CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 174



PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMANN



Sesión núm. 8



celebrada el martes, 6 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito
producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se
efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas
obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje. (Número de expediente 121/000022.) . . .

(Página 5100)



- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre el proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender
insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las
subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de
cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje. (Número de expediente 121/
0000022.) . . . (Página 5100)

Página 5100



- Comparecencia cuatrimestral de la señora secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos (Rodríguez Herrer), para informar sobre el
grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la
evolución de sus principales magnitudes. (Número de expediente 212/
000395.) . . . (Página 5102)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR:



- ELPROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE
CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE
SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE DIVISAS
OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE
AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/000022.)



El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de
Presupuestos.

El punto 1.o del orden del día consiste en ratificar la ponencia
sobre el proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario para
atender insuficiencias del ejercicio de 1999, por subvenciones que se
efectúan para cobertura de diferencias de cambio en las autopistas de
peaje, ¿dan su consentimiento? (Asentimiento.) Queda ratificada la
ponencia.




EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARA ATENDER
INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS
SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE
CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS
SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de
expediente 121/000022.)



El señor PRESIDENTE: Al dictamen se ha presentado una enmienda
parcial del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Jiménez.




El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: No voy a hacer mención al fondo del decreto,
porque por muy debatido es conocido. La enmienda del Partido Popular
sólo es una enmienda técnica que intenta adaptar los términos del
decreto a la nueva estructura presupuestaria aprobada en el año 2000,
pasando el crédito extraordinario de la Sección 31 a la Sección 24 y
del Servicio 08 al Servicio 04, Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, y haciendo una adaptación al Programa Gestión de
la deuda y de la Tesorería del Estado. En definitiva, señor
presidente, señorías, es una simple adaptación técnica a los términos
de la estructura de secciones y capítulos presupuestarios.




El señor PRESIDENTE: ¿Desean fijar su posición el resto de los
grupos? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Bel, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, nuestro grupo va a votar en
contra de este proyecto porque entendemos que se perpetúa el efecto
malo de un mecanismo establecido en otra época, en otro modelo de
infraestructuras, que hoy ha dejado de tener sentido.

El proyecto de ley prevé una ampliación del crédito para subvención
por seguro de cambio a sociedades concesionarias de autopistas de
peaje, por 13.858.385.707 pesetas, para satisfacer una subvención
total de 33.510 millones correspondientes a 1999. Creemos que hay
varios motivos para votar en contra de esta propuesta. En primer
lugar, las compensaciones por seguro de cambio han supuesto hasta
1999 una subvención a las concesionarias de autopistas por un total
de 565.811 millones de pesetas, desde finales de los sesenta hasta
1999, cifra ésta en términos corrientes. Si la convertimos en pesetas
constantes de 1999, el importe equivalente de esta subvención se
sitúa en un billón 26.000 millones de pesetas. Este ha sido el coste
para los contribuyentes españoles del mecanismo del seguro de cambio.


Transcurrido el año 2000, en pesetas corrientes sin duda la
subvención superará los 600.000 millones, y en pesetas constantes



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del año 2000 superará largamente el billón, como ya hizo, por otra
parte, en 1999.

Creemos que este mecanismo ha dejado de tener sentido en la medida en
que han cambiado radicalmente las circunstancias económicas y de
entorno que se producían cuando se aprobó en la Ley de 1972. Hoy, las
autopistas no tienen problemas de equilibrio económico- financiero en
su explotación, al revés, gozan de una rentabilidad financiera que no
tiene parangón en ningún otro sector de la economía española. De
hecho, hemos sabido que en el año 2000 los ingresos por autopistas
ascendieron un 6 por ciento, los beneficios ascendieron prácticamente
en el mismo porcentaje, dada la estructura de costes fuertemente
decrecientes, marginales, del negocio de autopistas, y no obstante
siguen programándose estas subvenciones por seguro de cambio.

Existen elementos que nos llevan a pensar que en términos jurídicos
ha habido algunos cambios que deberían ser tenidos en cuenta. En
primer lugar, las concesionarias de autopistas han venido realizando
operaciones de refinanciación de sus créditos exteriores, sin embargo
una de las cláusulas de los pliegos concesionales establecía que las
concesionarias no se endeudaran en la segunda mitad del período
concesional. Creemos que ahí hay una estridencia legal que convendría
aclarar. En segundo lugar el Tribunal de Cuentas, en su informe para
1995, proponía en su recomendación tercera que no se tuviera en
cuenta el seguro de cambio a raíz de operaciones de refinanciación de
deuda, puesto que éstas se realizaban no para garantizar el
equilibrio económico financiero de la explotación, sino para
trasladar perjuicios al erario público y allegar beneficios a las
cuentas de explotación. En tercer lugar, existen otros elementos que
el paso del tiempo ha traído que hacen necesario estudiar el alcance
legal del seguro de cambio. Me refiero en particular al hecho de que
los plazos de concesión inicial de algunas autopistas han vencido ya
en el año 2000; por ejemplo, en el caso de Aumar, Autopistas del
Mediterráneo, la concesión inicial vencía en 1998-1999.

No está en absoluto claro que las ventajas del seguro de cambio, que
fueron suprimidas por la Ley de 1988 para todas las concesiones
establecidas después de esa fecha, tengan vigencia para prórrogas que
llevan más allá de esa fecha la concesión inicial de la autopista.

En la discusión que se produjo en marzo de 1999 sobre el proyecto de
ley relativo al año 1998 nuestro grupo, que en ese caso no se
manifestó en contra, propuso a la mayoría el establecimiento de una
conversación para ver en qué medida un mecanismo tan gravoso como el
seguro de cambio de las autopistas tenía que ser objeto de revisión y
redefinición. Tanto desde el Gobierno como desde la mayoría en ese
momento se acepto la necesidad de llevar a cabo esas conversaciones.

Las conversaciones han sido inexistentes, no ha existido voluntad de
discutir cuál es el sentido y el
alcance legal hoy del compromiso de subvención por seguro de cambio
del Estado.

En resumen, creemos que es necesario definir de una forma estable
este tipo de marco regulador del sector, un sector que tiene hoy
muchas más incertidumbres, muchos más riesgos regulatorios que los
derivados deesta discusión sobre el seguro de cambio. No queda lejos
la anulación por la Unión Europea de la disminución de IVA que se
hizo hace unos pocos años, una disminución del 16 al 7 por ciento que
se efectuó sabiendo ya que era ilegal y que probablemente sería
anulada por la Unión Europea.

Señorías, les decimos otra vez que lo que procede es revisar cuál es
el alcance y el sentido económico y financiero hoy de este mecanismo
del seguro de cambio que se instauró en otra época y hacer preceder
este debate y esta conversación, no sólo de éste sino de futuros
proyectos que vendrán para ampliar créditos para la subvención por
seguro de cambio. Por este motivo, el Grupo Socialista votará que no
a este proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, para
un turno de réplica, tiene la palabra el señor Jiménez.




El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Me sorprende que el magisterio y la
experiencia del representante del Grupo Socialista plantee un debate
troceado. Yo creo que habría que hablar de la financiación de las
infraestructuras y situar el tema en el tiempo. A mí me gustaría
recordarle a S.S., para ver si reconsidera el voto, cuestiones
relativas al tiempo. Estamos hablando de la Ley de 1972, de
infraestructuras hechas hace treinta años, que han tenido un efecto
multiplicador en la economía del país, de 16 empresas que están en
nuestro sistema económico cumpliendo una función social importante.

Estamos hablando de múltiples decisiones tomadas a lo largo del
tiempo según las cuales se autorizaba a estas empresas a renegociar
su deuda exterior. Es verdad que el Tribunal de Cuentas, en su
informe referido hasta 1995, ponía en evidencia dos hechos: primero,
que las empresas habían hecho un uso abusivo de la ley al pasarse del
45 por ciento de su endeudamiento exterior; y, segundo, que también
estaban haciendo un uso abusivo cuando refinanciaban deuda interna
por deuda externa. Pero no se olvide S.S. que las autorizaciones para
hacer eso eran anteriores a 1995.

Lo que está haciendo el Partido Popular ahora y el Gobierno es lo que
puede hacer, y aquí no quiero entrar en si es lo mejor y lo bueno,
pero está haciendo lo que tiene que hacer: hablar con las empresas
para conseguir lo bueno, que es, primero, bajar el peaje a 20.000
usuarios diarios y, segundo, negociar con las empresas que
refinancien su deuda con una moneda estable. No se puede juzgar
treinta años después algo que las empresas hacían para mejorar su
rentabilidad; si había un



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interés externo más bajo se acogían a él, con el riesgo de que la
moneda fuera volátil porque estaba cubierto por el Estado, pero era
una práctica que permitía la ley.

En resumidas cuentas, señoría, creo que el Gobierno está haciendo lo
que tiene que hacer, que es renegociar con las empresas la deuda
exterior para que la refinancien en moneda estable; negociar con las
empresas para que bajen el peaje a los 20.000 usuarios; y proponer, y
ya lo ha anunciado el ministro, una ley de financiación de
infraestructuras. Entonces plantearemos el debate global de las
infraestructuras y los distintos sistemas de financiación de las
mismas, porque no sé qué efecto sería más pernicioso, si éste o
financiar las infraestructuras con deuda pública. Y lo que también
está intentando hacer el Gobierno es dar confianza al sistema
económico, porque no nos olvidemos que esas empresas, aparte de estar
en nuestro sistema económico, cotizan en bolsa y dan una cierta
estabilidad. Empezar a cuestionar soportes legales a los que se
acogen las empresas no sé si sería bueno.

En resumidas cuentas, señoría, lo que intenta el Partido Popular es
dar confianza al sistema económico y que las concesiones de hace
treinta años terminen lo mejor posible y con un peaje lo más bajo
posible para los 20.000 usuarios de las infraestructuras construidas
entonces.




PRESIDENTE:
El señor ¿El señor Bel, en nombre del Grupo Socialista, quiere añadir
alguna otra cosa? (Pausa.)
Finalizado el debate, suspendemos durante cinco minutos la sesión, y
procederemos a votar, si es posible, a las doce menos cinco. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del dictamen que
hemos debatido esta mañana.




Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda que ha defendido
el Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una enmienda de
modificación al artículo 1 del proyecto de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

A continuación, sometemos a votación el texto del dictamen modificado
en función de la enmienda que acaba de ser aprobada por al Comisión.

¿Se solicita votación separada de alguno de los artículos? (Pausa.)
Votamos el dictamen.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, cuatro.

COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DE LA SEÑORASECRETARIADE ESTADO DE
PRESUPUESTOS Y GASTOS (RODRÍGUEZ HERRER), PARA INFORMAR SOBRE EL
GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LA
EVOLUCIÓN DE SUS PRINCIPALES MAGNITUDES. (Número de expediente 212/
000395.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, da comienzo la comparecencia de
la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña Elvira
Rodríguez, a quien agradezco de nuevo su presencia en esta Comisión.

En esta ocasión, doña Elvira Rodríguez acude para celebrar la
comparecencia cuatrimestral, tal como acordamos al principio de la
legislatura y como se ha venido haciendo en legislaturas anteriores,
para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes.

En primer lugar, tomará la palabra la secretaria de Estado por el
tiempo que ella estime conveniente y, a continuación, se abrirá un
primer turno para que los diferentes grupos expresen su posición o
sometan a la secretaria de Estado las preguntas o peticiones de
aclaración que deseen. Habrá un turno de contestación y, si el tiempo
no nos ha comido toda la mañana, abriremos un segundo turno, para
terminar definitivamente la comparecencia con la intervención de la
secretaria de Estado.

La secretaria de Estado tiene la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO (Rodríguez Herrer): Señor presidente,
señorías, comparezco en esta Comisión de Presupuestos para exponer
ante ustedes los datos de cierre del presupuesto del Estado del año
2000 e informarles sobre la evolución del ejercicio y sus
circunstancias más relevantes. A estos efectos, se ha remitido a SS.

SS. información detallada sobre la ejecución del presupuesto del
Estado del año pasado, incluyendo los datos provisionales de cierre
en contabilidad nacional que fueron enviados a Bruselas el pasado 28
de febrero, de acuerdo con el procedimiento establecido. Como SS.SS.

saben, el Estado trabaja con período de ampliación del presupuesto de
gastos de cada ejercicio durante el mes de enero del ejercicio
siguiente, por lo que el cierre se acaba prácticamente de efectuar;
esa ha sido la causa de que no se les haya podido enviar la
información hasta el pasado jueves. Lamento haberles hecho trabajar
este fin de semana.

El saneamiento de las cuentas públicas fue un objetivo prioritario
del Gobierno en la anterior legislatura, en la que el déficit público
descendió desde el 6,6 por ciento del PIB en 1995 hasta el 1,2 por
ciento en 1999, y sigue y va a seguir siendo objetivo prioritario en
ésta. Además, no sólo ha sido importante la disminución del



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déficit, sino que también se han mejorado año tras año los objetivos
marcados en los respectivos programas de estabilidad y crecimiento
presentados ante Europa y los de las revisiones a la baja que
acompañaron la presentación de los presupuestos.

El año 2000 no ha sido una excepción. Con un objetivo inicial de
déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1 por
ciento del producto interior bruto, que se rebajó al 0,8 por ciento
al presentar los presupuestos -si ustedes recuerdan, un 0,7 para la
Administración central y un 0,1 para las administraciones
territoriales-, el ejercicio se ha cerrado con un déficit del 0,34
por ciento -0,56 para el Estado-, un superávit del 0,50 para la
Seguridad Social y un déficit en las administraciones territoriales
del 0,28 por ciento de PIB. El esfuerzo para alcanzar el equilibrio
entre ingresos y gastos en nuestras cuentas públicas ha recaído en su
mayor parte sobre el gasto corriente, lo que ha hecho posible mejorar
la calidad del gasto público y reforzar el gasto social. Además, como
reconoce en justicia la Comisión Europea, el peso del ajuste ha
recaído y sigue recayendo sobre el Estado, cuyo déficit se ha
corregido en 4,9 puntos desde 1995 hasta 2000 y cuyo superávit
primario ha aumentado en 2000 un 26,2 por ciento, para alcanzar el
2,1 por ciento del PIB.

La importancia que este ajuste presupuestario ha tenido y sigue
teniendo en nuestra economía difícilmente puede ser disimulada a la
luz de los importantes beneficios que nos ha aportado en el pasado
reciente la reducción del déficit público: nos permitió en el año
1999 acceder a la moneda única desde su origen, al causar un cambio
de expectativas que influyó decisivamente sobre la evolución de la
inflación y de los tipos de interés; ha permitido impulsar la
inversión privada al reducir el crowding out que venía produciendo la
financiación del desequilibrio de las cuentas públicas; permite
reducir progresivamente el endeudamiento que supone el stock de deuda
pública en términos de PIB, lo que hará posible enfrentar los retos
que a medio y largo plazo tiene nuestra economía como consecuencia de
la evolución de la demografía en España. El esfuerzo de la
consolidación fiscal que se viene produciendo desde 1996 permitirá en
este año 2001 alcanzar el equilibrio presupuestario por primera vez
en la historia reciente de nuestra Hacienda pública.

En definitiva, señorías, permítanme subrayar cómo esta política de
saneamiento de las cuentas públicas, que recibirá el impulso
definitivo de la ley de estabilidad presupuestaria, cuyo debate a la
totalidad se celebrará el próximo día 8, es vital para mantener un
contexto de estabilidad macroeconómica, contexto que supone la base
de un crecimiento duradero. Los datos que nos ha ofrecido la
contabilidad nacional trimestral respecto al último trimestre de 2000
ofrecen un escenario de suave desaceleración de la actividad
económica completamente compatible con las previsiones del Gobierno.

Nuestra economía se encuentra en una fase
de crecimiento sostenido que dura desde 1996 y que, como de hecho
confirman las estimaciones de los principales organismos
internacionales, se extenderá a los próximos años. Por ello, la
desaceleración en el crecimiento del PIB que venimos observando en
los últimos meses no puede entenderse con los datos de que disponemos
como un hecho negativo; al contrario, después de haber mantenido en
el pasado reciente crecimientos superiores al 4 por ciento, nuestra
economía, cuya posición cíclica se ha encontrado adelantada respecto
a otros países de nuestro entorno, previsiblemente moderará su ritmo
de crecimiento. ¿Quiere esto decir que el ciclo de crecimiento y
prosperidad que empezó en 1996 ha terminado? Permítanme que para
abordar esta cuestión haga unas breves matizaciones.

En primer lugar, no creo, como en los últimos años han venido
repitiendo ciertos analistas de la nueva economía, que el ciclo
económico haya desaparecido de nuestras economías; de hecho, en las
previsiones económicas a medio plazo de este Gobierno incorporamos
una reducción de lo que se viene en denominar output gap, es decir,
prevemos una moderación del ritmo de crecimiento de la renta. Pero,
además de que el ciclo económico nos vaya a acompañar durante mucho
tiempo, también hemos de tener en cuenta la tendencia en el
crecimiento de nuestra economía. Esta tendencia en la evolución del
producto interior bruto ha sido muy positiva en los últimos años y a
ella se han dirigido los importantes esfuerzos en reformas
estructurales que se están realizando, que alcanzan tanto a los
mercados de bienes y servicios y factores de producción como al
terreno fiscal y presupuestario. Por todo ello, no hay datos en este
momento que objetivamente lleven a la conclusión de que el producto
nacional y la renta no vayan a mantenerse en un nivel superior al 3
por ciento ni datos que indiquen, como se ha señalado desde algún
partido político, que vamos a asistir a un desplome de la demanda
interna. Además, la desaceleración de esta demanda interna y el
repunte de la aportación del sector exterior al PIB que se observa en
los datos del último trimestre apoyarán la corrección de ciertos
desequilibrios que se han producido como consecuencia del shock de
petróleo que experimentamos a partir de 1999.

En definitiva, un crecimiento para los próximos años, que se situará
en un entorno del 3 por ciento, no es el final de la senda de
prosperidad en la que actualmente se encuentra nuestra economía; al
contrario, este escenario permitirá seguir avanzando en la
convergencia real con las economías más desarrolladas de nuestro
entorno, permitirá mantener una creación de empleo satisfactoria y
defenderá el equilibrio de nuestras cuentas públicas. De hecho, la
actualización del programa de estabilidad 2000-2004, que unos meses
atrás fue aprobado, contemplaba ya un escenario central de
crecimiento cercano al 3, 6 por ciento y un escenario de bajo
crecimiento en un entorno del 3,2 por ciento del PIB. En ambas
circunstancias se han tomado las medidas



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para salvaguardar los desequilibrios básicos de nuestra economía y en
particular el saneamiento de las cuentas públicas. Como ha recordado
nuestro ministro de Hacienda, el objetivo de equilibrio
presupuestario para 2001 es irrenunciable y ello porque disponemos
del margen necesario para alcanzarlo.

En este momento, señorías, parece oportuno hacer una breve referencia
a la reciente valoración de la Comisión Europea respecto al programa
de estabilidad 2000-2004 del Reino de España. Una de las
consideraciones que efectúa la Comisión es la relativa a la prudencia
en las previsiones de ingresos y gastos que contiene el programa.

Pues bien, es precisamente esta prudencia, que es una constante en
las previsiones de los anteriores años, la que hace que el equilibrio
presupuestario para este ejercicio 2001 tenga el margen suficiente
para ser alcanzado. En el informe, la Comisión ha valorado
positivamente la contención del gasto corriente que está soportando
el esfuerzo de reducción del déficit en los últimos años, y se
felicita por el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria por lo
que supone de compromiso para todos los niveles de Gobierno. Es
precisamente la ley de estabilidad presupuestaria que, como ya señalé
y ustedes saben, va a ser debatida el próximo jueves; la garante del
equilibrio presupuestario en los próximos años, y viceversa, con esta
ley se apuesta por el crecimiento sostenido que garantizan las
cuentas públicas saneadas.

Señor presidente, señorías, tras esta introducción relativa al
contexto económico y presupuestario, paso a exponer cuál ha sido la
ejecución de los distintos capítulos de ingresos y gastos del
presupuesto en el año 2000. Hace escasamente dos semanas compareció
ante esta Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de
Hacienda para explicar, entre otros extremos, la evolución de los
ingresos del Estado durante 2000. Por ello, en mi exposición voy a
ser breve para no repetir más de lo necesario la información objeto
de comentario. La recaudación no financiera del Estado ha ascendido
en el año 2000 a 19.749 miles de millones de pesetas, lo que ha
supuesto un crecimiento del 7,5 por ciento respecto a 1999 y un
exceso de recaudación sobre la prevista en el presupuesto inicial de
algo más de un billón de pesetas. Esta desviación positiva procede en
su mayor parte de los impuestos directos y de los ingresos
patrimoniales, al situarse por encima de las previsiones en 545.000 y
434.000 miles de millones de pesetas respectivamente. Los derechos
reconocidos y liquidados en el ejercicio, en cuyos términos se
realiza el cálculo de la necesidad de financiación de las
administraciones públicas, han ascendido a 20.268 miles de millones
de pesetas, el 7,2 por ciento más que en 1999. Este importante
aumento de los ingresos, tanto en recaudación como en derechos
reconocidos y liquidados, es consecuencia del desarrollo continuado
de la economía española, que ha fortalecido el dinamismo inversor de
las empresas y en buena medida, de la política
fiscal que viene desarrollando el Gobierno. La recaudación por
impuestos directos ha aumentado un 9,3 por ciento, impulsada por el
crecimiento económico del último año, que ha dado como resultado un
aumento de la masa salarial del 9 por ciento como consecuencia de la
creación de empleo y el importante crecimiento de los beneficios
empresariales.

La recaudación por IRPF registra un incremento del 4,6 por ciento
respecto a la obtenida en 1999 y supera la previsión presupuestaria
en 195.000 millones de pesetas. En la evolución de este impuesto es
determinante el fuerte crecimiento de las retenciones del trabajo
y actividades profesionales debido no sólo a la creación de empleo,
sino también al alza de las retribuciones de los salarios de los
trabajadores. Las demás retenciones y pagos a cuenta también mejoran
sus resultados con la excepción de las retenciones sobre el
rendimiento de capital mobiliario, cuyo descenso de un 8,4 por ciento
tiene su fundamento en la reducción del tipo de retención aplicable a
dividendos y reembolsos de seguros de vida a partir de enero de 2000
en siete puntos. El impuesto sobre sociedades destaca como la figura
tributaria con mayor crecimiento en el año 2000, con una recaudación
de 2.863 miles de millones y una tasa de variación del 17,6 por
ciento, superando en cerca de 300.000 millones la previsión
presupuestaria. Los mayores aumentos se producen en los pagos a
cuenta y en la liquidación anual del ejercicio 1999 como consecuencia
de la evolución experimentada en la actividad y beneficios
empresariales. A estos efectos resulta significativo que el número de
sociedades con beneficios aumentó en el año pasado un 16,8 por
ciento.

La recaudación por impuestos indirectos asciende a 8.532 miles de
millones de pesetas y es superior en un 7,3 por ciento a la del
ejercicio anterior. Entre ellos, hay que destacar el IVA, cuyos
ingresos suponen 5.557 miles de millones de pesetas y superan en un
8,7 por ciento a los obtenidos en 1999, sin embargo se produce una
diferencia negativa de casi 98.000 millones de pesetas con el
presupuesto inicial. Esta desviación es la consecuencia de las
obtenidas con diferente signo en IVA importaciones y en IVA
operaciones interiores. En el primer caso se produce un aumento de
recaudación sobre las previsiones como consecuencia del crecimiento
de las importaciones a terceros países y del aumento del precio del
petróleo. En el segundo caso, IVAoperaciones interiores, el descenso
sobre las previsiones se debe en gran parte al aumento de las
exportaciones -un 19,3 por ciento superiores a 1999, que provoca
posteriores devoluciones en este concepto-, a la moderación en el
crecimiento del consumo del segundo semestre del año y a que la mayor
recaudación de IVA importación reduce luego el IVAinterior vía
deducciones.

Los impuestos especiales, por su parte, experimentan un crecimiento
interanual del 4,1 por ciento y un aumento sobre el presupuesto
inicial de 41,7 miles de millonesde pesetas. Del conjunto de
impuestos especiales cabe



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señalar el moderado crecimiento de los impuestos sobre hidrocarburos
y sobre determinados medios de transporte -un 1,5 por ciento y un 2
por ciento respectivamente-, acusando el aumento del precio del
petróleo. Por el contrario, el impuesto sobre labores del tabaco
aumenta un 9,8 por ciento y el impuesto que grava la electricidad
crece un 8,4 por ciento, compensando la rebaja de las tarifas
eléctricas con un mayor consumo.

Las tasas, precios públicos y otros ingresos descienden un 26 por
ciento respecto a lo recaudado en 1999, debido fundamentalmente a la
caída de los ingresos por diferencia entre valores de reembolso y
emisión de deuda pública, que pasan de 140.000 millones de pesetas en
1999 a 24.000 millones de pesetas en el año 2000.

La recaudación por transferencias corrientes crece un 38,2 por ciento
respecto a 1999, destacando, entre ellas, la recibida de la Seguridad
Social por importe de 315,8 miles de millones de pesetas. Asimismo
cabe señalar las procedentes de organismos autónomos, por 364,7 miles
de millones, de comunidades autónomas, por importe de 281 miles de
millones, y de la Unión Europea, por 21.800 millones de pesetas.

Por último, los ingresos patrimoniales registran un descenso del 8,3
por ciento respecto al año anterior debido principalmente a la caída
del beneficio ingresado por el Banco de España, 838.000 millones de
pesetas, frente al 1,018 billones de pesetas en 1999. No obstante,
los ingresos recibidos por este concepto han sido superiores a los
presupuestados en 340.000 millones de pesetas.

A continuación, señor presidente, señorías, voy a pasar a analizar la
ejecución del presupuesto de gastos del Estado.

Los créditos iniciales por operaciones no financieras del Estado para
el año 2000 ascendieron a 19.769,5 miles de millones de pesetas, con
un incremento del 4,8 por ciento respecto a los inicialmente
aprobados para 1999. El importe de las modificaciones de crédito
aprobadas durante el año 2000 ha ascendido a 676,2 miles de millones
de pesetas -3,4 por ciento de los créditos iniciales-, con un
descenso respecto a las aprobadas en 1999 del 22,8 por ciento. En
consecuencia, los créditos finales se han elevado a 20.446 miles de
millones de pesetas, un 3,6 por ciento más que en 1999, lo que ha
supuesto que por cuarto año consecutivo el presupuesto de gastos del
Estado haya crecido por debajo de la tasa de incremento real de la
economía.

La presentación de la ejecución del presupuesto del Estado en el año
2000 está marcada por la instrumentación en el ejercicio de las
transferencias de las competencias en educación no universitaria a
Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, que, por producirse al
final de 1999, estaban presupuestadas en los respectivos capítulos de
gasto del Ministerio de Educación y Cultura. Así, este Ministerio
pierde créditos iniciales por importe de 230.000 millones de pesetas
-168.000 millones de personal, 20.000 millones de compras de bienes y
servicios, 29.000 millones de transferencias
corrientes y 13.000 millones de transferencias de capital- que gana
el capítulo IV de la Sección 32, Entes territoriales. Aunque estas
modificaciones no producen un incremento del total de los créditos,
sí producen variaciones significativas en los capítulos afectados,
por lo que es necesario hacer referencia a ellas para entender mejor
la ejecución del ejercicio.

Las ampliaciones de crédito han ascendido a 392.000 millones de
pesetas, siendo la figura modificativa de importe más elevado, aunque
con un descenso respecto a las instrumentadas en 1999 de 67.000
millones de pesetas. Entre ellas destacan las relativas a gastos
financieros para dar cobertura a operaciones de canje y recompra de
deuda, por importe de 149.000 millones de pesetas, las efectuadas
como consecuencia de las sentencias dictadas a favor de los afectados
por el síndrome tóxico, por importe de 68.000 millones de pesetas,
las relativas al coste de la participación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de paz de la OTAN, por importe de 40.000 millones de
pesetas y, en fin, entre otras, las derivadas de las liquidaciones
definitivas a las comunidades autónomas, Insalud y Unión Europea por
el incremento del PIB o de los ingresos inicialmente previstos, por
importe de 15,1, 15,3 y 37,4 miles de millones de pesetas
respectivamente.

Por orden de importancia cuantitativa, la segunda figura modificativa
en 2000 ha sido la de generación de crédito por ingresos, que ha
ascendido a 148.000 millones de pesetas, frente a los 178.000
millones de pesetas de 1999. Estas modificaciones, que no inciden en
el déficit del ejercicio pues necesitan ingresos previos no
presupuestados para ser autorizadas, son consecuencia generalmente de
la prestación de servicios o venta de bienes mediante precio
-Ministerio de Defensa, con 22.000 millones, o Insalud, 24.000
millones de pesetas-, de aportaciones afectadas a gastos concretos
-aportaciones de la Jefatura de Tráfico, 30.000 millones de pesetas-
y de la normativa especial de la Agencia Estatal Tributaria por su
participación de los actos de recaudación, 48.000 millones de
pesetas.

Las incorporaciones de remanente de crédito del ejercicio anterior,
cuya posibilidad está limitada por la propia Ley de presupuestos del
ejercicio frente a lo autorizado por la Ley General Presupuestaria,
han ascendido a 69,8 miles de millones de pesetas, 44.000 millones de
pesetas menos que en 1999, y los conceptos más significativos son los
relativos al Fondo de Compensación Interterritorial, con 41.000
millones de pesetas, los relativos a las dotaciones de modernización
y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, 11.500 miles de millones, o
los derivados de los créditos generados por ingresos de la Unión
Europea en el ejercicio anterior, 10,9 miles de millones de pesetas.

Por último, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito -es
decir, las modificaciones aprobadas mediante norma con rango de ley
en el ejercicio- han ascendido a 55.000 millones de pesetas, 120.000
millones



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de pesetas menos que en 1999, siendo el más significativo el que da
cobertura a las indemnizaciones a víctimas de bandas armadas por
importe de 46,6 miles de millones de pesetas.

Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, los
créditos para operaciones corrientes se han incrementado en 491.000
millones de pesetas respecto a los inicialmente aprobados,
ascendiendo a 18.273 miles de millones, es decir, un 3,9 por ciento
superiores a los de 1999.

La diferencia entre créditos iniciales y totales es la consecuencia
de la disminución del capítulo I, Gastos de personal, en 144.000
millones de pesetas y el incremento del resto de los capítulos, en el
que destaca el capítulo IV, Transferencias corrientes, que, además de
recoger las modificaciones derivadas de los traspasos de
competencias, ampara los créditos relativos al síndrome tóxico, a las
indemnizaciones a víctimas de bandas armadas y a la financiación a la
Agencia Estatal Tributaria, entre otros extremos.

Los créditos para operaciones de capital se han incrementado en 101,5
miles de millones de pesetas -48.200 millones de pesetas en el
capítulo VI y 53.300 millones de pesetas en el capítulo VII-, donde
destacan las ya referidas de incorporación de remanentes del Fondo de
compensación interterritorial. El importe de los créditos totales ha
ascendido pues a 2.172,8 miles de millones, con un incremento frente
a 1999 del 0,4 por ciento. Este ligero incremento es consecuencia de
las modificaciones de crédito efectuadas en ambos ejercicios, dado
que los créditos iniciales crecían un 6,7 por ciento. En efecto,
sobre la variación repercute la importante diferencia en las
incorporaciones de crédito del Fondo de compensación
interterritorial, 36.500 millones de pesetas más en 1999, y las
transferencias por el traspaso de competencias en 2000, por 13.000
millones de pesetas.

Las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras en el año
2000 han ascendido a 20.094,5 miles de millones, con un incremento
del 3,8 por ciento respecto a 1999. El grado de ejecución ha sido del
98,3 por ciento frente al 98 por ciento de 1999, lo que ha causado el
incremento del 3,8 por ciento en las obligaciones frente al 3,6 por
ciento de los créditos totales. Comparativamente, es el grado de
ejecución más elevado de los últimos años.

Para valorar correctamente el importante esfuerzo de contención del
gasto del Estado hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2000 se
ha completado el proceso de separación de las fuentes de la Seguridad
Social contemplado en el Pacto de Toledo, de forma que han pasado a
ser financiadas enteramente por el Estado las prestaciones sociales
de carácter no contributivo y los servicios sociales, lo que ha
supuesto la realización de nuevas transferencias a la Seguridad
Social por importe de 215.000 millones de pesetas. Si se descuenta
este gasto, las obligaciones reconocidas
del Estado habrían crecido únicamente un 2,7 por ciento respecto a
1999. En la evolución de las obligaciones reconocidas inciden, además
de las cuestiones de la propia ejecución, las circunstancias a que se
ha hecho referencia al comentar las modificaciones de crédito en el
ejercicio, por lo que algunas de ellas volverán a ser comentadas en
este apartado.

Los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios
han disminuido frente al año anterior en un 8,9 por ciento en ambos
casos dado que, como ya se ha señalado, se han visto sensiblemente
afectados por las transferencias de la enseñanza no universitaria, en
este caso, tanto por las que han tenido sus efectos a comienzos de
2000 como las efectuadas en la Comunidad de Madrid, que se hicieron
efectivas mediado el año 1999.

Los gastos financieros, capítulo que recoge los gastos por intereses
cuando se pagan, han ascendido a 2.950 miles de millones de pesetas,
con un descenso del 7,1 por ciento respecto a 1999 y un grado de
ejecución del 99,7 por ciento. En este ejercicio se ha canjeado
y recomprado deuda por un importe conjunto de 1,8 billones de pesetas,
lo que obligó, al adelantar el pago de intereses, a la ampliación de
150.000 millones a la que hice ya referencia.

Los gastos por transferencias corrientes han ascendido a 12.023 miles
de millones de pesetas, con un incremento del 11,7 por ciento
respecto a 1999 y un grado de ejecución del 99,1 por ciento. Las
obligaciones reconocidas en este capítulo suponen el 59,8 por ciento
del total de las operaciones no financieras en 2000, frente al 55,6
por ciento en 1999. Este incremento en su peso relativo, que se
refleja en su tasa de crecimiento, obedece a varias razones de
diversa índole: a la importancia cuantitativa de las transferencias
en materia de enseñanza no universitaria, por encima de las 300.000
millones de pesetas, efectuadas a partir del segundo semestre de
1999; a la culminación de la separación de fuentes de la Seguridad
Social, a la que se transfieren del orden de 215.000 millones de
pesetas, a lo que ya se ha hecho referencia; a que por este capítulo
se hace efectiva la mayor parte de la financiación de la sanidad
pública, que, de acuerdo con el modelo de financiación vigente,
evoluciona como el PIB nominal, es decir, significamente por encima
de la media del crecimiento del gasto -en 2000, las transferencias
corrientes a la sanidad ascendieron a 4.185 miles de millones de
pesetas-; y, por último, a la financiación de comunidades autónomas
y corporaciones locales a través de este capítulo, que ha ascendido a
3.256 y 1.491 miles de millones de pesetas respectivamente, con
crecimientos del 29,9 por ciento y 6 por ciento respectivamente.

Las inversiones reales han ascendido a 982.000 millones de pesetas,
con un crecimiento del 8 por ciento respecto a 1999, muy por encima
del crecimiento de sus créditos totales debido a la buena ejecución
de este ejercicio, 1,1 puntos porcentuales más que en el año



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anterior. Por su evolución, destacan las inversiones realizadas en
los programas de infraestructura del transporte ferroviario y
conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento,
con incrementos del 23 y del 13,8 por ciento respectivamente, y en el
de gestión e infraestructura de recursos hidráulicos del Ministerio
de Medio Ambiente, con un crecimiento del 11,4 por ciento.

Las obligaciones reconocidas por transferencias de capital disminuyen
un 5,2 por ciento respecto a 1999, 56.500 millones de pesetas,
viéndose afectadas muy significativamente por las circunstancias a
que se ha hecho referencia al comparar los créditos totales. Así, las
correspondientes al Fondo de compensación interterritorial y las
relativas a las inversiones en educación no universitaria, con
descensos de 35.600 y 12.700 millones de pesetas respectivamente.

Adicionalmente, también disminuyen las relativas a la política de
vivienda en 34.500 millones de pesetas, afectadas por las bajadas de
tipos de interés y porque en el ejercicio 1999 se abonaron
obligaciones de ejercicios anteriores por importe de 15.000 millones
de pesetas.

Por último, señorías, señor presidente, concluiré la información de
la ejecución del presupuesto del Estado con una breve referencia a la
evolución de los activos financieros. Los créditos iniciales
aprobados para adquisición y constitución de activos financieros han
ascendido en 2000 a 795.000 millones de pesetas, y los créditos
finales a 785.000, con una disminución respecto a 1999 del 22,7 por
ciento. Esta significativa bajada se ha debido principalmente a la
supresión de los préstamos a la Seguridad Social, innecesarios debido
al saneamiento alcanzado por el sistema.

Las obligaciones reconocidas en 2000 han ascendido a 588.000 millones
de pesetas, importe similar al de 1999, año en el que se contrajeron
obligaciones en este capítulo por 597.000 millones. Los ingresos
recibidos en 2000 como consecuencia de la venta o devolución de
activos financieros han ascendido a 133.000 millones de pesetas,
correspondiendo en su totalidad a la devolución de préstamos o
aportaciones, frente a los 197.000 de 1999, de los que 25.000
correspondían a la venta de acciones a través de Seppa. Las
operaciones que se realizan a través de este capítulo de los
presupuestos son de variada índole, pudiendo agruparse de acuerdo con
los códigos presupuestarios generales: préstamos, adquisición de
acciones y aportaciones patrimoniales. Los préstamos concedidos han
ascendido a 327.000 millones de pesetas, aunque los pagos efectuados,
formalización del préstamo propiamente dicha, importaron 178.000
millones, de los que 36.200 correspondían a ejercicios anteriores.

Una parte muy significativa de este importe corresponde a los
efectuados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología tanto para el
desarrollo de proyectos tecnológico-industriales como los relativos a
políticas de reindustrialización. También destacan los préstamos
realizados a Cesce a
través del Consorcio de Compensación de Seguros, que en este
ejercicio han ascendido a 76.300 millones de pesetas, 38.100 millones
de pagos, y que han obtenido reintegros por importe de 84.000
millones de pesetas. Las adquisiciones de acciones han ascendido a
88.000 millones, de los que 31.200 se han destinado a sociedades de
aguas, 25.000 millones a sociedades de regadíos y 15.000 millones a
la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios. Las
aportaciones patrimoniales han ascendido a 170.200 millones de
pesetas, prácticamente igual que en 1999, y se han realizado pagos
por importe de 176.000 millones, de los que 26.000 son de ejercicios
anteriores. La aportación más elevada corresponde al Ente Gestor de
Infraestructuras Ferroviarías, GIF, que ha recibido 123.500 millones
de pesetas, quedando pendiente de pago para el ejercicio 2001 un
volumen de 17.000 millones. Del resto de operaciones merece destacar
la aportación al Fondo de ayuda oficial al desarrollo por 32.700
millones de pesetas.

La necesidad de financiación del Estado, es decir, el déficit en
contabilidad nacional, medido según la metodología del sistema
europeo de cuentas integrado, SEC-95, se ha situado al cierre del año
2000 en el 0,6 por ciento del PIB, cifra inferior en 0,6 puntos
porcentuales a la conseguida en el ejercicio anterior. La reducción
del déficit del Estado en un 43,3 por ciento, de 1.105 miles de
millones en 1999 a 626.000 millones en 2000, constituye el impulso
definitivo hacia la consecución del equilibrio presupuestario en el
año 2001. Este resultado es la consecuencia de un crecimiento de los
empleos no financieros del 4,7 por ciento respecto a 1999, inferior
en 3 puntos al aumento del PIB, mientras que el crecimiento de los
recursos no financieros ha sido prácticamente igual al crecimiento de
la actividad económica, un 7,7 por ciento en términos monetarios. Es
decir, nuevamente el peso del ajuste recae básicamente en el lado de
los gastos, que en 2000 suponen el 20,3 por ciento del PIB, con un
descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto a su peso en 1999,
frente a los ingresos, que mantienen su proporción del 19,7 por
ciento del PIB en ambos años. La evolución positiva de las cuentas
del Estado se confirma por la evolución del saldo primario, es decir,
el saldo de los ingresos y gastos no financieros, descontando de
estos últimos los intereses de la deuda. En el año 2000, el saldo
primario del Estado presenta un superávit de 2.168 miles de millones
de pesetas, cifra que supera en un 26 por ciento a la del año
anterior, alcanzando el 2,1 por ciento del PIB, 0,3 puntos
porcentuales más que en 1999. Este indicador, que en 1995 registraba
un déficit del 1,4 por ciento del PIB, ha pasado a tener en los años
siguientes un signo claramente positivo y creciente, lo cual
constituye una garantía de sostenibilidad presupuestaria a medio
plazo.

En resumen, señor presidente, señorías, la ejecución del presupuesto
del Estado en el año 2000 es el mejor exponente de la tendencia de
las finanzas públicas en



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los últimos años, alcanzando y mejorando objetivos rigurosos que nos
llevan a la senda del equilibrio presupuestario, que, para asegurar
el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país, pretendemos
blindar con la Ley de estabilidad presupuestaria. Señor presidente,
señorías, muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para
responder a las preguntas que estimen oportuno realizarme.




El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, gracias por la
información que nos ha facilitado en su primera intervención, la cual
ha abierto su comparecencia. A continuación, vamos a pasar al
desarrollo del debate, interviniendo en primer lugar el Grupo
Socialista y después el Grupo Parlamentario Popular.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Fernández Marugán.




El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: En primer lugar, quisiera agradecer a
doña Elvira la concisa y clara exposición que ha hecho de la
ejecución del presupuesto del Estado en el año 2000. Quisiera
comenzar mi intervención con algunas consideraciones de carácter
metodológico, ya que a fin de cuentas en esta Cámara aprobamos los
Presupuestos Generales del Estado -eso abarca al Estado, a los
organismos y a la Seguridad Social- y definimos las relaciones que
desde la Administración central se establecen con el conjunto de las
administraciones territoriales. Lo hicimos en una unidad de acto, un
acto político que conlleva actos sucesivos, en esta Comisión de
Presupuestos y en el Pleno del Congreso y ahora vamos a analizar
separadamente algo que no aprobamos del mismo modo. Es decir, algo
que forma parte del primero de los agentes de la Administración
central española, de las administraciones públicas españolas, el
Estado, lo vamos a aislar a la hora del control cuando no lo hicimos
en el momento de la aprobación. Lo hemos aislado en una doble
circunstancia, a la cual hacía alusión anteriormente la señora
secretaria de Estado, y es que en la Comisión de Economía analizamos
la evolución del ingreso -ella ha tenido la gentileza de reiterar el
análisis del ingreso en la Comisión de Presupuestos-, pero aquí vemos
fundamentalmente también los gastos. Vemos en esta Comisión ingresos
y gastos del Estado; sin embargo, sin pretender en modo alguno
someter a doble examen partidas o elementos de la actividad
financiera pública, cabe la posibilidad de que se nos escape el
control de algunos organismos, existiendo un hecho que no se refleja
en esta Comisión, como es la evolución de un agente que tiene un peso
del 40 por ciento dentro de la Administración pública española: la
Seguridad Social. Deberíamos tener alguna vez en esta Cámara la
ambición de analizar conjuntamente los ingresos y los gastos de esa
serie de agentes que constituyen la Administración pública española,
ya que, si la tuviéramos, cumpliríamos con uno de los objetivos del
Parlamento, esto es, fijar su ojo sobre todos los ingresos y los
gastos, sin que ninguna parte de la actividad financiera pública
escapase a su vigilancia. Se trata de un tema que a lo largo de las
próximas semanas ocupará mucho más la atención de los señores
diputados que la de los miembros del Ejecutivo, pero que tiene que
ver con una relación institucional distinta a la que históricamente
ocurrió. El Parlamento ya no es el lugar en el que se establece una
colisión política entre el Gobierno y la oposición, sino que hay
algunos elementos institucionales de colaboración, y deberíamos ser
capaces de que los mecanismos de control se auspiciaran en nuestra
Cámara. Los mecanismos de aprobación están correctamente definidos,
pero yo soy de los que creen que Las Cortes españolas tienen un
déficit en los mecanismos de control que todos, cualquiera que sea la
mayoría que gobierne o el lugar que ocupe la oposición, deberíamos ir
mejorando en los próximos años.

La segunda consideración de tipo metodológico hace referencia a la
clase de información que se nos proporciona. El Ministerio de
Hacienda -lo dice un funcionario de aquella casa- tiene muchas
virtudes, siendo una de ellas que domina relativamente bien la
policromía en sus libros. Yo tengo aquí un libro amarillo, hoy
estamos analizando un libro morado y -me dicen que además hay uno
rojo- tenemos otro verde. Esta policromía responde a la existencia de
distintos documentos que aparecen en diferentes momentos, cumpliendo
una finalidad diversa. El libro amarillo es un libro de presentación,
el rojo por lo visto es un libro de presentación más las enmiendas
introducidas por el Congreso y por el Senado, el libro morado nos
permite ver el grado de cumplimiento del Estado y el libro verde
contiene una liquidación del conjunto de las administraciones
públicas, obedeciendo a un requerimiento de un decreto establecido
por la Unión Europea, el Decreto 3605. Dicho libro trata de ver en
qué medida las administraciones públicas españolas cumplen con sus
compromisos de estabilidad. El jueves pasado el Gobierno nos envió el
libro morado e hizo público en los medios de comunicación social una
primera -supongo yo- evaluación del comportamiento financiero del
conjunto de los agentes que constituyen la Administración pública
española. La señora secretaria de Estado se ha referido a los datos
del año 2000, en relación con lo cual yo le diría dos cosas. El libro
verde es casi clandestino en esta Cámara, que tiene una fuerte
tradición de discutir el presupuesto con lo que se tiene
inicialmente, careciendo de una tradición rigurosa e intensa de
debatirlo con su grado de cumplimiento, con el análisis final. ¿Por
qué no hacemos normal lo que es normal? ¿Por qué no hacemos normal en
esta Cámara lo que es normal en la realidad? Ustedes disponen del
avance de 1999 y ya tienen un análisis completo del año 2000. Mi
grupo considera que quizás fuera bueno que nos planteáramos no
esperar al mes de septiembre para conocer la actuación económica y
financiera de las



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administraciones públicas y evaluarla. Desde luego, nosotros le
instamos para que usted comparezca cuanto antes y nos explique cómo
se ha comportado en el año 2000 el conjunto de las administraciones
públicas españolas: el Estado, los organismos, la Seguridad Social y
los entes territoriales. Ese sería un avance importante y
contribuiría a que cumpliéramos mejor la finalidad para la cual hemos
sido elegidos.

Usted, doña Elvira, ha empezado su intervención, quizás como lo han
hecho otros miembros del Gobierno que han comparecido en la Comisión
de Economía o en la de Presupuestos hace pocos días, haciendo una
valoración de tipo general; habiendo dado su opinión sobre la marcha
de la economía tiene todo el sentido del mundo que nosotros hagamos
también una consideración breve, tan breve como la que ha hecho
usted, sobre cómo vemos el momento coyuntural. El año 2000 ha sido un
ejercicio peculiar desde el punto de vista del funcionamiento del
servicio económico, ha sido un año en el que el primer trimestre fue
de clara expansión, que se había iniciado en los ejercicios de 1998 y
1999, y que tiene su cénit en el primer trimestre del año 2000. Es el
momento más alto de la actividad económica, y desde el punto de vista
de la vinculación entre actividad económica y sistema tributario es
el momento también en el que el ciclo tributario adquiere mayor
intensidad. Pero ahí se produce un giro que establece algunas dudas
durante dos trimestres y que, con la información disponible, en el
cuarto trimestre parece que se decanta por una desaceleración
relativamente notoria; y digo que parece, porque uno de los problemas
que tiene en este momento hacer análisis coyunturales en España son
los procedimientos estadísticos que se utilizan. Es decir, los
mecanismos de ciclo tendencia, que son los que se han puesto de moda
a lo largo de los últimos años y que se diferencian en alguna medida
de los corregidos de variaciones estacionales por una suavización de
la evolución de las series. Las almidonan, planchan y hasta encañonan
-encañonar en el sentido de endurecer la marcha de los indicadores-.

(Risas.) ¿Y qué sucede? Una cosa relativamente divertida que está
ocurriendo en estos meses, que cada vez que sale un dato por debajo
del ciclo tendencia se produce un fenómeno muy curioso que es el
regocijo de los analistas y un poco el enfado del Gobierno. Todos los
datos que han aparecido las últimas semanas y seguramente los que van
a aparecer las próximas semanas se sitúan por debajo de la previsión
del ciclo tendencia, y los analistas desde una perspectiva crítica se
dirigen al Gobierno diciéndole: Ahora ya no estamos en el 3,6. Seamos
sinceros, el objetivo de crecimiento del 3,6 por ciento no es un
objetivo que alguien fijara in illo tempore, sino que fue el del 1 de
octubre de 2000 para esta Cámara, y estamos a 6 de marzo de 2001 y ya
nadie se apunta al 3,6. Montoro lo abandonó el otro día en una
conferencia dada en Madrid, dijo que no era malo crecer al 3 por
ciento. Yo no sé si es bueno o
malo, yo no voy a entrar en la bondad o no de ello; el crecimiento
económico es como tantas cosas en la vida: a la fuerza ahorcan.

Seguramente, se hubiera seguido postulando un crecimiento de 3,6 por
ciento si hubiera sido posible. Hoy hay quien cree que el bucle que
se inició en el año 1995 en la economía española ha llegado a su
etapa final y que la tendencia, analizada de otra forma, dice que en
el año 2001 nos vamos a situar en un objetivo del crecimiento del 2,8
por ciento, que es la tasa de tendencia de los últimos 15 años, y eso
sí que me preocupa porque cuando ocurre este tipo de fenómenos la
evolución de los estabilizadores se desencadena. Puede ocurrir que en
el segundo semestre de 2001 la marcha de los ingresos sea distinta a
la que ha experimentado durante el año 2000. Por tanto, estamos en un
problema de nivel, de cambio de tendencia y de ritmo. Ese es el final
y, desde luego, eso se va a tener que ver en la evolución de la
economía española y va a tener un correlato en el comportamiento de
los agentes económicos públicos a lo largo del próximo ejercicio. Han
sido años buenísimos desde la perspectiva del ingreso, buenísimos. No
sé si todavía la composición entre crecimiento y nivel de precios,
que hace que en realidad el nominal no caiga, pero que pone de
relieve que la inflación es un impuesto, va a permitir que el caudal
de recursos tributarios que se ha venido manejando a lo largo de los
últimos años siga creciendo al mismo ritmo; es posible que así sea.

No nos molestaría a nosotros que así fuera, pero también sabemos que
la evolución de algunas magnitudes por el lado del gasto no tenga una
pulsación tan moderada como han tenido a lo largo de los últimos
años.

Situándome en el análisis del documento, que está bien confeccionado
y es rico, que nos ha proporcionado la Administración y que será
objeto de atención por mi grupo en sucesivas iniciativas, de él se
deducen una serie de hechos que sí quisiera poner de relieve. Usted
ha manejado correctamente la evolución del déficit público en
términos de caja y la evolución del déficit público del Estado en
términos de contabilidad nacional. En términos de caja el ingreso ha
crecido -como bien ha dicho- en un 7,5 por ciento y los pagos han
crecido el 3,8 por ciento, eso ha permitido una reducción
significativa del déficit público que se sitúa en 404.000 millones de
pesetas; en términos de contabilidad hay algunas pequeñas
diferencias, el crecimiento de los recursos, de los ingresos ha sido
del 7,6 y de los empleos del 4,7. En ese otro método de medir el
funcionamiento de las cuentas públicas, el déficit se ha situado en
626.000 millones de pesetas, un 0,6 por ciento del producto interior
bruto calculado para el año 2000. Esto pone de relieve un hecho, (al
menos, para mí, que no llevo mucho tiempo en esta Comisión y que
hacía bastantes años que no me dedicaba a este tipo de análisis),
que, cuando se ven los datos que usted ha proporcionado y cuando uno
se acerca inclusive al libro verde del presupuesto, al menos en los
años 1999 y 2000 los



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recursos han crecido por encima de los empleos en el conjunto de las
administraciones públicas y me atrevería a decir que en todas y cada
una de las mismas. Los recursos durante el año 1999 crecieron en las
administraciones públicas el 8,2, en el Estado el 8,8, en la
Seguridad Social el 7,9 y en el INEM el 7,1. Los recursos del Estado
son los que más crecen en términos de porcentaje frente a unos
empleos que para las administraciones públicas fueron el 4,4, para el
Estado el 3,3, para la Seguridad Social el 6,2 y para el INEM el 6,1.


Por tanto, han sido unos años excepcionalmente buenos para los
recursos que han justificado algunos hechos de los cuales hablaré
posteriormente y además lo han hecho por encima del PIB. En el año
1999, si no me falla la memoria, el nominal del PIB fue del 7 por
ciento, y prácticamente todos los porcentajes de recursos que he
citado están por encima de esa magnitud. ¿Qué pasa en 2000? En 2000
pasa algo parecido. Tengo muchísimo menos información -también usted,
simplemente por el hecho de que estamos en el mes de marzo-, pero por
lo que he podido deducir de estas volantinas que reparte el señor
Cabanillas bajo el epígrafe de El Gobierno informa… (Risas.) No se
rían, las volantinas son una cosa a la cual yo tengo muchísimo
cariño, porque hubo un tiempo en España en el que la política se
hacía con volantinas; era aquel tiempo en el que el señor Cabanillas
hacía cola en la plaza de Oriente. (Risas.) Da lo mismo. Los recursos
de las administraciones públicas crecieron el 7,5, en el Estado
crecieron el 7,6 y en Seguridad Social (aquí me manejo mucho peor,
entre otras cosas porque solamente conozco datos hasta el mes de
octubre) tengo la sensación de que los recursos no financieros han
crecido el 10,5 y las cotizaciones el 9,9. Es decir, vemos una
economía que crece el 7,5 y sus cotizaciones sociales crecen el 9,9.

Esto es una bendición del cielo, pero conviene que maticemos algunas
afirmaciones sobre cuáles han sido los agentes generadores de algunos
puntos de equilibrio.

Si en lugar de hablar de recursos hablamos de obligaciones, las de
las administraciones públicas crecieron el 5,3, para el Estado
crecieron el 4,7 y, por lo que he podido deducir -tengo muchísima
menos seguridad-, el gasto en la Seguridad Social ha crecido el 7,3 y
en prestaciones el 7 por ciento. En cualquier caso, los recursos han
ido por encima de los empleos, los recursos han ido por encima del
nivel de crecimiento del PIB nominal. Esto es un hecho y nosotros nos
preguntamos si es mantenible en el tiempo, porque si en lugar de
hacer el análisis ejercicio sobre ejercicio lo hacemos inicial sobre
final, también tenemos algunos datos que son reveladores. En el año
2000 los ingresos crecieron un billón - cuesta decirlo-, 1,007
billones, con un incremento del 7,6 por ciento, y los gastos
crecieron 385.000 millones, como usted bien ha dicho, con un
incremento del 3,8 por ciento. Por tanto, han sido años importantes,
no sé si repetibles. Yo no soy un liberal, como usted sabe y puede
entender, pero, en esa filosofía y con algunos de
los elementos de agresividad dialéctica que a veces utilizan los
liberales, me atrevería a decir que la sociedad ha hecho dos veces y
media más esfuerzo que las administraciones públicas en su conjunto.

El factor que contribuye al equilibrio de las cuentas públicas es un
tirón tributario -de cuya naturaleza luego hablaré-, que va
acompañado de una cierta moderación del gasto público.

Desde el punto de vista de los ingresos -usted ha hecho un análisis
correcto, coincido con él-, quiero poner de relieve un hecho y es que
en el año 2000 se inicia el ejercicio con un comportamiento muy
tenue, muy bajo, incluso negativo, de la imposición que grava la
renta -no me gusta eso de directos e indirectos-, sobre todo como
consecuencia de la reforma de 1999 y algunos problemas
administrativos en sociedades, y el final de la imposición que grava
la renta es esplendoroso en el impuesto de sociedades -y usted lo ha
dicho con todo rigor y con toda precisión-; en cambio, en la
imposición indirecta las cosas han ido de otra manera. El nivel de la
coyuntura declarada por las grandes empresas, según nos expresaron
sus compañeros hace 15 días, sigue siendo sólido, pero el IVA
operaciones interiores crece el 1,9, en una economía que está
creciendo al 7,5. Le digo esto simplemente como elemento de
reflexión. Respecto al análisis de los datos que usted nos ha
suministrado yo quisiera decir algunas cosas porque a la Hacienda
pública, en general, le corresponde aportar una cierta visión de la
política, de la sociedad y de la economía, y esa visión de los que se
dedican, profesional o políticamente, al mundo de la Hacienda pública
tiene alguna trascendencia. Nosotros vamos a analizar hoy aquí el
control de 20 billones de pesetas de un presupuesto consolidado del
año 2000, que eran 36 billones de pesetas, por lo tanto, nos vamos a
situar en torno al 55 por ciento. Cuando nos acercamos a ese agente
que tiene una actividad financiera situada en torno a 120 millones de
pesetas, lo primero que me pregunto es, ¿a qué se dedica este agente?
Eso es muy importante porque es el primer agente económico de España
y el primero de las administraciones públicas españolas. Este agente
hace tres cosas: transfiere dinero, paga aquellos servicios que
adquiere en el mercado a sus funcionarios públicos y al sistema
financiero y, presta algunos servicios públicos ¿En qué proporción
hace cada una de esas tres actividades? Usted ha dicho, y bien, que
el peso de las transferencias corrientes de los 20 billones se sitúa
en el 60 por ciento. Si a eso le añadimos lo que le corresponde al
pago de los funcionarios que en otro momento le sirvieron, es decir
las clases pasivas, y le añadimos lo que tiene que pagar por
intereses del dinero que le pidió al sistema financiero, nos
encontramos con un agente que tiene comprometido el 84 por ciento del
gasto que realiza. Si uno compara ese compromiso del año 2000 con el
del año 1999, ve que en éste era el 82 y algo. Tengo la sensación de
que el carácter transferidor del agente Estado no solamente no se
modera, sino que se acentúa. Recuerdo haber manejado



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cifras de esta naturaleza en el debate presupuestario. Nos
encontramos con un agente que con una mano coge dinero y con otra lo
da ¿A quién? La simple enumeración de los beneficiarios de las
transferencias pone de relieve la rigidez con la cual se está
moviendo el presupuesto público del Estado en España y se va a mover
en el próximo futuro. Este es un problema que con alguna perspectiva
las fuerzas políticas que tengan voluntad de permanencia en una
Cámara como ésta se tienen que plantear. Si los grados de libertad
del presupuesto no son muy altos ¿qué le queda a este Estado una vez
que ha hecho esas dos operaciones, la de transferir y la de pagar
a las clases pasivas del Estado y al sistema financiero? Le queda poco.


En 1999 le quedaban 3,4 billones y en el 2000 3,2 billones para pagar
el gasto de personal (excluidas clases pasivas), para pagar la compra
de bienes y servicios y para hacer frente a las inversiones reales.

Son 3,2 billones de pesetas para hacer una modernización importante
en el seno de la sociedad española y para tratar de elevar el nivel
de calidad de los servicios en España. O nos planteamos algunas cosas
con seriedad o en el próximo futuro no van a funcionar con la
simplicidad o con la sencillez que a veces queremos.

Quiero moverme deliberadamente en el margen de las disponibilidades
de recursos que tiene el agente Estado en España. Las
disponibilidades se ven fundamentalmente por la inversión real y por
las transferencias. Cuando uno se acerca a la marcha de la inversión
real y de las transferencias y compara obligaciones, es decir, la
parte central del documento y la parte más importante del proceso de
gestión del gasto público, que está en las obligaciones reconocidas;
si uno compara obligaciones de 1999 con obligaciones de 2000 en el
capítulo de operaciones de capital, ve que han crecido el 0,8 por
ciento. Usted ha dicho separadamente -y tiene derecho a decirlo-, que
las inversiones reales crecen el 8, las transferencias decrecen el 5
y el cómputo total crece el 0,8 por ciento. Es decir, que el total de
obligaciones, si mis datos no me fallan, reconocidas en el conjunto
de operaciones se ha incrementado en 741 millones de pesetas entre
ambos ejercicios. De ese incremento de 740.000 millones de pesetas, a
las denominadas operaciones de capital única y exclusivamente les
corresponden 16.300; en un Estado que tiene poco margen, que tiene
muchos compromisos, que tiene además una capacidad para hacer frente
a una de las demandas más importantes de esta sociedad, de 740.000
millones en que se ha cifrado el incremento de las obligaciones
reconocidas en operaciones totales 16.000 corresponden a los empleos
de capital. Esto plantea algunas cuestiones en las que no querría
poner mucho énfasis, pero sí decirlas. En la Administración pública
española hay algunos vicios históricos. Yo no voy a hacer
consideraciones que sean imputables a la última Administración, yo he
vivido como funcionario y como responsable político la Administración
pública española y creo que tengo capacidad para entender algunas
cosas que ocurren. Aquí hay algunos vicios de funcionamiento
que cuesta mucho superar. Se pagan las transferencias, se
paga el sueldo, se paga fundamentalmente el gasto corriente, se paga
la deuda, y el grado de cumplimiento del presupuesto en esos
capítulos es el que usted ha dicho, el noventa y tantos por ciento.

Ahora, cuando uno se acerca a las inversiones reales y a las
transferencias de capital, la cosa es diferente.

En esa información que a veces desaparece de Internet (tenemos que
estar durante semanas y semanas viendo si el servidor tiene ya el
dato de octubre, noviembre o diciembre), una de las cosas más
curiosas es que, cuando uno ha ido viendo a lo largo de los últimos
meses cómo se ejecutaba el gasto público en operaciones de capital,
se percibe que en octubre había un modestísimo 51,1 por ciento, en
noviembre había un poco más, el 58,8 por ciento, y en diciembre ya
hay el 92,7 por ciento. Apelo a mi vieja condición de funcionario.

Cuando una administración entre noviembre y diciembre pega un salto
cualitativo del 58,8 al 92,7, yo me malicio que no todo se hace bajo
el principio de calidad. Ese es un vicio que deberíamos ser capaces
de cambiar en la Administración española, no ver a los subsecretarios
firmar toneladas y toneladas de expedientes en las últimas semanas
del mes de diciembre para poder cumplir el objetivo del presupuesto.

En eso habría que hacer un esfuerzo importante. Por tanto, algo está
pasando en operaciones de capital, algo está pasando en el ritmo de
ejecución de operaciones de capital. ¿Y qué está pasando en pagos?
También ha sido un buen año de pagos, los pagos han crecido un 3,5
por ciento respecto de los de 1999. Ahora, se ha pagado más en
operaciones corrientes que en operaciones de capital. En operaciones
corrientes el incremento es del 4,4, y en operaciones de capital hay
un decrecimiento del 1,5 por ciento, con los datos del libro que
usted nos ha proporcionado. Los pagos financieros, en el conjunto de
las operaciones, han aumentado en 732.000 millones de pesetas, si
bien en las operaciones de capital se han reducido en 31.000 millones
de pesetas, el 1,5 por ciento. Entre lo que se fue quedando por ahí,
porque no se comprometieron las obligaciones y lo que no se ha
pagado, algo así como 83.000 millones de pesetas en operaciones de
capital se han dejado por ahí. Usted ha dicho, y me alegra haberlo
oído, que usted cree en el ciclo; a mí me parece estupendo. La verdad
es que ha habido unos años en que parecía que íbamos a descubrir la
fuente de la eterna de juventud y que aquel objetivo que Ponce de
León no fue capaz de encontrar en ninguna isla del Caribe, Greenwich
y sus discípulos lo habían encontrado en Estados Unidos y lo habían
exportado a algunos pensadores de la Europa continental. Mire usted,
no; hay ciclos y hay también un papel para el Estado. Yo no soy de
los que cree que el Estado tenga extinguidas sus obligaciones en esta
sociedad. Es más, creo que el Estado está experimentando una
importante metamorfosis que le lleva a una serie decompromisos que
son muy importantes: en infraestructuras,



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en comunicaciones, en innovación tecnológica, en formación del
capital humano y en I+D. Y ese tipo de compromisos se ve no solamente
en la parte de liquidación de los créditos sino también en la del
presupuesto de activos, que tan intensamente se ha venido
desarrollando a lo largo de los últimos años en la Administración
española. Ha habido demasiadas cosas que han pasado de los capítulos
I y VII al VIII y al IX. Esa permisividad que se toleró para cumplir
el objetivo de Maastricht debería retornarse porque, si no, vamos a
tener ahí una especie de banco dentro del presupuesto cuyo
comportamiento habrá que analizar algún día.

En cualquier caso, el presupuesto de activos tiene un grado de
realización inferior al de liquidación y lo tiene en el 75 por
ciento. Es verdad que usted ha dicho que hay tres tipos de activos:
los préstamos, las adquisiciones y las aportaciones. Las aportaciones
es el activo que mejor se ha comportado, pero en ellas hay un tipo de
préstamos que se dedican a una actividad muy sensible y muy
estratégica para el futuro de la sociedad española, que son los
llamados proyectos tecnológicos. Estos han tenido en el presupuesto
del 2000 una dotación de préstamos de 283.000 millones de pesetas,
pero las obligaciones reconocidas se han quedado en 209.000, se han
quedado por debajo en la cifra de 74.000 millones, y es una lástima
por el tipo de proyectos de los que se trata. Aquí se produce un
fenómeno sobre el cual yo quisiera reflexionar. Si uno se acerca al
crédito inicial o al crédito final este es un mundo maravilloso, este
tipo de créditos crece el 21 por ciento, y como en esta Cámara sólo
se discute seriamente el inicial, la imagen que se crea es la de que
estamos aprobando en el Parlamento una dotación elevada a favor de
este tipo de actividades; un 21 por ciento con los ratios que estamos
manejando en los últimos años es un gran crecimiento. Cuando uno se
va al análisis de las obligaciones se da cuenta de que de ese 21 por
ciento tan sólo se ha comprometido un 74 por ciento; que además los
pagos del ejercicio se han reducido en 22.000 millones de pesetas;
que, por si fuera poco, los préstamos concedidos habían sido de
171.000 millones en 1999 y son solamente 110.000 en el ño 2000, es
decir, que se ha perdido en el camino el 35 por ciento; y al
finalizar el ejercicio uno se da cuenta de que están pendientes de
pago en este tipo de activida- des 117.000 millones de pesetas,
cuando en el ejercicio anterior tan sólo estaban pendientes de pago
19.000 millones de pesetas. Por tanto, mi escepticismo también se
manifiesta en este tipo de fenómenos, porque hay créditos que
simplemente se aprueban para salir en el periódico, dicho sea en
honor a la verdad, y hoy en día somos muchos los que lamentablemente
nos sorprendemos de que el sistema de ciencia y tecnología de esta
sociedad tenga la cantidad de problemas que tiene y salga a la luz
pública con la frecuencia que sale.

Termino, y le agradezco al señor presidente su amabilidad, y desde
luego le agradezco su atención a la señora secretaria general. Ha
dicho una cosa que es
cierta y legal, y figura en el frontispicio del documento que nos ha
distribuido. Ha hecho alusión a un hecho singular en el ejercicio de
2000, y es que hay una transferencia de la Seguridad Social al Estado
por 314.000 o 315.000 millones de pesetas. Ya figuraba en el avance
de la liquidación del presupuesto de 2000 y se ha materializado en
estos meses. Eso no indica nada más que una cosa, y es que la
Seguridad Social tiene en este momento una holgada situación
financiera -y créame que yo soy de los que se congratulan de esa
situación-, y como consecuencia de ella está en condiciones de
devolver una buena cantidad de dinero al Estado. Pero yo me pregunto
algunas cosas que tienen que ver con ese objetivo que usted señalaba
antes de llevar a cabo la separación de fuentes entre el Estado y la
Seguridad Social. En una sociedad como la nuestra, en la que son más
de tres millones de ciudadanos los que tienen una pensión inferior a
70.000 pesetas, yo no sé hasta qué punto no hubiera sido más lógico,
en lugar de proceder a devolver 314.000 millones de pesetas a la
Administración central para que equilibre su presupuesto, para que
financie con ese equilibrio alguna carretera o alguna oficina de
Correos -pensando que en el futuro pueda haber alguna dificultad, y
puede que ocurra que las cotizaciones no crezcan al 9,9 por ciento
como lo estaban haciendo hasta octubre de 2000-, incrementar esa
dotación del fondo de reserva. Si sobraba presupuesto en Seguridad
Social en torno a un 314.000 ó 315.000 millones de pesetas, se
debería haber sido más ambicioso y haber dotado el fondo de reserva
no con 90.000, sino con alguna cantidad superior, para que alguna vez
podamos decir públicamente que los pensionistas españoles tienen
garantizado algo más de un mes, porque al ritmo que van las
dotaciones de ese fondo, lo que podemos garantizar son algunos días.

Por tanto, en un ejercicio tan excepcionalmente bueno como éste, tan
importante en recursos, en el que la Seguridad Social puede que tenga
un superavit de 1,3 billones de pesetas también, yo hubiera hecho una
política menos favorecedora de un comportamiento financiero
conservador. No dejo de decir una cosa: la evolución alcista de las
cotizaciones está sirviendo fundamentalmente para acentuar la
agresividad del resto del sistema tributario.

He empleado mucho tiempo. Le pido disculpas a usted, señor presidente
y le doy las gracias a usted, señora secretaria de Estado, porque me
consta que ha prestado atención a mis palabras.




El señor PRESIDENTE: En la medida en que sólo hay dos grupos
parlamentarios presentes que van a intervenir en el debate, he sido
más flexible con su tiempo; de otro modo no hubiese podido serlo.

El señor Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Quiero comenzar por felicitar a
la secretaria de



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Estado de Presupuestos por la capacidad de síntesis que ha acreditado
en la presentación de lo que es objeto de esta comparecencia, aunque
pudiera parecer que no lo es, cual es la presentación de los datos de
ejecución presupuestaria del año 2000. Ciertamente uno no deja de
estar aturdido por la intervención que me ha precedido, del señor
Fernández Marugán, porque me ha costado reconocer si se estaba
refiriendo a datos de ejecución presupuestaria del año 2000, ya que
el señor Fernández Marugán hablaba de déficit de control. Yo he
echado de menos la acción de control de las políticas del Gobierno en
materia presupuestaria, que era lo que algunos en principio teníamos
como objeto de esta comparecencia. Ciertamente, voy a intentar
reconducirlo a esa cuestión. El señor Fernández Marugán hacía una
referencia a que estaba preocupado por el déficit de control, en
concreto el déficit de control cromático de los libros presentados
por el Gobierno. La vida me parece que en principio y para empezar es
de colores y la gestión del Gobierno del Partido Popular no se puede
decir que sea gris de ninguna de las maneras, sino todo lo contrario.


De ahí quizá la inclinación de los funcionarios del Ministerio a dar
cierto colorido a los libros que presentan los magníficos resultados
de gestión presupuestaria del Gobierno del Partido Popular.

Ciertamente esto puede parecer dicho con cierta socarronería, pero
hay que recordar al señor Fernández Marugán que en otras ocasiones
los libros se presentaban de otros colores, los números rojos
aparecían con más profusión de lo que se acostumbra últimamente, y
esto debería de movernos a una primera reflexión. No se si de todo lo
que ha formado parte de la intervención del señor Fernández Marugán
se puede desprender que se felicita o no al Gobierno del Partido
Popular en la gestión presupuestaria en relación con el año 2000.

Quiero empezar por decir que es fácil felicitar, incluso al Grupo que
sustenta al Gobierno del Partido Popular, cuando ya la Comisión en
los últimos tiempos (nada proclive a estar ubicada políticamente en
posiciones parecidas a las del Partido Popular, sino todo lo
contrario) lo hace sin disimulo y felicitando por las políticas
implementadas por el Gobierno del Partido Popular desde la
presentación del ya viejo escenario del año 1998, el programa de
estabilidad 2000-2004, que ha sido renovado, como digo, con
felicitaciones por parte de la Comisión. Esto hubiera podido formar
parte no sólo de la intervención de este portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, sino de algún otro, que hubiera sido lo justo,
como digo, porque como españoles nos ha de mover a cierto ánimo de
regocijo, -aunque no de plena satisfacción, de ninguna de las
maneras-, el que lo que al menos el Gobierno presenta en términos
políticos está planteado de conformidad con lo que se espera de un
Estado que promueve el bienestar e instrumentos de consolidación del
crecimiento como lo está haciendo, sin ningún género de dudas, en los
últimos cinco años, y ésta es una realidad que es incontestable.

También me quiero felicitar como grupo parlamentario porque he
intuido en la intervención de la oposición -y quiero dejar aquí las
referencias con relación a la intervención de la oposición- cierta
dificultad extraordinaria para articular una política de alternativa,
una política de oposición sobre los resultados presentados por el
Gobierno; he intuido cierta extraordinaria dificultad en encontrar,
dentro de los resultados presentados por el Gobierno esta mañana en
materia presupuestaria, instrumentos, argumentos de oposición que
sean fáciles de reconocer. Ha sido extraordinariamente difícil
reconocer precisamente en qué se puede basar el no rotundo que
recibieron los presupuestos del año 2000 en esta Cámara por parte del
principal grupo de la oposición. El año 2000 -cuya ejecución se
presenta hoy- mereció obviamente la presentación de una enmienda de
devolución del presupuesto, porque se decía que era malo, que no era
creíble, que no servía para consolidar el crecimiento de la economía
española, que no servía para consolidar el crecimiento del empleo en
España, que no servía para modernizar las infraestructuras en España,
que no se incrementaba suficientemente el nivel de gasto en
infraestructura de crecimiento para España, que los escenarios de
consolidación fiscal no eran creíbles, que el esfuerzo de reducción
no se hacía sobre el gasto corriente, y se seguía hablando en aquella
época -estamos hablando tan sólo de hace año y pico- de que se
incrementaban los impuestos en España, cuando la realidad ha sido
contestada de forma contradictoria por las posiciones de otros
grupos, y la realidad está siendo la que ha sido presentada por la
secretaria de Estado en esta mañana. Queda por preguntarnos en esta
acción de control al Gobierno si es bueno o es malo que la ejecución
presupuestaria del año 2000 haya ascendido al 98 por ciento, que pone
bien de manifiesto la eficiencia y eficacia de la Administración
española en cuanto a la ejecución de la previsión que el Parlamento
aprueba anualmente con ocasión del debate presupuestario. Es un
magnífico dato que hay que resaltar, y la pregunta es si esto a otros
grupos políticos les parece que está bien o mal. La realidad es que
estamos hablando de una ejecución del 98 por ciento. Acerca de si es
bueno o malo o es un buen resultado de carácter económico y político
para España que los gastos hayan crecido por debajo del PIB real en
un 3,8 por ciento y los ingresos hayan aumentado un 7,5 por ciento,
cuando además ha habido una reforma profunda del sistema fiscal
español en cuanto a la renta personal de los españoles, la opinión
del Grupo Parlamentario Popular es que se trata de un magnífico dato
que los gastos sigan creciendo por debajo de la creación del PIB
real, más aún cuando el esfuerzo hubiera sido más señalado del 2,7
por ciento, como ha indicado la secretaria de Estado de Presupuestos,
de no existir algo que era un compromiso de toda la sociedad
española, una deuda histórica que se mantenía con nuestro sistema de
pensiones,



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que era ni más ni menos que separar las fuentes de financiación de la
Seguridad Social. En este empeño el Gobierno ha dedicado buena parte
de sus esfuerzos en materia presupuestaria, y estaríamos hablando de
una cifra más elocuente aún que de este 3,8 por ciento, que sería de
un 2,7 por ciento. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Es bueno o es
malo que este crecimiento por debajo del PIB real se produzca en
menor término de lo aparentemente posible por parte del Gobierno,
cuando el esfuerzo se hace pivotar fundamentalmente en la separación
de fuentes de financiación de la Seguridad Social? En opinión del
Grupo Parlamentario Popular es bueno que esto se haya hecho y que el
esfuerzo haya pivotado en torno a este importantísimo aspecto de
nuestra política de pensiones y de protección social.

También hay que preguntarse, con respecto a los datos presentados por
la señora secretaria de Estado, si las modificaciones de crédito que
en el año 2000 cayeron un 23 por ciento hasta los 736.000 millones de
pesetas es un buen dato o no lo es. Si tenemos en cuenta que son las
modificaciones más bajas desde el año 1996 -lo que quiere decir que
año tras año desde 1996 ha habido una notable disminución de las
modificaciones de crédito-, habrá que convenir, salvo que no se
quiera hacer un juicio justo de lo que ocurre en la ejecución
presupuestaria, que el dato es bueno; y esto no es de forma casual,
sino que ocurre como consecuencia de lo iniciado en el año 1996,
cuando, por cierto, la señora secretaria de Estado era directora
general de Presupuestos y grandes dificultades tuvo el Grupo
Parlamentario Popular en concreto para zafarse de las críticas sobre
aquella, que uno considera ya vieja, Ley de disciplina presupuestaria
con la que comenzó esta tendencia de modificación del tipo de gestión
presupuestaria que se iba a hacer en España. Esto, que comenzó en el
año 1996, se salda hoy, en términos de modificaciones
presupuestarias, con esta reducción de 23 por ciento con respecto al
ejercicio anterior. Quiero recordar que las cifras, cuando se aprueba
aquella Ley de disciplina presupuestaria, superaban el billón de
pesetas. En aquella época, si se aprobó apresuradamente en opinión de
algunos -ciertamente había necesidad de aprobar aquella ley con
celeridad-, se estaba haciendo frente a créditos pendientes por
720.000 millones de pesetas, y hoy este tipo de acontecimentos forman
parte del pasado de la gestión política del presupuesto español y no
queda prácticamente sombra alguna de este tipo de gestión.

En cuanto al gasto en inversiones reales, quiero recordar que uno de
los motivos en los que se fundamentaba el rechazo a los presupuestos
del año 2000 por parte del Grupo Socialista era el insuficiente
esfuerzo inversor del Estado con relación a sus posibilidades
presupuestarias. En materia de inversiones todo va a ser siempre
insuficiente, pero la realidad, vistos los datos de ejecución, es que
estamos hablando de un crecimiento de un 8 por ciento por encima casi
del billón
de pesetas. Había una preocupación en el mes de septiembre de este
año que movió a los portavoces de la oposición a pronosticar la
imposibilidad del Gobierno del Partido Popular para ejecutar el
presupuesto por encima de ratios de ejecución parecidos a ejercicios
anteriores. Se negaba la posibilidad de que se pudiera ejecutar el
presupuesto de inversiones por encima del 80 por ciento, incluso en
declaraciones hechas por el hoy portavoz de presupuestos en esta
Comisión. La realidad, según los datos proporcionados por la
secretaria de Estado de Presupuestos en esta mañana, es bien
distinta, pues se sitúa el avance alcanzado en la ejecución de
inversiones reales en el 92,7 frente al 91,6 del año 1999. Por lo
tanto, tampoco estamos en una mala trayectoria en lo que se refiere a
ejecución de inversiones reales, si bien es cierto que puede existir
alguna dificultad más de la que hubo en algún otro ejercicio para
ejecutar presupuesto de inversiones reales. De hecho, la modificación
que el Gobierno del Partido Popular introduce en la Ley de contratos
de administraciones públicas, reduciendo en cierto modo las
posibilidades de discrecionalidad de la Administración para poder
ejecutar gasto público, en principio puede disminuir las
posibilidades de ejecución; sin embargo, fíjese cómo poniendo cuidado
en el ejecución de gasto público, especialmente en materia de
inversiones, se pueden obtener resultados como los que ofrece en el
día de hoy el presupuesto público de España.

Me ha parecido llamativa la ausencia de cualquier referencia por
parte de la oposición al déficit del 0,3 por ciento con respecto a
las políticas vividas no digo hace muchos años, hace dos años, tres
años, cuatro años, que, en definitiva, es objeto de la comparecencia
de hoy. Yo aventuro que esto posiblemente sea porque el jueves habrá
que hacer referencia al debate sobre la necesidad o no de mantener el
equilibrio presupuestario en España. Estamos afirmando y se puede
afirmar hoy que en España se vive actualmente una tendencia
decreciente en cuanto a materia de déficit público, que hay que
reconocer, y habrá que plantearse si estamos en una tendencia que
resulta favorable para los intereses de los españoles o no. En
nuestra opinión no sólo resulta favorable para los intereses de los
españoles, sino trascendental y absolutamente necesario el que esta
tendencia se blinde, como decía la secretaria de Estado de
Presupuestos. Quiero decir sin disimulo que nuestro grupo
parlamentario también está por esta opción de blindaje del equilibrio
presupuestario, pero no como tótem, como algún grupo político ha
querido significar. La eliminación del déficit presupuestario no es
en sí mismo el objetivo de política económica del Gobierno del
Partido Popular, sino que, en definitiva -y así ha sido explicado en
muchas ocasiones-, además de ser un objetivo de carácter estratégico,
no deja de ser más que un instrumento de vital importancia para
alcanzar dos objetivos fundamentales que son la convergencia real con
el resto de países de la Unión y consolidar



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un sistema de bienestar social, de bienestar público, muy a pesar de
los argumentos en contra con los que veníamos luchando de un tiempo a
esta parte con relación a si el equilibrio presupuestario favorecía o
no políticas de consolidación del sistema de bienestar.

Parece que de nuevo los argumentos en contra de la oposición resultan
ser equivocados. Alguna vez se podrían apuntar a alguno de los
aciertos -alguno habrá habido en este tiempo- con relación a materia
presupuestaria, y ciertamente vendría a ser el momento no sólo de
reconocerlo, sino incluso de apostar decididamente por el equilibrio
presupuestario. Porque lo tremendamente difícil de articular
políticamente es que a los españoles les diga un grupo político que
no importa gastarse más de lo que uno recauda, siempre y cuando los
criterios de distribución del gasto estén fundamentados en la
protección de los gastos de carácter social, sobre todo cuando el
Gobierno, sustentado en un grupo político, está acreditando que se
pueden no sólo incrementar los niveles de bienestar, sino que además
se puede hacer reduciendo de forma significativa el gasto que esto
conlleva. Por lo tanto, ya sería hora de que, al menos como
aproximación a lo que debe ser bueno para la economía española y para
el quehacer del presupuesto público, se diga si se está de acuerdo o
no en que el equilibrio presupuestario es un escenario de carácter
político favorable para las necesidades de los españoles o no, y si
se está de acuerdo o no con lo que el 65 por ciento de los españoles
decía en una encuesta del CIS de hace no demasiado tiempo de que el
Estado no se gastara más de lo que ingresaba. Nuestro grupo comparte
esa idea, y prueba de ello es que va a defender el jueves el proyecto
de ley de estabilidad presupuestaria como un instrumento que
garantiza el crecimiento sostenido, el crecimiento saludable de
nuestra economía, es decir, si está de acuerdo o no con esta
sensibilidad que existe en la sociedad española: Las economías no
sólo familiares sino empresariales lo han entendido siempre y
perfectamente, y lo que trata de hacer el Gobierno del Partido
Popular es trasladarlo no sin dificultades -porque esto ha llevado un
tránsito, como digo, desde el año 1996- a la vía de lo público y al
trasunto de carácter presupuestario. Entraría en contradicción
manifiesta, ya que hay una sensación generalizada por parte de la
población española de que el equilibrio presupuestario es un elemento
saludable para la economía, que hay que proteger sin ningún género de
dudas. Tiene grandes ventajas; yo no quiero adelantar, ni lo voy a
hacer, cuáles son las ventajas de mantener escenarios de equilibrio
presupuestario de cara al futuro, pero los documentos que se han ido
aprobando en el resto de Europa van en esta línea. No parece que el
Consejo Europeo de Santa María de Feira, en junio de 2000, cuando
instaba a los Estados miembros a continuar el saneamiento de las
cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los
requisitos del Pacto de Estabilidad estuviera hablando de otra cosa
que no
fuera consolidar escenarios de equilibrio presupuestario en sus
presupuestos públicos ni parece que cuando, según los estudios de la
Unión Europea, las tasas de dependencia de Europa en el 2050 sean del
70 por ciento, la tendencia deba ser distinta. Tampoco parece
razonable no mantener criterios de equilibrio presupuestario cuando
lo que hay que hacer, como decía el señor Fernández Marugán y estoy
absolutamente de acuerdo, es buscar márgenes, más cuando se está
convencido de que los ciclos económicos siguen siendo algo que forma
parte del devenir de las economías de los Estados. Es imposible
buscar márgenes de este carácter si no es con escenarios de
equilibrio presupuestario. Esto parece que es una realidad difícil de
discutir, y sin embargo algún grupo político se empeña en no querer
ver esta realidad. Las afirmaciones contrarias forman parte de un
patrimonio político que no pertenece a las propuestas de futuro, sino
a otro tipo de visión de cómo debe ser el desenvolvimiento del
presupuesto público, que desde luego nuestro grupo parlamentario no
comparte.

A nosotros nos hubiera gustado poder debatir si son buenas o malas
las perspectivas pudiendo identificar un discurso más fácil por parte
de la oposición a la hora de reconocer si se está de acuerdo o no con
los réditos obtenidos por la política presupuestaria implementada por
el Gobierno en materia presupuestaria. Más allá de planteamientos
formales en la presentación de los datos por parte de la oposición,
esto nos sugiere una conclusión final: es muy difícil poner pegas
serias a la forma en que se está ejecutando el presupuesto público
español; que es difícil poner pegas a las políticas de consolidación
fiscal que ha puesto en práctica en España el Gobierno del Partido
Popular; que es tremendamente difícil poner pegar, más allá de las
formales, en cuanto a los datos de contabilidad nacional que ofrece
nuestro país al resto de países de la Unión; en definitiva, que a la
oposición cada vez le resulta hacer más difícil hacer precisamente
eso, oposición a las propuestas del Gobierno. Quizá lo fácil sería
que modificaran el discurso para, al menos en algún momento, estar de
acuerdo con que estas políticas están resultando saludables para los
españoles, están resultando saludables para el desenvolvimiento del
presupuesto público y que ésta es la senda y tendencia que debe
seguir nuestro país y no refugiarse en otro tipo de vivencias
-fácilmente reconocibles en el pasado- que nos llevaron a donde nos
llevaron: a déficit difíciles de soportar por nuestro presupuesto
público, a formas de gestionar el presupuesto que nos llevaban
permanentemente a repasar las políticas de consolidación fiscal y que
además no animaban a más escenario que el de la confusión, el de
aportar datos que después eran desmentidos por la realidad. En
definitiva, estamos ante una presentación más que razonable de la
ejecución presupuestaria, donde se ve claramente que ha habido una
mejora de la calidad en el gasto público y que ha habido un
reforzamiento del gasto social. Además, el comportamiento de las
recaudaciones tiene que ver con el desenvolvimiento



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general de la economía. Aunque sería adelantar argumentos que deberán
ser objeto de discusión el próximo jueves en el debate de totalidad
sobre la ley de estabilidad presupuestaria, todo esto que viene
ocurriendo desde el año 1996, desemboca no como objetivo final sino
como objetivo instrumental, en el desarrollo de nuestra política de
estabilidad presupuestaria.

Finalmente, quiero agradecer a la secretaria de Estado la profusión
de datos. Yo creo que incluso se ha adelantado a alguna de las
cuestiones planteadas por el señor Fernández Marugán, aunque me
imagino que tendrá la obligación casi formal de volverlo a repetir,
pero quiero agradecer el esfuerzo de síntesis que ha hecho. Ha sido
usted más breve en la presentación de los datos de ejecución que la
propia oposición a la hora de establecer su visión de esos datos.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las dos intervenciones que se
han producido, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Rodríguez
Herrer): Voy a tratar de ordenar las cuestiones que se han planteado
y a ver si soy capaz de responder a todas ellas. Intentaré ser
concisa.

En primer lugar, voy a hacer referencia a lo que decía el señor
Fernández Marugán en relación con cuestiones metodológicas. No voy a
hablar del color de los libros, que lo ponemos para que se
diferencien. El libro rojo pequeñito, que publicamos este año por
primera vez, es el libro amarillo con los datos actualizados del
presupuesto que ha salido de las Cámaras. Todos los años se hacía un
libro rojo con datos definitivos, que no era igual que el amarillo, y
habíamos observado que ese libro amarillo se usaba con mucha
frecuencia utilizando datos incorrecto, y este año, por economía de
medios y por facilitar la labor, el libro rojo se ha hecho
exactamente igual que el amarillo, por tanto, salvo que ustedes
tengan muchas notas en él, pueden coger el libro amarillo y tirarlo a
la basura, quedándose con el rojo, que tiene los mismos embuchados
pero con la información actualizada. Ése es un libro que tiene que
ver con el presupuesto aprobado, con los créditos iniciales y todas
esas partes que se tratan en él.

Los libros de ejecución, que es este libro que usted llama morado y
que yo llamaría guinda o rojo y el libro verde, son libros en donde
como consecuencia de los registros contables en determinados momentos
del año, se rinde la información de ejecución, como usted bien dice.

El problema que tenemos en este momento es de tempus. Si yo tengo que
venir en los primeros días de marzo o en los últimos días de febrero
a informar sobre la ejecución del presupuesto, sólo puedo informar de
la ejecución del presupuesto del Estado, que es la única que tenemos
en red, y cerrando las cuentas como las cerramos el día 31 de enero,
como dije al principio de mi exposición, incluso para hacer este
libro estamos un
poco cortos de tiempo. El libro verde, que incluye todas las
administraciones públicas y sabe usted que da primero datos
provisionales y después datos definitivos y que está muy volcado a la
visión de los datos en términos de contabilidad nacional, que no de
contabilidad presupuestaria, es un libro que necesita otro
calendario, pero creo que en la comparecencia que haga no sé si en
julio o en septiembre, no sé si en la de presupuestos o en la que si
ustedes quieren tengamos para hablar de ese libro, estaré encantada
de hablar de ello. Intentamos tener las cosas lo antes posible, pero
hay veces que resulta imposible.

Considero que no falta control de la Cámara respecto al Ejecutivo;
además, ustedes tienen un instrumento potentísimo, que es el análisis
de la cuenta general del Estado, cuyo ámbito se amplió con la Ley de
medidas del año 1999, si no recuerdo mal, o la del año 2000, porque
a veces tengo problemas para recordar el año justo, que ya se
corresponde con la totalidad de los presupuestos que aprueban en la
Cámara. Con un poco de retraso, aunque con bastante poco teniendo en
cuenta la demora del Tribunal de Cuentas, las Cámaras podrán discutir
detalladamente cuál ha sido la ejecución del Ejecutivo y además con
el informe técnico del Tribunal de Cuentas.

Voy a hacer ahora una pequeña referencia a la parte económica del
comienzo de mi exposición y a lo que ha manifestado S.S. Yo creo en
el ciclo, pero no soy determinista, señoría. Precisamente, el
Gobierno actúa con medidas de política económica para que ese ciclo
funcione de la manera que se estime más oportuna, es decir
produciendo crecimiento, convergencia real con el resto de Europa,
renta y mayor empleo. Voy a poner dos ejemplos. Nosotros trabajamos
con este esfuerzo en consolidación fiscal y cuando usted dice que se
produce sólo por el crecimiento de los ingresos, la voluntad plasmada
en los datos de ejecución, cuando se ve que los gastos no crecen ni
siquiera como crece el producto interior bruto en términos reales,
hace que el resultado al final sea consecuencia de los ingresos,
obviamente, pero también de los gastos. Estamos haciendo una suma
y una resta, una operación que nos da un resultado y al final da lugar
a una situación que no presiona sobre el sistema financiero de la
economía, sino que ayuda para que la economía privada se financie,
entre otras cosas, y genere empleo y riqueza. Una medida que se tomó
en el Consejo de Ministros de la semana pasada en relación con la
reforma laboral es otro ejemplo de cómo el Gobierno actúa para
trabajar sobre el ciclo, no limitándose a meditar y a descansar
esperando a que las fuerzas de la naturaleza actúen por sí solas. Por
tanto, creo en el ciclo, pero no soy determinista; el camino, como
decía el poeta, se hace andando y andando tendremos que trabajar en
este sentido. Eso es lo que nos lleva, en la materia que estamos
discutiendo hoy, a procurar que nuestras cuentas públicas estén cada
vez más saneadas y además a trabajar o a intentar trabajar con esa
ley de estabilidad presupuestaria que se va a presentar en la Cámara
y a la que me referiré más adelante.




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A S.S. le gusta decir que es funcionario y a mí me ofrece la
posibilidad de manifestar que también lo soy. Los dos somos
funcionarios y al final acabamos discutiendo sobre cosas técnicas que
sólo entendemos nosotros, pero al fin y al cabo tiene que ver con
nuestra profesión. Señoría, la presentación que se hace de las
cuentas o de la ejecución del presupuesto en el libro rojo, que nace
o que se plantea desde la metodología de la contabilidad nacional, a
veces puede llevarnos a tener percepciones equivocadas respecto a lo
que ha sido la ejecución del presupuesto que aprueban las Cámaras
cada año. El libro comienza con una presentación de lo que es el
déficit de caja del Estado, magnitud muy importante ya que es la que
nos lleva a la necesidad del endeudamiento, es decir a la presión
financiera del Estado sobre la economía que se deriva de los gastos
y de los ingresos recibidos en el ejercicio en términos de caja, gastos
que son los pagos y la recaudación del ejercicio y sólo desde el
punto de vista del Estado, como usted ha señalado al principio, que
es el que estamos planteando en este momento. Esos pagos obviamente
son del ejercicio corriente, se derivan del presupuesto que aprobó el
Parlamento para el año 2000, pero también son pagos del ejercicio
anterior o de ejercicios anteriores si ha habido algún problema.

Normalmente los pagos son en su mayor parte de ejercicios cerrados,
del ejercicio inmediato anterior. No sólo el hecho de que el Estado
lleve a cabo la gestión de Tesorería - siempre tiene que hacer una
buena gestión y de hecho no ha habido problemas de endeudamiento,
sino todo lo contrario-, sino también la propia definición del
presupuesto del Estado, que durante 13 meses contrae obligaciones con
cargo a un ejercicio, nos trae como consecuencia que necesariamente
existan obligaciones que ejecutan el presupuesto de un ejercicio que
no se pueden pagar en dicho ejercicio. No se pueden pagar las que se
contraigan en la última quincena del mes de diciembre, tal vez ni
siquiera las que se contraigan en el mes de diciembre, e
indudablemente no se pueden pagar dentro de un ejercicio las que se
contabilizan en enero del año anterior. Por eso, cuando usted habla
de que es una mala ejecución de las inversiones -y ahora pasaremos a
ver el perfil de ejecución propiamente dicho- o una inejecución del
presupuesto de activos financieros porque no se han pagado esas
obligaciones, lamento tener que discrepar de su visión. Al final
tenemos un presupuesto de obligaciones de pago, ni siquiera de
devengo sino obligaciones de pago vencidas y líquidas que
generalmente se están haciendo efectivas en un plazo breve desde que
se contabilizan. Por eso, con independencia de que analicemos qué
significa el indicador de déficit de caja, a mí no me gusta medir, no
me gusta juzgar la ejecución del presupuesto a través de los datos de
caja, sino especialmente en el presupuesto de gastos a través de los
datos de obligaciones reconocidas. Usted ha hecho referencia a la
ejecución de las inversiones reales, y no sé si era aquí exactamente
cuando usted alegaba su condición de funcionario e indicaba esa
tendencia que se observa en la Administración, a que el perfil de
ejecución de las inversiones se concentra mucho en los últimos meses
del año. Eso es así, porque a lo largo del ejercicio, desde los
primeros meses hasta que se termina el período de ampliación y se
abren las cuentas, se tarda en contabilizar especialmente
obligaciones reconocidas y al final de año parece que los servicios
se ponen las pilas para aplicar a presupuesto todo lo que han hecho a
través de ello. Sin embargo, permítame que discrepe otra vez de su
percepción cuando manifiesta que por contabilizarse los expedientes a
final de año lo que se decae es en el control y rigor en la ejecución
del gasto, porque una cosa es la fiscalización de los expedientes y
su control y otra el momento en que se contabilizan y el rigor en la
ejecución del gasto. Tal vez eso hace que los servicios de control
tengan que hacer horas extras, pero indudablemente es algo que parece
que no tiene mucho sentido y tenemos que luchar contra ello, porque
es preferible que el trabajo de los servicios sea constante y no
concentrado en unos meses. Es cierto que sucede año tras año y en mi
experiencia profesional en la Dirección de Presupuestos y también
antes en el Tribunal de Cuentas, a veces se veían cuatro meses sin
ejecución de inversiones y la inversión contraída en los últimos
meses del año. En realidad lo que sucedía en períodos anteriores a la
ley de disciplina a que ha hecho referencia el diputado del Grupo
Popular, lo que había en los primeros meses de cada ejercicio era la
aplicación contable de obligaciones de ejercicios anteriores, como
consecuencia de la interpretación que se hacía de la Ley general
presupuestaria los gastos se pasaban de un ejercicio al siguiente y a
veces en los cuatro, cinco y hasta seis primeros meses el 90 por
ciento de las operaciones correspondían a ejercicios anteriores y no
al ejercicio corriente con aquella distorsión que intentamos parar y
creemos que hemos parado con la ley de disciplina y con el Real
decreto-ley de junio de 1996.

El análisis que hace del presupuesto de gastos del Estado es
correcto, obviamente no podía ser menos. Tenemos un presupuesto que
con 20 billones de pesetas, una parte muy importante de ese
presupuesto está comprometida; pero vamos a analizar desde otro punto
de vista qué compromiso se cubre con ese presupuesto. Como he
anunciado al referirme a las transferencias corrientes, y no tanto a
las transferencias de capital pero valdría lo mismo, es una cantidad
menor, cómo a través del presupuesto de gastos del Estado los
impuestos de todos los españoles financian los gastos que realizan en
una buena parte las comunidades autónomas y las corporaciones
locales, los gastos de la sanidad pública, los gastos de los
servicios sociales, es decir, lo que está reflejando contablemente el
presupuesto del Estado es un traspaso o una aplicación de recursos
impositivos a otras entidades gestoras de servicios para los
ciudadanos,como la sanidad, el Insalud y los servicios que



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tenemos transferidos a las comunidades autónomas de prestación a los
ciudadanos por otras entidades gestoras diferentes de la
Administración central. Nosotros podríamos establecer el presupuesto
de muchas maneras. Al final, si lo vemos por ese lado es un reparto
de recursos aplicado a determinadas circunstancias. ¿Es bueno o malo
que crezca el capítulo de transferencias? Pues mire usted, depende.

Depende de qué le quede por hacer al Estado. Creo que no ha sido malo
el crecimiento de este año, derivado de la culminación del proceso de
transferencias de la educación no universitaria, que lleva la
educación al nivel del Gobierno que está más cercano a los ciudadanos
que la Administración central, y hace que en todo el territorio
nacional esa competencia esté transferida. Creo que es bueno ese
crecimiento, ni siquiera digo que es neutral. Antes, el Estado tenía
los créditos, como he intentado explicar, en su capítulo 1, en su
capítulo 2, en su capítulo 4, por los conciertos, y en el capítulo 7
por las inversiones que hacía a través de un organismo autónomo.

Ahora, a través de la sección 32, traspasa esos recursos a las
comunidades autónomas, que son las que dan el servicio a sus
ciudadanos y tendrán que ser controladas, además de por el Parlamento
nacional o por el propio Senado en lo que son las tendencias de
educación, por los propiosparlamentos o las cámaras autonómicas. ¿Eso
qué significa? Significa que el Estado tiene recursos libres para
prestar los servicios que deba prestar en este Estado que tenemos con
competencias separadas, y tenemos que hacer que funcione. Yo creo que
el quid de la cuestión está en qué tiene que hacer el Estado, con qué
recursos cuenta y si esos recursos los aplica eficazmente o no de
acuerdo con los objetivos a que tenga que hacer frente.

Otra vez volvemos a eso que no es una ecuación sino una operación
aritmética. Tenemos unos recursos y unos gastos a los que hacer
frente y no estamos dispuestos a tomar medidas para que los recursos
suban como consecuencia de reformas impositivas que incrementen la
carga tributaria de los ciudadanos. Con esos recursos tenemos que
cumplir los objetivos y las funciones que quedan en nuestras manos.

¿Qué funciones nos quedan? El servicio exterior, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, la función de justicia en una
determinada parte, los sueldos de los cuerpos nacionales, la
Administración de justicia en una serie de comunidades, - en otras
esta transferida-, y todas las operaciones de inversiones que hacen
que se articule y comunique el territorio nacional y para que se
produzcan esos incrementos de capital humano también, la parte de
investigación y desarrollo que está en manos del Estado.

Señoría, no me haga trampas con las operaciones de capital. Los netos
son siempre netos. El incremento de las inversiones son los 16.300
más los 56.500 millones que disminuye el capítulo 7, es decir,
tenemos el incremento al que he hecho referencia en mi comparecencia.


Los números resúmenes son muy traicioneros y hay que saber desagregar
lo que ha sucedido en las distintas
partidas. Como le he señalado, la ejecución de las
transferencias de capital en el ejercicio 2000, en relación con las
obligaciones reconocidas del ejercicio 1999, presenta unas
peculiaridades que he intentado explicar, con mayor o menor fortuna,
en esta comparecencia que a veces me parecía prolija y pesada, pero
creo que tenía que decirlo. En primer lugar, se han producido muchas
menos obligaciones reconocidas por el Fondo de compensación
interterritorial que en 1999, porque en 1999 la ejecución fue muy
alta; la incorporación de créditos al año 2000 fue mucho menor y eso
se ha traducido en que con los mismos remanentes de crédito en ambos
ejercicios, en el año 2000 haya habido en torno a 36.000 millones
menos de obligaciones reconocidas por las transferencias de capital a
comunidades autónomas del Fondo de compensación interterritorial. Es
decir, no es que se haya bajado el apoyo a las inversiones del
Estado, es que en el año 1999 tuvimos unas operaciones anómalamente
altas en relación con las que se habían dado en otros ejercicios. El
nivel de gasto en el año 2000, en Fondo de compensación
interterritorial, es más homogéneo con el que había habido otros
años.

En segundo lugar, y solamente por las inversiones que se hacían a
través de la Junta de construcciones y equipamiento escolar,
relativas a las comunidades de Castilla- La Mancha, Extremadura y
Asturias, a las que hice referencia, en el año 2000 no se han
transferido fondos a este organismo -estamos hablando sólo del
presupuesto del Estado sin consolidar-, por importe de 13.000
millones de pesetas, que sí se transfirieron en el año 1999. Ésa es
la consecuencia de que esas obligaciones se hayan contraído en el
capítulo 4, porque el coste de los servicios transferidos, sea de
capital o de corriente, se coloca todo en el capítulo 4 del
presupuesto del Estado.

Por último, por hablar de unas transferencias de capital que
realmente han disminuido, me he referido a las relativas a la
política de vivienda, en donde por una parte ha habido menos gastos
como consecuencia de la bajada de tipos de interés, y por otra parte
las obligaciones reconocidas en el presupuesto de 1999 han tenido una
modificación de crédito referida a obligaciones de ejercicios
anteriores, por 15.000 millones de pesetas, que han hecho que la base
de comparación sea anómalamente elevada. ¿Qué ha pasado con los
gastos o las inversiones realizadas a través del capítulo 8, que
también es un problema de ejecución, en relación con los préstamos
del Ministerio de Ciencia y Tecnología por innovación tecnológica?
Usted ha hablado de obligaciones reconocidas y de pagos. Yo separaría
las dos cuestiones, porque se deben a dos hechos, que no sé si
aparecen explicados en el libro, pero que se los explico yo ahora
mismo. Las obligaciones reconocidas o los créditos dotados en
proyectos de innovación tecnológica, obedecen en una parte
significativa a esos importantes proyectos de Defensa, donde los
pagos se van haciendo con el mismo calendarioque se van haciendo las
inversiones. Ahí están incluidas



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las operaciones del tanque Leopard, que como ustedes saben están en
parte en suspenso hasta que se dilucide la privatización de Santa
Bárbara Blindados, y ha hecho que la ejecución de esa línea de
financiación sea relativamente baja. Eso por lo que respecta a las
obligaciones reconocidas. La financiación de los otros proyectos ha
ido de acuerdo con el grado de avance de los proyectos en las
empresas de que se trate. Además, y como consecuencia del cambio de
Ministerio y de la nueva reorganización, muchas adjudicaciones de
investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos a entidades de
investigación y empresas privadas se han concentrado en los meses de
diciembre, y enero, aunque las convocatorias salieron en el mes de
diciembre por problemas de reorganización del Ministerio. Eso hace
que haya habido una cifra muy importante de pagos pendientes respecto
a las obligaciones reconocidas del ejercicio, que obedece a razones o
a causas coyunturales y esperamos que no se vuelva a repetir en este
ejercicio. Esos pagos se han hecho efectivos en su práctica totalidad
en el mes de febrero, y cuando analicemos los datos del déficit de
caja y veamos cómo quedan las obligaciones pendientes, nos daremos
cuenta que la ejecución ya se ha tramitado. Ha sido un problema del
calendario de ejecución, pero no de ejecución del presupuesto
propiamente dicho, sin utilizar -me parece que esa es la palabra que
usted ha empleado- el presupuesto que se había aprobado. El
presupuesto se ha utilizado, solamente se ha demorado un poco en el
tiempo su instrumentación.

Por último, voy a hacer referencia a ese hecho singular al que se ha
referido usted del ejercicio 2000 de las transferencias de la
Seguridad Social al Estado. Aquí vuelve a haber un problema entre lo
que son las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, en este
caso desde la Seguridad Social al Estado. En el ejercicio 1994 se
instaura un procedimiento de la financiación asumida por el Estado
con cargo a sus recursos relativa a la sanidad y a los servicios
sociales en ese momento, que se prestaban en el País Vasco y en
Navarra. El Estado transfería a la Seguridad Social la totalidad del
coste que estaba financiando, pero luego la Seguridad Social no hacía
efectivo el coste al País Vasco y Navarra de la sanidad y los
servicios sociales transferidos, cuyo importe estas dos comunidades
autónomas se descontaban al hacer el ingreso de los cupos en el
Estado. La Seguridad Social contraía estas obligaciones, el Estado
contraía los derechos y no tenía incidencia en el reparto de déficit
público entre uno u otro agente público. ¿Qué es lo que supone esto?
Que indudablemente la situación de tesorería de la Seguridad Social
en el año 2000 ha hecho posible que devuelva - entre comillas- la
Seguridad Social al Estado esta cantidad que ya tenía reconocida en
sus cuentas y que en ningún caso hubiera servido para mejorar o
incrementar el fondo de reserva de la Seguridad Social que se dota
con cargo a los resultados, no con cargo a la tesorería del sistema.

También, de acuerdo con las normas, inmoviliza a tesorería, pero
tiene que dotarse con cargo a unos
resultados efectivos, resultados positivos que no se daban como
consecuencia de esta situación que quedaba como reconocida la
obligación en los propios presupuestos de gastos de la Seguridad
Social tal como estaban dotados y que era contraído como derecho
reconocido pendiente de cobro en los presupuestos del Estado.

El portavoz del Grupo Popular se felicita por la tendencia en el
presupuesto, tendencia que ha hecho que vaya disminuyendo cada vez
más el déficit del Estado. Con independencia del esfuerzo que ha
hecho el Estado en los últimos años de financiar gastos que estaban
antes en el sistema de la Seguridad Social, es decir, gastos que
estaban financiados con cotizaciones laborales desde 1995 hasta la
fecha -eso aparecerá en el cuadernillo que les repartió el señor
ministro portavoz, el Estado y sus organismos autónomos- han
disminuido del 6,26 por ciento, ó 6,26 puntos porcentuales, que se ha
reducido el déficit desde 1995, el Estado ha reducido el 5,14, en la
Seguridad Social el 0,8, y las administraciones territoriales el
0,32, de la situación que tenían en 1995. A mí esta tendencia me
parece muy importante y muy significativa porque lo que marca es el
esfuerzo que se está haciendo por sanear las finanzas públicas, el
esfuerzo que en los últimos años se ha realizado para apoyar y ayudar
a ese ciclo económico que no nos ha venido dado sino por el que hemos
trabajado de una manera que a veces es incómoda e ingrata, que nos
lleva a ese equilibrio presupuestario, que yo comparto su opinión de
que es un objetivo y es una estrategia política, se podría llamar de
política económica, que nos tiene que llevar a la convergencia real y
a la consolidación del bienestar público. Con eso ayudaremos a ese
ciclo en el que yo creo, pero al que no me resigno, porque tenemos
que trabajar sobre él para que actúe y cumplir nuestros objetivos.

¿Qué podemos conseguir con el equilibrio que de alguna manera vamos a
cerrar con esa ley de estabilidad presupuestaria que me va a permitir
que vuelva a pasar sobre ella? Esa ley de estabilidad que nos lleva
al equilibrio, que nos brinda el equilibrio, en primer lugar nos va a
permitir consolidar la estabilidad de precios, cortando los gastos de
los agentes públicos y permitiendo que no presione la economía; va a
prolongar el crecimiento económico y la creación de empleo,
precisamente por su falta de presión sobre el sistema financiero de
la economía; va a garantizar, y eso nos va a dar márgenes, la
protección social y el incremento del fondo de reserva de la
Seguridad Social. Toda la ley, que es un apoyo a las generaciones
futuras por estas generaciones, que mal que bien tenemos lo que
tenemos, garantizará con esas situaciones de superávit que se
incremente el fondo de reserva de la Seguridad Social. Permitirá
asegurar esos márgenes a los que se refería S.S. cuando decía: vamos
a buscar márgenes. Si no estamos en equilibrio no vamos a encontrar
los márgenes porque siempre iremos empujados por las circunstancias,
y lo que hemos pretendido es actuar nosotros



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y no que nos empujen asegurando esos planes de inversión pública a
medio y largo plazo.

Estar en equilibrio nos facilitará las reformas tributarias,
consiguiendo impuestos más bajos y más eficientes que, como se ve,
aun con reforma tributaria la presión o el porcentaje de los ingresos
respecto al PIB en el Estado no ha disminuido de 1999 al 2000. Nos va
a permitir reducir la deuda pública, circunstancia muy importante
también a favor de generaciones futuras y porque además nos
descargará de esos gastos financieros que eran tan importantes en
nuestro presupuesto y al final, y también es importante, y tiene que
ver con la referencia que hacía a una encuesta del CIS el portavoz
del Grupo Popular, mejorará el crédito público del Estado y de todas
las administraciones públicas, que creo que es algo esencial para que
el país funcione adecuadamente, que en muchas encuestas en
determinadas epocas estaba absolutamente desprestigiado. Haber
llevado el equilibrio e intentar asegurarlo es una cuestión de
oportunidad y también de ambición que creo que al final nos va a
favorecer especialmente, señoría en asegurar ese crecimiento, del que
usted parece que duda y que nosotros estamos trabajando para que se
consiga.

Gracias y perdón porque me he extendido demasiado.




El señor PRESIDENTE: Gracias señora secretaria de Estado por
responder a las intervenciones de los dos grupos que han solicitado
hacerlo previamente.

Para un breve turno de réplica, en este caso sí pido brevedad, tiene
la palabra el señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo
Socialista.




El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Yo he hecho una intervención
reivindicando el libro verde. Creo que el libro verde no puede ser,
como hasta ahora, un libro que se ignore en esta casa. No puede ser
que el debate en esta casa sea un debate de créditos iniciales, y
nunca un debate serio y profundo de comportamiento final del conjunto
de las administraciones públicas, porque es ahí donde podemos y
debemos aprender: cuáles han sido las tendencias a lo largo de los
últimos años, cómo se han comportado los distintos agentes y cómo han
ido caminando el ingreso y el gasto. Tanto lo creo que a mí solamente
me planteaba un problema formal: si ustedes tenían el grado de
conocimiento que tenían el jueves pasado del comportamiento de las
administraciones públicas, ¿por qué no hicieron el esfuerzo de
mandarnos el libro verde y nos mandaron el libro morado. ¿Por qué
vamos a hablar de obligaciones reconocidas del Estado, si podemos
hablar de empleos de las administraciones públicas. ¿Sabe por qué?
Porque Montoro lo necesita para el jueves que viene. Simplemente por
eso. Porque ustedes son rigurosos y serios y cuando uno ve el libro
verde, uno se da cuenta de que los funcionarios del Ministerio de
Hacienda analizan bien todos y cada uno de los entes administrativos
que forman parte de cada uno de los agentes, y que no están en
condiciones,
el día 1 de marzo, de evaluarlo con la precisión necesaria para
cumplir en el año 2001, como cumplieron en octubre o en septiembre
del año 2000. Pero ahí hay una subordinación a las necesidades
políticas del ministro, y eso es lo que he querido poner de relieve
aquí a lo largo del día de hoy. Es un poco contrasentido que
discutamos una parte de las administraciones, cuando se dice que se
sabe tanto del conjunto de las administraciones. Yo creo que se sabe
menos de lo que se dice, pero me alegra que usted entienda que hay
ahí una cierta posibilidad de compatibilizar lo uno con lo otro.

En segundo lugar, ¿dónde ponemos el énfasis, en el ingreso o en el
gasto? Voy a buscar argumentos de autoridad y los podía encontrar en
el sector privado, pero voy a buscar un argumento de autoridad en el
sector público. Banco de España, Boletín económico de 23 de febrero
de 2001. Habla de la evolución del déficit de caja, y dice: Esta
favorable evolución del saldo de caja se explica fundamentalmente por
la aceleración de los ingresos que finalizaron el año con un aumento
del 7,5 por ciento y en menor medida por la ligera ralentización de
los pagos que registraron un incremento del 3,8 por ciento. Hay que
saber conjugar ese tipo de análisis. ¿Le voy a negar a la
Administración española que ha hecho un esfuerzo considerable en
materia de gasto público? No sería muy coherente. Ahora bien, el
esfuerzo que se ha hecho por parte de esta sociedad en materia de
ingresos es muy importante. Le voy a leer del libro verde un pequeño
párrafo que está en la página 27. El libro verde está hecho por la
Administración española, no está hecho por la OCDE, ni tiene la
espectacularidad que ha podido tener algún análisis de la OCDE cuando
ha medido la presión fiscal en España. Sin embargo, este libro es
desconocido en el Parlamento. Dice así: Durante el período 1995-1999,
la presión fiscal en España ha experimentado un crecimiento de 2,08
puntos porcentuales. No querría pensar que el libro verde no viene
aquí, no se debate aquí y no se analiza aquí porque tiene algunos
datos que tropiezan con la sabiduría convencional. Sobre el ciclo,
ahí se hace lo que se puede, pero en economías abiertas, con un peso
del sector servicios como éste, las fases de expansión duran bastante
tiempo, pero en algún momento tienen un punto de giro que dura menos
de lo que duraba en otro tiempo, pero dura. ¿Ha llegado el momento de
pensar que algunas de las cosas que han venido ocurriendo a lo largo
de los últimos meses han tocado fin? ¿Subestimamos algún tipo de
problemas? Se lo dijimos a ustedes en la discusión del presupuesto
y se lo decimos ahora. En la discusión del presupuesto todos estábamos
impresionados porque creíamos que el crecimiento de la economía
española en el año 2000 iba a ser una consecución del que se
experimentaba en el primer trimestre. Lamentablemente no ha sido así.


Hay quien dice en este momento, y se escribe, que en el año 2001
vamos a estar en el 2,8. La velocidad de ajuste no es moderada. Si
estamos haciendo análisis situándonos



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en torno al cuatro y en unos meses nos situamos por debajo del tres,
convendría que nos lo pensáramos.

Por lo demás, agradezco la explicación que me ha dado
fundamentalmente del presupuesto de activos. Yo soy de los que cree
que en materia presupuestaria esta Cámara debe hacer un seguimiento
más constante. En la medida en que seamos capaces de hacer ese tipo
de actividades, podremos mejorar el funcionamiento de una institución
como la española y de un sistema presupuestario como el español, que
tiene algunas carencias y limitaciones, pues en algún momento la
opinión pública en su conjunto ha experimentado unas intensas
demandas que posiblemente en este momento sean un poco más limitadas,
pero que, en cualquier caso, los márgenes de libertad son los que
corresponden a un Estado pequeño. En esta Cámara solemos aprobar
normas que no tienen la lógica consignación presupuestaria y cuya
ejecución ordenamos a otras administraciones. La modernización
legislativa que se viene produciendo en España en los últimos años,
carente de recursos, es una contradicción; como tantas otras cosas,
la debemos asumir. El problema es durante cuánto tiempo podremos
asumir esa contradicción.

En realidad, la cantidad destinada a inversiones reales, de los 40
billones que tiene autorizados el presupuesto del año 2001, es algo
más de un billón; es poco.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Me va a permitir que yo también
presuma, y empiezo diciendo que también soy funcionario. Yo también
me voy a mostrar reivindicativo, como el señor Fernández Marugán;
pero no voy a reivindicar el libro verde, ya lo ha hecho él
suficientemente. Voy a reivindicar - no sé si puedo decir que con
presunción- para los votantes del Partido Socialista la opinión del
grupo mayoritario de la oposición sobre qué les parece el equilibrio
presupuestario de las cuentas públicas y la tendencia acreditada en
los últimos cinco años por el presupuesto público; empeñados en
ponernos reivindicativos, creo que no sería malo hacerlo de este
modo, aunque quizá el mejor momento para esto sea el jueves. Lo que
sí ha quedado claro, prístino y cristalino en el día de hoy es que a
la oposición política del Gobierno del Partido Popular no le interesa
hablar de equilibrio presupuestario. No le interesa hacerlo por
alguna razón que sospecho que tiene más que ver con cuestiones de
tipo formal que con cuestiones de otro tipo.

No se puede estar en desacuerdo con el equilibrio presupuestario
porque no se puede estar en desacuerdo con prácticamente todos los
organismos internacionales que han opinado sobre él. No se puede
estar en desacuerdo con el equilibrio presupuestario porque no se
puede estar en desacuerdo con la población española, cuya opinión
acreditó la encuesta del CIS que decía
que el 65 por ciento de los españoles estaban de acuerdo con él. No
se puede estar en contra de una tendencia que durante cinco años ha
demostrado que es el camino a seguir en materia de reducción del
gasto y el ingreso público. No se puede estar en desacuerdo con el
equilibrio presupuestario cuando es la única manera posible de
obtener el margen que una sociedad dinámica y moderna como la
española necesita para afrontar las posibles variaciones cíclicas que
puedan producirse en los ingresos y los gastos como consecuencia de
muchos factores, la evolución demográfica entre otros. No se puede
estar en desacuerdo. Por eso se rehuye el debate sobre el equilibrio
presupuestario; el debate sobre que, a partir del jueves, haya una
ley -y hago votos porque sea así- que permita blindar que la
tendencia al equilibrio presupuestario sea una realidad en España.

Además de los efectos positivos que ha señalado la secretaria de
Estado de Presupuestos, me permitiré apuntar uno más: beneficios de
que son buena prueba la ejecución y la presentación de las cifras
esta mañana, aunque se haya querido huir de los datos presentados y
de lo que éstos suponen en la realidad política española. Por
ejemplo, va a suponer un compromiso con los ciudadanos españoles, que
es a los que en definitiva nos debemos todos los que tenemos
representación en esta Cámara. Lo que legítimamente están esperando
los españoles es que se les diga que la tendencia favorable que ellos
entienden que debe darse -que el Estado no se gaste más que aquello
que deba y pueda ingresar porque ello facilita las políticas de
equilibrio, el crecimiento del empleo y la consolidación del
crecimiento económico en España- se consolide mediante una ley de
equilibrio que, además, consolidará el compromiso de las tres
administraciones públicas implicadas en el proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria: la Administración local, la
Administración autonómica y la Administración estatal. Este es un
compromiso con los ciudadanos españoles por la estabilidad, por el
crecimiento y por la obtención de mayores márgenes de bienestar
social y de márgenes superiores en cuanto al entendimiento que van
a tener los españoles de su futuro, un futuro bien incierto hace no
demasiado tiempo. Se ha consolidado una tendencia favorable en cuanto
al entendimiento de lo que hace la Administración pública con el
presupuesto público en beneficio de los españoles.

Hoy, lamentablemente, hemos visto de nuevo que la oposición política
en España, sencillamente, señora secretaria de Estado, rehuye un
debate fundamental para el futuro de nuestro país: si está o no de
acuerdo con el equilibrio en las cuentas públicas.




El señor PRESIDENTE: Para concluir la comparecencia y responder a
estas últimas intervenciones de los dos grupos que lo han hecho
previamente, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.




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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Rodríguez
Herrer): Esta es una manifestación sincera: creo en el control
parlamentario. Estamos en una sociedad democrática, el reparto de los
recursos que se detraen a los ciudadanos de determinada manera es una
de las principales expresiones de la democracia moderna, y claro que
creo en el control parlamentario. Me parece que estas sesiones, que
son cuatrimestrales, siempre son positivas, no sé si para ustedes,
para mí seguro que sí, porque siempre se oyen cosas de primera mano o
se discuten determinadas cuestiones que si no normalmente no
podríamos discutir.

El señor Fernández Marugan reivindica el libro verde. El libro verde
que se hace en mi Secretaría de Estado, que lo hace la Intervención
General -la interventora ha salido hace escasos momentos-, es
detallado, prolijo, serio, con una buena capacidad de análisis y, por
tanto, es un libro un poco lento. Señor Fernández Marugán, créame
cuando le digo que el libro verde no está hecho, que el primer libro
se hace a finales de septiembre u octubre y que si hace escasos días
hemos dado los datos de contabilidad nacional, que en buena parte son
estimaciones, es porque así nos obliga la Unión Europea, que dice que
antes del 28 de febrero debemos enviarlo para la primera previsión o
para el primer examen de los datos inmediatos anteriores. El detalle
de análisis al que se llega en ese libro es imposible si no se tienen
las cuentas rendidas y detalladas, no solamente de los organismos
autónomos sino también de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales, donde hay cifras estimadas, cifras enviadas,
no diría de forma no fehaciente, porque si usted hace el seguimiento
-que parece que sí lo hace- de la información que viene en esos
libros y la que se da provisionalmente en febrero se dará cuenta de
que la información en su conjunto es correcta y luego se tarda en
trabajar con ella para hacerla detallada. Ese libro no está; ni
muchísimos menos hemos repartido el libro rojo del Estado que, por
otra parte, es lo que en esta comparecencia se ha repartido en los
últimos años. No sé siquiera si podríamos ampliar a las cuentas de
organismos autónomos, me temo que no, porque no se cierran hasta el
30 de abril, con lo cual no tenemos cuentas cerradas, y las cuentas
de la Seguridad Social, con el ciclo de ingresos que tiene, también
tienen problemas concretos. Por tanto, en esta comparecencia no se
puede hablar de los Presupuestos Generales del Estado
y de la ejecución en su conjunto. Esto es lo que en este momento del
año estamos en condiciones de poder presentar. Vuelvo a decirles a
ustedes que si les parece oportuno que en algún momento revisemos o
comentemos aquí qué es lo que contiene el libro verde, estaría
encantada de prestarme a ello.

No me resigno a terminar sin hablar del equilibrio presupuestario.

(Risas.) No lo puedo remediar. Creo que es un logro muy importante
que hemos conseguido con mucho trabajo. El esfuerzo de los ingresos
ahí está, pero el esfuerzo de los ingresos entendido como tal y como
incremento de presión fiscal lo tenemos que ver como presión fiscal
global y no individual. No vamos a empezar en este momento a discutir
esto. Ha habido una magnífica creación de empleo y un incremento
impresionante de cotizantes a la Seguridad Social. Aunque solamente
fuera por eso y por las bases de trabajadores en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas ya se habría producido un importante
incremento de los ingresos, sin necesidad de eso que llama usted
esfuerzo de la sociedad, porque indudablemente la sociedad aporta sus
recursos para que le presten servicios, pero la sociedad ha recibido
una rebaja del impuesto sobre la renta que, ceteris paribus, hemos
calculado en torno a 800.000 millones de pesetas, 800.000 millones de
pesetas que con las condiciones de empleo que ahora tenemos hubieran
tenido que pagar todos los ciudadanos trabajadores. Creo que
indudablemente este resultado es consecuencia de un incremento muy
importante de los ingresos, pero el resultado nunca se hubiera podido
dar si no hubiéramos hecho un esfuerzo sensible con los gastos.

Los adjetivos que utiliza el Banco de España en su libro de estudios
-en este momento no lo conozco- son los que usamos normalmente.

Crecen más los ingresos que los gastos. Pues sí, pero hay que ver en
esfuerzo relativo de dónde viene dado el crecimiento de los ingresos
y qué es lo que supone frenar los gastos.

Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado por
su comparecencia aquí esta mañana.

Se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.