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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 197, de 28/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 197
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de comparecencias de personalidades al objeto de informar
sobre el proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. (Número de
expediente 121/000031.) . . . (Página 5798)
- Del señor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Zaragoza (Embid Irujo). (Número de expediente 219/000176.) . . .
(Página 5798)
- Del señor presidente de Adelpa (Santorromán Lacambra). (Número de
expediente 219/000178.) . . . (Página 5809)
- Del señor portavoz de la Plataforma en defensa del Ebro (Tomás
Caubet). (Número de expediente 219/000179.) . . .
- Del señor presidente de la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes (Del Campo García). (Número de expediente 219/000180.) . . .
(Página 5828)
- Del señor presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal
Imperial de Aragón (Rubio Peña). (Número de expediente 219/000181.) .
. . (Página 5834)
- Del señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(Aragonés Beltrán). (Número de expediente 212/000431.) . . .
(Página 5843)
- Del presidente del Sindicato central de regantes del Acueducto
Tajo-Segura (García Yelo). (Número de expediente 219/000183.) . . .
(Página 5850)
- Del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y
director del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
(Marco Segura). (Número de expediente 219/000184.) . . .
- Del señor subdirector general de Planificación Hidrológica (Cabezas
Calvo-Rubio). (Número de expediente 212/000432.) . . .
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACINAL (Número de
expediente 121/000031):
- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA (EMBID IRUJO). (Número de expediente 219/000176.)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores comisionados.
Comenzamos la sesión de hoy, miércoles 28 de marzo, con la presencia
de don Antonio Embid Irujo, catedrático de derecho administrativo de
la Universidad de Zaragoza. Don Antonio Embid, le damos la bienvenida
a la Comisión de Medio Ambiente y le agradecemos su presencia. La
dinámica de las comparecencias que se están celebrando es la
siguiente: entre diez minutos y un cuarto de hora interviene el
compareciente; posteriormente, los grupos parlamentarios le hacen
diferentes preguntas y se cierra con la respuesta o con cualquier
aclaración. Muchas gracias de nuevo por su presencia y esperamos su
intervención.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA (Embid Irujo): Señorías, señora presidenta, quiero comenzar
mostrando mi gratitud y reconocimiento por su llamada, puesto que
ella me permite estar en un lugar muy especial. Hay pocas profesiones
que me parezcan más honrosas que la de legislador, y no sólo porque
ejerciera esa profesión durante un tiempo -un tiempo que permanece en
mi memoria con absoluto
agrado-, sino porque ser legislador (siempre y cuando se sea
legislador en un Estado democrático, por supuesto) equivale a ser
responsable y director de la vida ciudadana de todo el país y ello es
un privilegio que muy pocos en cada generación pueden sumar a su
historia personal. Reitero mi gratitud y espero que mi comparecencia
pueda servirles de ayuda para el mejor desarrollo de su alta función.
Y dicho esto, entrando en el fondo del asunto, quiero que también
sepan que tengo una gran satisfacción personal e intelectual porque
se esté discutiendo en el Congreso de los Diputados en torno a un
Plan hidrológico nacional, ya que una parte importante de mi vida
como investigador la he dedicado a la planificación hidrológica,
pensando siempre que ella es imprescindible en nuestro país, que esa
técnica no es contradictoria con los tiempos de liberalización en que
se desenvuelve este tramo de nuestra historia y ello dadas las
peculiaridades hídricas de España. Precisamente en 1991, y como fruto
de tres años de investigación, publiqué un libro sobre estas
cuestiones de planificación y a la cabeza de él, con plena conciencia
de los riesgos que conllevaba la toma firme de postura en realción
con determinadas incógnitas que entonces, hace once años, se abrían,
recordé una frase de Maquiavelo en El Príncipe, en la que el maestro
de políticos y de relaciones entre hombres nos decía que: Se debe
tener en cuenta hasta qué punto no hay cosa más difícil de tratar ni
más dudosa de conseguir ni más peligrosa de conducir que hacerse
promotor de la implantación de nuevas instituciones. La causa de
tamaña dificultad reside en que el promotor tiene por enemigos a
todos aquellos que sacaban provecho del viejo orden y encuentra unos
defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados por el
nuevo. Esa timidez nace en parte del temor a los adversarios, que
tienen la ley a su lado, y en parte tambiénde la incredulidad de los
hombres, quienes en realidad
nunca creen en lo nuevo hasta que adquieren una firme experiencia de
ello.
Pues bien, el edificio de la planificación hidrológica, una vez que
en 1998 se aprobaron los planes hidrológicos de cuenca, podrá darse
por finalizado con la aprobación del Plan hidrológico nacional, lo
que representará simplemente el cumplimiento de una tarea en el plano
de lo formal, una tarea cumplida en la que, sin embargo, hay aspectos
sobre los que tengo que mostrar algún grado de insatisfacción. Paso a
enumerárselos sin ninguna pretensión de ordenación jerárquica por su
importancia.
Por un lado, acabo de hablar de la aprobación de los planes
hidrológicos de cuenca, que tuvo lugar en 1998, pero poco sabemos hoy
en estos comienzos afianzados de 2001, sobre su real grado de
aplicación. No existe un solo informe sobre ello, si existe, no es
conocido. No sabemos nada, por tanto, sobre los efectos positivos,
negativos o neutros de la planificación de cuenca aprobada. Cuando
recuerdo pronunciamientos repetidos en el próximo pasado del Congreso
de los Diputados y del Senado acerca de que los planes hidrológicos
de cuenca debían aprobarse antes que el Plan hidrológico nacional,
creo que los legisladores del momento estaban expresando algo más que
un mero deseo de precedencia cronológica, lo que estaban diciendo era
que la clave de la gestión del agua debía necesariamente residir en
el nivel de la cuenca hidrográfica. Estos legisladores estaban
anticipando, aun sin saberlo, criterios que hoy están consagrados en
la directiva marco comunitaria recientemente aprobada. Estaban
diciendo, además, que había que tener una valoración y un
consiguiente distanciamiento temporal de la aprobación de los planes
hidrológicos de cuenca para, en función de sus resultados, configurar
un determinado Plan hidrológico nacional que sirviera para
coordinarlos y también para resolver sus alternativas.
Igualmente, en segundo lugar y volviendo a los hechos y realizaciones
de sus predecesores en la ocupación de estos escaños, tengo por
fuerza que recordar el énfasis que tanto en el Congreso como en el
Senado, se puso a mitad de la década de los años noventa en la
aprobación del plan nacional de regadíos como condición previa a la
aprobación del Plan hidrológico nacional. Creo que acertaron
plenamente los padres de la patria del momento, pues, con los
volúmenes de consumo de agua que comporta el regadío en España, es
evidente que una determinada planificación de éste determina un
concreto contenido del Plan hidrológico nacional y hasta de la misma
política hídrica y, por el contrario, otra concepción del plan
nacional de regadíos ocasiona otro contenido distinto en el Plan
hidrológico nacional.
Por estas dos razones -por la ausencia del plan nacional de regadíos
y por la falta de conocimiento del sentido de la ejecución de los
planes hidrológicos de cuenca-, creo que es apresurada la discusión y
aprobación
de este Plan hidrológico nacional. En el mecanismo de
racionalización de la actividad administrativa que representa la
planificación creo que faltan algunas piezas necesarias para que
podamos aplicar el completo cartesianismo que suponen los
presupuestos previos de esta técnica.
Por otro lado, y aun cuando yo sea un firme defensor de la
planificación hidrológica, no puedo por menos de reconocer que la
política del agua no se resume o se limita a la planificación. Como
muchas veces he tenido ocasión de recordar, lo que creo que
fundamentalmente tiene este país, en el ámbito del derecho de aguas
-y lo diferencia muy positivamente de otros-, es una Ley de Aguas
moderna y muy correcta técnicamente en sus planteamientos. Así es la
forma en que he juzgado la ley de 1985 y así he calificado también, y
por escrito, la reforma de dicha ley realizada en 1999. Ambos textos
normativos fueron realizados por mayorías políticas de distinto
signo, pero ambos son, en realidad, no otra cosa que fruto de su
respectiva época, del impulso vivificante constitucional -la primera
de las leyes, la de 1985, y la segunda, la de 1999-, teniendo una
incidencia especial en cuestiones medioambientales y de gestión de la
demanda merced a los necesarios cambios de concepción de la política
del agua que todos hemos vivido en los últimos años, observándolos a
distancia cuando no participando activamente en su configuración.
Este exordio es absolutamente necesario para que pueda insistir en la
necesidad primaria y primordial de aplicación de lo que dice la Ley
de Aguas. No basta tener unos textos jurídicamente correctos, sino
que, además, es necesario aplicarlos. No acabo de comprender, en
particular, las razones por las que la ley de 1999 no se pone en
marcha. Es un texto que a los 15 meses de su aplicación, señorías,
permanece literalmente virgen, y la cuestión es mucho más singular
cuando esta ley precisamente contiene un conjunto de técnicas
pensadas para gestionar la demanda, con la finalidad de evitar en lo
posible la realización de obras hidráulicas.
He saludado por escrito y de forma positiva la regulación que la ley
de 1999 hace de la reutilización de aguas residuales, de la
desalación y de los contratos de cesión de derechos de uso de agua,
excepto en este último caso, en lo relativo al mecanismo del silencio
administrativo positivo, que a mí me parece incluso -es una opinión-
inconstitucional en cuanto representa una dejación de los poderes del
propietario de las aguas públicas. Entonces, ¿por qué no es posible
que hoy se suscriba un solo contrato de cesión de derechos de uso de
agua? ¿Por qué no se han puesto en marcha los mecanismos jurídicos
favorecedores de la reutilización o la desalación, que ya están
escritos en la ley? ¿Por qué no se instauran los centros públicos de
contratación, tal y como ya están regulados en el seno de los
organismos de cuenca?
Señorías, una mayoría política, concordante con la que hoy gobierna,
elaboró y aprobó esta ley y la misma mayoría parece que evita su
aplicación. Para mí esta situación es literalmente incomprensible. Yo
considero que si es cierto que estas técnicas -todas las que les he
nombrado- fueron pensadas para evitar, en la medida de lo posible, la
realización de obras hidráulicas, como así está escrito en multitud
de papeles oficiales, es necesario hacer un esfuerzo de aplicación
para saber su viabilidad fáctica y si realmente pueden cumplir su
objetivo o necesitan, en su caso, de una reforma legislativa o de
determinadas direcciones o esfuerzos en su ejecución, y ello, creo,
como condición previa para emprender una política masiva de
realización de obras hidráulicas como la que regula este Plan
hidrológico nacional.
Señorías, en términos jurídicos, sólo jurídicos, y después de la
reforma de la Ley de Aguas de 1999, creo que no se sostiene la
necesidad del anexo II del proyecto de ley que hoy nos ocupa. Hoy
sabemos, desde la ley de 1999, que las obras hidráulicas de interés
general deben calificarse de una manera distinta, obra por obra, no
masivamente y, sobre todo, con un estudio económico sobre su
financiación, con una perfecta identificación de usuarios,
beneficiarios y, por tanto, soportadores del régimen
económicofinanciero de las obras hidráulicas. Nada de eso sirve de
soporte al anexo II, sino que, más bien, sucede justamente lo
contrario. Hablo en términos jurídicos y no desconozco, señorías, que
muy probablemente el anexo II no debe interpretarse en términos
jurídicos, sino solamente políticos, mera y exclusivamente políticos,
pero ustedes me han llamado para que dé mi opinión y lo hago con
absoluta franqueza y sin ningún tipo de subterfugio o sobreentendido,
pues no siempre uno tiene ocasión de hablar ante una audiencia tan
notablemente singular.
Naturalmente que ese anexo II sirve de enmarque a la gran decisión
del Plan hidrológico nacional y la única que justifica, en términos
jurídicos, el proyecto de ley que les ocupa y que me ocupa, el
trasvase del Ebro. Las transferencias de recursos hídricos son una
técnica más de gestión de las aguas y no deben llamar a escándalo,
están previstas en la Ley de Aguas y unas cuantas, además, están
funcionando en nuestro país, para ser exactos, siete en la cuenca del
Ebro. No voy a decir nada, por tanto, expresamente sobre el nuevo
trasvase -el octavo- del Ebro que se proyecta ni desde perspectivas
políticas, económicas, ambientales o sociales, en donde mi opinión,
aunque sería negativa, no sería sino una más de los cientos de miles
de voces ciudadanas que así lo han expresado en la calle hasta el
momento y, por tanto, sería una voz inapropiada para ser
singularizada en este lugar. Voy a hablar sólo en términos jurídicos,
que son los que justifican mi llamada, y ello para decir
sustancialmente que la regulación jurídica del trasvase del Ebro me
parece deficiente. Y digo por qué, porque las afirmaciones no deben
ser gratuitas,
a fuerza de ser tachadas, con completa justeza además, como
demagógicas, y no quiero serlo. Aporto sólo algunos ejemplos que
sustentan mi opinión, dejando para otro momento -quizá respondiendo a
sus preguntas, en otro lugar- el estudio pormenorizado de una
cuestión que es realmente básica. Aporto ejemplos sin ningún
propósito de ordenación jerárquica. Uno de ellos: no advierto en el
proyecto de ley sino una mera autorización para trasvasar unos
determinados caudales, al margen de cualquier decisión legal sobre el
destino de esas aguas, sus beneficiarios, su distribución
territorial. Seamos exactos: quien lee el proyecto de ley, sólo el
proyecto de ley -lo que está destinado a ser norma jurídica y, por
tanto, vinculante, y dejo al margen los anexos del proyecto de ley
relativos a los análisis ambientales, hidrológicos, etcétera, lo que
llegará al Boletín Oficial del Estado, si ustedes, señorías, lo
aprueban- sabe que se quieren llevar unos determinados hectómetros
cúbicos de una cuenca, la del Ebro, a otras cuencas concretas, pero,
en términos jurídicos, no es posible saber para qué, y ello porque no
se cuantifican los destinos urbanos, agrarios o ambientales, ni se
nombran, aunque fuera de una manera muy amplia, las partes del
territorio en que tendrán lugar dichas utilizaciones. Todo el
proyecto de ley está lleno de remisiones a lo que haga posteriormente
el Gobierno, que, en realidad, y en función de esa indeterminación,
podría dar un determinado sesgo a las transferencias de recursos
hídricos que podría sorprender, al menos en terrenos de pura
hipótesis de trabajo, hasta a quienes imaginaron intelectualmente el
trasvase, y podría hacerlo porque, en las cuestiones que les nombro,
el Gobierno no tiene, en este proyecto de ley que hoy examinamos,
determinaciones legales que le vinculen.
Tampoco es posible conocer con el proyecto de ley la formación del
precio del agua, su carácter uniforme o no en relación a todos los
usos o, al contrario, su diferenciación necesaria en relación a todos
los usos. Ni siquiera es posible saber si en todos los lugares de
cada cuenca hidrográfica se pagará lo mismo. Todo son remisiones a lo
que diga el Gobierno, hasta el punto de que el proyecto de ley puede
contemplarse, desde esta perspectiva, como un inmenso vacío de
régimen jurídico en torno a cuestiones que no son anecdóticas
-destino y precio-, sino, por el contrario, las fundamentales. Del
proyecto de ley sólo sobresale la autorización para trasvasar. En mi
opinión, en escasa medida se compadece esa ausencia de regulación con
el encargo de la Ley de Aguas acerca de que el Plan hidrológico
nacional debe regular la previsión y las condiciones -subrayo- de las
transferencias entre ámbitos territoriales de distintos planes
hidrológicos de cuenca.
Termino ya esta intervención inicial, porque probablemente estoy
abusando de su tiempo y uno nunca debe confundir el propio interés en
las cosas con las disponibilidades ajenas, sobre todo ante el amplio
número de personas que han comparecido y deben
seguir compareciendo aquí y la inmensidad e importancia de la difícil
tarea que tienen por delante. Y termino con una nueva idea que, a mi
parecer, ha permitido poner encima de la mesa, con toda su riqueza,
el debate social del actual proyecto de ley del Plan hidrológico
nacional, y esta es lo equívoco de pensar que un plan hidrológico
nacional refleja solo una política de aguas; al contrario, creo que
el Plan hidrológico nacional nos sitúa ante una pura actuación de
política territorial, con todas las connotaciones que ello tiene
desde múltiples ámbitos y sobre las que no hace falta que les ilustre
a SS.SS., que, en todos los casos, representan políticamente a
territorios concretos. En función de ese presupuesto me parece -y es
una nueva idea- que las estructuras tradicionales del gobierno de las
aguas que contiene nuestro ordenamiento jurídico se han mostrado
incapaces de asimilar y de sacar consecuencias de ese hecho, y ello
es lo que creo, en parte -solo en parte-, explica los conflictos
vividos en el seno de la sociedad y también las amarguras e
insatisfacciones que produce a cualquier espectador, con la mente
fría y el corazón pronto, este proceso. Se ha abierto una peligrosa
vía de fraccionamiento territorial que, de no resolverse prontamente
con inteligencia y altura de miras, se perpetuará en el tiempo con
consecuencias insospechadas y, creo, lamentables.
Gracias por su atención, señorías, y estoy dispuesto a contestar, si
sé, a las preguntas que ustedes puedan hacer.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Embid, por su erudita
intervención.
Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Embid, por su presencia
y por su detallada explicación sobre su apreciación del contenido del
Plan hidrológico nacional que presenta el Gobierno.
Me gustaría que me aclarara una serie de dudas que me han surgido a
raíz de su intervención y que tienen que ver con el régimen
concesional. Usted ha hecho referencia a la reforma de la ley del año
1999, en la que se incorporan los criterios de gestionar la demanda,
y ha hecho referencia a la cesión de derechos y al silencio
administrativo positivo que regula la propia ley. El Plan hidrológico
nacional, si deriva de la Ley de Aguas, tiene que ser un plan que
venga a aplicar la Ley de Aguas, al menos en lo que a planificación
hidrológica se refiere, y entiendo que el hecho de que se produzca
esta transferencia de recursos desde el Ebro hacia otras cuencas
significa que el mecanismo del silencio administrativo positivo
adquiere todo su valor en cuanto a la cesión de derechos y que, por
tanto, esas voces que se oyen por muchos sitios respecto a la venta
de agua por parte de usuarios a aquellos usuarios que la quieren
recibir es un hecho. Me gustaría que usted nos explicara si esta
cesión de derechos de uso va a tener una ratificación en el
desarrollo de este Plan hidrológico nacional o puede tenerla.
Siguiendo con el régimen concesional, cree, señor Embid, que tal y
como está configurado actualmente es un régimen que tiene todas las
garantías suficientes para que la gestión del agua en España se lleve
a cabo con el rigor que debe producirse, contando con que es un
régimen concesional de muchos años, contando con un régimen
concesional en el que, de acuerdo con el propio libro blanco del agua
que puso en marcha la señora Tocino, es un documento en el que se
hace referencia a 500.000 aprovechamientos, de los cuales únicamente
125.000 se conocen con nombre, apellido y dirección, con volumen de
agua y con usuario conocido.
Otro de los temas que plantea el proyecto de ley es la coordinación
de los planes de cuenca. ¿Piensa usted que este proyecto de ley
debiera contemplar, en alguna medida, una mayor concreción en ese
régimen de coordinación que tiene que producirse? ¿Piensa usted que
este proyecto de ley tendrá que ser revisado, así como los planes de
cuenca, como consecuencia de la aplicación de la directiva marco en
política de aguas, en función a la estructura que se les da a las
cuencas, al criterio de unidad de cuenca y también, como es lógico, a
todos los elementos que tienen que completar cada uno de los planes
de cuenca?
Señor Embid, en la gestión del agua en España uno de los elementos
importantes es la administración del agua, en función del nombre más
adecuado, que es el de administración del agua, en lugar de
administración hidráulica, porque al fin y al cabo cuando decimos
administración hidráulica estamos hablando de ejecución de obras y
creo que la gestión del agua es bastante más que la ejecución de
obras. ¿Cree usted que las confederaciones actualmente tienen la
estructura, el funcionamiento y las competencias más adecuadas para
que se produzca una correcta gestión del agua en el conjunto del
Estado?
Ha hecho usted una referencia al anexo II, que dice que no se
sostiene, y a la catalogación de las obras de interés general. Me ha
parecido una apreciación muy interesante. En este Plan hidrológico
nacional el volumen económico que se plantea es de 3 billones de
pesetas de las obras del anexo II, más 700.000 millones del trasvase.
¿Piensa usted que el Gobierno tenía que haber concretado algo más en
cuanto a la propuesta del anexo II respecto al período de ejecución,
a priorización de esas obras? Porque no hay que olvidar que el
Gobierno, además de los 3 billones 700.000 millones de pesetas, dice
que hay un plan de infraestructuras de1 17 billones, hay otra serie
de planificaciones y actuaciones económicas, ¿usted cree que hay
posibilidad de llevar a cabo este tipo de obras con arreglo a unos
presupuestos como los
que plantea actualmente el Gobierno en el conjunto de sus
actuaciones?
En cuanto a la financiación de las obras, el proyecto de ley
establece que concretamente el trasvase puede hacerse de diversas
maneras, bien con cargo a presupuestos del Estado o bien con cargo a
aportaciones de los fondos europeos, ¿Cree usted que la regulación
que se hace en el propio texto posibilita el acceso a este tipo de
financiación? ¿Piensa usted que la financiación privada tiene cabida,
de acuerdo con el desarrollo de la Ley de Aguas, y se puede hacer
frente a la regulación y a la concreción del trasvase que se
pretende?
En la última parte de su intervención se ha referido al PHN en el
aspecto de la política territorial. Me gustaría que ampliara un poco
más ese desarrollo que hace del Plan hidrológico nacional en relación
con otros sistemas de planificación y de desarrollo territorial.
Por último, señor Embid, ¿qué papel juegan las comunidades autónomas?
Porque, indudablemente, en un país como el nuestro, en el que el
poder está muy descentralizado y las competencias exclusivas en
muchas materias son de las comunidades autónomas, sobre todo en
ordenación del territorio, me gustaría que usted nos explicara de qué
manera el PHN incide en un desajuste en esa política de concertación,
de consenso y de acuerdo que tenía que haber con las comunidades
autónomas respecto a la gestión de este tipo de políticas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la
palabra el señor Otxoa de Eribe.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Muchas gracias al señor Embid Irujo
por su presencia ante esta Comisión.
Quería solamente dos puntualización referidas al anexo II. ¿Qué
fuerza jurídica entiende usted que tiene la obligatoriedad de
ejecutar las obras contenidas en el anexo II cuando en ella hay
relación pura de obras que no aparecen en los planes de cuenca, que
no tienen ninguna justificación y que se han introducido sólo con un
nombre, insisto, sin ninguna justificación ni indicación de destino?
Y otra diferente. Hay obras que corresponden competencialmente a
administraciones locales o, en todo caso, autonómicas. ¿Significa la
declaración de obra de interés general que unas obras que son de
competencia autonómica o municipal estos entes no pueden iniciarlas
en el tiempo, independientemente de la acción de Gobierno? Esto es,
si esas obras se retrasan en el tiempo ¿no pueden estos entes
competenciales ejecutarlas y tienen que esperar a que el Estado actúe
gracias a esta declaración? Solamente esto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: En primer lugar deseo dar la más cordial
bienvenida a esta Comisión
al señor Embid y felicitarle por su aportación. Verdaderamente
es un lujo para todos nosotros conocer de primera mano su opinión al
respecto. Sabemos de su trabajo y de lo bien que lo realiza.
Sólo una pequeña reflexión y dos preguntas. En primer lugar, un plan
hidrológico nacional -lo dije ayer y lo voy a repetir hoy, porque
estoy absolutamente convencido de ello- es uno de los pocos temas que
son realmente política de Estado. Por tanto, es bueno que un plan
hidrológico saliese con una cierta unanimidad. No es bueno que este
plan hidrológico, o los anteriores que se prepararon, sean de una
sola formación política. ¿Por qué digo esto? Porque un plan
hidrológico programa el conjunto del Estado español con trasvases de
cuencas que afectan a diferentes comunidades autónomas, pero sobre
todo porque su realización abarcará un período tan dilatado de años
que seguramente cambiarán las mayorías y, por tanto, los puntos de
vista al respecto. Sólo hay un sistema para dejar este asunto
cerrado: hacerlo con un cierto consenso. Usted ha explicado aquí que
habría que dar un tiempo para ver cómo funcionaban los planes de
cuenca y luego aplicar un plan hidrológico nacional que fuese más
coherente. Seguramente a partir de aquí encontraríamos más grupos o
formaciones políticas que pudieran dar soporte al plan hidrológico.
Por tanto, este tema, de entrada, sería positivo.
También me gustaría saber, desde el punto de vista estrictamente
jurídico, cómo ve el trasvase del Ródano, que es una de las
posibilidades que nuestro grupo está defendiendo y una alternativa de
aportación de agua a cuencas que son deficitarias en este momento.
En cuanto a los anejos, da la sensación -y estoy convencido de ello-
de que la lista de anejos es de buenas voluntades, pero la aprobación
de la ley no la convierte directamente en obras de interés general.
Por tanto, en los próximos años, como usted ha dicho, habrá que hacer
la declaración de interés general de cada una de ellas en función del
calendario que el Gobierno se marque. El hecho de que se apruebe esa
lista no quiere decir que las obras sean declaradas de interés
general de forma inmediata.
Asimismo, me gustaría que aportase su posición respecto a que en el
plan hidrológico se prevé una dotación de 3.400 hectómetros cúbicos
de nuevos consumos. ¿Qué compromiso tiene el Gobierno para cumplirlo
después, o se va a quedar también en buenas intenciones?
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: También yo quiero dar la bienvenida al
profesor Embid en esta Comisión.
Estoy totalmente de acuerdo con algunas de las manifestaciones que ha
hecho el profesor respecto aque con este proyecto de ley se culmina
el edificio de la
planificación hidrológica española. Me gustaría plantearle si la Ley
de Aguas, cuando se refiere al Plan hidrológico nacional, va más allá
de lo que parece que se está planteando en esta Comisión, no
solamente por su intervención, sino por otras, como reguladora de
toda la planificación, ya no en el sector hidráulico, sino también en
otros aspectos sectoriales. Ha hecho referencia al plan nacional de
regadíos y a la ordenación territorial. Nosotros entendemos que el
Plan hidrológico nacional, tal como está planteado, recoge el
espíritu y la letra de la Ley de Aguas, en tanto en cuanto habla
exclusivamente de las posibilidades de coordinación entre los planes
de cuenca y de las posibles transferencias.
Entendemos que la reforma de 1999 de la Ley de Aguas está recogida en
parte en este proyecto, porque si bien es cierto que usted ha
criticado el anexo II de inversiones, desde el punto de vista
jurídico, de ahí se derivan unas inversiones muy importantes, de
hasta un billón de pesetas, en cuanto a la reutilización, la
desalación, y la modernización, que está prevista en la reforma de la
Ley de Aguas.
Respecto al destino y los usos de las aguas, que no aparecen en el
texto jurídico del Plan hidrológico nacional, la primera consulta que
le quisiera hacer es si para ello no están ya los planes de cuenca,
aprobados por real decreto en 1998, en los que se ve con claridad
cuál es el destino de las aguas, en tanto en cuanto aquellos planes
de cuenca plantearon posibles transferencias desde distintos puntos,
no específicos lógicamente en los planes de cuenca.
En relación con el régimen concesional a que ha hecho alusión el
señor Morlán y sobre lo que usted no ha dicho absolutamente nada,
aunque sí sabemos que en otros foros ha hablado sobre el tema,
quisiera preguntarle si cree que una reforma en profundidad del
régimen concesional sería una solución hídrica. Ahora bien, cuando se
habla de régimen concesional lógicamente habría que analizar cuenca
por cuenca, porque no es lo mismo hablar de un régimen concesional en
la cuenca del Ebro que hablar del régimen concesional en la cuenca
del Segura, donde hay unos déficit históricos importantes y donde,
como es bien conocido -y lo dejó el otro día encima de la mesa el
propio ministro-, desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 no
se ha hecho prácticamente ninguna nueva concesión, salvo dos en
Castilla-La Mancha para pequeños regadíos sociales. Es decir, régimen
concesional en aplicación de la distribución de los recursos en
cuanto a posibles expropiaciones o en cuanto a lo que supondría el
hecho de saber con certeza, tal y como decía muy bien el señor Morlán
-está recogido en el libro blanco-, los títulos que en la actualidad
tenemos incorporados.
Respecto a si la cúspide de la planificación en este caso es el Plan
hidrológico nacional, una de las disposiciones transitorias, creo que
es la sexta, del proyecto de ley habla de la política de coordinación
entre el Plan
hidrológico nacional y los planes de cuenca. Cuando en 1998 se
aprueban por real decreto los planes de cuenca, el mismo decreto
establece que estos planes de cuenca deberán ser sometidos a revisión
periódica cada cuatro años.
En relación con esta revisión -lo uno con lo que es el anexo II
actual del Plan hidrológico nacional- para la incorporación de obras
que en estos momentos posiblemente no aparezcan dentro de las
establecidas en el plan de cuenca, desearíamos saber qué posición
jurídica puede tener este aspecto. Desde el punto de vista de los
impactos ambientales, estrictamente en términos jurídicos, en el
debate que estamos teniendo durante estas últimas semanas distintos
planteamientos se refieren a si puede haber una posición global de
declaración de impacto ambiental de todo lo que es el Plan
hidrológico nacional o se tendría que continuar con la declaración
individualizada de cada uno de ellos.
Entrando en una cuestión más cercana a nuestras personas -aunque este
sea un foro nacional- le haré una consulta en relación con la cuenca
cedente, en este caso, la cuenca del Ebro. La polémica se ha dado
especialmente en Aragón y en Cataluña. Quisiera conocer su parecer
sobre si, ahora que vamos a poder trabajar a fondo sobre el mismo, el
Gobierno (en este caso el Legislativo) ha cargado más la mano en las
garantías o cautelas en favor de las cuencas cedentes y no tanto en
las cuencas potencialmente beneficiarias. En relación con ese acuerdo
histórico formulado en las Cortes de Aragón, el pacto del agua del
año 1992, donde hay distintas fuerzas sociales, tanto políticas como
de otros colectivos, que hablan de una relectura, entendemos que lo
que hay que hacer es profundizar en el Pacto del Agua. En estas
semanas se han dado algunos pasos en ese sentido y quisiéramos saber
cómo valora, desde el punto de vista jurídico, su incardinación
dentro del Plan hidrológico nacional, donde se nombra ese tipo de
obras dentro del articulado en referencia a lo acordado en el decreto
de 1998, de aprobación del plan de cuenca, y en relación a este
párrafo que dimos en ponernos en tanto en cuanto que la asunción del
Plan hidrológico nacional del contenido, las obras y el espíritu del
Pacto del Agua supondría el apoyo de la comunidad aragonesa al Plan
hidrológico nacional siempre y cuando, como se dice claramente en ese
párrafo, la ejecución de las obras estuviera en los plazos que en
aquel documento se establecían. Jurídicamente, qué fuerza puede tener
esto desde el punto de vista de la salvaguarda de los intereses de
Aragón.
La señora PRESIDENTA: Para contestar, tiene la palabra el señor
Embid.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA ( Embid Irujo): Muchísimas gracias por sus preguntas. Voy a
hacer lo que pueda por contestar porque
ustedes han formulado cuestiones de gran calado jurídico y político y
sólo tengo 20 minutos. No es que yo sea el típico ejemplo de profesor
que necesita seis horas para comenzar a hablar después de los
agradecimientos, pero sí soy muy dado a los matices y creo que nada
en esta vida es blanco o negro, absolutamente nada, tampoco en el
derecho; por tanto, es posible que en algún momento, por motivos de
tiempo, tenga que dejar algún matiz por el camino y me fastidiaría
ser malinterpretado.
Hay muchas preguntas pero hay algunas comunes. Comenzaré por hablar
del anexo segundo y de las obras del pacto del agua de Aragón. Como
este es un foro nacional, muy conscientemente no he querido seguir
mis querencias, es decir, no he querido hablar de Aragón. Como usted
me da la oportunidad, lo haré aunque no lo consideraba necesario.
Cómo configurar jurídicamente el anexo segundo, ese gran listado de
obras. Desde el punto de vista competencial, es el Estado quien asume
que todas esas obras son de su competencia, las llame como las llame.
Porque una cosa es el anexo y otra cosa, como consultaba ahora, es un
artículo del proyecto de ley, donde se habla específicamente del
listado de inversiones asumido por el Estado. Luego el Estado decide
asumir las inversiones relativas a esas obras. Puede pensarse que son
competencia de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos,
habrá que ir viéndolo caso por caso, pero si el proyecto de ley se
aprueba el Estado asume su realización y su financiación.
Respondiendo a la pregunta del señor diputado del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), no sería posible que si hubiera un retraso alguien
se pusiera a ejecutarlas porque el Estado ha decidido tomarlas bajo
su competencia.
El grado de vinculatoriedad y obligatoriedad de este gran listado es
discutible. Los juristas somos normalmente hombres que vivimos en la
historia y al ver este anexo segundo inevitablemente me he
retrotraído a finales del siglo XIX y principios del XX y a lo que
entonces se decía en el Parlamento, una expresión que se ha
incorporado a la historia parlamentaria en España. Se hablaba
entonces de las carreteras parlamentarias. No había diputado que
llegara a esta casa que no incorporara a la declaración como
carretera que debía ejecutar el Estado la de su pueblo, y
probablemente todo el territorio nacional está idealmente empedrado.
Si ustedes se paran a pensarlo, cuando pisen en esta casa es posible
que sientan los adoquines de las carreteras parlamentarias de finales
del XIX y del XX. Esto me recuerda bastante aquella situación más que
conocida y sobre la que no tengo que realizar ningún juicio positivo
ni negativo: unas se han ejecutado y otras, afortunadamente, no se
han ejecutado. Y otras, desgraciadamente, tampoco. ¿Qué va a pasar
con este grandísimo listado? Pues, que una vez que esto se aprueba
-si se aprueba, en este caso- habrá que empezar, como siempre, a
escudriñar. Bueno, pero, aquí dentro,
¿qué es lo que hay? Nos encontramos con algunas obras que ya están
declaradas de interés general, como pasa con las más significativas
del Pacto del Agua; respondo así la pregunta del diputado señor
Pintado.
En 1992, según mis cuentas, se produce la primera declaración de
interés general en relación al recrecimiento de Yesa, y a partir de
ahí ha habido seis o siete declaraciones importantes de obras de
interés general y creo que excepto obras poco importantes, todas las
del Pacto del Agua ya están declaradas. Si mi expresión carreteras
parlamentarias -recordando nuestra historia- es bien representativa
de lo que opino de ese anexo, en el caso de las del pacto del agua ni
carreteras parlamentarias porque ya están. Si se quieren ejecutar,
desde el punto de vista jurídico no hay nada que sumar una vez
realizada la declaración de interés general sino lo que pasa en todo
proyecto: formulación del proyecto, declaración de impacto ambiental
(positiva, negativa, con sus correcciones, etcétera), contratación,
licitación, adjudicación y puesta en marcha. En algunas de las obras
del anexo segundo ya sucede eso y en otras lo único que podemos ver
es una habilitación para, si se quiere, en el momento y de la forma
que se quiera, comenzar con todas esas tramitaciones administrativas.
El anexo segundo es, si quieren, una especie de modelo, una especie
de Sinaí (ahí arriba debemos llegar todos), pondremos en marcha esa
escalada desde muy distintos puntos y ya veremos lo que se hace. Eso
es el anexo segundo. Pero yo lo viro un poco más allá, y digo, vamos
a ver, en el momento actual de la política del agua en España, ¿es
literalmente comprensible, razonable, enfocar así un anexo de obras?
Uno de los méritos de la Ley de 1999 ha sido racionalizar la
declaración de obras de interés general y decir, entre otras cosas,
que para que se declare una obra de interés general es absolutamente
necesario primero que alguien lo pida. Señores diputados, ninguno de
ustedes ha pedido esa carretera parlamentaria, viene del Gobierno,
ahí se concreta. Que alguien la pida formalmente; pero no se trata de
una mera petición. ¿Quién es el beneficiario? Identifíquese porque
normalmente en las obras hidráulicas, excepto en las vinculadas a
laminaciones de avenidas o cuestiones ambientales generales, siempre
hay un beneficiario. Identifíquese, como digo, y que ese beneficiario
identificado declare, por medio de sus órganos representativos -en el
caso del ayuntamiento, del pleno; en el caso de una comunidad de
regantes, su asamblea o su junta de gobierno-, que quiere eso y que
está dispuesto a financiarlo de acuerdo con este plan. Y solamente en
el caso de que esté bien clara la financiación, incluyendo fondos
europeos o lo que fuera -contesto también a alguna indicación en ese
sentido- es cuando ya se puede pasar al estado final de la concreción
y de la declaración, y entonces vamos a realizarla. Pues bien, este
anexo segundo es contradictorio con la ley que nos dimos hace 15
meses. Contradictorio en cuanto a las obras no declaradas todavía;
innecesario en relación a las ya declaradas en este momento. No sé si
he dejado de contestar algo en relación con el anexo segundo.
Se me ha dicho que el Plan hidrológico nacional, en relación al Plan
nacional de regadíos, ya había cumplido y que valía. La Ley de Aguas,
en su artículo 38 -quería citarlo exactamente-, contiene referencias
específicas a la planificación hidrológica, y en al apartado 4.o,
dice: Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las
diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto
respecto a los usos del agua como a los del suelo y, especialmente,
con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos
agrarios. Lo que estaba indicando acerca de la relación entre Plan
hidrológico nacional y Plan nacional de regadíos y otros no es
solamente una opinión que yo saqué de pronunciamientos de este
Congreso de los Diputados, es que la Ley de Aguas ya lo dice así.
Luego, el Congreso de los Diputados y el Senado, en los años 1994,
1995 y 1996, hicieron diversos pronunciamientos en torno a que el
Plan nacional de regadíos debía ser previo. Estaban marcando la
realidad de que hubiera ese destino paralelo de una y otra
planificación. Ese artículo es suficientemente representativo de que,
en términos jurídicos, lo que es razonable es, además, vinculante.
Ha habido una reflexión de don Ángel Pintado directamente sobre los
destinos de las aguas. Él respondía que ya están en los planes
hidrológicos de cuenca. A mí me gustaría que eso fuera verdad, porque
no lo es. Los planes hidrológicos de cuenca, en algunos casos
-prefiero no poner ejemplos concretos-, no señalan los mismos
volúmenes de déficit que el Plan hidrológico nacional y, desde luego,
en modo alguno hay una correspondencia específica entre los 400 que
van a tal sitio y los que hipotéticamente señala el plan de la cuenca
de tal como déficit. Por lo tanto, no se puede afirmar esto ya que
está resuelto por el Plan hidrológico nacional porque ya está dicho
en los planes hidrológicos de cuenca dónde va a ir el agua. No es
verdad; no se puede establecer esa corrección matemática entre lo que
ahora figura y lo que dicen los planes hidrológicos de cuenca porque
no hay tal igualdad matemática. Respecto a esos 400, que dice el
plan, si comprueba uno por uno los planes de las cuencas receptoras,
como yo he tenido la paciencia de hacer, verá S.S. que no se puede
establecer esa igualdad. Incluso si eso fuera verdad -que no lo es-,
lo que debería decir el proyecto de Plan hidrológico nacional es algo
tan simple como -y lo brindo como una idea de enmienda para quien
quiera-: los usos de las aguas trasvasadas serán los que figuren en
los planes hidrológicos de cuenca. Fíjense qué enmienda más simple.
Si es verdad lo que usted dice, hágase esa enmienda, porque no es eso
lo que dice la ley. La ley dice: en cuanto a usos, lo que diga el
Gobierno. Eso es distinto completamente. Si a mí me dicen -y la
cuestión tiene mucha trascendencia jurídica, económica, social y
ambiental- que se va a incorporar
esa enmienda, entonces yo incorporaré un nuevo tipo de
reflexiones, pero es que el proyecto de ley dice que el Gobierno
decidirá. Vamos a ver si, caminando por esa vía -que en todo caso yo
saludaría, porque sería un tributo a la seguridad jurídica-, se hace
una conexión entre destinos de los planes hidrológicos de cuenca y el
Plan hidrológico nacional.
Siguiendo con los planes, se me ha preguntado también sobre la
coordinación y adaptación de los planes hidrológicos de cuenca. Es
evidente que habrá que revisar los planes hidrológicos de cuenca, eso
lo ve cualquiera. La directiva comunitaria impone una revisión de los
planes hidrológicos de cuenca, entre otras cosas porque, tal y como
los dibuja, con otra terminología, fija un distinto contenido a esos
planes. Eso habrá que hacerlo en los próximos años. La respuesta es
muy simple.
Coordinación entre el trasvase del Ródano y el Plan hidrológico
nacional, sobre lo que me preguntaba el diputado de Convergència i
Unió. Aquí hay una primera cuestión a resolver conceptualmente. ¿Es
el trasvase de otro país a España materia de Plan hidrológico
nacional? El jurista formalista, el que se fijara solamente en los
nombres y en las expresiones, respondería que no, por una razón muy
simple, porque el artículo 43 de la Ley de Aguas, cuando habla de las
transferencias que debe asumir el Plan hidrológico nacional habla de
transferencias entre ámbitos territoriales de distintos planes
hidrológicos de cuenca. El jurista formalista, el que se pone las
orejeras, diría: como no es una transferencia entre distintos planes
hidrológicos de cuenca, no es materia de Plan hidrológico nacional.
Pero yo le diría que es posible que no sea materia de Plan
hidrológico nacional en esos términos estrictos, pero sí de política
hídrica nacional, porque es evidente que, si se trae agua de otro
país, hay que revisar los balances internos que se hayan hecho de la
propia transferencia. Por tanto, no se puede hacer -evidentemente, si
quieren, lo pueden hacer- una planificación hidrológica nacional
pensando en que habrá un trasvase desde el Ródano que no se contempla
en el Plan hidrológico nacional. Si va a haber un trasvase desde el
Ródano, habrá que variar los volúmenes, los balances, las previsiones
económicas y de todo tipo existentes. Si hay voluntad de hacerlo-yo
he oído hoy en la televisión y en los medios de comunicación
cuestiones absolutamente divergentes-, y la voluntad es la de
ustedes, obviamente, no dejen de contemplarlo en el Plan hidrológico
nacional, porque, entonces, los términos del juego no son lo claros
que deberían ser.
En cuanto a cuestiones jurídicas del trasvase del Ródano, yo
recordaría algo que no sé si dijo ayer el representante de la empresa
BRL. El Conseil dEtat francés, en un dictamen emitido en noviembre
de 1997 -para algunos esto será poco importante; para mí, como
jurista, es importantísimo, porque yo me he formadobebiendo
ávidamente de la doctrina del Consejo
de Estado francés-, respondiendo a una consulta del Ministerio de
Agricultura de ese país dijo que, según la Constitución francesa, era
posible la transferencia de aguas desde el Ródano hasta España. Se le
preguntaba eso exactamente y respondió afirmativamente, pero no sólo
eso, sino que añade algo que no se le había preguntado por el
Ministerio de Agricultura: la incardinación del trasvase del Ródano a
Cataluña -el Consejo de Estado francés lo trata así, del Ródano a
Cataluña- dentro de la política de redes europeas y cita
específicamente el Tratado de la Comunidad Europea. Es un dictamen
del Consejo de Estado francés, pero despeja muchos caminos y,
obviamente, deja planteado algo elemental: que se hable del trasvase
del Ródano a Cataluña no quiere decir que todo esto, si se va a hacer
-y ustedes decidirán, señorías, si se va a hacer-, debiera comenzar
ineludiblemente por un tratado internacional entre Francia y España.
No es un tema de relaciones transfronterizas, como el Convenio de
1980, ratificado por España a finales de 1990; tampoco es un tema de
relaciones de vecindad, ni de acuerdos entre empresas, es un tema de
política hídrica nacional y, si se afronta, se debe afrontar por la
representación gubernamental de España y de Francia y, a partir de un
tratado, todo lo que venga detrás en los términos jurídicos.
Me han preguntado muchos de ustedes por el régimen concesional,
pregunta endiablada. Todos estamos de acuerdo en que el régimen
concesional no es todo lo claro y fructífero que debería ser, pero
enfocar su modificación es bastante complicado, también
jurídicamente. Yo pediría sólo una cosa al régimen concesional: que
haya una traslación entre lo que existe en la realidad en el
aprovechamiento del agua y lo que refleja el régimen concesional y su
transcripción correspondiente en los registros del agua de la cuenca.
No me vale solamente, aunque es un buen dato, decir que en tal cuenca
no se han dado concesiones desde tal año si paralelamente descubro
-descubro porque lo percibo- que hay aprovechamientos no cubiertos
por concesiones. Cuando el proyecto de ley del Plan hidrológico
nacional, éste que hoy nos ocupa, dice que hay un volumen de aguas
que serviría para consolidar riegos en precario, me está dando la
pista de que hay muchas utilizaciones de agua que no tienen concesión
y que, si la tienen, la tienen en precario, si es que esa palabra,
precario -cosa que ignoro pero que deberá resolverse en algún momento
en el Parlamento, o hipotéticamente en sede jurisdiccional-, está
utilizada en un sentido jurídico, porque igual está utilizada en un
sentido fáctico; no es una concesión en precario la que debe
solventar las aguas trasvasadas, sino unas situaciones en precario
surgidas incluso al margen del régimen concesional. Yo pediría al
régimen concesional esa aproximación entre la realidad física y la
realidad jurídica. Los juristas vivimos de los conceptos, pero a los
juristas prácticos nos gusta que los conceptos reflejen la vida real
y yo soy un jurista de la práctica, que confronto cada día lo que
pienso con la realidad que observo, y el régimen concesional como tal
no me satisface. ¿Cómo sustituirlo? Yo creo que a una Ley de Aguas
moderna debe pedírsele que contenga una multitud posible de técnicas
jurídicas existentes, que no se fije sólo y exclusivamente en una
como solución de los problemas existentes y una de ellas puede ser -y
respondo a una cuestión que me han planteado varios de ustedes- la
relativa a los contratos de cesión de derechos de uso de aguas. A mí
la idea del mercado del agua -y digo marcado entre comillas porque no
es un mercado realmente lo que reflejan nuestras leyes-, la idea de
los contratos de cesión no me repugna, en absoluto, siempre y cuando
venga acompañada del necesario control público.
Si existe ese control público tiene visos de realidad la idea de que
en un ámbito de mercado las utilizaciones menos prevalentes, menos
rentables, conducirán hacia las utilizaciones más prevalentes y más
rentables, con lo cual, paralelamente, podremos observar si después
de una situación de mercado hace falta la transferencia de recursos
de agua, pero esto no lo hemos podido experimentar. El proyecto de
ley de Plan hidrológico nacional, hasta hoy -y hoy es el día 28 de
marzo de 2001-, no refleja una situación de mercado ni de
transferencia ni de mercadeo ni de venta, tal y como a veces tengo
ocasión de escuchar en los medios de comunicación.
La verdad sea dicha, me parece bien que no se refleje en términos
peyorativos, -tal y como están usadas esas palabras-, esa situación
de mercado y de venta, pero no llego a entender muy bien por qué el
legislador -el proyectado legislador- de 2001 no ha tomado como punto
de referencia una autorización con la que contaba en la Ley de 1999,
para introducir la posibilidad de transacciones. Simplemente para
regularlas, porque, además, las transacciones entre distintos ámbitos
territoriales de cuenca, ésas sí, en el legislador de 1999 no están
acompañadas del silencio administrativo positivo, ahí sí que en todos
los casos hace falta autorización expresa de la autoridad
correspondiente.
Política de aguas, ¿cómo llevarla? Nunca de manera unidimensional.
Con muchas técnicas que el legislador tenga posibilidad de aplicar.
Respecto a la administración hidráulica también se me ha hecho alguna
referencia. Le voy a decir en dos segundos, sin matices y pidiendo
perdón por la falta de simplificación, lo que a mí me parece que son
los retos que hoy en día tiene planteados la administración
hidráulica de nuestro país, a modo de rúbricas, porque sé que todo lo
que hable yo de más es lo que habla de menos el orador que me sigue,
por lo que debo concluir ya.
Está falta de reflexión una idea muy simple que se expone muy
fácilmente. Las confederaciones hidrográficas son una de las
aportaciones de nuestro país al mundo del derecho de aguas, que
debemos defender, potenciar y del que debemos sentirnos orgullosos.
Pero las confederaciones hidrográficas nacen en 1926 -por
cierto, he tenido ocasión de festejar públicamente en los pasados
días el 75 aniversario de la Confederación Hidrográfica del Ebro- y
sirven, y para ello nacen originalmente, para realizar obras
hidráulicas, es lo único que las justifica, eso está en los textos.
Pues bien, por paradojas de la historia, ante la que siempre tenemos
que estar con las mentes abiertas y los ojos prestos, la realización
de obras hidráulicas, desde hace tres o cuatro años, con la creación
de las sociedades estatales para la construcción y explotación de
obras hidráulicas, se sustrae, en muy buena medida, a las
confederaciones hidrográficas.
Estamos asistiendo al comienzo de un proceso de un futuro un poco
predecible aunque adivinable, en el que lo que sustentó su creación
desaparece, con lo cual las confederaciones hidrográficas van a tener
que buscar nuevas formas de legitimación, exclusivamente en la
gestión del agua, en el régimen concesional y en el régimen de los
aprovechamientos. Y eso está ocasionando ya unos cambios tremendos en
la estructura interna de las confederaciones, pero tiene su
consecuencia en muchos ámbitos. Si se sustrae la realización de las
obras hidráulicas que se encomiendan a sociedades estatales, eso
tiene una trascendencia sobre el régimen económico y financiero,
sobre los ingresos de las confederaciones y sobre muchas cosas.
Creo que las confederaciones deben reflexionar y que debe reflexionar
el Ministerio. Debemos reflexionar todos a los que las cuestiones del
agua nos motivan intelectualmente sobre cuál sería el futuro de
nuestra administración hídrica, que desde luego no es el que hemos
conocido, con el que nos hemos hecho adultos y con el que hemos
celebrado el 75 aniversario de la creación de las confederaciones.
Eso está, señorías, en muy buena medida terminado. La evolución de
las administraciones hídricas, de las confederaciones, debe ir en la
vía de potenciar, como sea, su autonomía, de no considerarlas como
una mera dependencia ministerial, de incardinar mucho mejor a los
ciudadanos en las confederaciones, a los usuarios y a las comunidades
autónomas.
Seguiría hablando mucho más ante ustedes, porque que me han
preguntado cosas sobre las que tengo un pensamiento que me gusta
trascender, pero, señora presidenta, me parece que tengo que
concluir. (Los señores Pintado Barbanoj y Morlán Gracia piden la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muy brevemente, señor Pintado, debido a la
premura de tiempo.
El señor PINTADO BARBANOJ: Intervendré muy rápidamente sobre dos
aspectos, uno el de volver a incidir sobre el destino de las aguas.
Quizá me haya expresado anteriormente mal en cuanto a que los planes
de cuenca especifican exactamente a dónde irán las aguas trasvasadas.
Ahora bien, usted es consciente de que dentro del debate de la
política hidrológica, que no consiste sólo en el Plan hidrológico
nacional sino también
en los planes de cuenca, ha habido dos conceptos totalmente
contrapuestos. Desde nuestro punto de vista, los planes de cuenca
nacen del concepto de la demanda y el Plan hidrológico nacional desde
el punto de vista de la oferta. Y lo que pretende, a nuestro juicio,
el Plan hidrológico nacional es, una vez verificados los déficit que
tenemos en la cuenca del Mediterráneo, ofrecer varias soluciones. Una
solución es la reutilización, la desalación, la modernización, y otra
es el trasvase, los 1.050 hectómetros cúbicos. Según los datos del
Ministerio, el déficit de la cuenca de Levante es de 2.190
hectómetros cúbicos, y la aportación del trasvase sería sólo de un 50
por ciento. La consulta es que en la disposición transitoria tercera
de la ley se habla de la coordinación necesaria y obligatoria, en las
revisiones de los planes de cuenca, de lo que en su momento puede
suponer el Plan hidrológico nacional. Hay que ver si por ahí queda
amarrado jurídicamente el hecho de que las aguas trasvasadas van a
tener un fin, desde el punto de vista de esa revisión de los planes
de cuenca.
Con relación al segundo aspecto sobre la cesión de derechos, querría
preguntarle -aunque no está en el Plan hidrológico nacional,
lógicamente, pero sí está en las posibles negociaciones que estas
últimas semanas se están llevando a cabo- si el rescate de las
concesiones del delta del Ebro, a la hora de hacer un hipotético
trasvase, podría suponer una cesión de derechos con arreglo a la Ley
de 1999.
La señora PRESIDENTA: Como el señor Morlán ha pedido brevemente la
palabra, se la daremos y después podrá usted intervenir, señor Embid.
También quiero comentarle, para su tranquilidad, que, aun estando
aquí ya el segundo compareciente, no se le reduciría el tiempo pues
retrasaríamos la hora de su comparecencia.
Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Quisiera pedir un par de aclaraciones. En el
artículo 36.4, programa de inversiones, cuando se hace referencia al
pacto del agua se dice, concretamente, que será objetivo básico a
alcanzar por las administraciones hidráulicas competentes que la
mayor parte de las infraestructuras incluidas en la mencionada
resolución se encuentren terminadas o en ejecución con anterioridad a
la efectividad de las transferencias autorizadas por la presente ley
¿Cómo interpreta usted esa frase en comparación con el pacto?
En segundo lugar, quiero recordarle la presencia de las comunidades
autónomas, su coordinación respecto a la política del agua, así como
su implicación en la ordenación del territorio del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señor Embid.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA (Embid Irujo): Volvemos a los planes hidrológicos de cuenca
y a los usos. Ya estamos de acuerdo en
que los planes hidrológicos de cuenca no determinan los usos, sino
que quien los determinará es el Gobierno. Pero es que esa disposición
transitoria tercera de la Ley de Aguas lo que dice es que los planes
hidrológicos de cuenca no se verán modificados en virtud de la
aprobación del Plan hidrológico nacional, lo cual quiere decir que
volvemos a lo mismo.
Por hablar de un lugar en el que, según mi percepción, hay evidentes
problemas de agua, la cuenca del Segura -repito, según mi percepción
y puedo estar completamente equivocado-, no digo cómo deban
solventarse, pero los hectómetros cúbicos que deben ir a la cuenca
del Segura, según este proyecto de ley, ¿a dónde van, si yo leo este
proyecto de ley? ¿Van para usos ambientales -lo que llama la ley usos
ambientales y que yo por escrito he calificado diciendo que en
algunos casos son usos ambientales y en otros son falsamente
ambientales- o van para usos urbanos? Y si van para usos urbanos, ¿a
dónde van? Y si van para usos del regadío, ¿a dónde? Esas son las
interrogaciones que un jurista se hace y no me las responde el
proyecto. Y es una cuestión básica, porque a partir de esto
concatenamos todo lo demás, entre otras cosas la propia viabilidad
económica del trasvase. Eso es algo que se debe decir. ¿Se quiere
concatenar con los planes hidrológicos de cuenca revisados? Pues
entonces dígase: los usos definitivos se fijarán en los planes
hidrológicos de cuenca una vez que se revisen. Otra posible enmienda.
Vamos a ver entonces cómo se solventa esa cuestión.
En cuanto al rescate de las concesiones en el delta, hasta ahora no
he visto un solo papel, excepto lo publicado en los medios de
comunicación. Creo conocer muy bien la situación concesional en el
delta del Ebro porque llevo muchos años en estas lides, y me gustaría
ver un texto escrito -quizás en los próximos días se vea ya, porque
también he oído que se van a presentar unas enmiendas consensuadas-
sobre cómo tiene lugar un rescate. Un rescate concesional o una
expropiación son una cosa; otra cosa distinta es una cesión de
derechos. Aquí las fórmulas son muy distintas. Si hablamos de rescate
o de expropiación, la iniciativa la toma el poder público, que
rescata, expropia y valora el coste de la expropiación si hay algo
que valorar allí; si se habla de cesión de derechos, la iniciativa la
toman los particulares, que pactan. Hay muchas incógnitas, y a mí no
me gusta especular sobre incógnitas, sobre todo cuando son tan
matizables cualquiera de las dos alternativas que hemos indicado, en
el marco de unas utilizaciones que debemos entender en el seno del
conjunto de la cuenca del Ebro, porque finalmente de dónde sale el
agua o a quién pertenece son cosas muy matizadas.
Por último, el señor Morlán pregunta cómo interpretar en el artículo
36 la expresión: que la mayor parte de las infraestructuras incluidas
en la mencionada resolución se encuentren terminadas o en ejecución
con anterioridad a la efectividad de las transferencias autorizadas
por la presente ley. Los juristas jugamos con el lenguaje, pero
pocos pueden jugar con el lenguaje más que este artículo 36, porque
hablar de la mayor parte de las infraestructuras ¿qué significa? ¿La
mayor parte cuantitativamente hablando, de 36 obras 19, o la mayor
parte en cuanto a volumen embalsado? ¿Y qué es la efectividad de las
transferencias? ¿La efectividad es el comienzo de la ejecución de las
obras de infraestructura o se pueden comenzar pasado mañana -a
continuación de que se aprobara la ley-, siempre y cuando su puesta
en marcha efectiva no se hiciera derivar hasta el momento en el que,
interpretándose como se interprete, hubiera estado terminada o en
ejecución la mayor parte? La verdad sea dicha, se le puede sacar
muchísima punta, desde el punto de vista de la inseguridad jurídica,
a esta cuestión.
Hago una reflexión más general, ya en problemas de filosofía, sobre
lo que significan los trasvases, las inversiones económicas y el
medio billón de pesetas o los 700.000 millones -a mí me dan igual las
cifras, en cuanto veo más de cinco ceros empiezo a marearme un poco,
probablemente porque no las manejo con fluidez-. El problema de un
tubo construido es que inevitablemente acaba llevando agua, y el
derecho frente a determinadas cosas tiene poco que decir. Viene esto
a cuento de un ejemplo que otra vez los juristas, hombres de
historia, tenemos que traer inmediatamente, el trasvase Tajo-Segura.
El trasvase Tajo-Segura se ha desarrollado a partir de presupuestos
hídricos en este país muy distintos desde el año 1980 ó 1981 en que
entra en funcionamiento, y en un momento en que hace crisis todo y
hay que llevar agua, por una ley se modifica el caudal ambiental
-llámese como se quiera- al paso por Toledo y de seis metros cúbicos
por segundo se baja a tres metros cúbicos por segundo, y como lo dice
una ley no hay manera de resistirse a ello.
Las garantías jurídicas son siempre muy estimables y creo además que
el proyecto de ley que se ha enviado a esta casa, desde el punto de
vista de las garantías de las cuencas cedentes, es muchísimo mejor
que el anteproyecto de ley, que, permítanme que se lo diga, era un
bodrio y, desde el punto de vista de las cuencas cedentes, un
auténtico escarnio. Se ha mejorado muchísimo el proyecto de ley desde
el punto de vista de las garantías, pero no lo suficiente. Como
persona que estudia la historia de las transferencias, en última
instancia y una vez construida la infraestructura, no hay quien
resista a una presión, como nos muestra bien a las claras el ejemplo
de la modificación del caudal ambiental al paso por Toledo hace cinco
o seis años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Embid, por su presencia,
por su aportación, por su dedicación y por su respuesta a los
diferentes parlamentarios y representantes de grupos. Damos por
concluidaesta comparecencia.
Hacemos dos minutos de pausa y pasamos a la siguiente comparecencia,
de don Pedro Santorromán Lacambra. (Pausa.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ADELPA (SANTORROMÁN LACAMBRA). (Número de
expediente 219/000178.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a continuar con la segunda
comparecencia.
Se trata de un experto en el Plan hidrológico nacional, don Pedro
Santorromán Lacambra, presidente de Adelpa, al que damos la
bienvenida.
Quiero informarle de que su intervención deberá ser de diez o quince
minutos y será seguida de las preguntas o reflexiones de los grupos
de la Comisión y de su posterior respuesta.
Repitiéndole la bienvenida y dándole las gracias por su intervención,
tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE ADELPA (Santorromán Lacambra): En primer
lugar, quiero agradecer a esta casa que nos hayan invitado a
comparecer, porque yo, como presidente de Adelpa, que es una
asociación de municipios del Pirineo aragonés y de las
mancomunidades, represento una realidad en este plan hidrológico muy
importante, desde el punto de vista de que es una zona donde se
genera el agua, pero secularmente olvidada, tanto en las políticas de
los gobiernos como en las políticas legislativas. Por extensión, lo
que ocurre en el Pirineo aragonés no es muy distinto de lo que ocurre
en el resto de España, un país donde el agua aparece de forma
irregular en el tiempo y en el espacio, se genera normalmente en las
sierras, en las montañas, se regula allí y de ese agua regulada, esos
90.000, 100.000 o ciento y pico mil hectómetros que genera nuestro
país, ese porcentaje que luego puede ser aprovechado como agua útil.
Reitero mi agradecimiento y voy a hacer una breve exposición de
nuestra postura con relación al Plan hidrológico nacional. Después
pasaremos al debate. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés, Adelpa, que actualmente está constituida por 95
ayuntamientos y por las 10 mancomunidades del Pirineo aragonés,
comenzó a gestarse en noviembre de 1995 en una asamblea de
ayuntamientos y mancomunidades con la aprobación de un programa
alternativo de gestión del agua en nuestro territorio. En el
transcurso de esta reunión se tomó la decisión de constituir lo que
se denominó mesa del agua para defensa de la montaña en el
contencioso del agua, representado entonces por el Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro, que se hallaba en fase de elaboración, o por
los proyectos de nuevas obras de regulación en los ríos pirenaicos.
Posteriormente, de esa mesa pasamos a constituir oficial y legalmente
la asociación de entidades locales, y digo entidades locales porque
agrupa a mancomunidades y a municipios.
Los fines de Adelpa, recogidos en sus estatutos, son proteger y
promover los intereses comunes de las entidades locales asociadas, en
especial los de tipo medioambiental, económico, científico, social y
cultural, asumiendo asimismo la defensa de un modelo de política
hidráulica basada en los principios recogidos en la denominada
declaración de Boltaña, documento fundacional de la mesa del agua y
de Adelpa que se incluye en la documentación. Adelpa nació con la
vocación de continuar las actividades iniciadas por la mesa del agua,
ampliando su campo de actuación a otras materias, aparte de la
problemática hidráulica, que afectaban a la generalidad de los entes
locales del Pirineo aragonés. Uno de sus principales objetivos ha
sido servir como canal válido para la defensa y promoción de los
intereses de todos los miembros en cuestiones como la política
hidráulica, comunicaciones, agricultura de montaña, equipamientos,
espacios protegidos, etcétera.
En lo que a la cuestión hidráulica se refiere, los pueblos del
Pirineo aragonés consideran que la regulación que ha tenido lugar en
sus ríos y cursos de agua ha favorecido la quiebra del modelo de
economía de montaña en el Pirineo así como la desvertebración de su
territorio, sin que se haya proporcionado alternativa alguna a los
espacios directamente afectados. La planificación hidráulica, hasta
el momento, ha ignorado los intereses de las gentes de la montaña y
las afecciones negativas que ha producido y sigue produciendo en la
montaña desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico.
Estamos hablando desde una zona, el Pirineo aragonés, que es la
principal zona de generación y regulación del recurso hidráulico de
la cuenca del Ebro y que ha soportado,y continuará soportando en el
futuro, las graves afecciones territoriales, socioeconómicas
y ambientales que suponen las obras de regulación hidráulica. Por otra
parte, parece ser que esta regulación, con sus correspondientes
afecciones, todavía no son consideradas suficientes, puesto que el
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional contempla cuatro nuevos
proyectos de grandes obras de regulación en el Pirineo aragonés,
concretamente el recrecimiento del embalse de Yesa, los embalses de
Biscarrués y Santa Liestra y otro embalse para riegos del alto
Aragón, en sustitución del embalse de Jánovas, descartado por su
declaración de impacto ambiental negativa.
Nos encontramos con lo que podríamos denominar una zona de regulación
en cabecera de cuenca que genera una importante cantidad de agua y la
almacena para que sea aprovechada como energía eléctrica y otros usos
a muchos kilómetros de distancia. Así, las plusvalías que genera este
agua almacenada van a parar a empresas eléctricas privadas y a otros
territorios. Sin embargo, las zonas de regulación han carecido hasta
el momento de cualquier oportunidad para aprovechar una parte de este
recurso para su propio progreso, sin que los beneficiarios del mismo
le hayan proporcionado una alternativa de desarrollo. Por si esta
situación
no resultase lo suficientemente grave, a la misma hay que sumar las
dificultades que han encontrado los ayuntamientos para algo tan
básico como recaudar los impuestos de actividades económicas y de
bienes inmuebles generados por las instalaciones hidroeléctricas,
haciendo frente a una inadmisible situación de privilegio mantenido
por las empresas privadas titulares de dichas instalaciones. (El
señor vicepresidente, Sabaté Ibarz, ocupa la Presidencia.) Este
problema se encuentra en vías de resolución gracias en parte a la
actitud positiva mantenida hacia los ayuntamientos por el Estado y
también, hay que decirlo, del Congreso de los Diputados. Ello pese a
que en la actualidad existe una nueva amenaza para la financiación
municipal, que es la posible desaparición del impuesto de actividades
económicas que se viene barajando de cara a una revisión de la Ley de
haciendas locales.
Es obligado que la sociedad reconozca las gravísimas afecciones
territoriales, ambientales, sociales y económicas, que el
cumplimiento de esta función territorial de regulación hidráulica ha
supuesto para los municipios de la montaña. Para Adelpa este
reconocimiento pasa, entre otras cosas, por concretar y hacer
efectiva, en primer lugar, la deuda histórica existente con el
Pirineo aragonés, por las numerosas obras de regulación ya ejecutadas
en la mayor parte de sus cursos fluviales para cuya minimización ni
el Estado ni las empresas hidroeléctricas han adoptado hasta el
momento medida alguna y que han contribuido de forma decisiva al
empobrecimiento, la desvertebración, la despoblación y, en suma, el
desequilibrio territorial provocado por una planificación hidráulica
que en realidad no ha sido tal. De cara al futuro, se trataría de
promover una serie de alternativas que eliminen el rechazo social que
inevitablemente han de producir unas medidas impuestas en materia
hidrológica y no consensuadas con los afectados, como debía ser en un
contexto racional y moderno a las puertas del siglo XXI. Es, sin
duda, una situación que no debería repetirse en el momento actual en
cuanto al debate y aprobación del Plan hidrológico nacional. En este
contexto, desde Adelpa se presentaron en su día una serie de
alegaciones al anteproyecto de ley del Plan hidrológico nacional que
no han tenido reflejo en el texto del proyecto de ley, razón que ha
llevado a esta asociación a acordar el rechazo de dicho proyecto de
ley.
Estas alegaciones se resumen en lo siguiente. Primero, reconocimiento
y calificación jurídica de las zonas de cabecera de cuenca donde se
genera y se regula el recurso hidráulico, como es el caso del Pirineo
aragonés, con el carácter de zonas de regulación ya existentes en la
actualidad, de cara a la realización de inversiones específicas en
esta zona por este concepto. En este punto hay que señalar que, pese
a la teórica abundancia del recurso hidráulico existente en el
Pirineo aragonés, se padecen todavía en este territorio problemas
graves de abastecimiento, depuración y deterioro ecológico y
paisajístico del medio hídrico y su entorno. En este contexto, desde
Adelpa se han propuesta al Ministerio de Medio Ambiente una serie de
actuaciones de carácter urgente, ligadas al medio hídrico en el
Pirineo aragonés, que supondrían una inversión de unos 16.000
millones de pesetas. Dadas las competencias del Estado español en
materia hidráulica y los ingresos que viene percibiendo, derivados
del uso y gestión del agua regulada en la actualidad, con
independencia de lo que se pudiera derivar de hipotéticos trasvases,
ingresos que en el futuro van a ser cada vez más cuantiosos, puesto
que el agua es un recurso escaso y su demanda va en constante
aumento, consideramos que el Estado tiene el deber de reinvertir una
parte de esos beneficios en esas zonas de regulación de cabecera de
cuenca, que han hipotecado su territorio, su población y su
desarrollo, en general la montaña, para que otras zonas pudieran
desarrollarse gracias al uso de esa agua, utilizándola para regadío,
industria y ocio. Se trata, en resumen, de imponer nuevos conceptos
del agua como un recurso económico y como generadora de una riqueza
que debe revertir en las zonas de regulación, evitando así el
desequilibrio territorial que hasta el momento ha acompañado a la
planificación hidráulica.
El actual proyecto de ley del Plan hidrológico nacional contempla en
su exposición de motivos que España es un país que padece de graves
desequilibrios hídricos, por lo cual se hace necesaria una adecuada
planificación de la política hidráulica. Lo que se olvida, sin
embargo, es que España asimismo es un país que adolece de
desequilibrios territoriales tan graves o más que los hídricos, y no
sólo no existe una planificación específica a nivel nacional a tal
efecto, sino que, por añadidura, la planificación sectorial que les
afecta, como es la hidráulica, ignora estos desequilibrios
territoriales e incluso tiende a aumentarlos. Por ello, con esta
alegación lo que pretende Adelpa desde una zona de regulación
hidráulica es que el Plan hidrológico nacional, en su objetivo de
satisfacer las demandas del recurso, no provoque un desequilibrio
territorial con respecto a estas zonas de regulación de cabecera
todavía más grave que el que se viene padeciendo secularmente. La
forma de hacer realidad esta reivindicación, de elemental justicia
territorial e histórica, estaría en una adecuada tarifación del
recurso que además incidiría en el ahorro del mismo, reinvirtiendo el
Estado una parte de su producto en el mantenimiento ambiental y el
desarrollo sostenible de las zonas de regulación de cabecera de
cuenca, que, como decíamos, han hipotecado su territorio, su
población y su desarrollo, en general la montaña, para que otras
zonas pudieran desarrollarse gracias al uso de ese agua, utilizándola
para regadío, industria, ocio, etcétera. Una tarifación en la que
habría de repercutirse, además de otros costes, los costes
marginales, como son los medioambientales y territoriales, que toda
obra hidráulica genera y que no se agota en un primer momento, sino
que permanecen a lo largo del
tiempo, y en una localización concreta, al igual que la obra
hidráulica. Estos nuevos conceptos, por otra parte, parecen estar en
plena sintonía con la más reciente normativa de la Unión Europea, a
la que tendrá que adaptarse en breve la de todos los países miembros,
concretamente la directiva marco en materia de aguas. Así, la
directiva contempla la tarifación del consumo como medio para
propiciar el uso racional de un recurso limitado como es el agua,
basándose en uno de los objetivos de esta directiva que es el uso
sostenible del agua, fundamentado en la protección a largo plazo de
los recursos hídricos disponibles. La Directiva pone el año 2010 como
límite para recuperar por parte del Estado los costes de los
servicios relacionados con el agua, incluidos los costes
medioambientales y los relativos a los recursos.
En el segundo punto que alegamos al Plan hidrológico nacional se
solicita la participación de los municipios afectados por embalses y
centrales hidroeléctricas en los órganos de gobierno y planificación
de las confederaciones hidrográficas. La justificación de este
extremo se encuentra en que una verdadera gestión democrática del
agua ha de contar necesariamente con todos los actores, entre los
cuales los grandes olvidados han sido y continúan siendo los
representantes municipales de las zonas de regulación de cabecera y
cuenca, que son las grandes afectadas por la planificación hidráulica
llevada a cabo hasta el momento. Los representantes de estos
territorios debían estar en condiciones paritarias con los
beneficiarios y usuarios de recursos hidráulicos en todos los órganos
institucionales que lo planifican y administran. De esta forma se
pondría fin a una situación que implica que las decisiones que
afectan de forma grave a unos territorios determinados y a uno de sus
recursos más preciados, el agua, se adopten en organismos donde sus
representantes no tienen ni voz ni voto y donde, por el contrario,
deciden lo que ya de por sí son los grandes beneficiados por la
planificación hidráulica y que no soportan ninguna de sus afecciones.
La postura de Adelpa discrepa de un teórico modelo participativo de
gestión del agua, donde son todos los que están, pero no están todos
los que son, con una clamorosa ausencia de los representantes de los
territorios afectados por las obras de regulación.
El tercer punto que nosotros alegamos al Plan hidrológico nacional se
refiere a la regulación jurídica de los caudales ecológicos, con la
obligación de establecerlos y respetarlos por vía de urgencia en
todas las cuencas. El Plan hidrológico nacional recoge la limitación
de los caudales ambientales a los efectos de la evaluación de
disponibilidades hídricas, pero se remite, en cuanto a la fijación de
estos caudales ambientales, a lo contemplado en los planes
hidrológicos de cuenca. El problema es que, tal y como reconoce el
libro blanco del agua en España en general, los planes hidrológicos
de cuenca o bien no establecen estos caudales o bien los establecen
a título orientativo y sin ninguna base científica, puesto
que hay un total desconocimiento científico acerca de los
requerimientos de muchas especies ibéricas, pese a lo cual estos
planes se aventuran a fijar unos caudales mínimos que ni son
uniformes ni ofrecen la menor garantía para el mantenimiento integral
de los hábitat fluviales. Si bien el artículo 26 del proyecto de ley
del Plan hidrológico nacional contempla la limitación de los caudales
ambientales, este texto debería establecer claramente la
obligatoriedad de realizar en cada cuenca y en cada tramo fluvial los
estudios oportunos para el restablecimiento de estos caudales con
carácter de urgencia, para un área tan sensible desde el punto de
vista ecológico y paisajístico como el Pirineo aragonés, unas
características que en general se repiten en las restantes zonas de
regulación del país que suelen coincidir con zonas de montaña y de
cabecera de cuenca.
La preservación del uso medioambiental de nuestros ríos es una
prioridad absoluta y todo ello sin olvidar que, quizás de cara a las
futuras demandas de la sociedad, el principal valor del agua para el
Pirineo, extensible a otros territorios de toda España, puede ser su
valor medioambiental, importancia que supone el ahorro y el uso
sostenible a la hora de conseguir algo tan natural como que el agua
discurra por nuestros ríos y demás medios acuáticos, en lugar de
encontrarse secos por un uso abusivo insostenible de ese valioso
elemento, situación esta última bastante habitual en los cursos
fluviales del Pirineo aragonés y de las zonas de regulación y
producción hidroeléctrica en general, aspecto este que también viene
claramente apoyado por la normativa europea, directivas de agua y de
hábitats.
Finalmente, el cuarto punto que alegábamos hace referencia al control
urbanístico, administrivo y municipal, en lo que respecta a las
infraestructuras hidroeléctricas, tanto actuales como futuras. Este
sería un punto no estrictamente del Plan hidrológico, pero entendemos
que se cometió tal atropello en la reforma de la Ley de aguas que
debiera ser enmendado en esta ley o en otra.
Hace referencia a que, tras la creación de un nuevo título VIII
rubricado: De las obras hidráulicas, mediante Ley 46/1999, de 13 de
diciembre, de modificación de la Ley de aguas 29/1985, de 2 de
agosto, el nuevo artículo 116.1 de la Ley de aguas determina que las
obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal incluidas en
la planificación hidrológica y que no agoten su funcionalidad en el
término municipal donde se ubiquen no estarán sujetas a licencia ni a
ninguno de los actos de control preventivo municipal a los que se
refiere la letra b) del apartado uno del artículo 84 de la Ley 7/
1995, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Del tenor literal de este artículo, puesto en relación con la
definición de obra hidráulica que contiene el artículo 114, que
incluye toda construcción de naturaleza inmueble destinada, entre
otras cosas, a la captación y aprovechamiento de las aguas, parece
deducirse
que cualquier infraestructura hidroeléctrica, que es ni más ni menos
que una construcción de naturaleza inmueble destinada al
aprovechamiento energético y que por lo general abarca más de un
término municipal escapará de ahora en adelante al control
urbanístico administrativo municipal. Aprovechando esta exención para
las obras de interés general, se ha buscado una triquiñuela para
colar que todas las infraestructuras hidroeléctricas, sean o no de
interés general, puedan escapar al control urbanístico y de licencia
municipal. Este supuesto, especialmente para las cabeceras de cuenca
que se encuentran literalmente colonizadas por infraestructuras
hidroeléctricas, implica un auténtico atentado contra las
competencias municipales, por no hablar de la lesión económica que
significa para unos ayuntamientos que, en la mayoría de los casos, no
superan los 500 habitantes y cuyo presupuesto municipal resulta
insuficiente para cualquier inversión que pudiera contribuir al
desarrollo local y poblacional.
El Plan hidrológico nacional debe, sin duda, clarificar esta
situación excluyendo las infraestructuras hidroeléctricas de lo
dispuesto en el artículo 116.1, máxime cuando en la actualidad la
mayor parte de las mismas pertenecen a empresas privadas que producen
beneficios totalmente privados, como cualquier otra empresa. Cabe
añadir en este punto que, cuando se planteó la reforma de la Ley de
aguas, creo que en el artículo 119 se preveía la ejecución de planes
de restitución territorial para compensar de alguna forma esta
laminación competencial en materia urbanística que se hacía con las
obras hidráulicas de interés general, pero se nos han colado las
infraestructuras hidroeléctricas que, al no ser de interés general,
no estarían sometidas a los planes de restitución.
Estas son las cuatro alegaciones. Y quiero concluir diciendo que soy
también un buen conocedor de la realidad de toda España en cuanto a
los municipios que pueden estar en situación similar a la de aquéllos
de los que he hablado. En España hay más de 1.000 municipios
afectados por infraestructuras hidroeléctricas, cerca de 2.000 si
sumamos las de carácter únicamente hidráulico que afectan a más de
400.000 hectáreas que han sido inundadas para realizarlas. Las obras
de regulación son la clave para cualquier gestión del agua y es
sorprendente que en un Plan hidrológico nacional no se dedique ni una
línea a esta situación ni a nuestros municipios.
Hasta aquí mi exposición. Estoy a su entera disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Muchas gracias, señor
Santorromán.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Víctor Morlán,
representante del Grupo Socialista, que es el grupo que ha pedido la
comparecencia.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor Santorromán, por su presencia
en esta Cámara y por su
clara exposición sobre los problemas que tienen los municipios a los
que usted representa y que son extensibles a aquéllos otros afectados
por obras de regulación.
Si el señor presidente me permite un comentario inicial, nuestra idea
al invitarle fue la de que, en todo este proceso de debate del Plan
hidrológico nacional, era bueno que aquellos que se verán afectados
más directamente por los trasvases y por las obras que figuran en el
anexo 2 hicieran oír su voz en esta Cámara y nos expusieran sus
planteamientos y formulaciones respecto a la viabilidad de este
documento que afecta no sólo a las comunidades autónomas sino también
a los municipios. Entendíamos necesario que el señor Santorromán nos
hablara de las circunstancias que justifican su oposición al plan.
En su exposición ha hecho usted referencia, señor Santorromán, a que
Adelpa ha hecho unas propuestas de 16.000 millones de pesetas en
inversiones, que supongo que serán de restitución territorial. Me
gustaría que compara esa propuesta con lo que dice el anexo II del
Plan hidrológico nacional que contiene las obras y, excluyendo esos
cuatro embalses que usted ha citado y que provocan cierta tensión
social en nuestra comunidad, nos dijera en qué medida comprende el
anexo II la restitución territorial que plantean ustedes y en qué
medida se sienten vinculados con un acuerdo que marca las prioridades
y el tiempo de ejecución de las obras. Lo digo porque esas
inversiones por importe de 16.000 millones -no sé si serán 16.000 o
12.000- de las que nos ha hablado hace un momento tienen que estar
reflejadas en algún documento, y yo supongo que se trata de
inversiones o de actuaciones incluidas aquí y no en otro documento.
Ha hablado también de la presencia en las confederaciones. Le
pregunto, en segundo lugar, en qué medida entienden ustedes que debe
ser modificado o no el funcionamiento de las confederaciones en
cuanto a su configuración, competencias y atribuciones en el
desarrollo del plan, más allá del hecho de que actualmente no están
ustedes presentes y sea necesario que estén, y por lo que pueda
afectar al funcionamiento de sus ayuntamientos.
Por último, le pregunto si le parece adecuada esa cuota ambiental de
cinco pesetas que establece el proyecto de ley para hacer frente al
deterioro ambiental que pueda producirse como consecuencia del
trasvase o del desarrollo del Plan hidrológico nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Tiene ahora la palabra el
representante del Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Yo no iba a preguntar nada porque, después
de la declaración del señor Aznar, lo que me pregunto es qué hacemos
aquí. Todo esto no sirve para nada. Ayer vino el presidente de la
cuenca del Ródano y, mientras tanto, el señor Aznar decía que él
seguía las consignas del señor Cañete.
Yo quisiera que el señor Santorromán me dijera cuántas presas,
cuántos pantanos se harían con el nuevo Plan hidrológico nacional y
cómo afectarían a los territorios aragoneses; sobre todo, para que se
enterara el personal porque parece que hay bastante desconocimiento.
Si lo sabe y nos lo puede decir, yo se lo agradecería mucho.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Tiene la palabra el
representante del Grupo Popular, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida
a esta Comisión a don Pedro Santorromán, que, aparte de ser
presidente de Adelpa, es un gran experto en materia hidráulica, como
ha demostrado con su intervención y en los distintos foros en que
hemos tenido ocasión de debatir estas cuestiones.
Estamos totalmente de acuerdo con lo básico de su intervención. La
montaña aragonesa y las zonas en que se han llevado a cabo los
embalses de agua han estado secularmente abandonadas por la
Administración. Ahora bien, el presidente de Adelpa sabe
perfectamente que ha habido un cambio porque él lo ha vivido
directamente. Dentro de esta nueva política del agua -y hay quien va
muy lejos queriendo convencernos de que no es necesario ningún tipo
de regulación ni de obra hidráulica-, desde 1992 y como pioneros en
Aragón, se introdujeron una serie de posibilidades, criterios
y medidas tendentes a que la planificación hidráulica respete las zonas
de almacenamiento del agua, por lo que a usted concierne, del Pirineo
aragonés.
Lógicamente se han producido avances importantes. Se ha referido,
aunque quizá de pasada, a la reforma de la Ley de aguas de 1999,
donde por primera vez en la historia de la legislación española
aparece la obligación por parte de la Administración hidráulica de
establecer unos planes de restitución que corrijan en definitiva los
efectos, tanto de tipo ambiental como socioeconómicos, que se puedan
derivar de la ejecución de esos embalses. También hay que decir que,
estando como estamos en los inicios del siglo XXI, cómo puede ser que
en España haya todavía zonas, desde el punto de vista de los
embalses, que aún no tengan solucionados problemas básicos
relacionados con el agua; me estoy refiriendo claramente a
abastecimientos y a saneamiento y depuración de aguas residuales. La
Ley de aguas da un paso muy importante en ese sentido, paso en el que
en el actual momento del proceso, no ya de planificación sino de
ejecución, se está viendo con toda claridad cómo se tienen en cuenta
esos principios.
Para muestra, un botón. Se ha referido el propio presidente de Adelpa
a cómo, en la planificación de la cuenca del Ebro, recientemente se
acaba de desestimar un embalse, embalse que estaba proyectado nada
más y
nada menos que desde el año 1956, por aspectos medioambientales. No
solamente eso, sino que hay un proyecto que suscita bastante
polémica, como es el recrecimiento de Yesa, ante la propuesta del
Gobierno de la nación para no inundar un municipio, en este caso el
de Sigüés, con un coste y una inversión muy importante. Pero, en
definitiva, consideramos que los ciudadanos de esos municipios
afectados están muy por encima de los beneficios que se van a derivar
directamente de lo que es el agua regulada. Cuando se habla de
alternativas para el futuro, lógicamente se negocian en una mesa y se
trasladan desde los distintos foros en los que se han ido planteando
Antes de entrar en las preguntas, en relación con las alegaciones al
Plan hidrológico nacional que hizo la asociación Adelpa y que ha
motivado su rechazo a dicho Plan quiero decir que el reconocimiento
jurídico en el Plan hidrológico nacional a las zonas tradicionalmente
reguladoras y de almacenamiento del agua supone directamente el
reconocimiento explícito de que esas obras están destinadas para los
trasvases. En varios artículos del Plan hidrológico nacional se dice
de forma explícita que ni una sola obra de la cuenca cedente, excepto
Mequinenza, Flix y Ribarroja, sean utilizados para ningún trasvase
que en su día se pudiera ejecutar. Creo que sería una contradicción
in terminis del Gobierno, en este caso del Partido Popular, proponer
una medida de esas características. Otra cuestión es que dentro de lo
que es la legislación hidráulica pudiéramos seguir o sigamos
negociando y avanzando para llegar a acuerdos donde, por la vía de
los hechos y por la vía de la voluntad política del gobernante de
turno, a través de la legislación, queden claramente reflejados los
derechos de esas zonas, no solamente, como dice la Ley de aguas en su
artículo 119, de las futuras obras a ejecutar, sino teniendo un
concepto amplio de todas las zonas en cuanto a las afecciones;
afecciones que habrá que recordar que vienen con anterioridad a los
años setenta en la mayor parte de los casos.
Sobre la participación de los municipios en los órganos de división
de los organismos de cuenca, quiero decir que es un debate planteado
por esta asociación y por otras, en concreto me quiero referir a la
Asociación nacional de municipios afectados por embalses e
instalaciones hidroeléctricas. Se ha estudiado y se ha hecho lo
posible y lo imposible, pero no vemos con claridad el hecho de que
pueda integrarse una medida de estas características en lo que es un
instrumento básicamente de planificación como es el Plan hidrológico
nacional, ya que la Ley de aguas refiere claramente cuáles son las
competencias que tendrá que abordar este proyecto de ley. Bien es
cierto -y lo sabe el presidente de Adelpa- que existen negociaciones,
negociaciones que lógicamente se están haciendo con la Federación
Nacional de Municipios y Provincias, para ver cuál es la forma de
incardinar esto. En representación de mi grupo ya le digo que estamos
de acuerdo y que entendemos
que, si están en los organismos de cuenca perfectamente representados
los usuarios, los potenciales beneficiarios así como las
administraciones locales en general y las administraciones
autonómicas, lógicamente las zonas afectadas tendrían que tener voz y
voto en estos organismos para poder plantear sus reivindicaciones.
Respecto a los caudales ambientales, el artículo 26 hace una
referencia clara y explícita. En este sentido entendemos que sí
modifica el actual marco legislativo en cuanto a la Ley de aguas,
porque ya establece una nueva prelación en cuanto a los usos del
agua. El único uso que va a estar por delante de los caudales
medioambientales va a ser el agua de abastecimiento a población,
cuestión en la que creo que todos estaremos de acuerdo. Ahora bien,
cómo se establecen esos caudales medioambientales. Queda reflejado en
los planes de cuenca. Bien es cierto que es necesario hacer una
investigación mucho más en profundidad, porque en el análisis hecho
cuenca por cuenca, río por río y tramo por tramo, en función de las
aportaciones de los usos no consuntivos y de los propios retornos que
producen en muchos casos los regadíos, es un fenómeno desde el punto
de vista científico y todavía no está muy claro cuáles deberían ser
los caudales medioambientales. Nosotros entendemos que lo recoge
perfectamente el Plan hidrológico nacional.
Voy a hacerle dos preguntas sobre su intervención, aunque no sean
materia directamente relacionada con el Plan hidrológico nacional.
¿Cuál es la valoración que hace Adelpa en relación con el desbloqueo,
tras varios años de negociación, del pago del IBI por las presas?
Sabemos que está suponiendo unos ingresos importantes, necesarios,
legítimos y perfectamente justificados para los ayuntamientos
afectados por embalses. ¿Qué valoración hace Adelpa sobre la
propuesta del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a un programa de
inversiones valorado en 16.000 millones de pesetas para solucionar
problemas seculares relacionados con el medio hídrico en estas zonas
afectadas por embalses?
Quiero terminar diciéndole que, en relación con lo que ha dicho un
anterior compareciente, nosotros hemos pensado -y así lo hemos
hablado en diversas ocasiones- que el hecho de incorporar esa
relación de obras en el anexo 2 del Plan hidrológico nacional podría
crear un cierto aprovechamiento político por parte de nuestro grupo
político o del Gobierno, como si fuera un condicionante para que una
asociación de la importancia que tiene la suya en la cuenca del Ebro
pudiera cambiar de voto respecto al Plan hidrológico nacional. Que
quede bien claro, a efectos del «Diario de Sesiones» de esta
Comisión, que ese planteamiento no tiene absolutamente nada que ver
con el Plan hidrológico nacional y que lo que hace es reconocer por
parte del Ministerio de Medio Ambiente que, con unas competencias que
son de la comunidad autónoma, en el caso del abastecimiento, en el
caso de la depuración
y en el caso del saneamiento, se está dispuesto a hacer un esfuerzo
importante para corregir esos problemas y dar una solución a una
cuestión que nos parece totalmente legítima.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Gracias, señor Pintado, por
sus preguntas y por sus reflexiones en torno al Plan hidrológico
nacional.
Para responder a estas cuestiones, tiene la palabra el compareciente,
señor Santorromán.
El señor PRESIDENTE DE ADELPA (Santorromán Lacambra): Siguiendo el
orden de las preguntas, Víctor Morlán me habla de la propuesta de los
16.000 millones, la situación, anexo 2 y protocolo. El planteamiento
de estas obras se inició con Adelpa, me parece que al final de la
legislatura pasada, un poco como la gota que había desbordado el
vaso, porque en un momento determinado las eléctricas, cuando
hicieron las obras, ensuciaron el Pirineo y tienen todavía restos de
hormigón, de cables, etcétera. Hubo entonces un convenio de las
eléctricas con Medio Ambiente para que, a través de fondos europeos,
financiaran la limpieza. Las eléctricas acudieron a fondos públicos
para hacer una limpieza que entendíamos que era obligación suya,
cuando paralelamente teníamos problemas gravísimos de abastecimiento,
saneamiento, etcétera, y nosotros preguntamos al Ministerio qué
hacía. Se armó un poco de lío. A partir de ahí, llegamos a un acuerdo
con la Confederación Hidrográfica del Ebro y pusieron 10 millones
para elaborar un estudio y unas propuestas de pliegos de contratación
de proyectos para subsanar estos problemas que se planteaban en cinco
bloques: abastecimientos, depuración, aprovechamiento lúdico de las
aguas, recuperación de riberas, de medio hídrico y también,
finalmente, para hacer estudios de nuevas actuaciones. Esos trabajos
concluyeron aproximadamente a principios del año pasado, los
entregamos a la Confederación, ha habido un año de silencio por parte
del Ministerio, que no daba respuesta a esta financiación y creo que
fue a finales del año pasado o principio del presente cuando esto se
ha empezado a desbloquear.
En estos momentos tenemos una propuesta del Ministerio para firmar un
protocolo que permita la financiación de estas obras. Es decir,
estamos en un impasse, porque lo que planteaba el Ministerio era
vincular esta financiación a que la asociación asumiera una serie de
obras de regulación contenidas en el pacto del agua, y la decisión de
esta asociación siempre fue que no se vincularan unas cosas con
otras. Estamos a la espera de una respuesta del Ministerio. Mis
últimas noticias son que hay voluntad, por parte del Ministerio, de
solucionar este pequeño o gran desencuentro que tenemos y yo confío
en que podamos firmarlo. Hay que declararla de interés general, en el
Plan hidrológico o en cualquier otra norma. Para nosotros lo
importante es que se desbloquee y que pueda salir adelante cuanto
antes. Esa es la situación en relación con esta propuesta de invertir
16.000 millones en actuaciones urgentes.
En cuanto a la presencia de los órganos de la confederación, yo
pienso que es un derecho irrenunciable por nuestra parte. ¿Cómo, como
usuarios de embalses? Pues como usuarios de embalses, que se inventen
lo que quieran, pero la última reforma del pacto local incluyó ya a
las diputaciones. En el pacto local están ya las comunidades
autónomas, está el Estado y están las diputaciones, ya sólo falta la
Administración afectada por los embalses. Si se hace a través de esta
ley o de otra, me da lo mismo, lo que hay que hacer es arreglarlo;
incluso, si se puede arreglar reglamentariamente, que se arregle,
pero que se arregle ya. Yo pienso que es una situación de déficit
democrático que tienen las confederaciones. La Constitución es muy
clara, otorga al Estado la competencia en materia de las cuencas
interautonómicas. Pues bien, o estamos todos o que la ejerza el
Estado en solitario, porque lo que está ocurriendo actualmente es que
el Estado se sienta con los usuarios, con lo cual, en las decisiones
del Estado, se produce sistemáticamente un escoramiento a favor de
los usuarios y no hay equilibrio en el órgano de gestión y de
gobierno de las confederaciones. Por lo tanto, nuestra postura es que
o estamos todos o que esté el Estado en solitario.
La tercera pregunta se refería a la cuota ambiental. Yo aquí quiero
contarles la experiencia del Tajo-Segura. El Tajo-Segura tiene un
canon que va destinado a reinvertir ese dinero en la zona de cabecera
del Tajo, en la zona de Entrepeñas y Buendía. Les voy a contar la
historia. Si se han recibido veintitantos mil millones por ese
concepto en estos años, hubo un acuerdo -no sé con qué norma legal-
por el que ese dinero lo administraban las comunidades autónomas. He
visto que en el Consejo Nacional del Agua hubo un pacto por el que
las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Madrid apoyaron
el Plan hidrológico nacional; sin embargo, esta vieja reivindicación
de todos los ayuntamientos, de Entrepeñas-Buendía y de los afectados
por el Tajo-Segura de que una parte de ese dinero se reinvirtiera
directamente en sus municipios, no se ha reflejado en la disposición
adicional primera. El tema sigue estando como está, con lo cual, al
no haber un mecanismo de garantía de que una parte, por lo menos, de
ese dinero que llega del Tajo-Segura se reinvierta en los municipios,
lo que ocurre es que las comunidades autónomas se quedan con ello y
en estas zonas tienen todavía problemas de abastecimiento, de
saneamiento, etcétera. Me da lo mismo que sean cinco pesetas, diez o
cincuenta, porque si no hay un mecanismo que garantice que la
tarifación del agua, sea por un trasvase, sea per sé (que es lo que
nosotros pedimos en las alegaciones) o sea por lo que sea, si no hay
una garantía de que parte de ese dinero va condicionado a que se
reinvierta en desarrollo sostenible y en calidad ambiental del agua
de esas zonas, al final, como son zonas con poca población,
con pocos votos, como es lógico, las comunidades autónomas lo
reinvierten en las zonas de mayor población y donde hay más
rentabilidad política o del tipo que sea. Por lo tanto, no me parece
ni poco ni mucho. Si tuviera que hacer una valoración a nivel
personal (como presidente de Adelpa no puedo hacerlo porque este tema
no lo hemos tratado), diría que me parece una absoluta ridiculez.
Respecto a la pregunta de don José Antonio Labordeta, sobre las
presas que hay en Aragón, yo puedo hablar de las del Pirineo, pero
del resto sé que hay alguna obra menor. Por ejemplo, en Mularroya,
actualmente se está trabajando en la Loteta, en la margen derecha; en
el caso de Cincovillas, hay previstos dos embalses laterales
importantes; en San Salvador está prevista una actuación, que también
sería un embalse lateral. Las cuatro piezas importantes que hay en el
Pirineo son las siguientes. En primer lugar, la de Yesa, que supone
un recrecimiento hasta 1.600 hectómetros. El río Aragón aporta unos
1.300 hectómetros al año, por lo tanto sería la primera regulación
hiperanual de todo el Pirineo, puesto que en las regulaciones que hay
ahora el volumen almacenado es siempre inferior a la dotación media
del río. Esto crea mucho inconvenientes porque estos pantanos se
llenan cada ocho o diez años, con lo cual la regulación la van
aportando luego poco a poco y hay unos años de un impacto ambiental
muy fuerte. En el caso de Biscarrués son 180 hectómetros, en el río
Gállego, y en el caso de Jánovas, que ha tenido declaración de
impacto ambiental negativa, se plantea otro embalse, que oficialmente
no tenemos constancia de dónde se va a hacer. Sabemos que hay ideas
de dónde se puede hacer, pero oficialmente no tenemos ninguna
constancia. Por último, está el caso de Santa Piestra, que son 90
hectómetros en el tramo medio de la cabecera del río Ésera.
En cuanto a las preguntas y los comentarios del señor Pintado, tengo
que decir que, efectivamente, los planes de restitución se
contemplaron en el artículo 119 de la reforma y pienso que fue un
avance muy importante. El problema es que si luego no hacemos bien
las cosas, de poco sirve que estén las obligaciones legales. En el
caso de Yesa (aparcando la mayor, que puede ser si uno está o no de
acuerdo con ese embalse; si uno se sitúa en contra con los más
radicales, con los negociadores o con los que están radicalmente a
favor), yo pienso que la legalidad hay que cumplirla. En estos
momentos, tenemos un Yesa adjudicado, con un plan de restitución que
efectivamente aparece en la adjudicación, pero es un plan de
restitución de conveniencia que no ha sido pactado con ninguno de los
afectados, a pesar de que el texto del pacto del agua así lo mandata.
Y hay otros problemas. En estos momentos, yo dudo si se puede empezar
realmente esa obra, y lo dudo porque yo pienso que para realizar un
embalse, la superficie necesaria para realizarlo no es solamente el
solar dondeva la presa, sino todo el solar que va a inundar el agua.
Si eso afecta a servicios, si eso afecta a carreteras, si eso afecta
a personas, a propiedades privadas, a pueblos que se van a inundar,
si todo eso no está debidamente aprobado y no ha pasado todos los
trámites debidos, yo no sé si el solar jurídicamente no está libre,
yo no sé si se pueden empezar esas obras. Lo digo a título de
comentario y en relación con los planes de restitución, que yo creo
que fue un buen avance de la pasada legislatura. Yo pienso que la
anterior ministra de Medio Ambiente tuvo sensibilidad en este punto
al incorporarlo en el proyecto de ley. Es importante, pero si luego
no nos sentamos y hacemos bien las cosas, quizá no consigamos el
efecto que se pretendía con estos planes de restitución.
En cuanto a la representación, no es que haya alguna discrepancia, es
que me da igual. Lógicamente, aprovechamos una ley que habla del agua
y creemos que sería un buen sitio para hacerlo; si es en el
reglamento, también nos sirve, y si es en otra ley específica o una
nueva reforma de la Ley de Aguas para solucionar lo de la
representación, también nos sirve. En cuanto a los caudales
ambientales, creo que el artículo 26.3 hace una incorporación
valiente, yo pienso que es positiva y así se reconoce en la
exposición que he hecho; pero si no hay un mandato claro de que se
inicien los estudios técnicos y científicos para que se pongan en
marcha, entendemos que nos podemos pasar muchos años sin que se
resuelva este problema.
En cuanto a que el Plan hidrológico nacional no es el sitio adecuado
para reconocer las zonas de regulación, yo ahí sí tengo una
discrepancia. Otra cosa es que no se quiera poner porque pueda
parecer que las zonas de regulación o los embalses se vinculan con el
trasvase, pero es que un Plan hidrológico nacional no es sólo un ley
de transferencias, es una ley de planificación para satisfacer las
demandas, tal y como establece la ley, pero respetando el equilibrio
territorial y la ordenación del territorio. Por lo tanto, sí cabe,
aunque mi opinión en ese punto es absolutamente discrepante. No
concibo un Plan hidrológico nacional si no se tiene en cuenta eso. Si
mañana se me dice que hay un compromiso real de que eso se va a
incorporar en la Ley de Aguas o en una reforma de la ley, eso al
final también me sirve. Pero yo no concibo que haya un Plan
hidrológico nacional si las zonas más importantes donde se genera
y se regula el recurso en España no son contempladas en ese plan
hidrológico y no se tiene un plan. Este invierno, con muchas lluvias,
hemos tenido problemas de calidad de agua en la cabecera de la cuenca
del Ésera. No eran potables las aguas, ¿por qué? Porque los arrastres
de lluvia la habían hecho inservible para el consumo humano. Quiere
esto decir que si queremos hacer realmente una política de calidad de
agua y de abastecimiento tenemos que empezar por las cabeceras de
cuenca, con el vertido cero y con programas de desarrollo sostenible,
de forma y manera que evitemos que el agua en un momento determinado
pueda contaminarse
en origen. Si no se tiene en cuenta este concepto en el Plan
hidrológico nacional, a mí no me cabe un Plan hidrológico nacional,
aunque habrá quien pueda pensar de otra forma.
Paso a contestar las preguntas. En cuanto a cómo se valora el
desbloqueo del impuesto de bienes inmuebles, tengo que decir que el
impuesto de bienes inmuebles lo regula la ley del año 1988, de
Haciendas Locales, y del impuesto que le precedía, que era el de
contribución territorial urbana, no sé sabe por qué -la única
explicación que me doy es el poder desorbitado de que siempre han
gozado las eléctricas-, estaban exentas. En la nueva ley, con cierta
ambigüedad, se las sacó de la exención y tras muchos problemas
jurídicos se pudo desbloquear con la anterior ministra de Medio
Ambiente. Eso se valora positivamente. He reconocido en mi exposición
que es una valoración positiva, que sin lugar a dudas ha venido a
evitar una injusticia que era el colmo de los colmos, ya que además
de hacer una central eléctrica, un embalse para hacer electricidad,
encima a estos señores se les dejaba exentos. Mi valoración es
positiva, sin lugar a dudas.
En cuanto a la propuesta de Medio Ambiente de los 16.000 millones, la
valoro positivamente pero cuando esté firmada y con un acuerdo con el
Minsiterio de Medio Ambiente. Medio Ambiente me tiene unas temporadas
aislado, no me dice nada, no hay forma de llegar a acuerdos y de
repente hace una propuesta que nosotros tenemos que valorar y tenemos
que ver con qué puntos estamos de acuerdo y con cuáles no, y de
repente vuelve a desaparecer Medio Ambiente, que es la situación en
que me encuentro ahora porque yo le he hecho una contrapuesta. Por lo
tanto, valoración, positivísima, pero cuando lo firmemos, cuando
tengamos atada la financiación de ese protocolo.
Finalmente, qué pensamos de la incorporación al anexo II del plan
hidrológico. Nosotros le hemos dicho al secretario de Estado que
queremos que lo haga a través de una norma lo más rápidamente
posible. El plan hidrológico a veces puede tener esa connotación y
desde un punto de vista es más positivo para todos. Nosotros le
pediríamos que la declaración de interés nacional la hiciera con una
norma que no fuera el Plan hidrológico nacional, porque entendemos
que podría desactivar o quitar presión al problema social, teniendo
en cuenta la contestación social que tienen en estos momentos los
embalses, las regulaciones previstas en el Pirineo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): El señor Morlán tiene la
palabra.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Santorromán, por sus
explicaciones, pero le voy a plantear dos temas a los que me puede
contestar con un sí o con un no, no hace falta que vaya usted más
lejos. Dice que la Ley de Aguas, en la que se habla de
planes de restitución, es una ley que no está desarrollada y, por lo
tanto, si no se desarrolla es muy complicado que se lleven a cabo los
planes de restitución tal y como plantea. Por consiguiente, me parece
una falacia hablar aquí de la bondad de la ley si no está
desarrollada y no se puede aplicar. Ha hablado el señor Pintado del
embalse de Jánovas. Me gustaría que usted me diera fecha de la
declaración de impacto ambiental y cuándo les han dicho que quedaba
desechado el embalse de Jánovas por el impacto ambiental. Después
usted ha hecho una afirmación respecto a los 16.000 millones, en la
que dice que a cambio de algún apoyo, si no he entendido mal. Es
decir, usted piensa que los 16.000 millones están sometidos a que
ustedes den apoyo a algún tipo de regulación en el Pirineo. Dígame sí
o no, no le pido nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté ibarz): Señor Santorromán, tiene la
palabra.
El señor PRESIDENTE DE ADELPA (Santorromán Lacambra): En cuanto a los
planes de restitución, la verdadera voluntad de ejecutarlos bien
llevaría a un desarrollo reglamentario, como ya se ha pedido. Nos
parece muy importante. En cualquier caso, en ausencia de ese
reglamento, serviría con que se negociara con los afectados no tal y
como establece la ley, pero sí lo establece muy claramente el pacto
del agua de Aragón. En cuanto a Jánovas, me va a perdonar por no
conocer las fechas, pero puede ser marzo del año pasado y se ha
publicado recientemente en el «BOE». Eso es un hecho objetivo. En
cuanto a la última pregunta, no puedo contestar con un sí o un no
radical, sino que en el protocolo era uno de los temas para los que
el Ministerio pedía el apoyo expreso. (El señor vicepresidente, Ruiz
López, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Yo creo que el portavoz del Partido
Socialista ha querido introducir aquí un nuevo elemento de duda ante
una propuesta del Gobierno de la nación, propuesta a solicitud de
Adelpa, en un protocolo. Salvo eso que usted ha comentado en relación
con las obras del pacto del agua, son obras que afectan a esos
municipios no en cuanto a las obras de regulación, sino al espíritu
de las actuaciones medioambientales y a otro tipo de políticas, como
puede ser la depuración o el abastecimiento. Quiero intervenir,
aunque sólo sea a efectos del «Diario de Sesiones», para dejar claro
que aquí no hay absolutamente ningún tipo de presión que no sea en
beneficio directo para las zonas, por mucho que le duela al Partido
Socialista que tenga que ser el Gobierno de la nación el que entre a
solucionar un asunto que es competencia exclusiva del Gobierno de
Aragón.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Santorromán.
El señor PRESIDENTE DE ADELPA (Santorromán Lacambra): Yo simplemente
he expuesto, porque se ha incidido mucho en estas inversiones, el
punto en el que teníamos diferencias. Yo he dicho que son salvables
y pienso que van a ser salvables, básicamente por una cosa: a nivel
personal cada cual puede pensar lo que quiera, incluso que son obras
del pacto del agua, pero en nuestra asociación, a pesar de haber
pasado un año muy complicado, mantenemos el consenso; somos cuatro
fuerzas políticas y mantenemos el consenso en todas nuestras
decisiones, y una de las condiciones cuando se plantearon, ya hace
más de un año, estas actuaciones era que en ningún momento se
vincularían con ninguna obra de regulación del Pirineo. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, yo me atengo
exclusivamente a esa decisión de nuestra asociación. Simplemente he
dicho que esto tendrá que arreglarse y espero que podamos hacerlo en
breve.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santorromán Lacambra,
presidente de Adelpa, por su intervención, por su tiempo, por todos
los informes y documentación que nos ha trasladado. Cerramos esta
comparecencia. (Pausa.)
- DEL SEÑOR PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL EBRO (TOMÁS
CAUBET). (Número de expediente 219/000179.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuando con las comparecencias,
corresponde ahora la de don Manuel Tomás Caubet, portavoz de la
Plataforma en defensa del Ebro.
Señor Caubet, le damos la más cordial bienvenida a la Comisión de
Medio Ambiente, que está celebrando las comparecencias en relación
con el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, y le
agradecemos que nos dedique su tiempo. Si le parece bien, dispondrá
de un tiempo de intervención de 10 ó 15 minutos y, posteriormente,
los diferentes grupos le preguntarán y reflexionarán sobre sus
aportaciones. A continuación, usted responderá.
Sin más, tiene la palabra don Manuel Tomás Caubet.
El señor PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL EBRO (Tomás
Caubet): Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores
diputados. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista que nos
haya permitido venir.
En principio, quisiera explicar cómo se ve el Plan hidrológico
nacional desde el tramo final del Ebro, desde el delta, desde el
tramo catalán, para que no haya confusiones, y la gran irregularidad
que existe en esta tramitación del Plan hidrológico nacional cuando
la gente del delta, cuando la gente del tramo final del río
tenemos que venir a una Comisión parlamentaria a discutir un
anteproyecto de un plan hidrológico que nos afecta pura y duramente y
no hemos tenido ninguna ocasión, ninguna posibilidad de hacerlo donde
se tenía que hacer, en el seno del Consejo Nacional de Agua,
habiéndolo pedido varias veces, habiendo dicho que queremos estar
donde se discute el futuro del Ebro, porque alguien tiene que
defender el Ebro, alguien tiene que defender los territorios por los
que discurre, y se nos ha negado. Con todo, venimos aquí con la buena
intención de explicar qué es lo que pasa, qué relación hay entre Plan
hidrológico nacional y terras de LEbre. También venimos, con todo
respeto, con el escepticismo de que esto sirva para algo. ¿Quiénes
somos nosotros? Somos la Plataforma en defensa del Ebro, una
organización que agrupa a más de 300 entidades del tramo final del
Ebro y a 14 ayuntamientos y estamos movilizándonos desde el 5 de
septiembre, con el fin de denunciar la gran injusticia que se va a
provocar de aprobarse este Plan hidrológico nacional, por la sencilla
razón de que esto va a suponer la liquidación total del delta del
Ebro. No una liquidación traumática, rápida, como es un accidente de
tren o de autocar, sino una liquidación lenta, pausada; mientras unos
enriquecen sus bolsillos, otros vamos a ver nuestro futuro bastante
negro.
Entrando en materia diré que el tramo final del Ebro ocupa cuatro
comarcas catalanas. En estas cuatro comarcas catalanas habitamos
155.000 personas en 52 municipios. Las actividades económicas más
importantes que se desarrollan allí son la agricultura, la pesca, el
marisqueo, un cierto turismo y una muy pequeña industria. El delta
del Ebro es el tramo final del Ebro y, de estos 155.000 habitantes,
50.000 viven en lo que sería estrictamente delta del Ebro y, de estos
50.000, 15.000 viven en la plataforma deltaica, primera línea del
mar. Hay un parque natural con diferentes consideraciones, pero
protegido por varias normas europeas. Tiene protección en cuanto a
normas de conservación de vegetación, en cuanto a humedales -Ramsar-,
es zona especial de protección de aves y está a punto -si no ha
ocurrido ya- de formar parte de la Red Natura 2000. Esto significa
que hay varias especies de vertebrados y 17 especies de plantas en
peligro de extinción. Hay alguien que dice: 30 especies de
vertebrados, 17 especies de plantas y un colectivo social y humano en
peligro de extinción. (Risas.) El tramo final del Ebro son 30
kilómetros en forma estuarial. Hay una escasa elevación del terreno
sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el 50 por ciento del tramo final
del Ebro está a medio metro por encima del nivel del mar, a 50
centrímetros. Hay dos canales de riego con una tracción de 45 metros
cúbicos por segundo y 21.000 hectáreas de este sistema deltaico se
emplean en el cultivo del arroz. ¿Qué problemas hay en el delta del
Ebro? El primero, el más conocido, la salinización. ¿Qué quiere decir
esto? Hay una cosa que quisiéramos advertir, que incluso podría
afectar al departamento de enseñanza del Gobierno: siempre se ha
dicho que el Ebro desemboca en el mar y, desde hace muchos años, esto
no es así. El Ebro, diez meses al año, se diluye 12 ó 14 kilómetros
antes de llegar al mar, donde se encuentra con la cuña salina. Para
que lo vean, y con todo respeto porque la tecnología que usamos es
punta de boligrafo, (El señor compareciente muestra un mapa), esto es
el río Ebro, que desemboca en esta zona, tierra adentro, antes de
llegar a las poblaciones Deltebre y Sant Jaume de lEnveja. Aquí está
la falda salina. Las imágenes que toman las televisiones o el paisaje
que se ve yendo por la autopista, ese brazo tan ancho del Ebro,
precioso, bonito, es un brazo de agua salada. Entonces, el Ebro no
desemboca en el mar y, al no desembocar en el mar, hay una lucha
constante entre el agua salada y el agua dulce. Según la fuerza que
traiga el río, el agua salada retrocede o penetra. Cada vez, y luego
hablaremos de eso, hay menos agua dulce, por la mayor regulación, por
la falta de pluviometría y por otros usos y, por tanto, el agua
salada va penetrando tierra adentro. ¿Qué problemática trae esto? Una
contaminación salina de los acuíferos que afecta a la estabilidad
medioambiental del delta del Ebro; hay una problemática ligada a la
acción del agua dulce/agua salada y una relación directa entre la
fuerza, la cantidad de agua que trae el río y la penetración de la
cuña salina. Cuando el río lleva 100 metros cúbicos por segundo,
señores del Partido Popular, la cuña salina avanza tierra adentro, va
para arriba; cuando lleva 150 metros cúbicos por segundo, la cuña
salina se para, pero no retrocede. Para que la cuña salina retroceda,
el río tiene que llevar entre 300 y 400 metros cúbicos por segundo.
Eso tiene importancia en relación con esto que se habla del caudal
ecológico. En definitiva, como mínimo, son necesarias avenidas de 400
metros cúbicos por segundo para limpiar el delta del Ebro de agua
salada y que se regenere la fauna, la vida de las bahías y, al mismo
tiempo, que la población pueda tener acuíferos limpios. Este es uno
de los problemas del delta del Ebro, un problema que existe y que no
nos inventamos. Lo que ocurre es que, con las nuevas regulaciones que
se van a establecer en el Plan hidrológico nacional y con la
extracción del agua, es más que previsible que esto aumente y ello
por una razón muy sencilla, porque la gente que vivimos allí sabemos
que es natural que en verano aumente.
Otro problema del delta del Ebro es la regresión, la gran
preocupación de nuestro presidente, el señor Aznar, que ayer estuvo
en Poblet diciendo que no nos preocupásemos, que no iba a haber
regresión porque se iban a construir unos muros. Pues bien, los
deltas se reforman en función de las corrientes marinas y de la
relación agua dulce-agua salada. Como el agua dulce hace tiempo que
ha perdido fuerza, el principal factor que incide en la remodelación
de un delta es el agua del mar, el agua marina. El delta se erosiona,
existiendo
una pérdida de sedimentos naturales. Aún no hay un retroceso del
delta, sino una remodelación; la misma tierra cambia de sitio
modificando las cosas. Ahora bien, hay dos cuestiones que son verdad.
Una es el paulatino hundimiento del delta, lo que técnicamente se
llama subsidencia, que se produce por la falta de aportación de
arena, de sedimentos. Algunos técnicos y científicos dicen que se
hunde entre dos y tres milímetros anuales. No olvidemos nunca que el
45 por ciento del delta está a medio metro por encima del nivel del
mar y que el 25 por ciento está a 25 centímetros por encima del
mismo. La subsidencia y la erosión del delta es un efecto natural
imparable siempre y cuando el río Ebro no traiga los sedimentos que
se encuentran retenidos en los pantanos de Mequinenza y Ribarroja,
puesto que los que hay actualmente allí serían suficientes para
levantar el delta 75 centímetros. Pero, aunque el río trajera esos
sedimentos, además hay otro problema. Para que la acción sedimentaria
del río tuviera algún efecto real sobre el delta, tendrían que venir
400 metros cúbicos por segundo y no 100, ya que con 100 no baja ni
agua dulce suficiente para hacer retroceder la cuña salina ni bajan
sedimentos para alimentar el delta. Esto es importante. Nosotros
hemos pedido que nos dejasen ir al Consejo Nacional del Agua para
poder explicar esto, pero no nos han dejado y ahora lo estamos
comentando aquí. Me temo que es tarde, pero vamos a seguir hablando
de ello.
Todo esto influye en la estabilidad del delta, aparte de que no
tenemos en cuenta, y habría que tenerlo presente, los efectos del
cambio climático. Aunque cuando la Confederación Hidrográfica del
Ebro discutió el Plan hidrológico de su cuenca dijo -83 votos contra
dos- que en el Ebro no existía cambio climático, éste existe, diga lo
que diga la mayoría. Otra cosa es que todavía haya que estudiar más a
fondo sus efectos. Según las previsiones de Naciones Unidas sobre el
cambio climático, durante los próximos 100 años la temperatura podrá
subir entre 1,5 y 6 grados y el nivel del mar podrá hacerlo entre 9
centímetros y 88, dependiendo de la zona -en el Mediterráneo, por
ejemplo, no serían 88 centímetros-, y no olvidemos que el 50 por
ciento del delta del Ebro está 50 centímetros por encima del nivel
del mar. ¿Por qué estoy repitiendo todo esto? Porque desde nuestras
tierras, donde la gente está ampliamente movilizada, tenemos la
percepción de que este Plan hidrológico nacional va a liquidar el
delta del Ebro. Y no solamente va a acabar con una reserva natural
muy importante, sino con un colectivo humano, que también tiene su
importancia.
En cuanto al tema de los sobrantes, si al Ebro le sobra agua o no, se
trata de una discusión capciosa en la que nos han metido sin estar
presentes. A los que vivimos en el tramo final nos están obligando a
decir si al Ebro le sobra agua o no y nosotros nos preguntamos por
qué no nos dejan discutir acerca de la gestión del agua que se hace
en el Levante español. ¿Por qué no se
puede discutir eso? ¿Por qué no se deja a nuestros técnicos discutir
si la gestión hidráulica que ha hecho este país, la haya hecho la
Administración que la haya hecho, ha sido correcta y adecuada? ¿Por
qué estamos criminalizados? ¿Por qué tenemos que defender nosotros si
al Ebro le sobra agua o no? Esta pregunta, que para algunos de
ustedes puede implicar muchos trabajos, muchos estudios y muchos
gráficos, nosotros la tenemos muy clara. Hay una cosa muy sencilla y
es que, escojamos la serie que escojamos del Ebro -por ejemplo, la
estación de agueras, de Tortosa, a la que ahora se la ha cogido tanto
cariño- o escojamos el grupo de aves que escojamos, la tendencia es a
la baja. Eso está claro. No les discuto los números -si quieren, lo
hacemos-, pero la tendencia es a la baja. Esto quiere decir que los
caudales planteados en el Plan hidrológico nacional a lo mejor habría
que revisarlos y permitir a gente experta en caudales que analizasen
las causas por las que la tendencia es a la baja y profundizar en
ello. En segundo lugar, si al Ebro le sobrase agua, ésta desembocaría
en el mar. A los que fuimos al colegio, que creo que lo hemos hecho
todos los que estamos aquí y algunos a algún sitio más, nos enseñaron
que los ríos son corrientes de agua que van a parar al mar. Cuando
sobra agua, ésta va al mar y el Ebro no lleva agua al mar. Eso lo
tienen que tener muy claro. Estamos en el año 2001 y desde hace 10 ó
15 años las poblaciones del delta del Ebro no se pueden abastecer de
agua para bebida directamente del Ebro, ya que está contaminada por
la salobridad. Lo que hacen es recoger el agua de las montañas, de la
sierra prelitoral y litoral. Pues bien, una cosa tan sencilla como
ésta podríamos haberla explicado en el Consejo Nacional del Agua,
pero no nos lo han permitido.
El caudal ecológico que necesita el Ebro es objeto de controversia.
Hay un debate muy fuerte sobre qué es el caudal ecológico y qué es lo
necesario. Nosotros eso también lo tenemos muy claro. Los 100 metros
cúbicos por segundo es la muerte del delta. Así de claro. La
estabilización de la cuña salina y el que no llegue ningún aporte
sedimentario al delta es su muerte. Otra cuestión son las obras que
se están planteando ahora en relación con un plan integral del delta.
Es muy sencillo. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no
discutimos antes sobre lo que está pasando en el delta y luego vemos
si las obras que se proponen, que todavía no se conocen abiertamente,
son efectivas o no? Nosotros sabemos que no van a ser efectivas. Allí
tenemos una cultura del agua, hace 100 años que se está trabajando en
ello y sabemos perfectamente que lo que van a hacer estas obras va a
ser alargar la muerte y la decadencia del tramo final del Ebro.
Cuando hay agua que va al mar, ésta no se pierde; primero, por el
aporte sedimentario, y segundo, porque en la desembocadura -aparte de
la cuestión medioambiental, que puede preocupar más o menos- existen
actividades económicas de gran importancia que tienen relación
directa con el río.
Me permitirán ustedes, si no se aburren, que les lea cuatro noticias
que han aparecido en la prensa estatal. Hay una industria marisquera
que se dedica a los mejillones, las ostras, etcétera, y una industria
pesquera importante que abarca no solamente el tramo final del Ebro,
sino Tarragona, Castellón y las Baleares. Es una zona de crecimiento
de alevines por los nutrientes del río. Pues bien, la noticia del día
24 de octubre de 2000 decía lo siguiente: La ostra del delta del Ebro
no se podrá recoger para vender en Navidad, ya que el molusco crece
con retraso por la falta de nutrientes que llegan a la bahía del
Fangar. En dicha bahía se encuentran las bateas que se utilizan para
faenar, pero resulta que no hay los nutrientes necesarios porque no
llega agua suficiente, por lo que el periódico decía que no iba a
haber ostras para Navidad. Al día siguiente, 25 de octubre, se
desbordó el río Ebro por unas barrancadas. La causa fue unos
barrancos que se desbordaron al entrar en el Ebro, aunque eso es
igual, pero aumentó la aportación de agua y el día 28 de noviembre de
2000, un mes y cuatro días después, se dijo que la riada del Ebro
había permitido salvar parte de la recogida de los moluscos.
Finalmente, el día 16 de enero La Vanguardia dijo que la captura de
angulas en el delta se había multiplicado por 50 en dos meses gracias
al gran caudal que el Ebro tuvo en el mes de octubre. Por lo tanto,
el agua que va a parar al mar no se pierde, sino que tiene una
función ecológica muy importante. Esto es imprescindible tenerlo
claro, ya que una de las cuestiones sobre las que más se trabaja es
sobre que el agua que va a parar al mar se pierde y no es cierto.
Quiero pensar que eso se dice porque no se conoce el tema a fondo, no
quiero pensar nada más.
Ahora se ha puesto de moda, tanto por parte de Convergència i Unió
como por parte del Partido Popular - perdónenme que los nombre tanto,
pero es que el debate está aquí-, el tema de los canales. Los canales
del Ebro, por si no lo saben, constituyen un sistema muy complejo y
muy interesante de llevar agua para riego a toda la zona verde. (El
señor compareciente muestra un mapa.) Que son plataformas de
arrozales, mientras toda la zona azul son canales; faltan acequias
secundarias. Se trata de todo un sistema hídrico que distribuye de
una forma ramificada el agua dulce por todo el delta para permitir el
cultivo del arroz. Se dice: vamos a tomar agua de los canales, porque
de esta manera no la tomamos del Ebro, por tanto, que se reduce el
impacto de los trasvases -serán 1.050 hectómetros cúbicos igual, pero
al no ser del centro del río, el trasvase se reduce-. Eso no es
verdad. El agua de los canales y el agua del río Ebro es exactamente
la misma, no viene de otro sitio. Es más -y eso habría que tenerlo en
cuenta y tampoco lo pudimos explicar en el Consejo Nacional del Agua,
al que hubiera sido importante que hubiéramos ido-, la función
medioambiental y de salubridad de los canales es muy importante. ¿Por
qué? Porque esta red, que cubre todo el terreno deltaico, lo que hace
es distribuir una capa de agua por todo el terreno y evitar que la
capa salina que hay permanentemente instalada en el subsuelo del
delta, a un metro de la superficie, suba a la superficie, porque el
agua, por gravedad, no la deja subir. En algunos inviernos, cuando
los campos no están llenos de agua porque se necesita para
trabajarlos, la salinidad sube y la superficie del delta es blanca
por la salinidad. Tocar el agua de los canales no sólo afecta al
medio ambiente, sino que afecta a la seguridad de las personas. El
impacto ambiental es importante, pero les querría decir que están
entrando en un terreno pantanoso. Cuando ustedes dicen: vamos
a hablar de los canales, vamos a negociar -dijo el señor Matas- con la
gente responsable de las tierras del Ebro, allí todavía nos estamos
preguntando quiénes son, porque no lo sabemos, pero hay una gente
responsable, y mucho nos tememos que ustedes, cuando hablan de la
gente responsable de los canales -y eso va por los señores del
Partido Popular y de Convergència i Unió- se estén refiriendo a los
que la revista El Temps, en 1999, llamó los señores del agua, los
aguatenientes, y a los que la revista El Tiempo de mayo de 2000
calificó como las mafias del agua. No están discutiendo con la
población de las tierras de LEbre; están discutiendo con un sector
económico con unos intereses muy concretos que lo que hacen es poner
en peligro lo que sería la supervivencia no solamente medioambiental
sino también física del Ebro.
Para acabar, les quiero decir dos cosas. Hay un tema que nadie va a
tocar, pero yo sí lo voy a hacer, el de las perspectivas
socioeconómicas de los trasvases. Tenemos una experiencia y la
llevamos metida en el cuerpo, que es la de los 10 años de trasvase a
Tarragona. Empieza a haber números y datos, porque los trasvases son
algo más que agua, ustedes lo saben y por eso están haciendo lo que
están haciendo: generan grandes desequilibrios territoriales y
nosotros los estamos sufriendo. Por ejemplo, en 10 años de trasvase
el crecimiento industrial, urbanístico y recreativo de Tarragona ha
subido -ya lo saben ustedes- hasta ser una de las zonas más
importantes del Estado español. Sin embargo, el crecimiento
demográfico de las tierras del Ebro ha sido cero; el crecimiento
demográfico de la zona de Tarragona ha sido del 11 por ciento; el
crecimiento demográfico de mi tierra, en 10 años, ha sido del 0,3 por
ciento, por una corrección que hay. Los trasvases afectan al
crecimiento demográfico de la zona cedente.
En segundo lugar está el aspecto económico. El producto interior
bruto catalán, de 1998 a 1999, era del 3,44 por ciento; en Tarragona
era del 3,58 por ciento; en el Vaix Ebre, mi comarca, del 2,64 por
ciento; en la Terra Alta, la comarca de al lado, del 0,6 por ciento.
El 48 por ciento de la gente de mi tierra que sale de su pueblo cada
día a trabajar se desplaza 100 kilómetros -no tenemos servicios
públicos adecuados- a Tarragona en coche. Esto quiere decir que de
cada 100 personas
que salen fuera de las tierras de LEbre, 48 se desplazan cada día
100 kilómetros para poder trabajar. Esto afecta a la población. En el
aspecto industrial tenemos un dato horrible. En 1994 la inversión
industrial privada en Tarragona era del 98 por ciento, mientras en
las cuatro comarcas de LEbre era del dos por ciento.
Para acabar, les daré el dato relativo a lo que afecta el trasvase de
Tarragona a la producción marisquera. Hace 10 años, en 1990, la
producción fue de 2.100.000 kilos/año; la del año pasado fue de
1.100.000: la disminución es del 50 por ciento. La afectación
socioeconómica a las actividades de las cuencas cedentes conculca su
futuro. Por eso decimos que este Plan hidrológico nacional supone la
liquidación del tramo final del río, supone la liquidación del delta,
supone dejar morir de lenta agonía a una parte de la población muy
importante. Por eso pedimos que se haga otro Plan hidrológico
nacional que no sea este, que se deje entrar a la gente que está
afectada y que se deje participar a nuestros técnicos, ya que a
nosotros tal vez no nos tendrán en consideración. El hormigón tiene
que dejar paso a la gestión. Los lobbies políticos y económicos
tienen que dejar paso a los técnicos y luego ustedes decidir, y las
poblaciones, aunque electoralmente no seamos importantes, tenemos
derecho a un futuro digno. Sepan ustedes que este Plan hidrológico
nacional liquida el tramo final del río y su delta, pero que sus
habitantes no lo vamos a permitir. No les va a ser fácil, se lo digo
en serio. Miles de personas nos estamos movilizando para defender el
río, para defender un equilibrio social diferente y lo vamos a seguir
haciendo. Lo que pasa es que nos gustaría mucho que el Parlamento,
las Cortes, nuestros dirigentes fueran sensibles, volvieran a leer
este Plan hidrológico nacional y lo volvieran a elaborar teniendo en
cuenta los criterios que no se han podido presentar por nuestros
técnicos en el Consejo Nacional del Agua, pero, como mínimo, en los
debates a los que podemos asistir, intentamos de alguna manera
instaurarlos, porque también tenemos derecho a un territorio
equilibrado y también tenemos derecho a un futuro. No todo ha de ser
la especulación urbanística que se está produciendo en el levante
español.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Tomás Caubet, por su
explicación y por los datos que nos ha facilitado respecto al
desarrollo socioeconómico del delta del Ebro. Yo le iba a hacer una
pregunta en esa dirección, pero como creo que ya la contestado con
claridad, no se la voy a plantear. Me gustaría entrar en dos temas.
Se ha dicho últimamente que de los 1.050 hay 400 hectómetros cúbicos
que parece que por una cesión o por un acto de generosidad de los
regantes del delta, iban disminuir ese caudal. Al final lo que creo
es
que por el tubo saldrán los 1.050 hectómetros cúbicos y que lo que se
producirá será alguna cesión de derechos, pero me gustaría que nos
explicara en qué condiciones se encuentra actualmente el régimen
concesional del delta del Ebro y qué opina sobre esa perspectiva a la
que he hecho referencia. En segundo lugar, ha hablado del plan
integral del delta, que es un compromiso que el ministro acordó con
Convergència i Unió en el Pleno último, y de tanto oír hablar de él
me gustaría saber en qué consiste. Esta Cámara no tiene conocimiento
de cuáles son sus aspectos cuantitativos y cualitativos y si tiene
usted alguna idea sobre el mismo, me gustaría que nos la expusiera.
Por último me referiré a la calidad del agua a trasvasar. No sé si
ustedes tienen datos sobre esto y sobre qué medidas habría que
adoptar una vez trasvasada y antes de que llegara a los usuarios del
arco mediterráneo, qué tipo de actuaciones se tendrían que llevar a
cabo y si están o no dentro del propio Plan hidrológico nacional.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Quiero saludar a don Manuel Tomás y
formularle cuatro preguntas, pero antes voy a hacer una petición a la
Presidencia, porque creo que tanto en las intervenciones de hoy como
en algunas de las de ayer, de don Pedro Arrojo y creo que de don
Narcis Prat, apareció encima de la mesa la necesidad de conocer los
83 u 84 informes que el Ministerio ha pedido y que ha tenido para
elaborar el plan hidrológico. Creo que sería conveniente que en este
debate los miembros de la Comisión pudiéramos tener esa información;
por lo tanto, solicitaría si es posible que la presidenta de la
Comisión pidiera estos informes para información del conjunto de los
miembros de la Comisión.
La primera petición sería, a pesar de que yo, que soy de Cataluña,
conozco exactamente qué significa la Plataforma de defensa de las
tierras del Ebro, que el señor Tomás explicara un poco más qué
significa socialmente, cuál es su composición y quiénes están en
ella, porque creo que es una experiencia de representación social muy
plural y muy mayoritaria y es importante que los miembros de la
Comisión la conozcan.
La segunda pregunta va un poco en la línea de la que ha hecho el
portavoz socialista, es decir, qué opinan ustedes de esa no digo
falsa pero pretendida disminución del trasvase -no quiero decir
falsa-; cuál es la opinión de ustedes con relación a esa solución de
pretendida, no me atrevo a decir falsa, repito, disminución del
trasvase.
La tercera pregunta sería si desde la plataforma usted considera que
el Plan hidrológico nacional va en la orientación de la directiva
marco europea sobre el agua, que fue motivo de debate ayer, porque,
por un lado, es cierto que en el proyecto del plan hidrológico se
dice
que se va a tener que cumplir, pero la opinión que tenemos es que se
dice eso, pero se va en dirección contraria. Quisiéramos saber su
opinión.
La cuarta y última pregunta de alguna manera la ha formulado el
portavoz que me ha precedido. En el plan integral, que es una especie
de fantasma, no interesan los contenidos. Con trasvase, sean cuales
sean los contenidos, ¿es posible que un plan integral compense los
efectos que usted dice que van a ser nocivos para el delta? Es decir,
¿son posibles contenidos de un plan integral que de alguna manera
dejen sin efecto las repercusiones negativas de un trasvase de 1.000
hectómetros cúbicos? Si llegáramos a la conclusión de que eso no es
posible, el problema no son los contenidos del plan integral. Por lo
tanto, quiero conocer la opinión de la plataforma con relación a si
es posible de verdad hacer un plan integral que anule los efectos
negativos del trasvase.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Quisiera saludar al señor Tomás en su
comparecencia a esta Cámara y hacer una reflexión. Nuestro grupo está
sufriendo el desgaste de un plan hidrológico que no es nuestro, es
del Gobierno del Partido Popular, pero que en nuestro territorio se
ha definido como si fuesen Convergència i Unió o el Gobierno de la
Generalitat sus máximos exponentes. No es así, aunque nosotros, que
siempre en sede parlamentaria tratamos de que nuestras actuaciones
tengan resultados positivos, sabemos que este Plan hidrológico
nacional tiene el apoyo de la mayoría absoluta que en esta Cámara
ostenta el Gobierno. Por lo tanto, tenemos que ver qué podemos hacer
respecto a un plan que está aprobado y que a nosotros no nos gusta,
porque Convergència i Unió rechaza el plan actual.
También estos días se ha sacado la conclusión de que si la semana
pasada nuestra actitud en el Pleno de este Congreso dio como
resultado una votación del estilo que fue, nosotros estamos con el
plan hidrológico y votamos que sí. Todos los que hayan argumentado
respecto a nuestra actitud que se trata de un voto positivo a este
plan son desconocedores totalmente de cómo se trabaja en un
Parlamento y de cuáles son las formas parlamentarias. A mí me parece
muy bien que haya personas que no estén inmersas en lo que es el
esquema parlamentario, que no tienen por qué saber si hoy se debate
una enmienda o si mañana votamos una moción, pues son temas propios
del día a día, de la actividad que se desarrolla en el Parlamento.
Por todo ello, se ha manipulado el hecho de que nosotros realizáramos
votaciones negativas a las enmiendas a la totalidad y a un texto
alternativo, que, repito, no vemos por ningún lado como positivo.
Esta es una reflexión, porque estamos
sufriendo un desgaste político cuando no somos los autores del
plan, ya que lo que pretendemos es, pasado ese trámite de enmiendas,
llegar a posibles acuerdos para mejorar todo un plan hidrológico, que
en el mes de junio o julio estará aprobado. En consecuencia, si no
logramos intervenir, este plan hidrológico, que será el que sea, que
no nos gustará y que si sale como está escrito en la ley nosotros
rechazaremos, este plan hidrológico, repito, avanzará. Lo que
pretendemos es encontrar soluciones al tema ambiental del delta del
Ebro a través del plan integral, con enmiendas para posibles
modificaciones para ver de dónde se pueden sacar los 1.050
hectómetros cúbicos que pide el plan, que es el déficit que el
Gobierno ha encontrado en toda la cuenta mediterránea; déficit de
agua que en el plan de 1993 del Grupo Socialista era muchísimo más
alto. Ahora se trabaja de otra manera, pero se encuentra este déficit
y se dice que se necesitan 1.050 hectómetros cúbicos. Nosotros
estamos buscando con nuestras alegaciones y con nuestras ideas
aportaciones para que este total de 1.050 hectómetros cúbicos no
salgan totalmente del Ebro. Por lo tanto, queremos mejorar el plan.
Ya sé que sus pretensiones son que de los 1.050, cero. Muy bien, es
una reivindicación legítima en contra de la cual no tengo nada que
decir, pero nosotros buscamos mejorar el plan actual, que no nos
gusta, para llegar, con una actuación positiva, a un plan que pueda
ser aceptado por todas las gentes de las tierras del Ebro desde
arriba abajo.
Señor Tomás, de su intervención he tomado algunas notas. Básicamente,
en la primera parte, de carácter técnico, ha corroborado lo que ayer
muy bien nos explicó el señor Narcis Prat. Él sí contaba con medios y
nos presentó una gran pantalla; fue muy interesante, porque vimos
todos los datos, con la cuña salina en tal fecha. Todo lo que nos ha
explicado usted hoy y su intervención nos ha reafirmado en lo que
sabíamos.
Para terminar -la señora presidenta me está haciendo señales-, voy a
decir dos cosas. La primera es en plan de comentario y se refiere al
tema económico del delta del Ebro, comparado con el trasvase,
respecto a Tarragona. Las diferencias entre las zona de las comarcas
más próximas a la capital ya estaban muy marcadas antes del trasvase
y habría que trabajar mucho -y posiblemente se podrá hacer- sobre
todo este tema. También, saliéndome un poco del asunto concreto,
quisiera que me explicase una cosa. Reconociendo que la capacidad del
Ebro no da para más en el delta, quisiera conocer su opinión, porque
lógicamente se ha referido siempre al delta del Ebro, sobre toda la
operación del plan hidrológico, que representa en Tortosa 1.050
hectómetros cúbicos, pero en Aragón se quedan 3.400 que no llegan al
Ebro, que son los nuevos consumos que hay en lo que se llama el pacto
del agua de Aragón. Por tanto, en esta operación, al Ebro no le
desaparecen sólo1.050 sino 3.400 hectómetros cúbicos más.
Quisiera conocer también su opinión sobre algo que nos decía ayer el
señor Prat, que el impacto que puede tener el trasvase desde el punto
de vista medioambiental es mínimo comparado con el que nos puede
llegar con el tiempo por las aportaciones del agua que hayan ido
pasando por el territorio.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Acín.
El señor ACÍN BONED: Señor Tomás, portavoz de la Plataforma en
defensa del Ebro, ayer por la mañana don Narcis Prat hizo una
magnífica defensa con sus teorías, y con medios que usted no tiene,
estoy de acuerdo, sobre lo que significa la defensa del delta del
Ebro, tanto que nos dijo a todos los que estamos aquí, y creo no
equivocarme, que toda el agua del Ebro ahora no sería suficiente para
mantener dicho delta. Llegó a decir que no tendría que ponerse en
marcha ningún nuevo regadío en Aragón e incluso que tendría que
desaparecer alguno de los actuales. Este señor es vocal del Consejo
Nacional del Agua. Usted no ha tenido oportunidad de serlo, pero él
sí. Podrá decirme que para qué ha servido. Si no me equivoco, es la
primera vez que un Gobierno español acepta el compromiso y la
obligación de hacer un plan integral para el delta del Ebro. A
nosotros nos preocupa dicho delta, pero también nos preocupa una
cosa, perdóneme, o he leído mal o usted me lo aclarará, pero veo que
es usted presidente de la Plataforma en defensa del Ebro y yo sólo le
he oído hablar del delta del Ebro. Que yo sepa, el río Ebro tiene un
nacimiento y una desembocadura y atraviesa nueve comunidades
autónomas o hay nueve que resultan afectadas. Por tanto, me parece
sorprendente que para defender el Ebro sólo se hable del delta. Usted
ha tenido poco tiempo, pero podía haberle dedicado algo;
probablemente lo hará ahora a partir de mi intervención. En ese
sentido me gustaría, si es posible, clarificar algunas cosas, porque,
si no me equivoco, dentro de que el problema mayor parece que se ha
generado -y es cierto- en Aragón y también en el Baix Ebro, me
gustaría saber si todos los mensajes son unitarios cuando se
producen, por ejemplo, manifestaciones, por otra parte en absoluto
criticables porque están ustedes en su derecho.
Voy a hacerle las siguientes preguntas. ¿Cree usted que el Ebro está
bien regulado? ¿Cree que los que están a favor de la defensa del Ebro
-usted es el portavoz- y en contra de los trasvases están a favor -no
obstante- de seguir haciendo obras de regulación en la cuenca del
Ebro? A la vista de sus manifestaciones, que todos conocemos, ¿cree
que los manifestantes del día 11 en Madrid tenían un mensaje
unitario? (El señor Quirós Pulgar: Plan hidrológico no.) ¿Está a
favor de fomentar nuevos regadíos en la cuenca del Ebro y en concreto
en Aragón, tal y como están contempladas las distintas obras de
regulación y algunas esperando ser
reguladas y regadas desde una ley de 1915? ¿Está usted a favor, en
definitiva, del pacto del agua en Aragón, que está contemplado
íntegramente en el artículo 36.4? Aunque usted ha hablado muchas
veces del Partido Popular y aclarándole que este es un proyecto de
ley que todavía es mejorable, enmendable y sobre el que estamos
abiertos al consenso y a la negociación, en cuanto a su propuesta en
defensa del delta del Ebro, ya ha sido defendida magníficamente bien
aquí por otra persona, tanto que si fuera cierto todo lo que él dice,
y ayer ya lo puse de manifiesto, no acabo de entender cómo, aunque
siempre hay divergencias y nadie está en posesión de la verdad
absoluta, unos técnicos pueden equivocarse tanto y otros tan poco. Es
algo que me preocupa, porque aunque en política es bueno dudar,
¿usted cree que tanto? ¿Unos dicen, y lo demuestran, que puede haber
5.000 hectómetros cúbicos excedentes, de los cuales una quinta parte
son susceptibles de trasvasar, cuando sobre -y lo ha dicho el
ministro en su intervención-, y otros no tienen bastante con lo que
lleva como caudal el río Ebro para proteger y mantener el delta?
Estoy de acuerdo en defender las economías de las 155.000 personas y
las 300 asociaciones que usted representa, pero también comprenderá
que estemos a favor de defender un reequilibrio territorial en toda
la cuenca del Ebro y, por supuesto, antes lógicamente de ser
trasvasado, de ser utilizado donde se genera el recurso.
La señora PRESIDENTA: Antes de darle la palabra a don Manuel Tomás
Caubet para que responda a las preguntas que le han realizado, y le
ruego que lo haga de forma breve porque nos hemos extendido un poco
en los tiempos, quiero decirle al señor Saura, quien se ha dirigido a
esta Presidencia en relación a unos informes, que hay un instrumento
magnífico en nuestro Reglamento, el artículo 7, que permite que los
diputados soliciten informes al Gobierno. Esta Presidencia considera
que es un buen instrumento para solicitar los informes de cuya
elaboración han hablado los intervinientes y que en este momento
están en el Ministerio de Medio Ambiente.
El señor SAURA LAPORTA: Quiero agradecer su respuesta, pero mi
petición viene motivada porque he pedido los informes el 8 de febrero
y no se me contesta. Lo he solicitado a través de esa Presidencia por
si el procedimiento desde la Comisión me evitaba que tardaran un año.
En todo caso, me voy a dirigir a la Mesa del Congreso diciéndoles que
hace un mes y medio que los he pedido, que no me los dan y que pido
el amparo a la Presidencia de la Mesa del Congreso. De todas formas,
le agradezco su respuesta y su preocupación, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Al exponer la demanda, esta Presidencia no
conocía que S.S. ya lo había solicitado.
Tiene la palabra don Manuel Tomás Caubet.
El señor PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL EBRO (Tomás
Caubet): En primer lugar quiero decir que nunca he hablado en el
ámbito parlamentario y no tengo experiencia. Si he ofendido en algo,
pido disculpas, porque no me muevo en este ámbito y no tengo
experiencia.
La Plataforma en defensa del Ebro es una entidad que surgió
espontáneamente en septiembre del año pasado. Políticamente están
todos los partidos -los suyos también-. Los que no están, por otras
razones, son los altos cargos, pero están todos y nos reunimos cada
semana. Están los de Convergència, y los de Unió más incluso que los
de Convergència; están los socialistas, están todos. A nivel social y
económico están todas las entidades empresariales, sindicales,
ecologistas y vecinales. Por eso somos tanta gente y cuando
respondemos somos tantos, y seguiremos siéndolo. Nuestro ámbito es el
catalán. Son las cuatro comarcas, somos la Plataforma de defensa de
lEbre. Aquí me han puesto portavoz de la Plataforma de defensa del
Ebro, pero somos de lEbre. Nuestro ámbito es catalán y actuamos
dentro del mismo. Nos coordinamos para acciones concretas con gente
de Aragón, con gente de Navarra y vamos donde se pueda ir a defender
el nuevo Plan hidrológico nacional. O sea, somos solidarios, pero
estamos en el ámbito catalán. Hemos nacido sólo para una cosa,
intentar parar este Plan hidrológico nacional, para nada más. El
presidente Pujol no decía: discutan ustedes del territorio. Pues no,
no vamos a discutir del territorio; vamos a intentar que este Plan
hidrológico nacional se pare y se haga otro donde haya una nueva
cultura del agua, o como lo quieran llamar, porque a veces nos
agarramos a las palabras y a uno le ponen la etiqueta y se acaba el
debate. No, es una gestión hidráulica diferente.
En cuanto a si sacar el agua de los regantes disminuye el trasvase,
yo creo que no, porque el agua es un ciclo integral. Es más, nosotros
defendemos que sacar el agua de los canales tiene un impacto
medioambiental superior que sacarlo del centro del río. Malo es todo,
pero hay una cosa que no hay que olvidar y es que los 1.050
hectómetros siguen siendo 1.050 hectómetros del Ebro, que además
nosotros decimos que no existen. Entonces, las condiciones
concesionales del delta de lEbre creo que, después de una noche de
tormenta sin rayos, es lo más oscuro que hay, porque no hay manera de
aclararlo. El margen derecho está muy claro, tiene una concesión a 75
años, y el margen izquierdo tiene una concesión en teoría de 19
metros cúbicos por segundo, pero por los canales sólo pueden pasar
16; luego hay cinco bombas que captan el agua ilegalmente, pero los
señores de la CHE se lo permiten hacer...
No se sabe muy bien cuál es la concesión legal y cuál es la que
realmente se gasta en el canal de la izquierda del Ebro, aparte de
que ellos defienden que la concesión la tienen a perpetuidad, por no
sé qué cosas. Es una cuestión oscura de la que se ha pedido
información a la Confederación Hidrográfica del Ebro y que realmente
no se ha podido aclarar, porque tengo tres cifras diferentes de
concesiones y de caudales, que salen todas de la Confederación
Hidrográfica. ¿Qué es el plan integral de defensa del delta? No lo
sabemos. Nosotros sabemos lo que defienden las juntas de regantes,
tema que quiero aclarar. Los regantes también son gente nuestra y
están en la Plataforma de defensa del Ebro. Las que no están son las
juntas, pero ustedes sabrán que respecto a las juntas de los
regantes, lo pone muy bien esta revista que habla de los señores del
agua -y acabo en seguida, señora presidenta, no se me enfade- cuando
dice que en el delta, en cuanto a la estructura de la propiedad, el
49 por ciento de la superficie es de 99 propietarios, mientras que el
resto es de 7.000. En las comunidades de regantes se vota por número
de hectáreas. Cuando hablamos de regantes, en cuanto a estos 99, no
hablamos del que riega de verdad; hablamos de los otros, de los que
mandan regar. Nosotros sabemos que hay una vieja idea de hacer unos
malecones o una barrera de hormigón en el río, pero eso es muy largo
de explicar y tendríamos que entrar en particularidades de ciertas
personas que hacen estas propuestas y en sus intereses empresariales.
Creo que no es el momento, pero si quieren lo hablamos en otro
instante. No es una idea del conjunto de los regantes.
Sobre la calidad de las aguas a trasvasar, el Ebro tiene problemas de
calidad de agua y se sabe. No voy a ser yo quien lo diga, porque vivo
allí y porque allí vive mi gente y allí nosotros regamos y
cultivamos; no la bebemos pero la usamos. La beben en Tarragona
-ellos sabrán- pero nosotros no. Hay problemas de calidad que habría
que aclarar. No me voy a extender sobre este tema y le pido
disculpas, pero no lo voy a hacer.
En cuanto a la solución a los trasvases, no he apuntado bien la
pregunta.
Sobre si el Plan hidrológico nacional incumple directrices de la
directiva marco del agua, nuestros abogados dicen que sí. En todo
caso, en vez de ponerme a discutir con ustedes si sí o no, ya lo
veremos en Bruselas; no nos preocupa, porque como vamos a ir a
Bruselas al final, ya veremos allí si incumple o no. Nosotros estamos
convencidos de que sí, porque nuestros técnicos dicen que sí. Ya lo
veremos. Yo no perdería tiempo en eso. Ya lo veremos. ¿El plan
integral puede solucionar el problema del delta? Primero habría que
conocer el plan integral. Segundo, ¿es necesario un plan integral en
el delta? No. Lo que hace falta es una gestión diferente en toda la
cuenca, porque los problemas del delta se ocasionan río arriba y es
por la falta de sedimentos. Voy a decir
una cosa que la gente se asusta cuando la oye. Entiéndanme, no tengo
la responsabilidad que ustedes tienen, pero se lo voy a decir
claramente. El problema del delta se soluciona desmantelando
Mequinenza, que allí están todos los sedimentos, pero cuando dices
eso la gente se echa las manos a la cabeza, porque no puede ser. La
inversión de desmantelar Mequinenza es mucho más barata y más
factible que cualquier otra solución. Reconozco que hay que
estudiarlo y trabajarlo, pero estamos hablando de soluciones en el
delta no de otras cosas. De todas maneras, borren eso y lo que digo
es que el problema no se ocasiona en el tramo final del río, sino por
todo el sistema de gestión de cuenca hasta ahora. Aquí sí que habría
que aprovechar este momento en que se discute la política hidráulica
para dar un giro a la gestión de las cuencas. Habría que borrar las
direcciones de obras hidráulicas y hacer direcciones de gestión
hidráulica. Habría que hacer además gestiones y que, con todo respeto
si hay alguno aquí, los ingenieros de caminos, canales y puertos
tuvieran sólo una parte de la gestión, pero no toda; que hubiera otra
que fuera más compleja, más global, en la que entraran sociólogos,
economistas y agrónomos; que fuera una gestión integral, no
unidireccional. ¿Por qué? Porque el agua crea tensiones, crea
agravios y con eso hay que ser muy cuidadosos.
Convergència i Unió tiene razón, la mayoría absoluta es del Partido
Popular, el Plan hidrológico nacional es del Partido Popular, pero
nosotros, los de terras de lEbre, ¿qué somos? Somos Cataluña,
alguien nos tiene que defender, alguien nos tiene que apoyar. La
situación que estamos viviendo es kafkiana, y se lo digo con el
corazón en la mano y se lo dije la semana pasada al president. ¿Quién
defiende al tramo final del Ebro? Se lo dijimos al president: su plan
no nos defiende; su plan supone aceptar la filosofía del Partido
Popular y a ver qué es lo que sacamos. Esto no es ir al problema de
fondo y nos sabe muy mal, cuando queremos discutir con la gente del
Partido Popular, que nos salgan ustedes por en medio, porque nadie
les ha llamado a esta fiesta. Si no nos quieren defender, no nos
defiendan, pero no se metan por en medio. Se lo digo con toda
sinceridad. El problema es serio, nos estamos jugando nuestro futuro.
No estamos haciendo políticas electorales. Mucha de esta gente no nos
vamos a presentar a elecciones. Estamos defendiendo una cuestión
territorial. ¿Qué les pedimos a Convergència i Unió? Primero que
estudiaran nuestras posturas, porque lo estamos defendiendo; si sus
militantes están con nosotros -menos sus cargos electos, los demás
están todos-. Cuando entramos en un mínimo debate y podemos explicar
nuestras razones, ustedes las entienden, pero por lo que sea hay
grandes cosas de la política que se nos escapan que evitan que
ustedes tomen partido con nosotros. El presidente Pujol nos insinuó
que podía estar en peligro la financiación autonómica. A nosotros,
con todo respeto, ¿qué nos explica?
Es verdad, desconocemos la función parlamentaria, señor Sedó, pero
hay una cosa que está muy clara y es que nosotros habíamos entendido
que en el Parlament catalá se votó la retirada del Plan hidrológico
nacional, pero no la retirada para que no hubiera ningún plan, sino
para que se hiciera otro con más calma, porque ustedes tienen mucha
prisa, y no acabamos de entender tampoco tanta prisa. Eso es lo que
se votó.
En cuanto al tema del pacto del agua de Aragón, estamos en contra de
dicho pacto, nos perjudica. Ya he dicho antes que el problema es la
gestión que se hace en toda la cuenca. También tengo que decir que
hemos detectado un cambio, una revisión del pacto del agua de Aragón.
No lo voy a defender. Cada vez que voy a Zaragoza -y la gente que es
de allí lo sabe- lo critico y lo seguiré criticando, en solidaridad
con los pueblos del Pirineo, de la montaña, pero también porque
realmente nosotros creemos que sí hace falta una nueva gestión del
agua, y el pacto se hizo en unos años en que había una corriente de
pensamiento, que está evolucionando. El otro día estuve en la
presentación de la propuesta socialista de la señora Cristina Narbona
y le criticamos el plan hidrológico de 1993. Nosotros no nos casamos
con nadie. Lo que pasa es que somos aliados de la gente que se alía
con nosotros, y eso es muy claro, somos aliados de la gente que con
nosotros participa para retirar este Plan hidrológico nacional, y en
eso seremos fieles, pero también es verdad que somos críticos con
todo lo que se hace, porque tenemos que serlo. Pienso que tiene que
haber o está habiendo un giro en Aragón para de alguna manera
reelaborar ciertas cuestiones que en el año 1990 estaban claras y que
ahora no lo están tanto. Pero tiene razón, señor Sedó, si riegan los
Monegros a manta, nos hunden el delta, es verdad, por la
salinización.
El señor Aznar dijo ayer que el impacto del Plan hidrológico nacional
sobre el delta era mínimo. Dijo una tontería, pero es el presidente.
No sabía lo que estaba diciendo, con todo respeto, por una razón muy
sencilla, porque si ahora el impacto es grande, toda detracción lo va
a acelerar y eso lo sabemos. Es de sentido común, que es lo que
intento aportar aquí, veo que con poca fortuna, porque alguien se
molesta y le pido disculpas, pero intento poner encima de la mesa el
sentido común.
Otra cosa en la que tienen razón ustedes es en que los planteamientos
unitarios contra el Plan hidrológico nacional no son unitarios fuera
de las tierras de lEbre. Por ejemplo, en la Plataforma de defensa de
les terres de lEbre tenemos un planteamiento muy cohesionado y muy
fuerte, no hay divergencia. En el resto del Estado español la
oposición al Plan hidrológico nacional es por motivos diferentes,
pero ahí está nuestra riqueza. No se trata de hacer un bloque contra
otro; se trata de decir: si una parte importante de la sociedad
cuestiona este Plan hidrológico nacional y como todavía siguen
manteniendo la mayoría absoluta -que nadie se la va
a quitar, de momento, porque no hay elecciones-, seamos generosos.
Vamos a ver por qué tantos intereses divergentes se unen para pedir
lo mismo: este plan hidrológico no. Hagamos otros, pero éste no.
¿Cuesta tanto estudiar eso? ¿No podríamos hacer un ejercicio de
reflexión sobre ese tema? No se trata de unir intereses contrapuestos
para ir contra el Partido Popular, se equivocan. La política
hidrológica es tan compleja y crea tanta crispación y tantos
malentendidos que valdría la pena serenar el debate y ordenarlo. Con
que haya solamente un sector que diga que no ha sido suficientemente
escuchado, por favor, déjenle participar. Les quedan dos o tres años
de legislatura, pueden hacerlo, sean generosos.
Para acabar, me referiré a todas las preguntas que me ha hecho su
señoría. ¿El Ebro está bien regulado? No, el Ebro no está bien
regulado. ¿Tiene que regularse más? Yo creo que no, yo diferiría de
esto, yo creo que el Ebro no tiene que regularse más, hay que variar
la regulación del Ebro. ¿Estamos en contra de hacer más obras de
regulación en la cuenca del Ebro? Sí, estamos en contra de hacer
según qué obras en la cuenca del Ebro. Creemos que hay que
rediscutirlas todas porque, a lo mejor, la función de algunas no es
tan importante como se creía, y eso, al menos de la manera que lo
planteamos, valdría la pena considerarlo.
La manifestación de Madrid, ¿tenía carácter unitario? Era unitaria en
cuanto a que decíamos no a este plan hidrológico, pero eso no quiere
decir que todos los que íbamos en ella pensáramos lo mismo; todo lo
contrario. Aquí está la riqueza, aquí está el elemento que a ustedes
les tendría que hacer pensar, perder el miedo, porque no es contra un
bloque. Por favor, piénsenlo, párenlo una temporada, rediscutámoslo.
Ya estoy acabando, señora presidenta. ¿Más regadíos en las cuencas de
Aragón? No estamos a favor. Pienso que antes habría que hacer un plan
nacional de regadíos. Ésta es otra cosa que no entendemos. ¿Cómo se
está hablando de regadíos sin un plan nacional de regadíos? Es
difícil entenderlo. ¿Por qué no discutimos primero qué regadíos, qué
efectividad y dónde, y luego discutimos de dónde sacamos las
dotaciones hidráulicas? Es una sugerencia.
Por lo que se refiere a los técnicos, eso sí que lo tengo claro. Yo
no soy técnico, no soy nada, no entro en este parámetro, pero llevo
14 años con el tema del agua y los únicos técnicos a los que he visto
(con el plan hidrológico del Partido Socialista, en el año 1993, y,
ahora, con el del Partido Popular) defenderlo casi siempre han sido
funcionarios. Técnicos independientes que den su apoyo al Plan
hidrológico nacional me parece que hay uno o dos, y si somos
generosos, cuatro, pero habría que inventarse los nombres.
Normalmente, son personas con cargos en la Administración. ¿Sabe lo
que pasa? Que donde hay patrón no manda marinero. Uno puede ser muy
buen técnico, pero si el patrón le dice que el informe tiene que ir
por este camino, pues, quien
paga, manda. Yo no pongo en discusión la capacidad profesional de los
técnicos de la Administración (nunca lo haré, sería falso), pero
tengo que entender que normalmente siguen las directrices de su
empresa, y esto es así aquí, en la empresa privada y en la calle. No
nos equivoquemos. Si hiciéramos una lista de técnicos independientes,
tendríamos una sorpresa.
Pido perdón por si alguien se ha podido molestar por mi intervención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Tomás Caubet, agradecemos su
intervención.
Le dejamos al señor Sedó un minuto y al señor Acín otro minuto, para
los añadidos que tengan que hacer.
El señor SEDÓ I MARSAL: Necesitaría más, señora presidenta, pero lo
resolveré en un minuto.
Señor Tomás, yo reconozco y valoro muy positivamente la Plataforma en
sí, porque la creó la gente que le gusta participar al margen de
partidos. Sé que hay militantes de ambos partidos, de Convergència y
de Unió (El señor Tomás Caubet: Y del PP.) y los partidos reconocen
que ellos defienden sus sentimientos, su vida en las tierras del
Ebro. Eso es muy importante, pero (yo no sé si usted me lo reconocerá
o no) la Plataforma ha sido muy utilizada políticamente por partidos
y por organizaciones políticas. Así, por ejemplo, cuando veíamos el
reportaje de la manifestación en Barcelona por las televisiones,
usted salía en un momento, aunque creo que no en una entrevista; en
cambio, estaban todos los miembros, por no decir los primeros, de
partidos de la oposición al Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
En las imágenes se veía al señor Saura - es muy legítimo- e incluso
estaba el ex ministro de Justicia, señor Belloch, en Barcelona.
(Rumores.) Por lo tanto, cuando se ve una utilización que no es el
verdadero sentir de la gente de las tierras del Ebro, aunque ustedes
defienden las tierras del Ebro muy lícitamente y con mucho cariño,
las demás personas nos sentimos en algún momento heridas porque
quisiéramos estar participando y ayudando a que los que están en la
Plataforma en defensa del Ebro. Al cabo de un tiempo, unas ciertas
manipulaciones, posiblemente alejadas de su entorno...
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, ha agotado su tiempo.
El señor SEDÓ I MARSAL: Sí, señora presidenta.
Decía que ciertas manipulaciones, posiblemente alejadas de su
entorno, hacen que nosotros tengamos que alejarnos porque no somos
queridos.
La señora PRESIDENTA: Señor Acín.
El señor ACÍN BONED: Simplemente quiero decir que, aunque usted ha
contestado algunas preguntas diciendo que en realidad usted defendía
el bajo Ebro, el
Ebre, yo creo que estamos hablando del mismo río, se llame como se
llame. Me va usted a permitir que le diga una cosa, espero que no se
enfade, como nosotros tampoco nos hemos enfadado por su intervención.
Estamos haciendo uso del derecho a la libertad de la palabra y hay
que cuidar siempre lo que se dice. Tengo que decirle que me parece
que la postura que usted defiende es una postura muy poco solidaria
con el resto de la cuenca, y además egoísta. Usted dice:
Desmantelamos Mequinenza. ¿Y qué hay en el entorno de Mequinenza,
última obra hidráulica de regulación importante, del año 1970? Habrá
unas economías, que también se han hecho en el entorno de Mequinenza,
que habrá que proteger y cuidar, como las de ustedes; nosotros
también queremos cuidarlas.
Usted dice que no hay que regar en Aragón y pone en tela de juicio un
acuerdo parlamentario -no del año 1990, del año 1992- de los 67
parlamentarios elegidos por el pueblo aragonés, de 67 miembros del
Parlamento aragonés. Poner también en tela de juicio la
representación parlamentaria parece bastante duro. Por lo tanto,
usted está en su derecho de decir lo que cree conveniente y nosotros
estamos en nuestro derecho de decir lo que creemos conveniente desde
un punto de vista solidario, también con ustedes, porque hay que
preocuparse de la cuenca del Ebro en su conjunto, hay que conocer
aguas arriba, aguas intermedias y aguas abajo.
La señora PRESIDENTA: El señor Morlán ha pedido la palabra y también
el señor Saura. Les ruego que intervengan brevemente porque ya vamos
con mucho retraso, por favor.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta, es que el señor Sedó lleva
la tarde de ayer y la mañana de hoy recordándonos, cada vez que
interviene, los 3.400 hectómetros cúbicos de Aragón. Yo le
recomendaría que se calmara y que no se pusiera tan nervioso. Yo creo
que no es bueno hacer tanta referencia a Aragón o a si los aragoneses
están en Barcelona o están en Madrid. Si de verdad están por el
consenso y por el acuerdo, lo que tienen que hacer es hablar con
cierta tranquilidad y con cierta pausa y entender que a cualquier
manifestación puede ir cualquiera y que cualquier tipo de declaración
la puede hacer cualquiera, siempre dentro del mínimo respeto. Creo
que no es bueno que la única forma de justificar el trasvase y de
justificar la posición de Convergència i Unió sea atacar a Aragón.
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, reconduzca la intervención,
porque se debe limitar a referirse a lo expuesto por el
compareciente, y no a un debate entre los diputados.
Tiene la palabra, por un minuto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Es que la intervención del señor Sedó me
retrotraía en el tiempo a no sé
dónde, porque parecía que, en definitiva, estaba negando el derecho
de manifestación o el derecho a la coincidencia entre las fuerzas
políticas y las fuerzas sociales, cosa absolutamente inconcebible.
(Rumores.) Por lo tanto, creo que el señor Sedó debería rectificar en
el sentido de que el que los partidos políticos y las organizaciones
sociales en algunos momentos coincidan unos u otros, de ninguna
manera se puede calificar de manipulación. Esto me recordaría viejos
tiempos que estoy seguro que el señor Sedó no quiere.
La señora PRESIDENTA: Se acabaron las intervenciones de los
diferentes grupos. Interviene el compareciente para responder.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, ha habido unas alusiones
muy concretas.
La señora PRESIDENTA: Señor Sedó, este trámite es para intervención
del compareciente y para intervenciones, en relación con la
exposición del compareciente, de los diferentes grupos. Cada uno ha
tenido una intervención que se ha permitido por esta Presidencia
debido a un problema surgido precisamente por su exposición. Señor
Sedó, esta Presidencia considera que debe cerrar ahora la
intervención del compareciente para seguir con la siguiente
comparecencia. Si S.S. quiere tener una determinada intervención,
después vamos a tener reunión de la ponencia. Ahora vamos a terminar
esta comparecencia para continuar con la siguiente.
Tiene la palabra el señor Tomás Caubet.
El señor PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL EBRO (Tomás
Caubet): Señor Sedó, detrás de mí, en la pancarta de cabecera de la
manifestación de Barcelona, iba un diputado de Convergència i Unió.
Invitamos directamente a Convergència i Unió y al presidente de la
Generalitat a presidir la manifestación. Sí, señor, tiene razón, lo
de Mequinenza no tenía que haberlo dicho; hay que ser solidarios y
hay que hablar de todo lo que hay que hablar en el sistema de la
cuenca. Lo estamos haciendo hace muchos años y lo seguiremos
haciendo. Hay que hablar de la gestión de la cuenca, hay que hablar
con la gente del Pirineo aragonés, hay que hablar con la gente de
Navarra, que es la tiene aquel famoso pantano, y hay que hablar con
la gente de la llanura zaragozana. Nuestros representantes tienen que
ponerse de acuerdo y hacer una nueva gestión, con el nombre que se le
dé, porque nos afecta a todos. En eso no hacemos una defensa
insolidaria; es que resulta que en el tramo final es donde se ve más
claramente el gran impacto de todo este Plan hidrológico nacional.
Aquí no me ha entendido bien o no me he sabido explicar. Yo no estoy
en contra de que se riegue más en Aragón, lo que digo es que habría
que hacer un plan nacional de regadíos para ver lo que se riega, cómo
y
dónde. Eso es lo que digo, no digo nada más. En cuanto al pacto del
agua, me pasa lo mismo que con su anteproyecto, que se me ha ido la
vista detrás de la cantidad de infraestructuras hidráulicas que hay
en el anexo. En el pacto del agua me pasa lo mismo, he visto una gran
cantidad de infraestructuras y algunas se tendrían que rediscutir. No
somos nosotros quienes las tenemos que rediscutir, tienen que ser los
representantes de Aragón y los representantes políticos y eso
nosotros no lo cuestionamos en ningún momento, no hacemos trabajo
fuera de las instituciones, pero entienda que de alguna manera tenía
que explicar la situación que se estaba produciendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, por su intervención y su
tiempo, señor Tomás Caubet.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE
REGANTES (DEL CAMPO GARCÍA). Número de expediente 219/000180.)
La señora PRESIDENTA: Tenemos como última comparecencia de la mañana
del miércoles, en relación con el proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional, a don Andrés del Campo García, presidente de la
Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Le damos la
bienvenida a esta Comisión y le agradecemos su presencia. Desde esta
Presidencia le pedimos que la intervención, si es posible, no supere
los diez minutos o el cuarto de hora, para que posteriormente
pregunten los diferentes grupos y después pueda contestar a dichas
cuestiones o reflexiones.
Tiene la palabra don Andrés del Campo García.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE
REGANTES (del Campo García): Señorías, como responsable de la
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, única
asociación que desde hace 50 años, aproximadamente, representa a
todos los usuarios que utilizan el agua tanto de procedencia
superficial como subterránea del país, quisiera agradecer a SS.SS.
esta oportunidad que me han concedido para manifestarles la opinión
del importante colectivo que represento, pues utilizamos el 80 por
ciento de los recursos de agua de nuestro árido país y somos los
verdaderos afectados por los retrasos en la planificación
hidrológica, que deseamos que ahora se culmine con la ley del Plan
hidrológico nacional. Como miembro del Consejo Nacional del Agua, y
sobre todo de su comisión permanente, he tenido la oportunidad de
conocer la totalidad de las alegaciones que se han presentado al
borrador del Plan hidrológico nacional y he colaborado desde dentro
en la evolución de esta futura ley, desde aquel primer borrador hasta
el anteproyecto que se está debatiendo en las Cortes, por cierto hoy
sustancialmente modificado. Esta Federación Nacional de Comunidades
de Regantes, que representa tanto a los regadíos peninsulares
como insulares, remitió en septiembre toda la documentación entregada
en el pleno del Consejo Nacional del Agua, por circular, a todas las
comunidades de regantes. Fijó un plazo para recibir alegaciones.
Posteriormente, con la documentación recibida, se elaboró un
documento conjunto de alegaciones y después se dio a conocer a las
comunidades de regantes para que se retocara y se aprobó en junta
general el 30 de noviembre. Quiero decir que las alegaciones del
colectivo que represento comprenden tres millones y medio de
hectáreas aproximadamente, consensuado por las comunidades de
regantes.
Pero además de las alegaciones que esta federación presentó como
institución directamente al Ministerio de Medio Ambiente, nos hemos
reunido todos los representantes legales de los usuarios de las
diferentes cuencas hidrográficas en el pleno del Consejo Nacional del
Agua para constituir un grupo de trabajo que, intentando aunar
criterios, ha sido capaz de presentar una propuesta conjunta de
alegaciones al Consejo Nacional del Agua. Como presidente de esta
federación nacional también tuve la oportunidad de convocar a este
grupo de trabajo para debatir el nuevo borrador del proyecto de ley
del Plan hidrológico nacional, una vez que había superado las
modificaciones de la comisión permanente, y se pudo llegar a un
acuerdo unánime de aprobación del Plan hidrológico nacional entre los
representantes de los usuarios de la totalidad de las cuencas
hidrográficas españolas. Son precisamente todos los representantes de
las diferentes cuencas -del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana,
Guadalquivir, Segura, Júcar, del norte, de Canarias, etcétera-
personas que probablemente -insisto en esto- dentro del Consejo
Nacional del Agua sean los únicos que han sido elegidos
democráticamente tras superar varias elecciones a las que han sido
sometidos en sus respectivas cuencas. Primero han sido elegidos en
una comunidad de regantes por votación; luego han pasado a las juntas
de explotación; seguidamente, por votación, han pasado a la asamblea
general de usuarios en las confederaciones; de ahí, y por otra
votación, han pasado al consejo de aguas de cada cuenca y donde se ha
votado a una sola persona, que representa a los usuarios de todos los
usos -riego, abastecimiento, etcétera-, que forma parte del Consejo
Nacional del Agua. La totalidad de esas personas -fíjense que
representación ostentan- han dicho que sí al Plan hidrológico
nacional modificado, llamémoslo así.
A los usuarios nos preocupa que siga dilatándose la aprobación del
plan hidrológico. Hay un argumento previo que desearía transmitirles
y que deberíamos tener siempre presente, y es que los fondos de
cohesión procedentes de la Unión Europea los tenemos disponibles,
posiblemente, hasta el 2006. A partir de esa fecha, y con la entrada
de los países del Este, será muy difícilconseguir ayudas de la Unión
Europea para infraestructuras,
sobre todo hidráulicas. Si dilatamos en el tiempo la aprobación de
este Plan hidrológico nacional, cada día que pase, estamos perdiendo
probabilidades de que se pueda financiar en el futuro.
Respecto al tan deseado por los usuarios Plan hidrológico nacional,
se trata de un documento bastante técnico y riguroso, aunque algo
confuso en sus hipótesis y, consecuentemente, en algunas de sus
conclusiones. Por ejemplo, los conceptos de déficit estructural y
coyuntural, basados en el Libro Blanco del agua, continúan siendo una
fuente de imprecisiones, que nos confunden e inducen a errores sobre
los déficit reales existentes en las cuencas y la necesidad de obras
de regulación. Este error de concepto se aprecia en muchas de las
alegaciones presentadas al Plan hidrológico nacional y propongo que
sea corregido en el texto definitivo.
En el primer borrador del plan hidrológico, cuando en la
documentación técnica que se adjunta se concluye que la solución más
viable es realizar un solo trasvase, después de haber estudiado otras
nueve posibilidades, la principal preocupación de esta federación
nacional como responsable de los regadíos -tanto de los del delta,
como de aguas arriba del delta, como del Segura, como del
Guadalquivir- fue centrarnos en la protección de la cuenca cedente,
para que no pudiera sentirse perjudicada en lo más mínimo. Nuestro
objetivo fue, por supuesto, garantizar el agua y el desarrollo en esa
cuenca cedente y, por supuesto, el delta, que son los problemas
realmente existentes aguas abajo, con lo cual de algún modo hubo un
compromiso en la comisión permanente, que luego nos ratificó el
presidente del Gobierno: que se estudiaría a fondo el problema del
delta.
Otro de los posibles inconvenientes que podrían tener las cuencas
potencialmente excedentarias podría ser el no tener seguridad de que
las obras previstas en su cuenca para mayor garantía de agua fueran
finalmente ejecutadas. Sin embargo, en el anteproyecto de ley se
contempla claramente como prioridad el garantizar las demandas de las
cuencas cedentes antes de realizar algún trasvase, y cito como
ejemplo el artículo 16, que dice: Los embalses y sistemas hidráulicos
de la cuenca del Ebro no se verán obligados a efectuar ningún
desembalse con destino a favorecer los trasvases desde el bajo Ebro.
Y sigue diciendo: La explotación de estos sistemas podrá llevarse a
cabo en la forma que se decida por sus órganos de gestión, sin que
deba considerarse servidumbre alguna debida a la transferencia. Es
decir, que se mantiene una independencia total y absoluta en la
gestión de las cuencas hidrográficas. La única excepción son los
embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix, cuya capacidad de
regulación estará en función de un mínimo que se calculará según las
necesidades del delta. Estos embalses están ya aguas abajo de Aragón
y en plena cuenca del Ebro; es decir, que no tienen más que
aprovechamiento hidroeléctrico.
Otro artículo, el 36, para asegurar las garantías del Ebro, dice:
Forma parte del mencionado anexo II la resolución del Pleno de las
Cortes de Aragón. Será un objetivo básico a alcanzar por las
administraciones hidráulicas competentes que la mayor parte de la
infraestructura incluida en la mencionada resolución se encuentre
terminada o en ejecución con anterioridad a la efectividad de las
transferencias autorizadas por la presente ley. Es decir, siempre
quedaba la duda para los regantes, para los usuarios de la cuenca
cedente, de si se van a hacer muchas promesas de obras de regulación
que necesitan, de modernización de regadíos y luego se hace el
trasvase y no se hacen estas obras y, por tanto, se ha condicionado
la existencia de estas obras de regulación antes de efectuar trasvase
alguno, con lo que quedan total y absolutamente garantizadas las
necesidades de la cuenca del Ebro, sin hipotecar para nada su futuro
desarrollo.
Considero conveniente aclarar que, para evitar las múltiples
confusiones existentes sobre la propiedad de las aguas fluyentes de
nuestro país, no hubiese estado de más que en este proyecto de ley se
hubiese recordado lo que dice el artículo 2 de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas, relativo a que las aguas se ubican en el dominio
público estatal; es decir, aclarar a la opinión pública que el agua
es de dominio público estatal, de todos los españoles. Hoy, los
protagonistas de todas las discusiones sobre el agua son los alcaldes
de los pueblos y los presidentes de las comunidades autónomas. Se
traslada a la opinión pública un concepto localista del agua cuando
es el Estado el que realmente tiene las competencias sobre este
recurso. Por consiguiente, la participación de otro sujeto o
entidades públicas o privadas en materia de agua se referirá a la
gestión de aquella, reservándose las superiores competencias en esta
materia el Estado, que es a quien le corresponde la planificación
hidrológica. No obstante, en la elaboración de los planes
hidrológicos han de intervenir las comunidades autónomas, así como
todas las entidades representativas de los afectados, en especial los
usuarios, comunidades de regantes, ayuntamientos, hidroeléctricas,
etcétera, de acuerdo además con el principio de participación en la
gestión del agua aceptado internacionalmente.
Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes se opina que
habría de concentrarse un mayor esfuerzo económico en la
modernización de las zonas regables. Contempla el plan hidrológico
una inversión superior a un billón de pesetas, posiblemente
insuficiente por la escasa rentabilidad económico-financiera de estas
reconversiones, que en muchos casos resultan ser inversiones de
mayores costos que si de nuevas obras se tratase, ya que las
servidumbres existentes condicionan los proyectos que han de
ejecutarse.
Antes de finalizar mi intervención, quisiera manifestar nuestra mejor
disposición para colaborar con las administraciones competentes para
que se apruebe
cuanto antes esta ley del Plan hidrológico nacional con el máximo
consenso posible, aunque ha de reconocerse que, con la politización
que se está haciendo del agua en nuestro país y con los egocéntricos
intereses de algunas comunidades autónomas, no será fácil llevarlo
a feliz término. Consideramos que este Plan hidrológico nacional supone
la culminación de la planificación hidrológica de nuestro país, que,
por la adversa climatología, necesita todavía una serie de obras
hidráulicas que nos pueden garantizar las demandas ya existentes en
casi todas las cuencas hidrográficas. Hoy todavía son deficitarias.
Además, ante la posibilidad, pendiente de demostrarse, de un cambio
climático, se agrava aún más la situación, pues, si la pluviometría
más probable posiblemente sea de carácter torrencial y más espaciada
en el tiempo, se deberá disponer de infraestructuras para retener el
agua y así evitar los daños humanos y materiales de las inundaciones
laminando las previsibles avenidas.
El Plan hidrológico nacional lo consideramos de mínimos para nuestras
cuencas hidrográficas. Nos hubiese gustado tener la certeza de que se
va a realizar algún otro trasvase, como por ejemplo el previsto para
su estudio desde el Guadiana hasta el Guadalquivir, así como una
mejor financiación, como dije antes, para modernizar nuestras zonas
regables. Desearíamos que hubiese una verdadera coordinación entre la
Administración central, las administraciones autonómicas y los
usuarios, de modo que se pueda acometer la modernización del regadío
como una auténtica reconversión de un sector productivo y se puedan
fijar unos criterios de calidad para cada área regada, así como
definir las limitaciones sociales, climáticas y geográficas de cada
zona regable. De este modo, se podrá aplicar el Plan hidrológico
nacional y la directiva marco comunitaria, recientemente aprobada en
el Parlamento Europeo, sin lesionar la viabilidad de los regadíos
españoles, que han de competir con otros países europeos que no
necesitan el agua para tener iguales e incluso superiores
producciones.
Antes de concluir, además de reiterar mi agradecimiento al Congreso
de los Diputados, quisiera dejar claro que desde luego el peor plan
hidrológico es la ausencia de plan, por lo que animo a SS.SS. para
que se pongan de acuerdo y, después de enriquecerlo, apoyen en el
Parlamento el Plan hidrológico nacional, del que ya hemos informado
favorablemente en el Consejo Nacional del Agua todos los
representantes legales y democráticamente elegidos de los usuarios,
que, repito, representan a los abastecimientos, riegos, usos
hidroeléctricos y de otra índole de la totalidad de las cuencas
españolas, incluidas las insulares. Y como en España somos muy dados
a utilizar la ley del péndulo y a veces cambiamos de criterio y nos
vamos de un extremo a otro, con relación a las afecciones humanas
sobre el medio natural quizás pudiésemos estar cambiando desde una
ignorancia total de las consecuencias
ambientales de nuestra actividad a un excesivo celo ambientalista.
Por este motivo, me gustaría recordar a todos los que están
interviniendo en el debate sobre el Plan hidrológico nacional
aquellas palabras que un obispo alemán pronunció hace apenas tres
años ante un grupo de ecologistas con motivo de una concentración que
hubo en Baviera. Utilizó una terminología de San Francisco de Asís y
dijo: Es muy loable que os preocupéis por la defensa del hermano
árbol, el hermano lobo o la madre naturaleza, pero, si exageráis
demasiado, podéis caer en el error de olvidaros del hermano hombre,
que es la principal especie a proteger.
Agradecería a SS.SS. que considerasen todo esto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Campo, por su
magnífica intervención.
Tiene la palabra la señora Pol Cabrer.
La señora POL CABRER: Agradezco la presencia hoy aquí del señor Del
Campo y aprovecho la ocasión para hacerle algunas preguntas.
La exposición que ha hecho ha sido muy clara, no ha sido técnica,
puesto que la hemos entendido todos los presentes, pero hay algunos
puntos que divergen con los de otros conferenciantes del día de ayer
y sobre todo con los del último compareciente -me parece que usted
estaba presente-, por lo que quisiera que me los aclarase. Todos
sabemos -hoy nos ha vuelto a decir que lo aprobaron por unanimidad-
que la totalidad de cuencas hidrográficas españolas están conformes
con el plan hidrológico. No obstante, quiero que me haga algunas
aclaraciones respecto a algunas intervenciones que tuvimos en el día
de ayer, que tienen posturas enfrentadas en cuanto a los regadíos.
Don Fernando Moraleda, que representa a UPA, nos dijo que la
agricultura debe estar vinculada al territorio, y quisiera que nos
aclarase este extremo; don Narcis Prat, que es vocal del Consejo
Nacional del Agua, manifestó claramente que no se debían hacer más
regadíos en Aragón, al igual que hemos oído esta mañana al último
conferenciante cuando a preguntas de nuestro diputado ha insistido en
que no se deben hacer más regadíos en Aragón. También el señor Prat
nos dijo que sobran regadíos en Levante y en la cuenca del Segura.
Por eso quisiera que nos diera la opinión que usted tiene sobre este
aspecto.
Otro punto de sus manifestaciones de hoy que quisiera que me aclarase
es cómo valora la inversión que se hace con el Plan hidrológico
nacional. Me ha parecido que decía que considera escasa la inversión
que hace el Gobierno de un billón 23.345 millones de pesetas para
modernización de infraestructuras. ¿Cree que serán más rentables,
productivos y competitivos los regadíos españoles con esta cantidad
que se aporta?
Usted ha manifestado también que es muy importante que el Plan
hidrológico nacional no se retrase, pues hay unos fondos europeos.
Supongo que usted tiene
conocimiento de que algunos dirigentes políticos, al igual que
ciertas organizaciones, han acudido a Bruselas a decir que no están
conformes con el Plan hidrológico que nuestro Partido ha elaborado.
¿Considera que con estas manifestaciones que hacen en Bruselas se
puede retrasar la puesta en marcha del Plan hidrológico nacional?
Supongo que sabe que el 30 por ciento de los regadíos se pierde en la
actualidad y quisiera saber si la solución de esta pérdida de agua va
a influir en la aprobación del Plan hidrológico nacional.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: También mi grupo agradece la presencia de don
Andrés del Campo y su exposición.
A diferencia del Grupo Parlamentario Popular, no me han quedado tan
claras algunas cosas y por eso quería incidir en algunos conceptos
que ha expuesto. No me ha quedado claro cuáles han sido los motivos
que le han llevado a aprobar el Plan hidrológico nacional en el
Consejo Nacional del Agua. Usted ha hablado de que es insuficiente la
partida correspondiente a la modernización de regadíos, de un plan de
mínimos, del cambio climático, etcétera. A lo mejor he estado un poco
perdido, pero no he escuchado nada sobre el plan nacional de
regadíos, que es fundamental para hacer una planificación hidrológica
en este país, y más cuando estamos hablando de modernización de
regadíos y de un billón de pesetas para el Plan hidrológico nacional.
Fue uno de los argumentos que se esgrimieron en 1993 cuando se
debatió en esta Cámara, y por eso llevamos siete años de retraso en
la aprobación del Plan hidrológico nacional (Rumores.)
El argumento fundamental en aquellos días fue que el plan nacional de
regadíos era esencial para hacer una planificación hidrológica en
este país. Este plan hidrológico adolece de lo mismo y el Partido
Popular ha cambiado la tortilla en el planteamiento que tuvo en su
día al presentar el actual plan hidrológico. Me gustaría saber si no
considera que es fundamental que se coteje el Plan hidrológico
nacional con el plan nacional de regadíos. Difícilmente se va a poder
cotejar porque estamos en el trámite parlamentario de aprobación del
Plan hidrológico nacional y no sabemos nada del plan nacional de
regadíos, sobre todo de aquello que es fundamental, el plan de
adecuación de los cultivos.
También me gustaría conocer cuál es su opinión sobre la revisión del
régimen concesional, si considera que se debería hacer una revisión
de dicho régimen. Desde su punto de vista y de su conocimiento,
¿cuáles han sido los motivos por los que el Gobierno no ha puesto
todavía en funcionamiento las medidas de ahorro de agua en
agricultura, tal y como recogía la modificación de la Ley de Aguas,
46/1999, de 3 de diciembre,
de modificación de la Ley de Aguas de 1985? En definitiva, si
conoce usted alguna experiencia donde se hayan puesto los famosos
contadores de agua para la regulación de los cultivos. ¿Cree usted
que hay alguna prioridad en el Plan hidrológico nacional con respecto
a la modernización de regadíos? Probablemente sabe, como miembro del
Consejo Nacional del Agua y en el trámite que ha tenido, si el
Gobierno se ha comprometido a que estas obras sean prioritarias para
su desarrollo. ¿Cree usted que se va a cumplir? Esto en el papel
queda muy bonito, pero luego la realidad puede ser otra. También
queremos saber cómo se van a financiar estas obras. Usted ha
mencionado -y yo se lo recalco, porque creo que es fundamental- que
con estas inversiones no se recogen todas las necesidades de
modernización de regadíos de este país. Yo podría poner el ejemplo de
mi provincia donde sólo se han recogido 20.000 hectáreas y han
quedado fuera otras 13.000 hectáreas de lo que llamamos de interés
nacional. Son áreas de riego fundamentales, como las que se han
incluido, no entran dentro del Plan hidrológico nacional y, por
tanto, va a ser difícil que se ejecuten las obras y el ahorro de agua
no se va a concretar en las medidas que tiene el Plan hidrológico
nacional a este respecto.
También me gustaría saber su opinión, ya que ha hablado antes del
concepto localista del agua y de las repercusiones que puede tener la
posible venta de agua entre particulares. ¿Qué opina usted sobre los
bancos públicos del agua, en los que haya un mayor control y
regulación pública de este recurso tan escaso y que usted ha dicho
claramente en su exposición que tiene que ser un bien público?
También nos gustaría conocer su opinión sobre si el plan del Gobierno
tiene algún estudio de aproximación del precio que va a tener sobre
la agricultura el coste del agua. Se está hablando de 52 pesetas/
metro cúbico, pero hay otras previsiones más realistas que suben el
precio en una horquilla entre 100 y 150 pesetas el metro cúbico.
¿Cuál puede ser su repercusión en la agricultura, sobre todo con la
política agraria comunitaria, y cómo va a afectar a los distintos
sectores agrícolas? Por sus conversaciones en el Consejo Nacional del
Agua y con el Gobierno, queríamos saber si conoce algún estudio o
medida compensatoria a la agricultura de carácter social, porque todo
el mundo no va a poder pagar ese precio y esto será fundamental para
la fijación de población. Aunque coincidimos plenamente con lo que
ayer manifestó el representante de UPA en el sentido de que hay que
fijar la población, la agricultura tiene que fijar la población en su
sitio, en su lugar.
Esta batería de preguntas son las que me gustaría que usted nos
contestara y le agradecemos de antemano su presencia.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta,quisiera hacer sólo una
pregunta, si me lo permite.
La señora PRESIDENTA: Brevemente, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señor Del Campo, muchas gracias por estar en
esta Comisión. Me gustaría que nos explicara cómo se compatibiliza el
apoyo al Plan hidrológico nacional con la fórmula de financiación que
existe en las sociedades de regadío y en las sociedades de agua, así
como la repercusión que tienen tanto las regulaciones como el
desarrollo de los planes de regadío, en función de estas sociedades,
en el coste del producto y en el bolsillo de los agricultores.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las preguntas tiene la palabra
el señor Del Campo.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE
REGANTES (Del Campo García): La primera pregunta es en relación a que
ayer el señor Prat opinó que sobraban los regadíos de Aragón y
también los de Levante; creo que fue algo así. Sobre esto tengo que
decir que normalmente las opiniones del señor Prat suelen ser
bastante subjetivas. Recuerdo que en el pleno del Consejo Nacional
del Agua ya dijo que sobraba el Plan hidrológico nacional, que lo que
había que hacer era quitar los regadíos hasta que sobrara agua.
Después le comenté: Ya está solucionado el problema de Barcelona:
cerremos las industrias hasta que sobre agua y no hará falta otra
cosa, con el criterio de muerto el perro se acabó la rabia. Por
tanto, no me sorprende que diga que sobran regadíos en Levante y en
todo el país. Es un técnico muy cualificado, me parece que es
catedrático de Biología, pero no conozco su experiencia en el tema
del agua y sobre todo en su gestión. Por supuesto que no comparto esa
opinión. (El señor vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.)
Respecto a si yo opino que es escaso el presupuesto destinado a la
modernización de regadíos, le daré nuestra opinión como colectivo.
Una de las conclusiones a que llegó la federación, en un congreso
nacional, fue la de priorizar la modernización de los regadíos frente
a las ampliaciones con carácter generalizado. En ese sentido, lo que
nos sigue preocupando es que no vemos clara todavía la financiación
de la modernización de regadíos. No es que la cantidad sea mucha o
poca sino que, como no haya una financiación que permita que la
modernización de regadíos resulte viable desde el punto de vista
económico para los agricultores, difícilmente se van a poder
modernizar sobre todo los regadíos de interior, que son los que más
lo necesitan. De algún modo estamos llamando la atención para que en
el Parlamento esto se cuestione y se considere que todavía, tal como
está planteada, la modernización se va a realizar pero sólo en parte.
Repito que el Plan hidrológico nacional no es el ideal para nosotros,
pero lo hemos apoyado porque consideramos que es evidente
que soluciona gran parte de los problemas. Por eso digo que es de
mínimos. Nos hubiese gustado un plan más ambicioso. Llamo la atención
e insisto sobre la modernización para que el Parlamento lo
reconsidere. No es una puerta que está cerrada.
Por supuesto que el Plan hidrológico nacional no debe retrasarse.
Esto lo he comentado porque, como he dicho, me preocupa la
posibilidad de tener fondos comunitarios. Sé que se han hecho unas
gestiones totalmente negativas en Bruselas, pero me he comprometido
con los regantes -y lo haré- a hacer gestiones a favor del plan
hidrológico en Bruselas porque estoy defendiendo a los usuarios, que
son a los que represento. Por nuestra parte vamos a hacer esas
gestiones, porque sería totalmente perjudicial para España que por
haber politizado el agua se paralice este plan que es la culminación
de la planificación hidrológica. Se pierde el 30 por ciento de los
regadíos, pero habría que distinguir entre lo que es realmente
pérdida en una zona regable o pérdida en parcela o en cuenca. El agua
se reutiliza y se utiliza en cascada y las pérdidas no son tan
importantes, pero sí nos preocupan y por esa razón desde la
federación nacional priorizamos la modernización de regadíos.
Otra pregunta se refiere a los motivos por los que hemos aprobado el
Plan hidrológico nacional, que creo que ya los he dado. He dicho que
es de mínimos, que nos hubiese gustado que fuera más ambicioso, pero
que es preferible a seguir discutiendo si son galgos o podencos y que
se nos escape la liebre. Nos queda muy poco tiempo. Hay posibilidad
de disponer de fondos todavía, hay posibilidad de conseguir esos
riegos, sociales y no sociales, como pasa en Aragón, riegos cuyo
principal objetivo no es la productividad de la agricultura sino el
asentamiento de la población en el medio rural, y la única base para
fijarla es la existencia de esos regadíos. De lo contrario se va a
producir un éxodo, como ya está pasando, y se va a quedar despoblado
el campo y una zona de regadío abandonada se convierte en el basurero
de la ciudad más cercana; de haber lechugas cambia a lavadoras y
bolsas de basura, eso lo sabemos por propia experiencia. Se trata del
asentamiento de la población con estos riegos sociales, también los
de Aragón. Además, supongo que no se podrán hacer todos en el futuro,
tendrán que superar una viabilidad económica, ambiental, etcétera. A
nivel nacional, como conclusión de la federación, hemos priorizado la
modernización frente a ampliaciones. Insisto en que por eso nuestras
alegaciones van en el sentido de potenciar la modernización y hacerla
viable, como no me cansaré de repetir porque todavía no veo que
estemos en el camino adecuado. Ya se ha abierto una puerta, que es el
Plan hidrológico, ahora falta empezar a andar, y en eso estamos.
Respecto a si se han puesto los contadores he de decirle que sí. Nos
habría gustado que se hubiese desarrolladola Ley 49, del mes de
diciembre, de reforma de
la Ley de Aguas; desgraciadamente, todavía no se ha desarrollado,
pero cuando se hace cualquier mínima modificación, cualquier
constitución de una posible comunidad de regantes o un cambio de
titularidad, se impone un contador de inmediato. La federación apoya
esta modificación de la Ley de Aguas para que se impusiesen los
contadores porque lo primero que tenemos que saber es el volumen de
agua que manejamos, aunque la mayor parte de las comunidades los
tienen ya. Pero es algo que hemos defendido y seguimos defendiendo.
En cuanto a si se cumplirá la priorización en el Plan hidrológico
nacional de la remuneración de regadíos, de momento lo que conocemos
es este anteproyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Nosotros
insistimos para que exista esa priorización. Pienso que en el debate
parlamentario se podrá especificar más. En nuestras alegaciones
puntualizamos hasta de qué forma se debería financiar esa
modernización. También se nos dijo en el Consejo Nacional del Agua
que no era competencia del plan la coordinación que pedimos entre las
comunidades autónomas y la Administración central para que pudiesen
financiarse esas modernizaciones. Ha habido comunidades autónomas que
han llegado a decir a los regantes que si contratan con la
Administración central no quieran saber nada de ellas. Eso es
lamentable, pero ha ocurrido en más de una ocasión. Queremos que se
coordinen las administraciones porque a quien se perjudica es a los
usuarios, y por eso queremos avanzar.
Respecto a cómo se van a financiar las obras hay mucho que hablar,
porque con la financiación actualmente existente tanto para un tipo
de sociedades como para otro sólo se podrán financiar algunas obras.
El grueso, las que de verdad necesitan modernizarse, no. Insisto en
que es tema para debatir en el Parlamento. Desde la federación
priorizamos la modernización; insisto, modernización.
Nos hubiese gustado que se contemplara el plan nacional de regadíos.
Conocemos los borradores que hay y hemos trabajado con ellos, pero de
momento no se ha aprobado; pero la no aprobación del plan nacional de
regadíos no es condición para decir no al Plan hidrológico nacional.
Nosotros queremos avanzar y, si avanzamos con el Plan hidrológico
nacional, pienso que en breve plazo tendremos el plan nacional de
regadíos porque, por lo que conocemos, se puede integrar sin ningún
problema en lo previsto en el Plan hidrológico nacional.
También me preguntaban por el concepto localista del agua y los
bancos públicos del agua. El concepto localista del agua me preocupa
porque hay quien piensa que el agua es de quien la tiene más cerca y
nada más lejos de la realidad; sobre todo se está desvirtuando la
realidad. En el caso concreto del Ebro, se está maltratando por todos
los medios a los agricultores porque han expresado lo que llevan
dentro: sólo piden
agua, agua limpia y no contaminada, ni por contaminantes químicos ni
bacteriológicos ni políticos. Los usuarios de una cuenca creen que
con estas medidas se soluciona el problema de déficit que tienen y se
han encontrado con una opinión generalizada en contra. Antes de la
manifestación de octubre estuve recorriendo Aragón y oí en la radio a
cada minuto: Aragonés, nos quitan el agua y nos impiden el
desarrollo; si estás de acuerdo, vete a la plaza del Pilar. Le dije
al consejero de Medio Ambiente en el Consejo Nacional del Agua: Si
eso lo oigo en Córdoba me vengo el primero a defender a Aragón, pero
eso no es cierto. Los regantes saben que eso no es cierto, pero la
opinión pública no lo sabe. Por eso defiendo a mis regantes, a mis
regantes de Tortosa, a mis regantes del Ebro y a mis regantes del
Segura, porque conozco los problemas que hay en todas las zonas. Si
nosotros, que somos los verdaderamente afectados, hemos sido capaces
de ponernos de acuerdo, es lamentable el debate que se está
ocasionando a nivel nacional por intereses que no son los de los
usuarios, sin duda; no sé qué intereses serán.
Me preguntaban también si tiene el Gobierno alguna aproximación sobre
el precio del agua. Yo no lo sé. Yo sólo sé que tenemos las ideas
claras y lo que pretendemos los agricultores es precisamente
conseguir un modelo de agricultura sostenible, basado en dos pilares
fundamentales: primero ha de ser competitiva y, segundo, ha de
afectar lo mínimo, o incluso mejorar si fuera posible, al medio
ambiente. Para que sea competitiva, el input que nos diferencia de
los agricultores de Europa que no necesitan el agua para regar es el
coste del agua, aparte del de los medios de producción. Por tanto, si
el coste del agua resulta a un precio que no es asumible, en esa zona
no podrán utilizarla. No sabemos cuál va a ser el coste final del
agua. Nos preocupa pero estamos expectantes. Por otra parte, respecto
a las afecciones medioambientales, también nos preocupa que si no
existen productos no contaminantes -llamémosles así- tenemos que
utilizar lo que hay en el mercado. Ningún agricultor quiere
contaminar, porque de la conservación de su explotación depende el
modus vivendi de sus descendientes. Perseguimos este modelo de
agricultura sostenible que ha de estar basado en una competitividad,
es decir, que un agricultor pueda vivir de su honorable actividad, y
una mínima o nula afección al medio ambiente. Y cuando la I+D se
desarrolle más y se pongan a disposición de los agricultores medios
para producir menos contaminantes los vamos a utilizar porque somos
los primeros interesados. Nadie tiene que venir a decírnoslo porque
de la conservación de nuestra explotación, como digo, depende el
modus vivendi de todos nuestros descendientes.
Por supuesto que debe haber medidas compensatorias para la
agricultura de carácter social, lo apoyamos totalmente. Considero que
la ampliación de regadíos o los posibles nuevos regadíos deberían ser
fundamentalmente de carácter social, bien por un problema meramente
social, bien -como decía antes- por asentamiento de la población en
el territorio para evitar la despoblación. Nos hemos opuesto
totalmente y hemos redactado con todo detalle el artículo
correspondiente en la ley -no recuerdo cuál es- para que no se amplíe
ni una sola hectárea de riego con las aguas travasadas. Es más,
siendo, como soy defensor a ultranza del trasvase Guadiana-
Guadalquivir, porque lo conozco y estoy en la junta de gobierno de
esa confederación, me opuse a alegaciones que había de ampliaciones
de regadío en Huelva y no sé dónde más. Dije que eso de ninguna
manera. Trasvase sí, pero sin ampliación de regadío, ni en ese ni en
ningún punto. En ese sentido yo creo que tenemos las ideas claras.
Se me pueden haber quedado preguntas sin contestar. No me importaría
que me las vuelvan a hacer porque las contestaría con gusto.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Tiene la
palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Se han quedado sin contestar dos aspectos.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Primero, me gustaría
saber, en cuanto al régimen concesional, si está usted de acuerdo en
que debe revisarse para adaptarse a la realidad actual del recurso y
de la agricultura y, segundo, no le he oído manifestarse si está a
favor o en contra de que exista el banco público del agua para mayor
control público del agua.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Del Campo.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE
REGANTES (Del Campo García): En relación con el régimen concesional
le podría dar mi opinión personal, pero como represento a un
colectivo no se la puedo dar, y en relación con el banco público del
agua le digo exactamente lo mismo. Si quiere lo hablamos después;
estaría encantado.
La señora PRESIDENTA: Señor Del Campo, en nombre de todos los grupos
de la Comisión le damos las gracias por su presencia, por su
intervención y por su tiempo.
Se suspende la sesión hasta esta tarde a las cuatro.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (RUBIO PEÑA). (Número de expediente 219/000181.)
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Continuamos con el
orden del día de hoy, miércoles 28, que son las comparecencias de
expertos con relación al proyecto de ley que regula el Plan
hidrológico nacional.
En primer lugar, comparece don José Antonio Rubio Peña, presidente de
la Comunidad general de usuarios del Canal Imperial de Aragón, a
quien damos nuestra bienvenida y expresamos el agradecimiento de
todos los miembros de esta Cámara por su presencia esta tarde entre
nosotros. Puede comenzar su intervención, que tendrá una duración
entre 10 y 15 minutos. Le preguntarán los representantes de los
diferentes grupos parlamentarios y, posteriormente, usted cerrará con
su respuesta a las diferentes cuestiones. Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Señora presidenta, señorías, para mí
es un gran honor el haber venido a comparecer ante esta Cámara. No
pensé nunca que estaría en una comparecencia como ésta; de verdad que
no lo soñé nunca, y estoy como chico con zapatos nuevos. Una cosa es
que me salga bien, que me aprieten los zapatos, y otra cosa que no.
En primer lugar, tendría que hablar de los planes en los que he
estado. Ya tengo muchos años y estuve en el plan hidrológico de 1993
y en el de 1996. No voy a hacer comparaciones, porque siempre son
odiosas; lo que sí es cierto es que uno se cayó y el otro sigue vivo.
Nosotros, los usuarios de España, sobre todo los regantes, y muchos
usuarios, como abastecimientos hidroeléctricos, hemos dicho sí en la
asamblea del Plan hidrológico nacional sencillamente porque, como me
decía un día un ingeniero de caminos, la obra más cara, el plan
hidrológico más caro es aquel que no se hace. Los regantes de todas
las cuencas que estábamos representadas en el Plan hidrológico
nacional en la asamblea votamos sí porque vimos una puerta abierta a
que se hiciese alguna regulación, a que se hiciese algún embalse y a
que llegase el momento de tener en muchas cuencas las cosechas
aseguradas.
Dicho esto, quiero decir que yo aquí voy a hablar de dos planes
hidrológicos que es el mismo, como los mandamientos de la ley de
Dios. El Plan hidrológico nacional es el compendio de todas las
cuencas, todas las cuencas piden lo que necesitan, no piden más,
piden para regadíos, piden para industrias y piden para
abastecimiento. En realidad este plan, en lugar de llamarse Plan
hidrológico nacional -lo he dicho en muchos foros y lo voy a decir
aquí también-, se podría llamar plan hidrológico del Ebro, porque el
meollo de la cuestión es el Ebro.
Esta mañana nos han quitado (aquí hay algún aragonés) la palabra de
insolidarios; ya no somos insolidarios los de Aragón, son algunos del
delta, que quieren
el Ebro para ellos solos. Ya no somos los aragoneses, cosa que a mí
me ha llenado hasta de orgullo. Se puede decir que ya nos han quitado
una medalla mala, ya hemos avanzado un poquito en esta Comisión.
El Ebro, según los expertos, los técnicos (yo no soy técnico en los
metros cúbicos ni en los hectómetros cúbicos que bajan por él al cabo
del año) tienen una confusión, a mi juicio, porque unos se pasan y
otros no llegan. Unos dicen la verdad, otros dicen la mentira. Unos
expertos dicen que en el Ebro no tenemos 1.500 hectómetros para
trasvasar, porque nos faltan muchos hectómetros. Otros, en cambio,
dicen que después de trasvasar nos sobran 5.000 y pico hectómetros.
Lo que sí es cierto es que el Ebro lleva de media 12 ó 14.000
hectómetros de agua al cabo del año; que hay años que lleva 30.000
hectómetros; que hay años como el año 1988-1989 que llevó 7.500; que
hay años como 1990- 1991 que llevó 7.500 y no se podían hacer
trasvases. Y ahí está la primera pica en Flandes que puso el Ebro en
la normativa. El artículo 12 dice que no se trasvasará agua nada más
que para las hectáreas que estén en precario y que se hayan dado de
alta en confederaciones, en comisarías, antes de que se apruebe la
ley. Esto me parece muy bien porque se dice que si en Murcia o
Valencia se están haciendo nuevos regadíos... Creo que esto es muy
fácil controlarlo por cuatro organismos diferentes: el Seprona, la
Confederación, la Autonomía y la Comisaría de Aguas. Señores míos, si
de verdad se tienen que poner cuatro organismos de acuerdo para hacer
nuevos regadíos, apaga y vámonos. Esto no puede ser. El Ebro no va a
permitir regadíos nuevos. A los regadíos en precario, como somos
solidarios, podremos darles agua. A los abastecimientos, como es
lógico y natural, tendremos que darles también, no vamos a beber unos
mucha agua y los otros nada.
He oído también que esta mañana preguntaban si el Ebro está regulado.
El Ebro tiene de regulación el 42 por ciento, contra el 89 por ciento
que tiene el Júcar, el 122 que tiene el Segura y 92 el Tajo. Luego
tenemos un río en el que podemos tener mucha agua, pero de
regulación, absolutamente ninguna. Porque, además, dentro de la
regulación que tenemos, 1.500 hectómetros de Mequinenza, 500 de
Ribarroja y 100 de Flix, no sirven para el regadío. Podrá servir para
el medio ambiente del delta, podrá servir para lo que se hicieron
esos embalses, para producir energía, pero para regadío no, porque
con 2.000 y pico hectómetros podrán regar unas 30 ó 40.000 hectáreas
escasas.
Hay otra cosa que me canso de decirlo en mi confederación, y es la
idea que tiene la sociedad de que los embalses del Ebro están al 80
por ciento. Sí, pero ¿cuáles? ¿Mequinenza, Ribarroja y Flix, donde
llega el río completo, o los de arriba? Por segunda vez desde que se
hizo el embalse de Reinosa, se va a llenar este año; después de 60
años. Y se va a llenar porque el año pasado ahorramos 250 hectómetros
en el embalse, si no le
faltarían todavía 200 hectómetros. Este es el problema del río Ebro.
En cuanto a la agricultura, la agricultura del valle es continental,
como la de la parte interior de España. Cuando oigo hablar de que la
agricultura continental no va a poder funcionar y no va a poder ser,
me sonrío un poco, pienso y digo: ¿la vida no puede cambiar? ¿Hace 20
años nos hubiesen hablado de la agricultura lo mismo que hoy? ¿Por
qué dentro de 5 ó 6 años no vamos a poder cambiar la agricultura y la
continental puede ser mejor que la mediterránea? Hasta el momento la
mediterránea es una agricultura sostenible y económica, pero el día
en que de verdad se firme el pacto del Mediterráneo, ¿será tan
competitiva la agricultura con la de Marruecos, con la de Libia, con
la de Túnez, con la de Egipto? Solamente con la diferencia de costos
a lo mejor habrá muchos cultivos que no se podrán hacer, como puede ser
el tomate o la recogida de la naranja. Como hay algún valenciano sabe
que la naranja de Marruecos les hace mella en los mercados
internacionales; no es mejor ni peor, lo único es que vendiendo a un
costo ganan dinero y nosotros no ganamos.
Yo voté sí al Plan hidrológico nacional sencillamente porque vi que
tenía a las puertas unos embalses que durante muchísimos años los
hemos tenido delante de las narices pero no hemos podido meterlos. Si
quieren les cuento la historia de los tres embalses más importantes
que están adjudicados. Por ejemplo el de Yesa se empieza a hacer el
estudio en el año 1980. En 1984 nos dan una alternativa y, como digo
yo en los toros, hay novilleros que son muy buenos, pero cuando toman
la alternativa son muy malos toreros. La alternativa no fue. La
alternativa era Embún, un embalse que es hidroeléctrico, más que para
regadío, pero que no salió. Y ahí estamos. En 1990 volvemos a la
misma marcha, a salir. Y ahora estamos en el 2001, está adjudicado y
supongo que saldrá. Esta es la historia de Yesa.
Ahora se van a enterar de alguna cosa que no se van a creer, aunque
es fácil creerla. Con Yesa no hay agua más que para Bardenas. Los que
teníamos agua de Yesa antes de hacerse el Yesa, por el Aragón, como
es la parte baja del río Aragón y el Canal Imperial, no tenemos agua
porque no hay suficiente casi ni para los de Yesa. El Ebro, que nos
parece que tiene tanta agua, a partir del mes de junio, desde la
presa de Pignatelli y el Canal Imperial, se queda seco, pero tan seco
que podemos pasar cualquiera de nosotros por el río sin mojarnos los
pies. Es increíble, verdad, pero cierto. Los 24 metros que teníamos
antes de medio ambiente y los 30 que le damos ahora para que pasen
por Zaragoza, 6 se los damos de los embalses, que gracias a eso puede
haber caudal ecológico y canal medioambiental, el resto es de
vertidos y de escorrentías. Ese es el agua que pasa por el Pilar, por
Zaragoza durante siete u ocho meses. El Ebro tiene mucha agua, pero
la vemos pasar, y la vemos pasar de mala manera. Creo que ha llegado
el momento de que nosotros, los del valle medio del
Ebro, los de Aragón exactamente, saquemos la bandera. Yo no creo en
las deudas históricas. Las deudas hay que saldarlas y ¿cómo se
saldan? Con las obras. Por eso, aunque la Federación de Regantes del
Ebro hicimos unas importantes alegaciones al plan hidrológico y a la
normativa, votamos sí. Votamos sí porque en uno de los artículo -no
sé si en el 32- se dice: de los embalses que se construyan a partir
de ahora no se sacará un metro cúbico para los trasvases. Yo estuve
en la permanente durante 16 sesiones, porque estas cosas del Ebro las
quería llevar muy atadas y no de palabra. Aragón ha tenido muchas
palabras desde el año 1980, pero jamás hemos tenido una eficiencia.
Ningún Gobierno, ni de un color ni de otro, nos ha beneficiado,
siempre nos han dado largas y estamos en el año 2000 como en los años
1955 ó 1960, con los mismos embalses, salvo Santa Olea. Los demás son
los mismos que teníamos.
En Zaragoza bebemos un agua mala, porque hay un binomio, la calidad
va con cantidad, si no hay cantidad de agua malamente podemos tener
calidad, y el Ebro, a partir del mes de junio, no tiene cantidad y,
por tanto, la calidad es muy mala entre unas contaminaciones y otras,
las industrias, la agricultura, la contaminación difusa. Puede que
seamos nosotros importantes contaminantes, pero quizá no tengamos
mucha culpa, porque si nosotros tuviésemos fertilizantes o
fitoparasitarios que no contaminasen sin dudarlo un momento los
estaríamos utilizando. Serán las industrias las que tendrán que
decirnos a nosotros cómo se resuelve el problema.
Aragón es una comunidad (no sé por qué circunstancias ni las quiero
pensar) que, dentro del agua, es la más desgraciada, porque si
empezamos a mirar todos los vecinos que tenemos alrededor vemos que
Cataluña, con el Rialb, tiene solucionada la papeleta de Urgel y de
las Segarras-Garrigues; Navarra, con Itoiz, tiene solucionados los
problemas hasta el canal de Navarra; La Rioja, con Enciso, lo tiene
solucionado; y resulta que nosotros, que estamos en medio, vemos
pasar el agua y no la usamos, la vemos pasar.
Sobre el problema de los embalses hay parte de la sociedad que está
equivocada. En primer lugar, piensan que los embalses los paga la
sociedad, y los embalses los pagan los usuarios, los han pagado
siempre, por la ley de 1911, por la ley de 1915, por la ley de 1985,
o por la nueva ley que se aprobó en 1999: los pagan los usuarios, sin
dudarlo un momento. En segundo lugar, se creen que los embalses son
sólo para el regadío, y yo tengo una clasificación que no la voy a
buscar porque no me gustan los apuntes, pero el más beneficiado de
todos es el Estado y, por tanto, la sociedad. ¿Es extraño? Pues no lo
es. Hemos tenido hace muy pocos días riadas en el Pisuerga, en el
Duero y en el Ebro. ¿Cuánto dinero le cuestan al Estado esas avenidas
que, si estuviesen regulados no las habría? Yo calculo que el Ebro
hace gastar todos los años de 5 a 6.000 millones
de pesetas en avenidas. Se pueden hacer muchos embalses, se pueden
hacer muchas cosas y no estar pendientes, que menos mal que tienen el
SAIH, porque si no al potavoz de la plataforma que ha venido esta
mañana a lo mejor hace muy pocos días se le hubiese llenado Amposta o
Tortosa de agua, porque se quedó a cinco centímetros. Esas cosas hay
que decirlas y comentarlas.
Otro de los problemas que hay es el calentamiento de la tierra, el
cambio de temperatura. Yo, que vuelvo a decir que tengo mucho años,
estas avenidas y estas lluvias de tres y cuatro meses no las había
conocido nunca. Es posible que cambie, pero en la permanente hubo un
señor que me dijo que, como iba a subir la temperatura e iba a haber
más transpiración, no nos harían falta más embalses, porque
tendríamos la mitad del regadío. Es un ecologista que se puede hablar
con él, él tiene su opinión y yo la mía, sin dudarlo un momento, pero
nos respetamos. Y yo le dije: ¿Por qué no me cambia la oración por
pasiva? Si va a llover menos, hagamos más sitios donde poder recoger
el agua, y así, cuando no llueva, tendremos agua, en los que tenemos
ahora y en los nuevos, y podremos vivir tranquilamente, porque
nuestros ríos son torrenciales; el Ebro pasa de llevar un caudal de
2.000-2.500 metros cúbicos por Zaragoza a llevar a lo mejor en verano
los 24 o los 30, que pasan por el puente del Pilar sin más. Ese es el
problema del río.
Con este plan hidrológico, si nos hacen las obras de regulación, creo
que estaremos contentos los regantes, los industriales y los
abastecimientos, porque el agua no es solamente para regar, que es
otra de las equivocaciones que tiene la gente. Sí gastamos el 80 por
ciento, pero tampoco nos descuentan las transpiraciones y las
filtraciones que tenemos aguas abajo, a lo mejor gastamos menos del
80.
Me queda la última parte del río. Voy a leer lo que le pedí a la
comunidad de Amposta que me preparara para hoy. Pone cuatro puntos:
La salinidad. La propia Administración reconoce la intromisión de la
cuña salina en el río como bastante normal hasta la isla de Gracia y
frecuentemente hasta la isla de Sapiña, llegando en ocasiones hasta
la población de Amposta, 15, 20 y 30 kilómetros respectivamente de la
desembocadura del mar, y por experiencia sabemos de su existencia en
el subsuelo en más o menos intensidad. En la mayoría del delta para
combatirla o al menos mantenerla se necesita un caudal circulante por
el río suficiente y una dotación de riego idónea para mantener las
tierras con sus cultivos tradicionales.
La regresión, otro punto. La pérdida del territorio a lo largo de los
años ha sido y es evidente; ha desaparecido el antiguo faro de Buda,
que estaba en la década de 1950; en la década de 1960 se construyó
otro varios kilómetros tierra adentro, que en la década de 1970
también desapareció dentro del mar, en la playa del
Trabucador. La anchura del istmo sigue decreciendo año tras año.
Problemas medioambientales, es el tercer punto que me pone la
comunidad. Mejora de las bahías. Es imprescindible la entrada del
agua suficiente desde nuestra red de riego y de desagüe si se
pretenden conservar, y si es posible mejorar, su flora y su fauna.
Protección y mejora de la ribera del río. La práctica carencia de
sólidos aportados por el río han hecho desaparecer en muy pocos años
las playas existentes, la mayoría de los bosques de ribera, y por
ello se ha producido una erosión muy considerable en toda la ribera,
por lo que es imprescindible su consolidación y deforestación.
Yo cuando dije que sí en el pleno del Plan hidrológico nacional hice
un voto particular, y les voy a decir las tres conclusiones que yo
presenté. El primer punto de mi voto particular era que había que
mirar la modernización del regadío del valle. A mí, y lo he dicho
siempre, el duro del canon ambiental me parece casi irrisorio; un
duro hoy no es nada. Cuando yo he manifestado esto en la permanente
me han dicho que con un duro se empezó en el minitrasvase de
Tarragona; pero con un duro del año 1981, no del año 2000; no valía
lo mismo un duro para comprar y adquirir cosas en el año 1981 que en
el 2000. Nosotros pensamos que para que se genere agua, para que se
haga la modernización de regadíos, parte de esas quince pesetas
podría ir a los organismos de cuenca para que se modernicen los
regadíos. El segundo punto era el delta. Yo Pido que se le hagan
todas las obras porque tienen razón, de que se está salinizando y
tienen unos problemas tremendos, tanto en los canales como en las
tierras, y si no se hacen las obras que piden no podremos funcionar.
En tercer lugar, no somos tan insolidarios, porque nosotros en el
Ebro tenemos nueve trasvases. Desde el Besaya en cabeza de 1961,
hasta el minitrasvase de 1981. Damos agua en cabeza y en cola. No
somos insolidarios, pero como me decían los reverendos, la caridad
tiene que empezar siempre por uno mismo. Una vez que tengamos
resuelta la regulación del riego en la agricultura para el presente y
para el futuro, si hay que dar agua se dé.
Yo lamento el problema del agua, lo dije el otro día en el Club para
la democracia y voy a acabar mi disertación con la misma frase: yo
lamento que el agua haya perdido una condición física; el agua es
insípida, inhodora, pero que ya no es incolora. Estamos defendiendo
el agua con colores, y eso es muy malo para los regantes, para los
usuarios, para los abastecimientos y, para las industrias. Hoy
estamos aquí y mañana podemos estar en el otro lado. Espero que con
mi disertación haya llegado a convencer a muchas personas que creían
que yo el plan hidrológico lo votaba porque sí. El plan hidrológico
lo voto porque creo que da solución a mis regantes y no a mí,
personalmente, porque mi canal ya
no tiene problemas de agua. Son los regantes vecinos los que van a
tenerlos Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ortíz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Mis primeras palabras tienen que ser de
bienvenida al señor Rubio y de agradecimiento porque ha hecho una
exposición clara, ha hecho la crítica que tenía que hacer al proyecto
de ley del plan hidrológico y ha aportado sus ideas y sus
conclusiones para que, en el Consejo Nacional del Agua, la comunidad
a la que representa votara a favor de este plan hidrológico. Le
agradezco de verdad sus palabras y le animo a que siga colaborando
con el Grupo Parlamentario Popular en la tramitación. Como saben SS.
SS., estamos iniciando el trámite parlamentario y, hasta que no se
convierta en ley, tenemos la posibilidad de llegar a múltiples
acuerdos. La voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular
sigue abierta para negociar con todos los estamentos y grupos
políticos para alcanzar el máximo consenso posible.
Ha dicho cosas interesantes que no estaría mal repetir. El Plan
hidrológico nacional establece que no se pueden construir más zonas
de regadío en aquellas cuencas que sean receptoras de trasvases.
Estoy hablando de la Comunidad Autónoma Valenciana, de Murcia y de
Almería. En todo caso, ya lo prevé la ley: las aguas procedentes del
trasvase no se podrán destinar a nuevos regadíos. Pero me queda la
duda. Yo creo que esto no afecta para nada a los regadíos que se
prevén en Aragón. Quisiera saber si el señor Rubio está de acuerdo en
que se destinen los metros cúbicos que permite el plan hidrológico a
nuevos regadíos en Aragón. Por desgracia ayer y esta mañana hemos
oído que hay personas que están totalmente en contra de que los
agricultores de Aragón tengan la posibilidad de ampliar sus zonas de
regadío procedentes de la regulación del trasvase del río Ebro.
El señor Rubio sabe que el pacto del agua obliga a la construcción de
obras hidráulicas para regular riegos en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y tenía la duda de si se iba a cumplir. El propio ministro y
el Gobierno han manifestado públicamente que antes de que se inicie
cualquier acción referente al Plan hidrológico nacional se tendrá que
cumplir lo establecido en el pacto del agua. Me gustaría saber si
usted considera que habría que añadir o quitar alguna de las obras
que se contemplan en el documento al que he hecho referencia.
Por último, en el anexo de inversiones figura un billón de pesetas
para la modernización de regadíos. Quisiera que en su segunda
intervención hiciera una valoración sobre estas inversiones.
Entendemos que podría ser una fuente de ahorro de agua porque es
necesario en estos momentos y no sólo para poder competir con los
demás países. Ha hecho usted una referencia al
problema que tenemos en la Comunidad Valenciana sobre las naranjas.
Efectivamente. Es un problema de competencia con el resto de los
países, en especial Marruecos. Para evitar que ocurra en las demás
comunidades autónomas, es necesario empezar a modernizar, no sólo los
regadíos, sino también nuevos cultivos. Por eso, en el plan
hidrológico y en todos los escritos así lo hemos establecido.
Para terminar, señor Rubio, quiero reiterar mi agradecimiento. Me
gustaría que, si pudiera, nos contestara en la réplica a estas
preguntas, si no, tiene la posibilidad de hacerlo por el conducto
reglamentario que se conoce en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
señor Rubio a esta Comisión y felicitarle por su intervención y por
la pasión que ha demostrado a lo largo de su exposición en relación
con el Ebro y el futuro de Aragón. Quería hacerle una pequeña
pregunta y una previa. Me van a disculpar tanto el compareciente como
el resto de los miembros de la Comisión, porque he llegado diez
minutos tarde y por la última intervención del diputado del Grupo
Parlamentario Popular creo que se referirá a lo mismo.
La pregunta previa que quería hacer al señor compareciente es que
usted ha comentado que Cataluña y otras comunidades autónomas vecinas
de Aragón han visto a lo largo del tiempo cómo han ido asegurándose
el abastecimiento presente y futuro de agua para diferentes usos, y
que veía cómo Aragón podía quedar aislada a la larga y sin esa
garantía de futuro. Nosotros estamos de acuerdo no tanto con que se
avanza en otras comunidades en las regulaciones del río y en futuros
abastecimiento sino en relación a esa misma garantía de
abastecimiento. Nosotros creemos que hay datos suficientes que han
quedado más o menos acreditados y expuestos en esta Comisión por
anteriores comparecientes en el sentido de que -y numéricamente se
está demostrando- hay una progresiva disminución del caudal del Ebro
año tras año. Como mínimo en el último decenio ha quedado comprobado
que difícilmente se llega a ese caudal ecológico necesario. El
interrogante es que no estamos tan seguros de que en el futuro otras
comunidades autónomas colindantes de Aragón tengan garantizado ese
abastecimiento.
La pregunta que quería formular está relacionada con lo que
manifestaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Usted
comentaba que en Aragón desde la década de los 60 no ha habido nuevas
regulaciones del tramo del río Ebro a su paso por su comunidad, con
una sola excepción. Usted repetía que Aragón se ha visto marginada
por diferentes gobiernos, tanto por los del Partido Socialista como
por el actual del
Partido Popular, y que el proyecto del Plan hidrológico nacional,
según el texto actual, incorpora ese pacto del agua al que antes me
refería, el Pacto del agua de Aragón de 1992. En ese sentido, aunque
sea reiterativo -y le pido disculpas por ello-, quisiera conocer
exactamente el estado de ánimo y la percepción que tienen usted y lo
que usted representa en cuanto al futuro cumplimiento del pacto del
agua. En todo caso, le pregunto qué ritmos apreciaría usted como
mínimos y saludables a la hora de comprobar que el contenido del plan
se va transformando en realidad para garantizar el futuro de su
comunidad.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Rubio, por su presencia
en esta Comisión de Medio Ambiente.
De acuerdo con lo que ha dicho usted en esta Comisión, me resulta
difícil creer que pueda apoyar el Plan hidrológico nacional, se lo
digo sinceramente y con todo el respeto del mundo. Ha puesto usted
tantos inconvenientes y tantas dudas sobre la mesa, que el sí final
está más motivado por otro tipo de razones que por las derivadas del
contenido del texto. Se lo explicaré.
Ha hecho usted referencia a las alegaciones que ha formulado al Plan
hidrológico nacional. En estas alegaciones, que se han incorporado a
nuestra documentación, se habla en un caso concreto de la aplicación
de la cesión de usos de derecho del agua de modo que tengan un ámbito
superior a los planes de cuenca con el fin de facilitar el
intercambio de esos derechos entre diversas cuencas. Esto no se
contempla. No digo que a mí me guste que se contemple, que no me
gusta; no me gusta la fórmula del centro que se plantea en la Ley de
Aguas ni tampoco me gusta esta actitud. Ahora bien, de usted, que
defiende en nombre de todos los usuarios de la cuenca del Ebro esta
postura, me gustaría saber si la mantiene y en qué medida condiciona
ésta su apoyo o no a este documento.
En segundo lugar, habla usted de las 15 pesetas metro cúbico para
mejora y modernización de regadíos. Estoy de acuerdo en que hace
falta una gran modernización de regadíos en Aragón; según los datos
que aparecen en los medios de comunicación, existe una forma de regar
que prima el riego a manta sobre los riegos a goteo o por aspersión,
con lo que se desperdicia agua cuando hay que ahorrarla, y para eso
es bueno que se modernice. Pero, si vamos al documento anexo y vemos
la cifra que usted plantea, nos damos cuenta de hay una contradicción
entre el billón de pesetas que ha dicho el portavoz del Grupo Popular
que costará la modernización de regadíos y las previsiones de su
alegación. Creo que estas previsiones no son correctas para
modernizar los regadíos en Aragón.
Pide usted en las alegaciones que se destinen recursos económicos al
plan integral de protección del delta del Ebro, y me gustaría saber
en qué medida se han cumplido sus previsiones en el plan. Yo estoy de
acuerdo en que se haga, pero no sé a qué plan integral se refiere;
esta mañana, cuando hemos intentado averiguarlo, nos hemos encontrado
con la sombra de que nadie sabe en qué consiste ese plan. No sé si
han hecho ustedes esa valoración porque lo conocen; si es así, me
gustaría saber cuáles son las pautas del mismo.
Pide usted que se adopten las oportunas medidas de compensación a los
concesionarios actuales del sistema de regulación vigente en Riba-
roja; hidroeléctricos, turísticos y recreativos en el entorno, y
abastecimientos y regadíos del contorno actuales y futuros del
contorno, incluyendo la reserva establecida para 20.000 hectáreas del
PEBEA (plan estratégico del bajo Ebro aragonés). Ojalá sea así; pero
el plan nacional de regadíos que actualmente está en discusión,
contempla 47.000 hectáreas de ampliación de regadíos para Aragón,
según tengo entendido, y esta cifra está muy lejos de los miles de
hectáreas de que hablan ustedes de regadíos nuevos en Aragón. Creo
que no van por ahí los tiros del Gobierno en este momento, sino que
se plantean solamente 47.000 hectáreas. Me gustaría que usted, a la
vista de estas valoraciones, hiciera la suya correspondiente en
cuanto al apoyo del plan.
Hay otra cuestión que me gustaría que me aclarara. En la financiación
de los regantes a través de las sociedades de riego que se han
constituido y de las sociedades estatales, se establece una fórmula
que modifica sustancialmente el pacto del agua de Aragón, en el que
había unas aportaciones económicas del Estado y otras de los
usuarios. Tanto en la Sociedad de Aguas, que llevará a cabo alguno de
los embalses importantes del pacto del agua, como en las de regadíos,
se carga toda la financiación en los bolsillos de los usuarios,
regantes y no regantes. Se produce un cambio fundamental en la
financiación, que afecta a los regantes; me gustaría que nos
explicara si tengo razón y, si no la tengo, en qué medida estoy
equivocado, y cómo evalúan ustedes la fórmula de financiación que
existe actualmente.
Ha planteado usted que en el PHN se consolidan las hectáreas en
precario que existen en este momento en las cuencas receptoras, que
lo que hay que hacer es regarlas. Eso va a suponer que se consoliden
todas las hectáreas que hay actualmente en regadío, con título
concesional o sin él. Usted que conoce muy bien el funcionamiento del
agua en el conjunto del Estado, que sabe perfectamente que un
trasvase como el Tajo-Segura generó cierto incremento del volumen de
hectáreas en regadío, ¿puede decirme si se puede asegurar que estas
hectáreas en precario que ahora se consolidan van a ser modificadas
en el futuro por la expectativa que genera el trasvase? Es una duda
que tenemos que nos gustaría que nos aclarara.
Estoy de acuerdo con usted en que no puede ser que haya varios
organismos encargados de la vigilancia del condominio público
hidráulico y de las sanciones a que haya lugar. Es cierto que el
Seprona, que está actuando de una manera ciertamente encomiable, ha
levantado demasiadas actas de infracción por la aparición de pozos
ilegales, y me gustaría saber en qué medida corroboran estas
denuncias lo que dice usted de que hay hectáreas en precario,
ilegales, que se consolidan con el Plan hidrológico nacional.
No habla usted del precio del agua. ¿Piensa usted que los regantes
van a soportar el precio del agua trasvasada, el que van a tener que
pagar teniendo en cuenta el trasvase y todas las aportaciones que
tienen que hacer para la modernización de los regadíos, en las
condiciones que se establecen en el Plan hidrológico nacional?
Usted es de la cuenca del Ebro, como yo. Me gustaría que el pacto del
agua se desarrollara, pero no hace falta el Plan hidrológico nacional
para que se desarrolle. El pacto del agua ha sido declarado de
interés general y sus obras las tiene que acometer el Estado. Quiero
que se hagan las regulaciones necesarias para que en Aragón haya
agua, se lo digo en serio; ahora, ¿piensa usted que con este Plan
hidrológico nacional el pacto del agua adquiere mayor vigencia? ¿Hay
mayor garantía de que se cumpla cuando las fórmulas de financiación
actuales plantean dificultades? Y no porque no se quiera hacer, sino
porque a lo mejor no se puede hacer por razones económicas.
Por último, la margen derecha del Ebro es un sistema de explotación
deficitario. ¿En qué medida le afecta este Plan hidrológico nacional
para que se normalice y desaparezca el déficit?
La señora PRESIDENTA: Para responder a todas las cuestiones, tiene la
palabra don José Antonio Rubio Peña.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Dada la cantidad de preguntas que me
han hecho, y como no las he apuntado, me olvidaré alguna. Intentaré
contestar a todas y, si no, me las vuelven a hacer y yo las contesto.
El representante del Grupo Popular me pregunta: ¿es posible aumentar
los regadíos en Aragón? ¿Por qué no? ¿Qué explicación me van a dar
para no aumentar los regadíos en Aragón? Lo que está perdido en
Aragón es el secano, el secano se muere; cada día se muere más y, de
aquí a cinco o seis años, con la PAC, se acabó. El regadío, a lo
mejor no vale para hacer productos contingentados, pero les puedo
decir a ustedes que Albengoa, que tiene una planta de biomasa en
Cádiz, está intentando montar otra en Zaragoza con otra comunidad,
quizás la mía. A lo mejor, una planta como el cardo, que nos pincha y
nos molesta cuando vamos al
campo, es uno de los productos más importantes para sacar energía.
¿Por qué vamos a cerrar a la gente esa salida? ¿Dónde va a ir nuestra
gente? Muchas veces, cuando oigo decir que en el Pirineo se van a
estropear muchos valles, pregunto -y nadie me ha contestado-:
¿Cuántos pueblos abandonados hay en el Pirineo aragonés? Seamos
constructivos, cedamos unos y otros. Yo creo que se pueden hacer
regadíos en Aragón. Vuelvo a decir lo de antes, si ustedes son
agricultores o han tenido familiares que lo han sido -todos tenemos
raíces en la agricultura-, sabrán que en agricultura las desgracias
de los unos les vienen bien a los otros. Es posible que ahora, con el
problema de las vacas locas, tengamos que sustituir con alfalfa las
proteínas que se daban con harinas de carne, y la mejor alfalfa que
crece en España se da en el valle del Ebro, con el 40 ó el 50 por
ciento más de carotenos que la mejor. Entonces, ¿por qué no vamos a
hacer regadíos nuevos? Eso no está contingentado, está contingentada
la extensión. Abramos la mano y que en lugar de 50 hectáreas, por
ejemplo, sean 100. Así se puede funcionar y se puede vivir. Lo que no
se puede decir es no porque no, porque no hay solución y el regadío
se muere. El regadío no se muere, el regadío se morirá cuando
nosotros queramos, cuando no le tendamos la mano para poderlo sacar.
En Monegros hay cultivos contingentados que a lo mejor no necesitan
la PAC, como es el maíz. Si hay hectáreas que dan 10.000, 12.000 ó
14.000 kilos de maíz a catorce grados, se cubren los gastos y puede
vivir una familia, pero no con una hectárea ni con dos, tendrá que
vivir con 50 ó 100, porque es muy difícil que una familia viva con
una hectárea, a no ser que cultiven productos hortícolas y de mucho
ambiente.
Me pregunta usted si debe quitarse alguna obra del plan. No se debe
quitar ninguna obra, tampoco se tienen que hacer todas, pero sí las
más importantes, como Santaliestra, Biscarroés y Yesa. La margen
derecha del Ebro es la tierra más seca que hay en España, incluidas
Murcia, Valencia y Almería; eso se me había olvidado y agradezco
mucho al señor Morlán que me lo haya recordado. Hay embalses como el
de Almochuel que lleva tres años con los cuatro ceros que le digo yo:
sin un litro, sin un decalitro, sin un decámetro, sin un hectómetro
y sin un kilómetro; ni un litro de agua. Eso es secano, eso es regadío,
y esos regadíos son los que tenemos que hacer de nuevo. Tenemos toda
la parte del Aguas Vivas, del San Martín, del Matarraña, donde hay
una producción tremenda de melocotón, de mucho dinero, y que no tiene
regulación. Ayer o anteayer presentaron el proyecto de La Fresneda o
Torre del Compte. En el valle del Jalón, con sesenta y tantos
hectómetros que tiene La Tranquera, si no llueve y se llena, es muy
difícil salir adelante, porque 60 hectómetros es muy poca agua para
25.000 ó 30.000 hectáreas, siempre van cortas y siempre van mal ya
que es un valle de mucha producción. También se está levantando el
proyecto de Mularroya. Son embalses que contendrán en
su momento una determinada cantidad de agua y permitirán que la
margen derecha del Ebro pueda dar productos importantes.
Me pregunta también por la valoración de la modificación de los
regadíos. Le vuelvo a responder lo que he contestado muchas veces y
lo que le dije a una ministra la primera vez que me preguntaron por
la modificación de los regadíos: Si los señores que están regando
cada catorce o quince días a manta -en muchas comunidades se riega a
manta, no sólo en Aragón- tienen que modernizar los regadíos,
gastarse un millón de pesetas por hectárea, del cual 500.000 pesetas
vienen del Estado o de la Unión Europea y otras 500.000 las tiene que
poner el agricultor, será muy difícil que lo hagan, porque no se
pueden entrampar para sus hijos y para sus nietos. Yo estuve en un
congreso de regantes -por eso sé aproximadamente lo que cuesta
modernizar- y una de las ponencias trataba sobre modernización del
regadío y costaba entre 900.000 a 1.300.000 ó 1.400.000 pesetas. Si
al agricultor no le echan una mano para modernizar el regadío, será
muy difícil que lo haga, porque si además de modernizar el regadío
tiene que hacerse los embalses, los revestimientos y las obras de
secundaria, mal le pueden venir porque a lo mejor tiene que vender la
finca para hacer esas mejoras, y como dice el refrán: Virgencita, que
me quede como estoy. Si me he dejado alguna pregunta, me la vuelve
usted a hacer.
En este momento no me acuerdo de las preguntas del representante de
Convergencia i Unió. ¿Me puede repetir las preguntas escuetas?
La señora PRESIDENTA: ¿Se las puede repetir, señor Martí, por favor?
El señor MARTÍ I GALBIS: Se trataba de una pregunta muy concreta en
relación con la implementación de todos y cada uno de los proyectos
contemplados en el pacto del agua de Aragón de 1992. Ha hecho usted
alguna referencia, pero como esto va para largo, me gustaría conocer
su percepción al respecto.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Sobre el pacto del agua de 1992, le
voy a ser sincero y quizás alguno se va a escandalizar. Fui el
primero que dije a los cinco o seis años que ese pacto estaba muerto,
porque no se había hecho nada. Lleva dos años y medio o tres sin
reunirse la comisión de seguimiento. Me parece que en el mes de abril
va a haber una reunión. ¿Obras importantes? Se las voy a enumerar,
aunque alguna me dejaré, qué duda cabe: Yesa, que es el estandarte,
tanto por el regadío como por el abastecimiento que da a Zaragoza y a
todos los pueblos de la parte del Ebro, antes y después de Zaragoza;
Biscarroés, muy importante en el Gállego porque sin él no tendrían
suficiente agua ni podrían
regar la vega de Huesca, y Santaliestra, que tiene una historia muy
curiosa. Santaliestra era en los años 1981, 1982, 1983 y 1984 un
embalse de 450 ó 500 hectómetros; campo, con sus manifestaciones, sus
pros y sus contras, como está ocurriendo ahora. Había también una
alternativa de Comunet. El día que se aprobó en la Junta de Gobierno
de la Confederación el Comunet, le dije al presidente, que aún vive:
No deseo más que una cosa, que vivas tantos años como tardarás en
llegar al Comunet. Es imposible hacer un embalse en derivación del
Esera, con 20 kilómetros de túnel, y no se hizo. De ahí salió
Santaliestra. Haciéndolo en la Cerrada de San Martín, funcionamos;
haciéndolo cien metros más abajo, no funcionamos. Ahí estamos ya en
problemas jurídicos. No sé si al final el juez dirá que están bien
hechos los sondeos, que están bien hechas las prospecciones o que
están mal hechos y entonces nos volveremos a quedar ... Pero la
realidad es que los regantes de Aragón y Cataluña están regando con
0,30 por hectárea y eso no puede ser. Puede ser también lo de
Mularroya, puede ser lo de La Fresneda. Qué duda cabe que hay
embalses porque con los embalses que he apuntado, si todos fuesen
nada más que de 100 hectómetros, a lo mejor en Aragón no
necesitábamos agua y estábamos todos inundados. Hay balsas pequeñas y
con embalses grandes, porque los embalses -y esta es una opinión muy
personal- cuanto más grandes son crean menos impacto ambiental. No ha
habido ningún ecologista que me demuestre que 50 embalses de 10 dan
menos impacto ambiental que uno de 500 y con uno de 500 tengo agua
para dos años si se llena. Con uno de 50 es posible que lo gaste en
el año y al año siguiente esté lo mismo. ¿Queda conforme su señoría?
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Ya que no ha tomado nota de los preguntas que
le he planteado, se las formulo brevemente. Se trata de la
financiación de los regadíos, el funcionamiento de las sociedades de
agua y el funcionamiento de las sociedades de riego, en qué medida
eso repercute en el precio que tiene que pagar el agricultor para
hacer frente a esas obras, al que hay que añadir el precio del agua.
Me gustaría que nos hablara algo sobre el precio del agua y de la
directiva marco en cuanto a aproximación del precio del agua al coste
del agua.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Señor Morlán, si me permite, le
contesto a las tres preguntas y luego continuamos, porque si no, nos
vamos a meter en el mismo lío.
Me pregunta por las sociedades anónimas de las confederaciones del
Ministerio del Medio Ambiente. Yo le
voy a decir, señor Morlán, que, como siempre, la Confederación del
Ebro ha ido en cabeza. Cuando nadie soñaba con esas sociedades, en
una reunión con todas las comunidades de regantes, los que en
realidad vamos a pagar, se nos habló y, como un hombre, las seis
comunidades importantes dijimos que sí, que adelante, cuando no no se
le llamaba ni Acesa ni nada. Era una sociedad en la que el Estado iba
a dar el 50 por ciento y el otro 50 por ciento lo íbamos a poner
nosotros. Había dos cosas importantes por lo menos para mí, que luego
no ha sido así porque han venido los problemas de impacto ambiental,
el problema, el otro problema, la manifestación, que no se quiere que
se haga el embalse y ahí estamos parados, por ejemplo, con
Santaliestra, con Biscarroes y con Jánovas hasta que se ha acabado.
Entonces, nosotros, los regantes, pagamos y lo que he dicho esta
tarde: está la sociedad pensando -ahora ya no lo dice ese señor- que
tiramos con pólvora del rey. A ese señor tuve que decirle yo en una
rueda de prensa que de pólvora del rey, nada; sería él quien tendría
que cumplir con su obligación, que era dar manifiestos por ahí que no
daba. Su obligación, no voy a decir quién ni cómo, todos lo piensan y
todos le conocen, pero no daré su nombre. ¿Comprende? Ese es el
problema. No tiramos con salvas del rey, tiramos con nuestro dinero.
Lo único que hacemos con estas sociedades -el que lo haga- es pedir
un préstamo a una institución financiera para 25 ó 30 años y pagar
unos intereses, unos intereses que los pagaban, y el otro 50 por
ciento lo pone la sociedad. Ahora me puede decir usted, señor Morlán:
¿el Estado va a pagar y la sociedad vamos a pagar el 50 por ciento
para los regantes, para los industriales, para los hidroeléctricos?
No. Acesa se queda la explotación y si se queda la explotación, cobra
un dinero y con ese dinero de explotación paga el otro 50 por ciento
porque si no -vamos a hablar muy claramente, a mí me gusta hacerlo
como buen aragonés, igual que el señor Morlán que como yo es
aragonés- los 42.000 millones de pesetas que nos diese Acesa en dos
embalses se habrían acabado. Entonces, ¿qué pasa, hay que pedir más
al papá Estado? Para todo no hay. Todos los días no tenemos una cosa
para privatizar y sacar dinero sin causar déficit. (Risas.) Ese es el
problema. Con la explotación es con lo que se va pagando el otro 50
por ciento, el otro a 25 años. Eso está clarísimo. (El señor Lanzuela
Marina: ¡Muy bien!) Le contesto respecto del precio del agua, porque
estoy muy bien y muy contento aquí, de verdad.
La señora PRESIDENTA: Señor Rubio, el problema que tenemos es que,
después de su comparecencia, hay tres más. Entonces vamos a intentar
acotar un poco el tiempo, las preguntas y las respuestas.
El señor MORLÁN GRACIA: Quiero que me conteste a la referencia que le
he hecho sobre el precio del agua y su repercusión en el bolsillo de
los regantes,
porque eso va a ser indudablemente una salida importante.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Me dice usted, señor Morlán, el
precio del agua de los trasvases, lo que van a pagar los de Murcia,
los de este, los del otro y los de más allá, hasta los de Almería. Le
voy a decir que hice una manifestación -no había salido todavía el
plan hidrológico- me parece que al periódico La verdad -¿señor García
Hierro, ¿es la verdad? (Asentimiento.)-. Vino el señor Buitrago a
entrevistarme a Zaragoza y una de las cosas que yo dije, y le dije a
él, fue si de verdad les habían dicho a los regantes lo que iban a
pagar, porque a lo mejor en alguno de los trasvases que se piensa
hacer pasa como con las entradas de los toros, nos apuntamos, pero
cuando se entera que son 3.000 duros, le entra todo. ¡Oiga!, que no
quiero ir a los toros, que lo veo en la televisión. (Risas.) Ese es
el problema, no sabemos lo que va a valer, ahora sí que deben de
pensar los agricultores -y vuelvo a decir que ahora es una
agricultura que da de sí- ¿el día de mañana dará? Es una duda que
queda. Creo que los marroquíes -y esto tampoco es de aquí- nos han
dado una lección con lo de los peces. ¿Qué quieren, los peces o
quieren las naranjas y los tomates? ¿Qué es lo que quieren? Es una
pregunta que dejo yo.
Señora presidenta, quería decir una cosa, y lo lamento, y es que no
vayamos a soltar la caza de brujas y pueda ocurrir alguna cosa de las
que yo no quisiera que ocurrieran. Hoy en El Heraldo de Aragón sale
una noticia -yo ya lo sabía desde el viernes o el sábado- que informa
de que el presidente de una comunidad, yendo de Tortosa a Barcelona,
se da cuenta que le hace ruido una rueda. Cuando llega al
concesionario, se da cuenta que han desaparecido cuatro tuercas de
los cinco tornillos. ¿Casualidad, no casualidad? Este señor lo ha
denunciado. Pero hay otra cosa también importante. Estamos en un país
democrático y cada uno debe tener su opinión. En un Parlamento y
desde una tribuna un ministro del Gobierno de Aragón no puede decir
-soy tan aragonés como el primero o más por lo menos como el primero-
que los regantes se han vendido ¿A qué? ¿Qué nos han dado al
venderlo? (El señor Lanzuela Marina: Sí, señor, que lo diga!) Perdón,
hay cosas importantes que hay que decir y aclarar, y como ustedes
están en todos los partidos y en todas las autonomías es para que se
lo digan a sus correligionarios de partido. (El señor Lanzuela
Marina: Sí, señor.-La señora García-Hierro Caraballo: ¡Calma!) Ahora
viene otra cosa. Porque un señor no crea o crea en una opinión, ¿la
segunda institución de Aragón tiene que pedir en un pleno la dimisión
de ese señor porque dice que sí al plan hidrológico? (El señor
Lanzuela Marina: ¡Sí, señor, qué vergüenza!) ¡Hombre, por favor, qué
país democrático es éste! Si no está conmigo, está
en contra mía y hay que quitarlo. Mañana habrá que cortarle la cabeza
al emisario. (Rumores.- El señor Quirós Pulgar: Lo único que van a
faltar aquí son las pancartas.- El señor Lanzuela Marina: ¡Qué
vergüenza!) Eso es lo que quiero, señor Morlán, que transmita usted a
su grupo. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Rubio, disculpe. Vamos a continuar con el
trámite en el que estamos, que es una comparecencia para hablar del
Plan hidrológico nacional. Por tanto, el señor Morlán le va a
recordar la siguiente pregunta para que responda a ella.
Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta, no le voy a hacer ninguna
pregunta más al señor Rubio.
Creo que lo que haya podido suceder en el Parlamento de la comunidad
autónoma y la justificación que haya podido dar quien haya hablado,
que no sé quién es, respecto al comportamiento o actitud de las
federaciones de regantes o de las juntas rectoras de las federaciones
de regantes, que no de los regantes, a quien tiene que pedir
explicaciones el señor Rubio es a quien lo haya dicho. De cualquier
manera, esa ha podido ser alguna manifestación de algún consejero del
Gobierno de la comunidad autónoma. Yo no he utilizado la expresión
venta o no venta, lo que sí le digo, señor Rubio, es que usted en
estas alegaciones -y se las he leído al principio- dice que no le
importa nada que se produzca una cesión de derechos entre cuencas;
por tanto, a buen entendedor con pocas palabras basta.
Respecto a lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, desconocía que
se hubiera planteado esa posición, pero sí le tengo que decir que
dentro de ese respeto democrático que todos nos debemos (yo respeto
sus planteamientos y su forma de trabajar, como es lógico y natural
está al frente de una institución y tiene sus mecanismos para
defenderse, para actuar y para decidir), espero que usted respete lo
que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza y si hay algún grupo al que
no le gusta lo que usted hace, tendrá perfecto derecho a decirlo
cuándo y como quiera. No creo que haya ninguna dificultad en hacerlo
ni creo que este sea el sitio para sacarlo; el sitio es donde se
producen los hechos, no aquí aprovechando un foro al que se le ha
invitado particularmente para que hable del Plan hidrológico nacional
y no de sus problemas personales.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rubio.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN (Rubio Peña): Un segundo. El Ayuntamiento de
Zaragoza es un comunero, como podemos serlo usted o yo, nada más que
un comunero que paga el agua de abastecimiento, sin más. Un comunero
no puede empezar a decir esas cosas, porque yo
no me he metido con nadie ni he dicho nada y me cuidaré mucho, en
público y en privado, de insultar a nadie o dar una mala
contestación. (El señor Lanzuela Marina pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rubio, por su presencia,
por su intervención. ¿Señor Lanzuela?
El señor LANZUELA MARINA: Vengo en sustitución de mi compañero el
señor Pintado y ruego la benevolencia de la Presidencia. Soy
presidente de otra Comisión y sé que puede hacerlo. Solicito que me
conceda la palabra un minuto para poder decir algo, porque se han
dicho cosas muy graves que no son ciertas. (La señora García-Hierro
Caraballo: Él ha estado provocando desorden en todo momento.)
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, por eso mismo, porque S.S. es
presidente de una Comisión, sabe que esta Presidencia no puede
cederle la palabra en estos momentos.
El señor LANZUELA MARINA: Cuando me la piden la concedo.
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, escúcheme usted a mí, soy la
presidenta y usted no puede intervenir porque no es miembro de esta
Comisión.
El señor LANZUELA MARINA: Vengo en sustitución de un diputado.
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, antes de las diferentes
intervenciones habidas en esta comparecencia, la portavoz de su grupo
tendría que haber comunicado que usted sustituía a un compañero. No
puede ser su intervención porque va contra el Reglamento.
El señor LANZUELA MARINA: Siempre he sido benevolente en mi Comisión
y he dado la palabra al Grupo Socialista, en primer lugar, cuando la
ha pedido.
La señora PRESIDENTA: Le agradezco mucho su petición de intervención.
Esta presidenta seguramente tiene un talante diferente.
El señor LANZUELA MARINA: Se han dicho aquí cosas muy graves, señora
presidenta.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR,
(ARAGONÉS BELTRÁN). (Número de expediente 212/000431.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la comparecencia de don Juan Manuel
Aragonés Beltrán, presidente
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al que damos la
bienvenida, al igual que a los anteriores comparecientes.
Tiene diez minutos, si es posible, para realizar su intervención.
Posteriormente intervendrán los distintos grupos parlamentarios para
formular aclaraciones o preguntas y después contestará el señor
Aragonés.
Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
(Aragonés Beltrán): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es un honor para esta persona que les habla comparecer ante
esta Comisión, precisamente con motivo de la discusión de algo tan
importante para todos como es el Plan hidrológico nacional. El
proyecto de Plan hidrológico nacional presentado por el Gobierno ante
esta Cámara respeta expresamente lo dispuesto por el plan hidrológico
de la cuenca del Júcar, según establece la disposición adicional
tercera.
Quería referirme a que en el tomo denominado Análisis de los sistemas
hidráulicos, que acompaña como documentación técnica al Plan
hidrológico nacional, se dice respecto a la cuenca del Júcar: El
análisis técnico de las disponibilidades del río Júcar, realizado en
el contexto del plan hidrológico de cuenca, cuyos conceptos
y resultados fundamentales se estiman correctos y plenamente vigentes a
efectos de este Plan hidrológico nacional y asimismo las
determinaciones del plan hidrológico de cuenca sobre otros sistemas y
sus asignaciones y reservas, se asumen y mantienen íntegramente por
este Plan hidrológico nacional y constituyen referencia básica de
partida. Por ello, quería referirme en mi intervención a algunas
características de este plan hidrológico de cuenca y de la cuenca del
Júcar.
Quiero expresarles que la cuenca del Júcar es una cuenca de un
conjunto de cuencas hidrográficas, su ámbito territorial lo
constituye el territorio de las cuencas que desembocan en el
Mediterráneo, desde la margen izquierda de la gola del Segura en su
desembocadura y la margen derecha del río Cenia en su desembocadura,
incluida la cuenca del río Cenia y la endorreica de Pozohondo; tiene
cerca de 43.000 kilómetros cuadrados, ocupa cuatro comunidades
autónomas, básicamente Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón y una
pequeña parte de Cataluña; residen en ella 4.200.000 habitantes y
casi otro millón de habitantes, probablemente turistas que realizan
más de 20 millones de pernoctaciones al año; consumen alrededor de
560 hectómetros cúbicos. Además, el 50 por ciento de los recursos
hídricos de nuestra cuenca del Júcar tiene origen subterráneo,
tenemos definidas 52 unidades hidrogeológicas, se extraen del orden
de 1.400 hectómetros cúbicos, que viene a ser el 26 por ciento del
total de la utilización directa de aguas subterráneas en España;
tiene una destacada reutilización de aguas residualesdepuradas, una
importante capacidad de embalse (aquí
el anterior compareciente se ha referido a ello respecto al
porcentaje de regulación), tenemos algo más de 3.100 hectómetros
cúbicos de capacidad para usos consuntivos que regulan unos 1.500
hectómetros cúbicos al año, con porcentajes de regulación que son: el
Mijares, el 88 por ciento, el Turia, el 77 por ciento, el Júcar, el
86 por ciento; se riegan unas 400.000 hectáreas, con unas demandas
del orden del 80 por ciento de la cuenca; la red fluvial tiene unos
10.000 kilómetros y los ríos principales les recuerdo que son: Júcar,
Turia, Mijares, Palancia, Serpis, Vinalopó y otros.
En la cuenca se desarrollan importantísimas actividades referentes a
la agricultura de primor, con varias denominaciones de origen,
industria puntera en azulejos, en muebles, en mármol, en juguetes, en
turrones, y está el turismo como aportación fundamental. El conjunto
de todo ello también aporta al producto interior bruto una cantidad
importante y sobre todo equilibra la balanza de pagos y genera
empleo.
Otra característica fundamental de esta cuenca es que en su conjunto
y en la actualidad se caracteriza por un ajustado equilibrio entre
los recursos hídricos y las demandas, todo ello del orden de unos
3.400 hectómetros cúbicos. Sin embargo, este equilibrio global
enmascara situaciones locales de importante déficit de recursos en
algunos sistemas de explotación, por ejemplo, en el sistema Cenia-
Maestrazgo o en el de La Plana, de Castellón, en el norte de la
cuenca, o en sistemas de explotación completos, como son los de la
Marina Baja y los del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, este equilibrio
estricto, en términos medios, como luego me referiré, representa una
limitación general para el desarrollo de futuras demandas. Los
objetivos del plan hidrológico han sido conseguir la mejor
satisfacción de las demandas, equilibrando y armonizando el
desarrollo regional y sectorial -insisto en la armonización y el
equilibrio del desarrollo regional y sectorial-, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo, racionalizando sus usos, por supuesto en armonía con el medio
ambiente y demás recursos naturales, intentando evitar o paliar en lo
posible los efectos originados en situaciones hidrológicas extremas.
Esto no solamente es una referencia a lo que la ley marca que debe
ser el plan, sino que el plan hidrológico del Júcar especialmente
incide en todos y cada uno de esos puntos.
El contenido básico del plan evalúa recursos, analiza usos y
demandas, establece criterios de prioridad y de compatibilidad de
usos, atiende la asignación de usos y reserva de recursos hídricos
para usos y demandas actuales, así como para conservación y
cooperación del medio natural y determina características básicas de
calidad de aguas y ordenación de vertidos de las aguas residuales,
plantea normas básicas sobre mejora y transformación de regadíos que
asegure un mejor aprovechamiento del conjunto de los recursos y
establece normas para protección, conservación y recuperación
de recursos, espacios naturales protegidos, zonas húmedas, tramos
fluviales de interés ambiental, protección de captaciones, planes de
explotación de acuíferos; determina infraestructuras básicas del plan
y, como antes he comentado, criterios, estudios y actuaciones
concretos para prevenir y evitar efectos debidos a inundaciones,
avenidas o sequías.
La gran conquista del plan hidrológico del Júcar, que, como ustedes
recuerdan, fue el último aprobado en el Consejo del Agua de la cuenca
por absoluto consenso de todos los componentes, sin ningún voto en
contra, en una histórica sesión de 6 de agosto de 1997, es el
consenso y el equilibrio en el interior de los usos y demandas de las
comunidades autónomas y distintas entidades o equilibrios y
conservación medioambiental. Desde entonces, la gestión del agua en
la cuenca se ha visto determinada por tensiones, porque esto es el
día a día de la gestión del agua, pero sin luchas fuertes, sin
guerras del agua, sin enfrentamientos.
Otra gran conquista del plan es que asegura el abastecimiento a las
ciudades, todas ellas del interior y de la costa, con aguas de
calidad y garantía para la actualidad y el futuro; mejora la gestión
del agua, su eficiencia y la explotación racional. Es un impulso
decisivo para actividades productivas, creación de riqueza y
generación de empleo estable; preserva y regenera los sistemas
hídricos y refuerza los aspectos medioambientales. Concretamente ya
se está cumpliendo una de las recomendaciones que el Consejo Nacional
del Agua hace con carácter general a todas las cuencas receptoras,
y por supuesto la nuestra: la obligada realización de un esfuerzo
especial en aumentar las disponibilidades de recursos propios y la
sostenibilidad del medio hídrico natural. Ahora bien, este equilibrio
estricto, esta situación en que las demandas y los recursos medios
son de cierta magnitud, significa que la situación está en un
equilibrio extraordinariamente precario. Y lo hemos comprobado en los
años de esta década pasada. Se produjeron problemas muy importantes
en la cuenca en los años 1994 y 1995, con anterioridad a la
aprobación del Plan hidrológico, pero se han producido también
situaciones muy difíciles en los años 1999 y 2000, en los que ha
habido, como todos ustedes saben, un importante déficit de
pluviometría en el ámbito territorial de la cuenca del Júcar.
Quiero resaltar aquí la importancia de un concepto, que es la
garantía. Cuando se está en equilibrio de los recursos, cuando se han
modernizado los regadíos, cuando se están tomando medidas para que
las redes de abastecimiento no tengan pérdidas y se ajusten lo más
posible, y hay que seguir trabajando en ello para conseguir esos
óptimos resultados, es importantísimo la garantía del recurso. El
recurso con el que se cuenta debe llegar. Precisamente esa garantía
del recurso es una de las cuestiones que el estudio que hace el
análisis de sistemas hidráulicos, el Plan hidrológico nacional, que
modela todas las demandas con los usos, con las
distintas fuentes de suministro en los diferentes sistemas tratados
como un sistema único, en toda esa metodología se da cuenta de que
existen una serie de fallos importantes. Incluso se llega a decir que
se pueden producir en determinados años hasta 34 fallos en la
totalidad de sistemas. Por eso, el estudio técnico del plan viene a
decir que es necesaria la aportación de unos recursos externos
precisamente para dar garantía a ese sistema, para que esos fallos
que se estaban produciendo queden reducidos al mínimo e incluso, en
el transcurrirde los años, con el agua que se asigna, queden
reducidos a cero. De ahí surge precisamente ese valor que figura en
el proyecto, que es de 315 hectómetros cúbicos para el ámbito
territorial de la Confederación del Júcar.
También quiero resaltar -y con esto termino, porque me estoy pasando
del tiempo- que ya el artículo 37 -el 29 de la normativa publicada en
el «Boletín Oficial del Estado»- del plan hidrológico de cuenca dice
que la satisfacción de algunas de las demandas del plan necesita
aportación de recursos externos para la adecuada redotación de los
regadíos del ámbito del acuífero de La Mancha oriental, para los
regadíos actuales del Vinalopó-Alacantí, con una importante necesidad
de redotación, para la adecuada atención de los regadíos de la zona
sur de Castellón -reducir estaciones, mejorando problemática de
intrusión- y para la consolidación de riegos de La Plana-Vinaroz-
Peñíscola, resolviendo asimismo problemas graves de intrusión marina.
También habla ese artículo del plan de posibles nuevas
transformaciones en función de lo que diga el Plan nacional de
regadíos, pero el propio texto del Plan hidrológico nacional, como
todos ustedes saben, parte de que no va a haber ningún nuevo regadío
abastecido con aguas procedentes del trasvase.
En resumen, debo decir que la cuenca hidrográfica del Júcar tiene en
su propio plan, como he dicho, determinada situaciones que necesitan
aportes externos, pero toda ella está sometida a un equilibrio
absolutamente inestable que ha obligado a tomar medidas crecientes
referentes a la modernización de regadíos en marcha, a la
reutilización de las aguas residuales, a la utilización de las aguas
subterráneas e incluso a la construcción -está en marcha- de tres
desaladoras: una en Denia, una en Jávea y otra en la mancomunidad de
Canales de Taibilla, en la zona de Alicante.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por parte del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Esteve.
El señor ESTEVE FERRER: En primer término, quiero agradecer, por
parte del Grupo Popular, la comparecencia del señor Aragonés.
Voy a hacer una reflexión y varias preguntas. A pesar de que en el
texto alternativo que en su día nos presentó el PSOE se establecían
como deficitarios ámbitos de
la planificación hidrológica, en concreto en la cuenca del Júcar, los
sistemas de explotación Zenia, Maestrazgo, Marina Baja y Vinalopó-
Alacantí, el jueves pasado, el señor Caldera, del Partido Socialista,
nos dio unos datos de unos estudios que tienen sus compañeros en la
Comunidad Autónoma Valenciana y nos venía a decir que, como mínimo,
con una hipótesis minimalista de la cuenca del Júcar, se pueden sacar
unos 600 hectómetros cúbicos. Los esquematizaba diciendo que del
ahorro agrícola se pueden obtener unos 260 hectómetros/ año; de
urbano industrial, unos 34; de reutilización de aguas de depuradoras,
59; y de manejo hídrico de humedales, 20 que, junto con las
captaciones de aguas subterráneas (140) y 32 de desalación, llegaba a
esos 600 hectómetros cúbicos/año. Mi primera pregunta es qué opinión
le merece ese estudio que nos presentó el otro día el señor Caldera
en el Pleno. Dentro de estos cálculos que hizo la oposición también
hay ciertas dudas sobre la posibilidad de que se ahorren en materia
agrícola, en concreto, de la Acequia Real del Júcar, 200 hectómetros
cúbicos, como dijo el señor Caldera, y en el total de la cuenca, no
sólo de la Acequia Real, 260 hectómetros cúbicos. Quisiera saber si
eso es posible sin tocar las expectativas de los regadíos de Albacete
y de Alacantí-Vinalopó. Si usted me contesta que eso es posible,
quisiera saber si no tiene repercusiones en los humedales de la
Comunidad Valenciana, en concreto, en La Albufera de Valencia.
Por otro lado, se dice en el Plan hidrológico que va a haber una
fuerte inversión para modernización de regadíos, fundamentalmente por
ahorro, y, en lo que afecta a la cuenca del Júcar, se establece que
se van a obtener unos 600 hectómetros cúbicos de ahorro en las aguas
subterráneas. Me gustaría preguntarle qué le parece este cálculo y,
en relación con estas aguas subterráneas, qué va suponer -ha
mencionado algo usted- lo establecido en el plan de cuenca y, por
tanto, en el Plan hidrológico, en materia de sustitución o reducción
de bombeos en acuíferos como, por ejemplo, el de la Mancha oriental.
Por otro lado, ayer, un técnico que vino a hablarnos de la mala
situación que tiene actualmente el delta del Ebro, nos vino a decir
que el trasvase del Ebro, casi en su totalidad, vendrá a garantizar
unos derechos de Terra Mítica, y que al final es el abastecimiento el
que se va a llevar esos derechos de agua; que el agua del trasvase va
a ir a Terra Mítica, básicamente. Que el agua del Júcar y de las
obras que se están haciendo en la conducción entre el Júcar y
Vinalopó también va a Terra Mítica. Yo, que soy de Albacete, he oído,
desde una plataforma que alguien ha montado en el sur de la
provincia, que las obras que se están haciendo en la parte alta de la
cuenca del Segura son también tuberías que van a llevar agua a Terra
Mítica. La pregunta, aunque sea por una cuestión de cercanía, es si
desde la confederación que usted preside saben cuánta agua gasta
Terra Mítica.
Por último, ha mencionado usted que la disposición adicional tercera
demuestra que se respeta el contenido el plan hidrológico del Júcar,
es decir que no se modifica, que no se quita nada de lo que ese
consenso al que ha hecho usted referencia antes consiguió, a pesar de
lo que alguien en una primera lectura rápida del Plan hidrológico
nacional podía interpretar, tal vez porque en ese momento no supiera
si se tenía que posicionar a favor o en contra del Plan hidrológico.
Lo cierto es que en un primer momento quedaron en la prensa, por lo
menos en Castilla-La Mancha, dudas sobre que se respetara el plan de
cuenca. Lo dice la disposición adicional tercera y usted lo ha
ratificado también, pero yo quiero, aprovechando el foro, que nos dé
alguna garantía de que eso es así, para tranquilidad de los que
formaban parte de ese consenso y de todos los que se benefician de
ese plan de cuenca.
Mi pregunta última es si se aporta algo nuevo que no venía en ese
plan de cuenca y que sí queda en el Plan hidrológico nacional para la
zona.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Por parte del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Aragonés, por su
presencia en esta Comisión de Medio Ambiente.
Espero que no se convierta en un hábito el contraponer el proyecto
del Partido Socialista al del Partido Popular, porque ya resultó
derrotado en el último Pleno y, por tanto, es un documento que, como
tal texto alternativo, no debiera manejarse hasta dentro de unos
años, cuando recuperemos el poder. (Rumores.)
Señor presidente de la cuenca del Júcar, me gustaría hacerle una
serie de preguntas relacionadas con su cuenca. Esta mañana el señor
Embid decía que este Plan hidrológico nacional, al no determinar los
usos de las aguas trasvasadas, ponía en duda la viabilidad del plan
desde el momento en que no se sabía para qué usos se querían ni quién
las iba a gestionar. Lo que yo le pregunto es si usted, dentro de la
cuenca del Júcar, puede decirnos qué previsiones existen, si tienen
hecho algún estudio, si saben específicamente qué usuarios hay e
incluso qué precios van a pagar esos usuarios por esas aguas
trasvasadas.
En segundo lugar, usted ha hecho referencia a que se están
construyendo tres desaladoras. En los anexos que tenemos aquí, en los
que hay obras terminadas, obras en ejecución y obras por iniciar, en
la cuenca del Júcar no veo -salvo que haya leído mal, en cuyo caso le
pediré disculpas- ni una sola desaladora, mientras que en la cuenca
del Segura hay cinco bien contempladas y bien definidas. Da la
impresión de que donde hay necesidad auténtica es donde hay un
déficit hídrico estructural, que es en la cuenca del Segura, mientras
que en la cuenca del Júcar parece que ese déficit no debiera
ser tal en función de las previsiones de las propias obras a
ejecutar, con esos tres billones de pesetas tan magníficos que el
Gobierno pone encima de la mesa. Nos gustaría saber si tienen
previsto que los sistemas de desalación sean una de las actuaciones a
llevar cabo para intentar conseguir agua y hacer frente a necesidades
de carácter urbano.
En tercer lugar, me gustaría que nos explicara cómo está funcionando
el régimen concesional en la cuenca del Júcar. Ustedes saben qué
concesiones hay, cuántos aprovechamientos existen y cuántos no están
legalizados, pero me gustaría que me dijera cuántas concesiones que
no están registradas tienen pendientes de registro en el conjunto de
la cuenca. Son aspectos interesantes a la hora de evaluar la bondad
de un plan de estas características. Ante el número de cuencas
receptoras de un hipotético trasvase, es bueno saber en qué situación
se encuentra la propia cuenca.
Señor Aragonés, ¿usted entiende que este Plan hidrológico nacional
respeta la directiva marco en política de aguas? Me imagino que usted
conocerá la directiva recientemente aprobada y que será consciente de
que esa directiva va a traer consigo una revisión de este plan, entre
otras cosas, porque se amplía su ámbito de aplicación. Me gustaría
saber qué opina sobre esas previsiones y si de verdad este plan
contempla no sólo la directiva marco sino todas aquellas otras
directivas europeas que son de aplicación en la gestión de nuestro
territorio y que tienen repercusión en el Plan hidrológico nacional.
Señor Aragonés, ¿piensa usted que las medidas de coordinación
recogidas en este Plan hidrológico nacional son las más adecuadas o
tendría que profundizarse algo más e ir perfilando qué medidas se
deben adoptar para que exista una adecuada coordinación entre el Plan
hidrológico nacional y el plan de la cuenca del Júcar y de los otros
planes de cuenca? Por último, ¿ha habido algún contrato de cesión de
derechos de uso en su cuenca, desde que se aprobó la Ley de 1999?
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López, don Juan Carlos): Para contestar
a las preguntas que le han hecho los portavoces de los grupos, tiene
la palabra el señor Aragonés.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
(Aragonés Beltrán): Contestaré por orden. Como desconozco el origen
de los datos de ahorro, no puedo contestar sobre esta materia. Lo que
sí puedo decir es que el plan hidrológico de cuenca del Júcar
considera una serie de situaciones y de ahorros. Las toma como punto
de partida para la evaluación de los propios recursos que existen y
su disponibilidad. Y habla de una serie de datos correspondientes,
que luego recoge el análisis de sistemas hídricos del Plan
hidrológico nacional, a los que se
refiere en algunas cuestiones, como, por ejemplo, respecto a la
Acequia Real del Júcar. En general el plan hidrológico de la cuenca
del Júcar, cuando habla de la ordenación y la asignación de usos y
reservas en la cuenca del río Júcar, asigna una serie de recursos a
los riegos tradicionales a los cuales da preferencia, después asigna
otros recursos a la zona del canal JúcarTuria, después asigna
recursos subterráneos al acuífero de La Mancha, asigna 80 hectómetros
cúbicos por año para sustitución de bombeos con aguas superficiales,
demandas propias de una serie de afluentes y cuencas menores. Y para
abastecimiento a Valencia, Sagunto, Albacete, pequeños regadíos de
cabecera de la provincia de Cuenca, establece una reserva de 65
hectómetros cúbicos del río Júcar vinculada a la sustitución de
bombeos y luego fija en 80 hectómetros cúbicos el volumen máximo
anual que puede destinarse a paliar la sobreexplotación de las áreas
de Vinalopó-Alancatí. Con objeto de no rebajar -leo textualmente-
garantías del resto de usuarios del sistema, el logaritmo de cuenca
elaborará las necesarias normas de explotación y, por supuesto, está
detrás una vez consolidadas las distintas asignaciones y reservas. El
punto 16 dice: Consolidados los volúmenes a que hace referencia los
números -anteriores, los 65 y los 80-, los recursos del sistema Júcar
generados por el incremento de disponibilidades del sistema y,
particularmente, por las actuaciones de mejora y modernización, se
reservan a favor del Estado y se distribuirán equitativamente de la
siguiente forma, hasta 120 hectómetros cúbicos para la redotación y
nuevas transformaciones de zonas regables de CastillaLa Mancha
previstas en el decreto 950/89, cuya localización tendrá que ser
establecida en coordinación por el Ministerio de Agricultura y la
comunidad autónoma, de acuerdo con el Plan nacional de regadíos, y
hasta 120 hectómetros cúbicos/año para la corrección del déficit
hídrico en la Comunidad Valenciana. Por tanto, todos los ahorros que
aquí se consideran, además de los que ya está habiendo en esta zona
concreta de la cuenca del Júcar, se considera que se asignan hasta
120 más 120, pero no solamente son estos 240, sino que dice antes:
consolidados los volúmenes y los recursos generados por el sistema y
el incremento de disponibilidades. Es decir, a medida que va habiendo
incremento de disponibilidades se va dando más garantía a estas
reservas que el plan del Júcar ha establecido.
Contesto a la pregunta del señor Esteve y tengo que decirle sobre esa
mejora de modernización que, si se analizan las distintas
asignaciones, es una constante del plan hidrológico del Júcar. Este
artículo dice expresamente que es una actividad prioritaria porque
necesita garantizar todos los usos y reservas que en él se
establecen. Se parte de la base de que esa modernización es utilizada
en esos mismos recursos, difícilmente puede ser después sustituida
para otros usos que no sean los que establece el plan. Por otra
parte, ha hablado S.S. de la sustitución de bombeos en La Mancha
oriental. Es
una cuestión novedosa del plan del Júcar con objeto de garantizar la
sostenibilidad del acuífero de La Mancha oriental porque, en tanto en
cuanto se regularizan las explotaciones existentes a partir del 1 de
enero de 1997, se parte de la base de que hay unas extracciones del
acuífero superiores a las disponibilidades del acuífero y un objetivo
fundamental del plan es precisamente esa sostenibilidad del acuífero.
Además de asignarle unos volúmenes concretos, del abastecimiento a
Albacete con agua del Júcar -ahora lo que está haciendo el acuífero
es, de hecho, una sustitución de bombeos- y de que garantiza un
caudal mínimo, fijando un caudal de desembalse de dos metros cúbicos
por segundo del embalse de Alarcón, para que siempre haya agua
circulando por el río Júcar y una parte de ella se infiltra en el
acuífero, la voluntad de sostenibilidad es la que hace que se asignen
hasta 80 hectómetros cúbicos para ir sustituyendo los bombeos, sobre
todo de las zonas más deficitarias.
Me ha preguntado por Terra Mítica. Tenemos un informe oficial en la
Confederación Hidrográfica del Júcar que indica que Terra Mítica no
tiene más demanda de agua potable que aquella que le corresponde para
atender a los visitantes que en ella hay, a los restaurantes que
sirven las comidas y las bebidas y a los servicios sanitarios. Se
evalúan las necesidades en unos 20 litros por segundo, que están
asumidos por la red municipal del Ayuntamiento de Benidorm. En cuanto
al resto de demandas correspondientes a Terra Mítica, como son las
atracciones acuáticas, se hacen con agua del mar salada, es agua
salda bombeada desde el mar, y el regadío se hace con agua residual
depurada procedente de la depuradora de Benidorm. Por tanto, la única
demanda que existe es de 20 litros por segundo y en su máximo
desarrollo, que puede tardar años, se habla de un posible incremento
de un 30 ó 40 por ciento. Difícilmente se puede estar considerando
que 300 metros cúbicos del Ebro, que vienen a ser 10 metros cúbicos
por segundo, es decir, 10.000 litros por segundo, tengan algo que ver
con estos 20 litros por segundo. Por otra parte, está el caso de
Murcia que no conozco aunque sé que hay una imposibilidad, porque
desde la cuenca del Júcar para atender las necesidades de
abastecimiento de la zona de Marina Baja estamos acordando una base
de agua desde el embalse de Alarcón al Júcar hasta allí. Les puedo
asegurar que la Mancomunidad de Canales del Taibilla no nos cede un
metro cúbico de agua que tiene que pasar por sus conducciones parar
llegar al depósito de Rabasa sin que haya sido desembalsado Alarcón;
mucho menos, iba el canal de Taibilla o los usuarios del Segura a
tolerar cualquier otra situación respecto a los bombeos.
Con referencia al Júcar-Vinalopó, debo manifestar lo mismo. Otra de
las grandes consecuciones del plan hidrológico del Júcar es el
consenso que cerró ese plan, puesto que en los años anteriores a 1997
no se había conseguido ese consenso por parte de las comunidades
autónomas. El Júcar-Vinalopó es una obra que está encomendada a Aguas
del Júcar a la que los usuarios aportan 12.500 millones. Su objetivo
claro, como dice expresamente el plan hidrológico de la cuenca del
Júcar, es la sustitución de bombeos para paliar la sobreexplotación
de los acuíferos y el déficit de abastecimiento del Vinalopó y Marina
Baja. Esos usuarios que pagan 12.500 millones para una conducción que
les hace una falta extraordinaria, no iban a dejar que esa agua fuera
a cualquier otra utilización. Ya he dicho, por otra parte, que Terra
Mítica no demanda eso, ni mucho menos. ¿Se respeta el plan de cuenca?
Sí, expresamente y, además, en todos los cálculos, reservas y números
que se hacen en los centros de demanda en los cuales se calcula el
análisis de sistemas hidráulicos del río Júcar. El sistema de que
vayan entrando en funcionamiento todas esas asignaciones y reservas
pudo hacer pensar en una primera lectura que no era así, pero en el
cálculo se hace. Hay otra cuestión y enlazo con lo que preguntaba el
señor Morlán ¿Cómo prevé el proyecto del Plan hidrológico que
funcione el tema del agua que llega a la cuenca? Se hace de acuerdo
con el plan de cuenca, con las necesidades y disponibilidades
hidrológicas en ese momento de la Confederación y con participación
directa de todos los usuarios. Es como si fuera una cuestión parecida
a la comisión de desembalse, que en la cuenca del Júcar nos reunimos
todos los meses y en algunos casos, cuando hay escasez, cada quince
días. Por tanto, la asignación está en función de esas demandas
concretas y se van atendiendo los distintos usos en función de que
las necesidades. La contestación es que se respeta el plan
hidrológico de la cuenca ¿El Plan hidrológico nacional aporta algo
nuevo? Lo que se aporta, como he comentado en mi intervención, es
garantía. En cuanto al déficit global de la cuenca del Júcar -no
tenemos más que observar lo que dice el análisis de sistemas cuando
habla de cómo tiraría el Júcar del propio sistema de recursos
externos, en ese caso del Ebro, si se le dejara libremente-, hay
muchas zonas y determinadas épocas en las que se llega a demandar
hasta 700 hectómetros cúbicos, es decir, que el déficit es mayor.
¿Qué ocurre? Una preocupación fundamental -se está trabajando y
haciendo inversiones en ello- es que las inversiones del Plan
hidrológico nacional que son de interés general del Estado para la
modernización de regadíos suponen 70.000 millones de pesetas
precisamente para modernización de regadíos y, algunas de ellas
emblemáticas que ya se han empezado, como la modernización de la
Acequia Real del Júcar, con más de 8.000 millones de pesetas de
presupuesto, vienen a considerar que hace falta ir luchando por que
ese déficit que viene de fuera no sea más que 300 hectómetros
cúbicos. Con ello se eliminan los distintos fallos, de acuerdo con
los modelos de trabajo que se han hecho.
Paso a contestar al señor Morlán y tengo que decirle que sí
determinan los usos. En las cuencas receptoras los usos son o bien
para abastecimiento de poblaciones, o bien para mantenimiento de
ecosistemas en riesgo, en peligro especialmente sensibles, o bien
para resolver los problemas de los regadíos infradotados, y
complementar, en su caso, la dotación, o bien para resolver problemas
graves de sobreexplotación de acuíferos, mediante la sustitución de
bombeos. Me preguntaba S.S. cómo pienso que debe establecerse. La
propia ley menciona que se va a aprobar una disposición legislativa
de rango adecuado para establecer el funcionamiento de estas
comisiones de trasvase que van a distribuir el agua por el interior
de la cuenca.
Me preguntaba S.S. también por los precios. El análisis económico
destaca que el agua va a resultar como coste de origen a 52 pesetas/
metro cúbico. El proyecto del Plan hidrológico nacional fija unos
criterios por los cuales eso se va a distribuir entre las distintas
situaciones y nada más. Parece razonable pensar, porque es lo que se
ha hecho en los demás trasvases existentes, por ejemplo en el caso
del Júcar-Vinalopó, que haya unos repartos ponderados respecto a los
abastecimientos y usos de regadíos. También hay usos medioambientales
que tendrá que asumir directamente el Estado y entre todos ello habrá
que ver la asignación de ese precio. De forma que el objetivo
fundamental, que es resolver los problemas existentes sin crear
ningún problema nuevo, se cumpla y, por tanto, el precio tendrá que
ser adecuado para que eso suceda. Nos comentaba un día un regante
cuando le preguntábamos por estas cosas: Piensen ustedes que el agua
más cara es aquélla que no se tiene. Pónganos las condiciones del
precio del agua y ya negociaremos las demás consideraciones, porque
el agua cara es la que no se tiene.
Los anejos del Plan hidrológico nacional son los de las obras de
interés general que se van a pagar con fondos públicos. Aquí no
figuran las obras realizadas con fondos de origen en los
ayuntamientos o en las comunidades autónomas , en su totalidad o en
parte. El Plan hidrológico nacional habla de aquellas inversiones que
van a ser realizadas por el Estado. Concretamente, la depuradora de
Denia lleva varios años funcionando y está pagada por el Ayuntamiento
y los usuarios de Denia. En el caso de Jávea, me parece que también
la inversión la realiza el Ayuntamiento con ayuda de la comunidad
autónoma; y en el caso de la desaladora que estoy comentando de la
zona de Aguaamarga, es una concesión que salió en 1995, ha sido
adjudicada y ahora está resolviendo los últimos trámites para empezar
a funcionar. Ese agua va a ser para complementar el abastecimiento
del importante número de municipios de las provincias de Murcia y
Alicante que abastece la Mancomunidad de Canales del Taivilla. Por
otra parte, debo añadir que tampoco está cerrada esa cuestión y puede
haber en algún caso concreto alguna desaladora más que se ponga en
marcha. De hecho, en la aportación
de la desaladora del Taivilla se habla de unos 18 hectómetros
cúbicos/año.
Otra pregunta era cómo funciona el régimen concesional y cuántas
quedan por hacer. Respecto a las aguas superficiales, el régimen
concesional funciona con absoluta y total puntualidad. Lo que ha sido
tradicionalmente la competencia de la Confederación Hidrográfica, que
eran las aguas superficiales, que han sido las que han creado
importantísimos conflictos que dieron lugar a que el plan del Júcar
fuera el último en aprobarse, se tiene absolutamente recogido,
incluidos los canales públicos que somos los que tenemos también los
canales de regadíos realizados por el Estado con concesiones
otorgadas, por ejemplo, el canal JúcarTuria. El número no se lo puedo
decir porque es mucho. Le puedo decir que tenemos constituidas en
este momento unas 900 comunidades de regantes. Debemos tener un orden
muy superior porque habría que añadir todas aquellas concesiones que
van a personas físicas o jurídicas individuales que no necesitan esa
concesión.
Quizá usted se quiera referir -y no eludo entrar en ello- a cuántos
puede haber respecto a las aguas subterráneas. Ustedes saben que,
cuando se aprobó la Ley de Aguas, se declararon que formaban parte
del dominio público hidráulico, aunque en algunos casos con un
aprovechamiento temporal de aguas privadas, todas las aguas
subterráneas. Eso representó, en el caso concreto de la cuenca del
Júcar que, como he dicho, se estima en 1.400 hectómetros cúbicos,
supone el 26 por ciento del total español, un volumen muy importante
de trabajo que no hemos terminado en este momento, aunque está muy
avanzado. Tampoco le puedo decir cuántas hay por finalizar. Sí le
puedo decir que en algunas zonas muy concretas y determinadas lo
tenemos prácticamente acabado o en vías de finalización. En el caso
del Vinalopó porque la inmensa mayoría de los acuíferos de Vinalopó
están declarados sobreexplotados y tienen estudios detallados sobre
todas las explotaciones existentes y desde hace muchísimos años no
hay explotaciones nuevas porque no hay agua, ha habido sustitución de
algunas que se han quedado obsoletas o han tenido problemas técnicos,
pero no nuevos y, en otro caso, en el acuífero de La Mancha oriental
en Albacete, que el plan hidrológico del Júcar expresamente establece
las grandes líneas de su plan de explotación y hay un enorme interés,
por parte de la junta central de usuarios y de la propia
Administración, codo con codo, en terminar de regularizar la
situación. El censo que teníamos hecho, por una parte, porque lo
presentaron los propios interesados dentro del plazo que dio la Ley
de Aguas entre 1986-1989, hasta algunos con posterioridad y, sobre
todo, todos los que han ido detectando la propia junta central de
regantes cuya pertenencia es obligatoria, de acuerdo con una
resolución de la presidencia de la Confederación, resulta que se
tiene absolutamente censados. No le puedo decir el número exacto
porque no tengo el dato concreto aquí. Lo que sí puedo decir es
que en estos días la junta central de regantes está adoptando
decisiones acerca de cómo se van a inscribir unas 60.000 hectáreas,
cómo otras treinta y tantas mil hectáreas van a tener otras
dotaciones. Este tema, que ya lo ha comentado su propia junta de
gobierno, me parece que va a ir a una asamblea próxima en esta misma
semana o en la que viene.
Sobre si respeta la directiva marco, mi opinión es que sí. En
aquellos aspectos en que la directiva marco hace alusión a la
restauración de sistemas con problemas serios importantísimos
medioambientales, como son acuíferos sobreexplotados o zonas húmedas,
asigna recursos para dar soluciones. En este tema, que es quizá en el
que la directiva marco nos afecta más directamente, no solamente lo
cumple sino que el Plan hidrológico nacional viene a adelantarse a
aquello que la propia directiva marco establece como plan de cuenca
que tendrá que tener en cuenta todas estas situaciones con problemas
de calidad y cantidad de agua, realizadas básicamente con la calidad
y el buen estado ecológico de los acuíferos y de las aguas
subterráneas, precisamente para poderla recuperar. No es posible la
recuperación de una serie de acuíferos sobreexplotados en la cuenca
del Júcar si no vienen estos recursos externos. Por lo tanto, lo
respeto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
También se ha comentado mucho si la directiva marco establece de una
forma absolutamente dogmática e inamovible el principio de gestión
por la cuenca hidrográfica. Perdonen que hable de mí personalmente,
pero he sido presidente de la red internacional de organismos de
cuenca, organización que vela en todo el mundo por la defensa y el
mantenimiento de la gestión por cuenca hidrográfica, y puedo decir
que esa gestión de cuenca hidrográfica lo que viene a establecer es
que en lo posible -y es lo que dice la directiva marco- no se divida
la cuenca hidrográfica para gestionar una y otra parte de forma
diferente. De hecho, la propia directiva marco llega a pedir,
precisamente por la negociación a que dio lugar su aprobación en el
seno del Parlamento Europeo y de la Comisión, la coordinación en
aquellos tramos internacionales y, en lo posible, que se pueda llegar
a una solución de una autoridad única. Pero en absoluto establece
que, por una parte, puedan agruparse cuencas hidrográficas para su
gestión dentro de una demarcación hidrográfica cuando son pequeñas y,
por otra, que puedan llegar compensarse o a relacionarse los recursos
hídricos de unas y otras cuencas hidrográficas. No podemos olvidar
que toda Europa, sobre todo Francia, Países Bajos y Alemania, tiene
totalmente interconectadas todas sus cuencas hidrográficas por
canales; los emplean para navegación, pero en muchos casos también
están sirviendo para regulación de avenidas, para regulación de
crecidas y, en escasas ocasiones, para mejora de la propia calidad.
Por lotanto, difícilmente la directiva marco iba a sentar ninguna
base de oposición. Mi opinión, que es lo que me ha preguntado, es que
el Plan hidrológico nacional lo respeta total y absolutamente. En la
propia legislación tendrán que establecerse los planes de cuenca que
fija la directiva marco, pero esa es la trasposición y hay un plazo
para ello.
Medidas de coordinación o profundización entre planes hidrológicos de
cuenca. Los deja, creo recordar, para una disposición en un momento
posterior. En el plan hidrológico, en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, se dice que debe adoptarse un
sistema de explotación único; ese va a ser el reto más importante con
el que nos vamos a enfrentar y va a necesitar estudios concretos en
los que podamos ir adaptándonos a ese sistema. El propio análisis de
sistemas hidráulicos del Plan hidrológico nacional ya hace una
consideración en un sistema único del ámbito territorial de la
cuenca. Si bien es cierto que, por razones de simplificación, lo
reduce a los sistemas hidrológicos más importantes y sólo introduce
aquellos sistemas de explotación de aguas subterráneas que
corresponden. Por ejemplo, el de La Mancha oriental y algunos otros
de utilización conjunta.
En cuanto a la pregunta de si ha habido algún contrato, en el tiempo
que llevamos no hemos tenido ninguna petición de contrato de cesión
de derechos entre usuarios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Juan Manuel Aragonés
Beltrán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por
dedicarnos su tiempo y su conocimiento.
Vamos a hacer una interrupción de dos minutos. (Pausa.)
- DEL PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJO-SEGURA (GARCÍA YELO). (Número de expediente 219/000183.)
La señora PRESIDENTA: Señores comisionados, pasamos a la siguiente
comparecencia, la tercera de la tarde del miércoles día 28, en
relación con el proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.
Tenemos con nosotros a don José García Yelo, presidente del sindicato
central de regantes del acueducto Tajo-Segura.
Señor García Yelo, muchas gracias por su presencia. Tiene alrededor
de 10 ó 15 minutos para su exposición, posteriormente intervendrán
los grupos parlamentarios a los que, en su caso, responderá después.
Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): Señoras y señores diputados, he hecho una
recopilación de conceptos y datos del plan de cuenca del Segura que
pueden ser de interés en
este momento en que está el trámite parlamentario del Plan
hidrológico nacional. Dicho plan tiene como objetivo fundamental la
corrección del desequilibrio hídrico en España, dándose situaciones
dentro de cuencas hidrográficas que pueden corregirse dotándolas de
mejor regulación interna, y, en otros casos, que se precisa de la
aportación de recursos excedentarios procedentes de otras cuencas. En
este último concurre con la situación de la cuenca del Segura, donde
el regadío constituye con diferencia el principal uso del agua en
cuanto a los volúmenes de recursos consumidos y el motor básico que
ha contribuido al desarrollo socioeconómico en su territorio.
La implantación de los riegos en la cuenca es antiquísima, existiendo
abundantes documentos de la época de la dominación árabe que
configuran la tradición que revela una red de regadíos de azudes,
acequias y azarbes, que prácticamente se han mantenido hasta hoy en
las tradicionales huertas de las vegas del Segura. Esta antigua
tradición de regadío no sólo se ha mantenido hasta la actualidad,
sino que, sometida a diversas coyunturas sociales e hidrológicas a lo
largo del tiempo, ha ido en aumento durante el siglo XX gracias a la
mayor disponibilidad de recursos originada por la realización de
obras de regulación en la cuenca y a los nuevos sistema de captación
de recursos subterráneos, que permitieron transformar en regadíos
superficies no dominadas con gravedad y alejadas de las áreas
tradicionales.
Los orígenes del agua aplicada a este uso son los propios recursos
superficiales de la cuenca regulados por sus embalses; los recursos
subterráneos drenados por manantiales o extraídos mediante bombeo,
los recursos procedentes de la reutilización tanto de drenajes de
riego como de afluentes urbanos, los recursos procedentes del
trasvase del Tajo y, recientemente, los recursos generados mediante
el proceso de desalación. En el sistema de utilización para riego se
dan todas las posibles combinaciones entre los orígenes antes dichos,
existiendo por tanto una amplísima casuística de situaciones de uso,
complicada aún más por el sistema de prioridades y asignaciones
legales.
Ante una situación así, la rigurosa cuantificación del uso del agua
para riego en la cuenca presenta muy notorias dificultades, como
puede comprenderse, agudizadas por el hecho de la no incorporación de
las aguas subterráneas al dominio público hidráulico hasta la
aprobación de la vigente Ley de aguas, lo que ha conllevado en
general la ausencia de control de estos recursos y su consiguiente
falta de conocimiento por parte de la Administración pública del
agua. Además, se dan tres circunstancias que dificultan en la
práctica la estimación del uso actual para riego: la situación de
grave escasez en que se encuentran los recursos propios de la cuenca,
la irregularidad con que se han venido produciendo las transferencias
desde el Tajo hasta que fue aprobado el Plan hidrológico del Tajo y
el progresivo
agotamiento de recursos subterráneos como consecuencia de la
sobreexplotación. La combinación de estas circunstancias da lugar a
que el regadío se encuentre sometido actualmente en gran medida a la
inestabilidad en el suministro, que le confiere cierto carácter
eventual y hace que la aplicación del agua no sea estable e igual a
la demanda, como es de desear, sino que dependa de la coyuntura
hidrológica del momento. Es obvio que tal situación no es sostenible
en el futuro.
Hechas estas salvedades y dejando aparte el último período de sequía,
que arrojaría resultados mucho más desfavorables, una estimación del
agua actualmente aplicada con destino a riego en el Segura en
situación normal podría cifrarse en 1.250 hectómetros cúbicos, que se
elevarían a 1.328 si se incluyen las superficies de riego fuera del
ámbito territorial del Segura pero abastecidas desde éste. La
superficie de riego actualmente existente se estima en 269.029
hectáreas, de las que 253.000 están dentro del ámbito territorial de
la cuenca del Segura y 16.028 corresponden a regadíos situados fuera
de esa cuenca del Segura, en el Júcar y en el sur, pero que se
atienden -como he dicho anteriormente- con recursos suministrados
desde este ámbito. Con tales superficies y volúmenes, la aplicación
global media bruta resultante es del orden de 4.900 metros cúbicos
por hectárea y año, y tales volúmenes son extremadamente reducidos
tratándose de dotaciones brutas. El valor medio global deseable y
ajustado estaría en torno a los 6.000 ó 7.000 metros cúbicos por
hectárea y año, lo que da una idea de la grave situación de
deficiencia, infradotación y eventualidad a la que antes aludía, y
ello sin sequía y con la primera fase del trasvase consolidada. Se
estima el déficit estructural de esta cuenca en 460 hectómetros
cúbicos/año, imponiéndose el criterio restrictivo de crecimiento
nulo. Debe ponerse de manifiesto que, del total de extracciones
subterráneas, unos 210 hectómetros cúbicos proceden de la
sobreexplotación de las reservas no renovables, por lo que, con las
dotaciones anteriores, unas 60.000 hectáreas de la cuenca tienen
comprometida su permanencia a medio y largo plazo.
A esta situación representativa se añade en los últimos años una
excepcional sequía que está mermando los recursos aplicables al
regadío y está dando lugar a una sensible disminución coyuntural de
las superficies regadas. Este hecho resulta muy significativo, por lo
que nos parece oportuno hacer alguna referencia a él. Cabe indicar
que, aunque no se dispone de datos globales anuales de la evolución
de regadíos para todo el ámbito territorial de la cuenca del Segura,
existen series estadísticas de la región de Murcia que, dada la
inclusión total en la cuenca y el elevado porcentaje respecto a la
superficie y demanda totales, pueden considerarse, con algunas
matizaciones, representativas de la situación general.
El análisis de estos datos resulta particularmente ilustrativo y
revela con claridad una disminución de superficies regadas en los
últimos años, caracterizados por la progresiva disminución de
recursos disponibles a causa de la sequía. La superficie global ha
venido disminuyendo desde 1988, con ritmo acelerado a partir de 1991.
Las superficies de cultivos herbáceos responden con notable
flexibilidad a la falta de recursos, con una disminución sostenida
desde 1988 que representa una pérdida de unas 32.000 hectáreas. La
dinámica de los leñosos es lógicamente diferente, produciéndose
cierto desfase en la respuesta a la escasez de recursos. La
superficie mantiene tendencia expansiva en los año 1989, 1990 y 1991,
período en que ya se estaba manifestando la disminución de la
superficie de herbáceos, tendencia que se invierte en las tres
últimas campañas que acumulan un decremento de 7.000 hectáreas. Esta
disminución de superficies se corresponde en parte con la no
renovación de árboles envejecidos y en parte también con la pérdida
directa de plantaciones. La agricultura de regadío aporta, no
obstante, más del 90 por ciento de la producción agrícola murciana,
pero precisa una solución efectiva a la precariedad del recurso
hídrico que sólo puede lograrse con el Plan hidrológico nacional.
Parece imposible hablar de la cuenca del Segura sin hacer mención del
valle del Almanzora, que se encuentra a caballo entre la cuencas del
Sur y la del Segura, tiene unas 35.000 hectáreas de superficie,
dispone actualmente de 15 hectómetros cúbicos como máximo del
trasvase Tajo-Segura, limitados por ley, y 20 hectómetros cúbicos muy
irregulares aportados por el río Almanzora, y tiene su esperanza en
el trasvase del Negratín, con una aportación máxima de 50 hectómetros
cúbicos, y en el del Ebro, con 95 hectómetros cúbicos.
Creo que es necesario hacer mención, aunque sea breve, del trasvase
Tajo-Segura. Conviene recordar que está regulado por las leyes 21/
1971 y 52/1980; la primera define el volumen trasvasable máximo en
600 hectómetros cúbicos anuales y la segunda regula el régimen
económico de explotación del acueducto, haciendo la distribución de
los volúmenes que se trasvasen en la disposición adicional primera y
remitiendo en la adicional novena la determinación de aguas
excedentarias al plan hidrológico del Tajo, que fue aprobado por el
Consejo de Aguas de Cuenca el 18 de abril de 1997. Hay que decir que,
durante 18 años, la explotación del acueducto Tajo-Segura estuvo
condicionada por la mala gestión de los embalses de Entrepeñas y
Buendía, lo que ha dado lugar a valoraciones tendenciosas sobre las
posibilidades de recursos trasvasables. A partir de la definición de
recursos excedentarios, el trasvase Tajo-Segura ha funcionado con una
media anual de 526,46 hectómetros cúbicos para atender las
necesidades de riego de las siguientes superficies, deduciendo
previamente, como es natural, el carácter
prioritario del abastecimiento. Hay dependientes del trasvase, y
únicamente de aguas del trasvase, 52.000 hectáreas en la cuenca del
Segura y hay 74.000 hectáreas regadas con aguas superficiales,
subterráneas, de desalación o residuales, que han sido redotadas con
aguas del trasvase Tajo-Segura. Todas las tomas del trasvase están
dotadas de contadores volumétricos ultrasónicos.
Es conveniente mencionar el tema de la desalación, puesto que hay
quien piensa que puede ser una solución alternativa al trasvase del
Ebro. Al hablar de desalación hay que distinguir entre agua salobre y
agua salina. Entendemos por aguas salinas las que proceden del mar y
cuyo contenido de sales oscila entre 33 y 35 gramos de sales
disueltas por litro. Las aguas salobres son aquellas de origen
continental, superficial o subterráneo, cuya salinidad varía entre 3
y 12 gramos. En la cuenca del Segura, el sistema más utilizado para
desalinizar aguas salobres es el sistema de ósmosis inversa, aunque
su aplicación con agua del mar está creciendo. En la actualidad, el
coste de la desalación del metro cúbico ha bajado, pero todavía está
en 45 ó 60 pesetas metro cúbico para agua salobre y en 85 ó 90
pesetas para agua del mar, pero sin incluir la amortización.
Presenta una gran limitación el vertido de la salmuera que produce
este proceso de desalación. En nuestras costas, dos o tres kilómetros
mar adentro, nos encontramos con unas praderas de posidonias -especie
de algas protegidas- que obligan a la conducción de la salmuera por
emisores submarinos a larga distancia y con elevado coste. Otra
limitación la constituye la toma de agua del mar. En general, las
plantas desaladoras por ósmosis inversa no toman el agua directamente
del mar, ya que su elevado contenido en materia uránica, el plancton,
las algas y su valor alto de turbidez impiden su utilización directa,
por lo que se va a las perforaciones, que provocan intrusión marina.
Estas tienen hasta ahora bastantes dificultades y son pocos los
acuíferos litorales permeables. Se han hecho estudios que dan un 75
por ciento del litoral que reúne esta condición de impermeabilidad.
El mar Menor constituye una barrera tanto para la toma de agua del
mar como para la evacuación de la salmuera. Existen excepciones, como
el caso de Mazarrón, donde se ha conseguido una intrusión aceptable,
y hay espacios naturales de protección especial, como la punta de
Camp Negre, Peña del Águila, costa del cabo de Palos y salinas de San
Pedro del Pinatar, que también impiden actuar en esas zonas. El
transporte desde la costa al punto de distribución tiene un valor
importante que también se debe tener en cuenta.
El último punto es el riego localizado y modernización de regadíos,
que ha adquirido una gran importancia en la cuenca del Segura. El
problema del agua en la región de Murcia es tan acuciante que ha
obligado a los agricultores a utilizar todas las técnicas de riego
imaginables frente a la frecuente escasez de recursos. De
aquí que cualquier nueva tecnología que lleve al uso más eficiente
del agua haya sido rápidamente incorporada a nuestros regadíos. Un
ejemplo de la rápida implantación del riego localizado en nuestra
zona son sus ventajas en relación con el riego por inundación,
conocido también como riego a manta. Entre otras, se pueden destacar
la optimización del uso del agua, la utilización de aguas de peor
calidad, el aumento de cantidad y calidad de cosechas, mayor
racionalización del consumo energético, fertirrigación asociada,
menor contaminación y mejora de la calidad de vida del usuario. El
riego por goteo comenzó a implantarse en parcelas aisladas en los
años setenta, en cultivos de cítricos y en otros regadíos con aguas
subterráneas, para irse extendiendo rápidamente a los regadíos del
trasvase Tajo-Segura y a todo tipo de cultivos; existen en la
actualidad en la región de Murcia 56.029 hectáreas de riego
localizado. El riego localizado también ha contribuido a la
implantación de nuevas técnicas, como el cultivo hidropónico. A
partir del año 1988, como consecuencia de la revolución tecnológica,
tanto en temas hidráulicos como en informática, se ha evolucionado
rápidamente hasta la modernización, concepto muy amplio en el que se
manejan criterios de mejora en las pérdidas de conducción, y se
supone un gran cambio estructural de la gestión al conjugarse las
obras de infraestructura con la aplicación de tecnologías más
avanzadas que nunca se pensó aplicar al regadío.
Se puede destacar que hay comunidades de regantes que son modélicas y
ejemplares en este uso, como es la de Mula y el pantano de La Cierva,
que ha llevado a cabo la implantación de un sistema de regadío
modernísimo en una zona regable que data de hace 500 años, lo que ha
permitido demostrar que aun en los regadíos antiguos se puede
establecer la modernización de regadíos. Actualmente hay unas 66.800
hectáreas con una inversión prevista de 28.470 millones que están en
proceso avanzado de entrada en la modernización de regadíos.
Nada más. Quedo a disposición de los señores diputados para contestar
a las preguntas que consideren oportunas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Yelo, por su
magnífica intervención.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruiz
López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): Señor García Yelo, en primer
lugar, quiero darle las gracias en nombre del Grupo Popular y en el
mío propio por esta comparecencia y por su explicación. Sin duda,
esta comparecencia ha tirado por tierra muchas de las cosas que se
han dicho entre el día de ayer y esta mañana en cuanto al uso del
agua en la región de Murcia y en cuanto a su gestión y su
administración. También debemos felicitarnos porque es el primer
compareciente que
viene de la cuenca del Segura. Quiero resaltar que sólo el Partido
Popular ha solicitado comparecientes de la cuenca del Segura. Era
necesario para ilustrar a esta Comisión que una cuenca tan
problemática como ésta tuviera representantes que pudieran
explicarnos las cosas como usted lo ha hecho. Pero como esta tarde no
estamos aquí para escucharme a mí, sino para escucharle a usted,
quiero plantearle una serie de cuestiones lo más rápidamente posible,
para que usted, si puede, me las aclare.
Me gustaría que profundizara un poco en el uso y en la gestión del
agua que se hace en la cuenca del Segura. También quisiera que me
dijera si los recursos que tenemos y los que están por llegar están
realmente asignados. Ayer, en una comparecencia, se habló mucho de
los contadores, de si el agua se mide cuando se da a cada uno de los
regantes o cuando se trasvasa. Me gustaría que nos hablara un poquito
del uso de contadores en la cuenca del Segura. Quiero preguntarle
-porque también lo han hecho otros grupos- si los bancos públicos de
agua podrían dar más recursos a la cuenca del Segura, lógicamente sin
aportaciones externas, si desde el anuncio del posible trasvase que
plantea este proyecto de ley de Plan hidrológico nacional se han
incrementado los regadíos ilegales en la cuenca del Segura y que nos
dijera si es una cuenca en expansión o en recesión.
Ayer decían unos comparecientes que habría efectos muy negativos para
las cuencas receptoras, no sólo para las cuencas cedentes. Me
gustaría que me dijera si los hay y si está de acuerdo. También tenía
apuntado el tema de la desalación y lo ha aclarado usted muy bien; si
es una solución social, económica o medioambiental, y sobre todo,
como usted bien ha dicho, los problemas de instalación y de situación
de esas desaladoras que existen en la cuenca del Segura. También me
gustaría preguntarle si el precio del agua del que se habla en el
proyecto de plan es un precio creíble. Y una cuestión especialmente
relacionada con el sindicato de regantes que usted preside, y es si
este Plan hidrológico nacional consolida el trasvase Tajo-Segura y
garantiza las asignaciones, porque es un tema importante a aclarar.
Asimismo quiero resaltar, y supongo que estará de acuerdo, el
consenso que existe entre las fuerzas sociales de la región de Murcia
para apoyar este Plan hidrológico nacional, consenso por el que
quiero felicitar a todos los regantes, que han sido capaces de llegar
a la unanimidad y de ponerse todos a favor de este Plan hidrológico
nacional. El Partido Popular todavía tiene la mano tendida y para eso
estamos en estos trámites, y me gustaría que los partidos que están
en la oposición, con todas estas comparecencias, entren en la
negociación y consigamos esa política de Estado que es la política de
aguas que todos necesitamos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quiero agradecer al señor García Yelo su
presencia y su ilustración sobre el trasvase Tajo-Segura y las
repercusiones que está teniendo en esta cuenca.
Ya que es usted un gran conocedor del trasvase TajoSegura, me
gustaría que mi primera pregunta fuera un poco crítica, en el sentido
de que el propio libro blanco del agua reconoce que ese trasvase no
ha producido los beneficios planteados. ¿Está usted de acuerdo con
las manifestaciones hechas en el libro blanco o considera que sí se
han conseguido los efectos esperados? También me gustaría que nos
explicase un poco más el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y
que nos dijera a cuánto se está pagando el agua trasvasada, si tiene
las cifras.
Querría conocer en qué medida se han puesto en funcionamiento más
regadíos, lo cual ha traído como consecuencia una mayor demanda, y si
todos tienen concesión, si están legalizados o están en período de
consolidación. A los regantes les gusta también hablar mucho de riego
en período de consolidación. Asimismo me gustaría preguntarle si
tiene usted conocimiento de que el canon cobrado por este trasvase se
esté reinvirtiendo en los municipios afectados por el propio trasvase
por motivos de compensación en este sentido; si considera usted que
el Plan hidrológico nacional puede ser una ley de punto final para la
legalización de los regadíos en precario o que están en fase de
consolidación, aquellos en los que se insiste en que no están
legalizados, lo cual puede incrementar una mayor demanda porque, por
la aureola que puede tener el Plan hidrológico nacional como ley de
punto final, puede que la gente aproveche esta circunstancia para
poner nuevos regadíos y quedar incluidos para la legalización. Si se
está haciendo todo lo posible o se podría hacer aún más para la
gestión de la demanda de la propia cuenca y si se ha podido oír la
demanda con relación a la oferta del trasvase Tajo-Segura; si se
necesitan más aportaciones de agua externa, si en la oferta que se
daba a través del trasvase Tajo-Segura se ha podido escapar el tema
de la demanda.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor García Yelo, para
responder a las diferentes cuestiones y aclarar los aspectos que los
propios portavoces le han expuesto.
El señor PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): El señor Ruiz habla del uso del agua, me
pregunta cómo se usa el agua en la cuenca del Segura. Antes se
hablaba de que había que ir a Israel para aprender el uso del agua y
optimizar el recurso, pero yo les aseguro que en la cuenca del
Segura, precisamente por la escasez de agua y por el precio de la
misma, se ha llegado al límite de optimización. Y prueba de ello,
como decía en mi exposición, es que la
modernización de regadíos y su automatización está avanzando
enormemente. En esa comunidad de regantes que yo le mencionaba, la
del embalse de La Cierva, a la que después ha seguido la gran
comunidad de regantes del Campo de Cartagena y a la que están
siguiendo otras en el mismo camino, el objetivo fundamental es
precisamente el ahorro del agua, hacer todo lo posible para poder
ahorrar agua y utilizar los recursos en las mejores condiciones
posibles. Los procedimientos que se utilizan para la distribución
necesariamente dan lugar a un ahorro de agua, porque se hace toda la
conducción por tuberías cerradas. No sólo están los contadores
ultrasónicos que se utilizan para la recepción del recurso en la
comunidad de regantes, sino que la distribución de la comunidad de
regantes se hace también por contador y se suministra el agua a los
usuarios, facturándosela por metro cúbico utilizado. La medición del
agua está hecha por los procedimientos más modernos que hay, pero el
propio regante es el que más interés tiene en ello, con el fin de que
el escaso recurso que recibe pueda administrárselo en las condiciones
más favorables y en la época en que considera que puede ser más útil
para la plantación que tiene.
El banco del agua. Es incomprensible tener un banco sin recursos. ¿De
dónde dispondría el banco del agua de recursos? ¿Quién daría recursos
al banco del agua, regantes que abandonaran sus plantaciones, que
desistieran de mantener las plantaciones que tienen y pusiesen el
agua a disposición de otros regantes, de otros usuarios? Eso, en la
cuenca del Segura, donde existe esta antiquísima tradición del
regadío, es inviable, es impensable. Yo entiendo que puede en algún
momento utilizarse el procedimiento de la cesión temporal de uso, que
es una cosa muy distinta. Por ejemplo, el abastecimiento que tiene ya
agotados todos los recursos que legalmente le corresponden, por la
necesidad prioritaria del abastecimiento, pueda ir a buscar una
cesión temporal de uso en el regadío. Entonces, en plantaciones
estacionales, de verano o de invierno, se deja de hacer esa
plantación y se puede dejar a disposición del abastecimiento, entre
tanto no resuelva buscar otro recurso, ese recurso, pagando al
regante el lucro cesante. Es una propuesta que yo hice en la
Dirección General de Obras Hidráulicas hace tiempo, cuando se hizo la
modificación de la Ley de aguas, pero que todavía no se ha puesto en
práctica. Quiere decirse que el abastecimiento parece ser que tiende
a reabastecerse de los recursos que le faltan a través de la
desalación. Pero el banco de agua, para mí, es inviable.
El trasvase y los incrementos de regadío. Si se refiere al trasvase
Tajo-Segura, los recursos están distribuidos por ley. Como he dicho
anteriormente, la disposición adicional primera de la ley 52/1980
distribuye los recursos en las distintas zonas y luego los planes
coordinados del Ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente
hoy, entonces con el de Obras Públicas, hicieron la distribución de
las zonas regables y la asignación
de dotaciones. Quiere decirse que eso está de una manera muy
concreta. La expansión de los regadíos en la cuenca yo creo que es
totalmente inviable y, además, está aceptado en el propio plan
hidrológico de cuenca el crecimiento cero. Se trata de consolidar los
regadíos existentes con los recursos que se pueda disponer de un
nuevo trasvase y, por lo tanto, no se acepta en manera alguna la
expansión de regadíos.
Los efectos negativos que puede producir el trasvase del Ebro. No lo
entiendo. Al parecer, es un agua que es de menos calidad que la del
trasvase Tajo-Segura. Es cierto. La del trasvase Tajo-Segura es de
cabecera y este agua del Ebro se va a tomar en la desembocadura, pero
la realidad es que la calidad del agua es muchísimo mejor que la de
los recursos subterráneos que se están obteniendo actualmente. No hay
preocupación alguna de que esos recursos procedentes del Ebro puedan
producir un deterioro en la cuenca del Segura.
El precio del agua de 52 pesetas es orientativo hasta ahora, no es un
precio definitivo. Una vez que se destine a los distintos usos,
lógicamente el abastecimiento paga el agua más cara y eso irá en
cierto beneficio de los regadíos. Decía el señor Aragonés que le
comentaba un regante que el agua más cara es la que no se tiene.
Efectivamente, si la economía de la cuenca del Segura está
fundamentada esencialmente en el regadío, allí lo que se precisa es
el agua y se busca como sea y donde sea. Prueba de ello es que, a
pesar de las enormes dificultades que, como he dicho, tiene la
desalación, se sigue intentando buscar la ubicación de plantas de
desalación. La corporación que yo presido tiene un equipo de sondeos
que está destinado a hacer esa prospección y están ya más de un año
buscando a ver si se encuentra un sitio donde se pueda implantar una
desaladora para 50 hectómetros cúbicos, para tenerla como reserva y
ayuda del trasvase Tajo-Segura. ¿En qué condiciones queda el trasvase
Tajo-Segura con el Plan hidrológico nacional? El trasvase TajoSegura
se ha consolidado con el Plan hidrológico nacional, puesto que la
definición de recursos excedentarios se ha elevado a rango de ley.
¿Esto es bueno? Es bueno no solamente para la cuenca receptora, sino
también para la cuenca excedente, porque en los trasvases es
imprescindible tener muy claro que sólo se deben trasvasar recursos
excedentarios. Por tanto, la definición de recursos excedentarios es
un concepto básico para poder funcionar. Nosotros tenemos a gala
decir que jamás hemos tenido la menor queja de los regantes del Tajo;
nunca los usuarios del Tajo nos han presentado la menor queja con
respecto al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. ¿Por qué? Porque
nunca se les ha afectado el recurso que tienen asignado. Está muy
clara la definición de recursos excedentarios. Por encima de 240
hectómetros cúbicos de existencias en el biembalse Entrepeñas y
Buendía, que funcionan comunicados por un túnel, son recursos
excedentarios. Hay una franjacautelar que está entre los 240 y 500 en
la que se considera
ya que ha de actuarse enviando la propuesta de la Comisión Central de
Explotación al Consejo de Ministros, para que sea este último quien
decida si se debe proceder al trasvase de la propuesta de la Comisión
central o se debe reducir. Por encima de esa franja, libremente, los
recursos que hay por encima de los 500 aproximadamente de existencia
en Entrepeñas y Buendía son trasvasables sin ningún condicionamiento.
Elevado esto a rango de ley es una garantía, repito, tanto para la
cuenca cedente como para la receptora.
El consenso de los usuarios creo que ha sido un paso muy avanzado
hacia el Plan hidrológico nacional. Existe el consenso dentro de la
cuenca del Segura, sin lugar a dudas y sin ningún recelo, entre toda
clase de usos y entre esas distintas clases de agua que se manejan en
la cuenca del Segura, aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas
del trasvase Tajo-Segura; pero lo más importante es que, a través de
la Federación nacional de comunidades de regantes, los representantes
de los usuarios de las nueve cuencas hidrográficas llegaron a
establecer unas reglas de juego que no voy a repetir porque don
Andrés del Campo esta mañana dio cuenta de ellas, pero que son muy
claras: se trasvasan única y exclusivamente recursos excedentarios;
la cuenca cedente debe tener una garantía absoluta de que los
trasvases que se hagan no pueden afectar a los usos que actualmente
tiene ni a su normal desenvolvimiento. Al trasvasarse recursos
exclusivamente excedentarios, a la cuenca receptora también hay que
darle una garantía mínima de que recibirá esos recursos, salvo en
situaciones excepcionales en las que haya que hacer la suspensión de
los envíos por cualquier catástrofe, por cualquier situación que esté
plenamente justificada. Desde luego, en el Plan hidrológico nacional
queda muy claro que no se pueden ampliar regadíos con los recursos
que se van a trasvasar ahora. Es decir, se trata de consolidar
regadíos existentes, pero en manera alguna se puede ampliar ni un
metro cuadrado más de regadíos en las cuencas receptoras. Rápidamente
todos los usuarios nos pusimos de acuerdo y por eso todos hemos
apoyado el Plan hidrológico nacional.
Hay otros puntos que creo que no merece la pena detallarlos, pero
están en ese documento que se firmó y que, como es natural, fue un
apoyo sustancial de un grupo reducido de representantes, porque somos
nueve en el Consejo Nacional del Agua, pero es un grupo que
representa a un colectivo amplísimo, que son los que hacen uso del 80
por ciento de los recursos hídricos de España.
Creo que con esto he contestado a las preguntas del señor Ruiz. Por
tanto, paso a las del señor Quirós. Los beneficios del trasvase
-parece que era una de las preguntas-, el funcionamiento del trasvase
y el precio del agua del trasvase, refiriéndose no sé si al precio
del trasvase Tajo-Segura; parece ser que era a ese trasvase al que se
refería. El trasvase Tajo-Segura, como he dicho anteriormente, está
regulado por dos leyes y los
receptores del agua del trasvase son los abastecimientos, 110
hectómetros cúbicos, y el regadío, 400 hectómetros cúbicos. Los 400
hectómetros cúbicos están distribuidos por la ley en cuanto a zonas y
por las comisiones técnicas mixtas dentro de la zona. Por tanto, cada
cual sabe el agua que le corresponde y cuando se autoriza un trasvase
hasta el último regante de cola hace sus numeritos y sabe el agua que
va a recibir de ese trasvase que se ha autorizado.
El precio del agua del trasvase actualmente está en 13,856 pesetas
para el regadío; no lo sé exactamente porque se ha aprobado la tarifa
recientemente y se ha publicado hace unos días en el Boletín Oficial,
pero sé que anda por las 13,85 pesetas. No la hemos puesto en vigor
todavía porque la publicación en el «Boletín Oficial», repito, es de
hace unos días. El precio del trasvase Tajo-Segura estuvo más alto,
pero se hizo una gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente y se
consiguió una rectificación del coste energético en la elevación
desde Bolarque a la Bujeda. Eso fue lo que motivó que hubiera una
baja en el precio del trasvase de casi cinco pesetas por metro
cúbico, y me estoy refiriendo al precio de agua para el regadío. El
precio que estábamos manejando era de 13,68 y ha subido unos 17
céntimos actualmente.
Más legalización de regadíos. Durante el período de trabajo de la
permanente se denunció que en la cuenca del Segura había una enorme
cantidad de regadíos ilegales, y así se ha denunciado también por
Ecologistas en Acción. Se hizo un estudio específico, ordenado por la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, y lo que se determina es que
en la cuenca del Segura los regadíos ilegales son el 2 por ciento de
la superficie total de regadío. No es que quiera denunciar a otras
cuencas, pero tengo la completa seguridad de que en el Guadalquivir,
en el Guadiana y en otras cuencas la superficie de regadíos ilegales
es muchísimo mayor. ¿Qué va a pasar con esta legalización de
regadíos? ¿Está propiciándose que haya más regadíos ilegales a
expensas de legalizarlos cuando llegue el agua del trasvase del Ebro,
si es que se aprueba el trasvase del Ebro? Creo que no. ¿Cómo se van
a crear regadíos donde no hay agua? Los regadíos ilegales existen en
todas las cuencas, unos están en trámite de legalización, hay otros
que no se van a legalizar nunca y a los que se sanciona
periódicamente, y hay esa faceta de que a través de la desalación
quedan unos recursos útiles disponibles y también las reservas que se
hicieron en la vigente Ley de Aguas sobre los recursos subterráneos,
con la posibilidad de hacer reservas de recursos subterráneos que no
estaban sujetos a la línea de explotación que marcaba la
confederación hidrográfica. Esa es una cosa que tiene los días
contados, no tiene posibilidad de prosperar, porque en una cuenca
donde el agua es cara y escasa es muy difícil que se puedan crear
nuevos regadíos. El que mejor vigila el uso del agua es el propio
regante, el que tiene más vigilancia sobre el vecino de al lado
que está regando su parcela y que se preocupa de que gaste
estrictamente el agua que le corresponde.
El canon de compensación. En el trasvase TajoSegura existe un
concepto que es aportación al coste de la obra; ese concepto de
aportación al coste de la obra, que es de alrededor de cuatro pesetas
y pico, es lo que se entrega a las comunidades autónomas, no a los
ayuntamientos sino a las comunidades autónomas, a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, a la de Madrid y a la de Extremadura.
Parece que la comunidad de Castilla-La Mancha recibe cuatro novenos
de ese canon de compensación, tres novenos la de Madrid y dos novenos
la de Extremadura; está en función de la superficie que tiene cada
comunidad autónoma en la cuenca del Tajo, no de la superficie de
riego sino de la superficie total de cada comunidad autónoma en la
cuenca del Tajo. Se habrán transferido por este concepto unos
veintitantos mil millones de pesetas desde que está funcionando el
trasvase Tajo-Segura. ¿El plan hidrológico, ley de punto final? Creo
que no. Si lo que va a hacer el plan hidrológico es consolidar los
regadíos existentes, estos están definidos como unidades de demanda
agraria en el plan de cuenca y, por tanto, se sabe quiénes son, dónde
están y qué condiciones son las que tiene. Insisto en que ese
criterio de que en la cuenca del Segura abundan enormemente los
regadíos ilegales no es una realidad. Hay regadíos ilegales, porque
los hay, pero en una cifra insignificante. Si hemos dicho antes que
la cuenca tiene 269.000 hectáreas de regadío, no llegarán a 5.000 las
hectáreas ilegales de regadío. Algunos de ellos están en fase de
consolidación porque son procedentes de recursos subterráneos que
estaban legalizados, pero que tenían trámites pendientes que hacer
para consolidarlos, y otros que creo que no se legalizarán nunca y
seguirán adelante como Dios quiera.
La gestión de la demanda está muy controlada y lo que sí está claro
es que se necesita de otra aportación de recursos foráneos, además
del trasvase Tajo-Segura, pero con el trasvase Tajo-Segura en fase de
explotación normal. Se necesita la aportación de recursos foráneos
para llegar al equilibrio dentro de la cuenca del Segura, y con eso
sí se pone punto final: no más crecimiento de regadíos en la cuenca
del Segura, algo asumido por todos los usuarios.
Creo que he contestado a todas sus preguntas, pero si hay alguna que
no la haya atendido, con mucho gusto responderé.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Después de la exposición que ha hecho el
señor García Yelo, me gustaría hacer dos o tres preguntas, para
enriquecernos todos con sus conocimientos.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, ha tenido una intervención como
portavoz del grupo y entiendo que quiera hacer varias preguntas más
para aclarar, pero vamos a intentar ser breves para recuperar el
tiempo perdido.
El señor QUIRÓS PULGAR: Voy a ser breve.
He dicho dos o tres preguntas, pero dos están muy relacionadas y me
las puede contestar a la vez. Usted ha hablado de que el agua
trasvasada está en torno a 13 y pico pesetas; yo tenía datos de
15,49.
PRESIDENTE DEL SINDICATO El señor CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): Estuvo antes.
El señor QUIRÓS PULGAR: Yo tengo datos del Instituto Nacional de
Estadística que indican que el agua se está pagando de media a unas
15,49 pesetas metro cúbico, aunque quizá esto sea lo más
insignificante. Con el coste del agua trasvasada del Ebro, en los
mejores casos hipotéticos para los regantes en torno a 52 pesetas el
metro cúbico, don Andrés del Campo, presidente nacional de los
regantes, esta mañana no ha sabido decir la cifra exacta. Decía que
existía una cierta incertidumbre y que todavía no se puede saber cuál
va a ser el coste. Hay estimaciones que pueden llevar el coste del
agua de 100 a 150 pesetas el metro cúbico, dependiendo de a dónde
vaya. El Segura, como se sabe, está más abajo y puede costar más, y a
los regantes de Almería más todavía, porque el agua tiene que hacer
un mayor recorrido. ¿Cómo puede afectar a la agricultura este
incremento del precio por un mayor coste en la producción y cómo
puede afectar la política agraria comunitaria en la cuenca del
Segura, con lo que se está vislumbrando sobre la política agraria
comunitaria? Por eso he dicho que eran dos preguntas que estaban
íntimamente relacionadas.
Usted ha dicho, y todos coincidimos, que la cuenca del Segura es un
ejemplo de cómo se debe gestionar el agua. Los agricultores, con un
recurso tan escaso, también son ejemplarizantes por cómo la están
administrando. No hay que irse a Israel, como ha dicho usted, para
saber lo que se está haciendo porque cuando hay un recurso escaso la
gente, como la necesita para vivir, lo gestiona lo mejor posible.
Usted ha dicho que el banco público del agua no tendría sentido en
esta cuenca, ¿pero ve positivos los bancos públicos del agua para
otras zonas?
La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia le solicita también al señor
Ruiz López una intervención muy breve.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): Treinta segundos, señora
presidenta.
Señor García Yelo, el otro día leí en un diario -lo digo por si me lo
puede confirmar- que en los canales de distribución y de riego en la
región de Murcia se pierde 25 veces menos que en otras cuencas,
aunque no quiero hacer comparaciones. También me gustaría que me
dijera qué porcentaje hay de subvención en la agricultura murciana y
si es muy dependiente de las subvenciones de la Unión Europea.
Por último, deseo agradecerle de nuevo, como no puede ser de otra
manera, su presencia y su aportación a esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Señor García Yelo, tiene la palabra y a ver si
es posible que no supere los 5 ó 10 minutos.
El señor PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): Es cierto que estuvo antes más cara el agua
del trasvase, pero ya he dicho que se hizo una gestión con Unión
Fenosa y se consiguió bajar casi 5 pesetas el metro cúbico. Estuvo en
19 y pico y actualmente el precio aprobado en la última tarifa es de
13,856.
Francamente no he entendido la pregunta. Ha insistido sobre el banco
público del agua. ¿Usted entiende que se abra un banco sin dinero? Si
no hay agua, ¿cómo se va a poner, cómo se va a actuar? ¿Se refiere
usted a otras cuencas?
El señor QUIRÓS PULGAR: Eran dos preguntas muy distintas. Estamos
hablando de que el precio del coste del agua trasvasada en el Tajo-
Segura ronda unas 13,87 ó 15 pesetas, como he dicho, según datos del
Instituto Nacional de Estadística, y quería saber cómo va a afectar
ahora, cuando el agua puede costar más de 52 pesetas el metro cúbico,
a una agricultura en la que se pagan unos costes menores por el
precio del agua. También quisiera saber cómo se puede ver
influenciada la agricultura por la política agraria comunitaria.
En cuanto a la segunda pregunta, todos estamos de acuerdo en que en
el Segura, como bien ha dicho, todo está muy controlado, muy
regulado, por lo que los bancos públicos del agua a lo mejor no
tendrían sentido. Pero yo le traslado la pregunta de si estos bancos
públicos del agua pueden tener utilidad en otras cuencas.
El señor PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): Vamos primero a lo del posible precio del
agua del trasvase del Ebro en la cuenca del Segura, la referencia de
52 pesetas. Lo que he oído decir a Andrés del Campo y lo que yo
pienso es que todavía no se sabe concretamente si va a ser ese el
precio, si va a ser más alto o más bajo. Hay que esperar a que se
apruebe la ley y ver cuál será el precio. Pero hay una cosa
significativa. No se trata de crear nuevos regadíos; se trata de
redotar regadíos existentes. Por tanto,
los actuales tienen algún agua, que puede ser de pozo, pueden ser
superficiales de la cuenca regular o del trasvase. Esa incidencia de
precio se disminuye con el coste que actualmente tenga el agua. Usted
me puede preguntar si se pueden hacer regadíos en la cuenca del
Segura con agua a 52 pesetas. No es lo mismo que si se trata de una
redotación, que ya tiene un recurso que lógicamente es más barato,
porque el precio más caro de tarifa de agua que existe en España es
la del trasvase Tajo-Segura. Allí, en la cuenca del Segura, el agua
de pozo y el agua superficial de la cuenca está todavía más barato
que el agua del trasvase. Me estoy refiriendo a explotación, no
valoremos el caso extraño de una cesión en un momento dado, en que se
pierde una cosecha de melocotón y se busca un riego y se compra al
precio que sea. Pero ese es un caso esporádico. El precio del agua
del trasvase del Ebro se conocerá cuando esté definida la estructura
de aprovechamiento y el régimen económico que se establezca en el
plan hidrológico.
Sigo insistiendo en que se podrá utilizar el banco del agua en un
sitio donde abunde el recurso para disponer de él, pero si abunda el
recurso, ¿quién lo va a comprar? Creo que está mal enfocado lo del
banco del agua. La cesión temporal de uso sí, porque en una cuenca
donde existe falta de recursos para abastecimiento se puede llegar a
concertar con el regadío, en los cultivos estacionales, el que cese
un cultivo, se dé una compensación económica y se disponga de ese
agua para esa campaña de riego. Así lo entiendo yo.
En cuanto a la pregunta del señor Ruiz respecto a los cultivos de la
cuenca del Segura, la mayor parte de los cultivos que se efectúan
allí tienen una demanda en el mercado indiscutible. Hay que tener
presente que se ha avanzado mucho desde el antiguo criterio del
agricultor al de hoy, que más bien es un empresario agrícola. Si son
pequeños agricultores están agrupados en cooperativas y si es un
empresario que actúa por su cuenta tiene una gestión directa de
venta. Hasta ahora lo que se produce tiene una demanda suficiente
para no necesitar de subvenciones. Lo que ocurre es que se trata de
una agricultura muy puntera, de tal manera que los cultivos arbóreos,
incluso, se hacen en plantaciones que duran 8 ó 10 años. No es como
antes, que se plantaba un melocotonero o un albaricoquero y duraba 20
ó 30 años en el mismo bancal. Las mutaciones que se hacen de
variedades, atendiendo la demanda de mercado, cambian mucho. Es una
agricultura que requiere una atención especial en cuanto a la
renovación del producto y una prospección de mercado. Hoy, cuando se
plantan lechugas en un bancal, por regla general, las lechugas que se
están plantando ya se tienen vendidas. Saben en la fecha en que se
van a coger las lechugas y tienen unos convenios establecidos con
cadenas de distribución. Incluso si no los cumplen, tienen una
penalización. Por tanto, el agricultor va muy en concreto a producir
una cosa que tiene una demanda ya establecida
por la organización comercial que tiene hecha, bien a través de
cooperativas o de una empresa que tiene directamente esa gestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): Había preguntado si tiene
usted conocimiento -lo he leído en un diario ayer o anteayer- de que
la red de distribución de Murcia, tanto la de distribución de consumo
como la de riego, tienen 25 veces menos pérdidas que las de otras
cuencas.
La señora PRESIDENTA: Señor García Yelo.
El señor PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO
TAJOSEGURA (García Yelo): Precisamente por la escasez del agua y
porque el agua cuesta dinero es por lo que se ha ido perfeccionando
extraordinariamente la red de distribución. Nosotros hemos pedido
que, a través del Plan hidrológico nacional, se subvencione la
distribución en alta, con el fin de que la mejora o modernización que
se haga dentro de la comunidad de regantes se atienda por el
Ministerio de Agricultura. Es decir, en alta que lo atienda el
Ministerio de Medio Ambiente y en baja el Ministerio de Agricultura.
Todavía existen acequias que tienen cientos de años, pero ya no son
lo que eran, no son las acequias de tierra donde se hacían las
mondas, sino que se han sustituido en los mismos cauces, se han
entubado las acequias y en la huerta de Murcia la acequia de barreras
ya no es la de antaño, ya no se ve el agua, el agua está metida en
una tubería, con lo que las pérdidas han disminuido enormemente y el
ahorro del agua se tiene muy en cuenta.
En lo que se refiere a abastecimiento, la mancomunidad de los canales
del Taibilla tiene a gala el tener una red de distribución que
pudiéramos considerar modélica, que está muy a punto y en condiciones
de atender a los dos millones de habitantes que se atienden a través
de la red.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Yelo, por su
presencia y por sus explicaciones. Nos damos dos minutos de pausa
para despedir al compareciente y recibir al nuevo compareciente.
(Pausa.)
- DEL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
(MARCO SEGURA). (Número de expediente 219/000184.)
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores comisionados, continuamos con
la siguiente comparecencia.
Tenemos con nosotros a don Juan Marco Segura, catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia y
director del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Señor Marco Segura, le doy la bienvenida a esta Comisión de Medio
Ambiente, agradeciéndole su presencia hoy aquí, sus conocimientos y
la hora o un poco más que nos va a dedicar.
Quiero comentarle que la dinámica de funcionamiento consiste en una
exposición de unos diez minutos, posteriormente intervendrán los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, reflexionando y
haciéndole preguntas o pidiéndole aclaraciones respecto a su
intervención, para que al final pueda haber aclaración y respuesta
por su parte. Repitiéndole la bienvenida y las gracias, tiene usted
la palabra.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
(Marco Segura): Señorías, muchas gracias por su invitación para
comentarles mis opiniones sobre el Plan hidrológico nacional, que son
las opiniones de un técnico dedicado a la academia.
El Plan hidrológico nacional culmina un largo proceso de más de 20
años para racionalizar el uso del agua en España. Conviene no olvidar
que el concepto de planificación hidrológica nace como respuesta a
las críticas sociales que aparecieron frente a un trasvase, el Tajo-
Segura, nacido como una pieza independiente no sólo de la
problemática del resto de España sino también de una concepción
independiente de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales.
Recordemos que en aquel tiempo las aguas subterráneas se consideraban
física y legalmente diferentes de las superficiales y eran
gestionadas por órganos diferentes de la Administración.
Por tanto, el Plan hidrológico nacional tuvo como origen la situación
en el sudeste español, que entonces, igual que hoy, arrastraba el
mayor déficit hídrico de Europa. Realmente no hay un déficit del
Júcar, propiamente dicho. De los 315 hectómetros cúbicos que se
consideran necesarios para este ámbito de planeamiento sólo 63 van al
sistema del Júcar. El déficit mayor, 168 hectómetros cúbicos, va al
Vinalopó y a Alicante. El déficit del Segura afecta a toda la cuenca
y el del sur a Almería. Es decir, en un espacio continuo que va desde
el cabo de La Nao hasta el cabo Sacratif, donde viven tres millones
de españoles, de tres autonomías diferentes y administrados por tres
confederaciones diferentes, faltan 715 hectómetros cúbicos por año.
No son tres problemas diferentes, es un problema único. Además, este
es un déficit real, actual, de hoy, no en el futuro, cercano al 40
por ciento de los recursos renovables. Es decir, estas tres
provincias están sobreexplotadas en un 40 por ciento por encima de
sus recursos renovables. Este es un problema único en Europa. En el
sudeste español hace 20 años que se ha superado el punto de no
retorno. Este déficit está siendo cubierto
sobre la base de la sobreexplotación generalizada de los recursos
subterráneos de la zona. En muchos lugares hay que profundizar los
pozos cada año, ante el descenso vertiginoso de los niveles
freáticos. Hay acuíferos sobreexplotados el 600 por ciento. El
impacto ambiental de esta situación es muy claro. Los manantiales han
sido completamente desecados. Las aguas del Segura, con o sin
depuración, son reutilizadas hasta seis veces sucesivas. Los retornos
de riego de las vegas altas murcianas se usan en las vegas medias y
los de éstas en Orihuela; los retornos de Orihuela en Almoradí y, a
su vez, lo poco que queda, agua de cuarta o quinta mano, es bombeada
en la desembocadura a Elche donde se consume por completo. El agua en
cada uso se carga de sales y en la desembocadura del Segura se usa
agua con 8.000 partes por millón de sal, cuando el límite máximo para
el regadío es de 3.000 partes por millón. Regar con esta agua es
equivalente a salinizar las tierras en forma irreversible. En muchos
lugares de esas provincias las costras de sal se ven ya en los
suelos; el descenso de productividad es claro y en algunos lugares
los pequeños propietarios, sobre todo del regadío tradicional, están
ya abandonando las tierras. El río Segura sólo lleva agua reutilizada
y es un río muerto con esta agua se están alimentando humedales como
la laguna del Hondo, protegida con la convención de Ramsar. En estas
circunstancias las aguas subterráneas no se pueden explotar más, ya
que todos los acuíferos están sobreexplotados o sus recursos
comprometidos río abajo. La reutilización no es una solución puesto
que ya se reutiliza, como hemos dicho, hasta seis veces en el Segura
y en los núcleos costeros como en Alicante, es cercana al 80 por
ciento en todos los usos. La mejora de eficiencia tampoco resuelve
las cosas ya que como el sistema está globalmente sobreexplotado, la
mejora en una zona implica dejar sin agua a la siguiente. La
desalación sólo es competitiva en la costa y el grueso del déficit
lamentablemente está más arriba, está en el Vinalopó, en Murcia, en
Yecla, en Cieza o en Lorca.
Soluciones. En mi opinión, sólo hay dos: traer agua de fuera,
congelando drásticamente todo incremento de regadíos, o eliminar
entre 75.000 y 100.000 hectáreas de riego entre las tres provincias
citadas. La solución de no hacer nada o de demorar las actuaciones
lleva a agudizar un problema del que sólo está apareciendo la punta
del iceberg. Se trata, por lo expuesto, de salvar una situación
crítica y de evitar que se reproduzca en el futuro. En cualquier
caso, lo que no se aporte externamente ha de compensarse eliminando
regadíos, si queremos garantizar la sostenibilidad económica y
ambiental del resto.
Ustedes conocen mejor que nadie las consecuencias sociales de un
abandono forzado por parte de la Administración de los cultivos; por
tanto, la importación, a mi juicio, es necesaria. Parece que el
origen más factible es el Ebro. Al Tajo ya se le ha pedido bastante y
se
llegó en su Plan de cuenca a un pacto que honra a todos los que en él
participaron. El Tajo tiene menos recursos que el Ebro. El Duero está
demasiado lejos y los recursos a movilizar están en la frontera
portuguesa. Además, el uso del agua del Ebro permite dar seguridad y
con importantes economías de escala cubrir los déficit no tan graves
del ámbito más cercano, es decir Valencia y Castellón, Tarragona y
Barcelona cuyos sistemas están en situación muy estricta.
La Administración española es en gran parte responsable de este
estado de cosas, ya que impulsó en su día el trasvase Tajo-Segura
para después dejar en la estacada a 3.000.000 de españoles que allí
habitan y los entonces responsables de las aguas subterráneas, el
Iryda y el Igme, fomentaron e incluso subvencionaron una explotación
insostenible de los recursos subterráneos, en el Carche, salinas; en
Ascoy, en Agost, en Dalías... Todo esto se hizo hace más de 20 años
impulsado desde diferentes organismos del Estado español, antes de la
Ley de Aguas; no se eche la culpa de la situación actual a la
sociedad murciana, alicantina o almeriense.
El Plan hidrológico nacional podrá tener defectos, pero está claro
que España no puede permitirse, ni lo permitirán, estar otros 25 años
elaborando un plan. Este plan está llamado a armonizar los planes de
cuenca aprobados con anterioridad, hace casi un lustro, de acuerdo
con el proceso marcado por la Ley de Aguas. Muchas críticas y
soluciones hoy propuestas deberían haberlo sido cuando los planes de
cuenca se aprobaron. En toda esta situación ha aparecido la Directiva
marco de aguas presentada este mismo año, que tiene como objetivo la
protección, el buen estado de calidad y ecológico de las aguas. Si el
Plan hidrológico nacional culmina un proceso de planificación de más
de 20 años, la Directiva marco inicia otro proceso no menos
trascendente e ilusionante que por fuerza ha de englobar al primero.
Conviene no perder de vista esta sucesión temporal de hechos, ya que
sin ellos no se puede juzgar correctamente la situación y perspectiva
de futuro del agua en España. Cuando se aprobaron los planes
hidrológicos de cuenca la Directiva marco del agua no existía ni se
había iniciado su elaboración. Los objetivos de los planes de cuenca,
que son un reflejo de la sociedad española ya que estos fueron
aprobados casi por unanimidad, son garantizar el agua para el
desarrollo económico con tímidas concesiones ecológicas. No olvidemos
que cuando se aprueba la Ley de Aguas era el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo el responsable del tema. En cambio, el Plan
hidrológico nacional, que nace hoy y cuyo objetivo marcado por la ley
-insisto- es la armonización de los planes de cuenca, no entrar en
los planes de cuenca sino armonizarlos, es simultáneo a la Directiva
marco. Por esta razón de tiempo, en mi opinión, el Plan hidrológico
nacional está mejor situado que los planes de cuenca para adaptarse
a las directrices comunitarias, por el simple hecho
de que son más antiguos. De hecho, la pieza central del Plan
hidrológico nacional, el tan discutido trasvase, es en mi opinión
perfectamente asumible por la Unión Europea; es una necesidad
imperiosa para la sostenibilidad del desarrollo del sureste y para el
mantenimiento ambiental de estas zonas. Tan protegido está por la
convención de Ramsar, la laguna del Hondo antes citada como el delta
del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera. Tan importante es
recuperar el medio ambiente del Segura como el del Tajo o el Ebro. La
recuperación de los acuíferos de Crevillente o del campo de Dalías es
un objetivo que puede explícitamente acogerse a la Directiva marco de
agua e incluso a la financiacion comunitaria. Si no se elimina este
déficit, la zona se va a enfrentar a un desastre ambiental, económico
y social. Lamentablemente, como hemos visto, soluciones de mejora de
eficiencia, reutilización e incluso desalación no llegan ni de lejos
a tener posibilidades técnicas de resolver el problema global, tan
sólo a pequeña escala, y por tanto las dos posibilidades
fundamentales -insisto- son: el aporte de agua externo o 100.000
hectáreas de regadío menos. La opción cero o cualquier punto
intermedio, es decir no llevar nada, no hacer nada lleva
inevitablemente al desastre ambiental. El coste social de la segunda
posibilidad causa estremecimiento. La primera posibilidad puede tener
problemas medioambientales pero resolubles, tanto en el delta del
Ebro como en las zonas receptoras. En cambio los planes de cuenca,
cuya síntesis es el famoso anexo de obras del Plan hidrológico
nacional, se encuentran ante un cambio radical de objetivos. La
calidad ambiental, la calidad de las aguas e incluso la
hidromorfología son ahora los nuevos objetivos centrales que se van a
exigir a la planificación hidrológica por la vía de una programación
por objetivos de corte casi empresarial. Esto coge a nuestras
confederaciones, a los planes hidrológicos de cuenca e incluso a la
mismísima Ley de Aguas con el pie cambiado. De hecho, el instrumento
fundamental de control de la contaminación, que son los planes de
saneamiento y depuración de aguas, están transferidos a las
comunidades autónomas. Son, por tanto, a mi juicio, los planes de
cuenca y no el Plan hidrológico nacional, lo menos acorde con la
Directiva marco.
La vía fundamental para lograr la mejora ambiental es la mejora de la
calidad de agua de los ríos, y en segundo lugar el mantenimiento de
los caudales. La extracción de agua para uso urbano, industrial o
turístico, si las aguas son depuradas tras su uso y reintegradas al
río, no va a producir el deterioro de éste, pero las ampliaciones de
regadío acompañadas de nuevas presas y a través del retorno de riego
descargan grandes cantidades de carga contaminante difusa, nitratos
y fosfatos, pesticidas e incluso en ciertos terrenos salinidad. La
contaminación difusa es muy difícil de contener, por tanto el
crecimiento del regadío será el principal obstáculo para cumplir los
planes de descontaminación
que la Directiva marco del agua nos va a obligar a
desarrollar. Los planes de cuenca quedan tanto más descolocados
cuanto mayor crecimiento prevean de la demanda agrícola. Son las
cuencas hipotéticamente cedentes, Ebro y Duero, aquellas cuyos planes
de cuenca contemplan mayores ampliaciones de riego, las que quedan
con los objetivos de su planificación hidrológica más desenfocados.
La Directiva marco del agua va a obligar en todas las cuencas si no
a congelar la superficie en riego, al menos a limitar drásticamente su
crecimiento, a modificar las prácticas agrícolas e incluso a
considerar muy seriamente la renaturalización de tierras inadecuadas
como los saladares.
La protección y correcta hidratación de los humedales también pasa
con la Directiva marco del agua por un problema relevante. Los planes
necesarios para ello que es obligatorio desarrollar, precisarán un
consenso y un trabajo en común importante entre confederaciones
hidrográficas y comunidades autónomas, que tienen transferidas estas
materias y todo esto se tendrá que articular. Es preciso, por tanto,
tras la a mi juicio deseable aprobación del Plan hidrológico
nacional, abrir un proceso de feed-back, un proceso de adaptación de
los planes de cuenca a la Directiva marco. Los objetivos que marca la
Directiva marco de aguas son realistas e ilusionantes. El esfuerzo de
armonización y adaptación de los planes de cuenca con la Directiva
marco y los posibles sacrificios que exija, que por supuesto habrá
que minimizar, tenemos por seguro que valdrán la pena.
Se cuenta, además, con una evaluación de recursos y usos muy completa
hasta el punto de que con la salvedad del Reino Unido, quizá, es muy
superior al resto de los países de la Unión Europea. Se cuenta con la
solera de unas confederaciones hidrográficas que tienen más de 100
años y que no existen en otros países; de hecho el modelo español de
organismos de cuenca es un referente internacional. Se cuenta con la
experiencia del Cedex, reflejada en el Libro blanco del agua, en la
modelación hidrológica avanzada, en proyectos de investigación
europeos que es muy importante. Hay que decir que el Plan hidrológico
nacional a mi juicio ha sido, elaborado por los mejores hidrólogos
que tenemos en España, que son además de los mejores que tenemos en
toda Europa. La Directiva marco del agua nos obliga a un importante
cambio de objetivos y métodos que es altamente ilusionante, y lo hace
con plazos y objetivos mediatos, prudentes y razonables. Este proceso
debemos abordarlo con entrega y sin complejos y con las necesarias
adaptaciones al cambio de enfoque. Los planes de cuenca y el Plan
hidrológico nacional forman una base, un punto de partida sólido para
el proceso marcado por la Directiva marco del agua. Por ello, hay que
contemplar con optimismo el futuro de nuestras aguas; probablemente
lo más difícil será lograr elcambio de objetivos a escala social, ya
que los planteamientos
regeneracionistas que presentan al agua como motor del desarrollo y
que han sido tan útiles a España en el pasado, ya han perdido la
mayor parte de su vigencia, al incorporarse nuestro país al grupo de
los países desarrollados de Europa.
Señores, esta es mi opinión y quedo a su disposición para las
preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para defender la postura del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Díez de la
Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Bienvenido de nuevo a esta
Comisión, señor Marco, y además yo como diputada alicantina estoy muy
satisfecha de que venga alguien insigne como usted de la Universidad
Politécnica de Valencia. Es curioso porque llevamos día y medio
oyendo las opiniones de los distintos técnicos y es a partir de esta
tarde cuando se ha empezado a hablar de la cuenca receptora, no de la
cuenca cedente como ha pasado en las intervenciones anteriores que se
ha hablado solamente del Ebro.
Ha explicado muy claramente, y deja poco espacio para las preguntas,
la situación de la Comunidad Autónoma Valenciana, de Murcia y de
Almería. Me voy a referir a la comunidad valenciana porque vivo allí
y porque sufro en muchas ocasiones el problema que hay de escasez del
agua. A pesar de la política integral del agua que se ha hecho en la
Comunidad Autónoma Valenciana durante estos últimos cinco años, es
decir hemos hecho los deberes y agotado todas las posibilidades de
aumentar los recursos disponibles en las propias cuencas, seguimos
teniendo, como usted ha dicho, un déficit real de agua en la cuenca
del Segura y en la cuenca del Júcar. ¿Cuáles son los efectos de la
escasez de agua en la Comunidad Autónoma Valenciana? Como usted ha
dicho, la sobreexplotación y salinización de los acuíferos, regadíos
infradotados, abandono de las superficies cultivadas, dificultades
serias de abastecimiento urbano y también problemas ambientales.
Usted es director de un departamento que aparte de obras hidráulicas,
es de medio ambiente, y aquí en sede parlamentaria se ha estado
hablando durante la legislatura anterior y también en ésta de los
problemas del río Segura. Este ejemplo es el más evidente del
problema ambiental que produce la falta de agua en nuestra zona.
Sufre un problema de contaminación muy grave que no será posible
resolverlo definitivamente, a pesar de los esfuerzos que están
haciendo las tres administraciones, Ministerio, Confederación,
Generalitat valenciana y Comunidad de Murcia para depuración de aguas
residuales, control de vertidos, limpieza de cauces, pero todo esto
no permite cumplir el caudal ecológico previsto en el plan de cuenca
para que circule el agua por el río.
Como creo que su explicación está bien clara y como diputada
alicantina creo que este Plan hidrológico nacional va a solucionar
los problemas que tenemos en la provincia, en la comunidad y en el
Levante español, me voy a ceñir a dos preguntas. Una, ¿qué piensa
usted de la desalación como una solución global? Y dos, ¿usted cree
que el Plan hidrológico nacional tiene incidencia positiva en lo que
es la salinización del río Segura, a la que usted ha hecho
referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo
Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Por parte de mi grupo parlamentario también
quiero dar la bienvenida al señor Marco y agradecerle todas las
aportaciones que nos ha dado durante su explicación.
Mi intervención también va a ser muy breve. Voy a hacer dos preguntas
muy concretas y una previa. Antes, la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular decía que hemos estado un día y medio de
comparecencias hablando de las cuencas cedentes. Quiero puntualizar
que en algún caso concreto hemos hablado de cuencas cedentes y
receptoras como es el caso de Cataluña, que es la única que tiene las
dos condiciones.
Las dos preguntas muy concretas que quería hacer al compareciente son
las siguientes. Usted se ha referido hace unos breves instantes a que
el plan hidrológico ha sido elaborado principalmente por un conjunto
de profesionales, de hidrólogos, que usted ha calificado como los
mejores hidrólogos que hay en el Estado, y no sé si he entendido en
Europa o en el mundo, esto no lo he oído bien. En todo caso, yo
quería preguntarle si estos mismos hidrólogos, o la mayor parte de
ellos son los que en su momento hicieron otros planes hidrológicos en
anteriores gobiernos del Estado español. Segunda pregunta. Usted se
refería a que hay que hacer el plan hidrológico, se pueden tener
posiciones intermedias, pero está claro que la inactividad va a
perjudicar en un sentido a unos colectivos y en otro sentido a otros,
y usted decía que este plan hidrológico va a ser muy positivo y va a
resolver los problemas del Mediterráneo español. Haciendo referencia
a algunos comentarios de anteriores comparecientes, y en concreto de
más de uno que decía que si a los 1.050 hectómetros cúbicos que prevé
el actual proyecto del plan hidrológico, sumamos los 3.400
hectómetros cúbicos más que se toman en la parte alta en Aragón y el
caudal ecológico, nos vamos a una cifra de 7.500 hectómetros cúbicos/
año, más o menos, que según ha quedado acreditado por diferentes
profesionales, técnicos y especialistas, no es la cifra que al menos
en la última década la mitad de los años ha pasado por Tortosa en la
desembocadura del Ebro. Estamos en una situación en que los números
no cuadran por lo que se refiere a esa garantía del caudal ecológico
y de la masa acuífera que tiene que pasar por el
bajo Ebro. En ese sentido quería preguntarle, entendiendo que su
posición respecto a posibilidades intermedias pueden favorecer el
futuro del Levante y de las comarcas del delta del Ebro, si esa cifra
mágica mínima de los 7.500 hectómetros cúbicos al año debe
mantenerse, o si usted cree que teniendo en cuenta el cambio
climático que influye negativamente año tras año en el caudal
ecológico del río Ebro puede tener garantizado el futuro de las
tierras del Ebro y de las gentes que viven en esas comarcas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: También quiero dar la bienvenida desde mi
grupo a don Juan Marco Segura, Catedrático de departamento de
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente; lo recalco porque me parece
muy interesante que un ingeniero hidráulico también tenga incorporado
el concepto medioambiental.
Nos ha dado usted una visión que quizá no tengamos con otros
comparecientes porque usted tiene una visión de la obra hidráulica y
del medio ambiente. No me extraña que usted vea positivo el plan
hidrológico del Gobierno porque para mucha gente el Plan hidrológico
nacional es un plan de obras. Nosotros esperábamos que fuera algo
más; usted ha dicho que tenía que armonizar los planes hidrológicos
de cuenca. No entiendo cómo se armonizan en la ley del Plan
hidrológico nacional los planes hidrológicos de cuenca cuando estamos
hablando de una continuidad de las obras de los planes hidrológicos
de cuenca. El trasvase, más todas las obras que vienen en el anexo de
inversiones, eso es el Plan hidrológico nacional; simplemente obras.
Faltan muchas consideraciones recogidas en programas. Programa de
mejora de gestión hídrica, programa del buen estado de las aguas
superficiales y subterráneas, programa de zonas protegidas y zonas
húmedas, programa de prevención de inundaciones, programa de
prevención de sequía, programa de abastecimiento, programa de
regadío, programa de reutilización de aguas residuales depuradas,
programa de seguridad de presas y embalses, programa para el
seguimiento del estado del agua. Podíamos completar con una amalgama
de programas todo el Plan hidrológico nacional que desde nuestro
grupo consideramos escaso. Es una reflexión que quiero trasladarle.
También me gustaría conocer las posibilidades que derivan tanto del
ahorro del agua agrícola y urbanaindustrial, como la reutilización
del agua depurada en la Comunidad Autónoma Valenciana. Según
investigadores de la Universidad de Valencia son cuantiosas. Han sido
ustedes muy tajantes al decir que este Plan hidrológico nacional lo
han hecho los mejores hidrólogos. También hay que considerar la
opinión y la manifestación de los 50 científicos oficiales en contra
del
Plan hidrológico; todos son buenos profesionales. Es bueno que haya
puntos de discrepancia entre hidrólogos porque si no estaríamos en el
pensamiento único también en estas cosas, y tiene que haber
discrepancia entre los científicos. Es muy difícil pretender medir
con una tabla rasa quiénes son mejores y quiénes peores. Cada uno
tiene su planteamiento, es bueno que lo manifiesten y que la opinión
pública decida a favor o en contra de sus opiniones. Por eso le decía
que son cuantiosos los investigadores de la Universidad de Valencia
que dicen que con una mejora de la cuenca valenciana del Júcar se
podría obtener desde un mínimo de 358 hectómetros anuales hasta un
máximo de 643 hectómetros cúbicos al año, lo cual supone entre uno y
dos veces los caudales previstos a trasvasar desde el Ebro a las
tierras valencianas. Es decir, con una mejor gestión del agua en la
Comunidad Autónoma Valenciana se podrían obtener estos recursos que
están al mismo nivel o incluso a nivel superior de los caudales
previstos a trasvasar desde del Ebro a las tierras valencianas.
El potencial de nuevas captaciones de recursos hídricos, tanto
convencionales (aguas superficiales y subterráneas) como no
convencionales (desalación y desalobración) es también considerable.
Se mueve en torno a un mínimo de 192 hectómetros cúbicos anuales y a
un máximo de 380 hectómetros/año, lo que equivale a un volumen entre
media y una vez lo que está previsto trasvasar. Hablando del mismo
horizonte del Plan hidrológico nacional, en el futuro se puede pensar
en una mayor necesidad o que no se cubran todas las necesidades con
este ahorro hídrico, y entonces se podría pensar en los trasvases. De
lo que adolece este Plan hidrológico nacional es de que ha empezado
la casa por el tejado. Ha hecho los trasvases antes de mejorar la
gestión de la demanda de otras cuencas.
Me gustaría conocer su opinión sobre las manifestaciones que le he
hecho, pero quisiera hacerle otras preguntas. Usted que es ingeniero
hidráulico y quizá pueda vislumbrar un poco más sobre la obra
hidráulica ¿para cuándo calcula que llegará el agua a la comunidad
valenciana con el Plan hidrológico nacional y el precio del agua
trasvasada? ¿Considera que existe otra alternativa a la que se recoge
en el Plan hidrológico nacional basada en una mejor gestión de la
demanda, en el ahorro, en la reutilización y en la explotación de las
posibilidades todavía no agotadas de ofertas hídricas de muchas
cuencas? Usted, que tiene una formación medioambiental, ¿no considera
fundamental una evaluación ambiental estratégica del Plan hidrológico
nacional? ¿Cómo considera que no se tengan en cuenta las directivas
de aves, hábitat y Directiva marco del agua en el planteamiento del
Plan hidrológico nacional? Ha dicho que el agua venía a salvar los
humedales de la Comunidad Autónoma Valenciana, que todos entendemos
que son fundamentales, ¿pero qué pasa con los de Aragón o con los de
la cuenca del Ebro? A ver si estamos desnudando un santo para vestir
a otro.
Quizá con una mejor gestión del agua en las cuencas receptoras se
puede conseguir un mejor uso y eficacia de un recurso tan escaso como
el agua. Me parecen tajantes las soluciones que da al tema del agua:
o trae agua de fuera o elimina entre 70.000 y 80.000 hectáreas de
regadío. ¿No cabe una mejor demanda del agua?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para contestar a las cuestiones
que han expuesto los grupos, tiene la palabra el señor Marcos Segura.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
(Marco Segura): Muchas gracias por sus interesantísimas preguntas. En
primer lugar, la señora Díez de la Lastra, me ha preguntado por la
desalación de aguas. Se da la circunstancia de que profesionalmente
intervine en los proyectos de dos desalinizadoras. Hice el proyecto
de captación de la desalinizadora de Ibiza y he hecho también el
proyecto de la desalinizadora no construida todavía de Alicante.
Conozco el tema bastante bien. En concreto en Ibiza la desalinización
fue un éxito rotundo. Yo no me ocupé de los procesos, pero gracias a
una captación muy fácil de agua de mar filtrada a través de pozos en
la costa, se logró reducir el costo de captación de 300 millones
previstos de 1994 a menos de 30, y es que la captación de agua marina
es una lotería, desde el punto de vista del proyecto. Cuando hicimos
la de Alicante, intentamos plantear hasta tres soluciones del estilo
de la de Ibiza, y cuando se hicieron las pruebas resultó que la única
solución que se le ocurrió a alguno, y fue la única que daba un costo
razonable a la captación, era nada menos, señorías, que la de
dinamitar el fondo marino para lograr filtración. No se les esconde a
ustedes el impacto ambiental de esto. Las desalinizadoras, en contra
de lo que se cree, en ocasiones son un éxito fenomenal y en ocasiones
pueden tener unos resultados nefastos; no se puede hablar con
generalidad. Por otro lado las desalinizadoras, como están
fraccionadas a lo largo de la costa, si se tiene que enviar el agua
hacia el interior por conductos a presión, por la ausencia de una
economía de escala, nos vamos a unos costos que a poco que nos
vayamos no resultan competitivos. Por vía de ejemplo, una
desalinizadora que pudiera producir -y es mucho-, un metro cúbico por
segundo, impulsarlo quince kilómetros tierra adentro puede suponer 30
pesetas el metro cúbico; en cambio, en otros lugares ese costo no lo
tenemos. Es decir, en las desalinizadoras tenemos un coste base, el
del tratamiento, que sí es estable y predecible; luego tenemos unos
costos de captación, que es una lotería, y un costo de impulsión que
también es muy sensible a dónde lo llevamos. Las desalinizadoras en
Águilas pueden ser una magnifica solución, en Almería también pueden
ser una magnifica solución alternativa, pero no son una
solución en Elche, o no lo son a poco que nos vayamos tierra adentro.
Eso pasa con todas las soluciones técnicas. Todas las soluciones que
S.S. ha mencionado y las que han mencionado todos los grupos son
factibles. Al final, nosotros los técnicos tenemos una bolsa con
muchas herramientas, unas veces es un martillo muy gordo, y otras un
bisturí muy fino. En cada caso hay que graduar unas y otras, pero no
hay ninguna herramienta inocua y ninguna es la panacea. Para
cualquiera de las que S.S. ha mencionado puedo poner un ejemplo de un
lugar de España en el que resultaría mejor. Yo me he centrado en el
sureste y más específicamente en Alicante, Murcia y Almería, porque
ahí el agujero es muy gordo -insisto-. Estamos en presencia de un
cáncer, valga el símil; lamento ser tan dramático, no quisiera serlo,
pero llevo viéndolo desde hace muchos años.
Uno de los problemas que no se ha mencionado es el del proceso de
salinización de tierras en la cuenca del Segura (noten SS.SS. que
estoy hablando exclusivamente de la cuenca del Segura) debido al
riego con reutilización excesiva y con dosis excesivamente cortas de
agua, que está depositando en los campos la sal que lleva disuelta el
agua del río de forma natural o por el proceso de concentración de la
sucesiva reutilización, dejándolos poco a poco improductivos. Es un
problema ambiental muy común y gravísimo en el delta del Nilo, en
India y en Australia; en Europa, el único sitio en que se presenta es
precisamente en la cuenca del Segura. Hay un pequeño problema en el
sur de Sicilia y en el Peloponeso, que no llegan en magnitud ni al 5
por ciento del que tenemos en España. Me costó muchísimo explicárselo
a los parlamentarios europeos cuando les hicimos en 1991 el informe
sobre desertización en la Comunidad Europea. A los parlamentarios les
costaba mucho entender, sobre todo a los británicos, que en España
teníamos los mismos problemas que ellos sabían que existían en India
y que, por supuesto, no tenían en Inglaterra.
Ha mencionado S.S. el caudal ecológico. El caudal ecológico del
Segura, según el plan hidrológico del Segura, es de cuatro metros
cúbicos por segundo, que no los ven ni locos en este momento. Ese es
el caudal que reserva el plan hidrológico de cuenca; pero, ¡ojo!, lo
reserva exclusivamente hasta San Antonio. Paradójicamente, el plan
hidrológico del Segura renuncia a priori a mantener la integridad del
cauce en sus últimos kilómetros. No hay cuñas salinas; sencillamente
se ha abandonado y se ha dicho: que entre el mar todo lo que quiera.
Caudal ecológico cero, eso es lo que prevé el plan hidrológico de
cuenca del Segura; a ese extremo se ha llegado.
Me ha preguntado el señor Martí si los hidrólogos que hay ahora son
los mismos que hicieron los planes anteriores. Unos sí y otros no.
Hay unas secciones de hidrología en todas las confederaciones
hidrográficas; sus miembros cambian, unos se van haciendo viejos y
otros se van promocionando dentro del Ministerio. Casi
todos los responsables últimos de la planificación hidrológica han
empezado por la base, como en los conventos, y han ido subiendo; pero
detrás hay un cuerpo de técnicos del Ministerio -insisto en la
palabra técnicos-, cuyos conocimientos se basan en haber trabajado
todos los días con esto. Hablamos de una documentación inmensa;
cualquier plan hidrológico de cuenca lleva detrás de sus tomos una
biblioteca entera de estudios. Les aseguro que entrar en esas
bibliotecas no es tarea fácil, es una labor durísima que exige
muchísimos años; hace veinte que se vienen estudiando los recursos
hídricos y todos estos temas. Después de esas síntesis de
habitaciones enteras que son los planes hidrológicos de cuenca, se ha
llegado a una síntesis de las síntesis que es el Plan hidrológico
nacional, que se ha autolimitado a no cuestionar los planes de
cuenca. Se ha dicho: no empecemos de nuevo, vamos a hacer lo que nos
marca la ley sin más y se ha metido el célebre anexo del plan de
obras. En definitiva, algunos técnicos son los mismos y otros no lo
son, pero los técnicos de las confederaciones forman un cuerpo que
está al día -unos más que otros- y, con las renovaciones
generacionales habituales, van cumpliendo con su misión al servicio
de la comunidad.
Me ha preguntado usted por el delta del Ebro y qué opinaba de los
siete mil y pico hectómetros cúbicos. En primer lugar desde el punto
de vista hidrológico y del rigor estadístico, hay que ceñirse a un
plazo de planificación; si no, el resultado dependerá del cristal con
que se mire. Se coge una muestra lo más homogénea posible y hay
métodos estadísticos para saber perfectamente si una serie
estadística es estacionaria o no y si está afectada o no por cambio
climático. La serie del Ebro manifiesta, como todas las demás de
España, las sequías que ha habido en los últimos años. Por ejemplo,
este año en Madrid no ha dejado de llover, luego los recursos van a
ser muy fuertes. Es una cuestión completamente aleatoria y hay
ciencia suficiente para analizarla. En cuanto a si son o no bastantes
para el delta, le contesto: sí y no; y me explicaré. La cifra de
recursos que se viene dando para el delta es exageradísimamente alta.
Es en gran medida un reflejo de que la gestión del bajo Ebro no se
lleva a cabo de manera satisfactoria en estos momentos, y eso hay que
decirlo. La gestión, independientemente del trasvase, no contempla el
problema de los sedimentos, que es gravísimo puesto que tiene unas
presas enormes en la parte baja que interceptan el flujo sólido. De
alguna manera hay que reponer ese caudal sólido y hay técnicas para
reponerlo. Se han hecho estudios en otros sitios; yo tuve la fortuna
de estudiar con el profesor Simons, que era el número uno en Estados
Unidos en transporte de sedimentos hace más de 20 años, e incluso
tuve la ocasión de ver algunos trabajos relativos al delta del
Mississippi; hace 20 años existían las herramientas de estudio y
cálculo necesarias para hacer estudios de los sedimentos en
profundidad. Cuando regresé a España, vi que ese
campo aquí sólo tenía aplicación en el Ebro, fundamentalmente por
falta de datos; y, como yo soy de Valencia, no ha sido esa la parcela
a la que me he dedicado. De todas maneras, sé que existen
herramientas de cálculo y estudio enormemente sofisticadas. Volviendo
al Ebro, las cifras que se están dando en este momento se basan en
estudios absolutamente preliminares y carentes de datos de fondo. Lo
único que revelan -y ya están haciendo bastante favor los científicos
que abordan y destapan este tema- es que falta estudio. Yo no me
sumaría a dar unas cifras tan brutalmente altas como las que se están
manejando. Esto pone de manifiesto la diferente vara con que se están
midiendo sistemas distintos. Acabo de mencionar que al del Segura se
ha renunciado: ni cuñas salinas, ni nada. El plan hidrológico del
Segura dice simplemente: caudal ecológico cero; renunciamos a
recuperar la gola y la desembocadura del Segura.
La Albufera de Valencia -y con esto contesto a una pregunta del Grupo
Socialista-; se ha mencionado la posibilidad de ahorro de agua en
Valencia. El ahorro de agua en Valencia se está llevando a cabo ya en
unas cantidades que a mi juicio incluso son excesivas,
fundamentalmente en los regadíos tradicionales del Júcar, pero esos
recursos están comprometidos para CastillaLa Mancha y en parte
también para el Vinalopó, y yo no acabo de estar por completo de
acuerdo con esto, porque el parque natural de la Albufera de
Valencia, que es Ramsar, se alimenta fundamentalmente en un 90 por
ciento de la ineficiencia de esos regadíos. Si nosotros mejoramos la
eficiencia de esos regadíos, nos cargamos La Albufera, así de claro.
Para evitar eso, el plan hidrológico de cuenca del Júcar ha reservado
la enorme cantidad de 100 hectómetros cúbicos. Comparen ustedes con
el Ebro; son 100 hectómetros cúbicos para un parque cuya extensión es
similar al delta del Ebro. Hay varas de medir diferentes en los
diversos planes hidrológicos, y no nos debemos asustar de ello. En
este punto estamos.
Continuando con las preguntas del señor Quirós, me dice que el plan
hidrológico es un plan de obras. Sinceramente le voy a dar la razón.
A mí no me gusta el listado de obras, lo digo así de claro. Me parece
un plan excesivo. Pero si uno ve cómo se gestionaron los planes de
cuenca, se dará cuenta de que para lograr un consenso lo más amplio
posible y quizás por un exceso de pactos en despachos, por no dar a
la discusión pública los temas, por no presentarlos como son y por no
hacer un esfuerzo para que la opinión pública se pronunciara, se
abusó en su día de la técnica del café para todos. Por esta razón,
cuanto más desarrollista salió el plan de cuenca, más larga salió la
lista de obras. Dice usted que hay un exceso de planes de obras -en
eso le doy la razón- y que faltan programas -también le doy la
razón-, pero quizás el Plan hidrológico nacional no sea el sitio. En
mi intervención anterior he dicho que veía necesarios muchos de esos
programas, pero que su
sitio no era el Plan hidrológico nacional sino los planes de cuenca.
La directiva marco nos estaba obligando a pintar, pero no como lo
hacíamos de pequeños, cuando nos decían: pinta un hombre, y
empezábamos por la cabeza y después por el cuerpo y cuando llegábamos
a la cintura nos habíamos quedado sin papel. Normalmente, cuando a
uno le enseñan a pintar en las escuelas de arquitectura le enseñan a
pintar primero a grandes rasgos y después se van rellenando, se van
dando pasadas y se va corrigiendo. Ese es el procedimiento bueno
a seguir. No se debe parar nada, porque no podemos esperar veinticinco
años más. Es deseable que se apruebe el Plan hidrológico nacional,
sobre todo porque da respuesta al problema más grave que tiene
España, que son esos 700 hectómetros cúbicos; no estoy hablando de
Valencia, ni de Castellón, ni de Barcelona, estoy hablando del
sureste. Hay que dar respuesta a ese problema a grandes rasgos, pero
es obligado que después volvamos ante todo sobre los planes de cuenca
e iniciemos un proceso de adaptación de todos ellos. Los humedales
son extraordinariamente importantes. Mi universidad, la Politécnica,
acaba de desarrollar el catálogo de humedales de la Comunidad
Valenciana junto con la universidad de Valencia. No piensen que a mí
no me preocupan los humedales, me preocupan y mucho, y también me
preocupan los caudales ecológicos y muchas otras cosas.
Habla usted de científicos que se oponen al plan hidrológico. Yo
tengo muy buenos amigos entre ellos, incluso colegas del
departamento. En mi departamento tengo 48 profesores, y de ellos hay
algunos muy destacados que están a favor y otros, también muy
destacados, que están en contra. Lógicamente, los que estamos
a favor, que en mi departamento somos mayoría, no nos sumamos a estas
cosas, aunque las respetamos debidamente. Quiero hacer una reflexión.
Yo he dicho al principio que soy un técnico, mi universidad es la
Politécnica de Valencia. Nosotros formamos ingenieros industriales,
ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, arquitectos,
informáticos, etcétera. Si se considera que la hidrología y la
planificación hidrológica deben estar en manos de la universidad de
Valencia, de la facultad de Ciencias Físicas o de la facultad de
Ciencias Biológicas, es algo que compete a la sociedad. La tradición
que existe en nuestro país es la de los cuerpos de ingenieros, es la
de las profesiones de ingeniería. Nosotros no tenemos herramientas
favoritas. Yo he proyectado usos conjuntos y he ahorrado presas.
Contribuí muy destacadamente a eliminar presas que estaban
planificadas y que eran un auténtico desaguisado medioambiental
a base del uso conjunto en la cuenca del Duero, y me enorgullezco de
haber salvado muchas cosas. He proyectado canales, he proyectado usos
conjuntos, he proyectado desaladoras, por lo cual no tengo una
herramienta favorita, cada sitio tiene sus técnicas y no podemos
hablar con esta generalidad; se trata de buscar en cada caso la
solución más aceptable. Hay que
entender también otra cosa, que no existe el coste cero, ni
medioambiental ni económico. Cualquier obra que hagamos, por pequeña
que sea, tiene aspectos favorables y aspectos negativos, que son los
que nosotros tenemos que exponer, y ustedes, como políticos, valorar.
Nosotros estamos a su servicio y nuestra obligación es exponer las
cosas, con nuestro leal saber y entender, diciendo cómo las vemos,
sin ocultar nada. Qué más quisiera yo que decirle que podemos
resolver los problemas del sureste con reutilización o con ahorro del
agua. Bien, la reutilización y el ahorro del agua son
fundamentalísimas en Castellón, fundamentalísimas en Valencia, no
menos fundamentales -quizás más-, en Barcelona y por supuesto
importantísimas en otras cuencas con mayores excedentes, pero con
estas técnicas no se puede hacer ahorrar al señor que ya no puede
ahorrar más, porque está en números rojos. Por eso he querido
distinguir muy claramente un ámbito que está técnicamente
sobreexplotado. Estas tres provincias, que son un problema, no son
tres; tres son las confederaciones, que es una división
administrativa -bastante artificial, por cierto-, pero el problema es
único. Son tres regiones, con tres sociedades bastante diferentes,
con idiomas diferentes -zonas que hablan castellano, zonas que hablan
valenciano-, pero la realidad física es única. Insisto en lo que
usted ha mencionado, el ahorro y la reutilización son importantísimos
en otras partes, con eso no desmiento a nadie, pero ahí ya no se
puede hacer más. ¿Cuándo llegará el agua? Eso no me corresponde
decirlo a mí. Realmente las obras del trasvase no son técnicamente
complicadas. Son caras, porque es muy largo y muy grande, pero en la
medida en que se habiliten los recursos económicos necesarios, este
canal, que necesariamente se ha de abordar por tramos, porque es una
obra inmensa, se acabará. El precio marcado me parece que es posible,
sin más. Quizás discrepe un poco en el de aguas abajo del embalse de
Almanzora. Ese trozo de canal que va desde Almanzora hasta Aguadulce
va a costar mucho dinero, porque hay 47 kilómetros de túneles y 15 de
acueductos sobre 150 kilómetros de trazado. En un canal que no es
demasiado grande, porque ya son pocos los recursos que van para allá,
yo lo analizaría con cuidado. Puesto que estamos allí, hay que
comparar con la desalinización, hay que estudiar muchas cosas, hay
que analizarlo con generosidad y ver qué se puede hacer y valorar si
hay otras alternativas. Por otra parte esa zona es la menos
estudiada. Proyectos y anteproyectos de trasvases del Ebro hasta el
Segura ha habido muchos, hasta Aguadulce muy poquitos, este es el
primero.
Gestión de la demanda, fundamental en otras cuencas, en todas las
cuencas. La gestión de la demanda es crucial, eso es clarísimo, no lo
niega nadie. La gestión de la demanda es algo a lo cual vamos a ir,
queramos o no; es un tema del espíritu, no de la letra, con el que se
hicieron los planes de cuenca. Evaluación ambiental
estratégica. En eso estamos, el Ministerio está en eso. Están
realizándose diferentes estudios más profundos de evaluación
medioambiental. Hay muchísimo que hacer en la evaluación ambiental.
Hay zonas del medio ambiente receptor que están estudiadas, pero hay
muchas de ellas y las del donante que lo están muy poco. En general,
el medio ambiente español no está estudiado con el detalle con que lo
está la hidrología, simplemente porque la sociedad española no se ha
puesto a ello. Llevamos 25 años haciendo hidrología al máximo nivel,
pero no llevamos tanto haciendo medio ambiente, llegaremos. Hay un
gran potencial en las universidades, en las confederaciones y en toda
la sociedad. Es cosa de tiempo, esto es como el vino, no se hacen en
dos días los expertos en los temas, pero por supuesto, evaluación
ambiental estratégica hay que hacer.
Directiva de aves y de hábitats y directiva marco. La directiva de
aves y de hábitats está siendo evaluada zona por zona y de forma
exhaustiva desde el punto de vista de esa evaluación ambiental
estratégica. El proyecto del trasvase por desgracia para las
comunidades receptoras pasa por un medio que está ya bastante
degradado, pero lo poco que queda lo queremos salvar. En Valencia no
estamos dispuestos a tirar nuestro medio ambiente por la ventana. Se
tendrán que adoptar las medidas necesarias para que el proyecto del
trasvase afecte lo menos posible tanto a la cuenca dadora, al delta
del Ebro, como a las cuencas receptoras. ¿Que hay inconvenientes por
todos lados? Por supuesto, como en cualquier obra, pero es cuestión
de estudios largos y exhaustivos, pero se ven factibles. Por
desgracia se ven factibles porque pasa por una cota muy baja ya que
realmente el medio ambiente está muy tocado. Lo único que quedan son
los 16 humedales costeros valencianos, más los murcianos, más los
almerienses. Están siendo exhaustivamente evaluadas las consecuencias
que para cada uno de ellos pueda tener el trasvase.
Me pregunto si es mejor gestionar la demanda que el Plan hidrológico
nacional; mi opinión es que no. Se han de hacer las dos cosas, pero
la reducción de la demanda de agua es fundamental en toda España y
también en las cuencas receptoras si se pudiera -en Valencia y
Castellón no mucho pero se puede, en Murcia y en Alicante no se puede
lamentablemente y en el resto de España se puede más-; a eso hay que
ir. Pero, insisto, mi sí al Plan hidrológico nacional proviene del
hecho de que por fin se ha dicho sí, adelante a una herramienta que a
mí no me gusta porque es cirugía muy dura, pero lamentablemente el
enfermo; lo necesita. Está muy grave el enfermo; ponderándolo todo y
llegando a la conclusión de que se ha de hacer todo lo que ustedes
marcan y lo que está marcando el Partido Popular -se ha de abordar
todo porque no podemos prescindir de ninguna herramienta por pequeña
que sea-, al final el agujero está ahí, está ominoso, diríamos,
y por eso fundamentalmente es por lo que yo manifiesto que estoy
a favor del Plan hidrológico nacional, si bien -ya lo he dicho
bastante claro- la lista de obras no me gusta. Por eso es por lo que
he dicho: señores, ahora habrá que aprobar el plan hidrológico,
aprobar el trasvase y después hemos de revisar los planes de cuenca.
(El señor Quirós Pulgar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Quirós. Le agradecería la
máxima brevedad.
El señor QUIRÓS PULGAR: Como don Juan Marco Segura ha hecho una
exposición amplia y también ilustrativa, me gustaría, ya que contamos
con él, hacerle otra consideración. Me gustaría conocer también su
opinión sobre el tema. Manejo datos del Instituto Nacional de
Estadística sobre las pérdidas de agua que tiene la comunidad de
Valencia. Hablan de 154.586.000 metros cúbicos en urbana y en
regadíos 349.827.000 metros cúbicos. Son cantidades bastante
significativas que nos hacen reflexionar en lo que he dicho
anteriormente sobre una mejor gestión de la demanda, que también
implica mucha obra hidráulica porque se trata de reparar. No sólo son
importantes en cirugía las grandes intervenciones sino las pequeñas,
cuya suma puede salvar al enfermo. Por tanto, estas cifras ponen en
evidencia lo que yo he dicho anteriormente: se pueden conseguir esas
cifras de recursos disponibles para la Comunidad Valenciana con la
simple actuación de la recuperación de las pérdidas. La obra de
ingeniería hidráulica también está para eso y para más.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): A la señora Díez de la Lastra
también le pido que gestione con brevedad su turno.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Brevísimamente. Sólo quiero
hacer hincapié en algo que ha dicho el señor Marco. Quizá el portavoz
socialista por ser de Jaén no conoce los esfuerzos que se están
haciendo en la Comunidad Valenciana precisamente para la
reutilización y el aprovechamiento al máximo del agua y de los
recursos que hay allí. La Generalidad valenciana desde 1995 ha
invertido cerca de 50.000 millones de pesetas en depuración de aguas
residuales, y para la modernización de regadíos se ha hecho un plan
de varios años precisamente para que los sistemas de riego sean
eficientes. El abastecimiento de aguas subterráneas y los
abastecimientos urbanos se han puesto en marcha desde hace tiempo y
se están apurando al máximo todas las necesidades. Una vez estudiado
todo lo que se puede hacer respecto del ahorro de agua en la
Comunidad Valenciana -y en Murcia pasa igual porque hay convenios
entre la comunidad deMurcia y la comunidad de Valencia- está claro
que lo
que necesitamos como agua de mayo es el agua del Ebro.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Marco Segura.
El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
(Marco Segura): Con mucho gusto le respondo a las dos cifras que
acaba usted de mencionar, porque además las conozco bastante bien.
Respecto de los 154.586.000 metros cúbicos -y supongo que se referirá
a eso- de retornos urbanos tengo que decirle que estos están
centrados fundamentalmente en el área metropolitana de Valencia
porque Alicante lo reutiliza absolutamente todo -Benidorm, Alcoy,
Elche, Elda, todos los pueblos del ámbito alicantino-. Como
lógicamente ahí es donde está el agujero gordo, no hay problemas.
Insisto, esos 154 millones de metros cúbicos de retornos urbanos se
producen fundamentalmente en el área metropolitana de Valencia. Da la
casualidad de que yo soy el autor del plan de reutilización de aguas
residuales depuradas del área metropolitana de Valencia. Ese plan,
que va a ser financiado por la Unión Europea, que tiene un costo de
1.500 millones de pesetas, contempla 15 bombeos por reutilización por
valor de 109 millones de esos 154 millones, y los otros 50 que quedan
no se pueden aprovechar por un motivo muy simple: porque los retornos
de reutilización del área metropolitana de Valencia son
fundamentalmente un caudal continuo en invierno y verano. La planta
depuradora está en la playa y en invierno los regadíos no necesitan
toda esa agua y no tenemos ningún sitio donde guardarla
-lamentablemente no la podemos guardar-. Lógicamente, un agua
residual urbana no la podemos dedicar al abastecimiento urbano, sólo
la podemos dedicar al regadío. Aún así, está en proyecto y
construcción una planta de tratamiento terciario para esos caudales
que no podemos reutilizar para el riego enviarlos a la Albufera y de
alguna manera poder paliar la situación en la que está. Hay un plan
muy detallado para eliminar esos 154 hectómetros cúbicos. Intentamos
hacer las cosas lo mejor que podemos.
En cuanto a los 349 de retorno agrícola, fundamentalmente son esas
cantidades las que están alimentando los 16 humedales costeros;
provienen de la ineficiencia de los sistemas del regadío histórico,
en concreto, los retornos de los ríos tradicionales del Mijares
alimentan la marjalería de Castellón, zona húmeda aunque bastante
degradada, y el marjal de Nules. Los de Sagunto; el río Palancia
alimenta el marjal del Moro y los marjales de Almenara, que son zonas
ZEPA. Los de la acequia real del Júcar, que son los más importantes,
alimentan La Albufera; los de la acequia de Carcagente vuelven al río
Júcar y alimentan los marjales del Júcar;
los del río Serpis alimentan los marjales de Gandía. Así los 16
humedales. Van a ahorrar por un motivo económico, al regante le
interesa pasar al riego por goteo porque obtiene mayor rendimiento.
Pero esas cantidades si nosotros las ahorramos y las enviamos a otro
sitio dejamos secos los humedales, ya están comprometidas. Para el
Ebro hemos contemplado un cero más, se está contemplando como mínimo
un cero más; 349 hectómetros cúbicos para 18 humedales no me parece
mucho.
Hacemos lo que podemos y creo que desde la Universidad estamos
apoyando todos estos proyectos y asesorando a esta Administración, a
las que la precedieron y a las que la seguirán en la línea de
resolver los problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Muchas gracias, señor Marcos
Segura, por su detallada explicación, por su tiempo y por ilustrar a
esta Comisión de Medio Ambiente.
Suspendemos la sesión durante dos minutos para recibir al siguiente
compareciente. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
- DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (CABEZAS
CALVO-RUBIO) (Número de expediente 212/000432.)
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores comisionados, tenemos con
nosotros, al final de esta tarde, al último compareciente de hoy
miércoles, don Francisco Cabezas Calvo-Rubio, subdirector general de
Planificación Hidrológica.
Señor Cabezas, le damos la bienvenida y las gracias por su presencia
y por la información que va a trasladar a los diferentes grupos
parlamentarios. La dinámica de funcionamiento que estamos empleando
es la intervención del experto durante diez o quince minutos,
posteriormente intervienen los portavoces de los grupos preguntando
o pidiendo aclaración respecto a algún tema y, finalmente, la
intervención de nuevo del especialista para hacer aclaraciones y
contestar a las diferentes preguntas.
De nuevo le repito nuestro agradecimiento por su presencia.
Tiene la palabra.
El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (Cabezas
CalvoRubio): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el agradecimiento es mío por su amabilidad al invitarme a
esta Comisión para realizar esta comparecencia. Voy a hacer, como se
me ha indicado, una exposición necesariamente breve, en torno a diez
o quince minutos, desde una perspectiva naturalmente técnica, que es
la que a mí me corresponde, desde el
punto de vista de cómo se ha elaborado el plan, con qué criterios,
con qué objetivos y con qué procedimientos.
Cabría decir, en primer lugar, una cosa que parece obvia, pero que
creo que es conveniente indicar. Todo plan comienza con una
definición de objetivos (repito que es una obviedad, es la primera
página de cualquier manual, pero me parece oportuno recordarlo), en
consecuencia, es necesario, si queremos concluir de una forma
adecuada cualquier esfuerzo planificador, que esos objetivos se
definan con precisión, con nitidez, porque de lo contrario pueden
hacerse cosas muy interesantes pero que no se corresponderían
estrictamente con el concepto de un plan.
El Plan hidrológico nacional obedece a unos objetivos razonablemente
nítidos, que son, por una parte, paliar los problemas hídricos que
hay en determinados lugares del país, en desarrollo de los planes
hidrológicos de cuenca. Hay una anticipación, efectivamente
discutible desde el punto de vista teórico-doctrinal, respecto a la
oportunidad o no, pero a mí me parece en todo caso correcta, de las
determinaciones de las decisiones de los planes de cuenca que se
plasman en un anexo de todos conocido que no hace, como digo, sino
desarrollar previsiones ya aprobadas por el Gobierno en los planes
hidrológicos de cuenca. Es el anexo 2. Por otra parte, hay que
decidir -y es una obligación legal- sobre transferencias. En aquellos
territorios donde se ha producido una situación de agotamiento de
recursos propios el Plan hidrológico nacional tiene la obligación de
analizarlo y de tomar una decisión, esto es, el estudio de los
trasvases.
Por tanto, en primer lugar, hay que señalar -y me parece, repito,
oportuno subrayarlo aunque sea una cosa obvia- que no se analizan los
trasvases por un capricho, por un sentimiento obsesivo o por una
especie de tendencia o querencia especial de que los trasvases son
una cosa buena que hay que estudiar y que hay que desarrollar; no es
así, sería un planteamiento verdaderamente estúpido pretender que los
trasvases son la solución universal de los problemas, que hay que
estudiarlos y que hay que desarrollarlos. Los trasvases son un
elemento más de los sistemas hidráulicos que la Ley de Aguas exige
que se analicen y que se decidan en el marco del Plan hidrológico
nacional. Por tanto, se analizan los trasvases porque la Ley de Aguas
lo exige, y repito que es una cuestión que no por obvia no debe ser
reiterada, porque da la sensación de que se acude a las
transferencias con una especie de prejuicio ante una situación
injustificada. Es la necesidad de dar respuesta, como digo, a un
mandato de la ley. Naturalmente, esa decisión puede ser positiva o
negativa, pero en cualquier caso hay que tomarla y hay que tomarla
obligadamente, porque la Ley de Aguas así lo exige.
Objetivos e hipótesis del Plan hidrológico nacional planteado. Los
objetivos creo que pueden reducirse esquemáticamente a unas cuantas
ideas básicas. El objetivo fundamental de este Plan hidrológico nacional
es el mantenimiento de las situaciones existentes en amplios
territorios del país. Me centraré, como es lógico, en el problema de
las transferencias, no entraré en el desarrollo del anexo de
infraestructuras, que no son más que un anticipo, un avance, una
prolongación de decisiones ya tomadas por los consejos del agua muy
mayoritariamente y, finalmente, por el Gobierno, aprobadas mediante
los planes de cuenca; en consecuencia, me centraré en el análisis de
las transferencias o trasvases.
Un supuesto básico es que ha de mantenerse la situación existente.
Dicho de otra forma, no cabe plantear ampliaciones de regadío en
ninguna cuenca de ningún lugar. Esta es una decisión estrictamente
política, no hay razones económicas ni sociales que conduzcan a esta
decisión; es -repito- de naturaleza enteramente política. Incluso
desde el punto de vista económico hay quien piensa que es una
decisión incorrecta, porque desde una visión económica general del
país se puede estar privando de una posibilidad de desarrollo
económico a territorios que así se les niega, pero sin juzgar la
oportunidad o no, que, como digo es controvertido, es indiscutible
que esta es una decisión política. No hay ampliación de regadío en
ningún lugar.
Es interesante destacar esto porque marca una inflexión radical
respecto a planificaciones anteriores. El Plan del año 1933, por
citar un clásico, se concibe exclusivamente para favorecer la riqueza
nacional y está vinculado de una forma evidente al regadío. El más
reciente antecedente, que es el trasvase Tajo-Segura, se concibe
parcialmente para redotar zonas que tenían un déficit, pero también
en buena medida se concibe como una actuación de desarrollo de nuevos
regadíos. Estamos hablando de los años sesenta, en que el regadío es
un valor intrínseco y, por tanto, no se cuestiona la oportunidad de
llevar a cabo una política de ese tipo. Incluso el plan hidrológico
del año 1993 es un plan que, recogiendo determinaciones, no de los
planes, que aún no estaban aprobadas, pero sí de las documentaciones
básicas, incluso de algunas directrices, es coherente con esa
información, y propone una solución consistente con el planteamiento
de aquellos planes hidrológicos, borradores de planes que en aquellos
momentos se disponían. En consecuencia, también preveía determinadas
ampliaciones.
Este plan -y me parece interesante subrayarlo, porque es la primera
vez que sucede en la historia hidráulica de España- no prevé ninguna
ampliación de regadío en ningún lugar del territorio nacional. Eso
sí, se decide que es necesario asegurar o garantizar los
aprovechamientos existentes, y eso también es un supuesto político,
porque podría decidirse otra cosa diferente, podría decidirse
abandonarlos. Es una decisión compleja, pero legítima. Se decide que
no se abandonan los aprovechamientos existentes, que han de
mantenerse y que lo que hay que hacer es estabilizarlos, darles una
garantía de suministro adecuado. Ello tiene una doble
vertiente: En primer lugar, es necesario eliminar la situación de
sobreexpolotación que se vive en muchos lugares del territorio
peninsular y, en segundo lugar, es necesario eliminar la precariedad,
la infradotación, la falta de garantías de suministro que se vive en
muchos territorios. Eso desde el punto de vista de los regadíos.
Y desde el punto de vista de los abastecimientos, evidentemente hay que
asegurar un suministro de agua adecuado, razonable, garantizado a los
abastecimientos del país. No es lógico, no es razonable que en el
siglo XXI haya muchos lugares de España en que se esté mirando a las
nubes para ver si van a tener agua o no. Eso en algunos casos es
inevitable, pero hay que procurar reducirlo al mínimo posible.
Como una tercera condición -y todos estos, repito, son datos que se
dan al planificador, si esos datos cambian, el resultado del plan
cambia también; son datos que se toman como decisiones políticas
iniciales-, la fijación de los caudales ecológicos como restricciones
del sistema de explotación. Esto también es una decisión. La teoría
de los caudales ecológicos se fija no en la teoría técnica,
evidentemente, que es muy antigua. La teoría jurídica de los caudales
ecológicos, a mi juicio, se sugiere, se apunta en el Libro Blanco del
agua en el momento de reflexión sobre problemas del agua, que se
elabora en el año 1998. Allí se fija una teoría interpretativa, desde
el punto de vista jurídico, de los caudales ecológicos que, como
figura nueva y como figura no bien identificada en el corpus jurídico
de la Ley de Aguas, necesita una cierta precisión. Esa precisión se
produce allí y la reforma de la Ley de Aguas del año 1999 recoge tal
concepto y lo incorpora al cuerpo legal de nuestro ordenamiento. En
consecuencia, ahora sabemos que el caudal ecológico, desde el punto
de vista jurídico, es una restricción al sistema de utilización
y como tal se debe considerar en los planes hidrológicos.
Estos son datos que da la autoridad política al planificador. Es
necesario mantener las situaciones existentes, no se abandonan los
aprovechamientos existentes -repito, decisión política-, no se
amplían regadíos -decisión también de naturaleza política-, es
necesario eliminar los problemas de precariedad y de inseguridad que
existen en determinados aprovechamientos del país y es necesario
asegurar los abastecimientos. Por supuesto, todo ello con la fijación
de caudales ecológicos en los sistemas de explotación, de acuerdo con
la reforma de la Ley de Aguas.
Con estos datos, lo que se hace es aplicar técnicas de planificación,
se analizan todos los sistemas de recursos hidráulicos, se hace una
homogeneización cartográfica, se revisan los planes hidrológicos de
cuenca, se homogeneizan y se estandarizan los criterios de definición
de la demanda, se define un criterio de garantía único para todas las
demandas existentes -cuestión heterogénea, dispersa-, se define un
criterio para aplicar los retornos de las demandas también homogéneo
para todo el país, se generan recursos naturales en todo el
territorio del país, superficiales, subterráneos, la componente
subterránea de los recursos totales, se construye un modelo de
simulación, es decir, una parafernalia técnica, compleja y
sofisticada.
Los modelos se construyen, se calibran, se ponen a punto, se ejecutan
y se realizan distintos análisis y simulaciones, incorporando por
supuesto posibilidades de ahorro, posibilidades de reutilización,
posibilidades de mayor incremento de la eficiencia; se tienen en
cuenta los resultados del Plan nacional de regadíos, se tienen en
cuenta estudios de los que disponía el Ministerio, realizados
anteriormente, sobre posibilidades de ahorro tanto en el regadío como
en los abastecimientos a poblaciones, se tienen en cuenta las
decisiones del panel intergubernamental de expertos sobre cambio
climático y las previsiones de este panel respecto a las
posibilidades de modificación de temperatura y de pluviometría. Esas
previsiones se traducen en régimen hidrológico, modificación de
posibles caudales y estas modificaciones se introducen alterando las
series que alimentan los modelos, se analizan las posibilidades de
utilización de aguas subterráneas, las posibilidades de incremento
del bombeo, en fin, todo un desarrollo muy complejo que ha llevado
tiempo a un equipo numeroso de especialistas y con una doble
perspectiva. Desde el punto de vista de las posibles cuencas
cedentes, que fueron identificadas en el libro blanco -esto es un
supuesto, no expresa ninguna intención-, no se establece ninguna
limitación a las posibilidades de desarrollo futuro de estas cuencas.
Parece que es una cuestión obligada, lógica en planificación que si
una cuenca puede ser cedente de agua no se establezca ninguna
limitación, no ya por supuesto sus actuales aprovechamientos, sino
incluso los previstos a largo plazo, en el futuro, incluso aunque
esas previsiones sean muy grandes, mayores que las que otras
planificaciones sectoriales apuntan, como es el caso, por ejemplo,
del Plan nacional de regadíos, que tiene unas previsiones mucho más
cortas que las que aquí se sugieren. Lo cual, desde el punto de vista
del cálculo, es correcto porque no deja de lado la seguridad.
Se tiene en cuenta el reciente convenio de Albufeira, en Portugal,
que también es una novedad en nuestro ordenamiento. Nunca, porque no
existía, se había tenido en cuenta esto de una forma explícita. El
convenio de Albufeira se introduce en los análisis de los sistemas.
Y se determinan los sobrantes en un sentido muy estricto, es decir,
cumplidas todas las necesidades de los aprovechamientos futuros y
cumplidas las restricciones de naturaleza medioambiental fijadas en
la planificación hidrológica, qué recurso puede derivarse sin afectar
a ningún aprovechamiento actual ni futuro. Eso da lugar a una serie
de recursos que podemos llamar sobrantes en las cuencas excedentes.
El término es controvertido, pero nos podemos entender. Y en las
cuencas receptoras se hace un análisis inverso: Se establece
una congelación de las posibilidades de desarrollo futuro, se impone
el máximo ahorro y la máxima eficiencia. En las posibles cuencas
cedentes no se imponen, no porque no se piense que no se deben hacer,
claro que sí, sino porque como hipótesis de cálculo también
conservador y del lado de la seguridad, no se imponen estos mayores
ahorros y eficiencias. En las cuencas receptoras se impone el máximo
ahorro y la máxima eficiencia y lo que se hace es analizar -y esto es
un proceso muy numérico- el mínimo aporte externo para proporcionar
garantía de suministro a todos los aprovechamientos existentes. Esto
da lugar a los resultados que son conocidos.
Desde el punto de vista de la demanda, las posibles cuencas
receptoras eran las del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y
cuencas internas de Cataluña, y de ellas el análisis concluye la no
necesidad de transferencia externa a las cuencas del Guadiana y del
Guadalquivir, y la necesidad de transferencia externa a Sur, Segura,
Júcar y cuencas internas, en las cuantías de todos conocidas, en
total 1.000 hectómetros aproximadamente: 200 a cuencas internas, 300
a Júcar, 400 a Segura y 100 a Sur. Junto con los análisis
hidrológicos o de disponibilidad, se analizan, desde el punto de
vista ambiental, en origen, en tránsito y en destino; se cartografían
las trazas de todas las posibles combinaciones, porque se han
estudiado no nueve sino una infinidad de combinaciones, porque son
las combinaciones de todos con todos y en cualquier cuantía. Hay dos
puntos identificados como posible fuente en el Duero, uno en el alto
Duero y otro en el bajo Duero, en la frontera con Portugal; cuatro
puntos identificados en el río Tajo; dos puntos identificados en el
río Ebro, uno en el Ebro propiamente dicho, en el bajo Ebro, y otro
en la Noguera, en el Segre, y finalmente un punto en el Ródano, punto
internacional, como posibles aporte de recursos.
Esto da lugar a una combinatoria ciertamente compleja, que se ha
analizado y se ha resuelto introduciendo las restricciones de no
afección o de no tránsito por ningún lugar intracomunitario, por
ningún espacio natural, con minimización de estos efectos, con
desviación de las trazas cuando se podía presumir alguna afección a
estos espacios, y explícitamente se ha modificado y encarecido el
proyecto como consecuencia de estos efectos; se ha hecho un estudio
singular de los impactos que tiene en la calidad del agua, porque
evidentemente se van a mezclar aguas de distinto origen y eso puede
tener efectos ambientales que no pueden ser ignorados; se ha
analizado este efecto, se han visto las consecuencias que puede tener
según el punto de toma, todo ello forma parte de los análisis
ambientales, y se ha hecho un análisis singular del delta del Ebro.
Evidentemente, si hay algún espacio que puede verse afectado de una
forma negativa es el espacio del delta, por lo que es indiscutible
que requiere una atención especial, que ya se ha prestado desde el
comienzo y es un asunto sobre el que se sigue trabajando e
investigando.
Por último, hay unos análisis hidrológicos, ambientales y económicos.
Hay un análisis muy detallado del coste de las infraestructuras, de
cuánto vale cada tramo, y de cuánto vale de una forma paramétrica, lo
que también es una novedad, nunca se había hecho algo parecido, no
como un tramo con dimensiones fijas sino en función de la variable
del caudal, con lo cual da una función de coste. Y esa función de
coste de todos los tramos posibles da un grafo con costes no
lineales, que se optimiza, con técnicas más o menos sofisticadas, y
el resultado final, repito, es que se recomienda, se sugiere, que
desde el punto de vista técnico la opción más aconsejable parece ser
la de todos conocida, una toma única en el punto del bajo Ebro, que
puede dar servicio tanto hacia arriba como hacia abajo de las
posibles cuencas receptoras.
El análisis económico incluye también una estimación coste beneficio;
se hace una diferenciación que me parece muy oportuna y que a veces
no ha sido muy entendida de lo que es una evaluación económica y de
lo que es una evaluación financiera, que son conceptos diferentes. El
plan no hace análisis financieros, hace análisis económicos que son
los que deben hacerse desde el punto de vista de los poderes
públicos, con objeto de que se haga una idea el órgano decisor, al
fin y al cabo este Parlamento, del rendimiento económico y de los
parámetros básicos económicos de la infraestructura. Y se analiza no
sólo el coste en infraestructura y el análisis coste-beneficio sino
una estimación también novedosa, en ningún plan hidrológico previo se
hizo algo parecido, un análisis de las curvas de demanda en términos
económicos, es decir, cuánto puede consumirse según el nivel de
precio por los distintos sectores. Todo ello se explicita, se
desarrolla y la conclusión final del análisis económico es una
conclusión simple, la de que hacer una transferencia no es un
negocio, que no puede plantearse como tal, que es un error concebir
una actuación de este tipo como propia de una actividad económica
privada que busca una rentabilidad económica. Esta actuación es,
desde el punto de vista económico, razonable; esa es la conclusión
básica.
Los indicadores que se obtienen del análisis costebeneficio se
muestran positivos, favorables. Por supuesto eso no prejuzga la
decisión política que, sea la que sea, es absolutamente legítima,
pero es bueno que el decisor, la autoridad política, este Parlamento,
sepa, tenga datos económicos -tampoco es normal que en planes de esta
envergadura en las infraestructuras se hagan este tipo de
evaluaciones- sobre la idoneidad o razonabilidad económica de lo que
está o no autorizando. Como digo, el resultado de ese análisis
económico muestra la razonabilidad económica de esta obra. Es una
obra hecha desde un punto de vista social, global, económico, de la
economía nacional, buena para el país, y me parece que ése es un dato
relevante. Naturalmente hay otras consideraciones de tipo financiero
en las que no se puede entrar.
Se contrastan esos costes con otros costes alternativos.
Evidentemente hay un coste alternativo claro, el de la desalación de
agua del mar, que ya se ha hablado mucho sobre ello. Los análisis del
coste de la desalación partían del Libro Blanco del agua, que se
publica en el año 1998 y se elabora con datos de los años 1996
y 1997; puesto que hay una inquietud respecto a que el coste de la
desalación evoluciona a una velocidad muy grande, por lo que esos
costes pueden estar anticuados, hemos hecho una revisión de los
costes por la que se comprueba que las desviaciones son muy pequeñas.
Es un trabajo que está prácticamente concluido, muy minucioso, muy
detallado, donde se ponen al día todos los costes relacionados con la
desalación, incluyendo no sólo la producción a pie de planta sino
también el transporte a los puntos de entrega. Juan Marco aludía
antes a esta cuestión, que es muy importante, por razones de escala.
La conclusión básica es que no cabe, en absoluto, establecer ninguna
comparación de costes entre una alternativa de transferencia con
costes en torno a las 50 ó 55 pesetas y los costes de desalación que
están, en cualquier caso, por encima de las 100 pesetas el metro
cúbico, si se incluye el transporte. La producción de agua a pie de
playa, en estos momentos está en un precio mínimo de entre 100 y 110
pesetas/metro cúbico, naturalmente incluyendo la amortización de las
obras. El precio que se suele manejar, de 60 pesetas el metro cúbico,
excluye la amortización y considera que la planta se regala. Estamos
hablando sólo de costes de explotación y ese planteamiento no tiene
rigor. Evidentemente, hay que considerar todos los costes, de igual
forma que se consideran en el caso de las transferencias. La
conclusión, repito, desde el punto de vista técnico, a partir de los
datos y de los supuestos de partida está clara. Si esos datos y
supuestos de partida se modifican naturalmente puede llegarse a una
conclusión diferente.
Para concluir, me gustaría expresar dos o tres ideas que creo que son
básicas. Éste es un plan que tiene continuidad con una larga
trayectoria de planificación en España, una muy larga trayectoria que
se remonta al siglo pasado. Además, es un plan que se siente
agradecido a sus antecedentes. El último y más reciente es el plan de
1993. Y es un plan que, siendo respetuoso y reconociendo los
importantísimos avances y el esfuerzo hecho por muchas generaciones
en materia de planificación hidrológica, es innovador en enfoques, en
metodologías. Hace cosas que no se hicieron antes, como el plan que
venga dentro de unos años hará cosas que no hemos podido hacer ahora.
Pero es un plan, repito, que reconoce la herencia del pasado y la
intenta superar e innovar, de igual forma que espera que las
generaciones que vengan después hagan lo propio. No es un plan de
fomento de la riqueza y de fomento del regadío, es un plan que se
hace para asegurar lo existente. Es un plan que procura restablecer
un equilibrio
que la historia, razones institucionales, razones jurídicas, razones
muy complejas, razones sociales hicieron que se perdiera. Pero
hicieron que se perdiera hace muchos años. No estamos hablando de un
problema que tenga uno o dos años, éste es un problema muy antiguo.
El equilibrio hidráulico se perdió en una amplia zona del país y este
plan intenta restablecerlo. A mi juicio, es un plan orientado hacia
la sostenibilidad, en un sentido verdaderamente extenso, en un
sentido muy omnicomprensivo de territorios que por razones muy
complejas -apasionantes por cierto, pero muy complejas- de analizar
vieron que ese equilibrio se quebró, pero esto sucedió hace décadas,
no es un fenómeno que quepa imputar a una coyuntura reciente. Es un
plan que pretende no ser perjudicial para nadie sino buscar la
solución menos costosa y que parezca más prudente y más razonable.
Me gustaría concluir con la idea que expuse al principio. Es evidente
que cabe rechazar la transferencia, y es una opción perfectamente
razonable, legítima y correcta, pero es necesario tener claro que
rechazar las transferencias implica que algún objetivo de los que he
enunciado no puede cumplirse, no es posible. Eso da lugar a otro plan
hidrológico, perfectamente legítimo, repito, pero es un plan
diferente, que no cumple los mismos objetivos, que no satisface los
mismos objetivos que satisface éste.
No es posible -se ha dicho ya y yo lo reitero- satisfacer las
demandas actualmente existentes -por supuesto no estamos pensando en
ampliaciones masivas, al estilo de los años sesenta- sin
transferencias. Son necesarias esas transferencias que pueden venir
de un territorio externo o del mar, ya que, al fin y al cabo, el mar
es otra transferencia, aproximadamente al doble de coste, pero
también es una solución a efectos ambientales y económicos
colaterales, en los que no vamos a entrar. Si no es así, si no se
aporta agua a determinados territorios es necesario reducir
significativamente la demanda, y eso tiene efectos sociales y
políticos ciertamente importantes, pero se puede plantear.
Lo que no es posible, a mi juicio, y he dedicado a esto mucha
reflexión y muchos años de estudio y de análisis, es sin aportar
recursos externos mantener los aprovechamientos que ya existen,
desgraciadamente, pero es la historia que nos ha tocado y aquélla que
tenemos obligación de resolver.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: En primer lugar, agradezco la presencia en
esta Comisión del señor Cabezas y la exposición de tantos datos y tan
rápidos porque condensarlos es complicado.
Me gustaría centrarme en intervenciones anteriores en las que se han
hecho algunas afirmaciones, ya que
como primer representante técnico de la administración redactora del
Plan hidrológico nacional quizá nos las podría aclarar. Uno de los
intervinientes formuló que existía prevaricación técnica de las
personas que han realizado el análisis coste-beneficio del trasvase.
Me gustaría saber qué opinión le merece esta afirmación, así como
otra realizada por el mismo compareciente sobre que el coste de
expropiación del embalse de Mequinenza era de cero pesetas.
Otra cuestión que me ha llamado la atención ha sido que el mercado
del agua se agilizaría con el agua del trasvase, dado que se trataría
de agua subvencionada ¿Qué opinión le merece esto? Otro tema que ha
sido aludido por todos los comparecientes y que hemos formulado
prácticamente todos los grupos se refiere al coste del agua y la
diferencia posible que se podría producir entre el agua trasvasada a
la Comunidad Autónoma valenciana y el agua en la cola del trasvase,
que sería el que llegaría a Almería.
Por último, quiero incidir en unas reservas que se han formulado en
cuanto a la calidad del agua trasvasada del Ebro.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Martí i Galbis, por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MARTÍ I GALBIS: En nombre de mi grupo parlamentario quiero
dar la bienvenida al señor Cabezas y agradecerle su amplia y concisa
exposición, al mismo tiempo bastante clara.
Quería formularle dos cuestiones puntuales. Una tiene relación con
una intervención anterior -hay un compareciente anterior que está aún
entre nosotros-, referida al abordaje de las obras, de los proyectos
y de las actuaciones que contempla el plan hidrológico. Se refería a
las disponibilidades presupuestarias que se tengan en cada momento,
que se aportan a través de los Presupuestos Generales del Estado en
cada año, porque ese factor va a ser determinante a la hora de
concluir las previsiones del plan hidrológico en un período de años o
en otro. En ese sentido, y teniendo en cuenta estas variables que los
miembros de esta Comisión no alcanzamos a prever, como usted es
técnico cualificado quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que puede
ser el plazo más razonable para ejecutar el cien por cien de las
actuaciones y de los proyectos del presente plan hidrológico y de los
que no serán demasiado diferentes a los que contenga la futura ley
del plan hidrológico?
No quiero que la segunda pregunta se interprete como frívola porque
no es esa la intención de este diputado. (El señor Vicepresidente,
Ruiz López, ocupa la Presidencia.) Algún compareciente ayer, otras
personas que han intervenido en esta Comisión y ciertos comentarios,
entre comillas, populares, nos decían que, más allá de que los
ministros de turno fuesen de medio ambiente hasta que se creó el
Ministerio de Medio
Ambiente, u otros que anteriormente ejercían las cuestiones
medioambientales, más allá de las decisiones, compromisos y de las
prioridades políticas de los ministros de turno, son los medios y
altos cargos, los altos funcionarios, principalmente los ingenieros
del Estado, los que acaban imponiendo sus tesis. En este sentido,
quería preguntarle sobre su previsión ante una posible hipótesis de
futuro.
Si el Partido Socialista acaba oponiéndose al contenido del actual
plan hidrológico nacional, aunque su portavoz la semana pasada en el
plenario más allá de la propuesta alternativa, que ya no es tal,
pedía que se consensuara, se llegase a un acuerdo -hay que decirlo
y puntualizarlo-, atendiendo a que muy posiblemente en el plazo de
quince o veinte años razonables para la ejecución de este plan (es
lógico porque entra dentro del juego democrático) podría haber un
gobierno socialista que a su vez fuera coherente cuando recuperara el
Gobierno del Estado, coherente en el sentido de aplicar lo que ahora
están diciendo; si tenemos en cuenta el largo plazo de ejecución del
Plan hidrológico nacional, más allá de los años que usted pueda
decirnos que va a necesitar para que se implemente; si tenemos en
cuenta la oposición numantina que hoy se nos anunciaba por parte de
un representante de la plataforma de defensa del río Ebro (no ha
especificado los medios, pero algunos nos los imaginamos teniendo en
cuenta cómo actúan este tipo de entidades) y también de algunas
entidades, personas o grupos políticos o sindicales que se han
pronunciado en diferentes manifestaciones en contra del Plan
hidrológico nacional, en contra de la implementación de los
preparativos para ejecutar este plan hidrológico, con todas esas
variables y condicionamientos le pregunto: ¿qué posibilidades reales
otorga a la viabilidad de este Plan hidrológico nacional?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor Cabezas, por su
explicación.
Me gustaría que no fuera técnico porque entonces hablaríamos un poco
más de política, aunque en política de agua es muy difícil distinguir
entre lo técnico y lo político en un plan hidrológico como el que
estamos observando en este momento.
Como técnico que es, y espero que me conteste como tal, los objetivos
que ha puesto encima de la mesa son para paliar problemas hídricos
-de acuerdo- y decidir sobre transferencias cuando hay agotamiento de
recursos. El señor presidente de la Confederación del Júcar ha dicho
antes que el trasvase servía como garantía para los usos que tenía,
pero no por agotamiento de los caudales que había. En función de ese
criterio existe una contradicción entre lo que usted plantea, lo que
plantea el plan y lo que decía el presidente
de la Confederación del Júcar. Este último, al hablar de garantía y
de las gestiones de las medidas de ahorro y eficiencia que estaban
llevando a cabo en la Confederación, decía: Queremos un determinado
número de hectómetros cúbicos para garantizar que lo que estamos
haciendo puede seguir, pero no porque haya un agotamiento de lo que
estamos haciendo. Me gustaría que me aclarara esa contradicción que
entendemos que existe entre su posición, la del plan y la del máximo
responsable hidráulico de la cuenca del Júcar.
Después ha hecho usted otra referencia a que el Plan hidrológico
nacional es un desarrollo de la Ley de Aguas. De acuerdo. Estamos de
acuerdo también en que en ese desarrollo de la Ley de Aguas se
contemplan las transferencias. Ninguno lo hemos negado. Ustedes
fijando un trazado y nosotros dejándolo para el último lugar, pero no
lo negamos. Pero es cierto que la Ley de Aguas también habla de que
la planificación hidrológica nacional debe ir acompañada de otras
planificaciones que tengan que ver con el suelo y con regadíos. Eso
no se da en este documento. El Plan nacional de regadíos, de acuerdo
con lo que usted está diciendo, tenía que estar encima de la mesa y
ser conocido por todos. No me refiero a usted porque al fin y al cabo
es responsable técnico del Ministerio, pero indudablemente el partido
político que sustenta al Gobierno del que usted forma parte lo que ha
dicho siempre es que el Plan nacional de regadíos tiene que estar
antes del Plan hidrológico nacional. Eso le da a usted la razón en
una cosa: en que el Plan hidrológico nacional dice, como usted ha
planteado, que no va a haber más hectáreas en regadío en las cuencas
receptoras y que las hectáreas a precario se consolidan como tales.
Yo no sé cuál es el Plan nacional de regadíos. ¿En qué medida un plan
nacional de regadíos que no conocemos va a condicionar la afirmación
tan categórica de un plan hidrológico nacional que sí conocemos? ¿Por
qué razón ustedes se muestran tan categóricos en esa afirmación en el
proyecto de ley cuando en teoría, en la práctica no sé, sabemos que
eso no es así y que no puede hacerse esa afirmación? También me
gustaría saber cómo lo van a hacer. ¿Cómo se hace el que no haya más
hectáreas en regadío? Si las confederaciones, desde nuestro punto de
vista, están un poco anoréxicas en lo que es control y vigilancia del
dominio público hidráulico, si el único que está actuando en
condiciones es el Seprona, que tiene presentadas denuncias en algunas
cuencas (denuncias que con este plan van a desaparecer porque se les
consolida los regadíos a precario y, por tanto, se quedan como
regadíos perfectamente legalizados), nos preguntamos qué se va a
hacer para que a partir de ahora esa afirmación tan categórica se
pueda cumplir. Van a tener que poner Guardia Civil en toda España
porque, si no, veo muy complicado que esa afirmación se lleve a cabo
sin ninguna dificultad.
Usted también ha hecho referencia a los caudales ecológicos. En el
plan no se fijan caudales ecológicos.
En algunos planes de cuenca hay caudales ecológicos y en otros no se
fijan. ¿Por qué razón el Plan hidrológico nacional no puede
establecer de manera precisa, aunque sea recuperando lo de los planes
de cuenca, cuáles van a ser los caudales ecológicos que van a tener
que ser contemplados en cada desarrollo de los planes de cuenca o en
el desarrollo de las obras correspondientes que figuran en el anexo
II o cualquier actuación que se lleve a cabo en aplicación del Plan
hidrológico nacional?
El señor Martí, de Convergència i Unió, le ha preguntado cuánto
tardará en hacerse el trasvase. Yo también se lo pregunto. Y se lo
pregunto no por todas las movilizaciones, ni por la oposición social
que pueda existir, sino porque, como decía ayer el señor presidente
de la Sociedad Aguas del Ródano, para hacer el trasvase del Ródano
hasta Barcelona preveían un plazo de siete años. Cuando uno ve que el
trasvase del Ebro a Tarragona ha costado siete años, se le ponen los
pelos de punta si la solución para los problemas hídricos del arco
Mediterráneo se lleva a cabo en la misma proporción que el volumen de
agua que se traspasa en esos sitios y los kilómetros que hay que
hacer de obra desde el inicio del trasvase hasta el punto final. Por
ello, me gustaría saber el plazo que ustedes tienen estimado en
ejecutar esas obras, que indudablemente van a ser muy complicadas,
van a tener que superar muchísimas dificultades sociales y
económicas, ya veremos cómo se va a modular el desarrollo de ese
proyecto.
Usted ha dicho que el precio está fijado en 52 pesetas, espero que de
media. ¿Qué conceptos comprende ese precio? La media supone, por
ejemplo, que los señores de Castellón norte van a pagar en un
principio, sin contemplar una serie de gastos cuya valoración no han
hecho, 20 ó 35 pesetas por metro cúbico. Los señores de Almería van a
pagar 93 pesetas metro cúbico en sus previsiones. Pero dentro de esos
costes no se conoce, por ejemplo, cuál es la cuota de repercusión que
se estima oportuno aplicar con cargo a los fondos propios, a los
fondos comunitarios; no se conoce si las comunidades autónomas van a
tener algún nivel de participación y en qué manera y de qué forma se
va a plantear; no se conoce la asignación de costes entre los
diversos usuarios; no se conoce la forma jurídica y organizativa del
desarrollo del proyecto; es decir, hay una variable de costes, dentro
de la estructura que tienen planteada, que, en nuestro criterio, va a
suponer que el precio del agua, que ustedes tienen valorado en 52
pesetas de promedio, para los usuarios de Castellón será de 26
pesetas y un 50 por ciento más, 39 pesetas, y para los de Almería,
los de Murcia o los de Valencia el agua se puede poner en unos costes
que son perfectamente comparables y más elevados que los que pueden
producirse por la desalación. Por eso, me gustaría que usted nos
aclarara un poco la forma de fijar estos costes y las conclusiones a
las que ha llegado para definirlos.
Respecto a la comparación que usted hace con la desalación, hay una
depuradora, la de Carboneras, en la que el coste está estimado, según
dice la propia empresa, entre 50 ó 60 pesetas metro cúbico. A lo
mejor eso es en alta, y el trasvase también. Por ello, tanto a los
costes del trasvase, como a los costes de la propia planta
desaladora, habrá que incorporar los derivados de las aportaciones de
los usuarios, desde el punto de toma de llegada del trasvase hasta la
distribución a cada uno de los usuarios, y me imagino que eso
repercutirá en el coste final del agua que tenga que pagar cada uno
de ellos.
Me gustaría saber, señor Cabezas, si de verdad usted considera que el
trasvase del Ebro es una decisión política. ¿Por qué lo digo? Porque
analizado el Libro Blanco del agua y los documentos que han
acompañado al texto del proyecto de ley, cuando uno observa por qué
van desapareciendo trasvases o alternativas al trasvase que se pone
encima de la mesa, la solidez de los planteamientos y de las
excepcionalidades que se formulan no es muy adecuada. De la misma
manera que usted entiende que es una decisión política que se cierren
los regadíos, que no hay más; de la misma manera que para usted es
una decisión política cualquier otra relacionada con la forma de
llevar a cabo los objetivos que ustedes plantean, me gustaría saber
si entiende que esta es una decisión política y no técnica, aunque,
como es lógico, esté avalada por unos criterios técnicos que en la
cocina del Ministerio veremos a ver cómo los han elaborado, y espero
que de eso nos enteremos algún día.
Volviendo al tema de los costes, ¿usted cree que la capacidad de pago
que van a tener los usuarios del agua, benefactores del trasvase, que
van a tener que hacer frente al coste del agua trasvasada, más a los
costes derivados de la modernización de sus estructuras agrarias a
través de las sociedades de riego y de agua, son costes que pueden
tener algún tipo de repercusión en lo que es la producción agraria
que va a haber en esas zonas? Y para finalizar le pregunto si una vez
hecho el trasvase, es decir, desde la toma del trasvase, va a haber
algún tipo de regulación. Ustedes en el proyecto de ley dicen que, en
caso de necesidad de un embalse para recoger las aguas del trasvase,
preferentemente será en la cuenca receptora y no en la cedente, y me
gustaría saber si tienen hecha esa previsión, qué cálculos hay y que
previsión existe respecto a su amortización.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruíz López): Por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: En primer lugar, quiero agradecer al
señor Cabezas su presencia en esta Comisión. Quería hacer dos
preguntas, aunque el representante del Grupo Parlamentario
Socialista,
según es costumbre, me las ha pisado, pero no me resigno a volver a
repetirlas o a reformularlas.
Llegamos al segundo día de comparecencias y flota en el ambiente una
pregunta que parece que de una forma u otra no es contestada por
nadie. Se refiere al costo del agua, que es de 52 pesetas. No hay
forma de saber de una vez por todas cuáles son sus componentes, qué
parte de amortización compone ese precio, en cuántos años, qué
infraestructuras son las que se amortizan o las que se dejan a fondo
perdido. ¿Dónde está ese costo de 52 pesetas, en Barcelona, en
Alicante, en Murcia, en Almería? ¿Ese es el precio de cesión al final
de la obra principal? Otra reflexión. ¿No le parece al señor Cabezas
que, al final, con este plan hidrológico lo que se hace es estar
premiando a los que se han saltado la ley a la torera durante
bastantes años, a los que no se castiga de ninguna forma y, al final,
se les entrega una infraestructura gratis et amore para que la
disfruten, legalizando unas situaciones que no son de recibo?
El señor VICEPRESIDENTE (Ruíz López): Para contestar las cuestiones
expuestas por los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor
Cabezas.
El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA(Cabezas
CalvoRubio): Muchas gracias por darme la oportunidad de responder a
unas preguntas tan importantes por cantidad y por calidad, que
intentaré hacerlo en la medida de lo que pueda.
Siguiendo el orden cronológico en que se me han ido formulando, la
primera cuestión planteada se refiere a un comentario sobre una
prevaricación técnica. Es un insulto al cual no voy a responder. Es
una cuestión que no merece ningún calificativo. Es un planteamiento
absolutamente frívolo que sin más rechazo y que no merece perder
mayor tiempo. Sí que es oportuno entrar en los argumentos o razones
que se dan, no en este tipo de calificativos que, repito, me parecen
sencillamente inadmisibles. ¿En qué se fundamentan este tipo de
comentarios o este tipo de dudas sobre la validez de los análisis
hechos? Tendríamos que extendernos mucho para comentar y desarrollar
específicamente todos los análisis económicos, con qué criterios se
han hecho, con qué fundamento, cuál es la estructura de coste a la
que usted alude, estructura de coste que está absolutamente explícita
en la documentación técnica del plan y que puede descomponerse
ladrillo a ladrillo y metro a metro de canal de dónde salen las 52
pesetas. Voy a intentar explicárselo.
Mequinenza es un ejemplo de un cálculo mal realizado. ¿Por qué hay
que expropiar Mequinenza? Mequinenza no hay que expropiarlo, lo que
hay que hacer es modificar el régimen de explotación del embalse.
Dicho embalse es de naturaleza hidroeléctrica. Se sabe técnicamente,
es una cuestión elemental, que la producción
de energía eléctrica es función del producto de la carga hidráulica
por el caudal circulante. La carga hidráulica y el caudal circulante
por Mequinenza son los mismos. El agua se toma debajo de Mequinenza.
Es una simpleza lo que les digo, pero creo que es interesante
aclararla. Por tanto, no hay afección importante a la producción
eléctrica de Mequinenza. Sí la hay a su calidad. Mequinenza no va a
dejar de producir más kilowatios si sube un día el trasvase, porque
la toma está debajo y el agua que va a circular es la misma. Las
turbinas que hay en Mequinenza son las mismas, y el salto hidráulico
es sensiblemente el mismo. ¿Dónde está la diferencia y por qué hay
que considerarlo en términos económicos? La diferencia está en que la
energía será de una calidad distinta , porque así como ahora el
explotador eléctrico explota la central conforme a su maximización de
la producción de energía, cuando exista la transferencia y se utilice
el embalse de Mequinenza para regularla, el explotador eléctrico
moverá y turbinará, no en función de maximizar su beneficio, sino en
función de las necesidades de la transferencia. Con esa restricción
que se impondrá máximizará su beneficio. Hemos hecho cálculos sobre
todo esto.
Se ha puesto una estimación en el plan hidrológico de una peseta por
metro cúbico. Debo decir que alta. La cifra que hemos manejado es
inferior, pero hemos puesto una peseta por redondear , por no entrar
en décimas y por dar una magnitud que sea comparable al resto de las
estimaciones. Pero, repito, la estimación que hay es inferior a una
peseta por metro cúbico. Se entiende técnicamente de una forma muy
simple sin pensar más que lo único que se va a hacer es modificar un
régimen de explotación de una central por la cual va a circular
exactamente la misma agua, y que las turbinas que tiene son
exactamente las mismas. Voy más allá. Cabría incluso el posible
efecto de pérdida de calidad, en el sentido energético e
hidroeléctrico de la calidad de la energía; estoy hablando de puntas,
de valle, de condiciones de explotación. Incluso con alguna turbina,
con alguna nueva instalación podría hasta compensarse eso de una
forma muy sencilla.
Naturalmente que se ha tenido en cuenta la afección eléctrica en
Mequinenza. Se ha estimado en una cantidad de una peseta por metro
cúbico trasvasado que, repito, es una cantidad que cubre los gastos
existentes. Podemos dar todas las explicaciones técnicas de detalle
que sean precisas en el foro que estimen oportuno. ¡Claro que se ha
tenido en cuenta de una forma rigurosa! No hay, repito, afección,
pérdida de energía en Mequinenza. Hay una modificación de calidad, y
eso está computado en el plan hidrológico y evaluado. La cifra que se
ha propuesto es una peseta que, repito, es superior al coste real que
tiene. Esto actuando del lado de la seguridad, como es lógico.
Otra cuestión en relación con la economía, que también se ha oído en
algún caso, sobre las posibilidades de que las amortizaciones están
mal consideradas porque
hay elementos que se amortizan antes de plazo, las centrales
eléctricas, etcétera. Por supuesto que sí, pero ese es un
planteamiento absolutamente elemental y muy simple para cualquier
persona que tenga experiencia en realización de su planteamiento
teórico, que se resuelve con una facilidad extrema y que muestra en
el fondo inexperiencia en la realización de evaluaciones coste-
beneficio en obras hidráulicas. Una obra hidráulica de una conducción
larga, que tenga elementos de impulsión y de bombeo, puede tener
elementos cuyo plazo de amortización no es el de la obra civil más
reducida. Pero eso en una conducción larga, como es el caso de un
componente muy pequeño; la repercusión económica que eso tiene en las
evaluaciones costebeneficio es un componente, a su vez, muy pequeño.
Naturalmente que esto lo hemos tenido en cuenta. La parte amortizable
a menos de 50 años de la infraestructura de transferencia prevista
es, hablo de memoria, del orden del 16 por ciento de toda la
inversión. Reducir la amortización de 50 años a 25 años, es una
operación financiera elemental y verán que no llega ni al cinco por
ciento. El impacto real que tiene es menor del cinco por ciento; por
cierto, habría que aplicarlo a cualquier otra alternativa que se
plantease. Esto no es una opción sólo aplicable en el caso de la
transferencia del Ebro. Quiero recordar que la transferencia del
Duero tiene unas impulsiones mayores incluso que las del Ebro, ya que
tiene que ir salvando divisorias de todos los ríos, desde el bajo
Duero hasta arriba. Por tanto, tiene un componente amortizable a
plazos más cortos, incluso superior al que tiene la transferencia del
Ebro. En definitiva, esta es una crítica teórica que la experiencia
en la realización de estas infraestructuras la resuelve sin más y la
cuantificación precisa es la que les acabo de decir, no llega al
cinco por ciento.
En cuanto a la posibilidad de que el agua subvencionada estimule un
mercado, es una cuestión complicada. El agua subvencionada ni
estimula ni deja de estimular ningún mercado. Son cosas que no tienen
nada que ver. El mercado tiene sus reglas de operación. Digo mercado
por utilizar el término que se viene usando para designar esto.
Habría que ver si estamos hablando de las cesiones temporales del
artículo 61 bis, habría que ver si estamos hablando del centro de
intercambio de derechos, habría que ser preciso para saber
exactamente a lo que nos referimos. Pero si entiendo por mercado las
cesiones de derecho previstas en el 61 bis de la reforma de la Ley de
Aguas de 1999, ello no tiene ninguna relación con que el agua esté
más o menos subvencionada. Un agua gratuita se transferirá con mayor
o menor estímulo que si no es así, pero no veo la relación entra
ambas circunstancias.
La crítica que se ha hecho, desde el punto de vista económico, es la
que se relaciona con la estimación, por ejemplo, de los beneficios de
la agricultura, como si hubieran cometido errores elementales,
errores escolares.Es ingenuo pensar que se pueden cometer este
tipo de errores tan simples. La estimación que hay de las rentas
beneficio agrícola, que se asimila a la renta neta, se ha hecho de
cinco o seis formas distintas. Se ha hecho considerando la
estadística del Ministerio de Agricultura, que está publicada y que
se puede consultar en su último anuario de estadística agraria del
año 1999, donde están las magnitudes macroeconómicas de la
agricultura y donde están todos los datos desarrollados de una forma
explícita. El análisis de este tipo de información estadística
muestra que la renta neta estricta, es decir producción bruta
deducidos consumos intermedios con lo cual se obtiene renta neta,
deduciendo además amortizaciones y quitando remuneraciones
a asalariados, alquileres e intereses, es del orden de medio millón de
pesetas por hectárea regada en los territorios afectados y para la
totalidad de la zona. Si ese análisis se realiza para las zonas
sobreexplotadas, la cantidad sube hasta 0,7/0,8 millones de pesetas
por hectárea. Son datos del Ministerio de Agricultura, fáciles de
contrastar, que emplean por cierto la terminología de Eurostat, que
es la oficial a partir de los últimos anuarios y que se refiere
exactamente a los conceptos económicos que estamos manejando.
Por otra parte, hay avances del propio plan nacional de regadíos
-aunque no existe todavía-, uno de ellos de 1998, que es el que hemos
manejado; es un borrador extenso que contiene determinaciones de
estudios y datos de interés. Pues bien, el análisis de lo que ahí se
llama beneficio agrícola, que es la renta agraria menos los
impuestos, las retribuciones del capital ajeno, la mano de obra, en
fin, deducidas todos los componentes hasta llegar al beneficio
estricto -quitándole la mano de obra familiar-, es lo que el plan
nacional de regadíos llama beneficio, en terminología ligeramente
distinta a la de la estadística agraria. Analizando los datos del
plan nacional de regadíos y aplicándolos a estas zonas, se obtienen
rendimientos netos de 0,6/0,8 millones de pesetas por hectárea. No
voy a entrar en más detalles, pero es evidente que no se pueden hacer
simplificaciones tan groseras.Se han analizado también las
posibilidades de valores sustitutivos, valores medios y valores
marginales. Insisto en que no voy a entrar en ello, pero es evidente,
además está explícito que los análisis se han hecho con todo el rigor
de que hemos sido capaces, y por supuesto sin cometer errores tan
elementales como los que se sugieren.
Se plantea un problema muy importante, que requeriría alguna
clarificación, que es el de la diferencia de coste entre Valencia y
Almería. Antes he dicho y reitero que el plan hidrológico ha hecho
una evaluación económica; es importante diferenciar evaluación
económica de evaluación financiera. Evaluación financiera es la que
se hace cuando uno plantea una actividad inversora, cuando se
identifican beneficiarios y afectados, gente que gana dinero; quién
pone dinero y quién lo recibe en una actuación hidráulica o de
carácter general, en cualquier inversión pública. Pero ese análisis
no
corresponde hacerlo a los poderes públicos; los poderes públicos
tienen que hacer análisis económicos. Los análisis económicos son
indiferentes a quién reciba el beneficio o a quién pague el coste,
tienden exclusivamente al balance global para la economía nacional; y
eso es exactamente lo que ha intentado hacer -y creo que ha hecho- el
Plan hidrológico nacional.
El análisis que se hace desde el punto de vista del coste analiza la
totalidad de la infraestructura y ve el coste que tiene. Estamos
calculando costes incluyendo impuestos y ese tipo de efectos
secundarios propios del análisis financiero, puesto que queremos ver
el precio final del agua. El análisis coste-beneficio no necesita
incorporar impuestos puesto que no tiene sentido computar algo que el
Estado va a cobrar, a su vez, por otra vía indirecta. Ese análisis es
el que se ha hecho en el plan; lo que se hace es considerar la
totalidad de la infraestructura con todas las componentes. No sé qué
componentes no se han tenido en cuenta; todos las que se nos han
ocurrido, todos las que hemos imaginado, están incluidos en el
análisis económico y en el coste de la infraestructura. Si hay alguno
que no hayamos incluido, me gustaría saber cuál es, porque hasta este
momento no tengo constancia de que haya un solo componente de coste
que no haya sido tenido en cuenta en el plan hidrológico que se ha
presentado.
Como decía, el resultado final de esos costes totales dividido por el
volumen de agua que se moviliza es el valor medio del coste del agua,
no el precio; el precio es un resultado final que se decidirá por
otros procedimientos; eso lo aprobará una ley, es una tarifa que
decidirá el Gobierno o una cuestión distinta que viene después. Lo
que se ha hecho ahora es una evaluación del coste medio del agua bajo
estos supuestos de análisis de proyecto de inversión pública.
Naturalmente, en una obra de esta envergadura puede haber diferencia
si se trocea. Para empezar a contestar a varias preguntas que han
hecho, ¿cuál es la clave de este asunto? Hay un elemento fundamental,
que es una cosa muy conocida en economía: el análisis de costes
separables y beneficios remanentes. Son técnicas que se desarrollaron
en los años treinta en el valle del Tennessee y que son muy conocidas
en el mundo de la economía de las obras hidráulicas. Una inversión
hidráulica tiene que ser atractiva para alguien que se va
a incorporar en el sentido de que tiene que costarle menos de lo que le
costaría la obra para él sólo. Es decir, Castellón difícilmente sería
desde el punto de vista económico un agente irracional si pagase por
el agua trasvasada una cantidad mayor de la que le costaría hacer una
transferencia sólo para Castellón, eso no tiene ningún sentido. Hay
una cota máxima de lo que se puede pagar, que es el coste separado,
lo que vale que yo resuelva mi problema solo. ¿Qué sucede? En obras
hidráulicas hay efectos de economía de escala, por eso son
interesante estas obras. El hecho de que se agrupen implica que se
consigan
economía muy favorables. Si Castellón, más Valencia, más Alicante
plantean un proyecto para resolver el problema de los tres, éste
tendrá muy verosímilmente un coste inferior mejor al que tendría el
proyecto para cada uno de ellos por separado. Esa razón de las
economía de escala hace que estas obras sean interesantes. Cada uno
debe pagar como máximo lo que le costaría resolver su problema solo y
tiene un margen de economía de escala que hace que le resulte
beneficioso apuntarse a eso. ¿En qué momento deja de ser interesante
la alternativa de sumarse al club del trasvase, para entendernos? En
el momento que existe la posibilidad de conseguir el mismo recurso a
un coste alternativo inferior. Lo que sucede si Almería se retira del
club (es un cálculo complejo, que no es tan simple como ir troceando
porque hay que ver el efecto de economía de escala que opera en un
sentido que no es muy intuitivo) es que toda la operación económica
cambia; pero toda, no solamente el coste del tramo de Almería, porque
el coste del resto también es más pequeño puesto que no necesita
transportar el caudal de Almería.
Son cálculos que hay que hacer con cuidado. Si se hacen correctamente
y el resultado es que la incorporación de Almería supone un
sobrecoste para el club no competitivo con el precio del agua
desalada, evidentemente Almería debe salir del club porque beneficia
a Almería y beneficia al resto. Pero eso no sucede en los cálculos
que hemos hecho nosotros; por supuesto, son cálculos revisables y
discutibles. El coste de la incorporación final de Almería en estos
momentos (y avanzo resultados precarios que les ruego que interpreten
como tales, porque no son definitivos) es del orden de 80/90 pesetas,
inferior al coste de la desalación; esto según las estimaciones que
tenemos nosotros, después volveré a referirme a este aspecto
concreto. Que Almería se incorpore al trasvase, ciertamente está
cerca de ser irracional, pero no lo es en estos momentos; estos datos
son los que tenemos.
Calidad del agua del Ebro. La calidad empeora a medida que se va
desarrollando aguas abajo, como sucede en casi todos los ríos. Va
empeorando progresivamente, aunque también se recupera a veces como
consecuencia de procesos de autodepuración o de tratamiento de
vertidos. De forma muy simplificada, va evolucionando la calidad
(todo esto está en la documentación del plan, que contiene un
análisis de la calidad del agua muy complejo y completo) y, cuando el
río llega a Zaragoza, es peor que la del agua de cabecera. La
incorporación del Segre tiene un efecto de mejora espectacular, lo
cual es lógico, el Segre es un río de montaña -un río pirenaico- que
tiene un grado de contaminación muy pequeño y que hace una aportación
del orden de magnitud de la del Ebro, dato importante a subrayar. En
definitiva, la calidad en el curso final es notablemente inferior a
la de aguas arriba; esto es así por razones sencillas de entender.
La conclusión del análisis que hemos hecho es que desde el punto de
vista del regadío no hay la menor dificultad. Puede haber algún
efecto puntual con sales, una cuestión que habría que analizar con
mayor detalle; pero en una primera aproximación y desde el punto de
vista de la aptitud para el regadío no se aprecian problemas graves,
y desde el punto de vista del abastecimiento es prepotable en el 95
por ciento de los casos, luego es casi agua en situación de
prepotabilidad. En consecuencia, no es agua de calidad
extraordinaria, pero es mucho mejor que la de la zona a la que va
destinada. Es decir, su efecto es muy positivo en las zonas
receptoras desde el punto de vista estrictamente ambiental.
Naturalmente, éste es un efecto que hemos analizado en el documento
de análisis ambiental, al cual yo he dedicado un estudio específico y
no sólo del Ebro, sino de todas las cuencas involucradas en el
análisis.
En cuanto a otras cuestiones sobre los proyectos y obras del Plan
hidrológico nacional, como disponibilidad presupuestaria, plazos de
ejecución del cien por cien del plan, se trata de cuestiones muy
variables y no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Es importante
tener en cuenta que cabe un escalonamiento muy razonado y sensato de
las actuaciones. El caso concreto de Cataluña tiene una peculiaridad
que me parece destacable e importante subrayar: Si en algún sitio
puede resolverse el problema de una forma muy rápida es en Cataluña,
en las cuencas internas debido a una disposición que se ha
introducido en el Plan hidrológico nacional que modifica la Ley 81,
del coloquialmente llamado minitrasvase de Tarragona, mediante una
modificación extraordinariamente simple, que es añadir «y Barcelona»
al texto de la ley, modificación que permite sin más que Barcelona
pueda tener su problema resuelto en un plazo cortísimo. Esto es una
fortuna, puesto que existe ya una infraestructura de conexión que se
puede ampliar y extender, como es lógico, pero que puede permitir
tener una solución muy eficaz al problema planteado a corto plazo.
Por tanto, en este caso la simple modificación de una palabra de la
Ley 81, más la posibilidad que arbitra este Plan hidrológico nacional
de una transferencia al ámbito de las cuencas internas de Cataluña
desde un ámbito territorial diferente, pueden permitir a muy corto
plazo efectos francamente positivos para la planificación hidrológica
desde el punto de vista de las cuencas internas de Cataluña. Es un
ejemplo de una actuación sencilla y fácil. En otros casos no sucede
así, el problema es más complejo y habrá que esperar más tiempo. No
me atrevo a hacer ningún pronóstico, porque seguro que me
equivocaría. Sí creo poder asegurar que los plazos dependerán de lo
que suceda desde el punto de vista político y social. En una obra de
esta envergadura el problema técnico es relativamente sencillo.
Naturalmente es una infraestructura compleja que habrá que
desarrollar y eso lleva algunos años, pero los plazos no dependerán
de los
aspectos técnicos sino de coyunturas sobre las cuales no me atrevo a
pronunciarme.
En cuanto a la segunda cuestión, sobre las posibilidades de
viabilidad que tiene este Plan hidrológico nacional teniendo en
cuenta la oposición de los partidos, los plazos largos -si hubiera un
Gobierno socialista, el plazo sería muy largo-, las oposiciones
intensas que se han planteado, no puedo hacer ningún juicio,
francamente no puedo decir nada porque no sé que posibilidades de
viabilidad tiene el plan hidrológico. Repito lo que he dicho antes:
Estoy convencido de que en buena medida la viabilidad de este plan
depende del mayor acuerdo posible, de la mayor confianza, del mayor
consenso, de la mayor implicación de todos los agentes y fuerzas
sociales y políticas en el plan. Esa cuestión es indiscutible, pero
no me atrevo a precisarla en términos cuantitativos.
Respecto a las cuestiones planteadas en el Júcar, garantía de
suministro y agotamiento de recursos, el Júcar tiene las dos cosas.
Tiene zonas donde ciertamente hay una mayor garantía de suministro,
pero hay otras zonas donde se trata estrictamente de una sustitución
de recursos. El caso del Vinalopó, por ejemplo, es un caso ejemplar
en toda España de situación de extremo agotamiento. La provincia de
Alicante -no toda, pero sí la mayor parte de ella- es un caso de
libro, está abocada a la ruina de muy amplios sectores de aquel
territorio por agotamiento estricto de recursos, y ese fenómeno no es
reciente sino que se remonta a 30 ó 40 años atrás, es decir no es una
cuestión que se haya producido a corto plazo. En el Júcar, a mi
juicio se dan las dos circunstancias: se da un problema de
inseguridad de suministro, de falta de garantía, de precariedad, y se
da un problema también cierto de agotamiento de recursos.
En relación con otras planificaciones, como suelo, plan nacional de
regadíos, es una decisión sobre la cual no me pronuncio y que no me
corresponde tomar. Como ustedes saben, ha habido cambios de criterio
al respecto. Es obligado garantizar la compatibilidad de un plan y
otro plan. Se debe garantizar que el Plan hidrológico nacional que se
ha planteado sea compatible con los borradores que conocemos de plan
nacional de regadíos, y que no introduzca ningún elemento que después
sea irreversible. Eso se ha procurado hacer y se ha hecho de una
forma sencilla, pero eficaz. De los borradores que conocemos del plan
nacional de regadíos no hay ninguna previsión de desarrollo de
regadío en las cuencas donde se prevén tales ampliaciones, que no
haya sido contemplada y maximizada en el Plan hidrológico nacional.
Concretamente en el caso del Ebro, la previsión de crecimiento de las
necesidades propias que ha hecho el Plan hidrológico nacional es muy
superior a la de los borradores del plan de regadíos, más del doble,
con lo cual no se sabe cuál será el resultado final de este último.
Lo que sí se sabe es que con esto estamos actuando de una forma
segura, de una forma conservadora
desde el punto de vista de los posibles sobrantes. Habrá al
menos los que el Plan hidrológico nacional ha determinado, y quizás
más si las previsiones del plan de regadíos reducen lo que el Plan
hidrológico nacional ha previsto, que no es otra cosa que la
reproducción del Plan hidrológico del Ebro, que se reproduce en su
integridad y se asume como tal. Por tanto, el Plan hidrológico
nacional no sabe cuál será el futuro del regadío, pero adopta
decisiones que son seguras desde el punto de vista del futuro. Desde
el punto de vista de las cuencas cedentes es al contrario, no hay
ninguna ampliación y por tanto no cabe pensar que esto plantee
problemas. ¿Cómo se asegura que no haya más hectáreas de regadío? Las
confederaciones tienen dificultades para otorgar regadíos. Es verdad
y es una de las cuestiones esenciales que se han de abordar, que
desgraciadamente es inabordable desde que se hizo la Ley de aguas. A
mi juicio, es una cuestión importante. Es cierto que ha de hacerse y
que es uno de los temas sobre los que se han hecho muchos esfuerzos,
pero todo esfuerzo que se haga ha de continuarse con mayor
intensidad. La Administración pública es esencial. En un mundo de
mayor complejidad y de mayores intereses es necesaria una
Administración capaz de abordar los desafíos del presente y del
futuro con contundencia, con rigor y con firmeza. Ahí hay un trabajo
importante por hacer, pero eso no enerva el argumento fundamental. El
hecho de que las confederaciones tengan dificultades en temas que son
estrictamente propios del control de la Administración hidráulica, no
quiere decir que no puedan establecerse mecanismos de control de
regadíos. ¿Cómo se impide que se hagan más hectáreas de regadíos? En
primer lugar, recogiéndolo en la ley -ya está recogido- y
estableciendo las medidas administrativas y de policía de aguas
adecuadas para conseguirlo. Ello es difícil pero puede hacerse.
Requiere disciplina, requiere rigor, requiere por supuesto amparo
legal, pero todo eso puede hacerse. El hecho de que sea difícil
-efectivamente lo es- no quiere decir que no pueda abordarse. Igual
argumento conduciría a pensar que no deben hacerse carreteras porque
puede haber accidentes de tráfico; lo que hay que hacer es procurar
minimizar los accidentes de tráfico, hacer las carreteras muy seguras
y hacer las cosas de forma correcta. Coincido en la necesidad de
intensificar la labor de la Administración, y desde luego no se
legalizan regadíos existentes. La ley ha previsto unos mecanismos
cautelares por los cuales todo regadío que vaya a recibir agua del
trasvase necesita un título concesional previo, un título habilitante
que le da derecho a recibir agua. En consecuencia, con el borrador de
la ley que se está discutiendo en estos momentos no se pueden ampliar
regadíos.
Iré muy rápido porque no tenemos tiempo. Ya hemoscomentado
anteriormente el Plan hidrológico nacional,
previsión de plazos en los trasvases. Precio medio, 52 pesetas.
Gastos que no se contemplan. Repito que no conozco ningún gasto que
no se contemple, creo que están contemplados todos. Está totalmente
despiezada la estructura de costes en el documento de análisis
económico como yo no he visto en ningún otro proyecto de inversión,
debo decirlo así. Está absolutamente descompuesta la estructura de
los costes de inversión, descompuestos todos sus componentes, las
componentes de canal, las componentes de trazado y las componentes de
impulsión. Se puede visualizar pieza a pieza de dónde salen todos los
costes de la inversión, todos los costes de explotación, de
mantenimiento, los costes de la energía, los costes de amortización.
Las cantidades relativas de coste de amortización no sólo se conocen
globalmente, sino que además están descritas tramo a tramo en el
análisis económico; no recuerdo qué página es, me parece que en la
130 aproximadamente, hay una tabla donde están descompuestos los
distintos componentes del coste no para toda obra, sino para cada
tramo. A mi juicio -y es una opinión que me permitirán dar- no puede
hacerse con mayor transparencia una exposición de los costes. Puede
haber errores, evidentemente -por supuesto, los corregimos si los
detectamos-, pero no puede hacerse, repito, con mayor transparencia
la exposición de la estructura de los costes. La diferencia respecto
a Almería, ya lo he comentado anteriormente. Es un valor medio y
cuestiones posteriores -imputación, abastecimiento, regadío
y problemas de asignación de costes- son muy importantes, pero, a mi
juicio, no corresponden al Plan hidrológico nacional. No se hizo así
con la ley de trasvases -es el antecedente más claro que tenemos-, y
por tanto no es necesario que la ley tome esas decisiones en este
momento.
Respecto a Carboneras, 50 ó 60 pesetas, efectivamente, pero no
incluye la amortización íntegra de la obra; se pueden conseguir
precios de ese tipo pero con subvenciones o con una parte importante
de la infraestructura subvencionada, con lo cual lo que vale 50
pesetas es fabricar el agua, pero no teniendo que amortizar el coste
de la inversión. Normalmente se dan estos precios porque lo usual es
que las administraciones subvencionen, bien con fondos propios bien
con fondos europeos, parte de la infraestructura de la desalación,
pero si se hace un cómputo integral -como es lógico que hagamos, sin
perjuicio de que luego pueda haber subvenciones que reducirán el
coste-, un análisis integral muestra que esos costes son de
explotación, en ningún caso son costes totales como los que el plan
ha calculado para las transferencias, que incluyen por supuesto la
amortización íntegra de las obras. ¿El trasvase es una decisión
política? Por supuesto, al final el trasvase es una decisión
política. Prueba de ello es que la Ley de Aguas de 1985, recogiendo
viejas doctrinas anteriores decidió que se hiciese por ley. Por
tanto, es esta casa quien aprobará el Plan hidrológico nacional y es
evidente que es una decisión de naturaleza estrictamente política.
Pero el hecho de que sea política no impide que no deban darse los
mayores datos, las mayores luces para que esta decisión se tome con
los mayores elementos de juicio, sea cual sea, repito, y, sea cual
sea será legítima.
Digo con toda franqueza, que el resultado que se ha obtenido no es
prejuzgado, es fruto de un análisis que además -repito, puede haber
errores y los podemos corregir- es explícito, es transparente;
podemos revisar paso a paso lo que conduce al lugar donde hemos
llegado. Se explica casi como una especie de concatenación de
silogismos. No hay nada oculto y si hay algo oculto es porque no lo
hemos explicado suficientemente bien, pero no porque lo esté. El
resultado final al que se llega es el de unos supuestos de partida y
de un procedimiento metodológico que es el que es y que repito está
claro. No conozco debilidades de procedimientos ni ocultaciones; no
las conozco. Si las conozco por supuesto que las corregiremos, lo
volveremos a evaluar. Alguna cuestión concreta de interpretación, por
ejemplo, ya se ha planteado, la hemos analizado, estamos viéndola y
no hay ninguna dificultad en ello, pero no hay por supuesto ningún
sesgo ni ningún prejuicio inicial.
En cuanto a que la capacidad de pago no puede afectar a producción
agraria, las conclusiones que en principio, ellos sacan del análisis
de la demanda solvente muestran que eso no es así, que hay cierto
margen de pago. Por supuesto, en abastecimiento no hay ningún
problema y en el regadío hay márgenes suficientes. La regulación
aguas abajo, efectivamente, se lleva a cabo en los embalses que hay
en la cuenca, si no recuerdo mal, Villamarchante, Tous y La Pedrera.
Estamos hablando de una capacidad conjunta del orden de 600
hectómetros cúbicos. Piénsese que hay que hacer una modulación. En
invierno se retiene el agua en las cuencas (como es lógico hay que
hacer una explotación inteligente del sistema hidráulico que
utilizará el agua trasvasada) y en verano esa agua que ha sido
acumulada se soltará. Se puede hacer, porque los análisis que hemos
hecho de los sistemas hidráulicos muestran que se puede hacer. Por
tanto, con la regulación ya existente más la posible, que además se
dice cuál es, pues en el documento de análisis hay un capítulo final
en el que se dice cuáles son los posibles embalses; hay cuatro o
cinco, pero se desechan algunos y finalmente quedan tres, se concluye
que es perfectamente posible. Es perfectamente posible solamente con
esa regulación, y por supuesto con la ayuda imprescindible de
Mequinenza, establecer la regulación de un acueducto, sin necesidad
de recurrir a ninguna otra regulación externa en la cuenca del Ebro.
La componente del coste está absolutamente definida en el documento,
la estructura está nítida y se puede
ver de dónde sale pieza a pieza, tramo a tramo, de forma precisa.
En cuanto a si se premia a los que se han saltado la ley y se entrega
gratis una infraestructura, diré que es una visión muy simplificada
de la realidad. No es así. En primer lugar no se entrega gratis, es
una infraestructura que hay que pagar; es costosa, no se regala. En
segundo lugar, no es ningún premio a los que se han saltado la ley,
eso es una simplificación a mi juicio injusta. ¿Problemas de gente
que infringe la ley, de abusos? Claro que los hay; los hay en todos
los sitios, pero dar una visión de estos territorios como territorios
sospechosos y al borde de la delincuencia o de una situación
absolutamente irregular, abusiva del uso del agua, me parece injusto,
lo digo como lo siento. Eso no es así. (El señor Morlán Gracia pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Muy brevemente, de forma
telegráfica, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Es una aclaración y creo que es importante,
porque así evitamos malas interpretaciones.
Cuando ha hecho referencia al embalse de Mequinenza, que yo no he
tocado sino que lo ha mencionado el portavoz del Grupo Popular, usted
ha dicho que había un cambio del régimen de explotación de la central
de Mequinenza, que eso suponía una pérdida de calidad y hablaba de
una peseta/metro cúbico trasvasado. ¿Eso quiere decir que la central
de Mequinenza va a percibir 1.050 millones de pesetas? ¿Quién los
paga? (El señor Subdirector general de Planificación Hidrológica,
Cabezas Calvo-Rubio: Eso forma parte de la tarifa.)
Forma parte de la tarifa.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Muchas gracias, señor Cabezas
por su comparecencia. Se ha pasado en el tiempo, pero han sido muchas
las cuestiones y su explicación ha sido prolija y muy aclaradora.
Gracias a los servicios de la Cámara por estar hasta estas horas y a
todos ustedes.
Se levanta la sesión. Mañana comenzaremos a las nueve.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.