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BOCG. Senado, serie II, núm. 77-d, de 02/12/2010
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
IX LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
2 de diciembre de 2010
Núm. 77 (d) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 98 Núm. exp. 121/000098)
PROYECTO DE LEY
621/000077 De Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
PROPUESTAS DE VETO
621/000077
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2010. P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2010. El Portavoz Adjunto, José Manuel Pérez Bouza.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 1
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
El BNG presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 por las mismas razones que motivaron la presentación de la enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados, son las que exponemos a
continuación.
A. Los presupuestos del «ajuste duro».
El diseño del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado supone la plasmación en las cuentas anuales de las políticas económicas con las que el Gobierno intenta afrontar la crisis y que se caracterizan por la sumisión a los dictados
de la Unión Europea, el FMI y «los temidos mercados», renunciando a una salida social a la crisis.
Estos presupuestos apuestan por un recorte drástico y precipitado del gasto público, anteponiendo el objetivo de la «consolidación fiscal» al de la recupe-
ración económica. Así, el objetivo macroeconómico que orienta todo el proyecto de presupuestos es conseguir la reducción del déficit hasta el 6% del PIB en el próximo año, relegando a un segundo plano las políticas sociales y los estímulos
a la recuperación de la economía y la reorientación del sistema productivo.
Esta opción retarda la recuperación económica, al renunciar el Estado a ejercer de motor o dinamizador de la economía a través de la inversión productiva, y con ello al «efecto multiplicador» que la inversión pública genera sobre el resto de
agentes económicos. De hecho, la reducción de la inversión pública para alcanzar los objetivos de déficit puede ser contraproducente incluso para este fin, puesto que al renunciar a estimular la recuperación económica, también se está renunciando a
los mayores ingresos fiscales que ocasionaría dicha mejora en la economía.
El proyecto busca la reducción del déficit operando tan sólo en la vía de la reducción del gasto, renunciando a incrementar la capacidad recaudadora del Estado mediante una política fiscal que acentúe el carácter progresivo del sistema.
Además, el proyecto de presupuestos es claramente regresivo en materia de prestaciones y servicios sociales, con los consiguientes efectos negativos para la mayoría de la sociedad.
El BNG presentó en el Congreso de los Diputados numerosas enmiendas que pretendían corregir este enfoque. Así, hemos presentado enmiendas relativas a la supresión de la congelación de las pensiones y del recorte a los funcionarios,
enmiendas que priorizaban y por lo tanto incrementaban el gasto social y la inversión en educación e innovación, y enmiendas que trataban de reorientar el sistema fiscal. Sin embargo, estas enmiendas han sido rechazadas por el grupo que sustenta al
Gobierno, lo que demuestra su nula voluntad de llegar a acuerdos en materias que permitan redefinir las orientaciones de estos presupuestos.
Por lo tanto, de esta filosofía que inspira la elaboración de los presupuestos, se derivan las demás objeciones que el BNG presenta a los mismos.
B. Unos presupuestos con nulo compromiso social.
Desde el BNG cuestionamos la tesis del Gobierno de que estos son unos presupuestos de claro componente social. El Gobierno fundamenta esta tesis en que los gastos sociales absorben el 58% de lo presupuestado, pero esto es así debido al peso
en el gasto de las pensiones y las prestaciones de desempleo, un gasto reglado en el que el gobierno tiene escaso margen de discrecionalidad. No hay una apuesta decidida por las políticas sociales, al contrario, el proyecto de presupuestos es
claramente regresivo en esta materia.
Así, el proyecto de presupuestos consolida la congelación de las pensiones y la dotación de la mayoría de programas sociales que no responden a compromisos exigibles por ley ven reducida considerablemente su dotación con respecto a los
presupuestos vigentes.
La asignación a la «dependencia» se reduce un 5,2%, lo que seguirá imposibilitando el cumplimiento del abanico de prestaciones contempladas en la ley de dependencia. El programa destinado a la «promoción social» se reduce un 8,1%, y las
partidas destinadas al fomento del empleo un 5,5%. Además, la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas se aplaza hasta el 2012.
Si examinamos la evolución del presupuesto por ministerios, nos encontramos con que Ministerios que concentran buena parte del gasto social, como el Ministerio de Sanidad y Política Social, sufren una reducción del gasto muy superior (8,7%)
a la de ministerios de escasa o nula vocación social, caso de «Interior» (3,1%) o «Defensa», (7%).
C. Unos presupuestos que impiden la recuperación económica y el cambio de modelo productivo.
Por otro lado, el proyecto de presupuestos generales del Estado debería dar prioridad a las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como infraestructuras, I+D+i o educación. Sin
embargo, la orientación es la contraria.
Los Ministerios de «Fomento» y de «Medio Ambiente y Medio Rural y Marino» sufren recortes de un 37,3% y un 33,8% respectivamente, que implicarán un drástico descenso de la inversión productiva.
También es significativo el recorte en el «Ministerio de Industria, Comercio y Turismo» (13,6%) y en el de «Educación» (7,4%). Si atendemos al capítulo de inversiones de estos ministerios, los descensos son aún mayores.
Los programas en materia de l I+D civil retroceden en un 7%, llegando esta reducción hasta el 29% en el programa «innovación tecnológica de las telecomunicaciones».
En contraste, nos encontramos con programas en el ministerio de «Defensa» que apenas sufren reducciones, como «gastos operativos de las fuerzas armadas» con una reducción del 1,2%, o «apoyo logístico», con un 3,1%.
Por lo tanto, no son unos presupuestos orientados a la inversión productiva y a la apuesta por la innovación, elementos que deberían ser ya una pieza esencial en la recuperación y reorientación económica.
D. Modificaciones fiscales insuficientes.
El BNG entiende que la política impositiva debe responder a tres objetivos: proveer de recursos a las políticas públicas, favorecer la revisión del modelo de acumulación y crecimiento y ser un instrumento de redistribución de la riqueza y
de lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Es por ello que defendemos la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal que combata la escandalosa bolsa de fraude existente y dote de mayor justicia, equidad y progresividad al sistema
impositivo. Se trata de un ambicioso objetivo que desborda el marco de una ley de presupuestos, aunque esta sí ofrece márgenes para reorientar la política fiscal y sentar las bases de un nuevo sistema.
La modificación de los tipos del IRPF contemplada en este proyecto de ley es totalmente insuficiente para que tan siquiera pueda ser considerada como un paso en la dirección antes mencionada. En un contexto en el cual desde el Gobierno se
exigen grandes sacrificios a empleados públicos y pensionistas, se incrementa la tributación indirecta mediante el incremento del IVA y se merman los derechos laborales de los trabajadores, el hecho de incrementar en un punto el tipo del IRPF
aplicable a rentas superiores a 120.000 euros y en dos puntos a los contribuyentes con ingresos superiores a los 175.000 euros no supone más que un mero gesto de carácter más propagandístico que con consecuencias reales en el sistema impositivo.
Así, cabe recordar que en el año 2004, cuando el PSOE accede al Gobierno del Estado, la progresividad del propio IRPF era mayor, puesto que el tipo impositivo del 45% se aplicaba a rentas mayores de 46.818 euros, mientras que con esta leve
modificación, para alcanzar el tipo del 45%, el contribuyente deberá obtener unos ingresos que casi cuadriplican dicha cantidad.
El propio gobierno estima que las modificaciones propuestas tendrán un impacto en la recaudación de apenas 200 millones de Euros.
Por lo tanto, las modificaciones del IRPF propuestas son insuficientes y ni siquiera corrigen la reforma regresiva de este impuesto impulsada por el Gobierno en el año 2006.
El Gobierno ha renunciado a introducir mayor progresividad en la tributación del ahorro y en el impuesto de sociedades, a recuperar el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas y a establecer medidas estructurales, organizativas y
normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, propuestas todas ellas que mejorarían la recaudación sin comprometer las políticas públicas y contribuirían a una distribución más justa de la carga fiscal.
Así, estos presupuestos significan, por tanto, otra oportunidad perdida para acometer una reforma fiscal basada en la equidad y la progresividad.
E. No cumplen con las necesidades inversoras de Galicia.
Por ultimo, para el BNG, como fuerza nacionalista y gallega, tiene una especial relevancia la inversión territorializada en nuestro país, sobre todo si tenemos en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de
infraestructuras y que padece un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales. Sin embargo, este proyecto de presupuestos, lejos de avanzar en la corrección de los
citados déficit y retrasos, contempla una inversión para Galicia de 1570 millones de euros, lo que supone 451 millones menos que la inversión prevista para este año.
En los presupuestos para 2010, elaborados ya en un contexto de crisis y sin que las previsiones macroeconómicas contempladas en los mismos se hayan alterado notablemente, se estimaba una inversión para Galicia de 2140 millones de euros en
2011, cerca de 600 millones más de lo establecido en este proyecto de presupuestos.
Cabe valorar positivamente las transacciones de enmiendas presentadas por el BNG en el Congreso, lo que ha posibilitado dotar varias actuaciones en Galicia. Sin embargo, esto no altera el contexto global de un gran descenso en la inversión
territorializada en Galicia. Fruto de este fuerte descenso, actuaciones fundamentales para la vertebración interna de Galicia y su conexión con los territorios de nuestro entorno están claramente infradotadas o su licitación y ejecución dependerá
del concurso para su financiación de la iniciativa privada.
Galicia que padeció incumplimientos y retrasos reiterados en época de bonanza puede sufrir ahora, con este recorte, un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno, para saldar los déficit acumulados en materia de infraestructuras.
Por todo lo expuesto, el BNG solicita el veto del Senado a este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011.
El Senador Carles Josep Bonet i Revés (GPECP), el Senador Josep Maria Esquerda Segués (GPECP), el Senador Miquel Bofill Abelló (GPECP) y el Senador Pere Muñoz Hernández (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan una propuesta de veto
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2010. Mi-quel Bofill Abelló, Pere Muñoz Hernández, Josep Maria Esquerda Segués y Carles Josep Bonet i Revés.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 2
De Don Miquel Bofill Abelló (GPECP), de Don Pere Muñoz Hernández (GPECP), de Don Josep Maria Esquerda Segués (GPECP) y de Don Carles Josep Bonet i Revés (GPECP)
El Senador Carles Josep Bonet i Revés (GPECP), el Senador Josep Maria Esquerda Segués (GPECP), el Senador Miquel Bofill Abelló (GPECP) y el Senador Pere Muñoz Hernández (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 son la concreción del ajuste económico más duro vivido en democracia. Un proyecto para la continuidad a los recortes iniciados el pasado 12 de mayo de 2010, continuados por la reforma del
mercado de trabajo y que parecen no tener fin ante la previsible reforma de las pensiones. Es la constatación de una política económica con un marcado carácter ideológico, propia de las fuerzas conservadoras, que recorta derechos, recorta política
social y nos aleja de la recuperación económica, ya que sitúa como único objetivo la reducción del déficit.
Bajo las teóricas imposiciones opacas e indefinidas de los denominados «mercados» e inversores internacionales, el gobierno está llevando a cabo un desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar. Esta profunda reforma es antisocial, ya
que no goza en ningún caso del apoyo del conjunto de la ciudadanía. Pero también es antieconómica, ya que hipoteca la salida de la crisis, dificultando la creación de empleo y las reformas verdaderamente necesarias para afrontar las necesidades y
deficiencias estructurales de nuestra economía.
Todo ello es fiel reflejo de los errores de este gobierno en materia económica. Antes de la crisis, se obviaron los problemas estructurales de la maltrecha economía española. Se menospreció el futuro impacto de la burbuja inmobiliaria en
la economía, no se prestó atención al exceso del peso de los sectores más estacionales y menos cualificados en el conjunto de la ocupación. El PIB crecía a buen ritmo y eso era lo único que importaba, sin prestar atención en si además de crecer
mucho se crecía bien, desaprovechando la senda de crecimiento para ampliar el Estado de Bienestar. Se llevaron a cabo reformas fiscales regresivas en los impuestos directos que ahora pasan factura. Concretamente un coste en términos de recaudación
potencial de unos 30.000 millones de euros. Unas medidas que, además beneficiaban especialmente a las rentas más elevadas.
Posteriormente, llegó la crisis y durante varios meses el gobierno se dedicó a negarla, a considerarla un episodio pasajero, aún cuando eran evidentes las muestras de su profundidad y el posible impacto que tendría en la cifra del paro. El
gobierno se quedó de brazos cruzados, retrasó las medidas de estímulo que hubieran reducido el impacto de la crisis.
Una vez aceptada la evidencia de la crisis, se tomaron medidas parciales e inconexas, previas a la llegada del plan de recorte. Un plan de recorte que se atrevió a tomar decisiones drásticas y traumáticas en aquellas cuestiones que
afectaban a los más débiles: pensiones, dependencia, recortes en la función pública y pérdida de derechos de los trabajadores.
Sin embargo, las reformas no llegaron a aquellos sectores estratégicos como el financiero y el energético, a pesar de
que la salida de la crisis pasa en buena medida por un cambio de modelo en estos ámbitos.
Es evidente que la crisis económica y financiera ha impuesto elevados costes a nuestra Hacienda Pública. Las ayudas al sistema financiero y empresarial, la activación de los estabilizadores automáticos del presupuesto, los estímulos
fiscales discrecionales y la pérdida de bases fiscales asociadas a la actividad inmobiliaria, han provocado déficits públicos relativamente importantes y el aumento de nuestra deuda pública en circulación.
Los déficits explican una parte relevante del aumento de nuestra deuda pública, estimada en el 62,8% del PIB en 2010 y con una previsión de elevarse hasta el 68,70% del PIB en 2011, ratios en todo caso inferiores al promedio europeo. Pero
también inciden en el aumento de la deuda las ayudas a la banca y el apoyo financiero a las empresas que se han llevado a cabo.
El déficit del conjunto de Administraciones Públicas en 2009 se situó en el 11,1% del PIB tras el 4,1% ya registrado en 2008. El programa de estabilidad aprobado en enero de este año planificaba la reducción gradual, pero exigente, del
déficit en cuatro ejercicios presupuestarios con el objetivo de alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2013. El Gobierno entendía que era el momento de marcar un giro en la política fiscal abandonando una política moderadamente expansiva
hacia un severo ajuste presupuestario. Sin embargo, esta consolidación fiscal planteaba serias
dudas por sus posibilidades de limitar la recuperación de nuestra economía.
Esas dudas se multiplican cuando en mayo el Gobierno se compromete a anticipar la programación del ajuste presupuestario asumiendo nuevos recortes por valor equivalente a medio punto del PIB en 2010 (déficit previsto del 9,3% del PIB) y otro
punto porcentual más en 2011 (hasta el 6% de déficit), reduciendo en dos años 5,1 puntos porcentuales de déficit público con relación al PIB.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son la expresión de la renuncia, no sirven para superar la crisis, ni para crear empleo.
Un escenario macroeconómico voluntarista e irreal.
Por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que el brutal y desequilibrado ajuste presupuestario para 2011 es condición necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía y normalizar el acceso a la financiación, lo cierto es que
puede ser contraproducente. Porque estos presupuestos contribuyen, en el mejor de los casos, a dilatar el momento de la recuperación económica, y ésta es imprescindible para equilibrar nuestras cuentas públicas reduciendo el déficit.
El escenario macroeconómico que acompaña a estos presupuestos supone que la tímida recuperación económica iniciada a principios de 2010 se mantiene, estimándose un retroceso del PIB real del 0,3% como media en 2010. Sin embargo, esto no
está todavía claro para el conjunto del año.
Es verdad que en el segundo trimestre la actividad económica mantuvo el tono de lenta recuperación del primer trimestre, pero el Banco de España ya alerta sobre la posibilidad de que en el tercer
trimestre la actividad se debilite más de lo previsto por la finalización de ciertos estímulos fiscales, el recorte en la inversión pública y la reversión temporal de los efectos de anticipación de gasto que se produjeron con anterioridad a la
subida del IVA.
Siendo pues aún incierta la evolución del año 2010 en términos de crecimiento, es el incremento del PIB previsto por el Gobierno para 2011, que es la base fundamental de la estimación de ingresos, el que no parece sostenerse. Se estima un
crecimiento del PIB en términos reales del 1,3% basado en el buen comportamiento de las exportaciones y en la reactivación del consumo privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. Este escenario que descuenta el Gobierno le lleva a
afirmar que se pone fin a la etapa contractiva de nuestra economía.
Lamentablemente, puede que nos encontremos ante un ejercicio de voluntarismo del Gobierno porque es muy improbable que el PIB crezca a esa tasa. Así lo piensa la mayoría de organismos nacionales e internacionales que prevén un crecimiento
en el entorno del 0,6%. El Gobierno está infravalorando los efectos de su propio ajuste presupuestario, del elevado desempleo y de los ajustes salariales sobre el gasto en consumo, y es excesivamente optimista sobre la contribución positiva del
sector exterior.
Los drásticos recortes presupuestarios van a repercutir negativamente sobre la demanda agregada en un contexto, ya de por sí, de reducida actividad económica. Y el empleo será el primer damnificado.
Incluso en el optimista escenario macroeconómico que plantea el Gobierno, según sus previsiones en 2010 se destruirán 390.100 empleos y el paro alcanzará al 19,8% de la población activa (4.562.300 desempleados). Y en 2011 se estima un
ligero crecimiento del empleo (43.400 puestos de trabajo) y una tasa de paro del 19,3% (4.448.600 parados). Todo ello, como decimos, considerando las voluntaristas previsiones en términos de crecimiento del PIB.
El panorama que se plantea es francamente complicado si, como es bastante previsible, el PIB no crece en 2011 el 1,3%, sino prácticamente la mitad.
Más allá del voluntarismo en las previsiones, el Gobierno destaca en los documentos presupuestarios que la principal novedad de este año en materia laboral fue la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor a mediados
de junio. El Gobierno atribuye a esta reforma un sin fin de efectos positivos: favorecerá la contratación indefinida, reducirá la contratación temporal, mejorará la intermediación laboral y aumentará la empleabilidad de los parados. Es decir,
creará empleo.
Sin embargo, es el propio Gobierno el que reconoce a efectos prácticos en estos presupuestos, que esta reforma poco tiene que ver con la creación de empleo. Si hacemos caso a sus previsiones sobre creación de empleo y evolución del paro,
estas variables se explican por la variación estimada del PIB y la evolución de la población activa. Es decir, un año y medio después de su entrada en vigor, esta reforma laboral no añadiría ningún plus positivo a la creación de empleo. Como era
de esperar, por otra parte.
Y en términos de estabilidad en el empleo pensamos que tampoco hay lugar para el optimismo. Según vamos conociendo los datos de contratación y paro registrado, seguimos comprobando que la contratación temporal continua siendo la tónica. En
septiembre, del total de contratos registrados el 91,2% fueron de carácter temporal. Es decir, en ese mes la contratación indefinida tan sólo representa el 8,8% del total, incluso menos que en el año 2009. Abaratar y facilitar el despido ni crea
empleo, ni tiene por qué mejorar su estabilidad.
Del resto de reformas, precisas según el Gobierno para recuperar el crecimiento, la reestructuración del sector financiero no está dando sus frutos, ya que el sistema sigue sin operar con fluidez a la hora de financiar a particulares y
empresas, y la famosa Ley de Economía Sostenible ha terminado por ser una cajón de sastre cuyos contenidos difícilmente van a contribuir al pretendido cambio de modelo productivo.
Un ajuste presupuestario desequilibrado que entorpece la recuperación.
El Gobierno afirma que la única vía posible para la reducción del déficit público es un ajuste sin precedentes en el gasto para adecuarlo a los niveles de ingresos públicos actuales. Y afirma también que la situación económica, en fase de
tímida recuperación según el ejecutivo, desaconseja una reforma sustancial del sistema tributario. Así, estos presupuestos sólo incorporan modificaciones impositivas de carácter «cosmético». En suma, las medidas por el lado del gasto son
contundentes en forma de drásticos recortes y por el lado del ingreso se introducen modificaciones sin apenas efectos recaudatorios.
El Presupuesto consolidado (Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias y otros organismos) de gastos no financieros en términos homogéneos disminuye un 3% respecto a 2010 y el gasto no financiero del subsector Estado lo hace en
un 7,9%. Los recortes se extienden por todos los capítulos del gasto, a excepción del correspondiente a los gastos corrientes financieros que aumenta un 18% como consecuencia de la evolución de la deuda pública y de las condiciones de los mercados
financieros. Si excluimos la carga financiera de la deuda, el gasto no financiero del Estado disminuye un 13,4% con relación a 2010.
El recorte es particularmente intenso en materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra economía, la creación de empleo directo y el cambio de modelo productivo. Más allá de su composición, la
inversión del Sector Público administrativo y empresarial disminuye prácticamente un 30%.
El principal problema con el que nos encontramos ante este panorama es que el propio ajuste en el gasto público va a impedir seguramente que se logre el crecimiento previsto del PIB por el Gobierno para 2011 y, en consecuencia, la previsión
de ingresos prevista se tambalea. El irreal crecimiento previsto del PIB (2,6% en términos nominales al sumar la inflación) es la base para esperar que los ingresos tributarios del Estado crezcan un 6,1% con relación a la previsión de liquidación
de 2010. Así, sin esos ritmos de crecimiento económico, difícilmente crecerá la recaudación en el IRPF un 6,2%, un 9,3% en el Impuesto de Sociedades o un 7,3% en el IVA, tal y como prevé el Gobierno.
De la misma forma, las optimistas previsiones en materia de crecimiento, y por extensión del empleo, cuestionan la evolución de los ingresos de la Seguridad Social y el aumento previsto de las cotizaciones sociales, del 3% en el total del
Sistema y del 4,6% en el Régimen General.
Ni que decir tiene que esta situación complica aún más la consecución del objetivo de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas (6% del PIB) por lo que es posible que se produzcan más ajustes por el lado del gasto con efectos
devastadores desde el punto de vista macroeconómico en términos de crecimiento y empleo.
Desde nuestro punto de vista, la discusión ha de centrarse en los márgenes de maniobra de los que disponemos para una programación presupuestaria más sensata, que no impida la recuperación económica y que asegure la sostenibilidad de
nuestras finanzas públicas. En particular, y en este sentido, pensamos que centrar el ajuste en el gasto en lugar de en los ingresos complica sobremanera la situación. Entendemos la situación excepcional de nuestras finanzas y la necesidad de
reducir el déficit público, pero la mejor garantía para ello es potenciar la recuperación económica.
Y no podemos compartir la afirmación del Gobierno de que una reforma del sistema tributario para potenciar la recaudación es ahora desaconsejable por su efecto contractivo sobre la economía. Lo desaconsejable es centrar el ajuste en el
gasto, porque sus efectos contractivos son mayores.
Porque, puestos a valorar efectos contractivos, el impacto pernicioso de un recorte en el gasto público es superior al de un aumento de los impuestos, ya que el gasto público tiene un impacto más directo sobre la demanda agregada, mientras
que si la subida impositiva afecta a los contribuyentes de mayor capacidad económica, con una propensión a consumir menor en términos relativos, los efectos negativos sobre la demanda son menores.
En otras palabras, es fundamental consolidar la recuperación económica priorizando la inversión pública por su efecto multiplicador sobre la demanda y asegurar el gasto social, especialmente el dirigido a los colectivos de menor nivel de
renta que son los que tienen mayor propensión a dedicar el aumento de sus ingresos al consumo. Y para evitar problemas a corto plazo con el déficit público lo razonable es aumentar selectivamente la fiscalidad minimizando también el impacto sobre
la demanda. Recuperando, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, revisando la tributación de los rendimientos de actividades econó-
micas y del capital en el IRPF, aumentando los tipos efectivos en el Impuesto sobre Sociedades, o introduciendo figuras tributarias de carácter ambiental.
En paralelo, no podemos renunciar a actuar en profundidad sobre la estructura de los ingresos públicos porque, a medio plazo, es preciso aumentar la capacidad recaudatoria del sistema y reforzar su progresividad para financiar con garantías
nuestra protección social y aumentar la capacidad del Sector Público para contribuir al cambio de modelo productivo. Aquí, la lucha contra el fraude fiscal es una cuestión prioritaria.
La opción del Gobierno: una reducción sin precedentes del gasto público.
Como se ha argumentado hasta aquí, estos Presupuestos renuncian a financiar gastos que pueden contribuir a la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleo, y también a políticas precisas para lograr un crecimiento más
equilibrado y cohesionado a medio plazo.
Se congelan las retribuciones de los empleados públicos consolidando el recorte del 5% que aprobó el Gobierno en mayo de 2010 y se restringe, por tercer año consecutivo, la Oferta de Empleo Público reduciéndose a un 10% la tasa global de
reposición de efectivos. Esta política puede afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos y no contribuye a mejorar las sombrías perspectivas del empleo en nuestro país.
Se produce un retroceso en la protección social de nuestro país. El Gobierno ha congelado la mayoría de las pensiones para 2011 y si el gasto en este capítulo aumenta un 3,6%, lo hace por el previsible incremento del número de pensionistas,
la paga extra por desviación del IPC en 2010 y la revalorización de las pensiones mínimas del 1% en 2011. Una aumento de tan escasa entidad que hace saltar por los aires el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones mínimas en esta
legislatura hasta alcanzar una media del 26%.
Se suspende la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que debería entrar en vigor en 2011, y las prestaciones familiares descienden un 9% por la eliminación del «cheque bebé» y la supresión de las ayudas por hijos a cargo.
Los programas de servicios sociales sufren recortes importantes. El Plan Concertado disminuye en un 11,8% y pone en jaque a los servicios sociales municipales. El Plan de Acción para personas con discapacidad se reduce un 43% y disminuyen
los programas de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. A pesar del incremento previsto del número de beneficiarios y de cuidadores no profesionales, la dotación presupuestaria en atención a la
dependencia disminuye un 5,4%. Se recortan igualmente los programas que incluyen actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y para la prevención integral de la violencia de género. El Fondo de Integración de Inmigrantes
se reduce un 32,4%.
En materia de protección por desempleo se destinan al pago de prestaciones 30.140,29 millones de euros. Esta cantidad es un 1,5% inferior a las dotaciones iniciales de 2010 debido a las previsiones de reducción del gasto en las prestaciones
de nivel contributivo. Esto significa que la cobertura de las personas en desempleo se va a reducir por el progresivo agotamiento de las prestaciones contributivas y por la desaparición en febrero de la prestación extraordinaria por desempleo. Y
se va a producir en un contexto económico complicado con sombrías expectativas para la creación de empleo.
Según el Gobierno, en 2011 algo más de 2.759.000 personas tendrán algún tipo de prestación por desempleo (contributiva, subsidio, incluida la renta agraria, subsidio REASS y renta activa de inserción). Esto significará que, con las
previsiones de desempleo del Gobierno, cerca de 1.700.000 desempleados carecerán de cualquier tipo de prestación por desempleo.
En 2011 se van a dedicar a políticas activas de empleo 7.322,80 millones de euros, un 5,5% menos que lo destinado en 2010. Si bien es cierto que parte del ajuste en estas políticas puede explicarse porque el gasto para financiar las
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para la contratación disminuye (por la revisión y limitación de estas bonificaciones), también lo es que el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta
a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. En España hay un orientador por cada 189 desempleados, mientras que la media europea es de 1 orientador por cada 50 desempleados.
Las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disminuyeron sustancialmente en los presupuestos de 2010 (un 20,6%) y ahora en estos presupuestos lo hacen de nuevo (un 13%) disponiendo de una cuantía muy reducida (250
millones de euros). El Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado redujo su dotación casi un 50% en 2010 y ahora se congela para el ejercicio de 2011 con poco
más de 50 millones de euros.
La insuficiencia en las políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo dando cobertura a propuestas para que la iniciativa privada tome el rele-
vo. La reforma laboral ha consumado esta situación con la privatización de la intermediación laboral.
Ahora bien, no todas las partidas relacionadas con la ocupación disminuyen, el FOGASA se ha incrementado en un 6%. La partida para el pago de prestaciones acordadas según la legislación se incrementa en 400 millones de euros, un 35,7% más
que en los anteriores PGE. El FOGASA es desde la reforma del mercado de trabajo el fondo del despido subvencionado y este incremento tan elevado de la aportación del estado sólo se justifica ante la previsión del gobierno de que las empresas vayan
a despedir más y por tanto a necesitar más fondo para costear los 8 días de indemnización por despido que cubre el estado por la reforma laboral.
Las políticas estatales de acceso a la vivienda para 2011 cuentan con un 19.3% menos que en 2010. Este descenso acumula el 8% registrado en los presupuestos anteriores. Se elimina la reserva de eficacia, Cataluña obtenía de esta reserva
casi tantos recursos como los que inicialmente tenía asignados, el resultado es que para el 2011 las aportaciones del Estado a Cataluña en materia de vivienda caerán aproximadamente sobre el 65% hecho que pone en evidente compromiso los objetivos
planteados en el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016, y la atención a las crecientes necesidades sociales en materia de acceso y pago de viviendas.
Estos presupuestos suponen el mayor descenso de la AOD española, un 17%, más de 900 millones . Si a esto le sumamos el recorte de 300 millones anunciados en mayo de 2010 el total es de 1.200 millones. También llama la atención que
mientras el FAD cooperación sufre un descenso del 37.63% respecto a 2010, el actual FIEM aumenta respecto al presupuesto de internacionalización de la empresa española durante el periodo 2010 en casi un 63%. Todo ello contrasta con el presupuesto
de Defensa, a pesar de que este Ministerio haya sufrido un recorte porcentualmente más elevado que la media. Al margen del presupuesto para el funcionamiento ordinario y operativo del ejército, se continuará con el funcionamiento, desarrollo y
ejecución de los Programas Principales de Modernización ya iniciados, como el de Modernización de las Fuerzas Armadas, que tendrá un coste de 383,15 MEUR y el de Programas especiales de modernización, con un coste de 204,53 MEUR. Casi 600 millones
invertidos en material militar, tres cuartas partes, por ejemplo de lo que este año se recorta en cooperación.
Aunque en los documentos presupuestarios se afirma que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público al ser un instrumento básico para dinamizar la economía, los recortes en los principales departamentos
inversores, Fomento y Medio Ambiente, desmienten esa afirmación.
El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se recorta un 34,6% y el capítulo de inversiones lo hace en un 43,3%. En realidad, el problema radica en la concepción de modelo, que sigue estancado en las grandes infraestructuras. Se
sigue primando la inversión en AVE, siendo ésta 4 veces mayor que la destinada a cercanías; y la inversión en ferrocarril convencional se ha reducido en un 69% respecto a la del año pasado.
Partidas tan importantes como la cuadruplicación de vías de ancho ibérico para los accesos norte y sur a Barcelona, o la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona y Girona ya no tienen continuidad
en los presupuestos del 2011 a pesar de que fueron aprobadas en el 2010, e incumpliendo una resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.
De la misma forma, el gasto no financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se recorta en un 31,3%, afectando principalmente a las inversiones (39,2%) y transferencias de capital (9,9%). Esto se produce en un
momento crítico para el campo, que acumula una caída de la renta del 26% desde 2003, afectando negativamente a las explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y a la creación de empleo en el sector agrario.
El discurso del gobierno en cuanto a la modernización del modelo productivo hablaban de una estrategia para una economía sostenible, con incremento de las inversiones en materia medioambiental para mejorar el entorno pero también para evitar
en el futuro . En esta estrategia, la industria tecnológica, la ciencia, el conocimiento y la investigación debían jugar un papel fundamental. Estos presupuestos son la demostración de que el el concepto «cambio de modelo» para el gobierno es tan
solo una figura retórica.
En primer lugar, los recortes en las partidas para la protección del medio ambiente también son significativos: disminución del 37% en las actuaciones para calidad del agua, del 47% en protección y mejora del medio ambiente, del 39% en
protección y mejora del medio natural, y del 16% en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Y todo ello considerando que el porcentaje del presupuesto del MARM que se destina a las partidas ambientales tan solo
representa el 5% del total.
En segundo lugar, el gasto en investigación, desarrollo e innovación se reduce un 8,4% sobre las cantidades aprobadas en los presupuestos de 2010. Las operaciones financieras (créditos) lo hacen un 9,4% y las
no financieras (subvenciones) un 6,7%. El descenso en investigación civil es menor que en investigación militar, pero significa el 7%, afectando de forma similar a las operaciones financieras y no financieras.
Así, pese a las declaraciones del Gobierno afirmando que se da carácter prioritario a la política científica y tecnológica, la I+D+i sufre un nuevo recorte que, acumulado al que tuvo lugar en 2010 y al práctico estancamiento en términos
reales del presupuesto de 2009, supone abandonar la senda de consolidación de esta política como pieza esencial del futuro de nuestra economía.
En tercer lugar, los recortes han afectado a las ya de por si insuficientes políticas industriales. Así, el programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos se reduce en más de 82 millones de euros, un 17,6% menos que en 2010.
Del mismo modo, el programa de reconversión y reindustrialización, fundamental para determinadas zonas desfavorecidas y fuertemente afectadas por el paro, ha tenido un recorte del 12,6%.
Medidas cosméticas por el lado del ingreso.
Las medidas fiscales incluidas en los Presupuestos no tienen efectos apreciables sobre la recaudación. La medida «estrella», pero ciertamente cosmética, es la subida moderada del tipo marginal en la tarifa estatal del IRPF para los
contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 120.000 euros (del 21,5% al 22,5%) y a 175.000 euros (al 23,5%). Se espera recaudar, apenas, 200 millones de euros.
El Presidente del Gobierno, después de anunciar las medidas de ajuste social en mayo de este año, declaró que era su objetivo que los mejor situados económicamente realizasen también un esfuerzo fiscal suplementario para aliviar a nuestras
finanzas públicas. Hasta ese momento, la principal medida estructural en materia tributaria fue la subida del IVA en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, subida que afecta en mayor medida a los ciudadanos de menor capacidad económica.
Si ahora la garantía de que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a la consolidación de las finanzas públicas es la moderada subida del marginal en el IRPF, se comprende perfectamente que el Gobierno ha renunciado definitivamente
a introducir un mínimo de justicia en la distribución de los esfuerzos.
Tenemos un serio problema por el lado de los ingresos y es aquí donde han de centrarse los esfuerzos. Nos encontramos con un sistema tributario con escasa progresividad y un elevado fraude fiscal que afecta a la equidad y suficiencia del
sistema.
El IRPF es el impuesto progresivo por excelencia y el que mayor recaudación aporta al conjunto de Administraciones Públicas. Pues bien, en el año 1993, las rentas salariales superaban a las rentas declaradas de empresarios y profesionales
en el equivalente a unos 2.000 euros; quince años más tarde, las rentas salariales siguen siendo superiores, evidentemente, pero la diferencia se ha disparado hasta los 7.500 euros.
Estadísticamente, los empresarios y profesionales contribuyentes
del IRPF declaran ser «mileuristas» en los últimos 20 años.
En este tributo, sólo el 18,8% de los contribuyentes declara una base imponible de más de 30.000 euros, proporción que baja al 4% de los contribuyentes a la hora de declarar una base imponible de más de 60.000 euros. Pero, si se calculan
los tipos efectivos sobre la renta, se observa cómo estos contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. El impacto regresivo del tipo fijo sobre las rentas del ahorro es parte de la explicación, además de la posibilidad que
tienen los contribuyentes de mayor capacidad económica de acceder a mecanismos de ingeniería fiscal para reducir la carga impositiva.
No es de extrañar, por tanto, que la subida de la tarifa general que se incorpora en estos Presupuestos apenas tenga impacto recaudatorio.
Respecto al Impuesto de Sociedades, el tercer tributo en volumen de recaudación, según la última estadística de 2007, sólo el 42% de las sociedades declaran bases imponibles positivas. Y estas empresas con beneficios que soportan el tributo
tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad. Esto es así porque las posibilidades de acceder a un mayor número de deducciones y beneficios fiscales es mayor cuanto mayor es la dimensión de la sociedad, y porque son las grandes
empresas las que pueden realizar ajustes societarios para diferir y evitar la tributación.
En cuanto al IVA, el segundo tributo en volumen de recaudación, si analizamos la comparativa internacional de la Tasa Impositiva Implícita por imposición indirecta (ITR), un indicador facilitado por Eurostat que compara la recaudación por
IVA con el consumo privado de los hogares, observamos que esa tasa es en España la segunda menor para el conjunto de países de la UE, sólo superior a la tasa griega. Aunque los tipos impositivos en España son de los más bajos a nivel europeo, se
comprueba que estados con tipos aún menores presentan un valor mayor de ITR, o que estados con un valor de ITR que duplica al de España lo alcanzan con tipos impositivos superiores a los nuestros, pero que en modo alguno los duplican.
Otra de las medidas fiscales introducida en estos presupuestos es una mejora en la tributación de las
SICAV cuando estas realizaban reducciones de capital. Estas sociedades especulativas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por parte nuestra recibiendo siempre la misma respuesta por parte del gobierno, que las SICAV no se tocaban
porqué su funcionamiento era el correcto. Ahora, el gobierno rectifica, con unas mejoras que no resuelven cuestiones como que recupere su control efectivo el cuerpo de inspectores de hacienda, la tributación de los capitales que no salen de la
SICAV o las garantías para que todos los miembros de estas sociedades sean realmente inversores.
Son ejemplos que señalan algunas de las deficiencias de nuestro sistema tributario y que tienen una relación directa con el importante volumen de fraude fiscal y de economía sumergida que existen en España, y que algunas estimaciones sitúan
alrededor del 23% del PIB.
Un elemento a considerar del presupuesto es que el plan de lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal se reduce un 2,36%. Si el fraude y la economía sumergida es uno de los problemas estructurales de la economía
española que más negativamente están afectando a la recuperación, sería de esperar un mayor impulso de este plan y no su recorte. Y más cuando en 2010 por cada euro invertido en este plan se lograron recuperar 8,36 euros provenientes del fraude.
Combatiendo con mayor eficacia el fraude fiscal y llevando a cabo a corto plazo medidas para mejorar la progresividad del sistema, se podría obtener un volumen importante de ingresos, evitar el drástico ajuste en la inversión pública,
asegurar el gasto social y alimentar la recuperación de nuestra economía y la creación de empleo. Y todo ello permitiría cumplir con una programación razonable para la reducción del déficit público.
Todo lo contrario de las orientaciones de estos Presupuestos, que son ineficaces para la recuperación de la economía y la creación de empleo, e injustos en la distribución de los esfuerzos.
Finalmente añadir que los Presupuestos Generales para el año 2011 son los primeros en los que el Gobierno asume la crisis. Los de 2010 eran tan irreales que tal como anunciamos quedaron superados en un mes y medio.
Por eso, estos
Presupuestos son un resumen y el sumario de un fracaso provocado por una política económica guiada por la improvisación y la rectificación.
A causa de la rapidez en el fuerte deterioro de las finanzas públicas españolas junto con la política de no aplicación de reformas estructurales, el Estado ha optado ahora, presionado por instancias europeas e internacionales para
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro, por una serie de medidas que van en la línea de recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones, afectar la aplicación de la Ley de Dependencia, eliminar el cheque bebé, recortar
el gasto farmacéutico y avanzar el programa de estabilidad.
Son medidas de consolidación fiscal que se añaden a las que ya se adoptaron en los presupuestos generales del 2010 con una subida de impuestos y moderación en el gasto público, que se han visto que no son suficientes, más después de la
política errática que ha llevado al ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Así, como el objetivo es el de reducir el déficit para situarlo en el 6% en 2011, ante las expectativas de crecimiento económico para este año que condicionan los ingresos no financieros, y ante los mayores gastos derivados de la situación
actual de crisis, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recortan las partidas del presupuesto, pero no se propone una nueva estructura del gasto que permita una reactivación económica.
Son por tanto unos PGE derivados de la crisis y no para resolver la crisis y condicionados por el incremento de los intereses de la deuda pública (27.421 M ) y por la aportación del Estado para cubrir las prestaciones de desempleo (15.780 M
), partidas que representan más del 35% del total de gasto no financiero del Estado.
La experiencia de la gestión de los últimos presupuestos ha demostrado que las expectativas fijadas de crecimiento han sido excesivamente optimistas. En los presupuestos se fija un crecimiento del 1,3% para el 2011, previsión que ya antes
de la aprobación de los presupuestos el FMI rebaja al 0,6%, Esta mala previsión es la causante en el pasado de prever ingresos por encima de los reales y en consecuencia del aumento del déficit público. Si hay errores graves en la previsión de
ingresos de 104.539 millones de euros, como apunta el FMI, el déficit puede incrementarse.
A todo ello, en la propia justificación de los PGE se fija que los cambios normativos en fiscalidad no persiguen un afán recaudatorio, sólo una redistribución de la renta:
«Los Presupuestos para 2011 continúan con el proceso de reducción de los gastos, si bien se realizan también algunos ajustes en la estructura impositiva. Estas modificaciones, mas que impacto recaudatorio, buscan dotar al sistema tributario
de una mayor justicia y equidad en la asunción de los costes de la crisis, así como fomentar el cambio de modelo productivo.»
Por tanto, el sacrificio presupuestario se traslada al gasto social, y con ello se configuran los presupuestos más antisociales de los últimos años, así:
--6,1 millones de pensionistas (incluidas las clases pasivas del Estado) verán reducido de forma
considerable su poder adquisitivo en el año 2011 por la congelación de las pensiones.
--El incremento en gasto de pensiones de 2011 (3,8%) es inferior a la mitad de la media del incremento de los últimos 10 años (8%).
-- En general, la partida de Servicios Sociales y promoción social es un 8,1% inferior al presupuesto de 2010.
--Se ponen en peligro los acuerdos de desarrollo de la Ley de la Dependencia. Las dotaciones se reducen en un 5,3% respecto a la dotación ya insuficiente de 2010.
--Los fondos destinados a la integración de inmigrantes se reducen el 23,8%. El fondo a las CCAA y entes locales pasa de 100 M de euros a 62 M de euros.
--La partida de fomento al empleo también cae un 5,5% (no cuadra con la tasa de paro que fija para el próximo año que supera el 19%).
--Sanidad y educación bajan por encima de la media (8,1%).
Y ello a pesar que el Gobierno manifieste que el 58% de los presupuestos consolidados son gasto social. No obstante lo que en realidad aumenta es el fondo de reserva de la seguridad social, mientras disminuye dependencia, atención a los
parados y aumenta también la partida de política de pensiones.
Además, y a pesar de lo que pueda sustentar el Gobierno, al recorte en el gasto social se le añade que no hay ningún elemento en este proyecto de presupuestos que permita avanzar en el cambio de modelo productivo, ni siquiera en un ligero
estímulo del modelo productivo actual.
Así:
--La inversión pública se reduce un 29,5% respecto al 2010 (8.600 M de euros menos), y la reducción de las inversiones de la Administración del Estado aún es más profunda (40,7% de reducción).
--No hay una apuesta clara por la reactivación de las PYMES, ya que el presupuesto es un 5,3% menor al presupuesto pasado.
Si el gasto en inversiones se reduce, persiste no obstante la obsesión del Gobierno por la construcción de redes de Alta Velocidad, de elevado coste económico y en algunos casos de escasa rentabilidad, mientras se suspende la ejecución de
tramos viarios y ferroviarios en corredores estratégicos como el mediterráneo, o enlaces como el de la AP7 o la AP2 que absorben un tráfico viario de más de 100.000 vehículos/día.
Las partidas de I+D civil tienen, por segundo año consecutivo, un recorte considerable (del 7%, unos 570 M de euros) a pesar de ser algo inferior al del conjunto del gasto estatal (7,9% de reducción). Además se incluyen también en el
capítulo de «gastos de cambio del modelo», el gasto estatal en educación, cuando aquí lo único que hay es un leve crecimiento del gasto en becas (2,6%), las que constituyen la mitad del gasto estatal en la materia (el resto está transferida a las
CCAA).
Con estos presupuestos además, el gobierno del Estado pondrá en riesgo la capacidad de las administraciones territoriales para cubrir el tipo de servicios públicos esenciales que en la actualidad cubren:
La financiación estatal se reducirá 3.700 M de euros (un 20,7% de reducción) en los entes locales y de 3.000 M de euros (el 3%) en las CCAA, a lo que se le debe añadir que a estas administraciones se les reduce la capacidad de generar
déficit en 11.700 M de euros.
Finalmente si analizamos la reducción de la inversión pública en Catalunya (2.546 M de euros en total en 2011) ésta es algo superior a la media estatal (29,8%) y representará que el Estado invertirá 1.080 M de euros menos en Catalunya que en
el 2010. A todo ello se le debe añadir el bajo nivel de ejecución de la obra presupuestada, pues en el año 2009, representó sólo el 70% de la presupuestada (cada tres años, uno le sale gratis en España).
Para el cumplimiento de la DA 3.ª del EAC (que incorpora algunas transferencias de capital y excluye algunas inversiones estatales) sería necesario que los PGE destinaran 3.134 M de euros, es decir el 18,52% que es el porcentaje de
participación relativa al PIB de Catalunya con relación al PIB del Estado para inversiones en infraestructuras en Catalunya, y no los 2.546 M de euros que representan sólo el 15,2% del PIB. De éstos además el PGE deja pendientes (pero con una
dotación en la partida cajón) asignar 391,8 M de euros. Habría que recordar que aún están pendientes de asignar 646,75 M de euros de 2010, dado que nunca ha habido el acuerdo bilateral correspondiente entre el Estado y la Generalitat (habitualmente
era en febrero, justo cuando empezaron los problemas del Gobierno Zapatero en el 2010). Y además se observa que no hay ninguna partida en los presupuestos para resarcir en Catalunya por la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en los
años anteriores.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPECP) y el Senador Joan Josep Nuet i Pujals (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2010. Joan Josep Nuet i Pujals y Jordi Guillot Miravet.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 3
De Don Joan Josep Nuet i Pujals (GPECP) y de Don Jordi Guillot Miravet (GPECP)
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPECP) y el Senador Joan Josep Nuet i Pujals (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 son la concreción del ajuste económico más duro vivido en democracia. Un proyecto para la continuidad a los recortes iniciados el pasado 12 de mayo de 2010, continuados por la reforma del
mercado de trabajo y que parecen no tener fin ante la previsible reforma de las pensiones. Es la constatación de una política económica con un marcado carácter ideológico, propia de las fuerzas conservadoras, que recorta derechos, recorta política
social y nos aleja de la recuperación económica, ya que sitúa como único objetivo la reducción del déficit.
Bajo las teóricas imposiciones opacas e indefinidas de los denominados «mercados» e inversores internacionales, el gobierno está llevando a cabo un desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar. Esta profunda reforma es antisocial, ya
que no goza en ningún caso del apoyo del conjunto de la ciudadanía. Pero también es antieconómica, ya que hipoteca la salida de la crisis, dificultando la creación de empleo y las reformas verdaderamente necesarias para afrontar las necesidades y
deficiencias estructurales de nuestra economía.
Todo ello es fiel reflejo de los errores de este gobierno en materia económica. Antes de la crisis, se obviaron los problemas estructurales de la maltrecha economía española. Se menospreció el futuro impacto de la burbuja inmobiliaria en
la economía, no se prestó atención al exceso del peso de los sectores más estacionales y menos cualificados en el conjunto de la ocupación. El PIB crecía a buen ritmo y eso era lo único que importaba, sin prestar atención en si además de crecer
mucho se crecía bien, desaprovechando la senda de crecimiento para ampliar el Estado de Bienestar. Se llevaron a cabo reformas fiscales regresivas en los impuestos directos que ahora pasan factura. Concretamente un coste en términos de recaudación
potencial de unos 30.000 millones de euros. Unas medidas que, además beneficiaban especialmente a las rentas más elevadas.
Posteriormente, llegó la crisis y durante varios meses el gobierno se dedicó a negarla, a considerarla un episodio pasajero, aún cuando eran evidentes las muestras de su profundidad y el posible impacto que tendría en la cifra del paro. El
gobierno se quedó de brazos cruzados, retrasó las medidas de estímulo que hubieran reducido el impacto de la crisis.
Una vez aceptada la evidencia de la crisis, se tomaron medidas parciales e inconexas, previas a la llegada del plan de recorte. Un plan de recorte que se atrevió a tomar decisiones drásticas y traumáticas en aquellas cuestiones que
afectaban a los más débiles: pensiones, dependencia, recortes en la función pública y pérdida de derechos de los trabajadores.
Sin embargo, las reformas no llegaron a aquellos sectores estratégicos como el financiero y el energético, a pesar de
que la salida de la crisis pasa en buena medida por un cambio de modelo en estos ámbitos.
Es evidente que la crisis económica y financiera ha impuesto elevados costes a nuestra Hacienda Pública. Las ayudas al sistema financiero y empresarial, la activación de los estabilizadores automáticos del presupuesto, los estímulos
fiscales discrecionales y la pérdida de bases fiscales asociadas a la actividad inmobiliaria, han provocado déficits públicos relativamente importantes y el aumento de nuestra deuda pública en circulación.
Los déficits explican una parte relevante del aumento de nuestra deuda pública, estimada en el 62,8% del PIB en 2010 y con una previsión de elevarse hasta el 68,70% del PIB en 2011, ratios en todo caso inferiores al promedio europeo. Pero
también inciden en el aumento de la deuda las ayudas a la banca y el apoyo financiero a las empresas que se han llevado a cabo.
El déficit del conjunto de Administraciones Públicas en 2009 se situó en el 11,1% del PIB tras el 4,1% ya registrado en 2008. El programa de estabilidad aprobado en enero de este año planificaba la reducción gradual, pero exigente, del
déficit en cuatro ejercicios presupuestarios con el objetivo de alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2013. El Gobierno entendía que era el momento de marcar un giro en la política fiscal abandonando una política moderadamente expansiva
hacia un severo ajuste presupuestario. Sin embargo, esta consolidación fiscal planteaba serias dudas por sus posibilidades de limitar la recuperación de nuestra economía.
Esas dudas se multiplican cuando en mayo el Gobierno se compromete a anticipar la programación del ajuste presupuestario asumiendo nuevos recortes por valor equivalente a medio punto del PIB en 2010 (déficit previsto del 9,3% del PIB) y otro
punto porcentual más en 2011 (hasta el 6% de déficit), reduciendo en dos años 5,1 puntos porcentuales de déficit público con relación al PIB.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son la expresión de la renuncia, no sirven para superar la crisis, ni para crear empleo.
Un escenario macroeconómico voluntarista e irreal.
Por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que el brutal y desequilibrado ajuste presupuestario para 2011 es condición necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía y normalizar el acceso a la financiación, lo cierto es que
puede ser contraproducente. Porque estos presupuestos contribuyen, en el mejor de los casos, a dilatar el momento de la recuperación económica, y ésta es imprescindible para equilibrar nuestras cuentas públicas reduciendo el déficit.
El escenario macroeconómico que acompaña a estos presupuestos supone que la tímida recuperación económica iniciada a principios de 2010 se mantiene, estimándose un retroceso del PIB real del 0,3% como media en 2010. Sin embargo, esto no
está todavía claro para el conjunto del año.
Es verdad que en el segundo trimestre la actividad económica mantuvo el tono de lenta recuperación del primer trimestre, pero el Banco de España ya alerta sobre la posibilidad de que en el tercer
trimestre la actividad se debilite más de lo previsto por la finalización de ciertos estímulos fiscales, el recorte en la inversión pública y la reversión temporal de los efectos de anticipación de gasto que se produjeron con anterioridad a la
subida del IVA.
Siendo pues aún incierta la evolución del año 2010 en términos de crecimiento, es el incremento del PIB previsto por el Gobierno para 2011, que es la base fundamental de la estimación de ingresos, el que no parece sostenerse. Se estima un
crecimiento del PIB en términos reales del 1,3% basado en el buen comportamiento de las exportaciones y en la reactivación del consumo privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. Este escenario que descuenta el Gobierno le lleva a
afirmar que se pone fin a la etapa contractiva de nuestra economía.
Lamentablemente, puede que nos encontremos ante un ejercicio de voluntarismo del Gobierno porque es muy improbable que el PIB crezca a esa tasa. Así lo piensa la mayoría de organismos nacionales e internacionales que prevén un crecimiento
en el entorno del 0,6%. El Gobierno está infravalorando los efectos de su propio ajuste presupuestario, del elevado desempleo y de los ajustes salariales sobre el gasto en consumo, y es excesivamente optimista sobre la contribución positiva del
sector exterior.
Los drásticos recortes presupuestarios van a repercutir negativamente sobre la demanda agregada en un contexto, ya de por sí, de reducida actividad económica. Y el empleo será el primer damnificado.
Incluso en el optimista escenario macroeconómico que plantea el Gobierno, según sus previsiones en 2010 se destruirán 390.100 empleos y el paro alcanzará al 19,8% de la población activa (4.562.300 desempleados). Y en 2011 se estima un
ligero crecimiento del empleo (43.400 puestos de trabajo) y una tasa de paro del 19,3% (4.448.600 parados). Todo ello, como decimos, considerando las voluntaristas previsiones en términos de crecimiento del PIB.
El panorama que se plantea es francamente complicado si, como es bastante previsible, el PIB no crece en 2011 el 1,3%, sino prácticamente la mitad.
Más allá del voluntarismo en las previsiones, el Gobierno destaca en los documentos presupuestarios que la principal novedad de este año en materia laboral fue la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor a mediados
de junio. El Gobierno atribuye a esta reforma un sin fin de efectos positivos: favorecerá la contratación indefinida, reducirá la contratación temporal, mejorará la intermediación laboral y aumentará la empleabilidad de los parados. Es decir,
creará empleo.
Sin embargo, es el propio Gobierno el que reconoce a efectos prácticos en estos presupuestos, que esta reforma poco tiene que ver con la creación de empleo. Si hacemos caso a sus previsiones sobre creación de empleo y evolución del paro,
estas variables se explican por la variación estimada del PIB y la evolución de la población activa. Es decir, un año y medio después de su entrada en vigor, esta reforma laboral no añadiría ningún plus positivo a la creación de empleo. Como era
de esperar, por otra parte.
Y en términos de estabilidad en el empleo pensamos que tampoco hay lugar para el optimismo. Según vamos conociendo los datos de contratación y paro registrado, seguimos comprobando que la contratación temporal continua siendo la tónica. En
septiembre, del total de contratos registrados el 91,2% fueron de carácter temporal. Es decir, en ese mes la contratación indefinida tan sólo representa el 8,8% del total, incluso menos que en el año 2009. Abaratar y facilitar el despido ni crea
empleo, ni tiene por qué mejorar su estabilidad.
Del resto de reformas, precisas según el Gobierno para recuperar el crecimiento, la reestructuración del sector financiero no está dando sus frutos, ya que el sistema sigue sin operar con fluidez a la hora de financiar a particulares y
empresas, y la famosa Ley de Economía Sostenible ha terminado por ser una cajón de sastre cuyos contenidos difícilmente van a contribuir al pretendido cambio de modelo productivo.
Un ajuste presupuestario desequilibrado que entorpece la recuperación.
El Gobierno afirma que la única vía posible para la reducción del déficit público es un ajuste sin precedentes en el gasto para adecuarlo a los niveles de
ingresos públicos actuales. Y afirma también que la situación económica, en fase de tímida recuperación según el ejecutivo, desaconseja una reforma sustancial del sistema tributario. Así, estos presupuestos sólo incorporan modificaciones
impositivas de carácter «cosmético». En suma, las medidas por el lado del gasto son contundentes en forma de drásticos recortes y por el lado del ingreso se introducen modificaciones sin apenas efectos recaudatorios.
El Presupuesto consolidado (Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias y otros organismos) de gastos no financieros en términos homogéneos disminuye un 3% respecto a 2010 y el gasto no financiero del subsector Estado lo hace en
un 7,9%. Los recortes se extienden por todos los capítulos del gasto, a excepción del correspondiente a los gastos corrientes financieros que aumenta un 18% como consecuencia de la evolución de la deuda pública y de las condiciones de los mercados
financieros. Si excluimos la carga financiera de la deuda, el gasto no financiero del Estado disminuye un 13,4% con relación a 2010.
El recorte es particularmente intenso en materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra economía, la creación de empleo directo y el cambio de modelo productivo. Más allá de su composición, la
inversión del Sector Público administrativo y empresarial disminuye prácticamente un 30%.
El principal problema con el que nos encontramos ante este panorama es que el propio ajuste en el gasto público va a impedir seguramente que se logre el crecimiento previsto del PIB por el Gobierno para 2011 y, en consecuencia, la previsión
de ingresos prevista se tambalea. El irreal crecimiento previsto del PIB (2,6% en términos nominales al sumar la inflación) es la base para esperar que los ingresos tributarios del Estado crezcan un 6,1% con relación a la previsión de liquidación
de 2010. Así, sin esos ritmos de crecimiento económico, difícilmente crecerá la recaudación en el IRPF un 6,2%, un 9,3% en el Impuesto de Sociedades o un 7,3% en el IVA, tal y como prevé el Gobierno.
De la misma forma, las optimistas previsiones en materia de crecimiento, y por extensión del empleo, cuestionan la evolución de los ingresos de la Seguridad Social y el aumento previsto de las cotizaciones sociales, del 3% en el total del
Sistema y del 4,6% en el Régimen General.
Ni que decir tiene que esta situación complica aún más la consecución del objetivo de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas (6% del PIB) por lo que es posible que se produzcan más ajustes por el lado del gasto con efectos
devastadores desde el punto de vista macroeconómico en términos de crecimiento y empleo.
Desde nuestro punto de vista, la discusión ha de centrarse en los márgenes de maniobra de los que disponemos para una programación presupuestaria más sensata, que no impida la recuperación económica y que asegure la sostenibilidad de
nuestras finanzas públicas. En particular, y en este sentido, pensamos que centrar el ajuste en el gasto en lugar de en los ingresos complica sobremanera la situación. Entendemos la situación excepcional de nuestras finanzas y la necesidad de
reducir el déficit público, pero la mejor garantía para ello es potenciar la recuperación económica.
Y no podemos compartir la afirmación del Gobierno de que una reforma del sistema tributario para potenciar la recaudación es ahora desaconsejable por su efecto contractivo sobre la economía. Lo desaconsejable es centrar el ajuste en el
gasto, porque sus efectos contractivos son mayores.
Porque, puestos a valorar efectos contractivos, el impacto pernicioso de un recorte en el gasto público es superior al de un aumento de los impuestos, ya que el gasto público tiene un impacto más directo sobre la demanda agregada, mientras
que si la subida impositiva afecta a los contribuyentes de mayor capacidad económica, con una propensión a consumir menor en términos relativos, los efectos negativos sobre la demanda son menores.
En otras palabras, es fundamental consolidar la recuperación económica priorizando la inversión pública por su efecto multiplicador sobre la demanda y asegurar el gasto social, especialmente el dirigido a los colectivos de menor nivel de
renta que son los que tienen mayor propensión a dedicar el aumento de sus ingresos al consumo. Y para evitar problemas a corto plazo con el déficit público lo razonable es aumentar selectivamente la fiscalidad minimizando también el impacto sobre
la demanda. Recuperando, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, revisando la tributación de los rendimientos de actividades económicas y del capital en el IRPF, aumentando los tipos efectivos en el Impuesto sobre Sociedades, o introduciendo
figuras tributarias de carácter ambiental.
En paralelo, no podemos renunciar a actuar en profundidad sobre la estructura de los ingresos públicos porque, a medio plazo, es preciso aumentar la capacidad recaudatoria del sistema y reforzar su progresividad para financiar con garantías
nuestra protección social y aumentar la capacidad del Sector Público para contribuir al cambio de modelo productivo. Aquí, la lucha contra el fraude fiscal es una cuestión prioritaria.
La opción del Gobierno: una reducción sin precedentes del gasto público.
Como se ha argumentado hasta aquí, estos Presupuestos renuncian a financiar gastos que pueden con-
tribuir a la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleo, y también a políticas precisas para lograr un crecimiento más equilibrado y cohesionado a medio plazo.
Se congelan las retribuciones de los empleados públicos consolidando el recorte del 5% que aprobó el Gobierno en mayo de 2010 y se restringe, por tercer año consecutivo, la Oferta de Empleo Público reduciéndose a un 10% la tasa global de
reposición de efectivos. Esta política puede afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos y no contribuye a mejorar las sombrías perspectivas del empleo en nuestro país.
Se produce un retroceso en la protección social de nuestro país. El Gobierno ha congelado la mayoría de las pensiones para 2011 y si el gasto en este capítulo aumenta un 3,6%, lo hace por el previsible incremento del número de pensionistas,
la paga extra por desviación del IPC en 2010 y la revalorización de las pensiones mínimas del 1% en 2011. Una aumento de tan escasa entidad que hace saltar por los aires el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones mínimas en esta
legislatura hasta alcanzar una media del 26%.
Se suspende la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que debería entrar en vigor en 2011, y las prestaciones familiares descienden un 9% por la eliminación del «cheque bebé» y la supresión de las ayudas por hijos a cargo.
Los programas de servicios sociales sufren recortes importantes. El Plan Concertado disminuye en un 11,8% y pone en jaque a los servicios sociales municipales. El Plan de Acción para personas con discapacidad se reduce un 43% y disminuyen
los programas de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. A pesar del incremento previsto del número de beneficiarios y de cuidadores no profesionales, la dotación presupuestaria en atención a la
dependencia disminuye un 5,4%. Se recortan igualmente los programas que incluyen actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y para la prevención integral de la violencia de género. El Fondo de Integración de Inmigrantes
se reduce un 32,4%.
En materia de protección por desempleo se destinan al pago de prestaciones 30.140,29 millones de euros. Esta cantidad es un 1,5% inferior a las dotaciones iniciales de 2010 debido a las previsiones de reducción del gasto en las prestaciones
de nivel contributivo. Esto significa que la cobertura de las personas en desempleo se va a reducir por el progresivo agotamiento de las prestaciones contributivas y por la desaparición en febrero de la prestación extraordinaria por desempleo. Y
se va a producir en un contexto económico complicado con sombrías expectativas para la creación de empleo.
Según el Gobierno, en 2011 algo más de 2.759.000 personas tendrán algún tipo de prestación por desempleo (contributiva, subsidio, incluida la renta agraria, subsidio REASS y renta activa de inserción). Esto significará que, con las
previsiones de desempleo del Gobierno, cerca de 1.700.000 desempleados carecerán de cualquier tipo de prestación por desempleo.
En 2011 se van a dedicar a políticas activas de empleo 7.322,80 millones de euros, un 5,5% menos que lo destinado en 2010. Si bien es cierto que parte del ajuste en estas políticas puede explicarse porque el gasto para financiar las
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para la contratación disminuye (por la revisión y limitación de estas bonificaciones), también lo es que el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta
a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. En España hay un orientador por cada 189 desempleados, mientras que la media europea es de 1 orientador por cada 50 desempleados.
Las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disminuyeron sustancialmente en los presupuestos de 2010 (un 20,6%) y ahora en estos presupuestos lo hacen de nuevo (un 13%) disponiendo de una cuantía muy reducida (250
millones de euros). El Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado redujo su dotación casi un 50% en 2010 y ahora se congela para el ejercicio de 2011 con poco
más de 50 millones de euros.
La insuficiencia en las políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo dando cobertura a propuestas para que la iniciativa privada tome el relevo. La reforma laboral ha
consumado esta situación con la privatización de la intermediación laboral.
Ahora bien, no todas las partidas relacionadas con la ocupación disminuyen, el FOGASA se ha incrementado en un 6%. La partida para el pago de prestaciones acordadas según la legislación se incrementa en 400 millones de euros, un 35,7% más
que en los anteriores PGE. El FOGASA es desde la reforma del mercado de trabajo el fondo del despido subvencionado y este incremento tan elevado de la aportación del estado sólo se justifica ante la previsión del gobierno de que las empresas vayan
a despedir más y por tanto a necesitar más fondo para costear los 8 días de indemnización por despido que cubre el estado por la reforma laboral.
Las políticas estatales de acceso a la vivienda para 2011 cuentan con un 19.3% menos que en 2010. Este descenso acumula el 8% registrado en los presupuestos anteriores. Se elimina la reserva de eficacia, Cataluña obtenía de esta reserva
casi tantos recursos
como los que inicialmente tenía asignados, el resultado es que para el 2011 las aportaciones del Estado a Cataluña en materia de vivienda caerán aproximadamente sobre el 65% hecho que pone en evidente compromiso los objetivos planteados en
el Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016, y la atención a las crecientes necesidades sociales en materia de acceso y pago de viviendas.
Estos presupuestos suponen el mayor descenso de la AOD española, un 17%, más de 900 millones . Si a esto le sumamos el recorte de 300 millones anunciados en mayo de 2010 el total es de 1.200 millones. También llama la atención que
mientras el FAD cooperación sufre un descenso del 37.63% respecto a 2010, el actual FIEM aumenta respecto al presupuesto de internacionalización de la empresa española durante el periodo 2010 en casi un 63%. Todo ello contrasta con el presupuesto
de Defensa, a pesar de que este Ministerio haya sufrido un recorte porcentualmente más elevado que la media. Al margen del presupuesto para el funcionamiento ordinario y operativo del ejército, se continuará con el funcionamiento, desarrollo y
ejecución de los Programas Principales de Modernización ya iniciados, como el de Modernización de las Fuerzas Armadas, que tendrá un coste de 383,15 MEUR y el de Programas especiales de modernización, con un coste de 204,53 MEUR. Casi 600 millones
invertidos en material militar, tres cuartas partes, por ejemplo de lo que este año se recorta en cooperación.
Aunque en los documentos presupuestarios se afirma que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público al ser un instrumento básico para dinamizar la economía, los recortes en los principales departamentos
inversores, Fomento y Medio Ambiente, desmienten esa afirmación.
El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se recorta un 34,6% y el capítulo de inversiones lo hace en un 43,3%. En realidad, el problema radica en la concepción de modelo, que sigue estancado en las grandes infraestructuras. Se
sigue primando la inversión en AVE, siendo ésta 4 veces mayor que la destinada a cercanías; y la inversión en ferrocarril convencional se ha reducido en un 69% respecto a la del año pasado.
Partidas tan importantes como la cuadruplicación de vías de ancho ibérico para los accesos norte y sur a Barcelona, o la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona y Girona ya no tienen continuidad
en los presupuestos del 2011 a pesar de que fueron aprobadas en el 2010, e incumpliendo una resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.
De la misma forma, el gasto no financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se recorta en un 31,3%, afectando principalmente a las inversiones (39,2%) y transferencias de capital (9,9%). Esto se produce en un
momento crítico para el campo, que acumula una caída de la renta del 26% desde 2003, afectando negativamente a las explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y a la creación de empleo en el sector agrario.
El discurso del gobierno en cuanto a la modernización del modelo productivo hablaban de una estrategia para una economía sostenible, con incremento de las inversiones en materia medioambiental para mejorar el entorno pero también para evitar
en el futuro . En esta estrategia, la industria tecnológica, la ciencia, el conocimiento y la investigación debían jugar un papel fundamental. Estos presupuestos son la demostración de que el el concepto «cambio de modelo» para el gobierno es tan
solo una figura retórica.
En primer lugar, los recortes en las partidas para la protección del medio ambiente también son significativos: disminución del 37% en las actuaciones para calidad del agua, del 47% en protección y mejora del medio ambiente, del 39% en
protección y mejora del medio natural, y del 16% en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Y todo ello considerando que el porcentaje del presupuesto del MARM que se destina a las partidas ambientales tan solo
representa el 5% del total.
En segundo lugar, el gasto en investigación, desarrollo e innovación se reduce un 8,4% sobre las cantidades aprobadas en los presupuestos de 2010. Las operaciones financieras (créditos) lo hacen un 9,4% y las no financieras (subvenciones)
un 6,7%. El descenso en investigación civil es menor que en investigación militar, pero significa el 7%, afectando de forma similar a las operaciones financieras y no financieras.
Así, pese a las declaraciones del Gobierno afirmando que se da carácter prioritario a la política científica y tecnológica, la I+D+i sufre un nuevo recorte que, acumulado al que tuvo lugar en 2010 y al práctico estancamiento en términos
reales del presupuesto de 2009, supone abandonar la senda de consolidación de esta política como pieza esencial del futuro de nuestra economía.
En tercer lugar, los recortes han afectado a las ya de por si insuficientes políticas industriales. Así, el programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos se reduce en más de 82 millones de euros, un 17,6% menos que en 2010.
Del mismo modo, el programa de reconversión y reindustrialización, fundamental para determinadas zonas desfavorecidas y fuertemente afectadas por el paro, ha tenido un recorte del 12,6%.
Medidas cosméticas por el lado del ingreso.
Las medidas fiscales incluidas en los Presupuestos no tienen efectos apreciables sobre la recaudación. La medida «estrella», pero ciertamente cosmética, es la subida moderada del tipo marginal en la tarifa estatal del IRPF para los
contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 120.000 euros (del 21,5% al 22,5%) y a 175.000 euros (al 23,5%). Se espera recaudar, apenas, 200 millones de euros.
El Presidente del Gobierno, después de anunciar las medidas de ajuste social en mayo de este año, declaró que era su objetivo que los mejor situados económicamente realizasen también un esfuerzo fiscal suplementario para aliviar a nuestras
finanzas públicas. Hasta ese momento, la principal medida estructural en materia tributaria fue la subida del IVA en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, subida que afecta en mayor medida a los ciudadanos de menor capacidad económica.
Si ahora la garantía de que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a la consolidación de las finanzas públicas es la moderada subida del marginal en el IRPF, se comprende perfectamente que el Gobierno ha renunciado definitivamente
a introducir un mínimo de justicia en la distribución de los esfuerzos.
Tenemos un serio problema por el lado de los ingresos y es aquí donde han de centrarse los esfuerzos. Nos encontramos con un sistema tributario con escasa progresividad y un elevado fraude fiscal que afecta a la equidad y suficiencia del
sistema.
El IRPF es el impuesto progresivo por excelencia y el que mayor recaudación aporta al conjunto de Administraciones Públicas. Pues bien, en el año 1993, las rentas salariales superaban a las rentas declaradas de empresarios y profesionales
en el equivalente a unos 2.000 euros; quince años más tarde, las rentas salariales siguen siendo superiores, evidentemente, pero la diferencia se ha disparado hasta los 7.500 euros.
Estadísticamente, los empresarios y profesionales contribuyentes
del IRPF declaran ser «mileuristas» en los últimos 20 años.
En este tributo, sólo el 18,8% de los contribuyentes declara una base imponible de más de 30.000 euros, proporción que baja al 4% de los contribuyentes a la hora de declarar una base imponible de más de 60.000 euros. Pero, si se calculan
los tipos efectivos sobre la renta, se observa cómo estos contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. El impacto regresivo del tipo fijo sobre las rentas del ahorro es parte de la explicación, además de la posibilidad que
tienen los contribuyentes de mayor capacidad económica de acceder a mecanismos de ingeniería fiscal para reducir la carga impositiva.
No es de extrañar, por tanto, que la subida de la tarifa general que se incorpora en estos Presupuestos apenas tenga impacto recaudatorio.
Respecto al Impuesto de Sociedades, el tercer tributo en volumen de recaudación, según la última estadística de 2007, sólo el 42% de las sociedades declaran bases imponibles positivas. Y estas empresas con beneficios que soportan el tributo
tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad. Esto es así porque las posibilidades de acceder a un mayor número de deducciones y beneficios fiscales es mayor cuanto mayor es la dimensión de la sociedad, y porque son las grandes
empresas las que pueden realizar ajustes societarios para diferir y evitar la tributación.
En cuanto al IVA, el segundo tributo en volumen de recaudación, si analizamos la comparativa internacional de la Tasa Impositiva Implícita por imposición indirecta (ITR), un indicador facilitado por Eurostat que compara la recaudación por
IVA con el consumo privado de los hogares, observamos que esa tasa es en España la segunda menor para el conjunto de países de la UE, sólo superior a la tasa griega. Aunque los tipos impositivos en España son de los más bajos a nivel europeo, se
comprueba que estados con tipos aún menores presentan un valor mayor de ITR, o que estados con un valor de ITR que duplica al de España lo alcanzan con tipos impositivos superiores a los nuestros, pero que en modo alguno los duplican.
Otra de las medidas fiscales introducida en estos presupuestos es una mejora en la tributación de las SICAV cuando estas realizaban reducciones de capital. Estas sociedades especulativas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por
parte nuestra recibiendo siempre la misma respuesta por parte del gobierno, que las SICAV no se tocaban porqué su funcionamiento era el correcto. Ahora, el gobierno rectifica, con unas mejoras que no resuelven cuestiones como que recupere su
control efectivo el cuerpo de inspectores de hacienda, la tributación de los capitales que no salen de la SICAV o las garantías para que todos los miembros de estas sociedades sean realmente inversores.
Son ejemplos que señalan algunas de las deficiencias de nuestro sistema tributario y que tienen una relación directa con el importante volumen de fraude fiscal y de economía sumergida que existen en España, y que algunas estimaciones sitúan
alrededor del 23% del PIB.
Un elemento a considerar del presupuesto es que el plan de lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal se reduce un 2,36%. Si el fraude y la economía sumergida es uno de los problemas estructurales de la economía
española que más negativamente están afectando a la recuperación, sería de
esperar un mayor impulso de este plan y no su recorte. Y más cuando en 2010 por cada euro invertido en este plan se lograron recuperar 8,36 euros provenientes del fraude.
Combatiendo con mayor eficacia el fraude fiscal y llevando a cabo a corto plazo medidas para mejorar la progresividad del sistema, se podría obtener un volumen importante de ingresos, evitar el drástico ajuste en la inversión pública,
asegurar el gasto social y alimentar la recuperación de nuestra economía y la creación de empleo. Y todo ello permitiría cumplir con una programación razonable para la reducción del déficit público.
Todo lo contrario de las orientaciones de estos Presupuestos, que son ineficaces para la recuperación de la economía y la creación de empleo, e injustos en la distribución de los esfuerzos.
Finalmente añadir que los Presupuestos Generales para el año 2011 son los primeros en los que el Gobierno asume la crisis. Los de 2010 eran tan irreales que tal como anunciamos quedaron superados en un mes y medio.
Por eso, estos
Presupuestos son un resumen y el sumario de un fracaso provocado por una política económica guiada por la improvisación y la rectificación.
A causa de la rapidez en el fuerte deterioro de las finanzas públicas españolas junto con la política de no aplicación de reformas estructurales, el Estado ha optado ahora, presionado por instancias europeas e internacionales para
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro, por una serie de medidas que van en la línea de recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones, afectar la aplicación de la Ley de Dependencia, eliminar el cheque bebé, recortar
el gasto farmacéutico y avanzar el programa de estabilidad.
Son medidas de consolidación fiscal que se añaden a las que ya se adoptaron en los presupuestos generales del 2010 con una subida de impuestos y moderación en el gasto público, que se han visto que no son suficientes, más después de la
política errática que ha llevado al ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Así, como el objetivo es el de reducir el déficit para situarlo en el 6% en 2011, ante las expectativas de crecimiento económico para este año que condicionan los ingresos no financieros, y ante los mayores gastos derivados de la situación
actual de crisis, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recortan las partidas del presupuesto, pero no se propone una nueva estructura del gasto que permita una reactivación económica.
Son por tanto unos PGE derivados de la crisis y no para resolver la crisis y condicionados por el incremento de los intereses de la deuda pública (27.421 M ) y por la aportación del Estado para cubrir las prestaciones de desempleo (15.780 M
), partidas que representan más del 35% del total de gasto no financiero del Estado.
La experiencia de la gestión de los últimos presupuestos ha demostrado que las expectativas fijadas de crecimiento han sido excesivamente optimistas. En los presupuestos se fija un crecimiento del 1,3% para el 2011, previsión que ya antes
de la aprobación de los presupuestos el FMI rebaja al 0,6%, Esta mala previsión es la causante en el pasado de prever ingresos por encima de los reales y en consecuencia del aumento del déficit público. Si hay errores graves en la previsión de
ingresos de 104.539 millones de euros, como apunta el FMI, el déficit puede incrementarse.
A todo ello, en la propia justificación de los PGE se fija que los cambios normativos en fiscalidad no persiguen un afán recaudatorio, sólo una redistribución de la renta:
«Los Presupuestos para 2011 continúan con el proceso de reducción de los gastos, si bien se realizan también algunos ajustes en la estructura impositiva. Estas modificaciones, mas que impacto recaudatorio, buscan dotar al sistema tributario
de una mayor justicia y equidad en la asunción de los costes de la crisis, así como fomentar el cambio de modelo productivo.»
Por tanto, el sacrificio presupuestario se traslada al gasto social, y con ello se configuran los presupuestos más antisociales de los últimos años, así:
--6,1 millones de pensionistas (incluidas las clases pasivas del Estado) verán reducido de forma considerable su poder adquisitivo en el año 2011 por la congelación de las pensiones.
--El incremento en gasto de pensiones de 2011 (3,8%) es inferior a la mitad de la media del incremento de los últimos 10 años (8%).
--En general, la partida de Servicios Sociales y promoción social es un 8,1% inferior al presupuesto de 2010.
--Se ponen en peligro los acuerdos de desarrollo de la Ley de la Dependencia. Las dotaciones se reducen en un 5,3% respecto a la dotación ya insuficiente de 2010.
--Los fondos destinados a la integración de inmigrantes se reducen el 23,8%. El fondo a las CCAA y entes locales pasa de 100 M de euros a 62 M de euros.
--La partida de fomento al empleo también cae un 5,5% (no cuadra con la tasa de paro que fija para el próximo año que supera el 19%).
--Sanidad y educación bajan por encima de la media (8,1%).
Y ello a pesar que el Gobierno manifieste que el 58% de los presupuestos consolidados son gasto social. No obstante lo que en realidad aumenta es el fondo de reserva de la seguridad social, mientras disminuye dependencia, atención a los
parados y aumenta también la partida de política de pensiones.
Además, y a pesar de lo que pueda sustentar el Gobierno, al recorte en el gasto social se le añade que no hay ningún elemento en este proyecto de presupuestos que permita avanzar en el cambio de modelo productivo, ni siquiera en un ligero
estímulo del modelo productivo actual.
Así:
--La inversión pública se reduce un 29,5% respecto al 2010 (8.600 M de euros menos), y la reducción de las inversiones de la Administración del Estado aún es más profunda (40,7% de reducción).
--No hay una apuesta clara por la reactivación de las PYMES, ya que el presupuesto es un 5,3% menor al presupuesto pasado.
Si el gasto en inversiones se reduce, persiste no obstante la obsesión del Gobierno por la construcción de redes de Alta Velocidad, de elevado coste económico y en algunos casos de escasa rentabilidad, mientras se suspende la ejecución de
tramos viarios y ferroviarios en corredores estratégicos como el mediterráneo, o enlaces como el de la AP7 o la AP2 que absorben un tráfico viario de más de 100.000 vehículos/día.
Las partidas de I+D civil tienen, por segundo año consecutivo, un recorte considerable (del 7%, unos 570 M de euros) a pesar de ser algo inferior al del conjunto del gasto estatal (7,9% de reducción). Además se incluyen también en el
capítulo de «gastos de cambio del modelo», el gasto estatal en educación, cuando aquí lo único que hay es un leve crecimiento del gasto en becas (2,6%), las que constituyen la mitad del gasto estatal en la materia (el resto está transferida a las
CCAA).
Con estos presupuestos además, el gobierno del Estado pondrá en riesgo la capacidad de las administraciones territoriales para cubrir el tipo de servicios públicos esenciales que en la actualidad cubren:
La financiación estatal se reducirá 3.700 M de euros (un 20,7% de reducción) en los entes locales y de 3.000 M de euros (el 3%) en las CCAA, a lo que se le debe añadir que a estas administraciones se les reduce la capacidad de generar
déficit en 11.700 M de euros.
Finalmente si analizamos la reducción de la inversión pública en Catalunya (2.546 M de euros en total en 2011) ésta es algo superior a la media estatal (29,8%) y representará que el Estado invertirá 1.080 M de euros menos en Catalunya que en
el 2010. A todo ello se le debe añadir el bajo nivel de ejecución de la obra presupuestada, pues en el año 2009, representó sólo el 70% de la presupuestada (cada tres años, uno le sale gratis en España).
Para el cumplimiento de la DA 3.ª del EAC (que incorpora algunas transferencias de capital y excluye algunas inversiones estatales) sería necesario que los PGE destinaran 3.134 M de euros, es decir el 18,52% que es el porcentaje de
participación relativa al PIB de Catalunya con relación al PIB del Estado para inversiones en infraestructuras en Catalunya, y no los 2.546 M de euros que representan sólo el 15,2% del PIB. De éstos además el PGE deja pendientes (pero con una
dotación en la partida cajón) asignar 391,8 M de euros. Habría que recordar que aún están pendientes de asignar 646,75 M de euros de 2010, dado que nunca ha habido el acuerdo bilateral correspondiente entre el Estado y la Generalitat (habitualmente
era en febrero, justo cuando empezaron los problemas del Gobierno Zapatero en el 2010). Y además se observa que no hay ninguna partida en los presupuestos para resarcir en Catalunya por la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en los
años anteriores.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 4
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
JUSTIFICACIÓN
Tres años después de que comenzara la crisis económica, el Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado para 2011 que tendrán como consecuencia más paro, más impuestos, menos protección social, menos competitividad y menos
igualdad entre los españoles.
Unos presupuestos que se resignan ante el paro.
El propio Ejecutivo admite que su Reforma Laboral y sus presupuestos generan más paro. El cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas del Estado para el ejercicio próximo empeora la previsión de paro para 2010 y 2011. Las previsiones
de paro del Gobierno para 2010 han pasado del 18,9% hasta el 19,8%. Esta subida de casi un punto porcentual con respecto a los presupuestos de 2010 supone 196.000 parados más que lo inicialmente previs-
to. Para 2011 el Gobierno ha aumentado su previsión de tasa de paro desde el 18,4% del pasado mes de enero hasta el 19,3%.
Los Presupuestos para 2011 son ficticios.
El cuadro macroeconómico está basado en una previsión de crecimiento del PIB de un 1,3%, muy superior a la de la mayoría de los organismos internacionales, que la sitúan entre el 0,8% y el 0,6%. Esta optimista previsión de crecimiento de la
actividad pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit conjunto de las Administraciones Públicas para 2011 situado en el 6%, tal y como prevé la Comisión Europea y el FMI (8,8% y 6,9% respectivamente).
El desplome de los ingresos y el brusco incremento de los gastos públicos como consecuencia de la crisis y de la flexibilización de los mecanismos de estabilidad presupuestaria han abocado a la Hacienda Pública a la mayor crisis de su
historia reciente, llegando a cerrar el ejercicio 2009 con un déficit del 11,13% del PIB.
La irresponsable política presupuestaria llevada a cabo por el Ejecutivo desde el año 2004, manteniendo un constante incremento del gasto público por encima del crecimiento del PIB nominal, ha impedido al Estado dotarse de unas reservas de
recursos suficientes para afrontar de forma holgada la crisis económica.
Los Presupuestos suben nuevamente los impuestos a la clase media.
Ante esta situación, el Gobierno socialista ha optado por subidas generalizadas de impuestos, en particular a las rentas medias, y recortes indiscriminados del gasto, en particular del gasto social, incluidas las pensiones, y la inversión.
La dudosa eficacia de las subidas de impuestos sobre la consecución del objetivo de reducción del déficit público, anticipan el recurso del Gobierno a nuevas subidas de impuestos, que deprimirán todavía más la confianza y las expectativas sobre la
recuperación de la actividad, la inversión y la competitividad de la economía española, retrasando la salida de la crisis.
Por lo que respecta a los ingresos, un año más, el Gobierno presenta a las Cortes un Proyecto de Ley de Presupuestos que incorpora una nueva subida de impuestos que afectará principalmente a las rentas medias. Después de que la eliminación
de la deducción de los 400 euros a las rentas del trabajo en el IRPF, el incremento de los tipos impositivos al ahorro, el incremento de los tipos general y reducido del IVA, y el incremento de los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos haya
supuesto en 2010 una subida de 1.500 euros de media a cada familia española de forma indiscriminada, el Gobierno tiene previsto nuevamente incrementar los impuestos a través de la eliminación parcial de la deducción por inversión en vivienda
habitual. Tan sólo esta subida supondrá un incremento de más de 1.350 euros de impuestos cada año a las rentas medias que adquieran una vivienda habitual a partir de 2011.
El incremento de los tipos máximos del IRPF y las modificaciones en tributación de las SICAVs son medidas que tendrán un impacto mínimo en la recaudación, y que el Gobierno utiliza con meros efectos propagandísticos destinados a ocultar los
importantes recortes en el gasto social y la realidad de que el peso de las subidas de impuestos recaen sobre las rentas medias.
Por lo que respecta a los gastos, el Gobierno prosigue con los presupuestos de 2011 su política de recorte indiscriminado de gastos, sin acometer la necesaria reestructuración del sector público español y la reducción de la estructura del
Gobierno.
Unos Presupuestos falsamente austeros.
El recorte de gastos propuesto por el Ejecutivo en los Presupuestos para 2011 no alcanza el 7,9% anunciado por el Gobierno, ya que no se compara con el presupuesto final de 2010, que se ha visto reducido en más de 7.900 millones de euros, lo
cual, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Europea, hace prácticamente imposible el cumplimiento del objetivo de déficit del 6% en 2010.
Unos Presupuestos contra las políticas del crecimiento.
La distribución de la reducción del gasto público, priorizando los recortes en las operaciones de capital frente a las operaciones corrientes, así como en las políticas sociales y de producción de bienes preferentes frente a los gastos
generales es injusta, perjudicial e inoportuna, al impedir la capitalización de la economía nacional y lastrar la competitividad.
Así, por lo que respecta a la distribución económica del presupuesto de gastos una vez excluidos los sistemas de financiación de las AATT, el Gobierno ha optado por reducir los gastos en operaciones de capital un 37,1%, muy por encima de la
reducción en las operaciones corrientes, que se ha quedado tan sólo en el 0,5%. De hecho, si se tienen en cuenta las medidas de austeridad en el gasto corriente aprobadas este año, en particular la reducción de 480 millones de euros por el impacto
de la rebaja del sueldo a los funcionarios, el gasto corriente no sólo no se reduce, sino que aumenta ligeramente. Sin embargo, las inversiones reales y las transferencias de capital del Estado, principal fuente de capitalización de la economía a
través del sector público, se reducen un 38,3% y 36,3% res-
pectivamente, alcanzando de forma conjunta 8.840 millones de euros.
El único incremento significativo del presupuesto corresponde al del coste de la deuda, en un 18,1%, derivado del creciente recurso al endeudamiento por parte del Tesoro, y del deterioro de la calificación crediticia del Reino de España
causado por la pérdida de confianza de los mercados en la política económica del Gobierno español.
Por lo que respecta a la distribución del presupuesto del Estado por políticas, el Gobierno ha optado por reducir el gasto en partidas prioritarias de gasto, muy por encima de la reducción de gasto general del presupuesto. Así, la política
de gasto del Estado en infraestructuras se reduce un 40,7%, en 5.831 millones de euros, tan sólo en el ejercicio 2011, el gasto en la política de acceso a la vivienda se reduce un 19,3%, el gasto en la política de I+D+i, civil y militar, se reduce
un 8,37%, el gasto en servicios sociales y promoción social se reduce un 8,1%, el gasto en sanidad y educación se reduce un 8,2% y 8,1% respectivamente, y el gasto en prestaciones por desempleo se reduce un 1,6%, pese a que en 2011 habrá más parados
que en 2010, lo que significa el reconocimiento de que aumentará el paro de larga duración.
Unos Presupuestos antisociales.
Teniendo en cuenta las promesas del Ejecutivo de que no recortaría el gasto social, conviene reparar en detalle en la evolución de la política de servicios sociales y promoción social, que ha sufrido un recorte del 8,1% en los Presupuestos
para este año en relación con el año anterior:
--La dotación a la dependencia de 1.498,44 millones de euros supone una disminución del 5,2% respecto al ejercicio anterior.
--La red básica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida) con una dotación de 84,63 millones de euros, se reduce un 11,9% en relación con el año 2010.
--Los programas y servicios de apoyo a familias y atención de menores con una dotación de 2,8 mll. de euros, sufren un recorte del 28,3%.
--Se elimina el presupuesto para ampliar el permiso de paternidad hasta cuatro semanas (200 millones de euros), a pesar de que ya se aprobó una normativa en este sentido en la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
--Además, se reduce la prestación de maternidad, paternidad y riesgos durante la lactancia un 11% con una dotación de 2.387,30 millones de euros. A su vez, se elimina el cheque-bebé y se reduce en un 42% las prestaciones por hijo a cargo
como ya se aprobó en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
--El Plan de acción para discapacidad, con una dotación de 1.318,10 miles de euros sufre un recorte del 43%.
El Gobierno presume de que el 58% del gasto del Presupuesto se destina a gasto social, ocultando que más de 30.000 millones, el 9,7% del presupuesto, se destina a sufragar las prestaciones por desempleo, lo cual, lejos de ser un decisión
discrecional del Ejecutivo para incrementar el gasto social es un derecho reconocido de los trabajadores.
Unos presupuestos que congelan las pensiones.
Los presupuestos consolidan la decisión del Ejecutivo de congelar la gran mayoría de las pensiones contributivas en 2011 llevada a cabo a través del Real Decreto 8/2010 al eliminar el artículo que tradicionalmente se incluye las cuentas que
establece el porcentaje de revalorización.
Unos presupuestos que ponen en riesgo los servicios públicos fundamentales.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 no garantiza la prestación de los servicios públicos fundamentales a cargo de CCAA y CCLL. El Gobierno ha rebajado de forma sustancial la financiación que recibirán las
Comunidades Autónomas a través del Fondo de Suficiencia global del sistema mediante la aplicación de unos ajustes contrarios a la Ley que regula el sistema de financiación y de los cuales no ha proporcionado datos a las Comunidades Autónomas. La
consecuencia financiera de estos ajustes es una rebaja de hasta el 40% del Fondo de suficiencia del año base 2007 respecto al Fondo de suficiencia del año 2011.
Además, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho una interpretación de la Ley 22/2009 que, en la práctica, supone que las Comunidades Autónomas no van a contar con uno de los principales instrumentos del nuevo sistema de financiación,
los Fondos de Convergencia, en el año 2011, ya que se destinará a compensar las liquidaciones negativas del ejercicio 2009. Así, la regulación que contiene la Ley de PGE 2011 respecto de la liquidación definitiva del año 2009 y las dotaciones
presupuestarias de la sección 36 es lesiva a los intereses financieros de las Comunidades Autónomas y contraria al sistema de financiación en lo que se refiere al pago de los Fondos de Convergencia, lo cual tendrá serias consecuencias para la
prestación de los servicios públicos básicos como la sanidad, los servicios sociales o la educación.
Unos presupuestos que dan un paso más hacia la privatización de Loterías y que derogan la Línea ICO para deudas de Ayuntamientos.
Aparte del desglose de los anexos de ingresos y gastos y del contenido del texto articulado, el Presupuesto incluye determinadas disposiciones que el Gobierno trata de aprobar sin el pertinente debate parlamentario sobre temas muy diversos,
de importancia capital. Entre ellas, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 da un paso más hacia la privatización de Loterías y Apuestas del Estado y deroga la reciente disposición de la Ley de morosidad que establecía la obligación de crear
una línea de crédito en el ICO para hacer frente a las deudas de PYMES y autónomos.
Unos presupuestos que aumentan la desigualdad.
Un año más, los presupuestos aumentarán la desigualdad entre los españoles. Los compromisos estatutarios sobre el reparto de la inversión, impulsados por el Gobierno socialista, la asignación arbitraria de los recursos entre las diferentes
regiones, determinada por criterios partidistas, y la cesión bilateral de las competencias y los recursos para la gestión de las políticas activas de empleo al Gobierno Vasco, vuelven a consolidar el trato discriminatorio que el Gobierno da a los
españoles según la Comunidad autónoma donde residan.
Unos presupuestos que carecen de las reformas para la recuperación del crecimiento y el empleo.
Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no acompañan las reformas estructurales que necesita la economía española para alcanzar la senda del crecimiento económico generador de empleo. Pese a que en la presentación de las
cuentas para 2011 el Gobierno afirma que ya se han dado «pasos muy importantes» en materia de reforma laboral, reforma del sistema financiero y reforma del sistema de pensiones, la realidad es muy diferente. La tardía e incompleta reforma del
sistema financiero no ha servido para que el crédito vuelva al sector privado, la tímida reforma laboral sólo ha servido para generar más paro y para que el Gobierno incremente su previsión de paro en 2010 y 2011, y la reforma del sistema de
pensiones no es más que un anuncio al Gobierno que nadie sabe cómo se va a concretar.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 5
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 aprobados por el Gobierno no sirven para afrontar la crisis, no sirven para crear empleo, no sirven para reactivar la economía, no sirven para poner orden en la Administración General del
Estado y además no cumplen con Catalunya, por lo cual el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió solicita su devolución al Gobierno.
A los presupuestos Generales del Estado para 2011 les falta realismo.
Prevén un crecimiento del PIB del 1,3% para 2011, difícilmente alcanzable con la política económica que los mismos Presupuestos contemplan. No puede crecer la demanda
interna si los sueldos de los funcionarios disminuyen, las pensiones se congelan, la inversión pública se reduce y las finanzas de las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se encuentran en un estado de grave debilidad.
El Gobierno aspira a un crecimiento de la economía al mismo tiempo que aplica una política económica de austeridad paralizante, ya que paraliza tanto la inversión como el consumo.
Tampoco la demanda externa aparece como motor de la reactivación. Por un lado porque la reactivación internacional es más moderada de lo que en algunos momentos se ha apuntado y por otro porque el sector exterior solo se incrementará si se
impulsa una política industrial, turística y de exportación que no contemplan los Presupuestos para 2011.
El segundo gran déficit de los Presupuestos 2011 es la falta de una política de estimulo al empleo y a la reactivación sin la cual nadie sacará a España de la crisis. Son presupuestos pasivos con el empleo, no incorporan ni una sola medida
que permita propiciar una mayor creación de empleo en 2011. Tampoco apuestan por la reactivación y el ejemplo más evidente de ello es el recorte en un 35% de la inversión.
El tercer eje de esta enmienda a la totalidad deriva de la apuesta de los Presupuestos 2011 por apurar márgenes de aumento de la presión fiscal.
Entre 2010 y 2011 ha aumentado dos puntos el IVA general, ha aumentado un punto el IVA
reducido, se eliminaron las deducciones de 400 euros, se ha eliminado la deducción de 2.500 euros por maternidad, se han ele-
vado los tipos impositivos máximos del IRPF, se ha incrementado la fiscalidad sobre el ahorro, se ha incrementado el IRPF para las rentas procedentes de indemnizaciones y demás rentas irregulares. Para CiU no es esta la vía para alcanzar la
estabilidad. El Gobierno está endeudado, pero también lo están las familias y las empresas, la vía del aumento de la presión fiscal frena el consumo y la actividad productiva.
Cuarto eje: los Presupuestos 2011 no contribuyen a racionalizar el sector público estatal. Es más importante y efectivo racionalizar la administración, fusionar y suprimir entes públicos o privatizar determinadas empresas públicas, que
limitar la austeridad a la reducción de salarios a funcionarios y recortar inversiones.
Quinto.-Como es habitual en este Gobierno, los Presupuestos 2011 tampoco cumplen con Catalunya, especialmente en materia de inversiones. El Estado se propone invertir en Catalunya el 15,2% del PIB, cuando el propio Gobierno admite que
deberían invertir el 18,59%. La discriminación no es baladí, el propio Gobierno reconoce que cumple con lo que señalan los Estatutos de Andalucía, Aragón y Castilla y León. ¿Por qué no cumplen también los Presupuestos del Estado con el Estatuto de
Catalunya? Es más, ni cumplen los Presupuestos ni cumple la ejecución de los mismos, aproximadamente el 25% de los recursos que cada año el Estado debe invertir en Catalunya, no se ejecutan, con lo cual el Estado se convierte en un freno activo de
la reactivación de la actividad económica en Catalunya.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta un veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
II. ENMIENDAS QUE IMPLICAN LA IMPUGNACIÓN COMPLETA DE UNA SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)
ENMIENDA NÚM. 1143
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de créditos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios. Tampoco consideramos que la reducción del presupuesto debida
a la difícil situación económica se haya realizado correctamente.
ENMIENDA NÚM. 1190
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.
JUSTIFICACIÓN
En tiempos de crisis, el esfuerzo presupuestario debe centrarse en lo estrictamente necesario, obviando el gasto superfluo que no van a contribuir a conseguir una administración de justicia eficaz.
Aún cuando esta premisa debe constituir el criterio rector a la hora de elaborar el presupuesto de la sección, notamos que la distribución de los créditos es deficiente: se mantienen, en un caso, partidas innecesarias y, en otro, se
incrementan gastos que no garantizan la consecución de los objetivos que se entienden prioritarios.
En concreto, observamos que, mientras que se mantienen partidas que no van a contribuir a lograr la tan deseada modernización del servicio y que la reducción acordada en otras no va a redundar en la consecución de los objetivos planteados,
la inversión que el Gobierno destina a la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la implementación de un sistema informático de ámbito nacional para la Justicia, que sea accesible y compatible para todos los Juzgados y Tribunales del territorio
español, ha sufrido un recorte del orden del 50%, respecto del ejercicio pasado, por cierto, muy lejos de la cifra comprometida por el Gobierno en 2009.
Tampoco se presta suficiente atención a la formación de funcionarios, cuyo concurso resulta esencial para el buen funcionamiento de la Oficina Judicial.
Por último una adecuada redistribución del gasto permitiría aumentar todavía más la cantidad de unidades judiciales que es imprescindible incrementar para acercar a España a la media europea de jueces por habitante.
ENMIENDA NÚM. 1195
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.
JUSTIFICACIÓN
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Defensa sufre una sensible merma en su presupuesto, con recortes drásticos en la práctica totalidad de los capítulos. Dichos recortes, necesarios sin duda en determinados capítulos y conceptos,
se están realizando sin planificación alguna y sin revisión del especial sistema de financiación de los grandes programas de Defensa.
Partiendo del diagnóstico erróneo de que la situación es «desfavorable pero pasajera», estos presupuestos:
Paralizan el proceso de transformación de nuestros ejércitos, poniendo en serio riesgo el mantenimiento y modernización de equipos y armamento, al actuar con criterios de muy corto plazo como si la situación de crisis fuera pasajera. Este
voluntarismo impide priorizar, impide plantear nuevos proyectos y, asimismo, impide a las empresas vinculadas a la realización de los programas desarrollar una planificación a medio y largo plazo.
Al mismo tiempo, no se replantean la financiación de la deuda del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que absorbe todo el esfuerzo de inversiones de Defensa e impide la puesta en marcha de nuevos
programas.
No corrigen los daños que está causando la implantación y desarrollo normativo de la Ley de Carrera Militar.
Tampoco se priorizan adecuadamente los programas, marginando, a nuestro juicio, dos de tanta importancia como los UAV's estratégicos-operacionales y los Buques de Acción Marítima.
ENMIENDA NÚM. 1204
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Economía y Hacienda.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de créditos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios.
ENMIENDA NÚM. 1224
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de créditos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios.
En concreto:
--a la totalidad del Programa 132A. Seguridad Ciudadana
La situación actual exige un cambio en la política de seguridad, la distribución de los créditos que nos ha presentado el Gobierno no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios. El Grupo Parlamentario
Popular cree que se debería priorizar los siguientes:
1. Planes de seguridad específicos en áreas conflictivas.
2. Nuevo Plan de Despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil.
3. Transparencia en los datos de criminalidad.
4. Crear un sistema nacional de datos policiales.
5. Videovigilancia en lugares públicos de especial conflictividad.
6. Potenciar la colaboración ciudadana con las FCSE a través de los Consejos Locales de Seguridad.
7. Elaborar un Plan integral de prevención contra la violencia, el vandalismo y la delincuencia juvenil.
8. Reducción de los puestos de libre designación del catálogo del Cuerpo Nacional de Policía.
9. Potenciar y modernizar los medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de los Reales Decretos 2/2006, de 16 de enero, y 179/2005, de 18 de febrero.
10. La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos sociales simila-
res para todos los miembros de las FCSE, así como de los Cuerpos Seguridad Autonómicos y las Policías Locales y de una retribución equiparable entre todos ellos.
--A la totalidad del Programa 132B. Seguridad Vial
El afán recaudatorio de la Dirección General de Tráfico tiene su reflejo en la colocación de radares, que ha contado durante años con partidas presupuestarias muy por encima de las políticas de educación vial, y además es en vías rápidas
donde se están colocando la mayoría de radares, en vez de secundarias, que es donde se producen más del 75% de los accidentes.
El Gobierno también ha recortado las partidas destinadas a la mejora de la red viaria, presupuestadas de forma plurianual, por lo cual el Grupo Parlamentario Popular cree que no se garantizan los objetivos que entendemos deben ser
prioritarios en política de seguridad vial y tráfico, que debería contemplar, entre otras, las siguientes medidas:
1. Impulsar, de acuerdo con las administraciones competentes, una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial.
2. Impulsar el plan de sustitución progresiva de los guardarraíles de las carreteras estatales y, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, del resto de la red de carreteras, por dobles biondas, con objeto de
garantizar la seguridad de los motoristas, dando así cumplimiento a las iniciativas aprobadas en esta Cámara.
3. Proceder a la modificación del Reglamento General de Circulación con objeto de adelantar la exigencia de utilización de los faros LCD o luces de cruce durante la conducción diurna con anterioridad a 2013, fecha en la que será obligatorio
su uso por exigencia de la Directiva de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2008.
4. Ubicar preferentemente los rádares de control de velocidad en las carreteras y tramos en donde se concentre el mayor número de accidentes, reforzando con ello su carácter preventivo y no recaudatorio.
5. Elaborar un Plan específico para combatir la siniestralidad vial de los jóvenes en colaboración con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
6. Intensificar el control del tráfico en las zonas de riesgo durante los fines de semana.
7. Eliminar el 100 por 100 de los puntos negros existentes en la red de carreteras del Estado y los pasos a nivel de la red ferroviaria.
8. Revisar la señalización de nuestra red viaria en colaboración con los usuarios, entidades locales y comunidades autónomas.
9. Aumentar la respuesta eficaz en caso de accidentes haciendo Baypas en las autovías, y realizando las obras pertinentes para que el auxilio pueda llegar a través de los arcenes en el menor tiempo posible.
10. Impulsar nuevos parques infantiles de seguridad vial, y dotar a los escolares de material didáctico y promover su participación en actividades de seguridad vial, según el Plan estratégico de Seguridad Vial.
ENMIENDA NÚM. 1264
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.
JUSTIFICACIÓN
Se presenta la siguiente impugnación a la Sección 17, a la totalidad de los programas 453 A, B y C, a las Entidades ADIF, Puertos del Estado, RENFE Operadora, AENA, FEVE y Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
(SEITTSA),
1. Introducción.
El proyecto de Ley de presupuestos para el 2011 en lo relativo a las infraestructuras de transporte, bajo la responsabilidad del Ministerio de Fomento, lleva implícito una dificultad insalvable para salir de la crisis, por cuanto supone un
descenso muy importante en inversión rentable.
La inversión del Ministerio de Fomento cae casi el 31% (30,86%), lo que implica el abandono de la inversión.
Si este proyecto de Ley de Presupuestos es aprobado será imposible frenar el aumento del paro, antes al contrario. En una primera aproximación podemos señalar que si el Gobierno reconoce que entre 2010 y 2013, se van a invertir 15.230
millones de menos de lo que él mismo había previsto, estamos de modo inmediato generando en el entorno de 250.000 parados más.
Los presupuestos no responden a planificación alguna, el PEIT, en el que el Gobierno se ha venido apoyando para justificar sus decisiones en infraestructuras, quedó obsoleto hace tiempo, tanto por sus previsiones inversoras, como por las de
puesta en servicio de las infraestructuras.
Estamos, por tanto,
sin soporte planificador, pero a ello debemos añadirle que, ahora, el Gobierno plantea una revisión del PEIT cuyo horizonte es diciembre de 2011. Es decir, que el Gobierno pretende justificar la solvencia y el respaldo de los presupuestos
en un documento en revisión que será aprobado cuando la legislatura esté prácticamente terminada, incluso después de la tramitación de los Presupuestos del Estado para 2012. De todo punto inconcebible e inaceptable.
Por otro lado los Presupuestos ponen de manifiesto que los recortes en la inversión no solo han sido consecuencia de la necesidad impuesta por Europa de enjugar el déficit, sino el colofón de la política errática de los últimos años en los
que las obras se iban deslizando año tras año, y cuando no es posible seguir con la misma política, simplemente se hacen desaparecer las obras de los anexos de inversiones.
Es evidente que el Proyecto de Presupuestos para 2011, no es un instrumento aislado, sino que depende de los presupuestos anteriores, incluso de la planificación de futuro. Pues bien, cuando contamos en 2010 con una licitación publica del
35,3% sobre el ejercicio 2009, los presupuestos se ven alterados y condicionados por esa falta de inversión presupuestaria, y si además la propia ejecución presupuestaria se sitúa en el 29,6%, (obligaciones reconocidas frente a créditos totales),
¿como puede tener credibilidad lo que el Gobierno propone al Congreso?
Pues bien, el descenso de inversión del 31%, debería conjugarse con un mayor recorte de gastos corrientes y sobre todo de estructura de personal, y no es así. Por otro lado las políticas generales de gasto están equivocadas. Solo sirven
pagar el desempleo y los intereses de la deuda; por eso se tienen que parar las inversiones en infraestructuras y en el transporte.
El Gobierno lleva hablándonos casi un año de un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), con el que se van a invertir 17.000 millones de en colaboración publico privada; y ahora lo utiliza como la justificación sustitutiva de la
falta de inversión, pero se limita a dar un listado de obras de las que ni se conocen los proyectos, ni el costo, ni el modelo de financiación, ni el modelo de pago de la inversión. Sin embargo cada vez que paraliza o anula una obra argumenta que
se hará en el PEI. El PEI es el comodín que sirve para todo, incluso para justificar la falta de inversión de los Presupuestos.
El modelo al que responden los Presupuestos para 2011 es el ABANDONO DE LA INVERSIÓN, baste comprobar que en los 3 años que hacen previsión (2011-2013), baja el 44,1%. Pero si consideramos sólo al FFCC, baja el 56,4%, lo cual demuestra que
el ferrocarril no es la prioridad del Gobierno.
Y si lo llevamos a cifras: las carreteras caerán 6.025 millones con respecto a 2010 y los ferrocarriles caerán 8.990,4 millones de .
El proyecto de presupuestos de 2011 no es más que otro ejemplo que demuestra el desastre de la gestión socialista, que tiene que recurrir a lo más perjudicial tanto para los trabajadores como para los empresarios: Resolución de contratos,
que implica paro, imposibilidad de atender a compromisos adquiridos y riesgo para el mantenimiento de las empresas. En definitiva el modelo del PSOE sólo conduce al crecimiento del paro, porque el Gobierno ha llevado a la obra pública a la
situación de coma profundo.
2. Análisis general.
Los Presupuestos Generales del Estado para la Sección 17, son los más desajustados jamás vistos en un Departamento tan inversor como el Ministerio de Fomento, que debería ser motor de economía española y fuente de generación de empleo.
El Proyecto de Ley PGE 2011 prevé para el próximo ejercicio una inversión real para el Grupo Fomento de 12.973 millones de euros. Si la comparamos con lo que había previsto en 2010, el nivel de desinversión se sitúa en un 30,86%, cifra
histórica de descenso de inversión en infraestructuras de transporte.
Si bien esta situación pudiera entenderse como una consecuencia de las crisis económica que atraviesa España, se considera necesaria la devolución en su totalidad de los citados presupuestos al constatarse que los gastos corrientes de los
Entes Públicos Empresariales y Sociedades Estatales dependientes del Ministerio de Fomento, no han disminuido su dotación presupuestaria, lo cual actúa en detrimento de las inversiones reales necesarias en la promoción de infraestructuras.
Los PGE 2011 adolecen de un reparto territorial equitativo que ayude a minimizar el impacto de la crisis en todo el territorio nacional, a través de la creación de empleo y la puesta en marcha de infraestructuras que reporten beneficios
socioeconómicos a las distintas regiones. Y todo ello por el claro interés partidista ante determinados socios nacionalistas.
Como consecuencia de lo anterior, los PGE 2011 de Ministerio de Fomento son los más insolidarios, territorialmente hablando, de los últimos años, y por ello, deben ser reconsiderados en su totalidad para reequilibrar territorialmente las
inversiones.
La totalidad de la Sección 17 merece ser devuelta al Gobierno a fin de que confeccione un nuevo presupuesto que sea más equilibrado y que dé respuesta a las verdaderas necesidades de inversión productiva que nuestro país necesita, en un
momento de recesión económica en el que la inversión selectiva en infraestructuras es un requisito imprescindible para no lesionar más la débil situación económica del Estado.
El Ministro de Fomento pretende trasladar a la opinión pública que tenemos infraestructuras suficientes en comparación con Europa y que por lo tanto si no podemos seguir ofreciéndoselas a los españoles, no existe un gran daño. Pero todo
ello es falaz, la situación actual de incertidumbre económica y desempleo que vive España necesita, más que nunca, de un verdadero esfuerzo inversor en infraestructuras que, aunque lejos de llegar a los niveles que se pretendía en las épocas de
bonanza económica, ayude a equilibrar las inversiones con verdadero espíritu de vertebración territorial, a la vez que España se siga dotando, de manera razonada, del stock de infraestructuras necesario para ser competitivos con el resto de países
europeos.
Los PGE 2010 preveían una inversión real en infraestructuras para el Grupo Fomento de algo más de 18.700 millones de euros. Con el Proyecto de Ley de PGE 2011, se constata que al final de este ejercicio la inversión prevista para 2010
apenas llegará a los 15.800 millones de euros. Este descenso se debe, no solo, a los sucesivos recortes anunciados por el Ministro de Fomento, sino también la falta de ejecución presupuestaria de los Entes Públicos Empresariales y Soc. Estatales
que se suceden todos los años, especialmente con SEITTSA. La anterior cifra de 15.800 millones de euros no contempla la falta de ejecución presupuestaria correspondiente a la inversión del Estado, por lo que probablemente la cifra final sea
bastante inferior a la indicada.
Por otro lado, consultados los datos de la IGAE hasta el 31 de agosto, se comprueba que las obligaciones reconocidas frente a los créditos totales se sitúa en un 29,6%, porcentaje de ejecución muy bajo para la fecha en la que nos
encontramos. El mismo dato referido al año pasado, situaba la ejecución presupuestaria del Estado en casi el 51%. Con lo que la gestión del Ministerio de Fomento se define por sí sola.
Sigue sin entenderse la razón de ser de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) y mucho menos su política presupuestaria. En 2007 incrementó su inversión en un 1.232%, en 2008, tan sólo se incrementó la
inversión en un 2,13%; en 2009 se aprobó un incremento de inversión del 37%. En 2010 el presupuesto descendió un 17,2%, pero además, se estima que a final del ejercicio deje de invertir un 44,8% sobre lo que tenía previsto. Para el próximo año
las inversiones previstas para esta sociedad estatal decrecen en un 40%. No se comprende los vaivenes presupuestarios que se realizan con este instrumento financiero, son de un escaso rigor y añaden inseguridad en la gestión.
Preocupa aún más si consideramos el nivel de ejecución que registra esta sociedad estatal que es bajísimo. El déficit de inversión previsto para 2009 alcanzó el -44%, y lo previsto para 2010 se sitúe también en torno al 40%. Esta
circunstancia se ha venido repitiendo sistemáticamente desde que se creó esta sociedad estatal, lo cual le confiere un bajo nivel de credibilidad como mecanismo financiero de promoción de infraestructura viaria y ferroviaria.
Al igual que el ejercicio anterior, los Presupuestos de 2011, están marcados por los efectos de la baja ejecución, con carácter general, de los Presupuestos de 2010.
3. Incongruencias presupuestarias.
Las inversiones del Estado en carreteras para el próximo año bajan de forma considerable (43,4%), respecto al año pasado. La tendencia generalizada de este gobierno era la de invertir más en conservación que en la creación de nuevas
infraestructuras viarias. La previsión para el año 2011 es disminuir en un 56,6%, la inversión para la construcción de nuevas carreteras (programa 453B), respecto de 2010, al igual que en conservación donde desciende la inversión un 13,7% respecto
del mismo año (programa 453C). Se trata, por tanto, de un claro estancamiento en la inversión de infraestructuras viarias que, en palabras del Ministro, se justifica por una mayor inversión en infraestructuras de alta velocidad.
Cinco años después
de su aprobación, el PEIT 2005-2020 ya no es un criterio en la planificación de infraestructuras y, específicamente, tampoco lo es en carreteras, al no existir un plan sectorial «ad hoc», ni conseguir invertir en conservación el 2% del valor
patrimonial de las infraestructuras viarias actuales, tal y como establecía el citado plan.
Al igual que el Estado, con carácter general las inversiones de los principales Entes Públicos y Sociedades Estatales de Fomento disminuyen su inversión real en una media del 25,4% respecto del año pasado.
Durante los últimos cinco años no se ha invertido más del 1,5% del PIB, en contra de lo que defiende el Ministerio de Fomento en su nota oficial sobre presupuestos para 2011. Como consecuencia, se ha dejado de invertir, aproximadamente,
algo más de 14.000 millones de (constantes de 1999). Es decir, se ha dejado de invertir casi el equivalente al presupuesto de un año.
El Ministro de Fomento ha dicho que su prioridad para el próximo año sigue siendo la alta velocidad, en claro detrimento de otros modos de transporte. Pero por primera vez en tres años, la inversión en alta velocidad decrece un 31% para el
ejercicio 2011. Otros años esto no ocurría pues la cifra global se maquillaba con las inversiones de SEITTSA, ADIF y la propia D.G. de Ferrocarriles.
Tradicionalmente, el gobierno ha venido maquillando la baja inversión real del Ministerio (Estado), con la inversión de sus Entes y Sociedades, especialmente a partir de 2006, año en que entra en funcionamiento la Sociedad Estatal de
Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT, SA).
Esta sociedad instrumental se emplea para promover obra viaria y ferroviaria, y es la que mayor recorte aplica (40%), junto con Renfe Op.
Desde su creación, la evolución inversora de SEITTSA ha
sido errática, sin obedecer a criterio alguno de planificación de obras de transporte. A esta situación hay que añadir el bajo nivel de ejecución presupuestaria que mantiene año tras año esta sociedad, lo que no garantiza la ejecución y puesta en
servicio de las obras que compromete.
Adicionalmente a lo anterior y al igual que otros años, sorprende la previsión de activos financieros (Cap. 8) que se ha previsto en el Programa 451 N de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras para 2010, donde aparecen
Adquisiciones de acciones y participaciones del Sector Público en SEITTSA, por valor de 799 millones de euros y aportaciones patrimoniales a ADIF por importe de 574 millones de euros.
Se trata, por tanto, de créditos adicionales concedidos al sector público que pueden ser gastados libremente sin computar como gasto no financiero (lo normal es dotar a estas sociedades o entes a través de las transferencias de capital, Cap.
7). De hacerlo así, probablemente se estaría sobrepasando los límites establecidos para activos no financieros.
Sigue sin estar clara la verdadera razón de ser de SEITTSA, ya que realiza las inversiones que ordinariamente viene haciendo la D.G. de Carreteras, la de Ferrocarriles y ADIF. Además, SEITTSA no genera ingresos y sólo se financia de
transferencias (de capital y no de activos financieros).
En definitiva, no se comprende la necesidad de esta sociedad estatal que generalmente se encuentra bien dotada en sus presupuestos y todos los años alcanza niveles de ejecución muy bajos.
La previsión de ejecución del presupuesto 2011 que tiene SEITTSA indica que a finales del presente ejercicio, dejará de invertir un 42,8% de lo previsto. Con estos ratios de ejecución presupuestaria resulta difícil cumplir cualquier
objetivo de planificación de infraestructuras.
Desde la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, llama la atención la política del Gobierno de subvencionar de forma discrecional al transporte terrestre, principalmente a concesionarias de autopistas. Prueba de ello es la
partida presupuestaria prevista para 2010 en el programa 441M, que asciende a un total de 139,19 millones de euros en concepto de transferencias corrientes. El Grupo Parlamentario Popular considera que con los presupuestos tan restrictivos que se
han presentado, es más adecuado invertir en finalización de proyectos y obras que subvencionar la gestión de infraestructuras puestas en servicio.
4. Pésima gestión de fondos europeos.
La demora en la puesta en servicio de infraestructuras que están financiadas con fondos europeos pone en peligro la aplicación de dichas ayudas. Tal es el caso de la conexión internacional Figueras-Perpiñán, finalizada en 2009 y no se puede
poner en servicio al no estar terminados los tramos desde Gerona a Figueras. Esta situación conlleva además el pago de una indemnización del Estado al concesionario que supone un sobre-coste a la citada infraestructura.
Otro caso similar al anterior lo constituyen las obras de ampliación de los puertos del Musel y A Coruña, cuyos sobrecostes han puesto en peligro la financiación europea prevista, además de tenerse que preveer un activo financiero en el
programa 451C de 41 millones de euros para financiar el préstamo a largo plazo.
5. Transporte ferroviario.
La D.G. de Ferrocarriles disminuye por primera vez su inversión en un 41% para el año 2011 y, al igual que en carreteras, ni SEITTSA ni ADIF, logran atenuar la caída de la inversión cuya media se sitúa en un 31% respecto del año pasado.
Aunque aparentemente la alta velocidad es la apuesta del Gobierno para el próximo año, ésta no escapa de las fuertes restricciones presupuestarias.
De la distribución regionalizada de la inversión prevista por ADIF, -principal promotor de
infraestructuras de alta velocidad-, pone de manifiesto que ésta desciende en una media de más de 25% en todas las CC.AA. Llama la atención la comunidad cántabra donde la inversión en alta velocidad baja un 77% respecto de la de 2010, lo que
confirma que el Gobierno no tiene previsto iniciar las obras del AVE.
Se han concentrado esfuerzos presupuestarios en determinadas regiones en detrimento de otras que verán ralentizadas sus obras aún más de lo que ya lo están.
Este vago esfuerzo inversor con escaso criterio de reparto tiene su traslación a las cifras de licitación, donde Adif ha licitado un 39,7% menos que el año pasado, y que SEITTSA (gran promotor de alta velocidad junto con Adif), lleva
licitado un 75,1% menos que en el año pasado.
Lamentablemente, la traducción de esta política de inversión en alta velocidad nos lleva a pensar que este Gobierno no tiene en mente conectar las principales capitales de provincia en alta velocidad, sino más
bien priorizará allí donde más le interese electoralmente y, en algunos casos lo hará con un sucedáneo de ésta denominado «altas prestaciones».
En cuanto al operador de servicios ferroviarios, Renfe Op., se constata que los resultados de 2010 que aparecen en los PGE 2011 no coinciden con los datos de la auditoría de cuentas publicado en el BOE. Esto nos lleva a pensar que la
previsión de cierre para 2010 habrá mucho que decir. De hecho se espera invertir casi un 26% menos de lo que estaba previsto. Si bien es cierto que la caída de la demanda va a afectar a los resultados, la gestión deja mucho que desear. Los
presupuestos de 2011 están basados sobres previsiones de explotación nada reales que, a pesar de la puesta en servicio del AVE Madrid-Valencia a finales de año, no suponga un incremento de la cifra de negocio como se espera.
Se constata la paralización en la inversión para la adquisición de nuevo material rodante debido a la modificación de la vida útil (hasta los 30 años) y la transformación de AV ya existentes para cubrir con apaños el corredor
Figueras-Perpiñán, por ejemplo.
6. El programa 453 A y ente público ADIF y SOE. Estatal SEITTSA (en lo relativo a infraestructuras ferroviarias).
La política ferroviaria del Ministerio de Fomento se inscribe en el marco de la planificación ferroviaria constituida por el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT 2005-2020), aprobado por el Gobierno el 15 de julio de
2005. El citado plan ha fracasado, tal y como se constató en la última comparecencia del Ministro de Fomento en la que propuso crear una comisión para su revisión. Por tanto, el citado plan ha dejado de ser un referente de planificación de las
obras ferroviarias.
Tampoco ha visto la luz el plan sectorial de ferrocarriles que, según el PEIT, debía concretar la planificación de obras que había que acometer en el horizonte temporal previsto.
Las inversiones en infraestructuras ferroviarias se realizan a través del programa 453-A de la D. G. de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, las que realiza ADIF y la sociedad estatal SEITTSA, estas últimas a través de sus programas
de actuación plurianual.
ADIF realiza las inversiones necesarias para la construcción, mantenimiento y administración de aquellos corredores que le encomienda el Estado.
La distribución regionalizada de la inversión prevista por ADIF, -principal promotor de infraestructuras de alta velocidad-, pone de manifiesto que ésta desciende en una media de de más de 25% en todas las CC.AA., a excepción de Andalucía,
Extremadura, Murcia y Galicia. Llama la atención la comunidad cántabra donde la inversión en alta velocidad baja un 77% respecto de la de 2010, lo que confirma que el Gobierno no tiene previsto iniciar las obras del AVE.
Por otro lado, SEITTSA gestiona también las inversiones en el ámbito ferroviario donde se han previsto obras concretas que atienden a un número muy reducido de Comunidades Autónomas. Se produce, por tanto un desequilibrio territorial claro
que, unido al bajo nivel de ejecución presupuestaria que ha caracterizado siempre a esta soc. estatal, hace poco creíble que se lleven a cabo, entre otras, las obras de:
Variante de Camarillas.
AVE Sevilla-Cádiz, tramo Utrera-Jerez.
AVE Madrid-Galicia; tramo Ourense-Vigo y la plataforma del tramo Medina-Lubián.
Variante de Figueras.
Durante todos estos años se ha empleado a SEITTSA para maquillar la inversión global de ADIF y la D. G. de Ferrocarriles, pero al final siempre ejecuta menos de la mitad de su presupuesto (para 2010 se deja de invertir un 42% de lo que esta
previsto en el PGE 2010).
Para el próximo ejercicio 2011, la inversión de esta sociedad estatal cae un 40%, y tan solo se benefician de importantes incrementos de inversión el País Vasco y Extremadura; esta última para impulsar los compromisos de la alta velocidad
en detrimento de otras regiones como Asturias, Cantabria, Murcia, Galicia, etc.
La pésima gestión que ha hecho el Gobierno desde su llegada en 2004 en materia de infraestructuras de transporte ferroviario ha hecho que durante estos seis años de ejecución presupuestarias simplemente se haya puesto en servicio, tarde y
con problemas, lo que heredaron del anterior gobierno. Tal es el caso del tramo internacional Figueras-Perpiñán, realizado por concesionaria TPFerro, y que no ha podido entrar en funcionamiento por el enorme retraso que acumula la terminación de la
conexión Barcelona-Gerona-Figueras.
Este hecho ha supuesto prever un presupuesto de 24,3 millones de euros, expresado como un préstamo participativo, solo para pagar indemnizaciones al concesionario.
Situaciones como ésta, como la del acceso del AVE a Barcelona, el de Málaga y el de Valladolid, han supuesto un sobrecoste de finalización de la infraestructura que ha ido en detrimento de la financiación de otras actuaciones de alta
velocidad que se encuentran aún más retrasadas.
La memoria de objetivos de la política de infraestructuras ferroviarias de los PGE 2011, estima que el Plan Extraordinario de Infraestructuras será el nuevo instrumento financiero que permitirá llevar a cabo una serie de obras de alta
velocidad. Se trata, una vez más, de un instrumento pernicioso presupuestariamente hablando ya que pretende financiar a treinta años la construcción de obra que debería financiarse de forma ordinaria a través de los PGE.
No se trata de un mecanismo de financiación público-privada como se expresa, sino un pago aplazado a treinta años para la construcción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, comprometiendo en un horizonte temporal extremadamente
amplio las inversiones de las futuras generaciones. No existe un concesionario como tal que asuma un determinado porcentaje de riesgo y ventura por la construcción y explotación de la infraestructura.
En relación a la integración del ferrocarril en la ciudad, son pocas las actuaciones que aparecen en la memoria de objetivos de las PGE 2011, y no parecen coincidir con la previsión de corredores que está previsto poner en servicio en un
futuro próximo.
Finalmente, en cuanto al plan de transporte de mercancías los objetivos de los PGE son vagos e insuficientes. No se concretan actuaciones y, como ocurre siempre que improvisa algo este Gobierno, lo deja al albur de futuros estudios y
desarrollos de planes. Tampoco se especifican qué accesos a puertos serán objetivos a cumplir para el próximo ejercicio.
Por tanto, del análisis del presupuesto para este modo de transporte, se llega a la conclusión de que la política de inversión del Ministerio no responde a las necesidades del momento actual y que con estos Presupuestos se sigue poniendo
freno a la inversión y al crecimiento económico.
Del análisis de los Anexos de Inversiones de este programa y de los entes públicos se aprecia que no existe una programación coherente ni una priorización adecuada. Las cantidades previstas para la inversión en cada uno de los proyectos
están fijados sin responder a criterios de eficacia.
Los recortes del Estado han afectado a las inversiones lo cual es una torpeza del Gobierno.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular pone de manifiesto su radical oposición a esta forma de actuar y la exigencia de que se cambie la política ferroviaria optando por la verdadera priorización de las obras, en un trato de igualdad a
todos los ciudadanos y a todos los territorios.
Desde el Grupo Parlamentario Popular señalamos que las enmiendas concretas de estos presupuestos deben conducir a devolver las capacidades inversoras necesarias para la revitalización de los proyectos programados y en marcha con las
cantidades necesarias para que se cumplan las anualidades que artificialmente se han ampliado.
El Ministerio deberá acreditar la posibilidad de poner en marcha todos los tramos de la red de alta velocidad, que se señalan y que se encuentran en situaciones de grave retraso, y que se deben priorizar en su conjunto para evitar agravios.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Fomento los presupuestos que en esta enmienda se tratan para que las obras que a
continuación se especifican sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Alta velocidad.
Corredor Norte/Noroeste:
--Medina del Campo-Salamanca.
--Salamanca-Frontera Portuguesa.
--Medina -Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián.
--Olmedo-Lubián-Ourense.
--Ourense-Santiago. Ourense-Monforte de Lemos. (Lugo)
--Ourense-Vigo, por Cercedo.
--Ourense-Lugo.
--Lugo-A Coruña.
--Conexión Internacional Vigo-Frontera portuguesa.
--Eje Atlántico.
--Vigo-Santiago.
--Santiago-Coruña.
--Coruña-Ferrol.
--Valladolid-Burgos.
--Burgos-Vitoria.
--Y Vasca.
--Venta de Baños-Palencia.
--Desvío Arroyo Villalobón (Palencia).
--Palencia-León.
--León-Asturias.
--Palencia-Villaprovedo-Santander.
--Madrid-Ávila-Salamanca.
--LAV para la conexión de la ciudad de Ávila a la red de Alta Velocidad Madrid-Valladolid.
--Ampliación del parking en la estación del AVE en Segovia.
--Iniciar apertura de la «Línea de la Plata» como Tren de Altas Prestaciones combinado de viajeros y mercancías. (Estudio informativo).
--Inversión en el tramo Medina del Campo-Salamanca, para el desarrollo de la línea de Alta Velocidad que enlazará Aveiro (Portugal) con el resto de las líneas AVE.
--Contratación y construcción de la L.A.V. Palencia-Alar del Rey (Alternativa 1).
Corredor Subcantábrico.
--León-Ponferrada.
--Ponferrada-Monforte de Lemos.
--Monforte de Lemos-Lugo.
--Lugo-A Coruña.
Corredor de Extremadura.
--Madrid-Pantoja-Navalmoral de la Mata.
--Navalmoral-Cáceres.
--Cáceres-Mérida-Badajoz.
--Badajoz-Frontera Portuguesa.
Corredor de Andalucía.
--Sevilla-Huelva.
--Sevilla-Cádiz.
--Málaga-Antequera-Sevilla.
--Bobadilla-Antequera-Granada.
--Granada-Almería.
--Bobadilla-Ronda-Algeciras.
--Conexión Algeciras-Cádiz.
--Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén.
--Acondicionamiento Jaén-Córdoba.
Corredor Levante y Mediterráneo.
--L.A.V. Madrid-Levante (Provincia de Alicante).
--L.A.V. Madrid-Levante (Provincia de Castellón).
--L.A.V. Madrid-Levante (Provincia de Valencia).
--Estación de alta velocidad. En la ciudad de Alicante.
--Albacete-Murcia/Cartagena.
--Murcia-La Encina.
--Chinchilla-Alicante.
--Valencia-Castellón.
--Castellón-Tarragona.
--Murcia-Lorca-Almería.
--Corredor Mediterráneo de Mercancías: Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona, Frontera Francesa.
Corredor Norte/Noreste.
--Barcelona-Gerona-Figueras.
--Zaragoza-Castejón.
--Castejón-Logroño.
--Logroño-Miranda de Ebro-Conexión Burgos/ Vitoria.
--Castejón-Pamplona.
--Zaragoza-Huesca.
--Zaragoza-Teruel.
--Soria-Calatayud.
--Conexión de Soria a la Red de Alta Velocidad Ferroviaria.
Corredor Cantábrico.
--Ferrol-Asturias-Cantabria-Bilbao-San Sebastián.
Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
--Estudios Informativos.
De la misma manera es fundamental que se realicen actuaciones a través de ADIF en el tratamiento de las cercanías, estaciones ferroviarias y fundamentalmente en las intermodales para cumplir el objetivo de hacer nuestros trasportes más
ágiles y operativos; por tanto es imprescindible que se aborden las siguientes:
Red convencional.
--Barcelona Port-bou.
--Huelva-Zafra.
--Nueva terminal ferroviaria de mercancías (Provincia de Valencia).
--Nueva terminal ferroviaria de mercancías (Provincia de Alicante).
--Nueva terminal ferroviaria de mercancías (Provincia de Castellón).
--Red arterial Ferroviaria Valladolid. Variante de mercancías.
--Tren directo «Burgos-Aranda de Duero-Madrid».
--Incremento frecuencias servicios corta distancia A Coruña-Lugo.
--Servicio diario diurno-tren Altaris Línea Madrid-Lugo-A Coruña.
--Electrificación y modernización de vía para convertir la línea Madrid-Cuenca-Valencia en un autentico eje de transporte de mercancías.
--Mejora de la línea convencional Madrid-Ávila-Salamanca.
--Electrificación de la Línea convencional Fuentes de Oroño-Salamanca-Medina.
--Estudio de modificación del ancho de vía de FEVE, entre las localidades de La Robla (León) y Mataporquera (Cantabria), adaptándolo al ancho ibérico.
--Centro logístico de toral de los Vados.
--Variante Ferroviaria de Rincón de Soto (La Rioja).
--Plataforma logística de Aranjuez (ADIF).
Cercanías.
--Tren Litoral de Málaga.
--Sevilla.
--Galicia.
--Guadalajara.
--Barcelona, cumplimiento convenio.
--Madrid, cumplimiento convenio.
--Desdoblamiento de la Línea C3 en Aranjuez.
--Plan de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020.
--Implantación del Tren de Cercanías Santiago-Villagarcía.
--Tren de Cercanías A Coruña-Betanzos-Ferrol.
--Completar la corona de cercanías a Ávila.
-- Cercanías de Madrid. Nueva estación de Seseña. Línea C-3 (Toledo).
--Nueva estación de Cercanías en el Barrio Soto de Henares en Torrejón de Ardoz. (Madrid)
Estaciones intermodales.
--Cádiz.
--Pontevedra.
--Vigo.
--Ourense.
--Santiago.
--Ferrol.
--A Coruña.
--Obras de Canal de acceso, Estación Central de Valencia y Eje pasante (primera anualidad).
--Financiación de la Estación Intermodal de Calahorra-La Rioja.
Soterramientos de líneas.
--Castelldefels.
--Moncada-Resach.
--Sitges.
--Ourense.
--Pontevedra.
--Antequera.
--Valencia, soterramiento desde Serrería hasta V-21.
--Soterramiento vías de RENFE desde la V-15.
--Soterramiento de las vías de FEVE en Torrelavega.
Convenios de integración FFCC en ciudades.
--Almería.
--Alicante.
--Mérida.
--Badajoz.
--Granada.
--Murcia-Cartagena y Lorca.
--Valencia, obras del canal de acceso a Estación Central y eje pasante.
--Integración urbana de FEVE en León.
--Integración Urbana de las vías férreas en Torrejón de Ardoz. (Madrid)
--Integración del ferrocarril en Santander.
Accesos a puertos y aeropuertos.
--Al Puerto de Castellón.
--Al puerto de Sagunto.
--Al Puerto de A Coruña.
--Al Puerto de Ferrol (dársena exterior).
--Al Puerto de Algeciras.
--Al Puerto de Almería.
--Al Puerto de Huelva.
--Al Aeropuerto de Barajas.
Los Presupuestos para 2011 también abandonan los compromisos asumidos de las Redes Transeuropeas de Transporte por lo tanto, deben incorporarse e incluirse las partidas correspondientes al cumplimiento de los mimos, único modo de exigir a
otros estados miembros el cumplimiento de los compromisos europeos:
Actuaciones transfronterizas:
--Travesía Central de los Pirineos.
--Huesca-Canfranc.
Del análisis de la Memoria y de los anexos de inversiones del programa 453 A y ADIF y SEITTSA sólo se puede llegar a la conclusión de que la actuación del Ministerio de Fomento en materia ferroviaria es nula, y hay una verdadera
desaceleración en la provisión de infraestructuras.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones de terminación de corredores ferroviarios, mejor distribución
territorial, no discriminación a los ciudadanos y en definitiva, para que permitan una mayor cohesión territorial.
7. Transporte viario.
De los datos del PGE 2011 para carreteras, se pone de manifiesto que el programa 453-B decrece un 56,6% respecto del año anterior, porcentaje nada deseable si tenemos en cuenta que a lo largo de la legislatura el ritmo inversor ha sido muy
bajo, aspecto este que hace muy difícil recuperar el déficit acumulado de los últimos años.
Uno de los objetivos del PEIT en materia de carreteras es acabar con el modelo radial, y apostar por una red de carreteras mallada que evite concentración en determinados puntos o nodos, al mismo tiempo que sea más segura. Con unas
inversiones como las
que proponen los PGE 2011, resulta imposible alcanzar tal objetivo.
El programa de Conservación y Explotación 453-C decrece el porcentaje de inversión respecto al año anterior en un 13,7%. Se trata de otro incumplimiento del gobierno; la conservación del patrimonio viario existente a través de la
dedicación del 2% del valor patrimonial de la actual red de autovías.
En términos generales, el capítulo carreteras con sus dos programas se sitúa en un 50%, es decir, en uno de los niveles más bajos de inversión que se han conocido en la historia del Ministerio. Ni siquiera SEITTSA ayuda a compensar
semejante déficit, pues su inversión en carreteras desciende, para 2011, en un 69% respecto del año anterior.
Es alarmante que se hable del Plan Extraordinario de Infraestructuras como instrumento compensatorio de la inversión y que no sepamos todavía en que consiste, eso sí, lo que está claro es que se endeuda el futuro los presupuestos de varias
generaciones a través de pagos aplazados en los que se subvenciona y mantiene la infraestructura. No se trata de concesiones de obra, sino de financiación a muy largo plazo con tasas de retorno muy comprometidas del 12 y 13% a 25 y 30 años.
Hipoteca legislaturas futuras sin rentabilidad contrastada.
8. Los programas 453 B y C, y la Soc. Estatal SEITTSA (en lo relativo a red viaria).
La creación de infraestructura de carreteras para el próximo ejercicio está marcada por un drástico ajuste de la inversión planificada.
De los datos del PGE 2011 para carreteras, se pone de manifiesto que el programa 453-B decrece un 56,6% respecto del año anterior, porcentaje nada deseable si tenemos en cuenta que a lo largo de la legislatura el ritmo inversor ha sido muy
bajo, aspecto este que hace muy difícil recuperar el déficit acumulado de los últimos años.
El programa de Conservación y Explotación 453-C, decrece el porcentaje de inversión respecto al año anterior en un 13,7%. Se trata de otro incumplimiento del gobierno; la conservación del patrimonio viario existente a través de la
dedicación del 2% del valor patrimonial de la actual red de autovías.
En términos generales, el capítulo carreteras con sus dos programas se sitúa en un 50%, es decir, en uno de los niveles más bajos de inversión que se han conocido en la historia del Ministerio. Ni siquiera SEITTSA ayuda, en este caso, a
compensar semejante déficit, pues su inversión en carreteras desciende, para 2011, en un 69% respecto del año anterior.
Se confirma, una vez más, la ralentización de las obras que en materia de carreteras estaba prevista por el Gobierno y que el actual PEIT no recoge. Es conocido el retraso que acapara el Plan de remodelación de autovías de primera
generación que demorarán en el tiempo la puesta en servicio de tales infraestructuras. Además, se pone de manifiesto la nula vocación de este Gobierno por fomentar mecanismos de financiación público-privada.
Con carácter general se han ralentizado la terminación de las obras de carreteras que se consideran productivas, a favor de las inversiones de alta velocidad. Esta decisión ayuda poco a las regiones afectadas a hacerlas más competitivas de
forma que se les ayude a salir de la situación de crisis.
Está previsto, según la memoria de objetivos de los PGE 2011, finalizar las obras de remodelación de las autovías de primera generación, licitadas con enormes problemas en 2008.
Al igual que en ferrocarriles está previsto que el Plan Extraordinario de Infraestructuras realice con cargo a pagos futuros la realización de una serie de obras de carreteras. Por tanto, no existen garantías de que puedan llevarse a cabo,
ya que no se trata de la promoción de obras por financiación público-privada vía modelo concesional, sino un pago aplazado a veinticinco años para pagar la obra y su mantenimiento «peaje por disponibilidad». En la presente situación de
incertidumbre y desconfianza financiera, no resulta posible financiar estas actuaciones si no es con unas tasas internas de retorno que resulten atractivas al inversor privado y, por otro lado, muy comprometidas con los sucesivos ejercicios
presupuestarios del Estado a veinticinco años.
El presupuesto de conservación de carreteras ha descendido por primera vez en la historia del Ministerio de Fomento, sin que se propongan mecanismos de financiación extraordinarios a este respecto, salvo los indicados en el PEI. Además, la
memoria de objetivos sigue hablando de niveles de inversión del 2% del valor patrimonial de las infraestructuras viarias existentes en este momento, aspecto este que se contradice con lo que aparece en el programa 453C.
Por tanto, del análisis del presupuesto para este modo de transporte, se llegar a la conclusión de que la política de inversión del Ministerio no responde a las necesidades del momento actual y que con estos Presupuestos se sigue poniendo
freno la inversión y al crecimiento económico.
Del análisis de los Anexos de Inversiones de este programa y de los entes públicos se aprecia que no existe una programación coherente ni una priorización adecuada. Las cantidades previstas para la inversión en cada uno de los proyectos
están fijados sin responder a criterios de eficacia.
Los recortes del Estado han afectado a las inversiones lo cual es una torpeza del Gobierno.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular pone de manifiesto su radical oposición a esta forma de actuar y la exigencia de que se cambie la política viaria optando por la verdadera priorización de las obras, en un trato de igualdad a todos los
ciudadanos y a todos los territorios.
Desde el Grupo Parlamentario Popular señalamos que las enmiendas concretas de estos presupuestos deben conducir a devolver las capacidades inversoras necesarias para la revitalización de los proyectos programados y en marcha con las
cantidades necesarias para que se cumplan las anualidades que artificialmente se han ampliado.
El Ministerio deberá acreditar la posibilidad de poner en marcha todos los tramos de la red viaria, que se señalan y que se encuentran en situaciones de grave retraso, y que se deben priorizar en su conjunto para evitar agravios.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Fomento los presupuestos que en esta enmienda se tratan para que las obras que a
continuación se especifican sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Autovías
Andalucía
--Terminación y puesta en servicio de la A-7 en las provincias de Granada y Almería.
--Accesos de la A-7. Desdoblamiento al Puerto de Almería.
--Nuevos accesos a Roquetas de Mar y Vicar.
-A-7. Algeciras-San Roque.
--Conexión Dos Bahías. Algeciras-Cádiz.
--Desdoblamiento N-435.
-S-40 Coria del RíoEspartinas.
-A-4 Dos Hermanas-Los Palacios-Jerez.
-A-32. Úbeda-Torreperogil.
-A-48. Algeciras-Vejer.
--Conexión directa Huelva-Cádiz
--Desdoblamiento N-432 conversión en A-81.
--Autopista de peaje Córdoba-Ciudad Real-Toledo (AP-41).
Galicia
-A-48. Autovía del Cantábrico.
-A-57 Conexión A-52.
-A-59, conexión Aeropuerto Peinador, desde AP-9.
-A-76. Ourense-Ponferrada.
-A-54-Lugo-Santiago.
-A-56 Guntin-Ourense.
--San Cibrao-Barreiros.
--Ampliación de AP-9 a su paso por Santiago de Compostela y Enlace con la Autovía de Lavacolla.
--Ampliación de AP-9 a su paso por Pontevedra.
--Estudio autovía Pontevedra-Lalín-Lugo.
Cataluña
-A-14. Almenar-LP Huesca.
--Lleida-Roselló.
-A-27. Valls-Montblanc-Lérida.
--7. Altafulla-Villafranca
-N-2. Fraga-Alfajarrín.
--Nuevo acceso AP-7 en Gélida.
-B-40. Terrasa-Granollers.
-A-26. Basalou-Figueres.
Aragón
-A-22. Huesca-Sietamo.
-N-260.
-A-40. Cuenca-Teruel.
-N-232 (A-68) Alcañiz-Vinaroz.
-N-2. Fraga-Alfajarín.
-N-234. Daroca-Calatayud.
-A-68. Figueruelas-Mallen.
-N-232. Fuentes de Ebro-Alcañiz.
Madrid
Plataformas reservadas en: A-1, Alcobendas S.S. Reyes; A-2, Madrid-Alcalá de H.; A-3.; A-4, Madrid-Seseña; A- 5 Madrid-Móstoles; A-6, Las Rozas-Collado Villalba. A-42, Getafe. M-40, enlace con la A-6.
Castilla y León
--Duplicación calzada N-110 Soria-Plasencia desde pk 258,8 a pk 262 (provincia de Ávila).
--Ampliación tercer carril Autovía Santander-Torrelavega.
-A-40. Tramo Ávila-Maqueda.
--Conexión Ávila con la A-6
--Autovía del Duero, en toda su extensión.
--Autovía del Duero. Tramo La Mallona-Venta Nueva (6 km)
--Autovía del Duero. Tramo Venta Nueva-Enlace Santiuste (17,0 km)
--Autovía del Duero. Tramo Enlace Santiuste-Variante Burgo de Osma (9,47 km)
--Autovía del Duero. Tramo Var. Burgo de Osma-S. Esteban de Gormaz(11,1 km)
--Autovía del Duero. Tramo S. Esteban de Gormaz-Var. Langa de Duero(11,4 km)
--Autovía del Duero. Tramo Var. Langa de Duero-Var. Aranda de Duero(21,4 km)
-A-15 Tramo Medinaceli (A-2) Radona (13 km)
-A-15 Tramo Los Rábanos (A-11)-Fuensauco (16,6 km)
-A-11 Zamora-Frontera portuguesa.
-A-15 Soria-Almazán-Medinaceli.
--Proyecto de desdoblamiento/conversión en Autovía de la N-601 Boecillo-Olmedo-Adanero (EI).
--Proyectos A-11 Variante de Aranda de Duero-Valladolid. N-122 (PC)/ A-11 L.P. Burgos-Quintanilla de Arriba/A-11 Quintanilla de Arriba-Quintanilla de Onésimo/A-11 Quintanilla de Onésimo-Tudela de Duero
--Nuevo nudo de conexión desde la carretera de Ciguñuela, en el municipio de Arroyo (Valladolid), con la Autovía de Castilla A-62 (EI)
--Proyecto 2004 17 38 0968 A-60 Tramo Villanubla-Santas Martas (EI).
--Proyecto 2000 17 38 4670 A-60 Tramo Valladolid-Villanubla-acceso al aeropuerto
--Proyecto nuevo Intersección entre la N-601 y la Ronda Interior Sur, en la ciudad de Valladolid, a la altura del Colegio San Agustín.
--Autovía Ponferrada-Orense.
--Corredor Sahagún-Fuentes Ropel.
--Corredor La Magdalena-Astorga.
--Corredor La Bañeza-Puebla de Sanabria.
--Corredor Sahagún-Fuentes Ropel.
--Corredor Ponferrada-Miranda de Ebro.
--Autovía León-La Robla.
--Variante Mansilla Cistierna.
--Convenio Ayuntamiento de León-Ronda Este.
--Autovía León-Bragança.
--Autovía León-Valladolid. Tramo León Santas Martas.
-N-1 Desdoblamiento Tramo Burgos-Miranda de Ebro.(Estudio de viabilidad)
-N-1. Variante Monasterio de Rodilla.
-N-1. Variante de Pancorbo
-N-1. Variante de Rubena-Fresno de Rodilla.
-N-1. Variante de Miranda de Ebro.
-N-1. Monasterio de Rodilla-Cubo de Bureba.
-N-1. Variante de Santa María de Ribarredonda.
-N-232 Oña-Valdenoceda.
-N-232. Duplicado de tramo: Miranda de Ebro con límite provincia de Navarra.
-N-234. BurgosSoria (Estudio viabilidad para conversión en Autovía)
-A-12. Burgos-Logroño (Camino de Santiago)
--Autovía Dos Mares (Provincia de Burgos)
--Variante Noroeste de Burgos
-A-73 Tramo Burgos-Aguilar de Campoo.
--Desdoblamiento SG-20
--Desdoblamiento N-110 (Segovia).
--Colaboración con la Junta de Castilla y León para la contratación del proyecto de construcción del tramo en la provincia de Palencia de la autovía Palencia-Sahagún de Campos.
--Incremento de la partida destinada a las obras del tramo de la autovía A-73, Báscones de Valdivia Aguilar de Campóo en la provincia de Palencia.
--Autovía A-65: tramo Ampudia - Palencia.
--Contratación del estudio informativo previo para la conversión en la autovía (eje subcantábrico) en su tramo Guardo-Aguilar de Campóo.
--Mejora de la capacidad y funcionalidad de la A-62 en el tramo Venta de BañosTordesillas.
-A-62 Variante de Fuentes de Oñoro.
--Autovía ZamoraFrontera Portuguesa
-N-631 MontamartaMombuey
-A-66 Tramo BenaventeZamora
--Autovía A-65 PalenciaBenavente.
Cantabria
-A-67. Solares-Torrelavega.
--Ampliación tercer carril Autovía Santander-Torrelavega.
--Ampliación tercer carril Solares-Límite con la Provincia de Vizcaya.
--Enlace Sierrapando.
-N- 621. León-Potes.
--Lanestosa-Ip. Burgos.
La Rioja
-A-12. Tramo HormillaHervías. ( 11,4 Km.)
-A-12. Tramo HervíasGrañon .( 10,6 Km.).
-A-68 Duplicación tramo límite provincia Navarra-Miranda de Ebro (139,5 Km.)
--Conexión de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño con la Red de carreteras del Estado en La Rioja.
Navarra.
-A-15. Medinacelli-Soria-Tudela.
-A-21. Autovia del Pirineo (Pamplona-Jaca).
Castilla-La Mancha
-A-32 Autovía Albacete-Linares.
--Convenio de carreteras IV clase 20-AB-4240 Albacete-Mahora (Variante de Albacete).
-A-33, que unirá las actuales A-31 y A-35.
--Autovía A-41. Tramo Ciudad Real-Toledo.
-A-43. Mérida-Ciudad Real.
-A-40. Cuenca-Teruel.
--Autovía Cuenca-Guadalajara.
--Autovía de La Alcarria, tramos I a IV.
-A-2. Tercer carril Alcalá de H. Guadalajara.
-A-2. Torrelaguna.
-A-40. Tramo Maqueda-Ávila. (Toledo)
-A-40. Maqueda-Toledo-Cuenca. Tramo: Torrijos-Toledo y Circunvalación Toledo.
--Conversión en autovía la N-502 en Toledo. Tramo: Talavera de la Reina-Almadén.
--Autopista Toledo-Ciudad Real.
--Estudio Informativo y proyecto Autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba.
-- Prolongación Vía de servicio de A-4 hasta Seseña (Toledo)
--Elaboración de nuevo estudio informativo y Redacción del Proyecto de la Autopista de Peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba (AP-41) en su tramo Toledo-Ciudad Real.
--Autopista Córdoba-Toledo.
--Desdoblamiento de la Nacional 401-Toledo a Ciudad Real.
Asturias
-A-6. Autovía del Cantábrico.
-A-63. Oviedo-La Espina.
Comunidad Valenciana
-N-340-Puerto de Castellón.
-A-7. Tramo intersección carretera Ibi-Alcoi (Variante Barranco de la Batalla)
--Ronda Sur de Elche.
-N-332 Variante de Benissa.
-N-332 Variante de Altea.
-N-332. Tramo Torrevieja-Guardamar del Segura.
-N-332. Benisa (Norte)-Ondara (Sur) en Alicante.
--Tercer carril A-70-El Campello A-7 (Alicante).
--Tercer carril A-7 desde la autopista de Crevillent hasta el límite con Murcia.
--Duplicación de la variante de Castellón.
-A-7 Sagunto (enlace AP-7)- Nules (Bifurcación CV-10 y N-340) Tercer carril. (Castellón).
-A-7 Tramo Vilanova d'Alcolea-Les Coves de Vinromá (Castellón).
-A-7 Tramo Les Coves de Vinromá- Salzadella (Castellón).
-A-7 Tramo Salzadella-Traiguera (Castellón).
-A-7 Tramo La Jana-El Perelló. (Castellón)
-N-340 Tramo Duplicación Benicàssim-Oropesa. (Castellón).
-N-340 Tramo Variante Castellón-Benicàssim. (Castellón).
-N-340 Tramo Vilavella- Variante de Castellón.
-N-232. Masía de la Torreta-Morella Sur (Castellón).
-N-232. Barranco de la Bota-Masía de la Torreta (Castellón).
-N-232 Variante de la Safor. (Valencia)
-N-238. Tramo Vinaròs-Ulldecona. (Castellón).
--Autovía variante de Peñíscola-Benicarló-Vinaròs.
-N-232. Vinaroz-Vitoria.
--Autovía Font de la Figuera, tramo A-31/A-35
--Variante del Puerto de la Chirrichana en la CN-330 (Valencia)
-N-332 Variante de Xeraco (2,8 Km) (Valencia).
-N-332 Variante de Sueca (tr. II Variante de Cullera y Favara) (Valencia).
-N-332 Tramo Xeresa-Favara. (Valencia).
-N-330 Variante de Ayora. (Valencia).
--Puente sobre el nuevo cauce del río Turia en conexión de la A-3 con la prolongación de la Ronda de Mistala.
--A -33. Caudete-Font de la Figuera.
-N-322. Santa Pola.
-V-21. Tramo Carraixet-Puçol, tercer carril.
-V-21 Carraixet-Valencia, tercer carril.
-A-7 Circunvalación exterior de Valencia (105,0 Km)
--Acceso Sur V-31 (Pista de la Silla)
-V-30. Mejora de la capacidad.
-A-3 V-30 Buñol-Valencia, ampliación tercer carril.
Comunidad de Murcia
-A-33. Blanca-Jumilla-Yecla-Caudete. Autovía del Reguerón.
--Tercer carril de la A-7 entre Crevillente y Puerto Lumbreras.
Extremadura
-N-110. Tornavacas-Navaconcejo. N-521. Cáceres-Frontera portuguesa.
Enlace de la A-5 en Badajoz.
Melilla
Convenio de mantenimiento acceso a la frontera marroquí.
Conservación y Medio Urbano
--AC-14 As Lonzas-Zapateira.
--AC-14 A Zapateira. A-6.
--Ampliación Avda Alfonso Molina-A Coruña.
--Tercera Ronda en A Coruña.
--Ampliación AP-9 en A Coruña.
--Red Arterial de santiago de Compostela-Túnel Rotonda de Conxo.
--Variante de Milladoiro-Santiago de Compostela.
--Carretera Nacional 550. Glorieta Conexión Polígono Industrial de Oroso.
--Seguridad vial travesías urbanas Red Nacional N-VI y N-550. (A Coruña)
--Circunvalación Norte de Ourense.
--Circunvalación de Pontevedra.
--Desdoblamiento Ronda Norte en Lugo.
--Ronda Oeste de Ribadeo. Lugo.
--Variante de A Estrada. (Pontevedra).
--Circunvalación Barco de Valdeorras. (Ourense)
--Ronda Norte de Oviedo.
--Proyecto de la Variante de Briones (N-232). La Rioja.
--Proyecto de la Variante del Villar de Arnedo (N-232). La Rioja.
-N-232 Variante de Fuenmayor. La Rioja.
--Acondicionamiento y urbanización del actual trazado de la N-120ª en Nájera, La Rioja.
--Mejoras en el Trazado y ampliación de la N-111 en el término municipal de Villanueva de Cameros- La Rioja.
--Actuaciones de seguridad vial en La Rioja.
--2.ª Ronda Este de Málaga
--Convenio travesía Huesca.
--Variante de Olot. Gerona.
--P. Periurbano en Campamento Benítez (Málaga)
--Ampliación Rondas de Barcelona.
--Conexión Cinturón Litoral con C-32 (Barcelona).
--Rondas Norte y Noroeste de Murcia.
--Segunda ronda Ciudad Real.
--Actuaciones de mejora en la N-502 a su paso por la provincia de Toledo.
Realización de rotondas en desvío a velada p.k. 104,500, Gamonal en p.k.
105,400 y Travesía de el Casar y polígono industrial p.k. 102,200,
--Variante de Malpartida (Cáceres).
--Ronda Sur de Cáceres.
--Vía perimetral en Teruel.
--Variante de Tarazona. (Zaragoza).
--Iniciación del acceso a Cuenca por la N-240.
--Pasarela peatonal puente de carretera de Toledo en el municipio de Aranjuez (Madrid).
Accesos a puertos y aeropuertos
--Puerto exterior A Coruña.
--Acceso al aeropuerto de Alicante Tr N-332-A-70
--Acceso al aeropuerto de Valencia. Tramo enlace del aeropuerto-enlace de la V-30
--Acceso Sur al Puerto de Gandía.
--Acceso a Puerto Seco de Monforte de Lemos (Lugo).
--Acceso Aeropuerto de Vigo.
--Acceso Aeropuerto de Monflorite. (Huesca)
--Acceso Puerto Villagarcía de Arousa. (Pontevedra).
--Convenio Aeropuerto de Farhana en Melilla.
--Acceso al Puerto de Algeciras desde N-350. (Cádiz).
--Conexión N-4 con Puerto de Santa María, Cádiz.
--Acceso norte al aeropuerto de Málaga.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones de terminación de corredores viarios, mejor distribución
territorial, no discriminación a los ciudadanos y en definitiva, para que permitan una mayor cohesión territorial.
9. Transporte aéreo.
Al igual que el año pasado pero de forma más acentuada, AENA va a incumplir sus previsiones de inversión en el presente ejercicio 2010. En definitiva, el déficit global de ejecución presupuestaria alcanza el 7,2%, aunque hay Comunidades
Autónomas donde este déficit de ejecución se sitúa entre el 20 y el 40%.
En cuanto a la inversión prevista para el próximo año 2011, AENA disminuye por primera vez sus expectativas en un 28% respecto al presente ejercicio, lo que conlleva a que a excepción de cuatro Comunidades Autónomas, el resto se vean
afectadas por el recorte.
La deuda de AENA a pesar de la disminución de inversiones, aumenta año tras año, estando en los niveles de 13 mil millones de euros. A juzgar por las previsiones de cierre de las cuentas de 2010, y las expectativas de demanda sobre las que
se fundamentan los balances de 2011, es poco creíble que logre amortizar la deuda hacia el año 2014, tal y como se ha anunciado. En numerosas comparecencias del Ministro y el Presidente de AENA se ha dicho que con la reducción de costes salariales
de los controladores de tránsito aéreo se atenuaría la deuda, lo cual no es del todo cierto. Los costes salariales de los controladores se pagan vía tasas y parte lo sufraga Eurocontrol (de ahí las quejas de los elevados costes salariales del
controlador español y su baja productividad frente a cualquier otro de la Comunidad Europea). Por tanto, la deuda se incrementa por la desastrosa gestión y la baja rentabilidad de los servicios.
10. Ente Público Empresarial AENA.
En ente público AENA, al igual que el año pasado pero de forma más acentuada, va a incumplir sus previsiones de inversión en el presente ejercicio 2010. En definitiva, el déficit global de ejecución presupuestaria alcanza el 7,2%, aunque
hay Comunidades Autónomas donde este déficit de ejecución se sitúa entre el 20 y el 40%.
En cuanto a la inversión prevista para el próximo año 2011, AENA disminuye por primera vez sus expectativas en un 28% respecto al presente ejercicio, lo que conlleva a que a excepción de cuatro Comunidades Autónomas, el resto se ven
afectadas por el recorte.
La deuda de AENA, a pesar de la disminución de inversiones, aumenta año tras año, estando en los niveles de 13 mil millones de euros. A juzgar por las previsiones de cierre de las cuentas de 2010, y las expectativas de demanda sobre las que
se fundamentan los balances de 2011, es poco creíble que logre amortizar la deuda hacia el año 2014, tal y como se ha anunciado. En numerosas comparecencias del Ministro y el Presidente de AENA se ha dicho que con la reducción de costes salariales
de los controladores de tránsito aéreo se atenuaría la deuda, lo cual no es del todo cierto. Los costes salariales de los controladores se pagan vía tasas y parte lo sufraga Eurocontrol (de ahí las quejas de los elevados costes salariales del
controlador español y su baja productividad frente a cualquier otro de la Comunidad Europea). Por tanto, la deuda se incrementa por la desastrosa gestión y la baja rentabilidad de los servicios.
Se siguen llevando a cabo grandes inversiones en aeropuertos poco rentables, como recientemente ha ocurrido con el aeropuerto de León.
Similares políticas de expansión poco justificadas se quieren llevar a cabo con otros aeropuertos.
Todo esto, unido a unas previsiones poco realistas sobre el crecimiento de las demandas esperadas para el próximo año, hace que las cuentas del ente público sean poco creíbles, y mucho menos que para el año 2014 ésta se encuentre
prácticamente amortizada.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el Grupo Parlamentario Popular no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelvan al Ministerio de Fomento y AENA los Planes de Actuación Plurianual a fin
de que se incorporen las siguientes enmiendas para su reprogramación en los presupuestos:
--Mejora y adecuación del aeropuerto de Jerez.
--Estudio viabilidad Aeropuerto de Gibraltar.
--Instalación de ILS, categ. 1, en Agoncillo (Logroño).
--Mejora y adecuación del campo de vuelo Logroño-Agoncillo.
--Torre de Control, ILS, plataforma y seguridad en el aeropuerto de Zaragoza.
--Estudio de viabilidad aeropuerto de Huelva.
--Ampliación pista de vuelos Alvedro (A Coruña).
--Expropiaciones terrenos aeropuerto Alvedro (A Coruña).
--Estudio de una segunda pista en el aeropuerto del Altet (Alicante).
--Torre de Control y ampliación de pista en el aeropuerto de Burgos.
--Aeropuerto de Matacán (Salamanca): creación del Centro de Formación Profesional Aeronáutico.
Por otro lado, la política de tasas que se ha previsto para este año explica todo lo anteriormente expuesto, de manera que sólo desde una visión de incremento de las tasas aeroportuarias se pretende mejorar la cuenta de resultados de AENA.
No se recoge en los balances de pérdidas y ganancias una verdadera política de austeridad y contención del gasto, tal y como nos expuso en comparecencia para tal fin el Presidente de AENA.
Esta situación viene a justificar que por el hecho de haber reducido las tasas de control de tránsito aéreo no va a suponer la recuperación del gravísimo y delicado estado financiero en el que se encuentra AENA.
Por todo ello es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión productiva, mejor distribución territorial, no discriminación a los ciudadanos y, en
definitiva, para que permitan una mayor cohesión territorial.
11. Transporte marítimo.
El ente público Puertos del Estado disminuye su inversión para el próximo ejercicio en un 16,5% y lo hace para todas las CC.AA. a excepción de Baleares, donde se incrementa un 35%, y el País Vasco (un 106,7%).
Desde la Secretaría de Estado de Transportes, en el programa 451N, se ha previsto, al igual que el año pasado, un activo financiero (Cap. 8) por importe de 34 millones de euros a Puertos del Estado, para financiar un préstamo a largo plazo
para la Autoridad Portuaria de Gijón «Modificado de obra ampliación del puerto del Musel» y otra de 41 millones de euros para la ampliación del puerto de A Coruña que encubren errores patentes de la ejecución de obras en estos puertos.
Se constata la firma de dos convenios durante 2010 para el fomento de las autopistas del mar, en particular con el puerto de Gijón y Algeciras. No existe ninguna previsión presupuestaria en los PGE 2011 para incluir más puertos españoles
dentro de la red de autopistas del mar. Conviene recordar la importancia de estos puertos como verdaderos centros de distribución de mercancías y su transporte intermodal por el resto de la geografía española.
12. El ente público empresarial Puertos del Estado y Sasemar.
La inversión del ente público Puertos del Estado disminuye para el próximo ejercicio en un 16,5% y lo
hace para todas las CC. AA. a excepción de Baleares, donde se incrementa un 35%, y el País Vasco (un 106,7%). Se trata de un descenso histórico y desequilibrado que no se corresponde con la necesidad de adaptar éstos a centros
intermodales que resulten competitivos en el entorno del transporte de mercancías.
Desde la Secretaría de Estado de Transportes, en el programa 451N, se ha previsto, al igual que el año pasado, un activo financiero (Cap. 8) por importe de 34 millones de euros a Puertos del Estado, para financiar un préstamo a largo plazo
para la Autoridad Portuaria de Gijón «Modificado de obra ampliación del puerto del Musel» y otra de 41 millones de euros para la ampliación del puerto de A Coruña que encubren errores patentes de la ejecución de obras en estos puertos.
En definitiva la pésima gestión en dos obras de ampliación de puertos, le cuesta al conjunto de los españoles 75 millones de euros, cantidad muy significativa para dedicar y hacer competitivos otros puertos de litoral español.
Se constata la firma de dos convenios durante 2010 para el fomento de las autopistas del mar; en particular con el puerto de Gijón y Algeciras. No existe ninguna previsión presupuestaria en los PGE 2011, para incluir más puertos españoles
dentro de la red de autopistas del mar. Conviene recordar la importancia de estos puertos como verdaderos centros de distribución de mercancías y su transporte intermodal por el resto de la geografía española.
En lo relativo a las subvenciones y apoyo al transporte marítimo, se han previsto unas cantidades insuficientes para la bonificación del transporte entre la península y las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Por tanto, del análisis del presupuesto para este modo de transporte, se llega a la conclusión de que la política de inversión del Ministerio no responde a las necesidades del momento actual y que con estos Presupuestos se sigue poniendo
freno a la inversión y al crecimiento económico.
Finalmente, la inversión prevista por la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo resulta insuficiente para atender las necesidades mínimas de mejora de algunas infraestructuras y compra de material mobiliario.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Fomento y Puertos del Estado los Planes de Actuación Plurianual a fin de que se
incorporen las siguientes enmiendas para su reprogramación de los presupuestos:
--Bahía de Algeciras (Cádiz):
Instauración y construcción del Centro de Seguridad Marítima Integral (SASEMAR).
--Puerto de Melilla:
Ampliación de 50 has de superficie operativa, para hacerlo competitivo en el entorno del Estrecho.
--Puerto de Ceuta:
Inicio de la segunda fase de ampliación, para hacerlo competitivo en el entorno del Estrecho.
--Construcción y Equipamientos capitanías Marítimas y Centros Salvamento (Seguridad Marítima) (A Coruña).
--Instalación de silos de Alimentos para el ganado en el muelle de Puerto del Rosario. (Fuerteventura).
Igual análisis se puede hacer de las inversiones previstas para el salvamento marítimo a través del ente público SASEMAR.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, mejor distribución territorial, no discriminación a los ciudadanos y en definitiva,
para que permitan una mayor competitividad y cohesión territorial.
9. Conclusiones.
Se trata de los presupuestos más desajustados nunca vistos en un ministerio tan inversor como es el de Fomento.
Si bien esta situación puede entenderse como una consecuencia de la crisis económica que atravesamos, no ocurre lo mismo con el hecho de haber desaprovechado los años de bonanza económica para haber terminado muchas de las infraestructuras
que en estos momentos están muy retrasadas.
De hecho y como ejemplo, el corredor de alta velocidad Madrid-Valencia cuya inauguración está prevista para diciembre de 2010 y se anuncia a bombo y platillo como un logro, debería haberse terminado a finales de 2007 o principios de 2008.
Los PGE 2011 lamentablemente adolecen de un reparto territorial equitativo que ayude a minimizar el impacto de la crisis en todo el territorio nacional, a través de la creación de empleo y la puesta en marcha de infraestructuras que reporten
beneficios socioeconómicos a las distintas regiones.
El déficit del presupuesto deben ser analizados conjuntamente con el grado de ejecución presupuestaria que se observa para cada modalidad de transporte, ya que denota el verdadero pulso y la capacidad de gestión presupuestaria del Ministerio
de Fomento y sus Entes Públicos Empresariales.
En términos generales, la conclusión que se obtiene es que la influencia de la inversión prevista por el
Ministerio de Fomento es nula en el contexto económico que atraviesa España, y hay una verdadera desaceleración en la provisión y puesta en servicio de infraestructuras.
La previsión de ejecución presupuestaria de 2010, contenida en el Proyecto de Presupuestos 2011, pone de manifiesto dos consideraciones: Una, relativa al grado de licitación a septiembre de 2010, en comparación con lo previsto en la Ley del
mismo año, es extremadamente baja. Y dos: los datos de previsión de ejecución para este año tampoco son de los más halagüeños, ya que se va a dejar de cumplir un porcentaje elevado del presupuesto, con lo que las inversiones reales del Ministerio
de Fomento son bajísimas y absorben mucho más del incremento que supone el Presupuesto de 2010.
La situación financiera del Ministerio de Fomento, además, supone un claro encorsetamiento para su actividad ordinaria, la acumulación en anualidades futuras de gran parte de las obras, los deslizamientos que se están produciendo por
retrasos cuya justificación es más bien dudosa, que dan idea de que no existe equilibrio suficiente para poder atender las obligaciones que surgen de las certificaciones, obligan no sólo a esta enmienda de devolución, sino a que, caso de no
prosperar, tenga que entrarse en profundidad en las enmiendas parciales a los Programas y Sociedades Estatales y Organismos que este GPP presenta y que deben tener como consecuencia un importante aumento de las inversiones para 2011.
Por tanto, del análisis del presupuesto teniendo en cuenta las inversiones, tanto global como por los modos de transporte, hemos de llegar a la conclusión que con estos Presupuestos se pone freno a la inversión y se incrementa el paro. La
política inversora del Ministerio de Fomento debería jugar un papel importante especialmente en momentos de crisis económica como la que atraviesa España en estos momentos.
Por todo ello, es procedente la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 de la Sección 17, de los programas 453 A, B y C, y de las Entidades ADIF, Puertos del Estado, RENFE Operadora, AENA, FEVE y Sociedad Estatal de
Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mayor inversión productiva en detrimento de los gastos corrientes del Grupo Fomento que se mantienen, la mejor
distribución territorial, el aprovechamiento y finalización de los proyectos en marcha para no perder fondos europeos y, en definitiva, para que permitan una mayor cohesión territorial.
ENMIENDA NÚM. 1270
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación.
JUSTIFICACIÓN
La gran mayoría de los análisis e informes nacionales e internacionales revelan que nuestra educación padece una grave crisis, debido a la alta tasa de fracaso y abandono escolar, el escaso número de alumnos en formación profesional de grado
medio, el bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y, especialmente, en comprensión lectora. El gasto destinado a la política de educación en el año 2011 es de 2.840,58 millones de euros, un 8,1% menos que en el año anterior. Con estos
presupuestos no se da una respuesta cuantitativa ni cualitativa a los retos de nuestro sistema educativo.
En materia no universitaria el ejercicio 2010 fue el último año de aplicación de la LOE y de su memoria económica. El Ministerio presentó el Plan de Acción 2010-2011 con un presupuesto de 530 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto
decrece para la educación no universitaria en más de un 23,7%. Se minoran 312,33 millones de euros en relación con el año anterior.
Desaparecen las partidas para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, dotada con 374 millones de euros en 2010, y la de los Convenios con CCAA, dotada con 106, 8 millones de euros.
En materia universitaria, estamos ante el primer curso de la puesta en marcha de la ordenación de las enseñanzas universitarias y adaptación al proceso de Bolonia. El Gobierno tiene pendiente la regulación del marco legal del sistema
universitario (Doctorado, Marco de las Cualificaciones, Estatuto Personal Docente e Investigador, Estatuto Estudiantes, etc.).
Los conceptos consignados tampoco responden a las necesidades de la universidad española, que requiere de una mayor especialización y mejorar su eficacia en la línea recomendada por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Según los «rankings» internacionales de universidades, la primera universidad española aparece después del puesto 200. Las convocatorias de los campus de excelencia no son la única solución.
La dotación presupuestaria del programa 322C, Enseñanzas Universitarias, es de 399,61 millones de euros para 2011, un 6,8% más que en el año 2010,
con un incremento de 25,59 millones de euros. Sin embargo, las medidas en materia universitaria (objetivo 8) del Plan acción 2010-2011 preveían una cantidad adicional de 37 millones de euros.
De estos 399,61 millones de euros, hay que resaltar que casi la mitad de estos créditos se corresponden con el capítulo de «Activos Financieros» fijado con un importe de 179,10 millones de euros (idéntica cuantía a la recogida en el
ejercicio anterior).
No se apuesta por la movilidad: no se incrementan las partidas correspondientes a Erasmus, Séneca, idiomas, etc. Se reducen por segundo año consecutivo los créditos a movilidad del profesorado y el programa José Castillejo.
Disminuyen los créditos destinados a la UNED, dotada con 81,64 millones de euros, un 5,1% menos que el año anterior.
Se incrementa hasta 23,3 millones de euros la dotación para los Campus de excelencia Internacional, pero se mantiene una financiación gravosa para las universidades con unos créditos de 75 millones de euros vía préstamo.
Mientras, merece destacarse que se consignen 1,5 millones de euros al Instituto Internacional de las Naciones Unidas, con sede en Barcelona, para la Alianza de las Civilizaciones.
Las becas y ayudas a estudiantes se incrementan cuantitativamente un 2,6%, pero se mantiene el mismo modelo de becas y no se prevé una dotación para el Observatorio de becas y ayudas. No se incrementan las becas de movilidad como Erasmus o
Séneca, eje prioritario del sistema universitario.
ENMIENDA NÚM. 1290
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
JUSTIFICACIÓN
La Ley de Presupuestos Generales del Estado es una ley fundamental que hace realidad las políticas de un Gobierno, es un instrumento de política económica de primera magnitud que puede, o bien generar confianza, estabilidad y desarrollo para
un país o bien todo lo contrario.
La grave crisis económica que atraviesa España hace necesario que la Ley de Presupuestos Generales del Estado recobre el papel que ha tenido a lo largo de la democracia, como ley que marcaba la política económica y presupuestaria para el
ejercicio económico del próximo año, y no el papel mojado que se ha convertido en los últimos ejercicios.
España tiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE, un 20,5% de paro.
Sin embargo, el Gobierno nos presenta nuevamente un proyecto agotado, en el que no hay medidas para luchar contra el desempleo y salir de la crisis económica.
Nuevamente ignora las políticas activas de empleo, que son muy necesarias en una situación como la actual -profundamente destructora de empleo- y que podrían contribuir a superar la crisis. Las políticas activas tienen un peso muy inferior en
relación con las pasivas. Tal y como ponen de manifiesto, los nuevos premios Nobel de 2010 y expertos en políticas de desempleo, un país que apuesta por las subvenciones no apuesta por su futuro. Por tanto, no compartimos las previsiones
económicas contenidas en esta sección y el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de los créditos, ya que no garantiza la consecución de creación de empleo.
Por otro lado, en relación con las partidas dirigidas a la inmigración, hay que tener en cuenta que el 12,3% de la población que vive en España es extranjera. El desempleo es el principal problema para este colectivo, de los 4.645.000
parados que hay, 1.105.400 son extranjeros. Sin embargo, los programas dirigidos a la inmigración sufren un drástico recorte en los Presupuestos Generales para el año 2011 y no solucionan los principales problemas de los inmigrantes.
El fondo de integración de inmigrantes, una de las partidas más importantes que se destina a las Comunidades Autónomas, se reduce para el próximo ejercicio en casi 40 millones de euros. Este fondo que contaba con una dotación de 200
millones durante los años 2008 y 2009, se redujo a la mitad en los PGE del año 2010. Para el próximo ejercicio se prevé un recorte del 38,4%, quedando dotado con 61,6 millones de euros.
Se reducen muchas otras partidas destinadas a inmigrantes y emigrantes, como son: «acciones a favor de los inmigrantes» dirigidas a entidades locales (-12,71%), «acciones en el ámbito migratorio-ayudas a UNED» (-28%), ayudas para emigrantes
retornados (-43%), prestaciones por necesidad y otras ayudas para emigrantes en el exterior (-12,7%), subvenciones a la Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas (-25%) y actuaciones para ordenación de flujos
migratorios (12%).
Por todo ello consideramos que este presupuesto no satisface las necesidades reales en materia de empleo e inmigración.
ENMIENDA NÚM. 1309
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
JUSTIFICACIÓN
El GPP considera que la distribución de los créditos y gastos de la Sección 20 no garantiza la consecución de los objetivos que se entienden necesarios, entre ellos: el crecimiento sostenido de la economía, la creación de empleo y la
vertebración del territorio. Asimismo, las políticas que se presentan, continuistas en su gran mayoría, se han demostrado ineficaces a la luz de la evolución reciente de los sectores productivos que trata la Sección 20.
Las enmiendas del GPP a la Sección 20 y como disposición adicional en industria, energía y comercio, buscan un perfil finalista de mejora de competitividad y productividad dentro de un modelo generador de empleo y bienestar.
La situación de la industria española es crítica. Los datos estadísticos muestran un fuerte estancamiento después de una recesión no vista desde que existen datos estadísticos al respecto. El desempleo en la industria es protagonista en la
sangría que experimenta el mercado laboral desde mayo de 2007 en un contexto de innumerables expedientes de regulación de empleo. Por tanto, es necesario tomar todas las medidas que sean necesarias para inyectar actividad y dinamizar la industria.
De esta manera, el Gobierno no incorpora la puesta en marcha, a través de los instrumentos que dispone a su alcance, un Plan de política industrial que favorezca el mantenimiento de la producción y del empleo a todas las ramas productivas,
poniendo especial atención en aquellos sectores que representan un mayor peso en la economía o que mayor riesgo de supervivencia sufran, como el sector de la automoción y de sus empresas auxiliares, la industria naval, la aeronáutica, la industria
química, el sector de la piedra natural y la pizarra, el sector del calzado y el textil, el sector del juguete, el sector maderero y del mueble, el sector azulejero y la industria siderometalúrgica y metalúrgica entre otros.
Por otro lado, debido a la parálisis de actividad en todos los sectores productivos de nuestro país, hoy es más necesario que nunca potenciar la actividad económica de España en el exterior. La economía española presenta un déficit por
cuenta corriente de más del 5%, lo que implica que la negativa situación económica se agrava con la deuda que presentamos con respecto al resto del mundo en un momento crisis crediticia y de abultado volumen de déficit fiscal y de deuda pública.
España sigue perdiendo competitividad en costes laborales relativos. El coste por hora trabajada sigue subiendo en España, a pesar de la fuerte destrucción de empleo. En 2009, el coste por hora trabajada subió en España un 5% frente a un
2,6% en la eurozona, o al 2,1% de Alemania. En el primer trimestre de 2010, el aumento en España fue más moderado, del 2% en línea con la media. Según los datos de la SE de Comercio Exterior, la cuota de las exportaciones españolas en el comercio
mundial de mercancías ha caído en la última década, pasando del 1,79% en el año 2000 al 1,75% en 2009.
En cuanto a las exportaciones de servicios, España apenas ha aumentado su cuota en el comercio mundial, solo 0,17 puntos, desde un 3,59% en el año 2000 al 3,69% en 2009.
Las exportaciones han aumentado un 14% mientras que la media en la Unión Europea lo ha hecho un 23%, Alemania un 27%, Italia otro 23% y Francia un 23,4%. La cuota de mercado de la exportación española ha caído del 2% al 1,7%, con 15% de
caída de la cuota de mercado. Estos son los principales indicadores de competitividad que se emplean en todas partes.
El volumen de inversión extranjera en España se ha desplomado un 80%.
Según Naciones Unidas, hemos pasado del puesto 6º al 20 en captación de inversiones.
Asimismo, el último informe del World Economic Forum asegura que, de un total de 139 países analizados, España ha descendido 9 posiciones en el ranking de competitividad, del puesto 33 al 42 en este último año, 13 puntos en los dos últimos
años y 19 puntos desde 2004. La pérdida de competitividad, se ha acelerado acentuadamente en este último año.
Es urgente adoptar las medidas necesarias para aumentar la base exportadora, aumente la participación de España en el comercio internacional y se garantice la seguridad jurídica de las empresas españolas en el mundo.
Por ello, se presentan las medidas que garanticen el apoyo a la economía española y a los sectores productivos mediante la mayor participación de España en el comercio internacional, con el fin de aumentar la base exportadora, asentado los
mercados en los que ya se opera y desarrollando nuevos, así como incrementar las exportaciones y mejorar la situación relativa de las empresas españolas en el exterior.
Con respecto al mercado interior, cabe destacar que a pesar de que en la última mitad de la década de los noventa y primera de la actual el comercio inte-
rior experimentó fuertes reformas liberalizadoras, que se vieron reflejadas en una mayor calidad en el comercio y un incremento moderado de los precios, la situación actual es completamente contraria.
Así, a pesar de la depresión que sufre la demanda interna, la variación del Índice General de Precios en España sigue siendo superior (2,1%) la del resto de los socios comerciales (1,8% Zona Euro) e incluso superior a los principios del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (2%). Según el Banco Mundial estamos en el puesto 62 en facilidades para emprender negocios o para invertir en España, bajando 11 posiciones en un año.
Se considera fundamental desarrollar y poner en marcha los mecanismos necesarios para fomentar la competencia en el comercio interior con la finalidad de favorecer a los consumidores y usuarios, dotar de un mayor tejido comercial en España,
y mantener y reforzar el empleo.
En este sentido se propone la aprobación de una Ley de Unidad de Mercado, la creación de la Oficina de Información y Seguimiento de los Precios, eliminar barreras de entrada en el comercio, impulsar las inversiones en logística del sector de
la distribución y garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores, entre otras medidas.
Respecto a la energía, el acceso a ella es fundamental para el mantenimiento de un estado sostenible de bienestar. Los ciudadanos españoles se ven afectados por la subida de los precios, las amenazas a la seguridad del suministro energético
y los cambios en el clima de nuestro continente. La energía sostenible, competitiva y segura es por tanto uno de los pilares básicos de nuestra vida cotidiana. España es una isla energética, por lo que cualquier shock en los precios de las
materias primas o cualquier problema de abastecimiento repercuten fuertemente sobre la economía española. La aportación de cada tecnología al total de electricidad producida en el 2009 fue: Fuel/Gas: 1%; Solar: 3%; Eólica: 13%; Hidráulica:
9%: Nuclear: 29%; Carbón: 12%; Ciclo Combinado: 29%; y el resto (cogeneración, biomasa, etc.): 14%.
A pesar de la fuerte apuesta por las energías renovables, el grado de dependencia energética creció, en 2008 hasta el 81,4% (mientras que en 2004 era del 77,6%), lo que implica un grado de autoabastecimiento de tan sólo el 18,6%. España
escala un puesto y se convierte en el sexto país de la UE27 con mayor dependencia energética del exterior.
Para 2030-2040, las previsiones más conservadoras apuntan a un aumento de la población de 3.000 millones de personas. Con lo cual, dada la correlación entre aumento de la población y aumento del consumo, las fuentes de energía que no sean
autóctonas van a tener en el futuro inmediato una enorme competencia y, por tanto, un alto precio.
El Consejo de Europa decidió otorgar 225 millones de a la interconexión eléctrica con Francia (línea de Muy Alta Tensión entre Figueras y Perpiñan), proyecto que lleva 15 años negociándose y en el que Francia y España se comprometieron a
adoptar antes de fines de junio de 2008.
El Gobierno tiene paralizada la interconexión eléctrica con Francia debido a la falta de inversiones desde el Gobierno central y el de Cataluña. Una de sus principales consecuencias fue el apagón de semanas sufrido en buena parte de
Cataluña este invierno.
La política energética del Gobierno se ha resumido en el descontrol de las primas a las renovables, que aún siendo necesaria y muy positiva la apuesta por este tipo de fuente de energía, ha originado el fuerte incremento del déficit
tarifario y el aumento insostenible de las tarifas de la luz a las familias y empresas.
En este sentido, el Proyecto de Ley no pone en marcha concretas de política energética para garantizar el suministro energético, la competencia real en el sector, la eficiencia energética, y la sostenibilidad medioambiental.
Por tanto, el GPP propone apostar por una nueva política energética que parta de un diagnóstico certero y una planificación coherente, que vele por la seguridad y la suficiencia en el suministro, que refuerce la competitividad y la
sostenibilidad medioambiental, y que persiga objetivos realizables para un sector estratégico de la economía.
Es, por tanto, imprescindible establecer una política energética que mejore la competitividad del sistema productivo español y garantice un suministro energético razonable en términos de calidad, cantidad y precio.
El programa para turismo se ha reducido en casi un 20% hasta disponer de 622,430 millones de euros, es decir, 153,603 millones menos que en 2010.
También el Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) queda reducido a
145 millones, un 3,3% menos, unos 5 millones de euros menos.
Sin embargo, es la línea de ayuda a las empresas que quieran realizar inversiones en tecnología, innovación y planes de desarrollo de ahorro energético la que sufre el mayor impacto de la necesidad de ajustarse el cinturón.
Concretamente, el Plan Future dispondrá en 2011 de trescientos millones de euros, cien menos que este año, en que la cuantía de 400 millones se agotó en cuestión de meses, demostrando así que era una buena y necesaria medida presupuestaria.
En el texto de este proyecto de Presupuestos Generales 2011, aún por superar varios trámites hasta su
aprobación definitiva, el Gobierno se propone defender y mejorar la posición de liderazgo de este sector en el concierto mundial.
Además, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se precisa como uno de los grandes retos a cumplir con estas partidas el de adaptar el segmento «sol y playa» a los nuevos retos y tendencias, impulsando el desarrollo de nuevos
productos turísticos. También recoge la pretensión de dotar de una cualificación a los destinos turísticos maduros en colaboración con las entidades locales, mediante las ayudas del FOMIT.
El documento fija también la estrategia de las inversiones necesarias para crear una imagen de singularidad de la Red de Paradores Nacionales, pero a la vez, retrasa u omite directamente, muchas de las obras de nueva construcción o reformas
y rehabilitaciones comprometidas.
El sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información (TICs), es un sector estratégico, que, según el Gobierno, estaba llamado a ser, junto con la I+D+i, el «motor» de la salida de la crisis y la recuperación económica, al
hacer a las empresas más competitivas, y del nuevo modelo productivo, basado en más ordenadores y menos ladrillos.
Pero el caso es que, aunque ha sido un sector que ha aguantado mejor que otros la crisis, también ha sufrido un recorte en la facturación y en el empleo y no se han visto por ninguna parte las medidas anunciadas por el Gobierno, no tanto
para las empresas del sector, sino sobre todo para las empresas de otros sectores, que debían basar su recuperación en las nuevas tecnologías.
Cabe destacar que el presupuesto para 2011 de la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), encargada de las políticas y ayudas para la competitividad y la innovación, ha descendido 363 millones
respecto al año anterior (24,54%), 495 millones desde que empezó la legislatura (30,73%).
Entre todas las partidas del presupuesto de la SETSI destaca especialmente unas ayudas, dentro del Plan Avanza, para la competitividad e innovación en Telecomunicaciones y S.I. de las empresas privadas, que tanto las necesitan en estos
momentos y que el año pasado sufrieron recortes del 64,03% y que este año se han visto prácticamente «congeladas».
Por eso, la principal crítica que se puede hacer a estos presupuestos no es cuantitativa: la cuantía de los recortes, que en estos tiempos son necesarios, sino cualitativa: dónde se hacen los recortes y dónde se mantiene el gasto o, lo que
es lo mismo, qué efectos tienen los recortes y qué resultados tiene el gasto, y si se ha identificado bien el gasto productivo e improductivo.
A la totalidad del programa de gastos 431A «Promoción comercial e internacionalización de la empresa»
Por considerar que la distribución de los créditos y gastos del Programa 431A no garantiza la consecución de los objetivos que se entienden necesarios para la mejora del sector exterior español y la internacionalización de la economía
española. Asimismo, las políticas que se presentan, continuistas en su gran mayoría, se han demostrado ineficaces a la luz de la evolución reciente del comercio español en el exterior.
Debido a la parálisis de actividad en todos los sectores productivos de nuestro país, hoy es más necesario que nunca potenciar la actividad económica de España en el exterior. La economía española presenta un déficit por cuenta corriente de
más del 5%, lo que implica que la negativa situación económica se agrava con la deuda que presentamos con respecto al resto del mundo en un momento crisis crediticia y de abultado volumen de déficit fiscal y de deuda pública.
España sigue perdiendo competitividad en costes laborales relativos. El coste por hora trabajada sigue subiendo en España, a pesar de la fuerte destrucción de empleo. En 2009, el coste por hora trabajada subió en España un 5% frente a un
2,6% en la eurozona, o al 2,1% de Alemania. En el primer trimestre de 2010, el aumento en España fue más moderado, del 2% en línea con la media.
Según los datos de la SE de Comercio Exterior, la cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial de mercancías ha caído en la última década, pasando del 1,79% en el año 2000 al 1,75% en 2009.
En cuanto a las exportaciones de servicios, España apenas ha aumentado su cuota en el comercio mundial, solo 0,17 puntos, desde un 3,59% en el año 2000 al 3,69% en 2009.
Las exportaciones han aumentado un 14% mientras que la media en la Unión Europea lo ha hecho un 23%, Alemania un 27%, Italia otro 23% y Francia un 23,4%. La cuota de mercado de la exportación española ha caído del 2% al 1,7%, con 15% de
caída de la cuota de mercado. Estos son los principales indicadores de competitividad que se emplean en todas partes.
El volumen de inversión extranjera en España se ha desplomado un 80%.
Según Naciones Unidas, hemos pasado del puesto 6º al 20 en captación de inversiones.
Asimismo, el último informe del World Economic Forum asegura que, de un total de 139 países analizados, España ha descendido 9 posiciones en el ranking de competitividad, del puesto 33 al 42 en este último año, 13 puntos en los dos últimos
años y 19 puntos desde 2004. La pérdida de competitividad, se ha acelerado acentuadamente en este último año.
La enmienda del GPP como disposición adicional en comercio exterior busca un perfil finalista de
mejora de competitividad y productividad dentro de un modelo generador de empleo y bienestar.
Por ello, se presentan las medidas que garanticen el apoyo a la economía española y a los sectores productivos mediante la mayor participación de España en el comercio internacional, con el fin de aumentar la base exportadora, asentado los
mercados en los que ya se opera y desarrollando nuevos, así como incrementar las exportaciones y mejorar la situación relativa de las empresas españolas en el exterior.
A la totalidad del programa de gastos 431O «ordenación y modernización de las estructuras comerciales.»
Por considerar que la distribución de los créditos y gastos del Programa de gastos 431O no garantiza la consecución de los objetivos que se entienden necesarios para la mejora en calidad y en competitividad-precio para los consumidores, y la
creación de empleo. Asimismo, las políticas que se presentan, continuistas en su gran mayoría, se han demostrado ineficaces a la luz de la evolución reciente de los precios en un contexto de demanda estancada.
A pesar de que en la última mitad de la década de los noventa y primera de la actual el comercio interior experimento fuertes reformas liberalizadoras, que se vieron reflejadas en una mayor calidad en el comercio y un incremento moderado de
los precios, la situación actual es completamente contraria.
La depresión que sufre la demanda interna, la variación del Índice General de Precios en España sigue siendo superior (2,1%) la del resto de los socios comerciales (1,8% Zona Euro) e incluso superior a los principios del Pacto de Estabilidad
y crecimiento de la Unión Europea (2%). Según el Banco Mundial estamos en el puesto 62 en facilidades para emprender negocios o para invertir en España, bajando 11 posiciones en un año.
La enmienda del GPP en materia de comercio interior, como disposición adicional, busca un perfil finalista de mejora de competitividad y productividad dentro de un modelo generador de empleo y bienestar.
Se considera fundamental desarrollar y poner en marcha los mecanismos necesarios para fomentar la competencia en el comercio interior con la finalidad de favorecer a los consumidores y usuarios, dotar de un mayor tejido comercial en España,
y mantener y reforzar el empleo.
En este sentido se propone la aprobación de una Ley de Unidad de Mercado, la creación de la Oficina de Información y Seguimiento de los Precios, eliminar barreras de entrada en el comercio, impulsar las inversiones en logística del sector de
la distribución y garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores, entre otras medidas.
A la totalidad del programa de gastos 425A «normativa y desarrollo energético».
Por considerar que la distribución de los créditos y gastos del Programa 425A no garantiza la consecución de los objetivos que se entienden necesarios para hacer de la energía en España un factor de competitividad.
Asimismo, las políticas que se presentan, continuistas en su gran mayoría, se han demostrado ineficaces.
El acceso a la energía es fundamental para el mantenimiento de un estado sostenible de bienestar. Los ciudadanos españoles se ven afectados por la subida de los precios, las amenazas a la seguridad del suministro energético y los cambios en
el clima de nuestro continente.
La energía sostenible, competitiva y segura es por tanto uno de los pilares básicos de nuestra vida cotidiana.
España es una isla energética, por lo que cualquier shock en los precios de las materias primas o cualquier problema de abastecimiento repercute fuertemente sobre la economía española. La aportación de cada tecnología al total de
electricidad producida en el 2009 fue: Fuel/Gas: 1%; Solar: 3%; Eólica: 13%; Hidráulica: 9%: Nuclear: 29%; Carbón: 12%; Ciclo Combinado: 29%; y el resto (cogeneración, biomasa, etc.): 14%.
A pesar de la fuerte apuesta por las energías renovables, el grado de dependencia energética creció en 2008 hasta el 81,4% (mientras que en 2004 era del 77,6%), lo que implica un grado de autoabastecimiento de tan sólo el 18,6%. España
escala un puesto y se convierte en el sexto país de la UE27 con mayor dependencia energética del exterior.
Para 2030-2040, las previsiones más conservadoras apuntan a un aumento de la población de 3.000 millones de personas. Con lo cual, dada la correlación entre aumento de la población y aumento del consumo, las fuentes de energía que no sean
autóctonas van a tener en el futuro inmediato una enorme competencia y, por tanto, un alto precio.
El Consejo de Europa decidió otorgar 225 millones de a la interconexión eléctrica con Francia (línea de Muy Alta Tensión entre Figueras y Perpiñan), proyecto que lleva 15 años negociándose y en el que Francia y España se comprometieron a
adoptar antes de fines de junio de 2008.
El Gobierno tiene paralizada la interconexión eléctrica con Francia debido a la falta de inversiones desde el Gobierno central y el de Cataluña. Una de sus principales consecuencias fue el apagón de semanas sufrido en buena parte de
Cataluña este invierno.
La política energética del Gobierno se ha resumido en el descontrol de las primas a las renovables, que aún siendo necesaria y muy positiva la apuesta por este tipo de fuente de energía, ha originado el fuerte incremento del déficit
tarifario y el aumento insostenible de las tarifas de la luz a las familias y empresas.
En este sentido, el Proyecto de Ley no pone en marcha medidas concretas de política energética para garantizar el suministro energético, la competencia real en el sector, la eficiencia energética, y la sostenibilidad medioambiental.
Por tanto, el GPP propone apostar por una nueva política energética que parta de un diagnóstico certero y una planificación coherente, que vele por la seguridad y la suficiencia en el suministro, que refuerce la competitividad y la
sostenibilidad medioambiental, y que persiga objetivos realizables para un sector estratégico de la economía.
Es, por tanto, imprescindible establecer una política energética que mejore la competitividad del sistema productivo español y garantice un suministro energético razonable en términos de calidad, cantidad y precio.
ENMIENDA NÚM. 1336
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 21. Ministerio de Ciencia e Innovación.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de créditos, que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos prioritarios en la política de Investigación, Desarrollo e Innovación.
ENMIENDA NÚM. 1354
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 22. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
JUSTIFICACIÓN
La crisis de Gobierno que se produjo en el mes de abril de año 2009, no solo se saldo con el cambio de titulares en los Departamentos Ministeriales, también en su propia configuración competencial.
Sin duda que uno de los aspectos más llamativos en esa crisis fueron las modificaciones que afectaron al Ministerio de Administraciones Públicas, hoy de Política Territorial, que se vio desposeído de todas las competencias en materia de
Función Pública y Administración Periférica, y quedó relegado a la interlocución con las Administraciones Territoriales, con funciones que se limitaban a la preparación de la Conferencia de Presidentes y ejecución de la política del Gobierno en
materia de relaciones con las Entidades Territoriales, sin ninguna competencia en su financiación. Todo ello a pesar de que a su titular se le revistió con la Vicepresidencia Tercera del Gobierno.
Al hecho competencial y su limitación presupuestaria, se le suma la inactividad de los responsables del Departamento, que reiteradamente ha venido denunciando el Grupo Popular.
Baste con señalar que en todo este tiempo, y a pesar de las continuas referencias a los compromisos del Gobierno sobre la administración local que han sido reiteradamente reclamados por todos los Grupos de la Cámara y por la propia FEMP, no
ha presentado ninguna iniciativa legislativa; y su presencia en los Consejos de Ministros ha sido meramente testimonial.
Una vez que han concluido la programación de las inversiones derivadas del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el presupuesto global del Ministerio ha quedado relegado a los últimos puestos y sus programas reducidos a una
mera aplicación mecánica que no resuelve ninguna de las demandas de las Entidades Territoriales, especialmente las derivadas de la Administración Local y su financiación, que debe de estar concentrada en la Sección 36.
Su gestión debería de estar encomendada a una Secretaría de Estado, dependiente de Presidencia; y no solo por lo que pudiera llegar a suponer la desaparición de este Departamento en términos económicos, sino, y sobre todo, en una etapa de
crisis como la que estamos atravesando, por que sería una medida ejemplarizante para la simplificación de estructuras innecesarias en la Administración General del Estado.
En definitiva el Grupo Popular considera que debe de ser el Departamento de Presidencia el que asuma las competencias de esta Sección, a través de una Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, como Órgano Superior, y de la propia
Subsecretaria de Presidencia, y se derive a la Sección 36, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda,
todos los aspectos relativos a la financiación de las Entidades Locales, como es el Fondo especial de financiación a favor de municipios con población no superior a los 20.000 habitantes.
ENMIENDA NÚM. 1361
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
JUSTIFICACIÓN
Se presenta la siguiente impugnación a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, al programa 452 A y a los organismos autónomos y entidades del sector público empresarial vinculados, al Programa 456 C, Protección y
mejora del medio natural de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y el Organismo Autónomo «Parques Nacionales», al Programa 456 A de calidad de las aguas, de la
Dirección General del Agua y los Organismos Autónomos, al Programa 456 D de actuaciones en la costa, de la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, al Programa 456 M de actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio
climático, y al Programa 456 B de protección y mejora del medio ambiente.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino es el segundo Ministerio, después de Fomento, que sufre un mayor recorte en su presupuesto, un 31,3% en relación al ejercicio pasado.
El Presidente del Gobierno presentó en su discurso de investidura como una de sus prioridades para la acción del Gobierno la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, a falta de la presentación del último presupuesto de la presente legislatura, queda claro que el desmantelamiento a nivel presupuestario de las políticas ambientales en general y de lucha contra el cambio climático en particular
son una obviedad.
Los Presupuestos Generales del Estado desde 2009 a 2011 respecto a los años anteriores no han hecho más que descender en las principales políticas medioambientales.
Las políticas hidrológicas, la lucha contra el cambio climático y prevención de la contaminación, la protección y mejora del medio natural o las actuaciones en costa son el ejemplo de programas presupuestarios que no han dejado de descender
en la presente legislatura.
El estancamiento de la inversión afecta a las infraestructuras, especialmente las hidráulicas, y a los programas ambientales aumentando la desprotección de la naturaleza. La distribución de los recursos debería tener un criterio más
inversionista para ejercer un efecto positivo sobre la recuperación económica y la creación de empleo.
El sector agrario continúa con su crisis específica, agravada por la crisis general, como bien lo refleja la caída de la renta -26%- desde el 2004, el rápido endeudamiento de los últimos años que supera en valor al montante total de la
renta, 23.440 millones de euros, el descenso del PIB agrario por debajo del 3% del PIB total, que supone una renta por ocupado del 55% de la renta de los ocupados en los sectores de servicios, construcción e industria. El descenso continuo e
imparable de activos, 5.1% en el último año, y la escasa tasa de incorporación de jóvenes agricultores (uno por cada cinco que abandonan el sector) conforman un cuadro que refleja la pésima situación por la que atraviesan los agricultores y
ganaderos, sumada a un paro registrado del 23%, superior al general.
Con una bajada del 31,5% del presupuesto estrictamente agrario es imposible solucionar los graves problemas del sector y revertir la tendencia al abandono de las explotaciones y al relevo generacional.
El Gobierno dejó pasar cinco años instalado en una administración rutinaria sin ocuparse de manera activa y diligente de la problemática del sector pese al hundimiento de los precios en sectores importantes (leche, vino, aceite, cereales) y
un enorme malestar en todo el sector.
El sector pesquero viene padeciendo una situación de crisis que se extiende más allá de la crisis económica que padecemos consecuencia de la baja rentabilidad de la flota pesquera, que se ve afectada por los bajos precios en primera venta de
los productos pesqueros, la baja producción de nuestros caladeros y los elevados costes de producción en comparación con otras flotas internacionales.
El periodo de Gobierno socialista ha conducido a que la mayoría de las especies objetivo de nuestra flota se encuentren sobreexplotadas, no habiendo hecho uso de las medidas contempladas en la reglamentación comunitaria para imponer
condiciones operativas a nuestra flota equivalentes a las diseñadas por la Comisión europea para la flota que faena en aguas comunitarias.
Tampoco ha puesto en marcha el Gobierno las medidas para mejorar la competitividad de la flota de altura y gran altura que ha diseñado la Comisión europea permitiendo mejoras fiscales.
Para hacer frente a este deterioro permanente del sector pesquero, se hace necesario desarrollar un pro-
grama de recuperación de nuestros caladeros mediante el diseño de un plan estratégico que comprenda las cuatro áreas pesqueras de nuestro litoral, y reconducir el presupuesto destinado al sector pesquero a niveles equivalentes a los del año
2004, que se ha visto reducido desde entonces en un 53,3%.
1. PROGRAMA 452 A. sobre Gestión e Infraestructuras del Agua.
Se cumplen siete años del Gobierno socialista y la incertidumbre sobre el futuro de las políticas hidráulicas permanece. Las inversiones se han reducido drásticamente y las actuaciones del famoso Programa AGUA están sin desarrollar. Ahora
se echa en falta la ejecución presupuestaria en los años de abundancia de recursos económicos.
Las carencias en infraestructuras para abastecimiento y calidad de las aguas siguen sin resolverse y se hace necesario que se sigan ejecutando nuevas infraestructuras. Sin embargo, el presupuesto en ambos casos se reduce drásticamente.
Destaca, entre las grandes cifras de la inversión pública, el descenso de un 32,98% de la inversión en infraestructuras hidráulicas, que representa un descenso de 1.000 millones de euros en políticas de abastecimiento, gestión de regadíos y
calidad de las aguas. Pero son los grandes programas inversores los que más se resienten en esta reducción, especialmente el de Gestión e Infraestructuras del Agua, con un recorte del 37,2% y descenso de 500 millones.
Otros 500 millones desciende la inversión de las Sociedades Estatales del Agua. Con la fusión en cuatro únicas sociedades, Acuallorte, AcuaSur, AcuaEbro y AcuaMed, se dificulta el seguimiento de los proyectos. Lo que sí queda claro es el
descenso generalizado de las inversiones, que supera en el caso de las Acuallorte, AcuaSur y AcuaEbro el 40% de reducción.
Mientras, en el caso de AcuaMed, lo realmente preocupante es el bajo grado de ejecución de sus presupuestos.
Las desalinizadoras serán, un año más, principal objetivo en los Presupuestos. A través de la empresa pública AcuaMed, recibirán 273 millones para once desaladoras, de los 759 millones que invierte la entidad, dejando de lado proyectos más
rentables en estos momentos.
Además, estas obras acumulan años de retraso. En documentos oficiales de la primera legislatura socialista se llegó a decir que estaría en servicio a finales de 2008.
Los representantes del departamento ministerial no han sabido defender las necesidades de este programa y han llegado a considerar la reducción presupuestaria como coherente.
Pero no se trata únicamente de una disminución presupuestaria, también es una distribución poco ambiciosa y errante de los pocos recursos que el Estado ha asignado a esta política. Proyectos que no dota adecuadamente, proyectos considerados
imprescindibles, se demoran en su finalización y se demoran las inversiones para años venideros, cuando no se dan por finalizados, existiendo en presupuestos anteriores proyecciones de ejecución hasta, por lo menos, 2012. Aun considerando el
presente un presupuesto de ajuste, es difícil interpretar cuáles son las prioridades de este programa y tampoco existe ambición por la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Las grandes inversiones se recogen en conceptos genéricos, como la de «Otras actuaciones de reposición de infraestructuras hidráulicas», que dificultan el conocimiento sobre el destino final de las inversiones.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los presupuestos que en esta enmienda se
tratan para que las obras que a continuación se especifican, como ejemplo de las deficiencias del programa, sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Plan de defensa del Segura y aplicaciones forestales (Albacete);
Segunda fase de sustitución de bombeos de La Mancha Occidental (Albacete); Recuperación ambiental del cauce del río Llobregat en Cornellá, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Boi de Llobregat como espacio de esparcimiento ciudadano
(Barcelona);
Cobertura de las rieras de Canyadó y Pomar de Badalona (Barcelona);
Integración de la ribera del marco en el entorno de la ciudad de Cáceres; Abastecimiento de la ciudad de Cáceres y su entorno;
Potabilizadora del río Mijares (Castellón);
Plan especial Alto Guadiana;
Abastecimiento a la llanura manchega;
Acondicionamiento Plan del río Guadalquivir, 2.ª fase, a su paso por Córdoba;
Actuaciones de restauración hidrológico-forestal en Granada;
Mejora de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Granada en la cuenca del Sur; Construcción de una lámina estable de agua en el pantano de Entrepeñas, en Sacedón (Guadalajara);
Obras de restauración, limpieza y acondicionamiento de los cauces de los ríos Tajo, Henares, Gallo y Sorbe (Guadalajara);
Embalse de Biscarrues o alternativa (Huesca);
Plan restitución embalse Montearagón (Huesca);
Balsas de Almudevar y Alcanadre (Huesca);
Plan global de agua para la ciudad de Huesca;
Obras convenio municipios del Pirineo (Huesca);
Actuaciones medio ambientales; río Ara (Zona Jánovas) (Huesca);
Planes de restitución medio ambiental de los embalses de El Grado, Mediano y Barasona (Huesca);
Acondicionamiento de torrentes en Islas Baleares;
Encauzamiento de los ríos Eliche Pedregosa-Cautín a su paso por el municipio de Los Villares (Jaén);
Presa de laminación del río Eliche (Jaén);
Mejora del estado del pantano del Viboras;
Restauración zona pizarras ríos Lor y Quiroga (Confed. H. Miño-Sil) (Lugo);
Traída de aguas en Fonsagrada (Lugo);
Recuperación y encauzamiento ríos Sarria y Celeiro (Lugo);
Desvío del arroyo de Villalobón (Palencia);
Nueva creación embalse Puente Alto (Segovia);
Canal Calanda-Alcañiz (Teruel);
Embalse de Mularroya (Zaragoza);
Presa de El Val (Zaragoza);
Obra pacto del agua-Yesa en Aragón;
Proyecto y Construcción de nueva presa correspondiente a la cuenca del Alberche (Madrid) y Expropiación del uso hidroeléctrico de los embalses actualmente existentes en la cuenca del Alberche;
Dos espejos de agua en la cola del embalse de Alarcón y del pantano de Buendía (Cuenca);
Embalse Eria-Duerna(León);
Abastecimiento agua potable sectores Zona Oeste, de la ciudad de Salamanca; Abastecimiento a poblaciones del Alto Tiétar (Ávila);
Plan de actuación hidrológico forestal en el Valle del Tiétar (Ávila);
Restauración de riberas en la cuenca del Duero y del Tajo (Ávila);
Plan Director de Recarga del Acuífero de los Arenales en Valladolid, Ávila, Segovia y Salamanca;
Abastecimiento mancomunado del Órbigo (León);
Riegos del Órbigo (León);
Abastecimiento mancomunado del Bierzo (León);
Tubos de desagüe para la defensa del Bilbao metropolitano ante las riadas (Vizcaya);
Construcción del azarbe Poble Nou. Carpesa y conexión de Carpesa y Borbotó (pedanías del norte de la Ciudad de Valencia);
Construcción de Colector metropolitano de aguas pluviales y depósito de tormentas Forn d'Alcedo-Sedavi (Valencia);
Construcción de Depósito regulador de entrada a la depuradora de Pinedo y obras complementarias de colectores (Valencia);
Ampliación de la depuradora de el Carraixet y desconexión de acequias de riego al sistema Vera-Palmaret;
Dragado y limpieza del azarbe margen izquierda del río Turia y aliviaderos complementarios (Valencia);
Depósito de retención de primeras pluviales en Huerto de San Valero (Valencia); Ampliación y abastecimiento Alfoz de Murcia; Mejora elevación río Segura (Murcia); Mejora sifones potabilizadora Campotejar (Murcia); Mejora canales Región
de Murcia; Balsón sierra de la Espada (Murcia).
Recuperación medio ambiental de los ríos Sar y Sarela
Mejora red de distribución de agua en Arrecife y San Bartolomé.
Ampliación del proyecto de saneamiento y separación de aguas pluviales en Playa Honda (S. Bartolome)
Incremento de subvenciones para plantas potabilizadoras de Canarias.
Mejora del saneamiento de Corralero en la Oliva (Fuerteventura).
Parque Eólico de autoconsumo en desalación de agua para Fuerteventura.
Aumento del apoyo económico para disminuir el coste del agua desalada para Fuerteventura.
Ampliación del convenio de aguas EstadoCanarias para la construcción de una nueva desaladora de 10.000 metros cúbicos (Lanzarote).
Construcción de parque eólico (Lanzarote).
Abastecimiento de agua en la provincia de Salamanca.
Recuperación de riberas del Duero.
Finalización proyecto y construcción de las obras de regulación del rio oja en la Rioja.
Presa de Cigudosa-Valdeprado.
Restauración Hidrológico Forestal en las cuencas del Oja, Leza, Jubera, Cidacos y Alhama en La Rioja.
Igualmente, entre las actuaciones de las Sociedades del Agua, se encuentra deficiencia de dotación, entre otras actuaciones, en las siguientes:
AcuaEbro:
Abastecimiento mancomunado a la cuenca del Matarraña (Teruel).
Abastecimiento de agua a Zaragoza.
Modernización Canal Imperial Aragón.
Elevación del Ebro Zaragoza-Fayón (Zaragoza).
Incremento de regulación embalses laterales Bardanas (Zaragoza).
Depuradoras de la Red Natura 2000 en La Rioja.
Obras de mejora de los canales del Najerilla.
Obras de modernización de los regadios del tramo II, sector 2.º del tramo III y tramo IV del canal de la margen izquierda del Najerilla.
Revestimiento y mejora de la acequia de Mabad (Arnedo, Quel y Autol en La Rioja).
Obras de modernización del regadío dependiente del embalse de Valbornedo en Navarrete, La Rioja.
Obras de modernización de la CR de Calahorra (acequia de los Molinos).
Balsa de regulación de la CR de Quel, La Rioja.
Obras de modernización del regadío de Arenzana de Abajo y de Cenicero dependientes del canal de la margen derecha del Najerilla.
Modernización de 40.000 Ha de regadío de la provincia de Jaén.
Abastecimiento agua Sierra Segura.
AcuaMed:
Planta desaladora de Torrevieja. (Alicante)
Desaladora de Guardamar. (Alicante)
Desalobración e infraestructuras para posterior reutilización agrícola de las aguas residuales de la depuradora Elda-Petrer por los usuarios del Vinalopó.
Actuaciones para mejora de la calidad del agua procedente del Júcar para el Vinalopó.(Alicante)
Planta de tratamiento de caudales del trasvase Júcar-Vinalopó y conducciones.
Ramal margen izquierda Júcar-Vinalopó (Alicante).
Aprovechamiento de aguas depuradas de La Pedrera, fase I (Alicante).
Modernización regadíos riegos de Levante, margen derecha del Segura (Alicante).
Modernización regadíos C.R. Carrizales (Elx).
Riegos de Levante M.I. 3.er Canal de Levante (Alicante).
Ampliación de la capacidad de drenaje del río Girona (Alicante).
Actuaciones de prevención de inundaciones en la comarca de la Vega Baja del Segura (Alicante).
Conducción Venta del Pobre, Campo de Tabernas (Almería).
Captación de aguas subterráneas para abastecimiento y regadíos en Castellón.
Para establecer un Consorcio de Aguas en la provincia de Castellón.
Nuevo canal paralelo al canal Cota 100 para el aprovechamiento integral del agua en el área Mijares-Belcaire(Castellón).
Encauzamiento de la Rambla de Alcalá (Benicarló) (Castellón).
Encauzamiento del tramo final del barranco Juan Mora (Nules) (Castellón).
Reutilización aguas residuales Costa del Sol Oriental (Málaga).
Depuradora de Nerja (Málaga).
Aprovechamiento hidrológico de los acuíferos de la Alberquilla-Sierra Almijara (Málaga).
Abastecimiento área metropolitana Valencia y campo de morvedre.
Reposición acequia mayor de Sagunto (Valencia).
Terminación de obras de modernización de regadío en la acequia real del Júcar (Valencia).
Modernización riegos de la real acequia de Carcaixent (Valencia).
Alternativa a la presa de El Marquesado (Valencia).
Presa de Villamarchante (Valencia).
Reutilización de aguas residuales de la EDAR de Sueca (Valencia).
Plan de defensa contra avenidas en la ribera del Júcar (Valencia).
Encauzamiento de barrancos en el área metropolitana de Valencia (cuenca del Poyo, La Saleta, Pozalet y defensa de Silla) (Valencia).
Conducción de agua bruta desde el embalse de Tous hasta las plantas potabilizadoras del Realon y la presa y cubrimiento del canal Júcar Turia (Valencia).
Aseguramiento del abastecimiento de agua bruta a la planta potabilizadora del Realon, desde la acequia real del Júcar.
Mejora de la calidad el agua, aducción desde La Pea (término municipal deVilamarxant) hasta la Etap de la Presa (Valencia).
AcuaNorte:
Etap de Monforte de Lemos (Lugo).
Nuevo abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría y mejorar sus sistemas de suministro (Pontevedra).
AcuaSur:
Renovación de la red de distribución de agua potable de Melilla.
Construcción y explotación de actuaciones encaminadas a la reutilización de aguas depuradas (Madrid).
Conducción desde el azud de Valdajos a la ETAP del Tajo (Madrid).
Presa de Alcolea (Huelva).
Canal de Trigueros (Huelva).
Trasvase del Condado (Huelva).
Acua Duero:
Segovia:
--Obras de Recrecimiento de la Presa del río en el Espinar (Segovia), Presa del río Viejo y la Obra de abastecimiento de la Mancomunidad de la Atalaya.
AcuaTajo:
Toledo:
--Ampliación ETAP Talavera de la Reina.
La falta de ejecución de los proyectos recogidos en la planificación hidrológica y el retraso en la nueva planificación hidrológica de cuenca, que llevará asociada la necesidad de ejecutar un programa de medi-
das que se adoptan para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica, definidas en el artículo 1 del Reglamento de Planificación Hidrológica, unido a la presentación del documento titulado «Hacia un gran pacto social sobre el
agua», que parece contradecir la política de los último ocho años, ponen en evidencia y desacreditan la utilidad de estos presupuestos.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones para la finalización de los proyectos y una mejor distribución
territorial.
2. PROGRAMA 456C. Protección y mejora del medio natural.
La partida de Inversiones Reales en el Programa 456C ha supuesto, los últimos años, en torno al 70% de gasto de este programa. Este año, además de reducirse en un 34,45%, realiza una distribución opaca, indescifrable y confusa de las
inversiones. Tan sólo se presupuestan tres proyectos de inversión, que agrupan todas las actuaciones del sector, sin especificar cuánto se destina a temas tan importantes como la prevención de incendios o la política forestal.
El estancamiento de la inversión no sólo afecta a las infraestructuras, si no que también se harán grandes recortes presupuestarios a los programas ambientales, aumentando la desprotección de la naturaleza.
Esta falta de transparencia impide comprobar el destino de los recursos del Estado en aspectos como la conservación de la biodiversidad, la política forestal o la mejora del conocimiento del medio natural.
Siguiendo la explicación de
diferencias, un aspecto tan importante como la «Defensa de los montes contra incendios y biodiversidad» desciende en 100.097,53 miles de euros.
En la memoria de objetivos se reconoce que se deben aplicar y desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 43/2003, especialmente los referidos a planificación y estadística forestal y coordinación de las políticas forestales, así como la
representación internacional, asumir los nuevos retos que supone para el desarrollo de la Ley 42/2007, en especial la redacción y aprobación del Plan Estratégico Estatal y la promulgación de las normas necesarias para el completo desarrollo de los
instrumentos que afectan al mundo forestal incluidos en ella. Sin embargo, se olvida de la herramienta que la propia Ley establece para desarrollar los objetivos que la misma persigue, dejando sin dotación el Fondo para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. Destacar igualmente que las transferencias de capital, especialmente a las Comunidades Autónomas encargadas de la ejecución sobre el territorio de las políticas de política de la naturaleza, desciende drásticamente.
La crisis aumenta la presión sobre los recursos naturales, especialmente los más frágiles, reduciéndose los medios para su conservación. Debemos convertir la naturaleza en un aliado, dar a la biodiversidad el valor que le corresponde y
reconocer sus potencialidades, aprovechándola para la creación de empleo en las áreas relacionadas con su conservación y aprovechamiento sostenible, fijando así población en el medio rural.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los presupuestos que en esta enmienda se
tratan para que las obras que a continuación se especifican, como referencia de deficiencia del programa, sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Regeneración medioambiental de la zona afectada por el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) en julio de 2005, provincia de Guadalajara.
Convenio Marco Plan Forestal 24/06/2002 (La Rioja); Parques Nacionales en Ribavellosa (La Rioja) y cumplimiento de acuerdos contraídos en el convenio-marco Plan Forestal de 24/06/02 y convenios que de él se derivan.
Regeneración Palmeral de Gran Tarajal, Tuineje, Fuerteventura.
Dotar adecuadamente las actuaciones del Programa de Caminos Naturales y Vías Verdes para su desarrollo en diferentes regiones.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión.
3. PROGRAMA 456 A. Calidad del agua.
Uno de los problemas que adolecen a la conservación de la naturaleza y de sus recursos está relacionado con la calidad de las aguas. Tras ser utilizadas por los seres humanos, ya sea para consumo directo o en diferentes aplicaciones, las
aguas residuales constituyen un problema para numerosas localidades y puntos geográficos.
El programa 456A no ha cumplido los objetivos, especialmente los marcados por la Directiva Marco del Agua, existiendo numerosas deficiencias para alcanzar un «buen estado» ecológico y químico de todas las aguas comunitarias para 2015. El
Plan Nacional de Calidad de las Aguas, con gran número de actuaciones pendientes, no se dota adecuadamente.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los presupuestos que en esta enmienda se tratan para que las obras que a continuación se especifican sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Aliviadero balsa del Sapo al mar, término municipal de El Ejido (Almería).
Saneamiento, depuración, abastecimiento de agua según Convenio Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las Cuencas
Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía.
Saneamiento de los ríos pirenaicos (Huesca).
Regeneración ría del Burgo (La Coruña).
Edar de Santiago (La Coruña).
Edar de Bens (La Coruña).
Emisario submarino de Bens (La Coruña).
Edar de Chantada (Lugo).
Plan Guadalmedina. Actuaciones restauración hidrológico forestal. Mejora riegos Comarca Antequera, Ronda, Guadalhorce, Estepona, Casares y Marbella (Málaga).
Saneamiento y depuración en la provincia de Ourense.
Actuaciones Plan Pizarras 2007-2013 en Ourense.
Ampliación EDAR en Ourense.
Edar de A Cañiza (Pontevedra).
Edar de Ponteareas (Pontevedra).
Estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela.
Estación depuradora de aguas residuales de Soria.
Depuradora de Burgos.
Depuración integral del Órbigo (León)
Saneamiento integral Algadefe,Villademor y Toral (León)
Actuaciones en el delta del Ebro.
Dotar adecuadamente el Plan Nacional de Calidad de las Aguas para el desarrollo de otras actuaciones de saneamiento en diferentes regiones.
Mejora abastecimiento y saneamiento cuenca del Ebro (Zaragoza).
Saneamiento y depuración del Mar Menor (Murcia).
Instalación de esterilización y tratamiento de lodos de depuradora mediante compostaje para uso agrícola, en Salamanca.
Instalación de depuradoras en Fuensanta, Las Carrillas, y la Carrasca.
Saneamiento del Golfo (Yaiza).
Saneamiento de Playa Quemada (Yaiza).
Saneamiento de Caleta de Sebo en la Graciosa (Teguise).
Saneamiento Municipio de Tinajo.
Mejora de saneamiento de San Bartolomé.
Proyecto de mejora del saneamiento de Tias.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones para la finalización de los proyectos y una mejor distribución
territorial.
4. PROGRAMA 456 D. Actuación en la costa.
El Programa 456D tiene como ejes de actuación: controlar, y cuando sea posible detener, el proceso de deterioro físico que sufre la costa española y asegurar su uso y disfrute por los ciudadanos mediante la protección, recuperación y
ampliación del dominio público.
El programa de actuaciones en costas ve reducida su dotación en un 48,8%, pero el dato más alarmante es la rebaja en un 53,86% de las inversiones reales del programa. Sólo la partida de inversión desciende en 134.825,67 miles de euros.
Actuaciones en costas y playas, eje principal de actuación del programa, desciende en 127.039,05 miles de euros.
Básicamente, la inversión se reparte en tres tipos de proyectos que se repiten en cada provincia costera; Control de la regresión de la costa, Protección y recuperación de sistemas litorales y Dotaciones para el acceso y uso público de la
costa. Se ha optado por no dejar ninguna partida sin dotación, quedando cantidades tan exiguas con las que es difícil concebir que se pueda desarrollar algún tipo de actuación.
Nuevamente, lo inconcreto del destino de los recursos se deja patente
en este programa, con las partidas de mayor cuantía en conceptos genéricos.
Queda pendiente abrir el debate para analizar la problemática de financiación de las actuaciones y obras necesarias en las zonas con afecciones más graves, pero dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende
establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelvan al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los presupuestos que en esta enmienda se tratan para que las obras que a continuación se especifican, a modo de ejemplo
de las deficiencias del programa, sean reprogramadas de acuerdo con su situación y necesidades reales:
Protección y recuperación de sistemas litorales:
Playa de Poniente Sur de Benidorm en Alicante.
Construcción de diques puerto Mataró (Barcelona).
Regeneración playas de la provincia de Cádiz.
Regeneración de la costa norte de Benicarló en Castellón.
Regeneración de la playa de Torreblanca, en la zona norte del municipio (Castellón).
Regeneración playa de la Sarratella (Burriana) en Castellón.
Protección y recuperación de sistemas litorales en Granada.
Compra de fincas de interés medio ambiental.
Protección y Recuperación Sistemas Litorales en La Coruña.
Regeneración dunas de Artola en T.M. Marbella (Málaga).
Regeneración definitiva de las playas, mediante la construcción de diques sumergidos y semisumergidos (Marbella) (Málaga).
Act. playas Benalmádena, Manilva, Lindavista, Dunas Artola y Málaga, Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Ferrara en Torrox y Torrecilla en Nerja. Estudio Técnico espigones sumergidos Costa del Sol. Remod. y Acond. Baños del Carmen.
Protecc. Acantilados Nerja (Málaga).
Regeneración de la ensenada del Rial en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Regeneración y mejora de las playas de Aguete y Loira en Marín, de la playa de Agrelo-Playa de Lapamán en Bueu, de la playa de A Braña y A Carteleira en Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Acondicionamiento franja litoral Tragove en Cambados (Pontevedra).
Regeneración de As Pesqueiras río Miño-As Neves (Pontevedra).
Protección y recuperación de costas en Murcia.
Regeneración de la bahía de Portman (Murcia).
Regeneración de la costa de Huelva, Recuperación ambiental playa de la Bota y rehabilitación de la Almadraba de atún en la flecha de Nueva Umbría (Huelva).
Regeneración y acondicionamiento de la playa de Los Tarajales en el municipio de Arona (Santa Cruz de Tenerife).
Regeneración y acondicionamiento de la playa de El Monis en el municipio de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife).
Actuaciones pendientes enmarcadas dentro del Plan Canarias.
Recuperación y saneamiento del Charco de S. Ginés (Arrecife).
Recuperación del lago de los Clicos (Yaiza).
Recuperación de la Laguna de la Santa (Tinajo).
Mejora del litoral de Costa Teguise, paseo, diques y playas (Teguise)
Proyecto sostenible para la Graciosa (Teguise)
Plan de regeneración de las arenas de las playas de Valencia.
Desarrollo del Plan de Restablecimiento del dominio público marítimo terrestre y sus estructuras.
Regeneración de la arena de la playa del Castillo, antigua.
(Fuerteventura).
Acondicionamiento litoral zona de costa Calma en Pájara. (Fuerteventura).
Dotaciones para el acceso y uso público de la Costa:
Impulso y construcción fase III del frente marítimo de Castelldefels (Barcelona).
Mejoras en la fase II del paseo marítimo de Castelldefels (Barcelona).
Redacción proyecto de ampliación del paseo marítimo de Mataró, entre C.N.
Mataró y la playa de Sant Simó (Barcelona).
Redacción proyecto reforma paseo marítimo de Premiá de Mar (Barcelona).
Redacción proyecto reforma paseo marítimo de Sitges (Barcelona).
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona.
Paseo marítimo de Torrenostra en Torreblanca (Castellón).
Reparación del solar de la antigua Casa de Baños para adecuarlo al entorno del Parque Litoral.
Mejora de los caminos de ronda de la provincia de Girona.
Dotación para acceso y uso público de la costa de Granada.
Dotación para acceso y uso público de la costa en La Coruña.
Remodelación integral paseo marítimo de Torre del Mar (Málaga).
4.ª fase paseo marítimo de Fuengirola, tramo Torreblanca- Carvajal (Málaga).
Paseo marítimo de Linda Vista entre Guadalmina y Puerto Banús (Marbella) (Málaga).
Construcción paseo marítimo, tramo San Pedro Estepona (Málaga).
Finalización Paseo Marítimo Antonio Banderas en la ciudad de Málaga (desde el espigón de la Termica hasta el límite con el municipio de Torremolinos).
Finalización Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria (tramo de Torre de Benagalbón).
Paseo marítimo de Vilanova de Arousa, Vilariño en Cangas, Cesantes en Redondela, de Redondela centro al Barrio Portela, entre Covelo y O Laño en Poio, entre Campelo y Combarro en Poio, de Valga, de Ferrazo en Vilagarcía de Arousa y senda
verde litoral en Sanxenxo y en Tui (Pontevedra).
Senda litoral de Santa Tecla y protección dunar de Camposancos en A Guarda (Pontevedra).
Actuaciones de mejora en el litoral de Meaño (Pontevedra).
Acondicionamiento de las márgenes del río Umia y senda peatonal en Ribadumia y Cambados (Pontevedra).
Mejora del paseo de Lagares en Vigo (Pontevedra).
Paseo fluvial Miño entre Tui y Salvaterra (Pontevedra).
Paseo fluvial río Tea (Covelo-Creciente-Mondariz-Mondariz Balneario-Ponteareas-Salvaterra) (Pontevedra).
Construcción de un paseo ecológico a lo largo de la playa Recatí Perellonet (Valencia).
Dotación Proyecto de regeneración de la playa de La Llana en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Construcción de dique sumergido en Playa Honda y recuperación de la arena (S.Bartolome)
Avenida Playa Blanca, Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Aumento del apoyo económico para disminuir el coste del agua desalada para Fuerteventura.
Plan de paseos marítimos y regeneración de costas, que afectan a varios términos municipales.
Asimismo, está pendiente la realización de actuaciones de control de la regresión de la costa en toda la costa española.
La costa española, de altísimo valor ambiental, constituye un recurso fundamental del sistema socioeconómico español. Su estado de conservación se ha convertido en un eje de las políticas económicas y ambientales, pues afecta de diferente
manera a distintos sectores y al espacio terrestre y marino que delimitan con un alto valor ecológico. En un país donde la actividad turística es una parte destacada de la económica es lógico y necesario tener en consideración el carácter lúdico y
recreativo de nuestras playas.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones para la finalización de los proyectos y una mejor distribución
territorial.
5. PROGRAMA 456 M. Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
Pese a las reiteradas manifestaciones del Presidente Zapatero en las que afirmaba que el cambio climático es el mayor problema global al que nos enfrentamos, la política del gobierno para reducir las emisiones de CO2 se ha limitado a tres
campos: a incentivar las energías renovables, a la compra de derechos de emisión y a las aportaciones voluntarias a distintos organismos internacionales.
Siguiendo la tónica general de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 el programa experimenta una disminución del 16,24%, en la tónica de otros Ministerios. Lo realmente destacado del presupuesto es ver que la Secretaría de
Estado va a gestionar en el año 2011, 4.094,10 miles de euros, que, descontando los 1.766,41 miles de euros de gastos de personal, se quedan en 2.327,69 miles de euros, cantidad exigua y muchísimo menor que la que gestiona cualquier Dirección
General de cualquier Ministerio. Ello se dedica a subvenciones a distintos organismos, lo cual pone en evidencia la propia necesidad de la Secretaría de Estado.
El incentivo a las energías renovables se ha hecho de manera desordenada y esa apuesta está, en estos momentos, en fase de revisión debido, fundamentalmente, a la ausencia de un marco regulatorio estable que ha creado una inseguridad
jurídica sin precedentes y un déficit de tarifa que llegará a los 20.000 millones de euros a finales de 2010. Conviene destacar las declaraciones del pasado fin de semana del Ministro Sebastián en el 15.º Encuentro de Economía en S'Atagó (Gerona):
«Las energías renovables son buenas para reducir las emisiones, pero no son buenas para la competitividad de las empresas a corto plazo».
De otro lado, la Oficina Española de Cambio Climático tiene un presupuesto de 97.419,42 miles de euros, de ellos 93.538,16 miles de euros son para la compra de derechos de emisión. La compra de derechos de emisión, pese al recorte
presupuestario de 2011, sigue siendo la mayor partida del presupuesto del programa que depende de la Secretaría de Estado de Cambio Climático: actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. La compra de derechos de
emisión, considerada un mecanismo de flexibilidad en el protocolo de Kioto, se estableció para ayudar a los países al cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones. En ningún caso como instrumento prioritario, como hace el gobierno
español.
El gobierno español destaca por sus aportaciones a distintos organismos internacionales para la adaptación al cambio climático. Tras el acuerdo de Copenhague, la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometieron a proporcionar
anualmente 2.400 millones de euros en el periodo 2010-2012 para una financiación inmediata a los países pobres y emergentes. El compromiso para los Estados miembros es de carácter voluntario. Algunos han anunciado una aportación simbólica, debido
a la crisis económica. El gobierno español ha sido el primero que se ha comprometido a aportar 125 millones de euros anuales en el citado periodo.
Una revisión detallada del presupuesto del programa 456M impide, de hecho, enmendar ninguna de las partidas, que ya se han visto menguadas, peor, si cabe, preguntarse por la idoneidad de los distintos convenios establecidos, en estos
momentos de crisis de la economía española.
La política forestal de enorme importancia para reducir las emisiones de dióxido de carbono es la gran olvidada del gobierno socialista y el presupuesto asignado a ella apenas si alcanza el coste de la campaña contra incendios del año 2010.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones para la finalización de los proyectos y una mejor distribución
territorial.
6. PROGRAMA 456 B. Protección y mejora del medio ambiente.
Del presupuesto del programa 456B: protección y mejora del medio ambiente, solo tres datos: el descenso del programa ha sido del 46%, el descenso de las inversiones reales el 47% y el descenso de las transferencias de capital a las
comunidades autónomas para políticas de residuos el 64%.
Este programa, tal y como recoge su memoria, debe poner en práctica los objetivos del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), la aplicación de la nueva Ley de Residuos derivada de la transposición de la Directiva de Residuos 90/2008,
todavía en fase de anteproyecto, la aplicación del RD 105/2008 de residuos de construcción y demolición, reciclado de RCDs, evaluación del riesgo en instalaciones mineras, y estudios de mercado, el desarrollo y aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de responsabilidad ambiental, además de actuaciones en materia de evaluación ambiental, etc.
En su conjunto, los objetivos son muy ambiciosos para los recursos de que dispone el Programa. En consecuencia, o se amolda el presupuesto a las actuaciones a desarrollar o se amoldan las actuaciones a la realidad del presupuesto.
Dadas las circunstancias excepcionales de este año, el GPP no pretende establecer situaciones de tensión presupuestaria, sino que se devuelva al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, los presupuestos que en esta enmienda se
tratan para que proyectos, especialmente los destinados a la Gestión de Residuos Urbanos en diferentes provincias o a la recuperación ambiental de vertedero de residuos urbanos e inertes, se doten adecuadamente y sean reprogramados de acuerdo con su
situación y necesidades reales.
Por todo ello, es procedente la devolución al Gobierno para su nuevo estudio y planteamiento, de acuerdo con unos criterios de mejor reparto de inversión, con mayores previsiones para la finalización de los proyectos y una mejor distribución
territorial.
ENMIENDA NÚM. 1375
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 24. Ministerio de Cultura.
JUSTIFICACIÓN
La política cultural del Gobierno viene sufriendo un año más los recortes de un Gobierno que desatiende el precepto constitucional que considera el servicio de la cultura como un deber y una atribución esencial del Estado.
El presupuesto de gasto en política cultural para 2011 es de 1.051,03 millones de euros, lo que supone una minoración de sus créditos del 12,3% en relación con el año anterior. Se reduce en 147,86 millones de euros.
Se trata de una de las
políticas de gasto que más se reduce, por encima de la media, que lo hace en torno a un 10%.
Con estos presupuestos no se permiten los objetivos que señala el informe económico financiero de seguir desarrollando la creación y mantenimiento de espacios culturales de calidad y actividades de difusión. Tampoco se estimula la creación
cultural ni se impulsa la internacionalización de las industrias culturales españolas.
No se podría hablar de mantenimiento de espacios culturales cuando se reducen prácticamente todas las partidas, y la apuesta por las industrias culturales se mantiene en 22 millones de euros vía préstamo por segundo año consecutivo. No hay
una definición clara de objetivos e indicadores en los programas presupuestarios gestionados por el Ministerio, ni instrumentos de planificación en la línea que advertía el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de 2008.
La dotación presupuestaria para 2011 se retrotrae a los presupuestos de 2006 que estaban dotados con 1.002,02 millones de euros. Se retrocede a los niveles de hace 5 años.
De máxima preocupación es la falta de previsión del 1% cultural para los presupuestos de 2011 en protección y conservación del patrimonio, cuando se reducen un 30% las inversiones del Ministerio de Fomento y un 47,9% las del Ministerio de
Medio Ambiente. A ello se une los propios recortes en la Sección 24 en inversiones.
En total 65,1 millones de euros menos para 2011 en inversiones culturales.
Las instituciones culturales de cabecera tienen unas dotaciones con pérdidas de 73 millones de euros: la Biblioteca Nacional con 42,77 M, se reduce un 10,1% su dotación, el Museo Nacional del Prado con 43,87 M se reduce un 7,7% su
dotación, el Museo Reina Sofía con 49,63 M se reduce un 9,5% su dotación o el Teatro Real con 15,4 millones de euros, se reduce 1,7 millones de euros.
Los programas que sufren importante recortes: archivos (12,1 millones de euros), Bibliotecas (21,7 millones de euros) cooperación cultural (26,17 millones de euros), música y danza (17,83 millones de euros), conservación y restauración
de bienes culturales (11,52 millones de euros).
No se han diseñado nuevas líneas que se adapten a la situación de crisis actual sino que se mantienen los conceptos y estructuras de unos presupuestos de épocas de bonanzas y no se optimizan los recursos para continuar desarrollando en la
medida posible las actuaciones culturales y el impulso a los creadores.
A ello, se une que el Ministerio tiene pendiente la revisión o aprobación de la Ley de propiedad Intelectual de acuerdo con las conclusiones de la Subcomisión de estudio para la modificación de la Ley de propiedad Intelectual, la Ley de
Protección de Patrimonio Cultural, la Ley de Archivos y la revisión de la Ley de Mecenazgo, entre otras.
ENMIENDA NÚM. 1404
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.
JUSTIFICACIÓN
La distribución de los créditos de la Sección 25 no garantiza la consecución de los objetivos de reducción del déficit y los criterios de austeridad que deben presidir la totalidad del Proyecto de Ley.
Pese a la acusada reducción que presenta el Presupuesto de la Sección, no es cierto que la reducción sea del 17,38%. Esa reducción es sólo la correspondiente al Ministerio, sin incluir en ella los Organismos Autónomos ni las Agencias
Estatales de él dependientes, que presentan reducciones mucho menores. La reducción total, incluyendo Estado, organismos autónomos y Agencias Estatales es del 7,12%, exactamente 234.447.620 euros. Además, el presupuesto de la Sección llama a
equívoco, porque incluye determinados datos «engañosos», por cuanto contempla, por ejemplo, como reducción presupuestaria la no inclusión -por no haber- de la partida destinada a la Presidencia Española de la Unión Europea, que supone un tercio del
ahorro del presupuesto del Ministerio (53.805.880 euros de 161.155.860 euros). Este dato resulta particularmente sorprendente en Presidencia, donde prácticamente se mantiene el mismo personal que el pasado ejercicio y unos Incentivos al rendimiento
que suponen 4.263.580 euros.
Los Organismos Autónomos, pese a su número, 6, sólo reducen su presupuesto en un 3,05%, 69.587.030 euros. Reducción muy alejada de la media total de la Sección (7,12%), lo que demuestra la escasa austeridad aplicada en estos organismos,
que siguen presentando bajas reducciones de gastos de personal y de gastos corrientes (3,30% y 2,62%).
El presupuesto asignado a las Agencias Estatales, si bien decrece porcentualmente su presupuesto más que los Organismos Autónomos, 4,63%, el ahorro es exiguo, 3.704.730 euros, manteniendo Incentivos al rendimiento de más de 800.000 euros.
Por último, destacar que los «Estudios y trabajos técnicos» suponen más de 12 millones de euros, cifra muy cuantiosa y que requeriría una reducción aún mayor.
Asimismo, a pesar de que todos los programas presentan reducciones de personal, estas reducciones son debidas, en su inmensa mayoría, a la reducción del 5% de media fijada en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, para los asalariados
públicos.
Por último, el acusado descenso del capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, es debido a que la partida destinada el pasado ejercicio a la contratación con la Agencia EFE para la cobertura informativa, de 48 millones de euros, ha
sido distribuida entre el resto de Ministerios, por lo que este año esa partida es de tan sólo un millón trescientos mil euros.
En conclusión, son unos presupuestos que, si bien aparentan austeridad, es una austeridad engañosa y mal dirigida, por cuanto no ahorran lo suficiente en aquellas partidas en las que resulta más fácil, como son los gastos de personal y los
gastos corrientes en bienes y servicios.
ENMIENDA NÚM. 1432
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
JUSTIFICACIÓN
El Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Política Social resulta inaceptable, por el importante recorte que supone, de un 11,67%, y que afecta a importantes partidas tanto del ámbito social como del sanitario.
Este Gobierno que prometió que jamás habría recortes sociales, ha llevado a cabo los recortes sociales más drásticos de toda la historia, debido a su mala gestión de la crisis económica.
Las personas dependientes han salido enormemente perjudicadas con estos presupuestos. La cuantía destinada a la dependencia es de 1.498,44 millones de euros, un 5,2% menos que el año anterior. Con esta asignación presupuestaria no se sabe
si el Gobierno podrá cumplir con lo establecido en la Ley de dependencia e incorporar al sistema cerca de 300.000 nuevos dependientes (las personas dependientes valoradas y con derecho a prestación más los dependientes de grado I nivel II).
Las políticas dirigidas a las personas con discapacidad también han sido afectadas por los recortes presupuestarios.
El Plan de acción para discapacidad, dotado con 1.318,10 miles de euros sufre un tijeretazo del 43%.
La tasa de pobreza en España ha aumentado pasando del 19,3% en 2007 al 22,7% en 2009. Sin embargo, la red básica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida) con un importe de 84,63 millones de euros
en estos presupuestos se reduce un 11,9%.
Los programas y servicios de apoyo a familias y atención de menores con un importe de 2.809,06 miles de euros, también sufren un recorte del 28,3%.
Se elimina el presupuesto para ampliar el permiso de paternidad hasta cuatro semanas (200
millones de euros), a pesar de que se aprobó una normativa en este sentido (Ley 9/2009, de 6 de octubre). Además, se reduce la prestación de maternidad, paternidad y riesgos durante la lactancia un 11% con un importe de 2.387,30 millones de euros.
Finalmente, también cabe señalar que en estos presupuestos se plasma la eliminación del cheque-bebé y la reducción de las prestaciones por hijo a cargo en un 42%, tal y como se aprobó en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
En el ámbito estrictamente sanitario, estos presupuestos ahondan en la debilidad en que ha sumido este Gobierno a la Sanidad, presupuesto tras presupuesto, en un momento en el que ésta se enfrenta a un grave problema de sostenibilidad
financiera. El Proyecto de Ley de PGE presentado por el Gobierno presenta recortes en los pocos ámbitos donde el Ministerio conserva competencias: cohesión, calidad e innovación.
La reducción de más de un 15% en los programas específicos de Sanidad evidencia una clara insuficiencia financiera para garantizar los mismos derechos a los ciudadanos en todo el territorio. El Fondo de Cohesión, principal herramienta del
Estado para garantizar la equidad y que ha estado congelado durante los últimos cinco años, sufre un recorte del 12% hasta los 87,2 millones de euros.
Por otro lado, el Ministerio somete a un grave recorte a las dos herramientas con que cuenta para garantizar la calidad de nuestra sanidad. Así, el Plan de Calidad del SNS sufre una merma del 29,47%, situándose en los 30,27 millones. Más
duro todavía es el recorte impuesto a las Estrategias de Salud, que ven su importe reducido en un 46,20%, hasta los 17,12 millones.
Por último, el Gobierno vuelve a demostrar un absoluto desprecio por la innovación, no sólo por su insistencia en mantener el Instituto de Salud Carlos III bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino además por el severo
recorte que, de nuevo, han impuesto al presupuesto de los dos programas de este ministerio ligados a la innovación: el programa 313D de Donación y transplante de órganos, tejidos y células, que pierde un 47,65% hasta llegar a los 3,6 millones; y
el programa 465A de Investigación Sanitaria, que sufre un recorte del 49,12% hasta los 26,5 millones.
Estamos, por tanto, ante unos presupuestos claramente decepcionantes que, un año más, serán insuficientes para hacer frente a los problemas de cohesión y calidad de nuestra Sanidad y que profundizan en la política de recortes sociales
llevada a cabo por este Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 1503
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Fomento.
JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Fomento, en materia de vivienda gestiona un 5.22% de su presupuesto de forma directa, el resto son transferencias a las Comunidades Autónomas y a las instituciones, principalmente financieras.
Las transferencias corrientes
únicamente tienen dos funciones, establecer las cantidades a transferir al principio del ejercicio y firmar los cheques que se envían a las CCAA. Estos hechos reflejan que el Ministerio es innecesario.
El Plan de Vivienda 200-2012 está prácticamente desmantelado tras la decisión del Gobierno de reducir las ayudas a la vivienda que perciben las familias españolas más desfavorecidas.
Para el GPP la supresión de la reserva de eficacia, la reducción de las ayudas a la promoción de viviendas protegidas en alquiler y a la adquisición del suelo para vivienda protegida son nuevos errores. Reducir el déficit público a costa de
las políticas sociales, en lugar de trabajar por conseguir una Administración General del Estado más eficiente es inadmisible.
En un contexto como el actual mientras no se reestructure el gasto público estatal y no se asignen los recursos de una manera eficiente no apoyamos reducir drásticamente el gasto social en vivienda.
Además no compartimos el criterio propuesto por el Gobierno para la distribución de créditos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios.
Los cambios en los programas planteados en Plan de Vivienda no resuelven los problemas que tienen hoy los ciudadanos ni el mercado inmobiliario.
Dificultades entre las que destacan las ejecuciones hipotecarias; la morosidad la caída de
préstamos hipotecarios; el alarmante stock de viviendas sin vender; el paro en el sector; el acceso a la vivienda.
Y en esta situación, que es radicalmente peor a la de hace un año, el Presupuesto para 2011 no propone absolutamente ninguna medida para dar salida al stock excedente de viviendas, ni medidas respecto al suelo y sobretodo no hay medidas para
que el crédito llegue a la familias.
ENMIENDA NÚM. 1510
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 28. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Igualdad tiene una dotación para 2011 de 100.516,62 miles de euros, (incluyendo a los organismos autónomos del Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer y Consejo de la Juventud). Los gastos de personal sumados con
los gastos corrientes representan el 46,2% del presupuesto.
Este Ministerio descontando los organismos autónomos tiene una dotación de 69.793,79 miles de euros, lo que supone una reducción del 10,63% en relación con el año anterior. Sin embargo los gastos de personal sólo se reducen 5% y los gastos
corrientes un 3,73% en relación con el año anterior.
El 16 de junio de 2009 se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, donde se instaba al Gobierno español a suprimir los
Ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad. El Gobierno, después de más de un año, ha anunciado la supresión del Ministerio de Igualdad y de Vivienda.
No obstante, consideramos, que debido a la importancia que nuestro grupo otorga a las políticas de igualdad, la Secretaría General de Políticas de Igualdad, debería ser el órgano encargado de coordinar y ejecutar las políticas del actual
ministerio, dependiendo directamente de Presidencia del Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 1526
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 31. Gastos de Diversos Ministerios.
JUSTIFICACIÓN
Por disconformidad con la distribución de los créditos propuestos.
ENMIENDA NÚM. 1527
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Entes Territoriales.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno sobre la suficiencia y distribución de los créditos contenidos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios para las Entidades Territoriales.
ENMIENDA NÚM. 1528
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impug-
nación de la Sección 33. Fondos de Compensación Interterritorial.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno sobre la suficiencia de los créditos contenidos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios en orden a corregir los desequilibrios
territoriales.
ENMIENDA NÚM. 1531
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de Financiación de Entes Territoriales.
JUSTIFICACIÓN
Al no compartir el criterio propuesto por el Gobierno sobre la suficiencia y distribución de los créditos contenidos, ya que no garantiza la consecución de los objetivos que entendemos deben ser prioritarios para las Entidades Territoriales.
ENMIENDA NÚM. 1532
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.
JUSTIFICACIÓN
En este contexto general de crisis, la Seguridad Social no es un compartimento estanco respecto a la previsible evolución económica de España en el año 2011. Es necesario que exista un racional equilibrio entre ingresos y gastos que haga
viable el sistema en el futuro. El crecimiento del gasto está desbordando la precaria capacidad de recaudación, no sólo por el impacto coyuntural de la recesión económica sino por razones estructurales como consecuencia del envejecimiento
demográfico de España.
Los datos de ingresos basados en una evolución de la afiliación a la Seguridad Social han caído un año más y no se corresponden con el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales. La falta de realismo del mismo es notable, por
lo que tanto los datos del superávit previsto como los de otras variables quedan comprometidos ante dicha evolución de la afiliación. Las bases de este presupuesto no son razonables. No contemplan la evolución negativa que está experimentando el
sistema. El índice que sirve para calcular la capacidad de pago de las pensiones en función de la actividad del mercado laboral (el ratio afiliación/pensionistas) sigue cayendo, algo que no sucedía desde 1996.A lo anteriormente, expuesto también
afecta a los recursos del sistema de la Seguridad Social ya que todavía no se han ingresado las aportaciones del superávit de la Seguridad Social correspondientes a los años 2008 y 2009.
ENMIENDA NÚM. 1542
(PROPUESTA DE VETO)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
JUSTIFICACIÓN
El sistema de financiación de RTVE se encuentra sumido en este momento en la provisionalidad y fragilidad más inconvenientes.
Desde este Grupo Parlamentario no se comparte el modelo actual ni la distribución de créditos para atender los gastos.