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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 47, de 27/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 47
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NEFTALÍ ISASI GÓMEZ, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 27 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor De Luis Rodríguez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre información que puede facilitar el Gobierno en
relación con los trabajos experimentales que se vienen realizando
para autorizar la nueva vacuna recombinante para la prevención de
enfermedades que afectan al conejo de monte. (Número de expediente
181/000038) . . . (Página 950)
- Del señor Pliego Cubero (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
valoración de la situación del mercado y de los precios del aceite de
oliva. (Número de expediente 181/000091) . . .
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones en relación con la
empresa pública Coosur. (Número de expediente 181/000090) . . .
(Página 955)
- Del señor Gallego López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
balance del Gobierno sobre las medidas tomadas por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar o solucionar los
problemas de la sequía. (Número de expediente 181/000087) . . .
(Página 957)
- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso), sobre volumen de envíos de tomate de Marruecos a la
Unión Europea (UE) después de suprimidos los certificados de
importación, desde el mes de octubre de 1999. (Número de expediente
181/000040) . . . (Página 960)
- Del mismo señor diputado, sobre la situación del proyecto de
reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del plátano.
(Número de expediente 181/000041) . . . (Página
963)
- Del señor Pliego Cubero (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
valoración de la disminución de las rentas agrarias en un 3 por
ciento durante el año 1999. (Número de expediente 181/000092) . . .
(Página 965)
- Del señor Centella Gómez (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre previsiones en relación con la Organización Común de
Mercado (OCM) del aceite de oliva. (Número de expediente 181/000010)
. . . (Página 968)
- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso), sobre situación de las negociaciones del nuevo acuerdo
de pesca con Marruecos por parte de la Unión Europea (UE). (Número de
expediente 181/000039) . . . (Página 972)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR DE LUIS RODRÍGUEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBRE
INFORMACIÓN QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS
TRABAJOS EXPERIMENTALES QUE SE VIENEN REALIZANDO PARA AUTORIZAR LA
NUEVA VACUNA RECOMBINANTE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES QUE
AFECTAN AL CONEJO DE MONTE. (Número de expediente 181/000038.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Señorías, buenos días.
Se abre la sesión con la pregunta número 3 de esta VII Legislatura de
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con arreglo al orden
del día establecido por la Mesa en su última reunión, la sesión va a
consistir en la contestación de altos cargos del Ministerio de
Agricultura a nueve preguntas. Adelanto a SS.SS. que, de acuerdo con
la consulta realizada a la Mesa, el orden de las mismas se va a
alterar, de tal manera que en primer lugar contestará la señora
secretaria general de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, a la
pregunta número 3; en segundo lugar, el subsecretario de Agricultura,
don Manuel Lamela, a las preguntas números
1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del orden del día; y en tercer lugar,
intervendrá el secretario general de Pesca Marítima, don Samuel
Juárez, para contestar a la pregunta número 5.
Si SS.SS. están conformes, comenzamos el orden del día de acuerdo a
este nuevo ordenamiento de las preguntas con la pregunta formulada
por don Teófilo de Luis, que figura en el orden del día con el número
3.
Tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En primer lugar, señora secretaria
general, quiero darle la bienvenida a la Comisión, desearle los
mayores éxitos en sus responsabilidades y señalarle que para
conseguir ese éxito en beneficio de sus competencias y de los sujetos
pasivos, los ciudadanos afectados por ellas, siempre encontrará la
colaboración plena y completa del Grupo Parlamentario Popular.
Entrando en materia, como puede usted saber por el orden del día de
la Comisión, la pregunta que le formulo afecta a un animal
tradicional de nuestra fauna autóctona, un elemento muy importante de
nuestro patrimonio natural, que es el conejo de monte, animal muy
significado que ha proliferado y que ha estado presente en todas
partes de nuestro territorio. Hoy las poblaciones de conejo de monte
en España están seriamente comprometidas, han tenido un retroceso muy
importante, debido fundamentalmente, en opinión dealgunos expertos, a
dos enfermedades que les afectan
de forma notable: una, la más antigua, la mixomatosis, enfermedad
infectocontagiosa de carácter vírico que brota con especial
virulencia en primavera-verano, y que tradicionalmente -lleva muchos
años causando efectos negativos en la población-, produce un
importante número de muertes en esa época. Apartir de 1988, fecha en
que quedó identificada en Francia, España y Portugal (en Italia se
había identificado en 1986), surge una nueva enfermedad, que es la
hemorragia vírica, que también es infectocontagiosa y es capaz de
acabar con los conejos de monte entre 24 y 48 horas una vez que son
afectados. La incidencia de estas dos enfermedades ha situado a las
poblaciones de conejo de monte en toda España en una situación
bastante comprometida.
Quiero resaltar la importancia de esta situación fundamentalmente por
tres elementos: El primero es que, como antes he dicho en la
introducción de la pregunta en mis primeras palabras, el conejo de
monte es una pieza de nuestro patrimonio natura. Es una especie
autóctona muy característica y tradicional, y como mi grupo
parlamentario es partidario de conservar, recuperar y transmitir en
las mejores condiciones todo nuestro patrimonio natural, esta pieza
también tiene que ser atendida y cuidada para poder garantizar el
adecuado nivel de sus poblaciones.
En segundo lugar, el conejo de monte, que para algunos puede resultar
de una entidad relativa, es una pieza fundamental en la cadena
alimentaria de algunos de los predadores más significados de nuestro
país. Ya tuvimos ocasión de debatir en el Pleno en la legislatura
pasada una pregunta sobre la preocupación de mi grupo por la
supervivencia del lince ibérico. La dieta fundamental del lince
ibérico ha sido tradicionalmente el conejo de monte, igual que de
otros predadores como el zorro, perros o gatos asilvestrados. La
ausencia en importante número del conejo de monte en nuestro
territorio hace que esas especies en las que este animal es dieta
fundamental de ellos se dirija, para garantizar su supervivencia,
hacia otras especies, perjudicando el desarrollo de otras especies de
la fauna. El equilibrio natural que permite la convivencia de
distintas especies de la fauna se ve alterada: los predadores, ante
la ausencia del conejo de monte, atacan los nidos de perdiz roja o de
codorniz, perjudicando a su vez el desarrollo de otras especies de la
zona. Es fundamental restablecer ese equilibrio, sin olvidar -tercera
razón importante- que el conejo de monte ha sido protagonista muy
decidido de muchas jornadas cinegéticas, y mientras no se demuestre
lo contrario, la actividad cinegética es muy digna de ser protegida y
conservada, no solamente porque significa la manifestación libre de
voluntad de muchas personas por un determinado entretenimiento, sino
además porque, en efecto, la ausencia de esta pieza en el campo
español significa una merma importante de renta para muchos cotos que
tienen como principal fuente de explotación la caza de este animal.
En estas condiciones, mi grupo parlamentario ha seguido con mucho
interés el acuerdo de colaboración que se ha puesto en marcha entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación
Española de Caza para conseguir que una determinada vacuna, llamada
recombinante, para luchar efectivamente contra estas dos
enfermedades, pueda ser comercializada en breve. Según las
informaciones que han aparecido en medios especializados, en estos
momentos se están haciendo las pruebas de campo en una determinada
isla de extensión reducida en el Mediterráneo, cerca de Menorca.
La pregunta que yo le formulo, señora secretaria general, pretende
conocer cuál es la marcha de esos trabajos y cuál es la previsión que
tiene el Ministerio de Agricultura para, cubriendo los trámites y con
todas las garantías que nosotros compartimos, el rigor y el celo,
garantizar que la comercialización de esta vacuna resulte positiva y
que no haya riesgo alguno para los animales ni, desde luego, para los
humanos. La pregunta que figura en el orden del día dice lo
siguiente: ¿Qué información puede facilitar el Gobierno en relación a
los trabajos experimentales que se vienen realizando para autorizar
la nueva vacuna recombinante para la prevención de enfermedades que
afectan al conejo de monte?
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar a la
pregunta formulada, la señora secretaria general de Agricultura y
Alimentación, doña Isabel García Tejerina, a quien en esta ocasión
(lo he olvidado en mi primera intervención al abrir la sesión),
quiero dar la bienvenida a esta Comisión porque es su primera
comparecencia, y decirle, en nombre de la Mesa de esta Comisión que
tendrá toda la colaboración y el apoyo en esta comparecencia, así
como en el resto que se produzcan.
A continuación, tiene la palabra la secretaria general de
Agricultura.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García
Tejerina): Señoría, quiero agradecerle sus palabras de bienvenida
y su felicitación, que son sinceras. Espero contestar detalladamente
todas las cuestiones que me plantea S.S.
Las dos principales enfermedades que afectan al conejo de monte
español, como usted ha expresado y conoce bien, son la mixomatosis y
la enfermedad vírica hemorrágica de conejo, enfermedades que están
produciendo importantes pérdidas en esta especie animal y que, dada
la importancia que el conejo de monte representa en el equilibrio de
los ecosistemas ibéricos, están creando serios problemas, poniendo en
peligro no sólo la supervivencia del conejo, sino la de todos sus
depredadores, entre otros el águila imperial ibérica, águila real y
lince ibérico, especie ésta exclusiva de nuestra
Península, y la especie de felino en mayor peligro de extinción de
todo el planeta.
En la actualidad existen vacunas comerciales frente a la mixomatosis
y la enfermedad vírica hemorrágica que están protegiendo al conejo
industrial. Sin embargo, estas vacunas plantean dificultades en el
conejo de monte debido a la imposibilidad de su vacunación a todos
los efectivos, ya que se realiza mediante inoculación individual. Por
otra parte, puesto que el virus vacunal no es transmitido por los
vectores de conejo a conejo, la repoblación con animales vacunados no
protege al resto. Por todo ello, y con el fin de resolver este grave
problema, se firmó, en enero de 1996, un convenio de colaboración
científica entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) y la Federación Española de Caza para
que se llevaran a cabo en el Centro de Investigación de Sanidad
Animal (CISA) del INIA las siguientes investigaciones.
En primer lugar, obtener una única vacuna frente a las dos
principales enfermedades víricas del conejo de monte: la mixomatosis
y la enfermedad vírica hemorrágica. Esta vacuna debería transmitirse
de forma natural entre los animales. El virus vacunal frente a ambas
enfermedades presentaría una transmisión por contacto animal-animal y
por los vectores naturales como pueden ser pulgas o mosquitos, de
forma limitada. De esta manera, la vacunación de un pequeño grupo de
conejos servirá para vacunar al resto de los animales.
Para realizar estos objetivos se llevaron a cabo los siguientes
trabajos de investigación. Se seleccionó una cepa de campo del virus
mixomatosis apatógena que mantenía una limitada capacidad de
transmisión de conejo a conejo. Se construyó una serie de
recombinantes mixoma VP60 y se seleccionó entre ellos aquél que
presentó las características óptimas para el desarrollo de la vacuna.
El recombinante seleccionado expresaba correctamente la proteína VP60
y en niveles elevados. La inoculación de este recombinante en conejos
no produce ningún tipo de patologías e induce elevados niveles de
anticuerpos contra el virus mixoma y contra el virus hemorrágico. Los
anticuerpos inducidos con este recombinante son capaces de proteger a
los conejos inmunizados contra las dos enfermedades.
Experimentos encaminados a determinar los niveles de transmisión por
contacto animal-animal y los distintos vectores naturales, indican
que este recombinante vacunal puede ser transmitido de forma limitada
durante un máximo de dos o tres fases, para finalmente perder la
capacidad de difusión.
En resumen, puedo informar a S.S. que, como resultado del convenio de
colaboración entre el INIA y la Federación Española de Caza, se ha
obtenido una vacuna recombinante mixoma VP60 que, en condiciones de
laboratorio, es capaz de proteger al conejo de monte y ser
transmitida de forma limitada durante un máximo
de dos o tres fases, para finalmente perder su capacidad de difusión.
Tras estos resultados de laboratorio, en enero de este año se
comenzaron los estudios de evaluación de la vacuna en condiciones de
campo en la isla de Aire de Menorca. Durante todos estos meses se han
realizado visitas de seguimiento periódicas y un gran número de
análisis y estudios de laboratorio que están confirmando que la
vacuna en la isla de Aire presenta niveles de seguridad y eficacia
similares a los obtenidos en el laboratorio. Estos estudios
finalizarán el próximo mes de agosto, y todos los resultados
obtenidos serán presentados a los organismos oficiales pertinentes
para su debida aprobación.
Señoría, tras los resultados obtenidos en el CISA, y siguiendo la
política de colaboración en el desarrollo de este tipo de convenios,
se concedió en 1998 la explotación industrial de la patente a una
empresa de farmacología veterinaria española. Esta empresa solicitó,
en diciembre de 1998 y enero de 1999, a la Comisión de bioseguridad
del Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Española del
Medicamento el preceptivo permiso para el estudio de la vacuna en
condiciones de campo. Junto a estas solicitudes se mandaron sendos
informes de eficacia y seguridad de la vacuna realizados en el CISA.
Tras recibir las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Medio
Ambiente en julio de 1999, y de la Agencia Española del Medicamento
en noviembre de 1999, así como de los propietarios del coto donde se
llevaría a cabo el estudio y de las autoridades de la Comunidad
Autónoma de Baleares, se comenzó, el 20 de enero de 2000, el estudio
de evaluación de la vacuna en la isla menorquina Aire. La isla Aire
tiene una extensión de 343.750 metros cuadrados y una población de
conejos silvestres en el momento de iniciar los estudios de
aproximadamente 300 cabezas. Todos los animales utilizados en el
estudio están marcados con un microchip subcutáneo.
Durante todos estos meses el equipo científico ha realizado visitas
periódicas de seguimiento y un gran número de análisis y estudios de
laboratorio que permiten concluir que la utilización de la vacuna en
la isla Aire está confirmando los datos de seguridad y eficacia
obtenidos a nivel de laboratorio.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señora secretaria general, quiero
agradecerle la información muy detallada que ha dado a la Comisión
con relación a la pregunta que le formulaba y señalarle que esperamos
y deseamos que los trámites que quedan para poner esta vacuna en
campo real de la península Ibérica para proteger las poblaciones de
conejo de monte sean agilizados y no demorados por ninguna razón,
para que cuanto antes podamos realizar un trabajo serio y continuado
para la recuperación de la población de este animal que, como hemos
señalado, tiene una gran importanciapara el equilibrio de nuestro
ecosistema.
El señor VICEPRESIDENTE: La señora secretaria general tiene la
palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García
Tejerina): Así será porque los estudios están sin finalizar, acaban
el próximo mes de agosto, y se seguirán los pasos establecidos.
- DEL SEÑOR PLIEGO CUBERO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO Y DE LOS PRECIOS DEL ACEITE DE
OLIVA. (Número de expediente 181/000091.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas que responderá
el señor subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, don
Manuel Lamela.
La pregunta que figura en el orden del día con el número 1 va a ser
pospuesta dado que su autor no ha llegado todavía a la Comisión.
Tiene la palabra el señor Pliego Cubero para la defensa de la
pregunta que consta en el orden del día con el número 2.
El señor PLIEGO CUBERO: Buenos días. En primer lugar, señor Lamela,
quiero felicitarle por su nombramiento como subsecretario de
Agricultura en el Ministerio, desearle acierto en su gestión y
esperar que su presencia en esta Comisión sea suficiente para debatir
los temas que a todos nos interesan a lo largo de la legislatura.
Dicho esto, y sin más preámbulos, voy a formularle la pregunta: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la situación actual del mercado y de
los precios del aceite de oliva?
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Lamela tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento por su
intervención y por su felicitación, y he de decir que una vez más
estoy a disposición de esta Comisión en esta comparecencia y en el
futuro tratando de ayudar en los trabajos de la misma en la medida de
nuestras posibilidades.
Entrando en el contenido de su pregunta, quiero manifestar a SS.SS.
la preocupación que existe, y que ha sido hecha pública en más de una
ocasión desde el Ministerio de Agricultura, en relación con la
situación de la evolución de los precios en el sector olivarero,
sector en el que hay que constatar que tiene un ritmo de
crecimiento muy importante desde la perspectiva de hectáreas/año
(estamos creciendo a unas 32.800 hectáreas/ año), junto con unas
importantes mejoras de las técnicas de cultivo y del riego y,
consecuentemente, sector en crecimiento competitivo y constantemente
redimensionando. Desde ese punto de vista va a existir un crecimiento
que hay que tener en cuenta porque va a tener una influencia
importante en la oferta y la demanda y, por tanto, en la política de
precios.
Debemos añadir que, desde la posición del Gobierno, la disminución o
rebaja de esos precios en relación con otras campañas no es una
situación anecdótica, sino preocupante, pero en todo caso viene
producida por una serie de elementos que debemos tener en cuenta. En
primer lugar, la desaceleración que se ha producido de estos precios
viene motivada por una situación, a mi juicio, de carácter coyuntural
y anómalo, que desde un punto de vista objetivo, no se justifica
técnica o científicamente. Decía que es una situación anómala puesto
que pasamos de una situación de precios elevados al final de la
campaña pasada, creada de manera artificial como consecuencia de un
acaparamiento de la producción, a una disminución que viene en cierto
modo motivada también por una tensión o por un nerviosismo trasladado
al sector desde determinadas instancias que consideramos peligroso y
no está justificado.
Desde el punto de la producción actual, estamos en una campaña
relativamente ajustada en toneladas, no hay elementos objetivos que
puedan hacer pensar en esa situación de caída de los precios. En
segundo lugar, si comparamos las existencias del 1 de mayo del año
pasado con las del 1 de mayo de este año, estamos en un 16 por ciento
por debajo y por lo tanto, insisto, se ratifica de manera objetiva
ese criterio. Por otra parte el descenso de las existencias o de los
stocks de trabajo en poder de los envasadores está en estos momentos
en una situación de estrategia comercial, que es lo que influye de
manera decisiva en el descenso de los precios.
Evidentemente, no se puede continuar de manera indefinida en esta
situación. El Gobierno ha adoptado medidas y está estudiando los
hechos; esas medidas se están circunscribiendo a dos reuniones
mantenidas con el sector olivarero, específicamente una con el sector
cooperativista y ya se ha creado el observatorio de precios del
sector agroalimentario, y en su seno, un grupo de trabajo de
seguimiento de los precios del sector olivarero que tendrá su primer
informe en el mes de septiembre de este año, a la vuelta del verano.
Tampoco es correcta la situación que se pone sobre la mesa en muchas
ocasiones sobre una disminución del consumo interno y de la
exportación. El consumo interno está creciendo en el entorno
nacional. Estamos en un 12,5 por ciento de crecimiento en relación
con el mismo período del ejercicio pasado, y en cuanto a las
exportaciones, estamos a un ritmo de crecimiento de un 5 por
ciento. Tenemos la capacidad suficiente para absorber la producción
de esta campaña, primera cuestión importante, teniendo en cuenta las
cifras de crecimiento del consumo y de exportación.
En segundo lugar, el stock de enlace, que ahora mismo tenemos
previsto en torno a 188.000 toneladas, es de los más bajos de las
últimas campañas, y tenemos unas previsiones, que son las que se
utilizan en muchos casos para trasladar esa sensación de nerviosismo
al sector, de una buena campaña, de probablemente un millón de
toneladas o quizás algo más, que unido al stock de enlace, con las
previsiones de consumo interno y por supuesto con las previsiones de
exportación, nos llevan a cifras similares a la campaña de 1997/1998,
que fue perfectamente asumida por el mercado.
No hay elementos objetivos que induzcan a pensar que la situación
actual sea de carácter permanente (más bien es coyuntural y
estacionaria), y en todo caso las cifras de evolución de stock y de
evolución de consumo nos llevan a hacer pensar que, a partir de
octubre, la situación tiene que evolucionar lógicamente al alza; ya
se está produciendo una desaceleración del ritmo de bajada, y por lo
tanto, insisto, trabajaremos en esa línea.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: En primer lugar, quiero decirle que el sector
del aceite de oliva está en una situación grave. De su intervención
valoro que para ustedes es preocupante; hemos pasado de una posición
triunfalista en este tema a otra de preocupación, de lo cual me
congratulo.
De su exposición yo deduciría una cierta preocupación, pero el
problema es que no se corresponde mucho -yo diría que bastante poco-
la radiografía que usted hace con la realidad. Le aconsejaría que se
paseara por las zonas productoras, como hicieron cuando se estaba
reformando la OCM, y vería el nivel de alarmismo y de preocupación
social que existe.
La radiografía es lamentablemente distinta a la que usted ha
expuesto. Hay un mercado radicalmente paralizado, sin ventas de
aceite. El stock de enlace será el que sea, pero ahora mismo hay
almacenadas en las almazaras de España más de 600.000 toneladas, con
un mercado paralizado. No sé en base a qué cifras usted dice que en
octubre quedarán 188.000 toneladas como stock de enlace. Desde luego,
si se sigue vendiendo como hasta ahora, quedarán la mayoría de estas
almazaras y los olivareros sin cobrar la última cosecha. Fíjese usted
en que el stock almacenado ahora mismo es equivalente casi al cien
por cien al de la cosecha 1999/2000; el precio medio del aceite,
según datos oficiales, en la última semana de junio, es de 258
pesetas/ kilo, situado por debajo del umbral de rentabilidad, kilo de
aceite que se vende ahora mismo, pérdidas para
el olivarero, y la caída del consumo en los últimos 18 meses ha sido
superior al 30 por ciento, elemento que le citaré para ver si usted
me puede contestar.
La situación es bastante grave. Aquí no vale el argumento -usted no
lo ha utilizado, ojalá no lo haga en el futuro- de recurrir al
pasado, porque en el año 1996 los precios del aceite estaban
extraordinariamente elevados (608 pesetas), y el problema era cómo
bajarlos, y ahora están a 258 pesetas y el problema es cómo no
pierden por vender su aceite. Decía que la situación es grave y que
está perjudicando a más de 350.000 productores de aceite de oliva que
hay en España, y tiene causas. La primera es: la mala reforma de la
OCM que se hizo, dejando desaparecer el precio de intervención, que
era una red de seguridad que tenían los olivareros en términos de
renta y que permitía la transparencia en este sector, en el sentido
de que los cuatro que compran sabían que no podían apretar el
tornillo más de la cuenta porque había un precio fijo y un lugar
donde llevar el aceite. Esa red de seguridad ha desaparecido, ha
descontrolado el mercado y los efectos están sobre la mesa.
Por otra parte, el Gobierno del Partido Popular ha actuado
artificialmente sobre este mercado y ha provocado parte de la
situación que se produce, con dos elementos, señor Lamela: en mayo de
1999, cuando a este Gobierno se le empieza a disparar la inflación,
al señor Rato se le ocurre que el aceite es el principal responsable
y ustedes presionan a la Unión Europea para que saquen a mercado, a
subasta, más de 70.000 toneladas que quedaban de la intervención, y
se sacan. El tráfico de perfeccionamiento activo se produce de manera
descontrolada porque ustedes no facilitan los datos, ni siquiera las
asociaciones agrarias los pueden tener, hecho que está permitiendo la
entrada de aceite de países terceros de manera descontrolada porque,
entre otras cosas, los tres meses de permanencia que permitía la
legislación los amplían ustedes a seis sin saber cuál es la causa.
Cualquiera, a poco que tenga no mucha imaginación, puede saber a qué
se debe.
La situación a medio plazo no es optimista porque se prevé una
campaña por encima de 1 millón de toneladas y, en buena lógica de
mercado, no sé por qué una campaña más alta con altos stocks provoca
más venta y subida de los precios. No sé si ese es el funcionamiento
normal de un mercado, parece que es el contrario. Le recuerdo, para
que no se le olvide, que mientras Italia y Grecia el año que viene
van a seguir cobrando 222 pesetas por kilo de aceite producido de
ayuda, porque el cupo que se les dio cubre toda su producción, en
España, con una cosecha -como usted avanza y va a ser probablemente
cierto- superior a 1 millón de toneladas, las ayudas que se van a
cobrar van a estar entorno a 120 ó 130 pesetas, es decir, casi la
mitad que un italiano o un griego, con la pérdida de renta y de
competitividad que ello supone.
Señor subsecretario, el panorama no es tan idílico. Yo le insto a
que, ante esta situación difícil y grave que a medio plazo puede
empeorar (¡ojalá tomen ustedes medidas para que no suceda!),
convoquen una mesa del aceite donde estén presentes el Ministerio,
las comunidades autónomas afectadas, especialmente Andalucía, el
sector productor y los consumidores -tenemos que hacer a los
consumidores cómplices de esta batalla, entre comillas, del aceite de
oliva-, y pongamos en marcha medidas para la recuperación del consumo
y su comercialización. Asunto fundamental es saber cuál va a ser la
posición de España en el próximo otoño respecto a la reforma de la
OCM del aceite de oliva.
El señor VICEPRESIDENTE: Para un turno de dúplica, tiene la palabra
el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Lamento que mi primera comparecencia tenga que comenzar
señalando que los datos que S.S. maneja y sobre los que construye su
intervención no son correctos pues distan mucho de ser objetivos y
reales. Me voy a permitir tratar de aclarárselos en muy pocos
segundos.
Quiero tranquilizar también a su grupo parlamentario porque, mientras
parece que algunos sólo trabajan en el desarrollo de actividades de
predicción de catástrofes y de futuros apocalípticos, el Gobierno
sigue trabajando en lo que creimos que es el resultado de una buena
negociación, que es la OCM -en la que luego entraremos- y en la
estabilidad del sector en la que sí creemos y en el que estamos
trabajando.
Señoría, el problema que tenemos, entre otras cuestiones, es el de
transparencia del mercado. Somos conscientes de que eso lleva en
ocasiones a manipulaciones interesadas, absolutamente demagógicas
sobre la situación del mercado, sobre las que se construyen después
teorías que aparecen en los medios de comunicación y que influyen
negativamente en el sector. En eso sí que tenemos que ser todos
responsables de evitarlo. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo que
usted ha dicho antes sobre el tráfico de perfeccionamiento activo es
simplemente incierto. Datos, en este caso de la Secretaría de Estado
de Comercio -S.S. afirma que no se hacen públicos, pero yo lo tengo
que rechazar-, sostienen que fueron 109.066 toneladas en la pasada
campaña -no en ésta, sino en la pasada campaña-, las que fueron
importadas en términos totales. En tráfico de perfeccionamiento
activo fueron 61.000 toneladas y sólo por un período de tres meses,
porque precisamente el sector olivarero es un sector sensible y, en
lugar de agotar los seis meses, se utiliza el plazo de tres. Si nos
vamos a la cifra real de influencias, es el 0,8 por ciento de la
producción nacional en el tráfico de perfeccionamiento activo. Las
73.000 toneladas son también de la campaña anterior, señoría, no de
ésta, como usted sabe
muy bien se sacaron por obligación de la intervención del FEOGA, y
lejos de ocasionar lo que usted dice, es decir, descenso de precios,
producen un incremento de precios que probablemente es lo que nos ha
llevado hoy a la situación actual. Se coloca el precio en 362
pesetas, después de la subasta de las 70.000 toneladas. Aquí no se
trata de hablar de la relación entre inflación, renta agraria y
precios del aceite. He dicho y reitero que el Gobierno está muy
preocupado con la situación del sector porque cree que no es
objetiva, sino que es consecuencia de un nerviosismo provocado
probablemente por información incorrecta transmitida al sector y, en
ocasiones, por información manipulada transmitida al sector. A mi
juicio resulta temeroso e incoherente, desde mi punto de vista, decir
que cualquier mecanismo que pueda tener un control de la inflación
pueda influir negativamente en la renta agraria o en los precios del
sector.
El sector olivarero -y en esto coincide todo el sector, porque hemos
mantenido muchas reuniones- ha oscilado en los últimos años en un
sistema de dientes de sierra. Eso es lo peor para un sector. Un
sector requiere una banda de crecimiento estable en los precios para
tener un desarrollo estable y garantizar su futuro. Si no somos
capaces de mantener esa banda de crecimiento estable y por lo que
estamos apostando es precisamente por el sistema de dientes de
sierra, estamos abocando al sector a un futuro incierto que estoy
seguro que ni usted ni yo queremos para el sector olivarero. Estamos
trabajando, nos hemos reunido y vamos a seguir haciéndolo. Insisto en
que hay un foro en el que participan todas las comunidades autónomas
y todos los sectores, grupo de trabajo que se ha creado para esta
situación y eso nos llevará lógicamente a analizar la situación, las
medidas que haya que tomar, y por supuesto el Gobierno será el
primero en tomarlas.
- DEL SEÑOR PLIEGO CUBERO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES EN RELACIÓN CON LA EMPRESA PÚBLICA COOSUR. (Número de
expediente 181/000090.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el orden
del día con el número 4, cuyo autor es también don José Pliego, quien
tiene la palabra para su defensa.
El señor PLIEGO CUBERO: Señor Lamela, nos gustaría saber qué
previsiones tiene el Gobierno en relación con la empresa pública
Coosur.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Lamela tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Como representante del Ministerio de Agricultura,
tengo el honor de asumir esta pregunta pero quizás el destinatario
real debería ser el Ministerio de Hacienda y, en su caso, la
Dirección General de Patrimonio, que tiene el 80 por ciento del
capital social de Coosur. En todo caso, voy a tratar de satisfacer el
contenido de su pregunta recordando que, como usted muy bien sabe, es
un instrumento esencial de la política económica de este Gobierno
-política que está dando excelentes resultados en el ámbito de la
economía global- devolver, con las debidas garantías, al sector
privado empresas que por su naturaleza, por su objeto, por su
contenido y por su estructura productiva, están destinadas
necesariamente a competir en el mercado. No podemos olvidar que es un
mercado cada día más exigente, que requiere mayor transparencia y,
por supuesto, mejora de oportunidades con los competidores. Si a esto
le añadimos que estamos hablando de un área de gran peso específico,
que es el sector olivarero español, que tiene un tejido social
fundamental y que tiene un tejido productivo y económico que genera
una importantísima riqueza no solamente para lo que es el sector
agroalimentario nacional sino para la propia economía nacional y el
producto interior bruto, le tengo que decir que el Gobierno de la
nación, también en este caso, va a seguir impulsando todas aquellas
medidas que en cada momento estime más conveniente que tengan
precisamente como objetivo y meta la garantía de ese interés general
para la economía del Estado, en este caso para un sector de la
economía del Estado que es el sector olivarero. Cuando proceda en su
momento y por los órganos competentes, en la política de
privatizaciones entrará la compañía Coosur, pero no estamos hablando
de una actuación a fecha fija ni tampoco con un calendario
predeterminado. Como ha hecho en toda actuación el Gobierno, se van a
tener presentes los intereses sectoriales que va a defender siempre
el Ministerio de Agricultura, como miembro que es del Gobierno. En
segundo lugar, se van a tener en cuenta los intereses económicos del
tejido social que está detrás del sector olivarero. Y, en tercer
lugar, y no por ello con menor intensidad, va a haber una política de
preservación de los puestos de trabajo de la empresa Coosur como
elemento esencial que tiene que garantizarse en todo proceso de esta
naturaleza.
Se trata de garantizar el empleo la estabilidad empresarial y
mientras tanto, de seguir gestionando la compañía Coosur como empresa
pública que es, con criterios empresariales, de competitividad y,
evidentemente, de presencia, en este caso económica y sectorial,
dentro y fuera de nuestras fronteras, promoviendo actuaciones de
políticas de calidad; apostando por la mejora en la calidad del
aceite como instrumento fundamental que es una empresa de esta
naturaleza; ayudando, en la medida de sus posibilidades, a la
vertebración del sector olivarero; y lógicamente contando con el
sector -y esto es importante- en cualquier actuación que en un futuro
se pueda decidir por el
Gobierno. Desde esa perspectiva, remarco esta cuestión: se contará
con el sector olivarero español en cualquier decisión que el Gobierno
pueda adoptar durante esta legislatura en relación con el futuro de
la compañía Coosur.
El señor VICEPRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra
el señor diputado, don José Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: El formularle esta pregunta sobre el futuro
de Coosur se debe alsiguiente motivo. Todos estamos de acuerdo en que
la comercialización es un pilar, si no el más importante, en que
tiene que sustentarse el futuro del aceite de oliva. No solamente a
las administraciones públicas, sino sobre todo al sector que tiene
que ser el protagonista, nos queda un gran camino que recorrer. En
ese contexto, la empresa pública Coosur puede y debe jugar un papel
importante en este proceso de comercialización, que, a nuestro
juicio, actualmente no está jugando. Por otra parte, había un factor
de incertidumbre.
Unos meses antes de las recientes elecciones del 12 de marzo
compareció en esta Comisión el señor Díaz Eimil -que usted conocerá
por la responsabilidad que tenía en el Ministerio de Agricultura -y a
una pregunta en la que se le decía si se iba a privatizar Coosur,
contestó que no; así, en seco, haces unos meses. Después de las
elecciones, el señor Montoro, a la sazón ministro de Hacienda, en
Jaén, de una manera un poco lírico bailable en el vocabulario, ha
dicho respecto a Coosur que privatizar, pero no privatizar, que el
sector... Lo que yo quería saber, y usted me lo ha aclarado bastante,
es que el Gobierno, sin plazo, tiene tomada la decisión de privatizar
Coosur. No nos escandaliza esa posición. Nosotros creemos que por las
condiciones especiales que tiene el sector del aceite de oliva en
cuanto a su debilidad en comercialización, lo más oportuno no es
privatizar Coosur sino jugar con ella (digo jugar en el sentido
positivo del término) como un instrumento público, en coordinación
con el sector, para fortalecer esa comercialización.
Nuestra posición es que no es el momento de privatizarla. Si ustedes
tienen tomada la decisión, me satisface bastante que usted diga que
se hará teniendo en cuenta los intereses del sector. Se lo voy a
traducir al lenguaje más entendible. Le pediría que, cuando el
Gobierno tome la decisión de privatizar esta empresa, abra un proceso
de negociación con el sector y no se levante de la mesa hasta que no
se consiga el objetivo de que esa empresa quede en manos del sector
productor para garantizar que ese instrumento de comercialización
fuerte que ahora mismo no tiene y que tan necesario es pueda estar en
manos del sector productor. No estoy hablando de un tratamiento de
favor, estoy hablando de un instrumento público en el que se han
invertido casi 3.000 millones de pesetas en los últimos
años, con pérdidas importantes, con un cupo de mercado probablemente
entre el 5 y el 8 por ciento. Hablo de una empresa cuya gestión está
bastante abandonada. Yo les pediría que pusieran interés porque en
los tres últimos años las pérdidas han sido bastante significativas,
muy por encima de los 500 millones de pesetas. Es verdad que ha
habido un proceso de reajuste de plantilla e imagino que ahí estarían
metidos todos estos gastos. Durante la legislatura pasado hubo
opacidad en los datos que pedimos, no conseguí que se me facilitaran
datos oficiales sobre la empresa Coosur. Formularé por escrito mi
petición a la mayor brevedad y espero contestación.
Coincidiendo con usted en bastantes temas sobre esta cuestión
específica, la posición del Grupo Parlamentario Socialista es la
siguiente: primero, mantener la actividad industrial de esta empresa
en Jaén; en segundo lugar, mantener los 126 puestos de trabajo que
actualmente hay; en tercer lugar, si se privatiza -a nosotros no nos
escandaliza el término, pero no creemos que sea el momento oportuno-
que el Gobierno garantice que va a hacer todos los esfuerzos para que
Coosur pueda ser un instrumento de comercialización del sector
productor porque, insisto, el pilar fundamental del aceite de oliva
del futuro no son las ayudas -ése ese un tema importante-, sino que
son la calidad y, fundamentalmente, la comercialización. Como usted
sabe, en la situación del mercado Coosur podría jugar un papel
importante y yo espero del Gobierno de la nación que, con la Junta de
Andalucía (aunque en pequeña proporción, si los datos no me fallan,
posee un 5 por ciento de esta empresa) y con Unicaja pongan en marcha
esta operación y Coosur sea por fin un instrumento de
comercialización en manos del sector productor y contribuya a
despejar el futuro del sector del aceite de oliva.
El señor VICEPRESIDENTE: Para su turno de dúplica, tiene la palabra
el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Agradezco el tono de su intervención. Al igual que en la
anterior le decía que discrepaba en lo esencial, en ésta le tengo que
decir lo contrario; coincido en lo esencial de su intervención,
coincido en el papel importante de la comercialización del sector.
Evidentemente, una empresa como Coosur, con una cuota de mercado
ganada durante muchos años y con muchos esfuerzos debe tener no sólo
un papel mantenido, como usted dice, sino incluso potenciado. Desde
ese punto de vista, la gestión de la compañía va a ir en los próximos
años en esa línea.
Quiero puntualizar que las intervenciones del señor Díaz Eimil, a las
que usted ha hecho referencia, las del señor Montoro y las mías
propias en la anterior legislatura fueron que no se iba a privatizar,
como así fue y,
por lo tanto, fueron contextas. De igual manera le digo que en los
planes del Gobierno entra, sin calendario, fecha ni momento de
decisión, el devolver esta empresa al sector productor y por tanto a
la competencia, con lo cual perdería la titularidad pública.
Tenga S.S. la absoluta certeza de que, como se ha hecho en todas las
ocasiones, el Gobierno realizará el proceso con absoluta
transparencia, con audiencia de todos los sectores interesados y con
un rigor que garantice la licitud en los planteamientos de todos en
relación con el futuro de esta empresa. Mientras tanto, seguirá
siendo gestionada en los próximos años con criterios profesionales,
no políticos sino económicos y sectoriales. Le recuerdo que la
gestión de estos últimos años arrancaba de 1996, con 1.278 millones
de pérdidas, y ahora, como usted dice, estamos en cientos de millones
de pérdidas, no en miles de millones de pérdidas, con lo cual algo se
ha conseguido, además de un acuerdo social firmado con todos los
trabajadores, que indudablemente ha motivado esa disminución de
pérdidas de la cuenta de resultados.
En cuanto a la opacidad, tengo que discrepar con S.S., entre otras
cuestiones porque las cuentas de Coosur, como las de todas las
empresas públicas españolas, están depositadas en el Registro
Mercantil. El Registro Mercantil es público, y por lo tanto de libre
acceso para cualquier ciudadano español y por SS.SS. Desde el punto
de vista de las responsabilidades que pueda tener el Ministerio en
relación con esta empresa, estamos a su absoluta disposición para
facilitarle cuantos datos usted quiera en relación con la gestión de
los últimos años y con la gestión futura de esta empresa.
- DEL SEÑOR GALLEGO LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
BALANCE DEL GOBIERNO SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA PALIAR O SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE LA SEQUÍA. (Número de expediente 181/000087.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamo, a continuación, a la pregunta que
figura en el orden del día con el número 6, cuyo autor es don José
Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra el señor Gallego López.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Señor subsecretario, la gravedad del problema
de la sequía en una parte de España es manifiesta. Son diversas las
evaluaciones que se han realizado, tanto de los costes económicos y
medioambientales, y por tanto sociales, como de la repercusión en el
empleo.
No voy a referirme a los datos pluviométricos, ni al estado de los
embalses. Es cierto que algunas medidas ha tomado el Ministerio de
Agricultura, calificadas de
insuficientes por los afectados y por las organizaciones agrarias,
pero hay también otras que no ha tomado el Ministerio de Medio
Ambiente, para el cual no hay sequía, en una especie de esquizofrenia
política. Debieron ser muy interesantes aquellos Consejos de
Ministros del Gobierno Aznar, cuando se trataba del tema de la
sequía: para Agricultura sí la había, pero no para Medio Ambiente.
Mi pregunta va dirigida al Gobierno para que haga un balance de las
medidas tomadas por el departamento de Agricultura, porque parece que
para él todavía no ha acabado la sequía. Para Medio ambiente, repito,
ya sabemos que cero.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lamela para dar
contestación a la pregunta formulada por el señor Gallego López.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Como usted muy bien ha puesto de relieve, el pasado año y
el comienzo del actual se ha caracterizado, por desgracia, por una
importante persistencia en determinadas zonas de España de la sequía.
Podemos decir que tuvieron valores medios normales en la pluviometría
española zonas húmedas tradicionales como Galicia o la cornisa
cantábrica, pero zonas muy importantes de España, tales como
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares,
Cataluña e incluso Aragón, padecen una situación preocupante. Como
muy bien conoce S.S., los cultivos más perjudicados fueron los
cereales de invierno, las leguminosas, el olivar, el almendro, y sin
duda alguna, de manera muy importante la ganadería extensiva.
Todo esto motivó en su momento que el Ministerio adoptase la decisión
de mantener una reunión de carácter permanente con las comunidades
autónomas y con las organizaciones agrarias, en primer lugar, para
analizar la evolución de la situación a nivel nacional, y en segundo
lugar, para adoptar medidas a la vista de la evolución de la citada
situación. Ello motivó la creación por el Gobierno de la Oficina
permanente para las situaciones de sequía, oficina coordinadora en el
seno de las distintas dependencias del Ministerio que está
permitiendo una mayor agilidad en la tramitación de las distintas
ayudas que se han ido canalizando y diseñando en los últimos meses.
Además de esta medida estructural, se han adoptado otras
coyunturales, de carácter paliativo, en distintas normas que S.S.
conoce. De una parte, la Orden de 28 de mayo de 1999, exclusivamente
dedicada a subvencionar el transporte del cereal-pienso a
determinadas comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha,
Murcia y Valencia), que motivó que el Ministerio de Agricultura
aportase de subvención 225 millones de pesetas. Junto a esta primera
actuación, de manera consensuada (quiero resaltar que todas las
medidas tomadas por el Ministerio
de Agricultura han sido consensuadas con todas las comunidades
autónomas, y por tanto desde la unanimidad de las administraciones
públicas), se aprobó el Real Decreto-ley, que todos conocen, de 11 de
junio de 1999, primer decreto-ley que atiende a todos aquellos
cultivos, a todos los aprovechamientos ganaderos con pérdidas
superiores al 50 por ciento de la producción y que contempla, de una
parte, indemnizaciones de daños en producciones agrarias, siempre con
la filosofía del mantenimiento y la perseverancia del Gobierno, y en
este caso de todas las administraciones públicas en su apuesta por el
seguro agrario, y por otra, indemnizaciones complementarias a los
agricultores y ganaderos que confiaron en el seguro agrario por
imposibilidad de contemplarlo en las pólizas (evidentemente no tenían
cubierto el riesgo). Desde esa perspectiva, la complementariedad, el
riesgo de nascencia, que no estaba contemplado en el seguro integral
de cereales y que se indemnizó a través de este decreto-ley como
deficiencia del seguro, que ya no lo es puesto que está incorporado
en las nuevas líneas de aseguramiento. Eso ha supuesto para el
Ministerio de Agricultura 2.451 millones de pesetas desde la
perspectiva del aseguramiento y de la complementariedad del riesgo de
aseguramiento, y 1.500 millones adicionales también en el caso
concreto específico de la no nascencia en el ámbito del seguro de
leguminosas y de cereales. Además de las indemnizaciones ordinarias,
que han sido atendidas por el sistema de seguros agrarios, sin ningún
problema financiero.
He de añadir que el Gobierno adoptó una medida preventiva, la única
que puede, que es garantizar que el sistema de seguros agrarios del
futuro cubra todos los riesgos relativos a la sequía. Este año ya se
ha incorporado el seguro de rendimientos en el olivar, que es un
seguro todo riesgo, y por tanto contempla el riesgo de sequía, con
más de 100.000 hectáreas aseguradas ya en esta campaña. En segundo
lugar, el seguro de rendimientos en viñedo, que entrará en vigor en
el mes de octubre, igualmente seguro a todo riesgo, con la
incorporación del riesgo de sequía; el seguro de cereales,
oleaginosas y proteaginosas, que también incluye el seguro a todo
riesgo, que comenzará en la próxima campaña; y, a partir del 2001, un
seguro de garantía de alimentación animal para ganadería extensiva,
que cubrirá el riesgo en el caso concreto de la alimentación animal.
También se aprobaron medidas específicas de construcción de puntos de
agua, 1.557, financiados en exclusiva por el Ministerio de
Agricultura por 3.500 millones; construidos están todos, a excepción
de, en este caso, 241 en Andalucía, no por responsabilidad del
Gobierno de la nación, sino por problemas de la Junta de Andalucía
para definir su ubicación concreta. Todos los demás han sido
construidos, insisto, con cargo al presupuesto del Ministerio, y hoy
ya se disfrutan por todos los ganaderos de España. 38.000 millones de
pesetas de créditos ICO, bonificados al 50 por ciento
por el Ministerio de Agricultura. En el segundo Decreto- ley, de 3 de
diciembre de 1999, se destinaron 3.000 millones de créditos ICO, en
este caso también financiados por el Ministerio de Agricultura en un
50 por ciento, al almendro, y 30.000 millones adicionales
prácticamente sin interés, un 0,5 por ciento, interés simbólico en
este caso, al olivar y, por lo tanto, a los problemas de sequía en el
olivar. La medida de reducción de los módulos, como consecuencia de
la situación, que ha motivado 14.000 millones de pesetas más de coste
para las arcas públicas. Tengo que añadir que el coste de las nuevas
líneas de aseguramiento se repercutirá tanto en este presupuesto como
en el próximo de la entidad de seguros agrarios.
Seguimos trabajando porque, por desgracia, seguimos teniendo
situaciones graves en la geografía nacional. La semana pasada hubo
una reunión con las comunidades autónomas y se planteó un posible
nuevo decreto-ley de medidas urgentes, en este caso no solamente por
sequía, sino por inclemencias meteorológicas de otro tipo en algunas
zonas de España. Esta semana vamos a analizarlo en la Comisión
General de Agricultura, que se celebra en la isla de La Palma, la
próxima semana será estudiado en la conferencia sectorial con los
consejeros y con las organizaciones agrarias en la semana siguiente.
La voluntad del ministro de Agricultura es la de una nueva norma
consensuada con todas las comunidades autónomas y con el sector que
atienda a estas otras circunstancias que lamentablemente hoy se han
producido y que, por lo tanto, debemos atender todos de manera
solidaria.
El señor VICEPRESIDENTE: En su turno de réplica, tiene la palabra el
señor Gallego López.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Señor subsecretario, ¿no le parecen muchos
créditos? ¿No le parece que es cargar demasiado sobre el endeudado
campo español otra vez el problema de la sequía? Está bien que haya
créditos a bajo interés, que haya subvenciones, que se recurra a los
seguros agrarios, pero yo recuerdo que en 1995, al final de un
también duro período de sequía, el Partido Popular presentaba
iniciativas proponiendo una ley de sequía, porque la sequía es algo
estructural en algunos territorios de nuestra geografía. ¿Por qué
abandona en 1996, cuando llega al Gobierno, su intención de hacer una
ley de sequía? Porque hay una sequía de secano (usted me ha hablado
del secano), pero hay también una sequía que afecta al regadío.
Decía al principio que para otros ministerios no había sequía. Pienso
que la sequía requiere medidas transversales -empleando un término de
otros departamentos-, que tienen que ver siempre con el agua. Por
cierto, que esta semana pasada la Unión Europea ha anunciado que va a
adoptar medidas sobre la sequía, pero que va a guardar fuera la
referida a los regadíos. Esa sequía está afectando a algunas
comunidades autónomas,
en las que gobierna el Partido Popular, como la de Murcia.
Informes que la Consejería de Agricultura ha elevado al Gobierno
calculan en más de 8.700 millones de pesetas sólo las pérdidas que ha
habido en los cuatro meses de este año 2000. El año pasado eran más
de 12.000 millones de pesetas, y afectan al trigo; a la cebada; al
arbolado; a la hortaliza, por la escasez del agua, donde se reduce
más del 25 por ciento la producción; al viñedo, etcétera.
Conozco también que existe una oficina de la sequía, esa mesa de la
sequía donde están representadas las distintas comunidades autónomas
y las organizaciones agrarias. Sin embargo, no me consta la
unanimidad en el acuerdo de las medidas que está tomando el
Ministerio de Agricultura, incluso de comunidades autónomas
y consejerías de Agricultura en las que gobierna el Partido Popular.
Estas medidas transversales se deberían tomar porque a veces se toman
decisiones tan pintorescas como la de que un presidente de una
confederaciónhidrográfica protesta -entre comillas- ante el Gobierno
de que se necesita un decreto de sequía un poco más amplio, más
profundo, que afecte a más Ministeriosy al Gobierno del señor Aznar
lo soluciona destituyendo a ese presidente y nombrando a otro.
No se tienen en cuenta tampoco los datos que constan en el Ministerio
de Trabajo, donde hay una incidencia importante en el empleo por el
problema de la sequía, por la reducción de las cosechas y por la
reducción de los cultivos. En algunas comunidades autónomas donde es
importante la mano de obra inmigrante está originando incluso un
cruce de declaraciones entre los empresarios agrícolas, incluso entre
los sindicatos, porque dicen que no va a haber puestos de trabajo
suficientes para ellos, con el problema social que eso puede generar.
Para terminar, creemos que estas medidas son insuficientes si no son
complementadas por otros Ministerios; sólo llevan a cargar a los
agricultores con más créditos y más préstamos, como ellos mismos
dicen. Es necesario controlar los pozos de sequía y hacerlos donde
sea preciso, es necesario incidir en la modernización de regadíos,
porque no tendremos que esperar al Plan nacional de regadíos, que a
su vez tiene que esperar al Plan hidrológico nacional, con lo cual
también se podrá acabar con esa sequía de regadío.
Tendremos que hablar también con otros departamentos de su propio
Ministerio sobre la reforestación. ¿Habrá que esperar a un plan
nacional forestal, como anunció el señor Aznar en su discurso de
investidura? ¿Y las desaladoras? ¿Por qué no se llevan a la práctica
esas desaladoras que están en proyecto y que el Ministerio de
Agricultura se comprometió a llevar a cabo? Me acuerdo cómo el
anterior ministro, el señor Posada, decía que las desaladoras eran la
panacea de algunas de las situaciones de sequía que hay en nuestro
país.
La idea que hay en los territorios afectados es que elGobierno se ha
desentendido de la sequía, que pone
algunos parches, que produce muchos papeles, que maquilla algunas
cosas, pero que hacen falta acciones concretas que se reflejen en
partidas presupuestarias, en medidas e, incluso, por qué no, -se lo
vuelvo a recordar-, en desempolvar aquella ley de sequía que el
Partido Popular proponía, cuando estaba en la oposición, en el año
1995. Señor subsecretario, espero que mediante una acción coordinada
de Gobierno se pueda solucionar este problema que en algunos
territorios es estructural.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el señor
subsecretario para su turno de dúplica en esta pregunta.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Muy brevemente, quiero referirme a cuatro cuestiones que
usted ha puesto S.S. sobre la mesa y que merecen la pena un
comentario.
En primer lugar, habla de muchos créditos, por desgracia sí. La
primera vez que presidí estas reuniones, ya hace algún tiempo, puse
sobre la mesa ideas alternativas, pero todavía estoy esperándolas. El
Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas que consensuadamente
se han catalogado con las administraciones públicas. No hemos
escatimado absolutamente ninguna, ni desde el punto de vista
presupuestario, ni desde el punto de vista innovador. Exactamente las
que se han pactado con todas las comunidades autónomas. Le tengo que
dar la razón en que la unanimidad de las comunidades autónomas aquí
ha sido teórica. Todas han apoyado estas medidas, pero no todas las
han puesto en marcha por igual. El esfuerzo del Estado requiere un
desarrollo normativo por parte de la comunidad autónoma, y eso lo
sabe S.S. Tengo que repetir que ahí no hay unanimidad. Hay
comunidades autónomas que han declarado incompatibles medidas que el
Gobierno en su decreto ha señalado que eran compatibles, y ha exigido
a los agricultores y ganadores optar por una o por otra.
Probablemente por problemas de tesorería o de financiación de la
propia comunidad autónoma, pero, insisto, no por problemas de la
Administración del Estado o del Gobierno. En todo caso, también el
desarrollo reglamentario de esas medidas a nivel de comunidad
autónoma -en algunos casos, señoría, dos, tres y cuatro meses para
sacar una orden de la comunidad autónoma desarrolladora del decreto
ley del Gobierno-, que ha motivado importantes retrasos para la
percepción de estas ayudas y dificultades adicionales en la gestión
para su cobro.
Usted decía que el Partido Popular preveía o quería, evidentemente,
una ley de sequía. Bien. Nosotros creemos que la mejor ley de sequía
posible es la que trata no de evitar lo inevitable; estamos ante un
negocio al aire libre, por desgracia estos riesgos son cíclicos y,
por supuesto, en la geografía española a todas luces cabe
esperarlos. La mejor ley indudablemente es la que, en primer lugar,
establece unos mecanismos de previsión para garantizar que, por
encima de la sinestralidad de carácter ambiental, que pueda darse,
exista un mecanismo de seguridad económica para el agricultor. De ahí
la apuesta del Gobierno por el sistema de seguros agrarios, las
dotaciones adicionales en el sistema de seguros agrarios, la
incorporación al sistema de seguros agrarios de todos los riesgos que
realmente existían y la apuesta de futuro para conseguir un seguro de
carácter global, de explotación e integral, que garantice una
rentabilidad mínima a las explotaciones españolas.
En segundo lugar, la apuesta por el regadío. Indudablemente coincido
con usted, en el ámbito del Plan nacional de regadíos y en el ámbito,
evidentemente, de las propias desaladoras a las que usted ha hecho
mención y sobre las que le tengo que decir que hace exactamente dos
meses ya se puso en marcha la tercera fase de Mazarrón, Mazarrón-III,
financiada al 50 por ciento por la comunidad de regantes de Mazarrón
y por el presupuesto del Ministerio de Agricultura, no de la
comunidad autónoma. Le tengo que decir que hay suscritos dos
convenios, uno con Baleares y otro con Canarias, en materia de
desalación, con inversiones hasta el año 2012, en un caso, y hasta el
año 2008, en otro, financiadas por el Ministerio de Agricultura; y
que, por ejemplo, para Baleares hay en el presupuesto de este año del
Ministerio una dotación de 780 millones para iniciar las actuaciones,
que no podemos poner en marcha porque el Gobierno de Baleares no ha
determinado cuáles son las prioridades sobre las que actuar en este
ejercicio. Por lo tanto, insisto: dotación presupuestaria tenemos,
voluntad y dotaciones futuras también. En ese sentido, lógicamente
apostamos por esa doble política de mejora y consolidación de
regadíos y además mejora permanente del sistema de seguros agrarios.
-- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR),
SOBRE VOLUMEN DE ENVÍOS DE TOMATE DE MARRUECOS A LA UNIÓN EUROPEA
(UE) DESPUÉS DE SUPRIMIDOS LOS CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN, DESDE EL
MES DE OCTUBRE DE 1999. (Número de expediente 181/000040.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a continuación a formular la
pregunta que figura con el número 7, sobre el volumen de envíos de
tomate de Marruecos a la Unión Europea, formulada por don Alfonso
Soriano Benítez.
Don Alfonso Soriano, cuando usted quiera.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: En el acuerdo con Marruecos queda
estipulado por parte de la Unión Europea que este país puede
introducir por campaña, hasta 150.676 toneladas de tomate, de octubre
a marzo, sin arancel, repartidas en cupos mensuales, aunque en
octubre sólo pueden exportar hasta 5.000 toneladas. Sin embargo, el
sector español ha venido denunciando que Marruecos, al menos desde
octubre pasado hasta principios de enero, incumplió estas
limitaciones derivadas de que no se venían exigiendo, como es
conocido, los certificados de importación, con lo cual había una
cierta laxitud por parte de las autoridades europeas en orden al
control de las exportaciones marroquíes.
Entre octubre de 1999 y mayo de 2000 se desarrolló la última campaña
en el archipiélago canario. Me refiero al Archipiélago porque como
diputado tengo que indicar que quizás el tomate canario sea el más
afectado por la exportación marroquí, dado que la zafra de Canarias
va de octubre al mes de mayo, aproximadamente. Como digo, entre
octubre y mayo de 2000, en que se desarrolló la última campaña, el
Archipiélago facturó hacia el exterior unos 50 millones de bultos de
tomate, de 6 kilos cada uno, lo que representó algo más de 3 millones
de bultos con respecto a los despachados en la zafra 1998-1999. Es
decir, que realmente hay un avance importante. De esta manera, la
producción alcanzada en las islas rebasó los 304 millones de kilos,
unos resultados más favorables que los previstos al principio de la
zafra. La campaña hasta febrero, sin embargo, fue negativa, los
precios fueron bajos y que a partir de febrero cuando se notó una
mejora sustancial, posiblemente derivada de un mayor control de las
exportaciones de Marruecos. Sin embargo, ya hay temores por parte de
los agricultores de que en la próxima zafra haya previsiblemente un
aumento de los cupos a Marruecos, con lo cual, las exportaciones
canarias podrían verse gravemente afectadas. De enero a marzo, como
digo, los precios se recuperaron por exigir Bruselas los certificados
de importación y también, no lo olvidemos, por razones climatológicas
que afectaron a Marruecos y un virus que afectó también a la
producción en Almería, lo que esto vino a redundar en beneficio de la
agricultura del tomate canario.
La supresión de la incidencia de presentar los certificados de
importación de los envíos marroquíes hacia la Unión Europea y su
sustitución por un sistema alternativo de control a la entrada de
tomate magrebí mediante las comunicaciones de las aduanas de los
Estados miembro y las notificaciones de las exportaciones de las
autoridades de Rabat, han propiciado, sin duda, esta recuperación del
cultivo tomatero. Sin embargo, declaraciones del comisario Frank
Fischler, que también nos afecta, en el tema del plátano, como
pondremos luego de relieve, han insinuado la posiblidad de eliminar
los contingentes de entrada dispuestos para los tomates marroquíes a
partir del año 2001, fecha en la que está previsto que se revise el
acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Esto
también alarma a los agricultores canarios, puesto que, si es así,
sólo se conseguirá, en definitiva, expulsar al sector del tomate
canario del mercado comunitario. Y no olvidemos que, como dije
anteriormente, esto afecta a la producción agrícola canaria
fundamentalmente, puesto que la producción de Bélgica, Inglaterra y
Holanda es de mayo a octubre, con lo cual no se ve afectada por las
importaciones de tomate marroquí. En definitiva, insisto en que, si
bien en los meses de noviembre a febrero bajó la cotización del
tomate hasta 6 florines, 450 pesetas el bulto de 6 kilos de tomate
después de que Rabat sobrepasase los contingentes acordados con la
Unión Europea para ese período en la cifra indicada de 150.000
toneladas, sin embargo, se ha recuperado el mercado y parece que hay
un mayor control adesde el mes de febrero hasta finales de mayo.
Mi pregunta es qué perspectivas ve el señor subsecretario para el
tomate canario, si van a seguirse exigiendo en debida forma los
controles para que Marruecos no supere la cantidad autorizada en
detrimento de la producción canaria, y si estas declaraciones de
Fischler tratando de eliminar los contingentes de entrada a partir
del año 2001 en que se renueve el contrato, tienen algún fundamento.
Espero y confío en que las gestiones del Gobierno español lo impidan,
puesto que esto supondría, en definitiva, la ruina para el tomate
canario.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a su pregunta, tiene la
palabra el subsecretario de Agricultura, el señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Muchas gracias, señor Soriano, por su pregunta, que paso
a contestar de inmediato.
Como se ha puesto de relieve ya en alguna ocasión, tengo que decirle
que, según los datos de la propia Comisión, la campaña 1999-2000 se
ha resuelto -y yo creo que esto hay que decirlo- de manera favorable
para el sector tomatero español y, evidentemente, para el sector
tomatero canario. Se puede afirmar que el contingente de tomates
establecido en el acuerdo de asociación con Marruecos en este caso ha
sido respetado.
A partir del mes de enero, como usted conoce, señoría, los precios se
han mantenido significativamente, podríamos decir que por encima de
lo que han sido los precios medios correspondientes a la campaña
anterior. Es más, desde finales de febrero los precios se han elevado
sensiblemente sobre lo que ha sido también la propia campaña
anterior.
Durante la campaña 1998-1999, como conoce S.S., el contingente
acordado fue superado: 180.000 toneladas importadas frente a las
150.000 toneladas de contingente establecido, es decir, una
superación de en torno a un 20 por ciento. Pero en el comienzo del
presente año, en la presente campaña 1999-2000, durante los meses de
octubre y noviembre también, como conoce S.S., se registraron
importantes rebasamientos de las
cantidades mensualmente asignadas. Ésta fue la situación por la que,
evidentemente, el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura,
ante el prejuicio inminente que significaba para el sector tomatero
español, y por supuesto para el canario, motivaron el traslado de la
problemática a la Unión Europea para que la Comisión considerara la
necesidad de aplicar medidas de control que garantizasen la
estabilidad de la producción y el contingente marroquí. Tras
verificar el incumplimiento, la Comisión realizó diversas gestiones,
como usted conoce, ante las autoridades marroquíes para clarificar
esta situación, y se invitó específicamente al Gobierno de Marruecos
a llevar un control más exhaustivo de estas exportaciones, aunque,
evidentemente, estas negociaciones previas no dieron los resultados
deseados por todos y que nosotros entendíamos que eran lógicamente
imprescindibles para garantizar el futuro del sector español. En este
sentido, la Comisión, a instancias del Gobierno de España, optó por
exigir certificados de importación a la entrada de tomate procedente
de Marruecos a la Unión Europea y se adoptó por unanimidad del comité
de gestión, a partir del 1 de enero de 2000, la exigencia de estos
certificados de exportación.
El Gobierno de Marruecos, como usted bien sabe, a partir de ese
momento inició una política de planteamiento ante la propia Comisión
de supresión de esos certificados exigidos a partir del 1 de enero.
Esto significó problemas administrativos y burocráticos para la
Administración marroquí, a la que le resultaba difícil gestionarlo, y
se trató por parte de la Comisión de conseguir un compromiso del
Gobierno de Marruecos de no sobrepasar las cantidades establecidas en
el contingente a cambio de otro sistema alternativo de control. Tras
las negociaciones, se abordó un compromiso firme por parte del
Gobierno de Marruecos de no superar las 145.676 toneladas, y por
parte de la Comisión, a cambio, la supresión de este mecanismo de
importación. La Comisión propuso un mecanismo de control al comité de
gestión, que significó un sistema informático de cruce de datos,
entre lo que son exportaciones comunicadas, o que han sido
comunicadas por Marruecos, con las importaciones registradas en los
distintos Estados miembros y, muy especialmente como se hizo aquí,
mediante apercibimiento expreso de la Comisión al Gobierno francés.
Para España, se dijo en su momento y se reiteró en muchas ocasiones,
no eran un fin en sí mismo los certificados de exportación, era un
método para conseguir un fin, que era el control del contingente. Por
lo tanto, se entendió que cualquier resultado que garantizase esa
finalidad era aceptable, sin perjuicio de que, si no se cumplían los
fines, se debiese de volver de manera automática al sistema de
certificados. España consiguió ese voto de confianza a cambio de ese
máximo rigor en el control y a cambio de obtener ese compromiso firme
de restaurar el mecanismo de certificados si se produce ese
nuevo rebasamiento. El análisis de los resultados de la campaña, como
muy bien ha señalado y como he dicho al principio de mi exposición,
nos lleva a decir que el mecanismo ha funcionado, que el mecanismo de
control ha sido eficaz, que las cantidades previstas a importar entre
noviembre de 1999 y marzo de 2000 coinciden con el contingente
-140.676-, y que por tanto se ha respetado satisfactoriamente, y que
si bien en noviembre, como muy bien sabe S.S., se produce un
rebasamiento superior al 20 por ciento, el mecanismo europeo de
compensación a lo largo del resto de los meses nos lleva a afirmar,
insisto, que en el período se recupera el exceso constatado y que,
por tanto, no plantea problemas adicionales en este sentido.
En todo caso, de futuro, como señala S.S., tengo que decirle que el
Gobierno de España siempre va a exigir y va a apoyar, evidentemente,
un sistema de control suficiente para garantizar el contingente y,
por tanto para garantizar las producciones nacionales y la
comercialización de las producciones nacionales. El sistema de 1999-
2000 ha puesto de manifiesto que las comunicaciones con Marruecos
deben de tener el mayo rigor para que el control sea lo más eficaz
posible. Por ello, por un lado, hay que adoptar siempre mecanismos
que tengan este rigor técnico y, por otro, evidentemente se debe de
llegar siempre a mecanismos que permitan además reacciones en tiempo
real, es decir, que no nos lleve al conocimiento de datos en un
tiempo tan largo que nos impida reacciones inmediatas en caso de
sobrepasamientos. Por tanto, el Gobierno seguirá defendiendo o bien
un sistema de certificados o bien un sistema de seguimiento diario,
podríamos decir on line, de las importaciones, que consecuentemente
le permita al Gobierno y a las instituciones comunitarias establecer
ese mecanismo de seguridad y de reacción si se produce ese exceso o
ese sobrepasamiento.
Por lo tanto, tengo que decir que en las negociaciones que se van a
realizar a lo largo de la presidencia francesa, que es la próxima
presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año,
lógicamente nosotros tendremos, entre otros planteamientos, que
asegurar el control de los contingentes como reivindicación del
Gobierno, en este caso fundamental e irrenunciable para este segundo
período de mandato.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra para su
turno de dúplica el diputado señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Sólo quería poner de manifiesto que
me satisfacen las garantías que nos da el señor subsecretario en
nombre del Gobierno español en orden al control de estos contingentes
para garantizar, en todo caso, la viabilidad de un cultivo tan
importante para Canarias y del que viven muchísimas familias, como de
sobra sabe el señor subsecretario.
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR),
SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMADE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE
MERCADO (OCM) DEL PLÁTANO. (Número de expediente 181/000041.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a continuación a formular la
pregunta que figura en el orden del día con el número 9 en relación
con la Organización Común de Mercado del plátano. Su autor, señor
Soriano, tiene la palabra.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Como es sabido, la Organización
Mundial de Comercio introdujo reparos serios a la organización común
de mercado del plátano que, en vigor desde el 5 de agosto de 1993, ha
significado para Canarias un avance importante en orden a la
comercialización del cultivo del plátano. Sin embargo, y ahorrando
recordar situaciones que se han producido desde 1993 hasta ahora, en
estos momentos, por parte de la Comisión Europea existen, el peligro
de que haya serios intentos de que se sustituya un sistema basado en
un contingente que está consolidado en un régimen de partenariado y
en una ayuda compensatoria a los agricultores que les garantice sus
pérdidas de renta en la comercialización de este producto, por tratar
de abrirse camino la tarifa única (tariff only) que significa, en
definitiva, que desaparece el contingente regulador del plátano y se
queda solamente un arancel que, para que fuera proteccionista de la
fruta europea, debería cuantificarse en alrededor de 400 euros/
tonelada, cuando, como es sabido, los americanos no admiten un
arancel de más de 111 euros. Con ello indicamos que, de ser esto
cierto y de llevarse a cabo, el fin del cultivo del plátano en
Canarias está garantizado.
La oferta comunitaria es de unas 800.000 toneladas, de las cuales
corresponden a Canarias 420.000, y esto sólo cubre el 26 por ciento
del mercado comunitario. Sin embargo, la voracidad de las
multinacionales americanas pretende, en definitiva, quedarse con la
totalidad del mercado. Hay que combatir con unas multinacionales con
un poderío tremendo, que en estos tiempos, con unas elecciones
americanas a la vista, derrochan cantidades ingentes en favor de los
candidatos a la Presidencia americana. Además, en este momento, los
Estados Unidos, como es sabido, amenazan con la imposición de
sanciones comerciales, lo que nos lleva a una situación realmente
grave.
Tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio, la Comisión
Europea elaboró una propuesta, que fue rechazada por el Parlamento
Europeo por una mayoría abrumadora y que fue devuelta, en
consecuencia, a la Comisión. Por las noticias que tengo, la Comisión
ha vuelto a remitir la misma propuesta al Parlamento y, por el
momento, está paralizada en el
Parlamento; pero dadas las escasas facultades que desgraciadamente
tiene todavía el Parlamento Europeo, nos tememos que se esté abriendo
camino la tarifa única, lo cual supondría lisa y llanamente que
finalizaría un cultivo que da trabajo a una cantidad importante de
personas y que forma parte ya del paisaje de las islas Canarias.
Mi pregunta, y abreviando, porque se podría hablar de esto mucho más,
es: ¿Cómo está actualmente la situación? ¿Qué posibilidades hay de
establecer en el Consejo una minoría de bloqueo, dado que, como es
sabido, los intereses, al menos de Francia, de Portugal coinciden con
los españoles? Recordemos que Francia tiene los territorios de
ultramar de Martinica y Guadalupe, donde también hay plátanos, y
Portugal el plátano de Madeira. Además Inglaterra, a través de los
países ACP parece ser que coincide también con nuestros
planteamientos, con lo cual, con estos cuatro países podría
garantizarse una minoría de bloqueo. No cabe duda de que en estos
momentos esta es una cuestión esencialmente política, a la vista de
la tremenda influencia que ejercen Estados Unidos sobre la Unión
Europea amenazando con represalias comerciales de todo tipo. En
consecuencia, espero oír decir hoy al subsecretario que por parte del
Gobierno español se hará lo imposible por conseguir que el actual
sistema, corregido o, si se quiere, con alguna medida que lo adecúe
lo más posible a las incidencias de la Organización Mundial de
Comercio, siga basado en el sistema de contingentes para permitir la
comercialización de un producto que, como dije antes, forma parte ya
del paisaje de Canarias. No se conciben ciertas islas sin el verdor
del plátano en su agricultura, puesto que pasaríamos a un paisaje
canario que no tendría nada que ver con la realidad, aparte de
afectar, como se sabe, a numerosas familias, puesto que -y esto es un
dato importante- allí hay un minifundio, allí no hay gran propiedad,
la propiedad mayor superior a entre 3 y 6 hectáreas supone menos del
1 por ciento. Esto quiere decir que afecta a muchos miles de personas
y que el problema preocupa, como es lógico, en las islas Canarias en
estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE: Para dar respuesta a su pregunta, tiene la
palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Le agradezco especialmente que le de una nueva
oportunidad, otra oportunidad, al Gobierno y al Ministerio de
Agricultura, para manifestar cuál es la posición no solamente del
Ministerio, como usted muy bien sabe, sino del Gobierno de España,
con su presidente a la cabeza, respecto de la reforma de la OCM del
plátano y, en definitiva, respecto de la defensa de un tejido
productivo, de un monocultivo, de un tejido social fundamental para
todas las islas Canarias, y por supuesto,
compartiendo sus inquietudes y sus preocupaciones, como no podía ser
de otra forma.
Como muy bien conoce su señoría, desde la perspectiva actual, sabemos
que el 10 de noviembre pasado el Colegio de Comisarios adoptó una
propuesta de reforma de la OCM; esta propuesta fue presentada por
parte de la Comisión al Consejo de Ministros de Agricultura y de
Asuntos Generales a lo largo del mes de noviembre de 1999 y que la
propuesta contempla dos fases: un período transitorio de seis años
durante el cual el régimen de importación previsto de plátanos se
basa en un sistema de contingentes arancelarios, que sería aplicable,
en su caso, como máximo hasta el 31 de diciembre del año 2005; y
transcurrido este período, de manera automática el pase a la segunda
fase, de desaparición del sistema de contingentes, del
establecimiento del derecho de aduana, que todos conocemos con el
nombre de tariff only o tarifa única.
El texto presentado por el Colegio de Comisarios, como conoce su
señoría, se limita a enunciar que para el reparto de licencias
durante el período transitorio, éste puede basarse en las corrientes
tradicionales, aunque también permite utilizar u optar por otros
sistemas. La Comisión considera en este caso conveniente negociar
además el sistema de asignaciones de licencias para la importación de
los contingentes durante el que pudiese ser período transitorio con
los países suministradores y con los interesados en la explotación de
plátanos y en particular con los propios Estados Unidos. La finalidad
que persigue en este caso la Comisión es evitar futuras posibles
impugnaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio y,
por lo tanto, pretende llegar a un acuerdo, ya que si no, la posición
en este caso de la Comisión, como conoce y usted ha señalado, tiende
a establecer en su propuesta el carácter inmediato del tariff only
como fórmula compatible con la Organización Mundial de Comercio y,
por lo tanto, lógicamente, con el panel que se creó como consecuencia
de la Organización Mundial de Comercio.
Desde la presentación de la propuesta se han celebrado múltiples
sesiones de negociación; por parte del Gobierno de España han tenido
lugar múltiples contactos bilaterales y multilaterales con otros
gobiernos de la propia Unión Europea. Y, sin embargo, tenemos que
decir que sin embargo, no se ha podido alcanzar un compromiso
respecto de una posición clara en el ámbito de la propia Unión
Europea. Así lo ha comunicado la propia Comisión, tanto en el Consejo
de Asuntos Generales de mayo de 2000, donde iba como puntos varios
dentro del orden del día, como en el Consejo de Agricultura del mes
de marzo y en el Comité 133 que se celebró el pasado 9 de junio.
Una vez más tengo que decir que la delegación española, y en este
caso el ministro de Asuntos Exteriores en el Consejo de Asuntos
Generales del pasado mes de mayo, defendió, con la suficiente energía
a la vista del resultado de esa reunión, el mantenimiento del régimen
de contingentes, alegando que, además de necesario para los
productores comunitarios -en este caso, evidentemente, para los
productores canarios y ACP- es el que entendemos que asegura el
equilibrio de mercado y además, desde esta perspectiva, el que
permite también alcanzar un marco más estable para la producción
platanera europea y, por lo tanto, para la comercialización y de la
producción platanera europea.
Otro elemento que debemos tener en cuenta es que el Parlamento
Europeo, en su sesión de 14 de abril de 2000, decidió reenviar a la
Comisión lo que fue la propuesta inicial de la Comisión de
modificación de la OCM del plátano, y que la Comisión, al rechazar
las enmiendas del Parlamento Europeo, ha motivado que hoy no haya
dictamen parlamentario del Parlamento Europeo. Pues bien, esto va a
generar indudablemente un retraso en las negociaciones o en el diseño
de lo que pueda ser la propuesta definitiva de esta reforma de la
OCM. Hay que recordar que el dictamen del Parlamento Europeo es
preceptivo, aunque no es vinculante y, por lo tanto, mientras no se
emita el dictamen no va a haber en este sentido propuesta a nivel
comunitario. En todo caso sí tenemos que decir que hay diversos
Estados miembros que pretenden establecer el tariff only desde este
mismo momento, es decir, de manera inminente, aunque, como conoce su
señoría, sí que constatamos una minoría de bloqueo a la que usted ha
hecho referencia, que está constituida hoy por Francia, por el Reino
Unido, por Portugal y por España, que solicita la continuidad de las
negociaciones para alcanzar un acuerdo de mantenimiento del sistema
de contingentes.
Ante lo que son nuevos intentos por parte de la Comisión de
desbloquear la negociación, existen lógicamente dos posibilidades.
Por una parte, que se proponga al Consejo de Ministros la solución
basada en derechos arancelarios como única protección en frontera
y que sea adoptada evidentemente por mayoría cualificada; la segunda
alternativa, es que se mantenga una minoría de bloqueo que impida,
seguir adelante con esta propuesta y que nos obligue a continuar en
la política de negociaciones que se está desarrollando.
Quiero decir a su señoría que la postura española -y esto quiero
reiterarlo- sigue siendo la misma y defendemos los mismos
planteamientos que se realizaron en el momento en que la propuesta
fue presentada por la Comisión, que no es otra que mantener el
sistema de contingentes durante un período de tiempo lo más amplio
posible -y esto quiero reiterarlo-, transcurrido el cual no se
trataría de una entrada en vigor del tariff only de manera
automática, sino que se debería realizar, según nuestro
planteamiento, una evaluación de la situación, de la aplicación y del
futuro del sector para desde ese análisis objetivo plantear lo que
pueda ser la futura estructura de esta OCM en el ámbito de la
Organización Mundial de Comercio. Tenemos que ser objetivos. Hay que
decir que hay dificultades. Estamos ante un tema sumamente complejo,
aunque la posición
del Gobierno de España es absolutamente firme, con su presidente a la
cabeza, quien así lo lo manifestó en el propio discurso de
investidura, y tal como el ministro de Agricultura expuso en su
primera intervención ante esta Cámara.
Tengo que decir que hay, además, claras divergencias en el seno de la
propia Unión Europea, y en la propia organización común de mercado
del plátano entre de los países tradicionalmente importadores de
plátano de Latinoamérica y los países importadores de plátano ACP y
comunitarios. Desde esa perspectiva, la situación no es fácil, pero
no permite una modificación de la posición de España en defensa de la
producción platanera canaria, del tejido social que subyace detrás de
la protección del tejido productivo platanero canario, y por lo
tanto, en la búsqueda de soluciones que garanticen -insisto- el
mantenimiento del cultivo en las islas Canarias y las rentas de sus
agricultores como consecuencia del mantenimiento de este cultivo.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Quiero expresar brevemente mi
satisfacción por la firmeza manifestada por el señor subsecretario en
orden a que el Gobierno español defienda algo que consideramos en
Canarias vital para los intereses de los canarios en general.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Lamela, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Simplemente quiero apostillar, quizás por completar un
poco lo que he señalado a su señoría. Quiero decirles que se podía
pensar -evidentemente estamos hablando en hipótesis- que la adopción
de un sistema de tariff only -y digo se podría pensar- conduciría a
la desaparición del sector platanero canario. Quiero decir que la
posición de España justamente va en la dirección contraria, es decir,
evitar que cualquier decisión que se adopte pueda ir en perjuicio del
sector platanero canario. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y
según evolucionen las negociaciones, lógicamente se irán adoptando
las estrategias de negociación que en última instancia garanticen ese
objetivo que todos tenemos y que todos compartimos.
- DEL SEÑOR PLIEGO CUBERO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA
VALORACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LAS RENTAS AGRARIAS EN UN 3 POR
CIENTO DURANTE EL AÑO 1999. (Número de expediente 181/000092.)
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación se va a formular la pregunta
número 8 cuyo autor es don José Pliego, y que se refiere a la
valoración de la disminución de las rentas agrarias en un 3 por
ciento durante 1999.
Tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Doy por formulada la pregunta en los términos
recogidos en el texto.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Lamela, cuando quiera.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): En primer lugar quiero decir que esta cuestión ha sido ya
planteada en el seno de esta Cámara y de la Cámara Alta en varias
ocasiones a lo largo de los últimos meses, y que por tanto SS.SS. han
tenido oportunidad de contestar y de valorar este dato que se pone
sobre la mesa.
En este caso sí conviene tener cierta memoria histórica, porque no
hace mucho tiempo el dato que Eurostat difundió con carácter
provisional fue el de un 8 por ciento de dismininución de la renta
agraria. Recordará S.S. que en aquel momento el Ministerio de
Agricultura dijo que, según sus propios cálculos, ese dato era
incorrecto. No obstante, determinados sectores no se creyeron los
datos del Ministerio de Agricultura, aunque poco después Eurostat ha
modificado ese dato y de ese 8 por ciento de disminución estemos ya
en un 3 por ciento, dato sobre el que usted realiza la pregunta.
También quiero decirle que conviene, una vez más, analizar la
metodología empleada por Eurostat para llegar a ese 3 por ciento de
reducción, porque el propio Eurostat ha insistido, en los documentos
que ha difundido, en los resultados también provisionales de ese 3
por ciento, igual que lo dijo en cuanto al 8 por ciento. Ello de debe
fundamentalmente a que, como usted muy bien sabe, la Unión Europea ha
adoptado un nuevo sistema de cuentas, en denominado SEC-1995, el
Sistema Europeo de Cuentas, que ha motivado un cambio en la
metodología del cálculo estadístico y del cálculo de la cifra de
renta agraria, por tanto, de estabilidad, estancamiento o reducción
de la renta agraria.
Pues bien, tengo que decirle que el cambio de metodología lógicamente
lleva a que los datos no sean comparables, puesto que los elementos
en base para el cálculo son sensiblemente distintos. Para tener una
serie histórica y para tener una racionalidad en la evolución del
sector, tenemos que seguir utilizando los datos que tradicionalmente
se han venido manejando desde el Gobierno de España, y en este caso
desde el Ministerio de Agricultura, que se basan lógicamente en el
sistema estadístico aprobado en el Plan Estadístico Nacional y en el
propio plan estadístico del Ministerio de Agricultura. Además son
datos que se hacen públicos periódicamente: en concreto, los datos a
los que me voy a
repetir están publicados en el Boletín Mensual de Estadística,
números 1 y 2 del año 2000, del propio Ministerio de Agricultura.
Tengo que decirle que los criterios que se han utilizado
tradicionalmente siempre son que, a la hora de hablar de la renta
agraria, hay que tener en cuenta uno o dos elementos fundamentales.
De una parte, lógicamente, el IPC, la deflación que hay que
revalorizar como consecuencia del IPC, que en el año 1999 es un 2,3
por ciento; de otra, la evolución del número de ocupados por rama y
actividad, que también en este caso hay que tenerlo en cuenta, y que
ha disminuido un 4,8 por ciento. El concepto utilizado
tradicionalmente -digo tradicionalmente, ya que esto no es una
novedad de los últimos años- por la Administración general del Estado
y por el Ministerio de Agricultura, es el concepto de renta agraria
en términos reales por ocupado. Ese concepto, de manera automática y
aritmética, lleva a que la cifra que el Gobierno de España entiende
que es la que debe de ser, del 1,6 por ciento en el año 1999 y no del
3 por ciento, como señala Eurostat con su metodología. En todo caso,
efectivamente, en esa reducción hay elementos que hay que valorar y
hay que evaluar su incidencia. Desde esa perspectiva, la valoración
que hace el Gobierno es analizar la situación de la economía
nacional, meter en el contexto de la evolución de la economía
nacional la situación del sector agroalimentario nacional y,
consecuentemente también, como no podía ser de otra forma, el
contexto en el que se desarrolla la economía nacional, que es el
contexto de una economía globalizada en el ámbito de la Unión Europea
y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras.
Desde un punto de vista económico, en primer lugar, hay factores
internos que influyen en ese descenso de 1,6 por ciento, y éstos
lógicamente a la propia evolución de la economía del Estado; es
decir, tenemos una economía creciente, con un tejido productivo
industrial creciente, que lógicamente significa aumentos de consumo
de bienes duraderos y estabilidad en los consumos de alimentos, lo
que no produce un crecimiento en términos reales en lo que pudiese
ser en la demanda para el sector agrario. En segundo lugar quiero
decir que, desde el punto de vista interno, también influye la
situación agroclimática, ajena, por supuesto, en este caso, a la
situación del Gobierno; Antes se ha formulado una pregunta sobre la
importante sequía que ha afectado a nuestras producciones a lo largo
del año pasado y sobre la disminución de la producción como
consecuencia de esa importante sequía.
Quiero decirles a SS.SS. que, aparte de eso, también hay una
disminución de la demanda externa, puesto que el ritmo de crecimiento
de la economía española es sensiblemente superior al resto de las
economías de la Unión Europea, que se traduce en ese sentido
-también, insisto- en una detracción de esa demanda desde el punto de
vista de la demanda de la propia Unión
Europea respecto de lo que pueda ser el sector agrario nacional.
Todo ese conjunto de datos es lo que nos lleva a esa cifra del 1,6
por ciento de disminución, cifra que, al ser coyuntural en algunos
elementos creemos que no tiene por qué ser pesimista en cuanto a la
evolución del sector, pero cuando hablamos de la evolución del sector
hay que hacerlo por análisis y por períodos. El sector agrario es un
sector dinámico, es un sector que no se puede ver a foto fija, a día
fijo y a hora fija, sino que hay que ver su evolución a lo largo de
series históricas. Por lo tanto, no es posible que nos centremos en
el análisis o el resultado de un año concreto para traspolarlo a la
situación global de un sector en un momento determinado, sobre todo
respecto lo que puedan ser sus perspectivas de futuro. Desde ese
punto de vista, si analizamos trienios -que parece ser que, de
acuerdo con nuestro ciclo productivo y con nuestras crisis cíclicas,
es un período evidentemente razonable-, tenemos que decir que la
renta agraria en términos reales por unidad de trabajo en el último
trienio es un 5,1 por ciento superior a la del trienio 1994-1996. Y
si nos vamos a un comparativo histórico mucho más amplio, como pueda
ser la renta agraria en el trienio 1984-1986, previo a la adhesión de
España a la Unión Europea, a la aplicación de la política agraria
común en España, nos encontramos que el crecimiento, el cambio o la
evolución de la renta agraria es de más del doble que hace quince
años. Como he dicho antes, hay que valorar no solamente las series
históricas, sino la dimensión y la inercia del sector. Vamos hacia lo
que podíamos llamar una estabilización en el redimensionamiento del
sector. Estamos ante un sector que, evidentemente, se está adecuando
en los últimos años y que tiene que adecuarse en los próximos años a
su peso real dentro del producto interior bruto nacional en el marco
de una economía competitiva, de una economía cada vez con un tejido
productivo industrial más sólido y más fuerte, que requiere de una
potenciación de la industria agroalimentaria como elemento esencial
para que tire del sector agrario nacional.
Esa es la voluntad del Gobierno y esa es la política del Gobierno:
potenciar la industria agroalimentaria, potenciar los mecanismos de
exportación y de comercialización de los productos agroalimentarios,
para que sean esos mecanismos los que permitan un crecimiento
sostenido y estable del sector agrario, respecto del cual nunca
podemos esperar crecimientos espectaculares y sí una estabilización
en el marco del cuadro macroeconómico del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Para su turno de réplica tiene la palabra el
señor diputado que ha formulado la pregunta.
El señor PLIEGO CUBERO: Señor subsecretario: no, todo no es tan
evidente y tan lógica como usted lo
plantea. Yo creo que en esta respuesta se ha columpiado usted
políticamente.
Me sorprende y me decepciona que una pregunta de esta naturaleza la
enfoque usted por la vía de una ilustre rama de la ciencia física-
matemática como es la estadística. No es de eso sobre lo que yo le
preguntaba. Yo le estaba hablando de qué política agraria están
haciendo ustedes para que en los últimos tres años la renta agraria,
que es el principal sostén de los activos del campo -de la
agricultura, de la ganadería y de la pesca-, haya caído en este país
y, además, en un contexto de crecimiento económico importante y
siendo el único sector económico de España cuya renta ha descendido.
¡Bueno!, ¿cuál es la razón de eso?. Es lo que le preguntaba.
Dice usted: el cambio del sistema de Eurostat, y tal. Mire, no es
cuestión de cambio de sistema. No recurra usted al argumento
cuasimilagroso que utilizaba su Gobierno en los primeros años, donde
la mayoría de las cosas que ocurrían, ocurrían por primera vez desde
que tenemos memoria histórica, y por tanto, tenía un componente
milagroso, ¿verdad? Ya recordará usted la frase del señor Aznar en
Estados Unidos de: El milagro soy yo. No, no, ese no es el tema. Es
un hecho mucho más grave. Es que en los tres últimos años ha habido
un descenso de la renta agraria del 11 por ciento. Es decir, cuando
la economía española crece de manera acelerada, cuando todos los
sectores económicos -y todos quiere decir exactamente todos- tienen
un crecimiento positivo, las rentas agrarias disminuyen. Eso tiene
que tener alguna razón, y no incluido, como hizo el ministro en el
Senado, el año 1996, porque no quiero contaminarles políticamente. En
1996 hubo un presupuesto renovado del Gobierno socialista y es verdad
que hubo un crecimiento de la renta superior al 15 por ciento. Pero
ni siquiera quiero contaminarles, aunque el ministro, en ese momento
no en otro, sí acudió a esa cuestión.
Esta es la situación. Y, ¿a qué se debe? Fundamentalmente a una mala
negociación de la OCM y a una política agraria que está siendo, desde
luego, un error brutal del Gobierno del Partido Popular. Mire, le
daré una referencia muy simple: precios de 1996 a 1999. Me alegro de
que haya tenido usted que remontarse quince años atrás para poder
decir algo de esto, pero llevan ustedes gobernando cuatro años, usted
no está haciendo aquí la primera comunión. Hay un Gobierno detrás de
usted que lleva cuatro años. Contésteme usted lo que han hecho
ustedes en los cuatro años, no lo que se hizo en 1986. ¿Sabe usted
que ha habido cinco procesos electorales desde entonces, con las
consecuencias políticas que ello ha tenido? Le aré algún dato: en
patatas, por ejemplo, los precios del año 1996 al 1999 han disminuido
un 21 por ciento, en cultivos industriales, un 20; en cítricos, el 43
por ciento; en aceite, el 39; en porcino, el 24; en aves, el 17 por
ciento. Yo le estoy dando una realidad, la disminución de la renta es
por una
caída de los precios. Lo que le pregunto es: ¿pero ustedes qué están
haciendo para corregir esta situación o si es que ésta es la
situación deseable, que el sector más débil de la economía española
en términos de renta caiga cada año. Le daré un dato más. Se ha
publicado, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística
que a usted le deben sonar; que el crecimiento económico del producto
interior bruto a precios de mercado en el primer trimestre del año
2000 ha sido del 4,1 por ciento, crecimiento importante. Pues mire
usted, todos los sectores económicos tienen un crecimiento positivo
menos la agricultura, que tiene una caída del 2,4 por ciento. Si
usted entiende como coyuntural que en tres años consecutivos y en el
primer trimestre del 2000 se produzca una caída de la renta, pues
tiene usted realmente un concepto de lo coyuntural bastante
desfasado. No, es un ciclo donde vamos al cuarto año. Al margen de
las matemáticas, que son importantes y hay que argumentar los temas,
y si aplicando el sistema A es el 2,4, y aplicando el sistema B es el
2,1 por ciento, en cualquier caso, con los dos sistemas hay una caída
de la renta, lo que yo le pregunto es: ¿qué medidas está tomando o va
a tomar el Gobierno para que el sector más débil y con más
dificultades de la economía española se beneficie también del
crecimiento económico y no sean los agricultores, los ganaderos y los
pescadores los paganos de una situación que es insostenible
políticamente e insoportable socialmente.
El señor VICEPRESIDENTE: Para su dúplica tiene la palabra el señor
Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Muy brevemente, para decir que, al igual que no era lo
mismo el 8 por ciento que el 3 por ciento de reducción, no es lo
mismo el 3 por ciento que el 1,6 por ciento de reducción de la renta
agraria. Dejamos al margen, como usted muy bien dice, los datos
estadísticos o las metodologías de cálculo del ámbito estadístico,
pero sí debo decirles que he hablado de una estabilización en
términos macroeconómicos del sector agrario. Esto no significa que no
haya habido una reducción del peso específico del sector agrario
dentro del producto interior bruto, pero sí le digo que ha dejado la
inercia galopante que tenía de pérdidas o de reducciones de los
últimos años. Es decir, la cifra, por ejemplo, de empleo agrario de
los diez años de gobierno socialista nada tiene que ver con la
estabilidad del empleo agrario de los últimos cuatro años o la última
legislatura. Y me da lo mismo que meta usted el año 1996 que no lo
meta porque, evidentemente, si cogemos 1997, 1998 y 1999 se produce
exactamente esa situación. Estamos hablando de una estabilidad, una
estabilidad que tiene un goteo porque, como he dicho también en mi
intervención, hay que hablar del peso real del sector agrario dentro
de la economía nacional.
El sector agrario, tiene que encontrar ese dimensionamiento y en ello
es en lo que ahora mismo se afana.
Hay políticas activas del Gobierno que se han desarrollado a lo largo
de la pasada legislatura, y hay políticas activas que están en el
programa del Partido Popular para esta legislatura, y que pasan por
la competitividad de nuestras explotaciones a través de inversiones
en modernización de explotaciones, a través de lo que son inversiones
en la industria agroalimentaria, como he dicho antes, que tiene que
ser el auténtico motor de nuestra agricultura, y el auténtico sostén
de nuestra agricultura, y por la mejora en los cauces de
comercialización y de exportación de nuestros productos, ya que
tenemos capacidad no solamente para vender más y mejor dentro de
España, sino fuera de nuestras fronteras, para ser capaces de
exportar, y vamos a hacer políticas activas de fomento de exportación
de nuestros productos.
Por supuesto vamos a seguir, porque hay que hacerlo, con políticas de
reordenación de sectores muy concretos productivos; usted ha puesto
un ejemplo, el de la patata; pues muy bien, me vale perfectamente, es
un sector con crisis cíclicas desde hace veinte años. ¿Por qué?
Porque habrá que ordenar la oferta y la demanda, porque habrá que
ordenar las asociaciones de productores, es decir, porque
evidentemente tenemos que hacer políticas activas que, desde ese
redimensionamiento de sectores, permitan que el sector sea
competitivo, es decir, lo que no podemos es estar esperando a ver qué
pasa o apostar por una mayor política de subvenciones, porque
entonces jamás tendremos un sector agrario competitivo, es decir,
tendremos que sobrevivir y tendremos que diseñar políticas estatales
que sean ajenas a una política de subvención o de demanda de mayor
subvención para un sector concreto. Desde esa fórmula y desde ese
planteamiento vamos a conseguir una estabilización de los precios y
una estabilización de las rentas.
Como política activa del Gobierno además hay un diseño y un reto en
el programa electoral del partido, que es el de establecer mecanismos
para una renta agraria mínima digna, a través del sistema de
aseguramiento en el caso de los siniestros por inclemencias
meteorológicas, pero también a través de estudios, que estamos ya
realizando, para mecanismos de aseguramiento de mercado y, por tanto,
para prever y asegurar los riesgos del mercado, que en un negocio al
aire libre, como usted conoce, señoría, se producen por desgracia.
Tenemos la obligación de establecer mecanismos correctores que
garanticen la estabilidad del empleo agrario, de la renta agraria y
de un tejido que para nosotros es estratégico, que es el sector
agrario nacional, y que por el peso que debe tener dentro del
producto interior bruto tiene lógicamente todo el derecho al mayor
esfuerzo de este Gobierno y de este ministerio.
- DEL SEÑOR CENTELLA GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA)
SOBRE PREVISIONES EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO
(OCM) DEL ACEITE DE OLIVA (Número de expediente 181/000010.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta que
figura en el orden del día con el número 1, que hemos aplazado por
ausencia en ese momento del autor de la misma, don José Luis
Centella, que ya se encuentra entre nosotros y, por lo tanto,
dispuesto a formular la pregunta de referencia sobre la organización
común de mercado del aceite de oliva.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente, y muchas
gracias por haber accedido al cambio del orden del día. Parece ser
que Francia no solamente está dispuesta a amargarnos los europeos de
fútbol, sino también a amargarnos los viajes aéreos, lo que justifica
mi ausencia a primera hora.
Mi pregunta al señor subsecretario es sobre las previsiones que tiene
el Gobierno en relación a la OCM del aceite de oliva.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar a su
pregunta el señor subsecretario, señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): Muchas gracias, señor Centella, por su pregunta, que
además conecta en buena parte con la primera de las que he tenido el
honor y el placer de atender en esta Comisión en esta mañana.
En primer lugar, como muy bien conoce S.S., el reglamento del año
1998 estableció la reforma actualmente vigente de la organización
común de mercado del aceite. Todos sabemos que es una reforma
provisional y que va a estar en vigor hasta la campaña 2000-2001.
Pues bien, señoría, me va a permitir que comience diciendo en primer
lugar que la actual OCM contiene elementos básicos -ya sé que esto es
muy discutible y además usted no compartirá probablemente conmigo
esta opinión, pero lo quiero decir y con cifras- que permiten una
buena regulación del mercado del aceite de oliva, y que esos
elementos además están cuantificados y definidos en el seno de la
actual OCM, a pesar de que sea una OCM transitoria. Está, de una
parte, la ayuda a la producción, que es una producción real, que debe
incrementarse con el 8 por ciento del orujo, que también se beneficia
de la ayuda; de otra, tenemos un nivel de ayuda de 220 pesetas el
kilo, lo cual es un mecanismo que reduce la ayuda en igual producción
ante la superación de la cantidad garantizada, pero que genera un
flujo de dinero para el sector olivarero español nunca antes
alcanzado con la anterior OCM. Hay una cifra europea de cantidad
máxima garantizada, como usted
sabe, de 1.777.000 toneladas, y española de 760.027 toneladas, lo que
supone un 42,7 por ciento de cantidad máxima de toda la Unión Europea
para España. Hay, por primera vez en la historia, una ayuda
específica para la aceituna de mesa que se está cobrando y está
permitiendo garantizar la viabilidad de este importante sector, y hay
un mecanismo de almacenamiento privado, que no de intervención, que,
como usted bien sabe, fue suprimido por la OCM vigente que, mediante
un sistema de licitación, prevé su desencadenamiento cuando los
niveles de precios alcanzan el 95 por ciento del precio de
intervención que se aplicaba en la campaña 1997-1998; un mecanismo de
almacenamiento que el Gobierno de España ya ha pedido que se ponga en
marcha como consecuencia de la situación de precios actuales a la que
antes hemos aludido, aunque de momento no ha sido tomada esa decisión
por el propio comité de gestión, y un mecanismo de almacenamiento que
sorprendentemente se está criticando sin saber cuál es el resultado
de su aplicación, lo cual me parece también en ese sentido complejo
de discernir. Hay también un sistema de restituciones a la
exportación, por el que existe la posibilidad de conceder una ayuda a
los productores exportadores, aunque de hecho esta ayuda no se viene
otorgando desde hace más de un año, y también a la utilización del
aceite de oliva para conservas como método de fomento del uso del
aceite de oliva en este ámbito tan importante para España.
Creo, señoría, que, como decía antes, los resultados son positivos.
Hay que hacer una mención especial a la aceituna de mesa, pero hay
que hacer una mención especial a lo que todos los olivareros
españoles conocen. Y lo conocen porque se traduce en ingresos en sus
cuentas corrientes. Me estoy refiriendo a que la campaña 1998-1999 ha
supuesto 26.000 millones de pesetas más que la anterior OCM. Y la
campaña 1999-2000, cogiendo las cifras que ahora mismo tenemos, que
prácticamente en algunos casos pueden entenderse como definitivas, va
a suponer 46.000 millones de pesetas más que con la anterior OCM. Y
cuando se habla de estudios comparativos sobre cuánto cobran los
italianos o cuánto cobran los griegos, le tengo que decir que el
crecimiento exponencial para los olivareros españoles como resultado
de la OCM es bastante superior al crecimiento que se ha producido en
relación con los olivareros del resto de Europa.
Desde ese punto de vista, tengo que decir que el Gobierno, como no
podía ser de otra forma, lleva tiempo ya preparándose para una
posible negociación de una nueva OCM, y estamos trabajando en algunos
ámbitos a los que voy a hacer referencia, pero el Gobierno entiende
que tenemos una OCM que está dando unos resultados positivos, que
está produciendo riqueza en el sector olivarero y, con independencia
de la situación de precios, está dando rentabilidad a la producción.
Y aquí, hablando precisamente de esta situación de precios, me viene
a colación decir que una alta
autoridad de la Junta de Andalucía hace exactamente dos meses decía
que el olivar español es rentable a partir de 200 pesetas. Como digo,
es una cifra dada por la Junta de Andalucía, no por el Gobierno del
Estado ni por ningún responsable del Ministerio. (El señor Pliego
Cubero: Las grandes producciones.)
Evidentemente esto ha significado además un cambio en la estructura
del precio del aceite, puesto que se ha pasado, lógicamente también
desde el punto de vista de la comercialización, a un menor peso de la
ayuda sobre el precio y, por lo tanto, a una mayor importancia de lo
que es el dinamismo y la comercialización del sector.
En todo caso, tengo que decir que el Gobierno está cumpliendo con los
mandatos de la Comisión, que son mandatos tendentes a lo que pueda
ser la próxima negociación. Esos mandatos son la elaboración de las
encuestas Olearia y Olestat, desde el punto de vista de la superficie
olivarera española y desde el punto de vista del conteo del número de
olivos español. También los trabajos desarrollados por mandato de la
Unión Europea desde el punto de vista de los rendimientos medios
y rendimientos obtenidos por zonas, lógicamente para poder evaluar lo
que pueda ser el impacto de una futura negociación de una nueva OCM,
y también desde esa perspectiva introducir el rigor que creemos que
es imprescindible en la gestión de lo que podríamos denominar el
sistema olivarero español y en lo que son los intereses de todos los
olivareros españoles.
En ese sentido, la posición española ante esta reforma es, decir que
la importancia sociológica que tiene el olivar español, la
importancia económica que tiene el olivar español, a juicio del
Ministerio de Agricultura y del Gobierno justifica -y no solamente
justifica, sino que exige, al Gobierno- una posición que me atrevería
a calificar de prudencia, pero de firmeza, en la defensa de nuestros
planteamientos sectoriales en el seno de la Unión Europea. Desde esa
perspectiva, lógicamente desde el Gobierno se va a plantear en su
momento lo que pueda ser la estrategia de la mejor defensa de los
intereses del olivar, pero los vamos a plantear, señoría, con datos
objetivos, con un trabajo hecho por encomienda de la Unión Europea,
que nos va a permitir justificar la auténtica dimensión productiva
del olivar español sin género de discusión ninguna con ningún país de
la Unión Europea ni con la propia Comisión; con un rigor en el
control de las ayudas que ha motivado, como usted muy bien sabe, un
nuevo reglamento de inspección de la Agencia, determinadas
actuaciones muy concretas y determinadas actuaciones sobre la calidad
del aceite que va a ser plasmada en un nuevo decreto que en las
próximas semanas verá la luz y que permitirá la inspección, el
control y el análisis de muestras para verificar esa calidad del
aceite. Y todo ello, señorías, con datos objetivos, sin demagogias y
tratando de defender, por encima de cualquier planteamiento política
el interés del olivar español.
Como consecuencia de eso, tengo que decirles que trabajaremos con las
administraciones públicas competentes y con el sector, en lo que
puedan ser los mejores planteamientos posibles ante esa futura
reforma. Pero que no tenemos, porque no debemos de tener prisas en la
manera de abordarla, porque tenemos que cumplir previamente con las
tareas previstas en el ámbito de la Comisión, porque tenemos que
conocer cuál es el auténtico potencial productivo del resto de los
países de la Unión Europea para saber cuál es nuestra posición en la
negociación y porque tenemos entre manos algo lo suficientemente
importante, a mi juicio, como para salirnos de demagogias y apostar
por el futuro de un sector que a mi juicio es absolutamente
prometedor.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la réplica tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: La verdad es que el señor subsecretario se
ha puesto a la defensiva sin comentar el porqué. Yo creo que sobraba
el intento de justificar una OCM de la cual ya opinamos todos en su
momento y hemos seguido luego opinando. Esto es un mal comienzo. Un
mal comienzo porque recuerdo que cuando se discutían las conclusiones
de aquella OCM, se nos dijo por parte del anterior Gobierno, del cual
usted también formaba parte, que no era lo óptimo, sino que era lo
máximo que se habrá podido alcanzar, pero España no renunciaba a
ninguna de las reivindicaciones que en aquel momento, por mor de la
negociación, habían quedado aparcadas y nunca se dijo totalmente
olvidadas. Ahora parece ser que usted viene aquí a decir que lo que
tenemos actualmente es lo mejor que hay, por lo menos es lo que yo he
entendido, y que ése puede ser nuestro punto de inicio en la
negociación. Nosotros creemos que eso es un mal comienzo de
negociación. Pensamos que España debe de iniciar la negociación en el
punto en que no la teníamos que haber dejado, que era sin renunciar a
lo que para España son elementos fundamentales y a los cuales luego
me referiré.
Después también usted vuelve a repetir uno de los errores que se tuvo
en la anterior negociación, en la cual hubo errores y hubo aciertos,
y de los errores tenemos que aprender, y los aciertos los tenemos que
intentar mejorarlos. El error es que ustedes parece que juegan al
secretismo al decirnos que ya en su momento se planteará nuestra
propuesta. En nuestra opinión, eso u oculta que el Gobierno no tiene
en estos momentos propuestas o, si las tiene, lo que está haciendo es
perder una capacidad de consenso porque, señoría, el consenso no se
construye si no es desde la participación colectiva. Si evidentemente
no se nos deja participar a algunos políticos o fuerzas sociales,
luego a última hora no se nos puede pedir ese consenso. Nosotros
veníamos aquí, a esta Comisión, para intentar provocar en algún modo
un debate en el cual empecemos ya a construir ese consenso.
Y ese consenso hay que construirlo desde ya, no se puede repetir
el error de esperar a última hora, de negociar con el reloj parado,
de negociar ya con el partido terminado. Hay que empezar desde ya a
definir claramente cuál es la postura española y hay que hacer
pública desde ya cuál es nuestra postura de principio. Ahí hay que
hacer un planteamiento a la ofensiva, no hay que esperar a que se nos
haga una propuesta -que será terrible, como siempre- para que a
partir de ahí empezemos a intentar la recuperación del terreno. Hay
que plantear cuáles son nuestras condiciones o lo que deben de ser
elementos fundamentales de esa negociación.
En su contestación cita elementos que a nosotros nos preocupan. Y nos
preocupan porque usted parece que decididamente rechaza la
intervención, rechaza pelear siquiera por conseguir la intervención,
porque trata de justificar un sistema que no es bueno, que no es
bueno ni para el olivar ni para otros muchos. Usted se pregunta cómo
podemos criticar un sistema que no se ha puesto en marcha, pero la
verdad es que la pérdida del precio de intervención es un elemento
negativo en cualquier OCM. Por lo tanto, de su intervención no se
debería deducir que ya hemos renunciado a pelear por mantener la
incorporación en la OCM definitiva de lo que era el precio de
intervención, sino que hay que recuperarlo.
Desde esta óptica nosotros creemos que hay que obtener elementos,
igual que no hay que renunciar a la cantidad máxima global, no
renunciar a esa batalla. Pero tampoco yo le quería decir ahora cuáles
son los planteamientos de Izquierda Unida, porque queríamos escuchar
primero la postura del Gobierno para, en función de ello, ir
contribuyendo al consenso. Nosotros creemos que ustedes deben cambiar
de estrategia, deben buscar el consenso social y político desde una
postura clara para que entre todos definamos cuál es esa tabla de
puntos sobre los que España va a centrar su negociación. Además, hay
que intentar alcanzar un consenso interior, en el cual esta vez le
adelanto que hay un elemento que es fundamental: en la última OCM
hubo un importante consenso social (desde trabajadores, empresarios,
colectivos sociales) que fue determinante. Nosotros seguimos pensando
que la anterior ministra no fue capaz de aprovecharlo en toda su
dimensión, pero hubo una gran movilización nacional en este sentido.
Hoy esa moderación se puede cortar si ustedes no asumen con valentía
elementos como la modulación. Los trabajadores del campo tienen que
ser que la OCM también repercute en unos mayores jornales y en una
mayor posibilidad de trabajo en el sector olivarero. Si no, al final
puede ser que solamente acudan los grandes propietarios y aquellos
que realmente van a beneficiarse de forma directa de las ayudas.
Tenemos que empezar ya a construir ese consenso social -y ahí el
Gobierno tiene un importante papel,apostando por la modulación desde
ya y apoyando que
en la OCM del aceite de oliva se incluyan elementos de modulación.
Estos eran los planteamientos que le queríamos hacer en esta
pregunta. Repito que el objetivo no era criticar la OCM actual
haciendo culpable al Gobierno, ese tiempo ya pasó. Por lo tanto,
sobraba su defensa un poco intentando justificarse, y lo que hace
falta es construir consenso, construir consenso realmente. Y le
repito que a ese consenso interior se llegará con esos elementos, con
la participación de todos y con que todo el mundo se vea reflejado en
la mejora de una nueva OCM. Pero también -y no le he escuchado a
usted nada o no le he entendido- hay que hablar del consenso
exterior, consenso exterior que al final del debate de la OCM quedó
en algunos elementos resquebrajado. Las estadísticas, que a usted le
gustan tanto, dicen que hace falta muy poco para justificar que somos
el país líder en este sector. Se podrán aportar todavía muchos más
datos, pero eso todo el mundo nos lo reconoce y difícilmente nadie
podrá siquiera ponerlo en duda. España tiene que jugarse el papel de
liderazgo desde ya. Y ese papel de liderazgo se juega si somos
capaces de tener una idea clara de qué es lo que queremos, si no
vamos justificando elementos que hace dos años considerábamos
negativos, y que siguen siendo negativos, aunque sean, según la
señora ministra, lo mejor que se pudo conseguir en aquel momento. Aun
desde esa opinión, no podemos asumirlo como lo mejor que hay.
Repito, para terminar, que nosotros hacemos nuevamente un
ofrecimiento al consenso, porque sabemos lo que nos jugamos, y
sabemos que quien más pierde es quien menos tiene en el futuro del
olivar. Y los trabajadores, los pequeños y medianos propietarios, son
los que más interés tienen en el consenso. Pero para ese consenso le
repito que tiene que haber, primero, claridad en el Gobierno;
segundo, voluntad en el Gobierno por que el consenso se fragüe en una
participación colectiva; y, tercero, que todos los sectores se vea
reflejada. Y eso se llama, entre otras cosas, modulación de las
ayudas. Sin estos elementos podemos vernos al final, a última hora de
la negociación, aislados socialmente y perdiendo gran parte de esa
capacidad de presión que se consiguió en la última negociación.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): En su turno de dúplica, tiene
la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Lamela
Fernández): En primer lugar, tengo que decirle que comparto con usted
que, como las fincas, todo es manifiestamente mejorable. Y desde ese
punto de vista, lógicamente, acepto, como no podría ser de otra
forma, el reto que supondrán en su momento las negociaciones para
mejorar la posición de España en el ámbito de la organización común
de mercado del aceite de oliva.
Por supuesto, y esto es muy importante, acepto y aceptamos el
Gobierno y el Ministerio su ofrecimiento para el consenso, porque
creemos que esto es algo que atañe, evidentemente, a todo el sector.
La voluntad del Gobierno es que la posición que en su momento, cuando
corresponda, haya que mantener en el seno de la Unión Europea sea una
posición consensuada, que tenga el apoyo de las comunidades
autónomas, del sector productor, de los olivareros en su conjunto, y
que sea una posición nacional. Estamos dispuestos a no escatimar
ningún género de esfuerzo para lograr ese consenso que creemos que es
esencial de cara a cuales puedan ser las futuras negociaciones. En
todo caso, sí que quiero decirle, señoría, que seguimos pensando que
lo que no es bueno es anticipar debates. No es bueno hacerlo antes de
tener todos -y cuando digo todos me refiero a todos los países de la
Unión Europea- hechos los deberes. Los deberes van a significar
realmente de qué cifras estamos hablando, de qué niveles productivos
estamos hablando, de qué tejido productivo estamos hablando en el
ámbito de la Unión Europea respecto del olivar y, por lo tanto, cuál
va a ser o cuál debe ser la situación objetiva de partida de cada
Estado miembro en el ámbito de lo que puedan ser las negociaciones de
la futura OCM. Insisto en que el Gobierno está haciendo esos deberes,
que incluso los está haciendo por encima del calendario comunitario.
Ello está suponiendo al presupuesto del Estado inversiones de
aproximadamente 3.000 millones y va a estar un año antes de lo que la
propia Unión Europea ha exigido a los Estados miembros. Y eso nos va
a permitir, creemos, tener una ventaja inicial por tener un método
fiable, hablado con la Comisión, para evidenciar cuál es nuestro
potencial productivo, nuestro tejido productivo, y nuestra capacidad,
en definitiva, productiva. Desde ese punto de vista, señorías, que en
este período de tiempo en el que estamos, en el período transitorio
en el que estamos, lógicamente tendremos que entrar en ese consenso,
en analizar todos los elementos que puedan tenerse en cuenta en lo
que pueda ser la futura negociación.
Usted ha puesto sobre la mesa uno: el de la modulación. El ministro
de Agricultura, en su primera comparecencia en esta Cámara, dijo cuál
era el criterio del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, en este
caso, en el ámbito de la modulación. Y le recuerdo, señoría, que, en
primer lugar, lo que tenemos que dejar claro, para no inducir a dudas
a nuestros olivareros ni a nuestra sociedad en general, es que la
modulación no es la doctrina de Pancho Villa o de Robin Hood, no es
quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. Eso no lo dice el
reglamento comunitario, señoría. Y le digo más: el Gobierno de
España, en la negociación de la Agenda 2000, planteó el sistema de
techos. Casualmente los gobiernos socialdemócratas se opusieron,
fueron los que se opusieron al sistema de techos. La modulación,
insisto, no es lo que se dice en el ámbito coloquial. La
modulación genera importantes flujos financieros entre comunidades
autónomas, y el Gobierno quiere, cuando se tome la decisión, puesto
que estamos en un momento de reflexión, que cualquier modulación o
cualquier modelo que se pueda discernir o discutir sea un modelo
neutral, desde el punto de vista financiero, sea un modelo que no
implique flujos entre comunidades autónomas, que no implique
quitárselo a una comunidad autónoma para invertirlo en otra comunidad
autónoma, sino que se quede en el ámbito de esa comunidad autónoma.
Requiere un modelo nacional, como muy bien dijo el ministro en su
momento, y requiere un consenso nacional para desarrollarlo, puesto
que tiene que tener evidentemente rango de ley. Pero requiera algo
más, que se nos olvida en muchas ocasiones: una cofinanciación,
señoría. Requiere dinero. Detraer dinero del presupuesto comunitario
para invertirlo en políticas agroambientales, que eso es la
modulación, requiere dinero en los presupuestos, no del Estado, que
lo hay, sino también de las propias comunidades autónomas. Y dejo en
el aire una pregunta: ¿Qué comunidad autónoma tiene en su presupuesto
capacidad financiera para sumir ahora mismo un sistema de modulación,
cuando hay comunidades autónomas que no tienen capacidad para
incrementar su gasto en medidas agroambientales, tal y como está
ahora mismo el presupuesto comunitario? Y les digo más: ¿Qué
comunidades autónomas tienen hoy capacidad de gasto, cuando la
gestión de su presupuesto ni siquiera genera asumir el 100 por cien
del gasto presupuestado?
Yo creo que es hora de abordar ese debate sin demagogias, con
serenidad, poner las cifras sobre la mesa y buscar modelos que además
nos garanticen lo que todos pretendemos, que es nuestra
competitividad, dentro y fuera de España. Hay que mirar lo que están
haciendo el resto de los países comunitarios, precisamente para saber
por dónde tenemos que ir nosotros a nivel de Estado. Hay que ver qué
está haciendo Francia en modulación, y usted lo conoce muy bien, para
financiar determinados contratos, 21.000 millones de pesetas en
modulación, o Inglaterra. Son los dos únicos países que han aceptado
un modelo de modulación, si es que se puede decir que es un modelo de
modulación, con un 2 por ciento lineal.
No podemos permitirnos el lujo, señoría, de establecer sistemas, en
nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema financiero, del
tejido productivo agrario que puedan colocarnos en situación de
inferioridad frente a otros tejidos productivos de la Unión Europea.
Tenemos que ser, por lo tanto, muy cuidadosos. Y ésa es otra
reflexión que habrá que tener en cuenta en ese proceso de debate
interno y externo, de debate general, que el ministro de Agricultura
puso sobre la mesa en su primera comparecencia a la que antes me he
referido, que tendrá que llevar en su momento a adoptar las
decisiones que correspondan respecto de éste y de otros temas. Por
supuesto, en su momento habrá que tenerlo
en cuenta, cuando corresponda, en la negociación de la OCM del
aceite, pero insisto, tendrá que hacerse con responsabilidad, con
objetividad, y sobre todo sin demagogias.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Finalizado el bloque de
preguntas que hemos anunciado al principio de la sesión que iba a
contestar el señor subsecretario, quiero agradecer el esfuerzo que
sin duda ha hecho el señor Lamela para contestar a temas tan
diferentes y además de forma tan clara, así como las brillantes
intervenciones de los señores diputados en su labor de control e
impulso al Gobierno.
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO ACUERDO
DE PESCA CON MARRUECOS POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de
expediente 181/000039.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Falta una pregunta, que va a
contestar el señor Secretario General de Pesca Marítima.
Pregunta número 5, cuyo autor es don Alfonso Soriano Benítez, y se
refiere a la situación de las negociaciones del nuevo acuerdo de
pesca con Marruecos por parte de la Unión Europea. Contestará, como
ya he dicho, don Samuel Juárez, secretario general de Pesca Marítima.
Señor Soriano, tiene la palabra.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Como es sabido, los barcos
europeos, en su mayoría españoles (gallegos, andaluces y canarios),
han dejado de pescar en las aguas marroquíes a partir del 30 de
noviembre de 1999. Desde entonces se han desarrollado conversaciones
por parte de la Unión Europea a fin de conseguir un nuevo acuerdo que
posibilite el continuar en las faenas pesqueras en la costa de
Marruecos. Según portavoces europeos, al parecer la negociación se ha
venido retrasando hasta este mes de junio, prácticamente cuando ya
está a punto de finalizar la presidencia portuguesa y va a
sustituirla la presidencia de Francia.
El comisario Fischler ha estado en Marruecos el pasado mes y
manifestó (lo sé por noticias de prensa) que hay una buena
predisposición por parte de Marruecos para llegar a un acuerdo.
Parece que se está pendiente de la aprobación, actualmente en trámite
parlamentario en el Parlamento marroquí, de un plan quinquenal
preparado por el Gobierno alauita para poder planificar la extracción
de pesca en sus aguas. El ministro Arias Cañete expresó, también lo
sé por noticias de prensa, la satisfacción del Gobierno español por
el resultado del viaje del comisario, aunque manifestó
que la fijación de un calendario de negociación no es tan rápido como
hubiera deseado el Ejecutivo, aunque, añadía, vemos signos positivos
de voluntad de negociar y señales de que pueda haber un acuerdo.
Cañete garantizó a los pescadores volver a faenar antes de finales
del presente año, logrando de esta forma que las tripulaciones de las
380 embarcaciones establecidas en Canarias, Andalucía y Galicia
reanuden sus labores antes del año 2001. Y pensemos que en Canarias
(yo, como diputado de Canarias, me tengo que referir a ella), de
estas 387 embarcaciones, la flota de buques arrastreros y
congeladores de cefalópodos con puerto base en Canarias es de
alrededor de unas 80 unidades en 1999 en Marruecos y más de 40 en
Mauritania. Por otro lado, parece ser, o al menos Anacef, la
asociación de pescadores de buques arrastreros y congeladeros, así lo
ha manifestado, que la propuesta del reino de Marruecos va encaminada
a un nuevo marco a base de sociedades mixtas. Anacef lo rechaza, por
no ser viable. Desconozco si esto tiene algún fundamento o no.
En definitiva, me gustaría conocer, porque de ello están pendiente
muchas personas en toda España, en qué situación se encuentran
actualmente las negociaciones de la Unión Europea con el reino de
Marruecos, a fin de conseguir un nuevo tratado de pesca que
posibilite que se vuelva a pescar en estas aguas al menos, al menos,
antes de finales de este año.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para contestar a su pregunta,
tiene la palabra don Manuel Juárez, secretario general de Pesca
Marina.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): Como
veo que el señor diputado está bien informado a raíz de las
informaciones suministradas por el Ministerio, por la Comisión
Europea y por la propia comparecencia del ministro en esta Comisión
hace escasas fechas, no voy a reiterar argumentos que ya se conocen.
Saben que la última visita del comisario Fischler a Marruecos tuvo
lugar el 18 de mayo, y allí se adquirió el compromiso de celebrar
antes del período vacacional una reunión técnica entre responsables
comunitarios y marroquíes.
En este momento estamos esperando la designación de las fechas para
esta reunión. Lo que estamos haciendo es configurando un nuevo marco
de relaciones en materia de pesca. No cabe pensar, por lo tanto, en
una continuidad del acuerdo en la situación en la que venía
produciéndose hasta el 30 de noviembre pasado, ya que por parte de
Marruecos se ha reiterado que el acuerdo que finalizó el 30 de
noviembre era el último de esta categoría, y de hecho el acuerdo no
contenía, a diferencia de los anteriores y a diferencia de lo que es
usual en este tipo de protocolos, una cláusula de renegociación. De
modo que tenemos por delante el reto de configurar un nuevo marco de
relaciones entre ambas partes, un nuevo marco que tiene que estar,
como S.S. ha señalado,
en consonancia con el plan quinquenal que Marruecos ha preparado
y que está en estos momentos a debate en el Parlamento marroquí.
Tiene que ser una relación, por lo tanto, distinta, pero no por ello
menos satisfactoria que la relación anterior.
En el marco de la complementariedad entre ambos sectores, hay que
tener en cuenta que Marruecos tiene un caladero importante pero que
el mercado de la pesca marroquí principalmente es el mercado
comunitario, el mercado español. Existe, por lo tanto, un margen de
entendimiento, creemos, y que podría en este nuevo acuerdo, en este
nuevo marco de relaciones, dotarse al sector de mayor estabilidad de
la que ha tenido en los últimos años. Hay que tener en cuenta que
Marruecos ha sometido a la flota comunitaria a un continuo digamos
vaivén de acontecimientos durante los últimos años; podemos señalar
desde interrupciones del acuerdo hasta revisiones a medio plazo en
1993 y 1994 que produjeron serios disturbios en lo que es la
planificación empresarial de este tipo de flota. Se podría conseguir
consolidar un sector transformador, comercializador, auxiliar, naval
y extractivo, tanto en España como en Marruecos, bajo unas bases más
sólidas y más duraderas.
Ha hecho S.S. alusión a manifestaciones de la asociación Anacef, de
Las Palmas de Gran Canaria, de cefalopoderos, en el sentido de
rechazo de las empresas mixtas. Yo tengo que decir, en primer lugar,
que en ningún momento Marruecos ha hecho un planteamiento de este
tipo, hasta el momento al menos, y que de nuestros contactos muy
frecuentes, por otra parte, con los armadores, con sus
representantes, y concretamente con esta asociación, se deriva que
efectivamente se prefiere continuar bajo la fórmula actual, la
fórmula de bandera comunitaria, pero no se rechaza la fórmula de
empresas mixtas. Las empresas mixtas, si la normativa marroquí y si
las condiciones que se dan en Marruecos son favorables, creemos que
es una alternativa, como lo ha sido en otras partes del mundo. Ahí
tenemos la flota que fue española y que hoy es de intereses españoles
en Namibia, en Mozambique, en Angola, en muchos países del mundo,
funcionando de una forma muy satisfactoria y proporcionando riqueza
al tejido productivo español. Creemos que es una posibilidad más
dentro del acuerdo, aunque somos también conscientes de que no es la
solución a Marruecos de una forma, digamos, sencilla, de una forma
unívoca.
La clave, por lo tanto, a lo largo de estas consultas que en el mes
de julio esperamos que se produzcan, es encontrar suficiente apertura
por parte marroquí para comprender que el desarrollo del sector
marroquí, que legítimamente desea Marruecos, será más fácil en
asociación con el sector comunitario. Sabemos que este período de
paralización es un período que supone un esfuerzo grande al sector
pesquero. Y en ese sentido se ha optado, como saben SS.SS., por
prolongar las ayudashasta final de año.
En resumen, la situación actual es esperar que se desarrolle esta
reunión y prepararla. Estamos esperanzados, porque tenemos este
margen de negociación, aunque, como es lógico también, preocupados
por la prolongada situación de paralización que está enfrentando la
flota, en estos momentos ya siete meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): El señor Soriano me indica que
no va a utilizar el turno de réplica.
Contestada, pues, la última pregunta que figuraba en el orden del
día, quiero dar las gracias por el esfuerzo a
los comparecientes, al señor Juárez, al señor subsecretario, a la
señora secretaria general, y a los señores diputados por su
paciencia.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, del martes, 27 de junio de 2000, no
guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.