protección
exterior y compensar esta eliminación con la integración del arroz en
el régimen de los cultivos herbáceos, con lo que aumentaría
ligeramente la actual ayuda compensatoria, pero utilizando una
superficie de base de arroz incompatible con la de maíz de regadío y
aplicando la retirada de tierras obligatoria. Estas dos condiciones
son muy negativas y lo único positivo de la integración en los
cultivos herbáceos es que se podría regionalizar la superficie base
nacional del arroz y la penalización por rebasamiento sería proporcional
en lugar de progresiva como actualmente. Ante la oposición
de todos los países productores y la incertidumbre del proceso de
incremento de la protección exterior, la propuesta de la Comisión
está paralizada, pero posteriormente a esta propuesta se ha firmado
un acuerdo sobre los PMA, los países menos avanzados, acuerdo que se
denomina Todo menos armas, que curiosamente liberaliza el sector del
arroz a partir del año 2009. Como consecuencia de todo ello, el
Gobierno español cree necesario abordar una reforma que, en nuestra
opinión, debe basarse en los siguientes aspectos. Se debe mantener la
intervención para disponer de una red mínima de seguridad de la
producción; se debe reducir el precio de intervención para poder
exportar sin restituciones; se debe compensar esta reducción de forma
adecuada mediante la actual ayuda a los cultivos herbáceos y una
ayuda específica coherente con la reducción del precio de la
intervención y se debe integrar el arroz en el régimen de los
cultivos herbáceos con una superficie de base específica compatible
con la del maíz y desde luego sin la retirada obligatoria del
cultivo.

Pasando al algodón, el 22 de mayo de 2001 el Consejo de Ministros de
Agricultura alcanzó un acuerdo político para establecer un nuevo
régimen de ayuda en el sector del algodón, aplicable a partir de la
campaña 2001-2002. Los elementos básicos de esta nueva OCM son los
siguientes. En cuanto al período de aplicación, no se establece una
duración determinada, contemplándose únicamente que el Consejo, por
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo podrá decidir las adaptaciones necesarias y
adoptar las normas básicas necesarias para su aplicación. Los precios
se mantienen al mismo nivel que en la actualidad, tanto el precio
objetivo que perciben los desmotadores como el precio mínimo que
reciben los agricultores de algodón. Se mantiene la cantidad nacional
garantizada para España en 249.000 toneladas, que se eleva a 270.000
en caso de que el precio medio internacional sea superior a 30,2
euros por 100 kilos y el presupuesto comunitario global no supere los
770 millones de euros. En cuanto al mecanismo estabilizador, se
aprobó la alternativa presentada por la delegación española, más
beneficiosa para el sector que la propuesta por la Comisión, que
consistía en elevar en un 20 por ciento la penalización en vigor en
caso de que la producción efectiva superase la cantidad nacional
garantizada, lo que hubiese representado pérdidas para el sector
algodonero del 10 al 15 por ciento en sus ingresos, es decir, los
españoles productores de algodón perderían entre 3.000 y 4.000
millones de pesetas. El mecanismo aprobado consiste en mantener el
régimen de penalización, es decir, reducir el precio objetivo un 0,5
por ciento por cada 1 por ciento en que supere la producción efectiva
la cantidad nacional garantizada, hasta las 362.000 toneladas. A
partir deesta producción, la reducción se incrementará un 0,02



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por ciento por cada tramo de 4.830 toneladas en que se sobrepasen las
362.000.

Esta reforma ha sido bien acogida por el sector al mantenerse un
mecanismo estabilizador para unas producciones ajustadas a nuestra
realidad productiva y al introducirse modificaciones menores que
mejoran y simplifican la gestión y el control del régimen, el cual
también se incorpora al marco de las medidas medioambientales ya
contempladas para otros sectores. El debate que se pueda plantear en
un futuro a corto plazo estará en torno al coste presupuestario del
régimen de ayudas, dado que el mismo está basado en un método de
deficiency payments y el precio internacional actual se encuentra en
los niveles más bajos de los últimos 25 años, lo que representará al
final de la campaña un costo muy superior a los 770 millones de euros
que la Comisión tiene como referencia máxima de gasto y que fue su
principal argumento para proponer la reforma ahora aprobada.

Finalmente, voy a informar sobre la posición del Gobierno ante la
reforma definitiva de la OCM del aceite de oliva. El Consejo de
Ministros de Agricultura el pasado 19 de junio alcanzó un acuerdo
político sobre el documento de la Comisión Estrategia para mejorar la
calidad del aceite de oliva, que se extiende a la modificación de dos
reglamentos comunitarios que regulan la OCM en lo que respecta a la
prórroga del régimen de ayudas para el aceite de oliva y las
denominaciones de los aceites. El 23 de julio tuvo lugar su
aprobación definitiva, siendo publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas el pasado 26 de julio. El Reglamento 1513/2001
que desarrolló ese acuerdo es en la práctica, con algunas
innovaciones, una prórroga de la OCM aprobada en 1998. La razón de
que se prolongue la actual consiste en que persisten las dificultades
de información que determinaron el carácter transitorio de la reforma
de 1998. Finalmente, se ha aprobado una prórroga de la OCM actual por
tres campañas y no por dos, como proponía la propuesta de la
Comisión, manteniéndose las ayudas a la producción real de aceite de
oliva. Consideramos positiva esta prórroga, puesto que de esta manera
se dispondrá del tiempo suficiente para poder terminar los trabajos
que se están llevando a cabo por la Comisión y los Estados miembros y
cumplir con el encargo efectuado por el Consejo en 1998 de determinar
de manera más fiable la información disponible de los países
productores y conocer su realidad productiva. Esta reforma ha
resultado francamente satisfactoria para el sector oleícola español,
pues asegura un nivel de renta a los productores nacionales de
167.000 millones de pesetas como mínimos y en las dos primeras
campañas de aplicación ha supuesto unos mayores ingresos por ayudas
en relación con la OCM anterior. En la campaña 1998-1999, con una
producción de 791.900 toneladas de aceite virgen, se han recibido
170.335 millones de pesetas de subvenciones comunitarias, 29.151
millones más de los que se hubieran recibido de estar vigente la
anterior
OCM, y en la campaña 1999-2000, con una producción de 669.100
toneladas de aceite virgen, se han percibido 164.374 millones de
pesetas, es decir, 55.026 millones de pesetas más de estar vigente la
anterior campaña.

El comité de gestión de materias grasas de la Unión Europea, en su
reunión del 19 de septiembre de este año, ha fijado un anticipo de
ayuda de 138,7 pesetas/kilo, para una producción estimada en la
campaña 2000-2001 de 971.400 toneladas de aceite virgen. De
confirmarse esta situación, los oleicultores españoles van a percibir
una ayuda de 155,5 pesetas/kilo, con un volumen total de 170.425
millones de pesetas, 13.000 más que con la OCM anterior.

Una de las modificaciones que se han aprobado hace referencia al
cambio en las denominaciones de alguna categoría de aceites. La
entrada en vigor de estas nuevas denominaciones tendrá lugar el 1 de
noviembre de 2003, excepto la definición del aceite de orujo de
oliva, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2001, como ha venido
solicitando España. Se modificará la denominación de la categoría
aceite de oliva destinado al consumo, indicando que contiene
exclusivamente aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen,
siendo la finalidad de este cambio mejorar la información al
consumidor y evitar la confusión de esta categoría con el genérico
del producto. Se ha aprobado una nueva definición del aceite de orujo
crudo, incluyendo el obtenido mediante métodos físicos, algo que
España había pedido. También desaparece la categoría de aceite de
oliva virgen corriente, que se integra en la categoría de aceite de
oliva lampante.

Además de estos cambios en las denominaciones, y dentro de la
estrategia de la calidad del aceite de oliva, para trasladar las
mejoras tecnológicas que se han introducido en la extracción del
aceite se han reducido los límites de acidez en varias categorías de
aceite. Otro de los aspectos novedosos de la reforma es la obligación
de que los olivos y superficies cultivadas estén integrados en el
sistema de información geográfica para poder percibir ayudas a partir
del 1 de noviembre de 2003. La reforma establece una nueva línea de
actuación por la que se podrán otorgar ayudas a los agentes
económicos para realizar ciertas actividades referentes a la gestión
del sector y del mercado, mejora de la calidad y del impacto
medioambiental de la producción y certificación y defensa de la
calidad. Es una medida positiva y el sector se debe implicar en esta
financiación de acciones. La financiación oscilará entre el 50 y el
cien por cien, dependiendo de la actividad. Estas ayudas entrarán en
vigor el 1 de noviembre de 2002, siendo destacable que la aceituna de
mesa se incluye plenamente en estas actividades del sector oleícola,
tal como habíamos solicitado.

Además de estas modificaciones, hay otros aspectos que quedan
pendientes de su desarrollo normativo por parte de la Comisión, que
están relacionados con la estrategia de calidad del aceite de oliva.

Entre ellos, estará permitida la utilización del talco alimentario,



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prohibiéndose la utilización de otros coadyuvantes tecnológicos. Por
otra parte, los trabajos que está desarrollando el Consejo Oleícola
internacional sobre la elaboración de un código de buenas prácticas
de cultivo olivarero y un código de buenas prácticas de extracción se
van a utilizar a escala comunitaria en el marco de la próxima reforma
del sector. Se va a modificar el reglamento de análisis para
adaptarlo a la nueva definición del aceite de orujo de oliva crudo,
de aceite de oliva lampante y diversas adaptaciones de otras
categorías de aceites.

En materia de etiquetado, España y los demás países productores
seguirán prohibiendo la fabricación de mezclas de aceite de oliva con
otros aceites vegetales para su comercialización en el mercado
interior. Para estas mezclas se establecerán nuevos requisitos, como
un etiquetado leal, más claro y estricto, en los países consumidores
en los que están autorizadas, que afecta fundamentalmente a países no
productores de aceite de oliva, que deberán obligar a que en la
etiqueta no aparezca ningún símbolo que pueda confundir sobre su
composición, debiendo a su vez precisar el porcentaje de aceite de
oliva que se encuentra en las mismas y su control. Se ha acordado
además la prohibición del uso de menciones engañosas de la calidad,
como por ejemplo el grado de acidez, y también deberá normalizarse la
utilización de determinadas menciones optativas.

Otro aspecto a desarrollar es la necesidad de regular mediante un
enfoque claro la indicación del origen, que se basará en una mención
del origen en la etiqueta indicando el país de recogida de la cosecha
de aceituna y el país donde se ha producido el aceite. En el caso de
que el país sea el mismo, se indicará dicho país en la etiqueta. En
materia de controles se va a adoptar el método de evaluación
organoléptica del Consejo Oleícola internacional, se va a definir un
método analítico basado en un esquema de decisiones para simplificar
los análisis de aceites utilizados en la clasificación, se van
a desarrollar métodos de análisis apropiados para detectar mezclas
fraudulentas de aceite de oliva y aceite de avellanas y las ventas de
aceite se van a limitar a recipientes precintados de capacidad máxima
de 5 litros.

En conclusión, cabe decir que el resultado de los debates en el marco
del Consejo ha sido muy prometedor para España pues, además de
mantener el sistema de ayuda basado en la cantidad de aceite
realmente producido, se ha avanzado considerablemente en la
clarificación de la comercialización de las mezclas de aceite de
oliva con otros aceites vegetales. Otro punto importante hace
referencia a la prohibición de ventas de aceite a granel en otros
países de la Unión Europea, por el peligro que podría suponer de
eventual alteración y su incidencia en el consumo de aceite de oliva.


Por último, es necesario señalar el esfuerzo que se ha realizado para
convencer a las demás delegaciones de la Unión Europea sobre la
inocuidad del uso del talco en la extracción de aceite, técnica
apreciada por las industrias españolas.

Para la reforma definitiva se deberá esperar a que la Comisión
disponga de la información que considera imprescindible para llevarla
a cabo. La información afecta al número de olivos en la Unión
Europea, a la superficie de los olivares y al rendimiento o, lo que
es lo mismo, al potencial productivo de los Estados miembros. De
entre estos trabajos, el que más retrasado se refiere al potencial
productivo que están realizando las agencias para el aceite de oliva
de los países productores. El trabajo consistirá en fijar la
horquilla de producción. Las cifras de las que se dispone,
correspondientes a la campaña 1999-2000, dan unos intervalos bastante
amplios, por lo que todavía no se puede determinar la producción de
una forma precisa.

Con esto, señorías, termino esta intervención, y quedo a disposición
de los grupos políticos para cualquier aclaración complementaria.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, señor Centella, como primer solicitante
de esta comparecencia.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, intervendré brevemente para
indicarle que nuestro grupo vendrá a escucharle, siempre que le sea
posible, cuando usted quiera y pueda comparecer. Pero junto a esto
queremos decirle a usted, y fundamentalmente al Partido Popular, que
es el que tiene la mayoría para diseñar la dinámica de esta Comisión,
que si queremos que esta sea una Comisión útil, como lo ha sido en
otros tiempos, hay que cambiar la dinámica. Le quiero recordar -y
está escrito- que esta comparecencia fue solicitada el 18 de mayo del
año 2000, y se produce en septiembre del año 2001. Es decir, nada es
igual que cuando se solicitó. Por tanto, no le voy a decir que es
inútil que usted venga aquí a explicar lo que nos ha explicado, pero
no tiene la efectividad que hubiera tenido cuando se planteó, porque
usted coincidirá conmigo en que desde aquel día hasta hoy la
agricultura ha cambiado mucho. Nosotros pedimos esta comparecencia
nada más llegar usted al gabinete, para que todos los grupos
pudiéramos hacer un diseño lo más adecuado posible para afrontar las
OCM que se estaban discutiendo y que tenían bastante interés para
nuestro país. Por tanto, usted y el Partido Popular tienen dos
caminos: usted puede venir a comparecer cada vez que quiera, incluso
puede intentar batir récords de comparecencias, y nosotros le
escucharemos con atención en la medida que podamos, o puede intentar
hacer de esta Comisión una comisión útil, que le sirva para su
trabajo como ministro y que sirva fundamentalmente al sector agrario.


Usted y el Partido Popular elegirán el camino que consideren
conveniente, pero le digo de antemano que no vamos a contribuir a que
haya comparecencias



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como la de hoy, porque realmente creemos que tiene poca utilidad.

A lo que usted ha dicho, poco hay que añadir. Ha hecho una
descripción que en otro momento podía haber dado lugar a un debate
mucho más a fondo. Sobre la última, la reforma de la OCM del aceite
de oliva, se podría haber tenido un debate más profundo. A estas
alturas, lo único que se puede decir es que seguimos pensando que es
insuficiente y que puede y debe ser mejorada. Por tanto, no debemos
ser autocomplacientes, sino que debemos de prepararnos para intentar
recuperar o alcanzar aquellos objetivos en los que siempre hemos
coincidido el sector y los grupos políticos. No voy a hablar de la
intervención ni de otros elementos que usted conoce mejor que yo.

La OCM del ovino, es la que en estos momentos puede estar más
abierta. Sobre las que ya se han aprobado poco más podemos hacer que
escucharle a usted. Coincidimos en parte de lo que usted ha
planteado, lo que hace falta es no solamente buscar alianzas, que hay
que hacerlo para conseguir votos suficientes, sino ser más incisivos
en la Unión Europea, para que al final se consigan los objetivos que
ha señalado aquí, con los cuáles nosotros podemos coincidir en gran
medida. De todos modos, hoy planteamos el debate de manera distinta
a como lo hubiéramos planteado en el año 2000. Hoy no le plantearíamos
la comparecencia para que explicase las OCM pendientes; hoy le
plantearíamos un análisis del margen de maniobra. Tras la frustración
que supuso la Agenda 2000, al menos para la forma de pensar de
nuestro grupo, ya que unos objetivos ambiciosos quedaron al final en
unos acuerdos muy limitados, la verdad es que el margen de maniobra
que tienen la agricultura y la ganadería en los presupuestos de la
Unión Europea es mínimo, por no decir nulo. En ese sentido, vamos de
OCM en OCM diciendo aquello que dicen en mi tierra: Virgencita, que
me quede como estoy. Cualquier cambio que se plantea siempre es para
peor. Esta es una realidad que se ha generalizado y que es fruto del
poco margen de maniobra que hay en la Unión Europea respecto a la
agricultura y a la ganadería. Y todo esto si este sector no acaba
pagando también los gastos que supongan las posibles intervenciones
militares de la Unión Europea en los conflictos actuales, porque
siempre que hay un problema económico en la Unión Europea lo acaba
pagando la agricultura, la ganadería o la pesca.

Señor ministro, he tomado nota de lo que usted ha planteado y le
repito que espero que próximas comparecencias sean más útiles para
que haya debates en los que no sólo podamos escucharle, sino que
también podamos aportar ideas, que es lo que yo creo que en otros
momentos esta Comisión sí ha hecho y por eso ha sido una Comisión en
la que se producían unos debates que eran útiles, donde cada uno
manifestaba sus diferentes opiniones, y me consta que a los
anteriores ministros les han servido para algo.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el segundo grupo solicitante
de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Amarillo.




El señor AMARILLO DOBLADO: Antes de que la cortesía me obligue a dar
la bienvenida a esta Comisión al ministro, desearía, señor
presidente, que usted me indicase de cuanto tiempo dispongo.




El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, usted sabe que esta presidencia
es suficientemente flexible, sobre todo con el principal grupo
parlamentario de la oposición, el cual a lo largo de todas...




El señor AMARILLO DOBLADO: Perdone que insista, señor presidente...




El señor PRESIDENTE: Señoría, está hablando esta presidencia. Yo le
cederé la palabra gustosamente y usted le podrá replicar al señor
presidente en el tiempo que considere oportuno, pero mientras tenga
yo el uso de la palabra le rogaría que por cortesía parlamentaria me
dejase terminar mi intervención.

Usted sabe, señor Amarillo, y el Grupo Parlamentario Socialista
también lo sabe, que a lo largo de las últimas semanas ha comparecido
reiteradamente el señor ministro y que esta presidencia ha hecho un
uso bastante flexible del Reglamento de esta Cámara, a sabiendas de
que reglamentariamente disponen ustedes de 10 minutos, pero que en
las últimas comparecencias del señor ministro, si no recuerdo mal, el
Grupo Parlamentario Socialista ha utilizado 27 y 28 minutos en cada
una de sus intervenciones frente a los 10 reglamentarios. En estos
momentos yo no puedo manifestarme en contra del Reglamento. Usted
sabe que tiene 10 minutos para su intervención y que esta presidencia
actuará con esa flexibilidad que le viene caracterizando a lo largo
de las últimas semanas, y que usted bien conoce porque no es así
solamente en esta legislatura sino en legislaturas anteriores. Por
tanto, señor Amarillo, reglamentariamente usted dispone de 10
minutos, pero sabe de la flexibilidad de esta presidencia en orden a
alargarlos hasta que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
pueda expresarse libre y todo lo extensamente que usted considere
oportuno. Es evidente también que, por respeto al resto de los grupos
parlamentarios, esos 10 minutos tienen que ser relativamente
flexibles, pero no dos horas. Por tanto, cuenta usted con la
flexibilidad suficiente para poder manifestarse.




El señor AMARILLO DOBLADO: Muchas gracias, señor presidente. Yo sé
que tiene que velar por el Reglamento, pero una mera división nos
dice que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos
fundamentales que, con el Reglamento en la mano, no llegaría a dos
minutos y que si el presidente es muy flexible -y yo le agradezco su
flexibilidad- podía llegar a



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tres minutos, y ya abusando llegaría a cuatro minutos. Esto es muy
significativo y es bueno que conste en el 'Diario de Sesiones' porque
indica la importancia que se concede a esta Cámara desde el punto de
vista del Gobierno para tratar elementos fundamentales de la política
agraria.

Sin más, entro en la cuestión. Hay cosas que afortunadamente quedan
escritas en el «Diario de Sesiones» porque, si no, créame que si
dijésemos por ahí lo que ha dicho usted y no pudiéramos mostrar el
«Diario de Sesiones», más de uno no lo iba a creer. Por tanto es
bueno. Por ejemplo, decirnos, en cuanto al ovino y el caprino, que lo
fundamental es el importe de la ayuda propuesta es, con todo respeto,
señor ministro, pero también con toda franqueza, no entender nada de
que va la cuestión. (Rumores.) Es cierto que nosotros arrastramos una
pésima negociación llevada a cabo por Loyola de Palacio en la Agenda
2000, y es muy cierto también que usted no contribuye en nada a
mejorarla sino a empeorarla. Desde el punto de vista español, el
debate sobre el ovino, teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestra
ganadería, teniendo en cuenta que existe un sistema de pastoreo y
aprovechamiento de los barbechos, teniendo en cuenta que existe un
ecosistema que se llama dehesa y teniendo en cuenta que también
existe cebo de carácter intensivo, no puede ser exclusivamente la
ayuda, si van a ser 25 euros ó 33 euros, que sería lo mínimo
deseable, por cierto, y además sería en moneda constante y, por
tanto, cada año se le podría aplicar el IPC para que no hubiera
pérdida de rentas. Pero esto es sólo una parte. Si queremos abordar
la política ovina y usted quiere llevar la sensibilidad del ovino a
Europa, tendrá que hablar acorde con la sensibilidad medioambiental y
las posibilidades que tiene, de la defensa de alguno de nuestros
ecosistemas y de nuestro sistema de pastoreo. Y eso, desde luego, no
se lo va a poner encima del tapete el ministro finlandés, como es muy
lógico, ni tampoco le va a hablar de la dehesa el sueco. Le
corresponde a usted hablar de la dehesa para que determinados
elementos como la lana, que es una fibra natural, empiecen a tenerse
en consideración. Para llegar a una racionalización del sistema del
ovino estarían, entre otras cosas, las ayudas a percibir, la
cualificación de las carnes y la defensa del mercado. Como usted muy
bien sabe, no somos precisamente un país minoritario en esta
producción, sino que somos el segundo país productor de Europa, y
estamos hablando de un producto del que la Unión Europea es
deficitaria. El 20 por ciento de la carne de ovino se importa.

Además, tenga usted en cuenta cómo se produce ese 20 por ciento de
carne que se importa, porque da unas características de diferencia y
de competitividad en el mercado. De cara al futuro, le aseguro que si
todo el debate va a estribar simplemente en cómo va a ser la prima
complementaria, si mayor o menor, y no vamos a introducir otro tipo
de consideraciones, usted, que es un ministro mediático como Loyola
de Palacio, acabará convenciendo a la poblaciones urbanas de que
hace una magnífica negociación, pero en el sector agrario todo el
mundo sabrá que eso no es cierto, y a la larga los ciudadanos también
y le colocarán en la lista en el lugar que le colocan.

Esto ha ocurrido en otros sectores. Magnífica era la OCM del vino y
fíjese usted el problema de precios que tenemos. En vacuno le repito
lo que le he dicho para el ovino, pero es que además hay elementos de
retroceso clarísimos y graves: hay pérdida de derechos. Por cierto
que las cifras que se barajan son distintas y sería bueno que usted
nos dijese si hemos perdido 130.000 ó 150.000, cuál es la cantidad
que han calculado su gabinete técnico y su equipo.

Hay algunas cuestiones que usted ha pasado por encima y que estaban
también en el orden del día. No se ha dicho nada de los frutos secos,
que han desaparecido. Se estaban esperando unos planes de mejora que
unas veces existen y otras no, pero al final no hay ningún documento
y parece que no hay planes de mejora. En los acuerdos del GATT, le
recuerdo a qué obligó el desarme arancelario. Los acuerdos con
terceros países se incentivaron también y nos encontramos con que
prácticamente el arancel está por debajo del 3 por 100, lo que quiere
decir que los frutos secos desaparecen de España.

Nos ha hablado del azúcar. Seguimos reduciendo cuota en un sistema en
el cual todavía la reordenación industrial del sector azucarero no
está del todo digerida, y denunciamos en su día coincidiendo con el
Tribunal de Defensa de la Competencia el claro monopolio empresarial.


En este marco -se lo dijimos entonces y se lo volvemos a repetir
ahora- hay más interés en comercializar azúcar que en producirla. Si
eso es así, la remolacha, año tras año, seguirá disminuyendo porque
en realidad lo que importa es la cuota de mercado.

Tenemos que hablar del aceite muy rápidamente, y es a lo que me
refería antes con el «Diario de Sesiones», porque hasta ahora no se
ha dicho lo más importante que tenemos que decir y es cuál es la
cualificación en los laboratorios para determinadas técnicas de
calificación del aceite. Al final sólo le ha faltado decirnos qué
reactivos se van a utilizar. Francamente me parece increíble. Lo
realmente importante aquí es la cuestión de fondo, que ya se la
dijimos en su día. Esta es una reforma mala que nos va a obligar a
estar penalizados crónicamente porque las 760.000 toneladas obliga
a ello. Nuestras producciones están entre 900.000 toneladas y un
millón, y van a estarlo así siempre salvo hecatombe climática. Quiere
esto decir que crónicamente estamos condenados a estar penalizados y
que el Gobierno y usted se han resignado a esa situación. ¿Cuál es la
situación? Pues que en España se perciben 155 pesetas por kilo y en
el resto de los países 220 por kilo de media; es decir, tenemos una
diferencia abismal que está introduciendo elementos indeseables en el
mercado. Le voy a citar una lista de precios -por cierto que son
datos del Ministerio- de aceites de primer grado en distintas
campaña. En 1998-1999 eran



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400 pesetas por kilo; en 1999-2000, 270 pesetas kilo; 2000-2001,
hasta marzo, 270 pesetas kilo y ahora ha habido un repunte al alza
hacia 300. ¿A qué se debe el repunte al alza? A que Italia ha agotado
su aceite y la esperanza que tiene es de muy baja cosecha. Siempre
detrás de Italia, siempre con peores precios que en el resto de
Europa, siempre detrás en el mercado. Este es uno de los elementos
básicos de la política de la OCM del aceite y de lo que entendemos
desde nuestro grupo que tiene que defender. Por tanto, con franqueza
le tenemos que decir que la cuestión está mal. Ya sé que no tengo
derecho a la réplica y que bien usted o su portavoz dirán que somos
catastrofistas, pero los hechos son los hechos: la lista de precios
que le he dado, la diferencia entre lo que se percibe dentro y lo que
se percibe fuera, la situación del mercado y la coyuntura, salvo que
en este momento hay un repunte.

Hay otra cuestión que usted elude sistemáticamente y que en todas
estas OCM es fundamental. Los recursos comienzan a ser escasos y la
previsión de que tengamos mejores y más recursos en el futuro no
sería desde el punto de vista político. Eso significa que tenemos que
hacer un esfuerzo para aprovechar las ayudas lo mejor posible. ¿Qué
es aprovechar las ayudas lo mejor posible? Se lo ha reiterado todo el
sector, se lo hemos reiterado nosotros y se lo hemos pedido muchas
veces: la modulación. Hay que modular estas ayudas. Se tiene que ir a
una modulación de las ayudas agrarias como elemento básico de reparto
de riqueza que permita que no se pierda ninguna empresa agraria, que
no se pierda ningún puesto de trabajo en el campo y que ningún
agricultor tenga que abandonar. Por tanto, se debe obligadamente
modular los recursos con el fin de hacerlos más eficaces. Nosotros
tenemos un espíritu constructivo y nos brindamos a ello. Su antecesor
era una persona que tenía una visión global de los temas y esto es lo
que le pedimos para que defienda el sector. Porque está bien que
consigamos dentro de la prima la mejor posible; está muy bien, no
decimos que no, pero no podemos olvidar lo sustancial. Tener una idea
global de los sectores, saber lo que realmente queremos dentro de
cada sector agrario es lo que se llama política agraria y, con
franqueza, de eso hay una ausencia total en su ministerio y en usted.





El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor ministro, bienvenido una vez más a
esta Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Tengo
que reconocer mis absolutas limitaciones para poder debatir todos los
temas que tenemos encima de la mesa, pero no es su responsabilidad,
es de todos los diputados por no haber acotado el orden del día y,
por tanto, en próximas reuniones de la Mesa y portavoces tendremos
que hacerlo. Repito que no me veo capacitado en este momento para
hablar del sector del porcino, del ovino, del caprino, del bovino, de
las aves, de los huevos, de la oliva, del vino, del arroz, de las
frutas, de las hortalizas, de la leche y del azúcar. No se puede
hablar de todo esto. En todo caso, pienso que algunos de estos temas
serían suficientes como para hacer un buen monográfico, hablar en
profundidad, analizarlos uno por uno y poner propuestas constructivas
encima de la mesa. Repito, señor ministro, que no es achacable a
usted ni al presidente, sino que es una responsabilidad conjunta de
todos y en las próximas mesas intentaremos, dentro de nuestras
posibilidades, que en su presencia en el Congreso de los Diputados se
puedan producir los debates en profundidad que el sector demanda.

Señor ministro, el primer punto era la situación de las
organizaciones comunes de mercado pendientes de aprobación por la
Unión Europea. Como no sabemos si las pendientes son las de los
últimos tres meses o los próximos tres años, tampoco sería de las que
hablaríamos. Vuelvo a repetir que no es un tema imputable a usted,
sino que habría que haber definido más exactamente de qué temas
tendríamos que hablar. Usted ha hecho un repaso de algunas de ellas,
y por tanto yo tampoco puedo entrar ahora una por una, porque pasaría
mucho tiempo y no puede ser. Me hubiese gustado que en su
intervención hubiera hablado del tema de los frutos secos, las
almendras, las avellanas, las algarrobas. Me gustaría saber cuál es
la posición del ministerio, si realmente van a luchar para tener una
OCM propia o si piensa que se puede integrar en la OCM de las frutas
y hortalizas, como alguna vez se ha dicho.

En cuanto al tema del aceite, que ése sí era el tema de la
comparecencia, lo debatimos hace pocos meses y, por tanto, no puedo
sino repetir y reafirmarme en todos los argumentos que en el Pleno
del Congreso pusimos encima de la mesa. Efectivamente, se está
produciendo un problema muy importante: están entrando en producción
grandes superficies de olivos, muchos de ellos en regadío, con
producciones muy altas y, por tanto, el límite que tenemos de las
760.000 toneladas cada vez va a ser más bajo. Cuando se puso era un
límite que estaba bien para las circunstancias. En general en el
Estado español los olivos se hacían en secano y durante muchos años
la falta de agua hacía que las producciones no fuesen las adecuadas.

Pero cada vez que los transformamos en regadío aseguramos la
producción y la multiplicamos por cinco. Hubo penalizaciones hace dos
años. He leído en la prensa especializada que para el año 2000-2001
se prevén unas penalizaciones en torno al 30 por ciento. De las
760.000 toneladas se podría pasar a 1.100.000 toneladas, un 30 por
ciento, y por ello más penalizaciones. Señor ministro, estas
penalizaciones siempre terminan afectando de una forma más grave a
los olivos que están situados en zonas muy duras para el cultivo, los
olivos que llamamostradicionalmente de baja producción. Estamos cre
ando



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dentro del sector de producción de aceite de oliva unas zonas de
regadíos con grandes producciones donde las rebajas nos perjudican
poco o menos, y otras zonas con producciones muy bajas donde las
ayudas son muy importantes.

Señor ministro, estamos preocupados por todo el tema agrario y creo
que sería bueno que próximamente -y a lo mejor mi grupo va a pedir su
comparecencia- hiciéramos un debate monográfico sobre el futuro de la
política agraria comunitaria. El futuro de la política agraria
comunitaria también es lo que usted nos ha estado explicando, pero no
solamente eso. Es también, por ejemplo, la posición del Gobierno
español respecto a la incorporación de los Pecos. Es un tema que nos
puede afectar de una forma muy importante. ¿Cuáles son las
previsiones de futuro? Cuando hablo con la gente del mundo agrario y
me preguntan qué deben hacer, si comprar cuotas lácticas, si plantar
olivos, si sembrar otro tipo de productos, termino pensando cómo
puede ser que gente que no sabe qué va a pasar en el 2006 continúen
invirtiendo en el campo. Estamos hablando de gente que está muy
enraizada en el territorio. Por tanto, valdría la pena abrir un
debate global en profundidad sobre el futuro de la política agraria,
las previsiones, las líneas de actuación que va a defender usted en
Bruselas, los efectos que va a tener la incorporación de los Pecos y
qué futuro podemos explicar a la gente que no tiene tanta información
como tenemos nosotros.

Señor ministro, termino. No voy a entrar específicamente en cada una
de las cuestiones porque es materialmente imposible, pero valdría la
pena, ya que se prevén modificaciones, que se abriese un debate al
respecto. Y cuando digo esto no es para darle mandatos categóricos
que tenga que cumplir, sino para conocerlo y también hacer
aportaciones desde las formaciones políticas, porque seguramente le
daría mucha más credibilidad (no lo coja por el lado negativo) ante
las negociaciones en Bruselas que los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados estén detrás de su posición.




El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra su portavoz señor Pintado. (El señor Vázquez Vázquez
pide la palabra.) Perdón, disculpe, ya sabe que las minorías muchas
veces se quedan olvidadas. No es voluntad de esta presidencia tampoco
dejarla sin voz. Por tanto, pasamos a oír la voz y la palabra del
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
voz autorizada en esta Comisión, señor Vázquez, y disculpe por este
lapsus que ha tenido esta presidencia.

Tiene la palabra, señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Acaba
usted de remediar el problema, porque ya estaba yo preocupado por
esta cuestión y más teniéndole a usted como presidente. (Risas.)
Quiero agradecer la comparecencia del señor ministro. No pensaba
intervenir inicialmente porque la comparecencia de hoy está planteada
sobre diversos temas que tienen la suficiente amplitud, como ya
manifestaron diversos grupos, como para ser tratados específicamente.


En todo caso, la comparecencia se produce porque el grupo proponente
así la plantea. Otra cosa es que se produzca tarde, muchos meses
después de planteada. Tan es así que el propio señor ministro, como
todos constatamos, hizo un recorrido superficial para lo que es su
habitual; probablemente ahora ahondará en diversos aspectos, pero
desde luego su intervención inicial fue de carrerilla, porque tantas
cosas al mismo tiempo es imposible. En todo caso, sólo le quiero
comentar una cuestión al hilo de su propia intervención, que es la
famosa OCM del vacuno, que usted mismo reconocía que se trataba de
una reforma parcial, si no me equivoco, derivada fundamentalmente de
dar una solución inmediata a la crisis de las vacas locas y los
efectos que había producido. Simplemente quiero recordarle que en el
tema del vacuno tenemos que abordar algunos problemas básicos.

Probablemente la reforma parcial que se hizo no ahondó
suficientemente sobre ellos, pero los voy a recordar en esta Comisión
y al señor ministro también, que ya es conocedor de ello. Hay dos
problemas básicos. Uno es el tema de los derechos de las vacas
nodrizas. Como usted conoce, sigue siendo un importantísimo problema
en mi comunidad autónoma, porque hay un importante número de vacas
sin derecho a prima en estos momentos; y otro, la famosa edad de
sacrificio de los vacunos machos y lo que supone desde el punto de
vista de acceso a las primas, desde el punto de vista real y
concreto. A pesar de que en la reforma anterior se redujo esa edad,
sigue siendo insuficiente y no da respuesta a la realidad existente
en este momento .




El señor PRESIDENTE: Para que pueda contestar, cedo la palabra al
señor ministro. (El señor Pintado Barbanoj pide la palabra.) Perdón.

Disculpe, llevamos una tarde desacertada. Quizá el apoyo que recibo
por parte de los señores vicepresidentes es importante y en ese
sentido echo en falta también el puntal izquierdo, pero es que quizás
están dejando fuera de juego a la presidencia. No obstante, en este
momento tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
señor Pintado.




El señor PINTADO BARBANOJ: Agradezco la intervención del señor
ministro y las explicaciones que ha dado. Quiero hacer una valoración
de las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, porque
se han centrado más en un debate sobre el diseño del trabajo de esta
Comisión -cuestión que lógicamente no afecta para nada al señor
ministro ni a su ministerio- que en los temas que planteaban las
solicitudes de comparecencia, que agrupaban distintas organizaciones
comunes de mercados, algunas ya en el tiempo expuestas



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por el ministro. Quisiera recordar a esta Comisión que, si mal no
recuerdo, han sido ya ocho las comparecencias del ministro en
Comisión, más de veinte en el Pleno y que ha habido asuntos de calado
como la reforma del aceite de oliva, que fue sometido a un debate de
gran profundidad en distintas interpelaciones y proposiciones no de
ley en el Pleno de esta Cámara.

Dicho esto tengo que manifestar que cuando se plantean debate
globales lógicamente se corre el riesgo de tener que tratar muchos
asuntos al mismo tiempo y que quizás no dé tiempo para profundizar en
los mismos. Bien es cierto que el Ministerio de Agricultura lanzó una
propuesta de elaboración de un libro blanco sobre la agricultura, que
parece que es una demanda no solamente de los grupos políticos sino
de los distintos sectores de la agricultura y ganadería españolas,
para definir con claridad por dónde tienen que ir las distintas
políticas agrarias españolas que desde el Ministerio de Agricultura
se tienen que plantear. Señorías, creo que aquí olvidamos muchas
veces cuando intervenimos -quizá porque nos interesa en algunos casos
como grupos políticos de la oposición- que cualquier debate político
a la hora de plantear hoy en día reformas dentro de la agricultura
europea cuenta con distintos elementos que lógicamente tienen que ser
previamente analizados. Difícilmente -y estará conmigo el señor
Amarillo- podemos llegar a acuerdos cerrados -por cierto, nos
gustaría también oír propuestas en positivo del Grupo Socialista, no
solamente una crítica acerba de todas las gestiones que se van
negociando y consiguiendo en la Unión Europea- para que el señor
ministro se presentara a negociar ante la Comisión Europea si no
tuviera una flexibilización, porque lógicamente las posturas del
resto de los países también tiene mucho que ver. Habrá que recordar
que hay una responsabilidad en cuanto al ámbito competencial de la
Unión Europea, que hay una responsabilidad en cuanto al Ministerio de
Agricultura, que también hay una responsabilidad, y muy importante,
en cuanto al ámbito de los gobiernos autónomos y que lógicamente todo
esto viene condicionado además por los acuerdos internacionales que
dentro de la Organización Mundial de Comercio se están desarrollando.


Recuerdo -y vuelvo al inicio de mi argumentación- que cuando
estábamos en la mesa en la que se propusieron las comparecencias del
señor ministro, hubo una propuesta de que algún grupo que había
pedido estas comparecencias procediera a su retirada y planteara
otras con carácter más novedoso. Lógicamente el grupo que plantee
cualquier tipo de comparecencia tiene pleno derecho a mantenerla y
llevarla a efecto. En cualquier caso, nos parece que en estos
momentos, ante una nueva reunión de la Organización Mundial de
Comercio en Qatar, que por las últimas informaciones parece ser que
se va a desarrollar en otra ciudad habida cuenta de los últimos
acontecimientos que han ocurrido en estas últimas semanas en el orden
internacional, también puede haber elementos a analizar para posibles
futuras comparecencias del ministro ante esta Comisión de
Agricultura.

En cuanto a los asuntos tratados, el ovino y el caprino, un sector
con problemas estructurales, aconsejaría huir poco a poco de lo que
es el sentimentalismo en los sectores productivos agrarios,
sentimentalismo en el que yo también, señor Amarillo, me encuadro, es
decir, que a lo mejor en ese sentido estamos en posiciones parecidas,
pero cuando uno va a una negociación ve lo que hay encima de la mesa
y al final si no es capaz de arrancar la mayor parte de posibilidades
para su propio Estado se queda con su sentimentalismo, con sus
propuestas, que no llegan a ningún sitio, y con una menor dotación en
cuanto a las ayudas, que es lo que estamos tratando en estos
momentos. Señor ministro, a nuestro grupo parlamentario le gustaría
que profundizara un poquito más en lo de la prima al mundo rural para
el ovino y el caprino en relación con las medidas de carácter
medioambiental.

El aceite de oliva es un asunto que se ha debatido con mucha
profundidad y en definitiva los datos están encima de la mesa. Del
anterior sistema al actual la diferencia en tres campañas va a ser
aproximadamente de unos ingresos superiores en 100.000 millones de
pesetas, lo cual nos prueba que al final hubo una buena negociación y
que se consiguió para los productores españoles un mejor equilibrio
en cuanto a las aportaciones que vía subvenciones, vía compensaciones
de renta, se están produciendo.

En cuanto a las conclusiones que hacía el señor Amarillo respecto a
la modulación, tengo que decir que es un debate que por parte de este
grupo parlamentario y por parte del propio Ministerio de Agricultura
sigue abierto, pero también le quisiera hacer una reflexión y es que
desde hace un año y medio o dos años, cuando surgió con tanta fuerza
desde distintos colectivos agrarios y otras posiciones políticas el
tema de la modulación, posiblemente cuando han hecho números con
algunas comunidades autónomas y han visto lo que supone la modulación
en las distintas regiones y las aportaciones que se debían hacer ya
no lo tienen tan claro. En cualquier caso, reitero desde nuestro
grupo político que seguimos abiertos a hablar de modulación, pero que
como siempre hemos manifestado tenemos muchas reservas por los
posibles perjuicios que podrían introducir en la política nacional.

Termino refiriéndome a un aspecto concreto que ha tocado el señor
ministro: la posible introducción de sobres nacionales, que ya se ha
visto en otros sectores que pueden llegar a distorsionar el mercado y
hacer agravios comparativos en distintas producciones de distintos
países. Nuestro grupo político aconsejaría que se mantuviera la
postura del ministerio de tener las máximas reservas sobre los
posibles agravios que se puedan dar en su día.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y sugerencias,
tiene la palabra el señor ministro.




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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer
las observaciones de todos los portavoces, que han hecho unas
intervenciones constructivas, pero quiero hacer unas reflexiones
iniciales. Primera, que este ministro comparece cuando se le pide que
venga y para los temas que SS.SS. quieren. El portavoz de
Convergència ha manifestado su interés en una comparecencia próxima,
un gran debate general sobre líneas de futuro de la PAC, siempre
complicadas. No tengo ningún inconveniente en que, si un grupo lo
pide, con carácter inmediato la presidencia pueda poner en marcha
este debate. Solamente quiero hacer una observación. Este es un
Gobierno que establece las posiciones desde el diálogo y desde el
consenso. La fijación de la posición española en la política agraria
común no se está haciendo en los despachos del Ministerio de
Agricultura ni en el gabinete del ministro; se está haciendo en
consenso con las comunidades autónomas y con las asociaciones
profesionales agrarias. Un grupo de técnicos hemos elaborado un
documento de reflexión que se ha sometido a la conferencia sectorial,
se han pedido observaciones a las autonomías y a las OPA, y cuando
tengamos integradas todas estas posiciones estableceremos una
posición nacional dialogada y apoyada por todas las entidades que
podremos trasladar a esta Cámara con rigor y seriedad.

Quiero hacer saber al señor Amarillo que, a diferencia del Gobierno
anterior, este Gobierno no establece sus posiciones negociadoras en
la Unión Europea él sólo, sino mediante dos debates previos a cada
Consejo de Ministros. Antes de cada Consejo de Ministros tengo una
reunión con todos los consejeros de autonomías y con todos los
representantes de las organizaciones profesionales agrarias en los
que se fijan consensuadamente las posiciones políticas. Por eso me ha
extrañado muchísimo su intervención sobre el ovino. Debo decir que me
ha desconcertado profundamente, porque todos los consejeros de todas
las comunidades, empezando por el de Castilla-La Mancha, siguiendo
por el de Extremadura y terminando por el de Andalucía, que ninguno
es de mi partido político, la instrucción fundamental que le han dado
a este ministro como mandato para Bruselas es negociar la prima del
ovino e incrementarla por encima de los 21 euros; la fundamental, que
a usted le parece baladí. Los demás temas han dicho que eran
accesorios y la estrategia la hemos hecho: prima de ovino, prima al
mundo rural, ojo con los sobres nacionales. Son las tres directrices
que he recibido de autonomías y de las OPA, sin ninguna fisura. De
ahí mi sorpresa. Este sistema que hemos puesto en marcha
probablemente sea único en el Gobierno, probablemente seamos el único
Ministerio que fija sus posiciones con la participación de las
comunidades autónomas y del sector antes del Consejo de Ministros,
regularmente, y para todos los temas del orden del día, desde los
puntos fundamentales a los puntos varios.

Eso le da mucha fuerza y mucha solidez a un Gobierno. La solidez de
que se sabe apoyado por todo el sector y por todos los gobiernos
autonómicos. Además, hacemos un ejercicio de arbitraje interno en el
que establecemos entre todas las comunidades autónomas las
prioridades fundamentales. Debo decir que eso nos ha permitido
negociar bien el algodón, en el que hemos salido muy airosos; que nos
ha permitido negociar bien el azúcar, donde el objetivo fundamental
era la prórroga de los cinco años; el aceite, donde había un consenso
básico de las autonomías y de las OPA, con alguna excepción en el
aceite por la prórroga de las tres campañas (había alguna OPA muy
particular que no era partidaria); y nos ha permitido que el
comisario Fischler y la Comisión sepan que las posiciones españolas
no se improvisan, sino que están claramente establecidas. Esto va a
ser una constante de este Gobierno. Este Gobierno no va a ir a un
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea sin hablar
antes con las comunidades autónomas y con el sector. Ese va a ser el
leit motiv fundamental. Esto respecto a las dos OCM que están
pendientes. Yo me he referido a las que están pendientes porque hay
propuesta de la Comisión. Hablaré de los frutos secos porque todavía
no hay propuesta de la Comisión, y por eso no me he referido a ello.

El portavoz socialista hacía una reflexión sobre el vacuno. Yo le voy
a decir una cosa muy clara: El Gobierno español fue el único que en
solitario votó contra la propuesta de la Comisión de reducir los
derechos. Estuvimos cuatro horas negociando, discutiendo y nos
quedamos en solitario, porque todo el mundo entendía que era oportuno
intentar una reducción de oferta para recuperar el mercado y los
precios. No obstante, dada la situación española no era procedente;
ni son 130.000 ni son 150.000, le digo la cifra exacta. De 713.999
hemos pasado durante los dos próximos años a 643.525, luego las
cifras son 70.474. La reducción de la Unión Europea es de 824.393.

Nosotros hemos tenido una reducción inferior a la media de otros
Estados que, como he dicho, está en el 9 por ciento. Nuestro
porcentaje es inferior, fruto de una negociación durante una noche en
la que yo no compartía la posición de la Comisión. No siempre se gana
en la Unión Europea. Ganamos muchos términos de la reforma del
vacuno; en este caso particular conseguimos algo muy importante: que
no fuera una reducción definitiva, sino que fuera temporal; que no
fuera un 9 por ciento, sino que se tuviera en cuenta nuestro estatus
y fuera un porcentaje razonablemente inferior.

Después, se ha referido usted a la OCM del aceite. Yo comprendo que
el Grupo Socialista respira por una herida. En el caso del aceite
ustedes tuvieron una estrategia completamente catastrofista y el
tiempo no les ha dado la razón, es obvio. Las cifras son las que son,
y son tozudas. En la campaña 1987-1988, que ustedes estaban
orgullosísimos de su negociación comunitaria, este sector percibía
16.000 millones de pesetas;



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en 1988-1989, 16.000; en 1989-1990, 27.000; en 1990- 1991, 40.000; en
1991/1992, 39.000. Esta era la renta que el sector percibía. En 1992-
1993 fue de 55.000; en 1993-1994, 65.000; en 1994-1995, 108.000; en
1995- 1996, 79.000; en 1996-1997, 160.000 y en 1997-1998, 159.000;
sistema anterior, en años en que las producciones eran además muy
bajas. Llegamos a hacer un esfuerzo adicional: en 1998-1999, 170.000;
en 1999- 2000, 184.000 con un cosechón; en 2000-2001, 170.425. Como
digo, el sistema anterior del que ustedes estaban tan orgullosos,
comparado con el sistema actual, determina que cada año los
agricultores tienen como media 32.000 millones de pesetas más de
subvenciones comunitarias, y ustedes critican este sistema. Es obvio
que cuando un sistema es atractivo, muchos productores entran en él,
pero eso es la ley del mercado. Habíamos previsto un sistema para los
afectados y la Unión Europea tenía un barco financiero que era el que
era; y tenían que coexistir tres países productores: Grecia, España e
Italia. Aquí no se puede jugar a hacer una OCM creyendo que es todo
de un país-Estado miembro; eso no es verdad. Así no funcionan las
cosas, funcionan en la oposición parlamentaria cuando se quiere
abstraerse de la realidad. La realidad comunitaria exige que las OCM
sean adecuadas a la estructura productiva de los Estados miembros. ¿A
nosotros en este momento que nos está ocurriendo? Que sobrepasamos
nuestras producciones, pero cuando se sobrepasa una producción
también incrementan las ayudas. ¿Hay penalización? Sí, pero la cifra
global incrementa. Hay penalización, pero se recibe más dinero. Se
produce más y se venden más kilos de aceite. Y cuanta más producción
se tiene, más rentabilidad se tiene. Eso no significa desconocer que
exista el olivar de baja producción, el olivar marginal o el olivar
en zonas de difícil climatología o de enorme pendiente, pero para eso
hemos establecido unos programas agroambientales en el marco
comunitario de apoyo a los programas de desarrollo rural. ¿Qué está
ocurriendo? Que las comunidades autónomas no los quieren aplicar,
pero no es que no haya mecanismos para los productores de baja
producción, sino que las comunidades autónomas han priorizado otras
cosas en uso de su absoluta discrecionalidad y libertad políticas.

Podían haber apoyado a los olivareros. Entonces, ¿qué se dice? La OCM
es mala, la OCM que se aplicó era una ayuda a la producción
indiscriminada, porque fue la que la mesa del olivar propuso. ¿Qué
está haciendo el Gobierno en este momento? Estamos analizando la
productividad de todo el olivar español. Para que usted lo sepa, hay
cerca de 400.000 perceptores de ayudas para el olivar. ¿Usted cree
que hay 400.000 olivareros? De esos 400.000 hay agricultores a título
principal y personas que tienen otro empleo en la economía y que
además tienen un olivar; primer problema que no es baladí, porque no
hay 400.000 ATP en el olivar, ni mucho menos. Por tanto, primero, hay
que discriminar cuáles son aquellos productores que viven del olivar
y necesitan ayudas para
seguir viviendo de él. En ese ejercicio intelectual estamos en este
momento.

Se ha creado un grupo de trabajo con las comunidadesautónomas para
ver cuál puede ser un modelo de reforma adecuado a los intereses
españoles en un contexto en que además el GATT, la ronda de la
organización mundial de comercio, nos va a obligar a ayudas
desacopladas, con lo cual la ayuda a la producción no podrá seguir;
tendremos que ir a otras fórmulas, bien ayuda por hectárea, bien
ayuda por árbol, bien una mezcla de ayuda hectárea-árbol o cualquier
otra fórmula que se nos pueda ocurrir, o bien ayudas de carácter
agroambiental o bien segundo pilar. Hemos encargado a técnicos de la
universidad un estudio técnico importante para ver los posibles
escenarios y cuáles sean los mejores escenarios para España.

Paralemente, los sistemas de información geográfica se están
desarrollando en toda la Unión Europea y la Comisión va a poder
conocerlo. Pero, al final, el Grupo Socialista incurre en un grave
error cuando habla de modulación como solución a estos problemas. La
modulación no es extraer dinero de ayudas comunitarias a determinados
productores de un determinado nivel de superficie de producción para
dárselo a otros que lo necesitan, sino extraer dinero de un número de
productores, el que se quiera, un segmento, que pueden ser todos,
parte, con criterios de progresividad o proporcionalidad, para
aplicarlo a medidas agroambientales o de acompañamiento de la PAC, y
empezamos con la rebaja. Cuando se modula -lo ha dicho el portavoz
Popular-hay que cofinanciar. Señoría, llevo dos meses y medio -y
luego lo veremos- intentando arreglar el problema de las comunidades
autónomas que son incapaces de cofinanciar sus programas de
desarrollo rural por problemas que luego aclararé. Lo vamos a
solucionar este año, porque los agricultores españoles tampoco tienen
por qué pagar errores de planteamiento político. Pero en este momento
si usted pide a cualquier comunidad autónoma que cofinancie medidas
adicionales dudo que los presupuestos de la comunidad lo hagan. No lo
están haciendo en Andalucía, ni en Castilla-La Mancha, ni en
Extremadura, ni en Castilla y León, ni en La Rioja, ni en ningún
sitio. ¿Por qué? Como he dicho, porque los presupuestos son los que
son en este momento. Pero la posibilidad de cofinanciar
adicionalmente dinero comunitario -porque la población nos da dinero
comunitario, pero piense usted que tenemos que cofinanciar el 25 por
ciento en regiones Objetivo 1 y el 50 por ciento en regiones Objetivo
2- es relativa. Por tanto, una modulación pequeñísima del 4 por
ciento de las ayudas modulables nos situaría en un escenario en el
que tendríamos unos 30.000 millones de pesetas de recursos
comunitarios que necesitarían 20.000 millones de recursos nacionales.


Le puedo explicar el calvario que estoy pasando para conseguir 14.000
millones de ayudas nacionales, y al final lo va a tener que financiar
en gran parte el Gobierno de la nación porque las comunidades
autónomas no pueden. Este es un contexto



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en el que hay que hablar con enorme rigor y seriedad. El Gobierno no
va a rechazar el debate de la modulación, pero no vamos a entrar en
él sin un compromiso de las comunidades autónomas de que, si se
modula, se cofinancia. Si no, a hacer ejercicios dialécticos para
nada no está dispuesto este Gobierno. Usted decía que la remolacha
disminuye. Afortunadamente hemos conseguido mantener cinco años el
régimen actual, cinco años las expectativas de los productores y
cinco años en que el entramado industrial tiene que tener la
eficiencia necesaria para poder competir en un futuro que no sabemos
cual será. De momento hemos prorrogado cinco años, es una de las OCM
que tiene despejado su tema y las cosas son las que son.

Por otra parte, cuando se pintan horizontes de nubarrones en el caso
del aceite de oliva doy dos datos nada más. Con una campaña tan
importante como la que tuvimos el año pasado en la que desde
determinadas comunidades autónomas se auguraba la catástrofe del año
en penalizaciones y demás, este año vamos a tener ciento setenta mil
millones de pesetas de subvenciones comunitarias. Pero lo más
espectacular es que va a ser el año en que batimos el récord de todas
las exportaciones. Con todos los problemas del orujo vamos a pasar de
las cuatrocientas cincuenta mil toneladas, pero vamos a batir algo
mucho más importante: el récord de consumo de aceite de oliva en
España con 550.000 toneladas. Y partiendo de una campaña anterior con
muchas existencias en almazaras al principio de la misma, con una
campaña un cuarenta por ciento superior, vamos a terminar con unas
existencias finales muy por debajo de la mitad de las iniciales de la
campaña anterior. Eso quiere decir que en este momento si tenemos
unas empresas agresivas en mercados de exportación, si desde las
administraciones públicas fomentamos -y lo estamos haciendo- la
creación de elementos de coordinación o interprofesión en el sector
del aceite que nos permita abordar campañas de información
y difusión, España puede gestionar perfectamente producciones
superiores al millón de toneladas con toda tranquilidad y podemos
tener un nivel de precios como el que tenemos este año, que es el
razonable, porque precios de 400 pesetas conducen a la ruina que
tuvieron los productores que no conseguían vender un litro de aceite.


Precios de 300 pesetas son remuneradores, ayudas de 170.000 millones
de pesetas son complementarias y la suma de un precio razonable y una
ayuda importante determina que los 400.000 perceptores de ayuda de
aceite de oliva, sean o no agricultores, no son los más
desfavorecidos de la agricultura española. Yo remito a cualquiera de
sus señorías para ver si este es un sector en decadencia o en
descenso a que intenten comprar una hectárea de olivar en cualquier
provincia española. El susto puede ser mayúsculo. Cuando las cosas
valen es porque se obtiene renta, cuando no valen es porque se pierde
dinero. Yo muchas veces no creo discursos cuando sobre el terreno sé
lo
que valen las tierras en España. Ese tema es bastante complicado,
vamos a atender al olivar marginal pero desde el rigor, sabiendo
quién es agricultor a título principal de verdad, quién debe ser
beneficiario de un programa agroambiental de apoyo a ese tipo de
olivar. No vamos a hacer cosas discriminatorias para que personas que
no viven de la agricultura que tienen un olivar de fin de semana se
beneficien de los impuestos que pagan todos los españoles.

Yo quiero terminar esta intervención hablando del tema de los frutos
secos. No he hablado de ellos en mi intervención porque aún no
tenemos una propuesta de la Comisión encima de la mesa, pero sepamos
donde estamos. En el año 1990 el Gobierno español tomó una decisión,
teníamos dos alternativas: apostar por una OCM o apostar por planes
de mejora. El sector y el Gobierno prefirieron los planes de mejora y
tenían un calendario claro: diez años. En este momento tenemos los
planes vencidos, este Gobierno consiguió una prórroga, pero la
batalla anual por una prórroga en un contexto presupuestario como en
el que estamos desgasta mucho, llena de incertidumbre al sector y no
garantiza la viabilidad futura ni nos permite a las administraciones
públicas establecer un marco de referencia claro. Por eso en este
momento trabajamos porque haya un mecanismo de apoyo permanente.

Todas las indicaciones que tengo yo de la Comisión, incluso alguna
carta del comisario Fischler del pasado 19 de septiembre, me indican
que, dado que el Consejo celebrado el 23 de julio invitó a la
Comisión a que analizase todos los aspectos económicos, sociales y
ambientales de la producción del fruto de cáscara y que presentara
propuesta, nos garantizaba que el examen hecho por la Comisión
tendría en cuenta en la medida de lo posible los puntos de vista y
constataciones que yo mismo había facilitado a los servicios de la
Comisión, y que esperaba hacerme partícipe lo antes posible de las
conclusiones que se deriven de dicho examen. Esta carta escrita en
términos diplomáticos comunitarios nos induce a pensar, con cierto
grado de probabilidad que la Comisión va a presentar alguna propuesta
de régimen definitivo, probablemente con carácter autónomo y no en el
marco de la OCM de frutas y hortalizas, para establecer un mecanismo
de apoyo a los frutos secos y a las avellanas con carácter
definitivo; en algunos importes probablemente la propuesta inicial de
la Comisión no será la que a nosotros nos gustaría pero a lo largo
del procedimiento, tanto parlamentario como de negociación a nivel
comunitario, intentaríamos mejorarlos sustancialmente. En estos
momentos planteamos la necesidad de controlar las importaciones
turcas de avellanas solicitando que se pidan certificados de
importación, cláusulas de salvaguarda y reunión de los órganos de
concertación para que se establezcan autolimitaciones a las
exportaciones y no se deteriore el precio.




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- LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE PESCA DE LA UNIÓN EUROPEA
(UE) DEL 15/12/2000 Y SUS REPERCUSIONES PARA NUESTRA FLOTA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000267)



- LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO ANTE LA REFORMA DE LA POLÍTICA COMÚN DE
PESCA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/000367)



- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA CUMBRE DE MINISTROS DE PESCA
CELEBRADA EL DÍA 25/04/2001, ASÍ COMO PARA QUE EXPLIQUE LA
PERSPECTIVA DE FUTURO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. (Número de
expediente 213/000404)



- POR ENTENDER QUE EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN
EUROPEA DEL 25 DE SEPTIEMBRE SE VAN A TOMAR DECISIONES QUE PUEDEN
AFECTAR NEGATIVAMENTE A UN SECTOR IMPORTANTE DE LA FLOTA PESQUERA
ESPAÑOLA, Y PARA QUE, ANTE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CORRESPONDIENTE,
EXPLIQUE DETALLADAMENTE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA Y LA POSTURA QUE PIENSA MANTENER EL GOBIERNO ESPAÑOL AL
RESPECTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000487)



- LAS POSICIONES DEL GOBIERNO EN TORNO AL LIBRO VERDE QUE VA A
FUNDAMENTAR LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN. (Número de
expediente 213/000488)



El señor PRESIDENTE: Terminada esta primera comparecencia pasamos a
continuación a atender la segunda solicitud de comparecencia,
agrupadas las cinco solicitudes individuales todas ellas relacionadas
con el sector pesquero. Para que pueda atender esta solicitud,
cedemos la palabra al señor ministro para que pueda informar en este
primer turno.

Tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Tenemos varias propuestas que voy a intentar desarrollar con
la mayor celeridad posible para que el debate sea lo más rápido
posible, consciente de que el portavoz del BNG tiene cierta prisa.




En primer lugar, se nos pregunta por los acuerdos adoptados por el
Consejo de Ministros de Pesca del 15 de diciembre y repercusiones
para nuestra flota. De los puntos a destacar el primero es la
fijación de TAC y cuotas y el segundo es la relaciones futuras en
materia de pesca con Marruecos y luego el protocolo en materia de
pesca entre la Comunidad y Groenlandia. Es importante solamente el
primer punto porque los demás los hemos tratado en otras ocasiones.

Respecto al primer punto, la discusión de TAC y cuotas suscitó la
atención de todas las delegaciones, sobre todo la española, porque
las propuestas de la Comisión en virtud del principio de precaución
suponía fortísimas reducciones para las posibilidades de pesca
comunitarias. Los principales problemas para España se situaron en
las aguas españolas y comunitarias donde los recortes propuestos eran
muy elevados, sobre todo en merluza, gallo y rape por su importancia
y trascendencia. La propuesta de la Comisión para el TAC de merluza
en Gran Sol y golfo de Vizcaya suponía una reducción del 74 por
ciento respecto al TAC del año 2000. Frente a cuarenta y dos mil del
año 2000 fueron 11.000 toneladas. Dicho de otro modo, las capturas
españolas de esta especie alcanzaron las 20.000 toneladas en el año
2000 mientras que en el año 2001 la cuota para España sería solo de
3.000 toneladas. Otro motivo de inquietud fue el descenso propuesto
del 20 por ciento para las pérdidas asociadas como el gallo y el
rape.

Durante la reunión de este consejo se barajaron varias alternativas.

El primer compromiso de la presidencia ofrecía un recorte del 60 por
ciento para la merluza, inaceptable para España, y el segundo y
último compromiso, 41 por ciento en Gran Sol y 55 por ciento para la
zona de Vizcaya. Por el contrario, en aguas nacionales se producía un
aumento del TAC de merluza del cinco por ciento. Para las especies
asociadas la producción fue del 11 por ciento y del nueve por ciento
para el gallo.

La posición española de entonces, al igual que ahora, trataba de
conciliar dos extremos: buscar la mejora de la sección biológica de
estas poblaciones de peces y moderar el impacto de los recortes
adoptando medidas técnicas que la Comisión debiera presentar. Estas
medidas debían tener como finalidad recuperar los recursos de merluza
y otras especies en deterioro. Por lo que se refiere a TAC y cuotas y
dentro del apartado de aguas internacionales y de terceros países se
establecieron nuevos TAC para atún blanco y atún patudo en el
Atlántico, porque nos dieron el 62 por ciento de la cuota comunitaria
de atún blanco y el 55 por ciento del patudo. Y si se hiciera un
análisis comparativo con respecto al año 2000 obtendríamos el
siguiente análisis: Aumentan la cuota de merluza en el caladero
nacional, la bacaladilla en aguas comunitarias, la caballa en aguas
comunitarias y el caladero nacional y el fletán negro en NAFO.

Disminuyen la cuota de gallo, merluza, merlán, la cigala y la solla
en aguas comunitarias, el rape en aguas comunitarias y caladero
nacional y la gallineta



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en NAFO, y mantienen la cuota de anchoa, abadejo, lenguado y jurel en
aguas comunitarias y la bacaladilla en parte de aguas comunitarias y
caladero nacional, atún rojo y pez espada.

Se nos plantean por el Grupo Mixto las propuestas del Gobierno ante
la reforma de la política común de pesca. Esta política creada en
1983 se tiene que revisar antes del 31 de diciembre de 2002, por lo
que esta interpelación es oportuna en el tiempo y muy interesante
porque va a ser el eje fundamental tanto de la presidencia española
como de la sueca en esta materia. El Consejo de Ministro tendrá que
adoptar antes de esa fecha las medidas de modificación oportunas que
tienen que aplicarse desde el 1 de enero. El proceso de revisión
conlleva a la presentación de un informe de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo sobre la situación de las pesquerías y de las
regiones costeras de la Comunidad. Sobre la base de este informe se
va a producir la decisión del Consejo en cuanto a las adaptaciones
necesarias. Pero en esta ocasión además de ese informe la Comisión ha
presentado un documento de consulta que es el Libro Verde. Éste
constituye una pieza clave, ya que del análisis exhaustivo del mismo
van a surgir las propuestas de la Comisión sobre la nueva política
común de pesca. Este libro analiza la situación actual de pesca en la
política común, recoge los problemas actuales y plantea una serie de
propuestas para el futuro para promover el debate en las
instituciones comunitarias. España no comparte la orientación general
de la Comisión y considera que se ha perdido una excelente ocasión
para promover desde la Comisión Europea un debate en profundidad
sobre la pesca en la Comunidad y sus principios fundamentales. La
posición española ante el proceso de revisión ha sido recogida en un
documento entregado a la Comisión Europea y al Consejo el pasado mes
de febrero. Este documento, fruto de las consultas llevadas a cabo
por el Gobierno español con los interesados, ha contado con el
consenso general, lo que resulta difícil dada la diversidad de
intereses existentes en el sector pesquero español. Desde nuestra
perspectiva, la revisión de la política común pesquera constituye la
ocasión para reflexionar sobre los mecanismos y las medidas a adoptar
para frenar el deterioro de los recursos, para fortalecer el sector
pesquero y para dotar a la Unión Europea de los instrumentos
necesarios para que pueda actuar en el contexto pesquero
internacional con la eficacia y la intensidad que su dimensión
económica y comercial requiere. Entre las propuestas españolas cabe
destacar, en primer lugar, las relativas a recursos pesqueros
internos. La situación biológica de algunos pesqueros es preocupante
y los mecanismos aplicados no han sido capaces de protegerlos, por lo
que deben buscarse instrumentos diferentes.

Respecto a la libertad de acceso a las aguas y al régimen de acceso a
la zona de 12 millas, la derogación de la libertad de acceso para los
buques que no tienen pabellón del Estado costero no puede ser
permanente
ni cubrir zonas más amplias. Para acordar su prórroga, deberá
exigirse que se demuestre su contribución al mantenimiento y la
defensa de la pesca artesanal. En el box irlandés la diferencia del
régimen aplicado a la flota española en esta zona debe desaparecer.

Respecto al acceso de la flota española al mar del Norte y al mar
Báltico la prohibición de acceso decae en 2003 y no debiera debatirse
en este ejercicio.

El denominado ejercicio de estabilidad relativa debe ser revisado en
este proceso, dado que ha cambiado la situación de las zonas
dependientes de la pesca desde que se instituyó la política común de
pesca, y la aplicación en la dimensión externa tiene que ser
coherente en todos los casos (acuerdos del norte y acuerdos del sur),
permitiendo la utilización plena de las posibilidades de pesca. La
estabilidad relativa no es inamovible porque es una excepción al
principio de no discriminación y porque no es un principio
establecido en los tratados.

Respecto de la regionalización, España se opone a las tendencias
regionalizadoras que reclaman una compartimentación territorial de
los recursos pesqueros mediante la creación de comités zonales con
poderes decisorios. Ello supondría una ruptura de la unidad de la
política pesquera común, al poder adoptarse medidas diferenciadas,
perdiéndose las garantías de imparcialidad actuales de la política
común pesquera. Podría dar lugar a una renacionalización futura de
las aguas y a la adopción de decisiones discriminatorias. Como
alternativas, España propone reforzar la Comisión, dotándola de
medios que permitan adoptar las decisiones necesarias de la manera
más rápida; reforzar los comités de representación del sector
existentes, que garantizan que todo el sector pesquero sea escuchado;
simplificar la legislación comunitaria adoptando normas sencillas
aplicables en todas las zonas pesqueras. España entiende que en el
Mediterráneo existe una necesidad urgente de establecer una política
de recursos pesqueros en esta zona para su conservación de manera
adecuada, proponiendo una armonización de medidas técnicas en la
Comunidad, coherencia en la actuación comunitaria y en la de
organismos internacionales para que los demás países que pescan en la
zona cumplan las normas necesarias, la implantación de un régimen de
gestión de esfuerzo pesquero más apropiado que el sistema de TAC y
cuotas para esta zona y un incremento del esfuerzo investigador por
parte de los Estados miembros.

Respecto a la política externa, consideramos necesario un
reforzamiento de la política exterior de pesca comunitaria para
garantizar una defensa adecuada de los intereses comunitarios.

Respecto a los acuerdos bilaterales, la continuación de la política
de acuerdos comunitaria requiere que la Comisión cuente con los
medios adecuados personales y materiales para afrontar esta
competencia. Además la defensa de los intereses pesqueros
comunitarios exige que se ponga en marcha la política convencional
global que abarque todas las tipologías de los acuerdos pesqueros,
que se equiparen



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las condiciones de acuerdos del norte y del sur y que se reaccione a
las críticas contra los acuerdos con la presentación por la Comisión
de sus aspectos positivos. En cuanto a las organizaciones regionales,
la Unión Europea tiene que participar en todas las organizaciones
regionales de pesca que existan y reforzarlas para evitar intenciones
de ampliación de zonas nacionales. Se tiene que promover una mayor
influencia de la Comunidad en estas organizaciones, en defensa de los
intereses comunitarios y de la importancia de la Comunidad como
potencia pesquera.

Por lo que se refiere a pabellones de conveniencia, tiene que
realizarse una actuación decidida contra estos pabellones,
penalizando a los operadores comunitarios que burlan la normativa
comunitaria e internacional, reforzando las medidas de vigilancia y
control del mar y exigiendo pruebas de la procedencia del pescado a
la hora del desembarque en la Comunidad. En cuanto a sociedades
mixtas, desde la Comunidad se debe fomentar la constitución de
sociedades mixtas entre armadores comunitarios y de terceros países y
defender también la viabilidad de las ya constituidas. Los beneficios
para los operadores comunitarios son evidentes: permiten aprovisionar
el mercado comunitario, mantienen el empleo comunitario, a la vez que
fomentan empleo en el tercer país, forman adecuadamente a tripulantes
del tercer país y crean un tejido industrial en el tercer país
desarrollando su flota.

En cuanto a política de estructuras, se propugna el mantenimiento del
IFOP como elemento fundamental para la pesca, con sus beneficios en
la adecuación de flotas a los recursos existentes y a la
modernización de estructuras productivas. Se deben reforzar los POP
(planes de orientación plurianuales) como mecanismo de adecuación de
la capacidad pesquera mediante ficheros de flota transparente y,
sobre todo, mediante mecanismos de control y penalización para los
Estados miembros incumplidores.

En materia de política de mercados, se defiende la búsqueda del
equilibrio necesario entre la defensa de las flotas y la industria
transformadora, debiéndose actuar en la eficacia de las barreras
arancelarias que todavía subsisten; en el mantenimiento del principio
de preferencia comunitaria, teniendo en cuenta las necesidades en
caso de desabastecimiento; protegiendo la salud y la seguridad de los
consumidores, aplicando y desarrollando el principio de pesca
responsable y fomentando la calidad de los productos pesqueros.

En materia de empleo, se defiende el empleo digno y cualificado en el
sector pesquero, estable y en condiciones aceptables. En todo caso,
deben apoyarse las alternativas al sector de la industria extractiva,
fomentando industrias alternativas y dando una atención adecuada
a las repercusiones socioeconómicas de la política pesquera, nada
contempladas en el Libro Verde.

En conclusión, los principios fundamentales para dirigir la política
española en este debate son los siguientes: la eliminación de las
discriminaciones de
hecho o de derecho; la búsqueda de la aplicación de las libertades
comunitarias en la pesca; la búsqueda de mecanismos de gestión
equitativos y efectivos que permitan una distribución justa de los
recursos pesqueros y su mejor conservación y el reforzamiento de la
parte externa de la política común pesquera.

Se plantean también al Gobierno actuaciones parlamentarias en torno a
su posición en la cumbre de Ministros de Pesca celebrada el 25 de
abril, así como para que explique la perspectiva de futuro del sector
pesquero español. Los puntos fundamentales abordados por el Consejo
de Ministros de Pesca del 25 de abril son, en primer lugar, la
presentación por la Comisión del Libro Verde y los comentarios
iniciales efectuados por las delegaciones. De la postura española he
hablado in extenso anteriormente. De la integración de
consideraciones medioambientales en la política pesquera, sin
embargo, no se ha hablado, y merece la pena subrayar que en el
transcurso de este Consejo se adoptaron unas conclusiones para su
traslado al Consejo Europeo de Gotemburgo. Esto se hizo siguiendo el
mandato del Consejo Europeo de Helsinki, que requirió la presentación
de una estrategia para la integración del medio ambiente y el
desarrollo sostenible en la pesca, y también se adoptaron las
conclusiones del Consejo sobre los TAC multianuales y enfoque de
precaución.




Se trataba de un documento equilibrado, en el que se reconocía la
necesidad de contar con instrumentos que asegurasen la conservación
de los recursos y la estabilidad de la industria pesquera. Resultado
de un consenso entre diferentes posiciones, el documento contó con el
apoyo de España.

Otro punto de esta reunión del Consejo hacía referencia a los planes
de recuperación del bacalao y la merluza. El Gobierno español se
encuentra muy sensibilizado ante esta cuestión y no puede admitir de
ninguna manera las propuestas comunitarias, que entiende que tienen
carácter discriminatorio. A la vista de los informes científicos
disponibles, el Consejo de Ministros de la Unión Europea tomó la
decisión de reducir de forma importante los TAC de bacalao y merluza
en aguas comunitarias y además el Consejo y la Comisión adoptaron una
declaración en la que se indicaba la disposición de ambas
instituciones para poner en marcha unos planes de recuperación para
estas especies. El plan de recuperación (que la Comisión no lo ha
presentado todavía, se prevé que lo haga a finales de este año 2001),
y que el Consejo deberá aprobar en la primera mitad del año próximo,
ha ido precedido de un conjunto de medidas urgentes que la Comisión
ha puesto en práctica y que suponen la modificación de determinadas
medidas técnicas en cuanto a mallas y zonas de pesca para reducir la
captura de juveniles, así como una mejora de los instrumentos de
control. El Gobierno español ha mostrado su oposición a este
reglamento de la Comisión, ya que exceptúa del incremento de mallas
de arrastre a los buques menores de 12 metros o que



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realicen marcas de menos de 24 horas, y eso supone un grave
precedente de discriminación no entre diferentes nacionalidades, lo
cual sería intolerable, pero sí en función del tamaño del buque u
otras circunstancias, lo que no se justifica desde el punto de vista
científico. Todo ello supone un grave precedente de discriminación en
perjuicio de la flota española que ejerce la actividad en zonas donde
son de aplicación las medidas de emergencia, con buques de más de 12
metros que realizan marcas de más de un día. Además, se han detectado
determinadas incertidumbres en los dictámenes científicos, que
aconsejan estar totalmente seguros antes de tomar medidas de
trascendencia y repercusiones sociales y económicas. La oposición del
Gobierno español ha quedado plasmada en el recurso de anulación
formulado por el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, pidiendo la anulación del Reglamento 1162/2001
de la Comisión. La base principal de este recurso es el carácter
discriminatorio del citado reglamento.

El último punto de este Consejo se refiere a Marruecos y al estado de
las negociaciones pesqueras. Pues bien, conocen ustedes nuestra
posición en relación con Marruecos, ya que he tenido ocasión de
comparecer a petición propia para explicar el plan de acción de la
flota. También existe otra petición parlamentaria para que se informe
sobre las decisiones que pueden afectar negativamente en la reunión
del Consejo de Ministros de la Unión Europea del 25 de septiembre a
un sector importante de la flota pesquera española y para explicar la
propuesta de la Comisión de la Unión Europea y la postura que piensa
mantener el Gobierno español al respecto. Entiendo que SS.SS. están
haciendo referencia a la reunión del Consejo de noviembre. En
septiembre no ha habido Consejo de pesca, ya que se anuló y el
próximo se celebrará en el mes de noviembre. Y, cuando se dice que se
van a tomar decisiones, deduzco que se trata del plan de acción para
la flota afectada por la falta de acuerdo en materia pesquera entre
la Unión Europea y el Reino de Marruecos. De todos es conocido que el
Consejo Europeo de Niza encargó a la Comisión Europea la elaboración
de un plan de acción para esta flota, de todos es conocido el nuevo
acuerdo con Marruecos y que la Comisión ha preparado una propuesta.

La propuesta de reglamento para favorecer la reconversión de esta
flota ya ha sido presentada por la Comisión y tiene que ser debatida
en el Consejo y en el Parlamento. Este documento incluye importantes
mejoras en las condiciones de ayuda a la formación de sociedades
mixtas, a la modernización de buques para adaptarlos a las nuevas
pesquerías y para desguace, lo que no impide que el Gobierno español
trabaje para mejorar más estas ayudas. Este plan está dotado con 197
millones de euros, de los que 186 corresponden a España y el resto a
Portugal, cantidad a la que hay que sumar 240 millones de fondos
estructurales del IFOP, así como la cofinanciación de estas sumas,
alcanzando una cifra superior a los 568 millones de euros, cantidad
más que suficiente para atender a este programa de reestructuración.

Como ya señalé en otras comparecencias, hay que añadir a estas sumas
los fondos destinados a favorecer la diversificación económica de las
comarcas dependientes de esta actividad, que se estiman en 125
millones de euros, lo que arroja un total de 693 millones de euros,
esto es, 115.000 millones de pesetas. Debo decir en este contexto que
la semana pasada se firmó ya con Galicia el primer convenio para
poner en marcha la diversificación económica en la comarca del
Morrazo y adyacentes, con proyectos industriales ya concretos, y
durante los próximos dos años se va a seguir avanzando en esta
dirección. Estamos en este momento a punto de cerrar negociaciones
con las islas Canarias y negociando también con Andalucía.




La propuesta de reglamento encierra aspectos favorables que es
conveniente conocer. Por ejemplo, los aumentos de baremos en
determinadas ayudas. Se incrementan las primas de desguace en un 20
por ciento sobre situaciones normales y las ayudas a las
exportaciones y sociedades mixtas aumenta también en un 20 por
ciento. Las ayudas a la reconversión definitiva a otras actividades
distintas de las que se venían ejerciendo se incrementan en un 30 por
ciento y se aplican también a los cambios de artes y sustitución de
los mismos. La segunda mejora que se ha introducido es la no
deducción de las primas recibidas por paro temporal en el caso de
desguace, exportación o sociedad mixta. Dado el largo período de
indemnizaciones, constituye un beneficio importantísimo. En tercer
lugar, se ha reducido el umbral de edad para recibir ayudas a las
exportaciones o sociedades mixtas de 10 a 5 años. Y en cuarto lugar,
la concesión de una ayuda comunitaria extraordinaria a España por
importe de 186 millones de euros y el envío anticipado al Estado
español del 20 por ciento de la cantidad anterior, así como la
contabilización de las capacidades de pesca retiradas en desguaces,
exportaciones y sociedades mixtas, en el cumplimiento de los
objetivos de los planes de orientación plurianuales.

No obstante estas mejoras, el Gobierno español ha propuesto una serie
de modificaciones a la propuesta de reglamento, entre las que están,
en primer lugar, la definición actual del beneficiario, que exige
haber sido perceptor de ayuda por parada temporal de actividad por
una duración mínima total de nueve meses durante los años 2000 y
2001, sin que se fundamente la fijación de este período. Con tal
definición podrían quedar excluidos los armadores y pescadores que
reiniciaron su actividad y en muchos casos con carácter simplemente
temporal. Lo cierto es que, desde la perspectiva del Gobierno
español, no hay criterio alguno para exigir el que se haya percibido
la ayuda durante un número determinado de meses, ya que lo que se
está estableciendo es la posibilidad de que los armadores y
pescadores que faenaban en Marruecos y que han perdido el caladero
por una falta de acuerdo se beneficien



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de unas medidas que flexibilizan el rígido funcionamiento del IFOP y
de una medida específica. Ello con independencia de que se hayan
acogido o no a medidas de paralización temporal, cuyo objetivo ha
sido ayudar a la flota mientras se negociaba un acuerdo de pesca.

Penalizar a aquellos armadores y pescadores que, pudiendo haberse
acogido a las medidas de paro, han optado por intentar mantener la
actividad, resulta cuanto menos difícil de comprender. De hecho, con
el ánimo de suavizar las graves consecuencias de la no renovación del
acuerdo de pesca, desde la Administración se ha animado a los
armadores afectados a buscar alternativas a la paralización temporal,
como la realización de acciones piloto o la búsqueda de nuevos
caladeros. Como es lógico, esto supone la interrupción de la ayuda
por paralización temporal que venían percibiendo y, por tanto, la
exigencia de haber percibido la ayuda durante nueve meses podría
excluir a aquellas unidades de flota cuya situación no estuviera
consolidada por el simple hecho de no haber permanecido amarrados. Se
trata de evitar que, además de perder la posibilidad de pescar en el
acuerdo con Marruecos, se les prive de la posibilidad de acogerse a
las bonificaciones.




En otro orden de cosas, cuando los armadores opten por un desguace o
por una sociedad mixta, deberán, según la propuesta, devolver las
ayudas pro rata temporis percibidas para la construcción o
modernización del buque del período de 10 ó 5 años anterior a la
transferencia definitiva. En este caso, se está obviando el hecho de
que las modernizaciones o construcciones de barcos se hicieron con la
idea de pescar en un caladero regulado por un acuerdo de pesca. Si
dicho acuerdo de pesca no es renovado y ya no existe la posibilidad
de acceder al caladero, los parámetros que regían a la hora de tomar
una decisión de inversión han sido sustancialmente alterados. Por lo
tanto, no cabe la aplicación de la devolución de las ayudas como si
de una situación normal se tratase.

Por lo que se refiere a medidas de carácter socioeconómico, no es
coherente incrementar las ayudas a los armadores y no hacerlo en la
misma medida con los tripulantes en la percepción de las primas
individuales. Creemos que estas primas tienen que incrementarse
también en un 20 por ciento. Se constata además en el texto de la
propuesta un aumento del aval bancario en sociedades mixtas. Se
establece a este respecto que se haga efectivo el total de la prima
en el momento de la transferencia al navío, aunque incrementa hasta
el 40 por ciento el aval bancario previo que tendrá constituir el
armador para poder recibir la prima. Nos parece desproporcionado
incrementar en el 200 por ciento la garantía cuando lo único que se
hace es adelantar el pago físico de la prima.

Por último, procede referirse a las medidas de diversificación
económica de las zonas dependientes. Estas han resultado excluidas de
la financiación con cargo a la medida específica y sólo se hace
mención a ellas
para su financiación con cargo a las dotaciones ya asignadas del
Feder y Fondo Social Europeo. Se propone, por tanto, que se prevea
financiar también este tipo de acciones. Entre ellas está el conjunto
de acciones que permitan la adaptación de las industrias relacionadas
con la pesca afectadas a actividades alternativas, las acciones
vinculadas al desarrollo turístico de las regiones, las que promuevan
la industria de transformación de pescado, aprovechando la vocación
pesquera de las comarcas afectadas, las que faciliten la formación a
los pescadores afectados, o todas aquellas que hagan posible el
establecimiento de programas específicos de financiación para las
iniciativas que puedan abordarse. Como digo, estamos poniendo ya en
marcha estas medidas y confío en que un plazo muy breve estén
firmados convenios con todas las regiones afectadas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque
Nacionalista Galego, tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez,
para hacer las sugerencias y preguntas que desee al señor ministro.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Voy a empezar comentando algo sobre la
primera solicitud de comparecencia, que se refiere al acuerdo del
Consejo de Ministros de diciembre de 2000. Como usted reconoce en su
intervención, lo más importante de ese acuerdo es que se recortaban
las cuotas para la flota pesquera. Aunque se ha dicho en otro momento
de la sesión, reconocerá usted que esta comparecencia se produce casi
nueve meses después de ser solicitada, lo que no impide que se
discuta sobre este tema, pero también es verdad que pierde algo de
actualidad. En todo caso, no me voy a quejar excesivamente de esto,
porque lo que hay es lo que hay y otra realidad no se puede inventar.


Señor ministro, usted no hace una valoración negativa de los acuerdos
del Consejo de pesca. En realidad, si no estoy mal informado, el
Gobierno español votó a favor. En ese Consejo de Ministros se
acordaron nuevos recortes de cuotas, con especial incidencia una vez
más para nuestra flota; usted ha hecho mención al tema de la merluza
y también a otras especies importantes para nosotros como el gallo,
el rape, etcétera. El problema, señor ministro, es que estos recortes
se sumaban a otros anteriores. Esta es una tónica general. Son unos
acuerdos que siempre siguen la misma línea. También es verdad, y
usted lo sabe, que contaron con el rechazo del sector y con el
rechazo de algunas comunidades autónomas, fundamentalmente de las que
tienen intereses pesqueros. Este rechazo se basa fundamentalmente en
que nadie tiene conocimiento de que esas restricciones de las cuotas
que establece la Comisión se hagan con criterios objetivos, y además
tampoco resultan eficaces para conservar el recurso; prueba evidente
de ello es que al año siguiente se vuelven a recortar los TAC porque
hay que seguir conservando el recurso. No son criterios objetivos,
porque no se basan en informes científicos mínimamente contrastados y
contrastables.




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A nosotros nos parece -y supongo que usted coincidirá con ello- que
esa línea de actuación del Consejo de Ministros está perjudicando
constantemente y además con claridad a nuestro sector pesquero. Por
cierto -y este es un comentario al margen-, ya que hablamos de la
famosa merluza, la nueva propuesta de recuperación del plan de la
merluza que nos están proponiendo en la Unión vuelve a contar con el
rechazo del sector, porque efectivamente se vuelve a establecer sobre
parámetros semejantes y buscando en principio que sea la flota
pesquera de pabellón español la que salga perjudicada.

Señor ministro, nosotros creemos -y ya se lo he dicho en más
ocasiones- que el Gobierno tiene que ser más combativo en estas
cuestiones. Usted me dirá que son todo lo combativos que se puede
ser, pero no se trata de que usted sea más o menos tigre en las
reuniones del Consejo de Ministros -como me dijo una vez un ministro
que no quiero citar-, sino de que la política del Gobierno español
tenga -desde nuestro punto de vista- como una de sus prioridades la
defensa de este sector. En este campo, como volveremos a plantear en
su momento, pensamos que las líneas de actuación de la Unión Europea
deben ir en el sentido de combinar medidas eficaces para conservar el
recurso y, al tiempo, defender los legítimos intereses de nuestra
flota. No sé si está de moda ahora este concepto, pero se trata de
una flota que, como usted sabe, tiene eso que se dio en llamar
derechos históricos, porque en esos caladeros hemos pescado siempre
nosotros y, como es fácil de entender, en este momento, dada la
apertura de los mercados, en concreto el mercado español, hay una
intención clara por parte de otros Estados miembros de expulsarnos de
allí. Por tanto, debería ser una política basada en estudios
científicos serios, que valoren el estado del recurso con exactitud.

Ya sabe usted, lo sabe mejor que yo, que muchos patrones, muchos
capitanes están diciendo justamente que nunca hubo tanta merluza por
esas latitudes como en este momento. A partir de ahí, una vez
valorado el stock, valorado el estado de los recursos, habrá que
plantearse vedas en tiempo y espacio adecuados, si es necesario
establecerlas en aquellos lugares como donde se concentren los
juveniles, etcétera. Estas medidas deberían afectar naturalmente a
todas las flotas implicadas y contar con el soporte de apoyo
económico imprescindible. Otras medidas complementarias que es
necesario abordar serían el tema de las artes o el caminar hacia
cupos de captura plurianuales y no bianuales, tal como se está
haciendo ahora, porque es fácilmente comprensible que con esa medida
las empresas no pueden planificar su actuación. Estas son las líneas
de actuación que nosotros le proponemos y que creemos que son las que
se deben seguir en cuestiones como ésta.

Con la brevedad que nos ocupa, pasamos a otra cuestión importante
-usted ya lo ha resaltado-, que es la nueva política común de pesca y
la posición del Gobierno. A nadie se le escapa, y a usted tampoco,
que
la política que se acuerde en Europa va a ser decisiva para
garantizar o no el mantenimiento de nuestra flota. Sería una obviedad
decir que en la definición de esa política común el Gobierno tiene
mucho que decir.

Usted nos acaba de avanzar las líneas maestras de un documento
presentado ante la Comisión, desde la perspectiva de que el Gobierno
no comparte la posición de la Comisión sobre la reforma de la
política común de pesca. Lo que le quiero decir, señor ministro, es
que, en líneas generales -aunque en su momento haremos alguna
propuesta más concreta-, su propuesta nos suena bien -fíjese lo que
le estoy diciendo-, lo que significa que por fin ustedes admiten -y
mire que lo negaron una y otra vez- que la actual política común de
pesca es lesiva para nuestros intereses. Cuando ustedes proponen en
ese documento modificar -como nosotros hemos dicho una y otra vez-
determinados aspectos básicos de la actual política de pesca para
configurar una nueva, por fin caen ustedes de la burra y por fin
admiten que esta política actual -como luego comentaré- es lesiva
para nosotros. Francamente, como no me quedan muchas alegrías en este
marco, tengo que decir que me alegra que por fin le den la razón,
aunque sea indirectamente, a este grupo político, que tantas veces ha
insistido en la necesidad de modificar las líneas básicas de la
actual política pesquera y caminar hacia otra efectivamente más
favorable a nuestros intereses, (El señor Mantilla Rodríguez: ¡Oh!
¡Oh!), por más que le pese al señor Mantilla, que le pesa. Pero
permítame que me alegre, aunque sea yo solo. Me alegro yo, si a usted
no le alegra, ¡qué le vamos a hacer! El problema, señor ministro, es
el siguiente. Vamos a ver cuál es el grado de implicación real y
práctico del Gobierno en la defensa de esta posición. Ese es el
problema. Vamos a ver si se trata solamente de hacer una propuesta
que sea agradable a los oídos de los implicados, es decir del sector
pesquero, en un momento en que el clamor contrario a la actual
política europea de pesca es ya imparable. Vamos a ver cómo actúa su
Gobierno ante esa reforma. Vamos a ver si esa reforma significa una
nueva política del Gobierno, un nuevo planteamiento respecto a lo
defendido hasta ahora, si significa un compromiso real con la defensa
del sector y si no significa solamente una propuesta para calmar las
protestas, que en este momento son generalizadas, respecto a lo que
está aconteciendo en el marco de la Unión Europea en el tema
pesquero. En todo caso, pronto veremos por dónde se desenvuelve este
dilema.

Señor ministro, una vez puestos en esta situación, voy a insistir en
que es una evidencia que la política pesquera común, tal como ha
estado planteada hasta ahora, ha tenido unos efectos negativos
innegables sobre nuestros intereses; se produjo una reducción de
flota sin parangón en otros lugares, por más que en algunos Estados
miembros también se redujera -no en todos-, y la pérdida de puestos
de trabajo fue inasumible, inabarcable, enorme. Como decía, ha sido
una



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política común con efectos desiguales para todos los Estados
miembros; en algunos, ya se lo he dicho y usted lo sabe igual que yo,
simplemente facilitó la expansión de su flota. Por tanto, es evidente
que hay que modificar las líneas básicas de esa política. El problema
es que ustedes tienen por delante una batalla política importante -no
quiero cansar a los señores y señoras diputados, porque lo conocen
exactamente igual que yo-, porque el libro verde al que usted ha
hecho referencia plantea unas propuestas inasumibles para el sector
pesquero español. No le voy a repetir todo lo que usted está
planteando porque todos lo conocemos. Por cierto, a mí me alegró que
usted hiciera referencia a un tema tan importante como la política
social, que justo en este libro verde pasa absolutamente
desapercibida. Es increíble. Por tanto, me parece bien que se incluya
en su documento.

Concluyo, señor ministro, porque creo que, a pesar de la brevedad, lo
expliqué con claridad. En estos momentos, para mi grupo político, los
ejes sobre los que está basada la propuesta de la Comisión son
absolutamente inaceptables y nos alegra que su Gobierno comparta esa
posición. Como dije al principio, nos parece que el documento del
Gobierno responde a lo que está planteando el sector, y ahora le
animo a que su Gobierno se empeñe a fondo en la defensa de esas
posiciones. Y ese empeño a fondo, señor ministro, debe ser del
Gobierno en pleno, incluida su máxima figura, porque es obvio que la
batalla va a ser de primer orden. En todo caso, para defender las
necesidades del sector pesquero contará con el apoyo de mi grupo,
como siempre; para ir por otra vía, naturalmente, no.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por el segundo grupo solicitante
de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Díaz.




El señor DÍAZ DÍAZ: También nuestra cortesía de bienvenida, señor
ministro, aunque, para que no se acostumbre mal, le recuerdo que
nosotros no podemos felicitarle por comparecer, porque cada uno
representa lo que representa y mi electores no están entusiasmados
con su política. En consecuencia, agradezco que venga, es su
obligación, pero no le felicito. En todo caso, me gustaría que
viniera más veces porque nos parece poco riguroso que en media sesión
zanjemos cinco comparecencias sobre temas bastante diferentes
referentes a la pesca.

Para nosotros, no se puede esconder la realidad. Aunque este debate
lo vamos a celebrar apresuradamente, en un clima político donde la
noticia está en otra sala, existen problemas serios en el sector
pesquero, existe una flota afectada por el acuerdo de Marruecos cuyo
problema no está solucionado, existen problemas relativos a tratados
con otros países y existe el problema de la política común de pesca.

O sea, hay una serie
de problemas reales en el sector que deberían llevarnos a un debate
tranquilo, a un debate sosegado.

Nosotros, al solicitar las comparecencias, queríamos conocer la
postura del Gobierno, pero también queríamos buscar acuerdos en temas
fundamentales; queríamos que las comparecencias sirvieran para
resolver problemas. Para ustedes, tal como está planteada, la
comparecencia es un trámite y cuantas más saquemos adelante, mucho
mejor. El problema es que para ustedes parece que no hay problemas,
pero el sector sí ve problemas, no los inventa la oposición. Yo le
recuerdo que hace dos semanas, en Santa Uxia de Ribeira, armadores de
Galicia, Andalucía y Canarias se reunieron para analizar el tratado
de pesca con Marruecos, y llegaron a la conclusión, en primer lugar,
de que el nuevo acuerdo es una mala salida y, en segundo lugar, de
que el proyecto de reglamento no es solución porque deja a una parte
de la flota sin alternativa. Quede claro, señor ministro, que a
nosotros nos parece correcto que en este momento usted esté
trabajando en mejorar ese decreto en cuestiones como la redefinición
de beneficiarios, la evolución de las ayudas, el incremento de primas
individuales a tripulantes, etcétera. Nos parece muy bien que se esté
trabajando en esa línea, pero nos parece poco riguroso que ustedes
pretendan resolver los problemas del sector en una sesión más o menos
apresurada.

Nosotros hablamos con el sector, nosotros representamos a los
ciudadanos de este país, nosotros también queremos hablar de los
problemas del sector y estamos aquí para ello, no únicamente para
hablar de las soluciones propuestas. Además, pensamos que muchos de
estos problemas van a tener un marco de solución supraestatal, van a
tener solución en el marco comunitario, en el Parlamento comunitario,
donde nosotros también tenemos presencia, y es necesario que allí
aunemos esfuerzos y también deberíamos intentarlo aquí, pero usted,
de manera arrogante, está negándose a consensuar aquí algo que vamos
a tener que consensuar después en Bruselas. Yo le doy datos
objetivos. Una diputada socialista va a ser la ponente para el libro
verde, una diputada socialista, en concreto una gallega, está siendo
ponente para el decreto que va a regular las ayudas en el tema de
Marruecos. Esto nos debía obligar a trabajar en común, pero ustedes
aquí se niegan y nos dan, simplemente, un trágala, un debate
apresurado en el que pretenden meter todo, como si los problemas
fueran inventados y no fueran reales. Estamos ante problemas reales,
señor ministro, que requieren solución y no prisas, que requieren
sentarse a buscarles salida.

Como no hay tiempo para hacer un debate serio sobre estos temas,
nosotros vamos a volver aquí con el tema de la política común de
pesca porque pensamos que tiene que tener un debate monográfico en
esta Cámara, y ahora vamos a intentar avanzar en la solución de
problemas concretos en función de ese debate y de debates anteriores.


El otro día, en esta Cámara, decía (yo creo que lo que dijo fue un
exabrupto y pienso que



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se puede corregir hoy) que en el tema del desarrollo socioeconómico
de las zonas afectadas por la pesca usted estaba negociando con
Galicia, con Canarias y con Barbate. Es muy poco serio -y está en el
«Diario de Sesiones»- que usted diga que negocia con Barbate. Usted
tiene que negociar con una comunidad autónoma. Usted es ministro de
España, usted no es ministro de una provincia ni es ministro de un
ayuntamiento concreto y determinado, aunque allí pueda tener lazos
afectivos. Usted tiene que ser ministro de España y tiene que
negociar, en conjunto, con la Comunidad Autónoma de Andalucía, le
guste o no le guste. Usted no puede saltarse las normas y hablar con
Barbate. Pienso que esto es algo que se le escapó el otro día, pero
hay que corregirlo.

Nos gustaría que nos respondiera a alguna preocupación que tenemos.

Usted ha avanzado hoy que están revisando el decreto, pero quisiera
saber, en concreto, qué va a pasar con los barcos que tienen menos de
cinco años y cuál es la postura del ministerio con respecto a esos
barcos porque, como usted bien decía, fueron construidos para ese
caladero. Me alegra verle hoy, en ese tema, una sensibilidad que no
le vi el otro día.

También me gustaría que nos dijera qué va a pasar con las empresas
auxiliares del sector, qué tipo de ayudas se van a instrumentalizar.

Y no nos vale que echemos las responsabilidades de unas
administraciones a otras. (El señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Arias Cañete: Es que no es mía.) El problema está ahí.

Hay unos trabajadores que están sufriendo un problema y demandan una
solución. En su día se dijo que había ayudas y nosotros, en estos
momentos, queremos saber qué pasa con esas ayudas.

Hay algo que está planteado claramente en el sector, señor ministro,
y es qué voluntad política tiene el Gobierno de España para trasladar
a la Unión Europea la necesidad de reabrir negociaciones en lo que
afecta a la flota artesanal. Le estoy hablando después del día 11 de
septiembre y le estoy hablando de un tratado entre España y el Reino
de Marruecos. Usted sabe como yo que, si ayer era factible un
acuerdo, hoy lo es más. Hoy ningún país se puede negar a un acuerdo
que se plantee en beneficio de los dos países y de ese acuerdo para
pesca artesanal pudiera salir la viabilidad para la mayoría del
sector.

Usted anteriormente desafiaba a la Comisión diciendo: yo puedo
comprarme una hectárea. ¡A ver quién se compra una hectárea de olivo!
Señor ministro, ¿por qué no se compra usted un pequeño palangrero, un
pequeño arrastrero y le busca cabida en los caladeros norteafricanos?
Hay una oportunidad de negocio estupendo. Hay medidas para
viabilizarlo, señor ministro, y usted lo sabe muy bien. El problema
es que mientras que en uno hay salida en el otro hay una falsa
salida. A ver quién va hoy a construir una empresa mixta a Túnez o a
Argelia en condiciones rentables social y económicamente. Si tiene
una solución se lo puede ir diciendo a los alcaldes del sur que
tienen ese problema.

El otro día usted hablaba de la reubicación de 160 barcos, cerca de
2.000 marineros. Nosotros quisiéramos cifras de ocupación real, no de
posibilidades. El acuerdo con Mauritania ofrece posibilidades, pero
entre las posibilidades y realidades hay diferencias y le recuerdo un
dato objetivo. Cuando se firmó el acuerdo de pesca con Marruecos
había posibilidades para 500 barcos y, al final, pescaron 421. Nunca
se utilizan las posibilidades al cien por cien. Tenemos un problema
real y es que no reubicamos una parte de la flota, que el desguace es
una salida en el corto plazo, pero es una desgracia en el medio y
largo plazo y que ese tema tiene que tener salida. Hay una salida,
que es la que el sector quiere, que es la de la flota artesanal; hay
una salida que el sector demanda, que es la diversificación
productiva en las comarcas afectadas y también hay una política más
global que nos afecta a todos, que es la política común de pesca. A
nosotros nos place tomar nota de sus posiciones, como el BNG, de que
tiene unas posturas diferentes de la política oficial en este
momento, pero en este tema nos interesa discutir la política e
intentar llegar acuerdos en ella. No nos interesa quedarnos en
conocerla porque los documentos de Bruselas los tenemos también
nosotros. Nosotros queremos discutirla porque es una política que va
a afectar en el futuro a un sector que para nosotros es clave, por
eso quisiéramos que esto no fuera un trámite sino que usted viniera
aquí a discutir claramente una política y buscar acuerdos. No debiera
ser difícil porque estamos jugando no pensando en la coyuntura, sino
a medio y largo plazo para modificar una política que todos
reconocemos que, ni en el pasado, ni en el presente nos es favorable.


Luego debiera haber elementos comunes. Si usted no quiere ir a esos
elementos comunes es porque están buscando otra vía pero después no
nos acusen a los demás de ir a la confrontación. Señor ministro, como
los problemas existen, aquí seguiremos hablando de Gescartera.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra su portavoz, el señor
Maldonado.




El señor MALDONADO GILI: También me toca darle la bienvenida, señor
ministro; bienvenida que, quizá, no habría que dársela porque cada
vez que comparece se la damos y creo que podemos darla por hecha
reiteradamente cada vez que comparezca. Como deber de cortesía,
bienvenido sea en nombre del Grupo de Convergència i Unió.

Señor ministro, usted sabe de nuestra ponderación en nuestras
intervenciones en las que acostumbramos a introducir siempre
elementos de reflexión, de diálogo político, de búsqueda de solución,
de propuestas de colaboración política, etcétera. Hoy también lo
haremos. Procuraré que mi intervención sea serena, reflexiva, y a la
vez breve. Veremos si lo consigo, sobre todo



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respecto a esto último, porque dada la hora que es SS.SS. lo
agradecerán. ¿Por qué he hecho esta introducción? Después verá S.S.

que mi tono es muy diferente al de otras veces. Quiero que sepa que,
a medida que van reiterándose sus comparecencias, uno se pregunta
dónde estamos o hacia dónde vamos. Es cierto que siempre hemos hecho
intervenciones serenas, positivas, con ofertas de diálogo, pero hoy
su propuesta de comparecencia es peyorativa para el sector pesquero.

¿Por qué es peyorativa? Porque llevamos mucho tiempo hablando de
pesca, del sector pesquero, de sus problemas actuales, de las
propuestas de reforma, de su futuro, de la actuación del Gobierno y
nos encontramos con un orden del día que podía ser considerado
peyorativo. Hoy se habría terciado, señor ministro, una comparecencia
monográfica de pesca, lo ha dicho todo el mundo. Lo que ocurre es que
cuando hablas al final ya te han pisado muchas cosas que querías
decir, por tanto, o me reitero, o tendré que recortar cosas que
quería decir, porque portavoces de otros partidos han dicho lo mismo.


Mi compañero Ramón Companys, cuando hablaba del paquete anterior, de
las OCM, ha preguntado por qué no hacemos un monográfico sobre la
primera o la segunda fase. No es que hayamos coincidido porque somos
compañeros de partido y de coalición, que también, sino porque es lo
que se ve. Cuando comparece un ministro para hablar de temas tan
dispares, la comparecencia es larga, aburrida, complicada y nada
clara. Usted nos ha hablado un poco de todo. Nos ha informado de las
OCM, del estado actual de la gestión del programa de desarrollo rural
para las medidas de acompañamiento, de pesca, del libro verde, a
posteriori nos va a hablar de una petición del Grupo Socialista de
comparecencia sobre indemnizaciones, de ceses anticipados en la
actividad agraria, etcétera. En catalán, decimos que esto es un poti-
poti. Aquí hay una mezcla de temas que, reitero, hubieran sido mejor
tratados si hoy hubiera habido una comparecencia monográfica sobre
pesca. Señor ministro, estamos teniendo muchísimas comparecencias
suyas en la Comisión y en el Pleno, sobre diferentes aspectos de
pesca, pero no hemos tenido una sesión monográfica para hablar largo
y tendido de un tema tan preocupante como el que afecta al sector
pesquero.

Permítame que me centre en su intervención. Quisiera decirle con todo
respeto -sabe mi respeto y mi aprecio hacia su persona y su actitud
en este hemiciclo- que su informe hoy me ha parecido pastoso y light.


Fíjese si ha sido una comparecencia pastosa y light que nos hemos
quedado en cuadro. No queda casi nadie. Nos estamos quedando tres y
el cabo. ¿Por qué pastoso? Porque ha habido un bombardeo de palabras
consecutivas sobre situaciones técnico-administrativas de pesca que
dicen mucho de su pasado como técnico de alto nivel y de su labor en
la Unión Europea en temas de pesca, pero hoy no era lo que tocaba.

Light, porque faltan propuestas políticas de futuro. Hablando con el
portavoz del Bloque Galego, decía que S.S.

había hablado de propuestas que él asumía y le gustaban, pero que
quizá fueran electoralistas, no sinceras y que sólo fueran
encaminadas a tranquilizar al sector pesquero. Yo no lo creo. No creo
que un ministro se dedique a hacer propuestas electoralistas o a
tranquilizar al sector pesquero, pero sí es cierto, señor ministro,
que en el tema de la pesca nos faltan propuestas del Gobierno del
Estado dirigidas a la Unión Europea. Nos estamos encontrando con que
la Unión Europea, que es la que dirige la pesca en Europa, nos está
convirtiendo en la cenicienta de la actividad económica europea.

Quizás algún Estado -por qué no el Estado español- tenga que decirle
a la Unión Europea que la pesca está tocada de muerte y que tiene
heridas que hay que curar, si no, veremos el barco de la pesca que se
va a hundir. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa, señor ministro,
que usted debería ser el pescador mayor del reino, el estandarte de
los pescadores españoles. El portavoz socialista decía que tenía su
electorado. Seguro que el señor Mantilla, el portavoz del PP, hablará
del suyo. Curiosamente, la Coalición de Convergència i Unió no puede
hablar de nuestro electorado porque en Cataluña no disponemos de este
tipo de pesca, pero como partido siempre hemos querido colaborar en
la gobernabilidad del Estado, nos preocupa también la pesca y los
pescadores andaluces, gallegos, vascos y valencianos. No hablamos
desde el punto de vista electoral, de implantación territorial, sino
que miramos el asunto a distancia, con la responsabilidad que nos da
ser la tercera fuerza política en el Estado. Nos preocupa que usted
no se convierta en el transmisor de ilusión y de entusiasmo. Señor
ministro, urge el debate monográfico ante el libro verde que puedan
hacer en Europa, el libro blanco que se haga en España, porque tienen
que salir propuestas de aquí para allí; no hemos de olvidar que con
la renovación del tratado de pesca con Marruecos nos hemos quedado
muy solos. Hemos hablado largo y tendido del señor Fischler y de su
poca convicción, de su escaso interés, de su poco trabajo respecto
a renovar el tratado de pesca con Marruecos. Yo no digo que Europa nos
deje solos, pero sí afirmo que desde España hay que lanzar mensajes a
la Unión Europea para que la pesca deje de ser la cenicienta de la
economía europea. Siento que hoy mi discurso no haya sido positivo,
sereno, de oferta política, porque tampoco he encontrado en su
intervención lo que tanto necesita el sector de la pesca, un mensaje
de ilusión y de confianza, porque en caso contrario la pesca se
convertirá en una caja de cartón donde se almacenen penas, angustias,
desilusiones que nos lleven a mandar a los pescadores al paro y a los
barcos al desguace, o que el sector que siga faenando cada día tenga
más problemas de supervivencia.

Sabiendo que su nivel técnico es alto por su experiencia, que usted
como máximo responsable en pesca es la persona que puede hacer de
puente con la Unión Europea, le insto a que haga de esta Comisión un
foro de debate, un debate monográfico, en profundidad



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donde podamos y tengamos que debatir la reforma, el futuro de la
pesca del Estado español y que a la vez pueda hacer llegar estas
voces a la Unión Europea, al comisario, a los responsables políticos,
porque, en caso contrario, los nubarrones se ciernen sobre la pesca.




El señor PRESIDENTE: Por último, cedemos la palabra al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.




El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor ministro, por
comparecer una vez más ante esta Comisión para hablar de temas
pesqueros.

Es cierto que el orden del día está saturado de temas, no solamente
de pesca, sino también de agricultura, pero le quisiera decir al
señor Maldonado, con mucho cariño, que los órdenes del día no los
confecciona el señor ministro sino la Mesa y en ella estamos
representados todos los grupos parlamentarios -con discrepancias,
señor Amarillo- y, por tanto, aquí el único que no es culpable del
orden del día es el señor ministro. El va a aguantar muchas horas
durante toda la tarde, igual que el resto de los ponentes que estamos
aquí intentando clarificar temas de agricultura o de pesca.

Antes de hablar de la PCP, de la política común pesquera, el tema más
importante que nos trae aquí esta tarde, quería hacer una pequeña
reflexión sobre Marruecos, ya que algunos portavoces han vuelto a
insistir sobre lo mismo. Permítame, señor ministro, que yo diga lo
que posiblemente usted va a afirmar a continuación: que la Unión
Europea o el Gobierno español no han rechazado nunca un acuerdo con
Marruecos, pero también se ha dicho siempre que quien tiene que dar
el primer paso para que este acuerdo sea factible tienen que ser
precisamente las autoridades marroquíes, y siguen sin dar muestra de
ello. Simplemente hacen algún comentario, aunque parece ser que hay
discrepancias ahora en la opinión pública marroquí, a la vista de que
estamos consiguiendo acuerdos con otros países, pese a los malos
augurios de algunos portavoces de esta Comisión. Hemos conseguido
acuerdos con Mauritania, con Gabón y posiblemente los consigamos, de
forma más o menos inminente, con Senegal. Los marroquíes se
encuentran en estos momentos solos y sin 20.000 millones de pesetas
anuales, que era el canon, además del propio coste de las licencias
de nuestros armadores. Hay discrepancias en la opinión pública y no
se descarta que podamos llegar a un acuerdo para la flota que faenaba
en Marruecos en todo o en parte. Decíamos -estoy absolutamente
convencido, aunque es una opinión personal- que tampoco se descarta
que a partir del 1 de enero nuestros armadores, a título privado y
personal, sean capaces de faenar en Marruecos como lo están haciendo
algunos otros armadores que no tienen pabellón marroquí, por ejemplo,
los holandeses, con una figura de charteo, etcétera. Es un tema del
que después hablaremos en la PCP. Señor ministro, en la PCP habría
que conseguir que las licencias
sean para los países y no para países que a su vez los charteen
para otros terceros países; que cada país que por sus derechos
históricos, por la estabilidad relativa o por cualquier otro
condicionamiento, tenga derecho a faenar, no pueda, como está
ocurriendo en la actualidad, transferir, ceder o alquilar esa
licencia a otros países y que las puedan explotar por ellos mismos.




En el tema de Marruecos estamos totalmente convencidos, señor
ministro, sabe que tiene el apoyo de nuestro grupo y estoy totalmente
seguro de que de toda la Cámara para que la reconversión, si tiene
que llevarse a cabo, sea de la mejor forma posible y no sea en
absoluto traumática.

Como usted ya ha dicho con profusión y los portavoces que han hecho
uso de la palabra han hecho sus matizaciones, me gustaría hacer un
matiz que considero que es importante. Como saben SS.SS., en la
reconversión de la flota se están intentando potenciar las sociedades
mixtas. El señor Díez dudaba de la posibilidad de constituir
sociedades mixtas en Túnez o en Argelia. Aunque hablaba del 11 de
septiembre como una fecha tópica para conseguir un acuerdo con
Marruecos, posiblemente también pueda ser una fecha importante para
renovar acuerdos o constituir sociedades mixtas con otros países.

Señor ministro, hay un aspecto importante y es normal que la Unión
Europea, para conceder ayudas a la constitución de sociedades mixtas,
obligue a avalar las subvenciones percibidas, porque pudiera darse la
circunstancia de que un armador que exporte el barco para una
sociedad mixta, pongamos por caso Mauritania o Brasil, cuando sale de
las Islas Cíes -islas preciosas, dicho sea de paso, que guardan la
ría de Vigo- a lo mejor se le suelta el tapón, como se dice
vulgarmente en el argot marítimo y el barco se hunde, han cobrado la
subvención y a otra cosa mariposa. Es normal que la Unión Europea
solicite una garantía de que efectivamente se va a constituir una
sociedad mixta y de que va a funcionar. El señor ministro apuntaba
perfectamente que han duplicado el coste de las garantías. Como usted
bien sabe, los armadores son empresas unipersonales y muchas veces
van a tener que garantizar esa constitución de sociedades mixtas con
su patrimonio personal. Le pediría que buscara alguna solución para
que la aportación de garantías no sea muy gravosa para estos
empresarios que puedan constituir sociedades mixtas en el extranjero.


Voy a ser breve porque el señor ministro ha puntualizado
prácticamente todos los temas y, como ha dicho el portavoz del Grupo
Mixto, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, ha apuntado todos
los que el sector ha venido reclamando. Les quiero recordar a los
portavoces del Grupo Socialista que con el anterior Gobierno y con
éste todos los temas pesqueros se están intentando hacer por amplio
consenso. Quiero recordar a los señores socialistas que ya con el
anterior Gobierno, siendo ministro don Jesús Posada, había llegado a
un acuerdo para consensuar la política pesquera de



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España referida a la Unión Europea o a otros países. Así ha seguido
este Gobierno y soy testigo presencial de que el Ministerio y la
Secretaría General de Pesca están intentando consensuar todos los
temas y éste está consensuado con gran parte del sector. En la
postura del Gobierno español ante la PCP se están recogiendo las
inquietudes y los planteamientos que tiene el sector.

La PCP, como todos sabemos, se creó en 1983, tiene una vigencia
aproximadamente de diez años y se ha prorrogado por diez años más. El
1 de enero del 2003 entrará en funcionamiento esta nueva política
común de pesca que no ha cumplido sus objetivos, según el preámbulo
del libro verde. No deja de ser sintomático, porque dicen que no han
cumplido los objetivos que se habían previsto en 1983 y en la nueva
remodelación de 1992 y, sin embargo, lo que nos traen es más de lo
mismo. Observamos que tenemos grandes diferencias con la PCP. En
concreto, voy a decir cuáles son los puntos básicos a los que se
refiere el libro verde para esta reforma. Un tema especialmente
ecológico, habla de la escasez de recursos, pero no está avalado por
documentos científicos, como diremos más adelante. Por otro lado,
dice que gran parte de la flota industrial no es rentable y se basan
en unos datos que no son nada fiables porque la muestra que toman de
la flota española no es significativa con respecto a la flota
industrial española. En los dos puntos fundamentales para la
renovación de la PCP no estamos de acuerdo. En esta PCP, y
coincidiendo casi punto por punto con lo que dice el señor ministro,
echamos en falta una serie de aspectos y lógicamente tenemos que
hacer unas críticas. En principio, consideramos que debe potenciarse
mucho más la investigación, porque nos hemos encontrado con este
problema, aunque hemos mejorado notoriamente con respecto a
anteriores legislaturas en cuanto a la disposición de datos
científicos. Recordamos los temas con NAFO. Cuando íbamos a discutir
los TAC con NAFO siempre íbamos totalmente huérfanos de cualquier
documentación. Ahora hablamos ya de organismos que están colaborando
notoriamente con el ministerio, como puede ser el IEO, por lo que
consideramos que en la PCP debe potenciarse mucho más la
investigación.

Un tema que es preocupante para el sector es el de los descartes.

Como saben SS.SS., el descarte es aquel pescado que no está permitido
faenar en esas aguas. Cuando uno echa la red para pescar merluza,
lógicamente puede venirle cualquier otro tipo de pescado que no sea
merluza. Si no estás autorizado para capturar ese tipo de pescado
automáticamente tienes que tirarlo al mar y ese es un gran daño que
se está ocasionando a los stocks y hay que buscar solución a los
descartes.

Un punto primordial para el sector son los derechos de pesca que
puedan ser transferibles. Como decía el señor ministro en alguna
publicación, hay que hacerlo paulatinamente, porque tiene sus
ventajas pero puede tener también sus inconvenientes, puede tener el
inconveniente de que haya empresas que por su potencial económico
sean capaces de absorber un número determinado
de licencias en detrimento de otras. Por tanto debería verse
paulatinamente si es factible o no, si es positivo o negativo, porque
hay muchos países que lo están teniendo y sin duda es un aspecto
tremendamente positivo porque serían los propios armadores los que
tendrían que mantener los stocks en una situación adecuada.

Señor ministro, este Parlamento denuncia siempre la discriminación
que existe entre las flotas pesqueras del norte y del sur,
discriminación que sigue existiendo en la PCP. Nos están intentando
impedir el acceso a determinados caladeros e incluso con el acuerdo
de adhesión a la Unión Europea, no se nos facilita. Hay naciones que
siguen basándose en el principio de estabilidad relativa de 1983, que
primaba la supeditación que podía tener el país costero con el tema
pesquero. Desde 1983 a hoy ha cambiado notoriamente las
circunstancias económicas o sociales de muchos de los países, sin
embargo, la PCP sigue manteniendo sus criterios porque favorecen
descaradamente a las flotas del norte. En esta PCP se impide que gran
parte de las flotas pesqueras del norte puedan faenar para que sus
pescados vayan directamente a harina. Estamos hablando de 1.400.000
toneladas de pescado que van directamente a harina, de esas flotas
que faenan o flotas del norte de Europa. La PCP sigue discriminando
la flota del norte con la flota del sur. No será porque el ministro
de pesca o el director general de pesca pertinente es más del norte
que del sur, pero es un problema que lo hemos denunciado y lo
seguiremos denunciando: que el sur tiene tanto derecho como el norte
a poder faenar en las aguas comunitarias, porque lo que hay que
intentar por todos los medios es que toda la flota de la Unión
Europea faene bajo la misma bandera y que toda la flota de la Unión
Europea tenga los mismos derechos, tanto unas como otras.

En cuanto a si sobra flota, es posible que sobre flota, pero tenemos
que recordar que España ha cumplido estrictamente el POP 3 y el POP
4, en tanto que hay otras naciones que todavía no han cumplido lo
establecido en el POP 3. Por tanto decimos que antes de buscar la
disminución de una flota pesquera de cualquier otra nación, la Unión
Europea tiene que obligar a las naciones que no han cumplido los POP
3 y 4 a que los cumplan.

Tenemos que potenciar que la Unión Europea, como tal organismo, esté
presente en muchas organizaciones regionales de pesca, y es curioso
o, por lo menos, totalmente discriminatorio que la Unión Europea
tenga un solo voto en muchos de los organismos, por ejemplo, en NAFO,
en tanto que otros países, que tienen vinculación con otro país de la
Unión Europea, tienen su propio voto. En primer lugar, hay que lograr
que la Unión Europea esté presente en todas las organizaciones
regionales de pesca y, en segundo lugar, que la Unión Europea tenga
un peso específico en esas organizaciones regionales de pesca en el
momento de las votaciones.

Y por último -y termino, señor presidente-, laPCP, lógicamente, tiene
que potenciar la creación de



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empresas mixtas, porque, decíamos anteriormente y seguimos
insistiendo, una de las mejores salidas para los excedentes de la
flota, en especial la española, es la creación de empresas mixtas.

Hemos tenido éxitos en muchos países; no en otros, por ejemplo, en
Marruecos, donde hay que recordar que hemos creado 29 empresas mixtas
y solamente sobrevive una, eso es cierto. Por eso digo que otro de
los asuntos importantes que hay que potenciar dentro de la PCP es la
creación de empresas mixtas.

Señor ministro, reiterándole una vez más nuestra gratitud por su
presencia en esta Comisión, sabe usted, como decía el portavoz del
Bloque Nacionalista Galego (Grupo Parlamentario Mixto), que tendrá el
apoyo, estoy totalmente convencido, de todos los grupos de esta
Cámara, al igual que le deseamos el mayor de los éxitos a la ponente
del Grupo Socialista que va a defender la PCP ante el Parlamento
Europeo, que seguro que lo hará con tanto entusiasmo como lo podría
hacer uno del Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de
Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): En primer lugar, quiero decir que estoy a disposición de
esta Comisión. A mí me da igual hacer una debate monográfico sobre un
solo tema que discutir tres temas. La verdad es que tenemos muchos
temas pendientes, SS.SS. han puesto de manifiesto que había temas
pendientes y entiendo que la Mesa ha tratado de que veamos el mayor
número posible, porque si no, con las escasas fechas que tienen SS.

SS. disponibles, sería imposible atender a todos. Por otra parte, no
se puede decir en esta Comisión que no hayamos debatido en
profundidad todos los temas. El año pasado hemos tenido
interpelaciones y preguntas todas las semanas y bastantes
comparecencias, y estoy dispuesto a incrementarlas todo lo que SS.SS.


quieran. No me plantea ningún problema.

En segundo lugar, podemos concentrar los temas, pero no digan ustedes
que no se ha debatido el tema en profundidad. El señor Maldonado ha
hecho una crítica muy profunda, pero yo creo que he contestado todo
sobre la posición española sobre el libro verde en todos los extremos
que el libro verde tiene. Es posible que, a lo mejor, haya un
problema de falta de conocimiento del libro verde y de la posición
española. Yo enviaré a esta Comisión textos del libro verde y de la
posición española para que estén a disposición de SS.SS. y vean
claramente que el Gobierno español ha hecho un amplio debate con todo
el sector, con todas las comunidades autónomas; ha fijado, con enorme
consenso, su posición, que es la que en estos momentos estamos a
punto de empezar a defender. Sus señorías pueden presentar todo tipo
de proposiciones no de ley para mejorar este tema, y el Gobierno va a
atender
a la votación de la mayoría de esta Cámara, no a opiniones
individuales, como hemos hecho con el sector y con las autonomías, en
que hemos fijado el consenso, la postura unánime, pero no hemos
fijado posiciones individuales.

Dicho lo anterior, quiero hacer una observación sobre los problemas
de los debates anuales de TAC y cuotas. Durante mucho tiempo, la
dinámica del Consejo de Ministros europeo consistía en que los
científicos hacían unos diagnósticos basados en el principio de
precaución y los políticos tomaban una decisión absolutamente al
margen de los científicos. Esa ha sido la constante: los científicos
decían que estaba mal el recurso, los políticos ponían unos TAC
escasamente reducidos. Toda la dinámica de seguridad alimentaria de
la Unión Europea está llevando, en estos momentos, a que se tengan
muy en cuenta las opiniones de los científicos en seguridad
alimentaria y en equilibrio del ecosistema. Los científicos mismos,
cuando celebran consejos de ministros ahora y, posteriormente, se
fija la posición, dicen: ¿Pero cómo no nos habéis seguido? Decimos:
¿Pero cómo habéis hecho ese informe? Estamos en un debate complicado.


¿Qué le ocurrió al debate de diciembre sobre los TAC y cuotas? Que
los científicos recomendaron una reducción del 74 por ciento en la
merluza. La posición del Gobierno español era: Las capturas no están
tan mal según nos dicen nuestros pescadores, no nuestros científicos.


Porque es que el informe científico es del ICEX, del Consejo
Internacional de Exploración del Mar, donde están teóricamente los
mejores expertos del mundo en esta materia. ¿Y qué ha pasado? Que los
gobiernos europeos, salvo el español, a pie juntillas, siguieron a
los científicos. Yo no sé si SS.SS. conocen cómo son las
negociaciones comunitarias: al disidente, en este caso a España, se
le plantean contactos bilaterales en los que se intenta mejorar su
oferta para buscar el consenso. Si no hay consenso, se va a la
mayoría. La mayoría era una reducción del 74 por ciento y nosotros
aguantamos seis horas, de madrugada, hasta que tensamos la cuerda al
máximo que, según nuestros datos, éramos conscientes de que se podía
conseguir. Este es un equilibrio muy complejo, porque si se rompe la
baraja, se queda uno con la posición de la mayoría, porque ni
siquiera Irlanda, que era un país afectado, estaba dando la batalla
que estaba dando España. Es un asunto muy delicado en materia de TAC
y cuotas. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Primero, aparte de
impugnar en sede judicial las normas que consideramos injustas,
estamos diciendo a la Unión Europea que empezamos a cuestionar los
informes de los científicos, que queremos dictámenes científicos de
contraste, basados en los datos de captura que nos dan nuestros
pescadores. Tampoco me pidan que sea más explícito, pero los datos de
captura avalan que la situación del stock no es tan grave como dicen
los científicos, y eso nos llega a cuestionar el informe científico y
a plantear que hay un déficit de información o hay un



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apego a modelos históricos desfasados o a grandes gurús de la
investigación, cuyas afirmaciones no se cuestionan, y éste es un reto
que tenemos que exponer.

Respecto de la política común de pesca, creo que la posición española
es sólida, porque es una posición muy elaborada, ya que hemos tenido
mucho tiempo para elaborarla, la hemos discutido, y por ello no me
extraña que podamos consensuarla. Yo no niego, no lo he negado nunca,
que la política pesquera común sea lesiva para los intereses de la
flota española. Siempre he dicho que la negociación pesquera de 1986
fue una bajada de pantalones; lo dije el primer día en el Parlamento
Europeo y lo sigo diciendo, y de aquellos polvos tenemos estos lodos.


Admitimos unos principios que son muy difíciles de modificar, porque
los tragamos con nuestra adhesión, y el momento en que uno puede
cambiar principios es el momento en el que hay interés recíproco en
formalizar un proceso de adhesión. Lo hemos visto en todos los temas
donde éramos muy competitivos (aceite de oliva, fruta y hortalizas,
pesca), se aceptó una estabilidad relativa, se aceptó el Box
irlandés, se aceptó la limitación de acceso a aguas comunitarias, y
de ahí venimos. Me dicen: transmita usted optimismo. Señor Maldonado,
yo prefiero ser riguroso. Yo soy consciente de la dificultad que
tiene en este momento una modificación sustancial de la política
común pesquera en sus términos actuales e intento dar una batalla que
es muy compleja, muy difícil y de dudoso resultado, sin ningún
pesimismo, con enorme realismo. ¿Qué hay que hacer en esta batalla?.

Obviamente buscar aliados. No hay tantos. El Gobierno en este momento
ya tiene cerradas unas conversaciones con Francia y se ha creado un
grupo técnico con Italia el lunes pasado.Con Francia ya hemos
acordado los puntos de consenso para dar la batalla en común en
aquellos temas en que estamos de acuerdo y ver si podemos limitar los
desacuerdos. Con Italia hay un consenso básico que tenemos que seguir
ampliando a otros países en algunos temas, como con Dinamarca, con
quien tuvimos contactos la semana pasada, y con el Gobierno irlandés,
que también tiene cierto interés en muchos temas similares a los
nuestros.

En definitiva, estamos buscando aliados para configurar una política
común pesquera que se adecue a la realidad española. Queremos una
política que potencie los acuerdos con terceros países, que tenga
nuevos elementos, distintos de los TAC y cuotas, para regular el
esfuerzo pesquero y que no tenga limitaciones de acceso a las aguas.


Todo eso es muy complejo porque partimos de haber aceptado una
situación histórica. Eso no es excusa sino una realidad.

Probablemente era más importante entrar en la Unión Europea que una
defensa a ultranza de un sector que no era económicamente muy
relevante en la economía española. Eso es lo que hay que mejorar,
pero no se me pida que haga cantos a Galicia. Esta es una batalla muy
complicada, muy seria, en la que hay que buscar aliados. Esto no va a
ser fácil, afortunadamente estamos bien pertrechados, pero
será largo. Probablemente toda la presidencia española y la siguiente
presidencia tendremos que seguir dando una batalla campal . Este tema
será recurrente, señor Maldonado, y vendrá aquí porque cada vez que
haya un reglamento comunitario de desarrollo tendremos ocasión de
debatirlo en esta Cámara con todo el rigor y seriedad del que han
hecho hoy ustedes gala.

Siento que no esté el señor Díaz, sé que tiene una razón que le
justifica, y espero que su grupo le trasladará las actas porque yo
quiero responder a su intervención documentada. Dice que los
electores no están entusiasmados con esta política. Nosotros estamos
haciendo una política rigurosa. Estamos planteando la reforma de la
PCP, consensuando una alternativa con todo el sector. No sé si están
entusiasmados o no, pero por lo menos la posición del Gobierno
español tiene el respaldo del sector y de las comunidades autónomas.

Frente a un problema muy fuerte con Marruecos, estamos intentando
poner en marcha un plan de acción con todas las dificultades que
tiene este plan de acción. Una de las dificultades es la falta de
voluntad absoluta del Reino de Marruecos a una negociación. Se dice
recurrentemente que hay que negociar, pero todos los datos que
tenemos nos indican que no hay ninguna voluntad negociadora. El
comisario Fischler lo ha dicho: si Marruecos pone encima de la mesa
una propuesta, nos sentamos; pero desde luego tiene muy claro que
tienen que dar el primer paso. No es verdad que el 11 de septiembre
marque un punto de inflexión. Nos movemos en este asunto por
intereses económicos muy distintos de los geopolíticos. Si hubiera
sido por motivos de aproximación a la Unión Europea, tendría que
haber habido un acuerdo con Marruecos, porque a Marruecos le interesa
en términos de económicos, en términos de contabilidad nacional y en
términos de desarrollo de su propio sector pesquero. Son otros
intereses distintos los que explican que no haya acuerdo pesquero y
los que explican que haya habido intento de que no haya acuerdo con
ningún otro país del continente africano. Afortunadamente, hemos
cerrado con Mauritania y tenemos las mejores relaciones con Túnez y
Argelia.

Yo quería hacer dos observaciones. Es obvio que recolocar 400 barcos
no es fácil; nos ha costado un año colocar 100 y dar empleo a más de
1.300 trabajadores. Nos ha costado mucho negociar un acuerdo con
Mauritania, que nos permite colocar otros 60 barcos. Es evidente que
va a haber desguaces. Hay muchas unidades de más de 25 años que no
son rentables en este momento, ni seguras en términos de seguridad en
el mar, ni de comodidad de los tripulantes y, desde luego, de
operatividad práctica, porque tienen costos de tripulación muy
fuertes y también de artes, que no les hacen competitivos con los
costos que tiene en este momento el gasoil pesquero. Por tanto, va a
haber desguaces, eso es evidente. Lo que hemos dicho es que haremos
todo lo posible para que el número de desguaces sea el menor posible
y por eso queremos potenciar las sociedades mixtas. Yo sé que al
Partido Socialista no le gustan las sociedades



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mixtas y está siempre echando jarros de agua sobre los intentos del
Gobierno de conseguir sociedades mixtas. Yo les debo decir que hemos
hecho un esfuerzo con Túnez. El presidente del Gobierno ha venido
esta semana de allí, donde el Gobierno tunecino nos ha dado todas las
garantías de que podemos introducir un número de barcos muy
importante, a cuyo efecto el Gobierno está financiando una campaña
experimental de cinco barcos para que los operadores sepan cuál es la
rentabilidad del caladero y el tipo de barcos adecuado que podrán ir.


En este momento ya tenemos varias sociedades mixtas en Argelia y
Túnez, pero, además, precisamente hoy hemos propiciado un encuentro
entre empresarios españoles y argelinos en Almería y se ha firmado un
documento de intenciones. La idea es colocar 15 barcos. El acuerdo se
ha firmado hoy, y yo también he estado reunido con el ministro
argelino esta semana.

Nosotros, poco a poco, estamos intentando dar soluciones a la flota
de bajura artesanal. Parte irá al caladero nacional -hay barcos que
tienen licencia para el caladero nacional y volverán al caladero
nacional-, parte se reconvertirá en actividades ajenas a la pesca,
como el sector turístico, que también tiene sus posibilidades; parte
los meteremos en sociedades mixtas. Habrá que reconvertir y
modernizar barcos para darles más autonomía, más viabilidad y más
rentabilidad, y vamos a hacer un esfuerzo día a día. Hay quienes no
creen en esto. A nosotros cuando nos ofrecen una posibilidad pesquera
en Omán, vamos a Omán; cuando nos dicen que podemos ir a Irán, vamos
a Irán y van saliendo cosas. Túnez y Argelia parecían imposibles y ya
están abiertos dos caladeros nuevos. Vamos a ver qué pasa con Libia y
con Omán. Evidentemente, hay que espabilarse y estamos en ese camino.


Cerrarse en Marruecos es la muerte por inanición. El Gobierno no va a
consentir la muerte por inanición, va a buscar alternativas, va a
buscar sistemas eficaces y diversificación. Mi buen amigo, el señor
Díaz, se rasga las vestiduras porque el Gobierno diga que negocia con
Barbate. ¿Cómo no voy a negociar con un ayuntamiento que cuando tiene
una posibilidad de expansión en el sector turístico, urbanístico o de
hacer polígonos industriales se le impugna por parte de la Junta de
Andalucía su plan de ordenación urbana y se paraliza completamente el
desarrollo de un municipio en crisis?. ¿Qué voy a hacer, negociar con
la Administración que lo colapsa o con el ayuntamiento que quiere
sobrevivir?. Yo estoy dispuesto a negociar con la Junta de Andalucía
todas las acciones de diversificación que quiera si tiene un proyecto
serio, pero no si lo que están haciendo es colapsar un municipio. No
voy a dejar que el municipio más afectado se colapse y no tenga
diversificación económica. No lo voy a consentir y voy a hacer todo
lo posible por colaborar. He hecho ofrecimientos a otras
administraciones y lo voy a seguir haciendo.

En cuanto al sector no extractivo, no es competencia del Gobierno. No
es que yo me ampare en lo que es competencia y no es competencia,
sino que tengo
determinadas competencias y esas no las tengo. Esas son de la Junta
de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene fondos IFOP y tiene fondos
a su disposición para hacer lo que quiera en esta materia. Es más,
con ocasión de la parada, yo diría que financiaba el 50 por ciento de
lo que pusiera la Junta. Todavía no ha puesto un duro, todavía los
apoyos no han sido autorizados por la Unión Europea y el Gobierno
mantiene su compromiso aunque no es competente. Yo no oculto nunca
las competencias propias sino que, al revés, sin tener competencias,
asumo funciones que corresponden a las comunidades autónomas tratando
de colaborar con ellas, pero hay casos que son los que son. Yo
mantengo la voluntad de cerrar acuerdos con todas las comunidades
autónomas para acciones de diversificación, pero hace falta que haya
una voluntad clara de diversificar las zonas realmente afectadas, y
en esa tesis nos encontraremos siempre. El programa de
diversificación es un programa largo, a tres años, pero en este
momento hay acciones urgentísimas que hay que poner en marcha, y si
no lo hace la Junta de Andalucía tendremos que hacerlo con los
ayuntamientos afectados. Tampoco debemos olvidar que el impulso de
las políticas de diversificación corresponde a las comunidades
autónomas y que el Gobierno podrá colaborar con las mismas. En
Galicia hay acciones de impulso, en Canarias también, en Andalucía no
se ha sometido al Gobierno un solo proyecto de diversificación en
este momento para cofinanciarlo. Es únicamente el ayuntamiento el que
humildemente los ha sometido. El señor Díaz querrá que esperemos a
que lo haga la Junta. Nosotros sabemos que hay un problema urgente y
que tenemos que empezar a trabajar antes de que finalice el año.

Quería terminar señalando al señor Maldonado que aquí no faltan
propuestas políticas de futuro, hay una alternativa completa. Antes,
cuando hemos visto las OCM, he dado las alternativas del obino, las
alternativas del arroz y las alternativas de la política común
pesquera. El Gobierno no hurta las alternativas y las pone encima de
la mesa. El Gobierno seguirá las proposiciones no de ley que esta
Cámara pueda aprobar y modificará sus posiciones en consecuencia.

Nosotros estamos dispuestos a comparecer en esta Comisión tantas
veces como quieran SS.SS. para informar sobre todos los temas que
deseen. No tenemos ningún deseo de ocultar ninguna información e
incluso cualquier información de carácter técnico que quieran
solicitarnos por escrito será facilitada a sus señorías. Este
Gobierno intentará ser absolutamente transparente con la
representación pueblo español y no tenemos el menor inconveniente en
comparecer tantas veces quiera esta Comisión. Creo que no llevamos un
mal número de comparecencias y estamos dispuestos a seguir haciéndolo
porque para ello han sido ustedes elegidos y nosotros designados.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por dos minutos. (Pausa.)



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- EL ESTADO ACTUAL EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
PARA LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO (INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA, CESE
ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA, MEDIDAS AGROAMBIENTALES
Y FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS).

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000411)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a tratar el punto octavo;
es el tercer bloque de comparecencia, en este caso solicitada por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo rural y medidas de
acompañamiento.

Cedo la palabra al señor ministro para que informe sobre esta
solicitud de comparecencia.

Tiene la palabra, señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señorías, la aplicación en España de las medidas de
acompañamiento que, como saben SS.SS., se integran en los diversos
programas de desarrollo rural que se han puesto en marcha en el
período 2000-2006, son el cese anticipado en la actividad agraria, la
forestación de tierras agrícolas, la indemnización compensatoria y
las medidas agroambientales. Voy a hacer una referencia al contenido
básico de cada una de ellas.

El cese anticipado en la agricultura tiene como objetivo incentivar
el abandono efectivo de la actividad agraria de agricultores de edad
avanzada que cedan su explotación a otro agricultor más joven para
ampliar su base territorial. Es una medida que persigue un doble
efecto: contribuye a mejorar la dimensión de explotaciones y acelera
el relevo generacional en los titulares las empresas agrarias. Los
beneficiarios de esta medida, aquellos agricultores que quieren cesar
como titulares, acceden bajo determinados requisitos a una ayuda que
puede alcanzar las 950.000 pesetas anuales hasta la edad de
jubilación, más una ayuda complementaria en función de la superficie
que cede.

La forestación de tierras agrícolas, cuyos objetivos van dirigidos a
establecer en tierras de baja productividad agrícola masas forestales
adaptadas a las condiciones ambientales locales, tiene enorme interés
no sólo para el medio ambiente sino también para la creación de
riqueza y empleo en el medio rural. Las ayudas para incentivar la
forestación son de dos tipos: por un lado, se cubren íntegramente los
costes de plantación y el mantenimiento de la repoblación durante los
primeros años, que, como es natural, varían según especies y
condiciones técnicas de repoblación. Por otra parte, se conceden
primas complementarias durante 20 años a los agricultores para
compensar los ingresos que dejen de percibir al cambiar usos agrarios
de las tierras por un uso forestal, cuyas rentas potenciales se
difieren a largo plazo.




La indemnización compensatoria es una ayuda a la renta de
agricultores que viven y desarrollan su actividad en áreas de
montaña, en zonas con riesgo de despoblación o con dificultades
específicas. Su objetivo es mantener poblaciones estables en comarcas
desfavorecidas para conservar el entorno natural y la actividad
económica. El importe se calcula en función de superficie y la
ganadería de explotación, de la renta fiscal del beneficiario y de
las condiciones objetivas de la zona.

Las medidas agroambientales pretenden fomentar los métodos de
producción agraria más respetuosos con el medio ambiente: reducción
de fertilizantes y fitosanitarios, extensificación de producciones,
prevención de la erosión y protección de la biodiversidad. Los
agricultores que se comprometan a aplicar en sus explotaciones, al
menos durante cinco años, alguna medida agroambiental perciben una
ayuda que compensa los mayores gastos o los menores ingresos en que
incurran al practicar esta forma de agricultura.

Como saben SS.SS., estas cuatro líneas de actuación, que se recogen
en el reglamento de desarrollo rural, responden a las preocupaciones
respecto al medio ambiente y ocupación del territorio rural que
tienen los ciudadanos europeos. Preocupación que compartimos en
España, y por eso se han puesto en marcha las cuatro medidas, aun no
siendo obligatorias para Estados miembros, con la excepción de las
agroambientales.

El programa que presentó España a la Comisión, y que fue aprobado a
finales de noviembre del año 2000 se diseñó para que su ejecución
fuese homogénea en todo el territorio nacional, con la excepción del
País Vasco y Navarra, por sus singularidades fiscales. Este carácter
horizontal del programa se justifica como una garantía de igualdad en
las oportunidades de acceso a las ayudas de todos los beneficiarios
que reúnan las condiciones exigidas y sin más diferencias regionales
que las derivadas de las situaciones específicas de cada territorio
por razón de cultivos predominantes o tipo de las explotaciones. La
horizontalidad del programa, que no fue compartida al inicio por
todos, ha demostrado hoy ser un mecanismo eficaz para resolver
problemas puntuales en algunas comunidades autónomas que han
comprometido más gasto del inicialmente programado. Esta primera
etapa de la programación no ha estado exenta de dificultades. Como
siempre, desde el ministerio hay que asignar fondos y recursos
presupuestarios a programas regionales o a programas horizontales que
gestionan las comunidades autónomas, y surgen intereses contrapuestos
y casi nunca es posible llegar a fórmulas de distribución que
satisfagan todas las legítimas aspiraciones, lo que exactamente
ocurrió en este caso, a pesar de que los fondos Feoga-Garantía que se
distribuían ascendían a la suma de 369.000 millones de pesetas, lo
cual, con la cofinanciación nacional, supone un gasto total del
programa de 521.000 millones de pesetas.

Con estos recursos había que atender las siguientes obligaciones: en
primer lugar, los compromisos derivados



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del período anterior con agricultores que habían cesado en la
actividad agraria y aún no habían alcanzado los 65 años; con las
plantaciones forestales realizadas en años anteriores y con las
explotaciones que habían adquirido compromisos ambientales que
estaban vigentes; en segundo lugar, los compromisos anuales que
nacían con los beneficiarios de los nuevos programas.

Lamentablemente, haya sido por una poca decidida voluntad de
colaboración de algunas comunidades autónomas en facilitar la
información necesaria (este es un tema de enorme complejidad), por
las dificultades de prever la demanda y aceptación de las medidas por
parte de los agricultores, porque los recursos financieros del Feoga
estaban limitados o por una cierta indisciplina en la gestión de las
comunidades autónomas, la puesta en marcha del programa ha tenido
inicialmente algunos desajustes que o bien se han corregido o están
en vías de corregirse. El primer desajuste se ha producido en la
regionalización de los fondos. Al ser un programa horizontal, esta
regionalización es indicativa y en cada ejercicio se producen
reasignaciones de recursos entre las comunidades autónomas que no
consumen su dotación y las que tienen mayor nivel de gastos.

Precisamente, el pasado día 24 de septiembre en la conferencia
sectorial hemos aprobado por unanimidad una propuesta de reasignación
de fondos Feoga y una aportación extraordinaria del Ministerio de
Agricultura de más de 4.000 millones de pesetas que nos permite hacer
frente a todas las previsiones y compromisos de pago. De esta manera,
no sólo se va a terminar el ejercicio -me refiero al 2001-, superando
todas las acciones previstas en el programa, sino que adicionalmente
estamos en condiciones de absorber nuevos fondos de la Unión Europea
procedentes de otros países que no han consumido los suyos
totalmente. Desde esta perspectiva de la ejecución financiera, el
resultado hasta el momento presente se puede considerar muy
satisfactorio a pesar de las dificultades señaladas. Pero el hecho de
que hayamos podido salvar el ejercicio 2001 no empece que tengamos
que tomar medidas para que siga siendo así en ejercicios futuros y
para ello en la citada conferencia sectorial he abierto un debate en
una doble dirección. En primer lugar, en el sentido de que las
comunidades autónomas se tienen que comprometer a una mayor
disciplina en la ejecución financiera, ya que no pueden pretender
gestionar ayudas que superen el volumen total de los fondos asignados
ni tampoco el ministerio puede suplementar año tras año con cargo a
los presupuestos generales los excesos de gasto a que conduce una
gestión de ventanilla abierta y poco selectiva en el fondo. Por lo
tanto, adoptaremos todas las medidas de control desde el FEGA y desde
la Dirección General de Desarrollo Rural para que cualquier
desviación que se produzca signifique su corrección inmediata.

Un segundo aspecto del debate es que, con la participación de las
propias comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias,
estamos promoviendo una
modificación del programa dentro de las disposiciones de los
reglamentos comunitarios. Esta modificación que estamos debatiendo en
la comisión y que implica un mayor esfuerzo presupuestario de los
fondos nacionales que aportan la comunidad autónoma y el Ministerio
de Agricultura permitirá dar una respuesta realista a la buena
acogida que el sector agrario está dando al programa y a la demanda
de incorporar en su caso nuevas medidas y ampliar las actuales. Sin
duda merece especial atención la indemnización compensatoria, que ha
triplicado su gasto en diferentes comunidades autónomas y es a la que
va dirigido el mayor esfuerzo económico extraordinario del Ministerio
de Agricultura en este ejercicio. Estamos en avanzadas negociaciones
con la comisión, prácticamente están cerradas, para buscar la fórmula
jurídica que permita a la Administración general del Estado la
aportación extraordinaria de estos fondos de manera compatible con la
normativa comunitaria. En todo caso, puedo afirmar hoy que esta
aportación garantiza íntegramente las percepciones del año 2001.

Tengan SS.SS. la seguridad de que desde el ministerio seguiremos
haciendo todo lo posible para que, con la colaboración de las
comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias y el respaldo
de esta Comisión, el Programa de medidas de acompañamiento contribuya
a alcanzar el objetivo final de nuestra política agraria, es decir, a
tener una agricultura competitiva, moderna y respetuosa con el medio
ambiente en un medio rural próspero y dinámico.

Señorías, termino esta comparecencia diciendo que probablemente este
haya sido el problema de política interna más complejo de resolver
desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Nos hemos encontrado con que se han rebasado
inesperadamente los gastos en unas comunidades autónomas y desde el
Gobierno de la nación hemos tenido la necesidad de suplementarlo,
pero también nos hemos encontrado con que hay dos tipos de
comunidades autónomas, las que gastan dentro de los marcos que les
han sido distribuidos y las que no. En este ejercicio hemos podido
subsanar los defectos, pero en este momento la mayoría de las
comunidades autónomas no están dispuestas a observar sus techos
presupuestarios si hay otras que no los observan y a última hora se
arreglan esos problemas. Es un tema muy complejo, que en esta ocasión
hemos podido resolver, pero también es un tema que, si continúa, no
podremos resolver en el futuro. Este año, conscientes de la
dificultad del problema, de la novedad del programa y de que los
agricultores no podían pagar los errores de las administraciones,
hemos hecho un esfuerzo extraordinario, pero esto no se podrá hacer
en el futuro y por eso hemos hecho un llamamiento al rigor y a la
seriedad de las comunidades autónomas, llamamiento que también han
hecho los propios consejeros de las autonomías. Debo decir que la
conferencia sectorial del otro día es probablemente de los supuestos
en que mayor unanimidad se ha concitado en la respuesta que ha dado
el Gobierno,



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pero también en las exigencias que el Gobierno ha puesto encima de la
mesa con vistas al futuro.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor
Cuadrado, portavoz del grupo solicitante, el Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor CUADRADO BAUSELA: Si el señor ministro, que ha hecho una
afirmación general sobre su voluntad de comparecer, nos dice que
comparece siempre en el momento en que los grupos lo piden, señor
presidente, basta con que se fije el señor ministro en las fechas que
tienen las peticiones de comparecencia, las anteriores y esta. Esta
por ejemplo es del mes de mayo y de mayo a la fecha en la que estamos
ha llovido mucho, sobre todo, señor ministro, ahí tiene usted razón,
en este asunto concreto que concita su comparecencia en este momento:
el Programa horizontal de desarrollo rural para las medidas de
acompañamiento. Agradeciendo su comparecencia, recordando cuándo se
pidió y cuándo se produce, tengo que decir que coincido, al menos es
la percepción que yo tengo, con que este es un gravísimo problema de
gestión que tiene el ministerio. Es verdad que usted hace siempre una
lectura muy singular. Lo ha dicho antes con respecto a otros temas,
cuando se ha referido por ejemplo con una expresión muy gráfica a la
bajada de pantalones en un año concreto o cuando ha hecho referencia
al Ayuntamiento de Barbate o a negociaciones hasta las seis de la
mañana. Coincidirá conmigo, señor ministro, en que, cuando se tiene
la responsabilidad de gobernar, se debe estar hasta las seis de la
mañana o hasta la hora que sea y, si se tiene éxito, se tiene éxito
y, si se fracasa, se fracasa. Esto es, no sirve como respuesta a las
necesidades de España en cualquier sector decir que se ha hecho el
esfuerzo suficiente, porque a lo mejor han fallado otros elementos.

Eso va en la propia responsabilidad de gobernar.

Entro ahora en las medidas de acompañamiento. No sé si usted
recordará que, cuando presentó el programa de desarrollo rural, lo
cual hizo con bastante aparato -por cierto, tengo que decir que, si
mi grupo tiene estos documentos, no ha sido porque los haya
conseguido a través del ministerio, por más que lo ha intentado,
señor ministro-, se hicieron declaraciones, declaraciones francamente
espectaculares. Hay una en concreto que a mí me llama la atención, la
que dice que dos billones corregirán el déficit histórico del medio
rural en España. Lo que ocurre con esa elevación de temperatura es
que luego suele venir el tiempo de la realidad y nos coloca donde
efectivamente hoy estamos colocados, señor ministro, ante un
gravísimo problema de financiación de las medidas de acompañamiento.

Usted ha citado la conferencia sectorial del lunes, en la cual se
planteó el problema. Pues bien, seguramente usted tenía ese mismo día
una comunicación de la Comisión Europea sobre el programa de
desarrollo rural en España. Señor ministro, hasta tal punto es
importante y grave la situación en la que estamos que la visita del
subsecretario de Estado a Bruselas no ha sido de cortesía, sino una
visita por un problema grave que en este momento tenemos en relación
con este asunto, incluso en cuanto a las reuniones de hoy por la
mañana exactamente igual. Estamos ante un problema, señor ministro,
que no se puede despachar -lo ha hecho usted en su intervención-
diciendo quiénes tienen la culpa. Todos tienen la culpa menos el
ministerio. Ese es el dibujo de la realidad que usted ha hecho.

Tienen la culpa las comunidades autónomas, que han abierto la
ventanilla, que han comprometido gasto más allá de lo que podían... Al
mismo tiempo dice usted que está muy satisfecho con la evolución del
programa. Eso encaja mal, señor ministro.

Efectivamente, hay gravísimos problemas. No voy a emplear la
expresión bajada de pantalones, pero aquí hay un acuerdo, el Acuerdo
de Berlín, y hay un resultado de las negociaciones, que es -en lo que
afecta a España también- la Agroagenda 2000, que tiene unas
repercusiones y unas consecuencias para el sector agrario en nuestro
país. A veces se olvida el origen -también aquello fue vendido a
bombo y platillo-, pero ahora estamos justamente en el momento de las
duras, cuando el sector está sufriendo las consecuencias del
resultado de aquella negociación que -insisto- fue vendida a bombo y
platillo. Usted ha hecho referencia a un sector concreto, el del
aceite, y ha hecho una de esas lecturas que suele hacer. Habla de la
evolución de las ayudas y no de lo que supuso la modificación de los
precios, que indudablemente repercute en las rentas de los
productores. Lo cierto, señor ministro, es que ahora estamos en el
momento de las duras. Yo sé y usted sabe, señor ministro, que el
subsecretario, que ha estado en Bruselas, ha estado lidiando -por
emplear una expresión taurina- un buen Mihura, con enormes
dificultades. Yo creía que era de eso de lo que usted nos iba a
hablar, pero ha dicho: El problema está solucionado para el año 2001,
y a partir de ahora que cada uno se atenga a sus responsabilidades.

Usted sabe perfectamente, y no por la situación del año 2001, sino
por lo que expresa el propio Programa de desarrollo rural para
medidas de acompañamiento, cuál es el problema que ya teníamos de
entrada, y es que la parte comprometida de cada una de las líneas,
cada uno de los elementos del programa, ya sean indemnizaciones
compensatorias, ya sea forestación, ya sean medidas agroambientales,
cada una de las cuatro medidas tiene ya unos niveles de compromiso
tales que hacen prácticamente inviable este programa de desarrollo
rural en España. Por tanto tenemos un problema de financiación que no
nace de una actitud irresponsable, sino de una presión de la realidad
sobre un programa y una financiación conseguidos por el Gobierno
español en los acuerdos de Berlín, que dan para lo que dan y nada más
que para eso.

Voy a ir entrando en cada uno de esos aspectos, lo más resumidamente
posible. Por ejemplo, medidas



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agroambientales. Señor ministro, las medidas agroambientales no se
pueden convertir en el burladero detrás del que nos escondemos para
resolver problemas creados por la Agroagenda 2000. El girasol, por
ejemplo: quien negoció aquel acuerdo vino a España a decir -y está en
las hemerotecas- que no se preocuparan los cultivadores de girasol,
porque por cada peseta que se reducía de las ayudas, el Gobierno de
España pondría otra peseta. (El señor Madero Jarabo: Fui yo.) Y ahora
estamos donde estamos. (El señor Madero Jarabo: Mejor que nunca.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.




El señor CUADRADO BAUSELA: Y ahora estamos donde estamos. Son
palabras de doña Loyola de Palacio, pronunciadas efectivamente en
Cuenca. Estamos donde estamos, dedicando los recursos que tenemos
para medidas agroambientales para otras cuestiones que nada tienen
que ver con los fines de dichas medidas. La misma afirmación se hacía
respecto al olivar marginal: que no se preocupe nadie; y ahora
tenemos un grave problema de continuidad de los olivares marginales.

Se dijo que no se preocupara nadie, que el Gobierno de España pondría
el dinero. Exactamente lo mismo ha pasado con los frutos secos y con
todas aquellas superficies donde queremos que las medias
agroambientales solucionen un problema para el que no están
previstas. Los gobiernos de las comunidades autónomas -señor
ministro, tengo el cuadro de cada una de las comunidades autónomas,
de Castilla y León, de Galicia, etcétera, y esta vez usted no ha
citado ninguna- han sufrido una presión enorme porque este cuadro de
financiación es absolutamente irreal para los problemas a los que
tiene que responder.

Y ahora, ¿qué es lo que hacemos, señor ministro, aparte de -y espero
que me conteste después- responder a Bruselas? No sé lo que le habrá
respondido el señor subsecretario, no lo sé. Usted ha recibido una
notificación directamente relacionada con el Programa de desarrollo
rural y espero que le explique a la Comisión qué es lo que va a hacer
el Gobierno en relación con esa comunicación. En cada una de las
medidas nos encontramos con un problema, y es que se pide financiar
algo que está en la realidad, que son necesidades reales para las que
no se tienen recursos, para las que no se tiene dinero. Ahora, el
ministerio propone una modificación -pronto cambiamos- del programa,
y las modificaciones que propone en el programa, señor ministro,
tienen todas el mismo corte: no tenemos dinero, vamos a establecer
criterios en cada una de las cuatro medidas para ahorrarnos dinero.

Curiosamente, se proponen criterios de modulación. No es este el
debate, pero antes usted y el portavoz del Grupo Popular han hecho
una descalificación general sobre la posición del Grupo Socialista en
materia de modulación. Pues mire, no es mal debate, pero si ha habido
alguna posición errática en las declaraciones y en las posiciones ha
sido
la del Gobierno del que usted forma parte; una declaración tras otra,
contradiciendo cada una de ellas la anterior. Ahora se propone este
tipo de medidas. ¿Por qué este cambio en el programa? ¿Porque es
bueno para el buen funcionamiento? No; porque no tenemos dinero,
y como no tenemos dinero, hay que decir: Vamos a establecer criterios
que pongan un listón, porque aunque quienes lo soliciten cumplan los
criterios para las indemnizaciones compensatorias o para el cese,
como no tenemos dinero, tenemos que decirles que se queden fuera.

Este es el resultado final que usted despacha, señor ministro,
echándole la culpa a todo el mundo. Eso es algo así como decir: ¿Es
posible en España, en el marco de la Unión Europea y en el marco del
Estado de las autonomías, una política agraria nacional o no? Porque
si lo que usted me dice es que no es posible una política agraria
nacional, la pregunta inmediata es: ¿Para qué tenemos un ministro de
Agricultura? Si en relación con las negociaciones con la Unión
Europea nos dicen que es todo muy difícil, que esto es lo que hay,
que no hay margen de maniobra, y en relación con las comunidades
autónomas nos dicen que todo es un desastre, ¿dónde está su función
de liderazgo en una política agraria nacional? Lo que hacen las
propuestas de modificación, sobre todo en lo que se refiere a medidas
agroambientales -globalmente, ya he dicho cuál es el objetivo-, es
descabalgar elementos de nuestra política agraria que son vitales.

Cuando alguien quiere potenciar la agricultura ecológica o la
producción integrada, o cuando alguien quiere establecer en la
actividad agraria un beneficio social de carácter medioambiental
mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente, sabe que tiene
que pagarlo, o bien en la clasificación correcta que usted ha hecho o
bien indemnizando por no hacer determinadas cosas o indemnizando por
hacer determinadas prácticas. Sin embargo cualquier cálculo que se
haga sobre las propuestas de modificación de las medidas
agroambientales, exclusivamente pensadas para ahorrar dinero, hace
inviable cualquiera de esas prácticas. Si se hace un cálculo entre el
lucro cesante que suponen las nuevas prácticas, en arroz, en cultivos
en ladera, en frutas y hortalizas o en una que me llama especialmente
la atención: las limitaciones que se ponen a los cultivos
hidropónicos -que no sé por qué, sino es por ahorrar dinero- se ve
que todas esas medidas que se proponen no son para potenciar esa
forma de actuar, no son para potenciar ese tipo de cultivos, no son
para potenciar esos beneficios de carácter medioambiental, no son
para eso, porque para eso habría que hacer otras cosas, son
sencillamente porque no hay recursos y, por tanto, se trata de
utilizar las medidas agroambientales donde no hay respuesta de otro
tipo para lo que perdimos en la Agroagenda 2000. No he hecho
referencias al Partido Popular, pero puedo hacer muchas, porque a
usted, a medida que va teniendo dificultades en el funcionamiento su
ministerio, le observo más político; habla más de la Junta de
Andalucía, habla más del ayuntamiento -nuestro o



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no-, habla más de los gobiernos anteriores -supongo que se refiere a
los gobiernos socialistas, no a los anteriores al Gobierno actual-,
habla más de estas cosas. Sin embargo, este es el resultado de una
errática política llevada a cabo por el Gobierno de España en los
acuerdos de Berlín y, después, de intentar la solución de problemas
con medicinas que están previstas para otro tipo de enfermedades o
para otro tipo de cuestiones.




Señor ministro, nos encontramos con que usted habla aquí de 4.000
millones, ha hablado de más de 13.000 millones en la conferencia
sectorial, ha hablado de ingeniería financiera, ha dicho que usted
tiene resueltos los problemas, de que no hay problema ninguno, pero
lo que sí hay -termino con ello e insisto en el sentido de que me
gustaría que nos respondiera a esta cuestión- es una advertencia de
gastos comprometidos al margen de Bruselas, que crean un gravísimo
problema a las medidas de acompañamiento en España. Podemos esconder
la cabeza debajo del ala, podemos echarle la culpa a todo el mundo,
pero tenemos un gravísimo problema y con los elementos que he visto,
con su intervención anterior y con el programa de adaptación, de
cambios que ha propuesto, creo que no lo solucionamos.

Termino con un par de titulares, y desde luego hay muchos en relación
con la situación de las medidas de acompañamiento en el Programa de
desarrollo rural. Por ejemplo -puedo citar otro sindicato, pero voy a
citar a ASAJA-, ASAJA decía hace bien poco: España se encuentra a la
cola de Europa en el desarrollo de programas agroambientales. Por no
extenderme mucho, decía también: Hemos pasado del tercer lugar en el
periodo anterior, al noveno lugar, y cita los países, y además es
verdad. No hemos pasado a esto por casualidad, hemos pasado a esto
porque un Gobierno de España ha negociado en los términos que ha
negociado y ha conseguido los resultados que ha conseguido. Eso sí,
al final la culpa la tienen las comunidades autónomas. Por citar una
consejería, esta nota es de ASAJA de Castilla y León: La consejería
no tiene fondos para atender los programas agroambientales.

Este es el estado real de la cuestión. Estamos hablando de una
cuestión clave para un país como el nuestro, con problemas que
afectan a comarcar enteras, con problemas de supervivencia en las
explotaciones agrarias, con problemas en los cultivos (ahí está el
del girasol y el del maíz, bien recientemente), con problemas graves
para el futuro de muchas explotaciones. Estamos ante un gravísimo
problema sobre el que a mí me gustaría escuchar, señor ministro,
alternativas claras por parte del Gobierno, si es que no renuncia a
tener una política agraria nacional, y no algo que le gusta a usted,
señor ministro, que es buscar culpables por todas partes.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.

El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor ministro, dada la hora que es,
prácticamente las nueve de la noche, intentaré ser lo más breve
posible en mi intervención.




Efectivamente, la gestión del Programa de desarrollo rural para las
medidas de acompañamiento es la materia que ha motivado la solicitud
de esta comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista y,
como usted ha explicado antes, tiene tres o cuatro grandes apartados.


En el orden que yo tengo, el primero sería la indemnización
compensatoria. Usted ha dicho que son básicamente ayudas que van a
zonas desfavorecidas y a zonas de montaña, y quisiera hacer un par de
reflexiones en relación con cada de ellas.

Nosotros pensamos que lo ideal sería que todos los que tengan derecho
a recibir indemnizaciones, o sea, todos los beneficiarios que sean
elegibles tuviesen la posibilidad de recibir la ayuda y, en ese caso,
no sería necesario establecer esos criterios de prioridad en los
expedientes. No obstante, como parece que eso no es posible,
entendemos que en el momento de establecer los criterios de prioridad
por parte del MAPA habría que incluir con carácter prioritario las
explotaciones ubicadas en la Red Natura 2000 y aquellas explotaciones
que cumplan las buenas prácticas agrarias en mayor grado. Respecto a
las buenas prácticas agrarias, que me parece una definición muy
positiva, habría que fijarlas exactamente y ver qué mecanismos
encontramos para valorar cuáles son las explotaciones que las
cumplen. Señor ministro, lo ideal sería que todos los que tienen
derecho se beneficiaran; si no es así, porque siempre hay el problema
presupuestario, habría que definir de una forma muy clara los baremos
que se van a aplicar. Esos baremos, señor ministro, que en algunos
casos yo creo que no quedan suficientemente bien definidos, será
difícil definirlos, entre otras cosas, porque el territorio del
Estado español es muy complejo y muy diferenciado, y yo creo que no
hay nada más injusto que aplicar criterios iguales a dos cosas
diferentes. Por lo tanto, el ministerio va a tener mucho trabajo en
la búsqueda de los mecanismos adecuados para no producir injusticias,
puesto que es muy injusto aplicar el mismo baremo a dos situaciones
diferentes, y en el conjunto del Estado español existen muchas
diferencias.

Señor ministro, entendemos que también tendrían que poder ser
beneficiarios de las indemnizaciones compensatorias -en este caso
básicamente de alta montaña- las sociedades civiles particulares, los
bienes comunales y las sociedades limitadas que cumplan aquello que
prevé la Ley de modernización de las empresas agrarias en relación
con la cualificación como empresa agraria prioritaria. Por tanto
todas aquellas que cumplan con los baremos de empresa agraria
prioritaria, aunque sean sociedades civiles particulares, tendrían
que tener derecho.

Uno de los problemas que nos encontramos, en concreto en el pirineo
leridano, es que las explotaciones que están situadas en las zonas
desfavorecidas tendrían



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que tener derecho aunque el beneficiario viviese en el pueblo de al
lado, que no es zona desfavorecida. En las zonas de alta montaña, la
gente termina yendo a vivir al pueblo de al lado y cada día van a
trabajar, y si ese pueblo no está dentro de esta zona, aunque sea
limítrofe con su propiedad, estos posibles beneficiarios no tienen
derecho. Por eso yo le pongo encima de la mesa lo que le estaba
explicando antes respecto al tratamiento igual de cosas diferentes. A
lo mejor en otras zonas eso no es problema, pero en algunos
territorios sí y, por tanto, valdría la pena que se analizase en
profundidad y se buscase alguna salida para estas situaciones; si no,
la gente tiene que terminar engañando, cambiando el domicilio,
etcétera. Estamos hablando de zonas de alta montaña, de pueblecitos
muy pequeños, algunos sin ningún tipo de servicio. Se han arreglado
las carreteras y es más fácil hacer 15 kilómetros cada día e irse a
vivir donde hay médico, farmacia, etcétera, que no quedarse a vivir
en la zona de alta montaña.

Por lo que hace referencia al cese anticipado, efectivamente aquí hay
un problema, como en el conjunto del programa, de poca dotación
presupuestaria. Los criterios son razonables, cuánto más dinero haya
a más gente se podría llegar. Por tanto esa sería positiva.

Respecto a los temas de carácter medioambiental, me va a permitir el
ministro que tampoco entre en mucha profundidad porque, como he dicho
antes, voy a terminar muy pronto. No voy a discutir los criterios,
pero algunos de los que se aplican quedan poco claros. Por tanto,
valdría la pena ver si somos capaces de afinar, vuelvo a repetir,
pensando siempre, en la dificultad que eso comporta debido a que no
tenemos una agricultura, una ganadería ni un territorio homogéneo.

Por tanto, es difícil que podamos aplicar un criterio bastante exacto
cuando se tiene que aplicar a zonas tan diferentes del territorio
español. En todo caso, yo le pido que en los contactos con las
comunidades autónomas se tenga en cuenta que en cada una de ellas las
situaciones son diferentes, para que no sean criterios que puedan
llegar a discriminar alguna zona que lo tendría que merecer, pero que
no cumple alguno de esos criterios.

Resumiendo muchísimo, señor ministro, sería importante encontrar una
dotación adecuada. Vuelvo a repetir lo del principio, es decir, que
lo idea sería que hubiese suficiente dinero para que no fuese
necesario establecer criterios, sino que toda la gente que cumpla con
las normas generales pueda beneficiarse. Como no es así, los
criterios tienen que establecerse más de acuerdo con la realidad de
cada territorio, para evitar que no sean injustos con algunos.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señora Guarinos.




La señora GUARINOS LÓPEZ: Señor ministro, en primer lugar y dada la
hora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero agradecerle su
comparecencia
en esta Cámara pues, desde que se inició el actual período de
sesiones en que nos encontramos, creo recordar que esta es su tercera
comparecencia ante la Comisión de Agricultura, lo que pone de
manifiesto, sin lugar a dudas, y pese a la libre opinión que tienen
algunos miembros de esta Comisión, su disposición y también su firme
voluntad de informar a esta Cámara, y en concreto a esta Comisión en
la que nos encontramos.

Debo decirle, señor ministro, que para esta portavoz, que reside en
una zona rural y que puedo conocer bien sus muchas ventajas, pero
también algunos pormenores, resulta satisfactoria la información que
ha ofrecido en esta comparecencia. Resulta satisfactoria la puesta en
marcha de este tipo de programas de desarrollo rural que se ponen en
marcha a raíz de la reforma de la PAC, como bien ha señalado el señor
ministro, para el periodo 2000-2006. Las zonas rurales, señor
ministro, por sus características especiales, por la despoblación que
amenaza a algunas de ellas, por la necesidad de creación de riqueza y
de empleo en las mismas y por la necesidad de complementar esas
explotaciones agrarias que en ellas existen, con la protección del
medio ambiente, y por otras muchas razones, vienen demandando
programas de desarrollo rural y medidas de acompañamiento como las
que se ponen en marcha. Usted ha citado: cese anticipado en la
actividad agraria, forestación de tierras agrícolas, indemnizaciones
compensatorias y las medidas agroambientales, recordando, como usted
muy bien ha dicho en su comparecencia, que con excepción de las
últimas, es decir de las medidas agroambientales, las tres primeras
no tienen carácter obligatorio para los Estados miembros. Este
programa, cuyo carácter horizontal es garantía de la igualdad de
oportunidades en el acceso a las ayudas derivadas del mismo y
garantía asimismo para que no existan o se incrementen los
desequilibrios territoriales, así como el resultado de su aplicación,
viene siendo satisfactorio desde el punto de vista de la opinión de
esta portavoz. Sin embargo, han surgido una serie de dificultades que
acertadamente se han venido y se vienen corrigiendo. Es necesario,
por tanto, para corregir este tipo de dificultades, poner en marcha
una serie de medidas, medidas que, como también se ha indicado, se
han puesto en marcha, concretamente su debate, en la conferencia
sectorial para cuya consecución de las mismas, concretamente de los
objetivos que persiguen, es absolutamente necesaria e imprescindible
la colaboración de todos, incluida la colaboración de las comunidades
autónomas que en este caso es un factor elemental.

Confío, señor ministro, en que, con la colaboración de todos, el
ministerio, diferentes comunidades autónomas y también las
organizaciones agrarias, y ante la necesidad de dotar de la mayor
eficacia posible a estos programas de desarrollo rural, conseguiremos
no solamente alcanzar el objetivo de nuestra política agraria, que es
tener una agricultura que sea competitiva, respetuosa con el medio
ambiente y moderna, sino también la consecución de un objetivo que
creo que es particularmente



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importante y fundamental para las zonas rurales, y es dotarlas de ese
dinamismo y de esa prosperidad que en su día la caracterizó y que con
estas medidas la va a seguir caracterizando. En esta línea y para la
consecución de estos fines tenga la absoluta certeza que encontrará
el apoyo siempre del Grupo Popular en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para que pueda contestar a las preguntas y
reflexiones realizadas por SS.SS. y para que pueda informar le cedo
la palabra al señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Me gustaría comentarle dos cosas muy sencillas: No se puede
hacer demagogia con las perspectivas financieras. En Berlín se
aprueban unos techos que eran conocidos por todos, Gobierno y
comunidades autónomas. Usted ha dicho que eran unos techos y unas
cantidades ridículas. El programa de desarrollo rural 2000-2006 está
dotado con 14.142 millones de euros de gasto total, con una
contribución del FEOGA de 8.999. Dos billones de pesetas. Nadie ha
mentido. Es la cifra. El programa de desarrollo rural tiene dos
billones de pesetas y las políticas de medidas de acompañamientos
tienen 3.132 millones de euros, 500.000 millones de pesetas. El doble
que los programas socialistas. Para usted esto es una ridiculez.

Exactamente el doble. Se ha negociado dos veces mejor, simplemente.

(El señor Cuadrado Bausela: Eso sí es demagogia.) Usted dice: esto
está mal. Entonces a Felipe González le tendría usted que haber dado
un abucheo. El doble de dinero.(El señor Amarillo Doblado: Los
precios.) Olvídese usted de precios, el doble del programa
socialista. Defláctelo monetariamente, sigue siendo un 70 por ciento
superior al programa socialista. Si da lo mismo, que lo mismo da. No
es ese el problema. (El señor Cuadrado Bausela: Demagogia.) Demagogia
es su intervención que siempre da datos falsos y sesgados. Yo le he
dado las cifras exactas: 14.142 y 8.999. La realidad es esta. Le pesa
a usted. Ya sé que a ustedes, cuando se hacen las cosas bien les
sienta mal. No tienen el orgullo de que los españoles vayan bien
hacia delante. Son los reyes del pesimismo y del caos. Lo siento
mucho.

En segundo lugar, esto se repartió entre las comunidades autónomas en
un reparto muy complicado y en el que el Gobierno no renunció a una
política nacional, con su Plan nacional de regadíos por una parte y
con las medidas de acompañamiento por otro. No hemos renunciado a una
política nacional. Hemos querido garantizar una homogeneidad. Luego
usted critica, como no podía ser menos, el programa del girasol.

Señoría, el programa del girasol ¿por qué está en una medida
agroambiental? Porque no hay otra manera de ayudar al girasol que
esa. Las demás están prohibidas por el derecho comunitario. Cuando yo
me encontré con un problema como el del girasol y la situación que
teníamos de diferenciales, el único marco era éste y lo asumieron las
comunidades autónomas porque sabían perfectamente que era el único
marco. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con que repartidos los fondos
de las comunidades autónomas, dice usted: la culpa no es del
Gobierno. Efectivamente, no. El Gobierno ha repartido el dinero que
existe conforme con un acuerdo de conferencia sectorial. Lo ha
repartido y cada uno tiene esto. Hay comunidades autónomas que se han
ajustado a su techo presupuestario y otras que no, y comunidades
autónomas socialistas, Castilla-La Mancha, se ha ajustado a su techo
presupuestario. Y el otro día al consejero socialista se le ponía
cara de póker cuando veía que el consejero de Andalucía había gastado
lo que quería y era el consejero socialista el que pedía rigor al
otro consejero socialista. No era el Gobierno, que estaba impasible.

Andalucía y Castilla y León. Si aquí no hay buenos ni malos, ni
colores políticos, señor Cuadrado. Yo nunca negaré la evidencia.

Nunca la falsificaré, que es distinto.

Ante un problema real de que ha habido comunidades autónomas que
alegremente han comprometido del ejercicio pasado lo que han querido,
y sin mirar los compromisos que tenían anteriores, y sin darle nada
de información al Gobierno, que es uno de los problemas que tenemos,
la falta de transparencia, no dar datos al Gobierno y no poder hacer
un seguimiento día a día, de pronto explota el globo. No es que no
hayan dado información al Gobierno, es que han pedido dinero para una
finalidad y lo han aplicado a otra diferente. Yo he dicho que los
convenios de financiación del FEGA que tengo firmados con las
comunidades los voy a denunciar, si una comunidad autónoma aplica un
fondo que pide para una cosa a un tema distinto. Caiga quien caiga.

Sea una comunidad de un color o de otro. Aquí no hay tu tía. O hay
rigor presupuestario o no lo hay. Eso es lo que les he dicho a las
comunidades autónomas y me lo han pedido los consejeros autonómicos,
señor Cuadrado, porque se les pone cara de tontos por cumplir. Porque
es muy fácil abrir la ventanilla de la ayuda compensatoria y dar
todas las que te pidan; y es muy difícil, cuando te han pedido 80,
decir se han acabado. Ha habido consejeros que han dicho: se ha
acabado, pero ha habido consejeros que han hecho electoralismo y han
dado lo que les han pedido. Eso no es hacer política. Política es
elegir, y es duro elegir. ¿Qué ha hecho el Gobierno con este caos no
generado por el Gobierno? Lo que ha hecho es intentar ayudar. El
compromiso del Gobierno año 2000-2001 era aportar en regiones
Objetivo-1 y fuera de Objetivo-1, 121 millones de euros. ¿Sabe usted
lo que hemos aportado de presupuesto público que no nos correspondía
aportar? Pues 211 millones de euros. Hemos aportado 14.900 millones
de pesetas para solucionar un problema de determinadas autonomías.

Usted hablaba del viaje del subsecretario. Yo me encuentro que no
tengo fondos ni del FEOGA para pagar la indemnización compensatoria,
que es donde estábamos el otro día, y



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me encuentro con el problema de ciudadanos a los que les ha
reconocido un derecho las comunidades sabiendo que no tenía dinero
para pagarlo, pero como el ciudadano tiene unas expectativas, hemos
solucionado el problema. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos ido
a Bruselas y hemos dicho: Señores, dinero comunitario no nos pueden
dar, ¿me autorizan ustedes una ayuda nacional de Estado
excepcionalmente? Esto es lo que parece que vamos a conseguir. No
está conseguido. El director general que está ahí la semana que viene
tiene que rematar una operación que yo mismo he estado negociando
esta mañana. ¿Por qué? Para solucionar un problema. ¿Qué tenemos
ahora mismo? No hay más fondos que los que hay, y este año vamos a
tener la suerte de que hemos tenido un grado de ejecución mejor que
ningún Estado miembro. Le voy a dar los datos. Teníamos una previsión
de ejecución de 296 millones de euros en el año 2000 y hemos
ejecutado 312 millones de euros. Tenemos una previsión de 303
millones de euros en el año 2001, no le voy a engañar, y a 31 de
agosto estaban ejecutados 240, pero con los datos que han mandado las
comunidades autónomas y que hemos enviado a Bruselas, las previsiones
al final del ejercicio FEOGA, que es el 15 de octubre, ascienden
a 335 millones de euros. Eso nos va a permitir, excepcionalmente, tener
fondos de otros Estados miembros que no han gastado. Somos un Estado
miembro que está cumpliendo todos sus objetivos, que es capaz de
conseguir dinero de otros Estados miembros, que tiene un Estado que
es sensible a un problema de las autonomías y que coloca encima de la
mesa dinero nacional. Eso ha sido aplaudido por los consejeros de
todas las autonomías.

En segundo lugar, también hemos dicho: No podemos seguir por este
camino. ¿Qué se nos ha dicho? No modular sino establecer criterios de
priorización. Porque modular es quitar un dinero de una ayuda para
dárselo a otro. Aquí no quitamos dinero a nadie, aquí establecemos
unos criterios que permiten a las comunidades autónomas establecer
tramos, establecer criterios de prioridad y darle a unos en lugar de
a otros.

Eso es lo que estamos haciendo porque no hay más dinero comunitario,
no hay más dinero autonómico, las autonomías no tienen más dinero y
no hay más dinero nacional, porque el presupuesto de este año está
como está. Tenemos otras prioridades en este momento que tenemos que
atender y no ponemos dinero comunitario que podamos cofinanciar. Pero
aunque tuviéramos dinero nacional, no hay dinero comunitario si no
ponemos coto a este problema. Eso, señor Cuadrado, se llama ejercicio
de responsabilidad. Me alegro mucho que las actas de la conferencia
sectorial así lo atestigüen. El Gobierno ha dado respuesta a un
problema muy complicado que no ha generado el Gobierno; ha puesto los
mimbres para que no se repita el problema y ha hecho una llamada de
atención a las comunidades autónomas, al rigor y a la seriedad
presupuestaria. Para mí alegrías de gastar abiertamente lo que no se
tiene son políticas presupuestarias del pasado. Llevaron a España a
donde llegó.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor ministro.

Antes de finalizar la Comisión, como algún portavoz ha hecho
referencia a la duración de las intervenciones, quisiera decir que
esta presidencia ha sido suficientemente flexible. Como ha constado
en el «Diario de Sesiones» la intervención de ese portavoz, quisiera
decir que los grupos parlamentarios han intervenido en estos tres
bloques de comparecencias. Izquierda Unida, una comparencia, 6
minutos; Grupo Parlamentario Socialista, tres intervenciones, 48
minutos; Convergència i Unió, tres intervenciones, 27 minutos; Grupo
Mixto, dos intervenciones, 15 minutos y Grupo Parlamentario Popular,
tres intervenciones, 26 minutos.

Agradeciéndole al señor ministro su presencia en esta Comisión y
también a sus colaboradores, se levanta la sesión.




Eran las nueve y cinco minutos de la noche.