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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 164, de 13/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 164
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 13 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor García Fonseca (Grupo Parlamentario IU-IC), sobre situación
del servicio de ambulancias en la región asturiana. (BOCG, Serie D,
número 52. Número de expediente 181/000449) (Página 5200)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario IU-IC), sobre medidas
a adoptar por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para conseguir
que el tiempo de espera para consultas en el Hospital 12 de Octubre, de
Madrid, no supere los seis meses. (BOCG, Serie D, número 39. Número de
expediente 181/000301) (Página 5203)
--De la misma señora Diputada, sobre aplicación de tarifas inferiores de
pago por proceso en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) a las establecidas para el mismo tipo de intervenciones en los
hospitales privados. (BOCG, Serie D, número 67. Número de expediente
181/000549) (Página 5206)
--De la misma señora Diputada, sobre información acerca de la existencia
de supuestos ensayos clínicos que pudieran ser ilegalmente utilizados
como vía para incrementar las ventas de productos farmacéuticos. (BOCG,
Serie D, número 67. Número de expediente 181/000551) (Página 5208)
Proposiciones no de ley:
--Sobre política sanitaria en relación con la mujer. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D, número 13. Número de
expediente 161/000023) (Página 5211)
--Por la que se solicita la creación de una Ponencia que estudie los
problemas de los afectados por el consumo del aceite tóxico. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D, número 39. Número de
expediente 161/000079) (Página 5217)
--Por la que se insta al Gobierno a constituir, en el plazo máximo de un
mes, un comité consultivo del Sistema Nacional de Salud. Presentada por
el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D, número 39. Número
de expediente 161/000082) (Página 5223)
--Sobre ayudas a niños afectados de ceguera en Jaén. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D, número 41. Número de
expediente 161/000096) (Página 5227)
--Sobre incorporación a la red pública asistencial de los recursos
sanitarios de la infraestructura sanitaria dependiente del Ministerio de
Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D,
número 67. Número de expediente 161/000151) (Página 5231)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE SITUACION DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS EN LA REGION ASTURIANA.
FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA FONSECA, GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000449.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Sanidad y Consumo con el orden del día que obra en nuestro
poder. En primer lugar, respuesta oral a preguntas formuladas por señores
Diputados y, a partir de las 11, debate y votación de proposiciones no de
ley.
Para la contestación a las preguntas formuladas por señoras y señores
diputados se encuentra entre nosotros don José Conde Olasagasti,
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, a quien damos la
bienvenida a esta Comisión.
Vamos a iniciar el turno de preguntas alterando un poquito el orden de
las mismas. Será formulada primero la que consta en segundo lugar sobre
situación del servicio de ambulancias en la región asturiana, presentada
por el señor García Fonseca, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Este es un tema en el que mi grupo, y en este
caso quien les habla como portavoz del mismo, viene insistiendo a través
de varias iniciativas, algunas de ellas formuladas inicialmente por
escrito y cuya respuesta del Gobierno, también por escrito, obra en mi
poder. Sin embargo, dada la no adecuación o, al menos, la no pertinencia
o no validez de las respuestas que nos han sido suministradas, mi grupo
se ve en la obligación de insistir en ello, provocando este debate oral
sobre el tema del servicio de ambulancias en Asturias. Hay una serie de
aspectos que sería muy largo sustanciar en una simple pregunta oral; por
tanto, voy a enumerar algunos para luego ceñirme a los que quería
referirme en esta pregunta específica.
En este tema se plantean muchas cuestiones, tanto por parte del personal
médico, e incluso de los servicios de inspección, como por parte de los
usuarios, en relación con el funcionamiento del servicio de ambulancias
en Asturias; cuestiones que tienen que ser con el tema de cómo se
producen las concesiones a las actuales empresas que prestan este
servicio. Hay bastantes quejas, que incluso aparecen públicamente en la
prensa, sobre los procedimientos utilizados y sobre quienes ostentan
actualmente estas concesiones; se plantean también muchas cuestiones
sobre por qué, de hecho, el servicio de ambulancias en Asturias, en su
práctica totalidad, lo realizan empresas privadas, cuando existen
servicios de ambulancias de Cruz Roja o de ayuntamientos que están
prácticamente inutilizados. Es fácilmente constatable que el parque de
ambulancias de Cruz Roja ha experimentado una gran modernización, siendo
ambulancias que están equipadas con todos los instrumentos y requisitos
que por supuesto la ley exige, e incluso que van más allá en lo que a
utensilios o material se refiere, constituyéndose en auténticas UVI
móviles; lo mismo se podría decir de las ambulancias de algunos
ayuntamientos de diversos municipios. Sin embargo, mientras estas
ambulancias, bien de instituciones públicas o bien de instituciones
privadas sin ánimo de lucro, están prácticamente inutilizadas, la
práctica totalidad del servicio de
ambulancias lo prestan compañías privadas que, desde hace bastantes años,
están dando lugar a una serie de quejas ininterrumpidas por parte de los
usuarios, de los ayuntamientos, e incluso de los propios servicios de
inspección médica del Insalud. No son afirmaciones en el aire que hace
este Diputado; por eso las voy a intentar documentar brevísimamente en el
tiempo de que dispongo. Simplemente quiero decirle que, a partir de esta
documentación, a mi grupo le resultan realmente sorprendentes las
respuestas --porque han sido varias-- que se nos han dado por parte del
Ministerio, por parte del Insalud, en relación a este tipo de cuestiones.
Por ejemplo, al preguntar sobre la forma en que se realizan las
concesiones, se nos dice que en la asignación del servicio a nuevas
empresas se valoran circunstancias como el conocimiento y la experiencia
en el servicio y se nos dice también que el cambio de titularidad en las
empresas que ha habido en algún caso, pero que no ha salido de la misma
familia física o biológica, no se ha producido, como yo indicaba en la
pregunta escrita, por las denuncias de los usuarios, sino simplemente en
atención a esos criterios, porque se afirma que no ha habido
prácticamente denuncia o queja en relación a estos servicios. Esto se me
dice así, literalmente, en la primera respuesta.
En la segunda, que es una respuesta por vía doble, por el Gobierno y
luego por carta del Director del Insalud de Asturias, pero que dicen
prácticamente lo mismo, se nos dice que esta Dirección Territorial sólo
tuvo conocimiento esporádico de algunas quejas, como sucede con el resto
de las empresas, etcétera, no imputables a la calidad del servicio
prestado. Es realmente sorprendente que el Insalud diga que sólo ha
tenido alguna queja esporádica y, además, que no sea imputable a la
calidad del servicio. Podría traerles kilos de recortes de prensa donde
públicamente se está denunciando por parte de alcaldes, de usuarios,
etcétera; y no es que podría traerles, sino que les traigo una parte de
documentación que, si le digo la verdad, no la he traído completa
simplemente a efectos de peso. Padezco un poco de la columna y no es
conveniente para mí llevar demasiado peso a la espalda. Le voy a leer
algunas cosas que se dicen. En los informes del servicio médico se dice
que se envían a la subdirectora provincial una serie de quejas, como que,
tras revisión de las horas de llamada de ambulancia al 006, se ha
constatado que el problema, por motivos ajenos a la asistencia médica, se
produce con la compañía de ambulancias de esta área. Me llama la atención
--no sé si es la respuesta real o un simple trámite administrativo-- que
se ponga «a archivar».
Sigo con denuncias de las que se hace eco el servicio de inspección. Se
dice que teniendo el paciente oxígeno permanente, subió el señor de la
ambulancia a ayudarle a domicilio y le quitó el oxígeno para bajarlo a la
ambulancia y cuando llegó a la misma, la botella de oxígeno estaba vacía,
por lo cual el paciente lo acusó y falleció después.
Sigo con casos concretos recogidos por el propio servicio de inspección.
La ambulancia enviada, perteneciente a equis, llega al domicilio a las
11,15 horas, suponiendo un considerable retraso de más de dos horas.
(Rumores.) Manuel Espina Santos falleció en el traslado a la altura de
Sebades, camino del Policlínico...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor García Fonseca.
Señorías, por favor, permitan que el señor García Fonseca se siga
expresando sin dificultades. Al señor García Fonseca le ruego, si puede,
abreviar, porque su tiempo se agota.
El señor GARCIA FONSECA: Un minuto porque, como no voy a poder, ni mucho
menos, dar cuenta de todo, me comprometo a hacer llegar el dossier al
propio Ministerio para que puedan examinarlo y le den una salida mucho
más seria y rigurosa que la que han dado hasta el presente. Hay casos en
los que por servicios absolutamente deficientes se producen situaciones
gravísimas incluso muertes, en la atención a los enfermos.
Hay otro sinfín de denuncias que tienen que ver con todo tipo de déficit
en el servicio, no sólo llegar tarde, sino no aparecer; casos difíciles
porque se encuentran en lugares mal comunicados y que se los pasan
entonces a las ambulancias municipales o a las de Cruz Roja y el servicio
privado no acude. Hay casos tan peregrinos, de los que tengo
documentación --y estoy utilizando un calificativo enormemente suave--,
en los que se comprueba que se cobraron viajes de ambulancias que no se
realizaron. Estos servicios de ambulancias si fueron seleccionados por su
experiencia y por su conocimiento, hay que echarle valor para que suceda
este tipo de cosas. Se dice de una de estas empresas que el empresario
contrató como chófer de ambulancias a su esposa que, además, trabaja como
limpiadora en el Ambulatorio de Nava y Mieres, desplazándose de uno a
otro centro para realizar dicho trabajo en una ambulancia, con lo que
priva de vehículo y conductor al servicio, etcétera. La verdad es que hay
cantidad de datos, cantidad de denuncias sobre temas tan variopintos,
algunos de ellos enormemente graves y desde luego muchos de ellos
vulneran enormemente la legalidad. Señor Subsecretario, no tengo ningún
ánimo, ningún interés de levantar ningún tipo de polvareda ni de remover
ningún trapo sucio; en lo que sí tengo un gran interés es en que aborden
con seriedad, con rigurosidad, que investiguen a fondo este tema y que le
den una solución. Se lo agradecerán muchísimo los usuarios de las
ambulancias en Asturias.
La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Señor García Fonseca, en primer lugar, agradezco su
presencia y que me haya podido formular todas estas cuestiones
directamente, porque cuando he tenido que acudir a responder preguntas de
esta naturaleza, no he tenido ocasión de coincidir con usted y, por
tanto, de matizar sus preguntas concretas. Digo esto porque el tenor
literal de la pregunta que he recibido en el ministerio no guarda
relación exacta con lo que S. S. ha venido a plantear en su intervención
oral. Por consiguiente, empezaría por lo que usted ha venido a plantear y
después respondería a lo que he recibido como pregunta por escrito.
Ha planteado dos tipos de cuestiones relacionadas con la calidad del
servicio. Una, aparentes deficiencias en la calidad del servicio en
cuanto a demoras, en cuanto a eventuales consecuencias no deseadas de un
transporte inadecuado. Naturalmente todo cuanto se refiera a la calidad
del servicio estaremos en condiciones de responderle en cada uno de los
casos en qué punto está ese tipo de queja, puesto que cabe una gradación
amplia, desde una contestación y resolución de la queja de oficio hasta
la apertura de información previa y eventualmente un expediente
disciplinario si presentara características que lo justificaran. En todo
caso, al no haber dispuesto de esa información hasta ahora mismo, no le
puedo responder sobre las cuestiones a que se refiere que son, en primer
lugar, de deficiencias del servicio, y un segundo tipo de cuestiones de
aparentes prácticas fraudulentas en el uso de la ambulancia. Estaré
encantado de recibir esa documentación para poderle contestar, caso por
caso, cómo se han abordado y en qué fase de resolución se encuentran.
Las preguntas que se formularon por escrito son las siguientes: ¿qué
procedimientos se han seguido para la adjudicación del servicio de
ambulancias a las empresas del ramo en la región? ¿Qué grado de
adecuación con la normativa vigente tienen las ambulancias que trabajan
en Asturias? y, por último, ¿cuál es y sobre qué criterios está
establecido el funcionamiento y coordinación de ambulancias entre los
distintos titulares de estos servicios?
Por lo que se refiere a la primera, el procedimiento seguido para
adjudicación a las diferentes empresas de transporte sanitario, fue el
concurso público, convocado mediante resolución de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Asturias, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de abril de 1993 y publicado, a su
vez, en la prensa local y nacional el 3 de mayo de 1993. El concurso fue
resuelto y adjudicado definitivamente mediante resolución publicada en el
BOE del 12 de noviembre de 1993.
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, en cuanto al grado de
adecuación, debe señalarse que todas y cada una de las ambulancias
presentadas al concurso cumplen las prescripciones técnicas establecidas
por el Insalud para este concurso público para la contratación del
transporte sanitario terrestre en Asturias. Además, estas ambulancias han
pasado y superado la revisión correspondiente, efectuada por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado, adecuándose,
por tanto, a lo dispuesto en el Decreto del Principado de Asturias
57/1988, de 22 de abril, por el que se regulan las condiciones
técnico-sanitarias que deben cumplir las ambulancias colectivas que
realizan transporte sanitario en el ámbito territorial del Principado de
Asturias. Igualmente, cumplen lo dispuesto en la circular del Gobierno
civil de la provincia de Oviedo por la que se establecen las normas y
procedimientos para la inspección técnico-sanitaria en ambulancias
privadas.
En tercer lugar y por último, debe indicarse que la coordinación entre
las diferentes empresas de ambulancias y los centros sanitarios se
realiza a través del centro coordinador 006, ubicado en las dependencias
de Protección Civil, y comunicado con los diferentes agentes
intervinientes en las urgencias y emergencias sanitarias mediante radio
y/o busca personas. El centro dispone, además, durante las 24 horas del
día, de un médico de guardia, máximo responsable con capacidad para
resolver cualquier eventualidad y tomar decisiones para movilizar los
vehículos.
Para mayor información puede indicarse que el sistema de transporte
sanitario de Asturias, denominado transporte integral, dispone, entre
otros recursos, de 51 ambulancias para transporte primario, distribuidas
por áreas sanitarias y zonas básicas de salud, en función de criterios
poblacionales, de demanda, de comunicaciones, etcétera, garantizando la
presencia permanente de ambulancias en los principales municipios del
Principado. Por tanto, es un sistema que, a nuestro modo de ver y en
relación con el anteriormente existente supone una mejora en el traslado
urgente de los enfermos al posibilitar una respuesta más rápida dada la
distribución y ubicación de las ambulancias.
Quiero decir que, a nuestro juicio (y es una apreciación distinta de la
globalidad del propio territorio) la organización del transporte
sanitario en Asturias con esta modalidad de transporte integrado nos
parece más que adecuada --yo diría que modélica--, con independencia de
situaciones concretas que cuando se dan hay que denunciar y conocer en
detalle.
Usted ha mencionado, por decirlo de alguna manera, la red pública y
fundamentalmente la red de ambulancias de Cruz Roja que también estamos
utilizando. Existe un convenio de carácter general entre Cruz Roja y el
Ministerio de Sanidad para la utilización de la red disponible por parte
de Cruz Roja, en aquellos lugares distantes, separados, donde sea difícil
acceder, donde no exista, como parte de este transporte integral, empresa
concesionaria capaz de hacerse cargo de esa situación. No hay que olvidar
que estas redes públicas tales como la de Cruz Roja no están pensadas ni
previstas para hacer transporte sanitario de los pacientes del Insalud;
están más bien pensadas para cubrir todo tipo de emergencias, lo cual no
quiere decir que no puedan ser utilizadas, y así lo hacemos mediante un
convenio marco de carácter no nacional, pero sí del ámbito de Insalud
gestión directa, no sólo para aquellas situaciones de emergencia, que
evidentemente se utilizan, sino para aquellos lugares remotos, municipios
alejados donde sea difícil el acceso de empresas concesionarias. En todo
caso, esa red tanto el transporte integral adjudicado mediante concurso
público como la red de recursos públicos existente en Asturias, están
adecuadamente coordinadas a través de ese 006, por lo cual insisto en
afirmar aquí que el transporte sanitario en Asturias, a nuestro modo de
ver, es uno de los mejor organizados del territorio que es
responsabilidad de este Ministerio.
La señora PRESIDENTA: Señor García Fonseca, tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Brevísimamente ya.
Ratifica usted uno de los puntos que he criticado porque me parece
sorprendente, sorprendente depende desde qué lógica, obviamente. Usted ya
me había respondido por escrito, en todo caso el Gobierno, que las
ambulancias
propiedad municipal --se hace extensivo también a Cruz Roja-- funcionan
como sustitutorias de la cobertura de las ambulancias concertadas y usted
añade, además, que se les reservan los lugares difíciles donde no quieren
ir las privadas. Sin embargo --repito-- y hable usted con la Presidenta
de la Cruz Roja de Asturias, esa organización tiene un parque de
ambulancias mucho mejor dotado que las privadas, puede atender
perfectamente incluso las zonas de mayor afluencia de usuarios hacia los
hospitales de mayores índices de accidentalidad, etcétera y no se
entiende desde la lógica de mi grupo y yo entiendo que desde la lógica de
un buen servicio público, que sean postergadas o preteridas en relación a
las ambulancias privadas. Insisto, le voy a pasar la documentación
simplemente para que ustedes la estudien y puedan obrar en consecuencia.
Con esta documentación se hace muy difícil sostener que ustedes sigan
afirmando que el servicio de ambulancias de Asturias es un servicio
integrado y, además, modélico.
No es sólo mi grupo; en temas como éste la Junta del Principado, el
Parlamento Asturiano, y creo que por unanimidad si no recuerdo mal, ha
hecho serias críticas y observaciones al respecto. En todo caso, le
pasaré la documentación y quizá después podamos continuar dialogando a
nivel parlamentario o incluso a nivel personal.
La señora PRESIDENTA: Señor Conde, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Repito que estoy muy interesado en conocer los detalles de
funcionamiento del servicio que damos y, allí donde no esté funcionando
bien, tratar de corregirlo. He de insistir en que el Insalud, en tanto
que organización prestadora de servicios sanitarios a los asegurados
públicos, tiene que garantizar permanentemente un tipo de transporte
ordinario normal muy relacionado con la circulación habitual entre
centros de salud y hospitales, por ejemplo, que esté permanentemente
garantizado a través de un dispositivo integral que habitualmente se
concierta a través de concurso público. Esa es una cuestión y otra
cuestión es un dispositivo que en todo caso tiene que existir porque el
dispositivo de Cruz Roja en todo caso tiene que existir, aunque no
existiera el Insalud, para poder atender cualquier tipo de emergencia de
toda naturaleza y que utilizamos sincronizada o coordinadamente con el
dispositivo que tenemos.
--SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)
PARA CONSEGUIR QUE EL TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS EN EL HOSPITAL «12
DE OCTUBRE», DE MADRID, NO SUPERE LOS SEIS MESES. FORMULADA POR LA SEÑORA
MAESTRO MARTIN, GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000301.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta sobre medidas a adoptar por el Instituto
Nacional de la Salud (Insalud) para conseguir que el tiempo de espera
para consultas en el Hospital «12 de Octubre», de Madrid, no supere los
seis meses. Esta pregunta la formula la señora Maestro Martín, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Cuando quiera, señora Maestro, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Subsecretario por su presencia
en la Comisión.
El objetivo de la pregunta que realizó en relación con el Hospital «12 de
Octubre», quiero dejar constancia, en primer lugar, de que se refiere a
un hecho que ha sido objeto de tratamiento en los medios de comunicación
que, sin duda, señala o enciende la luz roja de alarma sobre la situación
en uno de los grandes hospitales del Estado español y que más allá de
utilizaciones demagógicas, que me consta se han hecho en relación con las
listas de espera, pretende reflejar la preocupación de mi grupo sobre
algo --las listas de espera-- que, sin duda es un indicador de resultados
del sistema sanitario público que refleja el final de una cadena de
insuficiencias en relación con los servicios sanitarios públicos.
La preocupación de mi grupo por la situación de las listas de espera en
consulta tiene dos vertientes: una de ellas, la primera, la calidad de la
atención sanitaria; es decir, la existencia de listas de espera para
consultas de dos y tres años que suponen, en sí mismas, listas de espera
para diagnóstico está conculcando en la práctica el derecho a la atención
sanitaria a una atención sanitaria integral y de calidad.
El segundo aspecto es el que sin duda se deriva de esta situación, la
existencia de listas de espera de esta cuantía de tiempo, es una medida
poderosísima indirecta de fomento del incremento de la participación
relativa de la atención privada en la atención sanitaria en nuestro país.
Es evidente que una persona que recibe una citación para dentro de tres
años para acceder a una consulta especializada y, por tanto, para iniciar
el proceso de diagnóstico, si tiene posibilidades económicas va a dirigir
su demanda hacia el sector privado, con lo que ello supone,
indirectamente también pero de una manera muy clara, una falta de equidad
en la atención sanitaria, por cuanto la calidad y la posibilidad misma de
la asistencia sanitaria está determinada por los recursos económicos de
la persona para acceder a otro sistema diferente del sanitario público.
Yo creo que esto exige medidas de todo tipo. No solamente exige que el
Ministerio de Sanidad se plantee la insuficiencia de los recursos
sanitarios en atención especializada, sino que me consta es subsidiaria
de otras medidas a tomar en relación con la coordinación entre la
atención primaria y especializada, y con un adecuado servicio
extrahospitalario de urgencias que resuelva los problemas al nivel de
complejidad en el que se pueden resolver.
Quiero añadir que esta situación en las consultas, que era el objetivo
primario de mi pregunta, no se resume exclusivamente en las consultas,
sino que indirectamente está relacionada con las enormes listas de espera
quirúrgicas en el propio hospital. Según mis datos y quiero decir
que me parece que los datos que poseo son recientes, son del primer
trimestre de 1994, y no sé si han sido objeto --perdone usted, señor
Subsecretario-- del maquillaje propuesto por el Director General del
Insalud de la situación de las listas de espera en nuestro país las
cifras son relevantes, porque no revelan solamente el colapso de las
consultas del «12 de Octubre», sino de la atención sanitaria quirúrgica
derivada de esas mismas consultas. El número de personas en listas de
espera de más de seis meses en cirugía general, en enero de 1994, es de
1.123; en urología, 432; en traumatología, 1.715; no voy a nombrar
aquellas que son más numerosas; en oftalmología, 1.058; en cirugía
vascular, 449. Estas cantidades se mantienen prácticamente estables a lo
largo de los meses, por cuanto mensualmente las salidas de intervenciones
quirúrgicas en listas de espera de más de seis meses son para cirugía
general, 11; para urología, nueve; para traumatología, 40; para
oftalmología, 31; para cirugía infantil, 37; es decir, la actividad
quirúrgica derivada de las listas de espera de más de seis meses, de
mantenerse al ritmo que se mantiene mes tras mes, no va a alterar en
absoluto el volumen de lista de espera quirúrgica de más de seis meses.
Por todo ello, y siendo consciente de que el Hospital «12 de Octubre»
probablemente, casi podría decir con toda seguridad, no es el único
afectado de esta situación, es por lo que yo pregunto al señor
Subsecretario, aparte de tomar medidas administrativas que puedan alterar
el volumen de las cifras pero no la realidad, qué medidas piensa tomar el
Insalud para que la atención sanitaria se provea por parte de la sanidad
pública en las condiciones mínimas de calidad exigibles.
La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): De nuevo me encuentro con una pregunta formulada para una
cuestión concreta, que eran las consultas externas, referida a un tema
mucho más general, como son las listas de espera en general en el «12 de
Octubre». Con carácter general el tipo de medidas que se están tomando
son de tres órdenes: en primer lugar, y es lo que usted ha llamado
maquillaje, que yo no puedo aceptar con esa denominación, tanto en la
lista de espera de pendientes de ingreso para intervención quirúrgica,
como para realización de consultas externas, deben estar los que
realmente están esperando; por consiguiente, no es razonable que esté
incluido en lista de espera, por ejemplo para una consulta externa, una
persona a la que se la ha citado para una revisión programada dentro de
un año o dentro de dos años, y no es lógico que esté en una lista de
espera para hacerse una intervención quirúrgica una persona que, en todo
caso, no va a ser operada antes de una determinada fecha por patologías
concurrentes o por el propio desarrollo de la enfermedad o del
padecimiento que está ocasionando la necesidad de la intervención. Este
tipo de trabajo es prolijo y minucioso y nos parece muy relevante, no
sólo por un efecto de presentación pública de que haya más o menos número
sino porque nos parece que se genera una angustia innecesaria a una
persona a la que se le dice que está incluida en una lista de espera para
hacerse algo que, en todo caso, no está previsto que se haga hasta un
determinado tiempo.
Aclarado esto, depuradas ese tipo de listas de espera, creemos que hay
que reducir los tiempos de espera a límites más razonables, y ello sobre
todo en función de la gravedad e importancia de las patologías; para lo
cual se pretende, como ya se ha dicho en otras ocasiones, incrementar la
actividad quirúrgica de los propios centros y, cómo no, simultáneamente
concertar, como ya se produjo el año pasado, a través de procedimientos
públicos y transparentes, la realización de procedimientos quirúrgicos
más prevalentes por el sector concertado, sea éste público o privado.
En tercer lugar, S. S. ha señalado algo que a mí me parece
extraordinariamente importante y que guarda mucha relación con lo
primero, y es conseguir una adecuada coordinación entre los niveles de
atención primaria y atención especializada, de tal manera que queden
situadas y resueltas en la atención primaria multitud de cuestiones que
están sobrecargando innecesariamente el nivel de la atención
especializada. En el Hospital «12 de Octubre», de Madrid, durante el año
1993, se atendieron 943.000 consultas, de las cuales eran primeras,
349.000, y 594.000 sucesivas. Estas consultas se realizaron tanto en el
propio hospital como en los centros de especialidades de su área. Los
tiempos de espera para las diferentes consultas externas de adultos (para
situarnos un poco y ver el tamaño del problema en consultas externas) es
inferior a una semana en las especialidades de cirugía cardiaca, cirugía
general, cirugía plástica, cirugía torácica, neumología, endocrinología y
radioterapia oncológica. Entre una y dos semanas, en las especialidades
de otorrinolaringología, siquiatría, rehabilitación, cardiología y
traumatología. Entre dos y tres semanas, en las especialidades de aparato
digestivo, nefrología, medicina interna, neurología, hematología y
cirugía vascular. Entre tres y cuatro semanas, en oftalmología y
urología; y más de cuatro semanas, en alergia, reumatología y cirugía
maxilofacial. En cirugía maxilofacial se trata de casos referidos de
otros centros con un tiempo de demora que oscila entre cuatro y seis
meses. En alergia de adultos --seguimos hablando de adultos--,
efectivamente la demora en diciembre de 1993 era de 15 meses. En este
sentido, conviene aclarar que el Hospital «12 de Octubre» actúa para esta
especialidad como centro de referencia de su área y, además, para las de
Móstoles y Leganés, así como para determinados hospitales de Castilla-La
Mancha. Para corregir la situación de alergia de adultos se ha
incrementado el número de consultas destinadas a esta especialidad, lo
que ha permitido aumentar un 35 por ciento el número de pacientes
atendidos diariamente. Esta medida ha permitido una rápida reducción del
tiempo de demora, que en este momento se encuentra en un promedio de ocho
meses, estimándose que al finalizar el primer semestre se encontrará en
torno a los seis, y que al terminar el año nos encontraremos con tiempo
de demora por debajo de esta cifra. Reumatología es otra especialidad en
la cual la lista de espera --que incluye como números gruesos el
diagnóstico de la artrosis-- tiene una demora de
hasta doce meses. Para el resto de los procesos reumatológicos no existe
demora en consultas externas. Aquí, y sería un ejemplo de lo que
hablábamos antes, la propuesta ha sido la elaboración de un protocolo
conjunto de atención primaria y atención especializada, así como la
potenciación de las consultas de traumatología para la resolución de
procesos artrósicos. O sea, si todo aquello que lleva la etiqueta de
diagnóstico de artrosis, que es, como S. S. sabe, numerosísimo, tiene que
pasar por la consulta de reumatología del «12 de Octubre», evidentemente
la lista de espera sería inacabable y yo creo que sin demasiadas ventajas
para los pacientes. Creo más bien que una actuación coordinada con el
nivel de atención primaria puede resolver muchos problemas sin generar
esta aparente o real angustia de la lista de espera.
En pediatría la demora en todas ellas es inferior a un mes, salvo el caso
de neumología, alergia y cardiología pediátrica, encontrándose en el
resto de las especialidades entre dos y cuatro semanas. En el caso de la
cardiología pediátrica, que fue una de las que dieron lugar a esta
cuestión que apareció en la prensa, se han habilitado desde hace varios
meses una serie de medidas para agilizar la situación que incluyen la
derivación a consultas de acuerdo con un protocolo previo de exploración
y el incremento de citación de pacientes, habiéndose destinado un
cardiólogo más a las consultas externas, de manera que en el momento
actual en cardiología pediátrica hemos conseguido reducir la demora
alrededor de un mes.
En neumología y alergia infantil la demora se centra únicamente en
pacientes mayores de tres años, no habiendo excesiva demora para los
menores de tres años. En tal sentido, de nuevo, también en neumología y
alergia pediátrica se ha establecido un protocolo de actuación con
atención primaria, estando previsto que a medio plazo se establezca en
torno a los seis meses.
Uno de los elementos que yo creo más distorsiona, insisto, las listas de
espera es la tendencia a situar en el nivel especializado y en una
aparente espera cuestiones que hemos de ser capaces de resolver en otro
nivel con un adecuado procedimiento de coordinación, cuestión que
comparto absolutamente con S. S.
La señora PRESIDENTA: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, coincidimos en el
tratamiento a dar al problema. Es evidente que el nuevo modelo de
atención primaria, entre otras ventajas, mediante la adecuada dotación de
recursos humanos y técnicos, permite resolver un mayor volumen de
patología en el nivel más cercano al ciudadano, y seguramente con
condiciones de calidad superiores, no solamente en cuanto al tiempo de
asistencia, sino en cuanto a la posibilidad de contemplar la globalidad
de las situaciones que afectan a un paciente que demanda una atención
concreta. Mi preocupación viene por la adecuación de la realidad a sus
palabras, es decir, no solamente el insuficiente desarrollo de la
atención primaria, sino las medidas de tipo económico y gerencial en vías
de implementación por parte del Insalud en atención primaria y en
atención especializada, es decir, la autonomía presupuestaria, el
contrato-programa tanto en centros hospitalarios como en atención
primaria, tiene como objetivo prioritario, al que se subordina todo lo
demás, la disminución del gasto, planteando el incremento del número de
pacientes por médico y la posibilidad de gestionar las ILT y las
vacaciones, repartiendo el trabajo entre los propios profesionales del
equipo de atención primaria. Teniendo en cuenta que el Ministerio de
Sanidad viene destinando una cantidad anecdótica a los programas de
formación profesional, que se ha visto traducida en cero pesetas para el
año 1994, las buenas intenciones del señor Subsecretario a la hora de
dotar a la atención primaria de recursos y de condiciones para atender
todo aquello que debe y puede atenderse al nivel de atención primaria no
creo que se sitúen en otro orden de lo que viene siendo la actuación del
Ministerio de Sanidad en muchas ocasiones: declaraciones de buenas
intenciones, en mi opinión, de defensa de la calidad de la atención
sanitaria pública que no se ven correspondidas con medidas
presupuestarias y de política sanitaria. Me refiero a la formación de
recursos humanos que puedan realmente plantear una adecuación entre los
deseos y las realidades.
Pienso que, si no hay modificaciones al respecto, es muy fácil decir que
la atención primaria va a resolver más cosas, pero lo que está claro es
que eso exigirá mayor dotación de recursos humanos y cualificación
adecuada del personal para poder realizarlo, así como la dotación de
medios de diagnóstico de baja complejidad que pueden ayudar a resolver
esos problemas en el marco de la atención primaria. Una vez más estamos
de acuerdo en lo que hay que hacer; el problema es la adecuación entre
los deseos y la práctica.
La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Sólo dos comentarios. Por lo que se refiere al
contrato-programa, yo creo que una de las virtualidades que tiene es
justamente vincular la asignación de recursos y el gasto al nivel de
actividad y la calidad, y lejos de entorpecer el objetivo que
pretendemos, yo estoy convencido de que va a ayudar y de hecho ya ha
ayudado en el año 1993. Por ejemplo, uno de los objetivos que incluye el
contrato-programa en atención especializada y que se contrata con el
hospital cuando se firma el contrato-programa es justamente la reducción
de los tiempos de espera, de manera que el gerente que no cumpla con ese
objetivo no está cumpliendo con el contrato-programa y, de hecho, hemos
mejorado considerablemente desde el punto y hora en que se ha puesto en
marcha este procedimiento, que, repito, no es otra cosa que adecuar
actividad a los recursos o viceversa.
Por lo que se refiere a la cuestión de la atención primaria y su
capacidad de resolver cuestiones, no me parece que sea tanto un problema
de los recursos disponibles como de profundo cambio conceptual y cultural
de lo que un médico de atención primaria tiene que hacer. Yo creo que,
aunque el nuevo modelo se ha desarrollado bastante en extensión, todavía
no hemos llegado a donde
debiéramos, y es a considerar al médico de atención primaria como el
auténtico director de la biografía sanitaria del ciudadano que tiene
asignado, y en la medida que eso es así que utilice los recursos
especializados con el juicio que debe tener quien tiene esa condición.
Repito, es mucho más actuaciones que produzcan ese cambio cultural y
organizativo que en el ámbito de lo que son dotaciones de recursos
propiamente dichas. Aun contando con esas deficiencias o limitaciones
presupuestarias en materia de formación profesional, no necesariamente
tiene que haber una partida presupuestaria para formación profesional
para poder hacer un protocolo de actuación conjunta en cuestiones como
las que hemos hablado anteriormente en el área pediátrica o en el área de
adultos, y de hecho así se está produciendo. Por consiguiente, yo soy
algo más optimista que S. S. y creo que la profundización en el
desarrollo del nuevo modelo de atención primaria ha de permitir aumentar
la capacidad de resolución de problemas y, por tanto, atenuar el de las
listas de espera.
--SOBRE APLICACION DE TARIFAS INFERIORES DE PAGO POR PROCESO EN LOS
HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) A LAS
ESTABLECIDAS PARA EL MISMO TIPO DE INTERVENCIONES EN LOS HOSPITALES
PRIVADOS. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN, GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000549.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta sobre aplicación de tarifas inferiores de
pago por proceso en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud a
las establecidas para el mismo tipo de intervenciones en los hospitales
privados.
Para formular su pregunta, la señora Maestro Martín tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, en función de la
aplicación en nuestro país de una serie de criterios de gerencia y de
administración sanitaria --que, como usted sabe bien, yo no comparto--,
todos los grupos de diagnóstico, los GDR, el pago por proceso, suponen la
aplicación al sistema público de criterios administrativos y de
financiación que corresponden a un sistema privado como el de Estados
Unidos y que, en mi opinión, se han trasladado mecánica y acríticamente a
nuestro país en unas condiciones absolutamente diferentes. Me parece que
en la vida es muy difícil pensar --y perdone la palabra-- que simplemente
se trata de una especie de papanatismo tecnocrático, sino que yo creo que
las medidas corresponden a intereses, y evidentemente evaluar el coste de
un proceso determinado económicamente en una cantidad fija y cerrada
supone el mejor instrumento para, en un momento determinado, plantear lo
que el grupo situado a la derecha de la Cámara --no en esta Comisión--
tiene planteado como objetivo de política sanitaria. Es decir, la libre
elección entre sistema sanitario público y sistema sanitario privado, por
cuanto la identificación de procesos concretos, bien determinados desde
el punto de vista nosológico y también muy determinados en cuanto a la
metodología de intervención en el tratamiento, como pueden ser las
cataratas, es decir, los procesos tradicionales a los que se ha aplicado
el coste por proceso, en general pueden plantearse como competitivos y,
por tanto, precios más bajos en el sistema sanitario privado que en el
sistema sanitario público.
A mí me parece que esta medida es esencialmente perversa, por cuanto en
la sanidad pública jamás pueden establecerse los objetivos de su atención
sanitaria en un catálogo cerrado de prestaciones, tal y como se va a
llevar a cabo en próximas fechas, creo, por parte del Ministerio, sino
que es la integralidad de la vida social, biológica y sicológica del
individuo lo que tiene que ser atendido por parte de la sanidad pública.
Por tanto, hay una enorme cantidad de situaciones que van a quedar fuera
o por encima del coste por proceso señalado por parte del Ministerio que
obligatoriamente van a tener que ser atendidos por la sanidad pública en
condiciones desde luego menos competitivas que en la sanidad privada.
Eso, evidentemente, plantea a la sanidad pública a medio plazo --ojalá
sea a medio plazo y no a corto-- situaciones de dificultad respecto a la
sanidad privada, medidas desde el punto de vista estrictamente económico.
Sin embargo, este preámbulo que pretende situar la pregunta queda
absolutamente desbordado cuando se lee que precisamente en esos costes
por proceso, identificados en patologías bien concretas, en las que sin
duda el sistema sanitario privado está en condiciones de ser más
competitivo, es decir, de ofrecer precios más bajos, a una cirugía en
serie, a una cirugía en muchos casos ambulatoria o con muy bajas
estancias, los costes pagados por la sanidad pública para el mismo tipo
de patología son superiores a los hospitales privados que a la sanidad
pública, por cuanto se está sobrefinanciando la sanidad privada y se está
descapitalizando la sanidad pública que, insisto, no solamente va a tener
que hacer frente a las cataratas, a las varices, o a patologías bien
concretas, sino que va a tener que hacer frente, en función de lo que la
Ley le obliga, a todo el cúmulo de factores no exclusivamente sanitarios
en un sentido estricto que afectan a la persona y que tienen que ser
resueltos por el sistema sanitario público. Por ejemplo, los medios de
comunicación han recogido que las cantidades son sensiblemente
superiores; por una operación de cataratas la Administración pagará a los
hospitales propios una cantidad de 112.000 pesetas, y las clínicas
privadas concertadas recibirán para este mismo tipo de patología 140.000
pesetas. El coste de la cirugía hemorroidal es de 63.000 pesetas para el
Insalud y 107.000 pesetas para los centros privados.
Pregunto las razones porque, evidentemente, se me escapan cuáles son las
razones no solamente económicas sino de política sanitaria que pueden
estar sustentando este tipo de actuaciones. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego, por favor, que guarden
silencio o bajen sensiblemente el tono de su voz para que podamos
continuar el debate.
Cuando quiera, señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Su señoría ha formulado la pregunta y yo creo que lo ha
hecho de manera interesante e inteligente al plantear dos tipos de
cuestiones: una de carácter muy general, muy de fondo, sobre si es o no
bueno que cuantifiquemos muy detalladamente lo que valen las cosas; y una
segunda ya referida a un caso concreto de cómo estamos pagando
determinado tipo de cirugía en el sector privado concertado o cómo lo
estamos pagando en el sector propio.
Por lo que se refiere a su planteamiento inicial, tengo que decir que
estoy en radical desacuerdo. A mi me parece que contar bien las pesetas
que nos gastamos en sanidad no tiene nada que ver con que se esté
apostando por un modelo de corte más liberal.
Su señoría estará de acuerdo conmigo en que la primera obligación, si no
la primera desde luego una de las más importantes, que tenemos los
administradores públicos de lo sanitario es obtener el mejor retorno en
salud de cada peseta que nos gastamos en servicios sanitarios; pero para
obtener ese mejor retorno en salud de cada peseta que gastamos en
servicios, hemos de saber lo que valen todos y cada uno de los servicios,
porque si no sabemos bien lo que valen difícilmente lograremos el
objetivo de obtener ese retorno, difícilmente podremos distinguir dónde
estamos haciendo un gasto innecesario y, por consiguiente, desviándolo de
allí donde debiéramos hacer un gasto absolutamente ineludible y
necesario.
En mi opinión no hay nada más reaccionario que el despilfarro, y el
despilfarro en sanidad pública me parece tremendo. Por consiguiente, la
incorporación de todo tipo de tecnología capaz de permitirnos conocer
mejor cómo nos estamos gastando los recursos sanitarios, me parece es
algo obviamente positivo. Ello no quiere decir que hagamos una traslación
mecánica de modelos vigentes en países con sistemas sanitarios
absolutamente distintos que los nuestros, porque además esos modelos
tienen efectos indeseables dependiendo del lugar donde se apliquen, pero
indudablemente aportan algún elemento de información y conocimiento útil.
En todo caso, no hemos hecho esa traslación mecánica al Insalud y lo que
hemos hecho ha sido aprovechar la información disponible para, repito,
administrar mejor los recursos.
Como S. S. sabrá, dentro del dispositivo Insalud/gestión directa
cuantificamos la actividad sanitaria especializada y le damos un valor
económico utilizando dos tipos de método o asignándola para dos tipos de
cuestiones: por una parte, el grueso de la actividad del hospital se
traduce en una unidad de actividad que hemos denominado UPA (unidad
ponderada de actividad), que tiene un valor económico distinto,
dependiendo de los diferentes hospitales, y eso viene a constituir el
grueso, el 80, el 90 por ciento de la actividad del hospital, puesto que
casi todas las actividades se pueden traducir a UPAS. Pero, en un intento
de avanzar en la pormenorización y el detalle del gasto y, sobre todo, de
potenciar el desarrollo de cirugías sin ingreso, se han extraído una
serie de procedimientos para los cuales se han realizado cálculos ya
mucho más precisos, entre otros los que usted ha mencionado, la hernia,
la catarata, una serie de cirugías en las que hemos calculado realmente
cuáles son los costos y, en función de las que cada hospital haga, se le
asigne en su presupuesto una cantidad.
Pero aquí --y ésta es la explicación de la diferencia-- cuando hablamos
de lo que hemos concertado, o lo que hemos puesto como precio para
concertación pública y lo que tenemos en el sector privado, que le
aclararé, la metodología utilizada para el cálculo del coste es
exactamente la misma, es decir, analizando cuál es para cada uno de los
procedimientos el uso habitual de recursos, de quirófanos, de medicación,
de tiempo de médico, de tiempo de enfermería. Tengo aquí un ejemplo
concreto que es la hernia inguinal, el coste del preoperatorio, del uso
de quirófano, del postoperatorio, de gastos generales de amortización, de
consumos, para la hernia es de 77.000 pesetas en ambos casos, pero
observen que en este cálculo de 77.000 pesetas en la hernia --y podíamos
hacer lo mismo para cada uno de los procedimientos-- no contamos el
ingreso, porque ése es el precio que damos a una actuación quirúrgica sin
ingreso, que es el que figura en los datos del contrato-programa del
Insalud. Ese valor es el que se paga al hospital cuando lo hace sin
ingreso. La explicación de por qué ese valor es distinto cuando lo hemos
hecho aparecer en una orden ministerial o lo hemos convocado a concurso
para realización en el medio concertado, es que en el medio concertado se
supone que tiene que haber ingresos, puesto que no se pueden discriminar
grandes paquetes que se mandan, y en concepto de ingreso, efectivamente,
hay una diferencia del orden de las 25.000 pesetas, además del obvio y
necesario beneficio industrial que la Ley de Contratos del Estado
reconoce.
En consecuencia, la diferencia de precio que usted ha detectado entre
cómo se le paga al Insalud y cómo se paga en el sector concertado se debe
a que cuando hablamos del Insalud estamos hablando de un procedimiento
sin ingreso, y cuando hablamos del sector concertado el procedimiento es
distinto. Y algo más. Cuando el procedimiento se realizara en el ámbito
del Insalud con ingreso, el sistema de cálculo por el que se le paga al
hospital no es igual, es decir, se sale del medio de cuantificación por
procedimiento y pasa al de cuantificación por UPA, por unidad ponderada
de actividad. En el caso concreto que nos ocupa, para una hernia inguinal
se estima una estancia media, cuando es con ingreso --y es una media
baja--, de tres/cuatro días, y las estancias quirúrgicas en la UPA básica
son del orden de 1.5, o sea, 45.000 pesetas por día, que, elevado a los
tres días como mínimo, supone 130.000/140.000 pesetas.
Por consiguiente, no hemos dado un trato distinto, de favor en ningún
caso, al sector privado sobre el sector público, puesto que había este
elemento que posiblemente S. S. no conocía y que explica esa diferencia.
Cuando hablamos de hacerlo en el mismo régimen, es decir, cuando hablamos
de hacerlo en régimen de ingreso, el coste del procedimiento en nuestro
ámbito es de ese orden, como mínimo.
La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, evidentemente, en el tema
general seguimos sin estar de acuerdo, y desde luego no me arrogo yo el
privilegio de haber analizado de esta manera el sistema gerencial, puesto
que hay prestigiosos especialistas en salud pública que están denunciando
lo mismo, es decir, la traslación acrítica a sistemas sanitarios públicos
de criterios de organización sanitaria, de financiación, que son propios
de sistemas privados y que, a la larga, tienen tres consecuencias
indeseables. La primera, un aumento enorme del porcentaje destinado a
gastos administrativos del total del presupuesto sanitario. Un segundo
aspecto es el incremento del gasto. A mí esto me parece muy importante,
porque el incremento del gasto hay que mirarlo en términos globales.
Lógicamente, si el sistema sanitario público tiene un presupuesto
cerrado, no va a derivarse del mismo un incremento del gasto no
presupuestado --desde luego, el tema de las desviaciones presupuestarias
no es objeto de mi pregunta--, pero sí un incremento del gasto sanitario
global y un efecto perverso, que es el incremento de la indicación de
aquellas intervenciones sanitarias más rentables desde el punto de vista
económico.
Y en tercer lugar, que a mí me parece el más grave, una disminución de la
calidad asistencial, no en cuanto a la calidad asistencial del proceso
específico, sino de todo el proceso sanitario, por lo que todo este tipo
de actividad se traduce en un privilegio de los aspectos asistenciales y
curativos mucho menos eficaces, en detrimento de otros aspectos como los
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
En cualquier caso, yo le agradezco su contestación a la pregunta concreta
que justificaba mi preocupación. Evidentemente, yo no conocía en detalle
ese tipo de aspectos. De todas maneras, quiero insistir en que, si eso es
así, el beneficio industrial que se aplica a lo previsto por la Ley de
Contratos del Estado va a suponer un encarecimiento de la atención
sanitaria en centros privados respecto a la atención sanitaria pública, y
creo que sería necesario reflexionar, una vez más, sobre si con medidas
presupuestarias restrictivas, como son las que se están aplicando, que
además, en detrimento de los recursos propios, supone un incremento de la
concertación con clínicas privadas, no se está, en la práctica, aunque no
en teoría, dando un giro importante al modelo sanitario en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Sólo dos palabras, aunque es un tema sobre el que a mí
personalmente me gustaría estar hablando con la Diputada muchísimo más
tiempo. En cualquier caso, yo creo que ni ésta ni ninguna administración
sanitaria responsable puede renunciar, bajo ningún concepto, a contar
bien en qué está gastando los recursos que se le asignan para dar
asistencia sanitaria, y eso pasa necesariamente por procedimientos que
permitan conocer lo que vale cada servicio que damos.
Con relación a los riesgos de la traslación mecánica, debo señalar que
los mismos existirían si trasladáramos el modelo completo, es decir, no
sólo el procedimiento de contar las pesetas sino el modelo de asistencia
sanitaria completo, porque los aumentos de gasto de burocracia que ha
supuesto en los Estados Unidos el desarrollo de estos sistemas vienen
mucho más de la mano de la existencia de multitud de agencias
aseguradoras, que multiplican por «n» el volumen de burocracia
simplemente para facturar, que no es nuestro caso, y el vincular
exclusivamente la asignación económica a la realización de procedimientos
dispara el gasto. En consecuencia, yo creo que la aplicación de ciertos
instrumentos, sin cambiar el modelo, no tiene por qué producir los
efectos indeseados que sí produce la traslación del modelo completo.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, ruego guarden silencio o
trasladen sus discusiones o sus debates, que no dudo que tengan necesidad
de hacerlos, a un lugar diferente a esta sala. Conocen las abundantes
dificultades de sonido, de trasiegos y de ruidos de puertas que tiene
esta sala, y les ruego, una vez más, que guarden silencio.
--SOBRE INFORMACION ACERCA DE LA EXISTENCIA DE SUPUESTOS ENSAYOS CLINICOS
QUE PUDIERAN SER ILEGALMENTE UTILIZADOS COMO VIA PARA INCREMENTAR LAS
VENTAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. FORMULADA POR LA SRA. MAESTRO MARTIN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 181/000551.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta sobre información acerca de la existencia
de supuestos ensayos clínicos que pudieran ser ilegalmente utilizados
como vía para incrementar las ventas de productos farmacéuticos,
formulada por la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Cuando quiera, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: La verdad es que respecto al tema que traigo
hoy aquí, aunque evidentemente está relacionado con uno de los puntos
centrales de interés de mi Grupo, y creo que del Ministerio de Sanidad,
como es el del gasto farmacéutico, quiero señalar que yo esperaba,
probablemente con ingenuidad, que la aprobación de la Ley del Medicamento
(aunque saben ustedes que debatimos y tenemos criterios contrapuestos en
muchos de los aspectos que dicha Ley contempla) fuera instrumento legal
suficiente en manos de la Administración para detener una práctica
histórica y extendidísima en nuestro país, como es la utilización de
falsos ensayos clínicos, por los que los médicos perciben una
remuneración por parte de los laboratorios como manera de garantizar la
penetración en el mercado de un determinado producto.
La Ley del Medicamento es del año 1990, es decir, tiene ya una vigencia
de cuatro años, y la realidad es que la práctica, en hospitales y en
atención primaria, de falsos ensayos clínicos como manera de garantizar
el incremento de las ventas o la penetración en el mercado de
determinados productos, se ha multiplicado en nuestro país en relación
directa, entiendo yo, con los intentos, por parte del Ministerio de
Sanidad, de frenar el gasto farmacéutico por otros medios.
Como ustedes saben --y la propia industria farmacéutica reconoce--, el
incremento de beneficios económicos para los laboratorios no viene tanto
del aumento del consumo farmacéutico, del número de envases de
determinados productos consumidos o del número de recetas en el sistema
sanitario público, sino por la sustitución de productos más baratos por
otros más caros vía registro, que me parece que puede calificarse de
perverso, por cuanto que la sustitución de un producto por otro tiene
como objetivo primordial el incremento fraudulento del precio, obviando
el control administrativo del mismo y sustituyendo el nombre de un
producto por otro previamente existente en el mercado. Dicho sea de paso,
fue objeto de una de las enmiendas centrales de nuestro Grupo, que pedía
a la introducción de una norma vigente en otros países europeos --es
decir, no estamos hablando de sistemas lejanos a nuestro sistema
económico--, que es la cláusula de necesidad que hubiera permitido, sin
más, rechazar el registro de un medicamento que ya existiera con
anterioridad y con características terapéuticas y de dosificación
similares.
En cualquier caso, lo que yo afirmo --y estoy en condiciones de aportar
documentación al Ministerio de Sanidad, aunque me parece un poco
superfluo por cuanto es algo conocido por todo el que se acerca a un
hospital-- es que los laboratorios favorecen, de manera continuada, la
existencia de llamados ensayos clínicos multicéntricos, que no son
ensayos clínicos por cuanto afectan a productos ya registrados y se
realizan sobre indicaciones ya admitidas y reconocidas en el propio hecho
administrativo del registro del medicamento, no pasan por la Comisión de
Ensayos Clínicos de los hospitales, no gozan de la autorización del
Ministerio de Sanidad y suponen que profesionales de la sanidad pública
se vinculan a estos protocolos o ensayos clínicos multicéntricos de
manera individual, sin el consentimiento de los pacientes y percibiendo
cantidades por cada uno de ellos que, en ningún caso, son inferiores a
las 25.000 pesetas aunque en los datos que obran en mi poder alcanzan las
80.000 pesetas. Además, es difícil de identificar, por lo menos en una
primera investigación acerca de los recursos destinados por los
laboratorios a este objetivo, por cuanto la sofisticación llega a que los
laboratorios contratan terceras empresas para esconder los presupuestos
destinados a «actividades especiales» --entre comillas--, como son las
que le indico.
Por otra parte, quiero decir que curiosamente este tipo de ensayos
solamente se realiza en la sanidad pública, porque el medicamento objeto
de este supuesto ensayo clínico es comprado por la propia farmacia del
hospital. Es decir, es la sanidad pública indirectamente la que, al menos
en una buena parte, está financiando este instrumento fraudulento, en mi
opinión, ilegal con respecto a la propia Ley del Medicamento, y utilizado
para la penetración en el mercado de nuevos productos.
Quiero decir que esto se traslada a la atención primaria con remuneración
por paciente inferior y que el propio prestigio de determinados
profesionales hospitalarios es utilizado como anzuelo para extender este
tipo de ensayos clínicos a protocolos, en este caso de tratamientos en
atención primaria.
Soy consciente de que no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que pregunto
es: ¿qué información consta en el Ministerio de Sanidad acerca de lo que
--insisto--, por desgracia no es una excepción, sino una generalidad
dentro de la propia sanidad pública? Y lo que es más importante, ¿qué
medidas piensa adoptar la administración sanitaria para garantizar el
cumplimiento de la Ley en este caso?
La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Tengo que empezar diciendo que el Ministerio de Sanidad y
Consumo no tiene información probada procedente de las comisiones de
ensayos clínicos a las que alude S. S., o de otras fuentes, sobre la
realización de esos supuestos ensayos clínicos, estudios o protocolos que
afecten a medicamentos ya registrados y que pudieran ser utilizados como
vía para incrementar las ventas de esos productos. Yo agradeceré muy
mucho cualquier información que se nos aporte en este sentido para actuar
en consecuencia, porque, como S. S. ha señalado muy bien, todo lo que
afecta a ensayos clínicos está perfectamente reglamentado, existen
comisiones de ensayos clínicos en prácticamente todas las gerencias de
atención especializada, y, por tanto, nada que circule fuera de esos
circuitos puede tener semejante consideración y debe ser estudiado
cuidadosamente.
Los procedimientos de inspección habituales, tanto de inspección
farmacéutica como de inspección médica, velan por el cumplimiento de este
tipo de cuestiones. Y por lo que yo tengo conocimiento en el tiempo que
he sido, primero, director de Insalud y ahora Subsecretario, sí
detectamos un caso concreto que dio lugar a la apertura de una
información y expediente disciplinario --en este momento con propuesta de
sanción y previsto su desarrollo-- a algunos médicos por realizar algo
parecido a lo que está comentando S. S., y que se refería a la
utilización de un medicamento en un supuesto protocolo multicéntrico para
una indicación aún no autorizada por la Dirección General de Farmacia,
sin que ello fuera incluido como tal ensayo clínico y, por tanto, con
receta corriente de la Seguridad Social.
En consecuencia, quiero insistir y repetir que no tenemos información
probada fehaciente de que esto esté pasando en los términos en que S. S.
lo plantea, y agradeceremos muy mucho la que se nos remita para proceder
a la comprobación o investigación correspondiente.
La señora PRESIDENTA: La señora Maestro tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, usted es médico como yo y
sabe que lo que le estoy diciendo es práctica habitual; es decir, algo
fundamental está fallando en los servicios de Inspección del Insalud para
que esto no se detecte, porque, afirmo, es práctica habitual.
Yo le remitiré la información de la que dispongo. Ahora bien, me parece
que el objetivo no sería en este caso identificar a culpables concretos,
que son culpables casuales de una práctica generalizada.
Usted hablaba antes del despilfarro. El despilfarro es lo más
reaccionario, pero el despilfarro no se controla desde el punto de vista
administrativo eficazmente con presupuestos cerrados. El despilfarro
tiene puntos concretos, personas concretas y niveles de responsabilidad
concretos, que son competencia exclusiva de la Administración
detectarlos. Lo que yo le estoy diciendo esconde incrementos del gasto
farmacéutico probablemente de miles de millones de pesetas. No son
situaciones anecdóticas. Aparte del incumplimiento de la Ley que existe
para todos y que la Administración debiera ser la más interesada en hacer
cumplir, es que está derivándose fraudulentamente, y desde luego sin
necesidades sanitarias que lo justifiquen, una parte importante del
presupuesto sanitario público, con intermediarios concretos dentro de la
sanidad pública y en función de incrementos sustanciales en los
beneficios de los laboratorios farmacéuticos.
Yo estoy hablando de algo conocido por parte del colectivo de
trabajadores de la sanidad pública --esto es de realización histórica y
generalizada, evidentemente, con todas las excepciones honorables que
haya que hacer y que yo también reconozco que existen-- y es la práctica
habitual utilizada e incrementada en estos últimos tiempos por los
laboratorios para asegurarse la adecuada penetración en el mercado de
nuevos productos con precios superiores a los ya existentes. Y es otro
caso diferente del que usted dice. Se trata de falsos ensayos clínicos,
porque el caso al que usted hace referencia era un ensayo clínico que no
gozaba de la autorización del Ministerio de Sanidad para una nueva
indicación de un producto. Lo que yo le digo tiene un contenido
esencialmente económico, por cuanto se hacen ensayos clínicos para
indicaciones ya autorizadas, es decir, sin ningún objetivo reconocible de
investigación sanitaria, y que evidentemente pasa al margen de las
comisiones de ensayos clínicos de los hospitales, me consta.
Aunque también me consta, aplicando la lógica más elemental, que el hecho
de que no tengan constancia documental de la existencia de estas pruebas
no significa que no haya conocimiento fehaciente de estas prácticas.
Ustedes han hecho una encuesta para detectar posibles fraudes en recetas
de pensionistas en el año 1992, y el resultado fue más bien modesto con
respecto a la calificación de ese fraude. Destinen recursos a la
identificación de estas prácticas fraudulentas, que le aseguro que va a
ser un objetivo mucho más sustancioso desde el punto de vista de
dimensión real del fraude existente, y estarán tocando la llaga en uno de
los factores fundamentales de despilfarro, por tanto, de aspectos
reaccionarios en el gasto y que no tienen la más mínima consistencia ni
relación con necesidades sanitarias de la población.
La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Señoría, el mejor modo de asignar recursos a la salud en
materia de medicamento es el uso racional del mismo. En ese sentido, S.
S. conocerá que trabajando fundamentalmente en el ámbito de la atención
primaria se están desarrollando protocolos consensuados con los
profesionales para el uso racional del medicamento. Se ha asignado un
farmacéutico por cada gerencia de área de atención primaria justamente
para colaborar con los médicos en el desarrollo y seguimiento del perfil
terapéutico de cada uno de los componentes de esos equipos de atención
primaria, y, evidentemente, ello ha de redundar en un mejor uso del
medicamento.
Digo todo esto porque habrá que conocer con detalle algunas de las
cuestiones que S. S. ha mencionado para ver si merecen el calificativo de
práctica fraudulenta o similar, ya que, dicho de otra manera, puede haber
protocolos de actuación terapéutica consensuados, correctos y que
responden a indicaciones clínicas bien precisas, y ser un modo de actuar
conjunto de varios profesionales que deciden tratar tal o cual
procedimiento con arreglo a un protocolo preestablecido entre ellos. No
mezclemos eso con otro tipo de cuestiones. Por eso hay que conocer
exactamente de qué estamos hablando para desarrollarlo, puesto que
actuaciones protocolizadas se pueden estar dando.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde Olasagasti.
Concluido este primer punto del orden del día de contestación a
preguntas, despedimos de la Comisión al señor Subsecretario del
Ministerio de Sanidad y Consumo agradeciéndole su asistencia a la misma.
(Pausa.)
Vamos a pasar al segundo punto del orden del día correspondiente al día
de hoy; debate y votación de proposiciones no de ley. Quiero decirles a
SS. SS., antes de iniciar este segundo punto de orden del día, que esta
Presidencia, atendiendo las demandas de algunas señoras y señores
Diputados de distintos grupos de esta Comisión, demandas derivadas de
dificultades propias de no tener nadie el don de la ubicuidad y de
confluencias de comisiones y de participación de los distintos señores
Diputados en otras sesiones coincidentes en el mismo momento,
dificultades que, como saben SS. SS., son ajenas a nosotros por las
circunstancias en las que en este momento, y en estos años,
desgraciadamente ya, se encuentra el edificio del Congreso de los
Diputados, y atendiendo también a la facultad que tiene esta Presidencia
de ordenar y agrupar las votaciones, vamos a proceder al debate de las
proposiciones no de ley, agrupando las votaciones al final del debate de
todas ellas, o, en todo caso, no antes de las trece treinta horas, lo que
pongo en conocimiento de SS. SS. para que, en
la medida de lo posible, estén en esta Comisión, si así lo creen
conveniente y necesario, y también puedan cumplir con otras obligaciones
confluyentes en el mismo momento.
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, en el caso de que
a las trece treinta horas no se hubiese concluido el segundo punto del
orden del día, ¿qué criterios o qué planteamiento se llevaría a cabo?
La señora PRESIDENTA: He comunicado a ustedes que, en todo caso, las
votaciones serán al final de los debates, pero nunca antes de las trece
treinta; es decir, que si se hubieran terminado los debates a las trece
quince, esperaríamos a las trece treinta para que se reincorporasen todas
las señoras y señores Diputados. Si no se ha terminado el debate a las
trece treinta, que es un margen de dos horas, al finalizar el debate de
todas las proposiciones no de ley.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE POLITICA SANITARIA EN RELACION CON LA MUJER. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IU-IC. (Número de expediente 161/000023.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con el orden del día.
En primer lugar, vamos a ver la proposición no de ley sobre política
sanitaria en relación con la mujer, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la presentación y defensa de dicha proposición no de ley tiene la
palabra la señora Maestro Martín.
La señora MAESTRO MARTIN: La proposición no de ley que paso a defender en
nombre de mi Grupo Parlamentario es antigua en el registro de
proposiciones no de ley de esta Comisión, antes Comisión de Política
Social y Empleo.
Quiero hacer hincapié en que, desde el punto de vista de la salud
pública, la propuesta que se recoge en esta proposición es central en
función de los criterios de política sanitaria con los que trabaja mi
Grupo Parlamentario. Es decir, es una proposición no de ley que pretende
instar al Gobierno al desarrollo de actividades, con la correspondiente
dotación de recursos que permita llevar a cabo eficazmente en nuestro
país el programa de salud pública por antonomasia desde que se habla de
salud pública en el mundo: el programa de salud de la mujer, no por
planteamientos feministas que tienen otras dimensiones, sino por el
simple hecho biológico y social del carácter central de la salud de la
mujer con respecto al resto de la salud de la población. Es decir, las
intervenciones de salud pública en relación con la mujer no se evalúan ni
tienen su ámbito exclusivo en el grupo de población femenino, sino que
extienden sus beneficios a otros grupos de población, muy claramente al
grupo de población infantil, aunque son extensibles al conjunto del
núcleo familiar.
El programa de salud de la mujer es un programa de intervención de
carácter universal de la sanidad pública sobre los colectivos
identificados como de riesgo o más vulnerables en función de cada una de
las actividades.
Como saben ustedes, y ha sido objeto de mención en diferentes ocasiones
por parte de mi Grupo Parlamentario, la existencia en la sanidad pública
de este programa de salud de la mujer se remite no solamente a la Ley
General de Sanidad, sino al Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud
del año 1984, del cual se cumplen en estos momentos diez años de
existencia.
La preocupación de mi Grupo, por tanto, no se refiere a la insuficiencia
en la formulación de los contenidos programáticos en relación con la
mujer, sino a las enormes insuficiencias en su aplicación.
En la última Memoria del Insalud conocida por mi Grupo, que es la de 1992
--a mis manos no ha llegado todavía la correspondiente al año pasado-- el
porcentaje de equipos de atención primaria --estoy hablando solamente del
nuevo modelo, no estoy hablando del modelo tradicional del ambulatorio--
que llevan a cabo alguna de las actividades que componen el programa de
la mujer puede calificarse como de anecdótico, incluido el control de
embarazo. Es decir, el control de embarazo realizado en equipos de
atención primaria apenas supera el 50 por ciento de la población
femenina, teniendo en cuenta, además, que indicadores internacionales
reconocidos identifican como el punto más sensible para el
establecimiento de desigualdades en la atención sanitaria las diferencias
por clases sociales en cuanto al número de visitas y a la calidad del
control de embarazo en su conjunto.
Por tanto, la proposición no de ley que presentamos insta al Gobierno a
acordar con las comunidades autónomas con transferencias sanitarias, y al
propio Insalud no transferido, la dotación de recursos humanos y
materiales necesarios para llevar a cabo el programa de la mujer
globalmente, que se pasa a pormenorizar a continuación.
El primer punto se refiere a la participación de colectivos femeninos en
la toma de decisiones en relación con el programa de atención a la mujer.
Cualquier intervención activa sobre la población, no a demanda sino desde
el punto de vista de salud pública, exige la participación de la misma,
sin la cual jamás se llegará a las bolsas de prioridades desde los puntos
de vista sanitario, económico y social, que componen los colectivos más
necesitados de la intervención en salud pública. Además, es una
interpretación del contenido de participación que la Ley General de
Sanidad sitúa como uno de los objetivos de la atención sanitaria, tanto
desde el punto de vista de planteamientos democráticos como para
garantizar la propia calidad y eficacia de dicha atención sanitaria.
Nosotros planteamos aquí, y tiene relación con la conversación que hemos
mantenido antes con el señor Subsecretario, que si no se incrementa la
dotación de recursos en atención primaria es absurdo hablar de la
introducción de programas o de protocolos a realizar por equipos
desbordados ante una atención sanitaria masificada que, por sus propias
dificultades de recursos sanitarios, apenas ha modificado las pautas y
los contenidos de comportamiento y de realización del trabajo profesional
del modelo tradicional de ambulatorio, curativo y centrado en la
asistencia sanitaria. Por tanto, indicamos unos ratios máximos de
profesionales y de trabajadores sanitarios en relación con la población
que nos parecen los mínimos necesarios para la garantía del desarrollo de
estos programas por parte de los equipos.
Respecto al programa de planificación familiar, insisto en que nuestro
Grupo Parlamentario, a la hora de hablar de planificación familiar, se
refiere al derecho, fundamentalmente de las mujeres pero también de las
parejas, a gozar de una sexualidad satisfactoria y en condiciones de
salud, por lo que se requiere el acceso a los programas de planificación
familiar de toda la población.
Los datos que constan en nuestro poder hablan de que la sanidad pública
apenas atiende el 15 por ciento de la demanda en planificación familiar,
insistiendo en que esa demanda solamente es una pequeña parte de las
necesidades reales, por cuanto en este tema coinciden planteamientos
culturales de diverso orden que hacen que las necesidades estén
encubiertas y no se traduzcan en demanda en una buena parte de los casos.
Ha sido motivo de denuncia, e incluso a veces de chascarrillo, en los
medios de comunicación la negativa de los profesionales farmacéuticos a
incluir los preservativos entre los productos sanitarios a expender en
las farmacias. A mi Grupo Parlamentario esta situación le parece
absolutamente anacrónica, por cuanto estamos hablando de uno de los
instrumentos más eficaces y recomendados como método de planificación
familiar, muy especialmente en el grupo de riesgo para el embarazo de las
adolescentes, y la ausencia de este método de planificación familiar en
las farmacias --sobre todo en el medio rural donde la farmacia es el
único centro al que se puede recurrir para su obtención-- está
conculcando, en la práctica, el derecho de todas las personas a contar
con este método entre los que pueden facilitarle medidas de planificación
familiar.
En la misma línea nosotros creemos que el precio de algunos métodos
anticonceptivos, muy especialmente de los preservativos, hace que para
determinadas capas sociales sea imposible acceder de forma continuada a
este método de planificación familiar que, insisto, es uno de los más
elegidos por la población y sería uno de los más utilizados si no fuera
por la barrera económica, lo que justifica el tomar medidas por parte de
la Administración sanitaria para la inclusión en la Seguridad Social de
todos los métodos anticonceptivos.
En relación con la comercialización en España de la RU-486, como
recuerdan SS. SS., en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso se
aprobó un punto de una proposición no de ley de Izquierda Unida que
instaba a la Administración a remover los obstáculos existentes para su
comercialización y, por tanto, estamos a la espera de la respuesta del
Ministerio de Sanidad acerca de sus gestiones.
Otro de los aspectos es el aseguramiento por parte de la sanidad pública
de la posibilidad de realizar interrupciones voluntarias del embarazo en
todas las áreas sanitarias, entendiendo que el derecho que nosotros
reconocemos a la objeción de conciencia, por parte de los sanitarios que
así lo estimen oportuno no debe ser la barrera que, por su extensión,
impida en la práctica, en las condiciones legales vigentes, la propia
realización de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, insistimos en que, de cara a la necesaria confidencialidad que
este proceso requiere, pudiera plantearse la libre elección de centro
sanitario dentro de la red sanitaria pública.
El octavo punto es, en mi opinión, elemental. Al menos cinco visitas de
control de embarazo deben garantizarse a todas las mujeres junto a la
domiciliaria posparto. Me consta que en algunos equipos de atención
primaria esto se está realizando, y con niveles de calidad más que
aceptables. En lo que insisto es en que, desde luego, está muy lejos de
ser la generalidad de los equipos la que lleve a cabo este tipo de
prácticas.
El noveno punto se refiere a la existencia de evidencias en otros países
de programas de detección precoz del cáncer de mama y de cáncer de cuello
uterino, con protocolos bien identificados en los que aconsejan la
realización de mamografías con una frecuencia temporal determinada y en
unas edades bien concretas. Los objetivos conseguidos en el caso de
Suecia han producido un descenso de la mortalidad por cáncer de mama de
un 40 por ciento. Insisto en que ésta es, sin duda, la primera causa de
muerte para las mujeres en nuestro país y, en función de la publicación
de indicadores de salud por parte del Ministerio de Sanidad, la causa de
muerte que está teniendo un incremento más espectacular en los últimos
años.
No puedo entender cómo las autoridades sanitarias, teniendo identificados
procedimientos diagnósticos eficaces, asumibles económicamente y con una
incidencia espectacular en la reducción de la mortalidad (es decir, no
estamos hablando de calidad de vida, no estamos hablando de años de vida,
sino de mortalidad), se mantenga el programa de detección de cáncer de
mama y detección de cáncer de cuello uterino en niveles aislados en
algunas comunidades autónomas, sin que el conjunto de las mujeres
españolas pueda acceder a una conquista nada reciente por parte de la
ciencia.
Por otra parte, se plantea el aseguramiento en todas las zonas básicas de
salud del programa de prevención y control de las enfermedades de
transmisión sexual, que es uno de los elementos de preocupación
reiterados por parte del Ministerio de Sanidad en cuanto al incremento de
la morbilidad y, en algún caso, de la mortalidad derivada de la extensión
de este tipo de enfermedades.
También se plantea algo que es una relativa novedad en el campo de la
atención de la mujer, como es la atención sanitaria social y psicológica
a los problemas derivados del climaterio, y que es un programa de salud
que debiera considerarse progresivamente como prioritario, dado el
envejecimiento de la población y el incremento de la expectativa de vida
por parte de las mujeres, que hace que el
colectivo de las de más edad vaya siendo progresivamente más numeroso en
nuestro país.
Finalmente, dada la constatación también reiterada por parte de todas las
investigaciones de la presencia de la mujer en sectores productivos con
baja cualificación, en muchos casos sometidos a riesgos laborales, la
participación de la mujer mayoritariamente en la economía sumergida y en
los empleos en precario, por parte de los propios servicios sanitarios
públicos se deben desarrollar programas específicos de protección y
prevención de los riesgos de la mujer trabajadora en general y, por
supuesto, aunque no se incluye en la letra de la proposición no de ley,
muy específicamente en los períodos de embarazo y lactancia.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley han sido presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular siete enmiendas, que se refieren a
distintos puntos de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida. Dichas enmiendas han sido repartidas y SS. SS. las conocen. Para
su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Fernández
de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: En primer lugar, yo quería hacer una
pequeña precisión lingüística en el título de la proposición no de ley.
Quizá sea una deformación profesional atávica mía, pero cuando se dice
«en relación con», como se habla de la mujer y se intenta dignificarla y
señalarla como persona, aunque gramaticalmente no es incorrecto, sería
más más correcto decir «con relación a»; entonces tendríamos una persona
directa; «a» ya nos da un complemento concreto de persona. Yo pido casi
disculpas por lo que digo, pero por eso de que cuando se pierde el
sentido de la lengua se pierden también muchos de los valores que sabemos
expresar con ella, mejoraría en algo el título de la proposición.
En realidad, ésta es una proposición no de ley bastante compleja, en la
que se tocan muchos temas que están muy diversificados en el mundo de la
sanidad, y nosotros hemos pretendido, con nuestras enmiendas, mejorar, en
su conjunto, toda la proposición no de ley; por eso sería irrenunciable
cualquiera de las enmiendas que presentamos.
En relación al punto primero, nosotros proponemos una enmienda que desde
luego modificaría bastante el texto en el sentido de que nuestro Grupo no
puede entender por qué la participación de organizaciones de mujeres y de
trabajadores sanitarios en la toma de decisiones en el Programa de
Desarrollo de la Mujer. Trabajadores sanitarios sí, pero no
organizaciones de mujeres. Nosotros creemos que la sanidad ha de hacerse
de una manera profesional y seria, y que, desde luego, la mayor
participación de la población femenina (aparte de que a las mujeres nos
satisface mucho personalmente ver nuestra incorporación en cualquier área
de actividad, política, social, sanitaria o de cualquier tipo) no implica
necesariamente la eficacia, el rigor sanitario y la adecuación de unas
medidas oportunas que hagan deseable todo lo que pueda salir de estas
reuniones de mujeres. Por ello, no podemos hablar de los trabajadores
sanitarios en su conjunto sin especificar su especialización, porque a
veces vemos que se producen tomas de decisiones en las que intervienen
profesionales sanitarios que a lo mejor se dedican al mantenimiento del
circuito eléctrico y que tienen muy poco que hablar en una cuestión de
planificación sanitaria.
Deberíamos hablar de que la condición «sine qua non» es que estos
programas sean llevados a cabo por los profesionales de la sanidad, pero
no por esas organizaciones que, a veces, no representan, como sería
deseable, la mayor o menor profesionalidad de estos sanitarios.
Nuestra enmienda al punto 3 --lo digo sin ánimo de molestar-- es de
sentido común. En atención primaria se está haciendo planificación
familiar y se desvía a especialidades; lo que no podemos pensar es que la
planificación familiar sea algo tan fácil y tan de poca importancia --me
parece que en este artículo se le da poca importancia-- que se pueda
hacer en atención primaria. Todos sabemos que los anticonceptivos tienen
unos problemas hormonales añadidos, unas repercusiones sistémicas que
deben ser tratadas por los especialistas, y nos parece que en este caso
también se rebaja el derecho de la mujer a tener una atención de mucha
mejor calidad. Vemos que hay una serie de problemas añadidos, por
ejemplo, el caso de los DIU, de las complicaciones que todos conocemos,
que no pueden ser atendidos sino por especialistas en el tema.
En cuanto a las prestaciones farmacéuticas de los anticonceptivos y su
gratuidad, nuestro Grupo ya se manifestó en los años 1990 y 1991 en
cuanto a favorecer estas cuestiones, y no vemos por qué haya que hacerlo
otra vez. Está clarísima nuestra posición, ya que fuimos incluso los que
en algún momento instamos al Gobierno para solucionar estas cuestiones.
Respecto a la enmienda al punto número 6, lo mismo. Decir que ya en la
Comisión de Sanidad del 22 de diciembre de 1993 quedó clara la posición
de nuestro Grupo en cuanto a que, de acuerdo con la legislación vigente,
no es aplicable la RU-486 en España; además, las medidas que se tomaron
en ese momento, como bien ha dicho la señora Maestro, todavía no se han
llevado a efecto desde el punto de vista legislativo.
La enmienda al punto número 7, de supresión, es también fácilmente
aceptable, porque lo que no se puede hacer es obviar lo que está expreso,
explícito y clarísimo en la Constitución española, en el Capítulo II, de
derechos y libertades, artículo 16.1, donde se refleja claramente la
objeción de conciencia de todo tipo. Esta objeción de conciencia, que no
se puede ignorar, es especial, y está clarísimo. Hay doctrina del
Tribunal Constitucional, pero yo me quiero referir en este momento a la
sentencia del 11 de abril de 1985, en la que se dice que la objeción de
conciencia forma parte del contenido de derechos fundamentales
reconocidos en el artículo 16.1 de la Constitución. El Tribunal
Constitucional ha indicado, en esta y en otras ocasiones, que cuando se
habla de la Constitución es directamente aplicable en materia de derechos
fundamentales. Y éste es un caso en el que nosotros no podemos entrar ni
siquiera a discutir, porque se trata de la Constitución. Yo le diría
aquello del mandato bíblico del «non limitandere». Desde una Comisión,
como es este caso, con una
proposición no de ley, no se puede entrar en algo tan importante como la
objeción de conciencia.
Respecto a la enmienda al punto número 8, de hecho ya se hace un control
de visitas, pero nosotros no entendemos por qué la visita posparto a una
persona a la que se ha dado el alta tiene que ser domiciliaria, cuando
está asistiendo a sus visitas controles. Si surge algún problema, para
eso la sanidad pública tiene o debe tener, el control adecuado para la
urgente hospitalización, ya que las medidas necesarias y oportunas en el
plano domiciliario en ningún caso van a mejorar la atención sanitaria.
En cuanto a las medidas para el tratamiento y prevención de enfermedades
de tipo sexual, se reflejan en el punto número 9, que dice: Garantizar a
todas las mujeres en edades de riesgo y con cáncer precoz de mama y
cuello uterino la dotación de mamógrafos, etcétera. No quiero leer la
enmienda entera por agilizar un poco la Comisión, pero nosotros
proponemos un texto alternativo, ya que nos parece que lo que sí se debe
evitar es esta terrible lista de espera de más de seis meses que hay en
la sanidad pública ahora mismo para acceder a una mamografía. Hay que
garantizar el acceso sin dilaciones a los medios de detección precoz del
cáncer de mama y de cuello uterino, asegurando una dotación de mamógrafos
suficientes para la rápida realización de mamografías necesarias por
indicación médica, siempre que se sospeche riesgo de cáncer de mama, y
arbitrar los recursos especializados para la realización de una citología
al año a mayores de 25 años, porque lo que ya es discutible, señora
Maestro, es la mamografía como un método de «screening» diagnóstico.
Usted sabe que en este momento el diagnóstico a base de mamografía está
teniendo una revisión por parte de países donde la sanidad pública es
muchísimo mejor que la nuestra, y nosotros ni siquiera podríamos soñar
con tenerla igual.
Referente al punto número 10, se habla de asegurar el control de
enfermedades de transmisión sexual, pero no se dice nada en absoluto, por
ejemplo, de algo muy grave que sucede en nuestro país a diario, que es el
tratamiento de estas enfermedades cuando se diagnostican, que es
obligatorio en la mayoría de los casos. No se está cumpliendo, insisto,
el tratamiento obligatorio, a pesar de las demagogias que se puedan
hacer, casi en ninguno de los lugares de riesgo de transmisión sexual.
Desde ese punto de vista nosotros tendríamos que incluir, naturalmente,
la obligatoriedad del dicho tratamiento en estas enfermedades.
Las dos últimas propuestas podríamos aceptarlas, si se aprueban todas
nuestras enmiendas en su conjunto, pero teniendo en cuenta que cuando se
habla de los riesgos de la mujer trabajadora a nosotros nos gustaría
destacar que es de la mujer trabajadora en su conjunto, porque se dan
casos curiosísimos, como el de que los riesgos de la mujer trabajadora
sean solamente a ciertos niveles. En los laboratorios del Estado vemos
que las mujeres médicos no tienen riesgo de peligrosidad, mientras que la
auxiliar de laboratorio está cubierta por medidas de riesgos y plus de
peligrosidad, como si quien lleva más peso y tiene más contacto con esa
serie de elementos peligrosos no fuera mujer trabajadora, pero la mujer
trabajadora en su conjunto y a todos los niveles de la escala
profesional. Nosotros seríamos partidarios de apoyarlo, insisto, pero
todo.
Quiero dejar claro que nuestro Grupo Parlamentario considera que si no se
admiten todas y cada una de nuestras enmiendas, esta propuesta
diversificada y coja en algunos aspectos y excesiva en otros, quedaría un
tanto desvirtuada en sus planteamientos y no podríamos apoyarla.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en esta proposición
no de ley?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Cardona.
El señor CARDONA I VILA: En primer lugar, entendemos que esta proposición
no de ley incluye temas de muy diversa índole y muy inconexos; por
ejemplo, el relativo a la financiación de las comunidades autónomas en
cuanto a aquellas que tienen el Insalud transferido; la creación de
programas en el territorio del Insalud no transferido, y después esos
doce puntos en los que se tocan temas tan diversos como el del aborto,
que será tratado en su momento, ya sea en la reforma del Código Penal o
en una ley específica; la comercialización de la píldora abortiva, que se
trató ya aquí en una de las Comisiones últimas del año pasado, o bien la
objeción de conciencia de los profesionales, como se refiere uno de los
puntos concretos, el séptimo. Entendemos que cada uno de estos temas
tiene entidad suficiente para ser tratados de forma separada, y no es
conveniente, por tanto, hacerlo de forma global.
Por otra parte, hablar de atención sanitaria a la mujer va mucho más allá
de considerar sólo ese ámbito de la reproducción. Creemos que los
programas sanitarios dirigidos a mejorar la salud de la mujer y, por
tanto, su calidad de vida, tienen que englobar diferentes cuestiones. Una
de ellas es una información adecuada que permita la educación sanitaria
pertinente, así como la asistencia sanitaria. En este sentido, Cataluña
--lo decimos con orgullo-- ha sido pionera en la elaboración de un
programa sanitario integral de la mujer, que fue aprobado por Decreto
282, de 21 de noviembre de 1990, y que ha sido reconocido por la OMS.
Dicho programa fue elaborado por responsables en el tema de la mujer,
profesionales de la sanidad, así como organizaciones de mujeres
directamente relacionadas y especializadas en cuestiones sanitarias.
Como puede comprobarse las comunidades autónomas con competencias
transferidas ya están llevando a cabo sus programas de atención a la
mujer de acuerdo --esto es fundamental-- con las características y
necesidades concretas de sus territorios y dentro de lo que es el marco
del Estado de las autonomías.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular nos parecen asumibles en
algunos aspectos concretos, pero encontramos dificultades inherentes al
presentar cuestiones tan diversas y consideramos que difícilmente pueden
agruparse en una sola proposición no de ley. Por ello, nosotros no
apoyaremos esa proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señores Diputados y señoras Diputadas, mi Grupo
coincide con el planteamiento global que hace la portavoz de Izquierda
Unida al presentar la proposición no de ley. Es evidente que los
programas de atención sanitaria específica a las mujeres no sólo redundan
en mejorar la calidad de vida de las propias mujeres --que somos la mitad
de la población--, sino que también redundan en mejorar la calidad de
vida y las condiciones de salud del conjunto de la población.
No tenemos ninguna divergencia en los objetivos y en el planteamiento que
anima a la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo
Federal de Izquierda Unida, ahora bien, en su propia exposición de
motivos sí que tenemos una discrepancia fundamental. Creemos que desde
que se promulga el Real Decreto de Reforma de las Estructuras Básicas de
Salud y desde que se aprueba la Ley General de Sanidad ha habido un
cambio y un proceso de mejora en la atención específica a la salud de las
mujeres. Nos vemos en la tesitura de no poder apoyar esta proposición no
de ley no por divergencia ideológica, sino porque plantea una serie de
medidas diversas --todas ellas de gran importancia-- que en muchos casos
o se están realizando los programas que se proponen o no se pueden
realizar --como después iremos viendo-- desde las propias competencias
del Insalud, porque está en contradicción con las competencias de las
comunidades autónomas, o --como ocurre con lo que se propone en el último
punto-- está pendiente de una legislación sobre la salud laboral donde se
contemplarían específicamente los problemas de la salud laboral de las
mujeres.
Como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida no se trata de un
problema de diferencias programáticas porque, como ustedes recordarán, en
el catálogo de prestaciones sanitarias que recientemente hemos debatido
en esta Comisión, en relación con el tema de atención específica a la
mujer se dan una serie de prestaciones con carácter general, como son la
captación precoz y seguimiento de la mujer embarazada, la administración
y seguimiento de anticonceptivos orales y otros métodos anticonceptivos,
la preparación al parto, la visita en el primer mes del posparto, la
detección de grupos de riesgo y diagnóstico precoz del cáncer
ginecológico y de mama, de acuerdo con los protocolos establecidos, y el
control médico de la menopausia, según protocolos establecidos. En
definitiva, son las mismas prestaciones --con su desarrollo y su
cobertura universal-- que las que plantea la portavoz de Izquierda Unida.
Lo que sí hay es una diferencia en cuanto a la valoración que se hace en
estos momentos del desarrollo de estos programas en la sanidad pública.
Creo que el desarrollo de estos programas en la sanidad pública es,
evidentemente, perfectible, mejorable, que se pueden hacer campañas para
detectar colectivos que no acuden a la demanda y que su introducción en
todos estos programas de carácter preventivo podría mejorar el estado de
salud general de las mujeres y del conjunto de la sociedad; ahora bien,
creo que incluso los niveles de cobertura que usted, señora Maestro, ha
mencionado respecto a lo que puede ser la formación o preparación al
parto --el 50 por ciento aproximadamente de los embarazos que se atienden
en la red pública-- son datos que, aunque no sean los más deseables, sí
suponen una mejora y un avance en lo que es la atención a la salud de las
mujeres.
Respecto a los programas de planificación familiar, en relación con los
cuales usted ha dicho que tienen que tener cobertura, creo que realmente
la tienen. A lo mejor hay que intentar lo que usted decía: detectar
grupos que no presentan una demanda directa y que deberían ser captados
para conducirlos a este tipo de programas. Luego hay otros puntos en la
propia proposición no de ley, como, por ejemplo, el tema que se aborda en
el punto 4, de los preservativos. Realmente ya se han regulado las
condiciones técnicas y sanitarias de los mismos, pero lo que usted
plantea de su administración en las farmacias con carácter obligatorio es
competencia en este momento, según la Ley del Medicamento, de las
comunidades autónomas, que todas tienen jurisprudencia en lo que es la
ordenación farmacéutica. En este sentido la Dirección General de Farmacia
está preparando un documento sobre ordenación farmacéutica que tendrá que
someter y proponer en el Consejo Interterritorial de Salud.
En relación con otro tema que usted plantea, los métodos anticonceptivos,
le diré que, evidentemente, en este momento todos los métodos
anticonceptivos, orales o inyectables, salvo los espermicidas vaginales,
son una prestación general farmacéutica. Es verdad que en muchos casos
los métodos anticonceptivos, como puede ser el DIU o los preservativos,
pueden tener a veces unos precios que a determinados colectivos o grupos
sociales les supone un gasto desmesurado. No creo que en estos momentos
en que hay que controlar el gasto farmacéutico se pudiera ir, con
carácter genérico y universal, a este tipo de prestaciones, pero sí se
podría estudiar que sean prestaciones farmacéuticas en casos de necesidad
o de niveles de renta que no se lo puedan permitir.
Con respecto al punto 6, ya ha hablado usted de que en esta misma
Comisión hubo un debate en el que la portavoz del Grupo Socialista hizo
una exposición de cuál era nuestro planteamiento.
En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo diré que es verdad
que la cobertura en la sanidad pública es mínima, pero yo creo que es más
por una cuestión de cómo está planteada esta misma ley y la carencia de
garantía jurídica para los profesionales de la sanidad pública, como
hemos visto a veces en determinados juicios, como puede ser el de
Pamplona. En ese sentido, mi Grupo cree que la solución, en principio,
vendrá por una ley de despenalización del aborto, que genere garantías
jurídicas para los profesionales sanitarios, que espero que llegue cuanto
antes a esta Cámara.
Con respecto al control de embarazos yo le diría que es una atención que
está garantizada en lo que es la atención precoz y el seguimiento de la
mujer embarazada, que se efectúa mediante protocolos, contemplándose
entre siete y ocho consultas. También tiene la preparación al parto y las
visitas domiciliarias en el primer mes del posparto.
Evidentemente, lo que hay que conseguir con este programa es una
cobertura mayor de la que tiene en este momento.
En cuanto a la prevención del cáncer, existe ya en el Insalud una
estructura que hay que organizar para que pueda haber controles de
mamografía para las mujeres, pero lo que habrá que decidor entre los
profesionales y las personas a las que les afecte, de la forma más
consensuada posible, es cuál es el criterio, porque hay quien dice que
las mamografías hay que espaciarlas de una manera y quien no comparte
esas ideas. Yo coincido con usted en que el cáncer, tanto de mama como de
útero, puede se controlado con una buena política de prevención desde el
sistema sanitario público y puede, así, evitarse uno de los factores que
causa una mayor mortalidad entre las mujeres.
En relación con las enfermedades de transmisión sexual quiero manifestar
que esta cuestión realmente existe en los programas de educación para la
salud y que tanto en la atención primaria como en la especializada se
produce esta prestación. Lo mismo pasa con la atención al climaterio. Las
pacientes se detectan en atención primaria y se derivan a la atención
especializada. Respecto a los riesgos de la mujer trabajadora le diría
que está elaborándose un proyecto de ley de salud laboral, en
colaboración con los interlocutores sociales, que creo que solucionará el
problema que usted plantea en el punto 12.
Respecto a las enmiendas que ha presentado la portavoz del PP, yo diría
que hay algunas que quizá en redacción o en cuanto planteamiento mejoran
y expresan de forma más sencilla lo mismo que plantea la proposición no
de ley de Izquierda Unida, sin embargo, hay otras en las que no podemos
estar de acuerdo. Un tema, por ejemplo. Yo entiendo que la objeción de
conciencia evidentemente es un derecho que no se puede negar y hay que
regularla de tal manera que quede claro quién es objetor y quién no lo es
--en eso coincido con usted--, pero creo que Izquierda Unida no habla de
que la objeción de conciencia no exista, sino de que no conculque los
derechos que las leyes reconocen a las mujeres. Es decir, entiendo yo que
lo que quiere Izquierda Unida es que se arbitren sistemas para que en la
sanidad pública, en las unidades donde se realicen interrupciones
voluntarias del embarazo con arreglo a la Ley existente en este momento o
a otra más permisiva que pudiera existir en el futuro, se arbitre un
sistema por el cual haya siempre personal sanitario no objetor que
asegure a las mujeres el ejercicio de sus derechos en la red pública. Así
lo entiendo yo.
De todas maneras, aunque el Grupo Popular tiene en sus enmiendas algunos
aspectos que yo creo que mejoran y hacen más sencilla la redacción de
algunos puntos --en los que puedo coincidir-- hay otro en los que no
estamos de acuerdo por una cuestión que la portavoz ha ido explicando en
sus enmiendas. Nosotros entendemos el planteamiento de la proposición no
de ley de Izquierda Unida desde otro análisis y coincidimos más en el
planteamiento general que lleva a Izquierda Unida a hacer esta
proposición no de ley.
De todas maneras, no vamos a poder votar en bloque ni las enmiendas del
Grupo Popular ni la proposición no de ley de Izquierda Unida; lamentamos,
evidentemente, que teniendo un planteamiento general semejante al que,
creo, impulsa esta proposición no de ley, al abordar tantas cosas tan
diferentes en un solo debate y en una sola proposición no de ley, nos sea
imposible llegar a un acuerdo general que nos permita votar conjuntamente
con el Grupo de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Para la aceptación o no de las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quisiera reafirmar, a juicio
de mi Grupo, la oportunidad de hacer una proposición no de ley que
contemple de una manera integral la diversidad de la problemática que
afecta a la salud de las mujeres, y todo ello creo que trascendiendo
criterios exclusivamente políticos para enmarcarnos dentro del ámbito de
lo que son planteamientos de principios de política sanitaria en el
ámbito de la salud pública y reconocidos desde hace muchos años.
En cuanto a la enmienda al punto 1, del Grupo Popular, quiero decir que
podría aceptarla como enmienda de adición. Me parece que el objetivo del
punto número 1 es incrementar la participación de las mujeres en el
desarrollo de programas de salud que se refieren a ellas como colectivo
social, es decir, añadir a la participación de las mujeres la información
a la población femenina, me parece que podría ser algo perfectamente
complementario. En cualquier caso, como entiendo que es una enmienda de
modificación, y por tanto de sustitución de un texto por otro, me remito
a unas recientes jornadas de colectivos femeninos en relación con la
participación de la mujer, en cuyas conclusiones, punto 4, se reclama que
las organizaciones de mujeres, como agentes sociales, sean interlocutoras
en los foros de diálogo social y en los espacios de toma de decisión. Es
decir, aquí entramos ya en conceptos de democracia y de participación
democrática en los cuales no parece que compartamos planteamientos el
Grupo Popular y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En
cualquier caso, yo entiendo que pasar de la mera información a la
participación de los colectivos sociales, en este caso femeninos, es un
requisito indispensable para el desarrollo democrático que permita
superar una sociedad desarticulada y poco participativa como es la
nuestra.
La enmienda al punto número 3, en la que se cuestiona la participación de
la atención primaria en el desarrollo de programas de planificación
familiar, quiero decir que aquí nos situamos ante planteamientos
completamente diferentes. En cualquier caso, el objetivo de Izquierda
Unida no es rebajar la calidad de la atención sanitaria, por cuanto se
plantea que los programas de atención primaria tengan la adecuada
cobertura especializada, lo que sí es evidente es que, en actividades de
educación para la salud, en actividades de control hormonal, etcétera, de
determinados medios anticonceptivos, puede y debe participar la atención
primaria para garantizar la extensión de los programas y la calidad de
los mismos. Por otra parte, hay que señalar que la propia Organización
Mundial de la Salud plantea la
participación de personal sanitario no médico tanto en programas de
planificación familiar que contemplan la inserción de DIU como en la
propia interrupción del embarazo por aspiración; es decir, la propia
Organización Mundial de la Salud plantea la formación de personal de
enfermería en estas actividades.
Con respecto al punto 6, que se refiere al tema de la píldora abortiva,
sinceramente creo que el interés ideológico del Grupo Popular en mantener
restringido al máximo el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo les lleva a hacer un salto lógico absolutamente injustificable,
por cuanto la utilización de un método concreto, de un instrumento
técnico en la interrupción del embarazo es aplicable a cualquier tipo de
legislación y, por tanto, a la vigente en estos momentos. También hay que
decir que, como es evidente tras la propia lectura de la proposición no
de ley, Izquierda Unida no plantea la modificación de la legislación
actual en esta proposición no de ley puesto que tiene presentada hace
meses, esperando turno en la Cámara, una proposición de ley de plazos que
entendemos que se adecua más a las necesidades de las mujeres en este
ámbito.
En cuanto a la enmienda al punto 7, yo creo que la Diputada portavoz del
Grupo Socialista ha entendido perfectamente lo que nosotros decíamos,
cosa que no parece que esté sujeta a interpretaciones difíciles de la
propia lectura del punto. Lejos del interés de mi Grupo conculcar el
derecho a la objeción de conciencia de ninguna persona, lo que sí
pretendemos es que la falta de una intervención por parte de la
administración sanitaria, destinada a regular asimismo otros derechos que
pudieran verse conculcados por la extensión del derecho a la objeción de
conciencia, no se traduzca en impedimento real para que las mujeres hagan
uso de sus derechos en la sanidad pública.
El tema de las visitas posparto es un tema absolutamente fundamental en
el programa de la mujer; la visita domiciliaria, realizada generalmente
por personal de enfermería (que, por otra parte, se está llevando a cabo,
sin que haya ningún tipo de problema, por parte de algunos equipos de
atención primaria), vistas las condiciones concretas en las que se va a
desarrollar tanto en el posparto de la mujer como en el propio desarrollo
de los primeros meses de vida del niño en relación con aspectos tan
importantes como la lactancia materna o la adecuada alimentación infantil
en condiciones de higiene adecuadas, etcétera, supone un instrumento
fundamental de conocimiento de la realidad de las mujeres que acaban de
tener un hijo y, por tanto, de posibilidades concretas de intervención
sanitaria sobre su propia realidad.
En cuanto a la enmienda presentada al punto 9, no sé qué bibliografía
científica maneja el Grupo Popular, pero el propio Ministerio de Sanidad
y las sociedades científicas de radiología y de ginecoobstetricia
identifican en determinadas edades de la vida los mecanismos de
«screening» del cáncer de mama, a través de la mamografía, como algo
aceptado universalmente en la comunidad...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Maestro, le ruego abrevie,
manifestando si acepta o no acepta las enmiendas presentadas, sin entrar
en mayores disquisiciones.
La señora MAESTRO MARTIN: De acuerdo.
En fin, creo que es aceptado universalmente, y termino con este punto.
Respecto a la enmienda al punto 10, del Grupo Popular, yo no tendría
inconveniente en aceptarla, añadiendo, tras la prevención y control de
las enfermedades de transmisión sexual, la especificación de su
tratamiento, aunque yo creo que el mismo concepto de control difícilmente
puede entenderse si no incluye el tratamiento de las enfermedades
detectadas.
Finalmente, señalar que el desarrollo del programa específico de
prevención de riesgos de protección de la mujer trabajadora no tiene por
qué esperar a la existencia de una ley de salud laboral por cuanto la
propia Ley General de Sanidad contempla en un artículo específico la
participación de los servicios sanitarios públicos en la atención de
salud laboral, cosa que desgraciadamente está por desarrollar
reglamentariamente hasta la fecha.
Por lo tanto, dado que, también sorprendentemente, aunque una de las
críticas que se hace a la proposición no de ley es la...
La señora PRESIDENTA: No, no repita las críticas, por favor, señoría, y
limítese a su aceptación o rechazo.
La señora MAESTRO MARTIN: Estaba haciendo referencia a la condición por
parte del Grupo Popular de la aceptación en bloque de enmiendas a una
proposición no de ley compleja, justificada en su integridad, pero que el
mismo Grupo proponente admite que contempla aspectos diferentes. Mi Grupo
entiende que la aceptación de las enmiendas en bloque desvirtuaría el
fondo del objetivo de la proposición no de ley.
--POR LA QUE SE SOLICITA LA CREACION DE UNA PONENCIA QUE ESTUDIE LOS
PROBLEMAS DE LOS AFECTADOS POR EL CONSUMO DEL ACEITE TOXICO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000079.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley por la que se
solicita la creación de una Ponencia que estudie los problemas de los
afectados por el consumo del aceite tóxico. Esta proposición no de ley es
presentada por el Grupo Popular del Congreso. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Villalón Rico.
El señor VILLALON RICO: Señoras y señores Diputados de la Comisión de
Sanidad, el Grupo Popular ya ha presentado en otras ocasiones otras
iniciativas parlamentarias sobre el síndrome del aceite tóxico, y bien
tendríamos que decir que, muy a pesar nuestro, presentamos esta nueva
iniciativa. Y digo muy a pesar nuestro porque lo que nosotros desearíamos
es que este asunto ya estuviera resuelto, ya solamente fuera un triste
recuerdo de lo que pasó por la negligencia y por la actuación de unos
desaprensivos y que realmente estuviera ya en la historia de los
acontecimientos tristes de nuestro país.
Pero la realidad actual no es así, la realidad actual es cruda, hay que
decir que persisten los problemas de índole sanitario, problemas de tipo
social, problemas de tipo económico y, en resumidas cuentas, una gran
mayoría de los afectados en su momento por el aceite tóxico siguen con
problemas de lo que podríamos denominar calidad de vida.
Decía al iniciar mi intervención que esta proposición no de ley, que
nosotros presentamos ahora para debate y votación, es una más de las que
se han presentado a lo largo de anteriores legislaturas. Hay que recordar
que, no solamente por parte de nuestro Grupo sino por parte de otros
grupos, desde solicitudes de comparecencias del Gobierno a
interpelaciones, desde mociones a proposiciones no de ley, hemos
presentado desde diferentes grupos las distintas posibilidades
parlamentarias para intentar, por lo menos, esclarecer e incluso ayudar a
los afectados por este síndrome, siempre enfrentándonos con lo que ha
sido la mayoría socialista en el Congreso de los Diputados. Es por esto
que, seguramente, debido a la variedad y a las numerosas intervenciones
que ha habido sobre este tema, será difícil que en el debate de hoy
aportemos algunos motivos nuevos sobre la situación actual de los
afectados por el síndrome del aceite tóxico.
Si es difícil aportar nuevas cuestiones sobre ello, sí que hay que decir
que la situación antigua y actual de los afectados en este momento se
incrementa por dos hechos básicos: porque los problemas persisten y no se
han solucionado y porque se van a cumplir 13 años de aquellos hechos,
tiempo más que suficiente para que los ciudadanos que sufrieron las
consecuencias de los desaprensivos vieran resueltos sus problemas.
Nosotros nos alejamos de esos posicionamientos y creemos que quedan lejos
los tiempos donde, a través de un atentado contra la salud pública, con
intoxicación de más de 20.000 ciudadanos españoles, algún Grupo político
utilizó la demagogia más cruda para actuar contra el Gobierno existente
en ese momento. Nosotros, como decía, estamos lejos de esos
posicionamientos. Lo que a nosotros nos lleva a presentar esta iniciativa
es plantear las posibles vías de solución para proteger a los afectados,
para que se lleven a efecto los acuerdos parlamentarios del año 1984 y
para que se liberen todas las trabas que parece que persisten para
solucionar estos problemas.
Brevemente, señora Presidenta, voy a explicar un poco los motivos que nos
inducen a presentar la proposición no de ley en sí misma. Creo que se
podrían resumir en una sola frase, y el resumirlos en una sola frase es
abundar en cuestiones ya dichas: no se han solucionado de forma
definitiva los gravísimos problemas que afectan a estos ciudadanos. La
cantidad y calidad de problemas relacionados en los primeros tiempos,
como decía, ahora hace casi 13 años, persisten. La calidad de vida de los
ciudadanos está totalmente deteriorada y podemos decir que está muy por
debajo de lo que es la media de la calidad de los ciudadanos españoles.
Esto que podríamos resumir en una sola frase también podemos concretarlo
con exactitud en varios puntos. Y, ¿cuáles son esos puntos? Pues mire,
señora Presidenta, en el hecho en sí del envenenamiento masivo de los
ciudadanos, en que un Estado de Derecho, lógicamente, tiene que dar
respuesta satisfactoria a los ciudadanos que viven en ese Estado. Cuando
me estoy refiriendo al Estado español en sí no sólo me estoy refiriendo a
lo que es el Gobierno de la nación --bien hay que decir que el Gobierno
de la nación es el máximo responsable de la situación de estos
ciudadanos--, sino que también me estoy refiriendo a otras instituciones
y, por lo tanto, dentro de esas otras instituciones, al Congreso de los
Diputados, que entendemos que debe canalizar cualquier instrumento
posible para solucionar estos temas.
¿Por qué presentamos esta iniciativa? Presentamos esta iniciativa por las
gravísimas consecuencias que a lo largo de estos años se han producido:
la mortalidad y morbilidad de los ciudadanos. Hay que recordar que son
casi mil personas, mil ciudadanos los que han fallecido por causa directa
del envenenamiento; hay que recordar, como decía antes, que son el resto,
19.000 ciudadanos españoles, los que tienen una disminución en su calidad
de vida desde el punto de vista sanitario, de la educación, económico,
social, en resumidas cuentas, de lo que es el conjunto de la vida de un
ciudadano en nuestro país. Por supuesto, aquel envenenamiento fue,
además, causa que provocó otras enfermedades secundarias al
envenenamiento en sí y que también ha producido la muerte de otros
ciudadanos.
¿Por qué presentamos esta iniciativa? Pues presentamos esta iniciativa
porque tenemos conocimiento de que no se han terminado las
investigaciones científicas en relación con este tema. Seguramente es
conocido por todos que diferentes universidades americanas, que
universidades de otros países europeos siguen investigando este
acontecimiento, mitad científico, mitad de especulación, que, en
resumidas cuentas, ha jugado con la vida de unos ciudadanos. También,
como decía antes, porque los acuerdos de las Cortes Generales, tanto en
aquella moción que se aprobó en el Senado como en otra moción origen de
una interpelación que se aprobó en el Congreso en el año 1984, creemos
que no se han cumplido y, además, se han descuidado parcelas importantes
en lo que es la vida de estos ciudadanos españoles, vuelvo a insistir,
sobre todo en materia de educación y sanitaria, además de lo que es el
control parlamentario. En resumidas cuentas, lo que se consideró en su
momento de gran trascendencia social, en estos momentos no se ha
elaborado.
También es motivo fundamental la situación de los afectados, la situación
de estas personas, que consideramos dramática después de los años
transcurridos. Y muchas veces no hay mejor muestra para explicar las
palabras de una persona que poner el ejemplo, como se dice, el botón de
muestra de las manifestaciones propias de algunos de los afectados.
Coincidiendo con esta iniciativa que ahora defendemos, nuestro Presidente
Aznar ha recibido recientemente una carta de un ciudadano de la provincia
de León. Es una carta con la que a uno se le ponen los pelos de punta
cuando esta persona explica su situación personal, desesperada, de
incredulidad ante lo que le está pasando y ante la poca defensa por parte
de los poderes públicos de su situación. Es un ejemplo que nosotros
tenemos
--aquí tengo la carta por si quieren disponer de ella la señora
Presidenta de la Comisión o el resto de los miembros de esta Comisión--.
Esa es la situación de la generalidad de las personas, de los hombres y
mujeres que fueron afectados, que fueron intoxicados. Podríamos
considerar que la situación actual de este grupo de personas es de
injusticia social en un Estado que se llama social y de derecho.
¿Cuál es el motivo por el que nosotros presentamos esta proposición? Por
lo que le decía antes, porque si nos consideramos que formamos parte de
un Estado social, de un Estado de derecho democrático, y nos hemos dado
instrumentos a través de la vía legislativa para cuidar de la salud de
los ciudadanos españoles, para mejorar su calidad de vida, por ejemplo,
me puedo referir a la Ley de Protección de los Consumidores, a la Ley
General de Sanidad o incluso a la Ley de leyes nuestra, que es la
Constitución, eso lógicamente lo tenemos que llevar a efecto. Señora
Presidenta, fíjese, incluso sin echar mano de todos estos argumentos
legales que tiene el pueblo español, utilizaría en este caso, si usted me
apura, lo que podríamos llamar la ley natural y la ley natural no es otra
cosa que el prestar auxilio, apoyo y solidaridad, entre todos aquellos
que lo podemos hacer, a los más debilitados, a los que tienen menos armas
para combatir por lo que podríamos denominar los grandes derechos de la
humanidad. Estos son los motivos, las causas que nos han llevado a
presentar esta iniciativa.
Para terminar, señora Presidenta, ¿por qué dentro de la iniciativa
planteamos la existencia de una ponencia? Podríamos haber hecho la
proposición no de ley con otro texto, pero nos hemos inclinado a
presentar esta iniciativa para que se constituya una ponencia dentro del
seno de esta Comisión por la experiencia parlamentaria anterior. Hemos
visto que diferentes iniciativas parlamentarias, diferentes acuerdos
tomados, al final no se han ejecutado --como decía antes--, y, además,
creemos que a través de esta ponencia utilizamos las herramientas o el
vehículo más adecuado para intentar dar satisfacción a los afectados y
solucionar los conflictos entre las diferentes partes o por lo menos para
satisfacer plenamente las necesidades de estos ciudadanos, para que los
afectados tengan vía de expresión, y cuando consideramos a la Cámara, al
Congreso de los Diputados, como la vía de participación ciudadana, que
dicha vía de participación ciudadana no sólo sea a través de los
Diputados y Diputadas de la Cámara, sino que en casos muy específicos,
muy concretos, como pueden ser éstos, sean los mismos afectados, entre
otras personas, los que puedan acudir a esta Comisión y expliquen directa
y oficialmente qué es lo que ellos consideran que no se ha solucionado y
cuáles son las posibilidades de hacerlo, para que los diferentes niveles
o estamentos de la Administración expliquen sus planteamientos y sus
posturas que muchas veces conocemos a través de la prensa, donde existe
el debate entre los afectados e incluso entre algún grupo social que les
está ayudando, aunque por otro lado la Administración dice que lo que
cuentan los afectados no es así y que sí se están cumpliendo todos los
requisitos de tratamiento en este caso; y para que al final haya una
sensación de protección --creo que es lo que denominaría el gran
determinante de esta proposición no de ley--, sensación de protección por
parte de los afectados para que estas situaciones de desamparo no se
vuelvan a dar y, por supuesto, se solucionen sus problemas.
Ya termino, señora Presidenta, diciendo que la conclusión por la que
nosotros llegamos a esto, por la que presentamos la proposición no de ley
y por la que consideramos que se debe constituir una ponencia es por ser
--como decía antes-- el Estado de derecho el baluarte de protección y de
las libertades de los ciudadanos. Estamos formando parte de una
estructura multinacional, como es la Unión Europea, y quiero recordar
para que nos sirvan de ejemplo, a otros países en los que ha habido
tragedias o desgracias colectivas.
La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya, señoría.
El señor VILLALON RICO: Hace poco salía a relucir una cuestión que
algunos de ustedes recordarán, como es el problema de la talidomida en
las embarazadas, en su momento, con gravísimas repercusiones. Esos
Estados, creo recordar que eran Bélgica y Holanda, han mantenido una
postura de ayuda indefinida a todos aquellos afectados. Nosotros,
lógicamente, si estamos en esa estructura, debemos compartir también sus
planteamientos. Al final del siglo XX, entrando en lo que parece que va a
ser el desarrollo del mundo moderno en el siglo XI, no podemos dejar de
lado a los afectados por el síndrome tóxico.
Por todo ello, solicito a las señoras y señores Diputados de esta
Comisión, a todos los grupos parlamentarios, que apoyen nuestra
proposición no de ley, que apoyen la constitución de esta ponencia, con
un fin único, el de dar soporte y apoyo a los afectados, y que no hagamos
nuestra aquella manifestación política de Henry Adams --cínica creo yo--,
que ya he señalado en otras ocasiones, donde decía que la política
práctica consiste en ignorar los hechos.
Nosotros, señora Presidenta, no podemos ignorar los hechos, debemos ser
conocedores de la realidad y apoyo de nuestros ciudadanos y, por tanto,
pido el apoyo a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Mi Grupo, como es bien conocido en la anterior
legislatura, comparte la preocupación del Grupo Popular, que se ha
manifestado a través de esta proposición no de ley, por lo que estamos de
acuerdo en la pertinencia de la misma. El largo calvario de los afectados
del síndrome tóxico, que --como señalaba el interviniente del Grupo
Popular-- va a cumplir próximamente trece años, desde el envenenamiento
masivo por el aceite de colza, no ha sido algo ajeno en las
intervenciones en este Parlamento. Desde el primer momento este
Parlamento conoció --como en mi opinión era su obligación-- de la
situación de estas personas y propuso determinadas
medidas, complejas e integrales, para abordar el problema en toda su
magnitud y en todas sus consecuencias. Sin embargo, la realidad palmaria
es que las administraciones públicas, los ministerios, los gobiernos que
se han sucedido desde el año 1981 --aunque es verdad que son todos del
Partido Socialista-- no han implementado medidas adecuadas y suficientes
para que el tema se abordara adecuadamente. Es conocido de todos que aún
no existe un registro de la globalidad de los afectados; que los
afectados denuncian con pruebas concretas la insuficiencia de las medidas
de protección e integración social que se están llevando a cabo y las
insuficiencias en materia sanitaria, aspecto éste que en opinión de mi
Grupo está deteriorándose en este momento, lejos de avanzar. Tanto los
afectados como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida estuvieron de
acuerdo, cuando se planteó la reforma de la atención primaria, en la
desaparición de unidades específicas de seguimiento de los afectados del
síndrome tóxico para incluir su atención integral en los nuevos equipos
de atención primaria. Pues bien, la situación hasta este momento, trece
años después de que se produjera la tragedia, es que, según datos del
propio Ministerio de Sanidad referidos al cuarto trimestre del año 1993,
el grado de seguimiento de afectados por protocolos específicos del
síndrome tóxico, elaborados por el FIS (Fondo de Investigaciones
Sanitarias), es de una insuficiencia notoria. Es decir, no supera el 20
por ciento en el mejor de los casos, y además se da la curiosa
circunstancia de que en el único caso en el que se supera este porcentaje
y llega hasta el cien por cien el número de afectados seguidos por estos
protocolos, se refiere a un universo de dos personas. El Ministerio de
Sanidad, curiosamente, y alterando todas las leyes del álgebra que
evidentemente son aplicables al caso, suma ese cien por cien que afecta a
dos personas con respecto a otros porcentajes que afectan a universos
mucho mayores y llega a la conclusión, para ellos satisfactoria, de que
el colectivo de personas afectadas seguidas por protocolos específicos es
del 21 por ciento. Evidentemente, esta cifra es mucho menor, pero aun
imaginando que las leyes del álgebra no existen y que las cifras del
Ministerio son correctas, es inaceptable que a estas alturas solamente el
21 por ciento de la población estuviera seguida por protocolos
específicos.
Otro de los datos que evidentemente sustenta la opinión de mi Grupo y que
ha llevado a la presentación de la enmienda que planteamos al Grupo
Popular es la trayectoria inacabable del procedimiento judicial. No voy a
cansar a SS. SS. con las incidencias particulares, pero quiero decirles
que el Juzgado Central de Instrucción incoa el sumario en junio del año
1981. A finales del año 1983 se acuerda su remisión a la Sección Segunda
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el año 1985 el
Juzgado Central de Instrucción número 1 acuerda el sobreseimiento
provisional de la causa sin haber practicado ni una sola diligencia de
investigación desde que se incoó la correspondiente instrucción del
sumario. En septiembre de 1985 se emite un nuevo auto ordenando la
reapertura de la causa. En el año 1990 el Ministerio Fiscal pide el
sobreseimiento de la causa, y a partir de aquí hay un largo rosario de
intervenciones por parte de los acusados, de recursos de forma, de
recursos de queja, de nulidad, etcétera, que sistemáticamente son
desestimados y sobreseídos, pero que han producido el hecho de que hasta
este momento no haya concluido la instrucción del sumario seguido sobre
los altos cargos de la Administración implicados en la producción de los
hechos que tuvieron como consecuencia el envenenamiento masivo. Esta
Diputada conoce perfectamente la independencia del Poder Judicial que
nuestra Constitución defiende y ampara, pero también entiende que es de
aplicación el artículo 24 de la misma, que reconoce el derecho de todas
las personas, de todas las ciudadanas y ciudadanos españoles, a la tutela
judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas que, a
todas luces, podrían estarse produciendo en este proceso.
No es la intención de mi Grupo Parlamentario --como aquí se ha dicho--
hacer una utilización política con intereses partidistas de la tragedia,
de la inseguridad y de las deficiencias en cuanto a la calidad de vida y
a su salud que está padeciendo un colectivo de ciudadanos como resultado
de una actitud asesina por parte de unos empresarios aceiteros, con la
connivencia, por acción u omisión, de responsables entonces de la
Administración sanitaria, pero sí entiende, y por eso compartimos en lo
fundamental la pertinencia de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, que esta situación no puede prolongarse, que es
evidente que por parte de las diversas administraciones implicadas no se
están tomando medidas suficientes para que este problema se resuelva
adecuadamente. Por tanto, hemos planteado una enmienda a la proposición
no de ley del Grupo Popular, con la que, compartiendo el fondo y la
oportunidad de la creación de una ponencia, pretendemos ampliar sus
objetivos y definir sus plazos, entendiendo que el objetivo no es
académico ni supone crear una ponencia que pueda profundizar desde el
punto de vista científico en los avatares del síndrome tóxico, sino que
el objetivo es plantear soluciones eficaces a los problemas, por lo cual
--insisto--, los plazos son consustanciales a la propia esencia de la
enmienda y --entiendo-- al objetivo de la proposición no de ley del Grupo
Popular. Por consiguiente, lo que se pide es crear, en el plazo de un
mes, una ponencia mixta Congreso-Senado que en un período de tiempo no
superior a tres meses elabore un informe acerca de los diferentes
aspectos relacionados con el síndrome tóxico, especialmente los
relacionados con las indemnizaciones derivadas de la sentencia contra los
empresarios aceiteros. La ponencia --como entendemos no puede ser de otra
manera, hecho que, de no ser así, también desvirtuaría el objetivo de la
enmienda y de la proposición del Grupo Popular, me atrevo a afirmarlo--
debe tener en cuenta de forma especial la información y valoraciones
procedentes de las organizaciones de afectados; asimismo, la citada
ponencia valorará la pertinencia de recomendar la creación de una
comisión mixta Congreso-Senado que, con la participación de las
organizaciones de afectados, proponga medidas concretas para la
resolución de los problemas pendientes en relación con el síndrome
tóxico.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Socialistas Vascos, PNV, tiene la
palabra... (Risas. Rumores.) Perdone el lapsus, señoría. Por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señora Presidenta, queda perdonada,
queda disculpada, porque entendemos que en labores de la Presidencia es
lógico que se produzcan lapsus de esta índole.
Entrando al fondo de la cuestión, a nuestro Grupo Parlamentario le parece
oportuno el planteamiento que hace el Grupo Popular. Creo que se han
fundamentado con bastante soporte y con bastante lógica las razones de la
presentación de la proposición no de ley.
Nosotros queríamos incidir en la política que el Gobierno ha seguido de
las ayudas, en la asistencia sanitaria, social y de Seguridad Social.
Entendemos que, al fin y al cabo, el Gobierno también está realizando, en
la medida de lo posible, todo lo que puede a favor de estos colectivos, y
creemos que la ponencia, en definitiva, puede ayudar a que analicemos y
profundicemos en la problemática de este sector, sin perjuicio de que el
Gobierno esté desarrollando su propia política.
Se ha hablado también sobre la problemática que se suscita con el sumario
todavía pendiente. Nosotros hemos estado en contacto con el juez D.
Carlos Bueren, tuvimos ocasión de entrevistarnos con él para conocer el
estado en que se encontraba el sumario penal, y a la vista de la
información que allí se nos ha dado, vemos que el asunto puede ser muy
largo, porque la situación jurídica y los instrumentos que cada una de
las partes está utilizando a la hora de llevar a cabo el juicio hacen que
se dilate enormemente. Como es lógico, cada uno está utilizando sus
propias armas; están utilizando, tanto la acusación como la defensa,
armas legales y armas que no podemos de ninguna manera criticar, puesto
que forman parte de los instrumentos procesales que el ordenamiento
jurídico prevé para las partes en un juicio. Sin embargo, también vemos
que, judicialmente, la solución va a ser difícil, puesto que, en su día,
si se llega a una determinación de los daños y perjuicios y a su
reconocimiento en sentencia firme, puede suponer demasiado tiempo, por lo
que habrá personas --como está ocurriendo-- que hayan fallecido para
entonces.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario hace una valoración ponderada
sobre lo que ha expuesto el Grupo Parlamentario Popular y también sobre
la política que está llevando a cabo la administración sanitaria y de
Seguridad Social del Gobierno central. Estimamos que es oportuno y nos
parece pertinente que, en su caso, la ponencia determine qué ámbitos va a
tener, puesto que hay una investigación judicial y, a nuestro juicio, hay
asuntos en los que no podríamos entrar. Nos parece oportuno y sensato que
se realice un análisis del estado en que se encuentra este colectivo de
más de 20.000 personas afectadas y creemos que es de justicia social
atender una demanda que hay en este momento en la sociedad española. Por
tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar, de conformidad con las
valoraciones que he efectuado, la proposición no de ley presentada por el
Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señoras y señores Diputados, este tema, como
las señorías que han estado en otras legislaturas saben, ha tenido
trámites parlamentarios de todo tipo, y el Parlamento se ha manifestado
en Pleno dando sus orientaciones al Ejecutivo. Mi Grupo va a oponerse a
la creación de esta ponencia y lo va a hacer por las razones siguientes.
Primero, mi Grupo cree que no debe utilizarse política ni
periodísticamente a este colectivo que arrastra la tragedia de su
enfermedad desde hace mucho tiempo, como aquí se ha dicho. Segundo, la
creación de una ponencia con las características tan abiertas que se
proponen aquí hoy facilitaría precisamente eso, el desfile de todas las
organizaciones --que no es una sola, son distintas organizaciones-- de
afectados, las noticias periodísticas y la publicación, probablemente, de
cartas como las que pueden haber recibido el responsable de Sanidad o el
responsable del Partido Popular, el Presidente, señor Aznar, y que ha
trasladado a su portavoz aquí, lo cual daría la sensación de que estamos
utilizando, incluso en contra de la voluntad de los grupos, a este
colectivo que no tiene más que una aspiración que después mencionaré. Por
tanto, nos oponemos a ello, nos oponemos en esta Comisión y este portavoz
se ha opuesto cuando estas personas me han venido a ver, porque igual que
a todos ustedes, nos han venido y nos vienen a ver sistemáticamente para
recordarnos su situación, y yo les he dicho textualmente que éste es un
problema no del Legislativo sino del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene
medios para intentar la solución de sus problemas en las dos vertientes
que ellos reclaman. Lo que pasa es que no coincidimos con los criterios
del Ejecutivo y de ellos. El Ejecutivo dice que uno de los aspectos de
asistencia está cubierto y otro de los aspectos que ellos reclaman no lo
está por razones jurídicas, pero les hemos dicho a ellos, repito, lo que
estamos diciendo en este momento aquí. Creemos, por otra parte, que éste
no es precisamente el mejor momento para hablar de esta situación, porque
a pesar de lo que acaba de decir el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, es verdad que el juez Bueren ha acabado en principio la
instrucción del expediente y parece que el tema puede entrar en una vía
más rápida --que no digo rápida, digo más rápida-- de solución en el
terreno jurídico.
En cualquier caso, en las intervenciones que se han producido aquí hasta
ahora yo encuentro a faltar que se contemple el problema con profundidad.
Todas las organizaciones que les han visitado a ustedes y a mí como
problema de fondo no presentan el problema del registro ni el de la
asistencia sanitaria; hay detalles de registro y hay detalles sanitarios,
pero el problema de fondo, y hablemos claro, es el problema de las
indemnizaciones, éste es el problema que nos plantean, y yo les insto a
ustedes, a los que quieran seguir en este debate, a que cuantifiquen cuál
es el porcentaje de las indemnizaciones, que hagan un plazo de
amortización de esas indemnizaciones y que digan de dónde salen y cómo,
para podérselo decir a los damnificados, porque esto es lo que ellos
quieren saber.
Los damnificados saben que hay una sentencia de unos industriales que
están condenados en la cárcel y que son insolventes y lo que pretenden,
lógicamente, es que haya el segundo juicio en el que se implique al
Estado, que se le haga responsable subsidiario y se abonen las
indemnizaciones. Esto es lo que pretenden en el fondo los damnificados, y
tienen razón para pedirlo; lo que pasa es que opino que no tiene menos
razón la institución cuando dice: ya lo haremos, pero necesitamos tener
la garantía jurídica, porque ese dinero que utilizamos no es dinero del
Gobierno, es dinero de todos los ciudadanos, que tienen tantos derechos a
que se administren bien sus dineros como los propios damnificados a que
se les paguen sus indemnizaciones. Ha habido ofertas concretas de
indemnizaciones --y tampoco se ha dicho aquí-- a los damnificados,
ofertas que no han sido aceptadas porque consideraron que no eran
aceptables. En esa línea podría seguirse.
Yo creo que nosotros tenemos varias posibilidades. El registro sanitario
no es correcto, dice el portavoz del PP, y ni siquiera se han acabado los
estudios. ¡Qué más quisiéramos todos y qué más quisieran los que están
investigando que haber acabado los estudios y haber sabido de dónde
procede el drama de la intoxicación! Ya quisiéramos que eso ocurriese,
pero parece que los científicos no han acabado su trabajo; dejémosles que
lo acaben.
Finalmente, como SS. SS. ven, me opongo --y quiero concretarlo porque
todos utilizamos los argumentos como nos parece, y es lógico que sea
así-- a la creación de esta ponencia porque la creo inútil, y SS. SS.
también lo saben. Sus señorías saben que una ponencia de esta naturaleza
acabaría haciendo, ¿qué? Una recomendación al Ejecutivo, que no le
vincula, porque al Ejecutivo le vincula la ley pero no una recomendación.
Bien, hagamos otra cosa: si ustedes tienen pruebas de que no hay un
registro adecuado, no hay una atención adecuada sanitaria, instemos al
Gobierno, hagamos venir a los Ministros implicados y digámosles que eso
se haga, pero hagámoslo con un proposición de ley, hagámoslo de una
manera distinta a la creación de una ponencia que, como todos ustedes
saben es una manera simplemente de alargar los temas y, en todo caso, de
darles una plataforma publicitaria, pero, difícilmente podrá resolver el
problema que es exactamente lo que quieren los damnificados, que se les
resuelvan sus problemas. Y no vale hacer discursos sentimentales que
todos podemos hacer. No vale decir que la calidad de vida de este
colectivo tiene muchos déficit porque lo sabemos y lo saben. Lo que vale
es dar vías de solución, soluciones concretas y las sabemos y están
cuantificadas, más o menos, y el Parlamento ya se ha manifestado muy
concretamente y el Ejecutivo tiene la palabra.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Frías.
La señora FRIAS NAVARRETE: Mi Grupo comparte los argumentos que acaba de
exponer el portavoz de Convergència i Unió y por tanto voy a intentar no
repetirlos. Nosotros también consideramos innecesaria la creación de esta
ponencia fundamentalmente por lo que se dice en el mismo texto de la
proposición no de ley. El Grupo Popular se basa en que los acuerdos
adoptados en mayo de 1984 por el Congreso de los Diputados y las
recomendaciones de la OMS no se han cumplido en su totalidad, sobre todo
porque no hay una relación total y detallada de los afectados, ya que
está todavía pendiente de realizar.
Quiero indicar a SS. SS. a este respecto que las recomendaciones de la
OMS, en relación con la investigación, se han cumplido escrupulosamente,
máxime si se tiene en cuenta que la dirección de la investigación sobre
el síndrome tóxico la ostenta una comisión mixta OMS-Fondo de
Investigaciones Sanitarias que coordina y supervisa todo el trabajo
científico que se desarrolla, tanto en el Fondo de Investigaciones
Sanitarias como en el resto de la comunidad científica. Todas las líneas
de investigación propuestas por esa comisión mixta OMS-FIS (Fondo de
Investigaciones Sanitarias) se están realizando, con resultados, por
supuesto, a veces negativos, otras veces positivos y prometedores en
relación con el conocimiento científico tanto epidemiológico como clínico
y etiológico de la enfermedad.
Respecto al censo de afectados el único censo existente es el que se
elabora por la oficina de gestión del síndrome tóxico. Este censo no es
un censo cerrado, sino abierto, es decir, al que se incorpora o se pueden
incorporar personas que sean calificadas como afectadas por los servicios
sanitarios del Instituto Nacional de la Salud mediante un informe
vinculante. Esta resolución de inclusión o exclusión en este censo puede
ser impugnada por vía jurisdiccional ante los juzgados de lo Social.
En cuanto a los acuerdos aprobados por unanimidad en esta Cámara en mayo
de 1984 y que dieron lugar a dos decretos por los que los Ministerios de
Sanidad y Trabajo debían llevar a cabo actuaciones y medidas a
desarrollar con este colectivo se están cumpliendo. Así, por lo que
respecta al Ministerio de Sanidad y los datos remitidos por este
Ministerio con fecha febrero de 1994, afirman que el 60 por ciento de los
afectados son atendidos en equipos de atención primaria y el 40 por
ciento en unidades de seguimiento, hecho condicionado al compromiso
adquirido con la Dirección General de Ordenación de la Investigación y
Formación de mantener abiertas dichas unidades a fin de favorecer algunas
líneas de investigación que este organismo tiene en marcha.
El seguimiento clínico de los pacientes afectados se realiza mediante un
protocolo específico, dada su consideración como grupo de riesgo,
protocolo también utilizado por los equipos de atención primaria y que
son evaluados periódicamente por el Instituto Nacional de la Salud.
Durante 1993, se han incorporado a la tarjeta individual sanitaria las
características diferenciales que permiten identificar a este colectivo.
En relación con las prestaciones farmacéuticas de estos usuarios, y tras
la entrada en vigor del Real Decreto 83/1993, sobre financiación
selectiva de medicamentos y la Orden Ministerial que lo desarrolla, el
Instituto Nacional de la Salud dictó instrucciones concretas sobre
prescripción y dispensación de especialidades farmacéuticas excluidas de
la financiación del Sistema Nacional de Salud
y que usan estos afectados, instrucciones transmitidas a todas las
direcciones provinciales, al Instituto Nacional de la Salud, al Consejo
General del Colegio de Farmacéuticos y a los servicios de Salud
transferidos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también ha dado cumplimiento
a todos los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso el 23 de mayo de
1984 y, a través de la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y
Sociales del Síndrome Tóxico, se lleva a cabo con regularidad la gestión
de dichas prestaciones. Se mantiene, además, un diálogo permanente y
fluido con las distintas asociaciones de afectados mediante frecuentes
reuniones con sus representantes. En este marco se integran las
actuaciones de este Ministerio, actuaciones encaminadas a la reinserción
social de los afectados, que no voy a enumerar. Me remito a la
comparecencia del Ministro de Trabajo ante la Comisión de Política Social
y Empleo, del 29 de mayo de 1991, en la que informó sobre la aplicación y
actualización de todas estas actuaciones.
En consecuencia, señorías, y por encima de las diferentes apreciaciones
sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos y de las medidas puestas
en marcha por el Gobierno, debemos señalar con claridad que se están
cumpliendo los acuerdos adoptados y las actuaciones previstas; que no
estamos ante un colectivo desprotegido; que mi Grupo y el Gobierno
mantienen la disponibilidad clara y abierta, mediante el diálogo con los
afectados y sus asociaciones, a revisar y corregir cualquier aspecto del
vigente sistema de protección, a fin de subsanar posibles carencias. Mi
Grupo, como todos los de esta Cámara, así como el Gobierno, se siente
solidario con este colectivo y está comprometido con él mientras siga
necesitando protección.
¿Para qué la Ponencia, si el único problema pendiente, como se ha
señalado aquí por los diversos intervinientes, que queda por resolver es
el de las indemnizaciones, y éste no lo puede resolver una Ponencia? En
este asunto no cabe sino repetir la posición manifestada reiteradamente
por el Gobierno, en el sentido de que el pago de tales indemnizaciones
tiene que ser respuesta a una decisión judicial, en la medida en que el
Estado administra recursos de todos los españoles y, por consiguiente,
tiene que estar sometido a los principios de la ley y del derecho. El
Gobierno entiende que sólo debe abonar las indemnizaciones cuando exista
una sentencia firme de condena al Estado que así lo determine y en la
cuantía que en la misma se señale.
Por todo lo expuesto, señora Presidenta, señorías, no consideramos
necesaria ni oportuna la creación de dicha Ponencia.
La señora PRESIDENTA: Para manifestar su aceptación o rechazo de la
enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Nosotros tenemos que manifestar lógicamente que
algunas de las intervenciones que se han producido...
La señora PRESIDENTA: Señoría, le recuerdo que se centre en el tema para
el cual tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Brevemente, para que me sirva de introducción a
la aceptación de la enmienda.
Algunas de las intervenciones que aquí hemos escuchado ponen de
manifiesto lo que se hacía en otros tiempos, que había una gran
discordancia entre lo que se llama la España oficial y la España real,
entre lo que es la vida diaria de los ciudadanos y los que están en
ciertos estamentos de las administraciones públicas; viven, por lo que se
ve, en dos mundos diferentes. Yo estoy en contacto con los afectados y
cuentan cosas totalmente diferentes de lo que han manifestado algunos de
los diputados en este momento.
Dos cosas, señora Presidenta. Si un grupo parlamentario dice que hay
otras vías de solución para los problemas de los afectados, nosotros
pedimos que las planteen, que nosotros las apoyaremos.
Tengo que remitirme a la atención sanitaria. La atención sanitaria en
concreto a este grupo de ciudadanos es deficiente, tanto desde el punto
de vista del seguimiento, como en lo concerniente a los equipos médicos
que atienden a los afectados...
La señora PRESIDENTA: Señoría, le insisto, céntrese en la aceptación o
rechazo de la enmienda.
El señor VILLALON RICO: Me llama la atención el malabarismo o
equilibrismo político que hacen ciertos grupos parlamentarios en esta
Cámara... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señoría, ¿acepta o no acepta la enmienda?
El señor VILLALON RICO: Me resultan increíbles los planteamientos que
hacen...
La señora PRESIDENTA: Señoría, no me obligue a retirarle la palabra,
¿acepta o no acepta la enmienda?
El señor VILLALON RICO: Para terminar, aceptamos la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONSTITUIR, EN EL PLAZO MAXIMO DE UN
MES, UN COMITE CONSULTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 161/000082.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a constituir, en el plazo máximo de un mes, un Comité Consultivo
del Sistema Nacional de Salud.
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: La historia de la existencia de la Ley General
de Sanidad, como en algún
otro aspecto de la legislación vigente, en algunos casos es más que
dudosa. La Ley General de Sanidad, como ustedes bien saben, plantea un
cambio de modelo que ni está financiado, ni, en muchos casos, corresponde
a la voluntad política del Gobierno ni a las líneas generales de política
sanitaria que, no en la teoría, sino en la práctica se llevan
desarrollando. Tan es así que la Ley General de Sanidad es una bella
inútil en la medida en que la mayoría de los casos no se ha adoptado
desarrollo reglamentario alguno de los preceptos que en ella se
establecen. Por otro lado, la inexistencia de una ley de financiación y
la ausencia de voluntad política del Gobierno de llevarla a cabo por la
vía presupuestaria anual, convierten a los objetivos políticos de la Ley
General de Sanidad en algo parecido al ataúd de Mahoma suspendido entre
el cielo y la tierra.
Sin embargo, hay aspectos concretos, como este que pretende abordar la
proposición no de ley que defiendo. En la medida en que no suponen
elementos fundamentales de modificación de la política sanitaria, ni
dotación presupuestaria para su realización, el que a estas alturas,
desde el año 1986, no exista el comité consultivo del Sistema Nacional de
Salud, refleja con una evidencia que no es fácil encontrar de manera tan
clara en otros aspectos de la Ley General de Sanidad, el que por un lado
está la ley y por otro la realidad de la política sanitaria que está
respondiendo a otros principios no explicitados pero bien diferentes de
los que se recogen en la Ley General de Sanidad.
La creación del comité consultivo vinculado al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud se contempla en el artículo 47.5. En el año
1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, pero no es hasta el 11 de
diciembre de 1992 cuando se emite el Real Decreto 1.515 que establece la
creación del citado comité consultivo, así como sus competencias,
composición y funciones. La realidad es que hasta la fecha no se
producido su constitución.
Quiero decir que las ideas y los planteamientos políticos de Izquierda
Unida acerca de la forma de desarrollar la participación de la población,
de los colectivos sociales en la asistencia sanitaria, no circula por los
mismos derroteros del artículo 47.5. En nuestra opinión, y como he
manifestado en la proposición no de ley anterior, la capacidad decisoria
de los colectivos parece un contenido indispensable para que se pueda
hablar de participación real y no de mera participación anecdótica o
decorativa.
Sin embargo, con realismo aceptamos y defendemos los avances que en esa
dirección pudieran darse y, por tanto, entendemos injustificable que este
comité consultivo del Sistema Nacional de Salud no se haya constituido
hasta la fecha. Por ello, la proposición no de ley es tan simple como
instar al Gobierno a constituirlo en el plazo máximo de un mes, porque
entiendo que SS. SS. lo aceptarán como suficiente, ya que todas las
medidas reglamentarias están adoptadas. El que hasta la fecha no se haya
constituido responde exclusivamente, en mi opinión, a factores de
voluntad política que esta proposición no de ley pretende apoyar en un
sentido determinado.
Quiero decir finalmente que esta dilación indebida en la constitución de
los órganos de participación no se refiere solamente al comité consultivo
del Sistema Nacional de Salud, sino que se refiere también a órganos de
participación hospitalaria, a órganos de participación en áreas básicas
de salud. Entendemos que la existencia del comité consultivo podría
agilizar y llevar a la práctica instancias de participación que o bien no
existen o bien están funcionando poco menos que al ralentí.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señora Presidenta, voy a fijar la
posición del Grupo Vasco respecto a la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que nuestro Grupo va a
apoyar.
El artículo 47.5 de la Ley General de Sanidad crea un instrumento en el
seno de una organización pluriadministrativa, como es el Consejo
Interterritorial, que es el que diseña la política sanitaria entre las
diferentes administraciones públicas. Consideramos que la ausencia de
constitución de este órgano consultivo del Consejo Interterritorial
quizás sea debida a problemas de orden interno de las diferentes
administraciones sanitarias y colectivos que tienen que determinar y
fijar sus representantes de conformidad con lo previsto en el artículo
2.º del Real Decreto 1.515/1992, puesto que hay una representación de
asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores y
organizaciones sindicales.
Por el conocimiento que tenemos nosotros, las diferentes administraciones
públicas sanitarias con responsabilidades en la materia han efectuado ya
en la reunión del último Consejo Interterritorial que fue, creo recordar,
a finales de 1993, el diseño de nombramientos de estas administraciones.
El problema puede estar en los diferentes representantes de sectores
sociales, de consumidores y usuarios, sindicatos y asociaciones
empresariales. El Gobierno en definitiva tampoco podría, en su caso,
proceder a la constitución en regla y en forma del órgano consultivo en
la medida en que no existen designados representantes. Nuestro Grupo sí
instaría al Gobierno a que, en la medida de lo posible, recabe de estas
asociaciones que deben tener su representación en el órgano consultivo
que, con la mayor brevedad posible, designen sus representantes para que
entre en funcionamiento el órgano consultivo del Consejo
Interterritorial.
Con esas consideraciones, vamos a apoyar la proposición no de ley del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Señora Presidenta, señoras y señores Diputados,
voy a fijar la posición de nuestro Grupo en este caso.
Como se ha dicho, la Ley General de Sanidad prevé la creación de este
comité consultivo y a su vez, tal como
corresponde al desarrollo reglamentario de esta Ley, en el Real Decreto
de 11 de diciembre de 1992 se recogió la composición y funciones de este
comité consultivo.
El tiempo transcurrido desde el 11 de diciembre de 1992, que de hecho ha
retardado la constitución de este comité, podría ser debido a la elección
de los representantes, tal como ha dicho el portavoz que me ha precedido
en el uso de la palabra, puesto que, en el artículo 2.º, que trata de la
composición de dicho comité consultivo, está previsto que sean seis
representantes designados por las organizaciones sindicales que hayan
obtenido la condición de más representativas, seis representantes
designados por las organizaciones empresariales que gocen de capacidad
representativa, seis representantes de las organizaciones de consumidores
y usuarios que a tal efecto designe el Consejo de Consumidores y
Usuarios, y dieciocho representantes de las administraciones públicas
presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y
distribuidos de la forma siguiente: nueve en representación de la
Administración del Estado y los nueve restantes en representación de las
comunidades autónomas. El tiempo transcurrido para que las organizaciones
sindicales, empresariales o las de consumidores y usuarios no hayan
elegido a sus representantes, no nos parece motivo suficiente para ese
retraso. En cualquier caso, no puede entorpecer la constitución de un
comité consultivo que nosotros entendemos necesario y que, como decimos,
contempla la Ley General de Sanidad.
Por estas razones, si no se nos dan justificaciones, nosotros votaríamos
a favor de la creación de este comité consultivo del Sistema Nacional de
Salud, a no ser que su constitución sea ya inminente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Sin lugar a dudas, la primera observación que me
viene a la cabeza en relación con esta proposición no de ley es que
resulta un tanto decepcionante que, una vez más, los grupos
parlamentarios, en este caso Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tengan que recurrir a una iniciativa de estas características, que tiene
un carácter vinculante en lo político y no tanto en lo jurídico, para que
el Gobierno desarrolle una serie de preceptos contenidos en una ley tan
importante para la sanidad como es la Ley General de Sanidad.
Decepcionante y preocupante por lo que evidencia, desde nuestro punto de
vista, de desinterés, de falta de compromiso y, yo diría también, de
falta de confianza en el alcance y en las propias posibilidades de una
Ley como ésta, que los socialistas generaron con muy poca voluntad de
acuerdo, por cierto, y que ellos mismos están dejando morir por inanición
reglamentaria, si se me permite la expresión. Al fin y al cabo, las
leyes, y ésta especialmente, son un instrumento para la aplicación de
unas políticas determinadas. Desde ese punto de vista, la devaluación de
esos instrumentos supone también la devaluación de la política a la que
sirven. En cualquier caso, ése es el problema con el que nos enfrentamos:
la devaluación de todo un modelo de política sanitaria en nuestro país.
Desde luego, el que una ley socialista no satisfaga las necesidades del
país resulta algo bastante corriente, pero que ni siquiera resulte ya
satisfactoria para aquellos que la redactaron en su momento y que
pusieron en ella todas sus convicciones más profundas, desde el punto de
vista de entender la sanidad de una forma concreta, ya es como para
bordear el patetismo. Que ocho años después de la promulgación de esta
Ley --recordemos que fue promulgada el 25 de abril de 1986 y estamos a 13
de abril de 1994-- estemos debatiendo aquí el incumplimiento de una
disposición de la Ley General de Sanidad, contenida en su artículo 47.5,
es un claro síntoma de cómo están las cosas en este Departamento. Mi
Grupo no sabe ya qué resulta peor, si que la Ley se desarrolle o que se
quede como está. Les aseguro que no lo tenemos nada claro, y se lo digo
con toda franqueza. En todo caso, nos parece que tal vez sea dudosa la
eficacia de este debate. Resultaría un tanto esperpéntico, señorías, que
el Ministerio decidiera desarrollar la Ley a golpes de iniciativas
parlamentarias e instar a que, en el plazo de un mes, se haga lo que no
se ha hecho en ocho años, no deja de constituir un cierto ejercicio de
ingenuidad a estas alturas.
Señorías, el rosario de incumplimientos de las disposiciones de la Ley
General de Sanidad sigue siendo la muestra más palpable del fracaso de un
modelo concreto de sanidad. Y no creo equivocarme si digo que tal vez la
creación de ese comité consultivo, previsto en el artículo 47.5 de la
Ley, es un aspecto bastante secundario si lo comparamos con todas las
manifiestas carencias en el desarrollo de esa misma Ley.
Si los grupos parlamentarios nos decidiéramos a presentar en esta
Comisión una proposición no de ley por cada uno de los aspectos nula o
insuficientemente desarrollados contenidos en la Ley General de Sanidad,
ocuparíamos probablemente todas las sesiones de esta Comisión en lo que
queda de legislatura, que, por cierto, no parece que sea mucho dada la
situación que se vive en algunos ámbitos. (Rumores.)
Pero veamos algunas carencias, sin ánimo, señora Presidenta, de ser
exhaustivo y a título orientativo para sus señorías. La Ley General de
Sanidad presenta carencias en su desarrollo, entre otras...
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, si me permite, no se trata tanto de
hacer el análisis de todas las carencias que presenta la Ley, sino que la
proposición no de ley que se ha presentado hoy habla de una en concreto.
Le ruego que tenga la amabilidad de centrarse.
El señor BURGOS GALLEGO: Sí, señora Presidenta, pero yo creo que el
debate sobre esta aportación nos permite también hacer un análisis de lo
que no es más que una muestra de un rosario de incumplimientos que, como
digo, afectan a un montón de artículos de la propia Ley prácticamente en
la totalidad de su contenido.
En todo caso, y ya que la Presidencia está hoy un tanto restrictiva en la
concesión del uso de la palabra, hay que
decir que el Comité no se ha constituido todavía, ciertamente; que es
buen ritmo el que lleva el Ministerio: seis años para sacar adelante un
Real Decreto y otros dos años sin llevarlo a efecto, lo cual, sin duda,
es un ejemplo de agilidad normativa y de gestión. La elaboración del
Reglamento de régimen y funcionamiento podría llevarnos otros tres o
cuatro años a partir de su constitución. Al final, la intervención y la
proposición no de ley de Izquierda Unida en esta Comisión me lleva a
reflexionar sobre si éste es realmente el camino acertado para resolver
los problemas que tiene nuestra sanidad.
Votaremos a favor de la proposición, porque lo que se pide es que se
cumpla lo dispuesto en una ley, pero también queremos poner de manifiesto
esa reflexión. El exceso de regulación y la proliferación inacabable de
órganos, de comisiones, de consejos puede hacernos al final perder a
todos una cierta idea de la realidad.
Nos hemos vuelto, bien es verdad que unos más que otros, tan obsesivos
con las normas según las cuales tienen que hacerse las cosas, regulando
todos los procesos, interviniendo de mil maneras, que estamos ignorando
los resultados de nuestra sanidad, que no son en absoluto buenos. El
resultado es que quedan en suspenso leyes que no se desarrollan, que no
se cumplen, que no alcanzan los objetivos para los que fueron concebidos
y, al final, la parálisis, la ineficacia y el desánimo cunden por
doquier.
El modelo socialista, desde nuestro punto de vista, está agotado y,
desgraciadamente, ninguna de estas propuestas que se pueden llevar a cabo
de forma aislada va a insuflar ya el aire que necesitan para volver al
rumbo perdido.
La Ley General de Sanidad no resuelve los problemas de la sanidad y
cuanto más se desarrolle, más se hundirá la sanidad en el desánimo y en
el descontrol. A nuestra sanidad no le hace falta más burocracia, no le
hace falta más papel, no le hace falta más órganos, siquiera consultivos,
ni más organismos. Lo que le hace falta es un modelo distinto y todo lo
que no sea esto será enfangarnos aún más en esa falta de criterio y en
esa falta de actuaciones concretas.
La señora PRESIDENTA: Gracias por atender la recomendación de esta
Presidencia.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña que estamos debatiendo y por la que se
insta al Gobierno a constituir, en el plazo máximo de un mes, un comité
consultivo del Sistema Nacional de Salud.
Espero que con mi intervención críticas de algunos grupos que se han
vertido en este debate sean acalladas. Desde luego, queremos demostrar
que en ningún caso el desarrollo de la Ley General de Sanidad responde a
impulsos de iniciativas parlamentarias de esta Cámara.
He de decir al portavoz del Grupo Popular que el modelo de política
sanitaria que defiende no puede nunca ser coincidente con el que
defienden el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno. Eso
precisamente es una de las virtualidades del sistema democrático.
Efectivamente, señora Maestro, la Ley 14/1986 General de Sanidad en su
artículo 47.5 prevé la constitución del comité consultivo del Sistema
Nacional de Salud y la Ley del Medicamento 25/1990, convierte este comité
consultivo en un órgano de representación paritaria de las
administraciones presentes en el Consejo Interterritorial y las
organizaciones sindicales, empresariales y de consumidores y usuarios.
Por último, el Real Decreto 1115/92, de 11 de diciembre, desarrolló las
normas anteriores y reguló la composición y funciones del citado comité
consultivo.
Hasta aquí, señorías, los antecedentes legales a los que se han hecho
referencia por parte de distintos portavoces y sobre los que se
fundamenta la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Quiero empezar indicando a SS. SS. que ya se han puesto en marcha por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo todos los mecanismos necesarios
para la constitución formal del comité consultivo del Sistema Nacional de
Salud. A este respecto, quiero indicarles que en la reunión del Pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sesión celebrada
el día 20 de diciembre de 1993, se adoptó el acuerdo de que la
representación de las administraciones presentes en el Consejo se
constituyera conforme a lo establecido en el artículo 3.º del Real
Decreto anteriormente citado, quedando conformado de la siguiente forma:
cinco representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre ellos el
Subsecretario del Departamento y el Director General de Alta Inspección y
Relaciones Internacionales; un representante de cada uno de los
Ministerios de Administraciones Públicas, Asuntos Sociales, Economía y
Hacienda, y Trabajo y Seguridad Social; un representante de cada una de
las comunidades autónomas de: Baleares, Canarias, Castilla-León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia. La
representación de las organizaciones sindicales y empresariales se ha
establecido en la proporción indicada por la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, correspondiendo un representante a la organización ELA-STV, un
representante a CIGA, dos a Comisiones Obreras y dos a UGT. Finalmente,
integrarán este comité consultivo seis representantes de las
organizaciones empresariales.
Por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo se cursó en su momento
solicitud a los distintos organismos y organizaciones para que efectuaran
la designación correspondiente de representantes y hasta la fecha se ha
recibido respuesta de todos los organismos y organizaciones, salvo de una
concreta, lo que permite que el Ministerio de Sanidad prevea la
constitución inmediata del citado comité consultivo. Si no está en estos
momentos ya constituido es porque hasta fechas muy recientes el número de
organizaciones y organismos que no habían notificado al Ministerio de
Sanidad y Consumo quién sería su representante en el referido comité, no
lo habían formulado todavía.
Creo que esta información agradará no sólo a la señora Maestro sino a la
totalidad de los portavoces de los respectivos grupos parlamentarios. Es
por ello por lo que a mi
Grupo Parlamentario no le parece oportuno que esta Cámara vote una
iniciativa que insta al Gobierno a que haga algo que está a punto de
concluir y de hacer. Como decía el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), se puede afirmar que es inminente la constitución
del mismo. Por esta razón, el voto del Grupo Parlamentario Socialista
será contrario a la toma en consideración de esta iniciativa.
Para finalizar, señora Presidenta, quiero expresar la coincidencia de mi
Grupo Parlamentario con la portavoz proponente de esta iniciativa en la
importancia de la participación de la población en la gestión y control
de la sanidad pública, pero en ningún caso puedo aceptar el reproche de
falta de voluntad en política, que de alguna forma se ha insinuado por la
señora Maestro. No podía ser de otro modo pues, si la Ley General de
Sanidad establece esta participación es porque existía en su momento y
existe una voluntad política de que los usuarios de la sanidad pública
tengan ese papel de participación en la planificación y control del
sistema sanitario.
Nada más.
--SOBRE AYUDAS A NIÑOS AFECTADOS DE CEGUERA EN JAEN. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000096.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley sobre ayudas a niños
afectados de ceguera en Jaén, que presenta el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Cuando presenté esta proposición no de ley
sentía un cierto pudor... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor de Torres. Señorías, por favor,
ruego guarden silencio.
Continúe, señor Diputado.
El señor DE TORRES GOMEZ: Decía que cuando presenté esta proposición no
de ley sentí un poco de pudor al pensar que niños con estas disfunciones
pudieran ser utilizados. Al menos en la mente de mi Grupo no está esa
idea ni muchísimo menos; con estos niños, por lo menos, no.
Lo que ocurre es que últimamente he tenido contacto con estas familias,
he convivido con ellas y he visto que a lo largo del tiempo todo el
problema que tenían referente a su nacimiento se había visto agravado por
la edad, precisamente en unas familias modestas que se desesperan
porque... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor de Torres, un momento por favor.
Vamos a permitir que las condiciones acústicas de la sala hagan posible
que se exprese S. S., que le escuchemos y le entendamos. (Pausa.)
Puede proseguir.
El señor DE TORRES GOMEZ: Decía que el tema se había agravado con la edad
y máxime en familias modestas que se desesperan al ver que el futuro de
sus hijos, si no se les ayuda, y no quieren verlos así, sólo tiene una
solución, que es la de vender cupones.
Señorías, durante los primeros seis meses del año 1988, el servicio de
pediatría del Hospital General de Especialidades de Jaén trató a 183
recién nacidos prematuros. De ellos, quince se verían afectados por
distintas lesiones en el aparato ocular, resultando ocho de ellos
totalmente ciegos.
El hecho de que no hubiera precedentes en dicho centro en un caso de
estas características ni, curiosamente, después y la sospecha de que
hubiera podido producirse una negligencia en el manejo de la incubadora
del citado servicio, confirmada después mediante un anónimo, motivó la
correspondiente denuncia presentada por los padres de los afectados. Sin
embargo, las diligencias a que dicha denuncia dio lugar fueron archivadas
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, archivo que la Audiencia
Provincial confirmó, tras el oportuno recurso de apelación interpuesto
por los interesados en enero de 1991, o sea, a los tres años de haberse
producido el hecho. Este archivo se produce a pesar de que en los
razonamientos jurídicos de la sentencia, en el punto tercero, se dice, y
cito textualmente: Pasando a la comprobación de los hechos denunciados,
del examen pormenorizado de las pruebas practicadas, especialmente de las
historias clínicas, aparece que los aparatos utilizados durante el
tratamiento de los ocho niños en algunos casos no siempre ha funcionado
correctamente el oxímetro de la incubadora. Asimismo, tampoco en algunos
casos se han seguido las pautas que se recogen en el informe del doctor
Molina Font (el doctor Molina Font es uno de los mayores especialistas en
oftalmología de Andalucía) e incluso se puede decir que a algunos de los
prematuros no se les ha aplicado tratamiento de ninguna clase. Fin de la
cita de los razonamientos jurídicos de la sentencia. Y se archivó con
estos fundamentos el caso. Caso cerrado, pero que seis años después lo
cierto y verdad es que quedan siete familias con ocho hijos ciegos --una
de ellas tuvo la desgracia incluso de tener mellizos--, algunos de los
cuales no sólo no ven, sino que padecen otras afecciones colaterales
graves, como son subnormalidades, problemas locomotrices, algunos de
ellos incluso no hablan, sólo emiten una especie de balbuceos y roncos
sonidos guturales, mientras mantienen la cabeza agachada con los ojos
perdidos en el vacío de un suelo que ni siquiera ven, y a los que la
Seguridad Social ha despachado con 3.000 pesetas al mes, que ha aumentado
recientemente a 6.000, cuando deberían estar protegidos de por vida al
menos con el salario mínimo y cuando menos hasta que puedan valerse por
sí mismos.
Posteriormente, señorías, y con ocasión de recibir el abogado de éstos
--por cierto, por ser todos de origen humilde incluso tuvieron que
endeudarse para poder promover la causa-- un anónimo en el que se
aportaban nuevos datos sobre el caso, se solicita la reapertura de la
causa, decretando finalmente el antedicho Juzgado no haber lugar a la
misma, basándose en que era un anónimo. A tal efecto recuerdo a la
Comisión que el caso Ollero se destapó
gracias a las investigaciones derivadas de un anónimo. ¿Qué decía el
anónimo? Parece ser que un estudiante de enfermería, que es el que lo
remitió incitado por remordimientos de conciencia fácilmente explicables,
explicaba lo que pudo pasar en la sala de incubadoras para que los niños
quedaran ciegos. Según éste, las enfermeras del turno de tarde de la sala
de incubadoras habrían delegado sus funciones en un grupo de estudiantes
de segundo de enfermería que había estado allí haciendo prácticas, y hago
abstracción de otros datos por no venir a cuento. Los alumnos --dice la
carta-- no sabíamos nada de patología de prematuros ni sobre parámetros
de oxígeno recomendados ni de dosímetros que estuvimos manipulando.
Sentimos, de verdad, lo que ha sucedido, pero nos mandaron hacerlo. Caso
archivado, señorías. Resulta, por tanto, en el orden penal, la
inexistencia de responsabilidades personales, pero las circunstancias del
caso nos hacen pensar a cualquiera, sin embargo, en la concurrencia de
factores vinculados al funcionamiento de las incubadoras como los
causantes de las graves lesiones sufridas por los recién nacidos con el
resultado final de una ceguera total en ocho casos, así como las secuelas
derivadas de tal actuación. Que todos ellos sufrieran el mismo mal:
fibroplasia retrolental, en un espacio de tiempo por lo reducido e
inusual de tres meses, en los cuales quince niños tenían problemas
oculares, ocho de ellos ciegos, todos habían ocupado las incubadoras en
los meses de febrero, marzo y abril de 1988, dándose la circunstancia de
que ni con anterioridad a esos meses ni con posterioridad a los mismos
han vuelto a repetirse nuevos casos de ceguera en prematuros, el que
todos ellos sufrieran el mismo mal, repito, y el que se admitieran
disfunciones en el tratamiento recibido así nos lo hacen pensar.
Observando la diferencia entre lo ocurrido en esos tres meses de 1988 y
lo que podríamos decir normal en el resto del tiempo y de los años
anteriores y posteriores, arroja una vehemente sospecha de que hay un
elemento nuevo que incide en los primeros meses de 1988 y que produce
tremendos efectos, elemento que a nuestro juicio no puede ser otro que la
disfunción de las incubadoras. Todos los niños que contrajeron la ceguera
pasaron por las mismas incubadoras sobre las que, además existían serios
indicios de un mal funcionamiento en cuanto al oxímetro. Y aunque en las
diligencias penales que como consecuencia de estos hechos se siguieron
los órganos judiciales no encontraron responsabilidad penal por culpa,
ello no obsta a que exista un serio atisbo de responsabilidad civil de la
Administración. Al parecer, responsabilidad penal, ninguna, pero moral,
toda.
Cinco años después de ocurridos aquellos hechos, sin embargo, no se trata
con la presente proposición no de ley de poner en cuestión, repito, las
soluciones judiciales ni de establecer responsabilidades que han quedado
salvadas, pero sí de poner de manifiesto ante esta Comisión la existencia
de un caso de ocho niños prematuros que desde la óptica del Estado de
derecho de ninguna manera puede quedar sin respuesta por los poderes
públicos, caso en el que, además, el tiempo no hace sino acrecentar sus
dimensiones. Y, bien por esta razón o siquiera sea por una mera actitud
asistencial, lo que sí parece claro es la necesidad de que siendo como
son todos los perjudicados familias modestas, este Estado, que seguimos
llamando del bienestar, concurra a aliviar de alguna manera los trágicos
e irremediables males causados y no los despache con seis mil pesetas al
mes. La preocupación de estas familias lo es ahora en el presente, pero
lo es mucho mayor de su futuro. Señorías, lavar la conciencia pública con
una actitud de ayuda a quienes, no ciertamente, pero sí muy
probablemente, hemos perjudicado, constituye, sin duda, un ejercicio de
la equidad y modera siempre las inevitables aristas que especialmente en
este caso ha tenido la justicia. Sabido es que la justicia es ciega, así
al menos nos la representan, pero en este caso, señorías, la injusticia,
además de idiota, sería ruin. Seamos, desde esta Comisión del Congreso de
los Diputados, una especie de lazarillo de estos niños, a los que alguien
tendrá que explicar algún día por qué están ciegos y qué se hizo por
ellos.
Por todo ello, señorías --y termino-- este Diputado reitera la petición
que contiene esta proposición no de ley en cuanto a instar al Gobierno a
que disponga las medidas oportunas y los medios necesarios con el fin de
que ocho niños afectados, estos ocho niños reciban los tratamientos
adecuados a su enfermedad, a su educación y a su formación humana.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, desde nuestro punto
de vista entendemos que es necesario garantizar la asistencia sanitaria
adecuada a esos niños afectados, aunque fuera por una simple razón de
humanidad. De todas maneras, no sabemos si es necesaria y pertinente la
proposición no de ley para garantizar precisamente esa asistencia, pues
el sistema sanitario público tiene ya la obligación de atenderles, y en
este sentido tenemos que recordar lo de las transferencias sanitarias al
sistema andaluz de sanidad.
En el texto de la proposición no de ley se hace referencia a que reciban
el tratamiento adecuado a su enfermedad y a las secuelas producidas por
ésta. Indudablemente, el tratamiento sanitario es competencia del sistema
andaluz de sanidad y tendría que ser sufragado por él.
Ahora bien, en la intervención que ha hecho el portavoz del Grupo Popular
ha añadido algunos aspectos colaterales, de los cuales participamos
totalmente, precisamente por la preocupación del Grupo parlamentario
proponente, así como de su portavoz, por sensibilidad y, además, por
simple solidaridad, así tenemos que entenderlo. También participamos de
la preocupación que representa el futuro de estos afectados en cuanto
--como ha añadido muy bien-- a la educación y formación, así como a la
atención adecuada a su situación.
Ahora bien, aquí lo que se debate, desde nuestro punto de vista y de
acuerdo con nuestro concepto del Estado de las autonomías, no es una
cuestión menor la del reparto de
competencias, tanto las que tiene la Administración central, como las de
la Administración autonómica. Y nosotros, sinceramente, dando por sentado
esa participación en la preocupación del Grupo proponente, la cuestión
competencial, no vemos con buenos ojos en absoluto que esta preocupación
pudiera ser un motivo, una causa, una «excusa», por decirlo entre
comillas, de que cada Administración no tuviera un estricto cumplimiento
de las competencias que conlleva. A tal efecto, lo de educación y
formación son competencias transferidas y lo de la atención social
adecuada entendemos, si no se nos demuestra lo contrario, que también es
competencia transferida a la comunidad autónoma de referencia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Intervengo simplemente para manifestar la
posición de mi Grupo de acuerdo con los argumentos manifestados por el
portavoz del Grupo Popular.
Creemos que, independientemente de las sentencias judiciales a las que ha
hecho referencia, desde el punto de vista estrictamente médico hay una
relación etiológica reconocida entre la falta de oxígeno en prematuros y
la fibroplasia retrolental, que parece ser que es la enfermedad que
afecta a estos niños.
Comparto los argumentos manifestados por el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en relación con la
posibilidad de que los aspectos relacionados con las necesidades
sanitarias o extrasanitarias o colaterales desde el punto de vista
sanitario de estos niños pudieran ser objeto de competencias transferidas
a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cualquier caso, yo entiendo que
hay algo previo, y es el funcionamiento del sistema sanitario público y,
por lo tanto, las incidencias ocurridas en su funcionamiento de las que
pudieran derivarse alteraciones tan graves como las que afectan a esos
ocho niños, así como --hay que decirlo-- que el número de niños afectados
no es una cantidad grandísima como para que desde el punto de vista
presupuestario no se pudiera asumir. Yo pienso que el Grupo Catalán
debería --mi Grupo lo va a hacer-- apoyar esta proposición no de ley del
Grupo Popular, entendiendo que manifiesta la preocupación global de esta
Comisión instando al Gobierno a actuar en un determinado sentido para
garantizar que eso no se produzca, sin que eso pueda realizarse en
detrimento o al margen de competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en cuyo caso, creo que podría ser un buen ejemplo de
coordinación entre diferentes niveles de la Administración del Estado, de
cuyas deficiencias no pudiera derivarse la falta de adecuación de las
prestaciones sociales sanitarias, educativas, etcétera, con la
especificidad que la enfermedad de estos niños reclama, por dificultades
presupuestarias o en la coordinación de las administraciones sanitarias,
que serían argumentos perfectamente justificables desde el punto de vista
administrativo, pero, en mi opinión, difíciles de comprender por familias
afectadas a un nivel tan serio como el que se ha producido por el
incidente ocurrido en un hospital de la sanidad pública en Jaén. (El
señor De Torres Gómez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Señor De Torres?
El señor DE TORRES GOMEZ: Para hacer una rectificación personal.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.
El señor DE TORRES GOMEZ: El hablar de ceguera me ha hecho calificar al
doctor Molina Font como oftalmólogo. Quiero rectificar porque sabía que
no lo es, pero hablando de ceguera se me ha ido el santo al cielo. Es
catedrático de Pediatría de la Universidad de Granada.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Queda reflejada, señor De Torres, su
precisión.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señorías, debatimos una iniciativa presentada
por el Grupo Popular que, en opinión de mi Grupo Parlamentario, está
presentada en unos términos bastante incorrectos, lo que le lleva a ser
impreciso en lo que insta al Gobierno, en la formulación exacta de su
iniciativa. Además, está redactada en términos obligadamente incorrectos,
puesto que está planteando que debatamos en esta Comisión, y de hecho lo
estamos haciendo, la política sanitaria, materia en la que el Gobierno de
la nación no tiene competencias, están absolutamente todas transferidas a
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, entiendo que no debe ser
éste el ámbito si lo que queremos es precisamente hacer referencia al
tratamiento sanitario y médico del caso de estos ocho niños afectados de
ceguera en la provincia de Jaén.
Además, el señor Portavoz del Grupo Popular conoce que el proceso de
transferencias a la Comunidad Autónoma Andaluza se inicia ya en la etapa
preautonómica, en el año 1981, y se lleva a cabo en los años siguientes.
Insisto, en estos momentos la Junta de Andalucía, en este caso la
Consejería de Salud, tiene competencias plenas en esta materia, que se
llevan a cabo no solamente en el ámbito competencial, sino también en
cuanto a los servicios y las funciones referidas al Instituto Nacional de
la Salud.
Quizá bastaría esta argumentación de mi Grupo Parlamentario para dar
respuesta a esta iniciativa parlamentaria. Sin embargo, estimo
conveniente hacer algunas reflexiones a continuación.
En primer lugar, quiero expresar de forma clara y rotunda la solidaridad
del Grupo Parlamentario Socialista, y la mía como Diputada por la
circunscripción de Jaén, con las familias, con los padres y las madres de
estos niños afectados que, sin duda, viven una situación dolorosa por el
caso que analizamos, que provoca la pérdida de visión en ocho niños
recién nacidos prematuros. Eso es algo de lo que quiero dejar constancia,
pero entiendo que el ámbito de esta Comisión no solamente debería
utilizarse para
poner de manifiesto este sentimiento por parte de los Grupos
Parlamentarios, sino para algo más. Entiendo que debemos ser
especialmente cuidadosos y que debemos tratar estos temas con absoluta
prudencia y seriedad. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rodríguez. (Pausa.)
Puede continuar.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señora Presidenta.
Decía que yo creo que estamos razonablemente obligados a aportar
elementos de racionalidad en estas situaciones en las que estamos
abordando casos de minusvalías producidas por determinadas lesiones, pero
que, además, y al mismo tiempo, tocan lo que son los sentimientos de las
personas y las familias de estos niños.
Se trata, efectivamente, señorías, como ya se ha puesto de manifiesto, de
una lesión conocida como fibroplastia retrolental que se produce en ocho
niños nacidos en los primeros meses del año 1988, que son atendidos en el
Hospital General de Especialidades de Jaén. Sin embargo, no se ha dicho
de forma expresa que estos niños son bebés prematuros, que, por tanto,
presentan cierto riesgo y que necesitan una terapia específica y
realmente compleja, complicada.
La situación, al producirse este problema, lleva a las familias, a los
padres afectados a presentar una serie de denuncias que son archivadas,
como también ya se ha dicho, y en algún momento yo he tenido la sospecha,
quizá, de que parece que estábamos intentando suplantar aquí una
actuación judicial y un archivo de las diligencias que se abren, y
tampoco creo que ésa debe ser la función que debemos plantear en esta
Comisión. Debemos ser absolutamente respetuosos con un posicionamiento,
con unas declaraciones del fiscal encargado de instruir estas
diligencias, que, además, cuenta con informes de médicos especialistas,
descartando cualquier tipo de responsabilidad penal de los especialistas
que atendieron a estos niños y, por supuesto, también se dice que la
causa no se produjo por el mal funcionamiento de las incubadoras o porque
existiera ausencia total de tratamiento ni que hubiera intención de
realizarlo en ningún momento. Cualquier otra manifestación que se haga en
cuanto a pruebas de anónimos, etcétera, me parece que está fuera de lugar
y resta seriedad realmente a todos los componentes y a esta misma
Comisión.
Se trata, sencillamente, de que los propios informes médicos ponen de
manifiesto que el factor de riesgo mayor, más importante y más grave es
la propia situación de inmadurez, de bebés prematuros, como decía, que
están expuestos a estas situaciones y que, además, tienen bajo peso.
Tampoco se ha dicho en ningún momento, y aparece en los informes, tanto
del fiscal como en los informes médicos que se dictaron con motivo de la
instrucción de este caso, que el peso de estos bebés no superó en ningún
caso los 1.000 ó 1.200 gramos y que, por tanto, en estas situaciones, si
estos niños no hubieran sido tratados con oxígeno en incubadora habrían
fallecido. Incluso algún especialista ha llegado a hablar de que se trata
del precio del progreso que a veces, lamentablemente, hay que pagar para
que estos niños salgan adelante. Insisto en que lo lamentamos, pero la
propia situación del avance médico y tecnológico a veces nos juega estas
malas pasadas.
Quizá también, por la lectura de la proposición no de ley, pudiera
deducirse que el sistema sanitario público no ha prestado la debida
atención a estos niños en ningún momento. Yo quiero decir que se ha
puesto en marcha un mecanismo por la vía de urgencia, de atención
hospitalaria y sanitaria a estos niños no solamente en el Hospital de
Jaén sino también en la Clínica de «La Paz», en la Residencia «Valle de
Hebrón», en Barcelona, en clínicas sevillanas. Realmente ha habido un
seguimiento y un tratamiento hecho con seriedad y por el sistema
sanitario público.
Entiendo que no debemos poner en cuestión, en tela de juicio la actuación
de nuestros equipos médicos de la Seguridad Social. Se ha hecho, insisto,
por la vía de urgencia, se han abonado los gastos de desplazamiento,
porque, efectivamente, son familias que tienen pocos recursos económicos,
y debemos atender por solidaridad y por justicia social estos casos. Y
esta misma atención sanitaria se seguirá prestando siempre que sea
necesario, siempre que así lo requieran estos niños y cualesquiera otros
que se encuentren en situaciones similares.
Por tanto, yo creo que sería malo dejar alguna sombra de duda o de
sospecha en la Comisión a lo largo del debate de esta iniciativa del
Grupo Popular.
Y, además, señora Presidenta, señorías, yo soy consciente de que, ante
situaciones como ésta, difícilmente se puede ofrecer fórmulas, ni desde
el Gobierno de la nación ni desde la administración autonómica en este
caso, que reparen o que hagan olvidar la difícil situación de los padres
y de los niños afectados. Pero tampoco es menos cierto que, basándose
precisamente en el desarrollo de este Estado de Derecho, al que se alude
en la proposición no de ley, y basándose en estos principios de
solidaridad y de justicia social, a los que antes me refería, el propio
Gobierno y la Junta de Andalucía han puesto en marcha toda una serie de
medidas y de programas que van encaminados a facilitar y a favorecer la
incorporación social y educativa que permitan corregir estas situaciones
de desigualdad.
No me voy a extender mucho más...
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, la ruego vaya concluyendo.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Terminaré con toda brevedad. Pero tenemos
leyes importantísimas, como la LISMI, la LOGSE, que están priorizando la
educación especial para estos colectivos y que están dedicando muchos
recursos materiales y humanos precisamente al sistema educativo y
formativo a través de la integración escolar. Hemos conseguido ahí
importantes avances y seguiremos trabajando en esa línea.
Concluyo, señora Presidenta, expresando de nuevo nuestro sentimiento de
solidaridad con estas familias afectadas por este problema y, además,
también deseando que estos temas se aborden con la prudencia necesaria,
con
total responsabilidad (como estoy segura de que era la intención del
Diputado Popular), que también seamos capaces de transmitirlo a las
personas afectadas de esa forma, para evitar, en todo caso, confusión o
una utilización incorrecta en estas situaciones.
--SOBRE INCORPORACION A LA RED PUBLICA ASISTENCIAL DE LOS RECURSOS
SANITARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE
DEFENSA. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente
161/000151.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley sobre incorporación a la red
pública asistencial de los recursos sanitarios de la infraestructura
sanitaria dependiente del Ministerio de Defensa. Esta proposición no de
ley ha sido presentada por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Haré un breve resumen de los antecedentes que
dan lugar a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
El Ministerio de Defensa ha decidido llevar a cabo una importante
remodelación --racionalización, dicen-- de la red de hospitales
militares. Es un hecho conocido que los últimos años los responsables de
Defensa han venido cerrando varios centros sanitarios que dependían del
Ejército de Tierra. Así, los hospitales militares de Algeciras, Badajoz,
Córdoba, Gerona, Granada, Mahón, Málaga y Vitoria han seguido ese camino.
Pese a ello, los recursos sanitarios militares siguen considerándose
excesivos desde el punto de vista humano y material o, al menos, mal
distribuidos desde el punto de vista geográfico.
El Ministerio de Defensa posee en la actualidad 28 centros sanitarios
repartidos por la geografía española, que acumulan un total de 7.600
camas hospitalarias, aunque de ellas sólo están en funcionamiento
alrededor de 5.160. Como consecuencia de esta reestructuración, el
Secretario de Estado de Administración Militar anunció la reducción de
camas militares a un montante global de 4.000, incluyendo la llamada
reserva logística, que comprendería también alrededor de un 30 por ciento
de recursos para casos de extrema necesidad. El Ministerio decide
mantener una serie de hospitales existentes, redimensionar otros y cerrar
una serie de hospitales o transformarlos en enfermerías llamadas de
guarnición, que viene a ser una indisimulada manera de reducir a la
mínima expresión dotaciones y recursos asistenciales existentes.
En definitiva, señorías, y estando de acuerdo en esa necesidad de
redimensionar la sanidad militar y de racionalizar servicios de acuerdo
con las necesidades, y no entrando a plantear dudas que se le presentan a
mi Grupo parlamentario en relación con las decisiones tomadas por el
Ministerio de Defensa, porque no competen a esta Comisión, sí nos
gustaría plantear la pregunta clave que se nos viene a todos a la cabeza
en relación con este proceso. ¿Qué hacer con el excedente de más de 3.600
camas existente en estos momentos en la sanidad militar?
El objetivo de nuestra proposición no de ley es muy claro. Pretendemos
asegurar que las camas que vayan a ser desafectadas de la sanidad militar
en este proceso sean incorporadas a la red pública asistencial, para, en
ésta, proceder a su reordenación y adaptación a las necesidades de la
población.
Señorías, España y su Sistema Nacional de Salud no pueden permitirse
desaprovechar unos centros y unos servicios sanitarios existentes en un
país con graves carencias asistenciales, masificación hospitalaria
constatada diariamente y largas listas de espera. Así lo reconoció el
propio Ministro de Defensa en su comparecencia ante el Congreso de los
Diputados, donde estableció como prioridad de su Departamento la
transferencia para uso civil, para disfrute de toda la sociedad española,
de toda su población, de estos recursos excedentarios.
Sin embargo, en todo este obscuro proceso que ha seguido al anuncio de
esta reestructuración, resulta cuanto menos injustificable el silencio y
la pasividad del Ministerio de Sanidad, que parece olvidar que, por
encima de la titularidad efectiva de cada uno de esos recursos, es
competencia suya la coordinación de la red asistencial pública, su
efectiva integración y la planificación y utilización racional de todos
los recursos sanitarios existentes en nuestro país, y los militares no
deberían ser una excepción a este planteamiento.
A estos efectos, conviene recordar que éste puede ser un caso típico más
del grado de ineficacia galopante que han alcanzado en este país los
gestores de la sanidad pública. Sólo en un modelo rígido, burocrático,
compartimentalizado e ineficiente como el que el Partido Socialista nos
depara es posible que hayan venido coexistiendo en las mismas áreas de
salud inacabables listas de espera en algunos hospitales y unidades
hospitalarias utilizadas al 30 ó 40 por ciento de su capacidad durante
muchos años.
No hay justificación, señorías, para esto y mucho menos la que se ampara
en la titularidad del Ministerio de Defensa de esos recursos. Yo les
preguntaría a todas SS. SS., en definitiva, quién es la autoridad
sanitaria máxima en este país y quién tiene en estos momentos la fuerza
política para hacer efectiva una integración de todos los recursos
sanitarios de nuestro país. Cómo puede explicarse, por tanto, que tras la
aprobación de la Ley General de Sanidad en el año 1986, que establecía en
su disposición final tercera que el Gobierno, mediante Real Decreto,
dispondría la participación y la colaboración de los hospitales militares
y los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional
de Salud, se haya tardado más de seis años, hasta el 16 de diciembre de
1992, en firmar un acuerdo, un convenio entre el Ministerio de Defensa y
el Ministerio de Sanidad para que los hospitales militares pudieran
prestar una asistencia sanitaria a la población civil. Seis años, y
llevamos hoy un día de constatación de carencias en el desarrollo de esa
Ley General de Sanidad, y ésta, por cierto, es una más.
Cómo es posible que el Gobierno socialista haya sido incapaz de conseguir
en todos estos años utilizar los
servicios de la sanidad militar para descongestionar precisamente el
sistema público. Señorías, con la excepción del Hospital Militar de Las
Palmas (por cierto, denunciado su convenio como insatisfactorio por el
propio Ministro de Defensa), que es el único que desde hace años atiende
a pacientes de la Seguridad Social, no hay otro servicio militar que
preste esos mismos servicios a los ciudadanos civiles.
El Hospital Naval de Cartagena firmó un convenio para su utilización por
la sanidad pública el pasado 15 de octubre, pero ya se han puesto de
manifiesto las insuficiencias, la incompetencia y la ausencia de
previsión contenida en ese mismo convenio y el mismo ha sido impugnado
incluso por el propio personal sanitario de ese hospital naval.
Cómo es posible, por ejemplo, que el Insalud haya esperado hasta julio de
1993 en algunas provincias --y cito la mía, la provincia de Valladolid--
para empezar a evaluar si las instalaciones y los servicios de los
hospitales militares reúnen condiciones para ser utilizados por el
Servicio Nacional de Salud. Yo me preguntaría, señorías, qué han estado
haciendo el Insalud y el Servicio Nacional de Salud hasta este momento,
aparte de maquillar las cifras estadísticas de su funcionamiento.
En definitiva, y podría enseñarles a ustedes las estadísticas de
utilización de algunos de los hospitales militares, al final, de lo que
se trata es de conocer cómo es posible que el Ministerio de Sanidad
contemple sin ningún tipo de rubor el cierre y la desafectación de
centros sanitarios dotados de la más alta tecnología y de extraordinarios
medios materiales y humanos, precisamente en lugares donde el déficit de
camas es elevado y la situación de dichos hospitales es privilegiada por
su ubicación, por su concepto y sus posibilidades. Hay que recordar, por
ejemplo, en cuanto a ubicación, concepto y posibilidades, la situación
del Hospital Militar de Valladolid, de la Policlínica Naval de Madrid o
del propio Hospital de La Coruña, que se adaptan como ninguno,
probablemente, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud en estas materias.
Se están produciendo, señorías, situaciones absolutamente kafkianas en
relación con esta materia. Por ejemplo, el Insalud de Valladolid ha
estado mano sobre mano todos estos años a la hora de suscribir cualquier
tipo de colaboración con el Hospital Militar y, ahora, que Defensa
anuncia la desaparición del mismo, afirma que presentará una oferta para
concertar procedimientos quirúrgicos. Yo me preguntaría con quién va a
concertar el Insalud procedimientos quirúrgicos, tal vez con las señoras
de la limpieza que serán las únicas que queden en el Hospital Militar de
Valladolid.
El Hospital Militar de La Coruña se encuentra en un área sanitaria con
graves deficiencias asistenciales, puestas en evidencia en numerosas
ocasiones, entre ellas los estudios que se realizaron para el plan
estratégico del Hospital Juan Canalejo de esa misma ciudad, que eran
suficientemente explícitos al respecto y que calificaban la situación en
La Coruña de máxima ineficacia por parte de las autoridades sanitarias.
Sin embargo, el Partido Socialista de Galicia presenta una proposición en
el Parlamento gallego para que se evite el cierre del hospital
traspasándolo directamente al Sergas.
El propio Secretario de Estado de Administración Militar afirmó que se
haría todo lo posible para que el Hospital Militar de La Coruña pasara a
ser civil. Yo me pregunto qué tiene el Hospital Militar de La Coruña para
que exista esa voluntad por parte del Ministerio de afectarlo a la
sanidad pública que no tengan, por ejemplo, el Hospital de Valladolid, el
Hospital de Tenerife, el de Barcelona o la Policlínica Naval de Madrid.
Cuando hablamos de la eficacia, de la racionalidad en la gestión
sanitaria cabría recordar que en algunos de estos hospitales de la
sanidad militar, que se van a perder si nosotros mismos no actuamos
consecuentemente, se han producido importantísimas inversiones en los
últimos años. Citaría, por ejemplo, a título solamente anecdótico...
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy terminando.
Citaría que en el Hospital Militar de Valladolid se han invertido más de
1.200 millones de pesetas en los últimos cuatro años para dotarle de unos
servicios de primerísima línea --por ejemplo, quirófanos o consultas
externas-- y, sin embargo, en estos momentos ese Hospital está abocado al
cierre.
En la presentación de esta proposición no de ley no queremos debatir
responsabilidades del Ministerio de Defensa, incluso podemos entender sus
intereses. Lo que no podemos admitir es que ante esta situación el
Ministerio de Sanidad mire hacia otro lado, desatienda sus
responsabilidades como autoridad sanitaria que le confiere la Ley General
de Sanidad; haga caso omiso a los criterios que marca esa misma Ley, uno
de los cuales es la integración y la superación de diferentes redes
asistenciales públicas desconectadas entre sí y el establecimiento de una
sola que integre todos los recursos disponibles.
Queremos que se cumpla lo dispuesto en la Ley General de Sanidad en lo
que se refiere a la participación y colaboración de los hospitales
militares en el Sistema Nacional de Salud y nuestra proposición no de ley
en su punto segundo pretende que la negociación global de este problema
se lleve a cabo en el Consejo Interterritorial de Salud que, como
establece la Ley General de Sanidad en su artículo 47.2, es el órgano
permanente de comunicación e información de los diferentes servicios de
salud. Nos parece el órgano idóneo para establecer un proceso
satisfactorio de traspaso al Insalud o a los servicios autonómicos de
salud de los recursos y servicios sanitarios excedentarios en la sanidad
militar.
El proceso para esa transferencia puede ser de muy variada naturaleza. Se
pueden utilizar todos los mecanismos que se quiera, excepto la coartada
de la propia Ley de Patrimonio de la Defensa que no puede ser esgrimida
nunca como un obstáculo para la integración efectiva de todos esos
servicios en la sanidad pública.
Finalizando, señora Presidenta, diría que nos parece absolutamente
imprescindible, como dice el texto de nuestra
proposición no de ley, que desde un criterio de eficiencia y, sobre todo,
de justicia social, aquellas inversiones realizadas con recursos públicos
en la red sanitaria militar que no sean necesarias para la utilización de
nuestras Fuerzas Armadas repercutan finalmente en una mejor y más rápida
atención a todos los ciudadanos. Cualquier cosa que no sea esto será un
ejemplo más de despilfarro, de falta de previsión y de ausencia de
racionalidad en el diseño de una sanidad moderna, eficiente y consagrada
realmente a satisfacer las demandas asistenciales de todos los
ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar la posición de nuestro
Grupo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gatzagaetxebarría, por favor.
Vamos a ver si conseguimos finalizar la Comisión en un mínimo silencio.
Puede continuar.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar la posición de nuestro
Grupo Parlamentario sobre la proposición no de ley del Grupo Popular.
El planteamiento que se hace con carácter general puede parecer correcto
a primera vista --aprovechar excedentes de un sector como la red
sanitaria militar--, pero si descendemos al terreno práctico entendemos
que el planteamiento que se efectúa en la proposición no de ley no
dispone de fundamentación suficiente.
Nosotros queremos hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar,
se dice que hay un nivel importante de deficiencia en la red sanitaria
pública y que coexisten recursos públicos sobresaturados. Nosotros
haríamos una valoración diferente. Los déficit quizá se produzcan por
falta de organización, no por falta de medios económicos suficientes.
Por otra parte, la duda que se nos plantea es si la mayoría de los
servicios o recursos de la red militar son aprovechables en la red civil,
en primer lugar, por la obsolescencia de la infraestructura del
Ministerio de Defensa destinada a fines de asistencia sanitaria.
Posiblemente sería mejor utilizar, en algunos casos, esos edificios con
otra finalidad o, incluso, construir unos nuevos edificios cuando la red
sanitaria general o de carácter civil tuviera necesidad de ello. En
segundo lugar, por las características y la especificidad de la función
para la que se concibieron. ¿Por qué se constituyó esta infraestructura
sanitaria militar? Para hacer frente a los objetivos sanitarios de hace
unos años, que no son los mismos que los que demanda hoy la realidad
social española. En tercer lugar, por la ubicación de esta
infraestructura. Dichos centros se encuentran cercanos a cuarteles o
viviendas militares, por tanto, la ubicación no es la más adecuada para
prestar servicios sanitarios a la generalidad de los ciudadanos.
Por lo tanto, creemos que se podrían resolver las disfunciones y
necesidades que pudiera haber, caso por caso, pero con carácter general
no entendemos la necesidad de trasladar a la red sanitaria civil los
recursos que se prevén en la red sanitaria militar. Decimos esto por las
argumentaciones que anteriormente se han dado y, además, porque esa
infraestructura se caracteriza por disponer de una serie de grandes
pabellones en los que están ubicados los enfermos de forma distinta al
modelo de arquitectura, de diseño y de utilización del que actualmente se
utiliza en la arquitectura sanitaria moderna. En definitiva, existe un
desfase entre la tecnología y el diseño de ingeniería y arquitectura de
la sanidad, tanto del Insalud como del de las comunidades autónomas, y la
infraestructura que tiene el Ministerio de Defensa en los hospitales
militares.
Se nos plantea otra duda en la proposición no de ley cuando se habla de
recursos. ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? ¿Recursos
económicos, materiales y personales, o no está incluido el personal
militar, puesto que la proposición no de ley hace referencia a las plazas
asistenciales? Cuando habla de plazas, ¿se está refiriendo al personal
militar o no? Ahí surgen, a nuestro juicio, dudas importantes. Y lo que
es más importante: ¿qué pasa con los recursos que tiene el Ministerio de
Defensa? Creo que en lugar de hablar aquí del Ministerio de Sanidad o
sobre las comunidades autónomas con servicios autonómicos de salud,
debemos hablar sobre el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa,
curiosamente, ahora tiene medios económicos, tiene consignación
presupuestaria dedicada a finalidades asistenciales sanitarias militares,
pero no las está ejerciendo, es el Insalud y progresivamente los
servicios autonómicos de salud los que están cubriendo las necesidades
asistenciales del personal del Ministerio de Defensa y del personal del
Ejército español. Por tanto, ahí hay una disfunción importante dentro de
una política presupuestaria. Resulta que quien tiene la función, que es
el Insalud, el Ministerio de Sanidad o las comunidades autónomas, no
dispone de los medios económicos suficientes para atender este incremento
de personal que ha experimentado la red sanitaria general civil y, en
cambio, los presupuestos con una finalidad militar sanitaria siguen en el
Ministerio de Defensa, cuando el Ministerio de Defensa ya no tiene la
función más que en una pequeña medida.
Yo quería hacer una reflexión para que desde el Gobierno se produzca una
adecuación de medios, puesto que el problema fundamental que tienen
actualmente el Insalud y las comunidades autónomas es la financiación. Si
hay recursos públicos con una finalidad sanitaria en el Ministerio de
Defensa, deben ir dirigidos a los servicios y las finalidades del Insalud
y de las comunidades autónomas. No tiene sentido que se produzca esa
disfunción de que quien tiene la función no tiene el suficiente dinero y
quien tiene el dinero está ejerciendo la función cada vez menos.
Nosotros, al albur de estas consideraciones realizadas a la proposición
no de ley, entendemos que es necesario un planteamiento distinto al que
se ha efectuado por parte del Grupo Popular.
Para finalizar, quería únicamente repetir que quizá el planteamiento del
Grupo Popular sería oportuno, pero caso por caso, porque no con carácter
general le puede ser necesaria al Insalud la infraestructura militar, por
las consideraciones que antes he hecho de su ubicación, obsolescencia,
etcétera, y lo mismo ocurriría en el caso de las comunidades autónomas,
pero sí queríamos constatar que esa infraestructura se podría utilizar,
en su caso, para otro tipo de finalidades, incluso sociales. Por ello
apelaríamos a las comunidades autónomas, al Ministerio de Asuntos
Sociales, para que, quizá, esa infraestructura pudiera utilizarse como
residencia integrada de tercera edad. Queremos hacer esa reflexión por
si, políticamente, vale de alguna manera a los responsables, bien de las
comunidades autónomas, bien del Gobierno Central, pero no es, a nuestro
juicio, oportuno tender a hacer una transferencia de carácter general,
sino que, como digo, caso por caso, cuando sea necesario y puntualmente
se pueda dar la salida que plantea el Grupo Popular. En consecuencia,
mantenemos una discrepancia de fondo en cuanto al planteamiento efectuado
en la proposición no de ley.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, quiero decir, muy
brevemente, que estando de acuerdo en el fondo de la cuestión --es decir,
en que hay que aprovechar todos los recursos públicos, y no sólo
públicos, sino también privados, para que la asistencia sanitaria sea lo
más eficaz posible y en este caso los recursos desafectados de la sanidad
militar, tal como propone la proposición no de ley, dada la
reorganización de las Fuerzas Armadas--, nos preocupa también, como ha
dicho el portavoz del Grupo Vasco, la redacción de los dos puntos de la
proposición no de ley en el sentido de que todos los recursos y los
servicios del segundo apartado se entiendan objeto de su utilización por
los ciudadanos, incorporándose a la red pública asistencial. (El señor
Vicepresidente, Blázquez Sánchez, ocupa la Presidencia.) Qué duda cabe
que algunas instalaciones serán totalmente adecuadas a las necesidades
sanitarias del territorio correspondiente, pero también las habrá que
serán totalmente obsoletas o bien --una tercera posibilidad-- que serían
más óptimamente utilizables en otros menesteres, en otras actividades o
en otras funciones, como las de asistencia social u otros aspectos de la
atención pública. Por ello, tanto en el primer punto como en el segundo
no nos satisface la contemplación del ámbito de todos los recursos y
servicios y preferiríamos que se viera contemplada la salvedad de que
siempre que su utilización fuera la más adecuada a las necesidades
sanitarias --entiéndanse en este caso las necesidades de cada
territorio--, no fuera que, valga la expresión, para vestir a un santo,
desnudáramos a otro.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Quería manifestar que la opinión de mi Grupo
coincide en lo fundamental con las preocupaciones manifestadas por el
Grupo Popular; que asimismo y en otras Comisiones y en otras
intervenciones hemos planteado la voluntad política de mi Grupo en orden
a garantizar que los recursos sanitarios públicos, tal y como se plantea
en la Ley General de Sanidad, estén integrados en una sola red y,
también, yo misma he insistido en numerosas ocasiones en que uno de los
elementos de despilfarro y de ineficacia del sistema sanitario público
venía de esa falta de coordinación, de la duplicación de actuaciones
sanitarias por parte de diferentes administraciones, en este caso en
relación con la infraestructura sanitaria del Ministerio de Defensa, pero
también en relación con recursos sanitarios municipales, de diputaciones,
etcétera, que todavía, ocho años después de la Ley General de Sanidad,
aparecen dispersos, sin coordinación alguna y, por lo tanto, carentes del
más elemental principio de racionalidad en la política sanitaria. (La
señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Quiero señalar que es verdad que la proposición no de ley del Grupo
Popular viene en relación con las últimas manifestaciones del Ministerio
de Defensa en cuanto a la drástica reducción de recursos en función de
sus exclusivos intereses y de sus exclusivas necesidades y que plantean
la reducción de un número importantísimo de camas sanitarias públicas de
las cuales la sanidad pública, el Insalud, es absolutamente deficitario.
Igualmente quiero señalar que la Gerencia de Infraestructuras de Defensa
lleva una política de cierre de instalaciones militares, pero también
sanitarias, la cual, sorprendentemente, está guiándose por objetivos de
realización de operaciones urbanísticas que están suponiendo un número
importante de miles de millones de pesetas a ingresar por la propia
Gerencia de Infraestructuras de Defensa que, además, curiosamente, por
decisión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991 no se
incluyen en los presupuestos del Ministerio de Defensa, y no está
actuando en coordinación alguna con el Ministerio de Sanidad.
En opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el convenio
firmado entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa era de
eficacia limitada y en absoluto correspondía con la voluntad política que
debiera haberlo regido, que es que desde el Ministerio de Sanidad se
hiciera una indicación acerca de las prioridades, de las necesidades de
recursos sanitarios que hubieran permitido esta integración de recursos
en una sola ley.
No voy a cansar a SS. SS. repitiendo algunos datos que han sido señalados
en la intervención del Diputado del Grupo Popular. Simplemente quiero
señalar que hay datos tan sarcásticos como el del Hospital Militar de
Málaga que se vende a la iniciativa privada para después ser concertado
por el Servicio Andaluz de Salud, independientemente de matizaciones que
han hecho otros grupos, que en mi opinión son pertinentes y se inscriben
en el marco de la más elemental lógica como que, por supuesto, el
Ministerio de Sanidad no debería dedicar atención sanitaria a recursos
procedentes del Ministerio de Defensa que no
fueran a servir a la satisfacción de necesidades de la población, u otros
aspectos, como también han señalado otros portavoces, de que el uso que
pudiera darse a determinadas instalaciones no fuera el idóneo, sino que
fuera para otros usos sociales.
En cualquier caso entendemos que el objetivo fundamental de la
proposición no de ley se puede compartir y entra de lleno, insisto, en la
filosofía que ha presidido otras iniciativas parlamentarias, dentro de mi
Grupo, incluidos en su propio programa electoral. Por tanto, vamos a
votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señora Presidenta, aunque intervengo para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular que estamos debatiendo, las
afirmaciones efectuadas en concreto por el portavoz del Grupo popular
sobre la calidad y efectividad del sistema sanitario público, rondando en
su análisis casi el catastrofismo, me fuerzan a formular algunas
observaciones. Señor Burgos, indicadores como la esperanza de vida, la
tasa de mortalidad infantil, la tasa de enfermedades infecciosas y otras
(El señor Fernández-Miranda y Lozana: La tuberculosis.) nos sitúan a la
cabeza en algunos casos, como puede ser el de esperanza de vida o
mortalidad infantil, y, en otros, en una situación homologable a los
países de nuestro entorno europeo respecto al estado de salud de los
españoles.
En cuanto a la dotación de recursos y su efectividad, los datos
publicados indican que nos movemos en una «ratio» más que aceptable, con
una actividad que se va incrementando, y en algunas actividades muy
complejas, como en el caso del programa de transplantes, con una calidad
que nos permite ocupar uno de los primeros lugares en el «ranking»
sanitario mundial. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, ruego guarden silencio.
Continúe, señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Ahora sí paso, señora Presidenta, a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Ya era
hora.)
Efectivamente, señorías, la asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas
presenta unas disfunciones que se generan, en gran medida, como
consecuencia del proceso de reducción de efectivos a que están sometidas
las Fuerzas Armadas, así como por la racionalización del despliegue y
redespliegue de los ejércitos acometida desde hace varios años. Para
corregir estas disfunciones, el Ministerio de Defensa tiene en curso una
reforma para la reestructuración de la sanidad de las Fuerzas Armadas, a
fin de adaptarlas a las exigencias presentes y a las que se estiman para
el futuro. A este respecto, la Ley de Plantillas ofrece, para la
culminación de este proceso, un horizonte temporal de cinco años.
Como es obvio, esta reforma conllevará desafectación de infraestructuras
que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, podrán, efectivamente,
incorporarse a la red pública asistencial, pero no de forma global y en
su totalidad, como propone el Grupo Popular en su iniciativa, porque no
hay que olvidar, señor Burgos --otros portavoces ya han hecho referencia
a ello--, que la distribución de los recursos militares hospitalarios
obedece a una estrategia distinta a la que rige en la ubicación de los
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Los criterios
determinantes para la instalación de hospitales militares fueron y son de
naturaleza logístico-operativa, además de dar cobertura sanitaria a las
Fuerzas Armadas. Sin embargo, la distribución de la red hospitalaria
civil obedece a criterios demográficos y de estado de salud de la
población de las diferentes áreas de salud, así como a la demanda
sanitaria existente en las mismas.
Por esta razón, pretender, como pretende el Grupo Popular, que todos los
recursos excedentarios de la sanidad militar sean incorporados a la red
pública, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es romper con todo
principio de planificación sanitaria que exige que estas incorporaciones
respondan a criterios de utilidad, de efectividad y de eficiencia de los
recursos, para lo cual es necesario analizar previamente, caso por caso,
cada uno de los hospitales militares que se vean desafectados en el
proceso de reordenación del Ministerio de Defensa, valorando la demanda
sanitaria del área en el que se ubiquen, su idoneidad, su rentabilidad,
etcétera. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Novoa.
Quiero recordar a SS. SS., y espero que sea por última vez, que disponen
de los pasillos de la Cámara para debatir las cuestiones personales que
no tengan relación con la proposición no de ley que debemos estar
atendiendo. Muchas gracias.
Continúe, señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: La Ley 28/1984, de Creación de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa, prohíbe taxativamente las cesiones de
carácter gratuito, con lo cual, señorías, si no se procede del modo a que
he hecho referencia, es decir, valorando caso por caso, nos podríamos
encontrar con áreas de salud sobredimensionadas en recursos, o bien que
la Administración sanitaria tuviera que afrontar obras en centros
procedentes de las Fuerzas Armadas cuya reforma resultase más costosa
para fines sanitarios civiles que construir una infraestructura nueva. La
casuística con la que nos podríamos encontrar, de asumir la incorporación
de todos los centros que resulten desafectados de la ordenación de la
sanidad militar, sería variada y, desde luego, nada beneficiosa para el
Sistema Nacional de Salud.
Señorías, bajo estos criterios a los que me vengo refiriendo a lo largo
de mi intervención vienen trabajando ya
desde hace tiempo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad y
Consumo, con el objetivo de establecer una coordinación y participación
entre las redes hospitalarias militares y el Sistema Nacional de Salud.
La concreción máxima de este trabajo se alcanzó al suscribir el 16 de
diciembre de 1992, previa presentación al Consejo Interterritorial de
Salud, un convenio-marco que permite el establecimiento de fórmulas de
colaboración diversas entre la red hospitalaria militar y las redes
asistenciales de las diferentes administraciones públicas. Resultado de
la aplicación de este convenio-marco ha sido concertar la utilización del
Hospital Militar Regional de Las Palmas o del Naval de Cartagena, así
como las negociaciones en curso para concertar la utilización del
Hospital Militar de Valladolid.
Por otra parte, la cláusula octava del convenio-marco de colaboración
prevé que el Ministerio de Defensa pondrá en conocimiento del Instituto
Nacional de la Salud y, en su caso, de los Servicios de Salud de las
comunidades autónomas los planes sobre los centros sanitarios cuya
actividad pueda cesar para la asistencia sanitaria militar, con el fin de
que los servicios citados estudien sus necesidades y la viabilidad de
utilizarlos en su red asistencial. La información acerca de la reforma de
la red hospitalaria militar ya se ha proporcionado al Ministerio de
Sanidad y Consumo, e igualmente el Ministerio de Defensa ha pedido a la
Ministra de Sanidad y Consumo asistir a la próxima reunión que celebre el
Consejo Interterritorial, a fin de explicar las líneas básicas de la
reforma iniciada y de ofrecer la capacidad hospitalaria militar
excedente. Por tanto, señorías, mi Grupo Parlamentario entiende que la
posibilidad de incorporar a la red del Sistema Sanitario de Salud los
recursos excedentarios de la sanidad militar está ya prevista, tratándose
en todo caso de incorporar sólo aquellos que respondan a las necesidades
del sistema.
En esta misma línea argumental se ha manifestado el Secretario de Estado
de Defensa en una sesión de la Comisión de Defensa celebrada
recientemente en esta Cámara, en la cual decía: «En relación con la
utilización de la capacidad hospitalaria excedente, es voluntad de este
Departamento --como ha quedado repetidamente señalado-- hacer todo lo que
esté de su parte para que las instalaciones innecesarias para las Fuerzas
Armadas que han tenido un uso hospitalario sanitario conserven ese uso
--al ser desafectadas como sanidad militar-- preferentemente en el seno
de la sanidad pública. Los modelos posibles evidentemente son varios.
Aquellos hospitales que permanezcan como necesarios para la asistencia
hospitalaria de las Fuerzas Armadas preferimos moverlos en la línea de
conciertos con el Insalud o las sanidades autonómicas (modelo Cartagena;
en vías de llegar a un acuerdo semejante con el Hospital de San Fernando,
de Sevilla); y aquellos hospitales que van a ser desafectados por no ser
necesarios para la sanidad hospitalaria militar mediante la cesión total
o parcial de estas instalaciones, mediante contraprestación económica, no
a título gratuito, ya que, además de cualquier otro argumento, otra cosa
está prohibida por la Ley de la Gerencia de Infraestructura, a la
iniciativa preferentemente pública, aunque, lógicamente, no cabe
descartar otras alternativas. Por consiguiente, cada caso habrá de
tratarse por separado.»
La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya, señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Inmediatamente, señora Presidenta.
Así, pues, el Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y su voto
obviamente será en contra. (El señor Burgos Gallego pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Para qué pide la palabra, señor Burgos? El señor
BURGOS GALLEGO: Señora Presidenta, para hacer algunas precisiones en el
sentido de lo que han comunicado los diversos portavoces de los grupos
que han intervenido.
La señora PRESIDENTA: Señoría, es evidente que se han vertido opiniones,
criterios y valoraciones políticas diferentes y no coincidentes, como así
es la diversidad de esta Cámara. Por lo tanto, no se tiene necesariamente
que coincidir unos grupos con otros. No ha lugar a reabrir un turno de
réplicas, contrarréplicas y reabrir el debate. Si se trata de una
precisión, exclusivamente de una precisión, o una aclaración, S. S.
tendría la palabra por un minuto.
El señor BURGOS GALLEGO: Simplemente me gustaría conocer, señora
Presidenta, si la propuesta de Convergència i Unió se plasma en una
enmienda concreta, puesto que el portavoz de Convergència nos ha
manifestado en su intervención que estaría dispuesto a plasmar en un voto
favorable la posición de su Grupo si se modificara en algún término la
redacción de la propia proposición no de ley. Me gustaría conocer, si es
posible, incluso aunque sea ya muy tarde, si eso se concreta o no en una
propuesta, porque no ha quedado suficientemente claro en la exposición.
La señora PRESIDENTA: No sé si el señor Cardona quiere hacer alguna
aclaración. No obstante, le recuerdo que en este momento no cabe la
posibilidad de introducir ninguna enmienda, pero S. S. tiene la palabra
para dar una explicación.
El señor CARDONA I VILA: Sabíamos que podíamos presentar una enmienda
hasta las ocho de la noche, no lo hicimos y ahora no sé si es permisible.
Si no es permisible, entonces no podemos hacer nada; en otra ocasión. La
señora PRESIDENTA: No es posible.
Finalizado, por tanto el debate de las proposiciones no de ley, vamos a
proceder a las votaciones.
Debo recordar a los portavoces de los distintos Grupos que, puesto que
vamos a proceder a las votaciones, deberán facilitar a esta mesa los
nombres de las Diputadas o
Diputados que sustituyen, en su caso, a titulares de esta Comisión. (Así
se hace por los distintos portavoces.)
Señorías, comunicadas las sustituciones, vamos a proceder a las
votaciones.
Votamos en primer lugar, la primera de las proposiciones no de ley
debatidas en el día de hoy: proposición no de ley sobre política
sanitaria en relación con la mujer, presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que va a ser votada en los
términos originales, tal como fue presentada, puesto que no ha sido
aceptada la enmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se solicita la creación de una ponencia
que estudie los problemas de los afectados por el consumo del aceite
tóxico. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
constituir, en el plazo máximo de un mes, un comité consultivo del
Sistema Nacional de Salud, proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre ayudas a niños afectados de ceguera en Jaén,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre incorporación a la red pública asistencial de
los recursos sanitarios de la infraestructura sanitaria dependiente del
Ministerio de Defensa, proposición presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Finalizado el orden del día de la Comisión, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.