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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 56, de 11/07/2024
cve: DSCD-15-PL-56
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 56
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 54 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
11 de julio de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 6-1, de 2 de febrero de 2024. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 6-4, de 4 de julio de 2024. (Número de expediente
121/000006) ... (Página4)
- Votación ... (Página19)
Palabras de la Presidencia ... (Página20)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 16-1, de 22 de marzo de 2024. (Número de expediente 121/000016) ... (Página20)
- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 130-1, de 2 de julio de 2024. (Número de expediente 122/000118) ... (Página34)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación):
- Votación de conjunto ... (Página48)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página48)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página4)
Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa ... (Página4)
La Presidencia informa de que una vez finalizado el debate, se votarán las enmiendas correspondientes a la iniciativa de referencia.
En defensa de las enmiendas intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora González Bella, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Martínez Salmerón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García).
Votación ... (Página19)
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, son rechazadas todas.
Palabras de la Presidencia ... (Página20)
La Presidencia informa de que desde las 12:30 horas hasta las 13:30 horas se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.
Asimismo, como la presente sesión incluye una iniciativa con carácter orgánico, anuncia que la votación final no se realizará antes de las 13:30 horas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página20)
Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios ...
El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras
Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Martínez Barbero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Ruiz de Diego, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ...
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; las
señoras Micó Micó, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Leal Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra la señora Belarra Urteaga.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página48)
Sometido a votación el dictamen al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, se aprueba por 178 votos a favor y 170 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página48)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 178 votos a favor y 170 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones
colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, se rechaza por 170 votos a favor y 178 en contra.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga) a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se rechaza por 4 votos a favor, 297 en contra y 33 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se rechaza por 32 votos a favor y 302 en contra.
Se levanta la sesión a las tres de la tarde.
Se abre la sesión a las once de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA. (Número de expediente 121/000006).
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores diputados. Comenzamos la sesión con el punto relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto, con el relativo al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho
de Defensa. Les recuerdo que, finalizado este debate, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Rego Candamil, por un tiempo de tres minutos y medio. Cuando quiera.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. Moi bo día.
Nos primeiros meses deste ano 2024, en canto as persoas da avogacía e procuradoría se manifestaban, e continúan a facelo, reclamando unha solución ó sistema de mutualidade que garanta xubilacións dignas e melloras tamén na queda de oficio, e
mentres agardabamos polo texto da controvertida Lei de Eficiencia Organizativa que haberá que debater nos vindeiros meses, o Goberno remitiu ó Congreso esta Lei Orgánica de Defensa. Trátase dunha norma que no seu texto inicial non achegaba, ó noso
xuízo, ningunha solución ós principais problemas e tampouco introducía novidades, se ben se lle podería recoñecer a virtualidade de sistematizar nunha única norma o conxunto de dereitos que amparan as e os cidadáns ante a xustiza. Porén, como xa
diciamos, o texto inicial, moi básico, precisaba de grandes melloras.
As emendas do BNG centráronse fundamentalmente en dous aspectos. Por un lado, en avanzar en garantir os dereitos lingüísticos das persoas que falamos galego e linguas diferentes do español e que debemos ter o dereito de podernos relacionar
na nosa lingua en todos os ámbitos da nosa vida, tamén cando acudimos ós tribunais de xustiza. Tomamos como referencia unha norma vixente, aínda que reiteradamente, hai que dicilo, incumprida no Estado español, como é a Carta Europea das Linguas,
que recolle no seu artigo nove o dereito a escoller a lingua do procedemento, non só a utilizar a lingua polas partes nas súas manifestacións, algo que, por outro lado, xa está plenamente recoñecido, cando menos, sobre o papel, na relacións cos
órganos da Administración xeral do Estado radicados en comunidades autónomas con lingua propia, aínda que non sempre isto se cumpra.
Neste sentido, é preciso destacar un importante avance logrado nesta lei como é o dereito a utilizarmos o galego e a utilizar calquera das linguas oficiais das comunidades autónomas onde residan ou onde se iniciasen actuacións xudiciais
cando se actúe en procesos ante órganos con xurisdición en todo o Estado como a Audiencia Nacional ou o Tribunal Supremo, ademais do dereito a recibir as comunicacións producidas en calquera das linguas e tamén de intérprete e/ou tradutor ou
tradutora para aquelas persoas que o requiriren, o que facilitará que todas as que o desexaren poidan expresarse na súa propia lingua sen menoscabar o seu dereito de defensa nin o dos demais.
Por outra parte, o BNG tamén tentou deixar constancia da necesidade de avanzar, aínda que sendo conscientes de que non se podería facer plenamente nesta norma, na mellora das condicións e cometidos das e dos avogados ou procuradores e
procuradoras en quenda de oficio. É preciso, neste sentido, revisar, dentro das cuestións que son competencia do Estado e que derivan da Lei de Asistencia Xurídica Gratuíta e o regulamento que o desenvolve, as actuacións que entran: as gardas, os
desprazamentos, as asistencias, e que despois fican en nada, e moitas outras cuestións que demanda o sector. Tamén fica pendente abordar e dar solución xusta á cuestión das mutualidades da avogacía e da procuradoría.
En todo caso, o texto foi enormemente mellorado grazas ás achegas do BNG, das achegas de diferentes forzas políticas, e hoxe aprobaremos unha lei que contén avances substanciais para a cidadanía e os e as profesionais. Por iso, a pesar de
mantermos algunhas emendas vivas, a norma contará co apoio do BNG. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días.
En los primeros meses de este año 2024, mientras las personas de la abogacía y procuraduría se manifestaban -y continúan haciéndolo- reclamando una solución al sistema de mutualidad que garantice jubilaciones dignas y mejoras en el turno de
oficio, y mientras esperábamos por el texto de la controvertida ley de eficiencia organizativa, sobre el que habrá que debatir en los próximos meses, el Gobierno remitió al Congreso este Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es una norma
que, en su texto
inicial, no incluía, a nuestro juicio, ninguna solución a los principales problemas ni tampoco introducía novedades, aunque le podría reconocer la virtualidad de sistematizar en una única norma el conjunto de derechos que amparan a las y los
ciudadanos ante la justicia. Sin embargo, como ya decíamos, el texto inicial era un texto inicial muy básico que necesitaba grandes mejoras.
Las enmiendas del BNG se centraron fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, en avanzar para garantizar los derechos lingüísticos de las personas que hablamos gallego y lenguas distintas del español y que debemos tener el derecho de
poder relacionarnos en nuestra lengua en todos los ámbitos de nuestra vida, también cuando acudimos a los tribunales de Justicia. Tomamos como referencia una norma vigente, aunque reiteradamente -hay que decirlo- incumplida en el Estado español,
como es la Carta Europea de las Lenguas, que recoge, en su artículo 9, el derecho a escoger la lengua del procedimiento, no solo a utilizar la lengua por las partes en sus manifestaciones; algo que, por otro lado, ya está plenamente reconocido, por
lo menos sobre el papel, en las relaciones con los órganos de la Administración General del Estado radicados en comunidades autónomas con lengua propia, aunque esto no siempre se cumpla.
En este sentido, es necesario destacar un importante avance logrado en esta ley, como es el derecho a utilizar el gallego y cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas donde residan o donde se iniciasen las actuaciones
judiciales cuando se actúe en procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo; además del derecho a recibir las comunicaciones producidas en cualquiera de las lenguas, y también del derecho
al intérprete y al traductor o traductora para aquellas personas que lo requieran, lo que facilitará que todas las personas puedan expresarse en su propia lengua sin menoscabar su derecho de defensa ni los de los demás.
Por otra parte, el BNG también intentó dejar constancia de la necesidad de avanzar, aun siendo conscientes de que no se podría hacer plenamente en esta norma, en la mejora de las condiciones y los cometidos de los y las abogadas o
procuradores y procuradoras en el turno de oficio. En este sentido, es necesario revisar, dentro de las competencias del Estado y que derivan de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el reglamento que la desarrolla, las actuaciones que entran,
las guardias, desplazamientos, asistencias, que después se quedan en nada, y muchas otras cuestiones que también demanda el sector. Queda pendiente también abordar y dar una solución justa a la cuestión de las mutualidades de la abogacía y la
procuraduría.
En todo caso, el texto ha sido enormemente mejorado gracias a la contribución del BNG y las distintas fuerzas políticas, y hoy aprobaremos una ley que contiene avances sustanciales para la ciudadanía y para los y las profesionales. Por eso,
a pesar de mantener algunas enmiendas vivas, la norma contará con el apoyo del BNG.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez, también por un tiempo de tres minutos y medio.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, ministro, esta ley supone un avance en el reconocimiento del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva y se enmarca en los artículos 17 y 24 de nuestra Constitución. La defensa es una función propia de los abogados y de
las abogadas y así resulta de nuestra Constitución y también de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que garantiza este derecho fundamental. Esta ley no radica solamente en la protección de los derechos de los abogados y de las
abogadas, sino de la ciudadanía, con especial énfasis en quienes carecen de recursos para litigar; es un derecho que afecta a toda la ciudadanía, porque de él depende el ejercicio del resto de los derechos fundamentales ante nuestros tribunales de
Justicia. Hay que decir también que a esta ley le falta ambición. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella, pero hay temas que no se han abordado. Por ejemplo, derechos laborales de la abogacía, la conciliación, especialmente en las mujeres, que
tenemos enormes dificultades para ejercer la profesión y conciliar o ser madres. Ese es un tema del que hemos hablado y que hemos discutido y debatido en cada despacho en los que hemos estado y con cada una de las autónomas que conozco. Eso no se
ha abordado en profundidad y tiene que abordarse en algún momento. También las condiciones de la asistencia jurídica gratuita y, cómo no, las futuras pensiones de los y las mutualistas tanto de la abogacía como de la procura. El ministro de
Justicia anunció que va a haber próximas iniciativas legislativa para abordar estas cuestiones. Solo esperamos, señor ministro, que no sea un anuncio más y que esto llegue a buen puerto.
En esa ley hay avances: lenguaje inclusivo, mejoras en la defensa de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se introducen también las lenguas cooficiales o la accesibilidad universal. Nuestras enmiendas han ido justamente
dirigidas a mejorar la situación de las profesionales de la abogacía y el derecho de defensa del justiciable, en el sentido de favorecer la conciliación -como decía antes- tanto personal como familiar de los y las profesionales de la abogacía o
también para que en el internamiento forzoso de personas por razones de salud mental -igual que se trata la privación de libertad- deba reconocerse la asistencia preceptiva y no facultativa de abogado o abogada en defensa de sus derechos. También
hemos mantenido -y así lo dijimos en la Comisión- la enmienda para remediar la precaria situación que vive gran parte del colectivo de profesionales de la abogacía y de la procura, quienes, atrapados y atrapadas en la ya extinta Mutualidad de la
Abogacía y también ante la pasividad institucional corporativa de la abogacía, ven gravemente mermadas sus condiciones de jubilación o su acceso a prestaciones por enfermedad e incapacidad. Lo hacemos porque el Ministerio de Justicia no nos ha
garantizado que esta anomalía vaya a resolverse en un corto plazo. Es un gran problema y, por eso, hemos dejado viva esta enmienda y pedimos el voto del resto de los grupos de esta Cámara. Nuestro voto a esta ley va a ser favorable, a la espera
también de que se traigan todas esas reformas que se habían anunciado por el Ministerio de Justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene ahora la palabra el señor Sánchez García, por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Estamos en presencia del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa; proyecto, quizá, no de todo punto necesario, toda vez que el texto remitido por el Gobierno a las Cortes, al Congreso,
consiste en positivizar como norma lo que sería un precipitado de jurisprudencia constitucional y de tribunales internacionales, principalmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en materia de derecho a la defensa, cuando no se trata de una mera
reiteración de particulares ya regulados en leyes vigentes en nuestro ordenamiento. Es decir, no vemos... (Rumores).
Perdón, señora presidenta, a mí me molesta sobremanera que estos señores estén hablando. Entonces, o les llama usted la atención, o tendré que decírselo yo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, está en el uso de la palabra, puede seguir.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Yo, en estas condiciones, no hablo.
La señora PRESIDENTA: Yo veo que las condiciones son adecuadas para seguir interviniendo.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Pues yo creo que se tienen que callar, porque me están molestando (risas y aplausos), y creo que tendré derecho a hablar con el silencio del resto de los diputados, porque el orador soy yo, que yo sepa.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, siga con su intervención.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
Bien, claro es que, a este defecto de aportación sustantiva al texto respecto de lo ya vigente se añade, cómo no, la perspectiva de género. A mí me gustaría saber qué significa la perspectiva de género, aprovechando que está aquí el señor
ministro. Señor ministro, ¿qué significa la perspectiva de género en el derecho a la defensa? Sí, usted sonríe, probablemente porque no sabe ni lo que quiere decir este texto. (Aplausos). Pero, vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Que las mujeres
o los sujetos LGTBI tienen derecho a una defensa mejor de la que podamos tener los varones? ¿Significa esto? ¿Quiere usted decir eso? ¿O quiere usted decir que -no lo sé- los abogados de mujeres e individuos LGTBI tienen que ser abogados mejores
que los abogados que defiendan a los varones? (Rumores).
Mire, vamos a ver, usted es una persona muy poco seria, como ha acreditado ya muchas veces, pero ya es una cosa un poco del género bufo que usted introduzca estas bobadas en un texto como este. Nos parece interesante, sin embargo, que se
disponga que los investigados en las diligencias del Ministerio Fiscal sean asistidos de letrado. La experiencia nos dice que, efectivamente, en este
ámbito, la práctica ha dejado que desear bastante en no pocas ocasiones. Esto sería algo a favor de este texto y a favor de la iniciativa. No acabamos de entender, por el contrario, en qué consiste la regulación de la asistencia jurídica
gratuita, que no deja de ser hueca. No se provee ninguna necesidad del turno de oficio de letrados y procuradores, algunos de ellos mal o nunca retribuidos, como constantemente ponen de manifiesto y así lo saben las autoridades. Supongo que usted
también, pero a lo mejor estaba ocupado con la perspectiva de género y no se ha enterado. Se dice en la ley: 'se regulará'. Bueno, regulada ya está. Claro, si la ley consiste en decir que luego va a haber otra regulación, entonces, lo que nos
preguntamos es para qué sirve esta ley sobre este punto. Probablemente, para nada. Por lo demás, insisto, la asistencia jurídica gratuita ya es un derecho reconocido en nuestras leyes.
Ya están también regulados los anhelos orientativos de los colegios profesionales, al menos en materia de costas. No hay más que leer las leyes procesales, pero sé que los colegios de abogados han mostrado un gran interés en este punto y en
que haya una regulación más pormenorizada y, acaso, más tuitiva también de lo que puedan ser sus retribuciones en concepto de honorario, y nos parece razonable que sea así.
La ley contiene también una reiteración, la enésima, del derecho del justiciable a la comunicación en cualquier lengua cooficial. Esto está reconocido en las leyes desde hace muchos años, lo que presenta perfiles discutibles, como usted
puede saber; por ejemplo, resoluciones judiciales en lenguas distintas del castellano cuando la justicia -iba a decir la injusticia, por impartirse en esa lengua- se imparte para todos los españoles, sean nacionales o extranjeros; luego el juez,
que resuelve en una lengua que no es el castellano, no investiga previamente si el justiciable es conocedor del catalán o del vascuence, no lo investiga ni tiene por qué; pero es evidente que el justiciable no resulta debidamente tutelado en su
condición de tal cuando la magistratura le notifica resoluciones en una lengua desconocida para él. Por no hablar de los extranjeros, claro, que cuando vean esto pensarán que han llegado o están en un país de locos; ¡de locos!
No se resuelve satisfactoriamente tampoco el problema de los haberes pasivos, léase pensiones de jubilación de abogados y procuradores mutualistas. Esta es una petición sobre la que estos colegios profesionales han insistido mucho -y
creemos que con razón- y todavía hay alguna enmienda viva sobre este particular.
Se añade una regulación parcial e innecesaria de los colegios profesionales. Bien, pero también están regulados en otra ley. No sé en qué incrementa esto lo qué sería un valor legislativo que constituya una novedad relevante en nuestro
ordenamiento.
Mire, el Gobierno -tampoco el Partido Popular- no se caracteriza por su apoyo a los derechos fundamentales. Las violaciones de tales derechos por parte de las iniciativas del Gobierno son constantes; son constantes. Sí, sí, no me mire con
esa cara de asombro. Usted sigue sin dar aquí, y tampoco el presidente del Gobierno, una explicación acerca de por qué se declararon inconstitucionales dos decretos del estado de alarma, ¡ninguna!, y ninguna es ninguna; todavía se la debe usted a
esta Cámara. Si eso no es una violación de derechos fundamentales, pues no sé lo que entiende usted por violación de derechos fundamentales.
Hay otros ejemplos de iniciativas legislativas que podríamos poner, como la ley de memoria histórica. Se viola el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de información y la libertad de cátedra, por no hablar del derecho
a la libertad religiosa. Porque, según sabemos, es un propósito resuelto del Gobierno expulsar a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, que es un monasterio autónomo y que canónicamente solamente obedece la autoridad de su abad. Ustedes
piensan expulsarlos. ¿Me puede decir si para usted esto no es lesivo para el derecho a la libertad religiosa de una comunidad religiosa? Porque si no, ya me contará usted lo que entiende por derecho a la libertad religiosa y, por cierto, lo que
entiende usted por principio de laicidad, porque si resulta que el Estado, siendo laico, va a tener un gobierno que decide quién está o no está en un monasterio y qué comunidad religiosa lo tiene que habitar, entonces, mire usted, apague y vámonos.
Todas sus iniciativas en materia de derechos fundamentales o han sido lesivas de estos o son siempre iniciativas que encubren acciones ideológicas e ideologizadas, revestidas, por lo tanto, siempre de un manto de falsedad y de ignorancia absoluta en
materia jurídica. Se lo he dicho a usted muchas veces: usted, de derecho, sabe muy poco y cada una de sus actuaciones ilustra crecientemente este grado de ignorancia.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, se le ha terminado el tiempo. Tiene que ir terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí.
Por último, si ustedes están tan preocupados por el derecho a la defensa y los derechos fundamentales, lo que deberían haber hecho es abordar de una vez por todas la regulación del amparo ordinario, artículo 53. 2 de la Constitución, y no
seguir después de cuarenta y cinco años, por su desidia, la de su partido y la del Partido Popular, con el amparo constitucional exclusivamente, que es subsidiario en el mandato del constituyente. Esto es lo que deberían haber hecho, y no abocar al
justiciable a la inexistencia de un amparo desde el concepto de la especial transcendencia constitucional introducido en la ley de reforma de la Ley Orgánica de 2007, que da lugar a la inadmisión de más del 90 % de los recursos de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Es un desastre de proyecto por su escasa utilidad y por algún error grave.
Nada más. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra la señora González Bella, también por un tiempo de siete minutos.
La señora GONZÁLEZ BELLA: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.
El derecho de defensa es uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático y, como tal, reviste la protección máxima en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 24. Al traer ustedes este proyecto de Ley Orgánica del
Derecho de Defensa pareciera que iba a haber una regulación sistemática de este derecho desarrollando su contenido y reforzando sus garantías, más allá de lo que ya existía tanto en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional o en leyes como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Lejos de esta expectativa, queda el texto presentado. Sin embargo, desde mi grupo hemos tratado de mejorarlo con la presentación de distintas enmiendas y abanderando
algunas de las transaccionales que aportan importantes mejoras. Y es que, señorías, somos un partido de Estado, nuestro compromiso es con los ciudadanos, con el Estado de derecho y con la democracia y, en este caso, obviamente, con el derecho de
defensa.
Como decía, algunas de las enmiendas transaccionales que apoyamos son las relativas a la mayor accesibilidad de las personas con discapacidad, cumpliendo con nuestro compromiso y más allá de la reforma del artículo 49 de la Constitución, o
las relativas a un mayor reconocimiento del servicio prestado en el turno de oficio, o la aprobación de criterios orientativos por parte de los colegios para la estimación de costas. Pero ustedes, señores del Gobierno, nos han vetado enmiendas que
recogen legítimas reivindicaciones de la abogacía, como son la actualización anual de los importes del turno de oficio, la regulación de la defensa de oficio respecto de las personas jurídicas y la repercusión por parte del Estado del coste de la
defensa de oficio prestada cuando finalmente no se concede ese derecho al solicitante de la asistencia jurídica gratuita. Y es que no olvidemos que los profesionales de la abogacía son el medio fundamental para hacer real y efectivo este derecho de
defensa de los ciudadanos, así que démosles, entonces, todas las facilidades y herramientas para desempeñar mejor su trabajo. Ustedes han sido cicateros con ellos. Aquí tenemos, en su representación, a la presidenta del Consejo General de la
Abogacía y a los distintos decanos, a quienes no podemos sino transmitir nuestro reconocimiento por la labor que estos profesionales desarrollan. (Aplausos).
Junto con estas enmiendas vetadas, sobre las que ni siquiera hemos podido debatir, mantenemos otras que redundan también en la mejora de la actividad de la abogacía. Son, principalmente, las relativas a obtener el amparo por parte del
respectivo colegio de la abogacía en caso de perturbación de la profesión con actuaciones públicas o privadas que menoscaben ese derecho de defensa; las de lucha contra el intrusismo profesional, tipificándolo como infracción grave y adoptando
medidas para su denuncia, y las que facilitan una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, garantizando la suspensión de señalamientos en casos de enfermedades, fallecimiento de un familiar o circunstancias excepcionales. Les
invitamos a apoyar estas enmiendas aquí. En cualquier caso, será en el Senado donde se introduzcan las enmiendas necesarias para que salga una mejor ley del derecho de defensa, y esa será la postura de nuestro grupo.
Frente a esto, ¿qué innovación nos traen ustedes? Introducen como cesión a sus socios, como viene siendo habitual, el uso de las distintas lenguas en todo el territorio. Respetando la pluralidad lingüística de nuestro Estado y garantizando
que no se produzca indefensión, como ya se hace en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podemos elevar este derecho a usar cada una de las lenguas en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales hasta convertirlo en un gasto totalmente
desproporcionado en traductores de todas las actuaciones judiciales. Suficientemente ilustrativo debiera ser lo que pasa en este Congreso y el elevado coste que esto supone. Seamos prácticos, no carguemos con más tareas a la Administración de
Justicia ni agravemos el retraso ya existente en los procedimientos. (Aplausos).
Finalmente, señorías del Partido Socialista, señores del Gobierno, ¡qué paradoja! No entendemos cómo nos traen ustedes, precisamente en este momento, esta iniciativa. Los españoles no sabemos qué es para ustedes el derecho de defensa, nos
tienen desconcertados porque, según el día o la persona de cuya defensa se trate, tiene un contenido u otro. Así, tenemos dos opciones totalmente opuestas. Una es un derecho de defensa absoluto, que convierte la presunción de inocencia de una
persona en una presunción iuris et de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario. Ese derecho de defensa se transforma así en un acto de fe: créanme, es inocente, sin mayores explicaciones. Convierte a esa persona en alguien totalmente
inmune e irresponsable y, en consecuencia, deriva también en un derecho al ataque. Si un juez, cumpliendo con su obligación, investiga e instruye un procedimiento para esclarecer hechos denunciados presuntamente delictivos y verificar si hay o no
actuación delictiva por parte de esa persona inmune y responsable, el derecho a la defensa se transforma en un ataque al juez. Está permitido que todo el Gobierno, ministro de Justicia a la cabeza, ataque a dicho juez. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Muy bien!).
Y, desde un punto de vista totalmente contrario, el derecho de defensa no es absoluto, es un derecho relativo y cede si hay un interés político en su vulneración. Y así, con el relato de 'desmontando bulos' se permite el fiscal general del
Estado -nada más y nada menos- vulnerar el derecho de defensa de un ciudadano haciendo públicos el contenido de correos electrónicos entre profesionales del derecho -abogado defensor y fiscal- al hilo de una posible conformidad. El artículo 23 del
Estatuto General de la Abogacía Española impone la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía y los artículos 62 y 73 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contemplan como falta grave y muy grave la revelación
por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función; sería una causa de cese inmediato del fiscal general del Estado al amparo del artículo 31 de dicho estatuto. (Aplausos). Pero qué temor va a tener si quien ha de apreciar
esta causa es quien presumiblemente le dio la orden de relevarlo. ¿En qué lugar, señorías, queda entonces el derecho de defensa de ese ciudadano? ¿El derecho a no declarar contra sí mismo? ¿El derecho a no confesarse culpable? Léanse el artículo
24 de la Constitución. Así no respetan el derecho de defensa ni en un caso ni en el otro. El contenido del derecho de defensa debe ser igual para todos los ciudadanos. Vuelven ustedes a vulnerar, una vez más, el principio de igualdad, artículos
14, 1 y 9 de la Constitución; léanselos también.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.
En turno de fijación de posiciones, por el grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte, por un tiempo de siete minutos.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok.
Debatimos, tras su paso por Ponencia y Comisión, el Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa o derecho fundamental al derecho a la no indefensión que, junto con el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyen dos caras de la
misma moneda y son pieza clave para garantizar el funcionamiento del Estado de derecho.
La que hoy tratamos es una ley orgánica que propiamente no aspira a ordenar el derecho de defensa en sus elementos esenciales, como lo serían su titularidad, su contenido y su delimitación con otros derechos fundamentales, sino a vehicular
la divulgación de las garantías ya existentes y que lo hacen posible; es decir, las garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes ante los tribunales, las administraciones públicas o los medios alternativos de solución de controversias,
permitiéndoles defender sus derechos, libertades e intereses legítimos, asegurándoles la tutela judicial efectiva y determinándose, a su vez, las garantías y deberes de los profesionales, así como el juego de la organización colegial como
salvaguardia y garantía de su ejecución y cumplimiento, introduciéndose de este modo la razonable conexión entre el derecho de defensa y la profesión y organización colegial que lo garantiza, haciéndolo efectivo.
En definitiva, señorías, es un proyecto de ley que consagra tres aspectos básicos, que son las garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes, la defensa letrada y las garantías institucionales de esa defensa letrada a través,
entre otros, de los colegios profesionales. Es un proyecto de ley que en Ponencia y Comisión hemos tramitado con un alto grado de consenso, siendo buena prueba de ello el número de enmiendas aceptadas y transaccionadas, aportándole notables mejoras
al proyecto de ley, entre las que destacaría, sin ser exhaustivo, la extensión de la legitimación para solicitar el habeas corpus al abogado defensor del privado de libertad; la ampliación del servicio público de asistencia jurídica gratuita a
supuestos que generaban gran tensión por no estar contemplados en la vigente regulación: en el orden penal, para las personas jurídicas en determinados supuestos y, en el ámbito concursal, respecto de las microempresas, para todos los trámites del
procedimiento especial cuando acrediten insuficiencia de recursos. Aunque, ciertamente, han quedado pendientes, en aras del consenso, otras cuestiones en relación con la asistencia jurídica, como el principio de indemnidad o la actualización de los
baremos, que el Gobierno ha comprometido incorporar en un próximo proyecto de ley para la revisión de este servicio público.
Otra mejora considerable en el proyecto de ley cabe cifrarlo en el derecho a la información de los titulares del derecho de defensa respecto de las consecuencias de una eventual condena en costas, a través de criterios orientativos que
permitan calcular el importe razonable de los honorarios a efectos de una tasación de costas o una jura de cuentas.
Consideramos otro avance pionero el producido respecto de la inteligencia artificial, consistente en el derecho de los titulares del derecho de defensa a conocer los criterios empleados, es decir, los algoritmos, por las plataformas
digitales, incluidas las que facilitan la elección de los profesionales de la abogacía, las sociedades de intermediación y cualesquiera otras entidades o instituciones que presten servicios jurídicos.
Por último, y voy finalizando, presidenta, para no alargarme más destacaría las mejoras introducidas en cuanto a la lengua y al lenguaje para mejorar la accesibilidad del justiciable a la Administración de Justicia. En cuanto al lenguaje,
estableciendo como derecho que los actos, resoluciones y comunicaciones procesales se produzcan en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible; y, en cuanto a la lengua, estableciéndose el derecho, por el titular del derecho de defensa,
al uso de la lengua oficial, distinta al castellano, de donde resida o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales en aquellos procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, es decir, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y,
en el ámbito mercantil, los juzgados de marca europeos.
Señorías, no compartimos que en Comisión se dijera por algún grupo parlamentario que esto constituía un chantaje independentista. Quizá, si se vieran las cosas de una manera más natural, podría concluirse sin esfuerzo que simplemente es un
derecho de los justiciables, alineado con el mejor cumplimiento de la Constitución, cuando en su artículo 3 proclama que las distintas lenguas oficiales son un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección, y en su preámbulo proclama
la voluntad de proteger a todas las culturas y lenguas de los pueblos de España. Qué duda cabe que lo dispuesto en el proyecto de ley, en cuanto al uso de las lenguas oficiales en procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, coadyuva
de manera notable con esa voluntad y propósito constitucional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García, por un tiempo de siete minutos.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Egun on, señorías. Buenos días, señor Bolaños.
Señor ministro, un inciso, siento interrumpirle. Hace siete meses, cuando usted presentó este proyecto de ley, vimos cómo lo hacía de manera grandilocuente. Decía que esta norma iba a servir para poner a las personas en el centro, que
haría la justicia más cercana y más ágil, y claro, esto, desde nuestro punto de vista, chocaba con el texto que presentaron. Ahora bien, no podemos negar que, tras las enmiendas presentadas, nosotros hablamos con nuestros socios de Esquerra
Republicana, y aquellas enmiendas que presentaba Esquerra y otros tantos grupos veíamos que mejoraban ostensiblemente el texto inicial. También es cierto que, gracias al entendimiento y al consenso habido entre los diferentes grupos, gran parte de
esas enmiendas están hoy presentes en el texto, algo que creemos que es positivo, ya sea en asuntos relativos a los menores, a las personas con discapacidad o también en el reconocimiento de los
derechos lingüísticos, algo que un Gobierno con una mayoría de apoyo plurinacional creemos que tenía que haberlo hecho per se, sin tener que ser incluido por enmiendas.
El texto actual es más completo, recoge muchos avances y, teniendo en cuenta que el derecho a la defensa está en el vértice de los derechos fundamentales que se reconocen en todos los sistemas democráticos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu, un segundito.
Por favor, ruego un poco de silencio porque si no es muy complicado para el orador.
Gracias.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Reconozco que el asunto quizás no sea de gran interés político del momento, pero creo que en el fondo tiene un interés y que servirá a la ciudadanía en el futuro.
Teniendo en cuenta -decía- que el derecho a la defensa se encuentra en el vértice de cualquier sistema democrático, que se recoge en todos los textos constitucionales, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, creemos que es positivo ir más allá y profundizar en este derecho. Y, como decía, el texto actual recoge avances, por lo cual creemos que es positivo y que debe ser apoyado, como nosotros, Euskal
Herria Bildu, haremos.
Ponemos en valor reconocer la asistencia adecuada y de calidad a la ciudadanía, que se pueda elegir libremente, sustituir o renunciar a abogados o abogadas; también creemos que reconocer y avanzar en el secreto de las comunicaciones y en el
acceso a las pruebas durante el proceso es positivo; cómo no, también reconocer a los operadores judiciales, ya sean abogados, abogadas, procuradores y procuradoras, derechos y también deberes deontológicos para con la clientela; cómo no, reiterar
el derecho a un proceso sin dilaciones o no sufrir represalias por iniciar procesos judiciales es algo positivo; y, cómo no, ponemos en valor también la inclusión de medios alternativos fuera del ámbito jurisdiccional, como pueda ser la solución de
controversias vía la mediación, el arbitraje y la conciliación, algo que de igual forma se profundizará en la norma siguiente, en materia de eficiencia, en el servicio público de justicia.
Algo más ambicioso, y también se ha comentado, es el proyecto de mejorar, vía un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible por todos los operadores jurídicos. Creemos que está bien recogerlo, pero que va a ser de difícil
aplicación, por lo cual habrá que hacer un esfuerzo y estar atentos. Y, cómo no, poder usar y ser atendido en una lengua cooficial diferente al castellano, que vamos tarde, pero creemos que es positivo. Les reto a que consulten cuál es el número
de magistrados y de fiscales que tienen conocimiento, por ejemplo, del euskera. Han pasado ya cuarenta y cinco años desde que el euskera es una lengua oficial, y los animo a que consulten cuántos magistrados y fiscales son capaces de llevar un
proceso en esta lengua oficial. Se darán cuenta de que sin un plan eficiente esto son palabras, parole, parole, parole. Es cierto, encontramos buenas palabras constantemente en este Gobierno, pero a la hora de aplicar medidas no aparecen. Cómo
no, ampliar la asistencia jurídica gratuita es de cajón y creemos que es positivo. Ahora bien, ¿dónde se quedan los abogados y las abogadas de oficio, como auténticos riders jurídicos, sin derechos reconocidos? Creemos que es algo que queda
pendiente y que en esta norma no se ha recogido.
Acabo diciendo que esta norma tiene avances y, por tanto, la apoyaremos, también es cierto que sin entusiasmo, pero me permito, aprovechando que está usted hoy aquí, señor Bolaños, hacer una reflexión. Cuando presentaron el proyecto de ley,
daba la sensación de que a quien querían contentar era más al grupo de la oposición que a la mayoría de formaciones que damos mayor o menor apoyo a este Gobierno. Es cierto que, luego, como he dicho, se ha mejorado vía enmiendas. Esto nos debe
llevar a una reflexión: que habiendo una mayoría plurinacional en esta Cámara, democrática, progresista, humanista, si lo quiere, creemos que la búsqueda de mayorías para aprobar leyes que reconozcan mayores derechos y libertades debería ser más
ambiciosa porque, si hay voluntad política, hay esa mayoría; no solamente en esta norma, hay otros asuntos pendientes en derechos y libertades, ya sea la ley mordaza, ya sea la Ley de Secretos Oficiales, ya sea una ley sobre el CNI, ya sean normas
para acabar con el lawfare en el Poder Judicial o en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -hoy, que leíamos una noticia muy seria en diferentes medios sobre espionaje político a formaciones políticas-, que si hay voluntad política, la
mayoría está aquí. ¿Por qué no se es más ambicioso teniendo esas mayorías?
Para acabar, decía un portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hace escasas semanas, en la Comisión de Justicia, que esta es una ley pionera en Europa. Es cierto, pero con una mayoría progresista y democrática, ¿no podríamos haber ido
más allá? ¿No se podía haber ido a eso de la búsqueda de la
justicia del siglo XXI? Nosotros y nosotras creemos que sí y, de hecho, nuestra mano estará tendida siempre que se vaya en avances de derechos y libertades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart, por un tiempo de siete minutos.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bon dia, senyories. Bon dia, ministre. Avui arriba a aquest ple el projecte de llei orgànica del dret de defensa. Ho fa després de vàries reunions de ponència i unes quantes més amb el grup
socialista, en el nostre cas, que ens han servit per incorporar o transaccionar en el dictamen emès per la Comissió que avui tenim a debat la pràctica totalitat de les nostres esmenes. Així, de les 15 esmenes presentades, totes han quedat
recollides en menor o major mesura, llevat de dues vinculades a l'assistència jurídica gratuïta, que han estat vetades pel Govern perquè tenien afectació pressupostària.
Saben que aquesta llei, entre d'altres, té per objecte, important per nosaltres, fer conèixer a les persones físiques i jurídiques les garanties que els corresponen com a titulars del dret de defensa. Ho fa establint el lliure accés als
tribunals de justícia, garantint un procés sense dilacions indegudes i assegurant la protecció en procediments penals. Precisament perquè aquests drets emparen tota la població, bona part de les nostres esmenes tenien la finalitat de garantir
l'accessibilitat de totes les persones a aquests drets, també d'aquelles que conviuen amb una discapacitat.
Així, en el període de ponència, s'ha incorporat l'ús de sistemes alternatius, com per exemple el braille, la lectura fàcil, els pictogrames, el llenguatge de signes, els intèrprets o qualsevol altre tipus de sistema de comunicació o de
dispositiu necessari per, com dèiem, garantir l'accessibilitat de totes les persones al dret de defensa, també de les de la tercera edat i dels menors. Això, sumat a altres millores gràcies a la incorporació d'esmenes i transaccionals de la
pràctica totalitat dels grups de la cambra, ha fet que, malgrat la manca d'ambició del projecte, que ja ha estat manifestat per alguns dels portaveus que m'han precedit, la iniciativa hagi assolit un ampli suport; un suport que, de ben segur,
hagués estat més important si no fos per l'al·lèrgia de la dreta extrema a la diversitat, en aquest cas, a la diversitat de les llengües d'aquest Estat. Llengües com el català, que amb les transaccionals de dues de les nostres esmenes, una
d'Esquerra i una del BNG, i la feina compartida amb les diputades Mercè Perea i Pilar Vallugera, fa un pas endavant, incorporant a la llei el dret a utilitzar, en els processos davant tots els òrgans en jurisdicció a tot l'Estat, qualsevol de les
llengües oficials de les nacionalitats on es resideixi o on s'hagin iniciat les actuacions judicials, així com també a rebre en qualsevol d'aquestes llengües les comunicacions produïdes.
Mirin, defensar el català és legislar a favor del català. Però, sobretot, és utilitzar-lo sempre, sent un altaveu de prestigi de la nostra llengua. Aquesta és l'actitud davant dels que els preocupa més que, en el Tribunal Suprem, s'hi
pugui arribar a parlar català, o alguna de les llengües cooficials de l'Estat, que no l'arbitrarietat del jutge Llarena o la parcialitat del jutge Marchena.
Senyors del PP, això sí que costa diners i, més a la curta que a la llarga, espero que també algun disgust. Però això és Espanya. Mentre el ministre apedaça la justícia per protegir drets, com aquest dret de defensa, es pacta el Consell
del Poder Judicial amb aquells que s'han passat els drets per l'engonal i només els volen per ells i quan els convé. El que els deia: avui, com ahir, en el reino de España, absoluta normalitat. Gràcies.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, ministro.
Hoy llega a este Pleno el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y lo hace después de diversas reuniones de Ponencia y unas cuantas más con el Grupo Socialista, en nuestro caso, que nos han servido para incorporar o transaccionar,
en el dictamen emitido por la Comisión que tenemos a debate, la práctica totalidad de nuestras enmiendas. Así, de las quince enmiendas presentadas, todas han quedado recogidas en mayor o menor medida, salvo dos vinculadas a la asistencia jurídica
gratuita, que han sido vetadas por el Gobierno porque tenían afectación presupuestaria. Saben ustedes que esta ley, entre otras cosas, tiene por objeto, importante para nosotros, dar a conocer a las personas físicas y jurídicas las garantías que
les corresponden como titulares del derecho de defensa, y lo hace estableciendo el libre acceso a los tribunales de justicia, garantizando un proceso sin dilaciones indebidas y asegurando la protección en procedimientos penales. Precisamente porque
estos derechos amparan a toda la
población, buena parte de nuestras enmiendas tenían por objetivo garantizar la accesibilidad de todas las personas a estos derechos, también de aquellas que conviven con una discapacidad. Así, en el periodo de Ponencia se ha incorporado el
uso de sistemas alternativos como, por ejemplo, el braille, la lectura fácil, los pictogramas, el lenguaje de signos, los intérpretes o cualquier otro tipo de sistema de comunicación o de dispositivo necesario para, como decíamos, garantizar la
accesibilidad de todas las personas al derecho de defensa, también las de la tercera edad y menores. Esto, sumado a otras mejoras gracias a la incorporación de enmiendas y transaccionales de la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, ha
hecho que, a pesar de la falta de ambición del proyecto, que ya se ha manifestado y han manifestado algunos portavoces que me han precedido, la iniciativa haya alcanzado un amplio apoyo que, sin duda, habría sido más significativo si no fuera por la
alergia de la derecha extrema a la diversidad, en este caso a la diversidad de las lenguas de este Estado. Lenguas como el catalán que, con las transaccionales de dos de nuestras enmiendas, una de Esquerra y otra del BNG, y la labor compartida con
las diputadas Mercè Perea y Pilar Vallugera, dan un paso adelante, incorporando a la ley el derecho a utilizar en los procesos ante todos los órganos con jurisdicción en todo el Estado cualquiera de las lenguas oficiales de las nacionalidades donde
se resida o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, y también a recibir en cualquiera de estas lenguas las comunicaciones que se hayan producido.
Defender el catalán es legislar a favor del catalán, pero ante todo es utilizarlo siempre, siendo el altavoz de prestigio de nuestra lengua. Esta es la actitud ante los que les preocupa más que en el Tribunal Supremo se pueda llegar a
hablar catalán o alguna de las lenguas cooficiales del Estado, que la arbitrariedad del juez Llarena o la parcialidad del juez Marchena. Señores del PP, esto sí cuesta dinero y, más a corto plazo que a largo plazo, espero que también algún
disgusto. Pero esto es España; mientras el ministro apedaza la justicia para proteger derechos como este derecho de defensa, se pacta el Consejo General del Poder Judicial con aquellos que se han pasado los derechos por el forro y solo los quieren
para ellos y cuando les conviene. Como les decía, hoy, como ayer, en el Reino de España, absoluta normalidad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà, por un tiempo de siete minutos.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bon dia, diputats i diputades. Bon dia, presidenta. Gràcies. Que s'hagi de presentar, a aquestes alçades, una llei orgànica per garantir el dret de defensa explica moltes de les coses que han vingut passant en
aquest estat. Per molt que sigui una llei que fa de volta de totes les lleis que en dependran i que entenc que, després, a través de la deficiència processal i demés, s'aniran desenvolupant.
Perquè saben què passa? Que la convicció generalitzada a Catalunya és que segons quins ciutadans i ciutadanes no teníem dret a defensa, simplement. No et pots expressar en el teu idioma, no pots rebre les comunicacions en el teu idioma,
quan vas a Madrid, hombre, solo faltaría, ¿no? Parlen la lengua del imperio... És igual si tots els teus drets com a ciutadans són conculcats o ho deixen de ser.
Per tant, quan va arribar aquest projecte de llei, clar que vam introduir esmenes a favor de les persones amb discapacitat. Clar que vam introduir esmenes a favor dels menors i de la definició del que enteníem per menors en aquesta llei.
Clar que vam introduir una bateria d'esmenes a favor de la professió d'advocats i procuradors. Clar. Però hi havia un element fonamental a tot això. Ens passem la vida sentint que 'Todos los españoles somos iguales delante de la ley', però, al
final, no és veritat, per molt que ens vulguin considerar espanyols. I per això agraeixo l'esforç, i ho ha dit fa un moment el company Cervera, agraeixo l'esforç del company Cervera i de la companya Mercè Perea per arribar a dotar tota la
ciutadania de la possibilitat d'anar als tribunals de tot l'Estat en el seu propi idioma. Ens diuen que costa diners? De veritat? La bancada de la dreta ens diu que el problema d'això és que costa diners? Se m'acudeixen vàries maneres de no
buidar les arques públiques, com han fet vostès, i que no sigui necessàriament deixar-nos sense la capacitat d'intervenir en els tribunals en el nostre idioma.
Per tant, en un dia com avui, en què puc tenir o desitjo o espero o vull abraçar la meva secretària general en persona molt properament, després de sis anys d'exili, que aprovem una ley por el derecho a la defensa és, com a mínim, irònic,
perquè havia de ser-hi molt abans. Perquè ens deien que això era un estat democràtic, de dret i social. I tots sabem que no és així. Deixin-me dir que nosaltres no estem aquí per reformar l'Estat. Deixin-me dir, també, que moltes vegades hem dit
que sí que acompanyarem la
transformació de l'Estat, perquè som demòcrates a tot arreu. I deixin-me dir que això avança amb la intenció de democratitzar aquest estat demòfob.
Hi ha dues esmenes que no hi ha hagut manera que ens les compressin. Aquestes sí que valien diners. Vostès saben que va haver-hi un gran debat quan es van imposar les taxes per l'accés als tribunals i que aquestes taxes eren finalistes.
Des del Govern de la Generalitat, s'ha demanat per activa i per passiva que les taxes percebudes a Catalunya fossin destinades a la remuneració digna del torn d'ofici, perquè som perfectament conscients que els advocats i advocades que es dediquen
al torn d'ofici estan mal remunerats, estan poc reconeguts i tenen poc suport per la seva feina, que és essencial en la garantia de la defensa de tota la ciutadania. No hi ha hagut manera.
Aquesta esmena, que ja els avanço que anirem interposant a totes les lleis que ens presentin, això sí, vinculades amb l'Administració de justícia, no ho farem a les lleis sobre costes, però ja els avanço que les presentarem, per nosaltres
són imprescindibles. Perquè sense un reconeixement i una retribució d'un torn d'ofici dignament, difícilment podrem garantir la qualitat del servei que es presta en concepte de defensa a aquelles persones que els hi cal. Perquè això no és una
tria, això és una necessitat. Malgrat tot, creiem que els avenços són suficients, i especialment en matèria lingüística. Recordo també a la bancada socialista que, més tard o més d'hora, haurem d'entrar a la llei orgànica del poder judicial per
tal que s'hi incloguin les llengües oficials com a requisit i no com a mèrit per a l'accés als llocs de Catalunya, Euskadi i Galícia. Deia que això posa la primera pedra per a l'efectivitat dels drets.
I deixin-me acabar. Hi ha un tema que ens té molt preocupats, i és una esmena que no s'ha retirat, que no ens hi podrem mostrar a favor, ens abstindrem, però que ens preocupa per com s'ha entrat. I és la que té a veure amb el traspàs
respecte de les jubilacions del sistema mutualista al RETA d'advocats i procuradors. En aquest escó ja vam manifestar que estàvem absolutament a favor que es garanteixi una jubilació i unes prestacions dignes. Vist el sistema i el contingut
d'aquesta llei, enteníem que no era el lloc per posar-ho. I, a més a més, va ser la translació d'una PNL, és a dir, d'una proposició no de llei.
Els demano al Govern, per la part que li toca al ministeri, per la part que li toca el Ministeri d'Assumptes Socials, també, que ens posem a treballar ja d'una vegada. Perquè aquesta vegada no ens hi posicionarem a favor, però, a partir
d'ara, ho farem. I si convé els hi entrarem una proposta escrita, però no podem esperar més, perquè cada mes que passa és un advocat o una advocada o un procurador o una procurador que veu els seus drets laborals, que havia tingut, absolutament
conculcats. I quin és l'Estat que deixa aquesta gent en la més absoluta misèria? Moltes gràcies.
Buenos días, diputadas y diputados. Buenos días, presidenta. Gracias.
Que se tenga que presentar a estas alturas una ley orgánica para garantizar el derecho de defensa explica muchas de las cosas que han pasado en este Estado, por mucho que sea una ley que hace como de cueva de muchas otras leyes y que, a
través de la defensa procesal y demás, supongo que se irá desarrollando. Porque, ¿saben ustedes qué sucede? Sucede que la convicción generalizada en Cataluña es que, según qué ciudadanas y ciudadanos, no teníamos derecho a defensa: no te puedes
expresar en tu idioma, no puedes recibir las comunicaciones en tu idioma, cuando vas a Madrid -¡hombre, solo faltaría!-, habla la lengua del imperio... Da igual, da igual si todos tus derechos como ciudadano son conculcados o dejan de serlo. Por
tanto, cuando llegó este proyecto de ley, evidentemente introdujimos enmiendas a favor de las personas con capacidad, a favor de los menores y de la definición de lo que entendíamos como menores en esta ley, y evidentemente introdujimos también una
batería de enmiendas a favor de la profesión de abogados y procuradores. Claro, pero había un elemento fundamental en todo esto. Nos pasamos la vida escuchando que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero al final no es cierto, por
mucho que nos quieran considerar españoles. Por ello, agradezco el esfuerzo del compañero Cervera y de la compañera Mercè Perea -y lo ha dicho hace un momento el compañero Cervera- para llegar a dotar a toda la ciudadanía de la posibilidad de
acudir a los tribunales de todo el Estado en su propio idioma.
Y nos dicen que cuesta dinero. ¿De verdad la bancada de la derecha nos dice que el problema de esto es que cuesta dinero? Se me ocurren varias formas de no vaciar las arcas públicas, como han hecho ustedes, y que no sea necesario dejarnos
sin la capacidad de intervenir en los tribunales en nuestro idioma. Por consiguiente, en un día como hoy, en el que deseo o espero o quiero abrazar a mi secretaria general en persona muy pronto, después de seis años de exilio (aplausos), que
aprobemos una ley por el derecho a la defensa es, como poco, irónico, porque tenía que haber llegado mucho antes. Porque nos decían que esto era un Estado democrático de derecho y social, y todos sabemos que esto no es así.
Permítanme decir que nosotros estamos aquí para reformar el Estado. Déjenme decir también que, como hemos dicho muchas veces, sí vamos a acompañar la transformación del Estado, porque somos demócratas en todos los lugares, y permítame decir
que esto avanza con la intención de democratizar este Estado demófobo.
Hay dos enmiendas que no ha habido manera de que nos compraran, y estas sí valían dinero. Ustedes saben que hubo un gran debate cuando se impusieron las tasas para el acceso a los tribunales porque estas tasas eran finalistas. Bien, desde
el Gobierno de la Generalitat se ha pedido por activa y por pasiva que las tasas percibidas en Cataluña fueran destinadas a la remuneración digna del turno de oficio, porque somos perfectamente conscientes de que los abogados y abogadas que se
dedican al turno de oficio están mal pagados, están poco reconocidos y tienen poco apoyo por una labor que realizan y que es esencial en la garantía de la defensa de todos los ciudadanos. ¡Y no ha habido manera! Está enmienda, que ya les avanzo que
vamos a ir interponiendo en todas las leyes que nos presenten -esto sí, vinculadas con la Administración de Justicia, no lo vamos a hacer en las leyes sobre costas, pero les avanzo que las presentaremos-, para nosotros son indispensables
imprescindibles, porque sin un reconocimiento y una retribución de un turno de oficio digno, difícilmente podremos garantizar la calidad que necesita el servicio que se presta en concepto de defensa de las personas que lo necesitan, porque esto no
es una opción, es una necesidad.
A pesar de todo, creemos que los avances son suficientes, especialmente en materia lingüística -recuerdo también a la bancada socialista que, tarde o temprano, tendremos que entrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que se
incluyan las lenguas oficiales como requisito y no como mérito para el acceso a los puestos en Cataluña, Euskadi, Galicia-; decía que esto pone la primera piedra para la efectividad de los derechos.
Permítanme terminar con un tema que nos preocupa enormemente; es una enmienda que no se ha retirado y que no nos podemos mostrar a favor, nos vamos a abstener; y nos preocupa por cómo ha entrado. Es la que tiene que ver con el traspaso
respecto a las jubilaciones del sistema mutualista al RETA de abogados y procuradores. En este escaño, ya dijimos que estábamos absolutamente a favor de que se garantice una jubilación y unas prestaciones dignas. Visto el sistema y el contenido de
esta ley, entendíamos que no era el lugar para ponerlo. Además, fue la traslación de una PNL, es decir, de una proposición no de ley. Les pido al Gobierno, por la parte que le corresponda al ministerio, y al Ministerio de Asuntos Sociales también,
que nos pongamos a trabajar ya, de una vez por todas; porque esta vez no nos vamos a posicionar a favor, pero a partir de ahora lo haremos; y si conviene, entregaremos una propuesta escrita.
Pero no podemos esperar más, porque cada mes que pasa es un abogado, una abogada, un procurador, una procuradora, que ve sus derechos laborales, que había tenido, pues absolutamente conculcados. Entonces, cuál es el Estado que deja a estas
personas en la más absoluta miseria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero, por un tiempo de siete minutos.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el
artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del
acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad.
Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen,
y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales
para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.
A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin
dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la
jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al
garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la
accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas.
No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares,
guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad
interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la
existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta
anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de
sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en
despliegues de las Fuerzas Armadas.
Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones
democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero
no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus
familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de
partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de
asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno
reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el
sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.
Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro
de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy,
todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron.
Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la
democracia salda una deuda.
Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra el señor Martínez Salmerón, por un tiempo de siete minutos.
El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: Presidenta, señorías, ministro, hoy viene a la Cámara una ley pionera en Europa, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es necesario que esta ley tenga el apoyo de la Cámara y que salga adelante, porque
consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución; da cobertura a la asistencia jurídica gratuita, del artículo 119 de la Constitución, y porque atiende a una justa demanda de la Abogacía.
Apropiándome de las palabras de un padre de la Constitución, el señor Roca Junyent, diré que esta ley no está pensada para los profesionales de la justicia, esta ley está pensada para la ciudadanía. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen
derecho a la asistencia para ejercer su derecho de defensa. (Aplausos). Y este derecho necesita de aquellos profesionales que pueden darle a su causa y a su petición un fundamento jurídico necesario. En esta ley se recogen, entre otros aspectos,
el concepto y el ámbito del derecho de defensa, con un enfoque de género y discapacidad y habiendo incorporado en su tramitación las diligencias de investigación ante el Ministerio Fiscal y el asesoramiento jurídico previo al inicio de las
actuaciones judiciales. Define el alcance de la asistencia jurídica gratuita y fija el compromiso para una futura regulación de las funciones de los profesionales de oficio. Se establece el derecho a un lenguaje claro y sencillo e, igualmente, la
utilización de los medios electrónicos, así como el uso de las lenguas oficiales.
Desde la perspectiva de la Abogacía, se recoge la exigencia de la titulación y colegiación, y se introduce la referencia a los profesionales que actúan por cuenta ajena. Se ha reforzado el secreto en las comunicaciones entre profesionales a
efectos probatorios, se ha introducido la posibilidad de la dirección letrada de solicitar el habeas corpus, protege la libertad de expresión y la independencia profesional, y regula especialmente los deberes deontológicos y el derecho a la
conciliación laboral de los y las profesionales. Respecto a las costas procesales, en caso de condena a costas o jura de cuentas, regula la facultad de los colegios de la Abogacía para publicar criterios orientativos. Igualmente, desde el punto de
vista de las instituciones, recoge a los colegios de la Abogacía y a los consejos como entidades supervisoras, sancionadoras y responsables de la capacitación y de la formación de los profesionales.
Como ya manifestó el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Parlamento, las acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tienen un marcado impulso reformista, que necesita de grandes consensos, no solo de esta Cámara, sino
de la sociedad y de todos los sectores jurídicos. Y uno de los compromisos en materia de justicia de mi partido siempre ha sido la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones. (Aplausos). Y esta ley es una
muestra de ello. A lo largo de la tramitación, se han presentado 146 enmiendas, la mayoría han sido aprobadas. Se han aprobado 29 transaccionales, que han sido también aprobadas por la mayoría de los grupos políticos, y se ha introducido una
disposición adicional para la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por defender el derecho de asociación y sindicación en la Guardia Civil.
Señores del Partido Popular, yo sé que ustedes están muy ocupados, pero quería pedirles el apoyo expreso a esta ley. No cometan ustedes errores del pasado, ustedes han permanecido al margen de los principales avances sociales en este país.
Ustedes votaron en contra y recurrieron ante el Tribunal Constitucional leyes que recogían derechos y libertades de nuestra ciudadanía. (Aplausos). No cometan el mismo error, señorías. Sigamos trabajando en lo que nos une. Esta ley tiene que
salir con el máximo consenso. Es una ley fruto del compromiso del Gobierno con la modernización de la justicia, pero, sobre todo, es una ley muy demandada por la Abogacía y en cuya redacción intervino la comisión de expertos, presidida por el
ilustre abogado don Antonio Garrigues, que hoy nos acompaña desde la tribuna de invitados. Es una ley que ha sido mejorada por la Abogacía, ya que recoge las principales conclusiones del Congreso de Tarragona, así como otras aportaciones de las
asociaciones del tercer sector y otros colectivos profesionales, a cuyos representantes quiero agradecer su labor, aprovechando su presencia en la Cámara, a la señora Victoria Ortega, presidenta del Consejo en funciones; al señor Salvador González,
presidente electo; al decano de Madrid, don Eugenio Ribón, y al decano de Barcelona, don Jesús Sánchez. (Aplausos).
Quedan cuestiones importantes por desarrollar que han quedado al margen de esta ley. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta jurídica el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita, cuya
intención es reformar para dotar de una mejora del servicio y, sobre todo, para actualizar los baremos. No obstante, hemos recogido en esta ley el derecho de asistencia jurídica gratuita de personas físicas, de microempresas en el ámbito concursal
y en el orden penal para las personas jurídicas. (Rumores). Respecto al tema de la mutualidad de la abogacía y la procura, el Gobierno desde el Ministerio de Inclusión está trabajando para buscar una solución a esta reivindicación justa de parte
del colectivo que demanda una pasarela al RETA.
Y no quiero finalizar la intervención sin agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones, así como a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que me han acompañado en la Ponencia. Señorías, trabajemos juntos para que
España siga avanzando. Trabajemos juntos para una España donde todos los futuros sean posibles, para aquellos que buscan justicia, para aquellos que buscan igualdad, para las generaciones venideras que merecen un horizonte de oportunidades que será
fruto del trabajo y el esfuerzo que hoy sembramos.
Quisiera terminar como lo hice en la Comisión. Señorías, la justicia tiene que ser un territorio de consenso y la ciudadanía está deseando que avancemos en este camino. La modernización de la justicia es cosa de todos y de todas, ya que es
el instrumento idóneo para reducir las brechas sociales y acercar la ciudadanía, en igualdad de condiciones, a una justicia efectiva y de calidad, con independencia de cuál sea la renta o el lugar en el que se habite. Por eso, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar a favor de este dictamen y pido el voto de toda la Cámara.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señora presidenta.
Quiero tomar la palabra para agradecer a todas las personas que van a hacer posible que hoy esta ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y vaya camino del Senado y continúe su tramitación parlamentaria. Agradezco, desde luego, a la
sociedad civil encabezada aquí por el Consejo General de la Abogacía Española, por los colegios de abogados, que tanto han trabajado para que esta norma sea una realidad, incluso en sus congresos, aportando textos y aportando lo que hoy verá la luz
con esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Agradezco también a los grupos parlamentarios, creo que ha sido un trabajo en la Comisión muy fructífero, donde la mayor parte de los grupos parlamentarios han colaborado y han trabajado. Y tengo que
decirles que la ley sale mejor de lo que entró; es decir, que el trabajo que hacen los grupos parlamentarios y que hace este Congreso se ha visto cumplido. Y también agradezco a esos funcionarios, a esos servidores públicos anónimos que también
han puesto su granito de arena para que hoy esta ley vaya, previsiblemente, a ver la luz.
Es una ley útil, es una ley pionera en Europa, es una ley que garantiza un derecho fundamental, el 24 de la Constitución; es una ley positiva para los colegios de abogados, desde luego, que van a tener mayor seguridad jurídica en el
ejercicio de sus competencias. Es una ley positiva para los abogados y abogadas de este país, porque van a tener más garantías también para ejercer su profesión. Y es una ley útil, sobre todo -y esto es lo esencial-, para los ciudadanos, que van a
tener la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada gracias a esta ley.
Desde el punto de vista de la justicia, es una ley que también supone un avance en la transformación, en la que estamos trabajando, de nuestro servicio público de la justicia y, por si faltaba poco, también es un hito con la Comisión Europea
y, por tanto, también traerá fondos europeos para la transformación de nuestro servicio público de la justicia.
Por todo ello -señora presidenta, termino ya-, gracias a todos los que hoy harán posible que esta ley sea aprobada por el Congreso, continúe su tramitación parlamentaria y pronto vea la luz en el Boletín Oficial del Estado.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Votamos en un minuto. (Pausa).
- VOTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, empezamos la votación.
Votamos el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
En primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente la enmienda 144.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 31; en contra, 296; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 146.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 31; en contra, 296; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos en bloque las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rego Candamil.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 18; en contra, 321; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos, en primer lugar, la enmienda 23.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 25.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 32; en contra, 177; abstenciones, 138.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 31; en contra, 315.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, votamos las enmiendas de corrección técnica presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 346.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Les informo de que desde las doce y media hasta la una y media de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de
la sesión.
Asimismo, les informo de que la presente sesión plenaria incluye el debate y votación del dictamen del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y, por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación
final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, y en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 13:30 horas del día de
hoy.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y DE ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente
121/000016).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la
protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. (Rumores). Por favor, ruego un poquito de silencio.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Buenos días, señorías.
Tomo la palabra ante ustedes para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores
frente a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirles que esta norma es fundamental en el proyecto que tiene este Gobierno para la justicia. Queremos impulsar -me lo habrán escuchado más veces- la
mayor transformación de la justicia en décadas, y queremos hacerla a través de estas reformas legislativas, que son imprescindibles. Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los principales destinatarios
de la justicia, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, además, queremos hacer una reforma integral de la Administración de Justicia, que nos permita pasar de una estructura del siglo XIX a tener una justicia con una
estructura del siglo XXI.
Ya hemos dado pasos en esta dirección. Ya se aprobó y se convalidó por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2023, que potencia, por ejemplo, todos los trámites, todas las vistas telemáticas; impulsa la Carpeta Justicia para hacer posible que
cualquier profesional o cualquier ciudadano, desde su casa o desde su despacho, pueda acceder a todos los procedimientos en los que sea parte o en los que esté asesorando a un cliente. También se introduce en la ley -ya está en vigor, es el Decreto
Ley 6/2023- la posibilidad de procesos de robotización y de utilización de inteligencia artificial para algunos procesos que son repetitivos y que consumen mucho tiempo a los funcionarios y funcionarias, y que, sin embargo, no aportan un valor
añadido, y así se pueda hacer a través de las máquinas.
Por eso, como continuación a ese Real Decreto Ley 6/2023, que suponía la trasposición a nuestro derecho de la Ley de Eficiencia Procesal y de la Ley de Eficiencia Digital, hoy traemos este proyecto de ley de reforma de nuestra justicia, para
dotarla con una estructura orgánica que sea eficaz, que se adapte al siglo XXI, que sea rápida, que sea ágil y que pueda permitir mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas. Es un proceso de reforma que ya se inició en la legislatura
anterior, que se denominaba Proceso de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. De hecho, se hizo un trabajo muy fructífero y muy intenso por parte de los distintos grupos parlamentarios, que dio lugar a multitud de enmiendas
que ya fueron aprobadas en ponencia en la legislatura anterior. Es voluntad Gobierno que todas esas enmiendas que ya se pactaron, se negociaron y se acordaron en la legislatura anterior, se puedan incorporar al proyecto de ley que hoy presentamos
para defenderla de la enmienda a la totalidad presentada.
Los tres ejes fundamentales de esta norma son: primero, una reforma organizativa de nuestra justicia para llevarla al siglo XXI; para que pasemos de una estructura que es del siglo XIX al siglo XXI. Se crean los tribunales de instancia,
de tal manera que, en una única organización, en cada partido judicial, habrá un tribunal que permita mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas, en la carga de trabajo y también en la creación de secciones especializadas en lo mercantil,
en familia o en violencia de género, que puedan hacer su trabajo con mayor celeridad. Se crean las oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz, para convertirlos en puntos de cercanía de la justicia a los
ciudadanos de nuestro país; de tal manera que vivir en un municipio pequeño o en una zona despoblada de nuestro país, no perjudique los derechos de los justiciables cuando tienen que acudir al servicio público de la justicia. Creamos un nuevo
modelo de oficina judicial que estará adscrito a cada tribunal de instancia, de tal manera que pretendemos ahorrar costes y facilitar la labor de los funcionarios que tienen que trabajar en estas oficinas judiciales, que podrán hacerlo con mayor
flexibilidad.
El segundo eje de esta norma es una apuesta decidida por lo que llamamos los medios de solución alternativos al conflicto; es decir, la mediación, el arbitraje, esas medidas alternativas que, desde el ejercicio de la abogacía, pueden hacer
y mucho por descongestionar los tribunales y los juzgados de nuestro país. Vamos a intentar que se solucionen más pleitos en la vía no jurisdiccional; que los conflictos que tienen las partes se puedan solucionar en el ámbito mercantil, en el
ámbito civil y en el social, que ya sucede con mucha probabilidad y con mucha intensidad. Vamos a fomentar esas medidas para solucionar conflictos entre partes. Con ello creo que, por un lado, podremos agilizar la justicia en el sentido de evitar
la sobrecarga de trabajo de jueces y tribunales y, por otro lado, hacer la justicia más rápida, más ágil y cercana para todos los ciudadanos que tengan alguna controversia.
El tercer eje importante es el paso que damos en la protección y en la defensa de los consumidores y usuarios de nuestro país. Por ejemplo, en este proyecto de ley se establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas.
Es decir, resumiendo de manera muy sucinta, es un proyecto de ley muy amplio, que ustedes conocen, y lo hago para poner en valor la profunda transformación que este proyecto de ley va a suponer. También es un compromiso con la Comisión Europea, así
como un compromiso de nuestro país, de España, con la reforma de nuestro servicio público de justicia. Esta norma es fundamental y completa esa estructura que aprobamos con el Real Decreto Ley 6/2013.
En resumen, estamos llevando al BOE lo que siempre han sido grandes consensos sociales en torno a la necesidad de modernizar las viejas estructuras de la justicia, y estamos haciéndolo realidad con leyes, con un proyecto de justicia de país,
que pueda convertir nuestra justicia en algo avanzado y en algo ejemplar. Esos consensos ya no son una música en la que todos podemos sentir algo agradable, sino que hay letra, y esa letra son los proyectos de ley que estamos aprobando, en
particular este. Desde luego, es mucho más cómodo quejarse de que la justicia es lenta, de que la justicia funciona regular, y es mucho más difícil ponerse a trabajar para que la justicia sea ágil, sea digital y sea una justicia del siglo XXI.
Por eso les invito a que hagamos eso, a que se supere la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y nos pongamos a trabajar en el proyecto de ley; también ustedes, también el Grupo Parlamentario Popular, porque creo que este
proyecto de ley es, desde luego, una reivindicación de jueces, magistrados, fiscales, abogados y procura, para intentar dar un paso adelante en la modernización y en la agilidad de nuestra justicia. Los argumentos que presenta el Grupo Popular para
presentar la enmienda a la totalidad tienen que ver, en su opinión, con la necesidad de mejorar la técnica legislativa, que los operadores jurídicos no están cómodos con esta reforma, y que se están regulando las acciones colectivas en defensa de
los consumidores y usuarios. Seguramente, en algunas de las cuestiones no estaremos de acuerdo, pero en otras será posible, y con facilidad, encontrar puntos de equilibrio entre el Grupo Parlamentario Popular y el resto de fuerzas parlamentarias de
esta Cámara. Desde luego, como no contribuimos a mejorar la justicia es votando a favor de esta enmienda a la totalidad, porque eso sería tanto como rendirnos y tanto como aceptar que la justicia ha de estar anclada en el siglo XIX y no mirar al
futuro e intentar que nuestra justicia lo sea del siglo XXI. (Aplausos). Y rechazar la enmienda a la totalidad es trabajar por la justicia, es hacerlo juntos, es hacerlo con el consenso que hemos obtenido, por ejemplo, con la Ley Orgánica del
derecho a la defensa. Pero es también mirar al futuro y trabajar de verdad por una justicia que esté a la altura de la España del siglo XXI. Y, por el contrario, aceptar la enmienda a la totalidad es que nadie haga nada, que todo quede igual, que
sigamos en el siglo XIX y que, por tanto, nuestro país tenga una justicia que no se merece. Creo que bastante inacción -y por demasiado tiempo- ha habido ya en la justicia. Por todo ello les pido que voten en
contra de la enmienda la totalidad y que nos pongamos de inmediato a trabajar en la justicia del siglo XXI que necesita este país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz por un tiempo de doce minutos. Cuando
quiera.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señor ministro, señores diputados, buenos días.
En nombre del Grupo Popular y con las razones, argumentos y alegaciones de sindicatos, asociaciones, entidades del sector justicia, del sector consumo, del tejido empresarial, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estado y del
Consejo General del Poder Judicial presento esta enmienda a la totalidad. Son más de mil páginas las que recogen que no existe ese consenso (muestra varios documentos apilados) del que hablaba el ministro. (Aplausos). Estoy con usted en que es un
proyecto que recoge materias relevantes; creo, por tanto, que en cualquiera de los sentidos merece este debate. (Una señora diputada: Muy bien). Merecía, incluso, que usted se hubiera esforzado un poco más en la presentación. Algunos lo
conocemos, conocemos el proyecto, soñamos con él, pero muchas de sus señorías, lógicamente, no lo conocen. Estamos cansados de oír tertulias sobre la justicia, se teoriza sobre qué es lo mejor en este momento, pero luego esto es muy arduo. Por
tanto, estamos en el mes de julio dedicándonos a la justicia, señor ministro, hagámoslo seriamente. (Un señor diputado: Bien.-Aplausos).
En primer término, tengo que decir que mi partido, el Partido Popular, reivindica el respeto del Gobierno para con el Poder Judicial como presupuesto imprescindible e innegociable para seguir avanzando en las reformas presentadas para
alcanzar esa Justicia más ágil y eficiente en España. Es inadmisible, señorías, señor ministro, seguir con la poco edificante actitud gubernamental, con el bochornoso espectáculo que sube cada semana de decibelios contra los jueces, y que no solo
no encuentra defensa por parte del ministro de Justicia, sino que, sorprendentemente, se ha convertido en el principal activista, en los últimos días, en el acoso y presión a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. (Aplausos).
Sentado esto, que es fundamental -porque si no ¿qué estamos haciendo?-, reclamamos la devolución de un proyecto que atenta contra los más esenciales principios de la buena técnica normativa; la seguridad jurídica; desatiende cada vez de
forma más grave las advertencias del Consejo de Estado; y que introduce, sin la suficiente motivación, nuevas reglas de calado importadas de otros sistemas jurídicos, como el estadounidense, que rompen con el sistema de defensa de consumidores y
usuarios en España, dando un poder inusitado e injustificado a fondos internacionales de litigación; utilizando a los consumidores para privarles de su derecho a la tutela judicial efectiva, con una norma de dudosa constitucionalidad y con grave
riesgo y consecuencias para el tejido económico del país. Un cambio de modelo que no ha sido justificado -hoy ha desaprovechado esa ocasión-; no lo ha sido ni en sus causas ni evaluado en sus consecuencias, y que avanzaría en contra del criterio
de los principales órganos consultivos del Estado, del propio Ministerio de Economía -no el nuestro, no Luis de Guindos, no, el Ministerio de Economía de ustedes, de este Gobierno-, que ha vertido -y ahí está sellado, rubricado por el Ministerio de
Asuntos Económicos- la grave inconstitucionalidad en la que se puede incurrir con este proyecto, la tercera parte de este proyecto. (Aplausos).
El Grupo Popular, mi grupo parlamentario, se ve en la obligación de reclamar respeto para el legislador, que se garantice la previsibilidad en los cambios normativos, porque el actual rumbo provoca caos y confusión en una justicia
suficientemente colapsada ya. No queremos una justicia del siglo XIX, no la queremos. Ahí vamos a estar de acuerdo con usted, pero pedimos respeto, seriedad y rigor. La justicia, nuestros operadores jurídicos, nuestros jueces y fiscales necesitan
buenos instrumentos jurídicos, no cualquier instrumento jurídico, no cualquier puzle, no cualquier reconstrucción de proyectos y a ver si los colamos rápidamente. No, señor ministro. Últimamente a mí ya no me gustaba esto, pero es muy socorrido,
¿recuerda este dicho popular de vísteme despacio que tengo prisa? (Un señor diputado: ¡Sí!). Pues eso, señor ministro, esto es lo que pedimos aquí. (Aplausos).
Nuestro país, nuestra justicia necesita afrontar una transformación, de acuerdo; pero necesita estabilidad para esa transformación, no un pasito para delante y un pasito para atrás. No. Estabilidad, coherencia en las reformas. Y no
sucede ni en este proyecto ni en la decisión de aprobar otras reformas estructurales que usted ha citado, como el Real Decreto 6/2023. Ese que usted sabe muy bien que está planteando problemas desde el primer día, y sobre el que el propio
ministerio ha planteado a las
comunidades autónomas que aprueben unos criterios interpretativos por encima de las competencias de cualquier Ejecutivo, porque plantea problemas. Y sobre ese hay que soportar esta ley orgánica.
Esta enmienda a la totalidad no es una enmienda presentada solo por el Grupo Popular, sino que responde al aluvión de críticas y reclamaciones de todos los operadores jurídicos, que temen un auténtico caos por motivos de forma, por motivos
de fondo o de transitoriedad mal planificada. El Grupo Popular reclama asimismo tener seguridad sobre los textos que se presentan como proyectos de ley en esta Cámara y que -según nos trasladan-, en palabras de los propios responsables del
ministerio, a cada uno de los sectores que les plantean reivindicaciones les dicen: No os preocupéis, el proyecto ya es otro, no responde al que se ha registrado en el Congreso. ¿Y cómo es esto, señor ministro? Es inaudito que estén dando carta
de naturaleza a proyectos fake. Por tanto, enmiendas intrusas, abuso del real decreto ley, textos fantasmas o fake. En palabras recientes de Manuel Aragón: El legislador desatado. Pero perdonen, señorías, me resisto y humildemente, con todo el
respeto a Manuel Aragón, me van a permitir que corrija levemente: El prelegislador desatado o el Ejecutivo desatado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El desprestigio al que se está sometiendo al legislador no puede ser secundado, desde luego, por el Grupo Popular. Pedimos a los demás que nos acompañen. Ustedes sabrán. Desde luego, nosotros queríamos poner de manifiesto aquí claramente
que no podemos estar en una actitud pasiva de resignación, de mirar para otro lado con la esperanza de que, a través de pagos a unos y otros grupos políticos, se consiga aprobar una norma que hoy presenta más riesgos y problemas que ventajas y
beneficios. Por eso pido apoyo. No es cierto lo que ha dicho el ministro. Es muy posible que el Gobierno, el ministerio haga bien su trabajo, pero esto es un puzle de proyectos heterogéneos. Es un puzle de proyectos con muchísimos problemas.
Presenten los proyectos y nos ponemos a trabajar -si cuando queremos, trabajamos, lo estamos viendo-, que no nos echamos para atrás, pero esto no puede ser. Les pido a los grupos parlamentarios que no atiendan los cantos de sirena de lo que les han
prometido y que mañana tengan que arrepentirse.
Además de todo esto, de ese proyecto heterogéneo que se ve que ni con maquillaje han podido conseguir que en el primer libro se supriman los juzgados de todo tipo -ojo, alcaldes; ojo, señorías: los juzgados de paz, juzgados de instancia,
juzgados de instrucción-, muy bien, nosotros somos partidarios del tribunal de instancia, pero no nominal sino serio, y eso cuesta y necesita estabilidad. Pues además de eso -vamos a llamarlo- la guinda del pastel es que lo hace con la
incorporación del anteproyecto de acciones colectivas. Mire usted, le agradezco que no haya sido tan insistente en aquello de: Ustedes responderán ante la Unión Europea, ustedes responderán de que no hemos cumplido a tiempo, ustedes
responderán..., no, porque esa es su responsabilidad como Gobierno.
Incluso FACUA ha puesto de manifiesto (muestra un documento) que este sistema, que rompe absolutamente con la tradición jurídica y la seria protección española y europea de los consumidores, y que rechazan la mayor parte de las
trasposiciones de la directiva en Europa, es un modelo favorable a un nuevo cliente, a un nuevo nicho de empleo, que son los fondos de inversión, los fondos de licitación internacionales. (Aplausos). Estamos asombrados: ¡un Gobierno de izquierdas
que regula! -y no puedo detenerme- un modelo -y no me hagan caso a mí ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo del Poder Judicial- al que el Ministerio de Economía pone tres objeciones que no han sido salvadas (muestra otro documento), que
ponen de manifiesto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que va en contra del derecho de defensa y que va en contra del artículo 24, hoy de moda en esta Cámara. ¡Este es el fondo del derecho de defensa! Los consumidores no
van a recibir más que lo que están recibiendo desde hace tiempo en Estados Unidos por este tipo de modelo, en el mejor de los casos, 3 dólares o, como nos ocurrió a muchos con el tema del diésel, unos guantes de cortesía. Sin embargo, los fondos de
licitación -está demostrado en distintos informes que pueden consultar, al igual que yo- tienen una media de ganancia de 1 millón de euros. Hay una ausencia de beneficio para el consumidor, porque se destruye el mercado, se destruyen las empresas y
el consumidor es excluido, porque es un sistema de desvinculación, y el consumidor no se va a desvincular. Habrá una lucha feroz de esos fondos de inversión litigadores para, con el menor esfuerzo, con menores consumidores a los que resarcir, poder
ganar mucho dinero a costa de destruir nuestro sistema, que es un ejemplo -un ejemplo- en toda Europa y en toda Iberoamérica.
Por tanto, señor ministro, reflexionen. No pedimos que no se presenten estos proyectos, este último tiene que ser evaluado, tienen que ser evaluadas las consecuencias. Señorías, vuelvo a decir que no se dejen llevar por los cantos de
sirena. Mañana, ni el Gobierno ni ustedes podrán mirar a los ojos a los
consumidores y usuarios de este país, especialmente a los más vulnerables. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de siete minutos.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. Moi bo día de novo.
Volvemos debater hoxe sobre a Lei de Eficiencia Organizativa da Administración de Xustiza despois de anteriores e frustrados intentos en pasadas lexislaturas. Unha lei que pode servir, se o Goberno quixer, para dar un decidido impulso a
mellorar a actuación dos xulgados e tribunais ou pode ser a volta de porca última para a centralización e eliminación de servizos, especialmente no ámbito rural.
Permítanme lembrar que na pasada lexislatura aprobamos as normas en relación coa organización dos xulgados de paz e rexistro civil, aínda pendentes de executar plenamente, e outra norma en tramitación sobre os trámites electrónicos na
Administración de Xustiza que vai implicar tamén en moitos casos un afastamento da xustiza en relación cos cidadáns e cidadás, unha uniformación e recorte de servizos.
Pensemos, por exemplo, en como se poderá realmente garantir, na liña do que vimos de acordar na Lei de Defensa hoxe mesmo, a utilización do galego e demais linguas oficiais se os procesos electrónicos de tramitación, como infelizmente xa
acontece agora en moitos casos, só están en español e non permiten esa posibilidade. A iso estaremos moi atentos.
Se analizásemos a actual situación na Administración de Xustiza, co importante incremento da litixiosidade e grandes demoras derivadas principalmente de persoal insuficiente para atender os servizos, todos eles, tamén os das vilas e os do
rural, partillamos que é oportuna a tramitación dunha norma para a mellora da eficiencia da organización e funcionamento da Administración de Xustiza. Porén, esta norma debe ir acompañada ineludibelmente dun incremento dos cadros de persoal.
Segundo o último estudo publicado pola Comisión Europea sobre eficiencia na Administración de Xustiza, o número de xuíces, xuízas e fiscais son case a metade que na media europea: 11,24 e 5,37 no Estado, fronte a 17,60 e 11,10 por cada 100 000
habitantes de xuíces, xuízas e fiscais na UE respectivamente. Neste sentido, consideramos que a norma proposta ten aspectos necesariamente mellorábeis, mais que poden ser corrixidos se existir vontade e, para iso, o BNG vai presentar emendas.
Deben ser atendidos tamén outros aspectos, pois ningunha medida de eficiencia ou para axilizar o funcionamento da Administración de Xustiza pode ir en detrimento do dereito á tutela xudicial efectiva nin dos principios de igualdade, de
inmediación ou contradición. A creación de tribunais de instancia non pode implicar un afastamento da Administración de Xustiza da cidadanía. Debe garantirse que dentro dos distintos partidos xudiciais se van seguir prestando os mesmos servizos e
realizando as mesmas actuacións que até agora. Este é un dos aspectos da norma que máis nos preocupa, temos que recoñecelo: o baleirado de competencias e actuacións nos pequenos xulgados para concentralos nas cidades, de modo que, por exemplo, no
caso de Galiza, Lugo e Ourense centralicen todos os trámites nos xulgados destas cidades ou das cidades en xeral abocando á desaparición do resto. Non podemos permitir un novo recorte de servizos no rural en aras dunha suposta eficiencia.
Por outro lado, a presente reforma non pode consolidar un servizo público de xustiza centralista no que as comunidades autónomas con competencias transferidas e que teñen asumidas as atribucións relativas á denominada xestión da
Administración de Xustiza unicamente teñan capacidade de audiencia e/ou informativa. Resulta pouco coherente que, asumindo os custos do funcionamento da Administración de Xustiza e soportando as consecuencias das eivas na eficacia do servizo, non
teñan máis capacidade que informar ou opinar sobre nomeamentos ou sobre a creación ou especialización de unidades xudiciais dentro do seu ámbito territorial, sendo moi reducidas as posibilidades de actuación en materia de planta, demarcación ou no
deseño da oficina xudicial.
Por último, tamén no relativo ás accións colectivas para a protección e defensa dos dereitos dos consumidores e consumidoras e usuarios e usuarias, entendemos que se debe garantir un sistema que facilite as reclamacións, non que poña trabas,
e que permita reducir a litixiosidade en favor das grandes empresas en detrimento dos cidadáns e das cidadás.
En definitiva, señorías do Partido Popular, aínda que consideramos que esta norma é moi mellorábel, entendemos que é necesaria, en todo caso, unha mellora que pode e debe facerse pola vía das emendas e do traballo construtivo se houber
vontade de entendemento. Pola nosa parte, haina. Por iso, non podemos apoiar unha emenda á totalidade cuxa única finalidade é a propaganda e continuar a súa
estratexia partidista de confrontación, alimentando, de paso, o monstro ultra que, se non tiveren coidado, igual acaba por devoralos. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo.
Volvemos a debatir hoy sobre la ley de eficiencia organizativa en la Administración de Justicia después de anteriores y frustrados intentos en pasadas legislaturas, una ley que puede servir, si quisiera el Gobierno, para dar un decidido
impulso y mejorar la actuación de los juzgados y tribunales; o puede ser una nueva vuelta de tuerca para la centralización y eliminación de servicios, especialmente en el ámbito rural. Permítanme recordarles que en la pasada legislatura aprobamos
las normas en relación con la organización de los juzgados de paz y Registro Civil, aún pendientes de ejecutar plenamente, y con otra norma en tramitación sobre los trámites electrónicos en la Administración de Justicia, que va a implicar también en
muchos casos un alejamiento de la Justicia en relación con los ciudadanos y ciudadanas, una uniformización y un recorte de servicios. Pensemos, por ejemplo, en cómo se podrá realmente garantizar, en la línea de lo que acabamos de acordar en la ley
de defensa hoy mismo, la utilización del galego y demás lenguas oficiales si los procesos electrónicos de tramitación, como infelizmente ya ocurre ahora en muchos casos, solo están en español y no permiten esta posibilidad. A eso estaremos muy
atentos.
Si analizamos la actual situación de la Administración de Justicia, con un importante aumento de la litigiosidad y de grandes demoras derivadas principalmente del personal insuficiente para atender todos estos servicios, también los de los
pueblos y del rural, compartimos que es oportuna la tramitación de una norma para la mejora de la eficiencia de la organización y el funcionamiento de la Administración de Justicia. Sin embargo, esta norma debería ir acompañada ineludiblemente de
un aumento del personal. Según el último estudio publicado por la Comisión Europea sobre la eficiencia en la Administración de Justicia, el número de jueces y juezas y fiscales son casi la mitad que la media europea: 11,24 y 5,37 por cada 100 000
habitantes en el Estado frente a 17,60 y 11,10, de jueces y juezas y fiscales de la Unión Europea, respectivamente. En este sentido, consideramos que esta norma propuesta tiene aspectos necesariamente mejorables, pero que pueden ser corregidos de
existir esta voluntad, y para eso el BNG va a presentar una serie de enmiendas.
Deben ser atendidos también otros aspectos, pues ninguna medida de eficiencia o para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia puede ir en detrimento de la tutela judicial efectiva ni en detrimento de los principios de
igualdad, mediación o contradicción. La creación de tribunales de instancia no puede implicar un alejamiento de la Administración de Justicia de la ciudadanía. Se debe garantizar que dentro de los distintos partidos judiciales se sigan prestando
los mismos servicios y se sigan realizando las mismas actuaciones que hasta ahora. Este es uno de los aspectos de la norma que más nos preocupa: el vaciado de competencias y actuaciones en los pequeños juzgados para centrarlos, concentrarlos en
las ciudades, de modo que, por ejemplo, en el caso de Galicia, Lugo u Ourense, centralicen todos los trámites en los juzgados de las ciudades, abocando así a la desaparición del resto. No podemos permitir un nuevo recorte de servicios en las zonas
rurales en aras de una supuesta eficiencia.
Por otra parte, esta reforma no puede consolidar un servicio público de Justicia centralista en el que las comunidades autónomas con competencias transferidas y que tengan asumidas las atribuciones relativas a la denominada gestión de la
Administración de Justicia únicamente tengan capacidad de audiencia y/o informativa. Resulta poco coherente que, asumiendo los costes del funcionamiento de la Administración de Justicia y soportando las consecuencias de las carencias en la eficacia
del servicio, no tengan más capacidad que informar u opinar sobre nombramientos o sobre la creación o especialización de unidades judiciales dentro de su ámbito territorial, siendo muy reducidas las posibilidades de actuación en materia de planta y
demarcación o en el diseño de la oficina judicial.
Por último, también en lo relativo a las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos de los consumidores, consumidoras y usuarios y usuarias, entendemos que se debe garantizar un sistema que facilite las reclamaciones,
no que ponga trabas y que permita reducir la litigiosidad en favor de las grandes empresas y en detrimento de los ciudadanos y de las ciudadanas.
En definitiva, señorías del Partido Popular, aunque consideramos que esta norma es muy mejorable, entendemos que es necesaria. Es necesaria, en todo caso, una mejora que puede y debe hacerse por la vía de las enmiendas y del trabajo
constructivo, si es que hubiese voluntad de entendimiento. Por nuestra parte, hay esta voluntad de entendimiento; por eso no podemos apoyar una enmienda a la totalidad cuya
única finalidad es la propaganda y continuar con su estrategia partidista de confrontación, alimentando así al monstruo ultra que, si no tienen cuidado, igual acaba devorándolos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de siete minutos.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré de manera breve.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de totalidad de devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de medidas para la eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección de los
intereses de consumidores y usuarios, al entender, primero, que agrupa cuestiones con falta de homogeneidad entre sí, es decir, como una ley ómnibus; también, porque se propone una transformación en el sistema de justicia, al que se le imputa estar
falto de un amplio diálogo y consenso, y, en tercer lugar, porque no se comparte la orientación en la trasposición realizada por el Gobierno de la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores. En definitiva, se reclama al Gobierno que se conformen distintas leyes de reforma en función de sus objetivos fundamentales y que buena parte de su contenido se reformule.
Señorías, nuestro grupo parlamentario -y lo decimos con carácter preliminar- no dará su apoyo a esta enmienda de totalidad porque llevamos desde la legislatura pasada arrastrando tres ámbitos de transformación de la Administración de
Justicia para su mejor eficiencia, como son la transformación digital, la organizativa y la procesal; ámbitos, a nuestro juicio, relacionados entre sí y no desconectados, como se afirma en la enmienda de totalidad, que si bien en la legislatura
pasada fueron tramitados como proyectos separados, decayendo por la convocatoria adelantada de elecciones generales, en esta XV Legislatura se han agrupado en dos textos legales pendientes de tramitación en Ponencia y en Comisión: el Real Decreto
Ley 6/2023, que ha acogido -para evitar la pérdida de fondos comunitarios del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia- la transformación digital y parte de la procesal que ya conocíamos desde la legislatura pasada, que estamos tramitando
después de su convalidación como proyecto de ley y cuyo plazo de enmiendas se encuentra finalizado, y el proyecto de ley sobre el que se presenta la enmienda de totalidad, que acoge, como le decía, proyectos de la XIV Legislatura, como el referido a
la transformación organizativa y el resto de la reforma procesal no incluida en el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo plazo de enmiendas también lleva largo plazo abierto y que parece que finalmente se cerrará a final de mes. No son, por tanto, a
nuestro juicio, iniciativas desconectadas entre sí ni faltas de homogeneidad respecto de cada una de ellas; es más, consideramos que su tramitación en Ponencia y Comisión debería ser simultánea para que las tres reformas o transformaciones de la
Administración de Justicia no presenten ninguna contradicción o incongruencia.
Lo que no vemos atendible, señorías, es la devolución al Gobierno del proyecto de ley. Sería, a nuestro juicio, una nueva demora injustificable de algo que ya arrastramos desde la pasada legislatura, sin perjuicio de que aquellas cuestiones
concretas de los proyectos sobre las que no estemos de acuerdo las articulemos y defenderemos a través de las respectivas enmiendas en Ponencia y Comisión.
Lo mismo cabe decir respecto de la opción elegida por el Gobierno en la trasposición de la directiva sobre acciones colectivas resarcitorias para la protección de los intereses de los consumidores, ya que lo que propone el Grupo Popular en
cuanto al fondo de la cuestión es un asunto fácilmente articulable a través de las enmiendas parciales, sin ser precisa una devolución al Gobierno del proyecto de ley. Ustedes, simplemente, proponen cambiar de un sistema al otro.
En definitiva, señorías, como ya adelantamos al principio de nuestra intervención, no daremos nuestro apoyo a esta enmienda de totalidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart por un tiempo de siete minutos.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bon dia de nou, ministre. Bon dia de nou, senyories. El grup popular presenta esmena a la totalitat d'aquest projecte de llei orgànica de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de
Justícia i d'accions col·lectives per a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris. És un projecte que, certament, i com diuen els populars, és un veritable calaix de sastre on s'hi recullen un seguit de matèries que,
en l'anterior legislatura, ho han dit varis dels ponents que m'han precedit, van ser tractades en tres projectes diferents. Per nosaltres això no és cap sorpresa. És l'extensió dels decrets lleis òmnibus, o 'macedònia', com els anomenem nosaltres,
a què ja ens té acostumats aquest Govern, i que tantes vegades hem criticat perquè, certament, sovint en dificulta no només el seu debat, sinó també el posicionament. Ministre, sense cap entusiasme li dic que potser ens caldrà valorar si té raó de
ser, aquesta totalitat. Ho veurem.
En relació a tot el que es regula en aquest projecte, que no és poc, nosaltres, com sempre, tenim una prioritat: Catalunya. En aquest cas, concretament, la defensa de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia i
en el compliment de l'Estatut. Una prioritat, ho és, malgrat que l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya, val la pena recordar-ho, no ha estat aprovat pel Parlament del nostre país ni tampoc per aquesta cambra ni pel Senat, ni tampoc referendada
pels ciutadans de Catalunya. Una prioritat malgrat la seva redacció actual, la de l'Estatut de Catalunya, és el resultat de la indeguda intromissió mitjançant la sentència 31/2010 d'un Tribunal Constitucional polititzat i mancat de legitimitat.
Una prioritat malgrat les seves enormes mancances, perquè, malgrat tot això, l'Estatut és, com els deia, una norma vigent que reconeix una sèrie de competències que nosaltres avui som aquí per defensar. I en aquest projecte, Junts per Catalunya,
sense descuidar cap dels altres temes legislats, posarem tot el ferro en la defensa dels jutjats de pau.
A l'anterior legislatura, Junts per Catalunya es va quedar sola en la defensa dels jutjats de pau davant la voluntat de l'Estat de suprimir-los amb les lleis d'eficiència en l'àmbit de la justícia d'aquell moment i la connivència, llavors,
del Govern de la Generalitat. A Catalunya, els jutjats de pau són un instrument de justícia de proximitat molt arrelat al país i que han demostrat, al llarg de la seva història, la seva vocació de servei públic, d'utilitat i eficàcia en la
resolució dels conflictes. Però no només això. Els jutjats de pau són, per sobre de tot, òrgans pertanyents al poder judicial, als quals els correspon exercir les funcions de l'anomenada justícia de proximitat, recollida a l'article 108 de
l'Estatut de Catalunya.
Miri, ministre, nosaltres no volem la seva estructura, ni la del segle XIX ni la del segle XXI. Junts per Catalunya volem la nostra estructura. Volem la que es mereix l'actual Catalunya. Per això mateix, nosaltres volem preservar aquesta
competència i estendre la justícia de proximitat, la justícia de pau, arreu del nostre país, arreu de Catalunya. I aquest és el nostre principal objectiu: un objectiu que ja els avanço que guiarà tots els nostres posicionaments en la tramitació
d'aquesta iniciativa legislativa i que condicionarà els set vots de Junts per Catalunya. De moment, res més i moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo, ministro; buenos días de nuevo, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios. Es un proyecto que, ciertamente, como dicen los populares, es un auténtico cajón de sastre donde se recogen una serie de materias que en la anterior legislatura -lo han dicho varios de los ponentes que me
han precedido- se trataron en tres proyectos diferentes. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, es la extensión de los decretos ley ómnibus o macedonia, como les llamamos nosotros, a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y que tantas
veces hemos dicho que, muy a menudo, nos dificulta su debate y también su posicionamiento. Ministro, sin ningún entusiasmo se lo digo: Quizá tendríamos que valorar si tiene razón de ser esta totalidad. Lo veremos.
En relación con todo lo que se regula en este proyecto, que no es poco, nosotros, como siempre, tenemos una prioridad: Cataluña; en este caso, concretamente, la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de
justicia y en el cumplimiento del estatuto. Es una prioridad a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay que recordarlo, no ha sido aprobado por el Parlamento de nuestro país y tampoco por esta Cámara ni por el Senado ni tampoco
refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Es una prioridad, a pesar de su redacción actual, la del Estatuto de Cataluña, que es el resultado de la indebida intromisión mediante la sentencia 31/2010 de un Tribunal Constitucional politizado y falto
de legitimidad. Es una prioridad. A pesar de sus enormes faltas y a pesar de todo esto, el
estatuto es una norma vigente que reconoce una serie de competencias que nosotros hoy estamos aquí para defender, y en este proyecto, Junts per Cataluña, sin descuidar ninguno de los otros temas legislados, pondremos todo el hierro en la
defensa de los juzgados de paz. En la legislatura anterior Junts per Cataluña se quedó sola en la defensa de los juzgados de paz ante la voluntad del Estado de suprimirlos con las leyes de eficiencia en el ámbito de la justicia de aquel momento y
con la connivencia entonces del Gobierno de la Generalitat. En Cataluña los juzgados de paz son un instrumento de justicia y de proximidad muy enredado en el país, que han demostrado a lo largo de su historia su vocación de servicio público,
utilidad y eficacia en la resolución de los conflictos. Pero no solo eso, los juzgados de paz son, por encima de todo, órganos pertenecientes al Poder Judicial, a los que les corresponde ejercer las funciones de la llamada justicia de proximidad
recogida en el artículo 108 del Estatut de Catalunya.
Mire, ministra, nosotros no queremos su estructura, ni la del siglo XIX ni la del XXI; en Junts per Catalunya queremos nuestra estructura, queremos la que se merece la actual Cataluña. Por eso mismo nosotros queremos preservar esta
competencia, extender la justicia de proximidad, la justicia de paz en todo nuestro país, en toda Cataluña. Este es nuestro principal objetivo, un objetivo que les avanzo que guiará todos nuestros posicionamientos en la tramitación de este trámite
legislativo y que condicionará los siete votos de Junts per Catalunya.
De momento, nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà, por un tiempo de siete minutos.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta. Diputades, diputats. Per expressar el vot negatiu a l'esmena a la totalitat, per expressar-lo perquè, com s'ha comentat, el que conté entenem que és considerablement connex com a matèria,
perquè prové de feines que ja s'havien estat treballant amb bastanta intensitat a la passada legislatura, i que va decaure, perquè conté allò que és matèria de llei orgànica perquè la resta va anar a parar al Reial decret 6/2023, però també perquè,
tenint en compte que votarem en contra de l'esmena a la totalitat i que és previsible que aquesta decaigui, vol dir que donem tràmit a la possibilitat que aquesta llei vagi fent el seu camí amb les seves esmenes parcials.
Per tant, és important deixar unes quantes línies clares abans que comencem aquesta negociació, part de la qual ja ha estat feta, també ho aviso. I lamento haver de discrepar absolutament, en aquest cas, amb el company diputat que m'ha
precedit, però si alguna línia vermella clara té Esquerra Republicana de Catalunya són els jutjats de pau. És a dir, no acceptarem cap text normatiu que els buidi de contingut o que els faci desaparèixer, perquè l'anàlisi que fem dels jutjats de
pau és exactament la mateixa vinculada a la justícia de proximitat, vinculada al coneixement del territori, vinculada a la seva eficiència i eficàcia, i no estem parlant de noms, estem parlant d'una institució que és molt antiga al nostre país. I,
per tant, de cap de les maneres acceptarem un projecte normatiu que pugui afectar aquesta figura històrica del dret català.
Dit això, ens preocupa l'àmbit dels consumidors i usuaris, i ens preocupa perquè convé recordar, en aquesta cambra, que la competència torna a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Per tant, més enllà del trencament del model que,
d'alguna manera, aportaven i que realment ofereix dubtes sobre la idoneïtat de plantejar-lo en aquest projecte de llei, ens preocupa també que no hagi estat suficientment treballat amb el Govern de Catalunya o que afecti alguna de les competències
possibles que estigui exercint en aquest moment.
Dos aspectes més, algun dels quals ja he avançat anteriorment. No pararem amb l'esmena de consecució de vinculació de les taxes judicials al torn d'ofici i a la retribució dels advocats del torn d'ofici, perquè hem de resoldre aquesta
situació. Un altre element vinculat a la justícia que tothom està oblidant, però que vull posar damunt de la taula. L'eficiència de la justícia també té a veure amb els seus funcionaris. L'estabilització d'interins que s'ha produït a les
administracions públiques ha fallat estrepitosament en l'Administració de justícia. I parlo des del meu territori, on, si se'ns hagués deixat fer com a cos de la Generalitat de Catalunya, que no ho és, ja ho tindríem resolt i, en canvi, des de
l'Estat no s'està preveient cap de les necessitats que té aquest territori.
I acabo dient: està molt bé legislar sobre l'Administració de justícia. Està molt bé i l'arreglarem en la mesura en què puguem i tot serà fantàstic. Però, si no hi ha una quantitat ingent de diners, no ens en sortirem. S'han de proveir
les places. S'han de proveir amb una modificació de la llei orgànica del poder judicial que, d'alguna manera, garanteixi que els jutges que van a parar a cadascun dels jutjats poden
atendre la ciutadania d'aquell lloc. Cal protegir els lletrats de l'Administració de justícia, cal mirar les seves retribucions i cal estabilitzar plantilles. Cal mirar la figura dels jutges substituts, perquè és una figura que està
absolutament maltractada i que, d'alguna manera, també hem de posar en valor, perquè són els que tiren endavant, moltes vegades, aspectes essencials. I tot això no està recollit aquí.
Per tant, tenim una oportunitat, durant aquestes setmanes que tenim encara d'esmenes a l'articulat, per introduir tots aquells temes que ens preocupen, per tirar endavant els que ja havíem pactat i per acabar fent una llei que en conté tres,
però que sigui digne d'un nom com llei d'eficiència organitzativa. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Diputadas y diputados, quiero expresar el voto negativo a la enmienda a la totalidad, porque, como se ha comentado, lo que contiene entendemos que es considerablemente conexo como materia, porque proviene de trabajos que ya se estuvieron
trabajando con bastante intensidad en la última legislatura, y que decayó, porque contiene lo que es materia de ley orgánica, porque el resto fue a parar al Real Decreto 6/2023, pero también porque, teniendo en cuenta que votaremos en contra de la
enmienda a la totalidad y que es previsible que esta decaiga, significa que daremos trámite a la posibilidad de que esta ley vaya haciendo su camino con sus enmiendas parciales. Por tanto, es importante dejar unas cuantas líneas claras antes de que
empecemos esta negociación, parte de la cual ya se ha hecho, lo aviso.
Lamento tener que discrepar absolutamente en este caso con el compañero diputado que me ha precedido, pero si alguna línea roja clara tienen Esquerra Republicana y Catalunya son los juzgados de paz; es decir, no aceptaremos ningún texto
normativo que los vacíe de contenido o que los haga desaparecer, porque el análisis que hacemos del juzgado de paz es exactamente el mismo vinculado a la justicia de proximidad, al conocimiento del territorio, a su eficiencia y eficacia. Y no
estamos hablando de nombres, estamos hablando de una institución que es muy antigua en nuestro país. Por tanto, de ninguna manera aceptaremos un proyecto normativo que pueda afectar a esta figura histórica del derecho catalán.
Dicho esto, nos preocupa el ámbito de los consumidores y usuarios; nos preocupa porque conviene recordar en esta Cámara que la competencia vuelve a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, más allá del rompimiento del
modelo que de alguna manera llevaban y que ofrece dudas realmente sobre la idoneidad de plantearlo en este proyecto de ley, nos preocupa también que no se ha trabajado suficientemente con el Gobierno de Cataluña y que afecte a algunas de las
competencias posibles que se estén ejerciendo en este momento.
Dos aspectos más, alguno de los cuales ya he avanzado. No pararemos con la enmienda de consecución de vinculación de las tasas judiciales en el turno de oficio y la retribución de los abogados del turno de oficio, porque se ha de resolver
esta situación. Otro elemento vinculado a la justicia que todos olvidamos, pero que quiero poner encima de la mesa -la eficiencia en la justicia-, también tiene que ver con sus funcionarios. La estabilización de interinos que se ha producido en
las administraciones públicas ha fallado estrepitosamente en la Administración de Justicia, y hablo desde mi territorio, donde si se nos hubiera dejado hacer como cuerpo de la Generalitat de Catalunya, que no lo es, ya lo tendríamos resuelto. En
cambio, desde el Estado no se está previendo ninguna de las necesidades que tiene este territorio.
Acabo diciendo: Está muy bien legislar sobre la Administración de Justicia; está muy bien y lo arreglaremos en la medida en que podamos, y será todo fantástico, pero si no hay una cantidad ingente de dinero, no saldremos adelante. Se han
de proveer las plazas con una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que de alguna manera garantice que los jueces que van a parar a cada uno de los juzgados puedan atender a la ciudadanía de ese lugar. Hay que proteger a los letrados
de la Administración de Justicia, hay que mirar sus retribuciones y hay que estabilizar plantillas. Hay que mirar la figura de los jueces sustitutos, porque es una figura que está absolutamente maltratada y que de alguna manera también tenemos que
poner en valor, porque son los que tiran adelante muchas veces aspectos esenciales, y todo esto no está recogido aquí. Por tanto, tenemos una oportunidad, durante estas semanas que tenemos de enmiendas, para introducir todos esos temas que nos
preocupan, llevar adelante los que habíamos pactado y acabar haciendo una ley que contiene tres, pero que sea digna de un nombre como ley de eficiencia organizativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez Barbero, por un tiempo de 7 minutos.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
En SUMAR compartimos con el Gobierno que este proyecto supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia para pasar de un modelo arcaico a un modelo contemporáneo.
Votaremos, obviamente, en contra de su enmienda a la totalidad, señorías del PP. Se pasará de 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales, lo que incidirá en la mejora de la eficiencia del
servicio público de justicia, en igualar la carga de trabajo entre los tribunales y en unificar criterios procesales. Además, se crean -ya lo ha dicho el ministro- nuevas oficinas de justicia en los municipios más pequeños y zonas rurales, que
permitirán a la ciudadanía realizar trámites procesales desde su localidad sin tener que ir al tribunal de instancia, consiguiendo que sea la justicia la que se acerque a las personas que la necesitan. Valoramos también positivamente la creación de
un procedimiento único para la protección y defensa de consumidores y usuarios, de tal forma que los consumidores y consumidoras no tengan que ir a los tribunales ni de manera individual ni plural, evitando así los macroprocedimientos.
Esta ley orgánica pretende también impulsar los medios alternativos de solución de conflictos, y en SUMAR creemos que es fundamental potenciar las negociaciones entre partes, una práctica que está muy extendida en el ámbito de lo social, a
pesar del PP y a pesar de VOX -y luego volveré sobre ello-, y que resulta necesario extender a lo civil y a lo mercantil. Pero si el espíritu de la norma es positivo, hay cuestiones que nos preocupan, y mucho, en especial en lo que se refiere a la
negociación con las organizaciones sindicales para la implantación práctica de la ley. Por esta razón, nos tranquiliza en cierta medida la ampliación del plazo de enmiendas, que da un mayor margen a la negociación, pero como sabemos que hoy mismo
hay una reunión al efecto, yo pido al ministro, en nombre de mi grupo parlamentario, el máximo esfuerzo y voluntad negociadora para una garantía de que no se producirá una disminución de efectivos ni de puestos de trabajo con retribuciones
complementarias especiales, incluidas las guardias; de que no se hará ninguna rebaja de las retribuciones que se perciben en la actualidad, y de que se consolidará la plantilla de refuerzos existentes.
Otras propuestas que creemos que debe reflejar esta norma y que deben venir de la mano de un acuerdo previo con el conjunto de organizaciones sindicales son el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones y nuevas
responsabilidades de las leyes de eficiencia para el Plan de Justicia 2030; la eliminación de las diferencias retributivas por grupos de población con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024; el teletrabajo, cuya normativa básica deberá estar
incluida en esta ley de eficiencia, o Registro Civil, para que el 15 de septiembre próximo se inicie la negociación del reglamento y de la relación de puestos de trabajo. Esperamos que todas estas medidas y tantas otras de las que podremos hablar
contribuyan a mejorar una norma que, como les digo, ya valoramos como positiva.
En SUMAR jamás perderemos de vista el objetivo, que es hacer políticas útiles para nuestra gente. Por eso, en la negociación y en la voluntad de acuerdo, siempre, señorías del PSOE, siempre nos van a encontrar, pese a que en los últimos
tiempos estén buscando más el apoyo de los que lucen piel de zorro bajo el disfraz de cordero.
El Grupo Popular, que hoy plantea una enmienda a la totalidad que parece querer perpetuar el bloqueo de la justicia y dilatar la aprobación de reformas que son más que necesarias, parece no tener en consideración el retraso que acumula ya
esta ley, que viene de la pasada legislatura, ni la dificultad que entraña su desarrollo. Además, como sabe el PP, tenemos fondos europeos comprometidos con este tipo de normas de eficiencia y no podemos correr el riesgo de perderlas. Quizá al
Partido Popular le dé igual. Ya sabemos de su poca querencia por los servicios públicos, porque el servicio de justicia, señorías del PP también es, sí, un servicio público. Pasan ustedes del bloqueo institucional al bloqueo organizativo. No
parece muy acertada, ni mucho menos respetuosa con la ciudadanía la posición que están manteniendo. Anteayer se despertaron diciendo ser un partido de Estado; hoy traen una enmienda a la totalidad que solo consigue dilatar la tramitación de una
norma necesaria para nuestro país, y mañana quién sabe con qué nos sorprenderán. Tampoco estamos extrañadas en SUMAR, esto es sencillamente una muestra más de su absoluta pérdida de rumbo. (Aplausos).
Sí, señorías del PP, ustedes son partidarios de sobresaturar la justicia y generar costes innecesarios para la ciudadanía y el erario, y no lo pueden negar porque sus actos hablan por ustedes. ¿Les sonarán los medios autónomos de solución
de conflictos de trabajo? Son sistemas -ya se lo explico por si no les suena- para la solución negociada de conflictos laborales cuya existencia se fundamenta en el artículo 37.2 de la Constitución española y en los artículos 6.3 y 7.1 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical. Actualmente, en nuestro ordenamiento es manifiesta la universalización del recurso a estos
procedimientos gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales, acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales de delimitación territorial: el ASAC, en el ámbito estatal supraautonómico; el AGA, en Galicia; el
PRECO, en Euskadi; TAMIB, en Baleares; SASEC, en Asturias; SERCLA, en Andalucía; Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje, en Cataluña; el TAL valenciano, y un larguísimo etcétera. Los datos estadísticos publicados por los
servicios estatal y autonómicos evidencian los numerosos efectos positivos de su actividad: millones de horas de trabajo no perdidas por haber alcanzado una solución antes de iniciarse una huelga; la consecución de acuerdos de difícil alcance que
han beneficiado a millones de personas trabajadoras y contribuido sobremanera a una gestión eficaz de las empresas, y, en definitiva, la rápida solución de conflictos sobre derechos con un efecto colateral importantísimo: la descongestión de la
Administración de Justicia.
Pues bien, desde hace dos años se están viviendo intentos de destrucción del SERLA, que es el servicio autónomo de solución de conflictos de Castilla y León, por parte de la propia Junta de Castilla y León, en la que hoy, al menos todavía,
cogobiernan el PP y VOX. (Aplausos). Desde que la Junta dejara fuera de los presupuestos generales de 2023 al SERLA se han producido impagos de nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, incumplimiento del pago del alquiler, cortes de red de
Internet y teléfono y hasta una recientísima orden de desahucio. Todo ello está impidiendo la realización de trámites por parte de cientos de personas trabajadoras y cientos de empresas, que les preocupan un poquito más. Solo gracias a la labor
institucional, a la movilización social de los sindicatos y a diversas actuaciones de carácter judicial, administrativo y político del Ministerio de Trabajo y Economía Social se está consiguiendo una agónica supervivencia del SERLA. El cierre del
SERLA o de cualquiera de los sistemas autónomos supondría un retroceso en la protección de los derechos laborales, un retroceso para la democracia de las relaciones de trabajo y, en lo que a este proyecto que el Grupo Popular hoy enmienda atañe, una
sobresaturación de los juzgados y tribunales de lo social.
En SUMAR entendemos irresponsable la presentación de esta enmienda a la totalidad, pero sin duda es congruente con un PP sin rumbo, que solo se preocupa por la justicia como algo que controlar y manejar a su favor y no como lo que debemos
garantizar que sea: un servicio público actual, moderno, objetivo y eficaz para todas y todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
De nuevo a vueltas con las formas y la importancia de las mismas en todos los ámbitos de la vida, mucho más, obviamente, en el ámbito jurídico y en la técnica legislativa que nos ocupa. Permítanme vuestras señorías y todos aquellos que nos
escuchan, a modo de ejemplo, recordar aquella anécdota sucedida a don Pío Baroja y Nessi, como saben, reputado escritor de la Generación del 98, conocido por su anticlericalismo y partidario del alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda
República. Se dice que, tras volver de París y en su casa, en Vera de Bidasoa, debía soportar al atardecer, habida cuenta de su anticlericalismo, como he dicho, algunas serenatas de buenos carlistas de la zona que en alguna ocasión entendió como
amenazas. Hete aquí que, convocado en Salamanca para unirse a los académicos que prestarían fidelidad a Franco, en el momento de formalizar dicha lealtad se tuvo con él la siguiente deferencia. Habida cuenta de sus conocidas preferencias, se le
preguntó: Usted, don Pío, ¿jura o promete? Vuestras señorías, conocedores de la importancia de las formas, saben muy bien de la diferencia entre jurar y prometer. Pues bien, don Pío, que no quería comprometer públicamente sus creencias, con
cierto temor a los boinas rojas e intentando no caer en el ardid, respondió con sutil elegancia: Yo, lo que sea costumbre. En definitiva, Pío Baroja, como no, era muy consciente en aquel momento de la importancia de las formas, de la forma, y es
que la forma es el fondo también.
De nuevo, aquí, en este proyecto de ley, se yerra en las formas y se concentran en un solo proyecto tres proyectos de ley tramitados previamente. Una primera parte, que trae causa del texto del proyecto de ley orgánica de eficiencia
organizativa; una segunda, en relación con la regulación de los MASC, medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que procede del proyecto de ley de eficiencia procesal, y, en tercer lugar, el procedente del anteproyecto
de ley de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de consumidores. Son tres materias de suma importancia, con importantes aportaciones que se pueden realizar a cada una de ellas, y que se agrupan, inexplicablemente,
en lo que sin duda es, una vez más, una quiebra de la buena técnica legislativa. Es conocido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la técnica legislativa mediante criterio constante desde 1990 que, obviamente, no se traduce
en vicios de inconstitucionalidad necesariamente y, por ende, en consecuencias jurídicas directas, pero que sí que deben analizarse con la gravedad de estos. Dichos vicios podríamos clasificarlos, siguiendo el esquema conocido por proceder del
brillante texto de letrados de la propia Cámara y cómo números apertus, en la ininteligibilidad de algunos de sus preceptos, la catalogación errónea de algún precepto, catalogándolo como transitorio, tautologías en una norma, omisiones, remisiones a
normas no vigentes, terminología imprecisa y falta de homogeneidad en la materia regulada, esto es, regular materias dispares en la misma norma. (Aplausos). Y este es el caso de este proyecto de ley, donde se mezclan materias dispares, importantes
todas ellas, pero inconexas.
A todo ello se añade una curiosa interpretación en la transposición de la Directiva europea 2020/1828. No se trata tan solo de la perpetuación del obiter dicta abordado en resoluciones judiciales de manera tangencial para corroborar o
ilustrar decisiones, todo ello consecuencia de la mala praxis legislativa, sino que, como argumento de peso sobre el error constante de la defectuosa técnica legislativa a la que nos tienen acostumbrados, se produce una vulneración de los derechos
del ius in officium de los parlamentarios, de todas vuestras señorías, y el legítimo derecho como mandato a ejercer el cargo público representativo con las funciones inherentes al mismo.
Esta forma de legislar, a través, como es el caso, de leyes ómnibus asimiladas a las leyes de acompañamiento y las conocidas como leyes escoba o macedonia, como decía el diputado de Junts, que tienen el reproche constitucional, supone una
evidente vulneración del conocido derecho de enmienda y participación de los parlamentarios en el proceso legislativo, aunque, innegablemente, se esté también controlando un defecto de técnica legislativa, tal como se denuncia.
Por último, están nuestras dudas en la trasposición de la directiva europea antes mencionada. Es opinión compartida con el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social, entre otras instituciones, la de las reservas en
cuanto a la regulación propuesta en el proyecto de ley. Es una regulación de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de los consumidores que se aparta del sistema procesal mayoritario europeo y reproduce en España el
sistema de limitación de carácter anglosajón, concretamente similar al de los Estados Unidos. Merece de por sí el desmembramiento en un proyecto de ley independiente.
En definitiva, por mor de mayorías en la elaboración de las normas, sigue la incertidumbre y la mala praxis, que conllevan, en muchas ocasiones, la duda de cómo actuar en la interpretación de la norma. De lo que no tenemos duda es en cómo
actuar aquí, apoyaremos esta enmienda a la totalidad, y también ante problemas de gran envergadura que afectan a la seguridad y estabilidad de nuestra sociedad. Llaman a un timorato apaño, otro más, entre el Partido Popular del señor Feijóo y el
Partido Socialista, hipócritamente, solidaridad. Y es que, como dijo don Pío Baroja, es mejor saber cómo actuar que vivir en la angustia del no saber.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz de Diego, también por un tiempo de siete minutos.
Cuando quiera.
El señor RUIZ DE DIEGO: Señora presidenta, muchas gracias. Buenos días, señorías. El señor ministro no está -estará atendiendo a alguna llamada-, pero le doy las gracias por su presencia.
Como es evidente, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad que se nos presenta, y por dos básicas razones. En primer lugar, porque se trata de un texto que ya había sido trabajado en la anterior
legislatura y que alcanzó un amplio consenso, como digo, en el anterior mandato. Y, en segundo lugar, porque el servicio público de justicia, ese que echamos de menos en la enmienda a la totalidad, está demandado mejoras.
Señorías, el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas -así lo dijo nuestro ministro de Presidencia- y, por ello, se están implementando leyes, medios materiales y humanos y recursos económicos.
Y el proyecto de ley orgánica se orienta a la consecución de un marco normativo que soporte un servicio público de justicia de calidad, que, además, está vinculado al componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es
que, además, si
analizamos los aspectos más relevantes que con esta reforma se pretenden llevar a cabo, se crean los tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales; se establecerán las oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de
instancia, y, por supuesto, se sustituyen los antiguos juzgados de paz, pero no para suprimirlos, sino para crear modernas oficinas de justicia en cada uno de nuestros municipios. En definitiva, es una reforma importante, puesto que se pasará de
los 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en nuestro país, una medida que permite dar respuesta rápida y pertinente, con las máximas garantías, a aquellos litigios que, como último
recurso, deben ser resueltos en nuestros tribunales.
Para ello, a lo largo de los tres capítulos de la norma que se propone, existen unas medidas de indudable calado. La primera de ellas es la introducción y potenciación en nuestro ordenamiento jurídico de medios adecuados de solución de
controversias en vía no jurisdiccional, que acaban de ser criticados por mi anterior compañero; reformas de diversas normas procesales con el fin de agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia y su eficiencia, y, por supuesto el
cumplimiento de un mandato de trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2020/1828, que parece que a alguno de nuestros compañeros se le olvida.
Señorías, nuestra justicia necesita disponer de unas herramientas e infraestructuras adecuadas que permitan la comunicación a distancia y el acceso remoto seguro al lugar de trabajo, pero también es preciso contar con infraestructuras y
equipos suficientes para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre los distintos operadores jurídicos. Y por lo que se refiere a la utilización de estos métodos alternativos de solución de conflictos en vía no jurisdiccional, la Unión
Europea es una firme promotora de estos y, por eso, los está fomentando en distintos ámbitos, tanto en los asuntos civiles como en los mercantiles o de consumo.
Ahora me gustaría dirigirme a la proponente de la enmienda a la totalidad. Tras la lectura de su enmienda podemos extraer las siguientes conclusiones, que, incluso, podrían convertirse en preguntas al Grupo Popular. ¿Consideran conveniente
una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? ¿Consideran que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha quedado obsoleto, sí o no? ¿Consideran que debe actuarse frente a la falta de especialización de los juzgados, sí o
no? ¿Consideran conveniente actuar frente a la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, sí o no? ¿Consideran conveniente ofrecer a la ciudadanía una justicia más próxima y sostenible, sí o no? (Aplausos).
En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos la actuación del Grupo Popular frente a una iniciativa legislativa imprescindible, como han dicho algunos de mis compañeros del servicio público de justicia, cuya frase -me gustaría reseñarlo-
no aparece en la enmienda a la totalidad.
Señorías del Grupo Popular, no esperábamos menos de ustedes. Una enmienda a la totalidad, y no sorprende... (La señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Yo fui a un colegio público y me enseñaron educación, señoría (la
señora Moro Almaraz: Estoy contestando); me enseñaron educación. (Aplausos). Como decía, no esperábamos menos de usted, pero lo que nos sorprende es que la enmienda a la totalidad venga sin texto alternativo. Si tantos documentos tenían aquí,
¿por qué no tenían un texto alternativo a lo que proponía el Gobierno? (Aplausos). Es una nueva muestra de su curiosa actuación parlamentaria y una imagen clara de lo que la derecha supone en la política española en la actualidad. Ustedes se
encuentran muy a gusto en la confrontación permanente, en una continuada estrategia del ruido, con la que tratan de acallar los avances sociales de los gobiernos progresistas. Frente a eso, la voluntad política se demuestra gobernando, y el
Gobierno y el Grupo Socialista están, precisamente, para impulsar, con el máximo consenso político con las fuerzas políticas que así lo quieran, un magnífico documento, que es el que nos ha venido del Consejo de Gobierno.
Las reformas que busca implementar el Gobierno con el presente proyecto pretenden que la ciudadanía sienta que la justicia es suya y que la propia Administración de Justicia es un servicio público eficiente y de calidad. Estamos, por tanto,
ante una oportunidad que debemos aprovechar para abordar los déficits estructurales y situar al servicio público de justicia en los más altos estándares de calidad, que es lo que nos reclama el ciudadano, que, por cierto, es el estatus que usted no
ha nombrado: cuando ha citado a abogados, a procuradores, etcétera, no ha citado a la ciudadanía entre los destinatarios de la justicia. (Aplausos).
Y es en este momento y en defensa del voto contrario a la enmienda a la totalidad cuando quisiera destacar la importante reforma que se realiza utilizando los medios adecuados para fortalecer la capacidad negociadora y el arreglo de las
partes. Debemos poner los medios adecuados para que los tribunales sean el punto final del conflicto y no la única principal vía para resolverlos. Debemos dar voz a la ciudadanía
para que se sientan protagonistas en la gestión de sus controversias. Y, por supuesto, es precisa más negociación y menos litigios, porque nos hará más fuertes y eficaces.
Vemos razones y argumentos de un presidente del Gobierno, un ministro y un grupo parlamentario dispuestos a sacar la norma con el máximo consenso, pero, señores del PP, como decía mi paisano Baltasar Gracián, no te pongas en el lado malo de
un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente
122/000118).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga, por un tiempo de doce
minutos.
La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Quiero comenzar mi intervención denunciando el silencio del Gobierno de España y también de este Parlamento ante el genocidio que se está viviendo en Palestina desde hace ya nueve meses y que está siendo cometido por el Estado terrorista de
Israel. Ayer supimos que el Gobierno de España nos mintió y que durante todos estos meses, a pesar de haber dicho que no lo harían, han seguido comprando y vendiendo armas a Israel por valor de más de 1000 millones de euros. Es una auténtica
vergüenza, y no se va a hacer con nuestro silencio. Vamos a seguir exigiendo el embargo total de armas ya. (Aplausos).
Hace dos semanas el Partido Socialista y el Partido Popular firmaban un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que abre un nuevo tiempo de gran coalición en España y en Europa. Es un acuerdo para renovar el Consejo que
viene a legitimar la guerra sucia judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas, pero también contra los anarquistas, contra los ecologistas, contra los antifascistas, contra toda la gente que quiere cambiar las cosas a mejor en
nuestro país.
Miren, señorías del Partido Socialista, este acuerdo era simplemente indefendible cuando se firmó hace unas semanas, pero es que ahora creo que, con todo lo que hemos visto en estos días y en estas semanas, ustedes no se pueden permitir
firmar este acuerdo. En estos días hemos visto cómo el juez Aguirre acordaba sus maniobras judiciales con el único objetivo de tumbar a un Gobierno legítimo. Hemos visto al juez Peinado, en medio de un vodevil judicial, amenazando a la mujer del
presidente con detenerla si no acudía a la declaración de un testigo, señorías. Hemos visto -lo supimos ayer- que se investigó de manera ilegal a cincuenta y cinco diputados y diputadas de Podemos (aplausos), que tenían por único objetivo traer la
transformación social y política a este país: más de mil búsquedas ilegales tenía el diputado de Podemos Alberto Rodríguez; más de seiscientas búsquedas ilegales, el ecologista Juancho López de Uralde; más de cien búsquedas ilegales Pablo
Iglesias, con entradas como 'barcos' o 'joyas'. Era evidente lo que estaban buscando: nuestro desprestigio y que el Gobierno de izquierdas no llegara en este país hasta el año 2020. (Aplausos). En estos días hemos visto también cómo el juez
Marchena y el juez Llarena han retorcido la ley de amnistía, probablemente prevaricando, para no cumplirla.
Después de ver todo eso, señorías del Partido Socialista, ustedes no pueden llevar adelante este acuerdo, no, porque lo que están haciendo es legitimar la guerra sucia judicial y política contra Podemos y contra las fuerzas independentistas,
y ahora también contra el presidente del Gobierno. Díganme, señorías del Partido Socialista, ¿a qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo Partido Popular
que nos investigó ilegalmente? (Aplausos). Es imposible, no se va a acabar con la guerra judicial de esta manera. ¿Cuántos jueces de los que han participado en la guerra sucia judicial van rendir cuentas después de este acuerdo bipartidista de
gran coalición para los jueces? Ninguno, señorías del Partido Socialista, y eso no se puede
permitir. Este acuerdo es una ignominia, como está viendo todo el mundo, es un obús en la línea de flotación de nuestra democracia. Honestamente se lo vuelvo a pedir: rompan el acuerdo con el Partido Popular y acuerden con la mayoría
democrática.
Vayamos a algunos ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada
personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Es un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Más recientemente, abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial.
El juez García-Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont. Y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular, como Dolores de
Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. (Aplausos). ¿Va a rendir cuentas el señor García-Castellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García-Castellón se va a jubilar cuando le
dé la gana.
Segundo ejemplo. Los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país, aquella que el señor Cosidó, el portavoz en el Senado del
Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular, ya que ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya la pueden
controlar ustedes por la puerta grande. (Aplausos). Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor Conde-Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de
que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de mil veces, en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular, cuando era
presidente del Partido Popular, y también es responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humano tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena, ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para
subvertir la voluntad popular del Poder Legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. ¡Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular! No solo va a seguir
en su puesto, sino que probablemente va a haber reforzada su posición.
Otros jueces y juezas que no van a rendir cuentas por la guerra sucia judicial tras la confirmación de esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular son la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que condenó a
los jóvenes de Altsasu a altísimas penas de prisión únicamente por una pelea de bar, a pesar de que ese caso nunca tenía que haber salido de Navarra, y la jueza Concha Espejel, que condenó el rapero Valtònyc, para bochorno internacional de nuestro
país, por las letras de sus canciones y por injurias a la Corona. Y, como ellas, el juez Peinado, como decía, actualmente en pleno vodevil judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Aguirre o el juez Escalonilla, que tuvo
secuestrado a mi partido durante tres años por el falso caso Neurona.
Señorías, ninguno de ellos va a recibir sanción alguna. No irán a la cárcel, no van a ser condenados por prevaricación, aunque deberían. Van a ser promocionados y, seguramente, algunos de ellos también van a decidir a quién promociona.
Mucho menos conocidos, pero igualmente enemigos de la democracia, son los jueces que acaban de condenar a los seis de Zaragoza, que están ya en prisión y cuyo único delito es ser antifascistas y llamar fascistas a los fascistas de VOX. (Aplausos).
También el juez Lino Rubio, que acaba de condenar a penas de cárcel a las sindicalistas de La Suiza, cuyo único delito cometido es hacer sindicalismo combativo y proteger a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje. (Aplausos).
Fíjense, señorías, solo hay un juez en España responsable del lawfare que ha acabado en la cárcel. ¿Saben quién es? Las señorías del Grupo Popular sí lo saben. Es el juez Alba, que conspiró con el exministro del Partido Popular José
Manuel Soria para tumbar a la jueza Victoria Rosell, que en ese momento se estaba presentando a las elecciones por Podemos. (Aplausos). Su objetivo fue tumbar a Vicky y el objetivo no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Victoria Rosell combatió
por su honra y también contra la corrupción judicial hasta que consiguió meterle en la cárcel. Eso, señorías, es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España, tomarse en serio la lucha contra el lawfare y lo que no hemos visto en estos
años.
Si, en vez de este contubernio bipartidista que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista para dejar en la impunidad la guerra sucia judicial, el Partido Socialista hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era pactar la
renovación con el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática,
ahora tendríamos a una jueza decente como Victoria Rosell combatiendo la corrupción judicial desde el Consejo General del Poder Judicial (aplausos), tendríamos a una mayoría de jueces decentes acometiendo la necesaria regeneración de la
justicia.
Así que, señorías del Partido Socialista -insisto-, rompan el acuerdo con el Partido Popular, pacten con la mayoría democrática y dejen de hacer trampas a la gente. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Termino. He escuchado... (Rumores). Hoy tengo muchísimo tiempo, así que me van a tener que escuchar. He escuchado a gente decir que hay que dejar correr este tema, que en realidad esto de los jueces a la gente no le importa, que lo que
le importa son las cosas del comer, la vivienda, las pensiones, la precariedad laboral... A mí me van a disculpar, pero creo que pocos temas hay tan relevantes para las cosas de comer como hacer frente a la guerra sucia judicial. ¿Por qué? Pues,
miren, porque el mensaje que en este momento el Poder Judicial le quiere mandar a la gente de nuestro país y que le manda este acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular es muy sencillo, pero muy peligroso: no te metas en política.
Eso es lo que le hacen ahora a la gente que se mete en política y que quiere transformaciones sociales. Antes nos mandaban tanques; antes la derecha política y judicial sacaba los tanques a la calle y daba golpes de Estado. Ahora te mandan
[golpismo judicial] 1. Nosotras vamos a decir alto y claro que ni nos van a tumbar ni nos van a doblar con [golpismo judicial]1.
Miren, hoy en día, si eres una ecologista que tira zumo de remolacha en el Congreso, si eres una persona de izquierdas en Euskadi o en Navarra, si eres un independentista o eres de Podemos, te puede perseguir la justicia, como nos ha
ocurrido a nosotros. Pero el objetivo no somos nosotros y nosotras, el objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. Así que, claro que sí, no hay nada que
ayude más a que la gente tenga vidas buenas en este país que combatir la guerra judicial en un momento político, en un momento histórico en el que las transformaciones sociales no se frenan con tanques, sino con [golpismo judicial] 1. Quizás uno de
los mejores ejemplos de esto es Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país. Cuando se desplegó... (Risas.-Rumores). Es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Cuando se desplegó la ofensiva judicial contra la ley
del solo sí es sí, que era la mayor conquista institucional del feminismo de la última década, se desacreditó públicamente a Irene. Se dijo que la ley tenía un error y, finalmente, el Partido Socialista rompió la mayoría plurinacional y democrática
y pactó con el PP la vuelta atrás en el Código Penal. Pero el objetivo no era Irene, el objetivo era un disciplinamiento colectivo a las feministas y a todas las que queremos cambiar las cosas.
Así que hoy, desde Podemos, decimos aquí que esta vez no va a funcionar, al menos no con nosotras y no con Podemos. Por eso, no vamos a dejar de denunciar esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque creo que
hasta sus señorías del Partido Socialista se están dando cuenta de que esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo, de que a esta derecha no se les puede dar ni agua, porque la ofensiva judicial solo se va...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora BELARRA URTEAGA: ... a recrudecer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. Se retirará del Diario de Sesiones el término 'golpismo judicial'.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Francisco Javier Ortega Smith-Molina. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias.
Esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que nos presenta el nuevo grupo parlamentario constituido en esta Cámara, la PP-PSOE, que es un grupo formado,
como todos ustedes saben, mediante fusión por absorción del segundo con respecto al primero, contará con la enmienda a la totalidad (aplausos) con texto alternativo de nuestro Grupo Parlamentario VOX.
Este nuevo grupo parlamentario, la PP-PSOE, no es una coalición electoral transparente y abierta previa a las elecciones, sino que consuma la trampa posterior de una coalición política de intereses
1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
compartidos. Se basa el acuerdo de coalición política posterior a las elecciones en seis ejes fundamentales. El primero, sobre política exterior y Unión Europea. El acuerdo consagra que, en el 90 % de las votaciones en el Parlamento
Europeo, votarán igual y conjuntamente, y lo harán de acuerdo con los tres objetivos principales: uno, aceptar plenamente y a pie juntillas todas las políticas emanadas del globalismo; dos, aceptar sin rechistar todas las políticas del fanatismo
climático, especialmente la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, y, tres, aceptar sin rechistar políticas de fronteras abiertas, regularización de inmigrantes ilegales y aceptación del efecto llamada, especialmente para los menas.
El segundo eje es el de la ideología de género, aceptar la imposición de la ideología de género con el principio básico de discriminación del hombre frente a la mujer, aceptando todas las imposiciones del lobby LGTBI y de los lobbies
abortistas y proeutanasia. El tercer eje del acuerdo es la manipulación histórica y el control informativo, es decir, todas aquellas leyes llamadas de memoria histórica, que son de mentira histórica, así como la compra de los medios de comunicación
a través de los presupuestos públicos. El cuarto eje es la colonización de todas las instituciones, da igual si es la radiotelevisión, el Tribunal de Cuentas, el CIS, las comisiones nacionales o el Banco de España; da lo mismo.
El quinto eje de este acuerdo es la injerencia política en la justicia, especialmente en el Tribunal Constitucional, con la entrada de los magistrados correspondientes en el reparto y, ahora, y es lo que nos toca, el control del Consejo
General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado como paso previo a los nombramientos políticos de las altas magistraturas en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias
provinciales. (Aplausos).
Y última parte de este acuerdo. El acuerdo se remarca con una declaración de principios final que consiste en mantener el engaño permanente a sus votantes. Aquel PSOE dijo que jamás gobernaría con quienes tenían las manos manchadas de
sangre, que jamás gobernaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento, que jamás gobernaría con los golpistas que habían dado un golpe de Estado en Cataluña contra el ordenamiento constitucional y contra la nación. Y ese Partido
Popular, en el engaño permanente, dijo que jamás pactaría esas políticas con el Partido Socialista. Esto, evidentemente, ha quedado confirmado en el engaño más absoluto.
Es un acuerdo que podríamos denominar con dos calificativos, el del reparto y el de la discriminación. En primer lugar, se reparten los sillones de todos los entes y de todas las instituciones, especialmente, por ejemplo aquí, de todas las
comisiones parlamentarias. Segundo, el reparto de los vocales del Consejo General como parte previa del reparto de los magistrados elegidos por cada grupo. Y, en tercer lugar, el reparto de los menas, que acaban de suscribir. (Aplausos).
Igualmente, podemos decir que es el acuerdo de la discriminación (Aplausos). Es la discriminación frente a los españoles; discriminación por origen nacional, el español queda discriminado frente al extranjero; discriminación por sexo, el hombre
queda discriminado frente a la mujer, y la discriminación por opinión política, aquellos grupos que defendemos ideas políticas contrarias a su acuerdo quedamos absolutamente discriminados. (Aplausos).
El Consejo General del Poder Judicial. Durante cinco años el Partido Popular nos ha estado diciendo que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que no se reformase primero la Ley Orgánica del Poder Judicial y se
estableciese un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para que fueran elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías; y que solo después accedería a la renovación de las vacantes de los vocales del Consejo.
Pues bien, lo que han pactado no tiene nada que ver. Han pactado reformar la ley y repartirse los vocales, sin que, por ninguna parte de ese acuerdo, y mucho menos en la proposición de ley, figure nada sobre la modificación del sistema de
elección de los vocales de origen judicial. (Aplausos). Únicamente, han tenido la desfachatez de establecer en su disposición final que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta proposición de reforma, se llevará a cabo por el
Consejo General del Poder Judicial -que previamente han elegido ellos, se lo recuerdo- un informe en el que se examinarán otros sistemas judiciales europeos. Esto es, una vez más, tratar a España como si fuéramos una colonia de Bruselas, donde se
fueron a pactar ese acuerdo y, ahora, nos dicen que hay que mirar a ver qué hacen otros países y otros sistemas, como si no tuviéramos mayoría de edad parlamentaria suficiente para establecer el sistema de elección de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial. (Aplausos).
Esta proposición de la 'PP-PSOE' empieza con una afirmación que sería para reírse, cuando no para llorar: que el objetivo es reformar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial reforzando, precisamente, esa independencia y
esa integridad. ¿Pero cómo? se estarán preguntando los españoles. ¿Cómo? ¿Repartiéndose diez vocales el PP y diez vocales el PSOE? ¿Pero cómo? ¿Reforzando y
blindando el control de la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno de turno? (Aplausos). ¡Qué poca vergüenza, qué hipocresía y qué tomadura de pelo! (Aplausos).
El Partido Popular -y aquí me viene el refrán español de 'dime con quién andas y te diré quién eres'- es el que está pactando con el PSOE de los dos estados de alarma declarados inconstitucionales por vulnerar derechos fundamentales; el
PSOE de los indultos a los golpistas de Cataluña; el PSOE de la derogación del delito de sedición porque les molestaba a sus socios; el PSOE de la rebaja de las penas en malversación; el PSOE de la aprobación de la Ley de Amnistía a quienes
dieron un golpe de Estado (aplausos); el PSOE de los ERE, del Koldo, del Tito Berni y de Begoña Gómez. (Aplausos). Ese es el PSOE con el que han pactado esta nueva coalición, la 'PP-PSOE' y el nuevo grupo parlamentario.
Nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo intenta reforzar -y creemos que se lograría si fuese aceptada- el objetivo primero de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir -y esto es lo
importante- la despolitización de los nombramientos de jueces y magistrados en las altas magistraturas del Poder Judicial. Pero, también, la despolitización de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo? Pues muy sencillo, los veinte vocales, los doce
que corresponden al origen judicial, como dijo la ley de 1980, elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, con un voto personal igual, directo y secreto, garantizando, por tanto, que la mayoría del Consejo General del Poder
Judicial no sea de origen político, de las Cortes, del Congreso y de los diputados. Recordemos que la Constitución dejó claro que habría ocho, cuatro del Congreso y cuatro del Senado, que tendrían un origen político. Lo dejó bien claro; porque si
hubiera querido que todos fueran de origen político, como han pactado sus señorías de la 'PP-PSOE', habría dicho: El Consejo General del Poder Judicial tiene veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y diez elegidos por el Senado. ¿Por qué
dijo cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado y doce de origen judicial que tendrán que venir elegidos entre jueces y magistrados? Porque los constituyentes no querían, y por tanto los españoles, que se eligieran también por los políticos, sino
que fueran elegidos por los jueces y magistrados. (Aplausos).
Argumentan algunos -ya lo he dicho en esta tribuna en recientes ocasiones- que carecería de legitimidad democrática ese Consejo General. ¿Cómo va a carecer de legitimidad democrática un Consejo General del Poder Judicial que viene recogido
en el artículo 122 de la Constitución, que estaría regulado por una ley orgánica que proviene de las Cortes Generales y que, además, jueces y magistrados se encuentran, conforme al artículo 117, sometidos a la ley? ¿Cómo va a ser antidemocrático si
son jueces y magistrados sometidos a la ley elegida previamente por los representantes de los españoles en las Cortes Generales?
Directamente lo que proponemos es que la justicia sea un poder independiente, y que la elección de magistrados sea únicamente por criterios de antigüedad y de especialidad. Experiencia, mérito y capacidad; no adscripción o afinidad
política. (Aplausos). Parece muy difícil que el fiscal general del Estado pueda cumplir el mandato constitucional del artículo 124 de promover la acción de la justicia, de defender la legalidad o de velar por la independencia de los tribunales
cuando su nombramiento y su cese dependen del Gobierno. La única manera de solucionarlo es que ese informe preceptivo de la Constitución que se exige al Consejo General del Poder Judicial sea un informe vinculante y, por tanto, salvo que tenga la
aprobación del Consejo General, no podrá ser nombrado ni cesado ningún fiscal general del Estado. Con eso, quitamos a los políticos las manos del control de la Fiscalía General del Estado.
En definitiva -y con esto voy terminando-, señor presidente, este pacto es la culminación del más aberrante bipartidismo por el que se han repartido durante décadas el poder en España y han discriminado a los españoles. Pero solo queda VOX
y millones de españoles que les pondrán en su sitio.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente. Se proponen a debate dos enmiendas de totalidad, una del Grupo Parlamentario VOX y otra del Grupo Parlamentario Mixta, de Podemos, frente a la proposición de ley orgánica de reforma de la orgánica del Poder
Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Ya señalo, desde este momento, que no contarán con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. En cuanto a la de Podemos porque no compartimos -y así lo hemos manifestado en varias ocasiones
públicamente- que se rebajen
las mayorías requeridas si los vocales del Consejo General no fueran renovados en el plazo legalmente previsto. Ello supondría un enfrentamiento directo con la Comisión Europea, ya que, en su momento, manifestó serias objeciones respecto a
esta posibilidad por no ser compatible con el Estado de derecho en la Unión. Y, respecto al resto de cuestiones que plantea, entendemos que son perfectamente abordables a través de enmiendas parciales.
En cuanto a la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario VOX, quiero señalar que no compartimos la vuelta que se propone al modelo de 1980 para la determinación de los vocales del Consejo de procedencia judicial. Como tampoco
compartimos su propuesta respecto a cargos gubernativos judiciales, es decir, los gestores de los tribunales, para que su provisión se realice con exclusivos criterios de antigüedad con arreglo a su escalafón. Se ha dicho en múltiples ocasiones que
un buen juez puede no ser un buen gestor. Del mismo modo, no compartimos -respecto al ministerio fiscal- que se convierta en vinculante su audiencia ante el Consejo General tanto para su nombramiento como para su cese. Ello supondría, a nuestro
juicio, una modificación del apartado 1 del artículo 124 de la Constitución al privar al Gobierno de la reserva constitucional que le dispensa para la propuesta de fiscal general del Estado.
Votaremos en contra de ambas enmiendas. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. En aquest punt tractem conjuntament les dues esmenes a la totalitat presentades pel grup VOX i per la diputada Belarra del Grup Mixt. Junts per Catalunya no entrarem a l'anàlisi dels textos
alternatius. En el primer cas, perquè no valorem opcions feixistes i, en el cas del Grup Mixt, perquè no té cap possibilitat de prosperar davant el pacte per posar fi al llarg bloqueig per renovar el Consell General del Poder Judicial entre PSOE i
PP, els dos partits sistèmics de l'estat espanyol. Un acord que semblava impossible després de més de cinc anys d'exagerada gesticulació d'uns i altres, i més encara amb l'actual enfangada general. Per cert, un acord anunciat des del cor d'Europa
o, dit diferent, des de fora de l'estat, allò que tantes vegades el populisme polític de dretes ens ha retret i ens ha criticat.
Un acord que també incorporava aquesta proposició per reforçar la independència del poder judicial. La independència del poder judicial, diuen, en el temps que vivim, com a mínim, sona a acudit de mal gust. Sorprèn que, després de
l'exhibició a cop de toga de les darreres setmanes i dels darrers dies, encara s'atreveixin a parlar de reforçar la independència del poder judicial. Per fer què? Per continuar callant? Per continuar empassant?
En relació a la renovació, res de nou. Es confirma que populars i socialistes no busquen la divisió de poders, que seria l'exigible, si volen tenir una democràcia plena de veritat, sinó que el que busquen és la divisió del poder entesa com
el seu repartiment, com han fet els darrers 40 anys. Per cert, per alguns, els anuncio que un mal repartiment, perquè ens venen que hi haurà deu membres conservadors i deu de, a priori, progressistes, però el cert és que qui continuarà controlant
el Consell serà l'extrema dreta judicial.
Respecte a la reforma legislativa, i malgrat la propaganda que s'ajusta a criteris europeus, l'únic que fa és sofisticar un xic més la perpetuació d'un sistema de portes giratòries mitjançant el qual es pot anar i tornar de la judicatura a
la política. És cert que es modifica el temps que ha de transcórrer en el procés de retorn, però aquest acaba sent un període remunerat fins la reincorporació i adscripció a la presidència del Supremo. Senyories, aquestes mesures, lluny de ser un
desincentiu per fer girar la porta, el que fan és garantir les anades i tornades de la judicatura a la política sense risc i a càrrec del contribuent. La mesura, de ben segur, garantirà la independència, almenys l'econòmica, d'algun jutge, però la
imparcialitat, com sempre, continuarà en entredit. Quan l'Espanya política pacta, el que fan és perpetuar més del mateix, assegurant que volen fer just el contrari. Vostès són una banda de trilers, fent que sembli que tot canvia per no canviar
res. És la fórmula de sempre, la de la transició, la del judici al cop del 23-F i la de tantes i tantes trampes d'Estat.
Des de Junts per Catalunya, els darrers anys hem advertit i denunciat reiteradament el descrèdit del poder judicial, fruit de les constants ingerències polítiques i les fortes pressions partidistes que han portat a les cúpules de la
judicatura a emetre opinions polítiques, a criticar i fins i tot a qüestionar els legisladors. Aquest és el veritable problema de les cúpules i els òrgans de govern del poder judicial, un problema estructural que s'arrossega de fa dècades i que ha
provocat una falta absoluta de neutralitat judicial, que alguns només han començat a veure ara fa quatre dies, quan els ha afectat a ells. Precisament és aquesta manca de neutralitat la que va portar a la judicialització de la política i a la
politització de la justícia que els
catalans i, sobretot, els independentistes, encara patim. Per cert, a Catalunya hi ha estupor amb l'aplicació de la llei d'amnistia, amb els falsos raonaments dels jutges, dels jutges del règim, i l'obsessió d'Estat amb el president
Puigdemont.
La democràcia se'ls desfà davant seu. I vostès, els del PSOE, pacten amb els que aplaudeixen. Quina proposta tenen per acabar amb aquests jutges prevaricadors? Quina? Ens la poden dir? Mirin, ens ho mirem del dret o del revés, aquesta
reforma del Consell General del Poder Judicial no soluciona el seu problema de parcialitat, perquè la sacrosanta unitat d'Espanya sempre passa per davant dels drets fonamentals.
Amb el pacte entre la dreta popular espanyola i l'esquerra socialista espanyola, es reitera el fracàs de la transició espanyola i es manté la foscor de les cúpules judicials espanyoles. El pacte no només no regenera res, sinó que invalida
qualsevol mesura de regeneració democràtica que ens pugui venir a presentar la setmana que ve, a bombo i plateret, el president Sánchez, perquè els jutges que poden i volen fer podran continuar prevaricant amb la impunitat que aquest nou pacte
d'Estat, amb què els socialistes es rendeixen a les tesis dels populars i la toga nostra, avala. Aquells que, en campanya, proclamen als quatre vents que cal protegir-se del llop com si no hi hagués demà, amb aquest acord, avui, l'alimenten.
No comptin amb nosaltres per blanquejar aquest estat corcat. Junts per Catalunya som aquí per plantar cara, per desemmascarar el partit de les cúpules judicials que, lluny d'impartir justícia, apliquen venjança. Junts per Catalunya
continuarem treballant per la independència del nostre país, que és l'única garantia de viure en una veritable democràcia que respecti les llibertats i els drets de tots els catalans, pensin el que pensin. Res més, i visca Catalunya lliure.
Gracias, presidente.
En este punto tratamos conjuntamente las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo VOX y por la diputada Belarra del Grupo Mixto.
Junts per Catalunya no entraremos en el análisis de los textos alternativos. En el primer caso, porque no valoramos opciones fascistas; en el caso del Grupo Mixto, porque no tiene ninguna posibilidad de prosperar ante el pacto para poner
hilo al largo bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre PSOE y PP, los dos partidos sistémicos del Estado español. Un acuerdo que parecía imposible después de más de cinco años de exagerada gesticulación de unos y otros y
más, todavía, con el actual enfangamiento general. Por cierto, un acuerdo anunciado desde el corazón de Europa o, dicho de otra manera, desde fuera del Estado, aquello que tantas veces el populismo político de derechas nos ha echado en cara y nos
ha criticado.
Un acuerdo que también incorporaba esta proposición para reforzar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, dicen. En el tiempo en que vivimos, como mínimo suena a chiste de mal gusto. Sorprende que,
después de la exhibición a golpe de toga de las últimas semanas y de los últimos días, todavía se atrevan a hablar de reforzar la independencia del Poder Judicial. ¿Para hacer qué? ¿Para continuar callando? ¿Para continuar tragando?
En relación con la renovación nada de nuevo. Se confirma que populares y socialistas no buscan la división de poderes, que sería lo exigible si quieren tener una democracia plena de verdad, sino que lo que buscan es la división del poder
entendida como su reparto, como han hecho durante los últimos cuarenta años. Por cierto, para algunos les anuncio que un mal reparto, porque nos venden que habrá diez miembros conservadores y diez, a priori, progresistas, pero lo cierto es que
quien continuará controlando el Consejo será la extrema derecha judicial.
Respecto a la reforma legislativa, y a pesar de la propaganda de que se ajusta a criterios europeos, lo único que hace es sofisticar un poco más la perpetuación de un sistema de puertas giratorias mediante el que se puede ir y volver de la
judicatura a la política. Es cierto que se modifica el tiempo que transcurre en el proceso de vuelta, pero este acaba siendo un periodo remunerado hasta la reincorporación y adscripción a la Presidencia del Supremo. Señorías, estas medidas, lejos
de ser un desincentivo para hacer girar la puerta, lo que hacen es garantizar las idas y vueltas de la judicatura a la política sin riesgo y a cargo del contribuyente. La medida seguro que garantizará la independencia, al menos la económica de
algún juez, pero la imparcialidad, como siempre, continuará en entredicho. Cuando la España política pacta lo que hacen es perpetuar más de lo mismo, asegurando que quieren hacer justo lo contrario. Ustedes son una banda de trileros haciendo que
parezca que todo cambia para no cambiar nada. Es la fórmula de siempre, la de la Transición, la del juicio al golpe del 23F y la de tantas y tantas trampas de Estado.
Desde Junts per Catalunya en los últimos años hemos advertido y denunciado reiteradamente el descrédito del Poder Judicial fruto de las constantes injerencias políticas y las fuertes presiones partidistas, que han llevado a las cúpulas de la
judicatura a emitir opiniones políticas, a criticar e, incluso, a cuestionar a los legisladores. Este es el auténtico problema de las cúpulas y órganos del gobierno del Poder Judicial; un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y
que ha provocado una falta absoluta de neutralidad judicial que algunos solo han comenzado a ver ahora, hace cuatro días, cuando les ha afectado a ellos. Precisamente, es esta falta de neutralidad la que llevó a la judicialización de la política y
a la politización de la justicia que los catalanes, sobre todo los independentistas, todavía sufrimos. Por cierto, en Cataluña hay estupor con la aplicación de la ley de amnistía, con los falsos razonamientos de los jueces, de los jueces del
régimen, y la obsesión de Estado con el presidente Puigdemont.
La democracia se les deshace ante sus ojos y ustedes, los del PSOE, pactan con los que lo aplauden. ¿Qué propuesta tienen para acabar con estos jueces prevaricadores? ¿Cuál? ¿Nos la pueden decir? Lo miremos del derecho o del revés esta
reforma del Consejo General del Poder Judicial no soluciona ese problema de parcialidad, porque la sacrosanta unidad de España siempre pasa por delante de los derechos fundamentales. Con el pacto entre la derecha popular española y la Esquerra
Socialista española se reitera el fracaso de la Transición española y se mantiene la oscuridad de las cúpulas judiciales españolas. El pacto no solo no regenera nada, sino que invalida cualquier medida de regeneración democrática que nos puede
venir a presentar la semana próxima a bombo y platillo el presidente Sánchez. Porque los jueces que pueden y quieren hacer podrán continuar prevaricando con la impunidad de que este nuevo pacto de Estado, con el que los socialistas se rinden a las
tesis que los populares y la 'toga nostra' avalan. Aquellos que en campaña proclaman a los cuatro vientos que hay que protegerse del lobo como si no hubiera un mañana, con este acuerdo hoy lo alimentan.
No cuenten con nosotros para blanquear este Estado podrido. Junts per Catalunya estamos aquí para plantar cara, para desenmascarar al partido de las cúpulas judiciales que, lejos de impartir justicia, aplican venganza. Junts per Catalunya
continuaremos trabajando para la independencia de nuestro país, que es la única garantía de vivir en una auténtica democracia que respete las libertades y los derechos de todos los catalanes, piensen lo que piensen.
Nada más y viva Cataluña libre.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias.
Teníamos dudas sobre intervenir o no, pero creemos que se han dicho algunas cosas que merecen ser comentadas, sobre todo, contrarrestadas. Primero de todo, quiero felicitar a la compañera Ione Belarra. Es muy difícil hacer lo que ha hecho,
que es decir la verdad con nombres y apellidos. (Aplausos). Seguramente, también se borrará del Diario de Sesiones lo que yo diré, pero sí, es golpismo, es [golpismo judicial] 2. (Aplausos). ¿Por qué es [golpismo judicial]2? Porque una serie de
personas utilizan el poder de su toga para intentar revertir el poder de las urnas. Eso es de primero de golpismo. No importa la ley, simplemente importa su ideología, y eso no te hace juez, sino que te hace un agente político. ¡Pues que se
presenten a las elecciones! Así de claro. Si no, ¿qué hacen? [Golpismo judicial]2. Y ahora que lo retiren del Diario de Sesiones.
En cuanto a la votación, nosotros no vamos a participar, como el otro día. El propio Tribunal Constitucional ya dice que un acuerdo de este tipo o el máximo órgano de los jueces debería recoger las diferentes corrientes, sensibilidades
políticas e ideológicas de esta Cámara, y es obvio que este acuerdo no lo recoge. Se pierde una oportunidad de oro, señorías del Grupo Socialista y del Gobierno; concretamente, se van a arrepentir. Se van a arrepentir y creo que lo saben. No sé
exactamente -bueno, sí lo sé- por qué pactan y votan esto con el Partido Popular, pero se van a arrepentir, y sobre todo un día como hoy, en que se confirman cosas que muchos de nosotros y nosotras sabemos, que hemos padecido, en el día que se
demuestra que la mal llamada policía patriótica, y digo mal llamada porque, si entiendo que una policía patriótica defiende la patria, qué basura de patria, una patria que espía... (rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento, por favor. (Pausa). Silencio.
Cuando quiera.
2 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidente.
Decía que, en un día como hoy en el que ya se sabe que la mal llamada policía patriótica espió, por órdenes políticas, a gente que simplemente no le gustaba como pensaba. Y decía que era la mal llamada policía patriótica porque, si entiendo
que defendía a la patria, qué basura de patria una patria que tiene que espiar a la gente simplemente porque no les gusta cómo piensan. Así que también desde aquí mi solidaridad con todos aquellos y aquellas que hoy se confirma que han sido
espiados. Como siempre digo, nosotros estamos en quinto de policía patriótica, nos espiaron y nos encarcelaron. De hecho, muchos de nosotros tenemos la costumbre de saludar al guardia civil de turno que nos está grabando; al menos yo lo hago con
mi madre y mi madre también lo hace. Así que desde aquí le saludo a él o a ella, porque la verdad es que tiene un curro bastante desagradecido.
En un día como hoy creo que es más vergonzoso que nunca votar esto, y hay poco más que decir, pero sí contrarrestar algunas cosas que ha dicho el 'capitán España', señor 'Smit', repito, 'Smit'. Habla de efecto llamada y creo que es bastante
miserable porque es efecto huida, huida de unos países para intentar venir a Europa (aplausos), una Europa que oprime a esos países. Pero sobre todo quiero decir un par de cosas. La primera es que la inmigración, las corrientes migratorias no son
un problema, son lo que somos. Muchos de ustedes, yo mismo, son hijos y nietos de gente que llegó de otros lugares a intentar ganarse la vida. Hacer eso sería escupir sobre la memoria de mi familia, y me da igual si son de Jaén o del Magreb, es
exactamente lo mismo. (Aplausos). Segunda, no es cierto que hay un problema con la inmigración y por eso hay mucho fascismo. Hay un problema con el fascismo que acusa a la inmigración. En dos años han llegado 200 000 personas a este país -200
000- de Ucrania, concretamente 1700 niños y niñas, y a eso nadie, sobre todo de la derecha y la ultraderecha, lo llamó oleada de nada, no lo llamó amenaza; eso sí, casi todos eran blancos y rubios. Desde aquí felicito y doy las gracias a los casi
400 niños y niñas que han permitido que la derechona se rompa y hoy VOX haya anunciado la ruptura de según qué gobiernos.(Aplausos).
Simplemente al señor 'Smit' y compañía les digo que, si tan poco les gusta la gente que viene de otros países, haciendo una búsqueda mientras hablaba usted, señor 'Smit', he encontrado una oferta de trabajo por si les interesa a usted o a
sus amigos que tan poco les gustan los migrantes, para recoger tomates en un invernadero de El Ejido, a 54 grados -literalmente- por 900 pavos al mes durante doce horas. ¿Lo van a hacer ustedes? (Un señor diputado: ¿Y tú?). ¿A que no?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Retiraremos del Diario de Sesiones el mismo término que en la intervención anterior.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president. Bé, permeteu-me, senyories, que no siga molt original recordant un principi bàsic del nostre sistema democràtic, i és que la justícia emana del poble, i no dels jutges, igual que el poder legislatiu
emana del poble, i no dels diputats i diputades. Açò està passant actualment en l'estat espanyol? Doncs la resposta és molt senzilla: no està passant. Tot i això, fa poc més de dues setmanes, el Partit Popular i el Partit Socialista van anunciar
un gran acord per a renovar el Consejo General del Poder Judicial i per a reformar la llei del poder judicial i del Ministeri Fiscal, per tal de salvar la justícia espanyola i curar-nos de tots els mals. La recepta? La recepta és un pacte amb el
Partit Popular, el qual s'ha passat 22 anys segrestant el poder judicial. Crec que el Partit Socialista no acaba d'entendre la gravetat de la situació. No podem premiar aquells que bloquegen; no podem pactar la reforma de la justícia amb aquells
que la tenen segrestada. Recordem allò de 'Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás'.
I per si tot això fora poc, ahir ens vam assabentar que el PP va utilitzar la mal anomenada policia patriòtica per espiar diputats i diputades de Podemos, també de Compromís, en els anys 2015 i 2016. Espionatge il·legal als adversaris
polítics en un moment clau, ja que la unió de les forces d'esquerres, en aquell moment, podia tirar el Partit Popular de la Moncloa. I és que el Partit Popular ni creu en la justícia ni creu en la democràcia. L'única intenció del Partit Popular
sempre ha sigut controlar la justícia de forma antidemocràtica i tombar el Govern, qualsevol govern, este o qualsevol govern d'esquerres. I jo, des d'ací, volia enviar-los tot el meu suport a tots els diputats electes espiats il·legalment, als de
Podemos i als del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, a la nostra companya Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón, a Aina Vidal, a Fèlix Alonso i al nostre ministre, Pablo Bustinduy. Teniu tot el nostre suport. Voldria, també, fer una menció especial a
una persona que també va estar espiada pel Partit Popular, a una persona a qui li tinc
una estima personal i un gran respecte i admiració política, al meu estimat Joan Baldoví, una persona de fermes conviccions democràtiques que sempre ha treballat per a que hi hagi governs d'esquerres en este país. Una forta abraçada,
company Baldoví.
Però, malauradament, la persecució a les persones progressistes no només es tracta d'espionatge, sinó també que els jutges s'entreguen a l'extrema dreta. I els posaré dos exemples. Un: tots i totes es van consternar en un vídeo de
l'Orgull del 2019 que passava a Barcelona, que van veure a les xarxes, que un jove, en un McDonald's de la ciutat, era agredit verbalment i li deien: 'Vamos a hacerte heterosexual a hostias'. Doncs això que vam veure tots i totes en aquell moment
i que, efectivament, vam veure com era un delicte d'odi, per a l'Audiència Provincial de Barcelona, no ho és. De fet, esta setmana ha sigut absolt dient que l'acusat va proferir vexacions i insults per la forma de vestir del jove, no per la seva
orientació sexual. Eix és l'argument de l'Audiència de Barcelona. I els jutges han sentenciat que eix assetjador pot continuar intimidant i insultant a qui li doni la gana, a les persones homosexuals. Això ho fa la justícia de l'estat espanyol, i
això no podem permetre que torni a passar.
Però si hi ha un cas que coneguem molt bé la gent de Compromís és el cas de Mónica Oltra. Repassarem els moments estel·lars d'este guió, que ha estat escrit per l'ultra Cristina Seguí -que, per cert, acaba de ser condemnada per difondre un
vídeo de menors sent violades- i també per l'advocat de Francisco Camps i Alberto de Rosa, propietari dels hospitals privatitzats del PP. Tota una producció de terror amb el suport d'uns jutges entregats a la causa. En esta història, hi ha un
jutge d'instrucció que, després de dos anys d'investigació, diu que no hi ha res. Després de dos anys de declaracions, d'estudiar documentació i d'investigar-ho tot, fa una interlocutòria molt extensa i fonamentada explicant que no hi ha indicis
per a seguir investigant. 'No se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra ni cualquier otra persona de la Conselleria dieran orden, instrucción, consigna o indicación alguna'. La Fiscalia tampoc veu res. Però
l'Audiència Provincial de València diu: 'Que sí, que todo esto está muy bien, pero queremos ver a Mónica Oltra sentada en el banquillo'. I això és el que volen, una foto de la nostra companya Mónica Oltra asseguda al banc dels acusats. I el jutge
instructor, que ha estat obligat, dicta una interlocutòria de processament on el seu fonament de dret és una única frase: 'Per imperatiu legal'. O sigui, que l'obliguen a obrir el procediment. Todo en orden, señorías del PP.
I de tot això quina lliçó traiem? Compromís va eixir en tromba el dia en què la dreta política, mediàtica i judicial apuntaven a Begoña Gómez en un clar cas de persecució judicial per acabar amb este Govern de coalició. Què va passar quan
li feien el mateix en el govern del Botànic, però, en comptes de a Begoña Gómez, a Mónica Oltra? Senyories socialistes, els recordo els titulars d'aquell moment: 'Ximo Puig media adoptar una decisión ante la negativa de Mónica Oltra a dimitir'.
'El presidente valenciano anuncia que es tiempo de reflexionar y adoptar decisiones'. Ni els socialistes valencians ni el PSOE van estar a l'altura de la nostra companya Mónica Oltra en aquell fatídic moment, i en estos moments també estan pagant
les conseqüències.
I des del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR i des de Compromís, considerem que esta reforma del poder judicial i del Ministeri Fiscal no és suficient ni de lluny. Este pacte no soluciona el greu problema que tenim a l'Estat, i és que hi
ha un grup de jutges activistes que s'esforcen en revertir els resultats de les urnes a cop de sentències, i ho fan moguts per manaments polítics de la dreta i de l'extrema dreta. I davant d'això s'han d'establir mecanismes sancionadors amb
responsabilitat civil dels jutges, i s'han d'establir límits lògics i conseqüències per a qui abusa de la utilització política de la justícia. No podem permetre la utilització indiscriminada amb denúncies falses com fan VOX o Manos Limpias.
Companys i companyes del Partit Socialista, òbviament, anem a votar a favor de desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, com no podia ser d'una altra manera, però no anem a ser còmplices dels acords als quals heu
arribat amb el Partit Popular per a la reforma de la justícia. Quan vulgueu fer una veritable reforma per a solucionar el problema judicial d'este Estat, ens trobareu. I ens trobareu a les trinxeres i ens trobareu per a defensar la democràcia i la
majoria social. Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Permítanme, señorías, que no sea muy original recordando un principio básico de nuestro sistema democrático y es que la justicia emana del pueblo y no de los jueces, igual que el Poder Legislativo emana del pueblo y no de los diputados ni
diputadas. (Aplausos). ¿Eso está pasando actualmente en el Estado español? La respuesta es muy sencilla: no, no está pasando. A pesar de ello, hace poco más de dos semanas el Partido Popular y el Socialista anunciaron un gran acuerdo para
renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar la ley del poder judicial y el Ministerio Fiscal para salvar la justicia española
y curarnos de todos los males. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿La receta? La receta es un pacto con el Partido Popular, que se ha pasado veintidós años secuestrando el Poder Judicial. Creo que el Partido Socialista no acaba
de entender la gravedad de la situación. No podemos premiar a quienes bloquean. No podemos pactar la reforma de la justicia con quién la tiene secuestrada. Recordemos aquello de controlaremos la Sala Segunda Tribunal Supremo por la puerta de
atrás.
Y por si todo eso fuera poco, ayer supimos que el PP utilizó la mal llamada policía patriótica para espiar a diputados y diputadas de Podemos, también de Compromís en los años 2015 y 2016, espionaje ilegal a los adversarios políticos en un
momento clave, ya que la unión de las fuerzas de izquierdas en aquel momento podía tirar al Partido Popular de la Moncloa y es que el Partido Popular no cree ni en la justicia ni en la democracia. La única intención del Partido Popular siempre ha
sido controlar la justicia de forma antidemocrática y tumbar al Gobierno, cualquier Gobierno, este o cualquiera de izquierdas. (Aplausos). Desde aquí quería enviar todo mi apoyo a todos los diputados electos espiados ilegalmente, a los de Podemos
y a los del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a nuestra compañera Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón, a Aina Vidal, a Félix Alonso y a nuestro ministro Pablo Bustinduy. (Aplausos). Tenéis todo nuestro apoyo. Quería también hacer una mención
especial de una persona que también estuvo espiada por el Partido Popular, una persona a la que tengo una estima personal y un gran respeto y admiración política, a mi querido Joan Baldoví, una persona de profundas convicciones democráticas que
siempre ha trabajado para que existan gobiernos de izquierdas en este país. Una abrazada muy fuerte, compañero. (Aplausos).
Desgraciadamente, la persecución de las personas progresistas no se trata solo de espionaje, sino también de que los jueces se entregan a la extrema derecha, y les pondré dos ejemplos. Uno, a todos nos consternamos con un vídeo del Orgullo
de 2019 que ocurría en Barcelona, como vimos en las redes, en el que un joven en un McDonald's era agredido verbalmente. Le decían: Te vamos a hacer una heterosexual a hostias. Lo que vimos todos y todas en aquel momento, que efectivamente vimos
que era un delito de odio, para la Audiencia Provincial de Barcelona no lo es. De hecho, esta semana ha sido absuelto diciendo que el acusado profirió vejaciones e insultos por la forma de vestir del joven, no por su orientación sexual. Ese es el
argumento de la Audiencia de Barcelona. Y los jueces han sentenciado que el acosador puede continuar intimidando e insultando a quién le dé la gana, a las personas homosexuales. Esto lo hace la justicia del Estado español y no podemos permitir que
vuelva a pasar. (Aplausos).
Pero, si hay un caso que conocemos muy bien la gente de Compromís, es el de Mónica Oltra. Repasaremos los momentos estelares de este guion escrito por la ultra Cristina Seguí -que por cierto acaba de ser condenada por difundir un vídeo de
menores siendo violadas- y también por el abogado de Francisco Camps y Alberto de Rosa, propietario de los hospitales privatizados del Partido Popular. Toda una producción de terror con el apoyo de algunos jueces entregados a la causa. En esta
historia hay un juez de instrucción que, después de dos años de investigación, dice que no hay nada. Después de dos años de declaraciones, de estudiar documentación y de investigarlo todo, hace un auto muy extenso y fundamentado explicando que no
hay indicios para seguir investigando. No se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra o cualquier otra persona de la Consejería dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna. La Fiscalía tampoco ve nada.
Pero la Audiencia Provincial de Valencia dice que sí, que todo eso está muy bien, pero que quieren ver a Mónica Oltra sentada en el banquillo. Y eso es lo que quieren, una foto de nuestra compañera Mónica Oltra sentada en el banquillo de los
acusados. Y el juez instructor, que se ha visto obligado, dicta un auto de procesamiento en el que su fundamento de derecho es una única frase, 'por imperativo legal', es decir, le obligan a que abra el procedimiento. ¡Todo en orden, señorías del
PP!
Y de todo ello, ¿qué lección sacamos? Compromís salió en tromba el día en que la derecha política, mediática y judicial apuntaba a Begoña Gómez en un caso claro de persecución judicial para acabar con este Gobierno de coalición. ¿Qué pasó
cuando hicieron lo mismo al Gobierno del Botánico, pero, en lugar de a Begoña Gómez, era a Mónica Oltra? Señorías socialistas, les recuerdo los titulares de aquel momento: 'Ximo Puig medita adoptar una decisión ante la negativa de Mónica Oltra a
dimitir', 'El presidente valenciano anuncia que es tiempo de reflexionar y adoptar decisiones'. Ni los socialistas valencianos ni el PSOE estuvieron a la altura de nuestra compañera Mónica Oltra en aquel fatídico momento y ahora también están
pagando las consecuencias.
Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, desde Compromís consideramos que esta reforma de Poder Judicial y del Ministerio Fiscal no es suficiente ni de lejos. Este pacto no soluciona el grave problema que tenemos en el Estado, y es
que hay un grupo de jueces activistas que se esfuerzan
en revertir los resultados de las urnas a golpe de sentencias, y lo hacen movidos por mandatos políticos de la derecha y la extrema derecha. Y ante esto se han de establecer mecanismos sancionadores con responsabilidades civiles de los
jueces, han de establecerse límites lógicos y consecuencias para quien abusa de la utilización política de la justicia. No podemos permitir la utilización indiscriminada de denuncias falsas, como hacen VOX o Manos Limpias.
Compañeros y compañeras del Partido Socialista, obviamente votaremos a favor de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, pero no seremos cómplices de los acuerdos a los que habéis
llegado con el Partido Popular para la reforma de la justicia. Cuando queráis hacer una auténtica reforma para solucionar el problema judicial de este Estado, nos encontraréis ahí, nos encontraréis en las trincheras para defender la democracia y la
mayoría social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Micó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Leal Fernández por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora LEAL FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Los acuerdos de Estado en materia de justicia no son una novedad en democracia. Fue un acuerdo suscrito por el presidente Aznar y el entonces secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero -en la oposición-, el que resolvió que la elección
de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial fuera mixta. Los jueces elegirían a los candidatos, y solo de entre estos candidatos el Parlamento nombraría a los vocales, una fórmula híbrida entre la elección corporativa y
la elección parlamentaria. Ese pacto se ha ido cumpliendo por los sucesivos Gobiernos presididos por el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo quiero recordar porque fue cumplido hasta el año 2018, porque durante los cinco años de bloqueo
pudiera parecer que desde el Gobierno se está defendiendo este modelo como propio, frente a otro modelo del Partido Popular. El Partido Socialista ha defendido y ha hecho honor al cumplimiento de un pacto de Estado, del que ustedes, señorías del
PP, aparentan renegar cuando están en la oposición, por intereses partidistas, pero mientras estuvieron en el Gobierno aplicaron y regularon (aplausos), porque la letra pequeña se incorpora en una reforma aprobada en 2013, con mayoría absoluta del
Partido Popular, no por una ley socialista. No cuestionaron entonces ustedes, con su mayoría absoluta, la independencia judicial, ustedes lo saben bien. Sobreactúan cuando se rasgan las vestiduras contra un sistema que ustedes no solo votaron,
sino que -reitero- desarrollaron.
En seis meses el Consejo General del Poder Judicial enviará un texto a esta Cámara; veremos sus términos y lo analizaremos. Nuestra posición sigue estando en la fórmula mixta: es el equilibrio más virtuoso entre el necesario origen
democrático de la elección de un órgano de Gobierno como es el Consejo y la necesaria participación de la Judicatura en dicha elección. De ahí nuestro rechazo a la elección exclusivamente corporativa que plantea la enmienda a la totalidad del Grupo
Parlamentario VOX, que en ningún caso garantiza una independencia judicial mejor que la vigente. Menoscaba, sin embargo, su propuesta, señorías de VOX, el artículo 1.2 de la Constitución española, que afirma que todos los poderes del Estado emanan
de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, cuyos representantes están en estas Cortes Generales. (Aplausos).
Pero centrémonos en algunos aspectos de la proposición de ley. La propia exposición de motivos afirma que su objetivo es reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial, y lo hace estableciendo, por ejemplo, tiempos de
espera y un régimen de incompatibilidades en los pasos de la política y la Judicatura y su retorno no porque desconfiemos a priori de los que lo hacen, sino porque pensamos que la imagen de su independencia se ve reforzada con esta medida. También
se refuerza la independencia judicial al establecer mayorías de tres quintos para una serie de nombramientos, como son los de las presidencias de audiencias provinciales, los magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales. Desde luego,
a un conocedor del derecho y de las sucesivas reformas sobre las mayorías necesarias para realizar nombramientos le debió resultar muy sorprendente escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular atribuirse la mayoría de tres quintos para las
presidencias, por ejemplo, de las audiencias provinciales; literalmente, en sus palabras, señor portavoz, 'acabar con el rodillo de medio Consejo sobre el otro medio'. Señor Tellado, estimado señor Tellado, bienvenido a la posición en la que el
PSOE lleva muchos años. (Aplausos). Si algún día regresan al Gobierno, ojalá no pretendan restaurar entonces ese rodillo que impusieron en 2013.
Concluyo, señorías. Con este acuerdo vamos a poner punto final a más de cinco años de bloqueo de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial y por fin damos cumplimiento al artículo 122 de la Constitución. Es lo
que los socialistas llevamos reclamando desde 2018. La democracia, señorías, se fortalece si todos respetamos sus instituciones. El bloqueo en su renovación ha dañado a una institución tan importante como es el Consejo. Confiemos en que con este
nuevo acuerdo, con la aprobación de esta proposición de ley y el perfil de los vocales propuestos para su renovación consigan devolverle el prestigio que nunca debió de perder. Más allá de ningún interés partidista, ese es el anhelo que como
demócratas los socialistas firmamos con ese acuerdo. El acuerdo beneficia a la carrera judicial, a la salud institucional de España. Contribuirá a la descongestión de procedimientos judiciales y, sin duda, reforzará el Estado de derecho. Pone fin
a la anomalía institucional y constitucional, como bien afirma el ministro Bolaños. Con el acuerdo entre diferentes mostramos que las crisis más graves se pueden resolver precisamente gracias a eso, al acuerdo entre partes, entre diferentes, y este
acuerdo responde a un clamor social; son palabras del presidente Pedro Sánchez. (Aplausos).
El señor Feijóo, quien en este momento no está en el hemiciclo, a propósito del resultado esperanzador de las elecciones francesas, hizo una necesaria reflexión en torno a la moderación para seguir construyendo Europa huyendo de los
extremismos. Señorías del PP, tienen ustedes una ocasión magnífica para dejar de hacer seguidismo de las posiciones de la ultraderecha y romper ustedes -recalco, ustedes- sus alianzas y sus ataduras. (Aplausos).
Señorías, la voluntad política se demuestra alcanzando acuerdos trascendentes. La ciudadanía nos reclama a todos los grupos presentes en esta Cámara que seamos capaces de alcanzar acuerdos en asuntos de Estado: la justicia lo es, la
inmigración también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Leal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tellado Filgueira por un tiempo de siete minutos.
El señor TELLADO FILGUEIRA: Gracias, presidenta.
Señora Leal, no puede hablar en serio de moderación después de escuchar todos los insultos que sus socios de Gobierno le han dedicado a la justicia y a los jueces a lo largo de la última hora. Supongo que habla en broma. (Aplausos).
Seguimos tramitando este paso adelante para la mejora de la independencia de la justicia en España que supone este nuevo texto legal, un conjunto de medidas que, como expusimos la semana pasada, fueron defendidas por el Partido Popular en su
plan de calidad institucional, en su programa electoral y en el discurso de investidura del presidente Feijóo; medidas que hoy están a un paso de convertirse en ley gracias al acuerdo que propuso el Partido Popular, que propuso Alberto Núñez
Feijóo, con la garantía de la Unión Europea y que hemos logrado para el bien de España.
Y sigue molestando a determinados grupos que no creen en la independencia de la justicia, a los grupos que la semana pasada, con la tolerancia de la Presidencia del Congreso de los Diputados y del propio ministro de Justicia, llamaron mafia
togada, jueces fascistas o partido de las togas al Poder Judicial democrático de España. No debe extrañarnos.
También la semana pasada decíamos por qué esta ley es una anomalía en esta legislatura: porque es la primera vez en esta legislatura que una gran votación en esta Cámara parte de un acuerdo entre los grupos mayoritarios y genera grandes
recelos entre los grupos radicales y minoritarios. Lo normal en estos últimos años ha sido y sigue siendo que primero el Gobierno llegue a acuerdos con los radicales y luego trate de hacérselos tragar a la mayoría. Eso es lo que ha pasado, señora
Leal, en todos estos meses. (Aplausos). Y así se gestaron los grandes éxitos del sanchismo, como la ley del solo sí es sí, la ley de memoria pactada con Bildu, la ley de vivienda, la reforma de los delitos de sedición y malversación o la ley de
amnistía. Ese es el legado del Gobierno de Sánchez, medidas a la carta para los radicales lanzadas al debate público para tensionar al máximo a la sociedad española pretendiendo sacar beneficios electorales de la polarización. Lo que hoy se vota
aquí es, gracias al PP, todo lo contrario, y por eso molesta tanto y por eso molesta donde molesta. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).
Con relación a la enmienda a la totalidad de VOX, yo no estoy seguro de qué es exactamente lo que molesta a VOX, que nos presenta un texto alternativo que realmente no es un texto alternativo sino complementario. Su texto modifica dieciocho
artículos de las leyes actuales, pero, de esos dieciocho, solo tres están afectados por esta reforma. Es decir, no es que estén en desacuerdo con lo que proponemos
cambiar; simplemente, también quieren cambiar otras cosas que no están en este texto. A nosotros no nos parece mal. De hecho, nosotros les votamos a favor hace unos meses la toma en consideración del texto que hoy plantean en forma de
enmienda a la totalidad, igual que ustedes nos votaron a favor de la toma en consideración de una reforma de estas leyes en la pasada legislatura. ¿Y saben qué pasó con aquella reforma? Que la mayor parte de aquel texto que ustedes apoyaron y el
PSOE rechazó está dentro del texto que hoy sometemos. Dígannos exactamente qué punto de esta ley les molesta o qué punto de esta ley les parece un retroceso. Todos los cambios que se introducen mejoran el texto vigente en el sentido de dar más
independencia y autonomía a la justicia.
Por eso, y su enmienda lo demuestra, a VOX, probablemente lo único que le puede molestar de esta ley es no firmarla, no participar de ella (aplausos), porque les voy a decir una cosa: el contenido de esta ley es el programa de la
investidura de Alberto Núñez Feijóo, a la que ustedes votaron favorablemente hace exactamente un año. ¿Qué les molesta? ¿Les molesta que el PSOE haya asumido las mismas tesis que asumieron ustedes hace exactamente un año? Eso a nosotros no nos
molesta, porque el PP es un partido con vocación de mayoría y lo que pone por delante siempre es el cumplimiento de nuestro programa electoral. (Aplausos). Señores de VOX, diríjanse a su propia hemeroteca. 'VOX se abre a negociar con el Partido
Socialista el reparto del CGPJ'. (Muestra un recorte de prensa). 'VOX se ofrece al PSOE para repartirse la tarta del Poder Judicial' (muestra otro recorte de prensa). Señor Ortega Smith, ayer defendían lo mismo que Esquerra Republicana en
relación con los menores no acompañados, exactamente lo mismo, y hoy van a votar con Podemos. (Aplausos). Yo creo que deben dar una vuelta a alguna de sus posiciones.
Con respecto a la intervención del señor Rufián, menos lecciones, señoría; usted, que se dedica a otorgar carnés a todo el mundo, sabe que el único Gobierno autonómico que se ha negado a acoger a menores inmigrantes es el de su partido.
(Aplausos). No vaya a ser que los racistas y los xenófobos sean ustedes.
Preocupante es la enmienda a la totalidad que presentan en Podemos, donde hay una voluntad clara de oponerse de raíz a cualquier ley que avance en la independencia judicial. No hay nada que detesten más que un poder judicial independiente y
que no esté al servicio de los Gobiernos. Eso va totalmente en contra de cómo entienden ustedes la política, señora Belarra. Yo, generalmente, pido a la Presidencia del Congreso que retiren determinadas alusiones, y, en su caso, habría que pedir
que retiren íntegramente su intervención, que es una ofensa a todo el Poder Judicial. Debería darle vergüenza, usted ha sido ministra. (Aplausos).
El problema es la concepción que ustedes tienen del poder. Para ustedes, el ganador de unas elecciones se lo debe llevar todo, el que suma mayoría más uno en el Legislativo tiene que tener el control absolutamente de todo, de todos los
poderes de su Estado: el Gobierno, el Parlamento, la justicia, los tribunales constitucionales. Ese es su concepto, el Gobierno tiene que ser omnipotente y omnipresente y sin nadie que le tosa, ni un solo contrapeso, ni un solo contrapoder. Y por
eso a ustedes siempre les ha estorbado la Constitución, siempre les ha estorbado la Corona, siempre les ha estorbado la justicia, siempre les ha estorbado Europa. Ustedes son más de defender a delincuentes, a violadores y a terroristas. Eso es lo
que ponen de manifiesto cada vez que se suben a la tribuna. (Aplausos). ¿Y sabe por qué están en contra de la Constitución, de la Corona, de la justicia y en contra de Europa? Porque son instituciones que ponen freno a sus ansias de acumular
poder. Y esta ley es la mejor representación de todo lo que odian, medidas para reforzar la independencia judicial avaladas por la Constitución española y avaladas por la Unión Europea. Con esta ley España se aleja más de su sueño totalitario y
bien que nos alegramos. Probablemente ustedes preferirían una ley de democratización de la justicia como la que aprobó Cristina Kirchner, en Argentina, con el asesoramiento de un juez que sí ha sido prevaricador y ha sido condenado, su amigo
Baltasar Garzón. Ese es el modelo de Podemos. (Aplausos). Ese es el modelo que aspira a un poder ilimitado a base de pervertir las circunstancias.
Este acuerdo consigue que por primera vez en seis años la democracia española avance en reforzar sus contrapoderes, en lugar de avanzar en el camino de destruirlos, como ha hecho la mayoría parlamentaria que hoy gobierna España y que la
señora Belarra considera la única democrática y que para nosotros probablemente es la menos democrática. Estamos en esta situación porque hemos podido obligar al Gobierno y al Partido Socialista a apartarse del camino y del discurso que le marcan
sus socios radicales, ustedes entre ellos, y a aceptar las normas y los límites de una democracia liberal europea y de un Estado de derecho moderno. (Un señor diputado: ¡Tiempo!). Por eso hoy queda patente que esa mayoría parlamentaria a la que
Sánchez ha entregado la gobernabilidad de este país no está a la altura para una
España responsable y seria que quiere actuar dentro de los estándares europeos en los asuntos de Estado, y precisamente por eso estamos seguros de que esa mayoría parlamentaria no durará mucho tiempo.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-La señora Belarra Urteaga pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Tellado.
Señora Belarra, ¿para qué pide la palabra?
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Por el artículo 71 del Reglamento, por alusiones a mi grupo, solicito a la Mesa que se retiren todas las alusiones del señor Tellado a mi grupo parlamentario (risas), después además de que el señor Rodríguez Gómez de Celis haya retirado en
mi intervención 'golpismo judicial', sabiendo, como sabemos -nos enteramos ayer- que esta es la gente que nos espió de manera ilegal. (Rumores.-Aplausos). Son ellos, ellos son los que nos espiaron ilegalmente, y se les permite salir ahí a insultar
a mi grupo. Yo creo que es más que suficiente, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.
En tres minutos votamos. (Pausa).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA. (Número de expediente 121/000006).
La señora PRESIDENTA: Señorías, si les parece, vamos a proceder a las votaciones.
Empezamos con el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Votación del dictamen de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 178; abstenciones, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. (Aplausos).
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Vamos ahora a la votación en conjunto del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa por tener el mismo carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 178; abstenciones, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y DE ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente
121/000016).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora sobre los debates de totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Algunos señores diputados: ¡Oooh!).
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente
122/000118).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, en el debate de totalidad de iniciativas legislativas, a la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, las enmiendas a la totalidad de texto alternativo.
Votamos en primer lugar la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 4; en contra, 297; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar ahora la enmienda a la totalidad a esta misma iniciativa legislativa presentada por el Grupo parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 32; en contra, 302.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Eran las tres de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción.