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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 148, de 29/06/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 148
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 29 de junio de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Robles Orozco) para informar sobre:
- La negativa de poner en marcha el Programa experimental para la
prescripción de estupefacientes en Andalucía. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente del
Congreso 212/001904 y número de expediente del Senado 713/000756.)
... (Página 3120)
- El grado de cumplimiento del Plan de medidas de lucha contra las
drogas aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de enero de
1997. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 212/
001906 y número de expediente del Senado 713/000757.) ... (Página 3127)
- El informe relativo al fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas correspondiente a 1998.
A petición propia. (Número de expediente del Congreso 212/001907 y
número de expediente del Senado 713/000758.) ... (Página 3127)
- Efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de forma
especial su artículo 25, en la prevención, rehabilitación y
reinserción social de los drogodependientes. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso 212/001984 y
número de expediente del Senado 713/000786.) ... (Página 3127)
Preguntas:
- De la señora Calleja de Pablo (Grupo Socialista del Congreso),
sobre justificación de los criterios contenidos en la Orden
ministerial de 10 de julio de 1998 por la que se adjudican ayudas
económicas a diversas entidades con cargo a la aplicación
presupuestaria 16.06.313.-G.482. (Número de expediente del Congreso
181/002159 y número de expediente del Senado 683/000113.)
... (Página 3142)
- De la misma señora diputada, sobre criterios que han inspirado el
contenido de la Orden ministerial de 10 de julio de 1998 que no
cumplían las entidades solicitantes que no han resultado
adjudicatarias de las ayudas económicas con cargo a la aplicación
presupuestaria 16.06.313.-G.482. (Número de expediente del Congreso
181/002160 y número de expediente del Senado 683/000114.)
... (Página 3142)
- De la misma señora diputada, sobre criterios que han inspirado el
contenido de la Orden del Ministerio del Interior de 14 de enero de
1999, por la que se convocan determinadas ayudas. (Número de
expediente del Congreso 181/002266 y número de expediente del Senado
683/000118.) ... (Página 3143)
- De la misma señora diputada, sobre valoración de la existencia de
solapamientos e interferencias que se vienen produciendo en la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
actividad que desarrolla la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD). (Número de expediente del Congreso 181/002368 y número de
expediente del Senado 683/000125.) ... (Página 3143)
- Del señor Gago López (Grupo Socialista del Congreso), sobre
valoración de los resultados de la aplicación del convenio de
colaboración entre el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) para la habilitación de 5.000 plazas
destinadas a la reinserción de drogodependientes. (Número de
expediente del Congreso 181/002314 y número de expediente del Senado
683/000120.) ... (Página 3143)
Comparecencia del señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría) para informar sobre la posición del Gobierno en relación
con la solicitud de ensayo clínico titulado «estudio comparativo
aleatorio, abierto entre heroína intravenosa y metadona oral durante
un año en el mantenimiento de pacientes con adicción a opiáceos que
han fracasado en tratamientos actualmente disponibles: Programa
experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía
(Pepsa)», que ha sido solicitado por el Comisionado andaluz para la
droga. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente del Congreso 213/000982 y número de expediente del Senado
711/000264.) ... (Página 3145)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS (ROBLES OROZCO) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA NEGATIVA DE PONER EN MARCHA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL
PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN
ANDALUCÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente Congreso 212/001904 y número de
expediente Senado 713/000756)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión. El
orden del día incluye cuatro comparecencias
del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre las
Drogas. Si les parece a los señores miembros de la Comisión podemos
formar dos grupos, uno para informar acerca de la negativa de poner
en marcha el programa experimental para la prescripción de
estupefacientes en Andalucía, y otra con las otras tres
comparecencias conjuntamente. ¿Estamos todos de acuerdo?
(Asentimiento.)
Damos, pues, la bienvenida, como siempre, al señor delegado del
Gobierno para el Plan Nacional de la Droga, don Gonzalo Robles, quien
tiene la palabra para hacer su presentación sobre el primer punto del
orden del día.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Buenos días, señorías, señor presidente.
Respecto a la pregunta que se hace al delegado del Gobierno en la
solicitud de comparecencia, puedo decirlesque la decisión de
autorizar o no el programa experimental
de prescripción de estupefacientes en Andalucía o en cualquier otra
comunidad autónoma no corresponde legalmente a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, sino que corresponde
realmente al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia
del Medicamento. Por tanto, la decisión tomada hasta la fecha de no
autorizar este proyecto corresponde a ese ámbito. No obstante, puedo
decirles que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas ha estado en permanente coordinación con la Agencia del
Medicamento y, por supuesto, apoya la decisión tomada respecto a este
proyecto experimental.
El ministro de Sanidad, que va a comparecer también en esta Comisión
en el día de hoy, sugirió al Parlamento el día 28 de abril de este
último año la posibilidad de crear una Comisión conjunta de los
miembros del comité científico del Observatorio español sobre drogas
y la Agencia del Medicamento, Comisión que ya ha empezado a funcionar
el día 22 de junio y que tendría como misión precisamente la
evaluación de todos los proyectos y experiencias que llevan
funcionando ya un cierto tiempo en otras partes del mundo, así como
la evaluación de los proyectos que desde el punto de vista científico
se han presentado en nuestro país y, claro está, también del impacto
social y ético en cuanto al derecho internacional y otras
implicaciones que hay que tener en cuenta a la hora de poner en
marcha un proyecto de esta naturaleza. Como digo, esta Comisión se
acaba de constituir el día 22 de junio, a ella se han incorporado
expertos de reconocido prestigio nacional e internacional en el
ámbito de la investigación clínica, en el ámbito del derecho
internacional, en el ámbito de la bioética y los responsables de las
comunidades autónomas que están interesados también en el desarrollo
de estos proyectos, ha elaborado un plan de trabajo que pretende,
repito, abordar estos tres aspectos: el análisis de los proyectos que
se presenten en España, la experiencia internacional y los impactos
desde el punto de vista social y ético de estos proyectos de
investigación.
Nuestra voluntad en este momento es que se serene el debate que se ha
producido durante los últimos meses sobre este aspecto, que dejemos
trabajar a los técnicos y a los expertos y que la Comisión eleve
tanto al Ministerio de Sanidad como a la Delegación del Gobierno los
resultados de sus deliberaciones, que nos permitirán tomar las
decisiones más adecuadas. Puedo decirles también que las comunidades
autónomas que están interesadas en estos proyectos han aceptado esta
comisión, que están trabajando en ella y que hemos acordado entre
todos dejar trabajar a los científicos y que sean ellos, por tanto,
quienes nos iluminen y nos den las pautas a seguir.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor Robles, por su comparecencia
esta mañana.
Ayer, como usted estará informado, tuvimos aquí un debate, no exento
de tensión, sobre el recorrido del proyecto andaluz experimental de
prescripción de estupefacientes,
así como de la posibilidad de actuación en otras comunidades
autónomas. Yo creo que lo más relevante en este caso sería la
incorporación al expediente inicial de la Dirección General de
Farmacia de dos informes externos, el de la Junta Internacional de
Estupefacientes y el del delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
Entiendo yo, por lo que he podido ir siguiendo, que el informe del
Plan Nacional sobre Drogas no es que apoye las decisiones del
Ministerio de Sanidad, sino que más bien interviene sobre las
decisiones del Ministerio de Sanidad, que son dos cosas diferentes.
Yo quisiera poner de manifiesto que algunos informes y resoluciones
europeas ya ponen de manifiesto -también se lo dije en su primera
comparecencia en esta Cámara al inicio de esta legislatura- que hay
una clara falta de coordinación y que existe una estructura
organizativa demasiado compleja, lo que supone un obstáculo para una
política equilibrada en el tema de drogas. En Europa hablamos de más
de 10 direcciones generales y aquí hablamos del Ministerio de
Sanidad, del Ministerio del Interior, de las comunidades autónomas y
de las entidades locales, todas ellas interesadas en programas de
esas características. Por otro lado, el Consejo de Sanidad europeo y
los ministros y ministras de Sanidad ya han manifestado con claridad
y rotundidad su deseo de participar con mayor intensidad en las
decisiones que sobre droga adoptan Justicia e Interior,
fundamentalmente.
Yo creo que el tema que hoy nos ocupa, el tema del Ministerio de
Sanidad, es especialmente relevante. La experiencia nos ha demostrado
que hay grupos especialmente vulnerables que no se plantean o que no
pueden dejar de depender de la droga. Esto, junto con lo que ha
significado el sida, con lo que ha significado el incremento de
enfermedades infectocontagiosas, el binomio sida-droga en nuestro
país, el crecimiento de la hepatitis y de enfermedades de transmisión
sexual, obviamente marcan un cambio en la prioridad de los objetivos.
El tratamiento de la dependencia en sí misma en estos grupos
vulnerables, en algunos casos, queda sobrepasado por la preocupación
por la vida y por la salud colectiva. No estamos hablando en general
sino de grupos de riesgo especialmente vulnerables. Otro elemento
clave que se ha puesto de manifiesto en los trabajos que se están
realizando en el seno de esta Cámara es que no atendemos a todos los
drogodependientes y que cualquier drogodependiente, fundamentalmente
los adictos a la heroína que no están dentro del sistema, suponen un
factor de riesgo multiplicador espectacular de todas las enfermedades
que alegaba antes. Esto lo puso de manifiesto el delegado de droga y
sida de Cataluña en su comparecencia ante esta Comisión. Por otro
lado, es evidente que la capacidad y el avance de las comunidades
autónomas, tanto en competencias como en su posibilidad de actuar,
marcan la necesidad de dejar más margen a las experiencias a nivel
local y regional; así también lo indican las resoluciones con
carácter europeo: que las ciudades o las comunidades autónomas en
este caso deben gozar de una mayor libertad para desarrollar sus
políticas de drogas en función de su propia situación local.
En conclusión, señor Robles, yo creo que, en el casoconcreto de que
estamos hablando, el peso de las autoridades
sanitarias y el peso de lo local y autonómico deben de significar
que, por ejemplo, las autoridades nacionales o internacionales no
deberían de bloquear de antemano experiencias fundamentales y viables
en el ámbito de la prescripción de la heroína. Todos sabemos que hay
drogodependientes que no son susceptibles al tratamiento de la
metadona, tratamiento que a nosotros nos parece bien, al igual que la
Comisión de investigación que se ha formalizado, que no sólo va a
actuar sobre lo concreto sino que también sobre experiencias
internacionales sobre las que a su vez hay dos, tres o cuatro
organismos que también están actuando, pero lo concreto y lo real es
que existe un incremento de adictos a la heroína fundamentalmente en
los que no está dando resultados el tratamiento de la metadona. Usted
ha planteado que la heroína podría no ser una alternativa terapéutica
y que la heroína no es buena. Yo creo que esto es evidente, así como
también creo que el experimento pudiera no facilitar el camino de la
abstención a corto plazo. Yo creo que son obviedades no determinantes
puesto que los grupos de riesgo de los que estamos hablando, en
primer lugar, van a seguir consumiendo desde la ilegalidad; en
segundo lugar, están consumiendo en condiciones de riesgo individual
y colectivo de la salud, y en tercer lugar que no se les da la
oportunidad, aunque no con carácter generalizado pero sí para los
grupos de riesgo de que estamos hablando, de poner la preocupación
por su propia vida en primer término, porque hay que seguir la
secuencia. Yo creo que las comisiones de investigación son razonables
y están bien, pero lo que tenemos que poner en primer término es la
preocupación por su vida y en segundo término hay que tener en cuenta
el efecto multiplicador de riesgo sanitario que se está produciendo.
Este es el primer objetivo. Yo creo que la experiencia suiza fue una
reflexión colectiva, legal, sanitaria y profesional en el propio
país, a la que luego se han añadido evaluaciones externas, pero que
partió, como digo, de una reflexión colectiva, legal, sanitaria y
ética en el propio país. Evidentemente, todos los informes
posteriores y todas las evaluaciones externas que sobre el proyecto
se producen son susceptibles de interpretación, pero nuestro grupo
piensa, pese a que ayer no planteamos a fondo un debate que es
importante, que la actuación de las comunidades autónomas, de las
ciudades y fundamentalmente el criterio sanitario y social caminan en
esa dirección.
Por tanto, ampliando la investigación clínica sobre la prescripción
de heroína los objetivos tienen que pasar en este momento y con
urgencia, primero, por preservar la vida; segundo, por preservar la
salud; tercero, por las mejoras sociales; cuarto, por disminuir el
uso ilegal de heroína y por prevenir riesgos sociales, individuales y
colectivos. Se dice que hay que comparar estos estudios o estas
investigaciones con otras sustancias sustitutorias. Es cierto, pero
yo creo que ambas cosas no son incompatibles, como no lo es el
recorrido dentro de los ámbitos de actuación, de orientación y de
prevención de programas libres de droga. En absoluto estamos hablando
de cuestiones que en sí mismas sean incompatibles ni que una cosa se
deriva de la otra. Yo entiendo que en este caso y en este momento el
Gobierno, más concretamente el Plan Nacional sobre Drogas, tiene
posiciones predeterminadas.
Yo creo que no somos conscientes de que Sanidad, por los
riesgos individuales y colectivos que tiene el grupo de que estamos
hablando, ha de establecer una prevalencia en esos casos: las
investigaciones que se derivan del propio Ministerio de Sanidad.
Además, hemos de tener en cuenta que las comunidades tienen ya una
capacidad y una obligación de actuar. Por tanto, es sobre estos
esquemas sobre los que deberíamos plantear el futuro. Más allá de que
se esté de acuerdo en la Comisión mixta que se ha creado, lo que le
quiero preguntar exactamente es, primero, por qué en un momento dado
las evaluaciones externas y los informes externos del Plan Nacional
sobre Drogas y de la Junta Internacional de Estupefacientes son las
que paralizan el proyecto de la Junta de Andalucía; segundo, si ese
va a ser el criterio de actuación de cara a las posibilidades de
actuación en otras comunidades autónomas; y tercero, que valoráramos
que estamos hablando de grupos de riesgo y que la Comisión que empezó
a funcionar el día 22 de junio -explíquenos con mayor precisión los
contenidos que va a tener- puede retrasar unos proyectos y unas
actuaciones que van dirigidos a grupos muy importantes de riesgo. Ya
se ha avanzado en la investigación y, por lo que yo conozco del
proyecto de Andalucía, ya hay un recorrido previo en investigación y
planificación de la experiencia. Por tanto, la situación actual viene
a considerar la paralización de un proyecto y la creación de una
comisión que en todo caso entiendo que no debería ser incompatible
con el desarrollo del mismo porque, si como función tiene evaluar las
experiencias que están en marcha, que se evalúe la de la Junta de
Andalucía o las que se pudieran plantear en ese mismo sentido. Más
que paralizarla que las evalúe, porque yo creo que las experiencias
ya tienen un recorrido.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra
el portavoz del Grupo Socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Buenos días, señor delegado del Plan
Nacional.
Como dice el refrán latino, alea iacta est: la suerte está echada, en
este caso el día 19 de enero de este año cuando el Gobierno, en su
periódico El Gobierno informa, anunciaba que Sanidad denegaba la
autorización de la heroína como ensayo clínico. En esa información
del Gobierno -por cierto, en una nota confusa en la que utilizaba
datos erróneos- ya se explicaba cuáles iban a ser las razones de la
negativa y se podía vislumbrar claramente por dónde iban a ir los
pasos siguientes y las argumentaciones que se iban a utilizar,
similares a las que seis meses después usted nos ha dado aquí
brevemente. Como digo, ustedes tenían tomada la decisión previamente,
una decisión injusta, arbitraria, discriminatoria, contraria a la
ley, que vulnera los principios más elementales de seguridad
jurídica, de igualdad ante la ley y lealtad ante las administraciones
públicas. Ustedes, los representantes del Gobierno, usted mismo como
delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas -por cierto,
ha comenzado su intervención diciendo que era al Ministerio de
Sanidad al que compete esta cuestión y ha hecho mutis por el foro-,
doña Amalia Gómez y
todos los dirigentes del Partido Popular, desde el primer momento en
que la Junta de Andalucía puso sobre la mesa de manera legal este
plan, como se dice vulgarmente le pusieron la proa al barco: con
argumentaciones políticas basadas en la confrontación y en el ataque
permanente a una comunidad autónoma como la andaluza, con
argumentaciones como las que hizo doña Amalia Gómez a la que desde
hace un año no hemos tenido la oportunidad de oír en esta Cámara en
base a qué argumentos científicos, técnicos y sanitarios hacía
aquellas valoraciones en julio de 1998, cuando ya anunciaba que se
iba a denegar por parte del Gobierno la autorización. Nosotros
creemos que ustedes tenían que haber hecho elementos de juicio y
valoraciones científicas y metodológicas, y eso se ha obviado por un
trasfondo político. Ahora, el informe de la Agencia del Medicamento
lo que viene a decirnos en su resolución es que conviene crear una
Comisión de expertos como la que usted dice que se ha constituido el
día 26 para que posteriormente, una vez diseñado el plan, se haga
para toda España. En definitiva, ustedes han tratado de quitar
protagonismo a la Comunidad Autónoma andaluza para trasladarlo al
Estado.
Señor Robles, le digo esto porque nos llama poderosamente la atención
la dejación de responsabilidades por parte del Ministerio de Sanidad.
Usted comenzaba diciendo que ese era el único organismo competente. Y
precisamente ha sido el único organismo que no ha hecho ningún tipo
de manifestación sobre el tema y cuando se ha pronunciado lo ha hecho
con un trasfondo político, además, trasladándole a usted, el delegado
del Gobierno para el Plan, la decisión de facto para que decidiera
como lo ha hecho. Al Grupo Socialista le parecen muy respetables
todas sus posiciones, pero lo que no le parece admisible es que se le
permita decidir las líneas de investigación que deben dirigirse desde
las administraciones públicas. Nosotros consideramos que se ha creado
un peligroso y grave precedente al trasladar a organismos
absolutamente incompetentes -y digo lo de incompetentes, lógicamente,
desde el punto de vista competencial y de contenidos, no desde otro-
la capacidad de decidir en asuntos que corresponden al carácter
científico del tema. No existen antecedentes en nuestra historia
reciente de injerencias políticas de esta naturaleza en la línea de
investigación científica. La resolución que tomó la Agencia Española
del Medicamento, el 26 de mayo, denegando la autorización del ensayo
es un cúmulo de despropósitos y ha sido recurrida, como usted sabe,
por la Junta de Andalucía. Lo único coherente de esa resolución es el
punto primero, en el que se viene a decir que el proyecto presentado
por la Junta de Andalucía se ajusta en su totalidad a la ley y reúne
los requisitos legales de procedimiento, etcétera. En segundo lugar,
la denegación de la Agencia se basa únicamente en los informes de la
JIFE, organismo que no reúne los requisitos reconocidos por el
convenio de Naciones Unidas para hacer esas recomendaciones sobre la
aprobación del ensayo. En tercer lugar, el proyecto que presenta la
Junta de Andalucía cumple con las directrices y el espíritu del
citado convenio internacional de las Naciones Unidas. En definitiva,
se ha producido una chapuza administrativa y jurídica. No sabemos
realmente quién ha creado esta Comisión de expertos ni qué carácter
jurídico tiene, no sabemos cuáles son sus funciones y cometidos ni
qué carácter asesor tiene y si serán vinculantes o no sus decisiones.
Por eso le pregunto si ustedes van a aceptar el dictamen final que dé
la Comisión de expertos. ¿Es vinculante ese dictamen? Si es
vinculante y la Comisión de expertos se pronuncia favorablemente,
¿cuál es la decisión que va a tomar el Ministerio de Sanidad? ¿Lo va
a aceptar o va a sacar alguna argumentación distinta para no darle
validez?
Por último, como ayer ya se debatió ampliamente este tema y estoy
huyendo de todo rigor jurídico, la guinda a este cúmulo de
despropósitos la pudo poner ayer la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Cava de Llano, que decía en esta Comisión, y leo
textualmente: Por el afán de la Junta de Andalucía de ir de progres
por la vida, que tanto le gusta, ha llegado incluso a lo cómico por
no decir a lo patético. Añadía, en relación a la solicitud de
utilización de ensayo clínico, que la comunidad autónoma de Cataluña
lo había solicitado con la prudencia y el bon seny que demuestra el
pueblo catalán, que ellos sí que basaron su petición en criterios
científicos. Le pedimos que retirara esas palabras, que eran una
ofensa al pueblo andaluz, al Gobierno de la Junta de Andalucía. No lo
hizo. Hoy, señora Cava de Llano, tiene de nuevo oportunidad de
hacerlo. Bájese del burro porque han sido palabras muy ofensivas y un
cúmulo de despropósitos en la actuación del Partido Popular y del
Gobierno. Desde mi grupo parlamentario no quisiéramos pensar que se
está produciendo un quebranto al Estado de derecho, a la igualdad
consagrada en los artículos 1.1 y 14 de la Constitución española, en
la medida en que, ausentes las razones por las que a una comunidad
autónoma como la andaluza se le deniega un ensayo clínico, nada
impide, a falta de criterios objetivos y científicos, que a otra
comunidad, la catalana o a cualquier otra persona jurídica pública o
privada, se le pueda conceder lo mismo.
Termino diciendo que ustedes no han aplicado correctamente el
principio de lealtad institucional, que implica una colaboración
diligente entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo digo porque
consideramos que este principio ha estado ausente en este
procedimiento desde el comienzo. Empezaba diciendo alea iacta est, y
ya hace meses que ustedes han echado la suerte: denegar a la Junta de
Andalucía la autorización de este ensayo clínico.
El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: En primer lugar, en cuanto a las
manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista de que me baje del
burro, yo le diría que sea él el que se baje de la higuera, por la
sencilla razón de que antes del inicio de esta Comisión me he tomado
la molestia de pedir el «Diario de Sesiones» de la Comisión de ayer,
en el que se recoge textualmente que en ningún momento hice ninguna
declaración que pudiera suponer una afrenta al pueblo andaluz, sino
todo lo contrario. Dije que estimaba y que respetaba al pueblo
andaluz y cuando hablé de bobadas me refería a las manifestadas por
el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, don Isaías
Pérez Saldaña, que había dicho una serie de cosas que es absurdo
repetir ahora, unas
cosas tan elevadas como que el Gobierno central quería la muerte de
los heroinómanos porque todo el pecado del Gobierno central era no
aprobar el ensayo clínico solicitado por la Junta de Andalucía. Mis
palabras están recogidas textualmente en el «Diario de Sesiones».
Señoría, por favor, bájese de la higuera, no meta leña y fuego donde
no lo hay y sea usted riguroso, que es lo menos que se le puede
exigir a un diputado que se precie de ello.
Hecha esta salvedad, señor delegado del Plan Nacional sobre Drogas,
quiero decirle que agradezco su presencia en este acto en el que
estamos debatiendo un tema que ayer también tuvimos ocasión de
debatir con motivo de dos proposiciones no de ley presentadas por los
grupos de Izquierda Unida y Socialista, que hoy se va a discutir
dentro de un momento en la Comisión de Sanidad con el ministro de
Sanidad y que posteriormente se va a volver a debatir en esta
Comisión también con el ministro de Sanidad. Quiero decirle que mi
grupo no considera que haya habido en ningún momento una posición
predeterminada ni por parte del Plan Nacional sobre Drogas ni por
parte de los ministerios del Interior o de Sanidad, sino que lo que
ha habido por parte del Gobierno de la nación ha sido una seriedad y
una responsabilidad dignas de admiración, porque el tiempo ha dado la
razón. Es decir, no ha habido ninguna posición predeterminada sino un
rigor en todas las manifestaciones que coincide totalmente con el
expresado por los organismos científicos que deben decantarse sobre
el caso. Me estoy refiriendo a los expertos de la Organización
Mundial de la Salud y a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, que ya en su día fue desprestigiada por el consejero
Isaías Pérez Saldaña en su intervención del 14 de abril de 1998
-figura en el «Diario de Sesiones»- y que se satanizó; porque ahora
parece ser que se sataniza todo aquello que no da la razón a un
determinado grupo político, sea comité de expertos de la OMS, sea
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sea Plan
Nacional sobre Drogas, sea Agencia del Medicamento, sea lo que sea.
Una junta internacional a la que se había tildado de represora porque
decía que estaba integrada por policías, cuando todos sabemos que sus
miembros están designados por el Consejo Económico y Social, que
actúan a título personal y no como representantes gubernamentales,
que está compuesta por tres miembros con experiencia médica,
farmacológica o farmacéutica de una lista que propone la Organización
Mundial de la Salud y también por diez personas propuestas por los
Estados miembros de Naciones Unidas y por los Estados parte que no
son miembros, todo ello para dar cumplimiento al artículo 9 de la
Convención de Viena. Es decir, que como mínimo resulta chocante que
se desautorice a organismos internacionales de tan alto prestigio
como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o
como el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Lo
que ha hecho siempre el Gobierno español, al que este grupo
parlamentario da sustento, es actuar con la prudencia y la cautela
necesarias para no tomar ninguna determinación antes de que el comité
de expertos de la Organización Mundial de la Salud evaluara los
estudios suizos sobre la prescripción de heroína de los
drogodependientes que hubieran fracasado
en otros programas. De todos es sabido que el 19 de abril se
hizo público este estudio de los expertos de la Organización Mundial
de la Salud y cuáles han sido los resultados: que la metodología
empleada no fue correcta, que no se ha podido demostrar que la
heroína tenga unos efectos más beneficiosos que la metadona y que no
se ha podido diferenciar entre si los beneficios que se han producido
con la implantación de este programa obedecen única y exclusivamente
a la bonanza de la aplicación de la heroína o a otros factores de
otras ayudas de tipo social, incluso económico, que han confluido,
y en consecuencia no ha sido suficiente como para poder tomar una
determinación por parte del Gobierno español. De ahí mi satisfacción
por la creación de esta Comisión en la que se evalúen los proyectos y
experiencias de otros países y, desde luego, estoy absolutamente de
acuerdo con usted en que lo que se debe hacer es serenar el debate,
que se deje trabajar al comité de expertos para que puedan evaluar y
estudiar suficientemente sin tensiones ni presiones por parte de
nadie y que todo ello sea en beneficio de los drogodependientes, que
es lo que buscamos todos.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DELGOBIERNO PARAEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Voy a intentar centrarme en lo que es el motivo de
la comparecencia sin entrar en demasiados juicios de valor, aunque
alguno tendré que hacer para iluminar un poco lo que ha sido el
debate durante estos meses. Estamos en una fase en la que yo espero
que todos seamos capaces de poner rigor al debate y sustraerlo de lo
que a mi juicio ha sido un gravísimo error durante estos meses: el
debate político que en nada beneficia cuando estamos hablando de
proyectos terapéuticos y de investigación científica. Voy a intentar
hacer un esfuerzo durante estos meses para que esta tensión se rebaje
y con serenidad y se llegue al final de este trabajo de la Comisión,
en la que insisto, no se puede obviar que hay personas de
reconocidísimo prestigio nacional e internacional y, por tanto, su
propia apuesta por estar en ella es un motivo de garantía para todos.
Me parece que sería lo que deberíamos hacer.
La portavoz de Izquierda Unida nos decía que al final del proceso
hemos tenido en cuenta dos informes. El hecho de que aparezcan en el
expediente o, si quiere usted, el hecho de que salga a luz pública en
un momento determinado lo que puede parecer el final del proceso no
es del todo correcto. Desde el primer momento nosotros hemos puesto
en conocimiento de todas las personas y organismos implicados la
necesidad de ser coherentes con lo que el Gobierno español, no éste,
sino el anterior y en la anterior legislatura, decidió
voluntariamente en su momento, que fue la firma de las convenciones
internacionales. Por tanto, España debe ser coherente con la firma de
esas convenciones internacionales que hemos suscrito en este
Parlamento y que de alguna manera nos obligan y vinculan;
convenciones que tienen unos órganos que velan por su cumplimiento,
que son precisamente la Junta de Fiscalización y la Comisión de
Estupefacientes.En repetidas ocasiones ambos organismos han
introducido,
más que sus dudas, sus peticiones concretas a los Estados firmantes
y, por tanto, era necesario escuchar y seguir de alguna manera esos
documentos. Sabe bien la opinión pública que nosotros hemos puesto
siempre como condición conocer la evaluación de la Organización
Mundial de la Salud y también el seguimiento de las orientaciones de
las convenciones internacionales, porque España en su conjunto,
lógicamente, tiene una necesidad de coherencia y de credibilidad y
porque la política de drogas no sólo consiste en impulsar un proyecto
de investigación, sino que tiene muchos aspectos que tenemos que
cuidar y con los que tenemos estar extremadamente vigilantes. Así
pues, la Junta de Fiscalización, como bien ha explicado la portavoz
del Grupo Popular, no es una junta policial, por mucho que el
consejero de Servicios Sociales haya querido desprestigiarla en esos
términos, sino una junta integrada por expertos juristas, médicos y
científicos que velan por el cumplimiento de los convenios; insisto
en que dicha junta es la que nos ha dado un soporte y un seguimiento
imprescindibles.
Dice S.S. también que la estructura del manejo del problema de las
drogas es compleja, y yo le digo que es la estructura que nos hemos
dado en el Estado español y que no solamente se refiere al tema de
las drogas sino que podríamos hablar de cualquier otro aspecto. El
Estado se ha articulado con un Gobierno central, con 17 comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas, con municipios y con la
participación de la sociedad civil; por tanto, esa forma de trabajar
no es solamente aplicable al tema de las drogas sino prácticamente
generalizable a cualquier otra cuestión.Yo creo que a pesar de la
complejidad del sistema funciona adecuadamente, pero lógicamente
tiene que haber un principio de lealtad, de lealtad institucional y
de lealtad personal. Cuando se airean y se presentan ante la opinión
pública supuestos agravios se está incurriendo en una enorme
irresponsabilidad, porque se intenta distorsionar las verdades del
trasfondo de este problema ante la opinión pública. Cuando se ha
estado diciendo, por ejemplo, que una comunidad autónoma tenía
competencias plenas para desarrollar este tema, no se ha estado
diciendo la verdad, porque quien tiene las competencias para poderlo
autorizar es el Gobierno central; puede haber competencia para
iniciar un proceso pero no para autorizarlo. Cuando se ha estado
diciendo con absoluta certeza -y podríamos mirar la hemeroteca-
incluso se ha estado dando fechas de cuando se iba a empezar se
estaba mintiendo a la opinión pública, porque nadie puede dar una
fecha de comienzo de un proceso cuando no tiene la autorización para
hacerlo. Cuando se ha estado diciendo que diga lo que diga el
Gobierno central nosotros vamos a ponerlo en marcha, por ejemplo, no
se ha explicado que sólo el Gobierno central, previa petición a la
Junta de Fiscalización, tiene la competencia para la regulación bien
de la fabricación, bien de la importación de la heroína. Estas son
cuestiones fundamentales. Por tanto, no se puede seguir diciendo -y
por eso insisto en el concepto de lealtad- que nos corresponde o que
tenemos competencia buscando ese agravio, como si desde Madrid, entre
comillas Gobierno central, se quisiera oprimir a determinada
comunidad autónoma, porque lo único que se busca con
esto es un debate político y no un debate científico. La competencia
no está en ninguna comunidad autónoma, está en el Gobierno central,
que es el que tiene que autorizar estos proyectos, y es el Gobierno
central el que tiene que traer o autorizar a un laboratorio la
fabricación de heroína.
Fíjese si hemos obrado con lealtad y con responsabilidad que
nosotros, que conocíamos el proyecto muy desde dentro y que
conocíamos algunas de las barbaridades o inexactitudes que se han
dicho, podíamos haber dicho algunas cosas y no lo hemos hecho. Por
ejemplo, cuando se decía que se iba a usar la heroína decomisada.
Fíjese qué rigor científico tiene que se diga que se va a usar la
heroína decomisada. Nosotros podíamos haber aireado un documento que
teníamos en nuestro poder y haber dicho: El rigor científico de estos
señores consiste en que van a usar la heroína decomisada. O podíamos
haber sacado una carta, bochornosa por cierto para las autoridades
científicas que lo hayan hecho, dirigida a las autoridades
científicas suizas preguntándoles dónde compraban la heroína,
contestándoles las autoridades suizas que la heroína no se compra,
que les dijeran la fórmula química o farmacológica que querían usar y
se les podría contestar. Podría haber aireado eso para dar la
realidad de con qué rigor científico estábamos hablando. No hemos
hecho nada de eso en todo ese proceso porque nos parecía que teníamos
que dejar trabajar, pero otros, por el contrario, se han dedicado a
airear cosas. También podríamos haber sacado las actas de la junta de
la Comisión sectorial que, como usted bien sabe, es el máximo órgano
del Plan Nacional sobre Drogas en donde están los ministros, los
consejeros de las comunidades autónomas. Podría decirles cómo en esa
Comisión sectorial el consejero de Andalucía se comprometió, y está
en el acta por escrito, a esperar la evaluación de la Organización
Mundial de la Salud y de la Junta de Fiscalización. Tres semanas
después dicho consejero estaba incumpliendo su compromiso y
presentando el proyecto a bombo y platillo ante la opinión pública
diciendo que ya estaba prácticamente todo decidido y que era
competencia de la Junta de Andalucía. Así podríamos seguir, pero no
va a ayudar para nada a que tengamos ese debate sereno. Me importa
dejar claro que hemos actuado con absoluto rigor, con absoluto
respeto no sólo constitucional de lealtad entre las administraciones
sino también en lo personal. Yo creo mucho en la credibilidad de la
palabra de las personas y cuando una persona se compromete en el
despacho de otra a hacer determinada cosa y la incumple según está
saliendo por la puerta, o se compromete delante de toda la Comisión
sectorial y lo incumple tres semanas después, dígame usted la
credibilidad que nos puede ofrecer determinada situación personal.
Pero, en fin, estamos en otra fase del proceso.
Este Gobierno ha cumplido su compromiso de esperar a conocer algún
informe que nos orientara; es lo que hemos hecho. Tengo que decirle,
por cierto, que hemos obrado de esta forma porque hay veces en las
que conviene poner el tren en marcha, pero no porque en este momento
el informe que se ha manejado sea el definitivo y que es claramente
no positivo al proyecto de evaluación. El informe que se está
manejando es un informe de
expertos externos a la OMS, ni siquiera es el informe de la OMS y,
por supuesto, no es el informe de la Comisión de estupefacientes.
Convendría que todos supiéramos quiénes son los órganos encargados.
Este informe ha sido encargado a expertos externos. La OMS se tendrá
que pronunciar y una vez que se pronuncie la OMS, que no es tampoco
el organismo competente, se tendrá que pronunciar la Comisión de
estupefacientes de Naciones Unidas.
Usted ha citado que Suiza lo puso en marcha por su cuenta. Usted
debería saber, señoría, que Suiza no es firmante de las convenciones
internacionales. Y Suiza, a pesar de no ser firmante de las
convenciones internacionales, se dirigió a Naciones Unidas para
recibir el visto bueno a ese proyecto de investigación. Fue el
Gobierno de Suiza de acuerdo con la Comisión de estupefacientes
quienes decidieron que hubiera una evaluación externa para que
pudiéramos tener criterios objetivos sobre los que pronunciarnos. Por
tanto, en Suiza, a pesar de no ser firmante, -nosotros sí lo somos-,
existe el compromiso de una evaluación externa que todavía no se ha
pronunciado oficialmente en los organismos. Lo único que conocemos es
el informe de los expertos externos para esos organismos
internacionales; por tanto el proceso ni siquiera ha terminado.
Este debate ha introducido distorsiones graves porque, a base de
pronunciarnos sobre la necesidad de los proyectos de heroína -que ya
veremos hasta qué punto pueden ser útiles-, ha dado la sensación como
si este país no tuviera un sistema sanitario adecuado para atender
a los drogodependientes. Nuestro país tiene más de 800 centros de
tratamiento y 750 centros de dispensación de metadona y hemos pasado
desde el año 1995 a 1999 de 28.000 a 60.000 personas en tratamiento
con metadona. La inmensa mayoría de esas personas no tenían otros
recursos.Por tanto, durante todos estos años se ha hecho un
grandísimo esfuerzo para que todos los problemas que conllevan como
la vulnerabilidad, el VIH y otras cuestiones hayan recibido un
tratamiento adecuado. No es casualidad, señorías, que hayan bajado de
una forma tan importante los contagios de VIH; no es casualidad que
hayan mejorado todos los indicadores sanitarios y sociales. Por
tanto, se ha hecho un gran esfuerzo en esa dirección sin precedentes
en el conjunto del Estado español; y no me refiero a los tres últimos
años, me refiero a lo largo de toda la historia del Plan Nacional
sobre Drogas, en la que hemos conseguido una respuesta asistencial
adecuada en el país. Podemos dar la impresión, insisto, de que no
existen en este momento esos recursos pero existen.
Cuando se plantea este tema deberíamos leer en profundidad el informe
de esos expertos externos que recomienda, sin ningún tipo de dudas,
con absoluta claridad, potenciar los programas de metadona, y siguen
pronunciándose por que es la vía mejor. Tendríamos que analizar por
qué en determinadas comunidades autónomas se producen determinados
índices de fracaso y por qué en otras no. A lo mejor llegamos a la
conclusión de que en algunos sitios se hacen mejor que en otros los
programas de metadona. Si uno ve, por ejemplo, las ratio en cuanto
a las horas dedicadas al paciente o de asistencia psicosocial o las
vías de suministro y otras cuestiones se puede dar cuenta de que
existen diferencias notables entre distintas
comunidades. También nosotros podíamos haber actuado con
cierta parcialidad. Tenemos un estudio bien hecho por el Instituto de
Investigación Médica de Barcelona en el que se han evaluado todos los
proyectos de metadona del Estado español, comunidad a comunidad, con
una serie de indicadores que marcan claramente la calidad de estos
programas. Podríamos haber dicho algo de los programas de metadona de
alguna de las comunidades autónomas que en este momento están
queriendo ponerlos en marcha, y podríamos haber llegado a la
conclusión de que si se invirtiera al menos el 50 por ciento de lo
que van a costar los programas con heroína, si se llevan a cabo, en
mejorar los programas de metadona a lo mejor no tendríamos tanto
fracaso como decimos que tenemos en esas comunidades autónomas.
Por tanto, no deberíamos echar piedras contra nuestro tejado, España
ha desarrollado un buen sistema asistencial. En este momento tenemos
una calidad excelente y podemos mejorar todavía mucho más. Existe un
compromiso de no poner freno a ninguno de los avances científicos,
pero ese criterio de que sea un avance científico es lo que todavía
está por demostrar. Y en la línea de lo que decía la portavoz del
Grupo Popular le diré que no sé dónde está escrito que la última idea
genial que se le ocurre a alguien sea lo mejor. Me gustaría que
alguien me dijera la relación directa que existe entre la última -iba
a decir una palabra un poco coloquial- idea genial de alguien con los
supuestos efectos médicos y científicos. Para eso están los técnicos
y los científicos y no otras personas, incluidos nosotros los
políticos, que tenemos derecho a tener opinión y criterio pero que en
algunos aspectos técnicos y científicos deberíamos dejarnos
aconsejar, deberíamos escuchar más y sustraernos de la tensión y del
debate político. No existe, por tanto, ninguna predisposición a
cerrar nada sino, al contrario, a seguir avanzando en todo lo que sea
de utilidad para los drogodependientes. Hemos sido los primeros en
potenciar los programas de metadona, hemos sido los primeros en
considerar un estudio de aplicabilidad del LAAM y ya estamos poniendo
en marcha esta comisión, pero queremos, insisto, que el rigor
científico y no el debate político sea el que en este momento nos
guíe.
En cuanto a la posición del Grupo Socialista, puedo decirles que no
hemos buscado ningún tipo de enfrentamiento. Algunas de las cosas que
he contestado a la portavoz de Izquierda Unida pueden dar una idea de
la lealtad con la que hemos obrado, no siempre correspondida. No
buscamos ningún tipo de protagonismo, lo que buscamos es la certeza
de que acertamos. Estará usted de acuerdo conmigo en que hay
proyectos que afectan de una manera muy especial a la responsabilidad
colectiva. No se trata sólo de un puro de estudio de investigación,
sino que indiscutiblemente tendría un impacto social importante
cualquier iniciativa en esta dirección. Me parece razonable que se
deba evaluar eso antes, que sepa el conjunto de los españoles que si
vamos en esa dirección tendría un coste, como todo en la vida. Por
tanto, tendría una afectación.
En cuanto a las competencias administrativas, señoría, lo he dejado
claro. Las competencias administrativaspertenecen a la recién creada
Agencia del Medicamento,
antes a la Dirección General de Farmacia. Sin embargo, la Dirección
General de Farmacia, como ahora la Agencia del Medicamento, puede
asesorarse de cualquier órgano, incluidos los propios de la
Administración. Usted sabe que en el decreto de constitución de lo
que llamamos el Plan Nacional sobre Drogas, la delegación del
Gobierno, lo que se constituye es una comisión interministerial.
O sea, el delegado del Gobierno es el secretario de una comisión
interministerial donde, entre otros, está el ministro de Sanidad. Esa
comisión interministerial delega todas las competencias que considere
oportunas a la figura del secretario. Este delegado dirige y coordina
programas y proyectos de otros ministerios; lo hacemos con Educación,
con Sanidad, con Trabajo y Asuntos Sociales; es decir, nos delegan
competencias. Por ejemplo, respecto a la adjudicación de las
subvenciones del 0,52, que realmente es una competencia del
Ministerio de Trabajo, existe una delegación de la secretaría general
de Asuntos Sociales en la delegación del Gobierno para gestionar las
cantidades del 0,52 destinado a drogas. En este momento, el
Ministerio de Sanidad ha hecho una delegación en esa comisión que
hemos creado para ser asesorado y para que después los trámites
administrativos sigan su cauce normal. Esa es la filosofía del Plan
Nacional, que coordina y dirige proyectos y programas de diferentes
ministerios. Por tanto, si se ha creado ese órgano dentro de la
Administración central es, lógicamente, para darle capacidad de
coordinar, dirigir, asesorar e informar de todos los aspectos que
afectan a la política de drogas. Es lo que ha hecho en este caso el
Ministerio de Sanidad. No obstante, esa comisión tendrá carácter
asesor, elevará un informe a los órganos correspondientes del Plan
Nacional y del Ministerio de Sanidad, y la última palabra la tendrá
el Gobierno, como es correcto. Lo otro sería, si me lo permite,
buscar puertas falsas y sobre todo ignorar la asunción de
responsabilidades. Me imagino que el consejero de Asuntos Sociales de
Andalucía o el presidente de la Junta no abandona sus competencias
sino que las ejerce. Por tanto, en este caso el Gobierno central
ejerce sus competencias, como está haciendo en este momento.
Es necesario rigor en lo que digamos o es que yo tengo una
información incorrecta. El consejero de Asuntos Sociales de Andalucía
ha anunciado que no va a presentar ningún recurso contencioso-
administrativo pero seguimos alimentando una confusión en los medios
de comunicación. Yo sé, de su propia boca, que ha renunciado
a presentar un recurso contencioso-administrativo; otra cosa es que
presente al proyecto alegaciones finales de carácter administrativo,
pero por lo que él mismo me ha expresado hace sólo cuatro o cinco
días ha renunciado a ello.
Señoría, creo que hay que decir poco más sobre esto. Sinceramente,
creo que lo que importa en este momento es que avancemos con rigor,
que dejemos trabajar al comité científico y que tengamos en cuenta
que cuando se realiza un proyecto de esta naturaleza, con el impacto
social que puede tener, es necesario evaluarlo en todas las
direcciones oportunas. (El señor de la Encina Ortega y la señora
Sabanés Nadal piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No caben más turnos. Para eso habría que reunir
la Mesa y tomar un acuerdo. El sistema que venimos practicando
habitualmente es que el compareciente expone, los grupos intervienen
y cierra el compareciente, que acaba de terminar.
- EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LAS
DROGAS APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 24 DE ENERO DE
1997.
A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente Congreso 212/001906 y número
de expediente Senado 713/000757)
- EL INFORME RELATIVO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE
DROGAS CORRESPONDIENTE A 1998. A PETICIÓN PROPIA. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE CONGRESO 212/001907 Y NÚMERO DE EXPEDIENTE SENADO 713/
000758)
- LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE FORMA
ESPECIAL SU ARTÍCULO 25, EN LA PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente Congreso 212/001984 y
número de expediente Senado 713/000786)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
comparecencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
las drogas para informar acerca del grado de cumplimiento del Plan de
medidas de lucha contra las drogas, aprobado por acuerdo de Consejo
de Ministros de 24 de enero de 1997.
Tiene la palabra el señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señor presidente, señorías, el día 24 de enero del
año 1997 se presentó al Consejo de Ministros lo que se llamó el Plan
de medidas urgentes para luchar contra las drogas. Este Plan de
medidas que fue aprobado por el Consejo de Ministros se inspiró en el
documento parlamentario que aprobó esta Comisión en diciembre del año
1995. En diciembre del año 1995, la Comisión Mixta del Congreso y del
Senado termina su informe de estudio y eleva una serie de
conclusiones, el análisis de la situación en ese momento del problema
de las drogas, y también una serie de sugerencias que debían
plasmarse en acciones de Gobierno. Coherentemente con esto y dando
todo el valor que tienen el esfuerzo y el consenso parlamentarios, el
Consejo de Ministros quiso buscar el consenso y al mismo tiempo
desarrollar ese informe del año 1995. De esta forma se aprobó este
Plan de medidas que dos años y medio después ha sido cumplido al cien
por cien. Esto significa simplemente que estamos mejor preparados,
que en este momento tenemos una mejor estructura desde los puntos de
vista organizativo, legal, de recursos, de medios, por tanto que todo
el trabajo venidero se hace en unas condiciones
de más seguridad. Eso no significa que esté hecho todo el trabajo que
haya que hacer en el ámbito de las drogas, sino que este trabajo de
lucha contra la droga, que debe ser largo, perseverante y constante,
está fundamentado mejor en este momento y que podemos hacerlo con
mejores garantías. Una de las cuestiones importantes a destacar es
que, entre los años 1995 y 1998, ha habido un aumento del 75 por
ciento del presupuesto -hemos pasado de 3.670 millones a 6.427
millones-, un aumento importante en el capítulo 6, de inversiones,
que hacía posible y real el desarrollo de parte de las medidas que
contemplaba el documento del Consejo de Ministros del 24 de enero.
El primer bloque de medidas de este plan se refiere a medidas
normativas. Saben ustedes que era importante desarrollar dos leyes:la
Ley del fondo y la Ley de control de sustancias químicas. Se aprobó
el reglamento de la Ley del fondo que ha permitido hacer operativa
esta ley y que ha significado tener que montar un servicio
administrativo en la delegación del Gobierno para trabajar con el
consejo general, con los juzgados, con tasadores, con peritos, con
subastas, por tanto que ha significado la puesta en marcha real de
este fondo. En este momento hay aproximadamente unos 1.200 millones
de pesetas ya distribuidos por el fondo, que podré explicar con más
detalle en otra comparecencia. Lo mismo podemos decir de la Ley de
control de sustancias químicas. Ha significado el esfuerzo de poner
en marcha el registro centralizado y los 19 registros de comunidades
autónomas, se han inscrito más de 205 operadores, se han entregado
143 licencias y ha habido más de 9.000 comunicaciones con empresas
del sector. Insisto, en que esto ha permitido poner en marcha un
sistema eficaz de control de precursores químicos. Saben también que
a instancias de la delegación del Gobierno -y contemplaba en este
plan de medidas- este Parlamento, con el trabajo de todos grupos
parlamentarios, aprobó la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en lo que se refería a la figura del agente encubierto y las
entregas controladas o vigiladas de capitales. En cuanto a la
reducción de la oferta hay tres medidas importantes en este proyecto
del Plan de medidas urgentes: la primera se refiere a la Oficina
central nacional de estupefacientes, la segunda a la creación de las
unidades especializadas, y la tercera y última a la cooperación
técnica internacional y a los aspectos de formación. Respecto a la
Oficina central nacional, se crea un organismo que permita la
coordinación operativa, especialmente en base a datos estadísticos,
del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y del Servicio de
Vigilancia Aduanera. Ha habido un proceso de implementación de
tecnología y de materiales que ha hecho realmente operativa esta
unidad central. En cuanto a las unidades especializadas, como ustedes
conocen se pusieron en marchas las Udyco y las Edoa, que se han
desplegado en una primera fase en comunidades autónomas más
problemáticas en cuanto al tráfico de drogas, y que durante el año en
curso están completándose, como estaba previsto, en el resto del
territorio nacional. Las Udyco y las Edoa son unidades pequeñas pero
especializadas que han tenido un proceso de formación,
especialización e inversión en tecnología. El capítulo 6,
que tuvo un espectacular aumento durante dos ejercicios económicos,
nos ha permitido que tanto unas como otras hayan tenido un proceso de
mejora de su tecnología traducida en medios de comunicación, en
interceptadores y en infinidad de cuestiones tecnológicas que son
imprescindibles si queremos ser eficaces.Estas dos unidades, Udyco y
Edoa, han sido una pieza fundamental en el desarrollo del Plan de
medidas. No es casualidad, por tanto, que hayan aumentado de forma
muy importante el número, el perfil y la calidad de las operaciones,
porque la especialización y mejor reorganización, junto con una mejor
inversión en tecnología, está dando sus frutos.
En el área internacional, en este aspecto de control y de oferta,
hemos hecho especial hincapié en lo que se refiere a la presencia de
funcionarios españoles en los países sensibles para nosotros. El
Ministerio del Interior ha desarrollado una red de funcionarios de
enlace en los países de tráfico o de producción de diferentes drogas.
En este momento prácticamente todos los países sensibles al tráfico,
producción, consumo o de cualquier otra naturaleza que afecte al
tráfico de drogas con España tienen cobertura en el Ministerio del
Interior, lo que significa que hemos puesto 17 funcionarios más en
países iberoamericanos, centroamericanos, de centro Europa y del
norte de África, que ha permitido una mejor y más intensa cooperación
con las policías de esos países, lo que se ha traducido en mejor
información y en más operaciones. Todo ello se ha acompañado de la
presencia española en los foros internacionales y en otros países en
el desarrollo de los funcionarios de enlace. Además, hemos hecho uso
de todos los elementos que la Comisión Europea nos podía facilitar,
desde los programas Oisin y Falcone, que nos han permitido realizar
un proceso de presencia y de formación importante en Iberoamérica,
hasta los proyectos de la Unión Europea, como es la Oficina de
gestión de proyectos del Caribe -PMO-, por la que España ha apostado.
Hay otro bloque de medidas de carácter preventivo, de asistencia y de
reinserción social. A nuestro juicio, las medidas de prevención son
las que necesitan un mayor impulso en este momento y por eso
decidimos en el Plan de medidas firmar un convenio con el Ministerio
de Educación y Cultura y con el de Sanidad para el desarrollo de lo
que hemos llamado la educación para la salud, que consiste en la
creación de una serie de centros con carácter experimental en 10
comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, lo que ha permitido
formar a más de 1.300 profesores y que hayan pasado más de 7.000
alumnos por estos centros experimentales. En el primer curso se
construyeron 124 centros y se ampliaron a otros 180 más en el
siguiente curso escolar, lo que significa que prácticamente 300
centros escolares están ya desarrollando este proyecto experimental.
Una parte importante de estos centros realiza lo que llamamos puertas
abiertas, es decir, que siguen trabajando con los chicos durante el
horario no escolar. Han participado del citado proyecto de puertas
abiertas dos organizaciones no gubernamentales financiadas por el
plan nacional, como son la Cruz Roja y la Juventud y Deporte y Vida.
Este proyecto sobre habilidades de vida ha sido adaptado por la
Universidad de Santiago de Compostela, y en muy breves días vamos
a tener la publicación de su evaluación. La conclusión es que cuando
la prevención se aplica de una forma rigurosa, sistemática,
científica y estructurada en el colegio funciona. Hemos establecido
grupos de control para poder realizar correctamente su evaluación;
hemos trabajado muy especialmente en dos substancias, aparte de la
información general en drogas, alcohol y tabaco, y hay notables
avances y resultados positivos en estos proyectos de prevención. Ha
sido importante la apuesta por la prevención con el desarrollo de
estos modelos, que siguen generalizándose y ampliándose a otros
colegios, curso tras curso, que han incluido otra serie de acciones
como fomentar concursos, diálogos o debates -acabamos de entregar los
premios a los colegios ganadores de todos estos concursos-, así como
la edición de materiales. Ustedes conocen, porque se las hemos
enviado, que la Delegación ha elaborado y se han editado materiales
de Actuar es posible en la escuela y en la familia, y que se ha hecho
un esfuerzo en materiales y en proyectos de intervención con los
alumnos y con los profesores. En el ámbito familiar, que es otro de
los pilares, hemos editado el manual de Es posible en familia, y se
han financiado 26 proyectos de intervención en familia a un número
importante de organizaciones familiares que han concurrido a las
órdenes de la Delegación del Gobierno.
Respecto a la sensibilización social hemos desarrollado cuatro
campañas de prevención, más la quinta que en este momento ya está en
marcha. Supongo que SS.SS. habrán tenido ocasión de verlas en los
medios. La primera se ha centrado en la prevención familiar y el
resto en el consumo de los fines de semana y los nuevos patrones de
consumo vinculados a la diversión. Estamos combatiendo la idea del
consumo en diversión o recreativo. Como saben SS.SS., estas campañas
cuentan con la colaboración de empresas, de medios de comunicación y
de entidades de todo tipo que colaboran con la Delegación del
Gobierno.
Dentro de las acciones preventivas hay que destacar muy especialmente
el desarrollo en España de la que fue la semana europea de la
prevención. Esto ha permitido que se desarrollara una experiencia
única e interesante, una expoprevención en nuestro país, lo que ha
significado la puesta en marcha de ludoprevención, en la que todas
las entidades que hacen prevención en España y fuera de ella han
podido presentar sus materiales, sus proyectos y sus programas, y por
la que han pasado 8.000 jóvenes por los stand, cientos de profesores
y de padres, y que en este momento todo el que quiera hacer
prevención en nuestro país conozca con quién puede hacerla, de qué
materiales dispone y qué instrumentos tiene al servicio de la
prevención. Todo ello ha significado un esfuerzo de concreción y de
impulso a las políticas de prevención. Simultáneamente a la
expoprevención, que a nuestro juicio tuvo un gran impacto en el
sector dedicado a los profesionales, se ha desarrollado un congreso
que ha traído a España a los expertos nacionales e internacionales,
que han aportado las últimas innovaciones en el ámbito de la
intervención, especialmente escolar y familiar.
Paralelamente, la Delegación del Gobierno ha manejado las órdenes de
subvenciones para apoyar el movimiento asociativo. Seguimos creyendo
que es un instrumento
fundamental del plan nacional, en él depositamos durante mucho
tiempo nuestro esfuerzo en el ámbito asistencial y queremos hacer lo
mismo en el ámbito preventivo. Hemos incrementado, por tanto, las
cantidades destinadas a subvención de ONG, muy substancialmente, las
relativas a proyectos de prevención.
En el ámbito asistencial, enlazando con el debate que teníamos esta
mañana, había un grupo de personas que justificaban el impulso
especial a determinados proyectos: de larga adicción, envejecidas,
con fracasos reiterativos y sin contacto con la red asistencial,
hecho que nos ha llevado a potenciar los programas de metadona. Les
he dicho hace un momento que hemos pasado de 28.000 plazas de
metadona a 60.000; de 2.500 plazas de metadona en prisiones a 12.500;
que todas las prisiones españolas en este momento tengan dispensación
de metadona y centros de tratamiento y, por tanto, una apuesta
decidida para incorporar a la red asistencial a personas que, de otra
manera, no podrían haberlo hecho. Se ha crecido de una forma muy
importante, y el reto en este momento no está solamente en el
crecimiento sino en el esfuerzo y en la calidad de los programas de
metadona. Se ha puesto simultáneamente en marcha un proyecto de
aplicabilidad del LAAM, una nueva sustancia, un derivado opiáceo de
la metadona que permite un avance en el tratamiento a personas con
esta forma de tratarse, que está siendo muy positivo, y que nos va a
permitir contar con un recurso asistencial probablemente no
generalizable, pero sí con un instrumento más para las personas que
en este momento reciben el tratamiento con metadona.
Se ha puesto en marcha asimismo un proyecto de colaboración con el
Plan nacional del sida, obviamente la relación heroína-sida sigue
siendo importante. Se han desarrollado materiales de apoyo y cursos
de formación en los centros de tratamiento de drogas; se han puesto
todos los recursos de los 700 centros de tratamiento de drogas al
servicio del Plan nacional del sida para hacer programas de reducción
del daño, para trabajar en lo que serían talleres de sexo seguro,
inyección segura, reparto de jeringuillas, vacunaciones, temas que
están dando un resultado extraordinariamente positivo. Como digo
nunca son una casualidad los resultados que se están obteniendo, sino
que existen indicadores que abren una puerta a la esperanza. También
quiero destacar de una forma muy especial la colaboración que se ha
conseguido con el Colegio Oficial de Farmacéuticos en un convenio
marco que está haciendo que la incorporación de las farmacias a los
programas de metadona esté cada día más normalizada y está suponiendo
un esfuerzo importante.
Dentro de los proyectos que hemos impulsado con un nuevo concepto
presupuestario que manejamos en la Delegación, que es el 459, están
los centros de emergencia social. Muy cerca de nosotros, precisamente
en La Rosilla, hemos tenido el ejemplo de la puesta en marcha de un
centro de emergencia social que ha permitido la captación y ayuda,
desde el punto de vista sanitario y social, a un elevadísimo número
de personas heroinómanas. Para que nos hagamos una idea de lo que ha
significado el esfuerzo en los programas de reducción del daño,se han
distribuido en un solo año 3.247.000 Kits sanitarios
que, como ustedes saben, incluye básicamente el intercambio de
jeringuillas. Esto ha supuesto un esfuerzo importante en cuanto a la
reducción del daño.
Otro tema asistencial que nos decidimos a impulsar, que es la otra
cara de la situación de las drogas, son los programas de menores.
Junto con la permanencia de estas personas de larga adicción aparecen
en este momento los menores consumidores de sustancias recreativas,
de ocio, de fines de semana con abuso del alcohol, pastillas o
porros, que es otro perfil completamente distinto ya que son personas
normalizadas, no desintegradas socialmente , por lo que hemos
decidido apoyar, a través de ONG y de programas de los propios
centros de tratamiento públicos o privados, la puesta en marcha de
programas de menores. Quiero insistir mucho en que son programas de
menores y no centros de menores.
En el ámbito de los problemas jurídico-penales, como he dicho hace un
momento, se ha hecho un esfuerzo llevando a todas las prisiones
españolas unidades de tratamiento e impulsando lo que han sido los
proyectos de comisarías y juzgados. Hemos financiado a las
comunidades autónomas que lo han querido la puesta en marcha de estos
programas. Estos programas de contacto inmediato significan que desde
el momento en que un drogodependiente tiene contacto por alguna razón
por la vía jurídico-penal, con su dependencia, se le pone en
contacto, a través de las comisarías, con sanitarios, asistentes
sociales, personas que puedan orientarle de la forma más adecuada.
Se ha dado también un impulso a los programas alternativos a la
prisión. Hemos apoyado al Consejo General del Poder Judicial en el
desarrollo de cursos de formación en materiales y hemos hecho una
publicación de todos los recursos asistenciales que tiene el país
para hacer uso de los tratamientos alternativos. Da la sensación de
que se va haciendo, poco a poco, un uso cada día más creciente de los
recursos asistenciales y, por tanto, del cumplimiento alternativo a
la prisión.
En cuanto a las medidas de reinserción social, que es algo similar a
lo que les decía con el tema de prevención, el informe de 1995 de la
Comisión Mixta insistía mucho en potenciar, tanto una cosa como la
otra. Saben ustedes que se firmó un convenio con el Inem -del que
luego tendremos la ocasión de hablar en otra comparecencia-, que ha
permitido tener reservadas una serie de plazas y de fomentar y
potenciar que las comunidades autónomas, las ONG o los ayuntamientos
puedan convertirse en entidades colaboradoras del Inem, a efectos de
promover escuelas-taller y casas de oficio destinadas a
drogodependientes. Se ha hecho un uso importante de estos recursos
que se van a mejorar con los talleres de empleo. Nosotros estamos
razonablemente satisfechos y me extenderé luego sobre ello en otra
comparecencia.
Se ha puesto también en marcha el sistema de información y de
análisis. Como saben ustedes, la Delegación del Gobierno tenía un
sistema de tres indicadores bastante exhaustivo, pero muy incompleto.
Hemos mantenido el sistema de registro y hemos creado un sistema de
sondas y de información que configura el Observatorio Español sobre
Drogas. El Observatorio Español sobre Drogas es un órgano que ya está
funcionando plenamente,
que ha desarrollado sus comités asesores y científicos y que en
este momento ha hecho público su segundo informe de situación y
maneja, junto con los indicadores sociológicos y epidemiológicos, una
serie de sondas rápidas que nos dan una información más actual. La
Delegación del Gobierno también puso en marcha la página web que en
este momento está dando un resultado importante y casi sorprendente
para los que habíamos creído en ello. En este momento tenemos un
número de consultas a través de la página web altamente
satisfactorio. Junto con la página web el centro de documentación de
la Delegación se ha convertido en un referente para todo el que en
este momento trabaja en el ámbito de drogas, es un punto de
información abierto a todos los colectivos y medios de comunicación
y, por tanto, es uno de los proyectos más importantes.
En cuanto a la investigación les puedo decir que es una de la líneas
en las que menos había trabajado la Delegación. Prácticamente se
podían contar con los dedos de una mano, a lo largo de toda la
historia del Plan nacional, los proyectos de investigación clínica y
científica. Hemos firmado convenios con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, con diferentes universidades
e institutos y en este momento se están desarrollando diferentes
proyectos de investigación sobre el uso terapéutico del cannabis o
sobre los efectos del éxtasis en otras circunstancias, cosas que, en
la misma línea de debate que hemos tenido hace un momento, nos
parecen necesarias para tener una cierta información de rigor
científico sobre algo que en este momento está en la opinión pública,
debates que muchas veces se tienen sin la suficiente información.
Nosotros, sin airearlo -insisto, en que hay que dejar trabajar a los
científicos-, hemos iniciado una serie de líneas de trabajo que nos
permitan tener información propia sobre estas cuestiones.
Otro bloque de medidas ha sido el relativo a la cooperación
internacional. Ustedes saben que el tema de las drogas trasciende con
mucho nuestras fronteras, por lo que es necesario apostar firmemente
por la cooperación internacional. España no solamente consiguió la
incorporación a la Comisión de Estupefacientes, sino que en este
momento ocupamos la vicepresidencia y estamos en casi todos los
órganos de droga. Hemos conseguido estar en el comité directivo del
GAFI; en la OEA; hemos apostado firmemente por nuestro trabajo en la
Cicad; estamos financiando proyectos en diferentes organismos
internacionales y, por tanto, es un hecho que crece nuestra presencia
en los organismos internacionales. Recientemente hemos conseguido que
sea también un español el que va a dirigir el Centro de Naciones
Unidas para Méjico y Centroamérica. Esto significa que hay una red,
un entramado de presencia española en los organismos internacionales
vinculados al tema de drogas, que produce ventajas en otro orden de
cosas y da coherencia a todo el esfuerzo y el trabajo internacional
que estamos haciendo. España pasó en este tiempo el examen del GAFI
de forma satisfactoria y eso, ha hecho posible, como digo, nuestra
incorporación a este comité. Se ha puesto en marcha la red
iberoamericana de ONG, de la que ustedes también tienen información,
y es la apuesta por impulsarlos proyectos de colaboración contra la
droga de una
forma estructurada y organizada por parte del Gobierno y el Estado
español. En cuanto al control de la demanda, lo más importante se
refería a la puesta en marcha de las unidades especializadas, de la
estructura desde el punto de vista jurídico y legal, y de las
inversiones económicas.
Esto, básicamente, es lo que en este momento ha dado de sí el
proyecto que hemos llamado Plan de medidas para luchar contra la
droga. Se presentó su evaluación al Consejo de Ministros y, como
digo, está cumplido al cien por cien. Hemos presentado un plan
complementario hasta el final de la legislatura, que ha sido aprobado
ya por el Consejo de Ministros, y deseamos que esto haya servido para
tener instrumentos que nos permitan abordar otras metas. El plan no
es un objetivo en sí mismo, sino simplemente el instrumento que nos
permita abordar con mayor eficacia otros debates. Como saben ustedes,
estamos trabajando en el seno de la Comisión interautonómica en lo
que sería la estrategia nacional contra las drogas, que va hasta el
año 2008. Hay un mandato de los organismos internacionales para
adaptar lo que ellos llaman estrategias y nosotros planes nacionales,
pero el papel de las comunidades autónomas es fundamental. Estamos
trabajando en ello. Sé que paralelamente el Parlamento está
trabajando en una comisión de revisión del informe de 1995 y yo me he
comprometido con la Comisión mixta -y ahora lo hago una vez más- a
traer al debate de SS.SS. el documento que preparemos junto con las
comunidades autónomas, que puede servir de apoyo o soporte de lo que
SS.SS. están trabajando en este momento.
El señor PRESIDENTE: Habíamos acordado al inicio de la Comisión
acumular las tres comparecencias en una sola. Aunque sean temas
distintos, puede continuar S.S., para entrar luego en las
intervenciones de los grupos parlamentarios.
El señor DELEGADO DELGOBIERNO PARAEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): La siguiente comparecencia se refiere a la gestión
del fondo. Supongo que SS.SS. tienen el informe que mandamos al
Parlamento. La conclusión del informe de 1998 es que el fondo se ha
consolidado. Es un fondo que crece vinculado a las resoluciones
judiciales -como ustedes saben, proviene de las resoluciones
judiciales firmes-, que ha tenido y sigue teniendo dificultades de
gestión por lo que significa la coordinación correcta con los
juzgados, con los tribunales sentenciadores, con las delegaciones
territoriales de Hacienda, con los adjudicatarios y con los
depositarios. Todo esto significa una serie de entramados complicados
de organizar. El fondo tiene año y medio de existencia, pero estamos
gestionando lo que yo suelo llamar la parte histórica. Piensen S.S.
que estos conceptos que en este momento gestiona el fondo provienen
normalmente de operaciones que se hicieron hace cuatro años, en
algunos casos más, de bienes que se habían depositado en condiciones
no siempre idóneas. Estamos intentando recuperar el tiempo, es decir,
gestionar todo el fondo histórico de la mejor y más rápida forma
posible, con las dificultades que esto supone, y que vayamos
-entre comillas- al día para que pueda realizarse toda la gestión,
fundamentalmente de los bienes.
Hemos hecho una serie de sugerencias en el informe que querríamos
traducir, en el momento procesal oportuno, en alguna reforma
reglamentaria o legislativa que haga de la ley, una vez que hayamos
conocido la experiencia de este año y medio, un instrumento mucho más
al servicio de lo que se pretende. La ley pretende resarcir a la
sociedad a través del decomiso de los bienes de los narcotraficantes
y existen algunos déficit de gestión, por las propias estructuras, de
lo que significan las leyes administrativas, la subasta, el
depositario, todas estas cuestiones que, buscando en legislación
comparada de otros países de nuestro entorno, nos darían alguna pista
de cómo cumplir mejor estos objetivos. En términos generales, les
puedo decir que ha mejorado la gestión del fondo lo que significa de
relación con los demás centros directivos u organismos que se ven
afectados por este tema. Asimismo se han normalizado las diferentes
órdenes de ayudas que gestiona el fondo, bien la de organizaciones no
gubernamentales bien la de comunidades autónomas o de corporaciones
locales, y también hemos podido dar cumplimiento a lo establecido
para el control de la oferta. En términos generales, les puedo decir
que aproximadamente el 60 por ciento de los recursos del fondo se ha
destinado a control de la demanda y el 37 por ciento a control de la
oferta. La ley, como saben ustedes, nos obliga a un 50 por ciento
mínimo para el control de la demanda. Se ve cada día un mayor volumen
en el fondo, una mayor entrada de bienes, una mejor gestión en los
mismos y en este momento puedo decir que el número de decomisos
totales que el fondo ha manejado es de 3.195 bienes incorporados al
fondo los dos últimos trimestres, unos 1.100 millones de pesetas
distribuidos, y durante del año 1998 ingresaron 388 millones de
pesetas. Afortunadamente, las diferentes reformas que se hicieron en
la ley de presupuestos nos permiten incorporar los remanentes de
crédito, lo que es una garantía de gestión para le fondo.
Señorías, les voy a explicar cómo han sido gestionadas las
cantidades. Como les decía, en el año 1998 el fondo gestionó 602
millones de pesetas, de los que se distribuyeron a las entidades
beneficiadas 520 y se destinaron 54 millones para la gestión del
fondo y habiéndose incorporado al remanente del ejercicio siguiente
28 millones de pesetas. Los porcentajes son los que les he hecho
referencia y significa que, por ejemplo, la Guardia Civil ha recibido
90 millones de pesetas; la Dirección General de la Policía otros 90
millones de pesetas; el Servicio de Vigilancia Aduanera 35 millones
de pesetas y la Fiscalía Especial 5 millones de pesetas. Las
comunidades autónomas han recibido 180 millones de pesetas, las
entidades locales 60 millones y las organizaciones no gubernamentales
otros 60 millones. Básicamente, estas son las líneas generales de la
ejecución del fondo en el año 1998, para no ser demasiado prolijo y
exhaustivo.
La siguiente comparecencia la ha pedido el BNG. Como saben SS.SS. el
artículo 25 de la Ley 1/1992 se refiere a las infracciones graves, a
la seguridad ciudadana, al consumo en lugares, vías, establecimientos
o transportes públicos, así como a la tenencia ilícita, aunque no
estuviera destinada al tráfico de drogas, y al abandono en los sitios
mencionados de útiles o instrumentos utilizados para el consumo. El
artículo 25.2 dice que las sanciones impuestas por estas infracciones
podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de
deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado en la
forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine. Es un
párrafo que se contempla en la ley con un carácter claramente
preventivo y rehabilitador. Se usa de una forma generalizada y puedo
decirles que la evolución es enormemente positiva. La valoración que
de ello hacen no solamente los cuerpos de seguridad, sino muy
especialmente los centros de ayuda a drogodependientes -los CAD- nos
anima a pensar que es un instrumento útil. Piensen que en el año 1997
se impusieron 47.000 sanciones y, en 1998, otras 47.690 sanciones.
Pero en el año 1997 el número de casos aplicados, es decir, el número
de personas que hicieron uso del artículo 25.2, fueron 3.693 y, en
1998, fueron 4.017; va creciendo el número de personas que se acogen
al tratamiento alternativo y que, por lo tanto, evitan la sanción
administrativa, que no es lo fundamental. Lo importante es que en
este caso la sanción actúa como un estímulo para que estas personas
entren en contacto con la red asistencial y puedan seguir un
tratamiento de rehabilitación.
La valoración que hacen los CAD (centros de ayuda al
drogodependiente) es que esta norma está siendo útil, no sólo para
que estas 4.017 personas que acabo de citar en el año 1998 hayan
seguido un proceso entero de rehabilitación, sino porque otros muchos
pueden conocer lo que significan una serie de recursos asistenciales
que de otra forma probablemente desconocen. Por un lado actúa como
medida de carácter preventivo y por otro como medida rehabilitadora y
sirve para que un número creciente de personas hayan encontrado una
vía alternativa a su drogodependencia. Ha habido un incremento del
8,77 por ciento de los casos que se acogen a los tratamientos de
deshabituación. En estos casos que he citado no se incluyen ni los
que están esperando su entrada en el CAD ni los que ya han terminado,
sólo los que en ese momento están en tratamiento, por lo que el
número es más elevado. Nuestra valoración es que es útil y positivo.
Lo importante no es el número de sanciones ni el de expedientes, sino
las personas que a través de este sistema han podido entrar en
contacto con la red asistencial y están siguiendo un proceso de
recuperación y de reinserción personal y social.
También les tengo que decir que en el caso de los menores de edad nos
estamos encontrando con que uno de los efectos, quizá no pensados
pero que se producen con la ley y del que nos llegan muchos
testimonios, es que muchas familias, padres y madres, tienen
conocimiento del consumo de sus hijos precisamente porque reciben una
notificación en casa comunicándoles una sanción administrativa, hecho
que permite a muchos padres tomar conciencia del consumo de sus
hijos, valorarlo en el ámbito de su responsabilidad personal y
familiar y obrar en consecuencia. Se sigue ofreciendo siempre la
posibilidad de no pagar la sanción y tener un tratamiento
alternativo, pero, insisto, es una información que los padres tendrán
que manejar de una forma responsable.
Es un efecto que, no estaba contemplado, pero que se está
produciendo de hecho y del que nos llegan permanentemente muchos
testimonios.
Esto es lo que hay respecto a este tema, presidente.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos un segundo la sesión para organizar
la forma de intervenir. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: El turno de intervenciones empieza por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el diputado del Bloque Nacionalista Galego, don
Francisco Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaremos con una introducción de
carácter general, citando a don Federico Mayor, que recientemente
recordaba la responsabilidad de la sociedad en relación con la
drogodependencia. Hacía valer el criterio de que los drogadictos no
son culpables y recordaba la necesidad de agudizar y reforzar las
medidas legales en lo que se refiere a la lucha contra los
traficantes, el control de la producción de determinado tipo de
sustancias y el combate contra el blanqueo de dinero, así como la de
dotar a la sociedad de servicios y estructuras totalmente gratuitas
para tratar a los drogodependientes.
Si se tienen en cuenta estas propuestas se vería que la lucha contra
el narcotráfico es débil precisamente en todos los puntos que
señalaba el señor Mayor Zaragoza como objetivos prioritarios en este
combate. Especialmente, en cuanto al blanqueo de dinero, la lucha
eficaz contra los traficantes y los servicios y estructuras
totalmente gratuitas y de carácter público que lleven a la
reinserción a través de una adecuada preparación profesional
y psicosocial.
La comparecencia que hemos solicitado está centrada en un caso mucho
más local, que puede ser representativo, sin duda, del conjunto del
Estado. Nos referimos a los ayuntamientos de Ferrol y Naron, que
tienen un elevado índice de paro puesto de manifiesto por el estudio
realizado por la diócesis de Ferrol-Mondoñedo, titulado La pobreza en
la diócesis de Ferrol, una de las diócesis o ayuntamientos con mayor
número de pobres severos, que, en comparación con el resto de
Galicia, arroja el siguiente resultado en cuanto al consumo de
drogas: número de hogares de la zona con drogadictos en su seno, 6,6
por ciento; en Galicia, 5,3. Número de hogares en los que existe
consumo en sus alrededores, 32,8; en la comunidad autónoma, el 23,2
por ciento. Es normal, señor presidente, que la sociedad se haya
organizado y que muchas asociaciones de carácter privado hayan
conformado una comisión ciudadana, que es la que plantea los términos
en los que el Bloque Nacionalista Galego ha pedido su comparecencia.
Compartimos con la comisión ciudadana que hay una contradicción entre
portar sustancias para el consumo -que es el término que emplea la
Ley de 1992- y hacer que este hecho sea penalizado, cuando parece que
hay una vertiente legal que aboga por la despenalización del consumo
en sentido estricto. Esta contradicción no sólo no se resuelve en la
práctica política y administrativa,sino que permanece e incluso se
agudiza. Se trata de no
castigar al toxicómano y, para ello, habría que cambiar al menos la
forma de aplicar la Ley de seguridad ciudadana en su artículo 25.
Usted contestó de una manera especialmente burocrática
y administrativa a un tema que tiene más trascendencia, sin duda, del
que le ha dado, y con unas cifras que no descubren la problemática
humana y social que existe detrás de ellas. Compartimos con la
comisión ciudadana que requisar dosis a los consumidores e imponer
fuertes sanciones administrativas conduce solamente al grave
quebranto económico familiar y al mayor beneficio de los traficantes,
que actúan con impunidad. Además, se retiran los estupefacientes
incluso en el caso de tratarse de hachís. Nos dio usted unas cifras
que son elocuentes: el número de personas que abogan por la
reinserción relativa y siempre deficiente es muy pequeño en relación
con el número de expedientes sancionadores. Somos partidarios de que
se retiren estos expedientes sancionadores porque son
contraproducentes en cuanto a la rehabilitación y reinserción en la
sociedad de las personas afectadas por el consumo de drogas.
En la comisión ciudadana hay representantes de centros de ayudas al
drogodependiente que tienen muy clara esta problemática. Piensan que
se manifiesta una actitud exclusivamente de castigo como resultado de
estas operaciones, que se vincula la rehabilitación a la alternativa
de la sanción, que casi siempre repercute muy negativamente en la
atmósfera familiar, y que los centros de ayuda al drogodependiente no
disponen de los medios profesionales y funcionales necesarios para
alcanzar los objetivos que se proponen. Usted mismo nos dijo que
había señores que, aun aceptando la retirada del expediente
sancionador a cambio de la rehabilitación, están en lista de espera,
y eso que son muy pocos en relación con el número global en el
Estado. Señor presidente, de no modificar el artículo 25, habría que
darle una interpretación más espiritualista y flexible que
distinguiera entre mayores y menores de edad. Una mera comunicación
a las familias, en el caso de los menores de edad, sería más que
suficiente; ninguna familia responsable va a dejar de tomar medidas
para tratar de salvar de ese mundo a su hijo, en el caso de que haya
una comunicación oficial que no conlleve sanción.
Le voy a dar unos datos referidos a la comarca de Ferrol, que son
interesantes. Los detenidos por tráfico de drogas en la comarca
fueron: 62, en el año 1997, y 76, en el año 1998. Por supuesto, el
montante mayor de sustancias aprehendidas se refiere al hachís; en el
año 1997, 4.016,8 gramos y en el año 1998, 48.000 gramos. Ya se sabe
que el hachís es una cosa extendida y poco interesante, pero es
curioso que, en el caso de la heroína la y de la cocaína, el aumento
no suena tan espectacular. El número de actas formalizadas por
incautación de estupefacientes, que eran muy numerosas en 1998
-algunos meses llegaban a 38 y en el conjunto del año fueron 276-,
descendió en cuanto empezó a funcionar la comisión ciudadana
y denunció que se trataba de represión policial pura y dura, sin
consecuencias prácticas en el combate contra el narcotráfico y
haciendo mella exclusivamente en los más desfavorecidos, en los que
no tienen responsabilidad. Pasamos de 41 actas en junio, 38 en julio,
31 en
agosto, 40 en septiembre y 28 en octubre, a 6 en noviembre y dos en
diciembre. Esto prueba que también es un problema de compromiso de la
sociedad; si ésta protesta, los cuerpos policiales dependientes del
delegado del Gobierno actúan con mayor laxitud, y ello es normal
porque está provocando desacuerdo y preocupación social.
De acuerdo con todos los sectores sociales de la comarca preocupados
por este asunto, habría que hacer una interpretación espiritualista y
flexible, si no se quiere hacer una reforma de la ley que distinga
claramente entre mayores y menores de edad. En todo caso, la
rehabilitación debería ser siempre al margen de la sanción y habría
que dotar a los centros de atención al drogodependiente de medios
para hacer una reinserción verdadera.
En definitiva -y acabo ya, señor presidente-, se trataría de
beneficiar al consumidor y a la sociedad,de atacar al negocio de la
droga y de optar por una vía de rehabilitación social al margen de
cualquier otro criterio. No sé si el artículo 25 de la Ley de
seguridad ciudadana se ha aplicado siempre de este modo; creemos que
no ha sido así y que ello se presta al capricho de la Administración,
que puede dar idea de que está actuando muy activamente contra la
droga cuando lo hace en contra de sus víctimas.
Esto es lo que quería transmitirle en nombre de los sectores sociales
vinculados en su preocupación por este mundo en la comarca de Ferrol.
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, tiene la palabra doña Inés
Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: En relación con las comparecencias a
petición propia, en las que ha hecho una evaluación de las medidas
aprobadas el 24 de enero y de su cumplimiento, quisiera que
profundizara en las medidas de asistencia y de prevención en colegios
y en la selección de los centros y nos dijera si hay relación con el
programa Convivir es vivir del Ministerio de Educación; si hay
coordinación con los servicios sociales y con la atención de los
niños y niñas en el proceso de selección; si la selección de los
centros tiene que ver con el nivel de subvenciones que reciben las
diferentes asociaciones, ya que en la convocatoria anterior estaban
muy primadas la enseñanza religiosa y la privada frente a la pública;
y si esa situación se daría también a la hora de hacer los programas
de prevención de los que estamos hablando.
Respecto a las jornadas de puertas abiertas, ha señalado que fueron
desarrolladas por Deporte y vida. Quisiera saber si el Plan nacional
de la droga está coordinado con el Consejo Superior de Deportes a
efectos no sólo de programas de prevención, sino también en lo
relativo a lo que está sucediendo con el doping, que no deja de ser
un elemento más de lo que estamos hablando, sobre todo cuando afecta
a menores.
Respecto a los programas asistenciales y al esfuerzo que se está
realizando en prisiones, existe todavía una gran preocupación, al
menos en las de Madrid, sobre la situación de drogadicción, sida y
otras enfermedades infectocontagiosas derivadas de la adicción. En
cuanto al programa de metadona y al tratamiento de personas con
problemas cronificados de adicción, nos habla S.S. del incremento de
los programas de metadona. Quiero decirle que de ninguna de nuestras
intervenciones puede derivarse que alguien esté en contra del
incremento y la mejora de dichos programas. Consideramos que, pese a
la mejora substancial que se ha producido en la intervención sobre el
sida, sigue habiendo una fuerte relaciónentre sida y adicción a la
heroína.
Respecto a los centros de emergencia social, quisiera que nos
explicara su criterio sobre las iniciativas de algunas comunidades,
concretamente la de Madrid, sobre el centro de emergencia de La
Rosilla, las narcosalas o centros para el tratamiento, información y
orientación.
Para terminar, me ha llamado mucho la atención que ha dicho varias
veces que este no debería ser un debate político, sino científico.
Querrá decir que no debe ser un debate partidista, porque aquí
estamos para hacer debates políticos y no científicos, aunque
tengamos en cuenta las conclusiones de los expertos y los
científicos. Quiero pensar que se ha referido a esa situación, porque
aquí estamos precisamente para hacer debates políticos, sobre la
heroína y sobre lo que corresponda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don
Salvador de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Aunque sea brevemente, me voy a referir
a cuestiones a las que el señor delegado del plan ha hecho referencia
en su interior intervención, que merecen un breve comentario por
nuestra parte porque las consideramos de suficiente gravedad.
Señor delegado del plan, usted decía que tenía actas y cartas
bochornosas en las que la actitud del consejero de la Junta de
Andalucía podía quedar en entredicho. Pues sáquelas. Lo que no puede
hacer es amenazar aquí diciendo que tiene actas y cartas, pero que no
quiere hablar, y dar la sensación de que la Junta de Andalucía ha
actuado como usted ha dicho. Si usted tiene esas cartas, sáquelas y
no amenace más con ellas. Y si tiene esas actas sáquelas también. A
ver si va a pasar como con el acta famosa de la Comisión
interministerial de financiación, con la que amenazaron, pidió el
Gobierno de la Junta de Andalucía que se sacara, y todavía la estamos
esperando. Si usted considera que esas actas y esas cartas no se
deben sacar, no venga aquí a hablar de ellas y no decir luego nada
sobre el fondo de las mismas, porque deja una sensación rara. Lo
mismo que el comentario que ha hecho en referencia a que el consejero
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía le dijo que no iba a
recurrir. ¿Cómo que no iba a recurrir? No iba a recurrir en
contencioso-administrativo, pero sabe usted que ha recurrido en
reposición. Parece que usted tiene -perdón por la expresión- una
dificultad, un desconocimiento profundo en distinguir los recursos,
pero no puede negar, porque hacerlo sería muy grave, que la Junta de
Andalucía ha recurrido. Yo tengo aquí delante este papel, -si quiere
se lo dejo, por si no lo conoce, lo que sería muy grave-, un recurso
en vía de reposición ante la Agencia del Medicamento. Al final del
recurso, como no podía ser de otra manera, se insiste en lo que se
lleva diciendo
todo este año, es decir, que se conceda al compareciente la
autorización del ensayo clínico mencionado. Por tanto, no venga usted
aquí con medias verdades que son grandes mentiras, dando la sensación
de que la Junta ha abandonado su batalla -como usted la califica- y
que ni siquiera ha presentado recurso. Ha presentado un recurso; lo
que no ha hecho ha sido meterse en la vía contencioso- administrativa
porque usted sabe, y si no se lo digo, que van a ser cuatro o cinco
años los que se tarde en resolver, y entonces seguramente sus
pretensiones de que el café sea para todos, es decir, que todas las
comunidades tengan el plan, no tendría sentido la resolución de esta
cuestión, si fuera favorable.
Para concluir esta parte, me da la sensación de que ustedes mantienen
la misma posición que hace ocho o diez años cuando se intentaban
introducir los programas con metadona: estaban radicalmente en
contra, y hoy usted se vanagloria de que son ustedes la vanguardia,
la avanzadilla en la potenciación de esos programas. Al Partido
Socialista no le extrañaría que dentro de un tiempo ustedes dijeran
que son los primeros en potenciar los programas con heroína. Han
tenido el suficiente descaro de apropiarse de esos programas y hablar
de potenciación, como si no existieran antes, y no me extrañaría que
dentro de unos años, cuando los programas con heroína se estén
aplicando, usted o alguien del Gobierno -si entonces están, que
espero que no-, venga aquí a decir que los están potenciando.
Por otra parte, usted ha dicho, con cierta imprecisión que la
incidencia del VIH ha descendido. Ha descendido porque hay una menor
prevalencia de la heroína en la calle, como factor fundamental. Ese
es el motivo. No diga que ha descendido por las medidas que ustedes
han adoptado. Coincido con usted plenamente en algo, en que estamos
en otra fase, en otro punto; estamos a favor de trabajar en el
acuerdo. Vamos a esperar una resolución del comité científico y vamos
a dejar estas discusiones banales que lo que consiguen es que no
avancemos en el objetivo que todos queremos. No podía dejar de
precisar estas cuestiones a las que usted ha hecho referencia y a las
que no he tenido oportunidad de referirme anteriormente porque el
presidente no me dio la palabra en el turno de réplica sobre el tema.
Entrando ya en los distintos puntos, en su primera comparecencia,
cuando vino a hablar del Plan de medidas urgentes que aprobó el
Gobierno en enero de 1997, le dijimos que teníamos una actitud de
consenso y de apoyo. Seguimos en esa línea, como no puede ser de otra
manera en una cuestión como la de la droga. Ustedes dicen que se ha
cumplido el cien por cien; no ha tenido la modestia de decir el 99
por ciento, sino el cien por cien. Le ha faltado decir el 101 por
ciento. (Risas.)
Ustedes habrán excedido el cien por cien, pero le puedo decir que en
la gran mayoría de los ciudadanos españoles sigue existiendo la
sensación de que no se avanza en la resolución del problema de la
droga, de que sigue siendo un gran problema. Y lo digo con rotundidad
porque una reciente encuesta del CIS habla de que el segundo gran
problema para los españoles es el de la droga. (El señor delegado del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, Robles Orozco: El
tercero.) No
el tercero, el segundo. Y si se va usted a zonas como el Campo de
Gibraltar, o Galicia, es el primero, con diferencia. Por tanto, se
cumplirá al cien por cien el objetivo de ese plan, pero la sociedad
española no percibe con claridad que se esté poniendo toda la carne
en el asador -no hablo del Gobierno, sino de las administraciones,
para no culpar a nadie; incluyo a todo el mundo- para avanzar lo
suficiente en este tema de la droga. Sin ir más lejos, usted mismo,
este fin de semana, como suele ser habitual, con gran despliegue
publicitario, nos ha invadido con imágenes y en los medios de
comunicación en general sobre la realidad del problema del alcohol y
la droga. Es un problema que está ahí. Quiero decir con esto que se
estará cumpliendo el cien por cien del plan de medidas, pero el grave
problema de la droga sigue existiendo en la sociedad y el ciudadano
lo sigue percibiendo como tal. Algo fallará.
He de decir que se debe y se tiene que seguir avanzando en la
normalización de la prevención de la asistencia y en una mayor
eficacia en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la zona
de mayor riesgo. Le puedo garantizar que en las zonas calientes,
zonas que usted conoce bien, la sensación de impunidad absoluta con
que se mueven los narcotraficantes es alarmante. Sin ir más lejos,
este fin de semana las coordinadoras antidroga de Andalucía,
especialmente en el Campo de Gibraltar, han hecho un llamamiento
clamoroso al Gobierno central para que actúe, por la impunidad
alarmante con la que se mueven esos narcotraficantes en aquella zona.
Por tanto, se cumplirá el cien por cien del plan de medidas, pero
estamos en una situación preocupante. No se ha desarrollado un marco
general de prevención ni se han hecho aportaciones al análisis del
modelo asistencial, rehabilitador y de reinserción.
En el ámbito de las medidas policiales -estoy siendo muy concreto
para no alargar mi intervención-, usted ha hablado antes de las Udyco
y las Edoa. Me imagino que recordará usted que dijimos que se
presentaban como soluciones-milagro, la policía-milagro. Así fue como
se presentaron estas policías de proximidad y las unidades contra la
delincuencia. Le puedo decir que esto no ha significado una mayor
presencia policial activa en las calles ni una mayor actuación en el
tráfico de estupefacientes a pequeña escala y, como he dicho
anteriormente, tampoco en el gran narcotráfico. Esto es así, señor
Robles. A lo mejor en Soria se da en menor escala, pero en otros
puntos muy importantes de nuestra costa la sensación que se tiene es
esa, la realidad y los datos estadísticos, aunque usted diga que se
cumple el cien por cien del programa.
En cuanto a la prevención, el contenido de estas medidas ha sido muy
simple, pues no se ha avanzado en los métodos ni en los criterios de
evaluación en los programas preventivos. Los jóvenes, como usted ha
dicho, son destinatarios de muchas medidas, pero no aparecen como
protagonistas en ninguna de ellas. En las medidas asistenciales y de
reinserción, se ha dado mucha importancia -usted le ha dado poca hoy
e imagino por qué- al famoso convenio de colaboración con el Inem,
las famosas 5.000 plazas para toxicómanos. Yo le pregunto si es
adecuado tener centros específicos para los toxicómanos.
Habría que pensar en esta cuestión y en otras muchas
relacionadas con este tema.
Para ir concluyendo con esta parte, quiero decirle que la asistencia
sanitaria y social se tiene que volver a revisar, que hoy los
drogodependientes son asistidos por una red asistencial que está
fundamentalmente atendida por las ONG y que éstas deben seguir año
tras año pidiendo en convocatorias anuales su financiación para ver
si pueden sobrevivir o no. Creo que esto también merece una reflexión
en cuanto a lo que puede ser el futuro, futuro con el que, por
cierto, usted nos sorprendía anunciando -hoy ha aclarado ya algo- en
los medios de comunicación, como es habitual, que el Gobierno prepara
un plan de medidas urgentes contra la drogodependencia que se van a
centrar en la prevención de sustancias como el alcohol y la droga. Yo
agradezco que usted haya dicho hoy aquí, porque es una cuestión que
iba a plantear, que lo va a traer al Parlamento, ya que estamos
debatiendo sobre esto. Se lo agradezco y espero que lo tengamos con
la suficiente antelación para conocerlo; que no ocurra como ha
ocurrido con la evaluación que hizo el Consejo de Ministros de este
plan de medidas, que todavía no la ha traído usted a esta Comisión.
La conocemos porque algunos la hemos podido ver en El Gobierno
informa o en Internet, pero usted no ha tenido el detalle de traer a
esta Comisión esa evaluación que hizo el Gobierno.
Estoy también de acuerdo con usted en que en el ámbito de la
aplicación del artículo 25 de la Ley orgánica de protección de la
seguridad ciudadana no se trata de que la sanción administrativa sea
lo importante. Lo importante es que la persona entre en contacto con
la red asistencial, lo importante son las personas. Estoy plenamente
de acuerdo con usted en este sentido.
Sobre el fondo, efectivamente creo que se va consolidando. Fue algo
que iniciamos los socialistas y que ustedes han continuado. Esto lo
digo porque ustedes vendían el plan de medidas como un nuevo logro
del Gobierno, cuando fue una ley que aprobó el Gobierno socialista.
Estaba aprobada ya cuando ustedes llegaron al Gobierno y la han
continuado, pero la vendían ustedes así, como un nuevo avance del
Gobierno en la lucha contra la droga. Tengo que hablarle de este tema
porque permanentemente da la sensación de que lo que ustedes intentan
-disculpe si le molesta, pero esa es la sensación que muchas veces
tiene la gente- es llegar a la población con una imagen de que el
Gobierno del Partido Popular se preocupa y ocupa del problema de la
droga. Y resulta que luego en muchas ocasiones se olvidan del fondo
de la cuestión, como pasa con el fondo. Usted mismo reconoce que el
fondo necesita mejorar mucho la gestión. Nosotros entendemos que es
complicado, por las circunstancias que en el informe se recogen, pero
es muy importante mejorar los déficits de gestión que tiene el fondo.
En la propia memoria del fondo se reconocen graves deficiencias en
las comunicaciones de los órganos judiciales, se reconoce
expresamente y se reconocía ya en el año 1997. Ha pasado un año y se
sigue con esas deficiencias. Es cierto que la propia memoria reconoce
que se ha mejorado en determinados casos, pero también señala que
muchas veces se producen situaciones de desconocimientoen la forma en
que los jueces tienen que comunicar
la sentencia, lo que hace que se produzca un deterioro muy importante
en esos hechos. Estamos hablando muchas veces de coches, de decomisos
materiales; al transcurrir un año o dos, se deterioran tremendamente
y su valor decae hasta tal punto que no tienen ningún valor. Al
final, unas partidas muy importantes que se podrían tener se
deterioran por esas deficiencias de la comunicación de los jueces. Y
también existen dificultades en la identificación de los bienes. Le
tengo que recordar que el caso más llamativo, el que suena más
fuerte, es el de Ceuta, donde 100 vehículos no han podido ser
identificados por este motivo, sin que hasta este momento la
Audiencia Provincial de Cádiz, que es la que tiene las competencias,
haya solicitado las medidas oportunas para solventar este tema. Y se
estén deteriorando 100 vehículos, casi todos ellos de un valor
importante, porque existan dificultades en su identificación. En
definitiva y para no insistir más en este tema, quiero decir que hay
que mejorar los déficit de gestión del fondo.
Por último y para terminar, en cuanto a la distribución, a la que ha
hecho referencia, me llama poderosamente la atención que, en el Campo
de Gibraltar, Costa del Sol y Ceuta, que es donde se produce, según
la memoria, el 70 por ciento de los decomisos, etcétera, cuando toca
el turno de reparto, a través de la mesa, las cantidades sean
mínimas. Y no por falta de proyectos, que están presentados. Llama
poderosamente la atención que en Andalucía, que se lleva casi el 80
por ciento de esas actuaciones, a la hora de repartir, por ejemplo, a
las corporaciones locales, concretamente a la de Cádiz, sobre un
presupuesto de 40 millones, se les adjudiquen 12 millones de pesetas.
Esto choca con lo que ocurre en las corporaciones locales de Castilla
y León, de donde usted es; que se les adjudica 13 millones. No quiero
decir que tenga que ver absolutamente nada, pero llama la atención
que a todos los municipios de Castilla y León, a todos, se les ha
adjudicado, y en la provincia de Cádiz, un sitio tan especial como La
Línea sea el único de toda aquella zona al que se le adjudique. En
cambio, repito, se le adjudica a León, Zamora, Salamanca, Valladolid,
Palencia, Burgos, Segovia, Soria y Ávila. A todos. Y de Andalucía, a
uno o dos.
Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. Se adjudican a
Castilla y León 14 millones y a Andalucía, donde se produce el 80 por
ciento, se le adjudican 13 millones. Yo sé que la mesa de
coordinación de adjudicaciones, que usted preside...
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, por favor.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Concluyo, señor presidente.
Decía que lo de la mesa de coordinación de adjudicaciones es
transparente y tiene unas reglas de funcionamiento, pero llama la
atención que en Castillla y León se hayan decomisado 500.000 pesetas
y en Andalucía el 80 por ciento de la cuantía y que, a la hora del
reparto, se adjudiquen a Castilla y León 13 millones y a Andalucía,
12 millones, en el ámbito de las corporaciones locales. Espero que
usted, como presidente de esa mesa, tome buena nota. Sé que lo
está haciendo rigurosamente, pero debe intentarse ver qué ocurre ahí
para que se dé esta circunstancia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular intervendrán
dos diputados, doña Fernanda Faraldo Botana, a los efectos de las
comparecencias primera y segunda, y don Jesús Manuel Pérez Corgos,
para la cuarta.
Doña Fernanda tiene la palabra.
La señora FARALDO BOTANA: En primer lugar, quiero agradecer al señor
delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas que, a
petición propia, comparezca ante esta Comisión para informar del
grado de cumplimiento del plan de medidas contra la droga, aprobado
por acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de enero de 1997. Al
entender de mi grupo, esto significa traer a esta Comisión la
valoración que el Gobierno hizo del grado de cumplimiento de ese
Plan.
Se trataba de una serie de actuaciones destinadas a dotar de un
verdadero impulso a las estrategias de prevención así como ampliar y
diversificar las respuestas asistenciales y desarrollar unas
alternativas de reinserción social, al tiempo que se incluían otras
medidas tendentes a modernizar la normativa legal y a mejorar el
control sobre el narcotráfico y las diferentes modalidades de
delincuencia asociadas al mismo. Ese impulso, como se ha puesto de
manifiesto esta mañana, se dio igualmente en lo que era el incremento
de dotaciones presupuestarias, que fue un 75,12 por ciento.
La aplicación de las medidas ha constituido un notable impulso en
todas las esferas del Plan nacional sobre drogas, a juicio de mi
grupo. La práctica totalidad de las propuestas que recogía el plan de
medidas se ha materializado en proyectos concretos, que a su vez se
han traducido en resultados inmediatos en la consolidación de
premisas que posibilitarán un desarrollo ulterior. Se ha visto cómo
se ha actuado en medidas normativas, entre las que me gustaría
destacar la introducción de nuevas figuras jurídicas, como el agente
encubierto, al haber sido modificada la Ley de enjuiciamiento
criminal, figura novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, que nos
sitúa al mismo nivel que los países que aplican las técnicas más
avanzadas en la lucha contra la droga y que supuso la culminación de
un proceso iniciado el 20 de marzo de 1997, en que el Grupo
Parlamentario Popular presentó una proposición de ley.
También se ha hablado de las actuaciones policiales en materia de
drogas. En cuanto a las medidas de prevención me gustaría destacar
que existe un elevado nivel de coincidencia entre las propuestas y
demandas que formulan los ciudadanos a las instituciones para
resolver el problema de las drogas, que principalmente son medidas
educativas en las escuelas que reclama el 92,1 por ciento de la
población, así como medidas policiales y legales, tratamiento
voluntario de los drogodependientes y campañas de información,
materias en las que este plan de medidas incidía abundantemente,
sobre todo en el tema educativo y en el de reinserción social, con la
firma del protocolo entre el Ministerio del Interior, el de Educación
y Cultura y el de Sanidad. Igualmente y por primera
vez, los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior,
a través del Inem y de la Dirección General del Plan Nacional sobre
Drogas, suscribieron un convenio y un protocolo, con una duración de
dos años, que posteriormente se verá en una comparecencia. Sin lugar
a dudas, uno de los requisitos fundamentales para diseñar una
adecuada estrategia preventiva es disponer de un diagnóstico ágil,
certero y eficaz, de la realidad sobre la que queremos operar. En
este sentido, cabe destacar la puesta en marcha, en este plan de
medidas del Observatorio español sobre drogas, como un órgano
adscrito a la Delegación y concebido como un auténtico barómetro
destinado a facilitar información permanente y exhaustiva; capaz de
ofrecer una visión de conjunto del fenómeno de las drogas, desde sus
diferentes perspectivas. Como muy bien ponía usted de manifiesto,
queda mucho por hacer, pero se tienen los instrumentos adecuados para
alcanzar los objetivos.
En cuanto al informe del año 1998, de la Ley del Fondo, quiero
señalar que, efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, nos muestra que 1998 ha sido un ejercicio de
consolidación y crecimiento de dicho fondo, pero todo ello no sin
haber antes superado cuestiones previas de carácter administrativo, a
las que usted, cuando tomó posesión, en el año 1996, como delegado
del Plan nacional de drogas, tuvo que enfrentarse y dedicarse a
resolver, como era la no existencia de un reglamento que desarrollara
la Ley del Fondo, la no existencia de una mesa de adjudicaciones, que
no había sido constituida, aunque no era necesario el reglamento para
dicha constitución, la no existencia de funcionarios adscritos a la
Ley del Fondo y cuestiones presupuestarias que impedían la ampliación
de créditos de un año a años posteriores.
Una vez más, el informe del fondo del año 1998 pone de manifiesto que
se ha dado respuesta a la previsión recogida en el preámbulo de la
Ley 36/1995, que son dos los aspectos básicos relacionados con esta
actividad delictiva sobre los que hay que actuar. Por un lado, la
necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los
servicios y organismos competentes, encargados de la prevención y
represión del tráfico ilícito de drogas incrementen las dotaciones
que faciliten las investigaciones de las organizaciones de
narcotraficantes. Por otro lado, que sean las personas, los
drogodependientes, los grandes perjudicados por este tipo de
delincuencia, sobre los que necesariamente se invierta, en programas
de prevención, rehabilitación e inserción social de drogodependientes
y toxicómanos. Así se ha hecho en este año 1998 y los programas
destinados al control de la oferta han recibido el 42,31 por ciento
de las cantidades distribuidas, frente al 57,69 por ciento de los
programas preventivos asistenciales.
Para terminar, diré una vez más, que efectivamente las drogas son una
lacra social en la que todos, a través del consenso, tendremos que
trabajar duramente. Pero no podemos olvidarnos, porque los hechos son
tozudos y ahí están, de que estamos en el camino correcto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Manuel Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno
para el Plan nacional sobre drogas por su comparecencia.
Quiero iniciar mi intervención diciéndole que estoy absolutamente de
acuerdo con don Federico Mayor, en el sentido y en los términos en
que se ha expresado el señor Rodríguez. Y estoy seguro de que estamos
de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular, usted mismo y el Gobierno
en su conjunto. Prueba de ello han sido las importantes medidas que a
lo largo de esta legislatura ha adoptado el Gobierno para la
represión del narcotráfico; ahí están figuras como el agente
encubierto y las entregas vigiladas, recogidas en la modificación de
la Ley de enjuiciamiento criminal.
Por lo que respecta, estricto sensu, al artículo 25 de la Ley
Orgánica 1/1992, que es objeto de esta comparecencia, quiero decir
que en ningún caso la ley castiga el consumo de drogas. Si volvemos
la vista atrás, en la tramitación parlamentaria de la ley orgánica
confluían dos corrientes diferentes: por un lado la corriente
parlamentaria y jurisprudencial, contraria a la sanción del consumo
de drogas, y por otra, una corriente internacional favorable a esa
sanción. España tenía que cumplir sus compromisos, compromisos
internacionales, en concreto el Convenio de Viena de 1988. Y ahí está
esta sanción, no del consumo, sino del consumo en lugares públicos,
en transportes públicos, y la sanción a quienes toleran este consumo.
Contrasta la intervención del portavoz del Grupo Mixto con las
manifestaciones y valoraciones que los CAD hacen de esta ley. Con la
represión del consumo en lugares públicos se ha conseguido reprimir
los consumos más escandalosos, consumos que la sociedad percibía como
una amenaza y que además predisponían a la sociedad contra
determinadas medidas rehabilitadoras o de reinserción, como eran los
centros, y ejemplos en nuestra comarca, en la del señor Rodríguez y
la mía, hemos tenido en este sentido. También es importantísimo que
las familias puedan tener información de que su hijo o un miembro
menor de su familia es consumidor habitual de drogas; no supone un
quebranto económico para esta familia cuando se le da la oportunidad
de sustituir el pago de la sanción pecuniaria por un tratamiento
rehabilitador.
Señor presidente, concluyo diciendo que la valoración del Grupo
Parlamentario Popular es la misma que han hecho los centros de
atención a drogodependientes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señorías, intentaré ser breve, pero me van a
permitir que en algunos puntos concretos, por no ser descortés con
SS.SS., tenga que ser un poco más extenso.
En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Mixto respecto al
artículo 25, le diré que, como ha explicado el portavoz del Grupo
Popular, esa es la filosofía por la que, cuando se tramita la ley
orgánica, se introduce la sanción al consumo en público, no sólo
porque existía una corriente internacional y unas convenciones inter
nacionales
que cumplir en nuestro país, sino también porque se pensó que
estábamos protegiendo al conjunto de la sociedad de una actitud o de
una conducta que se consideraba poco edificante, como es el consumo
en público de estas sustancias, que sería un mensaje contraeducativo.
En ningún caso se pretende criminalizar ni perseguir a la parte más
débil, como usted mencionaba, sino disuadir del consumo y
fundamentalmente ser un instrumento útil, bien a los padres, a través
de la sanción, o bien a los propios afectados, para su
rehabilitación. Lo que persigue este artículo es la posibilidad
rehabilitadora de la persona y son dos ámbitos distintos de lucha
contra la droga. Es evidente que esta ley no hace referencia ni puede
medir la eficacia de la lucha contra el narcotráfico, no se persigue
al narcotráfico con esta ley sino con el Código Penal en la mano y
con otros instrumentos. En este caso lo que se persigue es proteger a
los ciudadanos frente a los consumos y frente al fenómeno de la
proliferación del consumo, especialmente en zonas de ocio.
Tenemos que hacer una valoración positiva, si nos fiamos -y nos
fiamos- de lo que los profesionales de los centros de atención al
drogodependiente nos dicen, y lo que nos dicen es que cada vez más
personas contactan y conocen la red asistencial, que hay ya un número
importante de personas que se han rehabilitado, porque están en una
fase en la que es posible, con un tratamiento suave, reincorporarse y
normalizar su vida. Entendemos la sanción administrativa en estos
términos. No es una forma de hacer presión sobre el más débil, sino
que se trata, por el contrario, de ofrecerle una oportunidad y un
recurso que, probablemente de otra manera, porque muchas veces no
tiene ni siquiera conciencia de su propio problema, no puede llegar a
conocer. Los padres se felicitan, no sólo porque se les da la
alternativa del tratamiento -como decía el portavoz del Grupo
Popular-, sino por conocer a tiempo un problema que, si se hace
crónico, no es que les vaya a costar más o menos dinero, es que les
puede costar, desgraciadamente, un quebranto importante en la
estructura de sus familias. El problema no debe medirse sólo en
términos economicistas, sino en términos de salud.
Yo creo que la sociedad moderna reglamenta las cosas para proteger a
los ciudadanos, no para agobiarles. Tampoco puede uno comprar
libremente cualquier medicamento en una farmacia, un hipnótico, un
sedante o un tranquilizante, de igual manera que, cuando uno va a una
cafetería, tiene la tranquilidad de que se están cumpliendo una serie
de normas sanitarias, como que no se fabrican determinadas mayonesas
con productos naturales, porque podemos coger un salmonelosis. Las
reglamentaciones no están hechas para amargar la vida al ciudadano
sino, por el contrario, para protegerle, en este caso para proteger
la salud, y eso es lo que persigue este artículo. Otra cuestión es
que en algún momento haya habido alguna deficiencia o un exceso en su
aplicación, pero la norma general es que se aplica con la filosofía
de buscar la disuasión en los consumos y de ofrecer una alternativa
de carácter terapéutico a sus consumidores.
La portavoz de Izquierda Unida, refiriéndose fundamentalmente a la
evaluación del cumplimiento de medidas, ha hecho una serie de
preguntas referidas al ámbito
de la educación. En coordinación con el Ministerio de Educación y con
el de Sanidad, se ha creado una Comisión que desarrolla este convenio
en el que el Ministerio de Educación aporta el conocimiento en
profundidad de lo que son la selección de los centros escolares. En
lo que llamamos zonas de actuación preferente, se dan una serie de
motivos, como son el fracaso escolar, los déficit educativos y los
déficit sociales. Esas zonas han sido elegidas para esta intervención
y se pretenden una coordinación con lo comunitario para que se puedan
implicar al máximo en este programa. El primer año el programa se
llevó a cabo exclusivamente con una parte intraescolar y de puertas
abiertas, pero este curso que ha finalizado se ha trabajado con las
familias y con el aspecto comunitario. Por tanto, se va completando
el panorama. Tenía como finalidad evaluar un proyecto para que, si
resultaba como ha resultado, fuera un ejemplo a generalizar. Se ha
aplicado en colegios públicos, pero tenemos otras vías y otras formas
para ayudar a los colegios privados; la delegación del Gobierno ha
financiado a las patronales o a los diferentes colectivos o
asociaciones de los centros privados la elaboración de materiales o
de modelos para poder intervenir. Obviamente, con sus presupuestos y
sus recursos, serán quienes intervengan en los colegios, pero hemos
diseñado modelos de intervención en los colegios privados. Por tanto,
el tema preventivo en los colegios ha sido y es un tema prioritario y
va a seguir siéndolo. Evidentemente, se va a renovar la adenda para
el año que viene; ya estamos trabajando en los nuevos materiales
educativos. Les puedo anunciar que habrá materiales de soporte
informático, que complementarán este programa preventivo y otra serie
de acciones.
La actuación de puertas abiertas ha sido muy valorada, porque en esta
zona de actuación preferente hay un aspecto importante, que es -dicho
de forma coloquial- llenar el tiempo libre, el ocio, de estos chicos
y chicas. Hasta ahora lo hemos hecho con dos entidades, Cruz Roja de
la Juventud y con Deporte y Vida, que es una asociación de
deportistas coordinada por el Consejo Superior de Deportes. Existe
una Comisión en la que trabaja el Plan nacional sobre drogas y donde
estudiamos éstos y otros temas, como el doping en el deporte,
etcétera.
Usted tiene razón cuando dice que en prisiones todavía existen
situaciones preocupantes. Sin lugar a dudas, yo lo confirmo. Es
evidente que el medio penitenciario es complicado y conflictivo y
que, aunque se ha avanzado mucho en muchos aspectos, desde el físico,
con los nuevos centros, hasta los programas sociales o de prevención,
indiscutiblemente la situaciones debe seguir mejorando.
Lo que hoy estamos analizando sin embargo es si la tendencia es
positiva o no lo es. Yo creo que en este momento lo es por muchas
razones. Qué duda cabe que la mejora que se ha producido en
determinados indicadores, como son la transmisión y la prevalencia
del VIH, el tema de las patologías asociadas, los consumos en la
prisión, todo eso, indiscutiblemente, son mejoras. Insisto en que las
mejoras no significa que nosotros echemos las campanas al vuelo ni
que creamos que todo está hecho, sino que, por el contrario, nos
marcan una línea de trabajo.
Ha habido experiencias importantes durante estos tres últimos años,
como ha sido, por ejemplo, el intercambio de jeringuillas en la
prisión de Basauri, experiencia que era arriesgada y que ha resultado
un éxito, con todas las dificultades del programa. Y en este momento
la colaboración de Instituciones Penitenciarias, del plan nacional
y de algunas comunidades autónomas va a hacer posible que esa
experiencia de intercambio de jeringuillas, que en el medio
penitenciario es muy complicado, se empiece a extender a otras
comunidades autónomas lo cual tendrá un impacto positivo.
Los programas de metadona, que en este momento están en el cien por
cien de las prisiones, no significa que no tenga otros retos por
delante. Hay una mejor coordinación con los servicios sociales de las
comunidades autónomas, por los permisos penitenciarios, lo cual
significa muchas veces un deterioro en la forma de aplicar el
programa. En todo eso se está trabajando. Creo, sinceramente, que el
avance ha sido importante y que las cifras no son una casualidad. No
es que en este momento, por ciencia infusa, como parecía que proponía
el portavoz socialista, haya mejorado la transmisión del VIH. No. Ha
mejorado porque se han aplicado políticas de reducción del daño y del
riesgo, porque se han aprobado programas y porque todo eso ha hecho
que funcionen una serie de mecanismos que están dando resultados.
De los proyectos de emergencia social, como sabe S.S., hemos sido
defensores e impulsores. De hecho, el centro de La Rosilla está
financiado con recursos del Plan nacional sobre drogas y vamos a
seguir haciéndolo. Esta experiencia nos parece que ha sido
enormemente positiva, que ha venido a cubrir algunas lagunas que
existían y que hay que ir mejorándola.
Las narcosalas, que es una experiencia parcial que se puso en marcha
en Holanda y ya hay una perspectiva como para evaluarla, puede ser un
paso más. Evidentemente, no hay que confundir el tema de las
narcosalas, que en el fondo no es más que dar unas condiciones
higiénicas, sociales, sanitarias, humanitarias, si uno quiere, a unas
personas con un alto deterioro de todo tipo, con otro tipo de
programas, como podría ser la dispensación de heroína u otras vías.
Esto no es más que ampliar los servicios del propio centro de
emergencia social, de forma que la parte higiénica, alimentaria, de
salud pública y, en general, de suministro de la metadona, signifique
un sitio donde estar e incluso donde poder «dirigir» -entre comillas,
si es la palabra correcta- las condiciones en las que una persona se
inyecta heroína reduciendo así el daño en la medida de lo posible.
Por tanto, nosotros no vemos con malos ojos este tema y estaremos
ayudando, en la medidas de nuestras posibilidades, a que el proyecto
se desarrolle en la mejores condiciones posibles.
Tiene usted razón que cuando yo he introducido el tema del conflicto
de debate político debería haber dicho debate partidista, si es que
ese término implica, de alguna manera, pérdida de objetividad o
búsqueda de ventajas en algún sentido. Lo que quería decir es que,
por supuesto, la decisión última -y tiene usted razón- ha de ser una
decisión política. Es a los políticos, en el ámbito parlamentario o
en el ámbito de las responsabilidades del Gobierno, a los que nos
corresponde tomar una
decisión. No podemos trasladar al comité científico nuestra
responsabilidad. Ellos lo que harán será iluminarnos y facilitarnos
la información suficiente para que tomemos la decisión. Lo que quería
decir, como usted muy bién ha puntualizado, es que deberíamos
intentar serenar el debate y no buscar recursos o ventajas a corto
plazo, porque lo que está en juego es bastante serio e importante
como para que lo que, por una floritura verbal en un momento
determinado nos deje muy satisfechos, signifique, a largo plazo, un
error estratégico importante.
Al portavoz socialista le diré, volviendo al recurrente tema de la
heroína, que yo no he amenazado con sacar nada, señoría. Lo que he
hecho ha sido decir, ante una acusación que usted ha hecho, que
nosotros hemos demostrado lealtad en muchos de estos aspectos.
Porque, hay información, no es que la tenga que sacar ahora, señoría
es pública; las actas de la comisión sectorial son públicas y S.S.
las puede conseguir. No tengo que sacar ningún documento, no tengo
que desclasificar ningún documento. Es un documento público que usted
puede coger y ver donde quiera, porque las actas, repito, son
públicas. Y, si se lee el acta de esa conferencia sectorial, llegará
a la conclusión conmigo de que el consejero de la Junta de Andalucía
se comprometió, no delante de mí, sino delante de todos los
comisionados, de todos los consejeros de las comunidades autónomas, a
esperar a conocer un informe que nos diera las pautas de qué es lo
que teníamos que hacer. Desgraciadamente eso no fue así y después ya
hemos visto lo que hemos visto. Cuando he dicho esto ha sido para
hablar de lealtad y cuando he hablado de esas cartas es porque
existen, pero existen porque las han puesto en circulación personas
de otras administraciones. Insisto, yo no tengo que desclasificar
nada. Esas cartas están circulando. Usted podría pedir a algún
senador, dentro de su propio grupo, donde también existen posiciones
divergentes sobre este tema, que le dijera, por ejemplo, cómo, cuando
se está hablando de un proyecto de investigación, y se supone que
cuando uno investiga no está prejuzgando los resultados de ese
proyecto, alguien, desde esa Administración, ha mandado una carta a
los centros de atención a los drogodependientes advirtiendo sobre la
generalización del programa y diciendo que esto no es más que un paso
para después generalizar el proyecto de prevención.
A mí me parece, cuando hablamos de rigor científico, que uno debe
esperar a conocer los resultados porque, si no, parece que se ha
querido colar por la puerta de la investigación en un proyecto que
sabe que de otra forma no podría hacer. Lo que he dicho es que hay
que tener la valentía de llamar a las cosas por sus nombre. Si lo que
quiere uno hacer es un proyecto de distribución de heroína, no nos
andemos con eufemismos, no digamos que queremos investigar; digamos a
la opinión pública: nosotros estamos por distribuir controladamente
la heroína. Si ustedes están por distribuir controladamente la
heroína, díganlo. Lo que no puede ser es que digan que están
queriendo investigar, pero ya estén prejuzgando, el resultado
y advirtiendo a los centros de tratamiento que tienen que prepararse
porque lo que viene es un programa de distribución de heroína. Yo no
lo estoy diciendo, está dicho en cartas públicas que circulan por el
territorio
nacional. Tampoco yo me he paseado durante dos años con los
responsables del proyecto suizo, por Andalucía, por España, diciendo
que el proyecto suizo era el mismo de Andalucía. Eso yo lo he podido
leer en montones de periódicos en nuestro país. Y cuando nos han dado
un revolcón con el proyecto suizo, decimos que somos lo mismo pero no
somos lo mismo. Yo no he montado esa estrategia. La estrategia la
montaron otras personas, paseándose, repito, con los señores que
hacían el proyecto de Suiza y diciendo que eran lo mismo. Por tanto,
es responsabilidad de quien decidiera hacer ese proyecto.
Le puedo garantizar, señoría, que en la delegación no estamos
pensando en este momento en una estrategia de café para todos.
Simplemente estamos pensando en una estrategia de una evaluación de
expertos, para poder decir que no hay ningún interés, por nuestra
parte, de que haya café para todos, como S.S. intenta decir. Y mucho
menos, robar protagonismos, ni argumentos de esa naturaleza. Insisto,
creo que el tema es de la suficiente importancia como para que
podamos reflexionar con tranquilidad sobre él. Precisamente porque
usted ha puesto un ejemplo que nos es bastante útil, el tema de la
metadona, observando lo que ha sucedido con otros programas en
nuestro país, podemos llegar a la conclusión de que debemos obrar con
enorme prudencia, porque hay puertas que se abren, pero no sabemos
nunca cómo las vamos a cerrar. Cuando abramos determinadas puertas,
hay que estar muy seguros de por qué camino vamos, porque las
conclusiones son prácticamente irreversibles. Esta es nuestra
posición, insisto, y en eso vamos a trabajar. Lo que si le digo es
que este Gobierno ha demostrado con absoluta claridad con los hechos,
no con las palabras, ni con los discursos, en lo que cree.
Podíamos poner el ejemplo -se ha ido doña Inés Sabanés- de Madrid,
que quizás es el más paradigmático de todos y que ella conoce muy
bien. En Madrid, hace exactamente tres años, había 600 plazas de
metadona, la Comunidad Autónoma de Madrid estuvo gobernada por el
Partido Socialista durante los últimos 10 años, 600 plazas de
metadona En tres años, hemos pasado de 600 plazas de metadona a 6.700
plazas de metadona. No es casualidad, supongo, señoría, que las
cifras de VIH en la Comunidad Autónoma de Madrid sean las más
espectaculares de todas, porque en esta Comunidad no se habían hecho
programas de reducción del daño, programas sustitutivos, ni una
política coherente que hiciera frente a un colectivo muy importante
de personas que estaban en la calle y de personas que estaban con un
problema serio de VIH. Entre esas 600 personas y esas 6.700 personas
hay una diferencia de 6.100. Esas 6.100 personas que ahora están en
un programa de metadona, antes no estaban en su casa, ni estaban en
un programa libre de drogas; simplemente estaban consumiendo heroína
en la calle. En tres años, repito, hemos pasado de 600 a 6.700. Y eso
no es un discurso, es un hecho, es incuestionable. No diga usted lo
que dijimos o lo que dejamos de hacer. Es lo que hemos hecho y lo que
hemos hecho ha sido poner a estas personas en contacto con los
centros de tratamiento y que en este momento tienen mejores
condiciones de salud que las que tenían hace unos años.
Cambiando de tema, señoría, y entrando en lo que significa el plan de
medidas, quiero decirle que no sé cómo ha percibido la petición de mi
comparecencia, pero la petición de la comparecencia para explicar el
plan de medidas es para explicar cómo lo evalúa el Gobierno. Usted
dice que el Gobierno todavía no ha explicado la evaluación que el
Consejo de Ministros hizo. Yo se lo estoy explicando, he venido a
explicarles cómo entiende el Gobierno la evaluación de este plan de
medidas. Por supuesto, señorías, lo tengo que decir una vez más, el
plan de medidas es una secuencia de medidas que nos sirven para poner
los cimientos para seguir avanzando.
Cuando yo digo que se ha cumplido el cien por cien es porque el plan
de medidas tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta equis
medidas y uno no tiene más que ir siguiéndolas y saber si se han
hecho o no. Uno podrá pensar que es más eficaz o menos eficaz, pero
las medidas se han implementado y, como le he explicado hace un
momento, nosotros no considerábamos el plan de medidas como un
objetivo en sí mismo, sino como un proyecto que nos posibilitara
seguir avanzando en la lucha contra la droga. Por eso, inmediatamente
que se ha terminado el plan de medidas, nos hemos puesto a trabajar
en otra serie de medidas complementarias, nos hemos puesto a trabajar
en lo que llamamos la estrategia nacional contra las drogas, porque
el plan de medidas era el desarrollo del informe de esta comisión del
año 1995. Cuando se cerró el Parlamento en diciembre de 1995, lo que
había era un estudio que decía al Gobierno que fuera, al que ganó las
elecciones o al que podía haberlas ganado, cómo teníamos que
desarrollarlo. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar el informe de
1995. Ahora nos toca seguir aportando medidas y soluciones. Por lo
tanto, el plan de medidas es simplemente un proyecto para seguir
avanzando.
Estoy absolutamente de acuerdo en que sigue siendo un problema
importante la droga, pero eso de que los ciudadanos no perciben
mejorías es una opinión, indiscutiblemente suya. Yo le puedo
garantizar, porque tenemos los estudios sociológicos suficientes, que
los ciudadanos sí lo perciben. Una cuestión es que los ciudadanos
sigan manifestando su preocupación, como no podía ser de otra forma,
como se siguen manifestando por otros temas que están en la opinión
pública, y otra que es evidente, señoría, que se ha mejorado. Los
ciudadanos tienen preocupaciones concretas o difusas y, por supuesto,
entre ellas está el tema de la droga. Si usted va a un cualitativo
sobre percepciones del riesgo, sobre percepción de las drogas, sobre
otras muchas cuestiones que podría detallarle, usted se dará cuenta
de que los ciudadanos valoran de forma muy importante la gestión que
se ha hecho y valoran una reducción en algunos aspectos
fundamentales. Yo no voy a intentar convencerle de este tema, que,
por otra parte, que no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve en este
momento es la seguridad de que estamos trabajando para mejorar esta
cuestión. Por consiguiente, las medidas son un instrumento, no un
objetivo, un instrumento que nos ha servido para poner los cimientos
para seguir avanzando.
He dicho muchas veces que la lucha contra la droga no es una carrera
a corto plazo, es una carrera a medio y largo plazo, donde hay que
ser constantes y perseverantes
y donde probablemente tendremos que ser capaces de aceptar entre
todos que cualquier sociedad desarrollada va a convivir durante mucho
tiempo con el fenómeno de las drogas, que tenemos que saber
manejarlas, integrarlas y generar una serie de estructuras que
minimicen el daño que realmente generan a la sociedad. Y es en eso en
lo que estamos, es decir, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito
de la prevención, de la asistencia, en el ámbito de generar
estructuras que ayuden a la sociedad a minimizar el problema de las
drogas y a hacerlo de alguna manera, si es posible, menos dramático
para cualquiera de las sociedades desarrolladas.
Usted ha hecho referencia al control de la oferta, lo que se refiere
a la eficacia policial. Yo le puedo decir, al margen de que usted
tenga otros datos que yo no conozco, que si uno mira las estadísticas
del número de operaciones, del perfil de las operaciones, de las
incautaciones, incluso del propio fondo, uno no puede llegar a la
conclusión que usted acaba de decir. Las Edoa y las Udyco, que usted
acaba de mencionar, que no están hechas para una policía de
proximidad, esa es otra cuestión, han dado un resultado
extraordinario en la lucha contra el narcotráfico. España ha tenido
operaciones que, no solamente en cuanto a número, sino a su calidad,
probablemente en este momento nos sitúan a la cabeza en muchas
cuestiones. Este fin de semana, por no ir más lejos, señoría, España
ha tenido una operación de precursores químicos que sitúa a las
policías españolas en el punto más álgido de la eficacia con los
precursores. (Rumores.) España ha desarrollado -no sé si le interesa
lo que le digo- una importante operación, por ejemplo, de precursores
químicos, lo cual ha supuesto 12 toneladas de permanganato potásico
en la más importante de las operaciones. No es casualidad, señoría.
Las cuestiones no son casualidad, uno no va por la calle y se
encuentra 12 toneladas de permanganato ni monta una estructura que le
permite desmantelar la producción en los países del este, la red de
comercialización en Bélgica, el tránsito por la Europa comunitaria,
el tránsito a Estados Unidos o a los países del Caribe. Todo eso,
señoría, no es una casualidad. Es un esfuerzo de trabajo importante.
Y para eso ha habido que poner medios materiales, tecnología,
funcionarios especializados. Eso se ha hecho y está dando sus
resultados. Y por eso hay más operaciones y más importantes. Ahora
usted me dice, ¿es que ya está hecho todo? ¿Es que ustedes están
conformes? No, son dos cosas compatibles. Lo que le digo es que ha
habido un avance, una mejoría, que hay más estructura, que hay más
preparación. Ahora bien, sinceramente creo, como le he dicho hace un
momento, que la lucha contra la droga es larga, que debemos ser
perseverantes y que tenemos que ser cada día más eficaces. Se ha
mejorado extraordinariamente la respuesta de carácter legal. Eso es
un esfuerzo de todos. Este Parlamento acaba de aprobar una ley de
modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal que creo que es un
buen instrumento para todos.
Usted está muy preocupado por la paternidad de la ley del fondo o de
la ley de precursores. Yo lo que le puedo decir a usted es que quien
ha puesto la ley del fondo y la ley de precursores, que se aprobó en
este Parlamento al final de la legislatura anterior por todos los
grupos -y créame que algo tuve yo que ver también con aquello, si se
lee usted el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara- en funcionamiento,
le guste a usted o no, ha sido este Gobierno, quien ha aprobado el
reglamento ha sido este Gobierno, quien ha creado una unidad
administrativa ha sido este Gobierno, quien ha hecho posible la
evaluación de los bienes ha sido este Gobierno. Eso es así, no admite
ninguna discusión. Eso es así, no es opinable. Usted me podrá decir
que hay que mejorar. Ya se lo he dicho yo. Acabamos de mandar en este
momento un informe al Parlamento, donde no ocultamos absolutamente
nada. Hemos mandado un informe al Parlamento, donde damos, con
transparencia absoluta, cuál es la situación, ya que hay cuestiones
que no nos afectan sólo a nosotros. No sé si usted ha oído hablar de
esto que llamamos la independencia judicial. Si uno sabe que la
independencia judicial funciona, yo no puedo más que instar al juez a
que haga determinadas cuestiones, pero lo que no puedo es entrar en
un juzgado y actuar en los niveles de competencia que no tengo. Hay
que saber respetar los diferentes cauces administrativos y las
diferentes responsabilidades administrativas.
Por consiguiente, en el fondo creo que ha habido un avance muy
importante. No hay más que ver en este momento que se han consolidado
métodos de trabajo, que se han podido generar unidades
administrativas, que el fondo ha venido creciendo. Ahora bien,
señoría, tenemos que saber que seguimos gestionando la parte
histórica del fondo. Porque, como usted bien sabe, estamos hablando
de cuestiones que surgieron hace cuatro o cinco años, operaciones que
están llegando ahora a lo que llamamos el fondo. Pero cada día, como
se percibe en la gestión, las cuestiones han mejorado. Y lo más
importante de todo, ¿qué persigue el fondo? El fondo persigue unos
fondos adicionales que ayudan y que de alguna manera resarcen a la
sociedad española de los daños que le ha ocasionado el narcotráfico.
Hace usted también una referencia al tema preventivo y fíjese que es
curioso, porque dice usted que no hemos hecho un marco general de
prevención. Precisamente, señoría, de lo que podemos estar más
orgullosos y lo que quizás en este momento nos reconocen todos los
profesionales del sector es lo contrario, es que hemos hecho un marco
general de prevención.
La primera ponencia que se hizo en la Comisión intraautonómica,
trabajando con las comunidades autónomas, fue precisamente un marco
general de prevención, de tal forma y manera que en este momento las
comunidades autónomas están reproduciendo ese trabajo que se hizo en
la Comisión del Plan nacional sobre drogas. Si hay algo realmente
importante, es que se ha hecho un marco general de prevención, que se
han fijado unos criterios básicos de lo que entendemos por prevención
y que en este momento se han puesto los cimientos para hacer una
prevención que no sean acciones aisladas o excluyentes, sino que sea
un modelo de intervención en los colegios, en las familias y en la
comunicación social. Y se ha hecho a los jóvenes protagonistas de
eso, señoría. No tiene usted más que ver todas nuestras acciones para
darse cuenta de que lo que llevamos trabajando durante estos años es
el fenómeno de los nuevos consumos, de
los nuevos patrones y de los jóvenes. Ese es el objetivo, y por eso
también se está trabajando muy especialmente en los proyectos de
prevención en los colegios con el tema del alcohol y del tabaco,
porque son precisamente los jóvenes en este momento el sector más
preocupante y más protagonista.
Señorías, a mí me parece que lo que hemos hecho trayendo hoy el
documento es evaluarlo. Cuando traemos la gestión del fondo es para
que ustedes tomen conciencia de que es un instrumento del que toda la
sociedad española se tiene que sentir orgulloso, independientemente
de si la ley se aprobó antes o la ley o el reglamento lo hemos hecho
nosotros. Hemos sido todos. Es una forma de resarcir moralmente a la
sociedad del daño que le causa el narcotráfico, son unos bienes que
están siendo útiles para la sociedad, y estamos en ese camino. Por
supuesto que hay muchas más cosas que hacer y que mejorar, y en ello
estamos.
Respecto al fondo, sinceramente me ha preocupado mucho su cambio de
posición, y me gustaría que no fuera estructural sino más bien
coyuntural, respecto a la distribución geográfica de los fondos. Digo
esto porque nos preocupa mucho que el Partido Socialista, que
consideramos que es un partido que vertebra, como el nuestro, el
Estado y que de alguna manera tiene una visión del conjunto del
Estado, y por eso tuvo en el debate de la Ley del fondo una posición
coherente, haya cambiado de posición sólo porque en este momento esté
en la oposición. Me estoy refiriendo a la no vinculación de las
cantidades a las zonas de decomiso. Sabe usted que ese fue un debate
que propusieron en esta Cámara otros grupos minoritarios de la
Cámara, pero desde luego no el Partido Socialista ni el Partido
Popular. Porque además de ser injusto y de no conocer bien el
fenómeno del narcotráfico, que gira y que evoluciona, y estoy
pensando en este momento en alguna comunidad que defendía, por
ejemplo, porque sonaba mucho en la prensa, que casi todo el
narcotráfico entraba por esa comunidad, si uno analiza el informe se
da cuenta de en cuán error estaba esa comunidad pensando que los
bienes se decomisarían en ella. Si hoy tuviéramos que aplicar ese
concepto esa comunidad autónoma recibiría bastante poco dinero.
El fondo y lo que son leyes nacionales están para estructurar el
Estado, independientemente de que en cada momento el decomiso se
pueda hacer en la provincia de Cádiz, en la de Murcia, o en la de
Valencia, y por cierto habrá observado usted que el litoral
mediterráneo ha tenido un aumento importante, porque va mutando y va
girando el fenómeno del narcotráfico. Está también para que desde
esos instrumentos de los que nos hemos dotado desde el Estado podamos
hacer una política de redistribución, porque el fenómeno en la medida
en que es asistencial y preventivo afecta al conjunto del territorio
nacional. Sinceramente, no me gustaría que fuera una posición
estructural, que cambiaría bastante la visión que tenemos todos del
Partido Socialista e insisto en que espero que no por estar en la
oposición haya dejado principios que me parecen fundamentales.
En cuanto al último aspecto, que se refiere a lo que llamamos la
estrategia nacional, usted sabe que hay dos documentos que nos
obligan, aparte de nuestra propia
responsabilidad, que son el documento de la Unión Europea y el de las
Naciones Unidas, que fijan unas estrategias para los años 2003, 2004
y 2008 a todos los Estados miembros. Eso significa que, por esa razón
y porque ya hemos cumplido una serie de medidas en el Estado español,
tenemos que elaborar lo que llamamos una estrategia nacional, que en
términos más españoles llamaríamos un nuevo plan nacional. Estamos
trabajando desde la Delegación, pero también en contacto con las
diferentes administraciones que tienen competencias. No se puede hoy
construir un plan del Estado español si no es sumando los planes de
las diferentes comunidades autónomas, de los ayuntamientos, y de
todos los agentes que tienen que intervenir. Por tanto, no es un
documento que el Gobierno esté elaborando. Hay una parte de
responsabilidad en el Gobierno, pero hoy, en comunidades autónomas
que tienen transferidas la educación, la sanidad, o los servicios
sociales, ¿cómo cree usted que podemos hacer un documento del Estado
español si no sumamos la voluntad de las diferentes comunidades
autónomas? Eso es lo que estamos haciendo. Llevamos meses trabajando
con las comunidades autónomas en construir ese documento. Por
supuesto, nuestra voluntad va a ser, y lo he dicho, traerlo al
Parlamento, para que también se tenga, no sólo la oportunidad de
opinar, sino de aportar y de consensuar en el ámbito parlamentario,
las líneas fundamentales de la estrategia del Estado español que
llegan hasta el 2008. Se puede usted imaginar que a lo largo de todos
estos años que nos quedan habrá diferentes avatares electorales
(nacionales, autonómicos, locales) que darán a diferentes partidos
distintas responsabilidades en todo eso. Se trata de tener un
documento que nos oriente y que nos marque a todos las pautas que
tenemos que seguir.
Sobre el tema del Inem, si le parece a usted bien, como tenemos
después una pregunta, yo se lo explicaré en ese momento.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORACALLEJA DE PABLO (GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO) SOBRE
JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA ORDEN MINISTERIAL DE
10/07/98 POR LA QUE SE ADJUDICAN AYUDAS ECONÓMICAS ADIVERSAS
ENTIDADES CON CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 16.06.313-G.482.
(Número de expediente Congreso 181/002159 y número de expediente
Senado 683/000113.)
- DE LA SEÑORA CALLEJA DE PABLO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
CRITERIOS DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 10/07/98 QUE NO CUMPLÍAN LAS
ENTIDADES SOLICITANTES QUE NO HAN RESULTADO ADJUDICATARIAS DE LAS
AYUDAS ECONÓMICAS CON CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 16.06.313-
G.482. (Número de expediente Congreso 1781/002160 y número de
expediente Senado 683/000114)
- DE LA SEÑORA CALLEJA DE PABLO (GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO) SOBRE
CRITERIOS QUE HAN INSPIRADO EL CONTENIDO DE LAORDEN DELMINISTERIO DE
INTERIOR DE 14/01/99, POR LA QUE SE CONVOCAN DETERMINADAS AYUDAS.
(Número de expediente Congreso 181/002266 y número de expediente
Senado 683/000118)
- DE LA SEÑORA CALLEJA DE PABLO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
VALORACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SOLAPAMIENTOS E INTERFERENCIAS QUE SE
VIENEN PRODUCIENDO EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS Y LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA LA FUNDACIÓN DE
AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD). (Número de expediente Congreso
181/002368 y número de expediente Senado 683/000125)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Las preguntas números 5, 6, 7 y 9 han sido retiradas por la
proponente, doña María del Carmen Calleja de Pablo.
- DELSEÑOR GAGO LÓPEZ (GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO) SOBRE VALORACIÓN
DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL PLAN NACIONALSOBRE DROGAS YELINSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)
PARA LAHABILITACIÓN DE 5000 PLAZAS DESTINADAS A LA REINSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES. (Número de expediente Congreso 181/00231 y número
de expediente Senado 683/000120)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, que formula el
diputado del Grupo Socialista don Joaquín Javier Gago López.
Tiene la palabra.
El señor GAGO LÓPEZ: Señor delegado, el Gobierno, en el año 1997,
acordó adoptar una serie de medidas en lo que se llamó el Plan contra
la droga, entre ellas la firma de un convenio de colaboración entre
el Plan nacional sobre drogas y el Instituto Nacional de Empleo para
la habilitación de 5.000 plazas destinadas a la reinserción social y
laboral de drogodependientes.
Me gustaría saber cuál es la valoración que realiza el Gobierno de
los resultados de la aplicación de este convenio, una vez que han
transcurrido ya casi dos años desde la firma.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señoría, efectivamente, como consecuencia
también del debate parlamentario del informe del año 1995, la
Comisión Mixta del Congreso y del Senado recomendaba en ese plan de
medidas impulsar proyectos de reinserción social y reconocía que era
una de las lagunas y uno de los déficit en los que nos movíamos. Se
habían hecho algunas experiencias, algunas iniciativas, pero, al
igual que la prevención, la reinserción social era una de las
cuestiones en las que necesitábamos mayor esfuerzo. Por eso, el plan
de medidas contemplaba la posibilidad de poner en marcha este tipo de
convenios con el Instituto Nacional de Empleo, buscando la
posibilidad de dar continuación a los proyectos de recuperación o de
rehabilitación personal, vincular a los centros de tratamiento
proyectos de reinserción social; que hubiera una continuidad y se
entendiera como un todo el proceso de recuperación de la persona, que
no hubiera un corte en el momento en que una persona terminaba su
tratamiento, sino que hubiera una continuidad y que fuera la propia
entidad en la que se ha rehabilitado, si es posible, quien tutelara
ese proceso.
La fórmula que nos pareció más eficaz fue esta, porque era un
instrumento que ya manejaba el Gobierno, y por eso se articuló este
tipo de convenio que nos permitía tener una serie de plazas en
escuelas-taller, en casas de oficio, y en el Plan nacional de
formación. Las 5.000 plazas que figuran en el convenio es un
compromiso para que, cuando se fomente desde las diferentes
comunidades, ayuntamientos, ONG, estas escuelas o talleres-oficio,
puedan encontrar el soporte en el que poderse poner en marcha. Cuando
se firma este convenio solamente estaba planteada una escuela-taller
que contemplara a drogodependientes, y era a través de una ONG en
Galicia precisamente. Después de prácticamente estos dos años de
ejecución del convenio tenemos 20 escuelastaller y casas de oficio,
en las que hay 591 drogodependientes, más otros 600 que están en el
proyecto de formación. Tenemos en este momento 1.200 personas
haciendo el programa y además hay seis proyectos pendientes de
aprobación, que significa otros 181 drogodependientes más. Por tanto,
estaremos rondando los 1.300 drogodependientes que están en este
momento aprovechándose del convenio.
La valoración que nosotros hacemos es positiva, Pero es evidente que
también el convenio ha demostrado lagunas, no fruto del convenio sino
de lo que eran en ese momento las limitaciones de las normas del
propio Inem, básicamente la imposibilidad de que personas mayores de
25 años se pudieran incorporar. Y con lo que nos encontramos
claramente es con que es verdad que existe una población muy
envejecida, y muchas veces por supuesto mayor de 25 años. En este
momento hemos encontrado, gracias a que el Ministerio de Trabajo a
través del Inem ha puesto en marcha el nuevo concepto de talleres de
empleo, la solución a este problema. En estos días se va a firmar la
renovación del convenio y en el próximo convenio se contemplarán los
talleres de empleo. Ya se han dado instrucciones a las direcciones
provinciales para que se permitan los talleres de empleo para
drogodependientes bajo el paraguas del convenio. Ya sabe usted que el
taller de empleo tiene algunas variaciones sobre la tradicional casa
de oficios, pero conllevará
un año de formación, de empleo, para estas personas y ayudará a
salvar la traba de los 25 años de edad. Hacemos una valoración
positiva porque ha permitido incorporarse a un número importante de
drogodependientes y ha generado una forma de trabajo en los
profesionales de continuación de los proyectos de reinserción.
Creemos que la laguna que hemos encontrado podrá tener una solución.
Espero sinceramente que se pueda llegar a cumplir la totalidad del
convenio con la solución de los 25 años.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor GAGO LÓPEZ: Señor delegado, una medida para la reinserción
social y laboral de los ex drogodependientes siempre necesaria y
positiva. Usted sabe que uno de los principales problemas de nuestra
sociedad es el del paro; en algunas zonas afecta mucho a los sectores
más expuestos a él, el de la mujer o el juvenil. Si ya es difícil
para los jóvenes conseguir un puesto de trabajo -la juventud mejor
formada seguramente de la historia de España-, imaginemos lo que
supone para aquellas personas que han pasado por esa lacra social que
es la drogodependencia. En su día, a través de una proposición no de
ley que nuestro grupo presentó en esta Comisión, se indicaba el
camino de la reinserción social y laboral a través de la utilización
de las casas de oficios, escuelas taller y cursos de formación. Nos
pareció positivo que el Gobierno lo entendiera así también y lo
recogiera en su plan, pero discrepo en cuanto a la valoración que
hace el Gobierno.
Mil doscientas plazas en dos años de las cinco mil que se anunciaron
-dando por supuesto que esos cursos de formación entraban dentro de
este plan- no son precisamente un gran logro. Posiblemente habrán
surgido algunos inconvenientes por resolver, como el de los mayores
de 25 años que también apuntó nuestro grupo, pero entiendo que la
información sobre el convenio a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos que podían adherirse ha sido mala. El ayuntamiento
donde yo vivo se adhirió inmediatamente al convenio y se dirigió al
Gobierno de la nación, que le comunicó que era la comunidad autónoma
quien tenía que resolver. Posteriormente, la comunidad autónoma nos
trasladó al plan nacional y a la Dirección General del Inem por
suponer que tenía las transferencias sobre la materia, pero no las de
financiación del convenio. Se intentó dar a la opinión pública la
sensación de que se iban a poner en funcionamiento las cinco mil
plazas en dos años. Actualmente, hay mil doscientas y se dice que el
convenio podrá ser prorrogado en años sucesivos; pero no es lo mismo
cinco mil plazas en dos años que en diez. El Gobierno anunció la
puesta en marcha de cinco mil plazas en dos años, que se elevan ahora
a mil doscientas, 591 en escuelas taller y casas de oficio.
Yo le pediría al Gobierno menos encuestas, menos política de
publicidad de imagen, más atención a los programas de reinserción
social y laboral y, sobre todo, más información a las comunidades
autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales en
cuanto a la puesta en marcha de estos proyectos, que valoramos
positivamente como medida -insisto-, pero no en su andadura inicial
dado el escaso porcentaje de aplicación que ha tenido.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señoría, todo es mejorable, y en esa dirección
estamos, pero S.S. no puede negar que, hasta ese día, no existía ese
convenio, ese marco de trabajo. Lo único que había en España era la
propuesta de una escuela taller; después de dos años, hay veinte
escuelas taller más otras seis esperando ser aprobadas. Es la
tendencia el dato que tenemos que quedarnos: hemos pasado de una sóla
a veintiséis escuelas en este momento. Además, hemos detectado
lagunas fruto de la propia evaluación que ha tenido el grupo de
drogodependientes. Han ido envejeciendo y tenemos que adaptarnos a
esos cambios.Lo importante es que el convenio que se va a renovar
incorporará una nueva fórmula, el taller de empleo, que salva el
obstáculo de los 25 años.
Como usted comprenderá, una vez creado el marco, ojalá se hubieran se
hubieran cubierto las cinco mil plazas y no mil doscientas. Si no se
han hecho ha sido sencillamente porque no se han presentado más
escuelas taller. Tendría que preguntar usted, ¿por qué no se ha
solucionado esto? ¿Ha habido escuelas taller que se han presentado
y que no han sido aprobadas por el Gobierno? No, es que no se han
presentado más. Si no se han presentado más es porque no había
personas que pudieran ser incluidas en esas escuelas taller; las
normas para los menores de 25 años no lo permitían.
Este convenio ha hecho colaboradores para este proyecto a los
ayuntamientos, comunidades autónomas y organizaciones no
gubernamentales que trabajan en drogas; ellos son los agentes
activos. El Gobierno no organiza las escuelas taller, las organizan
las entidades colaboradoras del Inem. No se han promocionado más
escuelas porque no había drogodependientes en condiciones de poder
entrar en ellas. Vamos a solucionar ese problema, esperamos hacerlo.
No le puedo garantizar que va a funcionar, voy a poner los medios y
los instrumentos, el convenio va a incluir el taller de empleo.
Creemos sinceramente que el taller de empleo va a facilitar que se
incorpore más gente, pero no tengo o la absoluta garantía de que va a
ser así. Nosotros vamos a poner los medios y recursos para poder
hacerlo y, por supuesto, vamos a llamar a la responsabilidad a todos
los que trabajan en drogodependencias: comunidades autónomas,
ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, que, además, son
los que gestionan los proyectos de rehabilitación.
Esto se ha hecho para dar continuidad a los proyectos de
rehabilitación. No es una proyecto al margen de la recuperación de
una persona, es la continuación del proyecto de tratamiento. No puede
ser que a alguien se le ocurra montar una escuela taller; con nuestra
filosofía, sólo las puede montar aquel centro de tratamiento,
comunidad o plan autonómico que está tratando a esos chicos. No se
trata de crear recursos empresariales al margen; se trata de centros
que prolongan el tratamiento de una persona.
Este convenio vale para lo que vale, nadie ha dicho que sea la
solución de empleo para todos los ex drogodependientes. En ningún
momento se ha dicho eso ni se ha hecho publicidad alguna en ese
sentido. Se ha dicho que hemos creado una reserva para tener un
instrumento al servicio de los drogodependientes. Ha sido un
instrumento enormemente positivo y válido, aunque sólo se trate de
mil doscientas personas y estoy seguro de que se va a incorporar más
gente con la ampliación de los talleres de empleo. Dentro de un
tiempo lo hablaremos.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su comparecencia, señor
delegado del Gobierno.
Suspendemos la sesión por un momento.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (ROMAY
BECCARÍA) PARA INFORMAR SOBRE: LA POSICIÓN DEL
GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE ENSAYO CLÍNICO TITULADO
'ESTUDIO COMPARATIVO ALEATORIO, ABIERTO ENTRE HEROÍNA INTRAVENOSA Y
METADONA ORAL DURANTE UN AÑO EN EL MANTENIMIENTO DE PACIENTES CON
ADICCIÓN A OPIÁCEOS QUE HAN FRACASADO EN TRATAMIENTOS ACTUALMENTE
DISPONIBLES: PROGRAMA EXPERIMENTAL DE PRESCRIPCIÓN DE ESTUPEFACIENTES
EN ANDALUCÍA (PEPSA)' QUE HA SIDO SOLICITADO POR EL COMISIONADO
ANDALUZ PARA LA DROGA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente Congreso 213/000982 y número de expediente
Senado 711/000264)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión,
Como el ministro de Sanidad y Consumo está compareciendo en la
Comisión de Sanidad y no puede hacerlo aquí, su comparecencia queda
aplazada hasta una posterior sesión de la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.