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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 11, de 11/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 11
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 10
celebrada el martes, 11 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 348)
Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:
-- De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de
10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 1.1, de 11 de abril de
1996 (número de expediente 127/000001) (Página 348)
-- Del Parlamento de Canarias, sobre reformas de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 2.1, de 11 de abril de
1996 (número de expediente 127/000002) (Página 361)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de
una Ponencia de Estudio de las reformas necesarias para modernizar el
Sistema Sanitario y garantizar su viabilidad futura. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 15, de 27 de mayo de 1996 (número
de expediente 162/000024) (Página 373)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre constitución, en el seno de
la Comisión de Política Social y Empleo, de una Ponencia especial para el
estudio de la pobreza en España. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 14, de 24 de mayo de 1996 (número de
expediente 162/000020) (Página 383)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política presupuestaria, fiscal
y financiera para hacer efectivos los principios de suficiencia,
autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y solidaridad en un nuevo
modelo de financiación autonómica, así como mecanismos que el Gobierno
establecerá para el efectivo diálogo entre todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en relación con estas medidas (número de
expediente 173/000003) (Página 390)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la reforma de la
Organización Común de Mercado del sector de frutas y hortalizas frescas y
transformadas (número de expediente 173/000004) (Página 395)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 2026) (Página 402)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 348)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía
(Página 348)
De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto (Página 348)
En representación de las Cortes de Aragón interviene, en primer lugar, el
Diputado de las mismas señor Bolea Foradada, recordando a la Cámara que
es la segunda vez que se presenta esta propuesta de reforma y que lleva
ya dos años de hibernación en el Congreso de los Diputados, debido a la
disolución de las Cortes Generales. Añade que la Constitución declara en
su preámbulo la voluntad de proteger a todos los pueblos de España en el
ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; que en
su artículo 2.º reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que integran la nación española y que en sus
artículos 147.3 y 148.2 otorga a las comunidades autónomas la libre
iniciativa para la reforma de sus estatutos, una vez transcurrido el
plazo de cinco años desde su aprobación.
A continuación hace un repaso de la historia autonomista de Aragón,
señalando el deseo de los aragoneses de obtener la plena autonomía, deseo
que ha sido recibido con desinterés por el poder central, y manifiesta
que esta iniciativa constitucional fue adoptada el 30 de junio de 1994 de
forma unánime por todas las fuerzas políticas representadas en aquel
momento en las Cortes de Aragón.
Destaca el largo y difícil camino y la capacidad de entendimiento
demostrada para alumbrar un texto fruto del consenso y del predominio de
las ideas institucionales sobre cualquier tendencia partidista, y
enfatiza que la reforma que se propone redescubre la identidad histórica
de Aragón, alienta su participación, procura el desarrollo socioeconómico
y el reequilibrio y asegura el permanente progreso
de la Comunidad Autónoma de Aragón como parte inseparable de España y de
la Unión Europea.
Tiene confianza en que nadie reitere, como ha acontecido en los años
anteriores, razones reglamentistas que retrasen e impidan su tramitación
y, menos aún, que el Estatuto de Aragón se convierta en un tubo de ensayo
de la fórmula milagrosa de los contratos de adhesión. Pide a los señores
Diputados el máximo respeto a la voluntad autonomista del pueblo aragonés
y a la literalidad del texto que las Cortes de Aragón aprobaron por
unanimidad, y muestra su confianza en que las Cortes Generales tendrán la
sensibilidad política y autonómica suficientes para posibilitar al pueblo
aragonés su plena andadura solidaria con los restantes pueblos de España.
Intervine a continuación el también Diputado de las Cortes de Aragón
señor Piquer Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, quien pide el
voto de SS. SS. para la toma en consideración de la reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón. Reitera que es un texto redactado y apoyado por
todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón y que no contiene
ningún concepto que no esté ya incluido en los diferentes estatutos de
autonomía que se han desarrollado al amparo del Título VIII de la
Constitución española.
Manifiesta que el Derecho es el alma de los aragoneses, sólo desde los
pactos se han podido romper los fueros de Aragón. Es por ello que, por
unanimidad de todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón, se
alcanzó un acuerdo que, enraizado en la Constitución, alumbrará la norma
básica de convivencia que desarrolla el Estatuto de 1992, modificado en
1994; acuerdo que quiere resaltar la identidad de un pueblo, potenciar
sus instituciones, estimular la participación de los aragoneses y alentar
el progreso de Aragón como una parte indisoluble de España dentro del
marco de la unidad europea, desde el respeto hacia otras comunidades
autónomas.
Reconoce, a continuación, que hay una mayoría parlamentaria en el
Congreso de los Diputados diferente de la de 1995, mayoría nacida de un
proceso electoral y de unos acuerdos cuya principal virtud es contemplar
un nuevo modelo de financiación, que no se sabe muy bien en cuánto y en
cómo afecta al Estatuto de Aragón. Sin embargo, reitera su convicción de
que el desarrollo institucional del Estado debe seguir el camino del
acuerdo político para perdurar por encima de situaciones políticas
coyunturales y de intereses partidistas.
Termina manifestando su esperanza de que la Cámara conceda el voto
favorable para la toma en consideración de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón.
En representación de las Cortes de Aragón, por el Grupo Parlamentario
Popular, interviene seguidamente el señor Gimeno Fúster, que insiste en
los argumentos expuestos por sus predecesores en el uso de la palabra. A
continuación resalta la libertad del pueblo aragonés para poder decidir
su propio futuro y, al mismo tiempo, la responsabilidad sobre las
decisiones que pueda adoptar, todo ello dentro del concepto unitario de
España.
Considera que el apetito igualitario de los primeros momentos ha dado
paso a un verdadero sentimiento social de autonomía y, de forma especial,
en aquellas comunidades autónomas denominadas de «vía lenta» que han
optado por la reforma estatutaria y no por la vía provisional prevista en
el artículo 150.2 de la Constitución, para conseguir sus deseos
autonomistas. Estima que en Aragón existen razones históricas, sociales,
políticas y constitucionales para que hoy las Cortes Generales voten
afirmativamente la toma en consideración de la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
En turno de fijación de posiciones de los diversos grupos de la Cámara
intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; la
señora Uría Echevarría, del Grupo Vasco (PNV); el señor Campuzano i
Canadés, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); el señor Ríos Martínez,
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor
Bayona Aznar, del Grupo Socialista; y los señores Serrano Vinué y Bueso
Zaera, del Grupo Popular.
Efectuada la votación sobre la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, se aprueba su tramitación por 323 votos a favor, uno
en contra y dos abstenciones.
Del Parlamento de Canarias, sobre reformas de la Ley Orgánica 10/1982, de
10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (Página 361)
En representación del Parlamento de Canarias interviene, en primer lugar,
el señor Bravo de Laguna y Bermúdez, poniendo de manifiesto que este
trámite es reproducción del que se produjo el día 21 de noviembre de
1995, antes de la disolución de las Cámaras. Muestra su satisfacción por
encontrarse de nuevo en la Cámara, sobre todo por tratarse en esta
ocasión de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de
Autonomía del Archipiélago.
Fundamenta la iniciativa del Parlamento de Canarias en tres cuestiones
esenciales: en primer lugar, porque se trata de una reforma de un
estatuto de autonomía de máximo techo competencial; en segundo
lugar, porque se trata de una reforma de un estatuto plenamente aplicable
a la singularidad del archipiélago; y en tercer lugar, porque se
consiguió el consenso entre las distintas fuerzas políticas de Canarias.
Considera que aunque Canarias tiene una crisis económica y social muy
profunda, también tiene un dinamismo económico muy importante, por lo que
necesita sosiego y tranquilidad en su política. A tal efecto, era muy
importante que las tres fuerzas políticas esenciales del Parlamento de
Canarias se pusieran de acuerdo sobre el contenido básico y esencial de
la reforma del Estatuto, y añade que el cambio político producido después
de las elecciones generales del pasado 3 de marzo no tiene por qué
incidir negativamente, sino todo lo contrario, en ese consenso básico.
Por todo lo expuesto pide el voto favorable a esta propuesta de reforma
del Estatuto de Canarias.
Interviene a continuación el también Diputado del Parlamento de Canarias
señor Belda Quintana del Grupo de Coalición Canaria, recordando que
durante el período de estudio en el Parlamento de Canarias comparecieron
durante la Comisión que se creó al efecto más de veinte especialistas
sobre las distintas materias y se aportaron un total de más de 8.000
folios entre informes o dictámenes jurídicos, por lo que todas las
modificaciones introducidas en esta propuesta de reforma han sido
estudiadas hasta el último detalle, afirmando que ni un punto ni una coma
de esta propuesta puede ser tachada de inconstitucional. Considera que el
tiempo transcurrido para esta propuesta de reforma supone una auténtica
falta de voluntad de afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias, en determinados momentos, por parte de alguna fuerza política,
reconociendo, sin embargo, que esta situación se está corrigiendo, puesto
que en el día de hoy se está considerando dicha propuesta de reforma.
A continuación se refiere a los tres puntos básicos de las modificaciones
introducidas: en primer lugar, el territorio, que no es un espacio
continuo sino que está integrado por unas islas unidas por un mismo mar,
de tal forma que todo el conjunto conforma una misma unidad geopolítica;
en segundo lugar, la necesidad de que el Gobierno de Canarias participe,
dentro de la representación del Estado, ante los órganos de la Unión
Europea en las negociaciones de los asuntos que afecten específicamente a
Canarias, y en tercer lugar, la consideración de nacionalidad para
Canarias, que se deriva tanto de lo que es el hecho diferencial como de
la tradición histórica del pensamiento político que, desde el siglo
pasado, marcaron importantes políticos canarios.
Concluye reiterando que Canarias, al ser un archipiélago oceánico
alejado, se configura como una comunidad singularmente diferente,
implicando la necesidad de disponer de marcos institucionales para
implantar políticas diferenciadas de las políticas continentales, lo que
espera sea comprendido por los señores Diputados cuando aborden esta
reforma del Estatuto de Autonomía.
Completa el turno de representantes del Parlamento de Canarias el
Diputado señor Brito Soto del Grupo Socialista, señalando que después de
casi catorce años de andadura autonómica se ha alcanzado un balance
satisfactorio, puesto que lo canarios deciden y gestionan gran parte de
los aspectos que configuran su realidad económica, social, educativa y
cultural. Considera que catorce años es un tiempo suficiente para
proceder a la primera reforma estatutaria, planteada desde un consenso
político básico. A continuación configura la propuesta de reforma en tres
grandes áreas: un conjunto de reformas institucionales, un nuevo
planteamiento del bloque competencial y una reforma del sistema
electoral.
Manifiesta que Canarias tiene una contrastada vocación y voluntad de
pertenencia al proyecto colectivo que es España, y esto se fortalece
profundizando en el autogobierno, definiendo fórmulas de participación en
la tarea común española y profundizando en el Estado autonómico desde una
lectura abierta de la Constitución. Por todas estas razones, requiere de
las Cortes Generales el voto afirmativo a la toma en consideración de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
En turno de fijación de posiciones de los diversos grupos de la Cámara
intervienen el señor Mauricio Rodríguez del Grupo de Coalición Canaria;
la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); el señor
Silva Sánchez del Grupo Catalán (Convergència i Unió); el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; el señor Saavedra Acevedo del Grupo Socialista, y el señor
Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Popular.
Sometida a votación, queda aceptada la toma en consideración de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por 321 votos
a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 373)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de una
Ponencia de estudio de las reformas necesarias para modernizar el sistema
sanitario y garantizar su viabilidad futura (Página 373)
En representación del Grupo Popular interviene el señor Villalón Rico
manifestando que su grupo recoge la propuesta que hizo el Presidente del
Gobierno en el debate de investidura referente a la constitución, en el
seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, de una ponencia para el estudio
de las reformas necesarias del sistema sanitario, con el fin de
modernizar y asegurar la viabilidad futura de dicho sistema. Encuentra
que, además de este compromiso político, hay una cuestión de fondo que
lleva a presentar esta iniciativa parlamentaria, y es la aspiración de
mantener las conquistas sociales de nuestra sociedad y mejorar la calidad
asistencial de la sanidad pública.
Se pregunta si los problemas de la sanidad pueden ser estructurales, de
gestión, económicos o de cualquier otra índole, y hace un breve repaso a
lo que es el sistema sanitario en su conjunto y a algunas de las
cuestiones fundamentales del sistema público. Considera que el Sistema
Nacional de Salud es uno de los servicios del Estado que mejor se adapta
al espíritu de las autonomías. También hay que tener en cuenta que España
dedica a la sanidad, tanto pública como privada, entre el 7,1 y el 7,3
del PIB, y aunque esta cifra es inferior a la media comunitaria, también
es verdad que está ajustada al nivel de renta de la sociedad española. A
continuación hace referencia a los recursos materiales y a los recursos
humanos del sistema, considerando aceptable la red hospitalaria del país,
y cree que los centros de salud han mejorado la calidad asistencial,
sobre todo en lo que se refiere al ámbito rural, pero todavía no hay un
buen nexo de unión entre lo que es la atención primaria y la atención
especializada, faltando por completar lo que se denomina el mapa
sanitario desde el punto de vista de la construcción definitiva de los
centros. Por otra parte, estima que hay desequilibrios o desigualdades en
las comunidades autónomas en cuanto a estos recursos materiales.
En cuanto a los recursos humanos, hace una mención al personal sanitario
y no sanitario, elogiando el sistema MIR, de formación postgraduada, y
concretando que el sistema asistencial, fundamentalmente los hombres y
mujeres que trabajan en los centros sanitarios, es homologable al del
resto de los países de la Unión Europea. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que los recursos son limitados, que en el momento en que hay
oferta asistencial aumenta la demanda y que, ante la aparición de nuevas
tecnologías y de las mejores expectativas de vida, se origina un
importante incremento del gasto sanitario, por lo que considera que es
responsabilidad de los poderes públicos hacer un tratamiento preventivo
de la sanidad.
Pasa a continuación a hacer un repaso de aquellas deficiencias sobre las
que hay que actuar cuanto antes. Desde el punto de vista de la gestión,
estima que el sistema sanitario es rígido y burocrático, que la
responsabilidad de la gestión queda diluida, que no hay posibilidad de
autonomía, tanto para gestores como para directores de los centros
sanitarios, y que no existe delegación de responsabilidades; en resumen,
no existe una visión global al establecer la relación entre la prestación
sanitaria y el coste del servicio. Estima que, a pesar del buen nivel de
formación y de la capacidad de trabajo de los médicos y del sector de la
enfermería, el personal sanitario está falto de motivación y de
incentivación en su labor diaria, y no se han establecido los mecanismos
compensadores, que pueden ser de diferente tipo, ya sean profesionales,
científicos, económicos o cualquier otro. Los profesionales sanitarios no
participan en los objetivos de los servicios en los que están
encuadrados, y considera fundamental que este personal sanitario asuma la
responsabilidad como protagonista activo de la sanidad pública. Recuerda
que los que sufren principalmente las consecuencias de esta mala gestión
son los ciudadanos, puesto que esta organización y gestión del sistema da
lugar a las listas de espera, a la dificultad en la libre elección de
médico y centro sanitario, pasando por la necesidad de un trato más
personalizado del enfermo, por el intento de mejorar la información del
usuario y facilitar la entrada al sistema sanitario. Asegura que todo lo
que ha planteado es una descripción fotográfica de la realidad sanitaria,
pero no lo ha hecho como crítica al sistema, porque es un convencido
defensor del sistema público. El Grupo Popular es consciente de que el
recorte de recursos ha supuesto serias dificultades a la hora de
solucionar los problemas sanitarios. Por eso, plantean la necesidad de
hacer más eficiente al sector público y aprovechar todos los recursos
sanitarios del país, considerando el marco de la ponencia como el más
idóneo para que todos los grupos de la Cámara aporten las propuestas que
consideren más convenientes. Hace alusión a las reformas de los sistemas
sanitarios que se han llevado a cabo en los países de la Unión Europea y
a las propuestas que se han realizado en Cataluña, Euskadi, Galicia o
Andalucía, donde se ha intentado mejorar la gestión sanitaria.
Para terminar, se refiere a una proposición no de ley que se aprobó en la
Cámara hace seis años aproximadamente, en la misma línea de la que ahora
se plantea. Considera que la Comisión de Análisis y Evaluación del
Sistema Nacional de Salud puede ser un importante documento para los
trabajos de la ponencia que ahora se propone en el
ámbito de la Comisión de Sanidad y Consumo, llevados por el espíritu de
acuerdo y participación existente en el Pacto de Toledo. Considera que
ese espíritu debe ser el denominador común para las políticas de ámbito
social. Concluye su intervención solicitando el apoyo a la proposición no
de ley.
En nombre del Grupo Socialista interviene la señora Amador Millán para
defender una enmienda de sustitución al texto de la proposición no de ley
presentada. Expresa la disposición de su grupo a constituir una ponencia
en esta Cámara que aborde la discusión del problema sanitario desde el
respeto, la afirmación y la ratificación de los principios que
fundamentan el Sistema Nacional de Salud. Agradece al señor Villalón sus
palabras en este sentido y le reconoce la ponderación y la objetividad en
su exposición sobre la realidad del sistema sanitario.
La enmienda de sustitución que defiende es parte de la aceptación de esa
ponencia, del planteamiento de que la política sanitaria constituya una
cuestión de Estado y de que se intente el acuerdo de todos los grupos
políticos para preservar, defender y mejorar un sistema sanitario que
debe estar fuera de la dialéctica política. Sin embargo, considera que
hay que aclarar algunas cuestiones como, por ejemplo, los distintos
ámbitos de los problemas sanitarios, algunos de los cuales son
responsabilidad directa del Gobierno y no cree que se deban trasladar a
sede parlamentaria. Continúa manifestando que el sistema público
sanitario en España constituye hoy uno de los instrumentos más
importantes para la cohesión, la seguridad y el bienestar de la sociedad,
por lo que espera que, con el apoyo unánime de esta Cámara, se seguirá
avanzando en la consolidación del modelo actual, estudiando cuantas
medidas sean oportunas para garantizar al sistema sanitario un marco
financiero estable y para mejorar la participación y el acceso de los
ciudadanos, todo ello desde el principio de universalidad.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Vázquez
Vázquez del Grupo Mixto; Olabarría Muñoz del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV); Riera i Ben, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); y la señora
Maestro Martín del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, es
aprobada por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre constitución, en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo, de una ponencia especial para el
estudio de la pobreza en España (Página 383)
En representación del Grupo Socialista interviene la señora García
Manzanares recordando a la Cámara que ya en la pasada legislatura se
aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción que tenía por objeto
la constitución de una ponencia para el estudio de la pobreza, sus causas
y consecuencias.
Señala que la pobreza constituye uno de los grandes retos a los que deben
enfrentarse todas las sociedades desarrolladas y es un tema difícil de
plantear ante la opinión pública, porque la marginación, la exclusión
social y la pobreza son realidades que hieren algunos de los cimientos
básicos de la sociedad, y el admitir que algunos de sus miembros quedan
excluidos del juego social es algo que destruye la base misma de la
cohesión social.
Considera que aunque las dos últimas generaciones de nuestro país han
vivido el paso de una sociedad rural, atrasada y empobrecida a una
sociedad rica, moderna y urbana, se han agudizado algunas de las
actitudes más insolidarias. Piensa que en la ponencia que se constituyó,
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, en la pasada
legislatura, se trabajó desde un planteamiento abierto y plural, con el
compromiso de los parlamentarios de estudiar un problema fuertemente
ligado a la realidad social.
Se refiere a continuación a los informes que emitieron expertos del
Instituto Nacional de Estadística, del Observatorio Europeo de la
Pobreza, al quinto informe Foesa, y a las conclusiones del seminario de
la fundación Argentaria, que coinciden en las grandas magnitudes de la
pobreza. En España, en los últimos diez años, ha descendido drásticamente
el índice de la pobreza severa, pero se mantiene alto el índice de lo que
pudiéramos llamar precariedad social, concentrándose los mayores
esfuerzos y recursos en las situaciones de mayor gravedad. Considera que
ha habido tres factores importantes que han ayudado a esta mejora, como
son la mejora de las rentas mínimas y el establecimiento de las pensiones
no contributivas, la extensión de la protección por desempleo y las
políticas universales de sanidad, educación y pensiones, y el desarrollo
de los servicios sociales y las rentas básicas de inserción de las
comunidades autónomas; factores que no han surgido en nuestro país por
generación espontánea, que no dependen del grado de desarrollo de un país
sino del modelo de sociedad y del compromiso de sus gobernantes,
estimando que han sido los gobiernos socialistas y socialdemócratas de
Europa y de España quienes, sentando las bases del Estado del bienestar e
impulsando las políticas sociales, apostaron por la solidaridad, la
integración y una mayor justicia social.
Constata, asimismo, que el perfil actual de la pobreza se ha rejuvenecido
y estamos ante una población que tiene entre 40 y 60 años y de quienes
dependen hoy otras personas. Sin embargo, se mantienen las variables que
confluyen históricamente en las situaciones de pobreza, como son el nivel
de instrucción, la actividad y la baja categoría ocupacional, existiendo
también una creciente feminización de la pobreza. Todos los estudiosos de
la pobreza coinciden en que no se trata sólo de una cuestión económica,
sino que concluyen múltiples causas, factores y efectos que provocan la
exclusión social, puesto que se trata de un problema estructural. A estos
efectos, considera necesario seguir luchando por evitar la cronificación
del desempleo, seguir avanzando en la modificación de las causas y
factores asociados en la pobreza, en el mantenimiento del gasto social y
en una mayor coordinación de todos los programas y recursos existentes.
Plantea nuevamente la constitución de esta ponencia porque existen ya
trabajos y material suficientes, porque se comprometieron con los
comparecientes que se interesaron por estos trabajos y porque las
Naciones Unidas han declarado 1996 como año internacional de erradicación
de la pobreza.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular interviene la
señora Pardo Raga.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora
Lasagabaster Olazábal del Grupo Mixto; el señor Olabarría Muñoz del Grupo
Vasco (PNV); el señor Campuzano i Canadés por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Urán González por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista es
aprobada por 311 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 390)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política presupuestaria, fiscal
y financiera para hacer efectivos los principios de suficiencia,
autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y solidaria en un nuevo
modelo de financiación autonómica, así como mecanismos que el Gobierno
establecerá para el efectivo diálogo entre todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en relación con estas medidas.
(Página 390)
El señor Saura Laporta defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, exponiendo dos ideas básicas: la primera,
que el Gobierno respete y desarrolle los principios básicos que debe
contener el nuevo sistema de financiación autonómica. En ese sentido,
propone que el nuevo sistema contemple los principios de suficiencia y
autonomía financiera, solidaridad interterritorial y corresponsabilidad
fiscal. La segunda idea hace referencia a que el nuevo modelo de
financiación autonómica debe ser objeto de debate en esta Cámara.
Considera, como afirma el Libro Blanco de los expertos, que el actual
sistema de financiación se encuentra en un atolladero, constituyendo una
prórroga de la situación anterior sin solucionar los problemas
esenciales, que se pueden resumir en un problema político, que es adecuar
el sistema de financiación autonómica a la estructura política
descentralizada de nuestro Estado. Esto requiere abordar y superar cuatro
o cinco retos fundamentales, como son incrementar la suficiencia de las
comunidades autónomas, conseguir mecanismos de corresponsabilidad fiscal,
lograr la nivelación de servicios y mejorar la solidaridad
interterritorial. En este sentido, considera que los acuerdos entre el
Partido Popular y los partidos nacionalistas en el pacto de
gobernabilidad pueden suponer elementos de corresponsabilidad fiscal,
pero no contemplan en absoluto la suficiencia, el mecanismo de nivelación
o la necesidad de mejorar la solidaridad. Estima imprescindible un
diálogo fluido entre el Gobierno y el conjunto de los grupos
parlamentarios, puesto que poner en marcha un sistema de financiación
autonómica como el que se ha definido excede de las fuerzas y capacidades
de dos o tres partidos políticos.
Pasa a continuación a exponer su posición en relación con las enmiendas
presentadas y anuncia su actitud favorable a la enmienda del Grupo
Popular, para que, de forma tranquila y transparente, se pueda debatir en
esta Cámara el nuevo sistema de financiación para los próximos cinco
años.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Caballero Alvarez del Grupo Socialista, y López-Amor García del
Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Homs i Ferret del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del
Grupo Parlamentario Popular, es aprobada por 174 votos a favor, nueve en
contra y 115 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la reforma de la Organización
Común de Mercado del sector de frutas y hortalizas frescas y
transformadas (Página 395)
La señora Leiva Díez defiende la moción del Grupo Socialista,
manifestando que este debate se ha producido ya en varias ocasiones en
esta Cámara, incluso en la Comisión Mixta para la Unión Europea. No cree
que sea necesario, después de todos los debates habidos, resaltar la
importancia que tiene el sector hortofrutícola de España en la
consolidación de la industria agroalimentaria y el empleo, y considera
necesario que el Gobierno se vea respaldado por el acuerdo unánime del
Parlamento al tratar estos temas con el resto de los gobiernos europeos.
Manteniendo la posición inicial del Grupo Socialista, que parte de
noviembre de 1995, se intentan introducir nuevos aspectos en la
ampliación de la lista de productos, en los programas de promoción de
diferentes productos singulares regionales, así como ayudas para los
productos transformados, incrementando la lista de productos con derecho
a ellas, y se hace un esfuerzo por llegar a un acuerdo en las enmiendas
presentadas por otros grupos parlamentarios, que permitiera presentar a
esta Cámara una enmienda transaccional donde se recogieran prácticamente
las sugerencias de todos los grupos políticos que han participado en el
debate de la moción.
Aprovecha la ocasión para agradecer, desde la tribuna, el esfuerzo que
han realizado todos los grupos de la Cámara para llegar a la enmienda
transaccional de esta moción sobre la reforma de la organización común de
mercado del sector de las frutas y hortalizas frescas y transformadas.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, interviene el
señor Pascual Monzo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys
Santfeliú del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mardones
Sevilla del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV); la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Chiquillo Barber, del Grupo
Mixto.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista es aprobada, en los
términos de la aceptación de la enmienda transaccional, por 280 votos a
favor y una abstención.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones
de actividades de señores Diputados (Página 402)
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al orden del día, vamos a proceder, si SS. SS.
guardan silencio, a la toma de juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución de un nuevo Diputado.
Don Jesús Barros Martínez, en sustitución de don Jesús de Juana López,
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor BARROS MARTINEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
En consecuencia, don Jesús Barros Martínez ha adquirido la condición
plena de Diputado. ¡Enhorabuena!
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
--DE LAS CORTES DE ARAGON, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 8/1982, DE 10
DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON, MODIFICADA POR LA LEY
ORGANICA 6/1994, DE 24 DE MARZO, DE REFORMA DE DICHO ESTATUTO (Número de
expediente 127/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, debate de totalidad
de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. En primer lugar, de
las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto.
Para su defensa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor don Juan
Antonio Bolea Foradada, del Partido Aragonés.
El señor BOLEA FORADADA: Señor Presidente, señorías, por segunda vez
intervengo en representación del Partido Aragonés para defender la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, texto
que, no lo olviden, lleva dos años de hibernación en el Congreso de los
Diputados.
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar aquí este mismo trámite conscientes
de su inutilidad ante la inminente disolución de las Cortes Generales.
Por tanto, habrá que recordar una vez más que nuestra Constitución
declara solemnemente en su preámbulo la voluntad de proteger a todos los
pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas
e instituciones; que en su artículo 2.º reconoce y garantiza el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación
española y que en sus artículos 147.3 y 148.2 otorga a las comunidades
autónomas la libre iniciativa para la reforma de sus estatutos, una vez
transcurrido el plazo de cinco años desde su aprobación.
La Constitución de 1978 rechaza de plano el modelo centralista que, a
imitación francesa, se impuso desde principios del siglo XVIII y opta por
la España de las autonomías, reconociendo la singularidad de los pueblos
que la integran como adecuada fórmula que posibilita su armónica
convivencia en democracia.
Si a finales del siglo XV la unión de Aragón y Castilla, con el
matrimonio de Fernando e Isabel, la posterior conquista de Granada y la
anexión de Navarra conforman una España unitaria, esta realidad se forjó
en el respeto a la personalidad, fueros e instituciones peculiares de sus
nacionalidades integrantes, respeto que se rompe para Aragón, Valencia y
Cataluña a principios del siglo XVIII por los decretos de nueva planta de
Felipe V con motivo de la Guerra de Sucesión. El centralismo se
constitucionaliza en el siglo XIX, se agrava en el XX con los períodos
dictatoriales y se supera felizmente en nuestros días.
Enmarcados, pues, por voluntad popular en la España de las autonomías, el
derecho constitucional que desde Aragón pretendemos culminar cuenta, por
añadidura, con el expreso apoyo del pueblo aragonés. El 23 de abril de
1978 y ese mismo día, día de Aragón, día de San Jorge, de los años 1992 y
1993, más de cien mil aragoneses en cada uno de ellos nos manifestamos en
favor de nuestra plena autonomía, deseo que incomprensiblemente no ha
logrado todavía la ratificación legal en las Cortes Generales. Pueden SS.
SS. repasar mentalmente el proceso democrático español y comprobarán que
en ninguna otra comunidad se ha expresado de forma tan reiterada y
multitudinaria nuestra voluntad autonomista y, paralelamente, que ninguna
otra ha percibido tan en su conciencia colectiva mayor sensación de
desinterés por parte del poder central. Comprenderán por ello SS. SS. que
a estas alturas los aragoneses no estamos dispuestos a salir otro año
masivamente a la calle para reiterar al cierzo una nueva llamada al
desencanto.
El texto de nuestro Estatuto lo tienen ustedes aquí y, por tanto, es a
ustedes, y sólo a ustedes, a quienes corresponde la respuesta. Añadamos,
como tercer argumento, que el ejercicio de esta iniciativa constitucional
que el pueblo aragonés avala masivamente fue adoptada el 30 de junio de
1994 de forma unánime por todas las fuerzas políticas representadas en
aquel momento en las Cortes de Aragón: Partido Socialista Obrero Español,
Partido Aragonés, Partido Popular e Izquierda Unida.
La exposición de motivos de la proposición recuerda el largo y difícil
proceso de nuestra autonomía, destaca la capacidad de entendimiento
demostrada para alumbrar un texto, fruto del consenso y del predominio de
las ideas institucionales sobre cualquier tendencia partidista y enfatiza
que la reforma que se propone redescubre nuestra identidad histórica,
alienta la participación, procura el desarrollo socioeconómico y el
reequilibrio de Aragón y asegura, en la medida que un texto orgánico
puede hacerlo, el permanente progreso de nuestra comunidad como parte
inseparable de España y de la Unión Europea.
Dicho cuanto antecede, creemos que para todos, especialmente para SS.
SS., ha llegado la hora de la verdad, que se reflejará en la respuesta de
cada una de las formaciones políticas que integran esta Cámara a la
llamada que hoy hace Aragón. Nadie pone en duda que la votación de hoy,
después de lo acontecido el pasado 15 de noviembre, va a ser favorable a
la toma en consideración de la proposición que presentamos los
aragoneses.
Nuestra preocupación se centra en lo que vaya a ocurrir a partir de este
punto de salida y, obviamente, en el resultado final. Esperemos que a
nadie se le ocurra, como ha acontecido en los dos años que la proposición
lleva en esta su casa, reiterar extrañas razones reglamentistas para
retrasar o impedir su tramitación; menos todavía que, como han apuntado
muy recientes sugerencias, el Estatuto de Aragón se convierta en un tubo
de ensayo del que salga la fórmula milagrosa, aplicable, como los
contratos de adhesión, a las comunidades autónomas que, al parecer de
determinados políticos, deben seguir caminando por las andaduras
diseñadas desde Madrid.
En nombre del Partido Aragonés, me permito interesar de SS. SS. el máximo
respeto a la voluntad autonomista del pueblo aragonés y a la literalidad
de un texto que las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad. Los
representantes en aquéllas y los que estáis en las Generales coinciden,
en amplia mayoría, en los mismos partidos políticos. Por tanto, no
parecería normal que la voluntad allá aceptada sea aquí trastocada, salvo
que alguien pueda demostrar que nuestro texto infringe en algún punto el
principio de legalidad constitucional.
Por favor, olvídense los cabezapensantes de los partidos de ámbito
nacional de nuevos pactos autonómicos aplicables a aquellas comunidades
en las que intentan perpetuar su influjo paternalista y protector. Seamos
respetuosos con la Constitución, seámoslo también con las propias
comunidades, si de verdad creemos en la autonomía. Este es el mensaje
que, como
aragonés, quiero transmitir al Congreso de los Diputados.
Si la Constitución Española permite a todas las comunidades el acceso a
la plena autonomía, si la iniciativa de la reforma de nuestro Estatuto se
adopta por unanimidad de todas las fuerzas políticas integrantes de las
Cortes de Aragón, si el pueblo aragonés ha reiterado pública y
multitudinariamente su apoyo a la iniciativa de sus representantes, si el
texto que hemos aprobado en Aragón se ajusta, como creemos, a la letra de
la Constitución, si la reforma que proponemos parece necesaria para el
armónico desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo y refleja nuestra
singular historia, esperemos que las Cortes Generales tendrán la
sensibilidad política y autonómica suficientes para posibilitar al pueblo
aragonés su plena andadura, andadura solidaria con los restantes pueblos
de España.
En esta confianza, estimados amigos y compañeros de las Cortes Generales,
os pido que tengáis muy presente la voluntad autonomista de un pueblo
histórico y con futuro como es el pueblo de Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
Para la propia defensa de la iniciativa, en segundo lugar, tiene la
palabra don Carlos Piquer Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PIQUER JIMENEZ: Señor Presidente, señorías, volvemos hoy, desde
las Cortes de Aragón, a pedirles nuevamente, señorías, su voto para la
toma en consideración de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.
En noviembre de 1995, obtuvimos la práctica unanimidad en torno a este
texto y hoy venimos, con idéntica voluntad, a demandarles su apoyo.
Querríamos subrayarles que la decisión que han de tomar es sobre un texto
redactado y apoyado por todas las fuerzas políticas en las Cortes de
Aragón, que no contiene, y hay que decirlo y subrayarlo, ningún concepto
que no esté ya incluido en los diferentes estatutos de autonomía que se
han desarrollado al amparo del Título VIII de la Constitución en España.
Quienes hacemos esta defensa desde la óptica de la única fuerza política
que ha mantenido sus ideas y sus siglas en Aragón a lo largo de todos
estos años, debemos decirles que pensamos que la legítima aspiración
aragonesa a tener las cuotas de autogobierno que la Constitución nos
otorga es perfectamente compatible con la construcción armónica del
Estado de las autonomías, en nuestra opinión.
Por ello, señorías, señor Presidente, defendemos que el mismo grado de
acuerdo político que hemos alcanzado en las Cortes de Aragón debía
producirse en el Congreso de los Diputados, en el desarrollo del Título
VIII de la Constitución, para todos y para cada uno de los pueblos de
España. En definitiva, señorías, les pedimos que lo que ha sido necesario
y posible en Aragón lo hagan SS. SS. posible y necesario para España.
Nuestro pueblo, señorías, el pueblo aragonés ha hecho del derecho su
núcleo de comportamiento colectivo y de la constancia para obtenerlo el
elemento que le identifica ante los españoles. Los sentimientos de los
aragoneses, señorías, tienen fundadas raíces históricas. Aragón fue
reino. Alcanzó el Pacto de Constitución del Estado aragonés en 1883. Fue
pionera de esas reivindicaciones en 1920. Alcanzó en 1935 el Estatuto de
Autonomía en la ciudad de Caspe y desde 1977, señoras y señores
Diputados, los aragoneses, sin mirar el color de la fuerza política que
les ha convocado, han salido pacífica y democráticamente a la calle a
reivindicar la autonomía que entendemos que nos corresponde.
El derecho, señorías, es el alma de los aragoneses. Sólo desde los pactos
se han podido romper los fueros en mi tierra, en Aragón. Por ello, por
unanimidad de todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón,
alcanzamos un acuerdo que, enraizado en la Constitución, alumbrará esta
norma básica de convivencia que desarrolla nuestro Estatuto de 1982,
modificado en 1994; un acuerdo que quiere resaltar nuestra identidad como
pueblo, potenciar sus instituciones, dotarlas de los instrumentos
necesarios para equilibrar nuestro territorio, estimular la participación
de los aragoneses en la res pública. En definitiva, alentar el progreso
de Aragón como una parte indisoluble de España desde el marco de la
unidad europea, desde el respecto, señoras y señores Diputados, hacia
otras comunidades autónomas y con los principios de igualdad, de
solidaridad y de eficiencia en el frontispicio de la reforma que hoy les
planteamos.
Cuando hoy volvemos aquí, señoras y señores Diputados, somos conscientes
de que existe en esta Cámara una mayoría parlamentaria diferente de la de
1995, una mayoría nacida, en una parte, de un proceso electoral y, en
otra, de unos acuerdos cuya principal virtud, según sus firmantes, es
contemplar un nuevo modelo de financiación que reconozco hoy aquí ante
SS. SS. que no sabemos y quizá --seguro-- nos iremos de aquí sin saber en
cuánto y en cómo afecta al Estatuto que hoy tengo el honor de defender
ante la Cámara que representa la soberanía nacional.
Por ello, me obliga hoy a reiterar aquí nuestra firme convicción,
expresada porque quienes hemos tenido ocasión de realizarlo en las tareas
de Gobierno así lo hemos practicado, de que el desarrollo institucional
del Estado debe seguir el camino del acuerdo político para perdurar por
encima de situaciones políticas coyunturales, de intereses partidistas,
tal como se ha venido produciendo en el desarrollo de la Constitución
desde 1978 hasta fechas recientes. Aragón, señoras y señores Diputados,
se siente hoy con fuerza para expresarlo aquí. Tiene la legitimidad de
quien ha dado muestras de creer en lo anterior y por eso hoy puede
con firmeza y respeto demandar el apoyo a su propuesta de reforma.
Señor Presidente, desde la fuerza política del Partido Socialista, que
defendió que Aragón accediese a su autonomía por la vía del 151 de
nuestra Constitución, que defendió todos y cada uno de los acuerdos
alcanzados en esta Cámara por SS. SS. sin ninguna doblez en Aragón, con
convicción y lealtad hacia esta Cámara, con la misma fe que un aragonés
presidió la proclamación de la primera Constitución española, con el
deseo, con la esperanza y desde el respeto, este representante del pueblo
de Aragón les pide hoy encarecidamente a cada una de SS. SS. el voto
favorable para la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piquer.
Para la defensa de la iniciativa, tiene ahora la palabra don Mesías
Gimeno Fuster, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIMENO FUSTER: Presidente, señoras y señores Diputados, es ya la
segunda vez que este portavoz de las Cortes de Aragón tiene el honor de
ser el ponente de un texto de reforma del Estatuto de Autonomía a la que
aspira la Comunidad Autónoma de Aragón.
Creo, estoy convencido de que ningún hecho nuevo, ninguna circunstancia
nueva se ha producido que pueda inducir a un posicionamiento diferente al
que SS. SS. manifestaron en la sesión del 21 de noviembre de 1995 en esta
Cámara sobre este tema.
La reforma propuesta, señorías, se inscribe íntegramente en el marco
constitucional y nada creemos que existe en ella que no este recogido en
los principios constitucionales para que Aragón consiga lo que creo que
ha sido voluntad unánime de todos los aragoneses, digo de todos los
aragoneses: alcanzar la plenitud que Aragón desea en lo que hace
referencia al desarrollo autonómico. Pero, además, con dos coordenadas
que me gustaría resaltar en este momento: la coordenada de la libertad
para poder decidir su propio futuro y, al mismo tiempo, responsabilidad
sobre las decisiones que pueda adoptar; todo ello dentro del concepto
unitario de España.
Señorías, no voy a hacer aquí un resumen de lo que contempla el propio
texto de reforma del estatuto de autonomía, pero sí que voy a hacer
referencia a algunos de los aspectos que por parte de algunas fuerzas
políticas de esta Cámara a nivel nacional la han acusado de que podría
atentar contra los principios que se recogen en la Constitución.
Antes de entrar en esa parcela que se puede recoger en esos puntos
concretos, sí me gustaría hacer dos reflexiones que considero básicas. La
primera, nada se contempla, decía anteriormente, en esta reforma que no
haya sido admitido en los textos de otras comunidades autónomas. El
término nacionalidad; la modificación de los períodos de sus sesiones; su
nivel competencial con el único límite de lo que se contempla en el
artículo 149 de la Constitución, que son competencias exclusivas del
Estado; el establecimiento de un propio sistema de corresponsabilidad
fiscal; la posibilidad de regular mediante ley de Cortes de Aragón la
disolución de la Cámara del Presidente y muchas otras más que creo que
están contempladas en la mayoría de los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas del 151.
Otra reflexión, señorías, y no menos importante, es que nos encontrarnos
en el camino de una España regionalizada, quizá no la que desearíamos
todos, pero en el camino de un difícil retorno, por no decir imposible.
Lo que fue en otros tiempos el agravio comparativo entre comunidades
autónomas, el apetito igualitario de los primeros momentos ha dado paso
actualmente a un verdadero sentimiento social de autonomía y de forma
especial en aquellas comunidades autónomas denominadas de vía lenta y que
han optado por la vía de la reforma estatutaria y no por la provisional
prevista en el artículo 150.2 de la Constitución para conseguir sus
deseos autonomistas.
Señorías, tampoco creo que es el momento de hacer historia de las
distintas reivindicaciones que el pueblo de Aragón desde 1978 ha venido
manifestando para conseguir estos objetivos. El camino ha sido largo, el
camino ha sido difícil, pero desde luego creo que merece la pena el
esfuerzo que se ha realizado. Hoy, señorías, con el apoyo al texto de
reforma del Estatuto de Autonomía se va a dar un segundo paso, un segundo
paso importante, para que Aragón consiga su plena autonomía. Este texto
ha costado muchos esfuerzos a todas las formaciones políticas. Yo les
rogaría, a las distintas fuerzas políticas hoy presentes en estas Cortes
Generales, que el mismo espíritu de consenso, el mismo espíritu de
acuerdo, el máximo espíritu de convenio que se tuvo en las Cortes
aragonesas se tenga hoy en las Cortes Generales, con el fin de conseguir
ese objetivo. La idea de autonomía, señorías, está y ha estado vinculada
profundamente a la historia y a la esencia misma de la Corona de Aragón,
como elemento vertebrador. El pueblo aragonés ha dado reiteradamente
muestras de querer conseguir su plena autonomía y creo que hoy damos el
paso definitivo para conseguirla.
Decía al principio de mi intervención --y reitero ahora-- que la reforma
se enmarca íntegramente no sólo en el marco constitucional, sino en el de
la legislación que regula las relaciones de las comunidades autónomas con
el Estado. Señorías, este segundo paso, importante, que creo se va a dar
hoy --por lo manifestado por las distintas formaciones políticas-- de la
toma en consideración, puede tener un doble efecto. Si hoy SS. SS.
aprueban la toma en consideración de esta propuesta, yo creo que habrán
dado satisfacción a las reivindicaciones manifestadas reiteradamente por
el
pueblo aragonés y, en segundo lugar, permitirá dar un cauce al resto de
comunidades autónomas, que pueden ver en Aragón el espejo que les pueda
servir para conseguir su autonomía.
La capacidad de cada comunidad autónoma para determinar su nivel de
autogobierno, dentro del marco de la Constitución, creo que es la
aspiración de todas las comunidades autónomas, y de forma especial las
del artículo 143. Señorías, creo que en Aragón existen razones
históricas, razones sociales, razones políticas y razones
constitucionales para que hoy estas Cortes Generales voten
afirmativamente la toma en consideración y se planteen de forma seria el
apoyo a los distintos procesos que esta propuesta tenga que seguir, tanto
en el Congreso como en el Senado. Señorías, Aragón espera el apoyo de sus
Cortes Generales.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Concluida la presentación de la propuesta, ¿qué grupos desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria,
al fijar su posición ante esta propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía del viejo y permanente Reino de Aragón, de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el marco de nuestra Constitución, quiere, en
primer lugar, dar un saludo de bienvenida, de apoyo y de cordialidad a
los señores parlamentarios de las Cortes de Aragón que han hecho la
defensa de esta proposición de su órgano representativo máximo de la
democracia.
Al mismo tiempo, Coalición Canaria se siente hoy comprometida y orgullosa
de que dos estatutos de autonomía de dos comunidades autónomas que
estábamos en la lista de espera para que esta Cámara ratificará
definitivamente la toma en consideración --después veremos el debate de
la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias--, lo hace con gran
sentido de responsabilidad.
Habíamos dicho estas mismas palabras o parecidas en la legislatura
anterior, cuando vino la proposición de las Cortes de Aragón, presentada
por el entonces Diputado del Grupo Mixto, al que yo quiero aquí recordar
por su ardor y su compromiso, don José María Mur Bernad, que hizo, por
parte del Partido Aragonés Regionalista y en coincidencia con el Grupo de
Coalición Canaria, la defensa de esta modificación.
Nosotros vamos a dar nuestro voto inequívoco, firme y contundente para la
toma en consideración de esta reforma de la Ley Orgánica 8/1982, y la
consecuente Ley Orgánica 6/1994, porque, como bien han dicho los
representantes de las Cortes de Aragón esta tarde, en primer lugar, el
principio de garantía jurídica se enmarca en la Constitución española. No
hay nada, en ninguna de las competencias que se piden para Aragón, que se
salga un milímetro de lo que es el marco constitucional español y, dentro
del Estado español, como estado de las autonomías, definido por nuestro
Título VIII de la Norma fundamental que nos dimos ya hace años en la
España democrática.
En segundo lugar, es una labor de justicia parlamentaria dar ya, de una
vez por todas, reconocimiento a aquellas competencias legítimas que tiene
que adquirir el Gobierno de Aragón, y el Parlamento de Aragón
fundamentalmente, como los dos órganos representativos, legislativo y
ejecutivo, de una democracia en todo el sentido comprometido de la
palabra. Pero si estas dos instituciones, Cortes de Aragón y Gobierno de
Aragón, no fueran suficientes, la fachada de este Parlamento, en la
legislatura pasada, fue testigo de la presencia de miles de aragoneses,
con una gran bandera de Aragón, que hicieron causa común con sus órganos
representativos democráticos fundamentalmente, como apoyo vehemente, como
apoyo de calle, como apoyo de pueblo, a la reivindicación legítima de que
se tuviera en cuenta esta voluntad popular soberana, consagrada también
en nuestra Constitución que, no teniendo acomodo en los escaños, buscaron
acomodo en la propia calle de la representación democrática que honra al
pueblo aragonés.
Por esta razón, Coalición Canaria da su voto positivo a la toma en
consideración, deseándoles la mejor andadura posible y diciéndoles que
desde Coalición Canaria encontrarán las Cortes de Aragón, sus
parlamentarios aquí representados por las distintas fuerzas políticas,
todas las fuerzas democráticas de Aragón y, sobre todo, el pueblo
aragonés, el firme apoyo de quienes estamos convencidos de que la España
del Título VIII de la Constitución, la España del Estado autonómico, se
hace precisamente con sentido de responsabilidad democrática, sin
cicaterías y reconociendo lo que la propia Constitución, en su letra y en
su espíritu, manda: sencillamente, la autonomía plena.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, por tratarse de la
repetición de un trámite, voy a ser muy breve.
Quiero saludar la presencia de los Diputados de las Cortes de Aragón, a
los que he escuchado atentamente en la defensa que han hecho de esta
iniciativa de reforma de su Estatuto; iniciativa fruto de un consenso por
el que les felicito.
Desde la creencia de que nuestro sistema constitucional establece el
principio dispositivo en materia autonómica, de que el estado de las
autonomías, querido por el constituyente debe ser de geometría variable y
con la convicción de que autonomía es diversidad,
anuncio el apoyo de mi grupo parlamentario para que se tramite esta
iniciativa en la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, saludo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) a los Diputados de las Cortes de Aragón en esta comparecencia hoy
en las Cortes Generales del Estado. La posición de nuestro grupo
parlamentario no se va a escapar, lógicamente, a la posición que es
tradicional en estos trámites: el apoyo y respeto a todas aquellas
iniciativas nacidas de la voluntad soberana expresada por los diferentes
parlamentos autonómicos.
Los parlamentos autonómicos, como legítimos representantes de los pueblos
que componen el Estado español, expresan con toda su fuerza el carácter
político que tiene la autonomía. La autonomía no es un simple hecho
administrativo, sino una realidad política viva, y en función de esa
viveza, de esa fortaleza, es capaz de proponer a las Cortes Generales
este trámite que, insisto, no es un simple trámite administrativo, sino
político. Por estos motivos, nosotros entendemos que este Parlamento se
debe pronunciar favorablemente en la toma de posición. Hay que añadir
otro hecho. Esta es una iniciativa resultado de un amplio consenso en
Aragón y, por tanto, en buena lógica, si responde a la voluntad política
de las fuerzas políticas de Aragón, tampoco habría motivos para que el
Parlamento se pronunciase de forma diferente. Pero además, y desde la
perspectiva de un nacionalista catalán, desde la perspectiva del
nacionalismo de Convergència i Unió, es difícil no justificar un apoyo a
una iniciativa nacida en Aragón. Nos unen relaciones históricas de muchos
siglos, compartimos un mismo Estado y fuimos capaces, en aquella época en
que la Corona de Aragón era una potencia en Europa y en el Mediterráneo,
de construir una estructura política confederal en la que era posible
convivir gente que hablábamos idiomas diversos.
Hoy, preparando esta intervención, leía unas palabras del profesor Miquel
Batllori, que recordaba que en los Estados de la Corona
catalano-aragonesa los idiomas presentes conocidos por sus
representantes, conocidos por el Rey, eran el catalán, el aragonés, el
provenzal occitano, el latín y el hebraico. Creo que para un catalán dar
apoyo a esta iniciativa es especialmente importante. Compartimos ese
pasado y fuimos capaces de convivir en plena igualdad. Por tanto, este
valor político es innegable, hay que dar un apoyo a esta iniciativa. Pero
además entendemos que para nosotros, para la gente de Convergència i
Unió, el hecho de que hoy esta Cámara se pronuncie con esta rotundidad en
favor de esta iniciativa liga perfectamente con una idea. Consideramos
que en su día, cuando el Parlamento de Cataluña presente a estas Cortes
una reforma de su Estatuto, deberá recibir también del conjunto de las
fuerzas políticas el mismo apoyo que hoy se recibe. Nos parece que esto
forma parte de una lógica de lo que representa el Estado autonómico. La
credibilidad de la autonomía política reside en eso: respeto a la
voluntad política que expresan instituciones democráticas como son en
este caso las Cortes de Aragón.
Yo no me quiero alargar más, pero creo que la posición es clara: el
respeto a la voluntad del pueblo aragonés expresada por sus Cortes. Por
tanto anuncio nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que hoy
se puede hacer realidad aquel dicho de que el que la sigue la consigue, y
la verdad es que la reforma del Estatuto de autonomía de Aragón tiene una
historia prolongada, tanto en el debate en esta Cámara como en la
voluntad de reformar la capacidad de autonomía que tiene el pueblo de
Aragón desde hace bastante tiempo. Yo diría que esta es la segunda
reforma estatutaria que se aborda aquí, y es la segunda vez que se toma
con la voluntad de todos de aceptar, de poner en marcha la toma en
consideración, pero a la sombra, al calor, de lo que pudiéramos llamar
posibilidad de modificación de ese estatuto en el trámite parlamentario.
Yo creo que sería bueno que cuando hoy diéramos el visto bueno, y lo
vamos a hacer de forma unánime en esta Cámara, a la toma en
consideración, los grupos políticos nos lo planteáramos desde la óptica
de no defraudar las expectativas de autonomía que tiene el pueblo de
Aragón. En todo caso el debate en la Cámara debería plantearse con
posterioridad sin reducir, desde ningún punto de vista, lo que es la
capacidad de plena autonomía que en él se puede recoger.
Este Estatuto tiene tres virtudes: primera porque se proyecta la voluntad
del pueblo aragonés de forma unánime, y no solamente porque viene
respaldada por todos los grupos, sino porque ha sido meditada, estudiada
y apoyada socialmente. Segunda, porque se hace desde la óptica de un
concepto de Estado solidario con el resto de pueblos que componen el
Estado español y no se hace desde una óptica de solidaridad para mí sí y
para otra realidad no. Y tercera, porque ha sido ampliamente difundido.
El librico que tengo aquí ha sido muy difundido en Aragón y en él se
estudia, comparadamente, tanto el estatuto antiguo como las
modificaciones que supone el nuevo.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ya hizo aquí, en el trámite
del 21 de noviembre pasado, recopilación, a través del portavoz de
nuestro grupo entonces, el señor Martínez Blasco, de que esta demanda de
autonomía no viene de una realidad reciente, sino que viene de una
posición muy antigua. El 30 de abril de 1992 se creó una ponencia en las
Cortes de Aragón, que después fue respaldada por una manifestación muy
amplia en Aragón, de más de cien mil personas, y aquí, en Madrid, ante
las puertas del Congreso el 15 de noviembre, para trasladar al resto de
España la voluntad de autonomía. Esta demanda de autonomía entró en esta
Cámara el año 1994. La pena es que hayamos tenido que estar esperando
desde 1994 hasta 1996 para darle cauce, con la perspectiva de que se
puede cumplir. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Hay posibilidades
de cumplir todos los trámites, no como pasó en noviembre, que se le dio
luz verde para ver cómo podía terminar.
A nosotros nos gustaría resaltar cuatro virtudes que tiene esta reforma
de estatuto. La primera, el tema del techo competencial. Hace y produce
lo que viene a significar un incremento de 43 competencias, que acerca
las competencias de Aragón a todas las comunidades autónomas que habían
accedido por el 151 o, en todo caso, a las comunidades limítrofes a
Aragón que ya tienen un grado de autonomía similar. La segunda, porque
plantea y aborda una reforma institucional, que no abordó el pacto
PSOE-PP en la pasada legislatura, reforma institucional que potencia al
Parlamento de Aragón, que potencia los períodos ordinarios, que establece
o quita la obligación de un límite de consejeros para el Gobierno y, en
suma, da más competencias al Parlamento. La tercera, porque introduce un
elemento que son los rasgos lingüísticos que en el seno de la región se
pueden establecer. Y cuarta, porque aborda, con mayor o menor éxito al
final, un proceso de autonomía financiera. Se dota de recaudación y abre
las puertas a un proceso de generalización del sistema de cupos. Otra
cosa es que la solución definitiva no sea al ámbito que se ha puesto en
marcha.
Señorías, lo cierto y verdad es que desde el 21 de noviembre acá no sólo
no se ha agudizado un proceso limpio en el trámite de este proyecto, sino
que se han incrementado las reticencias que entonces se manifestaron por
el partido que gobernaba, el PSOE (noticias o informaciones que en aquel
mes de noviembre se dieron por el señor Peña, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas), que ponía trabas a algunas de las
evoluciones, tanto competenciales como de desarrollo del propio Estatuto.
Ahora es el Partido que está en el Gobierno el que también quiere
profundizar en los mismos elementos.
A mí me gustaría que, en todo caso, hiciéramos un trámite que no
estuviese supeditado a la posibilidad o no de que se produzca con
posterioridad un amplio pacto a nivel del Estado de desarrollo
autonómico; es decir, aceptemos esta manifestación de voluntades del
Parlamento de Aragón, demos la cobertura y el trámite a esta propuesta,
con independencia de que los grupos parlamentarios que estamos en la
Cámara utilicemos los contenidos que aquí se proponen, como el marco de
ese futuro nuevo proceso de transferencias de desarrollo autonómico que
el Ministro ha anunciado hoy en la Comisión de Administraciones Públicas.
En todo caso, lo que sí me gustaría decir es que este Estatuto es el de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la medida en que es el
Estatuto de todo Aragón. Pero si hay grupos parlamentarios que van a
plantear modificaciones dentro del trámite del propio Estatuto, nosotros
también plantearemos los elementos a los que hemos hecho renuncia en el
trámite previo, por ejemplo, la capacidad de disolución del propio
Parlamento, que no se recoge así aquí, aunque es verdad que la Ley del
Presidente de la Diputación de Aragón ya lo tiene recogido, y la
posibilidad de que se puedan establecer referendos dentro del propio
Aragón. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo con romper la caja
única de la Seguridad Social.
Entiendan ustedes que va desde la óptica de tender la mano para facilitar
que se mantenga el tope de autonomía máxima, de autonomía plena. Ese es
el camino que quiere apoyar Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
este Congreso, que es el mismo camino que ha seguido Izquierda Unida en
Aragón en todo el trámite y dentro de las Cortes de Aragón.
Señorías, yo terminaría diciendo algunas de las cosas que se dijeron aquí
en el debate del 21 de noviembre. Por ejemplo, se dijo entonces por el
señor Piquer Jiménez que para los aragoneses pactos rompen fueros. A mí
me gustaría que esa fuese la capacidad de consenso o de acuerdo que puede
forzarse aquí entre todas las fuerzas políticas, un pacto político dando
cobertura a lo que quieren llegar con ese pacto.
También se dijo que el agravio comparativo que se estaba provocando
dentro de cada uno de los pueblos estaba significando, no un rechazo
sino, a la vez, un verdadero sentimiento social de autonomía plena. Y
nuestro Diputado, el señor Martínez Blasco, dijo aquí que los aragoneses
son tozudos, que ya en el año 1987 abordaron la reforma del Estatuto de
Autonomía, y que han llegado a 1996. Lo que sí me gustaría trasladarles a
SS. SS. es que si esta vez también fallamos a esa autonomía plena volverá
otra vez la voluntad histórica del pueblo de Aragón a tener una posición
diferenciada como pueblo o como hecho diferencial que en su seno pueden
tener, o que tienen.
En todo caso, sirvan aquellas palabras en el camino de decir qué sentido
tiene que el Congreso ponga trabas al consenso de todas las fuerzas
políticas en Aragón. El consenso de todas las fuerzas políticas en Aragón
debe de abrir las puertas a dicho consenso en este Parlamento.
Me gustaría recordar, por el peso que ahora tienen y que entonces
tuvieron, las palabras de la señora Rudi Ubeda, que en esta Cámara dijo
que la autonomía plena no es un fin, sino que única y exclusivamente es
un medio para conseguir un Aragón más equilibrado, y
sobre todo igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas,
básicamente las vecinas.
Espero que hoy aquí también se pueda mantener aquello que defendía la
señora Rudi en la oposición.
Nada más, señor Presidente. Nada más señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: señor Presidente, señorías, volvemos a considerar
hoy la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
aceptada ya por esta Cámara al final de la legislatura pasada, como se ha
recordado. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Su tramitación va a contar de nuevo con el apoyo del Grupo Socialista, y
me corresponde explicar en este momento los términos de este apoyo. Como
SS. SS. conocen, el contenido de la propuesta de reforma, que por su
extensión y profundidad suponen de hecho una nueva redacción del Estatuto
de Autonomía, puede resumirse en los siguientes puntos: reformas
institucionales para eliminar algunas limitaciones y rigideces de los
pactos autonómicos de 1981; ampliación de las competencias para
equipararlas con las de algunos otros estatutos de autonomía; y
modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, en
concreto, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Desde la aprobación por las Cortes aragonesas ha habido cambios políticos
que sin duda afectan al contenido de la propuesta. En primer lugar, y
frente a la unanimidad proclamada hace unos minutos en esta tribuna, ya
no existe unanimidad en Aragón sobre esta reforma, porque hay aragoneses
con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón que no comparten
el contenido de la propuesta, pues, a su juicio, se queda corta y no
corresponde al de una verdadera autonomía.
El hecho político más relevante es que en esta Cámara hay una nueva
mayoría y hay un nuevo gobierno en España, y que esa mayoría se ha
construido sobre unos acuerdos que atañen a la política autonómica, y más
concretamente al sistema de financiación autonómica. Por consiguiente,
los acuerdos del Partido Popular para conseguir el gobierno tienen
consecuencias sobre esta proposición de reforma, uno de cuyos artículos
más sobresalientes, sobre el que se han vertido diferentes
interpretaciones, es el mecanismo de financiación propuesto que introduce
la posibilidad de un convenio bilateral.
No nos corresponde a los socialistas explicar las consecuencias de esos
acuerdos en esta propuesta de reforma. Sólo nos cabe reiterar, en este
caso concreto también, nuestro ofrecimiento general para el consenso en
la política autonómica. La modificación de la LOFCA con reformas de
estatutos como la que hoy nos ocupa, no puede hacerse sin nuestro
concurso, imprescindible para asentar cualquier reforma del sistema de
financiación autonómico o cualquier avance en el desarrollo de la España
de las autonomías.
La mayor responsabilidad es ahora del partido del Gobierno. A él le
corresponde explicar ante esta Cámara y ante los aragoneses las
matizaciones, los desarrollos, las articulaciones, todo aquello que
considere conveniente. Esperamos que lo haga, pero sin emplear un doble
lenguaje. No se entiende bien, por ejemplo, que dentro de unos minutos el
Grupo Popular tenga dos voces en esta tribuna para fijar su posición. Si
las dos fuerzas políticas del Gobierno de Aragón constituyen aquí un solo
grupo parlamentario, tienen la misma posición y no desconfían la una de
la otra, es innecesario ese desdoblamiento.
Los socialistas no ponemos chinas; ni ponemos ni quitamos. La posición
socialista sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón no ha cambiado desde
la última legislatura, y la voy a resumir. En primer lugar, el pacto
autonómico hecho en 1992 era necesario y significa un paso decisivo para
dar mayor autonomía a las comunidades autónomas, incluida Aragón. Su
desarrollo, que no ha terminado todavía, debe completarse, ya que están
pendientes, por ejemplo, las transferencias educativas.
Dentro de pocos minutos apoyaremos de nuevo la iniciativa de reforma
expresada por los aragoneses a través de sus Cortes. El apoyo a su toma
en consideración es la manifestación de nuestra voluntad política para
avanzar en la consolidación plena de la autonomía aragonesa.
Por último, no residiendo la soberanía nacional en lugar alguno fuera de
estas Cortes Generales, por más que coincidamos en el espíritu de la
reforma y estemos comprometidos con ella, creemos que esta Cámara tiene
el deber de estudiarla con atención, teniendo en cuenta que el contenido
y el alcance de un estatuto de autonomía no empieza y termina en la
comunidad autónoma, sino que atañe a la estructura constitucional del
Estado. Por eso voy a recordar, y tómense sólo en lo que sirven hoy,
aquellas palabras del manifiesto aragonés en defensa de la República,
publicado en julio de 1873, cuando los republicanos federalistas
comprendieron el riesgo que suponían algunas posiciones cantonalistas. Y
cito: Aragón, que no es impaciente nunca, Aragón, que comprende la
libertad y el ejercicio del derecho en sus verdaderos límites, Aragón,
que es un país eminentemente práctico en la vida política, no atentará
contra la legitimidad de la soberanía de la Asamblea Constituyente, único
y supremo poder de la nación a que todos nosotros mismos hemos dado vida.
Estoy convencido de que no sucederá tal cosa. Todos los grupos han
expresado aquí su apoyo a la tramitación de esa proposición. Nos
felicitamos de esta coincidencia. Espero también que todos los grupos
cumplamos nuestra obligación. Nadie debe instalarse en la comodidad de
dar por terminado el esfuerzo, de negarse a analizar y valorar la
iniciativa en todas sus dimensiones,
de renunciar, incluso, a perfeccionar el texto inicialmente propuesto. En
suma, nadie debe desentenderse de la tarea legislativa de lograr para
Aragón una mayor autonomía, dentro de una España de las autonomías más
madura.
No es necesario repetir las razones, ya expuestas por mi grupo en esta
tribuna, por las que algunos aspectos, referidos a la autonomía local o
también al sistema de financiación propuesto, merecen ser estudiados
seriamente por esta Cámara, en el primer caso para respetar
escrupulosamente la autonomía de los municipios; en el segundo,
necesitamos esperar el desarrollo de los acuerdos entre el Partido
Popular y Convergència i Unió no sólo para conocer, finalmente, el coste
económico de los mismos --nulo, según el Presidente Aznar; desconocido,
según el Ministro Rajoy; cercano a 800.000 millones, según el
Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, señor Rato--, sino también
para conocer los efectos que tienen esos acuerdos sobre esta proposición
de la Comunidad Autónoma de Aragón. De momento, el Gobierno del Partido
Popular viene manifestando que el modelo de financiación será igual para
todas las comunidades autónomas, con excepción de los regímenes
específicos de Navarra y el País Vasco. Espero que esto se vuelva a decir
en esta tribuna esta tarde.
Ayer mismo, el Ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy, en el
Senado, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, habló de
la necesidad de un nuevo pacto autonómico, con reforma de todos los
estatutos de autonomía de la vía del 143 para incorporar el nuevo sistema
de financiación. No sé si es ésa la postura que el Partido Popular
también va a defender aquí y ahora. Por su parte, las Cortes de Aragón,
en la sesión celebrada el pasado día 2 de mayo, aprobaron una resolución,
presentada por el Grupo Socialista, que insta --y leo textualmente-- a
mantener la unidad básica del sistema fiscal español. Y aprobaron también
otra, presentada por el Grupo Popular, que plantea evitar el
injustificado fraccionamiento de la estructura tributaria del Estado, así
como la aparición de paraísos fiscales. Por último, la semana pasada,
esas mismas Cortes de Aragón persistían en su voluntad de evitar que
Aragón sea --y cito esta nueva resolución-- relegado a la discriminación,
a la desigualdad o a las consecuencias negativas de supuestas asimetrías
a causa de concesiones hechas desde el poder central, bajo la excusa
inaceptable de la gobernabilidad del Estado, que desembocaría realmente
en un tratamiento discriminatorio. Y fue aprobado por unanimidad. Por
cierto, señorías, no sé si por el lenguaje empleado alguien acertaría a
adivinar que el Partido que gobierna en Aragón es el mismo que está en el
Gobierno de España.
Todos sabemos que el éxito del proyecto aragonés radica en el acuerdo
entre los principales partidos presentes en esta Cámara, única forma de
obtener respaldo de la soberanía nacional y de superar los recelos, que
los hay, de otras comunidades autónomas; única forma de vencer el vértigo
de abrir una carrera entre las comunidades autónomas. La proposición que
hoy consideramos es un proyecto de estatuto valiente, atrevido --como
dijo un portavoz, y no precisamente el socialista, en las Cortes de
Aragón--, es un proyecto complejo de explicar y de defender fuera de
Aragón, es un proyecto necesitado de encaje en el conjunto de España.
Y para entender esta iniciativa hay que empezar por decir que hubo un
proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, elaborado en Caspe a
principios de mayo de 1936, que se habría aprobado si las tropas
franquistas no se hubieran sublevado contra el orden constitucional; que
los aragoneses tienen, desde la puesta en marcha del Estatuto de
Autonomía y desde el Estado de las autonomías, el sentimiento de que el
Estatuto vigente no recoge suficientemente sus aspiraciones. Y hay que
añadir que los socialistas hemos apoyado siempre esas aspiraciones. Así,
liderados por el que era alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda,
apoyamos, cuando se aprobó la Constitución de 1978, la vía del artículo
151 para alcanzar la autonomía de Aragón, y conseguimos cumplir la
primera condición: la mayoría de la población expresó su voluntad,
superándose el 75 por ciento incluso, pero las instrucciones de UCD, aun
a costa de su ruptura en Aragón, como bien sabe alguno de los presentes
aquí, impidieron alcanzar las tres cuartas partes de los más de 700
municipios, la mayoría pequeños y en manos entonces de aquel partido. Es
paradójico que algunos de los responsables de esa decisión consideren hoy
insuficiente lo que entonces les resultaba desmesurado.
El primer Presidente electo, el socialista Santiago Marraco, se
comprometió a impulsar la reforma del Estatuto como forma de acceder a
nuevas competencias tan pronto como se cumpliera la previsión
constitucional de los cinco años y así lo hizo, y leo la información del
8 de febrero de 1985: Marraco propone la reforma del Estatuto de
Autonomía. Y añade esta información --porque no tuvo éxito, porque no
tuvo el apoyo de otras fuerzas de las Cortes de Aragón--: Por su parte,
la oposición institucional conservadora insiste en que la reforma del
Estatuto no es el mejor método para tener más competencias. Esta postura
de la oposición (AP-PDP y PAR) ha sido puesta de manifiesto en diversas
ocasiones.
Pues bien, con esa coherencia los socialistas apoyamos ahora esta
iniciativa de mayor autonomía querida por los aragoneses y lo hacemos
buscando el consenso y la coherencia con el modelo global, un modelo en
el que prime la equiparación sustancial frente a cualquier asomo de
discriminación, pero también frente a mitos que condicionan y
distorsionan el debate político en Aragón frente a banderas políticas que
cultivan frustraciones nacidas mucho antes y de otras causas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bayona, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor BAYONA AZNAR: Porque la sensación de insatisfacción y aun de
marginación y agravio que se fue adueñando de los aragoneses al comparar
su desarrollo con el alcanzado por las regiones de su entorno,
especialmente País Vasco, Navarra y Cataluña, tiene sus raíces históricas
en los efectos económicos que los diferentes procesos unificadores
produjeron en el antiguo Reino de Aragón, y nació entonces un sentimiento
de dependencia del Estado y, al mismo tiempo, de falta de correspondencia
por parte del mismo que refleja bien una frase del político aragonés
Julio Calvo Alfaro escrita en 1919: Nos afectan los intereses generales
del Estado, pero nos apremian todavía más los de Aragón. No somos lo
bastante egoístas para desvincularnos totalmente de España, aunque España
hace tiempo que se desentendió de Aragón. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Y surgió también la idea de una injusta subordinación de
Aragón a los intereses económicos vascos y catalanes que se concreta hoy
en la convicción de que el desarrollo autonómico alcanzado por Aragón es
insuficiente, especialmente en comparación con algunas comunidades
autónomas vecinas que se consideran más favorecidas.
Sin embargo, como se ha recordado en esta tribuna, los aragoneses tenemos
también arraigado el espíritu del pacto y nos sentimos españoles desde el
origen histórico de España, por la unidad del Reino de Castilla con la
Corona de Aragón. Nos sentimos españoles desde las entrañas. Yo diría que
nos sentimos entrañablemente españoles, tanto que el fundador del
aragonesismo, Gaspar Torrente, llegó a decir en 1922: Los pueblos que
olvidan su pasado mueren. Aragón no puede morir sin que muera España.
Por eso, los aragoneses esperan que los representantes políticos sepan,
sepamos encajar sus legítimas aspiraciones en el conjunto de la política
del Estado. Esperan que los políticos, en vez de alimentar los recelos y
el resentimiento, en vez de instalarse interesadamente en los problemas,
sepamos articular un proyecto político constructivo, pactado, realmente
superador de esos problemas.
Los socialistas vamos a responder a esa esperanza. En nuestro programa
electoral nos comprometimos explícitamente con esta reforma estatutaria
enmarcada --cito textualmente nuestro programa electoral-- en una visión
coherente y global del desarrollo autonómico.
Sepan, pues, y concluyo, señor Presidente, los representantes aragoneses
que han intervenido en esta tribuna que tienen en el Grupo Socialista el
apoyo solicitado a la tramitación de su proposición de reforma y que por
nuestra parte estamos dispuestos a trabajar con responsabilidad y sosiego
para buscar el consenso en los pasos que demos y en las modificaciones
que en su caso propongamos.
Por su situación geográfica y socioeconómica, por su historia y por su
voluntad autonomista, Aragón puede jugar un papel decisivo en el
inmediato desarrollo autonómico en el que las delimitaciones
competenciales y las obligaciones de cada comunidad autónoma para el
conjunto del Estado y para las demás comunidades autónomas deben estar
bien definidas, siguiendo un modelo flexible y respetuoso con las
autonomías, pero solidario y substraído al permanente cuestionamiento.
Desearíamos que el hecho de decidir hoy la tramitación de esta
proposición de reforma pudiera servir de base para esa tarea ineludible.
Si lo conseguimos, recogiendo las aspiraciones de los aragoneses,
habremos avanzado decisivamente en la construcción de la España de las
autonomías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado dividir su turno de
intervenciones en dos, para lo cual, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Serrano.
El señor SERRANO VINUE: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, sepan SS. SS. que como aragonés no
podía tener mejor ocasión y mayor honor, en esta mi primera intervención
parlamentaria, para hablar de Aragón y de su autonomía. Como Diputado del
Partido Aragonés en el Congreso, intervengo para fijar la posición del
PAR en esta materia y reafirmar lo que en ocasiones anteriores y en
legislaturas pasadas otros compañeros de Partido defendieron.
En primer lugar, desearía dar la bienvenida y saludar a los Diputados de
las Cortes aragonesas que en un breve plazo de seis meses han defendido
en dos ocasiones ante esta Cámara las posturas de sus respectivas
formaciones políticas, en particular, si me lo permiten, al Diputado del
Partido Aragonés Juan Antonio Bolea, que en su condición de primer
Presidente de Aragón, magnífico parlamentario, luchador y defensor de la
causa aragonesa, es, además, maestro, buen maestro de jóvenes
generaciones de políticos aragoneses.
Como decía Costa, al estilo aragonés, de forma viva, concisa,
sentenciosa, concreta en conceptos y poco amigo de retóricas, voy a
intentar, muy brevemente, ir desgranando mi argumentación política en
este importante asunto.
Señorías, Aragón no ha tenido que forzar la historia para formar nuestra
Comunidad Autónoma, pues los aragoneses tenemos una conciencia colectiva
mantenida viva a través de los siglos. Como nacionalidad histórica,
nuestra identidad política se forjó fundamentalmente en la Edad Media,
época en que se debieron afrontar unas complejas relaciones, culturales,
políticas y de poder, con Cataluña y Castilla fundamentalmente; nuestras
armas, señorías, eran el pactismo político, el espíritu integrador de
pueblos y culturas, el amor a la libertad, el sentimiento de Estado,
derecho y justicia, valores aplicables y en alza en la política de hoy en
día.
Los pueblos que olvidan su pasado mueren, sentenciaba Costa. Señorías,
Aragón no ha olvidado su pasado
y mira con esperanza e ilusión al futuro. Tras un proceso continuo de
decadencia política, el Decreto de Nueva Planta, de Felipe V, 1707,
supuso uno de los mayores golpes contra la realidad nacional aragonesa,
donde se eliminaron las instituciones más genuinas y arraigadas, como el
Justicia, la Diputación General, las Cortes de Aragón. El resurgimiento
de los nacionalismos y regionalismos del siglo XIX, la construcción del
Estado federal aragonés, 1883, el proyecto de Estatuto de Autonomía de
Caspe, 1936, II República, del que este año se cumple su 60 aniversario,
son sólo algunas pruebas de que el sentimiento aragonesista, en un Estado
cada vez más centralista, nunca ha supuesto pérdida de identidad.
Después de un gran paréntesis, la Constitución de 1978, la vuelta a la
democracia y a las libertades en España permitieron que Aragón accediera
a la autonomía por la vía lenta, la vía del artículo 143, la vía de las
autonomías no históricas. Durante la etapa socialista hemos sufrido una
verdadera involución autonómica, sobrepasándose en mucho el plazo de los
cinco años para la reforma de los estatutos de autonomía, y se han
aumentado, sin duda, las diferencias y niveles competenciales entre las
autonomías del artículo 143 y las que accedieron por el 151. Los pactos
autonómicos de 1993, fruto de los cuales fue aprobada la Ley Orgánica
6/1994, la reformita, como la llamamos los del Partido Aragonés, del
Estatuto de Autonomía de Aragón, no supusieron una solución efectiva ni
resolutoria para el problema, sino que lo aplazaron. El Partido Aragonés
fue contrario a los mismos, y prueba de ello es la sesión que hoy nos
ocupa.
Señor Presidente, un sentimiento de frustración, de desasosiego se
apoderó de la sociedad aragonesa. En varias ocasiones, el 23 de abril del
año 1978, en los años 1992, 1993 y el 15 de noviembre de 1992, ante la
puerta del Congreso de los Diputados, se produjeron multitudinarias
manifestaciones que, de forma pacífica y cívica, reclamaron la autonomía
plena. En junio de 1994 la totalidad de las fuerzas políticas
representadas en las Cortes de Aragón aprueban un texto de reforma de
Estatuto de Autonomía de Aragón, que se remite a esta Cámara para su toma
en consideración, admitiéndose a trámite. Se confirmó, señorías, lo que
muchos aragoneses sospechaban, que aquel trámite parlamentario, con un
Gobierno en crisis, el del señor González, y en plena campaña
preelectoral, todo el procedimiento, se redujera a un mero trámite
formal. Quizá por falta de plazos, quizá por falta de voluntad política,
ni Aragón ni Canarias pudimos disponer de nuestra reforma de Estatuto en
la quinta legislatura.
En estas condiciones y circunstancias políticas, y ante la convocatoria
anticipada de elecciones generales del 3 de marzo, el Partido Popular y
el Partido Aragonés deciden en un acto de responsabilidad política
concurrir en coalición a esos comicios. Esta coalición electoral, que es
calificada de fórmula inteligente, desde el respeto absoluto e
independencia de cada una de las formaciones políticas, obtiene el
respaldo mayoritario del pueblo aragonés; una coalición que asumía unos
compromisos específicos para Aragón --11 puntos--, siendo el primero y
más importante el impulso a la tramitación de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, compromiso que fue ratificado en el debate de
investidura por el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno,
señor Aznar, compromiso con toda la sociedad aragonesa y el Partido
Aragonés para estar vigilante en el cumplimiento de los mismos.
Señoras y señores Diputados, resulta complejo sintetizar de forma breve y
precisa el contenido básico del texto que se les presenta. Varios son los
aspectos fundamentales: el reconocimiento de Aragón como nacionalidad
histórica, la ampliación del período de sesiones y de competencias, el
reconocimiento de las lenguas que se hablan en Aragón, la posibilidad de
regular la disolución de las Cortes, la policía autónoma, y abarca, como
no, el aspecto de la financiación.
Convendrán conmigo, señorías, que la financiación autonómica ha sido
determinante en el proceso de negociación, acuerdo y conformación del
actual Gobierno. El modelo de financiación actual vigente, regulado por
la LOFCA --1980-- y complementado por el Fondo de Compensación
Interterritorial, no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue
planteado, y a la realidad me remito. Aragón, dada su particularidad y su
singularidad, con importantes deficiencias estructurales, con profundos
desequilibrios territoriales, con coste habitante/año mayor para dar
servicios básicos, fuera de la mayoría de los fondos europeos a causa de
la estadística y del efecto...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SERRANO VINUE: Voy a terminar, señor Presidente.
... del efecto distorsionador que Zaragoza y capital crea, y todo unido
al despotismo irresponsable e irracional generado por instituciones
gobernadas por el Partido Socialista, nos han llevado a situaciones
económicas inadmisibles. (Rumores y protestas.)
El modelo de financiación actual es insuficiente, y desde el Partido
Aragonés demandamos una financiación más justa y acorde con las
transferencias y servicios que se tienen que prestar, teniendo en cuenta
el esfuerzo fiscal que Aragón hace. Sin economía no hay autonomía,
señorías. (Rumores.)
Recuerdo, compañeros del Grupo Parlamentario Popular, que, como sostiene
nuestro pacto de coalición, cualquier enmienda que se presente al texto
tendrá que estar suficientemente negociada y consensuada por las dos
formaciones políticas. La autonomía es un derecho y no una obligación, un
derecho que los aragoneses
queremos ejercer de forma inequívoca. Y ya termino, señor Presidente.
En días pasados se han oído voces, declaraciones, que, defendiendo
posturas más cerca de la actitud del perro del hortelano, que ni hacía ni
dejaba hacer, que de planteamientos políticos de un presidente de
comunidad autónoma, han intentado de forma infructuosa enturbiar y frenar
o paralizar el actual proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón y de Canarias. El Gobierno tiene la responsabilidad de imprimir en
la presente legislatura un importante impulso al proceso de construcción
del Estado desde la lealtad constitucional, un Estado solidario,
equilibrado, cohesionado, con la integración de todos los territorios y
sin desigualdades ni privilegios, que permita encarar el siglo XXI y
alcanzar sin sobresaltos ni dificultades el reto de la construcción de
Europa.
Para concluir --y ya termino, señor Presidente--, Baltasar Gracián, en El
Discreto, decía: Toda acción tiene su razón.
La acción, señorías, la reforma del Estatuto de autonomía de Aragón; las
razones, las ya expuestas: históricas, culturales, políticas, sociales,
económicas y esencialmente la más importante, la razón democrática, la
voluntad de querer ser. Como representantes de la voluntad popular no
podemos hacer oídos sordos ni ser indiferentes al sentimiento colectivo
de los aragoneses que demandan autonomía plena.
En consecuencia, pido, señorías, en nombre del Partido Aragonés, su voto
favorable para esta toma en consideración, como ya lo hicieron en
noviembre de 1995, y en la confianza de que ni dilatados mecanismos
parlamentarios ni ocultas estrategias políticas impidan que Aragón, como
Canarias, tenga su Estatuto de Autonomía en este año 1996.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrano.
Tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es
un gran honor para mí subir a esta tribuna para fijar también la posición
del Grupo Parlamentario Popular, compartida con mi compañero don Antonio
Serrano, respecto de esta proposición de ley presentada por las Cortes de
Aragón, donde en 1983, en la primera legislatura, empecé mi actividad
parlamentaria. Desde aquí también quiero dar la bienvenida a los
Diputados aragoneses Juan Antonio Bolea, Carlos Piquer y Mesías Gimeno,
que con tanta ilusión y responsabilidad han hecho la presentación de la
proposición de ley tan importante para Aragón, fruto de la comisión
especial, creada al efecto, para reformar el Estatuto. Me consta que
trabajaron duro mirando fundamentalmente al futuro.
Nuestra Constitución dejaba la puerta abierta para que cinco años después
de la aprobación de los estatutos de autonomía, a partir de 1981,
aquellas comunidades que accedieron por el artículo 143 pudieran revisar
sus estatutos. Esto significa que se podría haber iniciado su revisión a
partir de 1987. Es conveniente recordar que en 1987 el Grupo Popular en
el Senado dio estado parlamentario a la iniciativa política del entonces
Presidente de Castilla y León y hoy Presidente del Gobierno de España,
José María Aznar (Rumores.), que fue la primera voz que advirtió la
necesidad de un amplio acuerdo entre el Gobierno y la oposición para el
desarrollo del Estado de las autonomías. La moción presentada por el
Grupo Popular fue rechazada por quien tenía la mayoría absoluta en las
dos Cámaras, para dar respuesta a las aspiraciones competenciales de las
comunidades constituidas al amparo del artículo 143 de la Constitución. Y
si hubieran tenido voluntad política de seguir adelante con el Estado de
las autonomías contemplado en nuestra Constitución, en estos momentos, en
1996, no estaríamos hablando de revisión de estatutos, ni del de Aragón
ni del de ninguna otra comunidad autónoma.
El Partido Popular en su décimo congreso de Sevilla, en marzo de 1990,
consideró el desbloqueo del desarrollo autonómico como una de sus
prioridades de trabajo, y el 28 de febrero de 1992 nuestro Partido,
encabezado por nuestro Presidente, José María Aznar, lograba desbloquear
el proceso autonómico con otra gran fuerza política española, dando un
gran paso adelante en la construcción del Estado de las autonomías, que
ha permitido que puedan llegar importantes nuevos recursos económicos a
la Comunidad Autónoma de Aragón y a otras comunidades.
En Aragón nos comprometimos, ante todos los aragoneses, en la primavera
de 1991, a luchar en pro de la autonomía plena, en pro de la autonomía
real de Aragón. Esa palabra que dimos la continuamos dando hasta el 30 de
junio de 1994, en que fue aprobada por unanimidad por las Cortes de
Aragón, y la hemos seguido manteniendo hasta el debate del 21 de
noviembre de 1995 en esta misma Cámara, en la que tuvo el honor de
intervenir, en nombre del Grupo Popular, Luisa Fernanda Rudi, con gran
tesón, como en todas su intervenciones, a lo largo de diez años.
(Rumores.) Ya entonces dijimos que tras las elecciones nosotros
impulsaríamos la reforma en un período inmediatamente posterior a la
formación de las nuevas Cortes, y en el debate de investidura del
candidato a la Presidencia del Gobierno éste manifestó: Anuncio mi
compromiso de impulsar la tramitación consensuada de la reforma de los
estatutos de Canarias y de Aragón, cuyos proyectos tuvieron entrada ya en
esta Cámara durante la pasada legislatura.
Nosotros tuvimos que sufrir duras críticas, descalificaciones e
incomprensiones, y dimos la cara ante el conjunto de los aragoneses y
fuimos con ellos, como parte de ellos que somos, en las manifestaciones
de 1992, de 1993 y de 1994, cosa que otros no hicieron. El pacto
autonómico abrió muchas puertas, pero no
cerró ninguna. No vulnera el derecho a la plena autonomía que reconoce la
Constitución a todas las comunidades autónomas en el artículo 2, sino que
lo amplía, y no hay ni un solo artículo de la ley de transferencias que
impida absolutamente ninguna reivindicación de superar los techos de
autogobierno de ninguna comunidad autónoma, ni se debe hablar de
vulneración del derecho a la plena autonomía de Aragón, porque ningún
artículo de dicha ley vulnera ese derecho, ya que la autonomía plena no
es un fin --y lo digo aquí, señor Ríos--, sino que única y exclusivamente
es un medio para conseguir un Aragón más equilibrado y, sobre todo, en
igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas y
básicamente las vecinas, porque con la Constitución en la mano, como dijo
el profesor García de Enterría, en este país no hay dos tipos o modelos
de comunidades, sino uno solo. Hay simplemente ritmos diferentes para
llegar a ese modelo, y bien lo sabemos. Y Aragón se siente a sí mismo
como pueda sentirse cualquier comunidad. Son unos sentimientos que
siempre han estado en Aragón. Las manifestaciones del 23 de abril han
puesto de manifiesto estos sentimientos de forma evidente. Aragón se
siente, además, con derecho a la plena autonomía, porque Aragón, no hay
que olvidarlo, es una encrucijada de caminos entre regiones, con fuerte
personalidad y presión demográfica. Estas aspiraciones existían ya,
estaban allí, como si el cierzo las trajera cada vez que sopla el
Moncayo. Si algo ha caracterizado a Aragón en su actitud hacia los demás,
ha sido su solidaridad. «Aragón, tierra cordial» aparte de ser un buen
eslogan, refleja bastante bien la actitud de nuestra tierra, de nuestras
gentes hacia los foráneos. En Aragón ser autonomista y cordial hacia
España se quiere que vaya unido. Esto es lo que han demostrado los
aragoneses, pues con cordialidad, con extraordinaria cordialidad
manifestaron el día 23 de abril sus aspiraciones tan vinculadas a la
esencia misma de la Corona de Aragón, que hoy quedan reflejadas en esta
proposición de ley que nos han presentado las Cortes de Aragón con su
Presidente a la cabeza y todos los parlamentarios aragoneses que han
querido venir a esta Cámara, junto con el Presidente del Gobierno de
Aragón, que tuvo el honor de pertenecer y participar activamente en la
comisión especial que se creó para reformar el Estatuto de Autonomía de
Aragón. Todos ellos han querido con su presencia respaldar este día
histórico para Aragón. (Un señor Diputado: ¡Tiempo!)
El Grupo Popular siempre ha defendido una equiparación sustancial de las
competencias atribuidas a las distintas comunidades autónomas, y las
únicas excepciones a este principio general de igualdad (Un señor
Diputado: ¡Tiempo!) vienen motivadas por la lengua, la foralidad y la
insularidad, y algunas de las cuales, como el Derecho civil, tienen gran
importancia en Aragón y constituyen un hecho diferencial dentro de la
unidad nacional. Es tan injusto tratar desigual o igual como igual o
desigual, y sería atentatorio contra la realidad profunda...
El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, vaya terminando.
El señor BUESO ZAERA: Voy terminando, señor Presidente.
Sería atentatorio contra la realidad profunda del ser nacional español
pretender ignorarlas, como sería impensable su artificiosa e imposible
generalización. Es difícil tener autonomía política sin financiación
adecuada, y habrá que hacer un esfuerzo considerable en dar auténtica
autonomía financiera. En esta proposición de ley hay un artículo muy
importante que da ocasión para hacer convenios de Aragón con la
Administración central del Estado, o incluso un convenio unilateral en el
que se consideren claramente los aspectos de la auténtica
corresponsabilidad fiscal y de la solidaridad interregional. El Gobierno
está trabajando firmemente en el proyecto que debe ser el núcleo central
del nuevo sistema de financiación autonómica y que va a ser un gran paso
para el futuro autonómico de España. El texto del Estatuto de autonomía
de Aragón que estamos tomando en consideración contiene modificaciones de
suficiente calado político. Con el mismo talante que las Cortes de Aragón
han conseguido el texto que nos han presentado, solicito en nombre de mi
Grupo Parlamentario --el Grupo Popular-- que, a partir de este trámite,
haya en esta Cámara un debate presidido por la capacidad de entendimiento
y el predominio de las ideas institucionales para consensuar esta
proposición de ley, de manera que no defraudemos a los aragoneses, porque
la consideramos absolutamente compatible con ese gran proyecto que se
llama España, para el desarrollo socioeconómico y el reequilibrio
territorial de Aragón, un Aragón firme en la defensa de los propios
recursos frente a expolios extraños en un territorio acertadamente
ordenado y racionalmente planificado, porque queremos para Aragón la
libertad y justicia y para España queremos la grandeza.
Y termino con la venia del señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Por eso pedimos toda la colaboración, de la misma
manera que Aragón lo demostró en otros momentos históricos de la
construcción española y porque creo que este paso que hoy damos se
enmarca dentro del sentido de la solidaridad y del respeto más absoluto
entre las comunidades autónomas. Por ello me permito, señorías, pedir
vuestro voto favorable para su toma en consideración.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bueso.
Votación sobre la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de
Aragón.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 323; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda admitida la propuesta de reforma del Estatuto
de autonomía de Aragón.
--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE REFORMAS DE LA LEY ORGANICA 10/1982,
DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS (Número de
expediente 127/000002)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de la propuesta del Parlamento
de Canarias sobre la reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra, en primer lugar, don
José Miguel Bravo de Laguna y Bermúdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Popular.
El señor BRAVO DE LAGUNA Y BERMUDEZ: Señor Presidente, señorías, vengo en
representación del Parlamento de Canarias, como uno de sus Diputados,
para pedir el voto favorable de esta Cámara a la toma en consideración de
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Archipiélago.
Este trámite es reproducción de otro que se produjo el pasado día 21 de
noviembre de 1995 cuando, antes de la disolución de esta Cámara, se vio
también la toma en consideración de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.
Para mí, que estuve trece años como Diputado nacional en estas Cortes,
resulta de especial satisfacción volver a subir a esta tribuna,
satisfacción que en este caso es especial, puesto que se trata de la toma
en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía del
Archipiélago.
Dije entonces, y repito ahora, que se había aprobado en esta misma Cámara
el día 12 de mayo de 1982 el Estatuto de Autonomía de Canarias. Se aprobó
ese día y se publicó como Ley Orgánica el 10 de agosto de 1982,
exactamente dieciocho días antes de la disolución de las Cámaras por el
Presidente del Gobierno de entonces, don Leopoldo Calvo Sotelo.
Pues bien, señorías, catorce años después se presenta ante ustedes la
reforma del Estatuto de Autonomía y de la misma manera que entonces, en
mayo de 1982, obtuvo un general consenso en la Cámara, espero también que
los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa del Parlamento de
Canarias.
La iniciativa del Parlamento de Canarias se fundamenta esencialmente en
tres cuestiones. En primer lugar, se trata de una reforma de un estatuto
de autonomía de máximo techo competencial. Canarias, al acceder a su
autogobierno, en 1982, consiguió a través del Estatuto y a través de la
Ley Orgánica de Transferencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
Lotraca, un máximo techo competencial, de tal manera que desde su inicio
la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo competencia en materia de obras
públicas, en materia de educación, en materia de sanidad y en tantas
otras cuestiones esenciales.
En segundo lugar, se trata de un estatuto --y ahora también la reforma lo
es-- plenamente aplicable a la singularidad del Archipiélago. No es un
estatuto tipo, no es un estatuto de régimen común, podríamos decir, sino
que se adecua perfectamente a la singularidad del Archipiélago. El
tratamiento de los cabildos como Gobierno insular, el tratamiento
electoral en Canarias, la singularidad de que las circunscripciones sean
las islas, todo lo que se refiera a la regulación del régimen económico y
fiscal de Canarias, en conexión con la disposición adicional tercera de
la Constitución que establece el informe previo del Parlamento de
Canarias cuando se modifique el régimen económico y fiscal del
Archipiélago, la posibilidad de ser oída la comunidad autónoma cuando se
trate de acuerdos o tratados internacionales que afecten especialmente a
las islas, todo ello hace que se trate de un estatuto perfectamente
adaptado a la singularidad del Archipiélago.
En tercer lugar, resaltaba yo entonces que también el consenso básico que
se consiguió en Canarias entre las distintas fuerzas políticas, es un
elemento a añadir a los dos anteriores para solicitar el voto afirmativo
de esta Cámara.
En efecto, señorías, Canarias, que evidentemente tiene una crisis
económica y social muy profunda (no en vano somos la tercera comunidad
autónoma de España en índice de paro), pero que también tiene un
dinamismo económico muy importante (somos, junto con Baleares, la
comunidad autónoma que mayor crecimiento de producto interior bruto tuvo
el año pasado), Canarias --digo-- necesita sosiego y tranquilidad en su
política. En este sentido, es muy importante que las tres fuerzas
políticas esenciales del Parlamento de Canarias, el Grupo Socialista, el
Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Popular, se pongan de acuerdo sobre
el contenido básico y esencial de la reforma del Estatuto, sin perjuicio
de reconocer que, como toda obra humana, el texto remitido por el
Parlamento de Canarias puede ser susceptible de enmienda o modificación,
pero, insisto, dentro de un consenso básico de las tres fuerzas
políticas, que yo creo que es necesario resaltar aquí.
Señorías, las circunstancias del cambio político producido después de las
elecciones generales del pasado 3 de marzo no tienen por qué incidir
negativamente, sino todo lo contrario, en ese consenso básico. De hecho,
hay un acuerdo político entre Coalición Canaria y Partido Popular para
que las modificaciones que se introduzcan
en el trámite parlamentario en este Congreso y en el Senado sean
consensuadas. A ese consenso básico es necesario también incorporar, a mi
juicio, al Partido Socialista Obrero Español, de tal forma que la norma
institucional básica de los canarios, el Estatuto de Autonomía, salga del
Congreso y del Senado con un amplio respaldo parlamentario.
Por todas esas razones, señorías, porque se trata de un estatuto de
amplio espectro, de amplio techo competencial, de amplias competencias
para la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma que gestiona
en estos momentos un presupuesto cercano a los 500.000 millones de
pesetas; en segundo lugar, porque se trata de un estatuto adecuado,
adaptado a la realidad insular canaria y, en tercer lugar, por el valor
intrínseco político del consenso alcanzado entre las tres fuerzas
políticas esenciales en el Archipiélago, yo pido el voto favorable de
esta Cámara para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo de Laguna.
En segundo lugar, para la defensa de la proposición, tiene la palabra don
Alfredo Belda Quintana, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor BELDA QUINTANA: Señor Presidente, señorías, después de tres años
de estudio en el Parlamento de Canarias y tras un primer amago,
pudiéramos decir, de toma en consideración en esta Cámara, que se produjo
en noviembre del año pasado, hoy retomamos la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, tras un año y medio de permanencia en el Congreso.
Quisiera recordar que durante el período de estudio en el Parlamento de
Canarias acudieron y comparecieron ante la Comisión de estudio que se
creó al efecto más de veinte especialistas sobre las distintas materias
incluidas en la reforma entre catedráticos y profesores universitarios en
Derecho político, constitucional, administrativo, internacional,
financiero, tributario, etcétera. Además, se aportaron a la Comisión de
estudio un total de más de 8.000 folios entre informes o dictámenes
jurídicos, documentación de legislación comparada y jurisprudencia
constitucional. Es decir, todas y cada una de las modificaciones
introducidas en esta propuesta de reforma han sido estudiadas con
minuciosidad hasta el último detalle, teniendo en cuenta especialmente la
interpretación que la jurisprudencia ha realizado de las mismas. Podemos
decir, si ustedes me permiten, frente a algunas inconsistentes
afirmaciones interesadas políticamente, que ni un punto ni una coma de
esta propuesta de reforma que les presentamos puede ser tachada de
anticonstitucional.
En total, desde que se inició el proceso han pasado cuatro años y medio
o, lo que es lo mismo, para elaborar la totalidad del Estatuto de
Autonomía se tardaron aproximadamente cuatro años, desde 1978 a 1982,
mientras que para ésta, que es la primera modificación de nuestro
Estatuto de Autonomía, que ya existía, se han tardado por ahora cuatro
años y medio y, previsiblemente, llegaremos a los cinco años.
¿Qué puede significar esto? Desde nuestro punto de vista, supone una
auténtica falta de voluntad de afrontar claramente la reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias por parte de alguna fuerza política en
determinados momentos. Sin embargo, parece que esta situación se está
corrigiendo y el simple hecho de que se esté tomando en consideración en
el día de hoy, frente a aquellos que preconizan también una paralización
de las iniciativas autonómicas, parece también un cambio importante;
cambio que significa que los pactos alcanzados con los grupos políticos
nacionalistas tras las últimas elecciones generales están funcionando
correctamente.
Continuando ya con lo que decíamos en la primera toma en consideración,
en noviembre de 1995, vamos a centrarnos brevemente en tres puntos
básicos de las modificaciones introducidas.
En primer lugar, definimos en el artículo 2.º que el territorio de la
comunidad autónoma comprende el archipiélago canario, añadiendo más
adelante que la Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá sus propias
competencias en las aguas territoriales españolas que rodean a las islas.
Es decir, el territorio, el espacio físico de la comunidad canaria no es
un espacio continuo sino que está comprendido por unas islas unidas por
un mismo mar, por un mismo océano, de tal forma que todo el conjunto, los
espacios marinos y los espacios terrestres, conforman una misma unidad
geopolítica. No existe ninguna otra comunidad autónoma, salvo quizá la de
Baleares, en la cual sus ciudadanos para poder desplazarse dentro de la
misma tengan que atravesar necesariamente espacios marinos. Cuando en
cualquier otra comunidad se pueden utilizar medios de transporte
terrestres para trasladarse interiormente, en Canarias necesariamente
tenemos que utilizar medios de transporte marítimos o aéreos. De ahí
deriva la inclusión de la necesidad de que la comunidad autónoma ejerza
sus propias competencias, no las competencias del Estado ni las
competencias que por el Derecho marítimo internacional les están vedadas
a los Estados; repito, sus propias competencias en las aguas que rodean a
las islas. Con ello, no se está delimitando espacio marítimo alguno, sino
que se está definiendo cuál es el ámbito territorial de actuación de las
competencias que constitucionalmente le corresponden a la comunidad
autónoma, dentro de todo aquel espacio sobre el cual puede actuar el
Estado español.
En segundo lugar, en el artículo 36 se introduce la necesidad de que el
Gobierno de Canarias participe, dentro de la representación del Estado
ante los órganos de la Unión Europea, en las negociaciones de los asuntos
que afecten específicamente a Canarias. Somos
--recordamos-- la única comunidad autónoma con un status jurídicamente
diferenciado en Europa.
Canarias, junto con los departamentos franceses de ultramar, Madeira y
Azores, ha sido declarada región ultraperiférica y cuenta con numerosas
disposiciones comunitarias y políticas específicas derivadas de la
lejanía y la insularidad. Es más. En las III Jornadas parlamentarias de
los Archipiélagos atlánticos de Madeira, Azores y Canarias, celebradas el
pasado mes de abril en Funchal, se llegó a la conclusión de que es una
demanda irrenunciable que los órganos de los gobiernos autónomos
participen activamente, en el seno de las delegaciones de los gobiernos
centrales, en el área de las políticas europeas. Y no debemos olvidar que
las regiones autónomas de Azores y Madeira ya cuentan, en el seno de las
delegaciones portuguesas, con una representación ante las instituciones
europeas.
En consecuencia, lo que pretendemos es que, independientemente de la
regulación de carácter general que se efectúe, la participación de
Canarias debe ser regulada de manera específica, tanto por el régimen
jurídico diferenciado de las islas con Europa como por la especialidad de
los temas tratados.
En tercer y último lugar, en el artículo 1.º introducimos la
consideración de nacionalidad para Canarias. Quizá nos hubiera gustado
más otra redacción que lo dijera de una forma más clara, pero lo cierto
es que está ahí. Esta consideración de nacionalidad se deriva tanto de lo
que es nuestro hecho diferencial como de la tradición histórica del
pensamiento político que, desde el siglo pasado, marcaron importantes
políticos canarios.
Hace ya unos veinticinco años, el profesor Carballo Cotanda definía en
qué consistía esa canariedad, ese hecho diferencial del que, en síntesis,
podemos apuntar algunas notas básicas. Uno: la dictadura geográfica, con
sus derivaciones geológicas y de insularidad alejada. Dos: la
especialidad económica históricamente reconocida. Tres: el crisol de
pueblos y razas, autóctonas y foráneas, que constituyen los habitantes
del Archipiélago. Y cuatro: la universalidad cultural del pueblo canario,
que refuerza lo propio ante la comparación de lo externo.
Señorías, en definitiva, nos encontramos ante una reforma que ha sido
consensuada entre todas las fuerzas políticas canarias y que fue votada
por la unanimidad de su Parlamento. En ese duro y fatigoso camino hasta
llegar al consenso hemos dejado algunos asuntos fuera, como pueden ser la
posibilidad de disolución anticipada del Parlamento y el sometimiento a
referéndum de las reformas estatutarias, pero así han sido las exigencias
del consenso, por lo que de momento dichas materias, así como otras,
quedan pendientes de un acuerdo. Un acuerdo añadido al que existe, que
evidentemente debe significar un aumento de la capacidad de autogobierno
o de desarrollo institucional sobre aquello que ya está pactado.
Para concluir, decíamos hace unos meses que Canarias, al ser un
Archipiélago oceánico alejado, se configura como una comunidad
singularmente diferente, lo que implica la necesidad de disponer de
marcos institucionales para configurar políticas diferenciadas de las
políticas continentales. Esperamos que SS. SS. sepan comprenderlo cuando
aborden esta reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, de la misma forma
que ya en 1821 lo comprendió...
El señor PRESIDENTE: Señor Belda, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BELDA QUINTANA: Concluyo ya, señor Presidente. Muchas gracias.
Lo comprendió, en 1821, un ilustre paisano nuestro, don José Murphy,
miembro de esta Cámara, cuando, refiriéndose a Canarias, decía: Su
situación en el globo y las circunstancias que entorpecen las
comunicaciones, aumentando moralmente su distancia de la Península, la
constituye en una provincia intermedia de
Europa y América, suficientemente separada de una y otra para reclamar un
sistema de administración diferente de los discurridos para dichas
regiones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belda.
En tercer lugar, para la defensa de la proposición, tiene la palabra don
Augusto Brito Soto, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BRITO SOTO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
decíamos el 21 de noviembre pasado, con ocasión del primer debate sobre
la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, presentada por el Parlamento de Canarias, que
llevábamos ya 13 años de andadura autonómica. Hoy estamos muy cerca de
entrar en los 14 años de vida estatutaria. Ese período nos permite ya
hacer un balance de nuestra evolución autonómica. Catorce años de
experiencia claramente satisfactoria. Decidimos y gestionamos gran parte
de los aspectos que configuran nuestra realidad económica, social,
educativa y cultural de prestación de los servicios públicos más
importantes y de definición de nuestras principales infraestructuras y
equipamientos.
Catorce años son también un tiempo suficiente y adecuado para proceder a
nuestra primera reforma estatutaria; una reforma estatutaria que viene
planteada desde un consenso político básico, consenso político que se
manifiesta en todos los aspectos institucionales y competenciales de la
reforma y que, desgraciadamente, no se consiguió en lo que hace relación
a la reforma del sistema electoral, aspecto que, en nuestra opinión, tras
su paso por estas Cortes Generales, debe culminar igualmente en acuerdos.
Tres grandes áreas configuran la propuesta de reforma. En primer lugar,
un conjunto de reformas institucionales; en segundo lugar, un nuevo
planteamiento del bloque competencial y, en tercer lugar, una propuesta
de reforma del sistema electoral. Me referiré a los principales aspectos
de cada una de ellas.
En lo que hace referencia a las reformas institucionales, la solución
dada al artículo 1.º, largamente debatida en Canarias dado que estaba en
juego la fórmula de definición de Canarias como nacionalidad, coincide
casi literalmente con la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista, en el debate estatutario ante esta Cámara en 1982. Catorce
años después, aquella solución ha servido para resolver pacífica y
concordadamente el problema planteado. Dice el texto: Canarias, como
expresión de su identidad singular y en el ejercicio del derecho al
autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se
constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad de la Nación
española, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente
Estatuto, que es su norma institucional básica.
Nos parece especialmente lograda la solución dada al engarce entre
comunidad autónoma y cabildos insulares. Los artículos 8.º, 22 y 23, se
ocupan de abordar y, en nuestra opinión, resolver el problema, y
constituyen una buena base para serenar un problema siempre presente en
nuestra vida política y que debe conseguir un desarrollo futuro que
culmine efectivamente la regulación en esta materia.
El artículo 45 confirma el rango estatutario de nuestro régimen económico
y fiscal e incorpora los principios derivados del reconocimiento de
Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.
El artículo 63 de la propuesta incorpora al procedimiento futuro de
reforma del Estatuto el mecanismo de diálogo interinstitucional, previsto
en el Estatuto valenciano a modo de garantía institucional, planteando un
mecanismo suficiente, en nuestra opinión, y más flexible que la vía del
referéndum.
Desde el punto de vista del bloque competencial, el objetivo planteado
por la propuesta de reforma sugiere convertir nuestro Estatuto de
Autonomía en un estatuto de máximo nivel competencial dentro del orden
constitucional. Para ello se han realizado dos operaciones. En primer
lugar, definir qué competencias se atribuyen a la Comunidad Autónoma de
Canarias, y así, partiendo del núcleo de competencias del actual Estatuto
de Autonomía, se incorporan al mismo las previstas en la Lotraca, se
incorporan igualmente las previstas en el pacto autonómico que no estaban
ya atribuidas a la comunidad autónoma vía Ley Orgánica de Transferencias,
se incorporan algunas nuevas competencias constitucionalmente posibles y
que ya figuran en otros estatutos de autonomía; se reordena el nivel de
algunas competencias, que pasan de competencias de mera ejecución a
competencias de desarrollo legislativo y ejecución, y de estas últimas a
competencias exclusivas; y finalmente se confirman y amplían determinadas
competencias derivadas de nuestro peculiar régimen económico y fiscal.
Una vez culminado aquél --el régimen económico y fiscal--, se profundiza
en definitiva en su engarce con el Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, desde el punto de vista competencial se ordena el
bloque competencial, definiendo el nivel y fundamentalmente la naturaleza
con la que se atribuyen las competencias, ordenando todas ellas en
competencias exclusivas de desarrollo legislativo y ejecución y en
competencias meramente ejecutivas.
Por lo que hace relación a la reforma del sistema electoral, estamos ante
el único aspecto en el que no ha habido consenso. La propuesta de reforma
en esta materia obtuvo exclusivamente el respaldo de 31 votos de 60,
propuesta de reforma que consiste únicamente en elevar los topes --el
insular al 25 por ciento y el regional al 5 por ciento-- de los votos
válidos emitidos para la obtención de Diputados. Se trata, en definitiva,
en nuestra opinión, de una solución débil y parcial al principal problema
que ha manifestado el funcionamiento del sistema político canario durante
catorce años. No tiene explicación posible que una reforma del Estatuto
de Autonomía de la profundidad que planteamos orille o dé una solución
parcial al principal de nuestros problemas políticos; problemas, los del
sistema electoral canario, basados exclusivamente en circunscripciones
electorales insulares que podríamos resumir en lo siguiente.
En primer lugar, manifiesta una importante tendencia a la desigualdad, el
14 por ciento del electorado --islas periféricas-- tiene la misma
representación que el 86 por ciento del electorado, que vive en las islas
centrales. Asimismo, en orden al valor del voto, si contásemos la
hipótesis extrema, el voto de un ciudadano de la isla del Hierro tiene
quince veces más valor que el voto de un ciudadano de la isla de Gran
Canaria y 13,24 veces más valor que el voto de un ciudadano de la isla de
Tenerife. El segundo problema del sistema electoral es la tendencia que
manifiesta al fraccionamiento de las fuerzas políticas en su seno, en su
unidad. En tercer lugar, tendencia a la dispersión en el sistema de
partidos políticos. Todo ello manifiesta como corolario la inestabilidad
política, que ha sido una de las constantes de nuestro sistema político
en los catorce años de andadura.
Los socialistas venimos planteando como solución la creación de una
circunscripción electoral regional añadida a las actuales...
El señor PRESIDENTE: Señor Brito, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BRITO SOTO: Voy concluyendo, señor Presidente.
La creación, digo, de una circunscripción electoral regional añadida a
las actuales circunscripciones insulares, que se mantendrían con la misma
representación y la misma estructura que hoy tienen. Esta respuesta
atenúa la desigualdad en primer lugar, al otorgar igual valor de voto en
la elección de esos Diputados que se eligieran en la circunscripción
regional;
asegura, en segundo lugar, la comparecencia regional de las fuerzas
políticas, les obliga a comparecer con programas regionales, obliga al
candidato a la Presidencia del Gobierno a comparecer ante todos los
canarios, y posibilita que los principales líderes obtengan el respaldo
de todo el cuerpo electoral y representen a todo el territorio.
En definitiva, la fórmula, en nuestra opinión, potencia la unidad
política de Canarias en la medida en que impide, o al menos dificulta, la
dispersión y el fraccionamiento del sistema político canario. Tenemos la
convicción de que la unidad política de Canarias necesita de voluntad
política, pero necesita también de instrumentos que posibiliten esa
unidad, y la reforma del sistema electoral puede constituirse en el mejor
instrumento que posibilite y potencie esa unidad.
Canarias tiene una contrastada vocación y voluntad de pertenencia al
proyecto colectivo que es España. Esa vocación y voluntad de pertenencia
se fortalece profundizando en nuestro autogobierno, definiendo fórmulas
de participación en la tarea común española por parte de las comunidades
autónomas, y profundizando en el Estado autonómico, desde una lectura
abierta de nuestra Constitución que reconozca los hechos diferenciales
que se dan en España. Por todas estas razones planteamos, requerimos de
las Cortes Generales tomen en consideración la propuesta de reforma de
nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Brito.
Finalizados los turnos de defensa de la proposición, ¿grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo de Coalición Canaria viene a expresar su apoyo a la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que presenta
hoy el Parlamento de Canarias. Esta reforma se produce prácticamente a
los 14 años, faltan dos meses, de la aprobación del Estatuto de Autonomía
de Canarias en 1982.
La primera reflexión que hay que hacerse es que esta reforma es la
primera que realiza el Parlamento de Canarias del Estatuto de Canarias,
cuando prácticamente todos los estatutos de autonomía de España, que
fueron tramitados por la vía del 143, han sido reformados. Yo creo que 14
años de experiencia nos han llevado a los canarios a la reflexión sobre
las reformas que son necesarias para acometer el desarrollo del
autogobierno y la potenciación de Canarias en el marco de finales del
siglo XX y principios del siglo XXI.
La experiencia que hemos tenido durante estos años --y se lo voy a contar
muy brevemente-- es que obtuvimos a través de Diputados provinciales, no
de Diputados del Parlamento de Canarias, junto con todos los Diputados
provinciales del Estado, en el momento de salida de un régimen
autoritario, un estatuto que estaba lleno de cautelas, de velados
intentos de control, yo diría que de tutelas claras sobre el autogobierno
de Canarias. Y la experiencia nos ha demostrado que eso fue un elemento
de debilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en la negociación de
sus grandes problemas internacionales y de sus problemas en el Estado
español.
Por ejemplo, hechos. La experiencia nos ha indicado que cuando el
Estatuto de Autonomía de 1982 decía explícitamente que a Canarias se
transferirían, de acuerdo con las competencias establecidas por el
Estatuto, los medios materiales, los medios financieros y los medios
personales para el desarrollo de competencias como obras públicas,
educación, etcétera, hemos comprobado y constatado, y es un dato
objetivo, que Canarias no ha recibido la media de las inversiones del
Estado en los últimos años. El Estatuto de 1982 decía expresamente que
Canarias tenía que tener la media de la inversión del Estado en el
conjunto de sus infraestructuras, de equipamientos y de servicios, y
además corregido al alza, teniendo en cuenta el coste de insularidad. El
dato oficial que tenemos es que apenas hemos obtenido un 67/68 por ciento
de la inversión media del Estado. Eso quiere decir, señorías, que
Canarias ha perdido centenares de miles de millones de pesetas
probablemente sobre 200.000 o algo más de lo que nos correspondía de
acuerdo con el Estatuto. Ese es un dato que refleja una debilidad
política, y esa debilidad política es la que queremos corregir con un
estatuto nacional canario.
Se ha dicho aquí que en el artículo 1.º de la reforma aparece (y espero
que las Cortes Generales hoy, a través del Congreso de los Diputados,
reconozcan este hecho) el nacimiento de una nacionalidad nueva en el
marco del artículo 2 de la Constitución Española, que habla de regiones y
nacionalidades. Los hechos diferenciales son muy acusados en el caso de
Canarias, a mil kilómetros de distancia del territorio peninsular, que se
integra en el Estado español mil años después de que en el territorio
común de la península surja la Hispania vieja, y que nosotros no tenemos
prácticamente Edad Media y hemos pasado del neolítico a la Edad Moderna a
través de la colonización española. Ese hecho diferencial claro marca el
elemento geográfico, el elemento histórico, el elemento cultural que hace
nacer una nacionalidad en el marco del Estado español.
Nacionalidad es porque nuestro pueblo ha madurado, porque nuestro pueblo
tiene un proyecto común, porque nuestro pueblo viene hoy aquí no a
solicitar ni a pedir nada, sino a ejercer un derecho constitucional de
exigencia del autogobierno de Canarias. Ese autogobierno se basa en lo
que son nuestras tradiciones históricas, nuestro acervo canario, que
empieza con los derechos reconocidos por la Corona desde principios de la
conquista, que sigue con la Ley de Puertos
Francos de 1852, que se ratifica en la de 1900, que surge con la Ley de
Cabildos, con la Ley de Régimen Económico-Fiscal de 1972, con la reforma
primera e insuficiente del Estatuto de Autonomía, con la nueva ley del
REF, y ahora con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Todos
esos elementos los queremos sintetizar, no desde una visión nostálgica de
nuestra historia sino desde una visión de futuro de proyecto común
colectivo del pueblo canario. Ese proyecto en la reforma del Estatuto
tiene, en opinión del Grupo de Coalición Canaria, cuatro componentes
básicos, que yo voy a exponer brevemente a sus señorías.
El primero, nuestra vocación europea. En el artículo 45 del nuevo
Estatuto, en relación con el artículo 36, se dice que Canarias tiene que
ser reconocida como región ultraperiférica, que ya lo es por el Tratado
de
Maastricht de la Unión Europea de 1992. Sepan SS. SS. que cuando el
Estatuto de Autonomía de 1982 España no estaba integrada en Europa y,
como aquí se ha explicado, en 1986 tuvimos primero un protocolo especial;
después pasamos al desarrollo del Poseicán y sus reglamentos específicos
en 1991; en el Tratado de
Maastricht de la Unión Europea, en 1992, al reconocimiento de nuestro
carácter de región ultraperiférica y ya se está discutiendo en la
Conferencia Intergubernamental que está en marcha en este momento nuestro
Estatuto permanente en Europa.
¿Qué queremos decir con Estatuto permanente? Que el reconocimiento que
Europa y que históricamente España había hecho de nuestra lejanía y de
nuestra insularidad necesitaba una serie de compensaciones y de
reconocimiento de nuestro marco específico económico-fiscal. Y ese
reconocimiento ahora en Europa nosotros decimos que no puede tener
carácter transitorio, como está previsto en los tratados de la Unión
Europea. Tenemos que reformarlo para darle un carácter permanente, porque
permanente es nuestra lejanía, nuestra insularidad y, por tanto,
permanentes son los elementos de compensación a los elementos negativos
que tiene nuestra situación geográfica. Nosotros planteamos en el
artículo 45 el reconocimiento de ese hecho y en el 36 que en la
Conferencia Intergubernamental de Europa participe la delegación canaria
en la negociación de ese Estatuto permanente. Los canarios tenemos que
cumplir varios objetivos históricos entre 1996 y 1997. Esperamos que
cuando culmine la Conferencia Intergubernamental, en abril o mayo del año
próximo, tengamos consolidado nuestro estatuto permanente, con la OCM de
nuestras frutas y hortalizas, del plátano, etcétera, con el
reconocimiento de los fondos estructurales específicos para Canarias, con
el apoyo a un nuevo Poseicán industrial, la protección de nuestras
industrias y el desarrollo industrial.
Segundo elemento que caracteriza el autogobierno de Canarias: el
reconocimiento por el Estatuto y por la Ley de Régimen Económico-Fiscal,
dentro del cual está integrado este elemento en el Estatuto de Canarias,
de nuestro régimen económico-fiscal, aprobado por las Cortes Generales,
primero la Ley Fiscal de 1995 y la Ley Económica y Fiscal de 1994. Se nos
reconoce, en último término --y eso que quede claro en un informe ante
todas SS. SS.-- que los canarios tenemos un sistema fiscal autónomo, con
una imposición indirecta distinta, propia, que nace de nuestro acervo
histórico. Es ahora el momento, como dice la disposición adicional
tercera, de que el Gobierno español, una vez aprobada la reforma del
Estatuto, reconozca facultades y competencias al Gobierno y a la
Comunidad Autónoma canaria en toda la imposición indirecta. Pero si
vamos, como están los pactos autonómicos, a la cesión de tramos del 30
por ciento del IRPF, de imposición directa, ha llegado el momento de
empezar a reflexionar que los canarios tenemos que tener una agencia
tributaria canaria propia, y establecer como autónomo e independiente
nuestro sistema fiscal tradicional. Este es un elemento que abre una vía,
la reforma de este Estatuto, y que nosotros vamos a desarrollar una vez
que esté aprobado.
Tercer elemento que incorpora el Estatuto. Frente a las debilidades de
1982, plantea para los canarios competencias que antes no fueron
reconocidas. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos dicho que las claves
estratégicas del autogobierno de Canarias son los puertos, los
aeropuertos, la política de empleo y las empresas públicas del Estado en
Canarias. Reflexionemos sobre eso. El tema de los puertos. Durante años
se ha dicho en este Congreso de los Diputados que era imposible porque
estaban calificados de interés general. Ahora en el pacto autonómico,
espero que en el plazo de un año, los puertos canarios van a ser
gestionados por la comunidad autónoma como los del resto de España. El
interés general es simplemente la concepción de que un puerto tiene su
zona de influencia, y la zona de influencia de los puertos canarios es
exclusivamente el archipiélago canario.
Pero nosotros quisiéramos introducir, que no está pactado, la
consideración especial de nuestros aeropuertos. Porque si es verdad que
un aeropuerto del territorio peninsular es un sistema integrado de
aeropuertos centrales y de aeropuertos complementarios, los siete
aeropuertos canarios son un sistema integrado exclusivamente canario.
Igual que cuando en la Ley del sistema eléctrico nacional, aprobada
recientemente, se reconoce que el sistema eléctrico canario es el único
que no está interconectado al sistema eléctrico peninsular y de islas
adyacentes, y por eso se nos atribuye una competencia específica, se nos
debe atribuir también para nuestra zona aeroportuaria. Porque sepan SS.
SS. que la zona aeroportuaria de Canarias es la más importante de España,
con veintidós millones de viajeros contra diecinueve que tiene la
Comunidad Autónoma de Madrid...
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente.
Y nosotros queremos que se controlen desde las islas. Por eso, cuando en
el artículo 33 se habla de puertos y aeropuertos de interés general, en
la consideración del hecho insular y la lejanía plantea la necesidad de
negociar con el Estado también la gestión de los aeropuertos y de las
empresas públicas. Porque Unelco, Binter y otras empresas públicas en el
Archipiélago, que son claves en energía, en la producción y fabricación
de agua, en telecomunicaciones y transportes, exigen necesariamente que
esos sectores estratégicos no los pierda la Comunidad Autónoma canaria,
con presencia en empresas públicas, y que los centros financieros de
Canarias, en este caso las cajas de ahorro, controlen estos sectores
estratégicos.
Por último, señorías, es necesario que en la reforma de este Estatuto los
canarios mantengamos un principio fundamental, que es el que nos da
fuerza: el reconocimiento de nuestra nacionalidad, pero sobre todo el
principio básico de la unidad de los canarios. El Estatuto de Canarias ha
encontrado fórmulas originales para hacer una presidencia alternante, una
capitalidad compartida, el parlamento en una isla pero la delegación del
Gobierno con todas sus competencias en otra. La unidad de los canarios
hay que construirla desde el equilibrio y desde la solidaridad, porque
nos han dividido a lo largo de nuestra historia, nos han debilitado por
tanto y nos han tutelado. Este acto de hoy yo creo que es un acto de
mayoría de edad, en el que los canarios llegamos al autogobierno, al
reconocimiento de nuestra nacionalidad, a contribuir con los otros
pueblos de España en la aventura europea, pero desde el reconocimiento
por los otros pueblos de España de que ya no somos un pueblo tutelado por
nadie, que viene aquí a defender un derecho histórico, que viene aquí a
exigir el autogobierno y viene aquí a plantear, en el marco
constitucional, su mayoría de edad y su identidad nacional.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señorías, muy brevemente, como en el caso del
Estatuto de Aragón, quiero anunciar la postura favorable de mi grupo a
que se tramite en la Cámara esta iniciativa, eso sí, sorprendida por la
falta de presencia de los grupos mayoritarios cuando se está debatiendo
un tema que afecta al desarrollo estatutario. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Utilizo palabras que esta mañana pronunciaba el Ministro de
Administraciones Públicas, en su comparecencia en la Comisión, diciendo
que los estatutos de autonomía no son contratos de adhesión, no tienen
por qué ser idénticos los 17. La sensibilidad autonómica supone cultura
de la pluralidad y cada pueblo debe asumir las competencias que se vea
capaz de administrar razonablemente. Así pues, en consonancia con lo que
ha sido siempre nuestra trayectoria, votaremos favorablemente la toma en
consideración del Estatuto canario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, como
también ha sido costumbre, votará a favor de la consideración de esta
proposición de ley. Hay que decir que, en primer lugar, saluda el que sea
fruto de una iniciativa del Parlamento canario. Como ha comentado hace
unos momentos Margarita Uría, el principio que rige en la asunción de
competencias es el principio dispositivo, y precisamente entendemos que
la vocación de autogobierno de las distintas comunidades de España no
encuentra mejor reflejo que el de una iniciativa legislativa que surja
del parlamento autonómico y, obviamente, no sería mejor cualquier otro
tipo de iniciativas que contengan planteamientos uniformistas y que no
respondan realmente a esta vocación de autogobierno o a la propia
capacidad técnica de asunción de competencias. Por tanto, bienvenida sea
la iniciativa y en ella estamos de acuerdo.
A diferencia de lo que manifestaba anteriormente mi compañero Carles
Campuzano en relación a la proposición de ley de modificación del
Estatuto de Autonomía de Aragón, respecto del archipiélago canario los
catalanes no podemos alegar razones obviamente de vecindad ni de
confederación. Sin embargo, hay que entender que desde la periferia se
comprendan también los problemas de la ultraperiferia, y si precisamente
un gran historiador catalán, como era Vicens Vives, planteaba buena parte
de la historia de España en esta contraposición entre los epígonos, entre
el centro y la periferia, no es extraño que también aquí nos consideremos
solidarios con estos planteamientos del archipiélago canario. Por lo
demás, no es nuevo. Ya en el proyecto de constitución federal de Pi i
Margall o en el borrador también de constitución federal de Valenti
Almirall se reconocía precisamente como uno de estos estados a las Islas
Canarias. El hecho diferencial canario es indiscutible. Ya aparece
reflejado en la Constitución en su carácter insular. Respecto a las
circunstancias geográficas, como es la ultraperiferia, poco hay que
decir. Hay que considerar también el régimen especial de que gozó el
archipiélago canario en lo siglos XVI y XVII, al que el señor Mauricio ha
hecho referencia anteriormente, y que después fue objeto de una cierta
uniformidad en la época borbónica. En cualquier caso, sí que creo que es
bueno recordar que ya a
principios de siglo surgió pujante este sentimiento regionalista canario,
entre otros a través de la obra de Manuel de Osuna y Van den Heed, de
1904, El Regionalismo en el Archipiélago Canario.
Queremos indicar, prácticamente ya para acabar, porque se han efectuado
algunas críticas al tratamiento de los estatutos de autonomía de Aragón y
de Canarias, que precisamente el Tribunal Constitucional, en la famosa
sentencia de la Loapa, no siempre recordada, de 5 de agosto de 1983,
planteó el dilema entre la igualdad y la diferencia de las comunidades
autónomas y obviamente, como decíamos antes, aquí rige el principio
dispositivo, las comunidades autónomas son diferentes en función de sus
competencias, serán iguales en la medida en que sus estatutos no podrán
implicar privilegios económicos o de otro orden, pero entendemos que no
son de recibo aquellas críticas que tienen en su fundamento un
tratamiento total y absolutamente uniformista, por no decir unitarista
del Estado.
Saludamos, en cualquier caso, dos de los contenidos de la proposición de
ley del Estatuto de Autonomía de Canarias y hay que decir en este caso
que al Parlamento de Canarias, que ha sido si no más valiente de lo que
en su día pudo ser el Parlament de Catalunya, que no existía, es cierto
que le admitimos, como decía antes, la valentía y creo que les vamos a
seguir. Cuando ustedes en el artículo 1.º, segundo párrafo, hablan de que
los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias emanan del pueblo de
Canarias, y al parecer sólo del pueblo de Canarias, obviamente es un
punto en el que les vamos a seguir, porque la Ley Orgánica del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, quizá por las circunstancias vigentes en aquel
momento, no pudo decir tanto. Como en función de este principio
dispositivo tampoco dice tanto la proposición de ley del Estatuto de
Autonomía de Aragón. En este caso les agradecemos que nos sirvan de guía.
Otras veces ha sido el pueblo de Cataluña el que ha tenido la antorcha,
en este caso les seguiremos.
En segundo lugar, porque también es tema de actualidad, hay que agradecer
que entienda el Parlamento de Canarias que la atribución de competencias
en materia de imposición indirecta, como por idéntica razón podría serlo
en materia de imposición directa, la cesión de un tramo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se puede hacer a través de los
instrumentos del artículo 150.2 de la Constitución. Lo digo porque hay
algunos Diputados o algunos líderes de alguno de los grupos
parlamentarios que han señalado la dificultad o imposibilidad de que
precisamente el nuevo sistema de financiación pueda instrumentarse a
través del artículo 150.2. Bienvenida también sea su sugerencia porque
nosotros coincidimos total y absolutamente con la misma.
Finalmente, quiero recordar lo que ya indicó mi compañero Carles
Campuzano en la intervención anterior en relación con el Estatuto de
Autonomía de Aragón. En este caso la simple periferia, como hecho
diferencial tremendamente destacado, se manifiesta solidaria con la
ultraperiferia. Lo único que esperamos es que cuando esta Cámara tenga
que debatir también la toma en consideración de una proposición de ley
del Parlament de Catalunya, con la finalidad también de completar el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, contemos también en este caso con esta
solidaridad. Por tanto, no se pide otra cosa que el respeto y la
reciprocidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar fijar
la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
ante la nueva tramitación de esta proposición de ley que emana del
consenso establecido con las fuerzas políticas que tienen presencia
dentro del Parlamento canario.
Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para Izquierda Unida
Canaria, es motivo de satisfacción que haya un incremento competencial
para una comunidad autónoma, que haya un crecimiento del autogobierno.
Nosotros nos alegramos de ese crecimiento competencial, pero al mismo
tiempo decimos, a pesar de la canción que se ha hecho aquí sobre el
ribete de nacionalidad que contiene el Estatuto del Parlamento canario,
que nosotros vemos esta reforma del Estatuto desde la visión de dar un
paso, pero quedarse corto en el paso. Nosotros creemos que tiene dos
limitaciones que no le dan un concepto de nacionalidad: la limitación
competencial y la limitación de los órganos institucionales. La gran
diferencia de una administración desconcentrada, de una administración
descentralizada, no está en que haya un gobierno, no está en que haya un
Presidente de la comunidad, el hecho que diferencia esa articulación
anterior con la nueva es que hay un parlamento; un parlamento que
funciona con plenos poderes, un parlamento que funciona todo el año, unos
diputados que tienen una dedicación determinada. En suma, la gran
diferencia que de verdad manifiesta una ordenación autonómica es la
capacidad de hacer leyes, de hacer normas, que tiene cada uno de los
pueblos.
Por tanto, nosotros creemos que esta reforma de Estatuto viene a ser, por
así decirlo, la última reforma, el hijo tardío del pacto PSOE-PP; es la
última de las primeras reformas de las comunidades del 143, que mantienen
las mismas limitaciones con las que nacieron en el año 1992. Pero se
produce ahora porque el trámite parlamentario la ha situado en este
momento. Fíjense que contradicción: en este momento, en el resto del
Estado español estamos discutiendo que se ha quedado corto el techo
competencial del pacto de 1992, que
hay que hacer frente a un nuevo pacto autonómico que transfiera las
competencias plenas a las comunidades del 143 y que aborde reformas
institucionales. Bien, yo espero que el apoyo que vamos a dar en este
trámite a la toma en consideración de esta iniciativa sirva para que
cuando se tramiten las enmiendas podamos recoger lo que ya va a ser fruto
del debate posterior y podamos incorporar algunos elementos en esta
propia discusión.
En todo caso, señorías, hemos planteado en Canarias tres razones para
explicar la posición que mantenemos. Primero, no se puede ir gotita a
gotita construyendo un modelo de Estado; un modelo de Estado se diseña en
su conjunto y se pone el coche, el barco o el avión orientado a esa
ordenación del propio Estado. La verdad es que con independencia del
vehículo, del 143 o del 151, que señala la Constitución, el techo
competencial de las comunidades debiera emanar de la voluntad que
libremente cada pueblo, cada parlamento, se marque.
La segunda consideración que nosotros queremos hacer es que faltan
competencias que tienen hoy algunas comunidades, por ejemplo, las del 143
mejorado, que no tiene la propia Comunidad Canaria. Faltan hoy
competencias que se están barajando para la nueva reforma que no contiene
esta propuesta de reforma. Por tanto, queremos que se amplíen las
competencias plenas en el propio Parlamento canario.
La tercera consideración que hacemos es la potenciación del Parlamento,
la capacidad de disolución, la capacidad de creación de comisiones de
investigación, la capacidad para generar debates y regular referendos
dentro del propio Parlamento.
Por último, señorías, la potenciación de algunos órganos que en Canarias
no tienen proyección institucional: por ejemplo, la audiencia de cuentas.
Mientras que sí están recogidos la diputación del Común y el consejo
consultivo, no lo está la denominada audiencia de cuentas. No está
recogida, por ejemplo, la posibilidad de desarrollo del Consejo Económico
y Social, y hay ciertas competencias que nosotros creemos que es
importante que residan en el propio Parlamento. Por ejemplo, los planes
económicos que el Gobierno canario vaya a aprobar, como pueden ser las
políticas globales de desarrollo regional, deberían pasar por el propio
Parlamento. Otro ejemplo, la firma de convenios. A mí me gustó oír aquí
hace poco las palabras de un portavoz de un grupo nacionalista, no de
Canarias, que hablaba de la cercanía y la confederación. Fíjense, ni
siquiera pensamos en la confederación de países o nacionalidades de
España que ha podido surgir, sino en la posibilidad de que los convenios
que firma la comunidad con otros elementos que no son la propia comunidad
pasen por el propio Parlamento; hay comunidades que recogen esa
obligación y otras que no lo hacen. En suma, potenciar el Parlamento.
Junto con esa limitación institucional y con esa limitación de plenas
competencias o de órganos, le falta añadir algo que sí ha surgido en el
debate de esta tarde, y es la necesidad de una reforma de la Ley
Electoral. Existe la necesidad de una reforma del sistema electoral en
dos cosas: en el mínimo para tener presencia en la Cámara, pues se
establece un 25 por ciento por isla en la ley actual o un 5 por ciento en
todo el archipiélago, cuando, por ejemplo, ustedes para ser Diputados de
este Parlamento no tienen esa limitación. ¿Por qué el mínimo se establece
en el 5 por ciento? Pero aún más, en la distribución del sistema
electoral. Lo que debería de ser o lo que podría ser un marco de
identidad canaria sería precisamente la posibilidad de una
circunscripción global de todo el archipiélago para que no prime la
batalla de cabildo contra archipiélago, una lucha de isla contra una
globalidad, por así decirlo, porque el diseño de archipiélago es el que
debe de pesar sobre la relación individualizada. Sobre todo, y lo más
importante, es necesario, señorías, que un voto de un ciudadano pese lo
mismo que el voto emitido por un ciudadano a otra formación. Señorías, en
el Parlamento canario no hay una representación proporcional ni
simétrica. En el Parlamento canario hoy no hemos podido dar esta opinión
que damos aquí como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no lo hemos
podido hacer como grupo parlamentario, como Izquierda Unida Canaria,
porque hay 50.000 votos de ciudadanos canarios que no tienen
representación en el Parlamento. Pero, fíjense, ironías de un sistema
electoral como el que ustedes tienen recogido: la Agrupación Herreña
Independiente, con 1.500 votos, tiene un Diputado; el Partido
Independiente de Lanzarote, con 20.000 votos --menos de la mitad--, tiene
4 Diputados; por ejemplo, Coalición Canaria, con 250.000 votos, tiene 22
Diputados --11.361 votos por cada Diputado--. En todo caso, ¿es ajustada
esa representación o debería de establecerse otra? ¿Pesa igual el
Diputado que coja la papeleta de una formación política que otra para
componer una política global? Nosotros sí creemos que hace falta que se
recoja en el Estatuto una reforma del sistema electoral; eso sí, remitida
a un desarrollo legislativo posterior, pero debe de recogerse como lo
hacen todos los estatutos de autonomía del 143. Por tanto, señorías, a
nosotros nos ha gustado oír hoy todos los razonamientos que se han dado
para defender la propuesta. Insisto en que la vamos a votar a favor.
Decía el portavoz del Grupo Popular en el anterior debate del Estatuto de
Aragón que hay un solo tipo de comunidades autónomas. Yo digo: debe de
haber un solo tipo de comunidades autónomas. Decía que con distintos
ritmos. De acuerdo que deben ser distintos ritmos, pero los que marquen
cada uno de los propios pueblos y, en todo caso, que el ritmo no sea
lento, que no se atrasen las cosas porque una hora menos en Canarias
puede significar una velocidad menor a la hora de actuar desde acá.
Yo insisto, señorías, en que, al margen de los informes, al margen de los
dictámenes, al margen de los estudios,
al margen de los 8.000 folios, de los pactos que hayan funcionado para
poner en marcha este Estatuto, el trámite parlamentario que aquí se
produzca debe significar la recuperación de algunas iniciativas. Hemos
planteado y vamos a plantear las alternativas de Izquierda Unida en
enmiendas concretas, no en el debate de totalidad porque no queremos
omitir lo que es un paso importante para Canarias. Esperemos que el
consenso que le ha dado peso al portavoz de Coalición Canaria para decir
que se da un paso hacia la nacionalidad canaria sirva para algo --ojalá
fuese así--. Porque el texto del artículo primero --al que hoy vamos a
dar el visto bueno-- dice: Canarias, como expresión de su identidad
singular y en el ejercicio del desarrollo del autogobierno que la
Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad
autónoma. Es verdad que muchas veces hay mucho ruido y pocas nueces.
Acompasemos el ruido con las nueces y, por lo menos, dotémonos de verdad
de una auténtica autonomía de primera en esta reforma. Si no es así, yo
emplazo a SS. SS., porque tiempo vamos a tener en la legislatura de poder
solucionarlo antes de que pasen estos cuatro años.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señores parlamentarios canarios, estamos repitiendo en las distintas
intervenciones el largo proceso seguido por la elaboración de esta
iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por
consiguiente, no me voy a dedicar a recordarles los tiempos empleados y
el consenso alcanzado casi totalmente entre las fuerzas políticas
parlamentarias canarias.
Sí quiero señalar que el Grupo Socialista va a apoyar la toma en
consideración de esta iniciativa porque desde siempre ha defendido una
vía singular para la puesta en funcionamiento de la autonomía de
Canarias. En el año 1981, cuando se establecen los pactos entre el
Gobierno de la UCD y el Partido Socialista Obrero Español, el primer
pacto autonómico, se abre la vía para que el Estatuto de Autonomía de
Canarias, que se encontraba en tramitación en esta Cámara, siguiera un
camino especial, más singular incluso que el que seguiría el de la
Comunidad Valenciana, porque el texto recogería unos niveles
competenciales que posteriormente se verían ampliados a través de una ley
orgánica de transferencias a la Comunidad Autónoma Canaria, conocida como
Lotraca, prevista en el artículo 150.2 de la Constitución. Desde entonces
Canarias ha tenido autogobierno. No podemos falsear la historia. No
podemos ignorar que en mayo de 1983 Canarias celebra las primeras
elecciones autonómicas y constituye su Parlamento. En consecuencia, no se
puede venir a inventar una historia según la cual hasta que no se reforme
el Estatuto de Autonomía de Canarias no hay pleno autogobierno, según la
cual ha habido una situación de debilidad, de una especie de minoría de
edad tutelada por la Administración central, porque los hechos demuestran
que Canarias ha sabido encontrar las respuestas específicas para su
propio territorio en temas tan singulares como el del Estatuto dentro de
la Unión Europea. Me remito a las largas discusiones de 1985 en el
Parlamento de Canarias e igualmente al consenso alcanzado para el actual
modelo de integración plena en la Unión Europea, con las singularidades
que los diversos reglamentos comunitarios tienen plasmadas acerca de
nuestra manera de funcionar dentro de la Unión Europea. Si estos signos
son de debilidad, de minoría de edad y de carencia de autogobierno, no sé
qué se entenderá por tal. Si a esto le añadimos que en dos ocasiones los
gobiernos de Canarias dijeron no a las propuestas de financiación
autonómica, tanto en el año 1987 como en el año 1992, no parece que esto
sea coherente con una minoría de edad y con una carencia de autogobierno.
En definitiva, la historia es la que es y en virtud de este Estatuto de
Autonomía de 1982, que tenía sus limitaciones y defectos, Canarias ha
funcionado como una comunidad autónoma igual que las dieciséis restantes
y ha sabido defender y encontrar las respuestas necesarias a los
problemas que su singularidad, acumulada a lo largo de la historia, le
venía imponiendo. Creo que en el Estatuto de 1982 --y aquí hay dos
parlamentarios canarios que participamos en su debate, hoy uno es miembro
del Parlamento de Canarias, el señor Bravo de Laguna, y otro es quien les
habla-- luchamos por alcanzar un modelo que respondiese a las
singularidades históricas, que diera respuesta a nuestros problemas
singulares, domésticos, en cuanto a la localización de las sedes, de la
capitalidad compartida, de la sede de la delegación del Gobierno, temas a
los que se ha hecho referencia, pero también contamos con los
instrumentos que la Constitución, en su disposición adicional tercera,
nos facilitaba al consagrar el reconocimiento de un régimen económico
fiscal canario cuya modificación requiere un informe del Parlamento de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Prueba de ello son los innumerables
informes que se han remitido a esta Cámara en materias relacionadas con
la fiscalidad o con la economía que afectaban al funcionamiento de las
tradiciones canarias.
Hoy lo que hacemos es profundizar, reforzar los niveles competenciales,
como ya se ha indicado. También queremos, y no perdemos la esperanza, que
aquella materia que no ha sido objeto de consenso en el Parlamento de
Canarias, como es el sistema electoral, alcance ese consenso en su
tramitación en esta Cámara, porque en las enmiendas que presente el Grupo
Socialista no habrá otro límite que el establecido por la Constitución y
por la doctrina del Tribunal Constitucional.
No hay ninguna duda, ningún titubeo al respecto, pero sí queremos que
algo tan importante para que la democracia sea plena en una comunidad
como la nuestra es que el sistema electoral refleje verdaderamente el
principio de proporcionalidad que la Constitución tiene establecido, y
que en Canarias --ya se han hecho referencias concretas-- está muy lejos
de ser proporcional.
Nosotros estamos reconociendo --por eso ofrecemos una vía de aproximación
a otras fuerzas políticas que igualmente comparten con nosotros la
necesidad de una reforma del sistema electoral-- fórmulas de aproximación
y de respeto a las circunscripciones insulares actualmente existentes.
Así, a través de una ampliación del número de Diputados configuraríamos
esa circunscripción regional que contribuya de verdad a eliminar los
fantasmas que no sólo son del pasado sino que vuelven a ser pasados del
presente cuando los desequilibrios en el funcionamiento de nuestras
instituciones autonómicas generan respuestas, inquietudes, preocupaciones
en la opinión pública de determinados territorios que componen nuestra
comunidad autónoma. Eso probablemente se deba no sólo a los
desequilibrios derivados de un ejercicio inadecuado del poder político
regional, sino también, sobre todo, a la carencia de un sistema electoral
que refleje verdaderamente y que potencie el espíritu de defensa de
nuestra unidad regional, unidad que todos proclamamos que es
imprescindible, unidad que todos decimos que ni de broma queremos poner
en riesgo o en peligro, aunque luego, a la hora de transformar y de crear
los mecanismos de defensa o de potenciarla, se echan para atrás
determinadas fuerzas políticas en poca coherencia con aquellos
calificativos que han asumido recientemente como signos de identidad.
En esta Cámara tenemos tiempo suficiente para, sosegadamente, reflexionar
y analizar las consecuencias del mantenimiento o de la modificación del
sistema electoral. No basta, como ya se ha dicho, con elevar los
porcentajes, porque eso, en definitiva, responde a intereses singulares
que pretenden poner freno a lo que denominaríamos partidos insulares de
segunda generación, que parecen inquietar a aquellos que son de la
primera generación. Eso no resuelve el problema de la proporcionalidad y
de la democracia auténtica en el funcionamiento de las instituciones
canarias. Me parece que tiene que ser a través de una circunscripción
regional en la que los votantes de cada isla no sólo opten por una
candidatura insular sino que también puedan reflejar su opinión en favor
de una candidatura regional, que les da credibilidad en el sentido de que
los poderes regionales van a ser ejercidos por el principio de equilibrio
y de solidaridad entre todos los territorios de las islas, y no
mantenernos en la situación en que venimos funcionando desde 1983 hasta
el presente.
Por todo ello, únicamente quiero repetir el apoyo que el Grupo Socialista
va a prestar a la toma en consideración de esta iniciativa del Parlamento
de Canarias y desear que cuando vengamos de nuevo aquí para discutir y
aprobar el dictamen de la Comisión Constitucional no tenga que decir las
mismas palabras que en junio --señor Bravo de Laguna, en junio, no en
diciembre-- de 1982 pronunciaba desde esta misma tribuna: Nosotros
hubiéramos querido ver plasmado un sistema electoral que supusiese
originalidad dentro del sistema legislativo español. Nos hemos encontrado
prácticamente solos, pero creemos que ahí ha quedado como una visión de
futuro, una posibilidad para el trabajo y para la reflexión de las demás
fuerzas políticas canarias; porque estamos convencidos de que los
sistemas de paridad plasmados en el Estatuto van a crear conflictos, van
a crear enfrentamientos y no va a ser el mejor sistema para el
funcionamiento de las instituciones legislativas canarias.
Por eso nosotros hemos defendido aquella perspectiva de una
circunscripción regional que combinara la representación mínima por
territorio, por isla, porque de esa manera potenciábamos la conciencia
regional en una zona, en una comunidad que se mantiene anclada en muchos
aspectos todavía a su visión de isla, y en algunos casos todavía
defendiendo la visión provincialista con el fin de mantener rivalidades
absurdas en estos momentos. Este es mi deseo, que logremos ese consenso,
que no se alcanzó en el Parlamento de Canarias, en el trabajo a
desarrollar por esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, existen
ocasiones en las que el privilegio de ser un cargo electo conlleva
determinados riesgos, de los cuales el más peligroso es estallar de
júbilo; ocasiones en las cuales los políticos podemos devolver a los
ciudadanos, de forma fácilmente constatable, la confianza que han
depositado en nosotros. Hoy nos encontramos ante una de esas ocasiones. Y
hoy quiero aprovechar la misma para saludar otra vez efusivamente a los
representantes del Parlamento de Canarias que por segunda vez acuden a
este magno foro a estudiar, a tratar y a explicar el mismo tema de
importancia vital para Canarias, con similares argumentos y con casi
idénticas formas. Los caprichos del Reglamento hacen que en muchas
ocasiones tengamos que someternos a repeticiones de trámite que, al
menos, ponen de relieve, entre otras, dos cualidades que siempre han
adornado al pueblo canario: la paciencia y la tenacidad.
Cada vez que subo a este estrado, y una vez superada esa tentación de
estallar de júbilo que, además, sería peligroso para SS. SS., intento
poner en mis intervenciones el máximo rigor posible. En este asunto, de
tal importancia para la tierra que me vio nacer, pongo
también, junto a ese rigor que intento establecer como máxima, una dosis
suficiente de cariño. Si a ello añado, además, que lo que ya expuse en
noviembre de 1995 es lo que voy a tener que decir ahora, espero no ser
demasiado optimista al intentar conseguir convencer a SS. SS. y demostrar
a la Cámara, por un lado, la necesidad de aprobar la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias; por otro, demostrar que como buen
canario soy tenaz y paciente. Vuelvo otra vez a esta tribuna --y volvería
mil veces si hiciera falta-- con tal de conseguir lo que creo necesario
para nuestro pueblo, para el pueblo canario, en el convencimiento de que
lo que es bueno para nuestra patria chica también es bueno para nuestra
patria grande que se llama España y que está constituida por el conjunto
de pueblos y nacionalidades que están presentes en este hemiciclo.
Las normas que conforman el Estatuto de Autonomía de Canarias necesitan
ser actualizadas. Ya lo han dicho los que me han precedido en el uso de
la palabra y ya lo dijo este Congreso de los Diputados en su sesión de 21
de noviembre de 1995; sesión y trámite exactamente idéntico al de hoy,
que fue víctima de la disolución de las Cámaras, fenómeno también
conocido como interruptio electoralis. Por ello los parlamentarios
tenemos el deber moral, la obligación de acelerar y conseguir la máxima
agilidad en la tramitación de la reforma estatutaria. De lo contrario,
cuando este proyecto, que ya lleva más de un año desde que fue registrado
en el Congreso, vea la luz el día de su nacimiento puede hacerse más
viejo que los peces bíblicos que pescaba Matusalén, de los cuales nos
hablan los autores.
Necesitamos, pues, celeridad y eficacia. Esta es la única manera de
congratularnos y demostrar gratitud hacia un pueblo que, como el canario,
siempre ha demostrado un gran sentido de Estado y un gran sentido
autonomista. La única fórmula con la cual podemos devolver esa gratitud
es empezar a caminar y demostrar que los parlamentarios, tanto
autonómicos como nacionales, no disienten del sentir del pueblo sino que,
al contrario, van al unísono, en el mismo espíritu y en la misma
finalidad, de tal forma que no nos consideren una especie alejada de la
realidad popular, que no nos conviertan en una especie protegida
ecológicamente hablando como las pardelas canarias, pardelas que parecen
gaviotas pero no lo son, y que son conocidas con un nombre bellísimo:
golondrinas del mar. Estas pardelas canarias viajan, se van de las islas
todos los meses de noviembre y diciembre, como hicimos nosotros en la
anterior legislatura, y vuelven a su casa en febrero, cosa que nosotros
no pudimos hacer porque la disolución de las Cámaras lo impidió. Pero
estamos ahora aquí y las pardelas en el mes de junio están en su casa. Yo
espero que en este mes de junio salga de aquí, en un vuelo definitivo, el
Estatuto de Autonomía y llegue a su casa y a su mejor destino: ser la
mejor norma para regular la máxima institución de Canarias.
En la propuesta que llega del Parlamento de Canarias hay diversos
elementos que me parecen de la máxima consideración. El esencial para
nosotros es el aumento del techo competencial. En nuestro programa
electoral, y ya lo dijimos en la toma en consideración del año pasado,
establecimos que el parámetro con el que queremos que se midan las
competencias de nuestra Comunidad Autónoma no sea otro que el de aquella
comunidad autónoma que disfrute de mayor techo competencial. No queremos
sentirnos agraviados en ningún momento por carecer del mismo techo
competencial de la comunidad que más tenga. Ese es el parámetro, por lo
que cualquier incremento en las materias propias de la Comunidad Autónoma
va a ser bien recibido y apoyado por el Partido Popular.
Otro aspecto digno de elogio de los elementos que incorpora la propuesta
de reforma es la configuración de los cabildos como instituciones propias
de la Comunidad Autónoma, aunque sean instituciones sui generis. También
ese aspecto constaba en leyes ordinarias y, sin embargo, es
imprescindible que se consagre en la máxima norma institucional que es el
Estatuto de Autonomía. En tales aspectos y en el elemento en que más
insistí antes, la celeridad en su tramitación, tengan por seguro que el
Estatuto va a contar con todos nuestros apoyos.
Por supuesto, nuestro deber es mejorar el proyecto, es aportar el mayor
número de enmiendas que mejoren un texto que va a ser superior en
longevidad a nosotros, se intenta que sea perdurable. En consecuencia,
seríamos malos parlamentarios si no apoyáramos con nuevas enmiendas una
mejor Carta Magna de carácter autonómico.
No quiero describir con minuciosidad otra vez aquellas enmiendas que
mencioné el 21 de noviembre de 1995, me remito a ellas; simplemente, voy
a fijarme en tres de los aspectos que considero más esenciales.
En primer lugar, esta propuesta no contempla la competencia del
Parlamento de Canarias para establecer los criterios de distribución y
los porcentajes de reparto entre los cabildos y ayuntamientos canarios de
los arbitrios y demás recursos en general derivados del régimen económico
y fiscal. Creo que hay que incluir esta competencia, es una reserva de
ley completamente necesaria que debe constar como competencia del
Parlamento de Canarias. No podemos dejar de establecer cuáles son las
competencias esenciales y dejar que no esté establecido como reserva de
ley sino que pueda hacerse por reglamentación ordinaria o, lo que es
peor, mediante un decreto obsoleto del Ministerio de Economía y Hacienda.
Creo que eso sería catastrófico en un tema tan importante como es el de
los recursos económicos derivados del REF.
En segundo lugar, quiero hacer referencia también a un olvido que
considero inexcusable. No se dedica un solo precepto en el Estatuto al
máximo órgano fiscalizador de la gestión económica y financiera de la
comunidad autónoma: la Audiencia de Cuentas de Canarias. Entiendo que,
como hacen los estatutos de todas las comunidades autónomas que cuentan
con dichos
órganos fiscalizadores, es totalmente necesario incluir la Audiencia de
Cuentas. En nada queda menoscabada la importancia de la Audiencia de
Cuentas de Canarias por su dependencia directa del Parlamento de
Canarias. También depende directamente el Tribunal de Cuentas de las
Cortes Generales y sin embargo la Constitución dedica un prolijo
artículo, el 136, a regular minuciosamente dicha institución. Por otro
lado, sería ocioso enumerar que la Audiencia de Cuentas ya existe desde
el año 1989 con antecedentes históricos bellísimos en el archipiélago y
con unas funciones mucho más importantes que las de otros órganos que sí
aparecen mencionados en el proyecto de estatuto. Más bien, más que un
olvido imperdonable me lleva a pensar en el viejo axioma de que a los
órganos controlados no les gustan los órganos controladores, es decir,
que al poder político muchas veces le molesta sentirse excesivamente
fiscalizado. Si no, no me explico por qué fue ese olvido en la
configuración de la propuesta.
Por último, quiero hacer mención al grave problema que implica el
desarrollo y el consenso en materia electoral. Pienso --y no me resigno a
pensar lo contrario-- que es completamente imprescindible llegar a un
consenso con el Partido Socialista Obrero español, que ha sido la segunda
fuerza más votada en Canarias en las elecciones generales, en un aspecto
tan importante como éste. Esta norma no es para esta legislatura, es para
muchos años. En las siguientes legislaturas estaremos nosotros u otros,
aquí o en el Parlamento de Canarias, y, en consecuencia, sería una
lástima, y a ello --insisto-- no me resigno, que este Estatuto y este
aspecto tan importante como es la reforma del sistema electoral sea
solamente una cuestión decidida por el Partido Popular y por Coalición
Canaria. Que se sume el Partido Socialista, que se flexibilicen posturas
por los tres grupos, que lleguemos a una solución consensuada y acorde,
porque si no podríamos estar provocando por negligencia, por descuido o
por falta de tenacidad que en los próximos años otra vez entremos en la
reforma del Estatuto. Yo llamo a todos los partidos, no solamente al mío,
a que esas posiciones se rebajen y a que esos deseos de consenso se
plasmen en una realidad. Si estamos de acuerdo con el Partido Socialista,
si consensuamos plenamente la idea histórica de que en efecto el
autogobierno no nace ahora sino que nació en 1983 y cualquier
interpretación contraria es falaz --y en eso coincidimos por completo--,
también vamos a estar de acuerdo, como tres grandes partidos, en
conseguir que el Estatuto de Autonomía tenga un buen sistema electoral y
que Canarias tenga un magnífico Estatuto. En ese consenso y en conseguir
el mejor estatuto para Canarias pone su palabra y su empeño el Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cabrera.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 318; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda admitida la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACION DE UNA
PONENCIA DE ESTUDIO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL SISTEMA
SANITARIO Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA (Número de expediente
162/000024)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día. Proposiciones no de
ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de
una ponencia de estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sistema sanitario y garantizar su viabilidad futura.
Para la defensa de la proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario
proponente, tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro de Sanidad, mis primeras
palabras en la defensa de la proposición no de ley que ahora debatimos
tienen una obligada referencia a la intervención del Presidente del
Gobierno en el debate de investidura, donde afirmaba textualmente: El
Gobierno ofrecerá a la Cámara la constitución de una ponencia que busque
un acuerdo sobre las reformas para garantizar la eficiencia del sistema
sanitario en España y que España necesita para su futuro. El Grupo
Popular, como no podía ser de otra forma, recoge la propuesta del
Presidente del Gobierno y presenta esta proposición no de ley por la que
se constituye, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, una
ponencia para el estudio de las reformas necesarias del sistema
sanitario... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Villalón.
Señorías, les ruego insistentemente que guarden silencio o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Puede continuar, señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Decía, señor Presidente, que proponíamos la
constitución, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, de una
ponencia para el estudio de las reformas necesarias del sistema
sanitario, con el fin de modernizar y asegurar la viabilidad futura de
dicho sistema. Pero bien es verdad que no solamente nos ligaba este
compromiso político, sino que había una cuestión de fondo por la que
presentamos esta iniciativa parlamentaria, que no es otra que la
aspiración de mantener las conquistas sociales de nuestra sociedad y
mejorar la calidad asistencial de la sanidad pública, porque creemos que
el sistema sanitario es un instrumento de cohesión social y de equidad
entre los ciudadanos de nuestro país y consideramos que es preciso
garantizar la asistencia sanitaria de todos aquéllos que la necesiten.
Señor Presidente, al hilo de lo que ha sido la introducción de esta
proposición no de ley, parece oportuno que alguien se pregunte si los
problemas de la sanidad pueden ser estructurales, de gestión, económicos
o de cualquier otra índole y, por lo tanto, creo que debo hacer un breve
repaso a lo que es el sistema sanitario en su conjunto y a algunas de las
cuestiones fundamentales del sistema público.
Consideramos que el Sistema Nacional de Salud es uno de los servicios del
Estado que mejor se adapta al espíritu de la constitución de las
autonomías. A lo largo de los años hemos visto que las competencias
sanitarias han sido transferidas a diferentes comunidades autónomas, de
tal forma que el Sistema Nacional de Salud es gestionado, en su parte
correspondiente, en el momento actual, por siete gobiernos autonómicos,
lo que viene a representar aproximadamente el 60 por ciento de la
población de nuestro país. Además, quiero incidir en una de las
intenciones del Gobierno, como ha afirmado recientemente el Ministro
Romay, que es completar las transferencias sanitarias al resto de las
comunidades autónomas que están pendientes de ello al final de esta
legislatura o al inicio de la siguiente.
También hay que tener en cuenta, dentro de lo que es el producto interior
bruto, desde el punto de vista económico, lo que nuestro país dedica a la
sanidad, tanto pública como privada. Podríamos decir que está en torno al
7 por ciento, entre el 7,1 y el 7,3. Hay que reconocer que esta cifra es
inferior a la media comunitaria, pero también que es ajustable al nivel
de renta de la sociedad española. Y cuando entramos de lleno en lo que es
la estructura del sistema sanitario, hay que hacer referencia a lo que
son los recursos materiales del sistema y a lo que se denomina los
recursos humanos. Como recursos materiales, hay que hacer incidencia en
la red hospitalaria de nuestro país. Seguramente --creo que todos los
Diputados aquí presentes estamos de acuerdo en ello-- hay que decir que
es una red aceptable. Es una red de hospitales públicos que, tanto desde
el punto de vista de la cantidad como de la calidad, ofrece una buena
calidad sanitaria y asistencial.
Hay que hacer referencia, por supuesto, señorías, a los centros de salud
o a los centros de atención primaria. Creemos firmemente que ha mejorado
la calidad asistencial, sobre todo en lo que se refiere al ámbito rural
de nuestro país; que con los centros de salud se ha conseguido una mejor
atención sanitaria por aquello que se denomina puerta de entrada al
sistema, pero también es verdad que todavía no hay un buen nexo de unión
entre lo que es la atención primaria y la atención especializada y que
faltaría completar lo que se denomina el mapa sanitario desde el punto de
vista de la construcción definitiva de los centros.
Hablando de recursos materiales, de lo que es la red hospitalaria y
centros de atención primaria, seguramente está indicado hablar sobre los
desequilibrios o desigualdades que hay en las comunidades autónomas en
cuanto a estos recursos materiales. Voy a poner dos ejemplos que creo que
SS. SS. pueden entender, y me permitirán que aluda a mi Comunidad
Autónoma, Aragón. Dentro de ella, hay desigualdades, por ejemplo, entre
lo que es la oferta sanitaria en la capital de la comunidad autónoma,
Zaragoza, y en mi provincia, Huesca. Incluso estableciendo las
diferencias o desigualdades con otras comunidades autónomas, hay que ver
las diferencias o desigualdades entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y
la Comunidad Autónoma de Aragón. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Estas son algunas de
las cuestiones que nos parece interesante plantear a la hora de hacer la
propuesta de la constitución de esta ponencia.
Hablaba antes de lo que se denomina recursos humanos, que lo constituyen
el personal sanitario y no sanitario de los centros sanitarios.
Fundamentalmente los médicos y el sector de enfermería o diplomados
universitarios son personas de gran formación universitaria, tienen una
excelente formación de posgrado y, con esas formaciones, están preparadas
para una gran organización asistencial y científica, que es lo que
necesitan los ciudadanos desde el punto de vista sanitario. Pero también
me parece oportuno, y quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta
intervención, hacer un canto al sistema MIR, de formación posgraduada
que, sin lugar a dudas, constituye uno de los pilares básicos en los que
se basa la calidad de nuestra sanidad.
Y ya que hablamos de los recursos humanos y de la formación del personal
sanitario, hay que decir que, desde la formación universitaria en las
facultades hasta la dedicación a la investigación que se realiza en los
distintos centros, pasando por la capacidad asistencial y docente del
personal del Sistema Nacional de Salud, el sistema asistencial,
fundamentalmente a partir de los hombres y mujeres que trabajan en
nuestros centros sanitarios, es homologable al del resto de los países de
la Unión Europea. No tenemos en ese aspecto nada que envidiar a ninguno
de ellos.
Teniendo presentes todas las premisas a las que he hecho referencia en
esta primera parte de mi intervención,
hay que prestar atención a algunas de las cuestiones que seguramente
encorsetan nuestro sistema. Hay que tener en cuenta que tenemos una
situación general de recursos limitados; hay que tener en cuenta, y es
una de las pautas de política sanitaria, que en el momento en que hay
oferta asistencial aumenta la demanda por parte de los ciudadanos, y es
evidente que, ante la aparición de nuevas tecnologías, de los avances
científicos y, por supuesto, de los cambios sociales que se están
produciendo en nuestro país, por las mejores expectativas de vida de los
ciudadanos españoles, se origina un importante incremento del gasto
sanitario. Es ahí donde nosotros creemos que los poderes públicos, los
responsables políticos tienen que ser conscientes de los problemas de
nuestra sanidad y poner los mejores medios posibles para dar la adecuada
solución y, como decía al principio, mantener las conquistas sociales
alcanzadas por nuestra sociedad. Si SS. SS. me lo permiten, yo diría que
la responsabilidad de los poderes públicos es hacer un tratamiento
preventivo, en lugar de curativo, de la sanidad pública, la sanidad en
general, en nuestro país.
Sin embargo, también saben las señoras y señores Diputados de la Cámara
que, para cualquier cosa sobre la que se quiere actuar, es necesario
conocer las causas que la motivan. Cualquier médico sabe que para poner
tratamiento a un proceso es necesario conocer la etiología y diagnosticar
para, luego, llevar a cabo ese tratamiento.
Me parece oportuno trasladar a la Cámara estos fundamentos sanitarios o
médicos, por lo que seguramente es importante que repase aquellas
deficiencias sobre las que nosotros consideramos que hay que actuar
cuanto antes. Nosotros pensamos que, desde el punto de vista de la
gestión, el sistema sanitario es rígido y burocrático, resulta difícil
atender a las demandas de los ciudadanos con respuestas rápidas y con la
calidad requerida por parte de éstos; en los equipos directivos la
responsabilidad de gestión queda diluida por lo que diríamos que es el
exceso de centralismo y rigidez del sistema; no hay posibilidad de
autonomía, tanto para los gestores como para los directores de los
centros sanitarios, desde el punto de vista de lo que es fijar los
objetivos y para ello establecer los presupuestos que hagan factible el
alcance de esos objetivos. No existe delegación de responsabilidades en
el momento actual. Podríamos decir que no existe una visión global a la
que pudiéramos denominar visión gestora al establecer la relación entre
la prestación sanitaria y el coste del servicio.
Yo creo, y todos estarán de acuerdo conmigo, que han pasado los tiempos
en los que se decía que no hay límites al gasto sanitario. Esas son
algunas de las cuestiones que nosotros planteamos desde el punto de vista
de la gestión y creemos que es acuciante actuar sobre ellas.
Hablaba antes del personal sanitario y del no sanitario, pero sobre todo
me van a permitir que haga referencia a los médicos y al sector de la
enfermería. Decíamos que tienen un buen nivel de formación, una buena
capacidad de trabajo, que realmente prestan una asistencia de calidad,
trabajan bien y cumplen con sus obligaciones, pero ahí queda. A mí me
parece que el personal sanitario está falto de motivación y de
incentivación en su labor diaria, no se han establecido desde las
responsabilidades públicas y administrativas del sistema sanitario los
mecanismos compensadores, que pueden ser diferentes, ya sean
profesionales, científicos, económicos, o de cualquier otro tipo que en
cualquier momento sean necesarios. Los profesionales sanitarios, en
resumidas cuentas, no participan de los objetivos de los servicios en los
que ellos están encuadrados, no participan en el sistema, y nosotros
consideramos que es fundamental que este personal sanitario asuma la
responsabilidad que debe asumir como protagonista activo de la sanidad
pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego vaya concluyendo.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente, concluyo en un minuto.
Habría que decir que los que sufren las consecuencias del déficit de una
gestión que no nos parece la más adecuada, de que el personal no
participe en el sistema, son los ciudadanos del Estado español. La
organización y gestión del sistema y la disminución de los profesionales
dan lugar a esos problemas conocidos por todos, las denostadas y largas
listas de espera, las dificultades en la libre elección de médico y
centro sanitario, pasando por la necesidad de un trato más personalizado
del enfermo, por el intento de mejorar la información del usuario y
facilitar la entrada al sistema sanitario. Esas serían las consecuencias
de los dos temas de los que he hablado anteriormente, si bien es verdad,
y me gustaría dejarlo claro en esta sesión, que he querido plantear esto
como una descripción fotográfica de lo que es la realidad sanitaria, no
como una crítica al sistema, porque este Diputado que está en el uso de
la palabra es un convencido, un defensor del sistema público, y los
planteamientos que nosotros hacemos aquí no solamente son porque nosotros
lo digamos, sino que se basan en el estudio de expertos sobre política
sanitaria.
También somos conscientes de que, a pesar de la buena voluntad de las
administraciones anteriores, ante las dificultades que han tenido, ante
el recorte de recursos al que han tenido que hacer frente, ha sido casi
imposible solucionar los problemas sanitarios a los que me refería antes.
Por todo eso nosotros planteamos la necesidad de hacer más eficiente el
sector público y aprovechar todos los recursos sanitarios de nuestro
país.
Por todo lo indicado, señoras y señores Diputados, el Grupo Popular
presenta esta ponencia como el marco
idóneo para arbitrar las soluciones que hagan viable y más moderno el
sistema sanitario.
Hemos expuesto algunos de los problemas, sin entrar en este momento en
las soluciones, que las dejamos para el contexto y para el marco de la
ponencia, porque creemos que la sanidad y la salud de los ciudadanos
españoles no debe ser cuestión de un partido o de un programa electoral.
Nos parece que el marco de la ponencia es el marco idóneo para que todos
los grupos de esta Cámara aporten las propuestas que consideren más
convenientes.
También es evidente que no somos el primer país de nuestro entorno de la
Unión Europea que hace frente a las reformas de su sistema sanitario.
Otros países de la Unión ya lo han hecho. Y yo creo que los estudios y
experiencias realizados por esos países pueden ser muy útiles para
nosotros para llevar a cabo las propuestas de resolución en nuestro
ámbito sanitario. Incluso yo diría más, sin salir de nuestro país, en
algunas comunidades autónomas, ya se han planteado propuestas de reforma
sobre el sistema sanitario. Seguramente todos conocerán las propuestas
que se han realizado en Cataluña, en Euskadi, en Galicia o en Andalucía,
donde se ha intentado mejorar la utilización de los recursos sanitarios,
mejorar la gestión sanitaria o separar aquello que se considera
planificación de la provisión de los servicios sanitarios.
Señor Presidente, y termino, también quería hacer alusión a algo más
lejos en el tiempo. Hace seis años aproximadamente se aprobó en esta
Cámara una proposición no de ley un poco en la misma línea de lo que
ahora se plantea. Como la mayoría de ustedes conocen, me estoy refiriendo
a la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, que
bien puede ser, por otra parte...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego concluya.
El señor VILLALON RICO: Ya termino, señor Presidente.
La Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, como
decía, puede ser un importante documento para los trabajos de esa
ponencia.
Hay que reconocer, y seguramente ese trabajo puede tener muchos defectos,
que fue un trabajo serio, riguroso, con ciertas expectativas en su
momento. Pero también en el debate de aquella proposición no de ley
nosotros decíamos que tenía un fallo, que era que aquella comisión que se
constituyó en su momento, la conocida comisión Abril, no tenía el soporte
parlamentario, no tenía el apoyo político. Esa es la diferencia entre lo
planteado hace seis años y lo que nosotros planteamos en el momento
actual.
Ya para terminar, señor Presidente, desde el Grupo Popular somos
realistas con lo que es, valga la redundancia, la realidad sanitaria
española. Creemos que no tenemos la varita mágica para solucionar los
problemas sanitarios de nuestro país. Por eso hacemos hincapié en la
constitución de esta ponencia en el ámbito de la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Tenemos que decir que el espíritu que anida en nosotros es el espíritu de
acuerdo y participación existente en el ya conocido Pacto de Toledo
cuando se hablaba de los temas de la Seguridad Social, espíritu que
consideramos que debería ser el denominador común para las políticas de
ámbito social, para las políticas que afectan a la gran cantidad de los
ciudadanos españoles.
Me gustaría decir asimismo, señor Presidente, que, de la misma forma que
en defensa y en política exterior se habla de política de Estado,
seguramente estaría indicado hablar en sanidad de una política de Estado
si entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara llegamos a
acuerdos en la ponencia que hemos propuesto.
Nada más, señor Presidente. Solamente quiero solicitar el apoyo a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, para que salga
adelante y se constituya la ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad
y consumo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas Gracias,
señor Villalón.
En nombre del Grupo Socialista, para la defensa de la enmienda de
sustitución presentada, tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, señorías, voy a hacer uso de
la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una
enmienda de sustitución al texto presentado en la proposición no de ley
que acaba de defender el Diputado señor Villalón.
Con brevedad, pero también haciendo referencia a los extremos que nos
parecen fundamentales al plantear esta iniciativa el Grupo Parlamentario
Popular, quiero expresar, en primer lugar, la disposición de mi grupo
para constituir una ponencia en esta Cámara que aborde la discusión del
problema sanitario desde el respeto, la afirmación y la ratificación de
los principios que fundamentan el Sistema Nacional de Salud vigente hoy
en España, al que ha hecho referencia el señor Villalón. Yo quiero
agradecerle las referencias que ha hecho al Sistema Nacional de Salud y
lo quiero hacer en la medida en que es un sistema creado por la Ley
General de Sanidad del año 1986, como todos ustedes saben, y que
constituye una conquista, sí, de toda la sociedad, pero a la que ha
contribuido, me parece, de manera decisiva el Gobierno anterior, el
Gobierno socialista.
En esa medida, la ponderación, la objetividad con la que el señor
Villalón ha hecho un repaso de cuál es la realidad del sistema sanitario
hoy en este país, quiero ponerla de manifiesto porque no siempre se ha
hecho
así y no siempre hemos oído ese reconocimiento por parte del Grupo
Popular.
La enmienda de sustitución que voy a defender parte de la aceptación de
esa ponencia, del planteamiento que el Grupo Popular acaba de hacer sobre
la necesidad de que la política sanitaria constituya una cuestión de
Estado y que intentemos el acuerdo de todos los grupos políticos para
preservar, defender, y mejorar un sistema sanitario que debe estar fuera
de la dialéctica política, porque los valores que representa hoy para la
sociedad española deben estar por encima de argumentos coyunturales de
estrategia política.
Desde esa perspectiva la constitución de la ponencia es importante y el
Grupo Socialista se va a unir a dicha constitución, eso sí, clarificando
algunas cuestiones. Nos parece importante hacerlo, señores del Grupo
Popular, por varias razones. La primera, porque hay distintos ámbitos de
problemas sanitarios, algunos de los cuales constituyen la
responsabilidad directa del Gobierno. Cuando el portavoz del Grupo
Popular hace referencia a cuestiones de gestión, está haciendo referencia
a lo que constituye la responsabilidad de la decisión política que asume
el Gobierno. No creo que esté en el ánimo de esta ponencia trasladar a
sede parlamentaria lo que constituye una responsabilidad de Gobierno.
Por tanto, lo que vamos a debatir aquí y lo que vamos a intentar acordar
entre todos los grupos políticos es --y esa es la propuesta de nuestra
enmienda-- seguir avanzando en la consolidación del Sistema Nacional de
Salud; seguir avanzando en la consolidación de un modelo sanitario que no
sólo constituye la mejor forma de organizar la protección de la salud de
los ciudadanos, sino que hoy en la sociedad española representa algo más.
Ha rebasado el ámbito sanitario para constituir, como el señor Villalón
ha dicho, un instrumento fundamental de cohesión social.
El sistema sanitario público en España constituye uno de los instrumentos
más importantes que han hecho avanzar a esta sociedad en cohesión, en
seguridad, en bienestar y en paz social. Por eso nos parece que la
primera afirmación que hay que hacer con rotundidad y con convicción, y
ojalá con el apoyo unánime de esta Cámara, es la de que queremos seguir
avanzando en la consolidación de este modelo, y queremos hacerlo
estudiando cuantas medidas sean oportunas y recomendables para garantizar
dos cosas fundamentales a las que se ha hecho referencia, y que yo creo
engloban los problemas que preocupan hoy a todos los responsables
sanitarios. La primera es garantizar para el sistema sanitario un marco
financiero estable. El funcionamiento del sistema sanitario debe
sustraerse del debate coyuntural anual presupuestario. Debe dotarse al
sistema sanitario público de un sistema de financiación estable y
conocido, que permita planificar y garantizar la asistencia que los
ciudadanos exigen.
Modernizar el sistema sanitario es una labor en la que todos, no tengo
ninguna duda, estamos interesados. Mejorar su funcionamiento, mejorar el
acceso de los ciudadanos, mejorar la participación de los ciudadanos en
el sistema no sólo eligiendo servicios sanitarios, sino también
aumentando su participación en los órganos de decisión, seguir luchando
contra las desigualdades en salud, seguir haciendo cada vez más accesible
y más equitativo el sistema sanitario, son mejoras del sistema sanitario
público en las que todos estamos interesados y en las que estoy segura
todos vamos a contribuir aportando nuestras reflexiones. Pero todo ello
debe hacerse, señorías, con la estricta sujeción y el debido
reconocimiento de los principios que inspiran el sistema sanitario. El
principio de universalidad, de acceso universal, el principio de equidad
en el acceso.
La enmienda de sustitución que defiendo en este momento ante esta Cámara
viene a hacer una declaración expresa de que la ponencia que estamos de
acuerdo en constituir en el seno de la Comisión de Sanidad para el
estudio del sistema sanitario, quiere avanzar en la consolidación del
Sistema Nacional de Salud, estudiar las medidas más oportunas que
garanticen una mejora en su funcionamiento, para que le doten de un
modelo financiero estable, como el que tenemos en este momento con
vigencia de cuatro años (en cuanto a la estabilidad), manteniendo los
principios que lo inspiran.
La sanidad, señoras y señores Diputados, es como la educación, como las
pensiones, un elemento esencial en una política de protección social, que
es la que ha defendido y va a seguir defendiendo el Grupo Socialista. Esa
es la política que nos ha permitido avanzar como sociedad en estabilidad,
en riqueza, en cohesión y en seguridad. El sistema sanitario público ha
hecho hoy de la salud el valor más democrático de cuantos existen. Porque
hoy en España, ante un problema de salud, todos tenemos las mismas
oportunidades. Y nada menos que esto es lo que va a seguir defendiendo el
Grupo Parlamentario Socialista, también desde esta ponencia, que espero
se constituya con la enmienda que he tenido el honor de defender.
Muchas gracias señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Bloque
Nacionalista Galego respecto a la proposición no de ley sobre creación de
una ponencia de estudio de las reformas sanitarias. El portavoz del
Partido Popular hizo un diagnóstico sobre la situación sanitaria, hizo
una profesión de fe del sistema sanitario público, en lo que, en
principio, estamos de acuerdo, pero lo curioso es que deja para la
discusión en ponencia las propuestas concretas sobre este tema.
En primer lugar, quisiera decir que vamos a apoyar la constitución de
esta ponencia. Siempre conviene discutir sobre estos temas, pero en el
mismo texto que sustenta o hace de prólogo de la proposición no de ley,
el Partido Popular de alguna manera da a entender cuáles son sus
intenciones respecto a qué debe abordar esa ponencia y qué fines quiere
conseguir. Yo creo que cuando expresa que se trata de conseguir una
sanidad pública y privada más eficiente, cuando nos habla de aprovechar
mejor todos los recursos sanitarios del país, en fin, cuando nos habla de
estas cuestiones, en esencia lo que nos está planteando no es tanto la
consolidación del sistema nacional público de salud, sino introducir
mecanismos de privatización en el sistema sanitario, avanzar en la
privatización de este sistema, aunque, efectivamente, tal como están las
cosas en el país en general, es muy difícil expresar esto con esta
nitidez, y a cambio de esto se utilizan diversos subterfugios que, en
realidad, nos quieren conducir a este tipo de cuestiones.
Por otro lado, parece que se trata de conectar los dispositivos
asistenciales, sanitarios y sociales, sobre los que el señor Ministro ya
tiene experiencia; por lo tanto, no le voy a discutir semejante cuestión.
Pero por decirlo ya brevemente y para finalizar, nosotros vamos a
defender el sistema sanitario público con todas aquellas reformas que
sean precisas para su mejor funcionamiento y, desde luego, nos vamos a
oponer a los intentos privatizadores si se plantean, tanto abiertamente
como por la puerta falsa. Estamos convencidos de que la creación de un
sistema de salud público costó un esfuerzo a muchas generaciones de
trabajadores, y los sistemas de salud privados, a pesar de los cánticos
que se nos hacen sobre su eficiencia, no tienen demostrado, ni aquí ni en
otro lugar del mundo, que sean capaces de dar la misma o una calidad
asistencial parecida a las que da el sistema sanitario público. Por
tanto, nos opondremos a todo intento privatizador; defenderemos,
obviamente, el sistema sanitario público, y respecto a las reformas para
su mejor funcionamiento, apoyaremos todas las que sean necesarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco quiero manifestar nuestra opinión favorable a la toma
en consideración de la proposición no de ley y también a la aceptación de
la enmienda tan brillantemente explicada por la señora Amador.
Nuestro grupo parlamentario entiende muy pertinente organizar algo como
lo que se articuló en la legislatura pasada en relación al sistema
público de pensiones, entre otras cosas, señor Presidente, porque ya en
las resoluciones del denominado Pacto de Toledo se consignan aspectos o
propuestas de actuación que afectan al sistema público o al sistema
nacional de salud. Cuando se habla en el Pacto de Toledo, por ejemplo, de
la necesidad de clarificar los flujos financieros diferenciando la parte
contributiva del sistema público de Seguridad Social, que se tendría que
financiar con exacciones parafiscales con cuotas de la parte no
contributiva, que se tendría que financiar con impuestos o con
presupuestos públicos, estamos hablando de algo que afecta también al
sistema nacional de salud. Cuando se habla de la necesidad de
complementariedad entre los regímenes privados y públicos o los sistemas
privados y públicos en este caso, también indirecta o parcialmente se
está hablando de aspectos que afectan al sistema sanitario. Cuando se
habla de la superación del anacrónico seguro de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, también estamos hablando de la sanidad. Luego ya
el Pacto de Toledo tiene referencias inequívocas al sistema sanitario.
Pero sobre todo a lo que tenemos que comprometernos todos los grupos
parlamentarios --y me gustaría enfatizar la expresión todos, señor
Presidente-- es a poder garantizar requerimientos que son de origen
constitucional, como el consignado por el artículo 43 de la Constitución
en relación al derecho que proclama, a la salud pública y el propio
artículo 41 que consagra el derecho de todos los ciudadanos a obtener una
protección suficiente ante cualquier situación de necesidad.
Indirectamente se establece o se puede interpretar que es un sentido de
seguridad amplio, que afecta también al sistema sanitario, el que
consagra el artículo 41 de la Constitución.
Otras muchas cuestiones, señor Presidente, que subyacen en el debate
político sanitario de este Estado, cuestiones no baladíes, cuestiones muy
importantes: la mejora de la eficiencia del sistema público y del sistema
privado; la participación de particulares en la gestión del Sistema
Nacional de Salud; la participación de los ciudadanos como digo, señor
Presidente; la necesidad de descentralizar y mejorar la gestión de las
instituciones sanitarias. Los aspectos financieros, señor Ministro, que
es uno de los debates más relevantes que vamos a tener que afrontar en
esta legislatura, en virtud de propuestas que ustedes han hecho durante
la campaña electoral y posteriormente, tras su toma de posesión como
Ministro, así como que tenemos que tratar de conseguir, mediante
consensos políticos suficientes y si fuera posible por la unanimidad de
los grupos representados en estas Cámaras, que el presupuesto sanitario
se incremente de forma armónica al crecimiento nominal de la economía.
El volumen de la deuda sanitaria, señor Ministro. Tenemos que ponernos de
acuerdo en analizar qué sistemas vamos a articular para poder aflorar la
deuda
sanitaria. Primero, conocer cuál es su volumen, porque se especula mucho
sobre el volumen de la deuda sanitaria, pero no se conoce
específicamente, de forma concreta. Se habla de cifras tan separadas o
alejadas entre sí como los 60.000 millones hasta los 165.000 millones con
los que especulan los más pesimistas en este tipo de reflexiones.
Las actuaciones previstas para reducir radicalmente la actual demora en
los pagos. Hay comunidades autónomas, señor Ministro --y esto es
absolutamente inadmisible--, que tardan todavía más de un año, hasta 545
días, en pagar las deudas que asume o que debe afrontar el sistema
sanitario. La media del Estado es de 265 días. Es una cifra muy
voluminosa que tenemos que afrontar.
El régimen de personal, señor Ministro, también requiere consensos
parlamentarios y políticos muy amplios. La laboralización prometida o
indicada por usted, ¿en qué términos se va a producir? ¿Con qué consensos
cuenta usted para acometer esta laboralización? ¿Cómo quedarían algunos
aspectos que están definidos estatutariamente en relación a los médicos,
como la propia naturaleza jurídica del acto médico, las propias
relaciones con el enfermo, etcétera?
Las listas de espera, otro de los grandes debates y otro de los temas que
se tienen que afrontar en estos trabajos de la ponencia que vamos a
constituir. Incluso la metodología para la cuantificación o para la
determinación de las listas de espera. Existen metodologías de trabajo en
relación a las listas de espera muy diferentes, desde las que existen en
el Gobierno vasco, que se nos antojan más eficaces, señor Ministro, como
es computar la lista de espera desde el momento del diagnóstico hasta el
momento de la operación, hasta las que seguía hasta el presente el
Ministerio estableciendo sistemas o períodos de carencia que no servían
para una evaluación eficaz o suficiente de la real entidad del problema
de las listas de espera. ¿Cómo vamos a reducir las listas de espera? Hay
varios procedimientos. Tendremos que consensuar también cuál de ellos se
sigue o cómo se conjuntan o armonizan los tres que se conocen en este
momento, es decir, la contratación de nuevos profesionales, o la
partición del actual horario continuado o mediante la ampliación
voluntaria de la jornada habitual. Algo parecido a lo que se ha hecho ya
en el Gobierno vasco también a través del decreto de autoconcertación. Si
esta concertación va a tener medios o consignaciones presupuestarias
suficientes, si va a ser consensuada no sólo políticamente sino también
con los profesionales; si esta concertación va a suponer la concesión al
personal de excedencias en su actual régimen, o en este momento en su
situación estatutaria, o si su vinculación adopta otra figura contractual
diferente a la estatutaria.
La política farmacéutica, señor Ministro, otro de los grandes temas de
debate. ¿Cómo vamos a lograr la contención del gasto sanitario? ¿Vamos a
afrontar o vamos a poder consensuar entre todos los grupos parlamentarios
la supresión en el vademécum financiado por el Sistema Nacional de Salud
de medicamentos de dudosa eficacia terapéutica? ¿Vamos a poder aprobar,
por fin, el decreto o la normativa relativa a la política de genéricos?
¿Vamos a poder aprobar o consensuar los criterios de articulación de la
normativa de actuaciones sobre distribución y dispensación, en
definitiva, el decreto regulador de márgenes?
El problema de la no congruencia o de la no armonía. Un problema muy
preocupante, señor Ministro, entre los licenciados y los licenciados
desempleados, que pueden ser más de 30.000 en el año 2005. El número de
facultades existentes, la falta de numerus clausus suficientemente
eficiente a través de la aplicación de normas de autonomía universitaria
y requerimientos profesionales del Sistema Nacional de Salud. Estamos
ante un problema social que va a adquirir una dimensión verdaderamente
preocupante, verdaderamente abrumadora; también tendremos que consensuar
esto. La participación de los profesionales en la gestión, sobre qué base
se va a soportar, también es una cuestión que debe consensuar este
Parlamento. El papel del usuario, lo que usted ha comentado, lo que usted
ha prometido, señor Ministro, de que el gasto tiene que seguir al
paciente, solucionar el viejo problema que tantas tensiones
presupuestarias y financieras están provocando en los desplazados que
necesitan asistencia hospitalaria. La carrera profesional es otro
problema.
En fin, señor Presidente, y con esto acabo, porque había prometido
brevedad en la parte preambular de mi intervención. Son múltiples los
problemas que afectan al Sistema Nacional de Salud; son múltiples los
problemas que deberíamos intentar consensuar, como se ha hecho con el
Pacto de Toledo, en una situación política mucho más crispada que la
actual. Estamos en una situación, en una coyuntura política
razonablemente favorable para consensos de esta naturaleza y la
aprobación de esta ponencia, si los trabajos tienen el suficiente
consenso y permiten llegar a suficientes principios de solución de los
problemas citados, nos permitirá articular la auténtica relevancia que la
política sanitaria, la política de la salud tiene que tener en cualquier
Estado democrático y en cualquier Estado progresista.
Por estas razones, señor Presidente, votaremos que sí a la proposición
presentada por el Partido Popular; votaremos que sí a la enmienda que
perfila mejor los objetivos del trabajo de esta ponencia, y nos gustaría
que todos los grupos parlamentarios con presencia en esta Cámara
demuestren el mismo espíritu de flexibilidad que con esta posición
demuestra mi grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Olabarría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como se ha visto, ninguno de los grupos que componemos el arco
parlamentario hasta ahora ha cuestionado o ha puesto en duda las bondades
de uno de los principales logros de la sociedad del bienestar: un sistema
sanitario público financiado y planificado públicamente, de carácter
universal y que prioriza la equidad.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) apuesta con toda rotundidad por
mantener los beneficios de una sanidad universal de alta calidad, que
contemple la educación sanitaria, la prevención de la enfermedad, la
asistencia, la rehabilitación, la investigación y la docencia. Un sistema
sanitario que en su conjunto ha de garantizar la cobertura de las
prestaciones sanitarias en un marco de suficiencia y equidad y que sea
capaz, al mismo tiempo, de proporcionar un alto grado de satisfacción a
los usuarios del sistema porque, como alguien dijo, no hay enfermedades
sino enfermos.
En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, que como SS. SS. saben tiene
transferidas las competencias del Insalud, ha trabajado intensamente en
la consecución de este modelo de sanidad de alta calidad y atención a los
ciudadanos. Parece que el modelo sanitario catalán de gestión es bien
valorado en el conjunto del Estado. Estos días, distintos medios de
comunicación se han hecho eco de las declaraciones del Ministro de
Sanidad, señor Romay, en el sentido de que quiere extender al Insalud el
modelo catalán. También es justo reconocer que la gestión de la anterior
Ministra de Sanidad, doña Angeles Amador, estuvo basada en criterios
profesionales que mejoraron los logros de sus antecesores. También lo es
afirmar, no obstante, que el acuerdo suscrito entre el Gobierno central y
las comunidades autónomas a finales de 1994, que modificó el sistema de
financiación de la sanidad pública e introdujo diversas mejoras, sigue
resultando a todas luces insuficiente.
Seguimos con grandes problemas, muchos de los cuales no son producto de
opciones ideológicas sino de factores externos que propician un
crecimiento muy importante de la utilización de los servicios sanitarios.
Todo parece señalar que el crecimiento del gasto sanitario en sí mismo no
tiene límite.
La reducción del gasto público, motivada por las exigencias de
convergencia europea, ha llevado a las comunidades autónomas a una
difícil situación financiera. Excepto en aquellos supuestos en que los
porcentajes de participación son crecientes en el tiempo, la adaptación
del gasto sanitario al crecimiento del PIB no ha sido posible y está
colocando a los servicios de salud autonómicos en una situación de
extrema gravedad.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán reiteradamente estamos reivindicando
una financiación sanitaria acorde con el gasto real, con trato
igualitario para las comunidades autónomas en relación con el territorio
Insalud. Este organismo, a partir de cuyo presupuesto se calcula la
financiación de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas con
la sanidad transferida, ha presentado una desviación en su liquidación
presupuestaria que ha superado una media del 12 por ciento anual en los
últimos diez años. Cataluña ha tenido que ralentizar numerosos proyectos
como, por ejemplo, la reforma de atención primaria de salud que hasta hoy
ha podido implantarse en el 60 por ciento.
Estas consideraciones y muchas más que podríamos esgrimir nos llevan a
afirmar que es indispensable, para no retroceder en ninguno de los
avances conseguidos hasta ahora, establecer unas nuevas reglas de juego
pactadas en todo el Estado.
El Presidente del Gobierno, señor Aznar, en su discurso de investidura,
como también ha recordado el portavoz del Partido Popular, habló de
alcanzar un gran pacto estatal sanitario al estilo del conseguido sobre
las pensiones con el Pacto de Toledo. Nos congratulamos de que haya
coincidencia en este punto. Este pacto, a nuestro entender, deberá tener
en cuenta diversos factores, pero inexcusablemente tres cuestiones que
son esenciales. En primer lugar, y como tema principal que debe
resolverse, debe definirse una fórmula definitiva de financiación real y
suficiente que, manteniendo la equidad y la necesaria solidaridad, tenga
en cuenta determinados aspectos, como el envejecimiento de la población
según áreas geográficas o, por ejemplo, el gasto producido por enfermos
procedentes de otras comunidades autónomas.
En segundo lugar, es preciso establecer un catálogo de prestaciones que
acuerde y dé prioridad a los servicios y tratamientos que debe prestar el
sistema público, con el objetivo de encauzar la imparable tendencia de
crecimiento rápido del gasto, motivado principalmente por las mayores
expectativas de vida de la población, la introducción de nuevas
tecnologías y la mayor intensidad de recursos aplicados a determinadas
patologías que son muy complejas.
Por último, deberán reformarse las estructuras más arcaicas de la oferta
sanitaria pública, lo que implicará la transformación a fondo del
Insalud.
Es preciso que todos los agentes implicados en el sector sanitario den el
golpe de timón necesario para garantizar que la sanidad cubrirá con
recursos suficientes una asistencia de calidad para las necesidades de
los ciudadanos. No caben soluciones individuales cuando el problema
afecta a todo el Estado.
Termino, señor Presidente. Por los motivos expuestos nuestro grupo
parlamentario considera muy conveniente la creación de la ponencia a que
se refiere esta proposición no de ley. Por lo tanto, votará
favorablemente a la iniciativa de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra
la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, evidentemente es muy difícil, por no decir imposible, desde el
sentido común y la responsabilidad política más elemental votar en contra
de la creación de una ponencia que permite debatir y, en su caso,
encontrar los consensos necesarios para mejorar el sistema sanitario
público. No obstante también es cierto que ningún debate parlamentario se
produce ex novo. Hay historias previas, hay discursos políticos, hay
situaciones en el mundo, y sobre todo en el marco europeo, que tienen una
determinada dirección muy clara, que se llama privatización del sistema
sanitario público. De todos son conocidas las propuestas del Gobierno
inglés, presidido por la señora Thatcher, en que los objetivos
fundamentales para la puesta en marcha de una ponencia semejante, de un
consenso parlamentario semejante, se referían a lo siguiente: crear las
condiciones para introducir el mercado y la competencia en el sector,
disminuir el sistema público e incrementar el sector privado y romper el
modelo de aseguramiento basado en el servicio nacional de salud.
El señor Villalón ha hecho referencia al precedente de esta ponencia, sin
ninguna duda el informe Abril Martorell, un informe que si bien no tenía
sede parlamentaria, se constituyó en función de criterios absolutamente
semejantes a los que se han planteado aquí; criterios que dieron origen
--lo recuerdo-- a una amenaza de huelga general y a amenazas de huelga de
hambre por parte de las federaciones y asociaciones de jubilados y
pensionistas, dada la enorme agresión que para los intereses de las
mayorías de las clases populares suponían determinadas propuestas. He
oído renegar de dicho informe Abril Martorell a miembros destacados del
Grupo Popular e incluso del Grupo Socialista, que lo apoyó con su voto en
este Pleno del Congreso, y al final nadie quería saber nada del informe.
No obstante, dicho informe ha avanzado muchísimo. Los gobiernos del PSOE
habidos desde el año 1991 han avanzado fundamentalmente en la puesta en
marcha de las medidas de gestión aconsejadas por el informe Abril
Martorell, que iban encaminadas a preparar el sistema sanitario público
para que pudieran llevarse a cabo medidas como las que va a poner en
marcha el Grupo Popular.
Ha avanzado en comunidades autónomas muy concretas. En Cataluña, 36 de
las 64 recomendaciones del informe Abril Martorell están en marcha, y,
desde luego, no aquellas que hablaban del desarrollo de la sanidad
pública, de la epidemiología, de la educación para la salud, sino todas
aquellas que tienen que ver con la introducción de criterios de gestión
privada en la sanidad pública. El Gobierno PSOE que apoyó la creación del
informe Abril Martorell ha dado pasos importantísimos en las medidas
privatizadoras, pasos tan radicales y tan importantes como el Real
Decreto de 1991 por el que se separaba la financiación pública del
sistema de su gestión pública o privada, con la ingenua idea --por
decirlo de alguna manera-- de que manteniendo la financiación pública del
sistema, se mantenía su carácter público. Yo les pregunto, señorías, en
qué se diferencian las pesetas públicas de las privadas. La diferencia no
está en el origen del gasto, sino en la titularidad y sobre todo en los
criterios de gestión con los que se lleva a cabo. El Gobierno PSOE ha
puesto en marcha medidas que les relato con toda rapidez, pero que son
mecanismos de gestión empresarial de la sanidad pública, como, por
ejemplo, los grupos de diagnóstico, el coste por proceso, el acuerdo
cooperativo, la cartera de servicios y la cartilla sanitaria individual.
Todo ello se ha realizado en un marco de restricción de presupuestos, de
disminución importantísima de inversiones, tanto nuevas como de
reposición.
Ha habido experiencias concretas en comunidades autónomas. He empezado
hablando de Cataluña. En Cataluña se han puesto en marcha empresas
privadas para la gestión autónoma de centros de salud y de hospitales
para acabar con el monopolio del Instituto Catalán de la Salud. Sin
embargo, la lógica del mercado lleva a que la eficacia esté directamente
vinculada a la integración de servicios y que, por lo tanto, se hayan ido
creando consorcios que pretendían integrar la gestión de todos los
servicios de atención primaria y de hospitales de un área de cara a
monopolizar cuota de mercado y a negociar con el Instituto Catalán de la
Salud en mejores condiciones. En definitiva, un modelo integrado, al
igual que el público, pero esta vez en manos privadas.
Señorías, ha habido datos muy curiosos que no me resisto a mencionar por
lo menos a aquellos de ustedes interesados en el tema. Producto quizá de
la eficacia de los equipos de atención primaria o de las medidas de
control del gasto que se han impuesto sobre ellos, se ha producido en los
últimos años una reducción muy importante en Cataluña de la derivación a
hospitales a partir de centros de atención primaria, hasta en un 37 por
ciento en los últimos cinco años. La reacción de los hospitales ha sido
un incremento espectacular de las segundas visitas decididas por los
hospitales, en un 63,8 por ciento, de manera que se mantuvieran tasas de
actividad y de productividad muy altas. Es decir, el supuesto ahorro en
la derivación que se hubiera podido conseguir a partir de la atención
primaria ha sido enjugado en función de criterios de beneficio y de
productividad por parte de las empresas privadas. Finalmente, quiero
señalar el déficit del Instituto Catalán de la Salud con este modelo,
130.000 millones de pesetas, al que hay que añadir 96.400 millones de
pesetas en el sector concertado. Es decir, se privatiza la gestión de la
sanidad pública, pero, para terminar con Cataluña, se enjuga desde lo
público la crisis y la deuda de lo privado. Ahí están las sustanciosas
ayudas planteadas desde los servicios catalanes de salud a un hospital
privado en crisis como el Hospital General de Cataluña.
Sin embargo, señor Romay, señor Ministro, las medidas en Galicia creo que
son las que en estos momentos nos dan la pauta para identificar qué
propuestas
son las que se están barajando, las que se piensan trasladar en función
de la supuesta eficacia gestora del señor Romay al conjunto del país, y,
mas allá de eso, cuál es la estrategia concreta con la que se plantean.
En Galicia se ha presentado una propuesta que se intentó por parte del
Ministro García Valverde, la constitución de los servicios sanitarios
públicos como entes públicos de derecho privado. Eso ya se ha planteado
en Galicia, pese a que la propuesta del señor García Valverde se detuvo
en el Consejo de Estado en función del criterio de que el Gobierno no
podía actuar para trasladar al ámbito de lo privado servicios sanitarios
de los cuales no era totalmente propietario, ya que habían sido
construidos, como ha recordado el señor Diputado del Bloque Nacionalista
Galego, en una buena parte con las cotizaciones de empresarios y
trabajadores. En Galicia se han constituido empresas públicas sometidas
al derecho privado para la gestión de alta tecnología de hospitales
públicos con el mismo criterio que se está utilizando en las actividades
productivas; es decir, se privatiza lo rentable, aquello que es capaz de
dar más beneficios. Se ha planteado hasta la privatización de la gestión
del archivo de historias clínicas del Hospital Juan Canalejo, con lo cual
no solamente se excluye la posibilidad de contar con datos estadísticos
fundamentales para la planificación de servicios sanitarios, sino que,
sin ninguna duda, se pone en grave riesgo la confidencialidad de dichas
historias. En el área sanitaria de Vigo se ha adjudicado a una empresa
privada, Povisa, la asistencia sanitaria de más de 100.000 personas, sin
ninguna duda como una especie de área piloto donde experimentar medidas
privatizadoras.
Se ha planteado la gestión de las listas de espera de una forma sobre la
que yo les aviso, señores del PP. La Ley General de Sanidad habla de que
jamás se transferirán actuaciones sanitarias a centros privados cuando
los servicios sanitarios públicos todavía no estén completamente
utilizados, y en Galicia la gestión de listas de espera se ha trasladado
a hospitales públicos mientras se paralizaban desarrollos de hospitales
públicos como el Hospital Meixoeiro.
En definitiva, se trata de poner en marcha un discurso que a todos
ustedes les sonara, porque está inmerso en la prensa sanitaria y ha
trascendido a los medios de información general, un cambio de contenidos
en las palabras clave en el sistema sanitario por el cual el usuario o el
paciente ha pasado a ser el cliente; en lugar de hablar de uso de
servicios se habla de compra de servicios, en lugar de hablar de
integración se habla de desregulación, en lugar de hablar de cooperación
se habla de competencia, en lugar de hablar de centro asistencial se
cambia el concepto por el de empresa y se cambia el criterio de
información por el de marketing. En definitiva, se asume por parte de los
gestores públicos el dogma de que lo privado es más eficiente, más eficaz
que lo público, cuando en ningún sitio del mundo hay experiencias
contrastadas de la superioridad de lo privado sobre lo público, sobre
todo en servicios públicos como los sanitarios. Existe todo lo contrario.
Existen datos importantísimos que hablan de cómo los sistemas privados
son más costosos, más ineficaces e incrementan de una manera intensísima
las desigualdades.
El sistema privado por excelencia en el mundo es el sistema sanitario de
los Estados Unidos, el más caro del mundo. Un 14 por ciento del producto
interior bruto de los Estados Unidos --no de aquí-- se gasta en servicios
sanitarios. Se ha producido en los últimos años prácticamente una
duplicación del coste de los servicios sanitarios en Estados Unidos, que
han pasado de 248.000 millones de dólares a más de 500.000 millones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, termino.
El sistema sanitario de Estados Unidos es sin duda el más burocratizado
del mundo. Hay 2,7 trabajadores por médico. De ellos, 1,7 son empleados
administrativos que trabajan en la gestión de las facturas y en otras
actividades burocráticas. Por otra parte, cualquiera que siga la prensa
sanitaria puede saber en qué medida se han incrementado los pleitos
judiciales que en estos momentos en Estados Unidos afectan ni más ni
menos que al 37 por ciento de los médicos, y no tiene nada que ver con la
calidad de los profesionales sanitarios en Estados Unidos, sino con
medidas de organización y de gestión que priorizan el ahorro en
detrimento de la calidad de la atención. En definitiva y hablando del
sistema de Estados Unidos, quiero recordarles que, en un sistema con un
gasto tan brutal como al que he hecho referencia, hay 80 millones de
personas en aquel país que carecen de cualquier sistema de aseguramiento
sanitario.
Señorías, señores del PP, Izquierda Unida está dispuesta a hablar del
futuro de la sanidad pública. Es consciente de que el futuro de la
sanidad pública necesita un debate y medidas que sospechamos --el debate
en la ponencia permitirá comprobarlo-- van en dirección contraria de
todos aquellos grupos parlamentarios que han aceptado que la disminución
del gasto público en nuestro país, incluso --ojalá no-- los gastos en
servicios sociales como el sistema sanitario, son criterios a los cuales
debe supeditarse cualquier política como la sanitaria.
Nosotros defendemos incrementos muy limitados --eso sí-- en el gasto
sanitario, la integración de todos los centros públicos en una sola red,
el incremento de las actividades de prevención y de promoción de la salud
como eje de funcionamiento del sistema sanitario, el incremento de
inversiones en infraestructuras, la finalización de la red de atención
primaria y una gestión pública del sistema con criterios de rentabilidad
social, a los que debe subordinarse cualquier otro criterio,
incluido el de rentabilidad económica; gestión pública del sistema que sí
que permite la participación de los usuarios, la participación de la
sociedad en la planificación, en la gestión y en la evaluación.
Hay otro criterio importantísimo: la dedicación exclusiva del personal
sanitario. En este momento más del 30 por ciento de los profesionales
sanitarios hacen compatible su trabajo en la sanidad pública y en la
sanidad privada, violando muchas veces la Ley de Incompatibilidades y
siendo uno de los principales elementos de ineficacia de la sanidad
pública, porque sin ninguna duda estos profesionales obtienen el lucro
privado a partir del detrimento de la calidad y de la cantidad de su
dedicación al sistema sanitario público.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino en este momento, señor Presidente.
En cualquier caso quiero terminar, señores del Grupo Parlamentario
Popular, manifestando que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya votará a favor de la creación de la
ponencia, siempre que se acepte la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista, que, en nuestra opinión, limita y matiza necesariamente los
objetivos con los cuales se crea.
También quiero decir, señor Romay, señores que sostienen al Gobierno del
Partido Popular, que desde el Grupo de Izquierda Unida vamos a estar
absolutamente pendientes de las medidas que se tomen en relación con el
sistema sanitario público, que hemos aprendido de una técnica utilizada
en Galicia, por la cual se creaban grandes mesas de debate sobre temas
muy amplios, muy inconcretos, mientras que, de la noche a la mañana, sin
debate parlamentario previo y sin debate social, se tomaban las medidas
fundamentales que planteaba la privatización de los servicios sanitarios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Señor Villalón, a los efectos de expresar la aceptación o rechazo de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
El señor VILLALON RICO: Señor Presidente, muchas gracias.
Quiero decir explícitamente que aceptamos la enmienda del Grupo
Socialista. Por lo tanto, el primer párrafo de la proposición no de ley
es el que propone el Grupo Socialista en el Congreso.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre creación de una ponencia de estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sistema sanitario y garantizar su
viabilidad futura en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 316.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONSTITUCION, EN EL SENO DE LA
COMISION DE POLITICA SOCIAL Y EMPLEO, DE UNA PONENCIA ESPECIAL PARA EL
ESTUDIO DE LA POBREZA EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000020)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Socialista del
Congreso, sobre constitución, en el seno de la Comisión de Política
Social y Empleo, de una ponencia especial para el estudio de la pobreza
en España. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio en beneficio de todos y del transcurso
de un Pleno que tiene en esta sesión un muy apretado orden del día.
Por el grupo parlamentario proponente, para la defensa de la proposición,
tiene la palabra la señora García Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señoras Diputadas, señores Diputados, en la pasada legislatura
el Pleno de esta Cámara debatió y aprobó por unanimidad de todos los
grupos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.
Continúe, señora García Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Recordaba, señorías, que en la pasada
legislatura el Pleno de esta Cámara debatió y aprobó por unanimidad de
todos los grupos una moción que tenía por objeto la constitución de una
ponencia para el estudio de la pobreza, sus causas y consecuencias y
cuyas conclusiones deberían trasladarse al Gobierno a fin de conseguir la
erradicación de la pobreza extrema, de la exclusión social, de la
marginación, de la precariedad social o de cuantas variaciones
conceptuales podamos incluir en el término genérico de pobreza.
Señorías, la pobreza, la marginación, constituye uno de los grandes retos
a los que deben enfrentarse las sociedades
desarrolladas, todas. Para la erradicación de este problema deben
concentrarse todos los esfuerzos y todos los recursos adecuándolos
permanentemente a las nuevas situaciones que se producen como
consecuencia, precisamente, del propio desarrollo. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Hablar de pobreza en nuestro país resulta muy difícil, por el momento
también lo es en esta Cámara. Debatir ante la opinión pública qué hacer
con la pobreza es casi imposible. La exclusión social, la pobreza, la
marginación, son temas malditos que no están habitualmente dentro del
debate público que más interés despierta en nuestra sociedad. La
exclusión, la pobreza extrema, señorías, son realidades que hieren
algunos de los cimientos básicos de la sociedad, y admitir que algunos
miembros de la sociedad queden excluidos a no sobrevivir dignamente, a
estar fuera del juego social, es algo que destruye la base misma de la
cohesión social.
A este problema de fondo común a todas las sociedades se añaden algunos
factores propios de nuestro país. Las últimas dos generaciones de nuestro
país han visto un cambio radical, han visto el paso de una sociedad
rural, atrasada y empobrecida a una sociedad rica, moderna y urbana. Bien
es cierto que en este paso también se han agudizado algunas de las
actitudes más insolidarias que acompañan a estos cambios. Hoy la pobreza
extrema y sobre todo la exclusión social son cada vez menos un residuo
del pasado, son cada vez más una desafortunada consecuencia de la
modernidad, de la competitividad, de la movilidad, en definitiva, de ese
desarrollo que se produce en las sociedades.
Pues bien, en la pasada legislatura, señorías, constituimos la ponencia
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo. Se trabajó desde
un planteamiento abierto y plural, aunque necesariamente concreto, y
desde el consenso, desde el rigor, desde el compromiso de los
parlamentarios en un tema bien pegado a la realidad social, al suelo.
Frecuente crítica que se nos hace a los parlamentarios es que tratamos
temas que tienen muy poco que ver con la vida cotidiana. Esta ponencia
trabajó bien en serio, bien comprometida con esta realidad.
Habida cuenta de la reciente, abundante, rigurosa y seria documentación
existente sobre el tema se hizo una selección, y una elección también, de
material, de comparecientes que desde distintas perspectivas aportaran un
amplio abanico de conceptos e instrumentos de medida, datos,
diagnósticos, actuaciones, proyectos, programas y valoraciones, llegando,
desde el consenso de todos los grupos que constituimos la ponencia, a
desarrollar ese trabajo que finalmente no pudo concluir por el adelanto
de las elecciones generales.
Señorías, no pretendo reiterar hoy aquí el debate habido en la anterior
legislatura en cifras, datos ni porcentajes. No obstante, sí coincidimos
con algunos de los expertos que comparecieron; citaré solamente expertos
y estudios del Instituto Nacional de Estadística, de la consultora Edis,
del V Informe Foessa 94, del Observatorio Europeo para la Pobreza, de las
conclusiones del Seminario y la Fundación Argentaria. De entre los más de
una veintena de estudios consultados existe una enorme coincidencia en
las grandes magnitudes, en las grandes causas de la pobreza, aunque es
difícil cuantificar exactamente las cifras de pobres o de excluidos, ya
que dependen no solamente de la conceptuación sino también del
instrumento de medida. No obstante, podemos concluir diciendo que en
Europa existen aproximadamente unos 50 ó 52 millones de pobres, el 14 ó
15 por ciento de la población, y esta media lógicamente se sitúa entre
los extremos de los países como son Suecia, con el 6 por ciento, por una
parte, y Grecia con el 30 por ciento, por la otra. De ese 14 por ciento
de población que vive en situación de necesidad en Europa el 3 por ciento
vive en situación de gran pobreza y el 11 por ciento en situación de
pobreza moderada, de precariedad social o de exclusión.
En España en los últimos 10 años ha descendido drásticamente el índice de
la pobreza severa, más de 8 puntos: de un 11 por ciento a un 3 por
ciento, pero se mantiene alto el índice de lo que podemos llamar
precariedad social, que ha descendido solamente dos puntos. Se han
concentrado así los mayores esfuerzos y los mayores recursos en las
situaciones de mayor gravedad. Y ha habido tres factores importantes,
entre otros, asociados al descenso de esta situación de pobreza en
nuestro país. Por una parte, han sido la mejora de las rentas mínimas y
el establecimiento de las pensiones no contributivas; la extensión de la
protección por desempleo y las políticas universales de sanidad,
educación y pensiones; y el desarrollo de los servicios sociales y las
rentas básicas de inserción de las comunidades autónomas. Señorías, son
tres factores que se combinan muy bien en el descenso de la pobreza
severa y que han resuelto bastante bien las situaciones graves y han
suavizado los efectos negativos en las situaciones de necesidad media;
factores que no han surgido, que no surgieron en nuestro país por
generación espontánea, que no dependen del grado de desarrollo de un país
sino del modelo de sociedad y del compromiso de sus gobernantes, y han
sido los gobiernos socialistas y socialdemócratas de Europa, y de España
también, quienes, sentando las bases del Estado del bienestar, impulsando
las políticas sociales, apostaron por la solidaridad, la integración y
una mayor justicia social.
No se trata, señorías de entrar en guerras de cifras, de reprocharnos
actuaciones u omisiones, de colgarnos medallas o de intercambiarnos
pobres, sino de constatar una realidad, verificada además por los
distintos expertos que han estudiado nuestra realidad y que está ahí. Y
es así porque en estos años se ha consolidado este Estado del bienestar
que, aunque sea de tamaño medio, ha supuesto esa amplia cobertura en las
grandes líneas de las políticas universales, que ha
conseguido ese gran avance para acortar las diferencias en las
situaciones de marginación, de exclusión o de pobreza, y hoy constatamos
que el perfil actual de la pobreza ha cambiado, se ha rejuvenecido. Ya no
se trata tanto de personas mayores o del ámbito rural, sino que estamos
ante una población que tiene entre cuarenta y sesenta años y de quienes
dependen hoy otras personas. Sin embargo, aunque han variado los grupos
de pobreza y también la intensidad de la misma, se mantienen las mismas
variables que confluyen y que históricamente han sido las que más
correlacionan en las situaciones de pobreza o de exclusión, como son el
nivel de instrucción, la actividad y la baja categoría ocupacional. Hay
también una creciente feminización de la pobreza. En el último estudio de
las rentas mínimas de inserción de comunidades autónomas, realizado por
los profesores Aguilar, Gaviria y La Parra, de la universidad pública de
Navarra, encontramos que entre el 35 y el 45 por ciento de los
perceptores de las rentas mínimas de inserción son mujeres que tienen
entre 30/35, 40/45 años y que tienen cargas familiares no compartidas.
También constatamos que en el ámbito urbano se han aumentado las
diferencias, se ha ampliado la desigualdad social.
Señorías, hoy podemos coincidir todos, expertos, políticos, científicos
estudiosos de la pobreza en que no se trata solamente de una cuestión
económica. Confluyen múltiples causas, factores y efectos que provocan la
exclusión social. Se trata de un problema estructural. Hay una
conceptuación diferente, es multifactorial y multidimensional y, por lo
tanto, habría que abordarlo desde las causas estructurales y con
políticas globales.
Consideramos necesario seguir avanzando, seguir trabajando, sin duda y en
primer lugar --cómo no iba a ser así--, para evitar el desempleo o su
carácter crónico; seguir avanzando en la modificación de las causas y
factores asociados en la pobreza; seguir avanzando en el mantenimiento
del gasto social y en una mayor coordinación de todos los programas y de
todos los recursos existentes, que parecen suficientes pero quizá, por
los distintos niveles de competencia que existen entre la Administración
central, las administraciones autonómicas y los programas que desarrollan
las distintas organizaciones no gubernamentales, parece que puede existir
una no buena coordinación y, a veces, puede dar la sensación de un cierto
despilfarro de los recursos, cuando en realidad no es así. Se trata de
confluir todos estos recursos, de unificar todos los programas que
existen, de llegar a unos acuerdos básicos de mínimos para seguir
avanzando en esta línea de las políticas sociales para erradicar la
pobreza, la exclusión o la marginación.
¿Por qué solicitamos nuevamente la constitución de esta Ponencia? En
primer lugar, por lo avanzado de los trabajos y del material existente;
porque hace prácticamente cuatro o cinco meses que hemos interrumpido los
trabajos en la misma; porque así nos comprometimos también con los
comparecientes que se han interesado por estos trabajos, y han
manifestado lo positivo que sería que el Parlamento se comprometiera en
un tema que habitualmente no parece que sea uno de los que más nos
preocupen en esta Casa; y por la propia oportunidad que nos brinda la
organización de Naciones Unidas, que ha declarado 1996 como año
internacional de erradicación de la pobreza.
Señorías, como socialista, para mi Grupo constituye la esencia de nuestro
compromiso político seguir avanzando en la corrección de las
desigualdades, en la integración y en la solidaridad con los ciudadanos y
ciudadanas que quedan fuera del proyecto de desarrollo humano y social.
¿Y cómo no iba a decirlo, señorías? También han aportado su granito de
arena algunos líderes locales del Partido Popular, con algunas perlas sin
desperdicio, cuyas propuestas (yo espero que fruto de la improvisación o
del inconsciente que seguramente los ha traicionado, no del
convencimiento pleno) son, más o menos, la marginación de los marginados.
Me consta que al menos los componentes de la anterior Ponencia estaban
también en el compromiso de esta Cámara de seguir avanzando en estas
políticas integrales, en estas políticas sociales y en estas políticas de
coordinación, por lo que mi Grupo, en estos momentos, uniéndose
seguramente al deseo de todos los grupos, les vuelve a hacer la
invitación y la propuesta de volver a constituir esta Ponencia.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora García
Manzanares.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, buenas tardes. Subo a esta tribuna en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestra posición hacia la
proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Socialista para
constituir, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, una
Ponencia que siga profundizando en el estudio de la pobreza.
El Grupo Popular, ateniéndose al artículo 194.2 del Reglamento, ha
presentado una enmienda de modificación para ver si podría aceptar la
proponente la denominación de Ponencia especial para el estudio de la
exclusión social en España. Quisiera explicar el sentido de esta enmienda
que propone el Grupo Popular.
Se basa, sobre todo, en los acuerdos y criterios de la Unión Europea que,
sobre la base de los cambios estructurales de las sociedades
industrializadas, aplica actualmente el concepto de exclusión para aludir
así a la marginación social que afecta a las personas económica y
socialmente menos favorecidas. Así pues, sería conveniente, desde el
punto de vista del Grupo Popular, que la proponente del Grupo Socialista
pudiera
aceptar esta enmienda y se titulara Ponencia especial para el estudio de
la exclusión social en España.
El concepto de exclusión social engloba las causas y efectos de la
pobreza y permite designar los procesos, situaciones y mecanismos en
función de los cuales una parte de la población (personas, grupos o
territorios) queda al margen de la participación en la vida social y
económica. Se considera, por tanto, que la pobreza es un fenómeno
multifactorial y multidimensional que impide la plena participación
social, provocando una situación de exclusión.
Desde esta perspectiva, pues, los grupos o colectivos que se consideren
afectados por la situación de exclusión son personas excluidas del
mercado de trabajo; pensionistas o jubilados con ingresos reducidos o
mujeres con cargas familiares y, muchas veces, con escasos niveles de
renta; trabajadores de servicios con baja cualificación profesional, así
como operarios no cualificados; algunos grupos o sectores de población
con especiales problemas de marginación, tales como las minorías étnicas
o inmigrantes; y, cómo no, también deberíamos prestar especial atención a
aquellos grupos de agricultores que tienen dificultades de acceso a
determinados bienes, como la salud, la educación, la formación e incluso,
muchas veces, carencia de infraestructuras.
Así pues, la atención de estas situaciones está condicionada por los
distintos niveles de desarrollo económico y por la capacidad de
prestación de servicios en las diversas regiones españolas, encontrándose
más afectadas aquéllas cuyo producto interior bruto y renta familiar se
sitúan en los índices más bajos. Por todo ello, agradecería al Grupo
proponente que aceptara esta enmienda de modificación de la palabra
pobreza por las de exclusión social.
Sin más, podríamos hacer un breve repaso al asunto, aunque ya lo ha hecho
la representante del Grupo Socialista. Efectivamente, en la anterior
legislatura, a iniciativa del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, todos los grupos votamos a favor de la creación de esta
Ponencia, empezamos a trabajar y los trabajos han sido importantes. Desde
aquí, quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que
comparecieron ante ella, bien fueran funcionarios, representantes de
comunidades autónomas, catedráticos, expertos en la materia, o personas
pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, fundaciones,
asociaciones, etcétera, sin citar nombres, para no dejarme alguno, pero
que, de cualquier forma, eran grandes expertos y conocedores de la
pobreza, si bien es cierto que la disolución de las Cámaras hizo que no
se llevaran las resoluciones a Pleno y se llegara a un acuerdo. Por ello,
estaría de acuerdo con la proponente del Grupo Socialista en que, si a
partir de hoy aprobamos esta Ponencia, deberíamos retomar esos trabajos y
sumarlos a los nuevos que acordemos, porque han sido importantes, tanto
en número como en contenido, aquellos que se han realizado durante la
anterior legislatura. Sin embargo, es verdad que hay que seguir
profundizando en el tema. Nos lo dicen esos dos millones y pico de
familias españolas que viven en la pobreza. Esto significa que un 20 por
ciento de estos hogares sólo tienen aquello que es lo mínimo para
subsistir.
Nuestro Grupo Parlamentario está convencido de que la situación de esta
población debe cambiar y en esta legislatura tendrá un impulso
importante. Así lo demostró con un compromiso formal el actual Presidente
del Gobierno, don José María Aznar, cuando en el discurso de investidura
decía: «Una sociedad moderna necesita de un pacto de solidaridad y de un
sistema de protección social que ampare las situaciones de especial
necesidad». Y no sólo por eso, sino porque debemos aspirar a alcanzar el
mayor bienestar posible de los españoles de hoy y también de los de un
próximo futuro. En definitiva, el compromiso de intentar mejorar aquellos
temas que hasta la fecha han dejado a la población española en ese índice
de exclusión social que entre todos debemos erradicar.
No es hoy el momento de hacer referencia aquí a las aportaciones que a
estos trabajos hicieron los representantes del Grupo Popular en la
Ponencia, pero sí voy a decir que nuestro grupo no solamente compartía el
sentido y la necesidad de que se creara esa Ponencia en la anterior
legislatura, sino que además hizo hincapié en que solamente un cambio en
la política económica del Gobierno sería el punto de partida para hallar
soluciones inmediatas y urgentes a la exclusión social.
Por otro lado, y hablando de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, el plazo establecido para la conclusión de los trabajos, que
aparece como el de dos períodos de sesiones, nos parece bien, sobre todo
porque así dará tiempo para que el Gobierno concluya las conversaciones
que va a celebrar con los distintos grupos parlamentarios y pueda
analizar el sistema público de la igualdad social y para que los
resultados de estas conversaciones sean tenidos en cuenta en la
elaboración del informe de la próxima Ponencia, especialmente en lo
referido a posibles propuestas en el campo de protección social.
Al juicio del Grupo Popular, debe constituirse la Ponencia en esta
legislatura, sobre todo porque ha pasado ya medio año del año
internacional de la pobreza. Pero también debemos estar atentos desde
aquí a la llamada Cumbre de la Esperanza, Hábitat II, que en estos
momentos se está desarrollando en Estambul.
Así pues, a juicio del Grupo Popular urge ponernos a trabajar para llegar
cuanto antes a conclusiones y propuestas de solución, pero, sobre todo,
para que ese núcleo de población que está socialmente excluido vea que lo
que los diferentes grupos pretendemos es que este Parlamento se acerque a
la realidad social, para que la conexión entre Parlamento y sociedad sea
real, para que los ciudadanos se den cuenta de que nos preocupamos
efectivamente de la situación que padecen muchas veces y para que, en
definitiva, a partir de
aquellos estudios y trabajos que se realicen entre todos los grupos,
consigamos un punto común que satisfaga a la sociedad española, que está
esperando una política integral que favorezca la erradicación de esta
exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Popular considera oportuna la creación, en el
seno de la Comisión de Política Social y Empleo, de una Ponencia para el
estudio de la exclusión social en España --si el grupo proponente admite
esta enmienda-- que analice las causas reales que la provocan, con
especial referencia a los cambios estructurales, y que propicie la
adopción de aquellas medidas que puedan combatirla. Por tanto,
manifestamos nuestro voto a favor de la creación de la citada Ponencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Pardo.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo, en nombre de Eusko Alkartasuna, para fijar la
posición en relación a la creación de una Ponencia que estudie el
problema de la pobreza o, admitiendo la enmienda del Grupo Popular, la
exclusión social.
Es muy difícil no estar a favor de esta propuesta por cuanto éste es uno
de los temas más graves que tenemos hoy planteados. Es importante no
olvidar tampoco los estudios y los programas que se están desarrollando
en comunidades autónomas como, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y en otras. En este sentido, me es grato recordar en este foro
que el País Vasco fue pionero en la implantación de un plan integral
contra la pobreza en el año 1989, con el acuerdo unánime de todas las
formaciones políticas de la Cámara legislativa.
No voy a mencionar datos o estudios que obviamente serán conocidos en la
Ponencia, y que ya han sido estudiados anteriormente, pero sí me gustaría
hacer dos reflexiones del motivo que nos lleva a apoyar una iniciativa
como la que estamos ahora discutiendo. En primer lugar, porque éste es un
problema que desgraciadamente tiene y va a tener carácter estructural. Es
un desafío al que nos enfrentamos las sociedades desarrolladas, las
sociedades llamadas del primer mundo, que no han sabido aumentar su nivel
de vida para todos los ciudadanos por igual y que, por el contrario,
hemos conseguido que existiera un número de ciudadanos y ciudadanas que
carecen de los niveles de vida que hemos conseguido otros, y que
conforman un núcleo de marginación y de pobreza.
Esto ha venido siendo admitido por la Comisión Europea que señalaba, en
una comunicación del año 1992, la problemática importante que tenemos y a
la que nos enfrentamos. Esta comunicación señalaba también que era un
desafío de todas las sociedades desarrolladas y que este problema
presentaba una característica común en todos los Estados y en todos los
pueblos, y es el hecho de que tenga un carácter estructural que implica
la necesidad de abordar el tema desde las perspectivas a medio y largo
plazo.
Una segunda reflexión que me permito mencionar es la cuestión desde el
punto de vista de la exclusión social. Como se ha visto a lo largo de la
aplicación de determinados programas, la pobreza no solamente se refiere
a una cuestión económica, aunque por supuesto es la primera causa, sino
también a una encrucijada de motivos de todo tipo, en primer lugar,
económicos, pero también culturales, sociales o de otro nivel. Por eso
las soluciones tienen que darse desde una encrucijada de políticas
diferentes: de políticas económicas, sociales, culturales y de todo tipo.
En esta Comisión habrá que estudiar las causas de esa exclusión social.
¿Por qué cada vez son mayores esas bolsas de gente marginada? ¿Por
razones evidentes? ¿Por razones económicas, porque se excluye del mercado
laboral a colectivos débiles? ¿Por razones culturales de discriminación o
de otro tipo? Habrá que estudiar cuáles son los instrumentos para
encauzar a esas personas fuera de esa exclusión social.
Yo entiendo que el tema económico es prioritario, pero no es único. Por
eso habrá que estudiar cuáles son los cauces para ayudar a estar personar
a salir de esta marginación.
Este es el año declarado de erradicación de la pobreza, pero
desgraciadamente --y ojalá me equivoque--, no será el año en el que
desaparezca la pobreza. Es un problema no sólo económico, político o
cultural, sino de educación, de tratar de mentalizarnos todos nosotros,
de solidaridad no sólo de los pueblos en su conjunto sino de los
individuos, cada uno con el que tenemos al lado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, quiero manifestar
la opinión también favorable de mi Grupo Parlamentario a la toma en
consideración de esta oportuna proposición no de ley presentada por el
Partido Socialista, y pedir también a la portavoz de este Grupo
Parlamentario que evalúe la pertinencia de la aceptación de la enmienda,
bastante parecida, por cierto, a la proposición no de ley tal como está
configurada en su tenor literal, cuando menos, señor Presidente, y que
intentemos llegar, a través de esta transacción, a un principio de
consenso que sería buen acompañante para el estudio y para el trabajo
que esta Ponencia ha de realizar, trabajo sin ninguna duda de gran
trascendencia.
Señor Presidente, de forma muy sucinta voy a comentar las razones que
justifican esta posición de mi Grupo.
En primer lugar, no tendría ningún sentido político desaprovechar un
trabajo ya hecho desde el mes de febrero de 1995, con una serie de
comparecencias de expertos realizadas en esta materia y que han resultado
ilustrativas; con unas propuestas de resolución que ya tenían un grado de
consenso notable entre todos los grupos parlamentarios en la anterior
legislatura; y sobre todo coincidiendo en un año que ha sido declarado
como el año internacional de erradicación de la pobreza.
Desde esa perspectiva, nosotros queremos felicitar al Grupo proponente
por la oportunidad de la presentación de esa proposición para analizar un
problema que, como ha dicho la señora Lasagabaster, primero es
estructural y luego dramático en sus dimensiones.
Tenemos que analizar la etiología de un problema que tiene una acepción
clásica en su dimensión (el clásico pobre, la pobreza convencional), pero
que está en este momento configurado por nuevas realidades sociales,
algunas incipientes, que nos deben preocupar como representantes
políticos y como grupos parlamentarios, y sobre las que tendríamos que
intentar recabar consensos de amplio espectro político, señor Presidente:
el problema de los sin techo; el problema del desempleo cronificado en
algunos segmentos de la población, desempleo particularmente de larga
duración; el problema de la marginalidad o de las nuevas manifestaciones
de la marginación juvenil; el problema de las minorías étnicas; el
problema de determinadas manifestaciones de la pobreza en el ámbito
rural, en el ámbito agrario...
En definitiva, son muchas las cuestiones que están aflorando en una
sociedad que particularmente se caracteriza por la no suficiencia de los
mecanismos de solidaridad en su configuración en la actuación de sus
poderes públicos como garantes de requerimientos que son
constitucionales, algunos han sido ya citados en el debate anterior, los
artículos 41 y 43 de la Constitución y el derecho de todo ciudadano,
derechos proclamados por todos los pactos de derechos humanos a llevar
una vida digna en su dimensión económica y de integración social.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Quiero también fijar la posición de mi Grupo Parlamentario en relación a
la creación de esta Ponencia.
Hoy estamos en una tarde de consensos básicos, de prácticas unanimidades,
y es evidente que también lo vamos a estar en la votación de esta
proposición. Ello es lógico porque, como se ha destacado ahora, retomamos
la iniciativa de la anterior legislatura que empezó los trabajos y es
normal que los concluya.
Remarcamos la voluntad política de todos los grupos para buscar aquellos
mecanismos que en el ámbito parlamentario nos permiten ser eficaces en la
búsqueda de soluciones. Yo creo que la técnica parlamentaria de la
creación de una Ponencia es la mejor de la que se puede dotar esta
Cámara, porque nos permite la comparecencia de expertos de las
administraciones y de la ONG. Por tanto, es evidente que los portavoces
de los grupos nos manifestemos a favor de la propuesta del Grupo
Socialista.
Por otro lado, esta iniciativa tiene otras virtudes. Se enmarca en el año
internacional de la erradicación de la pobreza, como ya han destacado
otros intervinientes. Vale la pena recordar, por ejemplo, que un informe
elaborado por Naciones Unidas sobre esta cuestión definía a la pobreza
como moralmente inaceptable, y afirmaba que una economía en la que
persiste el problema de la pobreza es una economía ineficiente.
También es oportuna la constitución de la Ponencia especial, desde una
perspectiva catalana, porque Caritas ha publicado recientemente un
estudio sobre las condiciones de vida de la población pobre de la
diócesis de Barcelona que seguramente debemos analizar con cautela. Las
cifras en relación a este ámbito siempre son discutibles, pero pueden
preocupar ya que habla de más de 600.000 personas que están en situación
de pobreza, y que representan a 169.000 familias. Son pobres porque están
por debajo de la mitad de la renta disponible del Estado español, cifra
que en un estudio recientemente realizado en Madrid también aparecía.
Decía el citado estudio que la población pobre tiene una media de edad de
33,6 años. Hay un cambio en la tipología de estos colectivos. Hay cifras
y nuevos informes que hacen necesario que esta Ponencia reemprenda sus
trabajos.
Somos conscientes de la magnitud del problema; somos conscientes de que
trasciende las fronteras estatales y que va mas allá del Estado español,
además, se enmarca en la crisis del Estado de bienestar, los sectores más
marginales de nuestra sociedad quedan excluidos de los beneficios que se
derivan del Estado de bienestar y hay estudios que demuestran esta triste
realidad; somos conscientes también de la dificultad de la búsqueda de
soluciones y no queremos caer en la trampa de creer que esta Ponencia o
cualquier otra va a ser el instituto milagroso que encuentre la solución
al problema, pero insisto en lo que dije al principio, nos parece que es
la técnica política parlamentaria que nos permite avanzar.
Queremos reafirmar el compromiso de la coalición de Convergència i Unió
en la lucha contra la pobreza, desde la coherencia de nuestra acción
parlamentaria
en anteriores legislaturas. El señor Hinojosa votó a favor de la creación
de la anterior Ponencia y participamos en sus trabajos a través de
nuestros Diputados. Por tanto, nos parece que hemos de repetir esta línea
de actuación en coherencia con la acción que desarrollamos en el seno de
nuestro gobierno. Hemos impulsado desde el departamento de bienestar
social, en nuestra acción gubernamental en Cataluña, el plan integral de
lucha contra la pobreza y la exclusión social, plan valorado
positivamente por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en
estos ámbitos y por Caritas misma, lo que nos confirma la necesidad de
poner en marcha medidas que permitan arbitrar un horizonte posible para
la solución de este problema.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la propuesta del
Grupo Socialista de constitución de una Ponencia especial para el estudio
de la pobreza en España. Si la enmienda que presenta el Grupo Popular
fuese aceptada por el Grupo Socialista, nos permitiría votar a todo el
mundo esta propuesta con más comodidad. Esperamos que esta Ponencia pueda
empezar pronto sus trabajos y que los concluya para que podamos aportar
al Ejecutivo algunos elementos que se incorporen a este debate importante
para el conjunto de los países del mundo. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va
a votar a favor de la creación de la Ponencia sobre el estudio de la
pobreza en el territorio español, o, si el Grupo Socialista lo acepta, la
Ponencia que estudie la exclusión social en España, entre otras cosas
porque consideramos que el trabajo que había efectuado en la legislatura
anterior la Ponencia sobre la pobreza abarcó ya varios aspectos, tales
como la marginación y la exclusión social.
Por tanto, señorías, vamos a votar a favor, entre otras cosas porque
nuestro grupo fue el que planteó la iniciativa en la legislatura pasada
y, por tanto, estamos convencidos de que es necesario que esta Cámara
discuta cuál es la situación de marginación, de exclusión, de pobreza en
nuestro país, y podamos tomar medidas y adecuar las políticas existentes
a las demandas y a los cambios que se están produciendo.
Señorías, ya se ha hablado desde esta tribuna sobre determinadas
situaciones que se venían padeciendo y que era lo que nosotros en los
trabajos de la ponencia habíamos visto que estaba sucediendo en nuestro
país con las distintas políticas, pero no por ello creo que sea
innecesario recordar que hablar de pacto de solidaridad en una sociedad
moderna es totalmente indispensable. También hay que recordar a esta
Cámara que las consecuencias de determinadas políticas económicas son las
que favorecen y acrecientan la pobreza, la marginación y la exclusión
social.
Señorías, en nuestro país hay pobreza estructural. No es que se pueda
producir, es que ya existe pobreza estructural. Y eso ya se nos decía en
el informe de Foesa y también en los informes que el grupo Edis había
planteado con respecto a una determinada comunidad autónoma. Se mantienen
los niveles de pobreza severa más o menos en los mismos porcentajes. Se
mantienen en los mismos porcentajes los niveles de pobreza moderada o por
debajo del umbral de la pobreza, como se llama ya en la Unión Europea.
Además se nos facilitaban otros datos que precisamente eran los que nos
venían a decir que determinadas políticas económicas, que la política
económica en general estaba favoreciendo la creación de estas bolsas de
marginación, de exclusión y de pobreza. Un dato que se aportaba por
algunos comparecientes era que 666.000 familias --y hablamos del informe
de Foesa de 1994-- estaban por debajo del umbral de la pobreza, a pesar
de que alguno de sus miembros trabajaba. Es decir, la precarización, los
bajos salarios, la baja cualificación significan pobreza, significan
población de alto riesgo para poder entrar precisamente en las redes de
la pobreza, de la marginación y de la exclusión. Es más, también se nos
dice que hay alto riesgo en los parados de larga duración, que hay alto
riesgo en la precarización laboral, y que si se mantiene el porcentaje
--punto arriba o punto abajo, décimas arriba o décimas abajo-- de la
pobreza moderada es sencillamente porque familias y personas están
entrando y saliendo constantemente de estas redes y, por tanto, ya
hablamos de pobreza estructural.
Está claro que ha habido una mejora, que la pobreza severa ha mejorado en
estos últimos tiempos por las medidas de política social que se han
venido llevando a cabo. Fundamentalmente se nos venía a decir que el
cambio que se había producido era que había menos personas mayores que
estaban en pobreza severa, con mejores condiciones de vida gracias a
estas políticas. Pero lo que sí es cierto también, señorías, es que
estaban cambiando las personas que componen estas redes de pobreza, de
exclusión y de marginación, afectando cada vez más a familias jóvenes, a
hombres y mujeres jóvenes y, por tanto, a niños y a niñas que ya desde la
edad más joven están padeciendo la pobreza, la exclusión y la
marginación.
Los datos que nos dio la última encuesta de población activa no nos hacen
mejorar las expectativas de nuestro país para tener la esperanza de
cambiar en poco tiempo esta situación. Se nos decía en esta última
encuesta que en más de 900.000 familias --cerca del millón de familias--
estaban todos sus miembros en paro. Eso significa pobreza, eso significa
en poco tiempo marginación y exclusión. También se nos dijo ya en las
comparecencias que habíamos tenido que no
solamente la precarización o la mala situación económica tiene que ver
con la pobreza, sino que además, ya se ha dicho también desde esta
tribuna, precisamente esas familias son las que tienen más problemas para
poder tener una educación real, un acceso a la educación correcto, un
acceso a las redes de información de servicios y, por tanto, al irse
rompiendo todas esas redes se va cayendo cada vez más en la marginación y
en la exclusión.
Me gustaría, señorías, intentar ser más positiva, pero no solamente este
año (que es el año internacional de erradicación de la pobreza y que se
celebra la cumbre Hábitat II) puede generarnos esperanza, ya se
celebraron las cumbres de población y desarrollo de El Cairo y la
conferencia mundial de la mujer y en ellas se hacían llamamientos a los
gobiernos para que tuvieran en cuenta que las políticas económicas que
afectaban a los cambios estructurales estaban generando y creando un
mayor núcleo de pobreza en los países desarrollados y que éstos tenían
mucho que ver con las grandes urbes donde se estaba incrementando y
acentuando esta situación de marginación y de exclusión.
Señorías, hasta ahora no hemos visto, por lo menos desde mi grupo, que
realmente se haya tenido intención de mejorar este tipo de políticas o de
tener en cuenta la situación de la población más desfavorecida a la hora
de tomar medidas. Porque, señorías, a las medidas y a las políticas
sociales les afectan las reducciones presupuestarias y les afectan los
recortes de gasto presupuestario, aunque no vayan directamente al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o aunque no vayan directamente
dirigidas a las políticas de igualdad, entre otras cosas, señorías,
porque durante mucho tiempo ha habido crecimiento cero en estos
presupuestos y, por tanto, pérdida de posibilidades económicas, de poder
llevar políticas integrales adelante. Además, es cierto, habrá que
armonizar y rentabilizar todos los recursos, no solamente los del Estado
sino también los de las comunidades autónomas, para poder conseguir que
haya una mayor eficacia de estas políticas, pero también teniendo en
cuenta que no podemos y no debemos caer en lo que se vendría en llamar la
política de beneficencia, que solamente con conceder salarios mínimos
interprofesionales o salarios de integración no se ha resuelto el
problema de la pobreza o de la marginación y que, como se nos ha dicho,
los programas de fomento del empleo no llegan precisamente a este tipo de
población que ya está excluida de las redes.
Por tanto, esta ponencia tendrá que ser imaginativa, tendrá que seguir
intentando consensuar. Realmente tendremos que trabajar en el fondo de
cuál es el problema, la raíz y las consecuencias de las políticas que
afecten directamente a estos colectivos tan desfavorecidos, puesto que
determinadas políticas lo único que están haciendo es aumentar su
marginación. Por tanto, si no hay un cambio profundo en las políticas,
difícilmente podremos llegar a erradicar la pobreza como sería nuestro
gusto, al menos el gusto del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Urán.
Señora García Manzanares, puede indicarnos si acepta o no la enmienda que
ha sido presentada por el Grupo Popular.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, la terminología no va a ser ningún motivo de discrepancia.
Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora García
Manzanares.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso, sobre constitución, en el seno
de la Comisión de Política Social y Empleo, de una ponencia especial para
el estudio de la pobreza en España, tras la aceptación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 311; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley anteriormente citada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE POLITICA PRESUPUESTARIA, FISCAL
Y FINANCIERA PARA HACER EFECTIVOS LOS PRINCIPIOS DE SUFICIENCIA,
AUTONOMIA FINANCIERA, CORRESPONSABILIDAD FISCAL Y SOLIDARIDAD EN UN NUEVO
MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA, ASI COMO MECANISMOS QUE EL GOBIERNO
ESTABLECERA PARA EL EFECTIVO DIALOGO ENTRE TODAS LAS FUERZAS POLITICAS
CON REPRESENTACION PARLAMENTARIA EN RELACION CON ESTAS MEDIDAS (Número de
expediente 173/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con las medidas de política
presupuestaria, fiscal y financiera, para hacer efectivos los principios
de suficiencia, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y
solidaridad en un nuevo modelo de financiación autonómica, así como
mecanismos que el Gobierno establecerá para el efectivo diálogo entre
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en relación
con estas medidas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Saura. (Rumores.)
Señorías, a lo largo de la sesión de la tarde les he rogado que
mantuvieran en lo posible el silencio, no sólo por el respeto que merece
el orador y la Cámara, sino porque beneficia, sin duda, la tramitación
más ágil y más rápida de un orden del día tan sobrecargado. Comprendo que
a estas horas SS. SS. tengan mucha necesidad de intercambiar sus
experiencias parlamentarias e iniciativas pendientes, pero ruego que el
que lo tenga que hacer lo haga en la cafetería o en el pasillo y respeten
la iniciativa a quien la defiende o a quien se opone y, a su vez, la
tramitación de la totalidad del orden del día.
Tiene la palabra el representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías la moción que en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sometemos a su consideración es
consecuencia lógicamente de la interpelación que sobre la financiación
autonómica substanciamos en el anterior Pleno. Es una moción muy breve
--fundamentalmente contiene dos ideas-- y espero ser yo también breve en
su defensa.
La primera idea trata de que el Gobierno respete y desarrolle los
principios básicos que debe contener el nuevo sistema de financiación
autonómica, y en este sentido proponemos que este nuevo sistema contemple
los principios de suficiencia financiera, autonomía financiera,
solidaridad interterritorial y corresponsabilidad fiscal. La segunda idea
hace referencia a que el nuevo modelo de financiación autonómica que
finalmente el Gobierno proponga sea objeto de debate en esta Cámara con
las respectivas resoluciones.
¿Por qué proponemos estas dos ideas? En primer lugar porque, como afirma
el Libro Blanco de los expertos, el actual sistema de financiación se
encuentra en un atolladero. Como ustedes conocen perfectamente, el
vigente sistema de financiación ha constituido un mero retoque, una
prórroga de la situación anterior, pero los problemas esenciales de un
sistema de financiación autonómica continúan pendientes. Estos problemas
esenciales se pueden resumir fundamentalmente en un problema político:
adecuar el sistema de financiación autonómica a la estructura política
descentralizada de nuestro Estado. En este sentido adecuar el modelo de
financiación a la estructura política descentralizada de nuestro Estado
requiere por parte del nuevo modelo de financiación abordar, superar,
hacer frente a cuatro retos fundamentales: incrementar la suficiencia de
las comunidades autónomas, conseguir mecanismos de corresponsabilidad
fiscal, lograr mecanismos de nivelación de servicios, mejorar la
solidaridad interterritorial.
Por tanto, señoras y señores Diputados, queremos insistir, como hicimos
en la interpelación, en que es fundamental e imprescindible que el nuevo
sistema de financiación aborde de forma simultánea los elementos de
corresponsabilidad fiscal y los elementos de solidaridad. En ese sentido
hay que decir que los acuerdos entre el Partido Popular y los partidos
nacionalistas en el pacto de gobernabilidad han supuesto o pueden suponer
un vuelco fundamental en el cómo de la financiación autonómica. Es decir,
pueden suponer y supondrán, caso de llevarse adelante, elementos de
corresponsabilidad fiscal claros, pero en absoluto estos acuerdos
contemplan el elemento central de la suficiencia, el mecanismo de
nivelación o la necesidad de mejorar la solidaridad. De estos elementos
está absolutamente huérfano el pacto entre el Partido Popular y los
partidos nacionalistas, y queremos insistir en que es necesario que el
nuevo sistema de financiación los recoja de forma simultánea, y los
tendrá que recoger de forma simultánea por tres razones. En primer lugar
porque es justo. En segundo lugar porque el nuevo sistema de financiación
no puede levantar recelos en ninguna fuerza política ni en ninguna
comunidad autónoma. Y en tercer lugar porque un sistema de financiación
autonómica que no recogiera simultáneamente estos principios podría
llegar a originar confrontaciones territoriales.
Por tanto, primera idea: principios fundamentales que deben orientar la
propuesta del Gobierno. Segunda idea: la necesidad de que el Gobierno
presente en esta Cámara para su posterior debate el nuevo sistema de
financiación, y que a ser posible este nuevo sistema de financiación
tenga un gran consenso en esta Cámara. Dicho de otra manera, pensamos
que, con independencia de la necesaria convocatoria del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el nuevo modelo de financiación es una
cuestión de Estado que no puede estar lejos, que no puede ser hurtada de
la decisión y del debate político de esta Cámara. En ese sentido es
necesario, en primer lugar, un diálogo fluido entre el Gobierno y el
conjunto de los grupos parlamentarios. En segundo lugar es necesario en
esta Cámara un debate transparente sobre el sistema de financiación
autonómica. Y en tercer lugar es necesario que este esfuerzo y este
trabajo concluyan con un gran consenso parlamentario.
Los retos de poner en marcha un sistema de financiación autonómica como
el que hemos definido, señoras y señores Diputados, exceden las fuerzas,
las energías, las capacidades de dos o tres partidos políticos.
Poner en marcha un sistema de financiación autonómica que responda a los
retos de un Estado descentralizado es una cuestión de todos aquellos que
quieran participar, y nuestro grupo, como hemos afirmado en la
interpelación y hoy mismo, quiere participar en este diálogo y en este
posible consenso.
Quiero terminar mi intervención diciendo que se han presentado dos
enmiendas --una del Grupo Socialista Obrero Español y otra del Grupo
Popular-- a nuestra moción. Desde nuestro grupo hemos intentado que estas
dos enmiendas hubieran dado lugar a un solo texto transaccional con un
gran consenso en esta Cámara. El consenso no ha sido posible --no voy a
decir por culpa de quién o quién tiene más culpa-- entre las dos
enmiendas que he citado y nuestro texto inicial. Nuestro grupo estaría de
acuerdo en la casi totalidad del texto de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, con alguna pequeña excepción, pero queremos ser útiles
y aprovechar el debate, y en ese sentido aceptamos la enmienda del Grupo
Popular que recoge solamente una de las dos ideas que motivaron nuestra
moción. El Grupo Popular acepta en su enmienda que el Gobierno traiga a
esta Cámara su modelo de financiación y que este modelo sea objeto de
debate. No dice sobre qué principios y no contiene otros elementos. Nos
hubiera gustado que la enmienda que el Grupo Popular ha presentado
hubiera contemplado con mayor amplitud nuestras propuestas y las de otro
grupo parlamentario, pero a pesar de esto aceptaremos su enmienda porque,
en definitiva, es un compromiso claro del Partido Popular, del Gobierno y
espero que de toda la Cámara para poder debatir de fonna tranquila y
transparente en esta Cámara cuál va a ser el nuevo sistema de
financiación para los próximos cinco años.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
En efecto, han presentado enmiendas los Grupos Parlamentarios Socialista
y Popular.
Por el Grupo Socialista y para la defensa de su enmienda tiene la palabra
el señor Caballero.
El señor CABALLERO ALVAREZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Socialista presenta una enmienda a la moción del Grupo de Izquierda
Unida, y la presenta con la convicción de que a estas alturas es
imprescindible saber cuál es el contenido real del nuevo sistema de
financiación autonómica, no solamente el formal ya publicado sino el
contenido real. Digo esto porque hay un enorme desconcierto y en algunos
casos una enorme preocupación. De hecho, la situación difícilmente podría
ser más estrambótica. Le hemos preguntado hasta la saciedad al Gobierno
cuál es el coste adicional del nuevo sistema. Desde el Partido Popular se
contesta prácticamente de todo: cuesta poco, no cuesta nada, no sabemos
cuánto cuesta. Desde Convergència i Unió nos dicen que para Cataluña,
220.000 millones adicionales. Ayer nos aclaran desde el Partido Popular,
desde el Gobierno que 750.000 millones de coste. Por tanto, prácticamente
todo dicho sobre el coste de este acuerdo.
Hemos preguntado cómo se reparte, y hemos obtenido como primera respuesta
que nadie perderá, lo cual es bastante superfluo. Ya sabíamos que en un
acuerdo de estas características nadie va a perder. Pero no se dice
cuáles son las participaciones relativas que le va a corresponder a cada
comunidad autónoma.
Hemos preguntado si habrá topes, y el Presidente del Gobierno nos dice
que no están pactados. Desde Convergència i Unió se dice que sí están
pactados. El Ministro de Administraciones Públicas dice que no sabe.
Algunos presidentes autonómicos dicen que se les dice que más que topes
serán pequeños topes. El Ministro se refiere a esta cuestión como una
cuestión técnica. Después resulta que su contenido cuantitativo es
enormemente importante, y ayer nos dicen que habrá un tope de mínimos
pero no topes de máximos.
Hemos preguntado cómo será la capacidad normativa, y se nos dice por el
Presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia que el antiguo sistema del
15 por ciento ya no existirá, para que inmediatamente el Ministro diga en
su comparecencia la semana pasada que el 15 por ciento permanecerá
provisionalmente. Incluso el Ministro de Administraciones Públicas llega
a calificar a lo que resulte de este nuevo sistema de financiación como
nuevo impuesto de la renta. A algunos presidentes autonómicos se les dice
que puede que no dé tiempo a que entre en vigor en 1997, para que desde
Convergència i Unió se diga que sí, que estará en vigor el próximo año, y
ayer el Ministro de Administraciones Públicas nos dice que en vigor pleno
en dos años.
Se pregunta cuál es el año base del cálculo. Año 1993, año 1996, se
vuelve al año 1993 y ayer parece que es el año 1996.
A la vista de esto y a la vista de que ya pasó mes y medio desde que se
firmaron estos acuerdos, llegamos a la conclusión de que cuanto más
tiempo pasa y cuantas más intervenciones se hacen, mayor confusión se
crea. Incluso surge una duda razonable importante: ¿qué sucedería si
alguna comunidad autónoma no compartiese este acuerdo y decidiese que no
lo aceptaba y no se sumaba a él? ¿Qué consecuencias tendría esta
decisión? Y, desde luego, la inusitada rapidez con que se retira el
recurso que Galicia había presentado al anterior sistema del 15 por
ciento parece abundar en las dudas del efecto que tendrá el que un
recurso se mantuviera. Todo esto, adornado con la sensación de
inseguridad que el Gobierno transmite en este tema, genera desasosiego.
Genera la sensación de haberse embarcado en un modelo de financiación y
ahora no sabe cómo presentarlo. Y más aún. El continuo aplazamiento de la
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no contribuye a
serenar la situación ni a solventar las preocupaciones. Primero se iba a
reunir
el Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de mayo, después se
iba a reunir a finales de junio y ahora parece que se reúne a finales de
julio. El caso es llegar a las vacaciones del verano que después ya se
irá viendo. Todo esto podría incluso ser entretenido si no fuera porque
es un tema capital e importante, si no fuera porque es un tema de
importancia fundamental y si no fuera porque en algunos sitios, en
algunas comunidades autónomas la preocupación es enorme.
La LOFCA, que puede tener que reformarse con este nuevo sistema de
financiación, fue aprobada por un amplio consenso. Fue una buena muestra
de que temas de estas características y de esta envergadura deben tener
un amplio respaldo político. El suficiente como para que suceda lo que
ocurrió con la LOFCA, y es que, tras aprobarse con un gobierno de UCD, no
se modificó en 14 años de gobierno socialista.
Por eso presentamos la enmienda, que paso a relatarles. La presentamos
pidiendo como elemento clave que se llegue a un amplio acuerdo político,
que una reforma de estas características venga avalada y respaldada por
el máximo número de votos posibles en esta Cámara y por el máximo número
de fuerzas políticas de esta Cámara.
En segundo lugar, creemos que debe hacerse una pronta convocatoria del
Consejo de Política Fiscal y Financiera para que empecemos a tener todos
información de cuál es el contenido real y concreto de la reforma que se
está proponiendo por parte del Gobierno. No es bueno que se aplace
indefinidamente. Es bueno que se tome su tiempo para reunir el Consejo,
pero no es bueno que se aplace indefinidamente porque carecemos de
información sobre lo que se pretende con este acuerdo. Es obvio que en su
momento se celebrarán los debates en el Congreso de los Diputados, y
suponemos que en el Senado. Pero tampoco debe improvisarse un acuerdo de
estas características.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera encargó en su momento un
informe a un grupo de expertos; un grupo de expertos de diferente
orientación política. Deberíamos arrancar, para hacer el debate político
del nuevo sistema de financiación, del conjunto del informe de estos
expertos y no de un acuerdo que puede ser precipitado y que sólo está
incorporando algunas de las recomencaciones del informe.
Por último, proponemos que deben respetarse en el acuerdo una serie de
principios básicos: el de suficiencia económica, el de autonomía
financiera, el de solidaridad y el de corresponsabilidad. Pero pedimos y
decimos que la solidaridad no sea solamente una palabra que se cita y que
no se le da contenido. No sirve citarla y no aplicarla. Hay que citarla y
darle contenido concreto.
Esta es la enmienda que nosotros proponemos y creemos que es conveniente
que sea respaldada por esta Cámara. De todos modos, como el interviniente
de Izquierda Unida ha dicho que hay un acuerdo entre ese grupo y el
Partido Popular, nosotros entendemos que se pierde una gran ocasión --no
solamente para decidir que se reúna el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y que se haga aquí un debate ulterior-- para dar algún
contenido adicional, algún contenido sustantivo a la decisión de esta
Cámara, algún contenido de por dónde queremos que vaya el acuerdo, cuáles
van a ser los elementos que lo informarán y de qué forma se puede iniciar
y sustanciar el debate. Como creemos que esta es una ocasión en la que se
podría tratar de llevar más adelante y concretar en mayor medida la
decisión de esta Cámara para dar más elementos de referencia política,
nos vamos a abstener, porque pensamos que es bueno que se reúna el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, creemos que esta
Cámara pierde la ocasión de manifestar por dónde debe ir el nuevo acuerdo
de financiación autonómica como orientación para el Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Señorías, el Grupo de Izquierda Unida ha
presentado una moción consecuencia de interpelación en la cual se insta
al Gobierno a abrir un debate en esta Cámara sobre el diseño de modelo de
financiación autonómica con anterioridad incluso a la discusión en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quiero agradecer desde
aquí que haya sido aceptada la enmienda de modificación que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado a la moción, en el sentido de que el
orden correcto de discusión de ese modelo de financiación autonómica debe
ser que previamente se discuta en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y que, después, el Gobierno envíe una comunicación a la Cámara
con el contenido, con las resoluciones que se adopten sobre el mismo.
También quiero agradecer el tono y la intervención del portavoz de
Izquierda Unida en este tema, porque creo que, primero, hace gala de una
sensibilidad política importante al entender que quizá debe ser el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera el primer lugar donde se
discuta porque así lo ordena la LOFCA y, segundo, porque entiendo que
sería, de alguna manera, un desprecio político a las comunidades
autónomas que no estarían representadas territorialmente en un órgano
como el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que debe hacerse de la
manera como el Grupo Popular lo ha entendido, y por ello ha presentado
esa enmienda de modificación.
Por otra parte, quiero decir al representante del Partido Socialista que
no tenga preocupación, que el Partido y el Grupo Popular van a ser
absolutamente responsables en este tema, que han dado muestras de su
responsabilidad política sobre esta cuestión con anterioridad a esta
ocasión y que, en cualquier caso, es voluntad explicitada
por parte del Ministro de Administraciones Públicas el hecho de que toda
cuestión de diseño de financiación autonómica debe ir acompañada del
mayor consenso posible entre los grupos políticos representados en esta
Cámara. Sólo si no fuera posible el mayor consenso sobre un tema de tal
importancia, sería cuando habría que adoptar evidentemente las decisiones
oportunas, conforme a las mayorías que en esta Cámara existen.
Quiero decirle que creo que estos principios, que constantemente invocan
tanto el representante del Partido Socialista como el de Izquierda Unida,
son los generales de la ley, están establecidos en esa ley que usted ha
citado, que es la LOFCA, están vigentes y están incorporados a ese corpus
iuri que, evidentemente, tienen sobre este tema todos los partidos
políticos representados en esta Cámara. Por tanto, no debe preocuparse
porque esos principios de suficiencia financiera, de corresponsabilidad
fiscal, de nivelación de los servicios y de aquellas transferencias
necesarias de igualación entre las diferentes comunidades autónomas van a
existir, y de una forma efectiva, si así fuere necesario y menester.
Por tanto, de lo que se trata es de construir un modelo que dé una mayor
corresponsabilidad y que profundice en ese modelo autonómico de forma
importante. Esa profundización política, esa profundización autonómica
sólo es posible mejorando y perfeccionando todo el sistema de
financiación autonómica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Amor.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, con mucha brevedad puesto que
nuestro Grupo no tiene intención de abrir un debate político en torno al
contenido de esta moción, toda vez que los procedimientos
constitucionales establecidos en nuestra ordenación jurídica nos indican
unos marcos e instituciones muy precisas para abordar la revisión
quinquenal de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas.
La Constitución, muy sabiamente, estableció que cada cinco años se
procediera a revisar los marcos jurídicos que determinan los sistemas de
financiación de las comunidades autónomas, y eso debe hacerse
paritariamente entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la
Administración central del Estado y en el marco de un acuerdo general, no
vinculante pero sí indicativo, del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que también es una institución paritaria entre la
Administración central del Estado y los gobiernos de todas las
comunidades autónomas. Es en el seno de estas instituciones donde debe
abordarse la revisión de los próximos cinco años de financiación de las
comunidades autónomas.
No obstante, nuestro grupo quiere transmitir a los autores de la
iniciativa y al portavoz del Grupo Socialista serenidad. Les queremos
desasosegar. No queremos que estén ustedes inquietos y tengan
preocupaciones alarmantes. No va a haber ningún acuerdo en el ámbito del
próximo quinquenio que sea inconsistente y mucho menos que se contradiga
con la Constitución ni con los estatutos ni un nuevo marco que vaya a
ser, señorías, insolidario. Va a ser perfectamente solidario y va a
responder a un avance y consolidación de los cinco principios, cuatro
preferentes, que hoy definen el sistema actual de financiación de las
comunidades autónomas. No tengan ustedes ningún reparo, ninguna duda en
no entender y querer ver que en los acuerdos adoptados por el Partido
Popular y Convergència i Unió va a haber un desequilibrio en los marcos
hoy existentes y, por lo tanto, una mayor insolidaridad de determinadas
comunidades autónomas en relación con otras. Señor Presidente, en el
nuevo sistema que se va a afrontar va a haber un amplio consenso. Estoy
absolutamente seguro de que va a haber un amplio consenso para definir
los nuevos elementos que van a configurar la nueva financiación para las
comunidades autónomas.
Quiero manifestar a los portavoces de Izquierda Unida y del Partido
Socialista que ese avance en la mayor corresponsabilidad fiscal,
incrementando del 15 al 30 por ciento la participación que directamente
van a tener las comunidades autónomas en sus ingresos propios, no excluye
el 70 por ciento restante que se va a aportar a las haciendas del Estado
y que va a nutrirse de la mayor progresividad que puedan tener las
distintas comunidades autónomas en sus respectivos territorios. De este
70 por ciento, señorías, se va a poder desprender una mayor dotación de
recursos para que, a través de los instrumentos que hoy corrigen las
insuficiencias y los desequilibrios territoriales, se pueda compensar a
aquellas comunidades autónomas que por la vía del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas tengan menor progresividad. Por lo tanto, por vía
del Fondo de Compensación Interterritorial, por vía de la asignación con
cargo al Capítulo VI, de inversiones reales del Estado, con cargo a los
fondos estructurales y en base a la mayor recaudación que podrá permitir
el 70 por ciento que aportarán las comunidades autónomas a las arcas del
Estado se podrán compensar los posibles efectos que pudiera generar el
hecho de avanzar en una mayor corresponsabilidad en base a una cesión de
una parte del IRPF a las distintas comunidades autónomas.
Hoy, señorías, en el sistema de financiación hay una profundísima
inconsistencia que debemos saber superar. Si el Estado gasta mucho en
determinadas funciones y competencias, las comunidades autónomas en otras
reciben más dinero. Eso no tiene ningún sentido. Si el Estado contrata
muchos profesionales o gasta muchos recursos en servicios que son de su
competencia, en otras funciones y en otras materias las comunidades
autónomas van a recibir más recursos. Esto no se sostiene. Debe revisarse
el sistema para ir haciéndolo evolucionar hacia otro en el que los
recursos se asignen en base a la recaudación propia que se realice por
uno de los principales tributos que definen nuestra hacienda pública en
España.
Señor Presidente, la moción que ha presentado Izquierda Unida no puede
ser apoyada por nuestro grupo, toda vez que contradice hoy los
procedimientos constitucionales existentes. La enmienda que plantea el
Partido Popular viene a resolver ese problema y podría ser aceptada por
nuestro grupo si se admite a trámite por el grupo proponente.
Señor Presidente, nuestro grupo ruega a todos los demás que dejemos que
los procedimientos constitucionales establecidos sigan el curso que
deben. No se pregunten más. No se planteen ustedes mas dudas. Dejen
ustedes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano paritario,
acote y defina con todos los gobiernos de las comunidades autónomas y la
Administración Central del Estado los elementos del próximo sistema de
financiación para el quinquenio 1997-2001. No anticipen ustedes
acontecimientos. No interpreten ustedes recaudaciones. Dejen ustedes que
el proceso hoy establecido en nuestro ordenamiento constitucional se
aplique y verán cómo todo en ese ámbito va a tener después más luz, mayor
claridad y se van a disipar esas dudas y esos desasosiegos que algunos de
ustedes mantienen.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
¿El grupo parlamentario proponente de la moción, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, considera suficientemente explicada la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular o quiere consumir un nuevo
turno? ¿Se acepta la enmienda?
El señor SAURA LAPORTA: Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya acepta
la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura. En ese caso, vamos a proceder
a la votación.
Se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre el nuevo modelo de
financiación autonómica en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 174; en contra, nueve; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y
TRANSFORMADAS (Número de expediente 173/000004)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre la
reforma de la Organización Común de Mercado del sector de frutas y
hortalizas frescas y transformadas.
Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo proponente, tiene la
palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para defender la moción
consecuencia de la interpelación que tramitamos en el último Pleno del 29
de mayo, que versaba sobre la reforma del sector de las frutas y las
hortalizas frescas y transformadas. Este debate se ha producido ya en
varias ocasiones en esta Cámara e incluso en la Comisión Mixta para la
Unión Europea. El último debate se produjo en noviembre de 1995, en el
que, a propuesta de una iniciativa del Grupo Popular, se negoció por
unanimidad una enmienda transaccional aprobándose una moción con el
esfuerzo y el trabajo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Pero en este momento las condiciones han cambiado. Ha habido unas
elecciones generales el 3 de marzo y estamos ante la misma institución
del Congreso de los Diputados, pero evidentemente, señorías, con nuevo
Parlamento, con nueva mayoría parlamentaria y con nuevo Gobierno, a lo
que hay que añadir que desde el mes de noviembre en que se debatió dicha
moción aquí se han producido dos elementos importantes a tener en cuenta.
En primer lugar, el informe del Parlamento Europeo y, en segundo lugar,
el informe de la presidencia de la Unión Europea a través del Gobierno
italiano. Debido a todas las condiciones que he descrito, es necesario
que, por parte de este Parlamento, se fortalezca la postura del Congreso
ante esta nueva situación, y queremos reiterar cuál es la posición del
Legislativo ante esta nueva reforma.
Teniendo en cuenta la hora que es y el tiempo que llevamos de debate, no
voy a reiterar a SS. SS. la importancia que, como todos conocemos, tiene
el sector hortofrutícola en España para consolidar nuestra industria
agroalimentaria, el empleo y, al final, nuestros municipios y nuestros
pueblos. Por ello, me parece importante que el Gobierno, al tratar estos
temas con el resto de los gobiernos europeos en la Unión Europea, se vea
respaldado por el acuerdo unánime del Parlamento. El Grupo Socialista
mantenía una posición inicial que partía de noviembre de 1995, pero,
además de ese consenso fruto del debate, queríamos introducir nuevos
aspectos en lo que suponía la ampliación de lista de productos, los
programas de promoción de diferentes productos singulares regionales --de
alto valor económico para esas regiones--,
y también pretendíamos introducir unas ayudas para los productos
transformados incrementando la lista de productos con derecho a ellas.
Sin embargo, queremos tener en cuenta las enmiendas presentadas por otros
grupos parlamentarios; enmiendas que han presentado el Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Catalán (Convergència i Unió), Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo Vasco (PNV) y Coalición Canaria.
Por ello, quiero anunciar a SS. SS. que hemos hecho un esfuerzo
importante, teniendo en cuenta estas enmiendas, al presentar a esta
Cámara una enmienda transaccional que recoge las sugerencias de
prácticamente todos los grupos políticos que han participado, por ahora,
en el debate de la moción.
La moción recoge, por tanto, y sobre todo, la propuesta que se aprobó por
unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 7 de
noviembre de 1995, así como que se tenga en cuenta la importancia, dentro
de la producción agrícola de la Unión Europea, de las frutas y las
hortalizas y que se garantice el compromiso del Consejo Jumbo, que quiere
decir que tengamos en cuenta la misma financiación que han tenido otras
reformas ya realizadas en la organización común de mercado de los
herbáceos y de otros cultivos típicos del norte de Europa para la
solidaridad con las regiones y los cultivos típicos y propios del Sur, es
decir, los cultivos mediterráneos.
Teniendo en cuenta también que hay cosas que han cambiado, como la grave
situación actual de la avellana, que se recoge en la enmienda del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), expongo, en conclusión, a SS. SS. que es
intención del Grupo Socialista, y por lo que se ve a través de esta
enmienda de todos los grupos presentes en este Parlamento, que se
defienda en las grandes políticas sectoriales y agrarias a estos sectores
que tienen mucho que decir en el desarrollo de nuestras economías
rurales. Por tanto, creemos que le puede venir muy bien al Gobierno, y en
concreto a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, este nuevo
acuerdo adoptado con la unanimidad de los grupos políticos de este
Parlamento; un acuerdo renovado ante esta nueva situación política que
tendrá, sin duda, mucha más fuerza para la defensa del sector
hortofrutícola.
Agradezco desde esta tribuna el esfuerzo que han realizado todos los
grupos de esta Cámara para llegar a la enmienda transaccional de esta
moción sobre la reforma de la organización común de mercado del sector de
frutas y hortalizas frescas y transformadas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Leiva.
Como ha señalado la señora Leiva en su intervención, a la moción se
habían presentado diversas enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios que han dado lugar a la enmienda transaccional que la
propia ponente ha confirmado como aceptada, en principio, por los
enmendantes. Aún así, entre los grupos parlamentarios que presentaron
enmiendas, ¿hay alguno que desee intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Pascual, para la defensa de la enmienda del
Grupo Popular.
El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, señorías, estamos otra vez
debatiendo la postura de España ante la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas y realmente se me hace difícil hacerlo porque es un tema que
hemos debatido al final de la pasada legislatura muy reiteradamente y del
que está todo dicho. Por esto se produjo mi asombro y el de mi grupo
parlamentario cuando, en la última sesión de Pleno, el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una interpelación sobre la postura del
Gobierno ante la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. La encontramos
un poco fuera de lugar por varios motivos, y en el mismo sentido que el
Grupo Parlamentario Popular se manifestaron los distintos portavoces, se
asombraron de su presentación y sobre todo esperaban ver qué moción iba a
presentar el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo se pronunció la
Ministra al respecto, porque si, como manifestó la portavoz socialista en
la interpelación, quería saber cuál era la postura del nuevo Gobierno del
Partido Popular ante la reforma de un sector importantísimo de nuestra
agricultura, como es la OCM de frutas y hortalizas, hay un trámite
parlamentario para ello, que es la comparecencia en comisión, donde se
dan explicaciones sobre un tema concreto. Y ni mas ni menos que mañana
por la mañana comparece la señora Ministra de Agricultura para hablar de
cuáles van a ser sus planes de futuro en su Departamento. Es más, ahí
hubiera tenido ocasión la portavoz socialista de preguntar a la Ministra
cuál era su postura.
La segunda parte de este trámite parlamentario, en el que estamos en este
momento, es la moción consecuencia de interpelación. Como decía antes, el
pasado año el Grupo Parlamentario Popular presentó dos interpelaciones y
dos mociones sobre este tema, que yo tuve el honor de defender en su
nombre; la primera interpelación en el mes de marzo, como consecuencia
del documento de reflexión emanado de la Comisión de la Unión Europea
sobre lo que creía que debía ser el futuro de la OCM de frutas y
hortalizas. Posteriormente, en el mes de septiembre del mismo año 1995,
la Comisión Europea se pronunció con un documento de propuesta de reforma
de OCM de frutas y hortalizas, y como consecuencia de ese documento de la
Comisión Europea mi grupo parlamentario presentó la segunda interpelación
y la segunda moción sobre cuál era la postura que debía tener España ante
esta propuesta de reforma. (Un señor Diputado: ¡Qué claridad!)
Parece mentira, señor...
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, continúe, ya se encarga la
Presidencia de protegerle.
El señor PASCUAL MONZO: Conseguimos en las dos mociones algo muy
importante, señorías, y a esto
voy, conseguimos que hubiera unanimidad de todos los grupos
parlamentarios. Porque era importantísimo, no solamente de cara a los
agricultores españoles, a los agricultores productores de frutas y
hortalizas, que no se hiciera partidismo con un tema tan importante --hay
que decir que la actual ley sobre frutas y hortalizas de la Unión Europea
viene del año 1972, y ante esta reforma nos estábamos jugando mucho
veinticuatro años después--, como no se hizo por todos los grupos
parlamentarios. Además aprendimos lo que había pasado pocos meses antes
con un debate análogo al de frutas y hortalizas, como era el de la OCM
del vino, en el que gracias a la postura del Congreso de los Diputados se
aprobó una proposición no de ley que costó muchísimo, y mi compañero
Isasi sabe muy bien lo que costó sacarla adelante, conseguimos, por un
lado, parar esa propuesta de la OCM de arranque de cepas, como pretendía
la Unión Europea, y al mismo tiempo ver que un documento emanado de esta
Cámara a los pocos días estaba en la mesa de algún Ministro de
Agricultura de la Unión Europea.
Por tanto, era importantísima esta unanimidad y al Grupo Popular nos
parecía peligrosísimo abrir el melón, ya que hablamos de frutas y
hortalizas, abrir la espita de la peligrosidad de perder esa unanimidad
de criterio ante nuestros agricultores y ante la Unión Europea.
Las dos mociones fueron muy debatidas por compañeros suyos de la anterior
legislatura. Costó mucho trabajo llegar al consenso, pero se llegó,
señorías. Y yo les digo a ustedes, señores del Grupo Socialista, si ese
consenso que se alcanzó por todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara en noviembre de 1995 y era bueno para un Ministro de Agricultura
del Partido Socialista, señor Atienza --muy amigo suyo, por cierto,
porque creo que la condecoró en plena campaña electoral--, creo que sigue
siendo bueno para la nueva Ministra de Agricultura del Partido Popular,
porque esa moción contaba con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular
que para eso la propuso.
Señorías, no ha cambiado nada externamente. No ha habido ningún
pronunciamiento externo que pudiera modificar la postura de esta Cámara,
porque los dos argumentos que usted ha esgrimido sobre el pronunciamiento
del Parlamento Europeo y de la Presidencia italiana entran dentro de la
negociación de la OCM de frutas y hortalizas. Y si se dio un margen de
confianza a la negociación del Ministro Atienza (en la moción recogimos
21 puntos de mínimos, lo que sería una carta magna de las frutas y
hortalizas), el mismo margen de confianza y de negociación hay que dar a
la nueva Ministra de Agricultura.
Lo que era bueno entonces sigue siendo bueno ahora. Y sigue siendo
acatado por toda la Cámara, a pesar de que haya una nueva legislatura.
Viendo luego la moción que ha aportado el Grupo Socialista, nos
encontramos con que a los 21 puntos vigentes de la moción de noviembre de
1995 solamente han sido capaces de aportar uno nuevo bastante
intrascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que la moción sigue viva, que la
moción sigue siendo totalmente válida y que ésta está fuera de lugar.
Gracias a Dios, no se ha roto la unanimidad. Gracias a Dios, seguimos
manteniendo la moción que, según se manifestó la Ministra, era una
magnífica moción que ella asumió personalmente. Esta moción en la que
hemos llegado a un acuerdo todos los grupos parlamentarios esta tarde
viene a decir prácticamente en su punto primero, y usted lo ha dicho en
su exposición: Que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar
cumplimiento y a hacer efectiva la moción aprobada por unanimidad en el
Pleno del Congreso del día 7 de noviembre de 1995.
Esperemos que con esta moción sigamos respaldando a la Ministra de
Agricultura y le demos el margen de confianza que se merece para que siga
negociando el futuro de un sector tan importante, como es el de la OCM de
frutas y hortalizas. Y yo le digo que tengo garantía plena de que nuestra
Ministra va a defender con total energía este sector.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hace unos días, cuando debatíamos en esta Cámara con la
Ministra de Agricultura sobre la OCM de frutas y verduras, se hizo
patente la necesidad para el sector de que se aprobara con la máxima
urgencia una OCM que fuera favorable, cosa que hay que admitir que no va
a ser una tarea fácil.
Hemos de reconocer que la Unión Europea es en realidad el punto de
encuentro de los intereses de los diferentes países que la constituyen. A
partir de aquí se intenta hacer una política global no renunciando, por
parte de los países mejor situados, a que esa política sea neutra para
sus intereses, de tal forma que si hiciésemos un análisis de cada una de
las normativas comunitarias que en este momento se están aplicando, en
seguida podríamos detectar que no existen políticas coherentes a nivel
agrario comunitario y detectaríamos sin ningún tipo de esfuerzo qué
países o qué conjunto de intereses responden a cada normativa, que las
grandes filosofías en que se apoyan las principales líneas de actuación
son mutantes y que los cambios que se experimentan están en función de
los intereses existentes en cada momento.
Por tanto, estamos hablando de la aplicación de una política agraria
sujeta a profundos y radicales cambios, por otra parte no siempre
lógicos. En el sector primario, cuya planificación por su idiosincrasia,
siempre es a largo plazo y su capacidad de adaptación
es, por definición, lenta y costosa, es absolutamente incompatible con la
aplicación de una política exclusivamente basada en hechos o intereses de
carácter coyuntural.
Para que no haya ningún tipo de dudas, nuestro grupo, y yo de forma
especial, nos sentimos profundamente europeístas. Pensamos que el futuro
pasa por la Europa de las regiones potentes, competitivas, capaz de
afrontar de una forma conjunta los retos del futuro, pero que no es menos
cierto que hay algunas políticas, algunos posicionamientos que hacen que
las líneas en que se inspiró el Tratado de Roma en este momento estén
totalmente desvirtuadas.
La aprobación del OCM de verduras y hortalizas es una necesidad imperiosa
para el campo. No en vano estamos hablando de un sector que, como
decíamos el otro día, es dinámico y con una fuerte presencia en el
mercado exportador, por tanto, con un papel nunca suficientemente
reconocido por lo que se refiere a la aportación y al equilibrio del
conjunto de la economía española, ayudando ésta a la configuración de una
balanza de pagos más positiva. Hay que recordar que no hace muchos años
la presencia de productos españoles en el exterior estaba en algunos
casos ligada casi exclusivamente a los productos hortofrutícolas.
Ese esfuerzo que se ha hecho no se ha visto correspondido con ayudas
comunitarias. De hecho, si tenemos en cuenta la participación en la
producción final agraria española, es el sector que menos ayudas recibe
de la Unión Europea.
Ahora vivimos en un momento de gran incertidumbre. Cómo va a afectar la
aplicación práctica de los tratados de libre comercio con el Magreb, o la
aplicación de los acuerdos de convalidación del GATT con lo que hace
referencia a los nuevos mercados de Centroamérica o del cono Sur, así
como la extensión paulatina también a los mercados de Extremo Oriente.
El sector tiene que prepararse. Hay que promover la organización interna
del mismo para que sea fuerte, para que sea capaz de responder con fuerza
a las políticas comerciales que se van a presentar. Por ese motivo
nuestro grupo está en la línea de que hay que intentar que en el mínimo
tiempo posible el sector pueda disponer de una OCM que defienda el
conjunto de sus intereses.
Por lo que se refiere al posicionamiento general, entendemos que esta
nueva OCM tiene que basarse en cuatro puntos fundamentales: adaptar la
oferta a la demanda; mantener los principios de solidaridad financiera y,
de una forma clara, la preferencia comunitaria; que los recursos
financieros sean suficientes para cumplir con su objetivo y que se
mantenga el actual nivel de alto abastecimiento.
Para poder conseguir estos objetivos se tiene que arbitrar toda una serie
de mecanismos imprescindibles y tendentes a situar al sector en una
posición lo más competitiva posible, que, a nuestro entender, estaría en
la línea de promover acciones necesarias que permitan que las
organizaciones profesionales intensifiquen su papel, a fin de conseguir
una dimensión y una eficacia óptima en establecer criterios homogéneos y
rigurosos para el reconocimiento de estas organizaciones de productores;
potenciar la comercialización de los productos a través de dichas
organizaciones; fijar un período transitorio para la adaptación del
sector; promover la creación, así como la fusión, de las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas a través de la afiliación
comunitaria; promover la creación de las Interprofesionales y tender, con
lo difícil que eso es, hacia la producción de productos no excedentarios.
No obstante, y como ya se ha anunciado, las buenas intenciones tendrán
que convertirse en realidad y habrá que estar atento, muy atento, diría
yo, a la mesa de negociaciones para la revisión de la actual propuesta de
reforma de la OCM de frutas y hortalizas básicamente en tres líneas
fundamentales.
En primer lugar, ser escrupulosamente respetuosos con la letra, pero
sobre todo con la filosofía del Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea. Mantener el principio de la solidaridad financiera. Y, en tercer
lugar, el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron en el
Consejo Jumbo en septiembre de 1993, en la línea de dar el mismo
tratamiento a los productos pendientes de reforma que el que se dio a los
que su OCM reformó en el ano 1992, sobre todo por lo que hace referencia
a los aspectos financieros y a las ayudas a las rentas.
La aprobación de la OCM de frutas y verduras va a ser difícil. En todo
caso, será el resultado de negociaciones que posiblemente sean largas y
complejas. Una muestra es la dificultad con que se encontró el propio
gobierno socialista para aprobarla durante el semestre en el que
presidíamos la Unión Europea.
Nuestro grupo ha estudiado con mucha atención la moción que presentó el
Grupo Socialista. Hemos leído el debate de la moción del 7 de noviembre,
en el que todos los grupos se posicionaron al respecto. El portavoz del
Partido Socialista, señor Pau, a quien conozco personalmente, al terminar
su intervención decía: Por tanto, agradezco en nombre de mi grupo a todos
los grupos parlamentarios su buena disposición. Creo que disponemos de un
instrumento serio, de un instrumento que permitirá que el Ministro pueda
negociar con tranquilidad y con mayor firmeza las posiciones que defiende
el sector. Y luego pedía el voto.
Resumiendo, y con esto termino, señor Presidente, como decía hace pocos
meses el portavoz socialista, señor Pau, estamos frente a un instrumento
serio, que además fue aprobado por la unanimidad de esta Cámara. Aunque
es cierto que ha habido elecciones y que éstas han conllevado importantes
cambios, entendemos que en el sector hortofrutícola la problemática
continúa siendo la misma. La moción de 7 de noviembre, en cuya
elaboración participaron los diferentes grupos y que obtuvo la
unanimidad, en estos momentos está en completa vigencia. No obstante,
durante los
últimos tiempos, la crisis de los frutos secos y especialmente el de la
avellana se ha agudizado. Entendemos que debe tener un tratamiento
especial en esta moción.
Por todo lo expuesto, nuestro grupo ha presentado una enmienda de
sustitución que se divide en dos bloques. El primero pide que el actual
gobierno se comprometa con la propuesta que se aprobó el 7 de noviembre y
una segunda que incorpora una propuesta que por unanimidad de todas las
fuerzas políticas aprobó el Parlamento de Cataluña y que textualmente
dice: Que se restablezca una ayuda económica directa compensatoria de la
pérdida de renta a los productores de avellana. Que se establezca la
obligatoriedad de presentación de los certificados de importación, tanto
por lo que se refiere a las avellanas en cáscara, en grano o a los
productos transformados a base de avellanas. Que se mantenga el régimen
específico de los frutos secos y de las algarrobas en la OCM de frutas y
hortalizas y que las ayudas actuales continúen más allá de los diez años
previstos.
Posteriormente, todos los portavoces que hemos intervenido en este tema
hemos renunciado a las enmiendas que habíamos presentado, con el fin de
unirnos en una transaccional que recoge, a mi entender, el sentimiento
del conjunto de la Cámara. En ese caso vamos a obtener también la
unanimidad.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no tenemos más que
felicitarnos y desear que esa coincidencia que hemos tenido hoy en esa
propuesta de la OCM de frutas y verduras sea el principio de una etapa de
colaboración entre los grupos que traemos a esta Cámara temas de carácter
agrícola; estoy seguro que será en beneficio del sector agrario.
Muchas gracias, señor Presidente y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
Habían presentado enmiendas el Grupo parlamentario Canario y el Grupo
parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Mardones, en relación con la enmienda de su
grupo.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con enorme brevedad y a los efectos de anunciar, en primer lugar, la
retirada de nuestra enmienda que habíamos planteado en el texto original
que conocíamos de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones, no se le puede escuchar a S.
S. si el resto de la Cámara no guarda silencio. Señorías, les vuelvo a
encarecer, y no hace falta que me extienda mucho en las razones, que a
estas horas sería muy bueno que guardaran silencio en beneficio de todos.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Reitero que intervengo a los efectos de dar por retirada la enmienda que
Coalición Canaria había presentado a esta iniciativa socialista, en el
bien entendido de que adscribimos y asumimos plenamente la enmienda
transaccional que vamos a votar. Pero quiero hacer un juicio previo, en
el sentido de que entendemos que aquí se recupera lo que fue la letra y
el espíritu del debate que habíamos tenido tanto en marzo del año pasado,
en la primera moción que vino sobre OCM, como el 7 de noviembre, en que
ya aprobamos un texto que reproduce íntegramente la iniciativa
socialista; y ese espíritu de consenso es el que nosotros reiteramos. Nos
sumamos a él desde la problemática de que los frutos y los productos
hortofrutícolas necesitan de una OCM consensuada, y la imagen que tenemos
que dar a Europa es que todas y cada una de las fuerzas políticas que
constituimos este Parlamento estamos unidos en una defensa de un interés
de Estado para conseguir una OCM en la que no haya fisuras de ningunos
otros intereses que no sean los legítimamente representados por esta
Cámara, como representantes de unos intereses de la agricultura española
para estas OCM. Que se entere también Europa y aquellos países que no
acaban de acceder a lo que unitariamente se plantea desde España, desde
el Estado español en la OCM de que ya estamos hartos, porque el torpedeo
no puede estar en esta Cámara. Las objeciones están viniendo de otros
países de la Unión Europea; pues que al menos reciban esta imagen de
solidez y de cohesión. Ese es el espíritu que conseguimos aquí por
consenso el día 7 de noviembre. Esa paternidad o maternidad es de todos
los grupos parlamentarios.
Por esta razón, señor Presidente, nos adherimos y mantenemos ese consenso
y lo vemos explícitamente reflejado, con las complementaciones que se han
hecho para frutos secos y avellanas, con las que como he dicho, somos
solidarios en la enmienda transaccional a la que nos sumamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El Grupo Vasco-PNV también había presentado enmiendas.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero manifestar que mi Grupo apoya las transacciones efectuadas,
que si no desfiguran sí transforman parcialmente la moción presentada por
el Grupo Socialista, que sí tenía cierto carácter de unilateralidad.
Mi Grupo reconoce que la recuperación del consenso de noviembre de 1995
es un gran valor. Esto mantiene unas posiciones unitarias en esta Cámara
que
son buenas para la negociación de la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas. Que nuestras enmiendas pretendían un triple objetivo o
finalidad: primero, que queden exentas de cumplir las normas de
clasificación de productos frescos aquellos que se vendan directamente
por parte del productor al consumidor en mercados y ferias locales y
tradicionales. Eso estaba consignado en el texto de la moción en sus
propios términos, pero teníamos una doble pretensión adicional, señor
Presidente: que las ayudas que se establezcan para fomentar la
constitución de organizaciones de productores de frutas y verduras sean
financiadas íntegramente por la Comunidad, así como los fondos
operacionales destinados a las actividades que se prevén en la reforma de
la OCM, que son excepcionalmente de intervención de productos o de
adaptación o de estructuración del propio mercado.
Una última cautela, respecto a lo que ya manifestamos que vamos a
mantener una posición vigilante desde nuestro grupo parlamentario, señor
Presidente, es que la constitución y funcionamiento de OPFH de esta
naturaleza no estén más beneficiadas o más subvencionadas en zonas
objetivo 1 que en las demás. Es un problema todavía pendiente de
resolución respecto al cual vamos a mantener una posición de vigilancia.
En todo caso, nos felicitamos con todos los demás grupos, señor
Presidente, por los consensos obtenidos, al mismo tiempo que felicitamos
también al Partido Socialista por la flexibilidad que ha demostrado en la
tarde de hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, prometo ser breve porque, a pesar de lo que pueda parecer, esta
es una moción consensuada. En este sentido, quisiera agradecer a la
portavoz socialista, Ana Leiva, la flexibilidad que ha tenido y, de
alguna manera, el reconocimiento a toda una labor realizada en la
anterior legislatura.
La intervención del señor Pascual en el contenido me ha parecido muy
adecuada, pero me da la impresión de que es bastante legítimo que cuando
se produce un cambio de gobierno y también un cambio en la composición
del Parlamento se pueda presentar una moción en los mismos términos
instando al nuevo gobierno. Por tanto, no es nada extraño, aunque
nosotros hubiésemos preferido que realmente no se entrase a modificar la
moción aprobada en noviembre de 1995.
En el momento en que el Partido Socialista presenta una moción que
incluye modificaciones en relación a noviembre de 1995, nuestro grupo
parlamentario, haciéndose eco de organizaciones agrarias que nos habían
hecho llegar a todos los grupos parlamentarios enmiendas, ha introducido
unas cuantas y, afortunadamente, el núcleo más importante ha sido
recogido en el primer punto de la moción que hoy se someterá a votación.
En lo que hace referencia a que esta OCM tenga un presupuesto
equilibrado, que haya una relación de equidad en el tratamiento de las
organizaciones comunes de mercado de los productos mediterráneos en
relación con las OCM ya reformadas y que se cumpla el acuerdo Jumbo de
1993.
Habíamos hecho otras enmiendas, sobre todo lo que hace referencia a que
las organizaciones de productores tuviesen una financiación suficiente
para poder implantarse y desarrollarse, teniendo en cuenta que en nuestro
país son todavía muy incipientes y que la organización común de mercado
las hace una pieza clave en la reforma.
Habíamos establecido también toda una serie de puntos en relación con la
preferencia comunitaria y no quiero dejar de decir que nuestro grupo
parlamentario presentará una proposición no de ley en el sentido de que
se inste a que haya informes anuales y si no bianuales para ver de qué
manera los acuerdos preferenciales con países terceros y el acuerdo del
GATT influyen sobre la renta de los agricultores en nuestro país. En ese
sentido, anuncio ya la presentación de una proposición no de ley.
Señorías, la segunda parte de la moción que hoy se someterá a votación
incluye un tema importante que afecta a comarcas de Cataluña, como es el
de la avellana y la necesidad de que existan compensaciones directas a
las rentas de los productores de avellana, que ven muy afectados sus
ingresos debido a las importaciones masivas de Turquía. Nos felicitamos
de que tanto la enmienda que presentaba Convergència i Unió como la que
presentaba nuestro propio Grupo hayan sido recogidas en esta nueva
moción.
Acabo diciendo, señorías, que en esta organización común de mercado ha
habido muchos problemas y muchas dificultades. El Ministro Atienza empezó
diciendo en 1993 que no se planteaba durante la presidencia comunitaria
sacar adelante la OCM del vino porque estaba muy verde, pero sí se
comprometía a adelantar mucho en la OCM de frutas y hortalizas. Estamos
al final prácticamente de la presidencia italiana y esta OCM todavía no
ha salido. Probablemente pueda ser aprobada en muy corto plazo.
Pero nos jugamos mucho, señorías, porque la Unión Europea está siendo muy
cicatera con la reforma de las organizaciones comunes de mercado de los
productos mediterráneos y sin embargo vemos cómo el presupuesto destinado
al sector del vacuno y al sector de los cultivos herbáceos no deja de
crecer y esto es realmente preocupante.
Por eso, nuestro grupo parlamentario dijo a la Ministra De Palacio que en
ese sentido le exigiremos la máxima firmeza, porque si a la cicatería de
la Unión
Europea añadimos el recorte presupuestario de 10.000 millones en el
presupuesto de agricultura, tenemos que entender que la situación en el
campo español puede ser complicada en los próximos años.
Señorías, y ya lo dije en el debate de la interpelación, estaremos muy
atentos a las negociaciones y al debate en la Unión Europea y también
pediría al resto de los miembros de la Cámara que mantuviésemos lo que
establecía la moción de noviembre de 1995 y si lo que la Unión Europea
plantea como reforma de la OCM no es satisfactorio y no recoge lo
esencial de estos puntos que aquí tenemos se pida el rechazo de la
propuesta de la Comisión y el veto a la misma.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, intervengo a estas horas de
la noche para fijar la posición de Unión Valenciana en esta moción de
consenso, referente a la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Si
estamos buscando el consenso, también forma parte de él el Grupo
Parlamentario Mixto. En nombre del mismo, y en nombre de Unión
Valenciana, voy a aportar ese granito de arena a ese consenso que es
necesario en esta cuestión que hoy nos ocupa, y aunque sea una hora
aparentemente intempestiva, la importancia del sector lo merece.
Creo que el punto inicial de arranque de la propuesta del Grupo
Socialista no es más que el punto de arranque de lo que fue en marzo de
1995 y lo que fue posteriormente ese acuerdo del 7 de noviembre.
Simplemente es que haya un frente común para conseguir que la OCM de
frutas y hortalizas a aprobar en el seno de la Unión Europea sea
favorable a los intereses del sector hortofrutícola español. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Creo que de la moción que usted presentó en su día, el encabezamiento es
lo más positivo, que es lo que se recoge en esa moción consensuada del 7
de noviembre. El texto transaccional, al que Unión Valenciana ha aportado
su firma y su beneplácito, creo que es muy importante en estos momentos.
Ha habido un cambio de Gobierno, pero afortunadamente no ha habido un
cambio de postura de este Parlamento en lo que debe ser prioritario, que
es impulsar esa reforma pendiente de la OCM de frutas y hortalizas sobre
la base de los mismos principios agrícolas y financieros aplicados en su
día en anteriores reformas de los productos continentales.
Como ha señalado el portavoz del Grupo Popular, nos estamos guiando por
una OCM del año 1972 y ha llegado el momento --y esa debe ser la postura
a defender por España-- en que se apruebe una nueva OCM de frutas y
hortalizas en la que los principios básicos de defensa del sector agrario
español, de la agricultura mediterránea, estén recogidos en su
integridad, porque no podemos tolerar una discriminación cuando OCM de
productos continentales han sido consideradas de una manera muy positiva
para sus intereses; no podemos permitir, digo, que una OCM de frutas y
hortalizas, tan importante para la agricultura española, no sea
considerada respetando los principios, cuando menos, que estuvieron
vigentes, que fueron aplicados en las OCM anteriores aprobadas en la
Unión Europea.
Creo que hay unos principios básicos que se recogieron en esa moción de
noviembre de 1995 y que tienen que ser hoy respaldados como van a serlo
hoy por esta enmienda transaccional a la moción, suscrita por todos los
grupos. Hay una propuesta de octubre de 1995 de la Unión Europea de un
borrador de OCM que no es satisfactorio, tiene avances importantes, pero,
repito, no es satisfactorio. Del 15 de abril de 1996 hay otro documento
de trabajo que recoge puntos positivos, pero sigue dejando aspectos
negativos encima de la mesa, que es el claro predominio de la vertiente
presupuestaria que España no puede ceder. No podemos tolerar la reducción
presupuestaria en relación a las disponibilidades del ejercicio de 1995.
Sobre todo, el aspecto más negativo, es que se incumple el principio de
solidaridad financiera. El sistema de cofinanciación es una clara
discriminación que España no puede permitir, porque es una clara
discriminación respecto a las reformas, anteriormente realizadas por la
Unión Europea, en ciertos sectores.
Por tanto, creo que es importante el paso que hemos dado hoy; hay lagunas
en esa OCM. Parece que Italia no se va a atrever a aprobarla y que será
la presidencia irlandesa la que dé el paso, pero creo que es importante,
que igual que le dimos el mandato en noviembre de 1995 al entonces
Ministro Atienza, salgamos haciendo un frente común, formando una piña,
ante la actual Ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, en el sentido
de que sea firme defendiendo aquellos planteamientos que hoy refrendamos,
pero con una cuestión muy clara que nadie o casi nadie ha recordado: la
moción de noviembre de 1995 tenía un claro mandato, y es que si las
propuestas de OCM de la Unión Europea no favorecen globalmente a los
intereses españoles, esto es, que no se recogen los principios básicos
innegociables para la agricultura mediterránea, lo que tiene que hacer el
Gobierno español es rechazar esa OCM. Y hay que recordar claramente que
ese era el mandato del Parlamento en esa moción del año 1995; que si no
se recogen esos principios básicos innegociables, que no podemos dejar
pasar, el Gobierno español tiene el mandato de rechazar. Incluso nos
podríamos aventurar a decir que si la Unión Europea es insensible a las
demandas de la agricultura mediterránea en un texto de OCM positivo para
los agricultores españoles, tendremos que vetar ese texto porque no nos
quedará más remedio, pues si las OCM de productos continentales
recibieron un trato positivo,
no podemos tolerar que la OCM de frutas y hortalizas no tenga cuanto
menos el mismo trato. Por lo tanto, el consenso es positivo pero la
firmeza que le exigimos al Partido Socialista en noviembre de 1995 tiene
que ser recordada con la misma intensidad al Gobierno del Partido Popular
del mes de junio del año 1996. Y si ese consenso va en esa línea, nos
sumamos a él pero, sobre todo, firmeza, que el sector agrícola nos lo
exige, nos lo demanda y no podemos fallarle.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista del
Congreso sobre la reforma de la Organización Común de Mercado del sector
de frutas y hortalizas, frescas y transformadas, en los términos de la
aceptación de la enmienda transaccional que han suscrito además los
grupos enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a
favor, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la moción en los
términos de la citada enmienda transaccional.
Continúa la sesión con carácter secreto.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.