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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 219, de 25/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 219
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 2983 a la 3026. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 25 de abril de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Organización
Territorial del Estado (Elorriaga Pisarik) para informar sobre:
- El sistema de financiación autonómica en el quinquenio 1997-2001. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000339) . . . (Página 6584)
- Estado actual y perspectivas del proceso de traspaso de funciones y
servicios a las comunidades autónomas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000340) . . .
(Página 6584)
Preguntas:
- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
evolución de las transferencias producidas a las comunidades
autonómas durante el año 2000. (Número de expediente 181/000562) . .
. (Página 6584)
- Del mismo señor diputado, sobre calendario previsto por el
Ministerio de Administraciones Públicas en relación al traspaso de
nuevas competencias a las comunidades autonómas para el año 2001.
(Número de expediente 181/000563) . . . (Página 6584)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para compensar
económicamente a los Ayuntamientos, tras la desaparición del Impuesto
sobre actividades económicas. (Número de expediente 181/000546) . . .
(Página 6618)
- Del mismo señor diputado, sobre razones por las que las llamadas
'otras transferencias autonómicas a los Ayuntamientos españoles' no
evolucionan igual que el Fondo de Cooperación Local en el año 2001.
(Número de expediente 181/000551) . . . (Página 6620)
- Del mismo señor diputado, sobre evolución de las compensaciones
económicas a los municipios españoles por deducciones fiscales por
leyes estatales en los últimos cinco años. (Número de expediente 181/
000552) . . . (Página 6622)
- Sobre colaboación entre la asistencia jurídica del Estado y las
Corporaciones locales durante el año 2001. (Número de expediente 182/
000569) . . . (Página 6624)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO (ELORRIAGA PISARIK) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA EN EL QUINQUENIO 1997-2001.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000339)
- ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE TRASPASOS DE FUNCIONES
Y SERVICIOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000340)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRODUCIDAS A LAS COMUNIDADES
AUTONÓMAS DURANTE EL AÑO 2000. (Número de expediente 181/000562)
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CALENDARIO PREVISTO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
RELACIÓN AL TRASPASO DE NUEVAS COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES
AUTONÓMAS PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/000563)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión de esta
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, con la
comparecencia del secretario de Estado de Organización Territorial
del Estado, señor Elorriaga Pisarik, a quien agradecemos que esté con
nosotros. Comparece por una doble solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista y, en beneficio del debate, hará, por acuerdo de la Mesa,
una única exposición, abordando conjuntamente los dos temas de la
comparecencia. Seguidamente, procederemos al debate en el orden que
corresponde.
Por lo tanto, sin más dilación, doy la palabra al secretario de
Estado de Organización Territorial del Estado, para que informe tanto
sobre el sistema de financiación autonómica como del estado actual y
perspectivas del proceso de transferencias a las comunidades
autónomas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga
Pisarik): Así lo voy a hacer, aparte de por la buena marcha del debate
y mayor agilidad, porque indudablemente son dos temas muy
relacionados que caracterizan mucho lo que entiendo que puede ser la
tarea del Gobierno en esta legislatura.
Como ya se ha repetido en otras ocasiones, en estos cuatro años de
legislatura coinciden dos procesos, por un lado el vencimiento del
último quinquenio de financiación, 1997-2001, y por otro lado lo que
podría llamarse la última etapa de desarrollo, de cumplimiento o de
ejecución de los acuerdos autonómicos de 1992.
Por tanto, nos encontramos, por un lado, que en los próximos dos o
tres años las comunidades autónomas con carácter general van a
alcanzar un pleno desarrollo de sus estatutos de autonomía en lo que
se refiere a la transferencia de todos aquellos servicios más
significativos desde una perspectiva del gasto público y desde una
perspectiva de visualización por parte de los ciudadanos y, por otro
lado, estamos encarando, como es sobradamente conocido, la renovación
del modelo de financiación con una voluntad de permanencia o de
durabilidad. Una vez que conocemos ya bien el esquema de distribución
competencial, es posible, -porque no lo había sido antes- tratar, a
través de la búsqueda de un acuerdo general, de encontrar un modelo
de financiación que tenga una estabilidad en el tiempo. Por tanto,
son dos asuntos, el de la financiación y el del proceso de traspasos
que se afronta en esta legislatura, muy relacionados y que de alguna
manera tienen un sentido conjunto, insisto, a la hora de entender el
programa del Gobierno para esta legislatura.
Voy a referirme, por el orden en que estaban solicitadas las
comparecencias, primero a la evaluación del funcionamiento del modelo
de financiación, y más adelante haré una exposición lo más detallada
que me sea posible de la marcha del proceso de traspasos.
Con relación al primer tema, la valoración del sistema de
financiación autonómica del quinquenio 1997/2001, debo en primer
lugar empezar advirtiendo que pocas novedades, desde un punto de
vista numérico o de información precisa, puedo presentar en esta
comparecencia, ya que las cifras que se encuentran disponibles en
este momento, las correspondientes a las liquidaciones de 1996, 1997
y 1998, son ya conocidas desde hace unos meses y han sido en alguna
ocasión analizadas en algunas comparecencias que ha habido en esta
misma Cámara. No obstante, alguno de los datos provisionales que hay
de 1999 y algunos indicadores del año 2000 parece que confirman todas
las perspectivas y las orientaciones acerca del buen comportamiento
del modelo vigente que ya se veían en las liquidaciones que tenemos
completamente cerradas. En todo caso, es para mí un honor poder
explicar una vez más tanto los objetivos que se perseguían con el
modelo como la manera según la cual evaluamos en qué grado se han
alcanzado o cumplido los objetivos, y trataré de hacerlo de una
manera no excesivamente prolongada y suficientemente detallada.
En primer lugar, conviene hacer una reflexión general, que también
tiene mucho que ver con el momento en que nos encontramos,
simplemente para recordar que el modelo de financiación autonómica,
su bondades y sus carencias, no se deriva sólo o estrictamente de lo
que llamamos habitualmente modelo de financiación de régimen común,
ya que cuando hablamos de financiación autonómica en términos
generales hablamos tanto de ese modelo, como del modelo propio de las
comunidades forales como, en tercer lugar, del modelo de financiación
sanitaria, y digo que es importante tener presente eso en este
momento a la hora de hacer una evaluación del esquema de financiación
autonómica en un sentido amplio ya que, como también es sobradamente
sabido, este año vence igualmente la vigencia del actual concierto
económico con el País Vasco, que está en un proceso de renovación, y
por otro lado está explícitamente planteada por muchas comunidades
autónomas y por algunos partidos del arco parlamentario la
conveniencia de incorporar al modelo de financiación general lo que
hasta ahora ha sido el esquema separado de financiación de la gestión
sanitaria.
Por tanto, insisto, precisamente ahora sería quizá más interesante
extender el análisis a todo el conjunto de instrumentos que sirven
para financiar al conjunto de las comunidades autónomas. En todo caso
no quiero extenderme, si alguna pregunta surge en torno a esos puntos
con mucho gusto la contestaré, pero me centraré en lo que era el
sentido concreto de la comparecencia, lo que podríamos llamar el
modelo de financiación de régimen común del quinquenio actual.
Centrándonos en ese modelo de financiación, hay que señalar que ese
primer modelo negociado por el primer Gobierno del Partido Popular en
el año 1996, que fue aceptado por la mayor parte de las comunidades
autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
supuso un verdadero punto de inflexión conceptual y un importante
cambio de mentalidad frente a los modelos antes aprobados. El cambio
de mentalidad se concretó especialmente, desde mi punto de vista, en
la incorporación de nuevos elementos de corresponsabilidad fiscal
que, aparte de elevar la autonomía financiera de las comunidades,
supuso la cimentación de uno de los pilares básicos del modelo.
El modelo vigente es sin duda un modelo de transición en una época de
un altísimo nivel de desarrollo competencial de las comunidades
autónomas. Así hay que entenderlo y, por tanto, su valoración debe
hacerse como un instrumento de tránsito desde los sistemas de
financiación anteriores, con muy escasos instrumentos de
corresponsabilidad y autonomía financiera, hacia lo que pretendemos
que sea el sistema definitivo. Por consiguiente, el nuevo modelo,
insisto, fue innovador a la hora de reforzar o establecer una clara
corresponsabilidad fiscal, por un lado porque introdujo una apuesta
decidida por la participación de las comunidades autónomas en alguno
de los tributos más importantes de nuestro sistema fiscal, en
concreto el IRPF, y por otro
porque introdujo una descentralización de la capacidad normativa muy
importante sobre los impuestos total o parcialmente cedidos que ha
introducido unos nuevos hábitos de conducta, unas nuevas pautas de
conducta en las comunidades autónomas que indudablemente han
permitido avanzar en la corresponsabilidad.
Con la cesión del tramo del 15 por ciento a las comunidades autónomas
que aceptaron el modelo, el peso relativo de los recursos aportados
por los mecanismos de corresponsabilidad ha llegado a alcanzar el
45,7 por ciento de la financiación incondicionada del conjunto de
dichas comunidades, mientras que el peso de dichos mecanismos en el
modelo anterior se situaba en torno al 25 por ciento. Este elevado
nivel de corresponsabilidad se incrementaría aún hasta el 65,83 por
ciento si considerásemos también como un instrumento de
corresponsabilidad, y en algún sentido lo es, el tramo adicional del
15 por ciento de participación en la recaudación territorializada del
IRPF, sobre el que, como ustedes saben, las comunidades autónomas
todavía no tienen capacidad normativa. Estos cálculos están hechos
sobre la financiación del año base de 1996 y actualizados con la
evolución del propio sistema y por la incorporación de las nuevas
competencias que se ha ido produciendo a lo largo del período de
vigencia de este quinquenio.
Es interesante comprobar que tanto en la liquidación del modelo en
1997 como en 1998 ha sido precisamente la TIR, la tarifa
complementaria por el IRPF, el nuevo elemento de corresponsabilidad
fiscal, la que aportado la mayor parte de los recursos
correspondientes a la financiación incondicionada de las comunidades
autónomas, alcanzando ya en el último año que tenemos cerrado,
insisto, 1998, un total de un billón 671.000 millones de pesetas en
1997 y un billón 834.000 en 1998.
Asimismo hay que destacar, porque en ocasiones hay una percepción
distinta, que han sido numerosas las comunidades autónomas que han
ejercido esa responsabilidad fiscal a través de la utilización de su
capacidad normativa, que fue transferida a partir de la aprobación
del modelo. Por citar quizá lo que es más relevante y más visible
desde el punto de vista de la opinión pública, nueve comunidades
durante 1998 modificaron la normativa del IRPF en sus respectivos
territorios, es decir, el 60 por ciento de las comunidades ha
ejercido ya en el año 1998, insisto, capacidad normativa, ha asumido
ya esas nuevas responsabilidades.
Aunque la delimitación de hasta qué punto el crecimiento de la
recaudación viene motivado por el ejercicio de la capacidad normativa
rebasa con mucho las pretensiones de esta exposición, porque daría
lugar a un trabajo académico de cierta complejidad, no quiero dejar
de señalar que la recaudación real del conjunto de los tributos
cedidos a las comunidades autónomas ha experimentado un crecimiento
de algo más del 53 por ciento en el período 1997/99, que, traducido a
términos interanuales, equivale a una tasa de crecimiento medio del
15,4 por ciento, muy superior a la tasa de crecimiento
del PIB en el mismo período, es decir, el nuevo modelo
indudablemente ha aportado mayores recursos a las comunidades
autónomas.
En conclusión, aun siendo conscientes de que la utilización de la
capacidad normativa por parte de las comunidades autónomas es todavía
limitada, que en la mayor parte de los casos está centrada en
políticas de incentivos fiscales y deducciones y que no se han
introducido modificaciones en la tarifa en la parte que les
corresponde, desde nuestro punto de vista hacemos una evaluación muy
positiva de la introducción de este ejercicio de responsabilidad
fiscal, siempre tan difícil y tan costoso, que poco a poco se va
introduciendo en nuestros hábitos de comportamiento legislativo en
las comunidades autónomas.
El modelo, por tanto, ha introducido mayor responsabilidad fiscal,
pero también -y ahora explicaré brevemente por qué- ha introducido
una mayor suficiencia. El sistema vigente ha sido capaz de asegurar
mayores recursos que los sistemas anteriores, y lo ha hecho, como
hemos visto hasta ahora, de forma compatible con el incremento de la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y reforzando los
elementos de corresponsabilidad. Por dar un dato concreto, se estima,
de acuerdo con los cálculos que ha hecho el propio Ministerio de
Hacienda, que tan sólo en 1998 el incremento de los recursos
aportados por el modelo vigente, frente a los que se hubiesen
derivado de la aplicación del modelo anterior, alcanzan casi los
100.000 millones de sobrefinanciación. La suficiencia, por tanto, ha
quedado garantizada y, además, lo ha sido en mayor medida según se
realizaban nuevos e importantes traspasos que se han ido produciendo
a lo largo del quinquenio, ya que tanto las asignaciones
territoriales del año base 1996, como las que se han ido haciendo en
años posteriores, 1997 y 1998, se han ido ajustando a las necesidades
financieras derivadas de las nuevas competencias. Así se puede
comprobar cómo a medida que cada comunidad autónoma va asumiendo
nuevas competencias el sistema de financiación genera mayores
incrementos de recursos. Este hecho ha permitido abordar la asunción
de nuevas competencias a las comunidades autónomas con una componente
financiera tan elevada como es la educación, o como tendrá que ser en
el futuro la sanidad, sin duda con cierta comodidad.
Adicionalmente, las reglas de evolución previstas para cada una de
las partidas de la financiación condicionada, lo que llamamos la TIR,
el tramo cedido del IRPF, la PIR (la participación territorializada
en el IRPF), y la PIG (la participación en los ingresos generales del
Estado), en su juego, junto con las cláusulas de garantía que se
introdujeron posteriormente en la reforma de 1998, han ido
aprovechando el fuerte incremento de la recaudación estatal,
especialmente la evolución de la imposición indirecta, y ha traído
como consecuencia una mejora neta de la financiación de las
comunidades autónomas. Sin duda este fenómeno es
consecuencia tanto del propio modelo de financiación como de la buena
marcha de la economía española, de los datos de producción, de
consumo y de empleo, así como de los indudablemente benéficos efectos
de la reforma que se introdujo en la legislatura pasada en el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La consecuencia final es que la conjunción de todos estos elementos
ha sido que las comunidades autónomas han incrementado sus recursos
por encima de lo que hubiesen hecho en aplicación del anterior
modelo, presentando una evolución del conjunto superior a la
evolución del PIB nominal del conjunto del país.
El hecho de que en todos los ejercicios del quinquenio el índice de
evolución del ITAE, el 19,5 por ciento para el período 1996-1998,
haya sido superior a la evolución del PIB, que ha sido en ese período
el 11,3 por ciento, y a la evolución del propio IRPF, del 11,62, ha
traído como consecuencia dos efectos desde mi punto de vista muy
importantes: por un lado, el modelo ha favorecido especialmente a las
comunidades autónomas que aceptaron el modelo en relación a aquéllas
que optaron por quedarse al margen del mismo, y, por otro lado,
dentro de las comunidades que aceptaron el modelo han sido
precisamente aquéllas que tienen una menor renta per cápita y una
menor capacidad impositiva las que han tenido una evolución más
ventajosa. Precisamente hablando de la evolución temporal de los
recursos de las comunidades y de las macromagnitudes que determinan
dicha evolución, y teniendo en cuenta que fue precisamente la
desconfianza de algunas comunidades autónomas en la evolución del
IRPF uno de los argumentos principalmente esgrimidos para no aceptar
el modelo de aquéllas que lo hicieron, habría que hacer, y creo que
es conveniente hacer, una breve reflexión acerca del comportamiento
observado en los ejercicios cerrados en las cláusulas de garantía,
así como para valorar el ajuste que se introdujo en el modelo en el
año 1998.
En primer lugar, los fondos de garantía por IRPF y la garantía
dinámica han supuesto 53.758 millones de pesetas en el bienio
liquidado. A la introducción en 1998 de una garantía que asegurase la
evolución de los tramos del TIR y el PIR de las comunidades
aceptantes al menos con el crecimiento del PIB nominal del país se ha
unido una evolución más favorable del PIB nominal que del IRPF, lo
que ha provocado que los dos tramos autonómicos, el de cesión y el de
participación en el IRPF, evolucionasen por encima de la recaudación
global del IRPF. El fondo de garantía dinámica sólo ha sido operativo
en Madrid, que hasta el año 2000 había tenido un porcentaje negativo
de participación en los ingresos del Estado al poseer un exceso de
financiación por tributos cedidos respecto a las competencias que
tenía asumidas en ese período, circunstancia que fue solucionada en
1999 con la asunción de las competencias en materia educativa.
Por tanto, la reforma del modelo realizada en 1998 con la
introducción de nuevas garantías debe ser interpretada como un claro
ejemplo de la flexibilidad del
planteamiento de partida del modelo y de la clara apuesta del
Gobierno por asegurar ante todo la suficiencia financiera del mismo
con la aportación en todo momento de los recursos necesarios para que
las comunidades pudieran prestar con calidad y holgura unas
competencias que, insisto, han estado en permanente expansión durante
los últimos cinco años. Con todo, es necesario reiterar que la
cantidad de recursos aportados por el modelo al sistema hubiese sido
significativamente mayor si todas las comunidades autónomas de
régimen común hubiesen estado presentes en el nuevo modelo.
La tercera exigencia constitucional hacia el modelo de financiación,
junto con la suficiencia y la autonomía financiera o la
corresponsabilidad, es la solidaridad del modelo, y también en este
aspecto el nuevo modelo de financiación, de acuerdo con los datos con
los que hasta ahora contamos, ha introducido notables avances.
Como antes señalaba, el nuevo modelo ha favorecido muy especialmente
a aquellas comunidades que tienen un techo competencial más alto y
una renta per cápita inferior a la media; es decir, el nuevo modelo
ha puesto de manifiesto una capacidad redistributiva interna muy
significativa que ha permitido, sin duda, mejorar en la solidaridad
conjunta del modelo. Han sido las comunidades con menor renta las que
han experimentado, por decirlo de una manera más directa, un
crecimiento porcentual más alto de sus ingresos.
Otro hecho adicional que conviene destacar y que refuerza también la
evolución más equitativa de los instrumentos de financiación
condicionada ha sido el constante incremento de los mecanismos de
cohesión, tanto los nacionales (el Fondo de compensación
interterritorial, los convenios y los sistemas de subvenciones
territorializadas) como los que traen origen en la Unión Europea,
como pueden ser los Feder o los Feoga.
En conclusión, y para no extenderme en exceso, ciertamente el modelo
vigente no puede ser calificado como perfecto. Si lo fuese, sin duda
no habría ninguna necesidad de modificarlo o de plantear ahora, como
se está haciendo, nuevas alternativas, o discutir nuevas variaciones
o nuevas orientaciones. Ahora bien, creo que el modelo de
financiación vigente ha demostrado que está a la altura de las
circunstancias, que ha avanzado en todos los principios cuyo
cumplimiento se le exigían, y ha mostrado una gran flexibilidad para
adaptarse a alguno de los cambios más importantes que han acaecido
durante el presente quinquenio, sobre todo la reforma intermedia del
Impuesto sobre la renta de las personas físicas y el enorme avance en
el proceso de descentralización, ha introducido, sin duda, mejoras
notables sobre el modelo anterior y por ello debemos todos
felicitarnos.
Tal y como he señalado, a pesar de esas mejoras consideramos
necesario que el nuevo modelo en el que ahora se está negociando
profundice en la consecución de los principios constitucionales de
autonomía financiera, suficiencia y solidaridad intersubjetiva,
avanzando
en la vía de la corresponsabilidad fiscal ya introducida en este
quinquenio.
No voy a reiterar, pero creo que la coincidencia afortunada en esta
legislatura del vencimiento del modelo de financiación general de las
comunidades autónomas, del modelo de financiación sanitaria y del
modelo singular del País Vasco establecido a través del concierto
económico permiten en este momento abordar la reforma de nuestro
modelo de financiación de una manera conjunta, más amplia de lo que
ha sido posible en ningún momento anterior durante los años de la
democracia y, por tanto, tenemos ahora una gran oportunidad de llegar
a un modelo estable y permanente en el tiempo que es, digamos, el
reto básico que se ha marcado el Gobierno para esta legislatura en
cuanto al modelo de financiación.
Paso ahora a referirme a la segunda parte de esta comparecencia, que
es el estado actual y la perspectiva del proceso de traspasos. Ya he
reiterado que se trata de dos asuntos claramente relacionados, que
buena parte de los condicionantes del modelo de financiación vigente
se derivan de la previsión y de la necesidad de adaptar de manera
constante el modelo a los incrementos permanentes de competencias de
las comunidades autónomas y que, por tanto, financiación y
descentralización son en estas dos legislaturas, en la pasada y en la
que ahora estamos en curso, dos asuntos muy íntimamente relacionados.
Lo primero que quiero destacar es que desde 1996 hasta hoy se ha
hecho un importantísimo esfuerzo en la descentralización de
competencias hacia las comunidades autónomas. Se puede decir, sin
temor a ningún error, que las transferencias realizadas en la
legislatura pasada y las que están previstas para la presente son
superiores y no guardan ningún tipo de comparación posible con las
realizadas en legislaturas anteriores. En este momento puede decirse
que hay un alto grado de cumplimiento de las previsiones de traspasos
a efectuar desde la Administración del Estado a las comunidades
autónomas para el pleno desarrollo de las competencias contempladas
en sus respectivos estatutos, y en general, con las salvedades que
ahora señalaré, se han ido efectuando los traspasos correspondientes
a los servicios fundamentales de acuerdo con los calendarios
previstos.
La magnitud de los traspasos realizados en los últimos cinco años se
desprende del análisis de las cifras. Así, durante la VI Legislatura
se traspasaron funciones y servicios por un valor de más de un billón
de pesetas y se transfirió personal al servicio de las
administraciones por más de 190.000 efectivos. Es decir, se
traspasaron más recursos y más personal que en ninguna otra
legislatura anterior. En cuanto a la Legislatura VII, ahora en curso,
en los meses que lleva transcurridos, todavía no hemos cumplido un
año, las prioridades del Gobierno son proceder al traspaso de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social actualmente gestionada
por el Insalud, así como el Instituto Social de la Marina, a todas
las comunidades que accedieron a la autonomía por el
artículo 143, diez comunidades autónomas en el caso del Insalud; el
traspaso de las políticas activas de empleo actualmente gestionadas
en el INEM y la transferencia de los medios personales y materiales
al servicio de la Administración de Justicia. Además de estos tres
grandes bloques de traspasos pendientes, quedan otros complementarios
como son el traspaso del profesor de religión, en aplicación de lo
establecido en el artículo 93 de la Ley 50/98, el traspaso de los
profesores de Educación General Básica de Instituciones
Penitenciarias, en aplicación de la integración de sus funcionarios
en el cuerpo de maestros, que viene derivada de la aplicación de lo
previsto en la Logse, y algunos otros servicios mucho menos
relevantes y mucho menos importantes desde un punto de vista de
desarrollo competencial, pero que permiten ir dando cumplimiento
integral a lo previsto en los estatutos de autonomía.
En concreto, sobre estos objetivos, respecto a lo realizado en lo que
ha transcurrido esta legislatura, quiero señalar que se han realizado
ya varios procesos de traspasos de los anunciados. Hasta este momento
se han celebrado seis comisiones mixtas de traspasos con las
comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia
y Navarra, en las que se han acordado 23 acuerdos. Brevemente
expuestos, se han firmado cuatro acuerdos con el Principado de
Asturias, que ha asumido en comisión mixta celebrada el pasado 27 de
diciembre, entre otras, las funciones y servicios correspondientes
a las políticas activas de empleo, siendo, junto con la Comunidad de
Madrid, que ya las asumió en la legislatura anterior, pioneros en la
asunción de estas responsabilidades entre las comunidades del 143. Se
les han transferido también los profesores de Instituciones
Penitenciarias. Ha habido una ampliación de medios en materia de
protección de la mujer y en relación con el transporte marítimo. En
conjunto, se le han traspasado a la Comunidad de Asturias en esta
legislatura 222 personas y una cantidad de 1.109 millones de pesetas,
referidas todas ellas a las políticas activas de empleo.
Con la Comunidad Autónoma de La Rioja se han firmado seis acuerdos de
traspaso relativos a profesores de Instituciones Penitenciarias,
profesores de religión, una ampliación de medios en materia de
industria, energía y minas, en materia de ejecución de legislación de
productos farmacéuticos, en buceo y enseñanzas náutico-deportivas y
subacuáticos y en relación con los mediadores de seguro. Por estos
acuerdos se han transferido tres puestos de trabajo, con un coste
efectivo de 132 millones de pesetas. Se han firmado tres acuerdos de
traspaso con Castilla y León, aunque todos ellos en materias que me
atrevería a calificar de menor importancia. Profesores de
Instituciones Penitenciarias, buceo profesional y una ampliación de
medios asociados al Inserso, pero que eran necesarios para el
completo desarrollo de sus competencias estatutarias. Por esos
acuerdos se le han transferido 32 efectivos y un coste de 209
millones de pesetas. Con la Comunidad Foral de Navarra se han firmado
tres acuerdos de traspasos,
correspondientes a profesores de Instituciones Penitenciarias,
profesores de religión y una ampliación de medios financieros en
materia de políticas activas de empleo para la construcción de un
centro nacional de formación profesional ocupacional en la Comunidad
Foral. Traspasos que suponen para Navarra una reducción de su
aportación económica al Estado de 200 millones de pesetas y la
percepción por una única vez de 900 millones de pesetas para la
construcción del centro nacional antes mencionado. En relación con la
Comunidad de Murcia, se han firmado cuatro acuerdos de traspasos
relativos a maestros en Instituciones Penitenciarias, ejecución de
legislación de productos farmacéuticos, buceo profesional y una
ampliación de medios también en materia de formación profesional
ocupacional. En conjunto se trata de ocho puestos de trabajo, 39
millones de pesetas en coste efectivo y una entrega por una sola vez
y sin integración en el coste efectivo de cien millones de pesetas.
Además de todos estos acuerdos, ha habido tres acuerdos de ampliación
de medios ya traspasados. Uno en relación con la Comunidad Autónoma
de Madrid en materia de educación no universitaria y dos con la
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con los medios materiales
de la Administración de Justicia.
En conjunto, y a modo de resumen, se han transferido en estos meses
489 puestos de trabajo y 1.900 millones de pesetas a las comunidades
autónomas. No obstante, y como ya se ha dicho, lo más importante en
relación con los traspasos a realizar en esta legislatura es lo que
está por desarrollar. Me estoy refiriendo a las políticas activas de
empleo en aquellas comunidades autónomas que todavía no se han
recibido, la asistencia sanitaria y los medios materiales y
personales al servicio de la Administración de Justicia. En cuanto a
las políticas activas de empleo, debo resaltar que están en curso las
reuniones técnicas con todas las comunidades que aún no han recibido
el traspaso. Las han recibido todas las comunidades del artículo 151,
menos Andalucía y País Vasco y les falta a las del 143, salvo Madrid
y Asturias que, como he dicho antes, ya las tienen asumidas. A este
respecto, está bastante avanzado en el seno de los grupos de trabajo
la determinación de medios materiales, personales y financieros sobre
estos servicios en las comunidades de Extremadura, Baleares y La
Rioja, que a día de hoy son previsiblemente las que más rápido
asumirán las competencias. Espero que quede completo este traspaso
antes de octubre del año 2001 para que su coste efectivo pueda ser
incorporado a los presupuestos del año 2002.
Por lo que se refiere a los medios materiales y personales al
servicio de la Administración de Justicia, en los próximos días se
celebrará la primera reunión con la Comunidad Autónoma de Madrid, en
concreto el próximo martes ocho de mayo. Confiamos que a partir del
inicio de los trabajos con la Comunidad de Madrid se pueda empezar a
generalizar el proceso con todas las comunidades autónomas. El
proceso de traspaso de los
medios materiales de la Administración de Justicia ha sufrido un leve
retraso de unos meses en relación con las previsiones inicialmente
contempladas por la incorporación de ese objetivo al pacto conjunto
sobre la justicia y su introducción en un debate más amplio. No
obstante, insisto, las negociaciones técnicas para iniciar este
traspaso ya están previstas para el comienzo del próximo mes.
Después de todo lo dicho es necesario recalcar que el gran traspaso
de esta legislatura es el de la sanidad. Nuestro propósito es
culminar este complejo traspaso antes de enero del año 2002. Y digo
que es un traspaso importante y complejo porque, como saben ustedes
sobradamente, los recursos de los que estamos hablando son muy
importantes. Se está hablando de casi 140.000 puestos de trabajo y de
un importe superior al billón y medio de pesetas vinculados a la
prestación de los servicios sanitarios. Esta cantidad incluye el cien
por cien de los recursos que actualmente utiliza el Insalud para la
prestación de los servicios sanitarios en las comunidades autónomas.
Para muchas comunidades significará en su momento duplicar casi el
volumen de los ingresos que ahora les aporta el sistema de
financiación autonómica. El proceso que se está abordando de
negociación del traspaso de la sanidad tiene dos características que
lo hacen enormemente singular y condicionan el proceso de negociación
que se está siguiendo. En primer lugar es la necesidad de coordinar
este proceso de negociación con la negociación del modelo de
financiación autonómica. Como antes señalaba, se ha planteado por
diversas comunidades autónomas y por algunos partidos políticos la
conveniencia de aunar en un único modelo el modelo de financiación
general y el modelo de financiación sanitaria separados hasta este
momento. El Gobierno ha manifestado reiteradamente su voluntad y su
conformidad de abordar esta negociación, de estudiar la posibilidad
de unificar ambos modelos de financiación, sin ignorar las distintas
características que tiene el modelo vigente en la actualidad para el
régimen de financiación común que le diferencian del régimen de
financiación sanitaria y sin ignorar también que la unificación
introduce algunas complejidades nuevas en el modelo que requieren
algunos trabajos técnicos de cierta dificultad. No obstante, es un
reto que está asumido sobre el que se está trabajando y que
condiciona enormemente el traspaso de la sanidad.
Las comunidades autónomas y la Administración General del Estado no
podrán saber, hasta el momento en que se defina en la mesa del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuál es el modelo de
financiación de la sanidad, con qué recursos van a contar para la
atención sanitaria. Por tanto, insisto, son dos procesos en paralelo
que convergen o deberán converger a finales de este año y que
confiamos sean de la satisfacción de todos para que haga posible la
transferencia conjunta.
La segunda característica es precisamente ésta; es decir, por primera
vez se busca la simultaneidad en la negociación de este traspaso.
Hemos abierto simultáneamente
mesas de negociación con 10 comunidades autónomas para la
transferencia de la gestión sanitaria, lo cual, desde un punto de
vista puramente práctico, complica enormemente el proceso. Esa
simultaneidad es absolutamente necesaria por una doble razón; en
primer lugar, porque es la única manera de llegar en los plazos
previstos a tener listas las transferencias a la vez que se concluye
el modelo de financiación, y en segundo lugar, porque nos ha
parecido, sobre todo al Ministerio de Sanidad, y desde el Ministerio
de Administraciones Públicas compartimos esa idea, que la mejor
manera de descentralizar la actual gestión conjunta del Insalud era
proceder de una sola vez y en bloque a la transferencia a todas las
comunidades autónomas. Insisto en que es obligada y necesaria la
negociación simultánea con 10 comunidades autónomas pero, sin duda,
eso está complicando la negociación. Es evidente que la determinación
de las variables financieras que van a servir para financiar el
servicio sanitario en el futuro están muy asociadas a la
determinación de los medios materiales y personales que se vinculen a
cada traspaso, y por otro lado, como antes decía, al modelo de
financiación que finalmente quede negociado.
Se han celebrado ya las primeras reuniones de ponencia técnica con
todas y cada una de las comunidades autónomas del artículo 143; en
esas reuniones han quedado marcadas las pautas generales del traspaso
y se han formado los grupos de trabajo especializados que irán
avanzando en el intercambio de información y en la preparación de los
acuerdos posteriores de las comisiones mixtas y en buena parte de
esas comunidades autónomas ya se han celebrado las primeras reuniones
de los grupos de trabajo. Es decir, el proceso está en marcha. En
general, están previstas para todas las comunidades autónomas nuevas
reuniones de ponencia técnica para el próximo mes de junio y ahí
podremos hacer una primera evaluación de la marcha de los trabajos.
Para concluir, haciendo un breve resumen de lo expuesto sobre el
calendario elaborado para este año, quiero destacar que, de acuerdo
con nuestra previsión, antes del 31 de diciembre del año actual o en
los primeros meses del año 2002 aspiramos a adoptar los acuerdos de
traspaso en materia de asistencia sanitaria con la Seguridad Social
con todas las comunidades autónomas del régimen común, con las 10
comunidades autónomas que aún no tienen asumida esa competencia, una
vez cerrado el modelo de financiación de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, durante este año, aspiramos a ir completando
acuerdos de traspaso en materia de políticas activas de empleo con
todas las comunidades autónomas que aún no tienen asumido el
ejercicio de tales funciones y servicios a los efectos de que se
pueda incorporar su coste efectivo en los modelos de financiación
para el ejercicio 2002. En tercer lugar, a lo largo de este año se
seguirán haciendo traspasos en medios personales y materiales a la
Administración de Justicia, que se iniciarán, como he dicho antes,
por la
Comunidad Autónoma de Madrid, que es la única que tiene ya
determinado un primer calendario, y los que no sea posible realizar
durante este año se trasladarán al año 2002. Por último, se irán
complementando otro tipo de traspasos en gran medida complementarios
de los anteriores a lo largo de todo el ejercicio.
En definitiva, me gustaría transmitirles la idea de que cuando todos
estos traspasos concluyen, para lo cual, como han podido comprobar,
existen unos calendarios bastante detallados, todas las comunidades
autónomas habrán adoptado prácticamente sus niveles máximos
competenciales previstos en sus respectivos estatutos de autonomía.
Es decir, por visualizar un poco la magnitud del reto que estamos
afrontando, al concluir la presente legislatura las comunidades
autónomas dispondrán de más de un millón de empleados públicos
mientras que la Administración del Estado dispondrá de algo menos de
600.000, en los que se incluye la totalidad de las Fuerzas Armadas y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual supondrá un
cambio muy sustancial en la configuración territorial del país a lo
largo de los próximos años, y creo que ello es muestra
suficientemente ilustrativa del gran compromiso que el Gobierno tiene
con la profundización del modelo de descentralización surgido del
Estado de las Autonomías.
Quedo a su disposición para aclararles cualquier otro aspecto que sea
de su interés.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Angel Martínez Sanjuán,
como portavoz del grupo parlamentario solicitante de la
comparecencia.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Mi Grupo parlamentario quiere dar la
bienvenida al señor secretario de Estado de Organización Territorial,
señor Elorriaga, agradeciéndole que por fin haya acudido, a instancia
de nuestro Grupo, a esta Comisión. La verdad es que habíamos llegado
a pensar incluso que no existía la Secretaría de Estado de
Organización Territorial, porque en este Congreso de los Diputados
realmente no se ha hablado de este tema. Creo que el anterior
ministro de Administraciones Públicas, señor Acebes, compareció el 14
de diciembre de 1999, a petición propia, para explicar el proceso de
transferencias, y es verdad que en el debate presupuestario hemos
hablado de determinadas cuestiones de política territorial, tanto
municipal como autonómica, pero desde entonces, a instancia del
Gobierno, no había habido una comparecencia. Hemos tenido que ser los
grupos parlamentarios los que la solicitáramos para debatir este
asunto en el Congreso de los Diputados, aunque mi Grupo también
quiere dejar muy claro que pensamos que el lugar donde se deben
residenciar los debates sobre organización territorial es el Senado;
ese Senado que no acabamos de modificar, ese Senado para el que no
acabamos de encontrar muchas veces su papel fundamental. Sin embargo,
también queremos que este Congreso de los Diputados
reflexione en alto con el Gobierno sobre el actual sistema
autonómico, sobre la organización territorial del Estado, sobre los
problemas que tiene, sobre cómo estamos y hacia donde vamos, sobre
los grandes proyectos que se están discutiendo, más allá de los dos
temas que configuran el orden del día de esta Comisión esta mañana,
que es la política de transferencia y la política y revisión del
modelo de financiación.
Desde nuestro punto de vista, hay más temas que engloban el diseño
que está adoptando el Gobierno a través del Ministerio en relación
con un tema tan importante como es la vertebración territorial en
cuanto a la organización territorial. Creemos que la valoración
política que hagamos posteriormente sobre todo lo que está pasando
tiene que ver básicamente con un diseño, con una concepción que
nosotros no compartimos en estos momentos en cuanto al funcionamiento
de la organización territorial del Estado, en cuando al modelo
autonómico y en cuanto al modelo local. Creo que por parte del
Ministerio la concepción territorial, la organización territorial, la
resolución de los problemas y las alternativas se hacen más desde una
perspectiva intelectual, doctoral y estudiosa que desde un punto de
vista realmente político. Lo digo porque nos enteramos, vemos o
escuchamos reflexiones del ministro y del propio secretario de Estado
en otros foros, no en sede parlamentaria, de lo que piensa o de lo
que parece que avanza el Gobierno en cuanto a determinadas líneas de
actuación. Se están celebrando unas jornadas en Toledo, por cierto
interesantísimas pero a las que hoy no podemos asistir por estar
aquí; ayer concluyeron las jornadas del INAP relativas a la formación
del Estado donde usted mismo anunció algunas cosas, y por los
titulares de los periódicos vemos que lo que parece que se hace o lo
que parece que se quiere hacer tiene que ver más con este tipo de
comparecencias, con este tipo de reuniones que con lo que son
reflexiones políticas en sede parlamentaria, tanto en el Congreso
como en el Senado. De lo que piensa el señor Giménez-Reyna sobre el
modelo de financiación nos enteramos porque participa en las jornadas
celebradas en Alicante o en Barcelona, pero no porque realmente nos
diga lo que piensa hacer aquí; o nos enteramos de lo que piensa el
ministro de Administraciones Públicas respecto del modelo territorial
y las características del mismo porque va a Bratislava a dar
conferencias, no porque lo diga aquí. Es decir, no parece que de
verdad haya demasiado interés por parte del Gobierno por venir aquí a
explicarlo. Por ello le agradecemos de verdad que haya venido esta
mañana para hablar y debatir de todos estos problemas que nos
preocupan, que preocupan a las comunidades autónomas, que preocupan a
los partidos políticos y que preocupan a los ciudadanos. No sólo
preocupan a los estudiosos y a los que participan en jornadas y en
foros de estas características.
La verdad, señor Elorriaga, es que nos enteramos por estos foros que
hay anteproyectos posibles de debate de la ley de grandes ciudades,
de que se quiere concluir
el modelo autonómico, porque dicen que se está preparando una ley de
cooperación, pero porque algún diputado pregunta en el Pleno -parece
que el modelo de correa de transmisión por parte del Ministerio, por
parte Gobierno a sus diputados del Partido Popular es el de:
pregúntame el miércoles esto porque tengo interés en decir esto-, que
si no fuera por eso, señor Elorriaga, del modelo territorial, del
modelo autonómico, de las reflexiones que preocupan a los ciudadanos
y a los grupos parlamentarios, no parece que haya demasiado interés
en reflexionar colectivamente. Por eso, creo que es importante que
esta mañana hablemos de todas estas cosas, porque estamos
preocupados, señor Elorriaga, de las cosas que están pasando o, mejor
dicho, de las cosas que no están pasando, porque mi Grupo
parlamentario cree que tiene que ver con el diseño, con el modelo,
con las reflexiones y con la puesta en marcha de un programa
electoral desde la mayoría absoluta del Partido Popular.
Antes, en la anterior legislatura, con eso de que el Partido Popular
no tenía mayoría absoluta y tenía que responder a instintos, a
decisiones, a impulsos, a presiones de otros partidos políticos,
parecía que había un movimiento mayor en la formación de la voluntad
colectiva sobre la organización territorial, pero en esta
legislatura, desde la mayoría absoluta, parece que hay una especie de
anestesia a un modelo territorial y a un diseño participativo. Vemos
que el modelo es más de descentralización administrativa que de
voluntad política de avanzar colectivamente en un modelo territorial
de España; se avanza más por las reformas parciales que frente a una
política autónoma decidida, fuerte y consensuada; parece que no se
quieren tomar decisiones de carácter político importantes,
necesarias, y se avanza por la creación de comisiones, ponencias o
subcomisiones. Concretamente en el Senado se acaba de crear, hace
relativamente poco tiempo, una Comisión de política local. Ahora
parece que el Grupo Parlamentario Popular quiere crear otra
subcomisión para hablar del pacto local II. Yo creo que todo esto
está hablado y discutido. Lo que creo que hace falta es voluntad
política de acordar, no de crear subcomisiones o ponencias, que
pueden ser muy necesarias para reflexionar. A la altura del momento
autonómico español en el que estamos creo que es la hora de tomar
decisiones.
Me parece, señor Elorriaga, que este año, e incluso los anteriores,
no se han caracterizado por la marcha -entrecomillas-autonómica y la
marcha de la participación, de la discusión y del avance. ¿Por qué?
Porque las comisiones sectoriales no han discutido, ni se han reunido
en este último año, ni incluso en la época anterior, con la vigencia
que se tenían que reunir, ni para discutir los grandes problemas que
se tenían que haber discutido; ni en la Comisión sectorial de Medio
Ambiente se ha discutido a fondo y en serio el Plan Hidrológico
Nacional; ni en otras comisiones sectoriales tampoco se han discutido
los grandes problemas de las importantes leyes que luego han venido a
este Parlamento. La Comisión
de Política Fiscal y Financiera languidece, señor Elorriaga. La
última vez que se reunió fue para discutir el Plan de estabilidad
presupuestaria; pero es que, con anterioridad, no había habido
reuniones. La prueba está en que en aquel orden del día en el que se
discutió a finales de noviembre el Plan de estabilidad presupuestaria
se hablaba de la presentación y aprobación de las memorias del
Consejo de Política Fiscal y financiera de los años 1997, 1998 y
1999, cuando el reglamento del propio Consejo habla de que el Consejo
de Política Fiscal y Financiera se debe de reunir dos veces al año
para discutir de los problemas financieros.
Yo creo, y éste es un tema que nos preocupa, que al modelo se le ha
puesto por parte del Gobierno desde la mayoría absoluta una especie
de ronzal -entiéndame el símil- para frenar, a veces, la discusión,
el diálogo, la participación y el avance decidido en la política
autonómica.
Ahora nos proponen una discusión, no sé si intelectual, política o
real de avanzar en el cierre del modelo autonómico con esa ley de
cooperación de la que hemos conocido titulares, nombres. Es verdad
que esto iba en el programa del partido Popular; es verdad que en la
comparecencia del ministro Posada se habló de ello, pero, señor
Elorriaga, es sorprendente la puesta en circulación del modelo, del
proyecto o de la idea. Es tan sorprendente como que aparezca, y creo
que mal aparecida, sin haber hablado entre los partidos políticos,
entre las formaciones en el Senado y en el Congreso de los Diputados
de algo tan serio y tan importante, retomando las palabras incluso
del propio ministro Posada en aquella importante comparecencia donde
anunciaba los planes del Ministerio, en la que decía que las leyes
básicas, las líneas fundamentales se harán previamente con diálogo,
con discusión entre las formaciones políticas y comunidades
autónomas. Y de repente, de una forma sorprendente y sorpresiva, algo
tan serio y tan importante como este avance de ley, que se ha llamado
incluso de cierre de modelo autonómico, se ha anunciado como se ha
anunciado. Y se ha anunciado de una forma tan increíble como para
que, en el periódico del día 12 de abril, el portavoz de Convergència
i Unió dijera que había pedido explicaciones y diálogo al
vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, sobre de qué iba este
proyecto de ley y, si las declaraciones son fidedignas, la respuesta
del vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, fue: De esto no
sabíamos nada, y Aznar tampoco. Si ésta es la forma de poner en
circulación un proyecto de ley tan importante en el avance de lo que
es el modelo autonómico, señor Elorriaga, nuestra satisfacción,
nuestra seguridad en que estamos avanzando de una forma coordinada,
positiva, etcétera, deja mucho que desear y tiene usted que
entenderlo. Esto nos trasmite preocupación en la marcha del modelo
y creemos que tiene mucho que ver con la concepción política que se ha
puesto en circulación en esta nueva legislatura por parte del
Gobierno.
Está habiendo demasiadas presiones, amenazas y formas en lo que es la
construcción de la voluntad colectiva de un país, como España,
plurinacional, compuesto, como se dice en todos los foros de
reflexión y políticos, como para creer desde el Partido Socialista
que hay una voluntad clara y decidida de avanzar de una forma
colectiva. No puede, aunque se discrepe, señor Elorriaga, sobre la
puesta en vigor o la aprobación de determinados impuestos o tasas en
algunas comunidades autónomas, salir diciendo el ministro Montoro que
o se acaba esta política o no hay pacto en materia de financiación.
No son formas, aunque se discrepe, insisto, aunque el Gobierno haga
lo que está haciendo, llevar al Tribunal Constitucional o poner en
discusión determinadas políticas fiscales de algunas comunidades
autónomas. Tampoco es para llevarse las manos a la cabeza y hacer el
discurso tremendista en determinados medios de comunicación, como se
está haciendo, hacia las comunidades autónomas que toman algunas
decisiones en materias fiscales, primero porque da la sensación,
señor Elorriaga, que este Gobierno cree poco en la corresponsabilidad
y en la autonomía financiera y en la corresponsabilidad fiscal y en
la toma de decisiones; segundo, porque está llevando demasiado lejos
esta política anatemizadora de las comunidades autónomas en la toma
de sus decisiones. ¿Por qué? Porque la historia fiscal de las
comunidades autónomas está ahí y comunidades autónomas de todo tipo
tomaron en su momento decisiones en materia fiscal con la creación de
tasas, con la creación de impuestos y muchas de ellas han sido
gobernadas por el propio Partido Popular, aunque es verdad que
algunas fueron recurridas incluso por el propio Gobierno Socialista.
Las cosas hay que hacerlas con naturalidad. Creo que se está
introduciendo una determinada política en el modelo de relaciones
entre el Gobierno central y las comunidades autónomas poco positiva.
Creemos que se debe avanzar en el modelo autonómico de la
organización territorial sin conflictos, sin tensiones, armonizando
coherentemente y buscando satisfacciones conjuntas, desde una
perspectiva participativa y no sectaria.
La gran virtualidad histórica del modelo autonómico -se pone como
ejemplo que posiblemente el ministro Posada lo va a explicar en
Bratislava o en otros sitios- es el consenso, el diálogo, la decisión
que se plasmó en el capítulo VIII de nuestra Constitución; es el
modelo del avance. Y creo que muchas cosas, tristemente, de verdad se
lo digo, señor Elorriaga, se están perdiendo en los últimos tiempos.
Avanzar en el modelo territorial es avanzar en la colaboración, en el
diálogo, en la resolución de los conflictos, es avanzar en el proceso
de aumento de competencias de una forma decidida, sensata
y participativamente, es avanzar en un modelo de financiación
razonablemente satisfactorio. Sobre estos tres vectores se tiene que
avanzar en el modelo de construcción territorial. ¿Estamos mejorando,
avanzando en esa construcción desde el diálogo entre las comunidades
autónomas,
entre el Gobierno central y éstas; incluso entre ellas? Da la
sensación, señor Elorriaga, de que tristemente no hemos avanzado
mucho en los últimos tiempos, y esto quizá tiene que ver bastante,
según cree mi grupo parlamentario, con la concepción que tiene el
Gobierno del avance autonómico. Esta política demasiadas veces está
en confrontación con el eje central de la acción política y con la
forma que la Administración central del Estado tiene de relacionarse
con las comunidades autónomas.
El Senado no avanza, no está ejerciendo ese papel que tiene de
diálogo, de concertación, de hacer que las comunidades autónomas se
escuchen. La Comisión General de Autonomías no está funcionando a
pleno rendimiento. No se han encontrado los cauces de reforma, no se
han buscado fórmulas de participación. No sé si en ese proyecto de
ley de cooperación autonómica se van a afrontar los retos pendientes
que tenían que estar solucionados ya por la reforma del Senado o por
otras decisiones, como la cumbre de presidentes autonómicos, esa
cumbre sectorial que ahora parece ser -usted hablaba sobre ello- la
sectorial de las sectoriales, donde se habla de temas generales,
porque realmente en algún sitio hay que hablar de estos problemas.
Usted decía, señor Elorriaga, y en eso estoy totalmente de acuerdo,
que si las transferencias de la educación o la sanidad en el próximo
futuro suponen gasto para las comunidades autónomas, habrá que
encontrar algún sitio donde se discutan los objetivos económicos, de
inflación, de plantilla, por parte del Gobierno. No puede ser que se
sigan tomando decisiones sin haber discutido ni dialogado previamente
en las leyes de presupuestos decisiones que afectan a más de la mitad
del gasto público español en este momento y que por leyes básicas
afectan a materia de plantillas, de retribuciones; no puede hacerse
sin haber un dialogo previo y bilateral entre Gobierno y comunidades
autónomas.
Señor Elorriaga, teniendo en cuenta esta política de falta de
diálogo, de consenso y de entendimiento, mi grupo parlamentario tiene
la sensación de que a veces la política de vertebración territorial,
la política autonómica del Gobierno y del Partido Popular, se está
utilizando más como vendetta política, como ajuste político, que como
fórmula de acuerdo que debe establecerse por parte de un Gobierno
central. Es decir, hay una sensación de conflicto permanente en las
decisiones que se toman en comunidades autónomas que hasta las
últimas elecciones autonómicas fueron gobernadas por el Partido
Popular y hoy son gobernadas por el Partido Socialista; hay una
sensación de que no se quiere encontrar la forma de acuerdo y de
diálogo suficiente para que se haga de una manera coordinada.
Los conflictos en materia fiscal en los últimos meses han aumentado
de una forma importantísima: en Castilla- La Mancha, con la ecotasa
ecológica; en Cataluña, en materia del impuesto sobre la actividad de
los híper, el impacto urbanístico y las consecuencias sobre las
pequeñas y medianas empresas; en la Comunidad
balear, con la famosa ecotasa; en La Rioja, con el recurrido recargo
sobre el impuesto de actividades económicas; en Extremadura, con el
impuesto sobre bancos y otra serie de decisiones que se han tomado en
materia fiscal. Da la sensación de que siguen teniendo abiertos todos
los conflictos y todos los frentes. Con las comunidades autónomas
extremeña, andaluza y castellanomanchega no han sido capaces de
encontrar una fórmula que ajuste el modelo de financiación; acabará
el modelo de financiación de 1997-2001, al que luego me referiré,
pero el conflicto sigue abierto.
Con Baleares parece que se abre un nuevo conflicto, que es la puesta
en marcha del modelo de financiación. Leí hace pocos días que el
Gobierno balear buscaba la fórmula de encontrar un acuerdo para que
la ley que aprobó este Congreso de los Diputados a instancias del
Partido Popular de Baleares en la anterior legislatura, sobre el
modelo fiscal o económico de Baleares, se pudiera poner en marcha,
aunque luego fue bastante descafeinado el trámite parlamentario.
Ahora hay una reclamación por parte de la Administración de Baleares
al Gobierno por compensaciones, inversiones o financiación de 219.000
millones de pesetas.
Da la sensación de que, aunque estadísticamente los recursos al
Constitucional, como nos dijo el otro día el ministro, parece que se
han reducido, la conflictividad y las tensiones no lo han hecho,
señor Elorriaga, y esto es verdaderamente preocupante. Tampoco sé
cómo están las reivindicaciones al Gobierno de las comunidades
autónomas, concretamente de La Rioja. En la reforma del Estatuto del
año 1999 se aprobó el artículo 46, que hablaba de las compensaciones
por parte de la Administración central del Estado con relación a los
conflictos que hubiera podido haber o las pérdidas de oportunidades
entre la Comunidad de La Rioja y las comunidades vasca y navarra por
tener regímenes forales y fiscales distintos, pues se han podido
producir agravios por inequidades del sistema de asignación de
recursos en los últimos años como consecuencia de decisiones en
materia económica y fiscal. Se hablaba de compensaciones; no sabemos
absolutamente nada de cómo está esa conversación. Ahora parece que el
señor Mayor Oreja va a compensar, no desde el Gobierno central sino
desde el Gobierno vasco, si adquiere la responsabilidad de formar
Gobierno.
Señor Elorriaga, también hay conflictos en materia de relaciones con
el Gobierno vasco. Sé que es un tema delicado, sé que estamos en un
momento importante desde el punto de vista político, pero el modelo
de transferencias, el modelo de relaciones, independientemente de
quien gobierne, tiene que tener unas reglas de juego de respeto
institucional. Estoy de acuerdo con que el concierto económico se
tiene que renegociardesde el estatuto de autonomía y desde la
Constitución, pero lo que no se puede hacer, señor Elorriaga, es un
doble juego y tener una doble vara de medir, porque las cosas que yo
estoy oyendo ahora no las oí hace cinco años, cuando se renegoció
parcialmente el concierto
económico en el año 1996 como consecuencia de decisiones políticas
que se tomaron entre dos partidos políticos. Y reforma es tanto la
que se produjo hace cinco años como la de ahora, aunque es más
importante por la renegociación del concierto como consecuencia del
período transcurrido.
También tiene que ver mucho este clima de conflicto con la concepción
por parte del Gobierno de lo que es la Administración territorial y
política del Estado y el papel que ha asignado el Gobierno a los
representantes del Gobierno de España en las comunidades autónomas.
Da la sensación de que, en determinadas ocasiones, se está buscando,
más la política de la confrontación que la del acuerdo. Se lo digo en
serio, se lo digo para que reflexionen, se lo digo para que tomen
nota, porque no es bueno, de verdad, señor Elorriaga, que cuando se
está pidiendo diálogo, consenso, negociación, política de acuerdos,
muchas veces, demasiadas veces, los representantes del Gobierno en
algunas comunidades autónomas actúen más como representantes de un
partido que de un Gobierno. Y no quiero poner ejemplos, señor
Elorriaga, porque creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente
es encontrar una vía de diálogo, de discusión, de entendimiento.
Decía que el segundo pilar de la construcción, desde nuestro punto de
vista, del modelo territorial, del modelo autonómico en el que se
debe avanzar es el de la mejora en la cuestión competencial. Usted
nos ha dado cifras y algunos datos al respecto. Señor Elorriaga, en
la anterior legislatura se mandaban con cierta frecuencia unas
informaciones al Congreso de los Diputados sobre la evolución del
proceso de transferencias, sobre la situación y las reuniones de las
comisiones mixtas sectoriales, y en esta legislatura no se manda
nada. O sea que la única posibilidad de conocimiento que tenemos los
grupos parlamentarios es seguir el boletín oficial e informarnos de
las comisiones mixtas a través de las comunidades autónomas, pero le
recuerdo que en la anterior legislatura había un mecanismo habitual,
que era el de la información permanente a los grupos parlamentarios.
Le sugiero que la ponga en marcha de nuevo en esta legislatura,
porque es un instrumento importante para valorar el esfuerzo, el
conocimiento, la negociación, los problemas y los conflictos que se
producen.
Yo creo que este no está siendo un año como para echar cohetes en
materia de satisfacción sobre el proceso del aumento de
transferencias y descentralización política. Esta mañana he entrado
en la página web del Ministerio, concretamente en la Secretaría de
Estado de Organización Territorial, por todas las comunidades
autónomas, para ver cómo está y cómo se ha producido el proceso de
transferencias en los últimos años, y, curiosamente, todos los
procesos en todas las comunidades autónomas acaban en 1999; el 2000
no está reflejado en ninguna. Es verdad que ha habido relativamente
pocas, pero aunque sean pocas, creo que hay que ponerlas. Esto es lo
que realmente me llama la atención:
en el año 2000 ha habido poco impulso autonómico. No sé cuáles
son las razones. No sé si es un problema de calendarios, porque el
calendario que el señor Acebes nos anunció en diciembre de 1999 no es
el que luego asumió el Gobierno y no es el que planteó el ministro
Posada en la comparecencia del mes de mayo del año pasado, en la que
se hablaba de que en el primer semestre de 2001 se concluirían las
transferencias en materia de empleo, en el segundo semestre las de
justicia y al comienzo del 2002 las de sanidad. Parece que en estas
últimas estamos en plazo, de acuerdo con lo que ha dicho en su
primera comparecencia el señor Elorriaga. Yo creo que el 2001 ha sido
un año casi en blanco en el avance de las competencias, pero no
solamente estamos preocupados por el ritmo y por la cantidad, sino
también porque ahora se van a discutir -y se tendrán que asumir,
posiblemente- importantes competencias y la financiación va a ser una
cuestión fundamental. Va a ser fundamental porque las transferencias
de la anterior legislatura, las más importantes, concretamente la
enseñanza universitaria, la enseñanza no universitaria y las
políticas sociales o de bienestar social, hoy, algunas dos años y
otras más años después, adolecen, como la experiencia nos está
demostrando, de problemas de financiación importantes. Las
universidades fueron transferidas hace bastantes años, a algunas
comunidades no hace tantos años, en la anterior legislatura, y hoy
esas comunidades autónomas tienen problemas de financiación en
materia de la enseñanza universitaria. La prueba está, señor
Elorriaga, en que tuvieron que buscar una fórmula, hablando de
financiación, para que los fondos de nivelación no distribuidos en
los últimos años tuvieran que distribuirse en comunidades autónomas
para financiar parte de las deudas de las comunidades autónomas con
sus empleados públicos o con sus profesores. ¿Por qué? Porque el
déficit de las universidades ha seguido aumentando.
Por el contrario, señor Elorriaga, ¿qué creemos que ha pasado en
estos últimos meses? Pues tres cosas -y ya voy terminando, señor
presidente-: una centrifugación del déficit importante a las
comunidades autónomas; se han hecho transferencias o traspasado
funciones a las comunidades autónomas, como la Ley del Menor y
determinadas políticas en materia de inmigración, sin financiación,
y, en tercer lugar, creo que ha habido un intento de reasignar
responsabilidades entre las comunidades autónomas en los últimos
meses. Da la sensación de que ha habido demasiadas voces, incluso de
destacados dirigentes del Partido Popular, pidiendo casi una
reasignación de responsabilidades o de competencias. Es decir, a
algunas comunidades autónomas se les decía: Si no pueden asumir sus
responsabilidades, que las devuelvan o que se las quiten. Realmente,
señor Elorriaga, no es un buen síntoma de valoración de una buena
política de reasignación de alternativas, de medios y de políticas.
Voy a terminar hablando de financiación, tercerapata del modelo.
Usted ha hecho, como no podía ser
menos, una valoración muy positiva del último modelo, del de 1997-
2001, de financiación no como la panacea universal, porque usted
mismo ha dicho al final que efectivamente había problemas, pero es
una valoración que no podemos compartir desde nuestro partido
político. El actual sistema se hizo sin consenso, fruto de una
situación política, de unos pactos, de unas presiones, de unos
acuerdos y fruto también del desacuerdo. Creemos que el sistema no ha
funcionado a pleno rendimiento y no es modelo eficaz. No solamente lo
decimos nosotros; en el informe de la OCDE del mes de enero del año
pasado se decía -y usted lo conocerá- que este modelo no es eficaz
para España porque reposa básicamente en una parte importantísima
solamente en un impuesto, que era el impuesto sobre la renta. Y
aquella decisión que nosotros tomamos en el año 1998 sobre una cesta
de impuestos, que fue tomada incluso a chirigota por el Partido
Popular y que parece que todo el mundo asume, incluso hasta Zaplana,
en ese libro tan bien escrito -¿verdad, señor Martínez-Pujalte?- es
la que parece que hoy asume todo el mundo. El modelo no ha
funcionado. Creemos que ha habido un gran fracaso en materia de
corresponsabilidad fiscal. Usted decía que había habido comunidades
autónomas que habían adoptado decisiones; decisiones que afectan al
0,4 por ciento de los ingresos, decisiones que no han tocado los
tipos, y lo que verdaderamente ha habido ha sido un aumento de la
política de deducciones, no sé si para fomentar la economía o para
quedar bien desde el punto de vista político en las comunidades
autónomas. Legítimas ambas decisiones, legítimas, pero no se ha
aumentado realmente la corresponsabilidad y la toma de decisiones,
pues con las cláusulas de salvaguarda y con las cláusulas de garantía
que ustedes establecieron en el año 1998 se cargaron la filosofía del
modelo de financiación, si lo que pretendían básicamente era fomentar
en serio la corresponsabilidad fiscal y la toma de decisiones. En
este país, los únicos que asumen de verdad la corresponsabilidad
fiscal y asumen verdaderamente una política real de decisiones en
materia fiscal son las corporaciones locales; las que toman
decisiones en materia de política de tasas, en materia de IBI, en
materia de IAE, en otra serie de decisiones, y no pasa nada en el
modelo de la competencia entre unas comunidades autónomas y otras y
entre unos ayuntamientos y otros. Yo creo que hay que tener menos
miedo a la hora de valorar y asumir un modelo de financiación, porque
en corresponsabilidad fiscal las que han tomado decisiones, guste o
no guste, en determinados impuestos son algunas comunidades
autónomas, pero tampoco supone una barbaridad en términos económicos
el monto total del gasto público que suponen las comunidades
autónomas. Si se ejercen a pleno rendimiento todas las decisiones en
materia de política fiscal, decisiones tomadas en comunidades
autónomas, sólo son 75.000 millones de pesetas frente a
aproximadamente 13 billones de gasto público, incluidas las
transferencias de la Unión Europea, en el conjunto de
las comunidades autónomas; 75.000 millones frente a 13 billones de
pesetas. ¡Como para que haya titulares de medios de comunicación
diciendo que se pone en riesgo el modelo fiscal español y la
competencia fiscal en materia de decisiones de tipo económico!
Creo que hay que avanzar con más sensatez, señor Elorriaga, en la
toma de decisiones.
Termino, de verdad. Respecto a las cláusulas establecidas en el
modelo de financiación, no han funcionado las cláusulas de garantía,
el Fondo de cohesión, el Fondo de compensación interterritorial. Si
estuviéramos hablando en pesetas constantes hoy de lo que suponía,
cuando llegaron ustedes al Gobierno, el Fondo de compensación como
verdadero instrumento real de cooperación y de solidaridad,
tendríamos que estar hablando de no menos de 180.000 millones de
pesetas y en el presupuesto del año 2001 me parece que es de 146.000.
El Fondo de compensación no está contribuyendo a establecer todos
estos sistemas en el avance de un modelo progresista y progresivo de
la responsabilidad y la solidaridad.
No coincidimos con el Gobierno en el diseño ni en la estrategia que
está impulsando, desde una política centralista y autoritaria, de
nuestro Estado autonómico. Creo que lo debemos hacer todos juntos
desde la discrepancia pero desde el diálogo sosegado, desde una idea
progresista y progresiva de España, con un modelo colectivo y de
diálogo, en una España plural y diversa que avance realmente desde el
diálogo y desde la participación. Desde la discrepancia, pero también
desde la necesidad del acuerdo, le digo, señor Elorriaga, que
queremos contribuir a concluir esa España pendiente, la España de la
construcción territorial, la España de la organización territorial,
con generosidad y con amplitud de miras, desde los cuatro pilares
básicos en los que creemos que hay que avanzar y reformar en los
próximos meses: el Senado, como Cámara territorial; las
transferencias pendientes bien negociadas, con generosidad por parte
del Gobierno central en la valoración, en los ritmos y en la
financiación; la cooperación pendiente, que no sé si tiene que
hacerse con una ley como la que ustedes están planteando o con más
diálogo y buscando otros puntos de encuentro; y, por último, una
financiación suficiente para abordar los retos que las
administraciones públicas y las comunidades autónomas tienen
y tendrán en los próximos meses.
Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia y muchas
gracias, señor Elorriaga, por haber escuchado atentamente mis
palabras.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra a los grupos que quieran
fijar posición respecto a esta comparecencia.
En primer lugar, doy la palabra a don Paulino Rivero, en nombre de
Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Señor secretario de Estado, muchas gracias por
su comparecencia.
Voy a hacer una breve intervención para valorar la comparecencia del
secretario de Estado circunscribiéndome exactamente a las dos
peticiones de comparecencia, sobre el sistema de financiación de este
último quinquenio y sobre la situación actual del traspaso de
competencias a las distintas comunidades autónomas.
Por lo que respecta al sistema de financiación de las comunidades
autónomas en este último quinquenio, la valoración que hacemos desde
Coalición Canaria es positiva. Creemos que el sistema ha funcionado
adecuada y solidariamente y probablemente el único punto negro de
estos cinco años que van a concluir es que no se haya llegado a un
consenso entre todas las comunidades autónomas y algunas hayan
quedado descolgadas del acuerdo general alcanzado.
Más nos preocupa el nuevo modelo de financiación, que necesariamente
habrá que intentar negociar a lo largo de los próximos meses. Y nos
preocupa desde la perspectiva de una comunidad autónoma que tiene
unas características singulares y específicas en materia de
fiscalidad y financiación. No voy a aburrirles con las peculiaridades
que ha tenido Canarias desde los tiempos de los Reyes Católicos, con
unas exenciones fiscales fruto de la situación del archipiélago
canario, de ser territorio fragmentado y básicamente desde la
insularidad alejada, condiciones específicas de aquellos momentos que
luego tuvieron continuidad con la Ley de puertos francos y
posteriormente con las especificidades en el modelo de adhesión de
Canarias a la Comunidad Europea y con la Ley del régimen económico y
fiscal de Canarias. Todo ello ha compuesto un panorama que permite
que en Canarias exista un diferencial fiscal importante con respecto
al Estado, fruto no de una cuestión de generosidad del Estado con
Canarias, sino de solidaridad con unas necesidades de un territorio
que no tiene un problema coyuntural, sino estructural, debido, como
antes indicaba, a la situación de lejanía. Por eso nos preocupa este
nuevo marco en el que entramos, donde se empiezan a utilizar algunos
parámetros, ya que en el caso de consolidarse la nueva cesta de
impuestos a ceder a las comunidades autónomas, claramente se podría
producir un perjuicio o un recortamiento de ese diferencial fiscal
canario. En ese sentido, entendiendo que cualquier fórmula que
mejore, en general, a todas y cada una de las comunidades autónomas
del Estado español será aceptada y respaldada solidariamente por
Coalición Canaria, nosotros vamos a exigir que en la fórmula final se
mantenga el diferencial fiscal que existe en estos momentos, con las
correcciones que sean necesarias, pero manteniendo ese diferencial
fiscal. Y, si es posible, dentro de un acuerdo de las comunidades de
régimen común, que es lo deseable, que es el que tiene Canarias en
estos momentos, dentro de ese régimen común de financiación de las
comunidades autónomas. Si no fuera posible, necesariamente tendríamos
que ir a un convenio bilateral Canarias-Estado, dada la
especificidad, la singularidad
de Canarias en esta materia, singularidad reconocida en la propia
Constitución.
Nos parece acertado que en este nuevo marco se intente dar un impulso
a los traspasos de competencias a las distintas comunidades
autónomas. Efectivamente, la financiación de las comunidades
autónomas tiene que estar ligada con la capacidad competencial y con
las competencias que ejerza cada una de ellas.
El señor secretario de Estado ha ligado, dentro del esquema de
financiación, el tema de la sanidad. Este es un asunto importante
porque es el primer elemento que tendremos que tener en cuenta. En
aquellas comunidades autónomas que tienen una demografía in crescendo
el actual sistema está produciendo un perjuicio importante. Si
estuviéramos actuando con censos al día de hoy, concretamente
Canarias -hay otras comunidades también perjudicadas- estaría
percibiendo en estos momentos del orden de 12.000 millones de pesetas
más. Por lo tanto, el utilizar censos actualizados es una cuestión
que consideramos básica, así como que en el nuevo sistema se tenga en
cuenta a aquellas comunidades autónomas que en estos momentos son
receptoras de ciudadanos de la Unión Europea a los que necesariamente
habrá que prestarles asistencia sanitaria. De los 12 millones de
visitantes que tiene Canarias a lo largo del año, una parte muy
importante son ciudadanos de la Unión Europea a los que se les presta
asistencia sanitaria, y ese es un elemento que nos parece fundamental
a tener en cuenta en el nuevo esquema de financiación global que
tendremos que empezar a pactar en los próximos meses.
Con respecto al tema del traspaso de competencias a las comunidades
autónomas, no sé si debido a la dinámica de algún gobierno con el
respaldo de una mayoría absoluta o porque todavía estamos, como se
suele decir vulgarmente, cargando las pilas, es un hecho obvio que ha
habido un parón en el traspaso de competencias a las comunidades
autónomas. Por eso me congratulo de lo que el secretario de Estado
nos anuncia hoy, que va a haber un impulso para cerrar el marco
competencial de las distintas comunidades autónomas, ligando esto -
como antes indicaba- con el tema de financiación. Nos parece acertado
y necesario, en estos momentos, cerrar ese marco competencial, una
vez que han tenido lugar las modificaciones de todos los estatutos de
autonomía del Estado español. Concretamente, por referirme a la
Comunidad canaria, en estos momentos hay 15 competencias ejecutivas
contempladas en el estatuto de autonomía, cuyo traspaso aún está
pendiente.
Este es el marco general y nosotros, dentro de ese marco general de
impulso que se pretende dar por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas al cierre del marco competencial, ahí
estaremos con todas y cada una de las comunidades autónomas.
Aunque unas comunidades están más avanzadas que otras en el cierre
del abanico competencial, más nos preocupa la articulación de los
mecanismos necesarios que posibiliten el ejercicio de determinadas
facultades
que se contemplan en el estatuto y que hasta ahora no están siendo
ejercidas o lo están siendo de una forma no adecuada, se están
ejerciendo en precario. Me refiero a una serie de aspectos,
concretamente cuatro, que son de una extraordinaria importancia para
Canarias; por ejemplo, la delimitación de las aguas archipielágicas.
Estamos ante un Archipiélago definido en el estatuto de autonomía que
comprende las aguas interiores entre todas las islas. La Comunidad
Autónoma Canaria se compone de la tierra, del agua y del aire que
circunda las islas. Sin embargo, en estos momentos, las competencias
que tenemos con respecto a nuestras aguas se circuncriben a 12 millas
de la franja litoral de cada una de las islas. ¿Qué significa esto?
Significa que entre cada una de las islas se produce un espacio en el
que las aguas son internacionales. Por ejemplo, entre las dos islas
mayores medimos la distancia entre Tenerife y Gran Canaria, fijamos
las 12 millas y se nos queda un espacio de aproximadamente unas 20
millas que son aguas internacionales. Esta es una situación que no
permite tener el control, básicamente, sobre vertidos, sobre
distintos aspectos relacionados con contaminación, pesca, paso de
embarcaciones con un material que en estos momentos ha sido
denunciado en distintas ocasiones, y nos parece que éste es un
problema muy importante, que venimos planteando a lo largo de los
últimos años y al que aún no se le ha dado solución. Es necesario que
definitivamente se cierre ese marco, que las aguas interiores entre
cada una de las islas sean aguas de titularidad canaria, sean aguas
de titularidad española, no pueden ser aguas internacionales, no
ocurre en ningún otro archipiélago del mundo lo que en estos momentos
está ocurriendo en el archipiélago canario.
Sobre la propuesta de residencia y trabajo de extranjeros en
Canarias, hay que decir que, de las 17 comunidades autónomas, el
Estatuto de Autonomía de Canarias es el único que contempla que se
tendrán en cuenta las propuestas de la Comunidad canaria en relación
con el permiso de residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.
Concretamente se trata del artículo 37.1 del estatuto de autonomía.
Esta es una cuestión obvia, precisamente por la situación geográfica
de Canarias, si tenemos en cuenta que es un archipiélago
superpoblado, el segundo archipiélago más poblado del mundo en estos
momentos, y con unas condiciones en las que el propio desarrollo
económico que ha tenido lugar en las últimas décadas ha propiciado un
desplazamiento importante de personas a Canarias, que en estos
momentos están suponiendo un crecimiento por encima de las
posibilidades y la capacidad de un territorio frágil, como es el
Archipiélago.
La participación en el seno de la Delegación del Gobierno de España
ante la Unión Europea es otra de las cuestiones que se contempla en
el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 37.2, y aún no
ha sido resuelta satisfactoriamente. De igual manera, la capacidad
o la posibilidad de recibir información en los procesos de negociación
y elaboración de tratados y convenios
internacionales se contempla en el artículo 38.1 y hasta ahora
es una cuestión que tampoco está siendo atendida por el Gobierno del
Estado.
Por otra parte, hay dos aspectos que quisiera destacar, con el
permiso del señor presidente. Me gustaría que el Gobierno, el
secretario de Estado, el Ministerio, y ya lo ha planteado el Gobierno
de Canarias, pudieran impulsarlos, y me refiero a la capacidad que se
tiene, de acuerdo con el artículo 150.1 y 150.2 de la Constitución,
en aquellas competencias en las que, aun siendo exclusivas del
Estado, caben acuerdos con las comunidades autónomas. Me voy a
referir a dos aspectos que también son esenciales si ponemos la
cabeza en lo que estamos hablando, en un territorio a 2.000
kilómetros de distancia de Madrid y a 100 kilómetros del continente
africano, y lo que esto significa en un archipiélago como el canario.
Se trata de la competencia en el tráfico aéreo interinsular, acuerdo
que ha venido siendo demandado reiteradamente por el Gobierno de
Canarias, y, por otra parte, de la competencia en comercio exterior.
Y cuando hablamos de la competencia en comercio exterior estamos
hablando de que las prioridades, los problemas, las posibilidades y
las potencialidades de Canarias de relaciones exteriores y de
comercio son distintas a las que tiene en estos momentos el Estado
español en su conjunto. El Estado español mira a Europa, y nos parece
una política acertada, pero nosotros tenemos unas potencialidades
inmensas a 100 kilómetros de las costas canarias, en África. Y
entendemos que eso es bueno, pero no sólo para Canarias, es bueno
para Canarias, es bueno para España y es bueno para Europa tender
puentes, en estos momentos, con el continente africano. Desde
Canarias se están haciendo muchas cosas, aunque con muchas
dificultades, se están haciendo muchas cosas con respecto al
comercio, pero si intensificamos el tender manos que sirvan no sólo
para abrir perspectivas de comercio sino para invertir en África,
para llevar a cabo políticas de cooperación y de colaboración con
estos países del África más cercana, para resolver algunos problemas
de los que en estos momentos está teniendo el Estado con respecto
a la inmigración ilegal y al deseo de mucha gente de abandonar su país,
por sus malas condiciones, buscando un mejor futuro en otros sitios,
en algo podríamos contribuir a ello. Entendemos que esa política se
podría llevar mucho mejor desde la comunidad autónoma, que tiene en
estos momentos una prioridad importante dada la cercanía a este
continente, que desde el conjunto del Estado, cuando la perspectiva
global del Estado y las prioridades son otras que atender los
intereses específicos de un territorio pequeño, de 1.600.000
habitantes, como es el archipiélago canario.
En cualquier caso, muchas gracias, señor secretario de Estado, por la
información que ha trasladado hoy a la Comisión. Creo que ha sido
importante, sobre todo conocer el objetivo de cerrar el arco
competencial, ademásdel deseo, que también nos parece loable, de
encontrar un acuerdo consensuado en materia de financiación
autonómica.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Pese a que me he incorporado tarde a la
Comisión, por lo que tengo que pedir disculpas, aunque en este caso
puedo alegar en mi descargo que era el trabajo parlamentario el que
me ha impedido la presencia aquí, no puedo resistirme a intervenir en
la fase de fijación de posiciones, puesto que, en un momento en el
que inexplicablemente el tema vasco suscita tanto interés, no voy a
ser precisamente yo quien no vaya a abordar las cuestiones y las
preocupaciones que tenemos en relación con la situación del tema
vasco.
El de las transferencias es un tema recurrente en esta Cámara, no
sólo en esta legislatura, sino incluso en las precedentes. Si
analizamos las comparecencias de los dos ministros de
Administraciones Públicas inmediatamente anteriores al actual, el
ministro Rajoy, primero, durante la pasada legislatura, y el ministro
Acebes, después, veremos que hay compromisos serios para impulsar el
proceso de transferencias en los temas pendientes a las comunidades
autónomas de vía lenta y demás; en fin, grandes cantos al impulso y
al compromiso con el Estado autonómico. También en esta legislatura,
el ministro Posada hizo un cántico en este mismo sentido y se
comprometió a impulsar el proceso de transferencias, recogiendo
incluso un calendario. Aunque en esto el Ministerio suele ser
bastante remiso, el ministro nos habló en su comparecencia de un
compromiso que le arrancaron los senadores en una comparecencia
previa en el Senado y nos dio unas fechas aproximadas para la
materialización de una serie de traspasos que son necesarios para
culminar el proceso autonómico. Nos habló concretamente de las
políticas activas de empleo, del personal y medios materiales en
materia de justicia y de sanidad, fijando unas fechas. Supongo que
hay algunos parlamentarios que tienen mucho interés por conocer cuál
es la evolución. Un ejemplo claro del interés que existe en esta
materia es que, en la comparecencia, el ministro fijó la fecha del 31
de mayo de 2000; quince días después, un parlamentario del Grupo
Popular le preguntaba exactamente por lo mismo y, lógicamente, la
respuesta del ministro fue la misma: que las fechas aproximadas para
la materialización de estos traspasos iban a ser exactamente las
mismas que las que se dieron a conocer en su comparecencia -en la que
este mismo parlamentario que hizo la pregunta estaba presente- dos
semanas antes. Estas son muestras de la escenificación parlamentaria
y de la autonomía que el Grupo Popular tiene respecto del Gobierno.
De cualquier manera, en las comparecencias de los ministros y en las
preguntas o en las interpelaciones que se les plantean en relación
con las transferencias,
el interés se centra generalmente en el proceso genérico de
transferencias. Yo mismo, como parlamentario, me he preocupado por
esta cuestión y he planteado hasta cuatro preguntas -como usted
seguramente conoce-, a lo largo de lo que llevamos de legislatura, en
relación específicamente con las transferencias aún pendientes a la
Comunidad Autónoma del País Vasco. En estas cuatro preguntas he
obtenido respuestas distintas, y el proceso que ha seguido la
Administración del Estado a la hora de responderme a las mismas ha
sido muy curioso. En primer lugar, el ministro, en su primera
comparecencia de 31 de mayo, me dijo que él tenía una actitud
absolutamente abierta a relacionarse con el País Vasco en lo
referente a las transferencias aún pendientes de materialización y
que no tenía absolutamente ningún inconveniente en impulsar, en la
medida en que estuviera en su mano, este proceso aún pendiente. Pocos
meses después, planteé una pregunta recordando al Gobierno su
obligación de impulsar el proceso de transferencias, una obligación
que resulta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que
dice literalmente que es el Gobierno, máximo responsable de la
finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe
extremar el celo para llegar a acuerdos en la Comisión Mixta de
transferencias. En esta ocasión el Gobierno me contestó que hasta la
fecha el Gobierno vasco no había solicitado a la Secretaría de Estado
de Organización Territorial el establecimiento de un calendario de
reuniones para cada materia o materias concretas en las que estén
pendientes de transferir las correspondientes funciones y servicios,
así como para fijar el foro adecuado para el tratamiento de las
mismas en función de su complejidad. Me llamó la atención la
respuesta, porque cuando yo recordaba precisamente la especial
responsabilidad que el Tribunal Constitucional asigna al Gobierno del
Estado para el impulso del proceso de transferencias, el Gobierno
declinaba esta responsabilidad y me decía en su respuesta que hasta
la fecha el Gobierno vasco no había presentado ese papel y que, por
tanto, el Gobierno no iba a hacer nada en este sentido, porque el
impulso parece ser que no correspondía ya al Gobierno del Estado,
sino a los gobiernos autonómicos. Obtenida esta respuesta, y con la
consiguiente sorpresa por parte de este diputado, que creía que el
Gobierno del Estado se tomaba en serio las sentencias del Tribunal
Constitucional, hice una pregunta meses después sobre la cuestión,
y una de las primeras preguntas que planteé fue si el Gobierno del
Estado había renunciado a ejercer esta responsabilidad de impulsar el
proceso de transferencias en el caso del País Vasco, porque es lo que
parecía resultar de esta respuesta que me dio a la primera de las
preguntas. Me contestó que no. Esta vez el problema no era que el
Gobierno vasco no hubiera presentado el correspondiente papel, esta
vez el Gobierno del Estado estaba plenamente dispuesto a impulsar el
proceso de transferencias, pero el problema eran las discrepancias.
Es decir, en la Comisión Mixta de transferencias al País
Vasco no se llega a acuerdos porque las posiciones que defienden
ambas partes, la representación del Gobierno vasco y la
representación del Gobierno del Estado, son incompatibles y, por
tanto, no hay manera de consensuar. Esta misma respuesta me dio el
ministro de Administraciones Públicas a una pregunta que le hice
precisamente la semana pasada en el Pleno, sobre las previsiones que
tenía el Gobierno en relación con la efectiva realización de la
disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía, estatuto de
autonomía que ahora tanta gente ha descubierto y al que ahora tanta
gente se adhiere y se abraza efusivamente, pero que tiene una
disposición transitoria; insisto, no una disposición de su parte
articulada, sino transitoria. Las disposiciones transitorias, por
definición, son las que permiten el tránsito desde la situación
previa a la entrada en vigor de la norma a la situación establecida
con carácter definitivo en la parte articulada de la norma. Por
tanto, si no se activa la transitoria, muy difícilmente se podrá
activar lo establecido con carácter general en la parte articulada,
y, después de 22 años, todavía no hay activación de la disposición
transitoria. A esta pregunta, me contestó dos cosas, me dijo que en
ocasiones el desacuerdo en la Comisión Mixta de transferencias se
produce porque hay discrepancias insalvables entre las posiciones de
ambas partes, y también me dijo: en ocasiones, es que es imposible
hacer la transferencia -me lo dijo así, literalmente-, porque se
trata de competencias exclusivas del Estado fijadas así por la
Constitución. Me sorprendió la respuesta, sobre todo esta última
apostilla, porque parecía poner de manifiesto que hay previsiones
estatutarias que son inconstitucionales. No se trata ya de
interpretaciones que pueda hacer el Gobierno vasco en relación con
previsiones estatutarias que no comparte el Gobierno del Estado
porque considera que son contrarias a la Constitución, sino
sencillamente de que hay previsiones estatutarias que son
inconstitucionales. ¿El estatuto es inconstitucional, señor
secretario de Estado? Acláreme, si puede, la respuesta que me dio el
ministro la semana pasada. ¿Qué pasa aquí? En relación con las
transferencias al País Vasco hay una lista, elaborada hace ya muchos
años, el año 1992, que recoge las materias todavía pendientes de
traspaso. Es una lista de año 1992, insisto, que no es una consigna
nacionalista, sino que es un acuerdo formalmente adoptado en el
Parlamento vasco, con la aquiescencia de todos los grupos
parlamentarios, incluido el Grupo Popular. La lista no es solamente
nominal, la lista recoge, además de las materias pendientes de
traspaso, una interpretación de la materia en cuestión, identificando
el precepto estatutario que le sirve de fundamento y, además, el modo
en el que la comunidad autónoma entiende que debe materializarse esa
transferencia. Ese documento, con esos contenidos, está consensuado
en el Parlamento vasco. No es una consigna nacionalista, es un
acuerdo formal del Parlamento vasco que resulta de ese estatuto que
ahora tanta gente ama. Pues en ese Parlamento, donde también
estaba el Gobierno y donde prestó su apoyo a este acuerdo, resulta
que todavía más de la mitad de las materias previstas en ese acuerdo
del año 1992 no se han materializado, no se han traspasado a la
comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que parece ser que el mismo partido
que en el País Vasco considera que eso es correcto, que esa
transferencia tiene que hacerse en esos términos, en Madrid considera
que esa transferencia no tiene que hacerse en esos términos. En
Madrid consideran que las interpretaciones que el Parlamento vasco
hace del estatuto, que el modo en que el Parlamento vasco, por
unanimidad, cree que tienen que materializarse los traspasos
vinculados a determinadas competencias estatutariamente atribuidas no
vale, y, evidentemente, se impone el criterio de Madrid. ¡Faltaría
más! El problema es que estas absolutas imposibilidades de transferir
se solventan en ocasiones cuando hay que votar en alguna investidura.
Cosas imposibles se resuelven súbitamente cuando hay que votar a
favor de una investidura o cuando nos aproximamos a un período
electoral en el que interesa transmitir en el País Vasco la opinión
de que hay un compromiso serio con la autonomía, con el estatuto, de
que hay una visión estatutaria y autonomista seria y comprometida. En
esas ocasiones, el imposible se vence. Cosas difíciles de entender,
pero que ocurren en la realidad y con una inusitada frecuencia. Si
ustedes -y concluyo, señor presidente- analizan las transferencias
hechas al País Vasco durante los últimos diez años, verán
sorprendentemente qué coincidencia existe entre las fechas de la
materialización de las transferencias y acontecimientos
trascendentales para algunos partidos, como la investidura de un
presidente del Gobierno, la proximidad de unas convocatorias
electorales y demás.
Como tengo que concluir, solamente le voy a hacer dos preguntas.
Primera, ¿considera efectivamente que hay previsiones estatutarias
que son incompatibles con la Constitución, como tales previsiones
estatutarias, que es lo que parece que resulta de la respuesta que el
ministro me dio la semana pasada? Y, en su caso, y singularmente en
el caso de la disposición transitoria quinta, si no es
inconstitucional, dígame qué manera, a juicio de la Administración
del Estado, existe para activar esa previsión sin que la misma sea
inconstitucional. Dígame en qué aspectos podría materializarse esa
previsión para que, a su juicio, no fuera inconstitucional.
Tienen sobre la mesa una solicitud del Gobierno vasco en relación con
cuatro transferencias pendientes, una solicitud que se hizo pública
hace aproximadamente un mes y que responde a esa inquietud que
existía en la Administración del Estado para que el Gobierno vasco
por fin se pusiera en contacto con ella para activar el proceso de
transferencias. Vivimos un momento fabuloso, una transferencia de
esas cuatro podría permitir de verdad al Partido Popular, ante la
convocatoria electoral ya realizada, ofrecer una faz de compromiso
real con el autonomismo vasco. Háganlas efectivas, tienen tres
semanas. Cedemos en lo de concederles un
compromiso efectivo con el Estado autonómico y con la autonomía vasca
si se hace efectiva alguna de las transferencias. Siguiendo los hitos
históricos anteriores, de acuerdo con los cuales se han producido las
transferencias, es una ocasión inmejorable; háganlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Antes de hacer cualquier otra consideración,
quisiera agradecer al secretario de Estado de Organización
Territorial, señor Elorriaga, su comparecencia en esta Comisión para
informar sobre el balance que efectúa el Gobierno respecto del
sistema de financiación autonómica todavía vigente y sobre el proceso
de traspasos.
Voy a centrarme en la primera de las cuestiones a la que ha hecho
referencia el secretario de Estado, la evolución del sistema de
financiación autonómica bajo la vigencia del actual modelo que, como
todos sabemos, parte del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 23 de septiembre de 1996. Voy a iniciar mi intervención
manifestando mi coincidencia con el secretario de Estado en la
valoración positiva respecto de este acuerdo y este sistema vigente
de financiación autonómica. Quizá es momento de recordar que el
sistema de financiación vigente, fruto de un acuerdo político y de
una serie de conversaciones entre distintas formaciones políticas,
fue criticado desde otras posiciones, en ocasiones fueron críticas
conceptualmente absolutamente incompatibles, porque desde unas
posiciones se dijo que no iba a asegurar un aumento de recursos a
disponer por parte de las comunidades autónomas, y desde otras que
era mercantilizar un acuerdo político y fijar precios altos desde el
punto de vista de la responsabilidad del Estado. La verdad es que una
y otra cosa son absolutamente incompatibles y lo cierto es que una y
otra cosa han sido, como se ha demostrado, absolutamente incorrectas.
Se trata de un modelo que supone un indudable paso adelante respecto
del modelo vigente hasta finales de 1996, así lo valoramos desde la
formación política de Convergència i Unió, aunque es cierto que es
manifiestamente mejorable y que dista mucho de ser todavía el modelo
de financiación definitiva. Desde este punto de vista, entendemos que
la posición del Gobierno respecto de la necesaria evolución del
modelo es también clara y ha sido expuesta por el secretario de
Estado en su intervención ante esta Comisión. ¿Por qué lo
consideramos un paso adelante respecto al anterior y por qué lo
consideramos todavía un modelo que no puede calificarse como de
plenamente satisfactorio o definitivo? En primer lugar, como paso
adelante y siguiendo la estructuración en base a los tres objetivos
básicos y claves que debe tener un determinado sistema de
financiación, porque ha mejorado la plasmación del principio de
suficiencia. Es indiscutible que las comunidades autónomas han
dispuesto de mayores
recursos respecto del modelo vigente hasta finales de 1996 con el
establecimiento de garantías para los niveles mínimos de recursos,
fundamentalmente al establecer la evolución de los recursos obtenidos
del IRPF y de la PIE en la evolución mínima del PIB nominal, y
también sin establecer límite máximo en cuanto a la evolución de los
recursos que existía en el anterior sistema de 1994. Qué duda cabe
que la eliminación de este límite máximo también hay que contemplarla
como muy positiva. Esto desde el punto de vista del principio de
suficiencia.
Desde el punto de vista de la corresponsabilidad fiscal, las
ganancias son también más que evidentes. En primer lugar, porque se
ha incrementado significativamente el porcentaje de ingresos que
puede entenderse como generado en el propio territorio de la
comunidad autónoma de que se trate. El secretario de Estado lo ha
cifrado respecto al total de financiación, sin incluir el 15 por
ciento adicional de IRPF, en el 45,7 por ciento de este bloque de
financiación, y qué duda cabe que esto es un paso adelante respecto
del sistema anterior.
También lo es el hecho de la asunción de competencia normativa por
parte de las comunidades autónomas. Es cierto que al igual que en el
caso anterior queda todavía camino por andar, pero es un primer paso,
y se trata de dar pasos en la dirección adecuada, porque son materias
ciertamente sensibles desde un punto de vista político, social y de
equilibrio territorial y, por tanto, lo importante es avanzar en el
sentido adecuado con toda la prudencia debida y necesaria. La
asunción de competencias normativas por parte de las comunidades
autónomas lo cierto es que ha permitido despejar determinados tópicos
y tabúes que existían al respecto, que también se vertieron a la
opinión pública cuando se puso en práctica esta asunción de
competencias normativas. Se dijo que iba a atentar contra la
posibilidad de establecer una política fiscal coherente por parte del
Gobierno español. Con la adecuada articulación de límites y
mecanismos de coordinación y evolución normativa se ha demostrado
ampliamente que no es así, y lo cierto es que el desarrollo de estas
competencias en materia de los tributos que ya estaban cedidos antes
de este acuerdo, como respecto al IRPF en la evolución de la tarifa,
aunque no se ha puesto en práctica esta competencia normativa, y la
posibilidad de establecer deducciones sobre las inversiones no
empresariales y por circunstancias personales y familiares, ha
enriquecido el sistema tributario y no han supuesto peligro alguno
para este desarrollo de la política fiscal española a la que se hizo
referencia cuando se adoptó el acuerdo político en septiembre de
1996.
El ámbito de la gestión tributaria es quizá el apartado en el que
menos se ha avanzado, aunque siquiera un tímido avance también lo
podemos reconocer en el modelo. Lo cierto es que la Comisión Mixta de
Coordinación de la Gestión Tributaria y los consejos territoriales
para la dirección de la gestión tributaria en las correspondientes
delegaciones especiales de la Agencia,
aunque son un muy tímido avance, son algo más que los consejos
rectores que existían bajo la vigencia del anterior modelo hasta
finales de 1996.
Por tanto, la valoración desde estos distintos puntos de vista es
positiva. ¿Que quedan cosas por hacer? ¿Que el modelo es mejorable?
Sí, y además, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario,
ciertamente mejorable, y no ya sólo desde una determinada posición
política, que es muy clara además en mi grupo parlamentario, sino
incluso desde un punto de vista doctrinal, conceptual e incluso
atendiendo a las recomendaciones que se han formulado desde distintas
instancias y organismos internacionales. ¿En qué direcciones podemos
avanzar? En mayor asunción de competencias normativas. Se ha
demostrado que este camino no es en absoluto peligroso, como se
argumentó desde determinadas posiciones en el año 1996. Cierto es que
hay limitaciones, una muy clara es que incluso España no tiene la
posibilidad de normar en ciertos ámbitos por estar asumidas estas
competencias por la Unión Europea, evidentemente ese es un camino
infranqueable. También es cierto que tiene que haber mecanismos de
coordinación y salvaguarda o de asunción de competencias lógicas por
parte del Estado para asegurar el desarrollo de una determinada
política fiscal en el ámbito español. Pero respetando estos dos
límites, qué duda cabe que queda todavía camino, fundamentalmente en
el ámbito de los tributos ya cedidos desde los años ochenta, y es un
camino que esperamos poder recorrer con un amplio acuerdo.
También el ámbito de la gestión tributaria todavía requiere una mayor
coordinación, colaboración e interrelación de funciones entre la
Administración tributaria del Estado y las de las comunidades
autónomas. Existen estos órganos, uno a nivel central y uno por cada
comunidad autónoma, pero vuelvo a decir lo mismo que he indicado
anteriormente, no ya sólo desde una determinada posición política,
sino también desde el punto de vista del mejor servicio a prestar a
los ciudadanos, que son los destinatarios de la actuación de la
Administración Tributaria española en un sentido general: qué duda
cabe que favorecer la gestión coordinada de estos dos tipos de
Administración tributaria ofrece caminos importantes para recorrer
tanto desde una posición política como para prestar un mejor servicio
al ciudadano.
He dejado para el final el punto más claro, sobre el que más se ha
hablado y más se ha comentado en lo que a la evolución del actual
sistema de financiación se refiere, como es el de la mejora de la
corresponsabilidad fiscal. Sigue existiendo camino, pero es evidente
que, en el actual sistema, el abanico de impuestos o de tributos que
están configurados como cedidos a las comunidades autónomas presenta
problemas desde un punto de vista económico y financiero importantes,
que es que una determinada evolución de la actividad económica,
evolución del consumo, repercute de manera muy dispar en la evolución
de los ingresos tributarios
del Estado y en la evolución de los ingresos tributarios de las
comunidades autónomas. Es evidente que existe un acuerdo en el
análisis de que esta situación debe superarse, lo cual se traduce en
que el conjunto de tributos que deben configurarse como cedidos deben
sobrepasar a los tributos ya clásicamente cedidos y al IRPF para
afectar a otras figuras tributarias, de tal forma que la estructura
cualitativa del presupuesto de ingresos de las comunidades autónomas
sea más coherente, tenga una evolución similar a la que pueda tener
la evolución de los ingresos tributarios del Estado. Ello permitiría
dotar de una mayor estabilidad indudable, temporal y conceptual al
sistema de financiación hacia el que indudablemente tendemos.
Un ejemplo gráfico de la necesidad de abordar esta evolución en la
estructura de la financiación de las comunidades autónomas se aprecia
si atendemos, por ejemplo, a cuál fue el tributo que evolucionó en su
recaudación con mayor intensidad hace dos años. Digo hace dos años
porque el IVA hace dos años creció, con respecto al año anterior, un
17,1 por ciento. Evidentemente, no lo hizo así el abanico de tributos
cedidos a las comunidades autónomas y esto produce una disparidad en
la evolución cualitativa y cuantitativa de los presupuestos de
ingresos de las comunidades autónomas.
Para terminar, voy a hacer una reflexión. Todo sistema tiene que
estar guiado por la tercera pata, por el tercer principio que debe
aplicarse a un sistema de financiación de distintos niveles de
gobierno o de administración. Es el caso que estamos analizando. El
principio de la solidaridad. Cualquier sistema de financiación que se
articule tiene que respetar el principio de la solidaridad y el
principio de la solidaridad bien entendida, entendiendo que España es
hoy, afortunadamente para todos, un país moderno, un país
evolucionado y avanzado y en el que ya no existen esas divergencias
de parámetros de riqueza entre unos territorios y otros, aunque
ciertamente el principio de solidaridad debe ser siempre uno de los
tres pilares fundamentales de cualquier sistema tributario justo y de
cualquier sistema de financiación justo y equilibrado.
Respecto al tema de financiación nada más, señor presidente. Cedo la
palabra al diputado señor Jané, para analizar el resto de la
comparecencia del secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané, a quien ruego
que sea breve, en la medida de lo posible.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, quiero agradecer también la
comparecencia del secretario de Estado.
Nuestro grupo político, Convergència i Unió, se planteó dos grandes
objetivos en esta legislatura: mejorar el actual sistema de
financiación autonómica y mejorar los niveles de autogobierno. En el
segundo de los aspectos tiene una incidencia directa la evolución
de los traspasos. Hoy se nos ha hecho un balance de cómo están
evolucionando los traspasos. Con relación a la Comunidad Autónoma de
Cataluña no ha habido ninguna reunión más de la Comisión mixta desde
el 14 de marzo del año 2000; está prevista una futura reunión en
junio de 2001. Nosotros creemos que debemos acelerar ese proceso de
transferencias, ese proceso de traspasos. Hay algunos que están
incluidos en la próxima agenda de junio de 2001, como el de la línea
de ferrocarril Lleida-La Pobla de Segur, que lleva años y años y que
parece ser que es un traspaso que no acaba de encontrar la solución
que nosotros requerimos y que creemos que debe encontrarse con
diálogo, pero que es necesario impulsar. El secretario de Estado ha
hecho referencia a la financiación del profesorado que imparte
religión en centros de enseñanza primaria, que ya se contempla en el
proceso de transferencias. Nuestro grupo parlamentario y la
Generalitat de Cataluña tiene la intención de plantear el traspaso de
nuevos ámbitos, como por ejemplo, el servicio de defensa de la
competencia -este Congreso de los Diputados ya se ha pronunciado al
respecto, igual que el Tribunal Constitucional-, temas de protección
civil, de inspección de trabajo de nombramiento de procuradores.
Señor secretario de Estado, quisiera abrir una reflexión sobre lo que
puede parecer, desde su Ministerio, que se quiere trasladar a la
opinión pública, muchas veces al margen del Parlamento. Ha hecho
alusión algún otro portavoz a ámbitos académicos, en los que se
quiere ver por parte del Gobierno una intención, en el ámbito de los
traspasos y de la asunción de competencias, de cerrar el sistema
autonómico. Nuestro grupo siempre ha defendido que el sistema
autonómico es dinámico. Hay un principio que inspira la Constitución,
el principio dispositivo, el principio que debe permitir a todas las
comunidades autónomas acceder a aquellos niveles de autogobierno que
las propias comunidades deseen dentro del marco constitucional. Pero
quiero recordar que el marco constitucional es flexible y es abierto;
no es cerrado. No comparte nuestro grupo esa intención de que se
cierre el sistema autonómico, no la comparte ahora ni la
compartiremos en el futuro. Para nosotros, ese principio dispositivo,
ese principio abierto es el que debe presidir el ritmo de asunción de
competencias por las distintas comunidades autónomas, atendiendo a lo
que sea mayoría en cada uno de los Parlamentos de esas comunidades.
Quiero recordar la anterior legislatura, en la que se aprobó una ley
muy importante, la Lofage, una ley impulsada desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, en la que se dice expresamente que la
Administración autonómica debe ser la administración ordinaria
o única en cada uno de los territorios. El principio de la
Administración única parece que se está aparcando ya desde su
Ministerio y es un principio que debe presidir los traspasos. En ese
balance de los traspasos quiero reivindicar una vez más el principio
de Administración única que aparece en la propia Lofage. En su
exposición de motivos -y ustedes pueden leerla- hay una frase que
dice clarísimamente que la Administración única es posible a través
de la vía constitucional del apartado 2 del artículo 150. Esta es
otra de las patas que permite la Constitución y que parece que se
están olvidando.
En este ámbito de mejora del autogobierno, el balance por parte de
nuestro grupo no es positivo, da la sensación de que quiere cerrarse
el sistema, sensación que puede verse afectada por lo que algunos
medios de comunicación lanzan como globo sonda, pero globo sonda que
viene inspirado desde el propio Ministerio de Administraciones
Públicas en algunas ocasiones, proyectos de ley de cooperación. El
ministro habló de ello en la primera comparecencia en esta
legislatura ante esta Comisión. Afirmó lo siguiente de forma solemne,
y está recogido en el 'Diario de Sesiones': Es para facilitar el
diálogo, nunca para entorpecerlo. Y continúa. Y como es para
facilitar el diálogo, no lo impulsaré si las comunidades autónomas
están en contra. Eso es palabra de ministro y yo la tengo bien
apuntada en el sentido de que nosotros no vemos un proyecto de ley de
cooperación como un proyecto necesario, en principio. Ya veremos, si
hay esa voluntad de diálogo, cómo se puede plantear.
Para nosotros, todo lo que son proyectos transversales en el ámbito
de las competencias nos inspiran un cierto temor, creemos que puede
alterar las competencias ya asumidas y entorpecer la asunción de
nuevas competencias en un futuro. Por tanto, tomamos esas palabras
del ministro Posada como una clara voluntad de que, si las
comunidades autónomas, en concreto Cataluña, que es una comunidad
autónoma con una personalidad nacional propia, que accedió a la
autonomía, no como un capricho, no como una solución a una
descentralización, sino como una respuesta histórica a su voluntad de
autogobierno, si Cataluña, digo, País Vasco, Galicia o cualquier otra
comunidad no ven ese diálogo y ese consenso en esta ley de
cooperación, pediremos al ministro que haga suyas sus palabras del
inicio de la legislatura y que no lo impulse. El lo dijo claro, no lo
impulsaré si existe una voluntad de no consenso por parte de las
comunidades autónomas. Nosotros dejamos claro en su día que no
queríamos ningún intento de armonización, que la cooperación no lo
sea -esperemos que no-, pero quiero lanzar al secretario de Estado
hoy esta advertencia. Está también la Ley de estabilidad
presupuestaria. Sabe que nuestro grupo tiene una actitud positiva de
que esa ley no cercene las competencias. Hemos presentado unas
enmiendas, que se están negociando, estamos haciendo propuestas, y
pedimos a su Ministerio y al de Hacienda una voluntad positiva para
que esos proyectos de ley sean respetuosos con el marco competencial.
Pedimos asimismo respeto al marco competencial. Si estamos hablando
hoy de traspaso de competencias, tenemos que hacer una advertencia y
es que las competencias que se traspasan se ven alteradas en muchas
ocasiones por nuestra plena incorporación a la Unión Europea.
Reclamamos, tal y como se aprobó en el Pleno del Congreso la pasada
legislatura, mecanismos que permitan de forma efectiva una
participación de las comunidades autónomas cuando éstas ven afectadas
sus competencias en el ámbito de la Unión Europea. Y ello dentro del
marco de la Constitución, puesto que la Constitución lo permite, pero
necesitamos que el Gobierno sea sensible a lo aprobado por el Pleno
del Congreso en la legislatura pasada, gobernando ya el Partido
Popular. Reclamamos esa sensibilidad porque, fuera del Parlamento, en
foros distintos, hemos tenido ocasión de oír al secretario de Estado
que hoy comparece ante el Congreso de los Diputados manifestar la
voluntad de no permitir en ningún caso el incremento de la
participación de las comunidades autónomas en el ámbito de la Unión
Europea. Debemos discutirlo en el Congreso de los Diputados, y
reclamamos pleno respeto de su Ministerio, del Ministerio de
Administraciones Públicas.
El Gobierno encontrará la colaboración de nuestro grupo
parlamentario, pero esa colaboración debe basarse siempre -repito- en
ese principio dispositivo, abierto y flexible, que la Constitución
permite.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Intervendré con brevedad, dado lo
avanzado de la hora.
A lo largo de la mañana, se ha hablado de casi todo en cuanto a la
estructura del Estado español, de nuevos impuestos, del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, de la Ley de cooperación, de concierto,
de convenio. Y parece que las comparecencias se centraban en dos
temas: uno, los resultados del modelo de financiación autonómica en
el último quinquenio 1997-2001 y, dos, el estado del traspaso de
competencias.
Quiero agradecer que se celebren debates sobre el Estado autonómico,
porque creo que son importantes. Considero bueno que el Grupo
Socialista plantee debates de totalidad en cuanto al Estado
autonómico, porque así podremos avanzar en el conocimiento de su
posición sobre el modelo autonómico. El portavoz, señor Martínez
Sanjuán, se refería continuamente al modelo como un modelo único. En
mi grupo tenemos la sensación de que defendemos un modelo de
financiación autonómica basado en la Constitución y en los estatutos
de autonomía y sin embargo en el Grupo Socialista oímos hablar de
diferentes modelos de autonomía, dependiendo del territorio, de la
comunidad autónoma de que se trate, del Gobierno central, incluso del
momento en que hablemos; unas veces se defiende un federalismo
asimétrico en una región y en otras se defienden otros modelos
radicalmente distintos.
La discusión que el señor Martínez Sanjuán quería suscitar, aunque
quizá no en este foro, que es una comparecencia del secretario de
Estado, a mí me parece
positiva. Además, tal vez pueda ayudar al Grupo Socialista a que vaya
configurando una opinión única, para que podamos tener un debate en
igualdad de condiciones. Si no, es un debate entre el modelo que
tiene el Grupo Popular y los 17 modelos, que además cambian con el
tiempo, que defiende el Grupo Socialista. También agradezco que por
parte del Grupo Socialista se hable de foros en los que se enteran de
las nuevas propuestas del Gobierno, del Grupo Popular. Incluso se
refería el señor Martínez Sanjuán a que se tuvo que enterar de
algunas propuestas del señor GiménezReyna por noticias en prensa. Yo
agradecería que, cara a clarificar los debates en esta Cámara,
hubiera un diálogo fluido entre el portavoz de economía del Grupo
Socialista, señor Sevilla Segura, y el señor Martínez Sanjuán, porque
así nos evitaríamos que el señor Martínez Sanjuán dijera esto, cuando
estuvimos reunidos con el señor Sevilla Segura para informarle de
cuál era el contenido del modelo de financiación autonómica. En eso
creo que se podrá avanzar en el futuro.
Respecto al modelo de financiación autonómica, pensamos que el modelo
de 1997 al 2001 ha sido muy positivo. Es verdad, y lo decía el
secretario de Estado, que es un modelo de transición; concluía el
anterior en el año 1996 -el modelo anterior era de 1992 a 1996-.
Y como muy bien señala el señor Sevilla Segura, en un reciente libro,
escrito hace poco más de un mes (El señor Martínez Sanjuán: ¿Cuál de
ellos?), José Victor Sevilla Segura, el modelo anterior, el de 1992-
1996, era un modelo que no había dado solución a los problemas que
existían ni en suficiencia, ni en solidaridad, ni en
corresponsabilidad, y por tanto que en 1997 tenía que entrar en vigor
un nuevo modelo, un modelo transitorio. Comparto esa apreciación del
señor Sevilla Segura en torno a que el modelo de 1992 a 1996 era
absolutamente mejorable y que se tendría que superar, de acuerdo con
lo que se señalaba en el libro blanco que encargó el Gobierno
socialista en el año 1994, que también lo señala en su libro, que es
muy interesante, señor Martínez Sanjuán. Le recomiendo que lo lea.
(El señor Martínez Sanjuán: Ya lo he leído.) También señala que en
ese modelo de 1997 a 2001 se incorporaron algunos de los principios
que estaban en el libro blanco del año 1994, principios de
corresponsabilidad fiscal, de solidaridad, de suficiencia.
Se pactó un modelo, que firmaron la mayoría de las comunidades
autónomas y la mayoría de los partidos políticos. El señor Martínez
Sanjuán señalaba que es que no hubo consenso. No hubo consenso con el
Partido Socialista, pero el resto de los partidos políticos, con
Convergència i Unió, incluso con el PNV, que lo votó, con Coalición
Canaria, con el Partido Aragonés Regionalista, con Unión Valenciana,
y con la mayoría de las comunidades autónomas, algunas gobernadas por
el Partido Popular, otras gobernadas por partidos nacionalistas
y algunas gobernadas en coalición entre el Partido Popular y otros
partidos regionalistas como en el caso de Cantabria, Aragón o
Valencia, asumió el modelo
de financiación autonómica. Los únicos que no lo asumieron fueron
tres comunidades del Partido Socialista y hoy sabemos -y el
secretario de Estado hablaba de que ya tenemos datos definitivos y
que se conocían desde hace tiempo, de la liquidación definitiva de
1997 y 1998- que esas tres comunidades autónomas, gobernadas por el
Partido Socialista, han perdido millones de pesetas en recursos
financieros por no pactar ese modelo. Es un modelo que ha mejorado la
suficiencia de las comunidades autónomas. Es muy fácil mirarlo, hay
unaprueba del nueve. ¿Tienen más recursos o menos que con el anterior
modelo? Tienen más recursos. Uno puede decir: se podía haber mejorado
todavía más. Ahí no hay discusión posible. Cuando a uno le dicen que
todavía más, evidente. Pero, ¿da más o menos suficiencia que el
modelo de 1992 a 1996? Más suficiencia. Con la liquidación de 1997 y
1998 -y tenemos datos definitivos- hay más suficiencia económica para
las comunidades autónomas.
Hago un paréntesis. El modelo de financiación autonómica no es un
modelo para dotar de más o menos recursos, que se tiene que enjuiciar
por el número de recursos o que los ciudadanos lo tienen que
percibir, si los gobiernos tienen más o menos recursos. Es un modelo
que fundamentalmente lo que tiene que hacer es darnos recursos
suficientes para que los ciudadanos reciban un nivel de servicios
públicos de calidad. El modelo de financiación autonómica está ligado
no con el dinero que tienen los gobiernos sino con los servicios que
tienen que recibir los ciudadanos. Y eso es muy importante. El modelo
de 1997 a 2001, en mi opinión y en opinión de mi grupo, ha avanzado
en suficiencia y se pone de manifiesto con la prueba del nueve, que
es con los dos años de liquidación definitiva que conocemos. ¿Ha
mejorado la solidaridad, otro de los principios claves de un modelo
de financiación autonómica? Sí, ha mejorado la solidaridad. Las
comunidades autónomas con menores recursos son las que más han visto
incrementar los ingresos. De hecho, las tres comunidades autónomas
que no firmaron, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, que son
las comunidades autónomas con menos renta per cápita o de las de
menos renta per cápita, hubieran tenido muchísimos más ingresos,
hubieran podido ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios. Un dato
claro de que el modelo avanzaba en la solidaridad. También se puede
decir que hay que avanzar más. Eso es indiscutible, es una afirmación
con la que nadie puede estar más de acuerdo. Siempre se puede avanzar
más y en solidaridad. Es evidente. El nuevo modelo tiene que avanzar
en mejorar los instrumentos de solidaridad. Incluso se activó un
mecanismo de solidaridad que no estaba activado hasta este modelo de
financiación autonómica, que es el fondo de nivelación. Se podría
haber activado más, antes, mejor, pero se activó. Un fondo que no
estaba activado y se ha activado con ese modelo de financiación.
Corresponsabilidad, otro principio básico. ¿Se ha mejorado o no,
respecto al anterior modelo? En opinión
de mi grupo, en el modelo de 1997 a 2001 la corresponsabilidad se ha
mejorado. Se dio a las comunidades autónomas mayor capacidad
normativa en los impuestos ya cedidos -algo importante que a veces no
se menciona-; no sólo se les dio en el IRPF, sino que se incrementó
en los impuestos cedidos, en transmisiones, en sucesiones. Las
comunidades autónomas han usado esa capacidad normativa para mejorar
la transmisión de empresas, para dar continuidad a los negocios
familiares y han cambiado los tipos impositivos. Señor Martínez-
Sanjuán, en transmisiones han cambiado los tipos impositivos. Alguna
comunidad autónoma lo ha modificado. En el IRPF se les dio capacidad
normativa y, en esa capacidad, los Parlamentos de las comunidades
autónomas podían decidir subir los tipos, bajarlos o dejarlos en el
mismo nivel. Han decidido dejarlos en el mismo nivel, pero han podido
mejorar las políticas propias de su territorio con el uso de las
deducciones. Y creo que eso es una prueba clara de que el modelo de
1997 a 2001 ha mejorado la corresponsabilidad fiscal.
La valoración que hace mi grupo no puede ser más que positiva. Se
mejora la suficiencia, se mejora la solidaridad, se mejora la
corresponsabilidad fiscal. Estamos ante un modelo que ha avanzado
respecto al modelo de 1992 a 1996. Sin embargo, es verdad, y mi grupo
lo ha manifestado en el documento más importante, que es el programa
electoral, que tenemos que ir hacia un nuevo modelo de financiación,
que concluye en el año 2001, y nos gustaría que ese modelo tuviera un
grado de perdurabilidad en el tiempo mayor, que fuera un modelo
estable. No sólo lo decimos nosotros, también el señor Sevilla Segura
lo manifiesta en la primera página de su libro. Un modelo con mayor
estabilidad. ¿Por qué? Porque nos parece que se ha avanzado
notablemente en el traspaso de competencias a las comunidades
autónomas. Esta mañana, cuando oía hablar a otros portavoces sobre el
traspaso de competencias, me estaba preguntando: ¿de qué competencias
estarán hablando? Porque las comunidades autónomas ya tienen un techo
competencial enorme. El Estado del bienestar ahora mismo se sustenta
fundamentalmente en las comunidades autónomas, la educación,
universitaria y no universitaria, la sanidad, política
medioambiental. Son competencias que ya están transferidas a las
comunidades autónomas (El señor Rodríguez Bolaños: La sanidad, no.)
La sanidad está en proceso de transferencia, se está negociando. Me
refería a que la sanidad está transferida a algunas de las
comunidades autónomas y alguno de los portavoces se han referido
a esto.
Evidentemente, una vez que se ha avanzado en el traspaso de
competencias, el nuevo modelo de financiación tiene que tener la
mayor estabilidad posible en el tiempo, porque eso es bueno para
todos. Es bueno para las comunidades autónomas, que pueden planificar
el futuro, y es bueno para el Estado central. Sobre todo, es bueno
para armonizar lo que debe ser un funcionamiento correcto de la
estructura del Estado:
comunidades autónomas, Administración central, etcétera. Además, nos
gustaría que fuera un modelo con un alto grado de consenso. Eso sería
bueno.
El señor Martínez Sanjuán recriminaba al secretario de Estado que no
hayan sido capaces de encontrar una fórmula de consenso. No sé si eso
también lo manifiesta en el comité ejecutivo al presidente de su
partido; no sé si también le dice: no ha sido usted, señor Chaves,
capaz de encontrar una fórmula de acuerdo. Porque el acuerdo es entre
dos partes, el acuerdo existe cuando dos partes se ponen de acuerdo y
no se puede recriminar sólo a una parte que no se ponga de acuerdo
con la otra y algunas comunidades autónomas no parece que hayan
asumido esta política del consenso y de la no confrontación que el
señor Martínez Sanjuán ha defendido con vehemencia hoy en esta
comparecencia, ya que hasta ha habido gobiernos autonómicos que han
convocado manifestaciones contra algunas decisiones, ha habido
campañas publicitarias, en algún parlamento autonómico con gobierno
socialista ha habido debates sobre los Presupuestos Generales del
Estado. Señor Martínez Sanjuán, el consenso hay que buscarlo por
ambas partes. Nosotros tenemos voluntad de consenso y por eso
queremos llegar a acuerdos con el mayor número posible de grupos
políticos y de gobiernos autonómicos. Eso sería muy bueno y el señor
secretario de Estado siempre ha hecho manifestaciones hablando del
consenso como uno de los principios que tiene que regir en la
negociación del próximo modelo de financiación, que desde luego tiene
que avanzar en las líneas en las que todos estamos de acuerdo:
suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal. Además, el
nuevo modelo tiene que avanzar de manera que las comunidades
autónomas no dependan de un único impuesto. En esto creo que vamos a
estar de acuerdo todos los grupos políticos.
Por tanto, creo que estamos en un momento procesal muy importante. En
los próximos meses tendremos que negociar y tendremos que aprobar en
el Parlamento modificaciones para que el 1 de enero de 2002 entre en
vigor el nuevo modelo de financiación autonómica. Como digo, sería
bueno llegar al mayor grado de consenso posible en el nuevo modelo.
Estamos hablando no sólo del sistema de financiación de las
comunidades autónomas, sino de la financiación de unos servicios
públicos que van a recibir los ciudadanos y todos tenemos la voluntad
de que los reciban en las mejores condiciones y de la mayor calidad.
Por último, quiero referirme brevemente al traspaso de competencias.
Perdonen que cite tantas veces el libro del señor Sevilla Segura,
pero es que comparto algunas de las afirmaciones que hace, comparto
la afirmación de que uno de los éxitos del Estado de las autonomías
ha sido la gradualidad en el traspaso de competencias. Eso, que lleva
a que en todas las legislaturas, desde que se aprobara la
Constitución hasta ahora, se tengan debates en el Parlamento sobre si
se va rápido o lento, si se están produciendo los traspasos de
competencias
a una velocidad o a otra, que incluso ha llevado a grandes
pactos de Estado, también ha tenido muchas virtudes. Ese proceso de
gradualidad en el traspaso de competencias ha hecho que se vaya
produciendo progresivamente, que las comunidades autónomas vayan
adaptando sus administraciones, que los ciudadanos vayan recibiendo
los servicios con mayores niveles de calidad. Eso se ha reflejado en
un dato esencial, que es la aceptación de los ciudadanos del modelo
de comunidades autónomas. No hay ninguna duda, cuando se hacen las
encuestas del CIS se pone de manifiesto que el grado de aceptación de
los ciudadanos ante el Estado de las autonomías es enormemente
mayoritario y eso se ha debido a que el proceso se ha hecho con
orden, con gradualidad, haciendo posible que el traspaso de
competencias revirtiera en mejores servicios a los ciudadanos y no en
distorsiones en su prestación.
Ahora estamos en un momento en el que se ha avanzado
notabilísimamente en el traspaso de competencias. Las competencias
más importantes pendientes de transferir en 1996, la educación no
universitaria y la sanidad, se han efectuado en su totalidad para la
educación no universitaria y estamos ya en camino de ir transfiriendo
la sanidad. Eso pone de manifiesto que se va avanzando a un ritmo
adecuado.
No entiendo las reticencias que se pueden tener en la aprobación de
una ley de cooperación que yo creo que es muy buena. Creo que se ha
avanzado mucho en el traspaso de competencias y la estructura del
Estado necesita que haya un buen nivel de coordinación entre las
administraciones. En esa línea, la ley de cooperación tiene que
introducir desde luego mecanismos muy positivos. Yo comprendo que los
grupos políticos quieran conocer los proyectos cuanto antes, pero
todo tiene un iter. (Risas.) Primero tiene que haber un anteproyecto,
luego tiene que conocerlo el Ministerio, ir a la Comisión de
Subsecretarios y una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros esta
Cámara servirá de foro para lo que tiene que servir, para un debate
intenso (Risas.- Varios señores diputados: Vamos, que se va a aprobar
aquí.), donde el Grupo Parlamentario Popular discuta, debata y llegue
al consenso con el resto de los grupos, también con los que son
oposición al Gobierno, no sólo con los que lo apoyan, para que
tengamos la mejor ley posible.
El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones de los portavoces
de los grupos, tiene la palabra de nuevo el señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Muchas gracias, señor presidente.
Como bien señalaba Vicente Martínez-Pujalte, en el curso de las
intervenciones han surgido muchos temas que van más allá del estricto
contenido inicial de las comparecencias. Pero ahora tenemos ocasión
de debatirmuchos de los temas que se han planteado más o
menos directamente convocados, y trataré de dar respuesta a todos
ellos. Pido disculpas porque han sido realmente muchas cosas las que
se han dicho y es posible que alguna se quede en el tintero, no
obstante trataré de seguir las notas que he ido tomando e ir dando
respuesta pormenorizada a todos los asuntos.
En primer lugar, y en relación con la intervención del portavoz del
Partido Socialista Obrero Español, tengo que hacer algunas
consideraciones. Debo decir, sin ánimo de polemizar, que a muchas de
las preguntas que me ha hecho ha dado respuesta expresa él mismo en
su intervención y ese proceso de autorrespuesta en la intervención
propia me sirve para contestar a algunas de las cuestiones que ha
planteado. En todo caso, trataré de seguir el orden y de reiterar con
voz propia algunos de los puntos de vista de mi Ministerio para que
quede perfectamente claro cuales son.
Se ha hecho una consideración, que por otro lado luego se ha
reiterado, en torno a la prevista ley de cooperación autonómica. Se
ha hablado en un par de ocasiones, si no me equivoco, de globo sonda,
de tanteos -se han utilizado diversas expresiones- y yo quiero decir,
en primer lugar, que nada más allá de eso. Como también ha dicho el
señor Martínez Sanjuán, es conocido por todos que el programa
electoral con el que el Partido Popular concurrió a las últimas
elecciones dedica no menos de siete u ocho páginas -hablo de memoria-
al desarrollo de la cooperación en el Estado autonómico y da las
pautas de lo que se entendía, desde el punto de vista de un partido
político, que configurase esa legislación de cooperación. Por tanto,
hay un preanuncio en la concurrencia del Partido Popular a las
elecciones con un determinado programa, programa que, como es
sobradamente conocido, recibió un apoyo ampliamente mayoritario de
los ciudadanos españoles.
Tras esa concurrencia a las elecciones con un programa explícito
contemplando la eventualidad de esta ley, el presidente del Gobierno
mencionó la necesidad de reforzar los esquemas de cooperación en su
primera comparecencia ante esta Cámara y posteriormente el ministro,
en su comparecencia ante el Senado en primer lugar y luego ante el
Congreso, reiteró la voluntad del Ministerio de aprobar una ley de
estas características y definió sus líneas fundamentales. En esas
comparecencias del ministro se precisó con qué calendario afrontaba
el Ministerio los retos de esta legislatura y se especificó, ante
esta Cámara, que era en la segunda parte de la legislatura, es decir,
terminado el segundo año, cuando nos proponíamos remitir a las Cortes
Generales un proyecto de ley para su debate y eventual aprobación.
Ese calendario sigue estando vigente y por tanto nosotros prevemos
remitir a esta Cámara un proyecto de ley a lo largo del año próximo.
No hay, por ello, globo sonda ninguno; hay el cauce ordinario de
transmisión de los proyectos desde un partido y después desde un
Gobierno a la opinión pública: programa electoral, comparecencia del
presidente de Gobierno, comparecencia del ministro del departamento
y, posteriormente, a los que nos corresponde empezar a hacer el
trabajo, ponernos manos a la obra. Para ponernos mano a la obra es
verdad que hemos considerado conveniente desarrollar un amplio
trabajo de debate, si se quiere, aunque no es exactamente así,
académico.
El tema de la cooperación autonómica es de enorme complejidad, es un
tema que en su necesidad actual es nuevo, pues en la legislatura
pasada se transfirió toda la educación a todas las comunidades
autónomas, como recordaba en mi intervención, transfiriéndose más de
un billón de pesetas de recursos, y ahora, cuando se transfiera la
sanidad en su conjunto a todas las comunidades autónomas, es cuando
se hacen más necesarios los mecanismos de cooperación, porque es
cuando el grado de descentralización alcanza su cima. Me parece que
es de puro sentido común y el calendario viene dado por el propio
proceso de desarrollo del Estado autonómico.
Hemos dicho en el programa electoral y en las comparecencias del
ministro ante las Cámaras que esa ley de cooperación -y no tengo
ningún inconveniente en recordarlo aquí- debería contemplar
necesariamente, desde nuestro punto de vista, algunos aspectos. Hemos
hablado, en lo que creo que ha coincidido el señor Martínez Sanjuán,
de la necesidad de mejorar el funcionamiento de las conferencias
sectoriales, que nosotros también consideramos que es todavía
deficiente y precisamente por eso queremos reforzarlo; hemos hablado
de la necesidad de articular mejor comisiones mixtas, comisiones
bilaterales; hemos hablado de la necesidad de prever legislativamente
instrumentos específicos de cooperación y hemos hablado también de
otro asunto, que ha salido en la intervención, de articular, con
rango legislativo, la participación de las comunidades autónomas en
los asuntos relacionados con la Unión Europea. Este último punto, que
ha sido después mencionado, es de gran relevancia. Como es muy
conocido por todos los aquí presentes, la participación de las
comunidades autónomas en asuntos relacionados con la Unión Europea se
regula, desde el año 1994, si no me falla la memoria, a través de un
acuerdo interno de la Comisión sectorial de asuntos europeos. Es
decir, hay unas normas que, al margen de su buen o mal
funcionamiento, que precisamente se está evaluando en este momento en
el seno de la conferencia sectorial -que en la creación de la
conferencia tienen un cierto respaldo legislativo, pero no en sus
pautas concretas de funcionamiento, es decir, en la participación en
los comités de la Comisión de asuntos europeos, en la forma ordinaria
de funcionamiento de las comisiones sectoriales-, carecen de un
reflejo normativo suficiente, desde nuestro punto de vista. Por eso
hemos ofrecido a las comunidades autónomas, en el seno de esa
conferencia, que se evalúe la conveniencia de que sean respaldadas
con una norma de rango legislativo para así dar más garantía o más
transparencia a la forma de participación.
En cualquier caso, esos asuntos, que son los obvios, los conocidos
por todos y los demandados de forma
espontánea, mecanismos de cooperación horizontal que no existen y
otras muchas figuras, representan una relación abierta al debate.
Precisamente lo que nosotros estamos planteando ahora es un debate
muy abierto para, primero, poder establecer cuáles pueden ser esos
nuevos cauces de cooperación y, en su caso, cómo articularlos, cuáles
son las opiniones, para pulsar las sensibilidades.
Se ha dicho y reiterado, y sólo me queda repetirlo una vez más, que
el planteamiento original y mantenido de esta ley de cooperación es
el del consenso, y no por un afán altruista del Gobierno de la nación
sino, simplemente, por sentido común. Si lo que pretendemos es prever
normas que permitan un trato fluido entre las comunidades autónomas y
la Administración general del Estado o entre las comunidades
autónomas entre sí, es de sentido común que en el proceso de
elaboración de esa norma habrá que contar con la opinión de las
comunidades autónomas, porque ellas serán las que luego tendrán que
hacer uso de esos instrumentos. Por definición, es una norma que no
tiene sentido que sea aprobada de forma unilateral, por decirlo así.
Por tanto, insisto, no hay incoherencia alguna, no hay globos sonda;
es verdad que se está abriendo un proceso muy participativo de debate
sobre esta ley y yo he invitado personalmente a todas las comunidades
autónomas a trasladar a sus propios territorios este debate. He
transmitido la voluntad del Ministerio de Administraciones Públicas
de colaborar con personas, medios y recursos a la extensión de este
debate por todo el territorio nacional, y será cuando concluya toda
esta etapa de debate cuando se plasmará en un texto legislativo en su
caso, y, lógicamente, se remitirá para su debate en las Cortes
Generales, como no puede ser de otra manera.
Pido disculpas por el desorden en mi intervención. Trato de no
dejarme ningún tema, pero eso me puede llevar a dar algún salto
adelante o atrás.
En la intervención del portavoz del Grupo Socialista se han dicho
varias cosas, no sé si todas ellas compatibles entre sí, pero al
menos con algunas de ellas sí estoy de acuerdo. En algún momento ha
reprochado al Gobierno su aceptación de la ponencia parlamentaria
como instrumento de debate de algunos de los asuntos. Ha reprochado
-si no he tomado mal la nota- que no le gustan algunas de las
subcomisiones del Senado que se están constituyendo para tratar
asuntos como el pacto local o el modelo de financiación local y su
posible reforma. Yo no puedo por menos que discrepar y, además, en
cierto modo me parece incompatible con el propio sentido de su
intervención. Las Cámaras pueden conocer los debates políticos en
curso, y creo que es necesario que así sea, en dos etapas: una etapa
de estudio, una etapa previa, y no tenemos para eso un instrumento
mucho más depurado que nuestras propias comparecencias o el remitir a
foros de estudio dentro de las Cámaras esos temas, o el conocimiento
de los proyectos de ley cuando -como señalaba el portavoz del Partido
Popular- ya están configurados y se someten a debate
parlamentario. No hay muchos cauces intermedios; más allá de eso
podemos establecer foros sociales. En todos los casos nuestra
voluntad está siendo atender, en la medida de las posibilidades, las
demandas que desde las Cámaras se nos hacen y gustosamente ofrecernos
a que se haga ese debate parlamentario, complementario del proceso de
reflexión que dentro del Ejecutivo se sigue sobre esas materias para,
en su caso, alcanzar el mayor grado de acuerdo posible.
Voy a hacer un inciso que no es muy coherente en la exposición. En
algún momento el portavoz del PSOE ha dicho una cosa sobre la que me
gustaría discrepar expresamente. Ha hablado de España como de un país
plurinacional y yo quiero dejar claro que, en mi opinión, España no
es un país plurinacional. Entiendo que España es una nación y, por
tanto, no es un Estado que reúna un conjunto de naciones y tampoco
es, como algunos pretenden, una nación de naciones. Sobre eso cabe la
discrepancia, pero, insisto, se ha dicho de pasada, como dando por
hecho que eso era así y sólo quería dejar claro cuál es mi visión del
tema en ese punto.
El señor Martínez Sanjuán ha hecho algunas referencias a la evolución
de la litigiosidad y alguna mención específica a los conflictos
planteados en torno a las últimas leyes fiscales. Yo ahí quiero decir
dos cosas; también lo decía el señor Martínez Sanjuán. La
litigiosidad, vista de la única manera que se puede medir
objetivamente, ha disminuido drásticamente. El año 2000 ha sido el
año en el que menos conflictos de inconstitucionalidad ha interpuesto
el Gobierno de la nación desde 1978 -en realidad, desde 1980- y,
sumando la litigiosidad planteada por las comunidades autónomas y la
planteada por el Estado, es también, junto con el año anterior, el
año más bajo en litigiosidad. No es comparable, en modo alguno, como
es lógico; tampoco quiero yo presentar eso como un éxito de gestión.
La litigiosidad se concentró enormemente en los años ochenta y la
situación actual es incomparable. Hemos pasado de los cientos de
recursos interpuestos en los años ochenta a los cuatro o cinco
interpuestos el año pasado. La evolución es de ese orden de magnitud,
y ahí no hay muchas discrepancias porque estamos hablando de datos.
Se ha hablado del problema de los impuestos y, en un momento dado, se
ha utilizado una expresión que también me gustaría precisar, porque
me disgusta singularmente. Se ha hablado de vendetta con determinadas
comunidades autónomas. Lo que está ocurriendo en relación con los
impuestos aprobados por algunas comunidades autónomas es bastante
fácil de entender. La Constitución establece que la potestad
originaria para establecer tributos corresponde, en exclusiva, al
Estado, y establece a continuación que una ley orgánica fijará las
condiciones en las cuales las comunidades autónomas podrán ejercer su
potestad tributaria derivada. Esa ley, como es conocido, es la Lofca,
no aprobadapor el Partido Popular, que entró en vigor en su
momento y que determinó el ámbito de competencia en el que podían
actuar las comunidades autónomas, en el ejercicio de su potestad
tributaria, y el Estado. El artículo 6 (además de establecer unas
limitaciones genéricas de principios que todos ustedes conocen sobre
la imposibilidad de impedir o dificultar la traslación de recursos o
la libre circulación de personas, bienes y flujos financieros)
establece dos limitaciones muy concretas: una, no puede existir
duplicidad de hecho imponible con impuestos del Estado y, dos, no
puede existir imposición sobre materias imponibles (es un concepto
que el Tribunal Constitucional ha considerado más amplio que el
propio derecho imponible) previamente gravadas por impuestos locales,
salvo que la ley estatal lo habilite. Con esos condicionantes
(insisto, que no determinó el Partido Popular), el Partido Socialista
recurrió, hace algunos años, un impuesto ecológico de la Comunidad
Autónoma de Baleares (entonces gobernada por el Partido Popular) y lo
impugnó precisamente por su coincidencia con hechos imponibles
previamente gravados y, sobre todo, por su coincidencia con materias
imponibles previamente gravadas por impuestos locales. De ese recurso
se ha derivado una sentencia, de diciembre del año 2000, que desde mi
punto de vista es perfectamente coherente con la doctrina anterior
del Tribunal Constitucional, pero sobre todo es sumamente
clarificadora; es decir, integra toda la doctrina anterior, la
resume, la explicita y da unas pautas de comportamiento perfectamente
claras. Los dos recursos interpuestos, el que afecta al impuesto
catalán de grandes establecimientos comerciales -en el cual se ha
recurrido la totalidad de la ley- y el que afecta al impuesto de
Castilla-La Mancha sobre actividades contaminantes -en el cual se ha
recurrido una parte de la ley- tienen el mismo fundamento jurídico,
que es, estrictamente, el fijado por el Tribunal Constitucional en la
sentencia de diciembre del año 2000 y el demandado por el Gobierno
del Partido Socialista en la interposición del recurso en el momento
correspondiente. De todas formas debo decir que en este momento hay
un margen de actuación para la potestad tributaria de las comunidades
autónomas (hay impuestos autonómicos vigentes no impugnados y
previamente integrados en el orden constitucional) y hay, insisto,
dos recursos interpuestos, sobre las decenas que pudo haber en años
anteriores. Desde mi punto de vista, el asunto no es tan grave.
Se hacía una referencia explícita -que quiero contestar en alguna
medida- a la previsión contenida en el Estatuto de La Rioja en
relación con la compensación por, digamos, el mayor margen fiscal de
algunas de las comunidades autónomas limítrofes. Yo, al margen de
confiar en que ese asunto sea expresamente tratado en el curso de las
negociaciones sobre el modelo de financiación actual, quiero hacer
una reflexión más general. Es cierto, desde mi punto de vista, que la
diferencia de autonomía financiera y de corresponsabilidad y de
capacidad normativa entre las comunidades forales,
la vasca y la navarra, y las comunidades de régimen común en los
comienzos de los años ochenta dieron lugar a un diferencial de
regímenes jurídicos muy importante y por tanto pudieron dar lugar en
algunas ocasiones a algunos problemas de los que trae causa esa
previsión estatutaria que, por otro lado, existe en algún otro
estatuto también.
La propia evolución del modelo autonómico y la propia evolución del
modelo de financiación hace que en el año 2001 esas diferencias se
hayan acortado sensiblemente, y creo que de eso nos debemos
felicitar, es decir, a medida que, como recordaba el portavoz del
Partido Popular, las comunidades autónomas de régimen común han ido
ganando capacidad normativa sobre impuestos propios, sobre impuestos
cedidos, el problema derivado del diferente margen legislativo de
unas y otras comunidades ha quedado o está quedando en buena parte
minorado, con lo cual insisto que por lo pasado, la Comunidad
Autónoma de La Rioja, y aquellas otras que tienen previsiones
análogas, reciban completa satisfacción a sus previsiones
estatutarias, como no puede ser de otra manera, pero también me
alegra saber que ese problema podemos entender que de cara al futuro
está prácticamente desaparecido, afortunadamente.
Había alguna referencia a las relaciones con el Gobierno vasco que,
si me permite, agruparé en la respuesta al portavoz del Partido
Nacionalista, y había un comentario sobre la remisión de datos o la
información sobre las transferencias pendientes. Desde luego, como
recordaba el propio portavoz, los datos de las transferencias que se
realizaron son públicos y no hay ninguna voluntad ni ningún intento
de opacidad. Me propongo, a partir de la sugerencia, recuperar esa
buena práctica parlamentaria que es remitir periódicamente
información sobre los traspasos, que con mucho gusto empezaremos a
hacer a partir de ahora. Hay un problema técnico, pero no menor, que
le explico: en la página web habrá visto usted que no sólo no se
contemplan los datos del año 2000, sino que, por ejemplo, figura otro
nombre para esta Secretaría de Estado o no incluye algunas de las
direcciones generales actualmente incluidas en la Secretaría de
Estado. La razón es también en algún sentido conocida. Se está
procediendo a la elaboración de un nuevo portal de la Administración
pública, que dirige el Ministerio de Administraciones Públicas desde
la otra Secretaría de Estado, y se pretende en los próximos meses dar
lugar a una nueva información completamente actualizada.
En todo caso, como la pregunta iba referida (al margen de que le haré
entrega del documento, sin perjuicio de que se lo remita a todos los
representantes en la Comisión por ese nuevo cauce que restableceremos
inmediatamente) a las transferencias realizadas en el año 2000, he de
decirle que, en concreto, se han realizado seis plenos de
transferencias, se han aprobado 26 traspasos, 678 personas, y se ha
transferido un costeefectivo de 10.940 millones de pesetas.
Indudablemente, la evolución del curso de las transferencias no es
fácil evaluarlo año a año, porque sin duda está muy condicionado por
los procesos políticos que se van desarrollando tanto en las
comunidades autónomas como en la Administración general del Estado.
Es inevitable que en momentos de transición, en el año 2000, momento
de transición en la propia Administración general del Estado por la
sucesión de los equipos de Gobierno, o en el año anterior en el caso
de las comunidades autónomas, se crean algunos desajustes en el
normal funcionamiento del proceso, y por eso, desde mi punto de vista
(pero no hay ninguna voluntad de hurtar los datos anuales o
semestrales), hacer una correcta evaluación requiere tomar períodos
políticos un poco más amplios que el estrictamente anual.
Ha hecho algunas referencias con relación al modelo de financiación.
Me permitiré hacer dos o tres comentarios. Ha puesto algún ejemplo
sobre los problemas con algunas transferencias recibidas y la
posibilidad de que exista insuficiente financiación, y ha puesto un
ejemplo concreto que es el de la enseñanza universitaria. Yo ahí sólo
quiero hacer un par de precisiones. En primer lugar, las
transferencias a las comunidades autónomas, yo diría que por
definición, no encubren faltas de financiación; es decir, cuando se
hace una transferencia se determina de mutuo acuerdo con cada una de
las comunidades autónomas qué recursos utiliza el Estado para prestar
ese servicio en la comunidad autónoma; recursos materiales, humanos,
financieros, de toda naturaleza, insisto, los fija de común acuerdo y
de común acuerdo transfiere la prestación del servicio. Por tanto es,
digamos, intelectualmente imposible que eso encubra o tenga ningún
déficit.
Es verdad que luego la evolución del gasto de esos servicios puede
ser mayor o menor que la evolución general de la financiación de la
comunidad autónoma con arreglo al modelo de financiación, e
indudablemente de ahí surgen en algunos casos holguras a favor de las
comunidades autónomas y en otros pueden surgir estrecheces. El
ejemplo concreto que pone, el de la enseñanza universitaria, me
parece que es especialmente claro; es decir, cuando en un país año a
año disminuye de forma drástica -aunque es un adjetivo un poco feo-
el número de alumnos universitarios no es fácil entender las razones
por las cuales crece de forma muy significativa el gasto
universitario. Crece porque las comunidades autónomas ejercen su
autonomía política y financiera, con todo su derecho, porque toman
decisiones que consideran necesarias de mejora de la calidad de
prestación del servicio, de mejora de las retribuciones de los
funcionarios públicos o de los trabajadores que prestan servicio, o
de cualquier otra naturaleza, pero eso es lo que nosotros llamamos
corresponsabilidad, es decir, se transfiere la responsabilidad
política a la comunidad autónoma, toma sus decisiones y asume
lógicamente la deriva de gasto que
ellas comportan. Desde luego no está en el origen de la transferencia
la disparidad en la financiación.
Ha dicho en algún momento, aunque entiendo que probablemente eso
tiene más que ver con la ley de cooperación pero no lo sé muy bien,
que está habiendo un intento de reasignación de responsabilidades o
de competencias. Nada más lejano a la intención del Gobierno y a lo
que materialmente está ocurriendo. Desde luego si la referencia iba
dirigida a la futura ley de cooperación autonómica yo me atrevería a
tranquilizar completamente al portavoz del Partido Socialista y a
todos los demás, simplemente porque un mínimo conocimiento del
derecho constitucional creo que puede dar a todos las garantía
suficientes de que mediante una ley ordinaria de las Cortes Generales
no es posible reasignar las competencias, no hay cuestión, desde mi
punto de vista. No sé a través de qué otra vía se puede intentar
reasignar las competencias, desde luego no se intenta ni se ha dado
ningún paso en ese sentido, si hay algún ejemplo concreto con mucho
gusto lo podemos debatir, pero desde luego no hay planteamiento
general ninguno porque no puede haberlo en torno a la ley de
cooperación.
Ha hecho una crítica a que el modelo de financiación vigente, que es
la base de la oposición de su partido, sólo descansaba en el IRPF. Ya
lo ha explicado también con mucha claridad el portavoz del Partido
Popular, pero me parece que la respuesta es obvia, el descanso del
modelo de financiación sobre el IRPF no lo introdujo el Partido
Popular sino el Partido Socialista a partir del informe que se hizo
en el año 1994, promovido por el Ministerio de Hacienda, y
posteriormente trasladado a una modificación del modelo a mitad de la
vigencia, no del vigente sino del anterior que, como todo el mundo
sabe, con posterioridad a las elecciones generales de 1993 fue
modificado precisamente para dar cumplimiento a esa reflexión que el
Gobierno del Partido Socialista había promovido en su propio seno.
Luego la crítica, que podría caber desde un plano de vista teórico,
es bastante absurda cuando se dirige desde el Partido Socialista que,
insisto, hizo los trabajos previos para iniciar el proceso de
introducción de la corresponsabilidad precisamente a través del IRPF
y que dio los primeros pasos para conseguirlo. El Partido Popular en
ese sentido ha avanzado en la misma línea, sin duda dando un paso muy
significativo, puesto que el grado de corresponsabilidad alcanzado,
como he tratado de explicar antes, a partir del año 1996 es muy
superior al que tenía en el modelo anterior, pero digamos que es un
desarrollo. De hecho, el nuevo modelo en el que se está trabajando, y
en el que yo creo advertir un grado de consenso necesario y amplio
afortunadamente entre todas las fuerzas políticas y todas las
comunidades autónomas, es de nuevo una evolución más, es decir, hay
una completa coherencia en el desarrollo de los modelos de
financiación.
Una última mención a un tema que a mí me resulta especialmente grato,
porque he de reconocer que es una consideración que yo también hago
en muchas ocasiones.
Decía el portavoz del Partido Socialista que si hay un ejemplo bueno
de corresponsabilidad en nuestro sistema territorial es el de las
corporaciones locales, y yo estoy muy de acuerdo. Sin duda, el modelo
de corresponsabilidad de las corporaciones locales guarda diferencias
enormes con el que se está estableciendo para las comunidades
autónomas, algunas también obvias derivadas de que las comunidades
autónomas van a tener un nivel de autonomía política y financiera muy
superior al de los ayuntamientos, derivado de que las comunidades
autónomas tienen una capacidad legislativa de la cual carecen las
corporaciones locales, y de otras muchas diferencias obvias. Pero es
verdad que hay una experiencia de corresponsabilidad en el mundo
local que es muy interesante, que en general ha funcionado muy bien,
que no deberíamos perder, al menos desde mi punto de vista, en la
renovación del modelo de financiación local que vendrá más adelante.
Paso a la intervención del portavoz de Coalición Canaria, señor
Rivero. Le agradezco mucho el tono de su intervención y la valoración
positiva que hace de la pauta seguida por el modelo de financiación.
Decía una cosa que yo también comparto, y es que si había un punto
negro en el modelo vigente de financiación era la falta de consenso,
y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hubiese sido mucho
mejor para todos que el modelo actualmente vigente fuese de
aplicación a todas las comunidades de régimen común, y sin duda ésa
es la mayor crítica que se le puede hacer.
Por otro lado, el señor Rivero decía una cosa con la que yo estoy de
acuerdo y de la cual pido alguna disculpa. Es verdad -no lo planteaba
él como crítica, pero yo quiero asumirlo como una cierta mala
costumbre- que tendemos a hablar de las comunidades de régimen común
en bloque, y tendemos a hablar del nuevo modelo de financiación, y es
cierto que muchas de las cosas que decimos cuando hablamos del modelo
de financiación y de las comunidades de régimen común y cómo va a
avanzar o cómo queremos que avance el modelo de financiación, no son
aplicables a Canarias. La propia tendencia que sigue el modelo, y en
la que parece que estamos todos de acuerdo, hacia la imposición
indirecta, en Canarias tiene una traslación completamente singular
por la propia singularidad de su estructura fiscal y de su régimen
fiscal. Por eso decía que pido disculpas, porque es verdad que en
ocasiones en la generalización se pierde el detalle o la singularidad
que afecta a Canarias, que es obvia y que en la evolución del actual
modelo va a quedar muy puesta de manifiesto, y habrá que ver cómo se
le da una solución adecuada a la especificidad canaria. Desde luego
en eso se está trabajando ya, como bien sabe el portavoz de Coalición
Canaria, y espero que se pueda alcanzar un acuerdo, que sin duda
tendrá que mantener un tratamiento diferencial con la Comunidad
Autónoma de Canarias.
También hacía una referencia al problema de los trasladados de la
Unión Europea y de la asistencia sanitaria, que es cierto. Creo que
aparte del problema general
de la asistencia a trasladados dentro del territorio nacional es
un asunto que se está contemplando ahora y que está siendo estudiado
también por la propia Unión Europea, y probablemente las soluciones
le sean especialmente útiles a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En relación con los traspasos de competencias, se hacían varias
menciones sobre aspectos todavía pendientes de desarrollar del
estatuto de autonomía, y en concreto hacía una mención sobre el
artículo 150 de la Constitución. Quiero hacer una precisión.
Efectivamente también ahí se hace una cierta generalización. Es
decir, cuando nosotros hablamos de que en esta legislatura aspiramos
a culminar la construcción del proceso autonómico, a completar el
proceso de traspaso a las comunidades autónomas, estamos haciendo de
nuevo una generalización. Lo que se está queriendo decir es que en el
momento en el que las 10 comunidades autónomas que todavía no tienen
la asistencia sanitaria la reciban, cuando todas las comunidades
autónomas reciban las políticas activas de empleo y cuando se termine
la transferencia de los medios materiales a la Administración de
justicia, todos aquellos servicios que llevan aparejadas magnitudes
significativas de gasto o un número de trabajadores significativo,
estarán hechas. Quedan no sólo en el estatuto de las islas Canarias,
sino en otros muchos estatutos -aunque no me gusta la expresión, pero
está consolidada-, numerosos flecos, es decir, numerosos aspectos
pendientes de desarrollo, a veces importantes para las comunidades
autónomas, a veces importantes para completar el ejercicio de su
autogobierno o para completar otros traspasos o para dar solución a
un problema muy específico y, por supuesto, se seguirán desarrollando
y se les seguirá dando cumplimiento. Pero normalmente ese tipo de
traspasos no llevan aparejados ni recursos financieros ni
trabajadores de forma significativa. De eso es más bien de lo que
estamos hablando cuando nos referimos a que hay que culminar el
proceso de traspaso. Por tanto, las previsiones estatutarias
lógicamente seguirán siendo atendidas por los cauces habituales y de
hecho, en el caso de la comunidad autónoma canaria, se está
trabajando en algunas de ellas. No así, y eso lo quiero dejar claro,
en relación a la utilización del artículo 150 de la Constitución
durante esta legislatura. Como se ha hecho ya público, en principio
el Gobierno no es partidario de utilizar durante esta legislatura el
instrumento previsto en el artículo 150 para trasladar competencias
exclusivas del Estado a las comunidades autónomas.
Es una previsión que en estos momentos se descarta, lo cual no quiere
decir que algunos de los problemas concretos que se tratan de
solucionar desde el Gobierno de la comunidad autónoma a esos puntos
tal vez puedan ser enfocados desde otra perspectiva que, sin requerir
la utilización de esa previsión constitucional, puedan dar
satisfacción a la mejora del servicio que sepretende.
En relación con la intervención del señor Erkoreka, como portavoz del
Grupo Vasco, que afortunadamente, permítame la broma, me planteaba
dos preguntas muy concretas -digo afortunadamente por la generalidad
y por el bombardeo de preguntas de muchas de las otras
intervenciones-, voy a tratar de darle una respuesta lo más precisa
posible.
En primer lugar quiero dejar claro que este Ministerio y este
Gobierno remiten respuestas distintas a preguntas diferentes, lo cual
no quiere decir que cambie de criterio sino que simplemente se toma
la molestia de analizar cada una de las preguntas para tratar de
darles cumplida respuesta en sus estrictos términos. Tal vez sería
más cómodo mandar siempre la misma respuesta, pero no creo que eso
mejorase la relación entre el Gobierno y las Cámaras. En todo caso,
reitero cuál es la postura.
Es cierto que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del
País Vasco tiene todavía algunos aspectos pendientes de desarrollo;
es cierto que sobre muchas de esas materias se iniciaron, no ya en la
legislatura pasada sino en algunos casos en legislaturas anteriores,
los cauces ordinarios de negociación para poder formalizar el
traspaso por mutuo acuerdo a través de la correspondiente comisión
mixta, y es cierto que todas esas comisiones, por decirlo
gráficamente, han ido encallando en la aproximación de posiciones. Es
cierto que al Gobierno le corresponde el impulso político de ese
proceso de transferencias, pero es igualmente cierto que cuando en
una negociación una de las partes mantiene posturas inamovibles no
parece lógico demandar que la aproximación se produzca por el
desplazamiento de sólo una de las partes. Hay, por tanto, formalmente
al menos, cauces abiertos porque para muchos de los traspasos a que
se refiere se han reunido ya en su momento comisiones técnicas y hay
documentos de trabajo elaborados, están plasmadas las discrepancias y
lo que hay simplemente es una inamovilidad en las posiciones que
impide continuar en el proceso de acercamiento.
De todas formas, de su reflexión sobre ese intercambio de preguntas y
respuestas que se han sucedido durante los últimos meses hay una cosa
que me alegra muy sinceramente y que me voy a permitir interpretar en
el sentido que yo entiendo más favorable, no sé si el señor Erkoreka
lo compartirá, mucho me temo que no. Invocaba el señor Erkoreka, para
recordar la obligación del Gobierno de impulsar el proceso de
descentralización, la doctrina del Tribunal Constitucional, y yo
quiero ser muy claro. Probablemente si el Gobierno vasco reconociese
o si usted hiciese expresa manifestación en esta Comisión de su
aceptación de los contenidos del título VIII de la Constitución y de
las disposiciones adicionales y transitorias referidas al País Vasco,
y si usted y el Gobierno del País Vasco manifestasen expresamente su
acatamiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la
interpretación que ha dado a algunas de las competencias pendientes
de realizar, estoy seguro de que llegaríamos inmediatamente a un
acuerdo.
Decía el señor Erkoreka que sí hay previsiones estatutarias
incompatibles con la Constitución española. Yo le digo que no,
obviamente. Las previsiones del estatuto de autonomía son
perfectamente conformes y coherentes con la Constitución española,
como no puede ser de otra manera. ¿De qué forma se da cumplimiento a
la disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía? Desde mi
punto de vista es bastante claro y bastante sencillo. Insisto, para
ello, son precisas dos cosas. Primero, entender lo que ha pasado en
estos 20 años y, segundo, acatar la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Entender lo que ha pasado en estos 20 años es fácil:
cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía, las responsabilidades
asumidas por la Seguridad Social son distintas de las actualmente
desempeñadas. La Seguridad Social incluye algunas en el año 1978, y
posteriormente en 1979, fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía
del País Vasco: la gestión sanitaria y la gestión del entonces
Inserso, determinadas funciones de atención social; incluso se
entiende en una interpretación posterior, que se hablaba de Seguridad
Social en un sentido genérico, incluyendo lo que ahora llamamos
políticas activas de empleo, es decir, determinadas actuaciones de
política social íntimamente conexas en parte con la Seguridad Social.
Al principio de estos 20 años, puesto que la Comunidad Autónoma del
País Vasco fue de las que más rápidamente obtuvo un alto grado de
desarrollo estatutario, se transfirieron a la comunidad autónoma
buena parte de los servicios incluidos en la Seguridad Social. Se
transfirió la atención sanitaria, la atención social, los servicios
complementarios del Inserso, etc. Por tanto se dio cumplimiento a la
previsión estatutaria de una manera inmediata, razón por la que,
desde mi punto de vista, no fue prácticamente necesario utilizar la
disposición transitoria. Es decir, no fue necesario utilizar la vía
intermedia de los convenios para hacer llegar a la comunidad autónoma
los servicios de la Seguridad Social que viene desarrollando
ampliamente desde hace mucho.
El punto de discrepancia en este momento se sitúa claramente en un
aspecto: la gestión económica de la Seguridad Social, sobre la cual,
como el señor Erkoreka sabe sobradamente -y por eso conviene saber si
acepta el título VIII de la Constitución-, el artículo 149 prevé que
es competencia exclusiva del Estado, y el Tribunal Constitucional ha
interpretado en unos términos meridianamente claros.
Sin necesidad de extendernos demasiado, le recuerdo que la Sentencia
124/1989, es decir, de hace más de 12 años, estableció lo siguiente,
y leo literalmente: La Constitución española no se ha limitado a
establecer la solidaridad interterritorial sino que, partiendo de la
misma, ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema y
de su régimen económico, la estabilidad de los fondos financieros de
la Seguridad Social y, por ende, la competencia exclusiva del Estado
no sólo de la normación sino también de la disponibilidad directa
sobre esos fondos propios de la Seguridad Social, que en este momento
se articulan por medio de la Tesorería General. Por ello, es
competencia exclusiva del Estado -reitera el Tribunal
Constitucional-, ejercitada a través de dicha Tesorería, la gestión
de los recursos económicos y la administración financiera del sistema
en aplicación de los principios de solidaridad financiera y de caja
única. He leído literalmente una de las sentencias del Tribunal
Constitucional que creo que da respuesta meridiana a la demanda
planteada por el Gobierno vasco. Si no se acepta la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional es difícil que el Gobierno mueva su
posición hasta el punto de llegar a un acuerdo y, desde luego, le
garantizo que no lo va a hacer.
Dice usted, ¿cómo se encuentra el acuerdo? Le contesto que, como el
señor Erkoreka conoce sobradamente, el Gobierno ha planteado
formalmente una fórmula -y lo ha hecho en el seno de las comisiones
técnicas- para que la Comunidad Autónoma del País Vasco asuma el
único servicio integrado en la Seguridad Social y pendiente de
traspaso: las políticas activas de empleo. He de decir que, como
también saben todos ustedes, en una comunidad autónoma con un régimen
financiero y competencial muy análogo al del País Vasco ha sido
posible alcanzar un acuerdo específico para la transferencia de las
políticas activas de empleo. No hay ninguna reserva para transferir
las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Ahora, eso sí, existe una limitación absoluta, que es el
respeto a la Constitución -insisto en ello porque creo que es la
clave del debate pues si no nos movemos en abstracto-, al estatuto de
autonomía y a la interpretación que de ese bloque de
constitucionalidad formado por la Constitución y el estatuto ha hecho
el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestro orden
constitucional y árbitro en las situaciones de conflicto. Si se acata
eso -insisto-, estoy seguro de que podríamos cerrar inmediatamente un
acuerdo.
A ese respecto sólo puedo decir que considero una broma la propuesta
de que en el próximo mes se transfieran las competencias pendientes.
Creo que sobradas ocasiones ha habido y poca voluntad se ha mostrado,
y en todo caso advierto también una cierta ironía en que por un lado
en su intervención se critique la coincidencia de algunos acelerones
al proceso de descentralización del país en procesos electorales y
simultáneamente se demande una transferencia en un proceso electoral
como el que se está desarrollando en el País Vasco. No sé muy bien el
alcance del comentario.
Paso a responder brevemente, para no irnos demasiado lejos, a la
intervención de los dos portavoces de CiU. Quiero especialmente
agradecer su intervención a Heribert Padrol, que además creo que es
la primera ocasión que tenemos la oportunidad de coincidir en esta
Cámara y con el que mantengo muchos lazos indirectos aunque sólo sea
porque somos compañeros de profesión y hemos trabajado con muchos
amigos comunes. Por tanto me es especialmente grato tener la
oportunidad de debatir o de compartir con él esta comparecencia. Le
agradezco mucho la valoración que ha hecho de la evolución del modelo
de financiación vigente en el que indudablemente CiU tuvo un papel
protagonista y colaboró enormemente a su configuración. Comparto
prácticamente todas las consideraciones que ha hecho e incluso las
carencias que tiene y las líneas de avance. Estoy totalmente de
acuerdo en que es preciso -probablemente luego bajando a los detalles
sería más complicado y eso es lo que estamos haciendo en estos meses-
mejorar a medida que aumenta la corresponsabilidad y la participación
de las comunidades autónomas en los ingresos que actualmente gestiona
la Agencia Estatal de Administración Tributaria; hay que mejorar los
mecanismos de participación de las comunidades en la gestión; hay que
introducir mecanismos de gestión coordinada, entre otras cosas porque
de la buena gestión de la Agencia van a depender los resultados
financieros de las comunidades autónomas y parece lógico que tengan
que incrementar su autoridad y su responsabilidad con las propias
estrategias de funcionamiento de la Agencia. En todo caso, insisto,
comparto todo lo que ha dicho en su exposición. Creo que ha destacado
muy correctamente tanto la mejora de corresponsabilidad que se ha
venido produciendo como la necesidad de ir más allá todavía en el
nuevo modelo, así como el buen funcionamiento de los instrumentos de
solidaridad y la necesidad también de perfeccionarlos en alguna
medida en el nuevo modelo.
En relación con la intervención del señor Jané él mismo ha recordado
que efectivamente está prevista una reunión de la Comisión mixta de
transferencias en un plazo relativamente corto sobre algunos asuntos
que han sido especialmente trabajosos pero que parece que alcanzan
por fin un nivel de desbloqueo suficiente como para dar el paso de
proceder a la transferencia. Ha hecho una referencia, que he
contestado antes pero que quiero reiterar, a esa voluntad de cerrar
el modelo autonómico y ha recordado el principio dispositivo. Me
remito a la explicación que antes daba: nosotros intentamos no hablar
nunca de cerrar, porque efectivamente no es posible ni deseado el
cierre, hablamos de culminar y lo hacemos en el sentido a que antes
me refería, es decir, entiendo que la culminación del proceso
autonómico se produce cuando el conjunto de las comunidades autónomas
adquieren un nivel de autogobierno realmente importante como es el
que están asumiendo en este momento con la plena asunción de las
transferencias educativas y las transferencias de la sanidad. Eso en
Cataluña lógicamente tiene otra lectura, porque es una comunidad de
vía rápida que sigue otros ritmos de transferencia y por tanto es
posible que se entiendan de otra manera ese tipo de declaraciones,
pero nada más lejos de ello. Sin duda es cierto que quedan todavía
aspectos estatutarios por explorar y tenemos constituidos grupos de
trabajo al respecto que no sin dificultad van avanzando en los temas
que se van proponiendo.
Decía una cosa que también quiero dejar muy clara por mi propia
integridad en el cargo. Se refiere a lo que decía el ministro de que
la Ley de cooperación sería para facilitar el diálogo. Desde luego,
parafraseando el refrán, donde manda ministro no manda secretario de
Estado. Obviamente lo que dice el ministro es lo primero y por
supuesto el propósito, como antes reiteraba, de la Ley de cooperación
es facilitar el diálogo y lo que se persigue es una ley con un amplio
nivel de consenso, no por nada, insisto, no por un afán altruista
sino simplemente porque carecería de sentido ser planteada de otra
manera. Desde luego reitero lo que antes decía, no es posible ni
deseada ninguna alteración del reparto competencial, lo que sí se
desea, y creo que existe una demanda pública notable por parte de la
ciudadanía, es que se mejoren los mecanismos de cooperación
actualmente insuficientes. Creo que todos compartimos las carencias
que existen en algunas de las actuales estructuras de cooperación y
probablemente lo que tiene que hacer la Ley de cooperación es
simplemente crear una pluralidad de instrumentos jurídicos que
potencialmente sean utilizables ante cada circunstancia concreta; es
decir, sería una ley que contemplaría un catálogo de posibilidades de
cooperación para que luego ante cada circunstancia fuese utilizada
aquella que fuese más adecuada y lógicamente tendría que ser
utilizada por el mutuo acuerdo de las partes.
Al portavoz del Grupo Popular simplemente agradecerle mucho su
intervención con la que, como no puede ser de otra manera, estoy
completamente de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un nuevo turno. Esta vez voy a rogar
a todos los portavoces que hagan una demostración de que son capaces
de unir el rigor y la precisión a la brevedad o, al revés, que la
brevedad potencie la precisión en sus intervenciones y que sean muy
breves dado lo avanzado de la hora. Un máximo de cinco minutos sería
el tiempo razonable en estas segundas intervenciones.
Tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Me ceñiré a sus palabras.
Solamente a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones', quería
hacer algunas precisiones, tanto a la intervención del portavoz del
Grupo Popular, al que no veo, señor Martínez-Pujalte, como al señor
secretario de Estado.
Con respecto a la Ley de cooperación, por seguir estrictamente su
esquema de intervención, el instrumento para arreglar los problemas
es importante pero para nosotros es relativamente accesorio. Queremos
que se arreglen los problemas, que se busquen las fórmulas más
precisas para aumentar la cooperación, para que haya un mecanismo de
representación de las comunidades autónomas en la voluntad de la
formación colectiva, en la representación de España en las
comunidades europeas, tema pendiente, y no sé si tiene que
ser en esta ley o en otra; cumbre de presidentes autonómicos, no sé
si tiene que ser en ésta o en la reforma del Senado, órgano donde se
discutan de forma bi o multilateral los grandes problemas colectivos
que afectan a las comunidades autónomas, que a lo mejor no
corresponde a la Comisión de Administraciones Públicas ni al Consejo
de Política Fiscal y Financiera pero que van a afectar al gasto
público, a determinadas estrategias, y no sé si este es el
instrumento o no. Queremos que realmente se de respuesta a esos
problemas. ¿Que se ha utilizado un sistema para empezar a poner en
circulación algo que ya lo había anunciado el ministro? No sé, señor
Elorriaga, si es la fórmula más correcta. Está bien que discutan los
intelectuales, los catedráticos pero, se lo decía en la primera
intervención y creo que coincide usted conmigo, el tema de la
cooperación, de la colaboración, es un tema fundamentalmente
político, de voluntad política. Podemos hacer los mejores
instrumentos, de hecho muchos los tenemos en marcha, pero el problema
está en que se pongan en circulación los auténticos mecanismos de la
cooperación y, allí donde hay instrumentos, que se articulen.
Decía usted que no sabía si a mi grupo parlamentario le parecía bien
o mal el tema de las ponencias. Está muy bien el tema de las
ponencias, lo que no pueden es empezar a funcionar, señor Elorriaga,
con ese refrán tan castellano que dice: Salida de caballo y parada de
burro. En el Senado se han creado ponencias, pero usted sabe que no
funcionan, que sólo ha habido una comparecencia, concretamente en la
ponencia para analizar la problemática local y el papel de los
ayuntamientos en la financiación y sobre determinadas cuestiones. Las
ponencias se deben crear para que actúen, para que se discutan los
problemas, para que sea un lugar de encuentro. En ese sentido,
estamos de acuerdo con que haya instrumentos, pero a éstos hay que
darles contenido, voluntad política. Esta es la crítica que yo le he
hecho, aunque usted lógicamente no la comparta, respecto a la
voluntad en la articulación territorial del país o del Estado.
No voy a discutir las discrepancias que tenemos usted y yo con
relación a la reforma del Senado, si España es un país plurinacional
o no, si debemos avanzar a un Estado federal, de corte simétrico,
asimétrico o de cualquier tipo, son cuestiones nominales que no pasan
de una discusión puramente formal. A mi grupo parlamentario le
preocupa que se avance de una forma coordinada y colectiva. A veces
no es cuestión de estadísticas, señor Elorriaga, pero si usted
analiza en estos momentos el clima de tensión o de litigiosidad que
existe entre el Gobierno central y las comunidades autónomas o entre
algunas de ellas, por circunstancias sectoriales, políticas, de
estrategia, no lo sé, el clima se ha enrarecido. Insisto, señor
Elorriaga, no creo que sea un buen camino de partida para abordar ese
tema que nos debe llevar a todos a construir de verdad, desde el
diálogo, desde la colaboración y desde la cooperación, que la hemos
vuelto a ofrecer en esta sesión, a pesar de
que tengamos discrepancias en algunas cuestiones mi grupo
parlamentario y los demás. Al señor MartínezPujalte le parecerá
baladí que se llegue a un consenso con todo el mundo menos con el
Partido Socialista, con muchas comunidades autónomas excepto con
tres, porque para los retos que tenemos en la España de la Unión
Europea, para los retos que tenemos para seguir avanzando en el
Estado de las autonomías, es necesario, y usted lo sabe, señor
Elorriaga, el concurso de todas las comunidades autónomas que quieran
construir de verdad un Estado autonómico moderno, solidario, en el
que el diálogo y la participación sean el tema central de la forma de
hacer política todos los días. En este modelo, insisto y lo vuelvo a
ofrecer de nuevo, que cambie lo que no nos ha gustado hasta ahora, lo
que ha dado malos resultados a pesar de que ustedes se empeñen en
demostrar lo contrario. Porque cambiaron las reglas de juego, porque
no se ha hecho correr a todas las comunidades autónomas con las
mismas zapatillas y en el mismo terreno, queremos construir de verdad
un nuevo modelo, un modelo de futuro solidario y para eso le pedimos
que tenga en cuenta las opiniones y las posturas del Partido
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: En primer lugar quiero discrepar, sin
necesidad de aportar argumentos -tampoco el secretario de Estado lo
ha hecho-, en relación con la caracterización del Estado español como
plurinacional o como nación única. Evidentemente yo no comparto su
criterio, pero tampoco lo voy a argumentar porque no hace falta,
aunque estoy dispuesto a hacerlo si él lo hace en alguna ocasión.
El señor secretario de Estado se ha refugiado en el recurrente
argumento de las posturas irreconciliables entre la representación
vasca y la estatal en la Comisión mixta de transferencias para
justificar el parón en los temas todavía pendientes de traspaso. Es
un argumento recurrente que la representación del Estado viene
utilizando con frecuencia para justificar ese parón, esa
paralización. Pero, curiosamente, ha dicho: Como hay posturas
inamovibles por una de las partes -es de suponer que las posturas
inamovibles son las de la representación del Gobierno vasco-, es
imposible llegar a un acuerdo, que requiere, por definición, una
aproximación por parte de ambas partes. Y resulta que, inmediatamente
después, ha dado una razón por la que la representación del Estado va
a mantener una posición inamovible. Es decir, que la inamovilidad es
achacable a la representación del Gobierno vasco, pero la
representación del Gobierno del Estado mantiene una posición
inamovible también. ¿Por qué es inamovible la posición de la
Administración del Estado en algunas de las cuestiones que hemos
traído a colación en el debate de hoy? Porque, a juicio del
secretario de Estado, está fundamentada en previsiones
del título VIII de la Constitución y en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Se me cita literalmente el artículo
149.1.17ª del texto constitucional y la Sentencia 124/1989 del alto
tribunal. La pregunta es: ¿hay base en estos dos referentes, uno
jurídico positivo y otro jurisprudencial, para mantener una postura
inamovible? Es cierto que el secretario de Estado ha hecho una
lectura literal de un pasaje de la Sentencia 124/1989, pero esta
sentencia tiene también otros pasajes. Desde luego se hace una
lectura expansiva del título competencial reservado al Estado en el
149.1.17ª, pero no se niega la competencia autonómica en esta
materia. Dice literalmente: En todo caso, las facultades autonómicas
-que no niega, sino que afirma su existencia- deben conciliarse con
la competencia exclusiva que sobre la gestión del régimen económico
ha reservado la Constitución al Estado en garantía de la unidad y
solidaridad del sistema público de Seguridad Social. Es decir, que
habla de conciliar, de una inevitable conciliación entre dos
previsiones, constitucional una y estatutaria la otra, que parecen
solaparse, pero conciliar no significa desplazar, sino aproximar,
intentando un punto de encuentro; no se trata de que una de las
posiciones desplace radicalmente a la otra y vacíe la atribución
competencial recogida en el estatuto a favor de la comunidad
autónoma.
Hay más. Usted sabe que la sentencia a la que ha hecho referencia no
se refiere a la Comunidad Autónoma vasca; surge de un conflicto
positivo de competencias que plantea la Generalitat de Catalunya
contra una norma dictada por el Estado en esta materia y por tanto no
tiene por qué aplicarse literalmente a la Comunidad Autónoma del País
Vasco. De hecho, hay otras sentencias del mismo año. Una muy cercana,
la 214/1989, habla explícitamente de limitaciones constitucionales
que operan y son inexorables para las comunidades autónomas catalana
y gallega, que eran las dos recurrentes; y que sin embargo no operan
de la misma manera para la Comunidad Autónoma del País Vasco, y usted
lo sabe. El Estatuto vasco tiene en esta y otras materias
singularidades que el bloque de constitucionalidad reconoce
expresamente y que el operador jurídico -y a estos efectos el
Tribunal Constitucional lo era- no puede desconocer, ignorar o
soslayar. Por tanto, hay otra jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que hay que tomar en consideración. No nos aferremos a
lo que interesa y desconozcamos o ignoremos lo que no nos interesa,
porque eso, por utilizar una expresión que no es mía sino del
presidente del Gobierno, es tomarse el estatuto a beneficio de
inventario. Por consiguiente, no leamos sólo los preceptos
constitucionales, no sólo el Título VIII, sino otras disposiciones
adicionales que operan y que son perfectamente aplicables. No
mantengamos y fundamentemos posiciones inamovibles en preceptos
elegidos arbitrariamente del texto constitucional porque nos
interesan o en pasajes de la jurisprudencia constitucional que apoyan
nuestra posición. Levoy a señalar otra sentencia del Tribunal
Constitucional,
la 195/1996, que entre otras cosas hace referencia a la arbitrariedad
con la que el Estado configura el concepto de Seguridad Social. Las
políticas de empleo activas y pasivas ¿son Seguridad Social o no?
Pues el Estado, según le interese, dice que sí o dice que no y en
función de eso atrae la competencia sobre esas cuestiones de política
de empleo o la desplaza a las comunidades autónomas. Vamos a hacer
una definición nuclear, sustancial, de lo que es la Seguridad Social;
vamos a apartar radicalmente las políticas de empleo de las otras
porque los títulos competenciales que operan son distintos. Seguridad
Social y políticas de empleo son materialmente conceptos distintos y
a la hora de delimitar las competencias entre el Estado y la
comunidad autónoma lo primero, y usted lo sabe muy bien, es
incardinar materialmente la cuestión objeto de conflicto entre las
materias recogidas en la titularidad competencial del Estado, según
el artículo 149 de la Constitución, o entre los listados de
competencias reconocidas a las comunidades autónomas. La asignación
material, por tanto, es fundamental. Si jugamos con las materias
atrayendo a Seguridad Social todo lo que nos interesa y desplazando
otros títulos competenciales como los relativos a la política de
empleo, que pueden operar y jugar y que en este caso lo hacen con
mucha frecuencia, es tomarse el estatuto de autonomía y el modelo
constitucional y estatutario de distribución de competencias
a beneficio de inventario, por utilizar una expresión acuñada por
alguien que no pertenece precisamente a mi órbita ideológica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, querría hacer dos
precisiones a la respuesta que ha dado el secretario de Estado a la
primera parte de las comparecencias. La primera es sobre la Ley de
cooperación. Nos decía el secretario de Estado que donde manda
ministro no manda secretario de Estado y que en ningún caso iba a
desautorizar las palabras del ministro. Creo observar una cierta
desautorización en su respuesta porque usted, señor secretario de
Estado, nos marca un calendario y el señor ministro afirmó en la
Comisión que no impulsaría el proyecto de ley si no había consenso
con las comunidades autónomas, que si éstas no estaban de acuerdo con
ese proyecto, que evidentemente debe facilitar la cooperación, si no
había ese acuerdo previo, no se impulsaba el proyecto. Si hoy se
afirma que a partir de 2002 se va a presentar el proyecto de ley, si
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte,
nos dice que ya tendremos ocasión de presentar enmiendas, esto es
contradecir de forma solemne al ministro Jesús Posada. Podemos
repasar el 'Diario de Sesiones' y ver la intervención del ministro,
que fue contundente y que yo agradecí. Decía que la cooperación era
para facilitar el diálogo, nunca para hacer ningún tipo de laminación
de competencias
autonómicas, nunca para intentar armonizar -no era ningún
intento de Loapa, se nos dijo, y yo espero que sea así- y afirmaba
que si no había el consenso de las comunidades autónomas no se
impulsaba el proyecto. Eso se contradice, señor Elorriaga, con el
planteamiento de un calendario. El calendario puede ser de
elaboración de textos, pero la voluntad y las palabras del ministro,
si me lo permite, eran que si presentaba el proyecto era porque había
ese consenso entre las distintas comunidades autónomas, y espero que
así sea.
Segunda precisión: El secretario de Estado, como alto cargo del
Gobierno, hace hoy una afirmación en el Congreso de los Diputados que
entiendo desafortunada. Afirma que el Estado no es plurinacional. Yo,
al igual que ya han hecho otros portavoces, encuentro desafortunada
esta afirmación. Pero no se trata de que usted lo afirme, yo lo
niegue y empecemos un debate. Cuando se habla en tantos foros -y
todos lo hacemos- de que el Estado es plural, de que el Estado es
compuesto, evidentemente estamos hablando de que el Estado es
plurinacional y de que existen diversas realidades nacionales,
diversas naciones. Yo no voy a afirmar si hay 17 naciones o no, pero
que en el Estado hay una realidad plural y diversas naciones no es
una invención de Convergència i Unió, es una realidad histórica que
se fundamenta en el caso de Cataluña, mi circunscripción, mi
comunidad; no es un hecho administrativo, es una nación. Yo no sabré
decirle exactamente cuántas naciones más hay, pero le tengo que
afirmar de forma solemne y desde un escaño parlamentario del Congreso
de los Diputados que el Estado es plural, que cuando es plural es
plurinacional, que existen realidades nacionales dentro del Estado,
que Cataluña claramente lo es por su cultura, por su historia, por su
lengua y por otro aspecto muy importante: por la voluntad de ser.
Cataluña no llega al autogobierno por un capricho; llega por voluntad
de ser del conjunto de las fuerzas parlamentarias, del conjunto de la
ciudadanía. Esa expresión de la nación catalana la tenemos a diario.
Este lunes, los que tuvieron la oportunidad de participar en la Diada
de Sant Jordi, compartían la expresión de un pueblo que es una
nación. Esa es la concepción del Estado que defiende Convergència i
Unió, pero que no es de Convergència i Unió; es una concepción que se
basa en la historia y en el respeto a esa pluralidad. Por tanto,
quiero decirle que entendemos desafortundas esas palabras, porque
cuando se hacen esfuerzos para construir un Estado plural a veces se
vierten expresiones que no ayudan a ello.
El señor PRESIDENTE: El señor Merino tiene la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Voy a ser tan breve como los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra.
Desde este grupo parlamentario quiero agradecer alseñor secretario de
Estado su comparecencia, sus
extensas explicaciones y las importantes aclaraciones que ha
efectuado.
Yo pediría a los distintos grupos del arco parlamentario que no nos
carguemos la ley de cooperación antes de que empecemos a hablar de
ella; yo les pediría esa sensibilidad y ese respeto. Todavía no hemos
empezado a hablar y ya están poniendo en duda las palabras del
ministro y se están cargando la ley. El ministro -y coincido con el
portavoz de Convergència- dijo que era necesario que la ley saliera
con el consenso y el acuerdo de las comunidades autónomas y de los
partidos políticos, que en definitiva somos quienes estamos en las
distintas comunidades autónomas; pero yo pediría por favor que no nos
carguemos la ley antes de que empecemos a iniciar las conversaciones
sobre la misma. Estamos viendo que se están vertiendo críticas no ya
sobre el fondo, sino sobre la forma y sobre si un ministro puede o no
hablar en un foro. La libertad de expresión viene reconocida en la
Constitución y es un derecho que todos tenemos por lo que pediría que
se respete ese derecho a la libertad de expresión de todos los
españoles y, lógicamente, de un ministro del Gobierno de España. Que
un ministro hable en determinados foros no supone que no lo haga con
los grupos parlamentarios o con las comunidades autónomas.
Me gustaría -lo digo con sinceridad y en nombre del Grupo
Parlamentario Popular- que las expresiones y las manifestaciones de
buena voluntad política y de voluntad de diálogo que el Partido
Socialista plantea de forma reiterada en esta Cámara tuvieran su
traslado a las comunidades autónomas. Se habla de ambiente enrarecido
en las comunidades autónomas, y hay que partir de su origen. El
ambiente enrarecido se genera de forma importante cuando el Partido
Popular accede al Gobierno de España, en el año 1996, y la oposición
al Gobierno de España del Partido Popular se quiere hacer a través de
los gobiernos de las comunidades autónomas. Esas son las realidades
que se están viviendo en España desde hace cinco años. Sería bueno
que esa voluntad política que el Partido Socialista demanda para que
se solucionen los problemas y haya voluntad de diálogo no se
planteara al Gobierno sino a los gobiernos autónomicos, o que se les
demandara de forma conjunta a uno y a otros, pero que no en exclusiva
al Gobierno de España cuando se ven actuaciones de gobiernos
autonómicos contra decisiones legítimas del Gobierno de España que,
lógicamente, pueden dar la sensación de que el ambiente y el clima
están enrarecidos. Desde este grupo parlamentario queremos decir que
esto no tiene su origen en el Gobierno, sino que es consecuencia de
las actuaciones de determinados gobiernos autonómicos que muchas
veces han intentado suplir deficiencias en la actuación de la
oposición en las Cortes Generales.
El modelo de financiación ha funcionado bien; lo ha dicho mi
compañero Vicente Martínez. Ha funcionado bien -ahí están los datos y
se ha hablado de las liquidaciones- para quien entendió que este
modelo transitorio
de financiación era bueno para el conjunto, olvidando actitudes
partidistas. Yo, como andaluz, tengo que decir que lamento
enormemente que en mi comunidad autónoma no se aceptara ese modelo de
financiación porque hemos dejado de recibir ingresos del Estado por
utilizar un tema de forma partidista y no pensando en los intereses
generales de los ciudadanos de Andalucía. Eso pasó en tres
comunidades, Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha, y ha
perjudicado a los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Sin
embargo, no quiere decir que el modelo de financiación no ha sido
bueno. Para quien lo aceptó ha sido bueno, y la actuación de los
gobiernos autonómicos que no lo aceptaron ha perjudicado a los
ciudadanos que vivimos en esas comunidades autónomas. Por
consiguiente, el modelo de financiación transitorio ha sido bueno,
pero la gestión de algunos gobiernos autonómicos, que hoy están muy
arrepentidos, aunque públicamente no quieran o no puedan decirlo, de
no haber aceptado ese modelo autonómico, ha perjudicado a esos
ciudadanos.
Deseamos y esperamos que en la negociación del nuevo modelo de
financiación autonómica haya actitudes que respondan a intereses
generales, pensando en el interés general y, como bien ha dicho
Vicente Martínez, pensando en que las comunidades autónomas tienen
que prestar unos servicios a los ciudadanos, y que esa voluntad se
manifieste y se traslade al ámbito de la negociación del nuevo modelo
de financiación que está en marcha.
Respecto a los planteamientos del portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, le pediría lo mismo que al portavoz del Partido Socialista,
que no cargue toda la prueba sobre el Gobierno de España, que reparta
el juego y lo reparta también al Gobierno vasco. Creo que el señor
secretario de Estado ha sido muy claro y contundente: el Gobierno
está actuando desde la Constitución, desde el estatuto y desde las
sentencias del Tribunal Constitucional. Yo les pediría que también
modifiquen su planteamiento de ceñirse solamente a sus posiciones y a
sus creencias y adopten una postura dentro del ámbito de la
Constitución, del estatuto de autonomía y de las sentencias del
Tribunal Constitucional. Si no se mueven ni un milímetro y no aceptan
ese marco de juego es como decirle al Gobierno: no se ciña usted a la
Constitución, a los estatutos de autonomía ni a las sentencias del
Tribunal Constitucional. Pero este Gobierno -y ratificamos y apoyamos
totalmente el planteamiento del señor secretario de Estado-
evidentemente va a estar en esas reglas de juego, va a estar en ese
marco constitucional y en ese marco legal.
En cuanto a la intervención del portavoz de Convergència i Unió,
imagino que el señor secretario de Estado se manifestará al respecto,
pero yo tengo que decirle que no creo que él haya intentado
contradecir al señor ministro en ningún momento; todo lo contrario.
Cuando ha dicho que donde manda ministro no mandasecretario de
Estado, lo que estaba haciendo, precisamente,
era confirmar las palabras del ministro en cuanto a que esa ley
saldría con el consenso y con la colaboración de todos los grupos
parlamentarios, y así va a ser. Por lo que se refiere a las
afirmaciones sobre la cuestión nacional, yo he creído entender que el
secretario de Estado estaba hablando desde un punto de vista formal y
no semántico, de sensibilidad o de sentimientos. En ese aspecto, creo
que todos reconocemos y coincidimos en la existencia de los
sentimientos que puedan existir en las distintas comunidades
autónomas y en los distintos territorios de España.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar las comparecencias tiene la palabra
el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser
breve.
En primer lugar, quiero agradecer su réplica al portavoz del Partido
Socialista Obrero Español. Comparto su voluntad y su proclama sobre
la necesidad de alcanzar los mayores ámbitos de consenso. Estoy de
acuerdo con su consideración de que la cooperación, al final, no es
sólo un problema de instrumentos jurídicos sino de voluntad política.
Es cierto que el debate que estamos promoviendo en relación con la
ley de cooperación no es todavía directamente político, pero también
es cierto que es un debate que nos está permitiendo acercarnos a la
experiencia de las comunidades autónomas, que para nosotros es muy
importante. Es decir, no es un debate estrictamente académico sino un
debate en el que estamos promoviendo el encuentro entre las
administraciones públicas -aparte del encuentro con cierta doctrina-
para tratar de orientar de la manera más consensuada posible el
contenido de la ley.
No creo que yo deba hacer ninguna consideración sobre el buen o el
mal funcionamiento de las ponencias del Senado; supongo que son ellas
y sus titulares los que deben determinarlo. Yo manifiesto, en lo que
quepa, mi completa disposición para concurrir a cuantas comisiones
allí se planteen, igual que a esta Cámara. En cualquier caso, no creo
que deba ser yo quien se pronuncie sobre si los ritmos de trabajo son
lentos o rápidos.
Quiero decir (en relación, en parte, con la intervención del señor
Jané) que no creo que cuando hablamos de autonomismo, de federalismo
simétrico o asimétrico, estemos hablando de cuestiones formales. No
es un debate formal ni nominal, es un debate completamente de fondo
de la estructura política territorial que queremos para nuestro país
y, probablemente, una discusión sobre ese tema excedería el ámbito de
este debate. En todo caso, no creo que sea un debate nominal, ni
mucho menos.
Ya he dicho -y en eso coincido también- que el hecho de que
determinadas comunidades no participasen en el modelo (como ha
destacado el portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero), desde mi
punto de
vista, era la mayor objeción que cabía plantear, pero, como también
se ha recordado, no sólo en la mano del Gobierno de la nación está
conseguir el acuerdo de todos. En todo caso, tomo nota de todas sus
consideraciones y le agradezco, como he dicho al principio, el
planteamiento general de la reflexión.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Erkoreka, los dos
sabemos que es difícil que lleguemos a un acuerdo, pero es bueno para
todos que, por lo menos, en la mayor medida posible dejemos claras
nuestras respectivas posiciones. Desde mi punto de vista, el problema
está en que el Gobierno considera que la negociación de los traspasos
pendientes con la Comunidad Autónoma del País Vasco, como con
cualquier otra, se mueven en un marco que no se puede transgredir y
que para el Gobierno está configurado por la normativa vigente y por
la interpretación que de esa normativa hace el Tribunal
Constitucional. El Gobierno se considera vinculado y, por supuesto,
no va a flexibilizar su negociación ni con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, ni con ningún otro, cuando
entienda que eso le lleva más allá de los límites del marco
constitucional vigente. Por eso he lamentado no escuchar una
manifestación expresa de acatamiento de la Constitución, del estatuto
y del papel arbitral del Tribunal Constitucional (El señor Erkoreka
Gervasio: Ya lo hice al tomar posesión.), lo cual, como he dicho al
principio, probablemente solucionaría buena parte de los problemas.
Me permito a ese respecto hacer dos comentarios que tal vez sirvan
para ilustrar las posturas de cada uno. No deja de ser sorprendente
que en la última década el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco no haya interpuesto ningún recurso ante el Tribunal
Constitucional. Me alegro de ello porque mejora la estadística a la
que hacíamos antes referencia, pero mucho me temo que detrás de esa
negativa a acudir al órgano arbitral haya otra posición. Recordando
un debate de hace unos meses en la Comisión General de Comunidades
Autónomas a propósito de los títulos competenciales que permitían al
Gobierno aprobar los decretos-leyes de liberalización del año pasado,
la senadora que en nombre del Partido Nacionalista Vasco intervino en
ese debate manifestó expresamente, en un momento dado, que a su grupo
parlamentario no le cabía ninguna duda de la extralimitación
competencial en que se había incurrido con la aprobación de esos
decretos-leyes. Cuando le requerí que me dijera cuál era la razón -si
esa era la valoración que hacía su partido político- de por qué no
había interpuesto el correspondiente recurso ante ninguno de los
decretos constitucionales, no fue posible obtener una respuesta. Creo
sinceramente que estamos de acuerdo en que si los conflictos se
solucionan ante el Tribunal Constitucional se avanza. De hecho
menciona, como lo hacía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco,
las sentencias que iban referidas a las comunidades de Galicia y
Cataluña y que no existían para el País Vasco, pero probablemente
alguna razón hay para que no existan esos
pronunciamientos en torno a las delimitaciones positivas de
competencias con la comunidad autónoma.
Por último, en relación con la intervención del portavoz de
Convergència i Unió quiero hacer dos aclaraciones, aunque no soy muy
consciente de haber incurrido en ninguna de las críticas, por decirlo
de alguna manera, que se contemplaban. No hay contradicción entre el
calendario y el consenso. Lo único que he querido destacar es que,
frente a alguna manifestación que preveía la inmediatez de la
aprobación de un proyecto de ley de cooperación autonómica, el
Ministerio mantiene el calendario previsto; y el calendario previsto
que existe y que ayer, sin ir más lejos, el ministro de
Administraciones Públicas reiteró públicamente y se ha recogido en
medios de comunicación de hoy, es que en la segunda parte de la
legislatura se procedería a la elaboración y presentación de ese
proyecto de ley. Obviamente está condicionado, como no puede ser de
otra manera, a las manifestaciones que se han hecho para ello, es
decir, que previamente se tratará de alcanzar el más amplio grado de
consenso posible entre fuerzas políticas y comunidades autónomas. No
es incompatible. No tenemos previsto, y en ningún momento lo hemos
tenido previsto, proceder inmediatamente a afrontar ese reto. Es un
reto que para nosotros se sitúa en la segunda parte de la
legislatura, insisto, y es compatible con que la iniciativa se tomará
cuando haya suficiente grado de acuerdo y si no, como ha reiterado el
ministro, no se presentará.
En relación a la realidad plurinacional de España, como decía antes,
creo que excede mucho de este debate, pero me parece que tampoco se
puede hablar de intervención desafortunada. Yo no creo, y lo tengo
que manifestar muy claramente, que la obvia realidad plural de
nuestro país, su diversidad cultural, lingüística y de otra
naturaleza tenga nada que ver con la existencia de múltiples
naciones. Cada uno estamos legitimados en nuestras posiciones, desde
nuestros respectivos partidos políticos, para defender, desde su
punto de vista, que es el de partido nacionalista, la existencia de
una nación en su territorio, y desde mi punto de vista y desde el
partido al cual pertenezco la existencia de una nación española
diversa, plural, variada, pero no plurinacional. No hay
incompatibilidad ninguna. Usted afirma categóricamente que su
comunidad autónoma actualmente es una nación (insisto en que no creo
que sea este el momento de ir a ese debate, por otro lado de enorme
envergadura) pero yo quiero dejar claro que de acuerdo con la
Constitución y el estatuto de autonomía Cataluña es una nacionalidad,
y lo es porque en el debate constitucional y estatutario se quitó
expresamente la proclamación de nación como realidad catalana. Eso es
así. Es lógico que exista una discrepancia política sobre la forma de
entender el modelo de organización del Estado en el que vivimos, eso
es lo que nos diferencia, pero hay otros muchos puntos en los cuales
estamos muy próximos y afortunadamente somos capaces de llegar a
acuerdos habitualmente.
Pero situar la divergencia o la discrepancia política donde está, que
es en la distinta configuración de nuestra realidad, la distinta
forma de entender nuestra realidad nacional, no puede ser calificado
como una intervención desafortunada sino como una lógica
corroboración de la posición política de cada uno, que creo que es lo
que corresponde en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE MEDIDAS PARA COMPENSAR ECONÓMICAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS, TRAS
LA DESAPARICIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (Número de
expediente 181/000546)
El señor PRESIDENTE: La intención de la Presidencia habría sido hacer
un pequeño corte entre la comparecencia y las preguntas, pero creo
que el tiempo nos obliga a seguir adelante.
Para formular la pregunta relativa a la compensación a los
ayuntamientos tras la desaparición del impuesto sobre actividades
económicas, tiene la palabra, don Tomás Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Quizás sorprenda esta pregunta, y digo
sorprenda porque va a tratar de un tema que se refiere a los
ayuntamientos españoles y no es muy habitual que en esta Cámara se
hable de los ayuntamientos. (El señor vicepresidente, Merino
Santamaría, ocupa la Presidencia.) De ahí el lapsus del señor
Martínez-Pujalte al decir anteriormente que hemos hablado de todo lo
que se refiere al Estado español; no de todo, faltaba hablar de los
ayuntamientos.
La pregunta es muy concreta y precisa sobre un tema puntual, la
supresión del impuesto sobre actividades económicas, pero me va a
permitir, señor secretario de Estado, que haga un recorrido brevísimo
del anuncio de la desaparición de esta figura. Aparece en el año
1995, campaña de elecciones municipales, en un anuncio no sé si
electoralista o no electoralista pero queda bien decir que se suprime
el impuesto sobre actividades económicas. Obviamente no se vuelve a
hablar de esto hasta, eso sí, la próxima campaña electoral, que son
las elecciones generales de 1996, cuando ya parece que toma cuerpo y
el candidato a presidente de Gobierno, señor Aznar, dice que cuando
llegue a la Moncloa suprimirá el impuesto sobre actividades
económicas de los ayuntamientos. Pasan las elecciones generales, ya
se ha creído que ha surtido el efecto oportuno y no se pone en marcha
nada en relación con dicha supresión. Durante la legislatura pasada
hay dos iniciativas en el
Parlamento, una moción para pedir compensación por esa supresión, que
es aprobada por unanimidad, insisto, también por el Grupo Popular, y
otra, en abril de 1997, relacionada con la modernización del comercio
interior que incluía también la supresión del impuesto sobre
actividades económicas. Evidentemente, tampoco surte ningún efecto y
el impuesto sobre actividades económicas sigue estando en los
ayuntamientos. Pero hay otra campaña electoral, otro buen momento
para el anuncio de la supresión del impuesto sobre actividades
económicas, y de nuevo el presidente del Gobierno anuncia la
inmediata supresión del impuesto sobre actividades económicas. A la
vista de que no hay ningún movimiento, el 9 de mayo de 2000 hay una
proposición no de ley sobre supresión del impuesto sobre actividades
económicas, estableciendo las necesarias compensaciones financieras
para las corporaciones locales. También se aprueba por unanimidad y
tampoco hay nada de nada en relación con ello. De ahí que en octubre
de 2000, el diputado del Partido Socialista señor Blanco, hablando
sobre financiación de corporaciones locales y supresión del IAE, hace
una pregunta al señor Montoro. El señor Montoro en esa ocasión ya no
contesta, sencillamente no contesta absolutamente nada en relación
con dicha supresión; mejor dicho, se evade y cuestiona si el Partido
Socialista está o no de acuerdo, cuando reiteradamente había aprobado
en la Cámara dicha supresión y su compensación. También con motivo de
la elaboración de los últimos presupuestos, personalmente tengo la
oportunidad de insistir en qué pasa con la supresión de dicha figura.
Por tanto, hoy vuelvo a preguntarle, señor secretario de Estado, y me
gustaría que me contestara con concreción, sin evasivas, cuándo se va
a suprimir dicha figura y qué medidas van a tomar para compensar a
los ayuntamientos por la supresión del impuesto sobre actividades
económicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Santamaría): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Procuraré responder con la mayor brevedad,
aunque creo que el asunto está suficientemente claro. Como bien ha
recordado el señor Rodríguez Bolaños, el Partido Popular se
comprometió en la última campaña electoral a eliminar -exactamente
ese es el compromiso electoral- el actual impuesto sobre actividades
económicas para el 90 por ciento de sus actuales contribuyentes. Esos
son los términos del compromiso adquirido desde un punto de vista
programático. Desde el comienzo de esta legislatura -yo mismo tuve
ocasión de manifestarlo así en una comparecencia en la cual también
estaba el señor Rodríguez Bolaños actuando como portavoz- se ha
situado el cumplimiento de ese objetivo en el momento en que entiendo
que es procedimentalmente lógico en esta legislatura, que es cuando
se proceda a la renovación
del modelo de financiación de las entidades locales. Como es
sobradamente conocido por el señor Rodríguez Bolaños, el actual
modelo 1999-2003 está en este momento casi exactamente en su ecuador.
Hay una serie de peticiones, no sólo de la desaparición parcial del
IAE sino de algunas modificaciones de otra naturaleza y algunas
solicitudes trasladadas desde el mundo municipal a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias en torno a la forma en
que debería configurarse el nuevo modelo de financiación de los
ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y, por tanto, será
en esta revisión conjunta del modelo de financiación cuando se
tratará también de la desaparición del IAE.
Es cierto que el impuesto sobre actividades económicas ocupa un papel
central en la financiación de las corporaciones locales. Como se ha
recordado antes, desde nuestro punto de vista es muy importante que
la actual distribución entre fuentes tributarias propias y
transferencias de las corporaciones locales se altere lo menos
posible. En 1999 -es el último dato que tenemos cerrado en el
Ministerio de Administraciones Públicas- el 52 por ciento de los
impuestos de las corporaciones locales dependen de fuentes
tributarias propias y sólo un 35 por ciento depende de transferencias
siendo la diferencia debida a determinadas operaciones de tipo
patrimonial que realizan las corporaciones locales. Por tanto, la
reforma del modelo de financiación debería buscar que no se perdiese
corresponsabilidad en la gestión, autonomía financiera si se quiere,
en los propios ayuntamientos y diputaciones provinciales. En el año
1999 el IAE representó casi el 8 por ciento de los impuestos
municipales y es el segundo tributo en potencia recaudatoria,
aportando aproximadamente al día de hoy el 25 por ciento de los
ingresos procedentes de recursos propios. Somos perfectamente
conscientes de la importancia de este recurso y, por tanto, de la
necesidad de estudiar conjuntamente con la Federación Española de
Municipios y Provincias, como representante ordinario del conjunto de
los ayuntamientos españoles, la forma de hacerlo para no alterar la
financiación de las corporaciones locales. Desde luego, teóricamente
las opciones para afrontar ese proceso son tres: dar una mayor
utilización a la capacidad recaudatoria no utilizada por parte de los
ayuntamientos; introducir nuevas formas de participación de las
entidades locales en tributos estatales o incluso autonómicos, o,
como se ha planteado desde algunas agrupaciones municipales, pensar
en la elaboración de nuevos gravámenes que recayesen sobre hechos
imponibles no gravados en la actualidad. Están abiertas todas las
posibilidades, todas tienen defensores y detractores. Insisto, el
esquema con el cual está trabajando el Gobierno en este momento es,
por un lado, vincular esa reforma al proceso general de renovación
del modelo de financiación de las corporaciones locales y, por otro,
no dañar en modo alguno, y si es posible mejorarlas, la suficiencia
de las corporaciones locales ni su autonomía financiera, que en este
momento es muy elevada.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Santamaría): Tiene la palabra el
señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor secretario de Estado, por su
contestación entiendo que seis años después del anuncio están
estudiando posibles fórmulas para ajustar esa supresión en contactos
con la Federación Española de Municipios y Provincias, que no sé si
han empezado. Yo no le venía a preguntar qué supone el IAE dentro del
conjunto de los tributos locales, ese 8 por ciento; tampoco le venía
a preguntar cuál es el soporte de los tributos locales dentro de las
finanzas de las corporaciones locales. Venía a preguntarle por un
compromiso adquirido por ustedes y me contesta diciendo: estamos en
el momento lógico de estudiarlo. Si este es el momento lógico de
estudiarlo, ¿me puede decir por qué lo anunciaron en el año 1996? Si
no era el momento lógico, era sencillamente un planteamiento
puramente electoralista del Partido Popular. Ante eso y ante la
inutilidad que ustedes han manifestado en relación con este tema, no
se preocupe, que el Partido Socialista, de manera inmediata,
trasladará a esta Cámara una iniciativa para suprimir el impuesto
sobre actividades económicas y plantear la correspondiente
compensación a las corporaciones locales.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Santamaría): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Le sorprende al señor Bolaños el iter temporal
seguido por el Partido Popular y debo manifestar que más me sorprende
a mí el seguido por el Partido Socialista.
Tal vez convenga recordar en esta Comisión que el impuesto sobre
actividades económicas fue introducido por el Partido Socialista
Obrero Español y entró en vigor en el año 1992 y, como él bien nos ha
recordado, en el año 1995, es decir, tres años después de haber
promovido la modificación de la Ley de haciendas locales y la
introducción de la figura impositiva, estaba votando, eso sí, por
unanimidad y junto con una propuesta del Partido Popular, la
supresión del impuesto que apenas cinco años antes, ni tan siquiera
cuatro, había introducido en el ordenamiento fiscal español. Eso sí
que me parece realmente notable.
El Partido Popular ha hecho lo que yo creo que es el procedimiento
lógico, en primer lugar, anunciar en campaña electoral sus
compromisos para una legislatura y, posteriormente, al comenzar la
legislatura, encajar esa previsión en el calendario de trabajo, como
decíamos, con la Ley de cooperación. Esa previsión se ha considerado
lógico hacerla coincidir con el proceso de renovación global de la
financiación local, cosa que me
parece bastante coherente, y esa previsión, insisto, manifestada
desde el comienzo, se mantiene hasta ahora.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE
RAZONES POR LAS QUE LAS LLAMADAS 'OTRAS TRANSFERENCIAS AUTONÓMICAS
A LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES' NO EVOLUCIONAN IGUAL QUE EL FONDO DE
COOPERACIÓN LOCAL EN EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/000551)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Santamaría): Tiene la palabra el
señor Rodríguez Bolaños para la formulación de la pregunta que
aparece reflejada en el punto 5 del orden del día.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: La pregunta, como comprenderán, no se
refiere a otras transferencias autonómicas sino a otras
transferencias económicas a los ayuntamientos españoles. Sobre este
tema quería preguntarle qué ha pasado con otras transferencias,
porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Federación Española
de Municipios y Provincias para incrementar el Fondo nacional de
cooperación según el crecimiento del PIB, pero hay otras
transferencias del Estado a las corporaciones locales que son
enormemente importantes para las mismas y algunas son de gran
trascendencia sobre todo para los pequeños municipios. Son los fondos
especiales, el plan de obras y servicios y el fondo de ayuda al
transporte colectivo urbano. Estas transferencias no solamente no
crecen en relación con el PIB, sino que se congelan o, en cualquier
caso, crecen por debajo del PIB, como ocurre concretamente con el
fondo de transporte colectivo, a pesar del incremento importante de
los carburantes. Conclusión, los ayuntamientos españoles en el año
2001 crecen por debajo del PIB nominal, es decir, con el Partido
Popular, los ayuntamientos españoles pierden peso específico dentro
del Estado. La participación de los ayuntamientos españoles al día de
hoy en el gasto del Estado es escasamente del 13 por ciento. ¿Cuándo
va a haber realmente una ley de financiación? ¿Cuándo van a abordar
ustedes que los ayuntamientos españoles, no solamente en campaña
electoral, no solamente cuando se produce el discurso de investidura
del candidato a presidente del Gobierno, forman parte del entramado
del Estado español, una parte fundamental, cada vez tienen más
gastos, cada vez crecen menos y cada vez representan menos dentro del
Estado? La filosofía del pacto a que ustedes llegan con la Federación
Española de Municipios y Provincias es que los ayuntamientos
españoles crezcan en relación con el PIB y no es verdad que hayan
crecido; han crecido por debajo de ese PIB nominal. ¿Van ustedes a
hacer algo en relación con estas transferencias económica, o van a
seguir diciendo que los ayuntamientos son una
parte fundamental del Estado, pero prestándoles la atención que les
prestan, es decir, nula?
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Santamaría): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Empezando por la última consideración, no puedo
por menos que discrepar. Creo que desde el Gobierno se está dando un
relieve y un impulso a todo lo relacionado con el mundo local, que
por otro lado se puede comprobar con bastante claridad. Hay un
conjunto de iniciativas, todas ellas en marcha, como es la creación
de la ponencia de entidades locales en el Senado estableciendo así un
foro de representación, de presencia y de preocupación política
directa en los asuntos relacionados con el mundo local en la Cámara
con vocación de territorialidad. Está en marcha el impulso de los
pactos locales autonómicos, tras la realización del pacto local en la
pasada legislatura, aunque esa es una tarea más de la responsabilidad
directa de los partidos políticos; está en marcha, en los plazos
lógicos y previstos, la reforma y la mejora del modelo de
financiación de las corporaciones locales. Por tanto, hay una
atención marcada e importante. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Me pregunta en concreto sobre la evolución conjunta de los gastos
destinados en última instancia a las corporaciones locales en los
Presupuestos Generales del Estado. Es un asunto que ya tuvimos
ocasión de debatir en la comparecencia con motivo de la presentación
de los presupuestos, pero no hay problema en reiterar, aunque sea
someramente, las consideraciones que se hicieron. Las magnitudes que
figuran en los Presupuestos Generales del Estado y que van destinadas
a las corporaciones locales tienen su origen en distintos acuerdos
y compromisos. Hay un acuerdo, el más importante en términos
cuantitativos, que determina la evolución de la participación de las
corporaciones locales en los ingresos del Estado, y que, por el
convenio suscrito con la FEMP, evoluciona anualmente con relación al
PIB, como lo hacen los presupuestos de este año. Además, existen
otras partidas en el presupuesto que no están amparadas por ese
convenio y que evolucionan cada una de acuerdo con sus propias
magnitudes. Si se quiere hacer una valoración conjunta de los
Presupuestos Generales del Estado en relación con las corporaciones
locales, hay que tener en cuenta que el conjunto de los ingresos que
estas reciben de la Administración del Estado crecerá en 2001 un 5,4
por ciento, cantidad muy próxima a la de la evolución del PIB.
En cuanto a las ayudas para el transporte coletivo urbano, que se
regulan por sus propios convenios, para 2001 hay una dotación
asignada de 7.336 millones y otra de 3.300 millones para la
financiación de transporte regular en las islas Canarias, en el marco
de sus contratos programa. La primera dotación se distribuye
entre municipios de más de 50.000 habitantes, con la excepción que
conoce el señor Rodríguez Bolaños de los incluidos en el área
metropolitana de Madrid y en la de Barcelona y la de determinados
municipios canarios, que van separados en la financiación
presupuestaria desde hace muchos años, y evoluciona básicamente en
función del índice de población previamente pactado y de la
información que van remitiendo los ayuntamientos. Por tanto, cada
partida de gasto tiene sus criterios y sus reglas de evolución, no
son coincidentes. No hay ningún compromiso para que todas las
partidas evolucionen de acuerdo con el PIB; evolucionan con el PIB
las que se han pactado así y el resto lo hacen de acuerdo con sus
propias restricciones y según las características de sus respectivos
acuerdos.
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: De los argumentos desarrollados por usted
diciendo que las partidas tienen distintas fuentes y que no están
amparadas por el mismo acuerdo, se deduce que es consciente de que
han evolucionado de forma diferente a las del Fondo de cooperación
local y que, por tanto, el conjunto de las transferencias del Estado
ha disminuido y no ha crecido de acuerdo con el PIB. Dice usted que
el no estar amparados por el acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias les exime a ustedes de cumplir un compromiso
no adquirido. Es cierto, pero yo le pregunto si ustedes piensan
compensar a los ayuntamientos, porque no han evolucionado y, además,
porque cada vez están asumiendo más gastos, y usted es consciente de
ello. Podríamos hablar del efecto causado por la inmigración en
muchos ayuntamientos españoles que están destinando a esta materia
cantidades muy importantes de sus propios presupuestos. Eso incide en
lo que le decía anteriormente en la primera parte de esta pregunta.
Insisto en que ustedes se despreocupan del sector local. No me diga
que se preocupan del mismo contestando que han creado una ponencia en
el Senado, en la que ha habido una comparecencia y no sé si hay algún
atisbo de resultado. No me digan que se preocupan del sector local
aludiendo a que en la legislatura pasada llegaron a un acuerdo de
pacto local, que era una serie de reformas que en nada afectaban a la
financiación de las corporaciones locales. No me diga que se
preocupan del sector local cuando dice que están hablando con la
Federación Española de Municipios y Provincias. No me diga que se
preocupan del sector local diciendo: nosotros anunciamos en una
campaña electoral la supresión del IAE y cumplimos. No es verdad
porque lo anunciaron en 1996, terminó la legislatura y no hicieron
absolutamente nada. Por tanto, el sector local, insisto, con ustedes
pierde peso específico; lo está perdiendo porque no compensan
cantidades que deberían de compensar, por lo menos para mantener la
situación, que hoy es de las peores o la
peor; si me remonto a cuando conocimos el sector local en 1979,
podemos aproximarnos a aquella. Desde luego las corporaciones locales
españolas están en una situación desastrosa por su gestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Dice el señor Bolaños, probablemente en un
lapsus, que el conjunto de las transferencias ha disminuido. No, el
conjunto de las transferencias ha aumentado en términos reales. Lo
que ocurre, como efectivamente he dicho, es que no ha aumentado todo
el conjunto de las transferencias al ritmo al cual está pactado el
crecimiento de una de las partidas, que es con mucho la más
significativa. Eso evidentemente es así y no puede ser de otra
manera, porque, insisto, las transferencias que se derivan de
convenios bilaterales siguen las pautas de los mismos, no tiene mucho
más arreglo. En todo caso, la evolución del gasto destinado a las
corporaciones locales desde la Administración del Estado es superior
a la evolución del gasto de la propia Administración del Estado, lo
cual creo que ilustra suficientemente el compromiso de la
Administración general, que, por decirlo de alguna manera, hace un
mayor esfuerzo en relación con las corporaciones locales que el que
hace con sus propios gastos.
Por último, quizá convenga hacer una precisión en relación a si es o
no un avance la creación de la ponencia de corporaciones locales en
el Senado. Quiero dejar aquí bien claro que desde el Partido Popular
se propuso que esa ponencia tuviese capacidad legislativa y que fuese
por tanto una ponencia ordinaria, y fue precisamente la postura del
Partido Socialista Obrero Español en el Senado la que impidió dar tal
carácter a esa ponencia y le ha dado carácter no legislativo. Por
tanto, la naturaleza de las actuaciones que se siguen en esa ponencia
son lógicamente de una relevancia distinta, es una ponencia de
carácter más reflexivo, pero, insisto, no fue esa la propuesta del
Partido Popular; ese fue el acuerdo que se alcanzó con el Partido
Socialista en el Senado.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LA EVOLUCIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS A LOS MUNICIPIOS
ESPAÑOLES POR DEDUCCIONES FISCALES POR LEYES ESTATALES EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS. (Número de expediente 181/000552)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta relativa a la evolución de
compensaciones económicas a los municipios por deducciones fiscales
por leyes
estatales en los últimos cinco años. Tiene la palabra don Ángel
Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Dentro de las figuras de ingresos que
tienen recogidos por la Ley reguladora de las haciendas locales las
corporaciones locales y a las que hacía referencia anteriormente el
compañero Rodríguez Bolaños, en el artículo 9 de dicha ley y,
concretamente, en el artículo 73 de los Presupuestos Generales del
Estado de este año, como todos los años, se hace referencia a la
compensación a los ayuntamientos por los beneficios fiscales
concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos
locales. Con ese fin, como dice el citado artículo 9, se dota en la
sección 32 de los presupuestos del Estado un crédito con la finalidad
de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exención
obligatoria que se puedan conceder por el Estado mediante ley en los
términos previstos en el apartado 2 del artículo 9. Se autoriza al
Ministerio de Hacienda a dictar precisamente las normas necesarias.
Es decir, que esta es una partida desde la sección 32 a las
corporaciones locales para que reciban exactamente una compensación
por las pérdidas de ingresos que, por decisiones tomadas por parte de
las Cortes y a través de las normas legislativas elaboradas por el
Gobierno, tienen concretamente los ayuntamientos.
He hecho hace muy pocos días una petición de información al Gobierno
para conocer y tener un acercamiento a este problema y el Gobierno me
ha mandado un anexo sobre todos los beneficios fiscales recogidos en
la actualidad, que son importantísimos desde la perspectiva local,
desde exenciones en el impuesto de bienes inmuebles, en el impuesto
de actividades económicas, sobre vehículos de tracción mecánica,
construcciones, instalaciones y obras, incremento del valor de los
terrenos en el conjunto de tributos locales y otros beneficios
fiscales potestativamente elaborados por los ayuntamientos con
habilitación legal. Es una realidad, señor secretario de Estado, que
en los últimos años, como consecuencia de decisiones de carácter
político por parte del Gobierno, con la política del Partido Popular
de reducir la presión fiscal en determinados impuestos, ha habido un
aumento de las exenciones fiscales por parte de determinadas figuras
fiscales de carácter municipal. Parecería lógico que como
consecuencia de esta evolución, los ingresos de los ayuntamientos
fueran aumentando en los últimos años. Sin embargo, como bien conoce
el señor secretario de Estado, esta no es la realidad. Desde el año
1997, en que las partidas a las corporaciones locales previstas en
presupuestos, sección 32, programa 912, para compensación por los
beneficios fiscales, fueron de 14.452 millones de pesetas, hemos
pasado en los últimos presupuestos del año 2001 concretamente a 8.358
millones de pesetas; es decir, ha habido una merma importantísima,
porque el Gobierno, señor secretario de Estado, no está procediendo a
todas las compensaciones por exenciones
fiscales que se tienen que producir. En este informe que me ha
mandado el Gobierno se dice que en el ejercicio anterior las
compensaciones fueron de 8.243 millones de pesetas para compensar
exclusivamente tres figuras: beneficios fiscales a centros
concertados, a cooperativas y a problemas surgidos en materia de
inundaciones, pero no por otras figuras tributarias que están
recogidas entre todas las que deben ser compensadas. Creo que está
pasando algo y es lo que me preocupa. En primer lugar, no se está
dotando suficientemente esta partida, está habiendo problemas de
financiación por compensaciones a los ayuntamientos, pero hay algo
que me preocupa más todavía y es que el Gobierno no está haciendo
todo el esfuerzo por informar a muchas corporaciones locales de todas
las posibilidades a las que tienen derecho. La información está
prácticamente estancada desde el año 1997; las figuras a compensar
están congeladas también desde ese año y los ayuntamientos están
perdiendo bastantes cientos de millones de pesetas porque no se están
produciendo compensaciones como consecuencia de decisiones
tributarias. Esto está empezando a poner nerviosos a muchos
ayuntamientos y corporaciones locales. Hace muy pocos días ha habido
una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, en
su vertiente de diputaciones en A Coruña, en la que dicen que las
demandas a la Administración como compensación del canon energético
no recibido ascienden concretamente a 65.000 millones de pesetas. No
sé si tienen razón o no, pero, desde luego, existe una cantidad
importante, que no se está compensando desde los presupuestos ni
existe información. Creo que en la medida en que los mayores ingresos
obtenidos por el Estado son como consecuencia de la recaudación
conocida a finales de cada año, una parte importante debiera ir
también a compensar figuras tributarias que en este momento están
dejando de recibir las corporaciones locales.
Le pedimos, señor secretario de Estado, que actualice las partidas,
que exista un proceso de negociación con la FEMP y que se produzca un
proceso de información de cuáles son los auténticos derechos que
tienen las corporaciones locales, que muchas no conocen, que no han
visto actualizados o sobre las que no existe una línea de
colaboración a los niveles más bajos, entre las delegaciones
territoriales de Hacienda o a través de determinados organismos con
las corporaciones locales, para que tengan la financiación que
necesitan y a la que les da derecho la propia Ley de haciendas
locales, concretamente su artículo 9.
El señor PRESIDENTE: Para responder, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Los datos que ha ido aportando el señor Martínez
Sanjuán en su intervención son esencialmente coincidentes con los
míos; por tanto, no los voy a
reiterar. Efectivamente, a partir de la aprobación de la Ley
reguladora de las haciendas locales, se distinguen los beneficios
fiscales derivados de normas estatales de los que pueda aprobar la
propia corporación municipal y, en el primer caso, se prevé la
compensación. Hay básicamente dos tipos de compensaciones actualmente
contempladas en los presupuestos: aquellas que se derivan del
convenio de cooperación para la defensa con los Estados Unidos, que
tienen unas reglas de evolución definidas, de acuerdo con el PIB
nominal y con los convenios suscritos con los ayuntamientos
afectados, con lo cual no hay debate, y luego hay una serie de
créditos que están consignados en la sección 32 de los presupuestos
para compensar los beneficios fiscales concedidos por normas
estatales. En este crédito se están imputando en este momento cuatro
conceptos distintos, en primer lugar, las compensaciones
correspondientes a exenciones concedidas en el impuesto sobre bienes
inmuebles derivadas de catástrofes naturales, que sin duda es la
magnitud más importante; en segundo lugar, las compensaciones a
municipios por las bonificaciones en el IAE a favor de cooperativas,
que se introdujeron en la Ley general de cooperativas; en tercer
lugar, las exenciones concedidas en el IBI a los centros privados en
régimen de concierto educativo y, en cuarto lugar, se compensan las
bonificaciones concedidas en el incremento del valor de los terrenos
urbanos como consecuencia de los procesos de fusión y absorción de
empresas. Esos son los cuatro supuestos que se recogen en esa partida
presupuestaria. Como usted ha recordado muy correctamente, en este
momento la partida presupuestaria es de 8.358 millones para el
ejercicio 2001. Ahora viene quizá la explicación de dónde está la
discrepancia. Como bien ha dicho usted en su intervención, en el año
2000, con una previsión inicial de 9.190 millones para atender ese
tipo de compensaciones, se consumió un crédito de 8.243 millones, es
decir, quedó crédito no dispuesto en el presupuesto del año 2000,
razón por la cual en el ejercicio actual se ha ajustado la previsión
a la evolución del ejercicio anterior y se ha situado en 8.358
millones. ¿Qué ocurre? Usted tomaba como referencia los años 1997 y
1998, que, a efectos de compensación, son completamente
excepcionales, porque en ellos se aprobaron los decretos de sequía,
que dieron lugar a una amplísima compensación de muchos tributos
municipales como consecuencia de las medidas tomadas para paliar los
daños catastróficos producidos. Desaparecida esa circunstancia
excepcional, que, como digo, se produjo en los años 1997 y 1998, en
general, los años 1999, 2000 y 2001 se mueven en un entorno parecido,
que, efectivamente, tiende a la baja, pero tiende a la baja porque en
los ejercicios anteriores no se ha consumido el crédito inicialmente
previsto.
Quiero precisar un comentario que se hace donde quizá está el meollo
de la cuestión. Efectivamente, la ley que reguló las haciendas
locales en el año 1988 introdujo una previsión de compensación de
beneficios
fiscales que en el futuro introdujesen leyes estatales. Como
probablemente saben los señores Rodríguez Bolaños y Martínez Sanjuán,
a partir del año 1998 -no desde 1996-, fueron varias las normas
estatales que introdujeron bonificaciones y exenciones fiscales en
impuestos locales, normas legales que iban acompañadas de una
cláusula que decía: A estos efectos, no se tendrá por vigente lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 39/1998. Es decir, durante las
legislaturas anteriores a 1996 fue una práctica reiterada salvar la
aplicación de la compensación a los municipios desde el Gobierno de
la nación. En este momento no quiero hacer una afirmación categórica,
pero no tengo en la cabeza ninguna norma impulsada por el Gobierno de
la nación que desde 1996 haya introducido beneficios fiscales en
impuestos locales sin prever la compensación. Insisto en que no
quiero ser categórico porque no estoy seguro y no tengo el dato, pero
creo que ninguna, y todas esas circunstancias que efectivamente se
producen se derivan de normas aprobadas antes de 1996. El caso del
canon energético, como usted mismo apuntaba, es distinto y tiene poco
que ver con lo que ahora estamos hablando.
Desde luego, tomo nota de la consideración que usted hace y en la que
creo que puede tener razón y me comprometo a ese respecto. Es decir,
a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora, es posible que algunos
ayuntamientos, por falta de información o por una insuficiente
coordinación, no estén haciendo las solicitudes de compensación que
legalmente les corresponden. Eso puede estar pasando; por la
información que yo tengo, me da esa impresión, sobre todo en
determinado tipo de municipios con una menor capacidad de gestión,
que probablemente son los que más lo necesitan. En ese aspecto, tomo
nota de su intervención y asumo el compromiso de hacer lo posible por
mejorar los cauces de información y, por tanto, de hacer efectivas
las previsiones de compensación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Es verdad que han tomado decisiones por
medio de decretos-leyes y con una serie de cambios legislativos. El
último me parece que ha sido la modificación, en la Ley de
acompañamiento, del estatuto jurídico del ente Correos y Telégrafos,
en el que todas las derivaciones y todas las operaciones de estas
características que pudieran tener reflejo en materia fiscal en las
corporaciones locales no daban lugar a las compensaciones, cosa que a
nosotros nos parece mal. Nos parece mal porque se toman decisiones
que afectan a la política general. Es verdad que son competencias del
Estado, pero sus derivaciones y efectos tienen lugar en otras
administraciones públicas y, como decía antes -no para dramatizar-,
hay un efecto de trasladar decisiones políticas que no tienen
compensación de ningún tipo a otras corporaciones que
ni lo han pedido ni toman decisiones. Eso nos parece relativamente
mal y pensamos que habría que compensar de una u otra forma:
aumentando en los pequeños ayuntamientos, como se decía
anteriormente, ese fondo de cooperación de obras y servicios que está
prácticamente congelado en los últimos años, y también trasladar
a las corporaciones locales, aparte de la información, algunos de los
efectos positivos que se producen desde el punto de vista de la
gestión económica en la recaudación de los ingresos del Estado y no
ser cicatero en determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque las
corporaciones locales toman permanentemente decisiones en un momento
determinado que no habían previsto. Concretamente, en mi comunidad,
La Rioja, leía el otro día en un medio de comunicación que una
sentencia da la razón a la diócesis de tal forma que no pague el
Obispado la licencia de construcción. Eso le puede suponer a un
ayuntamiento relativamente pequeño tres, cuatro o cinco millones de
pesetas cuando hay una rehabilitación, sea del Ministerio de Fomento
o a través del uno por ciento cultural. Tienen derecho a esas
compensaciones porque, señor secretario de Estado, la relación que me
ha remitido el Gobierno es todavía importante y no todas se están
produciendo en los términos previstos.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, antes de entrar en la
última pregunta, quisiera que me confirmase si consideramos la 7 y la
8 como tratadas en el debate objeto de la comparecencia.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Sí, señor presidente, las considero
subsumidas en la comparecencia por lo que las doy por contestadas.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
COLABORACIÓN ENTRE LA ASISTENCIA JURÍDICA DEL ESTADO Y LAS
CORPORACIONES LOCALES DURANTE EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/
000569)
El señor PRESIDENTE: En ese caso pasamos a la última pregunta, que
hace referencia a la colaboración entre la asistencia jurídica del
Estado y las corporaciones locales durante el año 2001. También tiene
la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Tengo que reconocer, señor presidente,
señor secretario de Estado, que esta es una cuestión sin doble
intención, sin ninguna carga política y formulada sólo con carácter
informativo, y si la respuesta es positiva que pueda ser conocida
y difundida por múltiples ayuntamientos españoles.
Conocerá usted que en el trámite parlamentario de la Ley de medidas
fiscales, sociales y de carácter administrativo para el año 2000,
durante el plazo de enmiendas en el Senado el Grupo Parlamentario
Popular, quizá
preocupado por el problema de la litigiosidad jurídica de los
ayuntamientos y por el déficit público, introdujo la enmienda número
248, que al ser aprobada incorporó un artículo a la Ley de
acompañamiento que modificaba la Ley 53/1997, de 26 de noviembre, de
asistencia jurídica del Estado a las instituciones públicas,
equiparando a las corporaciones locales a las comunidades autónomas a
la hora de que los servicios jurídicos del Estado pudieran asesorar y
representar también, de acuerdo con unos convenios y un desarrollo
legislativo oportuno, a las corporaciones locales. Han pasado ya 16
meses desde que entró en vigor aquel cambio legislativo y quizá sea
el momento de evaluar y conocer la bondad del mismo y de la premura
que se produjo en aquel momento con la enmienda introducida en el
Senado, que no entramos a valorar pues habría razones poderosas para
que se incluyera en aquel trámite parlamentario. Por eso quisiéramos
conocer en qué términos reglamentarios se ha desarrollado dicha norma
según lo previsto en el artículo correspondiente, en qué casos se
está aplicando, cuántos ayuntamientos se han acogido a ella, cuántos
convenios se han hecho y en qué condiciones. También quisiera conocer
mi grupo parlamentario qué modelo de convenio se ha podido
establecer, ya que podría ser una razón importante para que todos los
ayuntamientos conozcan la posibilidad de acogerse al mismo.
Muchos ayuntamientos tienen una litigiosidad en materia de conflictos
verdaderamente importante y muchos ciudadanos están preocupados. Le
tengo que reconocer que esta información me ha llegado después de
haber hecho la pregunta. Un ciudadano preocupado por el gasto que
tiene un ayuntamiento -no diré cuál-, capital de provincia no
gobernada por el Partido Socialista, en materia de litigiosidad y lo
que busca es que se ahorre dinero por parte del ayuntamiento, que no
haya trato de favor desde la corporación local a determinados
profesionales del mundo de la abogacía, sino que se actúe con
objetividad. Nos parece bien que los servicios jurídicos del Estado,
siendo más baratos, más ecuánimes y más profesionales, colaboren con
los ayuntamientos.
Como no sé exactamente en qué situación está laaprobación y el
desarrollo de esta ley, es por lo que le he hecho esta pregunta,
señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): He de reconocer que yo también, cuando vi la
pregunta, me sorprendí un poco y tuve la duda de si había una segunda
intención.
Esta es una medida que, a partir de la previsión, su desarrollo
corresponde plenamente al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, lo
que le voy a trasladar es la información que actualizada al día de
ayer me ha remitido el Ministerio de Justicia sobre la materia; es
decir,
que no es asunto que yo conozca de forma directa. He de reconocer que
también a mí me sorprendió un poco la misma. Pero con mucho gusto doy
respuesta a la pregunta.
No sé si tenemos una cierta discrepancia en nuestros datos sobre las
fechas de entrada en vigor y, por lo tanto, desde el momento en el
cual se ha iniciado la posibilidad jurídica de hacerlo. La reciente
Ley 14/2000, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
la Ley de acompañamiento, en su artículo 50.1, añadió un párrafo
segundo al apartado tercero del artículo 1 de la Ley 52/1997, del
Servicio Jurídico del Estado, previendo la aplicación de una norma
para las corporaciones locales idéntica a la que existe actualmente
con las comunidades autónomas. Es decir, que hace apenas unos meses
que esa previsión legal está en vigor. Lo que dice es que los
abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las
corporaciones locales, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, a través de los oportunos convenios de
colaboración celebrados entre la Administración general del Estado y
las respectivas corporaciones locales.
La situación actual de ese proceso es la que le expongo
a continuación. El Servicio Jurídico del Estado, que es el que tiene
que plasmar materialmente esa actividad, ha considerado que debía
desarrollarse reglamentariamente en el previsto reglamento del
Servicio Jurídico del Estado. Ese reglamento está en una fase de
elaboración muy avanzada, por lo que es muy probable que de manera
muy próxima pueda desarrollarse esa previsión legal y, por
consiguiente, se regule el régimen de asistencia jurídica, así como
la contraprestación que en su caso deberían abonar las corporaciones
por el servicio prestado.
En general, en lo que se está pensando es en proporcionar desde el
Servicio Jurídico del Estado asistencia jurídica y defensa a las
corporaciones locales en los procesos que se sigan ante órganos de la
jurisdicción Contencioso-administrativa situados fuera del ámbito
territorial de la comunidad autónoma a la cual pertenezca la
corporación de que se trate. Y todo ello, en parte, trae causa de que
la Ley de la jurisdicción Contencioso- administrativa ha establecido
en determinados casos un sistema de fuero electivo que ha provocado
que en ocasiones más numerosas que anteriormente se aleje la sede de
los procesos judiciales de la sede propia de la corporación. Es
decir, la previsión no es tan ambiciosa como la que de alguna manera
manifestaba el señor Martínez Sanjuán en su intervención. No se
pretende dar desde el Servicio Jurídico del Estado, que por otro lado
no tendría capacidad suficiente, cobertura integral a la necesidad de
asesoría o de representación jurídica a las corporaciones locales en
todas y cada una de sus necesidades de asistencia jurídica; se
pretende una cosa mucho más limitada, sólo a la jurisdicción
Contencioso-administrativa por un lado y sólo a la actividad
conflictiva que se realice fuera del ámbito de sus
respectivas comunidades autónomas, porque se ha entendido que son
ésas sobre todo las que en municipios de menor entidad causan una
mayor dificultad y, por lo tanto, podrían llegar a causar, en
determinadas circunstancias, un desamparo jurídico, una indefensión
auténtica de los intereses de las corporaciones locales cuando,
insisto, los juicios se siguieran en fueros remotos a la propia
localidad afectada.
En todo caso, la idea en la que se está trabajando, y para la cual
existen ya contactos entre el Servicio Jurídico del Estado y la
Federación Española de Municipios y Provincias, es que una vez que se
apruebe ese reglamento, que, como he dicho antes, será de forma
inmediata, la instrumentación de la asistencia para cada uno de los
ayuntamientos se daría a través de un convenio- marco con cada una de
las corporaciones locales y siempre con una limitación genérica, por
otro lado perfectamente comprensible, de que en ningún caso
alcanzaría a aquellos tipos de conflictos en los cuales pudiese
existir potencialmente una colisión entre los intereses de la
Administración general del Estado y los de las propias corporaciones
locales. Ese es el esquema en el que se está trabajando. Insisto,
está pendiente del reglamento y de las conversaciones con la FEMP,
pero espero que a lo largo de los próximos meses se pueda poner en
marcha el mecanismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muy brevemente, señor presidente.
La importancia que yo le daba a este convenio no era, en principio,
tal. Yo le entendí que era muy importante por la premura de tiempo y
por el mecanismo que utilizó el Partido Popular de introducir una
enmienda en el Senado, a última hora y deprisa; por eso pensé
que debía ser muy importante para los ayuntamientos, pero veo que no
es para tanto.
Lo que sí me preocupa, señor secretario de Estado, es que esta ley
entró en vigor el 1 de enero del año 2000. Me parece que fue en el
2000 ¿ o me he equivocado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Es la Ley 14/2000, según mis datos, aprobada el
29 de diciembre de 2000.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Había entendido que se trataba del trámite
parlamentario de la Ley demedidas fiscales de carácter administrativo
para el año 2000, que entraba en vigor el 1 de enero de ese año. Si
no es así rectifico, pero había entendido que se trataba del 1 de
enero del año 2000 y pensaba que con un plazo de 16 meses, y dada la
premura de tiempo, estaría ya casi elaborado el reglamento. Veo que
no está elaborado el reglamento, con lo cual todavía ninguna
corporación local se ha podido acoger a este sistema. Espero que se
elabore cuanto antes, se firmen los convenios y realmente empiece a
funcionar el trámite legislativo previsto en este cambio legislativo.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor secretario de Estado quiere añadir
algún punto?
Terminamos la sesión de la Comisión hasta el día 22 de mayo, en el
que tendremos la comparecencia del señor ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.