CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 87

EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA

Sesión núm. 5 celebrada el martes 30 de septiembre de 2008

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo), para:


- Explicar las afirmaciones realizadas sobre la disminución de financiación de la Ley de Dependencia. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000139.)... (Página 2)


- Explicar la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como previsiones presupuestarias para el año 2009.
A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000140.)... (Página 2)

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Informar sobre la posible reducción del gasto previsto para el despliegue de la Ley de Dependencia. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 213/000141.)... (Página 2)


- Explicar los anuncios de recortes presupuestarios de la política de atención a la dependencia y el rechazo en el consejo consultivo de la propuesta de copago del Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000146.)... (Página 2)


Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Empezamos la reunión de la Comisión, cuyo único punto del orden del día es la comparecencia de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, a petición de cuatro grupos parlamentarios: el Mixto, el Popular, el
de Convergència i Unió y el de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Hemos agrupado las peticiones de los grupos porque todas ellas tienen el mismo objetivo, que la ministra hable sobre la aplicación de la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Sin más, damos la palabra y la bienvenida a la ministra de Educación.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Señoras y señores diputados, es como siempre un placer para mí comparecer ante esta Comisión, en esta ocasión como acaba de decir el presidente para atender
a las peticiones de comparecencia de cuatro grupos parlamentarios acerca de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Quienes me conocen desde hace tiempo -y aquí hay muchas caras conocidas-
saben que soy una absoluta convencida del deber del Gobierno de acudir al Congreso, al Senado y a las comisiones que corresponda para presentar las líneas generales de la acción política y también, por supuesto, para atender a todo aquello que
significa la tarea de fiscalización parlamentaria. Nunca he rehuido esa obligación, ese deber. Es la tercera vez que comparezco ante esta Comisión en estos cinco meses de legislatura; he comparecido también en la Comisión de Discapacidad y, por
supuesto he acudido al Pleno en todas las ocasiones en que he sido requerida para informar sobre competencias del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Si siempre es importante esta acción, esta relación entre Parlamento y Gobierno es
especialmente importante en el caso de esta ley, de la Ley de promoción de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, porque nos encontramos, lo he dicho ya en más de una ocasión, ante una ley de Estado por tres
motivos fundamentales.



En primer lugar, porque de una u otra manera los efectos de esta ley van a dejarse sentir sobre una gran mayoría de los ciudadanos españoles. Aunque no son las únicas personas susceptibles de convertirse en beneficiarias de esta ley, es
evidente que esta ley afecta en gran medida o en un porcentaje elevado a la población mayor de 65 años, una población que sabemos que crece con rapidez. Si hoy ese segmento representa un 16 por ciento del total de la población, según datos que
hemos conocido no hace mucho tiempo, en el año 2050 representarán el 32 por ciento de la población, lo cual quiere decir que es más que posible que a muchos de los aquí presentes, por no decir a todos, nos toque en algún momento de nuestra vida
cuidar a una persona dependiente o, si llegamos a vivir muchos años, que espero que sí, seamos nosotros quienes necesitemos los cuidados de otros. En segundo lugar, esta es una ley de Estado porque en su desarrollo y en su gestión están implicadas
todas las administraciones públicas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos y los agentes sociales. En tercer lugar, es una ley de Estado porque es una ley que fue aprobada con uno de los más
amplios respaldos parlamentarios de la anterior legislatura, y entiendo por ello que es una expresión clara de la voluntad nacional. Si bien es cierto que todas las instituciones están obligadas a velar por el cumplimiento de las leyes en cualquier
caso, ese consenso parlamentario nos pide aún un mayor compromiso a todos y cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra actuación. Estos tres motivos, que me llevan a calificarla de ley de Estado, nos imponen a quienes tenemos responsabilidades de
Gobierno en los distintos ámbitos del Estado español el deber de colaborar lealmente para que la Ley de autonomía personal sea un medio eficaz para la consecución de una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Es una colaboración en la que, no les
quepa ninguna duda, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte va a poner, está poniendo de hecho, todo su empeño.



Ayer hizo justo cuatro meses que me senté en este mismo sitio, no en esta misma sala, pero sí ante esta


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misma Comisión, para dar cuenta de cuáles iban a ser las líneas generales de la acción política del ministerio en los distintos ámbitos de su competencia, y como no podía ser de otra manera la ley de autonomía personal ocupó un espacio
destacado en aquella intervención que se celebró al mes de constituirse el Gobierno. Mi intención en esta sesión, y en respuesta a la petición de comparecencia de los grupos, es exponer cuál es la situación actual de la ley e informar acerca de las
diversas medidas que hemos adoptado en estos últimos meses y que pensamos adoptar en el futuro. Permítanme que comience con una reflexión, la misma que hice en el Consejo Territorial celebrado en el mes de julio antes de que ocurrieran las
peticiones de comparecencia a las que hoy atiendo. La Ley de promoción de la autonomía personal es tan importante como ambiciosa, lo he repetido también en muchas ocasiones; una ley que ha generado tantas expectativas en la ciudadanía con un
debate político tan intenso que muchas veces perdemos de vista que solo lleva veinte meses en vigor, que buena parte de esos veinte meses se han empleado en su despliegue reglamentario y que seguimos todavía trabajando para cerrar acuerdos que nos
permitan su desarrollo más eficaz. Tenemos la ley, pero estamos en la fase de construcción del sistema que debe garantizar ese nuevo derecho subjetivo a todos los ciudadanos españoles; un nuevo sistema que está expandiendo nuestro Estado del
bienestar, al tiempo que acabará transformándolo de manera sustancial, y un nuevo sistema en el que además han de encajar las competencias de todas las administraciones públicas.
En definitiva, estamos hablando, lo sabemos todos los que estamos
aquí hoy, de un proceso muy complejo cuyo desarrollo necesariamente está generando un rico y por supuesto también muchas veces apasionado debate.
Piensen por un momento que nuestro sistema educativo, nuestro sistema nacional de salud y nuestro
sistema de pensiones se han ido conformando a lo largo de todo el siglo XX y que adquirieron su configuración actual en sus trazas generales tras la instauración de la democracia.



Este cuarto sistema, el de autonomía y atención a la dependencia, tiene veinte meses y, según prescribe la propia ley, no va a estar desplegado del todo hasta mediados de la próxima década, lo que significaría un proceso de implantación
mucho más rápido que el que han seguido los otros tres pilares de nuestro sistema de Estado del bienestar. Quiero insistir en esto porque me parece, como he dicho antes, que dado el debate lógico despertado por la ley muchas veces olvidamos que
ésta tiene veinte meses de vida y que durante ese tiempo hemos avanzado en la construcción del sistema, y hemos avanzado mucho. De entrada, hemos realizado un gran esfuerzo normativo para sentar las bases del futuro desarrollo de la ley, y como
todos ustedes saben con el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas en el Consejo Territorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Por citar solo los acuerdos más importantes, se han aprobado el baremo de valoración
de la situación de dependencia, el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, la cuantía de las prestaciones económicas, el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado de los ejercicios 2007 y 2008. También hemos regulado la Seguridad Social de los cuidadores. Transcurridos esos veinte meses desde la sanción parlamentaria de la ley y a
fecha de 25 de septiembre se han recibido 596.232 solicitudes en todo el país. Las valoraciones realizadas ascienden a 498.924. Son 468.529 los dictámenes emitidos y 368.932 los ciudadanos y ciudadanas a los que se les ha reconocido el derecho a
la prestación. En definitiva, más del 80 por ciento de las solicitudes de valoración han sido tramitadas, más del 60 por ciento de ellas han sido evaluadas favorablemente y son muchos los ciudadanos que están recibiendo su prestación, precisamente
los de mayor dependencia, los que más necesidad tienen de esta ley.



Esto es parte del trayecto que hemos recorrido hasta ahora, que no es poco, como he dicho antes; pero como este es un viaje que nos conduce como he mencionado antes a nuevos territorios, hacia la construcción de ese sistema, conforme
avanzamos vamos viendo dónde están las dificultades y debemos avanzar aprendiendo de nuestra propia experiencia. Es importante aprender de la experiencia y por eso hace cuatro meses anuncié ante esta Comisión que estábamos estudiando la posibilidad
de realizar una evaluación piloto del sistema. Solo podremos construir este sistema de autonomía y atención a la dependencia, insisto, sobre bases sólidas si sabemos cómo funciona, qué servicios está efectivamente prestando a los beneficiarios y
cuál es su grado de eficacia. Eso nos permitirá perseverar en aquellas medidas que funcionan bien y corregir aquellas otras que sea necesario enmendar. Por esa razón, el pasado 9 de julio, respondiendo a aquel anuncio de hace cuatro meses, el
Boletín Oficial del Estado publicó una Orden ministerial, con fecha 4 de julio, por la que se creó la comisión especial para la mejora de la calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, una comisión cuyo objetivo es elaborar un
informe técnico sobre el funcionamiento del sistema, así como formular propuestas para acrecentar su calidad y eficacia. Esta comisión, creada por esa Orden ministerial de 4 de julio, es una comisión de carácter interministerial. En ella están
representados, además del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La comisión se constituyó el 21 de julio y en
su primera reunión acordó un calendario de trabajo y designó asimismo un comité técnico, que ha tenido desde entonces una reunión semanal. Queremos que las conclusiones que extraiga esta comisión, a partir de su estudio sobre cómo se ha aplicado
hasta el momento la Ley de atención a las personas en situación de dependencia, sean una primera


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aproximación a la evaluación general del sistema, una evaluación que como saben ustedes la propia ley prescribe a partir del tercer año de su entrada en vigor. También anuncié en mi comparecencia del mes de mayo que la Agencia de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, del Ministerio de Administraciones Públicas, evaluaría el sistema informático del sistema de autonomía y atención a la dependencia.
Hoy puedo decirles que la agencia ya ha comenzado los
trabajos de evaluación y está actuando en permanente coordinación con la comisión especial que les he mencionado antes para la mejora de la calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.



Otra de las cuestiones que hemos constatado en estos primeros meses de desarrollo de la ley es que la construcción y el arraigo del sistema de autonomía y atención a la dependencia solo será posible si hay una colaboración estrecha y fluida
entre todas las administraciones públicas y además una colaboración leal. Por esta razón, como saben ustedes, una de mis primeras decisiones nada más llegar al ministerio fue entrevistarme con todos los consejeros autonómicos responsables de la
aplicación de esta ley. Los recibí a todos individualmente en mi despacho y después he tenido con ellos más de un encuentro informal, además de las reunión del Consejo Territorial que celebramos en el mes de julio.
También durante estos meses
hemos reactivado el diálogo con los representantes de la sociedad civil. De entrada, he recibido a los representantes de los principales sindicatos, de las organizaciones que representan a las empresas vinculadas a las actividades contempladas en
la ley, de los colectivos de personas con discapacidad y de personas mayores y del tercer sector; y también, por supuesto, antes de la celebración de ese Consejo Territorial el pasado 23 de julio, celebramos las reuniones preceptivas de los órganos
consultivos que encauzan la participación institucional de la sociedad civil en el sistema de autonomía y atención a la dependencia. Esas reuniones preceptivas, previas al Consejo Territorial, son las de los consejos consultivos de discapacidad, de
las ONG y de las personas mayores, así como la del Comité Consultivo de la Dependencia.



Señorías, insisto, verán que a lo largo de esta intervención, que ya les anuncio no va a ser larga, hay un leitmotiv. Estamos inmersos en la construcción de un sistema que será fundamental para la sociedad española y que nos obliga por eso
mismo a ir aprendiendo de nuestra propia experiencia y del despliegue de la ley. En el orden del día del Consejo Territorial que se celebró el 23 de julio, en el que acordamos los criterios de reparto del nivel acordado de la ley, figuraban además
los borradores de dos acuerdos fundamentales para el desarrollo de la ley: el acuerdo sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario, lo que solemos llamar copago; y el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de centros y servicios. Pues bien, en esa reunión del Consejo Territorial tantos los representantes del Gobierno como los de las comunidades autónomas llegamos a la conclusión de que merecía la pena revisar los dos proyectos,
de que quizá una nueva redacción podía enriquecer la calidad y la equidad del sistema, que es nuestro objetivo, y que por eso convenía ampliar el periodo de reflexión sobre ambos acuerdos. En ese mismo Consejo Territorial del 23 de julio adquirimos
el compromiso de que las nuevas propuestas en relación con estos acuerdos estarían ultimadas a principios de otoño. Hoy puedo avanzarles que la comisión delegada de ese Consejo Territorial se ha reunido ya tres veces a lo largo de este mes -la
última de esas reuniones se está celebrando en este mismo momento-, que estamos cerca de un principio de acuerdo sobre ambos textos y que por lo tanto prevemos que el Consejo Territorial se reúna en fechas próximas para aprobarlos, quedando con
ellos ultimado el desarrollo normativo básico de la ley. Durante el mes de julio llegué también a la conclusión de que era conveniente reforzar la capacidad del Imserso para liderar este proceso, y por esa razón decidí nombrar directora general del
Imserso a Pilar Rodríguez, que tomó posesión del cargo a principios de septiembre. Pilar Rodríguez posee una excelente formación en servicios sociales, procede del Imserso y ha sido durante los últimos años consejera de Asuntos Sociales en el
Principado de Asturias. Conoce por tanto de primera mano los problemas de gestión que conlleva esta ley tanto desde la perspectiva de la Administración General del Estado como desde la de las comunidades autónomas.



Señorías, saben ustedes que las políticas sociales son una cuestión prioritaria para el Gobierno. Lo fueron en la legislatura anterior y lo van a ser en esta, si cabe, con más empeño. En momentos de desaceleración económica, la política
social ofrece una salvaguarda a quienes se ven más perjudicados. El sistema de autonomía y atención a la dependencia constituye hoy en día uno de los pilares de nuestra política social, por eso, como tuve ocasión de afirmar hace poco en el Pleno,
el compromiso del Gobierno con la financiación de la ley es absoluto. Estamos yendo más allá de lo que dice la memoria económica de la ley, superando lo que ella marcaba como financiación para los años 2008 y 2009, porque, si aquella memoria
asignaba 979 millones de euros a su desarrollo en el año 2009, serán 1.158 los millones destinados a ello, es decir un incremento de un 33 por ciento respecto al presupuesto del año 2008. Estamos cumpliendo con la financiación de la ley y lo
estamos haciendo con creces. Cuando el Consejo Territorial apruebe los dos proyectos sobre acreditación y copago estará prácticamente acabado el desarrollo normativo de la ley, pero quedarán muchas cosas por hacer, porque la Ley de promoción de la
autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia tiene un enorme potencial para contribuir a impulsar el crecimiento y también la renovación de nuestra economía, y es necesario empezar a trabajar en esa dirección. Por eso
queremos impulsar nuevos acuerdos que impliquen de un modo más activo al sector privado en el desarrollo


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del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Asimismo, hemos querido que la generación de empleo en el contexto de la construcción del sistema ocupe un lugar destacado en la mesa de diálogo social. En el programa de bases para una
nueva formación profesional que estamos poniendo en marcha los ministerios de Educación, Política Social y Deporte y el de Trabajo e Inmigración vamos a incluir de forma preferente las actividades de formación vinculadas a la atención a la
dependencia.
Por otra parte, en pocos casos como en el sistema de atención a la dependencia, la investigación, el desarrollo y la innovación pueden ponerse al servicio de la sociedad. No en vano el fomento de la investigación en la salud pública,
en la salud ambiental, en la salud laboral y en dependencia y servicios de salud para mejorar la calidad de vida funcional de la población española es una de las líneas de investigación estratégicas del Plan nacional de I+D+i 2008-2011. Somos
conscientes de que es necesario captar más recursos y promover más iniciativas también para la investigación y el desarrollo tanto en el ámbito público como en el privado. Es necesario establecer convenios de cooperación con universidades y centros
públicos de investigación, y es asimismo importante impulsar la creación de patentes, un sector en el que nuestro país es deficitario y que en el campo de las tecnologías para la autonomía personal tiene grandes posibilidades de expansión.



En definitiva, señorías -con esto termino-, nos queda mucho trabajo por hacer; nos queda mucho trabajo por hacer a todos. Como decía al inicio de mi intervención, la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en
situación de dependencia es una ley de Estado, una ley en cuyo desarrollo y gestión estamos implicadas todas las administraciones públicas. Todos tenemos responsabilidades que asumir ante los ciudadanos, cada uno evidentemente en nuestro ámbito de
actuación. Además, es una ley, repito, que tiene un inmenso potencial.
Estoy segura de que entre todos conseguiremos desarrollarla al máximo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Davila por el Grupo Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra. Cuando solicitamos su comparecencia en el mes de julio no lo hicimos con urgencia, como otros grupos políticos, porque sabíamos que
comparecería en el mes de septiembre para darnos las explicaciones oportunas. También queríamos agradecer a la señora ministra la interpretación que nos acaba de hacer de la Ley de Dependencia. Es la primera vez que oímos reconocer de la persona
que tiene la responsabilidad fundamental de esta Ley de Dependencia en el ministerio la complejidad de la implantación y el desarrollo de la ley.
Hasta ahora estábamos más acostumbrados a una interpretación de la ley mucho más propagandística, por
tanto con menor rigor y menos ajustada a la realidad de lo que realmente es la ley. Nos sentimos identificados con algunas de las cosas que usted ha dicho, porque cuando se debatió y aprobó esta ley en esta Cámara, nosotros ya planteamos la
dificultad para que se pudiera desarrollar en el tiempo. Recuerdo que, mientras el Gobierno decía que esta ley se iba a aplicar en enero de 2007, después en julio de 2007, nosotros aventurábamos que, dada la complejidad no solo financiera sino
administrativa que comportaba la ley, no iba a ser una realidad hasta mediados de 2008 y que la sociedad no viviría la respuesta de la ley hasta finales de 2008, como se puede comprobar a estas alturas.
Agradecemos lo que nos acaba de exponer,
entre otras razones, porque junto con las otras acciones que usted nos acaba de indicar -algunas ya anunciadas en su comparecencia inicial de asunción de la cartera de este ministerio- existe intención de hacer el seguimiento correspondiente para
que la ley pueda desarrollarse, de manera que al final podamos decir que tenemos ese sistema de dependencia, del que todos los grupos políticos hemos manifestado en esta Cámara que es necesario dotar a nuestra sociedad para cumplir con los objetivos
de asumir las necesidades que en cuestión de dependencia tenemos.



Usted decía que a lo largo de nuestra vida todos íbamos a tener esa experiencia. Yo puedo decir que la tuve por partida doble, por tanto conozco muy bien la problemática. También reconozco que en la actualidad afortundamente hay más
servicios de los que existían en el momento que tuvimos que asumirlo de manera individual. Dicho esto, independientemente de la complejidad de la ley y siendo, como dice usted, una ley de Estado, que se comprueba por la mayoría con que fue aprobada
y porque estamos todos de acuerdo en su necesidad, pero sobre todo porque es una ley de Estado que trata de orientar un criterio de equidad en el desarrollo de unas prestaciones como estas, es una ley que tiene que ser gestionada por aquellas
administraciones que tienen las competencias en la materia, que son las que tienen que desarrollarla, concretamente todas aquellas relacionadas con asuntos sociales de las comunidades autónomas.



También está la cuestión reglamentaria, algo que se ha puesto en marcha; existen algunos proyectos como los dos últimos que usted acaba de comentar, que están sobre la mesa, en revisión, entendemos que para mejorar lo que en este momento
existe, y que son cuestiones importantes para que definitivamente la ley pueda desarrollarse. Después de ser acordados los reglamentos en el Consejo Territorial, el instrumento para procurar esa equidad a la que yo me refería anteriormente, lo
fundamental que tiene que asumir la Administración central, el Gobierno, es la cuestión de la financiación. Esto es fundamental, porque la gestión, repito, es responsabilidad de las comunidades autónomas, independientemente de que haya algunas que
asuman con total y absoluta responsabilidad lo que se especifica en la ley y otras, por diferentes razones, políticas o de otro tipo, no tengan ese mismo ritmo y, por tanto, la ley no tenga el


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mismo nivel de desarrollo. Las comunidades autónomas que más voluntad pusieron para desarrollar esta ley se encontraron con el gran problema de la financiación. Incido en este tema porque además fue la razón por la que solicitamos esta
comparecencia en el mes de julio, tras la reunión del Consejo Territorial del día 23 y después de que en los medios de comunicación aparecieran unas declaraciones suyas en las que se decía -no sé si así las explicito usted- que, seguramente por la
situación de crisis, en el año 2009 la financiación no podría ser la que debería. Esa fue la razón fundamental, pero también el hecho de que en esa reunión del 23 de julio no se llegara a acuerdos, independientemente de que todo quedara pendiente
para septiembre; y por lo que nosotros sabemos los acuerdos aún están pendientes de alcanzarse, pero conocemos que existe en este momento disposición al diálogo tanto de la Administración central como del resto de las administraciones autonómicas.



Señora ministra, nos gustaría que en el tema de la financiación incidiera un poco más, porque esa es la clave del desarrollo de la ley. Hablaré de una experiencia concreta, la de Galicia. Es una de las comunidades autónomas, cuya
Administración puso todo de su parte para desarrollar la ley, pero evidentemente no cubre las expectativas que la sociedad tenía cuando desde el Gobierno central se dijo en el año 2007 que ya teníamos una Ley de Dependencia y que todos los
ciudadanos iban a tener a partir de aquel momento una serie de servicios, que evidentemente dada la complejidad de la que hablábamos inicialmente no es posible. Al margen de eso, sería conveniente que en los próximos años la Administración central,
el Gobierno resolviera las cuestiones relacionadas con la financiación porque, si bien en la ley se plantea que será del 50 por ciento -partiendo de lo que dispongan las comunidades autónomas-, en la realidad las cosas no están ocurriendo así. Me
refiero en concreto al caso de Galicia. Si nos atenemos al gasto que tiene la Xunta de Galicia en políticas de dependencia, estamos hablando de 170 millones de euros, y la transferencia para dependencia que hace el Estado es de 40 millones de
euros, lo cual está muy lejos de ese 50 por ciento. Evidentemente, no podemos hacer una división tan tajante, porque en esa política de dependencia que engloba los 170 millones hay muchos otros programas anteriores a lo que se recoge en la propia
ley, pero relacionados con la dependencia. Si a eso añadimos que el Gobierno -eso fue lo que se acordó el 23 de julio- elimina el Plan gerontológico, que desde el punto de vista financiero era una posibilidad de desarrollo mayor para las
comunidades autónomas, estamos hablando de una reducción importante de financiación para atender a personas con dependencia, que son sobre todo personas mayores, y algunas estaban siendo atendidas a través de este plan. Si se va a eliminar el Plan
gerontológico, lo lógico es que se contemple después en los acuerdos de financiación acordada, del nivel acordado, y que el nivel acordado de financiación para 2009 esté debidamente diferenciado de lo que es el nivel mínimo, que está relacionado con
las personas evaluadas de acuerdo a lo que se estipula en la ley. Lo fundamental para que las comunidades autónomas puedan desarrollar debidamente la ley es que el nivel acordado tenga la suficiente financiación, y que en la ley se afronten otras
cuestiones como la deficiencia de equipamientos que existe en las comunidades autónomas -en unas más que en otras-, en la medida en que si no disponen de los equipamientos no se pueden ofrecer muchos de los servicios que se contemplan en la ley.



Señora ministra, usted nos dice que se está cumpliendo la memoria de la ley en cuanto a financiación, pero hay cosas que cuando se empiezan a desarrollar es necesario modificar. Usted ha dicho que para eso se creó la comisión de evaluación,
para valorar el desarrollo de esta ley y, por tanto, para ver cómo mejorarla. Pero hay algo que el desarrollo de la ley ya ha puesto de manifiesto y, por tanto, sería conveniente que en la financiación que el Estado reconozca para el año 2009 se
considere, y es el hecho de que las previsiones que se contemplan en la memoria económica de la ley, y que están basadas en las previsiones que se recogían en el libro blanco, están superadas por la realidad. Me remito a lo que mejor conozco, que
es la realidad de Galicia, donde se recogía la previsión de 16.500 grandes dependientes, y una vez que se puso la ley en marcha se abrió el registro y los ciudadanos solicitaron su correspondiente servicio, después de que esas solicitudes están
valoradas debidamente, nos encontramos con que ya son más de 23.000 las personas que están en el grado de grandes dependientes. Por tanto, es evidente que los criterios económicos y de financiación de la memoria de la ley necesitan ser mejorados,
si queremos que esa financiación haga posible que la ley se desarrolle. Nosotros fuimos serios en -se lo decimos, señora ministra, porque así fue- cuanto a las reclamaciones al Gobierno -lleva veinte meses la ley en vigor y lo hicimos durante
dieciséis-, en la medida en que ley era compleja y que tenía sus dificultades para implantarse, y desde hace cuatro meses también hemos comenzado a tener nuestras iniciativas parlamentarias, porque nos parecía tiempo suficiente para que muchas cosas
ya estuvieran resueltas y por tanto la ley pudiera estar en mejor situación de desarrollo.



Dicho esto, señora ministra, quedamos a la espera de que nos dé las explicaciones que estamos pidiendo sobre la financiación, y sobre todo de que recoja muchas de las cosas que le estamos diciendo -seguramente los representantes de las
comunidades autónomas también las han dicho en el consejo territorial con más vigor y aportando sobre todo más datos- con el fin de que puedan ser útiles al desarrollo de la ley y a los ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.



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El señor TARDÀ I COMA: Señora ministra, vaya por delante nuestro respeto hacia su trabajo. Mi intervención será breve porque, entre el día que solicitamos la comparecencia y hoy, hemos tenido la posibilidad de discutir de nuevo sobre el
tema que nos preocupa a todos y con el cual estamos comprometidos, como es el desarrollo y despliegue de la mal llamada Ley de Dependencia. Usted siempre ha negado que tuviera que haber recortes para el despliegue de la ley, como manifestó cuando
se le interpeló sobre unas manifestaciones, que quizá fueron mal interpretadas y que motivaron nuestra petición de comparecencia. Es verdad que alguna declaración suya había generado una cierta inquietud, puesto que al relacionar la coyuntura
económica con la posibilidad de frenar el despliegue de la ley -al menos eso se podía haber deducido- entramos en un escenario de inquietud, incluso cuando se planteó la posibilidad de cuestionar la aplicación de los plazos previstos, lo cual
llevaba a suponer que todo lo previsto a la implementación de otros niveles y grados todavía no desarrollados ponía en cuestión lo planteado previamente -me refiero, por ejemplo, a las dependencias moderadas-.



La pasada semana, a raíz de nuestra interpelación, quedamos relativamente satisfechos, puesto que aprobamos una moción que pretendía ir al núcleo de los problemas más acuciantes, y además lo hacíamos con total legitimidad, puesto que fuimos
los primeros, codo a codo y sin competir con los compañeros de Izquierda Unida, en cruzar la puerta del ministro Caldera, cuando todavía no sabía exactamente -quizá exagero- qué era lo que quería hacer. Tenía muy clara la idea -el Partido
Socialista lo había trabajado profundamente-, pero también dudaba mucho, puesto que la ley tiene su enjundia y todos destacamos la complejidad de su desarrollo.
Siempre hemos dicho que aquí andábamos ante el miura de hacer un nuevo sistema.
Nosotros fuimos los primeros que cruzamos la puerta del despacho del ministro Caldera y nos la jugamos, puesto que ustedes saben que el tema competencial nos costó lo que nos costó. Aprovechamos la colaboración de fuerzas favorable a las izquierdas
en la pasada legislatura para dar preeminencia a todo lo público, frente a los tiburones, que ya estaban pensando en cómo sacar tajada del nuevo sistema, y me refiero a todo el mundo de la empresa privada y a la necesidad de hacer negocio de esta
pirámide de edades, que cada vez es menos pirámide y más cilindro. Pues bien, con esta legitimidad, planteamos una interpelación y se aprobó una moción, y la verdad sea dicha, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió posteriormente, hubiéramos estado
relativamente satisfechos; pero ahora me veo obligado a preguntarle por los seis puntos que contemplaba la moción, que trabajamos conjuntamente el Grupo Socialista y Esquerra Republicana durante largas horas, que se sometieron a votación, que
fueron aprobados y que iban -creo yo, porque si no los compañeros socialistas no hubieran jugado y se hubieran levantado de la mesa- al meollo de los problemas. Necesitamos saber si de lo dicho queda todo fijado o si de lo aprobado todo ha volado,
como voló el compromiso de la territorialización del 0,7 del IRPF para acciones sociales.



Si me lo permite le pregunto, en primer lugar, si el compromiso de estudiar en el seno del consejo territorial la separación de las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de servicios y prestaciones garantizadas como derecho y
reconocidos en la ley, de aquellas otras establecidas para sufragar el nivel acordado con las comunidades autónomas, va a misa o es agua de borrajas. En segundo lugar, le pregunto por el compromiso de contemplar que, en el marco de la financiación
de los convenios establecidos con las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado que se contempla en la Ley de promoción de la autonomía personal, los beneficiarios ya valorados y atendidos ponderen en un porcentaje superior al actual.
No repito las motivaciones que nos llevaron a estas conclusiones, puesto que no hace falta repetir las largas horas de negociación con los compañeros socialistas ni el contenido de la interpelación, pero déjeme que sea un poco puntilloso y le vaya
recordando punto por punto todo lo que aprobamos. En tercer lugar, ¿es verdad que se va a estudiar en el consejo interterritorial la inclusión del diferencial del coste de servicios en la distribución de recursos entre las comunidades autónomas,
para el establecimiento de la financiación de los servicios y prestaciones, es decir, el recurrente debate de los distintos costes de vida en las distintas comunidades autónomas? En cuarto lugar, ¿se va a estudiar en el consejo interterritorial la
financiación de los gastos de las comunidades autónomas en la gestión del sistema? En quinto y penúltimo lugar, ¿aumentará la previsión presupuestaria acordada en la memoria de la ley para garantizar el nivel mínimo, sobre la base del número de
personas evaluadas por el sistema? Finalmente, ¿se van a incrementar para el ejercicio 2009 los recursos previstos, aprobados en el consejo interterritorial, para la financiación del nivel acordado con las comunidades autónomas que contempla la
ley? En definitiva, le estoy preguntando qué revalida usted hoy de todo esto.



Por otro lado, es cierto que no puedo preguntarle ahora hasta dónde piensan llegar en el trámite parlamentario de la negociación presupuestaria, puesto que esto sería enseñar sus cartas. ¿Cómo voy a pedirle eso? Sin embargo, usted se
comprometió aquí a poner toda la leña en el fuego en defensa del despliegue de la ley, y es evidente que estamos en un cul de sac. Yo aporté unos datos, datos que por cierto hemos repetido todos por activa y por pasiva, datos que no son propiedad
de nadie y que nadie niega -lo cual también demuestra el éxito y la necesidad de la ley-, pero, no nos engañemos, estamos en un cul de sac.
Ya sé que ustedes han reconocido que no pueden ser esclavos de la memoria económica de la ley, lo cual es un
gran avance y, de hecho, supone constatar la realidad, pero, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Hasta dónde van a llegar?


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Hay algunas preguntas concretas que quizá tienen menos importancia en este momento. Si puede contestármelas, bien; si no, entenderé que no lo haga, puesto que habrá otras ocasiones. ¿Puede decirnos si ha reflexionado sobre la posibilidad
de retrasar la implementación de la dependencia moderada? ¿Está esto en discusión? ¿Lo están hablando? ¿Consideran que hay que dedicar más recursos para priorizar a aquellas personas con mayores necesidades? Este es un debate que nos interesa a
todos, y como todos vamos configurando una cierta idea de lo que deberíamos hacer, sería bueno que alguien empezara, porque, como esto tiene prenda política, es posible que todo el mundo mire de reojo al otro a ver quién habla primero. Quizás al
Gobierno le tocaría enseñar la patita a ver por dónde pueden ir las cosas.



Otra pregunta ¿A qué cree usted que debe ser atribuido el hecho de que, al cabo de un año y medio, todavía se esté pendiente de acordar el grado de copago? Todos estamos aquí mareando la perdiz, porque es evidente que -como ya le dije un
día- si la inmensa mayoría de los usuarios son pensionistas, su capital es la pensión. Aquí hay un décalage a la hora de ponderar la pensión y esto afecta directamente al copago. Me gustaría que nos pudiera aclarar algo.



¿Cuál cree usted que es la causa por la cual el 70 por ciento de las comunidades autónomas -no voy a decir nombres-, según los empresarios del sector -que ya sabe cómo piensan algunos-, han dejado de pagar a las empresas que gestionan las
plazas residenciales? Esta es una manifestación contundente y rotunda. ¿Qué sabe de esto? ¿Es verdad o se trata de crear pánico para que el Ejecutivo se asuste y les dé mayores expectativas de negocio? Ustedes saben que no hay nada mejor para
los mercados que crear un cierto pánico; bien lo estamos viendo estos días a nivel más general. Estas son preguntas que no tienen mayor importancia, pero si nos pudiera apuntar alguna cosa, mejor que mejor.



Finalmente, con esta legitimidad que creemos que tenemos -como el resto de los grupos parlamentarios que votaron afirmativamente e incluso los que fueron más críticos-, hoy presentamos una proposición de ley para modificar la ley. Fuimos
los primeros en cruzar el despacho del ministro Caldera, pero, como sentimos la ley muy nuestra, también somos los primeros en plantear la posibilidad de modificarla en aquellos puntos del articulado que afectan al contenido de la moción que se
aprobó la semana pasada, porque ahora estamos a expensas de la discrecionalidad del Gobierno. ¿Qué queremos? ¿Qué planteamos? Que todo aquello pase a formar parte del texto articulado de la ley. Esta desconfianza, que no escondo, ya sabe usted
por qué viene. Es la primera vez que coincido con usted en la Comisión desde el día en que se aprobó la moción y debo decirle, con todo el respeto que usted sabe que le tengo, que estamos ciertamente decepcionados. Esta moción que he leído tenía
cinco puntos que afectaban a la Ley de la Dependencia, y dos puntos que afectaban a la territorialización del 0,7 del IRPF para fines sociales. Habíamos consensuado que nosotros, que habíamos pedíamos el 50 por ciento, aceptábamos una progresiva
territorialización y, en contrapartida, ustedes -me refiero al Grupo Socialista, grupo que da apoyo al Gobierno- aceptaban que todo ello se llevara a cabo a partir del próximo año, de la próxima convocatoria. Todo esto saltó por los aires y lo
lamento.
Entenderá que con esta desconfianza de negar los puntos 8 y 9 que, por cierto, llevaban el aval no solamente de los compañeros socialistas catalanes que se partieron el pecho -y perdonen la expresión- para conseguirlo, sino que llevaban el
aval reglamentario y procedimental del portavoz del Grupo Socialista, nos lleve a decir que añoramos a los señores Rubalcaba y López Garrido, porque recuerdo que siempre que al final encajábamos la mano, lo pactado iba a misa. Esto no había
ocurrido nunca. Nos peleábamos y dedicábamos largas horas a negociar, pero cuando al final llegábamos a un acuerdo y nos dábamos la mano, nos podíamos mirar a los ojos porque sabíamos que aquello que habíamos acordado iba -repito- a misa. Esto no
ha sido así en este caso, lo cual lamentamos y, si me permite la expresión, denunciamos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.



El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a ser muy breve, señor presidente.



La señora ministra ha mostrado una cierta obsesión por crear una nueva categoría jurídica denominada ley de Estado. No sé exactamente, además de esos tres aspectos que ha subrayado, qué quería decir con ello. Es una ley de Cortes que
además -me gustaría reiterarlo-, como manifestó mi grupo, invade absoluta y clarísimamente competencias que son de las comunidades autónomas, y que transforma la estructura competencial que, tanto legislativa como constitucional como
jurisprudencialmente, se había hecho del Estado de las autonomías en España. Por tanto, si crea una nueva categoría de leyes, si hay que crearla, pertenece a la categoría de las leyes transgresoras de competencias de las comunidades autónomas.



Es cierto que la ley exige un desarrollo exhaustivo, pero también hay que decir que en opinión de nuestro grupo está tardando demasiado. Se nos dice ahora que ya vamos a culminarlo dentro de poco tiempo, y esperamos que sea así, aunque
quizá tampoco es de extrañar que haya tardado tanto cuando la propia ministra, en manifestaciones reiteradas, ha dicho en más de una ocasión que son las comunidades autónomas las que saben qué está pasando con el desarrollo de la ley. Parece que al
ministerio se le escapan un poco esa realidad, esos hechos, ese caso a caso de la situación de la ley. En cualquier caso, eso tampoco es una excusa para que no hayamos podido avanzar más en el tema del copago, por ejemplo, o en el de los niveles de
calidad asistencial. Hay que reconocer una cosa clara. Tenemos una memoria de


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la ley, pero al mismo tiempo es evidente que la financiación es escasa para todos los servicios que hay que dar. Si se dan algunos de estos servicios es porque algunas comunidades autónomas aportan más de ese 50 por ciento que, según la
ley, deben aportar. Lo que a nosotros nos parece claro es que en estos momentos -y visto lo que está ocurriendo en ese caso a caso y en la realidad tozuda de las cosas- la financiación que se había planteado en la memoria de la ley está resultando
a todas luces insuficiente, si es que verdaderamente se quiere llevar a cabo en términos de igualdad, a un 50 por ciento, entre las comunidades autónomas y el Estado. En cualquier caso, el dato que nos ha dado la ministra es cierto que cumple con
la cifra que aparecía en la memoria para el año 2009, le agradezco el dato. Más que otra cosa lo que nos corresponde en estos momentos es hacer un examen exhaustivo de los presupuestos del Estado, que es donde vamos a encontrar verdaderamente la
realidad de todo esto que estamos preguntándonos los portavoces. (La señora vicepresidenta, Serna Masiá, ocupa la Presidencia.) Lo que vamos a hacer es examinarlo con detenimiento, así como ver cómo han quedado los programas de otras políticas que
están relacionadas con las materias de la Ley de Dependencia, y es ahí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos desde los grupos parlamentarios, intentando buscar un consenso que en cualquier caso dote de una financiación cada vez más suficiente las
políticas de dependencia. Por mi parte nada más, señora ministra.



La señora VICEPRESIDENTA (Serna Masiá): A continuación tiene la palabra el portavoz de CiU, señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, gracias por su comparecencia y por el tono de la misma. Mi grupo debe empezar recordando -aunque es conocido por todos- que, junto con el Partido Nacionalista Vasco, no votamos favorablemente
este proyecto de ley cuando fue tramitado en estas Cortes la pasada legislatura. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Advertíamos entonces de esa vulneración de competencias que la ley suponía, y advertíamos también de que el modelo de
financiación de estas políticas que la ley contemplaba iba a ser un mal negocio para las comunidades autónomas. Y hoy el debate de esta comparecencia, la iniciativa que el señor Tardà va a defender esta tarde, los propios debates que el Grupo
Popular ha suscitado en las sesiones de control lo ponen muy de manifiesto.



No nos satisface que nuestras previsiones se hayan cumplido. Ojalá nos hubiésemos equivocado y quienes defendían en el trámite parlamentario que ese era un buen sistema de financiación hubiesen tenido razón, y quienes advertíamos de esos
problemas hoy tuviésemos que reconocer que nos habíamos equivocado, pero eso no ha sucedido y yo recomiendo a todo el mundo la lectura de los debates del texto alternativo que Convergència i Unió planteó a la propuesta del Gobierno -la enmienda con
texto alternativo-, y el último debate en el Pleno del Congreso con relación a estas cuestiones, porque algunos de los elementos que hoy aparecen estaban en ese discurso.



En segundo lugar, el pecado principal del Gobierno en esta materia -no corresponde tanto a esta ministra pero sí a su fuerza política en un sentido amplio- ha sido la generación del expectativas con relación a esta ley durante las semanas
inmediatas a la puesta en marcha de la misma. Se generaron expectativas entre los ciudadanos sobre los servicios de las prestaciones que se iban a recibir cuando se sabía que, por las propias dificultades de implementación de las previsiones de la
ley, eso no se iba a producir. Señorías, esas expectativas generadas hoy también explican el malestar que con relación a estas políticas están viviendo las familias y las personas dependientes, pero también las administraciones públicas encargadas
de poner en marcha estas políticas: comunidades autónomas y ayuntamientos. Si a eso se le añaden las dificultades que hubo en la puesta en marcha del sistema informático correspondiente y la propia complejidad en sí mismos de los procesos de
evaluación, todo eso, que configura un escenario que sin lugar a dudas hoy podría haber sido un avance perceptible por la mayoría de los ciudadanos, se está asociando a un mal funcionamiento de las administraciones públicas respecto a los servicios
sociales. Si a eso le añade usted el contexto de crisis económica que se plantea, es evidente que hoy existe una valoración negativa por parte de los ciudadanos sobre lo que supone esta ley. Y en este punto, con todas las características propias
de cada uno de los territorios del Estado sobre lo que supone esa ley, yo no voy a entrar en el debate de mi país, de Cataluña, pero en todo caso el Síndic de Greuges hace quince días ponía de manifiesto las enormes deficiencias en la gestión de
estas políticas por parte del Gobierno de Cataluña; pero esta es una cuestión que hoy no toca. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


En tercer lugar -usted lo ha dicho en su intervención y creo que es un equívoco muy peligroso-, estas políticas no empiezan ahora, no estamos en el año cero o en el año más veinte meses de las políticas de la dependencia: servicios de
atención a domicilio, centros de día, residencias para personas mayores, servicios para personas con discapacidad -y de lo que conozco un poco más-, el programa Vida als anys, Vida a los años, de atención sociosanitaria pionero en el conjunto del
Estado, el programa Viure en família, Vivir en familia, del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Todo ello configura una realidad desde principios de los años ochenta, desde los primeros traspasos de los servicios sociales. Las comunidades
autónomas habían estado desarrollando con mayor o menor intensidad, políticas de servicios sociales asociadas a la realidad de la dependencia. Seguramente a la complejidad de esa propia ley se le ha añadido otra, y es que en la puesta en marcha de
la ley se actuó de esa manera, como si estuviésemos en el año


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cero. Por tanto, sobre una realidad viva que existía, que eran los servicios sociales que desarrollaban las comunidades autónomas y las administraciones locales -incluso cofinanciadas en parte por el Gobierno central, a través del
denominado plan concertado y otros programas-, en la medida en que se obviaban, se han producido esas enormes disfunciones.
Le sugiero, señora Cabrera, que en su reflexión sobre el abordaje de esta política incorpore esa dimensión de que no estamos
en el año cero, que quizá la complejidad es porque ya existían los servicios sociales. Quizás si hoy estuviésemos en el año 1980, algunos de los problemas podrían venir de que todo esto estaría empezando.



En cuarto lugar, transparencia. Usted nos ha hablado de cuántas personas han solicitado ser consideradas dependientes, cuántas personas han sido evaluadas, cuántas personas han sido reconocidas, pero no nos ha dicho cuántos PIA se han
elaborado, no sabemos cuántos servicios, cuántas prestaciones económicas. Sabemos que hay mucha gente que pide ser considerada dependiente y se ha analizado si su situación era esa, y a mucha gente se le ha reconocido ese derecho, pero no nos dice
cuántas personas están recibiendo estas prestaciones económicas o estos servicios. A esta Comisión se le hace difícil poder discutir a fondo sobre esa cuestión sin conocer esas cifras en profundidad. Ahí, señora ministra, le reclamo la máxima
transparencia, porque si yo tuviese que formular mi intervención basándome en las respuestas a las preguntas escritas que le he planteado, llegaría a conclusiones bastante espeluznantes, como que de se han recibido siete servicios de asistencia
personal en toda España, al menos son las cifras a las últimas preguntas que le referí, que supongo que lógicamente estarán desfasadas. Hubiese sido interesante que en su comparecencia nos hubiese dado más información sobre esa implementación real
de la ley. Al mismo tiempo, ¿cuál es el nivel de ejecución de la previsión en el presupuesto de 2008? Sobre los cientos de millones de euros que imputamos en el presupuesto para este año, ¿ahora cuánto hemos ejecutado? Porque del contenido de la
reunión del consejo del mes de julio, de los acuerdos que se tomaron, mi sentencia es que quizá terminemos el año sin que se gaste todo aquello que presupuestamos en el presupuesto de 2008 en esta materia. Si hoy tuviera ese dato, me gustaría
conocer ese nivel de ejecución del gasto contemplado.



Dos últimos comentarios en el corto plazo. Uno, ¿la ley lleva en el título esta referencia a la autonomía personal? ¿Usted conoce cuál es la preocupación de todo el sector de la discapacidad sobre el no cumplimiento de esas previsiones?
Yo le traslado esa consideración.
Además, las portavoces del Partido Socialista, la señora Pérez y la señora Esteve, recordarán nuestros debates sobre el papel de los cuidadores familiares. Tuve una tremenda discusión en la que Convergència i Unió
ponía el acento en la libertad de elección de las personas, y reclamamos que desapareciese del redactado de la ley la referencia al carácter excepcional de este tipo de abordaje de la situación de dependencia. Las ponentes del Grupo Socialista
defendían el carácter excepcional de este tipo de respuestas, pero lo que es cierto es que hoy la inmensa mayoría de los dependientes están recibiendo prestaciones para el cuidador familiar. Si al final la puesta en marcha de la Ley de Dependencia
consiste en una paga, poco habremos mejorado las necesidades de las personas dependientes y de sus familias. Nos va a terminar costando mucho dinero, desde el punto de vista de lo que supone para el Estado y para las comunidades autónomas, pero
200, 300 ó 400 euros no resuelven nada a una persona en situación de dependencia.



El señor Tardà hacía referencia hace un rato a la moción que se aprobó en el Pleno de la semana pasada -y comparto con él sus consideraciones sobre la polémica del 0,7 por ciento, aunque hoy no toca-, y mi grupo quería poner el acento, en el
debate que habrá en las próximas semanas o meses, en una cuestión fundamental que es el coste real de los servicios que se financian con esta política. Porque en toda esa previsión de la memoria económica de la ley y en la propia imputación a las
comunidades autónomas, se ignora lo que cuesta una plaza de residencia, una plaza de centro de día, y lo que cuesta que un asistente a domicilio esté unas cuantas horas en casa de una persona dependiente, ya que los recursos por vía de mínimo
garantizado y de parte acordada no tienen en cuenta el coste real de los servicios. Si a eso añadimos que el modelo que configura la ley está basado en servicios y no en prestaciones económicas, más inquietud nos produce en el largo plazo. ¿Cómo
vamos a financiar la puesta en marcha de los servicios, si hoy nos gastamos los recursos en las prestaciones económicas, considerando que los servicios necesitan un determinado proceso para ponerse en marcha? Esto, señora ministra, nos lleva al
núcleo duro de nuestra reflexión. Nos parece que hemos de abrir el debate sobre la sostenibilidad de estas políticas en el medio y largo plazo, porque en la puesta en marcha de las mismas estamos viendo disfunciones. Mi grupo ha tenido en las
últimas semanas conversaciones con diversas consejeras autonómicas sobre la materia, y creo que hay preocupación en las comunidades autónomas sobre la evolución en el medio y largo plazo del sistema; las va a haber en las propias familias y en los
propios dependientes, y las hay en los sectores privados -y ahí discrepo de esa visión apocalíptica sobre la capacidad de la iniciativa privada que ha tenido el señor Tardà-, pero, o hay complicidad de la iniciativa privada para poner en marcha
estas políticas, o esto no tiene respuesta si tan solo esperamos que se actúe desde el sector público. Hemos de conocer las perspectivas a medio y largo plazo de la sostenibilidad de estas políticas en un contexto -y usted, señora ministra, lo sabe
tan bien como yo- en el que las necesidades vinculadas a los cambios profundos que están asociados a la dependencia van a tender a aumentar. Creo que ahora, en la puesta en marcha de la aplicación de la ley, nos toca buscar esa perspectiva que nos
permita no cometer errores que


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puedan condicionar en el futuro que esta sea una política viable y sostenible, y que de verdad sirva para que la mayoría de los ciudadanos puedan acceder a servicios de calidad para atender a sus familiares en situación de dependencia.
Espero que podamos avanzar en esa dirección en los próximos debates.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchísimas gracias, señora ministra, por estar en esta Comisión y por comparecer de una manera rápida -hay que reconocérselo-, a la solicitud que hacen los diferentes grupos para que nos explique, sobre todo, la
financiación de la Ley de Dependencia, porque los demás temas, si son importantes, quizá no sean tan acuciantes.
Además, es una comparecencia necesaria y me agrada que los demás grupos coincidan conmigo en aquellas declaraciones por las cuales
todos nos pusimos -entre comillas- en guardia, pensando que la crisis económica iba a generar consecuencias en la financiación de la Ley de Dependencia. Unas manifestaciones sobre las que yo le hice en una pregunta en el Pleno del Congreso, que
usted me negó y, sin embargo, prácticamente todos los grupos han coincidido conmigo. Es necesaria también, señora ministra, porque usted lo ha comentado en varias ocasiones durante las comparecencias que se celebraron al inicio de la legislatura
tanto en esta Comisión de Política Social como en la de Discapacidad. Si usted relee la comparecencia que usted realiza ante esta Comisión -ahí no me podrá decir que miento-, es curioso porque dice que va a hablar de la Ley de Dependencia en la
Comisión de Discapacidad y en dicha Comisión usted alude a la Comisión de Política Social para hablar de esta ley. Sí que es cierto que usted hace un discurso muy general, de intenciones, bien elaborado, bonito, pero no entra en los problemas que
está generando la aplicación de la Ley de Dependencia. No entra realmente en la financiación de esta ley que es lo que más problemas está generando a las comunidades autónomas y a los usuarios y, sin embargo, habla usted de transparencia, de
impulso, de ley de Estado, de que ha tenido poco tiempo. Es cierto, nosotros comprendemos que ha tenido poco tiempo pero eso no quita que pueda existir una financiación mucho más importante para evitar que esta ley pueda ser inviable en el tiempo,
y no soy la primera persona que dice que esta ley puede ser inviable si la Administración General del Estado no es responsable con la financiación de esta ley.



Quiero manifestarle, señora ministra, el apoyo de nuestro grupo. Es un tema en el que estamos embarcados absolutamente todos. Efectivamente, la responsabilidad no es solamente de la Administración General del Estado, la responsabilidad es
de todos los ciudadanos, de todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero es que la responsabilidad que ustedes han dejado en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos para que pueda
ser viable esta ley es excesiva. Se lo voy a explicar, aunque creo que esas administraciones ya lo han hecho. Sé que sus intenciones y sus formas son buenas, que las comunidades autónomas están encantadas con usted en cuanto a las formas -desde
luego es diferente al ministro Caldera que le precedió-, pero para ser ministra y llevar una competencia como esta no son solamente válidas las buenas formas sino, sobre todo, hay que tener un impulso -del que usted también ha hablado- y una
financiación suficientes para llevar a cabo la aplicación de esta ley.



Nuestro objetivo, como supongo que también el suyo, es que las ayudas o servicios que prevé la ley lleguen a todos los usuarios de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Eso sí, sin llevar a las comunidades autónomas a la bancarrota
porque la aplicación de la Ley de Dependencia está funcionando -y usted lo sabe, señora ministra- por el esfuerzo descomunal que están realizando las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Se ha querido crear un nuevo sistema de prestaciones,
un nuevo pilar básico del Estado, como usted no se cansa de decirnos.
Efectivamente, estamos de acuerdo, pero se ha creado un nuevo pilar del Estado sin financiación para gestión; sin financiación para valoración; sin financiación para
infraestructuras; sin financiación para las entidades locales; sin financiación, en fin, para que se pueda poner en marcha un sistema de la categoría del que estamos hablando. Han desaparecido 71 millones de euros del Plan Gerontológico que no
deja de ser importante porque no existe ningún sustituto financiero, ninguna consignación presupuestaria para sustituir ese plan gerontológico. Era básico, no en cuanto a la cantidad de los 71 millones de euros, que ya es importante, sino en cuanto
a la esencia de ese Plan Gerontológico, que en muchos casos lo que trataba era prevenir una dependencia y, sin embargo, ustedes hacen que desaparezca de las políticas de la Administración General del Estado y no realizan ningún tipo de prevención.



No sé si usted cree o no cree lo que le estoy diciendo sobre que la financiación es importante. A lo mejor usted me dice que está cumpliendo la ley. No digo que no esté cumpliendo la ley; yo digo que si seguimos con esta financiación y
con la prospección que se va a hacer en los años venideros esta ley es inviable. Y no se lo he dicho yo; se lo han dicho todas las comunidades autónomas. De hecho, una de las comunidades autónomas, cuyo Gobierno no estaba presidido precisamente
por el Partido Popular, le dijo que había que paralizar la ley. Me gustaría que usted dijera qué opina sobre la manifestación de esta comunidad autónoma, y no me niegue que esa manifestación existió. Nosotros no somos partidarios de que esta ley
se paralice, en absoluto. Lo que hay que hacer es garantizar su sostenibilidad financiera. La garantía de la sostenibilidad económico-financiera constituye un aspecto de gran relevancia, por lo que se ha de analizar es la viabilidad del sistema.
La ley establece en su artículo 32 la financiación del sistema por


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las administraciones públicas, por la cual el Estado asume y determina el nivel mínimo de protección garantizada cuya financiación fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, ni son suficientes los fondos
que han determinado para el nivel mínimo ni es suficiente la cantidad para el nivel acordado. Es decir, si efectivamente la responsabilidad o la competencia para determinar las cantidades que se van asignando al nivel mínimo es pura y
exclusivamente de la Administración General del Estado yo le puedo decir, señora ministra, que aunque usted esté cumpliendo expresamente la ley, la ley no es viable con esta financiación que la Administración General del Estado es la responsable de
realizar. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, aunque estoy segura de que usted lo sabe porque, si bien es cierto que ha tardado en ponerse al día de la ley, ha tenido tiempo y sé que se ha puesto muy al día de los problemas que están
ocurriendo. En el grado 3, nivel 2 lo que aporta la Administración General del Estado son 258 euros. Para el grado 3, nivel 1, 175 euros y para el grado 2, nivel 2, 100 euros. Pues bien, vamos a poner un ejemplo. Según el Real decreto 727/2007,
que es de las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones, puede pasar que a una persona de grado 2, nivel 2, para la que la Administración General del Estado aporta cien euros, se le asigne una prestación de servicios que puede
ser considerada un ingreso en una residencia. Esa plaza de residencia en la que va a ingresar esa persona puede costar, dependiendo de las comunidades autónomas, desde 1.800 euros al mes hasta 2.200 e incluso 2.400 euros. De esa plaza residencial,
de la cual la Administración General del Estado va a pagar 100 euros, entre la comunidad autónoma y el propio beneficiario tienen que pagar el resto. Usted me dirá que no, que hay que añadir el nivel concertado o acordado. (Prácticamente son
sinónimos, señora ministra, acordado y concertado; de hecho, es nivel acordado en la ley pero se concierta con las comunidades autónomas; lo digo para que no me corrija, por lo menos en el lenguaje.) El nivel acordado, según los datos para este
año, es de 345.000 beneficiarios. Es el dato que yo tenía, usted ha aportado ahora el dato de que son 368.000, en cualquier caso las cantidades no varían excesivamente. Si lo que se reparte entre todas las comunidades autónomas son 240 millones de
euros, en el caso de que ese reparto no fuera sectario sino solidario entre todas ellas -cosa que luego veremos que no es-, si dividimos 240 millones de euros entre 368.000 personas no da ni a 60 euros por persona o beneficiario, es decir, que lo
que va a pagar la Administración General del Estado para esa persona que está en una residencia son 160 euros para una plaza residencial que puede costar desde 1.800 hasta 2.200 euros. Eso, señora ministra, es absolutamente inviable. Ahora bien,
usted me dirá: ha cogido el nivel más bajo, el de los 100 euros. Puedo coger también el grado 3, nivel 2, al que normalmente se le asignará una plaza residencial. Son 258 euros, por lo tanto, lo que va a pagar la Administración General del Estado
como muchísimo van a ser 300 euros. Pues bien, lo que debería hacerse es ver el tipo de servicio asignado a cada persona porque de esta manera la Administración General del Estado da este dinero para el nivel mínimo y se lava las manos, y allá las
comunidades autónomas que resuelvan el problema del derecho subjetivo que nosotros hemos creado y que las comunidades autónomas pagan.



Ya se lo dijimos en la primera comparecencia, que efectivamente es el Gobierno de la nación el que invita y las comunidades autónomas las que pagan.



Vamos a ver el presupuesto del año 2007 y el de 2008 porque tampoco me gustaría que usted me corrigiera y me dijera que manipulo datos. En el año 2007, si no me equivoco, lo que se reparte para el nivel acordado entre las comunidades
autónomas son 220 millones de euros. Me gustaría preguntarle si eso es cierto o si no lo es. Quedan 180 millones de euros para el nivel mínimo y me gustaría que nos diera los datos de los beneficiarios del año 2007 porque nosotros no los tenemos,
tenemos los datos, según los han publicado ustedes, de las solicitudes que se realizan desde enero de 2007 hasta diciembre del mismo año. No sale por ningún sitio ese dato: cuántos beneficiarios han recibido las ayudas en el año 2007. Claro, si
no sabemos ese número, lógicamente no podemos llegar a ningún tipo de conclusión y no sabemos lo que se ha hecho con esos 180 millones de euros que usted manifiesta que se han destinado al nivel mínimo. Nos gustaría saber dónde, cómo y cuántas son
las personas que han recibido ese dinero durante el año 2007, porque realmente no nos salen las cuentas. Si ahora mismo están cobrando 40.000 ó 60.000 personas, en el año 2007 suponemos que estarían cobrando muchísimas menos y, por tanto, según las
cuentas imaginarias que hago, porque si no tengo los datos no puedo hacerlas sobre una realidad, no llegaría a 50 millones de euros los destinados al pago del nivel mínimo. Nos vamos al año 2008.
En el año 2008 el presupuesto total es de 871
millones de euros, 240 millones para el nivel acordado y el resto para el nivel mínimo, según dice usted 631 millones de euros. Señora ministra, me gustaría que me dijera en la mañana de hoy -le voy a preguntar muy poquitas cosas pero me gustaría
que las cosas que le pregunto las conteste aquí y no luego en ruedas de prensa o a la salida del Consejo Territorial de la Dependencia, me gustaría que las contestara aquí- cómo se van a repartir esos 240 millones de euros. Porque tenemos
conocimiento de que ustedes hicieron convenios especiales con Cataluña para valoraciones, con Andalucía para una residencia y tenemos noticias, que no sabemos si son reales, de que también se han hecho convenios especiales con Galicia; qué duda
cabe de que están cercanas las elecciones y quizá sea esa una causa por la cual existen esos convenios especiales. Qué raro es que ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular tenga noticias de que vayan a existir o existan convenios
especiales para esa financiación. Son financiaciones importantes, señora ministra y, por tanto,


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queremos saber si eso es como yo le estoy diciendo. Queremos que exista transparencia y no queremos que haya una actitud sectaria en la asignación de estos fondos y de esta financiación a las comunidades autónomas. Si eso es así, que
existen 240 millones de euros, que para el nivel mínimo son 631 millones de euros, que ha desaparecido el Plan Gerontológico que representaba 71 millones de euros, se están repartiendo para el nivel acordado 50 millones de euros menos que en el año
anterior.
Usted me dijo que yo manipulaba datos y le quiero preguntar -y que usted me conteste- si es cierto que para el nivel acordado son 240 millones de euros, si es cierto que han desaparecido los 71 millones de euros del Plan Gerontológico, si
es cierto que son 871 millones y no me diga usted que los 631 millones de euros es una cantidad superior a la del año pasado; por supuesto que es una cantidad superior, porque ha subido de una manera espectacular el número de personas prestatarias,
que tienen derecho a cobrar esas ayudas o a la prestación de esos servicios. Si usted me dice eso, si me dice que esos 631 millones de euros es una cantidad superior a la del año pasado, le diré que de esos 631 millones de euros las comunidades
autónomas tienen que poner por lo menos otro tanto. Por consiguiente, no tan solo de esos 240 millones de euros la cantidad es menor, usted ha reducido los fondos del año pasado a este, sino que de esos 631 millones de euros las comunidades
autónomas tienen que poner por lo menos otros 631 millones de euros.



He hablado de 2007, también de 2008 y ahora vamos a hablar del año 2009.
Le pediría también a usted, señora ministra, total transparencia y una colaboración leal de la que usted tantas veces nos habla. Vamos al año 2009: 1.150 millones de
euros. Usted dice que efectivamente en la memoria económica que estaba prevista para 2009 la cantidad era de 979 millones de euros, pero lo que no cuenta es que esta memoria se calculó sobre el preproyecto, cuando no estaban incluidos los enfermos
mentales ni los niños de 0 a 3 años; se hizo con otras previsiones, con otros datos, con un número de personas que ni por asomo está atendiendo a la realidad de los hechos. Por tanto, usted no puede decir que porque la memoria económica tenía esta
cantidad y este importe consignado están ustedes cumpliendo la ley. Le vuelvo a repetir, señora ministra, que ustedes, aunque estén cumpliendo la ley, son los responsables de si esta ley va o no va a ser viable en cuanto a su financiación. Es
insuficiente y no es viable. Con una prospección al año 2015, si la Administración General del Estado no aporta lo que responsablemente debiera, la van a hacer no solo absolutamente inaplicable, sino que ustedes no van a llegar a aportar ni el 20
por ciento de lo que todas las comunidades autónomas aportan. Ahora mismo se está aportando menos del 25 por ciento. El año pasado se aportó muchísimo menos del 25 por ciento y la Comunidad de Madrid aporta para la dependencia 790 millones de
euros, cuando toda la consignación presupuestaria del ministerio son 871 millones de euros.



Voy a poner un ejemplo porque provengo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los datos los tengo muy claros, una comunidad autónoma donde está funcionando muy bien, donde se está pagando a todos los beneficiarios y además de una
manera muy rápida. La previsión del gasto para el año 2008 es de 40.986.445 euros. La previsión del gasto para el año 2009 es de 154.218.648 euros, cuatro veces más, señora ministra, para el año 2009. La prospección de las personas que se vienen
integrando en el sistema de protección de la Ley de Dependencia no es del 33 por ciento que usted ahora mismo prevé y que usted va a subir en el año 2009, sino muchísimo mayor, y si ya partimos de unos datos que son muy bajos o de una financiación
que es muy baja, lógicamente usted entenderá que no da y que es absolutamente insuficiente.



No voy a extenderme mucho más, señora ministra. Sabemos de su buena disposición, pero si no la financia adecuadamente usted va a llevar a las comunidades autónomas a la bancarrota. Se está aplicando bien con el esfuerzo de las comunidades
autónomas, pero, los ciudadanos tienen que saber que si en algún momento no llegara la financiación no es culpa de las comunidades autónomas, sino de la Administración General del Estado.
Usted habla de lealtad institucional, mientras su partido
está azuzando a sus diputados autonómicos, en aquellas comunidades autónomas que no gobiernan, diciendo que si no se aplica bien la ley es culpa solo, pura y exclusivamente de las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno hizo unas
declaraciones diciendo que es el Partido Popular el que frena las políticas sociales -esto lo dijo antes de las elecciones lógicamente-, pero los ciudadanos tienen que saber que no es el Partido Popular el que está frenando las políticas sociales.
Usted habla de lealtad institucional y me parece muy bien, pero no puede permitir, al mismo tiempo que pide el esfuerzo a las comunidades autónomas para que se sienten en mesas de trabajo, que diputados autonómicos de su partido estén azuzando a las
comunidades autónomas con Gobierno del Partido Popular para decir que esta ley no se está aplicando bien. Y, tal como le estoy probando, si no se aplica o no llega en algún momento la financiación, usted está viendo que, desde luego, no es culpa de
las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que hacer una valoración de los ciudadanos que por lo menos tiene treinta pasos, unas valoraciones que no se pagan, unas valoraciones que además pueden costar del orden de unos 300 euros a
las administraciones de las comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, con unos certificados no solamente de los ayuntamientos, sino también de Sanidad. Tampoco se aumenta la financiación a Sanidad para que esos médicos estén realizando
esos certificados. Por tanto, no es de lealtad institucional que se esté criticando a las comunidades autónomas cuando la responsable de la financiación es la Administración General del Estado. No hay dinero para gestión, no hay dinero para
infraestructuras y no hay información.



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Por último, me queda decir una de las cosas que he oído a otro diputado compañero, el señor Campuzano, que habla de que la falta de financiación está haciendo que se esté disparando la prestación que supone pagar a un cuidador informal. Con
sus datos hemos podido analizar que el 80 por ciento de las prestaciones van dirigidas a cuidadores informales. Este no era el sentido que tenía la ley, no era realmente lo que perseguía esta ley y no era lo que se preveía con una ley de prestación
de servicios. Se está convirtiendo en una ayuda para cuidadores y además esto va a traer problemas, que el 80 por ciento de las ayudas sean para cuidadores informales lógicamente va a traer problemas. Tampoco se está ocupando de la coordinación
sociosanitaria, que además abarataría muchísimo los servicios en el caso de que se pusieran de acuerdo, pero no se está ocupando de ella.



El año pasado el 8 por ciento del nivel acordado se dedicaba a gestión; sin embargo, este año también ha desaparecido. También nos parece grave que no se garantice la igualdad de trato entre todos los españoles.
Señora ministra, ahí le
pedimos que haga un esfuerzo para que estas diferencias que se están generando entre las distintas comunidades autónomas desaparezcan. Sé que va a tener problemas con el decreto de copago -sé que los está teniendo para sacarlo adelante- y sé que
tendrá problemas con el decreto de acreditación de centros. Nosotros le ofrecemos nuestra ayuda para que eso pueda salir adelante, pero lo que sí es cierto es que vamos a defender que exista igualdad en todo el territorio nacional a la hora de la
aplicación de estos decretos. Por lo tanto, solicitamos igualdad para todos los españoles, que se mejore el procedimiento -hay que agilizarlo- y, por supuesto, que se garantice y se aumente la financiación. Es inviable, está infradotada, no se ha
desarrollado todavía convenientemente, no hay políticas de prevención y, señora ministra, no hay transparencia, a no ser que usted en la mañana de hoy corrija el defecto que le he mencionado.



Termino considerando una serie de afirmaciones que usted ha hecho. Usted manifiesta que el Gobierno pone todo su empeño. No lo dudamos, pero nosotros le decimos que no es suficiente. Ha dicho que tuvo un espacio destacado en la primera
comparecencia y yo le digo que no es cierto.
Usted recuerda que lleva solo veinte meses en vigor un nuevo sistema que debe garantizar un derecho subjetivo, pero durante esos veinte meses las comunidades autónomas han tenido que pagar a los usuarios
y a los que tienen derecho a la prestación de ese servicio. Usted dice que el desarrollo está generando un rico debate y yo le digo que ese rico debate está empobreciendo a las comunidades autónomas. Usted indica que se ha avanzado en la
construcción del sistema, que se ha hecho un gran esfuerzo normativo, y nosotros le decimos que, después de año y medio, todavía faltan dos decretos que son muy importantes. Usted sigue hablando de la evaluación piloto y de la evaluación del
sistema informático cuando al mismo tiempo el partido que sustenta al Gobierno ha venido diciendo que existían problemas con los datos de las propias comunidades autónomas. Y ha terminado usted manifestando que la generación de empleo ocupa un
lugar destacado, además de haberse desbordado. Ya le he dicho que el 80 por ciento son cuidadores informales y conocemos el potencial que tiene la ley. Claro que conocemos el potencial que tiene la ley, señora ministra, pero sin financiación no
tiene ninguno y las comunidades autónomas son las que ahora mismo saben realmente el potencial que tiene esta ley. Espero que me responda a las preguntas que le he hecho y le agradezco nuevamente su comparecencia.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: A mi grupo le ha gustado su intervención porque pone de manifiesto lo que este grupo ha venido diciendo, manteniendo y reforzando en el diálogo con otros grupos parlamentarios en esta Cámara durante el debate de
distintas iniciativas, que es reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de la Ley de Dependencia, como se ha venido haciendo hasta la fecha, como se ha hecho en 2008, el año en el que estamos, con unos Presupuestos Generales
del Estado que contemplaban un considerable aumento sobre la memoria económica de la ley para financiar la misma, y como se ha venido haciendo en la parte que incumbe en el desarrollo de este sistema y de esta ley al Gobierno de España, cumpliendo
en el plazo más corto posible desde su entrada en vigor a principios de 2007 con los decretos que eran necesarios para establecer los mínimos de arranque de la ley. Es un compromiso que se ha puesto nuevamente de manifiesto con respecto a 2009 con
los datos que nos ha dado la ministra en torno a la presentación de los presupuestos y al importante incremento -es el mayor incremento del proyecto de Presupuestos Generales del Estado- que tendrá la partida destinada a atender la financiación de
esta importante ley. Creo que ese compromiso del Gobierno debería reforzar también en esta Cámara la exigencia de compromiso de los distintos grupos ante la ley y ante los ciudadanos y no distorsionar continuamente lo que está sucediendo ni crear
más alarma ni crear más tensión. Ese compromiso es tan importante como el que se está demostrando desde el Gobierno, porque, como han dicho algunos compañeros, todos sabíamos de la complejidad de esta ley, y estamos aquí todos los que participamos
en el debate de la misma, porque hemos vuelto a la Cámara en esta nueva legislatura.



No solamente estamos, como todos ustedes saben, ante la puesta en marcha de un nuevo derecho importantísimo, estamos ante la puesta en marcha de un nuevo sistema, ante la creación de un nuevo sistema, tan complejo o más de lo que fue la
implantación del sistema de salud o del sistema de pensiones, yo diría que aún más complejo, si cabe, porque hoy nos encontramos, por una parte, con una clara competencia de la Administración General del Estado y de estas Cortes que aprobaron la


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ley, del Congreso y del Senado, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la situación en la que se encuentran muchas personas de dependencia, pero también con un Estado complejo, con un Estado distinto, en el que las
comunidades autónomas tienen las competencias en la atención social, y también los ayuntamientos de manera subsidiaria. Este sistema, por tanto, nace de una situación bien distinta a las anteriores.
Ya sabíamos que era complejo y ya sabíamos que
era complicado. Por eso no se le dijo a nadie, no se le dijo a los ciudadanos, no se argumentó en esta Cámara que el día 1 de enero de 2007, ni siquiera el día 1 de enero de 2008, todos los ciudadanos en situación de dependencia de este país iban a
tener ese derecho garantizado. La ley prevé un calendario de implantación que va hasta 2015, porque todos éramos conscientes de que se necesitaba un tiempo, un tiempo necesario porque además en este nuevo Estado complejo en el que nos situamos y
con la puesta en marcha de este sistema hemos creado un órgano muy importante, un órgano que nace en una situación bien distinta de las anteriores y ese órgano, que es el Consejo Territorial de la Dependencia, también por la aportación de los grupos
de esta Cámara -de Convergència i Unió, aunque al final no votara la ley, de Esquerra Republicana, que fijó ahí todo su interés, del Bloque dentro del Grupo Mixto- es un órgano complejo, que está dentro de un modelo cooperativo -modelo cooperativo,
subrayo-, lo que es muy importante para este nuevo modelo y es la primera ley en la que se aplica. En otros consejos sectoriales de los ministerios no se da este sistema. Por tanto, ese modelo cooperativo hace más rico el resultado, pero también
hace más compleja tanto la toma de decisiones como la implantación misma de los acuerdos en los diferentes territorios. Por eso se está produciendo esta sensación en muchos casos de que la ley no está aplicándose de igual manera, porque estamos en
una situación compleja a la que todos tenemos que hacer frente y llegar a esos acuerdos mínimos es lo que enriquece pero, a la vez, complica la toma de decisiones.



Señorías, pese a estos inconvenientes o a estas ventajas -es como lo de la botella, medio llena o medio vacía-, el sistema está funcionando. El sistema está funcionando y hoy la ministra aquí ha dado unos datos muy importantes sobre las
personas que están siendo valoradas, sobre las personas que están recibiendo prestaciones, personas, ciudadanos españoles en todo el territorio español, con nombres y apellidos. Por lo menos, no neguemos eso. Me gustaría, señora Méndez, cuando
utilizan el argumento de que hay muchísimos más dependientes de los que se esperaba y que por eso la memoria de la ley no sirve, que después lo hagan compatible con el otro dato que dan. Si hoy están siendo atendidas -es el último dato que ha dado
la ministra- alrededor de 360.000 persona y usted sabe que la previsión era de 400.000, el número de personas que están siendo atendidas no supera la previsión del libro blanco para este año.
Por tanto, si los Presupuestos Generales del Estado, con
esa previsión, que no la supera, de personas atendidas, han aumentado un 26 por ciento en 2008 la aportación económica, eche usted la cuenta, señora Méndez. No es posible que la Administración General del Estado no esté haciendo ningún esfuerzo. Y
retomo este tema con otros que han salido durante las intervenciones de otros de mis compañeros. Cada uno de nosotros maneja un dato diferente sobre el coste -la señora Méndez manejaba unos y la representante del Bloque manejaba otros; cada
comunidad autónoma maneja uno-. En estos momentos la comisión delegada está trabajando en saber el porcentaje que supone la aportación del Estado, si las comunidades autónomas terminan aportando, en lugar del 50, el 60, el 70 ó el 80, en saber qué
está sucediendo de verdad y cuánto están aportando las distintas comunidades autónomas. Ahora mismo solo hay un presupuesto, absolutamente transparente para todos y sometido al control de esta Cámara y de esta Comisión, que es el presupuesto que
tiene el ministerio, que tienen los Presupuestos Generales del Estado. Ese sí que es transparente. Sabemos lo que es, sabemos dónde se gasta y cómo se gasta.
Todavía no conocemos qué está sucediendo en todas y cada una de las comunidades
autónomas que están aplicando este sistema, y en eso están trabajando. Sería importante de una vez por todas conocer si de verdad en gasto nuevo, que era lo que tenía previsto la memoria económica de la ley, se está gastando lo mismo, igual o más
-un 50 por ciento, un 60 ó un 40- sobre la previsión de lo que se está gastando desde la Administración General del Estado. Funciona, señorías. El sistema está empezando a funcionar, está arrancando y no está exento de problemas o dificultades,
como todos ustedes han manifestado y como ha dicho la propia ministra, en la aplicación diaria y en el desarrollo de la ley.



Señor Campuzano, en esa discusión que mantuvimos tanto sobre la prestación familiar cuanto sobre la prestación económica -el famoso artículo 25, al que tantas vueltas le dimos-, sabíamos que era una situación coyuntural.
La prestación de
servicios es el objetivo máximo de la ley, pero todos éramos conscientes -también lo ponía de manifiesto el libro blanco- de que la situación en las diecisiete comunidades autónomas más Ceuta y Melilla era de una diversidad terrible, con comunidades
autónomas en las que prácticamente no existía infraestructura de servicios, tanto de plazas residenciales como de centros de día, incluso en atención a domicilio y otro tipo de servicios. Sabemos que es una situación coyuntural, tanto la aplicación
de la una como la aplicación de la otra, a falta de esos servicios que debemos ir implementando entre todos. Me alegro de que la ministra en la última parte de su intervención haya señalado la importancia de la iniciativa privada en el desarrollo
de esta ley y me gustaría además insistir en que no solo de la iniciativa privada sino de la iniciativa privada con ánimo de lucro y del tercer sector, que es muy importante sobre todo en la atención de las personas en situación de dependencia
proveniente de una situación de discapacidad. Por tanto, deberíamos no poner piedras, ayudar a


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que ese sistema funcione en un modelo tan complejo y facilitar el trabajo tanto del Gobierno de España como de las comunidades autónomas. Creo que se han puesto mecanismos en marcha, que la ministra ha repetido hoy por segunda vez, y de los
que ya habló largamente en su primera comparecencia ante esta Comisión. Me parece fundamental la puesta en marcha de la comisión interministerial, señora ministra. Me parece fundamental el trabajo que se está haciendo dentro de la comisión
delegada del consejo territorial con los diferentes grupos de trabajo que se han creado, tanto para ver el sistema de financiación, el nivel acordado y demás, como para realizar la evaluación que usted ha encargado a la agencia sobre el desarrollo
del sistema informático.



En este Parlamento también hemos tomado iniciativas, señora ministra, iniciativas como aquella a la que se refería el diputado señor Tardà, que fue recientemente aprobada. Le puedo asegurar, señor Tardà, que la voluntad de este grupo
político es el cumplimiento de todos los puntos de esa moción que se transó y se pactó entre nosotros y fue aprobada por la Cámara. No solamente le puedo asegurar eso, sino que, por el conocimiento que usted y yo tenemos de cómo se está trabajando
en el consejo territorial y en los diferentes grupos, puedo decirle que el consejo va trabajar en todos los puntos que se señalan en la moción. Por si alguno de los puntos sobre los que preguntaba no le ha quedado claro, la ministra ya le ha
confirmado hoy que los Presupuestos Generales del Estado que han entrado hoy en la Cámara recogen un aumento -tal y como se pedía en la moción que pactamos- de la previsión económica muy considerable: un 33 por ciento sobre el año pasado y -si los
cálculos que he hecho no me fallan- un 26 por ciento más sobre la memoria económica.
Por tanto, esa moción se está empezando a cumplir. Ahora hay que desarrollar el trabajo desde ese órgano en el que fijamos el desarrollo e implantación del
sistema.



Usted ha hablado de los dos puntos referentes al IRPF. Perdónenme, señor presidente, señora ministra, porque no es el tema, pero como se ha hecho referencia a él, quiero contestar al señor Tardà. En los puntos que atañen al 0,7, el texto
dice exactamente: seguir trabajando en la distribución territorial del IRPF. Esto ya está contemplado en estos momentos, porque hay un pequeño porcentaje que permite no solamente la presencia de entidades de carácter estatal sino también dentro
del territorio: una comunidad, una provincia, una ciudad, un barrio, un pueblo. Se trata de seguir avanzando, de ofrecer más transparencia, de colaborar más, tal como dicen esos dos puntos, y no, porque no aparece así en ningún caso -aunque, como
usted sabe, el camino es largo y tendremos que seguir hablando durante mucho tiempo-, de proceder a territorializar el 0,7, que es una cosa bien distinta.



Entre esas iniciativas que hemos ido tomando desde esta Cámara, señor ministra, también aprobábamos la semana pasada otra interesante del Grupo Popular, que aceptó una transacción del Grupo Socialista, para que en los grupos de trabajo se
empiece a desarrollar el Plan integral para los menores de tres años, que ya están siendo atendidos, pero cuya atención se vería reforzada con dicho plan. Es importante que en estas circunstancias se renueve el acuerdo con los agentes sociales que
usted ha mencionado y se refuerce la cooperación con las comunidades autónomas.
Lo mejor que le puede suceder para el éxito de esta ley, que es el éxito de los ciudadanos afectados por una situación de dependencia y de sus familias, es que desde
este Parlamento acompañemos con lealtad y colaboración al Gobierno de España y a las comunidades autónomas, que son los que gestionan la ley, de tal modo que hagamos posible que todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, accedan en igualdad
de condiciones a este nuevo derecho, según se vaya desarrollando, de aquí a 2015, con la implantación de los diferentes grados, y garanticemos la calidad y los servicios en el mismo.



El tiempo apremia. No quiero alargarme más, señora ministra. Creo que actuar con transparencia, avanzar hacia nuevos acuerdos como los que usted ha significado y trabajar en la investigación y en la innovación es un buen camino. Que
podamos desarrollar próximamente patentes en este sector tan importante para las personas en situación de dependencia o con discapacidad no será más que una alegría para esta Cámara y también para este país. Me consta que en mi tierra ya se está
haciendo alguna.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra, para responder a las intervenciones de sus señorías.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Señorías, muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por sus intervenciones. Entiendo, por la manera en que se han producido las mismas, que mi
afirmación durante mi primera intervención de que estamos hablando de una ley de Estado tenía todo el sentido, aunque el señor Esteban me ha dicho que al hablar de ley de Estado estoy utilizando una categoría jurídica nueva. Era una descripción que
tenía que ver mucho con el apoyo que esta ley tuvo en el Parlamento. La verdad es que también él ha innovado con una categoría jurídica nueva al hablar de una ley transgresora de las competencias autonómicas; tampoco sabía yo que había una
categoría jurídica que agrupara esas leyes supuestamente transgresoras de competencias autonómicas. Insisto, muchas gracias por las intervenciones, incluidas las de aquellos dos grupos, Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, que
efectivamente no votaron favorablemente la ley por discrepar en relación con las competencias de las comunidades autónomas y que, sin embargo, muy especialmente por parte de Convergència i Unió, han hecho intervenciones ahora mismo en esta sesión
que, si me lo permite el señor Campuzano, implican una implicación -valga la redundancia- en el desarrollo de la ley, cosa


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que entiendo porque, independientemente de lo que se opinara sobre las competencias invadidas o no, indudablemente estamos hablando de servicios para todos los ciudadanos, incluidos evidentemente los ciudadanos de Cataluña. Por tanto,
muchas gracias de verdad por las intervenciones, que entiendo que reafirman la legitimidad de esta ley, y digo que reafirman la legitimidad que ya tenía la ley por haber sido votada en el Parlamento con el apoyo parlamentario que tuvo. Agradezco
muy especialmente la intervención del señor Tardà, porque efectivamente Esquerra fue uno de los grupos parlamentarios que estuvo desde el primer momento -no sabía que había sido el primero en cruzar el umbral del ministerio del señor Caldera- en el
debate de la ley y que sigue estando en el debate del despliegue de la misma. Y como esta es una ley -si me permite el señor Esteban que lo repita- de Estado, evidentemente es una ley -digo yo- que ni el Gobierno ni el ministerio quiere pero
tampoco puede paralizar. Es decir, si en el despliegue de la ley necesariamente tiene que haber colaboración de todas las administraciones implicadas -hablo de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos-, cualquier decisión trascendental en el desarrollo de la ley necesita, no ya el acuerdo de esas administraciones implicadas en su desarrollo, sino el acuerdo de al menos todos los grupos parlamentarios que aprobaron la ley. Por
tanto, no me siento con autoridad ni por supuesto he dicho en ningún momento nada en relación con la paralización de la ley. Tampoco dije nada -y recuerdo las intervenciones de prácticamente todos los grupos- en aquellas supuestas declaraciones a
la prensa sobre que la situación económica fuera a afectar a la financiación de la Ley de Dependencia. Nunca hablé de que pudiera afectar a la financiación de la Ley de Dependencia; fue una pregunta genérica sobre la situación económica y su
posible repercusión no sé si en las políticas sociales o en la Ley de Dependencia en concreto, pero en relación con la financiación de la Ley de Dependencia nunca jamás dije que hubiera el más mínimo asomo de duda. Ahora me alegro de que hubiera
una cierta confusión con respecto a mis declaraciones porque eso ha producido la petición de comparecencia y estamos aquí discutiendo de cosas que nos importan a todos, pero, desde luego, en mis declaraciones nunca dije que el presupuesto de la Ley
de Dependencia fuera a verse afectado por la situación económica.



Entiendo la confusión y entiendo además una confusión añadida, puesto que efectivamente se había celebrado un consejo territorial al que habían ido para discutirse, y en su caso aprobarse, dos acuerdos en relación con la participación de los
beneficiaros en el sistema -lo que llamamos copago- y sobre acreditación de la calidad de los centros y servicios. Dos acuerdos que son absolutamente fundamentales para continuar el despliegue de la ley, que habían sido objeto ya de un largo debate
pero que, a la vista de las intervenciones que yo escuché personalmente en el consejo consultivo previo al consejo territorial -un consejo en el que están representadas las comunidades autónomas, pero también los agentes sociales-, pensé que merecía
la pena darles una vuelta más, porque cabía la posibilidad de mejorar su contenido en relación con algo -que he repetido muchas veces y he insistido aquí en ello- que me parece el espíritu y el objetivo final de la ley, que es que exista un sistema
de atención a la dependencia que garantice un mínimo de servicios de calidad por igual a todos los ciudadanos del Estado español. Por eso, sometí al consejo territorial la posibilidad de reflexionar sobre esos dos acuerdos, eso sí, con un plazo de
tiempo breve dada la importancia de los dos temas, pero con un tiempo suficiente como para ver si se podían mejorar esos acuerdos. No es una retirada de los acuerdos, es un aplazamiento en su aprobación para ver si se podía insistir más en ese
principio que, como ha dicho la señora Méndez -y se lo agradezco-, le importa especialmente al Partido Popular, y desde luego a mí también, porque está en la ley, que es garantizar ese mínimo de calidad en los servicios prestados. Esa fue la razón
de que se aplazara la aprobación de esos dos acuerdos en el consejo territorial, que espero llevar, como he dicho en mi intervención, a un próximo consejo territorial, porque el nivel de debate está muy avanzado y ya he dicho que precisamente en
este momento se estaba celebrando una nueva reunión para discutir esos dos textos.



La ley está en marcha, la ley se está desplegando entre todos, de acuerdo con lo previsto porque, recuerdo, la votamos todos, menos dos grupos parlamentarios. Si ustedes me permiten que haga una declaración general recogiendo varias de las
intervenciones, yo no voy a entrar en el juego de a las comunidades autónomas les toca esto y a la Administración General del Estado le toca aquello otro. La Ley deja muy claro cuáles son las responsabilidades de las comunidades autónomas y las
responsabilidades de la Administración General del Estado. Son responsabilidades que salvan, en mi opinión, las competencias de las comunidades autónomas y que les otorgan un protagonismo absolutamente decisivo, pero fijan también las bases de
financiación de la puesta en pie del sistema de atención a la dependencia, y la financiación es de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Y en esos términos se discute en todos los organismos e instituciones encargados
de desplegar la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Que las grandes decisiones sobre financiación de la ley se toman en el consejo territorial, donde están las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. El nivel mínimo se aprueba
en consejo territorial y los criterios de reparto del nivel acordado, señora Méndez, se toman en el consejo territorial, y de acuerdo con esos criterios acordados en consejo territorial, no le quepa ninguna duda, se van a repartir esos 241 millones
de euros, exactamente igual que, de acuerdo con el nivel mínimo aprobado en consejo territorial, el Estado viene remitiendo a las comunidades autónomas el pago correspondiente al nivel mínimo según las comunidades autónomas


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van comunicando sus datos. A fecha de hoy, en los ocho meses del año 2008, por el nivel mínimo, el Estado ha remitido a las comunidades autónomas 346 millones de euros. Pero estos datos no son míos, como ha dicho usted, ni por supuesto son
datos imaginarios. Esta ley, en la manera en que se está desplegando, se apoya fundamentalmente sobre los datos que nos dan las comunidades autónomas, que son los que el Imserso cuelga una vez al mes en su página web. No son mis datos, no son
datos imaginarios, son los datos que nos remiten las comunidades autónomas, estén gobernadas por el partido político que estén gobernadas. Los compromisos de la Administración General del Estado y del ministerio en relación con la financiación se
cumplen en función de esos datos. El nivel mínimo es automático. Cuando llegan los datos de las comunidades autónomas, la Administración General del Estado remite a las comunidades autónomas lo correspondiente al nivel mínimo, que, insisto, en su
cuantía ha sido aprobado por el Consejo Territorial.



¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora mismo? Creo que es lo que he intentado explicar en mi intervención. ¿Compromiso con la ley? Por parte de la Administración General del Estado y de este ministerio -y en los
presupuestos en primer lugar-, compromiso, todo. ¿Conciencia de la complejidad de desarrollo de la ley? Por supuesto, y, señor Campuzano, no partimos de cero. Esta es una de las razones de la complejidad del despliegue de la ley, como muy bien ha
explicado usted. Pero como no partimos de cero, lo que tampoco debería ocurrir sería que las comunidades autónomas pretendieran partir de cero, porque tienen políticas sociales desplegadas desde que se produjo aquella primera transferencia. Por
eso, uno de los objetivos que tienen todos los mecanismos que hemos puesto en marcha y que he explicado en mi intervención, desde la comisión interministerial hasta los grupos de trabajo que el consejo territorial ha creado -por cierto, hay un grupo
de trabajo especialmente dedicado a financiación que yo creo que se está reuniendo hoy mismo-,de manera conjunta y solidaria entre comunidades autónomas y ministerio, es poner en claro y de manera absolutamente transparente de qué estamos hablando.
Yo no tengo ningún problema en hablar de financiación de esta ley, y lo hago con la tranquilidad de estar cumpliendo con la memoria económica, pero creo que nos estaríamos engañando a nosotros mismos si siguiéramos hablando de necesidades de
financiación sin saber de qué estamos hablando. Yo he pedido a las comunidades autónomas, y están de acuerdo -y lo vamos a hacer entre todos los órganos que la ley ha previsto para discutir con las comunidades autónomas-, todos los datos.



Me preguntan -creo que ha sido la señora Méndez- por el número de beneficiarios efectivos, es decir, de personas que están recibiendo prestaciones. Yo no tengo esos datos, señora Méndez, los tienen las comunidades autónomas. (La señora
MÉNDEZ MONASTERIO: De 2007.) Hay un dato, sin embargo, que yo les he pedido que me aclaren. Así como el presupuesto de la Ley de Dependencia, en lo relativo a la Administración General del Estado, está en los presupuestos anuales, como no partimos
de cero, sino que las comunidades autónomas ya venían desplegando políticas sociales, yo les he pedido a las comunidades autónomas que me cuenten exactamente qué presupuesto nuevo están dedicando a todo aquello que supone despliegue de la Ley de
Dependencia, porque necesitamos estos datos. No es que yo quiera fiscalizar para castigar, es que quiero saber cómo se está desplegando la ley, y necesito datos que todos aceptemos como válidos. Por eso he dicho al principio que no voy a entrar en
el juego de enfrentar comunidades autónomas con la Administración General del Estado para el despliegue de esta ley y que parto de la base, y lo he dicho en mi intervención, de que esta ley recibió el apoyo parlamentario que recibió. Si eso no
sigue estando claro, entonces sí estamos poniendo en peligro el despliegue de este sistema, porque solo es posible con ese apoyo parlamentario y con la colaboración legal de todas las administraciones. Yo nunca voy a reprochar a las comunidades
autónomas ni les voy a hablar de sus datos frente a mis datos ni de su financiación frente a mi financiación, porque, si no hay colaboración, esto no funciona. ¿Que tenemos que saber cuál es el coste real de una plaza o de un servicio?
Evidentemente, vamos a pedir la información. ¿Que ese coste real no sea el mismo en una comunidad autónoma que en otra? Es probable, pero no podemos funcionar sobre la base de afirmaciones genéricas. Por eso, vuelvo a mi intervención, hemos
puesto en marcha todos estos mecanismos que hemos considerado necesarios, después de veinte meses de despliegue de la ley, para que nosotros mismos podamos aprender cómo se está desarrollando la ley. Si no hacemos eso, difícilmente podremos seguir
construyendo el sistema.



Señor Tardà, me hacía usted preguntas muy concretas en relación con los seis puntos de la moción que se aprobó el otro día. Prácticamente todos los puntos incluidos en esa moción van a ser, algunos ya lo están siendo, objeto de discusión en
el consejo territorial. Puedo asegurar que la Administración General del Estado y este ministerio son los primeros interesados en que el sistema de atención a la dependencia tenga la financiación que necesita. Pero también, y lo dije en mi primera
comparecencia -aunque por entonces, es verdad, como ha dicho la señora Méndez, que yo estaba intentando enterarme de cómo funcionaba la Ley de Dependencia, y creo que he aprendido bastante en los últimos meses-, hace cuatro años tenía claro que el
principio de evaluación permanente del funcionamiento de la ley tenía que ser una norma que probablemente no se incorporó tal cual cuando la ley se aprobó, pero sí está en el espíritu de la ley que preveía una primera evaluación a los tres años.
Sin embargo, dadas las opiniones de las comunidades autónomas y de los grupos parlamentarios en esta Comisión, hemos hecho bien en entender que esta evaluación debe anticiparse y acompañar permanentemente


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al despliegue de la ley. Voy a procurar, se lo puedo asegurar -y estoy seguro que si no ustedes me lo van a pedir, creo que es una promesa que vale en esa medida-, la mayor trasparencia en el funcionamiento de esta ley con todas las
consecuencias. Esto exige la misma transparencia en las comunidades autónomas, y estoy convencida de que están, no ya convencidas, sino absolutamente dispuestas a cumplir con ese principio de transparencia.



Hay una afirmación generalizada sobre que los datos de beneficiarios de esta ley, en la medida en que se van haciendo las valoraciones, han sobrepasado con mucho las previsiones del libro blanco. Vamos a ver si es verdad, porque aunque es
cierto que parece que en el número de grandes dependientes esas cifras son mayores de lo previsto en el libro blanco, algunas comunidades autónomas confiesan su sorpresa cuando se han puesto a valorar la dependencia severa y se han encontrado menos
de lo previsto en el libro blanco. Hay que buscarle explicación a esto. Puede ocurrir que la aplicación del baremo nos haya disparado hacia el primer escalón y estemos hablando de un grado de grandes dependientes, dependientes severos, que se ha
sumado. Pero todo esto tendremos que verlo en la medida en que se despliega la ley. Insisto, los datos son los que nos procuran las comunidades autónomas. Están publicados por el Imserso y los tienen todos ustedes. Son datos que a veces
sorprenden, por ejemplo, el número de valoraciones sobre el tamaño de la población supuestamente afectada. Sorprende que haya comunidades autónomas con una determinada población supuestamente beneficiaria y un número de valoraciones infinitamente
menor y otras comunidades autónomas con una población supuestamente beneficiaria equivalente y un número de valoraciones muchísimo más alto. Necesitamos saber por qué está ocurriendo esto. Por eso hemos pedido a las comunidades autónomas que nos
ayuden a ponernos de acuerdo sobre los datos y en cuanto tengamos un acuerdo sobre los datos o paralelamente -porque de hecho lo estamos haciendo paralelamente-, tendremos que hablar de financiación. Pero no podemos hablar de financiación sin la
información, no ya por lo que pueda suponer de exigencia en los Presupuestos Generales del Estado sino para los presupuestos de las comunidades autónomas; es que las comunidades autónomas son las primeras interesadas en saber qué es lo que está
pasando, si son los datos que necesitamos o si tenemos que buscar más información. Por eso, insisto, esto no va a funcionar si no legitimamos permanentemente el apoyo político que esta ley tuvo y si no conseguimos la colaboración leal de todas las
comunidades autónomas. Y que yo diga esto no quiere decir que me esté quitando de encima la responsabilidad que me toca, en absoluto, sino que estoy convencida de que lo que la ley anuncia que queremos construir solamente va a ser posible por esta
vía.
Desde luego, hacemos un flaco favor no ya al Gobierno sino a los ciudadanos si la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza porque sobre esto tenemos que tener todo el
debate que sea necesario, sobre la base, además, de que estamos todos embarcados con los mismos objetivos, que son conseguir que este sistema funcione y que los ciudadanos reciban la atención que merecen. Sé que estoy contestando en términos muy
generales, casi tan generales como los de mi intervención, pero es que esto debe quedarnos suficientemente claro.



El debate sobre la sostenibilidad del sistema, señor Campuzano, forma parte de este debate, creo que es el debate fundamental. ¿Estamos poniendo en pie un sistema que va a ser sostenible? Ésta es la gran pregunta que tenemos que contestar,
lo que pasa es que yo insisto en que cuando he dicho lo de los veinte meses no lo he dicho en plan retórico, es que creo que es verdad que ha transcurrido muy poco tiempo y que la información que tenemos hay que madurarla y medirla, porque el
objetivo es conseguir un sistema sostenible, en el que la colaboración de la iniciativa privada es absolutamente fundamental, pero en el que nunca debemos olvidar cuál es la filosofía de la ley, el derecho subjetivo que reconoce y la obligación que
tenemos todas las administraciones de garantizar ese mínimo común de servicios de calidad a todos. Por supuesto que también me preocupa que estemos teniendo, en la medida en que eso es lo que nos dicen los datos, más cuidadores informales y más
prestaciones económicas; más, digo, en relación con lo que la ley supuestamente preveía, que eran más servicios, más calidad y, por supuesto, también mayor potenciación de la autonomía personal. Esto, en la medida en que tengo la información
necesaria, parece que es relativamente frecuente con la puesta en marcha de este tipo de leyes y que ha ocurrido en otros países al comienzo; es decir, que inicialmente hay una descompensación, sobre todo en países en los que la asistencia a las
personas con dependencia responden a eso que se llama el modelo mediterráneo, en el que tradicionalmente las familias han sido las que han sostenido esa atención; inicialmente hay una tendencia a que las familias mantengan eso y que, por tanto, la
demanda sea de prestaciones económicas para cuidadores, además, informales. Pero la tendencia es a que eso vaya cambiando, sobre todo en la medida en que se va construyendo una red de asistencia y de servicios que posibilita -y ese creo que es el
objetivo que deberíamos perseguir- esa atención capaz de fomentar la autonomía.
Creo que la gran aportación de esta ley, más allá del sistema asistencial tradicional, es el cambio de filosofía; es verdad que es una ley cuyo objetivo es poner en
pie un sistema capaz de aumentar la autonomía de esas personas. Ahora, partimos de donde partimos, no de cero pero sí de unos determinados servicios sociales y de una determinada filosofía de la asistencia social. Estamos hablando de un cambio, en
mi opinión, absoluto en ese sentido. Por lo tanto, como he dicho antes, me alegro de que mis declaraciones fueran malinterpretadas porque eso ha provocado una comparecencia como esta porque vamos a tener que acompañar el despliegue de la ley de
mucho debate en esta dirección,


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sobre todo para despejar las incertidumbres y los recelos porque, insisto, si el despliegue de la ley está acompañado de incertidumbres y de recelos permanentes no vamos a conseguir que esta ley ponga en pie el sistema que queremos.



Respecto al retraso, señor Tardà, no tenemos previsto ningún retraso en el despliegue de la ley. Vuelvo a lo que decía al principio. Aunque lo tuviéramos previsto, no es posible sin el consenso, como no es posible casi nada en esta ley.
Yo, como ministerio, no es que no quiera ponerle el cascabel al gato -que siempre, políticamente, es complicado- es que no puedo hacerlo porque esta ley funciona sobre la base del acuerdo parlamentario que lleva detrás y sobre la base de que es el
consejo territorial el que toma las grandes decisiones y en ese consejo está la Administración General del Estado pero también están las comunidades autónomas. Cualquier cambio -y sobre todo un cambio de la trascendencia de un supuesto aplazamiento
en la aplicación de los sucesivos grados- necesitaría todo el apoyo y todo el consenso que tuvo la aprobación de la ley. Desde luego, si eso ocurriera, ya lo veremos, pero aquí no hay ninguna iniciativa que haya salido del ministerio. No tengo
noticias sobre lo que me ha comentado de denuncias de los empresarios del sector porque las administraciones hayan dejado de pagar. Me he reunido con los empresarios del sector y no me han comunicado esto pero puede ser que alguno haya hecho
declaraciones en algún sitio, luego lo averiguaré pero ahora no tengo noticias.



No sé si ha habido alguna pregunta más que seguro que me recordarán ustedes en la réplica. Termino aquí la intervención y si me he dejado algo -que seguro que sí- me lo recuerdan.



El señor PRESIDENTE: Por un breve turno, ¿hay algún grupo que desea intervenir? (Pausa.)


Tiene la palabra la señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: He pedido la palabra en este turno porque en la respuesta de la señora ministra -que me ha resultado muy interesante porque ha aclarado muchas cuestiones relacionadas con intervenciones de otros portavoces- a las
preguntas que yo le había hecho no me ha contestado a ninguna. Concretamente, estaba interesada en si me podía comentar si tienen previsto algo, aunque evidentemente el acuerdo tiene que ser en el consejo interterritorial, con respecto al
comentario que le hacía de que la eliminación del Plan gerontológico significaba una disminución de los fondos a las comunidades autónomas para atención a personas dependientes y que, por tanto, sería conveniente que ya el Gobierno
-independientemente de que el acuerdo tenga que ser en el consejo territorial- tuviera presente esa diferencia en la propuesta que se hace para el nivel concertado. Lo digo por datos concretos. Usted decía que cada uno manejábamos los nuestros y
los míos son aquellos relacionados con la administración más cercana, que más conozco, que es la gallega, pero teniendo en cuenta la pérdida de la financiación del Plan gerontológico y lo que está previsto por el nivel concertado, perderíamos
aproximadamente 4 millones de euros para atención a la dependencia. Por eso, si bien nosotros fuimos uno de los grandes defensores, junto con otros grupos parlamentarios, de que fuese el consejo territorial el que acordase la financiación,
independientemente del papel que le corresponde al Gobierno del Estado, entendemos que en lo que correspondería al compromiso presupuestario, en los presupuestos del año 2009 en el nivel acordado debería tenerse en cuenta esa pérdida del Plan
gerontológico, entre otras cosas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, gracias por su respuesta.



Usted sabe que mi grupo le ha planteado para este próximo miércoles por la mañana una interpelación sobre ese aspecto. Vamos a profundizar sobre algunas de las cuestiones que esta mañana hemos estado discutiendo. Su intervención me ha
suscitado una reflexión que no es menor en relación con el momento en el que estábamos antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en materia del desarrollo de servicios sociales, y que también estuvo presente en los debates que se
produjeron durante todo el proceso previo a la elaboración de la ley. Desde el momento en el que las comunidades autónomas recibieron las transferencias en servicios sociales y tal como funcionó el sistema de financiación autonómica hasta
prácticamente 2001, los recursos que recibieron esas comunidades estaban en función de la valoración de los servicios que se les habían traspasado. Dado que determinadas comunidades autónomas recibieron esas políticas a principios de los años
ochenta, cuando el nivel de los servicios sociales por parte del Imserso en España era el que era, escasísimo, y en la medida en que en las diversas -ahí existen responsabilidades compartidas, empezando por mi grupo- modificaciones del sistema de
financiación nunca se produjo una actualización de los recursos que recibieron las comunidades autónomas para prestar esos servicios, en la práctica ha existido un déficit en la financiación histórica de los servicios sociales en España. Es más, mi
grupo en cuanto a la filosofía de la ley no compartía tanto la existencia de una teórica desigualdad en los servicios y en las prestaciones que recibían los ciudadanos en materia de servicios sociales, no nos parecía que existía un problema. Nos
parecía que el modelo de Estado que atribuía a las comunidades autónomas las competencias exclusivas en servicios sociales de facto producía que las opciones legislativas, administrativas y de modelo de las distintas comunidades fuesen diferentes,
era consustancial al modelo de Estado. Nos parecía que la ley era una buena oportunidad para corregir ese déficit histórico de financiación de los servicios


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sociales, y desde ahí mi grupo abordaba esa discusión de la ley.



La puesta en marcha de la ley pone en evidencia que para esos objetivos que tenían los grupos que apoyaban la ley y que compartían esa idea de que existía la desigualdad, la ley hoy no sirve. Yo no sé si en un modelo de Estado autonómico
donde las competencias exclusivas en servicios sociales son de las comunidades autónomas hay capacidad desde la ley aprobada por estas Cortes Generales para garantizar esa mínima igualdad que ustedes pretendían. Y en la aplicación de ese propio
baremo hoy ya lo estamos viendo. Es un debate muy de fondo que no va a tener solución inmediata pero es el que mi grupo reafirma porque el problema no era ese, el problema en definitiva es del conjunto de nuestro gasto público, del conjunto del PIB
español: qué parte queremos destinar para atender a la necesidad de la dependencia en el contexto actual, a medio y largo plazo.
Este debate se vincula a otras dos cuestiones, y termino: al debate de la sostenibilidad del sistema de salud frente
al reto del envejecimiento y al debate de la sostenibilidad del propio sistema de pensiones. Quizás en esa visión más global de esas tres patas de nuestro modelo social -pensiones, sanidad y dependencia- es donde deberíamos formular nuestra
reflexión si de verdad queremos dar salida a la cuestión de fondo. Espero que en la interpelación del miércoles podamos discutirlo a fondo y en la consecuente moción podamos articular propuestas que nos permitan abordar estas discusiones.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, le agradezco la generosidad que ha tenido antes con el tiempo, por lo que ahora no voy a invertir mucho, voy a ser muy breve.



Señora ministra, volvemos a decirle que agradecemos su comparecencia y el buen tono en la contestación, sobre todo cuando yo le he dicho cosas si no fuertes, importantes desde el punto de vista de la financiación. Sin embargo, usted ha
contestado de una manera muy pausada, aunque tengo que decirle que no ha contestado a ninguna de las preguntas que le he hecho.
Por lo tanto, me ha generado más dudas. Le agradezco su comparecencia, pero no tiene ningún tipo de consecuencia de
carácter eficaz y, por tanto, me quedo exactamente al igual que al inicio de la misma. Todo son declaraciones de buenas intenciones, las cuales tenemos todos, e incluso ha hecho algunas afirmaciones veladas de culpabilidad y de falta de
colaboración, cosa que en absoluto, señora ministra, le admito. No se lo admito, porque usted ha dicho que los que criticamos o no estamos de acuerdo en su gestión estamos poniendo en peligro la aplicación del sistema, si no existe colaboración.
Vuelvo a repetirle que no le acepto esa afirmación, ya que usted ha vuelto a repetir que no va a funcionar si no consiguen la colaboración leal de todas las comunidades autónomas. No es justo, señora ministra, que usted dude de esa colaboración
leal; no es justo que dude de los grupos parlamentarios y no es justo que dude de la gestión y de la colaboración leal que están haciendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta ley está funcionando y, si está funcionando, es por el
gran esfuerzo que están poniendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por tanto, no son justas las afirmaciones que usted hace durante todas sus comparecencias.



Después ha intentado desviar el debate. Ha hablado de datos, de sus datos, de los míos, de los de las comunidades autónomas, etcétera. Yo a usted no le he hablado de quién tiene los datos ni de quién son los datos. Yo solo le he hablado
de financiación y usted no me ha contestado. Usted tiene los datos, claro que los tiene, si nos los acaba de dar, si nos ha dicho cuántas solicitudes hay y cuántas personas tienen derecho a prestación.
Sin embargo, no nos ha dicho las personas que
están cobrando y no nos ha dicho lo que yo le he pedido que me dijera, que es cuántas personas cobraron en el año 2007, cómo se repartieron esos 180 millones de euros del año 2007, porque no sabemos si se han desplazado a los presupuestos del año
2009, porque en todos los datos que ustedes han publicado del ministerio no están. No me ha contestado por qué política se va a sustituir el Plan gerontológico; no me ha contestado cómo se va a repartir el nivel acordado o concertado. Usted me ha
remitido al consejo territorial. Señora ministra, si yo le pregunto esto aquí es porque sé que en el consejo territorial no se ha explicado porque, si no, ahora mismo ya lo sabría y sabría cómo se iban a repartir esos 240 millones de euros; es que
en esas reuniones que se están celebrando de la comisión delegada no se pone nada en claro. No desvíe usted el debate, porque yo no le he hablado ni de sus datos ni de los míos, cosa que me da exactamente igual, le he hablado de financiación, y
usted sabe perfectamente que esta ley, con esa financiación de la Administración de la General del Estado, no es viable.



Usted ha dicho que no va a entrar en el juego de si a las comunidades autónomas les toca tal cosa y a la Administración General del Estado tal otra. Me parece una frivolidad esa contestación, señora ministra, con todo el respeto se lo digo.
¿Cómo que no va a entrar usted en este juego? Esto no es un juego, señora ministra, las comunidades autónomas están poniendo mucho esfuerzo para la aplicación de la ley y no creo que sea un juego entrar en si tienen o no tienen financiación
suficiente para la aplicación de la ley. En definitiva, me ha desviado usted el debate y no me ha contestado a lo que le he preguntado.



Termino diciéndole que se precisa más financiación, que hay que garantizar su sostenibilidad, agilizar el procedimiento y garantizar la igualdad de todos los españoles, cosa que usted ha dicho y eso sí que me tranquiliza.
Ha señalado que
usted nunca dijo que la crisis iba a tener influencia en la aplicación de la Ley de Dependencia, cosa que, por otro lado, también me tranquiliza, porque si alguien ha puesto sobre la mesa el


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debate sobre quién recorta o no recorta los gastos sociales han sido ustedes. Ustedes son los primeros que, gobernando, están acusando al Grupo Parlamentario Popular o al Partido Popular en su conjunto de si recortamos o no recortamos
gastos sociales. Señora ministra, le vuelvo a repetir que del año pasado a este ustedes han recortado gastos o financiación en la Ley de Dependencia en el nivel acordado. No entren ustedes a acusar de una cosa al Partido Popular y luego quieran
que el Partido Popular no critique o no diga. Y acabo. No puede acudir, señora ministra, a la falta de colaboración de las comunidades autónomas o del Grupo Parlamentario Popular cuando le criticamos que existe falta de financiación. No nos
parece justo. Nada más.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar los turnos de los grupos, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Pretendo ser breve. De su segunda intervención, señora ministra, me quedo casi con sus últimas palabras. Es importante, y creo que en eso va a estar el sostenimiento y el mantenimiento de esta ley y de los
mejores resultados para los ciudadanos, que despejemos incertidumbres y recelos y nos pongamos manos a la obra, a trabajar, como ya se está haciendo desde los diferentes foros.



Señora Méndez, de lo que usted ha dicho prefiero quedarme con casi el final de su intervención. Esta ley está funcionando; con dificultades que habrá que solucionar, pero efectivamente esta ley está funcionando. Con la última parte no me
puedo quedar, porque no es mi grupo el que dice que hay que reducir un 2 por ciento el gasto. Y no es mi grupo ni la portavoz de política social de mi grupo ni de mi partido ni del Gobierno quien dice que no toca en estos momentos subir un 6 por
ciento las pensiones y que lo que toca es recortar el gasto social. No me puedo quedar con eso.
Con respecto a la explicación que usted pide sobre la distribución del nivel acordado, señora Méndez, está acordado el 23 de julio por todas las
comunidades autónomas -todas-, está aprobado con posterioridad por el Consejo de Ministros y está publicado. Es público, es conocido por todos.
Todas las comunidades aprobaron, acordaron y saben cuánto les corresponde del nivel acordado, con unos
criterios nuevos que se han introducido con respecto a la financiación del año anterior y con otros criterios que se irán incorporando y que yo espero que se cierren en esos grupos de trabajo. Esta ley está funcionando; y para que funcione todavía
mejor, despejemos esas incertidumbres y esos recelos y pongámonos todos a trabajar.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Intervendré muy rápidamente. Señora Fernández Davila, en relación con el nivel acordado y su reparto, sabrá que los criterios de reparto de ese nivel
acordado los decide el consejo territorial. Se ha hecho así y se seguirá haciendo así.



Señor Campuzano, ya sé que mañana vamos a discutir más sobre la Ley de Dependencia y es verdad que hay un debate de fondo -que yo creo que no vamos a agotar mañana aunque hablemos de él- que tiene que ver con algo que creo haber mencionado
no sé si en la intervención inicial o en la réplica. Ha hablado usted de la transferencia de servicios sociales y de la financiación que se acordó de acuerdo con esos servicios sociales -de una financiación que no se ha actualizado, ha dicho
usted-, del déficit histórico de la financiación de los servicios sociales y de la necesidad de coordinar el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de la dependencia. Estoy completamente de acuerdo, pero yo matizaría. Estoy de
acuerdo en que ese es el debate de fondo y, además, no creo que vaya a ser un debate que resolvamos de un día para otro. Se necesitará un debate cuanto más comprometido y con más profundidad mejor, para alcanzar el objetivo que todos tenemos,
(Termina la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte.) pero vuelvo a algo que también he dicho antes al hablar del déficit histórico de financiación de servicios sociales y de lo que supone la Ley de Dependencia: no confundamos una
cosa con la otra. Es verdad que en esos servicios sociales, que históricamente venían prestándose más en unas comunidades autónomas que en otras, había una parte que podría considerarse ahora atención a la dependencia, pero la Ley de Dependencia
supone un salto en la concepción de los servicios sociales tradicionales; y creo que esto tenemos que incorporarlo al debate. Dicho de otra manera, con la aprobación de la Ley de Dependencia y su puesta en marcha, no desaparecen los servicios
sociales. La Ley de Dependencia viene a añadir nuevos servicios sobre servicios sociales preexistentes o sobre servicios sociales que no son atención a las personas con dependencia, porque hay servicios sociales que no lo son. De esto tendremos
que hablar. No confundamos servicios sociales con atención a la dependencia, porque entonces estaremos haciendo un mal negocio para asentar el sistema de atención a la dependencia. Debate, todo el que quiera, y yo encantada, empezando mañana.



Señora Méndez, lo lamento, pero no voy a cambiar el tono de mi intervención, aunque reconozco que ha habido un momento en que me han dado ganas cuando usted me ha acusado de frivolidad, porque no me tengo especialmente por frívola en casi
nada de lo que hago, para mi desgracia, ya que de vez en cuando no está mal ser un poco frívolo, porque le permite a uno relajarse. Pero no voy a cambiar el tono. Desde luego, lo que no le acepto, de ninguna manera, es que me diga que mi
intervención ha sido una pura declaración de buenas intenciones, porque le he contado lo que estamos haciendo. Si usted entiende que lo que hemos puesto en marcha desde el mes de julio es una mera declaración de buenas intenciones, le pediría que
hablara con las


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comunidades autónomas y con quienes forman parte del consejo territorial, de los grupos de trabajo puestos en marcha, de la comisión interministerial o de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas.
Si eso es una mera declaración de
intenciones, no sé muy bien qué es lo que resulta una acción eficaz. Al Parlamento le corresponde hacer fiscalización parlamentaria, pero creo que lo que hemos puesto en marcha va a tener un resultado eficaz para mejorar el sistema de la
dependencia.



No he puesto en duda, sino todo lo contrario, la colaboración de las comunidades autónomas. No sé cuantas veces he insistido en que sin ellas esto no funciona. Eso evidentemente incluye el reconocimiento de lo que están haciendo. He
dicho, no sé cuántas veces, que están respondiendo a todas las sugerencias y propuestas que estamos haciendo, que van encaminadas a mejorar el funcionamiento del sistema. No solamente no dudo de su colaboración, es que si no existiera, yo no
estaría aquí ni estaría hablando de este tema, porque sería imposible. Ahora, si yo no dudo de su colaboración, le pediría, señora Méndez, que no dude usted de mis compromisos, porque los compromisos del ministerio, de la Administración General del
Estado y de los presupuestos del Estado son evidentes.



Me ha pedido usted reiteradamente, como si yo quisiera ocultarlos, los datos sobre el reparto del nivel acordado, pero es que son públicos. (La señora Méndez Monasterio: Del nivel mínimo.) Del nivel mínimo, se los doy ahora mismo. ¿Los
quiere por comunidad autónoma, en los meses del año 2008 o en los del año 2007? (La señora Méndez Monasterio: Le he preguntado por los convenios que se han hecho con las comunidades autónomas, con Galicia, por ejemplo.) Usted me está preguntando
por el reparto del nivel acordado. (La señora Méndez Monasterio pronuncia palabras que no se perciben.) Perdone, la cantidad de nivel acordado la decide el consejo territorial y los criterios de reparto del nivel acordado los establece el consejo
territorial. Ese acuerdo va al Consejo de Ministros y, en Consejo de Ministros, se publica cuál es ese reparto.
No estoy ocultando ningún dato; los tiene usted y son públicos. De verdad, si yo no dudo de la colaboración de las comunidades
autónomas, no dude usted de mis compromisos en relación con el despliegue de la Ley de Dependencia. Nada más gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



Agotado el orden del día, levantamos la sesión.



Era la una y veinte minutos de la tarde.