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DS. Senado, Pleno, núm. 25, de 09/03/1994
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Año 1994 V Legislatura
Número 25



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 9 de marzo de 1994



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión de Suplicatorios



--En relación con el Excmo. Sr. don Miguel Pérez Villar. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 83, de
fecha 25 de febrero de 1994) (número de expediente 504/000004.)



Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados --De la Comisión Constitucional, en
relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral General. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 17, de fecha 7
de marzo de 1994) (número de expediente S. 621/000017.)



--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre
subrogación de préstamos hipotecarios. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 18, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de
expediente S. 621/000018) (número de expediente CD 121/000038.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 1, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000001) (número de expediente CD
127/000004.)



Página 1144




--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica
12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma
Valenciana de competencia de titularidad estatal. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número
12, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 625/000001)
(número de expediente CD 125/000004.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de
Autonomía de La Rioja. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 2, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000002) (número de expediente CD
127/000005.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria.

(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III B, número 3, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S.

605/000003) (número de expediente CD 127/000006.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 4, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000004) (número de expediente CD
127/000007.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 5, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000005) (número de expediente CD
127/000008.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 6, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000006) (número de expediente CD
127/000009.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 7, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000007) (número de expediente CD
127/000010.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III B, número 8, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de
expediente S. 605/000008) (número de expediente CD 127/000011.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 9, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000009) (número de expediente CD
127/000012.)



--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y
18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para Asturias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 10, de fecha 4 de marzo de 1994)
(número de expediente S. 605/000010) (número de expediente CD
127/000013.)



Página 1145




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.




DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS



En relación con el Excelentísimo Señor don Miguel Pérez Villar (Página 1149)



El señor presidente anuncia, de acuerdo con el artículo 22.3 del
Reglamento de la Cámara, la tramitación de este punto en sesión secreta.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.




De la Comisión Constitucional, en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General (Página 1149).




El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




No hay debate de totalidad. Se procede a la defensa de las enmiendas de
forma agrupada.




El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende la enmienda número 2. El señor Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, defiende las enmiendas
número 21 a 30 y 32. El señor Calvo Lou, del Grupo Mixto, Partido
Aragonés Regionalista, defiende la enmienda número 1. El señor Sanz
Cebrián defiende las enmiendas números 3 a 20, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias defiende las enmiendas
números 42 y 43, del Grupo de Coalición Canaria, así como una enmienda
transaccional, que propone la adición de un artículo decimotercero,
anunciando la retirada, caso de ser aprobada dicha enmienda, de la toma
en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por
la Ley Orgánica 6/1992, presentada por su Grupo Parlamentario. El señor
Rigol i Roig defiende las enmiendas números 38 y 39, retirando las
números 36, 37, 40 y 41, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor González Pons defiende las enmiendas números 34 y 35, del
Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Ramón i Quiles, por el Grupo Mixto; González Pons, por el Grupo
Popular, y Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista, quien al mismo
tiempo interviene en contra de las enmiendas presentadas y defiende una
propuesta relativa a las rúbricas de los artículos.




Se procede a votar.




Se rechaza la enmienda número 2, del señor Cuevas González y la señora
Vilallonga Elviro, por 10 votos a favor, 218 en contra y 4 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 21, del señor Ramón i Quiles, por 8 votos a
favor, 220 en contra y 4 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 22 a 30 y 32, del señor Ramón i Quiles,
por 11 votos a favor, 220 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 13 votos a favor,
217 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 3 a 20, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 207 en contra y 15
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Grupo de Coalición
Canaria, por 11 votos a favor 216 en contra y 3 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 38 y 39, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 25 votos a favor, 206 en contra y 2
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Popular, por 106
votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones.




Se aprueban dos textos presentados en virtud del artículo 125 del
Reglamento y firmados por todos los Grupos Parlamentarios, relativos a
las rúbricas de los artículos, por asentimiento de la Cámara.




Se aprueba una propuesta de redacción para el artículo decimotercero,
suscrita por todos los grupos Parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.




Se aprueban los artículos 1 a 12, con las modificaciones introducidas,
por 227 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban las disposiciones transitorias y final, así como la
Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 228 votos a
favor, 1 en contra y 3 abstenciones.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Página 1146




De la Comisión de Justicia, en relación con el Proyecto de Ley sobre
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (Página 1163).




El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




No hay debate de totalidad. Se procede a la defensa de las enmiendas de
manera agrupada.




El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende las enmiendas números 11, 12 y 13. El señor Calvo Lou
defiende las enmiendas números 2 y 3, retirando la número 1, del Grupo
Mixto. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 4 a 6, 8 y 9,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias
defiende la enmienda número 64, retirando las números 63, 65 y 66, del
Grupo de Coalición Canaria. El señor Ibarz i Casadevall defiende la
enmienda número 56, retirando las números 51, 54, 59 y 60, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Cañellas Fons
defiende las enmiendas números 15 a 38, 40 a 42, y 46 a 48, retirando las
números 43 y 44, del Grupo Popular. El señor Iglesias Marcelo consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
senadores Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que retira en este acto la enmienda número 56 de su
Grupo Parlamentario; Prada Presa, por el Grupo Popular, e Iglesias
Marcelo, por el Grupo Socialista.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 11, 12 y 13, del señor Cuevas González,
por 14 votos a favor y 221 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Mixto, por 15 votos a
favor y 220 en contra.




Se rechazan las enmiendas número 4 a 6 y 8 del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 221 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 111 votos a favor 122 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo de Coalición Canaria, por 14
votos a favor, 127 en contra y 95 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 15 a 38, 40 a 42 y 46 a 48, del Grupo
Popular, por 107 votos a favor, 125 en contra y 4 abstenciones.




Se aprueban unas correcciones gramaticales, propuestas por el señor
Iglesias Marcelo, por asentimiento de la Cámara.




Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, relativa a los artículos 7 y 9, por asentimiento de la
Cámara.




Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, relativa a una disposición adicional cuarta nueva, por
asentimiento de la Cámara.




Se aprueban los artículos 1 a 9, las disposiciones adicionales y final,
así como la Exposición de Motivos, con las modificaciones introducidas,
por 235 votos a favor de los 235 emitidos.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana (Página 1175).




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica
12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma
Valenciana de competencias de titularidad estatal (Página 1175).




El señor Reventós i Carner, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen, que se refiere a la modificación de todos los Estatutos de
Autonomía incluidos en el orden del día.




El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista
Valenciana, defiende las enmiendas números 1 a 3. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el Grupo Mixto;
Sanz Cebrián, por el grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano
González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Roca, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ortí Bordás, por el Grupo
Popular, y Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista. El señor Ramón i
Quiles interviene de nuevo en virtud del artículo 87, retirando en este
acto sus enmiendas.




Se aprueban el artículo único, las disposiciones derogatoria y final, así
como el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según el texto del
dictamen, por 221 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.




El señor Pérez Borroy desea que conste en Acta que ha incurrido en error
al emitir su voto.




Página 1147




Se aprueba la Proposición de Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de
Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de
titularidad estatal, según el texto del dictamen, por 223 votos a favor y
una abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que quedan definitivamente
aprobadas por las Cortes Generales ambas Proposiciones de Ley.




Se suspende la sesión a las quince horas.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de
Autonomía de La Rioja (Página 1187).




El señor Cuevas González defiende las enmiendas 1 a 18, suscritas
asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Virosta Garoz, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el
Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo
Popular, y Díaz González, por el Grupo Socialista. Los señores Virosta
Garoz y Sanz Cebrián intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 18, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 6 votos a favor, 194 en contra y 4
abstenciones.




Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de
Autonomía de La Rioja, según el texto del dictamen, por 202 votos a favor
y 2 en contra.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria
(Página 1194)



Al no haberse presentado ninguna enmienda, no se produce debate de
totalidad. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Cuevas González, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Bueno Fernández, por el Grupo Popular, y Sota
Verdión, por el Grupo Socialista. Los señores Bolinaga Bengoa y Sota
Verdión intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.




Se aprueba la Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para
Cantabria, según el texto del dictamen, por 214 votos a favor, 3 en
contra y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia (Página 1199)



La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 21,
suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Maeso Carbonell, por el Grupo Popular, y
Hurtado García, por el Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 21, de la señora Vilallonga Elviro
y el señor Cuevas González, por 4 votos a favor, 215 en contra y 3
abstenciones.




Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, según el texto del dictamen, por 217 votos a favor, 2
en contra y 2 abstenciones.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares (Página 1206)



El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 y 2, suscritas
asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces,



Página 1148




hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Juan Cardona, por el Grupo Popular, y Garcías Coll,
por el Grupo Socialista. El señor Cañellas Fons interviene por alusiones.

Le responde el señor Garcías Coll.




Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 6 votos a favor, 200 en contra y 1
abstención.




Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, según el texto del dictamen, por 212 votos a favor, 2 en
contra y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León (Página 1212)



La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 2 a 21,
suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Sainz García, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 2 a 21, de la señora Vilallonga Elviro
y el señor Cuevas González, por 4 votos a favor, 217 en contra y 2
abstenciones.




Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, según el texto del dictamen, por 219 votos a favor, 2 en
contra y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha (Página 1220)



La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 19,
suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Sala i Canadell, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Molina García, por el Grupo Popular, y Grimaldos
Grimaldos, por el Grupo Socialista.




El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, advierte un error en el texto del
artículo 35.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 19, de la señora Vilallonga Elviro
y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 203 en contra y 2
abstenciones.




Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, según el texto del dictamen, por 210 votos a favor y
3 abstenciones.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura (Página 1225)



El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 29, suscritas
asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Bertrán i
Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular, e Iglesias Marcelo, por el
Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 29, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 5 votos a favor, 204 en contra y 1
abstención.




Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la Proposición de Ley
Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según el
texto del dictamen, por 206 votos a favor 3, en contra y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




Página 1149




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid (Página 1230).




La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 50,
suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Rigol y Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular, y Serrano Beltrán, por el
Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 50, de la señora Vilallonga Elviro
y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 200 en contra y 1
abstención.




Se aprueban el artículo único, la disposición derogatoria y el Preámbulo
de la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, según el texto del dictamen, por 201 votos a
favor, 2 en contra y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y
18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para Asturias (Página 1237).




El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 23, suscritas
asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Fernández Rozada, por el Grupo Popular, y García Fernández, por
el Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 23, de la señora Vilallonga Elviro
y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 202 en contra y 1
abstención.




Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la Proposición de Ley
Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias, según el texto del dictamen, por 201 votos a favor, 2 en contra
y 1 abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.




Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.




DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS



--EN RELACION CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MIGUEL PEREZ VILLAR.

(504/000004.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto cuarto del orden del día,
Dictamen de la Comisión de Suplicatorios, en relación con el
Excelentísimo señor don Miguel Pérez Villar. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 83, de fecha 25
de febrero de 1994.)
De acuerdo con el artículo 22.3 del Reglamento de la Cámara, este
dictamen ha de ser informado en Pleno en sesión secreta.




Comienza la sesión secreta.




Se reanuda la sesión pública.




DICTAMEN DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY
ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL
REGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(S. 621/000017.) (C. D. 121/000036.)



El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.

En primer lugar, de la Comisión Constitucional, en relación con el
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General. Ya saben sus señorías que este



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proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia, y su publicación
figura en los Boletines correspondientes con fecha 7 de marzo de 1994.

Ruego al Presidente de la Comisión Constitucional que me indique si ha
sido designado algún Senador para la presentación del dictamen.




El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor Presidente, la Comisión ha acordado
designar al propio Presidente de la Comisión para la presentación del
dictamen.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, su señoría tiene la palabra.




El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

El proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, tuvo entrada en el Senado el
pasado día 23 de febrero, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

Se presentaron cuarenta y tres enmiendas en el plazo que, al efecto, se
habilitó. De éstas, doce fueron presentadas por el señor Ramón i Quiles;
una, por la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González; una, por
el Grupo Parlamentario Mixto; dieciocho, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; dos, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; seis, por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió; dos, por el Grupo Parlamentario Popular, y una,
conjuntamente, por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.

La Comisión Constitucional se reunió el pasado jueves, 3 de marzo, para
emitir un dictamen en relación con este proyecto de ley, y dictaminó
directamente, sin previa designación de Ponencia y, por consiguiente, sin
emisión del correspondiente informe, debido al estrecho margen que dejaba
el calendario legislativo previsto, que contemplaba precisamente el
pronunciamiento del Pleno de la Cámara sobre este proyecto de ley en el
transcurso de la sesión plenaria en que nos encontramos.

En el transcurso del debate, la Comisión Constitucional aprobó por
unanimidad la enmienda número 33, presentada por todos los grupos
parlamentarios del Senado, mediante la cual se introduce en el texto del
proyecto de ley una disposición transitoria que, en relación con las
elecciones que se celebren durante 1994, prevé que puedan incorporarse al
censo electoral vigente las modificaciones comunicadas por los
ayuntamientos y los consulados con respecto a la revisión del censo
electoral a 1.º de enero de 1994 y contiene un mandato expreso a la Junta
Electoral Central para que adopte las medidas y garantías necesarias en
orden a salvaguardar el derecho fundamental de sufragio de los
ciudadanos, que no podrán ser dados de baja del censo, salvo pérdida de
las condiciones subjetivas de capacidad. Mediante esta disposición
transitoria se pretende evitar los problemas planteados por el censo
electoral en las pasadas elecciones.

Todas las demás enmiendas defendidas fueron rechazadas por la Comisión,
si bien es cierto que en el transcurso del debate se dejó entrever la
posibilidad de que el dictamen fuera objeto de ulteriores modificaciones
en el trámite en que nos encontramos: el de su discusión en el Pleno del
Senado.

Se han presentado siete votos particulares al dictamen de la Comisión,
mediante los cuales se ha hecho reserva del derecho a defender ante el
Pleno las enmiendas presentadas en su día, con excepción de la número 33
que, como he señalado, fue incorporada al dictamen de la Comisión, y de
la número 31, que fue retirada en el transcurso del debate en aquélla por
el señor Ramón i Quiles.

En su configuración actual el proyecto de Ley consta de doce artículos,
una disposición transitoria y una final precedidos de la correspondiente
exposición de motivos.

Los aspectos de la vigente Ley del Régimen Electoral General en los que
se introducen modificaciones, son fundamentalmente los relativos a la
duración de la campaña electoral, la determinación del límite máximo de
los gastos electorales y de su control, el desarrollo de la campaña
institucional, la publicidad exterior y en los medios de comunicación y
el régimen de las subvenciones. Asimismo, el tenor de la Ley se adapta a
la normativa comunitaria referente a la elección de los representantes en
el Parlamento europeo, incluido el aumento de eurodiputados a elegir en
el Reino de España, que pasa de 60 a 64. A ello hay que añadir las
precisiones establecidas en la Comisión Constitucional de esta Cámara
sobre el censo electoral, a las que antes he hecho referencia,
Finaliza así mi presentación del dictamen emitido por la Comisión
Constitucional --que tengo el honor de presidir-- en relación al proyecto
de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio
del Régimen Electoral General. Modificación que tiene la innegable
importancia de todo lo que supone cambiar, con la evidente intención de
mejorarlo, aspectos del régimen electoral que tanta trascendencia tienen
en la constitución política de cualquier país democráticamente avanzado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Los grupos parlamentarios manifestaron en la Junta de Portavoces que no
iban a hacer uso de los turnos correspondientes al debate de totalidad.

En todo caso, pregunto si algún grupo parlamentario va a hacer uso de
ellos. (Pausa.)
Si no es así, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas presentadas a
este proyecto. Si no hay objeción, efectuaremos el debate de las mismas
agrupadamente.




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En primer lugar, para la defensa de sus votos particulares, tiene la
palabra el Senador Cuevas González.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Desde Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, manifestamos, en primer
lugar, que nos congratulamos del teórico acuerdo al que hemos llegado las
formaciones políticas en general de reducir gastos electorales, en
consonancia con la realidad económica del país.

Dicho esto, señor Presidente, voy a pasar a defender el voto particular
número dos de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, que tiene por
objeto, por una parte, garantizar la contratación de publicidad en las
emisoras de televisión privada y por otra, garantizar asimismo en estas
emisoras la pluralidad en los debates con la presencia igualitaria de los
representantes de cada candidatura que se presenten en las elecciones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.

Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles para la defensa de sus
enmiendas.




El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.

Señorías, dos aspectos fundamentales son los que encierran las enmiendas
presentadas por Esquerra Nacionalista Valenciana.

En primer lugar, la enmienda número 21 pretende mantener la igualdad de
oportunidades para todos aquellos partidos políticos que se presentan a
las elecciones. Con el precepto establecido por la presente reforma se
deja al margen a muchos partidos con la excusa de esa reducción de
gastos. Pensamos que es un defecto fácilmente entendible por aquel que
ostenta la mayoría, pero que debe ser eliminado totalmente.

El resto de las enmiendas van dirigidas a la circunscripción electoral en
las elecciones europeas. Entendemos, por todas las Recomendaciones
europeas, porque estamos en un Estado de las Autonomías, porque creemos
en un Estado Federal y porque la democracia empieza desde el ciudadano,
que la circunscripción electoral para las elecciones europeas debe
coincidir con la Comunidad Autónoma.

Estas han sido las enmiendas presentadas, no solamente el texto concreto
donde se habla de que la circunscripción electoral ha de ser la
autonómica, sino a todo el entramado de la propia Ley electoral para que
este deseo sea un hecho factible y debidamente legislado.

En resumen, estos dos planteamientos son los que pretende Esquerra
Nacionalista Valencià en sus enmiendas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda número 1,
correspondiente al voto particular número 5, tiene la palabra el Senador
Calvo Lou, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, tomo la palabra para defender, en nombre del Partido Aragonés,
la enmienda número 1 a la Ley Orgánica de modificación de la Ley 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

El artículo 214 de la Ley Electoral fija la circunscripción electoral
para las elecciones al Parlamento Europeo a todo el territorio del
Estado. En la primera parte de la enmienda que estoy defendiendo se
pretende que la circunscripción electoral coincida con el ámbito
territorial de las Comunidades Autónomas. La razón política fundamental
para este cambio consiste en adecuar las circunscripciones electorales a
la España de las autonomías. No se entiende, cuando la Constitución
reconoce una nueva organización territorial del Estado y una vez que esta
organización ha ido avanzando, que mantengamos para unas elecciones
importantísimas al nuevo Parlamento Europeo la circunscripción electoral
única, residuo de una tradición centralista ya superada.

Las circunscripciones que proponemos tampoco serían una novedad en el
marco europeo, pues son muchos los países que las contemplan. Alemania,
con un sistema electoral mixto, permite a las formaciones políticas
presentarse en uno o en todos los «läender»; Bélgica, con tres
circunscripciones electorales; Italia, con cinco circunscripciones
electorales; Reino Unido, con 79; Irlanda, con cuatro, etcétera.

Otros Estados tienen circunscripción única, pero de ellos solamente
España cuenta con una estructura territorial descentralizada. Además, la
Asamblea de las Regiones de Europa se han manifestado en el mismo
sentido, de manera que la ley electoral para las elecciones al Parlamento
Europeo deberá establecer el sistema de circunscripción regional en
aquellos Estados que cuenten con estructuras jurídicas o administrativas
descentralizadas.

En la enmienda que estoy defendiendo hay otros puntos, pero ya están
recogidos en el dictamen y, por tanto, no hace falta defenderlos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.

Para la defensa de sus enmiendas, agrupadas en el voto particular número
1, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, su portavoz, Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, uno de los pilares del sistema democrático es la regulación del
régimen electoral, por lo que entendemos



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que su modificación debe estar presidida por un lógico consenso entre
todas las fuerzas políticas. Esta concurrencia de voluntades debe ser, a
nuestro juicio, reforzada cuando se trata de regular las elecciones al
Parlamento Europeo mediante el sufragio universal y directo, máxime
cuando desde los tratados fundacionales de la Comunidad Europea existe el
criterio de elaborar un procedimiento electoral uniforme en todos los
Estados miembros.

Sin embargo, con la consecución del sufragio universal directo sólo hemos
superado una primera fase hacia una mayor y necesaria democratización del
Parlamento Europeo, ya que si se quiere alcanzar una Unión Europea real
resulta imprescindible, a nuestro juicio, que los ciudadanos se sientan
implicados en el proceso de unificación, para lo que se precisa una mayor
proximidad entre votantes y elegibles, como consecuencia de un
acercamiento del sistema electoral a los ciudadanos, a través de una
circunscripción electoral de tamaño menor, lo que conllevará un mayor
grado de control democrático, responsabilidad política indentificable,
voto personal, etcétera, aspectos todos ellos importantes, ya que no
hemos de olvidar que el descontento que el Tratado de Maastricht suscita
en personas partidarias de la Unión Europea está originando, precisamente
y en gran parte, por el hecho de que no se admita que ésta se haga de
espaldas a los poderes regionales.

En coherencia con lo que antecede, y tal y como ha explicado el Senador
que me ha precedido en el uso de la palabra, nosotros hemos presentado
también un bloque de enmiendas atinente a la circunscripción electoral
autonómica.

Pero nuestras enmiendas también hacen referencia a varios y
transcendentes temas. En primer lugar, proponemos una enmienda, la número
3, de adición a la exposición de motivos del proyecto de ley, con la
finalidad de acercar el Parlamento Europeo, como hemos dicho, a los
ciudadanos de la Unión, profundizando en la esencia democrática que
vincula al elector con el elegible, evitando con ello que se
despersonalicen en exceso las relaciones entre votantes y candidatos y
tendente, asimismo, a conseguir la coherencia con la estructura política
y administrativa del denominado Estado de las Autonomías, en concordancia
con el artículo 2 y con el título VIII de la Constitución española. Para
ello, proponemos el establecimiento de circunscripciones electorales
autonómicas en el procedimiento electoral europeo.

Nuestra enmienda número 4 tiene como finalidad introducir un nuevo
párrafo en la exposición del proyecto de ley, en congruencia con la
anterior, haciendo referencia a que la implantación de circunscripciones
autonómicas no sólo viene aconsejada por la naturaleza compleja del
Estado español, sino por sugerencias directas del Parlamento Europeo y de
la Asamblea Regional de Europa. Por ello, se formula una enmienda también
en este sentido, como es la número 12, que establece para la elección de
los diputados al Parlamento Europeo la constitución de una
circunscripción electoral por Comunidad Autónoma foral, siendo
consideradas a estos efectos las ciudades de Ceuta y Melilla como una
circunscripción electoral.

En desarrollo del planteamiento que hemos expuesto también se plantea
otra enmienda, la número 13, consistente en adicionar un nuevo precepto
cuyo objetivo es asignar a cada circunscripción electoral un mínimo
inicial de un diputado. Los 46 restantes se distribuirían entre las
circunscripciones electorales en proporción a su población de derecho.

El resto de las enmiendas referentes a las circunscripciones electorales
autonómicas suponen una adaptación del texto de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General a esta circunstancia, suprimiendo aquellos
preceptos que entran en contradicción con la delimitación electoral que
hemos propuesto.

En otro orden de materias, y no menos importante, a través de la enmienda
número 5, pedimos, en definitiva, que queden salvaguardadas las
competencias de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma en los
procesos electorales sujetos a regímenes electorales especiales
autonómicos y forales, quedando delimitado claramente el ámbito
competencial de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma dentro de
los límites de su propia jurisdicción, por cuanto que la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, en la reforma de mayo de 1991, atribuye a la
Junta Electoral Central una serie de nuevas competencias que reducen
notablemente las de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma en
las elecciones autonómicas, de tal forma que se configura a la Junta
Electoral Central como una instancia unificadora, única, de toda la
Administración electoral, subordinando jerárquicamente a las juntas
electorales de Comunidad Autónoma en contra de la independencia de
funcionamiento de las mismas en las Comunidades Autónomas que tengan
competencia exclusiva en materia electoral.

Con la misma finalidad de salvaguardar las competencias de las juntas
electorales de Comunidad Autónoma, y así procurar un mejor acceso a los
tribunales y también para dar contenido al principio de tutela efectiva
de los derechos consagrados en la Constitución, se formula la enmienda
número 6. Más concretamente, proponemos modificar el actual artículo 21,
punto 1, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que en las
Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia electoral y
en aquellas elecciones reguladas por Ley aprobada por su Asamblea
Legislativa, la Junta Electoral de Comunidad Autónoma, como órgano
supremo de la Administración electoral autonómica, sea aquella en la que
culmine la competencia electoral y resuelva los recursos que se le
formulen, sin que en ningún caso se pueda interponer



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recurso alguno ante la Junta Electoral contra los acuerdos tomados por la
Junta Electoral de la Comunidad Autónoma en cualquier materia electoral.

Y ello lo decimos, además, por un principio de economía procedimental,
para evitar las instancias administrativas inútiles.

Nuestra enmienda número 7 persigue, asimismo, evitar que se genere una
situación de indefensión, que es inconstitucional, tal y como el Tribunal
Constitucional ha aclarado en esta materia según el Auto 1.040/1986, de 3
de diciembre, al decir que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
establece un sistema de garantías jurisdiccionales especialmente
referidas a los actos de rectificación del censo, artículo 40; de
proclamación de candidatos y candidaturas, artículo 49, y de proclamación
de candidatos electos, artículos 109 a 120.

Ello no quiere decir que tal sistema excluya otra clase de recursos
jurisdiccionales en materia electoral, sino que los dictados son de
naturaleza específica y que los actos dictados en materia electoral
distintos a los señalados quedan sometidos al régimen general del control
contencioso-administrativo, según se deriva de lo establecido en el
artículo 116.2 de la propia Ley. Entender otra cosa supondría crear un
sector de inmunidad administrativa, que es de todo punto incompatible con
el principio de universalidad de la jurisdicción
contencioso-administrativa y con las normas constitucionales que
configuran el sometimiento de la Administración al control de los
tribunales.

La enmienda número 8 tiene como finalidad reducir la condición para
acceder al disfrute de los treinta minutos de tiempo gratuito de
propagada electoral, en aras a una mejor redistribución de los tiempos de
emisión entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y
Grupo propio.

Nuestra enmienda número 9 es congruente con la anterior y consiste en una
mera adaptación técnica.

La enmienda número 10 trata de agilizar el procedimiento del voto por
correo. Es una enmienda --y hago hincapié en ello-- completamente
aséptica, sin ningún contenido político, basada exclusivamente en razones
de eficacia. Trata de sustituir la tramitación poco ágil --todo hay que
decirlo-- de las oficinas de Correos por las actuaciones en los
Consulados. Se trata, además, de una reivindicación del Consejo General
de Emigración, siendo también el sistema utilizado por países como
Francia, Italia y Portugal.

Con la enmienda número 11 pretendemos posibilitar el voto a los
residentes temporales en el extranjero, que después de la reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 2 de noviembre de 1992, se
vieron incapacitados para ejercer su derecho a voto en las anteriores
Elecciones Generales. Por tanto, y en congruencia con la posibilidad de
votar que se concede a los ciudadanos europeos residentes en el Estado
español, en las próximas elecciones europeas debe facilitarse también el
derecho al voto de nuestros conciudadanos residentes temporales fuera de
los límites del Estado español.

Finalmente, la enmienda número 20 tiende a salvaguardar el régimen foral
peculiar de los territorios históricos del País Vasco --pues, por
sorprendente que pueda parecer, éstos tienen competencia sobre el Régimen
Electoral Municipal, a tenor del artículo 37.3 del Estatuto de Guernica--
mediante la introducción --queremos hacerlo así-- de un nuevo apartado a
la Disposición Adicional Primera. Asimismo, esta enmienda es respetuosa
con la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencias números 38/83 y
154/88, según la cual la interpretación conjunta de los artículos 23, 81,
140 y 149.1.1.ª de la Constitución habilita al Estado para dictar los
preceptos que constituyan las condiciones básicas garantizadoras de la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a participar
en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos.

Por ello, si aceptamos el hecho de que el desarrollo del contenido
esencial del derecho de sufragio, así como lo que es primario y nuclear
en el Régimen Electoral General, está hoy día plasmado en la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General vigente, Disposición Adicional Primera,
apartado 2 de dicha ley, a nuestro entender nos puede permitir, desde la
óptica de la técnica legislativa más oportuna, convertir a la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General en el instrumento normativo idóneo
para reflejar, mediante esta última enmienda, el reconocimiento de la
especialidad de la competencia foral en el Régimen Electoral Municipal.

Sólo me queda pedir disculpas por lo extenso de esta intervención, la
cual creo que está justificada en razón a que el número de enmiendas era
bastante notable, dieciocho concretamente.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se han presentado las
enmiendas números 42 y 43, agrupadas en el voto particular número 3.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Travieso.




El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente. Si me lo
permite, también defenderé la enmienda transaccional, presentada a la
Mesa, que deriva de una proposición de ley de este Grupo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




El señor TRAVIESO DARIAS: Señorías, en primer lugar, voy a defender
brevemente las enmiendas números 42 y 43. Con ellas se intenta lograr el
establecimiento de la circunscripción de los territorios de las



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Comunidades Autónomas para las elecciones al Parlamento Europeo. Ya se
han dado razones suficientes por el resto de los Grupos que me han
precedido. Unicamente quiero indicar que no reconocer la circunscripción
autonómica es no reconocer que a partir de 1978 aquí ha pasado algo.

Con respecto a la enmienda transaccional que hemos presentado todos los
Grupos, que deviene de una proposición de ley de este Grupo
parlamentario, lo que pretendemos es modificar, ampliar el artículo 96.3
de la LOREG en base a los siguientes argumentos. El apartado 2 del
artículo 69 de la Constitución, en lo que se refiere a Senadores electos,
establece: «En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una
de ellas, en los términos que señale una ley orgánica». En el apartado 3
establece: «En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas,
con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos
de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas
mayores --Gran Canaria, Mallorca y Tenerife-- y una a cada una de las
siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma». Por último, el
apartado 4 establece: «Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada
una de ellas dos Senadores».

La Ley Orgánica 5/1985 vino a cumplir el imperativo del artículo 81 de la
Constitución respecto al carácter de orgánica de la Ley de Régimen
Electoral General, sustituyendo al Real Decreto-Ley de 1977 que cubrió la
etapa de la transición democrática en nuestro país. Según el Preámbulo de
la propia Ley, se planteó una división fundamental entre disposiciones
generales para toda la elección por sufragio universal directo y de
aplicación en todo proceso electoral y entre normas que se refieren a los
diferentes tipos de elecciones políticas y son una modulación de los
principios generales a las peculiaridades propias de los procesos que el
Estado debe regular.

El Título II de la Ley Orgánica contiene las Disposiciones especiales
para la elección de Diputados y Senadores. En él, tal y como se dice en
el Preámbulo de la Ley, se recogen escrupulosamente los principios
consagrados en la Constitución, y así los artículos 161 y 164 reflejan
fielmente lo indicado en el artículo 69 de la Constitución.

El artículo 166 recoge la forma en que se puede otorgar el voto en las
elecciones a Senadores, y así en el apartado a) se indica que «Los
electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las
circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife,
Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares».

Pues bien, el Título Primero, bajo el epígrafe «Disposiciones Comunes
para las Elecciones por Sufragio Universal Directo», regula materias que
son contenido primario del Régimen Electoral, como algunos aspectos de
procedimiento electoral. Como dice el Preámbulo, «La regulación contenida
en este Título es, sin duda, el núcleo central de la Ley, punto de
referencia del resto de su contenido...».

En el Capítulo VI, Procedimiento electoral, Sección XIV, Escrutinio de
las Mesas Electorales, se encuentra el artículo 96.3 cuyo contenido no se
ajusta a lo prescrito constitucionalmente en el artículo 69 de nuestra
Carta Magna y se contradice con los indicados artículos 161, 165 y 166 de
la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no contemplar
las especialidades previstas para las elecciones al Senado. Dicho
precepto declara nulo en las elecciones al Senado «los votos emitidos en
papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres». No se
tiene en cuenta que en las circunscripciones insulares de Gran Canaria,
Tenerife y Mallorca, así como las poblaciones de Ceuta y Melilla, sólo se
pueden señalar dos nombres y uno sólo en el resto de las
circunscripciones insulares. Este es el motivo por el que nosotros, en su
momento, planteamos esa proposición de ley, que nos comprometemos a
retirar ya que está en el Orden del Día de este Pleno, y de acuerdo con
todos los Grupos políticos hemos presentado esta enmienda transaccional.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Travieso.

En todo caso, la posible intervención sobre la enmienda transaccional
suscrita por todos los Grupos tendrá su momento posterior.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, mantiene como voto
particular número 4 las enmiendas números 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Para
su defensa, tiene la palabra el Senador Rigol i Roig.




El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender estas seis enmiendas agrupándolas de dos en dos. La
primera y la segunda, números 36 y 37, pretenden que los Ayuntamientos
ayuden a proporcionar durante el transcurso de la campaña el máximo de
medios posibles para que esta campaña obtenga dos líneas de ventajas:
primera, reducir los gastos de los partidos, reducir el coste de las
campañas electorales. Y segunda, institucionalizar la campaña.

Muy brevemente diré qué es lo que hay detrás de cada uno de estos
epígrafes, empezando por el primero. En la medida en que las campañas
electorales cuesten menos dinero, estamos dando mayor independencia al
mundo político respecto de los costes económicos y de las dependencias
que generan estas campañas tan costosas económicamente. Con el segundo,
que va en esta misma línea, pretendemos que la campaña electoral no sea
formulada como una economía de escala para saber



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quien es el que puede congregar más dinero para dar mayor volumen a esta
campaña, sino que responda realmente a los planteamientos políticos. Esto
por una parte.

En cuanto a la institucionalización de la campaña, pretendemos salirnos
al máximo de los circuitos comerciales de propaganda y de marketing.

Creemos que una campaña electoral no consiste en vender unos productos y
unas marcas, sino que es fundamentalmente una actitud social y cívica de
vertebración de la propia sociedad. En la medida en que se nos confunda
en el marketing comercial de nuestra sociedad de consumo, estamos
desvirtuando el sentido de lo que es la propia campaña y el propio
mensaje político. Por eso, pidiendo que los ayuntamientos ofrezcan todos
los locales posibles y que nos abran el abanico de posibilidades que
tienen para que la campaña discurra por esta línea y no por los caminos
más convencionales de la publicidad, estaremos trabajando para lograr una
cierta regeneración política. Este es el sentido último al que obedecen
las enmiendas 36 y 37.

Las enmiendas 38 y 39, que ha presentado nuestro Grupo, hacen referencia
a las cincunscripción electoral europea. Para nosotros éste es un tema
fundamental. Por una parte, el Parlamento Europeo cree posible que las
regiones sean circunscripción electoral. Y así lo dice, por ejemplo, la
Resolución A-3/381/92 del procedimiento electoral uniforme, que es la
resolución del Parlamento Europeo en este sentido, que invoca tres
criterios. El primero --no podría ser de otro modo-- es el principio de
subsidiariedad: aquello que se pueda hacer en un ámbito inferior que no
se haga en una estructura superior. El segundo es que las elecciones
europeas se pueden hacer en una circunscripción regional. Así lo dice
textualmente el punto 3.b): La elección se llevará a cabo por medio de
listas válidas, bien para todo el territorio de un Estado miembro, bien
para regiones..., etcétera. En su apartado f) vuelve a insistir: Los
Estados miembros podrán prever disposiciones especiales o limitadas para
tomar en consideración particularidades regionales.

Tenemos, por una parte, las indicaciones del propio Parlamento Europeo,
y, por otra, otra consideración, que es la adecuación de nuestro Estado
de las autonomías a la realidad europea. En este sentido quiero recordar
que el Estado de las autonomías es Estado y que, por tanto, reflejar en
el exterior esta realidad del Estado es una de las virtualidades que
tiene el Estado de las Autonomías. El Estado de las autonomías no es
únicamente «ad intra» del propio Estado, sino que también tiene su
virtualidad hacia fuera, especialmente cuando se trata de aproximar la
realidad europea a la conciencia cívica de los ciudadanos de este país.

(El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Nosotros entendemos que unas elecciones en el ámbito autonómico, en el
ámbito de las regiones, utilizando el lenguaje propiamente europeo en
este sentido, llega a fundamentar la conciencia de la ciudadanía de un
modo mucho más fuerte y mucho más trabado que desde el ámbito estricto
del Estado.

Les voy a decir por qué pienso así. Pienso así porque Europa no es única
y exclusivamente una suma de 14 Estados. Europa es un proyecto de mucho
mayor calado que la suma de 14 Estados. Europa es un conjunto de
realidades donde la integración y el sentido de diferenciación es básico.

Por tanto, del mismo modo que nosotros nos sentimos pertenecientes a una
cultura y a un ámbito intelectual europeo que va, por ejemplo, desde los
presocráticos griegos hasta la Unión Europea actual, pasando por la
Escuela de Francfort --por referirme a una realidad que existe hoy--,
también nos sentimos plenamente identificados en todo ello. Pero queremos
decir que en esta Europa que estamos construyendo el sentido de las
fronteras ya no es el sentido de las fronteras de los Estados-nación. Ha
cambiado su sentido y ha cambiado las fronteras. Europa la construyó
gente que vivió precisamente esta idea de frontera, no en la línea de la
II Guerra Mundial ni en la línea de aquellas grandes unidades enfrentadas
como era, por ejemplo, la del renano Adenauer, la del trentino De Gasperi
o la del alsaciano Schuman. Europa la ha hecho gente que entiende que la
frontera no es la de las aduanas, la de las monedas o la de los
ejércitos, sino que la ha construido gente que entiende que la frontera
es el signo de identidad, de diálogo y de buena vecindad.

Nosotros pensamos en una Europa no única y exclusivamente de la suma de
Estados, sino en una Europa hecha en profundidad desde la identidad y
desde la integración, en el marco de la gran cultura europea en que todos
participamos. Creemos que adecuar el mapa electoral a este tema no es
algo baladí, sino que supone avanzar hacia la construcción de Europa
desde esta sensibilidad y desde esta perspectiva. Por ello, ponemos todo
el énfasis en que se reconsidere que la circunscripción electoral ha de
ser sinérgica con la construcción europea desde la base, no única y
exclusivamente desde las negociaciones que se deben tener, que de hecho
se tienen y que es importante se sigan teniendo en el ámbito de los
Estados, pero también ha de reconsiderarse que debe ser una Europa en la
que todos los ciudadanos nos sintamos en un espacio único vital desde el
punto de vista cultural precisamente por la capacidad que tiene de
aceptar las diversas entidades y las diferencias. Este es para nosotros
el sentido de las enmiendas números 38 y 39.

Por último, señor Presidente, presentamos dos enmiendas en el siguiente
sentido. Nosotros creemos que las televisiones privadas, en el campo de
las campañas electorales, deben estar sometidas a la misma regulación de
las televisiones públicas. La competitividad política en campaña
electoral es justificable y necesaria,



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pero la competitividad en el campo de la política no puede quedar
absorbida por la competitividad de los medios de comunicación, y lo
cierto es que en la escalada que se está montando en este sentido muchas
veces perdemos nuestra propia dignidad como políticos. Una cosa es la
necesidad que pueden tener algunas televisiones, y otra muy distinta
encauzar el contenido político con la dignidad que éste merece, y a esto
deben obedecer tanto las televisiones públicas como las privadas, a
nuestro modo de entender.

A veces, en una campaña electoral podemos salir satisfechos porque
nuestra identidad ha salido bien parada, pero ¿cuántas veces hemos salido
bien parados en un debate televisivo habiendo rebajado la imagen política
en su conjunto a los ojos de la ciudadanía? Creemos que esta
competitividad, en la que en realidad los que ganan son los medios de
comunicación pero no el mensaje político, deberíamos colocarla en el
mismo rasero. Y aunque se diga que la Ley Orgánica de Concesión de
Televisiones Privadas no permite eso, creemos que la capacidad política
que tenemos para ponernos todos de acuerdo en este sentido también puede
conducirnos a la autorregulación en estos aspectos.

En cierto sentido, nuestra propuesta está en la línea de la regeneración
de la vida política ciudadana, especialmente en los momentos más
difíciles, en los momentos de campaña electoral.

Por tanto, intentar salirnos de los circuitos estrictamente
convencionales de propaganda para que el mensaje político tenga su propia
especificidad, intentar la reconstrucción de Europa no única y
exclusivamente desde circunscripciones de Estado, sino una Europa que
signifique aglutinar en un gran proyecto las diversas identidades, e
intentar que los medios no se coman el mensaje de los políticos, son
consideraciones que podrían ser tenidas en cuenta.

De hecho, señor Presidente, nos ha llegado la noticia de que no van a
aceptar ninguna de estas enmiendas. Por ello, y para facilitar el trámite
de votación en la Cámara, retiramos en este momento las enmiendas números
36, 37, 40 y 41, pero vamos a mantener para su votación aquello que para
nosotros es fundamental: la circunscripción autonómica en el ámbito
europeo. Desde nuestra opción presentamos ante esta Cámara un proyecto de
consolidación de Europa que exige esta votación.

Muchas gracias. (El señor Sanz Cebrián aplaude.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Rigol.

Para la defensa de su voto particular, tiene la palabra el representante
del Grupo Parlamentario Popular, Senador González Pons.




El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a defender las enmiendas números 34 y 35, que presenta el
Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de reforma de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General. En este sentido, es preciso aclarar --como
especificaremos más puntualmente después en el turno de portavoces-- que
el Partido Popular ha entendido que ésta es una Ley de consenso y que,
además, se está tramitando por el procedimiento de urgencia; por tanto,
todo cuanto en esta Ley tuviéramos que introducir tenía que reunir esas
dos características: haber sido consensuado y, al mismo tiempo, caber en
un procedimiento de urgencia. Predeterminado por ese ámbito material, el
Grupo Parlamentario Popular del Senado ha presentado sólo dos enmiendas
técnicas y que además hacen referencia al ámbito al cual esta reforma de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General está refiriéndose.

La enmienda número 35 pretende que el Estado español realice una campaña
de información para los extranjeros que van a votar por primera vez en
nuestro país sobre sus derechos de sufragio activo y pasivo. El proyecto
de Ley recoge actualmente multitud de informaciones que pueden ser dadas
en las campañas institucionales previas a la campaña electoral, pero no
recoge las características que tendrá el derecho de sufragio activo y
pasivo en España para aquellas personas que no siendo españoles van a
ejercer por primera vez su derecho de voto en España y que, por tanto,
desconocen nuestro sistema electoral. Así se solicita en el artículo 12
de la Directiva comunitaria 93/109, de 6 de diciembre, y así solicita el
Grupo Parlamentario Popular que sea introducido en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General en este trámite.

La enmienda número 34 pretende que la regulación del Real Decreto
2.118/1993, de 3 de diciembre, sobre las condiciones de ejercicio del
derecho de sufragio activo por los extranjeros, se traslade también a la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De no hacerse de este modo,
nos encontraremos con el absurdo, jurídicamente difícil de sostener, de
que el derecho de sufragio activo de los extranjeros se encuentra
regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, sin embargo,
las condiciones de ejercicio de ese derecho se encuentran reguladas es un
Real Decreto.

El artículo 81.1 de nuestra vigente Constitución señala que son leyes
orgánicas las que se refieren al régimen electoral general, como es el
caso, y son leyes orgánicas las que se refieren a los derechos
fundamentales y a las libertades públicas. Pues bien, el derecho de
participación política es un derecho fundamental, por tanto, la condición
de ejercicio del derecho de sufragio activo --que, como sus señorías
saben, pertenece al núcleo esencial del derecho de sufragio-- debería
estar contenido con rango de ley orgánica porque pertenece al ámbito
material de la ley orgánica, tal y como



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realiza la reserva de ese ámbito material el artículo 81.1 de la
Constitución.

Son dos enmiendas de carácter técnico, son dos enmiendas de calidad
legislativa que el Grupo Parlamentario Popular deja en este momento a la
consideración de sus señorías.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor González Pons.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Guardiola.




El señor GUARDIOLA SELLES: Gracias, señor Presidente.

Me propongo, si es posible y la Presidencia me lo autoriza, utilizar un
solo turno, por abreviar y por ser prácticos, en el que me opondría a
algunas de las enmiendas defendidas y en el que expresaría la posición de
mi Grupo. En consecuencia, pregunto si es mejor hacerlo ahora o en el
correspondiente turno de portavoces.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Como su señoría prefiera.




El señor GUARDIOLA SELLES: Gracias. Lo haré en el turno de portavoces.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias.

Abrimos el turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Ramón i Quiles.




El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.

Lamentamos que, al abreviar este turno, nos quedemos sin saber, en este
trámite de fijación de la posición de cada grupo, qué es lo que va a
hacer el Grupo Socialista. De todas formas, no nos va a sorprender
posiblemente su posterior decisión.

El Grupo Mixto, en su mayoría, va a votar favorablemente todas las
enmiendas presentadas por el resto de los grupos, sobre todo por los
grupos nacionalistas, en las que se pide que la circunscripción
autonómica sea la válida para las elecciones europeas.

Tenemos que decir básicamente que no estamos de acuerdo con la reforma
que hoy se nos plantea. Y no podemos estar de acuerdo, aunque sí lo
estemos en los dos criterios que parece ser que motivan esta reforma. El
primero es la adaptación a la normativa europea, y el segundo se refiere
a la austeridad en el gasto. Los dos criterios son válidos, pero no lo ha
sido el procedimiento. La precipitación de esta reforma quizá haya hecho
posible un consenso extraparlamentario, pero ha impedido que en su
trámite en el Senado pudiéramos hablar y llegar a algún acuerdo.

Por otra parte, creemos que la reforma electoral nunca debe celebrarse en
el momento en el que ya están convocadas unas elecciones. Esta reforma
electoral, con unas elecciones convocadas, puede producir un resultado
contrario a lo que sería un desarrollo normal del Derecho para introducir
ciertas desviaciones tendentes a conseguir una mayor representación.

La austeridad en el gasto que se nos propone en estos momentos lleva
aparejada una serie de medidas que excluyen a muchos partidos que se
presentan a las elecciones y provocan una desigualdad en el trato hacia
los partidos que se presentan. Por lo tanto, pensamos que en esta segunda
Constitución que supone la Ley Electoral no debía haber una desigualdad
manifiesta, y así lo impone en concreto el artículo cuarto.

Por todo ello, tenemos que mostrar, al menos desde el punto de vista de
Esquerra Nacionalista Valenciana, que estamos en contra de esta reforma
por el modo y por la forma, por la precipitación que ha hecho imposible
que haya un verdadero diálogo en esta Cámara, que ha hecho inútil, una
vez más, esta Cámara senatorial, y porque los acuerdos
extraparlamentarios se han hecho muchas veces mirando más bien las
encuestas que la justicia igualitaria que una ley electoral tiene que
prever.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
González Pons.




El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, permítanme que me distienda al principio de mi intervención
trayendo al caso la anécdota amable con la que Benjamin Franklin
explicaba cómo actúa el consenso para ser una reducción al máximo
esencial aceptable por todos.

Pues bien, decía el viejo doctor: Cuando era impresor asalariado, uno de
mis compañeros aprendiz de sombrerero estaba a punto de abrir
establecimiento propio. Su primera preocupación era tener un cartel con
alguna inscripción adecuada. Yo se lo compuse con estas palabras: «John
Thompson, sombrerero, hace y vende sombreros por precio al contado.» A lo
cual se añadía el dibujo de un sombrero.

Consideró que sometería el proyecto a sus amigos. El primero a quien se
lo enseñó entendió tautológica la palabra «sombrero» por hallarse seguida
de la expresión «hacer sombreros», que demuestra el hecho de ser un
sombrerero. El segundo observó que la palabra «hace» podía omitirse,
porque a los clientes no les interesaría saber quién hacía los sombreros;
si fuesen buenos



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y adecuados a sus deseos los comprarían, prescindiendo de quién los
hiciera. Un tercero consideró que las palabras «por dinero al contado»
eran inútiles, pues no era costumbre en el lugar vender a crédito y todos
los que fueran a comprar esperaban pagar.

Así sucedió --decía Benjamin Franklin--, contra mi criterio personal, con
todo el cartel, y al final, la expresión quedó reducida en última
instancia a sólo «John Thompson», con el dibujo de un sombrero pintado
debajo.

Pues bien, señorías, algo parecido a la concordancia del sombrerero John
Thompson con su cartel es a lo que esta Cámara hoy debe prestar su
atención, porque el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, sobre el que hemos de manifestarnos, no alcanza tanto
cuanto algunos grupos por separado quisieran, pero sí llega al máximo
sobre lo que todos estamos de acuerdo. Es decir, se reduce a la esencia
que podemos concordar inmediatamente y entre todos aquí y ahora.

La tramitación de la presente reforma de nuestra legislación electoral
viene caracterizada, primero, por lo imperativo de la iniciativa
gubernamental, forzada por el artículo 8 b), 2 del Tratado de Unión
Europea a ampliar el número de nuestros eurodiputados de 60 a 64.

Segundo, por el consenso sobre las enmiendas que se han incorporado en
sede parlamentaria, relativas a la reducción de gastos electorales, como
venía convenido de la anterior legislatura, y relativas al censo
electoral para corregir los errores del mismo derivados de la letra de la
ley. Tercero, por la urgencia de su procedimiento de elaboración.

Así pues, el máximo sobre el que urgentemente formalizamos nuestro
consenso es, desde luego, el mínimo de necesidad y de concordia que
justamente requiere la reforma de nuestra ordenación electoral.

Es cierto que se ha aumentado en su tramitación el ámbito material del
proyecto de ley orgánica originalmente propuesto por el Gobierno. Pero es
cierto, al mismo tiempo, que esa aplicación, referida --como ya se ha
dicho-- al recorte de gastos electorales y a una actualización puntual
del censo, ha contado con un consenso tan contundente que anula cualquier
razón de urgencia, por lo que era innecesario prolongar su debate.

Sin embargo, es cierto que no hemos terminado con las reformas de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General. De un lado, mi propio Grupo
Parlamentario, por la puntualidad del asunto que en este momento
atendemos, ha dejado de plantear modificaciones que consideramos urgentes
y a las que no renunciamos, como las relativas a los interventores
informáticos. De otro lado, la Ponencia que sobre el censo electoral está
hoy trabajando en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados seguro que aún ha de proponernos reformas de mayor profundidad
sobre el censo, pues con la enmienda que hemos incorporado en el Senado
no hemos resuelto más que un pequeño desfase del censo, ni mucho menos
los hemos resuelto todos.

Por eso entendemos que hay que circunscribir el alcance material de la
presente reforma electoral al ámbito de la urgencia y del consenso
previo, sin abandonar ningún debate; abandonarlo sería contrario al
propio sentido de la existencia de esta Cámara. Pero creemos que esta
ocasión es, como se viene diciendo, para lo urgente y lo ya consensuado,
lo que deja fuera de la cuestión aquello que no contenga una de estas dos
características o, si fuera posible, las dos características al mismo
tiempo. Simplemente por eso hoy no es ocasión de abrir diálogos distintos
del propuesto.

Este es el caso de las reiteradas enmiendas, la gran mayoría de las
enmiendas que llegan vivas a este Pleno, que propugnan sustituir la
circunscripción nacional por la circunscripción autonómica en las
elecciones al Parlamento Europeo. En nuestra opinión, exceden con mucho
el marco de lo inmediatamente concertable; es más, no reúnen un volumen
de voluntades que permita poner en cuestión las voluntades reunidas en
1987 al elaborarse la Ley, lo que por sí sólo podría ser criterio
suficiente para no abordar el debate.

Al configurarse en la primavera de 1987 las características esenciales de
nuestras elecciones al Parlamento Europeo se reunió el apoyo del 98 por
cien de los parlamentarios. A nuestro juicio, no existe ninguna razón que
permita suponer que esa coincidencia casi unánime se haya alterado, por
lo que responsablemente proclamamos la vigencia de los principios de
estabilidad del sistema electoral, de continuidad del Ordenamiento
jurídico y de seguridad legislativa.

También podría ser criterio suficiente para no abordar este asunto el
hecho de que la mayoría de las enmiendas --no todas-- presentadas en este
sentido confunden en nuestra opinión el Estado con la nación. Porque una
cosa es que el Estado se organice en Comunidades Autónomas y otra que la
nación, como algunos pretenden, se divida en Comunidades Autónomas. Al
menos desde el Título Preliminar de nuestra vigente Constitución, la
nación es una sola, que podría disponer de circunscripciones autonómicas
para las elecciones al Parlamento Europeo, pero no por ello obtendría una
mejor representación nacional --simplemente otra representación distinta
de la misma nación-- ni concordaría conceptos que son distintos como
organización del Estado y conjunto nacional.

También sería un argumento suficiente para no abordar el debate el hecho
de que la circunscripción autonómica diera lugar necesariamente a un
sistema electoral mayoritario, fuera cual fuera la fórmula proporcional
elegida; sistema mayoritario contrario a la utilidad democrática de una
Cámara de representación política y no territorial como es el Parlamento
Europeo.

Los sistemas proporcionales muestran su efectividad



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con cualquier circunscripción que reparta más de cinco escaños, porque el
efecto mayoritario, es preciso recordarlo, se produce en la relación del
número de habitantes de una circunscripción con el de escaños a repartir.

Sesenta y cuatro escaños repartidos entre 17 circunscripciones --18, si
contamos Ceuta y Melilla-- darían lugar a menos de cuatro parlamentarios
por circunscripción; lo que, en contra de lo pretendido, por un lado nos
favorecía a los grandes partidos nacionales y, de otro lado, nos llevaría
a una representación poco plural para el fin democrático que se requiere
de los comicios europeos.

Es cierto que podría corregirse ese efecto atribuyendo un número desigual
de Diputados por circunscripción, atendiendo al número de población de
cada una de las circunscripciones, pero en ese caso, sólo Cataluña, y
Andalucía tal vez, podrían tener algún efecto proporcional sobre el
sistema y en el resto de los casos se produciría, junto a los perjuicios
del sistema mayoritario puro, el agravio comparativo de la desigualdad en
la efectividad del voto individual.

Tal vez éstos serían argumentos suficientes para no abordar hoy, aquí y
ahora, este debate. También serían argumentos suficientes el que no
estemos eligiendo un Parlamento que da lugar a un Gobierno que pudiera
requerir de la estabilidad que procede de un sistema mayoritario, o el
que estemos eligiendo un Parlamento supranacional en el que la nación
española, a nuestro entender, debe tener aspiración a representarse en
unidad, o el que los Grupos parlamentarios del Parlamento Europeo se
agrupen por ideologías y no por adscripciones territoriales.

Ahora bien, comprendemos que ningún argumento es suficiente para impedir
un debate, y en el Grupo Popular estamos dispuestos a admitir cualquier
debate sobre la Ley Orgánica de Régimen Electoral General siempre y
cuando éste esté suficientemente razonado y oportunamente abierto al
consenso.

Por ello, no negamos que la circunscripción autonómica pudiera, desde
algún punto de vista, tener alguna justificación política, aunque
afirmamos que no la compartimos. Sin embargo, afirmamos al mismo tiempo
que este asunto requiere un debate distinto del presente, más extenso,
más reposado, más sereno; en definitiva, señorías, menos urgente.

La presente reforma contiene, ya lo hemos dicho, los caracteres
conjugados de la urgencia y el consenso máximo; por lo menos así lo hemos
entendido nosotros, y por eso no hemos presentado ninguna enmienda que no
afectara al ámbito concreto de la reforma y no fuera susceptible de
reunir la suficiente sencillez como para implicar inmediatamente la
urgencia del proyecto con el consenso necesario.

Señorías, al mismo tiempo, queremos destacar el esfuerzo que hacemos los
grupos políticos por racionalizar las condiciones y gastos de las
campañas electorales con la presente reforma de la normativa electoral.

No nos gustaría que por dispersarse este debate en torno a otras
cuestiones no relacionadas directamente con el proyecto, se silenciara el
hecho de que el Senado hoy aprueba la realización de las campañas
electorales en circunstancias de mayor austeridad y de mayor
racionalidad. Supone un paso más hacia la madurez democrática que no por
haber sido largo tiempo reclamado por el Grupo Popular deja hoy de ser un
paso más de todos.

Señorías, hoy afrontamos una reducción de la campaña electoral a quince
días que era necesaria, y una limitación de los gastos electorales y de
los presupuestos de campaña que era incontestable por el bien de la
transparencia y del control.

Por todo lo expuesto, apoyaremos el dictamen de la Comisión
Constitucional del Senado porque abarca todo el objeto estricto que
respecto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y en trámite de
urgencia, podemos consensuar. Es tanto cuanto todos tenemos hoy en común
para reformar. No rechazamos otros debates, sólo solicitamos que se
produzcan con la paciencia contractual que merece una ley electoral.

Ya decíamos al inicio que el consenso es una reducción del debate
político al máximo esencial aceptable por todos. Así lo hacemos esta
mañana, si se me permite, como John Thompsom «el sombrerero». Y es que
les aseguro que, por raro que parezca, en puros términos de democracia
constructiva, lo que convenía a John Thompsom es lo que conviene a
nuestra legislación electoral.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador González Pons.

Tiene la palabra el Senador Guardiola.




El señor GUARDIOLA SELLES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, no he querido utilizar el turno en contra por el motivo
expresado de economía de tiempo y, además, por una razón que ha sido
abundantemente expuesta por el portavoz del Grupo Popular, el Senador don
Esteban González, consistente en que estamos ante un proyecto de ley de
modificación de la Ley Orgánica que regula el sistema electoral general
que puede ser considerada perfectamente como la segunda Constitución
--así se hace por múltiples opiniones que podemos conocer desde
perspectivas no solamente políticas sino técnico-jurídicas-- y que
requiere ese consenso al que ha hecho referencia el Senador González.

En ese sentido, no creo que deba ser un Grupo Parlamentario en concreto,
aunque sea el Grupo que sustente al Gobierno, quien tenga que oponerse a
aquellas partes que por vía de enmienda dejan fuera de ese consenso lo
que hasta ahora ha sido el debate y tramitación



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de este proyecto hasta su llegada hoy al Pleno del Senado.

Dicho esto, me propongo contestar a algunas cuestiones, señalar la
posición de mi Grupo, que va a ser de oposición en general a esas
enmiendas, y desde luego fijar nuestra posición respecto al proyecto de
Ley. Se ha dicho, y es sabido, que es un proyecto que pretende dos
grandes cuestiones: de un lado, la adaptación de nuestra legislación a
las Directivas comunitarias y, de otro, la introducción de criterios de
austeridad en los gastos electorales. Sobre esas dos cuestiones hay un
entendimiento --pienso que completo-- de los Grupos Parlamentarios; sobre
las otras, no. Adaptación a las Directivas comunitarias --como
consecuencia de los compromisos que España asume al ratificar el Tratado
de la Unión Europea--, por una parte, para cumplir la Directiva 93/81 que
amplía el número de Diputados que componen el Parlamento Europeo a 567 de
los 518 que en este momento tiene. Con esta ampliación España pasa a
tener 64 Diputados y no 60, como en la actualidad. Adaptación, de otra
parte, para dar cumplimiento a la directiva 93/109 del Consejo, que
desarrolla lo que establece el apartado 2 del artículo 8.B del Tratado,
en el sentido de reconocer los derechos de sufragio activo y pasivo a los
ciudadanos europeos.

Por otra parte, se establecen criterios de austeridad en el gasto
electoral como consecuencia de la experiencia que hemos asumido tras los
años de vigencia --ya casi diez-- de la Ley de 19 de junio de 1985.

Pienso que esa experiencia ha llevado a todos los grupos parlamentarios a
un acuerdo para que, como digo, se reduzcan esos gastos electorales, al
mismo tiempo que se incrementan los mecanismos de control sobre los
mismos.

Así, el proyecto de Ley establece diversas medidas en esa línea, que se
pueden sintetizar en las siguientes: se acorta la duración de la campaña
a quince días; se reduce el límite máximo de gasto de los grupos
políticos en un 20 por ciento; se establecen limitaciones a la propia
campaña mediante la prohibición de determinados tipos de propaganda como,
por ejemplo, las banderolas y pancartas, que tan sólo podrán ser
utilizadas en los espacios gratuitos cedidos por los ayuntamientos y, en
consecuencia, se establece un criterio general de austeridad, de
reducción en el gasto electoral y de incremento del control sobre el
mismo.

Pues bien, señorías, si éstas son las grandes cuestiones sobre las que
versa este proyecto de Ley y sobre las que los grupos políticos han
querido ponerse de acuerdo, es cierto que hay un conjunto de enmiendas
que siguen vivas. No sé si el sombrero del que hablaba el Senador
González será muy grande y cubrirá mucho, o será pequeño y cubrirá poco,
pero entendemos que esto es lo que en este caso requiere el momento
político actual de nuestro país. De un lado, la urgencia determinada en
el tiempo por la necesaria entrada en vigor de esta reforma para ser
aplicable en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y, de otro, el
necesario consenso consecuencia de ser ésta la segunda Constitución que
requiere un entendimiento absoluto de los grupos parlamentarios para no
romper las reglas de juego establecidas entre ellos desde 1978 hasta hoy
y, especialmente, en lo que a esto respecta, desde 1985 hasta estos
momentos, suponen que sin ese consenso necesario nuestro Grupo no pueda
estar en disposición de apoyar ninguna de las enmiendas que no tengan ese
respaldo mayoritario o unánime, aun cuando pudiéramos caer en la
tentación de apoyar algunas de ellas por parecernos correctas.

La enmienda que produce la coincidencia de todos los grupos
parlamentarios, a excepción de los Grupos Popular y Socialista, es la que
propugna la circunscripción autonómica para las elecciones al Parlamento
Europeo. Debo decir que ésta es la enmienda que podría hacernos caer en
la tentación que he comentado, por lo que después explicaré.

Se ha hecho una gran reflexión política por el Senador Rigol, portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió --que comparto
personalmente como tal--, desde la perspectiva de las recomendaciones
europeas en el sentido de que en los Estados en que haya tradición de
instituciones y de estructuras regionales éstas se tengan en cuenta a la
hora de establecer la circunscripción autonómica. Eso es cierto. Lo que
ocurre --como ya señalé en la Comisión Constitucional-- es que esa
recomendación va unida a otra, que también se ha hecho desde las
instancias europeas, en el sentido de que dichas circunscripciones deben
ser lo suficientemente amplias para evitar que se produzca como resultado
un sistema mayoritario o un sistema puro bipartidista.

Podría finalizar en este punto porque, sin que sirva de precedente --y
también lo dije en Comisión--, estoy totalmente de acuerdo con la
intervención del portavoz del Grupo Popular. En este caso, los grupos
mayoritarios que tenemos representación en todo el Estado tendríamos la
tentación de aceptar el sistema. Se nos facilitarían mucho las cosas; sin
duda alguna obtendríamos un mayor número de Diputados para el Parlamento
Europeo, pero quedarían perjudicados los grupos de enclave estrictamente
territorial. Los más dañados serían los que como, por ejemplo, Izquierda
Unida, tienen representación en todo el Estado pero no son mayoritarios,
por lo que quedarían borrados de ese mapa electoral. Pienso que ése sería
un resultado no querido; sería un resultado perverso. Con la introducción
de esa --deseada por tantos grupos-- circunscripción autonómica se
obtendría un sistema mayoritario en alguna región, un sistema puro
bipartidista en prácticamente todas las Autonomías de España, una ruptura
absoluta de la proporcionalidad y se haría un daño irreparable --como
antes he dicho-- a las formaciones



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representadas en todo el Estado pero que no son mayoritarias.

Creo que son razones de peso suficientes para oponernos a todo ese
conjunto de enmiendas que hacen el grueso de las que siguen vivas.

Cabe, sin ninguna duda, que en otro momento se produzcan nuevas reformas
de nuestra legislación electoral y que en este momento se produzca un
acuerdo con alcance suficiente para dar de nuevo ese necesario consenso a
esta legislación tan fundamental desde el punto de vista político. En
este momento nuestro Grupo se va a oponer a todo ese conjunto de
enmiendas.

He de hacer una necesaria referencia a las dos enmiendas que mantiene el
Grupo Parlamentario Popular. Mi coincidencia con su portavoz hubiera sido
total y su coherencia hubiera sido mayor si en este acto las hubiera
retirado, según sus palabras de apoyo a ese entendimiento y al consenso
necesario en esta legislación no debería haber mantenido en este Pleno
más que las enmiendas que firmamos todos de un modo conjunto y unánime.

Es la pequeña incoherencia que mi paisano, el señor don Esteban González,
ha mantenido en este Pleno.

Yo creo que las enmiendas números 34 y 35 aportan poco, porque lo que
plantea la número 34 está regulado en un Decreto vigente y, en mi
opinión, darle rango de Ley Orgánica es absolutamente innecesario, si no
inconveniente. La enmienda número 35 hace referencia a la campaña
informativa que debe hacerse respecto a los ciudadanos europeos, que, en
mi opinión, es un aspecto ya recogido en la legislación electoral y, como
es conocido por todos los ciudadanos, esas campañas se están haciendo.

Ya he abordado las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió ha mantenido vivas, que se refieren a la
circunscripción electoral. Voy a referirme a continuación a las que ha
retirado, lo que le agradezco. Son enmiendas que merecen todo el respeto
y con las que podemos confluir en un futuro, pero que tienen los
problemas que su señoría conoce y que requieren de un tratamiento más
amplio no solamente porque estén reguladas en la legislación que
establece las pautas de la televisión privada, sino porque afectan al
estatuto de la concesión concreta a esas televisiones y, por tanto,
afectan a un contrato. En nuestra opinión, en este momento no sería
posible entrar en ese capítulo.

Para acabar, señorías, quiero decir que hay dos enmiendas que han
respaldado todos los grupos parlamentarios. Una es la número 33, que
intenta evitar los desfases que la elaboración del censo electoral
produce respecto a la celebración de los comicios. De este modo, intenta
garantizar el derecho de sufragio activo estableciendo unas facultades en
poder de la Junta Electoral Central, que podrá, mediante la Disposición
Transitoria que introduce esta enmienda en este proyecto de ley,
incorporar al censo electoral supuestos que en otro caso quedarían fuera
de la posibilidad de ejercer ese derecho de sufragio activo.

La última enmienda, que ha tenido el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, incorpora al proyecto de ley lo que nos proponía mediante
una proposición de Ley el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, e
intenta evitar el problema que, en principio, se produce en la
experiencia habida hasta el momento respecto de la aplicación del
artículo 96.3 de la vigente Ley Electoral en cuanto a las papeletas que
pueden ser declaradas nulas en la votación para el Senado.

Para acabar, quiero recordar tan sólo que se ha dicho que esa enmienda
--ya se ha comentado con todos los portavoces-- modificaba el artículo
96.3, pero hemos de tener en cuenta que este proyecto de ley sólo tiene
12 artículos y que técnicamente debería ser una enmienda de adición de un
nuevo artículo --en este caso el decimotercero-- que incorporara el texto
presentado por la enmienda. En este sentido, cuando acabe mi
intervención, haré entrega al Presidente de un escrito en el que se
aclara esta cuestión.

Por último, proponemos como mejora técnica que los artículos octavo,
noveno, décimo y undécimo tengan una rúbrica, como se hace en el resto de
los artículos del proyecto, para que tenga coherencia todo el texto.

Proponemos las siguientes rúbricas: al artículo octavo: «Derecho de
sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo»; artículo
noveno: «Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo»; artículo décimo: «Número de Diputados al Parlamento Europeo»,
y, finalmente, artículo undécimo: «Presentación y proclamación de las
candidaturas al Parlamento Europeo de otros ciudadanos de la Unión
Europea».

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Guardiola. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes.

Votamos en primer lugar la enmienda número 2 del Senador Cuevas y la
señora Vilallonga, del Grupo Parlamentario Mixto. Se inicia la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 10; en contra 218; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 y 32, del Senador Ramón i Quiles, del Grupo Parlamentario
Mixto, que votamos en principio conjuntamente. (El señor Travieso Darias
pide la palabra.)
¿Sí, Senador Travieso?



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El señor TRAVIESO DARIAS: Solicitamos votación separada de la enmienda
número 21.




El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Alguna otra indicación? (Pausa.)
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 21. Se inicia la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 232; a
favor, ocho; en contra, 220; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las demás enmiendas de este voto particular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 11; en contra, 220; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto. Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 13; en contra, 217; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a 20,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

¿Alguna indicación de votación separada? (Pausa.)
Las votamos conjuntamente. Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 11; en contra, 207; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 42 y 43, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 11; en contra, 216; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió que quedan vivas, que son las números 38
y 39. Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 25; en contra, 206; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 34 y 35, del Grupo
Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 106; en contra, 124; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A la Mesa han llegado, y ha sido expuesto así en distintas
intervenciones, dos textos apoyados en el artículo 125 del Reglamento. El
primero propone añadir rúbricas a los artículos que este proyecto
modifica. El Senador Guardiola ha dado lectura de estas nuevas rúbricas,
por tanto, no creo necesario volver a repetir estos textos.

Al haber sido firmado por todos los Grupos Parlamentarios, entiendo que
pueden ser aprobadas por asentimiento de la Cámara. ¿Es así? (Pausa.)
Así se declara.

El Senador Travieso en su primera intervención hizo mención a la nueva
redacción del artículo decimotercero, también suscrito por todos los
Grupos Parlamentarios.

Voy a dar lectura, porque este texto ha sido modificado de la siguente
manera:



«Artículo decimotercero. Escrutinio de las papeletas de las elecciones
del Senado. El apartado 3 del artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, quedará redactado así: 3. En
el caso de elecciones al Senado, serán nulos los votos emitidos en
papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres en las
circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones insulares
de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y en las poblaciones de Ceuta y
Melilla, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares.»



¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara, y por tanto, modificado el texto del Dictamen, propongo a
sus señorías que sometamos a votación de forma conjunta los artículos,
por un lado, y las Disposiciones y Exposición de Motivos, por otro. ¿Hay
alguna objección? (Pausa.)
Vamos, por tanto, a efectuarlo en dos votaciones. Primero los artículos 1
a 12 y posteriormente las Disposiciones Transitoria y Final, así como la
Exposición de Motivos.

Votamos los artículos 1 a 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 227; en contra, tres; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Aprobados.

Votamos conjuntamente las Disposiciones Transitoria y Final y la
Exposición de Motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 228; en contra, uno;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las Disposiciones, así como la
Exposición de Motivos.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE
SUBROGACION Y MODIFICACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000018).




El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia, remitido por el
Congreso de los Diputados, en relación con el proyecto de Ley sobre
Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios. Fue declarado
urgente y publicado en los Boletines de la Cámara con fecha 7 de marzo.

Ruego al Presidente de la Comisión de Justicia me indique si algún
miembro de dicha comisión ha sido encargado para la presentación del
dictamen. (Pausa.) El señor Herrero Merediz tiene la palabra.




El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, el propio Presidente de la
Comisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrero Merediz.




El señor HERRERO MEREDIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, cúmpleme presentar el dictamen del proyecto de Ley sobre
Subrogación y Modificación de Préstamos hipotecarios como representante
designado por la Comisión de Justicia, limitándome, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 120.1 del Reglamento del Senado, a dar cuenta
a la Cámara para su ilustración de las actuaciones y motivos inspiradores
del dictamen.

Con fecha de 23 de febrero de 1994 tuvo entrada el texto procedente del
Congreso. Declarado urgente se remitió a la Comisión de Justicia,
finalizando el plazo de enmiendas el día 28 de febrero. Se plantearon al
texto 66 enmiendas, debatidas y votadas en la sesión de la Comisión
celebrada el día 3 de marzo, que elaboró el presente dictamen. Se
mantienen como votos particulares y han sido formuladas para su defensa
ante este Pleno las enmiendas números 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las enmiendas 63, 64, 65
y 66 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las enmiendas 51, 54,
56, 59 y 60 del Grupo Parlamentario de convergència i Unió; las enmiendas
15 a 48, excepto las números 39 y 45, del Grupo Parlamentario Popular;
las enmiendas 1 a 3 del Grupo Parlamentario Mixto; finalmente, los
Senadores don Andrés Cuevas González y doña Isabel Vilallonga mantienen
para su defensa ante este Pleno las enmiendas 11, 12 y 13.

Los motivos inspiradores del proyecto son, a nivel formal, el
cumplimiento del mandato parlamentario, expresado por unanimidad en una
moción, aprobada el 2 de noviembre de 1993, para que los deudores, en
aplicación del artículo 1211 y concordantes del Código Civil, puedan
subrogar sus hipotecas a otro acreedor; a nivel real, el motivo que
justifica el proyecto es que los ciudadanos puedan beneficiarse de las
ventajas que supone el descenso generalizado de los tipos de interés,
abaratando el costo que el cambio de hipoteca supone por la fuerte
comisión por amortización anticipada y la duplicación de gastos que
implican la cancelación de un crédito hipotecario y la constitución de
otro nuevo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Herrero.

Se puede abrir debate de totalidad. ¿Algún señor Senador quiere hacer uso
de la palabra? (Pausa.) Pasamos, por tanto, a la defensa de los votos
particulares. En primer lugar, el voto particular número 6 del Senador
Cuevas. Para su defensa, su señoría tiene la palabra.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, Señor Presidente.

Simplemente quiero manifestar nuestra alegría por el trámite de esta ley,
porque, como todas sus señorías saben, proviene --como bien ha dicho el
Presidente de la Comisión de Justicia-- de una moción aprobada el día 2
de noviembre de 1993 a instancia de Izquierda Unida-Iniciativa por
Cataluña, y que si bien en un momento provocó recelos en el sector
bancario, va a producir bastantes más alegrías en los bolsillos de los
ciudadanos.

Me siento identificado plenamente con las palabras del Presidente de la
Comisión de Justica. Creo que esta vez el Gobierno ha hecho caso, con
acierto, al mandato parlamentario y ha obrado con bastante rapidez.




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También comparto lo que ha dicho el Presidente de la Comisión de Justicia
sobre que esto va a fastidiar a algún sector bancario, pero va a
beneficiar bastante a lo que la totalidad de la Cámara representamos, que
son los intereses generales de los ciudadanos.

Dicho esto, señor Presidente, quiero aclararles que mantenemos estas tres
enmiendas, que son técnicas, sobre todo la número 11 porque creemos que
en ella se refleja aún más el mayor grado de cumpimiento de la moción
referida aprobada en el Congreso de los Diputados el día 2 de noviembre
de 1993. Damos por defendidas el resto de las enmiendas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.

Senador Cuevas, si es tan amable, dígame quién va a hacer la defensa del
voto particular del Grupo Parlamentario Mixto. ¿La va a hacer su señoría
o el Senador Calvo Lou? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Calvo Lou para la defensa de sus enmiendas.




El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a defender, en nombre del Partido Aragonés, las enmiendas a
la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. La
enmienda número 1, que hace referencia a la amortización anticipada
contemplada en el artículo 3, ha sido ya recogida en el texto remitido
por el Congreso de los Diputados por lo que la retiramos.

La número 2 al artículo 4 es una enmienda de adición que pretende ampliar
las modificaciones que se introducen en la escritura y que afectan
solamente al interés, para que también se pueda contemplar el plazo del
préstamo. Creemos que sería útil que entre las modificaciones pactadas se
pudiera también modificar el plazo de la hipoteca, porque a veces resulta
tan sustancial la ampliación del plazo, como la modificación de los
intereses.

Por otra parte, esto es algo que ya se venía haciendo en la práctica,
pero la ley no sólo no lo aclara, sino que la redacción del artículo 4
tiene un carácter restrictivo y parece que lo impide.

La número 3 es una enmienda de adición. Con ella pretendemos dar una
llamada de atención a la minoración de ingresos que supone para las
Comunidades Autónomas la exención en el Impuesto de actos Jurídicos
Documentados. Con ello se está incidiendo en los impuestos cedidos a las
Comunidades Autónomas que no tienen capacidad legislativa sobre hechos
fiscales. Por ello queremos que se haga, tal y como ocurre cuando la
legislación estatal afecta a los ingresos de los impuestos cedidos a las
Comunidades Autónomas, una previsión para que esta norma no suponga
minoración en los ingresos de las Comunidades Autónomas. Esperamos que la
importancia del hecho sea tenida en cuenta por sus señorías y pueda ser
aceptada.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

La enmienda número 1 correspondiente al artículo 3 ha sido retirada.

Pasamos al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, enmiendas 4 a 6, 8 y 9.

Tiene la palabra, para su defensa, el Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, si tuviéramos que calificar con algún adjetivo el presente
proyecto del ley éste sería el de «oportuno», ya que resulta lógico, tal
como lo expresa la Exposición de Motivos, que el descenso generalizado de
los tipos de interés y por ende de los préstamos hipotecarios pueda
extenderse a los préstamos concertados con anterioridad a esa bajada de
tipos y que con ello los ciudadanos afectados puedan beneficiarse de las
ventajas que supone ese descenso, tal y como ha expresado el Presidente
de la Comisión de Justicia.

A este respecto, y como dato, podemos señalar que el objetivo perseguido
ha sido el de trasladar a los préstamos hipotecarios ya firmados la
repercusión del descenso generalizado de los tipos de interés
hipotecario, que ha pasado para el conjunto de las entidades de crédito
del 15,44 por ciento en enero de 1993 al 11,73 por ciento en octubre del
mismo año.

De otra parte, haciéndonos eco de la nota emitida por el letrado de esta
Cámara adscrito a la Comisión de Justicia de fecha de 23 de febrero de
1994, queremos señalar, tal y como ya manifestamos en la Comisión de
Justicia, que el proyecto de Ley no contiene la previsión cifrada de las
consecuencias en los ingresos públicos de las exenciones fiscales que se
establecen ni tampoco proporciona una previsión de las consecuencias
económicas que para las personas y sectores afectados pueda tener la
norma en cuestión.

No obstante, forzoso es reconocer que, como decíamos al comienzo de
nuestra intervención, si se dilatasen los plazos con ocasión del
cumplimiento de tan notables requisitos, esta ley dejaría de ser oportuna
o conveniente por razón de tiempo, y a este respecto no me cabe la menor
duda de que no se trata de una ley oportunista ya que no prescinde de los
principios fundamentales que deben ser informantes de toda actuación
legislativa: objetividad, eficacia y, sobre todo, compromiso con la
defensa de los más desfavorecidos.

También es necesario expresar que el proyecto de Ley que debatimos tiene
su origen en el Parlamento, concretamente en el Congreso, lo que pone de
manifiesto, a nuestro entender, la conexión de sus miembros con los
problemas de la calle, muy lejos de ese divorcio que



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algunas mentes agoreras pretenden evidenciar entre la mal denominada
clase política y la sociedad --yo prefiero el término de servidores
públicos--. Por tanto, este proyecto de Ley es demostrativo de la
auténtica utilidad del Parlamento para resolver los problemas cotidianos
de la ciudadanía.

Dicho esto, y entrando ya en la defensa concreta de las enmiendas,
tenemos que decir que unas son de carácter eminentemente técnico y otras
son de fondo, pero con único denominador que ya hemos adelantado:
favorecer al deudor como parte más débil en el contrato de préstamo
hipotecario.

Las enmiendas números 4, 5 y 6 son de las que encuadraríamos como
enmiendas de mejora técnica puesto que pretenden sustituir la mera nota
marginal por el asiento registral, tanto por una razón práctica cual es
que las circunstancias a consignar puedan hacer insuficiente el ámbito
designado a ese fin o en razón de que puedan dificultar la anotación, ya
que hay que considerar un gran número de datos, entre los cuales están el
nombre de la persona jurídica subrogada, las nuevas condiciones pactadas
del tipo de interés, la escritura que se anote, su fecha, el notario que
la autoriza, fecha de presentación de la escritura en el Registro y fecha
de inscripción y firma del registrador. De otra parte, existe una razón
de mejor técnica jurídica, que sería, a nuestro entender, la reserva del
asiento registral para la inscripción de un negocio jurídico que, como el
de la subrogación, tiene entidad propia.

En cuanto a la enmienda número 7, tengo que manifestar, en lógica
coherencia con lo dicho en la Comisión de Justicia, que queda retirada y
que tan sólo por un error mecanográfico figura como inscrita dentro del
voto particular. Pido por ello disculpas a la vez que agradezco al señor
Iglesias la advertencia que me ha hecho a este respecto al comienzo de
esta sesión.

La enmienda número 8 tiene por objeto establecer un límite máximo para la
cuantía de los honorarios notariales y registrales. A nuestro entender,
no deberían exceder del 1 por ciento de la base que resulte de aplicar al
importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el
interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo, lo cual tiene un
claro efecto protector de la economía del deudor.

Por último, la enmienda número 9 tiende a hacer efectivas las repetidas
sugerencias de la Comisión de las Comunidades Europeas relativas a la
conveniencia de suprimir los gravámenes sobre el timbre que, desde
nuestra perspectiva, únicamente sirven para obstaculizar el tráfico
jurídico mercantil. Por ello, se trata de reducir el tipo de gravamen en
la modalidad gradual de actos jurídicos documentados al igual que se ha
hecho en la normativa tributaria foral de los territorios históricos del
País Vasco y Navarra.

Y termino por donde he empezado. Si esta ley carece de algunos de los
requisitos formales, como son los datos de naturaleza económica, que no
se me diga a continuación que nuestra enmienda número 9 carece también de
datos de naturaleza económica.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria mantiene sus enmiendas
números 63, 64, 65 y 66.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Travieso Darias.




El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, vamos a retirar tres de nuestras enmiendas, las número 63, 65 y
66, por estar parcialmente aceptadas en el texto modificado o bien porque
coinciden con enmiendas de otros grupos. Sólo mantendremos vivas la
número 64 al objeto de incluir la escritura de subrogación a los plazos
de amortización a fin de evitar condiciones limitativas que bloqueen la
auténtica liberalización del mercado hipotecario.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ibarz para la defensa de sus enmiendas
números 51, 54, 56, 59 y 60.




El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario que me honro en representar considera que el
Proyecto de Ley que estamos tratando en la última fase parlamentaria
tiene una gran trascendencia para un gran número de ciudadanos de este
país.

Después del debate del Proyecto en la Comisión, Convergència i Unió
mantuvo cinco enmiendas, que en este momento me toca defender.

Concretamente, con respecto a la enmienda número 51, relativa a la
exposición de motivos, nuestro Grupo la retira en este acto.

Además, habiendo sido objeto de negociaciones entre los diversos Grupos
representados en esta Cámara una enmienda transaccional que prevé la
posibilidad de que el Gobierno formule con posterioridad las
disposiciones reglamentarias o complementarias que sean necesarias para
la aplicación de la norma, retiramos también las enmiendas números 54, 59
y 60.

Mantenemos viva la enmienda número 56. Dicha enmienda --que en espíritu
es coindicente con la número 7 presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, aunque no en su formulación-- hace referencia al hecho de que los
beneficios fiscales que establece la ley que hoy estamos debatiendo se
refieren a impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas,
fundamentalmente hace referencia al Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados. Debido a estos beneficios fiscales, entendemos



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que se puede producir, y se producirá, una minoración de los ingresos de
las Comunidades Autónomas que tienen cedido el Impuesto, contraviniendo
el espíritu y la letra del Acuerdo de Política Fiscal y Financiera de 20
de enero de 1992, que preveía un sistema de compensación en el caso de
que por aprobación de una norma jurídica posterior se introdujera
cualquier modificación en los impuestos cedidos de las que resultara una
minoración de los ingresos de las Comunidades.

El contenido de nuestra enmienda pretende, por tanto, incorporar al texto
de la ley la mención expresa del Acuerdo a que antes me he referido en el
sentido de que se preserven los mecanismos de compensación
correspondientes a las minoraciones de ingresos resultantes de la
aprobación de esta ley.

Siendo la única enmienda viva, señor Presidente, señorías, la damos por
defendida en los términos en que viene expuesta.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de todas las enmiendas que comprende el voto particular
número 4 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cañellas.




El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia
voy a defender el voto particular que mantiene mi Grupo Parlamentario en
relación con una serie de enmiendas presentadas a este Proyecto de ley.

Yo subo a la tribuna, señor Presidente, con la sensación de que lo hago
con los papeles cambiados, porque realmente quien tendría que subir aquí
y ahora tendría que ser el Senador Iglesias, que en la Comisión nos
reconoció que de nuestras enmiendas se desprendía que habíamos hecho un
trabajo profundo, un trabajo serio, un trabajo técnico, pero que, no
obstante, las rechazaban precisamente por ese carácter técnico. Es decir,
el Senador Iglesias venía a manifestar que la victoria moral era nuestra,
pero que habíamos perdido por goleada, para decirlo en términos
coloquiales.

Señorías, la razón del rechazo nos parece injustificada. Si lo que
pretendemos a través de este proyecto de ley es que se introduzca una
reforma en determinados aspectos de los préstamos hipotecarios, lo lógico
es trasladar las enmiendas a una ley sustantiva y específica, como la Ley
Hipotecaria, que es la que por excelencia trata de estas materias.

Este es nuestro entender, y éste también el entender --cuando le
conviene-- del Grupo de la minoría mayoritaria. Porque, señorías, en el
Congreso admitieron ustedes la enmienda número 73, del Grupo de
Convergència i Unió, y gracias a esta admisión se introdujo al artículo
10. Y ahora sus señorías han presentado una enmienda al artículo 10, que
lo suprime y lo traslada a una ley específica: la Ley 26/1988 del Mercado
de Valores. Eso es, en definitiva, lo que habíamos estado haciendo
nosotros con la Ley Hipotecaria, aunque a ustedes no les guste. De modo
que no voy a entrar ahora a hacer una defensa pormenorizada de nuestras
enmiendas, porque entendemos que nuestra posición frente al proyecto ha
quedado clara a través de las justificaciones que en las propias
enmiendas se ofrecen y a través de nuestras intervenciones, tanto en el
Congreso de los Diputados como en la Comisión de Justicia de esta Cámara.

Me limitaré, señorías, a seguir poniendo de relieve alguno --no todos--
de los defectos que seguimos encontrando en este proyecto a pesar de las
modificaciones que se le han introducido.

Dejemos lo del ámbito. Nosotros entendíamos que había que llegar a lo que
dispone el artículo 1.211 del Código Civil. Sus señorías opinan que no,
que eso es parte, que no quieren el todo, «de gustibus et coloribus non
est disputandum», por tanto, lo dejo.

Con el voto de sus señoría y con el nuestro hemos introducido alguna
modificación a través de una enmienda del Grupo de Convergència i Unió,
pero seguimos manteniendo una serie de incongruencias.

Senadores del Grupo Socialista: ¿Se han parado ustedes ha pensar en las
consecuencias que puede entrañar el inicio del párrafo tercero de este
artículo 2? Dice: «Entregada la certificación, la entidad acreedora
tendrá derecho a enervar la subrogación si en el plazo máximo de quince
días naturales a contar desde dicha entrega, formaliza con el deudor
novación modificativa del préstamo hipotecario. » Hay aquí una novación
del préstamo primero. Esta novación no goza de los beneficios de esta
ley. Se ha conseguido el propósito de rebajar el interés, pero no se le
van a poder aplicar los beneficios del artículo 7 ni tampoco los del 9,
porque los del artículo 7 se refieren a las escrituras de subrogación que
contempla el párrafo segundo de esta ley, entre las cuales no está esta
novación modificativa, con lo cual, en definitiva, hemos perjudicado al
deudor hipotecario.

Ya no entro en lo que el notario notificará de oficio, porque creo que ya
me explayé suficientemente. Sigo diciéndolo: Señoría, el notario lo hará
porque se lo impone esta ley, que si no lo haría: así de claro.

Dejemos también de lado la cuestión del último párrafo, con esa --a
nuestro entender innecesaria-- remisión a juzgados y tribunales, porque
hasta se prevé la apelación, que habría sido preferible llevar a otros
ámbitos.

Artículo 6. Ejecución. Sus señorías aceptan en comisión una enmienda del
Grupo de Convergència i Unió. Perfecto. Nosotros también. Pero eso es
asentar la verdad de Perogrullo. Añadir a estas alturas --y luego me
referiré a ello-- que la ejecución de la hipoteca se ajustará a lo
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil



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y en la Ley Hipotecaria, es descubrir el Mediterráneo. No creo que a
nadie se le hubiera ocurrido pensar que, tratándose de una ejecución,
pudiera ser de aplicación el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Esto es, como ya he dicho antes, la verdad de Perogrullo o
descubrir el Mediterráneo, y nosotros y los catalanes sabemos que el
Mediterráneo está descubierto, al menos, desde el tiempo de los romanos
--lo llamaban el Mare Nostrum--. Pero puestos a aceptar, señorías, lo
lógico era incluir la enmienda del Grupo de Convergència i Unió al
inicio. Eso es la generalidad: La ejecución se tramitará con arreglo a lo
dispuesto. Y luego, la especialidad, que es el párrafo primero. Ustedes
me sirven primero el postre y luego la sopa. Por que lo del párrafo
primero es una especialidad. Aunque tampoco lo es, porque eso de que no
hará falta --que es lo sustancial-- si no pudiese presentar el título
escrito deberá acompañar con la copia de la escritura, etcétera. Eso
también es descubrir el Mediterráneo.

El artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que lleva bastantes años en vigor,
señala: Si no pudiese presentarse el título inscrito deberá acompañarse
con el que se presente certificación del registro que acredite la
inscripción y subsistencia de la hipoteca. Por cierto, el término es más
general: Deberá acompañarse con el título que se presente. Sus señorías
lo limitan, como siempre, a la escritura de subrogación.

Senador Iglesias, tengo que reiterar una afirmación que hice en Comisión,
porque «sapientis est mutare consilium». Yo le dije que, al aceptar la
enmienda del Grupo de Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y
admitir que se introdujera una nueva disposición adicional, concretamente
la tercera, nos habíamos cargado los artículos 7 y 9. No, señoría, leí
precipitadamente el texto refundido del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados.

La lectura posterior ya me causó una sorpresa terrible porque el apartado
c) del punto 1 del artículo 45 del Texto Refundido es un invento del
Texto Refundido.

En el artículo 37, que era el equivalente, de la Ley 32/1980 sólo estaban
las letras a) y b), que el artículo 45 de este Texto sigue conservando.

La letra a) se refiere a las exenciones subjetivas, es decir, por ser vos
quien sois. La primera exención subjetiva es la del Estado y la última,
como farolillo rojo, la de la Cruz Roja, por si ha habido algún accidente
con todos los anteriores.

Las de la letra b) son en realidad las exenciones objetivas donde se
habla de las transmisiones, las aportaciones, los anticipos, los
depósitos, y así hasta 17.

Y la letra c), que incorpora el nuevo texto refundido, es algo genial, es
un florilegio de leyes del que se dice lo siguiente: Con independencia de
las exenciones a que se refieren los apartados a) y b) anteriores, se
aplicarán en sus propios términos --faltaría más--, y con los requisitos
y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para
este Impuesto establecen las siguientes disposiciones. Ahí viene la
retahíla incompleta hoy en día, puesto que le vamos a añadir la de este
proyecto de ley, y pasado mañana seguirá siendo incompleta.

Senador Iglesias, Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, me alegro
de esa transacción en la que, por lo menos, nos han reconocido el cambio
de rúbrica de los artículos 7 y 9 y se atengan a la denominación oficial
del beneficio fiscal, que es lo que establece el artículo 45 y el rótulo
del Título IV.

Lo que ya no nos convence --aunque lo hemos aceptado-- es que no
modifiquen ustedes el texto, el inicio tanto del artículo 7 como del 9,
que entre sí son discordantes y no tiene explicación esa discordancia. El
artículo 7 señala: «Estará exenta la escritura»; el artículo 9 dice:
«Estarán exentas las escrituras.» Aunque intercala la modalidad para que
no sea exactamente igual. El plural siempre ha sido lo habitual de esta
Ley: estarán exentas todas las escrituras, no la escritura, como señala
el artículo 7.

Entendemos que, por lo menos, a pesar de esa alusión a la modalidad
gradual --a la que luego haré referencia--, se debería decir: Estarán
exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, porque, prescindiendo de modalidades, el artículo 1 de
Impuesto señala: El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados es un tributo --uno sólo-- que gravará lo
siguiente. Y sólo en el artículo 45 se hace referencia a modalidades.

Senador Iglesias, después de la conversación que hemos tenido quiero
entender que lo de graduales hace referencia a que sólo quedan exentas
del gravamen del artículo 31.2, por razón de que el apartado II del
artículo 45 expresa claramente: Los beneficios fiscales no se aplicarán
en ningún caso a las letras de cambio, a los documentos que suplan éstas
o realicen funciones de giro, ni a escrituras, actas o testimonios
notariales gravados por el artículo 31, apartado 1.o.

Es decir, que lo que queda vigente --y eso también convendría que lo
supiera el público al cual va dirigida esta ley-- es que las matrices de
las escrituras notariales no están exentas del impuesto, para que alguien
no se llame a engaño al ver la minuta del notario y se encuentre con que
impuesto equivale a tantas pesetas; no están exentos del impuesto que
grava la matriz --50 pesetas por pliego/25 por folio a elección del
notario.

Quizá habría alguna enmienda más --ya me he referido a la disposición
adicional décima-- que votamos a favor, pero nos sigue pareciendo, al
igual que esa letra c) del artículo 45 del texto refundido, innecesaria.

Quedaría alguna cuestión más, pero no quiero alargar mi intervención
demasiado.

Señorías del Grupo Socialista, les guste o no, esta es una ley técnica
que van a manejar y a utilizar técnicos --llámense notarios, llámense
registradores, entidades



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financieras, intermediarios, lo que ustedes quieran--, es para técnicos,
no lo van a manejar los destinatarios o beneficiarios de esta ley,
quienes se limitarán a decir si, acepto estos nuevos préstamos, estos
nuevos intereses, lo que usted me proponga con el fin de quedarse
subrogado en el crédito hipotecario antiguo. Esto no va a afectar a todos
los titulares de algún crédito hipotecario porque, a poco que se hagan
números, como no se esté en el comienzo del pago del crédito, cuando se
empieza a hacer la cuenta de lo que va a costar la subrogación --con
todos los beneficios que se quiera--, con el cambio, la comisión, los
honorarios, resulta que a lo mejor es más práctico, más conveniente y más
cómodo seguir pagando el crédito tal como se tenía, porque la relación
beneficio/intereses, si quedasen pocos plazos por pagar, no compensa
nunca los gastos de la subrogación, y algo hay de eso, pues supongo que
sus señorías habrán leído un informe de una organización, ajena al Grupo
Popular, que ya empieza a decir que la dicha no es tanta.

Por eso, señorías, porque en definitiva se trata de favorecer a ese
público al que ustedes dicen va dirigida esta ley cuando se apruebe, por
esa razón de fondo, por esa intención que subyace en el proyecto, la
vamos a votar a favor, pero dejando bien clara nuestra reserva y nuestra
discrepancia en cuanto a la forma, en cuanto a las expresiones de ese
proyecto de ley.

Para hacer posible nuestro sí «iuxta modum» pido desde ahora a la
Presidencia que el proyecto no se vote separadamente por artículos, que
se vote en su conjunto, incluida la Exposición de Motivos, tal como se
hizo en el Congreso y tal como se hizo en la Comisión de Justicia de esta
Cámara.

Sólo así votaremos a favor.

Nada más, señor Presidente; muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cañellas Fons.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Iglesias.




El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a hacer una breve introducción a la tramitación de este
proyecto de Ley, y esa introducción tiene que empezar diciendo que pocas
veces un proyecto de Ley causa una satisfacción tan grande a los
Parlamentarios que intervienen directamente en el proceso o que van a
posibilitar, con sus votos, la aprobación del proyecto de Ley. Proyecto
de ley que ha suscitado un enorme interés social, esperando con gran
impaciencia, y que responde a una demanda efectivamente sentida que va a
afectar, según los cálculos más razonables, a dos millones de ciudadanos
que tienen contraídos préstamos con garantía hipotecaria y que afecta a
un montante total de recursos que se han prestado de alrededor de 13
billones de pesetas que en este momento están siendo objeto de negocios
financieros entre entidades y deudores ciudadanos.

Detrás de esas cifras que son importantes e impresionantes, hay algo que
le da un carácter especial a esta ley; detrás de ello hay esfuerzos
familiares, planes de ahorro, propósitos realizados de adquisición de
viviendas, ilusiones, frustraciones, dificultades. Esta es una ley que yo
diría que tiene un cierto latido humano y ese latido humano es lo que
hace que nos sintamos especialmente satisfechos con su tramitación y
consiguiente aprobación. Una cuestión social da origen y se traduce en
una decisión y en un planteamiento político; es un modo de ejercicio, de
funcionamiento legislativo que nos parece extraordinariamente interesante
porque responde a una demanda social generalizada, y no sólo por eso,
sino porque es una cuestión de justicia: el reparto de los costes
financieros en un momento de bajada importante de los tipos de interés en
el sistema debe hacerse equitativamente entre todos los actores de los
negocios y hay una cuestión de justicia distributiva que exige que ese
menor coste de los préstamos repercuta sobre las familias, sobre los
individuos. Por tanto, es una cuestión de justicia y no sólo de demanda
social generalizada que alienta mediante la inversión y el ahorro
familiar a la adquisición de bienes de larga duración o de bienes
productivos.

Es una ley consecuencia de una moción presentada en el Congreso de los
Diputados, que recibe el apoyo unánime de los Diputados, y de los
Senadores en la Comisión de Justicia de esta Cámara y que, por tanto,
tiene un amplio apoyo parlamentario que esperemos que se refleje en la
votación final. Se plantea como una ley con entidad propia, como una ley
sustantiva, como una ley que tiene su propia personalidad y que no es una
mera colección de retales de modificación de otros textos legislativos,
de la Ley Hipotecaria, de la Ley que rige el Impuesto sobre Transmisiones
y Actos Jurídicos Documentados, ni siquiera de otros reglamentos, como el
de Aranceles Notariales y Registrales. Esto no es un mosaico de retales
de modificaciones, sino que para conseguir una ley más inteligible, más
comprensiva y, por tanto, más cerca de los deseos y de los propósitos de
los ciudadanos afectados, debe presentarse de la manera en que se hace.

Al existir una actitud de coincidencia general en el fondo de la ley, las
enmiendas que se plantean a este proyectos tienen que ser especialmente
valoradas. No es lo mismo enmendar con una oposición frontal, con una
oposición parcial o con una coincidencia general de fondo porque, en este
caso, las enmiendas lo que descubren es, por un lado, la diversidad de
los matices, a veces, simplemente, la diversidad del estilo literario o
del estilo lingüístico o, en algunos casos, una diversidad de conceptos o
de vías de procedimiento para alcanzar objetivos y fines que son
compartidos. Por tanto,



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sobre ese fondo general estas enmiendas tienen que ser especialmente
tratadas y valoradas.

En consecuencia, no debe extrañar al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que hayamos sido especialmente susceptibles al considerar la
bondad y el trabajo realizado por su Grupo en la presentación de estas
enmiendas. Lo cortés no quita lo valiente. Las enmiendas están bien
trabajabadas, técnicamente son muy correctas, pero difieren de nuestra
concepción, ya que nosotros pensamos que la vía es distinta y en algunas
ocasiones mantenemos diferencias de concepto. Por tanto, hacemos bien en
valorar esas enmiendas, pero también lo hacemos al mantener las
posiciones del Grupo Parlamentario Socialista respecto de esos matices o
de las vías para conseguir los objetivos que la ley pretende. No hay,
pues, ninguna contradicción. Nos encontramos en un debate en el que el
grado de oposición es el mínimo posible, puesto que el relativo al
consenso es amplísimo y, por tanto, en este caso, en el debate dialéctico
tienen que figurar en primera línea la cortesía, el respeto y el
reconocimiento de los méritos de nuestros adversarios políticos.

Voy a analizar las enmiendas que han presentado los grupos
parlamentarios. En primer lugar, el Senador Calvo Lou, que ha retirado la
enmienda número 1, quiere introducir en el texto que ampara la
subrogación de los préstamos hipotecarios la modificación de los plazos
de los préstamos que hayan sido pactados. Nosotros, que incluimos dicha
modificación de los plazos en la novación modificativa del préstamo,
entendemos que, en todo caso, es preferible y sería deseable inducir a
los actores de los negocios a que concierten novaciones modificativas de
los préstamos antes de llegar al negocio de la subrogación. ¿Por qué? Por
dos razones evidentes: porque en la novación significativa la relación
entre el acreedor y el deudor no cambia y el cliente de las entidades
financieras se mantiene fijo; por tanto, las entidades financieras
mantienen su clientela, cosa que es deseable, ya que no queremos que se
produzca una huida de deudores de unas entidades a otras. A ser posible,
eso se debería evitar.

Además, existe una razón económica importante, como es que en las
novaciones modificativas de los préstamos el coste para los deudores es
menor, puesto que no conllevan comisiones por amortización anticipada,
como es lógico. Por tanto, producida una oferta más ventajosa, y causando
menos trastorno al conjunto del sistema financiero, creemos que hay que
incentivar especialmente la novación modificativa aunque, naturalmente,
hay que amparar el derecho de llegar a la subrogación voluntaria, como
reconoce el artículo 1.211 del Código Civil.

En cuanto a la enmienda número 3, que pretende establecer una fórmula
para compensar a las Comunidades Autónomas de los supuestos perjuicios o
minoraciones de ingresos por la parte del impuesto que se refiere a actos
jurídicos documentados, debo decir dos cosas. La primera, que la enmienda
está incorrectamente formulada, porque pretende modificar una disposición
adicional en la que se establece un límite a la comisión por amortización
anticipada en préstamos en el caso de que no haya subrogación, que es una
limitación muy importante. Ustedes quieren sustituir el contenido de
dicha disposición por una cláusula de compensación a las Comunidades
Autónomas que nada tiene que ver con lo que pretenden modificar. Por
tanto, no hay coherencia en el intento de sustitución. En todo caso, esto
podría constituir algo nuevo respecto de la disposición adicional que sus
señorías quieren enmendar.

A este respecto, he de decir --y lo explicaré con mayor precisión en mi
respuesta a la enmienda número 56, del Grupo de Convergència i Unió, que
establece con exactitud lo que, en todo caso, podría decirse-- que,
estando en vigor un acuerdo de política fiscal y financiera de fecha 20
de enero, es en ese ámbito donde la compensación que su señoría pretende
introducir debe estar presente, y no hacerla residir en una fórmula que
proponga el Ministerio de Economía y Hacienda para una compensación,
cuando existen un mecanismo y una Mesa que permiten que esas discusiones
se planteen. Por tanto, no creemos que sea oportuno conceder ese mandato
al Ministerio para llegar a ese fin.

En relación con las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, se ha puesto
un especial énfasis en la número 11, que pretende la modificación de la
Disposición Adicional Primera con un texto que pretende ser más amplio
que el que comprende el proyecto de Ley, pero que en realidad es más
confuso y no aclara nada en absoluto.

Si se fijan sus señorías, hay una distinción en cuanto a la exención o a
la reducción de la comisión por amortización anticipada, en el caso de
los préstamos subrogatorios o no subrogatorios. En el artículo 3 del
proyecto está contemplada la amortización anticipada de la subrogación y
en la disposición adicional la reducción de esa comisión para los casos
en que la amortización anticipada no sea el efecto de una subrogación,
sino que también se beneficie en este caso a los deudores.

Por tanto, diferenciando el texto de la Ley los dos casos, la propuesta
que hace el Grupo de Izquierda Unida nos parece poco sostenible, por lo
que vamos a rechazarla.

Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, se mantiene viva la número
64, cuyo contenido es exactamente igual a la número 2 del Senador Calvo
Lou, en la que se habla de la modificación del préstamo. Las razones que
he dado anteriormente son válidas para dicha enmienda.

Debo dar una primera impresión al Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. Efectivamente el proyecto



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de Ley no contiene una evaluación de las consecuencias económicas de las
modificaciones fiscales que contiene la Ley. Se trata de un fenómeno
nuevo, cuya dimensión futura es imprevisible y absolutamente incalculable
ya que hay dos millones de personas que podrían beneficiarse y no sabemos
cuántas van a hacer uso del derecho que esta Ley les confiere. Por tanto,
es prácticamente imposible que hagamos una evaluación de esas
consecuencias económicas y no voy a replicar a su señoría con el mismo
argumento, a propósito de la enmienda número 9 de su Grupo, porque
estaría retorciéndolo y sería poco leal en el debate parlamentario.

Efectivamente no se la vamos a admitir, pero no por ese motivo.

En cuanto a las enmiendas 4, 5 y 6 ya he manifestado la opinión de
nuestro Grupo, en cuanto a la sustitución de una nota marginal en el
Registro de la Propiedad por un asiento registral. En la plenitud de
estas modificaciones no supone ninguna ventaja y, en algunos casos,
parece que engendra algún tipo de confusión o ambigüedad, especialmente
cuando los acreedodres son varios. Nosotros creemos que una nota marginal
cumple todos los requisitos necesarios para la debida garantía y, por
tanto, en ese sentido vamos a mantener esa postura.

En cuanto a la limitación de los honorarios notariales y registrales que
nos solicita en su enmienda número 8, le hago notar que han sido
reducidos al reducir la base sobre la que se calculan, porque sólo se
calcularán sobre el capital pendiente de amortización, que puede ser
mucho o poco, depende de la vida que tenga el préstamo hipotecario. Si
además de esa reducción aplicáramos la reducción que su señoría pretende
de que el diferencial tenga como máximo el 1 por ciento, llegaríamos, en
primer lugar, a una reducción que se calcula en algo así como el 90 por
ciento de los honorarios notariales y registrales, lo que parece una
disminución excesiva. Y, por otra parte, reducir el diferencial --que es
un hecho real resultado del mercado-- entre los tipos vigentes en el
momento de la formulación de los préstamos y los que se firman ahora
--son hechos reales-- a un límite máximo del 1 por ciento parece una
operación artificiosa que, efectivamente, beneficia a los deudores pero
que parece que tiene poca consistencia lógica. Por tanto, nosotros vamos
a rechazar esa enmienda.

En cuanto a su intento de reducir al 0,1 por ciento el tipo de gravamen
en el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, en
coherencia con alguna Recomendación de la Comunidad y con lo que es norma
aprobada en el Derecho de las Comunidades del País Vasco y de Navarra
haciendo uso de sus especificidades financieras, le diré que ese
traslado, tal cual, a todo el resto del territorio, siendo deseable,
necesita ser escrupulosamente estudiado.

Así como su Comunidad y la de Navarra habrán estudiado la repercusión
financiera de esa reducción en el contexto de lo que es el planteamiento
financiero de su Comunidad, el mismo tipo de planteamiento habrá que
hacer para el resto de las Comunidades, porque podría producirse
inmediatamente una cadena de solicitudes de compensaciones por parte de
otras Comunidades Autónomas que tienen sus ingresos por ese concepto
establecidos, metidos en presupuesto y contando con ello para sus
políticas de gasto, lo que podría perturbar los equilibrios financieros
de las demás Comunidades. Por tanto, habría que trasladarlo, pero con un
análisis minucioso de las consecuencias y de los equilibrios financieros
de las demás Comunidades Autónomas. Siendo esto deseable, loable, nos
parece que sería precipitado aceptar la propuesta de su señoría.

En cuanto a la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que es la única que en este momento
permanece viva de las que ese Grupo ha presentado a este proyecto de ley,
le diré que estimamos que esa inclusión es innecesaria, porque están en
vigor y porque tienen la plenitud de sus consecuencias los acuerdos de
política fiscal y financiera del 20 de enero de 1992, cuyo apartado 2.11,
que he leído detalladamente, describe, enumera con toda precisión los
casos en que es de aplicación ese principio de compensación cuando hay
disminución, bonificación, etcétera de impuestos cedidos.

Por consiguiente, estando en vigor, teniendo su vida propia y expresando
aquí la explícita voluntad de que eso sea objeto de un cumplimiento
riguroso, nosotros creemos que esa adición es innecesaria y técnica y
legislativamente incorrecta. La segunda razón es que es una mala técnica
legislativa que incluyamos en una ley que quiere ser sustantiva y
permanente un precepto que tiene una duración transitoria y que, en todo
caso, finaliza en el año 1996.

Incorporar eso a un texto que tiene una voluntad de permanencia más allá
de 1996, nos parece una técnica legislativa incorrecta, que suscitaría
una cadena de consecuencias indeseables, porque casos análogos exigirían
la inclusión, en leyes ordinarias, de las consecuencias de acuerdos que
se firman en las mesas de negociación. Por tanto, siendo técnicamente
incorrecta, nosotros creemos que no se debe admitir.

Por último y con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, anuncio, como ya lo ha hecho el Senador Cañellas, la propuesta
de enmiendas transaccionales sobre las números 43 y 44 que, firmadas por
todos los grupos parlamentarios, a continuación pasaré a la Mesa de la
Cámara para que sean sometidas a la votación del Pleno.

Haciendo un análisis general de la posición del Grupo Parlamentario
Popular, diré que habiendo varios procedimientos para conseguir los
mismos objetivos: una ley sustantiva con entidad propia, una ley
consistente en modificaciones de textos legales de otras leyes,



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nosotros creemos que es más significativa y más comprensible la primera
vía, que no impedirá que a la larga terminen modificándose, en sus textos
refundidos, la Ley Hipotecaria, la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Aranzadi notariales,
etcétera.

Por esa razón, por una cuestión de vía, de procedimiento, nosotros
rechazamos un conjunto de enmiendas, las números 15, 17, 37, 38,
etcétera, que responden al modelo alternativo que sus señorías han
presentado. Nosotros no compartimos algunos conceptos, como, por ejemplo,
la extensión del ámbito de aplicación de la Ley, según el artículo 1.211
del Código Civil, a todos los préstamos hipotecarios, sean o no
contraídos con entidades financieras. Esto es lo que sus señorías
pretenden y lo que da origen a las enmiendas números 16, 18, 21, 22 y 36.

Nosotros no compartimos ese concepto básico de la aplicación de la ley y,
por tanto, vamos a rechazar las enmiendas.

Por cuestiones de pura terminología, de ubicación en el texto de la ley,
de matices respecto de algunas redacciones, tengo que decir que nosotros
rechazamos los textos alternativos, porque pensamos que el texto que
estamos defendiendo es lo suficientemente claro y constituye un conjunto
coherente que los ciudadanos van a entender. Por consiguiente, no debe
ser modificado en los términos que su señoría ha dicho. No voy a entrar
en la cuestión de oficio de las actuaciones notariales porque ya hemos
hablado de eso. Simplemente le digo respecto a la enmienda del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que introduce una
adicional nueva incluyendo un nuevo punto de exención, que eso no es
exactamente equivalente a lo que se establece en el cuerpo de la ley, que
es la causa, y la modificación es el efecto. Por tanto, creemos que no es
inútil la distinción entre la causa y el efecto. Hay una ley sustantiva
que establece exenciones, y el resultado final es que la Ley del Impuesto
queda modificada. Causa y efecto que, efectivamente, su señoría puede
aproximar todo lo que quiera, incluso, si quiere, hacerlas coincidir. A
nuestro juicio, esa coincidencia sería incorrecta porque uno es la causa
y otro es el efecto, por lo que creemos que no está de más mantener esa
disposición adicional.

Por último, hago conocer a la Mesa de la Cámara dos observaciones de
carácter lingüístico y gramatical, una de ellas de pura coherencia y otra
de carácter gramatical y de concordancia, ya que, habiéndose decidido en
Comisión que todas las referencias que la exposición de motivos contenía
al anteproyecto de ley y al proyecto de ley fueran suprimidas, porque son
incoherentes, siguiendo una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, por
la misma razón debería eliminarse la referencia al proyecto de ley que
figura en el párrafo primero de la exposición de motivos en la última
línea de la primera página del texto publicado, donde se habla de nuevo
de proyecto de ley, que debe ser sustituido, suprimido, o decir «esta
ley», que es lo correcto.

Hay otra cuestión de pura concordancia gramatical en el artículo 9, en la
línea cuarta, donde se habla de las escrituras públicas de novación
modificativa de préstamos hipotecarios «pactadas» --dice el texto de la
ley--, cuando ese adjetivo parece referirse a las escrituras, que es el
único sustantivo con el que puede concordar, y que es, sin embargo, una
referencia incorrecta porque las escrituras no es lo que se pacta, sino
que lo que se pacta es los préstamos hipotecarios. Por tanto, debe
cambiar el género de ese adjetivo y decir las escrituras públicas de
novación modificativa de préstamos hipotecarios «pactados», para que sea
gramaticalmente correcto.

Y eso es todo lo que nuestro grupo tiene el honor de decir en esta
tribuna respecto a este importante proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias.

Después preguntaré a los demás grupos parlamentarios sobre las dos
correcciones gramaticales que se nos proponen y pediré su
pronunciamiento.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) El Senador Ibarz tiene la palabra.




El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.

Señorías, probablemente pocas veces se ha producido, como en esta
ocasión, el caso de que un artículo de prensa llegue a transformarse en
una disposición legal con rango de ley en menor plazo de tiempo.

Como mencioné en mi intervención en la Comisión de Justicia, y hoy no
puedo evitar dejar constancia de ello ante el Pleno, efectivamente, un
artículo publicado en el periódico «La Vanguardia», de Barcelona,
suscrito por el Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de Cataluña, don Fernando Méndez González, y el Catedrático
de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, don Alfonso Hernández
Moreno, puso de manifiesto las posibilidades que ofrecía el artículo
1.211 del Código Civil para propiciar la repercusión del descenso de los
tipos de interés en los préstamos con garantía hipotecaria por la vía de
la subrogación.

La tesis defendida por los aludidos juristas tuvo su traducción en la
moción aprobada por el Congreso de los Diputados con la unanimidad de
todos los grupos



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parlamentarios con representación en aquella Cámara, de cuyo mandato
arranca el proyecto de ley que va a ser aprobado en esta sesión del
Senado.

En el proyecto presentado por el Gobierno se introducen notables mejoras
durante el trámite parlamentario.

El Senador Iglesias, en su intervención, ha expresado la voluntad del
Grupo Parlamentario Socialista de preservar el sentido y el alcance del
acuerdo de política fiscal y financiera de 20 de enero de 1992 en orden a
compensar la minoración de ingresos de las Comunidades Autónomas que
tienen cedido el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que
satisface una de las pretensiones de nuestro Grupo y por cuya razón
retiramos la enmienda número 56.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
el convencimiento de que el texto que hoy será aprobado responde a las
expectativas generadas entre los titulares de préstamos vivos, y que se
traducirá de forma inmediata en una sustancial disminución de las cuotas
que hoy pesan sobre las maltrechas economías familiares, haciendo más
llevadera la adquisición de viviendas.

La posibilidad de que las entidades de crédito puedan novar las
condiciones de los préstamos modificando los tipos e, incluso, el plazo
de amortización inicialmente pactados, con los mismos beneficios fiscales
que en los casos de subrogación, satisface la posible inquietud de las
entidades financieras respecto a la estabilidad del mercado hipotecario.

Alcanzado, pues, un punto de equilibrio entre los intereses de las
partes, cabe esperar la inmediata entrada en vigor de la Ley y la pronta
traducción de sus preceptos en hechos concretos que alivien la carga
financiera de los adquirentes de viviendas, a la par que estimulen a las
entidades de crédito a mejorar el mercado hipotecario, dotarlo de mayor
transparencia y mejorar la eficacia de los servicios financieros en un
mercado libre, abierto y competitivo.

En esta seguridad, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió votará favorablemente el texto de la ley.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ibarz.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Prada
Presa.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero que quede constancia de que nuestro Grupo acepta las correcciones
gramaticales que han sido expuestas por el Senador Iglesias y de que
retiramos las enmiendas números 43 y 44, dado que han sido presentadas
enmiendas transaccionales.

Señorías, en primer lugar, al César hay que darle lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios. Por cortesía, a nuestro Grupo no le duelen
prendas en reconocer que estamos ante un proyecto de ley --ya
prácticamente una Ley-- que se debe o es consecuencia de una iniciativa
del Grupo de Izquierda Unida en el Congreso, del Diputado Espasa
concretamente, y que, como se ha dicho ya, fue aprobada por unanimidad de
toda la Cámara Baja.

Pero al igual que no nos duelen prendas en hacer este reconocimiento de
los méritos de cada uno, tampoco nos ruborizamos al señalar que nuestro
Grupo en el Congreso, y coincidente con las fechas de la iniciativa
parlamentaria de Izquierda Unida, había presentado una iniciativa
parlamentaria, una proposición no de ley, en el mismo sentido que la del
Grupo de Izquierda Unida y que la retiramos porque habíamos ya aceptado
la iniciativa anterior.

Nuestro Grupo cree que debe dejar constancia en el «Diario de Sesiones»,
a pesar del grado máximo de consenso que existe ya en este proyecto de
Ley, de que una vez más el Gobierno socialista ha ido a remolque de la
calle y le han faltado los reflejos adecuados para legislar con mayor
rapidez lo que viene siendo una realidad desde la primavera de 1993, es
decir la bajada de los tipos de interés, y si en alguna medida es
adecuado legislar por Decreto-ley, seguramente éste hubiera sido el
supuesto, y no tener que esperar --como hemos tenido que hacerlo los dos
millones de ciudadanos, aunque ahora se tramite por el procedimiento de
urgencia-- prácticamente un año desde que en la calle se vienen
realizando los nuevos créditos con unos tipos de interés más bajos. Hemos
tenido que esperar casi un año para ver una ley que pueda, de alguna
manera, acomodar las situaciones del presente a esa rebaja de los tipos
de interés.

Como se ha dicho ya, el Grupo Parlamentario Popular va a votar
favorablemente el conjunto de esta Ley. Quiero también agradecer al
Senador Iglesias sus palabras de pura cortesía en las que se reconoce un
trabajo técnico de los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario
Popular, reconocimiento que, sin embargo, no se ve reflejado en el voto
de su Grupo, por lo menos en Comisión, y por lo que se desprende de sus
palabras, tampoco se va a ver reflejado, dentro de unos minutos, en su
voto en esta Cámara.

Las enmiendas que hemos presentado a esta Ley, que al final han quedado
en treinta, han sido exclusivamente con la voluntad y con la intención de
mejorarla técnicamente. Senador Iglesias --se lo dijimos ya en
Comisión--, a nuestro juicio, se ha hecho una Ley temporal, una Ley
coyuntural, una Ley que, una vez que se produzca el «boom» del primer
momento en que los ciudadanos acudan a subrogar o a modificar sus
créditos hipotecarios, después no va a tener vida, no va a tener sentido.

Ante esta circunstancia, nosotros hubiéramos preferido una reforma de la
Ley Hipotecaria y, posteriormente,



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haber hecho el texto refundido, como ya se ha señalado.

Decíamos que también hemos encontrado en esta Ley un sinfín de defectos
que han sido ya señalados y, de alguna manera, nuestras enmiendas venían
a recoger la subsanación de ellos. Por ejemplo, la enmienda número 20
--como se ha dicho-- que recoge el derecho de tanteo, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, quiebra el principio de libertad contractual. La
enmienda número 26 era con la voluntad de mejorar los métodos de
conciliación en caso de discrepancia entre las partes. Enmiendas técnicas
van a ser rechazadas por su Grupo sin ningún tipo de justificación,
Senador Iglesias, dado que no entendemos cómo, por ejemplo, las enmiendas
35 y 36 que consisten en una simple adición: a la palabra «Registro»
añadirle «de la Propiedad» no va a ser admitido por su Grupo en la
votación que celebremos. Y no lo entendemos porque sus señorías saben
perfectamente, cuando están leyendo esta Ley, que se trata del Registro
de la Propiedad; pero si hacemos leyes para que las entiendan también los
ciudadanos, la gente de la calle sin conocimientos técnicos o jurídicos,
debemos aclarar que el Registro al que tienen que acudir es el de la
Propiedad.

Los Servicios Jurídicos de la Cámara también ha señalado una serie de
defectos que no entendemos cómo el Grupo Socialista no ha promovido las
iniciativas correspondientes para que se recojan en el texto final de la
Ley; por ejemplo, la Disposición Final que establece que la Ley entrará
en vigor el mismo día de su publicación. Yo creo que, dada la urgencia de
esta Ley, que consideramos que es una ley urgente, cuando antes esté en
la calle, cuando antes puedan los ciudadanos beneficiarse de ella va a
ser mejor para todos; pero no hubiera impedido, como señalaba el Letrado
asesor de la Comisión de Justicia, que se diera un día, veinticuatro
horas de «vacatio legis», para que la Ley no entrara en vigor el mismo
día de su publicación, sino al día siguiente.

Echamos en falta también que esta Ley no dé una adecuada protección a los
consumidores. Como señalaba el Senador Cañellas, ya el informe de las
Organizaciones de Consumidores decía que esta Ley no es la panacea
universal. Pero es más, señorías, yo les voy a dar el dato que recogí
ayer: el 25 por ciento de las consultas y quejas que llegan a las
Organizaciones de Consumidores están relacionadas con temas que
precisamente trata esta Ley, temas de vivienda, de créditos hipotecarios,
etcétera. Y nosotros hicimos una proposición, vía enmienda, para que se
desarrollara por el Gobierno la Ley de Protección de los Consumidores y
Usuarios, del 19 de julio de 1984. Hablar del TAE, la tasa anual
equivalente, las Comisiones de constitución, de estudio, todo esto es un
mare mágnum que el ciudadano a la hora de firmar una hipoteca, cuanto más
sencillo y migado se lo demos, será mejor para todos.

Por otra parte, señorías, y para terminar, tenemos que señalar que
nuestro Grupo va a votar favorablemente la enmienda número 9 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, la enmienda número 65 del Grupo de
Coalición Canaria y la enmienda número 56 del Grupo de Convergència i
Unió.

Le agradecemos también al resto de los grupos la transacción a la que
hemos llegado en las enmiendas números 43 y 44.

Para terminar, señorías, señor Presidente, quiero decirles que si el
Grupo Parlamentario Popular tuviera mayoría en la Cámara esta ley sería
técnica y jurídicamente más perfecta: sería una ley mejor. Pero como
también estamos convencidos de que esta ley beneficiará a la mayoría de
los ciudadanos, vamos a darle el voto favorable.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.

Tiene la palabra el Senador Iglesias en turno de portavoces.




El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

No voy a reabrir, naturalmente, el debate sobre el contenido de las
enmiendas que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Está en su derecho. Pero sí le digo que alguna de las observaciones que
ha hecho me causa una cierta sorpresa. Por ejemplo, ha aludido a la
disposición final de este proyecto de Ley recogiendo la opinión del
letrado de la Comisión, opinión perfectamente correcta y legítima, pero
que no ha sido objeto de enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. La
podían haber enmendado manifestando que el proyecto de Ley debía entrar
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín. Pero no la han
enmendado. Por tanto, esto quiere decir que en principio estaban de
acuerdo. De ahí que me sorprende que se haga en este momento esa alusión.

Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista agradece y
estima el trabajo de colaboración de todos los grupos parlamentarios.

Creemos que los protagonismos están repartidos en este proyecto de Ley.

Esto tiene que ser reconocido expresamente al grupo proponente de la
moción en el Congreso de los Diputados y a todos los grupos que en algún
momento de la tramitación parlamentaria se han sumado a este proyecto de
Ley; proyecto que ha sido mejorado en el Congreso de los Diputados y en
esta Cámara, de manera que se puede decir, respecto del proyecto inicial,
que hemos conseguido una notable mejora en la aplicación de sus preceptos
para los ciudadanos.

No será ocioso recordar aquí que en el Congreso de los Diputados se hizo
una notable ampliación del ámbito de aplicación de la Ley, no sólo para
los préstamos hipotecarios que tienen garantía en viviendas o en locales



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comerciales o para rehabilitación de viviendas, sino para los préstamos
hipotecarios que tienen como garantía bienes industriales, embarcaciones
de pesca, bienes de producción, etcétera, que también se acogen a lo que
esta Ley establece.

Me congratulo de que esto sea así y de que hayamos sido capaces de
producir una ley en la que el consenso ha sido muy amplio. Asimismo,
deseo que la aplicación de la misma rinda a los ciudadanos los frutos no
momentáneos, sino largos, que de su texto se esperan.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.

Pasamos a las votaciones. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a someter a votación el voto particular número 6,
del Senador Cuevas, correspondiente a las enmiendas números 11, 12 y 13.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 14; en contra, 221.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el voto particular número 5 del Grupo Parlamentario
Mixto. Restan por votar las enmiendas números 2 y 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 15; en contra, 220.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, números 4 a 6, 8 y
9 correspondientes al voto particular número 1. (El señor Prada Presa
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Solicito la votación separada de la enmienda número 9. El resto puede ser
votado conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Lo hacemos así.

Pasamos a la votación de las enmiendas correspondientes a este voto
particular exceptuando la número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 13; en contra, 221; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 111; en contra,122; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se somete a votación la enmienda número 64 del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 14; en contra, 127; abstenciones, 95.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió han sido retiradas.

Del voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular fueron
retiradas las enmiendas números 42 y 43. (El señor Prada Presa pide la
palabra.) Tiene la palabra, Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, fueron retiradas las enmiendas
números 43 y 44, la número 42 se mantiene viva.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Votamos las demás enmiendas que comprenden este voto particular número 4
suscrito por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 107; en contra, 125; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El Senador Iglesias Marcelo, como producto de su detenida lectura,
propuso a la Cámara algunas modificaciones estilísticas que no son, desde
luego, baladíes. En la Exposición de motivos proponía que en lugar de la
redacción actual, que dice: «Este proyecto de ley...», diga: «Esta
Ley...». Asimismo, en el artículo 9, cuarta línea, se debe sustituir
«pactadas» por «pactados», ya que se refiere a los préstamos y no a las
escrituras. ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento estas
correcciones gramaticales? (Pausa.) Quedan aprobadas.

Ahora vamos a dar lectura a las enmiendas transaccionales suscritas por
los Grupos Parlamentarios de la Cámara. En los artículos 7 y 9, en lugar
de «régimen fiscal» debe decir «beneficios fiscales», quedando redactado
de la siguiente forma: «beneficios fiscales y honorarios notariales y
registrales en la novación modificativa de préstamo hipotecario».

¿Puede entenderse aprobado por asentamiento? (Pausa.) Queda aprobado.

Se propone también la inclusión de una Disposición Adicional Cuarta nueva
con el siguiente texto: Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la debida aplicación de esta ley.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.




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Vamos a someter conjuntamente a votación el dictamen de este proyecto de
Ley, con las modificaciones introducidas en los distintos trámites. Lo
haremos, tal y como ha solicitado, en único acto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 235.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (S. 605/000001, C. D. 127/000004).




--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA CUAL SE DEROGA LA LEY ORGANICA
12/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA DE COMPETENCIAS DE TITULARIDAD ESTATAL (S. 625/000001, C. D.

125/000004).




El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Pido unos breves instantes de atención. Los portavoces de los grupos en
la Comisión General de las Comunidades Autónomas propusieron que su
Presidente hiciera la presentación del dictamen conjunto de todos los
proyectos que a continuación vamos a debatir y, en su caso, a aprobar.

Tiene la palabra el Senador Reventós.




El señor REVENTOS I CARNER: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, me cabe el honor de presentar ante el Pleno de la Cámara, como
Presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, designado
por ésta por acuerdo unánime adoptado en su sesión del día 1 de marzo del
presente año, los dictámenes de las proposiciones de ley orgánica de
reforma estatutaria que se van a debatir en el Pleno de hoy.

Debo decir que la tramitación de las proposiciones de ley orgánica de
reforma estatutaria ha sido la primera actuación de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas inmediatamente después de su constitución.

Quiero ver en ello una realidad y un símbolo. Lo primero, porque un
órgano del Senado destinado principal y preferentemente a tratar las
cuestiones relacionadas con el Estado de las Autonomías ha iniciado su
camino con la actividad legislativa referente a la reforma de estatutos,
norma institucional básica de las respectivas Comunidades Autónomas y, a
su vez, parte del ordenamiento jurídico del Estado español. Lo segundo,
porque nada mejor que una reforma estatutaria simboliza la distribución
territorial y funcional de poderes de nuestro sistema constitucional en
cuanto a confluencias en el procedimiento aprobatorio de distintas
voluntades --autonómicas y estatales-- en nuestro Estado compuesto.

Dicho esto, expondré, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento
del Senado, las actuaciones y motivos inspiradores del dictamen que la
Comisión General de las Comunidades Autónomas formula respecto de la
proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.

La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 16 de
diciembre de 1993, y fue remitida por la Mesa a la
antigua Comisión de Autonomías y Organización y Administración
Territorial, abriéndose un plazo de enmiendas cuyo término se fijó para
el 29 de diciembre y que posteriormente fue ampliado hasta el 3 de
febrero de 1994.

Siendo de aplicación el procedimiento de reforma estatutaria la norma
supletoria de la Presidencia del Senado sobre Procedimientos de reforma
estatutaria, de 30 de septiembre de 1993, y previéndose en su artículo
tercero, apartado 4, la posibilidad de que la Comisión o la Asamblea
Legislativa de la Comunidad Autónoma proponente de la reforma pudieran
solicitar la presencia ante la Comisión de una delegación de la Asamblea
Autonómica, la Comisión de Autonomías declinó esta posibilidad,
consciente del presumible solapamiento de la reforma estatutaria con la
constitución de la nueva Comisión General de las Comunidades.

No obstante, comunicada por la presidencia del Senado esta posibilidad,
las Cortes Valencianas acordaron enviar una Delegación para que estuviera
presente ante la Comisión en un acto de presentación de la proposición,
conexo con el procedimiento legislativo.

El 2 de febrero de 1994 se constituyó la nueva Comisión General de las
Comunidades Autónomas, en virtud de la reforma reglamentaria aprobada por
el Pleno del Senado el 11 de enero y, consecuentemente, la nueva Comisión
se subrogó en las competencias de la vieja Comisión de Autonomías, por lo
que en la primera sesión ordinaria de la Comisión General compareció la
Delegación de las Cortes Valencianas, compuesta por los ilustres señores
Diputados don Segundo Bru Parra, don Eduardo Zaplana Hernández-Soro y don
Héctor Villalba Chirivella, que se manifestaron unánimemente



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a favor de esta proposición, cada cual desde sus respectivos
planteamientos y acentos políticos.

Finalizado el plazo de enmiendas, la proposición de ley orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue objeto
de tres enmiendas del Senador don Miguel Ramón i Quiles, perteneciente al
Grupo Parlamentario Mixto.

La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades
Autónomas el 2 de febrero y compuesta por los Senadores don Felipe
Guardiola, don José Miguel Ortí Bordás y don Miguel Ramón i Quiles,
acordó el 15 de febrero por mayoría, proponer a la Comisión el
mantenimiento, en sus propios términos, del texto remitido por el
Congreso, coincidente, a su vez, con la proposición de las Cortes
Valencianas, y desestimar las enmiendas presentadas.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.o de
marzo pasado, adoptó como dictamen el texto propuesto por la Ponencia y
rechazó las enmiendas presentadas, que fueran defendidas por el
enmendante, siendo, en consecuencia, este el texto que me cabe el honor
de proponer al Pleno del Senado.

Como consecuencia de este dictamen, y en unidad de acto, la Comisión
General de las Comunidades Autónomas debatió y aprobó el dictamen
respecto a la proposición de ley orgánica por la que se deroga la Ley
Orgánica, la LOTRAVA, 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencia a la
Comunidad Valenciana, competencias de titularidad estatal.

La proposición de Ley orgánica derogatoria tuvo entrada en el
Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión y
abriéndose plazo de enmiendas que finalizó con la ampliación acordada el
3 de febrero de 1994.

La proposición de ley orgánica ha sido objeto de enmiendas del Senador
Ramón i Quiles, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. Al amparo del
artículo tercero, apartado 4 de la Norma Supletoria de la Presidencia del
Senado, y al igual que se había hecho con la reforma estatutaria, las
Cortes Valencianas solicitaron la presencia de la Delegación ante la
Comisión General de las Comunidades Autónomas para presentar esta
proposición.

La Delegación de las Cortes Valencianas compareció ante la Comisión
General y, en acto único, presentó la proposición de Ley orgánica
derogatoria de la LOTRAVA, siendo unánime, y cada cual desde sus acentos
políticos, la expresión de los delegados a favor de las proposiciones a
debatir.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas designó, en sesión de 2
de febrero de 1994, la Ponencia encargada de informar la proposición de
ley orgánica derogatoria de la LOTRAVA, integrada por los Senadores don
Felipe Guardiola, don Miguel Ortí Bordás y don Miguel Ramón i Quiles.

La Ponencia emitió informe el 15 de febrero, acordando por mayoría
proponer a la Comisión General el mantenimiento en sus propios términos
del texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La Comisión, en su sesión del 1.o de marzo pasado, aprobó como dictamen
el texto propuesto por la Ponencia, a la par que rechazó las enmiendas
que fueron defendidas por el enmendante señor Ramón i Quiles.

En consecuencia, este es el texto que se propone como dictamen al Pleno
del Senado.

Señor Presidente, al amparo también del artículo 120 del Reglamento del
Senado, procedo a presentar el dictamen adoptado por la Comisión General
respecto a la proposición de ley orgánica de ampliación de competencias
del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

La proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993,
abriéndose plazo de enmiendas que, como consecuencia de la ampliación,
finalizó el 3 de febrero de 1994. A la proposición se presentaron 18
enmiendas del señor Cuevas González y de la señora Vilallonga Elviro,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.

De conformidad con el artículo tercero, apartado 4 de la Norma Supletoria
de la Presidencia del Senado sobre el procedimiento de reforma de los
Estatutos de Autonomía, la Diputación General de La Rioja solicitó la
presencia de una Delegación compuesta por los ilustres señores Diputados
regionales, don Miguel González de Legarra, don Pedro María Sanz Alonso y
don Mario Fraile Ruiz, ante la Comisión para la presentación de la
proposición.

La delegación parlamentaria compareció ante la Comisión General el 10 de
febrero de 1994 con asistencia del excelentísimo señor Presidente de la
Diputación General de La Rioja, don Félix Palomo, manifestando su apoyo
unánime a la proposición de ley orgánica de ampliación de las
competencias estatutarias.

La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades
Autónomas e integrada por los señores Senadores don Ignacio Díez González
y don Joaquín Espert Pérez-Caballero aprobó el 14 de febrero el Informe
de la Ponencia proponiendo el mantenimiento del texto remitido por el
Congreso de los Diputados con el consiguiente rechazo a las enmiendas
presentadas.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó el 1.o de marzo
el Dictamen de esta proposición en los términos propuestos por el Informe
de la Ponencia y rechazando las enmiendas presentadas que fueron
defendidas por el señor enmendante, siendo éste, en consecuencia, el
texto que se elevará al Pleno.

A continuación, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara, procedo a presentar el Dictamen recaído respecto
a la proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía
de Cantabria.

La proposición de Ley Orgánica tuvo entrada en el



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Senado el 16 de diciembre de 1993 y fue remitida a la Comisión de
Autonomías y Organización y Administración Territorial, abriéndose un
plazo de enmiendas que, como consecuencia de la ampliación, finalizó
el 3 de febrero de 1994.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó una
enmienda de adición de un apartado 7) al artículo único para añadir al
artículo 2 apartado 3) del Estatuto de Cantabria determinadas previsiones
en materia de enclave territorial.

Por otra parte, la Asamblea Regional de Cantabria, al amparo del artículo
3, apartado 4.º de la norma supletoria de la Presidencia del Senado
solicitó la presencia de una delegación de dicha Asamblea ante la
Comisión para presentar la proposición.

La Delegación, integrada por el Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional, don Alfonso Pajares Compostizo y los Ilustrísimos señores don
Miguel Angel Palacio García y don Roberto Bedoya Arroyo compareció ante
la Comisión General el 11 de febrero, manifestando el apoyo unánime a la
proposición de Ley de Reforma.

La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades
Autónomas el 2 de febrero de 1994 e integrada por los señores Senadores
don Jaime Blanco García y don Ricardo Bueno Fernández acordó proponer a
la Comisión el mantenimiento del texto remitido por el Congreso y el
rechazo de la enmienda presentada.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas adoptó como Dictamen el
texto propuesto por la Ponencia, retirándose durante el debate la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.

En consecuencia, el Dictamen de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas es coincidente con el Informe de la Ponencia que mantuvo el
texto remitido por el Congreso, sin que se mantengan enmiendas
relacionadas con esta Proposición.

A continuación, al amparo del artículo 120 del Reglamento del Senado,
procedo a la presentación del Dictamen recaído respecto de la proposición
de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía para la región de
Murcia.

El 16 de diciembre de 1993 tuvo entrada en la Cámara la proposición,
remitiéndose a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración
Territorial y abriéndose un plazo de enmiendas que, como resultado de su
ampliación, finalizó el 3 de febrero de 1994.

La proposición ha sido objeto de 21 enmiendas de los señores Senadores
Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Mixto.

La Ponencia designada por la Comisión el 2 de febrero de 1994, e
integrada por los señores Senadores don Antonio Cárceles Nieto y don
Manuel Hurtado García, resultó modificada, sustituyéndose al Senador
Cárceles Nieto por don José Maeso Carbonell, toda vez que por razones de
enfermedad no pudo intervenir el primitivo ponente del Grupo
Parlamentario Popular, sustitución ratificada posteriormente por la
Comisión el 1.º de marzo. La Ponencia propuso en su Informe el
mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el Dictamen en
la sesión de 1.º de marzo y acordó proponer como tal el Informe de la
Ponencia, rechazándose las enmiendas presentadas, que fueron defendidas
en Comisión por el representante del Grupo Parlamentario Mixto.

Procedo ahora a la presentación del Dictamen recaído respecto de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares.

La Proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993,
remitiéndose a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración
Territorial y abriéndose un plazo de enmiendas que, merced a la
ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.

La proposición ha sido objeto de dos enmiendas de los señores Senadores
Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Mixto.

La Ponencia designada por la Comisión el 2 de febrero e integrada por los
señores Senadores don Antonio Garcías Coll y don Guillermo Vidal Bibiloni
acordó proponer a la Comisión General de las Comunidades Autónomas el
mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso
de los Diputados en su Informe de 14 de febrero.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el Dictamen en
su sesión de 1.º de marzo de 1994, adoptándose como tal el texto del
Informe de la Ponencia, quedando rechazadas las enmiendas presentadas que
fueron defendidas por el representante del Grupo Parlamentario Mixto.

En consecuencia, este es el Dictamen que la Comisión eleva al Pleno de la
Cámara.

A continuación, procedo a la presentación del dictamen de la Comisión
respecto a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León. Dicha proposición tuvo entrada en el Senado
el 16 de diciembre de 1993, abriéndose el plazo de enmiendas que, en
función de la ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994. La
proposición ha sido objeto de veintiuna enmiendas, la número uno, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y las veinte
restantes de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.

Al amparo del artículo tercero, apartado cuarto de la Norma Supletoria de
la Presidencia del Senado, las Cortes de Castilla y León solicitaron la
presencia de una Delegación compuesta por los excelentísimos señores
Procuradores, don Manuel Estella Hoyos, don Fernando Zamácola Garrido,
don Jaime González González,



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don Mario Amilivia González, don Laurentino Fernández Merino y los
ilustrísimos señores don Francisco León de la Riva y don Jesús Quijano
González, para presentar la proposición de ley orgánica de reforma ante
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, lo que tuvo lugar el 14
de febrero, manifestando todos los componentes de la Delegación su
unánime criterio a favor de la proposición, en los términos en ella
contenidos.

La ponencia designada en la sesión de la Comisión de 2 de febrero, e
integrada por los señores Senadores don Octavio Granado Martínez y don
José Luis Sainz García, en reunión de 14 de febrero, acordó proponer como
informe el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por
el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades
Autónomas debatió el dictamen en sesión celebrada el 1.º de marzo,
durante la cual el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos retiró la enmienda número uno de su Grupo a la
proposición de la ley orgánica, defendiéndose por la enmendante, señora
Vilallonga, las restantes veinte enmiendas que fueron rechazadas. El
dictamen que se eleva al Pleno mantiene, pues, el informe de la ponencia,
coincidente con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Procedo a presentarles el dictamen de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas sobre la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La proposición tuvo entrada
en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la vieja Comisión
de Autonomías y abriéndose un plazo de enmiendas que, merced a la
ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.

A la disposición se presentaron diecinueve enmiendas por los señores
Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Mixto. La Comisión General de Comunidades Autónomas designó
la ponencia en su sesión de 2 de febrero de 1994, integrada por los
señores Senadores don Julián Grimaldos Grimaldos y don José Manuel Molina
García, que informó la proposición el 14 de febrero, proponiendo a la
Comisión el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por
el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades
Autónomas debatió el dictamen en sesión de 1.º de marzo y aprobó el texto
propuesto por la ponencia, rechazando las enmiendas que fueron defendidas
por la enmendante, señora Vilallonga, siendo, en consecuencia, éste el
texto del dictamen que se propone al Pleno.

A continuación procedo a presentar, al amparo del artículo 120, el
dictamen adoptado en relación con la proposición de ley orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. La proposición de ley
orgánica tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993,
remitiéndose a la Comisión y abriéndose un plazo de enmiendas que
finalizó, previa ampliación, el 3 de febrero de 1994. Esta proposición ha
sido objeto de veintinueve enmiendas de los señores Senadores Cuevas
González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Mixto.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas designó en sesión de 2
de febrero la ponencia encargada de informar la proposición, compuesta
por los señores Senadores don Federico Suárez Hurtado y don Angel Carlos
Bernáldez Rodríguez. La ponencia informó la proposición el 14 de febrero
de 1994, acordándose proponer a la Comisión el mantenimiento en sus
propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La
Comisión General de las Comunidades Autónomas en sesión de 1.º de marzo
de 1994, rechazó las enmiendas presentadas que fueron defendidas por la
enmendante, señora Vilallonga, y acordó como texto del dictamen el
propuesto por la ponencia, siendo éste, en consecuencia, el que la
Comisión eleva al Pleno.

Seguidamente procedo a la presentación del dictamen aprobado en relación
con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía
de Madrid. La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 16
de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión y abriéndose un plazo de
enmiendas que, después de la ampliación acordada, acabó el 3 de febrero
de 1994. A la proposición de ley orgánica se han presentado cincuenta
enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.

La Comisión General de Comunidades Autónomas, en sesión de 2 de febrero,
designó la ponencia encargada de informar la proposición e integrada por
los señores Senadores don Teófilo Serrano Beltrán y don Juan Van-Halen
Acedo. Asimismo y al amparo del artículo tercero, apartado cuarto de la
Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, el 30 de septiembre de
1993, la Asamblea de la Comunidad de Madrid solicitó la presencia de una
Delegación ante la Comisión General al objeto de presentar la proposición
de ley orgánica de reforma estatutaria.

La delegación, compuesta por los ilustrísimos señores Diputados don
Manuel Cobo Vega, don Javier Ledesma Bartret y don Jaime Ruiz Reig,
compareció ante la Comisión el 11 de febrero de 1994. La Ponencia emitió
un informe el 14 de febrero, proponiendo el mantenimiento del texto
remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las
Comunidades Autónomas debatió en su sesión del 1.º de marzo el dictamen,
acordando adoptar como tal el texto propuesto por la Ponencia y rechazar
las enmiendas que fueron defendidas por la enmendante señora Vilallonga.

Este es, pues, el dictamen que la Comisión General de las Comunidades
Autónomas propone al Pleno de la Cámara.

A continuación, procedo a presentar el dictamen de



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la Comisión respecto de la proposición de ley orgánica de reforma de los
artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias.

La proposición de ley orgánica entró en el Senado el 16 de diciembre de
1993, y se remitió a la Comisión de Autonomías y Organización y
Administración Territorial abriéndose un plazo de enmiendas que, por
ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.

La proposición ha sido objeto de veintitrés enmiendas de los señores
Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Mixto. La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en
su sesión del 2 de febrero de 1994, designó la Ponencia encargada de
informar la proposición, integrada por los señores Senadores don Pablo
García Fernández y don Isidro Fernández Rozada.

La Ponencia emitió un informe el 15 de febrero de 1994, acordando
proponer a la Comisión el mantenimiento del texto remitido por el
Congreso de los Diputados en sus propios términos, y la Comisión General
de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.º de marzo, dictaminó la
proposición, rechazando las enmiendas presentadas, que fueron defendidas
por la enmendante, Senadora Vilallonga, y aprobando como texto del
dictamen el propuesto por la Ponencia, siendo éste el que se eleva al
Pleno de la Cámara.

Por último, a tenor de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento del
Senado, procedo a presentar el dictamen recaído respecto de la
proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. Dicha proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el 16 de
diciembre, remitiéndose a la Comisión, y abriéndose un plazo de enmiendas
que, una vez ampliado, finalizó el 3 de febrero de 1994.

La proposición de ley orgánica ha sido objeto de una propuesta de veto,
presentada por el Senador Calvo Lou, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, y de catorce enmiendas, de los señores Senadores Cuevas González y
Vilallonga Elviro, también pertenecientes a dicho Grupo.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 2 de
febrero de 1994, designó la Ponencia encargada de informar la proposición
de ley orgánica, integrada por los señores Senadores don Alfonso Sáenz
Lorenzo, don Gregorio Garzarán García y don Valentín Calvo Lou.

La Ponencia emitió un informe el 14 de febrero de 1994, acordando
rechazar las enmiendas presentadas y proponer a la Comisión el
mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso
de los Diputados, con el voto en contra del ponente señor Calvo Lou.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.º de
marzo de 1994, debatió el dictamen, acordando adoptar como tal el informe
de la Ponencia, con el consiguiente rechazo de la propuesta de veto y de
las enmiendas presentadas, que fueron defendidas por los Senadores Calvo
Lou y Vilallonga Elviro, respectivamente. Y éste es, en consecuencia, el
texto que se eleva al Pleno de la Cámara.

Finalizo, señor Presidente. Reitero mi agradecimiento por la confianza de
los miembros de la Comisión que presido, al concederme el honor de
efectuar esta presentación de los dictámenes sobre reformas estatutarias.

Vean en ello, señorías, el propio honor de la Comisión en la realización
de su trabajo respecto de una materia tan fundamental como la de las
reformas estatutarias, coincidente en ello, sin duda, con la totalidad de
la Cámara.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Reventós.

De acuerdo con lo convenido en la Junta de Portavoces, vamos a proceder
al debate del primer dictamen, correspondiente a la proposición de ley
orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

En primer lugar, para la defensa del voto particular número 1,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 3, tiene la palabra el
Senador Ramón i Quiles.




El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Presidente de Les Corts Valencianes.

Señorías, el voto particular que mantengo a la reforma del Estatuto de
Autonomía valenciano ha sido presentado con dos finalidades: la primera
de ellas cumple la función de su liberalidad. Es decir, la enmienda
número 1 pretende retrotraer el texto del artículo 12.4 del Estatut dé
Autonomía aprobado en sus orígenes, con el fin de que el Presidente de la
Generalitat tenga la capacidad de disolución anticipada de Les Corts
Valencianes y que no esté condicionado a una fecha concreta. A finales de
1990, mediante un pacto centralista, fue modificado el artículo 12.4
dejando dicha competencia política mediatizada a una fecha concreta. El
fin último era el de armonizar los procesos electorales para celebrarlos
el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.

Pero además de ser un recorte importante en el derecho de autogobierno
del pueblo valenciano, puede reportarle en un futuro inmediato
consecuencias negativas, ya que tras unas elecciones, el sistema de
mayorías puede hacer ingobernable la autonomía valenciana. En el caso de
la Nacio Valenciana, que con esta reforma --incluso si ella-- tiene
atribuidas tantas competencias como las nacionalidades históricas de todo
el Estado, si Les Corts Valencianes quedan en un sistema asambleario más
que parlamentario, se podrá dar el caso de que durante toda una
legislatura no puedan adoptarse sus presupuestos, en definitiva, que todo
el



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entramado de educación, cultura, agricultura, obras públicas, medio
ambiente, transporte, turismo o sanidad quedaría sin poder gestionarse
adecuadamente en el caso de una mayoría inestable en Les Corts
Valencianes.

La idea armonizadora electoral de los partidos centralistas no alcanza a
la totalidad de las nacionalidades del Estado y, es cierto, Euskadi,
Cataluña y Galicia no están dentro de este proceso armonizador por un
motivo claro: el alto índice de competencias estatutarias hace
recomendable que puedan maniobrar electoralmente con el fin de que la
gestión sea eficaz.

Pues bien, la Nación Valenciana tiene, antes y después de esta reforma
que hoy se pretende, un techo competencial similar al de todas ellas. Por
el contrario, en el Estatuto no se le permite la autodisolución, sino que
tiene que celebrar elecciones a fecha fija. Si el pueblo valenciano
ejerciera su voto de manera que no saliera una mayoría suficiente, podrán
suponer sus señorías la imposibilidad de gestionar debidamente, por
ejemplo, todo el entramado sanitario o de educación. Estamos hablando
casi de un billón de pesetas del presupuesto.

La enmienda número 2 pretende convertir un Estatuto otorgado en uno
dotado por el pueblo valenciano. Posiblemente se le podría dar el
calificativo de propuesta romántica. Personalmente, lo calificaría como
adecuar el Derecho Político satisfaciendo así una aspiración nacionalista
propia del principio del derecho de autogobierno de la Nacio Valenciana.

La enmienda número 3 no es más que una explicación de la presente reforma
más acorde a la realidad, que modificaría su exposición de motivos.

La segunda finalidad es que este voto particular pudiera servir de apoyo
parlamentario a todas aquellas iniciativas que contribuyeran a la mejora
del texto o al incremento de competencias legislativas, de gestión,
políticas o económicas, de acuerdo con el nuevo criterio unánimemente
expresado por Les Corts Valencianes el día 17 del mes pasado.

Estos son los motivos de mantener el voto particular, así como la
esperanza de que las afirmaciones efectuadas en Valencia se puedan
convertir en hechos reales en este trámite del Senado.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, vamos a proceder --salvo
que se me indique algo en contrario-- al turno de portavoces, teniendo en
cuenta --lo digo para la intervención de sus señorías-- que también fue
acordado que en un único acto hiciéramos referencia al proyecto de Ley
Orgánica de derogación de la Ley 12/1982, de 10 de agosto.

He hecho esta mención para entender que el debate de ambos proyectos de
ley es conjunto.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Ramón y Quiles.




El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en la presentación de la reforma de L'Estatut d'Autonomía de la
Comunitat Valenciana, els Sindics de los diferentes Grupos Parlamentarios
de Les Corts Valencianes coincidieron en reclamar el carácter histórico
de la Nacio Valenciana. De manera armónica, todos ellos destacaron el fet
diferencial valencià. Un hecho diferencial avalado y forjado en este
particularismo político del que el Reino de Valencia gozó hasta 1707,
hasta ese trágico y vergonzoso 25 de abril.

El Reino de Valencia, configurado como nación propia, poseía un
ordenamiento jurídico basado en els Furs del Reino de Valencia, sistema
monetario diferenciado y con las instituciones apropiadas que lo
convertían en un Estado independiente, unido a la Corona de Aragón por
coincidencia monárquica.

La derrota militar de la batalla de Almansa, y como inicio de una brutal
represión contra la Nacio Valenciana, Felipe d'Anjou dispuso, mediante el
Decreto de Nueva Planta, la abolición y derogación dels nostres Furs. Ese
fue el inicio de pertenencia al Estado de la Nacio Valenciana, y cito las
palabras textuales del monarca, que decía en su decreto: «La derrota de
los valencianos se debe a mi justo derecho de conquista, por lo que
elimino sus leyes, sus usos, sus tribunales y también sus costumbres.»
A los valencianos no se nos ha olvidado esa forma de integrarnos en el
Estado. De ello dieron buena cuenta los representantes de Les Corts
Valencianes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Desde entonces, hemos intentado establecer nuestra relación con el Estado
con fórmulas alternativas. Ante la imposibilidad de recuperar els Furs o
parte de ellos, muchas han sido las propuestas alternativas, y como mera
enumeración, citaré el proyecte de Constitucio pera l'Estat Valencià, de
1904, o el Proyecte d'Estatut de 1919, o los múltiples de la Segunda
República, con el Proyecto de 11 de junio de 1931 que, anterior a la
Constitución republicana, precisamente el día 18 de julio de 1936 hacía
su entrada para su aprobación en las Cortes Generales.

El golpe de Estado imposibilitó que los valencianos tuviéramos, junto a
la categoría de nacionalidad histórica, un Estatuto de Autonomía
histórico.

Recuperándose la democracia, la Nacio Valenciana movilizó sus calles con
la exigencia coreada de «llibertat, amnistía i Estatut de Autonomía»,
firmándose el 8 de octubre de 1978 el «Compromis Autonomic», firmado por
la totalidad de las fuerzas democráticas valencianas --PSOE, UCD, el
Partit Comunista del País Valencià, Alianza Popular, el PTPV, la ORT, mi
propio partido, el Partit Carli y la UDPV--, por el que nos
comprometíamos unánimemente a que, una vez aprobada la Constitución, se
promulgará lo más rápidamente posible la correspondiente ley orgánica
contemplada en el



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artículo 151, apartado primero, que exige ratificarlo por medio de un
referéndum del cuerpo electoral afectado por la iniciativa autonómica, es
decir, un Estatuto de Autonomía lo más amplio y lo más rápidamente
posible.

El 9 de enero de 1979 el Consell Preautonómico valenciano iniciaba la vía
del artículo 151 de la Constitución Española. El 95 por ciento de los
ayuntamientos valencianos, que representaba el 98 por ciento de la
población, solicitaron, mediante acuerdo plenario, la autonomía por esta
vía.

Así hizo su entrada en el Congreso de los Diputados, en octubre de 1979,
la documentación necesaria que cubría los requisitos para las autonomías
más amplias. Pero las aguas de la reciente democracia no bajaban limpias,
y, una vez más, el llamado interés general impidió un Estatuto digno de
la nacionalidad histórica que suponía Valencia.

Pero los valencianos no callamos y, a pesar de las diferencias internas,
nos volvimos a manifestar exigiendo «Volem l'Estatut per 151». El interés
general privó ante la razón de los valencianos y, así, en un descalabro
del partido del Gobierno, tuvimos que conformarnos con el Estatuto que
nos fue otorgado, un Estatuto que se podía calificar como
inconstitucional.

La situación de un partido en el Gobierno en proceso de desaparición, la
presión de los poderes fácticos y la excusa de reorientar el Estado de
las Autonomías hicieron que el Estatuto valenciano se tramitar por la vía
del artículo 143 de la Constitución, con competencias previstas en el
151. Así, resultó ser que por la vía, entonces llamada lenta, del
artículo 143 se reconocía a la Comunidad valenciana su carácter de
nacionalidad, dentro de la distinción que la Constitución hace entre las
nacionalidades y regiones, y al mismo tiempo dotaba de todas las
competencias posibles por el artículo 151. Para paliar la
inconstitucionalidad del Estatuto, se arbitró la LOTRAVA, Ley Orgánica
que hoy se pretende derogar.

La profundización en el Estado de las Autonomías ha hecho que por la vía
de acceso a sus respectivos estatutos se distinga en la práctica entre
nacionalidades históricas y aquéllas que no lo son, olvidando que cada
Estatuto de Autonomía indica si se trata de una nacionalidad o región.

Curiosamente, se distinguen como históricas o no si en tiempos de la
República tuvieron estatuto de autonomía. Por ello, resulta que el golpe
de Estado de 1936 es el que nos priva a los valencianos de ser una
autonomía de primera. A pesar de todo, con un estatuto otorgado por el
Estado, y no dotado por el pueblo valenciano, disfrutamos de una
Comunidad con las mismas competencias que las mal llamadas históricas;
por poner un ejemplo, la Nacio Valenciana resultó con casi idénticas
competencias que Cataluña. Pero, una vez más, el interés general se cebó
en los derechos valencianos, y en 1990 un pacto centralista nos reformó
el Estatuto. Aquella reforma, de la que nadie se siente orgulloso y que
incluso en este debate se ha intentado eliminar, no nos quitó una
competencia de ejecución, sino que se trataba de algo más importante: nos
hurtó la capacidad de autodisolución de Les Corts Valencianes. De nada
sirvieron horas y horas de negociación; de nada sirvieron los debates ni
las razones ni aquellas reuniones, en definitiva. El pacto estaba cerrado
y el interés general se impuso como con Felipe V. Nuestras leyes se
redujeron a las de Castilla...

Hoy tenemos que aprobar una reforma y, desde luego, en este momento estoy
dispuesto a retirar, y así lo hago, las enmiendas de Ezquerra
Nacionalista Valenciana había mantenido hasta este momento. Ya he dicho
que estaban presentadas con el fin de que sirvieran de apoyo para una
mejor reforma.

Por el contrario, voy a solicitar el voto favorable de todas sus
señorías, porque, ¿cómo podríamos votar que no o solicitar un voto
negativo ante un texto tan anodino como el que se nos propone? Un pacto
autonómico decidió presentar la proposición de Ley Orgánica de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con este texto:
«Todas las competencias atribuidas por el presente Estatuto quedan
incorporadas a él plenamente, asumiéndose con carácter estatutario por la
Generalitat Valenciana». ¿Podría alguien votar negativamente este
maravilloso perogrullo?
Por ello, les ruego, señorías, que acepten lo solicitado, sobre todo,
porque no creo que sea posible encontrar argumentos para votar
negativamente, aunque no creo que jurídica o competencialmente se varíe
el autogobierno de los valencianos, tampoco considero que un acuerdo de
Les Corts Valencianes sea rechazado, otra cosa hubiera sido el poder
ampliarlo.

Señorías, el dabate en Corts Valencianes fue muy duro. Se presentaron
multitud de enmiendas, se solicitó incluso, al entender de Ezquerra
Nacionalista Valenciana muy acertadamente, hasta el cambio de la
denominación a la proposición presentada, pero los grupos parlamentarios,
al ver rechazadas sus enmiendas, al igual que me ha ocurrido hoy aquí,
unánimemente aceptaron el proyecto.

Creo que ha sido una lástima no haber aprovechado este trámite para
avanzar en el Estatut de la Nacio Valenciana y adecuarlo a las
aspiraciones de mayor cuota de autogobierno acordada por unanimidad el
pasado 17 de febrero en Les Corts Valencianes.

Señorías, les ruego que acepten la reforma que pretenden Les Corts
Valencianes, como lo vamos a hacer desde Ezquerra Nacionalista
Valenciana, Izquierda Unida y el resto de partidos políticos que
integramos el Grupo Mixto.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

En Turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario



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de Senadores Nacionalista Vascos, tiene la palabra el señor Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero anunciar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto
Valenciano, así como a la derogación de la LOTRAVA, y expresar nuestra
más cordial felicitación a los representantes del pueblo valenciano
presentes en este hemiciclo.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
le saludamos afectuosamente.

Quiero manifestar que nuestro Grupo va a votar afirmativamente la reforma
del Estatuto de la Comunidad Valenciana y la derogación de la Ley
Orgánica de Transferencias, sin ninguna reserva mental y enormemente
satisfechos de hacerlo; que quede claro.

No obstante, como son once reformas de Estatutos de Autonomía, queremos
hacer una intervención, aprovechando que ésta es la primera, para verter
conceptos generales y, posteriormente, en cada uno de los Estatutos, mi
Grupo puntualizará algún tema y anunciará su voto favorable a todos
ellos.

Queríamos, de forma general, puntualizar varios conceptos.

El primero es que algunas reformas de Estatutos de Autonomía provienen
prácticamente de un pacto autonómico, luego convertido en una realidad
--como es la que estamos debatiendo hoy--, y en el debate de esas
reformas podemos expresar nuestro desacuerdo con ese pacto. Esto no
significa que minimicemos ni vayamos en contra de las expresiones
democráticas de cada una de sus Asambleas Parlamentarias --¡faltaría
más!-- sino, simplemente, que parten de ahí, y como nosotros tenemos un
concepto diferente de construcción del Estado, creemos que hay que seguir
dando pasos adelante para llegar a crear un Estado federal que pensamos
que puede ser asimétrico. En esa ficción lingüística de Estado
autonómico, cada Comunidad Autónoma llega a la conclusión de cuál es o
tendría que ser su grado de autogobierno. Eso lo vemos claro.

Afortunadamente, con el rodaje democrático que tenemos, hemos superado
los conceptos de Autonomía de primera, de segunda, de tercera y de
cuarta, los listones --«yo quiero llegar al listón de la de...»-- y los
conceptos históricos --imagínense ustedes si yo les empiezo a hablar de
la conquista de Canarias de hace 500 años y de los fueros que teníamos
para nuestras propias milicias--. Hay un rodaje democrático de una serie
de años, y esos conceptos ya los tenemos, al menos nosotros, desechados.

Las fuerzas políticas que trabajan en cada una de esas territorialidades
tienen que sentarse a dilucidar qué grado, cuántas competencias y qué
desarrollo quieren, y traer aquí, con el máximo grado de consenso, lo que
opinen en su territorialidad. Y ése es el Estado que nosotros queremos,
con un nombre que quizá no sea el adecuado: un Estado asimétrico. No nos
asombra que cada Comunidad llegue al convencimiento de unas competencias
que otras no las tienen, no las desarrollan o no desean desarrollarlas.

Cada Comunidad, a nuestro juicio, debe tener las que opina que se pueden
desarrollar con eficacia y con acercamiento al ciudadano, y las que no,
no tienen por qué tener ningún grado de frustración por no absorberlas.

En la construcción de los Estados Federales asimétricos eso es
completamente normal.

Lo único que dijimos en Comisión --y con toda la buena voluntad del mundo
se lo quiero aclarar al Senador-- fue que ese traslado automático de la
LOTRAVA al Estatuto, según la concepción y la opinión que nosotros
tenemos del pacto automático, no nos parecía un sistema adecuado para una
serie de fuerzas políticas que se ponen a dilucidar su segunda ley
fundamental que es el Estatuto. Pero no es nada más que eso. Si la
Asamblea, como su señoría me ha dicho antes, unánimemente ha dicho que
ese es el Estatuto que desea para este Grupo parlamentario y para este
Senador, eso es tremendamente respetuoso. Senador, queda aclarado.

Por último, nuestro Grupo le desea a la Comunidad Valenciana que esas
competencias que poseía por su Estatuto y por la Ley Orgánica
complementaria al Estatuto --la inmensa mayoría de ellas estarán vivas y
desarrollándose-- sirvan para aumentar el bienestar de nuestros queridos
hermanos valencianos y que les haga su vida más feliz, que es muchísimo
más importante.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Senador Ferrer i
Roca tiene la palabra.




El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, en un acto como éste quizás sea oportuno
empezar recordando, aunque sea brevemente, que la Constitución es una
proclamación de derechos y deberes que posibilita el despliegue del
autogobierno en aquellas nacionalidades y regiones de claros antecedentes
históricos y también en aquellos otros territorios en los que la
conciencia autonómica resultó debilitada por el hecho de los tiempos.

Evidentemente, la Comunidad Valenciana es de los primeros, es realmente
un país que ha mantenido siempre una viva



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conciencia de esa trayectoria histórica en su autogobierno y también en
las reivindicaciones para recuperarlo. Esta es una primera constatación
que creo que es justo hacer en este momento.

Para el Grupo parlamentario de Convergència i Unió es, señorías,
particularmente satisfactorio poder votar afirmativamente esta reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la correspondiente
derogación de la LOTRAVA. Por motivaciones históricas, porque durante
muchos siglos hemos compartido... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Ferrer.

Señorías, ruego silencio porque es difícil entender al orador.

Muchas gracias.




El señor FERRER I ROCA: Decía, señor Presidente, que votaremos
afirmativamente esta modificación del Estatuto Valenciano que se nos
propone, fundamentando nuestro voto en motivaciones históricas, porque
durante siglos hemos experimentado idénticos o similares obstáculos,
idénticas o similares alegrías y también idénticas o similares derrotas y
por coincidir muy claramente en el afán de despliegue del autogobierno en
la actualidad.

La actual Comunidad Valenciana, tal y como se ha recordado hoy aquí,
perdió sus libertades, perdió su posibilidad de autogobernarse en 1707.

Por eso, pienso que hubiese sido oportuno recordar que en aquel momento
muchos valencianos optaron por seguir luchando por aquellas mismas
libertades concretamente en Barcelona, donde unos años más tarde, en
1714, se perdieron las mismas libertades.

Todo esto, señorías, configura un proceso fácil de adivinar, cosa que en
este momento nos satisface muchísimo, un proceso que es claramente de
recuperación. Debo citar también otro momento especialmente interesante
de recuperación. Aquí nos hemos referido en una u otra ocasión al tiempo
en el que se perdieron aquellas libertades. Pero es significativo y
oportuno recordar que en 1740, cuando se elabora el primer memorial a un
Rey de España solicitando la recuperación de aquellas libertades,
suscribimos conjuntamente aquel memorial todos los que las habíamos
perdido unos años antes, entre ellos los valencianos.

Hace un momento decía que la Comunidad Valenciana tiene una trayectoria
clara e importante en su afán de autogobernarse. Quiero citar aquí una
obra de consulta obligada que demuestra esta trayectoria histórica
importante en el autogobierno. La obra se titula «El valencianismo
político» del hoy Senador Alfons Cucó, publicada ya hace más de 20 años.

Este libro demuestra cómo sin movernos del siglo XX, a través de la
Asamblea Regionalista Valenciana, de los intentos de crear una
mancomunidad en el País Valenciano y de la elaboración, como se acaba de
recordar hoy aquí, de un proyecto de Estatuto que frustró la guerra de
España de 1936, ha existido esta continuidad en el autogobierno.

Por todo ello, señorías, vuelvo a recordar que nuestro Grupo votará
favorablemente la modificación que se nos ofrece hoy, con la convicción
de que contribuiremos al despliegue del autogobierno, al despliegue de la
autonomía valenciana.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortí
Bordás.




El señor ORTI BORDAS. Gracias.

Señor Presidente, señorías: como todos ustedes conocen muy bien, los
valencianos no pudimos acceder a la autonomía por la vía del artículo 151
de la Constitución, pero sí pudimos ejercer competencias de titularidad
estatal gracias a la Ley Orgánica de transferencias. Esta Ley Orgánica de
Transferencias fue aprobada de acuerdo con el artículo 150.2 de la
Constitución que, como sus señorías saben también perfectamente, permite
al Estado poder transferir o delegar en las Comunidades Autónomas
competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación.

La reforma que es objeto de este debate, la reforma del Estatuto de la
Comunidad Valenciana que estamos acometiendo, va a permitir que las
competencias que se sustentaban en la Ley Orgánica de referencia se
integren en él y adquieran de esta forma un carácter plenamente
estatutario.

Termina así un período transitorio, una situación de provisionalidad en
materia competencial para la Comunidad Valenciana. Sus competencias, en
adelante, van a ser estatutarias en sentido estricto y a todo los
efectos, y no competencias meramente transferidas, con lo que va a
desaparecer la posibilidad hasta hoy existente de que tales competencias
pudieran ser revocadas.

A nosotros nos satisface muy particularmente que este proceso culmine en
una Cámara de representación territorial como es el Senado, en una Cámara
que debe ser cada día más una auténtica Cámara de integración en la que
estén representados los intereses territoriales, en la que se integre la
diversidad territorial y se articule el pluralismo asimismo territorial.

Por eso, ya dije en la Comisión General de las Comunidades Autónomas --y
me permitirán sus señorías que lo repita ahora-- que es muy conveniente
el camino emprendido por esta Cámara, camino que debo ser, y de modo
creciente, punto de convergencia, ámbito de participación e instancia de
mutua y leal colaboración entre el Estado, por una parte, y las
Comunidades Autónomas, por otra.




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Pero tengo que añadir que el Estatuto de la Comunidad Valenciana ha
cumplido dos funciones muy importantes: de un lado, y durante estos
largos años, ha contribuido a la construcción del Estado de las
Autonomías; y de otro, ha contribuido asimismo a esa hermosa empresa
consistente en lo que los valencianos llamamos el «retrovament de la
nostra propia personalitat». En cualquier caso, o mucho me equivoco o la
reforma del Estatuto es buena ocasión para realizar un esfuerzo de
reafirmación de la identidad valenciana.

Esta reforma representa, a nuestro modo de ver, la consolidación de la
autonomía valenciana. Si el Estatuto fue la primera y más importante
manifestación de la autonomía de Valencia, su reforma debe contribuir a
su normalización en el aspecto competencial. Esta reforma constituye
también una muy importante y nueva expresión de la propia autonomía
política de los valencianos, de su capacidad de autoorganización y de su
capacidad de autogobierno. Además, configura una nueva garantía más para
la propia Comunidad Valenciana y contribuye, por último, a una mayor
cohesión interna de la Comunidad Valenciana y de España.

Se trata --aquí se han utilizado otros adjetivos-- de una reforma
pactada, consensuada, moderada, realista y razonable. Creo que estos
cinco calificativos son muy importantes desde todos los puntos de vista,
pero fundamentalmente lo son desde el punto de vista político, que es el
que ahora nos importa. Se trata, señorías, de una reforma cuya iniciativa
fue adoptada por el Gobierno valenciano, y que ha conseguido la
unanimidad tanto de las Cortes Valencianas --por cierto, quiero señalar
que su Presidente está asistiendo a esta sesión y todos nos felicitamos
de ello-- como del propio Congreso de los Diputados, unanimidad que
plasma y exterioriza el mayor grado de acuerdo posible y unanimidad a la
que sería muy deseable que esta Cámara se sumase.

Se está hoy demostrando aquí que, a la hora de la verdad y en rigor, no
existe contraposición entre el ordenamiento general y los ordenamientos
territoriales, que hay manifiesta complementariedad entre el interés
general y los intereses territoriales, que la lealtad constitucional
depara buenos frutos y que la cooperación institucional entre el Estado y
las Comunidades Autónomas puede desembocar, como de hecho aquí desemboca,
en efectos eminentemente fecundos.

No tengo más remedio que hacer una reflexión sobre el ejercicio de
responsabilidad política que todas las fuerzas políticas representadas
tanto en las Cortes Valencianas como en las Cortes Generales han
realizado al hacer posible esta reforma del Estatuto de la Comunidad
Valenciana y la derogación de la LOTRAVA.

La valenciana se sentía una Comunidad antes, incluso, de disponer de su
propio Estatuto de Autonomía y antes también de que el artículo 1.º del
mismo la calificara de nacionalidad. Porque es lo cierto que en nuestra
tierra se dan todos y cada uno de los elementos, todos y cada uno de los
factores que posibilitan la idea y el proyecto de Comunidad, y de
Comunidad ciertamente histórica.

Como bien tuvo ocasión de decir en el seno de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas de esta Cámara un destacado miembro de la
Delegación de las Cortes Valencianas, el señor Zaplana Hernández-Soro,
una Comunidad como la nuestra, una Comunidad como la valenciana, «que
tiene una lengua propia reconocida por el Estatuto, una historia autónoma
acreditada por su condición de antiguo Reino y un marco competencial
equiparable a su voluntad de autogobierno, no puede considerarse una
Comunidad no histórica a los efectos que políticamente fueran».

Y es verdad, porque la Comunidad valenciana es y ha sido siempre, en lo
nuclear y verdaderamente básico, una Comunidad insertiva, cumulativa y no
polémica, integradora y no excluyente, solidaria y no egoísta, amante del
compromiso y no de la confrontación, que ha hecho de la política un hacer
aglutinador y agregativo, y que piensa y sabe, en definitiva, que nada en
la vía pública se puede llevar a cabo sin para ello contar con los demás.

Por eso, entiendo que esta reforma es una reforma que no puede pasar
desapercibida ni ser calificada de epidérmica o episódica. Es una
reforma, por el contrario, que debe suponer tres cosas muy importantes:
debe suponer un desafío para todas y cada una de las potencialidades que
la Comunidad valenciana alberga, debe suponer un reto para las fuerzas
políticas que la han hecho posible y para las instituciones autonómicas
valencianas que la van a administrar, y debe suponer un envite para el
propio Estado, para un Estado que está moral y políticamente obligado a
resolver los problemas en presencia en una Comunidad tan solidaria como
la valenciana.

Termino ya, señor Presidente, señorías. Simplemente debo agregar que
nuestro Grupo quiere mostrar su satisfacción por la consolidación de la
autonomía de nuestra Comunidad que las dos Proposiciones de Ley objeto
del debate van a hacer posible, y encarecer de todas y de cada una de sus
señorías su voto favorable a las mismas, en el entendimiento, y también,
por qué no, en la seguridad, de que van a contar siempre con el
agradecimiento de un pueblo que, como dijo hace ya 12 años en esta misma
Cámara un ilustre Senador valenciano de imborrable memoria, asesinado por
la ETA, Manuel Brosseta, es un pueblo que «posee una propia identidad,
cultivada, fraguada y consolidada a lo largo de su historia», y con el
reconocimiento de una Comunidad «exponente y resultado de una propia
cultura, de una propia lengua y de una propia idiosincrasia».

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Guardiola Sellés.




El señor GUARDIOLA SELLES: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
quiero que mis primeras palabras sean de saludo para el molt excelent
President de Les Corts Valencianes, don Antonio García Miralles.

(Aplausos.)
El Grupo Parlamentario Socialista va a respalda la reforma que plantean
las Cortes Valencianas ante las Cortes Generales por considerar que se
trata de un acto de justicia. Debo empezar diciendo, con la brevedad a la
que obliga la hora en la que estamos, que éste es un Estatuto que se
viene a reformar por un mecanismo diferente y por unas razones distintas
a los diez restantes que se van a ver en este mismo Pleno. En el caso que
nos ocupa, no se trata de una ampliación de competencias; se trata de una
consolidación estatutaria de las competencias ya asumidas por la
Comunidad Valenciana entre su Estatuto y la Ley Orgánica de
Transferencias aprobada en su día, y también --y después lo explicaré--
de un acto de justicia. Es un caso singular --en mi opinión, fuera del
pacto autonómico-- que, evidentemente, en el tiempo coincide en su
tramitación, pero que nada tiene que ver con lo que se plantea desde
otras perspectivas.

Es la primera iniciativa que llega al Pleno del Senado desde la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, después de la reforma del Senado, y
debo decir que para el Grupo Parlamentario Socialista es una gran
esperanza la posibilidad de encuentro en esa Comisión de las aspiraciones
territoriales de todo el Estado español, del encuentro entre la
Administración del Estado, las Cortes Generales y las Administraciones
autonómicas, con la posibilidad de intercambio de opinión y de propuestas
conjuntas de futuro. Por tanto, también es una satisfacción para nosotros
el que se produzca en este momento esta primera iniciativa de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas del Senado ante el Pleno.

El caso valenciano planteado hoy, consistente en la derogación de la
LOTRAVA, de la Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana
y, por tanto, la incorporación con pleno derecho en el cuerpo del
Estatuto, es una pretensión sencilla que, sin embargo, tiene para
nosotros un gran calado político.

Decía que se repara una injusticia producida en el momento en el que las
Cortes Generales aprueban nuestro Estatuto. Lamento que el portavoz del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se me haya adelantado, porque
yo también pensaba hacer hoy aquí justicia citando al Senador Alfons Cucó
como autor no tan sólo de «Valecianisme politic», sino también de otro
interesantísimo tratado llamado «Estatutisme y valencianisme», que
profundizan en lo que ha sido el caso valenciano y analizan todos y cada
uno de los proyectos de estatuto que ha habido en nuestra tierra antes y
después de la Guerra Civil. En ellos se puede ver de un modo inteligente
cómo es de singular el caso valenciano.

La unanimidad que las Cortes Valencianas han producido en el proceso de
aprobación de la proposición para ser remitida a las Cortes Generales
habla claramente de qué pacífica es esta cuestión, con lo difícil que, en
general, suele ser la cuestión política en la Comunidad Valenciana.

Es pacífica esta cuestión precisamente por esa razón de injusticia que yo
he querido adelantar antes y que, dado el cariz de las intervenciones que
me han precedido, voy a tener que analizar con un pequeño detenimiento. Y
como no estaba previsto, me voy a tener que salir del guión. Porque,
francamente, yo esperaba que éste fuera hoy un acto meramente solemne,
importante por ser el final del proceso de esta reforma, pero solemne, y
que no debía ser empañado con más palabras, pero la verdad es que el
cuerpo me pide contestar algunas de las intervenciones, y pienso que la
solemnidad no debe estar reñida con la realidad y con el hecho de
ajustarse a la realidad histórica y concreta del momento. Digo esto
porque ésta es una reforma limitada a lo que pretenden las Cortes
Valencianas, que es tan sólo consolidar políticamente la Autonomía,
perfeccionarla jurídicamente, evitando que sea una delegación que el
Estado hace por la vía del artículo 150.2 a una Comunidad, que, en teoría
jurídica, podría ser avocada en el futuro. Consolidarla políticamente y
perfeccionarla jurídicamente era la pretensión de la reforma; era una
reforma cerrada. Y aquí nos hemos encontrado con el caso, ya reiterado en
Comisión, del Senador Miguel Ramón i Quiles, del Grupo Parlamentario
Mixto, que plantea unas enmiendas que tengo que calificar de fantasmas,
con la única pretensión --pienso que legítima, pero, desde luego,
contestable políticamente de un modo radical-- de aparentar tener una
especial representación de alguna parte --se supone-- del pueblo
valenciano, cuando, en mi opinión, el Senador Ramón i Quiles, dentro de
su legitimidad para estar aquí sentado entre nosotros, no representa a
nadie en la Comunidad Valenciana.

Hablaba él de historias, y yo pienso que hay que dejarse de historias e
ir en este caso al grano. Se trata de no plantear, mediante unas
enmiendas para llamar la atención, cuestiones que no van a ningún lugar,
como él mismo sabe, hasta el punto de que las retira en el último
segundo, con la pretensión de que hay que adornar esta reforma
estatutaria y su aprobación final con una solemnidad que sea la
unanimidad.

Yo entiendo que esa unanimidad a veces no es conveniente, y en este caso
la unanimidad va a disimular o a desdibujar la realidad que aquí se ha
planteado. Porque no es cierto, Senador Ramón i Quiles, que con sus



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enmiendas, después retiradas se vaya a ampliar nada. La Comunidad
Valenciana con estas reformas iniciadas desde las Cortes Valencianas
consolida su Estatuto, pero en la práctica no amplía ninguna competencia.

Señoría, con sus enmiendas, una de las cuales pretende reformar la
Exposición de Motivos, otra, plantear que se puedan disolver las Cortes
--podría ser una pequeña cuestión de cierto calado político-- y, la
última, que haya un referéndum para refrendar la aprobación de esta nueva
Ley, usted no está planteando ninguna ampliación de competencias más que
de cara a la galería.

La Comunidad Valenciana tiene vocación de ampliación de sus competencias,
pero no es éste el momento. Con este paso político que se da hoy entramos
en el lugar que históricamente debía haber tenido la Comunidad Valenciana
--y hablo de la historia reciente, desde 1978 hasta ahora, y no de otra--
reparamos esa injusticia, pero no venimos ahora a plantear ampliación; la
ampliación se planteará, y lo anuncio en representación de las Cortes
Valencianas como Senador designado por ellas, en el momento en el que a
nivel del Estado se alcance un nuevo acuerdo autonómico que permita la
ampliación de competencias para las Comunidades históricas, entre las que
desde hoy nos consideramos incluidos.

Debo agradecer también a los demás portavoces intervinientes en este acto
su apoyo a esta reforma, y más concretamente a los portavoces del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular.

Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, me satisface muy especialmente la
acogida favorable y la satisfacción que ha expresado en nombre de su
Grupo por motivos históricos. Debo decir también que la reparación de
injusticia que hoy se hace es fruto de una visión distinta que tuvo su
Grupo en el momento en el que se aprobó la Constitución y se inició el
proceso autonómico.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que los valencianos
no pudimos acceder a la autonomía por la vía del artículo 151. Yo me
alegro de que en su peculiar camino de Damasco su señoría haya llegado a
comprender y a afirmar lo que ha afirmado hoy desde esta tribuna, porque
es cierto que los valencianos no pudimos acceder a la autonomía por la
vía del artículo 151, pero no pudimos porque la derecha valenciana en su
momento de un modo muy especial impidió que lo que era voluntad unánime
de los ayuntamientos valencianos y del pueblo valenciano se llevara a la
práctica, propiciando la aprobación de la Ley Orgánica de Referéndum, que
fuera, con su disposición específica respecto a la forma en que tales
peticiones debían hacerse, la que truncó una voluntad inequívoca de
autogobierno de los valencianos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor Ramón
i Quiles pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Senador Ramón i Quiles, ¿por qué solicita la
palabra?



El señor RAMON I QUILES: Señor Presidente, evidentemente, por el artículo
87.




El señor PRESIDENTE: ¿Por alusiones?



El señor RAMON I QUILES: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.




El señor RAMON I QUILES: Señor Guardiola, no voy a entrar en el debate
con su misma dinámica. Solamente debo decirle que he trasladado
exactamente a la Cámara lo que ocurrió en Les Corts Valencianes.

El Grupo Parlamentari Nacionaliste de Unió Valenciana y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida plantearon enmiendas similares a la que
yo he trasladado aquí.

Es cierto que como los valencianos nos morimos por la estética, con el
fin de dar un resultado rimbombante y en aras a la unanimidad, vamos a
retirar las enmiendas presentadas y dejaremos que se abra paso la
unanimidad. En Valencia lo hicimos y aquí he hecho lo mismo.

Ahora bien, si le parece poco estar aquí hablando en representación de
dos Grupos de les Corts Valencianes, he de decirle que, además, hablo en
nombre de todas Les Corts Valencianes porque yo, al igual que su señoría,
somos representantes de Les Corts Valencianes y es a los valencianos a
quienes representamos en esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación el texto
correspondiente al artículo único, Disposición Derogatoria y Final y
Preámbulo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión referente a la Ley
Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 221; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El Senador Rubial Cavia pide la
palabra.)



El señor PEREZ BORROY: He cometido un error al emitir mi voto. Ruego que
conste en acta.




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El señor PRESIDENTE: Consta en Acta su manifestación, señor Senador.

Sometemos a votación el Dictamen en relación con la proposición de Ley
Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto,
de Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de
titularidad estatal.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 223; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como la Proposición de ley
Orgánica por la cual se deroga la Ley 12/1982, de 10 de agosto, de
Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de Competencias de
Titularidad Estatal. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.




Eran las quince horas.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Buenas tardes, señorías.




--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE AMPLIACION DE COMPETENCIAS DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LA RIOJA (S. 605/000002, C. D. 127/000005).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el dictamen de
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
proposición de ley orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de
Autonomía de La Rioja.

Se han presentado varios votos particulares. El voto particular número 1,
de la Senadora Vilallonga Elviro y del Senador Cuevas González,
corresponde a las enmiendas números 1 a 18.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero comenzar mi intervención saludando la presencia del Presidente de
la Diputación General de La Rioja --al que tuve la oportunidad y el
placer de conocer hace poco tiempo--, no solamente en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña, sino también en el del Grupo Mixto, del
cual me honra ser portavoz. Espero que no tome a mal la intención de voto
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.

Señor Presidente, después de ese largo debate y del alto grado de
consenso que parece que empieza a haber entre las fuerzas políticas, creo
--aunque no figure en el orden del día-- que hoy también hubiera sido un
buen día para haber aprobado en esta sesión los Estatutos de Autonomía
--aunque no su ampliación-- correspondientes a dos enclaves que
pertenecen al Estado español, como son Ceuta y Melilla. Es una simple
consideración aprovechando que estamos tratando del tema estatutario.

Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado varias enmiendas al
alza al Estatuto de Autonomía de La Rioja. Podría parecer paradójico que
un andaluz designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía esté
defendiendo que se mejore aún más el Estatuto de Autonomía de La Rioja,
pero desde Andalucía siempre hemos practicado la solidaridad. Si bien es
cierto que nuestro Estatuto fue conseguido a pulso por los andaluces y en
el caso de La Rioja por los riojanos, desde luego no nos encontramos
satisfechos con las competencias que se han transferido a dicho Estatuto,
porque ha sido a la baja.

Pudiera ser --de hecho lo es-- que este número de Estatutos de Autonomía
cuya ampliación de competencias vamos a aprobar aquí sea producto
--repito que lo es-- de un pacto autonómico legítimo entre dos fuerzas
políticas que representan casi a la mayoría electoral de este país.

Dicho esto, también habría que decir que ese pacto político y autonómico
se ha roto. Cuando uno empieza a oír con frecuencia que en España hay que
empezar a dar un giro autonómico, tenemos derecho a decir lo que he
manifestado anteriormente: que el pacto autonómico firmado entre el
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha estallado y
creo que lo hizo casi a la hora de firmarse. Además estamos en otros
tiempos políticos.

Yo soy defensor de las palabras que pronunció el otro día el Presidente
del Senado y las comparto plenamente. Dijo que había que caminar hacia la
estructura de un Estado federal. Ello nos obliga a superar el recorte de
competencias que --aunque ampliadas, tenemos que reconocerlo-- se
contemplan en esta Ley Orgánica. Es imposible llegar a la construcción de
un Estado federal si no se nivelan las competencias. Otra cosa es que las
Comunidades quieran ejercerlas o no, pero difícilmente podemos construir
un Estado federal solidario si hay Comunidades de primera, segunda,
tercera y cuarta. No es que yo quiera dividirlas, pero ésa es la
realidad. Al igual que decimos que ya no hay Comunidades históricas, sí
decimos que las hay con diferentes niveles. No quiero que se ofendan los
pertenecientes a las Comunidades históricas, lo digo en el buen sentido.

Andalucía no lo fue antes de la República, pero a



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partir del día 28 de febrero se convirtió en una Comunidad histórica
porque se consiguió el Estatuto. Lo digo en este sentido, aunque mi mala
explicación podría haber dado lugar a una mala interpretación.

Por tanto, el fondo de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa por
Cataluña van en el sentido de equilibrar y equiparar a las autonomías al
mismo grado y sería triste que perdiéramos un tiempo político importante.

El pacto autonómico --como he dicho antes-- está roto y sería perjudicial
para las Comunidades Autónomas que dentro de un año viniéramos aquí a
debatir las enmiendas de Izquierda Unida u otra forma de Estatuto, porque
sería un año perdido.

Por estos motivos, señor Presidente, y porque tanto a mí como a mi
compañera Isabel nos va a tocar defender varios estatutos, en estos
momentos doy por defendidas las enmiendas, a pesar de la buena voluntad y
del buen trabajo que ha hecho mi amigo Leopoldo Virosta, de la Comunidad
de La Rioja, para convencerme y poder votar el Estatuto.

Como consecuencia de las enmiendas y de la mejora del propio Estatuto,
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, y sintiéndolo, no va a poder
votar a favor del Estatuto, por respeto a lo que la propia Asamblea de la
Diputación General ha aprobado.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Virosta.




El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Cuevas su intención,
sus palabras de enmendar nuestro Estatuto al alza. Yo espero, señor
Cuevas, que después de oír mis explicaciones cambie su intención de voto,
porque no creo que lo mejor para La Rioja sea rechazar esta reforma y
dejarlo como está, aunque, y usted lo entenderá por mi explicación, yo
estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Pero ante la
disyuntiva de dejarlo como está o darle lo que con esta reforma se
pretende, evidentemente mi voto es bastante claro.

Señorías, hace más de un año y medio que comenzó a debatirse lo que
nosotros hemos denominado la minirreforma de nuestro Estatuto de
Autonomía. Se empezó a debatir junto con la reforma de otros estatutos de
otras Comunidades Autónomas y durante este tiempo este Senador ha tenido
la oportunidad y la ocasión de intervenir en numerosos debates, a veces
muy profundos. Hoy, la verdad, es que no considero ni oportuno ni
necesario reproducir íntegramente estas intervenciones, pero sí me parece
de obligado cumplimiento manifestar, aunque sea de una forma muy escueta
y concreta, cuál es la posición del Partido Riojano al que este Senador
representa.

Yo la resumiría, como he hecho otras veces, diciendo que el Partido
Riojano ha manifestado siempre que está en contra de la forma y en
desacuerdo con el fondo de esta reforma. Está en contra de la forma
porque la reforma no ha emanado de los Parlamentos autonómicos, que son
quienes deben decidir sobre qué competencias quieren gestionar o sobre el
grado de autogobierno que se consideran capaces de asumir. Por el
contrario, la reforma ha venido impuesta desde arriba y los Parlamentos
regionales no han tenido más capacidad de actuación que la de ratificar
aquello que nos ha llegado desde Madrid hecho o dado.

No creo necesario, señorías, abrir aquí el debate, por cuestiones de
tiempo y porque ya ha sido altamente debatido, sobre la conveniencia de
haber aprobado o no la Ley orgánica 9 de 1992 o sobre el empleo del
artículo 150 de la Constitución en sustitución del 148 o incluso el
debate sobre el pacto autonómico. Yo no quiero entrar en ese debate que,
como digo, ha sido ampliamente hecho, pero lo que sí tengo claro es que
una modificación de un Estatuto de Autonomía debe partir de quienes
tienen la responsabilidad de llevar a la práctica lo que ese Estatuto va
a ordenar --eso sí que me queda claro-- y quienes tienen esa
responsabilidad no son otros que los Parlamentos autonómicos. Por tanto,
el procedimiento empleado para esta reforma estatutaria lo calificaría de
erróneo e inadecuado.

Antes he dicho que estamos en desacuerdo, lo que no quiere decir que
estemos en contra, con el fondo, porque creo que la reforma debía haber
sido más profunda. Tampoco voy a extenderme ahora en el debate y en mis
explicaciones sobre hasta dónde debe llegar el techo competencial o sobre
el hecho de que todas las Comunidades Autónomas gocen de igualdad de
oportunidades en su autogobierno o sobre dónde debe radicar el hecho
diferencial del que tanto se habla, etcétera. No voy a extenderme en ese
debate, pero hemos desaprovechado una ocasión, a mi juicio grande, para
dar un paso importante en el proceso autonómico en este Estado.

A pesar de todo ello, esta reforma no perjudica a La Rioja. Eso es algo
que nosotros tenemos claro. Sí que beneficia, aunque mucho menos de lo
que a nosotros nos hubiese gustado. Tenemos que ser sinceros y
consecuentes, y es por ello que nosotros hemos votado afirmativamente en
todos los debates que se han producido, a pesar de que en el debate que
se hizo en el Parlamento autonómico nuestro grupo presentó 51 enmiendas a
esta reforma, de las cuales no fueron aprobadas más que cuatro o cinco
que eran meras reformas técnicas al articulado.

A pesar de ello, reconocemos que no va a ocasionar perjuicios a La Rioja;
beneficios le puede traer alguno,



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aunque, insisto, menos de los que pensábamos, y nosotros, por tanto,
vamos a votar a favor. Espero que el señor Cuevas entienda este argumento
y a lo mejor le haga cambiar de opinión.

Ya que he eludido todo el debate sobre la reforma, me van a permitir que
solicite a sus señorías que hagan una reflexión conmigo. Llevamos más de
un año y medio debatiendo este tema; primero se debatió en el Congreso de
los Diputados, después en el Senado, luego en los parlamentos
autonómicos, de nuevo en el Congreso y hoy otra vez en el Senado, debates
que en ocasiones han sido sumamente profundos, en comisiones, en
ponencias, en Pleno. Y después de este año y medio, yo me pregunto para
qué han servido tantos debates. ¿Hemos conseguido variar en algo la
propuesta inicial? No. Y cuando me respondo a mí mismo, empiezo a
preocuparme porque yo creo que algo ha fallado en todo este proceso. No
es normal que una propuesta, después de año y medio, llegue otra vez al
mismo debate sin haberse variado en lo más mínimo, y me sorprende porque
no hay nada perfecto; por el contrario, todo es mejorable. Sin embargo,
aquí no hemos conseguido mejorar, ni siquiera cambiar un ápice de la
propuesta inicial.

Me van a permitir, señorías, que les diga que, en mi modesta opinión,
este debate ha estado presidido por la intransigencia de la mayoría, y
eso no es bueno. No es bueno que la intransigencia presida cualquier
debate en el proceso autonómico de este país.

Por tanto --y termino, señorías--, me gustaría solicitar a todos los
grupos políticos de esta Cámara un esfuerzo por seguir avanzando en ese
proceso autonómico, pero no desde la intransigencia, sino desde el
diálogo y desde la confianza en las instituciones autonómicas. Yo sé que
es uno de los grandes problemas que tiene este Estado: nuestra
Constitución, por un lado, garantiza y proclama el principio de unidad de
España y, por otro lado, garantiza el derecho a la autodeterminación de
las regiones y nacionalidades del Estado, pero no dice cómo conjugar
estos dos grandes principios, y quizá esta Cámara, si de verdad se
convirtiese alguna vez en la Cámara de representación territorial, fuese
el lugar idóneo para marcar la conjugación de esos dos grandes
principios.

Yo espero, de verdad, señorías, que alguna vez esta Cámara se transforme
en eso que todos, por lo menos filosófico o teóricamente, decimos que
queremos: que sea una Cámara de representación territorial donde los
Senadores vengamos a representar a nuestros territorios, y no a nuestros
partidos, y ese debate pueda producirse en esta Cámara cuanto antes
mejor, cosa que yo, de verdad, deseo y espero que, con la colaboración de
todas sus señorías, algún día --y espero que sea pronto-- llegue.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Virosta
Garoz.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra su portavoz, don Ricardo Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Por nuestra parte, no nos queda más que anunciar el voto favorable de
nuestro grupo a la reforma del Estatuto de La Rioja, así como felicitar a
los representantes de esta Comunidad Autónoma aquí presentes.

Las palabras del Senador Virosta nos mueven a una reflexión serena, que
es la siguiente. Nosotros, en su día, alcanzamos la unidad política con
una capital concreta en Nájera. Sinceramente, no nos importaría nada en
el camino del futuro volver a encontrarnos con nuestros hermanos
riojanos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, don Ricardo Sanz.

Tiene la palabra el Senador Barbuzano, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Parece obligado de entrada saludar la presencia del Presidente de la
Diputación General de La Rioja en la Cámara territorial del Estado.

También parece obligado, a tenor de las intervenciones anteriores, decir
que estamos de acuerdo y, por tanto, no lo volvemos a repetir.

Suscribimos la parte del discurso del Senador Cuevas, portavoz del Grupo
Mixto, en cuanto a la reflexión «profesoral» de nuestro Presidente
respecto a la consecución en su día, cuanto antes mejor, de un Estado
federal en España, máxime después de escuchar términos de
autodeterminación, que, obviamente, de momento no se encuentran entre
nuestros supuestos políticos.

Quiero anunciar también nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto
de La Rioja y hacer una última reflexión: pedir, sinceramente, a todos
los Grupos, así como a los representantes de las diferentes Comunidades
que nos visiten y a los Senadores autonómicos que tengan una alta
comprensión hacia el voto de grupos parlamentarios de esta Cámara que no
están involucrados en la reforma de sus respectivos Estatutos y que
quizás les pueda extrañar, así como sus consideraciones.

Este Senador pide, repito, que tengan comprensión con ese voto.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.




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Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Ibarz.




El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará
favorablemente la proposición de Ley Orgánica de ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja, con el convencimiento
de que con su voto contribuirá a la construcción del Estatuto autonómico
emanado de la Constitución de 1978.

En el curso de las comparecencias ante la Comisión General de las
Comunidades Autónomas de los representantes de las Asambleas legislativas
cuyos Estatutos se hallan en trámite de reforma y a través de los
posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios representados en
esta Cámara, hemos sido testigos privilegiados de la diversidad de
sensibilidades que despierta el proceso histórico en el que estamos
inmersos.

Lo cierto es que estamos avanzando inexorablemente en la superación de
viejos esquemas políticos y el camino emprendido nos ha llevado a la
construcción de un nuevo Estado. Todos somos conscientes de que al final
del trayecto hay un nuevo modelo de convivencia, que, sin duda, aún no
somos capaces de perfilar en el momento presente, pero que la fuerza de
la realidad nos obligará a ir definiendo. En el camino que a todos nos
toca recorrer estamos llamados a enterrar viejos recelos, a desacrilizar
principios caducos y a superar miedos atávicos, al tiempo que nos tocará
derrochar una gran cantidad de imaginación, de tolerancia y de
generosidad.

En el Grupo de Convergència i Unió hoy nos sentimos satisfechos al
comprobar que estas ideas van calando en la sociedad y ganan terreno en
el campo de la acción política, pasando a formar parte del acervo de
todos los Partidos representados en esta Cámara. Queda mucho camino por
recorrer, pero La Rioja y otras diez Comunidades Autónomas a partir de
hoy compartirán mayores responsabilidades de autogobierno, algunas de las
cuales han sido objeto de una larga lucha y reivindicación por parte de
Cataluña. Empezamos a vislumbrar que el esfuerzo está dando sus frutos.

Por todo ello, señor Presidente, señorías, Convergència i Unió emitirá su
voto favorable a la reforma.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ibarz.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Espert
Pérez-Caballero.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, una vez más siento el orgullo y la satisfacción, como riojano
y miembro de esta Cámara, de defender la proposición de Ley Orgánica de
Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Es un orgullo y una satisfacción repetidos ya, pues como miembro de la
Diputación General de La Rioja hice la presentación de esta reforma en el
Congreso de los Diputados; en mi condición de Senador, tuve que
defenderla también, patentizando el apoyo de mi Grupo a la reforma, en
los trámites de Ponencia y Comisión, y ahora lo hago en este pleno de la
Cámara. Del mismo modo que se repite mi orgullo y satisfacción, tengo
miedo de que también se repitan los argumentos o consideraciones que hice
en las otras intervenciones. No voy a poder evitarlo aunque lo voy a
intentar.

Coincidiendo con la reforma de otros once Estatutos de Autonomía, he oído
en la generalidad de los casos referencias históricas expuestas con
legítimo orgullo. Yo no las hice anteriormente --y luego diré por qué--;
sí quiero dar ahora tres breves citas a nuestra historia: San Millán de
la Cogolla, donde aparecen escritas las primeras palabras en dos de las
lenguas oficiales hoy en España, el castellano y el euskera; el Fuero de
Logroño, dado por don Diego López de Haro a la Villa de Bilbao y a
Balmaseda --o Nájera--, cuna, corte y sepulcro de reyes de Navarra.

Quiero dejar muy claro que mis citas al fuero de Logroño y a Nájera no
tienen ningún afán reivindicativo respecto de las Comunidades vecinas del
País Vasco de Navarra, quede eso bien claro.

Si he citado estos ejemplos ha sido sencillamente porque son buena
muestra de cómo se entrecruzan en sus hitos históricos y culturales los
pueblos y regiones de España, demostrando la unidad y variedad de esta
gran realidad que es nuestra patria.

Si no aludí en otras intervenciones a nuestra historia fue porque sin
renunciar a nuestro pasado, orgullosos de él, creo que no nos importa
tanto de dónde venimos sino a dónde nos dirigimos, y nuestra meta es, sin
duda, culminar el proceso de organización territorial del Estado que, con
tintes de gran novedad, diseñó la Constitución de 1978, y se inició desde
el consenso que caracterizó todo el proceso constitucional y desde la
generosidad, pues generosa fue nuestra Carta Magna cuando, pretendiendo
resolver el pleito pendiente entre la unidad y diversidad de España, lo
hizo permitiendo, aunque sin imponerlo, que todas las regiones de España
pudieran ejercer el derecho a la autonomía.

Hoy mi Grupo apoyará, y pido a todos los Grupos de la Cámara que así lo
hagan, la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, fruto de un
pacto autonómico que hubiéramos querido que fuera más amplio, pero que,
indudablemente, conjugó las intenciones y voluntades de los dos Grupos
mayoritarios de la Cámara, fruto que fue también el resultado del
consenso de todos los representantes del pueblo riojano en la Diputación
General de La Rioja, y que constituye un paso importante en la
construcción del Estado de las Autonomías.




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Digo que constituye un paso importante porque significó, por un lado, el
desbloqueo del proceso de la construcción del Estado de las autonomías,
y, por otro, el que esa ampliación de techos competenciales de varias
Comunidades Autónomas figuraran en los Estatutos de Autonomía por la vía
de reforma de los mismos, y no simplemente por la vía del artículo 150,
apartados 1 y 2 de la Constitución.

Por ello, pediría al Senador Cuevas y a la Senadora Vilallonga que
reconsideren su postura y permitan a los riojanos tener la satisfacción
de que el panel de las votaciones aparezca de un verde total semejante en
este momento al de los campos de La Rioja.

Pero ese paso importante, señorías, no supone la culminación del proceso
de organización territorial del Estado al que antes me he referido --en
eso coincido con ustedes--, porque no puede suponerla en tanto en cuanto
subsistan diferencias entre las Comunidades Autónomas que impliquen
jerarquías o privilegios. La Constitución no cuestionó la igualdad
sustancial de derechos y poderes de los ciudadanos y de las regiones. Ese
paso final que nos lleve a una España varia pero indisolublemente unida,
en la que todas sus Comunidades Autónomas tengan la misma cuota potencial
de autogobierno y sean solidarias entre sí, ese paso final --insisto--
deberá estar marcado por los mismos criterios, que yo ya he atribuido al
proceso constituyente, del consenso y de la generosidad.

Culminemos, señorías, el proceso consiguiendo convertir en historia --que
no recordaremos con tanto orgullo como aquella a la que me refería al
principio-- esos términos que actualmente hay que seguir refiriendo a
nuestras Comunidades Autónomas de primera y de segunda, de vía lenta o de
vía rápida, del artículo 151 o del 143.

Permítanme sus señorías que termine con un deseo que supongo compartirán
todos ustedes: Que las próximas reformas estatutarias que culminen el
Estado de las Autonomías sean competencia si no exclusiva, sí al menos en
primera lectura y ratificación final, del Senado. Ello significará que el
Senado ha llegado a ser ese foro deseable de presencias regionales, de
conjunción de voluntades, la Cámara de las Autonomías, en suma, que todos
deseamos.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra don Ignacio Díez González.




El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Presidente de la Diputación de La Rioja, que nos honra
con su presencia desde la tribuna de invitados, me corresponde defender
la posición de mi Grupo Parlamentario en relación con la proposición de
Ley Orgánica de Ampliación de Competencias del Estatuto de Autonomía de
La Rioja.

Es verdad que este Estatuto y esta Reforma ha tenido un recorrido en el
tiempo y en las Cámaras muy importante desde la Diputación General de La
Rioja pasando por las Cortes Generales y la recién estrenada Comisión
General de las Comunidades Autónomas. Creo que precisamente la Comisión
General de las Comunidades Autónomas ha tenido una buena oportunidad de
estrenarse con la ampliación de competencias de once Comunidades
Autónomas.

No me resisto tampoco a dar unas pinceladas históricas de lo que es la
Comunidad Autónoma de La Rioja. En todo el proceso, al que he hecho
referencia, no ha habido referencias históricas, exceptuando la que ha
iniciado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y la que ha hecho mi
colega de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Senador Espert.

Es verdad que La Rioja humildemente siendo la Comunidad Autónoma más
pequeña de las diecisiete de España, tiene una historia fecunda e
importante en la historia de España, una historia que se remonta desde
los albores de los años 700 en el que los árabes se introducen en el
medio Ebro hasta el año 1177 en que Enrique de Inglaterra cede los
derechos de aquel territorio que se había conformado en cuatro siglos a
Castilla, al Reino de Castilla.

Es un momento en el que La Rioja empieza a confirmarse como territorio y
como un núcleo de gentes que asumen el nombre de La Rioja, nombre que
empieza a extenderse y que definitivamente, a través de la diplomacia y
de los encuentros bélicos, se configura en lo que hoy conocemos como la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ha habido una maduración de denominación, una maduración histórica que
está entroncada con la historia de España. Además, la Comunidad de La
Rioja ha sido un permanente foro cultural en esos años a través de
monasterios importantes como el de Albelda o el de San Millán de la
Cogolla que han expandido la cultura, y no solamente la que se ha
conocido en España, sino la que trasciende allende las fronteras
españolas, la europeizante, a través de un hecho histórico irrepetible en
la historia de España, el Camino de Santiago.

Es también un Reino de Nájera al que se hacía referencia anteriormente,
donde reyes importantes, como Sancho el Mayor y su hijo García de Nájera,
trasladaron y trazaron también un contenido europeizante de conocimiento
de Europa que en este momento volvemos a recordar cuando los Presidentes
de las Comunidades Autónomas españolas están constituyendo el Comité de
las Regiones en la Unión Europea.

Nos satisface que desde nuestra Comunidad podamos retomar la historia
para hacer ese recorrido, esa trayectoria europea de conocimiento
universal. Hablo también



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del nacimiento y del conocimiento de lenguas comunes como el castellano y
como el euskera. Algunos autores españoles decían que el primer bagido de
una forma especial de la lengua castellana y del euskera nace
precisamente en esta tierra.

Creo que son hechos importantes que nos llevan al conocimiento de y,
sobre todo, a la necesidad de identificarse con una tierra;
identificación que, a veces, se hace desde el devenir del proceso
autonómico en la II República Española.

En la II República Española comienzan a establecerse derechos de
autonomía a través de estatutos de autonomía reconocidos. Se van
reconociendo poco a poco, pero no se les otorga ese derecho y ese
reconocimiento de los pueblos de España porque la guerra civil embalsa
esas aguas de libertad y de autonomía que, a buen seguro, hubiesen
recorrido la Piel de Toro. Sin embargo, cuando se recuperan las
libertades esas aguas embalsadas rompen y se desperdigan por toda la Piel
de Toro, de tal forma que todos los ciudadanos españoles podemos
recuperar esos derechos de autonomía para, en definitiva, poder elaborar
estatutos de autonomía.

Ese reconocimiento de todos los ciudadanos españoles que se traduce de
esos derechos inalienables, como son la democracia y la libertad, a
partir de la Constitución española, también se manifiesta en nuestra
Comunidad Autónoma.

Todos los riojanos recordamos en el inicio de los años 1976, 1977 y 1978
algunas canciones que recorrieron nuestra Comunidad, como aquella que
decía: «La Rioja existe, pero no es; si nos unimos, la hemos de hacer».

Los riojanos nos unimos en aquel momento y fuimos capaces de conseguir
nuestro Estatuto de autonomía. La unidad que hizo posible el Estatuto de
autonomía de La Rioja se plasmó en un mes de junio del año 1982, año
importante para España y para La Rioja.

También en este momento estamos trazando un camino para reforzar nuestro
sentido autonomista y de un Estatuto que se expande con más competencias.

Tenemos una experiencia de Gobiernos autonómicos desde el año 1983, una
experiencia fecunda de buena gestión, de austeridad en el gasto y, en
definitiva, de intentos claros de mejorar la gestión y también de
conseguir que los ciudadanos riojanos tengan una administración más
cercana, tengan, en definitiva, un estatus de vida mejor, aspiración que
queremos conseguir todos los que defendemos un estatuto de autonomía
determinado.

Estamos, por tanto, en un momento en el que queremos ampliar esas
competencias, y para esa aplicación partimos de la unidad necesaria para
conseguirlo. Creo que no se puede calificar de intransigencia ni
muchísimo menos, todo lo contrario, lo que han hecho las principales
fuerzas políticas del arco parlamentario español ni lo que hemos hecho en
La Rioja las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario de
la Diputación General. Los tres grupos políticos allí representados han
sido capaces de estar de acuerdo en esta reforma. La unidad ha
prevalecido sobre otros intereses para sacar adelante esta reforma que, a
nuestro juicio, es muy importante.

No hacemos referencia a los pasos que hemos dado para avanzar en la
capacidad de autogobierno y de autonomía en nuestra región. Avanzamos en
aspectos importantes en la competencia exclusiva en casinos, juegos y
apuestas con exclusión de apuestas mutuas: en cooperativas y mutuas no
integradas en el sistema de Seguridad Social; en espectáculos públicos,
en fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la
Comunidad Autónoma; en industria, en instalaciones de producción,
distribución y transporte de energía; en procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la organización propia; en publicidad,
en servicio meteorológico, etcétera.

En lo que se refiere al desarrollo legislativo y a la ejecución, también
ampliamos competencias importantes como son, por ejemplo, la defensa del
consumidor y los usuarios, las normas adicionales de protección del medio
ambiente, el régimen minero y energético, prensa, radio, etcétera.

En lo que se refiere a la función ejecutiva, también ampliamos
competencias en cuestiones relativas a ferias internacionales, gestión de
las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social,
etcétera, y lo que es más importante, hemos conseguido nuevas
competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución española, y asimismo en lo que se refiere a la
Administración de Justicia, exceptuando la militar, ejerciendo las
facultades que confiere la ley orgánica del Poder Judicial que atribuyen
estas competencias a La Rioja, exceptuando las que tiene el Gobierno del
Estado, y fijando las limitaciones de las demarcaciones territoriales
judiciales. Es decir, ampliamos notablemente las competencias de nuestra
Comunidad.

Por tanto, lo que estamos haciendo en este acto político parlamentario es
mostrar la convicción de que este Estatuto mejora notablemente la
capacidad de autogobierno de nuestra Comunidad, mejora notablemente la
capacidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para llegar
mejor a los ciudadanos y mejora la capacidad de los ciudadanos para que
puedan llegar mejor a su Administración más cercana, a este Gobierno
Autónomo.

Participamos también desde mi Grupo de la coherencia política que supone
este acto. Somos coherentes políticamente. No creemos en absoluto que
haya habido intransigencia; ha habido negociación permanente, y quizás la
votación que posteriormente se va a producir va a ser la muestra de esa
coherencia. Y digo coherencia



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porque también es importante el respeto cooperativo que nos merece la
decisión de la Diputación General de La Rioja, decisión que, a nuestro
parecer, supone la máxima expresión de esa Comunidad Autónoma
representada en el Parlamento regional.

Por tanto, ese respeto cooperativo que desde esta Cámara y desde mi Grupo
Parlamentario merece esa institución, hace que este acto sea plenamente
coherente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.




El señor DIEZ GONZALEZ: Ya termino, señor Presidente.

Personalmente no creo en absoluto en la uniformidad. Sí creo que es
posible la combinación entre diversidad y solidaridad.

Creo que ésta es la grandeza del Estado de las Autonomías, creo que ésta
es la grandeza de este Estado, y desde esta grandeza y desde esta
comprensión que los Grupos Parlamentarios han mostrado en sus
intervenciones, quiero agradecerles el apoyo que han manifestado, y
quiero hacerlo no solamente en nombre de mi Grupo Parlamentario, sino,
sinceramente, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de mi Comunidad
Autónoma.

Hay satisfacción en mi Grupo Parlamentario y en mí personalmente por el
acto que vamos a cerrar en este momento. Satisfacción porque desde un
Estatuto joven tenemos conseguidos logros muy importantes tiempo atrás y
otros por conseguir con lo que aprobamos en este momento. Esto me
recuerda a un ilustre paisano riojano, poeta del siglo XVI, Esteban
Manuel de Villegas, que decía en un terceto muy bonito que viene a cuento
con la aprobación y la juventud de este Estatuto: «Son mis abriles poco
más de veinte, pero con mis deseos comparados cual punto a redondez
circunferente». Esos también son los deseos de los riojanos, que espero
se cumplan.

Nada más y muchas gracias, señorías, señor Presidente. (Aplausos en los
escaños de la izquierda.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez
González. (El señor Virosta Garoz pide la palabra.)
¿En virtud de qué artículo pide la palabra, Senador?



El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presidente, ha habido un llamamiento a un
hermanamiento entre dos pueblos que, si el Presidente me permite quince
segundos, no me gustaría dejar en el aire.

Bien por el artículo 87, bien por alusiones, yo le agradecería al señor
Presidente que me dejara esos 15 segundos nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Los tiene, señoría.




El señor VIROSTA GAROZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Sanz, yo agradezco sus sinceras y claras intenciones, pero en La
Rioja hay un refrán que dice que hermanos sí, pero no primos. Si lo que
usted pretende es un hermanamiento, yo le invito a que comamos todos los
años --un año en Nájera, otro en Guernica, donde usted quiera-- y después
de la comida los vascos a las Vascongadas y los riojanos a La Rioja.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría. (El señor Sanz
Cebrián pide la palabra.)
El Senador Ricardo Sanz Cebrián tiene la palabra por 15 segundos.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradecemos la invitación que se nos ha hecho a comer, a merendar, e,
incluso, nos mostramos dispuestos a limpiar los platos sucios, pero
tenemos que decir una cosa muy clara: que después de la comida a nosotros
nos gustaría quedarnos allá donde el pueblo, tanto vasco como riojano,
quiera.

Nada más y gracias. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.

Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular número 1
de la Senadora Vilallonga Elviro y del Senador Cuevas González, que
comprende las enmiendas números 1 a 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, seis; en contra, 194; abstenciones, cuatro.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto correspondiente al artículo único y a la
exposición de motivos, según el dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 202; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la proposición de ley orgánica de ampliación de competencias
del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Aplausos.)



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--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE REFORMA DEL ESTATUTO PARA CANTABRIA (S.

605/000003, C. D. 127/000006).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, pasamos a la
discusión del dictamen de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación a la proposición de ley orgánica sobre reforma del
Estatuto para Cantabria.

No se ha presentado ninguna enmienda. Según se acordó en la Junta de
Portavoces, no hay debate de totalidad. Por consiguiente, pasamos a la
intervención de los diversos grupos.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Perdón; recabo la atención de la Cámara en general, y especialmente del
Grupo Mixto, para que nos indiquen quién va a hablar en el turno de
portavoces en esta discusión del Estatuto. (Pausa.) ¿Nadie hace uso de la
palabra en este sentido?
Tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser yo el portavoz para explicar la posición del Grupo Mixto sobre
el Estatuto de Cantabria.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Para corregir una expresión que he empleado hace unos segundos voy a
explicar la posición del Senador y de la Senadora de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña.

Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda al Estatuto de Cantabria, y
así lo hemos hecho saber en el Congreso de los Diputados. Dentro del
respecto que nos merece el Parlamento de Cantabria, pensábamos que, por
la sensación que se daba de inestabilidad --o que, al menos, veíamos
nosotros-- en el propio Gobierno y en el propio Parlamento, podía
producirse, como así sucedió, una moción de censura en medio de casi toda
la tramitación, y el proceso estatutario podía haber sido interrumpido, e
insisto en que lo digo con todo el respeto hacia la Asamblea de
Cantabria.

En cualquier caso, señor Presidente, señorías, nuestra posición habría
sido la misma que hemos explicado en el anterior Estatuto, puesto que,
por varios motivos que iremos planteando en los diferentes estatutos,
entendemos --suscribiendo, como decía antes, las palabras del propio
Presidente del Senado y de algún que otro dirigente político importante--
que no es posible avanzar hacia un Estado federal si no se equilibra
primero el Estado autonómico. Como la pretensión de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña es ésta: avanzar hacia un Estado federal,
nuestro voto también habría sido negativo conforme a la propuesta de
cambio de Estatuto o de competencias que se ha hecho. Y quiero dejarlo
bien claro para que no haya malas interpretaciones.

En política a veces es muy malo tener que justificarse continuamente,
pero también es muy malo querer interpretar más las justificaciones por
parte de algunos.

Entendemos que la revisión de los Estatutos está a la baja, que el tiempo
político es otro y, por tanto, creemos que la propuesta de Estatutos que
se nos presenta, aunque no hayamos presentado enmiendas, está a la baja.

Por ese motivo, señor Presidente, votaremos en contra de la reforma del
Estatuto.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.

Tiene la palabra don Ricardo Sanz, portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, creemos que hoy es un día importante para Cantabria pues se
amplía el ámbito de sus competencias, que es tanto como decir que se
profundiza en su autogobierno. Si es ésa, como parece, la voluntad de los
representantes políticos de esa región, por nuestra parte no tenemos nada
que oponer, sino, por el contrario, expresar nuestra felicitación.

Sus señorías también conocen que este Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos ha procedido en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas a la retirada de nuestra enmienda relativa al
enclave intercomunitario de Villaverde de Trucíos.

Desgraciadamente, el tema de la pervivencia de enclaves territoriales,
como el citado de Villaverde de Trucíos, ha sido enfocado a lo largo de
la historia desde un prisma estrictamente patrimonial, puesto que la
racionalidad, la sensatez y el sentido común postulan, a nuestro juicio,
en favor de la desaparición de esos islotes territoriales, siempre que
así lo decidan libremente sus habitantes.

Por tanto, entendemos que es necesario abrir cauces legales que hagan
posible la integración de esos encalves interprovinciales mediante un
proceso democrático en el que todas las partes sean oídas.

Como es bien sabido por sus señorías, la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, en su sesión celebrada el pasado día 1.o de marzo,
acordó, por unanimidad, crear una ponencia, a propuesta de este Grupo
Parlamentario, que estudie la problemática de los enclaves territoriales
existentes en el Estado español,



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por considerarse esta cuestión de carácter general y no meramente
regional.

Pues bien, a nuestro parecer, una de las finalidades de dicha ponencia
será dotar al procedimiento administrativo de regularización de los
enclaves territoriales de mayor seguridad jurídica mediante la fijación
de un proceso completo y acabado, en palabras el Tribunal Constitucional,
que armonice los tres intereses en juego: primero, el de los ciudadanos y
municipios afectados; segundo, el del territorio al que
administrativamente pertenecen; y, tercero, el de la comunidad autónoma a
la que pretenden o pueden pretender incorporarse.

En resumen, se trataría de evitar la complejidad de los procedimientos de
este tipo haciendo coincidir las previsiones estatutarias de las
Comunidades Autónomas afectadas, sin merma de las garantías procesales
propias de la tramitación administrativa: publicidad, audiencia y
celeridad, con el objetivo añadido --como hemos dicho-- de conjugar y
armonizar el ámbito de normación de las comunidades interesadas.

Entendemos que en este tema no se puede conceder primacía al interés
puramente patrimonial y a la dinámica de las instituciones en detrimento
de los intereses sociales de las comunidades municipales o de la
ciudadanía, porque ello equivale a invertir la localización de la
legitimidad democrática e implica reconocer eficacia a planteamientos
basados en adscripciones territoriales vasallísticas o feudales, que
consideran el territorio de cada Comunidad Autónoma como algo unido
indisolublemente a ella.

Pues bien, a esta situación queremos poner fin, estableciendo, de forma
consensuada, mediante el acuerdo entre todos los grupos políticos, un
procedimiento fundado en los valores sociales pluralistas y democráticos
y que, al fin, desemboque, como no puede ser menos, en el compromiso de
las Cortes Generales para resolver el conflicto territorial en cuestión,
mediante la aprobación de la pertinente ley orgánica.

Expuesto esto que antecede, debemos reconocer que los enclaves
territoriales existentes en el Estado español son de origen feudal y con
una historia fluctuante en cuanto a su adscripción territorial.

Concretamente, Villaverde de Trucíos es un valle de 2.000 hectáreas de
extensión, situado al suroeste de Vizcaya y rodeado por todas sus partes
por tierras pertenecientes a este territorio histórico. Se trata, así, de
una isla o enclave geográfico de la provincia de Santander en tierras
vizcaínas.

Desde un punto de vista estrictamente geográfico Villaverde es un valle
que comparte todas sus características geológicas, paisajísticas,
antropológicas, lingüísticas y de producción con los demás valles de las
encartaciones de Vizcaya.

Como hemos señalado, históricamente las decisiones administrativas sobre
el enclave han sido fluctuantes. En la Edad Media, siglos XIII y XIV, los
concejos encartados, entre ellos Villaverde, pasaron a depender de los
señores de Vizcaya, guardando cierta autonomía, eso sí, a través de su
presencia en las Juntas Generales de Avellaneda.

Posteriormente, el valle de Villaverde fue adquirido en 1480 por don
Pedro Fernández de Velasco a don Diego de Avellaneda, por medio millón de
maravedíes, según copia de la escritura original obrante en el archivo de
la Casa de Juntas de Avellaneda.

Más tarde, durante los siglos XVI, XVII y XVIII Villaverde intentó varias
veces pertenecer a las encartaciones de Vizcaya alegando su particular
situación geográfica; tal sucedió, por ejemplo, en 1584 y 1595. Mientras
tanto, empero, Villaverde participaba en las Juntas de Avellaneda, en
Vizcaya, cuando se trataban asuntos de guerra, levas para gentes de armas
y aprestos para la defensa de los puertos. Es decir, la incorporación de
Villaverde a las Juntas de Avellaneda era total en lo referente a la
jurisdicción militar como vizcaínos que son, según rezan Actas de la
época. Durante el siglo pasado, con la ilógica, a nuestro entender,
división provincial de Javier de Burgos se consumaba la pervivencia de
Villaverde de Trucíos como enclave cántabro dentro de Vizcaya.

Tras esta odisea histórica que acabo de relatar, el pueblo de Villaverde,
a través de la práctica unanimidad de sus concejales, en concreto seis
votos a favor y uno en contra, acordó, un feliz 26 de septiembre de 1986,
su integración en Vizcaya. La colisión de normas estatutarias
concurrentes y la interpretación que de las mismas ha hecho el Tribunal
Constitucional ha frustrado ese intento.

Nos encontramos hoy día con una situación de abandono administrativo
debido, entre otros factores, a la difícil prestación de los servicios
públicos. No cabe duda --como sus señorías comprenderán-- de que la
discontinuidad territorial condiciona negativamente la prestación de los
servicios públicos y la ejecución de las competencias administrativas. No
puede ni debe permitirse la persistencia de una situación tan artificial
si la voluntad de los vecinos desea optar por la regularización de esa
anómala situación, pues ellos son precisamente las principales víctimas
de tal estado de cosas, llegando a ser frecuente --y éste es un dato
estadístico-- el empadronamiento de dichos vecinos en los municipios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco colindantes.

Consecuencia lógica de tan anómala y especial situación administrativa es
el descenso poblacional. Valga un ejemplo: Villaverde de Trucíos tenía
756 habitantes en el año 1960, hoy apenas supera los 400. El índice de
juventud, es decir, población de edad inferior a 25 años, es el más bajo
del conjunto de los partidos judiciales del entorno, y más concretamente
el más bajo del partido judicial de Castro-Laredo, mientras que el índice



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de envejecimiento, población de edad superior a los 65 años, es el mayor.

Considerada esta estructura poblacional, convendrá conmigo en que
Villaverde es un municipio en proceso de desertización humana; si nadie
lo remedia, será un municipio de entre los muchos de España condenados a
extinguirse, condenados al despoblamiento, al abandono, a la desidia.

En cuanto a prestación de servicios se refiere, es obvio que, en lo
relativo al abastecimiento de agua y saneamiento, la inclusión del
municipio en las redes de los ayuntamientos colindantes supondrá un
notable beneficio, habida cuenta de que los vertidos se realizan
directamente al río Agüera, que carece de todo tipo de saneamiento, ni
siquiera de una mísera arqueta de decantación...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, ha agotado su
tiempo.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente. Enseguida termino.

En materia educativa, los alumnos de bachillerato unificado polivalente y
de formación profesional realizan sus estudios en Vizcaya; en materia
sanitaria la hospitalización y la atención primaria se presta en Vizcaya;
la red viaria está desatendida; apenas existen equipamientos culturales
ni deportivos; no existe ningún programa de desarrollo cultural. En
resumen, la prestación de servicios no es buena debido, precisamente, a
su peculiar situación geográfica.

Ante esta situación --ya acabo--, en los albores del siglo XXI, nos
resulta inadmisible que el territorio tenga como elemento real un valor
superior al componente humano que le da su verdadero sentido, contenido y
alcance y que es, en definitiva, el eje en torno al cual debe girar la
actuación de los poderes públicos.

Para terminar esta intervención, sólo deseo traer a colación una anécdota
de un debate parlamentario, allá por el año 1987, en el que un
representante del Partido Regionalista de Cantabria en la Asamblea
Regional de Cantabria, manifestó con mucha rotundidad que Villaverde de
Trucíos es, ha sido y será de Cantabria. El criterio de este humilde
Senador, y espero convencerles, señorías, es que Villaverde de Trucíos
sea aquello que libremente decidan sus habitantes.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, este Senador se encuentra ligeramente confundido, porque ha
llegado un momento en que no sabe si está asistiendo a un debate o a una
cátedra histórica, o si está asistiendo a un debate político en una
Cámara política territorial del Estado que está debatiendo la reforma de
unos Estatutos de Autonomía, segunda ley fundamental de una
territorialidad del Estado, que emana de una Constitución que quisimos
darnos y cuya organización iba a ser autonómica.

Ahora mismo, yo les puedo dar a ustedes una clase de historia de
Canarias, de memoria, sin estudiármela. Y les puedo hablar desde Plinio,
de cómo Plinio empezó a describir las islas afortunadas, como él las
denominaba; pueblo hablarles del siglo XV cuando vinieron castellanos,
aragoneses, baleares, mallorquines --como les quieran llamar--, gallegos,
etcétera, a conquistarnos. Como cada isla tenía su organización
adminitrativa, religiosa, etcétera, siendo los guanches infieles, como
decían en aquella época. Yo no quiero estar en esa tesitura; estoy en una
Cámara territorial del Estado, estoy debatiendo la reforma de una serie
de Estatutos de Autonomía, y a ellos me ciño.

Próximamente vendrán a debatirse a esta Cámara los aspectos económicos
del régimen económico y fiscal y, si ustedes tienen ese día una ligera
paciencia, este Senador les hablará de la historia de Canarias con
muchísimo gusto. Ahora, como estamos en la reforma del Estatuto de
Autonomía de Cantabria, la segunda ley fundamental para los habitantes de
esa territorialidad, queremos anunciar nuestro voto favorable al dictamen
de la Comisión, que prácticamente es la expresión de todas las fuerzas
políticas y de la Asamblea Parlamentaria de esa Comunidad Autónoma, con
la que somos tremendamente respetuosos. Y desde nuestra modesta Comunidad
Autónoma insularizada hacemos votos para que esa Comunidad salga adelante
políticamente, porque no sabemos si, a lo mejor, aumentándole las
competencias vamos a montar un cirio superior. (Risas.)
Por tanto, deseamos desde el fondo de nuestro corazón que estas nuevas
competencias sirvan para que su situación política, en general --en la
que no me inmiscuyo--, salga adelante, como está ocurriendo con las del
resto de las Comunidades del Estado español.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Roig i Grau.




El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, gracias, Senador Barbuzano, por haber dejado a Plinio
para otro día.

Tomo la palabra en nombre del Grupo Catalán en el Senado, para fijar
nuestra posición sobre la proposición de ley orgánica de reforma del
Estatuto de Cantabria



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y anunciar, como no podría ser de otra forma, nuestro voto favorable.

Dicho esto, no puedo dejar pasar la ocasión --y ya anuncié en mi
intervención en Comisión que insistiríamos tantas veces como fuese
necesario-- de hacer unas reflexiones y manifestar nuestro convencimiento
acerca de que el proceso de construcción del Estado de las Autonomías ha
de ser dinámico.

A este respecto, nos preocupa un mensaje que venimos escuchando
recientemente con propuestas para cerrar el proceso autonómico. Pero, si
eso fuera así, si este proceso tuviera que cerrarse, ¿qué sentido habría
tenido la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas?
¿Cómo puede ser un proceso no dinámico, si en el trámite de dictamen --en
la Comisión y hoy mismo lo hemos podido comprobar en el Pleno--, en el
caso de la reforma de ciertos Estatutos los mismos portavoces ya pedían
una revisión urgente de los nuevos textos, aún no aprobados
definitivamente? Por tanto, ¿cómo puede cerrarse el proceso autonómico?
De todas formas, durante el proceso de presentación y posterior debate de
los proyectos de reforma de todos los Estatutos de Autonomía que hoy
vamos a aprobar, hemos escuchado hasta la saciedad que esto es un paso
más, que es el final de un camino y el principio de otro y que, aunque
insuficiente, la aprobación de la reforma de estos Estatutos es un
acontecimiento importante. Estamos convencidos de ello. Todo esto y mucho
más han supuesto las manifestaciones de los distintos grupos en el
Senado.

Es cierto que estas reformas se han elaborado desde distintas
perspectivas; un mayor autogobierno, la aproximación de las
administraciones a los ciudadanos, la obtención de más competencias, la
mejora de la Administración, y pocas --salvo alguna excepción--
referencias a la cultura, la historia y la identidad. Pero, en
definitiva, todo este proceso nos satisface porque, independientemente de
las diferentes visiones y acentos, un denominador común de todas las
Comunidades Autónomas es el deseo de más competencias y cotas de
autogobierno. En eso estamos desde Convergència i Unió, en el marco de la
Constitución, obviamente, pero sin complejos y sin limitaciones.

Permítanme, pues, señorías, reiterar nuestro voto favorable a la reforma
del Estatuto de Cantabria y terminar esta intervención con unas palabras
del Presidente Pujol, pronunciadas en la Universidad Menéndez y Pelayo:
«Como Presidente de Cataluña, no estoy satisfecho con lo que va siendo el
Estado de las Autonomías. Sin embargo, lo conseguido es importante, y lo
es porque, más allá de las competencias, e incluso a veces de la
financiación, la autonomía produce un primer y decisivo efecto positivo,
y es que obliga a la gente, y en especial a la clase dirigente, de una
determinada región a ejercer esta iniciativa.»
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Roig i
Grau.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bueno Fernández.




El señor BUENO FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, en primer lugar,
vaya nuestro agradecimiento para todos aquellos grupos que van a votar
favorablemente la reforma del Estatuto de Cantabria. Estatuto que ahora
cumple doce años de existencia y que, junto con el de Asturias, fue de
los más madrugadores por la vía del 143.

Una vez que ya han transcurrido con creces los cinco años previstos para
la ampliación competencial de aquellas Comunidades Autónomas denominadas
de vía lenta, Cantabria va a dar hoy --si ustedes lo aprueban-- un paso
decisivo en esta andadura autonómica que, aprobada por mayoría absoluta
en la Asamblea Regional el pasado 22 de marzo, satisface a todos los
cántabros. Estos hacen posible con su trabajo sencillo, cotidiano y
honesto la realidad que es hoy Cantabria y que hemos de acompañar del
necesario esfuerzo por nuestra parte; tarea ardua e imprescindible que
hemos de afrontar con ilusión, no exenta de firmeza, ante este nuevo reto
esperanzador que nos da tantas posibilidades como obligaciones nos va a
exigir para que el futuro que deseamos para Cantabria sea una realidad.

Por tanto, señorías, la Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992, cuyo
paso siguiente y necesario consiste precisamente en esta reforma
estatutaria, es importante para Cantabria por cuanto implica un
incremento notable de sus competencias, abriendo un nuevo proceso de
traspaso de servicios, de personal y de recursos financieros
considerables.

Por consiguiente, se debe defender la reforma estatutaria porque
homogeneiza las competencias de las Comunidades Autónomas, suponiendo una
racionalización en la distribución de las mismas y porque produce una
cuasi igualación con las Comunidades Autónomas del artículo 151.

En definitiva, podemos afirmar que el hecho autonómico se configura como
una realidad irreversible en la que, aparte de la importancia de la
mencionada ampliación competencial, la participación en la adopción de
decisiones y la incidencia de la política desplegada por la Unión
Europea, hay que destacar una idea que me parece esencial: que las
Comunidades Autónomas son también Estado y que ellas mismas lo configuran
como el modelo de Estado descentralizado que adopta nuestra Constitución,
pero que no debemos quedarnos en una simple descentralización hacia las
Comunidades Autónomas, sino que hay que profundizar y extender este
principio hacia los entes locales, que durante mucho tiempo han sido
relegados a un segundo plano,



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e intentar sustituir la cultura del conflicto por la de la colaboración,
la cooperación y el respeto mutuo entre los diferentes niveles
administrativos.

Por ello, y de la misma forma que en el Congreso de los Diputados las
reformas estatutarias han tenido el apoyo mayoritario de los grupos,
confiamos que esta reforma obtenga en estas Cámaras un respaldo similar.

Para terminar, señorías, sólo quiero invocar un sincero y merecido
recuerdo para aquella Junta Preautonómica y aquella Asamblea Mixta de
Diputados y parlamentarios de Cantabria que hicieron posible el Estatuto
que hoy es motivo de reforma.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno
Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sota
Verdión.




El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.

Con gran satisfacción intervengo en la Tribuna del Pleno del Senado para
fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la aprobación de la
ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Y lo
hago con la doble satisfacción de Senador elegido por la Comunidad
Autónoma de Cantabria y, por ello, en mi condición de Diputado de la
Asamblea Regional.

Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos que hayan retirado la enmienda que habían planteado a la reforma
del Estatuto, en cuanto a lo que hacía referencia al enclave de
Villaverde de Trucíos, pero después de la intervención del portavoz del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero añadir algo más.

Quiero decirles que desde Cantabria vamos a defender la integridad
territorial de nuestra Comunidad a toda costa, lo mismo que harían
ustedes --estoy absolutamente convencido-- con su territorio en el caso
de que se planteara a la inversa una cuestión de este tipo.

Por tanto, con la sinceridad que tenemos como Comunidades vecinas, le
quiero manifestar que en eso vamos a ser absolutamente inflexibles y que
vamos a defender la integridad territorial de nuestra Comunidad por
encima de todo, porque en ello nos asiste la ley e incluso las sentencias
del Tribunal Constitucional.

En cuanto a algunas de las citas históricas que se han hecho aquí, a las
que yo no voy a hacer referencia --no voy a contar ahora la historia de
mi Comunidad--, quiero recordarles que zonas fronterizas que hoy son del
País Vasco, antiguamente eran Cantabria. Por consiguiente, yo creo que
nos llevaría a una reflexión y a una metodología de trabajo que se
aproxima más a lo que es la Historia Medieval que a lo que hoy, por lo
menos a los cántabros, nos preocupa, que son los problemas del presente.

Los problemas del presente, señorías, se traducen en que el día de
alegría que hoy deberíamos tener todos aquí --los ciudadanos de Cantabria
y los que aquí representamos a esa Comunidad-- está, como todos ustedes
conocen, ensombrecido porque la Comunidad Autónoma de Cantabria está
sometida a una situación política de crisis continua, que afecta
gravemente a la gestión de sus competencias.

Por tanto, hoy, cuando se va a aprobar una ampliación de las competencias
de nuestra Comunidad Autónoma, también debo traer la sensación que tienen
muchos ciudadanos de aquella Comunidad respecto al temor de qué va a
pasar con la asunción de competencias, tan importantes en cuanto a su
gestión futura, sobre educación, Universidad, servicios sociales, es
decir, servicios básicos para los ciudadanos; qué va a pasar con esos
servicios y cómo se van a poder prestar, si la Comunidad, como digo, está
sometida a una situación política degradante y a una crisis que no tiene
fin. Y en esa crisis, debo añadir, tiene algo de responsabilidad el
Partido Popular.

Señorías, hoy es un día en el que esa alegría que todos deberíamos
expresar aquí se encuentra ensombrecida por esa situación política, pero
a pesar de ser una Comunidad pequeña, tanto por su extensión como por su
número de habitantes, queremos ser una Comunidad más. No queremos ser una
Comunidad que cree problemas al Estado --como yo creo que en algunos
momentos empezamos a ser--, sino que queremos ser una Comunidad que actúe
al mismo nivel que el resto de las Comunidades, que sea capaz de ejercer
sus competencias con eficiencia y eficacia y, por tanto, que contribuya
en su gestión a la eficiencia y a la eficacia total de las prestaciones
de los servicios que hace el Estado a través de la Comunidad en ese
territorio.

Quiero terminar, señorías, con palabras de ánimo y de esperanza, porque a
pesar de que en estos momentos estamos en una situación de crisis
política, cuyo fin inmediato no vemos, somos un pueblo recio, que se ha
hecho frente a muchas adversidades, de las cuales hemos sabido salir.

Estoy absolutamente convencido de que vamos a salir y también vamos a
superar esa crisis política que nos atenaza.

A nosotros nos gustaría que eso se hiciera posible con la ayuda del
Partido Popular. No quiero negar que eso no puede esperar eternamente,
como tampoco pueden esperar los ciudadanos de Cantabria, porque a ellos
les afecta fundamentalmente, pero estoy absolutamente convencido de que
los ciudadanos de Cantabria conseguiremos nuestros objetivos, y nuestro
objetivo es ser una Comunidad que funcione en igualdad con el resto de
las Comunidades del territorio. Por consiguiente, espero --y ésa es la
esperanza que traslado a todos ustedes-- que a pesar del claroscuro que
hoy tiene mi



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intervención, dentro de poco se haya despejado la situación que allí
tenemos planteada y que Cantabria vuelva a estar en el mismo plano de
igualdad que el resto de las Comunidades Autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sota
Verdión. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, ¿por qué pide la palabra?



El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, pido la palabra, en ausencia
del portavoz de mi Grupo, en relación con el artículo 87.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto, señor Senador.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Unicamente quiero salir al paso de alguna de las manifestaciones,
amablemente vertidas, por supuesto, del Senador Soto, que tal vez
pudieran ser susceptibles de interpretación. En relación con el enclave
de Villaverde de Trucios, nos ha acusado de que hemos aportado a esta
Cámara la intención de un debate de sentido histórico y medieval. No es
eso.

Hemos tratado de aportar, más que un debate, unas ideas sobre una
situación actual, de hoy y permanente, no tanto del enclave como de los
ciudadanos que viven y cohabitan en ese enclave, sin entrar en el aspecto
medieval.

Al mismo tiempo, le recuerdo que no nos mueve ningún afán de anexión
territorial; lo único que puede movernos es el interés de aquellos,
insisto, que viven en ese territorio y son sus ciudadanos. Sobre este
particular, le recuerdo la declaración de los Derechos Universales del
Hombre de las Naciones Unidas y el artículo primero del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo
artículo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Por el mismo artículo, tiene la palabra el Senador Sota.




El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que no es el debate de los enclaves el que hoy nos trae aquí,
pero sí quiero decir al Senador del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que de los ciudadanos de Villaverde de Trucios, que
son ciudadanos de Cantabria, se encarga la Diputación Regional de
Cantabria. Nos parece muy bien que a ellos también les preocupe; en todo
caso, lo que debería establecerse en ese posible acuerdo de la Ponencia
es cómo se pueden prestar mejor los servicios a los enclaves
territoriales de una comunidad que está rodeada por otra, pero hasta ahí
llegaríamos.

He dicho antes, y lo reafirmo, que la defensa de que Villaverde de
Trucios es de Cantabria no solamente la hace este humilde Senador, sino
que la razón nos la ha dado el Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el texto correspondiente
al artículo Unico y Exposición de Motivos del dictamen de la Proposición
de Ley Orgánica de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 214; en contra, tres; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cantabria. (Aplausos.)



--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
REGION DE MURCIA (S. 605/000004) (C. D. 127/000007).




El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la Proposición de ley
Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Se han presentado las enmiendas números 1 a 21, suscritas por los
Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro.

Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Vilallonga.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Buenas tardes, señoras y señores Senadores.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Ruego, por favor, silencio.

La Senadora Vilallonga tiene la palabra.




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La señora VILALLONGA ELVIRO: Me felicito por intervenir desde la tribuna
de esta Cámara en un día como hoy, fecha, como saben, especialmente
importante para las mujeres trabajadoras, dado que es nuestro día.

(Varios señores Senadores: Eso fue ayer.) Por ello, quiero felicitar a
las compañeras Senadoras, si me lo permiten el resto de los Senadores,
especialmente los Senadores masculinos, que son los que más alto hablan.

Dicho esto, también creo que debemos felicitarnos todos por la
conmemoración de este día, que va a tener su consecuencia mañana y pasado
en unas jornadas que celebraremos en esta institución. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Paso ya a defender la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en cuanto a las enmiendas que presenta a la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero no teman
los señores Senadores que haga un discurso plagado de citas históricas
--también lo merecería, sin duda alguna, la región de Murcia--, porque
creo que, más que hacer de historiadores aficionados o de miembros
aficionados del Colegio de Geólogos, debemos hacer de políticos. Para
eso, al menos, es para lo que la gente --probablemente, en algunos casos,
equivocada-- nos ha elegido.

En ese sentido, creo que en estas reformas de Estatutos --y permítanme
los señores Senadores que haga una breve introducción-- hay una
limitación de partida. Los Senadores suben a esta tribuna --yo he oído a
algunos de ellos a lo largo de la tarde-- con gran ilusión y entusiasmo,
pero parece que se olvidan, cuando se refieren a los Senadores que nos
vamos a pronunciar en contra de esas reformas --dado que nos dicen
continuamente que es el mal menor y que se establece un mayor grado de
competencias-- de que ya hay una Ley Orgánica por la que se hizo dicha
transferencia competencial. Esto, por lo visto, se nos ha olvidado,
quizás porque fue en la Legislatura pasada. Yo misma intervine desde esta
misma tribuna sobre ese particular. Por tanto, me parece que es redundar
en algo que ya, por otra parte, las Comunidades del artículo 143 hemos
conseguido. No está mal que se contemple en los Estatutos, pero es algo
de lo que nos deberíamos haber alegrado tanto en el momento procesal de
la tramitación del proyecto de Ley Orgánica, porque creo que ahora
estamos hablando ya de otra cosa. Por tanto, el argumento de que se
incrementa el número de competencias ya se empleó en su momento. Es
cierto que las competencias pasan al Estatuto, es importante, pero creo
que el momento de alegrarnos por esas competencias debió ser otro día y
no éste, por lo que utilizar permanentemente ese argumento como arma
arrojadiza a todos aquellos que proponemos una ampliación sustantiva del
techo competencial resulta algo limitado.

Creo que el autogobierno es parte esencial y básica de nuestra
configuración constitucional. Efectivamente, había dos modelos para
construir el Estado democrático que dio origen a la Constitución de 1978.

Esos dos modelos podrían haber sido un reconocimiento del pleno
autogobierno a las Comunidades históricas, es decir, Galicia, Cataluña y
Euskadi, no porque las demás no sean históricas --y por eso tampoco hay
que hacer tanto hincapié en remarcar continuamente que formamos parte de
la historia de este país--, sino porque aquéllas tenían un hecho
diferencial y básicamente el fenómeno lingüístico era el que determinaba
de alguna manera que el autogobierno ya hubiese estado presente en otros
ordenamientos constitucionales anteriores, como, por ejemplo, en el
ordenamiento constitucional de la II República española.

Ese modelo que se pudo haber diseñado, en el cual hubiera habido tres
Comunidades históricas con elementos sustanciales de autogobierno y en el
resto del territorio se hubiera dado una gran competencia a los
municipios, era justo el modelo republicano del año 1931, y fue desechado
por los legisladores en la medida que establecía un sistema que
profundizaba en los desequilibrios existentes, tanto sociales como
territoriales, que dieron al traste con aquella gran experiencia que fue
la II República Española. En este sentido, se optó por una vía por la
cual se ponía de manifiesto un Estado autonómico que en un plazo de
tiempo medido yo creo que dará lugar, como no podría ser de otra manera,
a un modelo de Estado federal. En este primer embrión se aceptan ya unas
Cámaras autonómicas que, evidentemente, tienen un reflejo mucho mayor en
aquellas Comunidades que elaboran sus propios Estatutos. En una segunda
ronda, se procede a la federalización del Estado, estableciendo
Comunidades Autónomas en el resto del territorio español.

Yo creo que lo que sirvió en un principio para aprobar los Estatutos de
Autonomía de estas Comunidades Autónomas ya no sirve como modelo
institucional para continuar rellenándolas de competencias, y lo digo en
el sentido de cómo van a quedar determinadas competencias, cuál va a ser
el juego de control democrático parlamentario sobre determinadas
actividades que el Ejecutivo en sus distintos niveles, ya sea municipal,
autonómico o a nivel del Gobierno de la nación, va a tener sobre
determinado tipo de actividades. Por ejemplo, se va a transferir la
educación a las Comunidades del artículo 143, pero se va a hacer en un
marco parlamentario que no va a permitir, en muchos de los casos, el
control exhaustivo que desde las Cámaras del Congreso de los Diputados y
del Senado hoy se puede hacer, porque, evidentemente, hay un marco
institucional que permite que haya un Parlamento --Congreso de los
Diputados o Senado-- funcionando durante un determinado número de meses,
que puede establecer un control a fondo sobre aquellas competencias
educativas que hoy están residenciadas en el Gobierno de la nación. En
cambio, cuando estas competencias pasen a los ejecutivos regionales nos
vamos a encontrar con que



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para ejercer el control de las Cámaras regionales, ya sea voluntad del
ejecutivo o voluntad de algunos de los Grupos institucionales presentes
en esas Cámaras, sólo van a tener --en algunos de los casos ya ocurre, y
Murcia, por ejemplo, es una de las regiones sintomáticas en este
sentido-- cuatro meses de ejercicio de control parlamentario, unos
Diputados que están rindiendo a tiempo parcial y la imposibilidad por
parte de esos Diputados de disolver, a petición del Presidente, la Cámara
autonómica y convocar elecciones en un momento de crisis institucional.

El caso de Cantabria, por ejemplo, podría haber tenido una solución en
esa dirección, es muy posible, si hubiera existido ese marco de
competencias. Nos encontramos con que el control parlamentario sobre
estas competencias que pasan a las Comunidades del artículo 143
disminuye. Es un elemento más a poner encima de la mesa, y demostrar cómo
se han hecho estas reformas, que yo no sé por qué los Senadores que salen
a la tribuna, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo
Parlamentario Socialista, no defienden en función del pacto político al
que han llegado, aunque luego se haya materializado a través de los
Parlamentos regionales.

Como ustedes aluden a que las Comunidades Autónomas y los Parlamentos
regionales del artículo 143 han tenido algún tipo de protagonismo en la
elaboración de estos Estatutos de Autonomía, sinceramente creo que no se
pueden quedar tranquilos, porque la tramitación de algunos Estatutos ha
costado un cuarto de hora. Cuando llegue el debate de la Comunidad
correspondiente ya lo pondremos de manifiesto; tenemos los «Diarios de
Sesiones».

Yo comprendo por qué al Estatuto Catalán se le llama el Estatuto de Sans,
porque hubo unas reuniones, hubo un trabajo parlamentario de los
representantes catalanes, y eso tuvo una repercusión; o por qué al
Estatuto de Euskadi se le llama Estatuto de Guernica, porque hubo un
lugar donde residenciarlo; o por qué al Estatuto andaluz se le llama el
Estatuto del 28 de febrero, porque hubo un día, hubo un lugar, hubo algo.

A estos Estatutos, ¿cómo les vamos a llamar? Yo no quisiera que alguien
--no sería esta Senadora, por supuesto, que tiene un gran respeto
institucional a las Cámaras Regionales-- fuera tan mal intencionado como
para llamarles los Estatutos de Génova y de Ferraz. Pudiera darse el
caso, pero no sería yo la que, desde luego, lo diría.

En cualquier caso, yo creo que hay deficiencias muy serias en estos
Estatutos no porque no incorporen nuevas competencias. Yo, señorías,
traigo a colación una frase del Ministro don Juan Manuel Eguiagaray,
antiguo Ministro de Administraciones Territoriales y factótum, de alguna
manera, del pacto autonómico. Decía el Ministro en el libro «La Década
del Cambio»: «La trascendencia de la autonomía se refleja en el plano
político más que en la abundancia de competencias.»
Yo, señorías, acabo de poner sobre el tapete una cuestión importante. A
través de esas transferencias, ¿va a haber menos control parlamentario de
las fuerzas políticas y de los Grupos parlamentarios sobre cosas tan
básicas como la educación? Yo, señorías, estoy segura de que va a ser
así. Por tanto, estoy segura de la misma manera y en la misma medida que
estos Estatutos uniformadores y bipartidistas no van a consolidarse
durante demasiado tiempo. Estoy segura porque la dinámica de las fuerzas
políticas, la dinámica de la sociedad pide otra cosa, y porque hemos
prometido a los ciudadanos de las Comunidades del 143, que, desde luego,
no son ciudadanos nacionalistas --digo nacionalistas en el sentido de
mantener en términos generales unas posiciones que de alguna manera
generen un hecho diferencial nacional; no lo son, se diga lo que se
quiera aquí, puede decirse por parte de alguna minoría, pero sabemos que
no, que son ciudadanos que se consideran parte de lo que se llaman las
regiones de España--, a esos ciudadanos les hemos prometido que va a
haber autogobierno, que va a haber descentralización política. No se
trata de prometérselo porque hay un fenómeno o un hecho diferencial
nacional, como hay en otros territorios del Estado, como hay en Euskadi,
como hay en Cataluña; se lo hemos prometido porque consideramos que es
más eficaz para la defensa de sus intereses y porque eso genera poder
político que puede de alguna manera luchar contra los desequilibrios
territoriales y sociales que existen en nuestro país.

Si frente a esa demanda que hemos generado las fuerzas políticas
parlamentarias en esos territorios lo que estamos ofreciendo es este tipo
de Estatutos, ustedes coincidirán conmigo que ésta no es la solución y
que es una medida puramente provisional, y que estas reformas y
ampliación de competencias, que tienen un aspecto positivo interesante,
solamente han sido trasladadas a los Estatutos por una exigencia de una
de las partes contratantes del pacto autonómico. Y no tiene ningún otro
sentido. Por tanto, yo creo que no vamos a clamar aquí, ni en términos
históricos ni geológicos, por la defensa de un hecho regional, por
supuesto muy querido, muy importante y que configura esa pluralidad
extraordinaria que es España.

Yo creo que estos territorios no necesitan hablar de la historia para
defenderse. Tienen sus realidades y sus gentes que lo defienden mucho
mejor que ningún tipo de llamamiento ni de referencia a fenómenos
ocurridos en épocas pasadas. Porque yo creo que el pasado nunca fue
mejor. En ese sentido, señorías, admirando mucho la historia de cada cual
--todos tenemos la nuestra--, admirando muchos esos conocimientos, yo
creo que la reclamación de la autonomía y del autogobierno está en
función de las realidades actuales y, desde luego, no en ninguna raíz
histórica, al menos en el caso de los Estatutos que discutimos hoy aquí.

Voy a terminar diciendo que, desde mi punto de vista,



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hay transferencias interesantes; que esas transferencias van a tener un
menor control parlamentario, lo cual tiene una problemática y genera una
problemática política seria que vamos a tener que vivir en algunos casos;
y que, en cualquier caso, no es una elaboración propia de carácter
regional la que los trae aquí. Por eso son todos iguales. Es un acuerdo
político legítimo --lo quiero decir, un acuerdo político legítimo--, pero
un acuerdo político uniformador que dice poco respecto de la sensibilidad
de carácter regional que algunas de las fuerzas políticas mayoritarias
presentes en estas regiones, a mi juicio, deberían de tener. Eso no
quiere decir que ese traspaso de competencias no sea un elemento
interesante. Pero, señorías, el traspaso de competencias ya se produjo en
la Ley Orgánica. El que se incorpora a los Estatutos es simple y
llanamente uno de los elementos que para la ratificación del pacto
autonómico fueron puestos encima de la mesa.

Por tanto, el protagonismo en este caso está residenciado en los dos
partidos mayoritarios, con la colaboración, evidentemente, de otras
fuerzas políticas que no quieren ver que se produce lo que se llama la
uniformización del Estado. Creo que ahí tienen reservas que pueden tener
sus raíces en lo que se está haciendo con las regiones del 143. No
obstante, pienso que ése es un temor que deberíamos superar entre todos.

Insisto, aquí no venimos a hablar de viejas y pasadas discrepancias, que
esperamos haber superado todos felizmente. Aquí venimos a hablar de un
futuro común que tenemos que construir entre unos y otros. En ese
sentido, les diré que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya colaborará
siempre para construir ese estado de las autonomías. En este caso la
colaboración se va a traducir en un voto discrepante, que no quiere decir
que mañana, al día siguiente, no sigamos todos juntos construyendo este
Estado de las Autonomías en un horizonte federal.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero únicamente anunciar nuestro voto favorable a la reforma del
Estatuto de la región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Ramón Companys.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, es para mí un motivo de profunda
satisfacción intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, en el Pleno de esta Cámara para dar
nuestro soporte a la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de la
región de Murcia, que ya recibió la unanimidad en el trámite de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas.

El actual Estado de las Autonomías nació legalmente con la aprobación de
la Constitución. Fue un parto duro y difícil, con importantes
concesiones, donde imperó, a nuestro entender, por encima de las visiones
partidistas, el diálogo y la voluntad de construcción de un Estado
moderno en el que todos nos pudiésemos sentir cómodos y en el que algunas
fuerzas políticas, como la que yo me honro en representar, jugaron un
papel decisivo.

El actual Estado de las Autonomías representa un giro de 360 grados si lo
comparamos con el modelo centralista y uniformador que encontramos en el
momento de la transición. Proveníamos de un sistema pensado más en mandar
que en gobernar, y en donde las aportaciones de la sociedad, como en
cualquier régimen totalitario, como es lógico, no estaban previstas. El
sistema tenía, además, una serie de corsés y de vicios adquiridos que
fueron difíciles de erradicar.

Aunque la Constitución marcase las grandes líneas del cambio que
representó el pasar de un modelo de Estado a otro, el camino no ha sido
siempre fácil. Las resistencias internas del poder --y no me refiere
tanto a los políticos como a un sector de tecnócratas, de planificadores
económicos, de Abogados del Estado, de ingenieros, de arquitectos,
etcétera, que siempre vieron con recelo la pérdida de poder personal que
suponía la descentralización efectiva del Estado-- fueron sin duda uno de
los obstáculos de los que menos se ha hablado, pero que de una forma
sibilina más dificultaron el cumplimiento de los mandatos
constitucionales.

La Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la
LOAPA, nos ha permitido poder debatir hoy y aprobar, con seguridad, la
ampliación de las competencias de los diferentes Estatutos de Autonomía
y, de forma muy especial, el de la Región de Murcia.

El actual modelo representa, como ya hemos dicho antes, un profundo
cambio en la concepción global del Estado. Las decisiones que afectan a
los ciudadanos son más efectivas si se toman desde las administraciones
más cercanas al administrado. Y ésa es la parte de la filosofía del
Estado autonómico que tenemos en común las diferentes Comunidades o
nacionalidades. Pero Estado autonómico es mucho más. Autonomía es en sí
un elemento dinamizador del país o de las regiones: es compartir
responsabilidades; nos obliga a hacer un



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esfuerzo personal, a potenciar la propia iniciativa de nuestras gentes y,
de una forma especial, de sus dirigentes. Nos brinda la oportunidad de
aplicar aquellas soluciones propias que están basadas en la experiencia y
en el profundo conocimiento de la realidad sociocultural de cada
Comunidad, soluciones que en muchas ocasiones se apoyan en acciones
simples pero bien aplicadas en el espacio y en el tiempo. Es una
magnífica herramienta que nos facilita poder profundizar con más
intensidad en las diferentes realidades histórico-culturales de cada una
de nuestras Comunidades y hacer aportaciones en la línea de la
consolidación de un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico, como es el Estado español, haciendo que las personas
que en conjunto logramos que el país pueda progresar pasemos de una
actitud crítica y pasiva, en espera de que se nos den los problemas
solucionados desde fuera, a otra actitud activa con iniciativa y con
voluntad de participacion.

Las Autonomías, aunque jóvenes en edad, son capaces de autorregularse.

Hay que hacer un esfuerzo en aras a un perfecto encaje, para así evitar
algo que hasta ahora no se ha conseguido, al menos con la efectividad
debida. Hay que evitar la duplicidad en la gestión. Eso encarece la
Administración y desconcierta al ciudadano. El Estado debe apostar por la
mayoría de edad de las instituciones autonómicas y debe llegar a un
modelo que algunos pueden llamar Administración única, modelo por el que,
a la postre, las Comunidades Autónomas han de convertirse en las gestoras
de su propias competencias y en la representación ordinaria del Estado de
las competencias no transferibles, haciendo unas administraciones
autonómicas ágiles, efectivas y que respondan en su conjunto a las
necesidades de un Estado moderno.

Para terminar, no puedo por menos de felicitar a los máximos responsables
políticos de la Región de Murcia y, a través de ellos, a todos los
murcianos, ya que con ese paquete de nuevas competencias podrán sin duda
ejercer con más eficacia aquellas responsabilidades que sus ciudadanos
les demandan y, a través de una buena gestión de sus responsabilidades,
podrán participar en la configuración de un Estado económicamente fuerte,
socialmente adelantado y culturalmente abierto.

Muchas gracias, señor Presidente y señoras y señores Senadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Companys
i Sanfeliú.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Maeso Carbonell.




El señor MAESO CARBONELL: Gracias, señor Presidente.

Señorías, hoy es un día singular y muy importante para la historia de la
Región de Murcia, Comunidad Autónoma a la que pertenezco y a la que me
honro en representar.

Si la filosofía que inspira la configuración de las Comunidades
Autónomas, la llamada España de las Autonomías, es la descentralización
de poderes, en definitiva, acercar la Administración al administrado, y
teniendo en cuenta que ello supone un esfuerzo económico añadido para el
ciudadano, no tiene sentido disponer de Comunidades con escaso nivel de
libertad legislativa y ejecutiva, máxime cuando se observa la
diferenciación con las Autonomías que accedieron a través del artículo
151 de la Constitución. Con las que tendremos que equipararnos en un
plazo --pienso yo-- no superior a dos legislaturas.

Hoy culminamos la primera fase de los acuerdos autonómicos de 1981 que,
conjuntamente con la LOAPA, supusieron la primera piedra para la
constitución y posterior desarrollo del mapa autonómico español o Estado
de las Autonomías, excepción hecha de Ceuta y Melilla, cuya adecuación
político-administrativa está todavía por resolver, a pesar de las
distintas iniciativas parlamentarias llevadas a cabo por el Partido
Popular.

Haciendo un poco de historia, a pesar de que la Portavoz del Grupo
enmendante recomendaba no hacer historias --por cierto, su señoría ha
hecho una gran historia del Estado de las Autonomías --, creo que es
importante hablar un poco de la raíz, de cómo y cuándo nace la
configuración o la materialización de ese precepto constitucional de
competencias a las Comunidades Autónomas.

El día 28 de febrero de 1992 se firman los pactos autonómicos que suponen
el gran paso hacia la Ley Orgánica 9/1992, de transferencias de
competencias a las Comunidades Autónomas, modificando la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, por la que se configura el estado de Autonomía de
la Región de Murcia. Posteriormente, durante 1993 se debatieron en
profundidad --en ningún caso en un cuarto de hora-- y se aprobaron en
cada una de las Cámaras Legislativas autonómicas sus nuevos Estatutos, y
el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado día 2 de diciembre,
aprueba la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de la
Autonomía de la Región de Murcia, modificando especialmente el artículo
10, cuya redacción asume 28 nuevas competencias, tipificándose 30 como de
competencia legislativa y ejecutiva plena --hay que tener en cuenta las
que ya disponía la Comunidad Autónoma de Murcia, más estas nuevas 28 que
se tipifican en esta ley--. Igualmente, salvaguardando la legislación
básica del Estado, se desarrollan en los planos legislativo y ejecutivo
14 materias, y sólo la ejecución de la legislación estatal de otros 14
conceptos.

No podemos aceptar las enmiendas que presenta Izquierda Unida por
diversos motivos. Yo creo que también



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es cortesía hablar de las razones que motivan a las Comunidades Autónomas
para rechazarlas, máxime cuando su representante ha tenido una prolija
intervención intentando, como es su obligación, convencernos de que las
enmiendas son oportunas y que, a su entender, los Grupos deberíamos
aceptarlas.

Con todo el respeto, tengo que decirle en primer lugar que la nueva
redacción de estos Estatutos es el fruto del trabajo y posterior consenso
entre la mayoría de los Grupos Parlamentarios autonómicos, en el caso de
Murcia con un resultado de 41 votos a favor de los 45 Diputados. Si nos
remitimos al Congreso de los Diputados, podremos observar que dispone de
279 votos a favor, 11 en contra y una abstención --que acaso sea fruto de
algún error--. Ahora aquí, en el Senado, si no hay unanimidad --yo la
pido, obviamente, aunque me dicen que no--, estoy convencido de que el
resultado de la aceptación de esta ley orgánica será sensiblemente
inferior. Y, señorías, creo que respetar --ad libitum-- los acuerdos de
las distintas Comunidades es un acto de respeto y un auténtico ejercicio
de la democracia.

De otra parte, no es un paso tímido el que damos con esta reforma. Antes
hablábamos de las 28 nuevas competencias, pero sería interesante añadir
que de los 72.000 millones de pesetas de que dispone el Gobierno regional
de Murcia, y unos 5.700 funcionarios, vamos a pasar a gestionar más de
100.000 millones de pesetas, lo que supone un 10 por ciento,
aproximadamente, del PIB, que si bien no es una cantidad excesivamente
relevante, sí habremos de reconocer todos que supone un gran avance para
nuestro autogobierno.

Del mismo modo, entendemos que no es el momento de presentar enmiendas
que no se refieren a la modificación puntual de la reforma de los
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas. Se habla de
determinadas enmiendas que tal vez sean dignas de ser estudiadas, pero yo
pienso que en otro momento procesal, porque aquí no se termina
absolutamente nada; aquí se termina una fase importantísima, pero
simplemente una fase del autogobierno de las distintas regiones.

Asimismo, en materia de reglamento interno de las distintas Comunidades
Autónomas, acaso sea de gran interés ir hablando a posteriori de una
reforma en profundidad de aquellos reglamentos que precisen de dicha
reforma, pero pienso que tampoco éste es el momento.

Estas son, básicamente, las razones que impulsan al Grupo Parlamentario
Popular a no aceptar las enmiendas presentadas.

Para terminar, señor Presidente, reconocemos que el trato en materia de
competencias no puede ser, en principio, igual para todas las
Comunidades, porque así lo determinamos en la Constitución, diferenciando
los artículos 143 y 141. Creemos en una España plural, geográficamente
distinta, peninsular, insular y económicamente dispar; la España
industrial, la España agrícola, culturas diferenciadas, distintas lenguas
autonómicas, regiones ricas y regiones desfavorecidas. En definitiva,
señorías, existen elementos diferenciadores que la Administración deberá
tener en cuenta y tratar con criterios de equidad y solidaridad
interregional. Y cuando culmine el proceso de transferencias no deberán
establecerse agravios comparativos entre las Comunidades Autónomas dentro
de las limitaciones del artículo 149 de la Constitución. Ya no podremos
hablar de Comunidades de primera y de Comunidades de segunda; hablaremos
de las Comunidades Autónomas del Estado español. Será sin duda la ilusión
de todos los representantes en los distintos estamentos políticos
--Comunidades Autónomas, Congreso, Senado, etcétera-- el que tengamos
todos el máximo nivel competencial, dentro de los límites que salvaguarda
la propia Constitución.

Una vez aprobada esta proposición de ley orgánica, los Senadores por
Murcia deberemos estar atentos al proceso de transferencias, y digo los
Senadores por Murcia, no digo los Senadores de tal o de cual partido.

Creo que es una obligación compartida entre todos los Senadores. Todos
somos representantes de los intereses legítimos de nuestras Comunidades,
todos debemos estar atentos al proceso de transferencias en pro de la
celeridad de las mismas, y especialmente de la consignación de recursos
humanos y financieros.

En la Asamblea Regional de Murcia se ha constituido una comisión
interparlamentaria para que haga un seguimiento exhaustivo de la asunción
de competencias y, de otra parte, mi Grupo territorial, desde la
colaboración, controlará e impulsará la descentralización de las
competencias referenciadas en esta ley.

Yo les diría una frase de Jovellanos que pueda tener un paralelismo con
la cuestión que nos ocupa y que decía: No divirtamos a los pueblos con
rigidez; dejemos que ellos se diviertan. Creo, señorías, que también
podría ser aplicable ne nuestro caso. No gobernemos a nuestros pueblos
--entendiendo Comunidades Autónomas-- con rigidez; dejemos que ellas se
autogobiernen.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Maeso
Carbonell.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Hurtado García.




El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias.

Señor Presidente, señorías, esta tarde tengo el honor de defender en esta
tribuna la reforma del Estatuto de la Región de Murcia, reforma que, al
igual que las de otros Estatutos de Comunidades que también se están
haciendo esta tarde y que accedieron a la autonomía por el artículo 143
de la Constitución, tienen lugar, lógicamente, en el ámbito de los pactos
autonómicos que



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se celebraron entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido
Popular en febrero de 1992.

Quiero hacer hincapié en este punto porque la Senadora Vilallonga decía
que esto obedecía a un pacto político. ¡Claro que obedece, lógicamente, a
un pacto político! Y cuando los partidos llegamos a un acuerdo, a un
pacto --y algunas veces los políticos entendemos que la palabra pacto
tiene que utilizarse de forma peyorativa, y creo que es una palabra lo
suficientemente noble para entenderla en ese sentido y de hecho se llega
a esos acuerdos importantes--, yo creo que no es el momento de llamarse
intransigentes ni nada por el estilo, al contrario.

Yo creo que el que haya acuerdos es positivo para la sociedad, y que
ocurre lo contrario cuando no los hay. Tenemos que ir todos por esa senda
de llegar permanentemente a acuerdos, por esa senda de llegar
permanentemente a pactos. Cuando los partidos políticos llegan a un
acuerdo, no olvidemos el artículo 2 de la Constitución en el que se dice
que los partidos políticos son sobre lo que se basa fundamentalmente
nuestro sistema político. No se olvide que los partidos políticos son el
basamento fundamental de nuestra democracia y, lógicamente, así viene
recogido, repito, en el artículo 2 de nuestra Constitución. De ahí que en
un momento determinado, después de llegar a esos acuerdos y de sumarse a
ellos muchas fuerzas políticas, yo pediría que aquí, en este último
trámite parlamentario, el resultado que tuviéramos fuera el mismo que
hemos tenido en la recién estrenada Comisión General de las Comunidades
Autónomas, en la que se ha aprobado el proyecto por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios. (La señora Vilallonga Elviro hace gestos
negativos.) Sí, señora Vilallonga, no me haga gestos en sentido
contrario; en la Comisión se aprobó por unanimidad de todos los grupos
presentes en ella, al menos el Estatuto de la Región de Murcia, que es el
que nos ocupa en este instante.

De todas formas, por si acaso es posible tener su voto en este acto
parlamentario, le voy a decir que en algunas de las cuestiones a las que
se ha referido en concreto sobre el tema del Estatuto de Murcia, porque
otras eran de carácter más general, como el control parlamentario de sólo
cuatro meses, hubo una rectificación en el Reglamento de la Asamblea
Regional de Murcia para que todos los grupos estuvieran presentes en la
Junta de Portavoces, y que cualquiera de ellos y en cualquier momento
pudiera hacer proposiciones e incluso abrir la posibilidad de un nuevo
período extraordinario. De hecho, la realidad es que la Asamblea Regional
de Murcia funciona durante períodos de ocho o nueve meses prácticamente
todos los años de su historia.

No obstante, si usted lo quiere manifestar aquí es otro debate distinto,
si los Diputados tienen que estar a tiempo parcial o a tiempo total, eso
hay que plantearlo de otra forma, en el sentido de si los diputados de
las asambleas regionales tienen que estar a tiempo total.

En cualquier caso, el Estatuto de Murcia podría llamarse perfectamente el
Estatuto del Castillo de Aledo, el Estatuto de Totana o el Estatuto del
Palacio de Guevara de Lorca, ya que fue en los tres sitios donde se llevó
a a cabo su discusión parlamentaria, y así se le conoce, porque, a pesar
de que cada uno tenemos nuestra historia, ciertas cuestiones, referidas
fundamentalmente al proceso autonómico, de algunas regiones son más
conocidas que otras.

En este caso los murcianos sí que conocemos cómo fue nuestro desarrollo
autonómico y cómo se fue desarrollando ese proceso en el Castillo de
Aledo, donde se reunieron todos los grupos parlamentarios en su momento y
donde se llevó a cabo lo que después conformó el proyecto de Estatuto de
la región de Murcia. Fruto de estos pactos autonómicos fue la
promulgación de la reforma que esta tarde estamos debatiendo.

Por otro lado, la aprobación del Estatuto de la Región de Murcia, como
también ha dicho el Senador del Grupo Parlamentario Popular, tuvo una
amplia mayoría en la Asamblea Regional de Murcia.

Esta reforma supone la modificación de los artículos 10, 11, 12, 13 y 16
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Por tanto, la Comunidad
asume 28 nuevas competencias, sobre las que tenemos la obligación de
reflexionar. Diez son absolutamente nuevas, doce estaban previstas en el
artículo 13 como diferidas y se recogen en este instante, y seis
significan ampliación de títulos competenciales ya existentes.

Como se puede comprobar, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va
a asumir más competencias de las que estaban en un principio previstas en
nuestro propio Estatuto. Por eso hoy también es el día en el que nosotros
tengamos una satisfacción importante y el día donde podamos alegrarnos;
espero que nadie nos diga el día que tenemos que hacerlo. Yo pienso que
hoy, que nuestro propio Estatuto recoge incluso más competencias de las
previstas, también es día para podernos alegrar, a pesar de que sea un
día después del Día de la mujer trabajadora, que celebramos ayer sin
problemas de ningún tipo. Todo esto dentro, lógicamente, de la concepción
de acercar cada día más los centros de decisión al ciudadano. Pero,
además, por supuesto, para que perciban y tengan la sensación de que los
servicios están más cerca y se hacen de una forma más eficaz. Y, por otro
lado, que sientan que la tarea legislativa que algunos estamos llevando a
cabo les repercute de la forma más directa y más favorable.

Por eso considero también importante que habrá que jugar con el papel
fundamental de descentralización que tienen que hacer, a su vez, las
propias Comunidades Autónomas. De hecho, se está llevando a la práctica
en la propia Comunidad Autónoma de la región de Murcia con el
protagonismo y el papel fundamental que



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deberían llevar a cabo los ayuntamientos y, por supuesto, con la
colaboración de un órgano muy importante y que está favoreciendo esta
descentralización, cual es la Federación Española de Municipios y
Provincias.

Por otro lado, se cumplen las previsiones del artículo 143 de la
Constitución, demostrando la voluntad de la Asamblea Regional de Murcia
por asumir nuevas competencias y profundizar en su autogobierno, como
también lo especifica la redacción del artículo 13 del Estatuto, lo que
constituye una reafirmación de la voluntad del pueblo de Murcia para
avanzar en la consecución de nuevas competencias.

Este acto supone, repito, motivo de satisfacción, por cuanto significa un
afianzamiento del desarrollo autonómico no sólo de Murcia, sino también
del Estado.

Por ello, y porque consideramos que estas reformas en general, y la
nuestra en particular, son buenas para España y para Murcia, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la Ley Orgánica de
Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Hurtado
García.

Vamos a pasar a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación, en un
único acto, las enmiendas números 1 a 21, puesto que no han sido
retiradas, de los Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas González.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, cuatro; en contra, 215; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el artículo único y la exposición de motivos del dictamente
correspondiente a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto
de Autonomía de la región de Murcia.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 217; en contra, dos; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por tanto, queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. (Aplausos.)



--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS
ISLAS BALEARES (S. 605/000005) (C. D. 127/000008).




El señor PRESIDENTE: Dictamen en relación con la proposición de ley
orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

Voto particular número 1, de los Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas
González, enmiendas números 1 y 2.

Senador Cuevas, tiene su señoría la palabra.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En la actividad política, como en otras actividades de la vida, a veces
uno toma decisiones y fríamente puede empezar a pensar que se había
equivocado en las mismas. No es ése el caso de las enmiendas...




El señor PRESIDENTE: Señor Senador, me va a perdonar un momento. Por
favor, ruego silencio, desde esta parte del Salón de sesiones tenemos
dificultades para escuchar los discursos cuando hay mucho ruido de fondo
o muchas conversaciones. Gracias.

Su señoría tiene la palabra.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por impedir
la contaminación acústica.

Decía que a lo largo de la vida, en cualquier actividad, uno toma
decisiones y a medida que va pasando el tiempo empieza a reflexionar y a
decir: me he equivocado en esto o he acertado. Digo esto, porque a lo
largo del debate de todos los Estatutos de Autonomía desde luego nunca he
tenido dudas de que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña se hubiera
equivocado en presentar tales enmiendas. Y esto se ha venido a confirmar
durante todo el proceso de discusión de los Estatutos. Yo creo que aquí
en esta Cámara por la mayoría de las fuerzas políticas que han defendido
los Estatutos se han venido a reforzar los argumentos que sustentan las
enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado a
todos los Estatutos, incluido este que vamos a defender ahora, el de
Baleares.

La resignación es un estado o una cualidad que normalmente suele ser
mala; resignarse en la vida yo creo que es malo. Y aquí hemos oído
discursos en un principio fuertemente aplaudidos por los partidos
mayoritarios firmantes del Pacto Autonómico pero en ellos se dejaba
entrever algo que se suele utilizar en muchas ocasiones, como es el «sí,
pero...». Y cuando en política se utiliza mucho el «sí, pero...», es que
no estamos convencidos de lo que estamos defendiendo desde la tribuna o
desde nuestros planteamientos políticos.

Por tanto, estos argumentos han venido a demostrar que las enmiendas de
Izquierda Unida eran necesarias



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porque, aunque todo el mundo está contento por la aprobación unánime de
la reforma del Estatuto, se piensa que se podría avanzar mucho más, y ese
«sí, pero...» justifica las enmiendas de Izquierda Unida, con las que
proponemos dicho avance. Es necesario avanzar más, y creo que ésa es la
opinión general de la Cámara, pero la disciplina es la disciplina.

Por otro lado, quiero dejar claro que desde Izquierda Unida-Iniciativa
por Cataluña tenemos un enorme respeto por las Asambleas autonómicas,
como también --como no podía ser menos-- por cualquier institución
democrática. También respetamos el Senado, y todos los que aquí estamos,
o bien somos representantes de Comunidades Autónomas, o bien hemos sido
elegidos directamente. Por tanto, guardamos el máximo respeto a la
voluntad de las Cámaras autonómicas y a la capacidad de legislar del
Senado, que es el mismo que tenemos por los proyectos políticos. Y
precisamente porque Izquierda Unida quiere un determinado modelo de
Estado --que hemos defendido y vamos a seguir haciéndolo-- hemos
presentado estas enmiendas. Creo, pues, que merece el mismo respeto tanto
la Cámara Autonómica, como el Senado, o el proyecto que representa
Izquierda Unida.

Por lo que respecta a este Estatuto en concreto, cuando se ha hablado de
acuerdo o de consenso desde Izquierda Unida hemos presentado una
alternativa de Estatuto: el que todas las fuerzas políticas consensuaron
en Baleares antes del pacto autonómico. Por tanto, hay que respetar
también a esas fuerzas políticas que, antes de sufrir una imposición --no
digo que a través de un fax, pero sí de alguna llamada telefónica, o de
voluntades de partido--, consensuaron un Estatuto, que hemos reflejado a
través de nuestras enmiendas. El mismo respeto que pedimos nosotros debe
concedérsele, pues, a todo el mundo.

Lo que ya nos parece una locura --entre comillas-- es que, por ejemplo,
no se hayan hecho traspasos en materia de educación a una Comunidad como
la de Baleares, que es bilingüe. Y no digo esto como anécdota, sino como
ejemplo del recorte que ese pacto autonómico ha supuesto para las
Comunidades Autónomas. Hemos presentado esta enmienda --que me ha tocado
defender-- por solidaridad, ya que sería un cínico si estuviera hablando
de hacer recortes autonómicos, como algunos quieren interpretar. Como
digo, sería un cínico si, después de que el 28 de febrero los andaluces
nos tiráramos a la calle a pedir muchas más competencias, ahora yo se las
negara a otra Comunidad Autónoma. Por tanto, queremos el mismo trato para
los baleares, los murcianos, los riojanos, los vascos, o los catalanes. Y
vuelvo a repetir --porque va a ser el hilo conductor de nuestro discurso
en el sentido que el propio Presidente del Senado reflejaba hace unos
días-- que nuestro modelo es la construcción de un Estado federal. Sé que
va a tardar tiempo en llegar, pero repito que es nuestro modelo y vamos a
seguir batallando por él. ¿Quiere decir esto que nos vamos a oponer a
seguir negociando? En absoluto. Sobre la mesa están las enmiendas que
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado para cada Estatuto,
y espero que en un futuro próximo puedan servir para reanudar el diálogo
y dotar a estas Comunidades de muchas más competencias.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra su portavoz.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero anunciar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto
para las islas Baleares y agradecer a todos los aquí presentes que
hayamos llegado a este punto de acuerdo en espera de que el apoyo a la
reforma sea unánime.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para anunciar de entrada nuestro voto
favorable al dictamen de la Comisión, que es prácticamente el acuerdo de
la Asamblea Parlamentaria de las Islas Baleares. No se sustrae este
portavoz a decir lo mismo que dijo en Comisión. Es una doble satisfacción
para él el que se debata la reforma del Estatuto de las Islas Baleares
porque se trata del otro archipiélago del Estado: a uno de los dos,
pertenece electivamente este Senador.

Simplemente se me viene a la cabeza una reflexión a raíz de las palabras
pronunciadas por el portavoz del Grupo Mixto. Deseo que si van a obtener
o tienen competencias en sanidad y educación no les ocurra lo que les
está ocurriendo a quienes las poseen, como, por ejemplo, a Canarias, que
posee competencias en Educación y va a terminar por endeudar hasta el
mobiliario del Consejo de Gobierno. No por obtener --lo repetiremos a lo
largo de todos los debates-- más competencias y no por elevar eso que
llaman el techo o el listón competencial e igualarse a las Comunidades
históricas se tiene más capacidad de autogobierno, más eficacia en la
ejecución de las competencias y éstas llegan mejor gestionadas y más
cerca a los ciudadanos.

Me decía un Senador hace un rato --es una reflexión muy seria que se
tienen que hacer todos los que estamos presentes en este debate-- que
estamos construyendo



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el Estado. Hay que ser muy serios y hacer muchas reflexiones sobre qué
Estado estamos construyendo y que no se convierta en una carrera de
adquisición de competencias. Se debe convertir en una carrera para
adquirir aquellas competencias que se pueden desarrollar correctamente,
con eficacia, con el menor costo posible, las más beneficiosas para los
ciudadanos y que les eleve su bienestar y su felicidad, que es el
principio que nos debe guiar.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer.




El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quizás es oportuno recordar que el derecho constitucional a la
autonomía es permanente y es necesario adaptarlo en cada etapa a la vida
de cada nacionalidad y cada región.

Ahora estamos debatiendo justamente la modificación que se nos presenta
para el Estatuto de las Baleares, la cual consideramos que es
interesante; pero, señorías, no hace falta un gran análisis para percibir
que es insuficiente. Los grupos del Parlamento balear no fueron de los
que comparecieron en la Comisión General de las Comunidades Autónomas a
informar de sus posiciones y, por consiguiente, no sabemos directamente
qué opinan en este momento de esta modificación, pero sí disponemos de un
dato muy elocuente: un Pleno del Parlamento balear, del 29 de enero de
1991, aprobó una proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares por 39 votos a favor, ninguno en contra y
20 abstenciones. En este momento --desde hace dos años largos-- esta
proposición se encuentra en el Congreso de los Diputados. Si leemos la
proposición que llegó al Congreso de los Diputados en el año 1991,
procedente del Parlamento Balear, y lo comparamos con la proposición de
modificación del Estatuto balear que se nos plantea, observaremos que hay
unas diferencias clarísimas importantes.

Señorías, las Islas Baleares son una Comunidad con larga experiencia de
autogobierno y, en consecuencia, es lógico que se planteen por sus
condiciones, por sus aspiraciones, por su talante, por su carácter, una
reforma importante del Estatuto, como se plantearon en 1991.

En definitiva, señorías, la propuesta que se nos plantea hoy, esta tarde,
para la votación creemos que no se corresponde con la iniciativa
manifestada en su día por el Parlamento balear, pero tampoco lo
obstaculiza. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió votará afirmativamente, pero queremos manifestar
que de la misma manera que prosperará esta tarde en este trámite esta
modificación, desearíamos que también prosperara con rapidez aquella
proposición aprobada con tan favorable votación en el Parlamento balear.

Reitero que votaremos favorablemente la modificación del Estatuto de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que para nosotros, señorías,
son las familiares y entrañables Illes Balears.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.

En turno de portavoces y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Juan Cardona.




El señor JUAN CARDONA: Con la venia, señor Presidente.

Señorías, con este debate iniciamos el trámite final para la aprobación,
si así lo considera oportuno esta Cámara, de la proposición de ley
orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, a
propuesta del Parlamento de esa Comunidad Autónoma. Un Estatuto que el
día primero de este mes cumplió once años de vigencia, once años que han
servido para que cada una de las islas que componen el archipiélago de
Baleares, desde la singularidad propia que distingue a cada isla, haya
asumido el proyecto común que significa la profundización en el
autogobierno de nuestra Comunidad.

Pero pese a la satisfacción que a todos nos produce hallarnos en el
trámite final que nos lleva a la modificación del Estatuto para dotar a
Baleares de mayores competencias en el ámbito de su autogobierno, hemos
de reconocer que el plazo de tiempo transcurrido para llegar a ese
objetivo ha sido excesivo. La Constitución, en su artículo 148, establece
en cinco años el plazo por el que las Comunidades Autónomas que han
accedido a su autogobierno por el procedimiento establecido en el
artículo 143 puedan ampliar sus competencias. Sin embargo, ha sido
preciso que transcurran once años, seis más de los constitucionalmente
previstos, para que las Islas Baleares puedan ver modificado su Estatuto
y ampliadas sus competencias.

Aunque no crean sus señorías que durante estos seis años el Gobierno y el
Parlamento de las Islas Baleares, así como los respectivos Consejos
insulares han olvidado la cuestión autonómica. Durante este tiempo en
Baleares se ha gestado un proyecto político que ha tenido su expresión en
la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento de las Islas
Baleares el día 29 de enero de 1991 y al que se ha referido el Senador
que me ha precedido, proyecto que contemplaba una modificación mucho más
profunda del Estatuto de Autonomía y que amparaba una ampliación de
competencias



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más importante que la contenida en la proposición que ahora se debate.

El proyecto de 1991 parte de la concepción legítima e indiscutible que
considera a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como Comunidad
histórica, pues resulta innegable que el antiguo Reino de Mallorca posee
una lengua y una cultura propias que le distinguen del resto del Estado y
que hasta el Decreto de Nueva Planta del año 1715 estas Islas se regían
por instituciones particulares de autogobierno que dependían directamente
de la Corona y que en los muchos siglos de su existencia crearon una
personalidad con tradición, cultura, derecho e identidad propias.

Características estas que en su momento debieron haber sido suficientes
para que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hubiese accedido a
su autogobierno por el procedimiento previsto en el artículo 151 de la
Constitución, pero el azar de la coyuntura política en los primeros años
de la transición hizo que a la Constitución se le añadiese la disposición
transitoria segunda, que exige para el acceso al autogobierno por el
procedimiento del artículo 151 que en el pasado se hubiesen aprobado por
plebiscito proyectos de estatutos de autonomía.

Y como quiera que en Baleares no llegó a aprobarse el anteproyecto de
Estatuto de 1931, esta Comunidad tuvo que acceder al autogobierno por el
procedimiento más lento del artículo 143, que ha sido plenamente aceptado
por Baleares y que en ningún caso significa renuncia alguna a la voluntad
de recuperar el autogobierno que legítimamente nos corresponde como
nacionalidad histórica, y teniendo siempre presente que el título VIII de
la Constitución, cuando reconoce el Estado plural que compone España, no
establece dos tipos diferentes de comunidades, sino dos procedimientos
distintos que llevan a una estructura final del Estado en la que las
distintas comunidades, manteniendo sus señas diferenciales que justifican
su existencia, disfruten de un grado de autogobierno cuyo nivel pueda
calificarse de homogéneo en el ámbito de sus competencias.

Con lo expuesto he querido resaltar el esfuerzo que ha significado para
Baleares dejar el proyecto de 1991 y proponer el que ahora se debate. Y
quiero destacar que esta decisión no se ha adoptado en contra de nuestras
aspiraciones, que las mantenemos. No, señorías; el Parlamento de
Baleares, al retirar el proyecto de 1991 y proponer el actual, lo ha
hecho convencido de que con ello se contribuía a una mejor construcción
del Estado de las Autonomías y para posibilitar el adecuado desarrollo de
la Constitución. Porque yo creo que nadie discute hoy que para un
adecuado desarrollo de la Constitución y para la construcción de España
en una nación plural es imprescindible el más amplio acuerdo de las
fuerzas políticas, es imprescindible el consenso. Y precisamente esta
idea de consenso es la que ha llevado a las fuerzas políticas
mayoritarias a suscribir el pacto autonómico que tuvo su expresión legal
en la Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992 de transferencias a
comunidades autónomas que han accedido a la autonomía por la vía del
artículo 143.

De ese consenso y de ese pacto autonómico ha nacido el proyecto que hoy
debatimos y que a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso de los
Diputados como en esta Cámara, ha recibido el apoyo de todos los grupos
políticos, excepto el de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. De este
grupo son las dos enmiendas presentadas al texto de la proposición, que
en realidad recogen las aspiraciones contenidas en el proyecto de reforma
de 1991 y al que acabo de hacer referencia.

Comparando las enmiendas presentadas con el texto de la proposición
actual, y desde el punto de vista de las competencias, no difieren mucho
en cuanto a materia competencial y sí se encuentran algunas diferencias
en el concepto por el que se atribuyen. Por ejemplo, las competencias
sobre centros de contratación y terminales de carga en materia de
transportes, el régimen minero o las competencias referentes a
corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos
o profesionales vienen atribuidas como competencias de desarrollo
legislativo en la proposición que defendemos, mientras que las enmiendas
presentadas las contemplan como competencias exclusivas. Materias como
actividades molestas, insalubles, nocivas y peligrosas, expropiación
forzosa o protección civil se contemplan como competencias de ejecución
en el texto de la proposición actual, mientras que las enmiendas las
recogen como competencias de desarrollo legislativo.

Desde el punto de vista de las instituciones de la comunidad autónoma,
cuestión esta que no contempla la proposición que ahora debatimos, las
enmiendas proponen unos cambios interesantes, como es la posibilidad de
disolver el Parlamento; el que se pueda determinar reglamentariamente el
régimen retributivo de los diputados autonómicos; la posibilidad de que
el Gobierno autonómico pueda dictar decretos-ley; el régimen de
incompatibilidades entre los cargos de Presidente de la Comunidad
Autónoma, Presidente del Parlamento, Conseller General y Senador con el
cargo de Conseller Insular, etcétera, que, como ya he dicho, también se
recogen en el proyecto del año 1991.

Y si ahora el Grupo Parlamentario Popular se manifiesta contrario a estas
enmiendas, es por una razón muy simple y sencilla: porque no son fruto
del consenso; no recogen el apoyo de todas las fuerzas políticas de esta
Cámara, como lo tiene el texto de la proposición dictaminada por la
Comisión General de Autonomías. No se trata, pues, Senador Cuevas y
Senadora Vilallonga --que, aunque esté ausente, a ella también me
refiero--, de una oposición y rechazo material de las cuestiones que
plantean ustedes a través de sus enmiendas. Se trata, señorías, de que no
podemos ignorar



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que esta proposición de Ley la ha efectuado el Parlamento de las Islas
Baleares y, además, todos los Grupos Parlamentarios que integran esta
Cámara, a excepción del suyo, coinciden en que éste es el camino adecuado
para llegar al Estado plural que ha de ser España.

Así pues, la aprobación de esta Ley Orgánica es un paso más --no el
último, desde luego-- en el camino que nos hemos trazado. Nosotros no
renunciamos a nada, mantenemos para Baleares nuestras aspiraciones de
llegar al nivel máximo de autogobierno que permite la Constitución. De
ahí el artículo 16 de la proposición, que autoriza la modificación del
Estatuto para asumir mayores competencias.

Por otra parte, es conveniente no minusvalorar la reforma que hoy se
plantea. La ampliación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es
imporrtante; insuficiente, pero importante. Hemos de destacar que se
asumen competencias exclusivas en materias tan importantes como
industria, tutela de menores, fundaciones, etcétera, competencias de
desarrollo legislativo en asuntos de corporaciones profesionales y
económicas y, sobre todo, contrariamente a lo que ha dicho el Senador
Cuevas, en educación, materia esta esencial si consideramos que, hoy por
hoy, las Islas Baleares son la única Comunidad Autónoma con lengua propia
que carece de competencias en educación.

En conclusión, señorías, desde el compromiso irrenunciable de recuperar
el autogobierno para las Islas Baleares con el máximo nivel competencial
que permita la Constitución, el Grupo Popular votará afirmativamente la
proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares.

Por otra parte, en aras del necesario consenso que se precisa para el
desarrollo autonómico, invito a los Senadores que no apoyan esta
proposición a que acepten la decisión del Parlamento de las Islas
Baleares como representación máxima que es del pueblo de las Islas y
voten también favorablemente esta proposición de Ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Garcías Coll.




El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista ante la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, reforma
que nace, como todas las demás, de un consenso y pacto entre las fuerzas
políticas y, además, con el acuerdo mayoritario del Parlamento de las
Islas Baleares.

Con esto quiero referirme a la intervención del Senador Ferrer, cuando
planteaba que existía una alternativa de reforma del Estatuto de
Autonomía, presentada y aprobada en el año 1991, con 39 votos a favor.

Quiero recordarle que esta propuesta tuvo 50 votos a favor, por tanto,
muchos más que la reforma que se planteó entonces. Por otra parte, ésta
lleva el refrendo total de las Islas Baleares. Así pues, es un motivo,
como el del pacto y el consenso, por el que se apoya esta reforma; pacto
y consenso que a los socialistas nos hubiese gustado que incluso se
hubiese dado al inicio del Estatuto de Autonomía, es decir, en 1983. En
ese momento, aunque el Partido Popular fuera Alianza Popular, los líderes
eran los mismos y no conseguimos un apoyo para el Estatuto de Autonomía,
y el motivo no era otro sino que consideraban que era demasiado
autonomista, tenía unos límites que significaban que había demasiado
autogobierno.

Consideramos positivo que hoy en día los líderes del Partido Popular
hayan refrendado un Estatuto que significa mucho más autogobierno que el
de 1983, con unas cuotas de autogobierno mayores. Por tanto, su
rectificación es positiva, porque lo único que hace es refrendar a los
que creíamos en un autogobierno para las Islas Baleares.

Una reforma que ha sido capaz de concitar el consenso que faltó en el
momento de acceder a la autonomía y que consolida y fortalece el Estatuto
entonces aprobado, dotándolo de nuevas competencias que van a realizar
los anhelos de autonomía de los ciudadanos de las Islas Baleares, es para
felicitarnos. Insisto en este concepto.

Contestando al Senador Cuevas, desde el Grupo Parlamentario Socialista
nos sentimos orgullosos de la reforma de este Estatuto. No planteamos un
«sí pero...», puede haber otros Grupos que sí lo hayan planteado, pero el
Grupo Parlamentario Socialista no; se siente orgulloso y ha sido
abanderado de que se hayan conseguido estas treinta y dos nuevas
competencias que tiene nuestro Estatuto de las Islas Baleares, que se le
otorgan a través de la Ley Orgánica de transferencias. Por tanto, es un
avance positivo en el cual nosotros, en ningún momento podemos dar un «sí
pero...», queremos dar un sí rotundo, un sí para seguir avanzando.

Esto no significa, ni puede significar, una parada en el proceso
autonómico en el avance del autogobierno, pero sí es un avance mucho
mayor que al que podíamos aspirar incluso los que defendíamos el Estatuto
de Autonomía en 1983. No fue por azar que no se consiguiera acceder al
mismo por el artículo 151, sino porque ciertas fuerzas de la derecha en
nuestra Comunidad no querían en aquellos momentos oír hablar del artículo
151. Sin ninguna gana de entrar en polémicas, ésta era la realidad de
aquellos momentos.

Debemos señalar que nuestra Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
tiene unas peculiaridades que se trasladan en esta reforma del Estatuto,
como son diferentes competencias que en otros Estatutos de Autonomía no
se dan, por ejemplo, el transporte marítimo



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interinsular u obras hidráulicas, son dos competencias importantes que a
partir de esta reforma asumimos los ciudadanos de las Islas Baleares.

Por otra parte --como decía el Senador Cardona-- somos la única Comunidad
Autónoma con lengua propia que no dispone de competencias en materia de
educación. Esta reforma permite a los ciudadanos de las islas Baleares
acceder a esta competencia, especialmente importante para la recuperación
y es uso normal de nuestra lengua catalana, todo ello manteniendo y
garantizando un adecuado funcionamiento del sistema educativo.

Como decía el Senador Barbuzano, el hecho de obtener más competencias no
quiere decir que se refuerce más la Comunidad Autónoma, no quiere decir
que el sentimiento de autogobierno salga más reforzado. Quiero recordar
al Grupo Parlamentario Popular que en nuestra Comunidad Autónoma, en la
cual se plantean reformas del Estatuto de Autonomía, hay todo un conjunto
de temas que son propios y que están en el Estatuto de Autonomía, y que
el Gobierno balear, o el Grupo Parlamentario Popular, no quiere llevar a
término, como puede ser el Sindic de Greuges, que es el Defensor del
pueblo, o el Tribunal de Cuentas de la propia Comunidad Autónoma. Creo
que eso es importante y hay que subrayarlo aquí. No es para trasladar una
polémica, sino solamente para matizarlo y dejarlo claramente detallado.

Estos temas que tienen que debatirse, y tendrán que debatirse en el
Parlamento balear, son temas en los cuales la Comunidad Autónoma sale
reforzada si se desarrollan y, por tanto, creo que es obligación del
Partido que la refrendó o del Gobierno plantearlo en su propia Comunidad
y llevarlo de avanzadilla.

Por último, y para terminar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y al de Coalición Canaria del Senado su
voto favorable a la reforma del Estatuto de Autonomía. Creo que hoy
--como decían los demás intervinientes-- damos un paso importante para
mayores cotas de autogobierno, que también tienen que desarrollarse,
transformarse y darse en la propia Comunidad Autónoma.

Mucha gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.) (El señor
Cañellas pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Senador Cañellas, tiene la palabra.




El señor CAÑELLAS FONS: A tenor del artículo 87, le pido la palabra, por
lo menos, por un minuto, porque el Senador García ha hecho alusiones a
algo que desconoce totalmente y que este Senador, modestamente, sí
conoce.




El señor PRESIDENTE: No le puedo conceder la palabra por alusiones,
porque usted no intervino anteriormente.




El señor CAÑELLAS FONS: No, señoría, pero sí intervine en un momento dado
al que ha hecho alusión el señor Garcías, a la discusión del Estatuto de
Autonomía del año 1982, y ha dicho algo que es totalmente incierto.

(Rumores.) Es decir, ha hecho, en definitiva, alusiones a este, en aquel
entonces, Diputado.




El señor PRESIDENTE: El problema reglamentario, señoría, que usted conoce
perfectamente es que su señoría no ha intervenido en el debate y, por
tanto, no es titular del artículo 87.

Por alusiones, no ha sido nombrado de manera personal. Pero como su
señoría es miembro de la Mesa haga uso de la palabra por tiempo de un
minuto. (Aplausos en los escaños de la derecha.)



El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor presidente.

Nominátim ciertamente no ha sido aludido, pero el Senador Garcías ha
hecho alusión a la oposición que hizo el Grupo parlamentario entonces de
Alianza Popular al Estatuto de Autonomía en el año 1983. Este Senador,
entonces Diputado, fue ponente de este Estatuto, y hasta este momento
había otro testigo de la discusión que era la Letrada de la Cámara, la
señora Ripollés, que lo llevo conmigo y con un compañero del señor
Garcías.

La oposición del Grupo parlamentario al Estatuto fue por otras razones.

No voy a explicarlas ahora. Le brindaré una copia de toda la discusión
parlamentaria; que tengo celosamente guardada como redactor que fui del
anteproyecto del Estatuto.

Creo por lo demás, señoría --y eso ya no tiene nada que ver con esto--
que el Senador Garcías se ha equivocado de parlamento.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)



El señor PRESIDENTE: El Senador Garcías Coll tiene la palabra.




El señor GARCIAS COLL: Mucha gracias, señor Presidente.

La verdad, Senador Cañellas, lo único que ha hecho ha sido ratificarme
con sus palabras. Usted ha dicho que se opusieron. Yo sólo he dicho que
se opusieron. No he dado motivos. Pero ustedes se opusieron. Usted busca
otra argumentación, pero se opusieron. Yo no he profundizado mucho más.

La verdad es que ustedes no votaron a favor del Estatuto de Autonomía en
1983.

Nada más. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.




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Vamos a proceder a efectuar las votaciones pendientes. En primer lugar,
sometemos a votación las enmiendas subscritas por la Senadora Vilallonga
Elviro y el Senador Cuevas González.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, seis; en contra, 200; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y
Exposición de Motivos según el dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 212; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares. (Aplausos.)



--DICTAMEN DE LA COMISIONGENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION
CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA
DE CASTILLA Y LEON (605/000006) (127/000009).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen en relación con la
proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, publicado en los Boletines correspondientes, con fecha 4
de marzo de 1994.

En primer lugar, procede que los Senadores enmendantes, Vilallonga Elviro
y Cuevas González, defiendan sus enmiendas números 2 a 21.

Tiene la palabra la Senadora Vilallonga.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados --perdón, Senadores--. Ha sido una desviación
profesional puesto que también soy Diputada autonómica. Perdónenme sus
señorías que le haya reducido a la categoría de Diputados autonómicos.

Sin más, hago la rectificación y les pido mis más sinceras disculpas,
especialmente a algunos de ustedes que llevan ya mucho tiempo en esta
Cámara y seguramente no quisieran cambiar de representación
parlamentaria; aunque al día de hoy, y discutiéndose como se discuten los
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, no resulta tampoco
especialmente chocante que pudiera producirse esta confusión.

Efectivamente, nuestro Grupo parlamentario, el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, trae aquí una serie de enmiendas que
configuran una alternativa al Estatuto de Autonomía de Castilla y León
que estamos tramitando en estos momentos, alternativa que consiste en la
ampliación sustancial de las competencias que en el mismo se atribuyen a
esta Comunidad histórica, tan histórica como cualquier otra, pero que
indudablemente tiene una raíces profundas en lo que fue la configuración
del Estado español.

En ese sentido, permítanme señores Senadores, antes que nada, poder
responder políticamente, que no replicar puesto que no es un turno de
réplica, a algunas de la imputaciones que los portavoces del Partido
Popular y del Partido Socialista Obrero español me hicieron en el debate
de uno de los Estatutos anteriores. Lo digo porque ésta va a ser mi línea
de intervención. No voy a contestarles personalmente señores Senadores.

Yo no tengo esa mala costumbre ni ese mal gusto político. No tengan ese
miedo porque ése no sería en absoluto mi comportamiento ni mi actitud.

Pero sí creo que es algo que va a seguir remarcándose por los dos grupos
mayoritarios de esta Cámara respecto de aquellos Senadores que enmendamos
y que tenemos una posición distinta en la tramitación y en el voto final
en estos Estatutos de Autonomía.

Ambos Senadores nos hacían un llamamiento al respeto a la voluntad de las
Comunidades Autónomas y a la necesaria unanimidad en estos temas. Yo
quiero decirles a estos Senadores y a los grupos a los cuales representan
que el respeto no constituye la unanimidad. En ningún caso se puede decir
que en el respeto deba ser incluida la unanimidad. El sistema
parlamentario es, precisamente, el sistema de normalización de la
disidencia y, por tanto, tan legítimos serán si salen por mayoría, e
incluso más, que si salen por unanimidad.

A mí me parece que la oposición que se hace en las Cámaras es política y
siempre constructiva porque intenta mejorar, desde el punto de vista de
cada uno y desde nuestras posiciones políticas e ideológicas, lo que aquí
se trae y en absoluto descalificarlo ni utilizar ningún tipo de
planteamiento que no sea el puramente democrático.

Por tanto, expresamos nuestro profundo respeto a los parlamentos
regionales, que no han elaborado estos estatutos, pero que han tenido a
bien aprobarlos por mor de las fuerzas políticas en ellos representadas y
del acuerdo a que estas fuerzas políticas llegaron en su momento.

Desde luego, me sorprendería que habiendo ese acuerdo político los
parlamentos regionales, los diputados de ambos partidos políticos, no lo
hubieran ratificado. Esto hubiera sido verdaderamente sorprendente y, sin
duda alguna, hubiera provocado situaciones en el seno de cada partido
nada deseables.

Por tanto, esta es la constatación de una cosa normal: que hay una
negociación política de Partidos, una negociación



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que se hace porque ambos Partidos consideran que es positiva
--consideración que ni mi Partido ni mi Grupo Parlamentario compartimos
ya que creemos que no es todo lo positiva que debería haber sido, pero
que respetamos enormemente-- y que tiene una traducción en aritmética
parlamentaria, y es que estos Estatutos no son un hecho original
parlamentario ni incluso de las fuerzas políticas regionales. Es más, en
muchos de los casos se ha roto el consenso que ya existía entre fuerzas
políticas regionales en torno a la reforma de los Estatutos, habiéndose
configurado exclusivamente desde la perspectiva de la aritmética
parlamentaria.

Ahora bien, señorías, institucionalmente, decisiones de Parlamentos
regionales son, y como tal me merecen el más profundo de los respetos.

Tanto respeto me merecen, que me permito discrepar abiertamente de esas
decisiones, ya que no todo lo que se hace en las instituciones está bien
hecho. Es más, muchas veces en las instituciones hacemos las cosas
bastante mal. Por tanto, nada desautoriza esta discrepancia, antes al
contrario, lo que significa es una gran manifestación de respeto al mismo
tiempo que significa un modo de disentir y de no compartir estas
decisiones.

Respecto de los pactos, lamento si algún Senador ha interpretado que esta
Senadora que les habla y su Grupo Parlamentario están en contra de
acuerdos o de pactos. Quiero recordarles que nuestra formación política
ha participado en acuerdos parlamentarios de carácter constitucional e
institucional desde la llegada de la democracia a este país, no por sí
misma, naturalmente, puesto que es una fuerza de reciente creación, pero
sí a través de algunos de sus componentes. Por tanto, nada más lejos de
mi intención que denostar los acuerdos y los pactos políticos, ya que
éstos se denostan o se alaban por sí mismos. Es decir, el problema no
está en los pactos. Pactos hay que hacer en toda democracia, el problema
estriba en el contenido de los mismos, en si son buenos, regulares o
malos. Esto es lo único que hay que objetar, máxime en el caso de unos
acuerdos que tienen que configurar una estructura del Estado. ¿Cómo desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya íbamos a pretender que la
reforma del Estado y de sus instituciones no se hiciera mediante
acuerdos? Nuestra crítica es justamente a la inversa: es que el acuerdo
ha sido restrictivo, es que el acuerdo no ha contemplado en absoluto la
diversidad regional.

Y refiriéndome concretamente a este respecto al Estatuto de Castilla y
León --por cierto, creo que fue aprobado en una sola sesión parlamentaria
que tuvo una duración de muy pocos minutos; me gustaría que alguno de los
Senadores que van a intervenir a continuación me dijera exactamente
cuántos minutos se emplearon en la aprobación de ese Estatuto de
Autonomía, ya que me supondría un dato muy interesante poder conocer
cualquier aportación original de cada Parlamento regional, permítanme la
ironía aunque no considero en abosluto que se trate de algo así--, decía
que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la Comunidad más extensa
de todo el territorio español, una Comunidad con un gran peso del sector
agrario, con una problemática en materia de comunicaciones importante y
evidentemente, no sólo por razones históricas --insisto en que para hacer
la historia están los profesionales y para hablar de política estamos
nosotros--, sino por razones estrictamente políticas, me parece que una
Comunidad Autónoma de estas características hubiera necesitado, desde mi
punto de vista, un estatuto en el que hubieran quedado bien presentes y
bien claros algunos hechos diferenciales.

Es cierto que el Estatuto que se nos presenta amplía las competencias,
competencias que ya estaban ampliadas mediante la Ley Orgánica, aunque es
mejor que estén en el Estatuto. Ahora bien, hay algunos fenómenos y
algunas cuestiones que hubiera sido interesante contemplar.

Algunas de las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario se incorporan
precisamente por el trabajo que en el propio territorio de Castilla y
León se ha hecho por parte de la Izquierda Unida de Castilla y León, y
aunque entendemos que van a correr una suerte no muy buena, es indudable
que quedarán como testimonio de algo que quizá debiera haber sido pero
que no fue. En ese sentido, independientemente de que incluso no se
contempla la situación de Castilla y León en el concierto de Comunidades
Autónomas de una manera peculiar, tal y como requiere la extensión de su
territorio y las características de su problemática, debo destacar que
adolece de lo mismo que el resto de los Estatutos, y es claramente el
déficit democrático desde la perspectiva parlamentaria para el control de
los gobiernos regionales.

Se transfieren competencias muy importantes, como las competencias en
materia de educación y en materia de cooperativas, competencias que
configuran un bloque sustantivo, pero el funcionamiento institucional de
los Parlamentos regionales sigue encorsetado en esos cuatro meses, en la
limitación respecto de la no profesionalización de los Diputados y
también en limitaciones sustantivas para el Ejecutivo regional. Yo ya sé
que en este caso, en función de los criterios del Grupo Popular, se
planteó en su momento que el Ejecutivo regional fuera mucho más reducido.

Sinceramente, yo creo que tanto para reducir el Ejecutivo como para
ampliarlo debe haber plena libertad del Presidente de la Comunidad
Autónoma. Puede que acabe siendo lo normal que existan 10 Consejerías,
pero establecer ese corsé o limitación lo único que hace es determinar
que no haya una soberanía política ni para el Ejecutivo ni para el
Legislativo que la equipare con las Comunidades históricas, por lo menos
a esos efectos y a ese nivel. Y ésta es una de las más graves
limitaciones que tienen



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estos Estatutos de Autonomía. (Un señor Senador pronuncia palabras que no
se perciben.)
Tengo entendido que el aviso de que se ha consumido el tiempo se hace por
parte del Presidente, ahora bien, si hay algún Senador que quiera ser
Presidente de la Cámara tal vez lo deba plantear dentro de su Grupo
Parlamentario, a ver si consigue el consenso suficiente como para poder
serlo.

De todas maneras, haciendo caso de este Presidente improvisado, que no
del Presidente real de la sesión, voy a terminar diciendo simplemente una
cosa. Es probable que lo que yo digo aquí moleste a algunos Senadores; es
probable que deje indiferente a otros, pero también es probable que
aunque no cambie el sentido del voto, sí haga reflexionar a algunos de
los Senadores que me están escuchando ahora.

Nada más y gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Vilallonga.

¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Renuncian al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en este turno de portavoces fijaré la posición de mi Grupo, que
ya anuncio favorable, a la reforma del Estatuto de Castilla y León, ante
la conocida retirada de nuestra enmienda relativa al enclave del Condado
de Treviño. Pero también obligado es para este Senador hacer mención a la
especial situación geográfica y política de este enclave
intercomunitario.

Aquí y ahora he escuchado, no sin asombro, ciertas alusiones --no sé si
calificarlas de peyorativas o denostadoras-- hacia la Historia, hacia los
derechos históricos, hacia los antecedentes. pero yo recordaría que hoy
todos los medios de comunicación publican que el Estado español está
defendiendo el derecho que nos asiste para pescar en los caladeros
noruegos en base, precisamente, a derechos históricos. Por tanto, la
alusión a la Historia no peca de tardía ni de extemporánea, sino que, en
todo caso, consideramos que es acertada de todo punto.

Por ello, no me resisto a hablar, aunque sea brevemente, de la historia
del Condado de Treviño, que perteneció a Alava mucho antes que otras
comarcas en el territorio histórico de Alava. Ya en el primer tercio del
siglo X, cuando triunfaba el Conde Fernán González, lo incorporó al
Monasterio de San Millán (Rumores.), que al catalogar o dividir una
centuria después en 14 merindades los pueblos alaveses de su
jurisdicción... (Continúan los rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor SANZ CEBRIAN: ... incluyo nominalmente en la duodécima los 35
que constituían el alavés Condado de Treviño. Otro siglo después, a
finales del XII, don Sancho el Sabio, Rey de Navarra, en las
capitulaciones de paz que firmó con el de Castilla, Alfonso VII, dijo
literalmente: Además de esto, yo, don Sancho, Rey de Navarra, dejo a los
alaveses sus heredamientos exceptuando los castillos y a Treviño.

Paladino reconocimiento de que era alavés todo el Condado y que por su
real voluntad eliminó la villa que poco antes había fundado. (Rumores.)
La etimología del nomenclátor treviñés en pueblos, lugares, términos y
ríos, el estudio de los usos y costumbres de aquella tierra, la cultura
característica de esa región, son otras tantas voces que parecen recordar
el alavesismo original del Condado de Treviño.

Cuando Javier de Burgos realizó modernamente la división territorial en
provincias en el año 1833 asignaba en el decreto a los enclaves
existentes... (Protestas en los escasos de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.




El señor SANZ CEBRIAN: ... en las provincias exentas, o sea, las vascas,
a la provincia de régimen común más inmediata, de ahí que Treviño pasara
a Burgos y Villaverde de Trucíos a Santander.

El actual Condado de Treviño tiene dos municipios: la Villa de Treviño y
la Puebla de Arganzón, el primero con 202 kilómetros cuadrados y el
segundo con 18,70 kilómetros cuadrados.

Repetidas veces la población de estos condados ha intentado su
integración en Alava. (Protestas en los escaños de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, el Parlamento precisamente
exige un cierto respeto, aunque no se comparta lo que se dice en la
tribuna.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Las razones prácticas de la voluntad de los ciudadanos de Treviño a
cambiar de pertenencia político-administrativa son, además de las
comerciales, las afectivas, sociológicas y de origen. Por ello, el
Parlamento Vasco, en sesiones celebradas los días 18 y 19 de noviembre de
1981, acordó instar al Gobierno del Estado para la celebración del
referéndum previsto en el artículo 8, apartado b) del Estatuto de
Guernica. Se emitieron, concretamente, 40 votos a favor y uno en contra,
precisamente del Senador de Alianza Popular --que así se denominaba
entonces--, señor Griñó.

Todos sabemos que la discontinuidad territorial provoca efectos negativos
en la prestación de los servicios



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públicos, como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente.

Las carreteras del Condado de Treviño en la actualidad son un desastre,
las aldeas se encuentran abandonadas, las deficiencias son notables en
comunicaciones, teléfonos, abastecimientos, saneamiento de aguas,
suministro de energía eléctrica; el desarrollo comercial es nulo y la
industria es apenas indiciaria en La Puebla de Arganzón.

Desde el punto de vista demográfico, se calcula que 6.000 treviñeses
están empadronados en Vitoria, en la capital de Alava, mientras los
pueblos del Condado de Treviño se van quedando vacíos como consecuencia
de la emigración. Actualmente el Condado de Treviño apenas llega a los
2.000 habitantes.

Desde el prisma urbanístico, se da la circunstancia de que gran número de
vitorianos han construido viviendas unifamiliares como segunda residencia
en el Condado de Treviño.

Señorías, aquí y ahora no se trata de echar leña al fuego ni de sacar la
víscera a relucir; las cosas son mucho más sencillas. La realidad, es
decir, aquello que tiene existencia verdadera y efectiva, demuestra que
los treviñeses nacen en Alava, en los hospitales alaveses, tienen sus
relaciones sociales en Alava, hacen las compras en la capital de Euskadi
y, desgraciadamente, padecen sus enfermedades y sanan en los hospitales
alaveses, por la sencilla razón de que están en Alava. Atendidas estas
circunstancias, nosotros consideramos que deben ser también atendidas las
voluntades de los ciudadanos afectados.

Anteriormente, ha habido acuerdos manifiestos, tanto de la Viña de
Treviño como de La Puebla de Arganzón, en favor de su integración en
Alava. Recordemos los acuerdos de 1981 y 1982. Concretamente, en
noviembre de 1980 el Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón tomó el
acuerdo de integración y tras diversos incidentes, incluido el desalojo
de los concejales y público por parte de la Guardia Civil, no se pudo
consumar aquella integración.

Como resumen, un ciudadano ilustre del Condado de Treviño ha señalado que
el problema del Condado de Treviño aparece muy bien definido en aquella
pragmática del virrey de Méjico que prohibía las conversaciones y
comentarios y que en aquel bando decía: Los vasallos del rey deben saber
que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir y opinar, y hacen
como los inquisidores que gozaban de preeminencia de afligir el alma con
censura, la vida con desconsuelos y la honra con denostaciones. Todo ello
entorpece, a nuestro juicio, las justas y legítimas aspiraciones y crea
formidables dificultades, de esas que en España se llaman insuperables y
en otros países intolerables.




El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Cebrián, le rogaría a su señoría que
tuviera en cuenta que sus enmiendas han sido retiradas y que estamos en
el turno de portavoces. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
¡Silencio, por favor!
Continúe su señoría.




El señor SANZ CEBRIAN: Acabo, señor Presidente.

El motivo de nuestra intervención es defender única y exclusivamente los
intereses de los habitantes del Condado de Treviño. (Protestas en los
escaños de la derecha.) Lo que desde luego no cabe es callar, puesto que,
como decía el pensador ruso Vladimir Soloviov: No se ama a mi país con
los ojos cerrados, la frente gacha y la boca prieta, sino diciendo la
verdad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Parece obligado --y ese es el motivo de que haya comenzado mi
intervención un poco más tarde de lo debido-- saludar con agrado la
presencia del señor Vicepresidente del Parlamento de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, cuya modificación de Estatuto estamos
debatiendo. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Piensa este Senador y su Grupo que sería un momento oportuno, a tenor de
lo manifestado anteriormente en el debate del Estatuto de Cantabria, para
decir, ya que se está debatiendo la reforma del Estatuto de Castilla y
León que si ésta hiciese un recorrido histórico, nos apabullaba, al menos
a los canarios. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Pero como este es un debate político --y no me cansaré de decirlo--,
deseo anunciar que nuestro Grupo votará favorablemente la reforma del
Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.




El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quisiera empezar esta intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, haciendo
referencia a la cuestión que planteaba la Senadora Vilallonga Elviro
cuando se preguntaba qué tiempo se había utilizado para la discusión de
los diferentes Estatutos de Autonomía en el conjunto del Estado.

No puedo hablar del tiempo que se ha utilizado en los que no conozco,
pero puedo decir que en Cataluña



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se tardó dos largos años, desde la constitución de la Asamblea de
Parlamentarios, pasando por el referéndum, hasta finalmente llegar a su
aprobación en este Senado.

Este es un día muy especial en el que esta Cámara va a aprobar --está
aprobando de hecho-- una serie de Estatutos de Autonomía, con lo cual lo
que hace es refrendar lo que ha sido la voluntad de las diferentes
Asambleas Legislativas, en este caso la de Castilla y León --y me uno en
nombre de mi Grupo a la salutación que se ha hecho al Vicepresidente de
la Cámara de dicha Comunidad--. Todo esto lo hacemos en el contexto de
una Constitución que nos dimos entre todos y, que posiblemente, se debe a
ese esfuerzo de consenso. Consenso quiere decir pacto; pacto renuncia, y
renuncia significa que algunos tengan que bajar el listón, aunque quizá,
desde su perspectiva, para otros la Constitución esté por encima de sus
deseos. Pero hoy tenemos una Constitución y, dentro de ella hay una letra
y un espíritu, y la letra es la que es y el espíritu a veces se
interpreta en función de las voluntades políticas de quienes lo leen.

Esa Constitución que --insisto-- fue producto del pacto, de la
negociación --también de la renuncia--, en donde quedaron claramente
establecidas las relaciones entre las regiones, nacionalidades y naciones
--que las hay, aunque no figuren explícitamente en el redactado de la
Constitución-- ha hecho posible este marco que hoy permite que la
Comunidad de Castilla y León avance en una dirección determinada en
función de su voluntad.

Y es en este punto donde me gustaría introducir un elemento que a lo
largo de toda la tarde creo que no ha salido suficientemente. Cuando los
diferentes grupos políticos intervenimos en un tema como este para fijar
la posición política, después de los matices concretos y puntuales y, por
descontado, sin tener que recurrir al paseo histórico que se ha hecho por
parte de algunos intervinientes, se llega a la conclusión de que hay un
elemento absolutamente importante, necesario y que es conveniente tener
en cuenta, que es este bien tan preciado de la libertad. Todos y cada uno
de nosotros y las fuerzas políticas que representamos tenemos la suerte
de tener la libertad, dentro de un marco constitucional que hemos
aceptado, de llegar hasta donde cada uno quiera y pueda llegar. Es lícito
pensar que no todas las Comunidades Autonómicas tienen las mismas
voluntades o los mismos intereses, en el sentido más amplio y sincero de
la palabra, para llegar a unas cotas de autonomía en función de sus
propias necesidades. Esta libertad que nos da la Constitución y nuestra
propia decisión es la grandeza que permite a cada Comunidad Autónoma,
dentro del marco de la Constitución, llegar hasta donde quiera. Nosotros,
desde nuestro planteamiento nacionalista, respetamos todos y cada uno de
los objetivos que se han marcado todas y cada una de las Comunidades
Autónomas. De la misma manera que deseamos que este mismo respeto se nos
tenga a las Autonomías que podamos tener objetivos diferentes, no digo,
ni mejores, ni peores, sino diferentes.

Con este canto a la libertad, a la decisión de todas y cada una de las
Comunidades Autónomas de poder llegar hasta donde se quiera, tenemos hoy
la satisfacción de apoyar un Acuerdo de las Cortes de Castilla y León y
de sus Procuradores, que son quienes las forman, que espero que
aprobemos, si es por unanimidad mejor, si no, con la mayoría necesaria,
para reconocer simplemente un derecho que han utilizado donde se tenía
que utilizar, es decir, en las Cortes Generales, en este caso, de
Castilla y León.

Señor Presidente, señorías, muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sainz.




El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el permiso de la Presidencia, debo decir que se encuentran en la
Tribuna de invitados dignos y cualificados representantes de las Cortes
más antiguas del mundo, las Cortes de Castilla y León (Aplausos en los
escaños de la derecha.), el Vicepresidente Primero, señor Zamácola, el
Secretario Primero, señor Amilivia, así como representantes de la Mesa de
las Cortes, a quienes les agradezco su presencia esperando que su visita
no sea la última, ya que esta Cámara es su casa. Reciban mi más sincero
cariño. Siempre serán bien recibidos y bien tratados, tanto ustedes, como
las personalidades de Castilla y León que hoy les acompañan. (Aplausos en
los escaños de la derecha.)
Dicho esto, señor Presidente, en primer lugar, aunque ya lo haya hecho
personalmente, quisiera oponerme a las enmiendas que ha presentado
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que a lo largo de mi
intervención trataré de forma pormenorizada.

Señor Sanz, me ha disgustado profundamente que usted, que tiene grandes
afectos en Castilla y León, que conoce a los castellano-leoneses, no haya
aprendido que somos austeros, sobrios, pero leales. Posiblemente, sea el
propio terruño el que nos hace ser así, pero lo tenemos a gala, y vamos
con la cabeza muy alta.

Señoría, a mi juicio, es muy mala práctica parlamentaria la que usted ha
llevado. No se puede retirar una enmienda --como hizo en Comisión-- y
después defenderla como usted lo ha hecho ahora. Creo que ha perdido la
brújula y el norte, y quien no sabe dónde va, señor Sanz, confunde su
destino. Lo que usted dice no se ajusta a la realidad, y creo que se ha
equivocado, porque usted representa a una parte pequeña del Partido
Nacionalista Vasco, pero no es el representante de su



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totalidad, y ha radicalizado un problema, ha intentado buscar --si usted
quiere-- una rentabilidad política con su intervención, para radicalizar
más directamente la situación en el País Vasco. Insisto, pues, en que se
ha equivocado, porque si con eso pensaba conseguir treinta votos más, a
mi juicio va a perder muchos más de doscientos.

Por tanto, quisiera decirle que reflexione profundamente sobre lo que
acaba de hacer porque, como le he dicho, constituye una mala práctica
política y, por otra parte, a juicio de este humilde Senador, no es de
recibo. Pero, ¡allá usted!
En cuanto al señor Barbuzano, le quiero dar las gracias por su coherencia
y por lo bien que entiende al pueblo castellano-leonés.

Por lo que respecta al portavoz de Convergència i Unió, gracias por su
apoyo. Piense usted que Castilla y León lo tendrá siempre «in mente» y
que no olvida jamás sus estructuras, sus enclaves, las Comunidades que le
rodean, y la coherencia política de los representantes de los diferentes
partidos políticos.

Dicho esto, señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi
agradecimiento y satisfacción por encontrarme hoy en esta tribuna,
defendiendo la reforma del Estatuto de la Comunidad de Castilla y León.

Comunidad en la que hoy se debe proyectar naturalmente el alma de lo que
Castilla y León fue ayer: la hondura, la tolerancia, el pundonor, la
complementariedad, y tantos otros rasgos que, en definitiva, configuran
una forma de ser hombre y una vieja historia que tiene que aportar de
cara al futuro.

Decía Cervantes que no hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo
largo lo parezca. Procuraré, pues, ceñirme a este sabio consejo,
abordando el tema que nos ocupa. Señor Presidente, señorías, Castilla y
León no se distingue precisamente por su bandera nacionalista. Cree
firmemente en la consolidación de un Estado políticamente
descentralizado; un Estado moderno en el que las Comunidades Autónomas
colaboren de manera activa y ordinaria en la formación de la voluntad de
la política nacional; un Estado en el que el sentido de la solidaridad
presida cada una de las decisiones de los responsables públicos. Nuestra
Comunidad Autónoma, que no ha tenido prisa en consolidar sus
instituciones de autogobierno, que ha sido paciente en la asunción de sus
competencias y que, al mismo tiempo, ha sido consciente de la delicada
transformación del Estado, no ha renunciado por responsabilidad histórica
a su pleno desarrollo en el marco de la Constitución Española de 1978. Y
aún más, si me permite, señor Presidente, creo que es importante que en
esa misma medida respetemos lealmente las legítimas aspiraciones de
aquellas Comunidades Autónomas como la nuestra que, siendo históricas por
derecho propio, al que no pueden renunciar, asumieron generosamente la
vía lenta de su propio desarrollo institucional. Y vía lenta, señor
Presidente, señorías, significa justamente eso: prolongar el calendario
lo que la prudencia constitucional estimó en el año 1978, lo que
significa que hoy y en el futuro Castilla y León tiene el derecho y el
deber de asumir plenas competencias, precisamente por mandato
constitucional.

Señorías, hoy es rigurosamente cierto que se han acabado los tiempos
felices en que se podía esperar algo a cambio de nada. Y uno de los
principales problemas que tiene todavía planteado este país, 14 años
después de aprobarse la Constitución, es el de configurar de una manera
estable, satisfactoria y eficiente el Estado de las Autonomías.

Los acuerdos autonómicos de 1981 --LOAPA aparte-- fueron de importancia
trascendente para el proceso autonómico. Conviene recordar que
generalizaron el proceso autonómico a todo el territorio nacional, con la
exclusión todavía permanente de las ciudades de Ceuta y Melilla, a las
que, lógicamente, esta Cámara debe dar una solución
político-constitucional adecuada y que el Grupo Parlamentario Popular ha
venido reivindicando reiteradamente. Esos acuerdos de 1981 permitieron la
creación de 13 Comunidades Autónomas más, que se incorporaron a la
autonomía por la vía del artículo 143. Se cerró el mapa autonómico del
Estado y, es más, dotaron a esas Comunidades Autónomas de instituciones
de autogobierno similares a las que tenían las Comunidades que habían
accedido a la autonomía por la vía del artículo 151. Conviene recordar a
sus señorías que la Constitución en su artículo 8 no establecía un modelo
cerrado y que, por tanto, teórica y constitucionalmente hubiese sido
posible que no se generalizase el territorio autonómico a todo el Estado
español; es más, inclusive las Comunidades Autónomas constituidas no
hubieran tenido, por ejemplo, Asambleas legislativas. Aquellos acuerdos
autonómicos eran una posibilidad constitucional que generalizaron el
proceso, dotaron de Parlamentos a esas Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, las dotaron de un fuerte contenido político con gobiernos
que nacían de unas elecciones.

La Constitución establecía que, pasados cinco años de la aprobación de
los Estatutos de Autonomía, aquellas Comunidades Autónomas que accedieran
a su autogobierno por la vía del artículo 143 podían, si lo deseaban,
incrementar ese nivel de autogobierno por algunas de las vías previstas
en la Constitución; es decir, o bien reformando sus Estatutos de
Autonomía, que posteriormente deberían ser aprobados por las Cortes
Generales mediante ley Orgánica, o incrementar ese autogobierno por una
de las vías que también prevé la Constitución, que es la del artículo
150.2.

Pasados esos cinco años desde 1983, fecha en la que se producen las
primera elecciones autonómicas de las Comunidades que accedieron a la
autonomía por el artículo 143, es evidente que se plantea ese problema. Y
yo pregunto: ¿cómo se da satisfacción a las Comunidades



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Autónomas que ya habían expresado su deseo para incrementar su
autogobierno? Había diversas posibilidades, y realmente es en las Cortes
Generales donde se encuentran las proposiciones de ley que emanaban de
los Parlamentos autonómicos para incrementar el autogobierno, previa
reforma del Estatuto. Al final, y fruto de un acuerdo político, el 28 de
febrero de 1992 se hacen unos pactos autonómicos que se traducen después
en la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del
artículo 143.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.




El señor SAINZ GARCIA: Acabo, señor Presidente. Y quiero destacar que la
aprobación de esta ley en estos momentos permite incrementar notablemente
el autogobierno de estas Comunidades.

Sinceramente, señor Presidente, creo que con esto conseguimos servir
lealmente a la Constitución y al pueblo español. Consideramos de verdad
que cada uno está en su derecho de hacer la valoración que crea de lo que
va a conseguir con este proceso, pero es cierto que cuando esté ejecutado
todo el proceso de transferencias previstas, el autogobierno de las
Comunidades del artículo 143 se va a ver notablemente incrementado.

Finalmente, señor Presidente, algunos han criticado en sus enmiendas el
excesivo casuismo con el que se contempla la transferencia de esas
competencias en la Ley Orgánica 9/1992. Según ellos, lo que hace es
limitar el ejercicio de competencias. Nuestra opinión es radicalmente
opuesta, y por eso nos oponemos directamente a sus enmiendas.

Creemos de verdad que de esta forma cumplimos una etapa más del proceso
autonómico, que sin duda no se agota en esa primera fase, pero sí es
evidente que esta etapa es trascendente en sí misma y sirve desde una
absoluta lealtad constitucional a las previsiones que el Título VIII de
la Constitución contiene.

Por último, quiero decir, señor Presidente, señorías, que mi Grupo
Parlamentario firmó en su momento ese pacto autonómico, apoyó la Ley
9/1992 y apoya las proposiciones de ley que emanan de las Asambleas
autonómicas, consciente de que sirve a España y al Estado español como
organización jurídico-política de la nación española, con una cierta idea
de España, contemplando a España en su conjunto, no contemplando a España
como el conjunto de 17 Comunidades Autónomas compartimentadas y
estancadas entre sí, sino como 17 Comunidades Autónomas que, sin
perjucicio de mantener su identidad y su naturaleza, sirven en su
conjunto, bajo el principio de la cooperación, a la nación española, que
con estas proposiciones de ley, con estas reformas de los Estatutos sin
duda estará mejor unida porque estará unida en la libertad y desde la
libertad.

Ante esta situación, tenemos que reaccionar: o corregimos el rumbo o
estamos destinados a convertirnos no ya en la reserva espiritual de
Occidente, sino en la reserva ecológica de la Europa comunitaria.

Demostremos nuestro espíritu de ciudadanía conciliando la solidaridad con
el respeto al hecho diferencial, y opongamos, como siempre en democracia,
la madurez cívica, el rigor y la moderación a las salidas de tono de
muchos de los impacientes.

Por eso cobran cada vez más valor las responsables declaraciones de
determinados Presidentes de Comunidades Autónomas como la nuestra, que en
pleno respeto del hecho diferenciador han dado y siguen dando un buen
ejemplo permanente de mesura, de prudencia y de buen sentir. Y como dice
un gran pensador, la plenitud de las regiones, el fomento de su
personalidad, la adhesión a ella de sus habitantes, su conocimiento son
admirables. No lo son el enquistamiento, la insolidaridad y el
narcisismo.

Invirtamos en nuestro futuro con generosidad, sin reticencias, apostando
decididamente por las autonomías, siempre sin perder de vista que hoy
juega más que nunca la vieja máxima de que la unión hace la fuerza; y al
igual que le sucede a la Comunidad Europea, la fuerza de España es su
unidad, y su debilidad, su fragmentación.

Señor Presidente, señorías, les prometí al principio, citando a
Cervantes, que sería breve. (Risas.) La sangre se hereda; la virtud se
conquista. Conquistemos nuestro futuro, pero sólo podremos hacerlo con
credibilidad desde nuestra proyección externa como miembros de la
Comunidad Europea y desde nuestra culminación interna vertebrando
definitivamente el Estado de las Autonomías.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para un turno de portavoces, el Senador Granado Martínez tiene la
palabra.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señores representantes de
las Cortes de Castilla y León, señoras y señores Senadores, señores
Diputados, yo no voy a prometerles ser breve, para no engañarles, y voy a
intentar hacer, al hilo de este debate, algunas consideraciones incluso
de carácter más general que el propio texto del proyecto de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León que estamos discutiendo en este
momento.

Una primera consideración. Yo no sé si será posible que salgamos a estas
alturas del debate de las apelaciones a la Historia. Senador Sanz, son
malos tiempos para la Historia. Es una disciplina académica muy golpeada;
se pone en cuestión su capacidad ya no de predecir el mundo, que eso ya
no se lo cree nadie, sino de explicarlo, y en este sentido me parece que
las apelaciones



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a la Historia que estamos haciendo desde esta tribuna no mejoran para
nada la consideración que de la Historia tiene el público en general ni
la consideración de la Historia como disciplina académica.

Senador Sanz, la Historia sirve en política para justificarlo todo, y
entiéndame usted que no voy a referirme a su intervención con la cita que
a continuación voy a pronunciar. Es la de un viejo liberal inglés, Samuel
Johnson, un doctor, uno de los padres intelectuales de la independencia
americana, que decía que la Historia a veces servía de justificación para
ese patriotismo pequeño que era el último refugio de los desaprensivos.

(Aplausos.)
Yo ceo que con la Historia, Senador Sanz, en política justificamos casi
todo, y en este sentido, yo no voy a entrar aquí, en nombre de mi Grupo,
en un debate sobre la Historia ni me voy a remontar a la curia leonesa ni
a tiempos de los romanos. No puedo hacerlo, Senador Sanz. Si usted quiere
que entremos en un debate sobre los derechos de los ciudadanos, a ese
debate yo sí que me apunto, y sobre el nivel y calidad de vida de los
ciudadanos de Treviño, de Castilla y León, de Euskadi y de España entera.

En este sentido, nosotros pensamos que es la vía de la colaboración la
que soluciona los problemas de los pueblos, y no la vía de la
reivindicación histórica. Lo digo porque es el pensamiento general de los
socialistas. Y me gustaría hacer en esta tribuna una mención a una
persona que entendió esto muy bien, a don Fernando Buesa, Presidente de
la Diputación Foral de Alava desde el año 1987-1991, que se propuso
solucionar los problemas de Treviño desde la colaboración de la
Diputación Foral de Alava y de la Diputación Provincial de Burgos, de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y la de Castilla y León.

A esa vía de colaboración nosotros, los socialistas, nos apuntamos; no a
los debates sobre la Historia, Senador Sanz. Lo mejor que tiene la
Historia, Senador Sanz, es que se va haciendo, que no está hecha. Vamos a
dejar de hablar de los pretendidos derechos que justificamos unos y otros
en las razones del pasado.

Otra cuestión sobre el consenso y el diseño parlamentario es la que ha
invocado aquí la Senadora Vilallonga. Yo entiendo que el consenso y el
disenso parlamentarios son tan democráticos el uno como el otro, y en
este sentido, no tiene que haber preferencias en cuanto a la valoración
general de ambos contenidos. Lo que sucede, Senadora Vilallonga, es que
nosotros hemos tenido un proceso autonómico tremendamente conflictivo.

Fíjese usted, Senadora, que nuestro Estatuto de Autonomía requirió una
ley orgánica para que una de las nueve provincias de Castilla y León se
incorporara a la Comunidad Autónoma; que tuvimos un recurso de
inconstitucionalidad sobre la configuración territorial de la región; que
el Estatuto no fue aprobado por unanimidad; que las sedes de las
instituciones en la Primera legislatura no fue posible aprobarlas por
unanimidad, y que en la Segunda legislatura la mayoría de las Cortes de
Castilla y León tramitó proyectos de reforma del Estatuto que no contaron
con la mayoría del Congreso de los Diputados. Y en este sentido, Senadora
Vilallonga, los castellanos y los leoneses tenemos una mala experiencia
del disenso. Por otro lado, yo no he observado que ustedes tengan como
grupo político disenso sobre el proyecto de reforma; a ustedes les parece
que se queda corto. Tienen ustedes unos planteamientos, que a lo mejor es
razonable estudiar en otros foros, sobre el trabajo de las asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas, pero no acabo de entender por
qué votan ustedes en contra de estos proyectos de reforma. Entiendo por
qué votan a favor de sus enmiendas, pero no por qué votan en contra de
que Castilla y León pase de tener un presupuesto de 300.000 millones de
pesetas a más del doble, o de que tenga más competencias.

¿Que a ustedes les parecen pocas? Senadora Vilallonga, realmente creo que
éste es un tema --y voy a la tercera reflexión-- que exige un mínimo de
estabilidad, y el pacto nacional es un pacto importante entre los grandes
Partidos políticos. Probablemente, estemos haciendo un flaco servicio a
lo que hoy estamos tratando en esta Cámara si antes de aprobar la reforma
de los actuales Estatutos de Autonomía ya estamos diseñando las nuevas
reformas. Porque hay quien se cree que esto del Estado de las Autonomías
es una especie de tornillo sin fin, que no se acaba nunca. Pero esto está
acabado, está acabado en la Constitución y en los Estatutos. Y dentro de
la Constitución y dentro de los Estatutos es posible un desarrollo y un
perfeccionamiento que probablemente indique que el modelo está abierto,
pero está abierto en ese bloque, y no en otras consideraciones de grupos
nacionalistas o no nacionalistas, de grupos nacionales o no nacionales.

No tiene una apertura infinita. Incluso, tampoco tiene unas posibilidades
infinitas. Probablemente, para profundizar en el desarrollo de las nuevas
competencias sea conveniente que las instituciones autonómicas de todas
las Comunidades Autónomas durante un período de tiempo empiecen a
gestionar eficazmente las competencias que van a recibir en función de
esta reforma.

Nosotros --lo ha dicho el Senador Sanz, y es verdad-- no somos una
Comunidad Autónoma con vocación nacionalista, en el sentido de que las
discusiones históricas en Castilla ya son metahistóricas. Lo que
discutimos es si Castilla y León hizo España o si deshizo en España...

Tenemos Historia para dar y tomar; para regalar, como decía, en tono más
coloquial, el Senador Barbuzano.

Nuestras discusiones son respecto a cómo conseguir con la autonomía una
mayor eficacia, un mejor autogobierno, una administración más cercana a
los ciudadanos. Esto es lo que tenemos que discutir.

En este sentido, quiero terminar mi intervención diciendo que creemos que
esta reforma del Estatuto de



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Autonomía es la que en estos momentos las instituciones autonómicas de
Castilla y León pueden ejecutar convenientemente para mejorar el nivel y
la calidad de vida de sus ciudadanos, y por eso ésta es la reforma por la
que vamos a apostar. Creemos que necesita un tiempo, creemos que necesita
completarse, pero en el marco mismo del desarrollo de las actuaciones de
la Comunidad Autónoma. Y expreso aquí una esperanza: quiero que esta
reforma se culmine pero ya en el ámbito de mi Comunidad Autónoma, con un
proceso en paralelo de descentralización de competencias autonómicas
hacia los municipios, porque también en éstos hay autogobierno, mayor
cercanía a los ciudadanos y mayor eficacia en la gestión. (Aplausos.) Esa
es probablemente la reforma del momento, y no seguir pensando en cómo
reformar lo que en estos momentos estamos haciendo algo que parece que se
discutió ayer en el Congreso de los Diputados.

Señoras y señores Senadores, ésta es una reforma hecha con plena
legitimidad; la legitimidad de origen del pronunciamiento autonómico de
la Asamblea Legislativa de las Cortes de Castilla y León, y la
legitimidad que hoy le da el hecho de que vaya a ser aprobada por una
inmensa mayoría de las señoras y señores Senadores presentes en la
Cámara, y, además, con la idoneidad que da el hecho de que por primera
vez Castilla y León, en un clima de gran acuerdo entre las principales
fuerzas políticas --lamentamos que no haya sido con todas, por lo menos,
los Senadores socialistas, puesto que nos hubiera gustado que fuera con
todas, pero, al menos, con las que ha sido posible--, en un ambiente de
general acuerdo, reforma y pone los pilares fundamentales de su
autonomía. Hoy es un buen día.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Sometemos, en primer lugar, a votación las enmiendas
números 2 a 21, voto particular número 1, suscrito por los Senadores
Vilallonga Elviro y Cuevas González.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 4; en contra 217; abstenciones, 2.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto correspondiente al artículo único y Exposición de
Motivos, según el Dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 219; en contra 2; abstenciones, 1.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-León. (Aplausos.)



--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE
CASTILLA-LA MANCHA (S. 605/000007) (C. D. 127/000010).




El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión General de Comunidades
Autónomas en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín
correspondiente, con fecha 4 de marzo de 1994.

Tiene la palabra la Senadora Vilallonga Elviro para la defensa de sus
enmiendas números 1 a 19.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, procuraré no agotar el tiempo, aunque es
cierto --como decía un Senador anteriormente-- que siempre se convoca al
resto de los asistentes a estos Plenos con ese tipo de esperanza y,
finalmente, casi siempre se les defrauda. Espero que en este caso no sea
así y que mi intervención sea, como he prometido, breve.

A la hora de discutir lo relativo a una Comunidad como Castilla-La
Mancha, no se puede dejar de recordar, o al menos yo no me resisto, a don
Quijote y a Sancho Panza, que siendo personajes de la literatura
universal, me parecen, desde luego, de mayor fiabilidad y de menor
sospecha que algunos otros personajes naturalmente históricos, no de
ficción, pero que en absoluto pueden reivindicarse de ser arquetipos
universales, como don Quijote y Sancho Panza, y que han sido mencionados
aquí. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Yo a la hora de intervenir siempre prefiero situar los argumentos y las
citas en el marco de la literatura, porque creo que al igual que la
historia se puede convertir en ideología y se puede manipular, y que
indudablemente la manipulación de la historia con fines políticos es un
abuso al que la sometemos y nos someten permanentemente, la literatura
tiene un contenido más fresco y naturalmente, y permítanme la expresión,
más subversivo, es mucho más difícil de manipular. Por eso, yo traigo
aquí a colación a don Quijote y Sancho Panza porque a veces tiene una la
impresión de estar peleando con los «molinos de viento»; es decir, al
menos nuestra fuerza política en ocasiones se siente situada en unas
condiciones de tan absoluta minoría que da la impresión de que argumentos
que nosotros consideramos muy razonables son tan poco compartidos desde
los escaños de la izquierda que a veces se suscita la duda de que si
verdaderamente es que no nos sabemos explicar



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o es que entre la izquierda no nos sabemos comprender; a lo mejor ambas
cosas existen y se dan, y probablemente errores habrá por todas partes.

Pero hecho este comentario, yo sí que quiero decir que a la hora de
hablar de autogobierno el problema del déficit democrático no es un
poblema menor. En el debate que hubo sobre el Estado de las Autonomías,
en el que tuve el honor de intervenir en esta misma tribuna en nombre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros hablábamos de los tres
elementos que habían dado origen al título VIII de la Constitución
Española: en primer lugar, la superación de los desequilibrios sociales y
territoriales que existían en España; en segundo lugar, resolver a través
de un modelo federalizante y en un horizonte federal los problemas
políticos que el centralismo exacerbado existente en el Estado español
había creado y que amenazaban incluso el mantenimiento de la integridad
de este proyecto que es España y, en tercer lugar, la necesaria reforma
de la Administración del Estado que permitiera una gestión política más
racional, más eficaz y más participativa, dotando de mayores recursos y
de mayor poder político a los Ayuntamientos y a las Comunidades
Autónomas. Estos eran los tres objetivos, y yo creo que el resto de las
piezas de ese desarrollo institucional del Título VIII tienen que estar
acorde con ellos.

Ya que lo ha suscitado el Senador Granados que ha hecho una intervenciócn
muy brillante e interesante, que yo lamento no poder compartir porque no
coincido con el fondo de sus criterios, al hilo de la misma, y en
absoluto pretendiendo hacer ningún tipo de réplica, sí querría decir que
el problema del déficit democrático de las Cámaras regionales y de los
Ejecutivos regionales no es un problema menor.

Los Estatutos que se aprobaron en las primeras reuniones preautonómicas,
en aquellos momentos en que se hizo, por ejemplo, el Estatuto del
Manzanares, que es un río muy madrileño, que también tiene mucha
historia, la cual, naturalmente, no se preocupen ustedes, no voy a
reproducir aquí, pero yo creo que también Madrid tiene mucha historia,
como Castilla-La Mancha, o como cualquier territorio, otra cosa es que
sea historia escrita o historial oral, pero esto no afecta al caso, y
otra cosa es si la han escrito los ciudadanos o la han escrito los
poderosos, ésas son otras diferencias, pero yo no voy a hacer mención de
eso porque creo que la discusión sobre la historia es un discusión, desde
luego, en cualquier caso muy peligrosa y que yo, en absoluto, traería
aquí, sino a título de desmitificación.

Por tanto, y en ese sentido, no es un problema menor transferir una
competencia como la competencia en educación, el transferir una
competencia como la competencia del INSERSO, el transferir competencias
que tienen un volumen cuantiativo y cualitativo grueso que permite abrir
unos presupuestos generales en esas Comunidades Autónomas, ya de un
volumen y de una masa crítica respetable, a unos Parlamentos y a unos
Gobiernos que tienen un corsé institucional. Ese no es un problema menor,
ése es un problema de poder político y es un problema mayor; es el
problema mayor de estos Estatutos, y es justo la razón por la que los dos
Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos votándolos
en contra.

Y es la razón por la que nuestra fuerza política no participó del acuerdo
autonómico. Pero no porque los acuerdos estén mal. Los acuerdos en estos
temas están estupendamente, lo que pasa es que tienen que ser acuerdos
que respondan a ese tipo de problemas. No se puede aceptar que la
aprobación de los estatutos vaya a cerrar el proceso porque no va a poder
ser así. No va a poder ser así y lo sabemos todos. Sabemos que ni se
puede cerrar el proceso autonómico porque es un proceso vivo, ni va a ser
posible hasta que no lleguemos al horizonte de un estado federal.

Esto es algo que se comparte desde las altas instituciones del Estado,
incluida la institución que representa esta Cámara y no hay que rajarse
las vestiduras por ello porque es un elemento que, al menos, yo comparto.

No se puede cerrar el proceso autonómico. ¿Cómo vamos a aceptar que haya
Cámaras territoriales que para controlar competencias tan importantes
tengan sólo reuniones de cuatro meses y que para tener más reuniones
tienen que celebrar plenos extraordinarios? ¿Cómo es posible? ¿O es que
cualquiera no podría impugnar un acuerdo de esos parlamentos, que en
muchos casos son acuerdos presupuestarios, por el hecho de que las
sesiones se celebran fuera de los límites admitidos por el Estatuto?
Estamos funcionando en ese estado de semiilegalidad, no se escandalice
nadie porque es real. Lo hacemos en todos los parlamentos autonómicos. Si
queremos que sean algo más, que puedan representar un poco la voz de la
pluralidad política y representar a los ciudadanos que presentan sus
demandas, tenemos que hacer esas cosas. Y esas cosas había que haberlas
resuelto y no están resueltas en estos estatutos. Por tanto, no se puede
plantear que esté cerrado el proceso autonómico porque eso no va a ser
así. Eso no va a ser así en el caso de estas Comunidades Autónomas porque
el volumen de transferencias competenciales va a obligar a hacer
modificaciones institucionales, que ya veremos cómo se hacen. Pero esto,
desde nuestro punto de vista, es un elemento importantísimo.

No hay posibilidades infinitas, pero sí hay posibilidades de mejorar, y
aquí están las enmiendas. En alguna se decía: las competencias para los
municipios. La enmienda número 5 que ha presentado Izquierda Unida al
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que estamos tramitando en
estos momentos establece la transferencia de las competencias en materia
de administración local a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
así como la coordinación de las policías locales. ¿Qué mejor garantía
para los municipios que poder



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configurar un pacto institucional con sus propias Comunidades Autónomas
que aborde un desarrollo más equilibrado del territorio? Pues esa
enmienda está ahí.

Se me preguntaba que por qué sometíamos a votación nuestras enmiendas si
finalmente votábamos en contra del Estatuto. Pues bien, a mí me gustaría
preguntar por qué se vota en contra de estas enmiendas, a pesar de que se
podría haber mantenido el Estatuto.

Naturalmente, cada uno sabemos y conocemos las respuestas que tienen
estas preguntas, que desde luego no están residenciadas en esta Cámara,
sino que obedecen a cuestiones políticas de más envergardura y que, como
acabo de poner de manifiesto, determinan unos plazos.

En lo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya discrepa
profundamente, porque no quiero decir que estamos profundamente divididos
porque no es el caso, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido
Popular es en los plazos y en los calendarios que ellos establecen para
estas cosas. En ese sentido, entendemos que no se corre ningún riesgo
abriendo el desarrollo institucional en estas Comunidades, equiparando lo
que son las transferencias con lo que debe ser el poder político que se
entrega a las Comunidades. Quizás se diga: no se corre ningún riesgo. Yo
no creo que se corra ningún riesgo mayor que el que se puede correr en
otros casos, y me parece que ésa sería quizás, la expresión adecuada.

En ese sentido, entendemos que hubiera sido necesario que, al menos, se
hubiesen admitido esas propuestas. Es cierto que hubo una discrepancia, y
es que esto no se reflejaba en los Estatutos de Autonomía; discrepancia
que posteriormente fue resuelta entre las dos fuerzas políticas que se
mantuvieron en la mesa de negociación; ahora bien, nuestra discrepancia
principal la seguimos manteniendo.

Por último, también discrepamos, y no de forma menor, en el método.

Creemos que sobre este acuerdo hubiera sido conveniente haber remitido
los textos a las Comunidades Autónomas y haber intentado hacer un
esfuerzo de diversidad y de reconocimiento de las peculiaridades propias
de cada territorio. Eso se hizo por el artículo dos, que no es el
artículo dos de la Constitución, sino que es lo que se llama el artículo
dos en la lectura coloquial del mismo, es decir, se hizo porque así se
dijo por las fuerzas políticas. La tramitación del Estatuto que
discutimos anteriormente fue aproximadamente de un cuarto de hora.

Verdaderamente es un poco sorprendente.

En este sentido, y en el caso de estas tramitaciones, entendemos que el
método también hacía al caso. Creemos que el método quizá debería haber
tenido más en consideración las peculiaridades regionales propias y que
por eso mismo debería haberse hecho un esfuerzo en esa dirección.

Estoy segura de que ese esfuerzo se tendrá que hacer, como lo estoy
también de que habrá de hacerse, no porque exista ningún tipo de batalla
de hecho histórico ni ninguna razón cifrada en la antigüedad, sino porque
lo dirá el sentido común que, en el tema de las Autonomías como en todos,
es el menos común de los sentidos pero sin duda el más necesario. Hago,
por tanto, un canto al sentido común en torno a que las intervenciones
que deban hacerse respecto de estos temas sean intervenciones laicas
--permítanme la expresión--, que creo son quizá las intervenciones más
favorables para el proceso de desarrollo autonómico en esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Vilallonga.

En turno de portavoces, el Grupo Mixto renuncia a su intervención.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra don Ricardo Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Acogiéndonos a la sugerencia expresada por la Presidencia, voy a ser
sumamente breve en anunciar el voto favorable de mi Grupo a la reforma
del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a intentar ser breve, pero quiero aprovechar este turno para decir
que ya en anteriores debates hemos observado situaciones parecidas a
ésta. ¿Es ésta una Cámara política? ¿Es una Cámara territorial del
Estado?
Creo que todos los Senadores que estamos aquí debemos admitir que desde
la tribuna se exprese cualquier tipo de opinión política, opinión que
debe ser considerada como total y absolutamente respetable aunque debajo
de nuestro traje se nos produzcan ronchas, lo cual no tiene por qué
desvirtuar el caráccter total y eminentemente democrático de esta Cámara.

Dicho esto, quiero anunciar nuestro voto favorable a la expresión
democrática cuasi unánime a la reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Sala.




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El señor SALA I CANADELL: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
quiero manifestar muy brevemente la posición de nuestro Grupo
Parlamentaro de Convergència i Unió.

A este respecto, creo que lo mejor es ajustarse al máximo a la voluntad
de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, y en este sentido creo que lo mejor que podemos hacer es repetir
las palabras que dirigió el actual Presidente de esa Comunidad, don José
Bono Martínez, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el día
de la aprobación del Estatuto de la mencionada Autonomía. Dijo lo
siguiente: Nuestro voto ha sido afirmativo porque hemos visto como todas
nuestras enmiendas a excepción de una, han sido aceptadas por la Cámara.

Esto nos ha llenado de satisfacción y nos ha llevado, lógicamente, a que
el voto haya sido afirmativo al propio Estatuto. Y también dijo en esa
misma sesión: Yo creo que el Estatuto no cierra ningún proceso. En otros
Estatutos se dará esta circunstancia, pero en éste no. No cierra ningún
proceso, pero abre otro. Abre un proceso que puede ser el acicate que a
los parlamentarios, a los que nos dedicamos y nos hemos dedicado a hacer
este proyecto de Estatuto de Autonomía, nos sirva para explicar, para
convencer y para llevar a la conciencia de nuestros ciudadanos que sus
problemas, que en esta región son muy graves, se van a solucionar y se
van a solucionar mejor en el seno del Estado de las Autonomías que en el
seno de un Estado centralizado. En este sentido, estamos satisfechos pues
empieza un proceso autonómico importante en Castilla-La Mancha.

Pues bien, señorías, superado ya el plazo de cinco años establecido en el
apartado 2 del artículo 148 de la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía, se abordó la puesta en marcha de las previsiones en ellos
contenidas sobre ampliación de competencias, concibiéndola como un
proceso que afectaba a la esencia misma del Estado autonómico y que, por
tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental entre las diversas
fuerzas políticas que expresan el pluralismo político en las
instituciones que participan en la misma.

Y aquí hoy, a través de este concepto, nuestro Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió manifiesta su voluntad de
votar a favor de la reforma que propone la Proposición de ley orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La voluntad de
nuestro Grupo es que cada Comunidad Autónoma consiga el máximo de
autonomía en sus propias decisiones.

Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramón
Sala.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don José
Manuel Molina.




El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, tengo el honor de intervenir en esta sesión plenaria, en la
cual Castilla-La Mancha defiende la aprobación definitiva de la
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de nuestra Comunidad.

Y lo hace no por un ansia de tener más competencias, sino por estar
convencida de que su asunción puede repercutir en la eficacia de su
gestión, y así lo entendieron los firmantes del Pacto Autonómico, que
salvaron diferencias de criterio para poder establecer un desarrollo



constitucional consensuado.

El Pacto Autonómico es un buen ejemplo de responsabilidad y buen hacer, y
confío en que esa vía y ese ánimo continúen en otros aspectos del
desarrollo autonómico para que, como hoy, sigamos avanzando en la tarea
colectiva de construir España, una construcción basada en el respeto y la
colaboración entre las regiones, entre éstas y el Gobierno de la nación,
porque será la mejor manifestación de unidad.

El regionalismo, la autonomía, no son una doctrina, sino una disposición
de ánimo que nos impulsa. Nadie tiene el derecho de monopolizarlos, y aún
más, nadie tiene derecho a decir que su política es mejor proque es la
más regionalista; se necesita que, además de ser regionalista, sea
acertada, porque una nación se garantiza sobre las bases territoriales, y
la autonomía debe ser entendida como un derecho de la Comunidad Autónoma
a la participación a través del Parlamento regional, de los órganos de
gobierno propios y de la administración de cuantos asuntos atañen,
graduándose la intensidad de esta participación en función de los
intereses nacionales. Y todo ello debe hacerse desde la colaboración. Lo
que hagamos desde Castilla-La Mancha será por el prestigio y la
excelencia de la propia región y del país y por el bienestar y
prosperidad de nuestra Comunidad y de nuestra nación.

El acto de hoy es una demostración de que el Estado no está inmovilizado
en su estructura y de que los mecanismos constitucionales funcionan,
cierto es que no con la cerelidad que hubiésemos deseado, pero eso ha
sido más una cuestión de intereses de gobierno que de los propios
mecanismos constitucionales.

Y antes de terminar, quiero manifestar mi agradecimiento y expresar un
lamento. Mi agradecimiento va dirigido al portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque no haya reclamado
ningún enclave en Castilla-La Mancha. Yo creo que la Historia puede tener
sus consecuencias, y si analizamos, no la Edad Media, sino la segunda
etapa del siglo XIX, podíamos encontrarnos con que perteneciendo al
Arzobispado de Toledo estaban Aranjuez y Alcalá de Henares, y fue tras la
reforma de Javier de Burgos, en 1833 --si la memoria no me falla--,
cuando se estableció una distribución territorial. En ese sentido lo más
importante



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en estos momentos es afrontar los retos que se plantean de cara al
futuro.

Mi lamento lo dirijo a la portavoz de Izquierda Unida, que ha presentado
19 enmiendas y ha anunciado su abstención. Izquierda Unida en Castilla-La
Mancha no puede decir que está luchando sola contra los molinos de
viento. Yo creo que hay un trato exquisito desde el Parlamento, desde los
grupos de las Cortes de Castilla-La Mancha con el Diputado de Izquierda
Unida, que tiene trato de grupo parlamentario siendo uno, que tiene una
consideración a la representación correspondiente, que está incluido en
la Comisión Mixta de Transferencias, que era una cuestión de la que se
hablaba. En ese sentido, creo que allí, al menos en la tierra de don
Quijote y Sancho Panza, Izquierda Unida no se enfrenta a los molinos. No
sé lo que ocurrirá en otras Comunidades Autónomas.

Termino diciendo que creemos que el mejor ejercicio de responsabilidad es
cumplir y ejercer las competencias, porque desde la mesura, la sensatez,
el diálogo es como se deben establecer los desarrollos constitucionales y
debemos seguir trabajando sobre estas bases para establecer los
mecanismos, con el fin de que los ciudadanos obtengan la mejora en la
prestación de los servicios públicos que, en definitiva, en la razón de
ser de todos los que nos encontramos en la vida pública, ya sea nacional,
regional, provincial o local.

Por ello, me atrevo a pedir a sus señorías el voto favorable para la
propuesta que hoy se presenta.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

El Senador Grimaldos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor GRIMALDOS GRIMALDOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el día 4 de marzo de 1993 el Pleno de las Cortes de Castilla-La
Mancha acordaba, sin ningún voto en contra, la toma en consideración de
la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha.

Se iniciaba así un proceso legislativo que culmina hoy aquí en esta
Cámara y que hemos de calificar de trascendental por lo que supone de
adecuación y desarrollo competencial de nuestro Estatuto.

Hablamos del Estatuto de una Comunidad donde el desarrollo autonómico en
sus primeros balbuceos era considerado como algo lejano, utópico, sin un
horizonte claro conocido y en las condiciones menos favorables posibles
para hacerlo verosímil en la realidad.

Se daba ausencia de identidad cultural propia; se daba ausencia de un
idioma diferenciador; y, en definitiva, se daba ausencia de una
conciencia regional.

De acuerdo con un estudio realizado en 1982 desde la propia presidencia
de la Junta de Comunidades, después de cuatro años de preautonomía, sólo
el 43,6 por ciento de los ciudadanos encuestados conocía a qué región
pertenecía su provincia. Sólo el 23 por ciento acertaba a enunciar las
provincias que conforman Castilla-La Mancha. Ni símbolos, ni historia
común, ni emotividad estuvieron en el origen de nuestra Autonomía, eso es
una realidad. Pero hoy tenemos símbolos, tenemos historia breve, pero
intensa en común, y un nivel de emotividad en la construcción de
Castilla-La Mancha.

El nivel de conciencia y conocimiento regional en estos momentos, así
como las valoraciones que los ciudadanos hacen del trayecto autonómico y
de su Gobierno, están en las primeras posiciones, según los sondeos y los
estudios que se están efectuando.

Los ciudadanos castellano-manchegos han llegado a esta conciencia desde
la convicción, en palabras del actual Presidente Regional, José Bono
Martínez, de que necesitábamos nuestra Autonomía no para colmar una
aspiración del pasado, sino para construir nuestro presente y nuestro
futuro.

A diferencia de la realidad vivida en otras Comunidades Autónomas en las
que el Estatuto sería considerado como la culminación de un proceso, en
nuestra Región se abría una nueva etapa.

Sin duda queda todavía mucho camino por recorrer, pero nadie que no
quiera deliberadamente dar la espalda a la realidad puede negar que en
estos años Castilla-La Mancha ha iniciado el camino del progreso en todos
los ámbitos, recorriendo etapas que deberían haberse superado muchos años
antes.

En este período de Gobierno socialista, en la Región desde 1983 y desde
1982 a nivel nacional, la concienciación autonómica de los ciudadanos de
Castilla-La Mancha ha coincidido con la consolidación del proceso
autonómico consagrado en la Constitución a nivel estatal.

Como afirmara el señor Ministro para las Administraciones Públicas --aquí
presente-- con motivo del Décimo Aniversario de nuestro Estatuto, el de
Castilla-La Mancha no ha sido un mero gesto simbólico, sino que ha sido
capaz de legitimarse por sí mismo. Y yo añado, señora Vilallonga, tenga o
no tenga apellido. En este contexto nos encontramos hoy cumpliendo los
plazos mínimos previstos en nuestra Carta Magna para la reforma de los
Estatutos de las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143
y, por tanto, la del estatuto de Castilla-La Mancha.

Es necesario recordar e insistir, señora Vilallonga, en que la reforma de
este Estatuto tiene su base en el pacto autonómico de 1992, pacto que da
pie al consenso actual y a la definición de las distintas transferencias
que se contemplaban en cada uno de los Estatutos. Creo, señoría, que
nadie ha afirmado --al menos yo no



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lo he oído en esta tribuna-- que con esta reforma queda cerrada la
posibilidad de nuevas o ulteriores reformas.

En cualquier caso, pensamos que se trata de un bloque de materias
transferidas, de suma importancia política, tanto por su número como por
su contenido, ya que con ellas aumentan sus techos competenciales
Comunidades como la nuestra, la del artículo 143 hasta acercarlas, casi
unificarlas, con las Comunidades del 151.

Por tanto, esta reforma supone una profundización en el proceso
autonómico que, cuando llegue a su término de ejecución, pondrá a España
a la cabeza mundial de descentralización, probablemente sólo superada por
dos países.

Esto no quiere decir, señorías, como apuntábamos en Comisión y comentaba
anteriormente, que consideremos esta etapa como un punto final en
nuestras aspiraciones de autogobierno. Quedamos, por supuesto, abiertos a
cualquier posible reforma que suponga una mejora en la calidad de vida de
los castellano-manchegos, aunque esto siempre debería ir precedido de un
amplio acuerdo previo entre los distintos Grupos Políticos.

Desde Castilla-La Mancha, en opinión de todos los Grupos Políticos
representados en las Cortes Regionales --tal como apuntábamos al
principio de esta intervención y por supuesto desde el Grupo Socialista
en esta Cámara-- se estima que esta reforma da satisfacción a las
aspiraciones de asunción de nuevas competencias; competencias que, desde
las instituciones castellano-manchegas se recibirán no para hacer un
alarde de exhibición de las mismas, sino para ejecutarlas, aproximarlas a
los ciudadanos y para que redunden, en definitiva, en su beneficio.

No quisiera dejar de hacer referencia a algo que consideramos reviste una
capital importancia: además del incremento competencial, el pacto
autonómico establece el procedimiento de colaboración y cooperación entre
todas las instituciones del Estado; procedimiento que afecta igual a las
Comunidades que accedieron por la vía del Tribunal 151 como a las que
accedieron por la vía del 143.

Principio, en síntesis, que demanda la exigencia de colaboración
recíproca en un marco de lealtad constitucional. Señorías, en la
convicción de que con esta reforma se está dotando a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha de una mejor y mayor estructura que
necesariamente ha de incidir de manera positiva en el bienestar de los
ciudadanos, rechazamos las enmiendas propuestas, anunciamos nuestro voto
afirmativo, y animamos a los otros Grupos a que den igualmente su voto
favorable a la misma.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Grimaldos.

Si me permiten sus señorías, como hay una variación en el texto, me
permito leerlo. Advertido el error en el artículo único, apartado cuarto,
artículo 35, de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha, y publicado dicho error por el Congreso
de los Diputados, procede informar que el texto del artículo 35, del
apartado cuarto, del artículo único de esta proposición que se va a
someter a votación es el siguiente: «Transcurridos los cinco años
previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, previo
acuerdo de las Cortes de Castilla-La Mancha, adoptado por mayoría
absoluta, la Comunidad Autónoma podrá ampliar el ámbito de sus
competencias.» El resto del artículo, igual.

Vamos a someter a votación el voto particular número 1, y las enmiendas
números 1 a 19, de los Senadores señora Vilallonga Elviro y señor Cuevas
González.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, tres; en contra, 203; abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas estas
enmiendas.

Ahora vamos a someter a votación el texto correspondiente al artículo
único y a la exposición de motivos según el dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 210; abstenciones, tres.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto, queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.




--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE
EXTREMADURA (S. 605/000008) (C. D. 127/000011).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el dictamen de
la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura.

Se ha presentado un voto particular, correspondiente a las enmiendas
números 1 a 29. (Rumores.)
Señorías, pido silencio en aras de la agilidad del propio debate.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas González.




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El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como siempre, voy a hacer caso de su recomendación, y seré breve, ya que
creo que a estas alturas del debate poco queda que decir. En cualquier
caso, me alegro de haber oído del anterior interviniente, representante
del Grupo Socialista, que el proceso autonómico no está cerrado, porque
también he oído decir a un representante anterior que sí lo estaba. Por
tanto, ni siquiera en los propios partidos se interpreta bien el pacto
autonómico, ya que hay quienes afirman que sí está cerrado, mientras que
otros dicen que no. En todo caso, creo que se trata de una anécdota
parlamentaria, o quizá haya habido una mala interpretación por mi parte.

(El señor Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)
Creo, señor Presidente, que deberíamos desterrar el miedo a que las
Comunidades Autónomas, los Parlamentos y los Gobiernos que dimanan de
ellos, gestionen el máximo de competencias. A Izquierda Unida no le vale
la idea paternalista de dejar que estas cuestiones empiecen a rodar y
rodar. Es como si cuando un niño empezara a andar lo lleváramos de la
mano y nunca le dejáramos hacerlo libremente, por miedo a que un día se
rompiera algo, cuando en ese caso creo que el verdadero miedo de los
padres radicaría en que nos arañara los muebles.

Ese es el problema que tiene un Estado centralista, por esa mentalidad.

Porque, ¿por qué hay miedo a que las Comunidades Autónomas tengan todas
las competencias? Acaba de decir un Senador del Grupo Socialista que los
sondeos relativos a la autonomía son muy favorables en su Comunidad
Autónoma. Por tanto, no creo que haya ninguna sensación en las
Comunidades Autónomas --incluida aquella a la que se ha referido dicho
Senador-- relativa a no poder administrar el importante porcentaje de sus
competencias.

Pero, además, existe otro elemento político: dotemos a los Estatutos de
Autonomía de todas las competencias posibles, y dejemos que luego sean
los Parlamentos y los Gobiernos los que negocien cómo quieren realizar
las transferencias.

Por tanto, ¿por qué existe tanta preocupación? Por esa regla de tres,
estoy seguro de que si ese miedo se hubiera reflejado en la etapa
predemocrática no hubiéramos llegado al mismo nivel de Estado autonómico
en que nos encontramos ahora. Por tanto, no tengamos ningún tipo de miedo
en este sentido, o por lo menos de recelo, y dejemos que el tiempo
transcurra, que se gestione, y veremos lo que sucede al final, que creo
que siempre estará en clave positiva.

Se ha planteado aquí --y también lo hicimos por lo que se refiere al
Estatuto de Extremadura-- la cesión de competencias a las Comunidades
Autónomas, a los Parlamentos y Gobiernos autónomos, por lo que no nos
vale que quienes van a votar en contra de nuestras enmiendas digan desde
la tribuna que ellos también plantearían esa cesión. Si ya lo hemos hecho
desde Izquierda Unida, ¿por qué no votan a favor de nuestras enmiendas?
Háganlo, y estarán en consonancia con esos razonamientos y planteamientos
políticos.

Creo que ya ha pasado tiempo suficiente desde que se aprobó la
Constitución como para que, como decía al principio, demos rienda suelta,
con imaginación, al tema de las Comunidades Autónomas. No tengamos miedo
al Estado federal, señorías. Es imposible --y voy a repetirlo todas las
veces que pueda-- que lleguemos a él si no homogeneizamos --que no
significa uniformar jurídicamente-- el Estado de las Autonomías. Por
tanto, yo creo que ese debate está puesto sobre la mesa e, incluso
aprovecho la presencia del señor Ministro que también ha sido uno de los
que ha propuesto tal debate. Creo que las propuestas de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña sintonizan con la del Presidente del Senado
y con la del señor Ministro para las Administraciones territoriales. Creo
que somos congruentes, aun no siendo del partido.

Creo que hacer una apelación --siento que no esté aquí el señor Granado--
a las principales fuerzas políticas de este país es una mala apelación en
una Cámara democrática. Yo hubiera preferido apelar a las fuerzas con más
representación democrática o popular, porque principales somos todos, no
sólo para construir el Estado de las Autonomías y el Estado federal, sino
para construir la libertad y la democracia.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Cuevas.

Abrimos el turno de portavoces.

El Senador Sanz Cebrián tiene la palabra.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con suma brevedad exclusivamente para anunciar el
sentido de nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de
Extremadura.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz.

Tiene la palabra el Senador Barbuzano.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Seré muy breve.

Señorías, señor Ministro, se me ocurren dos reflexiones muy rápidas,
porque se nos agotan los discursos a medida que va avanzando el debate de
estos Estatutos. Estas dos reflexiones son como avisos a navegantes.

Ningún partido político democrático de implantación en el Estado o en una
territorialidad está legitimado para tener la única posibilidad de hacer
un pacto y que ese pacto sea correctísimo, saque adelante el Estado,



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etcétera. Cada partido político democrático, tenga la implantación donde
la tenga, tiene su visión, su programa, su forma de gobernabilidad de la
territorialidad o del Estado para sacar adelante la territorialidad del
Estado. Tanto canto a lo que mi compañero Andrés Cuevas hacía antes,
empieza sencillamente a parecerme poco democrático. Eso por un lado.

Otro aviso a navegantes es que solamente unos determinados partidos que
tienen la globalidad del Estado en su totiso son los que pueden gobernar.

Yo quiero recordar el número tan extraordinario de coaliciones de
gobierno serias y correctas que gobiernan en este país estupendamente en
todos los órdenes de la Administración.

La tercera reflexión que se me ocurre es que no sólo diálogo, consenso y
cooperación, sino solidaridad, mucha solidaridad, sobre todo, por
ejemplo, hablando ahora de Extremadura, qué más solidaridad que con esta
región que está al fondo de todos los «ranking»: de parados, de
desarrollo, etcétera.

Damos nuestro voto favorable a esta proposición.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.

Tiene la palabra el señor Bertrán i Soler.




El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.

Quiero primero tranquilizar a sus señorías, porque aunque haya abandonado
el escaño para ocupar esta Tribuna voy a ser muy breve.

Señorías, Convergència i Unió votará a favor de esta proposición de ley
Orgánica del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Es un privilegio asistir a un normal y legítimo traspaso de competencias
estatales a las regiones. La historia probablemente subrayará con un
especial énfasis el sentido práctico de unos pueblos que supieron
adaptarse a la realidad sentida por sus ciudadanos para hacer frente a
los retos de identidad, prosperidad y evolución inteligente hacia este
cercano siglo XXI.

Extremadura tiene recursos humanos y potenciales productivos. La
exploración hacia afuera ya la demostraron los extremeños en los siglos
pasados. Hoy Extremadura apuesta por la proyección externa, pero no para
descubrir otros mundos y otras culturas, sino para promocionar la
productividad de la que es capaz. Por eso, asumir nuevas competencias
significa un fortalecimiento desde el cual esta Comunidad Autónoma puede
incrementar su ritmo de desarrollo.

El Senador que les habla, señorías, tiene el honor de ser considerado
amigo por muchos ciudadanos y ciudadanas extremeños. Estos ciudadanos,
mujeres y hombres que trabajan en diferentes sectores, coinciden en un
denominador común: el orgullo de ser extremeños y el pronóstico de
prosperidad para su región.

El profesor Juan García Murga en su trabajo «La identidad de Extremadura
y su Estatuto de Autonomía», se refiere a la tercera ley de Newton,
acción-reacción, y dice que para poner de manifiesto la vocación del
pueblo extremeño es necesario que éste ejerza su identidad. El profesor
Juan Sánchez González, en su «Regionalismo extremeño» anuncia su tesis
sobre el análisis comparado de la ideología y discurso regionalista en
Cataluña y Extremadura; Cambó, Prat de la Riva, José López Prudencio y
Juan Luis Cordero, explicando los conceptos de Extremadura-región, el
concepto de la conciencia regional y las señas de identidad.

Parece, señorías, que no sólo Extremadura, pero también Extremadura va
desde un clima para los linajes hacia un clima de productividad,
responsabilidad, competencia, efectividad, eficiencia, que es la única
base para salir de las crisis.

Curiosamente, el Libro blanco sobre el crecimiento, competitividad,
empleo, retos y pistas para entrar en el siglo XXI, presentado por el
Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, Jacques Delors, y
publicado muy recientemente, insiste en estos aspectos y en que la
descentralización como base para afrontar el inmediato futuro es
imprescindible.

Señorías, por todo esto, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió no sólo desea mucha prosperidad y éxitos a la región
extremeña y felicita a la región extremeña por lo que hoy probablemente
en esta Cámara se va a conseguir con el apoyo mayoritario de todos los
grupos parlamentarios, sino que también desea que sobre la base de esta
línea de prosperidad todos tengamos conjuntamente la suficiente
tolerancia como para que en el futuro no se oigan determinadas
expresiones en esta Cámara, porque al igual que mi Grupo defiende y apoya
a otras Comunidades y regiones, también, entiendo, que nos merecemos una
sensibilidad, una tolerancia y un apoyo para que se entiendan nuestras
actitudes.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bertrán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bernáldez.




El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
sean mis primeras palabras de agradecimiento al Senador Bertrán por su
cariñoso recuerdo, por su deseo emotivo hacia el desarrollo social,
económico y político de Extremadura y también sean mis palabras de
agradecimiento a las manifestaciones que han hecho tanto el Senador Sanz
como el Senador Barbuzano de apoyo a esta reforma de Estatuto de
Autonomía.

Me cabe el honor de someter a la consideración de esta Cámara la
proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, reforma



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que tiene por objeto ampliar el techo competencial de dicha Comunidad.

Esta ampliación del techo competencial, forjada a lo largo de un proceso
de negociación entre las fuerzas políticas a nivel nacional, tiene por
objetivo homologar las competencias de las Comunidades Autónomas que
adquirieron tal condición por la vía del artículo 143 de la Constitución
española.

Una vez alcanzado ese acuerdo, plasmado en la Ley Orgánica aprobada el
pasado 23 de diciembre, procede que esas competencias estén residenciadas
en las comunidades autónomas no solamente por vía de delegación, lo cual
indicaría que es el Gobierno central el que seguiría con la titularidad
de las mismas, sino por la reforma de los estatutos, de forma que dichas
competencias pasen a formar parte del acervo propio, de la titularidad
propia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con todas las
consecuencias jurídicas que ello conlleva. Por ejemplo, tales títulos
competenciales no se podrán quitar por simple acuerdo de suprimir la
delegación porque el titular de la competencia así lo decidiera. Pero es
que, además, el control de esas competencias ya no se hace por vía
administrativa o por vía de gobierno de la Comunidad, sino que, una vez
que estén incorporadas al Estatuto, el control es jurisdiccional, ya que
habría que recurrir a los tribunales para establecer el control del
ejercicio de esas competencias.

Quiero dejar constancia ante sus señorías de mi satisfacción y de la de
mi grupo por presentar ante ustedes esta reforma estatutaria después de
diez años de funcionamiento del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Mi
satisfacción se refiere, además, al hecho importante en sí de haberse
gestado esta reforma por un acuerdo, por un diálogo tal como el Grupo
Popular de la Asamblea de Extremadura había venido proponiendo a lo largo
del tiempo, ya incluso desde 1987, fecha en que el Grupo Popular presentó
una iniciativa para formar una comisión permanente que tuviera por objeto
estudiar las competencias que conviniese asumir a la región extremeña.

Aunque entonces no prosperó tal iniciativa, hoy hemos vuelto a la idea de
que es necesario el acuerdo, el consenso de la mayoría de los
representantes de la Asamblea de Extremadura para modificar una ley, un
Estatuto que nació por virtud del consenso y con vocación de permanencia
cualesquiera que fueran las alternativas de gobierno que pudiesen
producirse a lo largo de la Historia de Extremadura.

El proceso de asunción de competencias no se cierra con la reforma del
Estatuto, sino que debe continuar abierto hasta que se culmine todo el
techo competencial, todas las posibilidades que el título VIII de la
Constitución española permite en su desarrollo. Por tanto, nosotros
estamos dispuestos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades a
que el proceso de asunción de competencias termine cerrándose de acuerdo
con el desarrollo del título VIII de la Constitución española.

Procede decir que el nuevo modelo de Estado autonómico, cuando culmine,
deberá hacerse no sólo desde un proceso unilateral de transferencias
desde el Estado a las comunidades autónomas, sino en un proceso
permanente de acercamiento de las decisiones administrativas a los
ciudadanos, que deben ser, en todo caso, los sujetos activos o pasivos de
tales decisiones, lo cual quiere decir que estas transferencias de
competencias no terminan aquí, sino que debe continuar el proceso de
transferir, de participar y de cooperar con otras entidades
administrativas como municipios y diputaciones, las cuales deben ejercer
el gobierno y la administración de la entidad local con personalidad
jurídica propia, es decir, de la provincia.

Esto quiere decir que parece loable no hacer centralismo regional, sino
que debe proseguir el proceso de transferencias de cooperación y de
participación que preside el desarrollo constitucional. Se trata, pues,
de acentuar el proceso de desarrollo autonómico residenciando la
soberanía en el Estado español, del que todos formamos parte. España es
un país diverso, y lo que estamos haciendo es permitir que España
funcione en su unidad, pero con su diversidad.

Para acabar, señorías, creo que cuanto más se institucionalice la
diversidad de pueblos que existen dentro del Estado español, más se podrá
reafirmar, mantener y consolidar la unidad de España. Extremadura apuesta
por este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Bernáldez.




El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
con mucha brevedad, me propongo hacer una lectura política del
acontecimiento que en este momento estamos celebrando. No haré ningún
recurso a la Historia, prescindiré de ese dato --hemos tenido mucha
Historia esta tarde--, pero sí quiero hacer una consideración y un
análisis político.

Hace once años en esta misma Cámara aprobamos el Estatuto de Extremadura.

Se empezaba una andadura, se ponía completo el primer escalón de una
transformación importante del Estado: la construcción de una nueva
estructura territorial. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.) Yo mismo tuve el honor de ser ponente en el debate del
Estatuto de la región extremeña y por eso mismo creo que echar la vista
atrás, recuperar la visión, ver lo que veíamos entonces, para ver lo que
vemos ahora y cuál es la andadura que se nos promete de ahora en
adelante, es un ejercicio que tiene pleno sentido, que no es ocioso, que
es interesante.




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¿Qué veíamos hace once años, cuando debatíamos el Estatuto de la región?
Objetivamente hablando, un proyecto, una voluntad política, el deseo de
construir una Comunidad, un autogobierno, un Parlamento, un nivel de la
administración, un proyecto no exento de incertidumbres, no exento de
dudas. Subjetivamente, desde el sentimiento de los que vivíamos aquel
momento, había ilusión, había expectativas, había esperanzas; había
también reservas, había suspicacias. Por ejemplo, recuerdo que alguien
proponía que en la región extremeña se constituyeran dos comunidades
uniprovinciales. A tal grado llegaban las reservas y los recelos ante el
proyecto de Comunidad. Y en medio de todo ello y por debajo, había en
muchos extremeños como una cierta y soterrada indiferencia ante el tema
autonómico.

Han pasado once años, un tiempo pequeño para la historia de un pueblo y
quizás grande para la historia de las peripecias personales, y en estos
once años se ha recorrido mucho camino, se ha hecho un avance importante.

Y hay que mirar lo que hemos hecho durante este tiempo, pero hay que
mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos fundamentalmente a
nosotros mismos, a lo que los extremeños hemos hecho, hemos construido,
nos hemos equivocado, hemos rectificado. No vale que miremos de reojo a
nuestro vecino, al de al lado, al de más arriba, al de más abajo, al más
próximo o al más lejano. No es eso lo que aquí nos convoca y anima. No
estamos aquí en el espíritu olímpico de quiero ser más veloz y más
rápido, y más fuerte y llegar más lejos que el otro. Eso a nosotros no
nos interesa en absoluto. Nosotros queremos mirar lo que somos. Porque
cuando miramos a los otros --y hay que mirarlos, porque no estamos
solos-- hay que hacerlo con respeto, hay que mirarlos para pedir y
ofrecer solidaridad; no sólo para reclamarla, sino también para darla. Y,
desde luego --hay que decirlo también--, con un punto de sincera
admiración, porque hay tantas cosas en otros pueblos que debemos
respetar, admirar, imitar; porque esas cosas no nos son ajenas, son
también nuestras cosas, y de esas cosas nos sentimos orgullosos, no para
competir contra, ni para superar a nadie, sino para afirmarnos en
nosotros mismos.

Y hoy podemos decir que hemos construido una autonomía, un Gobierno, un
Parlamento y una Administración, que ha recorrido once años de camino y
que ha acumulado una experiencia importante de autogobierno donde no
había nada.

Hemos creado y construido una conciencia regional que era prácticamente
inexistente y cuyo latido hoy se nota en muchos pueblos y ciudadanos
extremeños, y hemos definido el perfil de una identidad extremeña, plural
y variada, que no existía. Donde antaño había enfrentamientos, rencillas
provincianas, hoy empieza a florecer el sentido de lo que es ser
extremeño. Por tanto, en este momento esa mirada nos permite concluir que
en Extremadura estamos en el momento preciso para construir un escalón
más, para avanzar en el proceso de la autonomía, de la plenitud del
pueblo extremeño y en la asunción de las competencias que la Ley Orgánica
que estamos tratando nos ofrece.

Asumimos compromisos importantes, como el de la educación --y no es poco
hablar del compromiso de un pleno gobierno de la educación en la
Comunidad--, los servicios sociales, los aprovechamientos hidráulicos,
las fundaciones, la industria y tantos y tantos temas que no voy a
enumerar y que suponen un reto importante. Y habiendo llegado a este
punto, nos paramos, reflexionamos y decimos que estamos dispuestos a
seguir avanzando.

Las enmiendas que el Grupo de Izquierda Unida ha presentado a este
proyecto, cuya legitimidad no discuto evidentemente --y no me corresponde
a mí decir si tienen más apoyo o menos fuerza; tienen el apoyo que tienen
y con la legitimidad presentan sus alternativas--, tanto por la propuesta
de cambio de la estructura territorial extremeña, como por la asunción de
más competencias que la Asamblea de Extremadura no ha solicitado, como
por los cambios institucionales que pretenden introducir en el propio
funcionamiento de dicha Asamblea, nosotros creemos que están fuera del
horizonte deseable de la Comunidad extremeña. Constituyen un horizonte de
más allá, que yo no voy a descalificar; sin embargo, tengo que decir que
para la Comunidad extremeña, la ampliación de competencias y el
reforzamiento del espíritu autonómico que supone esta Ley es el deseable,
el exacto y el justo en el momento en el que nos encontramos.

Es por eso, señorías, por lo que ante este Proyecto, hay que hablar con
satisfacción, y lo hago, y hay que hablar con responsabilidad, porque
asumir competencias no es sólo recibir algo positivo y agradable, sino
también contraer obligaciones difíciles, a veces penosas, que nos van a
exigir esfuerzos y sacrificios, y ese sentido de la responsabilidad lo
hago yo presente con satisfacción en esta tribuna.

Para terminar, hago una oferta y una petición leal de colaboración y de
solidaridad para que esta vieja y noble región pueda seguir caminando
hacia su plenitud con la ayuda de todos ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, debo hacerles una advertencia. Hemos
pensado debatir a continuación los dictámenes correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Asturias, y
comenzaríamos mañana a las diez horas con el Estatuto de Autonomía de
Aragón que tiene veto y, por tanto,



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un debate más prolongado, en principio. Esas son las previsiones que
hemos hecho desde la Mesa. Si hay razones que se puedan exponer, son
modificables. (Pausa.)
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular de la
Senadora Vilallonga y del Senador Cuevas, enmiendas números 1 a 29, al
Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 210; a favor, cinco; en contra, 204;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el texto correspondiente al artículo único y el preámbulo según
el dictamen de la Comisión.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 206; en contra, tres;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. (Aplausos.) Muchas gracias.




--DICTAMEN DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN
RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (S. 605/000009) (C. D. 127/000012).




El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del dictamen correspondiente a
la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid. Comenzamos con las enmiendas de la Senadora
Vilallonga y del Senador Cuevas.

Antes de dar la palabra a la señora Senadora, solicito autorización de la
Cámara para proseguir, después del margen de las cinco horas de Pleno.

¿Está conforme la Cámara? Podemos someterlo a votación electrónica, si
hay alguna discrepancia respecto del asentimiento. ¿Se aprueba por
asentimiento? (Pausa.) Con plena conciencia han adoptado la decisión sus
señorías.

La Senadora Vilallonga Elviro tiene la palabra.




La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas noches, señoras y señores Senadores, que no buenas tardes que en
estos momentos no pueden serlo ya. Se siente una un poco culpable al
salir a la tribuna a estas horas a defender las enmiendas al Estatuto de
Autonomía de Madrid, pero si es un deber en muchas de las tramitaciones
de estatutos que hemos tenido en el curso de la tarde, en este caso,
además de ser un deber, es verdaderamente una satisfacción, como Senadora
por Madrid, poder defender las 50 enmiendas que mi Grupo parlamentario
presenta a este Estatuto, que no son tanto 50 enmiendas, como un proyecto
de Estatuto alternativo al que hoy se tramita por las fuerzas políticas
mayoritarias que luego refrendaron ese acuerdo en el Parlamento regional
de Madrid.

Todos los argumentos de debate político general ya han sido puestos
encima de la mesa: reequilibrio territorial, la España de las dos
velocidades, el déficit democrático de los parlamentos y de los
ejecutivos. Este caso concreto quizás sea el más interesante, pues es en
el que se demuestra de alguna manera la irracionalidad con la que se ha
seguido el proceso de presentación de esta reforma de Estatutos de
Autonomía de las Comunidades del 143 o de las Comunidades que acceden al
autogobierno mediante lo que se ha dado en llamar la vía lenta, que yo
espero que sea lenta, pero que en absoluto se configure como una vía
muerta.

En primer lugar, habría que decir, aunque creo que es conocido por todas
sus señorías, que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una
representación parlamentaria exclusivamente configurada por fuerzas
políticas de carácter estatal. Es decir, en el Parlamento regional están
presentes el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español e
Izquierda Unida. Esa es la configuración tripartita que tiene nuestro
Parlamento regional. Es, lógicamente, una región metropolitana en la que
se encuentra enclavada la capital del Estado, la Villa de Madrid, y es la
mayor circunscripción electoral del Estado, con cinco millones de
habitantes y un volumen numérico de votos muy considerable.

Esto tenía que haber inducido a una reflexión de índole parecida a la que
se produjo en la elaboración del primer Estatuto de Autonomía, que
también podríamos llamar el Estatuto del Manzanares, pero que normalmente
le solemos llamar el Estatuto de Autonomía por no llamarle como
vulgarmente le llama la ciudadanía «la autonomía» a secas. No
reivindicamos el nombre de Estatuto del Manzanares, sino el de Estatuto
de Autonomía de Madrid.

Quiero recordar aquí que hubo enormes debates a la hora de configurar el
mapa autonómico. En el caso de Madrid hubo al menos tres debates que yo
quiero recordar porque, además, dividieron a estas tres fuerzas políticas
o a sus componentes anteriores, independientemente de cuál fuera su
adscripción.

Una primera posición consistía en la integración de Madrid en la
Comunidad de Castilla-La Mancha, que fue defendida en los partidos
políticos por diferentes Diputados del Congreso. Hubo una segunda
proposición que quería hacer de Madrid un Distrito Federal,



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que también tuvo sus defensores en las distintas fuerzas políticas. Y
hubo una tercera propuesta, que contaba con menos valedores, pero que era
menos beligerante, que fue la decisión final y que pretendía hacer de
Madrid una Comunidad Autónoma uniprovincial.

En ese interesante debate hubo una mezcla de todo. Por una parte, hubo
desconfianza del resto de los castellano-manchegos por la incorporación
de una gran urbe como Madrid y por lo que políticamente eso podía
significar. Y también hubo desconfianza por parte del Gobierno entonces
constituido, del legítimo Gobierno de la nación, a propósito del tema del
Distrito Federal, pues veía como una patata caliente más, el Municipio y
la Provincia de Madrid, que le caía encima a la hora de gestionar un
Estado que estaba transitando hacia la democracia y que todavía tenía
muchas asignaturas pendientes. Creo que precisamente se abrió paso la
tercera de las alternativas porque era la que resultaba menos beligerante
de las tres, con lo cual nos encontramos con algo parecido a lo que dice
el himno de nuestra Comunidad y cuya letra se debe al insigne escritor
Agustín García Calvo: Ella sola se quedó la última, pobrecita, ella sola.

Finalmente acabó siendo una Autonomía. Esto es también lo que más o menos
viene a decir la letra del Estatuto de nuestra Comunidad Autónoma, letra
que, como pueden imaginar sus señorías, no es excesivamente popular entre
la ciudadanía aunque sí es muy ingeniosa e indica que la persona que la
escribió tenía un gran sentido de la tolerancia y del humor. Esto se
parece a lo que ocurrió con la bandera de nuestra Comunidad Autónoma, a
la que también se intentó buscar sus raíces en algún lugar que,
finalmente, es la representación de esa región metropolitana que es
Madrid.

Así fueron las cosas en su momento. Ha habido una etapa de funcionamiento
de la Comunidad Autónoma, una etapa suficiente para poder apreciar qué
cosas convenía mejorar, en cuáles nos habíamos equivocado y hacia dónde
teníamos que orientar nuestros esfuerzos. Y dado que entre los Partidos
que configuran el Parlamento regional no existe una diferencia sustantiva
en lo que se refiere a reivindicar un marco autonómico mayor --las
diferencias se establecen más a niveles ideológicos y de otras
características--, ya había una labor hecha entre los tres Partidos
políticos y entre los tres Grupos parlamentarios de cara a enfocar la
reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Estas propuestas de los tres
Partidos no tenían en absoluto tintes de carácter nacionalista, ni en el
sentido del nacionalismo español, ni en el sentido del nacionalismo
regionalista. Eran propuestas de descentralización política,
descentralización administrativa y de un mejor funcionamiento de lo que
es una entidad de poder político como la Comunidad de Madrid.

Por tanto, ese trabajo ya estaba hecho. Había ya unas resoluciones
aprobadas por unanimidad en la propia Asamblea autonómica, y en el caso
concreto de esta Comunidad, gobernada por una coalición de Partidos, por
el PSOE e Izquierda Unida --aunque es una coalición de mayoría
parlamentaria que no de Gobierno--, había incluso un acuerdo respecto de
los que nosotros llamábamos el impulso autonómico, acuerdo en el cual
creo que participaba plenamente también el Partido Popular.

Es decir, había unas perspectivas de desarrollo estatutario en las que
nosotros, humildes mortales pertenecientes a los tres Partidos políticos
de la Comunidad de Madrid, íbamos trabajando, y nos encontramos con que,
en virtud del pacto autonómico, se llega a la solución del café para
todos. Pero, miren ustedes por dónde, en esta Comunidad Autónoma se nos
aplica un café para todos que quiere decir, por ejemplo, lo siguiente:
como las cautelas que se establecen a la hora de hacer las transferencias
en materia educativa --como ocurría en el caso de las otras Comunidades
que accedieron por la vía del artículo 143 por su propia dimensión, por
su territorio y por su propia complejidad-- curiosamente no resultaban
excesivamente conflictivas, Madrid, por la vía del artículo 2 --no el de
la Constitución, me refiero al artículo 2 que coloquialmente utilizamos
todos--, tiene que asumir las competencias en educación con cinco
universidades. Creo que los madrileños somos perfectamente capaces de
asumir esto y lo vamos a asumir, pero, en realidad, ésta es una
competencia de una gran complejidad. Se entrega esta competencia porque
así estaba establecido en los acuerdos, pero, en cambio, no se sabe por
qué, otra transferencia también profundamente compleja y conflictiva, que
es otra demanda social de los madrileños, la transferencia del sistema de
salud, no se produce. Yo calificaría esto piadosamente de arbitrario para
no entrar en otro tipo de calificativos.

En paralelo había aprobada una ley por la Asamblea de Madrid que concedía
facultades al Presidente de la Comunidad para disolver la Cámara, eso sí,
adaptándose esa elección a mantener el período de sesiones y a volver a
realizar otras elecciones cuando se cubrieran los cuatro años de mandato
ya que la limitación del Estatuto nos obligaba a ello. Evidentemente, ésa
era la posibilidad que se nos ofrecía para haber adaptado esa ley, que ya
estaba aprobada, que no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional
y que está, por tanto, perfectamente vigente, y haber logrado que esa
capacidad de disolución del Parlamento que el Presidente de la Comunidad
de Madrid tiene fuera en estos momentos una capacidad racional. Es decir,
si el Presidente de la Comunidad de Madrid considera que debe disolver la
Cámara, debe poder hacerlo para un mandato de al menos cuatro años, no
hasta que finalice la legislatura, pues bien, esto tampoco se ha
contemplado en esta reforma, que, como he dicho antes respecto a otras,
está hecha a ciclostil, pero no sólo desde esta perspectiva.




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En materia de ordenación del territorio, una Comunidad metropolitana no
puede ser valorada de ninguna manera como una Comunidad con gran
extensión de terreno, como una Comunidad con gran peso del sector
agrario, con un mundo rural --que no es exactamente un mundo agrario,
como ocurre con otras Comunidades que se han traído en el día de hoy.

Eso, desde nuestro punto de vista, requiere un cierto esfuerzo
intelectual que los madrileños y el Parlamento regional podríamos haber
hecho. A mí no me cabe duda de que hubiera habido capacidad intelectual
para ello en la Comunidad de Madrid, pero esto tampoco se contempló en
ningún momento.

Se habían solicitado reiteradamente competencias en muchas materias por
votación unánime del Pleno de la Asamblea, y en absoluto se recogieron. Y
en el caso del Municipio de Madrid hay una solicitud unánime de los
Grupos municipales del Ayuntamiento en torno a la ley de capitalidad de
Madrid, algo que está en el Estatuto de Autonomía, y que establece la
posibilidad de unos beneficios fiscales por albergar a las altas
instituciones del Estado, municipio que --dicho sea de paso, por si
alguien desconoce este dato-- tiene el 60 por ciento de la población de
esta Comunidad Autónoma, 3,5 de los 5 millones de personas que componen
la Comunidad viven en el municipio de Madrid. Se pretendía poder abordar
esa modificación e incluir ahí la ley de capitalidad y esos beneficios,
que hubieran sido la contrapartida por parte de las instituciones del
Estado al servicio que el Municipio de Madrid presta a las instituciones.

En paralelo, indudablemente, habría que abordar la descentralización
necesaria del propio municipio de Madrid, la elección de las juntas de
distrito, cosas que formaban parte, por decirlo de alguna manera, de un
acervo común, pero que no aparecen de ninguna manera en la reforma del
Estatuto que se nos trae hoy a discusión y a posible o no posible
aprobación por parte de esta Cámara.

Yo creo que la aprobación de esta reforma del Estatuto deja en muy mal
lugar a las fuerzas políticas regionales y al trabajo que esas fuerzas
habíamos hecho. Por tanto, como Izquierda Unida en Madrid no desea
colocarse en ese mal lugar, no vamos a votar favorablemente este
Estatuto, vamos a votar en contra.

Además, es un Estatuto que no nos permite hacer en estos momentos lo que
más necesita Madrid: abordar su descentralización, teniendo en cuenta la
complejidad que supone descentralizar una región metropolitana. Ese es,
quizás, el mayor de los inconvenientes que este Estatuto presenta.

Es un Estatuto que, efectivamente, tiene su legitimidad, nace, como se ha
dicho en esta tribuna, del acuerdo y el pacto del Partido Popular y del
PSOE en torno a esta propuesta, materializándose luego mecánicamente en
la Asamblea de Madrid, donde sí quiero decir que el trámite fue mucho más
democrático, se discutió al menos en dos ocasiones y se permitió que se
pudiera enmendar, mientras que en otros casos, como ya hemos visto, el
debate duró aproximadamente un cuarto de hora. Al menos en la Asamblea de
Madrid se guardaron las formas, pero finalmente la conclusión ha sido la
misma, porque no se admitió ningún tipo de enmienda. El resultado ha sido
un Estatuto que no contempla la realidad social, económica y política de
Madrid, aunque sí es interesante el hecho de que establezca un grado
mayor de competencias, dado que en la Comunidad de Madrid hemos decidido
funcionar como un Parlamento del artículo 151, es decir, nos reunimos los
mismos períodos de sesiones que se reúnen ellos y hacemos el mismo tipo
de trabajo que hacen ellos, si bien es cierto que el Presidente de la
Comunidad no puede nombrar más de diez consejeros, pero esto sería el mal
menor, porque podrían acumular, y de hecho lo hacen, responsabilidades.

Pero, efectivamente, vivimos en esa situación.

En el caso de la Comunidad de Madrid, que es una institución víctima del
bocadillo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la nación y
que por su propia existencia es un factor de reequilibrio territorial y
social, porque tiene que hacer políticas de integración del área
metropolitana en las políticas de Madrid, es un flaco servicio hacia la
igualdad social y territorial de la propia región, que tiene también
grandes desequilibrios territoriales.

Reivindicando aquella famosa frase, poesía o canción, «El sur también
existe», pues el sur de Madrid también existe, es muy diverso y muy
diferente del norte. Quizá por eso se expliquen ustedes la composición
del Gobierno Regional y de la mayoría parlamentaria que lo apoya,
probablemente porque existe ese tipo de diferencias que se deberían haber
contemplado en el Estatuto.

Esto no ha sido así, estamos ante un Estatuto que no resuelve ningún
problema de estas características y que no da poder político a la región;
a una región que en estos momentos tiene graves dificultades en materia
económica, en materia de servicios sociales, en materia de desarrollo de
ciertas zonas importantes de la Comunidad.

Este Estatuto no es el Estatuto de Autonomía que hubiera requerido la
región para dar un salto adelante. Eso no quiere decir que sea el peor de
los estatutos, es simplemente el mismo Estatuto que se aprobó en
Manzanares con estas competencias que se le han añadido.

Se podrá decir que se han ampliado las competencias. Yo vuelvo a decir lo
que dije en alguno de los estatutos que hemos discutido anteriormente:
eso es cierto, no me cabe la menor duda de que se han ampliado las
competencias. Ahora bien, esas competencias que se han ampliado en el
caso de la Comunidad de Madrid ya estaban ampliadas por vía orgánica de
delegación. Por tanto, lo único que se hace es incorporarlas



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al Estatuto. Es una forma de entender lo que tiene que ser la región de
Madrid.

Yo, desde luego, no comparto que la región de Madrid se pueda gobernar
con este tipo de criterios, no comparto que se haga una buena gestión en
la Comunidad de Madrid con este tipo de estatutos y no comparto que el
pueblo de Madrid, además de ser víctima, como cualquier otro pueblo, de
las decisiones que cualquier gobierno toma --porque las decisiones de los
gobiernos no están adscritas a criterios territoriales, sino que se hacen
en función de políticas generales--, tenga que tener menos voz política
que otros pueblos para poder defender sus intereses.

Por todas estas razones, nosotros no compartimos el criterio con el que
se ha hecho este Estatuto de Autonomía y, por tanto, presentamos estas
enmiendas que configuran un bloque de Estatuto alternativo. Pretendemos,
si ello fuese posible --posible siempre es, aunque no parece probable--,
que sean aceptadas y que cambiemos el modelo estatutario que se ha traído
aquí para Madrid por un modelo estatutario más acorde con lo que son las
necesidades de esta región metropolitana.

En ese sentido, como ustedes pueden observar, para defender estos
argumentos no he traído a colación ni a San Isidro Labrador, ni la
historia del pueblo de Madrid, porque yo creo que estos argumentos se
defienden solos y se defienden políticamente con bastante sustancia.

Por tanto, como aquí de lo que se trata es de buscar un encaje político a
una región que ya nació con las dificultades que he comentado antes, así
como de hacer el trabajo político lo mejor posible, porque el
cuestionamiento de la legitimidad de que se hace objeto a los
representantes de los ciudadanos viene también de que no tenemos
mecanismos políticos adecuados y eficaces para intervenir, a mí me parece
que este mecanismo no es eficaz para la Comunidad de Madrid.

Espero que ninguno de mis compañeros que van a intervenir, Senadores por
Madrid, me haga un llamamiento a la unanimidad porque entonces me
obligará a tener que recordarles que, afortunadamente, en la Asamblea de
Madrid la unanimidad no suele ser la norma, es una cosa buena, pero casi
nunca la calificamos como la mejor del mundo, al contrario, nos gusta
discrepar y nos gusta discutir de política.

Muchas gracias,



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senadora Vilallonga.

Abrimos el turno de portavoces.

El señor Sanz Cebrián tiene la palabra.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias señor Presidente.

Con suma brevedad anuncio nuestro voto favorable a la reforma del
Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián.

El Senador Barbuzano tiene la palabra.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero anunciar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión que,
prácticamente, contiene la expresión mayoritaria de la Asamblea
Parlamentaria de Madrid.

Muchas gracias,



El señor VICEPRESIENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.

El Senador Rigol tiene la palabra.




El señor RIGOL I ROIG: Señor Presidente, nuestro Grupo quiere manifestar
brevemente su posicionamiento público, que será de refrendo a la
propuesta que se hace del Estatuto de la Comunidad de Madrid, y lo quiere
hacer también compartiendo una reflexión.

Nosotros sabemos que el fundamento del sentido de la Comunidad Autónoma
de Madrid es distinto al del Grupo que represento en el ámbito de
Cataluña. Yo leía hace poco unas reflexiones de un Senador muy
significativo de esta Cámara a la hora de definir la Comunidad de Madrid.

Decía: la Comunidad de Madrid no tiene historia porque la Historia de
Madrid está subsumida en la Historia de España. Decía: La Comunidad de
Madrid no tiene cultura porque su cultura está subsumida en la cultura
general de España; no tiene lengua propia porque su lengua es el
castellano. Esto es verdad, pero también decía que el sentido profundo de
ser Comunidad Autónoma es ser muy eficaces desde el punto de vista de la
administración. Les habla alguien que cree y que sabe que su Comunidad
Autónoma es histórica, tiene historia, tiene conciencia de su historia,
una cultura específica, una lengua propia. Pero quiero, en estos momentos
de alegría para la Comunidad Autonoma de Madrid al tener ampliadas sus
competencias, buscar aquello que une precisamente en el planteamiento
autonómico a una Comunidad como la nuestra con otra tan distinta como la
de Madrid.

En este sentido, voy a hacer una muy breve reflexión. Nosotros tenemos
historia y tenemos conciencia de historia, pero esta conciencia de
historia no tendría sentido si no sirviera para que los ciudadanos de
Cataluña tuvieran un amplio espectro de su propia proyección personal.

Hemos hablado mucho de Historia, y yo voy a hacerlo también. Benedetto
Croce decía: Toda Historia es Historia contemporánea. Nuestro sentido de
la historia no sería nada si no sirviera para que los catalanes, en este
caso, viviéramos con mayor profundidad.




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Es más, si la cultura que tenemos no nos diera grosor a los ciudadanos
actuales y contemporáneos de Cataluña, no tendría su propia proyección de
futuro. Y nuestra lengua, como hecho específico, es fundamentalmente para
entendernos en profundidad, no desde el punto de vista convencional, sino
para poder entablar ese diálogo profundo que nos confiere compartir una
lengua como la nuestra. Todo esto es así, pero esto no nos serviría si no
fuera para intentar crear una Comunidad más humana.

Por tanto, cuando desde la Comunidad de Madrid se dice: nosotros queremos
tener una autonomía que dé un contenido más eficaz a la Aministración,
nosotros podemos concordar con el sentido profundo de esta visión
autonómica, porque, de un modo u otro, los que tienen que gestionar
políticamente la Comunidad de Madrid y los que tienen que gestionar las
Comunidades Autónomas de toda España, y la de Cataluña en concreto,
debemos intentar trabajar por una sociedad más humana. No es suficiente
decir: vamos a hacer una Comunidad Autónoma para que seamos más
eficientes. Evidentemente, como administradores públicos debemos ser más
eficientes, pero el sentido de Comunidad Autónoma es un paso más allá; es
decir, queremos que en nuestro ámbito concreto de acción política se
humanice un poco más nuestra sociedad. Que si nos dan competencias en
Educación, por ejemplo, sepamos que cuando unos padres van a apuntar a
unos niños a una escuela no es un acto burocrático o un acto de
organización o un acto simplemente de eficiencia administrativa, sino que
se trata de un conciudadano nuestro que va a proyectar en aquella escuela
la educación de su propio hijo, lo mismo que cuando llevamos a un enfermo
al hospital o en cualquier ámbito de nuestra Administración pública.

Ser Comunidad Autónoma quiere decir ser eficiente, pero quiere decir,
sobre todo, intentar humanizar nuestra propia sociedad con los elementos
específicos que cada uno tenemos: unos, desde la rigurosidad de la propia
Administración pública, otros unimos a ello otras especificidades, pero
tenemos el común denominador de ser unos políticos que partimos de la
base de nuestra buena fe y de nuestra dedicación al quehacer público.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el Senador Van-Halen.




El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor Presidente, señorías, ante todo quiero
expresar la gratitud del Grupo Parlamentario Popular a los Grupos
Parlamentarios que han expresado su voto favorable a la reforma del
Estatuto.

Madrid es una Comunidad Autónoma geográficamente muy breve, y trataré de
ser, consecuentemente con ello, breve en mis palabras. Podría hacer
historia. Madrid sí tiene Historia. Podría remontarme hasta el parque
jurásico, porque, muchos de los restos de dinosaurios que se han
encontrado en España eran de la cuenca del Manzanares, podría hablar del
emir Mohamed I, cuyas murallas están cerca del Palacio del Senado. Pero
no voy a hablar de Historia por aquello de que, como bien ha dicho el
Senador Rigol, la Historia de Madrid está subsumida en la Historia del
resto de España.

Sin embargo, para el Senador que les habla supone una indudable emoción
intervenir en un debate que representa la profundización de la realidad
de un Madrid como Comunidad Autónoma, con todo lo que ello implica, que
va más allá de la mera gestión directa y cercana al ciudadano. Se trata
de un paso importante en un proceso lógico, tras superarse los cinco años
que establece el artículo 148.2 de la Constitución y los Estatutos de
Autonomía. Afrontamos la reforma de nuestro Estatuto de modo que se eleva
significativamente el techo competencial de nuestra Comunidad. Son, creo,
32 materias en varios niveles de competencia exclusiva y se han dado
otros pasos decisivos en el proceso autonómico.

El camino que alcanza tan importante hito en este debate ha sido
largamente deseado por los representantes del pueblo de nuestra
Comunidad, como aquí se ha recordado con justicia. El Grupo Parlamentario
Popular de la Asamblea de Madrid, al que me honro en pertenecer como
Diputado en dicha Cámara, había planteado en varias ocasiones la
necesidad de la ampliación del campo competencial. Y debo expresar que
esta preocupación había sido compartida por todos los Grupos
Parlamentarios, aunque no debo ocultar que nunca recibieron una atención
suficiente por parte de las instancias nacionales. La Asamblea de Madrid
solicitaba unánimemente el acceso al piso superior del edificio
autonómico, pero era comúnmente desoída.

El hecho de este debate supone una culminación positiva de tal
preocupación del pueblo de Madrid. La Asamblea Legislativa de la
Comunidad respaldó siempre el acceso a mayores niveles competenciales. La
Ley votada en la Asamblea de Madrid, que ahora debatimos en el Senado,
convierte en propuesta formal ante las Cortes Generales este deseo de los
representantes del pueblo de Madrid y, por tanto --no nos engañemos--, de
la mayoría de los madrileños. La propuesta defendida en su día, con
brillantez y acierto, ante la Comisión General de las Comunidades
Autónomas de esta Cámara por los representantes del Parlamento regional
--y quiero recordar especialmente a mi compañero de Grupo Parlamentario,
el Diputado don Manuel Cobo Vega-- es la expresión de un nuevo paso
legislativo, que tiene como referencia lógica el desbloqueo y la
aceleración que supusieron los pactos autonómicos firmados por el
Gobierno de la nación, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido
Popular el 28 de febrero de 1992 y que



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fueron culminados en la Ley Orgánica de diciembre de 1992.

Desafortunadamente, la tercera formación política de ámbito nacional no
se unió a los pactos autonómicos, como hubiera sido deseable, y ahora lo
recuerda --por cierto, constantemente-- con la desazón del niño que no ha
salido en la fotografía familiar.

Bueno es recordar, por aquello de la coherencia, que desde hace un
quinquenio el Partido Popular colocó en el frontispicio de sus demandas
la necesidad de un pacto autonómico que desbloqueara el proceso de
construcción de la autonomía. Este pacto, para el que se demandaba el
consenso de los partidos, fue reiteradamente pedido por los dirigentes
del Partido Popular y, muy singularmente, por el hoy portavoz del Grupo
en el Senado y Presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, don
Alberto Ruiz-Gallardón.

Es momento, cuando legislativamente aquella demanda se culmina, de
expresar el legítimo orgullo que tenemos en el Partido Popular por
aquella iniciativa, por cierto, no comprendida siempre ni por todos. Hoy,
desde un amplio consenso, que aúna una singular mayoría de representantes
democráticamente elegidos por los madrileños y por todo el pueblo
español, este orgullo es compartido --y es bueno que así lo sea-- por el
Partido Socialista Obrero Español. Hay quien no puede compartir este
orgullo porque en su día se apartó del proceso de diálogo, que culminó en
el consenso. A nuestro juicio, Senadora Vilallonga, las reiteradas
objeciones de Izquierda Unida no revisten la importancia que hubiera
justificado, ni mucho menos, su lejanía del acuerdo.

Es obvio --y acaso no sea momento de insistencias en este punto-- que con
aquellos pactos autonómicos, ni tampoco con las reformas actuales, quedan
cerradas las posibilidades de desenvolvimiento estatutario ni el techo
competencial de las Comunidades Autónomas. Restan transferencias a la
espera y frentes que cerrar, desde la suficiencia financiera a las
redundancias administrativas o los resortes de perfeccionamiento de los
mecanismos de solidaridad y, cómo no, también los propios Estatutos de
Ceuta y Melilla, tan demandados por ceutíes y melillenses. Pero el paso
que se da, con lo que entrañan las reformas estatutarias y, en este caso
concreto, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
no debe, ni mucho menos, vedarse.

No creemos que sea momento ni circunstancia para llevar el debate a otros
horizontes que, sin restarles importancia global, no entendemos tengan
sitio en el marco que abordamos en esta ocasión. Por ello, no acogemos el
medio centenar de enmiendas presentadas por la Senadora Vilallonga y el
Senador Cuevas, aunque su preocupación última naturalmente nos merezca
respeto. Las enmiendas suponen un entendimiento diferente no sólo del
fondo, sino de la forma de la ley. Entran en campos como el de la
singularización del papel de Madrid como capital no sólo de la Comunidad,
sino también de España, que por más que se trate de un asunto importante
y necesario, la llamada ley de capitalidad, no están en este ámbito y
deben seguir, y ya siguen, una vía diferenciada.

Otros aspectos electorales, funcionales o formales de nuestra Comunidad
que se abordan en las enmiendas de los señores Senadores citados, tampoco
nos parecen razonablemente abordables en el marco de esta reforma. Sin
duda, los Senadores enmendantes, como no podía ser de otra manera --y en
el caso de la Senadora Vilallonga, queda patente en su actuación política
en la Asamblea de Madrid, que tan bien conozco--, desean profundizar en
el papel de nuestra Comunidad. Nadie niega la buena voluntad y la buena
intención. Comparto el interés, pero no el medio ni la ocasión.

Señorías, uno de los hechos más innovadores de la Constitución de 1978
es, sin duda, la estructuración de España como un Estado de las
Autonomías. En él quedaba salvaguardada la unidad y realidad indivisible
de España; se reconocía a las distintas nacionalidades y regiones de
España el derecho a constituirse en Comunidades Autónomas, y se alzaba,
como una consecuencia de ambas realidades, la solidaridad
interterritorial.

Hoy, a los quince años largos de la Constitución, el proceso autonómico
va culminándose, los pasos no son fáciles, pero pocas cosas importantes
son fáciles. El que supone este debate, este trámite parlamentario, es un
paso relevante. Nosotros sentimos que no lo hayan comprendido así los
compañeros Senadores firmantes de las enmiendas.

Por otra parte, la señora Vilallonga dice que no va a votar la reforma
del Estatuto, pero vota cada día el apoyo al Gobierno del señor Leguina,
que vota la reforma del Estatuto.

Señorías, bien sabemos, y lo ha recordado el Senador Rigol citando
palabras del señor Ruiz-Gallardón, que la Comunidad Autónoma de Madrid no
encuentra justificación de su existencia en razones de diferencia
cultural y lingüística, ni siquiera histórica. La cultura, la lengua, la
Historia de Madrid son las comunes al conjunto de España. Pero también es
cierto que sin esos hechos diferenciales, Madrid tiene un carácter
deferente y acogedor que nada ni a nadie niega. En su día los
representantes de Madrid decidieron acceder al futuro como una Comunidad
Autónoma más. Y pasados los años suficientes, y desde la experiencia
acumulada, una reflexión objetiva nos hace considerar aquella decisión
como acertada. Nuestra Comunidad ha de justificar su existencia
precisamente en la acción de cada día, en un servicio al ciudadano mejor
y más cercano; en definitiva, más humano.

La reforma del Estatuto que representa esta ley que hoy debatimos habrá
de suponer, sin duda, un mejor y más humano servicio al ciudadano desde
unas mayores competencias. Por ello, debemos estar satisfechos.




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El Grupo Parlamentario Popular apoya con decisión y convencimiento, y el
orgullo añadido por el papel que ha tenido en su proceso, la ley que hoy
se debate y que supone una positiva reforma del Estatuto de Autonomía de
nuestra Comunidad. Nuestro voto apoyará el Dictamen de la Comisión.

Señor Presidente, señorías, y con esto termino, creo que hoy es un día
importante para Madrid, y de ello todos debemos congratularnos.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Van-Halen.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.




El señor SERRANO BELTRAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo, en nombre de mi Grupo, para mostrar mi apoyo al
Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de reforma del Estatuto
de Autonomía de Madrid.

Sería reiterativo insistir en la satisfacción que le produce al Grupo
Socialista la aprobación tanto de este proyecto de ley como de todos los
demás que hemos estado examinando durante esta tarde y parte de la
mañana. Nos produce idéntica satisfacción cada uno de ellos, porque
formamos parte de un partido que ha sido capaz de llegar a un acuerdo
autonómico mediante el cual se ha podido realizar un avance
importantísimo en la articulación del Estado de las Autonomías. Digo esto
porque soy Senador por la Comunidad de Madrid, pero como también soy y me
siento español mi orgullo alcanza a todas las demás Comunidades
Autónomas.

No voy a insistir mucho más en esta cuestión porque hacer a estas horas
un repertorio de las alegrías, las satisfacciones, las glosas y
maravillas históricas, recientes o lejanas, sobre cómo se ha desarrollado
el proceso estatutario en Madrid, que es muy complejo --como el de las
demás Comunidades--, me parece muy útil desde el punto de vista de la
cultura general y del «Diario de Sesiones», pero no creo que tenga mucha
utilidad política. Sin embargo, en mi modesta opinión, sí la tiene el
hecho de que el Grupo Socialista explique, al menos muy brevemente, por
qué no va a apoyar las dignísimas enmiendas presentadas por los Senadores
Vilallonga y Cuevas.

La mayor parte de las argumentaciones con las que, sobre todo la Senadora
Vilallonga, ha sostenido estas enmiendas, que son semejantes para unos y
otros Estatutos --y, por tanto, me sirven para referirme tanto al de
Madrid, como a cualquiera de los que hemos examinado--, está basada en su
desacuerdo con el pacto autonómico. La verdad es que también me hubiera
gustado que el resto de los partidos hubiéramos sido capaces de convencer
a Izquierda Unida de la bondad de este acuerdo. Unicamente, me gustaría
hacer una reflexión al respecto: yo pensaría que si todos los demás
grupos de la Cámara están de acuerdo en que esta reforma merece la pena
ser votada, a lo mejor la razón la tienen los demás. Es posible ese
razonamiento, y no hay que pensar que siempre se tiene la razón por estar
en una posición diferente. Eso no suele ser una garantía. Piensen ustedes
que si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con el Partido Popular
--con el que no tenemos demasiados puntos de coincidencia parlamentaria y
política-- en un asunto de esta trascendencia, será porque creemos que es
importante para Madrid y el resto de España.

De todos modos, parte de los argumentos de la Senadora Vilallonga van en
la dirección de afirmar que este pacto ha devaluado los debates en las
Asambleas autonómicas. Menos mal que se ha salvado Madrid, porque ésta es
la octava vez que este Senador interviene para defender la reforma de su
Estatuto. De esas ocho veces, cinco han sido en la Asamblea de Madrid;
fíjense, pues, si en ella ha habido debates: tres en Comisión, de
desarrollo estatutario, y dos en Pleno. Por tanto, el pacto no ha tenido
nada que ver en esto.

Por otra parte, no sé cómo hubiera cambiado el papel de las Asambleas
autonómicas si Izquierda Unida hubiera firmado el pacto. Eso es un
misterio para mí. Si Izquierda Unida hubiera firmado el pacto, ¿hubieran
hecho algo distinto las Asambleas autonómicas? Probablemente, no.

¿Hubieran recibido nombre los Estatutos por arte de magia? Porque esta
mañana la Senadora Vilallonga decía que los Estatutos de esta Reforma son
diferentes porque no tienen nombre. A lo mejor lo tendrían si Izquierda
Unida hubiera firmado el acuerdo; no lo sé, pero me parece que esta
cuestión es bastante irrelevante.

Mi segundo argumento es de contenido, y en este punto me voy a centrar
más específicamente en el Estatuto de Madrid. Hay tres tipos de enmiendas
presentadas por los Senadores Vilallonga y Cuevas. Algunas de las
cuestiones que plantean son institucionales, y quizá se hubiera requerido
un acuerdo sobre estos asuntos. En mi opinión, no necesitan tanto una
reforma estatutaria cuanto ponerse de acuerdo en la Asamblea de Madrid
sobre su funcionamiento. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es
la argumentación sobre la ley de capitalidad, porque su enmienda,
Senadora Vilallonga, pretende que no exista dicha ley. Lo que pretende
estrictamente es que la ley de capitalidad no deba votarse por las Cortes
Generales --el Congreso de los Diputados y el Senado--, sino que en el
Estatuto quede exactamente establecido en qué consiste la peculiaridad de
Madrid como capital. Esa es su pretensión y la reduce a dos cuestiones: a
la contribución económica que fijarán los Presupuestos General del Estado
y a la elección directa de los vocales de las Juntas de



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distrito. Si las Cortes Generales no pueden ir más allá en la definición
de la capitalidad de Madrid, la cuestión es bastante pobre.

En cuanto a si la Asamblea de Madrid se reúne más o menos, he de aclarar
que no lo hace cuatro meses al año, sino 120 días, que es diferente, y
está reunida en sesiones prácticamente durante el mismo período que las
Cortes Generales, y no ha hecho falta reformar el Estatuto para esa
cuestión. Por tanto, no entiendo que eso sea el fundamento de la negativa
a aprobar este proyecto.

El resto son cuestiones que tienen que ver con un entendimiento de lo que
son las autonomías del 151, que no considera lo que ha avanzado el
Tribunal Constitucional desde que se hicieron estos Estatutos hace muchos
años ya. Hay cuestiones que se plantean como de competencia legislativa
plena que no lo pueden ser. Por ejemplo, en materia de expropiación o de
responsabilidad de la Administración Pública, o están mal enfocadas desde
el punto de vista del Tribunal Constitucional, o plantean la
transferencia de la sanidad. También me ha chocado la argumentación con
respecto a esto. Se nos dice que la educación es complicadísima y, a
pesar de todo, se ha hecho la transferencia. Sin embargo, la sanidad, que
es igual de complicada, no. Entonces, ¿no se debería haber hecho la de
educación? No lo sé. Es evidente que la transferencia de la sanidad --en
esto podemos estar todos de acuerdo-- requiere una mayor reflexión y
terminará por formar parte de las competencias de Madrid. ¡Cómo no! Y se
hará por la vía que sea, y se reformarán los Estatutos en su momento,
pero ahora, si los partidos políticos firmantes del pacto han considerado
que no debe realizarse esa transferencia es porque han valorado muy bien
las dificultades que podrían recaer --en concreto sobre la Comunidad de
Madrid serían tremendas-- si esa transferencia se produjera en este
momento. Y lo más triste para los madrileños sería que tuviéramos una
competencia y que entre todos no fuéramos capaces de desarrollarla
adecuadamente porque nos habíamos apresurado a la hora de definir la
propia transferencia. Solamente hay que preguntar a las Comunidades
Autónomas que han recibido las competencias del Insalud para saber si
están conformes o no en cómo se han hecho las transferencias, que, por
cierto, cada una ha sido distinta de las demás.

Voy a terminar ya porque a estas horas tampoco es cuestión de que yo
entretenga demasiado a sus señorías con argumentos. Simplemente quiero
decirles que, como madrileño, creo que esta reforma va a contribuir a la
mejor calidad de vida y al mayor bienestar de los ciudadanos de Madrid y
que por eso apoyamos en el fondo este proyecto de ley. Insisto en mi
agradecimiento a los demás grupos parlamentarios por su apoyo y en que me
considero orgulloso no sólo del trabajo de este Estatuto, sino de todos
los demás.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Serrano. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas números 1 a 50,
de los Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, correspondientes al
voto particular número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, una; en contra, 200; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación del texto correspondiente al artículo único,
Disposición Derogatoria y Preámbulo, según el Dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 201; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Aplausos.)



--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13 Y
18 DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE
AUTONOMIA PARA ASTURIAS (S. 605/000010, C. D. 127/000013)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del Dictamen de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de
ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley
Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias. Publicada en el Boletín correspondiente, de fecha 4 de marzo de
1994.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que a lo largo de todo el debate de los Estatutos hemos podido
explicar claramente nuestra posición en relación con el voto de los
Estatutos. Yo no quiero que la brevedad de mi intervención se entienda
como una falta de interés o de atención al Estatuto de Autonomía de
Asturias. Lo digo, sobre todo, por una cuestión muy personal, porque no
me quiero ganar la



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antipatía de las compañeras y compañeros del Senado. Pero sí había que
apoyar con fuerza todos los Estatutos de Autonomía, nuestra opinión es
que el Estatuto alternativo que presenta Izquierda Unida-Iniciativa por
Cataluña fue fruto de un consenso político de todas la fuerzas políticas
de Asturias. Yo entiendo, comprendo, pero no comparto, que por esos
pactos legítimos algunos compañeros y compañeras en este momento discutan
y varíen su compromiso político con Asturias. Comprendo, entiendo, pero
no comparto.

Se ha hablado de unanimidades y nos preguntan cómo se llamaría el
Estatuto en tal Comunidad Autónoma si Izquierda Unida hubiera firmado.

Pues se llamaría, en este caso, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Asturias. No tenemos ninguna pretensión de propiedad, hay otros que sí.

Se llamaría Estatuto de la Comunidad Autónoma de Asturias. Lo que pasa es
que nosotros solemos cumplir los compromisos cuando llegamos a acuerdos
políticos.

No puedo dejar pasar algunas afirmaciones que seguramente se harán en el
debate de este Estatuto, como lo de salir en la foto. Yo creo que no se
trata de salir en la foto a la hora de firmar un Estatuto. Yo creo, por
lo menos es lo que pensamos en Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña,
que es un tema de compromiso político con un proyecto político de Estado.

Eso es lo que queremos mantener. En algunas Comunidades Autónomas tenemos
más éxito y en otras menos, pero queremos mantener nuestro compromiso
político, con todas las rectificaciones necesarias, pero siempre
cumpliéndolo; con el que nos presentamos a las elecciones en cada
Comunidad Autónoma y dentro del Estado español.

Esto es lo que tiene que ser. No se trata de salir o no en la foto.

¿Diálogo?, todo. Veintitrés enmiendas para dialogar un Estatuto de
Autonomía. Muchos compañeros y compañeras que van a votar en contra de
estas enmiendas las habían aceptado con anterioridad. ¿Diálogo?, todo.

Pero no es un diálogo entre dos, sino que tiene que ser un diálogo entre
todos.

Nosotros, aunque vamos a perder en la votación de las enmiendas, vamos a
votar contrariamente al Estatuto de Autonomía de Asturias por las razones
que hemos apuntado, porque queremos ampliar el techo. Ponemos a
disposición de todos los grupos las veintitrés enmiendas y esperamos que
el resto de los grupos políticos en el momento que quieran ampliar el
techo competencial pongan a nuestra disposición las enmiendas que ellos
presentan. Seguramente, coincidiremos en esas enmiendas. ¿Por qué? Porque
yo creo que todos estamos de acuerdo en elevar los techos competenciales.

Lo que pasa es que unos tenemos más prisa y otros menos, por aquello de
que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero luego hay otro
refrán que yo no comparto que dice que a quien madruga Dios le ayuda. En
este caso, yo creo que el Senado podría ayudar a la Comunidad Autónoma de
Asturias, que tiene grandes problemas industriales, y con mayores
competencias en el tema industrial a lo mejor no hubiéramos llegado a la
situación en que se encuentra. Pero, en fin, los que van a votar tendrán
que responder de eso ante el electorado, como también tendrán que
responder al electorado algunos compañeros y compañeras que tendrán que
explicar a los ciudadanos --si quieren explicárselo; nosotros sí vamos a
hacerlo-- que existe otro marco competencial mayor que el que se va a
aprobar aquí hoy.

Por tanto, se habla de la voluntad de los representantes de Asturias, que
es legítima y cierta, pero también hay otra voluntad de explicación, y a
lo mejor a algún representante de la Comunidad Autónoma legítimamente
elegido se le ha olvidado explicar a los ciudadanos de Asturias que
existe otro marco competencial más elevado y que un andaluz, desde aquí,
y una madrileña, también desde aquí, están reclamando ese alto grado de
competencias.

Por tanto, yo creo que no hay que hablar de falta de diálogo, de cómo se
llamarían los estatutos ni de todas estas historias. Yo creo que cada uno
está defendiendo legítimamente lo que piensa y el proyecto político de
Estado que quiere. Por eso, señorías, cada uno está donde está.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas González.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.

Intervengo simplemente para mostrar la posición favorable de nuestro
grupo parlamentario a la reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de
la Ley Orgánica 7/1981, del 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía
para Asturias.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El Senador Barbuzano tiene la palabra.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, creo que debemos saludar amablemente, aunque le hayamos hecho
esperar algo, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de Asturias, que
nos acompaña en esta sesión.

Deseamos fervientemente que esta reforma de determinados artículos del
Estatuto de Autonomía de Asturias sirva para que esa Comunidad altamente
industrializada a la que azotan, sin duda, reconversiones y más
reconversiones y la crisis económica, que también



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nos azota a todos, especialmente allí, pueda elevar el bienestar de sus
ciudadanos y hacerles la vida cada día más agradable y feliz.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa).

Tiene la palabra el Senador Grau.




El señor GRAU I BULDU: Señorías, ante todo manifiesto que nuestro grupo
va a votar afirmativamente esta proposición de reforma de varios
artículos de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Asturias.

Una vez más, reiteramos nuestra posición afirmativa al desarrollo
autonómico. La autonomía debe ser el camino hacia el autogobierno, y como
la votación de ahora lo es, estaremos en la vía correcta.

Hoy, el Principado de Asturias continúa su proceso de desarrollo
autonómico, y es de esperar que la confianza en la gestión de las
competencias que se transfieren permita obtener de forma real el
reforzamiento de sus instituciones hacia el afianzamiento del
autogobierno.

Asturias, como Cataluña, ha participado desde su propia identidad en la
construcción del Estado español, y ser asturiano ha sido un sello de
identidad importante, por lo que avanzar en la definición de la misma
desde el autogobierno tiene que contar con nuestro apoyo.

Asturias tiene además el reto de un futuro que precisa de una cohesión
importante. Precisará por ello de la convicción en su identidad propia y
de arrimar el hombro con hombro, aunando voluntades para encontrar las
soluciones nacidas directamente de la voluntad democrática de todos los
asturianos.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que participa de este espíritu, votará
favorablemente la reforma del Estatuto de Asturias.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, en primer lugar quiero agradecer la
presencia del Presidente de la Junta General del Principado y miembros de
la Mesa, que en la soledad de la tribuna de invitados merecen, sin
embargo, cualitativamente el agradecimiento por el hecho de haber
presenciado la discusión de varias reformas de los Estatutos, y en
especial haber esperado a estas horas de la noche para ver cómo al final
vamos a aprobar la reforma de varios artículos de nuestro Estatuto de
Autonomía.

En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente las intervenciones
cortas, pero emotivas, al menos para quien les habla, que después de
tantos años de lucha por la consecución de un mayor autogobierno en
nuestra Comunidad encuentra ahora el respaldo de la práctica totalidad de
los grupos parlamentarios, excepción hecha, y es una pena, señor Cuevas,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Es lógico y legítimo defender posturas en las que uno cree, pero resulta
difícil poder defender enmiendas que puedan poner en duda la auténtica
necesidad que Asturias tiene de promover un mayor autogobierno, dada la
situación histórica por la que está atravesando, cuya crisis,
extremadamente delicada, obligaría cuando menos, a que hecho el
planteamiento de las enmiendas, y al no haber encontrado el apoyo
suficiente, a retirarlas para que, evitando el voto negativo, pudiéramos
incorporar a Izquierda Unida de Asturias en esa previsión de futuro que
siempre y continuamente desde el Parlamento buscó querer defender.

El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pretende, a través
de las 23 enmiendas formuladas a nuestra Proposición de ley, sustituir la
iniciativa misma auspiciada por la Junta General del Principado y, al
mismo tiempo, alterar el procedimiento iniciado tiempo atrás para
transmutar el marco competencial y estatutario del Principado basado en
la vía del artículo 143 de la Constitución como si se tratase de un
empecinamiento achacable al Principado de Asturias la fórmula utilizada
en su momento para acceder al autogobierno y disponer, en lugar del texto
remitido por el Parlamento asturiano, una iniciativa basada en la
homologación de competencias y atribuciones de las Comunidades que
accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 de nuestra
Constitución.

Es indudable que el Grupo autor de las enmiendas pretende diluir en el
contexto de las mismas el progreso que supone para el Principado de
Asturias contar con las nuevas competencias y atribuciones que se pasan a
recoger expresamente en el Estatuto de Autonomía de Asturias, porque no
en vano, el hecho de que Izquierda Unida no participe activamente en la
proposición que ahora discutimos, se debe más, a mi juicio, a su falta de
tolerancia que a su verdadera intención autonomista.

Izquierda Unida depositó reiteradamente en el Principado de Asturias la
confianza para gobernar en el Partido Socialista Obrero Español, cuyo
programa, en materia de autogobierno, ha sido siempre restrictivo en el
caso asturiano en el tema autonómico. Durante el tránsito de la segunda
legislatura, del año 1987 a 1991, ha sido un importante compañero de
viaje del Gobierno Socialista Asturiano, y jamás supo encontrar cabida
entre los acuerdos con él suscritos a la reforma



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amplia del Estatuto de Autonomía, y tuvo que unirse al Partido Popular y
al Centro Democrático y Social para conseguir ese objetivo. Por tanto,
señor Cuevas a usted no le han informado del todo del proceso seguido en
Asturias.

Hay otro marco competencial mayor, indudablemente, y por él hemos luchado
las fuerzas políticas de Asturias, incluida Izquierda Unida. Pero el
quórum requerido impidió en aquel caso con el no apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista que esa iniciativa prosperase. Por consiguiente,
a partir de ahí, la exigencia de un mayor autogobierno hizo que nosotros
en un encuentro con el Gobierno y con el Partido Socialista Obrero
Español llegásemos a este acuerdo o propuesta razonable de mayor
autogobierno para el Principado de Asturias.

Al hilo de esa fracasada iniciativa, Izquierda Unida, consciente del
consenso alcanzado, trató de ampliar esas competencias y atribuciones de
Asturias mediante dos iniciativas, basadas curiosamente en la vía ahora
utilizada por el Parlamento Asturiano o en la petición de delegación de
competencias del Estado que no es otra que la fórmula que se contiene en
la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que es precisamente la que
surge de ese consenso alcanzado entre el Gobierno, el Partido Popular y
el Partido Socialista a fin de impulsar los autogobiernos de las
autonomías que accedieron al mismo por la vía del artículo 143. En estas
dos iniciativas asturianas a que me refiero, también contaba con el apoyo
del Partido Popular y del CDS.

No cabe, pues, en la previsión de respeto al consenso y del mayor apoyo
parlamentario posible, sino rechazar estas enmiendas presentadas por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

El Grupo Parlamentario Popular no quiere dejar, sin embargo, de reiterar
una vez más que en su ánimo está continuar con el desarrollo del
autogobierno de Asturias, pero dentro de los cauces expresados de respeto
al máximo consenso posible de defensa de los intereses manifestados al
respecto por los representantes del Parlamento Autonómico Asturiano en la
línea del máximo acuerdo entre estos representantes y, concretamente, los
del Principado de Asturias.

Ojalá que el mayor autogobierno de Asturias que va a suponer, sin duda,
la reforma de estos artículos de nuestro Estatuto de Autonomía, sirva
para que la región recobre el peso político que le ha faltado en los
últimos años y que le ha llevado a ser en estos momentos una región, como
decía al principio, en una situación extremadamente delicada.

Yo espero que, aunque sólo sea por el hecho de que los asturianos sientan
que sin haberlo conseguido todo han conseguido en parte la necesidad de
poder sentirse satisfechos con un autogobierno que les dé la posibilidad
y las medidas de que ante tanta frustración, creada en los últimos años,
puedan ver con optimismo y con ilusión un futuro más esperanzador. Ese
pueblo asturiano que tanto luchó en el contexto precisamente de la
geografía española para hacer posible no sólo la unidad, sino la defensa
de los verdaderos intereses y vocación que en el ánimo precisamente
especial de los asturianos está de la defensa de su lengua, de su
cultura, de sus artes, de su tradición y de su historia. Y es hoy, cuando
abandonada en estos momentos por parte --y todo hay que decirlo-- de
quien pudieron haber puesto alguna cota a este desmadre que se ha
ocasionado, cuando creo que era necesario el mayor consenso y, por qué no
decirlo, la unanimidad, como aquí hemos visto, para que Asturias recobre
ese pulso político para que pueda ejercerlo con dignidad y para que
Asturias se una también al desarrollo como derecho que le enmarca el
propio Estatuto y la Constitución al igual que las demás regiones
españolas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador García Fernández.




El señor GARCIA FERNANDEZ: Señor Presidente, permítame expresar mi
agradecimiento a los componentes de la Junta General del Principado,
encabezada por su Presidente y Secretario Primero, excelentísimos señores
don Eugenio Carvajal y don Avelino Pérez que nos honran en esta larga
jornada con su presencia. (Aplausos.)
En cuanto a la intervención del acto que nos ocupa quiero simplemente
reiterar lo expuesto en anteriores ocasiones. Vamos a apoyar los acuerdos
que la Junta General del Principado de Asturias adoptó por amplia mayoría
en lo que se refiere a la reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18
del Estatuto de Autonomía para Asturias. Asimismo, rechazamos todas las
enmiendas presentadas, al igual que lo hicieron en su momento en la Junta
General del Principado, haciendo nuestras, señor Presidente, las palabras
pronunciadas en el Congreso de los Diputados por el Diputado señor
Martínez Noval: Seguir el camino institucional recorrido por el
Principado de Asturias desde 1979, cuando el Consejo Regional primero y
los municipios asturianos después tomaron la iniciativa de comenzar el
proceso de constitución de Asturias como Comunidad Autónoma conforme a
las previsiones del artículo 143.2 de la Constitución española.

Quisieramos, señor Presidente, al hilo de lo que se ha dicho en esta
tribuna, decir que si aquí todos nos conocemos qué no pasará en Asturias.

No quiero hacer más comentarios.

Quisiéramos que comprendieran los enmendantes el



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importante avance que supone esta reforma para que entendiéndolo así
unieran su voto afirmativo al nuestro. Hacemos esta petición, que la
agradecemos de antemano porque ya nos han manifestado su voto favorable,
a todos los grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos en los escaños de la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Fernández.

Vamos a someter a votación las enmiendas y el texto del dictamen en el
momento en el que estemos en condiciones de hacerlo.

Sometemos a votación las enmiendas números 1 a 23 de los Senadores
Vilallonga y Cuevas Gonzáles, del Grupo Parlamentario Mixto,
correspondientes a su voto particular número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, tres; en contra, 202; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y
preámbulo según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 201; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada definitivamente por las Cortes
Generales la proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10,
11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Asturias. (Fuertes aplausos.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.




Eran las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.