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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 188, de 14/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 188
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Sobre el trasvase de arenas de Premià de Mar i Vilassar de Mar
(comarca del Maresme) a las playas de Sitges (comarca del Garraf).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000247) . . . (Página 5533)
- Sobre el encauzamiento del arroyo Burriana. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000242) . . .
(Página 5537)
- Sobre elaboración de un plan extraordinario de inversiones que
afronte la resolución de las asignaturas que tiene pendientes la
Costa del Sol. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000482) . . .
- Por la que se insta al Gobierno a corregir los errores detectados
en el Real Decreto 1096/1994, de 4 de abril, de traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de conservación de la naturaleza, así como a transferir a
dicha Comunidad Autónoma determinados montes y fincas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000215)
. . . (Página 5542)
- Sobre la regeneración del borde litoral de la playa de la Barrosa
en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000441) . . .
(Página 5545)
- Relativa a la transposición de la directiva 1995/5/CE, sobre
equipos redioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad. Presentada por el Grupo
Parlametnario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000023) . . . (Página 5548)
- Relativa al valor de la Serra do Xistral (Lugo), su inclusión en la
red Natura 2000 y a la necesidad de protección de sus hábitats y
especies. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000011) . . . (Página 5551)
- Relativa a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión
Mesón do Bento-Lindoso. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000117) . . . (Página
5554)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la sesión de esta Comisión de Medio
Ambiente, en la que se van a debatir y votar distintas proposiciones
no de ley. Ha habido una petición unánime de los grupos para que se
produzca una modificación en el orden del día. El punto que aparece
como tercero, si así lo consideran todos los grupos, pasaría a ser el
punto primero, seguido del segundo. Por tanto, el primero pasaría a
ser el tercero.
Sí, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Nadie nos ha pedido este cambio del orden del
día. Se ha hecho llegar una carta de un diputado de esta Comisión en
la que se plantea este cambio sin haber hablado con los portavoces.
Yo no me opongo al cambio, pero sí que me opongo y protesto por la
forma como se han hecho las cosas. En esta Comisión hemos funcionado
siempre con ganas de colaborar entre nosotros para que los temas se
trataran en función de las posibilidades de los distintos ponentes,
porque creemos que puede haber otras obligaciones y se puede llegar a
acuerdos para que se varíe el orden del día. En el caso concreto del
día de hoy, a mí nadie me ha planteado este cambio del orden del día
y como afecta a dos proposiciones del Grupo Socialista, tengo que
decir que mi grupo mantiene su criterio de que se siga el orden del
día fijado en la convocatoria. No obstante, si hubiera alguna
justificación y estuvieran
todos los portavoces de estas iniciativas, habría que hablar
de ello. Estas cuestiones se tienen que plantear como se ha hecho
siempre en esta Comisión. Usted ha dicho que había un acuerdo y yo no
lo veo por ningún sitio.
La señora PRESIDENTA: A esta Presidencia le consta que siempre ha
habido acuerdo entre los distintos grupos para poder organizar el
orden del día, sobre todo en consideración a los grupos que tienen
menos ponentes y que, por tanto, tienen que distribuir sus miembros
entre las diferentes comisiones. Quiero decir que a ningún diputado
ni a ningún grupo de esta Comisión se puede dirigir ninguna persona
que no sea diputado, como siempre ha ocurrido. Lo entiendo
perfectamente, señor Morlán. Ni a esta Mesa ni a esta Presidencia le
llegó el escrito. Yo creía que se había llegado a un acuerdo entre
los grupos. Así me lo habían trasladado.
Le cedo la palabra a la señora De Lara, puesto que creo que el Grupo
Parlamentario Popular es el que ha pedido la modificación del orden
del día, para ver si podemos arreglar este entuerto.
La señora DE LARA CARBÓ: Estoy completamente de acuerdo con lo que ha
dicho. Quiero notificar a todos los miembros de la Comisión que la
primera noticia que he tenido de esta carta ha sido cuando la señora
doña Presentación Urán me la ha enseñado esta mañana. Desconocía la
existencia de esta carta. Creo que nadie puede poner mi nombre en una
carta sin mi
permiso. Yo no soy quién para mandar una carta en este sentido a los
portavoces. Nuestro grupo tomará las medidas oportunas contra el
autor de la misma.
La señora PRESIDENTA: Si les parece bien, podemos seguir el orden del
día establecido oficialmente.
Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Al margen de la cuestión anterior, había
una propuesta de modificación del orden del día que S.S. ha explicado
parcialmente y que me afecta a mí personalmente. He hablado con los
responsables de cada uno de los grupos que iban a fijar posición,
concretamente en las iniciativas que figuran en el orden del día con
los números 2 y 6, la primera del Grupo Socialista y la segunda del
Grupo Federal de Izquierda Unida. Tengo la conformidad de los
interventores de cada uno de estos grupos para verla lo antes
posible. En cualquier caso, lo traslado a la Presidencia por si
encaja dentro del cambio que antes ha propuesto diciendo que era un
asunto distinto.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Nosotros no nos oponemos que se produzca
algún cambio en el orden del día, siempre y cuando estemos todos de
acuerdo, pero es norma de funcionamiento de los grupos que quien fije
los cambios sean los portavoces. Me parece muy bien que exista un
entendimiento con los ponentes de cada una de las proposiciones no de
ley y que los portavoces asuman lo que los ponentes pueden plantear,
pero deben ser consultados. Si se me dice que ese cambio se puede
producir porque no hay dificultad por parte de los ponentes del Grupo
Socialista, no me voy a oponer, pero quiero que se comenten las cosas
como es tradicional.
La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia, debido a la problemática
planteada, les va a dejar dos minutos para que los grupos comenten y
lleven a cabo las modificaciones del orden del día que por unanimidad
consideren conveniente.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, no tenemos nada en
contra de que cambie el orden del día. Anosotros nadie nos ha
consultado nada. Y sé que nuestra presencia aquí es exigua y que hay
una jerarquía discriminatoria. En todo caso, las normas tienen que
ser cumplidas por todos.
La señora PRESIDENTA: Como he dicho, les voy a dar dos minutos para
que lleguen a un acuerdo. (Pausa.)
Señorías, en estos dos minutos parece que los grupos han llegado a un
acuerdo.
En primer lugar, quiero comunicarles que las votaciones serán, si les
parece, a partir de la una de la tarde.
El orden del día sería el siguiente: el punto que aparece como el
número 3 pasaría a ser el primero; el segundo se mantiene como punto
segundo; el sexto se debatirá como tercero; el primero como cuarto;
el cuarto como punto quinto; el quinto como sexto; y los puntos
séptimo y octavo son los únicos que se debatirán según el orden
inicialmente fijado.
La Presidencia y la Mesa les agradecemos el acuerdo al que han
llegado, pero intenten, por favor, a partir de ahora no plantear unas
modificaciones tan grandes del orden del día, sobre todo porque para
los grupos puede ser perjudicial.
Señor Rodríguez, la única diferencia que hay para esta presidenta y
para esta Mesa respecto a los grupos parlamentarios es el número de
sus miembros. Todos tienen la misma categoría. Si ha existido algún
problema de comunicación, sin lugar a dudas se ha debido a un fallo
que se ha producido en la gran labor que están llevando a cabo los
grupos y los parlamentarios, pero estamos convencidos de que no ha
sido, ni mucho menos, debido a principios de jerarquía.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE EL TRASVASE DE ARENAS DE PREMIÀ DE MAR I VILASSAR DE MAR
(COMARCADEL MARESME) A LAS PLAYAS DE SITGES (COMARCA DEL GARRAF).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000247).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate del punto primero,
según esta nueva reorganización, que es la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre el trasvase de arenas de Premià
de Mar y Vilassar de Mar (Comarca del Maresme) a las playas de Sitges
(Comarca del Garraf).
Para defender la iniciativa, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señorías, una vez superado por el método
adecuado, es decir, el de hablar entre los grupos, el incidente de
orden del día provocado por alguien, no sabemos quién, que se ha
apartado del uso parlamentario adecuado, vamos a intentar seguir los
acuerdos tomados respecto al orden de las intervenciones.
Señorías, la comarca del Maresme, en Barcelona, tiene una situación
especial, fijada por parte de sus habitantes, por las playas que
cubren todo su frente costero, unas playas que se encuentran
prácticamente aisladas del territorio por la existencia, como SS.SS.
saben perfectamente, de la más antigua vía férrea del país, la de
Barcelona-Mataró, actualmente reforzada,
por suerte, respecto a la inaugural, por la presencia también de la
absolutamente inadecuada, en cuanto a su trazamiento, N-II, que corre
paralela e impide el acceso a las playas, y por una creciente
urbanización, que lleva a extremos de ocupación territorial de la
comarca como en pocos sitios se encuentra.
Esta creciente urbanización que impermeabiliza las tierras, llevada
conjuntamente con una, según nos dicen los técnicos y parece
absolutamente cierto, cada vez menor aportación de áridos por parte
de las corrientes de agua al mar en aquel terreno debido a la
urbanización, a la realización de obras hidráulicas que impiden el
arrastre hacia el mar, crea una situación de extraordinaria
fragilidad en las playas del Maresme. Fragilidad que preocupa mucho a
las poblaciones de la comarca, no sólo porque sea una cuestión de
conservación del territorio, que lo es, sino porque además el
turismo, y el turismo en gran cantidad, es una de las fuentes
importantes de ingresos de la comarca, y lo que afecta al turismo
afecta gravemente, por tanto, a la vida económica, a las
posibilidades de desarrollo del Maresme. Por ello, los ayuntamientos
de la comarca han tenido siempre una especialísima atención a la
conservación y regeneración, en su caso, de las playas. Muy
especialmente, en el caso que hablamos, el alcalde Almeda, de
Vilassar de Mar, y la alcaldesa Fanego, de Premià de Mar, han estado
dedicados durante tiempo a la conservación de las playas. En este
aspecto hay que decir que se elaboró por parte del Ministerio, en
1997, con la colaboración municipal de la Corporación Provincial de
Barcelona, un plan para la regeneración del frente costero del
Maresme, que mereció la aprobación de todas las partes
intervinientes. Estoy hablando de un plan de 1997, por tanto, estoy
hablando de un plan elaborado en un período en el que no gobernaba el
Partido Socialista, y espero, por tanto, no ser calificado de
sectario por nadie. Era un plan que parecía adecuado, pero tiene un
problema, y es que desde 1997 hasta la fecha, si no fallan mis
fuentes de información, que seguro que no fallan, no se ha producido
dotación económica para este plan. Plan adecuado desde el punto de
vista ecológico, plan adecuado desde el punto de vista de ordenación
del territorio, consistente básicamente, no voy a cansar a SS.SS. con
la descripción técnica, en la creación de microespigones para el
mantenimiento de la arena en el mismo lugar donde se encuentra. Pero
también iba acompañado de una iniciativa municipal de Premià de Mar
en este caso; iba acompañado de un plan de modificación, de mejora,
de establecimiento -porque lo que hay actualmente poco merece el
calificativo de paseo marítimo- de un paseo marítimo en Premià de
Mar, que es una cuestión importante por todas las consideraciones que
respecto al turismo y a la urbanización de la comarca he realizado
anteriormente.
Pues bien, nos encontramos con la situación que estoy describiendo,
es decir que el plan de 1997, que merece el acuerdo de todos los
intervinientes, no se
dota económicamente y que el plan de 1998 de Premià de Mar no es
tomado en consideración en absoluto por parte del Gobierno, que lo
deja en el fondo de algún cajón ignoto, sin que sepamos cuál ha sido
su destino desde aquel momento. Esta situación provoca, como ustedes
pueden comprender perfectamente, preocupación e incluso irritación en
la comarca, enormemente sensibilizada sobre el tema. Y en esta
situación se encuentra la población cuando llegan las noticias de que
se inician los estudios para proceder a la extracción de áridos en el
frente costero de Premià de Mar y de Vilassar de Mar para regenerar
otras playas en otra comarca.
Nosotros, como pueden comprender perfectamente las señoras y los
señores comisionados, estamos absolutamente a favor de que se
regeneren las playas en cualquier comarca, pero no creemos que sea
bueno el método, denostado desde luego por parte de los estudios
ecológicos, de la extracción de áridos de una comarca para
trasladarlos a otra, sobre todo tratándose de una comarca, como la
del Maresme, enormemente frágil por la actuación de la naturaleza,
por el sentido de las corrientes que existen en aquel trozo de costa
que se dedica, desgraciadamente, a erosionar de una forma
prácticamente continua el arenal de la playa, y por la intervención
humana, posiblemente por un exceso de puertos deportivos en la
comarca, que han modificado la antigua distribución de arena. Dada
esta situación de fragilidad, que en este momento se ha conseguido
estabilizar a base de métodos regenerativos distintos de la
extracción de áridos del fondo marino, que tiene otro origen, es
decir, sacando áridos vía terrestre de un lugar para llevarlos a otro
dentro de la misma comarca, nos parece que cualquier actuación
tendente a fragilizar aún más los arenales de la línea costera merece
nuestra reprobación y desde luego merece la reprobación del conjunto
de la población de la comarca del Maresme sin distinción ideológica
alguna.
Es cierto, señora presidenta, señoras y señores comisionados, que en
los últimos tiempos se ha producido una reconsideración por parte del
Gobierno respecto al proyecto existente en su momento, en el verano
de 2000, sobre la extracción de áridos. Ello podría llevar a pensar
que la iniciativa que defiendo no es apropiada por cuanto parece,
insisto, que hay una reconsideración. Entiende este portavoz que la
iniciativa podía haberse examinado anteriormente, ya que lleva fecha
de 20 de septiembre de 2000. Era oportuna en aquel momento, pero
continúa siéndolo en este momento; porque los rumores, las
conversaciones privadas, las noticias indirectas de que el actual
director general de Costas no quiere continuar con el proyecto
iniciado no son para nosotros ni para la población de la comarca
garantía suficiente. La errática trayectoria de las decisiones
políticas del Gobierno actual hace que este grupo parlamentario, en
la sede en la que está la representación del conjunto de la
población, no pueda dar por buenas noticias indirectas o rumores
respecto a una
posible paralización. Entendemos que el conjunto de los
representantes del pueblo debe de tomar claramente posición al
respecto y, por tanto, aprobar, como solicitamos, la proposición no
de ley que defiendo en todos sus puntos. Algunos me parecen tan
obvios que no voy a insistir en ellos. Sería lógico que ya se hubiera
producido la dotación económica de un plan aprobado en 1997. Como la
lógica no parece imperar en la actuación gubernamental, pedimos que
el Parlamento inste al Gobierno a cumplir con la obligación que tiene
desde hace ya cuatro años. Que no se hayan tomado en consideración
las propuestas racionales y de consenso realizadas por la población
de la comarca respecto al acondicionamiento de la línea costera en el
tramo de Premià ,parece algo a lo que debe de poner remedio este
Parlamento, por lo que instamos en el segundo punto, al Gobierno a
estudiar estas propuestas realizadas por los más cercanos al
problema, las administraciones municipales, que saben perfectamente
cuáles son los problemas que deben de resolver.
Por último, en lo que se refiere a que se pare definitivamente
cualquier proyecto tendente a la extracción de áridos en el fondo
marino de la costa del Maresme para trasladarlos a otras comarcas, a
nosotros nos parece necesario, porque en política, gestionando y
representando los intereses de la población, no nos bastan los
rumores, no nos bastan las noticias, no nos bastan las conversaciones
privadas, sino que creemos que es necesario un acto solemne y
explícito del Parlamento, que inste al Gobierno a dejar de hacer
aquello que no debía haber comenzado jamás.
Por ello, señora presidenta, señorías, solicito el voto favorable de
la Comisión a la proposición no de ley que defiendo.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir en el debate de
esta proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: En nombre de mi grupo parlamentario quería
en primer lugar expresar nuestra preocupación por la problemática que
subyace tras la presentación de esta proposición no de ley por parte
del grupo proponente. Esta preocupación quedó demostrada en su
momento con la presentación por parte de nuestro grupo parlamentario,
en concreto por parte de un compañero muy vinculado a la comarca del
Maresme, el día 7 de septiembre de una pregunta por escrito al
Gobierno en relación a esta misma cuestión. Por lo tanto, entendemos
que es una iniciativa parlamentaria de control del Gobierno
presentada ante esta Cámara con anterioridad; esta iniciativa tuvo
entrada en esta Cámara unos días antes de la presentación de la
proposición no de ley, y es una pregunta parlamentaria cuya respuesta
se produjo en su momento y que en
parte justifica la posición que mi grupo parlamentario va a adoptar y
el sentido de nuestro voto.
Dicho esto, debemos constatar que estamos ante una problemática
medioambiental compleja, sobre la que ha habido diferentes
pronunciamientos por parte de los ayuntamientos afectados, en
concreto de Premià de Mar y de Vilassar de Mar, y también de Sitges,
población de otra comarca. También ha habido pronunciamientos de la
administración ambiental de la Generalitat de Cataluña. En concreto,
a través del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña se remitió, con fecha 5 de septiembre del año pasado, el
correspondiente informe sobre el impacto ambiental de este proyecto
al propio Ministerio. El Ministerio, por tanto, tiene conocimiento
explícito de los contenidos de este informe hecho por la Generalitat
de Cataluña. Y también hubo un pronunciamiento, o varios
pronunciamientos a distintos niveles, por parte del propio Ministerio
de Medio Ambiente que, ante la posición de los ayuntamientos
afectados y del informe del departamento de Medio Ambiente, decidió
en su día, parece ser, reconducir en parte los planes iniciales, a la
espera de disponer de un informe completo de impacto ambiental del
proyecto de acondicionamiento de la fachada marítima de Sitges.
Nuestro grupo parlamentario, creo que como no podía ser de otra
manera, tanto por razones competenciales como por razones de fondo
que contiene este mismo informe sobre el impacto ambiental de este
proyecto, elaborado en su día por el departamento de Medio Ambiente,
entiende que cualquier actuación al respecto debe ser extremadamente
cuidadosa con los posibles impactos y perjuicios que este proyecto
pueda causar, tanto en la zona costera de la comarca del Maresme,
comarca en la que se ubican los municipios de Vilassar de Mar y
Premià de Mar, como en la zona marítima del municipio de Sitges,
comarca del Garraf, playa que hipotéticamente se podía ver
beneficiada por parte del traslado de arenas, de áridos, que contiene
este proyecto. Es cierto que el municipio de Sitges, que es un
municipio, como todas SS.SS. saben, turístico y de grandes atractivos
en todos los sentidos, culturales, arquitectónicos, etcétera, padece
un problema de regresión en algunos tramos de sus playas, y también
es cierto que no puede estar justificada cualquier actuación
medioambiental que pueda perjudicar los ecosistemas marinos y
costeros de los litorales de los municipios de otra comarca, la del
Maresme en concreto, como son los municipios, repito, de Premià de
Mar y Vilassar de Mar.
Por tanto, los objetivos del programa de acondicionamiento de la
fachada marítima de Sitges, a nuestro entender y según los criterios
del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña,
son: en primer lugar, la protección del paseo marítimo de los embates
del mar; en segundo lugar, la creación del ancho de playa adecuado
para el uso de los bañistas; y en tercer lugar, la recuperación del
uso público de las
zonas ocupadas por antiguas concesiones que no cumplían la Ley de
Costas, así como la renovación de la fisonomía del actual paseo
marítimo. Esas motivaciones, esos objetivos, creemos que son
suficientes como para que se dé una solución a esos déficit, pero,
repito, creemos que no pueden alcanzarse a cualquier precio.
No podemos olvidar que tanto en la zona de extracción de arenas
inicialmente seleccionadas, como en la zona marítimo costera de
Sitges escogida para el depósito de estas arenas, hay presencia de
algas fanerógamas marinas de la especie poseidonia oceánica. Es
importante recordar que estas superficies están en estudio al objeto
de evaluar su posible inclusión en la red Natura 2000, de acuerdo con
el requerimiento de la Comisión Europea de incrementar la actual
propuesta. Por tanto, el frente marítimo de Premià de Mar y de
Vilassar de Mar es una zona relativamente rica en recursos pesqueros
y las actuaciones inicialmente previstas por el Ministerio de Medio
Ambiente podrían llegar a ocasionar un gran impacto sobre los mismos.
Resumiendo, mi grupo parlamentario se adhiere a las conclusiones del
informe sobre el impacto ambiental de este proyecto, elaborado en su
día por el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña, y al mismo tiempo entendemos que el municipio de Sitges
merece toda la atención por parte del Ministerio de Medio Ambiente,
el cual deberá, una vez finalizado el período de información pública
actual, estudiar en profundidad la estabilidad de la dinámica litoral
de las diferentes alternativas planteadas y, cómo no, escoger la
mejor solución, la mejor alternativa posible. Deberá optarse, por
tanto, por la mejor alternativa que pueda conciliar los intereses y
las necesidades, tanto de Premià de Mar y Vilassar de Mar, por un
lado, como de Sitges, por el otro. Esta circunstancia entendemos que
obliga al Ministerio de Medio Ambiente a dar soluciones
satisfactorias a las necesidades de los tres municipios implicados,
soluciones que han de ser, creemos, respetuosas con el medio ambiente
de esos municipios y que, a su vez, no enfrenten -y creemos que aquí
está el dilema importante de esta proposición no de ley- a sus
poblaciones ni a sus instituciones, sean ayuntamientos o entidades
indirectamente interesadas en la solución de este conflicto.
Por todo ello, y entendiendo que la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista contempla dos supuestos que, a
nuestro entender, no deben ser mezclados entre sí y que, por tanto,
responde a dos realidades o problemáticas diferenciadas que merecen
un tratamiento singularizado, nuestro grupo parlamentario no va a dar
apoyo a la misma, dejando claro, sin embargo, que los municipios de
Premià de Mar y Vilassar de Mar requieren actuaciones de regeneración
de su fachada marítima, y que Sitges debe ser acreedora de una serie
de acciones de acondicionamiento de la suya.
Creemos, pues, que la aprobación hoy de esta proposición no de ley
sería contraproducente, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro
del plazo, como antes me refería, de información pública del proyecto
de regeneración de la fachada marítima de Sitges, y que, por tanto,
deben darse los pasos correspondientes, al objeto de llegar al máximo
consenso, repito, para dar solución a dos problemáticas locales que
deben encontrar soluciones singulares y, si es posible, sin conexión
entre ellas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Sanz Palacio.
El señor SANZ PALACIO: Previamente quisiera agradecer a todos los
grupos la deferencia que han tenido en cambiar el orden del día,
permitiendo que se viera este primer punto por adelantado.
Tengo que decir que desconocía el contenido de la carta que han
recibido algunos compañeros y reconozco que las formas no son las
adecuadas, y en la medida que ha salido de una persona que colabora
conmigo, pido disculpas y solicito a todos los grupos que consideren
el escrito como no presentado.
Pasando ya a tomar posición en relación con las peticiones que el
Grupo Socialista propone en este trámite parlamentario, procederé
brevemente a comentarlas y trataré de aclarar algunos puntos al
portavoz socialista, con la máxima cordialidad. El plan especial del
frente marítimo de Premià de Mar fue informado desfavorablemente por
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, el
23 de febrero de 1998, y cito textualmente: por la incorrecta
doctrina de que esta imbuido el plan en aquello que afecta al dominio
público marítimo terrestre, incluso llegando a plantear propuestas no
autorizadas explícitamente por la ley». Por tanto, la primera
petición del Grupo Socialista nos parece, en vista de este
comentario, absurda.
En cuanto al segundo punto, el único proyecto de actuación en la
fachada marítima de Premià de Mar es el denominado «acondicionamiento
de las escolleras del Masnou-Premià de Mar», que está dotado con un
importe de 258 millones de pesetas. Fue aprobado definitivamente el
26 de septiembre del año 2000 y se ha iniciado ya la tramitación de
licitación.
Finalmente, en relación con el proyecto de acondicionamiento de la
fachada marítima de Sitges, el Ministerio de Medio Ambiente redactó
una memoria resumen de la actuación, que recoge las características
del mismo para la realización de consultas a personas,
administraciones e instituciones que pudieran resultar afectadas con
relación al impacto ambiental, con objeto de que se presentaran
alegaciones o propuestas que se consideraran convenientes. A la vista
de dichas alegaciones y de la resolución que se emita por el órgano
ambiental competente, se resolverá sobre la conveniencia o no de
ejecutarla. Tengan SS.SS. la absoluta seguridad
de que serán tenidas en cuenta la protección del medio ambiente, la
aplicación de la legalidad y la búsqueda del mayor consenso posible.
Somos conscientes de que con la ampliación y remodelación del puerto
de Premià hay una acumulación de arena en la vertiente norte, en la
parte de Vilassar de Mar y de Premià de Mar, ya que el brazo del
puerto no permite el tránsito natural de arenas. Esto ha provocado la
desaparición de la playa en la vertiente sur, que coincide con la
salida del puerto al mar abierto. Éste es un problema, como S.S.
conoce bien, no específico de Masnou o de Premià, sino que también lo
es de Mataró y de Cabrera, y, como ya ha apuntado el portavoz
socialista, viene derivado de la construcción de puertos y también de
la dirección de las corrientes en aquella zona del Maresme.
La proposición no de ley, permítame que le diga, utiliza un término
que no me parece correcto, que es de expoliación. Expoliación, nada
de nada. Le repito: la decisión de coger arena no está tomada y
estamos en el proceso de escuchar a las partes y de hacerlo según la
legalidad vigente, sobre todo teniendo en cuenta el factor
medioambiental. Además, como usted fácilmente puede comprender, no se
va a producir la contradicción de que el Gobierno esté realizando,
por un lado, importantes inversiones en la fachada litoral del
Maresme, por ejemplo, nuevos andenes de Renfe en Premià, en Cabrera
de Mar, paseos marítimos en Mataró, Calella, Pineda, Canet, Malgrat,
obras de canalización de rieras en Arenys, Mataró, etcétera y, por
otro lado, tratar de perjudicar el litoral. Sería absurdo.
Por todo ello, votaremos en contra de su proposición no de ley, y le
manifestamos nuestra voluntad de seguir contribuyendo a impulsar esta
comarca tan magnífica como es el Maresme y con tantas posibilidades
de desarrollo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sanz Palacio.
El señor PEDRET I GRENZER: Si la presidenta me permite, quisiera
ocupar simplemente un minuto del tiempo de la Comisión para decirle
al señor Sanz, portavoz del Grupo Popular, que aunque no me convencen
los argumentos de fondo, pero no por ello voy a reabrir la discusión,
desde luego tenga por aceptada, con una cordialidad absoluta, la
excusa respecto al problema de forma producido al inicio de esta
sesión. Era simplemente para eso, señora presidenta.
- SOBRE EL ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO BURRIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000242)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del segundo punto del orden
del día después de la reorganización
llevada a cabo, que coincide con el segundo punto del orden
del día previsto. Es una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre el encauzamiento del arroyo Burriana.
Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: A los socialistas nos parece fundamental que
el Gobierno del Partido Popular inicie de forma inmediata y de una
vez por todas el encauzamiento del arroyo Burriana, una actuación que
los vecinos de Cuevas Bajas llevan esperando varios años.
El citado encauzamiento se declaró por el Gobierno del señor Aznar
como urgente en 1996, hace cinco años, debido a las importantes
inundaciones que tuvieron lugar en el municipio malagueño de Cuevas
Bajas, provocadas por las fuertes lluvias que acontecieron durante
ese año y que causaron cuantiosos daños. Sin embargo, como digo,
cinco años después de que el Partido Popular declarase como urgente
esta actuación, aún no ha gastado una sola peseta en este proyecto,
lo que deja muy claro, una vez más, su nulo interés por las
cuestiones de la provincia de Málaga en general y de la comarca de
Antequera en particular.
En 1997, y más concretamente el 20 de noviembre, se finalizó el
proyecto de encauzamiento de este arroyo, del arroyo Burriana, que
contemplaba una inversión de 540 millones de pesetas. Sin embargo, y
a pesar de que desde el Grupo Parlamentario Socialista se han
presentado numerosas iniciativas parlamentarias sobre este tema, la
respuesta del Gobierno central siempre ha sido la misma, y ha sido
que dicho encauzamiento continúa pendiente de habilitación económica.
Es totalmente inadmisible que proyectos tan importantes como éste,
dado su montante económico, pero sobre todo teniendo en cuenta el
evitar el riesgo de inundaciones que existe en Cuevas Bajas, no salga
adelante porque el Partido Popular no quiera poner el dinero
necesario para ejecutarlo.
El incomprensible retraso en el inicio de las obras por parte del
Gobierno central provocó que se volviesen a repetir las inundaciones
en el municipio de Cuevas Bajas debido al desbordamiento del citado
arroyo en octubre de 1999, volviéndose una vez más a producir
considerables daños. Pero al Gobierno central tampoco le preocupó
este nuevo desastre en Cuevas Bajas, porque lo único que ha hecho
después de las últimas inundaciones, ha sido incluir esta actuación,
según se señala en una respuesta parlamentaria, en el Plan
hidrológico nacional.
La realidad es que al día de hoy, cinco años después, como digo, de
que se declarase como urgente el encauzamiento del arroyo Burriana,
el Gobierno del señor Aznar continúa sin plazos ni fechas de ningún
tipo para iniciarlo. A los socialistas nos parece poco serio que el
Partido Popular vuelva a tratar de marear la perdiz
incluyendo un proyecto tan necesario como éste en el Plan hidrológico
nacional, cuando en realidad lo que tiene que hacer es iniciarlo de
forma inmediata.
Por todo ello, los socialistas instamos al Gobierno, en esta
iniciativa parlamentaria, a iniciar las obras del encauzamiento del
arroyo Burriana en desembocadura en el río Genil en el plazo máximo
de seis meses. Pero además, y para eliminar definitivamente los
riesgos de inundación en Cuevas Bajas, el Grupo Parlamentario
Socialista considera que también es necesario en el mismo plazo, es
decir, en seis meses, que el Gobierno central destine una partida
económica para reforestar los márgenes del cauce del arroyo Burriana.
La señora PRESIDENTA: Existe una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular. Tiene la palabra para defenderla el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Voy a defender la enmienda que ha
presentado nuestro grupo y a fijar nuestra posición en relación con
la iniciativa.
Yo quisiera, en primer lugar, simplemente recordarle a SS.SS., al que
no lo sepa, que el Gobierno del Partido Popular está haciendo un
importante esfuerzo inversor en toda España, y especialmente en la
provincia de Málaga. Sólo les voy a dar un dato, que S.S. conoce,
señor Heredia, desde que gobierna el Partido Popular, en la provincia
de Málaga se destina el triple de inversión cada año que lo que se
invirtió en la última etapa del Gobierno socialista. Y por tanto, a
partir de ahí, podemos discutir lo que usted quiera.
Respecto a la iniciativa en concreto, sí quiero decir una cosa: El
proyecto de conducción del arroyo Burriana en su desembocadura en el
río Genil, en el término municipal de Cuevas Bajas, en la provincia
de Málaga, tiene un presupuesto de 539 millones de pesetas y se
encuentra aprobado y pendiente exclusivamente de licitación. Pero,
señor Heredia, este proyecto no sólo figura en el anexo de
inversiones del Plan hidrológico nacional, sino que está contemplado
en los Presupuestos Generales del Estado del presente año 2001, con
un importe para este año de 100 millones de pesetas y para el año
2002 de 439 millones de pesetas, concretamente 439.600.000 pesetas.
Por tanto, señoría, la enmienda que presenta nuestro grupo es muy
sencilla; simplemente pedimos desde el Congreso que se inste al
Gobierno a que este proyecto, el denominado conducción del arroyo
Burriana en su desembocadura en el río Genil, en el término municipal
de Cuevas Bajas (Málaga), se licite a la mayor brevedad posible en
apoyo al proyecto realizado y a que hay partida económica.
Por último, simplemente quiero hacerle un comentario. Al margen de
las dificultades que ha habido en Cuevas Bajas y, por tanto, que
generan la necesidad de este encauzamiento, S.S. conoce mejor que
nadie, porque ha habido respuesta parlamentaria del Gobierno, el
conjunto de inversiones que en esa zona, y afectando
especialmente a los arroyos de esa zona, se ha realizado en los
últimos años. Por eso, en aras a la posible aprobación por todos los
grupos, le insto a que respalde la que presenta nuestro grupo, que es
coherente con los presupuestos del Estado, esto es, que permita
instar al Gobierno a que realice lo que tiene previsto realizar,
porque creo que así daríamos satisfacción a todos los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Después de haber escuchado al portavoz
popular hablar sobre las inversiones del Partido Popular en Málaga,
si fuese verdad lo que él ha manifestado, habría que decir que
invierte muy mal, porque los problemas siguen sin resolverse en
Málaga después de cinco años de Gobierno popular. Pero la realidad es
que no es así, la realidad es que Málaga no es precisamente una
provincia mimada por la inversión del Partido Popular, sino todo lo
contrario.
Respecto al tema que tratamos, quiero mostrar mi sorpresa porque el
señor Atencia debe tener unos Presupuestos Generales del Estado
distintos a los que nos reparten a los grupos políticos, ya que, con
nombre y apellidos, el arroyo Burriana no aparece en los presupuestos
del Estado, al menos en los que nos han repartido a nosotros, a
nuestro grupo parlamentario. Además, nuestro grupo presentó una
enmienda en ese sentido y fue rechazada; por tanto, no viene el
arroyo Burriana como tal, no sé si vendrá en los presupuestos que
tiene el señor Atencia, pero, repito, no en los nuestros.
La verdad es que estamos hablando de un problema importante.
Posiblemente a SS.SS. no les suene ni Cuevas Bajas ni el arroyo
Burriana, pero es un municipio de la provincia de Málaga que viene
soportando con paciencia una situación que es insostenible y que,
efectivamente, debía estar resuelta desde hace años. Nos consta el
trabajo del alcalde, el señor Romero, ante la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; nos consta el trabajo del Ayuntamiento
de Cuevas Bajas para resolver ese problema, que es pequeño pero que
para este municipio, repito, en este momento puede suponer su mayor
problema. Y el Partido Popular siempre ha dicho lo mismo. Yo estuve
haciendo gestiones en el año 1998 y lo que se ha dicho es
prácticamente lo que proponía el Partido Popular, que se acelerasen
las actuaciones. A partir de ahí, el tiempo pasa y el problema no se
resuelve.
Por tanto, nosotros creemos que la iniciativa, de aprobarse en sus
justos términos, daría un plazo, que es lo que hace falta. Porque en
Málaga conocemos el truco, no del almendruco, sino el truco de la
licitación, que consiste en que se hace el proyecto y, al final, se
licita cuando se quiere licitar, y puedo hablar del problema de Ronda
y de otros muchos sitios en los que, al final, lo de la licitación se
convierte en un truco. Señor
Atencia, si están para licitarse, ¿por qué no se licitan? No se
licitan porque no hay dinero y, al final, los trámites se alargan y
proyectos que pueden tardar un año tardan cinco o seis años.
Por tanto, también nuestro grupo va a votar favorablemente la
iniciativa, que nos gustaría que no solamente se aprobase sino que
además el Gobierno la cumpliese. Quiero terminar pidiéndole al señor
Atencia que nos dé una copia de sus Presupuestos Generales del
Estado, porque quizá así podríamos plantear de otra manera futuras
iniciativas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Heredia, portavoz del
Grupo Socialista, para comunicar si aceptaría la enmienda del Grupo
Popular o la rechazaría.
El señor HEREDIA DÍAZ: No podemos aceptar la enmienda por tres
razones. La primera razón es por una cuestión meramente formal,
porque se habla textualmente de licitar, con la mayor brevedad, el
proyecto denominado conducción del arroyo Burriana; y no es
conducción, es encauzamiento, lo cual demuestra que el señor Atencia
no conoce demasiado bien de lo que estamos hablando con relación a
esta actuación.
Pero las dos razones más importantes que nos obligan a rechazar esta
enmienda son las siguientes. En primer lugar, que en la enmienda
presentada por el Partido Popular no se habla de iniciar las obras,
se habla de licitarlas; y yo comparto la opinión del señor Centella
de que el truco de la licitación ya lo conocemos perfectamente.
El último motivo que esgrimimos los socialistas es que, después de
cinco años de que lo declarase urgente el Gobierno del señor Aznar,
parece poco serio, yo diría que nada serio, que ahora vengan a decir
que van a licitarlo con la mayor brevedad posible. No parece
razonable que una obra declarada urgente, cinco años después se pida
que se licite con la mayor brevedad.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES QUE
AFRONTE LA RESOLUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE TIENE PENDIENTE LA COSTA
DEL SOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 161/000482)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la tercera proposición no de
ley con la nueva organización, que es la sexta que se había
establecido, y es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración de un plan
extraordinario de inversiones que afronte la resolución de las
asignaturas que tiene pendiente la Costa del Sol.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a intentar ser breve. Hay un proverbio
que dice que son tiempos difíciles aquellos en los que hay que
demostrar lo evidente, y aquí venimos, ni más ni menos, que a
intentar convencer al Gobierno de este Estado de lo evidente.
La Costa del Sol, señorías -creo que todos ustedes la conocen-, es
uno de los principales destinos turísticos, no de Andalucía, no de
este país, sino de toda Europa. Según datos oficiales, el movimiento
económico del último año ha estado por encima del billón y medio de
pesetas. Pues bien, este destino turístico, esta zona de la costa
malagueña en este momento no tiene terminado el servicio integral ni
sabemos cuándo se va a terminar; o sea, Marbella, Estepona, ciudades
emblemáticas en el turismo mundial, no están conectadas a la red
ferroviaria y, además, el proyecto de mejora del pequeño trozo de
cercanías que hay entre Málaga y Fuengirola lleva cuatro años
esperando esas licitaciones que siempre plantea el Partido Popular.
Además, hay un tapón en la travesía de San Pedro de Alcántara, en el
municipio de Marbella. Tiene un plan de tratamiento de residuos
sólidos que presenta enorme fallos y que se ha quedado cojo, porque
solamente se ha realizado una parte del mismo. Tiene unas playas que
también llevan años esperando a que se liciten las obras de sus
regeneraciones. En definitiva, tiene una serie de elementos que
vienen no solamente a disminuir las condiciones de vida de los
habitantes de esta zona, sino que también le están imposibilitando
competir en igualdad de condiciones en el mercado turístico mundial.
En los últimos años ha habido un importante esfuerzo de trabajadores,
de empresarios, que han hecho todo lo posible para remontar la grave
situación a principios de los años noventa, y situar a la Costa del
Sol en condiciones de batir récord anual en el mercado turístico.
Pero es precisamente en este momento cuando tenemos que preocuparnos
de hacer esas inversiones. Y los trabajadores, los empresarios se
quejan de que las administraciones no están a la altura de las
circunstancias y no son capaces en este momento de bonanza turística
de invertir lo que hay que invertir.
Por eso, nosotros planteamos una iniciativa abierta, una iniciativa
que no trata de ser sesgada, sino, al contrario, de provocar un
debate. Tiene un objetivo muy claro, que es el aunar a todas las
instituciones en un trabajo conjunto y coordinado, porque lo que aquí
planteamos no son competencias al cien por cien del Gobierno central,
señor Atencia, sino que son competencias compartidas. Por tanto, el
primer objetivo es que se aúnen los esfuerzos de todas las
instituciones, para lo que juega un papel muy importante la
mancomunidad de municipios, donde, como bien sabe el señor Atencia,
estamos gobernando conjuntamente Izquierda Unida, PSOE y Partido
Popular, en una zona donde además hay elementos claramente
antidemocráticos que han obligado a las fuerzas constitucionales a
hacer un trabajo conjunto. Pues bien, esa mancomunidad de municipios
jugaría un papel muy importante en el desarrollo de este plan.
Además, el plan que proponemos tendría como objetivo situar a la
Costa del Sol en las mejores condiciones, no solamente porque los
vecinos que allí viven se lo merecen, sino fundamentalmente porque
las inversiones que allí se realicen luego revertirán en la mejora
del Estado, en la mejora de la economía nacional. Porque, como
siempre decimos, por cada peseta que se siembre en la Costa del Sol
florecen cinco o seis pesetas en el menor tiempo posible.
Por lo tanto, como el objetivo de nuestra iniciativa es impulsar un
plan de actuaciones conjuntas que involucre a todas las
administraciones, planteamos que sea el Gobierno central quien lo
impulse. Y lo planteamos porque todos hemos dicho y seguimos diciendo
que el turismo es una cuestión de Estado y que la Costa del Sol, como
otros destinos turísticos de este país, debe ser cuestión de Estado.
Por eso, entre otras cosas, el tratamiento integral de la Costa del
Sol se ha declarado de interés general y es la Administración central
la que lo impulsa.
Nosotros estaríamos en condiciones de plantear a los demás grupos, ya
que no ha habido ninguna enmienda, la posibilidad de llegar a un
acuerdo en este sentido. Los 120.000 millones no es lo importante, la
cifra no es lo importante, no son importantes las actuaciones que
aquí se planteen, sino que lo importante es que se acordase instar a
la realización de un plan de actuaciones conjuntas que, eso sí, fuese
impulsado por la Administración central, donde jugase un papel muy
importante la mancomunidad. Por tanto, eso sería lo que resaltaríamos
y lo que buscamos, finalmente, es la voluntad del Partido Popular,
del Gobierno del Partido Popular, de al menos aceptar el
planteamiento de este importante plan conjunto. Si se vota en contra,
evidentemente, no se está votando en contra de los 120.000 millones o
de una actuación, sino de que se impulse un plan coordinado entre
todas las administraciones para estar a la altura de las
circunstancias en la Costa del Sol, que, como sabe, es una coletilla
que utiliza este portavoz, y que significa que el esfuerzo que han
hecho empresarios y trabajadores sea correspondido también por sus
representantes en las Cortes Generales, en este caso por los
diputados y diputadas malagueñas.
Por tanto, repito, tenemos intención de plantear ese punto de
encuentro donde las cantidades y las obras sean secundarias y lo
importante sea que hoy aquí se aprobase instar al Gobierno a impulsar
ese plan de actuaciones.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos desean intervenir en el debate de
esta proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Quiero anunciar a SS.SS. que el Grupo
Socialista va a apoyar esta proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida, en primer lugar porque recoge muchas proposiciones
no de ley que el propio Grupo Socialista ha ido presentando a lo
largo tanto de esta legislatura como de la anterior, y en segundo
lugar porque esta proposición no de ley recoge inversiones
fundamentales para abordar necesidades y problemas de la Costa del
Sol malagueña. Problemas de transporte que, si no son abordados
urgentemente, van a provocar, y de hecho ya lo están haciendo,
especialmente en los meses de verano, de julio y de agosto, y en las
horas punta, situaciones conflictivas de tráfico y de circulación.
Problemas de saneamiento que, bajo nuestro punto de vista, son ya
inaplazables. Es incompresible que las playas malagueñas sigan sin
tener terminado el saneamiento integral y que tengamos que estar
todavía pendientes de las mareas y de los vientos para ver si podemos
bañarnos o no. Necesidades de recuperar y mejorar las playas
malagueñas, porque desde que se hicieron las últimas inversiones, en
los años noventa, que supusieron una importante mejora de nuestras
playas, prácticamente no ha habido ninguna inversión significativa,
lo que está provocando un deterioro de nuestro litoral. (El señor
vicepresidente, Ruiz López, ocupa la Presidencia.)
Pensamos, por lo tanto, que los planteamientos de Izquierda Unida son
adecuados. Seguro que el portavoz del PP nos va a decir que en la
época socialista, de Gobierno socialista, no se hizo. Yo le quiero
recordar al portavoz del PP antes de que me lo diga, porque seguro
que lo va a decir, que los Gobiernos socialistas realizaron
importantes inversiones, tanto para la regeneración de las playas
como para la red viaria; que actualmente los presupuestos del Estado
se han doblado y que los presupuestos y las inversiones que el
Gobierno ha dedicado en Málaga se han partido por la mitad, lo cual
quiere decir que la proporción de inversión en la Costa del Sol ha
bajado de una manera significativa. Y aparte de los Presupuestos,
como bien decía el compañero portavoz de Izquierda Unida, en muchos
casos se produce la inversión en ellos pero después no se llega a
ejecutar. Por lo tanto, teniendo en cuenta la necesidad de acelerar
las actuaciones que recoge esta proposición no de ley, nosotros vamos
a votar a favor, no sin antes, si me lo permite el portavoz de
Izquierda Unida, proponerle al señor Centella una enmienda in voce:
Después de: que tiene pendiente la Costa del Sol, pediríamos que se
añadiera lo siguiente: en base a las competencias correspondientes
y al nivel de compromiso ya adquirido.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para la defensa del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIAROBLEDO: Voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la iniciativa
que acaba de ser defendida por el Grupo de Izquierda, y en su nombre
por el señor Centella. Y yo sí quisiera hacer algunas consideraciones
de carácter general. En primer lugar, esta iniciativa olvida que la
Costa del Sol comprende al menos en su tramo malagueño desde Manilva
hasta Nerja; la Costa del Sol no es exclusivamente el tramo que va
entre Manilva y Torremolinos, que es la parte occidental de la Costa
del Sol. Y por tanto, cuando se analiza la Costa del Sol en el
sentido malagueño (porque yo soy de los que pienso que la Costa del
Sol es más amplia, pero en cualquier caso esos son asuntos abiertos a
discusión) ha de entenderse que es mucho más amplia. Las actuaciones
que aquí se plantean sólo hablan de una parte de la Costa del Sol,
por lo que hay un grave error de planteamiento en la propia
iniciativa.
En segundo lugar, aquí lo que se plantea es un plan extraordinario de
inversiones, un totum revolutum de cosas y de administraciones, y
además con planteamientos singulares, diciendo que participe la
Administración estatal, o central, o general del Estado, la
Administración autonómica; se olvida de la Administración provincial,
se habla de la Administración local y después se habla de una curiosa
Administración comarcal, que no sé dónde existe. Señor Centella, la
administración comarcal no existe; hay administración o
administraciones de carácter local que se dedican a servicios
mancomunados, son las mancomunidades, en este caso de la Costa del
Sol occidental como dice usted, pero también está la de la Costa del
Sol oriental; ambas son Administración local, y curiosamente olvidan
la Administración provincial.
Aparte de este totum revolutum, la cuestión es si los problemas que
afectan a la Costa del Sol en el ámbito de competencia del Gobierno
de la nación se están afrontando. Con toda brevedad, pero con la
importancia que el asunto requiere, voy a afrontar cada uno de los
aspectos. Primer saneamiento integral. Primera cuestión clara: Los
Gobierno socialistas, como acaba de reconocer la señora Olmedo,
olvidaron el saneamiento integral de la Costa del Sol; no afrontaron
lo que quedó pendiente en la parte occidental de la provincia y no
entraron ni a hacer un papelito en lo que se refiere a la parte
oriental. Y en este momento en las actuaciones que el señor Centella,
del Grupo de Izquierda Unida, incluye en su iniciativa se olvida -no
sé si es un lapsus- que alguna de las que señalan aquí ya están en
ejecución. Hablan ustedes del colector de Casares y de los colectores
en todo el término municipal de Manilva. Señorías, están en
ejecución, está previsto terminar esas obras en el primer semestre
del año 2002, dentro de un año, están en ejecución, estas obras se
contrataron el verano pasado y están realizándose. Por tanto, me
parece que usted debería conocer un poquito más las cosas. Acerca de
la ampliación de la depuradora de Fuengirola, el anteproyecto
técnicamente está aprobado y del colector de Istán se están
realizando los proyectos. Por tanto, ante
obras que se están acometiendo, es absurdo plantear aquí cosas de
futuro, en un plan fantasmal y en un totum revolutum, repito, máxime
cuando lo que refiere al Gobierno de la nación se está haciendo. En
lo relativo a saneamiento tendríamos mucho que hablar de lo que es
competencia de la Junta de Andalucía, cuando el 70 por ciento de los
municipios de Málaga (estén en la costa o no, pero al final las cosas
terminan en el mar) están sin acometer los problemas de saneamiento y
depuración; o cuando en el tramo costero de la ciudad de Málaga -que
acomete la Junta de Andalucía- para el saneamiento -algunas obras
están terminadas- se han hecho depuradoras propias de los años 60, en
vez de hacer depuradoras del siglo XXI, como las que está haciendo el
Gobierno del Partido Popular.
Seguiremos con otros asuntos. Solución al problema de transportes. En
la Comisión de Medio Ambiente ahora se habla del transporte,
asignatura que en todo caso es competencia compartida entre distintas
administraciones, pero que en lo que se refiere al Gobierno de la
nación es competencia del Ministerio de Fomento. Pero sólo haré un
par de comentarios. La aprobación del ferrocarril desde Fuengirola
hasta Algeciras a nosotros nos parece muy bien. El señor Chaves se
comprometió en la campaña electoral a que la Junta de Andalucía lo
realizaría, y no sólo en ese tramo, sino hasta Vélez-Málaga; que lo
haga. Dígale a su compañero señor Romero, diputado en el Parlamento
de Andalucía, que presente una iniciativa para que la Junta de
Andalucía acometa de una vez esas obras. Sin duda, el Grupo Popular
le respaldará, si la comunidad autónoma entiende que esa obra hay que
realizarla con sus presupuestos, pero me parece que aquí, en este
totum revolutum, sobra. Y respecto de algunas de las obras que usted
habla, como la terminación de la autovía en el tramo Estepona-
Guadiaro, está muy bien, se está realizando, cumpliendo los plazos.
Me parece que es un poco absurdo seguir insistiendo sobre obras que
se están realizando.
Tercera cuestión: solución al plan de tratamiento de residuos sólidos
urbanos. No es competencia del Estado, pero en el Plan nacional de
residuos sólidos urbanos está perfectamente previsto que las
actuaciones correspondientes, como puede ser la planta de Casares
u otras (su señoría habla de Marbella y Mijas, pero en cualquier caso
son decisiones que tienen que tomarse en el ámbito de la comunidad
autónoma, y realizarse a través de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol occidental, si es el caso, mancomunidad que preside
además un compañero de mi partido y donde gobernamos con los grupos
que aquí están en la oposición, Socialista e Izquierda Unida) deben
plantearse de acuerdo con la comunidad autónoma, no aquí. Pero el
Gobierno lo que sí ha establecido es que la financiación de esas
plantas, que se incluye dentro del Plan nacional de residuos, sea a
través de fondos europeos y de fondos de cohesión; la vía está
abierta. Por tanto,
eso de hacer un plan extraordinario de inversiones no tiene sentido.
En este caso concreto lo que hay que hacer es utilizar los
mecanismos, tomar las decisiones políticas y administrativas de las
plantas que haya que realizar y que las administraciones competentes,
que no es la del Estado, decidiesen llevarlo a cabo. Por tanto, señor
Heredia, en este asunto las soluciones son claras. Perdón, señor
Centella; es que tengo obsesión con usted, señor Heredia.
En cuanto al plan de defensa del litoral, en la pasada legislatura
esta Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 23 de mayo de
1999 aprobó, una iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, que creo
que defendió el señor Centella (yo no estaba aquí, sólo lo sé por
haberlo leído) sobre un plan de actuaciones en el litoral malagueño.
Se aprobó la iniciativa de forma unánime, con el respaldo de nuestro
grupo, que presentó una enmienda que entre todos acordamos. En
función de todo esto la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente está redactando a través del Cedex un plan de
actuaciones específico para la costa de Málaga, que está previsto
terminar en el actual trimestre; por tanto, a eso hay que someterse.
Y, en cualquier caso, me parece que es un documento importante de
trabajo y de inversiones para las costas malagueñas. Me parece,
señorías -y con esto voy concluyendo- que todas las iniciativas que
aquí se plantean son un conjunto de buenas intenciones. En lo que se
refiere al Gobierno de la nación, todo está o ejecutado o en marcha y
previsto, y por tanto es innecesario acometer planes de inversiones
extraordinarios cuando están previstas las inversiones. Les recuerdo
que sólo en saneamientos hay 25.000 millones de pesetas invirtiéndose
en este momento o proyectados. Lo más necesario es que a las
administraciones competentes en cada una de las materias las -ustedes
mismos, y nosotros les ayudaremos- instemos a que cumplan sus
obligaciones.
Lo que queda muy claro por encima de todo es la voluntad de invertir
y de seguir invirtiendo en la provincia de Málaga por parte del
Gobierno de la nación, bien sea por el Ministerio de Fomento, por el
Ministerio de Medio Ambiente o por otros. Esto no es simplemente un
deseo, es una realidad demostrable en lo realizado, en lo que está
realizando y en lo que significan los presupuestos y los planes
previstos. El Gobierno del Partido Popular sí está a la altura de las
circunstancias y los diputados del Partido Popular, señor Centella,
procuramos estar a la altura de las circunstancias, según el
compromiso con el conjunto de los ciudadanos de España y con los de
nuestra circunscripción, en este caso con los de Málaga. Yo animaría
a los señores del Grupo Socialista a que el señor Chaves y sus
compañeros alguna vez, alguna vez, estén a la altura de las
circunstancias, alguna vez cumplan lo que dicen, alguna vez ejecuten
los presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Simplemente intervendré para aceptar la
enmienda que se me ha planteado por parte del Grupo Socialista. Por
tanto, a la hora de votar se votará, salvo que el señor Atencia... Ha
sido presentada una enmienda in voce, si todos los grupos la
aceptamos, puede ser admitida. Nuestro grupo ha manifestado su
intención de aceptarla. Evidentemente, quedamos a disposición de que
la enmienda también fuese aceptada, simplemente a efectos de su
votación, por parte del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Señor Atencia, ¿su grupo acepta
esta enmienda in voce?
El señor ATENCIA ROBLEDO: No conozco el texto de la enmienda. Me
parece que la iniciativa debe someterse como está. Desde el punto de
vista reglamentario, mi intervención queda suficientemente clara.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CORREGIR LOS ERRORES DETECTADOS
EN EL REAL DECRETO 1096/1994, DE 4 DE ABRIL, DE TRASPASOS DE
FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
EN MATERIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, ASÍ COMO A TRANSFERIR
A DICHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DETERMINADOS MONTES Y FINCAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000215)
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, que aparece como nuevo punto 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a corregir
los errores detectados en el Real Decreto 1096/1994, de 4 de abril,
de traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de la conservación de la naturaleza,
así como a transferir a dicha comunidad autónoma determinados montes
y fincas, para la defensa de la cual tiene la palabra el señor
Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quisiera iniciar mi exposición aclarando que
en la transcripción en el Boletín de las Cortes sobre la proposición
no de ley y también en el orden del día hay un error de fecha, no es
el Real Decreto de 1994, sino de 1984. Una vez expuesto eso, he de
decir que por este Real Decreto de 4 de abril, de traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de la conservación de la naturaleza, se transfirió en
aquel año tanto los inmuebles de naturaleza rústica como los urbanos
existentes en la comunidad autónoma andaluza. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) En dicho real decreto existen una serie de
errores en montes y viviendas, y de consideraciones posteriores, que
han hecho que una parte del rico patrimonio natural de la provincia
de Jaén no haya sido transferida hasta el momento. Se da la paradoja
de que muchos de estos montes se gestionen por parte de la Consejería
de Medio Ambiente sin que hayan sido transferidos, este es el caso de
los montes Zumacares y La Renegada, La Cabrita y Roque y El Ceacejo.
Estos dos últimos fueron adquiridos por el Icona durante las
transferencias o posteriormente, con lo que es lógico que no
apareciesen en el referido real decreto. Pero realmente, y no nos
vamos a engañar ni quiero engañar con esta proposición no de ley, el
cuerpo de esta proposición no de ley no está en estos montes, que
podemos decir que son errores administrativos, que por oficio la
propia Junta de Andalucía y el propio Gobierno no han podido
subsanar; simplemente era cuestión de unificar todos una vez que se
transfieran todos. También me voy a centrar en lo que nosotros
consideramos que sí es un compromiso por parte del Gobierno en
particular, así como de la Junta de Andalucía y de la provincia de
Jaén, que es el tema de los montes Lugar Nuevo y Contadero
y Selladores, con una extensión cercana a las veinte mil hectáreas.
Ambos están encuadrados en el parque natural de la Sierra de Andújar,
que tiene una superficie global de 73.976 hectáreas. Tiene una cierta
particularidad este parque natural Sierra de Andújar, puesto que de
estas 73.976 hectáreas más de cincuenta mil son de propiedad privada,
cerca de veinte mil (19.975) las está gestionando el Estado, y sólo
quedan 2.800 hectáreas para la gestión de la Junta de Andalucía. Se
da una paradoja; es algo incongruente desde nuestro punto de vista.
Estos dos montes representan el 27 por ciento del parque natural. Si
a esto le unimos, como he dicho anteriormente, que cerca del 70 por
ciento corresponde a fincas privadas, queda una extensión de un 3,65,
que es lo que puede utilizar la Consejería de Medio Ambiente con
fines de programas de investigación pública y de desarrollo
sostenible. Estos dos montes son fundamentales para el desarrollo de
los municipios del parque natural a los que pertenece, no sólo por su
extensión, sino también por sus valores de flora y fauna presentes en
los mismos. No se trata de cuestionar su uso protocolario destinado
desde hace muchísimos años para estas fincas. Se trata de darle un
mayor valor de aprovechamiento público, que permita en su conjunto un
desarrollo integral y sostenible del parque natural de Sierra de
Andújar, mermado en gran parte por las limitaciones que supone que el
27 por ciento de su espacio esté gestionado por otro ente (Organismo
Autónomo de Parques Naturales), en detrimento de la gestión que
realiza su junta rectora, representada por la Administración, los
agentes sociales y
económicos y colectivos de la zona. El Organismo Autónomo de Parques
Naturales está protagonizando una gestión que no le corresponde según
los fines para los que fue creado. Esto no es un parque nacional, es
un parque natural que tiene la figura de protección de parque
natural, y esta debe ser asumida por la consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.
Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, Andalucía es pionera
en la aplicación de políticas medioambientales, y prueba de ello fue
la creación en 1984 de la Agencia de Medio Ambiente, organismo
autónomo que tenía por finalidad la protección y conservación del
Medio Ambiente en todo el territorio andaluz. Posteriormente este
organismo autónomo tomó rango (entre comillas) de ministerio y ha
sido sustituido por la Consejería de Medio Ambiente, creada en 1994.
En este momento todos los parques naturales de Andalucía cuentan con
sus correspondientes planes de ordenación de los recursos naturales y
planes rectores de uso y gestión, documentos ambos que regulan el uso
de los recursos naturales existentes en este espacio, así como las
actividades que en ellos pueden llevarse a cabo, estandose
elaborandose los nuevos planes de desarrollo sostenible para el
parque natural. Ayer mismo la Junta de Andalucía aprobó dos planes de
desarrollo sostenible para dos parques naturales de Andalucía, el de
Los Alcornocales y el de Sierra Mágina. Por eso es de vital
importancia que estas dos fincas en concreto sean transferidas, con
el objetivo de que posibiliten el desarrollo de los territorios
incluidos en estos espacios o en su entorno, mediante la aplicación
de políticas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales,
realizadas con criterios de sostenibilidad ambiental. Es
incuestionable, por tanto, la capacidad de gestión de la consejería
de Medio Ambiente de los espacios naturales protegidos de Andalucía,
pues estos representan el 17 por ciento del territorio andaluz.
Espero del Grupo Popular que apoye esta proposición no de ley, máxime
cuando podíamos dividirla en dos partes, una de errores
administrativos, que se podrían hacer por oficio, y otra que es el
tema de la transferencia de estas dos fincas (Lugar Nuevo y
Selladores y Contadero). Espero que el Grupo Popular esté a la altura
de las circunstancias. Por un vez, y que sirva en este caso de
precedente, den una a derechas con el municipio de Andújar, en el
sentido de que este municipio lleva cinco años padeciendo
inundaciones reiteradas por el desbordamiento de río Guadalquivir y
todavía el Gobierno central no ha dado con las soluciones o no ha
invertido lo suficiente para que este problema no continúe. Por lo
tanto, ante la situación que tiene el municipio de Andújar espero que
estén a la altura de las circunstancias y por una vez le reconozcan
algo al municipio de Andújar.
También consideramos los socialistas que es el momento propicio para
transferir estos montes, por dos motivos fundamentales. He dicho
antes que todos los
parques naturales tenían sus planes de ordenación de recursos
naturales, sus planes de uso y gestión, pues se da la circunstancia
que se están revisando estos dos planes en el parque natural de la
Sierra de Andújar. Es un buen momento para que estas fincas se
incluyan dentro de estos planes de ordenación y de uso y gestión de
estos recursos. Como además se va a elaborar el plan de desarrollo
sostenible del parque natural Sierra de Andújar, que posibilitará una
importante fuente de creación de empleo para los habitantes de la
comarca, si no se transfiere esas fincas, que representan casi el 30
por ciento del parque natural, hipotecarán el futuro de esta comarca.
Espero que la argumentación que nos dé el Grupo Popular no sea la de
que por qué no lo hicimos cuando estuvimos gobernando los
socialistas. Indudablemente le tengo que contestar que sería una
argumentación pobre, una argumentación pobre y de Perogrullo, porque
este parque fue registrado en el inventario de espacios naturales de
la Junta de Andalucía por la Ley 2/1989, de 18 julio de ese año. Por
tanto, desde que fue declarado hasta que el propio parque tomó
cuerpo, pasaron una serie de años, en las que se han hecho sus planes
de ordenación de recursos, de uso y gestión. Ahora es cuando
realmente ha tomado entidad como parque natural, después de la
elaboración de estos planes. Estamos ante la puerta, como he dicho
antes, de la elaboración de su plan de desarrollo sostenible. Por
tanto, yo espero que entiendan que en ese período de tiempo, de 1989
hasta el 1996, que ustedes empezaron a gobernar, se avanzó en la
estructura de este parque natural y ahora estamos en las
circunstancias, como he dicho anteriormente, de su transferencia.
Presumen ustedes mucho de descentralización últimamente, prediquen
con el ejemplo. En estas pequeñas cosas se ven sus verdaderas
intenciones. No hipotequen el desarrollo de esta comarca.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos desean intervenir en el debate de
esta proposición no de ley?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Señoría, no le puede decir este grupo
parlamentario que por qué no lo hicieron ustedes, porque lo hicieron
ustedes. Quiero explicarme. Efectivamente, el 4 de abril de 1984,
tras deliberación en Consejo de Ministros de un gobierno del Partido
Socialista, a propuesta de los ministros de Agricultura y de
Administración Territorial de entonces, señores Carlos Romero y Tomás
de la Cuadra, se publicó y entró en vigor este real decreto que hoy
nos ocupa, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la
naturaleza. Este real decreto lo que aprueba es el acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias prevista en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
El acuerdo de esta Comisión Mixta queda incorporado como anexo
al real decreto. El real decreto se dicta para que este acuerdo sea
operativo; acuerdo de una Comisión mixta prevista en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, le repito. ¿Cómo le voy a decir que no lo
hicieran ustedes? No puedo decirle eso, porque lo hicieron ustedes. Y
nosotros además alabamos las transferencias en materia medioambiental
que llevaron a cabo; han pasado ya diecisiete años. Nuestro estatuto
de autonomía goza de buena salud y ante iniciativas como ésta que ha
traído usted aquí, destinada a perfeccionar las normativa derivada de
nuestro estatuto, hay que felicitarse, y ello sin olvidar que según
nuestro parece -repito- las autoridades políticas de la época
acertaron plenamente en lo que se refiere a las transferencias
contenidas en esta norma; hoy sólo podemos enmendar pequeños errores
denominativos y transferir fincas, rústicas o urbanas, que por
entonces aún no se habían adquirido. Lamento sinceramente, por ello,
la incoherencia del grupo proponente, demostrada hoy en su
exposición. Y le recuerdo además que don Manuel Cháves, presidente
del Partido Popular, presidente de la Junta de Andalucía (Un señor
diputado: Del Partido Socialista.) -perdón, presidente del Partido
Socialista y presidente de la Junta de Andalucía- fue ministro
también durante esa legislatura y fue ministro cuando se denominó
parque natural, y nunca hubo esa necesidad, porque no la hay -no es
cierto-, están practicando demagogia. Lo explicaré a la vez que fijo
la posición del Grupo Parlamentario Popular, adelantando a la Mesa
que solicitamos votación separada de los cinco puntos de los que
consta esta proposición no de ley.
Aceptamos el punto primero relativo a que se corregirán los errores
que se producen en la denominación de los montes Los Engarbos y El
Robledal, y de las fincas La Aliseda y Suertes de Miranda. Apoyamos
la transferencia de las fincas Zumacares y La Renegada, Baldíos del
Río Pinto y Baldíos de la Concepción, montes y fincas de los que se
ocupa el punto número 2 de la proposición no de ley y que no fueron
transferidos porque su compra por el Estado estaba en trámite en el
momento de aprobarse el real decreto. Apoyamos también la
transferencia de las fincas urbanas Casa Forestal Torre del Vinagre,
en Santiago-Pontones; Casa de Aldeaquemada, en Aldeaquemada, Casa de
Úbeda, situada en la carretera de Vilches, y Casa de Segura de la
Sierra, tal y como consta en el punto número 4 de la proposición no
de ley. Se refiere el grupo proponente en el punto número 3 a las
fincas La Cabrita y Roque y El Ceacejo, del término municipal de
Cabra del Santo Cristo, y la finca Piedras Bermejas, del término
municipal de Marmolejo. Nuestro grupo no tiene ningún inconveniente
en apoyar la transferencia de las fincas radicadas en el término de
Cabra, pero no podemos apoyar la transferencia de la finca Piedras
Bermejas, por las mismas razones por las que en 1984 no se
trasfirieron;por ello, tampoco se pueden transferir en el
año 2001. Igual ocurre con las fincas Lugar Nuevo y Contadero y
Selladores, fincas pertenecientes al parque natural de la Sierra de
Andújar. Nuestro grupo votará en contra de apoyar esta transferencia.
La oposición de mi grupo parlamentario con respecto a los puntos 3 y
5 no es caprichosa; obedece a una inexcusable responsabilidad
y coherencia política. Estas fincas están destinadas prioritariamente
no a fines o a actos protocolarios, sino al desarrollo de programas
piloto de interés general en el campo de la biodiversidad. Quiero
recordarle que en esta finca están presentes algunas de las especies
más amenazadas del mundo: lince ibérico, águila imperial, lobo y
buitre negro. Es absolutamente incompatible -usted tenía que saberlo-
con su conservación el establecimiento de un aprovechamiento o uso
público. Quiero recordarle también que la finca Piedras Bermejas, a
la que usted refiere en el punto número 3, es en realidad colindante
de la finca Lugar Nuevo, a la que se refiere en su punto número 5. No
comprendo cómo incluyen dos puntos distintos. Tengo que resaltar la
falta de coherencia política, la demagogia llevada al extremo más
absoluto ¿Lo que ha estado bien durante diecisiete años, muchos de
los cuales de Gobierno del Partido Socialista en el Estado y en la
Junta de Andalucía, no está bien ahora? ¿Por qué? Eso no tiene
ninguna explicación, no es lógico. Espero que usted no quiera
corregir al presidente de su partido, al señor Manuel Cháves. (Varios
señores diputados: Muy bien.)
La señora PRESIDENTA: Por la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, se ha hecho una propuesta de votación separada. Para ello,
tendría el grupo proponente, el Grupo Socialista, que dar su
aceptación. ¿Señor Quirós?
El señor QUIRÓS PULGAR: También querría intervenir porque me he
sentido aludido en la exposición de la proponente con el tema de la
demagogia política e incoherencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, le ruego que su intervención sea
muy breve y que, en tal caso, exponga lo que desde esta Presidencia
se le ha propuesto.
El señor QUIRÓS PULGAR: Si hablamos de demagogia, en el planteamiento
que se me ha hecho por parte del Grupo Popular queda totalmente
reflejada y patente. Le he dicho anteriormente que presumen de
descentralización, que ahora es su arma política. Ayer mismo, en la
Comisión de Administraciones Públicas ante una cosa que no era
competencia del Estado, magnificaban estupendamente que el Estado
español era un Estado muy descentralizado. Si es un Estado muy
descentralizado, prediquen con el ejemplo y transfieran estas fincas
a la Junta de Andalucía.
Por otra parte, voy a aceptar la votación separada de los cinco
puntos que tiene esta proposición no de ley.
Sobre el punto 3, donde me ha hecho una salvedad en la finca Piedras
Bermejas, he de decirle que esta finca fue adquirida por el Icona en
1992, por lo tanto, no se pudo transferir en 1984 en el real decreto
de transferencias; sería una finca posterior. Por eso entraba dentro
del paquete de las fincas que se habían adquirido por el Icona con
posterioridad a 1984. Y en cuanto aceptar la última: transferir a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los montes Lugar Nuevo y Contadero
Selladores diciéndonos que es una responsabilidad política, porque
ahí se están desarrollando programas piloto de biodiversidad, quiero
decirle que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Medio
Ambiente, es tan competente o más que el Ministerio de Medio Ambiente
para poder llevar a cabo estos programas de biodiversidad. Y se lo he
dicho anteriormente, pero no me ha querido usted entender: somos
pioneros, pilotos en el tema de la conservación del medio ambiente de
España. Ahí está la creación de la Consejería de Medio Ambiente antes
que el Ministerio de Medio Ambiente. (Un señor diputado: Se lo cree.)
La pena es que no lo creáis vosotros.
La señora PRESIDENTA: Señora Espinosa, por el Grupo Popular.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Intervendré muy brevemente para ratificarme
en todo lo que he expuesto y para decirle al señor Quirós que la
finca a la que se refiere, adquirida en 1992, es colindante (y yo no
soy de Jaén, y usted sí) con la otra finca y constituyen un todo
indisoluble. (El señor Quirós Pulgar: ¿Que tiene que ver una cosa con
la otra? Confundís la velocidad con el tocino.)
La señora PRESIDENTA: Ruego a los parlamentarios que no entablen
debates de fondo.
- SOBRE LA REGENERACIÓN DEL BORDE LITORAL DE LA PLAYA DE LA BARROSA
EN CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000441)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la siguiente proposición
no de ley, -siendo la cuarta anterior, con la reorganización, ahora
es la quinta- que es del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
regeneración del borde litoral de la playa de la Barrosa, en Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Señorías, entre los recursos naturales más
preciados de que disponemos los españoles se encuentran sin duda las
playas. Estas
nos aportan calidad de vida a los ciudadanos y también constituyen un
recurso económico de extraordinaria valía, del que depende directa e
indirectamente un número muy importante de familias españolas. Es uno
de los pilares más sólidos sobre los que se asienta el sector
turístico, que contribuye de una forma decisiva, como todo el mundo
sabe, al producto interior bruto de nuestro país. En ese sentido, la
política de regeneración del litoral ha sido decisiva en la última
década. Para salvaguardar este bien público, esta política ha
tratado, y nos hemos beneficiado todos los españoles, de regenerar el
litoral para salvaguardar ese entorno natural que se nos ha dado y
que del que, como he dicho anteriormente, depende un número muy
importante de familias españolas. Y tengo que decir también que ha
sido particularmente beneficioso para el sector turístico, que aporta
muchos recursos económicos al Estado español.
La proposición no de ley que hoy traemos aquí persigue justamente
estos objetivos: regenerar una de las playas más emblemáticas del
sur, que se encuentra en un estado lamentable por los últimos
temporales de viento y mareas, y con ello ayudar al sector turístico
local, que hay que decir que ha hecho una inversión muy fuerte en la
población de Chiclana, en la que actualmente hay más de 10.000 plazas
hoteleras, con una inversión en los últimos años que va a sobrepasar
los 60.000 millones de pesetas cuando se culminen las últimas plazas
que se están construyendo en la actualidad. En la exposición de
motivos aportamos razones, razones importantes para acometer esta
regeneración. Como he dicho anteriormente, la playa se encuentra en
un estado lamentable. Se ha perdido prácticamente el 70 por ciento de
la arena de la playa de la que se disponía cuando se regeneró por
última vez en el año 1995. Para este verano la playa es imposible que
presente un estado que pueda ser de alguna manera transitable para
las gentes que van a disponer de ella.
La proposición no de ley la dividimos en cuatro puntos, porque
creemos también que es importante ejecutar no solamente la
regeneración de la playa sino hacerlo además con el dragado de la
desembocadura del caño que está adyacente, el caño de Sancti Petri,
porque toda la arena que se ha perdido es ahí adonde va a parar, como
consecuencia de los temporales, para facilitar además la navegación
en este canal de acceso al puerto y retirando con ello la arena
acumula en la Punta del Boquerón, que es la desembocadura del canal
de Sancti Petri. Los estudios del Cedex, de que dispone el Ministerio
no son estudios de ahora, sino estudios que se hicieron en su tiempo;
se dice en ellos que es necesaria la ejecución de defensa del
acantilado de Torres Bermeja que evite la erosión del mismo y
posibilite la dinámica natural del litoral. También solicitamos la
reposición del dique de levante en el tramo final del caño de Sancti
Petri para facilitar la navegación de las embarcaciones, como he
dicho anteriormente, el mantenimiento periódico de las actuaciones
del dragado del
caño de Sancti Petri y traslado de la arena extraída a la playa de la
Barrosa, porque si no se actúa de esa manera, si se acometiera esta
importante obra, dentro de unos años estaríamos en el mismo caso y
habría que hacer otra vez una gran aportación de arena porque, como
he dicho anteriormente, la arena se pierde en la playa y se deposita
en el caño de esa forma natural.
Esta proposición no de ley también va a beneficiar a los pescadores
de la zona, que son bastantes, que ven obstaculizada su labor de
entrada y salida del puerto natural de Sancti Petri. Ydecimos además
que la demarcación de Costas, tras una petición del ayuntamiento
chiclanero, efectuó a mediados de 1997 el dragado del caño,
retirándose entonces unos 30.000 metros cúbicos de arena, que se
depositó en un principio en unas bolsas y se transportaron a la playa
de la Barrosa. O sea, esta operación ya se ha realizado en pequeña
escala. También tenemos que decir que hace poco más de un mes,
fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han asegurado que se iba a
acometer esta obra tan necesaria, de dragado del caño de Sancti Petri
y aporte de la arena de este dragado a la playa de la Barrosa, con lo
cual me adelanto, por si la argumentación que luego se me quiera
exponer por parte del Grupo Popular es decir que esta obra no depende
de la Administración pública del Estado. En ese sentido, fuentes del
Ministerio de Medio Ambiente, vuelvo a recalcar, han asegurado que
esta regeneración de la playa de la Barrosa, en Chiclana, se iba a
hacer dentro de este año y para ello se iba a aportar la arena del
dragado del caño de Sancti Petri. A nosotros no nos cabe la menor
duda de que esta es una obra que, tal como la hizo el Gobierno
socialista en el año 1995, depende del Ministerio de Medio Ambiente,
depende de la Dirección General de Costas, y lo que todos esperamos,
lo que esperan los chiclaneros, y lo que espera el sector turístico,
como he dicho anteriormente, fuertemente afectado, es que esta obra,
sin ninguna discusión política, se haga, y cuanto antes, esto es,
antes del verano, porque antes del verano la playa tiene que estar en
estado de revista para los visitantes y también para los ciudadanos
de Chiclana.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Grupo Popular está totalmente de acuerdo
con la exposición que ha hecho el portavoz del Partido Socialista de
la importancia económica y turística de la playa de la Barrosa y
también de los daños que los temporales han causado. Pero es curioso,
señora presidenta, cómo en situación similar ocurrida en el año 1995,
Gobierno del PSOE, el señor Verdugo, delegado municipal de playas del
Ayuntamiento de Chiclana, socialista, dijo: Hombre, hay que aguardar
un tiempo prudencial para ver cómo evoluciona
el litoral y conocer entonces qué actuaciones habrá que llevar a cabo
(lo más lógico del mundo). Sin embargo el mismo señor, cinco años
después, solamente con cambio de Gobierno a Popular, ya no considera
necesario esperar cómo se comporta naturalmente la regresión de
arenas, no necesita esperar que se haga nada, sino que de forma
inmediata se aporten 1.200.000 metros cúbicos de arena ya. Yo me
pregunto, ¿por qué esas dos varas de medir? ¿Por qué una lógica tan
aplastante y normal cuando hay un Gobierno y la contraria cuando hay
otro?
Es asombrosa esta preocupación del Partido Socialista por este tema.
Cita el portavoz del Partido Socialista en su exposición de motivos y
justifica estas actuaciones en unos estudios realizados por una
consultora Cepyc en los años ochenta y noventa. Mire usted, estamos
en el año 2001. Creo que desde los años ochenta y noventa ustedes han
podido estar haciendo absolutamente todas las recomendaciones que
esta empresa consultora les iba dando, pero solamente se acuerdan de
estas cosas cuando cambia el Gobierno, ¡qué casualidad! Pero como
nosotros lo que queremos es solucionar los temas de esa playa y
ustedes hablan del puerto deportivo -y usted lo ha citado
adelantándose, por si nosotros decíamos que no fuera competencia de
la Administración central-, yo no digo que no sea competencia de la
Administración central, yo le digo que es competencia de la
administración que gestiona el puerto deportivo, puesto que ustedes
solicitan el dragado de la desembocadura del caño de Sancti Petri
para facilitar la navegación del canal, para acceder a un puerto
deportivo que gestiona EPA (Empresa de Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía). Entonces, ustedes sabrán que la
responsabilidad de facilitar la navegación en el canal de acceso a
puerto Sherry es de la administración que gestiona el mismo, como no
puede ser de otra manera, que en este caso es la Junta de Andalucía.
También corresponde a dicha administración diseñar y ejecutar, previa
obtención de las correspondientes autorizaciones, como es lógico,
aquellas actuaciones que considere necesarias para facilitar la
navegación. Pues actúen ustedes, háganlo, y facilitarán la navegación
perfectamente. Tengo que decirle también que no se justifica la
necesidad de combatir la posible erosión en el acantilado de Torre
Bermeja, puesto que se trata de un proceso natural en la cosa y no se
conocen otras posibles actuaciones que pudieran implicar una
actuación en este sentido.
Vamos al tema fundamental, que es la regeneración de la playa, que
creo que es lo importante y estoy totalmente de acuerdo en la
exposición que usted ha hecho, puerto deportivo aparte, que ése
tendremos que verlo más adelante. Ustedes piden la regeneración de la
playa para atender los daños sufridos y nosotros les hemos presentado
una enmienda que decía: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en colaboración con las administraciones públicas
competentes, impulse
medidas para el análisis de la pérdida de arena que sufre la playa
de la Barrosa por los procesos erosivos, realizando la batimetría
necesaria en el momento oportuno, cuando cesen los temporales, y a la
vista de los resultados del análisis anterior estudiar y diseñar el
conjunto de medidas que permitan la restauración del ecosistema,
evaluando el impacto ambiental de estas medidas sobre el resto del
entorno. Es decir, nosotros damos respuesta a la demanda que ustedes
hacen. Pero ustedes no lo aceptan y no lo aceptan porque implica a
otras administraciones, y ustedes no quieren que otras
administraciones, como pueda ser el ayuntamiento, se involucre, como
usted ha leído en esa respuesta de la demarcación de Costas que
hablaba de que se hiciera en colaboración con el ayuntamiento. Usted
no quiere que el Ayuntamiento de Chiclana se involucre, usted no
quiere que la Junta de Andalucía se involucre, usted solamente quiere
que se lo resuelva el Gobierno central. Y además le digo otra cosa,
ustedes van buscando que digamos no a esta proposición no de ley para
que después, en medios más o menos afines, puedan buscar un titular
que diga: Costas dice no a la regeneración de la playa de la Barrosa.
Pues mire usted, le voy a fastidiar el titular, porque Costas dice
que sí a esa regeneración, lo que pasa es que ustedes no quieren
implicar a la Junta de Andalucía. Pues yo creo que si el problema es
la playa de la Barrosa, independientemente de qué administración sea
a la que le toque pagar o a la que le toque ejecutar, nuestra
obligación como políticos es exigir a las administraciones que
cumplan con su obligación. Y en este sentido yo le recomendaría que
presenten en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz, una
proposición no de ley instando a la Junta a cumplir con su
responsabilidad, y si no lo hacen, que seguramente no lo harán,
porque la sumisión de que hacen gala no se lo ha permitido hasta
ahora, la vamos a hacer nosotros. Y si ustedes la presentan tendrán
el apoyo del Grupo Popular, lo que ya desconozco es cuál será la
posición del Grupo Socialista en esta proposición no de ley que
nosotros vamos a presentar.
Me gustaría que exigieran a todas las administraciones, como nosotros
hacemos con la nuestra, resolver un problema de todos los ciudadanos
de Chiclana, de todos los señores que utilizan la playa, y que lo
hagan en el Parlamento andaluz como aquí, y nosotros lo apoyaremos.
Como ustedes no han aceptado esa enmienda y esa enmienda recoge
absolutamente todo el sentir de su proposición no de ley, nosotros
vamos a votar que no. Pero que sepan todos los habitantes de Chiclana
que el voto es negativo porque ustedes impiden implicar a la Junta de
Andalucía en su ayuntamiento, no porque sea negativo a la necesidad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Fernández Chacón, a
los solos efectos de responderrespecto a la enmienda.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Ciñéndome a lo que usted me dice,
efectivamente nosotros rechazamos esta enmienda porque, primero, no
concreta fechas, tan sólo consideramos que es una disertación de
intenciones, y en segundo lugar, quiere implicar a otras
administraciones públicas, y está muy claro que en el borde marítimo
litoral la competencia es de la demarcación de Costas, la competencia
es del Ministerio de Medio Ambiente y vemos que el Gobierno quiere
tirar balones fuera implicando a otras administraciones que no tienen
competencia para nada en el tema de la regeneración del borde
litoral, que es de lo que se trata y es de lo que trata esta
proposición no de ley.
Termino diciendo que le agradezco el acuerdo que parece que
manifiesta a mi exposición de motivos, pero lamento que no quieran
aprobar esta proposición no de ley que lo único que pretende es que
se regenere la playa de la Barrosa, en Chiclana, y con ello
beneficiar a los ciudadanos. Hoy seguramente se va a rechazar esta
proposición no de ley, pero yo ya le adelanto que esa regeneración se
va a hacer y se va a hacer dragando y aportando la arena desde el
canal de Sancti Petri, porque esa es la operación que económicamente
aconsejan los propios técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.
- RELATIVA A LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 1995/5/CE, SOBRE EQUIPOS
RADIOELÉCTRICOS Y EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIÓN Y
RECONOCIMIENTO MUTUO DE SU CONFORMIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDAUNIDA. (Número de expediente 161/
000023)
La señora PRESIDENTA: La siguiente proposición no de ley ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
relativa a la trasposición de la Directiva 1999/5, sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad.
Para su defensa, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, mi grupo parlamentario planteó
esta iniciativa en el mes de mayo del año pasado ante una determinada
situación, y era el cumplimiento del plazo para trasponer la
Directiva 1999/5, en la que se obligaba en su artículo 19 a que los
Estados miembros tuvieran que adoptar tanto las disposiciones legales
como reglamentarias y administrativas que fueran necesarias para el
cumplimiento de esta directiva. En esa fecha el Gobierno no había
tomado ninguna iniciativa para la trasposición de esta directiva.
Últimamente, por publicaciones que han aparecido en prensa, parece
ser que las disposiciones que va a adoptar el Gobierno es desarrollar
esta directiva a través de un reglamento, que desde luego a mi grupo
parlamentario le parece a todas luces insuficiente, pues en
realidad lo que se tendría que hacer era la trasposición de esta
directiva a través de la modificación de la Ley General de
Telecomunicaciones, que data de 1998 y que desde luego nosotros
creemos que no recoge los apartados que esta directiva y las
recomendaciones posteriores de la Comisión Europea han señalado.
Señorías, en estas últimas fechas, y desde hace algún tiempo, por las
noticias que yo tengo, fundamentalmente de la comunidad valenciana,
se ha producido una verdadera revolución por la negativa, no
solamente ya de los ciudadanos y ciudadanas, sino de los propios
ayuntamientos, a conceder licencias de instalación de las antenas de
telefonía móvil por, en este caso, la carencia de información,
posiblemente clara y veraz, y además al mismo tiempo por las
diferentes informaciones de científicos, que plantean, si no de una
forma contundente, sí la posibilidad de que existan perjuicios para
la salud por la instalación de este tipo de telefonía móvil y que por
mucho que desde los estamentos oficiales se diga que las antenas de
telefonía móvil que se están instalando en nuestro país cumplen todas
las normativas internacionales, no llega a convencer a la ciudadanía
de que esto sea así. De todas formas, señorías, de momento pueden
existir, como mínimo, informes contradictorios, que no nos permiten
asegurar que no existe riesgo para la salud de las personas a través
de la contaminación por radiaciones no ionizantes que puedan producir
las instalaciones de estas antenas de telefonía móvil. Y desde luego,
señorías, atendiendo y aplicando el principio de precaución,
posiblemente fuera necesario que la trasposición de esta directiva en
nuestro país tuviera en cuenta este principio y que -al menos hasta
que no se tuvieran informes contundentes y estuviera en nuestras
manos el que está elaborando la Organización Mundial de la Salud, que
en principio se supone que lo tendrá acabado para este año 2001- se
tomaran medidas lo suficientemente drásticas, si se quiere, como para
que esta instalación de antenas de telefonía móvil no se produjera en
edificios donde los vecinos pueden estar teniendo algún perjuicio
para su salud, al vivir debajo de una antena que constantemente les
hace recibir este tipo de radiaciones.
Por lo tanto, señorías, creemos que es necesario que la trasposición
de la directiva se haga a través de un proyecto de ley que pueda
después adoptar las disposiciones reglamentarias necesarias, pero que
en realidad nos llegue a esta Cámara, que los grupos parlamentarios
tengamos la oportunidad de debatir si las medidas que se adoptan, a
través de la modificación y la aplicación o la trasposición de esta
directiva, son las necesarias para salvaguardar la salud de las
personas y, por supuesto, la no contaminación del entorno. Y además,
señorías, creemos que es necesario que se informe periódicamente a
esta Cámara para el cumplimiento de la recomendación del Consejo
relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos.
Señorías, nosotros no vamos a negar que la implantación de estas
nuevas tecnologías haya enriquecido y haya hecho muchísimo más fácil
la vida de toda la ciudadanía; pero eso no tiene que ir en detrimento
de calidad de vida, en detrimento de la salud de las personas y en
detrimento del medio ambiente. Por lo tanto, señorías, creemos que es
necesario no la publicación de un reglamento, sino la trasposición de
la directiva en una modificación de la ley, que además nos permita a
los grupos parlamentarios poder modificar en todo caso aquellos
aspectos que nos parezca que no son adecuados. Es más, señorías, en
la Unión Europea, en los países de nuestro entorno, se están tomando
medidas que incluso en algunas partes de ella, como es la región
federada de Valonia, en Bélgica, son muchísimo más duras o están
mucho más endurecidas que las que se han tomado en otros países. Por
ejemplo, en la región valona de Bélgica no se permite la instalación
de antenas que emitan ondas de campo electromagnético superior a 3
voltios por metro y una densidad de potencia superior a 24 milivatios
por metro cuadrado; es decir, inferiores a las que marca la propia
directiva europea y desde luego inferiores a las que se marcan en
nuestro país, por la información que se ha facilitado desde el
Ministerio correspondiente a preguntas parlamentarias.
Señorías, creemos que es necesario cubrir el vacíolegal que existe en
estos momentos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.
Los ayuntamientos sí tienen competencia a la hora de poder conceder o
denegar una licencia de instalación, pero desde luego no existe
legislación básica que les permita tener una cobertura, y hay un
vacío legal que sencillamente les obliga a denegar o aceptar la
licencia, teniéndose que fiar, por decirlo de alguna manera o de
forma coloquial, si ustedes quieren, de aquello que les plantean las
empresas, diciendo que cumplen todos los requisitos que la normativa
europea o las normativas internacionales les exigen. Pero, señorías,
nosotros creemos que es absolutamente necesario que se cubra este
vacío legal; creemos que el reglamento que pueda estar estudiándose
por parte de la Administración central no es suficiente, y desde
luego sí sería necesario que se pusieran a disposición de la
ciudadanía todos los informes que hablan de los perjuicios que pueden
ocasionar para la salud la instalación de este tipo de torres de
telefonía móvil, incluso de los teléfonos celulares o de cualquier
otro equipo que emita este tipo de ondas. Creemos que es total y
absolutamente necesario que actuemos con el principio de precaución
por delante, porque cuando se produzca un perjuicio a la salud de las
personas por este tipo de instalaciones, difícilmente serán
reparables, por las consecuencias que los daños pueden ocasionar. Y
ante eso, sin intentar obstaculizar el desarrollo y la modernización
tecnológica, lo que no queremos, señorías, como grupo parlamentario,
es que este desarrollo tecnológico vaya en detrimento de la calidad
de vida, de la salud y del medio ambiente de las personas que les
instalan la torre de telefonía móvil. Creemos que es necesario, y la
ciudadanía lo está demandando. Se están produciendo verdaderas
muestras de desacuerdo entre todos los ciudadanos y ciudadanas, y
desde luego las noticias que hay en la comunidad autónoma de la que
yo soy diputada son globales, no es un solo municipio, sino que es
una generalidad en la mayoría de los municipios, donde las
comunidades de vecinos y los propios ayuntamientos se están negando a
que se instalen este tipo de antenas. Eso sí, si no se toman medidas
para que la ley cubra, de una manera clara y sin perjuicio para la
salud de las personas y el medio ambiente, estas instalaciones, sí
que puede suponer un freno al desarrollo y a la modernización
tecnológica. Si se cubre el vacío legal, si se cubre en buenas
condiciones, servirá para que el desarrollo y las nuevas tecnologías
se puedan seguir implantando en nuestro país sin perjudicar la salud
de las personas y el medio ambiente.
PRESIDENTA:
La señora ¿Qué grupos desean intervenir en el debate de esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: En ausencia de la ponente de esta proposición
no de ley, la señora García- Hierro, lo que tengo que hacer es
ratificar las palabras de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
doña Presentación Urán, y manifestar el voto favorable a la
iniciativa que ha planteado Izquierda Unida. Esta preocupación que
manifiesta la señora ponente es una preocupación que compartimos, y
nos parece oportuno que el contenido de los dos puntos a los que hace
referencia la proposición no de ley se cumplan, con la finalidad de
adoptar todo este tipo de exigencias que se plantean respecto al
contenido de lo establecido en la Directiva 1995/5/CE, que entendemos
que es necesario que se produzca cuanto antes. Esperamos que por
parte del Grupo Popular se acepte esta recomendación y se lleve
a cabo el cumplimiento de la misma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán, por su concisión.
Pasamos la palabra al Grupo Parlamentario Popular. La señora Pol
interviene en nombre de este grupo.
La señora POL CABRER: Señorías, primeramente decir que las palabras
que ha dicho la señora Urán son muy buenas y las he escuchado con
atención; ha señalado que el pasado mes de mayo ya planteó este tema.
Y sí que es cierto que es un tema que ha sido debatido en la pasada
legislatura y en la actual, por lo que no entendemos esta proposición
al día de hoy, cuando es un tema que ya ha estado debidamente
debatido, y el interés político se ha demostrado. El Grupo Popular,
al igual que ha dicho el Grupo Socialista, se ratifica en las
palabras y acepta que es un tema importantísimo. Por
esto, dado el gran interés político y social que están suscitando
estas materias en el tema de prevención de riesgos para la salud de
los ciudadanos con ocasión de las emisiones radioeléctricas derivadas
de las antenas, el Pleno del Congreso, en noviembre del pasado año ya
debatió la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
La línea argumental de contestación a estas preguntas o iniciativas
parlamentarias ha sido seguida por el Grupo Popular en los distintos
debates y comparecencias. Se ha de recordar lo relativo a la
prevención de riesgos para la salud de los ciudadanos con ocasión de
las emisiones radioeléctricas derivadas de las antenas y los
terminales de telefonía móvil, en la Recomendación del Consejo 1999/
519, del Consejo de Europa, de 12 de julio de 1999, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos,
estableciendo unos valores límites de densidad de potencia recibida
para el público en general y para el caso de exposición continua, por
debajo de los cuales no existe peligro para las personas. Insistimos
en que no existe peligro para las personas, en contra de lo que se ha
vertido al día de hoy pues han insistido en que hay contaminación, en
que el medio ambiente... Es cierto que es un tema muy a tener en
cuenta, pero también esta mañana hemos podido, o por lo menos yo,
escuchar los informativos de Televisión Española, cuando el ministro
Trillo ha comparecido y ha dejado bien claro que el uranio no ha sido
en ningún momento cancerígeno y lo ha ratificado la ONU. Por esto en
estos temas tan importantes y tan trascendentes para la sociedad no
hay que ser alarmistas y no hay que asustar a la sociedad, porque el
Grupo Popular lo que sí hace es estar en todo momento estudiando
estos temas.
El Gobierno español ya ha adoptado una serie de medidas relativas a
la exposición del público en general a campos electromagnéticos. La
experiencia nacional de otros países, en los lugares donde transitan,
permanecen o viven personas, de las densidades de potencia recibidas
están muy por debajo de los mencionados límites. Asimismo se ha
tenido en cuenta la libre movilidad de bienes dentro de la Unión
Europea; por este motivo la directiva establece que cuando un aparato
responda a las normas armonizadas por la Comunidad Europea se presume
que cumple las exigencias contenidas en esa directiva. Amayor
abundamiento, las instalaciones o antenas de telefonía móvil realizan
emisiones conforme a una forma técnica aprobada por el Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicación y con unas características de
normativa aprobadas. Además, conforme a la normativa vigente, la
instalación de cualquier estación radioeléctrica tiene que ser
previamente inspeccionada por las unidades de comprobación técnica
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. De ello se deduce que no se
puede dar una licencia sin la comprobación técnica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Respecto a lo que he oído de que en la
comunidad valenciana hay negativas a dar esas licencias, si se acude
al Ministerio de Ciencia y Tecnología se podrá tener una previa
información.
Actualmente está en tramitación un proyecto de real decreto, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo a la
servidumbre y a los límites de emisiones radioeléctricas. Este
proyecto está actualmente en consulta pública. El proyecto de
reglamento elaborado, en lo que se refiere a los límites de emisiones
radioeléctricas, tiene como finalidad dar respuesta a la preocupación
expresada por los ciudadanos, asociaciones, corporaciones locales y
comunidades autónomas, por la posible incidencia en la salud de las
exposiciones a campos electromagnéticos; insisto, por la posible
incidencia, porque en ningún momento al día de hoy está acreditado, y
se ha dicho que hay opiniones contradictorias de científicos. Además,
se da cumplimiento a las resoluciones del Congreso y del Senado, en
las que se insta al Gobierno a desarrollar la regulación relativa a
la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas
de las antenas de telefonía móvil.
La proposición que nos trae el Grupo Federal de Izquierda Unida
consideramos que no ha sido meditada ni estudiada en todos sus
puntos, puesto que lo que hace es intranquilizar a la sociedad
transmitiendo mensajes que considero pueden ser alarmistas, ya que se
trata de radiaciones no ionizantes, que no tienen energía suficiente
para destruir el ADN, no alterando y no produciendo procesos
mutágenos ni cancerígenos, por lo que insistir en este tema no nos
parece los más adecuado.
En lo que se refiere a la política ambiental comunitaria, nuestro
papel como Partido Popular no se limita simplemente a la adhesión a
las directivas, sino que España en el tema del medio ambiente se
siente protagonista, participativa y obligada con la investigación
científica y el desarrollo tecnológico. En la iniciativa del Grupo de
Izquierda Unida se debe tener en cuenta que el Gobierno ya aprobó el
reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones,
Orden Ministerial de 9 de marzo del año 2000, BOE de 15 de marzo de
2000. Este reglamento establece unos límites de exposición a las
emisiones radioeléctricas basadas en la evidencia científica
disponible hasta la fecha, recogida en las conclusiones de la
Comisión internacional sobre protección frente a radiaciones no
ionizantes, en las del Comité europeo de normas electrotécnicas y en
la recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 12 de julio de
1999, relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos. Esta recomendación constituye la principal
referencia del proyecto de reglamento. Los aspectos más
significativos a destacar de este proyecto de reglamento son los
siguientes. El reglamento viene a fijar unas condiciones para las
emisiones radioeléctricas que en la práctica ya están siendo
cumplidas por los operadores
de telefonía móvil. Por tanto, este reglamento convierte en
obligatorios los límites de exposición a emisiones radioeléctricas
fijados en la recomendación del Consejo de la Unión Europea, que
vienen cumpliendo ya en la práctica los operadores de telefonía
móvil. La obligatoriedad de incluir en los proyectos técnicos de
instalaciones y estaciones de radio de cumplimiento estricto los
límites de emisiones radioeléctricas establecidos en el reglamento.
Se garantiza una continuidad en las limitaciones de los niveles de
emisión radioeléctrica mediante la presentación anual de
certificaciones por parte de los operadores de telefonía móvil de un
certificado de que la instalación o estaciones base cumplen los
límites de emisiones radioeléctricas establecidos en el reglamento.
La elaboración de un informe anual y planes de inspección por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Centrando el debate en el texto dispositivo de la proposición no de
ley de referencia, cabe decir lo siguiente: Se considera que la
trasposición al ordenamiento jurídico español de los límites a las
emisiones radioeléctricas establecidos en las normas comunitarias, en
lo que se refiere a las emisiones procedentes de equipos y terminales
de telecomunicaciones, no hace falta que se realice mediante ley,
sino que puede realizarse perfectamente mediante norma reglamentaria,
sin que ello suponga una merma en caso alguno de los derechos,
garantías y salud de los ciudadanos, y así en la actualidad se está
haciendo. Como ya se ha mencionado, tanto en el Congreso como en el
Senado se han aprobado diferentes resoluciones sobre este tema, por
lo que ya ambas Cámaras han instado al Gobierno a aprobar las
oportunas normas tendentes a trasponer los límites a las emisiones
radioeléctricas establecidos en las normas comunitarias. Precisamente
el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo a las servidumbres y a los límites
de emisiones radioeléctricas, pretende cumplir con este compromiso
político del Gobierno. Por tanto, no se considera necesario que el
Congreso de los Diputados inste de nuevo al Gobierno para incorporar
en las normas españolas los límites a las emisiones radioeléctricas,
ni que éste asuma un nuevo compromiso político sobre este tema
precisamente cuando ya se han iniciado las actuaciones oportunas para
la aprobación de la norma.
Quiero insistir en que no es en la prensa, sino que hay datos
suficientes y tenemos ya la legislación básica sobre
telecomunicaciones, el actual Real Decreto 1890/2000, de 20 de
noviembre, por el que el Gobierno ha aprobado el reglamento que
establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de
los aparatos de telecomunicaciones. Por todo ello, tenemos que decir
que debemos rechazar la proposición no de ley de referencia. No
obstante, se recuerda que el hecho de que los límites a las emisiones
radioeléctricas procedentes de equipos y terminales de
telecomunicación no
estén regulados en norma española no quiere decir que estos límites
no existan, ya que están fijados en norma europea y, como ya se ha
mencionado, los fabricantes y operadores están cumpliendo
sobradamente.
- RELATIVA AL VALOR DE LA SERRA DO XISTRAL (LUGO), SU INCLUSIÓN EN LA
RED NATURA 2000 Y A LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE SUS HÁBITATS Y
ESPECIES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000011)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto séptimo del orden
del día, relativo a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto respecto al valor de la Serra do Xistral (Lugo), su inclusión
en la Red Natura 2000 y a la necesidad de protección de sus hábitats
y especies. Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La Serra do Xistral está situada en el
norte de Galicia, concretamente en los municipios lucenses de Abadín,
Alfoz, Muras, Ourol y Val de Ouro y tiene una extensión de 6.779
hectáreas, con una altitud máxima de 1.040 metros y, en los niveles
mínimos, de 480 metros. Se trata de una reserva biogenética muy
importante, pero en el caso que nos ocupa vamos a hacer especial
hincapié en su importancia por poseer de turberas de cobertor, unas
turberas de cobertor que son restringidas, en general en Europa, a
territorios fríos, de elevada pluviosidad, en áreas montañosas
sublitorales y con sustratos geológicos ácidos. De forma particular,
estos humedales tienen un elevado contenido en agua en el subsuelo y
fueron construidos paulatinamente a través de restos vegetales que
acaban constituyendo extensos depósitos de turba extremadamente
ácida, con un pH inferior a 5, y pobre en nutrientes. Se dan
prácticamente en la fachada atlántica de Europa, de forma concreta en
la fachada atlántica de Noruega, en el oeste de Irlanda, en el
noroeste de Escocia, en Gales, en Islandia y de manera puntual en
Galicia, siendo un caso particular y por tanto muy llamativo en la
Europa del Sur. Las turberas de cobertor están confinadas en sierras
entre 900 y 1.062 metros de altitud de estas montañas lucenses que
conforman de manera muy importante la Serra do Xistral, pero también
otros montuorios de estas sierras tan septentrionales como son la de
Carba y los montes de Buyo. Se trata del mayor sistema de turberas de
cobertor de la península Ibérica y uno de los de mayor altitud en
toda Europa. Hay aspectos de estas turberas que son interesantes
también desde el punto de vista del estudio de la evolución de la
tierra. Están instaladas en depósitos de origen glaciar y
periglaciar, generados durante las fases frías del pleistoceno
superior, con base a depósitos de más de siete mil años. Y no les voy
a hablar de los restos arqueológicos, de las
huellas humanas, que tendrían también una importancia decisiva, o de
la flora, que también es muy especial y particular, incluso en el
conjunto de las turberas de cobertor del resto de Europa.
Hay una amplia legislación a nivel internacional, a nivel estatal y a
nivel autonómico para la protección y conservación de estas turberas
activas de cobertor, que son muy importantes desde el punto de vista
biológico y que deben ser protegidas precisamente por su
vulnerabilidad. La información para la reconstrucción de estudios
paleobotánicos de los cambios climáticos y ambientales del planeta y
para el conocimiento de la historia del hombre, como dije antes, y de
su entorno es fundamental poder hacerla a través de estas turberas de
cobertor, que están protegidas como hábitats naturales prioritarios
en el artículo 1 de la Directiva 92/43/CE de 21 de mayo de 1992. Se
da una amplia gama de posibilidades de conservación de hábitats
naturales y de fauna y flora silvestre, y de insta a los Estados
miembros a ser responsables ante las amenazas de desaparición de
estas áreas, incluso de su distribución natural, a través de la
figura de protección de tipo de hábitat natural de interés
comunitario, como se establece en el artículo 2 de esta directiva
precisamente para garantizar la biodiversidad. En los anexos de la
misma directiva figuran las turberas de cobertura como uno de los
elementos a proteger por su fragilidad, por su vulnerabilidad y por
su importancia biológica. En todo caso, debemos saber que la Serra do
Xistral, de la que desde que nosotros estamos presentes en este
Parlamento hicimos un seguimiento del tratamiento que debía recibir,
en el año 1998 aún no estaba contemplada en las listas para la Red
Natura 2000; en el año 1999 tampoco, a pesar de que se hablaba ya de
estudios técnicos a tal fin; y últimamente ha sido publicado en el
DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, en noviembre de 2000, su
inclusión en los espacios de la Red Natura 2000, que debe defender el
Estado español ante la Comisión.
Esta proposición no de ley, que fue presentada hace un año, en el
primer punto no es que esté superada, pero sí está encarrilada o, si
ustedes quieren, en una vehiculación positiva, pero falta que se
consume definitivamente esta inclusión con la figura jurídica que
debe corresponder a espacio comunitario a defender y a preservar. De
todas maneras, da la casualidad de que este espacio tan genuino está
siendo agredido por proyectos de parques eólicos, que además son
declarados de utilidad pública y que no son más que negocios
eléctricos. Por si fuese poco el que ya existe, se preparan veintidós
proyectos de parques eólicos más para estas sierras. Nosotros no
somos contrarios a la energía eólica, pero pensamos que las
ubicaciones se debían de cuidar con más esmero y teniendo en cuenta
precisamente el amparo de los espacios que deben ser preservados y
protegidos, si se quiere ser consecuente con las figuras jurídicas
que se les aplican. En el segundo punto precisamente planteamos esta
cuestión, en el sentido de que es muy necesario que todas
las figuras jurídicas que preserven esta Serra do Xistral por su
singularidad geológica, por sus hábitats y por sus especies
protegidas, le sean aplicadas, ya que se trata de un espacio en
cierta manera muy singular y exclusivo y casi único en el conjunto de
la tierra. Por eso también abogamos en la segunda parte de la
proposición no de ley que se declare reserva integral de la biosfera.
Sabemos que las declaraciones jurídicas no llegan, que es mucho más
importante la consecuencia práctica de los gobiernos, y en todo caso
nuestra proposición no de ley va encaminada a crear una sensibilidad
que hoy por hoy no existe ni en la comunidad autónoma, en el terreno
práctico, y tampoco en la Administración general del Estado.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en el debate de
esta proposición no de ley? Por el Grupo Socialista tiene la palabra
la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: El Grupo Socialista va a apoyar esta
iniciativa por las razones que explicaré a lo largo de mi
intervención. Ya el departamento de edafología y química agrícola de
la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago tiene estudios
sobre los cuales la instalación de parques eólicos en la Serra do
Xistral supondría un impacto tremendo que podría ser la causa de la
desaparición de lo que ya es considerado como uno de los grandes
valores científicos y ambientales de la península Ibérica. Mi grupo
había presentado con anterioridad una iniciativa para que se
definiera por el Estado, por el Gobierno, un mapa de ubicación de
generadores eólicos para determinar esos lugares donde se pueden
colocar, también donde hay espacios protegidos y donde nunca se
debieran ubicar estos parques eólicos, manteniendo la postura de que
somos defensores de la energía eólica pero no a cualquier precio. En
esta zona, como ya ha dicho el anterior interviniente, se encuentra
la mayor formación de turberas, desde luego la mayor en superficie de
Europa y la única en una latitud sur, que es quizá una de las
cuestiones más significativas, tanto por su superficie como por su
situación geográfica. Existen además comunidades de brezales, bosques
de caducifolios e infinidad de plantas endémicas propias de este
medio natural. Es importante también citar la fauna, y entre ella
cabe destacar los grandes mamíferos y algunas especies de mariposas
exclusivas de esta zona. Es, por tanto, un ecosistema de montaña
único y que por falta de sensibilidad política del Gobierno de la
Xunta de Galicia está siendo destrozado por la colocación de parques
eólicos.
Al Grupo Socialista le parecen bien los dos puntos planteados en la
proposición no de ley. El punto 1 pide que la Serra do Xistral sea
incluida -ya lo ha hecho la comunidad autónoma- en la Red Natura
2000. Pero aquí quiero hacer un inciso. Pido que se haga con toda la
extensión que tiene interés y valor, y no con la que
inicialmente se ha propuesto por la Comunidad Autónoma gallega, mucho
menor que la gran extensión de turberas, y desgraciadamente alguna
zona ya ha sido destrozada con carácter irreversible. También nos
parece muy interesante el punto 2, que sea declarada reserva de la
biosfera, por las condiciones que reúne de ser un ecosistema único en
Europa y, por tanto, debe estar en el Programa Hombre y Biosfera de
la Unesco, más conocido con las siglas inglesas de MAB, que concilia
de alguna manera la conservación de la diversidad biológica con el
desarrollo social y económico y el mantenimiento de los valores
culturales. Esta integración de humanos y de especies va en la
filosofía de la Declaración de Sevilla del año 1995.
Me gustaría resaltar que de los 15 espacios que figuran como reservas
de la biosfera en una publicación del Ministerio como es La
estrategia de biodiversidad no figura ninguno de Galicia. También es
curioso resaltar que del año 1983 al 1995 nueve han sido así
declarados y uno en el año 1997, que es cabo de Gata. Por tanto, hay
un largo silencio en este lapso de tiempo donde no se ha recogido
ningún espacio del Estado español. El Ministerio de Medio Ambiente,
por tanto, debiera impulsar actuaciones que potencien y protejan
nuestra biodiversidad y no dejarlo, como en este caso, al albur de la
especulación empresarial. Es curioso que la estrategia española para
la conservación del uso sostenible de la diversidad biológica, a la
que antes he hecho referencia, en su página 77 define los procesos
que afectan negativamente a la conservación de la biodiversidad y
cita, entre otros, las infraestructuras eléctricas y los parques
eólicos; o sea, que la propia estrategia del Ministerio hace
referencia a este tema. Por cierto, me gustaría también conocer -lo
haremos en otro momento- cómo va el desarrollo de esta estrategia,
cuántos planes se han desarrollado, porque ha sido presentada
recientemente, hace un año, pero no conocemos todavía los proyectos
de desarrollo. Esta contradicción, a la que hacía referencia, de
impactos negativos, para evitarlos y fortalecer por parte del
Ministerio de Medio Ambiente al Comité de expertos MAB, que carece de
presupuesto y escasos recursos humanos, sería algo que se debiera
tener en cuenta para anticiparse a los acontecimientos.
Reitero el voto afirmativo de mi grupo a esta iniciativa de inclusión
en la Red Natura 2000 de la Serra do Xistral en toda su extensión y
la declaración como reserva de la biosfera, todo ello, desde luego,
en colaboración con la Comunidad Autónoma gallega y también (quiero
hacer un inciso muy claro) con el imprescindible diálogo,
información, negociación y compensación a los vecinos afectados de la
zona, cuestión que es imprescindible para que no se vuelvan a repetir
algunos hechos como los que han acontecido en Galicia. Desde luego,
salvar nuestros espacios únicos y potenciarlos es nuestra obligación,
pero también lo es el diálogo y la negociación con las personas
afectadas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Costas.
La señora COSTAS MANZANARES: En nombre del Grupo Popular, voy a
intervenir a fin de fijar la posición de nuestro grupo en esta
proposición no de ley relativa al valor de la Serra do Xistral,
formulada por el Grupo Mixto a instancia del Bloque Nacionalista
Galego.
Señorías, cuando esta iniciativa se presenta el 24 de abril del año
2000 ya había transcurrido más de un mes desde que la Comunidad
Autónoma de Galicia, por medio de acuerdo del Consejo de Gobierno de
11 de marzo del año 1999, había propuesto oficialmente la Serra do
Xistral, ubicada en la provincia de Lugo, como lugar Red Natura 2000.
Se daba así respuesta por el Gobierno gallego a una preocupación, a
una sensibilidad de nuestro grupo en torno a la necesidad y a la
conveniencia de la inclusión de la Serra do Xistral en el listado de
la Comunidad de Galicia, que no había sido recogido en la primera
propuesta de lista de lugares realizada en el año 1997.
Coincidimos, señor Rodríguez, en que los hábitats prioritarios de
esta Serra do Xistral pertenecen a dos grupos muy bien definidos, las
formaciones turbosas y los brezales. La propuesta de lugares de
Galicia fue recibida en el Ministerio de Medio Ambiente el 9 de abril
del mismo año, 1999, para a continuación ser transmitida a la
Comisión Europea como parte de la lista de lugares de la región
biogeográfica atlántica española. El espacio formal de su propuesta
tiene una extensión de 20.265 hectáreas, muy superior de lo que le
acabo de entender al portavoz del Grupo Mixto, y tiene también
valores naturales suficientes como para ser declarado en su día
espacio de interés comunitario por la Comisión Europea. Con carácter
preventivo, la Xunta de Galicia adoptó distintas medidas para
asegurar la conservación de los espacios que integran la propuesta
gallega. La Consellería de Medio Ambiente, después de la aprobación
de la propuesta de la Comunidad Autónoma gallega de lugares de
importancia comunitaria para conformar la Red Natura 2000, promulgó
la Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se les otorgaba a
estos espacios de manera provisional, y mientras la Unión Europea no
tuviese definitivamente decidida la configuración de la misma, la
protección que el Decreto 82/1989 les otorgaba a los espacios
inscritos en el Registro de espacios en régimen de protección
general. De acuerdo con este decreto se pueden desarrollar las
actividades tradicionales, precisando las demás actividades de un
informe de carácter preceptivo y vinculante de la Consellería de
Medio Ambiente, que en su caso podrá exigir la presentación de un
estudio ambiental que determine si la actividad es o no compatible
con los hábitats naturales objeto de protección. Las únicas
actividades que están excluidas de la necesidad de este informe son
aquellas que ya
estuvieran comenzadas o autorizadas con anterioridad a la publicación
de la orden referida. Esta normativa da respuesta a lo establecido en
el artículo sexto de la Directiva 92/43, de la Unión Europea,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, cuyo objetivo es el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales y especies
silvestres de fauna y flora de interés comunitario contenidos en los
anexos I y II de la citada directiva, mediante la creación de una red
ecológica europea. En este momento, la lista nacional está pendiente
de aprobación por la Comisión Europea. Una vez aprobada, será cada
Estado miembro el que considere la oportunidad de declarar estos
lugares de interés comunitario como zonas especiales de conservación.
En este caso, la directiva obliga a fijar medidas de conservación,
considerando como un instrumento más, que no el único, su declaración
como espacio natural protegido. En cuanto a su solicitud de
declaración como reserva de la biosfera, he de decirle que ello
requiere un análisis biogeográfico previo, que debe servir de base
para evaluar la vulnerabilidad de la Serra do Xistral, de acuerdo con
el marco estatutario del programa ya mencionado por la portavoz del
Grupo Socialista, MAB.
Por todo lo expuesto, y porque el Gobierno ya ha incluido esta zona
en la lista, nuestro grupo no puede apoyar esta proposición no ley,
ya que a partir de aquí todo está siguiendo su cauce normal.
Señorías, yo entiendo que este no es el momento de debatir sobre la
energía eólica y los parques eólicos, es un debate exclusivamente
sobre la inclusión de un lugar en la propuesta para la Red Natura
2000, que, insisto, ya se ha ejecutado.
- RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
MESÓN DO BENTO-LINDOSO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000117)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el siguiente y último punto
del orden del día, que es la proposición no de ley, también del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de la línea eléctrica
de alta tensión Mesón do Bento-Lindoso. Para su defensa tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: El Bloque Nacionalista Galego somete a
debate esta proposición no de ley con el fin último de que con el
apoyo de los grupos políticos de esta Cámara se inste al Gobierno a
reparar las consecuencias de una decisión mal tomada en su momento, a
reparar las consecuencias -yo no sabría calificarlo de otra manera-
de una auténtica cacicada consecuencia de la cual los vecinos de la
parroquia de Merza, en el Ayuntamiento de Vila de Cruces, ven cómo
sobre sus cabezas pasa un tendido
eléctrico de alta tensión sin que, por supuesto, esté demostrado de
ninguna manera la necesidad de ese paso. Yo quiero anticiparme ya,
por si alguien cree que se trata de oponerse al progreso o que se
cuestiona la necesidad de que exista este tendido, a decir que no hay
nada de eso. Simplemente se trata (como estamos en esta Comisión yo
creo que lo pueden entender muy bien SS.SS.) de que progreso, medio
ambiente y protección de la salud de los ciudadanos deben ser
compatibles, y en el caso que tratamos no lo son. Estamos hablando
del paso de una línea de alta tensión, como decía, por el medio de
una parroquia que es producto de todo tipo de actuaciones de las
administraciones, más bien oscuras, poco claras, y en todo caso
innecesarias y que perjudican a los vecinos de Merza. No puedo entrar
a hora a relatarles completamente cuál fue el proceso por el cual
acabó siendo el trazado el que es, pero a grandes rasgos quiero
decirles que los hechos que llevaron a decidir ese trazado que
cuestionamos se pueden resumir más o menos de la siguiente forma.
Efectivamente, existía un trazado original que pasaba alejado del
núcleo habitado y que por tanto no presentaba problema alguno. Como
consecuencia de la reclamación de dos propietarios de canteras que se
sintieron afectados, se modificó el trazado original con el visto
bueno y aprobación, y por tanto informe favorable, de la Xunta de
Galicia; informe favorable más que discutible porque es notorio que
se realizó un contrainforme de Unión Fenosa que afirmaba que el
trazado de le red inicialmente previsto no afectaba a esas canteras
desde el punto de vista de su hipotética rentabilidad futura. En
medio de todo este turbio asunto, actuaciones poco claras de la
Alcaldía de Vila de Cruces, incapaz ni siquiera de certificar qué
distancia existía entre el tendido de alta tensión y las casas de los
vecinos, llevaron a la decisión que se tomó. Todos estos datos y más
pueden comprobarlos por SS.SS. Sin embargo, las cosas siguen igual.
Tengo que decirles que una vez más -y son demasiadas- el interés de
unos pocos se pone por encima del interés de los ciudadanos de a pie,
y yo creo que esto no debería ser así en un Estado democrático y de
derecho.
Respecto a los campos electromagnéticos y su repercusión sobre la
salud es cierto que existen informes contradictorios. Probablemente,
el informe contrario estará en función de los intereses a que
responde. En todo caso, yo creo que son conocidas las opiniones de
muchos científicos que alertan sobre la nocividad de estos campos. En
estas circunstancias, cuando menos, lo lógico sería acogerse al
principio de prevención y no permanecer ciegos o impasibles como si
nada pasara, en el fondo no haciendo nada ante esta situación. Tengo
aquí una noticia de agencia del pasado día 12 que dice: Otro profesor
de la Universidad de Bristol afirma en The Times que las líneas de
alta tensión pueden provocar leucemia, cáncer de piel, cáncer de
pulmón y depresión, y asegura (refiriéndose a la Gran Bretaña) que
causan unos sesenta suicidios al año. Este mismo profesor
insta a que se paralicen los planes de construcción para que no sean
edificadas más casas cerca de las líneas de alta tensión.
Naturalmente, la noticia también contempla que la industria eléctrica
le ha acusado de sembrar el pánico entre la población. Sin embargo,
insiste este profesor en que existen evidencias que indican la
relación entre las líneas de alta tensión y numerosas enfermedades.
Yo creo que esto nos debería impulsar, cuando menos, sin entrar en
otras cuestiones, a apoyar el famoso principio de prevención. Además,
saben ustedes también que el rechazo ciudadano a la cercanía a los
núcleos habitados de las redes de alta tensión va en aumento. Por
cierto, en determinados casos algunos grupos políticos parecen más
sensibles a este tipo de problemas, en unos casos son más sensibles
que en otros.
Yo quiero recordarles, por ejemplo, que en este mismo Congreso de los
Diputados se aprobaron resoluciones unánimes, por tanto con el voto
favorable del Grupo Popular, instando a celebrar convenios entre
Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para enterrar líneas de
alta tensión en Aravaca, Usera o Vallecas. Esta misma sensibilidad y
atención creemos que merecen los vecinos de Merza, aunque sean
algunos menos.
Nosotros creemos que es de justicia y racionalidad esta proposición
no de ley y que sería necesario que se aprobara instando al Gobierno
en el sentido que proponemos, a pesar de que suponga coste económico
o que haya que reconsiderar decisiones iniciales, y por tanto se haga
posible alejar el tendido de alta tensión de la cercanía de las
viviendas de estos vecinos. Es notorio que hay solicitudes de
alejamiento y enterramiento de este tipo de líneas por parte del
Defensor del Pueblo, al que, por cierto, yo creo que pocas veces se
le hace caso. Compartirán en todo caso, sabiendo lo que ya sabemos,
que parece mentira que una línea de tan reciente instalación no
discurra por el adecuado pasillo eléctrico, lejos de las viviendas,
como recomiendan cada vez más científicos. No voy a insistir en que
diversos Estados europeos están adoptando medidas para alejar estos
tendidos de los núcleos habitados. Estamos ante una cuestión que debe
merecer una mayor atención por parte del Gobierno, el cual debe
elaborar una normativa clara que fije definitivamente la distancia
mínima entre los tendidos y las viviendas, que fije por tanto los
pasillos eléctricos, que impida la construcción de viviendas en las
cercanías de los tendidos o a la inversa. Lo que no puede ser es que
siga sin existir claridad en la norma y a estas alturas estemos
asistiendo a actuaciones tan sin sentido como la que nosotros
pretendemos que se corrija. Vuelvo a insistir...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, vaya terminando.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Acabo, señora presidenta, abusando de su
paciencia. Vuelvo a repetir que estamos ante una situación de
indefensión de los
ciudadanos. Las administraciones central y autonómica se están
escudando entre ellas, unas diciendo que se hizo esta actuación como
consecuencia de la autorización previa de la Xunta, y la Xunta
diciendo que es competencia del Gobierno central. Yo creo que este
peloteo es innecesario.
Concluyo diciendo, señora presidenta, que presentamos la proposición
no de ley que figura transcrita en el boletín correspondiente.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en el debate de
esta proposición no de ley? Por el Grupo Socialista tiene la palabra
la señora Varela Vázquez.
La señora VARELAVÁZQUEZ: Tengo que comenzar diciendo que a mi
entender es un caso curioso lo ocurrido con la línea de alta tensión
entre Mesón do Vento-Lindoso, porque allí ya existía un trazado
inicial e incluso, si mal no recuerdo, con los cimientos de cemento
hechos. Como un par de empresas privadas solicitaron fuertes
indemnizaciones por el paso del tendido cerca de sus dominios, es
decir, que protestaron, sin más causa aparente, el Gobierno de la
Xunta de Galicia realizó un informe solicitando la modificación del
trazado. Esa solicitud es aceptada y, entonces, se lleva la línea de
alta tensión por el medio del pueblo de Merza, en Vila de Cruces,
Pontevedra. Esto es tan cierto como que, en respuesta parlamentaria
del 27 de enero de 1997, el Gobierno confirma que, a mediados de 1991
y en el trámite de urgente ocupación, se recibe información de que la
traza de la línea proyectada discurre, en los municipios de Silleda y
Vila de Cruces, por una zona en la que podría -y dice podría- verse
condicionada la concesión de tres minerías de serpentina, y aunque al
tener la línea una declaración de utilidad pública podría llegar a
ejercerse el derecho de expropiación, se consideró, a petición de la
Xunta de Galicia, la realización de una variante que evitara el paso
por la zona de las concesiones mineras, por el perjuicio que
ocasionaría la implantación de la línea en su trazado original a la
industria minera gallega. Esto suena a acto caciquil, a una cacicada
más de las que ya estamos acostumbrados en Galicia. Tenemos un
Gobierno que al parecer prefiere defender a un par de empresarios que
a todo un pueblo. Tenemos un Gobierno que, por favorecer a dos
empresas, avasalla a toda una población, poniendo en riesgo la salud
de esos ciudadanos.
He dicho anteriormente, señorías, que esto parece más una cacicada
que otra cosa porque el Grupo Socialista ha solicitado por activa y
por pasiva en el Parlamento de Galicia información sobre las causas
del cambio del trazado antiguo por el trazado nuevo, y aquí tengo las
solicitudes: Petición de informes de la Xunta de Galicia con relación
al trazado primitivo de esta obra; petición de alegaciones
presentadas por Mibasa y Minas de Campomarzo, S.A.; petición del
informe desfavorable
de la Xunta de Galicia justificativo de la no autorización de la
tramitación de la vuelta al trazado inicialmente proyectado; petición
del estudio técnico que sirve de base para afirmar la inviabilidad de
proseguir con la explotación de las canteras si siguiese adelante el
proyecto inicial de Redesa, pero, hasta ahora, no se nos han
planteado argumentos por los cuales se pueda entender ese cambio. Por
tanto, mientras no se planteen los argumentos esgrimidos por la Xunta
de Galicia para solicitar ese cambio de trazado, tendremos que seguir
considerando este tema como si de una cacicada se tratara.
Señorías, los vecinos de Merza aún no entienden, y esta diputada que
les habla tampoco, cómo la Delegación de la Consellería de Industria
de Pontevedra avaló plenamente las alegaciones de la mina de piedras
o cantera de Bandeira y la mina de Campomarzo para forzar que la
línea de alta tensión de Redesa-Mesón do VentoLindoso se desviase de
su trazado original, que además era técnicamente mejor, de menor
impacto ambiental y de menor coste económico para sobrevolar el
pueblo de Merza. Es curioso, pero Redesa reconoció que las empresas
citadas no se opusieron en su día a la autorización administrativa
del trazado original y también que el trazado original no afectaba a
las concesiones mineras en explotación y, por tanto, si no está claro
el perjuicio a las canteras, ¿por qué la Delegación provincial de
Industria avala sus alegaciones? Como les digo, no hay respuesta a
nuestras preguntas.
Por otro lado, señorías, nos encontramos con el tema de la salud.
Desde que en 1992 se hizo público el informe del Instituto
Karolinska, de Suecia, en el que se sugería la posibilidad de que los
campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión
pudiesen tener algún tipo de relación con el incremento de algunos
casos de leucemia infantil, se ha sucedido en todo el mundo la
realización de estudios encaminados a confirmar o desmentir lo que
aquel informe sugería. Las organizaciones de salud, las
universidades, las instituciones e incluso los gobiernos de los
países más avanzados, así como la Comisión de la Unión Europea, están
realizando y ampliando estudios al respecto y establecen
recomendaciones sobre niveles máximos aconsejables de exposición,
tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Por
tanto, este asunto despierta cada vez más una enorme preocupación e
interés social no sólo para la comunidad científica mundial, sino
entre los ciudadanos, ya que existe un riesgo potencial para los
vecinos, para las personas. (El señor vicepresidente, Ruiz López,
ocupa la Presidencia.)
Hay que decir también que el Gobierno, en respuesta a una pregunta
realizada el 11 de enero de 1999 por el entonces diputado y hoy
senador Demetrio Madrid, sobre previsiones de soterramiento de líneas
de alta tensión, manifiesta que en todas las autorizaciones que se
han efectuado hasta la fecha sobre proyectos de transporte de energía
se ha procurado que el trazado de
línea discurra evitando en lo posible la proximidad a núcleos
habitados. Esto evidentemente no ha sido así en Merza, y sigue a
continuación manifestando el Gobierno que las instalaciones de
transporte de energía eléctrica que en la actualidad se encuentran,
en parte, ubicadas en zonas residenciales o a distancia muy próximas
a las mínimas reglamentarias establecidas, fueron autorizadas
lógicamente siguiendo el procedimiento que se ordena en la
legislación específica sobre autorización de instalaciones
eléctricas, pudiéndose haber producido posteriormente el
levantamiento de las edificaciones, acto que evidentemente tampoco ha
ocurrido todavía en Merza. Es evidente, señorías, que las sociedades
avanzadas tienen una gran preocupación por la proximidad de las
líneas de alta tensión a viviendas, áreas de convivencia o lugares
educativos por los efectos de una exposición continuada a las ondas
electromagnéticas y su incidencia en la salud. La sociedad está
realmente preocupada por el tema y tiene asumido como tal la
existencia de un riesgo para la salud, y la lógica prudencia que
podría plantearse en las conclusiones y estudios científicos sobre la
incidencia de estas líneas sobre la salud no nos puede hacer olvidar,
en ningún caso, la rotundidad de la obligación de los poderes
públicos de apartar o, en todo caso, desviar y enterrar estas líneas
a distancia recomendable.
Por todo lo expuesto, porque entendemos que tienen prioridad los
ciudadanos, porque entendemos que se debe procurar vigilar y poner
los medios adecuados para que no exista la más mínima preocupación
por la salud de esos ciudadanos, mi grupo va a votar favorablemente
la proposición no de ley presentada hoy en esta Comisión por el Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor VICEPRESIDENTE (Ruiz López): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Chapela.
El señor CHAPELA SEIJO: El Grupo Popular va a rechazar esta
propuesta, tanto en el punto relativo a la petición de modificación
de la línea de alta tensión, como en la petición de que el Gobierno
dicte una normativa relacionada con las distancias que se deben de
fijar entre las líneas de alta tensión y los núcleos habitados. El
segundo punto, al que no se ha referido el proponente, supongo que lo
ha dado por defendido.
El señor diputado conoce suficientemente los argumentos del Grupo
Popular que yo voy a exponer aquí, porque este es un tema manido, un
tema que se ha tratado ya en distintos foros, foros representativos
de la soberanía popular, no de en otro tipo de foros ni plataformas,
sino en los reales foros de la soberanía popular. Este es un tema que
se ha debatido en el ayuntamiento por donde pasa está línea, en el
Ayuntamiento pontevedrés de Vila de Cruces, en el seno del Parlamento
de Galicia y en la correspondiente Comisión de Industria del Senado
en 1999.
Los argumentos que se han debatido en estos foros, y yo los voy a
reiterar en mi intervención para rechazar esta propuesta, son los
siguientes: En primer lugar, la modificación de esta línea de alta
tensión se llevó a cabo por una resolución de la Dirección General de
Energía, de fecha 18 de noviembre de 1993, y fue declarado de
utilidad pública por el Consejo de Ministros, en fecha 2 de diciembre
de 1994. Quisiera, señorías, remarcar este dato: 18 de noviembre de
1993 y 2 de diciembre de 1994. No entiendo por ello las apelaciones
que se han hecho en intervenciones que me han precedido sobre
presuntas cacicadas de la Xunta de Galicia. Sí es cierto que la Xunta
de Galicia realizó, como realizaron otros colectivos, la petición de
modificación de esta línea de alta tensión. La Xunta de Galicia puede
pedir, pero el Gobierno central, como ha hecho en muchas ocasiones,
especialmente el Gobierno anterior, puede o no aceptar las peticiones
de la Xunta de Galicia.
En segundo lugar, el expediente que se operó para llevar a cabo la
modificación de esta línea de alta tensión se ajustó escrupulosamente
al cumplimiento de la ley vigente en ese momento, y no es que lo diga
yo ni que lo digan los informes de la Xunta de Galicia ni que lo diga
ningún informe ni ningún organismo público, es que lo dijo el
Tribunal Superior de Galicia en una sentencia dictada en fecha 29 de
noviembre de 1996.
En tercer lugar, esta modificación no se operó en ningún momento
contra la opinión de ningún organismo público ni contra la opinión de
la mayor parte de los vecinos presuntamente afectados. La
modificación se realizó con la conformidad del Ayuntamiento de Vila
de Cruces, de la Xunta de Galicia y de la práctica totalidad de los
vecinos presuntamente afectados; concretamente el 87,2 por cien de
los vecinos afectados aceptaron la modificación de esta línea de alta
tensión. Y quisiera decir (porque hubo una apelación por parte del
autor de la proposición respecto a la actuación del alcalde de Vila
de Cruces) que el alcalde de Vila de Cruces ha actuado en todo
momento en defensa de los intereses de sus vecinos, y prueba de ello
es que es de los alcaldes de la provincia de Pontevedra que más apoyo
popular tiene, elección tras elección; por cierto, en las últimas
elecciones tuvo un apoyo popular próximo al 70 por cien de sus
conciudadanos.
En cuarto lugar, y en cuanto a lo que se ha dicho aquí sobre
presuntos riesgos para la salud, quisiera señalar que la mayor parte
de los numerosos estudios científicos realizados concluyen que no se
puede establecer una relación causa/efecto entre los campos
electromagnéticos y cualquier posible incidente en la salud. Entre
estos estudios, señorías, quisiera hacer referencia a los informes
publicados en el año 1996 por el Consejo Nacional de Investigación de
la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y por el Departamento
de salud pública de la Universidad de Helsinki. Tanto uno como otro
concluyen de forma meridiana que los campos
eléctricos y magnéticos generados por líneas de alta tensión no
producen efectos nocivos en la salud. Y por lo que respecta a nuestro
país, al informe que, bajo el título Posibles efectos sobre la salud
y el medio ambiente de los campos electromagnéticos producidos por
líneas eléctricas de alta tensión, realizó el Centro de
investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas en
cumplimiento de un acuerdo de la Comisión de Industria de esta Cámara
adoptado en 1997, concluyendo con parecidos términos a los informes
En cuanto a la segunda de las peticiones realizadas por el proponente
de que se dicte una nueva normativa sobre distancias entre líneas de
alta tensión y núcleos de población, la rechazamos igualmente por
innecesaria. Creemos que el cumplimiento riguroso de lo dispuesto en
la normativa actualmente vigente (que, como SS.SS. saben, es el
reglamento de líneas eléctricas de alta tensión de 1968, el Decreto
de 1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley del
sector eléctrico de 1997) es garantía suficiente en cuanto a la
seguridad de estas instalaciones. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) Por lo tanto, ya para concluir, señorías, y en resumen,
rechazamos esta iniciativa porque respecto al primer punto se ha
cumplido escrupulosamente la ley y porque respecto al segundo creemos
que una nueva normativa es innecesaria.
Para terminar, quiero invitar a todos los miembros de esta Comisión a
que conozcan este maravilloso pueblo de Vila de Cruces, pueblo
representativo de lo que es el interior de Galicia, donde además de
esta línea de alta tensión podrán ver otras muchas cosas, entre ellas
la mejor cascada de un río que tenemos en Galicia muy próximo a este
lugar, que es la cascada del río Toxo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Chapela.
Veo, por la alegría de SS.SS., que están anotando esa invitación que
tan amablemente se nos ha hecho.
Antes de pasar a la votación, ruego a los portavoces de los grupos
parlamentarios que nos hagan llegar las sustituciones de los señores
miembros de la Comisión de Medio Ambiente.
Si les parece, pasamos, señoras y señores comisionados, a la votación
de las diferentes proposiciones no de ley hoy aquí debatidas y
defendidas y lo haremos por el orden establecido en el orden del día.
El primer punto es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a corregir los errores
detectados en el Real Decreto 1096 de 1984, de 4 de abril, de
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de la conservación de la naturaleza, así como
a transferir a dicha comunidad autónoma determinados montes y fincas.
Votamos separadamente los puntos de esta proposición no de ley, que
son cinco.
Primer punto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Segundo punto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Tercer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Cuarto punto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Quinto punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el encauzamiento del
arroyo Burriana.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el
trasvase de arenas de Premià de Mar y Vilassar de Mar, comarca del
Meresme, a las playas de Sitges, comarca del Garraf.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
regeneración del borde litoral de la playa de la Barrosa, en Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la trasposición de la Directiva
1999/5, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. Ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre elaboración de un plan extraordinario de inversiones que
afronte la resolución de las asignaturas que tiene pendientes la
Costa del Sol.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa al valor
de la Serra do Xistral (Lugo), su inclusión en la Red Natura 2000 y a
la necesidad de protección de sus hábitats y especies.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
El último punto del orden del día es la proposición no de ley,
también del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de
la línea eléctrica de alta tensión Mesón do Bento-Lindoso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del miércoles, 14 de marzo de 2001, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.