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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 611, de 07/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 611
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 45
celebrada el martes, 7 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre expresión pública por el
Embajador de España, señor Ojeda, de sus opiniones políticas personales
durante el ejercicio de su función representativa. (BOCG serie D, número
283, de 23-10-95. Número de expediente 181/001694). (Página 18549)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre política de ayudas del
Gobierno español al Gobierno de Cuba. (BOCG serie D, número 282, de
20-10-95. Número de expediente 181/001695). (Página 18551)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre volumen de inversiones
españolas en Cuba en los últimos cinco años. (BOCG serie D, número 282,
de 20-10-95. Número de expediente 181/001696). (Página 18551)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre incidencia en la
política de inversiones y ayudas españolas a Cuba de la nueva Ley Helms
del Congreso de los Estados Unidos, que trata de endurecer más el
embargo. (BOCG serie D, número 282, de 20-10-95. Número de expediente
181/001689). (Página 18551)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre pauta de garantías por
parte del Gobierno a las inversiones españolas en Cuba. (BOCG serie D,
número 282, de 20-10-95. Número de expediente 181/001701). (Página 18551)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre garantía de que el
gaseoducto Argelia-España esté en funcionamiento en el año 1996. (BOCG
serie D, número 282, de 20-10-95. Número de expediente 181/001697).
(Página 18557)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre posición del Gobierno
español ante las próximas elecciones presidenciales de Argelia. (BOCG
serie D, número 282, de 20-10-95. Número de expediente 181/001698).
(Página 18558)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Popular), sobre medidas para garantizar
la extracción de los resultados del reciente proceso electoral de las
municipales de Guinea. (BOCG serie D, número 282, de 20-10-95. Número de
expediente 181/001700). (Página 18562)
Declaración mostrando el pesar de la Comisión por el asesinato del Primer
Ministro de Israel, Isaac Rabin. (Página 18564)
Dictámenes sobre:
--Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular sobre la supresión de visados de
salida a residentes y régimen básico de visados, realizado «ad
referendum» en Argel el 14-12-94. (BOCG serie C, número 214-1, de
12-9-95. Número de expediente 110/000176). (Página 18564)
--Denuncia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre gratuidad de
visados entre España y Marruecos, realizado en Rabat el 15-7-91. (BOCG
serie C, número 215-1, de 18-9-95. Número de expediente 110/000177).
(Página 18565)
--Denuncia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y
Túnez sobre gratuidad de visados, realizado en Madrid el 13 y 15-7-92.
(BOCG serie C, número 218-1, de 18-9-95. Número de expediente
110/000180). (Página 18565)
--Acuerdo entre el Reino de España y la Federación de Malasia relativo a
la supresión parcial de visados, firmado «ad referendum» en Kuala Lumpur
el 4-4-95. (BOCG serie C, Diario 216-1, de 18-9-95. Número de expediente
110/000178). (Página 18565)
--Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de
España y la República de Letonia, firmado en Riga el 26-6-95. (BOCG serie
C, número 217-1, de 18-9-95. Número de expediente 110/000179). (Página 18566)
--Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América y Anexo, firmado «ad referendum»
en Madrid el 10-6-94. (BOCG serie C, número 219-1, de 18-9-95. Número de
expediente 110/000181). (Página 18566)
--Constitución y Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, firmados «ad referendum» en Ginebra el 22-12-92, así
como Declaraciones a formular por España. (BOCG serie C, número 222-1, de
25-9-95. Número de expediente 110/000182). (Página 18567)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Nicaragua para el
cumplimiento de condenas penales, firmado «ad referendum» en Nicaragua el
18-2-95. (BOCG serie C, número 223-1, de 25-9-95. Número de expediente
110/000183). (Página 18569)
--Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de
España y la República de El Salvador, firmado «ad referendum» en San
Salvador el 14-2-95. (BOCG serie C, número 224-1, de 25-9-95. Número de
expediente 110/000184). (Página 18570)
--Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia
mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mejicanos de 21 de noviembre de 1978, firmado en la ciudad de Méjico el
23-6-95. (BOCG serie C, número 225-1, de 25-9-95. Número de expediente
110/000185). (Página 18570)
--Acuerdo entre los Gobiernos de la República Francesa, la República
Federal de Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el Reino de España y el Reino de Bélgica relativo al programa AIRBUS
A330/A340, hecho en Dresden el 25 y 26-4-94. (BOCG serie C, número 226-1,
de 25-9-95. Número de expediente 110/000186). (Página 18571)
--Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la
segunda reunión de expertos jurídicos y técnicos (7 al 11 de febrero de
1995) y la IX reunión ordinaria de las Partes Contratantes para la
revisión del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la
contaminación y sus Protocolos conexos (Barcelona, 5 al 10-6-95). (BOCG
serie C, número 227-1, de 25-9-95. Número de expediente 110/000187).
(Página 18572)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por
otra, firmado en Bruselas el 9-2-95. (BOCG serie C, número 228-1, de
25-9-95. Número de expediente 110/000188). (Página 18574)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajstán, por
otra, firmado en Bruselas el 23-1-95. (BOCG serie C, número 229-1, de
25-9-95. Número de expediente 110/000189). (Página 18574)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Belarús, por otra,
hecho en Bruselas el 6-3-95. (BOCG serie C, número 230-1, de 25-9-95.
Número de expediente 110/000190). (Página 18574)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República Islámica de Pakistán, firmado en Madrid
el 15-9-94. (BOCG serie C, número 231-1, de 25-9-95. Número de expediente
110/000191). (Página 18576)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República Gabonesa, firmado «ad referendum» en
Madrid el 2-3-95. (BOCG serie C, número 233-1, de 6-10-95. Número de
expediente 110/000193). (Página 18576)
--Protocolo de modificación del artículo 3 del Convenio de nacionalidad
entre España y Guatemala, firmado «ad referendum» en Guatemala el
10-2-95. (BOCG serie C, número 232-1, de 25-9-95. Número de expediente
110/000192). (Página 18577)
--Acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12-6-95. (BOCG serie C, número 237-1, de 21-10-95. Número
de expediente 110/000194). (Página 18578)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE EXPRESION PUBLICA POR EL
EMBAJADOR DE ESPAÑA, SEÑOR OJEDA, DE SUS OPINIONES POLITICAS PERSONALES
DURANTE EL EJERCICIO DE SU FUNCION REPRESENTATIVA. (Número de expediente
181/001694.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
En primer lugar, quiero darles a conocer una petición del Grupo Popular
que solicita el aplazamiento de la pregunta oral número 1668, la primera
del orden del día. ¿Está de acuerdo la Comisión en proceder a este
aplazamiento? (Asentimiento.) Por consiguiente, se pospone esta pregunta.
Señorías, vamos a seguir el orden del día, pero no de una manera lineal.
Propondría al señor Milián, que ha presentado varias preguntas, que, si
es posible, se condensen en una sola intervención varias que se refieren
no diré que al mismo tema en sentido estricto, pero sí al mismo ámbito,
concretamente las números 2, 3, 4, 7 y 9. Todas ellas se refieren a las
relaciones de nuestro país con diversos aspectos de la política en Cuba.
El señor MILIAN MESTRE: No hay ningún problema, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, señor Milián, le doy la palabra para
que formule usted las preguntas que acabo de citar y solicitaré al señor
Secretario de Estado, a quien doy la bienvenida, que también las conteste
en un solo turno.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, quiero hacer una
puntualización. La pregunta número 2 no se corresponde con el resto,
puesto que se refiere al embajador de España en Estados Unidos; las
números 3, 4, 7 y 9 ciertamente son sobre Cuba y van unificadas. Yo
también pediría la unificación de las números 5 y 6, relativas a Argelia.
El señor PRESIDENTE: No va a ser posible agrupar la 5 y la 6 porque una
la va a contestar el señor Secretario de Estado y la otra el señor
Villar, Secretario General de Política Exterior, que vendrá a
continuación.
El señor MILIAN MESTRE: Sobre este punto del orden del día quisiera
información acerca de un hecho, al menos curioso, que se produjo
recientemente con motivo de un viaje del Presidente de la Generalitat de
Cataluña a los Estados Unidos.
El viaje tuvo lugar la tercera semana de septiembre. El embajador de
España, don Jaime Ojeda, hizo no digo una ostentación, pero sí al menos
una expresa manifestación de correspondencia a la ambición protagonista
del Presidente de la Generalitat en sus comparecencias ante los medios de
comunicación, ante ciertos lobbies y ante ciertas universidades,
concretamente la de Miami, que es la que suscita este comentario mío.
Es evidente que don Jaime Ojeda fungía de embajador de España con
carácter oficial en su función representativa y como ciudadano nada
tendría de objetable su comportamiento y sus manifestaciones. Como todo
ciudadano español, tiene derecho a tener su propia opción política y sus
pensamientos al respecto, pero el problema nace cuando fungiendo de
representante del Gobierno y del Reino de España en este caso, el señor
embajador se permite, ante medios de comunicación y un número
considerable de oyentes, ciertas expresiones personales sobre política.
Ocurrió el 22 de septiembre de 1995 en acto público en la Universidad de
Miami, cuando al presentar a Jordi Pujol hizo elogios, probablemente
merecidos, pero yo creo que con un exceso de entusiasmo, al trasladar al
público y a los medios de comunicación sus opiniones políticas
personales. Sus opiniones, como a lo mejor habrán visto en los medios de
comunicación, que tengo aquí a mi alcance --veo citas textuales, pero no
me atrevo a presentarlas como tales, aunque la prensa las entrecomilla--,
son del tipo de: El señor Ojeda afirmó, medio en broma, medio en serio,
entre comillas, «Si yo fuera catalán, no dudaría en votarle». Se refería
a don Jordi Pujol.
Ciertamente, choca que un embajador, ante un auditorio público, haga
manifestaciones de tal naturaleza. Y choca mucho más cuando se está al
borde de unas elecciones autonómicas, justamente las catalanas, que
fueron prácticamente convocadas desde Estados Unidos en ese viaje, puesto
que las manifestaciones del Presidente de la Generalitat fueron muy
claras en el sentido de que al regresar a Barcelona él convocaría este
proceso electoral.
En consecuencia, entiendo que es poco comedido, poco diplomático,
escasamente acertado, un comportamiento como éste por parte del
embajador. El sirve al Estado español, al que representa, y no a un
partido político cuya legítima aspiración al poder es, desde luego,
absolutamente justa y comprensible.
En la misma crónica, por ejemplo, de «La Vanguardia», sobre este hecho,
se relata textualmente, abro comillas, que: Como introductor de Jordi
Pujol en el acto universitario y que ha prestado una total colaboración a
la Generalitat, a diferencia del cónsul de Miami, Carlos Abella, realizó
una intervención alejada de los cánones convencionales. Esto se cita en
«La Vanguardia» el 23 de septiembre de 1995, página 9. Otro tanto cabría
decir de «El País» en la misma fecha, página 5, y otros muchos medios
españoles.
En conclusión, ¿cómo un embajador, en el uso de sus facultades
representativas, puede expresar públicamente una personal afección a
cierta fuerza política? ¿Es correcta esa acción del diplomático
conculcando --no sé utilizar un término exacto--, al menos, la cautela o
la prudencia en público que su cargo y sus funciones requieren? ¿Es
legítimo desde el punto de vista de un representante de la nación
española y de su Gobierno manifestar públicamente tales inclinaciones
políticas, que podrían ser interpretadas como una discriminación, dado el
escenario y su condición oficial, o una incorrección o hasta, por una
posible fuerza competidora en Cataluña, un cierto agravio, puesto que tan
legítimas son unas como otras?
No sé si ello podría dar pie a ciertas interpretaciones recelosas de su
función diplomática y aun de la misma corrupción estricta de los procesos
electorales que tienen lugar entre los ciudadanos españoles de aquellas
tierras de América, que son abundantes, sobre todo en Miami, a los cuales
la embajada deberá tutelar, a través del Consulado, para que desarrollen
su derecho legítimo a la elección.
En consecuencia, yo creo que existe apariencia, al menos, de una cierta
indelicadeza diplomática y, consecuentemente, hay una evidente
inoportunidad política por parte del señor embajador al injerirse de
alguna manera con su opinión en un proceso preelectoral que supone una
cierta incorrección para con otros españoles que piensan políticamente de
distinta manera. Como representante que es de nuestra Nación en aquel
país lo lógico sería moderar los propios impulsos personales y dejar en
lo neutro o en lo abstracto sus propias opciones para no dar indicación
alguna.
Mi pregunta última sería: ¿ha adoptado el Ministerio alguna decisión
respecto a un apercibimiento a tal comportamiento del señor embajador?
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con la pregunta que formula
S. S., quiero hacerle algunas precisiones concretas que son norma general
de actuación en cualquier funcionario diplomático y mucho más cuando este
funcionario detenta la representación del Gobierno como es el caso de los
embajadores. Un embajador de España, evidentemente, es un ciudadano, que,
como otro cualquiera, tiene el derecho a gozar, y puede gozar, de los
derechos y libertades que le confiere la Constitución Española, entre
ellos, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo,
un embajador de España es al mismo tiempo un funcionario público --no
deja de serlo en ningún momento de su función-- y como tal debe estar
sometido al principio de jerarquía propio de la organización
administrativa.
Pues bien, yo creo que la pregunta que S. S. me formula se mueve entre
estos dos polos precisamente. Al margen de sus funciones oficiales, un
embajador puede decir lo que considere más conveniente, si bien en el
ejercicio de sus funciones de representación deberá abstenerse de
expresar opiniones políticas personales y, en particular, respecto a
temas relacionados con la política del país ante el que está acreditado.
Y en cuanto no a expresiones sino a forma de actuar lo que no admite duda
es que un embajador debe seguir siempre estrictamente las instrucciones
que reciba del Gobierno legítimo de España esté o no esté de acuerdo. Si
no está de acuerdo con ellas tiene la posibilidad, y yo diría que la
obligación moral, de dimitir y si las incumple, probablemente será cesado
por razones obvias. Esa es, digamos, la ética de la conducta de un
embajador acreditado ante un país extranjero.
No conozco las exactas declaraciones que pudo hacer el embajador Ojeda ni
tampoco el contexto en que se hicieron, el tono. Todo eso podría matizar
el contenido de una declaración, la que fuere. Repito que no conozco
exactamente los términos de ésta, pero, evidentemente, fueren cuales
fueren, podrían verse matizadas por el lugar, la concurrencia, el tono o
el cariz, la intencionalidad que tuviera al hacerlas.
Por último, desconozco que haya habido ningún tipo de decisión respecto a
que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya apercibido o llamado la
atención al embajador Ojeda. Por consiguiente, tengo que pensar
razonablemente que no la ha habido. Quizá un conocimiento más exacto del
marco en que se produjeron esas declaraciones y sobre todo del tono y de
la intencionalidad con que fueron dichas me daría más posibilidad de
juzgar sobre la pregunta que S. S. me formula. Por eso, sobre todo, he
querido precisar cuál es el marco en el que debe moverse la conducta de
un embajador tanto respecto a sus declaraciones, en donde está jugando
entre esos dos polos de la libertad de expresión y de la necesidad de
abstenerse de expresar opiniones políticas personales sobre todo en
relación a la política del país ante el que está acreditado, y cuál debe
ser su comportamiento, su línea de conducta a seguir, en la que no cabe
otra alternativa que la de seguir estrictamente las instrucciones que
recibe del Gobierno legítimo de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, ¿quiere usted añadir algo?
El señor MILIAN MESTRE: Obviamente, nos movemos en el terreno aleatorio
de las declaraciones de prensa, con la referencia directa de los medios
de comunicación escritos. Yo no tengo el texto de su intervención
tampoco. Bien me hubiera gustado tenerlo. Es cierto que queda bastante
claro en la referencia de prensa cuál era el contexto de su formulación
--existía un entusiasmo evidente por la figura del Presidente de la
Generalitat de Catalunya, al que, por otra parte, no solamente respeto
sino que en algunos aspectos considero altamente--, pero no es menos
cierto que era muy adecuado ante un auditorio universitario y de medios
de comunicación españoles, sobre todo catalanes, proferir alguna
afirmación participativa activamente porque, entonces, a las puertas de
una campaña electoral como ya estamos viendo en este momento en Cataluña
obviamente sí que merecía o podía ser interpretada de otra manera,
manipulada o utilizada. Y ésa es mi queja y por eso hemos formulado desde
mi Grupo Parlamentario esta pregunta.
Nada más.
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) SOBRE POLITICA DE
AYUDAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL GOBIERNO DE CUBA. (Número de expediente
181/001695.)
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) SOBRE VOLUMEN DE
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CUBA EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. (Número de
expediente 181/001696.)
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) SOBRE INCIDENCIA
EN LA POLITICA DE INVERSIONES Y AYUDAS ESPAÑOLAS A CUBA DE LA NUEVA LEY
HELMS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE TRATA DE ENDURECER MAS EL
EMBARGO. (Número de expediente 181/001699.)
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) SOBRE PAUTA DE
GARANTIAS POR PARTE DEL GOBIERNO A LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CUBA.
(Número de expediente 181/001701.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 3, 4, 7 y 9, todas ellas
presentadas por el señor Milián Mestre. La pregunta número 3 se refiere a
políticas de ayudas del Gobierno español al Gobierno de Cuba; la número
4, al volumen de inversiones españolas en Cuba en los últimos cinco años;
la número 7, a la incidencia de la política de inversiones y ayudas
españolas a Cuba de la nueva Ley Helms del Congreso de los Estados Unidos
que trata de endurecer más el embargo, y la número 9, que se refiere a la
pauta de garantías por parte del Gobierno a las inversiones españolas en
Cuba.
Le sugiero al señor Milián, tal como le he dicho anteriormente, que las
defienda en un solo turno. Tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Así lo voy a hacer y trataré de ser breve para
mayor tranquilidad de mis compañeros.
El tema que nos ocupa es políticamente complejo. Evidentemente como
españoles es de enorme interés para todos nosotros y yo creo que hasta de
una cierta correspondencia histórica merecida, dada la fraternidad entre
nuestros países y nuestras culturas.
Lo obvio en este caso es ayudar a Cuba como ha hecho el Gobierno español
de forma sistemática desde los tiempos del régimen anterior, incluso en
situaciones a veces claramente contradictorias. Lo menos obvio es no
tener una clara definición de la política de ayudas y, sobre todo, a
veces de condonaciones de deuda que hemos visto o sospechamos que se
puedan producir en algún momento determinado dado el volumen
cuantiosísimo de la deuda acumulada por Cuba con nuestro país.
Ciertamente no ofrece ninguna duda que la política de ayudas del Gobierno
español a Cuba debe de existir a pesar de la diferencia de nuestros
sistemas políticos, como no ofrece ninguna duda el origen común de la
mayor parte de la población de aquella nación y, consecuentemente, hay
obligación moral de asistir a nuestros propios hermanos en sus
necesidades en momentos tan complicados como los que vive aquella isla
después de la caída del sistema soviético.
Dicho esto yo quisiera simplemente tratar de esclarecer en lo posible
cuál es el marchamo de nuestra política de cooperación y ayuda al
Gobierno de Cuba. ¿Por qué? Por múltiples razones. Primero, porque ha
habido confusas razones y confusos comportamientos en algunas ocasiones,
fruto quizá de una falta de información completa. Es decir, ha habido
ayudas que han sido auténticos regalos; ha habido ayudas ya no solamente
del Gobierno sino también de municipios concretos españoles; ha habido
ayudas en créditos FAD; ha habido ayudas de varios tipos en función de
unos intereses que nosotros tenemos consolidados como españoles en
aquella isla pero que no siempre se ven correspondidos políticamente por
el propio sistema de gobierno de aquel país.
Concretamente en algunos momentos ha habido manifestaciones por parte de
Fidel Castro no solamente discrepantes sino ofensivas, pero lo cierto es
que hemos de hacer caso omiso a veces de estas manifestaciones para ir
más a los intereses fundamentales en relaciones como las nuestras. En
este sentido, entiendo que España está haciendo un sobreesfuerzo
impresionante para ayudar al régimen de Cuba. Entiendo que hay razones
políticas suficientes para condicionar ese esfuerzo tan grande y obligar
al cumplimiento, al menos, de los derechos humanos y al cumplimiento
estricto de ciertas normativas elementales cuales, por ejemplo, el
comportamiento con los presos políticos. Entiendo que los empresarios
españoles se han lanzado --y por eso concateno ya todas esas preguntas--
por su cuenta y riesgo a importantísimas inversiones --creo que junto a
Canadá y México somos el país más destacado en inversiones en este
momento en Cuba-- que no siempre quedan suficientemente garantizadas por
el Gobierno de aquel país.
Recientemente se ha promulgado una ley de inversiones extranjeras que
mejora algo las cosas, pero no es menos cierto que las condiciones que
impone el Gobierno son auténticamente draconianas. Si mi información no
es incompleta, en este momento se están produciendo inversiones españolas
al cien por cien de la cuantía, con una legalización de titularidad al 50
por ciento de las mismas, es decir, que el Gobierno cubano impone y exige
la asunción por su parte de la propiedad de ese 50 por ciento de la
inversión que hace un empresario español o un empresario privado en
aquella isla. Todo ello condiciona, según tengo entendido, la
contratación laboral a los sistemas de contratación que tiene el
Gobierno. No es el empresario el que contrata a sus trabajadores, sino
que es el empresario el que concierta con el Gobierno el suministro de
unos trabajadores, cuyo sueldo va a percibir el Gobierno y del que deriva
una cuarta parte al interesado. Por tanto, hay cosas muy extrañas, muy
atípicas, muy mistificadas --y soy muy edulcorado en mi expresión--, en
lo que es un sistema de economía de libre mercado.
¿Qué ocurre en esta situación? Obviamente, si no pasa nada, todo va bien,
pero ya hay precedentes de empresas españolas que han tenido
frustraciones considerables, inversiones que no han llegado a buen
término en ciertos sectores. Si esto no fuera indicativo de la enorme
apetencia que existe por parte de los empresarios españoles por invertir
en Cuba, yo obviaría parte de esta intervención, pero yo sé que en este
momento hay, no una apetencia, sino un auténtico río de interés de las
empresas españolas por invertir en aquel país. De ahí viene mi
preocupación respecto a la garantía de esas inversiones.
¿Hasta qué punto el Gobierno español, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, está tratando de tutelar la garantía que se debe corresponder
a un proceso de inversión tan importante como el que está produciendo la
iniciativa privada española en aquel país? ¿Hasta qué punto tenemos
garantía de que va a poder ser rescatado, no ya parte del capital, sino
incluso sus rentas o beneficios? ¿Hasta qué punto no habrá problemas ni
conflictos, como otros que antes hemos conocido, como, por ejemplo, en
cadenas hoteleras, donde determinadas inversiones se han perdido al cien
por cien, en el caso concreto que yo recuerdo ahora mismo? ¿Qué está
ocurriendo? Nos estamos moviendo en un marco de una cierta inseguridad
jurídica, en un marco de falta de garantías suficientes y yo creo que en
estos casos el Gobierno español debería velar o tutelar estos intereses
españoles que se están dirigiendo hacia la isla, porque ciertamente de
poco a mucho cambia completamente el resultado de un fracaso o
frustración.
Por último, me gustaría conocer el volumen de inversiones del que en este
momento tiene conocimiento el Gobierno, puesto que mis datos son
particularistas y obedecen mucho más a los señores que han realizado
inversiones en aquel país y, por tanto, no tengo el volumen completo y
oficial de las mismas. Insisto en que en este momento se está produciendo
un río de interés hacia Cuba por parte de inversores españoles que
valdría la pena conocer en su dimensión real y también en sus garantías,
como he dicho anteriormente.
Finalmente, la cuarta pregunta afecta a la política norteamericana.
Nuestro Grupo Parlamentario ha cuestionado muchas veces el comportamiento
político de Fidel Castro y, por supuesto, no estamos satisfechos de la
permanencia en esa reliquia arqueológica a que ha sometido a su país como
sistema político. Pero no es menos cierto que nuestro Grupo Parlamentario
y algunas personas destacadas de nuestro Partido jamás han aceptado ese
planteamiento
--yo creo que absurdo y anacrónico-- de la presión internacional ejercida
por Estados Unidos a través de su famoso embargo. Yo no sé si ha sido
eficaz o no, a mí me parece que ha sido menos eficaz de lo que se dice;
es un pretexto dialéctico que se otorga a Fidel Castro para explotarlo
adecuadamente y, en cambio, yo creo que los efectos económicos sobre el
país han sido menores. Obviamente hubieran sido mucho más beneficiosos de
no existir el embargo, pero no han dejado de faltar suministros a través
de España, México, antiguamente la Unión Soviética y a través de Canadá.
Por consiguiente, se han podido evitar los efectos de ese embargo. Pero
lo que sí es cierto y preocupante es que a estas alturas, cuando parece
darse un principio de flexibilidad en el sistema político cubano, cuando
parece que se inicia un proceso de negociación entre las partes para la
búsqueda de una salida más o menos lógica a ese embarazoso sistema que
está presidiendo como una reliquia Fidel Castro, resulta paradójico --y
en este sentido está formulada la pregunta-- que el Congreso de los
Estados Unidos se lance a una campaña totalmente extemporánea de
endurecimiento de ese embargo por parte de los Estados Unidos.
En este sentido, mi pregunta va encaminada a saber hasta dónde llega el
conocimiento del Gobierno respecto a si va a prosperar o no la Ley Helms
--ya he visto que el jefe de Gobierno español, Felipe González, ha
anticipado su opinión de que no va a prosperar porque va a haber un
interdicto presidencial en los Estados Unidos--, pero lo cierto es que no
deja de preocupar que en un momento en que nosotros intensificamos las
inversiones privadas en Cuba, los empresarios españoles tengan esa espada
de Damocles sobre su cabeza, pendientes de si la Ley Helms prospera en el
Congreso de los Estados Unidos. En consecuencia, quisiera tener
información sobre el proceso de la Ley Helms en este caso, así como sobre
cuál es la visión política del Gobierno respecto a esta eventualidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Empezaré por contestar a la pregunta
que me formula S. S. sobre las políticas de ayuda del Gobierno español al
Gobierno de Cuba. Esta política se desarrolla siempre en el marco del
Convenio básico de cooperación científica y técnica que se firmó entre
España y Cuba en septiembre del año 1978. Posteriormente, en marzo de
1982, se firmó el Convenio de cooperación cultural y educativa y de las
directrices que marcaron el acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre
de 1987 acerca de la distribución de ayudas entre los países de América
Latina. América Latina sigue siendo, como SS. SS. conocen bien, la
primera receptora de la ayuda y la cooperación española. En este marco
legal y general se firmó en La Habana, en noviembre del año pasado, el
acta de la reunión de la Comisión mixta de cooperación hispano-cubana y
ahí están contenidos los compromisos que, en la medida en que lo permiten
los presupuestos españoles de cooperación, nos obligan a llevar a cabo,
en los parámetros fijados en ese acta, la cooperación durante los
próximos tres años a partir de noviembre de 1994. Estos compromisos de
ayuda al Gobierno de Cuba obedecen a prioridades agrupadas en cuatro
áreas. La primera es el área de la reestructuración institucional; la
segunda, el área de la formación de recursos humanos; la tercera, el área
de la modernización de sectores productivos e infraestructuras y la
cuarta, el área de asistencia humanitaria. Voy a leer brevemente el
contenido de esas cuatro áreas y las designaciones fijadas para el
primero de esos tres años de programa recogidos en el acta de noviembre
de 1994.
En el área de la reestructuración institucional tratamos, básicamente, de
apoyar, con envío de expertos, el desarrollo de la administración
económica, financiera, tributaria y sociolaboral cubanas, con el fin de
facilitar el proceso de reformas en el ámbito económico recientemente
abordadas por el Gobierno de Cuba. En el área de la reestructuración
institucional tenemos proyectos orientados al desarrollo de la
administración económica-financiera, facilitando reformas en este ámbito,
por un monto de 44 millones de pesetas durante este año y proyectos que
afectan al ámbito sanitario relacionados con asuntos sociales, por un
monto de 56 millones.
La segunda área, la formación de recursos humanos, se lleva a cabo a
través de cuatro tipos de actuaciones. En primer lugar, la organización
de cursos intensivos teórico-prácticos para postgraduados en España, en
colaboración con instituciones españolas públicas y privadas. En segundo
lugar, la realización periódica en Cuba de cursos, seminarios y
encuentros sobre materias de tipo económico y social. Un tercer tipo de
actuaciones serían los intercambios de expertos en los campos de
investigación científica, tecnológica y cultural, y el cuarto la
convocatoria de becas, programas de vinculación universitaria, como
intercampus y de interrelación universidad-empresa. Esta es una segunda
área donde los cursos intensivos teórico-prácticos para postgraduados en
España y cursos y seminarios en Cuba ha tenido un presupuesto de 150
millones de pesetas y los intercambios de expertos y el importe de los
programas de vinculación universitaria y de universidad-empresa, becas a
postgraduados, convocatorias de ayudas abiertas y permanentes es una
cifra aún sin determinar.
La tercera área sería la modernización de sectores productivos y de
infraestructuras. Ahí hay una asignación de 100 millones de pesetas y los
apoyos que se convienen en este área se centran en los sectores de la
biotecnología, turismo y navegación aérea civil así como en la
revalorización del entorno urbano con especial valor histórico y
artístico a través de asesorías, pasantías, donaciones de bienes de
equipo, etcétera.
La cuarta área sería la asistencia humanitaria. Hay una asignación en
1995 de 180 millones de pesetas y el acta de la Comisión mixta contiene
un compromiso de ayuda alimentaria directa que consistirá en el envío de
leche en polvo que las autoridades locales venden luego a precio local a
hospitales e instituciones para la infancia y al monetizarse esta ayuda
genera unos fondos de contrapartida que se destinan precisamente a
financiar proyectos de cooperación
dirigidos a incrementar la seguridad alimentaria del país. Se prevé
también en este sector el envío de medicamentos a hospitales y a la Cruz
Roja de Cuba bien a través de la Embajada de España o bien a través de
las ONG.
La quinta área de ayudas a Cuba es el apoyo a la cooperación y al
intercambio cultural. Además de la celebración conjunta de
conmemoraciones culturales, históricas, etcétera, el compromiso básico de
este año se ha centrado en la futura creación de un centro cultural de
España en La Habana, en apoyar la posible apertura de un centro cultural
cubano en Madrid y en la colaboración en las áreas de cinematografía,
medios audiovisuales, artes escénicas y plásticas. En definitiva, todos
los compromisos, apoyos, programas y proyectos contenidos en el acta de
la Comisión mixta que hemos citado en noviembre de 1994, se encaminan en
buena medida a facilitar el tránsito pacífico de Cuba hacia la democracia
y a favorecer la inserción de ese país en una economía internacional,
aprovechando las recientes, aunque a menudo recortadas y escasas, medidas
de liberalización de la economía cubana.
Tengo a disposición de SS. SS., por si quieren disponer de ella, la copia
del acta de la reunión de la Comisión mixta de cooperación hispano-cubana
celebrada en noviembre de 1994 y algunos datos relativos a los
intercambios de profesores y alumnos e investigadores y científicos en el
marco de los programas de becas Mutis, de becas Intercampus, del Citec y
del acuerdo firmado con la Unicef para obras de saneamiento ambiental en
Cuba.
En cuanto a la segunda pregunta que se me formula, a la del exacto
conocimiento del volumen de inversiones españolas en Cuba en los últimos
cinco años, el término exacto realmente es difícil de aplicar a cifras
relativas a la inversión exterior en Cuba. En muy raras ocasiones ha sido
posible aplicar el término exacto. Los datos de que dispone el Gobierno a
través de la Dirección General de Economía Internacional y de
Transacciones Exteriores son que la que inversión española neta en Cuba
en el período de 1990 hasta octubre de 1995 se cifra en 3.350 millones de
pesetas y los principales sectores de destino de este total son los
servicios a empresas y el turismo. En el sector turístico habría que
destacar que hay varios proyectos de inversión en empresas españolas que
se concretan después en contratos de explotación o de gestión hotelera;
por tanto, no pueden ser considerados como inversión directa.
Conviene señalar también que la importancia cuantitativa de la inversión
española en Cuba ha sido muy reducida por las dificultades que
presentaban las autoridades cubanas para aceptarla. Pero a partir de 1990
se produjo ya el aumento que queda recogido en los datos que he
facilitado, debido a un cambio de actitud del Gobierno cubano que tiene
en la actualidad como objetivo prioritario la captación de inversión
extranjera. En todo caso, quisiera insistir en que no es fácil
cuantificar de manera exacta esta inversión porque además existen también
sociedades interpuestas que son en buena parte las que canalizan esta
inversión hacia Cuba y lo que dificulta, por consiguiente, los datos
reales.
Tengo aquí, igualmente a disposición de S. S. por si pueden interesarle,
algunos de los proyectos últimos de inversión en Cuba en el sector
turístico. Es una nota que se refiere concretamente a siete proyectos de
inversión en el sector turístico y a otros dos proyectos, uno en el
sector inmobiliario por un monto de 526 millones de pesetas que ha
realizado una sociedad inmobiliaria del Grupo Argentaria y otro de
rehabilitación de un edificio en La Habana vieja. Esto en cuanto a los
datos relacionados con el monto de la inversión en los últimos cinco años
en Cuba.
Me pregunta también S. S. si puede quedar afectada la política de
inversiones y ayudas españolas a Cuba por la nueva Ley Helms del Congreso
de los Estados Unidos que trata de endurecer más aún el embargo aplicado
a Cuba desde el año 1960. La ley sobre la libertad y la solidaridad
democrática con Cuba, la Ley Helms, no es en este momento todavía ley, no
es más que un proyecto que está pendiente de este acta de conciliación, a
la que se refería S. S., que tiene que producirse entre el Senado y la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos y de confirmación
posterior por el Presidente de Estados Unidos que podría vetar un
proyecto de ley por considerarlo excesivamente rígido. Dado que el texto
definitivo de la ley no existe aún, es muy difícil, por consiguiente,
conocer sus consecuencias para los agentes económicos en general y
concretamente para los inversionistas españoles.
Una de las diferencias fundamentales que existen entre las dos Cámaras se
centra en el título tercero del proyecto original que preveía la
posibilidad de interponer demandas ante tribunales estadounidenses contra
aquellos ciudadanos de terceros países que trafiquen con propiedades que
hayan sido anteriormente expropiadas por el Gobierno cubano. El título
tercero, de protección de los derechos de propiedad de ciudadanos de
Estados Unidos, es un título que establece para los ciudadanos y personas
jurídicas estadounidenses el derecho de reclamar ante los tribunales de
Estados Unidos contra cualquier persona física o jurídica que trafique
con bienes expropiados en Cuba al reclamante, después del 1.º de enero de
1959 y, en cambio, en el Senado no existe título tercero. Aun sin título
tercero España no cree que el espíritu de confrontación que subyace
detrás de este proyecto Helms-Burton sea el más adecuado para impulsar
nuestro objetivo de una transición pacífica, si es posible, y rápida
hacia una auténtica democracia en Cuba. Tampoco lo cree la Unión Europea,
que ha hecho pública recientemente una declaración en contra del
proyecto, ni tampoco lo cree la Asamblea General de las Naciones Unidas
que el pasado jueves, 2 de noviembre, aprobó una resolución en la que
condena tajantemente el bloqueo económico comercial y financiero que los
Estados Unidos han impuesto contra Cuba.
Otra de las medidas que propone esta ley consiste en la prohibición a los
nacionales de los Estados Unidos de proporcionar financiación de
cualquier tipo a las empresas extranjeras y particulares que inviertan o
trafiquen con propiedades y derechos confiscados así como la prohibición
de entrada en los Estados Unidos a particulares o directivos y
accionistas de empresas que inviertan en estas mismas propiedades. Por
tanto, creo que es muy difícil prever en este momento los efectos
eventuales que podría tener esta ley para las inversiones españolas, dado
que esta ley
va a encontrar numerosas dificultades de aplicación práctica. No
obstante, el Gobierno sigue de cerca, como es natural, el proceso de
aprobación de la ley y tiene en cuenta las consecuencias que podrían
derivarse para las inversiones españolas, que evidentemente serían las
mismas que podrían derivarse para las inversiones que procedieran de
cualquier otro país.
La inversión española en inmuebles que hayan sido expropiados, por otra
parte, no es una inversión significativa, por lo que no parece que la ley
vaya a tener unas repercusiones reales importantes sino más bien
consecuencias psicológicas por las amenazas que incorpora y la
inseguridad que puede llegar a introducir en el tráfico mercantil.
Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea en la sesión del 17 de
julio de 1995, en una comunicación que se titula «Las relaciones entre la
Unión Europea y Cuba», fijan muy claramente los objetivos de la Unión
Europea de afianzar y profundizar sus relaciones con Cuba para fomentar
una transición pacífica hacia la democracia y la apertura económica en
Cuba, y destaca la importancia que da al respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, y la conveniencia de apoyar el proceso de
reformas políticas y económicas en Cuba, al mismo tiempo que, por
ejemplo, reitera el objetivo de que se mantenga la ayuda humanitaria u
otras acciones que permitan responder a las necesidades más inmediatas de
la población.
En los mismos términos, más resumidamente, lo hizo la declaración de la
Presidencia de la Unión Europea, en nombre de la Unión, cuando se
pronunció el 11 de octubre sobre el proyecto de Ley Helms-Burton, al que
S. S. hace referencia, al decir: La Unión Europea desea para Cuba una
transición pacífica hacia la democracia y el respeto de los derechos
humanos y considera que el mantenimiento del diálogo político y el
fomento de las relaciones económicas son más adecuados para favorecer una
evolución hacia la democracia y el retorno de Cuba a la comunidad
internacional.
En un segundo y último párrafo dice: Por consiguiente, la Unión Europea
juzga negativamente la aprobación por la Cámara de Representantes, el 21
de septiembre, del proyecto de ley Helms-Burton y aprovecha para reiterar
su oposición a la adopción de toda medida de alcance extraterritorial que
vaya en contra de las normas de las organizaciones internacionales, en
particular de la OMC.
Paso a responder a la última pregunta que me dirigía S. S. en relación
con un tema que evidentemente preocupa a todos los españoles que observan
con atención todo el tema de la evolución de Cuba y de la presencia de
España allí, que es el de la existencia o no de alguna pauta de garantías
por parte del Gobierno a las inversiones españolas en Cuba. En principio,
hay que afirmar claramente que no existe ningún tipo de aval o de
garantía específica que el Gobierno español le otorgue a los
inversionistas españoles en Cuba, como tampoco existen garantías de esta
naturaleza para ningún otro país. Sin embargo, las medidas de apertura
del Gobierno cubano a las inversiones extranjeras, a las que S. S. ha
hecho referencia, y a las posibilidades que en este campo se abren para
las empresas españolas, impulsaron al Gobierno español en el año 1993 a
plantear a las autoridades cubanas la negociación de un acuerdo bilateral
para la promoción y protección recíproca de inversiones, un acuerdo que
fue firmado en mayo del año 1994.
Con posterioridad, el Gobierno cubano aprobó la nueva ley de inversiones,
que es el marco de referencia obviamente obligado para todos los
empresarios que estén potencialmente interesados en invertir en Cuba en
aquellos sectores que están abiertos a la participación del capital
extranjero, que no son todos. Este acuerdo de promoción y protección
recíproca de inversiones facilita la toma de decisiones de inversiones de
los empresarios españoles al establecer convencionalmente una serie de
garantías en un marco jurídico conocido, con rango de acuerdo
internacional y, por tanto, que no esté supeditado a futuras posibles
modificaciones restrictivas de la legislación interna cubana. El acuerdo
es similar en finalidad y contenido a los demás acuerdos de promoción y
protección recíproca de inversiones que ha firmado España con otros
países que no son de la OCDE. Mediante este acuerdo los dos Estados se
ofrecen recíprocamente una serie de garantías, fundamentalmente el pago
de indemnizaciones en el caso de que se produzcan medidas de
nacionalización o de expropiación. Se garantiza también la libre
transferencia en divisas de los rendimientos de la inversión y de otros
importes relacionados con la actividad inversora.
Creo que es destacable el hecho de que el acuerdo recoge el recurso del
arbitraje internacional. El acuerdo lo prevé para que se resuelvan las
controversias que pudieran surgir entre un inversor y la administración
del país receptor de la inversión, o entre las administraciones de ambos
países en relación con la interpretación o aplicación del acuerdo.
Tengo aquí de nuevo, a disposición de S. S., por si le pueden resultar de
interés o utilidad, los últimos proyectos de inversión en Cuba.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián ¿quiere añadir algo?
El señor MILIAN MESTRE: Brevemente. Señor Dicenta, le agradezco mucho que
me dé usted referencia de los proyectos, pero yo quisiera precisar alguna
cosa.
Existen amenazas en este proyecto de Ley Helms para las inversiones
españolas, como usted acaba de decir en esas citas que nos ha aportado de
ciertos artículos de la misma. No es menos cierto que la presión contra
ese proyecto de ley, según mis informaciones, no procede tanto de la
colonia cubana cuanto de lo que está ocurriendo a este respecto en la
Comunidad Europea, en Canadá y en México, y que el Presidente Clinton
probablemente aportaría su veto en función de esas presiones
internacionales, lo cual, hasta cierto punto, tranquiliza, pero digo
hasta cierto punto, y me explicaré.
Yo personalmente he oído a importantes personajes políticos del exilio
cubano que en el supuesto de recuperar la normalidad democrática en la
isla iban a tomar buena cuenta de todos los inversores especialmente
españoles que en este momento están boicoteando esta viabilidad del
regreso a la democracia. Yo he oído personalmente a importantes
personajes, que no quiero citar, y no hace mucho tiempo, hace menos de un
año. Eso a mí me ha intranquilizado, obviamente, porque de alguna manera
eso se concatena con alguno de los principios jurídicos en que la Ley
Hams parece que quiere fundamentarse, por ejemplo, el de las
expropiaciones.
Hay en la jurisprudencia reciente en el caso del Tribunal Constitucional
de Karlsruhe, de Alemania, claras determinaciones en este sentido de la
regresión a los primeros derechos de titularidad sobre bienes a las
personas que tuvieron la propiedad de esos bienes antes del sistema
democrático, entre comillas, soviético o socialista en la República
Democrática Alemana. Pero hay más. Hay retrogresión incluso a los
derechos de los titulares habientes de antes del sistema nazi.
Es decir, si se aplica este principio por algún tribunal internacional,
nos preguntamos cuál va a ser la situación de los españoles que fueron
expropiados antes de la revolución castrista, que no han sido
indemnizados (porque aquí aprobamos una proposición de ley en torno --si
no recuerdo mal-- a 5.000 millones de pesetas, y eso era auténticamente
irrisorio al lado de los que suponen los bienes y las propiedades
españolas expropiadas en la isla), y qué ocurrirá con esos primeros
titulares que ya fueron expropiados en su día; qué ocurrirá con los que
ahora están por lo menos teniendo la propiedad de uso, permítaseme esta
expresión forzada, puesto que la propiedad real y titular el Gobierno
cubano no la transfiere a los actuales inversores, pero no es menos
cierto que están aportando plusvalías e inversiones que mejoran la
propiedad sobre la que se hacen esas inversiones, por ejemplo, en
terrenos, en fábricas, en industrias o en hoteles, cuya garantía después
no va a ser, entiendo yo, fácilmente recuperable.
Por tanto, estamos bailando sobre dos derechos de titularidad: el
primero, de los españoles expropiados u otros propietarios antes del
sistema castrista, y el de ahora, con los señores que están invirtiendo
de forma considerable en esos bienes cuya garantía --y lo vemos en la
propia Ley Helms, si prospera-- no queda, por supuesto, garantizada. ¿Qué
ocurre? Que si a eso le añadimos la reafirmación política de los sectores
cubanos del exilio de que quieren tomar medidas contra los señores que
han invertido, obviamente no me tranquiliza. Por eso, el pedir en este
caso ciertas garantías al Gobierno español es para buscar su amparo, para
que exija todas cuantas garantías sean posibles y que no pequen de
inocentes algunos españoles que están invirtiendo con mucho interés y
alegría en aquel país.
Esta es mi única alegación y en gran parte el fundamento de la pregunta
que he formulado. ¿Por qué? Porque entiendo que es una realidad que está
encima de la mesa y además hay antecedentes jurídicos, acabo de citar las
sentencias del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Es una situación que
viene del sistema socialista y que puede ser aplicado en tribunales
internacionales con la misma jurisprudencia.
También me preocupa que nosotros, que en este momento estamos mejorando
mucho la condición económica de aquel país y aportando recursos
importantes (y por parte del Gobierno haciendo programas de formación,
como usted acaba de exponernos), que todo eso no quede muy condicionado
al tratamiento de los derechos y, por supuesto, al tratamiento
fundamental de los derechos políticos, puesto que prisioneros políticos
los hay en abundancia y nadie consigue, por ahora, sacarlos a flote,
salvo casos muy concretos, y en otros casos que no son tan políticos,
como los relacionados con otro tipo de tráficos, y los hemos conocido
recientemente, hace un par de años, gracias a las presiones de cierto
gobernante español de una autonomía.
¿Qué está ocurriendo en este momento? Yo entiendo que el Gobierno español
está en óptimas condiciones para apretar la clavija de verdad en el tema
de los derechos humanos y de los derechos políticos, porque somos de
veras el adalid de las inversiones internacionales en Cuba. Y no sólo
debemos procurar el bienestar y el derecho a la supervivencia de un
pueblo que está en condiciones económicas a veces dramáticas, sino
también la supervivencia política de un pueblo que no tiene todos sus
derechos en uso. Esa es mi apreciación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Quería hacer algunas referencias que
están en conexión con impresiones que he extraído de contactos recientes
con una parte de la disidencia cubana, a la que hace un año
aproximadamente vi en Miami, como S. S. sabe, donde contacté
prácticamente con todos los grupos y donde pude apreciar actitudes muy
difíciles y radicalizadas y muy inviables desde el punto de vista de
aquellos que pensamos que el diálogo es la mejor solución para una
transición pacífica.
Quisiera señalarle que hace escasamente unos días, el 23 de octubre, fui
a Miami para dar una conferencia en la Universidad, en el Centro
Norte-Sur, y después tuve ocasión de reunirme con esos mismos grupos.
Quiero dejar sentada mi impresión de que percibí un cambio matizado, por
supuesto, pero un cambio, porque en los grupos más radicalizados ya no
había esa constante amenaza a expresiones como «tomaremos en cuenta», a
la que se refería
S. S., o «cuidado con lo que va a pasar el día de mañana», etcétera. Es
más, uno de los miembros del cambio cubano afirmó delante de mí que el
tema de las propiedades expropiadas no puede ser un tema prioritario para
nosotros en un momento de regreso. Así lo dijo de claro. Por otra parte,
esa posición les colocaría en una actitud difícil en cuanto a las
relaciones diplomáticas no sólo con España sino con Estados Unidos, con
Canadá o con Méjico, países que de una forma directa o indirecta también
se han visto favorecidos por expropiaciones de algún tipo.
Señoría, creo que hay una inflexión en la oposición del exilio, en la
disidencia cubana, motivada, quizá, por una parte, por el paso del
tiempo, y, por otra, por la realidad de los hechos que van comprobando.
Se están dando cuenta de que las posiciones radicalizadas y extremas que
han
mantenido durante muchos años no parecen ser compartidas por buena parte
no sólo de cubanos de la disidencia, que están cada vez menos
entusiasmados con esas posiciones, sino tampoco por la propia ciudadanía
norteamericana, e incluso en este momento por la administración. De
manera que yo creo que hay, repito, una inflexión en las posiciones más
radicales del exilio cubano.
También quisiera dejar claramente sentado que esa preocupación que S. S.
manifiesta por el respeto a los derechos humanos ha sido constante tanto
desde la Unión Europea como desde la política bilateral del Gobierno
español con Cuba, donde siempre hemos dejado claramente sentada nuestra
preocupación por el respeto a los derechos humanos y a las libertades,
nos costara lo que nos costara. Siempre se ha hecho manifiesta esa
preocupación y la exigencia de que se respetaran al máximo los derechos y
las libertades de los ciudadanos. De hecho se puede afirmar, sin
vanagloria ni prurito ninguno, que de alguna forma va habiendo un
reconocimiento, un consenso de que esa política que se ha ido practicando
desde España en estos años es una política acertada. Es la vía de
aproximación, el camino que puede conducir a un buen resultado sin unos
traumatismos que supondrían posiblemente una marcha atrás, sin unos
traumatismos de enfrentamiento o de retroceso, la vía del diálogo, la de
ir convenciendo, la de empujar reformas y la que han entendido también
como buena otros países que durante años estuvieron muy alejados de esa
posición, ya que creían que no era sino una forma de ayudar al
mantenimiento del sistema cubano, y hoy están viendo que es la forma más
positiva de aproximarse para provocar, con la mayor rapidez, por una
parte, y con suavidad, por otra, los cambios que todos creemos que
necesita Cuba.
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE GARANTIA DE QUE EL
GASODUCTO ARGELIA-ESPAÑA ESTE EN FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 1996. (Número
de expediente 181/001697.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5, cuyo autor es
también el señor Milián Mestre, que hoy tiene el protagonismo absoluto.
Se refiere a la garantía de que el gasoducto Argelia-España esté en
funcionamiento en el año 1996.
Para exponerla, tiene la palabra el señor Milián Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: Este es un tema que ha sido mencionado varias
veces en esta Comisión, al menos por mi parte, a lo largo de los últimos
tiempos.
No voy a entrar en la política interna de Argelia, aunque algo le atañe
en este proceso, porque pasaría a la pregunta siguiente, pero sí quisiera
hacer alusión a que los intereses de España están profundamente
vinculados, desde el punto de vista energético, a los yacimientos y
suministros argelinos.
Si mis noticias no son inexactas, en este momento España tiene una
dependencia gasística del orden del 63 por ciento con respecto a los
suministros argelinos. Hace escasamente año y medio hubo un problema que
se trató en Comisión, y creo que también en Pleno, suscitado por la falta
de suministros de gas como consecuencia de un mal estado de la mar, según
se dijo entonces, y se lanzó la alarma en nuestro país diciendo que
teníamos reservas para escasamente siete días. Ese problema vino
justificado, según el señor Ministro de Industria, por el mal estado de
la mar y por la dificultad del tráfico en el Mediterráneo.
Sea verdad o no, lo que sí es cierto es que gran parte de la industria
española en este momento está condicionada por el suministro del gas de
Argelia, igual que el suministro público para uso doméstico. Además, el
paisaje político argelino no invita al optimismo, y la confusión
existente y los problemas que suscita están ocasionando algún temor
respecto a la garantía del suministro. Este temor era real y evidente
hace medio año.
En aquel momento había claras noticias de estancamiento en el proceso de
construcción del gasoducto. Hace más de un año se me decía que estaban
acumulados los materiales depositados en Argelia, pero que no se acometía
la obra por dificultades técnicas o políticas. Ultimamente, la Bechtel,
compañía multinacional norteamericana, ha dado un empujón, según las
noticias de que yo dispongo, y parece ser que el gasoducto está a punto
de terminarse en el tramo argelino, pero queda por ejecutar aún parte de
la obra en el tramo marroquí. Los datos no los voy a dar ni en
kilometrajes ni en cuantía, lo que sí digo es que España tiene la parte
mayor de la empresa, de la obra. El global de la inversión se cifra en
torno a los 250.000 ó 290.000 millones de pesetas, y España carga con una
parte importante a través de las inversiones del INH y de Enagas.
¿Qué está ocurriendo y qué puede ocurrir? El problema es simplemente de
coyunturalismo político, es decir, se están agravando, ciertamente, las
condiciones en Argelia. Hasta ahora están llegando los suministros de
gas, se están cumpliendo no a rajatabla, pero se están cumpliendo, parece
ser, correctamente esos suministros; ahora bien, el riesgo potencial
inherente al monopolio de suministro que prácticamente supone en este
momento el gas argelino es un riesgo cierto y posible, y en ese caso hay
dos visiones políticas. Una es la de aquellos que cuestionan esta entrega
al monopolio gasístico de Argelia en detrimento de otros posibles
sucedáneos, como podría ser el gas procedente de la CEI, y que a través
de los Apeninos sería más factible su traslación a España y menos
compleja por razones geopolíticas o incluso geográficas con el paso del
Estrecho. Este es un criterio de algunas partes que no es precisamente el
que ahora yo voy a invocar, pero no es menos cierto que es un riesgo
asumir tanta falta de garantía en el suministro gasístico en la coyuntura
actual política del Magreb y específicamente de Argelia.
Por eso, dado que los planes se han ido retrasando y que parece ser que
Enagas está garantizando que en el año 1996 va a entrar en funcionamiento
el gasoducto, yo quisiera conocer de viva voz por parte del Gobierno si
realmente esto es así, si hay garantías de que el gasoducto estará
concluido y que el suministro, al margen de cualquier
circunstancia geográfica, meteorológica o política, podría ser
garantizado, puesto que yo creo que el riesgo asumido en una
circunstancia tan grave como la argelina es mucho, y en ese caso lo que
estoy pidiendo es información.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra para
contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Esta es una pregunta sobre la que creo
que hemos intercambiado información en alguna ocasión anterior.
Efectivamente, es un tema de la mayor importancia por esa dependencia
gasística de España respecto a Argelia, a la que S. S. se ha referido. Es
un proyecto que se inició hace ya cuatro años, cuando se firmó el acuerdo
entre Sonotrach y Enagas para la compra de gas natural y la firma de los
acuerdos posteriores entre Argelia, Marruecos y España.
Le voy a dar los datos de que disponemos. El gasoducto, que va a tener
una capacidad de transporte de 10.000 millones de metros cúbicos anuales
y una longitud aproximada de 1.374 kilómetros, tiene, como S. S. sabe,
cuatro tramos principales, y veremos luego en qué situación está cada uno
de ellos. El argelino, que son 530 kilómetros hasta la frontera marroquí
desde los yacimientos de Hassi R'Mel; el marroquí, de una longitud
aproximadamente igual, 540 kilómetros, entre la frontera de Argelia y las
proximidades de Tánger; el tramo del Estrecho de Gibraltar, que es un
corredor de 45 kilómetros, con una profundidad máxima de 400 metros entre
Cabo Espartel y el término municipal de Tarifa, y el tramo peninsular, de
270 kilómetros entre Tarifa y Córdoba, donde conecta con la red de
gasoductos de Enagas.
Pues bien, actualmente las obras de los diversos tramos están de la
siguiente forma. En el tramo argelino, como S. S. ha dicho, está
prácticamente realizada la soldadura en un 87 por ciento y la puesta en
zanja en un 85 por ciento. En el tramo marroquí está realizada la
soldadura en un 63 por ciento y la puesta en zanja en un 53 por ciento.
En el tramo submarino está finalizada la obra, incluidas ya las pruebas
hidráulicas; han sido dejadas inertes las dos tuberías con nitrógeno en
espera de la conexión con los tramos terrestres. Y, por último, en el
tramo peninsular se ha realizado la soldadura en un 70 por ciento y la
puesta en zanja en un 56 por ciento. Por tanto, en lo que se refiere al
grado de avance del proyecto, en este momento la situación es
suficientemente satisfactoria y todo indica que se cumplirán los plazos
previstos.
En cuanto a la pregunta que me hace S. S. sobre si tiene el Gobierno
alguna garantía de que el gasoducto Argelia-España estará en
funcionamiento en 1996, se espera la puesta en funcionamiento del
gasoducto para octubre de 1996, porque además ésos son los términos que
se recogen en el acuerdo que se firmó, a los que me he referido al
principio. Esto quiere decir que, si se cumplen los acuerdos, en octubre
del año próximo este acueducto estará en funcionamiento.
Su señoría ha hecho alusión al agravamiento de la situación en Argelia, a
la posibilidad de tomar en consideración o de que entraran en estudio o
en análisis otras opciones que tuvieran menos riesgo. La verdad es que no
estoy en condiciones de responder cuáles pudieran ser esas otras opciones
ni qué posibilidades o qué viabilidad eventualmente pudieran llegar a
tener. En concreto, respecto al acuerdo Sonatrach-Enagas, las obras están
en la situación que acabo de señalarle en estos momentos, y se espera que
se cumpla el contrato y que, por tanto, en octubre de 1996 se pueda
inaugurar el gasoducto.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, ¿quiere añadir algo?
El señor MILIAN MESTRE: No, gracias.
El señor PRESIDENTE: Las preguntas que tenía que contestar el señor
Dicenta ya han sido contestadas. Por consiguiente, quiero darle las
gracias por su presencia y deseo verle pronto entre nosotros.
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR), SOBRE POSICION DEL GOBIERNO
ESPAÑOL ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ARGELIA. (Número
de expediente 181/001698.)
El señor PRESIDENTE: Las siguientes preguntas serán contestadas por el
Secretario General de Política Exterior, señor Villar, a quien doy la
bienvenida en este momento. Pasamos, por consiguiente, a la pregunta
número 6, cuyo autor es inevitablemente el señor Milián, y que tienen el
siguiente tenor: posición del Gobierno español ante las próximas
elecciones presidenciales de Argelia.
El señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, no es mi culpa que sea
inevitable. Si mis compañeros no pretenden tener más conocimientos que
yo, no es mi problema.
Agradezco la oportunidad para hacerle esta pregunta, porque aunque
pretendía vincularla a la anterior, puesto que de alguna manera había una
cierta interrelación, no deja de ser interesante tenerla aislada y, en
consecuencia, poder profundizar un poco más. No obstante, seré breve.
La pregunta se refiere al proceso electoral en marcha en Argelia que debe
culminarse el 16 de noviembre y que tiene una serie de incógnitas que de
alguna manera afectan a nuestros propios intereses; en lo económico lo
acabamos de hablar en la pregunta anterior, y en lo político sobradamente
conocido es el riesgo que alcanza lo que pueda ocurrir en Argelia, en
toda el área, en toda la región y en el Mediterráneo. En este sentido, y
de forma yo creo que bienintencionada, el Presidente del Gobierno
recientemente giró una visita y tuvo una entrevista con el Presidente
Liamin Zerual, en la cual trataba de alguna manera de fundamentar las
razones que pudieran dar lugar a un buen entendimiento de la
intencionalidad del proceso electoral
en curso y de los resultados que se derivan del mismo. Es decir, en este
momento existe una percepción clara de la escasa credibilidad de las
elecciones presidenciales argelinas por varias razones, pero, sobre todo,
porque hay una parte sustantiva de la componente política de esa sociedad
que no participa en la misma. Ni el FLN, lo cual es chocante, ni el FIS,
ni el Partido Socialista Argelino han tenido en este momento ninguna
participación en la campaña, y creo que no han presentado ni siquiera
candidato. Por tanto, esto podría ser transcrito como un cierto boicot
electoral.
La lectura que desde el mundo se puede hacer de este hecho da lugar a
cierta sospecha. ¿Hay una mascarada electoral justificativa de un proceso
de violencia o de encubrimiento de sucesivos procesos de mayor violencia
en el futuro? Es una de las posibles interpretaciones analíticas. Es
claro que de alguna manera si algún país le puede afectar de forma
inmediata ese proceso es justamente al nuestro, y ello por razones
obvias: por la cercanía física, por la familiaridad en la región de sus
propios intereses y especialmente por la conferencia euromediterránea de
Barcelona, de próxima realización. Consecuentemente, el escenario es
inmediato y las consecuencias son visibles a muy corto plazo.
En este contexto ciertamente la presencia de Felipe González buscando una
negociación con el Presidente Zerual para clarificar ese proceso creo que
es positiva, mucho más después de los ocurrido con el Presidente francés,
señor Chirac, con el cual se rompió la posibilidad de ese contacto o esa
negociación y, por descontado, a consecuencia también de la gravedad que
está adquiriendo en Francia y la psicosis social que están provocando las
incidencias terroristas, provinientes, probablemente, del fundamentalismo
argelino, digo probablemente puesto que no tengo más datos que los que
dan los medios de comunicación en este momento.
¿Qué ocurre en este proceso? En primer lugar, que los islamistas podrían
ganar, evidentemente, si pudieran tener una participación activa en el
proceso electoral libre y abierto. En el concurso actual de candidatos a
la presidencia no es fácil que eso ocurra, pero en un proceso legislativo
abierto, como el que va a suceder según promesas y siempre según promesas
por parte de los militares argelinos, lo cierto es que los integristas
podrían ganar, y en ese caso la inestabilidad del Magreb y del
Mediterráneo probablemente crecería.
En segundo término, este proceso puede dar lugar a una mayor dureza
represiva, más sangre y más muertos en Argelia, cosa harto difícil ya a
la vista del alcance de la crueldad que está adquiriendo ese proceso. Y
lo que no es menos cierto es que, de alguna manera, se sospecha que este
proceso electoral pudiera intentar consolidar el irredentismo del
ejército y de ese «sistema provisional», entre comillado, del régimen
argelino en esta fase transitoria.
¿Felipe González trasladó el mensaje de que el actual proceso electoral
no resolverá ninguno de los problemas actuales? Supongo que sí, por lo
que he leído, pero me gustaría tener mayor conocimiento del tema. Es la
convicción, no sólo del Gobierno sino también de la Unión Europea, de que
tan sólo las negociaciones con la oposición radical islámica garantizaría
la paz y la seguridad en Argelia y en la región mediterránea, pero no es
menos cierto que en este mismo hecho, suponiendo que democráticamente se
alcanzara el poder como las previsiones parecen indicar, aumentaría el
grado de inestabilidad política en el Mediterráneo, y sobre todo de
riesgo de conflicto.
En este somero análisis he advertido --y es uno de los motivos de mi
pregunta para que si puede usted nos lo aclare-- que existen algunas
pequeñas o grandes discrepancias en la óptica de enfoque del proceso
argelino. Por una parte, tradicionalmente ya desde hace dos años los
Estados Unidos están expresando una afección clara al «laissez faire,
lissez passer», es decir, dejar correr el proceso, que llegue la
democracia y consolide lo que es democráticamente consolidable: el
fundamentalismo. En cambio, Francia no tiene la misma opinión, en los
Estado ribereños del Mediterráneo no tiene exactamente esa misma opción,
y parece ser que existe una necesidad perentoria de buscar soluciones que
suavicen ese proceso por la vía negociadora y que no puedan llegar a una
situación tan radical como preconiza un proceso abierto, libre
democrático y electoral.
Parece que nuestro Gobierno no esté muy interesado en este proceso, no
esté muy ocupado en el mismo, no solamente por razones de la Presidencia
de la Comunidad Europea, sino también por la vecindad como decía, y es
obvio que la integración democrática en dicho país vecino puede dar lugar
a posibles quebrantos, a posibles situaciones anómalas, atípica o
excepcionales con consecuencias internas en el propio país argelino, con
consecuencias para la región Magreb, especialmente Túnez y Marruecos
(ambos dos muy preocupados por este problema y con connotaciones muy
diferenciadas) y, por supuesto, con el Mediterráneo, y en ese caso con
nosotros en el mismo.
En consecuencia, nuestro interés como grupo es saber cuál es exactamente
la posición del Gobierno en este contexto en las próximas elecciones
presidenciales de Argelia, de las cuales creo que se sucederán muchos
sinsabores o a lo mejor alguna vía para la solución inicial de un
problema enormemente complejo.
El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene al palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Señor Presidente, como S. S. conoce el Gobierno argelino,
efectivamente, ha convocado unas elecciones presidenciales cuya primera
vuelta tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. A estas elecciones se han
presentado diversas candidaturas, de las cuales tan sólo cuatro han
cumplido las condiciones exigidas por las autoridades argelinas. Estas
cuatro candidaturas que finalmente van a concurrir a las elecciones son
las siguientes: la del actual Jefe de Estado, General Liamín Zerual; la
del líder del Partido Islamista Moderado Hamás, Mahfud Nahná; la del
Presidente del Partido de la Renovación Argelina, Nourredine Boukrough, y
la dirigente de la
Agrupación para la Cultura y la Democracia, el doctor Said Saadi.
Efectivamente, como ha señalado S. S., en estas elecciones no va a haber
ningún candidato de los tres partidos que, junto a otros menores,
firmaron la llamada plataforma de San Egidio, en Roma, hace algunos
meses: el Frente de Liberación Nacional, el Frente de Fuerzas Socialistas
y el Frente Islámico de Salvación, que como es sabido fue ilegalizado a
finales de 1991.
Estos tres partidos ha realizado reiterados llamamientos al boicot de las
elecciones, argumentando que no se dan las condiciones necesarias para
que los comicios se puedan desarrollar de una forma libre y democrática
y, en particular, destaca el clima de violencia generalizada que vive el
país y la usencia de un consenso político previo entre las principales
fuerzas políticas.
Por su parte, el Gobierno argelino y la fuerzas políticas que sí han
decidido participar en estos comicios, afirman que el orden público, a
pesar de todas las dificultades y de los atentados terroristas, será
asegurado en líneas generales y que se darán condiciones suficientes de
pluralismo y transparencia como para que los resultados de las elecciones
no deban admitir contestación.
Su señoría conoce bien, por haber sido expuestas con periodicidad en esta
Cámara por el señor Ministro y por mí mismo en alguna ocasión también que
he venido en sustitución del Ministro, las líneas generales de la
política exterior del Gobierno español hacia un país tan importante para
nosotros como es Argelia, país que, como ha señalado S. S., atraviesa
desde hace tiempo una crisis multidimensional de una enorme complejidad y
de una considerable gravedad, situación que ha estado siempre en el eje
de la máxima preocupación del Gobierno español, y situación en la que
incide, como hemos visto en ocasiones anteriores, tanto problemas de
índole política como socioeconómica, incluso cultural, una crisis de tal
envergadura que puede calificarse incluso como crisis de identidad
nacional.
No necesito tampoco describir los hechos que culminaron con la dimisión
del Presidente Chadli Benyedid a principios de 1992, a partir de cuyo
momento la dinámica política comenzó a complicarse y agravarse aún más
por la aparición, ya de una manera generalizada, del fenómeno de la
violencia y del terrorismo.
El Gobierno español, en estos últimos años, ha venido insistiendo en la
importancia --y éste creo que continúa siendo el eje fundamental de
nuestra posición y de nuestra política-- de encauzar toda posible
solución a la crisis argelina por la vía del diálogo del Gobierno con las
principales fuerzas políticas representativas, a fin de lograr el cese de
la violencia y la integración de todos los sectores políticos y sociales
del país en un proceso de reconciliación de amplio consenso que otorgue
estabilidad política al país y permita sentar las bases de su desarrollo
socioeconómico. En el mismo sentido se manifestó el verano pasado el
Consejo Europeo, y por tanto la Unión Europea al más alto nivel, en la
reunión de Cannes, a través de una declaración, de un llamamiento a todos
los sectores de la vida política argelina dirigido a romper esta espiral
de violencia y encontrar una solución pacífica a los problemas del país
por la vía del diálogo político y a través de elecciones libres e
incontestables.
Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando asimismo que incumbe
primordialmente al pueblo argelino el buscar las mejores maneras de
abordar y resolver pacíficamente sus problemas, probablemente la posición
de la Unión Europea, y por tanto también de España --digo probablemente
porque precisamente en estos días, entre hoy y mañana, se está debatiendo
en Bruselas por el correspondiente grupo de expertos esta cuestión de las
elecciones presidenciales argelinas a fin de tratar de consensuar una
posición común de la Unión--, la posición, decía, de la presidencia
española en relación con las elecciones presidenciales, se concretará,
por una parte, en tomar nota del resultado de las mismas y, por otra
parte, expresar el deseo de que estas elecciones puedan permitir la
continuación del diálogo entre las principales fuerzas políticas con
vistas a lograr el cese de la violencia y dar un impulso renovado al
proceso de desarrollo democrático y de reestructuración económica del
país vecino. En definitiva, se trata de una valoración no explícita, pero
sí implícita de cierto escepticismo y, al mismo tiempo, de cierta
confianza en que estas elecciones no constituyan, ni mucho menos, un fin
del proceso, sino un primer paso que deberá ir seguido de otros a los que
ahora me voy a referir.
Esta posición y estos deseos, no sólo de España sino de la Unión Europea,
que, como he indicado, ya habían sido expresados en el Consejo Europeo de
Cannes, han sido adelantados por el propio Presidente del Gobierno
español al Jefe del Estado argelino durante la entrevista que mantuvieron
recientemente en Nueva York, al margen de las conmemoraciones del 50
aniversario de las Naciones Unidas. En esta entrevista el Presidente
González trasladó con toda franqueza al máximo dirigente argelino las
preocupaciones y las posiciones de la Unión Europea y de España en
relación con la situación política interna argelina y, en concreto, en
relación con las próximas elecciones presidenciales.
En esta entrevista, el Presidente Zerual aseguró que si él resultase
vencedor en las próximas elecciones mantendrá una disposición permanente
al diálogo con las fuerzas políticas que rechazan la violencia --subrayó
este punto--, con vistas a la construcción de una democracia pluralista
en su país, y aludió, y a mi juicio éste es quizá uno de los elementos
más importantes, a su voluntad, en tal caso, y en fecha no lejana, aunque
no hizo precisiones más concretas sobre tal fecha, de convocar elecciones
legislativas generales y locales, a las que, insistió, podrán presentarse
todas las fuerzas políticas que rechacen la violencia y respeten la
Constitución.
En definitiva, y a pesar de las dificultades y de las limitaciones con
las que se celebran estas elecciones, el Gobierno español confía todavía
en que puedan ser un primer paso, tan sólo un primer paso, hacia la
normalización política del país por la vía del diálogo y del consenso con
las principales fuerzas políticas, diálogo que pueda desembocar a medio
plazo en el cese de la violencia, en unas elecciones legislativas libres
e incontestables y en la consolidación
de un modelo estable de convivencia política y desarrollo económico y
social en Argelia.
Entre tanto, el Gobierno español, aparte de continuar manifestando con
toda claridad esta posición y, en definitiva, la necesidad de una mayor
apertura hacia todas las fuerzas políticas por parte del Gobierno
argelino, incluidos, por supuesto, los sectores islamistas moderados, los
sectores que no están involucrados en el terrorismo y en la violencia,
proseguirá su cooperación, destinada a desarrollar las potencialidades de
la complementariedad económica y a apoyar las acciones y programas de
ajuste y reforma económica de Argelia, teniendo en cuenta la
interrelación existente entre la solución de los problemas políticos y
las reformas socioeconómicas.
El señor PRESIDENTE: Si quiere añadir algo, señor Milián, hágalo
brevemente.
El señor MILIAN MESTRE: Evidentemente, usted nos ha dado la información
de un cierto voluntarismo por parte del Gobierno y de la Comunidad
Europea respecto a ese problema, pero yo sigo entendiendo que no están
claras las posiciones de fuerza que, de alguna manera, puedan hacer
converger ese proceso en una legítima solución definitiva del problema o,
al menos, próxima a definitiva. Digo esto porque el riesgo --lo subrayo
de nuevo-- es su incidencia, por ejemplo, en la conferencia
euromediterránea de Barcelona, que está a la vuelta de la esquina, donde,
ciertamente, estos procesos van a tener un vivo interés, especialmente
cuando ya ha habido quien se ha lanzado a decir que el Presidente Chirac
poco menos que trata de boicotear la conferencia por razón de su propio
desaire con la política islámica. Concretamente, en «El Mundo», el 24 de
octubre de 1995, figura: «Un Chirac desairado por Argelia está empeñado
en chafarle a González la conferencia euromediterránea.» Ese era el
título exacto.
Lo cierto es, como digo, que ahí hay una posible e incipiente
discrepancia en el futuro, puesto que la situación es vivida muy
duramente desde Francia, hasta el extremo de olvidarse del Tratado de
Schengen con el control de las fronteras, cosa que estamos conociendo en
Cataluña de forma muy directa, y, por otra parte, no sé si la política
internacional que puedan dictar los Estados Unidos realmente provendrá a
una clarificación del proceso.
En segundo lugar, nosotros tenemos una acumulación de riesgos en Argelia.
Antes nos hemos referido al caso del gas, pero hay mucho más. Las cifras,
si no son falsas, a mí, lo confieso, me han asombrado. En los periódicos
económicos españoles de este verano se dice que, en este momento, el
riesgo cuantificado por las operaciones comerciales con Argelia está
cifrado en 2,3 billones de pesetas. Lo encuentro exagerado, pero ahí
está: riesgos por valor de 2,3 billones de pesetas. De cualquier modo,
dicen que, en porcentaje, supone un 22 por ciento más de riesgo que en
1993. Es decir, que, sucesivamente, estamos acumulando riesgos, puesto
que tenemos muchos intereses económicos con Argelia.
Por último, no es menos cierto que todo eso lleva aparejados una serie de
problemas, yo diría, casi de consanguinidad con los países vecinos, Túnez
y Marruecos, que también nos repercuten, puesto que ahí está la explosión
demográfica, que en el caso de Argelia es terrible, porque el 69 por
ciento de la población está por debajo de los 30 años y,
consecuentemente, tiene un potencial de expansión extraordinario.
Menciono estos datos para explicar que, realmente, sigo viendo un tanto
confusa la postura no sólo de nuestro Gobierno, sino también de otros
gobiernos y especialmente de la Comunidad Europea ante la magnitud de ese
problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Quiero decir, en primer lugar, que no creo que las posiciones de
la comunidad internacional, y dentro de la comunidad internacional de
España, sean, en absoluto, confusas, sino muy claras. Otra cosa es que la
enorme complejidad de la situación en Argelia haga que la comunidad
internacional, a pesar de sus esfuerzos, no pueda o no haya podido hasta
ahora solucionar los problemas que aquejan a ese país.
Como decía antes, nuestro convencimiento y el convencimiento de la
comunidad internacional es el de que por mucho que se esfuerce, y por
supuesto debe hacerlo y tratar de coadyuvar a la solución de los
complejos y difíciles problemas argelinos, la solución a esos problemas
está en manos del pueblo argelino.
En segundo lugar, respecto a las informaciones aparecidas en el diario
«El Mundo», a que ha hecho alusión, de que el Presidente Chirac estaría
tratando de boicotear la conferencia de Barcelona, lo único que puedo
decir es que no sólo carecen de todo fundamento sino que yo las
calificaría abiertamente de grotescas, porque la posición de Francia en
todo momento ha sido, y continúa siendo, de plena colaboración con la
Presidencia española para que la conferencia euromediterránea de
Barcelona sea un completo éxito.
Finalmente, también precisar que con todos los matices que se quiera, que
por otra parte son lógicos teniendo en cuenta los diferentes grados de
incidencia de la situación argelina en sus diversos aspectos en los
distintos países de la Unión Europea o de la comunidad internacional o de
los países del entorno de Argelia, en líneas generales, hoy día puede
decirse que la posición de la comunidad internacional o de aquellos
países más interesados o preocupados, como es el caso del nuestro, en
relación con la situación argelina, y por lo que se refiere en concreto a
las elecciones presidenciales, en un marco también más general, las vías
para la solución de los problemas o de la crisis argelina son básicamente
coincidente. Como digo, a pesar de estos matices, no hay hoy día grandes
divergencias.
Por lo que se refiere a la Unión Europea, antes me referí a lo que
previsiblemente va a ser una posición común en relación con las próximas
elecciones presidenciales, y, como indicaba también con anterioridad,
probablemente
dentro de los próximos días esta posición común de la Unión Europea será
manifestada de manera pública.
--DEL SEÑOR MILIAN MESTRE (GRUPO POPULAR) SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR
LA EXTRACCION DE LOS RESULTADOS DEL RECIENTE PROCESO ELECTORAL DE LAS
MUNICIPALES DE GUINEA. (Número de expediente 181/001700).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las preguntas formuladas por
el señor Milián, que figura con el número 8 en el orden del día, que se
refiere a medidas para garantizar la extracción de los resultados del
reciente proceso electoral de las municipales de Guinea. Es un poco
complicado esto de la extracción de las municipales, pero tiene la
palabra el señor Milián para aclarar el sentido.
El señor MILIAN MESTRE: Explicaremos eso de la extracción. El problema es
que todo es difícil de extraer en aquel país, incluso extraen hasta una
cultura francófona, según palabras recientes del Presidente Obiang en
París a los periodistas en un almuerzo; es un señor que está extrayendo
cosas muy extrañas de su chistera y, por tanto, cualquier cosa es
posible.
Al hacer esa alambicada formulación de la pregunta quisimos manifestar el
recelo fundamental respecto al proceso electoral y a los resultados.
Estos resultados podrán ser dados por las urnas, pero son extraídos de
manera harto distinta, como parece deducirse de las informaciones
confusas que han llegado de ese proceso. Los comicios municipales fueron
el 17 de septiembre, como todo el mundo sabe, pero no se tienen
resultados definitivos, porque hay unos que aporta la oposición y que
avalan de alguna manera los observadores internaciones, y hay otros que
aporta el señor Obiang y el régimen y que, evidentemente, no quedan
avalados más que por su propia decisión. En consecuencia, no hay
resultados claros y definitivos. Lo cierto es que, según el Gobierno, de
veintisiete ayuntamientos, nueve los ganó la oposición, esa plataforma de
oposición conjunta, y, según otros, es decir la plataforma, de
veintisiete, veintiuno los ganó la oposición. Lo cierto es que estamos en
plena confusión, no hay ninguna información clarificadora después del 17
de septiembre, lo cual quiere decir que ha pasado mes y medio largo,
seguimos igual y existen protestas y manifestaciones en sentido contrario
respecto al resultado de las mismas.
Aquí hay otras observaciones que hacer. El señor Obiang ha hecho
alusiones frecuentes a que el Gobierno español mandó unos observadores
del Ministerio de Asuntos Exteriores, y nos hizo saber --cito
textualmente-- mediante una nota verbal que sus observadores no habían
detectado irregularidad alguna (eso está publicado en «El País» del día 1
de octubre de 1995), incluso dice el propio Obiang que el Gobierno actuó
con toda limpieza. Fin de la cita.
Esto es chocante cuando en la misma prensa española abundan
informaciones, sensu contrario, y dicen que hubo clara manipulación del
proceso electoral, habiendo consecuencias post-manipulación clarísimas
respecto a la corrupción de los derechos políticos de los ciudadanos. Por
ejemplo, han sido encarceladas 75 personas después del proceso electoral
o de las elecciones justamente por manifestar su opinión al respecto.
Yo creo que la propia actitud de nuestro Presidente de Gobierno, Felipe
González, de alegar motivos de agenda para no entrevistarse con Obiang en
Nueva York, de alguna manera explica también la desconfianza respecto a
la idoneidad de ese proceso y a la verosimilitud de sus resultados, todo
lo cual aumenta el grado de confusión permanente que vive nuestro país
respecto a una ex colonia que le supone mucho desgaste político y mucho
desgaste económico mediante las ayudas presupuestarias que periódicamente
se le otorgan.
Consecuentemente, nuestra pregunta va en esta dirección: cómo el Gobierno
español puede garantizar de alguna manera la transparencia real de unos
resultados (por eso utilizaba el término de extracción, puesto que la
transparencia no se ha dado, pero ahí hay dos extracciones de los
resultados, de unos y otros, que no están clarificados), y cómo debe
interpretarse la postura de alguna manera renuente a la expresión directa
y pública del encuentro por nuestro Presidente de Gobierno, si es
legítima la interpretación de que hay un asentimiento respecto a la
invalidez de ese proceso electoral.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): El Gobierno español siguió con todo interés y atención el
desarrollo de la campaña electoral de las elecciones municipales en
Guinea Ecuatorial el pasado mes de septiembre, así como la masiva
participación en las votaciones durante la jornada electoral del día 17.
Estas elecciones probablemente constituyeron la primera consulta
electoral en un marco de pluralismo desconocido desde la independencia
del país en 1968 (y me refiero exclusivamente a la campaña, creo que
luego quedará claro), celebrada con un relativo grado de libertad y
transparencia.
Atendiendo la invitación del Gobierno de Guinea Ecuatorial, el Gobierno
español envió dos observadores del Ministerio del Interior a las
elecciones municipales del pasado día 17 de septiembre. Durante su
estancia en Guinea Ecuatorial, estos dos observadores actuaron en
estrecha colaboración con nuestra Embajada en Malabo, participando en
varias reuniones con otros observadores extranjeros (digo extranjeros
porque no puede hablarse de que hubiera una observación internacional
digna de ese nombre, pero sí hubo presencia de observadores extranjeros
de diverso carácter, todos ellos a invitación de las autoridades
ecuatoguineanas), y también celebraron varias reuniones con esas
autoridades ecuatoguineanas.
Los informes de los que tenemos conocimiento de alguno de los
observadores extranjeros, incluidos naturalmente
los informes de los dos observadores españoles, a pesar de haber
denunciado numerosas irregularidades, debido, entre otras cosas, a la
falta de tradición democrática y al desorden administrativo del país,
llegaron a la conclusión general de que la campaña electoral --subrayo la
campaña electoral-- se había desarrollado con bastante normalidad,
pudiendo manifestarse libremente todos los partidos o coaliciones
políticas participantes, tanto en los actos electorales, en sus mítines,
como en los espacios abiertos en los medios de comunicación oficiales.
Sin embargo, los informes de los observadores extranjeros de que tenemos
conocimiento también constataron que se produjeron numerosas y serias
irregularidades el día de la votación en el acto electoral propiamente
dicho, tales como presencia muy destacada de altos cargos y de
funcionarios del Gobierno en los colegios electorales, propaganda del
partido gubernamental --del PDGE-- en los locales electorales, no
utilización --ésta es una irregularidad importante-- de la tinta
indeleble que se había enviado desde España, etcétera; irregularidades
que sin duda empañaron el buen clima de la campaña previa a que antes he
hecho alusión, si bien, a juicio de la mayoría de los observadores
extranjeros, estas irregularidades no habrían sido suficientes para
invalidar las elecciones por cuanto los electores pudieron votar con
bastante libertad dadas las circunstancias.
Ahora bien, el 28 de septiembre, es decir 11 días después de la votación,
la Junta Electoral Nacional, que debo subrayar que ha sido nombrada y
está plenamente controlada por el Gobierno, por el Ejecutivo, hizo
públicos los resultados oficiales que, como ha señalado SS. SS.,
otorgaban 18 municipios al PDGE, el partido oficialista, el partido del
Presidente Obiang, y nueve a la POC, a la coalición de la oposición. La
POC rechazó estos resultados --como es bien sabido y como ha señalado S.
S.-- y se negó a tomar posesión de los nueve municipios en que la Junta
Electoral Nacional les había reconocido su victoria. Inmediatamente
intentaron presentar un recurso ante la Junta Electoral Nacional que no
fue admitido, por lo que tuvo que ser presentado ante el Tribunal
Constitucional.
Hay que subrayar --y aquí está a mi juicio el problema-- la ausencia de
total transparencia en las operaciones de recuento de los resultados
parciales entre el días de las elecciones y la publicación de los
resultados oficiales, diez días después. Estos resultados, los finales,
publicados por la Junta Electoral Nacional, no guardaban relación con los
resultados preliminares y parciales que se habían ido conociendo a través
del cómputo de las actas firmadas en las mesas electorales, algunas de
ellas, aunque no muchas debido al número muy reducido de observadores
extranjeros que hubo en las elecciones, verificadas incluso por estos
observadores extranjeros.
Por otra parte, para explicar mejor la esencia del problema, la mayoría
de los observadores extranjeros no acudieron al escrutinio a las juntas
electorales de distrito y a ninguno de ellos --de los pocos que quedaban
ya cuando se realizó el escrutinio a nivel nacional, en la Junta-- se les
permitió estar presentes en la Junta Electoral Nacional.
Esta profunda discrepancia en los resultados ha sido el origen del
conflicto entre Gobierno y oposición. Este conflicto ha hecho que,
transcurrido más de un mes desde la proclamación de los resultados
oficiales de las elecciones, todavía no se hayan constituido los nuevos
ayuntamientos, al haber rechazado la oposición, como he indicado, estos
resultados.
Nuestra Embajada en Malabo y las misiones diplomáticas de los otros
países donantes, que en estos momentos son sólo las de Francia y Estados
Unidos, al frente de la cual sólo queda un funcionario administrativo, y
las oficinas de la Comisión Europea y del PNUD, han seguido de cerca la
tramitación del recurso contencioso electoral que la plataforma de
oposición conjunta, la POC, presentó para impugnar los resultados
oficiales. El recurso fue fallado el pasado viernes, decidiendo el
tribunal que los resultados proclamados oficialmente por la Junta
Electoral Nacional son válidos y, en consecuencia, confirmando que la
oposición habría tenido mayoría en nueve distritos y el partido
gubernamental en los 18 restantes, por lo que, en la situación actual y
dentro del marco legal ecuatoguineano, sólo le cabría a la POC aceptar
los nueve municipios en los que la Junta Electoral Nacional les ha
otorgado la victoria, por el momento, y, entretanto, hacer uso del
recurso de amparo, que al parecer es la única vía que todavía tendrían
abierta conforme a la Ley Electoral ecuatoguineana.
En estos momentos, y según nuestras informaciones, la actitud de la POC
sigue siendo la de mantener una oferta de diálogo con el Gobierno para
encontrar una solución negociada y evitar así que este conflicto se
convierta en un obstáculo insuperable en el difícil y tortuoso proceso
democratizador de Guinea Ecuatorial.
El Gobierno español, que como ha señalado S. S. manifestó sus reservas
ante esta situación y ante la proclamación de estos resultados
electorales finales en un comunicado hecho público el pasado 28 de
septiembre de 1995, mantiene la posición, en primer lugar, de que se
trata de un problema que debe ser resuelto primordialmente por los
propios guineanos a través del diálogo, en el marco de este complejo y a
veces desesperante proceso democratizador o de relativa apertura, y, en
segundo lugar, de que la comunidad internacional puede y debe, no
obstante, coadyuvar para encontrar una solución a este conflicto
Gobierno-oposición, instando tanto al Gobierno como a las fuerzas
políticas a que se esfuercen por encontrar un compromiso aceptable para
todas las partes de manera pacífica.
La Unión Europea, también a instancias de España, está evaluando el
reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre los resultados
electorales para, eventualmente, publicar una declaración en la que
previsiblemente se recogería una posición similar a la hasta ahora
manifestada de manera explícita por el Gobierno español.
Esta es la situación de la que puedo dar cuenta a S. S., en estos
momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, le concedo la palabra, brevemente.
El señor MILIAN MESTRE: Brevísimamente, señor Presidente.
Para certificar que sí hay confusión y que, a pesar de la buena voluntad
del Gobierno, creo que el señor Obiang nos sigue tomando el pelo, porque
recientemente ha hecho en París afirmaciones harto sorprendentes. Por
ejemplo, cuando dice a la oposición que se resigne, que se conforme con
los resultados que les damos graciosamente, para así llegar a la
transición política. Esto suena a ceremonia de la confusión muy bien
arbitrada por este liturgo de Guinea Ecuatorial que, repito, creo que nos
está tomando un poco el pelo a todo el personal. Sólo quería verificar
eso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Milián, siempre creador de
conceptos nuevos.
Damos por terminada esta primera parte del orden del día, referida a
preguntas, agradeciendo muchísimo al señor Villar su presencia entre
nosotros, que ya sabe que siempre es un placer tenerle aquí.
--DECLARACION MOSTRANDO EL PESAR DE LA COMISION POR EL ASESINATO DEL
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, ISAAC RABIN.
Señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proseguir con la parte siguiente del
orden del día, que se refiere a acuerdos, canjes de notas y tratados, la
Mesa desearía hacer una breve aclaración, en nombre de la Comisión, con
la esperanza de que sea admitida como tal. Dice lo siguiente: La Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, reunida en sesión
ordinaria el día 7 de noviembre, quiere hacer constar su profundo pesar
por el asesinato del Primer Ministro de Israel, señor Rabin, uno de los
principales artífices del proceso de paz en Palestina. Al tiempo que
condena este nuevo acto de violencia, la Comisión espera que el proceso
de paz seguirá avanzando y superará los obstáculos de la intransigencia y
el fanatismo.
¿Está de acuerdo la Comisión? (Asentimiento.) Que así conste. (El señor
Martínez Martínez, don Miguel Angel, pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Señor Presidente, me
figuro que hay intención por parte de la Mesa o del Presidente de la
Cámara de hacer algún tipo de comunicación esta tarde. En todo caso, me
parecería oportuno que se les comunique esta nota --y me parece que
tienen Mesa y Junta de Portavoces al final de la mañana-- para que en la
comunicación que vayan a realizar puedan hacer alusión a la que ha hecho
la Comisión de Asuntos Exteriores, o incluso asumirla sin más. Creo que
es bueno que la conozcan y me parece muy oportuna la declaración que hace
el Presidente en nombre de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Me señala el señor letrado que sería interesante,
tomando la palabra al señor Martínez en lo que acaba de decir, que la
Comisión sugiera a la Presidencia de la Cámara la toma en consideración
de esta declaración que acabamos de hacer.
¿Les parece oportuno? (Asentimiento.) Por consiguiente, actuaremos en el
sentido que acabo de proponer.
DICTAMENES SOBRE
--CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR SOBRE SUPRESION DE VISADOS DE
SALIDA A RESIDENTES Y REGIMEN BASICO DE VISADOS, REALIZADO «AD
REFERENDUM» EN ARGEL EL 14-12-94. (Número de expediente 110/000176.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto número 10 del orden del
día. Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular sobre supresión de visados de
salida a residentes y régimen básico de visados, realizado ad referendum
en Argel, el 14 de diciembre de 1994.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: El día 14 de diciembre de 1994 se realizó en la
ciudad de Argel, «ad referendum», este Canje de Cartas entre el
Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino y el
embajador de España en Argelia, en virtud del cual los españoles podrán
beneficiarse de la exención de visado de salida de Argelia.
Las cartas argelinas y españolas reproducen el mismo texto y constan de
seis puntos, de los cuales subrayaríamos el primero: que las autoridades
argelinas podrán expedir a los nacionales españoles visados de estancia y
de tránsito conforme a la reglamentación argelina al respecto; el segundo
que dice que las autoridades argelinas podrán expedir a los hombres de
negocios españoles, así como a otros nacionales españoles, un visado
válido por un año con varias entradas. El número de días de estancia,
durante un año, no podrá exceder nunca de noventa días, a contar de la
primera entrada en Argelia; y el tercero, que dice que los nacionales
españoles residentes en Argelia no necesitarán visado de salida y podrán
volver a Argelia con su pasaporte y su permiso de residencia en vigor sin
necesidad de visado.
Obviamente hay otros aspectos, pero estos tres circunscriben, creo yo,
para no hacerme prolijo ni largo, el sentido de lo que se busca, lo cual,
en el escenario que hemos descrito esta mañana, es consolador en un
sentido y preocupante en otro. Es decir, que haya facilidades para salir
y entrar parece muy positivo, pero tampoco deja de ser preocupante por
sus consecuencias y sus orígenes.
En todo caso, vamos a apoyar esta nota relativa al acuerdo por entender
que es un paso importante que beneficia a personas que están pasando
momentos de clara angustia en estas circunstancias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.
El señor MOYA MILANES: El Grupo Socialista reitera el espíritu de la
declaración que acaba de realizar el señor Milián, en el sentido de que
se trata de un acuerdo que beneficia los flujos de salidas y de entradas
de los españoles en el territorio argelino. Lógicamente, tiene su
conexión con la actual situación política que en este momento vive el
país argelino.
Me parece absolutamente lógico que por parte de las autoridades, tanto
argelinas como españolas, se haya llegado a un acuerdo para facilitar
esta situación que, si siempre es beneficiosa y provechosa en situaciones
normales, lo es mucho más en la situación tan dificultosa por la que está
atravesando en este momento Argelia.
Por tanto, daremos nuestro consentimiento favorable a este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Si ningún otro Grupo desea hacer uso de la palabra,
vamos a someter a votación este Canje de Notas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE
VISADOS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS, REALIZADO EN RABAT EL 15-7-91. (Número
de expediente 110/000177.)
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y
TUNEZ SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS. REALIZADO EN MADRID EL 13 Y 15-7-92.
(Número de expediente 110/000180.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día, número 11, es
la denuncia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, sobre gratuidad
de visados entre España y Marruecos, realizado en Rabat el 15 de julio de
1991.
Esta denuncia coincide exactamente en sus mismos términos, puesto que se
refiere al mismo problema, con la contenida en el número 14 del orden del
día, el Acuerdo entre España y Túnez. Creo que SS. SS. podrían defender
los dos en un solo turno. (Asentimiento.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Efectivamente, se trata de dos acuerdos muy
similares, por los que el Gobierno español acuerda con las autoridades
marroquíes y tunecinas la denuncia del acuerdo de la gratuidad de los
visados.
En este sentido, cabe indicar que han existido precedentes anteriores,
derivados de las magníficas relaciones españolas con los países del
Magreb y del norte de Africa, en el sentido de que se había venido
facilitando una relación fluida, para lo cual se había llegado a
determinados acuerdos en relación con la supresión de visados.
Posteriormente, esta supresión de visados tuvo que revisarse y se
compensó con una gratuidad de visados, tanto con Rabat como con Túnez.
Finalmente, como consecuencia de la adhesión española al Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen, hubo que realizar las modificaciones
técnicas que ahora sometemos a consideración de esta Cámara, al objetivo
de suprimir dicha gratuidad. Es una consecuencia, ya digo, puramente
técnica, derivada de la adhesión española al Convenio de aplicación del
Acuerdo de Schengen, por lo que hay que armonizar en este sentido las
tasas de visados. España tiene que homogeneizar sus políticas tarifarias
en materia de visados con el resto de los países que se adhieren al
Acuerdo de Schengen. Como consecuencia de lo mismo, España firma estos
acuerdos, tanto con Marruecos como con Túnez, para la supresión de la
gratuidad, como una consecuencia técnica derivada de la adhesión al
Acuerdo de Schengen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Poco voy a añadir yo a lo que se acaba de decir
porque son acuerdos técnicos, como hemos dicho. En ambos casos, fueron
notificados por el Gobierno español a las embajadas de Túnez y Marruecos
el 15 de abril de 1991, justamente en razón de la imposición de los
acuerdos de Schengen. El 23 de julio de 1993, España depositó el
instrumento de ratificación del Convenio de aplicación del Acuerdo de
Schengen de 14 de junio de 1985, del que son parte esos países ya
mencionados.
¿Qué ocurre con esto? Lo que acaba de decir nuestro colega. España se ve
obligada a la denuncia del Acuerdo de gratuidad de los visados. En
definitiva, son simples medidas técnicas para ajustar los acuerdos a las
relaciones entre Estados.
El señor PRESIDENTE: Si ningún otro Grupo desea hacer uso de la palabra,
vamos a someter a votación, en primer lugar, el punto relativo a la
denuncia del Acuerdo entre España y Marruecos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la votación de la denuncia del Canje de Notas constitutiva de
Acuerdo entre España y Túnez.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE MALASIA RELATIVO A
LA SUPRESION PARCIAL DE VISADOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN KUALA LUMPUR
EL 4-4-95. (Número de expediente 110/000178.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 12 del orden del día:
Acuerdo entre el Reino de España y la
Federación de Malasia relativo a la supresión parcial de visados, firmado
ad referendum en Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Nuestro Grupo va a dictaminar favorablemente este
acuerdo. (El señor Vicepresidente Muñoz-Alonso Ledo ocupa la
Presidencia.)
Comentaríamos que el 4 de abril de 1995, este acuerdo fue rubricado y
firmado ad referendum por el embajador de España en Kuala Lumpur y por el
Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, relativo a la supresión
parcial de visados entre España y la Federación de Malasia.
Es natural que, a la hora de redactar el acuerdo, se haya tenido en
cuenta el hecho de ser España parte en el Acuerdo de Schengen, cuyo
instrumento de ratificación del acuerdo de adhesión se efectuó, como
todos sabemos, el 23 de julio de 1993.
Habría que destacar que esto es resultado del reciente acercamiento entre
España y Malasia y el progresivo aumento de las relaciones bilaterales
entre ambos Estados.
Poco más puedo añadir.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Poco que añadir a las declaraciones del portavoz
del Grupo Popular en relación con este acuerdo.
Efectivamente, la supresión parcial de visados entre España y Malasia
refleja, en definitiva, un acercamiento creciente entre los dos países,
supone un gesto de confianza mutua y responde al importante aumento,
tanto cuantitativo como cualitativo, de las relaciones bilaterales entre
los dos países.
Por otra parte, al ser España parte del Acuerdo de Schengen, se han
tenido en cuenta, a la hora de redactar el mismo, las disposiciones a las
que antes nos hemos referido en relación con los visados al hablar de
otros países. Por tanto, este acuerdo facilitará y favorecerá los flujos
de las relaciones bilaterales entre ambos países porque significa, en
este sentido, la supresión parcial de visados, lo cual redundará en el
aumento y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Si ningún otro grupo va a
intervenir, pasamos a la votación de este acuerdo entre el Reino de
España y la Federación de Malasia, relativo a la supresión parcial de
visados.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA, FIRMADO EN RIGA EL 26-6-95. (Número de
expediente 110/000179.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Pasamos al punto 13 del
orden del día: Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre
el Reino de España y la República de Letonia, firmado en Riga el 26 de
junio de 1995.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Santos. (La señora
Vicepresidenta Pla Pastor ocupa la Presidencia.)
El señor SANTOS JURADO: El objetivo de este acuerdo es la regulación del
transporte por carretera, de viajeros y mercancías, entre España y la
República de Letonia, y el tránsito por ambos países. Como en otros
convenios de este tipo firmados por España, se facilitan los trámites
necesarios para el desarrollo del transporte internacional y, por otra
parte, se cumplen nuestros compromisos con la Unión Europea al
establecerse en el contenido del acuerdo el compromiso de cumplir las
disposiciones que emanen de la Comunidad Europea en esta materia. Por
tanto, sólo tenemos que expresar nuestra postura favorable a la
autorización del presente convenio entre España y Letonia, por lo que
votaremos a favor del mismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Señora Presidenta, poco tengo que añadir a lo que
ha expresado el portavoz socialista. Unicamente que nuestro Grupo va a
dar su voto favorable a este acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Vamos a pasar a la votación del
acuerdo.
Efectuada la votación, dijo:
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ANEXO, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN MADRID EL 10-6-94. (Número de expediente 110/000181.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Punto 15 del orden del día:
Convenio de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América y Anexo, firmado ad referendum en Madrid
el 10 de junio de 1994.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Hace aproximadamente ocho o nueve meses,
aprobábamos en esta Comisión el dictamen de un acuerdo con los Estados
Unidos en materia de cooperación educativa, cultural y científica. El
convenio que ahora llega a nosotros está en la misma línea de incrementar
las relaciones en estos ámbitos, y muy en concreto el de la cooperación
científica y tecnológica. Si en aquel acuerdo lo que se fomentaba era el
intercambio sobre todo de estudiantes --y tuvimos oportunidad de hablar
de la importancia que ya han tenido las becas «fullbright»--, en este
caso el intercambio es sobre todo entre científicos e ingenieros, como
queda especificado en el artículo 2.º del presente convenio. Se trata, en
suma, de favorecer los intercambios científicos y los intercambios de
tipo tecnológico, y para eso se crea una Comisión, la Comisión conjunta
de ciencia y tecnología, en la que están representados ambos países a los
niveles oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento
de Estado. En el aspecto financiero es muy flexible, puesto que no se
establecen unas cantidades fijas, sino que se dice que los programas se
financiarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Quiero insistir también en que en este convenio no se trata solamente de
favorecer la cooperación entre organismos gubernamentales, sino también
entre universidades, cualquier otro centro de investigación e incluso
empresas e instituciones privadas, correspondiendo a los gobiernos, en
este caso, estimular y fomentar este tipo de relaciones. Ni que decir
tiene que todo lo que favorezca nuestro desarrollo y nuestra
investigación es muy conveniente y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar
con nuestro voto favorable el dictamen de este convenio.
La señora VICEPRESIDENTA (Pla Pastor): Por el Grupo Socialista, el señor
Moya tiene la palabra.
El señor MOYA MILANES: Señora Presidenta, el Grupo Socialista apoyará
también este convenio, por entender que se trata de un convenio que
reforzará los lazos de cooperación económica y tecnológica entre España y
Estados Unidos y que redundará en beneficio mutuo. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) Como ha señalado el portavoz del Grupo Popular,
con este convenio se emprende una cooperación científica y tecnológica en
aquellas áreas en las que mutuamente se acuerde y podrá abarcar el
intercambio de información científica y tecnológica entre científicos y
personal técnico, la realización de proyectos de investigación conjuntos
o coordinados, la celebración de seminarios y reuniones y cualesquiera
otras formas de cooperación que se acordare. Asimismo, se establecerá una
comisión conjunta hispano-norteamericana de cooperación científica y
tecnológica, para supervisar la cooperación en el marco del presente
convenio. Efectivamente, la financiación del mismo es flexible y
comprenderá actividades financiadas conjuntamente por las partes, así
como aquellas en las que cada organismo cubrirá los costes de su
participación y actividades financiadas por instituciones privadas o
fundaciones de uno o de ambos países. Por tanto, se trata de un convenio
amplio, que redundará claramente en el desarrollo de la cooperación
científica y tecnológica entre España y Estados Unidos, por lo que el
Grupo Socialista dará su voto favorable para la ratificación de dicho
convenio.
El señor PRESIDENTE: Si ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra,
vamos a pasar a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--CONSTITUCION Y CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, FIRMADOS «AD REFERENDUM» EN GINEBRA EL 22-12-92, ASI
COMO DECLARACIONES A FORMULAR POR ESPAÑA. (Número de expediente
110/000182.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 16 del orden del día:
Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
firmados ad referendum en Ginebra el 22 de diciembre de 1992, así como
Declaraciones a formular por España.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO PUIG: Aquí estamos tratando precisamente de una
reforma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el año 1989,
lo que se creó dentro de la Unión fue un comité de alto nivel para
estudiar y, en su caso, proponer las reformas de funcionamiento de la
Unión, lo que ha traído como consecuencia una serie de propuestas, que
son las que en estos momentos estamos tratando. Con estas modificaciones
se intenta readaptar la Unión Internacional de Telecomunicaciones a las
nuevas necesidades y hacerla más ágil. A la vez, lo que nosotros vamos a
aprobar aquí, si SS. SS. así lo desean, es la constitución y el convenio
de dicha Unión, y también la serie de reglamentos que quedan comprendidos
en el caso de que aprobemos la constitución y el convenio.
Como SS. SS. saben, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene
como objetivo fijar las frecuencias, tanto en radio como en televisión.
Este es un tema especialmente importante por el papel que las
telecomunicaciones están teniendo, cada vez más, como instrumentos de una
globalización de la economía, de la comunicación y del mundo en general
y, por tanto, la adopción de este convenio y de la constitución es
importante por cuanto muchos de los elementos que contenían no han
entrado jamás en vigor y, de una forma u otra, habían quedado plenamente
obsoletos. El Convenio de Ginebra de 1992 comprende 42 artículos, en seis
capítulos, y es competente en relación al funcionamiento de la
conferencia de plenipotenciarios, cómo ha de funcionar el consejo, cómo
tienen
que funcionar las conferencias mundiales de telecomunicaciones
internacionales, qué pasa con el sector de la radiocomunicación, el
sector de desarrollo, el sector de la normalización, etcétera. Les
ahorraré a SS. SS. el detalle, pero sí quiero explicar que en esa nueva
estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones destaca la
desaparición como órgano independiente de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, que pasa a denominarse Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Además, se establece que las conferencias de
plenipotenciarios de los países se reunirán cada cuatro años y no por más
de cuatro semanas. A su vez, las conferencias de radiocomunicaciones se
reunirán cada dos años y las de normalización y desarrollo cada cuatro.
Como he señalado antes, yo creo que es importante porque en este solo
acto matamos dos pájaros de un tiro, ya que, de acuerdo con el artículo
52 de la Constitución, ésta y el convenio, si son ratificados y aceptados
simultáneamente en un solo instrumento por los Estados miembros, quedan
ambos aprobados.
Señalaré dos cosas en relación con la posición de España cuando esto se
discutió. En el momento de la firma de los referidos convenio y
constitución España formuló tres declaraciones: una en que decía que sólo
ejercerá el derecho que le confiere el artículo 34 del Convenio
constitutivo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la medida
en que sea compatible con nuestra Constitución. Esto es plenamente
compatible, y en todo caso, lo que también es cierto es que, en la medida
en que esto incide en el artículo 94.1 de la Constitución Española, ha
sido preceptivo traerlo a esta Cámara para su aprobación.
El segundo punto que España señaló fue que la delegación de España
declaraba en nombre de su Gobierno que no aceptaba ninguna de las
reservas formuladas por otros gobiernos que implicasen un aumento de sus
obligaciones financieras con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Como SS. SS. saben, en la configuración de este nuevo
mapa mundial, en el que cada vez hay más Estados, todo el tema del
reparto económico está permanentemente en discusión. Por tanto, parece
razonable que España haya dicho que, en tanto no se llegue a una reforma
global de las aportaciones, no tenía por qué aceptar indirectamente el
aumento de sus cuotas de participación.
Finalmente, la delegación de España declaraba, también en nombre del
Gobierno, que sólo entiende el sujeto de derechos y obligaciones en tanto
que éste constituya un Estado soberano, es decir, que España interpreta y
entiende, y también es correcto, que cualquier comunidad que no
constituya un Estado no puede tener su presencia en esta organización. Yo
creo que es interesante tenerlo en cuenta, por cuanto, últimamente, en
los temas de comunicaciones, tanto en cable como en radio como en
televisión, cada vez parecen ser más suculentas las reivindicaciones de
territorios que no son Estados soberanos, y de una forma u otra esto
podría ser un pequeño lío.
Mi Grupo Parlamentario va a aprobar este convenio, que además incluye,
como hemos dicho, la constitución y esas declaraciones que ha formulado
España, y pedimos a los demás grupos que se sumen a este voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: La constitución y el convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones que vamos a dictaminar podemos decir
que son algo así como la refundación de una histórica organización
internacional. Quizás convenía recordar que fue en París en 1865 cuando
se creó la Unión Telegráfica Internacional, que es el antecedente
inmediato de la UIT, siendo veinte los Estados fundadores de la misma,
entre los cuales se encontraba ya España. Después, en 1906, en Berlín, se
creó la Unión Radiotelegráfica Internacional. Ambas uniones se fusionaron
en 1932 precisamente por un convenio firmado en Madrid el 9 de diciembre
de aquel año 1932 que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente. Ahí
empieza su trayectoria la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que
va a experimentar también otra transformación después de la Segunda
Guerra Mundial, concretamente en una reunión que tuvo lugar en Atlantic
City en 1947, a partir de cuyo momento se constituye en un organismo
especializado de Naciones Unidas. Fue precisamente en 1949 cuando ya
adquirió plenamente esa condición.
El convenio y la constitución que ahora dictaminamos, firmados en Ginebra
en 1992, proceden de la necesidad de adaptar los textos y el
funcionamiento de esta institución a las innovaciones tecnológicas del
momento, y especialmente a dos de las más importantes, la telefonía móvil
y el satélite. De alguna manera son los condicionamientos técnicos que
han presidido la redacción de estos instrumentos internacionales.
Los fines de la Unión Internacional de Telecomunicaciones están
precisados en el artículo 1.o, no me voy a detener en ellos, pero
insisten en la cooperación internacional entre todos los miembros para el
mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones, la
asistencia a los países en desarrollo, el impulso también del desarrollo
de los medios técnicos, la promoción de la extensión de los beneficios de
las nuevas tecnologías y la armonización de los esfuerzos, en suma, de
los miembros para conseguir estos fines.
La estructura está precisada en el artículo 7.o, en el que destacan la
Conferencia de Plenipotenciarios, que es el órgano supremo de la Unión, y
el Consejo, que actúa como mandatario de esta Conferencia. Al mismo
tiempo hay unas conferencias mundiales y otros organismos en los que no
me voy a detener.
El convenio, que es muy detallado, insiste sobre todo en cuestiones de
procedimiento en las que no vale la pena insistir en este momento. Como
ya se ha dicho, España ha introducido algunas reservas. Según el texto
que tenemos a la vista, esas reservas son fundamentalmente dos: una
primera, que es la 32 del texto, en la que se dice que la delegación de
España declara, en nombre de su Gobierno, que toda referencia al término
«país» en la constitución o en el convenio, en cuanto sujeto de derechos
y obligaciones, sólo la entiende en tanto éste constituya un Estado
soberano --es, por tanto, una precisión terminológica de qué se quiere
significar con la palabra «país»--, y la otra reserva, que es la 33, a la
que ya se
ha hecho referencia, es que la delegación de España declara, en nombre de
su Gobierno, que no acepta ninguna de las reservas formuladas por otros
gobiernos que impliquen un aumento de sus obligaciones financieras en la
Unión.
Nosotros creemos que esta constitución y este convenio son positivos para
una organización de tanta importancia como la UIT, en este mundo que
justamente se denomina la sociedad de la comunicación, y por tanto vamos
a dar nuestro voto favorable para la aprobación de estos instrumentos
internacionales.
El señor PRESIDENTE: Ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra.
Vamos a proceder por consiguiente a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MANAGUA EL
18-2-95. (Número de expediente 110/000183.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 17 del orden del día,
Convenio entre el Reino de España y la República de Nicaragua para el
cumplimiento de condenas penales, firmado ad referendum en Managua el 18
de febrero de 1995.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Este convenio fue negociado y rubricado en
Managua y finalmente firmado con carácter ad referendum por el Ministro
de Asuntos Exteriores español el 18 de febrero de 1995. El convenio
responde a los principios que en la materia tiene la OEA y consta de doce
artículos. De acuerdo con el artículo 5.o, el consentimiento deberá ser
triple del Estado trasladante, del Estado receptor y de la persona
condenada, que deberá tener la nacionalidad del Estado receptor del
acuerdo.
El convenio está inspirado en los principios básicos del Convenio europeo
número 112 sobre traslado de personas condenadas, y destaco que favorece
a la reinserción del preso el cumplimiento de la condena en el Estado de
su nacionalidad.
Quiero finalizar diciendo que Nicaragua es un país de gente joven, tiene
la mayor población de niños y la menor de personas mayores de 60 años de
Iberoamérica. No tenemos ninguna objeción y vamos a dar nuestro voto
favorable al mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.
El señor JOVER I PRESA: Este convenio se enmarca --ya se ha dicho aquí--
dentro de una política del Estado español, a través de su Gobierno, para
conseguir que los españoles que sean detenidos y condenados en países
latinoamericanos puedan tener una máxima protección en sus derechos.
Concretamente, aquí nos encontramos con un convenio similar a otros que
ya han sido firmados, por ejemplo, con Argentina, con Méjico y con Perú,
y también a otros que están en trámite muy avanzado y que pronto podrán
llegar a esta Cámara, como los que se están negociando actualmente con
Venezuela --país muy importante porque hay muchos españoles allí
cumpliendo penas de prisión en cárceles venezolanas--, con Ecuador y
también con Colombia.
Se refiere, como aquí ya se ha dicho, exclusivamente al cumplimiento de
la condena, y esto por supuesto significa una gran ventaja para aquellos
ciudadanos españoles que hayan sido condenados en estos países, ventajas
no solamente derivadas del hecho de que siempre resulta más interesante
para el condenado poder cumplir la pena en su propio país, cerca de su
familia, de sus amistades, de su entorno social, sino también ventaja
notable si tenemos en cuenta la distancia yo diría sideral, por
desgracia, que todavía existe entre los sistemas penitenciarios de éstos
países y el español, a favor, por supuesto, del español. Pensemos que en
muchos de estos países las condiciones en que se desarrolla la vida en
las cárceles son realmente dantescas. En este sentido, está claro que la
ventaja para los ciudadanos españoles puede ser extraordinaria.
Como ya se ha dicho aquí por la señora Pulgar, el Tratado prevé una serie
de condiciones para que pueda ser aplicado. La primera de ellas, por
supuesto, es el consentimiento del condenado; sin ese consentimiento no
hay posible traslado. La segunda, que los hechos por los que ha sido
condenado constituyan delito en ambos países, tanto en el Estado
trasladante como en el Estado receptor. En tercer lugar, que la sentencia
sea firme; y, finalmente --y esto también es muy importante--, que la
aplicación de la pena no sea contraria al ordenamiento jurídico del país
receptor. Esto es evidente, por ejemplo, para la pena de muerte, que ya
está expresamente excluida en nuestro convenio, pero también para otro
tipo de penas que no existen en nuestro ordenamiento y que sí existen en
otros países, por ejemplo, los trabajos forzados o la cadena perpetua,
que no son posibles en nuestro ordenamiento.
A partir de ahí, señor Presidente, y ya acabando, daré dos datos que
conviene tener en cuenta. El artículo 4.º prevé mecanismos de información
pormenorizada entre los Estado contratantes respecto a los temas que nos
ocupan. Se tendrán que considerar, fundamentalmente, según el artículo
5.º 5, temas como las posibilidades de rehabilitación social, la gravedad
del delito, el estado de salud del condenado, sus vínculos familiares y
sociales y otros de índole similar. Por último --y esto creo que es
realmente muy importante, señor Presidente, en relación con lo que decía
anteriormente--, el artículo 7.º en su apartado 2 establece el principio
de que la condena de una persona trasladada se cumplirá conforme a la
leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de
cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de
encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas.
Si tenemos en cuenta, señor Presidente, que esta misma semana esta Cámara
aprobará definitivamente un Código Penal que prevé mecanismos muy
avanzados de suspensión condicional de la condena, de remisión de la
condena, etcétera, creo que esto no dejará de establecer grandes
beneficios para los ciudadanos españoles que hayan sufrido este tipo de
condenas.
Todo esto, señor Presidente, indica que mi Grupo va a votar, sin ninguna
duda, a favor de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN
SALVADOR EL 14-2-95. (Número de expediente 110/000184.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, número
18. Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de
España y la República de El Salvador, firmado ad referendum en San
Salvador el 14 de febrero de 1995.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, con toda brevedad, porque lo que
he dicho en relación con el convenio firmado con la República de
Nicaragua se puede aplicar, «mutatis mutandis», a casi todo lo que afecta
a este otro convenio con El Salvador. Por supuesto que no son idénticos.
En un caso se trata de un convenio sobre el cumplimiento de condenas
penales y, en el otro, de un convenio de traslado de personas condenadas,
que no es exactamente lo mismo, pero los efectos son muy similares. Por
tanto, señor Presidente, doy por reproducidas todas las argumentaciones
que había dado anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: El Tratado sobre el traslado de personas
condenadas entre el Reino de España y la República de El Salvador fue
firmado con carácter ad referendum por el Ministro de Asuntos Exteriores
español el 14 de febrero de 1995.
Evidentemente, el anterior interviniente ya ha hecho relación a que es un
contrato similar o parecido a los que han sido firmados por nuestro país.
Solamente quiero destacar que las medidas de seguridad impuestas por una
de la partes a nacionales de la otra podrán ser cumplidas por la persona
condenada en el Estado del que sea nacional, y al decidir sobre el
traslado de un condenado se tendrán en cuenta todos los factores
favorables a la rehabilitación social de aquél.
Insistir en que la condena se cumplirá conforme a las leyes del Estado de
ejecución y no podrá transformar la pena o medida de seguridad en una
sanción pecuniaria. Sólo el Estado sentenciador podrá conceder la
amnistía, indulto o conmutación de la pena o medida de seguridad, y el
Estado que dé sentencia será el único que podrá revisarla. Un condenado
entregado para el cumplimiento de la sentencia conforme al Tratado no
podrá ser procesado en el Estado de ejecución por los mismos hechos.
Para finalizar, decir que nuestro voto va a ser favorable.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA
MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS
MEJICANOS DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1978, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEJICO EL
23-6-95. (Número de expediente 110/000185.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 19 del orden del día.
Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia
mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mejicanos, de 21 de noviembre de 1978, firmado en la ciudad de Méjico el
23 de junio de 1995.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Desde hace aproximadamente dos años, España ha
venido presionando a Méjico para conseguir la modificación del Tratado de
extradición y asistencia judicial mutua en materia penal, de 21 de
noviembre de 1978, desarrollado por el Canje de Notas de 1 de diciembre
de 1984. La necesidad de tal modificación venía motivada por el hecho de
venirse negando Méjico a conceder las extradiciones solicitadas por actos
terroristas, alegando razones de política interna. El 12 de mayo de 1995,
en Méjico, delegaciones de ambos países rubricaron el Protocolo
modificativo del Tratado de referencia, estando representada España por
el Embajador de España en Méjico, y Méjico por el subprocurador jurídico
de la Procuraduría General de la República. La nueva postura mejicana se
debe tanto a la constante presión española como a la evolución marcada en
el país por los recientes acontecimientos económicos, sociales y
políticos.
Este protocolo consta de cinco artículos, que no voy a enumerar. El punto
clave que sirvió de motor del acuerdo es el artículo 1.º. En él se
delimitan los delitos que tienen
la consideración de políticos y no dan lugar a extradición. Quedan
excluidos de tal categoría de forma expresa los delitos de terrorismo.
Tal exclusión supone un paso adelante hacia la autorización de la
extradición de miembros de la banda terrorista ETA, máxime si tenemos en
cuenta el artículo 5.º del Protocolo, el cual contiene las disposiciones
finales, entre las que hay que destacar la contenida en el apartado 3,
según el cual en tanto entre en vigor el presente Protocolo se seguirá
aplicando el Tratado en sus términos generales.
Para terminar, decimos que interesa que sea aprobado el protocolo con la
mayor celeridad posible, para poder realizar con la mayor vigencia las
solicitudes de extradición de los miembros de la banda terrorista ETA, de
acuerdo con las nuevas disposiciones.
Daremos nuestro voto favorable a este protocolo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.
El señor JOVER PRESA: Este es un convenio importante; realmente es un
convenio que puede tener efectos importantes en nuestro ordenamiento
jurídico y en la persecución de esa lacra que es el terrorismo, sea de
extrema derecha, sea de extrema izquierda.
¿Cuál es la situación que teníamos actualmente con los Estados Unidos
Mejicanos? Con Méjico hay todavía vigente un convenio de extradición, que
es de 21 de noviembre de 1978, que en su artículo 4.º.1 excluía de las
posibilidades de extradición, así sin más, lo que genéricamente
denominaba como delitos políticos. El problema es que en aplicación de
este convenio el Estado mejicano, no solamente alegando razones de
política interna, que también, sino, sencillamente, alegando la letra del
convenio, podía, muy legítimamente y conforme a las reglas del Derecho
internacional, negarse a extraditar ciudadanos acusados de delitos
terroristas en España, sencillamente porque el convenio así se lo
permitía. Sorprendentemente, el problema estaba en un convenio que fue
firmado en el año 1978, en una época en la que ya en España no había
delitos políticos; en noviembre de 1978 estaba a punto de aprobarse la
nueva Constitución. Por tanto, de aquí viene el origen de la situación
con la que ahora nos enfrentamos.
Esto es lo que ha pretendido evitar el Gobierno. Como ha dicho la señor
Pulgar, desde hace años el Gobierno español está intentando por todos los
medios, está trabajando, presionando --puede que sea la palabra-- al
Gobierno mejicano para que se modifique este convenio. Finalmente, esto
se ha conseguido así y por eso hoy nos planteamos la aprobación de este
protocolo --exactamente es un protocolo porque se modifica el tratado
vigente--, que introduce una modificación sustancial y otras menores.
Como aquí se ha dicho, en el artículo 1.º del Protocolo se modifica
sustancialmente el artículo 4.º.1 del Tratado de 1978. ¿En qué sentido se
modifica? Sencillamente, en el sentido de definir con la máxima precisión
lo que debe considerarse incluido dentro de esta expresión genérica, poco
científica, de delitos políticos. Básicamente hay tres aspectos que
quedan excluidos de esta consideración: primero, los atentados contra el
jefe del Estado o del Gobierno; segundo, los delitos comprendidos en
tratados multilaterales de los cuales sean parte los dos estados
firmantes, concretamente los tratados que intentan perseguir los delitos
de piratería aérea en relación con secuestros de aeronaves, con actos de
violencia en aeropuertos, con actos ilícitos de violencia en plataformas
continentales, plataformas marítimas --todo esto queda incluido dentro de
la materia susceptible de extradición--; y tercero y lo más importante
--ya lo ha dicho aquí la señora Pulgar-- la consideración de que los
delitos de terrorismo no pueden ser nunca considerados como delitos
políticos y, por lo tanto, no pueden quedar excluidos de la aplicación
del convenio.
Esta es una novedad importante. Las bandas terroristas, sean ETA, GRAPO o
cualesquiera que sean, no podrán ya utilizar el territorio mejicano como
instrumento para huir de la justicia española. Por lo tanto, las
novedades que presenta el convenio en este aspecto son notabilísimas. Hay
otras en relación con delitos fiscales que son menores y respecto a los
cuales no creo que valga la pena que nos detengamos, señor Presidente.
Por todo ello, mi Grupo va a votar favorablemente la ratificación de este
convenio.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que desee hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación del protocolo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA FRANCESA, LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE BELGICA RELATIVO AL PROGRAMA AIRBUS
A330/A340, HECHO EN DRESDEN EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 1994. (Número de
expediente 110/000186.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, número 20: Acuerdo entre
los gobiernos de la República Francesa, la República Federal de Alemania,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Reino de España y
el Reino de Bélgica relativo al programa Airbus A330/A340, hecho en
Dresden el 25 y 26 de abril de 1994.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO RODRIGUEZ: El acuerdo que vamos a votar a continuación
trata fundamentalmente de reforzar la colaboración en Europa dentro del
consorcio Airbus. Es un convenio que se desarrolla a lo largo de ocho
capítulos, en los que se trata la organización, el equipamiento, el
desarrollo y la producción, la financiación y
todas las versiones derivadas del programa Airbus A330/A340.
Naturalmente, al ser un convenio amplio, recoge todo tipo de variables,
incluso las aportaciones económicas de cada uno de los gobiernos, y se
contemplan finalmente hasta en los anexos las versiones que puedan
producirse del Airbus, oscilando entre la mayor capacidad o la mayor
autonomía de cada uno respecto al producto y el trabajo, el desarrollo y
los costes del programa.
Quiero finalmente decir que, como es natural, nuestro Grupo va a votar
favorablemente lo que supone una profundización en la creación y en la
colaboración de este programa Airbus, que, al fin y al cabo, es un
aspecto más de la colaboración y la cooperación europea y de los países
que forman parte de ella.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: El acuerdo que vamos a dictaminar es,
efectivamente, similar a otros acuerdos anteriores que se referían a
otros modelos de Airbus como era, por ejemplo, el A320. En este acuerdo,
cuyas características principales ya han sido explicadas, se recogen --y
creo que es lo que más nos interesa aquí-- las obligaciones de los
gobiernos signatarios, que son fundamentalmente la de supervisar y
valorar la marcha de los programas de desarrollo, como se especifica en
el artículo 4.º, y al mismo tiempo los gobiernos tienen el compromiso de
aportar unos anticipos reembolsables a medida que se vayan vendiendo
después los aviones que, en el caso de España, llegan a la cifra de
29.356 millones de pesetas.
Desde luego se trata de un acuerdo muy positivo, muy favorable para
España y desde luego para su industria aeronáutica. (Tenemos que recordar
que Airbus es el segundo constructor mundial de aviones después de Boeing
que en 1994 entregó 130 aviones a sus clientes, de los cuales 50 eran ya
precisamente de estos modelos a los que se refiere el acuerdo que estamos
tratando.) Airbus tiene unos planes ambiciosos puesto que aspira a una
cuota del mercado mundial próxima al 50 por ciento del mismo, lo cual da
unas posibilidades enormes si tenemos en cuenta, según los expertos, que
en los próximos veinte años se espera una demanda de 13.000 nuevos
aviones. Airbus está también llevando a cabo operaciones de colaboración
con otras empresas como, por ejemplo, con la empresa rusa Tupolev, para
establecer nuevos consorcios de producción que son realmente muy
favorables para el desarrollo del consorcio.
Sin embargo, por lo que se refiere a los aspectos procedimentales de este
acuerdo, tendríamos que establecer alguna crítica, y en concreto referida
al retraso excesivo con que llega este acuerdo a la Comisión. Hay que
tener en cuenta que el acuerdo es de fecha 25 y 26 de abril de 1994 y
entra en la Cámara el 13 de septiembre de este año --es decir, casi un
año y medio después--. Si a esto añadimos que, según el propio Ministerio
de Industria, el acuerdo fue negociado hace más de cuatro años, nos
encontramos con un plazo excesivamente dilatado para su aprobación.
Hay que tener presente --ya lo he dicho-- que una buena parte de los
aviones a los que se refiere este acuerdo ya están funcionando
exactamente hace casi dos años, en 1993. El hecho es tan evidente que el
propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un firme mensaje al
Ministerio de Industria para que le consulte en posteriores
negociaciones, con el fin de evitar este tipo de situaciones --dice la
propia nota del Ministerio de Asuntos Exteriores--. Según el dictamen del
Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores realiza algunas
observaciones resaltando lo inconveniente de la situación, pues la
urgencia de la tramitación no permite --dice el dictamen-- la subsanación
de algunos defectos advertidos en el acuerdo. Señalemos, por ejemplo, que
es muy discutible la redacción del artículo 2.º, donde se dice: «Los
gobiernos signatarios no apoyarán la participación de sus fabricantes de
estructura de aviones en el desarrollo y producción de aviones civiles
que compitan con el Airbus A330/A340.» Esta redacción podría dar lugar a
que se interprete como una manera de restringir la competencia, limitando
el campo de actuación de algunas otras empresas del sector. Todo esto es
fruto de un apresuramiento y sobre todo de un incumplimiento de los
plazos normales y regulares. Pero más allá de estas críticas, como digo,
de carácter procedimental, nosotros creemos que es un acuerdo muy
positivo y vamos a apoyarlo con nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), SOBRE LA
SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS JURIDICOS Y TECNICOS (7 A 11 DE FEBRERO DE
1995) Y LA IX REUNION ORDINARIA DE LAS PARTES CONTRATANTES PARA LA
REVISION DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DEL MAR MEDITERRANEO CONTRA LA
CONTAMINACION Y SUS PROTOCOLOS CONEXOS (BARCELONA, 5 AL 10 DE JUNIO DE
1995). (Número de expediente 110/000187.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 21 del orden del día: Canje de
cartas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la segunda reunión de
expertos jurídicos y técnicos (del 7 al 11 de febrero de 1995) y la IX
reunión ordinaria entre las partes contratantes para la revisión del
Convenio para la Protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
y sus protocolos conexos (en Barcelona, del 5 al 10 de junio de 1995).
¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular
tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: El canje de notas señala con gran detalle todas las
disposiciones necesarias y acordadas entre España y el PNUMA para la
celebración de dos reuniones: la de expertos jurídicos y técnicos en
Barcelona, del 7 al 11 de febrero de 1995, y la IX reunión ordinaria de
las partes contratantes y ministros plenipotenciarios en Barcelona, del 5
al 10 de junio de 1995, en relación con el importante convenio para la
protección del mar Mediterráneo y protocolos anexos.
La protección del mar Mediterráneo es importantísima. El convenio es un
tema a destacar, pero creo que hay que resaltar de nuevo un problema
mayor: el coste de la organización, que está en el entorno de 35 millones
de pesetas, es reducido, pero éste no es el problema, señor Presidente,
el problema es que estamos votándolo el día 7 de noviembre de 1995. Esto
se ha repetido varias veces y creemos que se hace un demérito al
Parlamento. Estamos aprobando unos gastos que ya se han efectuado y se da
la paradoja de que este convenio ha tenido período de enmiendas y no se
sabe qué hemos enmendado, si han gastado mucho o todo. No podemos
enmendar algo que ya se ha gastado. Creo que todos los grupos
parlamentarios hemos llamado la atención muchas veces sobre que éste es
un Parlamento que tiene el poder soberano dado por la Constitución para
ratificar convenios antes de que éstos, sobre todo cuando intervienen
gastos, se produzcan. Pienso que todos tenemos una sensación de dejación
del Parlamento y una vez más quiero protestar, quizá en el desierto, ante
el hecho de que parece que se trata al Parlamento como un simple rubber
stamp, como dicen los sajones. Creo que la autorización parlamentaria se
convierte de este modo en un mero formalismo y debemos evitarlo. Sin
embargo, como el tema es importante y creo que en este momento no lo
podemos solucionar, llamando la atención de la Cámara y de la Comisión
sobre este asunto, nuestro Grupo va a dar su aprobación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Pla.
La señora PLA PASTOR: Con respecto a la protección del Mediterráneo, no
solamente existe este convenio ni la modificación y actualización del
mismo que estamos ratificando hoy, con un cierto retraso, sino que
existen una serie de medidas --y quiero que conste en el Diario de
Sesiones-- de las distintas administraciones y estados ribereños del
Mediterráneo que han posibilitado que este mar, en la actualidad, esté
mejorando notablemente. Esas medidas, que son múltiples y diversas --ésta
es una de ellas--, están protegiendo y recuperando este mar que podíamos
calificar casi de mar muerto. Como ribereña del Mediterráneo tengo que
constatar que ya se han tomado muchísimas medidas para la protección del
Mediterráneo. El convenio que nos ocupa es la actualización de un
convenio que existía, de 1975, y de un plan de modificación de aquél y de
protección del Mediterráneo, de 1976.
Tengo que destacar, únicamente, algunos aspectos que nos parecen
interesantes como, por ejemplo, las enmiendas al Protocolo, que suponen
una ampliación del ámbito geográfico porque se refieren a la limpieza de
buques, a los vertidos de buques en el mar --aquellas bolas de alquitrán
a las que estábamos tan acostumbrados a pisar los que utilizamos las
playas mediterráneas, con la desagradable sensación que esto producía-- y
hoy gracias a estos convenios se van eliminando. Esto supone una
ampliación del ámbito no sólo de la ribera sino mar adentro para la
limpieza de buques, e incluye una lista de vertidos que ya no se pueden
echar en el Mediterráneo.
El protocolo también incluye un listado de áreas especialmente
protegidas, de las que destacaría las Islas Columbretes, en las que hay
un Parque Natural de Protección de Especies Marítimas magnífico, y unas
medidas que amplían la gama de conservación y protección de especies
amenazadas, de limpieza, de contaminación, etcétera.
Por todo ello, nuestro Grupo votará este nuevo protocolo con auténtica
satisfacción, porque, aunque con un cierto retraso para la autorización,
todas estas medidas están vigentes y están llevándose a la práctica en
las distintas administraciones de los Estados ribereños del Mar
Mediterráneo, y en el Estado español, naturalmente, con toda eficacia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Vázquez, seguramente se ha sentido aludido como mediterráneo y ha
pedido la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Tomo la palabra para señalar que mi Grupo va a
votar favorablemente también este canje de notas que, como se ha dicho,
es actualización de un convenio del año 1975. No compartimos el optimismo
de la señora Pla respecto al futuro y al presente del Mediterráneo en lo
que a contaminación se refiere. A pesar de lo que dice el Convenio de
1975 y de lo que esta actualización signifique, la desgraciada realidad
es que el Mar Mediterráneo sigue siendo en buena parte una gran cloaca a
la que van a parar alrededor de 700.000 mil toneladas/año de petróleo, al
margen de gran cantidad de vertidos industriales, fundamentalmente de la
cuenca del Ródano, que están generando gravísimos problemas en este Mare
Nostrum. Si los Estados ribereños no somos capaces de dedicar un plus
importantísimo para una política medioambiental rigurosa en el
Mediterráneo, las generaciones venideras posiblemente se encontrarán con
un mar muy similar al Mar Muerto, no por la cantidad de sal, sino por la
cantidad de residuos, que harán imposible una mínima vida biológica en el
Mar Mediterráneo y, desde luego, perderá la esencia de mar de intercambio
de culturas y de mar espacio de placer para gran parte de los ciudadanos
de Europa y de parte del mundo.
Por tanto, repito, mi Grupo va a apoyar este canje de notas y me gustaría
poder compartir el optimismo de la señora Pla, pero por desgracia no es
así. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos compartirlo porque
se tomen medidas realmente eficaces y serias para combatir esa tremenda
contaminación del Mediterráneo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que interrumpan estos debates
ecológicos y se concentren en la votación.
Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE KIRGUISTAN, POR
OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 9-2-95. (Número de expediente 110/000188.)
-- ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE KAZAJSTAN, POR
OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23-1-95. (Número de expediente 110/000189.)
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE BELARUS, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 6-3-95. (Número de expediente 110/000190.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, los puntos siguientes, el 22, 23 y 24, del
orden del día se refieren a otros tantos acuerdos de colaboración y
cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y tres
Repúblicas, la de Kirguistán, Acuerdo firmado en Bruselas el 9-2-1995, la
República de Kazajstán, firmado en Bruselas el 23 de enero de 1995 y la
República de Belarús, firmado en Bruselas el 6 de marzo de 1995.
Sugiero que el debate se haga conjuntamente, a menos que algún Grupo
desee hacer un debate separado de alguno de esos tratados. (Pausa.)
Si no es así, vamos a hacer el debate conjunto.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): No tengo inconveniente en
hacer una intervención global para los tres acuerdos, señor Presidente.
Quizá, el Grupo Popular había preparado intervenciones de distintos
colegas, pero, en cualquier caso, haré mi intervención con respecto a los
tres convenios, porque en realidad es el mismo.
Se trata de actualizar las relaciones entre las Comunidades Europeas y
tres países procedentes de la antigua Unión Soviética, tres Estados
miembros de la CEI. Se está siguiendo el camino que ya se anticipó por
parte de la Unión Europea con Rusia y Ucrania. Los tres Estados con los
que vamos a ratificar este acuerdo de cooperación y colaboración son
distintos tanto en su calidad como en su dimensión. Estamos ante el caso
de Kirguistán, que es un Estado menor, distante, asiático; un Estado como
Kazajstán, que es, en cambio, una de las grandes potencias que surgen en
la explosión de la URSS; y, por otra parte, estamos ante el caso de
Belarús --a ellos no les gusta que se diga Bielorrusia--, que es un
Estado europeo candidato a la filiación al Consejo de Europa, cuyos
parlamentarios en este momento disfrutan del estatuto de invitado
especial en la Asamblea de dicho Consejo y, por tanto, un Estado de
vocación europea. Estado, sin embargo, cuya consolidación ha sido a veces
más puesta en tela de juicio que la de otros Estados que resultan de la
explosión de la Unión Soviética, puesto que las relaciones de Belarús con
Rusia se mantienen en un nivel de gran estrechez. Hay quien especula
claramente con la no continuidad de Belarús, más bien con la fusión, a
corto o largo plazo, entre la Federación Rusa y este Estado.
Lo que tenemos que estudiar hoy es la manera de no dejar a estos tres
Estados al margen de la cooperación, que ya se puso en marcha y que
culminó en el año 1989 con la firma entre las comunidades europeas y la
Unión Soviética entonces del Acuerdo de comercio y cooperación comercial
económica. Este acuerdo tiene una importancia incluso mayor de la que ha
tenido, porque desde la Unión Europea se está muy interesada en la
estabilidad y consolidación como Estados, pero también como Estados
democráticos, de cualquiera de esas repúblicas, muy particularmente de
Belarús. En el caso de Kazajstán estamos además frente a una potencia
económica muy destacada a muy breve plazo. Y Kirguistán es otra república
que no debiera quedarse al margen de nuestros esfuerzos, tanto en lo que
se refiere a su consolidación democrática como a las posibilidades
comerciales con la Unión Europea y, desde luego, en lo que a España
atañe.
Causa alguna sorpresa el hecho de que la negociación de estos convenios
con estos tres Estados, que no era sino actualizar los mismos textos que
ya existían con respecto a la Unión Soviética, haya durado más de dos
años. Es decir, que durante los años 1993 y 1994 hemos estado discutiendo
este proceso, llegándose afortunadamente a la firma en los primeros meses
(entre enero, febrero y marzo) de 1995 con los tres Estados a que nos
venimos refiriendo. Los procedimientos difieren. Nos encontramos con que
hay tres ámbitos importantes. Por un lado, el acuerdo en nombre de la
Comunidad Europea, conforme a los artículos 113 y 235, en lo que se
refiere a los párrafos dos y tres del artículo 228 del Tratado de la
Comunidad Europea. También existe lo que se refiere al acuerdo en nombre
de la CECA. Y en tercer lugar lo que se refiere al Tratado Euratom, el
que se firma en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
después de que se aprobara, tal como lo refiere el segundo párrafo del
artículo 101 del Tratado del Euratom.
Quizá lo más importante es que en estos tres acuerdos hay nueve títulos
que tratan de las siguientes materias: principios generales, diálogo
político, comercio de mercancía, comercio e inversiones, cooperación
legislativa, cooperación económica, cooperación cultural, cooperación
financiera y disposiciones institucionales generales y finales. Conviene
destacar también que hay tres grandes campos: el diálogo político, las
relaciones comerciales y el desarrollo de la actividad económica. En el
diálogo político es importante decir que se establecen tres niveles de
relaciones con carácter regular: un consejo de cooperación a nivel
ministerial, que se reunirá anualmente; un consejo asesor, que es un
órgano de asistencia al consejo de cooperación formado por representantes
de los miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de la
Comisión, así como miembros del Gobierno de cada uno de los tres Estados
a que nos venimos refiriendo, que serán altos funcionarios del mismo; y
una comisión parlamentaria de cooperación, en la que intervendrán
parlamentos del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los
tres países en cuestión. Tiene una gran importancia que se mantenga esta
presencia parlamentaria, como se mantiene también --no nos olvidemos--
una cláusula de salvaguardia que incluye el principio del apoyo al
funcionamiento democrático en cada una de estas sociedades, llegando a
hablarse incluso de suspensión del acuerdo si se dieran flagrantes
violaciones de los derechos humanos o del funcionamiento democrático.
Hay que decir, porque es un hecho, que el Parlamento Europeo ha tenido
alguna reticencia a dar su apoyo al acuerdo en lo que a la República de
Belarús se refiere. Viene motivado por el proceso electoral que se dio en
Belarús, que no fue satisfactorio. Una ley electoral no excesivamente
afortunada que preveía que en aquellas circunscripciones donde no hubiera
un 50 por ciento de participación no se cubrirían los escaños, situación
que ha determinado que se produzcan una serie de vacíos que no permiten
ni siquiera el quorum en el nuevo parlamento, pero que ha llevado a una
nueva convocatoria electoral que tendrá lugar dentro de un espacio muy
breve de tiempo. Sin embargo, no creemos que sea un argumento suficiente
para bloquear este acuerdo que, en suma, debe ser una palanca de
potenciación del sistema democrático, pero además del bienestar y de la
prosperidad de unos Estados, bienestar y prosperidad sin los cuales la
democracia y la consolidación democrática no dejará de ser un llamamiento
retórico.
Por todas las razones que acabamos de dar, estamos a favor de la
ratificación de estos tres acuerdos, que además debieran potenciar las
posibilidades comerciales, industriales e incluso de cooperación cultural
entre España y los tres países, dos de los cuales van a ser importantes
interlocutores en los próximos años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, estos acuerdos los
conocemos ya, de alguna manera, en su estructura porque responden al
modelo que se ha seguido en otros acuerdos con los países de Europa
Central y Oriental, en concreto con los países de la antigua URSS. En
cuanto a los principios en los que se inspiran y los objetivos a los que
tienden, suscribo lo dicho por el señor Martínez, que efectivamente
recoge los aspectos más importantes.
Quiero señalar cómo en el artículo 2 se insiste en el respeto a la
democracia, los principios del Derecho internacional y los derechos
humanos. Se hace especial alusión al Acta Final de Helsinki, a la Carta
del París por una nueva Europa, así como a los principios de la economía
de mercado. En estos acuerdos se hace también una referencia a los
artículos del GATT, muchos de ellos recogidos literalmente. Se insiste
también en que se fortalezcan las relaciones entre los diversos Estados
independientes de la antigua URSS, de la CEI; se dice específicamente en
el artículo 3.
Nos encontramos con tres Estados que proceden de la desintegración de la
Unión Soviética pero que son muy distintos entre sí, empezando por las
dimensiones geográficas. Los tres tienen una cosa en común: son Estados
sin salida al mar abierto. Kazajstán es un gran Estado, aunque los mapas
engañan. Creo recordar que hace algunos meses un periódico se refería
--se ve que el periodista que lo escribía se había fiado demasiado del
mapa-- a la pequeña república centroasiática de Kazajstán. La pequeña
república debe ser cuatro o cinco veces España. Es un país inmenso, con
unas posibilidades económicas muy amplias. Belarús es un país de otras
dimensiones, aproximadamente la mitad del nuestro. Y Kirguistán es un
pequeño país montañoso. Estos tres países son muy diferentes entre sí.
Belarús es un país eslavo, con una cultura que pertenece al gran tronco
eslavo. No tiene tradición de país independiente. Ha estado entre Polonia
y Rusia, y Polonia ha estado muchas veces integrada en Rusia. Por tanto,
es un país muy integrado tradicional e históricamente en Rusia. Kazajstán
es un país de raíz turca, como otras repúblicas centroasiáticas, y así su
lengua. Y Kirguistán, a diferencia de sus vecinos, es un país que tiene
una lengua de raíz iraní y tiene conexiones culturales de tradición
persa. Por tanto, son tres países muy diferentes y que también plantean
problemas, no solamente políticos y culturales sino culturales, muy
diferentes. En alguno de ellos, desde luego, en Belarús muy
destacadamente, hay una tendencia muy clara a mantener los lazos --lazos
económicos, políticos e incluso militares-- con Rusia. Por ejemplo,
podemos señalar que en las elecciones presidenciales que se celebraron en
Belarús el año pasado, en julio de 1994, los dos candidatos más
destacados manifestaban sus simpatías claramente prorrusas; sin embargo,
después del triunfo del señor Lukashenko, que fue el que ganó, se ha
visto que esa tendencia a vincularse a Rusia está muy matizada y quizá
predomina una tendencia que podríamos llamar mucho más nacionalista.
En la misma línea está otro dato. El 12 de abril de 1994 la Federación
Rusa y Belarús firmaron una unión monetaria que no se ha materializado en
los hechos, sino que está puramente en los documentos. Esto indica que
esa tendencia prorrusa de la que tanto se habla es, por lo menos,
discutible. Entre Belarús y Kazajstán también hay otro dato común: los
dos son países que tienen cabezas nucleares, que tienen armamento nuclear
procedente de la antigua Unión Soviética. En el caso de Belarús hay
claramente una actitud antinuclear. Hay que destacar que este
país ha firmado el Tratado de No Proliferación e incluso el START I, es
decir, que tiene una clara vocación de abandonar toda esa herencia
nuclear, posiblemente porque sufrió los efectos de Chernóbyl. Aunque
Chernóbyl está situado en Ucrania, un 23 por ciento del territorio de
Belarús quedó contaminado como consecuencia de aquella catástrofe
nuclear.
A esta tendencia de vincularse a Rusia pero menos, que estamos observando
en los últimos tiempos, hay que contraponer el hecho de que Belarús es de
una manera muy clara --mucho más que los otros dos países-- un tributario
de Rusia en gas, en materias primas, lo que está incidiendo muy
negativamente en su economía, porque Rusia ahora está vendiendo todos
estos productos a los precios mundiales y no a los precios que existían
entre ellos en la época de la Unión Soviética.
Debo subrayar que, efectivamente, el Parlamento Europeo ha expresado sus
reservas por el acuerdo con Belarús. Ayer mismo me decían no
oficialmente, pero sí fuentes absolutamente fidedignas, que la Comisión
de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo había decidido congelar la
tramitación de este acuerdo y que, por tanto, no iba a llegar al Pleno
del Parlamento Europeo, y se me decía también que podía ocurrir algo
parecido con el acuerdo con Kazajstán. Se aludía a una serie de
planteamientos que expongo --no suscribo--, como podía ser una posible
«recomunistización» encubierta y, por tanto, una duda acerca del futuro
de la democracia y de la economía de mercado en Belarús. Evidentemente,
todo esto introduce una duda amplia sobre lo que pueda pasar en estos
países, pero, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que
plantearnos es de qué manera ayudamos mejor a que la democracia se
consolide en estos países y parece claro que aislarlos, privarlos ahora
de los posibles beneficios que se pueden derivar de estos acuerdos con la
Unión Europea y con sus Estados miembros no va a ser en absoluto
negativo, aunque, desde luego, las dudas siguen persistiendo. A pesar de
todo ello nosotros lo vamos a apoyar con nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Si ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra,
vamos a proceder a la votación, en primer lugar, del Acuerdo de
colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la votación del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Kazajstán, por otra.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la votación del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Belarús, por otra.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN, FIRMADO EN MADRID
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994. (Número de expediente 110/000191.)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA GABONESA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
MADRID EL 2 DE MARZO DE 1995. (Número de expediente 110/000193.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 25 del orden del día, que es
el Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República Islámica de Pakistán, firmado en Madrid
el 15 de septiembre de 1994. En el punto 27 existe otro acuerdo de
parecidas circunstancias, puesto que también es un Acuerdo para la
promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España
y la República Gabonesa, firmado ad referendum en Madrid el 2 de marzo de
1995.
¿Piensan SS. SS. que se pueden debatir los dos, puesto que se trata de
acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones?
(Asentimiento.) Pues así lo haremos.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular
tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Voy a hacer una breve intervención respecto a
estos dos puntos, puesto que la filosofía es la misma.
Estos acuerdos establecen, como su nombre indica, las garantías que
aseguran un tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas
entre ambos países, tanto respecto a terceros países, aunque se excluyan
casos especiales, como el tratamiento concedido a países con los que se
ha creado una zona de libre cambio o un mercado común, como respecto a la
libre repatriación de los rendimientos de la inversión. También se
establecen cláusulas especiales respecto a la posibilidad de
nacionalizaciones y la indemnización en tales casos, así como en cuanto a
pérdidas ocasionadas por guerras y conflictos armados.
Con estos dos tratados, similares a otros firmados con otros países,
cuales son, por ejemplo, el firmado con Rumania o Argelia, que siguen la
metodología de los convenios de los países de la OCDE, se pretende
limitar el riesgo político a que se ven sometidas las inversiones.
Entiéndase el problema que puede surgir ante un cambio político que
lleve aparejado un cambio en la política frente a la inversión exterior.
Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de repatriar los beneficios de
una inversión previa, etcétera. Un acuerdo como el presente pretende
evitar tal riesgo y atraer por esa vía la inversión de otros países, al
establecer principios generales de libre disponibilidad de la
rentabilidad de la inversión, definiendo incluso qué se entiende por el
tratamiento no discriminatorio frente a terceros países, o mediante un
sistema internacional de arbitraje en caso de controversia.
Hay que señalar que, dada la situación relativa de desarrollo de España y
Pakistán, menos del caso de Gabón, un acuerdo como el que suscriben,
tiene como objetivo incentivar la inversión extranjera, en este caso
española, en estos países. Los artículos más importantes adquieren su
naturaleza en función de esta filosofía que acabo de exponer y,
sinceramente, creemos que abrirán perspectivas a inversiones españolas en
el exterior, con las garantías consiguientes para su propia fiabilidad y
para su propia recuperación tanto en caso de expropiación como en cuanto
a las rentas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Nuestro grupo va a dar su voto favorable a la
autorización por las Cortes Generales de estos dos acuerdos: el que se
celebra entre España y la República Islámica de Pakistán y el que se
celebra entre España y la República Gabonesa.
El objetivo fundamental de estos acuerdos, tal y como ha señalado el
portavoz del Grupo Popular, es fomentar la cooperación económica y
favorecer los intercambios comerciales, creando condiciones favorables
para las inversiones de cada una de las partes contratantes en la otra.
En definitiva, se trata de dos acuerdos que pretenden intensificar la
cooperación económica entre ambos países en beneficio recíproco y,
además, contribuyendo al desarrollo de unos países ciertamente atrasados,
como ponen de manifiesto algunos datos. Los últimos de los que dispongo
son de 1992 y ponen de manifiesto que, por ejemplo, Pakistán, con 119
millones de habitantes, tiene poco más de 49.000 millones de dólares de
producto nacional bruto, lo que representa 410 dólares de renta per
cápita; compárese con los, aproximadamente, 17.000 dólares que tenemos en
España. La República Gabonesa, con poco más de un millón de habitantes,
tiene 5.341 millones de dólares de producto nacional bruto, lo que
representa en torno a 4.400 dólares de renta per cápita. Esto lleva, como
decía, a que sean países ciertamente atrasados. Pakistán ocupa el lugar
184 de los 225 países o territorios que clasifica el Banco Mundial y la
República Gabonesa ocupa el lugar 78.
En definitiva, se trata de convenios que tenderán a favorecer el
desarrollo y el crecimiento económico de estos países atrasados.
Los principios más relevantes, señor Presidente, que tienen los APPRI,
los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, que
contienen ambos, son el trato justo, equitativo y no discriminatorio, el
tratamiento de nación más favorecida, el pago de indemnizaciones por
expropiación o por pérdidas debidas a guerra o a conflicto, el recurso al
arbitraje internacional para la solución de controversias, etcétera.
La motivación que lleva al Gobierno a suscribir estos acuerdos no es otra
que la de apoyar las iniciativas empresariales de apertura al exterior,
evitando riesgos no comerciales de las empresas que optan por su
internacionalización vía inversiones.
Como se ha dicho, estos acuerdos son similares a muchos otros que se
vienen suscribiendo por España a lo largo de 1994 y 1995. Argelia, Corea,
Cuba, Honduras, Lituania, Nicaragua, Perú, Bulgaria, Ecuador, Malasia,
Venezuela, Méjico, Turquía, República Dominicana, etcétera, son países
que, siguiendo el modelo de la OCDE, han suscrito con España, y España
con ellos, respectivamente, acuerdos de promoción y protección recíproca
de inversiones.
En suma, señor Presidente, el Grupo Socialista, convencido de que estos
acuerdos dan, por una parte, garantía jurídica a las inversiones
españolas en estos países y a los pagos de ellas derivados y, en segundo
lugar, favorecen los intercambios y contribuirán al desarrollo económico
de Pakistán y de la República Gabonesa, dará su voto favorable a ambos.
Es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, del
acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República Islámica de Pakistán.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votación sobre el acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República Gabonesa.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--PROTOCOLO DE MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL CONVENIO DE NACIONALIDAD
ENTRE ESPAÑA Y GUATEMALA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN GUATEMALA EL
10-2-95. (Número de expediente 110/000192.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 26 del orden del día:
Protocolo de modificación del artículo 3 del Convenio de nacionalidad
entre España y Guatemala, firmado ad referendum en Guatemala el 10 de
febrero de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Quisiera señalar que este protocolo entre
España y Guatemala es necesario y conveniente, pero también un poco
triste. La situación actual, regulada en el Convenio de doble
nacionalidad, firmado en 1961, responde a la filosofía de que se podía
tener la doble nacionalidad. Para ello se regulaba un procedimiento que
suponía que se podía poseer la nacionalidad teniendo el domicilio en uno
de los dos países y se acreditaba que se tenía ese domicilio
inscribiéndose en el registro (ésa fue la interpretación que se hizo en
España del texto del convenio que ahora se modifica), de manera que
bastaría con que un ciudadano guatemalteco se inscribiera en el Registro
Civil diciendo que su voluntad era tener el domicilio en España para que
abriera el paso a tener la nacionalidad española, sin necesidad --y
vuelvo a repetir que ésa había sido la interpretación que hizo la
Dirección General de los Registros y del Notariado-- de una residencia
legal efectiva, en los términos generales establecidos en la legislación
común española. No pasaba así al contrario. Los ciudadanos españoles no
adquirían la nacionalidad guatemalteca de esa forma tan automática por el
mero hecho de la inscripción en el registro, que allí era el Registro de
Emigrantes Extranjeros. Esto se ha modificado. Habría que decir que la
modificación es más bien consecuencia de la interpretación que se había
dado al texto del anterior convenio que al convenio en estricto sentido y
pretende exigir la previa residencia, de acuerdo con la legislación común
española, para poder inscribirse en el Registro Civil como domiciliado en
España. Como digo, es la situación generalizada, pero no cabe duda de que
es más restrictiva que la que existía antes.
Por todo eso digo que el convenio es necesario, está justificado el que
se vote favorablemente, pero no deja de ser, por lo menos en mi
sentimiento, algo triste, porque el principio de la doble nacionalidad
auténtica ya no será posible, dado que el convenio también se guarda de
señalar que sólo se puede tener un domicilio reconocido
internacionalmente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: No voy a insistir sobre lo que ha expuesto
magníficamente el Diputado señor Barrionuevo, puesto que no lo iba a
hacer yo mucho mejor. Quiero llamar la atención únicamente sobre el
principio de libre establecimiento que recogía el Convenio del año 1961,
el cual no podría mantenerse dadas las circunstancias de los años noventa
en España, sometida a una fuerte presión migratoria por parte de los
países iberoamericanos. En el caso de Guatemala ha sido debido a la
fecundidad en el número de hijos, la más alta de Iberoamérica, con un 5,4
por ciento, mientras que en España es del 1,3. Las estadísticas añaden
que precisamente Guatemala es el país de Iberoamérica donde la población
suele contraer matrimonio a la edad más joven. Es cierto que el protocolo
endurece las condiciones de nacionalidad y aclara que donde antes sólo se
pedía la inscripción en un registro, ahora se exige la residencia legal
permanente y continuada. Por otra parte, no tenemos que hacer ninguna
sugerencia ni modificación y vamos a votar afirmativamente al mismo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de este Protocolo de
modificación del artículo 3 del Convenio de nacionalidad entre España y
Guatemala.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE LETONIA, POR OTRA, FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 12-6-95. (Número de expediente 110/000194.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto del orden del día
número 28: Acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra,
firmado en Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular
tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Las relaciones entre las Comunidades Europeas y
la República de Letonia se venían rigiendo por el Acuerdo sobre comercio
y cooperación comercial y económica, firmado en Bruselas el 11 de mayo de
1992. Con fecha posterior, el 28 de noviembre de 1994, la Comisión
recibió del Consejo el mandato para negociar un acuerdo europeo con
Letonia, con vistas a establecer entre la Unión Europea y esta República
una relación de asociación que en un futuro desemboque, cuando se cumplan
las condiciones inherentes a este proceso, en la adhesión a la Unión
Europea. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 1994 y la firma del
acuerdo tuvo lugar en Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
El acuerdo europeo de asociación con Letonia tiene como objetivo ofrecer
un marco apropiado para el diálogo político entre las partes, que permita
desarrollar unas relaciones estrechas, profundizar en el desarrollo de un
área de libre cambio entre la Comunidad y Letonia, cubriendo
sustancialmente todo el comercio entre ellas y fomentar la expansión del
comercio y relaciones económicas armoniosas, favoreciendo un desarrollo
económico y dinámico y la prosperidad de las partes. El acuerdo, que
tiene un preámbulo ya extenso, va en el mismo sentido, mencionado
anteriormente, del de todos los países procedentes de la antigua URSS.
Enuncia los principios generales de respeto a la democracia, a los
derechos humanos, a la libre circulación de mercancías y la cooperación
en las diferentes áreas.
Quiero resaltar que este acuerdo tiene como base jurídica el artículo 238
del Tratado de la Unión, pero es un acuerdo de naturaleza mixta porque se
extiende a materias que han sido transferidas a la Unión Europea y
también a otras que no lo han sido, lo que explica que firmen el
acuerdo los Estados miembros junto con las Comunidades Europeas. En lo
que se refiere a las materias no transferidas, el acuerdo presenta un
patente carácter político y contiene diversas disposiciones, creación de
una zona libre de comercio, condiciones laborales, industria, propiedad
intelectual, etcétera, que en el Derecho español están reguladas por ley.
Al afectar a los apartados a) y e) del artículo 94.1 de la Constitución
es necesaria la autorización por las Cortes.
Manifiesto, señor Presidente, que nuestro grupo dará su voto favorable a
este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Poco me queda que añadir a la minuciosa y
elocuente exposición del portavoz del Grupo Popular.
Quiero resaltar simplemente que es un acuerdo semejante al firmado con
otros países de Europa Central y Oriental y que afecta a tres grandes
campos: el diálogo político, las relaciones comerciales y la cooperación
económica. Es verdad también que este acuerdo, al tener una naturaleza
mixta, no solamente tiene que ser aprobado por los Parlamentos de los
Estados miembros sino también por el Parlamento Europeo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del Acuerdo de
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Letonia, por otra.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Con esto, señorías, hemos terminado el orden del día. Se levanta la
sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.