CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 137



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 15



celebrada el jueves, 28 de diciembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



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- Aprobación del informe elaborado por la Subcomisión para el estudio
de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en materia de
extranjería e inmigración. (Número de expediente 154/000005)
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Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.

Gracias a todos por su trabajo y su asistencia.

Vamos a dar comienzo a la Comisión convocada para el día de hoy, para
tratar el único punto del orden del día, que se refiere a la
aprobación, en su caso, del informe elaborado por la subcomisión para
el estudio de un programa global que el Gobierno ha de desarrollar en
materia de extranjería e inmigración.

Dispondrán de un turno para fijar posición y, en su caso, defender
los votos particulares que estimen pertinentes cada uno de los
grupos. Empezaremos de menor a mayor. A estos efectos, le doy la
palabra a la representante del Grupo Mixto.




El señor JÁUREGUI ATONDO: Aunque en este momento no está presente, la
señora Lasagabaster estaba en la subcomisión y quiere intervenir.




El señor PRESIDENTE: Entonces, dejamos la intervención de la señora
Lasagabaster para más adelante. En todo caso, les anuncio que la
votación no tendrá lugar antes de las doce y cuarenta y cinco
minutos.

Para fijar posición y defender, en su caso, el voto particular, tiene
la palabra la portavoz de Coalición Canaria, señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Entiendo que se trata de fijar posición
respecto al voto particular que mantenemos y, por tanto, de
defenderlo.

Como valoración general, en nuestro grupo creemos que el clima de
desarrollo de los trabajos de la subcomisión ha sido bastante
enriquecedor, gracias a las aportaciones que han realizado los
diversos comparecientes que han intervenido, y que el plan Greco en
sí -elemento fundamental sobre el que se han basado las discusiones-
es un documento cuyo desarrollo consideramos importante porque puede
suponer la planificación estratégica de las políticas de inmigración.

No obstante, seguimos manteniendo nuestro voto particular porque en
el informe final que se ha redactado no están recogidos aspectos que
consideramos importantes y que deben completarse y formar parte del
citado plan estratégico.

Hemos presentado veinticuatro enmiendas, que no voy a leer una por
una porque imagino que las tendrán todos; resaltaré únicamente lo más
importante de ellas. En primer lugar, hay una enmienda por la que
planteamos añadir en la introducción del plan Greco, puesto que se
trata de un plan estratégico que dura cuatro años, la necesidad de
que se pueda implementar de forma operativa. No se trata de un punto
de vista político. Desde un punto de vista técnico, el proceso de
planificación de un programa de intervención de la complejidad del
que estamos debatiendo implica, aparte de la
oportuna cuantificación de las metas y objetivos específicos
ordenados cronológicamente, la coordinación entre la Administración
del Estado y la autonómica. Así, planteamos la necesidad de añadir un
apartado que diga: la concreción de los objetivos anuales del
programa y su correspondiente dotación presupuestaria debe ser
presentada y aprobada en el seno del Consejo Superior de Política de
Inmigración, así como sus respectivas evaluaciones.

Es obvio que muchos de los objetivos estratégicos del plan Greco
necesitan hoy por hoy la correspondiente financiación para ser
implementados. Es difícil cuantificar tal financiación y más con una
perspectiva de cuatro años y, por tanto, pensamos que la forma de
canalizarlo es que, anualmente, en el seno del Consejo Superior de
Política de Inmigración, donde están representadas las
administraciones autonómicas, se especifiquen los objetivos a cumplir
en ese año y las necesidades de financiación que conlleven.

Presentamos varias enmiendas en relación con la necesidad de
incorporar las comunidades autónomas como Administración igualmente
responsable. Hay toda una serie de actividades definidas en el plan
que son ya competencias transferidas a las comunidades autónomas; me
refiero, por ejemplo, a la formación de las personas inmigrantes.

También consideramos importante que las comunidades autónomas estén
presentes como organismos responsables en acciones como el estudio
del fenómeno migratorio en España, su evolución y previsiones, porque
este fenómeno no se da en abstracto, sino dentro de los diversos
territorios que componen el Estado español. También consideramos
importante que participen las comunidades autónomas en los convenios
que se van a realizar con respecto a los países origen de la
inmigración. En este caso, lógicamente, desde el Grupo de Coalición
Canaria, en todo lo que se refiere al continente africano, por la
cercanía que tenemos con él, consideramos que es una plataforma
importante no sólo de España sino de Europa hacia dicho continente,
y, por tanto, debemos de participar en la cofinanciación y en la
cogestión de los programas de desarrollo con respecto a África. No
las enumero, pero hay otra serie de enmiendas en relación a la
necesidad de hacer constar que las comunidades autónomas deben de
participar, y paso a referirme a otras enmiendas que me parece
importante resaltar.

Por ejemplo, en el punto 2, necesidades de un programa global, donde
se establecen las líneas básicas, concretamente en el apartado 2, que
habla de la integración de los residentes extranjeros que contribuyen
activamente al crecimiento de nuestro país, sería necesario incluir
un apartado en donde, grosso modo, venimos a decir que se debe de
resaltar la importancia de desarrollar también medidas que garanticen
y eviten la exclusión social de los inmigrantes que permanezcan en
España en situación de irregularidad. En este sentido resaltamos la
necesidad de que aparezca en el plan



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Greco un compromiso de este país para combatir desde diversas
instancias, pero también desde este plan, el círculo vicioso que
actualmente se produce porque, querámoslo o no, la situación de
inmigrantes irregulares, inclusive con expedientes de expulsión
abiertos y que no pueden ser expulsados, está ahí. Estas personas no
tienen ninguna forma de vida y son, por así decir, fácilmente
atraídos, son carne de cañón de las mafias que les permiten una forma
de vida dentro de una situación de pobreza, indigencia e indignidad
en la que viven. Es importante que por lo menos haya un compromiso
por parte del Gobierno de intentar romper este círculo en este tipo
de población en situación de irregularidad que existe, queramos o no,
en nuestro país.

Hay otra enmienda referida a la determinación del número de
inmigrantes que anualmente necesita España y su cualificación y
tipología. Incluimos un apartado que habla de la necesidad de
desarrollar la disposición adicional segunda de la Ley que se ha
reformado, la 4/2000, poniendo en marcha las comisiones bilaterales
de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

En cuanto a la acción de codesarrollo de los países de origen y
tránsito de los inmigrantes, en el punto e), que habla de la
asistencia técnica a las zonas de las que proceden los inmigrantes,
al igual que se hace referencia a programas ya existentes en lo que
se refiere a la zona del Mediterráneo, y ya que estamos hablando de
un plan estratégico, consideramos importante que se haga una reseña
diciendo que se desarrollarán programas de acción integrada para el
desarrollo de los países del África subsahariana. Este programa
priorizará intervenciones a llevar a cabo en los principales países
emisores de inmigración hacia España y hacia la Unión Europea,
realizándose previamente un estudio global de las vías de desarrollo.

Consideramos que gran parte de la inmigración que está entrando en
Canarias -y, a su vez, Canarias es la puerta de entrada ya no sólo
del territorio peninsular, sino del resto de Europa- proviene del
continente africano y del África subsahariana, que de alguna forma
está produciendo un vuelco de las estadísticas en cuanto a la
inmigración procedente de estos países y, por tanto, como estamos
hablando de un plan estratégico, entendemos que debe de hacerse una
reseña.

En la acción de participación de España en el desarrollo de políticas
comunes de inmigración y frontera y asilo en la Unión Europea
añadimos un tercer punto que dice lo siguiente: Impulsar y contribuir
al desarrollo, en el seno de la Unión Europa, de medidas de
codesarrollo ligadas a la problemática de la inmigración y
fundamentalmente a la producida en condiciones de irregularidad desde
el continente africano y principales países emisores en vías de
desarrollo, por las mismas razones que dije anteriormente.

En lo que se refiere a la acción de alcanzar el ejercicio pleno de
los derechos de que son titulares las personas
inmigrantes, en concreto al apartado a), de prestación de
asistencia sanitaria, nosotros proponemos incluir un último párrafo
que diga que deben desarrollarse convenios entre el Estado y las
comunidades autónomas afectadas por el fenómeno de la inmigración que
contemple la necesaria financiación de la prestación sanitaria a esta
población. Aquí se desarrolla este punto, aunque no lo voy a leer.

Hay otro apartado donde se pide que figuren en estos convenios los
mecanismos de coordinación de las distintas administraciones que hoy
por hoy están interviniendo; está interviniendo la propia Consejería
de Sanidad de los gobiernos autónomos, sanidad exterior, los
servicios sanitarios de las administraciones de justicia y de fuerzas
policiales y las organizaciones no gubernamentales que están
colaborando en estas prestaciones. Consideramos que como mínimo deben
figurar en plan Greco estas directrices generales de forma homogénea
para todo el territorio y que luego cada convenio específico con cada
comunidad autónoma, en función de las características de la población
inmigrante y de los recursos ya existentes, articule los mecanismos
de coordinación necesarios entre todas estas administraciones que hoy
por hoy intervienen, aunque no lo hacen de una forma coordinada y
planificada.

En cuanto a la atención educativa, proponíamos incorporar un punto
semejante al del aspecto sanitario, es decir, que las acciones que se
deben desarrollar tendrían tres perfiles que serían: valorar el
impacto del fenómeno de la inmigración en el sistema educativo de
cada comunidad autónoma; financiar los programas de pluralidad
cultural que a los efectos de integración tenga que desarrollar cada
comunidad autónoma, y por supuesto el punto que está ya recogido en
el plan Greco, que es la formación del profesorado a través de
cursos, seminarios, etcétera.

En lo que a la acción de acogida y atención de extranjeros que se
encuentran en situación de vulnerabilidad se refiere, consideramos
que habría que incorporar a la letra a), que habla de construcción de
centros de estancia temporal para inmigrantes, un párrafo que diga
que estos centros deben ser planificados de forma conjunta con las
comunidades autónomas afectadas, debiendo ser financiados por los
Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que la coordinación de
las acciones con el resto de los servicios existentes en el
territorio, de lo que son los CETI, le corresponde a las comunidades
autónomas para dar un sentido integral a las actuaciones.

En esta misma acción hay una letra b) que habla de creación de plazas
de acogida en colaboración con organizaciones no gubernamentales.

Proponemos un texto alternativo que diga: Creación de plazas de
acogida, en colaboración con las comunidades autónomas y las
organizaciones no gubernamentales. Es imprescindible que la realidad
que vive cada comunidad autónomase exprese a la hora de decidir si
son necesarios o



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no los centros de acogida, con independencia de la siempre
importantísima aportación de las organizaciones no gubernamentales,
que son aspectos que también corresponden a los gobiernos de las
comunidades autónomas.




Añadimos un nuevo apartado a la acción que hemos venido comentando de
acogida y atención de extranjeros que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que va en relación con la enmienda que ya comenté al
principio, que propone incluir un apartado de especial compromiso de
nuestro país hacia las situaciones de indignidad en que se puedan
encontrar los inmigrantes irregulares, incluso con expedientes de
expulsión abiertos pero que no se pueden ejecutar; entendemos que
cabría introducirlo en ese punto -puesto que si hay inmigrantes en
situación de vulnerabilidad son éstos especialmente- y proponemos que
se desarrollen programas específicos para inmigrantes irregulares con
expedientes de expulsión abiertos cuando, por diversos motivos, no
pueda ser ejecutada dicha expulsión por la Administración
responsable. El objetivo que persiguen dichos programas es, mientras
se adopten las decisiones sobre su situación, evitar la exclusión
social de dichas personas cuando permanezcan en España, evitar
situaciones de indignidad y pobreza que conllevan como única
alternativa de supervivencia la fácil captación de estas personas por
las mafias organizadas de prostitución, tráfico de drogas, economía
sumergida, etcétera. Dichos programas se enmarcarían en la estrategia
europea contra la exclusión social y todas las formas de
discriminación que están recogidas en las conclusiones del reciente
Consejo Europeo de Niza, y contemplarían, entre otras, las siguientes
actuaciones: alternativas de alojamiento dignas, atención
sociosanitaria adecuada, enseñanza de idiomas, aspectos culturales
básicos, capacitación profesional adaptada a las posibilidades y
experiencias previas y, en caso de que existieran ofertas de puestos
de trabajo, como existen, y que no están siendo ocupadas ahora mismo
ni por la población nacional ni por la extranjera en situación de
regularidad, que dichos empleos, en situación de temporalidad,
pudieran ser desempeñados por esta población inmigrante pendiente de
que se resuelva su situación administrativa o su expulsión; de lo
contrario, la alternativa es permanecer en los centros de alojamiento
de por vida o estar en las calles o plazas de nuestros pueblos.

Incluimos un apartado sobre la necesidad de estimular el trabajo del
voluntariado en la sociedad, dentro de lo que es el apoyo a
organizaciones no gubernamentales, así como desarrollar los aspectos
normativos que regulen dicha actividad. En nuestra enmienda también
incluimos un apartado poniendo énfasis en la potenciación de los
consulados españoles, sobre todo por lo que se refiere a la apertura
de oficinas consulares en el África subsahariana, que es uno de los
continentes donde menos oficinas abiertas hay, así como en aquellos
donde no existan, dando prioridad sobre todo a las ciudades
emisoras de la inmigración. Asimismo, incluimos un nuevo párrafo
respecto a la potenciación de la actuación en los controles
fronterizos.

Por lo que se refiere a la definición y desarrollo de los controles
de sanidad exterior, está en la misma línea de lo comentado con
respecto al apartado de sanidad, es decir, que en los casos en que se
establezcan convenios de colaboración se vean reflejadas en dichos
convenios las acciones referidas en el plan.

En el apartado referente a la imprescindible adaptación de la
normativa de asilo a las directrices que emanan de la Unión Europea,
concretamente en el punto a), pretendemos añadir un párrafo que diga
que se mantendrá informados del proceso a la sociedad civil y a los
gobiernos autónomos a través de diversos órganos de coordinación y
participación establecidos legalmente.

Con respecto al punto 4.1, sobre la imprescindible adaptación de la
normativa de asilo a las directrices que emanen de la Unión Europea,
consideramos que es importante incluir dentro de los órganos
responsables, porque no está recogido así sino que sólo aparece el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la
Subsecretaría de Asuntos Exteriores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Siento no haber estado en el momento
en que me correspondía hablar, pero entendí que el tradicional
procedimiento y orden era la defensa de las enmiendas y a
continuación la fijación de posición. Este motivo, junto con una
consulta a un letrado, es lo que me ha impedido estar en ese momento.

Quisiera iniciar mi intervención señalando, en primer lugar, el
agradecimiento a todas aquellas personas ajenas a esta casa que han
colaborado muy especialmente en los trabajos de esta subcomisión. En
su momento señalé la dificultad que tenía para compatibilizar la
asistencia a todas las comparecencias de las personas que han
asistido a esta subcomisión para explicar sus aportaciones. Quiero
dejar constancia en «Diario de Sesiones» del agradecimiento a todas
esas personas que, desde sus diferentes puntos de vista, han
realizado aportaciones muy sustantivas al trabajo de esta Comisión,
constituyendo el eje central de la misma.

A la hora de hablar del trabajo de la subcomisión, y hecha la mención
a ese agradecimiento, yo pienso que hay que hacer una pequeña
reflexión sobre la posibilidad de que el trabajo de la subcomisión
hubiera podido ser más eficaz. Yo creo que a la reflexión hay que
contestar que sí, que hubiéramos podido ser más eficaces si
hubiéramos dispuesto de tiempo suficiente, tiempo que era
absolutamente indispensable para hacer un trabajo que nos permitiera
tener un dictamen, una valoraciónde lo que debía ser un programa
global para los



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próximos años, en el cual pudiéramos situarnos cómodamente en
nuestras apreciaciones y dar una sensación a la sociedad de consenso
en cuanto a lo que es un fenómeno muy importante y un elemento clave
que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de los próximos años
en la convivencia en nuestra sociedad. Por tanto, la primera
consideración es que quizás (y lo digo en general, no trato de hacer
ningún tipo de valoración, ni positiva ni negativa, en relación con
ningún grupo) el trabajo más pausado, con más tiempo, hubiera dado
lugar a un informe en el que todos hubiéramos podido alcanzar un
mayor consenso y quizás hubiéramos podido disponer de todas las
aportaciones.

Dicho esto, tengo que fijar posición. Le digo al presidente que me
resulta difícil saber si la fijación de posición lo es al informe, lo
es a las enmiendas, lo es al programa Greco o a qué tengo que fijar
posición. Esta es una de las dificultades del procedimiento, pero
intentaré hacerlo todo a la vez, no se preocupe, señor presidente,
tranquilo porque voy a hacerlo todo a la vez. Voy a fijar posición en
relación al dictamen que ratifica el programa Greco, que a su vez
recoge algunas aportaciones de las enmiendas o aportaciones generales
que han hecho los grupos, porque tampoco hemos tenido claro qué es lo
que había que hacer. Voy a hacer las siguientes consideraciones. En
primer lugar, en relación con el programa Greco, pues el dictamen
ratifica el programa Greco, creo que es bueno, que es positivo que
haya un programa global sobre esta cuestión. Por tanto, la primera
valoración es que muchas de las medidas contenidas en ese programa
Greco son positivas y van a facilitar y a mejorar la situación que
teníamos hasta ahora, que en muchos casos se deriva no solamente de
normativas legislativas más o menos acertadas, sino también de
prácticas o de mecanismos poco ágiles a la hora de contemplar este
fenómeno. Por consiguiente, hay muchas medidas que son positivas.

Quizás lo que podamos opinar a este respecto es que falta concreción
en ese programa Greco. Yo creo que tendría que haber habido una
concreción en dos aspectos: concreción en el tiempo, es decir, muchas
de esas 72 medidas, que aparecen recogidas en las 23 acciones y en
las cuatro líneas básicas, podrían haber sido perfectamente
concretadas en un horizonte temporal para tener la delimitación de
cuándo se piensa llevar a cabo esta serie de cuestiones, con qué
límites, con qué fechas, para poder tener, en primer lugar, un mayor
control de si se cumple o no ese programa y, en segundo lugar, una
mayor eficiencia y eficacia a la hora de llevar a cabo las medidas a
señalar. En este sentido, también fijando posición sobre alguna de
las enmiendas presentadas, creo que es positivo (si no recuerdo mal,
ha sido el Grupo Socialista) que se haya tratado de concretar
bastantes de las medidas con horizontes y con delimitaciones
temporales en años concretos o en tiempos concretos. Por tanto,
nuestro voto afirmativo en los
casos en los que se ha producido una concreción temporal y en las
medidas en que era factible hacerlo.

La segunda concreción, tan importante o más que la anterior, es la
presupuestaria. Es evidente que a la hora de plantear un programa
global de la envergadura del que se ha realizado es necesario saber
cuál es la financiación necesaria si no para todas las medidas, sí
para muchas de ellas. Es verdad -se ha hablado mucho aquí en esta
Cámara, como en otros foros y en otros ámbitos- que en muchos casos
no se puede hacer una financiación separada en muchos programas, es
cierto, pero hay muchos temas que por ser muy específicos relativos
al tema de la inmigración o la regulación de extranjería, en los que
podía ser y debía ser posible concretar presupuestariamente cómo se
iba a realizar ese programas y esas medidas concretas.

También tengo que decir que hay grupos, menciono al Grupo Catalán
(Convèrgencia i Unió), que han señalado concreciones presupuestarias
para aquellos casos que hacían referencia a cuestiones específicas
del tema que nos ocupa. Hablamos de los servicios consulares,
hablamos de las oficinas de extranjería, hablamos de la formación del
personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han de tener
dedicación en puestos fronterizos, y así sucesivamente. Por tanto,
creemos que el programa podía y debía haber contenido concreción en
dos ámbitos: temporal y presupuestario.

La segunda reflexión que tenemos que realizar es que quizás se ha
planteado el tema o el fenómeno de inmigración de esas personas que
tienen necesidad, porque no creo que sea gusto tener que acudir a
otros países como el Estado español, de observarlos o verlos como
personas con derechos y libertades, y obligaciones evidentemente.

Quizás el programa en su globalidad peca de contemplar a las personas
que son inmigrantes, que son extranjeros, como elementos necesarios
de fuerzas de trabajo deseables, o desde una perspectiva o prisma
casi diría de control de inmigración -entre comillas-, control
policial o cuestiones de esta índole, es decir ha variado entre la
fuerza del trabajo o el mercado de trabajo, y esta especie de
controles, de presiones migratorias, de temas de actividades de
control policial, que es necesario regular y contemplar, pero quizás
no se ha optado por contemplar a la persona del inmigrante, y en este
sentido no es ajena la negociación y la aprobación de la reforma de
la Ley 4/2000, y nos hubiera gustado más que se contemplara a la
persona del inmigrante, del extranjero, como persona con derechos y
libertades. Ésta sería nuestra segunda reflexión, y en este sentido
hacer más hincapié en las cuestiones relativas a integración, porque
uno de los elementos claves puede ser la reagrupación familiar o
puede ser otra serie de elementos que inciden a favorecer esa
integración.




Una tercera reflexión que haríamos a nivel general, es que hacemos
referencia al tema de las competencias



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entre distintas administraciones públicas, ya que es un tema bastante
complicado. Ciertamente muchas de las cuestiones fundamentales en las
que incide este programa global, el programa Greco o cualquier otro
programa, son competencias que son correspondientes a las comunidades
autónomas. En muchos casos hablamos de educación, de asistencia
social, de vivienda, y ciertamente en un programa de estas
características es difícil determinar que no se produzcan
inmersiones, si me permite la expresión, en competencias que son de
otras administraciones públicas, pero que a la vez se suscite y se
recoja la necesaria y absoluta cooperación con las comunidades
autónomas y también con los ayuntamientos o municipios.

Aquí se podía haber hecho una mejor referencia a esta cuestión y, por
citar también fijación de posición de otras enmiendas, sí creo que
las enmiendas en concreto del Partido Nacionalista Vasco han
intentado recoger el adecuado respeto y delimitación de las
competencias en cada una de las comunidades autónomas.

Esta cuestión no ha sido suficientemente bien tratada, quizás no se
ha dado suficiente énfasis a la necesaria cooperación, también
respecto a aquellas comunidades autónomas que tienen problemas
especialmente graves de financiación en muchos de los programas
quizás no se ha recogido suficientemente cómo van a ser esos
convenios o cómo se va a producir esa financiación de las medidas que
en muchos casos van a tener que llevar a cabo comunidades autónomas.

Una cuarta reflexión haría referencia al tema de la participación de
los agentes sociales. A lo largo de todo el programa se alude a los
sindicatos y a los agentes empresariales, en algunos casos se ha
modificado la referencia de organizaciones de trabajadores por
sindicatos, que es la palabra más acertada, a iniciativa del Grupo
Socialista, pero los agentes sociales no se mencionan
suficientemente. Creemos que es importante que se recoja también la
participación de agentes sociales, organizaciones no gubernamentales,
porque tienen un gran papel, como se ha demostrado, que quizás se
pueda mejorar, pero no se puede eludir su participación, ya sea en el
foro social de emigración o ya sea en consultas de otra naturaleza.

Otro tema importante es el de la Unión Europea. Me permito reseñar
una importante aportación que hizo la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado sobre un análisis en el tema de la Unión Europea y en el
tema del asilo, refugio y desplazados. Pero en el programa Greco hay
una cuestión que no se menciona y que me parece realmente importante.

Se habla de la trasposición de la normativa europea en esta materia,
pero previa a la transposición hay una cuestión mucho más importante
que es la formación de la voluntad europea, que es donde tenemos que
participar. Previamente a la toma de decisiones importantes en los
próximos cinco años en esta materia a nivel europeo, tanto esta
Cámara como las comunidades autónomas tienen que jugar un
papel importante en relación a cuál debe ser la orientación que ha de
tener, en el caso de la representación que vaya a negociar la
representación del Gobierno del Estado, de las comunidades autónomas
y por supuesto de esta Cámara, a la hora de negociar las diferentes
medidas que hay que adoptar en relación al tema del título IV.

Otra consideración es la relativa al asilo. Desde Eusko Alkartasuna
no estamos especialmente de acuerdo con alguna de las afirmaciones
que a este respecto se hacen en el programa Greco. Se habla de una
utilización fraudulenta de la regulación de asilo, yo creo que no es
así, y a pesar de que se dice que han aumentado las admisiones de
estatuto de asilado, según las estadísticas que yo tengo relativas a
los últimos cuatro años, no me parece que coincidan con el programa
Greco. En algunos casos yo no creo que se esté utilizando
fraudulentamente, sino que en muchas ocasiones no existen pruebas
para las personas que desgraciadamente tienen que salir de sus países
por las condiciones que amparan la regulación de asilo y que es
difícil probar. Por tanto, no estoy de acuerdo en esa afirmación,
creo que es más una cuestión de dificultad de prueba de las personas
que soliciten esa condición de asilo que de la utilización
fraudulenta. Respecto al tema del asilo, refugio y ayuda a
desplazados creo que hay un gran trabajo por hacer y vuelvo a señalar
la importante aportación que ha realizado CEAR.

Para terminar quiero señalar que he reseñado algunas de las
aportaciones favorables de los grupos que van a recibir las
enmiendas, a la mayoría de dichas enmiendas vamos a votar a favor,
otras veces nos abstendremos, por ejemplo respecto a algunas
enmiendas que entendemos no han recogido suficientemente bien la
delimitación de cuestiones competenciales, pero en definitiva creo
que la opinión no es sobre lo que no se ha recogido, sino de lo que
ha faltado por recogerse en ese programa global, sobre todo en la
primera reflexión, que era la concreción de tiempos y especialmente
de financiación presupuestaria.

Por último, creo que sobre este tema vamos a seguir trabajando, vamos
a tener que seguir hablando y tendremos que seguir haciendo
intercambios y aportaciones; por tanto sería conveniente crear una
comisión de de seguimiento o ad hoc en esta Cámara. Algunos han
abordado el tema dejando que sea la Comisión del Senado, otros han
señalado la posibilidad de creación de una comisión mixta. Por
razones prácticas, creo que además de la Comisión del Senado, está
Cámara perfectamente podía crear una comisión de seguimiento, que a
ser posible dependiera no sé si de Asuntos Sociales o de otra
comisión, aunque no tengo nada en contra de la Comisión de Justicia a
la que pertenezco. No entendemos, como dijimos en su momento desde la
primera intervención tanto del presidente del Gobierno como del
ministro del Interior, que un tema que agrupa tantas visiones de la
sociedad, que engloba tantas cuestiones



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importantes, y especialmente para nosotros el tema de la integración,
dependa del Ministerio del Interior. Creemos que aquí tiene que haber
una comisión de seguimiento o una comisión propia y no con la
perspectiva exclusiva de Interior. Nos parece necesaria la creación
de esta comisión porque creemos que este tema no se acaba, ni mucho
menos, sino que al revés empieza ahora. Quizá los comienzos no han
sido todo lo bueno que hubiéramos deseado, pero siendo constructivos
y positivos tendremos que enmendarnos todos y seguir haciendo
aportaciones y concreciones para ver cómo se llevan a la práctica las
medidas que se nos han propuesto.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster. Le
agradecemos mucho su intervención y que haya superado las
dificultades para estar en tantos sitios al mismo tiempo. El debate
se está desarrollando de acuerdo con los precedentes, pero para todos
ha sido muy satisfactorio escucharla.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, cuando concluya esta Comisión,
cuyo resultado ya es cierto después de haberse celebrado esta mañana
una sesión de la subcomisión, al Grupo Vasco le va a quedar la
sensación de lo que pudo haber sido y no fue. Ciertamente va a haber
informe aprobado pero nos hubiera gustado que pudiese haber informe
fruto del consenso, aunque sin duda, repito, sabemos que se va a
aprobar un texto por la sobrada mayoría de que dispone el Grupo
Popular.

Con esta subcomisión ha ocurrido finalmente algo parecido a lo que
sucedió con la tramitación de la ley. En la modificación de la Ley 4/
2000 hubo también un buen talante negociador por parte del grupo
mayoritario pero un cierre hermético ante determinados aspectos, como
era la tutela y garantía de derechos (quizá una visión distinta del
régimen de sanciones que propiciaba excesivamente las expulsiones
desde nuestra óptica) le impidieron finalmente suscitar más
adhesiones de las que el texto obtuvo en el Senado. Ahora, pese al
buen comienzo ya que todos los grupos de la Cámara firmamos la
constitución de la subcomisión y nos pusimos completamente de acuerdo
en las comparecencias a celebrar, las cuales se han desarrollado con
notable éxito y en las que ha habido aportaciones valiosísimas (mi
grupo cree haber acreditado su interés por su presencia constante en
las sesiones), tanto material hubiese dado lugar a la presentación de
aportaciones más numerosas por parte de los grupos y sobre todo la
posibilidad de que éstas hubieran podido ser discutidas y debatidas.

Ha habido varias sesiones de comparecencias, pero sesión de debate
sólo la de ayer, en la que ya estaban excesivamente cerradas las
posturas del grupo mayoritario, pese a que admito el talante en la
aceptación
de determinadas enmiendas. Si hubiésemos hablado más todos con
todos, pudiendo explicar el contenido de lo que pretendíamos, hubiese
sido posible un mejor documento, y además un documento que estuviese
más legitimado por el acuerdo de todas las formaciones de la Cámara.

Sé de sobra que no deben tenerse en cuenta las magnitudes de los
distintos grupos, pero de todas formas esto es relativo. El plazo
fijado para esta subcomisión, también lo conozco, era el 31 de
diciembre, pero si se tiene en cuenta que determinadas formaciones
políticas cuentan con un número muy escaso de diputados, y que hay
diputadas, como la que ahora habla, que el día 21 intervenía en dos
leyes del plan de choque para la reforma de la justicia, si el plazo
que se da para formular observaciones tanto a las comparecencias
habidas como al informe presentado por el Gobierno es el del día
siguiente a las doce horas, forzosamente lo que se presente tiene que
ser escaso y esquemático. Dicho sea entre paréntesis, me consuela
bastante que el documento que presentaba el grupo mayoritario no era
mucho más amplio que el presentado por el Grupo del PNV, si bien
luego ha sido notablemente enriquecido en la pasada tarde y noche, lo
cual me lleva a pensar que estoy en lo cierto cuando digo que
hubiésemos necesitado más tiempo para enriquecer el documento. ¿A qué
se circunscribían las observaciones que se hacían al documento desde
el Grupo Vasco? En primer lugar, nos parecía que no era del todo
exacta la afirmación que se hacía en la presentación del programa
Greco por parte del Gobierno cuando se autoproclamaba que era la
primera iniciativa preparada en nuestro país para afrontar el
tratamiento de la inmigración desde todas sus vertientes. Creemos que
realmente el documento, el llamado plan Greco, es el programa que el
Gobierno presenta desde las vertientes del fenómeno migratorio que le
han preocupado y le preocupan, y que son las que se han tenido en
cuenta a la hora de instar la modificación de la Ley 4/2000, no todas
las vertientes del fenómeno migratorio, sino las vertientes de las
que el Gobierno actualmente en el poder aborda este problema. Ha
habido programas anteriores, en concreto uno del año 1994; nos
parecía, y a ello iba nuestra enmienda número 1, que debiera
modificarse el inciso inicial de la introducción, diciendo que
representaba la primera iniciativa para tratarla en relación con
criterio de coordinación de todas las vertientes implicadas en los
ámbitos de responsabilidad que corresponden a la Administración
general del Estado, porque a esto se circunscribe, creemos, el
fenómeno de la coordinación y a otros aspectos y a la Administración
general del Estado el documento finalmente presentado.

Se hace también referencia en las conclusiones preliminares a que se
está en este momento ante una situación privilegiada respecto a los
países del entorno europeo para abordar un estudio de la coordinación
delfenómeno migratorio en todas sus vertientes. Sin



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embargo, no estamos absolutamente de acuerdo en que de esta situación
privilegiada se derive necesariamente que esto deba considerarse como
una política de Estado. La consideración de la política de Estado es
evidente y es cierta estemos o no en un momento privilegiado. Si no
lo estuviésemos, también habría que considerar que la planificación
de la política de inmigración debe abordarse desde la perspectiva de
política de Estado. Que estamos en situación privilegiada tiene,
además, unja gran concepción dual. Depende, porque si uno observa los
acontecimientos negativos que los medios de comunicación trasladan
todos los días, que repetidamente inundan los medios respecto al
tratamiento y protección de las personas que exige el fenómeno
migratorio, no parece que estemos en una situación de tanto
privilegio. Sin embargo, sí creemos que todavía las magnitudes del
2,7 de ciudadanos extranjeros en el territorio de España nos permite
pensar que estamos aún, repito, en unos parámetros para poder abordar
con garantías, con tiempo y planificación el fenómeno. A ello iba
nuestra enmienda número 2, que por cierto es la única que ha sido
objeto de aceptación en el informe que finalmente nos presentaban en
la mañana de hoy desde el Grupo Popular.

Comenzaré diciendo, después de estas observaciones globales a su
introducción, que a mi grupo le merecía una valoración positiva el
programa Greco, porque es producto de un esfuerzo loable en el
diseño, planificación y programación pública, en cualquier caso,
desde el punto de vista de su potencial eficacia y eficiencia
exigible a la misma; pero nuestra consideración final, sin embargo,
de los elementos esenciales que se han tenido en cuenta para el
desarrollo de este diseño planificador, tendremos que encajarla en lo
que entendemos como déficit materiales, déficit muy importantes en
los contenidos de sus líneas básicas, a nuestro juicio lastradas por
tres importantes concepciones erróneas.

En primer lugar, la concepción errónea de que el fenómeno de la
inmigración es una exclusiva responsabilidad de la Administración del
Estado, posiblemente desenfocado por las tendencias a aprehender la
realidad social -desenfoque que tenemos todos, por cierto- en
relación con los listados competenciales que tiene la Constitución y
que tienen los propios estatutos. El hecho de que el artículo
149.1.2.ª, atribuye inmigración, extranjería y derecho de asilo al
Estado, parece que hace pivotar todo el fenómeno de la extranjería en
la Administración del Estado; pero como bien ha reflejado en su obra
el profesor Eliseo Aja (y me remito al interesante trabajo que del
informe de las autonomías del año 1999 presenta), la inmigración no
constituye un sector más de la actuación de los poderes públicos,
sino que abarca la práctica totalidad de sus competencias, porque
además de los ámbitos tradicionales de seguridad pública, permisos de
residencia y de trabajo, incluye sanidad, educación, cultura,
vivienda y múltiples subsectores dentro de cada uno de ellos. Sin una
programación y dotación adecuadas en todas las normas, y este plan
incluido, quedará en mero papel mojado.

Nuestras enmiendas números 3, 4 y 5, estaban incluidas en el estudio
del fenómeno migratorio en España, su evolución y previsiones, y nos
parecía importantísimo que se hiciese referencia a la coordinación de
las distintas administraciones públicas que puedan proponer medidas y
suministrar datos sobre emigración, para que el conocimiento de todas
ellas contribuya al adecuado tratamiento del fenómeno. Las
comunidades autónomas, decíamos, integrarán las medidas e información
correspondiente a todas sus acciones sectoriales que incidan sobre el
fenómeno de la inmigración. Sin embargo, esta previsión que nos
parece tan sensata, tan acorde con el Estado autonómico, sólo ha sido
recogida con una formulación genérica en relación con las autonomías,
en el informe final.

Igualmente pretendíamos que en la página 23, en el punto 1.2 medida
b) se residenciase la participación de las distintas Administraciones
autonómicas y locales a través del Consejo Superior de Política de
Inmigración. Nos parecía que la Administración del Estado acordaría
en dicho foro con las comunidades autónomas, de acuerdo con sus
políticas sectoriales respectivas, la coordinación y fijación de las
bases y criterios de la política en materia de integración social y
laboral de los inmigrantes. El acuerdo que siempre ha sido clave en
nuestra concepción de la política de las comunidades autónomas con el
Estado, estaba en la base de esta enmienda que como número 4
presentaba el Grupo Vasco.

Como enmienda número 5 nos remitíamos a la participación de las
asociaciones de inmigrantes y de apoyo a los inmigrantes, así como a
las asociaciones, ONG y otros agentes sociales que integran la
sociedad civil respecto al fenómeno de la inmigración también cuando
hablábamos de la evolución y previsiones en cuanto al fenómeno
migratorio.

Particularmente importante para nosotros era la enmienda número 6 que
pivota sobre una cuestión muchas veces tratada en esta Cámara tanto
en comisiones como en Pleno, y es la que hace referencia a la
participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión
Europea de cara a la formación de la política del Estado o incluso en
las deliberaciones del propio Consejo. Nos parece que debería
introducirse, modificando la acción 1.5, que en la preparación de las
propuestas y en su deliberación en el seno del Consejo de la Unión se
garantizara la presencia y participación de las comunidades autónomas
en la estructura de la delegación española. Repito, muchas veces se
ha hablado de esta cuestión, pero nosotros lo traíamos a propósito de
las propuestas en relación con sus políticas de inmigración en el
seno de la Unión Europea.




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La enmienda número 7 hacía referencia a lo tantas veces aludido por
todos los grupos, que es la financiación de todas las medidas que se
proponen. Singularmente hacíamos referencia al apoyo y la
financiación a las autonomías para la acogida y atención de
extranjeros que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad con
las siguientes medidas: financiación extraordinaria para la
construcción de centros de estancia temporal para inmigrantes;
financiación extraordinaria a las comunidades autónomas para que
concierten con organizaciones no gubernamentales la colaboración
mediante la creación de plazas de acogida y cobertura social a los
inmigrantes; y apoyo y financiación a las comunidades autónomas para
el diseño y puesta en práctica de programas específicos para jóvenes
extranjeros, que nos parece un problema interesantísimo teniendo en
cuenta que los derechos de los menores y de los jóvenes en esta
materia son distintos y es mayor el número de ellos con derecho a
permanecer en el territorio del Estado, que requerirá programas
específicos, repito, para su posibilidad de integración y educación
en el ámbito español. Nos parece que debería tenerse en cuenta tanto
respecto de las comunidades de régimen común que asumirán todas estas
competencias y acciones desde la perspectiva del costo efectivo, como
ocurre con las de régimen común, y respecto de las concertadas, como
es el caso de los territorios históricos que integran la Comunidad
vasca y la Comunidad Foral Navarra.

Un segundo bloque de objeciones de las que he anunciado, era el que
nos parece que se margina o se posterga en exceso la idea de la
integración social de los extranjeros en el texto del programa Greco
y en el documento posterior en pro de la seguridad. Hay medidas que
son auténticamente sociales o asistenciales y que deberían prestarse
por un tipo de funcionariado social; sin embargo se hacen pivotar en
las distintas policías. La concentración obsesiva de medidas para
abordar el fenómeno en clave de confrontación otorgando un
protagonismo casi exclusivo al uso de poderes y potestades del Estado
sobre las personas, fenómeno al que por cierto tuve ocasión de
referirme en nombre de mi grupo cuando se debatió la enmienda a la
totalidad en esta Cámara, creo que era el día 5 de octubre, en la que
al hablar de seguridad y libertad decía yo que se hacía pivotar en
exceso sobre el fenómeno de la seguridad, y también las medidas del
plan Greco inciden en exceso en esta materia.

En tercer lugar, nos parece que queda el poso de una posible
concepción errónea sobre la regulación de los flujos migratorios,
siendo esto importante y quizá necesario dentro del territorio
Schengen nos parece que se cargan excesivamente las tintas sobre la
imagen de aprovechamiento y dimensionamiento de los recursos que
precisa el mercado de trabajo. A la formación que yo represento nos
repugnaría, y así hay que decirlo, ofrecer una imagen mercantilista
de los poderes públicos
involucrados en transacciones de contingentes de personas que
manipulan el concepto legal del extranjero cuando sirve a los
intereses económicos, y entonces se le llama mano de obra, y que no
reparan, en definitiva, en el plano de sus derechos y libertades. Nos
parece que la idea de flujos de población y la idea de mano de obra,
oferta y demanda, está excesivamente presente en el programa y está
mucho más ausente el plano de los derechos y libertades. Por ejemplo,
en el caso del derecho a la libertad de circulación, cuyo ejercicio
quedó plasmado en el texto de la ley con una enmienda del grupo al
que represento, cuyo ejercicio en muchos casos en los términos
previstos en la ley va a resultar incompatible con una ordenación
rígida de los contingentes basada exclusivamente en el criterio del
aprovechamiento económico de la fuerza de trabajo. Desde la
perspectiva del Grupo Vasco nos gusta más el parámetro de la tutela
de derechos, de que estamos hablando de ciudadanos más que del
aprovechamiento económico de una mano de obra. Creemos, además, que
si hacemos caso a lo que fue el discurso del ministro al presentar el
proyecto de ley, como propósito del Gobierno a la hora de modificar
la ley y de anunciar que se iba a presentar un programa con estas
famosas 72 medidas que constituyen el programa Greco, anunciaba como
primer parámetro de su actuación la integración social, y es
precisamente el que ha quedado más pobre dentro de lo que es el
contenido de la ley y lo que es el contenido del programa.

En las enmiendas que presentaba el Grupo Vasco hacíamos una
manifestación, que se ha hecho por las representaciones de otros
grupos, en el sentido de que nos gustaría asumir como documento
propio de la subcomisión, y que el Grupo Vasco así lo hacía, los
comentarios que sobre las acciones contenidas en el programa Greco
nos había hecho llegar CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
a los ponentes de la subcomisión que en todo su contenido nos parece
excelente, pero singularmente importante cuando se hace referencia a
los asilados y refugiados, a los que sí hace mención el documento que
se va a aprobar, pero no con el pormenor que desde la perspectiva de
nuestro grupo hubiera sido exigible.

Quiero finalmente hacer una mención, aunque sea puntual, a las
enmiendas o votos particulares que los demás grupos mantienen,
manifestando que el Grupo Vasco, puesto que creo se van a votar
globalmente las de todos ellos, les dará su voto afirmativo. En
relación con las del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, nos
parecer notable el esfuerzo que se ha realizado, teniendo en cuenta
que estamos hablando de una formación que desarrolla su actuación
política en una comunidad, la canaria, con un importantísimo problema
recientemente desarrollado. En otros sitios ha sido más paulatina,
sin embargo en el ámbito de la comunidad canaria la inmigración se ha
manifestado con especialvirulencia como problema, aunque no debiera
ser



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tal, en tiempos recientes. Nos parece que la totalidad de los
aspectos que aporta, aun no estando del todo de acuerdo cómo se
plasma la intervención de las comunidades autónomas en algunos
supuestos, merecen el voto de la formación política a la que
represento, aceptando, repito, el notable esfuerzo que se ha
realizado. Lo mismo nos ocurre con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, sólo muy puntualmente aceptadas, a pesar de
lo numerosas que han sido, por el documento que finalmente el Grupo
Parlamentario Popular presenta como propio en este trámite de
Comisión. Aunque también nos parece que la percepción de la
intervención de las comunidades autónomas en las políticas de
inmigración es más correcta la de nuestro grupo, si se me permite
manifestarlo, igualmente estaríamos en condiciones de dar el voto
favorable a lo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. En
cuanto al documento de Izquierda Unida, es mucho más global en las
pretensiones que lo puntual o concreto que han sido las aportaciones
de los demás grupos, que nos hemos ceñido a valorar el plan Greco en
algunas de las aportaciones, pero en lo que tiene de documento de
cooperación al desarrollo y de políticas humanitarias, en nada
estorban a las concepciones que mi propia formación mantiene, y
también será objeto de nuestra votación y aceptación. Así lo será
también el que desde la formación del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se aporta, siendo singularmente sensibles a los
problemas que las comunidades de régimen común, y con una importancia
de la inmigración tan grande como tiene la comunidad catalana, van a
tener en cuanto a la financiación de las actuaciones que el plan les
impone y que no nos parece se resuelva satisfactoriamente, sino de
forma muy genérica, en el documento presentado desde la formación
mayoritaria en esta Cámara, remitiéndose incluso a ejercicios
presupuestarios futuros. Repito, la totalidad de los votos
particulares que se sostienen desde el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), también merecerán la aprobación del Grupo
Vasco.

Me falta referirme únicamente a cuál será nuestra postura en relación
con el documento presentado inicialmente por el Grupo Parlamentario
Popular y las aportaciones, que valoro en lo que tienen de meritorio
el haberlas introducido, aunque sea a última hora y sin posibilidad
de mayor estudio o de mayor suma de aportaciones de otras
formaciones. Nos parece que el documento ha quedado escaso, ha
quedado incompleto, ha quedado sobre todo poco concreto. Por eso,
desde el Grupo Vasco, valorando que se ha hecho el esfuerzo, nos
parece que todos podíamos haber participado en mucho más, lo cual
finalmente motivará nuestra abstención. Anunció, además, que desde el
ámbito vasco, desde las responsabilidades que en ese ámbito pueda
tener la formación política a la que represento, se tiene la
intención de avanzar, con el tronco de lo que sea la legislación que
se deba respetar, en las políticas de
inmigración. De ello es un buen ejemplo la Carta social vasca que
ayer se aprobó en el Parlamento vasco, por cierto con los votos del
Partido Popular y del Partido Socialista, además de los del propio
Partido Nacionalista Vasco. Se considera beneficiario de esta Carta a
todo aquel que se encuentre empadronado en territorio de la Comunidad
Autónoma vasca; por tanto, esta Carta está especialmente dirigida a
los inmigrantes, respecto de los cuales se tiene idea de hacer
políticas -cierto es que el fenómeno migratorio todavía en el País
Vasco es escaso- que supongan una interpretación más acorde con la
propia cláusula constitucional de Estado social y las obligaciones de
reconocimiento de derechos a través de la propia Constitución
española y de los tratados internacionales.

Me gustaría indicar como otros grupos, aunque lo he dicho ya de
pasada pero quisiera volver a insistir, que la financiación ha
quedado extraordinariamente coja en cuanto a qué posibilidades hay de
llevarse a la práctica y qué dineros van a tener estas políticas
respecto sobre todo de lo que es la propia Administración del Estado
y las comunidades de régimen común. Las concertadas de momento creo
que estamos en disposición de abordar políticas propias desde otros
parámetros, si bien a la hora de valorar las aportaciones al Estado o
el concierto, deberán tenerse en cuenta estas cuestiones.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría, por su
intervención, que demuestra una vez más que es capaz de superar las
dificultades de todo tipo que se puedan presentar, y es capaz de
hacer una intervención tan completa y tan trabajada como ésta.

Pasamos al Grupo Federal de Izquierda Unida. El señor Frutos tiene la
palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Hemos vivido estos pasados meses un proceso de
regularización absolutamente irregular, que refleja una
discrecionalidad y una improvisación a corregir. Soy ciudadano nacido
en el Maresme, que es una comarca de la provincia de Barcelona
lindando con la provincia de Girona, y estaba intentando ver qué
diferencia era capaz de detectar entre los emigrantes del Maresme o
de Barcelona y los de la provincia de Girona, y no era capaz de
discernirlo, ni tan siquiera en las profesiones a las que estos
emigrantes intentaban dirigirse para encontrar un puesto de trabajo.

Me resultaba difícil, y me doy cuenta de que ha habido una denegación
de permisos del 71 por ciento en la provincia de Barcelona y del 18,8
por ciento en la provincia de Girona. Esto me hace hablar de
discrecionalidad de improvisación, de algo que es absolutamente
necesario que se corrija. El plan Greco debería hacerlo, así como la
ley que entra en vigor el día 23 de enero. ¿Va a hacerlo? No lo sé
todavía. Yo creo que todavía hay excesivo miedo, improvisación,
conservadurismo en el momento de enfocar medidas para hacer frente a
oleadas de emigración masiva, que no van a



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parar hasta que no cambien las condiciones objetivas que hay en un
montón de países del mundo, y especialmente los que tenemos al sur,
dentro del Magreb y en el África subsahariana. La gente va a salir,
la gente quiere comer, quiere beber un vaso de agua potable, no
quiere que la maten, que la mutilen, quiere educarse, quiere tener
salud, etcétera. Por tanto, esto va a continuar, y el plan Greco
debería tener esta ambición, esta visión estratégica. A nuestro
entender, el plan Greco contiene medidas positivas. Hay una música
que compensa, aunque todavía muy parcialmente, los recortes que se
produjeron entre diciembre del año 1999 y este otoño -octubre- en la
Ley 4/2000. Hay cierta compensación, dándose cuenta de que los
recortes de la Ley 4/2000 fueron ciertos, reales, profundos y que por
tanto se debería buscar una cierta compensación en algo que hasta el
momento se veía más etéreo, más declaración de intenciones, pero se
está convirtiendo -y el debate que estamos realizando tiene esta
virtud- en algo con una visión estratégica, pero con la necesidad de
medidas específicas que aborden los problemas que están sucediendo en
este momento concreto.

El informe y las conclusiones representan también una visión todavía
reticente y conservadora en el momento de recoger elementos
importantes que han planteado el conjunto de los grupos; es decir
representa un avance pero insuficiente. Debo reconocer que durante el
escaso tiempo que se ha trabajado, desde ayer por la noche hasta hoy,
el Grupo Popular ha hecho un esfuerzo; pero este esfuerzo requiere
más tiempo. Un debate político de estas características, que contiene
medidas muy concretas para hoy pero también una visión estratégica,
debe tener lugar durante más tiempo; hay que masticarlo, madurarlo y
llegar a acuerdos.

Estoy convencido de que en una serie de aspectos concretos -aparte de
otros estratégicos en los que hay diferencias en profundidad, incluso
ideológicas-, se podría haber llegado a un acuerdo bastante amplio
que nos hubiera permitido votar positivamente este informe de
conclusiones. Insisto en que hay avance, pero es insuficiente; más
todavía que en el Greco.

Se trata de la planificación, de la que han hablado incluso algunos
grupos que no son nada partidarios de ella, como por ejemplo el Grupo
Vasco. Hay un distanciamiento, se mira desde lejos pensando que
cualquier medida o grupo de medidas pueden suponer políticas
intervencionistas, en vez de ver un problema en el cual debe haber
intervencionismo del Estado, intervencionismo de los gobiernos de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pues bien, en esto sí
podríamos estar de acuerdo: el intervencionismo es fundamental; el
distanciamiento, el liberalismo en el tratamiento de estos problemas,
es no querer entrar en su solución. Son asuntos de Estado,
entendiendo el Estado como integrado por todas las administraciones
que actúan y tienen responsabilidades.

Podríamos decir que vamos por buen camino, pero estamos en el
principio del camino; además, estamos en una encrucijada en la que es
necesario concretar toda una serie de medidas que no se concretan,
que son genéricas y respecto a las cuales hay un distanciamiento
grande. Por otra parte, hay políticas concretas que exigen un
tratamiento presupuestario concreto desde el primer momento. Falta
complementar lo que ahora continúa siendo contrapuesto en una serie
de aspectos que todos los grupos hemos analizado. Complementar es a
veces un duro ejercicio de dialéctica política, pero es un ejercicio
necesario; yo creo que todavía se podría complementar más.

Me sienta mal que esta Comisión tenga que decidir hoy y cerrar el
debate, es un flaco servicio al proceso que estamos viviendo.

Tendríamos que debatir de forma reiterada para profundizar lo que no
hemos profundizado; podríamos haber avanzado bastante más en esta
ley, pero ello exigiría tiempo que no tenemos en este momento.

Pretendemos hacer un documento para elaborar una estrategia y el
documento está absolutamente inmaduro.

Votaremos a favor del conjunto de las enmiendas. Pensamos que de
ellas debería salir el Greco necesario para estos próximos años; de
un trabajo serio de reelaboración a partir de las enmiendas. Por lo
que veo, no hay contradicciones insalvables salvo en algunos aspecto
muy concretos, en la mayoría de las enmiendas no hay aspectos
contradictorios insalvables en los que no se pueda llegar a acuerdos
tras discutirlos. Falta tiempo. Yo preferiría votar y que de ello
saliera un batiburrillo de papeles y de enmiendas aprobadas, con el
visto bueno político, para luego hacer el documento que mejor
corresponda a la realidad actual. Votaremos a favor de todas ellas,
porque son aportaciones interesantes que sería necesario aprobar para
continuar trabajando.




Mantenemos, naturalmente, las nuestras, porque en los asuntos que
estamos tratando ahora debemos salir de esta visión todavía timorata
de abordar esta cuestión como un problema y deberíamos verla como
normal. De la misma forma que los asuntos europeos son contemplados
normmalmente en la vida económica, social, fiscal y de justicia en
España, no deberíamos verlo como un problema, porque vamos a tener
que convivir con él durante muchos años y va a presionar fuertemente
en la medida en que no se creen condiciones objetivas en toda una
serie de países que hagan que la gente tenga unas condiciones mínimas
dignas que les permitan quedarse en su sitio, que luego haya el
normal trasvase de trabajadores de un sitio a otro en función de las
necesidades económicas, sociales, de los cambios, pero de una forma
más normalizada que ahora.

Defendemos la enmienda número 1 -que puede parecer efectivamente
utópica o un brindis al sol-, mediante la que pretendemos poner en
marcha en la Unión Europea, con sus consecuencias para España, un



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programa para África que contenga como mínimo los siguientes
subprogramas: salud, educación, justicia, etcétera. Sé que en el plan
Greco se cita todo esto, pero es necesario concretarlo. Todavía se
habla del marco europeo temiendo saltárselo, sin confianza en las
propias convicciones. Nosotros que somos receptor inmediato y un país
en el cual se genera toda una serie de problemas en función de esa
presión migratoria que antes he señalado que deberíamos ver como un
asunto normal, deberíamos tener una iniciativa políticamente más
fuerte en la Unión Europea para evitar esos planes retóricos que no
aportan programa de actuación concreto a medio y largo plazo y lograr
planes serios.

Ligado a todo esto, hablamos, en la enmienda número 2, de la
cancelación de la deuda externa que con España mantienen los países
empobrecidos y la iniciativa hacia la Unión Europea para que se tome
la misma decisión en el Parlamento Europeo, en todos los países de la
Unión Europea, y que el importe anual de la deuda cancelada se
destine al desarrollo de los países empobrecidos para que la
población goce de forma inmediata de este desarrollo.

El tercer punto, parcialmente recogido por el Grupo Popular, trata de
la necesidad de una nueva regulación del reagrupamiento familiar que
avance en temas que han quedado absolutamente desfasados. Pretende
objetivar toda una serie de medidas para favorecer la seguridad de la
residencia, facilitando la renovación de los permisos; eliminar al
máximo la discrecionalidad de la Administración y de los funcionarios
policiales; establecer y reconocer con claridad el derecho del
reagrupamiento familiar y facilitar su tramitación; en definitiva,
objetivar todas estas cuestiones de la forma más clara y precisa para
que no haya ninguna ambigüedad. Por último, crear las condiciones
necesarias para garantizar el acceso de estos colectivos a los
sistemas públicos de enseñanza, asistencia sanitaria. Es decir,
reforzar todo este apartado y hacerlo más concreto para todos los
casos. Finalmente, articular planes de alojamiento, de vivienda para
contrarrestar las dificultades que puedan tener. Por cierto, en el
plan Greco se habla de centros de acogida y, que nos conste a
nosotros, en España no hay todavía ningún centro de acogida. (El
señor Campuzano i Canadès: En Ceuta.) No creo que se pueda calificar
como tal. Yo viví en cierta manera en los años sesenta centros de
acogida en Europa…( El señor Gil Lázaro: Son absolutamente nuevos.)
Debe ser de ahora, de esta semana pasada.




El señor PRESIDENTE: Dejen al señor Frutos que concluya su discurso.




El señor FRUTOS GRAS: No creo que haya centros de acogida en general;
en Almería no creo que haya ninguno y seguramente allí haría falta.

Yo vi, en los años sesenta, en los países de recepción de migraciones
masivas unos centros de acogida que tenían unas
condiciones objetivas decentes que permitían unas condiciones de
existencia digna a todos los emigrantes que tenían que trasladarse a
trabajar a estos países.

España, un país en el cual se dice que ha habido un crecimiento
espectacular en el terreno económico y social, podría tener cierta
consideración y dedicar una parte del presupuesto para que estas
personas pudieran vivir de manera mínimamente digna.

En definitiva, mantenemos nuestras enmiendas y, repito, votaremos
afirmativamente las enmiendas presentadas por el resto de los grupos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Hoy concluye, en este período de
sesiones, la tramitación de los trabajos de la subcomisión creada
hace unos meses en relación con el estudio de un plan global en
materia de emigración.

Al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió le parece absolutamente
necesario que el Estado articule una política global en materia de
inmigración, pero se consideraba así no sólo en esta legislatura,
sino desde hace cierto tiempo. Nuestro convencimiento es que buena
parte de los problemas y de las necesidades que existen en España en
el ámbito de la inmigración no se derivan básicamente de las leyes de
las que nos hemos dotado, que los problemas no están sólo en la Ley
de 1985, en la ley aprobada en la pasada legislatura o en la reforma
actual, sino que muchos se derivan de esa ausencia de políticas
globales del Estado en materia de inmigración. Insisto en que nos
parecía absolutamente necesaria la puesta en marcha de un plan de
estas características.




En el documento que en su día aprobó el Consejo de Ministros y sobre
el que hemos trabajado en el seno de esta subcomisión genéricamente
todos podemos coincidir, aunque Convergència i Unió echa en falta que
el énfasis, el objetivo central de esta política del Estado en
materia de inmigración se sitúe en la integración social de la
inmigración. Nos parece que en esta legislatura el discurso público,
la atención del Gobierno en materia de inmigración, enlazando con lo
que fueron los desafortunados debates de finales de la pasada
legislatura, se está centrando exclusivamente en los aspectos del
control del flujo migratorio. No entender que la orientación del
control del flujo migratorio es facilitar la integración social de la
inmigración, es errar la política que a medio plazo le conviene a
España en esta materia.

Nos parece que al plan Greco le falta esta visión más amplia, más
ambiciosa y global para permitir que sea posible la integración
social de la inmigración, entendiendo por integración social -término
discutido y complejo- una cuestión muy simple: la integración



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social es que ningún ciudadano extranjero tenga problemas por ser
extranjero, sino que los problemas que tengan sean los mismos que los
de un ciudadano del Estado español como padre de familia, como
trabajador, como empresario, como estudiante, como hombre o como
mujer. Ese es el objetivo al que debería responder en España una
política de inmigración a medio plazo. Al plan Greco le falta esa
suficiente ambición.

Quiero decir también que el método del que nos hemos dotado en la
Cámara para intentar abordar esta política global de inmigración
inicialmente nos parecía interesante. Nos parecía interesante la
creación de una subcomisión como un espacio de participación social
de grupos de expertos y como mecanismo que nos diese tiempo a los
grupos parlamentarios para intentar consensuar una visión global de
la materia. En relación con el primer objetivo, a pesar de que hemos
tenido poco tiempo, las comparecencias de los expertos, de los
responsables autonómicos, de los responsables sindicales
y empresariales y de los responsables sociales han sido positivas.

Todos los parlamentarios de la subcomisión hemos aprendido. Como han
hecho otros compañeros y compañeras, es bueno que hagamos constar el
agradecimiento a los comparecientes. Pero, en cambio, en el trámite
final de los trabajos de la subcomisión el tiempo ha sido apresurado
y no ha permitido a los grupos políticos profundizar en un debate a
fondo sobre nuestras posiciones respectivas. Esto nos lleva hoy a una
conclusión, que no creemos que sea buena, y es que el informe de la
subcomisión va a ser tan sólo aprobado con los votos del partido del
Gobierno. Ha faltado tiempo. Estoy convencido de que si hubiésemos
habilitado el mes de enero para celebrar una par de sesiones de la
subcomisión y otra de la Comisión hoy saldríamos con un texto
aprobado con un apoyo casi unánime. Junto a esta falta de tiempo, al
Grupo Popular le ha faltado la flexibilidad para aceptar más
posiciones del conjunto de las propuestas planteadas por el resto de
los grupos de la Cámara. Esa falta de flexibilidad enlaza con el
apresuramiento en el tiempo para aprobar hoy el informe.

Insistimos en que en materia de inmigración las fuerzas políticas
deberíamos ser capaces de consensuar líneas de acción a medio y largo
plazo, de evitar la utilización de carácter electoral, de construir
un discurso mínimamente pedagógico, y es evidente que en esta
legislatura no estamos avanzando en esta línea, lo cual lamentamos.

Hoy de nuevo perdemos una oportunidad para formular una política de
inmigración global, basada en un consenso parlamentario muy potente.

Quiero recordar que en los años noventa esta Cámara fue capaz de
hacerlo. En cambio, en esta legislatura no lo somos. Esto es un error
de base importante y espero que no nos arrepintamos en un futuro
inmediato de este planteamiento.




Voy a destacar los aspectos más sustanciales de nuestros votos
particulares, porque todas SS.SS. los
conocen ya que van a ser publicados en el Boletín Oficial de las
Cortes. Nuestra primera propuesta iba en la línea de incorporar a la
definición del programa el concepto de integración social. La
integración social es el objetivo al que debería orientarse el
conjunto de las políticas, el control de flujos, las políticas de
cooperación al desarrollo, la lucha contra la inmigración de carácter
irregular, así como las políticas sociales que desarrolla el Estado y
el resto de las administraciones. Entendemos que la integración
social debería formar parte del título de este plan para visualizar
claramente cuál es el compromiso del Estado en esta materia.

En nuestro segundo voto particular defendemos que el programa Greco
debería depender, junto con la Secretaría de Estado, de la
Vicepresidencia política del Gobierno. Esa visión no suficientemente
ambiciosa que denota el plan Greco va muy ligada a su dependencia del
Ministerio del Interior. Es evidente que la dimensión global del
fenómeno de la inmigración exige una visión que supere la visión
administrativa y policial que se tiene desde el Ministerio del
Interior.

Nuestra tercera enmienda y fundamental para que Convergéncia i Unió
hubiese votado hoy a favor del informe de la subcomisión es el
compromiso financiero del Estado con relación al conjunto de las
políticas de inmigración. Por un lado, hay una serie de partidas, de
políticas, a las que hoy tenemos que asumir que estamos destinando
pocos recursos. Buena parte de los problemas que existen con relación
a la cuestión migratoria en España se derivan de la falta de recursos
de estas políticas, especialmente, y de manera sangrante, la
situación de los consulados españoles en los principales países de
emigración. Es una situación escandalosa y denunciada desde hace
muchos años años la de las oficinas de extranjería de las principales
demarcaciones donde existe un número significativo de ciudadanos
inmigrantes. Me decían hoy mismo que en la Subdelegación del Gobierno
de Barcelona cerca de más de 3.000 personas vuelven a hacer cola en
las calles que la rodean, en concreto, en la estación de Francia.

Esta situación tan sólo se puede entender por la falta de recursos de
la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, denunciada por los
propios funcionarios desde hace un montón de años. Si el Estado no
entiende que a esas oficinas de extranjería hay que incrementar los
recursos, es que no tiene voluntad real de resolver estas cuestiones.

En segundo lugar, están los planes de acogida para los inmigrantes
indocumentados. Con la perspectiva del número elevado de personas
rechazadas en el actual proceso de regularización, es evidente que, o
ponemos medios para acoger a estas personas y resolver su situación,
o vamos a crear situaciones de difícil gobernabilidad en diversas
partes del Estado. En tercer lugar, el incremento de los efectivos de
la Inspección de Trabajo. Son cuestiones básicas y fundamentales para
que el



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Estado pueda desarrollar de verdad una política en esta materia.

En cuarto lugar, existen unas actuaciones realizadas por las
comunidades autónomas en las que nos parece esencial que el Estado, a
través de convenios, asuma su financiación con los gobiernos
autonómicos en el contexto de una idea, cual es que buena parte de
los problemas que existen en la política de la inmigración se derivan
de esa ausencia de políticas sociales de integración. Pensemos que
una parte de los inmigrantes objeto de preocupación del plan Greco
son personas trabajadoras, que viven muchas veces en barrios
envejecidos de las grandes urbes de España, barrios donde se están
acumulando otros problemas de carácter social, tales como el
envejecimiento de su población, la ordenación urbanística o la falta
de recursos educativos, sanitarios, sociales o culturales. Otra parte
de estos inmigrantes se sitúan en zonas de ámbito rural, donde la
falta de infraestructuras sociales y culturales es más que evidente.

Pues bien, si no asumimos claramente hoy que en estas necesidades es
donde el Estado debe efectuar aportaciones presupuestarias
importantes, estaremos haciendo una dejación significativa de
nuestras responsabilidades. En esta cuestión central basamos nuestra
línea de no apoyar esta mañana el informe de la subcomisión.

En quinto lugar, mi grupo parlamentario defiende la necesidad de que
no se cree en el Senado una comisión de seguimiento de estas
cuestiones sino que, en línea con lo que ha sido una tradición del
Congreso de seguimiento e impulso de las políticas de inmigración, se
cree una comisión mixta Congreso-Senado para asuntos migratorios,
como la de los derechos de la mujer o de la droga, que nos permiten
una acción combinada de las dos Cámaras. No entendemos por qué el
seguimiento de las cuestiones migratorias tiene que limitarse al
Senado.

Una sexta consideración pretende reforzar el papel de los gobiernos
autonómicos. Asumimos plenamente el discurso que nuestra colega
Margarita Uría ha efectuado, por ejemplo, las aportaciones realizadas
por el profesor Eliseo Aja. Entender que hoy las políticas de
inmigración, en su mayor parte, corresponden en subvención a los
ámbitos territoriales, ya sea autonómico o local, es tener una visión
parca de lo que son las políticas de inmigración.

Como séptima enmienda, mantenemos que la vinculación entre la
política de inmigración y la política de cooperación al desarrollo no
debe formar parte de la contención del fenómeno de la inmigración. La
práctica ha demostrado hasta ahora que esta es una lógica que no
funciona, que deberíamos asumir que el gran objetivo de la
cooperación española tiene que ser contribuir, junto con el resto del
mundo, a la erradicación de la pobreza en los países de donde viene
buena parte los flujos migratorios. El plan Greco no responde a ese
objetivo de la erradicación de la pobreza.

En cuanto al resto de enmiendas de mi grupo parlamentario, que son
más concretas, me gustaría destacar algunas en la medida en que
introducen novedades. Por ejemplo, echamos en falta en el plan Greco
programas específicos de acogida a las personas que colaboran en la
lucha contra las redes organizadas dedicadas al tráfico ilícito de
seres humanos. La Ley 4/2000 y la reforma mantienen que esa
colaboración tenga un apoyo del Estado en materia de reconocimiento
de papeles, pero, en cambio, no observamos que el citado plan Greco
incorpore medidas específicas de apoyo a la inserción social de estas
personas. También tenemos enmiendas que en parte han sido asumidas
por el Partido Popular. En concreto, la que rechaza el mecanismo de
las regularizaciones, que hemos realizado en estas semanas, como
mecanismo para combatir la inmigración irregular. Estimamos que las
previsiones de los artículos 29.3 y 29.4 de la nueva ley van a ser
fundamentales para evitar en el futuro un nuevo proceso de
regularización. En este sentido, la política efectuada por el antiguo
equipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fomentar el
empadronamiento de los inmigrantes con papeles y sin papeles ha sido
una buena política y planteamos la necesidad de continuar con ella ya
que ahora quedan dudas sobre su desarrollo por parte del nuevo
equipo.

En materia de racismo y xenofobia, nuestro grupo hacía tres
propuestas muy concretas, que lamentamos que el Gobierno y el Grupo
Popular no hayan podido asumir. En primer lugar, una especialización
de la Fiscalía en el ámbito de extranjería. Es una verdad que la
vulneración de derechos del colectivo de extranjeros está en aumento,
por lo que una especialización de la Fiscalía podría dar una
respuesta más eficaz a esa garantía de derechos y libertades que
todos compartimos. En segundo lugar, un incremento de las políticas
de formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta
materia, en la línea de lo previsto en la Carta de Rotterdam. He de
recordarle, señorías, que la Carta de Rotterdam es un compromiso de
los órganos policiales de diversos Estados de la Unión Europea, pero
que en el caso español tan sólo ha sido asumida por la Policía de
Cataluña. Invitamos al resto de las administraciones a que asuman los
compromisos derivados de la misma y, finalmente, planteamos que el
Estado español asuma la trasposición a nuestra legislación de la
directiva comunitaria relativa a la no discriminación por origen
racial o étnico, posición mantenida en los trabajos de la subcomisión
que en esta materia de lucha contra el racismo y la xenofobia es
especialmente interesante.

Finalmente, en una enmienda nuestra sobre la política europea de
inmigración, enlazábamos con lo que nos parece un cambio en la
política de la Unión en esta materia, que es la referencia a la
comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, un
documento donde la Unión Europea supera una visión derivada de otros
documentos suyos, estrictamente



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policial y vinculada al fenómeno de la inmigración irregular
y apuesta por una visión mucho más global. La Unión apuesta en este
documento por la vinculación, no tan sólo a las políticas de
desarrollo, sino a las políticas generales de desempleo, a las
políticas de bienestar social, a las políticas de carácter
demográfico. El Greco debería recoger esta nueva filosofía que desde
hace escasísimas semanas, en concreto, desde el 22 de noviembre, la
Unión ha puesto en marcha. El Greco no está a las alturas de las
previsiones ya hoy de la Unión Europea en esta materia.

Coincidiendo con las posiciones de otros grupos, esta armonización de
políticas de asilo de los países de la Unión debe hacerse teniendo
presente el absoluto y radical respeto a los derechos humanos. Hoy
nos preocupa, aunque no es un problema de España sino de la Unión
Europea, una visión muy restrictiva del concepto de asilo de la Unión
Europea en estos últimos años. Sería bueno que esta Cámara hiciese un
seguimiento estricto de cuáles son las posiciones del Gobierno
español en el seno de los Consejos correspondientes de la Unión
Europea.

Estas son las enmiendas que vamos a mantener. Anunciamos nuestro voto
favorable al conjunto de los votos particulares del resto de los
grupos de la Cámara. Son cuestiones que enlazan con nuestra
posiciones y complementan sin contradecir el contenido del informe de
la subcomisión y el del propio Greco.

Nuestro grupo hoy no va a votar favorablemente el informe de la
subcomisión, porque no se ha recogido el planteamiento de
Convergència i Unió ni de la mayoría de los grupos, de un compromiso
claro e inequívoco del Estado, de asumir que las políticas de
inmigración necesitan un incremento de los recursos del Estado y de
las comunidades autónomas y corporaciones locales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Jáuregui.




El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, yo también
quiero empezar expresando el punto de vista del Grupo Socialista
respecto a lo que ha sido el conjunto de los trabajos y la
tramitación global de esta subcomisión que hoy terminamos. Lo quiero
hacer expresando no sé si una queja formal, puesto que no es el
ámbito reglamentario el que me preocupa, sino la frustración política
que otros compañeros han expresado respecto a lo que es un final
absolutamente torpe y equivocado que hoy vamos a producir; a un
trabajo que tendría que haber tenido, como todos han dicho, otro
final que pudiera haber permitido aproximar las posiciones de los
grupos políticos en torno a una definición común o muy consensuada en
una cuestión tan importante como es la política de inmigración, que
va a ser capital en nuestro próximo siglo y que, desde luego, ya lo
es en los años actuales.

Esa queja, esa frustración se refiere, en primer lugar, al trámite
último de la subcomisión ayer, como corolario de un trabajo que
empezó muy bien. Yo quiero destacar la enorme generosidad que todos
los grupos -y desde luego, el mayoritario de la Cámara también-
expresaron cuando empezó la subcomisión a la hora de determinar qué
personas comparecían, qué organizaciones podían hacerlo. Incluso el
trámite tan generoso, tan abierto y plural que hemos tenido durante
muchos lunes, en los que han comparecido, como saben ustedes, treinta
personas representativas de la cátedra, de la universidad, de las
ONG, de las comunidades autónomas, del propio Gobierno, etcétera.

Pues bien, curiosamente todo ese trabajo termina ayer de una manera
abrupta cuando, después de que todos los grupos políticos
presentáramos un buen número de propuestas que recogen lo que estos
expertos nos han dicho, nos encontramos con que no se puede discutir
sobre nada, porque las enmiendas no pueden ser discutidas y no hay la
menor oportunidad de que los señores de CiU, de Izquierda Unida, del
PNV o del Partido Socialista pudiéramos debatir sobre las respectivas
enmiendas, enriquecerlas, consensuarlas, etcétera. Todo esto era
imposible. Había que hacer un trámite para que hoy por la mañana se
pudiera ver en esta Comisión el informe que la subcomisión emitía.

¿Pero qué informe? No había informe, señorías. Y hubo que hacerlo
precipitadamente por parte del grupo mayoritario, que era el que
tenía la responsabilidad de culminar esta Comisión y las compañeras y
compañeros, los tres representantes del Partido Popular que estaban
allí, tuvieron que hacer un esfuerzo notable para preparar un pequeño
resumen de posiciones que permitiese que hoy se debatiese aquí. Pero
realmente no hay un informe de subcomisión que culmine este debate,
porque no ha habido debate, porque no hemos podido discutir las
enmiendas de los grupos. Ha sido profundamente frustrante. El final
de estos debates es un auténtico despropósito parlamentario.

Además -y quiero decirlo-, ha sido una desconsideración total con las
comparecencias. Aquí han venido -ya lo he dicho antes- representantes
muy cualificados de la universidad española en este tema, demógrafos
expertos, catedráticos de universidades muy diversas que tratan este
asunto desde hace tiempo, que publican cosas, que están participando
en este movimiento; han venido cinco o seis consejeros de comunidades
autónomas, representantes de los ayuntamientos, de diversas ONG, de
sindicatos, de empresarios; han dicho multitud de cosas y han
presentado unos informes documentadísimos. ¿Alguien puede creer que
todo ese material haya podido plasmarse en algo? Le aseguro que no.

Lo que hoy vamos a traer aquí es el Greco de siempre, el que elaboró
el Gobierno, al margen de lo que aportaron estas entidades y estos
organismos. Insisto en que hay una desconsideración absoluta con
estas representaciones que estuvieron aquí a las



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cuales el Parlamento español no les hace ningún caso, por no decir
otra expresión.

El trámite que hoy concluye constituye un desprecio a la oposición,
un desprecio obsesivo, porque se han obsesionado por no aceptar
prácticamente nada, y un desprecio abusivo de la mayoría. El Partido
Popular y el Gobierno han perdido la oportunidad -lo ha expresado el
señor Campuzano, de Convergència i Unió adecuadamente- de elaborar un
documento consensuado. Y ha habido una actitud que yo quiero
calificar de humillante para con nosotros, porque cantidad de
enmiendas de todos los grupos no han sido siquiera tratadas. A última
hora y rápidamente -precipitadamente, mejor dicho-, el Grupo Popular
ha hecho un pequeño papel que sirve de informe, recogiendo por aquí y
por allá cuatro cositas, más bien técnicas, para poder decir que ha
habido un informe de la subcomisión. Pero ese informe, señorías -y
con esto termino mi queja-, hoy va a tener sólo el apoyo del Grupo
Popular. Y lo digo lamentándolo. Se va a producir la curiosa y
significativa circunstancia de que todos los grupos -lo quiero
anunciar ya ahora- vamos a apoyar las enmiendas de los demás, al
margen de que coincidamos literalmente con cada una de ellas porque
seguro que cada uno de los compañeros que han intervenido discrepan
de algunas formulaciones. Lo que queremos expresar -y así lo va a
hacer el Grupo Socialista al pedir que se vote en bloque el conjunto
de las enmiendas de los grupos- es que estamos de acuerdo con las
enmiendas que han presentado cada grupo. Se va a dar la circunstancia
de que todos los grupos de esta Cámara van a votar todas sus
enmiendas y sólo el Grupo Popular va a votar su informe. Creo que es
un malísimo balance de este trabajo. Nosotros hemos estado
considerando si merecía la pena hacer la defensa en esta sesión de
las 54 enmiendas que hemos presentado al Greco, pero, puesto que
somos un grupo de absoluto rigor en el comportamiento parlamentario
e institucional, lo vamos a hacer y, además, así lo han hecho los
demás, pero desde ese sentimiento de frustración de que para poco
sirve, más que para aparezca en el «Diario de Sesiones» lo que hemos
enmendado.

En el capítulo concreto de la actitud del Partido Socialista en este
terreno, nuestras enmiendas han querido darle al Greco cinco
características que no tiene: más concreción, más compromiso, más
integración social, más participación y más cooperación. Más
concreción para que haya una fijación de objetivos, para que no sean
sólo bellas palabras sino para que efectivamente el Greco constituya
en cierto modo la definición de una serie de referencias y de
objetivos hacia los que tiende la política de inmigración española.

Más compromiso porque si no hay un soporte financiero, si no hay una
fijación de objetivos, como decía anteriormente, el plan es pájaros y
flores, son líneas de tendencia que no constituyen una oferta al
sistema público y más cuando está amparado en el debate parlamentario
previo
de lo que es un conjunto de actuaciones concretas y comprometidas
con la política de inmigración. Más integración social porque la
filosofía básica de lo que la política de inmigración necesita hoy
día en España es precisamente una política de enriquecimiento de la
diversidad, de multiculturalismo, de hacer que la comunidad española
viva como un bien, como una riqueza extraordinaria la presencia del
otro, del ajeno. Más participación porque es capital que la sociedad
civil, las ONG, los sindicatos y los empresarios tengan algo más que
decir en la política de inmigración, algo que -hoy podemos decirlo-
todos nos reclamaban cuando venían a la subcomisión a explicar sus
puntos de vista; todos hemos coincidido en la importancia que tenían
las ONG, más directamente involucradas en la política de inmigración
que los sindicatos o los empresarios, tan involucrados en la fijación
de los flujos migratorios de trabajadores contratados en el exterior
como protagonistas directos en toda esa política. Y más cooperación
porque España es un país complejo -lo hemos dicho mil veces- y es
imprescindible el funcionamiento armónico, engrasado, entre Gobierno
central, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Con estas 54 enmiendas -para no extenderme en exceso en su defensa-
proponemos cinco grandes líneas de incorporación al Greco que nos
parecen imprescindibles. Reitero algo que aunque es obvio quiero
destacar. El Partido Socialista, desde el primer momento, ha
considerado que el plan Greco es un buen documento base de trabajo.

Nuestro grupo no ha ido a la subcomisión a crear ex novo un debate
interminable, hemos ido a la subcomisión sobre la base de que lo que
el Gobierno había elaborado como plan general de integración y de
coordinación era un documento estimable, e incluso lo hemos aceptado
formalmente como un documento de base, pero lo queremos enriquecer. Y
honradamente hay que decir que nuestras enmiendas -salvo unas cuantas
correcciones técnicas que el Grupo Popular ha aceptado- no han sido
admitidas y, por tanto, no ha podido ser enriquecido. ¿Cómo lo
queríamos hacer?
En primer lugar, ha habido una unanimidad absoluta en los
comparecientes. Me estoy acordando de representantes de los
empresarios, de los sindicatos, de la Unió de Payeses, de los
catedráticos y de las comunidades autónomas sobre la necesidad
importantísima que hay en España de canalizar, de ordenar, de regular
los flujos migratorios. A España vendrán -señorías, ya están viniendo
este mismo año y seguro que el que viene y el siguiente- en torno a
50.000 ó 60.000 personas a trabajar, que nuestro mercado laboral
integrará. La pregunta es: ¿Cómo vienen? Si lo hacen desde una
contratación en origen que asegure sus derechos, que dé solvencia a
las empresas sobre a quién contratan; si lo hacemos sobre la base de
una política que favorezca y agilice los flujos migratorios, como
antesdecía, ordenados y regulados o lo hacemos para que los



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que vienen irregularmente, ya sea en pateras o en avión, se queden
aquí y sean subcontratados y haya competencia desleal, esclavismo,
etcétera. Esta es la cuestión. Obviamente, el programa Greco
contempla este tema. ¿Qué ha querido aportar el Partido Socialista a
esta línea básica de política de inmigración? Una serie de
compromisos. ¿Cuáles? En nuestra opinión, sería necesario concretar
los diez países sobre los que recae el mayor peso del flujo
migratorio -citemos Marruecos, Argelia, República Dominicana,
Ecuador, Colombia, alguno más del Este quizás y subsahariano-, los
diez grandes países de donde viene la inmigración a España, para, en
los próximos meses, hacer convenios con ellos y fijar una presencia
consular mucho más fuerte. Estoy repitiendo lo que ya han dicho otros
compañeros antes que yo. Hagamos que la cooperación al desarrollo,
que organiza la Agencia de Cooperación Internacional de España, tenga
a esos países como países prioritarios para la formación profesional
de esos flujos migratorios. Hagamos con ellos una selección en origen
adecuada, establezcamos un procedimiento ágil de comunicación
informático entre las empresas o la CEOE y los estamentos consulares
con estos países. Eximamos incluso de la contratación de estas
personas de ese requisito, un tanto burocrático y exagerado que
pusieron de manifiesto los empresarios, que es que el Inem no tenga
que emitir un informe previo de que sobre esas contrataciones existen
o no parados en España. Este informe, que está en nuestra legislación
reglamentaria, tarda prácticamente seis u ocho meses en emitirse y
hace que las empresas que, pongamos por caso, quieren traer
fontaneros de Polonia o jardineros de Ecuador, tengan que esperar no
sé cuántos meses para que les den esa autorización que quizás el Inem
nunca lo pueda dar porque haya jardineros en paro en Almería (he
dicho Almería como podría haber dicho Huelva). Hemos propuesto
incorporar estos principios al programa Greco y no se nos ha hecho
caso. Estas cosas quieren mejorar y quieren enriquecer el Greco. Las
han propuesto el Partido Socialista y otros grupos, pero no se nos ha
hecho caso.

Segunda línea de intervención: la integración social. Hemos hablado
de flujos migratorios. Ahora bien, qué hacemos con los que tenemos.

Aquí hay un montón de cosas que hacer respecto del contenido del
Greco. Nosotros hemos considerado que sería importante, allá donde
hay una alta concentración de inmigrantes, con 50 ó 100 núcleos
urbanos y rurales en España, donde la tasa de inmigración sobre la
población existente supera el 10 por ciento, lo cual ocasiona
problemas de convivencia, etcétera, que realicemos unos programas
piloto de actuación, para que España vaya experimentando la necesidad
de una política de integración donde se expresa más crudamente. Hemos
planteado que los servicios sociales de los ayuntamientos y de las
comunidades autónomas sean los que realicen la política de
integración; que sean los servicios sociales y no los notarios los
que elaboran un informe para saber si es posible el reagrupamiento
familiar. Un dominicano que quiere traer a su familia tiene que pedir
al notario un informe para ver si su casa admite condiciones. No,
hemos pedido que sean los servicios sociales del ayuntamiento los que
hagan ese informe, y que inclusive prevean que va a venir la mujer
con sus hijos, a los efectos educativos y sanitarios. Hemos pedido
fortalecer las ONG porque hacen una tarea inconmensurable en la
política de inmigración. Hemos pedido que se cree un observatorio
independiente, como tienen Alemania, Francia y otros países, para la
observación -valga la redundancia- de las manifestaciones de racismo
o de xenofobia. Hemos pedido que la educación de los inmigrantes no
sea absorbida sólo por el sistema público, ya que en parte hay un
deterioro de la escuela pública porque las escuelas privadas
concertadas no quieren admitir inmigrantes y hay un clasismo
peligroso en la educación en nuestro país. Hemos pedido que se
construyan 5.000 plazas para los trabajadores temporeros que hay en
nuestro país y no malvivan de pueblo en pueblo. Hemos pedido que se
reduzca la tramitación para obtener la nacionalidad española a seis
meses, porque hoy está en dieciocho y nos parece una cosa absurda.

Hemos pedido que se cree una red de atención a los menores con la
inserción social y laboral en nuestro país. Y hemos pedido, claro
está, que en materia de integración todas estas políticas, que tienen
que hacerlas las comunidades autónomas, como también decía el señor
Campuzano antes, se lleven a cabo mediante convenios con el Gobierno
central, soportadas en un presupuesto ad hoc, en un compromiso
financiero que permita que esas políticas se puedan realizar y que
hemos concretado en 30.000 millones de pesetas, y no se nos ha hecho
caso.

En tercer lugar, hemos pedido, como tercera gran medida desde el
punto de vista de los ejes de nuestras enmiendas, que haya un
tratamiento de lo que se llaman los irregulares o los inmigrantes
vulnerables, como se ha dicho, que contemple cuatro medidas que nos
parecen imprescindibles. Nos parece urgente que haya unos
dispositivos de atención sociosanitaria movibles que atiendan a los
inmigrantes que llegan en pateras, una especie -lo hemos llamado así
nosotros- de Samur en la costa, para que si llegan 25 personas, entre
ellas mujeres embarazadas o enfermos con hipotermias o con otro tipo
de afecciones, haya una unidad de atención, que no los tenga que
atender la guardia civil, inclusive a veces equivocándose y
persiguiéndolos y alguna vez muriendo; no, que haya un dispositivo
sociosanitario que los atienda; que haya nuevos centros de estancia
temporal, discutíamos antes con el señor Frutos si había o no,
efectivamente hay uno en Ceuta para 400, excesivo en el número por la
concentración, pero desde luego no hay centros en el Campo de
Gibraltar y no los hay en Canarias; nos parece



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urgente y nos parece que el Greco debiera de incorporarlos; su
propósito es crear tres -cuatro, pero creemos que son precisos cuatro
centros de estancia temporal para un máximo de 200 personas, dos de
ellos en el Campo de Gibraltar y dos de ellos en Canarias.

Hemos pedido que se incorpore una red de acogida y atención social a
inmigrantes itinerantes en grandes ciudades, el problema de los
rumanos. ¿Cabe establecer un campo en las grandes ciudades para este
tipo de inmigración que es nómada? ¿Cabe establecer una especie de
camping o no? ¿Es una medida que podría incorporar el Greco? Yo creo
que sí. ¿Cabe establecer la necesidad de un plan de urgencia para
atender a desplazados o inmigrantes que llegan a España de forma
masiva? ¿No nos pasó ya esto con bosnios y con kosovares? ¿Cabe que
el Greco contemple un plan de urgencia ante esa posibilidad? Yo creo
que cabe, y no se nos ha hecho caso.

Una cuarta línea de actuación que hemos planteado es la atención a
refugiados y a desplazados. Aquí hemos seguido lo que nos ha dicho
Cear y Acnur. Es imprescindible que España se incorpore a los países
de gran solvencia democrática, de gran liberalidad en su generosa
incorporación de aquellas personas que están en su calidad de
refugiados o de asilados fuera de su país. Hay 20 millones de
ciudadanos del mundo fuera de su tierra situados de mala manera en
muchos países. ¿Cuántos tenemos nosotros de esos 20 millones? No
llegan a 200. ¿Podríamos tener más? ¿Cabe incorporar a la política de
asilo y de atención a refugiados y desplazados de nuestro país,
incorporar al Greco una medida de esta naturaleza? ¿Cabe la necesidad
de incorporar una red de atención y acogida a menores que solicitan
asilo? ¿Cabe una red de atención a solicitantes de asilo que mientras
tramitan su solicitud están de mala manera en nuestro país?
Por último, hemos pedido que haya un seguimiento y una evaluación de
la política del Greco. Aprovechando que el Senado en su tramitación
última de la ley había incorporado la creación de una comisión, nos
sumamos a las enmiendas que han presentado otros grupos en el sentido
de que fuera una comisión mixta. No nos importa. Lo que estamos
reclamando es la necesidad de que haya una política de evaluación y
seguimiento. Puesto que no hay compromiso, puesto que no hay
concreción, ¿sería oportuno que esta subcomisión hubiera acordado
crear una comisión mixta de seguimiento de la política de
inmigración, estando como está presente en nuestras vidas el problema
de la inmigración y lo va a seguir estando? Tampoco a esto se nos ha
hecho caso.

Termino, señor presidente, diciéndoles que no quiero ser premonitorio
sobre lo que va a pasar en el futuro en nuestro país en relación con
la política de extranjería, pero quiero ofrecerles, a modo de
balance, una referencia que me parece obligada. Al final del año
pasado, sólo hace un año, el consenso en nuestro país
en política de inmigración era total, por lo menos lo fue en la
aprobación final de la Ley 4/2000. Y aun reconociendo la legitimidad
del derecho que tenía el Partido Popular, en el Gobierno entonces, a
modificar, y admitiendo por tanto la legitimidad de sus posiciones,
el balance hoy, un año después, sobre lo que han sido las iniciativas
y las políticas del Gobierno del Partido Popular en política de
extranjería, es el siguiente: No hay consenso en la ley, no hay
consenso en el plan, no hay consenso con las comunidades autónomas y
hoy, en esta Cámara, Grupo Mixto, Vasco, Coalición Canaria, Izquierda
Unida, Catalán y Grupo Socialista, vamos a votar todos juntos
nuestras respectivas enmiendas dejando sólo al Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Muñoz.




La señora MUÑOZ URIOL: En primer lugar, quiero indicar que hablo en
nombre de mi grupo y también como coordinadora de la subcomisión,
para agradecer a todos los comparecientes los trabajos aportados, así
como sus intervenciones a lo largo de las sesiones que hemos tenido
en esta subcomisión. Una subcomisión que nos parecía importante y
necesaria, ya que la inmigración en España necesitaba contar con un
plan que abordara, desde una perspectiva global, el tratamiento de la
inmigración para los próximos años. Queremos valorar positivamente la
iniciativa del Gobierno en la elaboración de este plan Greco, que
representa una iniciativa que va afrontar el tratamiento de la
inmigración desde todas sus vertientes. Por ello hay que reflexionar
sobre que por primera vez se hace un plan que cuenta con la
coordinación de todos los organismos que tienen competencias y que
están afectados por el tema de la inmigración.

Si partimos de la trascendencia y de la importancia que este fenómeno
va a tener en el futuro inmediato para España, sin perder nuestra
perspectiva de la Unión Europea, nos parecía que era un buen
documento de estudio y, sobre todo, teníamos una buena valoración
desde este plan inicial, al igual que hicieron los comparecientes
a lo largo de la subcomisión. El contenido del programa Greco es fiel
reflejo de las necesidades que tenemos en nuestro país. La estructura
que ha seguido este plan, donde se enmarcan las líneas globales de
actuación para los próximos años, es la adecuada. Se deben marcar las
prioridades. Nos parece importante, y quiero destacarlo porque aquí
se ha hecho una referencia a la voluntad de valorar cuál va a ser la
ejecución de este plan, ya que desde la introducción del plan Greco
ya hay una afirmación en cuanto a la ejecución de este programa.

Cuando dentro de este programa se indica de que además de su
plurianualidad va a haber una ejecución anual procediendo a la
evaluación de los objetivos previstos para cada año del período
mencionado, nos parece que además de contener las líneas básicas y



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generales, además de contener los principios que deben inspirar una
auténtica política de inmigración, tiene un reflejo en lo que debe
ser la valoración del propio plan.

Nos parece importante que se hable de lo que debe ser un diseño
global y coordinado de la inmigración como un fenómeno deseable para
España. Para nosotros las líneas que enmarcan el plan Greco y que
hemos querido aportar y recoger, sobre todo resaltar, en el informe
elaborado por la subcomisión nos parecen que son las adecuadas.

Cuando se habla de que se debe estudiar el fenómeno migratorio en
España, de que debemos ver cuáles son las previsiones y también la
evolución, cuando en el propio plan Greco y en su informe nosotros
determinamos, a la vista de las comparecencias que hemos tenido en la
subcomisión, que hay que establecer cuál es el número de inmigrantes
que anualmente necesita nuestro país, o cuando se recoge que se debe
hacer ese ordenamiento sobre la base de la firma de convenios que
contemplen todos los aspectos del fenómeno migratorio, o cuando
hablamos en este capítulo de codesarrollo o de lo que debe ser la
participación de España en el diseño de una política común de
inmigración, fronteras y asilo, a nuestro juicio se demuestra,
señorías, que lo que va a llevar a cabo el Gobierno en esta
legislatura es un plan ambicioso.




También nos parece importante destacar que dentro de lo que son todas
y cada una de las líneas comprendidas en el plan Greco, y en lo que a
la propia coordinación del plan se refiere, hay una mención expresa
tanto a lo que son ayuntamientos como a lo que son comunidades
autónomas. Por tanto, y queriendo ser fiel reflejo de lo que ha sido
la valoración por parte de los grupos en el trabajo de la
subcomisión, en el informe que nosotros presentamos hemos querido
hacer una mención especial a lo que debe ser la labor de las
comunidades autónomas en dos vertientes fundamentales: en lo que va a
suponer la constitución del propio Consejo Superior de Política
Migratoria, y en lo que supondrá la creación de las subcomisiones en
el seno de las comisiones bilaterales de cooperación Estado-
comunidades autónomas. Esos dos mecanismos harán posible que se
aborden los diferentes aspectos de la inmigración desde las
competencias de cada una de las administraciones.




Hablar de integración era también una de las prioridades que se marcó
el Gobierno, y así lo recoge claramente tanto el plan Greco como el
informe que se ha elaborado por parte de la subcomisión. El decir que
hay que garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los que son
titulares las personas, especialmente en lo referente al tema de la
inmigración, a la asistencia sanitaria y a la atención educativa, no
es nada más que afirmar algo que el propio Gobierno está llevando ya
a cabo y que ha sido además prioridad para el Partido Popular.

Nos preocupa -y precisamente por eso queda recogido dentro del plan
Greco- que la reagrupación familiar
o la adquisición de nacionalidad, dos de los instrumentos que a
nuestro juicio y para nuestro grupo son válidos, los más eficaces,
para conseguir una auténtica integración, no se lleven a cabo con la
suficiente agilización en cuanto a procedimiento. Por tanto no solo
en el informe, sino también en lo que será el Plan Greco que salga a
instancias de lo que pueda aportar este informe, necesitamos contar
con una auténtica simplificación dentro del procedimiento de
reagrupación familiar y también en la agilización y reducción de
plazos de tramitación para la adquisición de nacionalidad.

Queremos que quede constancia y reflejo de que para nuestro grupo la
incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo se debe
realizar en igualdad de condiciones con los españoles, y para ello se
requiere tanto la colaboración de los sindicatos y de los
empresarios, como de las propias organizaciones que están trabajando
en favor de la inmigración. Para nosotros era también una prioridad
-así lo hicimos constar ayer y lo hemos ido refiriendo a lo largo de
todos estos meses en los que está discurriendo esta legislatura- el
tema del alojamiento, que es algo que preocupa. Además pudimos tener
constancia, cuando tanto las comunidades autónomas como la FEMP
tuvieron oportunidad de intervenir en la subcomisión, de la necesidad
que había de articular conjuntamente con empresarios y sindicatos,
además de las administraciones implicadas, un plan de atención al
alojamiento. Quiero destacar simplemente en este punto que fue en la
legislatura pasada cuando se logró un acuerdo, por primera vez
alcanzado sobre todo en el tema de las migraciones de temporada, en
el que se hacía una especial mención a los alojamientos. Fue un
acuerdo firmado entre las organizaciones empresariales, los
sindicatos, los ayuntamientos y los ministerios implicados. Al
referirnos a la integración de los residentes extranjeros en nuestro
país, nos parece importante hablar de aquellos que se encuentran en
una situación de especial vulnerabilidad. Por tanto, queríamos contar
con un epígrafe concreto sobre la atención y acogida de que deben ser
objeto estos extranjeros. Habrá que seguir potenciando la estructura
administrativa existente para agilizar la tramitación a que nos hemos
referido aquí. Por eso es importante que dentro de un plan de
coordinación de todas las administraciones se haga mención expresa a
cómo llevar a cabo la misma. Por último, y como no podía ser menos
dentro de un programa de integración, es prioritario para nuestro
grupo que adoptemos medidas de lucha contra el racismo y la
xenofobia.

En cuanto a la regulación de los flujos migratorios -tercer pilar
para establecer una auténtica política de coordinación y actuación en
materia de extranjería y de inmigración-, las acciones que establece
el programa para conseguir este objetivo pretenden evitar de una
manera eficaz la explotación laboral de los inmigrantes, el tráfico
ilegal y su entrada irregular. Es importantecontar con la
potenciación de nuestros consulados;



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habrá que ver cómo se desarrolla la inmigración y cuáles son los
países que más inmigración traen a nuestro país para ir modificando
nuestra red consular en ese sentido.

Establecer mecanismos de lucha contra las redes de inmigración ilegal
o mejorar los destinados a luchar contra la inmigración irregular y
la explotación de los trabajadores extranjeros son dos de las
conclusiones que deben estar incluidas dentro de este punto. Es
importante evitar esa irregularidad sobrevenida. Al mismo tiempo,
huir de las regularizaciones periódicas debe constituir el objetivo
esencial de una auténtica política de integración social del
inmigrante. La estabilidad de la situación administrativa de los
inmigrantes constituye en sí misma el mejor instrumento de
integración.




Siguiendo las líneas de actuación que nos marcamos dentro del plan
Greco, nos parece importante hacer un apartado concreto en el informe
sobre el mantenimiento del sistema de protección para los refugiados
y para los desplazados. Es imprescindible la adaptación de la
normativa de asilo a las directrices que emanan de la Unión Europea
-creo que ha sido recogido por parte de todos los grupos y nosotros
no queremos dejar de incluirlo en este apartado-, así como
proporcionar la capacitación laboral necesaria a los refugiados,
adecuar las instalaciones fronterizas para atender a los solicitantes
de asilo en la frontera, formar a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en puestos fronterizos y
establecer la adecuada protección para las personas que tienen la
condición de apátridas. Todas ellos son, en líneas generales,
planteamientos que se han ido presentando en el desarrollo de la
subcomisión.

Como decía al principio de mi intervención, esta subcomisión ha
tenido un trabajo previo importante: la presentación por parte del
Gobierno de un plan que ya contenía todas estas líneas básicas. Nos
parece que este plan ha sido un buen punto de partida porque es el
mejor que se ha podido presentar en esta Cámara. Nos hubiera gustado
contar con el plan de que dispuso el Partido Socialista -aunque no
era global, fue de un solo ministerio-, pero esta Cámara no tuvo la
oportunidad de debatirlo en su conjunto.

Tenemos un plan que el Gobierno podía haber sido asumido en su
totalidad, aunque esta Cámara hubiera podido tener la posibilidad de
valorar su ejecución. Nos parece que el procedimiento seguido por el
Gobierno demuestra un gran respeto hacia todos los grupos
parlamentarios. El Grupo Popular, por su parte, intentaba cuando se
creó esta subcomisión que el consenso fuera unánime; a lo largo del
debate vimos que no todos los grupos hicieron lo mismo. Consenso
unánime no solamente en cuanto a la reforma legislativa que debía
aprobar esta Cámara, sino también sobre el plan que iba a ser
aprobado y desarrollado por el Gobierno y las administraciones
competentes.




No hemos querido dejar de aportar algo a esta subcomisión que también
queremos que se incorpore dentro del propio programa Greco: que quede
claro cuál es el compromiso de nuestro grupo, cuál va a ser el
compromiso que debe asumir el Gobierno en cuanto a la financiación de
este plan. Nos parece un punto muy importante que hemos querido
incorporar en el informe, pero que también hemos querido incorporar a
las modificaciones propuestas por algunos grupos para cambio puntual
de algunos aspectos del propio plan Greco. No queríamos dejar pasar
este punto sin decir que nosotros -aunque ha sido asumido a lo largo
de todas las comparecencias, tanto las del Grupo Popular como las del
Gobierno, que este plan cuenta con una financiación adecuada-
queríamos que quedara reflejado en el propio plan Greco. Pensamos que
el mantenimiento de todos y cada uno de los programas comprendidos en
este plan tiene el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado
dentro de los programas que va a desarrollar cada uno de los
ministerios implicados. Es más, con independencia de lo mencionado,
y dentro de lo que supondrá la ejecución presupuestaria de estos
presupuestos generales aprobados para el 2001, tendremos la
posibilidad de crear un nuevo marco presupuestario que contendrá la
financiación de los objetivos y actividades referidos en este
documento y que estará vinculado a los objetivos alcanzados durante
este primer año de vigencia del programa Greco.

No quiero entrar en otra polémica -haré mención posterior cuando me
refiera a las aportaciones que se han hecho por parte de todos los
grupos- pero evidentemente cuando se dan cifras sin saber muy bien
qué sustento tienen -en el caso de algún grupo cifrando la dotación
de este plan en 30.000 millones-, nos parece que es mucho más
coherente, más responsable que el Gobierno, que tiene que seguir
contando con el apoyo de la mayoría de los españoles, instrumentalice
toda la financiación necesaria. Por tanto, nuestro compromiso es que
sea la propia ejecución de los presupuestos del 2001 la que marque
cuáles van a ser las partidas presupuestarias concretadas en los
presupuestos del 2002, para que efectivamente ahí veamos cuál es el
respaldo que ha tenido este plan y cuál ha sido la voluntad que ha
inspirado la consecución de este programa Greco. Nos parece
importante que incluso -y lo queremos desarrollar dentro de este
punto de financiación- se haga constar que podrá hacerse una mayor
singularización presupuestaria de los diferentes créditos que se
destinen por las distintas administraciones al desarrollo del
programa Greco en caso de que fuera necesario hacerlo para alcanzar
una mayor eficiencia en la gestión. También hay que subrayar -y
además me parece que cabe mencionarlo conjuntamente con las
aportaciones que hemos hecho en cuanto a la labor que deben de
desarrollar las comunidades autónomas- que lo que fundamentalmente
debe inspirar este plan Greco es



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la coordinación con las distintas administraciones, y esto supone un
gran avance que da un aspecto mucho más concreto al plan Greco.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señores diputados, por favor, si bajan un poco
el tono de la conversación oiremos mejor a la señora Muñoz.




La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señor presidente.

Para nosotros el balance hecho tanto por Coalición Canaria como por
Convergència i Unió, así como las aportaciones del Grupo Vasco nos
parecen importantes sobre todo teniendo en cuenta que para ellos era
fundamental que se concretaran las actuaciones a llevar a cabo,
dentro de la coordinación, por las comunidades autónomas. Estoy
convencida de que la evaluación que hagamos en el año 2002 tendrá un
grato resultado para todos, porque es importante y necesario que
exista ese marco de coordinación que hasta la fecha no se ha visto
evaluado. He de decir -y no quiero hacerlo de otra manera- que todas
las aportaciones que se han hecho a lo largo de toda esta subcomisión
no solamente por los comparecientes sino también por los grupos son
bienvenidas por nuestro grupo parlamentario. Sin embargo, cuando por
parte de un grupo político, como es el caso del Grupo Socialista -y
no entro ahora en el fondo de las cuestiones, sino simplemente en
cómo se ha desarrollado esta Comisión-, en el día de ayer, antes de
que se reuniera la subcomisión creada a tal fin, en su último día,
nos presentan un documento que han registrado en la Cámara, eso
traiciona en cierta medida lo que deben ser las formas. Ahí se vio
claramente cuál iba a ser su voluntad: antes de que terminen los
trabajos de la propia subcomisión ya hay un voto particular de un
grupo que incluso en el día de ayer renunció a defender sus
enmiendas. Cuando estamos hablando aquí del tono que para nosotros
han marcado estas comparecencias y de lo que ha sido el trabajo de la
subcomisión, la actuación que tuvo en el día de ayer el Grupo
Socialista marcaba claramente cuál iba a ser su postura,
independientemente del trabajo que se pudiera realizar ayer como
último día de la subcomisión. Para nosotros eso no refleja una
voluntad de consenso. Si para ustedes eso es el consenso,
efectivamente lo hemos visto reflejado en lo que ha sido la
tramitación de la ley y en lo que está siendo la consecución de
políticas en materia de inmigración, cuestión que nos parece que no
debiera ser el marco en el que se diera una confrontación permanente
con el Gobierno.

Lo que ustedes han matizado en al plan de integración -y espero que
no se ofenda, señor Jaúregui- no han sido aportaciones que supongan
una propuesta alternativa; usted debe estar de acuerdo conmigo en que
muchas de las puntualizaciones que ha hecho son exactamente eso,
matizaciones, en un número muy importante de casos, a cuestiones
gramaticales del propio
texto y en algunos otros a lo que debe ser la propia ejecución
del plan Greco. Cuando estamos hablando de un plan global de
actuación, de un plan global de coordinación, no se trata de marcar
una ejecución de ese plan, porque eso probablemente se pueda hacer a
posteriori dentro de los trabajos que esta Cámara deberá realizar en
cuanto a valoración o control de la actuación del Gobierno, pero
déjeme que le diga que la ejecución de esos planes va a pertenecer al
Gobierno y, en su caso, a las comunidades autónomas o a las
administraciones competentes. Creo que hablar en un plan de líneas
generales, globales, desde el que debe descenderse después a
actuaciones concretas, diciendo, por ejemplo, que se deben firmar
diez convenios de colaboración sin más, no tiene mucho sentido; ¿por
qué no ocho o doce? Si dicen que se debe hablar de cinco mil plazas
de alojamiento, ¿sobre qué cálculo hacen ustedes esa valoración?
Dicen que se deben abrir cuatro centros de estancia temporal, pero le
recuerdo, por cierto -y aquí hago un inciso- que no es solamente el
centro de Ceuta el que está abierto; con ustedes ni el de Ceuta ni el
de Melilla. En el año 1998 se abrieron los centros de Ceuta y
Melilla. Cuando ustedes dicen que hay que abrir cuatro centros de
estancia temporal, le pregunto, ¿sobre qué base? Las cifras quedan
bien en las ruedas de prensa, pero no se marcan unas necesidades
a posteriori y, sobre todo, se pretende usurpar lo que debe ser la
labor del Ejecutivo. Lo que pretendió el Gobierno con esta
subcomisión, lo que pretendió el Gobierno trayendo a esta Cámara el
plan Greco, era precisamente redactar un plan que contemplara las
líneas generales que se deben marcar en materia de inmigración para
los próximos años. La elaboración de esas líneas las llevará a cabo
el Ejecutivo dependiendo de las necesidades que tengamos en nuestro
país en materia de inmigración. Exactamente igual pasa con los 30.000
millones. Es otra cifra sobre la que en algún momento me gustaría que
nos dijeran de dónde han sacado esa valoración, si porque la
consideraban redonda o si es que creen que deben ser 30.000 y no
40.000, 70.000 u 80.000 los millones que se deban destinar a este
plan de inmigrantes.

En cualquier caso, quiero decir que muchas de las actuaciones que
ustedes plantean pueden ser buenas para las comunidades autónomas. Si
hablamos de los planes llevados a cabo por las comunidades autónomas,
le refresco la memoria diciéndole que tan solo Cataluña y Madrid
tienen planes de integración dentro de sus respectivas competencias y
que ahora quedarán coordinados dentro de este programa Greco.

Le pregunto sobre una cuestión que usted no ha planteado. No sé por
qué será. Queremos saber si comparten o no la propuesta que hace el
Gobierno de Andalucía sobre que el ejército intervenga y ayude a los
inmigrantes, porque en ninguna de las enmiendas que han introducido
dentro del plan Greco hacen referencia a ello. No sabemos si es porque
el Gobierno de Andalucía



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se ha quedado sólo en su planteamiento, sin que haya tenido ninguna
propuesta positiva por parte de organizaciones, ni siquiera por parte
del Defensor del Pueblo, o porque es otra voz que sale del PSOE y que
usted no ha querido mencionar aquí.

Para nosotros las materias de inmigración son mucho más que un
titular, no es una cuestión que se pueda plantear de manera poco
seria. Tanto el Grupo Popular con este informe como el Gobierno al
elaborar y traer a esta Cámara el programa Greco dan una gran
relevancia a este tema. Sentimos que no puedan estar de acuerdo en
todos los planteamientos los restantes grupos de la Cámara. Valoramos
positivamente que todos y cada uno de ellos hayan visto que es un
buen mecanismo de trabajo. Estoy convencida de que cuando en el año
2001 se propongan las partidas presupuestarias de lo que han supuesto
estas líneas y cuando a lo largo de esta legislatura veamos cuáles
han sido las medidas puestas en marcha, diremos entre todos que
efectivamente era el mejor plan y el que se merece la inmigración en
nuestro país.

Para terminar, independientemente de la postura que adopten otros
partidos desde una virulencia que nos parece sorprendente, nosotros
seguimos ofreciendo acuerdos sobre un tema que consideramos
prioritario. No queremos una confrontación de partidos en algo tan
importante como es la inmigración. Esperamos que haya consenso tanto
con el Grupo Socialista -aunque previamente este grupo lo debería
alcanzar entre ellos mismos- como con el resto de los grupos, con la
garantía de que a lo largo de esta legislatura habrá grandes acuerdos
en esta materia.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a proceder a la
votación. Salvo que alguien pida votación separada, votaremos en
bloque las enmiendas de cada uno de los grupos y a continuación el
informe de la subcomisión.

Comenzamos con la votación de los votos particulares de Coalición
Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votos particulares del Grupo Parlamentario Vasco. (EAJ-PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votos particulares del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votos particulares del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votamos a continuación el informe de la subcomisión.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 13; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Concluidos los debates y la votación y agradeciendo a todos los
señores parlamentarios su trabajo y su presencia, se levanta la
sesión.




Era la una y cuarenta minutos de la tarde.