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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 54, de 26/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 54
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 26 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro del Interior (Mayor Oreja) para
informar sobre:
- Las causas de la explosión registrada en la fábrica pirotécnica
Hermanos Borredá, en Rafelcofer (Valencia), del control por la
Administración del cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas
en relación a las industrias y almacenes de pirotecnia, así como
sobre la conveniencia de la adopción de nuevas medidas en orden a
evitar futuros siniestros. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 213/000059) . . .
(Página 1164)
- Circunstancias y razones de la expulsión de 36 inmigrantes,
interceptados por la policía en el término municipal de Mijas
(Málaga) Asolicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000106) . . . (Página 1171)
- Situación y procedimiento seguido con los inmigrantes detenidos en
Mijas (Málaga) A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000112) . . . (Página 1171)
- Razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de Almoradí
(Alicante) con la quema de tres viviendas y graves daños en otras
ocho, en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia gitana. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000107) . . . (Página 1180)
- Circunstancias en las que se produjo la muerte del ciudadano de
Guinea Bissau Antonio Fonseca, el día 20 de mayo de 2000, en la
comisaría de Arrecife (Lanzarote) A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000129) . . . (Página 1186)
- Causas de la muerte de un ciudadano guineano en el mes de mayo
pasado en una comisaría de Lanzarote. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
213/000130) . . . (Página 1186)
- Circunstancias del fallecimiento del ciudadano de Guinea Bissau,
Antonio Augusto Fonseca, el día 20 de mayo de 2000, mientras se
encontraba en dependencias policiales de la comisaría de Arrecife de
Lanzarote, así como acerca de las investigaciones puestas en marcha
por ese Departamento tendentes a esclarecer las responsabilidades
exigibles, las medidas cautelares adoptadas, su correspondiente
comunicación y traslado a la autoridad judicial al hilo de la
investigación judicial abierta con ocasión de esos mismos hechos, al
tiempo que para informar también de cuantos otros extremos puedan
resultar relevantes para el exacto esclarecimiento de ese
fallecimiento y la depuración de las responsabilidades de todo tipo
que hayan podido derivarse del mismo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista . (Número de expediente 213/000131) . . .
(Página 1186)
- Circunstancias en las que se produjo la muerte del ciudadano de
Guinea Bissau Antonio Augusto Fonseca, en la comisaría de Arrecife
(Lanzarote), el día 20 de mayo de 2000. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
213/000139) . . . (Página 1186)
- El fallecimiento del ciudadano guineano Antonio Augusto Fonseca,
el 20 de mayo de 2000, en la comisaría de Arrecife de Lanzarote, las
razones de su detención y las investigaciones que se han realizado
para determinar las causas de su fallecimiento. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000142) . . .
(Página 1186)
- La muerte de don Antonio Fonseca ocurrida en la comisaría de
Arrecife (Lanzarote), el 20 de mayo de 2000, y de la investigación
interna llevada a cabo por el Ministerio del Interior. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000143) . . .
(Página 1186)
- La muerte en la comisaría de Arrecife (Lanzarote) del ciudadano
guineano Antonio Augusto Fonseca, acaecida el 20 de mayo de 2000. A
solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Número de
expediente 213/000148) . . . (Página 1186)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR (MAYOR OREJA) PARA
INFORMAR SOBRE:
LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN LA FÁBRICA PIROTÉCNICA
HERMANOS BORREDÀ, EN RAFELCOFER (VALENCIA), DEL CONTROL POR LA
ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS EN
RELACIÓN A LAS INDUSTRIAS Y ALMACENES DE PIROTECNICA, ASÍ COMO SOBRE
LA CONVENIENCIA DE LA ADOPCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS EN ORDEN A EVITAR
FUTUROS SINIESTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000059)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta reunión
de la Comisión de Justicia e Interior.
A efectos de ordenación del debate, de acuerdo con los portavoces del
los grupos interesados, hemos pensado que, en primer lugar, se
trataría el asunto número 1 del orden del día, que se refiere a la
explosión registrada en la fábrica pirotécnica Hermanos Borredà.
Después se tratarían conjuntamente los puntos 2 y 3, que se refieren
a problemas relacionados con emigrantes. En tercer lugar, el punto
relacionado con los sucesos ocurridos en Almoradí, en relación con
daños a viviendas en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia
gitana. Y por último se agruparán en una sola intervención los
relacionados con la muerte del ciudadano de Guinea Bissau, Antonio
Fonseca, que son los números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del orden del
día. En cada caso, después de la intervención del ministro, hablarán
en primer lugar los grupos que pidieron la comparecencia por el orden
de presentación de las solicitudes, y a continuación los demás grupos
de menor a mayor.
Dicho esto, doy la palabra al ministro del Interior, al que damos
también la bienvenida a esta reunión de la Comisión y agradecemos su
presencia aquí para que se refiera al punto número 1 del orden del
día.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, el accidente ocurrido en Rafelcofer, el pasado 15 de mayo,
en la fábrica pirotécnica Hermanos Borredà, como ustedes saben
produjo la muerte a siete personas y heridas a otras nueve. Por ello,
señorías, quiero comenzar esta intervención, como no podía ser de
otra forma, expresando mi solidaridad con las familias de las
víctimas y lamentar igualmente la inquietud creada entre la población
de la zona donde tuvo lugar la explosión.
Nos encontramos, sin duda, ante un producto cuya manipulación resulta
especialmente peligrosa, no solamente para las personas que trabajan
con explosivos, sino también para las que viven o trabajan cerca de
estos talleres donde el más insignificante descuido puede provocar
una tragedia como la ocurrida el pasado mes de mayo. Cabe insistir en
la importancia de una legislación singularmente garantista, con la
seguridad con que deben desarrollarse estas labores y reglamentar
exhaustivamente las condiciones en que deben producirse todas y cada
una de las fases que van desde la fabricación del explosivo hasta su
comercio.
Pese a la tragedia que acabo de relatar, podemos estar satisfechos
del rigor de las previsiones, al menos en lo que se refiere a la
legislación nacional que regula esta materia, concretamente las
recogidas en el Reglamento de explosivos de 1998, que se ha
adelantado a la normativa de la Unión Europea y ha establecido una
serie de medidas de seguridad que son, en nuestra opinión,
exhaustivas y minuciosas. El reglamento regula al detalle todas las
condiciones para el establecimiento, instalación, funcionamiento de
talleres pirotécnicos, así como el almacenamiento, manipulación,
transporte
y suministro de los explosivos con los que su cumplimiento es
suficiente -si se cumplen- para garantizar tanto la seguridad de las
instalaciones como la de la actividad, con independencia de
accidentes de carácter fortuito.
Siguiendo el orden de las cuestiones que formulaba el Grupo
Parlamentario de Convergència en su petición de comparecencia en
relación con las causas que motivaron la explosión, he de decir que
poco se puede adelantar en estos momentos ya que hay un procedimiento
judicial en marcha y todavía no se dispone, según mi información, de
los dictámenes de los peritos que están colaborando en la
investigación, por lo que, en aras de una mínima prudencia, no cabe
aventurar conjeturas respecto a las causas del accidente. Quiero
decirle, señoría, que están trabajando en la investigación técnicos
de la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil y el
Servicio de Industria de la Consellería de Industria y Comercio de la
Generalitat valenciana. Hay que destacar lo dificultoso de este
trabajo, ya que dada la magnitud de la explosión el terreno ha
quedado prácticamente arrasado.
En relación con el control de la Administración para garantizar el
cumplimiento de esas medidas de seguridad, hay que recordar que la
Administración del Estado ejerce sus funciones de inspección y
control a través de diferentes departamentos ministeriales, que
distribuyen sus competencias entre los Ministerios de Economía,
Defensa, Asuntos Exteriores e Interior. En el caso que nos ocupa, la
Comunidad Valenciana ejerce competencias en materia de autorización e
inspección de talleres pirotécnicos, según se establece en el Real
Decreto de abril de 1984. Por lo que respecta al Ministerio del
Interior, el control se realiza a través de la Dirección General de
la Guardia Civil, en cumplimiento de la función de garantizar la
seguridad pública y el ejercicio de las competencias que tiene en
materia de explosivos. En definitiva, esa acción de inspección y
control de la Administración presenta una doble vertiente: por un
lado, un conjunto de medidas de seguridad industrial y, por otra
parte, las que competen al Ministerio del Interior exclusivamente,
que son las relativas a las medidas de seguridad ciudadana. Me van a
permitir que explique exactamente cuáles son las medidas y las
exigencias que en este terreno tiene el Ministerio del Interior.
Como antes he dicho, son medidas de seguridad ciudadana. Las medidas
que se dirigen a la previsión de los diferentes delitos e
infracciones, singularmente de robo y de sustracción, que pueden
tener por objeto instalaciones o el material que nos ocupa y que
están recogidas en las instrucciones técnicas complementarias del
citado Reglamento de explosivos. Todas estas medidas de seguridad
para evitar esos robos de material pirotécnico son objeto de
comprobación por parte del personal especializado de la Guardia
Civil, entre los que cabe destacar las relativas a la seguridad
humana, seguridad física de las instalaciones que afectan a las
condiciones
de las fachadas, puertas, cerramientos, protección electrónica,
tiempos de reacción y conexiones con el centro de comunicaciones de
la empresa de seguridad. Igualmente dentro de esas medidas se ejerce
el control documental de las entradas y salidas de los diferentes
productos, lo que permite conocer en todo momento qué cantidad de
material reglamentado se encuentra en cada lugar. En definitiva,
podemos decir que en este terreno la vigente legislación es
consecuente con la peligrosidad intrínseca que supone el uso o
posterior utilización de material explosivo. Estas son, señoría,
cuestiones de carácter general. Ahora me van a permitir que me
detenga en el accidente concreto de Rafelcofer.
El taller pirotécnico en cuestión dispone, según nuestra información,
de la preceptiva autorización desde agosto de 1954, que le fue
expedida por la entonces Dirección de Minas y Combustibles,
autorización para la cual se solicitó un cambio de titularidad que
fue concedido en junio de 1971. En marzo de 1978, le fue expedido el
correspondiente certificado de idoneidad por el Servicio de Minas del
Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. En diciembre
de 1999, este taller solicitó de la Delegación del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Valencia autorización para llevar a cabo un
proyecto de ampliación de sus instalaciones, que, tras los
preceptivos trámites e informes, fue aprobado el 28 de abril del
presente año, disponiendo de un plazo de ejecución que se extiende
hasta el 15 de mayo del 2003. El taller ocupa una extensión de 12.500
metros cuadrados, de los cuales 550 son superficie construida,
distribuida en cuarenta y siete casetas para los diferentes
servicios, que cumplen entre ellas las distancias de seguridad
preceptivas. He de decir que este taller dispone del cerramiento y
las medidas de seguridad, electrónicas y físicas exigidas en materia
de seguridad ciudadana en la normativa vigente.
Por parte del servicio especializado de la Guardia Civil, la
intervención de armas y explosivos en su faceta de inspección y
control de las medidas de seguridad ciudadana, las últimas
inspecciones se realizaron el pasado mes de marzo del presente año.
Durante aquel mes se realizaron tres inspecciones los días 8, 14 y
28, resultando todas ellas positivas y favorables para la seguridad
ciudadana. No le oculto, señoría, la importancia que en España da la
Guardia Civil a la sustracción de explosivos por otras razones bien
distintas. Sabemos lo que sucede en otros países donde no se adoptan
las mismas medidas, al menos con el mismo rigor que en España. Pero
sí quiero decirle que en este terreno hay un control permanente y
exhaustivo de la Guardia Civil para evitar, en la medida de sus
posibilidades, robos de explosivos que hasta la fecha dan resultados
más que favorables.
Por último, y en relación con la tercera de sus cuestiones, acerca de
la conveniencia de la adopción de nuevas medidas, nuestro país
dispone de una normativa minuciosa, sobre todo en la seguridad
ciudadana,
donde es de las más avanzadas, exhaustivas y exigentes de los países
de nuestro entorno. Respecto a las medidas de seguridad industrial,
he decir exactamente lo mismo. Lamentablemente en muchas ocasiones se
produce un factor de error humano que está presente en la
manipulación de estas peligrosas sustancias que, sin duda, producen
efectos tan trágicos como los que acabamos de padecer. El Real
Decreto de 16 de febrero de 1998, por el que se aprueba el Reglamento
de explosivos, ha tenido un proceso de elaboración largo y complejo;
obtuvo la conformidad de cuatro Ministerios: Defensa, Industria,
Energía, Administraciones Públicas e Interior; fue sometido al
trámite de información pública de entidades representativas de
intereses económicos y sociales; se remitió a la Comisión de la Unión
Europea; se han recibido observaciones de Portugal, Francia y
Alemania, que fueron estudiadas, al igual que las de entidades
representativas, por el grupo de trabajo constituido al efecto en la
Comisión interministerial permanente de Armas y Explosivos.
La legislación española se ha adelantado a las previsiones de la
directiva del Consejo de la Unión Europea, de 5 de abril de 1993,
relativa a la armonización de disposiciones sobre puesta en el
mercado y control de explosivos con fines civiles y estas normas
técnicas complementarias del Reglamento de explosivos, las cuales se
caracterizan por su gran minuciosidad.
Señoría, el resultado es el que tenemos. Habrá que estudiar en
profundidad esas investigaciones que están en curso, así como las
conclusiones que podamos obtener de las mismas. Le aseguro que si se
llegara a la conclusión de que alguna de las medidas de seguridad
establecidas no resultaron suficientes, que además de un error humano
hubo una norma incumplida, no tenga duda alguna de que, una vez
determinada la investigación judicial correspondiente, haremos las
modificaciones y propuestas para que, si hay alguna razón que se
pueda extraer de ese informe concluyente, se modifique y estos
accidentes no se produzcan o al menos se reduzcan hasta el límite de
lo posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la
palabra el señor Jané, por un tiempo estimado de diez minutos.
El señor JANÉ I GUASCH: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quería agradecer la comparecencia del ministro
del Interior, así como las explicaciones que ha dado sobre una
explosión que causó un enorme impacto social en la zona.
Coincido con el diagnóstico que ha hecho el señor ministro del
Interior al enmarcar su comparecencia dentro de lo que podríamos
considerar un buen marco legal en España. Si bien es cierto que las
normas son estrictas y que la empresa cumplía con todas las medidas
de seguridad, en el ámbito de la pirotecnia existe la
sensación, la percepción social de que algo está fallando. Quizá no
deba ser objeto de cambios normativos, aunque es cierto que en el
caso de la explosión del pasado mes de mayo en la localidad
valenciana de Rafelcofer explotó todo, todas las casetas fueron
explosionando por comunicación y no pudo evitarse que lo que se
inició en esas instalaciones se extendiera al conjunto de la
industria. Seguro que se cumplían las normas de seguridad. Los
propios sindicatos de la empresa pusieron de relieve que la normativa
es la adecuada, pero en ocasiones su cumplimiento puede dar lugar a
situaciones que no busca la normativa y, al final, el incidente
ocurre.
Quería ligar esto, señor ministro, a un hecho que sucedió un mes
después, en junio, en Arenys de Mar: una chica, Monserrat Vilanova,
estaba asistiendo a una verbena y murió a consecuencia de un artículo
pirotécnico. Todavía están las investigaciones abiertas, pero después
se comprobó que era un artículo pirotécnico que cualquier ciudadano
mayor de edad puede adquirir y manipular libremente, siguiendo unas
minuciosas instrucciones de seguridad. No nos engañemos, quien compra
en esas fiestas ese artefacto que adquiere libremente lo explosiona y
lo tira en un ámbito festivo. Seguramente se habría cumplido todas
las instrucciones reglamentarias relativas al modo de empleo y a cómo
debe utilizarse, pero, al final, el ciudadano que lo ha comprado
libremente no se lo lee, lo explosiona y causa heridos graves o, en
el caso de Arenys de Mar, muertes.
Sé que este ámbito no afecta únicamente a su Ministerio, sino que en
determinados aspectos industriales atañe también a Economía y al
nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pediría al Gobierno que, en
coordinación con las comunidades autónomas y las autoridades locales
-ya que uno de los cometidos que tiene su Ministerio es velar por la
seguridad ciudadana-, tuviéramos un especial celo en todo lo que hace
referencia a los artículos pirotécnicos; que los poderes públicos
diéramos respuesta a una inquietud social que existe en este ámbito.
No deberíamos hacer nuevos reglamentos pero sí extremar las
condiciones en las que la normativa actual se cumple. Esta inquietud
sobre cómo se estaba cumpliendo la normativa se abrió en el incidente
de la fábrica Hermanos Borredà, y se discutió ampliamente cómo era
posible que un ciudadano pudiera adquirir un artefacto como el que se
compró y se explosionó en Arenys de Mar causando la muerte de
Monserrat Vilanova.
No es una crítica al Gobierno, no es un crítica a la normativa
vigente, es la plasmación en esta Cámara de una inquietud social. Le
pediría al Gobierno que se extremasen las medidas de seguridad, que
en los supuestos como el que ha dado lugar hoy a esta comparecencia
se extremen los informes de los peritos, se llegue hasta el final en
las causas que pudieron provocar esa explosión y, sobre todo, que
reflexionemos e intentemos
adoptar medidas que impidan que hechos como estos puedan
suceder en un futuro. Quizá no es un tema de reglamentación sino de
cumplimiento de esa reglamentación y de extremar las medidas de
seguridad para dar respuesta a lo que nos pide la sociedad que está
mostrando, cada vez que hay un accidente de este tipo, una fuerte
inquietud en todos los aspectos relacionados con los artículos
pirotécnicos, artículos de fuerte arraigo tradicional en España y en
muchas comunidades autónomas y determinadas comarcas que no deben
prohibirse porque contribuyen al espíritu festivo de muchas
poblaciones, pero cada vez que se produce un accidente debemos entre
todos analizar por qué se ha producido y qué podríamos haber hecho,
si fuera posible, para que se hubiese evitado. En el supuesto de
Arenys de Mar, hablando con los alcaldes de la zona y con las
autoridades que estuvieron presentes ese día, hay un punto de
coincidencia: son muchos los que dicen que quizá debería revisarse la
venta al público indiscriminada y a cualquier ciudadano mayor de edad
de artefactos pirotécnicos. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) insta al Gobierno, por ello, a extremar, en
colaboración con los demás ministerios implicados y con las
autoridades locales y comunidades autónomas, todas las medidas de
seguridad y a reflexionar sobre aquello que podría cambiarse si fuere
necesario.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios de deseen intervenir?
Por el orden de menor a mayor, le corresponde hacer uso de la palabra
en teoría en este caso al Grupo de Izquierda Unida.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, yo lo quiero plantear desde
el punto de vista de la seguridad ciudadana porque estamos aquí para
discutirlo desde esa óptica. Parece que la normativa es la adecuada,
que no hace falta esperar a ningún dictamen del Poder Judicial y que
habría que ver si esa normativa se cumplía rigurosamente en la
estructura del accidente sobre el que estamos discutiendo, la
pirotecnia de los Hermanos Borredà. En caso de que no se cumpliera,
efectivamente, habría que deducir que el accidente fue mucho mayor de
lo que debiera haber sido. A eso sí tiene usted que responder aquí:
la distancia entre casetas y las normas de seguridad. También habría
que responder aquí si se han revisado todas las instalaciones de
pirotecnia de este país en función de las normas de seguridad
ciudadana, no sembrar la duda de que las normas pueden estar mal y
hay que esperar para ver si las cambiamos. No, partamos de la base de
que las normas están bien y analicemos si se han aplicado
rigurosamente, si el Ministerio de Interior ha controlado el resto de
los almacenes e instalaciones de las empresas de pirotecnia de este
país, si se ha realizadouna supervisión milimétrica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la diputada Ana Rosa María Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señoras y señores diputados, señor ministro,
el Grupo Socialista quiere, en primer lugar, saludar favorablemente
la solicitud de comparecencia del ministro de Interior realizada por
el Grupo Parlamentario Catalán, para informar sobre las causas de la
explosión que se produjo en la empresa Hermanos Borredà, en Valencia,
y que se saldó con la muerte de siete personas y numerosos heridos
como ya ha dicho el ministro; información que creemos que se hace más
necesaria por cuanto desde el Gobierno de la Generalitat valenciana
se han silenciado los resultados de esta investigación y las causas
de este lamentable y desgraciado accidente, aunque vamos a dar un
margen de confianza hasta la finalización de la investigación y
esperaremos al resultado de los dictámenes, tal como nos ha
manifestado el ministro.
En segundo lugar, queremos lamentar que este accidente acaecido en
Valencia el 15 de mayo del presente año no haya tenido el eco y la
relevancia necesaria para que el señor ministro compareciera antes en
esta Comisión a fin de ofrecer al Parlamento y a la opinión pública
una explicación de lo ocurrido y si piensa adoptar medidas para
evitar en el futuro que se produzcan en la industria pirotecnia
siniestros de esta magnitud. Sabemos, señor ministro, que su agenda
es complicada, pero ello no le exime de su responsabilidad. Debe
reconocer S.S. que tratar el tema cuatro meses después de los hechos
demuestra, cuando menos, poca voluntad política y después de sus
parcas o pocas explicaciones uno empieza a entender que la voluntad
política o el interés político era poco y la solución ninguna.
Señor ministro, si tenemos una legislación adecuada que responde a
las necesidades del sector y garantiza la seguridad de las personas y
de los bienes dentro y fuera de las fábricas, de los talleres o de
los almacenes; si tenemos unos empresarios y unos trabajadores que
cumplen con la legalidad vigente o con el conjunto de normas que los
poderes públicos les han dado para garantizar la seguridad y, pese a
todo, se producen accidentes de esta magnitud, tendrá que reconocer
que algo está fallando en el nexo causal o tal vez que las bondades
que predicamos de algunas de las premisas no son del todo ciertas,
aunque el resultado sí lo es. Siete personas muertas y numerosos
heridos en la explosión que se produjo el 15 de mayo en el polvorín,
que es como le llamaban los vecinos de Rafelcofer a la empresa, pone
de manifiesto el alto tributo que pagan quienes están trabajando en
esta actividad y la necesidad de extremar las medidas de seguridad.
Los accidentes, señor ministro, no ocurren por fatalidad o mala
suerte, sino que son debidos a causas naturales -a veces son fallos
técnicos y, a veces, humanos-. Cuando se trabaja en condiciones de
riesgos por este tipo de actos o de
fallos no siempre por suerte se origina un accidente, pero también es
verdad que si continúan los riesgos, más pronto o más tarde el
accidente ocurrirá.
Señor ministro, a esta diputada y al grupo que represento le consta
el esfuerzo que en el sector se ha llevado a cabo para modernizar y
mejorar los talleres de producción y almacenamiento de material
pirotécnico, aunque no en todas las empresas el esfuerzo y la
inversión es el mismo. La concienciación de extremar la seguridad y
reducir el riesgo a mínimos ha nacido, por desgracia, en la mayoría
de los casos tras la muerte de personas. También hoy nos estamos
cuestionando aquí la seguridad de las industrias pirotécnicas tras un
gravísimo accidente. Como entiendo -y seguro que el ministro y SS.SS.
compartirán conmigo- que los ciudadanos nos han elegido para que
demos respuestas y soluciones a sus demandas, el Grupo Socialista
quiere en este acto y en esta comparecencia suya poder transmitirle
algunas propuestas que ayuden, si cabe, a mejorar la seguridad en la
industria pirotécnica. Por ello le vamos a plantear algunos temas en
los que consideramos que el ministro debería por lo menos pararse a
pensar.
En primer lugar, todos sabemos que estas empresas, el sector
pirotécnico, tienen una gran importancia, pero la mayoría son
pequeñitas empresas que tienen una media de 20 trabajadores, que
cuando vienen los períodos festivos duplican su plantilla laboral.
Tenemos un sector en el que hay un alto índice de eventualidad y en
el que los trabajadores no están verdaderamente formados para la
actividad que desarrollan. Su escasa formación y las largas jornadas
incrementa el riesgo de accidente. En la pirotecnia, señor ministro,
es primordial la formación de los trabajadores, la modernización de
las empresas y la incorporación de personal cualificado. En segundo
lugar, es necesario extremar el control sobre la procedencia y
garantía del material pirotécnico. En estos últimos años está
creciendo la importación de pólvora de otros países como China, sobre
cuya seguridad y garantías planean serias dudas. En tercer lugar, la
normativa exigible a estas empresas no se adecua correctamente a su
actividad y se ha evidenciado que no es la idónea para garantizar la
seguridad de los trabajadores y de las industrias pirotécnicas.
El sector está ahora encuadrado en un texto legislativo -el
Reglamento de explosivos- al que se acogen los mineros y las empresas
fabricantes de armas. Las principales centrales sindicales, y también
la patronal, siempre han reclamado un reglamento específico que
responda a las necesidades reales del sector y que obligue a las
empresas a cumplir determinadas medidas de seguridad. Las condiciones
que establece el actual reglamento no son suficientes y el accidente
de Rafelcofer viene, de alguna manera, a demostrarlo por una razón
muy sencilla: la parte sustancial, lo más importante de nuestro
reglamento, no es de obligado cumplimiento hasta el 2002-2003.
Señor ministro, usted sabe que en la Comunidad Valenciana, donde
existe un amplio tejido del sector pirotécnico, en los años ochenta y
a raíz de numerosos accidentes, se creó una mesa de trabajo entre la
Administración, la patronal y los sindicatos y de allí salieron unos
trabajos y unas guías que se están aplicando en muchos talleres y que
dan buenos resultados. Yo no voy a entrar en el debate sobre qué
normativa es mejor, si la que salió de esta mesa o la que tenemos,
pero le rogaría una última reflexión: si los sindicatos y la
patronal, que conocen el sector porque trabajan en él, están
planteando la necesidad de una normativa propia, saben como mejorar
la seguridad en el sector y disponen de unas guías que están dando
unos magníficos resultados allí donde se aplican, creo, señor
ministro, que merece la pena que abra una mesa de trabajo con las
partes implicadas, que son las principales interesadas en mejorar la
seguridad en una industria tan peligrosa como la pirotécnica.
Tengo que reconocerle, porque soy valenciana, que me gusta el ruido y
el olor a la pólvora, pero, como ciudadana, me duele -y seguro que lo
compartirá conmigo- que, al socaire del tradicional culto a la
pólvora, vuelva a producirse en nuestro país una tragedia más. Es
nuestra responsabilidad, especialmente de usted y de su Gobierno,
tomar todas les medidas necesarias y realizar las modificaciones
legales pertinentes a fin de dotar de mayor seguridad a una industria
de por sí peligrosa, cuya crónica se revela año tras año
excesivamente siniestra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada doña Asunción Oltra.
La señora OLTRATORRES: Señor ministro, señorías, tomo la palabra en
nombre del Grupo Popular para, en ésta mi primera intervención
parlamentaria, agradecer al señor ministro del Interior su
comparecencia para explicar las causas de la explosión registrada el
pasado 15 de mayo en la fábrica pirotécnica Hermanos Borredà, en
Rafelcofer, lo relativo al control por la Administración del
cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas en relación a las
industrias y almacenes de pirotecnia y la conveniencia de la adopción
de nuevas medidas en orden a evitar futuros siniestros.
Por otra parte, deseo poner de manifiesto la cercanía y el interés
del asunto objeto de la comparecencia del señor ministro; cercanía
física, porque el lugar donde ocurrieron los sucesos detallados en la
intervención del ministro, Rafelcofer, pertenece a la misma comarca
que la ciudad de donde procedo; e interés, porque lo tengo tanto en
los hechos ocurridos como en la solución de los mismos. Por esta
cuestión he de decir que cuento con una pequeña ventaja, ya que, al
tener conocimiento de lo ocurrido y tratarse de una población vecina,
me desplacé al lugar del siniestro y, por tanto, fui testigo
de lo que sucedió. Nos unimos, como ya hicimos en su día, al
sentimiento de dolor de las familias de las víctimas y de los vecinos
de Rafelcofer, pueblo que supo mostrar inmediatamente su solidaridad
con las personas afectadas por la explosión.
Mi grupo agradece la claridad con la que el señor ministro ha
expuesto las distintas componentes del problema que surge tras la
explosión del pasado 15 de mayo, así como el planteamiento acerca del
marco normativo en el que se encuentra este tipo de industrias.
Es muy conveniente resaltar el peso que tiene el sector de la
pirotecnia en la tradición y cultura valencianas, así como en nuestra
economía. La producción pirotécnica en la Comunidad Valenciana supone
un 40 por ciento de la producción nacional, se cifra en 800.000
kilos, representa un valor económico de 2000 millones de pesetas, y
genera 500 puestos de trabajo directos y 120 indirectos. Hemos de ser
exquisitos en la regulación de las normas de seguridad industrial,
así como de seguridad de las personas relacionadas con este tipo de
materiales altamente peligrosos. Hemos de serlo y lo somos, pues el
Reglamento de explosivos de 1998, tal como aquí se ha expuesto, es
suficientemente exigente para garantizar estos ámbitos de protección.
En este punto, quisiera resaltar que la empresa pirotécnica Hermanos
Borredà S.L., tal como ha dicho el señor ministro, estaba legalmente
autorizada y había sido inspeccionada por tres veces el pasado mes de
marzo. Sobre las causas de la explosión, entendemos que en este
momento sería temerario posicionarse por cuanto que están
investigándose y, por tanto, esperaremos las conclusiones de la misma
y del procedimiento judicial abierto.
Paso a hacer referencia a la inmediata actuación de todos los
estamentos implicados en la solución de la emergencia. Nada más
conocerse los hechos se puso en marcha el procedimiento de actuación
marco frente a emergencias previsto por la Generalitat valenciana,
con repercusión en el ámbito de protección civil, constituyéndose el
puesto de mando avanzado con intervención de la Guardia Civil, el
Consorcio Provincial de Bomberos y la policía autonómica. Al
operativo, dirigido por el entonces conseller de Justicia y
Administraciones Públicas y por la delegada del Gobierno, no cabe más
que nuestra felicitación. Me gustaría resaltar que, tanto en el
desarrollo de las operaciones de rescate de las víctimas como en la
decisión de la voladura controlada del material que no había
explotado, estuvieron presentes la pericia y la diligencia de todas
las fuerzas que he mencionado anteriormente, así como los servicios
de urgencia médicos y los cuerpos de voluntarios de todas las
localidades vecinas, sin dejar de lado el tratamiento que se dio a
los familiares, sobre todo de los fallecidos.
En definitiva, esta comparecencia lo es para explicar el grado de
control por la Administración del cumplimiento de las medidas de
seguridad exigidas en relación
con las industrias y almacenes de pirotecnia. Sobre esta cuestión
conviene, con los datos que conocemos, preguntarnos si podría haberse
evitado la tragedia en función de la normativa, de la función
inspectora o de los profesionales del sector. A juicio de mi grupo,
la respuesta es no. De una parte, tenemos una normativa que, como ya
se ha puesto de manifiesto, es de las más avanzadas de Europa en la
materia que estamos tratando y, de otra, la función inspectora se
ejerce con la periodicidad y el rigor suficientes. Por último, los
profesionales del sector, que son los más interesados en evitar este
tipo de siniestros, están en constante contacto con las
administraciones, tanto estatal como autonómica. A nuestro entender,
únicamente cabe el esfuerzo por estar al día en materia de innovación
tecnológica e incorporar los nuevos avances a la normativa, siempre
en orden a minimizar el riesgo de las personas y los bienes
relacionados con este sector y, cómo no, a seguir siendo el referente
en materia de seguridad en relación con los países de nuestro
entorno.
Concluyo, señor presidente, agradeciendo al señor ministro sus
palabras finales. Al Grupo Popular tampoco le cabe ninguna duda de
que, si de la investigación de los hechos ocurridos se dedujese que
alguna de las medidas hubiese resultado insuficiente, el Gobierno
hará las propuestas necesarias en orden a efectuar las modificaciones
que se precisen.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Quiero agradecer al
Grupo de Convergència i Unió esta iniciativa, porque es importante
que todos hagamos una reflexión sobre lo que significan estos
accidentes no sólo en este último año, sino en los últimos diez años.
Como usted bien sabe, en la Comunidad Autónoma de Valencia se han
producido, excluyendo este terrible accidente de Rafelcofer, un total
de 20 víctimas en la última década. Quiero recordar que el más grave
tuvo lugar el 27 de marzo de 1992 y tuvo como consecuencia cinco
muertos y seis heridos, así como la destrucción total del taller.
Aunque es verdad que en España, y singularmente en determinadas
comunidades, se utiliza muchísimo este tipo de material, qué duda
cabe de que tiene usted buena razón en que nos ocupemos más de unos
accidentes que causan este número de muertos, como se ha podido ver
en esta última década.
Señoría, reitero mi propuesta de que en el momento en el que finalice
esa investigación judicial habrá que hacer una reflexión sobre las
dos cuestiones que usted ha planteado y que son diferentes. Una, la
seguridad de los talleres pirotécnicos, y otra, la que se refiere a
la compra o venta de productos relacionados con la pirotecnia. Hoy
hemos centrado nuestras intervenciones en la seguridad de los
talleres pirotécnicos, pero, qué duda
cabe que el Gobierno está en disposición de hacer esa reflexión, más
general.
Quiero decirle al portavoz de Izquierda Unida que no sabe separar
esta cuestión, porque a la hora de afrontarla hay dos tipos de
seguridad: la seguridad ciudadana y la seguridad industrial. En este
caso, las competencias del Ministerio del Interior se concentran en
la seguridad ciudadana a los efectos de evitar la sustracción de
elementos materiales explosivos. El concepto de seguridad industrial
significa si los productos se almacenan correctamente para que no
haya explosiones... Señoría; simplemente le estoy diciendo la
explicación de la ley. No diga usted que no, porque le estoy
explicando detenidamente la diferencia entre ambas. Ahora veo que
usted ni la entiende ni la comprende. Una cosa es el accidente de
trabajo en una fábrica, que evidentemente puede producir un número de
muertos y que siempre es competencia del Gobierno pero indudablemente
de un determinado departamento, y otra cosa son otro tipo de
accidentes con muertos, como los de tráfico, que claramente competen
al Ministerio del Interior. En este tema, desde el Ministerio del
Interior tenemos singularmente la obligación de evitar que se
sustraigan los explosivos. Esa es la función fundamental: la
seguridad ciudadana, evitar que ese instrumento que tiene un carácter
mortífero determinado sea utilizado fuera de ese lugar para la
realización de determinados delitos. La seguridad industrial,
evidentemente, corresponde a un conjunto de departamentos diferentes,
algunos del Gobierno de España y otros de la Generalitat de Valencia;
pero es una competencia que afecta a un Ministerio diferente del
Ministerio del Interior. Vuelvo a reiterar que no se trata de
escurrir el bulto. Repito que si hay que trabajar sobre la seguridad
industrial, también tienen mucho o todo que decir los distintos
Ministerios, diferentes de Interior, y la Generalitat, que en tema de
la inspección y control de estos explosivos y elementos pirotécnicos
es la que desarrolla la competencia. El Ministerio del Interior lo
que tiene que ser es consciente de que, como esos materiales afectan,
fuera de ese lugar, a lo que es la seguridad ciudadana, en esa
materia el Ministerio tiene que ejercitar sus competencias para
evitar que el robo de esos instrumentos pueda configurarse como un
elemento capaz de distorsionar la seguridad ciudadana cotidiana de
los españoles. Pero, señoría, permítame que le diga que esa
diferencia está en la norma y en la propia ley a la que me acabo de
referir.
Pregunta usted si nosotros podemos sacar conclusiones diferentes de
las de los peritos. Sin duda. Vuelvo a decirle que en el mes de marzo
de este año nosotros hemos hecho tres inspecciones por parte de la
Intervención de Armas de la Guardia Civil. Y se ha confirmado que
esos explosivos estaban bien guardados, que no iban a ser sustraídos,
que reunían las condiciones de seguridad suficientes para evitar que
fuesen sustraídos por quienes quisieran hacerlo en un momento determi
nado;
que la colocación de las 47 casetas era correcta y que los
cerramientos y los sistemas electrónicos también eran correctos. Ese
fue el dictamen que hizo la Guardia Civil. En mi opinión, eso ha
significado una correcta actuación de la Guardia Civil en este caso.
En nombre del Gobierno, claro que estoy en disposición de decir que
conjuntamente con otros Ministerios tenemos que preocuparnos y
ocuparnos de que estos hechos, en la medida de lo posible, no se
vuelvan a producir.
En cuanto a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, su
portavoz decía que he tardado poco o mucho. Yo estoy encantado de
estar aquí, de hablar de la seguridad ciudadana y de hacer algunas
referencias a la seguridad industrial de esos materiales. Pero vuelvo
a insistir en que, en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, la
actuación de la Guardia Civil fue impecable, fue absolutamente
correcta. Todas esas reflexiones que ha hecho sobre la seguridad
industrial a mí me parecen muy bien, pero será mejor que las traslade
a los órganos concretos competentes en esta materia, que, insisto, no
están en el Ministerio del Interior. Yo lo hago encantado
y participaré conjuntamente con otros Ministerios en la reflexión sobre
la seguridad industrial.
Por último, deseo agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que ciertamente conoce esta cuestión; y reiterar mi
disposición desde el Ministerio del Interior para que, en esa
reflexión conjunta con el resto de departamentos y con el Gobierno de
la Generalitat, podamos obtener las conclusiones necesarias para que
una vez dictaminado el informe de los peritos, una vez determinada la
decisión judicial, podamos arbitrar las medidas que pudiesen
significar en su caso un reforzamiento de las medidas en el orden
legislativo, como en el caso de que hubiese que poner más acento en
la ejecución de las mismas.
- CIRCUNSTANCIAS Y RAZONES DE LA EXPULSIÓN DE 36 INMIGRANTES,
INTERCEPTADOS POR LA POLICÍA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS
(MÁLAGA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000106)
- SITUACIÓN Y PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON LOS INMIGRANTES DETENIDOS EN
MIJAS (MÁLAGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000112)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
que se refiere a la comparecencia del ministro del Interior para
informar de las circunstancias y razones de la expulsión de
inmigrantes en Mijas (Málaga).
Para informar sobre este asunto, tiene la palabra el ministro del
Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señorías, el pasado 20
de junio, alrededor de las dos y cuarto de la tarde, una pareja de
Tráfico de la Guardia Civil realizaba su servicio en la autopista A-
VII a su paso por Mijas (Málaga), cuando procedió a dar el alto a una
furgoneta por evidente sobrecarga. Fue detenida la furgoneta. Los
guardias civiles procedieron a abrir el portón de carga, descubriendo
en su interior la presencia de 37 personas hacinadas en condiciones
bastantes precarias y en mal estado físico. A la vista de las
circunstancias, la Guardia Civil solicitó el apoyo de las patrullas
del puesto principal de Mijas y de la Policía local de este
municipio. Se procedió a la identificación y detención del conductor,
que carecía de carné de conducir y contaba además con diversos
antecedentes policiales según pudieron constatar los agentes.
Señorías, hay que destacar el lamentable estado que presentaban los
37 inmigrantes, ya que según ellos mismos declararon llevaban hasta
cuatro días sin comer, en vista de lo cual, los guardias les
suministraron agua y algunos alimentos básicos. La Guardia Civil
trasladó al detenido y a los 37 inmigrantes a las dependencias del
puesto principal de Mijas para practicar las diligencias necesarias.
A la vista de las primeras actuaciones de la Guardia Civil podemos
detenernos en dos aspectos importantes que nos van a permitir luego
realizar algunas consideraciones de fondo. Primero, que algunos
inmigrantes llevaban bolsas de plástico con ropa y calzado secos que
sustituyeron por la ropa húmeda que vestían en el momento de la
detención. Segundo, que los guardias civiles encontraron bolsas de
plástico cerradas con cinta adhesiva que contenían papeles con
números de teléfono, probablemente de familiares o de otros
contactos. Las dos circunstancias en las que me acabo de fijar son
importantes para determinar, en primer lugar, que su estancia en
nuestro país se había producido hacía muy pocos días, de forma
inminente, muy pocas horas antes del momento de la detención de la
furgoneta. El mal estado físico, el estado general de los
inmigrantes, motivó la siguiente actuación, que practicó la Guardia
Civil, que fue ponerse en contacto con el Centro de Salud de Las
Lagunas, del Servicio Andaluz de Salud. Desde allí se desplazaron dos
facultativos que revisaron a todos los inmigrantes y al no encontrar
ninguna anomalía durante esta revisión médica, los dos facultativos
firmaron las correspondientes certificaciones. Posteriormente se
procedió a la lectura de derechos a todos y cada uno de los
inmigrantes en situación irregular. Quiero advertir, señoría, que la
Guardia Civil en este caso se cercioró expresamente de que todos,
absolutamente todos, comprendían lo que les estaba siendo comunicado.
Para ello se contó con la ayuda de unos inmigrantes que hablaban
correctamente el español y, además, se utilizó el modelo de
declaración de derechos escrito en francés, idioma que casi todos
entendían sin dificultad alguna. Todos los inmigrantes firmaron las
correspondientes declaraciones
manifestando expresamente que no querían declarar; que no deseaban ni
designaban letrado; que no deseaban avisar a ningún familiar ni tan
siquiera al Consulado de su país, probablemente por miedo a
represalias por parte de la organización delictiva que les trasladó;
y con absoluta claridad que, si no era posible su permanencia en
España, preferían ser devueltos a Marruecos en el plazo más breve
posible. Insisto, señorías, en que todos los inmigrantes comprendían
el significado de lo que se les comunicaba y expresamente firmaron
sus declaraciones en el sentido que acabo de exponerles, manifestando
rotundamente que se negaban a colaborar con los funcionarios
policiales en las cuestiones referidas a la determinación de quién
había organizado un dramático viaje con este número tan importante de
inmigrantes.
De los 37 inmigrantes, seis declararon ser menores de edad. Para
comprobarlo fue necesario realizar al día siguiente las
correspondientes pruebas oseométricas por parte de un facultativo del
hospital materno-infantil de Málaga. De las pruebas practicadas
resultó que tan sólo uno de ellos era menor de edad, menor que fue
entregado a la Junta de Andalucía para su alojamiento en un centro de
acogida en la Consejería de Asuntos Sociales.
La siguiente actuación de la Guardia Civil fue notificar la detención
a la Subdelegación del Gobierno en Málaga y a la Comisaría provincial
para la adopción de las medidas correspondientes. Inmediatamente
después se desplazaron hacia el acuartelamiento de Mijas varios
funcionarios del grupo de extranjeros de la Comisaría de Fuengirola
para identificar a estas personas e iniciar los trámites que
corresponden al Cuerpo Nacional de Policía. Comprobadas las
circunstancias a que antes me he referido y que figuran en distintos
atestados de la Guardia Civil, se comunicó a la Subdelegación del
Gobierno en Málaga la situación de los magrebíes. Se solicitó
autorización para proceder al retorno a su respectivo país de origen
al estar comprendida su situación en el artículo 54 de la actual Ley
de Extranjería, que señala que no será preciso expediente de
expulsión para el retorno de los extranjeros que pretendan entrar
ilegalmente en España. Una vez acordada por la Subdelegación del
Gobierno de Málaga el retorno de los 36 inmigrantes se procedió al
traslado de los mismos, a las seis y media del mismo día 20, a la
ciudad de Ceuta para su entrega a las autoridades de Marruecos en el
puesto fronterizo de Bad-Cepta. El traslado y entrega se efectuó con
total normalidad a las once de la noche, salvaguardando -como no
podía ser de otro modo- la integridad y los derechos de los
inmigrantes retornados. Hasta aquí, señorías, la exposición de los
hechos y las medidas legales que se adoptaron. Si me permiten, me
detendré brevemente en alguna de las consideraciones sobre la
resolución de retorno acordada por la Subdelegación del Gobierno en
Málaga.
Como antes he señalado, lo que se encontró en los enseres de estos
inmigrantes, determinaba que llevaban muy poco tiempo en territorio
nacional y que en ese momento estaban siendo trasladados hacia su
destino final, que era previsible y presumiblemente Murcia. De las
averiguaciones realizadas por la propia Guardia Civil podemos afirmar
que estas personas habían atravesado el Estrecho de Gibraltar en
distintos grupos, unos en patera y otros en barcos pesqueros, siendo
recogidos por la furgoneta después detenida en algún punto de la
costa entre Estepona y Algeciras. Quiere ello decir que esos
inmigrantes en ese momento pretendían entrar ilegalmente en el país.
En nuestra opinión y en la interpretación que hace la Subdelegación
del Gobierno, es irrelevante el hecho de que su detención se produzca
dentro de las aguas territoriales o una vez que ya se ha puesto el
pie en tierra firme, como sucede en este caso. Es evidente que es una
de las discusiones que se puede tener. Hay que aplicar un expediente
de expulsión o cabe el retorno ante unos inmigrantes que están ya
alejados unos kilómetros de la frontera estrictamente. Para nosotros
lo determinante es que estén en ese momento entrando ilegalmente en
España. Significa que pueden estar recorriendo en ese momento tierra
firme, pero están todavía sin asentarse definitivamente en España.
Están entrando ilegalmente en España y esa es la interpretación que
nosotros hacemos de lo que puede ser la utilización de la figura del
retorno. No es un invento de España. El convenio Schengen, cuando
autoriza a los distintos países la instalación de controles
fronterizos móviles hasta 50 kilómetros desde el puerto, permite ese
concepto de habilitación a una distancia mayor de la zona fronteriza
y por eso nos parece que es correcta la aplicación del artículo 52,
párrafo 2, al que se acogió la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
Las consideraciones finales que quiero hacer son las siguientes.
Primero, ha habido una aplicación escrupulosa de la Ley de
Extranjería en relación con el retorno de estos inmigrantes. Segundo,
la expulsión se ha fundamentado en un artículo de esa ley que se
refiere expresamente a los que quieren entrar ilegalmente en España.
Tercero, como antes he dicho, no cabe la menor duda de que esto es lo
que ocurría: estaban intentando entrar en España ilegalmente. Es lo
que podíamos denominar un acto continuado o ininterrumpido, que se
inicia con el traspaso de la frontera. Los extranjeros en este caso
fueron descubiertos en el momento temporal y espacial de acceso al
territorio español desde el exterior de nuestro país en las
proximidades de la frontera. Precisamente para esos supuestos está
prevista la medida de retorno. Alguien puede decir que esto puede dar
lugar a una aplicación exhaustiva y abusiva, pero la realidad no es
así. En estos meses se ha aplicado esa figura en este supuesto, que
puede ser discutible en este caso y que seguro que algunos de ustedes
lo harán. No se ha abusado de la interpretación
de la posible utilización de la figura de retorno y sólo se ha
producido en esta situación por lo que antes les acabo de explicar y
referir. Es evidente que es una situación bien distinta de aquel que
en un momento determinado reside ilegalmente, en España. En este caso
estamos hablando del inmigrante que está ilegalmente en España, pero
que no está entrando en ese momento ilegalmente en España. Está claro
que en ese momento hay un trámite de expulsión, si así se considera,
pero que hoy ya no es posible con esta ley porque evidentemente no es
causa de expulsión la estancia ilegal, pero que puede conllevarla si
ha actuado por ejemplo delictivamente. Estoy hablando de la actual
legislación que regula la inmigración. Si no hay requisitos y no ha
habido documentación se prescribe la posible sanción legal de la
expulsión y no del retorno, pero no es el caso, como acabo de
referirme, de los inmigrantes en Mijas. Todos los inmigrantes
recibieron asistencia médica inmediata, hubo lectura de sus derechos
y todos alegaron su intención de no realizar declaración alguna. Eso
consta en los atestados que la Policía abrió en este supuesto.
Por último, en relación con el menor, se procedió a su ingreso en un
centro de acogida de la Junta de Andalucía hasta que sean localizados
sus padres o tutores, en cuyo caso se procedería a su repatriación.
En estos momentos carecemos de información al respecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Sanjuán tiene la palabra.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, señor ministro, en primer lugar quiero agradecer su
presencia, las explicaciones que nos ha dado y las precisiones
relativas a unos hechos que ocurrieron el 20 de junio (los días
corren que vuelan), que provocaron una explicable alarma que venía
dada precisamente por la actitud que en ese momento mantenía el
Gobierno del Partido Popular en relación con la actual Ley 4/2000,
Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
Nos ha explicado usted el íter de todos los hechos que ocurrieron el
día 20 de junio, cuando es descubierta por la Guardia Civil una
furgoneta con 37 personas, y nos asegura (y no tenemos por qué dudar
del informe que le presenta a usted la Guardia Civil) que se cumplió
escrupulosamente la ley con relación a la información de derechos a
estos extranjeros que habían entrado en nuestro país de manera
ilegal. Nos dice que se ha aplicado correctamente la Ley de derechos
y libertades vigente, en el sentido de que éste es un supuesto claro
de aplicación de la medida legal del retorno o, como antes
llamábamos, de devolución y que, por consiguiente, en este caso no
era necesario abrir un expediente de tramitación de su expulsión.
Podríamos decir que, en definitiva, éste es todo el quid de la
cuestión: pretendían entrar en España, para autorizar la devolución o
el retorno, como dice exactamente la ley, o estaban ya en España. Yo
admito perfectamente que la interpretación que usted da puede ser
correcta desde la perspectiva de cómo nos ha narrado usted los
hechos. Lo que ustedes se tendrían que preguntar es por qué, desde
una interpretación hecha por el subdelegado del Gobierno y que puede
ser correcta, se genera alarma social, por qué se genera inquietud en
ciudadanos conscientes, en ciudadanos que pretendemos defender
derechos y libertades de personas que vienen a este país en
situaciones de carencias totales. ¿Por qué se produce esto? Éste es
también el quid de la cuestión que nosotros nos planteamos, porque
nuestra preocupación ya no puede ser por estas personas (cada una de
ellas está ya en su país), nuestra preocupación es por la actitud que
desde el Gobierno se ha venido manteniendo en el tema de la Ley de
derechos y libertades. Es una ley que ustedes han querido reformar
radicalmente desde el primer momento. Están en su perfecto derecho de
hacerlo y tenemos el proyecto de ley presentado por ustedes, pero el
problema es que se ha dado la sensación (y no sólo la sensación;
muchos hemos tenido la sensación y en algunos casos la certeza) de
que ustedes querían incumplir radicalmente una ley que estaba
vigente, que querían desconocer una ley que estaba vigente. Su deseo
de cambiarla es evidente, pero esto no empece el cumplimiento de la
ley y, precisamente porque ustedes quieren cambiarla, en este momento
debería ser más escrupuloso su cumplimiento. El ejemplo que pueden
dar ustedes a la ciudadanía no puede ser más perverso. Es el ejemplo
de que, cuando una ley no les gusta, no basta sólo cambiarla,
sencillamente no se cumple o se desconoce su existencia -por ser más
suave-. Y la han desconocido ustedes no queriendo hacer el reglamento
y no queriendo ni siquiera aplicar en algunos casos lo que podría ser
el reglamento anterior, que en alguna medida podía haber servido para
la interpretación de esta ley.
Respecto a lo que ha sido siempre la actitud del Ministerio del
Interior con la Ley de derechos y libertades de los extranjeros debo
añadir que obviamente, ni había ni hay tantos motivos de alarma
cuando se puede reconocer que estos son supuestos claros de retorno y
que el reglamento lo podía haber aclarado, sin que por parte de nadie
se hubiera puesto ninguna dificultad. Y quiero decirle también una
cosa: la ley vigente sí autoriza la expulsión de nuestro país de
extranjeros que se encuentren con estancia ilegal. No en todos los
casos, no en todos los supuestos, pero sí de aquellos extranjeros que
hayan entrado por lugares no habilitados al efecto, sea cual sea el
tiempo, antes de dos años, en que hubiera sido detenido por la
policía.
En consecuencia, señor ministro, la ley era válida en su
reconocimiento de derechos, aunque ustedes están en su derecho de
cambiarla, pero ahora tienen la obligación
de cumplirla y deben hacerlo escrupulosamente hasta que no sea
modificada por otra ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, ustedes han puesto en
circulación un concepto que a nuestro juicio está teniendo ya
consecuencias muy serias, el concepto de efecto llamada. En función
de ese concepto, ustedes reaccionan con lo que algunos podríamos
empezar a comprender que es la organización de un efecto de
contrallamada, es decir, actuar de tal manera que se mande el mensaje
de que no vale la pena llegar porque se le trata a uno de determinada
manera, exactamente con los mismos argumentos, a la inversa, con que
ustedes han utilizado el concepto de efecto llamada, teniendo en
cuenta casos como éste o algún otro que vamos a ver; casos en los
que, a nuestro juicio, no digo de manera rotunda y directa, no se
cumple, la actual ley. Esta ley puede ser o no cambiada en lo
sucesivo -ya veremos-, pero en este momento hay que cumplirla
rigurosamente.
Señor ministro, nosotros no vamos a aceptar, con nuestra limitada
fuerza, en contacto con la gente de la calle, con asociaciones y
sindicatos, el cambio de esta ley, no lo vamos a aceptar. Vamos a
presentar una enmienda de totalidad y las enmiendas parciales que
podamos hacer serán de mejora, no de involución de la actual ley,
porque no vamos a aceptar el concepto policial que para la
utilización y la aplicación de esta ley se está utilizando. No lo
podemos aceptar, puesto que estamos ante un problema social,
humanitario, de la llamada globalización. Los capitales exportan e
importan personas con mucha facilidad, simplemente teniendo en cuenta
los cupos y nosotros en absoluto lo podemos aceptar. Los cambios que
ustedes proponen, aparte de introducir una especie de estado de
excepción encubierto con respecto a derechos fundamentales como los
de asociación, huelga o sindicación, se dirigen fundamentalmente a la
discrecionalidad en las fronteras, y me refiero a los cambios que van
a tener consecuencias más directas y diarias, como es el caso que en
este momento estamos analizando. Esos son los aspectos fundamentales
que a usted, no como persona sino como ministro del ramo, le
preocupaban singularmente, aparte del resto a los que ha aludido o de
otra serie de temas que no es el momento de evocar.
Como decía, ustedes pueden estar organizando una especie de efecto
contrallamada, con la utilización rigurosa de una ley que no existe,
adelantando el cumplimiento de esa ley que puede existir -ya veremos-
, en función de un acuerdo que posiblemente ustedes alcancen con el
Grupo Parlamentario Socialista. Por cierto, ustedes pueden llegar a
un acuerdo con el Grupo Socialista, pero nosotros no vamos a aceptar
que ni
ustedes ni el Grupo Socialista nos tiendan la mano para una
involución de esta ley, no lo vamos a aceptar. Para nosotros es una
ley de mínimos y la aplicación que se ha empezado a hacer supera por
debajo, en el aspecto involutivo, los mínimos que habíamos pactado
entre todos a lo largo de un consenso difícilmente tejido durante 18
meses.
Usted mismo se ha contradicho en su exposición, señor ministro, y es
que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, ha dicho que habían
entrado pero que todavía no se habían asentado; también, que estaban
viajando, y la autovía está muy lejos del que supuestamente fue el
punto de entrada. Por lo tanto, ese argumento que usted utiliza,
incluso aludiendo al Tratado de Schengen, no se tiene de pie, no se
puede tener de pie, ante un texto legal que dice rigurosamente cómo
se diferencia expulsión de retorno o de devolución, como se exprese
en la Ley. No se tiene de pie su argumentación, señor Mayor Oreja.
Incluso, ha dicho, para aclarar su posición de que fue una aplicación
correcta de la ley, que estaban ya en España, pero que estaban muy
poco tiempo. Muy poco tiempo. Enseguida ha añadido usted que unos
entraron en pateras y otros a través de pesqueros. ¿Cuánto tiempo se
tarda en coordinar las distintas partidas de inmigrantes, señor Mayor
Oreja? Algunos de ellos llevaban más tiempo que otros. Y las pruebas
médicas a las que alude no son en absoluto seguras con respecto a los
menores de edad. Son contradicciones que usted expresa con una
seguridad total, pero no trae usted ningún dictamen judicial, como en
el caso anterior, en que está usted esperandolo. En este caso usted
se convierte en quien sentencia la realidad de estos hechos. Yo no
estoy de acuerdo, señor Mayor Oreja, porque se aplica un artículo
para el retorno de estos extranjeros que no permite ningún
procedimiento cautelar y no permite la asistencia letrada.
Fíjese usted cómo estarían ellos. Mojados, hambrientos -hay que
agradecer a la Guardia Civil el servicio que hizo porque iban en muy
mal estado-, asustados, sin comprender muchos de ellos el idioma o
sin oírlo, porque estarían más mareados que vivos, en sentido
metafórico. Y sin esta asistencia letrada se les leen sus derechos,
se les traslada a frontera y se entregan. ¿Usted cree que ahí hay
seguridad de verdad? No, yo creo que no, señor Mayor Oreja. Todos
conocemos cómo se dan estos casos, cómo llegan, cómo iban viajando
a través de la autovía por Mijas: en malísimo estado. Por todo ello,
había que habérles aplicado no la figura legal que se les aplicó sino
la de incoación de un expediente de expulsión. Eso es lo normal y esa
es la aplicación rigurosa de la ley. No la devolución, sino la de
expulsión. Ello hubiera permitido a los extranjeros gozar de un
previo expediente administrativo, sancionador; hubiera permitido
formular alegaciones; hubiera permitido otorgarles asistencia
letrada. Por cierto, se les podría haber informado -me dirá usted que
se ha hecho- de los beneficios de la colaboración en la persecución
de determinados delitos previstos en el artículo 55 de la Ley de
Extranjería, y otros, las mafias, etcétera, en la tranquilidad de lo
que supone preguntar por esto y que ellos puedan responder. Pero si
se les devuelve a las mafias, ¿cómo se les va a preguntar por las
mafias? Si alguno, a nivel laboral, denuncia al patrón,
inmediatamente se le puede quitar de en medio por un procedimiento u
otro. ¿Cómo se puede denunciar a las mafias o al patrón en esta
situación?
Por lo tanto, no ha habido sino la aplicación de: Teníamos un
problema y nos lo hemos quitado de en medio. La aplicación de esa
filosofía y de la filosofía, nueva ahora, de generar una especie de
efecto contrallamada. No es tan fácil entrar en España y, si se
entra, tendrá uno que atenerse a las consecuencias. Esa es más bien
la filosofía que se ha aplicado en este caso. No es lo mismo
devolución que expulsión. Implican dos procedimientos diferentes. E
incluso, en el expediente de expulsión, se les puede otorgar un plazo
de ocho días para formular alegaciones, como he dicho anteriormente,
así como la posibilidad de proponer pruebas, entre otras sobre la
minoría de edad de algunos de ellos. Usted dice que se han hecho
pruebas rigurosas, permítame en todo caso que yo crea que habría que
haber hecho un procedimiento más riguroso y con más tiempo.
Señor ministro, no estamos de acuerdo en absoluto y lo malo es que
ustedes intentan formalizar legalmente este tipo de procedimientos.
Es quitar el Estado de derecho de la frontera, quitarlo. Desde este
punto de vista nos vamos a oponer, y creo que vamos a coincidir
socialmente con mucha gente, que no va a aceptar esta especie de
lógica de la muralla con procedimientos expeditivos y en este caso un
procedimiento que, a nuestro juicio, no es legal. No ha sido legal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, quiero agradecerle su
presencia en esta Comisión. El motivo de su comparecencia era dar
cuenta de los hechos y circunstancias que motivaron el retorno de los
36 inmigrantes interceptados en Mijas y si se actuó dentro del marco
legal existente.
Al Grupo Parlamentario Popular, con su intervención, le queda probado
que se actuó ajustado a derecho y que además no hubo ninguna
diligencia que atentara contra los derechos de los inmigrantes. Para
nuestro grupo, señorías, ha quedado totalmente claro, en primer
lugar, que los inmigrantes acababan de llegar de manera ilegal a
nuestro país, cruzando el Estrecho, como demostraban sus ropas; que
carecían de toda documentación; que se les ofreció asistencia
letrada, que se rechazó, habiéndose asegurado previamente de que
comprendían lo que se les proponía; que se les ofreció colaborar
denunciando la red que había organizado
su desplazamiento y que se negaron; que fueron atendidos por los
servicios médicos para valorar su estado, ya que al parecer las
condiciones en las que iban a ser trasladados carecían de las más
mínimas garantías. Además, debo añadir, señorías, que, debido a la
situación en la que se encontraban y existiendo el precedente de
varios días anteriores de Dover, hay que decir y felicitar a los
agentes de tráfico por su actuación, que sin duda evitó una tragedia
mayor. Para nuestro grupo, tal como ha dicho el señor ministro, le
queda probado que se ajustó al artículo 52.2 b) de la Ley orgánica 4/
2000, de derecho y libertades de los extranjeros en España, que
señala exactamente que no será preciso expediente de expulsión para
el retorno de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en
España.
Señorías, con brevedad, pero sin querer dejar pasar la oportunidad de
hacer una referencia a lo que han dicho los portavoces del Grupo de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista, quiero decirle, señor
Alcaraz, que, independientemente del respeto que usted me merece como
diputado, creo que su discurso suena ya a rancio. (El señor Alcaraz
Masats pide la palabra). Yo creo que es un discurso antiguo intentar
trasladar una vez más que el Partido Popular tiene una política
regresiva y que el Partido Popular y su Gobierno intentan mermar los
derechos de los inmigrantes. Me parece que ha quedado probado en
numerosas ocasiones, no solamente con la política que ha llevado a
cabo en estos últimos años el Partido Popular, sino por la política
social en conjunto que está llevando a cabo el Gobierno. Volver a
insistir otra vez en que el Partido Popular intenta mermar esos
derechos pienso que es hacer un flaco favor a la sociedad, crear una
situación de alarma que no es la que se está viviendo. Teniendo en
cuenta que ustedes consideran que defienden los derechos de los
inmigrantes, sería importante que trasladaran a su grupo la
posibilidad de hacer una política más basada en la realidad y no tan
anclada en el pasado. Yo creo que son algunas reminiscencias que
quedan y que deben ir superándose.
Al portavoz del Grupo Socialista quiero decirle que la alarma que ese
hecho provocó no fue por el partido del Gobierno, el Partido Popular,
sino porque desgraciadamente, había sucedido días antes el incidente
de Dover, y porque también desgraciadamente y durante demasiadas
ocasiones habíamos visto cómo, dentro de las aguas del Estrecho,
teníamos situaciones de tragedia. Y ésta podía ser una de ellas. Esa
fue la alarma que se provocó, y creo que es una buena muestra de la
conciencia social que actualmente tiene en nuestro país. En ningún
caso, repito, en ningún caso, el Partido Popular, el Gobierno, ha
incumplido la Ley. Es más, la modificación de este artículo que
propone nuestro grupo va exactamente en el sentido al que hacían
referencia sus señorías. La ley vigente habla de retornocuando
realmente de lo que se debe hablar es de devolución.
Y esa es la propuesta que nosotros hacemos para la modificación de
este artículo en concreto.
Debo congratularme, no podía ser de otra manera, del cambio de
actitud del Grupo Socialista desde la Diputación Permanente, en la
cual cuestionaron el procedimiento llevado a cabo. Actualmente lo
aceptan, después de las explicaciones dadas por el señor ministro.
España va a tener un reto importante en los próximos años; estamos en
un cifra de un 2 por ciento y próximamente tendremos que estar en la
media europea, que está en torno al 7. Vamos a tener un debate
intenso; tenemos en trámite parlamentario el marco jurídico y el plan
que el Gobierno pretende traer a esta Cámara sobre el plan integral
de inmigración. Y yo lo único que espero, señorías, de todos ustedes,
por parte de sus grupos, es una actitud seria y serena, porque estoy
convencida de que mejorará el debate y mejoraremos los intereses de
toda nuestra sociedad y que intentaremos que esa pluralidad, que va a
ser una realidad en los próximos años, sea una mejora para todos.
Muchas gracias, señor ministro, por la claridad y minuciosidad de su
explicación que a nuestro grupo le ha dejado totalmente satisfecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, he sido calificado de
rancio y quería intentar defenderme.
El señor PRESIDENTE: Creo que tendrá usted la oportunidad de
manifestarse nuevamente en este debate.
El señor ALCARAZ MASATS: Pero yo tengo que responder al señor
ministro, no a la señora portavoz del Partido Popular .
El señor PRESIDENTE: Tendrá su turno y en ese momento podrá decir
usted lo que le parezca.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Entonces usted me permitirá que yo responda
a ese adjetivo tan exótico?
El señor PRESIDENTE: Se lo permitiré.
Señor ministro, tiene la palabra para responder a los grupos
parlamentarios.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
primero quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios sus
intervenciones, porque además yo creo que, desde el punto de vista
jurídico, se ha centrado mucho la cuestión en este caso concreto, más
allá de lo que pueden ser reflexiones generales sobre la actual ley
de extranjería. La cuestión es si en este caso cabía abrir un
expediente de expulsión o cabía, como hizo el Gobierno, aplicar la
figura del retorno, en aplicación del artículo 52.2 de la actual Ley
de inmigración. Desde el Gobierno nosotros decimos que había una
continuidad no interrumpida de
acción de entrada ilegal, que no era una estancia ilegal, no se había
consumado la estancia ilegal, no se había consumado la entrada
ilegal, estaban pretendiendo entrar en España. Y nosotros creemos que
en esos casos, que pueden ser singulares, excepcionales, cabe la
interpretación de la figura del retorno, de acuerdo con el artículo
54 de la Ley de extranjería.
Quiero decir al portavoz del Grupo Socialista que sí se ha cumplido
la ley. Se ha interpretado de esta manera, pero el Gobierno siempre
ha tenido presente el cumplimiento de la actual Ley de inmigración.
No lo que vamos a modificar, que alguna modificación haremos en este
sentido, y espero que con la comprensión de todos, porque creo que
mejora y perfecciona el actual texto para una mejor delimitación de
las figuras que se pueden producir ante estas situaciones. ¿Por qué
se ha generado una alarma social? Señoría, es verdad que el
acontecimiento de Dover tan reciente había producido una gran
conmoción en la sociedad española y en las sociedades europeas y es
evidente que la cuestión del debate de la ley de inmigración
probablemente estaba en el centro de todas las preocupaciones
e inquietudes. Y tiene usted razón, había una posibilidad, como lo
atestiguaron numerosos magistrados, de hacer interpretaciones
respecto de la cuestión jurídica a la que antes me he referido sobre
la interpretación o no de la figura de retorno o la posible
interpretación de la figura de expulsión. Eso sin duda concitó el
conjunto de estos hechos, algo que yo no me atrevería a decir tanto
de alarma social como sí un tema vivo y me parece que eso siempre
puede reforzar la mejor comprensión de situaciones, que pueden
repetirse en otras circunstancias.Pero le quiero reiterar que se ha
cumplido la ley de inmigración; que no se ha generalizado ni se ha
abusado de la figura del retorno, como se ha podido evidenciar en
estos meses; y que, que yo sepa, por estancia ilegal, nadie ha sido
retornado, nadie supuestamente encontrado en un momento de fuga
extraña, sino que ha habido un caso concreto en función de los datos
que le he dado que hicieron pensar a la Guardia Civil con claridad
que en ese momento se estaba produciendo de una forma continuada un
intento de entrada ilegal en España.
Señor Alcaraz, le quiero decir en lo que se refiere a este tema
-luego le haré alguna consideración general- que ya sabe usted que
aquí hay tres figuras: la de la expulsión, la del retorno, y la de la
devolución. Pero en la actual ley no hay diferencia entre retorno y
devolución; no hay devolución, hay retorno. Nosotros consideramos,
por poner un ejemplo, que es necesario delimitar mejor lo que
significa el tratamiento de una patera, o simplemente el salto en un
no paso fronterizo, por ejemplo en las vallas de Ceuta o de Melilla.
Esa entrada, que significa sin duda una entrada de carácter
irregular, hay que separarla de otra figura, que habrá que aplicar,
de devolución cuando, por un paso fronterizo, por ejemplo el
Aeropuerto de Barajas, sea posible
la introducción de la figura de la devolución. En esa idea de separar
y acotar mejor la figura de la devolución de la figura del retorno
está precisamente una de las figuras importantes.
Y eso es importante, porque, señor Sanjuán, claro que hay una
asistencia letrada en la figura del retorno, pero es muy difícil
pensar que en el momento en el cual alguien está entrando en una
valla fronteriza haya asistencia letrada, o que en una patera en un
momento determinado, cuando están entrando, haya asistencia letrada.
Es evidente que en la figura que nosotros queremos determinar de
retorno habrá asistencia letrada. Por ejemplo, en Barajas, esa
persona que no ha entrado en España y a la que se le dice: usted no
tiene derecho a la entrada, usted debe ser retornado. Habrá que
separar un caso de otro, la respuesta a la asistencia letrada habrá
que producirla en los casos como el de Barajas, pero es muy difícil
la aplicación de la figura de la asistencia letrada cuando se está
intentando todas las semanas entrar por la verja, no en paso
fronterizo, de una valla que separa España de Marruecos. Ahí no cabe
la asistencia letrada; que cada vez, ante un hecho de estas
características, sea exigible la asistencia letrada es una solución
que realmente está fuera de lugar, en mi opinión, y que no tiene
ningún sentido. Hay que definir mejor las situaciones del retorno
respecto a las situaciones de devolución y por eso queremos
perfeccionar la ley, para que no quepa la duda, en la interpretación
jurídica, a la que antes me he referido.
La interpretación que hace hoy España de la inmigración, que nosotros
deseamos compartir y vamos a tratar de favorecer en la medida de
nuestras posibilidades el encuentro con todas las fuerzas políticas,
no es diferente a la que hacen hoy los países de la Unión Europea.
Todos los ministros de Interior de la Unión Europea se ocupan del
tema de la inmigración sustancialmente con otros departamentos, y el
discurso que podemos hacer, el planteamiento de fondo que hacemos en
la inmigración los distintos ministros de Interior de la Unión
Europea es similar, casi idéntico, sea socialista o sea de otra
formación política que no corresponda al Partido Socialista. No es un
concepto policial sino un concepto que trata de introducir la
inmigración en un elemento de la Unión Europea, que armonicemos cada
día más nuestras políticas en la inmigración, que seamos cada día más
consecuentes con la comunitarización de la política de inmigración,
que todos tengamos un planteamiento que se aleje de la inmigración
cero, porque es imposible, y que también se aleje de la utopía o de
la ingenuidad al abordar la cuestión de la inmigración, y que
tratemos de encontrar nos terrenos de prudencia, de sensatez, de
sentido común, que haga que prácticamente la Unión Europea vaya
construyendo sobre unos mismos criterios una misma política de la
inmigración. Pero eso que nosotros estamos haciendo no es un estado
de excepción, simplemente estamos de esta manera, con nuestras
limitaciones, construyendo la Unión Europea en este terreno.
Y es muy duro decir que estamos quitando el Estado de derecho en la
frontera. No, el Estado de derecho en la frontera significa separar
lo que es el paso fronterizo de lo que no lo es, y el tratamiento en
el paso fronterizo, a efectos de asistencia legal, tiene que ser
diferente a aquel que está tratando de entrar de una manera clara
y flagrante por un lugar que no es paso fronterizo. Eso es precisamente
mantener el Estado de derecho. Diferenciar el tratamiento en el paso
fronterizo respecto de lo que no es el paso fronterizo. Lo demás, es
absurdo, porque para eso no debía haber ningún paso fronterizo. Lo
que debía haber es simplemente una frontera, sin ninguna limitación.
El paso fronterizo sobraba y, prácticamente, no habría diferencia
entre el paso fronterizo y el resto de lo que es una frontera, desde
el punto de vista geográfico. En definitiva, no estamos quitando el
Estado de derecho de la frontera. Estamos aplicando el sentido común,
separando el paso fronterizo de otras circunstancias que se producen
en otros lugares de una frontera.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor ministro, he escuchado su segunda
intervención y la intervención de la representante del Partido
Popular con suma atención y le diría que la cuestión no es el hecho
en sí; la cuestión es la actitud que con relación a la ley actual de
extranjería ha mantenido el Partido Popular, queriendo por todos los
medios cambiar lo que en términos generales (naturalmente, todas las
leyes son perfeccionables) es una buena ley. Para ello ustedes han
tratado continuamente de generar un ambiente de que había que cambiar
esta ley porque iba contra el sentido común, como usted dice; porque
estaba generando un problema de emigración clandestina en España. Eso
ha sido una constante de ustedes y, a mi juicio, eso es una gravísima
irresponsabilidad en estos momentos en España, en un país que
prácticamente tiene extranjeros cero con relación al resto de la
Comunidad Económica Europea. Acabamos de leer qué ocurriría en este
país, desde el Gobierno de ustedes y desde esa actitud que han
mantenido, si en España hubiera un 19 por ciento de extranjeros, o un
40 por ciento como hay en la ciudad de Ginebra. ¿Qué es lo que
ocurriría aquí? ¿Qué es lo que iban a decir ustedes? ¿Cuáles iban a
ser sus actitudes? Y esto lo que de verdad a mí personalmente, y yo
diría que a toda persona que tenga un sentimiento no rancio, como se
exterioriza y se manifiesta aquí y no precisamente por el
representante de Izquierda Unida, altera y preocupa.
Usted se ha organizado un pequeño lío con los términos de retorno y
devolución, y se lo digo sinceramente. No luego en la diferenciación
de otro hecho; con los términos de retorno y devolución. El retorno
es la devolución de la antigua ley que hicieron ustedes, ustedes, el
Partido Popular, que quiso cambiar la palabra contra lo que era el
criterio de algunos ponentes, personalmente del que les habla, que
decía en ese momento que por qué teníamos que cambiar las palabras
que se venían usando tradicionalmente cuando, en definitiva,
regulábamos el mismo hecho. Parecía que la palabra retorno era más
moderna y significaba otra cosa diferente, desde la perspectiva,
quizá, de la opinión pública, que lo que podía significar devolución.
Y ahora, el sentido común, por lo visto, hace que se vuelva a la
palabra que representa el mismo concepto jurídico. Lo único es que
usted ha diferenciado una cosa importante. Usted dice: hay
asistencia. Nosotros pusimos asistencia letrada en la antigua ley
-quiero decir todos los grupos y el Partido Popular también, que
participó muy activamente en el consenso de esa ley- precisamente
para evitar lo que usted ha dicho: las entradas por lugares
habilitados al efecto, que provocan a veces expulsiones absolutamente
arbitrarias por parte policial. Uno venía con su visado a entrar en
España desde cualquier sitio, desde el Perú, o desde Argentina, desde
cualquier país que necesite visado, venía con su visado a España y la
policía le podía interrogar tranquilamente diciéndole: ¿Usted a qué
viene a España? Yo vengo de turista. ¿Y qué va a visitar usted? Pues
no sé. Le preguntaban si Madrid tenía playa; a lo mejor, el hombre
creía que las playas del río Manzanares son playas, decía que sí y,
entonces, lo expulsaban sin más. Y para evitar esas actuaciones
arbitrarias de la policía, establecimos la asistencia letrada en
estos supuestos. Y está establecida. No es necesario que ustedes
cambiaran la ley para eso ni es necesario hablar de figuras de
retorno y de figuras de devolución. Por cierto, en la nueva ley,
tampoco hablan ustedes de retorno y de devolución; hablan ya sólo de
devolución y no de retorno.
Lo que nos preocupa y nos sigue preocupando, al menos a mí,
personalmente, y de manera muy acentuada, es la actitud de ustedes
ante los derechos y libertades de los extranjeros en España, la
actitud de ustedes ante la emigración, ante un fenómeno que es
estructural. No pueden ustedes poner puertas al campo, porque, ellos
vienen por la angustia del hambre, de las carencias que tienen en sus
países. Además, les llamamos, porque les necesitamos; les necesitamos
para establecer un sistema poblacional racional en nuestro país.
Porque si no vienen inmigrantes, y ustedes lo saben muy bien, España
no puede prosperar. Los inmigrantes han sido la prosperidad de toda
Europa y ahora, desde el Partido Popular, por lo visto, no se quiere
esa prosperidad de toda Europa que han sido los emigrantes.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, nuestra intención y
nuestro sentimiento se basan en la necesidad de defender los derechos
humanos. Se lo digo a la señora portavoz del Grupo Popular. Una
lectura excesivamente sesgada, como se ha hecho, se convierte en una
insensibilidad rampante con respecto a estos temas y entonces se
moteja, se califica, se etiqueta en función de intereses estrechos
que no se corresponden con lo que realmente estamos defendiendo.
Porque, además, el asiento de lo que estamos defendiendo es de hace
unos meses, es la Ley 4/2000, es de hace unos meses el asiento de lo
que nosotros defendemos. Yo ruego a la señora portavoz que tenga en
cuenta estas cuestiones a la hora de descalificar las posiciones. Si
no va a dar la impresión de que lo que prima en este Congreso, y cada
vez más, es un discurso totalizante del que no se puede salir la
pluralidad, porque enseguida es motejada, calificada o etiquetada. Y
nosotros vamos a seguir saliéndonos de ese discurso totalizante que
ustedes intentan imponer, en este aspecto y en muchos otros. Incluso
pensamos que alguna otra fuerza no debiera tener ningún complejo a la
hora de modernizarse en función de previsiones globalizantes que
están circulando con excesiva fuerza ya en función de la mayoría
absoluta.
Yo creo, señor ministro, que usted se ha hecho un lío -coincido en
esto con el señor Sanjuán- a la hora de barajar los términos de
retorno, devolución, expulsión, y ha hecho una cierta explicación
-permítame que se lo diga- cantinflera, porque se ha líado. Incluso
se iba corrigiendo sobre la marcha: retorno, no, devolución;
devolución, no, retorno. Intentan ustedes especificar una situación
de represión sin reconocerla. En definitiva, ustedes lo que intentan
es hacer una expulsión sin garantías y a corto plazo, en tiempo de
telegrama; eso es lo que intentan en la nueva ley.
Lo único que yo les pido en esta intervención es que no apliquen ya
la nueva ley, que todavía está por aprobar; que apliquen la que está
vigente desde hace unos meses a esta parte. Usted se ha extendido
mucho más en lo que va a ser la nueva ley, para justificar la
aplicación que han hecho en Mijas, en la autovía de Mijas, o a partir
de la detención en la autovía de Mijas que en la aplicación rigurosa
de la ley actualmente vigente, por cierto, sin reglamento. Esta es
otra de las inseguridades que habría que denunciar. Ustedes se
comprometieron a redactar y aprobar ese reglamento, que hubiera
matizado y evitado una serie de indefensiones, de faltas de garantías
que se están produciendo y que han anidado de forma total y rotunda
en la intervención que usted ha hecho, confundiendo la ley actual con
la futura, que espero que no salga como usted dice y nosotros vamos
a hacer el máximo esfuerzo, de influencias, de intervención social y
argumental, y a la hora de confundir esos tres términos a los que se
refería. Incluso ha llegado
a decir -ha sido un poco lamentable, semánticamente hablando- que no
se había consumado la estancia legal y cosas por el estilo,
adelgazando el concepto hasta límites semánticos que no tienen
asiento. El otro día, en el debate sobre las parejas de hecho, señor
ministro, la portavoz del Grupo Popular dijo: Es que estar un día u
ocho días juntos no confirma ya la pareja de hecho. ¿En cuántos días
se es pareja de hecho? Se dice aquí: No habían consumado la estancia
legal. Ponga usted días, horas, si hay que ir con la ropa mojada
o seca, pero no emita usted un concepto que no hay por dónde
objetivarlo legalmente, señor ministro, ni en la ley ni en el
reglamento, puesto que no existe. No sé si me explico, señor
ministro, pero usted no da una explicación que se pueda tener de pie.
Ustedes han dicho: Esta es la aplicación de la ley. Y, como pueden
hacerlo, lo han hecho. Además interesa que sea así para que la gente
se vaya educando en que no es tan fácil entrar ni permanecer en
España. El efecto contrallamada. Y lo han hecho. Todo lo demás son
florituras semánticas, señor ministro, e intentos, sí, de reforma de
la ley. En este sentido creo que esta ley no se supera pasando una
partida de 20.000 a 30.000 millones o cosas por el estilo. Al final,
la sensibilidad social y la defensa de los derechos humanos no nos va
a llevar a esa ley que ustedes intentan reformar, sino a una ley que
tenga su asiento en los derechos humanos y que tenga su asiento en
las deudas que tiene este país en función de los muchísimos
emigrantes e inmigrantes expulsados y viajeros sin posibilidad de
retorno que hemos tenido a lo largo de la historia.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Popular? (Pausa. ) Tiene la
palabra el señor ministro para contestar a los grupos.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, no sé
si me he explicado bien, pero, que yo recuerde sólo he apelado a
artículos de la actual ley, en ningún caso he apelado a artículos de
la futura ley. He dicho simplemente: Aquí hay que aplicar el artículo
54 por estas razones. Puede haber alguna discusión -yo respeto
absolutamente la posición contraria-, pero el Gobierno ha aplicado la
ley de acuerdo con esa figura de retorno.
Quiero decirle, señoría, que no me hago ningún lío. Creo que no
entiende exactamente la diferencia con lo que significaba la anterior
ley. Hablaba de devolución. La devolución no existía, existía sólo la
figura del retorno. Es verdad que nosotros hicimos una modificamos,
y si es verdad, señor Sanjuán, que se introduce la diferencia entre la
figura de la devolución y la del retorno. Evidentemente, ambas
separadas de lo que es la tramitación, por el reglamento
correspondiente, de la expulsión como figura tercera en este
tratamiento que estamos haciendo sobre esta cuestión. No hay ninguna
confusión en esta cuestión. Se ha aplicado la ley actual, se ha
aplicado el artículo 54, se ha aplicado la única figura existente,
que no era la de la devolución sino la del retorno. El artículo 55,
al que hacía referencia el señor Alcaraz, no es aplicable en este
caso, porque se produce en los supuestos en los que hay un expediente
de expulsión y en esos supuestos en los que hay una colaboración a
efectos de desarticulación de la mafia procedente de otro país. En
ese supuesto se aplica el artículo 55, donde se paraliza el
expediente de expulsión. Pero en este caso, como antes he dicho -y
será discutible-, se ha aplicado la figura del artículo 54, que es la
del retorno, la única figura de la ley que está en vigor en estos
momento. Eso es lo que ha hecho el Gobierno.
Cuando usted habla, señor Sanjuán, de cuál es la actitud del Gobierno
respecto de la inmigración, no me identifico con la que usted nos
atribuye. Lo que queremos nosotros en cuanto a la inmigración es,
fundamentalmente, tener una actitud prudente y razonable, que no está
en función del número de inmigrantes que tenemos en España. No es una
cuestión de número. Se trata de que los criterios que hoy afectan a
la inmigración en España sean similares a los de la Unión Europea,
sean el 10 por ciento, el 15 por ciento, el 3 por ciento, el 12 por
ciento. Lo que queremos simplemente es que nuestros criterios, a la
hora de abordar la inmigración, sean los mismos que los que hoy va a
practicar Alemania, Francia. Es un disparate que, porque tengamos
pocos inmigrantes, apliquemos unos criterios distintos de la Unión
Europea. Si eso incluso nos permite administrar mejor, con más
tranquilidad, con más comodidad, una cuestión tan importante como el
problema de la inmigración, mejor para España. Ya iremos poco a poco
acostumbrándonos todos a ese nuevo fenómeno.
Yo no quiero que España sea un país de nuevos ricos, donde digamos
que, como España tiene muchos menos inmigrantes que los demás,
tenemos que correr para llegar pronto al porcentaje que tiene el
resto de la Unión Europea. No es la cuestión. (El señor Sanjuán de la
Rocha: Demagógico.) Señoría, tan demagógico como lo que usted ha
dicho antes respecto de la actitud del Gobierno; lo mismo. Lo que le
quiero decir es que en la cuestión de la inmigración lo que España
debe tener son criterios similares a los que hoy presiden y
caracterizan a los gobiernos de la Unión Europea. Eso es lo
importante. Para que podamos hacer una realidad, que el Tratado de
Amsterdam haga de la inmigración una política de la Unión. Ese es el
criterio determinante. Le pido, señor Sanjuán, que usted, que tiene
más acceso que yo a los ministros de Interior de la Unión Europea,
por razones de ideología, hable con ellos. Son los que llevan los
temas de la inmigración en la Unión Europea. Aver si hay alguna
diferencia entre la política que hoy lleva el Gobierno de España en
esta materia y la que se puede producir en Francia, en Alemania o en
Gran Bretaña. Es exactamente la misma política.
Luego podrá ser discutible. El señor Alcaraz dirá que todo es una
catástrofe. En cualquier caso le digo... (El señor Alcaraz Masats: Yo
no he dicho eso, señor presidente. No me acuse de catastrofista. He
sido mesurado.) Yo les pido que respeten el debate. Yo también puedo
ejercitar la dialéctica de alguna manera. (El señor Alcaraz Masats:
Sí, pero no hable por mí, hable por usted.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, pida usted la palabra si quiere
intervenir.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Por lo demás, señoría,
sobre lo que sucedió en Mijas, que es para lo que nos hemos reunido,
reitero que respeto la discusión de los juristas que de alguna manera
han podido discrepar de la interpretación jurídica que ha hecho el
Gobierno, pero le ruego que también entiendan e interpreten que había
razones importantes, fáciles de comprender, por las que el Gobierno
ha aplicado el artículo 54. Y lo más importante para la sociedad
española es que vean que no ha habido ningún abuso de esa figura por
parte del Gobierno, para tratar de hacer daño a la actual Ley de
inmigración. No ha habido ninguna actuación, en ningún sentido, para
descalificar la actual ley. Hemos discrepado, hemos anunciado que
íbamos a reformarla, pero no se ha utilizado nunca el Poder Ejecutivo
para provocar un trastorno social que empujase al cambio de la ley.
Esas cosas no sé cómo hacerlas porque para eso hace falta una mente
muy sofisticada y muy retorcida y le aseguro que esto no caracteriza
al Gobierno en esta materia.
Por lo demás, quiero agradecer a todos su intervención sobre este
tema tan importante.
- RAZONES DE LA INACCIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO EN LOS GRAVES SUCESOS OCURRIDOS EN EL PUEBLO DE ALMORADÍ
(ALICANTE) CON LA QUEMA DE TRES VIVIENDAS Y GRAVES DAÑOS EN OTRAS
OCHO, EN LAS QUE HABITABAN CIUDADANOS ESPAÑOLES DE ETNIA GITANA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000107)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, que
se refiere a la comparecencia del señor ministro del Interior, para
explicar las razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de
Almoradí (Alicante), con la quema de tres viviendas y graves daños en
otras ocho en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia gitana.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra
para intervenir.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que sería conveniente, señor
presidente, igual que en el resto de las comparecencias, conocer la
opinión del señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
pasaré entonces a relatar cómo sucedieron los hechos objeto de esta
comparecencia.
A las nueve y diez del pasado 17 de junio fue encontrado en una calle
de la localidad de Almoradí, en estado grave, Miguel Angel Martínez
Riquelme, con una herida punzante en el pecho. Cuando llegó al lugar
una dotación de Cruz Roja aún mantenía alguna de sus constantes
vitales, por lo que fue trasladado al hospital comarcal de Orihuela,
donde ingresó cadáver pasadas las diez de la mañana. Tras las
investigaciones llevadas a cabo por el equipo policial judicial de
Torrevieja, se detiene como presunto autor de la muerte a Francisco
Ruano, que pertenece a la comunidad gitana y es vecino del barrio
Cruz de Galindo. El juzgado de instrucción número 3 decretó su
ingreso en el centro penitenciario de Fontcalent, donde se encuentra
recluido actualmente.
Señorías, he de decir que ya tenemos una respuesta inminente de las
Fuerzas de Seguridad del Estado. No hay inacción. Es la detención, en
primer término, de una persona como presunto autor del asesinato y
una respuesta inminente del órgano judicial, que es la orden de
ingreso en prisión.
El hecho de las características del lugar, de las dificultades del
lugar, el hecho de que el detenido estuviese relacionado con un
asunto de drogas aconsejó a la Guardia Civil la adopción de una
medida inmediata, que fue un mayor despliegue de efectivos en la
zona. Se reforzó en la medida de sus posibilidades la plantilla del
puesto de la Guardia Civil en Almoradí con patrullas en los puestos
limítrofes, encargando al servicio de información de la comandancia
de Alicante su colaboración en el asunto. Con este dispositivo
reforzado estuvo presente la Guardia Civil durante el sepelio de
Miguel Angel Martínez y en la concentración frente al ayuntamiento a
la que asistieron 80 personas en protesta por los hechos y que se
disolvió sin incidentes. Esa noche se mantenía una vigilancia extrema
sobre el barrio Cruz de Galindo. Las asociaciones Amanecer sin droga
y Jóvenes de Almoradí, con el respaldo de la corporación municipal,
convocaron una concentración pacífica y silenciosa para las 9 horas
del día 20 de junio. En previsión de algún incidente se estableció un
dispositivo de seguridad alrededor del barrio Cruz de Galindo
compuesto por 20 miembros de la Guardia
Civil y la policía local, distribuidos en varias patrullas para
controlar las zonas conflictivas. Cuando la concentración se
convirtió ya en manifestación y se dirigió al barrio para colocar
unas flores en el lugar del apuñalamiento se aconsejó por parte de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en la medida de lo
posible, se evitasen los incidentes, pero sobre todo se trató de
mantener un dispositivo policial para evitar los hechos. En aquel
momento, un grupo de personas, 200, se apartó del resto y se
acercaron con la intención de incendiar la vivienda del detenido,
volcando además cuatro vehículos allí estacionados; algunas de las
casas fueron incendiadas. A partir de ese momento -y ojalá hubiésemos
podido evitarlo, pero no se pudo- se llegó a controlar la situación,
disolviendo los disturbios y restableciendo la normalidad. A pesar de
lo lamentable de estos incidentes, es importante decir que no hubo ya
daños personales gracias a la actuación preventiva de la Guardia
Civil, como acabo de señalar. A partir de ese momento se inician una
serie de investigaciones por la Policía judicial de Alicante y es el
día 25 de junio cuando se detiene a las seis personas implicadas en
los hechos, que pasan a disposición judicial. La autoridad judicial
ordenó el ingreso en el centro penitenciario de Fontcalent de cinco
de ellos y al otro le dejó en libertad con cargos. Posteriormente,
los cinco detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza por el
juez correspondiente. Quiero volver a destacar que no hubo otra
manifestación. Hubo diligencia y eficacia de la Guardia Civil, porque
fue capaz de detener a las personas implicadas en el incidente. No
hubo ninguna impunidad, se detuvo muy pocos días después a quienes
habían realizado esos incidentes. He de decir que lamentablemente,
después de esta petición de comparecencia, en el mismo lugar se ha
vuelto a producir hace diez días un nuevo homicidio que ha sido
resuelto por la Guardia Civil. Es hermano del detenido por el crimen
de Miguel Angel Martínez Riquelme, ocurrido el 17 de junio.
Señorías, evidentemente, quiero reiterar que la Guardia Civil actuó y
que los acontecimientos últimos confirman que en este lugar habrá que
adoptar, además de las medidas correspondientes a la Guardia Civil,
un conjunto de iniciativas más en el orden social para poder
realmente afrontar una situación que sin duda tiene su complejidad,
aunque hoy no está caracterizada por la violencia ni la inestabilidad
en el lugar. En ese sentido, qué duda cabe, no sólo la Guardia Civil,
no sólo el Ministerio de Interior, sino la comunidad autónoma, la
diputación, el ayuntamiento, tendrán también que arbitrar fórmulas
para poder evitar en la medida de lo posible situaciones que al final
lamentablemente degeneran en cuestiones de orden público.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, ahora sí.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, señorías, señor presidente.
Agradezco al señor ministro las explicaciones que nos acaba de dar,
si bien es verdad que tengo que hacer constar que nos hubiera gustado
que esto hubiera ocurrido mucho antes. Ya el 3 de julio el Grupo
Parlamentario Socialista solicitó la convocatoria de la Diputación
Permanente del Congreso al objeto de dilucidar si el señor ministro
debería o no debería venir para dar una explicación de estos hechos.
El 26 de septiembre, prácticamente tres meses después de aquellos
sucesos, el señor ministro nos da ya una explicación de lo ocurrido.
Por supuesto que aceptamos parte de la versión que nos ha dado, pero
creo que esta tardanza en comparecer, señor ministro, cuando ocurren
acontecimientos que provocan grave alarma social y daños a las
personas y a los bienes, como ha sido el caso presente, reduce
enormemente la función de control parlamentario y, por otra parte,
tampoco contribuye a tranquilizar a la opinión pública sobre
acontecimientos que son importantes. El señor ministro acaba de
reconocer que cuando él viene a dar estas explicaciones a esta
Comisión ya se ha producido otro acontecimiento que podría haber
actuado también como incentivo a otra explosión de las
características que ocurrieron en su momento.
Por eso, señor ministro, lo primero que tengo amablemente que
censurarle es que haya tenido a la opinión pública sin una
explicación suya de sucesos tan graves. Desde luego yo no quiero
achacarlo a falta de interés de S.S., señor ministro, aunque alguna
duda pudiera caber, ni tampoco a la ausencia de soluciones, aunque
también alguna duda pudiera caber. Su ausencia, por otra parte, ha
tenido la complicidad de su grupo parlamentario. Aquí, sin entrar en
debates con su grupo parlamentario, por el puro relato de los hechos,
sí quisiera hacer alguna observación. El portavoz de su grupo
parlamentario manifestó, cuando el Grupo Parlamentario Socialista
pidió la convocatoria de la Diputación Permanente, que se opondría a
la comparecencia porque los motivos alegados eran de escasa
importancia. Luego hemos podido ver cómo el subdelegado de Gobierno o
el alcalde, popular asimismo, de este municipio han manifestado que
se trataba de un hecho aislado.
En este sentido yo tengo que manifestar mis dudas acerca de que este
asunto sea de escasa importancia o de que se trate de un hecho
aislado. ¿Se puede considerar de escasa importancia, señor ministro,
que centenares e incluso miles de manifestantes incendien casas - en
este caso, fueron centenares los que, según S.S., se dirigieron hacia
los domicilios de las personas hipotéticamente causantes del
homicidio-, que haya huidas de ciudadanos para salvar la vida,
alteraciones graves del orden público sobre un fondo, evidentemente,
de violencia y de animosidad entre dos comunidades, animosidad
y violencia derivados de problemas de droga
y marginación social que debemos reconocer que existían allí?
Que es un hecho aislado, señor ministro. ¿Cuántos almoradíes -me van
a permitir la licencia retórica- existen, latentes o manifiestos, en
España? Han ocurrido ya hechos parecidos a éste y creo que ello nos
debería haber llevado hoy, particularmente a S.S., como responsable
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la seguridad de
los españoles, a adoptar medidas preventivas suficientemente
precautorias.
Yo creo que su grupo hizo un uso muy reduccionista de la
interpretación de cómo debe manejarse una mayoría absoluta cuando
ocurren acontecimientos que ocasionan una grave e inmediata alarma
social y que tienen que ser solventados con una explicación pública
por el responsable del Estado español de manera inmediata. Yo creo
que el tiempo -implícitamente he podido reconocerlo en sus
manifestaciones, señor ministro- no ha pasado en balde y que la
actualidad de esta cuestión y de cuestiones similares evidentemente
ponen de manifiesto que estamos ante un hecho que tiene actualidad y
que tiene enorme importancia. Interesa mucho la información que S.S.,
señor ministro, nos ha dado o nos pueda seguir dando a lo largo de
esta comparecencia, aunque sea a toro pasado, sobre las razones de la
inacción aquella noche del 20 de junio de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a sus órdenes. Y, aunque S.S. ha hablado de que
se ha actuado, creo que en el momento cumbre de lo que ocurrió allí,
la inacción fue precisamente el dato más significativo.
Para empezar, creo que sobre todo hubo una decisión previa que el
subdelegado del Gobierno en Alicante pudo haber tomado ante una
manifestación que degeneró en brotes de racismo y xenofobia, cuando
en Almoradí ya existía en aquel momento un clima de ira
y enfrentamiento debido al homicidio ocurrido. Es decir, ya había un
aviso, ya había la posibilidad de hacer una valoración sobre lo que
podría ocurrir si no se aplazaba la convocatoria de la manifestación.
Obviamente, mi grupo, señor ministro, no va a hacer ninguna
manifestación contraria al derecho de manifestación y expresión de
los españoles, en absoluto, pero la prudencia, la habilidad y el buen
hacer de la autoridad gubernativa aconsejaban tratar de reorientar
esta cuestión pidiendo un posible aplazamiento a los organizadores,
máxime cuando en este caso se gozaba de la colaboración del señor
alcalde de Almoradí, del Partido Popular. La cuestión que se plantea
aquí como asunto fundamental respecto a la inacción de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado es la escasa presencia de esas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar, encauzar o
impedir lo que ocurrió. Su señoría ha dicho que había 20 agentes de
la autoridad. (El señor Ministro del Interior, Mayor Oreja: Yo no he
dicho nada.) Sí, 20 agentes entre guardia civil y policía local (lo
tengo anotado, y, en todo caso, tenemos las actas taquigráficas y
luego el ''Diario de Sesiones''
que nos lo dirán), 20 personas para encauzar una situación
realmente difícil. La protesta vecinal contra un asesinato no tenía
por qué terminar en incendio de casas y menos de algunas ocupadas por
familias que nada tenían que ver con el agresor, algunas donde en
aquel momento había niños que tuvieron que salir por los tejados;
tampoco tenía por qué terminar esta manifestación en la
obstaculización de la intervención de los bomberos ni en agresiones a
magrebíes, que también residían en ese barrio, si las previsiones y
las órdenes del subdelegado del Gobierno hubieran sido las adecuadas
para la situación. Ésa es la clave de la cuestión: que la actuación
del subdelegado del Gobierno no fue la adecuada en el manejo y
dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la
situación que allí se había creado. Claro que hubo detenciones, y S.
S., señor ministro, me ha dicho como réplica en relación con nuestro
argumento de la inacción: ¿Cómo que hubo inacción, si ha habido
detenciones? Evidentemente, nadie niega que ha habido detenciones,
pero hay una cinta de vídeo grabada por un aficionado en la que no
sólo aparecen las imágenes de los agresores, sino también la inacción
policial y el escaso número de sus efectivos. Todo quedó grabado, es
evidente, y también el daño a los bienes y la amenaza a la integridad
física de los habitantes gitanos del barrio, es decir, que el vídeo
del aficionado constituye un testimonio no sólo frente a los
agresores, sino también frente a los responsables políticos y
gubernativos, que no fueron capaces de garantizar la seguridad a los
españoles de una minoría étnica, del mismo modo que no habían sido
capaces de garantizarla a los pacíficos ciudadanos de Almoradí.
Como antes indiqué, en la sociedad actual anidan de manera creciente
situaciones como la de Almoradí. Su solución de fondo requiere -lo ha
dicho anteriormente S.S., y se lo reconozco- políticas de igualdad,
políticas de integración, de compensación social. Es evidente que la
solución de estos problemas sociales de marginación no se puede
encomendar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -eso lo
sabemos perfectamente-, pero ello no es óbice para que su actuación
se adecue, se ajuste en términos de prevención e intervención a unos
principios y conductas más racionales y previsores que la mera
intervención represiva, que en este caso y desde nuestro punto de
vista, aparte de ser prácticamente inexistente, ha sido ineficaz y ha
sido causante de una cadena de conflictos que, evidentemente han
ocurrido, como decía, en Almoradí y en otros lugares.
Señor ministro -y con esto termino-, nos debe explicar qué
responsabilidades se han exigido en relación con la actuación de la
autoridad gubernativa bajo su jerarquía en relación con estos hechos,
hechos graves, hechos importantes, y sobre todo debe explicarnos cómo
evitará en el futuro que se produzcan situaciones similares,
posiblemente, no la situación material ysocial en sí misma, pero sí
la manera de poner en marcha
el dispositivo adecuado para la actuación eficaz de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, quiero ser muy breve
porque en el fondo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el
portavoz del Grupo Socialista, quizá quitándole las fórmulas
perifrásticas cada vez que intentaba aterrizar en algún concepto,
porque tengo la absoluta seguridad de que no se ha actuado de manera
adecuada ni se ha actuado de manera idónea respecto al tiempo
parlamentario.
Nosotros también lo dijimos a la hora de intentar convocar al señor
ministro cuando correspondía en tiempo real, en tiempo político real.
En el marco de lo que está ocurriendo a nivel general o de lo que ha
pasado anteriormente en El Ejido y ahora en la cuestión que nos
ocupa, se puede detectar cierta involución social respecto a temas de
inmigración o temas raciales, que en este caso han afectado
doblemente a la población aquí citada, y si el Parlamento no juega el
papel que tiene que jugar en tiempo real, se da la impresión de que
el Gobierno no responde ante nadie, en todo caso responde ante los
medios de comunicación, si en algún caso corresponde, pero desde
luego ante este Parlamento no se está respondiendo en tiempo real.
Ésa es la parte que yo quería subrayar. Nosotros lo intentamos en un
momento determinado, y ahora, efectivamente, se convierte en un
trámite seco, un trámite lejano, un trámite que no se corresponde con
la necesidad que incluso ustedes defendieron de convertir este
Parlamento en el centro de la política real de este país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular
va a plantear la cuestión de fondo objeto del debate a través de doña
Amparo Ferrando, diputada por Alicante.
En todo caso, mi intervención, muy breve, se atiene a una cuestión de
orden por cuanto considero que el debate en esta Cámara, por respeto
al debate mismo, por respeto naturalmente a la función de control de
los grupos parlamentarios, se tiene que producir siempre en términos
de rigor. A mí me ha sorprendido profundamente que el señor portavoz
del Grupo Socialista, al que quiero aprovechar hoy para saludar en su
primera intervención en esta Cámara como portavoz de Interior
y manifestar la seguridad de que con él existirá el mismo clima de
diálogo, de respeto y de búsqueda de consenso y de posiciones en
común que ha presidido la actuación del Grupo Socialista con
anteriores portavoces, pero el señor Mayoral ha comenzado haciendo
una cita que nos parece inadmisible, porque ha dicho: Un
portavoz del Grupo Parlamentario Popular -sin decir quién- señaló que
este asunto no tenía la menor importancia. Ésa es una cita
rigurosamente falsa. El único trámite parlamentario previo al de hoy
que ha habido en relación con este asunto tuvo lugar en la reunión de
la Diputación Permanente del 13 de julio, y cito literalmente mi
intervención: Produciéndose, como se produjeron, unos hechos
absolutamente inadmisibles, y no siendo en absoluto aceptables, estos
hechos no tuvieron consecuencias todavía más dramáticas merced a la
acción preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La cita, por tanto, del señor Mayoral es absolutamente apócrifa, por
apócrifa no se sabe quién, por apócrifa de poco rigor, pero en todo
caso además no se corresponde con la única formulación, la única
valoración que consta en el «Diario de Sesiones» que se ha hecho
desde el Grupo Parlamentario Popular.
Por otra parte me parece imprescindible, señor presidente, señalar,
para que no haya mensajes confusos, la inmediatez en tiempo real en
que se produce en el trámite parlamentario el tratamiento de este
asunto. Los hechos se produjeron el 19 de junio. Ningún grupo
parlamentario, a partir del 19 de junio, ningún grupo parlamentario,
repito, planteó iniciativas en período de sesiones todavía vigente,
en período de sesiones ordinario, en relación con este asunto. La
primera formulación que se hace se presenta fuera del período de
sesiones ordinario y es para la petición de una sesión
extraordinaria, insisto, fuera ya del período de sesiones ordinario.
(Rumores.) En la primera sesión de control en período ordinario, que
es precisamente la de hoy, se ha abordado este asunto. Por cierto,
ningún grupo parlamentario lo ha hecho con la inmediatez que lo podía
haber hecho, antes de finalizar el mes de junio por medio de
preguntas en Pleno, o durante el mes de septiembre a través asimismo
de las preguntas en Pleno. Creo, por tanto, señor presidente, que es
fundamental para poder abordar el fondo de los debates que las citas
de procedimiento y de autoría lo sean con rigor. (El señor Mayoral
Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, tendrá usted un turno después y
podrá decir lo que estime pertinente.
El señor MAYORAL CORTÉS: Es por una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Va a tener usted oportunidad de expresarse con
toda libertad sobre esa cuestión. Creo que es mejor que el debate
siga su desarrollo normal.
Señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular y en primer lugar quiero agradecerle, señor
ministro... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Vamos a escuchar a la
señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Quiero agradecerle, señor ministro, su
presencia en esta Comisión y las explicaciones que nos ha dado acerca
de los hechos acaecidos el pasado mes de junio en Almoradí y la
actuación que llevaron a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Además se lo agradezco, porque estos hechos, por los motivos
que los ocasionan, tienen un gran calado social. No considero que
haya transcurrido demasiado tiempo desde que se produjeron los hechos
hasta la comparecencia de hoy. En cualquier caso, ya en la
Generalitat Valenciana se solicitó la comparecencia del conseller de
Bienestar Social, el señor Blasco, quien compareció en su día.
Señorías, para el Grupo Popular el grado de actuación de la Guardia
Civil y de los efectivos policiales fue el que cabía esperar. Lejos
de ser pasiva toda esa actuación, se actuó y se realizó con celeridad
en dos campos, en el de la prevención y en el de la actuación
y puesta a disposición judicial. Como digo, en primer lugar y en
previsión de unos hechos que podían suceder, la Guardia Civil
estableció un dispositivo de seguridad. Desgraciadamente, tenemos que
lamentar los daños materiales que se produjeron, si bien hay que
reconocer que la diligencia con que actuaron aquel día los efectivos
policiales evitó un daño mayor del que sucedió, puesto que se
salvaguardó la seguridad de las personas. En segundo lugar, una vez
investigados los sucesos, la eficacia de los Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado propició que se pudiera detener a seis personas
implicadas en los hechos y que posteriormente pasaran a disposición
judicial ordenando su ingreso en prisión. En cualquier caso, desde
entonces la Dirección General de la Guardia Civil ha establecido un
dispositivo de vigilancia para evitar nuevos enfrentamientos.
Señorías, soy diputada por Alicante y conozco bien el esfuerzo que en
todos los órdenes, en el social y en los de seguridad, se está
haciendo también por parte de la corporación municipal. Estos hechos
además hay que entenderlos dentro de un contexto. El barrio de la
Cruz de Galindo, en Almoradí, es un barrio muy próximo a otro de
características semejantes en el mismo pueblo de Almoradí, con muchos
problemas sociales, desgraciadamente, los dos barrios están
vinculados al tráfico de drogas. Como decía, el esfuerzo por parte de
la corporación ha sido enorme. En primer lugar, se han realizado
muchas actuaciones conjuntas por distintas administraciones públicas,
la Generalitat Valenciana y la corporación, lo que ha permitido
además una inversión en medios económicos, materiales y humanos y se
han realizado programas urbanísticos y sociales de todos los órdenes.
Asimismo, como mencionaba al principio, desde hace más de un año se
han producido actuaciones policiales para terminar con la delincuencia
y con el tráfico de drogas, que es el problema principal que
tiene el pueblo de Almoradí. Desgraciadamente, no todas estas
actuaciones que se han desarrollado han dado el fruto que hubiera
sido de desear.
Finalmente, señor ministro, siendo el objeto de esta comparecencia
valorar el grado de actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, desde el Grupo Parlamentario Popular, no obstante
lamentar los tristes sucesos de aquel día, queremos transmitirle
nuestra confianza en las acciones que llevaron a cabo dichas fuerzas,
tanto en el campo de la previsión como en el de la puesta a
disposición judicial posteriormente. Desde luego desde este grupo
queremos mostrarle nuestro apoyo para futuras intervenciones que se
realicen desde su Ministerio, por un lado en el plano de la
prevención para actos de esta índole, pero sobre todo para erradicar
un tema tan problemático que tenemos en nuestra sociedad como es el
problema de la droga.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
también voy a intervenir con brevedad.
Quiero poner de manifiesto lo que he dicho al principio de mi
intervención, y es que no hubo inacción policial. No hubo inacción a
la hora de detener al asesino, no hubo inacción a la hora de poner a
disposición judicial a las personas que habían ocasionado los
alborotos y no ha habido inacción a la hora de volver a detener al
asesino de esta nueva víctima inocente en Almoradí. Para hacer una
valoración de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado hay que hacerla general y, evidentemente, en este conjunto se
han producido acontecimientos no deseados e incidentes que no ha
podido evitar en este caso la Guardia Civil, pero el conjunto de los
acontecimientos precisamente no pueden estar caracterizados por la
inacción en base a los resultados que se han producido.
Ustedes -me refiero al representante del Partido Socialista- han
estado en el Gobierno y evidentemente saben muy bien la enorme
dificultad que existe cuando se producen acontecimientos de estas
características para saber si se actúa en exceso o en defecto. En ese
sentido muchas veces nos encontramos con que la conclusión después de
un acontecimiento es que tenía que haber habido más presencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras que otras veces a lo mejor se
han empleado demasiado pronto. Evidentemente siempre hay
limitaciones, lagunas, errores e incapacidades, ya que en nuestra
sociedad la seguridad en modo alguno puede estar asegurada al cien
por cien. Todo eso no debe significar una crítica de inacción con los
resultados que se han producido y tampoco hay involución racial en
ese sentido en la actuación de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del
Estado.
Lo que fundamentalmente nosotros podemos hacer en este terreno en
cualquier caso, y lo anuncio, es aumentar el número de circulares
interiores, poner más el acento en actuaciones de estas
características que afecten a colectivos de inmigrantes o como en
este caso de gitanos. Evidentemente, haremos lo indecible para crear
el impulso y que nadie pueda poner en duda que hay acciones extrañas
en ese sentido, pero desde luego tengo plena confianza en la Guardia
Civil, en el Cuerpo Nacional de Policía y sé que las limitaciones que
tienen en ocasiones en su actuación se deben fundamentalmente a lo
que pueden ser limitaciones humanas de dispositivos policiales
encargados a tal efecto.
Vuelvo a reiterar que en esta cuestión la Guardia Civil globalmente y
en los temas esenciales sus resultados son obvios y evidentes y hay
que tomar buena nota de las limitaciones que en momentos como los que
vivió Almoradí no pudieron llevar la tranquilidad a los ciudadanos,
como era nuestro deseo y desde luego también nuestra obligación.
Ahora bien, si usted me pregunta por las responsabilidades políticas,
le tengo que decir que yo haré las recomendaciones necesarias y
pediré que se trabaje con máxima intensidad en esta zona en materia
de seguridad, pero a mí me parece que en ese sentido no haré más que
reiterar un criterio político muy claro que caracteriza al Gobierno,
y es trabajar dentro de nuestras limitaciones con la mayor diligencia
para afrontar situaciones de estas características.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mayoral tiene la
palabra.
El señor MAYORAL CORTÉS: En primer lugar, quisiera desfacer el
entuerto en que nos ha metido el señor Gil Lázaro. (El señor Gil
Lázaro: No, S.S.) Su señoría y ahora se lo voy a demostrar. Es
evidente que usted ha hecho sus declaraciones sobre estos sucesos,
pero entiendo que el Grupo Parlamentario Popular también tiene otros
portavoces y supongo que el señor Luis de Grandes es uno de ellos.
Pues bien, el señor Luis de Grandes, portavoz del Grupo Popular, el 4
de julio manifestó -no sé si figura en acta o no- que su partido se
opondría a dicha comparecencia, considerando que los motivos alegados
por el Partido Socialista para solicitarla eran de escasa
importancia. Lo dijo el señor Luis de Grandes, no usted; por tanto yo
no hacía ninguna alegación ni trataba de polemizar con usted sobre el
particular. Así pues, le pediría que sus alegaciones en torno a la
falta de rigor, de cita apócrifa, desaparezcan del «Diario de
Sesiones», ya que corresponden a cuestiones que no existen. Creo que
sería la mejor manera de solventar la cuestión entre su grupo y el
mío.
En relación con lo que acaba de decir el señor ministro, tengo que
manifestar que aprecio el esfuerzo que S.S. hace para llevarnos a la
convicción de que no hubo
inacción. Su señoría vuelve a reiterar hoy la detención del asesino y
de cinco alborotadores, así como la detención, evidentemente
posterior, hace unos días, de otra persona que también fue
responsable de otro acto violento en este municipio. Sin embargo, ésa
no es la cuestión que nosotros hemos planteado, señor ministro, y
tampoco queremos hacer una valoración global de todo el
acontecimiento, del contexto y de todas las razones, remotas o
próximas, que hayan determinado lo que ocurrió en Almoradí, son
cuestiones distintas. Por supuesto, igual que usted nosotros
manifestamos la plena confianza en la Guardia Civil y en la Policía
Local, que también actuó en este suceso.
La cuestión fundamental es que en este supuesto hubo un momento, una
circunstancia específica y concreta, en la que se desencadenan
actuaciones de personas incontroladas, y por tanto sin que las
fuerzas de seguridad, por su escaso número, pudieran evitar lo que se
intentaba perpetrar y que por fin se perpetró, porque finalmente,
señor ministro, lo que aquí ha ocurrido y lo fundamental de toda la
cuestión, es que de esa falta de previsión, de esa falta de una
presencia de fuerzas de seguridad, se derivaron daños para personas,
se derivaron también situaciones de riesgo y, desde luego, daños en
los bienes de una serie de ciudadanos que allí vivían, algunos de los
cuales no tenían nada que ver con los acontecimientos.
Fíjese S.S. que en casi ningún momento he utilizado el término de que
se trate de ciudadanos de etnia gitana o no etnia gitana, eran
ciudadanos españoles, y estos ciudadanos españoles, como consecuencia
-desde nuestro punto de vista, señor ministro- de la inacción o la
falta de presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
sufrió un riesgo grave y graves daños.
En lo que se refiere a las instrucciones que S.S. manifiesta que
considera oportuno instruir o recordar, creo que no solamente
deberían ir referidas a los responsables de la provincia de Alicante
sino también a otros responsables de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, en el entendimiento de que las soluciones de fondo de
estos problemas no son policiales, es evidente, pero sí se trata de
evitar el riesgo de graves daños que puedan afectar a ciudadanos
españoles vivan donde vivan.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo? (Pausa.)
Señor Gil Lázaro
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad y con toda cordialidad, señor
presidente, simplemente para señalar que el propio señor Mayoral ha
dicho que no sabe si figura en acta o no pero que lo dijo y que, en
todo caso, las citas que tienen valor y rigor en la vida
parlamentaria son las que se incorporan a las propias actas. La
valoración que hizo mi grupo de los hechos de Almoradí es exactamente
la que yo he citado, que se
produjo en la sesión de la Diputación Permanente y que está
incorporada al «Diario de Sesiones», valoración que, como es natural,
comparte y autoriza en todo caso con carácter previo a su
formulación, el portavoz de mi grupo don Luis de Grandes.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: En relación a este asunto, lo único que
tengo que decir es que son expresiones vertidas el día 4 de julio en
los medios de comunicación y no desmentidas por don Luis de Grandes y
tampoco por el señor Gil Lázaro.
- CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PRODUJO LA MUERTE DEL CIUDADANO DE
GUINEABISSAU ANTONIO FONSECA, EL DÍA 20 DE MAYO DE 2000, EN LA
COMISARIA DE ARRECIFE (LANZAROTE). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO.(Número de expediente 213/000129)
- CAUSAS DE LA MUERTE DE UN CIUDADANO GUINEANO EN EL MES DE MAYO
PASADO EN UNA COMISARÍA DE LANZAROTE.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 213/000130)
- CIRCUNSTANCIAS DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO DE GUINEA BISSAU,
ANTONIO AUGUSTO FONSECA, EL DÍA 20 DE MAYO DE 2000, MIENTRAS SE
ENCONTRABA EN DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA COMISARÍA DE ARRECIFE DE
LANZAROTE, ASÍ COMO ACERCA DE LAS INVESTIGACIONES PUESTAS EN MARCHA
O EN CURSO POR ESE DEPARTAMENTO, TENDENTES A ESCLARECER LAS
RESPONSABILIDADES EXIGIBLES, LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS, SU
CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN Y TRASLADO A LA AUTORIDAD JUDICIAL AL
HILO DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL ABIERTA CON OCASIÓN DE ESOS MISMOS
HECHOS, AL TIEMPO QUE PARA INFORMAR TAMBIÉN DE CUANTOS OTROS EXTREMOS
PUEDAN RESULTAR RELEVANTES PARA EL EXACTO ESCLARECIMIENTO DE ESE
FALLECIMIENTO Y LA DEPURACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE TODO TIPO
QUE HAYAN PODIDO DERIVARSE DEL MISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000131)
- CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PRODUJO LA MUERTE DEL CIUDADANO DE
GUINEA BISSAU, ANTONIO AUGUSTO FONSECA, EN LA COMISARÍA DE ARRECIFE
(LANZAROTE), EL DÍA 20 DE MAYO DE 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente
213/000139)
- EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO GUINEANO, ANTONIO AUGUSTO FONSECA,
EL 20 DE MAYO DE 2000, EN LA COMISARÍA DE ARRECIFE DE LANZAROTE, LAS
RAZONES DE SU DETENCIÓN Y LAS INVESTIGACIONES QUE SE HAN REALIZADO
PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE SU FALLECIMIENTO. ASOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000142)
- LA MUERTE DE DON ANTONIO FONSECA OCURRIDAEN LA COMISARÍA DE
ARRECIFE- LANZAROTE, EL 20 DE MAYO DE 2000, Y DE LA INVESTIGACIÓN
INTERNA LLEVADA A CABO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000143)
- LA MUERTE EN LA COMISARÍA DE ARRECIFE (LANZAROTE), DEL CIUDADANO
GUINEANO ANTONIO AUGUSTO FONSECA, ACAECIDAEL20 DE MAYO DE 2000.
ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) (Número de
expediente 213/000148)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día que es el
cuarto, y se refiere a la comparecencia del ministro del Interior
para que informe sobre las circunstancias en que se produjo la muerte
del ciudadano de Guinea Bissau, Antonio Fonseca, el día 20 de mayo de
2000, en la comisaría de Arrecife, Lanzarote, iniciativa que
corresponde a distintos grupos parlamentarios. En consecuencia se
ordenará el debate en función del orden con que han sido pedidas las
comparecencias, empezando por el Grupo Mixto, del que han pedido tres
representantes esta comparecencia, seguirá Izquierda Unida, Partido
Socialista, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, y
después los demás grupos que no han pedido la comparecencia y que
intervendrán de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señor presidente.
Señorías, antes que nada quiero comenzar mi intervención manifestando
el dolor y la tristeza, singularmente
a la familia de Antonio Fonseca, por el fallecimiento de este último
en dependencias policiales.
Al mismo tiempo, quiero decir que el Ministerio del Interior es
consciente de la inquietud que produce un hecho de estas
características, pero quiere señalar que el Cuerpo Nacional de
Policía ha tenido una reacción y una respuesta inminente e inmediata
a los hechos que se produjeron en aquellas fechas.
Al día siguiente, el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la
comisaría de Arrecife, abrió una primera investigación de los hechos
y quiero decir que puso en marcha un expediento disciplinario a los
dos policías que estaban relacionados en estos hechos.
Insisto, señorías, en que el Ministerio del Interior ha tenido desde
el principio un interés indudable en investigar a fondo la muerte de
Antonio Fonseca, para esclarecer lo sucedido y para que no quedara
ninguna duda o sospecha de la actuación policial, pero evidentemente
también hemos sido respetuosos y responsables con las decisiones
judiciales que se han ido sucediendo paulatinamente dentro del
procedimiento iniciado y a las que sin duda -y lo quiero dejar muy
claro- hay que esperar para la adopción de medidas subsiguientes.
En cuanto al relato de los hechos, los aspectos más significativos
son éstos: La detención de Antonio Fonseca se produce durante la
noche del 19 al 20 de mayo, en el marco de un dispositivo policial
contra la droga montado en una de las zonas más conflictivas de
Arrecife. Alrededor de las 2 de la madrugada dos funcionarios de una
patrulla policial trataron de identificar a una persona que había
emprendido la huida al percatarse de su presencia en el lugar,
pasando a esconderse en el portal número 6 de la calle Igualdad,
ocultando allí mismo tres bolsas plastificadas que contenían
sustancias estupefacientes. Al pretender identificarle su reacción
fue violenta y agresiva contra los agentes, quienes intentaron
reducirle, extremo que no consiguieron por la fuerte resistencia
empleada por esa persona, que consiguió escapar de los policías,
empujando a uno contra la pared y arrojando al otro contra el suelo
para emprender a continuación la fuga.
La agresión sufrida por los funcionarios policiales -quiero
decírselo, señorías- fue presenciada por dos testigos que figuran en
las diligencias instruidas en la comisaría. Su testimonio fue
ratificado posteriormente ante los funcionarios de la Inspección de
Personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Tenemos por eso en esta primera secuencia de los hechos un dato
esencial: Antonio Fonseca en su huida se golpeó violentamente contra
un vehículo que se encontraba aparcado frente al número 6 de la calle
igualdad, en paralelo al coche policíal, y en la escapada arrancó uno
de los espejos retrovisores, que más tarde encontraron los agentes.
Durante esta secuencia de los hechos se produce otro dato destacable,
el policía que conducía el vehículo policial observa cómo el
individuo, en un momento determinado, pierde el equilibrio,
se tambalea y cae al suelo de frente y con las manos hacia adelante,
circunstancia que es aprovechada por los policías para reducirle. En
este momento es cuando la policía le informa de los motivos de su
detención, de sus derechos constitucionales y le introduce en los
asientos traseros del vehículo por una de las puertas laterales.
Minutos después y ya con el detenido en el vehículo, los policías
retroceden el trayecto recorrido en sentido inverso al itinerario
realizado, para efectuar la inspección ocular y recuperar todos los
efectos del detenido.
Quiero recordar que en esta fecha estamos hablando de que la primera
visualización o el primer intento de identificación de la policía se
ha producido a las 2 de la madrugada.
Se inicia entonces el traslado a la comisaría, a la que se llega en
torno a las 2 horas 40 minutos, estimándose en 20 minutos el tiempo
transcurrido desde que comenzó la intervención policial. Una vez
aparcado el vehículo delante de la comisaría se procedió a bajar al
detenido, observando los policías como éste presentaba una actitud
totalmente pasiva, conducta que es habitual en muchos detenidos. Por
este motivo tuvieron que tirar de él hasta sentarlo en la escalera de
entrada al edificio. Acontinuación se le traslada hasta la sala de
acceso a los calabozos y a la sala del 091, donde le dejan sentado y
reclinado en un asiento. En ese momento, uno de los funcionarios
policiales que se había situado frente a él, observa que se inclina
hacia un lado perdiendo el equilibrio y con síntomas evidentes de
encontrarse en mal estado. Quiero decirles, señorías, que se llega a
la comisaría a las 2 horas 40 minutos. De inmediato requieren del
funcionario de servicio en la sala del 091 que avise a la Cruz Roja,
llamada que se produce a las 2 horas 45 minutos, es decir cinco
minutos después de la entrada en las dependencias policiales de
Antonio Fonseca. Mientras llegan los servicios de socorro, los
policías intentan reanimarle sin éxito. Los miembros de la Cruz Roja
hacen su aparición en la comisaría a las 2 horas 55 minutos, es decir
diez minutos después del aviso policial a la Cruz Roja. Se inicia la
asistencia al detenido, no logrando reanimarle, por lo que recaban la
presencia de una ambulancia medicalizada de los servicios de urgencia
canarios, que llega a las 3 horas 4 minutos. Este equipo tampoco
consigue la reanimación del detenido, informando de su fallecimiento
a las 3 horas 41 minutos.
Lo siguiente fue dar cuenta de los hechos al Juzgado de guardia, al
médico forense, al comisario jefe y al jefe de la Policía Científica.
Alrededor de las 4 de la madrugada se persona el médico forense,
quien después de reconocer e inspeccionar al detenido certificó su
fallecimiento, manteniendo a continuación una conversación telefónica
con el juez de guardia, al que informa en presencia de varios
funcionarios, entre ellos el comisario jefe, y traslada que no
observa nada anormal ni extraño en el fallecimiento, ni signos
externos
de violencia. A continuación, el juez autorizó el levantamiento del
cadáver. Se trasladó al depósito municipal, y el cadáver llegó entre
las 4 horas 15 minutos y las 4 horas 30 minutos, realizándose la
preceptiva autopsia pocas horas después. Pues bien, señorías, ese
mismo día, el titular de la comisaría ordenó la realización de un
informe para el esclarecimiento de lo ocurrido. Inmediatamente
después, la Jefatura Superior de Policía de Canarias encargó otro
informe que fue efectuado por el inspector de servicios y por el
facultativo asesor jurídico de dicha jefatura, no apreciándose
ninguna irregularidad en la intervención policial.
Tres meses después el suceso cobra nueva actualidad informativa, a
raíz de unas declaraciones efectuadas a diversos medios de
comunicación por una hermana del fallecido, así como por las
manifestaciones de una persona que afirmaba haber sido testigo de
supuestos malos tratos a Antonio Fonseca en la dependencia policial.
A la vista de los nuevos acontecimientos, por primera vez en este
caso desde mi responsabilidad, no habiendo constado hasta esa fecha
ninguna anomalía más allá de lo que significó la tragedia en las
dependencias policiales, pero sin que se hubiese advertido con
anterioridad anomalía en la instrucción judicial ni en la instrucción
policial, pero ante los hechos que venían trasladados desde el
segundo informe forense, encargué personalmente al inspector de
Personal y Servicios de la Seguridad del Estado una nueva
investigación, un tercer informe policial, el 25 de agosto. Las
conclusiones de este informe, que han sido remitidas a la Secretaría
de Estado el 8 de septiembre, reflejan la ausencia de irregularidad
alguna en la actuación de los policías, vienen a confirmar el
contenido de los dos informes policiales anteriores, y lo que sí
ponen de manifiesto, cuanto menos, es la absoluta falsedad del
contenido de las declaraciones de un supuesto testigo. Estos son los
aspectos policiales que han estado intrínsecamente relacionados con
el procedimiento judicial, en cuyo desarrollo y resultados me
detendré a continuación.
En la mañana del mismo día 20 de mayo en que se desarrollaron los
hechos, el médico forense titular de Arrecife realizó la autopsia al
fallecido, dictaminando que la muerte se debió a causas naturales, y
excluyendo cualquier signo de patología previa. Las fotos del cadáver
aparecidas en algunos medios de comunicación, realizadas al parecer
de forma irregular, reflejaban un cuerpo muy deteriorado como
consecuencia de las manipulaciones que implicó la práctica de la
autopsia; no se corresponde por tanto con el aspecto que tenía cuando
murió. Una segunda autopsia realizada a petición de los familiares
del fallecido por otro médico señalaba como posible causa de la
muerte un supuesto golpe en el lado derecho del cuello.
Posteriormente se produce el tercer informe forense, realizado por el
mismo médico que emitió el primer informe. Su finalidad es
ratificarse en las conclusiones del informe inicial
del 20 de mayo, pero valorando ya un dato importante, y es el
informe del Instituto Nacional de Toxicología. Este nuevo informe
forense es meridianamente claro al afirmar que la causa de la muerte
fue edema pulmonar agudo (muerte natural.) Existe un cuarto dictamen,
emitido a partir de los respectivos informes de las dos autopsias
practicadas, que viene a coincidir con dos de los anteriores, con el
primero y con el tercero, y en el que se apunta la muerte por causas
naturales. Hasta el pasado día 6, los funcionarios policiales no
habían tenido ninguna noticia de una actuación judicial en este
sentido. El pasado día 6, los dos funcionarios policiales
comparecieron en calidad de imputados en el juzgado que tramita las
diligencias, ratificando la narración de los hechos que acabo de
exponerles, no adoptándose ningún tipo de medida cautelar.
Por eso, me van a permitir SS.SS. que haga unas consideraciones
finales. Todas las declaraciones y manifestaciones recogidas en la
investigación policial ratifican que el fallecido, durante su
estancia en la comisaría -que, insisto, fue de cinco minutos entre su
entrada y el aviso a Cruz Roja-, no fue objeto de ningún tipo de
violencia. A esta conclusión llegan los tres informes que han sido el
resultado de las tres investigaciones policiales abiertas. Primero.
Cuando llegó a la dependencia policial, Antonio Fonseca se encontraba
ya en una situación de quiebra física. Segundo. Del análisis de los
hechos se concluye que en ningún momento pudieron coincidir en las
dependencias policiales Fonseca y otra persona detenida, Juan José
Hormiga, careciendo por tanto de veracidad alguna las manifestaciones
realizadas por este último. Tercero. Las medidas que ha adoptado el
Ministerio del Interior han sido las siguientes: Al día siguiente de
la muerte se inició una primera investigación en el seno de la
Comisaría de Arrecife. Días más tarde, la Jefatura Superior de
Policía de Canarias encargó un informe al inspector de servicios. El
pasado mes de agosto se abrió una nueva investigación dirigida por el
máximo responsable de la Inspección de personal de la Dirección
General de la Policía, a la vista del segundo informe forense que
contradecía el primero. Se ha incoado expediente disciplinario a los
funcionarios policiales que se encuentran en suspenso a expensas de
lo que decida la autoridad judicial, y, como muy bien saben SS.SS.,
cuando existe una investigación de carácter interno en el seno de la
Policía y al mismo tiempo hay un procedimiento judicial en marcha,
hay que paralizar las decisiones internas disciplinarias en el seno
del Cuerpo Nacional de Policía. Nunca el jefe de la Comisaría de
Arrecife aseguró que se había producido ingestión de estupefacientes.
Lo que señaló el responsable policial de Arrecife, en un documento
que evidentemente está a su disposición, es que como hipótesis más
verosímil ante el hecho de que fuera un hombre joven de 30 años, ante
el hecho de que podía interpretar que la droga quellevaba, y portaba
en unas bolas podía haber sido ingerida
por esa persona, que ésa era la interpretación más verosímil, pero
jamás el comisario de Arrecife aseguró ni determinó que se había
producido ingestión de drogas por parte de esta persona; apuntó la
hipótesis más verosímil en las dos últimas líneas de su declaración.
Por eso, señorías, quiero decirles que las líneas de investigación
abiertas han sido coincidentes. Hay una coincidencia entre la
investigación policial y los resultados forenses, al menos en tres de
los cuatro informes, que además tampoco significaría una
contradicción con el segundo informe. Pero quiero añadir que si
alguien puede decir que existía un indicio de responsabilización de
los funcionarios podría ser comprensible el hecho de que nosotros
hubiésemos adoptado alguna medida cautelar más allá del expediente
disciplinario, que como antes he dicho se paralizó en el momento en
que el juez abrió su investigación.
En opinión del Ministerio, si hubiésemos adoptado medidas cautelares
cuando las investigaciones han dado lo que han dado, cuando los
informes forenses han ido dando lo que han dado, nos hubiese parecido
cómodo políticamente, pero injusto y arbitrario, y nos ha parecido
que la posición más clara era esperar la total resolución del tercero
de los tres informes policiales, es decir el encargado directamente
por mí el 25 de agosto, y seguir a la espera, como estamos hoy, de
las decisiones y determinaciones que judicialmente se puedan plantear
de manera definitiva cuando considere oportuno la autoridad judicial
correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Saura
tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds,
pero también acumulando la comparecencia solicitada por Eusko
Alkartasuna y el Bloque Nacionalista Galego, señor ministro, aún
tengo cierta perplejidad. Estos temas nunca son fáciles, igual
sabremos qué ocurrió esa noche o igual no lo sabremos nunca, ni
nosotros ni usted. Quiero hacer una primera consideración y es que no
puede ser que durante bastantes semanas aparezcan diversas versiones
de fuentes policiales sobre lo que pasó esa noche y no exista ninguna
declaración del Ministerio con autoridad en relación a eso. Hemos
estado de vacaciones el mes de agosto, asistiendo a diversas
versiones policiales sobre qué ocurrió esa noche y sin saberlo por el
señor Mayor Oreja o alguna persona delegada del Ministerio con
autoridad. Esto ha motivado que prácticamente todos los grupos
hayamos pedido una comparecencia para que usted explique qué pasó.
No puedo quedar satisfecho con la explicación que usted nos ha dado.
En la primera nota de la que murió usted no ha dicho que la nota de
la Comisaría fuera la única hipótesis. Esto es importante, porque
usted ha cambiado las dos primeras palabras de la nota de la policía,
que no dice lo que usted ha dicho, sino que
dice: la única hipótesis más verosímil... Ahora, yo me pregunto cómo
es posible que una persona que, según las informaciones que ustedes
tienen, se da un golpe que le provoca la muerte no tenga ningún otro
síntoma que pueda inducir a pensar que la muerte se ha producido por
un golpe, y se pone simplemente que la única hipótesis de la muerte
es la ingestión de estupefacientes. Esa es la nota policial.
En segundo lugar, ¿cómo es posible que si esto pasa el 20 de mayo,
cuando la hermana o los familiares lo denuncian ustedes no digan
inmediatamente cuál es la conclusión de su investigación? Porque han
pasado tres meses. O sea, una persona muere el 20 de mayo en una
comisaría y la nota de la policía dice que la única hipótesis más
verosímil, dada la ausencia de signos externos en el cadáver... Una
persona se da un golpe en el retrovisor de un coche y muere por edema
pulmonar resulta que el cadáver no tiene ningún signo externo, y en
cambio la hipótesis de la policía es que ha ingerido estupefacientes.
A mí esto no me cuadra. ¿Una persona que se ha dado un golpe en un
coche que le ha podido producir la muerte no tiene signos externos? Y
ustedes, después de tres meses de que haya ocurrido esto aún no han
concluido la investigación, para inmediatamente, cuando la hermana o
los familiares lo denuncian, dar su versión, si es que han concluido
la investigación, porque en el mes de agosto se pasa de ingestión de
drogas a un golpe y de ahí -usted sobre esto no ha dicho nada- a que
el comisario de Arrecife acuse a la familia del guineano de haber
manipulado su cadáver. ¿Esto es así, ¿Es verdad que la familia
manipuló el cadáver? Porque esta fue otra acusación.
Por tanto, señor ministro, no sabemos qué pasó esa noche. Usted dice
que estuvo cinco minutos en la comisaría, pero ustedes han de ofrecer
una explicación -y está ahí la investigación judicial- de qué ocurrió
antes de ir a la comisaría. ¿Se dio un golpe? ¿No se dio un golpe?
¿Hubo indicios de malos tratos? No lo sé. En todo caso y en primer
lugar, la explicación que usted nos ofrece no asume ningún tipo de
responsabilidad en relación con la confusión que se creó en torno a
un hecho muy grave, a saber posibles o supuestos indicios de malos
tratos con la muerte de una persona en la comisaría, con una primera
nota de la policía que no es el motivo de la muerte, con tres meses
de investigación de la comisaría, según usted dice, tras los cuales
en agosto aún no se sabe qué pasa exactamente, y con acusaciones tan
graves desde el cuerpo de Policía o del comisario de Arrecife, que
plantea la manipulación del cadáver por parte de los familiares.
Estaremos a la espera de la investigación judicial, pero sin ningún
tipo de acusación al cuerpo de Policía, porque no la hago, no sé qué
pasó esa noche. Lo que sí sé es que la postura que el Ministerio del
Interior ha tomado ante este techo y su misma explicación aquí
ofrecen interrogantes y dudas. Por tanto, considero fundamental que
no sólo la investigación judicial sino la
investigación policial, puedan dar una explicación satisfactoria,
insisto, de cómo es posible que en una comisaría se pueda hacer un
parte de defunción como el que se hizo. ¿En base a qué se hace? ¿A
una suposición? ¿Se puede decir en un papel que una persona ha muerto
suponiendo...? ¿Se puede decir por el comisario que los familiares
manipulan el cadáver si no es así? ¿Se pueden cambiar constantemente
las versiones? Esto es lo que ustedes han hecho.
Señor ministro, cuando usted ordenó la investigación el 24 ó 25 de
agosto, si es verdad que ya había una abierta desde hacía tres meses,
como usted ha dicho, que estoy seguro de que sí, ¿qué ocurre, que la
primera no valía? Hay una investigación que se abre el 21 de mayo y
usted manda abrir otra el 24 de agosto. ¿Qué ocurre con la primera
investigación? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las conclusiones? No nos lo ha
dicho. Se abre otra investigación y aquí hay, insisto, grandes
agujeros y, sobre todo, yo creo que una falta de transparencia en un
tema que afecta a la vida de las personas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, de nuevo, y en este caso
gravísimo, se demuestra que usted analiza los problemas desde el
punto de vista de un tiempo mediático, no desde el punto de vista de
un tiempo político. Usted deja que pase el problema, que el tema se
vaya durmiendo, y luego, cuando viene aquí, al Parlamento -porque
habíamos pedido desde el mismo mes de agosto una comparecencia
urgente-, no sólo no hace ningún tipo de declaración respecto a temas
en los que tenía que haberse pronunciado, sino que al final usted
piensa que es un tema que se puede dormir o que puede pasar con menor
espacio.
Estamos ante uno de los temas que ponen a prueba el Estado de
derecho. Yo no sé con qué espacio, con qué contundencia o con qué
fuerza va a pasar a través de ese instinto mediático que tiene usted,
pero sí le digo que estamos ante el famoso problema de siempre, que
es el problema de la tortura. Es un problema que pone en entredicho
muchas veces la situación, porque hay un antiguo dicho indicando que
la tortura no se debe practicar, pero si se practica no se debe
saber, y si se sabe no se debe probar. Es el famoso trabajo con red,
que exige algunos policías. Usted me dirá que esto no es así, pero en
este momento que estamos aquí ni usted me puede demostrar lo que está
diciendo ni yo le puedo demostrar lo que estoy diciendo. Es el
gravísimo problema por el que estamos atravesando hoy aquí, y no
otro.
Lo único claro es que don Antonio Augusto Fonseca entró por su pie en
la comisaría y salió con los pies por delante. Eso es lo único claro
que hay en este momento. Entró andando y no pudo repetir la operación
a la hora de salir. Eso sí es seguro; los restantes problemas no
tienen ninguna seguridad. Por la misma secuencia
de las autopsias que usted ha relatado hacen ver en qué momento nos
encontramos. Hay una autopsia en dos tiempos o dos autopsias por la
misma persona, hay otra más y una cuarta; eso hace ver que no hay
ningún tipo de seguridad en el tema de una autopsia que debería ser
rigurosa y científica. Al final nos viene a decir que Fonseca murió
porque dejó de respirar. Como dice Mario Benedetti, un hombre muere
cuando deja de respirar por la boca y por la nariz. Todos tenemos esa
última configuración fisiológica; dejamos de respirar por edema
pulmonar. No se explica cómo entra este hombre andando -parece que
hay un choque con un automóvil-, y después muere en el plazo de cinco
minutos. Eso hasta ahora no ha tenido ninguna explicación, señor
Mayor Oreja. ¿O cree usted que sí? Usted da la secuencia de los
hechos pero no es creíble, por lo menos a muchos nos crea enorme
inseguridad, como enorme es la inseguridad que nos han creado las
distintas versiones policiales, distintas interpretaciones, distintas
declaraciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la que ustedes
acaban de relatar, la primera versión de la Delegación del Gobierno
(21 de mayo) apuntaba la tesis considerada correcta de que murió por
ingestión de drogas. A continuación se suceden, más que desmentidos,
un decalaje de matizaciones que ha resumido; pero lo primero que se
nos dice es eso. Después, en una nota del Ministerio del Interior de
23 de agosto, se omiten las alusiones a la ingestión de
estupefacientes. Según la nota el fallecido se golpeó contra un
retrovisor al intentar huir, y ya en dependencias policiales, el
detenido sufrió un desmayo y posteriormente murió. ¿Dónde estaba
exactamente el detenido, señor Mayor Oreja? ¿Estaba en un pasillo o
no? Usted hoy incluso ha matizado; ha dicho que se golpeó contra un
automóvil, y después recogieron el espejo retrovisor, que parece se
había roto en el choque. Una nueva matización. También resultan
absolutamente inaceptables las declaraciones del comisario de
Arrecife, cuando dice que se realizaron actos demenciales con el
cuerpo del fallecido, es decir acusó a la familia del ciudadano
guineano de haber manipulado su cadáver hasta realizar actos
demenciales, y lo dijo tranquilamente mucho tiempo después, el 24 de
agosto. Una nueva interpretación de los hechos constante y
diametralmente opuesta en algunos casos. Por tanto, señor Mayor
Oreja, ¿cuál es la causa de la muerte? La causa natural, edema
pulmonar, no lo explica. ¿Es un golpe? ¿Es un estrés fisiológico de
algún tipo? No aparece, señor Mayor Oreja.
Estamos en esta situación tan dura, y en muchos casos hemos visto que
aparece constantemente gente que cambia pistas, que las matiza, que
las contradice, informes forenses que se contradice; hasta que
encajan respecto a una opinión determinada; testigos que declaran
y después no mantienen la declaración. Es el mismo juego de siempre que
hemos visto muchas veces a través de los medios de comunicación o a
través de las películas. En este momento nos encontramos en esa
misma situación de estupor y de imposibilidad por nuestra parte para
demostrar nada, señor Mayor Oreja; pero, repito, usted tampoco puede
demostrar nada. No nos trae absolutamente nada. No hay ningún
dictamen judicial; que sepamos ningún tipo de investigación interna
ha llegado una conclusión, en todo caso exculpatoria por parte del
comisario citado por usted que mandó a partir del mes de agosto. En
definitiva, estamos llegando a una situación de disolución del tema o
intento de ponerlo en el trampolín del olvido, como si tuviéramos que
olvidar este caso. En casos como este, el Estado de derecho se juega
muchísimo, señor ministro, y nosotros no queremos que esta impresión
se consagrase y empezara a funcionar de ahora en adelante. Nosotros
pedimos que este tema pase por una investigación y un proceso
judicial con todas las consecuencias, y a partir de ahí tarde lo que
tarde que todo quede absolutamente esclarecido. Le he citado al paso
algunas contradicciones, pero son muchísimas más y muchos más matices
los que constantemente nos ponen en un terreno de mayor inseguridad e
indefensión, de mayor oscuridad. Usted en absoluto ha despejado este
tema, sino que incluso lo ha aumentado cuando ha dado nuevos matices
sobre algunas situaciones, matices pequeños que pueden pasar
inadvertidos, pero que están ahí y usted mismo ha desgranado esta
mañana. Por tanto, señor Mayor Oreja, le pido que llegue hasta sus
últimas consecuencias porque no es un tema que se pueda olvidar; es
un tema de enorme preocupación para nosotros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Tenemos que decir otra vez que por fin S.S,
señor ministro, comparece ante esta Comisión casi cuatro meses
después del momento en que debió hacerlo. El Grupo Parlamentario
Socialista solicitó en dos ocasiones la presencia del Ministerio del
Interior en la Cámara, primero el 23 de mayo, y después el 23 de
agosto del año 2000. Lamento decir que a lo largo de esta cuestión S.
S. ha dado una imagen de distanciamiento, de pasividad y carencia de
reflejos para explicar una cuestión que es realmente grave y que ha
agitado durante meses a la opinión pública: la muerte de un detenido
en una dependencia de su Ministerio, una comisaría. Un suceso que en
un Estado de derecho causa zozobra, malestar social e inquietud, y
aunque sea un caso aislado, como suele decirse en estas
circunstancias, no puede ni debe quedar sin explicación, sin
resolución, ni debe tenerla tardía.
La actitud de retraimiento que ha mantenido el señor ministro, ha
contribuido a engrandecer la imagen de confusión y a consolidar las
sospechas que sobre esta cuestión se han ido arrojando continuamente.
Las explicaciones que se han dado por su ministerio y no sólo en este
hecho, porque creo que el señor ministro en el
transcurso de esta mañana lo que ha hecho fundamentalmente ha sido un
relato de los hechos desde una perspectiva exclusivamente policial,
han sido contradictorias, tardías y poco convincentes. Aquí estamos
para exigir responsabilidades políticas y no penales. El Congreso de
los Diputados no puede sustituir al Poder Judicial, pero tampoco
vamos a abdicar de exigir las responsabilidades que deriven de la
acción del Gobierno.
El Ministerio del Interior, y en este sentido no quiero hacer
diferenciación de si se produjo en una instancia provincial, regional
o nacional, ha dado hasta tres versiones sobre la muerte del
ciudadano Fonseca. Primero, intoxicación por ingestión de
estupefacientes; después, edema pulmonar y subsiguiente parada cardio
respiratoria y, finalmente, que se golpeó con el espejo retrovisor de
un coche cuando huía de los agentes. Yo creo que S.S. no ignora que
es ministro del Interior en un Estado de derecho que tiene entre sus
valores fundamentales, como tal Estado de derecho, no solamente los
principios vertebradores de la libertad y la igualdad, como dice
nuestra Constitución, sino también el principio de seguridad que
ampara a todos los ciudadanos -lo dice también la Constitución-,
tanto sospechosos como víctimas. La imagen que se ha desprendido del
caso Fonseca ha sido la de la inseguridad del ciudadano Fonseca en su
doble condición de sospechoso detenido y de posible víctima de una
actuación irregular. Durante meses y aun en el presente, gran parte
de la opinión pública ha tenido esta doble percepción complementada
en algunos casos por referencias a un posible brote, acción o impulso
de carácter xenófobo o racista que no voy a juzgar porque no figura
entre los hechos probados ni entre los que deberíamos tomar en
consideración.
En nuestra democracia que, como muy bien sabe S.S., lucha por su
consolidación incluso en los lugares donde se la ignora
cotidianamente, las cosas no pueden ser así. La seguridad que
reclaman los ciudadanos como elemento imprescindible de su vida
cotidiana es un bien fundamental. El prestigio, la confianza y la
firmeza de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son valores
también importantes y, además, a la solidez de nuestro Estado de
derecho le repugnan las prácticas en las que pudieran verse
involucrados por sospecha agentes de las fuerzas públicas. Nuestra
democracia no admite una gestión política de asuntos como el caso
Fonseca. Creo que la situación descrita, que nos afecta a todos, no
admite que se haya podido dar una interpretación y una explicación
tan pobre, lenta y desacertada de lo ocurrido.
Como ha dicho el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, no es normal morirse en una comisaría -no lo digo yo-; en
una democracia no es normal y ni siquiera puede ser un hecho aislado.
No es normal, señor ministro, que en una democracia, si muere una
persona en una comisaría, exista en la información dada un cúmulo de
errores y contradicciones
tan graves que enturbien lo sucedido y proyecten sombras de sospecha.
No es normal tampoco que en una democracia exista siquiera la
sospecha de que a un detenido no se le ha informado de los derechos
constitucionales que establece nuestro artículo 17; aunque aquí tengo
que hacer una salvedad porque el señor ministro ha aportado el dato,
que evidentemente será verdad, de que la policía, cuando procedió a
detener al señor Fonseca, le comunicó las garantías y derechos que le
amparaban.
Este asunto, en sus aspectos esenciales, no es solamente la causa del
fallecimiento y la existencia de hipotéticos responsables; este
asunto, en esa dimensión, creo que está en este momento sub iudice y
no vamos a entrar en ello, esto se lo digo de antemano, señor
ministro; se trata de que como políticos y ciudadanos mantengamos
vivo un principio de comportamiento esencialmente democrático en la
España del año 2000, de modo que no se pueda decir jamás que alguien
que esté bajo tutela gubernativa o policial puede perder la vida o
sufrir detrimento de su integridad física en circunstancias que
puedan calificarse de confusas. El valor superior de la vida debe
garantizarse en todo caso y no puede haber la más mínima sombra de
sospecha de tratos degradantes o inhumanos en las dependencias de
seguridad.
Sabemos, señor ministro, que la inmensa mayoría de los componentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -por no decir todos-
así lo entienden, lo practican y lo demandan, pero son los
responsables políticos de Interior los que deben crear las
condiciones organizativas, formativas, reglamentarias y de dotación
de personal y servicios para que esto se cumpla y nadie encuentre
amparo de sus incumplimientos en la pasividad o desidia de los
responsables políticos. Nos interesa una policía que crea en su
misión, que cumpla con sus deberes y que haga respetar la ley; no
quiero que nada de nuestra intervención se deduzca en términos de
debilitar el ejercicio de estas responsabilidades y deberes. Los
problemas que tiene la policía, señor ministro, tienen mucho que ver
con los que políticamente dirigen la seguridad del Estado,
especialmente con el Ministerio del Interior y el Gobierno. Ellos
-ustedes- tienen que asumir las responsabilidades que se deriven de
la eficacia o ineficacia de su funcionamiento.
Por eso estimo que es el Gobierno el que debe contestar a algunos
interrogantes que aún no están contestados o lo están de manera
insuficiente o no clarificada, desde mi punto de vista. El primero
es: ¿hubo o no hubo, señor ministro, manipulación de la información
cuando se emitió una nota de prensa en la que, desde nuestro punto de
vista, se faltó a la verdad sobre la causa de la muerte del señor
Fonseca atribuyéndola a la ingestión de droga?, puesto que,
evidentemente, hubo una nota que fue desmentida luego. ¿Se intentaba
cerrar el asunto de manera precipitada con esta información?
¿Por qué no se inició la investigación interna decidida por
la cúpula del Ministerio del Interior y dirigida por el comisario
Manuel Reverte hasta casi tres meses después? Porque esa es, en
definitiva -pienso yo- la decisión importante que se debió tomar
desde el principio. Es obvio que, aunque se abriera el expediente que
dice S.S. en la comisaría de Arrecife y se llevaran a cabo
actuaciones desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la
magnitud del acontecimiento, la gravedad del hecho y la necesidad de
dar una información adecuada a la opinión pública requerían la
intervención política directa del Ministerio del Interior.
Otra pregunta: ¿no ha sido esta manera de actuar, que tiene elementos
indudables de negligencia, una de las causas de las dudas y sospechas
que han ido proliferando en torno a esta cuestión? ¿No hubiera
impedido la depuración rápida y eficaz de responsabilidades internas
por medio de una investigación ordenada por el Ministerio del
Interior como la que finalmente se ordenó -y esto no quiere decir que
estemos o no de acuerdo con las conclusiones de la misma- que la
profesionalidad -valor muy importante- de los policías fuera puesta
en duda y que hoy esté en entredicho, circunstancia que puede
debilitar la actuación de la policía perjudicando la imagen del
colectivo policial, cosa que no ocurriría si se hubiese solventado de
manera inmediata la existencia o no de irregularidades en la
actuación de los policías implicados, que hubiera sido lo más
adecuado? Finalmente, ¿puede el ministro del Interior no comparecer
ante la opinión pública desde el 20 de mayo ni dar explicaciones
políticas sobre un suceso tan grave como la muerte de un ciudadano en
una comisaría? El caso Fonseca, señor ministro, sigue abierto, pero
ya prácticamente en vía judicial.
En el ámbito de la gestión política del Ministerio, estimamos que
quedará, en todo caso, el testimonio de un vacío clamoroso: no haber
dado a tiempo una respuesta política, no haber comparecido ante la
opinión pública y haber incurrido en una imperdonable ineficacia al
no ordenar de manera inmediata la investigación de los sucesos. El
caso está archivado en el área de la responsabilidad del ministerio
fiscal, en lo que se refiere a la determinación de la causa de la
muerte, como afirmó recientemente el fiscal del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias. Sin embargo, según el propio fiscal sostiene,
hay algunos extremos que aclarar sobre lo sucedido aquella noche, y
aquí la opinión del fiscal entra en contradicción con lo que usted
dijo anteriormente en el sentido de que la policía, cuando detuvo al
señor Fonseca, le informó sobre los derechos que le asistían. Según
el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aún
existen flecos que aclarar sobre los sucedido -repito-, especialmente
si se cumplió o no escrupulosamente el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Es una pregunta más que es necesario contestar. Espreciso averiguar
qué ocurrió y, como dice el fiscal de
Canarias -y con esto acabo-, no es normal morirse en una comisaría y
la investigación debe continuar.
Parece que el Ministerio del Interior da el asunto prácticamente por
cerrado con la investigación que ordenó y actuó el comisario Reverte,
sin embargo, queda latente otro interrogante que está sin contestar,
que es cómo es posible que se haya dado el cierre en un momento en
que el fiscal de Canarias afirma que debe seguir la investigación
para averiguar si se cumplió o no el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Señor presidente, señor ministro, señorías, esta
pregunta que hace nuestro grupo nace de una situación de confusión
generada por unas declaraciones producidas durante el mes de agosto
por unos hechos acaecidos en el mes de mayo.
El señor ministro en su exposición ha dado una versión de los hechos
con una evidencia que originaba las conclusiones de normalidad y de
regularidad, que a partir del mes de mayo dejaban el tema archivado y
que procedía una investigación normal de la situación, pero que
prácticamente no tenían vuelta de hoja. A partir de unas
declaraciones de la familia se forma la confusión, que es lo que ha
originado nuestra pregunta al señor ministro y al Gobierno, en el
sentido de que las contradeclaraciones, los desmentidos o las
declaraciones subsiguientes en el mes de agosto del Ministerio son
ligeramente diferentes a las que habían prestado en el mes de mayo.
No quiero reiterar aquí lo que hemos ido hablando los diferentes
portavoces sobre este caso, pero me gustaría que me aclarara el señor
ministro si los familiares que proceden a la declaración -y quizá
esto no ha sido explicado en su comparecencia- posiblemente
preguntaron a la policía por el esclarecimiento de los hechos y las
declaraciones que hicieron fueron por falta de transparencia o
inseguridad en las respuestas que les dio la policía. Por esta razón,
porque han procedido a estas acusaciones, se origina una autopsia
complementaria, la policía reitera la suya y este tema desemboca en
un tema judicial.
Señor ministro, en un principio la intención de nuestra pregunta era,
desconocida la explicación que nos ha dado de los hechos, pedirle que
actuara con la máxima transparencia. Aunque en principio nos basta
con su explicación, nos quedan algunas lagunas, posiblemente porque
el tema, enterrado en un expediente judicial, en este momento no
permite seguir hacia delante. Pero también coincido con la
intervención de otro portavoz respecto a que una investigación
llevada a cabo por la Dirección General no tenga al menos las
contravaloraciones que permitan tener unas conclusiones más evidentes
de esta situación. Por esta razón, le pedimos al Ministerio que
trabaje en el esclarecimiento de este
tema y que al mismo tiempo preste a la familia afectada y al servicio
a la justicia -cosa que no dudo que sucederá así- la mayor
información para que todo quede aclarado, aunque, según su versión,
esta investigación está detenida a la espera del auto judicial
correspondiente, que dará la solución o esclarecimiento de este tema
en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Con la venia del presidente, me gustaría
hacer una pequeña consideración previa por cortesía a los demás
grupos de la Cámara y para que quede constancia de ello en el «Diario
de Sesiones». La ausencia de representación de mi grupo en los
anteriores puntos del orden del día no ha estado motivada en absoluto
por falta de interés en las cuestiones relativas a extranjería o
xenofobia, sino a la presencia simultánea en la Cámara de la
presidenta del Parlamento Europeo, ya que el portavoz de mi grupo
decidió que fuese yo quien estuviese presente e interviniese. Todavía
no gozo del don de la ubicuidad, pero la verdad, señorías, es que no
desespero de ello.
Voy ya a la cuestión que suscita este último punto del orden del día
y de la que mi propio grupo ha sido peticionario de comparecencia.
Quisiera advertir dos cuestiones respecto a esta petición. La primera
de ellas es que somos el último grupo en pedir la comparecencia, es
decir, esperamos bastante tiempo para ver si había una explicación
pública y suficiente desde el propio Ministerio del Interior, si se
solicita la comparecencia a petición propia o si el grupo mayoritario
en la Cámara decide dar alguna explicación. Esperamos un tiempo
razonable para ver si motu proprio hay interés en aclarar un asunto
que, desde nuestra perspectiva, era grave. La segunda de ellas es el
tenor literal de cómo se formula la petición de comparecencia, que
creemos que es absolutamente aséptica. Un ciudadano (sin vincular las
condiciones de ciudadano a situación administrativa alguna), un ser
humano, cuyos antecedentes (anteriores que han sido objeto también de
comentarios oficiosos) no nos interesan en absoluto, simplemente un
ciudadano, un ser humano, es detenido, ingresa en la comisaría de
Arrecife, Lanzarote, entra vivo y sale muerto. Los editoriales que
hemos leído a lo largo de este verano en casi todos los medios de
comunicación -en esto no ha habido diferencias ideológicas- hacen
referencia a muerte en comisaría, muerte de un inmigrante, seguida de
un barullo en todos los medios con notas que unas veces no se sabe si
son procedentes y literales de los propios medios policiales o de la
Delegación del Gobierno, puesto que no siempre se citan enteras sino
que a veces son simplemente entrecomillados. Aun presumiendo siempre
la legalidad del actuar administrativo y que a los funcionarios
intervinientes les ampara la presunción de inocencia que llega no
sólo
a las conductas penales sino también a las administrativas, es
evidente que, como han citado quienes me han precedido, la frase del
presidente del Tribunal Superior de Justicia canario toma un especial
significado: No es normal morirse en comisaría; no sólo no es normal
sino que es un acontecimiento muy grave que debió merecer algún tipo
de esclarecimiento.
Me he referido a que reconozco, valoro y amparo los principios de
presunción de legalidad en el actuar administrativo y de presunción
de inocencia, pero sí quisiera hacer alguna referencia al
funcionamiento que me ha parecido entender de las palabras del señor
ministro que tienen en nuestro sistema la existencia de un
procedimiento administrativo sancionador abierto y un procedimiento
penal abierto. El bis in idem no impide tomar medidas en el
procedimiento administrativo sancionador. Empezado el procedimiento
administrativo sancionador, cuando se sabe que hay diligencias
penales, hay que paralizarlo, pero pueden tomarse en él medidas
cautelares que en un caso tan grave o de consecuencias tan
absolutamente vinculadas no a una conducta común de unos funcionarios
públicos sino a la conducta que precisamente es el objeto de su
cometido público, es decir, la tutela y la custodia de los detenidos,
parece que sí debió dar lugar a la adopción de alguna cautela, cuando
menos de apartamento provisional. Es más, la ley vigente en el
Estado, no la ley vasca, la Ley 30/92, permite la adopción de
cautelas incluso en una fase previa que llama de investigación;
antes, incluso, hay un período que es preexpediental, así entiendo yo
que funciona la sucesión o las relaciones del procedimiento
administrativo sancionador, diligencias penales y posibilidad de
adopción de medidas cuando, repito, no se les está imputando a estos
funcionarios una conducta de alcoholemia, o cualquier otra conducta
que pueda ser delito común, sino que precisamente se está hablando de
una conducta que puede tener que ver con el cometido, con la
investidura pública que tienen o con el hecho de que se haya
depositado en ellos por todos los ciudadanos el monopolio del empleo
de la fuerza en un Estado de derecho.
Ha quedado evidente que el Gobierno no parecía que pensase dar
explicación alguna si no llega a ser impulsado por el Parlamento; el
impulso parlamentario así se ha evidenciado como absolutamente
necesario en este caso. También tengo que hacer referencia al
especial cuidado que el Tribunal Constitucional pone cuando habla de
la jurisprudencia referida a quienes se encuentran privados de
libertad. Se alude con frecuencia por el Tribunal Constitucional que
quien ya está privado de libertad no está ayuno de ningún otro de sus
derechos y tienen quienes le custodian un deber especial
absolutamente reforzado en defensa de sus derechos fundamentales,
precisamente por estar privado de libertad. Esta situación de
sujeción especial, especialísima, en que consiste la privación de
libertad del ciudadano se traduce en la necesidad de un refuerzo en
la tutela de los
demás derechos de este ciudadano y que en este caso, desde la
perspectiva del grupo al que represento, debía haberse determinado en
un muy concreto deber, del que se hubiese sentido deudor el Gobierno,
de dar una explicación pronta y cuanto antes de qué era lo que había
sucedido. No haberlo hecho alienta las suposiciones de corporativismo
y me permitirá el señor ministro que me refiera a un supuesto de la
legislatura pasada, en la que yo misma solicité su comparecencia,
referida a una ciudadana brasileña que, según el Tribunal Supremo -no
según esta diputada- había sido objeto de una violación en una
comisaría y, sin embargo -según las explicaciones dadas desde los
poderes públicos-, no pudo evidenciarse quién había sido el autor de
la violación entre tres funcionarios. Comprenderá que es humano,
entra dentro de las sospechas normales entre los ciudadanos, pensar
que entre tres no debió investigarse mucho para poder acreditar quién
pudiera haber sido el autor de los hechos.
Esta misma sospecha, señor ministro, nos alienta en este caso. Tenía
que haber sido posible, primero, una explicación rápida de lo que
había sucedido y, sobre todo, una explicación convincente o sólida,
porque creo haber puesto especial atención al iter, al relato de los
hechos que el señor ministro ha hecho, y me siento incapaz, si ahora
me preguntasen a la salida, de decir qué fue lo que pasó en la
comisaría de Arrecife de Lanzarote.
Espero a su réplica para ver si logro salir con alguna mayor
aclaración.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que no hayan solicitado
la comparecencia? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia hoy aquí ante esta Comisión para dar esa amplia
información que desde el informe elevado por el servicio de
inspección de personal al señor ministro se ha podido escuchar hoy
aquí.
Tengo que dejar constancia de que mi grupo planteó ya este verano al
señor ministro del Interior nuestra preocupación y nuestro alto
interés en que se clarificaran cuanto antes las responsabilidades que
hubieran ocurrido en el desenlace del luctuoso, lamentable y
desgraciado hecho de la muerte del señor Fonseca, ciudadano de origen
guineano, ocurrido en la comisaría de la isla canaria de Lanzarote y
en la localidad de su capital, Arrecife. Coalición Canaria estaba y
está muy interesada, por una serie de razones obvias -desde las
políticas hasta las territoriales-, en la clarificación total,
absoluta y definitiva de este lamentable hecho. El señor ministro nos
había prometido su comparecencia en Comisión y hoy está aquí.
Dicho esto, ante lo que hemos escuchado hoy aquí, que queda
constancia en el «Diario de Sesiones», y de los que como yo, diputado
canario, tenemos una información también muy directa, dentro de todas
las dudas y sospechas, así como del incentivo de las sospechas
consecuencia de un hecho acaecido el 20 de mayo, que tiene una
reactivación mediática fortísima a finales del mes de julio y sobre
todo el mes de agosto, nos llamó la atención este efecto de espoleta
retardada que un hecho de estas características contrae. ¿Por qué lo
que ocurrió en mayo pasa desapercibido los meses de junio y casi
julio y en agosto estalla violentamente con este efecto retardado?
Nosotros permanentemente exigiremos que por parte del ministerio
fiscal y del Poder Judicial se llegue a la clarificación total y
definitiva de esta situación. En este momento la solución del
problema está en el terreno judicial.
Ala vista de lo que hemos oído, quiero decirle, señor ministro, que
tendría que preguntarme, ¿a quién se cree? ¿A quién se le otorga el
beneficio de la duda? Mi grupo ha decidido que en esta primera
comparecencia la creencia va a favor del informe que ha presentado
aquí el señor ministro del Interior y es al Ministerio del Interior y
a su responsabilidad gubernativa y policial a quien otorgamos el
beneficio de la duda hasta que los tribunales de justicia se hayan
pronunciado al respecto. No podía hacer otra cosa con la
responsabilidad de un Estado de derecho, señor ministro, porque no
puedo pensar que un ministro y un gabinete del Gobierno vaya a
contradecir y contrariar el Estado de derecho y sus principios.
Tampoco quería mi grupo que este lamentable caso del señor Fonseca
fuera un caso más, como hace años ocurrió con el caso del Nani, y que
este fuera un segundo caso Nani. Estamos en una democracia
consolidada y desde estos puntos y principios mi grupo no va a
incentivar sospechas, va a otorgar este beneficio de la duda hasta
que los tribunales de justicia den su fallo definitivo; fallo donde
no solamente estarán comprometidas las partes acusadoras y de la
defensa, sino también el ministerio fiscal, para que, haciendo uso de
los imperativos de legalidad e imparcialidad, vele por el
esclarecimiento total y absoluto de los hechos.
El Ministerio del Interior -como ha informado el señor ministro- a la
vista de la explosión mediática que ocurre en el mes de agosto y ante
las contradicciones, sospechas y dudas fundamentales que se van
produciendo, determina -como nos prometió el 25 de agosto el señor
ministro- la orden de encargar un tercer informe al inspector de
personal y servicios de su departamento. Esta medida creo que es
contundente y viene a reconducir, en el mejor sentido del Estado de
derecho y de las responsabilidades administrativas policiales, este
asunto.
No va a ser mi grupo el que ponga aquí en duda -porque no tenemos
capacidad técnica- los dictámenes de los forenses, ni el primero ni
el segundo ni el tercero
ni el que se ratifique o no, porque es una cuestión que está
fuera de nuestro conocimiento parlamentario, no podemos poner en duda
u otorgar, para ello está el juez magistrado del tribunal que, con
los informes periciales pertinentes que recabe de institutos u
órganos forenses, juzgará la calidad y certeza que puedan tener estos
especialistas de las medicina post mortem.
Para nosotros es interesante resaltar la exhaustividad con que usted,
sobre todo a partir del 25 de agosto, plantea este dictamen ante la
gravedad que están tomando los casos de opinión pública
contradictoria y que se están produciendo allí. Porque mi grupo ya
venía constatando desde el mes junio la presencia de inmigrantes
subsaharianos, fundamentalmente en las islas de Fuerteventura y
Lanzarote, sobre todo en Lanzarote, donde este diputado fue testigo a
lo largo del mes de julio de las concentraciones de inmigrantes
ilegales que por no tener cabida en los centros de acogida,
y mientras se encontraba una solución para traerlos a la Península o
devolverlos a sus supuestos países de origen -Sierra Leona, Senegal,
Nigeria, etcétera-, estaban deambulando por los espacios urbanos de
la ciudad de Arrecife, generando un clima que, lamentablemente, tuvo
incluso unas repercusiones de imagen -como se encargaron de dar
determinadas televisiones locales del archipiélago canario, cuando en
agosto explota el lamentable caso del señor Fonseca-, de gran
tensión, con las concentraciones ante la comisaría de policía de
Arrecife, que eran preocupantes, y creemos que el Ministerio del
Interior, para reforzar la situación del principio de autoridad, tuvo
que actuar con inteligencia y con prudencia, porque estas personas
delante de la comisaría de policía gritando policía asesina y
asesinos provocaban una tensión verdaderamente preocupante en la
población canaria que fue testigo de estos hechos.
Quiero terminar, señor presidente, diciendo que si se ha abierto un
expediente disciplinario a estos agentes, supuestamente implicados en
la cuestión, y si tras el informe que ha elevado la Inspección de
personal y servicios el Ministerio del Interior tiene que otorgar un
crédito a sus agentes, sin perjuicio de las medidas disciplinarias
que se puedan poner, no habría lugar a medidas cautelares, yo
entiendo que de la exhaustividad del informe del señor ministro no se
pueden derivar medidas cautelares que podrían estar infringiendo
principios constitucionales sobre estos funcionarios públicos.
Difiero por tanto de lo dicho aquí por otra portavoz. Entiendo que
esté todo en suspenso en el orden administrativo policial de su
Ministerio hasta que se produzca el fallo judicial.
Mi grupo insta a los responsables del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias a que, en aras de una justicia rápida y no lenta, este
caso pueda ver su solución definitiva en el menor tiempo posible. Lo
exigimos y pedimos desde el Estado de derecho, desde la necesidadde
una clarificación y de todo el comportamiento
que es exigible en ese Estado de derecho a sus funcionarios públicos,
pero también por el buen nombre, porque a los canarios nos ha dolido
que, durante el mes de agosto, una isla turística como Lanzarote
viera su publicidad basada no en calidades positivas de convivencia
y de turismo sino en circunstancias lamentables, que si tuvieron
responsabilidad, tienen que ser cortadas para que nunca más vuelvan a
repetirse y, si no, para que se restituyan todos los principios de
legalidad y de imparcialidad que el Estado de derecho exige. Pero no
más casos como algunos que han quedado en el olvido o archivados y
que ocurrieron en la transición o en meses posteriores en algunas
comisarías españolas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con toda brevedad, pero desde
luego con toda claridad para formalizar la posición de mi grupo.
Partimos de cuatro ideas esenciales que nos parece que no deberían
ser olvidadas, ni siquiera puestas entre comillas por parte de nadie
a la hora de formular sus valoraciones; cuatro ideas que responden
exactamente a la realidad de los hechos y que son las que en este
momento permiten formular un diagnóstico sobre la cuestión.
En primer lugar, nosotros celebramos, se diga lo que se diga, la
prontitud con la que actuó internamente el cuerpo nacional de Policía
para determinar los hechos acaecidos; en segundo lugar, valoramos,
como no puede ser de otra forma, la escrupulosidad y el respeto
observado respecto del procedimiento judicial en curso, en cuyo
contexto se inscribe la suspensión o la no adopción de posibles
medidas de naturaleza administrativa, por razones obvias; en tercer
lugar, recordamos que los primeros y los subsiguientes informes
realizados por las autoridades médicas coincidieron todos en concluir
que no apreciaban signos externos de violencia en el fallecido; y en
cuarto lugar, resaltamos igualmente la iniciativa de una segunda
investigación, una vez que en los medios de comunicación aparece un
supuesto testigo que asegura haber presenciado la comisión de malos
tratos sobre el detenido, investigación que ha acreditado
sobradamente, como esta mañana recordaba el señor ministro, la
falsedad absoluta de dicho testimonio.
Estos son, en este momento, los hechos sobre los que se tiene que
construir el relato de la realidad en tanto en cuanto no haya un
pronunciamiento definitivo por parte de los tribunales. Por eso nos
parece que la mejor vacuna para la perplejidad de algunos es
determinar si se ha actuado o no con respeto a los procedimientos
establecidos por parte del ordenamiento jurídico vigente. Ésa es la
responsabilidad que cabe exigir del Ministerio del Interior y ésa es
la responsabilidad que el
Ministerio del Interior, en el asunto de referencia, ha cumplido
fielmente.
Decir que ha habido falta de transparencia, a nuestro juicio, es
querer formular una explicación cuanto menos torticera de la
cuestión. ¿Dos investigaciones internas responden al principio de
falta de transparencia, la primera con inmediatez una vez producidos
los hechos y la segunda transcurrido el tiempo, una vez se tiene
conocimiento de una posible nueva realidad que podía incidir sobre
esos hechos? Nosotros creemos ciertamente que no. Y lo que creemos
rotundamente es que no estamos, como se ha querido decir esta mañana
(no sabemos con qué alcance), ni mucho menos, ante el problema de la
tortura, porque esa práctica, la de la tortura, no la admite la
profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, profesionalidad profunda, continua y sostenidamente
acreditada; porque esa práctica no la admitirían jamás los
responsables políticos del Ministerio del Interior y porque esa
práctica no la admitiría nunca el compromiso democrático de la
sociedad española.
Por tanto, si desde la perspectiva de este grupo parlamentario hay
algo que, a priori, no es creíble -subrayo a priori, por respeto
precisamente a lo que en su momento determine la autoridad judicial-,
es que se trate de sembrar la sombra de la tortura, la sombra de la
sospecha de la tortura. Y no creemos que sea tampoco radicalmente
útil para esclarecer la verdad de lo sucedido (hecho que
corresponderá exclusivamente a la autoridad judicial, aunque
internamente, en el ejercicio de su responsabilidad, el Ministerio
del Interior ha adoptado con diligencia los procedimientos debidos
para poder formular su versión), es que se trate, como también se ha
intentado hacer esta mañana por parte de algún grupo parlamentario,
de sembrar una cierta imagen de confusión. Nosotros creemos que esa
confusión no existe en cuanto a lo que es la clave de la cuestión,
por ser la clave del sistema de garantías, esto es, la adopción o no,
en este caso sí, por parte del Ministerio del Interior, de todos los
procedimientos que imperan en el ordenamiento vigente para poder
formular un análisis previo y unas consecuencias finales en el orden
administrativo, pendiente como está la resolución de naturaleza
jurisdiccional de lo que sucedió. Otra cosa es que alguien,
políticamente, quiera crear esa imagen de confusión, otra cosa es
incluso que se apunte, sin decir que no se atreve a decirlo pero que
simplemente se apunte la referencia, para nosotros ciertamente
inconcebible, a un brote de xenofobia.
En ese contexto, señor presidente, lo que nos resulta ciertamente
sorprendente es la escasa memoria histórica de algún portavoz, porque
es útil, permanentemente, hacer cita de la memoria histórica. La
memoria histórica sirve a una sociedad, sirve a unos grupos políticos
y sirve a unos responsables políticos para preservarse de la comisión
de ciertas conductas ciertamente negligentes o malignas ocurridas en
el pasado, y desde luego
que el talante de los actuales responsables políticos del Ministerio
del Interior, en cuanto a la defensa escrupulosa de los mecanismos e
imperativos del Estado de derecho, es tan obvio respecto de otros
momentos (lo subrayo, es tan obvio respecto de otros momentos) que no
merece mayor comentario y resulta chocante esa falta de prudencia por
parte de algunos, a pesar de lo dicho muy recientemente por los
tribunales de justicia.
Por ello, señor presidente, termino diciendo que serán los órganos
jurisdiccionales los que determinarán finalmente lo sucedido. Todos
deseamos, lo desea el Gobierno, lo desea el Ministerio del Interior,
como lo desean todos los grupos políticos -quiero expresar mi plena
identidad con las afirmaciones hechas por el señor Mardones en nombre
de Coalición Canaria-, que ese esclarecimiento jurisdiccional se
produzca cuanto antes. Pero mientras tanto, desde la perspectiva de
nuestro grupo político, lo que no cabe es dudar que por parte del
Ministerio del Interior se ha actuado con la diligencia debida en
orden a sus propias responsabilidades abriendo dos investigaciones,
se ha actuado con un escrupuloso respecto a los procedimientos
establecidos, tanto de naturaleza administrativa como jurisdiccional,
y ha habido un clarísimo compromiso de transparencia, como lo denota
la apertura de esas dos investigaciones sucesivas y la presencia hoy
aquí del señor ministro. Mientras que los tribunales de justicia no
se pronuncien, cada cual se puede apuntar a lo que quiera, pero este
grupo parlamentario, entre el cultivo de la sospecha y la presunción
de inocencia, se queda con esta última por respeto a muchas cosas,
especialmente por respeto a los valores de la cultura democrática que
presiden el día a día de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de sus responsables políticos en el Ministerio
del Interior.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señorías, muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por sus
aportaciones a este debate tan importante en una cuestión que lo
primero que quiero decir que es muy relevante y que ojalá la
investigación judicial que está pendiente pueda definitivamente no
sembrar ninguna duda en la sociedad española respecto de lo sucedido.
Aceptando, en primer término, la importancia de lo ocurrido, que se
haya producido una muerte en comisaría, quiero reiterar que, en mi
opinión, el Ministerio del Interior y el cuerpo nacional de Policía
han hecho lo que tenían que hacer en cada uno de los momentos ante
estos acontecimientos.
Yo, señorías, lo primero que les quiero decir es que el hecho
trascendental está claro. La muerte en comisaría es lo más
trascendental, pero qué duda cabe que todos tendríamos que tener la
franqueza y la sinceridad
de reconocer, en términos políticos y en términos de opinión pública,
que hay también otro hecho trascendental (evidentemente menos
trascendental que el primero, porque el primero significa la muerte
de una persona y es que hay un segundo informe forense, solicitado
por la familia, que contradice el primero. Eso es lo que marca la
diferencia respecto de otros hechos o acontecimientos que se han
producido; hay un segundo informe forense, que se conoce durante el
mes de agosto, que es diferente del primero. Ante esos hechos, el
Ministerio del Interior tiene la posibilidad de adoptar medidas en
tres terrenos: en el terreno de la investigación interna, en las
medidas de carácter cautelar que se podían establecer a esos policías
ante el conocimiento del segundo informe forense, y las medidas de
información parlamentaria que como responsables políticos tenemos la
obligación de dar a esta Cámara.
El ministro del Interior toma la decisión de que lo más importante,
cuando había contradicción entre dos informes forenses, era poner el
acento en las medidas de investigación interna de la policía. Y de la
misma manera que por primera vez hay un grupo parlamentario que,
cumpliendo con su obligación, solicita mi presencia en esta Cámara el
24 de agosto, yo también, por primera vez, desde la Jefatura de
Servicios de Inspección y Control del cuerpo nacional de Policía abro
un tercero informe de investigación de estos sucesos, porque me
parece que es la principal aportación que puede hacer el Ministerio
del Interior cuando hay contradicción entre dos informes forenses.
Por eso, me parece que lo más importante es encargar al máximo
responsable de la Secretaría de Estado de la Seguridad, a efectos de
inspección y control del cuerpo nacional de Policía, el desarrollo de
esa tarea. Yademás con un impulso muy claro, y he de decir que
personal, en el sentido de que solicité un especial rigor y cuidado
en la investigación de esos sucesos que se habían producido en el mes
de mayo. ¿El Gobierno podía haber adoptado medidas de carácter
cautelar, como me solicitaba la representante del Partido
Nacionalista Vasco? Es evidente que tiene toda la razón. Una cosa es
que haya un expediente disciplinario que se detenga por la
investigación judicial, que es lo que se produce, y otra cosa es que
además nosotros podíamos haber adoptado alguna medida de carácter
cautelar ante esos dos funcionarios del cuerpo nacional de Policía,
pero ya he dicho en mi primera intervención que me parecía arbitrario
e injusto, en la medida en que íbamos conociendo los informes
sucesivos de los tres elementos o estamentos del cuerpo nacional que
participaban en la investigación. Si la primera investigación de la
policía de Arrecife en modo alguno indicaba responsabilidades de
actuaciones irregulares, si el de la Jefatura Superior de Canarias
tampoco, y si del que yo encargaba, por último, ante los informes
forenses contradictorios, tampoco parecía deducirse que había que
tomar estas medidas, a mí me
parecía una arbitrariedad, una cobardía y una injusticia el que yo,
en un momento de dificultad ante determinados medios de comunicación,
adoptara unas medidas cautelares que incluso podían condicionar la
determinación futura de la justicia ante la imputación de esos
miembros del cuerpo nacional de Policía. Por eso no adopté ninguna
medida de carácter cautelar, porque todas las investigaciones se
estaban produciendo en la misma dirección, es decir, en la de
exculpar a los miembros del cuerpo nacional de Policía. Si además
fuimos conociendo que los informes forenses posteriores al que
produce la distorsión, es decir, el segundo, el tercer informe
forense lo que hace es reiterar prácticamente las conclusiones del
primero; si el cuarto informe forense, esta vez además de un forense
distinto, confirma más las conclusiones del primero y del tercero, me
parece que las medidas cautelares está claro que estaban, en mi
opinión, fuera de lugar en este caso.
También podía producirse -y tienen toda la razón, y eso es siempre
más discutible- que además yo hubiese pedido la comparecencia
voluntaria en el Congreso para explicar este tema. Ahora, es verdad
que el tercer informe de la policía lo conozco el 8 de septiembre,
y el 8 de septiembre hay diferentes grupos que han solicitado mi
comparecencia. Durante estos años he considerado siempre que la
comparecencia voluntaria debe producirse esencialmente cuando uno
tiene la sensación de que ha habido una singular responsabilidad en
la mala dirección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Y yo consideré que, ya que iba a comparecer en
el Congreso entre el 8 de septiembre y finales del mes de septiembre,
era suficiente la petición que me hacían los distintos grupos, en el
convencimiento de que me iba a someter al control de todos ellos, es
decir, que a lo largo de una semana tengo esta comparecencia, tuve
una pregunta hace una semana y tendré otra mañana en el Senado, y a
mí me parece muy positivo que el Parlamento no permanezca impasible
ante el cúmulo de circunstancias, primero, lo más grave, la muerte en
comisaría y, segundo, que haya un informe de un forense que
contradice el primero.
Quería hacer esta reflexión inicial para confirmar que, en mi
opinión, hemos cumplido sustancialmente con nuestra obligación y que,
además -he de decirlo con claridad-, todavía está pendiente la
investigación final judicial, a la que se refería el representante de
Convergència i Unió, que es la que al final determinará exactamente
lo sucedido. Después, en función de ese dictamen final, habrá que
asumir las obligaciones y responsabilidades a que hubiese menester en
ese momento concreto y determinado.
Me van a permitir que lo que haga ya sea entrar en algunos detalles
que han quedado, en mi opinión, con cierta confusión y que me
gustaría clarificar. Primero, la nota de prensa del responsable de
policía de Arrecife. Me decía el señor Saura que yo había leído mal o
que no había leído nada. Yo había explicado lo que quería decir el
jefe superior o el responsable de policía de Arrecife. Cuando se
dice: la única hipótesis más verosímil, se está aplicando mal el
castellano, pero es evidente que se entiende muy bien lo que sucede
en la mente del responsable de Arrecife. Lo que dice es que resulta
incomprensible que un hombre de 30 años, sin indicios de que ha
sufrido golpe alguno, sin irregularidad del comportamiento policial,
la hipótesis más verosímil, dada la ausencia de signos externos en el
cadáver, su edad (30 años) y apariencia física, es la de otros casos
similares: portar en su interior otros objetos extraños similares a
los que arrojó en su huída. Pero no viene a decir más que una
expresión de perplejidad, pues dice: Esta es la única explicación que
yo encuentro lógica ante estos hechos, precisamente desde la
seguridad de que no ha habido comportamiento irregular en los
miembros del cuerpo nacional de Policía. Pero no está asegurando
nada. Evidentemente, siempre hay declaraciones, matices, de unos
responsables u otros, pero la versión oficial, señoría, se produce
sustancialmente con los informes policiales, singularmente con el
tercer informe policial del comisario Reverte, encargado a tal
efecto.
Segunda cuestión que sí me interesaría destacar en contestación esta
vez al portavoz del Partido Socialista. Quiero decir -y antes lo he
dicho- que, aparte de que hubo un acto informal de lecturas de
derechos -ya sabe que el acto formal y oficial de lecturas de
derechos se materializa en las dependencias policiales-, es evidente
que usted entenderá -y también aclaro una cuestión que decía el señor
Alcaraz- que Fonseca no entró por su propio pie, tuvo que ser
sujetado por tres policías, porque entre otras cosas no se sostenía,
y es evidente que si entró a las 2 horas 40 minutos y a las 2,45 se
está llamando a la Cruz Roja, primero, es muy complicado en cinco
minutos que se puedan practicar actuaciones policiales irregulares en
una comisaría; y en segundo lugar, en esos cinco minutos lo que se
empieza a ver con angustia es la situación de este hombre en la
comisaría en un momento determinado. En ese momento, lo que se trata
es de salvar la vida de ese hombre. Y entre las 2 horas 40 minutos y
las 2 horas 45 minutos lo que se dilucida es lo que hay que hacer
para llamar a Cruz Roja, hecho que se produce a las 2 horas 45
minutos, y fundamentalmente el esfuerzo de los policías que estaban
en aquel momento fue para salvar la vida de ese hombre. A lo mejor,
en esos cinco minutos no se materializó en las dependencias
policiales el acto formal y oficial de lectura de los derechos, pero
es porque se estaba tratando de salvar su vida ante el riesgo
inminente de perderla, que en mi opinión fue lo que caracterizó a
aquel momento.
Sobre la manipulación del cadáver, quiero decir que no lo dice la
policía, lo dice el forense. El forense, en su informe de
ratificación de la primera autopsia -es decir, estamos hablando del
tercer informe forense-,
señala literalmente: El depósito de cadáveres fue violentado por
personal no autorizado, como quedó demostrado con el juego de fotos
tiradas. No existe garantía absoluta que permita excluir las
manipulaciones intencionadas, así como las posibles huellas
imprimidas por familiares y amigos en el gesto de despedida. Es
decir, se trata de una observación que hace el forense.
Respecto de esa rotura del espejo retrovisor, la investigación
policial demuestra, sin duda, que la rotura del espejo retrovisor se
produjo por un golpe del guineano en el brazo izquierdo, golpe de
cierta envergadura, ya que le hizo desprenderse violentamente del
reloj que portaba en el brazo.
En cuanto a dónde estaba detenido, sobre lo que me preguntaba
expresamente el señor Alcaraz, el detenido estuvo en la sala previa
que da acceso a los calabozos y a la sala del 091.
Sobre el hematoma que tenía en el cuello, he de decir que la autopsia
que practica García Andrade hace referencia a un hematoma en la zona
carótida derecha del cuello. Existe un daño que no aparece reflejado
en el informe policial, ya que se basa en un hecho ocurrido con
posterioridad, y es que el médico que compareció ante el juzgado
declaró haber inyectado en la yugular alguna medicación por vía
intravenosa con la finalidad de reanimar al detenido. No es de
extrañar que una inyección pueda producir, y así ocurre en muchas
ocasiones, hematomas y pequeñas lesiones de piel de distinta
consideración. Este extremo puede explicar el hematoma del fallecido
en el cuello al que alude el forense.
Señorías, quiero volver a decirles que, en estos momentos, sin duda,
estamos pendientes de la finalización de la investigación judicial;
que se han producido dos autopsias y cuatro informes forenses; que
los informes forenses números 3 y 4 han sido realizados por dos
forenses distintos, el tercero por el que había hecho inicialmente
aquel primer informe forense y el cuarto informe forense fue
realizado por otro forense diferente; que en todos los informes
forenses se viene a decir, fundamentalmente, que no se aprecian
actuaciones de carácter irregular por parte del cuerpo nacional de
Policía; lo que se viene a decir es que hay una muerte agónica y no
una muerte refleja. Es decir que, en el supuesto de que se hubiese
confirmado el informe del segundo forense, podía producirse una
muerte refleja, es decir instantánea, ante un golpetazo en el cuello.
Sin embargo, el informe del cuarto forense viene a decir que hay una
muerte agónica, es decir, no es un golpe el que produce la muerte de
esta persona.
Vuelvo a decirle, señoría, que, en ese terreno, habrá que esperar con
paciencia y con prudencia a la investigación final de carácter
judicial. Señorías, creo que en la secuencia de hechos no ha habido
irresponsabilidad ni inacción por parte del Gobierno. El Gobierno y
el Ministerio de Interior, en el momento en que vio que
un informe forense contradecía a otro, ha querido poner el acento en
la investigación de los hechos -ésa era su obligación- y venir al
Congreso cuando, en el ámbito interno, ya hubiésemos culminado
nuestra investigación. Evidentemente, todo menos que interpreten que,
por parte del ministro de Interior, ha habido una voluntad de
retrasar esta comparecencia.
Por último, y contesto al señor Alcaraz, puede que no le haya
convencido y le convenza más otra versión, pero me va a permitir que
ponga el acento en la presunción de inocencia de todos, en este
supuesto y en estos casos, y también, cómo no, de los miembros del
cuerpo nacional de Policía. Le vuelvo a decir que lo único que me
corresponde en estos momentos es esperar el final de la investigación
de carácter judicial. En ese sentido, estamos a la espera de ello.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURALAPORTA: Señor ministro, nosotros vamos a esperar con
paciencia y prudencia, como usted dice, el final de la investigación,
pero hay una cosa con la que no coincido. Usted ha iniciado su
segunda intervención diciendo que el Ministerio y el cuerpo de
Policía han hecho lo que deben. Yo pienso que no, que el Ministerio
no ha hecho lo que debía y que no todo el cuerpo de Policía, porque
seguro que hubo muchos policías que actuaron correctamente, pero sí
policías importantes no actuaron correctamente.
Primero, señor ministro, creo que, ante la muerte de una persona en
una comisaría, de entrada, el Ministerio ha de hacer una
investigación desde fuera de esa comisaría. Si yo soy ministro del
Interior y se me muere una persona en una comisaría, no es de recibo
que haga que sea esa propia comisaría la que me mande un informe.
Como se muere muy poca gente en las comisarías, cuando se muere uno,
le aconsejo que inmediatamente haga que se investigue desde Madrid o
desde donde quiera, no tres meses después sino inmediatamente. Usted
inició la investigación en la comisaría y, luego, en la comisaría de
Canarias.
Usted dice que el hecho relevante es cuando aparece un segundo
informe de otro forense. No, el hecho relevante es que, ante la
muerte de una persona, es falsa la explicación del Ministerio, en
agosto, de que ha ingerido drogas; ése es el hecho relevante. Me
preocupa muchísimo que usted encuentre normal que, en una comisaría,
el comisario diga que la única hipótesis es ésta como causa de la
muerte. ¿Quién es él para decir esto, señor ministro? ¿Quién es el
jefe de la comisaría o el Ministerio del Interior, usted, para decir
que la única hipótesis es que ha ingerido drogas sin tener ningún
tipo de informe? ¿Cómo puede ser esto, señor ministro? ¿Cómo le puede
parecer bien, y decirlo aquí tan tranquilo, que en una comisaría se
muera una persona
y que haya una nota oficial de la policía que la explique desde la
lógica? ¿Desde qué lógica? Podía haber muerto por treinta mil cosas
distintas.
Me parece mal, y por tanto no lo considero correcto, que el inicio de
la investigación se haga desde la misma comisaría; me parece fatal
que el comisario, la oficina de prensa de la comisaría o quien sea,
pueda hacer una nota diciendo que la única hipótesis del motivo de la
muerte es ésta cuando no hay ninguna prueba, y me parece aún peor que
usted encuentre normal esto. Usted ha de dar instrucciones para que
nadie haga hipótesis sobre muerte, las hipótesis sobre muerte las ha
de hacer quien tiene la responsabilidad y la capacidad para hacerlas,
no una nota oficial de la policía. Esto para empezar.
Segundo. Yo no sé si hubo malos tratos o no, pero estoy seguro de que
aquello no fue un baile de salón. La descripción que nos ha hecho es
la de un posible delincuente que comete actos de violencia y de la
policía en un baile de salón. Aquello no fue un baile de salón
porque, una vez que esta persona, Antonio Fonseca, tira al suelo a un
policía y empieza a correr, se produce una situación de violencia.
Está clarísimo que se produce una situación de violencia. ¿Cómo actúa
la policía? Pues con todos los medios para pararlo, no es un baile de
salón. Yo no sé si hubo malos tratos o no, pero no niegue los malos
tratos, señor ministro, porque le resta credibilidad, en base al
argumento que ha dado de que estuvo en la comisaría sólo cinco
minutos y que eso no permite malos tratos. Yo no sé si hubo malos
tratos y, de entrada, toda la presunción de inocencia para la
policía; ahora, que el ministro del Interior no intente decir que no
hubo malos tratos porque estuvo de 2,40 a 2,45. Líbrenos Dios de lo
que nos puedan hacer en cinco minutos a usted y a mí, en cinco y en
tres. Que nos libre Dios de lo que nos pueden hacer en cinco minutos;
sobre todo, que el mundo existía antes de las dos horas cuarenta, y
entre la detención y lo que ocurrió en la comisaría pasó un
determinado tiempo. Por tanto, no utilice usted el argumento de que
sólo estuvo cinco minutos para intentar decir que no hubo posibilidad
de malos tratos, porque en cinco minutos hay posibilidad de malos
tratos terribles y en menos tiempo lo mismo.
Segundo ¿cómo es posible que el comisario diga que se ha manipulado
el cadáver? Usted a esto me responde leyendo lo que el forense dice.
Mire usted la nota del forense que usted ha leído: No existe garantía
absoluta de que no haya sido posible una manipulación. Eso traducido
a las palabras del comisario es: Se hicieron fotos y se manipuló el
cadáver con unos actos demenciales en un Estado de derecho. Hay una
diferencia entre que el forense diga que no existe garantía absoluta
de manipulación -el forense puede que diga que igual no lo hicieron,
no lo sé- y que el comisario indique: Actos demenciales. Señor
ministro, usted viene aquí y nos intenta decir que el comisario no
dijo eso.
Sí, el comisario cogió el informe del forense y otra vez añadió su
versión. Su versión es que lo que decía: No existe garantía absoluta
de manipulación, se transformó en: Actos demenciales. La pregunta es:
¿puede decir esto el comisario si no tiene pruebas? Si tiene pruebas,
la familia habría de presentar una denuncia ante el juzgado. Por
tanto, señor Ministro, el ministerio no investigó de forma rápida y
con instrumentos que permitieran una imparcialidad o una objetividad
en la investigación de un tema delicadísimo como éste. Es decir,
cuando una persona muere en una comisaría, el tema es tan delicado
que merece una investigación fuera de allí. No puede ser que usted el
25 de agosto inicie una investigación desde fuera y no puede haber el
intento retórico de ir transformando palabras e informes para
exculpar algunas responsabilidades. Hay responsabilidades en las
distintas versiones policiales y en algunas acusaciones a la familia.
Quiero acabar diciendo que si estamos aquí no es por un invento de la
oposición. Aquí hay una persona que murió en una Comisaría. Quien ha
creado la confusión es el cuerpo de Policía con las distintas
versiones que da. La confusión no la creamos nosotros, yo no lo he
hecho. En mi vida he podido haber creado muchas, pero en este tema
no. Si hay confusión es porque ustedes hasta ahora -tampoco hoy- no
han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria con la que nos
vayamos tranquilos.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, nadie está atentando contra
la presunción de inocencia. No se enarbole este tipo de principios
porque lo que está ocurriendo es que ustedes han sembrado la
conciencia con contradicciones constantes. Todavía hoy se están
remodelando aquí datos que se han emitido anteriormente por
organismos oficiales, por ejemplo, el que usted acaba de mencionar
aquí y ha sido contradicho por el señor Saura. El comisario de
Arrecife, el día 24 de agosto, dijo que se hicieron fotos y se
manipuló el cadáver con actos demenciales en un Estado de derecho.
Por tanto, usted ha intentado remodelar esa situación diciendo que es
el forense. No, fue directamente don Tomás Martín Consuegra. Esa es
la impresión que tenemos, señor ministro.
Otro dato que usted ha remodelado hoy es el siguiente; en nota del
Ministerio del Interior de 23 de agosto se dice que el fallecido se
golpeó contra un retrovisor al intentar huir, como causa de la
muerte. Ahora resulta, según ha dicho usted, que se golpeó en el
brazo con el espejo retrovisor. (El señor Vicepresidente, Seco
Gordillo, ocupa la Presidencia.) Además, nos ha dado un nuevo dato:
que al ponerle una inyección en el cuello se le puede producir un
hematoma de ese tipo. En la segunda autopsia el profesor García
Andrade manifiesta
que la muerte de Fonseca fue traumática al recibir un fuerte golpe en
el lado derecho del cuello ¿Cómo se puede confundir un pinchazo de
una inyección con un fuerte golpe en un lado del cuello? ¿Le parece
que eso es creíble? Yo no lo creo, y no estoy afectando a la
presunción de inocencia. No consigo poner los pies en suelo firme
ante los datos que ustedes están dando; remodelan constantemente los
datos para dar una versión definitiva que viene de meses. Este es el
problema de fondo, señor Mayor Oreja.
En este momento, las dos cosas que tengo seguras y que no quieren
decir casi nada, excepto que alguien murió en Comisaría, son: que
alguien entró por su pie en la Comisaría y dejó de respirar a los
cinco minutos. No aparece la causa de la muerte ni un golpe ni droga
ni nada; dejó de respirar, primera cuestión que deduzco de la actual
comparecencia, en función de que usted se apoya en la tercera y
cuarta autopsias, pero no aparece la causa de la muerte.
Finalmente, lo espeluznante de esta situación es que en este momento
no puedo demostrar que hay tortura y usted no puede demostrar que no
la hay.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señor ministro, en primer
lugar, quiero clarificar las alusiones que S.S. ha hecho respecto a
las comparecencias solicitadas por mi grupo. Hubo una primera
solicitud de comparecencia sobre este mismo asunto el 23 de mayo pero
iba dirigida al secretario de Estado de Inmigración, y está
pendiente. He hecho una referencia a comparecencias solicitadas al
Ministerio del Interior. La segunda ya fue dirigida directamente a S.
S. con fecha de 23 de agosto como decía el señor ministro.
En relación con la comparecencia tengo que volver sobre esta
cuestión, porque usted dice que entiende debe producirse en aquellos
casos de especial responsabilidad en la Dirección de la Policía. Este
es un caso de especial responsabilidad en la Dirección de la Policía,
un caso que por la alarma social y las implicaciones que ha tenido
requería una comparecencia. No me he referido solamente a su
comparecencia aquí en esta Cámara, sino también a la necesidad de dar
de manera inmediata una explicación, una información, pero como
responsable político, ante un acontecimiento tan grave como el que
estamos contemplando. Estamos ante un caso de especial
responsabilidad en la Dirección de la Policía, que requeriría que
tanto en esta comparecencia como en hechos precedentes respecto a la
imagen y presencia del señor ministro en acontecimientos de este tipo
se hubiera producido. Por otra parte, respecto a la investigación del
Ministerio, estimo que la válida siempre debió ser la externa. Esta
es una práctica que no solamente corresponde a Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado o debe corresponder. En cualquier
ministerio cuando ocurren acontecimientos que implican a una parte de
la organización, lo habitual es que actúe la Inspección General de
Servicios, el equivalente del organismo de la Policía, y que actuó
finalmente mediante el tercer informe. Este es el que debemos
considerar como el que se debió iniciar, el definitivo, el válido y
el que debió de hacerse desde el principio, puesto que siempre que
ocurren estos hechos es obvio que en el seno de las organizaciones la
visión que puede predominar puede carecer de la objetividad
suficiente para extraer las conclusiones adecuadas acerca de
responsabilidades que tienen que ser sustanciadas en términos de
opinión pública.
También quería hacer alguna otra observación relativa a lo que decía
S.S. sobre cómo se produjo, o si se produjo o no la lectura de
derechos por parte de la Policía al ciudadano detenido, al señor
Fonseca. Yo aquí tengo que remitirme al planteamiento del fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias que afirma que este punto
está pendiente de clarificación. No se puede incorporar a una parte
definitiva de conclusiones del expediente que finalmente se pueda
haber hecho. Por tanto, estimemos que eso debe estar ahí y se debe
clarificar en beneficio de todos y fundamentalmente de los
profesionales, también de la propia Policía, no solamente de las
víctimas, que obviamente son la parte fundamental de esta cuestión.
Es preciso saber si se aplicó o no esta garantía fundamentalmente
establecida en el artículo 17 de nuestra Constitución. Pero también
desde la perspectiva de la propia profesionalidad, de si sufre o no
sufre esta profesionalidad de la Policía, debió clarificarse este
punto.
Subsisten algunas contradicciones que el señor ministro no ha
conseguido clarificarnos esta mañana. Antes se ha mencionado la foto
del cadáver. En la exposición de hechos que hacía S.S. se concluye
que el cuerpo estaba deteriorado por la autopsia. En realidad, esto
contradice gravemente unas declaraciones que hizo el comisario de
Arrecife en las cuales se atribuía fundamentalmente la
responsabilidad de la manipulación a la familia. Este es un punto que
esta falto de clarificación, se contradice. Igualmente hay otra
contradicción con relación a las declaraciones que realizó la experta
en medicina legal sobre el análisis de las dos autopsias anteriores
porque, al parecer, ella no llegó a hacer una autopsia, lo que hizo
fue un examen detallado, minucioso de los datos aportados por las dos
autopsias que se habían producido anteriormente. Sin embargo, en el
relato que hace S.S. habla de que la conclusión de este dictamen
sobre las dos autopsias iba en el sentido de que la muerte había sido
por causas naturales. Yo bajaría un poco los humos a esa declaración,
señor ministro, porque hemos escuchado y leído declaraciones de esta
experta en medicina legal en las que afirma que nunca se podrá saber
la causa real por la cual falleció el señor Fonseca, según los datos
disponibles en
estas dos autopsias. Por tanto, cómo se puede afirmar que fue por
muerte natural, si la propia experta en medicina legal indica que
será imposible en el futuro saber cuál fue la verdad. Este es uno de
los problemas importantes que tiene este asunto, que posiblemente no
se pueda llegar a conocer la verdad de los hechos ocurrridos, por lo
menos la causa determinante del fallecimiento del ciudadano Fonseca.
Finalmente, frente a su afirmación de que no ha habido inacción, me
permitirá, respetuosamente que le diga, que no sé si ha habido
inacción o no. Lo que ha habido es una enorme confusión en toda esta
historia, porque ha habido versiones distintas sobre un
acontecimiento grave, porque es un asunto que se les escapó desde el
principio, que ha ido dando tumbos a lo largo de mucho tiempo y ha
redundado definitivamente en una imagen que es deber de S.S.
restaurar, tanto con relación al derecho a la seguridad que tienen
todos los ciudadanos, con independencia de las características,
situación y circunstancia de cada ciudadano, como al derecho que
tienen los profesionales de la Policía a tener una imagen adecuada a
la confianza que todos depositamos en ellos como agentes inmediatos
de la preservación del Estado de derecho. En definitiva, esa inacción
se remite a una cierta falta de reflejos, a una pasividad por parte
de S.S. , porque si hubiera afrontado y dirigido desde el principio
el proceso, hubiera ordenado la investigación, poniendo la tercera
investigación en lugar de la primera en el objetivo de sus
prioridades y comparecido ante la opinión pública, el proceso hubiera
estado mejor dirigido y orientado, nos hubiéramos ahorrado
posiblemente un affaire que, a estas alturas, a todos nos sigue
preocupando y que tiene muy difícil solución.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Quisiera aclarar, tras la intervención del
señor ministro, algunas cuestiones. La primera de ellas es que la
imputación en ningún momento, al menos no desde el Grupo Vasco, ha
ido dirigida a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o
de la Policía en general, sino que lo que poníamos en duda es que,
quizá, algún policía pudiese haber cometido algún fallo en su deber;
es decir, no se atribuye genéricamente, ni se pone en duda la
honorabilidad, ni el buen hacer de un cuerpo de Policía en general.
Simplemente nuestra petición de comparecencia era porque, quizá,
tampoco lo afirmamos, alguien hubiese actuado como no debía. Desde
luego alguien sí que falló en su deber de custodia, puesto que detuvo
a una persona, la tuvo en comisaría y esta persona -y he dicho antes
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige ser
extraordinariamente exquisito con quien está sometido a guarda y
privado de libertad-
falleció; y falleció por motivos que todavía no hemos podido saber.
Es decir, algo sí que falló en la actuación de alguien.
En segundo lugar, la sombra de la sospecha a la que el ministro se ha
referido no viene por la petición de comparecencia de los grupos
parlamentarios sino que, desde nuestra perspectiva, más bien es por
la tardanza en dar explicaciones en este asunto y por la opacidad de
las mismas. Es importante a este respecto el matiz que ha introducido
el portavoz del Grupo Mixto, señor Saura, cuando se ha referido a que
parecería que las riendas de la investigación y las riendas de la
información debieron tomarse ya desde el Ministerio. Las notas de la
propia comisaría de Policía o de la Delegación del Gobierno tienen la
suficiente cercanía con los hechos cometidos para suscitar dudas
respecto a la conveniencia de que un asunto que tiene tal magnitud
-no olvidemos que hay una persona muerta- desde el Ministerio es
desde donde se deberían haber tomado las riendas de la política
informativa sobre la cuestión, así como de la investigación.
Tampoco puedo estar del todo de acuerdo con las referencias que ha
hecho el señor ministro a las medidas cautelares, respecto de las
cuales se atribuye al propio ministro la posibilidad o no de
acordarlas. El procedimiento sancionador administrativo funciona de
manera parecida, mutatis mutandi, al procedimiento penal. Hay un
instructor del procedimiento del que ni hemos oído hablar, y sí
hubiese estado bien saber si el instructor también era alguien de la
propia comisaría o se decidió nombrar a alguien ajeno, los llamados
asuntos internos que funcionan en las policías, aunque no se
denominen así oficialmente, y qué impulso dio al procedimiento
mientras éste se tramitaba o qué propuestas de resolución hizo
respecto de cautelas o resoluciones finales.
Finalmente, señor ministro, mi grupo, como todos, espera, por
supuesto, las resoluciones judiciales, pero ello no nos debe llevar a
confusiones que no son así en la vida política. Este es un foro
político y puede ocurrir que haya absolución en vía penal, bien
porque no se acredita la existencia de delito, bien porque no se
acredita quién haya sido el autor, bien porque se sobresee, y ello no
evitaría que podamos seguir diciendo que puede haber habido
irregularidades administrativas o que puede haber, y las hay,
responsabilidades políticas cuando un ciudadano fallece en una
comisaría.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor presidente.
Quiero agradecer al señor ministro las explicaciones que ha dado y
decirle con contundencia que mi grupo acepta su informe porque no
esta dispuesto a seguir
sembrando sospechas o dudas en este confuso aspecto de someter a
aspectos dubitativos lo que son cuestiones que tiene que ser
resueltas en este momento por la autoridad judicial.
Lo que sí quiero resaltar es que cuando se produce en el mes de
agosto el detonante del segundo informe forense que emite, por sus
razones profesionales personales y a petición de la familia del
difunto, un prestigioso catedrático de derecho forense en España,
inmediatamente de producido este hecho, se da por el propio ministro
del Interior la orden de encargar al inspector de personal y de
servicios la evacuación de este dictamen. Sembrando sospechas y dudas
aquí sobre un expediente disciplinario a dos agentes es tratar de
echar una sombra de encubrimiento a todo un inspector general de
personal y de servicios y que esto repercuta en el informe que trae
un ministro de un Gobierno democrático, y custodio también con todas
las fuerzas políticas parlamentarias del Estado de derecho, para
poner esta cuestión en una situación que, como dije al principio, si
esto tiene dudas, mi grupo le da el beneficio de la duda al ministro
del Interior y al dictamen que ha venido aquí. Por supuesto, como
estamos en un Estado de derecho, quedamos a reserva de la última
palabra, que democráticamente y en justicia dirá el tribunal. Pero
cuestionar aquí y sembrar dudas y sospechas, incluso sobre la
rectitud en que mandos administrativos superiores de la Policía
redactan los informes y que vengan a aclarar una señal de contraste
sobre las dudas, dudas legítimas, que en la opinión pública siembra
la publicitación -muy espléndida, por cierto- del segundo forense al
respecto, es una ceremonia de la confusión a la que, con todos los
respetos a las opiniones vertidas, preferimos que nuestra opinión no
contribuya, para no sembrar más dudas y sospechas sobre este primer
informe del señor ministro, que para nosotros es de aceptación.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente. Desde la
perspectiva de mi grupo, dar vueltas y vueltas alrededor del
perímetro de la sospecha nos parece una estrategia interesada e
inútil y, por el contrario, la posición final de mi grupo en este
momento pasa por dos consideraciones muy claras: primero, nosotros
reafirmamos nuestra certeza en la actuación correcta del Ministerio
del Interior una vez producidos los hechos y, en segundo lugar,
expresamos nuestra profunda convicción moral -y utilizo este término,
profunda convicción moral, exclusivamente por respeto, como no puede
ser de otra forma, a la resolución judicial pendiente-, nuestra
profunda convicción moral de que la muerte del señor Fonseca no fue
en modo alguno una muerte provocada ni inducida.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, con
brevedad y volviendo a agradecer las intervenciones de todos los
grupos parlamentarios, yo quiero hacer dos consideraciones
fundamentales. La primera, en mi opinión, empezando por el Gobierno,
después de escucharles, que probablemente cuando se produce la muerte
en una comisaría -insisto, empezando por el Gobierno-, desde el punto
de vista parlamentario podría caber una respuesta sin duda más clara
en el sentido de que de la misma manera que ustedes no pidieron mi
comparecencia cuando murió esta persona, otra vez lo hagan después de
su muerte. De modo que lo relevante sea la muerte de la persona en la
comisaría, no lo que sucede en el mes de agosto con las
interpretaciones de los distintos forenses o lo que significan los
medios de comunicación en esta cuestión. Con lo cual, empezando por
el Gobierno, como primera conclusión es evidente que en ese terreno
cabría perfeccionar indudablemente, cuando se producen estos hechos,
la respuesta de todos en esta cuestión.
Segundo, he de decir que la investigación externa se adoptó desde el
primer minuto, porque no fue la comisaría de Arrecife la que se quedó
en posesión de la investigación del suceso, fue la Jefatura Superior
de Canarias. Si estamos pensando que hay que desconfiar de las
jefaturas superiores de las comunidades autónomas ante determinados
hechos, es evidente que en principio no parece lógico. La Jefatura
Superior de Canarias empezó el informe al día siguiente de la
investigación. Evidentemente también podemos extraer la conclusión de
que cada vez que se produzca un hecho de estas características la
investigación debe ser impulsada desde el primer segundo por el
Ministerio? Es una sugerencia que todos nos podemos hacer, y yo,
evidentemente, la tomo en consideración en estos momentos, pero no
porque ahora piense que no se hayan hecho las cosas en el orden
correspondiente, es decir, la investigación de Arrecife, la
investigación de la Jefatura Superior de Canarias y la investigación
desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Quiero reiterar que el
forense determina que el depósito de cadáveres fue violentado por
personal no autorizado, como quedó demostrado con el juego de fotos
tiradas. Es la declaración que hace el forense cuando hemos hablado
con anterioridad sobre la posible manipulación del cadáver.
Quiero dejar muy claro que yo tampoco doy ese valor que ustedes han
dicho que he dado a los cinco minutos entre las dos horas cuarenta y
cinco minutos; ya sé que en las torturas o en los malos tratos el
tiempo no está limitado. Pero es evidente -y ustedes lo saben bien-
que la diferencia entre la tortura y el mal trato o el puñetazo en un
momento determinado es que la tortura es una práctica sistemática.
Como antes se ha utilizado
el término tortura, quiero insistir en que la tortura es una práctica
sistemática de malos tratos y, evidentemente, no cabe plantearla ni
siquiera mínimamente en esta cuestión.Vuelvo a insistir en que no
dramaticemos lo que he señalado al hacer algunas aclaraciones; yo no
he remodelado absolutamente nada que no esté ya escrito en los
informes de los forenses y del Cuerpo Nacional de Policía.
Tiene razón el señor Mayoral cuando me ha pedido que rebaje el tono
de lo que habían dicho los informes de los forenses; es verdad. Lo
que dicen los informes de los forenses en conclusión es que no hay
manera de demostrar exactamente -como usted bien ha dicho- cómo
falleció esta persona. Como no hay ninguna interpretación, se
trasluce la posibilidad de muerte natural. También se añade que, en
consecuencia, no hay ninguna razón para decir que haya habido una
actuación irregular por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Es una
conclusión que yo extraigo y que aprovecho para decirla: de la
lectura de los informes de los forenses no se extrae ninguna
responsabilidad de estos funcionarios. Insisto, hay dos posibilidades
de muerte:
muerte refleja por un golpe en el cuello o bien muerte agónica, que
es la que aparece en el último informe forense, que descarta que el
golpe en el cuello haya producido la muerte refleja inmediata. A eso
me he referido a la hora de asumir esta cuestión.
En definitiva, señorías, todos podemos extraer consecuencias de lo
sucedido. Me parece que lo más importante que tuvo por delante el
Ministerio del Interior fue la investigación que abrió a partir del
mes agosto. Probablemente, nuestra posición puede ser más criticable
entre el mes de mayo y el mes de agosto que no después del mes de
agosto; eso puede exigirnos un mayor esfuerzo cuando se producen
hechos de estas características.
Les agradezco a todos sus intervenciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Gracias, señor ministro, por
la información aportada en ésta y en las anteriores comparecencias.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.