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El caso Straperlo
Fue a raíz del caso Straperlo de 1935 que la palabra “estraperlo” se empezó a usar en castellano para referirse a chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Posteriormente, ya en un contexto de posguerra, el significado de la palabra derivó a lo que comúnmente entendemos hoy por estraperlo, es decir, a comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa.
La palabra Straperlo viene del acrónimo de los apellidos Strauss y Perlowitz, dos socios holandeses que patentaron una particular ruleta que permitía adivinar en qué número se posaría la bola a partir de un cálculo con los números por los que había pasado previamente. Este artilugio acabaría siendo protagonista de un curioso suceso que estallaría en forma de escándalo y que salpicaría al gobierno del Partido Republicano Popular (PRR) de la Segunda República determinando, de este modo, la historia de nuestro país.
El archivo del Congreso de los Diputados dispone de la documentación que testimonia cómo el escándalo afectó a las más altas instancias de la política, concretamente el expediente de la Comisión Especial encargada de investigar lo relativo a los permisos para el juego, a raíz de la denuncia formulada por Daniel Strauss, sus actas y los diarios de sesiones del pleno del Congreso de finales de octubre de 1935 que se pueden consultar en la Serie Historica de Diarios de Sesiones de la página web del Congreso.
Dentro del expediente de la Comisión destaca el informe sobre la ruleta que realizó un ingeniero general de seguridad en el que se hace una descripción técnica del artilugio, así como un dictamen pericial sobre el mismo. Pero, sobre todo, destaca el documento que contiene la denuncia que realizó Daniel Strauss en la que se narra lo que, a su modo de ver, fue una gran estafa siendo él mismo el principal agraviado. En su relato Strauss hace numerosas referencias a los distintos documentos que demostrarían la veracidad de los hechos que describe, de hecho, el expediente de la comisión también contiene un informe emitido por los peritos químicos que confirman la autenticidad de dichos documentos. En efecto, el dictamen de la Comisión, dio por auténticas y veraces las pruebas documentales aportadas por Strauss, como se observa en este fragmento: "Teniendo en cuenta que la comprobación de los documentos que ha sido posible llevar a cabo y las demás diligencias practicadas han evidenciado la autenticidad de aquéllos, la Comisión estima que no se trata de una relación de hechos desprovista de veracidad".
De esta manera, la Comisión revestía de veracidad el relato del empresario holandés, en contraste con las declaraciones de los demás principales actores en el asunto, las cuales contradecían directamente la versión de Strauss. La Comisión terminaría por quitarles crédito y por dictaminar que “Las comprobaciones efectuadas de documentos (…) llevan a la convicción moral de que se han manifestado en quienes intervinieron en los hechos que se examinan, conductas y modos de actuar en el desempeño de funciones públicas que no se acomodan a unas normas de austeridad y ética que en la gestión y dirección de los asuntos públicos se suponen como postulado indeclinable”, enumerando a José Valdivia, Rafael Salazar Alonso, Eduardo Benzo Cano, Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco, Aurelio Lerroux, Juan Pich i Pon, Santiago Vinardell y Miguel Galante; todos ellos, destacados miembros o con una relación estrecha con el PRR, partido derechista que desde noviembre de 1933 estaba en el gobierno gracias a la coalición con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario.
Ya introduciéndonos en los hechos ocurridos, éstos tuvieron comienzo a finales de febrero de 1934 cuando el empresario holandés Daniel Strauss, después de haber intentado de un modo fallido sacar rédito de la ruleta en Países Bajos, decidió intentarlo en la España de la Segunda República. En ese momento, en España los juegos de azar estaban prohibidos, sin embargo, el proyecto de Strauss consistía en sortear las leyes promocionando la ruleta como un juego de cálculo y no como un juego de azar. Strauss llegó primeramente a Barcelona con la intención de introducirse en la alta sociedad burguesa catalana, a fin de establecer contactos e influencias que le permitieran entablar relaciones con miembros de la Generalitat de Catalunya.
Lo que había planeado no le dio resultado, no obstante, en Barcelona Strauss obtuvo un prometedor hilo del que poder tirar hasta llegar a miembros del mismísimo gobierno de la República. Ciñéndonos a su versión, Strauss describe cómo conoció a Juan Pich i Pon en la ciudad condal, político que en aquel momento ostentaba la subsecretaría de Marina en Barcelona y, asimismo, destacado miembro del PRR. Pich i Pon le presentó a Aurelio Lerroux, sobrino e hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, líder del PRR y Ministro de la Guerra en ese momento. Aurelio Lerroux, personaje clave de esta historia, se prestó para conseguir los permisos personalmente a través de las relaciones con su padre adoptivo y con Salazar Alonso, en ese momento Ministro de Gobernación. Strauss estaba a sólo un paso del Gobierno del Estado.
Strauss viajaría hasta Madrid y se instalaría en el Hotel Ritz en donde tendría preparada una habitación para poder exhibir la ruleta Straperlo. Allí se rodearía de un séquito de colaboradores, entre los que se encontraban Pich i Pon, Aurelio Lerroux, el periodista Santiago Vinardell y el boxeador Paulino Uzcudun. A partir de ahí iniciaron una serie de peripecias al más puro estilo vodevil. Entre todos idearon un plan para conseguir la autorización que permitiría utilizar la ruleta en salas de juego, para ello crearon una sociedad anónima en la que hicieron constar los porcentajes que se llevarían cada uno de los participantes del proyecto y en los que estaría incluido el mismo Alejandro Lerroux. En su relato, Strauss cita explícitamente las cantidades de los sobornos y regalos que tuvo que costear para los altos funcionarios y políticos, además de los numerosos gastos de todo el grupo en transportes, restaurantes y hoteles.
Entre muchas de las andanzas del grupo, destaca el traslado clandestino de la ruleta desde el Hotel Ritz al Ministerio de Gobernación en una medianoche para exhibirla ante el ministro Salazar Alonso y otros altos cargos. Cabe decir que finalmente el grupo sí consiguió ciertos permisos para emprender el negocio de la ruleta, lo cual llevaron a cabo en el Casino de San Sebastián y posteriormente en el Hotel Formentor de Mallorca. En ambos lugares la policía del gobierno regional, motivada por la burguesía local que veía con recelo que un extranjero pusiera en funcionamiento un negocio de tal calibre, clausuró rápidamente los salones de juego a falta de haber resuelto los permisos y licencias en el ámbito regional.
A finales de 1934, completamente arruinado, Strauss decidió volverse a Holanda y no seguir con el proyecto no sin antes pedir que se le devolvieran todos los pagos de soborno que había realizado los meses anteriores. A lo largo de 1935, ante la nula respuesta de toda la red de funcionarios y políticos sobornados, Strauss quiso chantajear al que entonces ya era Presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux. Lo hizo a través del envío de cartas con la documentación que demostraba todos los hechos. Lerroux hizo caso omiso a dichos correos, lo cual motivó a Strauss a dirigirse directamente al Presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora.
El Presidente de la República recibió la carta de Strauss a mediados de noviembre de 1935. En un primer momento, Alcalá-Zamora quiso dirigir el caso ante la fiscalía sin hacerlo público, no obstante, pocos días después, dicha información había llegado a los grupos de izquierda. Hay que tener en cuenta que en ese momento entre la izquierda había una importante indignación y agitación, en gran parte a causa de la actuación del gobierno ante la revolución de mineros de Asturias de 1934. El día 20 de noviembre, la izquierda había organizado un multitudinario mitin en la explanada de Comillas y Alcalá-Zamora tuvo el convencimiento de que utilizarían la información de este caso para arremeter contra del gobierno, por ello, decidió adelantarse y hacer un comunicado escueto y ambiguo a la prensa. La tarde del 18 de octubre de 1935 el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Hacienda Joaquín Chapaprieta atendía a los periodistas en el Congreso y les entregaba la siguiente breve y ambigua nota redactada por el Ministro de Guerra José María Gil Robles:
“Ha llegado oficialmente a poder del Gobierno una denuncia suscrita por un extranjero cuya personalidad no consta de modo auténtico en España, en la que se formulan acusaciones contra determinadas personas por supuestas irregularidades cometidas con ocasión del ejercicio de funciones públicas. El Gobierno ha trasladado de oficio esta denuncia al fiscal, con el propósito de que se practique la más amplia y escrupulosa investigación”.
Al día siguiente, su publicación en los periódicos suscitó un gran revuelo con toda clase de rumores en la opinión pública y la prensa ponía el foco en el Gobierno con tal de esclarecer qué hechos subyacían bajo el comunicado. Estallaba así el caso Straperlo.
En los Diarios de Sesiones de esos días de octubre de 1935, se muestra el impacto que tuvo el caso Straperlo en el hemiciclo. En el diario del 22 de octubre de 1935, el día que estalló el escándalo, se observa cómo el gobierno quiso plantear la entrega de la nota a la prensa del día anterior como un ejercicio de transparencia de un caso carente de importancia, la intención era quitar hierro a la denuncia poniendo énfasis en el factor de que el denunciante era un extranjero cuya personalidad no consta de modo auténtico en España, tal como se decía en la nota, de este modo se ponía en duda la veracidad de los hechos descritos por Strauss. El gobierno defendía, además, que el caso debía seguir los cauces ordinarios del procedimiento judicial sin la necesidad de constituir una comisión puesto que, según ellos, no era pertinente que el Congreso tuviera que constituir una comisión especial de investigación cada vez que hubiera una acusación por parte de un desconocido.
Una vez se debatieron las conclusiones del dictamen, el pleno decidió votar la culpabilidad de los señores señalados por la Comisión como implicados en la corrupción del caso, a través de una votación con bolas en la que participaron 180 diputados. Salieron 14 bolas blancas de “inocente” y 166 bolas negras de “culpable”. Justo después todos los incriminados dimitirían de los cargos que ocupaban, al día siguiente Alejandro Lerroux, en ese momento ministro de Estado, abandonaría el Gobierno.
Por otro lado, en el expediente de la Comisión se encuentran las declaraciones de numerosos testigos e implicados en el asunto. Destacan las declaraciones de Aurelio Lerroux, las declaraciones de Rafael Salazar Alonso, Ricardo Samper y Sigfrido Blasco Blasco.
Por último y como curiosidad, también contiene una carta que Francisco Franco publicó en el periódico El Debate el 29 de octubre de 1935. En dicha carta el General desmentía que él mismo tuviera ninguna implicación con las licencias de la ruleta de Strauss y su puesta en funcionamiento en el Hotel Formentor de Mallorca en 1934. Hay que tener en cuenta que en ese momento Franco ocupaba el cargo de jefe comandante del ejército en las Islas Baleares. Además de la carta, el expediente también recoge la declaración de Franco como testigo.
Este caso de corrupción, junto con el caso Nombela, supuso la caída del Partido Radical, lo que puso fin al denominado «bienio negro» de la Segunda República. Tras este período se celebraron unas elecciones generales en febrero de 1936 que fueron ganadas por el Frente Popular.
Información actualizada a 24 de octubre de 2022