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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 476, de 24/02/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 476
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 34
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la línea eléctrica Vitoria-L/Castejón-Muruarte. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001297.) ... (Página 2)
- Relativa a la construcción del embalse de Biscarrués. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000926.) ... (Página 7)
- Relativa a subvencionar el cese de la actividad de los almadraberos antes de la finalización de la campaña. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001158.) ...
- Relativa a la creación de la indicación geográfica protegida del cerdo ibérico en la dehesa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001191.) ... (Página 13)
- Sobre incorporación del plátano al régimen de compensaciones regulado por el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del tratado Consultivo de la
Comunidad Europea, con origen y destino en las islas Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001422.) ... (Página 15)
- Relativa al apoyo a las flotas afectadas por la reducción de posibilidades de capturas de atún rojo derivadas del acuerdo del Iccat en Recife (Brasil) del mes de noviembre de 2009. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001465.) ... (Página 19)
- Sobre medidas para la defensa de la pesca del atún rojo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001502.) ... (Página 19)
- Relativa al IVA compensatorio de los sectores agrario y ganadero.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001496.) ... (Página 26)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA LÍNEA ELÉCTRICA VITORIA-L-CASTEJÓN-MURUARTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001297.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar inicio a la sesión número 34 de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca con el debate y votación de las proposiciones no de ley que constan en el orden del día.
Se ha solicitado por los portavoces de dos grupos parlamentarios, los correspondientes a las proposiciones no de ley que constan en el punto número 1.º y 4.º, que se pueda producir una alteración del orden del día pasando la proposición no
de ley que aparece en cuarto lugar al primer lugar y la primera al cuarto lugar. ¿Están de acuerdo SS.SS.? (El señor Pintado Barbanoj: O la cuarta al primer lugar y la primera al segundo lugar.)
La primera proposición no de ley al segundo lugar. Es otra opción. ¿Están de acuerdo SS.SS.? (Asentimiento.) De acuerdo, la primera al segundo y la cuarta en primer lugar. Iniciamos el debate de la primera proposición no de ley relativa
a la línea eléctrica Vitoria-Castejón-Muruarte. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y su portavoz don Alfonso Alonso tiene la palabra para su defensa.
El señor ALONSO ARANEGUI: Señorías, Red Eléctrica de España proyecta construir una línea de alta tensión para enlazar la subestación de Arzubiaga en Vitoria con las de Castejón y Muruarte. La primera de ellas está localizada en las
inmediaciones de un conjunto de cuatro grupos de generación de ciclo combinado y la segunda está en las proximidades de Pamplona. Con esta línea se persigue la evacuación de la energía producida en las instalaciones eólicas y de ciclo combinado que
están en desarrollo, así como la alimentación eléctrica de la ciudad de Pamplona y de su entorno industrial, además de que constituye un eslabón fundamental en el nuevo eje de transporte que se proyecta entre el País Vasco y Navarra y el centro y
levante peninsular.
Lo primero que quiero decir, señorías, es que no tenemos nada que objetar a la necesidad de la construcción de la nueva línea de alta tensión, que está acreditada. Porque el propósito que persigue hoy mi grupo no es el de oponerse a la
construcción de esta línea, sino al trazado que se ha elegido. Soy firme defensor de que es posible un desarrollo sostenible que procure a un tiempo el dinamismo económico, la preservación del medio ambiente y la justicia social; y no ignoro que
en demasiadas ocasiones se producen conflictos entre estos tres principios cuya resolución requiere una fuerte determinación política. Pero en el caso que nos ocupa existe una alternativa que conjuga estas tres patas de la sostenibilidad y que no
es otra que trazar la línea por el corredor de infraestructuras ya existente que determina la autovía N-I a lo largo de la Llanada Alavesa, alternativa que lamentablemente no es la que hasta el momento se propone por parte de la promotora. Por el
contrario, la opción elegida por Red Eléctrica para el trazado de la línea de alta tensión
es la del pasillo de la Montaña Alavesa en lo que afecta a su paso por Álava.
Imagino que la mayoría de SS.SS. no conocen la Montaña Alavesa -no así mi compañero el señor Olabarría, que la conoce bien y que ha podido pasear por aquellos montes-, pero la Montaña Alavesa es la comarca mejor conservada de todo el
territorio histórico de Álava y también la comarca mejor conservada del País Vasco. La vegetación actual de la zona es prácticamente la vegetación potencial, destacando grandes extensiones de hayedos, de robledales, de alcornocales, bosques mixtos
y encinares maduros que están en un excelente estado de conservación. Estos bosques, que contienen una gran diversidad vegetal y faunística -sobre todo, porque esta es un área de transición entre el clima mediterráneo y el clima atlántico-, se
desarrollan sobre montes comunales que están catalogados de utilidad pública en los cuales los aprovechamientos tradicionales han permitido una conservación sostenible de la masa forestal y de su riqueza biológica. Toda esta zona ha quedado
protegida de grandes infraestructuras que pudieran afectar a su alto grado de naturalidad y a sus valores ecológicos y paisajísticos, entre otras cosas, por su posición entre dos grandes corredores de fácil accesibilidad, que han absorbido los
desarrollos urbanísticos y las infraestructuras asociadas a estos: al norte el mencionado corredor de la Llanada Alavesa y al sur el eje del Ebro.
El impacto que sobre esta comarca se puede producir es claramente inasumible. Casi todo este espacio forma parte de la Red Natura o está en trámite de declararse parque natural, por lo que la instalación del tendido en el borde de los
lugares de interés comunitario y de las zonas de especial protección para las aves de la sierra de Cantabria, de los montes de Izki y de los Montes Altos de Vitoria o su recorrido por el barranco del río Ayuda en el Condado de Treviño darían al
traste con la estrategia de conservación y de ordenación del territorio vigente en el País Vasco que, como decía, hasta el momento ha permitido mantener esta área al margen de infraestructuras de grandes dimensiones. Esta es, por tanto, la afección
que queremos y que es posible evitar recurriendo a los corredores de infraestructuras ya existentes.
Señorías, desde que en 2003 se comenzó la tramitación de este expediente, tanto la Diputación Foral de Álava como el Gobierno vasco han emitido informes rechazando las alternativas de trazado por la Montaña Alavesa y proponiendo la
alternativa por el pasillo que determina la N-I y el ferrocarril en su recorrido por la Llanada Alavesa. Se han reiterado los pronunciamientos políticos en contra, tanto por parte del Parlamento vasco como de las Juntas Generales de Álava y los
ayuntamientos de los municipios afectados. Socialmente son numerosas las asociaciones y colectivos de diversa índole que se movilizan en contra y se pide hoy, señorías, un pronunciamiento del Congreso de los Diputados que definitivamente impulse la
resolución de este problema por la senda del sentido común y de la racionalidad. Estamos a tiempo, y es oportuno el momento, ahora que el proyecto se encuentra en el trámite de declaración de impacto ambiental por parte del ministerio. Señorías,
queremos salvaguardar nuestro patrimonio natural, evitar la colonización a través de esta gran infraestructura de la última comarca virgen -si me permiten decirlo así- que queda en el País Vasco.
Pedimos que se someta a estudio la alternativa por los corredores existentes. Yo sé que siempre es conflictivo instalar una línea de alta tensión, que nunca hay una solución que esté exenta de dificultades. Lo que no es razonable plantear
es una solución que pretende ser más fácil, porque se fía exclusivamente a la soledad y al silencio de los bosques, en la comarca, seguramente, con menor densidad de población de Euskadi.
Eso es solo debilidad, la fortaleza radica en conjugar los
tres pilares de la sostenibilidad, como es posible, garantizando la conservación del legado que hemos recibido casi intacto, gracias al celo y al buen uso que se hizo del territorio durante generaciones, promoviendo el desarrollo económico y
siguiendo una idea de justicia que no haga recaer las cargas en aquellos a quienes por su número o por la dispersión de su población se juzga más débiles. En consecuencia, pido su apoyo para esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado enmienda alguna. En trámite de fijación de posiciones, ¿algún diputado desea hacer uso de la palabra? El señor Olabarría tiene la palabra, en primer lugar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy amable por la concesión de la palabra en un tema relevante para los que procedemos del territorio histórico que tan brillantemente ha glosado mi compañero Alfonso Alonso. Nos encontramos con un problema de
naturaleza medioambiental de gran relevancia para el territorio alavés. Red Eléctrica Española ha realizado una opción razonable -él la ha comentado- con relación a elaborar un tendido, una nueva línea eléctrica de nada menos que 400 kilovatios
para la zona que une Vitoria con la localidad de Castejón Muruarte. Lo que sucede es que la elección ha sido la menos feliz de las posibles, señora presidenta. Se ha intentado realizar esta conexión a través de una parte del territorio histórico
alavés que tiene un valor medioambiental de gran relevancia paisajística y ecológica.
La Montaña Alavesa es en este momento la comarca del territorio histórico de Álava, de la Comunidad Autónoma del País Vasco con mayor grado de naturalidad y calidad ecológica y paisajística. Todo el territorio que ha sido citado por el
señor Alonso en este momento o está incluido en la Red Natura o tiene los efectos de protección que la Red Natura provoca automáticamente en el catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del territorio histórico de Álava. Solo por esta razón
meritaría una reflexión complementaria que nosotros compartimos
con la realizada por el Grupo Popular con relación a la instalación absolutamente perturbadora -aberrante, si me permite la presidenta la expresión- de torres de alta tensión de unas dimensiones equivalentes a 46 metros de altura en unos
casos, a 42 metros en otros, de 15 y 16 metros de anchura entre las bases de las torres y que obligan a habilitar una dimensión de suelo de 70 metros de anchura cuando menos que obligaría a una tala de árboles particularmente espectacular y que
resultaría letal para esta parte del territorio alavés. Resultaría letal desde la perspectiva medioambiental -y este no es un país en el que estemos sobrados de pulmones, de partes del territorio con valor paisajístico, medioambiental, pero con
valor ecológico también- y desde la dimensión del valor que tiene la existencia de árboles, y sobre todo de arboledas, de bosques configurados fundamentalmente por especies tradicionales, que han sido en muchos casos removidas por especies de
explotación intensiva.
Aquí nos encontramos con árboles que pertenecen a la historia antigua de los bosques de nuestro país: robles, encinares y otro tipo de bosques que tienen una gran sensibilidad medioambiental.
No solo estamos haciendo una reflexión de naturaleza medioambiental -no siendo esta irrelevante, y menos en esta Comisión, señora presidenta-, sino que también vamos a hacer, complementariamente, una reflexión de naturaleza política. Señora
presidenta, todas las instituciones políticas de Álava se han manifestado en contra de la ubicación de esta red de alta tensión en esta zona del territorio alavés. Cuando digo todas son absolutamente todas, desde las de menor dimensión
político-institucional -me estoy refiriendo a las cuadrillas, que son una institución equivalente a las mancomunidades en otros lugares del territorio del Estado-, desde la cuadrilla de la zona de la Montaña Alavesa hasta la Diputación Foral de
Álava y las Juntas Generales... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor diputado.
Por favor, rogaría silencio. A quienes tengan que hablar les rogaría que, por favor, abandonaran la Comisión.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si la presidenta ha logrado este efecto remotriz de la perturbación, continuamos con la exposición.
No solo estamos hablando de esto, sino que existe una contradicción con todas las reflexiones, con las declaraciones institucionales de todas las instituciones del territorio alavés, desde la cuadrilla, institución equivalente a las
mancomunidades en otros lugares del Estado español, a declaraciones o resoluciones que están glosadas en la propia proposición no de ley de las Juntas Generales del territorio alavés, que son el Parlamento de Álava; en definitiva, reflexiones o
declaraciones institucionales de la Diputación Foral alavesa y declaraciones institucionales del Gobierno vasco, que es el órgano representativo, y del Parlamento vasco, con el componente de soberanía que un parlamento de estas características
posee.
Desde esta perspectiva, señora presidenta, nos encontramos con dos problemas que intentamos solucionar con la aceptación, que yo pido, de los demás grupos presentes en esta Cámara de esta proposición no de ley, oportunamente presentada por
el Grupo Popular en el Congreso. En primer lugar, la atención a los requerimientos medioambientales de una parte del territorio, donde el valor paisajístico está normativamente protegido ya mediante su ubicación en las estructuras de la Red Natura
o en los pronunciamientos de la Diputación alavesa catalogando esta parte del territorio como un elemento importante para la biodiversidad, los hábitats de especies protegidas y el paisaje del medio natural. Nos encontramos con bosques donde
existen todavía hayedos -es una excentricidad en los tiempos que corren en nuestro país-, donde todavía existen robledales, donde todavía existen alcornocales, bosques mixtos, encinares, etcétera. Y, sobre todo, se trata de no contradecir la
voluntad inequívoca y expresamente manifestada por las instituciones alavesas en su conjunto, sin ninguna excepción, y las instituciones que representan la Comunidad Autónoma del País Vasco también en su conjunto y sin ninguna excepción.
Nuestro grupo manifestó esta inquietud, con relación a la eventualidad de que esta línea de alta tensión, con torres de 42 ó 46 metros, transcurriera por esta parte del territorio de Álava, mediante una pregunta presentada por el compañero
presente Joseba Agirretxea, realizada al principio de esta legislatura, incitando al Gobierno del Estado español a que pensara en alternativas diferentes a estas. Estamos todavía pendientes de los informes pertinentes de este ministerio sobre los
impactos medioambientales y la posibilidad de buscar alternativas diferentes, que han sido glosadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, como es la utilización de los espacios por los que ya transcurren líneas eléctricas que
pueden proveer a estas necesidades eléctricas o de aportación de energía.
Señora presidenta -y con esto acabo mis palabras-, esta mañana la Comisión que yo presido, que es la Comisión de Seguridad Vial, de triste actualidad en estos momentos por razones ajenas al debate que en estos momentos estamos dilucidando
aquí, ha tenido la oportunidad de visitar una empresa multinacional que se denomina 3M. En esta multinacional ya ha sido patentado un producto... (Rumores.)
Le agradecería su amparo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les rogaría que se mantuvieran en silencio. Si no, por favor, abandonen la Comisión.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco el amparo, señora presidenta.
Pertenezco a diez comisiones en este Congreso y la verdad es que...
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, continúe por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No estoy habituado a intervenir en un ambiente tan evanescente o efervescente -sería la expresión más correcta- como este en el que estamos hoy.
Al margen de esta circunstancia, la empresa 3M ha podido patentar un producto, una aportación dimanante de sus estructuras de I+D+i, que posibilita que con las líneas eléctricas trazadas actualmente se pueda hasta quintuplicar la aportación
o el traslado de energía mediante un procedimiento que les proporcionaré después, que está perfectamente glosado e incluso patentado. Para atender a los requerimientos de energía eléctrica, en este caso de alta tensión, no es necesario recurrir a
instrumentos que provocan un tensionamiento y una perturbación de nuestros equilibrios medioambientales y ecológicos tan brutales como los que produce una de las alternativas manejadas por el ministerio y que nosotros, el Grupo Popular y otros
grupos, como me consta, refutamos. No es necesario tampoco contradecir, incluso es contraproducente hacerlo, la voluntad, específicamente manifestada, de todas las instituciones políticas que representan al territorio histórico de Álava y, sobre
todo, resulta manifiestamente impertinente, habiendo otras alternativas y otras soluciones mucho más correctas, no aprobar una proposición no de ley como la que pretendemos que se apruebe hoy, que tiene un triple pedimento muy sencillo de glosar, y
con esto acabo mi intervención, señora presidenta.
En primer lugar, pedimos al Congreso de los Diputados que muestre su oposición al proyecto de línea eléctrica de 400 kilovatios Vitoria-Castejón-Muruarte, en el trazado actualmente propuesto, por
el grave impacto sobre las áreas de gran sostenibilidad medioambiental. Creo que ya he explicado cuáles son los problemas atinentes a la sostenibilidad medioambiental.
En segundo lugar, el Congreso de los Diputados apoya los informes sobre el pacto medioambiental realizados por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral de Álava, que se pronuncian desfavorablemente sobre todas las alternativas de trazado
presentadas, por ser inasumibles ambientalmente y entrar en conflicto con la ordenación de los usos del suelo y planificación del territorio vigentes en Álava, todas. Aquí ni siquiera están todas, podría añadir más. Están las resoluciones y las
movilizaciones de los ciudadanos de esta zona del territorio, de la cuadrilla, de las Juntas Generales de Álava y de otras instituciones alavesas representativas. Por último, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino a utilizar los corredores de infraestructuras y servicios existentes, evitando en todo caso cualquier afección a los espacios naturales próximos a dichos corredores.
La solución, entre otras -porque hay muchas más-, está en este manual que le he presentado y en las posibilidades técnicas que ya están patentadas y estudiadas perfectamente para el traslado o la transmisión de energía eléctrica por
procedimientos diferentes a aquellos que provocan un impacto medioambiental en un país que carece de pulmones y de espacios naturales medioambientalmente, como los tradicionales, como los de otrora, como los que le he manifestado, señora presidenta.
Por tanto, pediría a todos los portavoces en esta Comisión, en la que por no pertenecer quizás no me he manifestado con los requerimientos de la propia, que tuvieran en consideración los argumentos brillantemente expuestos por don Alfonso Alonso y
los humildemente expuestos por este diputado que les habla, dentro de esa sensibilidad medioambiental que debería caracterizar, presunción iuris tantum, las reflexiones que se configuran en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Antes de seguir adelante, les comunico que la votación no tendrá lugar antes de las siete de la tarde. Si SS.SS. lo estiman oportuno, ya pueden abandonar la sesión de la Comisión para seguir hablando. (Risas.)
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Amuedo.
El señor AMUEDO MORAL: Es una evidencia para todos -porque en las intervenciones escuchadas hasta ahora no he entendido lo contrario, sino precisamente esto- que la línea eléctrica de doble circuito Vitoria-Muruarte-Castejón es más que
necesaria para reforzar el mallado de la red de transporte eléctrica entre el País Vasco y Navarra; es más que necesaria para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico; es más que necesaria para eliminar los problemas de tensión que
actualmente existen; es más que necesaria para eliminar la sobrecarga del único doble circuito que existe actualmente, de 220 kilovatios, con una capacidad limitada, por no decir muy limitada en estos momentos; es más que necesaria para tener
capacidad de oferta eléctrica para las nuevas demandas ocasionadas como consecuencia, por ejemplo, de varios polígonos industriales que se están creando en la zona; es más que necesaria para un apoyo adicional a la alimentación de Vitoria y un
acercamiento de la red de 400 kilovatios a la zona centro y norte de Navarra y en concreto a Pamplona; es más que necesaria para facilitar la evacuación de la generación actual de electricidad y la incorporación al sistema eléctrico de las nuevas
generaciones previstas, tanto de la eólica de Álava o Navarra, como la de ciclos combinados; es más que necesaria, por tanto, para no tener más tiempo reducida la generación de energía eólica en la zona, que actualmente se está poniendo en marcha
en alta, debido a que la sobrecarga de la línea existente pone en peligro la seguridad del sistema. Todos somos conscientes de que es más que necesaria e imprescindible y que a la vez debe tener el menor impacto ambiental posible.
A este respecto hay que señalar que actualmente el estudio del impacto ambiental y el anteproyecto de la línea están en fase de elaboración, con el objeto de solicitar
la oportuna declaración de impacto ambiental y autorización administrativa. Al parecer, los estudios realizados muestran que el pasillo de menor impacto sería el que atraviesa el Condado de Treviño -el pasillo sur-, que discurre en una
buena parte, aproximadamente 30 kilómetros, paralelo al trazado por el que discurría la línea de doble circuito Muruarte-Aberin. Por otro lado, señorías, el proyecto forma parte de la planificación energética vinculada al artículo 4, de la Ley
54/1997, del Sector Eléctrico, que establece que las competencias de la planificación e instalaciones del transporte eléctrico son del Estado y por tanto también el criterio de protección medioambiental que debe condicionar las actividades del
suministro de energía eléctrica. Ambas cuestiones son competencia del Estado. Nos extraña que ustedes, señores del Grupo Popular, que están a favor de esta propuesta -no me extraña nada la posición de otros grupos, pero me extraña mucho la suya-,
quieran eliminar las competencias del Estado en esta materia, entrando en una contradicción, la contradicción de siempre. Por un lado nos achacan que estamos terminando con el Estado por traspasar más competencias a través de los estatutos de
autonomía, y por otro, como es el caso que nos ocupa, quieren, por el método del empujón, quitar las competencias al Estado en una materia tan importante para su planificación como es el mallado de distribución eléctrica.
Señorías, nosotros, al contrario que el Partido Popular, no nos podemos contradecir aprobando esta PNL y defendiendo al mismo tiempo en Europa, como está haciendo España, que es más que necesario construir un mercado común de la energía
aumentando las interconexiones y mallados eléctricos, con el criterio territorial no ya de España, sino de Europa. No podemos aprobar una proposición cuyo primer punto se opone al proyecto de esta línea en el trazado propuesto, por sus graves
impactos sobre un área de gran sensibilidad medioambiental, cuando siquiera hay una valoración sobre estos impactos por quienes tienen la competencia. Sería otra contradicción de la que no queremos ser partícipes, sería rechazar un proyecto que ha
de someterse al procedimiento ambiental regulado por la ley (que, le recuerdo, emana del Congreso) sin cumplir siquiera la tramitación legal. Es decir, que siendo más papistas que el Papa, un proyecto en el que se lleva trabajando casi diez años,
en el que durante el último año han participado alrededor de doscientas personas -biólogos, arqueólogos, geólogos, topógrafos, naturalistas, sociólogos, ingenieros, etcétera-, en el que se han estudiado dieciocho alternativas en total ni siquiera
merece ser revisado e informado por el órgano competente en materia de impacto ambiental. Según ustedes no hay más alternativa que el utilizar los servicios existentes sin tener en cuenta si tienen o no más capacidad; utilizar los corredores
existentes sin tener en cuenta si existe o no espacio físico entre ese corredor, sin invadir -ni ustedes ni nosotros queremos que se invada- terrenos de los parques naturales colindantes, sin siquiera saber si ese corredor que proponen se aproxima a
distancias inasumibles a las viviendas.
Desde nuestro punto de vista lo peor de su proposición es, por un lado, la contradicción en sí misma que se produce. En los puntos 1 y 2 se oponen al proyecto por el trazado de la línea apoyándose en un informe desfavorable a todas las
alternativas. Por el contrario, y en forma de portillo abierto para no decir que no a una cosa tan necesaria en la zona, diseñan una alternativa también estudiada por el proyecto que saben que es inviable. Por otro lado, proponen que el Congreso
de los Diputados inste al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a utilizar los corredores e infraestructuras existentes, etcétera, sin tener en cuenta o sin saber -no sé cuál de las dos cosas es peor- que este ministerio no propone,
es decir, que no es el órgano sustantivo del proyecto por lo que no le corresponde hacer ningún proyecto sino solo valorar el impacto medioambiental. Por todo ello, les pedimos que retiren la moción.
Resumiendo, es necesario que retiren la moción por los siguientes puntos: a), porque no se puede evaluar algo que aún no está presentado en el ministerio; b), no podemos ir en contra de las competencias emanadas de la Ley 54/1997,
concretamente de su artículo 4, vinculada al sector eléctrico; c), no podemos predicar una cosa en Europa y hacer aquí lo contrario; d), no podemos poner en peligro la apuesta de la zona por la producción de energías renovables por no tener la
posibilidad en la misma de su transporte; e), no podemos adelantarnos a las conclusiones de las consultas previas que están estudiando la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra así como la Diputación de Álava y la Consejería del
Gobierno vasco; y f), algo fundamental, de sentido común y de racionalidad, como bien decía el portavoz del Grupo Popular, no podemos pedirle al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lo que le corresponde a la red eléctrica como
promotor de la actuación y a la Dirección General de Política Energética y Minas como órgano sustantivo del proyecto. (El señor Alonso Aranegui pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, no ha habido ninguna enmienda.
El señor ALONSO ARANEGUI: El señor diputado pide que la retire y yo quería aclararle una cuestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, no es el momento adecuado, no hay ninguna enmienda. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) Señor Olabarría, no hay ninguna enmienda, ¿para qué desea hacer uso de la palabra?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, solo a los efectos del precepto del Reglamento cuyo ordinal no recuerdo ahora, pero que hace referencia a las manifestaciones manifiestamente incorrectas imputadas
a determinado diputado y que seguramente él podrá indicar.
La señora PRESIDENTA: ¿Por alusiones?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Llamémoslo así.
La señora PRESIDENTA: ¿Por alusiones?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por alusiones personales.
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría tiene un minuto.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No tengo en este momento la seguridad de que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra se esté refiriendo a la proposición no de ley que hemos presentado y hemos defendido conjuntamente el Grupo
Popular y el mío. No soy en este momento capaz de realizar un resumen sintético de lo que nos ha querido decir, pero me llama la atención -estas son las alusiones, señora presidenta- que se refiera a una moción cuando estamos hablando de una
proposición no de ley. Estamos hablando de algo perfectamente legítimo en la dinámica parlamentaria porque así lo prevé el Reglamento, consistente en instar a una determinada dirección de un gobierno, el Gobierno español, a que realice...
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, eso no son alusiones. Estamos hablando de proposiciones y de mociones, no de alusiones. ¿Considera el señor Olabarría que ha habido una alusión a su persona? (Pausa.) Señor Olabarría, le estoy
haciendo una pregunta.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Las alusiones a mi persona se manifiestan en sede parlamentaria en alusiones al decurso que mi persona ha pronunciado manifiestamente desnaturalizadas. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, termine, le quedan diez segundos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En todo caso, como veo a la presidenta poco renuente a ser generosa en la concesión del trámite, tengo que decir, primero, que estamos en una alusión y en algo perfectamente instable a la Administración del Estado,
que es optar por vías o por mecanismos razonables. El resto del argumentario del portavoz del Grupo Socialista no lo he podido comprender ni estoy en condiciones de responderle a nada.
(El señor Amuedo Moral pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Amuedo, un minuto.
El señor AMUEDO MORAL: Señorías, soy andaluz y hasta ahora me comprenden también no solamente en el País Vasco sino en Galicia y en todos lados cada vez que intento hacer una exposición. Comprendo que no se me quiera entender, pero esto no
nos debe distraer. Una cosa es que no se pueda entender y otra que no se quiera entender. Señora presidenta, lo que he defendido es que la red eléctrica es una cuestión prioritaria para el Estado que no se puede dejar en manos de comunidades, por
un lado...
La señora PRESIDENTA: Señor Amuedo, no vamos a entrar en argumentos.
El señor AMUELO MORAL: Solamente quería decirle eso y pedirle disculpas si no me ha entendido. Le puedo pasar la intervención cuando él quiera e incluso explicársela cuando terminemos la sesión, no tengo ningún problema. (El señor Alonso
Aranegui pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, ¿alguna alusión?
El señor ALONSO ARANEGUI: No, no hay ninguna alusión. Lo único que quiero decir es que por desgracia le he entendido perfectamente y lo lamento.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000926.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a la construcción del embalse de Biscarrués, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Van a intervenir en su defensa el señor Lanzuela y el señor
Pintado, que se distribuirán el tiempo de diez minutos entre los dos, teniendo cinco minutos cada uno. Señor Lanzuela, tiene la palabra.
El señor LANZUELA MARINA: Por Ley especial de 7 de enero de 1915 se autorizaba al Gobierno a poner en marcha las obras de riego del Alto Aragón, el proyecto más ambicioso en España y tal vez en Europa para transformar económica y
socialmente un amplio territorio de parte de las provincias de Zaragoza y de Huesca. La Comunidad de Riegos del Alto Aragón es una corporación de derecho público cuyo principal objetivo es el mejor aprovechamiento de las aguas de las cuencas de dos
ríos, el Gállego y el Cinca, y de sus afluentes Alcanadre, Flumen, Guatizalema, Vero y Sotón, y la posible incorporación de las aguas sobrantes de una tercera cuenca, la del río Aragón.
Esta comunidad de riegos agrupa a 58 comunidades de base; tiene un área de influencia de 2.500 kilómetros
cuadrados; riega 126.000 hectáreas de cultivo; abastece a 114 núcleos de población, a 10 polígonos industriales y a 765 explotaciones ganaderas.
De este sistema de riegos dependen 25.000 familias. Una de las obras más emblemáticas del
maltrecho Pacto del agua de Aragón y asumida en el vigente Plan Hidrológico Nacional es el embalse de Biscarrués, cuya construcción, además de fortalecer riegos del Alto Aragón, supondría culminar la apuesta en regadío de la zona Monegros II, que es
una pieza esencial en la vertebración de Aragón y en su desarrollo económico y social.
Ahora, antes de ceder la palabra a mi compañero el señor Pintado, ruego a SS.SS. me permitan una pequeña licencia más bien sentimental. Cuando se debatió en 1914 la Ley citada de 1915, de 7 de enero, la Ley de Riegos del Alto Aragón, en la
elaboración de aquella complicada ley intervino con gran tenacidad y argumentos el parlamentario que hoy quiero recordar, don Pablo Martínez Pardo. Era mi bisabuelo materno. Cedo la palabra al señor Pintado.
La señora PRESIDENTA: Señor Pintado, tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: Tomo la palabra para explicar el fondo de la iniciativa que hoy trae el Partido Popular a la Comisión de Medio Ambiente en relación con la construcción de un embalse, que es una pieza clave y fundamental en el
desarrollo del sistema de riegos del Alto Aragón. Cabe recordar que esta obra ya fue licitada en tiempos del Gobierno del Partido Popular con una capacidad de 192 hectómetros cúbicos, capacidad que fue rebajada a partir del año 2004 tras la
paralización de esta obra, por lo que en su día se organizó entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón la comisión especial del agua de Aragón y a través de la iniciación social de mediación. El objetivo era llegar a un acuerdo
para que no hubiera absolutamente ningún afectado, ninguna persona, ningún conjunto de la ciudadanía que pudiera estar en contra de este embalse. Han transcurrido cuatro años desde aquellos acuerdos, y cuando esta iniciativa fue presentada, en
marzo de 2009, había un compromiso por el Ministerio de Medio Ambiente de publicar la aprobación de la declaración de impacto ambiental de este embalse.
Hoy, tras el año que hemos tardado en ver en esta iniciativa Comisión, lo cierto es que la
declaración de impacto ambiental sigue sin tener su aprobación, sin estar su publicación y, como SS.SS. saben, es paso previo imprescindible para la aprobación del proyecto y para la licitación del mismo. En ese sentido va la enmienda que hoy
hemos hecho a nuestra propia iniciativa, pidiendo la urgencia de la declaración de impacto ambiental de esta obra para la aprobación del proyecto, y así se pueda licitar la obra dentro del año 2010.
Creo que tiene difícil explicación por parte del ministerio y de cualquier grupo político, el hecho de que se retrase la declaración de impacto ambiental de un embalse que ya superó esa declaración para 192 hectómetros cúbicos cuando ahora
estamos hablando de 35 hectómetros cúbicos. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el señor Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón e impulsor de la iniciativa de mediación social, quedan en entredicho respecto a los acuerdos que
presentaron a la sociedad aragonesa porque, en definitiva, supone una cortina de humo para un retraso manifiesto en una obra de gran calado. El Partido Popular entiende que nos estamos jugando mucho en este debate, no solamente la construcción de
una presa que es beneficiosa, como anteriormente ha apuntado mi compañero el diputado don Santiago Lanzuela, sino el hecho de la coherencia en cuanto al respeto de las normativas medioambientales de la propia legislación y de las expectativas que se
han generado en una buena parte de la sociedad altoaragonesa y también de la sociedad de Aragón. La no ejecución de este embalse, habida cuenta de que falta un trámite administrativo imprescindible, va a tener consecuencias muy graves, y apunto dos
consecuencias directamente implicadas: la primera consecuencia será la denuncia por parte de los regantes de la paralización del Plan Coordinado de Monegros, y la segunda consecuencia será que todo el proceso administrativo que se está llevando a
cabo para la balsa lateral de Almudévar tendrá que paralizarse porque dicha balsa no tendrá absolutamente ningún resultado, ninguna posibilidad técnica de ejecución si no se ejecuta la obra del embalse de Biscarrués.
Quiero recordar que toda
apelación a los esfuerzos de la negociación, al dejar posiciones cada grupo político a la hora de intentar llegar a acuerdos, se sustentó en ese acuerdo del año 2006, al que el Partido Popular no se opuso pero tampoco dio su voto favorable en el
sentido de que reclamamos una regulación de mayor importancia. Lo que decimos al Gobierno es que, habida cuenta de las dificultades que se ha puesto él mismo encima de la mesa gracias a la política que llevó durante los años 2004 a 2008, el
Ministerio de Medio Ambiente en manos de la señora Narbona, por lo menos haga algo que nos sirva a los regantes de estas zonas para tener la expectativa de poder llevarla hacia adelante.
La comunidad de riego del Alto Aragón -y lo digo también para los que me estén escuchando y entiendan, de esta sala y fuera de ella- es comunidad de regantes pionera en España en cuanto a esfuerzo inversor en modernización. Es la comunidad
de regantes que más proyectos de modernización de regadíos ha planteado. ¿Qué supone eso? Un ahorro muy importante de agua, pero al mismo tiempo también una carga financiera sobre las explotaciones de los agricultores que se han comprometido a
asumir esas cargas para poder modernizar y, en definitiva, para poder ahorrar agua. Es una zona pionera desde el punto de vista de desarrollo de tecnología agraria, donde ya no solamente se hacen cultivos tradicionales, sino que hemos dado pasos
muy importantes hacia otro tipo de cultivos que aportan un gran valor añadido a nuestras producciones.
Difícilmente, desde el punto de vista del mantenimiento de la población rural,
habrá una incorporación de nuevos jóvenes agricultores a las explotaciones si no somos capaces desde el Congreso de los Diputados, y especialmente desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene que ejecutar las obras, de dar un
avance definitivo para que se pueda poner en marcha esta obra. Esta es una de las zonas donde mayor respeto medioambiental se ha tenido con todas las normativas emanadas tanto de la Administración General del Estado como de la Administración
autonómica y por supuesto de la Administración comunitaria. Esta zona ha superado un plan de ordenación de los recursos naturales, lo que ha supuesto una limitación muy importante respecto a la expansión o la extensión inicialmente prevista de
regadío, y lógicamente es una zona a la que ya no se le pueden pedir más sacrificios en cuanto a austeridad en el uso del agua y en la reducción de la extensión de los propios regadíos. El Partido Popular entiende que hay que crear certidumbre,
seguridad y confianza en el futuro de tantos miles de familias que están pendientes de la posibilidad de poner en marcha este tipo de obra.
Para terminar, señora presidenta, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista a esta iniciativa. En su primer apartado no vamos a entrar por las razones que he explicado anteriormente. Se refiere a los acuerdos aprobados
en el año 2006. Nosotros no nos opusimos, pero no vamos a dar el plácet a algo con lo que no estábamos de acuerdo en aquel entonces. En cuanto al segundo apartado, le diría a la diputada del Grupo Socialista que recuerde lo que ellos dijeron hace
solamente cuatro meses cuando se olvidaron de poner una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado: Partido Socialista y Partido Aragonés enmiendan las cuentas para poder licitar Biscarrués en el año 2010. No me quite la
posibilidad de licitar esta obra dentro del año 2010 porque estaremos defraudando las expectativas de muchos ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Defendida la autoenmienda presentada por el Grupo Popular, defiende la segunda y última enmienda presentada por el Grupo Socialista doña Teresa Villagrasa. Tiene la palabra.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que con la máxima urgencia apruebe el proyecto para la construcción del embalse de Biscarrués, a fin de
que la obra sea licitada en el presente ejercicio y su puesta en ejecución en 2010, según decía el proyecto inicial. Conviene recordar que se ha redactado un nuevo proyecto que cumple con lo manifestado por la anterior ministra, Cristina Narbona,
en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto de agua en septiembre de 2006. En la misma señaló que el ministerio de Medio Ambiente llevaría a cabo aquello en lo que existiese unanimidad, comprometiéndose a realizar una regulación
suficiente en el eje del Gállego, con un proyecto nuevo que cumpliera tres condiciones: que no inundase ningún núcleo habitado; que pudiese laminar los picos de avenidas y que no dañase gravemente el turismo fluvial de la zona, que es de gran
valor, descartando definitivamente el gran Biscarrués y propugnando una regulación del Gállego que posibilite una diversificación económica y un mantenimiento de los usos actuales del río. Destacar que el proyecto actual es fruto de los acuerdos
alcanzados en la comisión del agua de Aragón, para nosotros tiene mucha importancia; nuevo proyecto en el que se ha rebajado la capacidad del embalse, de 192 hectómetros cúbicos a 35,43, reduciendo también la superficie ocupada. Se hablaba en
principio, en el primer proyecto, de mil hectáreas, lo que ha evitado la inundación del núcleo de Orés y respeta las actividades turísticas del río. Voy a ensalzar la importancia de los trabajos de la mesa del agua de Aragón para actualizar el
Pacto del agua del año 1992, acuerdos que han permitido la puesta en marcha de las obras del embalse de San Salvador, el primero, ya en septiembre de 2009, sobre el que se produjo acuerdo; quiero decirle al Grupo Popular que probablemente si
hubiese mantenido la misma actitud y durante un año no hubiese abandonado la mesa del agua, el embalse de Biscarrués estaría también en obras.
En lo que concierne al proyecto para la construcción del embalse de Biscarrués, hay que tener en cuenta que la ejecución de una gran infraestructura debe respetar la legislación vigente en los diversos aspectos relacionados con la
contratación administrativa, expropiaciones y evaluación ambiental. Igualmente, hay que considerar que la ejecución de cualquier obra requiere un periodo de tramitación previo, incluido el tiempo correspondiente a la redacción de los proyectos
constructivos, sobre todo si la ejecución de los mismos implica alguna dificultad técnica que hay que solventar, se desarrolla en zonas de importante valor ecológico o el número de afectados por la expropiaciones es elevado. Por otra parte, la
construcción del embalse de Biscarrués se está desarrollando siguiendo todos los trámites establecidos por la legislación vigente, sin vulnerar ninguno de los pasos marcados. De esta manera, el 25 de mayo de 2009 apareció publicado en el Boletín
Oficial del Estado, número 126, el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública del anteproyecto 2/2009, del embalse de Biscarrués en el río Gállego, en el término municipal del Biscarrués (Huesca), de su estudio de
impacto ambiental y de los bienes y derechos afectados. En estos momentos, el proyecto esta solo pendiente de la declaración de impacto ambiental; la documentación tuvo entrada en el ministerio el 17 de diciembre de 2009, y a partir de esta fecha
hay un plazo de tres meses para emitirlo. A partir de ese momento estaríamos ya en condiciones de licitarla, y aunque el señor Pintado ha comentado la enmienda de 500.000 euros, le voy a decir que por lo menos eso refleja el interés del Gobierno en
que esta obra se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, habida cuenta de los importantes beneficios que supondría para Aragón y, más
concretamente, como usted ha dicho, del Alto Aragón y de la zona de Monegros II.
Para los socialistas sí tienen importancia los trabajos realizados en la mesa del agua de Aragón, que permitieron actualizar el Pacto del agua del año 1992, mesa, como ya he dicho antes, de la que estuvo ausente el Partido Popular durante
más de un año, por lo que yo creo que tampoco tiene fuerza moral para exigir ahora que la Administración incumpla los plazos de tramitación. Además, no olvidemos que también estuvieron gobernando durante ocho años y que hoy en el Senado se ha
aprobado un proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, y esperamos que con este trámite también se agilicen mucho más todos estos asuntos. Hemos presentado una enmienda en la que,
como ha dicho usted, el fondo es prácticamente el mismo; hemos luchado mucho por llegar a una transaccional, porque creo que es lo que para Aragón y para todos sería mucho mejor, pero no sé si va a ser posible porque no nos ponemos de acuerdo en
las cifras. Vamos a seguir trabajando, pero yo finalizaría señalando que la construcción del embalse de Biscarrués, además de fortalecer riegos del Alto Aragón, supondrá culminar la puesta en regadío de la zona Monegros II, pieza esencial en la
vertebración de Aragón y en su desarrollo económico y social.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que seguirán ustedes trabajando y que de momento ni aceptan ni rechazan la enmienda. ¿Algún grupo desea fijar posición respecto a esta proposición no de ley? (Denegaciones.)
- RELATIVA A SUBVENCIONAR EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE LOS ALMADRABEROS ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001158.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley, relativa a subvencionar el cese de la actividad de los almadraberos antes de la finalización de la campaña. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para
su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Mi grupo ha presentado, con esta proposición no de ley, cuatro relacionadas con el tema del atún rojo, lo que demuestra el interés y la preocupación del Grupo Popular por este sector. La primera fue relativa a la
supresión del sistema de cuotas individuales a la flota artesanal que, por cierto, fue aprobada y no cumplida por el Gobierno. La segunda fue aprobada en el mes de septiembre pasado, relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del
atún rojo con las almadrabas, que se consensuó con el Grupo Parlamentario Socialista. En ella se instaba al Gobierno a no prohibir su comercio internacional, que es lo que ocurriría si entramos en Cites. En la tercera, en diciembre, proponíamos,
mediante una autoenmienda, que se promoviera que los trabajadores de las almadrabas pudieran considerarse beneficiarios de la ayuda del Fondo Europeo de Pesca. También esta fue rechazada por el Grupo Socialista con el peregrino argumento de que era
oportunista; una proposición no de ley que fue presentada en el mes de junio -la reunión se celebró en diciembre- y por nuestra capacidad de adelantarnos seis meses se argumenta el oportunismo. Pero esa es su responsabilidad. La cuarta, hoy,
mediante esta proposición no de ley que presentamos -como he dicho- en el mes de junio, justo cuando finalizó la campaña de las almadrabas. Quiero decir también que el Grupo Popular, y me consta que ningún grupo de esta Cámara, no está en contra de
la reducción de cuotas que propone el Iccat para garantizar la supervivencia de la especie.
Además, también quiero decir que en una proposición no de ley del Grupo Popular se aprobó establecer un equilibrio entre las necesidades biológicas de la
preservación de la especie, del atún, y las necesidades socioeconómicas del sector para garantizar la actividad durante todo el periodo de la campaña prevista. En este caso, los almadraberos, por ser un colectivo que forma parte del sector
pesquero, que realiza la mayor parte de actividad a bordo de barcos, que están encuadrados en el régimen de la Seguridad Social del mar, por imposición de medidas de ajuste del esfuerzo pesquero han visto reducido su periodo de actividad. Por
tanto, parece lógico que tengan los mismos derechos que otros colectivos de pescadores a ser beneficiarios del Fondo Europeo de Pesca. Así se ha reconocido recientemente a las mariscadoras gallegas, a pesar de ser personas que no practican la pesca
a bordo de un navío, como es el caso de los almadraberos. Por todo ello, en la propuesta presentábamos tres puntos, que puedo resumir, que el Gobierno promueva ante la Comisión la adopción de medidas específicas para los trabajadores almadraberos,
al igual que se les reconoce a los pescadores y mariscadores. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que se tenía previsto cuatro meses de campaña y a los dos meses se acabó la cuota por imposición del Iccat -cosa que todo el mundo aceptaba- pero como ocurre
con las paradas biológicas igual que con otras que impone el sector, se debería subvencionar esta parada.
Esto era en el mes de junio, antes de que surgiera el tema de la entrada en Cites. Lógicamente esta situación ha cambiado y puede ocurrir que lo que pretendíamos defender con esta proposición no de ley, que era garantizar el trabajo durante
toda la campaña, no tenga sentido porque no se pueda ni empezar la campaña porque esté prohibida la comercialización del atún. Esto significaría la ruina y la desaparición del sector atunero español y de las industrias asociadas a este sector que,
además tiene un plan de recuperación de la especie fijado por el Iccat vigente hasta el año 2022, y a día de hoy la especie no cumple los criterios biológicos que marca el reglamento
de Cites, según el comité científico del Iccat, que es la máxima autoridad científica del atún rojo. También el comité consultivo técnico y económico de la pesca de la Unión Europea concluyó en noviembre pasado que el atún rojo no está en
peligro de extinción. En el Panel de expertos de la FAO no hay consenso para incluir el atún en el anexo 1, aunque sí parece que en el anexo 2. Ante todo esto nos preguntamos, si contamos con el Iccat, que es el organismo internacional encargado
de velar por la recuperación del atún rojo; si existe un plan de recuperación de esta especie de la que se están reduciendo las capturas; si no se cumplen los criterios biológicos para entrar en Cites, ¿cuál es el interés de Mónaco para pedir su
inclusión y no valorar las repercusiones negativas que tendría sobre la flota e industria asociadas como son las de cerco en Cataluña, en L'Ametlla; las flotas artesanales de Canarias y Baleares y el cebo vivo en el País Vasco; las jaulas de
engorde en Cartagena; la flota artesanal de Andalucía, y las almadrabas de Barbate, Conil, Zahara y Tarifa, donde se calan las cuatro últimas almadrabas que se encuentran en España?
Sorprende la obsesión de algunos colectivos ecologistas por esta inclusión en Cites y que ninguno proponga otras medidas alternativas, como podría ser la pesca ilegal del atún, cuyo esfuerzo se llega a considerar superior al autorizado.
Algunos utilizan a personajes de la farándula a falta de argumentos biológicos, técnicos o científicos. Con la entrada del atún en Cites se estaría creando un precedente muy importante y abriendo una puerta de entrada a otras especies comerciales,
como puedan ser el tiburón, el bacalao o el róbalo. Solo se necesita que los ecologistas pidan su entrada y lo consigan sin contar con el beneplácito de los organismos internacionales encargados de su control. Por ello hemos incluido una
autoenmienda a esta proposición no de ley para tratar de evitar esta situación sobrevenida, con la esperanza de que el Gobierno haga una defensa del atún en su doble condición de país con mayor cuota pesquera de atún y país que ostenta la
Presidencia semestral del Consejo Europeo. Hasta ahora, por cierto, ha tenido una postura tibia y ha dejado a los demás países la iniciativa. No hemos oído a la ministra ni al Gobierno pronunciarse en este sentido como sí lo han hecho Francia,
Italia y otros países. Lo hacemos además sin querer entrar en diferencias por modalidades de pesca, sin querer entrar en guerras entre comunidades autónomas ni entre organizaciones representativas de los pescadores; defendemos a todo el sector
atunero español y por ello pido el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno. Hasta última hora hemos intentado llegar a una transacción con el Grupo Socialista pero no ha sido posible; y bien que lo lamentamos porque entiendo que esto es
una cuestión de supervivencia del atún y no es un tema de pactos o componendas políticas de futuro o de presente. Nosotros creemos que la defensa del atún hay que hacerla en Cites y si España está haciendo todo lo posible -no lo dudo- para que la
postura de la Unión Europea sea contraria, pero hasta ahora tanto el Parlamento como la Comisión se han mostrado a favor, vemos que va quedando muy poco espacio para poder concluir que España pueda alinearse en algún momento con países que se oponen
para buscar una minoría de bloqueo e impedir esta barbaridad que es que el atún entre en Cites. En Cites se sabe cuándo se entra pero no hay ninguna especie que haya salido. Si además abrimos un portillo para que entren otras especies nos podemos
cargar el sector pesquero mundial y sobre todo el de esta especie.
La enmienda que hemos presentado persigue, primero, que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados un informe de valoración del estado del recurso del atún rojo y verificación del cumplimiento de los tres criterios de inclusión de la
especie en el apéndice I de Cites. Lo hacemos porque el atún puede entrar en Cites sin que hasta ahora conozcamos ningún informe científico actualizado que lo justifique -me parece una barbaridad y una desconsideración-. Segundo, pedimos que la
posición española en la cumbre de Doha -una vez que hayan podido fracasar todas las gestiones que no dudo que se están haciendo-, que se va a celebrar a partir del próximo 13 de marzo, sea la de alinearse con los países que estén en contra de la
incorporación del atún rojo en el apéndice I del Convenio internacional de las especies amenazadas de flora y fauna silvestre, utilizando incluso el derecho de objeción o reparación a título individual, que puede ser necesario. Con esta proposición
no de ley, con esta enmienda estamos defendiendo al sector e intentando impedir que se cometa una tropelía que no tiene nombre y que no tiene bases jurídicas, científicas, técnicas ni biológicas y que además abriría la puerta a la inclusión de otras
especies, lo que sería muy perjudicial para la pesca en general.
La señora PRESIDENTA: Además de la autoenmienda anterior se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista que defenderá la diputada señora Chacón.
La señora CHACÓN CARRETERO: El Grupo Socialista presentó una enmienda con el único propósito de conseguir un acuerdo con el grupo proponente pero, como acaba de indicar su portavoz, no ha sido posible. Reconocemos que la situación de la
pesca del atún rojo es un verdadero problema en la actualidad, pero estamos comprobando en los últimos meses y en los últimos años que el Gobierno ha tomado medidas que han mejorado mucho la situación. Es necesario prestar atención a los informes
científicos, es necesario un mayor control de la flota dentro de las resoluciones del Iccat del pasado mes de noviembre, y es preciso un equilibrio entre las cuestiones de necesidad biológica de preservación de la especie y las necesidades
socioeconómicas que el sector presenta para garantizar la actividad durante el periodo de campaña; cosa que está garantizada desde hace algún tiempo en la actual campaña, y hace algún tiempo no era así.
Los esfuerzos del Gobierno están haciendo
posible
alguna evolución en una difícil situación del sector pesquero del atún rojo.
Tal como concluyó el Iccat en el pasado mes de noviembre, se redujeron las cuotas pero se garantizaba la continuidad de la pesca de dicha especie.
Las almadrabas, que es la cuestión que planteaba el grupo proponente, es una especialidad de
pesca que nos preocupa ya que genera un nivel de empleo bastante elevado en la provincia de Cádiz. Hay más de cuatrocientas personas ligadas exclusivamente a ese tipo de pesca y genera más de seiscientos empleos directos, con lo que estaríamos
hablando de más de mil personas en la mar. Por todo ello el Grupo Socialista se preocupa y considera que tenemos que ocuparnos de ellas.
Por eso proponíamos al Grupo Popular que se promoviese la adopción de medidas específicas para los
trabajadores del sector almadrabero y también del sector mariscador -que en el marco actual también ha reconocido el Fondo Europeo de Pesca- y considerábamos que se podía llegar a un acuerdo en este sentido.
Tal como ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular, también el PSOE está comprometido con este sector. Se ha comprometido y ha quedado demostrado en todo este tiempo que hemos estado trabajando para conseguir el mantenimiento de la
actividad de la flota artesanal y la almadraba. Se ha escuchado a los sectores implicados, ha habido reuniones con las administraciones para lograrlo, a su vez se han presentado y debatido iniciativas que recuerdo que hemos transaccionado en esta
Comisión con el Grupo Popular, se han debatido iniciativas también en el Parlamento de Andalucía y en la Diputación de Cádiz, tal como lo hemos hecho aquí en el Congreso y como lo hacemos hoy. En este sentido, hablando del Partido Socialista, tengo
que recordar que su secretario general en Cádiz y presidente de la Diputación ha dicho que la Diputación, que es de donde han surgido todos estos llamamientos hacia el Gobierno andaluz y hacia el Gobierno central, no ha escatimado ningún esfuerzo
para defender los intereses de los trabajadores, del sector empresarial y de las poblaciones afectadas por esta amenaza, que en Cádiz son: Conil, Barbate, Tarifa y Algeciras. Tenemos cuatro localidades afectadas en nuestra provincia y además
afectaría al desarrollo rural de esas zonas y no solo directamente a los pescadores de esta modalidad de pesca.
Es clara la necesidad de encontrar un equilibrio entre proteger las especies y mantener una actividad milenaria que da trabajo a muchas personas. Que en el planteamiento se atienda a un equilibrio entre las necesidades biológicas de
preservación de la especie y las necesidades socioeconómicas del sector, queda claro. Que hay que garantizar la actividad durante el periodo de la campaña, lo estamos viendo; esta campaña está en marcha. Consideramos necesario, como ya hemos
aprobado en esta Comisión en las transaccionales, un mayor control de los sistemas de captura de todos los países implicados, ya que España precisamente cumple, es un país cumplidor y no ocurre así con los demás países. El Grupo Socialista, tal
como ha hecho el Gobierno hasta ahora, mantiene su defensa de que nos gustaría que el atún rojo no entre a formar parte del apéndice I de Cites, porque significaría todavía una mayor dificultad para el desarrollo de la actividad pesquera. Esta
posición está siendo defendida dentro de los cauces establecidos en la Unión Europea. Como interlocutor en dicho organismo, España está defendiendo al sector pesquero, defendiendo la captura del atún rojo dentro -lo digo y hago hincapié en ello- de
los cauces establecidos en la Unión Europea.
Como decía, las almadrabas emplean a más de mil personas en Andalucía y a unas mil quinientas personas en toda España. Los socialistas tenemos que ocuparnos de todas esas personas. En el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea,
celebrado el pasado 15 de diciembre, la Comisión realizó una declaración en la que se comprometía a establecer con los Estados miembros afectados, la mejor utilización de los instrumentos financieros existentes para aminorar el impacto
socioeconómico de las reducciones de cuota acordadas por el Iccat, por lo que consideramos que las almadrabas están salvadas, dentro de esta proposición específica para esta modalidad de pesca. La propuesta de medidas específicas para el sector
está abierta al sector almadrabero. El Reglamento del Fondo Europeo de Pesca recuerda que tanto los almadraberos como los mariscadores pueden recibir las ayudas contempladas en el eje 3 del Fondo Europeo de Pesca, medidas de interés público, y
también en el eje 4, para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca, por lo que no podíamos aceptar tal cual las propuestas del Grupo Popular, pero en apoyo al sector proponíamos esa redacción alternativa, incorporando además que las
comunidades autónomas afectadas y que gestionan el Fondo Europeo de Pesca son las que tienen que establecer y complementar las ayudas a los trabajadores del sector de la almadraba que soliciten el retiro anticipado, tal y como solicitaba el grupo
proponente.
En cuanto a las nuevas enmiendas que han cambiado la propuesta inicial del Grupo Popular, no tenemos inconveniente en acceder a que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados los informes científicos que valoren la situación real de
este recurso pesquero que es el atún rojo. Por eso esos informes emitidos por los organismos científicos acreditados ante el Iccat deben ser actualizados. Es importantísimo para tomar una decisión que esos informes estén actualizados. ¿Por qué?
Porque sirven de base a las decisiones que se toman en el Iccat, ya que es precisamente el Iccat, y no el Cites -quiero recordarlo aquí-, el organismo realmente vinculante y quien decide en base a los mismos informes. Este organismo no se reunirá
hasta noviembre de este año en París.
Al último punto de la propuesta del Grupo Popular hay que añadir que el pasado lunes la Comisión Europea decidió que la propuesta de la Unión Europea a llevar a Doha, a Cites, se debatirá con los Estados miembros, por tanto, es algo que no
está decidido todavía. La Comisión
Europea propone a los Estados miembros debatir la postura común a adoptar en la próxima reunión de Cites, que se celebra del 15 al 25 de marzo próximo. Tenemos un mes por delante en el que España estará haciendo todas las presiones posibles
para que esta no sea solo la postura de España, sino la postura común de la Unión Europea, que es la que tiene que ir a Cites y que, por tanto, tiene que definirse todavía en estos días con los Estados miembros. Todavía no está adoptada esa postura
común, que está en debate interno, donde España, me consta, defenderá los intereses del sector del atún rojo y lo procedente es dejar que España haga las gestiones oportunas ante la Unión Europea y ejerza toda la presión posible para esperar a
conocer la postura comunitaria y tomar una decisión al respecto. Por eso insisto en que nuestro ofrecimiento de llegar a un acuerdo está totalmente justificado y creemos que podíamos haber llegado a un acuerdo transaccional, porque en el Grupo
Socialista mantenemos la defensa del atún rojo, del sector pesquero para que no entre en el apéndice I de Cites. Eso es algo que todavía no está decidido, hay posibilidades de que el atún rojo no entre en el apéndice I de Cites, cosa que me parece
que el Grupo Popular está dando ya por hecho. Agradezco y tiendo una vez más la mano al Grupo Popular para llegar a ese acuerdo transaccional.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA DEL CERDO IBÉRICO EN LA DEHESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001191.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, relativa a la creación de la indicación geográfica protegida del cerdo ibérico en la dehesa.
Para su defensa tiene la palabra el señor Lagares.
El señor LAGARES FLORES: El cerdo ibérico se configura como una actividad económica de vital importancia en muchas zonas de España. Por poner un ejemplo, solo en la provincia de Huelva existen en la actualidad casi 4.100 explotaciones, que
generan unos diez mil empleos directos e indirectos. Esta realidad de la provincia de Huelva es perfectamente extrapolable a otras provincias de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Existe en la actualidad
un censo de madres de ibérico que ronda los seiscientos mil ejemplares, con un volumen de producción de alrededor de tres millones de piezas en jamones referentes de la máxima expresión de calidad. Podemos comprobar como el consumo de este producto
constituye una fuente importante de riqueza en muchos municipios españoles que está fuertemente ligada a un producto de calidad excepcional. En la actualidad y según los propios productores, este sector pasa por una situación delicada que encuentra
su origen, primero, en el descenso brutal de los precios del cerdo de bellota, en las paulatinas subidas de los precios de los piensos y los demás costes de producción en los últimos años y en el retraso de los pagos de las ayudas de las distintas
administraciones. Debemos, pues, centrarnos en la calidad como un elemento diferenciador de este producto que ayude, por un lado, a salvar las deficiencias de la actual norma de calidad y, por otro, a dotar a los productos del cerdo ibérico de
imagen, tanto en mercados nacionales como internacionales. Por todo lo anterior, es vital para el sector que se impulse la identificación geográfica protegida del cerdo ibérico donde se vincule la producción del cerdo de pura raza ibérica a la
dehesa, evitando competencias de terceros y asegurando la calidad de jamones y paletas amparadas por esta IGP.
Entiendo que la necesidad de esta IGP está más que justificada, como así lo demuestra el visto bueno de las diversas asociaciones de
productores de cerdo ibérico, de la misma Junta de Andalucía y del propio Parlamento andaluz, que unánimemente así lo aprobó en el pasado mes de noviembre de 2009.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que se deben desarrollar de cara al futuro? En primer lugar, hay que intensificar los trabajos de coordinación entre todas las zonas geográficas de producción. Entendemos que se deben incluir las dehesas
arboladas de especies de encinas, alcornoques y quejidos que se extienden por el suroeste de la península Ibérica, donde tradicionalmente se ha producido el cerdo ibérico en extensivo. En segundo lugar, establecer una descripción del producto
objeto de la IGP que garantice la calidad final. Se debe hacer referencia a las características físicas y morfológicas, estableciendo una clasificación clara de jamones y paletas en función del tipo de alimentación. Se debe asimismo relacionar las
características en cuanto a sabor, aroma, grasa, textura, coloración y aspecto del corte. Como ya se ha hecho referencia, se hace imprescindible la delimitación geográfica de la zona objeto de protección y, por supuesto, desarrollar un sistema de
controles que garantice que el producto es originario de la zona. Por lo tanto, el objetivo final que debemos perseguir con la instauración de esta IGP del cerdo ibérico es presentar a los mercados productos con unas características diferenciales
del resto, en cuanto a que proceden de un entorno natural de la dehesa y a que se siguen pautas de producción acordes con las tendencias de la Unión Europea, pero sobre todo porque presentan una calidad diferenciada excepcional. En resumen, es una
medida necesaria que viene a favorecer la diferenciación de un sector que es seña de identidad en nuestro país, que es reclamada por los productores y que ayudaría a amortiguar los efectos de la crisis en este sector de la actividad. En este
sentido, me congratulo de que el Grupo Socialista así lo haya entendido y hayamos firmado una enmienda que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al reconocimiento del derecho de indicación geográfica protegida, así como a que el
ministerio
agilice la tramitación administrativa correspondiente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, que ha presentado la enmienda que finalmente ha concluido en una transaccional, tiene la palabra el señor Oria.
El señor ORIA GALLOSO: La indicación geográfica es un nombre utilizado para designar un producto agrícola alimenticio o de otro tipo que posee un origen geográfico determinado y cuya calidad o reputación se debe a dicho lugar de origen.
Estamos hablando de un vínculo entre producto y territorio, y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, si el vínculo del nombre del producto con el medio geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de la producción, de la
transformación o de la elaboración, se protege la indicación geográfica y además el producto puede beneficiarse de la buena reputación de la región geográfica. Sobre la base de esta reglamentación de la Unión Europea, las indicaciones geográficas y
las denominaciones de origen de productos agrícolas alimenticios no se crean, sino que se reconoce un derecho. En el caso de la indicación geográfica, la Comisión Europea adopta una posición de protección una vez se ha justificado, entre otros
aspectos, una cualidad determinada, una reputación u otra característica del producto que pueda atribuirse a su origen geográfico. Por lo expuesto, no parece recomendable que las administraciones sean promotoras de estas iniciativas ni forzarlas.
Por ello, corresponde al sector agruparse y solicitar esta protección presentando la correspondiente solicitud de registro que incluye el pliego de condiciones por el que se ha de regir.
Hay que tener en cuenta que la implantación de este tipo de
reconocimientos trata de valorizar la producción y que esto lleva parejo un incremento de costes de producción vinculados a las labores de certificación de las características específicas y actividades de promoción fundamentalmente.
¿Es bueno este modelo de protección para el cerdo ibérico en la dehesa? Pienso que sí, que es bueno para el sector, porque permite hacer esfuerzos para mejorar la trazabilidad del producto, porque se avanza en seguridad alimentaria y en
otros aspectos, como puede ser la sanidad animal. Ante esta situación, es el propio sector el que se está organizando y está planteando medidas contundentes y fuertes, codo con codo con el Gobierno de España, que está al lado de la interprofesional
del cerdo ibérico en todo este proceso, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del asesoramiento y del acompañamiento en la tramitación administrativa.
Lo anterior trae causa porque la Asociación Interprofesional del Cerdo remitió en enero de 2009 a la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios para su conocimiento un borrador de pliegos de condiciones de una IGP para productos
del cerdo ibérico del suroeste de la península Ibérica, aprobado en la asamblea general de dicha asociación interprofesional con fecha 17 de junio de 2008. Conviene destacar que este documento no constituye una solicitud formal de registro sino el
borrador de un pliego de condiciones sobre el que se está trabajando.
Merece la pena detenerse en hacer aunque sea un somero análisis de lo que es en estos momentos el sector ibérico de este país. Dentro del sector porcino, el sector ibérico representa el 11 por ciento del censo porcino de nuestro país. Eso
significa alrededor de cuatro millones de piezas. El 30 por ciento del valor económico de la producción final porcina de nuestro país procede del sector ibérico. Por lo tanto, estamos hablando de que el 11 por ciento del sector es capaz de
producir en términos económicos el 30 por ciento del valor, porque se trata de un producto de calidad reconocido por los mercados por el cual los ciudadanos están dispuestos a pagar una cifra importante, siempre y cuando, indiscutiblemente, se
garanticen parámetros de trazabilidad y parámetros de valoración en relación con los que en estos momentos y con la normativa que está en marcha posiblemente haría falta hacer algún tipo de esfuerzo. Estamos hablando de una producción que se
valoraría en torno a los 700 millones de euros.
Este sector tiene la capacidad, mediante el manejo de la dehesa, de fijar la población de nuestro medio rural y de preservar el sistema de dehesas en nuestro país. De ahí la necesidad del vínculo cerdo ibérico- dehesa.
Es la dehesa un
sistema agrícola, silvícola, pastoril y de fijación del medio ambiente, que contribuye a luchar contra el cambio climático, que garantiza actividades silvícolas de caza, de pastoreo, que garantiza cultivos compatibles, que combate la erosión y que
cuida el paisaje que nos permite presentarnos ante los mercados con una producción porcina de unos niveles importantes de calidad. En definitiva, sirve para potenciar la calidad del producto del cerdo y de la protección de la dehesa.
Asimismo la
incorporación de la IGP servirá para clarificar la normativa estatal en aspectos como la división no muy entendida entre ibérico puro o ibérico o la confrontación que existe en el propio sector en referencia a la alimentación que se le da a la
cabaña porcina y que puede definir el producto marcando claramente precios, calidad y mercado; una diferenciación que no satisface en absoluto al sector.
Por último, miren ustedes por dónde se pueden cumplir los objetivos que se pretenden incorporar en las normas de producción y etiquetado de los productos del cerdo ibérico que a la sazón serían, primero, facilitar información veraz al
consumidor salvaguardando así sus derechos; segundo, garantizar la competencia leal en las transacciones legales que realizan los operadores del sector productor e industrial, y tercero y último, dotar de mecanismos de control a las autoridades
competentes de manera que se garantice la unidad de mercado. Como SS.SS. pueden ver, todo son facilidades y todo es beneficioso para el sector, y como no podía ser de otra manera,
nos hemos puesto de acuerdo con el Grupo Popular para hacer una enmienda conjunta.
La señora PRESIDENTA: En cuanto tengan el texto de la enmienda transaccional, por favor nos lo hacen llegar a la Mesa.
- SOBRE INCORPORACIÓN DEL PLÁTANO AL RÉGIMEN DE COMPENSACIONES REGULADO POR EL REAL DECRETO 170/2009, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO DE MERCANCÍAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO CONSULTIVO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA, CON ORIGEN Y DESTINO EN LAS ISLAS CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001422.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la que aparece en quinto lugar en el orden del día, sobre incorporación del plátano al régimen de compensaciones regulado por el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero,
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Consultivo de la Comunidad Europea con origen y destino en las islas Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para su defensa tiene la
palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Volvemos a hablar del plátano en esta Comisión, que conoce perfectamente la importancia que el sector platanero tiene para Canarias y conoce perfectamente también que es vital para una isla como La Palma. De
ahí entenderán la insistencia con la que Coalición Canaria plantea los temas relacionados con el plátano y, si me permiten también, la pasión con la que defendemos nuestro sistema de comercialización para procurar una actividad económica que genera
tantos empleos directos, de los que viven tantas familias en Canarias, y que también genera empleos indirectos, como digo, incidiendo de manera notable en la economía de una isla como la de La Palma.
Señorías, como conocen perfectamente todo el historial en relación con el plátano, no voy a entrar hoy aquí en detalles, fundamentalmente por ahorrar tiempo y sobre todo para posibilitar la participación de los demás grupos y por supuesto
para gozar del apoyo de las diferentes fuerzas políticas. Como breve resumen a modo telegráfico, diríamos que el plátano tenía garantizado el mercado peninsular antes de la entrada de España en la Unión Europea. Cuando España entró en la Unión
Europea todas SS.SS. conocen que Canarias queda fuera del marco total de entrada en la Comunidad Europea, quedándose en lo que se conoció como Protocolo 2.
Imagínense la trascendencia y la importancia que tiene el plátano que es la iniciativa del
sector platanero canario, de los agricultores canarios la que posibilitó y obligó a un cambio: de Protocolo 2 a entrada de pleno derecho de Canarias en la Unión Europea. Eso posibilitó el 1 de julio del año 1993 conseguir una organización común de
mercado del plátano, que significó los años mejores en la época reciente para los agricultores plataneros. Pero era una OCM que recibía permanentemente ataques desde la Organización Mundial del Comercio y sobre todo de las multinacionales que en
ese momento comercializaban la banana latinoamericana.
Ese continuo debate llevó a la Unión Europea a plantear en el año 2007 unos acuerdos que modifican el sistema de OCM pasando a un sistema de Posei, un programa de opciones específicas de apoyo a regiones ultraperiféricas, con una ficha
financiera, pero perdiendo todos los condicionantes de la OCM y al mismo tiempo liberalizando las producciones ACP. Esto significó un cambio sustancial en la situación del mercado del plátano, aunque aportaba algo que nos parece fundamental en la
proposición no de ley que estamos debatiendo hoy, y es que ese acuerdo posibilita también por primera vez que se puedan establecer ayudas de Estado a los productores plataneros. Hasta ese momento la OCM impedía que se pudieran establecer ayudas
Estado a los productores plataneros.
¿Qué ha ocurrido, señorías? Lo que imaginábamos. Lejos de producirse el deseable desarrollo de los países africanos con esta liberalización y descontingentación de las producciones ACP, se ha producido una deslocalización de las
multinacionales desde los países latinoamericanos hacia los países africanos. No hemos conseguido mejorar la calidad de vida de estos países africanos sino que lo que hemos conseguido es incrementar el nivel de beneficios de las grandes
multinacionales. Podría mostrarles o incluso incorporar al marco de la Comisión la evolución de un mercado importante para el plátano de Canarias como es Mercamadrid en las últimas semanas, en el último año y comprobaremos el incremento de la
presencia de plátanos africanos en el mercado compitiendo con estos plátanos canarios a través, efectivamente, de grandes multinacionales.
Lo decíamos en su momento. La liberalización, es decir, la entrada sin arancel y sin contingentes iba a producir un efecto perverso en la comercialización del plátano, y se puede comprobar desde la semana veinte del año pasado a la
cincuenta y tres; es decir, en treinta y tres semanas, diecinueve han sido negativas, con precios negativos, para los agricultores: el coste de producción, de empaquetado y de transporte es menor que el que reciben nuestros agricultores con la
ayuda del Posei y la ayuda de venta del producto en el mercado, unido además a que en estos últimos años ha habido que inutilizar, lo que se llamaba antes picar en Canarias, 30 millones de kilos en Canarias en este tiempo, con lo que significa de
impacto negativo evaluable en unos 23 millones de euros para nuestros agricultores. Por tanto, desde aquel momento Coalición Canaria planteó que tal como establecían los acuerdos por los que pasábamos
del régimen de OCM al régimen de Posei, se establecieran ayudas Estado, y decíamos que el decreto que regulaba las ayudas al transporte debía incorporar el plátano. El Gobierno por primera vez incorpora el plátano concretamente al Real
Decreto 179/2009, de 13 de febrero, pero lo hace en una disposición transitoria en la que se establece un mecanismo para evaluar el impacto de la comercialización del plátano a fin de activar los mecanismos que permitan la incorporación del plátano
al sistema de ayudas contemplado en el citado Real Decreto 179/2009.
Señorías, con los datos que les he dado creemos que está suficientemente acreditada la necesidad de incorporar esas ayudas de Estado, está suficientemente acreditado lo que ha significado de impacto negativo en los agricultores plataneros
canarios la situación del Posei, la situación de liberalización y descontingentación de las producciones ACP y las dificultades que en este momento se han incorporado al sistema de comercialización. Por tanto entendemos que se dan las
circunstancias que establece el propio real decreto como mecanismo y de ahí nuestra proposición no de ley de instar al Gobierno a que ponga en marcha el mecanismo que recoge el real decreto para que se establezcan las ayudas.
En nuestra iniciativa planteábamos como punto 2.º que la subvención cubriera el cien por cien de los costes de transporte. Somos conscientes de que eso puede significar una situación de agravio comparativo con otras producciones agrarias
del Archipiélago que en estos momentos también tienen enormes dificultades con la comercialización, por eso, si me lo permiten SS.SS., agradecería la conformidad de los grupos para presentar una transaccional in voce suprimiendo ese punto 2.º para
quedarnos solo con el primer punto de la proposición: instar al Gobierno a activar los mecanismos para poner en marcha la subvención al transporte de plátanos y suprimir el apartado de la subvención del cien por cien, porque entendemos que en el
real decreto ya se establecen los márgenes de subvención para los diferentes productos que son objeto de subvención al transporte.
Señorías, somos conscientes de que en estos momentos no es suficiente esta medida; somos conscientes del trabajo que hay que hacer en Canarias y somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el agricultor, que debe ser apoyado por las
organizaciones de productores para mejorar la comercialización. Por eso no nos quedamos simplemente en el planteamiento de pedir al Gobierno que ponga en marcha más recursos económicos ante una situación difícil del sector platanero. La presidenta
del Cabildo de La Palma -sin duda, el territorio más afectado por la situación del plátano- ha puesto en marcha la iniciativa de celebrar en esa isla en los próximos días una cumbre platanera, en la que se deberá llegar a compromisos por parte de
las organizaciones de productores, de las organizaciones profesionales agrarias y de los gobiernos para aportar desde la isla aquellas estrategias que permitan fortalecer la comercialización, unido a esas campañas de publicidad que siempre ha hecho
el sector platanero con éxito, como ha sido reconocido por diferentes instituciones y por el propio Gobierno.
Señorías, esta es la situación actual, pero las perspectivas no mejoran, de ahí la importancia de esta cumbre platanera en la isla. El 15 de diciembre del año 2009 se firmó en Ginebra un acuerdo multilateral de reducción del arancel,
pasando de 176 euros por tonelada -estamos hablando de terceros países, no de los ACP que están liberalizados- a solo 148 euros -de manera inmediata dice dicho acuerdo-, pero es que hay un acuerdo para realizar reducciones graduales a partir de 2011
para llegar a 114 euros por tonelada entre 2017 y 2019. Saben SS.SS., porque se ha puesto de manifiesto en esta Comisión así como en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que existen acuerdos bilaterales con países centroamericanos para rebajar
aún más el arancel. Creemos que esto, sin duda, tendrá una repercusión inmediata en el sector platanero mucho más negativa que la planteada hasta estos momentos o que al menos va a agravar la situación que les he descrito en esta intervención. Por
eso, señorías, pedimos el apoyo a esta iniciativa y estoy seguro de que el Gobierno será sensible a lo que se plantea para que conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 179/2009, de 13 de febrero -es justo reconocer la importancia de esta norma-,
ponga en marcha un mecanismo que permita dar una satisfacción al sector agrario, que en estos momentos necesita estímulos para poder seguir explotando con ilusión un producto que se ha cultivado durante muchísimos años y que significa no solo
economía sino también cultura, paisaje en muchas islas de Canarias, permítanme que diga, porque lo conoce esta Comisión, que en la isla de La Palma de una manera muy especial y muy particular. De ahí que pidamos su apoyo a esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular que será defendida por el señor Domínguez. Tiene la palabra.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Tengo que decirles que para mí hoy es una satisfacción poder intervenir por primera vez con motivo de una proposición no de ley en defensa de la comercialización del plátano de Canarias. Lo digo porque es y ha
sido una de las principales preocupaciones del Grupo Popular. Además, hoy tengo que reconocer públicamente el esfuerzo, el trabajo y la constancia de mi compañero Gabriel Mato en esta Cámara, porque son muchas las iniciativas que él ha presentado y
defendido, algunas de las cuales, como explicaré a continuación, ni siquiera se han respetado. Al mismo tiempo, agradezco al señor Perestelo que haya presentado esta iniciativa, que en un 99 por ciento es parecida a la que presentó mi grupo, pero
tengo que decirle que siento -lo digo con todo el respeto del mundo- que nuevamente Coalición Canaria se pliegue al grupo que sustenta al Gobierno; Coalición Canaria
nuevamente cede a la voluntad del Grupo Socialista y deja coja la iniciativa. Ayer pudimos ver con nuestros propios ojos y quedó patente como se producía esa situación en una votación importante para todo el territorio nacional como era el
sistema del IVA agrario. En este momento no estamos con ese debate sino con el de la comercialización del plátano, de sus necesidades, etcétera. Todo esto lo digo porque yo era feliz cuando veía que el propósito de esa proposición no de ley era
llegar hasta el cien por cien de la subvención del transporte del plátano desde Canarias, porque consideraba que era una buena iniciativa. Es cierto que hay otros productos, las flores ornamentales, el tomate, etcétera, que se exportan en gran
cuantía desde nuestro Archipiélago, pero la Unión Europea ha dado autorización a España para que se subvencione el cien por cien de este transporte; por tanto, yo pensaba que era un primer paso, el primer escalón de una larga escalera. Habíamos
presentado en el Congreso iniciativas que el Grupo Socialista no ha aceptado ni ha respetado, como la de incorporar en este real decreto dicho traslado del plátano hacia el puerto de Cádiz.
Veíamos como se defendían unos Presupuestos Generales del Estado con el eslogan de que eran buenos para Canarias, malos para el resto de España.
Ciertamente hoy -y no va a ser la última vez, lo tengo que decir- se demuestra que no son
buenos ni para España ni para Canarias. Mi grupo considera que se tenía que haber mantenido el segundo punto de la iniciativa, que suponía ese primer paso, se tenía que haber recogido en esos Presupuestos Generales del Estado y aún hay más. Desde
una gran chistera, por arte de birlibirloque, aparece un documento llamado Plan Canarias, que era la solución al empleo, la solución al plátano, la solución en definitiva a todos los problemas que vivimos en Canarias, y en ella tampoco se recoge la
situación del transporte de este producto.
Ahora me vienen muchas preguntas a la mente. ¿Alguien dudaba de que el arancel a países terceros productores del banano iba a bajar? ¿Alguien dudaba de que este Gobierno de España era incapaz de negociar
algo positivo para los intereses de nuestra agricultura? Sigo insistiendo en que aun teniendo respuesta para esas situaciones nadie le dio una solución firme.
Hoy presentamos una sencilla enmienda a esta proposición no de ley, aunque no sé cuál va a ser la intención del proponente, el señor Perestelo no ha hecho referencia a la misma. En el Grupo Popular somos conscientes de que es vital y
necesario que se incluya al plátano en el régimen de compensación regulado en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, y se estima que no solo es necesario que se incluya, sino que se haga de forma inmediata. Ese es el fundamento de nuestra
enmienda, que se haga de forma inmediata. Cualquier otra cosa seguro que será un brindis al sol, al que ya nos tienen acostumbrados. Insisto en que el compañero Gabriel Mato ya lo defendió hace algunos meses ante el Pleno y hasta el momento no ha
dado su fruto. Vemos como el plátano, que hoy defendemos, aparece exclusivamente en una disposición adicional de dicho real decreto y no ha sido siquiera incorporado al mismo.
A nadie se le escapa que el sector agrario español está atravesando una de las más graves crisis de su historia, y como no podía ser de otra forma el sector agrario de Canarias, en particular la comercialización del plátano se encuentra en
la misma situación. El año 2009 ha sido muy difícil para el sector agrario canario y el cultivo del plátano ha tenido en los últimos tiempos importantes dificultades. Detallaré algunas de ellas. La bajada de aranceles de los países terceros,
producto de esa negociación entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, es y será una amenaza directa para la comercialización del plátano de Canarias. El sector expresa su preocupación no solo por la reducción que en un primer momento se
plantea de la bajada de ese arancel de 175 euros/tonelada a 148, sino porque se duda de que el límite esté planteado donde se ha marcado, en los 115 euros/tonelada. Por tanto, si consideramos esa situación de la bajada de aranceles y la
autorización de la Unión Europea para la subvención al cien por cien de los productos desde Canarias, señorías, no entendemos por qué hoy no damos ese primer paso. El plátano, el tomate y las flores ornamentales -como decía anteriormente-
representan las principales producciones exportables de nuestro Archipiélago y sería un lujo que no nos podemos permitir que siguieran perdiendo capacidad de competencia y competitividad en el exterior. Y digo que no nos lo podemos permitir porque
serían aproximadamente 15.000 puestos de trabajo -los que genera esta producción- los que perderíamos en un archipiélago, lo que ciertamente, señorías, sería irremediable.
A todo lo ya indicado hay que sumarle que Canarias es un terreno fragmentado, donde los cultivos se producen en minifundios, lo que supone un indudable incremento del coste de producción. Tampoco es menos cierto que a pesar de los altos
costes de producción, la calidad del producto es muy alta, situación esta que le permite mantenerse en los mercados, pero, señorías, aunque esta situación sea positiva, de nada serviría si la lucha de precios lo deja fuera. Hasta tal punto cumple
criterios de calidad que en la actualidad cualquier caja de plátanos proveniente de Canarias puede ser sometida a criterios de trazabilidad y determinar perfectamente cuál es su procedencia. Además, señorías, hemos visto como la competencia tanto
en la Península como en las Islas Baleares ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Canarias en este momento se encuentra en una situación de desventaja competitiva con el resto de producciones de territorios continentales. El sector,
a través de un esfuerzo sustancial, está poniendo de su parte y bajo un eslogan titulado Plátanos de Canarias ha detallado y desarrollado una exhaustiva campaña de comunicación. Señorías, ahora no los podemos dejar solos.
La señora PRESIDENTA: En fijación de posición por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada Coello Fernández-Trujillo.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Señoras y señores diputados, hoy volvemos a hablar del plátano de Canarias. En primer lugar, tengo que decir que es pertinente y que el Grupo Socialista le agradece a Coalición Canaria la presentación
de esta proposición no de ley. Además, me gustaría que fuera ilustrativa de lo que pueden ser los infundios que corren por la red referentes a los propios diputados, porque todavía corre uno que dice que sesenta diputados de esta Comisión fueron a
la isla de La Palma a visitar sobre el terreno el cultivo del plátano. Eso ocurrió porque el ahora proponente -en ese momento presidente del Cabildo de La Palma- nos invitó en calidad de miembros de la Comisión y creo que fuimos ocho o nueve (La
señora Tarruella Tomàs: Cinco.), cinco más los otros dos que vivimos allí en La Palma, siete; es decir, en ningún momento fueron sesenta personas. Lo que deben saber los ciudadanos es que es bueno lo que hizo el señor Perestelo en aquella
ocasión, porque permitió conocer en el lugar, en el terreno la realidad de la agricultura y de los procedimientos que se utilizan en un territorio determinado.
Nosotros estamos aquí representando a un territorio y en cada sitio se habla de unas
peculiaridades, y corren muchos infundios que a veces el Partido Popular ha contribuido a difundir, y no quiero hablar más de este tema. Tenemos un trabajo aquí y no hacemos ningún favor a la Cámara permitiendo que este tipo de cuestiones salgan a
baleo.
Me sorprende la postura del Grupo Popular, porque parece que el señor Mato descubrió el plátano de Canarias y más bien desde el Grupo Socialista creemos que es el plátano de Canarias el que descubrió al señor Mato.
Parece ser que es el
único que ha hablado del plátano en esta Cámara cuando el plátano debería estar siempre fuera de la política, debería ser un tema suprapolítico para todos los partidos políticos, que sabemos que es una economía de supervivencia en algunas islas como
ocurre en el caso de La Palma. Por tanto, no es bueno ni conveniente ni pertinente hacer este tipo de juegos que más bien son pantomimas, porque todos trabajamos por y para el plátano cuando sabemos que hay pequeñas familias minifundistas que viven
del plátano y de las subvenciones. A partir de ahí, por supuesto que sabíamos que iban a bajar los aranceles, eso ya lo sabíamos, porque eso pertenece a los tratados que se llevan en la Unión Europea. Precisamente porque los aranceles iban a bajar
es por lo que en el real decreto, producto de la negociación también con Coalición Canaria, se llegó a colocar el plátano de Canarias en un anexo para que cuando ocurriera lo que sabíamos que iba a ocurrir y que en estos momentos se está produciendo
se pudiera incluir en la subvención al transporte de mercancías, que no se iba a incluir porque ya se consideraba que estaba ayudado por la ficha financiera que negoció una ministra, que ha sido del Partido Socialista, que sigue siendo del Partido
Socialista y que sigue siendo la ministra de agricultura del Gobierno que en estos momentos está gobernando. Por tanto, fue el Partido Socialista quien negoció la ficha financiera de 141 millones de euros, que le ha permitido al sector mantener un
nivel de poder adquisitivo hasta este momento, lo que, sin lugar a dudas, no hubiera ocurrido si esto no hubiera sido así.
Estamos a favor de ayudar al plátano porque se dan las dos situaciones que estaban recogidas en ese anexo del Real Decreto de ayudas al transporte de mercancías. Se ha producido una bajada del arancel, que además va a ser progresiva hasta
el año, como ha dicho el señor Perestelo, 2019, pero los 148 euros todavía no se han hecho efectivos, por tanto, no ha bajado el arancel de facto. En diciembre se decidió, pero no ha bajado todavía, o sea que no veo la inmediatez de la que habla el
Grupo Popular, porque si hubiera bajado el arancel ya, lógicamente tendríamos que hablar de inmediatez, pero no ha sido así. Lo que sí es real es la caída en picado de los precios en el mercado del plátano de Canarias, algo que está siendo
estudiado en este momento y que va a ser objeto de una reunión sectorial próximamente en el ministerio entre los productores de plátanos y el propio ministerio para estudiar qué es lo que ocurre, pese a que el sector sabe perfectamente qué ocurre.
Saben que ha habido una invasión de bananas de otros países que han acudido al mercado con bajos costos, que han entrado en competencia desleal incluso imitando a los plátanos de Canarias. Por otro lado, los consumidores peninsulares, que son los
únicos beneficiarios de ellos, porque es donde únicamente se vende el plátano de Canarias, en la Península, lo prefieren en un 90 por ciento en comparación con la banana. Si no fuera por este tipo de engaño al que se está sometiendo el mercado,
probablemente, el consumidor peninsular no lo estaría consumiendo. Todo ello ha producido una caída espectacular del producto que no llega ni siquiera a cubrir los gastos de los agricultores. Esto se ha podido constatar y va a ser objeto -reitero-
de un estudio en el ministerio dentro de pocas semanas. En consecuencia, se dan los dos supuestos: la caída de precios en el mercado y la caída del arancel, aunque todavía no es real porque no se ha puesto en marcha, pero sabemos que en los
próximos meses estará a 148 euros la tonelada. Por tanto, hay que poner en marcha ese real decreto, como prometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su momento y como así va a ser porque el Grupo Socialista apoya esta proposición que
realmente avala lo que ya sabíamos que iba a producirse cuando tuvimos la oportuna precaución de incluirlo en ese anexo del transporte de mercancías desde Canarias.
El plátano no lo ha descubierto el Partido Popular, ni muchísimo menos, todos trabajamos por y para Canarias y por la agricultura canaria y me parece que comportamientos de esta índole son sumamente desleales y no hablan muy a favor de quien
los practica.
La señora PRESIDENTA: Señor Perestelo, no se ha pronunciado sobre si acepta o no la enmienda del Grupo Popular.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, yo sé que el Reglamento no me permite entrar a replicar la intervención del diputado del Grupo Popular, pero permítame solo una cuestión.
Señor Domínguez, se parece tanto que la iniciativa de Coalición Canaria fue presentada en diciembre...
La señora PRESIDENTA: Señor Perestelo, no quiero iniciar otro turno de debate. ¿Acepta la enmienda o no acepta la enmienda?
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: No. La iniciativa del Grupo Popular fue presentada un mes después y no incorporaba lo del cien por cien de la subvención al transporte.
La señora PRESIDENTA: Como conclusión, ¿la acepta?
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Como conclusión no aceptamos la enmienda.
(El señor Domínguez González pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: No procede, estamos en turno de aceptar o no aceptar la enmienda.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Mi enmienda no va al cien por cien, mi enmienda es otra.
- RELATIVA AL APOYO A LAS FLOTAS AFECTADAS POR LA REDUCCIÓN DE POSIBILIDADES DE CAPTURAS DE ATÚN ROJO DERIVADAS DEL ACUERDO DEL ICCAT EN RECIFE (BRASIL) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001465.)
- SOBRE MEDIDAS PARA LA DEFENSA DE LA PESCA DEL ATÚN ROJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001502.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate acumulado de dos proposiciones no de ley, las que aparecen en los puntos 6.º y 8.º del orden del día. Los portavoces están de acuerdo en que se puedan debatir de forma acumulada pero votar de forma
separada. Como una de las proposiciones no de ley ha sido presentada por el Grupo Socialista -estoy hablando del punto 6.º del orden del día- y la otra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vamos a dar un turno de diez minutos
para cada uno de los proponentes de estas dos proposiciones no de ley y un turno de diez minutos para cada uno de los enmendantes a las dos proposiciones no de ley. Paso por tanto a la lectura de las proposiciones no de ley. Primera proposición no
de ley, relativa al apoyo a las flotas afectadas por la reducción de posibilidades de capturas de atún rojo derivadas del acuerdo del Iccat en Recife, Brasil, del mes de noviembre de 2009. La segunda proposición no de ley ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en relación con las medidas para la defensa de la pesca del atún rojo. En el mismo orden y en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Socialista don Ceferino Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, vamos a debatir un tema de gran actualidad mediática, y dentro de esa actualidad mediática lo que vamos a debatir aquí, las posiciones de los diferentes grupos, no cuenta con el mayor apoyo mediático. Hay una
batalla a nivel internacional llevada por ONG que pretenden la supresión de la comercialización de este producto. Esta propuesta fue planteada por Mónaco y en estos momentos está teniendo importantes apoyos. Tengo que decir que España preside en
estos momentos la Unión Europea, lo cual es una ventaja y un condicionante. Nosotros no podemos, como se nos proponía por parte del Grupo Parlamentario Popular, ni vetar ni excluirnos cuando somos el país que tiene que conseguir el acuerdo de la
Unión Europea. No podemos ser el país que se excluya o que se margine de ningún acuerdo en la Unión Europea; tenemos que conseguir el mejor acuerdo. Me gustaría decir también que dentro de la Unión Europea hay hoy cinco países con intereses en
este sector y veintidós sin el menor interés en el mismo. Por ello esta es una batalla difícil, una batalla diplomática que hay que llevar con un gran sentido común, sin hacer demasiado ruido pero trabajando bien a nivel de las cancillerías, a
nivel de relaciones internacionales. En absoluto sirve -lo recuerdo aquí- jugar al Llanero Solitario como en la reforma pesquera de 2004 con el señor Arias Cañere, porque así nos las dan todas; tenemos que intentar conseguir los mayores acuerdos
posibles. Decía que el tema no está bien porque a nivel internacional hay una campaña sobre este asunto, y es que parece que salvamos la humanidad salvando el atún rojo -nosotros también queremos salvar el atún rojo-, una campaña que incluso en el
ámbito del Estado llevó a que los chefs más importantes de nuestro país dijesen que el año próximo no iban a trabajar con atún rojo.
Hoy aquí estamos debatiendo tres propuestas y lo estamos haciendo porque hay dos problemas. Cuando presentamos las propuestas había un problema y a los dos días apareció un segundo. El primer problema era que el Iccat había procedido a una
reducción de cuota del 40 por ciento para el año 2010 y había que ver cómo se repartía esa cuota y cómo se compensaba a las tres flotas implicadas por la rebaja de dicha cuota. Nosotros defendíamos que ese reparto tenía que ser un reparto solidario
teniendo en cuenta a las tres comunidades
afectadas y que tenía que producirse una compensación acorde con el recorte para las tres comunidades, fundamentalmente Euskadi, Cataluña y Andalucía, las tres flotas afectadas por este problema. De la Unión Europea también se demandaba el
compromiso de ayudar a las tres flotas afectadas, porque los recortes también perjudicaban a la actividad económica de las zonas donde esas flotas estaban asentadas. El problema -que sigue siendo este en el corto plazo- se complica ahora con lo que
planteábamos anteriormente, y es que en estos momentos ha entrado a discusión una amenaza real de cierre de la pesquería. Si el atún rojo entra en el apéndice I del Cites se va a limitar la actividad a lo que la Comisión considere como artesanal y
tendremos el pequeño inconveniente -pequeño entre comillas- de que no podrá venderse este atún en el principal mercado de las tres pesquerías, que es el de Japón.
¿Cómo se llegó a este punto? Como la crisis anterior, como la crisis económica que estamos sufriendo, se llegó a este punto, en primer lugar, por la avaricia de unos pocos que no respetaron las reglas de pesca -en este sentido quiero decir
que nuestra flota cumplió- y, en segundo lugar, porque hoy hay una serie de organizaciones ecologistas que, amparadas en estudios que se dicen científicos, indican que la especie está a punto de la extinción y que es necesario incluirla en el
apéndice I del Cites, por el que se impide el comercio internacional de la especie. Como decía, la propuesta fue presentada por Mónaco, tuvo el respaldo del Parlamento Europeo y en principio también de la Comisión, que lo va a someter al debate de
los Estados miembros, los Veintisiete. No obstante, en principio el acuerdo de la Comisión a instancias de España contempla que el dictamen se condicione al acuerdo científico que debe tomar el Iccat en noviembre del año 2010. Es decir, que la
entrada en vigor de lo que se pueda aprobar en la reunión de Cites quede condicionado a lo que decida el comité científico del Iccat que se va a celebrar en noviembre de 2010 en París. Tengo que recordar que ya en noviembre del año pasado el comité
científico del Iccat rechazó las cuatro condiciones que debía reunir el atún rojo para integrarse en el apéndice I del Cites y no creemos que ahora haya cambiado tanto para que el segundo dictamen sea muy diferente.
En todo caso, la decisión última
va a estar en el Iccat, y en medio hay una Convención internacional de especies amenazadas de fauna y flora, Cites, que se va a celebrar en Dakar los días 12 y 13 de marzo. En esa reunión se va a tratar el futuro del atún rojo y nuestra propuesta
es que el atún rojo esté en esa convención bien defendido, no solamente en lo que se refiere a la salvaguarda de la especie sino también a la continuación de la actividad de la pesca responsable sobre el mismo. Como decía, a pesar de eso, la
reunión definitiva para nosotros debe ser la del Iccat. Tengo que dejar claro que el Gobierno y todos los gobiernos de la Unión Europea van a aceptar siempre el dictamen científico del Iccat sobre la sostenibilidad de recursos, y sobre esta base
nosotros transaccionamos con Convergència una propuesta para que, mientras no llegue el dictamen del Iccat, el Gobierno defienda en la UE y en todos los foros internacionales las diferentes flotas que capturan atún rojo: la flota de cebo vivo, del
Cantábrico; la de cañas y líneas, del Estrecho; las de palangre y línea de mano; la de cerco, del Mediterráneo, y también las almadrabas. Creemos que no es el momento de confrontaciones territoriales y pedimos al Gobierno un reparto justo y
sobre todo que trabaje por el futuro del sector si los informes científicos lo amparan.
Las almadrabas van a colaborar con el Instituto Español de Oceanografía en el seguimiento científico de la especie y van a tener por esta vía una fuente de
ayuda y, en el peor de los casos, parece que se salvarían como pesca artesanal. Nuestra idea es que se apueste también por la continuidad del conjunto de las flotas que capturan atún rojo y que se refuerce el seguimiento -es el punto tercero de la
proposición- y control de la reducción de cuotas para evitar que la sobreexplotación de unos pocos ponga en peligro la subsistencia de comunidades que llevan generaciones viviendo de esta pesquería.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, la número 4, señor García Díez, nos parece una propuesta razonable que podría estudiarse, pero hoy no. Al venir como enmienda, no tuvimos ocasión de entrar en contacto con una parte implicada, que
es el Instituto Español de Oceanografía, y por eso hoy escapa a nuestras competencias. No tuvimos tiempo de estudiarla.
Seguro que una PNL sobre el tema tendría nuestro apoyo. En cuanto a la número 5, pensamos que no se puede hablar de zonas de
subsistencia dentro del Estado español. Nos parece poco creíble. Respecto de la 6 que nos presentan, señor García Díez, ya está recogida. Dentro del Iccat existe el DCR, que es un documento estadístico del atún rojo que recoge todas las normas
del comercio internacional; es decir, el DCR es lo que piden ustedes, pero ya existe. Nosotros podríamos llegar a un acuerdo en la propuesta que presentan ustedes si retiraran la condición de que España, presidente en marzo del Consejo de la Unión
Europea en turno rotatorio, se descuelgue de la Comunidad y vaya por libre. Si ustedes retiran esa condición, nosotros podríamos consensuar su propuesta. Quería matizarle que intentar llegar a un acuerdo unánime sobre la problemática del atún rojo
sería bueno no para el Grupo Socialista ni para Convergència i Unió, sino para el interés del sector.
Para terminar, daré algunos datos. En noviembre de 2006 -no 2003, 2002 ó 2001- se aprueba un Plan de recuperación del atún rojo, en el que se incrementan talla mínima, vedas y cuotas. En 2008 se hace el acuerdo más restrictivo, en 2009 más
restrictivo, y España cumple siempre. El consejo científico del Iccat es el que debe resolver este asunto y el Gobierno está trabajando con los países más interesados en el tema, que no todos están en la Unión Europea. Sabemos que Japón, Canadá,
Estados Unidos y Brasil están en contra del acuerdo Cites. España está trabajando por este tema y creemos que es bueno que se siga trabajando porque, ante una
situación complicada pero no perdida, deberíamos trabajar todos. Por ello, pedimos apoyo para esta propuesta, que no es del Grupo Socialista, sino que es una propuesta en la que intentamos recoger el sentir de la Cámara, aunque un grupo
puede intentar automarginarse, pero le pediríamos que, estando de acuerdo con el espíritu de lo que defendemos, que nos critique si quiere, pero que se sume al acuerdo final.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Saben SS.SS. que yo no soy precisamente una experta en este tema de pesca sino el portavoz de nuestro grupo parlamentario mi compañero el señor Jané, así que hoy voy a defender esta propuesta aun siendo de una
comarca de interior dando primero -porque para mi entendimiento y conocimiento creo que es importante- unos pequeños antecedentes sobre la pesca del atún. Desde luego, que conste que defiendo esta proposición no de ley con muchísimas ganas y
muchísimo interés porque afecta de una manera muy intensa y específicamente a una parte de Cataluña, la zona de la L'Ametlla, a la que se podría perjudicar muchísimo según qué decisiones se tomaran respecto al atún rojo.
El atún rojo es una especie -ya lo saben SS.SS., pero yo como novata me lo quiero autorrecordar- que actualmente se pesca bajo restricciones, con una cuota determinada que no se puede sobrepasar. En el Estado español se cumple de manera
estricta las restricciones establecidas por la captura del atún rojo. En las costas españolas se utilizan distintas modalidades de pesca: el cerco, del Mediterráneo, que es la técnica utilizada principalmente en Cataluña; las almadrabas, como
técnica utilizada en Andalucía; el cebo vivo, en el Cantábrico; la caña y línea de mano, del Estrecho; y la palangre y la línea de mano. Creemos que España debería defender ante la Unión Europea todas las modalidades que afecten a la pesca del
atún rojo. La estrategia comunitaria para hacer frente a las reducciones de cuota también deben incluir todas las modalidades de pesca autorizadas. En este sentido, lamentamos tener que decir a veces que no es la primera vez que el Gobierno solo
ha defendido las almadrabas, obviando el resto de modalidades de pesca del atún rojo. Hace pocos días el Gobierno se planteó fijar esa moratoria de tres años a la pesca del cerco, que se practica, como he dicho, mayoritariamente en Cataluña, y
defender solamente la de las almadrabas. Por eso nuestro interés, porque además sabemos que España, como he dicho, como modelo de gestión pesquera en lo que respecta al atún rojo, no puede ni debe asumir propuestas de otros países como Francia e
Italia, que mantienen posiciones tendentes a esta inclusión del atún rojo en el apéndice I del Cites por la insostenible situación de su flota pesquera. Nosotros, repito, no podemos permitir en España que la flota española sea víctima de la mala
gestión de estos otros Estados. España tiene la legitimidad que le da el haber gestionado bien su flota y debe exigir por ello que se haga justicia sin discriminar entre toda su flota ni entre las artes ni entre los sectores.
No existe ningún
criterio científico, señorías, ni biológico ni técnico, que pueda justificar que el arte del cerco sea menos sostenible que otros. En cambio, podemos encontrar muchos argumentos que implican que el cerco presenta buenos aspectos en términos de
sostenibilidad, como la ausencia de capturas accidentales y accesorias, la ausencia de capturas de inmaduros y permite la reproducción completa de los ejemplares en el año de su captura. También a nivel socioeconómico se pueden encontrar muchos
argumentos a favor de esto, como la existencia de puestos de trabajo a tiempo completo y el mayor valor añadido de su producto. En definitiva, una actividad pesquera que genera un saldo positivo a favor de las arcas del Estado. Además, creemos que
todos esos argumentos no deben servir para buscar una descalificación de otras artes, sino que solamente deben servir para fundamentar y exigir el debido y merecido respeto para la actividad de la pesca de cerco del atún rojo en el Mediterráneo.
Dependen de ello centenares de puestos de trabajo en Cataluña -ya lo he dicho-, en la zona de L'Ametlla, de una manera especial. Son puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta y valorados como los otros puestos de trabajo que genera la
pesca del atún en las otras comunidades de España. El 20 por ciento de los puestos de trabajo de la pesca extractiva en Cataluña son con pesca de cerco.
Por estos motivos hemos presentado ya una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista, enmienda que hemos pactado, como ha dicho muy bien el diputado portavoz del Grupo Socialista. Por lo tanto, hemos llegado también a un
acuerdo, aceptando nosotros la enmienda que ellos nos han presentado a nuestra propia proposición no de ley. Nuestra enmienda de sustitución a la del Grupo Socialista dice en el primer punto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
impulsar ante el Consejo y la Comisión Europea la elaboración de una estrategia comunitaria a medio plazo que permita hacer frente a la flota europea -y aquí las contamos todas: flota de cerco del Mediterráneo, flota de cebo vivo del Cantábrico,
flota de cañas y líneas de mano del Estrecho, flota de palangre y línea de mano y, además, a las almadrabas- a las reducciones de cuota de atún rojo establecidas en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, Iccat. Además,
en el segundo punto instamos al Gobierno a defender ante el Consejo de Ministros de Pesca y la Comisión Europea todas las modalidades de atún rojo y a esperar la nueva evaluación solicitada por el Iccat al comité científico de su organización sobre
el seguimiento de esta especie antes de tomar medidas más restrictivas, como sería la de incluir la misma en el apéndice I de Cites. Señorías, ya lo hemos repetido antes, es muy importante la defensa de todas estas modalidades de pesca. La
modalidad del cerco para Cataluña es vital; centenares de familias, centenares
de puestos de trabajo dependen de ello. Es por ello que les pido a SS.SS.
de todos los grupos parlamentarios que respalden estas proposiciones no de ley.
La señora PRESIDENTA: Como se han presentado a las dos proposiciones no de ley diversas enmiendas, empezamos, en el orden que procede, por la enmienda del Grupo Popular, que defiende el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Creo que a estas alturas de la Comisión, como dijo el portavoz socialista, tratándose de lo que se trata me preocupa mucho menos, aunque siempre es deseable, que los textos se aprueben por consenso y por unanimidad que
el hecho de que el Gobierno ejerza toda la fuerza y todo el poder que tiene -máxime con la Presidencia española- para salvar al sector que vive del atún rojo. Eso no quita que nosotros no hagamos el máximo esfuerzo; de ahí que hayamos presentado
enmiendas que hayamos tratado de conservar, aunque por algunos motivos hasta el momento eso no se haya conseguido. En esas enmiendas existe la intención de dejarnos de ambigüedades o de cubrir ese vacío de propuestas concretas que hemos visto en la
proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, pero no puedo perder el tiempo ahora en analizar esa proposición ni tan siquiera en hablar de esas enmiendas. Han hablado de textos consensuados, que son los que probablemente acabemos
sometiendo a votación en alguna de las dos proposiciones no de ley presentadas.
Fíjense, señorías, en uno de esos textos se dice: defender ante el Consejo de Ministros de Pesca y la Comisión Europea... Esta es la primera matización que quiero
hacer: la Comisión Europea ya se ha celebrado, por lo tanto, malamente se puede defender. La Comisión Europea ya se ha pronunciado y la ministra Espinosa ya ha hecho suyo el dictamen de esa Comisión con unas palabras muy concretas. La ministra
Espinosa aseguró que la propuesta de la Comisión encaja con la postura española. Luego, si tengo tiempo les matizaré algo más. Ya anunció la posición que va a tener España en el Consejo de Ministros de Pesca del próximo 15 de marzo a favor de la
inclusión en Cites con los condicionantes a los que ha hecho mención de alguna manera el portavoz socialista. Termina diciendo esa parte de la enmienda que estoy leyendo:... esperar la nueva evaluación solicitada por el Iccat al comité científico
de su organización sobre el seguimiento de esta especie antes de tomar medidas más restrictivas como sería la de incluir a la misma en el apéndice I de Cites. Quiero ser muy claro; no puedo hablar más alto porque no me hace falta, tengo un
micrófono. Probablemente podría hablar más claro pero voy a intentar hablar muy claro. Esto es como no decir nada; no nos engañemos a nosotros mismos, es exactamente igual que no decir nada porque, señorías, ese informe científico al que están
haciendo mención aquí y al que se refieren diciendo: esperemos a ver qué dice ese informe científico, se va a conocer en noviembre de 2010 -usted mismo lo ha dicho, señor Díaz-, en cambio Cites va a tomar una decisión en marzo de 2010. Yo les
aseguro una cosa, si Cites en marzo de 2010 incluye en el apéndice I al atún rojo como especie a la que hay que proteger y cuya comercialización hay que prohibir, ya puede decir lo que quiera usted y lo que quiera Iccat en noviembre de 2010 que no
se retira de la lista de Cites al atún rojo.
Vamos a ser muy claros -y díganme si me equivoco SS.SS. aquí presentes, portavoces o no de Pesca, entiendan o no del tema, todos podemos preguntar-, no conozco ni un solo caso de las listas de
numerosísimas especies declaradas en peligro de extinción y por lo tanto incluidas en alguno de los apéndices de Cites que una vez incluidas en uno de estos apéndices haya sido posteriormente excluida. No hay ninguna. Se lo digo sinceramente, me
da pavor que en marzo se incluya al atún rojo dentro del apéndice I de Cites, porque probablemente no vuelva a salir nunca más de ese apéndice. Sería el primer caso y no acabo de encontrar ninguna razón que argumente salir.
Ahora bien, señor Díaz, parece que les da miedo la palabra que proponemos en nuestra enmienda cuando hablamos de que España puede actuar en Cites.
Por favor, separe que sea España como país a que sea España como Presidencia de la Unión
Europea, porque no le voy poner otros ejemplos, pero estoy convencido de que otros países europeos presidiendo la Unión Europea sí sabrían distinguir perfectamente a la hora de defender los intereses en este caso del sector pesquero, pero si quiere
no los separe.
Esto lo hablaba antes con una de sus compañeras y le voy a leer textualmente el artículo de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres al que puede acogerse, el artículo 23,
reservas; si quiere cambiamos el nombre en la enmienda y en vez de objeción ponemos reservas, que es la palabra que utiliza la convención; me parece que CiU ponía veto, pero eso es diferente; pongamos reservas si esto facilita el acuerdo. Dice:
La presente convención no estará sujeta a reservas generales; únicamente se podrán formular reservas específicas de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 15 y 16. ¿Y qué dice el presente artículo en su apartado 3?
Hasta que una parte en la presente convención retire la reserva formulada, de conformidad con las disposiciones del presente artículo, este Estado será considerado como Estado no parte en la presente convención respecto del comercio en la especie,
parte o derivado específico en dicha reserva. Sé que esto es muy técnico y muy jurídico, y yo no soy ni técnico, ni letrado, pero les puedo asegurar que puedo asesorarme y entender lo que aquí se está diciendo. Y puedo decirles más, sin citar el
nombre del país, pero va a haber países que en Cites se van a acoger a este artículo para no prohibir la comercialización del atún rojo en su país; y si no, el 15 de marzo lo volvemos a hablar tomando un café. Esto es así. Por tanto, el Gobierno
español sí puede, si quiere -y ese es el condicionante que proponíamos-, hacer valer una reserva en la cual le diga a Cites: no incluimos en el apéndice I el atún rojo hasta conocer el
informe científico del Iccat en noviembre de 2010. Pero no al revés, no caigan en la trampa de incluirlo en Cites, porque después ya no lo sacan de Cites. Esto lo quiero decir muy claro y perdónenme si puedo parecer un poco agresivo en mi
exposición, no quiero ofender a nadie, solo quiero dejarlo muy claro porque nos estamos jugando mucho en este tema.
También les digo más. No se han dado ninguna de las condiciones que se deben dar en las valoraciones de cualquier especie para incluirla dentro de las especies en peligro de extinción. Les digo las tres que se deben dar. La máxima
autoridad científica sobre el atún rojo -la hemos citado en esta proposición no de ley, que es el Iccat, el comité científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico- concluyó en octubre -lo ha dicho usted señor Díaz- de
2009 que no se cumple ninguno de los tres criterios de inclusión de la especie en el apéndice I de Cites, pero es que a mayor abundamiento, el Comité consultivo técnico y económico de la pesca de la Unión Europea en noviembre determinó que el atún
rojo no está en peligro de extinción.
Además, el panel de expertos de la FAO no se ha puesto de acuerdo sobre dicha propuesta. No sé por qué caemos todos en la trampa -no sé haciéndole el juego a quien, pero haciendo mucho daño sí sé a quienes- de
llevar esta propuesta en estos términos y no utilizar llámele usted la reserva, la objeción, el veto o como lo quiera definir -desde luego yo he usado y le he leído lo que dice el Reglamento de Cites, y las llama reservas; y le he citado el
artículo puntualmente-, y entonces empezaremos a creer que hay una verdadera voluntad por parte del Gobierno de tratar de no caer en este juego.
Voy terminando, señora presidenta. La pesquería del atún rojo, y ya lo hemos dicho, es algo que afecta muy seriamente a miles de familias de una y otra comunidad autónoma. Estoy de acuerdo en que este no es un planteamiento de colores, es
un planteamiento nacional. Hay que dejar claro que esta especie está sometida a un plan de recuperación -lo ha citado el señor Díaz-, pero es que otras especies están sometidas a planes de recuperación: la merluza del norte, la merluza del sur, el
pez espada del norte, la cigala, el bocarte o anchoa; todos están sometido a planes de recuperación. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que cuando se han recuperado biomasas se les ha aumentado la cuota. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el atún rojo?
De momento estamos disminuyéndole la cuota para que se recupere, ¿verdad? Pues no metamos esto en esa puerta, en esa habitación oscura de la cual va a ser muy difícil salir. Hagamos lo mismo, respetemos estos temas de Iccat, no le hagamos el juego
a nadie y vayamos a Cites con este tema. Insisto mucho en esa cuestión y no voy a repetirla más. Porque les digo más, y no quiero faltar al respeto a ningún miembro de los que están sentados en Cites, pero en Cites no saben de pesca artesanal, ni
saben de arrastre, saben de que les proponen incluir una especie en peligro de extinción y toman nota. En el Iccat sí saben, y si precisamente han puesto un plan de recuperación es para que no se llegue a esa situación de agotamiento de esta
pesquería.
Les decía que la señora ministra hizo suya la propuesta de la Comisión y dijo que el Iccat velará al máximo nivel por el plan de recuperación en marcha y que se espere a conocer los informes científicos para saber si han cumplido los
objetivos de ese programa. Y solo si se cumple que no se han alcanzado Espinosa es partidaria de poner en marcha los instrumentos para impedir su comercio internacional. Que no es así. Después ya no tiene marcha atrás; si la ministra Espinosa
quiere impedir esto, que lo haga ahora, en el momento de ir a Iccat haciendo esta reserva. No se lo puedo decir más claro, salgan de ahí, que es un sitio peligroso. No me gustaría que el primer logro de la Presidencia española en la Unión Europea
fuera meter en Cites a la especie protegida del atún rojo y prohibir su comercialización. Yo creo que eso sería tremendo. Y no se preocupe, señor Díaz, de si hacemos mucho o poco ruido; yo no sé si es mejor ir de Llanero Solitario o no enterarse
de qué va la película, no sé qué es peor. Yo les digo sinceramente que en este momento no estamos aquí por enredar ni por alcanzar o no alcanzar consensos; a mí me da igual, como si sale toda la votación a su favor, pero lo que no me da igual es
cómo va a defender España este tema el día 15 de marzo en Cites. Hay mucha diferencia entre llegar allí y decir: vengo con esta reserva y no admito que se meta en Cites hasta que se demuestre por el Iccat que esta especie está en peligro de
extinción -según los informes científicos-, que llegar y decir: métanla ustedes, que si en noviembre el informe del Iccat nos da la razón ya la sacaremos. Perdonen por mi vehemencia al exponerlo.
La señora PRESIDENTA: Señora Tarruella, como enmendante tendría derecho a su turno de defensa de la enmienda, ¿lo va a utilizar? (Denegación.)
A continuación, también por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Estamos hablando de atún y se nos achacaba que el Partido Popular daba por hecho que ya estábamos en Cites. No lo damos por hecho, porque afortunadamente todavía no hemos llegado a Cites, pero sí hemos dicho que
todos los pasos que se han ido dando nos conducen a Cites. El Parlamento Europeo se posicionó a favor, la Comisión Europea se ha posicionado a favor, el comisario de Medio Ambiente también lo ha hecho públicamente, la nueva comisaria de Pesca se ha
pronunciado a favor y también Francia e Italia. Nos queda la última oportunidad, la postura de los Estados miembros, y España debe tratar de que sea contraria a entrar en Cites por las razones que se han dado. Señores, no sean tan incautos de
pretender que en Cites se entre y se salga porque así se decida de un momento a otro. No hay una sola especie que haya entrado en Cites y que haya sido capaz de salir, eso es una evidencia. No pensemos que eso va a ocurrir
así; no pensemos que después se va a salvar la flota artesanal, ¿quién lo está diciendo?; ni la del cerco ni la otra. Aquí debemos defender el atún, el atún rojo español, el de todas las regiones, y todo lo que no sea eso es querer lavar
o salvar la cara del Gobierno, que hasta ahora habrá tenido toda la buena fe del mundo -no se lo discuto-, pero efectividad, cero. Hasta ahora lo ha perdido todo. La diferencia importantísima de postura, y por eso no hemos llegado a un acuerdo,
entre el PSOE y PP es la siguiente: ustedes piensan que si en el último paso de la postura de los Estados miembros se decidiera pedir el ingreso en Cites, España no tendría más remedio que aceptarlo. Nosotros decimos que no, que si eso llegara,
España debería alinearse -que lo puede hacer- con países como Japón -como usted ha citado-, Canadá o Estados Unidos y ejercer esa acción de reserva, veto, bloqueo o lo que sea -como se llame técnicamente-, que es lo que le va a permitir no estar
sujeto a las normas Cites y poder continuar con la actividad, que es de lo que se trata.
Decía también el señor don Ceferino Díaz que era un pequeño inconveniente que no se pudiera exportar a Japón. (El señor Díaz Díaz: Entre comillas.) El pequeño inconveniente es que Japón se lleva el 80 por ciento de la pesca del atún
español, y si no se pudiera exportar, no sería un pequeño inconveniente, sería un grave inconveniente; tan grave que puede ocurrir que aunque se pudiera pescar intracomunitariamente dentro de los países de la Unión Europea, la trasposición del
Reglamento Cites a la Unión Europea en su artículo 8 no permite esa comercialización; habría que modificarlo. Pero es que, además, si no se va a Japón, donde se paga un precio extraordinario, y hay un exceso de oferta en el mercado nacional,
valdrá céntimos el kilo de atún y no será rentable su pesca porque no alcanzará un precio razonable. Entonces se perderá también la pesquería de esa manera. Aquí hay que evitar Cites sí o sí. No salvamos la cara al Gobierno, nosotros apoyamos al
Gobierno. Por cierto, el Gobierno francés y el Gobierno italiano se han posicionado, han señalado su postura, pero al español no le hemos oído ni pío. Lo que digan los demás, dice. ¡Cómo lo que digan los demás, si somos la primera potencia
europea en pesca de atún! Tendremos algo que decir. Por favor, no nos digan que somos además los culpables de no haber consensuado porque el interés que tenemos es total.
Estamos de acuerdo con la postura de CiU. No hay que defender una determinada modalidad de pesca, estamos defendiendo a todo el atún.
Defendemos el cebo vivo del Cantábrico que pescan en el País Vasco, el cerco que pescan en Cataluña, las
jaulas de engorde de Murcia o de Cartagena, en Baleares y en Canarias la pesca de atún artesanal y en Andalucía la pesca artesanal y la pesca de almadraba. Defendemos todo el atún. El enemigo es Cites, además, lo hacen en Mónaco que ni pesca atún
ni comercializa ni nada, pero tiene ciertos intereses por estudios de empresas allí instaladas que pueden vivir del atún mientras analizan cuál es su estado mientras está en Cites. Viven del atún y resulta que España no puede vivir del atún.
¡Hasta ahí podíamos llegar a hacerles el juego! O algunas ONG, como las llama el señor Díaz, o asociaciones ecologistas, no todas, que, a falta de argumentos científicos, contratan a gente de la farándula para que venda al pueblo que es bueno que
entremos en Cites. No es bueno que entremos en Cites. Es el enemigo público número uno del sector pesquero, porque, además, se abre un portillo, se abre una puerta cuando los ecologistas digan: el tiburón, para adentro, el bacalao, para adentro,
cualquier especie. Nos quedamos sin pesca extractiva porque los señores ecologistas tienen un corazón verde y sin ningún argumento científico ni haberse pronunciado ningún organismo internacional con capacidad para ello, dicen que el atún está en
condiciones de entrar en Cites. En aras de este consenso que ustedes no han querido tener con nosotros, nosotros si lo queremos tener con CiU y vamos a apoyar esta propuesta. Lamentamos no haber llegado a un acuerdo. Lo lamento también por la
portavoz socialista que sé que lo ha intentado al máximo, ya que somos los dos de la misma provincia, de Cádiz, y luchamos por el atún. No ha podido ser, pero no por culpa nuestra. Además, se ha dado el argumento de que desde el Gobierno se decía
que no existía ese derecho. Pues aquí se ha podido ver que sí existe ese derecho y que España lo puede utilizar. Y digo una cosa, el Partido Popular va a exigir que, si llegado el momento, la postura de los países europeos es contraria a Cites,
España utilice ese argumento para defender el atún.
La señora PRESIDENTA: La última enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. La defiende la señora Lizarraga.
La señora LIZARRAGA GISBERT: Antes que nada, querría aclarar que me pasa como a la diputada de Convergència i Unió, que no soy técnica en pesca, pero he intentado esforzarme y entender lo que se ha explicado esta tarde. Estoy un poco
sorprendida porque el Partido Popular da por sentado que estamos en Cites, que si entramos en Cites no saldremos. Estamos todos de acuerdo en esto y estamos trabajando todos para no entrar en Cites. No sé si ustedes son pájaros de mal agüero y lo
que quieren es entrar para demostrar lo mal que lo estamos haciendo, pero no entrar en Cites es lo que queremos todos. Es cierto que la Comisión Europea está apoyando prohibir la exportación del atún. El día 22 de febrero apoya la prohibición,
pero -un pero muy importante- pone tres condiciones. Una de las condiciones es que en ningún caso sea antes de la reunión del Iccat, en noviembre de este año. No me venga usted con que en abril o en marzo ya lo vamos a perder todo cuando la
Comisión pone una condición, que es que en ningún caso sea antes de la reunión del Iccat en noviembre de este año. Otra condición: que se tengan en cuenta los estudios sobre las medidas adoptadas hasta la fecha. ¿O es que todo esto es papel
mojado? ¿O es que esto no valdrá para nada? ¿Lo sabe usted? Pues pásenos la bola,
pásenos usted la bola de cristal porque nosotros no la tenemos. Yo también quiero pensar que nuestros representantes y sus representantes en Europa están trabajando; todos tenemos representantes en Europa. Y la tercera condición, que
supongo que también la sabe, es que se preserve la pesca artesanal. Yo estoy convencida de que España está haciendo los deberes, de que está haciendo su trabajo. Yo soy de les Terres de l'Ebre y conozco L'Ametlla de Mar. Usted naturalmente conoce
Cádiz, conoce lo que se está trabajando en las almadrabas, pero en L'Ametlla estamos haciendo un trabajo de conservación del atún rojo, los estamos pescando vivos, los estamos engordando, sin estar por debajo de un peso mínimo. ¿Todo esto no lo van
a tener en cuenta? ¿Ya sabe usted que todo eso no lo vamos a tener en cuenta? Pues juguemos a las quinielas si tenemos tanta certeza de todo lo que va a pasar. Juguemos a las quinielas porque, ¿para qué estamos? ¿Para qué están nuestros
compañeros en todos los sitios? No seamos pájaros de mal agüero, hombre. Esto es igual que poner en boca de la ministra, como ha hecho el diputado señor García Díez, que la ministra estaba de acuerdo. No, eso no lo dijo la ministra, ¿o es que no
sabemos leer lo que dijo la ministra? La ministra dijo que la postura de Europa coincidía en cosas con la postura española porque nosotros estamos por defender el atún, no por una pesca abrasiva y una pesca desmesurada.
Porque del atún vive un
montón de gente, un montón de familias. En mi Cataluña, en la Cataluña de la señora Surroca y en su Cádiz también, y eso lo vamos a defender, que es lo que tiene que hacer un gobierno.
No explico la enmienda que presentamos porque la señora Surroca ya la ha explicado y me sorprende que usted vote a favor de la enmienda de la señora Surroca (La señora Tarruella Tomàs: Tarruella.) y no vote a favor de la PNL que presenta el
Grupo Socialista si tiene la misma enmienda, ¿o es que depende de qué siglas la presenta? Eso no lo acabo de entender, pero bueno, deber ser que como yo no soy experta en pesca no estoy capacitada.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Mucho y largo podríamos hablar sobre el tema del atún rojo, entre otras cosas, porque no es la primera vez que se aborda, señal de que es un tema que interesa. Evidentemente mi grupo no ha presentado ninguna
enmienda a ninguna de las proposiciones no de ley que se han debatido hoy; por lo tanto tengo un tiempo limitado y seré lo más conciso y breve posible.
Estamos ante un debate en el que a veces me parece que confluyen muchos intereses políticos, que a veces supera el verdadero interés del sector.
Mi grupo desde un principio defendió, ha defendido y defenderá a la flota artesanal de atún
rojo, la flota que pesca con diferentes artes. No voy a negar que procediendo de donde procedo siempre haré una gran defensa de que la flota de cebo vivo del Cantábrico pueda seguir pescando atún rojo como lo ha hecho otras veces. Por supuesto y
en solidaridad con cualquier otra flota artesanal, no vamos a reiterar aquí cuestiones que ya son de principio, como pueda ser la almadraba o la de cerco, de la que tanto se ha dicho. De todas formas, en relación con el atún rojo -cuya situación
tan bien y tan efusivamente se ha explicado por medio de diferentes portavoces y no la voy a reiterar-, como especie protegida que es en estos momentos, tenemos que decidir qué queremos hacer. Hay una cuestión que es muy importante: si no me
equivoco -y si no, que me corrija alguien- se reduce su pesca un 40 por ciento a partir del año que viene en la zona Iccat, y ese descenso del 40 por ciento supone a su vez que hay menos que repartir entre todos. A mí me preocupa mucho la segunda
parte, cómo se reparte esa cuota una vez que el Estado español asume la cantidad que le corresponde porque entonces el Gobierno español tiene la capacitación y la obligación de repartir esas cuotas. Creo que hasta ahora no se ha hecho bien. Hasta
ahora se ha hecho un reparto no justo y lo hemos denunciado tanto en esta Comisión como en la Cámara por medio de preguntas, etcétera. Nos hemos quejado siempre de que el reparto nunca se ha correspondido con los niveles tanto de capturas como de
personal implicado, repercusión social, etcétera, y algunos han salido siempre perjudicados. Aquí vuelvo a defender la flota de cebo vivo del Cantábrico.
Llegados a la situación a la que hemos llegado, me da muchísima pena que no se haya podido llegar a un acuerdo porque personalmente -y lo digo sin ningún problema-, estando de acuerdo con los planteamientos que hace el señor Díez en cuanto a
defensa del sector, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que hace el otro señor Díaz en este caso, (El señor García Díez: Yo Díez, él Díaz.) Los señores Díez y Díaz, perdón, el otro representante también gallego, pero en este caso del
Partido Popular. Y estoy de acuerdo con que la enmienda que el Grupo Popular propone fuera incorporada al texto final. Parece ser que no va a ser así.
No va a ser así y es una pena, pero no quiero que mi planteamiento pueda quedar fuera y
prefiero que de alguna manera nuestra posición quede reflejada a la hora de votar, por lo que votaremos a favor tanto de la propuesta del Grupo Socialista como de la de Convergència i Unió. Si hubiera sido incluida, si el Grupo Socialista hubiera
aceptado la enmienda del Grupo Popular, también hubiéramos votado favorablemente. Por tanto, estoy de acuerdo con el discurso que el Grupo Popular ha hecho en este tema. En este sentido, nuestro apoyo a esta proposición no es óbice para considerar
que el Gobierno español está mostrando bastante debilidad en esta cuestión y me parece que tiene una especie de complejo de presidencia europea. Lo del complejo de presidencia europea es por ser presidente de la Unión Europea de turno, cosa que no
tiene que ver exactamente con que se tenga que estar por encima del bien y del mal.
La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, vaya finalizando que está agotando sus cinco minutos.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Como no se tiene que estar por encima del bien y del mal, por mucho que sea presidente de la Unión Europea hay que mojarse y creo que el Gobierno español en este tema se tiene que mojar más de lo que se está
mojando ahora. Ha sido muy importante la inclusión y la aceptación de las enmiendas de Convergència i Unió en el texto, que lo han mejorado. Han incluido a todas las flotas artesanales y, en consecuencia, mi grupo votará a favor.
La señora PRESIDENTA: Para que los proponentes se puedan pronunciar sobre las enmiendas, señor Díaz Díaz, tiene treinta segundos.
El señor DÍAZ DÍAZ: El texto de votación final es la enmienda presentada por Convergència i Unió y el punto tres de nuestra propuesta inicial. Son la enmienda y el punto tres lo que se somete a votación. (El señor Canet i Coma pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: En fijación de posición tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Hemos visto el interés que ha despertado el atún rojo. Todos hemos tenido nuestra preocupación y se la hemos hecho llegar por diferentes vías a quien nos ha de representar, que es la ministra, que nos tranquilizó,
pero solo de una forma relativa. Estoy hablando en nombre de un grupo parlamentario, pero seguramente en ese grupo tendríamos sensibilidades distintas. Si estuviese aquí sentado el señor Herrera seguramente tendría otro discurso diferente del que
voy a hacer yo, aunque no será un discurso, sino tres o cuatro precisiones a lo que se ha dicho. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que el problema afecta a diferentes flotas del Estado español, pero por la procedencia geográfica, como han
comentado algunos portavoces, me interesa especialmente por los pescadores de L'Ametlla y por la flota de cerco, que creemos que sí que han hecho los deberes, como en general en el conjunto del Estado español. Ser considerados culpables del
problema del que a veces parece que se acusa a los pescadores del Estado español nos parece que no procede.
El contexto es complicado y además las palabras a veces nos hacen caer en determinadas trampas. Al ver la proposición no de ley de Convergència i Unió me pareció muy coherente, por lo que rápidamente pensamos que deberíamos darle apoyo;
incluso las reservas del Partido Popular también nos parece una estrategia bastante coherente. Francamente me asusté un poco al leer una parte del contenido de la proposición no de ley del Grupo Socialista porque, aunque ahora el discurso ha sido
uno, el que estaba escrito era otro absolutamente distinto. Se solicitaba un trato diferenciado para las almadrabas. Nos guste o no, se está señalando una zona muy concreta. Insisto, agradezco el cambio de discurso que hemos escuchado hoy, pero
lo que estaba escrito el día 4 de diciembre, hace muy poco, era otra cosa muy distinta. Quisiera preguntar que, si solo se defendía la almadraba, ¿qué estábamos defendiendo? ¿Pesca artesanal? Yo solo quiero recordar lo que la FAO, en el proyecto
denominado Copemed, matiza por pesca artesanal. Dice que se incluyen todos los métodos, excepto aquellos otros que se aplican cuando se utilizan las siguiente artes, y leo textualmente: Artes que tengan como objetivo grandes especies migratorias:
Redes de cerco, palangre, redes de deriva, almadrabas, cañas para túnidos, curricanes, etcétera. Nos da la sensación que la PNL del Partido Socialista tenía un sesgo bastante determinado.
Por tercera y última vez agradezco el cambio de posición en
la transacción que han pactado con Convergència i Unió. Por tanto, estamos de acuerdo en votar la enmienda transaccional. Nos parecen bien las apreciaciones del Partido Popular, ya que cualquier medio que consiga el objetivo nos parece correcto, y
por tanto votaremos a favor de ambas propuestas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Tarruella para posicionarse sobre las enmiendas.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Pensaba que, al acumularlas, tendríamos un solo turno y por eso en mi primera intervención había defendido las enmiendas que habíamos pactado con el Partido Socialista y también mi proposición no de ley. El texto
es el que he leído antes, en mi primera exposición, pactado con el Partido Socialista.
Quiero volver a recordar que ante la alarma generada se hace imprescindible el compromiso del Gobierno español para defender en el ámbito de la Unión Europea todas las modalidades permitidas de pesca y captura del atún rojo. Creo que es
bueno que hoy aquí...
La señora PRESIDENTA: Señora Tarruella. No podemos reabrir el debate.
- RELATIVA AL IVA COMPENSATORIO DE LOS SECTORES AGRARIO Y GANADERO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) (Número de expediente 161/001496.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, la que aparece en el punto séptimo del orden del día, relativa al IVA compensatorio de los sectores agrarios y ganaderos, presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco. Para su defensa tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Casi todas las iniciativas que tratamos en esta Comisión normalmente suelen empezar con: La situación de crisis del sector implica que... Sean del sector ganadero, del hortofrutícola,
de silvicultura, todas empiezan así y desgraciadamente la mía de hoy también tiene que empezar así y nadie va a levantar la mano diciendo: Usted no tiene razón. Creo que todos coincidimos en ello. A la situación de crisis del sector creo
que se le ha sumado otra crisis. El sector primario -y vamos a centrarnos en este caso en el sector agrícola y ganadero- padecía ya una crisis estructural, que por diferentes motivos hoy no vamos a analizar porque creo que muchas veces lo hemos
comentado, y se le ha añadido una crisis coyuntural o ajena. Al decir coyuntural no quiero decir que sea pasajera, pero sí una crisis ajena que, de alguna manera u otra, ha incidido también en el sector agrícola. Por tanto, una situación
doblemente crítica. Como decía ayer en el Pleno tratando un tema parecido a este, es como si una ola te hunde y cuando sacas la cabeza viene una mayor y es muy difícil respirar. Consecuencia de ello, no sé si derivado directamente o por la suma de
las dos crisis, en estos momentos en Euskadi se ha reducido casi un 20 por ciento la renta agraria. Supongo que otros lugares será parecido y en otros mayor. Ante esta situación hay que buscar medidas que puedan compensarla.
Verdaderamente, se
tienen pocas herramientas para que el sector sea competitivo. Aquí hemos tratado muchas veces cuáles pueden ser las mejores medidas, qué es lo que debemos hacer, pero es muy complicado buscar herramientas no solamente para que el sector salga de la
crisis, sino para que el sector sea competitivo. Porque no podemos asumir toda la vida, in aeternum, que la misericordia, la piedad y una especie de solidaridad con el hermano pobre serán suficientes para que el sector subsista, porque las cosas
que subsisten acaban muriendo. Las cosas tienen que vivir y vivir cuanto mejor, mejor. Por tanto, es fundamental que el sector se convierta en competitivo.
En consecuencia, para que el sector sea competitivo es nuestra obligación presentar alternativas para coadyuvar, para ayudar, para compensar esa situación. Esas alternativas, esas medidas pueden ser estructurales, pueden ser políticas y
también fiscales, que de alguna manera son también medidas políticas. Hoy vamos a hablar de estas. Por tanto, otro día vendrá otra propuesta con otro tipo de ayudas, con otro tipo de medidas.
Yo quería incidir en unas medidas fiscales, que parten
de lo que consideramos nosotros que es una injusticia. No estoy diciendo que se haya hecho con mala intención, pero la realidad ha sido esa, la realidad es que el IVA compensatorio de los agricultores y el de los ganaderos no era igual.
Este año el Gobierno central ha recogido en el proyecto de ley de presupuestos generales en el apartado de Economía y Hacienda, un incremento del IVA compensatorio del 9 al 10 para los agricultores y del 7,5 al 8,5 para los ganaderos. Nos
da la sensación de que el Ejecutivo central pretende compensar con este movimiento el previsible perjuicio generado por la subida del IVA que los agricultores soportan cuando van a comprar sus inputs, es decir, cuando van a adquirir gasoil,
fertilizantes, plásticos, elementos fitosanitarios, medicamentos, etcétera, porque son muchas las cosas que los agricultores tienen que adquirir para que sus cosechas salgan adelante. Parece ser que el perjuicio generado por la subida del IVA
general que los agricultores soportan cada vez que van a comprar sus inputs, se suple con una subida de un punto en el IVA compensatorio de los productos agroganaderos.
Creemos que no hay motivo para que haya esta diferencia. Se podrá decir:
Hemos subido. Efectivamente, y está bien que se haya subido del 7,5 al 8,5 y en el caso agrario del 9 al 10, pero creemos que no hay motivos. Es más, no es que el Partido Nacionalista Vasco, porque se le ocurre y por capricho, porque nos apetece,
traiga a esta Comisión la pregunta de que se suba al 10 por ciento. No, es una reivindicación que el sector venía haciendo desde hace mucho tiempo. Considerábamos que no existía motivo alguno para que los ganaderos estuvieran en desventaja en este
sentido.
Creemos que el Ejecutivo central hasta ahora ha desoído las reivindicaciones de los profesionales agrarios y consideramos que no hay justificación que ampare la diferencia entre el IVA compensatorio de la agricultura y de la ganadería, ya
que eso conlleva un agravio comparativo entre ambos subsectores. Es más, parece ser que hay una especie de conexión entre nuestros representantes en el Parlamento vasco y mi grupo en este Congreso de los Diputados, porque hace dos semanas el
Parlamento vasco acordó lo mismo que hoy traemos aquí a esta Cámara, es decir, que en la medida que le correspondía instaba al Gobierno vasco a que pidiera al Gobierno central que equiparara el IVA compensatorio en el 10 por ciento para los dos
sectores, tanto el agrícola como el ganadero.
Nos felicitamos de que el Grupo Socialista se haya avenido -le ha costado, las cosas como son- a llegar a un acuerdo, a aceptar nuestra propuesta por medio de una enmienda transaccional que nosotros hemos aceptado, porque, como no podría ser
de otra manera, cualquier medida fiscal tanto relacionada con el IVA como no, tiene que estar dentro del marco de las directivas europeas de aplicación y cumplir con lo establecido en los artículos que se citan en esta transaccional, que son el 297,
298 y 299 de la Directiva 2006/112/CE. Por tanto, aceptamos esta transaccional y nos felicitamos por haber llegado a un acuerdo.
Por último, por mi parte solo me queda decir que si verdaderamente se llega a buen puerto con esta medida que hoy vamos a aprobar aquí, los agricultores y los ganaderos se sentirán muy contentos y muy satisfechos de que por una vez los
grupos aquí representados hayamos llegado a un acuerdo en este tema y hayamos aprobado una reclamación que desde hacía tiempo ellos solicitaban, esto es, que el IVA compensatorio, para empezar, se subiera al 10 por ciento y, después, que estuviera
equiparado tanto en el sector agrario como en el sector ganadero.
Muchas gracias y espero que la Comisión en su totalidad apoye esta medida.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que defenderá el señor Ferre.
El señor FERRE FONS: En primer lugar, señor Agirretxea, quiero reconocerle la buena disposición al acuerdo que ha mostrado en este tema. Es una demostración de que cuando las cosas se hacen bien y no se buscan únicamente el provecho y la
ventaja política, sino que se pretende avanzar para conseguir un objetivo común, los puntos de encuentro que existen son muchos más de los que nos podemos imaginar. Señor Agirretxea, estoy gratamente satisfecho del resultado final de esta
negociación y de la propuesta transaccional que hemos sido capaces de elaborar entre su grupo y el Grupo Socialista. Aquí todo el mundo -y este diputado y el grupo al que pertenece por supuesto que también- está por la labor de favorecer y
estimular que las rentas adquiridas por el sector primario sean mucho más gratificantes y mucho más dignas que las que actualmente recibe, pero ello no nos puede llevar a utilizar las deducciones de IVA para equilibrar determinados desajustes,
porque entraríamos en un terreno sumamente peligroso y perverso, en un terreno que nuestro sistema tributario no solo no contempla sino que persigue. Por tanto, es importante precisar que el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se
fundamenta en simplificar la gestión del IVA, claro está, manteniéndose siempre en un efecto neutral en su resultado. Es decir, la estimación del IVA soportado por los productores ha de compensar el IVA repercutido con la venta de sus productos.
Bajo este principio se establece el porcentaje de compensación del IVA para los agricultores y para los ganaderos. De acuerdo con esto, las variaciones en el porcentaje de compensación no pueden entenderse ni justificarse como un instrumento para
incrementar las rentas de las explotaciones agrarias. Una subida de este IVA compensatorio en los productos ganaderos no puede ser motivada por una voluntad política, debe justificarse, eso sí, por una sencilla operación, que es el resultado de
restar el IVA repercutido con el IVA soportado.
Como ha comentado el portavoz del Grupo Vasco, soy consciente de que esta iniciativa que usted nos ha traído ha surgido también del Parlamento vasco, aprobada por unanimidad, y estoy convencido de que el texto que va a salir adelante en esta
Comisión no empaña lo más mínimo el propósito inicial de los compañeros vascos. Con todo ello quiero decir que estamos absolutamente de acuerdo con lo que ustedes proponen, pero desde nuestro punto de vista habría que añadir que adelante con la
nivelación, siempre y cuando no incurramos en ninguna ilegalidad. Todo ello, única y exclusivamente, por responsabilidad y por coherencia. En primer lugar, para no levantar una expectativa en el sector que puede encontrar serias dificultades. Ya
está suficientemente mal este colectivo como para contribuir a sabiendas a la frustración que supondría que estas buenas intenciones topasen con el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, por responsabilidad ante la Unión Europea, puesto que hemos
aceptado una reglas de juego y hay que cumplirlas. Por tanto, todas las subidas del IVA compensatorio, además de estar justificadas documentalmente, han de comunicarse a la Comisión Europea para su aprobación, puesto que la Directiva 2006/112
dispone que los Estados miembros notificarán a la Comisión los porcentajes a tanto alzado de compensación que se establezcan y deberán cumplir además lo establecido en los artículos 298 y 299. Por tanto, no es una cuestión de voluntad política sino
que es un ejercicio de posibilismo político y la enmienda transaccional responde a este principio.
Para ir acabando, señor Agirretxea, debemos felicitarnos por el acuerdo conseguido. Fruto de nuestra negociación hemos conseguido una proposición no de ley más completa y más coherente en el marco que dicha iniciativa debe interpretarse.
Estoy convencido de que el sector merece y va a agradecer este esfuerzo y esta unanimidad. Sin duda con estos antecedentes la proposición va a salir mucho más fortalecida y va a tener mucho más recorrido. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de fijación de posiciones? (Pausa.) La señora Tarruella tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muy brevemente quiero dejar constancia del apoyo de nuestro grupo, Convergència i Unió, a esta proposición no de ley relativa al IVA compensatorio de los sectores agrario y ganadero. Ayer discutimos en el Pleno
la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular que también apoyamos. Esta viene a ser diferente pero necesaria e importante para intentar paliar al menos los problemas de este sector. En este sentido, nuestro grupo está
interesado en todas aquellas medidas que puedan ayudar a compensar esta situación y quiero dejar constancia de nuestro voto afirmativo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular el señor Llorens tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: Para empezar y con toda claridad, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos decir que vamos a apoyar la enmienda transaccional que hoy se ha traído aquí como consecuencia de la propuesta del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). Quiero decir, sin embargo, que tengo aquí el titular de un periódico que dice: Zapatero pide a Rajoy ayudar al país, no a su Ejecutivo. Es decir, nosotros estamos en la misma línea de la proposición de ley que presentamos ayer y
que justo en una de sus partes contenía lo que hoy hemos aprobado aquí. Por tanto, felicito al Grupo Socialista por esta especie de corrección o semicorrección a la coherencia y por seguir los pasos de la franquicia socialista en el País Vasco (no
sé cómo llamar a los partidos socialistas en las distintas partes de España porque en cada una de ellas dicen cosas absolutamente distintas y pactan con partidos con un modelo
de Estado, hablando de pactos de Estado, absolutamente distintos) (El señor Oria Galloso: ¡Venga ya, hombre!), y es que resulta que en el Parlamento vasco la misma iniciativa que ayer trajo el Partido Popular al Congreso fue apoyada por
todos los grupos políticos -por el Grupo de Convergència i Unió, por Esquerra Republicana de Catalunya, por el PNV-, que supieron anteponer los intereses del sector que atraviesa una gravísima crisis, y ahí se equivoca el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco. Los únicos que no reconocen la crisis que atraviesa el sector, que lo dicen todos los indicadores oficiales, es el Grupo Socialista. Como iba diciendo, en el Parlamento vasco todos los grupos políticos apoyaron por unanimidad
la misma propuesta que ayer, en una decisión que causa vergüenza ajena, fue rechazada; y causa vergüenza ajena porque, primero, hoy la mitad la estamos aprobando aquí y, segundo, porque una vez más ustedes le están dando la espalda a un sector que
lo está pasando muy mal, al que se le ha subido el IVA del 16 al 18 por ciento en las tarifas de riego, y ayer solo pedíamos que se rebajara del 18 al 7 por ciento, como se ha conseguido en Italia y es potestad de los Estados miembros. De eso
seguiremos hablando les guste o no les guste, porque desde la oposición seguiremos criticando todo lo que va mal y llegaremos a acuerdos, incluso con ustedes cuando vayan a favor de los intereses de los agricultores, de los parados y de los que lo
pasan mal. (El señor Lanzuela Marina: ¡Muy bien, José Ignacio!)
La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, para pronunciarse sobre la enmienda, ¿la acepta o no?
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Después de la enmienda que aparece ahí se ha presentado una transaccional, por tanto, es la transacción la que se va a votar.
La señora PRESIDENTA: Perfecto.
Vamos a proceder a las votaciones por el orden que aparecen en el orden del día. En primer lugar, sometemos a votación la primera proposición no de ley relativa a la construcción del embalse de Biscarrués. Se somete a votación con una
enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la segunda proposición no de ley relativa a subvencionar el cese de la actividad de los almadraberos antes de la finalización de la campaña.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señora presidenta, me solicitan votación separada de los cinco puntos, o de los tres primeros y de los dos segundos.
La señora PRESIDENTA: Un momento. (Pausa.)
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señora presidenta, la proposición originariamente tenía tres puntos y después nuestra autoenmienda añadió dos puntos.
La señora PRESIDENTA: Sí, añadió dos puntos.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señora presidenta, el Grupo Socialista aceptaría a votar separadamente el punto cuatro y el resto de los puntos en conjunto, así acelerábamos la votación.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Quien solicita así la votación es Convergència i Unió, no somos nosotros.
La señora PRESIDENTA: Vamos a ir por partes. Hay cinco puntos actualmente en la proposición no de ley y se solicita votación separada de todos los puntos. ¿El Grupo Socialista está de acuerdo? (Asentimiento.)
Votamos el primer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Segundo punto, se vota también separadamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Tercer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Cuarto punto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.
Quinto punto de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto tercero, proposición no de ley relativa a la creación de la indicación geográfica protegida del cerdo ibérico en la dehesa. Se somete a votación con una
enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se somete a votación la cuarta proposición no de ley relativa a la línea eléctrica Vitoria/Castejón-Muruarte. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Quinta proposición no de ley sobre incorporación del plátano al régimen de compensaciones regulado por el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anejo I del
Tratado Consultivo de la Comunidad Europea, con origen y destino en las islas Canarias. Se somete a votación, si no hay oposición, con una enmienda in voce de supresión del punto segundo de la proposición no de ley. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se somete a votación la sexta proposición no de ley relativa al apoyo a las flotas afectadas por la reducción de posibilidades de capturas de atún rojo derivadas del acuerdo del Iccat en Recife, Brasil, del mes de noviembre de 2009. Se
somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la proposición no de ley número 7, relativa al IVA compensatorio de los sectores agrario y ganadero. Se somete a votación con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Socialista, a la que se
suma el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Última proposición no de ley sobre medidas para la defensa de la pesca del atún rojo. Se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de sustitución.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.