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DS. Senado, Pleno, núm. 38, de 08/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 38
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 8 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 18, 19 y 20 de marzo de 1997.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a la instalación o ampliación de servicios que aporten mejoras en la
atención sanitaria que presta el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) al establecimiento de jornada de tarde en sus centros, a la
prestación de programas de tiempos máximos en situación de lista de
espera, y a facilitar información mensual sobre el cumplimiento de los
contratos programa de dichos centros y la evolución de los principales
indicadores (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 671/000018.)
Tercero
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a promover, mediante las medidas adecuadas, el desarrollo
humano y económico de las zonas deprimidas y despobladas del territorio
español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 662/000055.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a que, antes de la finalización del presente período de sesiones,
presente ante la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones un informe sobre los proyectos para
resolver los problemas que el ferrocarril ocasiona en diversas ciudades
españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 662/000056.)
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
por la que se insta al Gobierno a establecer las medidas pertinentes
orientadas al reconocimiento y otorgamiento de la titulación de médico
especialista a aquellos profesionales que hubieran comenzado lícita y
efectivamente, con anterioridad al 1 de enero de 1995, una formación
o un ejercicio profesional en alguna de las especialidades reconocidas
en el Estado español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997).
(Número de expediente 662/000050.)
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Ucrania firmado en
Madrid el 8 de octubre de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 61, de fecha 24 de febrero
de 1997). (Número de expediente Congreso 110/000061 y número de
expediente Senado 610/000061.)
--Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el
Gobierno de Ucrania y Anejo, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 62, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de
expediente Congreso 110/000062 y número de expediente Senado
610/000062.)
--Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
63, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente Congreso
110/000063 y número de expediente Senado 610/000063.)
--Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la
República Islámica del Irán y Anexo, firmado en Teherán el 24 de junio
de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 64, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número
de expediente Congreso 110/000064 y número de expediente Senado
610/000064.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de información
clasificada y Protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 65, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de
expediente Congreso 110/000065 y número de expediente Senado
610/000065.)
--Canje de Cartas del 23 de julio de 1996 y 27 de septiembre de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Seminario
internacional «Foro UNESCO/Universidad y Patrimonio» (Valencia,
2-6/10/96) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 73, de fecha 5 de marzo de 1997). (Número de
expediente Congreso 110/000070 y número de expediente Senado
610/000073.)
--Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
asistencia judicial en materia penal, firmado «ad referendum» en Moscú
el 25 de marzo de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 74, de fecha 5 de marzo de 1997).
(Número de expediente Congreso 110/000071 y número de expediente Senado
610/000074.)
--Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de
España y la República de Ucrania, firmado en Madrid el 7 de octubre de
1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 75, de fecha 5 de marzo de 1997). (Número de
expediente Congreso 110/000072 y número de expediente Senado
610/000075.)
--Tratado sobre traslado de presos entre el Reino de España y la
República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el 7 de noviembre
de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 76, de fecha 5 de marzo de 1997). (Número de
expediente Congreso 110/000073 y número de expediente Senado
610/000076.)
--Protocolo del Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé como consecuencia de la
Adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en Mauricio el 4 de
noviembre de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 77, de fecha 5 de marzo de 1997).
(Número de expediente Congreso 110/000074 y número de expediente Senado
610/000077.)
--Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVI Congreso de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México, D.
F., el 15 de septiembre de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 78, de fecha 5 de marzo
de 1997). (Número de expediente Congreso 110/000075 y número de
expediente Senado 610/000078.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Hungría para
la entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional
de identidad, realizado en Madrid el 28 de noviembre de 1996 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV,
número 79, de fecha 5 de marzo de 1997). (Número de expediente Congreso
110/000076 y número de expediente Senado 610/000079.)
--Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de
la Unión Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra,
firmado en Luxemburgo el 19 de junio de 1996 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 80, de fecha
5 de marzo de 1997). (Número de expediente Congreso 110/000078 y número
de expediente Senado 610/000080.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 18, 19 y 20 de marzo de 1997
(Página 1567)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1567)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
la instalación o ampliación de servicios que aporten mejoras en la
atención sanitaria que presta el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), al establecimiento de jornada de tarde en sus centros, a la
prestación de programas de tiempos máximos en situación de lista de
espera y a facilitar información mensual sobre el cumplimiento de los
contratos programa de dichos centros y la evolución de los principales
indicadores (Página 1567)
El señor Zamorano Vázquez defiende la moción. El señor Bellido Muñoz
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Los señores Zamorano Vázquez y Bellido Muñoz
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 85 votos a favor, 124 en
contra y 8 abstenciones.
MOCIONES (Página 1572)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a promover, mediante las medidas adecuadas, el desarrollo
humano y económico de las zonas deprimidas y despobladas del territorio
español (Página 1572)
El señor Sanz Blanco defiende la moción. El señor Presidente anuncia
la presentación de una enmienda transaccional firmada por todos los
grupos parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo Socialista,
y Sanz Blanco, por el Grupo Popular. Los señores Serrano
Alvarez-Giraldo y Sanz Blanco intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que, antes de la finalización del presente período de sesiones,
presente ante la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones un informe sobre los proyectos para
resolver los problemas que el ferrocarril ocasiona en diversas ciudades
españolas (Página 1580)
El señor Laborda Martín defiende la moción. El señor Presidente anuncia
la existencia de una enmienda a esta moción firmada por todos los
grupos parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Laborda Martín, por el Grupo Socialista, y Ainsa Escartín, por el Grupo
Popular. Los señores Laborda Martín y Ainsa Escartín intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a establecer las medidas pertinentes
orientadas al reconocimiento y otorgamiento de la titulación de médico
especialista a aquellos profesionales que hubieran comenzado lícita y
efectivamente, con anterioridad al 1 de enero de 1995, una formación
o un ejercicio profesional en alguna de las especialidades reconocidas
en el Estado español (Página 1586)
El señor Cardona i Vila defiende la moción. El señor Presidente da
lectura a una enmienda transaccional a la moción, firmada por todos los
grupos parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carvajal, por
el Grupo Socialista, y Gutiérrez Ruiz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1594)
Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Ucrania, firmado en
Madrid el 8 de octubre de 1996 (Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el
Gobierno de Ucrania y Anejo, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996
(Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes
industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992 (Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República
Islámica del Irán y Anexo, firmado en Teherán el 24 de junio de 1996
(Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania
relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de información
clasificada y Protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1996
(Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Cartas del 23 de julio de 1996 y 27 de septiembre de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Seminario
Internacional «Foro UNESCO/Universidad y Patrimonio» (Valencia,
2-6/10/96) (Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre
asistencia judicial
en materia penal, firmado «ad referendum» en Moscú el 25 de marzo de
1996 (Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de
España y la República de Ucrania, firmado en Madrid el 7 de octubre de
1996 (Página 1594)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado sobre traslado de presos entre el Reino de España y la
República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el 7 de noviembre
de 1996 (Página 1595)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo del Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé como consecuencia de la
Adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia a la Unión Europea, firmada en Mauricio el 4 de
noviembre de 1995 (Página 1595)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVI Congreso de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México D.
F. el 15 de septiembre de 1995 (Página 1595)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Hungría para la
entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de
identidad, realizado en Madrid el 28 de noviembre de 1996
(Página 1595)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión
Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, firmado
en Luxemburgo el 19 de junio de 1996 (Página 1595)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 1997.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de
las Actas de las sesiones anteriores celebradas los pasados días 18,
19 y 20 de marzo del presente año, que están a disposición de los
señores portavoces. ¿Alguna alegación? (Pausa.) ¿Se puede considerar
aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A LA INSTALACION O AMPLIACION DE SERVICIOS QUE APORTEN MEJORAS EN LA
ATENCION SANITARIA QUE PRESTA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD) AL ESTABLECIMIENTO DE JORNADA DE TARDE EN SUS CENTROS, A LA
PRESTACION DE PROGRAMAS DE TIEMPOS
MAXIMOS EN SITUACION DE LISTA DE ESPERA, Y A FACILITAR INFORMACION
MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PROGRAMA DE DICHOS
CENTROS Y LA EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES. (671/000018.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones. Del Grupo Parlamentario Socialista por
la que se insta al Gobierno a la instalación o ampliación de servicios
que aporten mejoras en la atención sanitaria que presta el Instituto
Nacional de la Salud al establecimiento de jornada de tarde en sus
centros, a la prestación de programas de tiempos máximos en situación
de lista de espera, y a facilitar información mensual sobre el
cumplimiento de los contratos programa de dichos centros y la evolución
de los principales indicadores.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Zamorano, autor de la moción, por tiempo de cinco minutos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ya vimos en la interpelación, las listas de espera son
un fenómeno que ha aparecido, en mayor o en menor medida, en todos los
sistemas sanitarios, ya que es un efecto del balance que se produce
entre la oferta y la demanda de servicios. Vimos factores tales como
la falta de transparencia del denominado mercado sanitario, los cambios
en la estructura demográfica y el envejecimiento de la población,
cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad, el avance de la
medicina y las constantes mejoras tecnológicas, elementos que impiden
el correcto funcionamiento de los mecanismos de ajuste y que determinan
un permanente desfase entre sus componentes. Pero junto a éstos,
indudablemente existen otra serie de factores sobre los cuales cabe un
mayor tipo de intervención, como son los derivados de la existencia de
problemas en la organización, en la distribución de los recursos,
etcétera. Estos problemas son en los que debemos centrar
fundamentalmente nuestra actuación, pero siempre teniendo en cuenta que
las medidas que podamos adoptar no puedan provocar a medio o largo
plazo unos efectos perversos a la hora de ser aplicadas.
La Administración sanitaria debe tener en cuenta todos estos problemas
y adoptar una unidad de actuación tendente a conseguir una disminución
en el tiempo de demora. No fijarse tanto en el número de personas
incluidas en la lista de espera como centro del problema, sino en el
tiempo de espera. La evolución de este tiempo de espera y cuándo deja
de ser un tiempo que puede considerarse como mínimo dentro de la
Administración sanitaria excediendo de unos límites normales, empieza
a generar unos problemas que, en definitiva, pone en cuestión uno de
los principios básicos de nuestro sistema sanitario, como es el
principio de la equidad.
Para la resolución de estos problemas la Administración no puede tomar
simplemente medidas coyunturales que tiendan a paliar la situación,
como fue el último Plan de choque, sino que debe centrarse en un
conjunto de medidas estructurales que los puedan afrontar a medio y
largo plazo. No voy a entrar en los resultados del Plan de choque por
cuanto ya fue analizado en la interpelación, pero sí cabe poner de
manifiesto, aunque sólo sea con el ánimo de poder centrar bien la
moción y no entrar en otro tipo de polémica, los efectos perversos que
estos planes coyunturales suelen tener. Son efectos que se transmiten
a la actividad programada de los centros, donde pueden darse ciertos
colapsos; son efectos que se transmiten a los servicios de urgencias
de los centros hospitalarios; y son efectos de una incentivación
negativa de retroalimentación del problema que a la larga hacen que los
números de estas listas de espera sean superiores a los que había antes
de la aplicación de estos planes.
Sin duda, el gran incremento que se ha producido en las listas de
espera durante los meses de enero y febrero, es decir los meses
posteriores a la finalización del período de ampliación del Plan, tiene
su causa en la aplicación de ese Plan de choque. Por ello, es necesario
tomar una serie de medidas estructurales que traten de encauzar la
situación y a este problema es al que responde la moción que ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta moción incluye
una serie de medidas que ya se están tomando, que se habían iniciado
en períodos anteriores, pero en las que conviene ir profundizando.
También contiene una serie de medidas nuevas que se han aplicado por
la experiencia de otros que las han adoptado y que se hacen necesarias,
tanto por la evolución del denominado mercado sanitario, como por la
propia evolución que ha tenido nuestro sistema sanitario.
Estas medidas se contemplan en el programa electoral del Partido
Socialista, pero en cierta medida han sido también anunciadas por el
Director General de Atención Primaria y por el propio Ministro. Y dada
esta amplitud de manifestaciones a favor de ellas, creo que son medidas
que pueden contar con el consenso de esta Cámara. Básicamente nos
centramos en tres líneas de actuación: una primera línea de actuación
que afecta a un incremento de las prestaciones asistenciales, la
segunda afecta a la organización del sistema y a las garantías de los
ciudadanos y la tercera va dirigida a mecanismos de transparencia y
control de la actividad.
En las prestaciones asistenciales, proponemos aumentar la cartera de
servicios del Insalud y, sobre todo, el rendimiento de los centros. Con
miras a la ampliación de la cartera hemos distinguido una serie de
prestaciones que no tratan de ser exclusivas, pero que merece la pena
destacar, como son: la cirugía mayor ambulatoria, la hospitalización
de día y la enfermería domiciliaria. La cirugía mayor ambulatoria tiene
un gran potencial de desarrollo ante los avances médicos y
tecnológicos. Se pretenden incrementos importantes ya para este año,
pero pueden ser aún mayores si se potencian estos servicios, toda vez
que los cambios que se han producido, como digo, en la tecnología y en
la medicina, posibilitan unos grandes rendimientos. La hospitalización
de día como alternativa a la hospitalización convencional puede
permitir prestar atención sanitaria
a pacientes que aun requiriendo ciertos cuidados, puedan permanecer en
sus domicilios, evitando así su internamiento y liberando recursos que
puedan ser aplicados a otras actividades. La creación y dotación de
este tipo de unidades pueden hacerse tanto con la aportación de nuevos
medios económicos, como con la reconversión o estimación de aquellos
recursos hospitalarios que por los cambios y las necesidades
asistenciales son ahora mismo ineficientes, como pueden ser el exceso
de camas obstétricas o ginecológicas que nos podemos encontrar en
algunos centros.
Obviamente, la enfermería domiciliaria, como ciencia de los cuidados
por excelencia, es un servicio complementario a los anteriormente
expuestos y su desarrollo incrementaría las posibilidades y la
rentabilidad de los mismos.
Como he dicho, estas medidas no pretenden ser exhaustivas. Cabe pensar
otras muchas no excluyentes, como pueden ser la creación o desarrollo
de las unidades de cuidados paliativos o la puesta en marcha en el año
1994 de los equipos de valoración y cuidado geriátrico.
También proponemos el establecimiento de la jornada de tarde,
aprovechando para ello los recursos de determinadas actuaciones que
pretende desarrollar el Ministerio, el cual pretende modificar las
condiciones del trabajo de los médicos mayores de cincuenta y cinco
años a la hora de hacer guardias, para evitar la penosidad que esto
supone. Pues bien, entendemos que si no se quiere que estos médicos
pierdan capacidad retributiva, el hecho de cambiarles las guardias
podría utilizarse para aplicar un tiempo en la jornada de tarde de los
hospitales, con lo cual incrementaríamos notablemente el rendimiento,
tanto de los equipos como de las instalaciones.
En el ámbito de la organización de los sistemas y de garantía del
usuario, proponemos dos tipos de actuaciones: por un lado, que se
presente en dos meses un programa de tiempo máximo de demora por
patología y un programa de elaboración de la garantía sobre la demora
quirúrgica, que se ejecute dentro de la red de centros públicos.
Con estas medidas se pretende conseguir una mayor agilización de las
listas de espera, sirviendo tanto de mecanismo de gestión en los
centros como de garantía para el usuario, en aras a una mayor
accesibilidad y equidad del sistema.
El programa de demora de tiempos máximos por patologías debe de ser
definido a nivel local, pero siempre teniendo en cuenta un marco global
donde se encuadre y conforme a unas directrices generales basadas en
criterios de necesidad clínica.
El programa de garantía de demora quirúrgica entendemos que se ha de
desarrollar en el territorio del Insalud, por ello ha de ejecutarse en
la forma en la cual el Insalud realiza la mayoría de sus prestaciones,
es decir, por el mecanismo de gestión directa. Debe de suponer un
esfuerzo coordinado entre la atención primaria y la especializada y
encuadrando todos los recursos del sistema, tanto los procedentes de
la primaria como los de los hospitales o centros de especialidades,
como los denominados centros de salida u hospitales de apoyo, como el
reciente acuerdo que realizó el Insalud con el Inserso cara a las camas
geriátricas.
Por último, la tercera línea pretende un mayor control de la
transparencia y de la gestión de las listas, al objeto de evitar que
se produzca una instrumentación política de las mismas. Para ello se
propone la elaboración, en el plazo máximo de dos meses, de un nuevo
protocolo de inclusión en las listas de espera, que tenga un carácter
público y reglado. Se pretende evitar un aumento o disminución en las
listas, en base simplemente a meros cambios administrativos, así como
también evitar las controversias que pudieran generarse por las
acusaciones de manipulación de las mismas.
Por último, se insta al Gobierno a facilitar información mensual sobre
el cumplimiento de los contratos-programa de todos los hospitales y
centros del Insalud y la evolución de los principales indicadores. Con
ello, se dotará de una situación de normalidad a la gestión de las
listas y se facilitará el conocimiento de la gestión de los recursos
del sistema y de las medidas correctoras necesarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Zamorano, le ruego que concluya, por favor.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino, señor Presidente.
Como pueden apreciar sus señorías, la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista corresponde a lo que es el ejercicio de una
oposición constructiva, una oposición que no se realiza recurriendo al
todo vale a costa de lo que sea, sino que, muy al contrario, se realiza
situando el problema en sus justos términos, aportando nuestra visión
del mismo e intentando encontrar un consenso para su correcto
encauzamiento. Es una oposición que huye de planteamientos demagógicos
o de meros actos de propaganda política, que solamente puedan conducir
a la generación de alarma social y a cuestionar nuestro sistema
sanitario. En definitiva, una oposición constructiva, que no va a hacer
la instrumentación política que de las listas de espera realizó el
Grupo Parlamentario Popular cuando estaba en la oposición, pero que
ahora exige igual comportamiento al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Bellido por tiempo de
cinco minutos.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo va a votar en contra de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente porque no vamos a
aceptar que esta Cámara pueda caer en el absurdo de aprobar aquello que
ya viene realizándose y, desde luego, lo que no vamos a hacer es
convertirnos, de alguna manera, en partícipes de esa maniobra de la
confusión, que durante una serie de años ha venido utilizando el
Partido Socialista y que hoy pretende
hacer realidad presentando a los ciudadanos como propias unas medidas
que lo son del Gobierno del Partido Popular y que, además, no llevó a
efecto el Partido Socialista cuando tenía capacidad para gestionarlo.
Hablo de absurdo y de confusión porque si su señoría, señor Zamorano
--aunque lo ha recordado aquí--, y quienes le han puesto ante los
caballos hubiesen atendido a la comparecencia del Director General de
Atención Primaria y Especializada en el Congreso de los Diputados el
pasado 25 de febrero --creo que su moción se registró un mes después,
el 20 de marzo--, sabría que todo lo que plantea en la moción e incluso
en la exposición de motivos, ya lo había apuntado el señor Matesanz,
no sólo como objetivo de trabajo para 1997 sino como medidas tomadas,
y en un avanzado estado de realización en algunos casos, por lo que
entendemos que carece de sentido el plazo de dos meses que ustedes
señalan en algunos de sus puntos. Precisamente el señor Matesanz
reconocía que, al margen del Plan de choque, hacía falta establecer
para este año 1997 medidas de tipo estructural que incidan sobre el
origen de la programación quirúrgica y no sobre los negativos efectos
que ocasiona la inexistencia de una organización planificada de
actividades quirúrgicas.
Por lo que se refiere a los otros puntos a los que usted hace
referencia sobre la instalación o ampliación de servicios, tales como
cirugía mayor ambulatoria, hospitalización de día y enfermería
domiciliaria, la Dirección General de Atención Primaria y Especializada
ha pactado ya en los distintos contratos-programas firmados con los
centros de gastos un incremento importante de estas actividades.
Dentro de los objetivos para 1997 sobre las listas de espera y en lo
que hace referencia a actuaciones sobre aspectos cualitativos está
previsto establecer tiempos máximos de demora en los procesos
quirúrgicos más frecuentes. La determinación de estos tiempos máximos
la realizan los expertos en cada una de las especialidades, y están
trabajando en la actualidad en la fijación de plazos máximos en
cataratas, colelitiasis, hiperplasia prostática, mioma uterino y
osteoartrosis.
También dentro de los objetivos planteados para este año se encuentra
un programa de garantía de la demora máxima que pretende ofrecer una
solución a aquellos pacientes que, por las causas que sean, vayan a
sobrepasar los tiempos máximos fijados para su procedimiento
quirúrgico. Además de ello, las sociedades científicas correspondientes
han comenzado ya a trabajar para fijar los criterios de indicación de
inclusión en listas de espera, habiéndose seleccionado en un primer
estadio los procesos de cataratas, prótesis de cadera y rodilla,
amígdalas y adenoides. Como complemento al establecimiento de los
criterios de inclusión está la generalización de las consultas de
segunda opinión.
Por último, dentro de los contratos-programas firmados con los
distintos centros de gasto, se ha institucionalizado la evaluación del
cumplimiento de los indicadores de actividad y presupuesto de forma
periódica.
Queda por valorar, señoría, un punto de su moción que hace referencia
al establecimiento de la jornada de tarde en nuestros centros
sanitarios. Todos sabemos, Senador Zamorano, que para el Partido
Socialista los profesionales de la sanidad han sido en muchas ocasiones
simples elementos numéricos sin participación alguna en la gestión y
en la toma de decisión en los centros sanitarios. Ello ha llevado a un
evidente deterioro y a una desmotivación de los propios profesionales
a los que debemos ahora hacer frente. Por ello, no queremos caer en ese
error y somos sumamente respetuosos, tanto con los profesionales como
con quienes sindicalmente los representan, a la hora de tomar medidas
unilaterales como la que ustedes proponen de establecer la jornada de
tarde, algo que, en todo caso, deberá hacerse de común acuerdo.
En cualquier caso, usted ya conoce, y lo ha señalado, que se está
finalizando un estudio sobre atención continuada, para lograr que
aquellos facultativos mayores de cincuenta y cinco años puedan
liberarse de la obligatoriedad de las guardias y para incrementar la
actividad de tarde, ofreciendo como alternativa la realización de
actividad programada en dicho horario.
Por tanto, y con ello termino, señor Presidente, señoría, vamos a
rechazar la moción socialista porque entendemos que debemos huir del
absurdo y también de la utilización efectista de las iniciativas en
esta Cámara, y porque, Senador Zamorano, a esta Cámara venimos a
generar iniciativas nuevas, a crear --si se me permite--, en modo
alguno a recrearnos en lo ya existente. Para dedicar las horas muertas
a recrearse en algo, usted tiene magníficos paisajes que observar desde
Gibralfaro, en la capital de provincia por la que usted ha sido
designado Senador, y yo también, desde el puente romano sobre el
Guadalquivir cordobés.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bellido.
Se abre un turno de portavoces para los grupos que no hayan intervenido
anteriormente.
¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió tiene la
palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a fijar la posición de nuestro Grupo en relación con
esta moción consecuencia de interpelación que ya vimos en el Pleno
anterior y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
en relación con las listas de espera.
Decíamos en aquella ocasión, y lo recordamos ahora, que en las listas
de espera se dan multitud de factores que inciden en sus tiempos de
demora que, sobre todo, se basa en un equilibrio hipotético entre
oferta y demanda que casi nunca se cumple, porque una ha de ser
consecuencia y adaptada a la otra con el fin de optimizar los recursos,
y que ésos son precisamente un problema consustancial de las listas de
espera en los sistemas públicos integrados de salud, donde precisamente
el paciente no arrastra tras de sí
los recursos económicos. Por tanto, habría que ir a medidas
estructurales con la separación de las funciones de financiación de las
funciones propias de la provisión de los servicios, donde el flujo de
los recursos económicos sí siguiera al enfermo, es decir, que éstos se
destinaran directamente a hacer frente al coste de las atenciones al
paciente, tanto en el caso de las intervenciones quirúrgicas, como en
aquellos casos de pruebas diagnósticas costosas.
Hacíamos referencia también a los problemas de cuantificación en
función de la metodología o los criterios utilizados para su
identificación, lo cual permite un cierto baile de números o, si se
quiere, un cierto maquillaje. Además la situación de cada paciente
nunca será idéntica porque no hay dos enfermos iguales. Por tanto,
habrá patologías que necesitarán la aportación de distintos recursos
humanos y económicos, y es que no debemos olvidar que no hay
enfermedades o patologías sino enfermos.
Como consecuencia de ello, no vamos a entrar en valoraciones
cuantitativas aunque sí queremos hacer una reflexión en el sentido de
que, aun no siendo uno de los temas más graves, más importantes que
tiene planteada nuestra sanidad ni es una cuestión acuciante --diría
yo--, sí es cierto que crea una sensación de angustia, preocupación y
molestias para el paciente y para su familia que se convierte o se
puede convertir en alarma social a poco que se quiera hacer demagogia
con este tema. Por el contrario, es necesario que todos hagamos un
esfuerzo de pedagogía. En primer lugar, los cargos públicos tenemos que
colaborar con los profesionales sanitarios en esta función para que la
población tenga una adecuada educación sanitaria a este respecto.
Lo cierto es que las cosas no han ido por ahí y nos tememos que
continuarán sin tomar el camino adecuado. Si anteriormente unos echaban
en cara al Gobierno como arma arrojadiza este problema de manera un
tanto irresponsable, ahora otros pueden pretender utilizarlo de forma
similar.
Señor Presidente, señorías, en el fondo subyace en ambos casos una
cierta mala conciencia porque unos y otros, todos conocemos --y los
Senadores Zamorano y Bellido lo saben y lo reconocerán conmigo-- que
no se destinan los suficientes recursos económicos a la sanidad. No
niego que en esta cuestión de fondo también hay otras causas --algunas
de ellas ya las hemos expuesto--, pero la principal cuestión de fondo
es que la financiación de la sanidad se ha quedado corta en relación
con la demanda que la sociedad exige hoy en día.
Nuestra sanidad no goza de una financiación suficiente ni real de
acuerdo con sus necesidades. Se puede argumentar que es imprescindible
un control del gasto público y del déficit público, y ello es cierto,
pero tampoco se puede negar que gobernar implica decidir, elegir entre
diferentes opciones optimizando los recursos. Habrá que escoger, por
ejemplo, entre construir infraestructuras o mantener el Estado del
bienestar entendiendo precisamente la sanidad como uno de sus baluartes
más preciados.
En este sentido, es necesario recordar circunstancias como el
envejecimiento de la población, que muchas veces olvidamos por
demasiado sabidas, la implantación de nuevas técnicas quirúrgicas que
inciden, primero en la financiación, pero es que, además, de una forma
más o menos directa, en las listas de espera.
En consecuencia, aumentan de forma considerable los factores que
inciden en su demanda. Para que no se produzca un grave desequilibrio
entre la oferta y la demanda hay que incrementar los recursos humanos
y económicos.
Se va intentando optimizar los recursos de que se dispone, como nos
explicó el señor Ministro en el último Pleno, y nos creemos las medidas
que continuarán manteniéndose del Plan de choque, además de las nuevas
medidas que él mismo anunció y que el propio Director General de
Asistencia Primaria y Especializada del Insalud anunció en el Congreso
de los Diputados con la misma confianza de que surtirán los efectos y
alcanzarán los objetivos que se pretenden.
Es por todo ello, señor Presidente, señorías, y desde esta perspectiva,
sobre todo estando pendientes de las conclusiones que surjan de la
Subcomisión del Congreso de los Diputados que, en definitiva, habrá de
representar una verdadera reforma de la sanidad, dando un nuevo
enfoque, sobre todo a su financiación, por lo que no podemos aprobar
la moción que se nos presenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona. (El señor
Zamorano Vázquez pide la palabra.)
¿Qué desea, señor Zamorano?
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Presidente, solicito hacer uso de la
palabra por el artículo 87, durante un minuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría por un minuto.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bellido, llama la atención que cuando se llame al consenso de
estas filas para un problema que afecta a toda la sanidad española, se
rechace el consenso por aquel que lo pide posteriormente para el
análisis de toda la reforma del sistema sanitario y con unos argumentos
que quedan un poco lejos de la realidad.
Puede ser que lo que esté sucediendo es que el Ministerio vaya por un
lado y su Grupo Parlamentario por otro. Efectivamente le he dicho que
muchas de estas medidas habían sido anunciadas por el Ministerio y
parece ser que el Grupo no las apoya. Y el hecho de que tengamos que
traer aquí la moción es porque tampoco el Ministerio está siendo claro
respecto a lo que va a hacer.
El día tres de marzo, en una nota oficial del Ministerio se dice que
la actividad quirúrgica de los hospitales para acabar con las listas
de espera va a aumentar, como objetivo para el año 1997, en un 10 por
ciento. El señor Ministro en la comparecencia aquí ya habla de que el
objetivo es del 7 por ciento, pero en una nota del Ministerio dada al
día siguiente se habla ya de un objetivo del 4,7 por ciento.
Como sigamos preguntando resulta que ustedes van a cerrar los
quirófanos.
Parece ser que nunca han tenido claros los objetivos. Tan poco claros,
como que el señor Ministro dijo aquí que la posibilidad que tienen
nuestros servicios de dar mejores resultados a través de nuestra
gestión y de una mejor organización son evidentes. Y tres días después
el Consejo de Ministros aprueba 5.000 millones de pesetas para
conciertos con la privada para resolver los problemas de la lista de
espera, argumentando --y leo la nota oficial del Consejo de Ministros--
que los recursos propios del Insalud resultan insuficientes. O el
Ministro aquí no dijo lo que sentía o el Consejo de Ministros no
atendió a las razones del Ministro o alguien está intentando ocultar
el proceso que se está llevando a cabo por el Grupo Parlamentario
Popular en la sanidad pública.
El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano, termine.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Y digo ocultar porque en esta moción también
se solicita transparencia en la gestión...
El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: ... transparencia en el control --ya
termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Le he dado un minuto y lleva tres.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Y se niegan a ese control y a esa
transparencia.
Muchas gracias. (El señor Bellido Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zamorano.
Tiene la palabra el Senador Bellido. (Rumores.)
Silencio, por favor.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Yo también solicito la palabra por el artículo
87, señor Presidente.
Señor Zamorano, de verdad que es usted muy joven, es casi como un niño,
como diría un viejo profesor de medicina. (Risas.) Entiendo que en poco
tiempo quiera usted labrarse un futuro político seguro y brillante.
Pero permítame que le diga que creo que se equivoca yendo por ese
camino. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Desde luego, no va a progresar usted más en su
Grupo ni ante la sociedad porque grite más o porque descomponga el
rostro a la hora de hablar. Lo conseguirá --se lo digo con toda
sinceridad-- porque crea en lo que defienda y, además, lo haga desde
la coherencia. En este caso usted no cree en lo que ha defendido porque
ni usted ni su Grupo lo han practicado y no lo han hecho desde la
coherencia con la que ha venido siendo su pauta de actuación a lo largo
de tantos años.
Le repito que es usted todavía muy joven, tiene muchos años para
aprender en la política y como todos los toreros, como usted sabe,
cuando empiezan sufren revolcones, pero si se empeñan terminan cortando
orejas en Las Ventas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido.
Terminado el debate, pasamos a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, 85; en contra, 124; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A PROMOVER MEDIANTE LAS MEDIDAS ADECUADAS EL DESARROLLO HUMANO
Y ECONOMICO DE LAS ZONAS DEPRIMIDAS Y DESPOBLADAS DEL TERRITORIO
ESPAÑOL. (662/000055.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día:
Mociones.
En primer término, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por
la que se insta al Gobierno a promover, mediante las medidas adecuadas,
el desarrollo humano y económico de las zonas deprimidas y despobladas
del territorio español.
Esta moción tiene una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el representante del
Grupo proponente de la misma, señor Sanz Blanco, por un tiempo de
veinte minutos. (Rumores.)
Les ruego silencio.
El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, señorías, la moción que
presenta hoy el Partido Popular como consecuencia de la propuesta que
hizo el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
debate sobre el Estado de las Autonomías, corresponde a ese conjunto
de iniciativas parlamentarias estrechamente relacionadas con el
principal objetivo de toda política territorial, que no puede ser otro
que el desarrollo económico y equilibrado de todo el territorio,
incompatible con desigualdades y desequilibrios económicos y sociales
que afecten sensiblemente a la calidad de vida de todos los ciudadanos
y a la actividad económica de unas zonas en beneficio de otras.
Para esta Cámara no puede pasar inadvertido el grave problema de la
despoblación y la casi nula actividad económica
de algunas zonas del territorio español, que en muchos casos, si no se
toman las medidas urgentes adecuadas, puede resultar irreversible, dada
la grave situación en que se encuentran.
Esta moción, en sintonía con la creación de la Comisión Especial para
el Estudio de los Problemas del Mundo Rural, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular para integrar a dicho sector rural en la dinámica
productiva nacional y generar el equilibrio adecuado entre todos los
sectores sociales del país, tiene como finalidad instar al Gobierno,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, para que promueva
mediante las medidas adecuadas el desarrollo humano y económico de
aquellas zonas que por diferentes razones se encuentran en un proceso
avanzado de despoblación y en general con muy poca o baja actividad
económica. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, un momento.
Por favor, invito a los Senadores que no les interese el tema que se
está debatiendo a que salgan al pasillo y cambien impresiones allí con
sus compañeros; si no, el interviniente no se entera de lo que está
diciendo ni los demás compañeros tampoco, a los que sí les interesa.
Tiene la palabra, Senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Las características generales de estas zonas
despobladas y deprimidas se centran principalmente en la muy baja
densidad de población, pequeños núcleos urbanos mal comunicados y falta
de equipamientos sociales, tasa de actividad económica muy baja y
desmantelamiento progresivo de la estructura urbana y empresarial,
factores todos ellos que ponen en peligro la propia existencia de
cientos de pueblos en el ámbito territorial español y principalmente
en algunas Comunidades Autónomas.
La estructura poblacional aparece invertida en los extremos de la
pirámide. Los porcentajes referentes a la población joven están por
debajo del 10 por ciento, mientras que los mayores de 65 años superan
muy ampliamente el 30 por ciento del total, lo que pone de manifiesto,
desde el punto de vista demográfico, la existencia de una población
envejecida que condiciona gravemente la vida y el desarrollo económico
y social de estas zonas, lo que constituye un hándicap para adaptarse
al cambio y a la dinámica que requiere todo desarrollo económico y
social y pone en peligro la propia continuidad de muchos pueblos.
La estructura espacial de estos territorios se caracteriza por la
existencia de pequeñas localidades y por una densidad de población muy
por debajo de la media provincial y a considerable distancia de la
media nacional. Amplias zonas de León, Zamora y Salamanca difícilmente
superan el límite de ocho habitantes por kilómetro cuadrado y zonas de
Segovia y Soria se sitúan en la franja de los cinco habitantes por
kilómetro cuadrado, densidad considerada de zonas semidesérticas.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, espere unos momentos. (Pausa.) Le
ruego que continúe.
El señor SANZ BLANCO: Esta situación, señorías, es extremadamente
grave, por lo que espero recuperar la atención de sus señorías.
Hay que considerar que en los últimos treinta años el conjunto nacional
ha visto incrementada su tasa de densidad poblacional, mientras que en
estas zonas se ha generado un proceso de despoblamiento severo,
alcanzando valores de extrema gravedad. Mientras en estos territorios
las pérdidas de habitantes superaban con creces el 60 por ciento, en
parte del litoral mediterráneo se multiplicaba por varios dígitos su
incremento de porcentaje de población. Así, la población catalana se
multiplicaba por tres, pasando de dos a seis millones de habitantes,
y la región metropolitana de Barcelona y el área de Madrid han
incrementado su población por cinco.
Los niveles de renta no sólo son muy bajos con respecto a la provincia
en que se encuentran, sino también en relación con el nivel medio de
la Comunidad Autónoma a la que pertenecen y al nivel medio nacional.
La actividad económica se centra principalmente en una agricultura
donde el secano domina al paisaje agrario de estas zonas y donde las
explotaciones agrarias han disminuido paralelamente al decrecimiento
de la población. Las explotaciones suelen ser de reducido tamaño y la
propiedad muy repartida, lo que agrava aún más su actividad económica.
Los problemas de comercialización de los productos que generan y las
características de sus explotaciones, poco adaptadas a la
competitividad, hacen que las posibles iniciativas no encuentren
acogida suficiente en unos hombres que saben y quieren trabajar sin
regatear esfuerzos pero tienen un cierto miedo, justificado por la
soledad de sus pueblos y por el abandono al que han estado sometidos.
Solamente unos pocos quijotes del amor a la tierra que les vio nacer
y que se resisten a abandonarla emplean los ahorros de toda su vida en
pequeños negocios de hostelería, en pequeños comercios, en algún taller
de reparación, con la esperanza y la ilusión de que su pequeño pueblo
sea un día un poquito más grande. Son conscientes de que el mundo que
les rodea es adverso para la implantación de nuevas iniciativas: falta
de población joven y falta de infraestructuras y equipamiento, en donde
las carencias son palpables; red de carreteras generalmente en mal
estado y con malos trazados, que hacen difícil el transporte y la
instalación de nuevas actividades, así como la comunicación e
intercambio entre diferentes localidades y con los centros de decisión
en la capital de provincia.
Si a esta situación en infraestructuras añadimos la falta de
equipamientos sanitarios próximos, lo fácil, ante una grave enfermedad
o una crisis aguda, es morirse, y lo difícil, sobrevivir. Aquí sí vale
aquello de que «Dios les coja confesados».
Estas zonas, que, debido a una dinámica de abandono que se inicia en
los años cincuenta, han quedado prácticamente despobladas y sin
capacidad real para superar la crisis que padecen, por carencia del
factor humano, necesitan de la aplicación de aquellas medidas
necesarias que les devuelvan el puesto que les corresponde por su
propia historia y para bien de toda la comunidad en general. No
podremos decir nunca que estamos en una sociedad moderna y
en una democracia consolidada y participativa mientras existan estos
graves desequilibrios humanos y sociales que afectan a amplias zonas
de la geografía española.
Creo, sinceramente, que existen argumentos de tipo económico y de
carácter ético político que favorecen la aplicación de medidas fiscales
y de intervención pública para el desarrollo de estas zonas que han
quedado despegadas de la dinámica económica y social general y de la
de su propio entorno. El hecho de que los recursos localizados en estas
zonas queden subutilizados o simplemente no sean aprovechados,
repercutirá necesariamente en la eficacia global de la economía de toda
la región y de España en general, repercutirá en la capacidad de
crecimiento a largo plazo y, en definitiva, en que el nivel de vida de
la población quede por debajo del que podría alcanzarse.
La puesta en práctica de una política de intervención pública en el
desarrollo de esas zonas no supondrá un precio excesivo si éstas acaban
consiguiendo una mejor utilización de los recursos ociosos o de las
potencialidades de crecimiento existentes y, además, contribuirán a
generar un equilibrio entre todo el territorio, que es la consecuencia
lógica de la aplicación de los principios de equidad y solidaridad.
La existencia de graves carencias de dotaciones en infraestructuras y
equipamientos, que impiden su desarrollo económico y social, y la
obligada emigración a que se han visto y se ven sometidos sus
habitantes, los bajos niveles de vida que padecen, son realidades que
ni ética ni política ni socialmente son aceptables.
Una sociedad con vocación de solidaridad y justicia no puede tolerar
ni permitir desigualdades sociales tan pronunciadas como las que
padecen las zonas más despobladas y deprimidas de España. En ellas
existen hombres y mujeres de carne y hueso que saben mucho de soledades
y de abandono, pero también albergan la legítima aspiración a la
igualdad, lo que en su interior les hace semejantes a los demás para
no considerarse inferiores.
Tenemos que admitir que la desigualdad es una constante social
universal; pero también debemos admitir que, desde una sociedad
solidaria y éticamente responsable, la preocupación por erradicar
diferencias extremas entre los hombres es un deber moral y una
obligación social.
No podemos contemplar estos territorios como un simple soporte aséptico
de actividades económicas porque estaríamos decretando el finiquito de
una historia humana que siempre fue generosa, solidaria y, además,
sabia en la aplicación de los principios de la convivencia y
tolerancia.
El análisis de las características que conforman estos territorios y
los contrastes existentes entre estas comarcas y las zonas más
prósperas de España, pone de manifiesto que las cosas no se han hecho
bien, que nuestra sociedad no ha encontrado esa vocación solidaria de
igualdad imaginaria, como diría Tocqueville, entendida como la que
sienten los ciudadanos, para quienes lo esencial es la igualdad y
semejanza a pesar de la desigualdad real en sus condiciones.
Llevamos muchos años hablando de ordenación del territorio, de
políticas territoriales, pero no hacemos nada, o muy poco, para que ese
alto porcentaje de mano de obra que se ha visto obligada a abandonar
la agricultura encontrara otras alternativas económicas en su propio
entorno. Simplemente hemos sido observadores pasivos de la tragedia que
significa abandonar el lugar que les vio nacer.
La ordenación del territorio tiene elementos de planificación
urbanística, pero también de incentivos fiscales y económicos, de
gestión territorial, de cómo se conecta el planeamiento industrial con
el urbanismo y cómo se va a desarrollar. La ordenación del territorio
incluye elementos muy complejos y, a veces, difíciles de valorar; pero
lo que necesariamente siempre deberá tener en cuenta será al hombre y
a todo su desarrollo integral y, consecuentemente, todo lo que lleva
consigo, como infraestructuras, comunicaciones, dotaciones sociales,
aprovechamiento sostenible de los recursos, conservación del patrimonio
natural y, sobre todo, que la equidad y la solidaridad guíen criterios
de actuación correctos que eviten injusticias y desequilibrios como los
que padecen algunas zonas del territorio español.
No se trata de reclamar un dirigismo intervencionista que está ya
trasnochado y obsoleto y que, además, no sería conforme con la
Constitución Española. Lo que se pretende con esta moción presentada
por el Partido Popular es que el Estado garantice la realización
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de
la Constitución Española, «velando por el establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español», como se dice textualmente en el artículo 138 de
nuestra Constitución.
No se trata de convertir al Estado en una sociedad de responsabilidad
ilimitada dedicada a la actividad de asegurar a toda persona en
cualquier momento y frente a cualquier riesgo; no se trata de convertir
al Estado y al Gobierno en fuente de subvenciones inútiles y
paralizantes de la iniciativa privada. Lo que el Grupo Parlamentario
Popular desea es que se adopten medidas encaminadas a la explotación
y utilización de las potencialidades de crecimiento que existen en
estas zonas mediante un nuevo enfoque y un nuevo planteamiento de
desarrollo endógeno. Son zonas, como decíamos antes, muy despobladas
y deprimidas económicamente y, sin embargo, debido a esos mismos
desequilibrios poblacionales, que han generado grandes concentraciones
humanas con graves consecuencias para la calidad de vida, ofrecen un
nuevo planteamiento y nuevos modelos de vida más acordes con los
valores humanos de la persona. Así lo ha entendido, por ejemplo, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ha hecho
inversiones muy importantes en esas zonas y en esos pueblos de su
Comunidad.
El desarrollo de estas zonas no surgirá de la decisión óptima de la
localización de una gran empresa, ni tampoco de una decisión unilateral
de los poderes del Estado. Las alternativas del desarrollo tendrán
viabilidad si a las ofertas medioambientales que presentan, si a las
nuevas potencialidades que ofrecen para la sociedad del ocio en sus
diferentes aspectos y si a la utilización y explotación correcta de sus
recursos naturales se une la dotación de equipamientos y de
infraestructuras que permitan abrir el sistema
cerrado en que se encuentran. No se trata de aplicar la teoría del
óptimo económico, que tiene por objeto la comparación de estados
alternativos con el fin de determinar cuál de ellos es preferible a los
demás: una asignación de recursos óptima es la que no admite otra
mejor. No se trata de eso, ni tampoco los afectados, estoy convencido,
reclaman ese tratamiento. Es todo mucho más sencillo y más viable:
equipamientos razonables, programas de formación que sean prácticos,
vías de comunicación aceptables, mecanismos financieros y fiscales
idóneos que permitan desarrollar las nuevas posibilidades y
potencialidades que ofrece el propio desarrollo endógeno de estas
zonas, que no pudieron adaptarse a las exigencias de una reconversión
y transformación necesarias que se hicieron a costa de sus espaldas y
que también sufrieron en su alma cuando un día sí y otro también veían
cómo un vecino, un amigo o familiar abandonaba sus raíces.
Han existido muchos planes concretos para la reconversión de sectores
determinados; el mundo rural ha padecido su reconversión en soledad y
sin asistencia. En soledad e indefensión tuvieron que afrontar una
nueva vida los que se fueron en busca de trabajo a otras tierras de
España o a otros países, dejando atrás tantas y tantas cosas que nunca
podrán borrar del recuerdo. Se fueron sin indemnizaciones, sin
prejubilaciones, sin paro, sin subvenciones, sin alternativas de
trabajo pactado; se fueron tristes pero en silencio, como lo hacen los
hombres de alma grande, con la esperanza de un próximo y pronto
retorno. Esas zonas quedaron en soledad y abandonadas, despobladas y
desprotegidas de sus hombres y mujeres, pero una sociedad democrática
y responsable no puede dar como respuesta la retirada y el abandono,
porque no sería ni ético ni lícito.
El Partido Popular, siempre identificado con los problemas del mundo
rural --como pone de manifiesto esta moción y la creación de la
Comisión Especial para el estudio de los problemas del mundo rural, y
como pone también de manifiesto el propio «curriculum» del Partido
cuando estaba en la oposición y ahora cuando está en el Gobierno--,
insta a este Gobierno para que, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, ponga las medidas adecuadas y los medios necesarios para que
estas zonas recuperen su historia y se corrijan los desequilibrios que
actualmente padecen.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz.
A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios. Siendo esto así, entiendo que no tiene
sentido defender la enmienda a la moción ni la contestación a la
enmienda. Por lo tanto, salvo mejor criterio de los portavoces de los
grupos, considero que podemos pasar al turno de portavoces. (Pausa.)
Se inicia el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albístur por diez minutos.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
La intención de nuestro Grupo al tomar la palabra en este turno de
portavoces es fundamentalmente, por qué no decirlo, aplaudir esta
iniciativa en lo que contiene, sobre todo en sus intenciones, yo diría
que en la buena voluntad de sus objetivos, incluso diría que hasta en
la poesía que nos ha citado el representante del Grupo Parlamentario
Popular, porque realmente de este tema estamos hablando. Esta emoción,
por lo genérica, por lo imprecisa, por lo vaga, realmente se queda en
un cúmulo de buenas intenciones que debería haber abandonado y que
debería haber superado.
Yo insisto en el hecho de aplaudir esta iniciativa, pero lamento que
venga con tanta falta de precisión. Porque a nuestro Grupo le parece
que éste es un tema de Estado, un tema que toca fondo en una
problemática muy real dentro del Estado español, dentro de cada una de
las diecisiete Comunidades Autónomas, que toca fondo hasta dentro,
incluso, de los propios núcleos urbanos habitados, que afecta a las
zonas desindustrializadas y que va a ser objeto en esta misma Cámara
y en la del Congreso de los Diputados de un debate muy amplio cuando
venga el plan de las zonas carboníferas. Pero así lo ha querido
plantear el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y
lamentablemente, en mi opinión, se queda con un tono excesivamente
partidista y localista.
Es un tema importante y necesario, pero precisa un plan, y eso es lo
que nos hubiera gustado ver acompañando a esta Moción. Un plan que
incluya las oportunidades de rehabilitación de las zonas vinculándolas
a la creación de una calidad de vida y vinculándolas también a planes
y programas de descongestión urbana; un plan que tenga objetivos de
implantación social: vivienda escuelas, trabajo, trabajo vinculado a
la reforestación, trabajo vinculado a la reorientación de las zonas
hidráulicas, trabajo vinculado a la cinegética, trabajo vinculado a
muchos elementos que forman parte de la geografía y de la vida natural
de las zonas y vinculado también a la descongestión urbana,
precisamente en función de la necesidad que tenemos de hacer nuestras
propias urbes más humanas y más habitables, pero buscando también
alternativas económicas propias de las zonas que están deshabitadas
para incentivar la instalación de nuevas generaciones, de nuevas
personas, de personas que están desvinculadas de las zonas hoy día
agotadas, hoy día excesivamente pobladas y excesivamente ahogadas por
una economía que no tiene salida.
Hay que pensar también en objetivos de dotación de servicios, en
programas de infraestructuras que vinculen estas áreas con núcleos de
servicios y con actividad económica, con programas de promoción de las
zonas deprimidas sin duplicidades entre ellas, con especialidades en
las actividades económicas, como anteriormente he dicho. Es decir, un
programa, en definitiva, que pueda ser, como se dice en la enmienda que
ha sido consensuada entre todos los Grupos políticos, coordinado con
las Comunidades Autónomas, pero que contemple la rehabilitación de
espacios naturales que podrían permitir una mejora y una recuperación
de la calidad de vida de esos mismos espacios y de otros espacios
urbanos hoy día deteriorados.
Junto a este tema, existen ya iniciativas en diferentes Comunidades
Autónomas que deben también respetarse, replantearse y apoyarse. Es un
tema --decía-- de Estado, pero también de Unión Europea. Es un tema que
va a ser aprobado con nuestro apoyo en esta Cámara, pero sobre el que
deberíamos haber tenido un amplio debate, una amplia reflexión y un
consenso, como el que se va a producir.
Esperamos que sirva, precisamente, para volverlo a considerar en este
Senado; esperemos también que sea el inicio de una reflexión
importante, de forma que en las próximas generaciones podamos ver que
se ha realizado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albístur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a fijar la posición de nuestro Grupo ante esta
moción del Grupo Parlamentario Popular y manifestar nuestro voto
afirmativo y nuestro acuerdo con la misma como ha quedado reflejado en
la firma de la enmienda de transacción que ha sido presentada.
Estamos de acuerdo, lógicamente, con la intención un tanto vaga de la
moción, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Y en cuanto al «ejercicio de la
solidaridad» tan utilizado a lo largo de la intervención del Senador
Sanz, queremos distinguir que la solidaridad se ejerce por el Estado
en distintos niveles. Hay un primer nivel de solidaridad entre
Comunidades Autónomas y nadie duda de que en los últimos 15 años se ha
hecho un esfuerzo de solidaridad entre Comunidades Autónomas no
comparable con algún otro realizado en Europa y creemos que va a seguir
desarrollándose en el futuro. Hay otro nivel, al que hace referencia
esta moción, que es la solidaridad con zonas concretas y, en este caso,
con unas especificidades muy distintas. Es evidente que hay zonas que
necesitan de esas actuaciones en todas las Comunidades Autónomas y
estas zonas deprimidas y despobladas deben recibir una atención
especial según se solicita en esta moción.
Por último, quiero hacer un comentario. La moción que nuestro Grupo
presentó en el Pleno posterior al debate general de las Comunidades
Autónomas solicitando que se hiciera público el balance fiscal es un
reflejo claro de la solidaridad que hay entre Comunidades Autónomas y,
sin duda, también un incentivo para que esta microsolidaridad que se
refleja en esta moción se lleve a cabo.
Unicamente me resta reiterar nuestro voto afirmativo a la moción y
nuestro apoyo a la enmienda transaccional, como ya se ha reflejado en
la firma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender nuestra posición respecto
de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular instando al
Gobierno para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138
de la Constitución Española, promueva las medidas adecuadas al
desarrollo humano y económico de las zonas deprimidas y despobladas del
territorio español.
Lo primero que llama la atención --como han puesto de manifiesto los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-- del breve
texto justificativo de la moción es su referencia concreta a la
Comunidad de Castilla y León y su vaguedad. Se dice muy acertadamente
que en la Comunidad de Castilla y León existen zonas inmersas en un
proceso avanzado de despoblación, siendo la mayoría de las personas a
las que afecta este proceso de edad avanzada, circunstancia ésta que
imposibilita su futuro desarrollo e, incluso, amenaza la existencia de
los núcleos urbanos que habitan, lo que unido al deterioro de las
infraestructuras necesarias para su desarrollo y la carencia de
servicios mínimos, agrava la situación de penuria y abandono en que se
encuentran y supone una clara y grave disminución para estas zonas.
Analizando el texto presentado, llama la atención el exceso de
simplicidad, su vaguedad y --como se ha dicho-- su inconcreción, como
si se pretendiese salir del paso con una larga cambiada para solventar
un problema muy serio que a todos nos preocupa y del que no podemos
sustraernos porque a quienes lo vivimos y sufrimos cotidianamente nos
golpea con su cruda realidad cada vez que por cualquier circunstancia
--y piensen, señorías, que son muy numerosas las circunstancias-- nos
aproximamos a él. Sin embargo, el texto de la moción es como un brindis
al sol, que ahonda muy poco en las raíces verdaderas del problema que
intenta solucionar y que, probablemente, hubiera tenido mejor acomodo
en la Comisión Especial para el Estudio de la Problemática del Mundo
Rural, creada hace cinco meses en esta Cámara y que se reunió por
primera vez hace cuatro días a instancias de la señora Ministra de
Agricultura y que hoy con este debate probablemente vaciemos de
contenido y sus conclusiones queden muy mediatizadas por lo que estamos
diciendo aquí.
Permítanme, sin embargo, que haga un poco de historia de la génesis de
este problema que debatimos y que después concluya con una aportación,
más matizada que la del grupo proponente, en orden a buscar sus
posibles remedios.
El profesor Angel Barrios, en una obra titulada «Estructuras agrarias
y de poder en Castilla, el ejemplo de Avila», pone de manifiesto cómo
todos los historiadores que han tratado el tema de la economía rural
coinciden en señalar la constante relación --siempre paralela y de
igual signo-- existente entre demografía y producción de bienes
materiales desde los primeros tiempos de la repoblación castellana, y
cómo desde entonces el aumento demográfico
se vería acompañado por una tendencia general de crecimiento de la
producción agrícola, por lo que si los factores que integraban esta
hipótesis, es decir, población y producción, variaban su volumen,
también lo hacía el valor de correlación entre ambos, provocando
bienestar o pobreza, aumento de la población o disminución de la misma.
Parece una verdad de Perogrullo y, sin embargo, encierra las claves de
la situación actual en amplias zonas de nuestra geografía, y sobre todo
es la base que favoreció el desarrollo, con el paso del tiempo, de una
sociedad estratificada de clases --aunque en este concepto aún no se
pongan de acuerdo los autores--, entre los cuales se daría una acusada
diferenciación entre grupos humanos y entre habitantes rurales y
urbanos.
Dando un salto de gigante, podemos observar que esta constante
histórica tuvo su momento más álgido en nuestro país, y quizá más
acusado por su dureza, durante los años postreros de la dictadura
franquista, tras lo que dio en llamarse el «boom» económico español,
en la década del cincuenta y nueve al sesenta y nueve. Lo que para Luis
Angel Rojo fue el primer ciclo industrial completo de la economía
española produjo cambios verdaderamente decisivos en la estructura del
país, que pasó de ser un país eminentemente agrario a transformarse en
un país industrial y urbano.
No obstante, tras estos cambios subsistían los problemas tradicionales
del campo español: descapitalización, baja rentabilidad, formidables
desequilibrios en la propiedad, con grandes latifundios, elevadísimo
número de pequeñas explotaciones, bajísimos niveles de equipamientos
colectivos y servicios; es decir, se había producido la rotura
definitiva de la estructura agrícola tradicional, pero la reforma
agraria, aquel desafío histórico para salvar a la España del
subdesarrollo, pasó a ser un problema técnico y dejó de ser un problema
político.
Pero el inicio de la pretendida modernización no consiguió romper la
distribución personal de la renta en nuestro país, y sólo se dieron
enormes trasvases de dinero público que, mediante operaciones no
siempre eficientes, engordaron al sector privado. Por ejemplo, al
término del I Plan, las cinco provincias que en 1995 tenían el mayor
nivel de renta per cápita: Guipuzcoa, Vizcaya, Barcelona, Madrid y
Alava, seguían teniéndolo en 1969; y las cinco más pobres: Orense,
Almería, Jaén, Cáceres y Granada, continuaban siéndolo en la misma
fecha. Lo que no obsta para reconocer que, en las décadas de los años
sesenta y setenta, se produjeron importantes cambios económicos y
sociológicos, que no fueron acompañados en su momento de la necesaria
reordenación de la sociedad ni del desarrollo de un modelo democrático,
lo que indudablemente impidió el pleno aprovechamiento de todas las
posibilidades contenidas en el impulso de la sociedad española; pues
quienes hicieron estas transformaciones apostaron por el desarrollo
desequilibrado o, en otras palabras, por el desarrollo de las regiones
prósperas y el abandono de las pobres, lo que llevó consigo la
despoblación --por la emigración-- y la desertización del interior de
nuestro país. Porque es preciso aclarar que en la década desarrollista
casi cuatro millones de personas dejaron sus pueblos de origen hacia
Europa, hacia las regiones prósperas o hacia las capitales de su
provincia, dejando unas bolsas de subdesarrollo, al parecer
irreversible, en Galicia, León, las dos Castillas y Extremadura, a
pesar de que existieron en estas regiones algunas áreas de crecimiento
notable.
Es preciso reconocer, llegados a este punto, que con el establecimiento
de un sistema democrático en nuestro país al final de la década de los
setenta, y sobre todo con la gestión socialista, se han ido superando
muchas de las contradicciones de la etapa anterior, pues al tiempo que
la sociedad española en su conjunto se modernizaba, se abría a Europa,
se recuperaba económicamente y cobraba un nuevo impulso social y
político.
Sin embargo, es cierto --como pone de manifiesto la moción del Grupo
Parlamentario Popular-- que en la actualidad existen todavía colectivos
de ciudadanos españoles cuya situación de desarrollo necesita un
impulso que otros han tenido, colectivos con unas características muy
acusadas, con unos condicionamientos demográficos propios, cuyas
peculiaridades más importantes pasaré a enumerar brevemente.
En primer lugar, un envejecimiento de la población. España se va a
encontrar a finales de siglo, y más estas zonas, con una población
anciana bastante superior a la actual. Las Comunidades más envejecidas
serán Aragón, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Castilla-La
Mancha. En segundo lugar, una disminución de la natalidad. La
fecundidad media, con el indicador de tasa bruta de reproducción,
seguirá disminuyendo en todo el conjunto del país hasta colocarse
próximo al valor uno --en la actualidad está cerca de 1,2--, lo que nos
situará al nivel estricto de reemplazo de generaciones. En tercer
lugar, una disminución de la mortalidad. Se va a seguir produciendo una
disminución de la mortalidad infantil hasta colocarse en el nivel 6,5
por mil nacidos --en la actualidad está en el 7,25--, pero puede
aumentar la mortalidad general como consecuencia del acelerado
envejecimiento de la población, lo que conllevará que Aragón, Baleares,
Extremadura, Castilla y León y Asturias tengan un crecimiento
vegetativo negativo a principios de siglo, mientras que Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana seguirán siendo los polos de
crecimiento demográfico de España, seguidos a gran distancia por
Cataluña y Galicia.
Ante esta encrucijada, es preciso considerar que la estructura
poblacional de nuestro país es muy dinámica y compleja, en la que es
posible identificar bastantes elementos de heterogeneidad, que son el
resultado del solapamiento y coincidencia en el tiempo de procesos de
cambios sociales económicos, políticos y culturales que en otros países
se desarrollaron a lo largo de más de un siglo y nosotros los hemos
tenido que asumir en poco más de dos décadas.
En consecuencia, la sociedad española, y más en unas zonas que en
otras, necesita del esfuerzo de las administraciones competentes para
hacer que las bolsas marginales de las que hablaba anteriormente
consigan un pleno desarrollo social y humano porque, aunque la
situación actual se caracteriza por una atenuación de las diferencias
regionales,
al aminorarse las diferencias norte-sur y este-oeste que se producían
durante el franquismo, en su conjunto el perfil socioeconómico de las
regiones españolas nos permite agruparlas en cuatro grandes bloques,
eso que Julio Alcaide ha calificado como las cuatro Españas económicas:
la España que crece, que comprende todo el litoral Mediterráneo, el
Valle del Ebro, los dos Comunidades insulares, la Comunidad de Madrid
con los corredores de Toledo y Guadalajara, que son regiones en
expansión, con aumento de población y un considerable nivel de vida;
la España en crisis, que comprende todo el litoral vasco y cantábrico
y que, a pesar de tener un alto nivel de desarrollo, sufre un descenso
de población y un retroceso económico; la España que sobrevive, que
comprende el Valle del Guadalquivir, el Valle del Duero, Galicia,
Huesca y Lérida, con un crecimiento moderado del PIB y una población
por encima de la media nacional y cuya situación es estable, pues no
se prevé ni un deterioro, ni un desarrollo espectacular; y la España
que se despuebla, de la que estamos hablando esta tarde, que comprende
las zonas más deprimidas del interior de la península: Extremadura,
Castilla-La Mancha, Salamanca, Avila, Segovia, Soria y Teruel, donde
la densidad de población puede llegar a ser, como ha puesto de
manifiesto el Senador Sanz, de menos de 10 habitantes por kilómetro
cuadrado y donde la emigración de los años sesenta, la que comentaba
al principio de mi intervención, ha dado paso a una población
envejecida, con tendencia a una mayor caída demográfica y donde el
crecimiento del PIB por habitante se debe no al mayor enriquecimiento
de estas personas, sino a la disminución de la población.
Pues bien, señorías hoy, tocando el siglo XXI con la punta de los
dedos, he de agradecer que todos nos podamos poner de acuerdo en
resolver conflictos que han perdurado tanto tiempo. Lo que ocurre es
que quienes tienen en sus manos poder hacerlo, como antes, como
siempre, formulan brindis al sol y se quedan tan conformes con que las
soluciones las aporte solamente una parte del Estado, que probablemente
es quien en estos momentos tiene menos competencia para poner remedio
a un mal tan acusado. Porque quienes vivimos próximos a esas zonas
deprimidas, sabemos muy bien a quién le corresponde mejorar las
condiciones de vida, la mejora de las vías de comunicación que hoy les
aíslan o dificultan su contacto con el progreso. Los que conocemos la
cruda realidad, a veces miserable, de esos núcleos aislados, sabemos
muy bien a quién le corresponde la atención médica, educativa y
cultural de esos ciudadanos. Cuantos visitamos esos lugares aislados
y desasistidos que existen en nuestras Comunidades, sabemos muy bien
a quién le corresponde la dotación de centros de ocio, las
pavimentaciones o los servicios públicos, las restauraciones de
edificios públicos: a la Administración Autónoma fundamentalmente.
La Comunidad Autónoma que se pone de ejemplo en la moción lleva
gobernada por el Partido Popular desde el año 1987. Desde entonces, las
dotaciones de carácter social y cultural en los municipios han sido
francas excepciones. Y hay situaciones concretas en mi Comunidad que
son sangrantes: cuando los partidos que estamos en la oposición
pretendemos que sean tenidas en cuenta nuestras propuestas para mejorar
las condiciones de vida en el medio rural, sin que sea posible romper
la cerrazón del Gobierno de la derecha que nos gobierna; cuando no se
atienden nuestras peticiones para que se haga una política
diversificada en el territorio; cuando nuestras propuestas de
descentralización administrativa rebotan contra el muro infranqueable
del Gobierno regional; cuando no se priorizan las zonas deprimidas para
que lleguen a ellas selectivamente los incentivos regionales; cuando
las mancomunidades para el mantenimiento de servicios no se fomentan
en una región que tiene casi 2.500 municipios, la cuarta parte de los
que existen en este país, 6.000 núcleos de población y, en cambio, se
atiende a la segregación de municipios en base únicamente a intereses
localistas.
Por eso, señorías, decía que, a las puertas del año 2000, no creemos
posible plantear una política progresista en el mundo rural más
deprimido sin el concurso de todos los agentes e instituciones que
tienen competencias en el mismo. Y es por eso por lo que planteamos una
enmienda que ofrecía alternativas reales a la actividad tradicional del
mundo rural, al tiempo que pretendía asegurar un futuro digno a los
hombres y mujeres que viven en nuestros pueblos, asegurando un relevo
generacional con perspectivas de solidaridad y desarrollo.
Y termino, señor Presidente, manifestando, en nombre de mi Grupo, que
no nos vamos a oponer a esta moción. Vamos a votar afirmativamente la
transacción presentada por todos los grupos, si bien hubiésemos
apreciado como un gesto de buena voluntad el que se hubiesen recogido
las matizaciones planteadas en nuestra enmienda, que, sinceramente,
estimo que mejoraban el texto y la intención de esta moción. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar las gracias a los portavoces de
los diferentes grupos por la sensibilidad que han demostrado con el
apoyo a esta iniciativa. Creo que si por algo deben tener este
Parlamento y este Senado una preocupación especial es precisamente por
esas zonas más deprimidas y despobladas de nuestro país.
En relación con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, querría decirle al señor Albístur que --quizás por el murmullo
existente en la Cámara no se oyera bien mi voz desde esos escaños-- se
ha hablado con mucho cariño hacia estas zonas, por lo que se han
intentado utilizar palabras bellas e, incluso, poesía. No obstante,
también se ha hablado de medidas fiscales y financieras, de dotación
de infraestructuras en carreteras, de la conservación del patrimonio
natural, de un desarrollo endógeno. Y con la sensibilidad que se ha
propuesto en esta Cámara, pretendemos que, a través del Gobierno, en
coordinación
con las Comunidades Autónomas, que, lógicamente, tienen mucho que decir
en esta materia, se adopten las medidas adecuadas para dicho
desarrollo.
Estoy de acuerdo con el Senador Albístur en que se trata de un mundo
muy complejo y complicado, en el que intervienen muchos factores, como
la ordenación del territorio, pero también debería convenir conmigo su
señoría en que eso solamente se puede resolver si de una vez por todas
empezamos a tratar dicha cuestión desde esta Cámara seriamente y
trabajamos todos juntos, sin suspicacias y sin tirarnos las
alternativas y los trastos a la cara.
En cuanto al Senador Cambra, estoy totalmente de acuerdo con su
posición. Creo que la solidaridad tiene diferentes estratos. No
obstante, cuando nos referimos a este término debemos hacerlo desde el
convencimiento de que no estamos regateando nada a nadie, pero estamos
convencidos, por unos principios de ética, de solidaridad, de justicia,
de que hay zonas que necesitan la ayuda de todos los españoles. Este
es un criterio ético y un criterio político. Y desde esa perspectiva,
decía que debemos mostrar una gran solidaridad todos los españoles
hacia estas zonas que un día contribuyeron al bien de este país, con
estas zonas que se han despegado, que se han despoblado y mucha de cuya
mano de obra ha ido a producir a otras tierras, por lo que éstas, en
compensación, deben sentir también solidaridad con aquellos pueblos,
con los lugares de esos hijos que hoy trabajan en otras tierras, donde,
por otra parte, creo que están plenamente integrados.
En cuanto al Senador Serrano, no le voy a recriminar absolutamente nada
de lo que ha expuesto, porque es un tema demasiado serio, demasiado
grave. El análisis que nos ha expuesto su señoría ha sido una
explicación sobre las diferentes concentraciones y grupos diferenciados
que aparecen en el territorio español.
Le voy a decir algo muy importante. Parece que al Senador Serrano se
le olvida, en lo que se refiere a solidaridad y a gobernar, que el
Partido Socialista ha estado gobernando catorce años, y que en esos
catorce años no se ha hecho absolutamente nada por evitar este grave
problema de discriminación y de despoblamiento que existe en las zonas
rurales, y si no que el señor Serrano nos hubiera dicho en esta tribuna
cuáles fueron las medidas que ellos adoptaron.
Más aún, usted ha hecho referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. Señor Serrano, usted sabe las infraestructuras que el Partido
Socialista, estando en el Gobierno, denegó a esa Comunidad Autónoma;
usted sabe, señor Serrano, las atenciones que tenía el Presidente del
Gobierno con esa Comunidad Autónoma; en ningún momento se dignó a
recibir a su Presidente. ¿Cómo puede usted, señor Serrano, hablar de
solidaridad, decir que es una zona que está deprimida por culpa del
Partido Popular o por gestiones anteriores al gobierno del Partido
Socialista? Ha habido un interregno muy importante de catorce años en
el que se podían haber hecho muchas cosas, y ese tiempo se ha perdido
simplemente porque el Partido Socialista no se ha preocupado por las
zonas deprimidas y por aquellas Comunidades que, desde el punto de
vista demográfico, desde el punto de vista de actividades económicas,
tenían unos parámetros más bajos o en algunos aspectos casi negativos
en relación con el resto de las Comunidades Autónomas.
Por eso, señor Serrano, creo que es un tema demasiado serio para que
suba usted a esta tribuna a hacer un brindis al sol, sin hacer
propuesta concreta alguna. Se ha limitado, creo que de forma un tanto
extemporánea, a criticar a una Comunidad Autónoma que, como usted sabe
muy bien, está haciendo un gran esfuerzo en sus inversiones y en sus
presupuestos con las zonas más despobladas, con los pueblos más
pequeños y precisamente en aquellas zonas en las que menos actividades
hay.
Señor Serrano, quiero decirle algo muy importante en relación a los
servicios sociales: con las características que tiene la Comunidad
Autónoma, con la dispersión de municipios y de habitantes que tiene,
es difícil resolver el problema, pero sí le puedo decir con toda
seguridad que en esa Comunidad Autónoma se han hecho avances muy
importantes en sanidad y en asistencia a la tercera edad. Había una
parte importantísima competencia del Estado, y ustedes tampoco supieron
en su momento dar una solución alternativa al tema de la salud. Por
eso, señor Serrano, no creo que sea usted ni su grupo el más indicado
para hablar de estos temas, porque han estado catorce años gobernando
y durante ese tiempo esas zonas deprimidas han continuado perdiendo
población, han continuado perdiendo actividad económica. Por tanto, no
creo que eso le legitime a usted, desde el punto de vista de oposición,
a venir a esta tribuna a decir que en estos momentos las cosas no se
están haciendo bien. Le puedo asegurar que en Castilla y León el
presupuesto en lo que se refiere a esas zonas deprimidas es
importantísimo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz. (El señor Serrano
Alvarez-Giraldo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Por el artículo 87, ¿me permite un
minuto?
El señor PRESIDENTE: Dispone de tres minutos.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias.
Intervengo sólo para decirle al Senador Sanz que está confundiendo
competencias.
Senador, si esta moción se hubiera aprobado en los términos estrictos
en los que ustedes la presentaron sería papel mojado. Está usted
confundiendo competencias. Las Comunidades Autónomas son --y así les
corresponde en estos momentos-- las que tienen que atender esos
territorios de los que estamos hablando, y se lo he dicho en mi
intervención.
Es más, Senador Sanz, usted hablaba de cuestiones relativas a una sola
Comunidad, y yo le digo que durante los años de gobierno socialista en
esa Comunidad se han hecho más centros culturales, se han hecho más
centros sociales,
se han arreglado más carreteras que durante los diez años de gobierno
de la derecha. (Rumores.)
Y le voy a decir más de estos catorce años de los que usted habla.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Si usted se leyera el primer informe
que la Comisión Europea hizo sobre la distribución de incentivos
regionales, vería que en el mismo se dice que el Estado español es el
que mejor distribuye los incentivos regionales de todos los países de
la Comunidad. Y si leyera los informes que elaboró la CECA, la
Confederación Española de Cajas de Ahorro, vería también que en este
país es donde mejor se distribuyen los incentivos sociales en todas las
Comunidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Serrano. (El señor Sanz Blanco
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Sanz por tres minutos en función del
artículo 87. (Rumores.)
El señor SANZ BLANCO: No necesitaré tan siquiera ese tiempo. Haré
simplemente unas observaciones.
Señor Serrano, el artículo 138 de la Constitución también da
competencias al Estado precisamente para la corrección de esos
desequilibrios y para que haga efectivo el equilibrio entre los
distintos territorios de España. (Rumores.)
Señor Serrano, usted dice que esta moción hubiera sido papel mojado de
no haberse admitido esa enmienda transaccional que dice «en
coordinación con las Comunidades Autónomas». Pero, señor Serrano, ¡si
todos sabemos cuáles son las competencias de las Comunidades Autónomas!
Además, si algún partido hay exquisito en esa sensibilidad de respeto
a las competencias de las Comunidades Autónomas y en las transferencias
a ellas, ése es el Partido Popular. Sin embargo, nunca se ha
distinguido el Partido Socialista por ese respeto al resto de las
Comunidades. (Rumores.--Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Señor Serrano, ustedes defendían a las Comunidades Autónomas cuando
estaban en la oposición, pero cuando estuvieron en el Gobierno, ustedes
eran totalmente centralistas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Se puede aprobar por asentimiento esta moción?
(Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A QUE, ANTES DE LA FINALIZACION DEL PRESENTE PERIODO DE SESIONES,
PRESENTE ANTE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES UN INFORME SOBRE LOS PROYECTOS PARA
RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE EL FERROCARRIL OCASIONA EN DIVERSAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (662/000056.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la
que se insta al Gobierno a que, antes de la finalización del presente
período de sesiones, presente ante la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones un informe sobre los proyectos
para resolver los problemas que el ferrocarril ocasiona en diversas
ciudades españolas.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, pero ahora tiene además una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios. Por tanto, entiendo que debemos seguir
la misma tramitación que en la moción anterior.
Para la defensa de esta moción tiene la palabra uno de los
representantes del Grupo firmante de la misma, Senador Laborda, por
tiempo de veinte minutos.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser muy sucinto en la defensa de esta moción. Su larga
exposición y su pormenorizada descripción de la petición creo que me
ahorran cualquier defensa amplia de la misma. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Simplemente quisiera plantear ante
la Cámara la necesidad de que este asunto sea expuesto en su conjunto.
Nosotros podríamos haber optado por hacer lo que los distinguidos
colegas del Partido Popular solían hacer cuando no eran Gobierno, es
decir, plantear cada problema en cada ciudad y poner todas las
dificultades posibles para que éstos no se resuelvan, pero no hemos
optado por eso. Nosotros, después del debate que tuvo lugar en la
Comisión de Obras Públicas, y en el que se partió de las mociones que
defendieron la Senadora Martínez y el Senador Díez González en relación
con los problemas del soterramiento del ferrocarril en Murcia y en
Logroño, lo que hicimos sencillamente fue leer el «Diario de Sesiones».
En él consta lo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Senador Bris, nos dijo, algo que era muy razonable y que a su vez era
lo que nosotros habíamos estado sosteniendo desde el Gobierno, desde
la mayoría parlamentaria. Nos dijo que el problema que genera el
ferrocarril a su paso por las ciudades necesita sencillamente de un
gran acuerdo entre las administraciones públicas, de un marco estable
en el que, mediante un convenio, el Gobierno, que es el que quiere
responsabilizarse de las competencias de Renfe --y es lógico--, la
Comunidad Autónoma, que es la que tiene las competencias urbanísticas
en última instancia y mucho más después de la sentencia del Tribunal
Constitucional, y el Ayuntamiento concernido lleguen a algún tipo de
acuerdo marco para resolver los problemas que el ferrocarril crea a su
paso por las ciudades y que puede tener diversas opciones de
resolución, desde tratamientos urbanísticos, pasando por la desviación
de la vía férrea,
o sencillamente, como es ahora técnica utilizada, proponiendo el
soterramiento.
Ciertamente, el importe de este tipo de operaciones es muy elevado y
el número de ciudades que están afectadas por este tipo de problemas,
heredados del siglo XIX seguramente, también es muy elevado. Se habló
de los problemas de Murcia y de Logroño en la larga lista de ciudades
que están concernidas, que incluso ya cuentan con proyectos y estudios,
y podríamos incorporar a ciudades como, por ejemplo, Burgos, Palencia,
Castellón, Alicante, Cádiz, Málaga, Jerez, etcétera.
Lo que proponemos en la moción es, primero, que el Gobierno nos diga
con qué técnicas administrativas, con qué decisiones políticas, en qué
marco, se han resuelto estos problemas en algunas ciudades. Ciertamente
algunos de nosotros tenemos experiencia en la resolución de estos
problemas. Yo podría contarles la mía en una pequeña, pero importante
ciudad ferroviaria, que se llama Miranda de Ebro, donde se desvió el
ferrocarril para evitar que la vía férrea estrangulara el crecimiento
espacial de la ciudad. Pero es evidente que hay otras fórmulas que se
han puesto en vigor y que queremos conocer. Ha habido fórmulas de
resolución en Córdoba, en Madrid, en Sevilla, en Elche, etcétera. Lo
que queremos es saber, con la experiencia que se tiene en Sevilla, en
Barcelona o en Bilbao, a través de fórmulas de consorcios, si es
posible abordar estas operaciones haciendo compatibles dos cosas: por
una parte, que Renfe siga cumpliendo con sus obligaciones de que el
tren funcione y lo haga cada vez mejor y, al mismo tiempo, que se
puedan acometer ese tipo de obras sin que recaiga exclusivamente el
importe de las mismas sobre el presupuesto de la Comunidad, del
Ayuntamiento o del Estado. En este sentido se ha hecho una reflexión
y una experiencia que queremos conocer.
Si la idea consiste en desafectar los terrenos que ocupa ahora mismo
Renfe para, mediante su recalificación, obtener una financiación que
permita reducir las obligaciones de las administraciones concernidas,
es evidente que tiene que haber un convenio para obligar a las
Comunidades Autónomas a que se comprometan en la resolución de los
problemas.
Señor Presidente, señorías, realmente traemos esta cuestión aquí, a las
Cámaras, porque Renfe es una empresa estatal y el Ministerio de Fomento
--antes de Obras Públicas y Transportes-- es el que lógicamente tiene
que tutelar este tipo de operaciones, pero lo cierto --hemos de decirlo
en honor a la verdad-- es que el problema no lo puede resolver el
Estado, lo tienen que resolver las Comunidades Autónomas y hay veces
que como éstas tienen muchas ciudades concernidas, no quieren priorizar
este tipo de resoluciones. Es muy costoso políticamente decir: vamos
a hacerlo primero en Burgos y después en Palencia, o en Logroño y
después en Murcia. ¿Por qué? Porque hay una emulación. Nosotros
podríamos haber entrado a jugar en ese terreno. Nos iría bien. Mañana
presentaríamos una moción a favor de tal ciudad, montaríamos una rueda
de prensa, movilizaríamos a la sociedad cuando, por ejemplo, hay
problemas --no digo nada cuando hay accidentes--, etcétera, pero hemos
querido, porque somos congruentes con lo que decíamos cuando éramos
Gobierno, hacer un marco general, pedirle al Gobierno que se
comprometa, que tiene cualificación técnica pero que, al mismo tiempo,
tiene que tener capacidad de pactar con las Comunidades Autónomas, y
que nos diga, en función de cómo se ha solucionado el problema en
algunas ciudades, cómo se puede solucionar en otras donde esto es una
necesidad apremiante y que, además, en la mayor parte de ellas ha
concitado un amplio consenso entre las fuerzas políticas representadas
en los respectivos ayuntamientos con la propia sociedad civil. No
estamos hablando de una, de tres o de cinco ciudades. Probablemente
estamos hablando de más de veinte ciudades de más de 20.000 habitantes,
con un problema que hemos heredado del pasado, agravado durante la
etapa del franquismo, en la que el urbanismo se hizo de una manera
completamente descabellada y sin tener en cuenta los intereses
generales. La solución de estos problemas en buena parte de estas
ciudades va a suponer una transformación equivalente a la que en el
pasado supuso, por ejemplo, la salida de los cuarteles del centro de
las ciudades o las ampliaciones, llamadas ensanches, en nuestro
urbanismo moderno.
Este es un problema que nosotros traemos aquí en un ejercicio de
programación, de planificación, de incentivo, para que el Gobierno
pacte con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos, para que
nos informe y para que al mismo tiempo el Gobierno, que ha introducido
modificaciones en las leyes presupuestarias, etcétera, nos diga de qué
manera puede participar la iniciativa privada, dentro del marco legal,
en la resolución de este tipo de problemas. Esta es nuestra pretensión.
Termino, señor Presidente, señalando que nosotros pretendíamos, lo
decimos así en el «petitum» de la moción, que el Gobierno hiciera este
informe antes de que terminara el presente período de sesiones. Es
decir, nos conformábamos con que a finales de junio el Gobierno
presentara ante la Comisión de Obras Públicas el informe que se pide
para que éste pueda ser objeto de debate, para que los grupos
parlamentarios, tal como el Senador Bris nos propuso en la Comisión de
Obras Públicas, pudiéramos escribir resoluciones para colaborar en la
solución del problema. Por lo tanto, estábamos pensando en hacer ese
debate quizás en septiembre.
El Grupo Parlamentario Popular, no sé por qué, pero lo vamos a aceptar
con confianza, nos ha planteado, primero, un aplazamiento mucho más
amplio y, finalmente, hemos llegado al punto de encuentro: un año. De
acuerdo. Es mucho tiempo. Se nos ha dicho que se puede hacer un plan
hidrológico en seis meses y no se puede hacer un informe de este tipo
en cuatro meses. De acuerdo. Yo creo que es un asunto que tiene tal
trascendencia, donde tendremos que trabajar a tan largo plazo, que es
evidente que quienes estamos pensando que vamos a tener
responsabilidades de Gobierno pronto, sobre todo si ustedes están con
las tentaciones de huir disolviendo anticipadamente las Cortes --pienso
que el plazo de un año es suficientemente razonable, no creo que
ustedes vayan a adelantar más, por mal que les vayan las cosas, las
elecciones--, esperamos que lo cumplan con esto, ya que nos ha costado
mucho trabajo
llegar al acuerdo de que en lugar de en junio lo tengamos a la altura
de la primavera del próximo año. Por consiguiente, espero que se
apliquen, pero sobre todo que pacten, que hablen con las Comunidades,
con los ayuntamientos y que nos traigan un plan formal, eficaz,
integrador, que posibilite un compromiso de las sociedades afectadas
para la resolución de ese problema, y que de paso nos permita sentirnos
muy satisfechos como miembros de esta Cámara resolviendo un problema
muy práctico y muy concreto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Laborda, que ha puesto el ferrocarril electoral a una gran velocidad.
Esta moción tiene una enmienda, firmada por todos los grupos, que doy
por defendida, por lo que pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez, por el Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Apoyamos esta moción, porque creemos que trata un asunto bastante
interesante. En nuestro país existen infinidad de ciudades afectadas,
no solamente las que ha señalado el señor Laborda. Se podrían añadir
muchas más, como Almería en Andalucía y en Madrid Getafe, Leganés,
Alcalá de Henares. Este Senador ya hizo una pregunta al respecto, sobre
todo relativa al enterramiento de las vías de Getafe.
Para hacer esto, aparte de realizar un estudio económico, hay que aunar
voluntades. Estoy de acuerdo con las iniciativas que ha planteado el
Senador Laborda. Efectivamente, lo ideal es aplicar la experiencia que
ya existe sobre consorcios en los que estén las tres Administraciones,
el Estado, la Comunidad autónoma y el ayuntamiento afectado, para hacer
el estudio pertinente, porque tanto si es enterramiento como si es
desvío, se pueden aprovechar, porque muchos están dentro de las
ciudades, para que puedan contribuir a paliar el coste económico que
estas importantes operaciones requieren.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario, como usted ha dicho, ha suscrito la
enmienda transaccional que diferentes grupos parlamentarios han
planteado a la Mesa de la Cámara en relación con la moción que plantea
el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectivamente, a nosotros nos parece oportuno políticamente que se haya
presentado esta iniciativa parlamentaria porque el problema del
ferrocarril en las ciudades es contradictorio y completo. El origen de
esta contradicción está en que en la mayoría de los casos es el propio
ferrocarril la espina dorsal, el núcleo central sobre el cual se ha
desarrollado un núcleo urbano, y es cuando ese núcleo urbano se ha
desarrollado en unas circunstancias adyacantes al ferrocarril cuando
se origina el problema. Pero muchas veces se ha dicho por parte de los
poderes centrales del Estado o del Gobierno o de las autoridades de
Renfe que no les competía estrictamente a ellos la cuestión porque el
ferrocarril estaba ahí antes de que surgiera el problema. Es decir, el
problema viene con el desarrollo de la urbe, con la urbanización, con
los procesos de aglomeración urbana, etcétera; en definitiva, el
problema está ahí, y cada uno tiene su visión y sus planteamientos
sobre cómo abordarlo.
Sobre esta cuestión en algunos casos se han dado soluciones técnicas;
en otros se han dado en función de la capacidad política de influencia
que el alcalde de turno tenía, y en otros casos se utiliza la sintonía
política o la afinidad con el alcalde o con el Gobierno de turno para
acometer una obra que solucione los problemas de impacto en cuanto al
ruido, de impacto medioembiental y de impacto visual del trazado del
ferrocarril en las urbes. En definitiva, hay múltiples factores que han
incidido sobre ello.
Pero, señor Presidente, al margen de ello, aquí hay una cuestión de
fondo, porque lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es una
cuestión importante pero puntual. El problema de fondo es una cuestión
que el señor Borrell planteó en esta Cámara hace cuatro años, en 1992,
y que luego no se llevó a cabo porque las dificultades técnicas y
políticas requerían que se hiciera un debate político sobre --valga el
juego de palabras-- la política del ferrocarril en España: el carácter
multimodal que el ferrocarril tiene o deja de tener. ¿Qué fue lo que
pasó? Lo que pasó, en definitiva, es que se hizo un ensamblaje en el
Plan Director de Infraestructuras. Fue una iniciativa política y
administrativa buena, porque no había habido una experiencia de
gobierno que hubiera aglutinado con carácter multifuncional los
diferentes modos de transporte en un documento público, político,
administrativo, como es el Plan Director de Infraestructuras. Pero en
materia de ferrocarriles contenía también un error, y era el ir
anotando, ensamblando, incorporando al Plan de Infraestructuras
aquellas iniciativas sobre ferrocarril que se planteaban desde
diferentes puntos de la geografía española, lo que, en definitiva, ha
supuesto un pastiche que mi Grupo Parlamentario cree que políticamente
debería haberse abordado, como prometió Borrell, aunque luego no pudo
llevarse a cabo, con un debate en profundidad sobre la política del
ferrocarril.
La verdad es que la cuestión es complicada, y hay que tener los
planteamientos claros, porque inciden también otros elementos: en
primer lugar, la existencia de ferrocarriles diversos, unos de vía
estrecha y otros de otras características de ancho de vía; la política
en relación a la conexión con Europa, sobre el ancho de vía bien a
través de Barcelona, bien a través del País Vasco, y la competitividad
del ferrocarril en relación con el transporte por carretera.
Obviamente, éste es un debate que, desde nuestro punto de vista, no se
abordó ni por parte del Gobierno ni por parte de los diferentes grupos
parlamentarios, aun reconociendo que se hizo un esfuerzo político
importante. A este parlamento le tocó participar en las negociaciones
del Plan Director de Infraestructuras, y sabemos y reconocemos que
verdaderamente fue un Plan positivo. Pero, evidentemente, no hay una
política concreta sobre el ferrocarril. Se van haciendo políticas muy
parciales: si un servicio de ferrocarril es deficitario, interviene la
Comunidad Autónoma; otras Comunidades Autónomas no intervienen... En
definitiva, no hay una política clara, quizá porque tampoco es fácil
tenerla, dicho sea en términos de equidad parlamentaria.
Nuestro Grupo Parlamentario ve bien esta cuestión puntual que ha
planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene su encaje en un
debate más profundo, que es el tema de la multifuncionalidad en el
transporte en España. Ese es el debate de fondo en esta cuestión; pero
el problema está aquí, y mientras esté aquí hay que intentar darle
solución.
Decía aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Laborda, que las Comunidades Autónomas tienen competencia en esta
materia, pero también hay que recordar una cuestión, y es que el
Gobierno central tiene mucha competencia en la medida en que en
aquellas obras de interés general o que trascienden del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma --y eso ocurre, por ejemplo, con
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles con la división de la
actividad de negocio de Renfe, en la que, por un lado, está la
prestación del servicio de viajeros pero, por otro, está la
infraestructura viaria, que pasa a depender directamente de la
Administración-- por el artículo 148 de la Constitución se atribuye la
competencia a los poderes centrales del Estado.
Evidentemente, éste no es un tema de competencia y no vamos a entrar
a ver quién tiene que hacer más o menos. Lo importante es que se haga.
Ha habido experiencias positivas y las está habiendo en Castilla y
León, en Navarra, en Aragón; en donde las Comunidades Autónomas, sin
tener una política de responsabilidad directa sobre el ferrocarril,
están interviniendo y están subvencionando servicios ferroviarios,
políticas de transporte. En definitiva, si eso presta un servicio al
ciudadano, bienvenido sea, al margen de quién lo realice, porque la
función política a la que todos estamos sometidos en el servicio al
ciudadano, y a éste, al final, le da lo mismo que lo haga uno o lo haga
otro: lo importante es que se haga.
Por ese motivo, nuestro Grupo Parlamentario ve bien esta iniciativa.
Y quiero recordar, señor Presidente, que esta cuestión también habría
que vincularla a la política de ciudades. El anterior Gobierno --es de
justicia reconocerlo-- empezó con una política que yo creo interesante,
la de ciudades concertadas, y uno de los ejemplos más llamativos sobre
esta cuestión fueron las actuaciones concertadas realizadas en Bilbao
y su entorno.
En el entorno de Bilbao y en Bilbao capital surgió la primera
iniciativa en España en virtud de la cual la Administración central,
bien a través del Ministerio de Obras Públicas o de entes
instrumentales, como pueden ser la Autoridad Portuaria, Ferrocarriles
de Vía Estrecha, Red Nacional de los Ferrocarriles, juntamente con la
diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno
vasco, crearon una sociedad para poder implementar políticas públicas
que permitieran diferentes finalidades, como mejorar las vías de
transporte, mejorar los procesos de degradación medioambiental
derivados de una industrialización atroz y acelerada que se produjo
años atrás y, en definitiva, políticas dirigidas a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, políticas que inciden sobre el ciudadano,
en la urbe en la que viven los ciudadanos. Aquí conectaríamos con lo
que se ha dicho en el debate que precedía a éste que estamos teniendo,
en el que se decían cosas muy interesantes. Respecto a esta política
de ciudades concertadas, que ha sido pionera en Bilbao y en su entorno,
creemos que en estos momentos está por materializarse una iniciativa
semejante en Asturias.
En el caso del País Vasco, sobre estas cuestiones se está actuando, y
se está actuando bien, porque lo hacen el Ministerio --antes y ahora--,
Renfe, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco. Se están
haciendo soterramientos de ferrocarril, desvíos y tratamientos
arquitectónicos para evitar perjuicios medioambientales. Yo creo que
ésa es una experiencia política muy importante que se puso en marcha
a partir de 1991 con la constitución del ente público Bilbao-Ría 2000
y que creemos que en este momento se está trasladando a otros puntos
de la geografía española.
Por lo tanto, señor Presidente, a nuestro Grupo Parlamentario le parece
bien esta iniciativa parlamentaria --el que se plasme el plazo de un
año nos parece razonable--, nos felicitamos por su oportunidad y
reitero que en el caso del País Vasco la iniciativa Bilbao-Ría 2000 ha
sido modélica; también se han realizado actuaciones en Vitoria y hay
problemas, por ejemplo, en el municipio de Zumárraga. En definitiva,
nuestro Grupo va a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente, tal y como ha señalado el Senador Laborda en
su exposición, el 6 de febrero se debatieron mociones del Grupo
Parlamentario Socialista en las que se proponía el soterramiento del
ferrocarril en las ciudades de Logroño y Murcia, dados los importantes
problemas urbanísticos que planteaba.
Estos efectos negativos del ferrocarril, de las infraestructuras
ferroviarias en el centro de ciudades importantes --el Senador Laborda
ha hablado de Burgos, Cádiz, Málaga, Jerez, Castellón y otras; el
Senador Nieto añadía Getafe, Leganés, Alcalá de Henares y este mismo
Senador podría añadir su población, Tortosa--, son problemas derivados,
evidentemente, del crecimiento urbanístico, a veces desordenado, pero,
en cualquier caso, del importante servicio que planteó el ferrocarril
en el momento de su implantación --próximo a las grandes ciudades, en
ocasiones en el mismo centro-- y que posteriormente se ha transformado,
debido a la existencia de otros medios de comunicación, en un problema
que dificulta el armónico crecimiento urbanístico de estas ciudades.
Las soluciones, efectivamente, son complejas, no son fáciles, y nos
parece un acierto el plantearlo como lo ha hecho el Grupo Parlamentario
Socialista: dentro de una perspectiva global, que no a través de
mociones individuales que podrían transformarse más bien en una carrera
de a ver quién presiona más a Renfe, lo cual difícilmente daría lugar
a soluciones, dada la dificultad y la amplitud de los problemas. En
algún caso habrá que construir pasos soterrados, en otros probablemente
habrá que recurrir al traslado de la línea y siempre habrá cuestiones
urbanísticas que plantear y que resolver, es decir, habrá intervención
directa de las ciudades, de los municipios, dentro de sus competencias,
habrá intervención directa --tanto por competencias urbanísticas como
por la necesidad de intervención en el proceso de financiación-- por
parte de las Comunidades Autónomas y, por descontado, el Gobierno
central, y de un modo muy especial Renfe, habrá de plantear no sólo la
solución técnica adecuada, sino que habrá de tener en cuenta lo que ya
se apunta en la moción --y me parece que el Senador Nieto ha hecho
referencia a ello--: la existencia de unos terrenos sobrantes, los
cuales, dentro de una adecuada planificación urbanística, pueden servir
para financiar parcialmente la operación.
Se trata de una cuestión ciertamente importante, amplia y que,
independientemente de lo acertado de la moción, nos parece más práctico
dar un año para el estudio que se propone. Probablemente sería fácil
hacer un estudio de unas pocas ciudades en un período de cuatro o cinco
meses, pero consideramos mucho más difícil, o prácticamente imposible,
llegar a un estudio global de todas las ciudades de más de 20.000
habitantes que tienen este problema, que tendrá enfoques distintos y
soluciones también distintas.
Por tanto, evidentemente, nuestro Grupo apoya la moción con la
modificación planteada por los distintos grupos y, por descontado, le
vamos a dar nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Juan José Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para agradecer a los señores portavoces que han hecho uso
de la palabra y a todos los miembros de la Cámara que, al fin y al
cabo, van a aprobar, con la modificación que incorpora la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, la moción que nosotros hemos presentado,
y para hacer algún comentario a algunas de las afirmaciones que han
hecho los intervinientes que, de paso, me pueden permitir precisar un
poco más la intención y nuestro punto de vista al respecto.
Al señor Gatzagaetxebarría voy a reiterarle mi agradecimiento a su
intervención. No hemos querido traer un debate sobre el ferrocarril.
Hemos querido traer un debate sobre el impacto del ferrocarril en la
ciudad. Este es un debate más sobre la ciudad que sobre el ferrocarril.
En el siglo XIX la ciudad sacó el ferrocarril porque incendiaba las
mieses, y en el siglo XX la ciudad ha ido hacia el ferrocarril, y éste
es el problema que tenemos, como ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, en muchísimas ciudades de distintos tamaños.
Efectivamente, el ferrocarril, a su paso, supone un incordio porque
dificulta la circulación, supone un estrangulamiento del crecimiento
espacial y, finalmente, supone un riesgo y a veces se constata en forma
de accidentes.
Pero cuando nosotros estábamos planteando, en la reflexión, que éste
era un asunto que incumbía básicamente a las Comunidades Autónomas,
aunque sea el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas
--ahora Ministerio de Fomento--, el que quiera dirigir algo que
concierne a Renfe pero que Renfe no puede pactar bilateralmente la
resolución con los Ayuntamientos, lo decíamos porque el importe del
conjunto de los soterramientos que han de hacerse en España
probablemente puede oscilar entre 300.000 y 500.000 millones de
pesetas; en los que yo conozco, el importe mínimo oscila entre 10.000
y 25.000 millones de pesetas cada soterramiento. No hay manera de que
esto descanse sobre los presupuestos de las Administraciones Públicas.
Dentro del marco legal, lo que se pretende es desafectar los terrenos
que ahora ocupa Renfe
--que no los necesitaría si se va al desvío, al soterramiento e
incluso a tratamientos urbanísticos, porque el ferrocarril moderno no
necesita tanto espacio como antes-- de la calificación de los terrenos
evitando la especulación, pero haciendo posible que la iniciativa
privada de cada ciudad participe en la resolución del problema
--cuestión clave, en mi opinión--, y esto necesita de un acuerdo porque
es la Comunidad Autónoma la que tiene finalmente la competencia
urbanística. Mucho más claro es aún después de la sentencia del
Tribunal Constitucional; es evidente --lo digo con paladina claridad--
que después de la sentencia, el Gobierno o entre todos tendremos que
arbitrar una norma alternativa a la que ha quedado en buena parte
derogada por el Tribunal Constitucional, lo cual va a ralentizar la
solución de muchos de estos problemas, porque no tenemos un marco legal
sobre el cual poder operar para resolver los problemas urbanísticos,
los planes urbanísticos de las ciudades y, por supuesto, el problema
que el ferrocarril crea a su paso.
Por lo tanto, ésa es la razón por la que, Senador Gatzagaetxebarría,
yo he invocado a las Comunidades Autónomas, porque si hacemos un marco
global de prioridades entre todos, probablemente van a estar más
tranquilas, lo mismo que el Gobierno, lo mismo que los ayuntamientos,
a la hora de saber cómo se va resolviendo escalonadamente este
problema, con qué marco legal y con qué método, y de paso los
ciudadanos nos verán cooperar, en lugar de tomarles el pelo, que a
veces es lo que ha sucedido,
lamentablemente, en nuestros debates sobre esta cuestión. Yo he vivido
en una ciudad en la que mi alcalde puso la bandera a media asta porque
no se resolvía el problema del soterramiento. Ahora lo vamos a
resolver, después de la transacción a la que hemos llegado el Senador
Ainsa y yo, dentro de un año. ¿No es así, Senador Ainsa? Dentro de un
año estará todo esto resuelto.
Respecto a Bilbao-Ría 2000, estoy de acuerdo en que es el modelo. Lo
he dicho en la tribuna, entre varios modelos, esa experiencia de
consorcio es un modelo de participación de la iniciativa privada y de
colaboración entre las Administraciones públicas.
Senador Beguer, yo estoy completamente de acuerdo con la valoración que
su señoría ha hecho en relación con la participación de Renfe, del
Gobierno, del Ministerio, de las Comunidades Autónomas y de los
Ayuntamientos. Lo he dicho anticipadamente sin mencionar a su señoría.
No obstante, aprovecho su intervención, aparte de para darle las
gracias por la consideración que ha tenido por nuestra iniciativa, lo
mismo que se las doy al Senador Nieto, para decirle que, efectivamente,
ésta es, en mi opinión, una cuestión --lo decía en la tribuna--
enormemente crucial para muchas de estas ciudades. Nuestras ciudades
han tenido una serie de fases. Tuvieron la fase de la desamortización
y algunas de ellas pasaron a los ensanches. Posteriormente, liberaron
terrenos que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tenían en sus entornos.
Eso ha hecho que se entre en una nueva fase de expansión o de ensanche.
Si se libera la ciudad del ferrocarril, sobre todo, en muchas ciudades
de más de 20.000 habitantes, estaremos, de alguna manera, abriendo un
nuevo espacio para el desarrollo urbano de la ciudad española. Merece
la pena que planifiquemos una empresa de este tenor. Por eso, yo me
siento realmente satisfecho del voto favorable que se ha anunciado hoy
porque estamos haciendo una cosa útil que nos justifica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Laborda.
Tiene la palabra el Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a tratar, señor Laborda, de refrescarle un poquito
la memoria. Cuando habla usted de la globalidad de la línea de
actuación que a ustedes les invita a llevar a cabo esta moción, lo
primero que debo decirle al respecto es, ni más ni menos, que este
planteamiento nace en Comisión a petición del Senador Bris, portavoz
del Partido Popular, al cual, desde aquí, le traslado, lógicamente,
nuestro más sincero agradecimiento.
Nos decía, Senador Laborda, que ustedes podían haber llevado a cabo una
línea de actuación en cualquier localidad convocando ruedas de prensa,
etcétera. Yo no he hecho un seguimiento de si en Logroño o en Murcia
han puesto en marcha esta línea de actuación, pero lo que sí es un
hecho evidente es que ya lo han hecho, población por población, cuando
menos en Comisión.
El tema es en este momento lo suficientemente importante como para que
yo diga, en nombre del Partido Popular, del partido que sustenta al
Gobierno de este país, que estamos de acuerdo con el fondo y con la
línea de actuación que infunde la moción, pero con lo que no estamos
de acuerdo inicialmente, señor Laborda, es con la forma. Y le digo que
no estamos de acuerdo con la forma porque se nos demanda en la moción
que en poco más de tres meses seamos capaces de dar o, mejor dicho, se
le demanda al Gobierno que dé, a través del Ministerio de Fomento, una
solución a esta cuestión. Yo creo que son ustedes excesivamente
exigentes.
Aquí ha dicho también el Senador Gatzagaetxebarría, del Partido
Nacionalista Vasco, que yo he hecho comentarios de cuando ustedes
estaban gobernando y de cuando el Ministro era el señor Borrell. Creo
que tiempo ha habido para poder llevar a cabo un evento tan importante
del que está, realmente, tan necesitado el pueblo español. Nosotros
llevamos poco más de un año, pero ustedes han tenido la oportunidad de
resolver el tema durante 14 años. Creo que ese año que nosotros
aportamos y que se plasma en nuestra enmienda transaccional
--permítanme que se lo diga, señores Senadores-- es, en mi opinión
sincera, insuficiente y prueba evidente es el comentario que le he
hecho a usted esta mañana. ¿Por qué? Porque entran multitud de aspectos
en una cuestión tan prolija y tan complicada. Y recalco el aspecto
temporal con auténticas dificultades, porque estoy convencido de que
si hubiese sido más sencillo, el Partido Popular, al llegar al
Gobierno, se hubiera encontrado con este problema resuelto. Ustedes han
tenido la oportunidad durante 14 años de resolverlo y no lo han
conseguido. Por eso le decía en el transcurso de la tarde de hoy que
a mí un año me parecía insuficiente.
Evidentemente, mi Grupo Parlamentario, al cual respeto, como no puede
ser de otra manera, manifiesta que éste es el criterio que hemos que
tener. Nos decía usted, señor Laborda, que un plan hidrológico se hace
en seis meses, pero hay que hacerlo. Por eso, hago mención esta tarde
al aspecto temporal, para tratar de ampliar el tiempo al máximo, si
cabe, cuando menos a un par de años, a dos años, porque entendemos que
es importantísimo lo que nos señala la moción presentada por el Partido
Socialista.
Yo quiero agradecerles que hayan aceptado esa enmienda transaccional
porque, en definitiva, creo que toca un aspecto realmente importante.
Pero le diré más. Hablaba usted de aspectos cuantitativos, de 400.000,
500.000 y 600.000 millones de pesetas. Señor Laborda, ustedes empiezan
a gobernar este país en el año 1992 con un déficit de 5 billones de
pesetas y nos lo dejan con 36. Algún billón se podría haber despistado
para resolver este problema, pero no ha sido así.
Lo más importante en este momento, señor Laborda --y hay que resaltarlo
en esta sesión plenaria del día de hoy--, es que ustedes entiendan que
cuando tratamos de llevar a cabo aspectos positivos de cara a este país
encuentren el talante dialogante que se logra a través de las palabras,
comentarios y del diálogo en las gentes del Partido Popular. Y ese
talante lo encontrará siempre en el Partido que sostiene en este
momento al Gobierno que preside
José María Aznar cuando llevemos a cabo líneas de actuación positivas,
pero siempre con las exigencias oportunas y pertinentes en cada momento
y en cada cuestión.
Desde luego, es difícil crear el arte del milagro y tratar de resolver
--como le decía hace un momento-- en tres meses lo que estoy convencido
que ustedes trataron de resolver desde el principio del año 1982 y no
lograron en catorce años. Unicamente les pediría tolerancia y que
ustedes en su momento, cuando lleguen a gobernar --pero no con esa
precipitación que usted manifestaba hace unos instantes, ni muchísimo
menos, déjenos cuando menos 14 años-- acepten los planteamientos de
diálogo con el mismo criterio que los acepta el Partido Popular y
llegaremos a un consenso magnífico por parte de todos los grupos. Crea
usted de verdad que, en este momento y en este país, lo que se necesita
es que ese panel (señalando el tablero de votación electrónica) se
pinte de verde día a día en cada planteamiento que tratemos de llevar
a cabo. Y esto no le quepa la menor duda, señor Laborda, que no es
gracias a la generosidad del Partido Popular, sino al respeto que se
tiene al pueblo español, al diálogo con los partidos políticos y, en
definitiva, al buen hacer que caracteriza a las mujeres y hombres del
Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ainsa.
(El señor Laborda Martín pide la palabra.)
Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador Laborda por tiempo de
un minuto.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Es un turno de agradecimiento al Senador Ainsa y un turno de defensa
del Ministro Borrell, que igual procede por ese artículo.
Senador Ainsa, he aceptado el año. Usted dice: tuvieron 14 años para
resolverlo y no lo han resuelto. Nosotros teníamos una fórmula de
resolución, y gracias a ella se hicieron los desvíos o soterramientos
que he puesto de ejemplo.
Senador Ainsa, en lo que fracasamos --y soy testigo porque vivo en una
ciudad donde se puso de manifiesto-- fue en no ser capaces de convencer
a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular de que
suscribieran un concierto para su resolución. En eso fracasamos.
Ustedes, que ahora tienen responsabilidades --porque se las ha dado el
pueblo español, al que usted ha invocado y yo respeto-- vamos a ver si
en un año tienen tiempo suficiente para resolver el acuerdo. Por eso
decía que bienvenido sea el año si dentro del mismo tenemos un
calendario, aunque lleve un poquito más que ese tiempo, para resolver
esos problemas en el conjunto de las ciudades a las que afecta. Esto
es lo que le quería señalar, dentro del turno de defensa del Ministro
Borrell.
Por último, debo decirle una cosa. No confunda el déficit con la deuda,
que son magnitudes distintas, como su señoría sabe perfectamente y,
sobre todo, incorpore el número de kilómetros de carreteras y el número
de soterramientos que, en el tiempo que ustedes llevan gobernando,
nosotros habíamos sido capaces de resolver; entre otras, la de la
ciudad de Miranda de Ebro, de la que me siento muy orgulloso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Laborda. (El señor Ainsa Escartín pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ainsa por tiempo de un minuto.
El señor AINSA ESCARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Laborda, agradezco mucho el recordatorio y que en este momento
me refresque la memoria. El mismo problema que tienen ustedes es el que
yo tengo en mi provincia de Huesca, donde estaba el Partido Socialista
gobernando al igual que en toda la Comunidad Autónoma. Y permítame la
vulgar expresión: en la capital de provincia de Huesca todavía entra
el tren marcha atrás y por medio de la ciudad. Y no ha sido por falta
de demanda, que también la hemos llevado a cabo. Pero la línea de
actuación del Partido Socialista a nosotros nunca nos va a servir de
ejemplo. El talante dialogante, la línea de actuación del Gobierno
Popular, encabezado por su líder, don José María Aznar, es lo que
permite en este momento tratar de resolver lo que ustedes han sido
incapaces de hacer cuando han tenido oportunidad, con mayoría absoluta
en muchas Comunidades Autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Propongo a los señores
Senadores aprobar esta moción por asentimiento. (Pausa.) Por lo tanto,
queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER LAS MEDIDAS PERTINENTES
ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE LA TITULACION DE MEDICO
ESPECIALISTA A AQUELLOS PROFESIONALES QUE HUBIERAN COMENZADO LICITA Y
EFECTIVAMENTE, CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 1995, UNA FORMACION
O UN EJERCICIO PROFESIONAL EN ALGUNA DE LAS ESPECIALIDADES RECONOCIDAS
EN EL ESTADO ESPAÑOL. (662/000050.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción,
que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a establecer las
medidas pertinentes
orientadas al reconocimiento y otorgamiento de la titulación de médico
especialista a aquellos profesionales que hubieran comenzado lícita y
efectivamente, con anterioridad al 1.º de enero de 1995, una formación
o un ejercicio profesional en alguna de las especialidades reconocidas
en el Estado español.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación firmada
por todos los grupos. Para la defensa de esta enmienda, tiene la
palabra el Senador Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender esta moción que plantea la
solución a una situación que desde hace años ha preocupado a nuestro
grupo que, de forma reiterada, ha presentado iniciativas en este
sentido; es decir, encontrar una solución para aquellos licenciados en
medicina y cirugía con anterioridad al 1.º de enero de 1995 y que no
pudieron acceder a la vía MIR.
¿Cuál es el origen del problema? ¿Por qué se ha producido sin que hasta
ahora la Administración haya encontrado una solución adecuada y
definitiva? En los años setenta se implanta en España la vía MIR, es
decir, la de los médicos internos y residentes, que se ha mostrado
efectivamente como un buen sistema para la formación de los
especialistas. Sólo tiene un inconveniente y es que todos los médicos
que terminan sus estudios de licenciatura y optan por esta vía no
pueden acceder a ella por cuestión de número.
En el año 1984 y después de unos años de funcionamiento, se regula por
Real Decreto esta vía como la única para acceder al título de
especialista. ¿Qué podían hacer y qué hicieron aquellos médicos que no
accedieron a la vía MIR? Se dedicaron a la medicina general, muchas
veces dentro del sistema público, con la superación de oposiciones de
asistencia pública domiciliaria, o bien optaron por cursar una
especialidad en otros ámbitos, fuera de la Seguridad Social, como
escuelas universitarias, facultades de Medicina, etcétera. Y ha sido
la propia Seguridad Social la que les ha contratado posteriormente como
especialistas por necesidades del sistema sanitario.
De manera que tenemos dos grupos de médicos a los que hay que dar una
salida, toda vez que actualmente se les exige la titulación oficial de
especialista para trabajar en el sistema sanitario público; o sea, el
título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para
los médicos generales y la homologación del título de especialistas a
los médicos especialistas sin título oficial y conocidos corrientemente
como Mestos.
Por tanto, desde 1980 hasta 1995, se produce un gran desfase entre el
número de licenciados en Medicina y el número de plazas de formación,
debido primordialmente a una insuficiente oferta de estas últimas. Esta
situación, unida a la gran expansión que ha tenido la sanidad en España
y la carencia de médicos especialistas que cubriesen las nuevas
necesidades, ha generado unos colectivos médicos que fueron contratados
por las diferentes administraciones sanitarias para atender la nueva
demanda. En algunos casos, se articuló en sus centros una formación
perfectamente estructurada para poder realizar las funciones para las
cuales fueron contratados; en otros, fue el ejercicio profesional
tutelado por otros profesionales especializados o que les dio la
formación. Y, por último, y sobre todo en la medicina general, el solo
ejercicio profesional se ha completado con la autoformación, bien sea
con la formación continuada, asistencia a cursos, etcétera.
En el momento actual y ante la exigencia de las directivas comunitarias
refundidas en la 16/1993, junto con la notificación por parte de España
de que la denominación de medicina general será la de Medicina Familiar
y Comunitaria, se establece que para ser contratado en los
establecimientos sanitarios de la Seguridad Social es obligatorio el
poseer el título de especialista, con la excepción de medicina general,
para lo cual es válida la acreditación de médico general expedida
durante 1994; acreditación que creemos que está perdiendo su capacidad
ante los requisitos a cumplir en la oferta de plazas en la atención
primaria, ya que para ellas se exige, y con una baremación
diferenciada, la posesión del título de especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria, lo cual reduce considerablemente el acceso de
los médicos generales al mercado laboral. Por último, esta situación
se agrava con la convocatoria reservada de 1.800 plazas de Medicina
Familiar y Comunitaria para aquellos licenciados en Medicina con
posterioridad a 1 de enero de 1995, que, aunque suponen un incremento
considerable, un 47,7 por ciento con respecto a años anteriores, han
sido detraídas del cupo general, perjudicando sobremanera a los
licenciados anteriores a 1995 y restándoles posibilidades, por tanto,
de acceder a dicho título.
En la Directiva comunitaria 16/1993, a la hora de reconocer los
diferentes títulos, diplomas o certificados que no responden a las
exigencias mínimas de formación establecidas se admite la certificación
que acredite que dichos nacionales se han consagrado efectiva y
lícitamente a las actividades que se traten durante un período de
tiempo establecido. A todo ello hay que añadir la aprobación por parte
del Congreso de los Diputados de tres proposiciones no de ley: en la
de 26 de mayo de 1992 se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias que permitan al colectivo de médicos becarios residentes en
hospitales psiquiátricos acceder al título de especialista; en la
aprobada por unanimidad del 15 de junio de 1994 se insta a que se
adopten las medidas necesarias para el reconocimiento de la actividad
profesional de los médicos ayudantes de equipos médico-quirúrgicos como
períodos formativos para el acceso al título de especialista; y,
finalmente, en la aprobada el 21 de enero de 1995, presentada
precisamente por nuestro Grupo y que tuve el honor y la satisfacción
de defender, en su punto segundo se exige dar al colectivo de médicos
generales la posibilidad de acceso al correspondiente título de médico
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en su punto tercero
insta a aprobar las medidas necesarias para establecer los mecanismos
de censo y valoración del colectivo profesional perteneciente a los
médicos especialistas sin título oficial, Mestos, con objeto de que
éstos puedan acceder al título de médico especialista. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, la publicación y aplicación del restrictivo Real
Decreto 1776/1994 no soluciona más que una pequeña parte de la
problemática, como así nos lo reconocía el propio Ministro de Sanidad
en contestación a la pregunta de este Senador el 12 de febrero pasado.
Se ha expresado en numerosas ocasiones por parte de la administración
la existencia de legislaciones de rango superior que impiden regular
convenientemente el acceso al título de especialista de estos médicos.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en el tema que nos atañe, la
Ley General de Educación es la máxima norma y en ella, en su artículo
46, queda claro que el Real Decreto 127/1984 no impide al Gobierno que
articule las medidas reglamentarias extraordinarias, transitorias o no,
que complementen el sistema de acceso general al título de
especialista, así como que dicha regulación reglamentaria puede ser
totalmente nueva o bien fundamentada en actos o hechos anteriores.
Las nuevas regulaciones deben contemplar, a nuestro entender, el
ejercicio profesional como período de formación a la hora de valorar
los conocimientos adquiridos y su aplicación y, sobre la base de unos
períodos fijados, determinar el acceso directo al título de
especialista o la necesidad de una formación complementaria para
obtener el mismo. Al fin y al cabo, entendemos que la formación
especializada que se sigue en Estados como Inglaterra o Alemania se
basa precisamente en aprender trabajando. Por otra parte, también sería
difícil explicar a la sociedad que se han contratado médicos para
ejercer como especialistas y han sido mantenidos en el tiempo sin una
formación específica.
Debería crearse un registro de todos los médicos en esta situación, con
lo que se evitaría la creación de nuevas bolsas históricas y, por
tanto, las medidas legislativas reguladoras se deberán mantener durante
un tiempo hasta que estos médicos accedan al título de médico
especialista. Esta medida trata de ser progresista ya que el fin de la
misma es conseguir que todos los médicos que ejerzan en el sistema
público de salud tengan una formación suficiente y reconocida para
atender a la sociedad.
En el caso de que se articularan formaciones complementarias, éstas se
deberían realizar en centros con acreditación docente próximos al lugar
de su actividad profesional, de esta manera se favorecería su
cumplimiento y, además, se evitaría una minusvalía en la asistencia
sanitaria; se convalidaría el período de ejercicio profesional a un
período de formación, y a tal efecto podría ser una fórmula
considerarse formación completa aquella cuyo ejercicio profesional sea
igual al cien por cien del período establecido para la formación de una
especialidad. En cualquier caso, entendemos que debe establecerse una
equivalencia entre la formación médica, en la especialidad la formación
Mir, y la actividad profesional, bien sea en ese porcentaje que hemos
dicho o en otro cualquiera que se pudiera establecer. En cualquier
caso, sería conveniente establecer esta equivalencia. La formación
complementaria ha de ser dirigida, naturalmente, por tutores de las
diferentes unidades docentes, y la valoración y estudio de la formación
adquirida sería realizada por cada Comisión nacional de la especialidad
correspondiente.
Confiamos que esta moción tenga la confianza de la Cámara, aunque sea
con matizaciones. Ya se ha anunciado que se ha presentado una enmienda
alternativa que después se ha podido ir consensuando para llegar a una
enmienda transaccional. Por tanto, la moción inicial ha sido objeto de
modificación, y nosotros la aceptaremos en aras a obtener un consenso
que entendemos necesario e imprescindible y que, en consecuencia, será
positivo, sobre todo para hallar una solución a la situación de estos
profesionales que, repito, viene originada porque la administración en
su tiempo no previó la forma de evitarla. Por eso, entendemos que sería
una cuestión de justicia que en estos momento se pudiera llegar a una
solución definitiva del problema, aun a pesar de las dificultades que
ello pudiera comportar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.
A esta moción se habían presentado tres enmiendas. Sin embargo, como
muy bien ha recordado el Senador Cardona, recientemente se ha
presentado una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios, que es una propuesta de modificación del siguiente
tenor:
«Primero. El Senado insta al Gobierno para que promulgue, con la máxima
urgencia y a través de los Ministerios de Educación y Cultura y de
Sanidad y Consumo, las normas que resuelvan con eficacia las distintas
problemáticas que plantea el acceso a la titulación de especialistas
de aquellos licenciados en medicina que no hubieren podido acceder a
las vías legales vigentes hasta la fecha, pese a reunir circunstancias
formativas y de experiencia profesional para ello.
Segundo. Este procedimiento para el acceso al título de especialista
tendrá en todo caso, un carácter excepcional y no supondrá la creación
de nuevas vías para la obtención del título de especialista. La única
vía de formación para la obtención de título de especialista es el
sistema Mir, que garantiza una correcta y adecuada formación reglada
y cumple las exigencias de la normativa comunitaria.
Tercero. El procedimiento que se establezca deberá permitir el acceso
al título de especialista a aquellos profesionales que acrediten un
tiempo de formación suficiente en plazas de centros sanitarios de
algunas de las administraciones públicas, instituciones sanitarias
concertadas u otros centros acreditados para la docencia.
Cuarto. Este procedimiento contará con el máximo consenso posible, con
todos los colectivos y con las entidades representativas de los médicos
especialistas sin título y con los colectivos Mir, debiendo tomar en
consideración las propuestas que el efecto efectúe el Consejo Nacional
de especialidades médicas. Asimismo, se procurará el consenso y la
coordinación de las distintas Comunidades Autónomas a los efectos
oportunos.
Quinto. En la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y a la
vista de los expedientes, se valorará, además del ejercicio profesional
en atención primaria, la formación continuada y específica en dicha
especialidad con el fin de que se pueda expedir el título
correspondiente mediante los mecanismos que se acuerden.
Sexto. El Senado propone que el Gobierno continúe con las actuaciones
que viene realizando en el ámbito de la Unión Europea al objeto de que
la solución que se propone cuente con la aprobación de los órganos
competentes de la misma.»
Teniendo en cuenta que viene firmada por todos los grupos
parlamentarios, podemos seguir la tramitación anterior y pasar, por
tanto, a la intervención de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, voy a ser breve en mi
intervención, puesto que suscribo totalmente lo expuesto por el Senador
Cardona. Por tanto, no voy a repetir las magníficas consideraciones que
su señoría ha hecho anteriormente.
Coalición Canaria, a través del Grupo Mixto, había presentado unas
enmiendas que, como es natural, con la propuesta de modificación quedan
retiradas.
Quisiera decirles que ojalá ésta sea la última moción que se realiza
a propósito de este tema, y es que, señorías, la cosa está pasando ya
de castaño oscuro. Se trata de un problema complejo en el que hay que
tener la voluntad política de resolverlo definitivamente, y en el que
también deben ser salvados los posibles agravios comparativos que pueda
haber para con aquellos facultativos que, siguiendo la vía normal, han
realizado el MIR y tienen en este momento su título de especialistas
y su plaza en los diferentes centros sanitarios. Pero la situación se
agrava todavía más dado que en el Código Penal vigente se plantea el
peligro de que sean castigados por intrusismo.
Por tanto, la situación ya es límite, es muy grave. Por una vez el
Senado se ha adelantado al Congreso en estas últimas semanas, puesto
que se ha presentado una proposición no de ley de Coalición Canaria que
se verá la semana que viene a propósito de este mismo tema. Daremos
traslado de ella al Congreso para ver si allí tienen el mismo interés
que nosotros en aprobar esta enmienda de modificación.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Desde este mismo escaño deseo manifestar nuestra posición favorable a
la enmienda transaccional que se ha presentado a la moción de
Convergència i Unió, a la vez que también quiero manifestar que el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se
caracteriza y se ha caracterizado a lo largo de las dos últimas
legislaturas, en relación con esta cuestión, por tomar una iniciativa
parlamentaria constante y tenaz sobre esta cuestión de los médicos
especialistas sin titulación oficial.
Somos conscientes de que en Cataluña ésta es una cuestión muy
importante. A través de esta moción se refleja la habilidad de este
Grupo Parlamentario, su sintonía con la problemática social y, en
definitiva, con el entramado de la Medicina en Cataluña al intentar
resolver esta cuestión que también afecta a otros puntos de la
geografía española, pero --es de justicia señalarlo-- que en Cataluña
tiene una incidencia cualificada.
Señor Presidente, cuando se han defendido los diferentes puntos de la
enmienda transaccional se ha mencionado el peligro que en estos
momentos corren las distintas Administraciones sanitarias, tanto el
Insalud como las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en la
medida en que pueden incurrir en algunos de esos supuestos de
responsabilidad normal o anormal de la Administración, puesto que
facultativos que prestan servicios en las mismas no tienen la
titulación oficial que se requiere para el ejercicio de la actividad
--profesional en este caso-- de la Medicina en un subsector o en una
especialidad concreta, viéndose agravada esta cuestión --que sería
únicamente un ilícito administrativo-- puesto que también constituye
un ilícito penal, como decía el Senador Ríos, el ejercer una actividad
profesional sin tener la titulación oficial requerida a esos efectos.
Por tanto, ésta es una cuestión a la que hemos de dar cobertura, aunque
también hemos de ser garantistas y cautos, con la finalidad de que, en
definitiva, no accedan al título, a través de un coladero --dicho entre
comillas--, profesionales que quizá no tienen la cualificación
requerida o no reúnen las circunstancias personales idóneas para el
reconocimiento oficial del título.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario ve bien todas estas cautelas que
aquí se establecen en los diferentes puntos. En primer lugar, la de
hacer un recordatorio de que la vía MIR es la correcta y la adecuada
para la obtención de la condición de especialista y, en segundo lugar,
la de establecer un entramado de consensos.
El colectivo MIR puede verse afectado, y se queja con razón, cuando los
Mestos se mueven y los Mestos, a su vez, se pueden quejar de los
integrantes del MIR. En definitiva, debemos de ser claros a la hora de
decir qué es lo que está ocurriendo, sin perjuicio de que las
relaciones personales entre unos y otros sean buenas. Como corporación,
como «corpus» que agrupa a unos profesionales y a otros, los intereses
son distintos porque se están jugando los puestos de trabajo. Además,
el otorgamiento de títulos a unos profesionales puede suponer el obviar
plazas en hospitales públicos o privados a otros que también quieren
ocupar esos puestos sanitarios reconocidos profesionalmente.
Por estas razones nuestro Grupo Parlamentario ve bien todas estas
cautelas del consenso entre los diferentes «corpus» de especialistas,
entre los MIR y entre las Comunidades Autónomas y, por supuesto,
contando con la participación en el procedimiento administrativo de la
Comisión Nacional de Especialidades.
Señor Presidente, nosotros no tenemos nada más que decir. Ante la
intervención parlamentaria de dos ilustres médicos de esta Cámara,
profesionales reconocidos de la sanidad como son el señor Jaume Cardona
y el profesor de la Universidad de Las Palmas y doctor en medicina, el
señor
Ríos, nuestro Grupo Parlamentario no puede medirse sobre cuestiones de
fondo, en cuanto a arte profesional, con los conocimientos que tienen
estos parlamentarios y va a apoyar los argumentos que aquí han expuesto
ambos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo no quisiera ser repetitivo en este turno de portavoces
pero forzosamente tendré que serlo respecto a algunos razonamientos
para profundizar en ellos.
Se trata de dar una solución a la situación de dos grupos --como hemos
dicho-- de profesionales médicos. Por un lado, los médicos generalistas
o de familia, que es un colectivo muy heterogéneo, pues unos lo son por
la vía MIR y los otros son especialistas titulados en medicina familiar
o comunitaria por otras vías como, por ejemplo, la de médicos
titulares. También hay otros médicos que no tienen reconocido el título
de médico especialista, pero que han ocupado plazas de médico general
en el Sistema Público de Salud con anterioridad al día 1 de enero de
1995 y que aún las siguen ocupando. Por otra parte, existe un elevado
número de estos médicos generales que desempañan su función en el
Sistema Público de Salud con carácter interino.
La solución global de la problemática que plantea ese colectivo
denominado «pre-95», con cuya denominación se les identifica, presenta
un doble aspecto: el profesional y el laboral. En el primero hay la
posibilidad de una solución mediante un procedimiento específico y
ordinario para expedirles el título, en base a una experiencia
profesional y a una formación complementaria, como permite el artículo
35 de la Directiva 93/16, de la Comunidad Económica Europea, lo cual
podría articularse mediante una norma con rango de Real Decreto.
Pero hay otro aspecto no menos importante, que es el laboral, que a su
vez también hace referencia a dos ámbitos: la valoración en los baremos
de la formación vía MIR, en relación con la valoración de la
experiencia profesional, es decir, los años de servicio, y el
desbloqueo de las convocatorias para plazas de médicos generales. En
este aspecto no son posibles soluciones normativas, pues las derivadas,
por ejemplo, del Ministerio, en este caso de Sanidad, sólo obligarían
al Insalud, pero sí cabe y debe de llegarse a un acuerdo, a una
coordinación de todos los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas. De ahí que nosotros tuviéramos interés en que se contemplara
este apartado en el texto de la moción. De ahí nuestro interés, repito.
Por otra parte, parece que existe un cierto consenso general por parte
de las sociedades científicas en relación a adoptar estas soluciones:
norma que permita el acceso, coordinación de la puntuación de los
baremos y convocatoria de plazas.
A nuestro entender, se tendrían que afrontar cuatro cuestiones:
homologación del colectivo y unificación de la denominación de las
plazas; fijación de la equivalencia en los baremos de los años de
servicio y de la formación vía MIR; acceso al título de especialista,
previa acreditación de un tiempo de ejercicio profesional y una
formación complementaria, sistema previsto en el artículo 35 de la
Directiva 1993/16 de la Comunidad Económica Europea, y finalmente el
cuarto aspecto, que es la coordinación de las administraciones
sanitarias en la convocatoria de las plazas de Medicina General.
El otro gran grupo son los Mestos, sobre los cuales no hay datos
definitivos en cuanto a su número, de ahí que alguien haya dicho que
es necesario llevar a cabo un censo, y es cierto, aunque sí se sabe que
afecta a algunas especialidades preferentemente, como Traumatología u
Oftalmología, y también a ciertas Comunidades Autónomas, como Cataluña
o Andalucía. Su problemática en este caso es solamente profesional, o
sea, acceder al título por vías alternativas al MIR. Entre estas vías,
la última fue la del Real Decreto 1.776, para aquellos que habían
iniciado la especialidad antes de 1984, es decir, cuando entró en vigor
la vía MIR, y en base a unos requisitos muy restrictivos, como que
hubieran tenido una formación retribuida y no interrumpida, con un
programa completo de especialidad y obtenida previa convocatoria.
Eso sólo representa una solución parcial, porque no permite el acceso
a los que iniciaron la especialidad después de 1984 o porque aunque la
hubieran iniciado, no cumplían las demás condiciones en los requisitos
establecidos. El propio Ministro así nos lo confirmaba hace unas
semanas, cuando decía que habían accedido al título unos 900 y serían
rechazados cerca de 300.
De hecho, la cuestión presenta una dificultad de orden jurídico, debido
precisamente a la adhesión de España a la Comunidad Europea. Desde el
primero de enero de 1986 entran en vigor las directivas europeas, que
establecen unos criterios estrictos, como son los que definen el
sistema MIR. A pesar de ello, el derecho transitorio sí que establece
en la misma Directiva conceder títulos de especialistas sin estos
criterios, pero siempre que la formación se iniciara antes de 1986.
Tal como nos decía el propio Ministro, se podían considerar, por tanto,
dos vías, que nosotros entendemos que son complementarias porque una
no tiene que excluir a la otra. La primera es el acceso al título para
aquellos que empezaran la especialidad antes de 1986, que supondría
ampliar en dos años la limitación del Real Decreto y con unos
condicionantes menos restrictivos. El inconveniente continuaría siendo
que es una solución parcial.
La segunda vía sería la aplicación del artículo 43 de la Directiva
16/1993, que posibilita que los Estados que hayan tenido dificultades
graves al aplicarla puedan plantear la situación a la Comisión Europea,
para que el Consejo de la Unión pueda autorizar medidas de carácter
excepcional. Permitiría, en cierta forma, diseñar un procedimiento
específico y único para los Mestos, pero, como he dicho, necesita
de la expresa autorización de la Comunidad. Por eso, nosotros hemos
aceptado también que en nuestro texto original no estuviese incluido
el punto sexto, en el sentido de recabar las actuaciones del Gobierno
en el ámbito de la Unión Europea.
Finalmente, me queda agradecer al Senador Ríos sus palabras. Quisiera
hacer una referencia a la proposición no de ley de Coalición Canaria
en el Congreso de los Diputados. Créame, Senador Ríos, no se ha hecho
por oportunismo. Lo cierto es que hemos tardado en presentarla. Ha
decaído en alguna ocasión. Cambiamos el texto, para ir perfilándolo,
y la verdad es que se presentó con posterioridad a la de Coalición
Canaria, lo cual, evidentemente, reconocemos. Pero también tenemos que
decir que en esta misma Cámara el Senador Bertrán, en la legislatura
pasada, presentaba una moción para desactivar el bloqueo que había
entre los Ministerios de Sanidad y de Educación, porque no se resolvía
el problema de los médicos para acceder al título de especialista de
acuerdo al Real Decreto 1.776.
Por otra parte, también quiero recordar que el Senador Bertrán desde
el año 1989 ha presentado multitud de iniciativas en este sentido en
esta Cámara, y que yo también lo he hecho en la legislatura anterior
en el Congreso.
Como no podía ser menos, agradezco las amables palabras del Senador
Gatzagaetxebarría, de las que no soy merecedor. Recuerdo que
precisamente tomamos parte en aquella proposición no de ley en el
Congreso, que se debatió y se aprobó, no por unanimidad, por cierto,
en noviembre de 1995.
Agradezco también por adelantado a los demás portavoces el esfuerzo que
han hecho para llegar a un consenso, así como a toda la Cámara, si la
moción se llega a aprobar, entendiendo que no lo habremos hecho para
nosotros, sino para un colectivo lo suficientemente importante y que
además tiene hoy una situación más que preocupante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Señor Presidente, señorías, me parece oportuno
que en este debate sobre el tema de los Mestos hagamos una referencia
inicial a los MIR, porque, por alguna razón, podía caer alguna leve
sombra sobre este procedimiento de formación de los posgraduados
médicos, y en mi opinión es oportuno y coherente resaltar en este
momento los aspectos positivos que ha tenido en la pequeña historia de
los últimos veinte años de la medicina española.
Yo creo que el Real Decreto 127/84, que regula el tema de los MIR,
supuso la inauguración de una nueva etapa en el sistema de la formación
de los posgraduados de la Medicina, como decía, porque introdujo por
primera vez un procedimiento de formación reglado y porque dio también
un trato igualitario al conjunto de los licenciados a partir de aquel
momento. Se ha demostrado la absoluta eficacia del sistema, porque yo
creo que ha cumplido uno de los requisitos fundamentales para los que
estaba llamado, y es que ha introducido calidad en la asistencia
sanitaria, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, de este país.
Creo también que es oportuno recordar que el sistema ha tenido sus
deficiencias, y la más importante ha sido la diferencia que en todo
momento ha habido entre la oferta de médicos internos residentes que
anualmente se ha ido aprobando por el Ministerio y el número de
licenciados que, también con carácter anual, iba saliendo del conjunto
de nuestras Universidades. Este divorcio, centrado en el período de
1980 a 1994, se podría cifrar en los siguientes datos: de 1980 a 1994,
repito, en España se licenciaron 99.000 médicos y la oferta de plazas
de MIR durante este período ha sido de 38.000. Existe la tendencia a
calificar como Mestos a la diferencia entre estas dos cantidades, es
decir, prácticamente, 60.000 Mestos habría para algunos colectivos en
nuestra sociedad. Yo creo que, en conjunto, este dato es erróneo y que
no se puede asimilar el concepto de Mestos a la diferencia entre el
número de licenciados durante este período y el número de plazas
ofertadas por el MIR. Pero sí es real que uno de los problemas
fundamentales que ha existido en este período de tiempo es el de los
médicos sin título homologado y que iniciaron la especialidad cuando
entró en vigor el referido Real Decreto 127/84. Independientemente del
número al que afecte esta problemática, es cierto que ha sido una
constante preocupación de los médicos afectados, del conjunto general
de la clase médica y, por supuesto, de las autoridades sanitarias, a
lo largo de esta última década.
Para dar una respuesta a este problema se aprobó el Real Decreto
1.776/94, y en el corto período de tiempo que va de diciembre de 1994,
cuando se desarrolla mediante orden ministerial, y el momento en el que
estamos debatiendo este asunto, podemos decir con toda claridad que ha
sido insuficiente para resolver la problemática de los Mestos que en
aquel momento se planteó. Y ahora tenemos la obligación política de
preguntarnos dónde radican y cuáles son las causas que hacen
insuficiente este Real Decreto para resolver en términos generales el
problema de los Mestos.
Yo creo que esta insuficiencia viene dada por varios aspectos. En
primer lugar, porque como se ha dicho aquí, limita el acceso para
acogerse a la titulación a través de esta vía a los licenciados que
hubieran accedido a una plaza de especialista con anterioridad a la
entrada en vigor de este decreto. También existen una serie de
condiciones que, aun cuando puedan calificarse de estrictas, tienen o
tenían un trasfondo que, en mi opinión, iba destinado a garantizar la
máxima calidad en la titulación de las personas que aspiraban a
conseguir el título de especialista --valga la redundancia--, porque
se exigía un período ininterrumpido durante un tiempo similar al de la
formación de la respectiva especialidad recogida en el Decreto de los
MIR, y que hubiesen tenido una relación contractual con algún hospital
de las Administraciones Públicas, del sistema sanitario español o de
algún hospital privado concertado. Es posible que este decreto también
tuviese alguna dificultad, porque no recogía de forma específica el
tratamiento a los médicos especialista en medicina familiar y
comunitaria.
A raíz de esta experiencia que tuvimos, y que, como se ha dicho aquí
con anterioridad, sólo ha producido un número reducido de médicos que
hayan podido obtener el título de especialista, se hace necesaria una
revisión del citado Decreto, revisión que tiene que hacerse teniendo
en cuenta algunos criterios fundamentales. En primer lugar, que, en
efecto, es aconsejable modificar el tiempo a partir del cual pueden
acogerse los licenciados para la titulación por esta vía. Es decir, no
basta con que estuviesen en la vía de formación el 1 de enero de 1984.
Ese es un plazo indiscutiblemente insuficiente que hay que elevar. Y
es bueno y positivo elevarlo, como se decía en la propuesta, hasta el
año 1995, que es la fecha en la que entran en vigor plenamente las
directivas comunitarias al respecto. Ese es un punto que compartimos
plenamente.
También es necesario recoger algunas características específicas de los
médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, a los que
debe valorárseles y puntuárseles no solamente la experiencia acumulada
en atención primaria, sino también la experiencia que hayan podido
recoger en formación continuada, lógicamente, en centros acreditados
y solventes.
Pero hay algunos aspectos en los que tenemos que seguir siendo
cuidadosos. Si no queremos que se relaje el sistema debemos ser
cuidadosos en que hay que exigir un tiempo mínimo suficiente para que
la calidad y la formación de los futuros especialistas, o de aquellos
médicos que pretenden realmente alcanzar la especialidad a través de
este procedimiento, nos garantice una solvencia adecuada. Por tanto,
hace falta dejar bien claro que esa formación ha tenido que llevarse
a cabo por tres vías distintas: bien por un hospital de la
Administración pública, bien en un hospital de la red nacional, tanto
público como privado que esté concertado, bien, en tercer lugar, en un
hospital privado pero que indiscutiblemente tiene que estar acreditado
para la docencia.
También es posible que se tenga que ser más permisivo a la hora de
computar el tiempo, no en su cuantía final --que, en mi opinión, debe
seguir manteniéndose--, pero sí en que no sea necesariamente un tiempo
de formación ininterrumpido, porque hay casuísticas particulares en las
que realmente se pueden recoger períodos de tiempo lo suficientemente
sólidos en la formación pero que hayan tenido de por medio alguna
interrupción por diferentes razones.
Con todo ello yo creo que podemos meternos en una nueva vía que
resuelva con carácter general esta problemática de los Mestos sin dañar
en ningún momento la formación, que es uno de los requisitos básicos
e imprescindibles que en todo momento ha guiado al Ministerio cuando
se promulgó el Real Decreto 1.776.
Como todos somos conscientes de que éste es un tema excepcional, que
tiene que legislarse por una sola vez, y que es un tema urgente porque
nos encontramos en una coyuntura jurídica en la que por nuestra
pertenencia a la Unión Europea se dan circunstancias de una gran
complejidad jurídica, creemos que hemos llegado a un texto consensuado
que puede resolver o dar los instrumentos necesarios al Gobierno para
que decrete las normas correspondientes que introduzcan en una vía de
solución este problema, en el que deben participar --como muy bien se
dice en el texto que se ha presentado por todas las fuerzas políticas--
no solamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad a
través de la Comisión Nacional de Especialidades, sino representantes
de los MIR y representantes de los afectados, es decir, de los médicos
especialistas sin titulación homologada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Carvajal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente el problema de los denominados como Mestos, o
médicos especialistas sin título oficial, se mantiene en nuestro
sistema educativo y sanitario como algo aún no resuelto o sólo abordado
parcialmente. Esta problemática no nace ahora, sino que ha ido tomando
forma a lo largo de los años una vez queda regulada la formación de
especialistas con el sistema MIR y el número de plazas de acceso a este
tipo de formación es inferior al de licenciados que terminan la
carrera. Sistema MIR que, inspirado en el sistema de formación médica
americano en Estados Unidos, inicia su andadura en España en los años
sesenta; es más, existe un período de tiempo que va desde 1980 a 1989
en el que este desfase es aún mayor, con un pico muy significativo en
el año 1983, en el que siendo más de 10.000 el número de licenciados
en nuestras facultades de medicina sólo se convocan 1.700 plazas de
formación MIR, o lo que es igual, que sólo uno de cada seis licenciados
podía acceder a formarse en una especialidad, sin contar aquellos que
en años anteriores aún no habían podido acceder a ello. Decía que ese
período más crítico que va desde 1980 a 1989 --porque en el mismo
obtuvieron su licenciatura un total de 70.000 médicos y se convocaron
sólo 16.600 plazas-- supuso que más de 50.000 médicos quedasen al
margen de tener una especialidad. Ello, además, en un período de tiempo
en el que se llevó a cabo una amplia expansión de la atención
especializada con la incorporación de un número importante de
hospitales, fundamentalmente comarcales, a la red pública, lo cual
incrementó la demanda de especialistas. Todo ello obligó, por una
parte, a que los médicos buscasen fórmulas alternativas para su
formación especializada --tanto en el sistema público como en el
privado o a través, en muchos de los casos, de la red hospitalaria de
las diputaciones provinciales--, pero, por otra parte, marcó el hecho
de que la propia Administración sanitaria, ante la falta de
especialistas con título, recurriese a médicos sin él para ejercer
funciones de aquéllos o bien a médicos extranjeros cuyos títulos de
especialistas no eran reconocidos en muchos casos en nuestro país.
Tal situación se ha mantenido a lo largo de los años llegando incluso
hasta nuestros días sin que se diera solución
real y definitiva a ello, aunque en el año 1994 se publicase el Real
Decreto 1.776, aún vigente. Es evidente que nos encontramos ante un
hecho realmente paradójico: por una parte, la administración sanitaria
contrataba a médicos sin titulación reconocida a fin de realizar
trabajos de especialistas, pero, por otra, esa misma administración
negaba a muchos de ellos el reconocimiento de su capacidad académica
y formativa para tal ejercicio. O bien nos encontramos ante lo que ha
podido representar un fraude mantenido para con la sociedad enferma,
al ponerla en manos de profesionales no cualificados, o, por el
contrario, ante un fraude también mantenido en el tiempo para con estos
profesionales que, estando capacitados para el ejercicio de una
especialidad determinada, no obtenían de la administración el
reconocimiento académico de ello que les permitiese incorporarse en
condiciones de total legalidad al mercado laboral.
De ahí no sólo la necesidad, sino también la obligación moral que el
Estado tiene en el sentido de establecer una definitiva vía de acceso
a la especialidad a aquellos facultativos que puedan demostrar el
ejercicio profesional de la misma y la cualificación suficiente para
ponerla en práctica, siempre en plenitud de garantías para el paciente.
Esa ha sido y sigue siendo la voluntad del Partido Popular, del
Gobierno y, lógicamente, del propio Ministerio de Sanidad. En tal
sentido se ha manifestado el propio Ministro Romay en sus
intervenciones y también por escrito en su decidido apoyo a facilitar
a estos profesionales el acceso al título de especialista.
Lógicamente, las medidas que se adopten en este sentido no pueden en
modo alguno venir a representar una vía alternativa al que todos
consideramos como el mejor sistema de formación de especialistas, el
sistema MIR, y no pueden servir para que aquellos que no puedan
acreditar los conocimientos y el tiempo de formación necesario en una
especialidad obtengan un título que no supondría sino un fraude más a
la propia sociedad. De ahí que desde todos los sectores debamos ser
absolutamente serios y rigurosos a la hora de afrontar este problema,
a la vez que comprensivos con una situación que ha generado el propio
Estado y que ahora el Estado debe resolver dando respuestas, aunque
éstas lo sean con carácter excepcional. De hí que tanto el colectivo
de médicos especialistas sin título oficial, como los MIR o los propios
médicos especialistas deban conseguir el más amplio consenso posible
con la Administración, de cara a poner fin con carácter definitivo a
una situación que debemos de reconocer como injusta.
Entiendo, en cualquier caso, que hemos de establecer una clara
diferenciación entre los dos grupos que integran el colectivo Mestos:
de una parte, aquellos facultativos que no han accedido al título de
médico especialista en medicina familiar y comunitaria, pero por haber
obtenido su licenciatura antes del 1 de enero de 1995 se encuentran
habilitados para ejercer como médicos generalistas en el Sistema
Nacional de Salud; de otra parte, aquellos facultativos que, sin
ostentar el título de especialista correspondiente, vienen ejerciendo
como especialistas a plena satisfacción en el Sistema y que constituyen
lo que ha venido en denominarse el colectivo Mesto.
Por lo que respecta a los médicos sin título oficial de especialistas
en medicina familiar y comunitaria, licenciados antes de enero de 1995,
actualmente la normativa europea considera esta especialidad no como
una especialidad médica, sino como una formación específica en medicina
general. Ello supone que no está afectada con los rigurosos requisitos
mínimos de formación que la Directiva 93/16 de la Comunidad Económica
Europea establece para las especialidades médicas.
Existiendo la posibilidad de un procedimiento específico y ordinario
para expedir el título en base a una experiencia profesional y a una
formación complementaria, en tal sentido desde el Ministerio de Sanidad
y Consumo ya se mantienen reuniones con las tres sociedades científicas
en atención primaria, a fin de alcanzar un acuerdo en este sentido.
En cuanto a las otras especialidades médicas, los Mestos, la situación
es distinta, derivada de que a partir de la adhesión de España a las
Comunidades Europeas, desde el 1 de enero de 1986 están plenamente en
vigor las directivas que establecen unos criterios estrictos para la
expedición de títulos de médicos especialistas, coincidentes a grandes
rasgos con los que definen el sistema MIR. Por ello, la solución que
se admite deberá contar con el acuerdo y aprobación del Comité de altos
funcionarios de salud pública de la Unión Europea. Se trata de una
medida excepcional que deberá contar con el más amplio consenso,
ejecutada con total transparencia y garantía, contando con la
participación de cada comisión nacional de la especialidad de que se
trate.
Con posterioridad al trámite ya establecido, se ha producido un debate
entre los distintos grupos políticos, previo al debate plenario.
Nuestro Grupo presentó una enmienda que posteriormente se ha
transformado en una propuesta de modificación apoyada por la totalidad
de los grupos políticos.
Termino, señorías, manifestando de nuevo el interés del Gobierno en la
aplicación de una norma efectiva, que también lo ha venido siendo del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en la
pasada Legislatura por medio del Senador Bertrán y lo es en ésta a
través del Senador Cardona, para buscar una solución a la problemática
de un colectivo pequeño que permita la regularización de la situación
de unos profesionales que ya están trabajando en determinadas
especialidades, pero no ostentan el título de especialista
correspondiente.
Por último, quiero expresar la satisfacción de mi Grupo por la actitud
que han tenido todos los grupos de la Cámara que ha permitido lograr
un consenso como el conseguido hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gutiérrez Ruiz.
Teniendo en cuenta que hay una enmienda transaccional que antes he
leído completa, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda
aprobada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto y último del orden del día previsto
para hoy: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE ESPAÑA Y UCRANIA, FIRMADO EN
MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 1996. (S. 610/000061.) (C. D. 110/000061.)
El señor PRESIDENTE: Tratado de Amistad y Cooperación entre España y
Ucrania, firmado en Madrid el 8 de octubre de 1996.
No se han presentado propuestas en relación con este Tratado. ¿Hay
alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE UCRANIA Y ANEJO, FIRMADO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 1996.
(S. 610/000062.) (C. D. 110/000062.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno
de España y el Gobierno de Ucrania y Anejo, firmado en Madrid el 7 de
octubre de 1996.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo. ¿Hay
alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--CONVENIO SOBRE LOS EFECTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS ACCIDENTES
INDUSTRIALES, HECHO EN HELSINKI EL 17 DE MARZO DE 1992. (S.
610/000063.) (C. D. 110/000063.)
El señor PRESIDENTE: Convenio sobre los efectos transfronterizos de los
accidentes industriales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 1992.
No se han presentado propuestas en relación con este Convenio. ¿Hay
alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN Y ANEXO, FIRMADO EN TEHERAN EL 24 DE JUNIO
DE 1996. (S. 610/000064.) (C. D. 110/000064.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de
España y la República Islámica del Irán y Anexo, firmado en Teherán el
24 de junio de 1996.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo. ¿Hay
alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
RELATIVO AL INTERCAMBIO Y SALVAGUARDA RECIPROCA DE INFORMACION
CLASIFICADA Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 14 DE OCTUBRE DE 1996. (S.
610/000065.) (C. D. 110/000065.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Federal de Alemania relativo al intercambio y salvaguarda recíproca de
información clasificada y protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre
de 1996.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo. ¿Hay
alguna intervención? (Pausa.) ¿Se autoriza al Gobierno en este sentido?
(Pausa.) Queda aprobado.
--CANJE DE CARTAS DEL 21 DE JULIO DE 1996 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996,
CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNESCO RELATIVO AL SEMINARIO
INTERNACIONAL «FORO UNESCO/UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO». (S. 610/000073.)
(C. D. 110/000070.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Cartas del 23 de julio de 1996 y 27 de
septiembre de 1996, constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO
relativo al seminario internacional «Foro UNESCO/Universidad y
Patrimonio».
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
autoriza al Gobierno? (Pausa.) Queda aprobado.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE RUSIA SOBRE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MOSCU
EL 25 DE MARZO DE 1996. (S. 610/000074.) (C. D. 110/000071.)
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la Federación
de Rusia sobre asistencia judicial en materia penal, firmado «ad
referéndum» en Moscú el 25 de marzo de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA E INDUSTRIAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE UCRACIA, FIRMADO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE
1996. (S. 610/000075.) (C. D. 110/000072.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre cooperación económica e industrial
entre el Reino de España y la República de Ucracia, firmado en Madrid
el 7 de octubre de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
autoriza? (Pausa.) Queda aprobado.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PRESOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, FIRMADO EN BRASILIA EL 7 DE NOVIEMBRE
DE 1996. (S. 610/000076.) (C. D. 110/000073.)
El señor PRESIDENTE: Tratado sobre traslado de presos entre el Reino
de España y la República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el
7 de noviembre de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
autoriza? (Pausa.) Queda aprobado.
--PROTOCOLO DEL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME COMO CONSECUENCIA DE LA
ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA Y EL
REINO DE SUECIA A LA UNION EUROPEA, FIRMADO EN MAURICIO EL 4 DE
NOVIEMBRE DE 1995. (S. 610/000077.) (C. D. 110/000074.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo del cuarto convenio ACP-CE de Lomé como
consecuencia de la Adhesión de la República de Austria, de la República
de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en
Mauricio el 4 de noviembre de 1995.
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
autoriza? (Pausa.) Queda autorizado el Gobierno y, por tanto, queda
aprobado.
--ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL XVI CONGRESO DE LA UNION
POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), HECHO EN MEXICO
DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (S. 610/000078.) (C. D.
110/000075.)
El señor PRESIDENTE: Actas, resoluciones y recomendaciones del XVI
Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP),
hecho en México Distrito Federal el 15 de septiembre de 1995.
No se han presentado propuestas. ¿Hay alguna intervención (Pausa.) ¿Se
aprueba? (Pausa.) Queda aprobado.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HUNGRIA PARA
LA ENTRADA DE NACIONALES ESPAÑOLES EN HUNGRIA CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD, REALIZADO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1996. (S.
610/000079.) (C. D. 110/000076.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre
España y Hungría para la entrada de nacionales españoles en Hungría con
documento nacional de identidad, realizado en Madrid el 28 de noviembre
de 1996.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Se aprueba por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, ACTUANDO EN EL MARCO DE
LA UNION EUROPEA, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE ESLOVENIA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 19 DE JUNIO DE 1996. (S. 610/000080.) (C. D.
110/000078.)
El señor PRESIDENTE: Por último, Acuerdo europeo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
actuando en el marco de la Unión Europea, por una parte, y la República
de Eslovenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 19 de junio de 1996.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Puede aprobarse por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión hasta mañana a las
nueve horas.
Eran las diecinueve horas y diez minutos.